Introducción

DE HISTORIA, PERIODISMO Y ANÁLISIS POLÍTICO

Éste no es un libro de Historia sino de análisis político. No es un libro de Historia, porque ésta necesita contar con un tipo de información —privada o pública, oral o escrita— que, de momento, no es accesible y que tardará en serlo. La Historia es posible cuando el número de testimonios y de estudios sobre aspectos concretos permite aventurar cierto grado de perdurabilidad e imparcialidad. Además, con el paso de los años, las polémicas de otro tiempo pierden su virulencia y su impacto sobre la vida política inmediata. En concreto, para los españoles de 2003, la Historia alcanza hasta la llegada de los socialistas al poder, en el año 1982, pero difícilmente más acá. La Historia es una aventura intelectual y eso significa que cualquier narración del pasado no será nunca definitiva; pero, transcurridas dos décadas, ya es posible cierta aproximación, por más que resulte provisional, al conocimiento científico del pasado.

El artículo de opinión, el periodismo informativo y el análisis político, por su parte, son disciplinas bien distintas. El primero produce un diagnóstico —un gran periodista español escribió que su misión era ser «modesto cicerone de la realidad»—, pero también expresa una opinión que tiene que ver con el ideario propio y, por tanto, traduce el deseo de que los acontecimientos avancen en una determinada dirección. En cada uno de estos aspectos, no cabe la menor duda, el autor puede errar.

El periodismo informativo, en teoría, tendría que responder tan sólo al calificativo que se le concede. Ha tenido grandes cultivadores en la España actual en forma de libro, pero en tiempos recientes se ha abusado de la referencia a una única fuente sesgada y de una redacción literaria en la que predomina en exceso la supuesta transcripción literal de los diálogos entre los protagonistas.

El análisis político en forma de libro suele proyectarse hacia el futuro y tiene carácter general: no ha de circunscribirse necesariamente a un país concreto, por ejemplo. Sin embargo, también es posible reflexionar, en un determinado momento, sobre un pasado inmediato y una circunstancia cercana.

Pero, entonces, ¿cómo conseguir que el análisis político carezca de la inmediatez, la traducción del propio ideario y la voluntad de influencia sobre los acontecimientos propios del artículo? Los riesgos del periodismo informativo resultan evitables tratando de no sesgar las fuentes y no perderse en minucias irrelevantes. Para hacer análisis político es preciso examinar (o haberlo hecho en el pasado inmediato durante un largo período) los acontecimientos políticos, contar con opiniones ajenas y hacer un ejercicio posterior de distanciamiento. Éstos son, en principio, los objetivos metodológicos del presente libro.

Aunque éste no sea un libro de Historia, su autor sí es un historiador profesional y, por tanto, ha intentado llevar a buen término esa voluntad de descripción desde una perspectiva imparcial. Naturalmente, éstos son objetivos que pretende cualquier libro de similares características. Un historiador tiene, sin embargo, la ventaja del oficio. Eso supone, en primer lugar, cierta conciencia de provisionalidad cuando aborda trabajos de este tipo, pero también una disposición, de entrada, a revelar la propia posición sin pretender que sea objetiva o nada susceptible a críticas. Frente a la pretensión de querer levantar una muralla de objetividad a fuerza de fichas y citas, los historiadores, sobre todo cuando tratamos de narrar los acontecimientos más recientes, revelamos los intereses personales que nos llevan a preguntarnos por el pasado y la posición de partida de nuestro interés respecto al asunto que abordamos. Se trata de lo que llamamos «egohistoria»; puede degenerar en narcisismo, pero es un sano ejercicio autocrítico y una fuente imprescindible para el juicio del lector.

La política, en el presente y en el pasado, en cuanto tiene de fenómeno colectivo pero también de protagonismo individual, reviste un extraordinario interés y, hasta cierto punto, influye de forma decisiva en la vida de los ciudadanos. Ésa sería razón suficiente para justificarla como objeto de análisis; pero, además, cuando se trata de la actividad política más reciente, la reflexión proporciona elementos de juicio que pueden ser interesantes de cara al futuro. Para alcanzar estos objetivos, sin embargo, resulta imprescindible superar la circunstancia de un momento concreto.

ENCUENTROS CON JOSÉ MARÍA AZNAR

Éste no es un libro en contra de quien aún es presidente del Gobierno —verano y otoño de 2003— ni tampoco pretende que el resultado de su lectura ofrezca un balance favorable de su gestión.

El lector tal vez recuerde que pertenecí a la Unión de Centro Democrático (UCD) y que, durante la larga etapa de gobierno socialista, escribí artículos en la prensa en unos términos que me alineaban en la oposición. Aún más: pertenecí a ella, aunque muy incómodo, durante los años ochenta. En los noventa padecí la escalada de escándalos gubernamentales con cierta angustia por lo que me parecía un deterioro grave del sistema político. Pero la confrontación enfervorizada que nacía en las filas de la oposición y que parecía considerar que ése era el único procedimiento de acceso al poder tampoco me resultó atractiva. Nunca creí que España se hubiera convertido en una «dictadura silenciosa», como se trompeteaba en los medios de comunicación más derechistas. Me pareció urgente un relevo en el poder político, pero no por cualquier procedimiento ni con aquel bagaje ideológico alternativo.

En los meses finales de gobierno socialista, cuando parecía evidente que el Partido Popular accedería al poder, participé en dos almuerzos reveladores. Me referiré a ellos porque traducen bien mi propia ambivalencia respecto a la que veía como situación política inminente. El director de un importante diario nacional, interesado en conocer a alguno de los antiguos centristas incorporados al PP y a algunos jóvenes dirigentes del partido, me pidió que concertara las citas. Cuál no sería la perplejidad del periodista y del mediador cuando el joven diputado que ha sido secretario de Estado durante todos los años de gobierno del PP empezó a hablar de Calígula sin que, en un principio, supiéramos qué quería decir; no tardamos en descubrir que se refería a Felipe González.

El segundo encuentro reunió a un columnista de opinión muy prestigioso situado en el centro-izquierda y a un ex ministro de UCD que luego volvería a serlo con José María Aznar. De esta conversación recuerdo los puntos de coincidencia en actitudes políticas y en experiencias personales. Lo que me inquietó fue que, en privado, el político centrista no quisiera continuar este tipo de contactos: tuve la sensación de que en sus manos no estaba ni podía estar la política informativa del nuevo Gobierno en ciernes y que, además, no seguiría un deseable rumbo de imparcialidad. Aquel ex ministro no quería intervenir en una materia que le parecía peligrosa.

Asistí también a una especie de convención política que el PP organizó para lanzar su campaña electoral de 1996. El contenido —el tono, más bien— me gustó; un ex ministro centrista me preguntó sobre el particular y así se lo dije. Pero no acababa de estar convencido.

En esas elecciones voté en blanco, pero también promoví un manifiesto dirigido al Partido Socialista. El documento, firmado por personas que, de un modo un tanto risible, llamamos «intelectuales», pedía al PSOE que no presentara como candidato a José Barrionuevo, ex ministro de Interior y uno de los implicados en el «caso GAL». Por supuesto, ignoraron nuestra sugerencia, pero era una forma de posicionarse políticamente. En todo caso, probablemente mis ideas eran bastante divergentes de la mayor parte de los firmantes en otros aspectos (se situaban más a la izquierda).

Pero no sólo no estaba en contra del relevo político que se produjo en el Gobierno sino que, en un principio, me pareció una experiencia que debía observarse con mucho interés, por su originalidad y carácter inédito. Nunca pensé que Aznar fuera incapaz de lograr una mayoría parlamentaria, a pesar de lo magro de su victoria electoral en 1996. Me pareció extraordinario que la lograra con el apoyo de los nacionalistas catalanes, porque esa coincidencia de la derecha españolista y el nacionalismo periférico no se había producido nunca antes en la Historia del país. Pero la acción del Gobierno me decepcionó pronto y mucho, aunque no en todos los aspectos.

En las semanas iniciales, sin embargo, no creo que nadie me pudiera considerar un opositor del Gobierno Aznar, aunque, desde luego, tampoco un estricto simpatizante.

Conocí a José María Aznar tiempo antes de que llegara a la Presidencia. De aquella ocasión, apenas recuerdo nada relevante. Rememorándola, pienso que debería conservar una memoria mucho más detallada, porque, a fin de cuentas, se trataba de que yo me sintiera seducido por el personaje. Pero el candidato se mostró extremadamente discreto: no recuerdo nada de lo que me dijo. Con Adolfo Suárez, años antes, había ocurrido exactamente todo lo contrario: el líder de la transición, desbordante, llevó la seducción hasta el apabullamiento, no cesó de hacer referencias a mi persona e hizo esperar a muchas otras.

Más adelante, cuando Aznar ya era presidente y ya se había formado el Gobierno, almorcé en una ocasión en La Moncloa con él, con su mujer, con el secretario general de Presidencia y con tres historiadores más. Seguía siendo extremadamente discreto, de modo que tampoco guardo en la memoria nada especial de su intervención. Recuerdo, en cambio, que hice una gran alabanza de Jaime Mayor Oreja —admiración que, de todos modos, ya había expresado en la prensa—, critiqué algún punto de la política cultural y expresé mi satisfacción por el hecho de que el partido mayoritario hubiera pactado con CiU. Concreté mi idea, incluso, diciéndole al presidente que habría sido espléndido que hubiera conseguido nombrar ministro de Asuntos Exteriores a Antoni Durán i Lleida. Algún tiempo después, el político catalán me contó que el presidente le había comentado mi opinión.

Se me entregó una fotografía de Aznar; en la dedicatoria, me describía como «historiador, crítico y amigo»; ya tenía un libro suyo aludiendo, precisamente, a la «amistad crítica». La triple caracterización resultaba obvia en su primera parte; en lo segundo y tercero, era descriptiva.

En aquella reunión cometí un desliz: comenté que, pocos días antes, don Pedro Laín Entralgo me dijo que él y Julián Marías habían comido en La Moncloa con «los Botella», y que los habían encontrado muy amables. La anécdota, que quería ser graciosa, tropezó con la mirada gélida de la mujer del presidente.

Todo, sin embargo, tenía un aire cotidiano y sencillo: el propio presidente nos ofreció tabaco y, en el jardín, un empleado nos saludó con un «que aproveche».

Mi tercer encuentro con José María Aznar se produjo en el curso de una presentación literaria en otra comida en Moncloa: en aquella ocasión se hacía publicidad de una serie de libros en torno al 98. Me vi sorprendido ante una afirmación del presidente que —creo— sólo yo pude oír. Ante los libros, musitó que «faltaba Andrés Mallada». Puede resultar irrelevante llamar la atención sobre este detalle, pero Aznar había unido un nombre y un apellido que no tenían nada que ver: el periodista liberal Andrés Mellado y el escritor regeneracionista Lucas Mallada. El lapsus, desde luego, nada tenía de grave —más bien parece pedantería de profesor el solo hecho de recordarlo—, pero era sorprendente que el presidente pontificara en tema tan alejado de su dedicación profesional.

En aquella ocasión presencié lo que, para mí, fue toda una transformación. Aparte de pronunciar de modo peculiar el nombre del primer ministro británico, al que calificó como «compañero», Aznar no sólo habló mucho sino que casi monopolizó la conversación. Al principio, ésta versó acerca de la carencia en España de biografías de políticos y yo le comenté que, en el futuro, habría que escribir la suya. También alabé el giro que, a mi modo de ver, se había producido en la política respecto a Cuba, demasiado ideologizada en un principio y que generaba muchos inconvenientes de cara a una transición en el país caribeño. Me repuso que su posición no había cambiado en nada: a mí me parecía tan evidente que no dudé en prolongar mi discrepancia durante un buen rato. Así fue como, de pronto, me encontré llevándole la contraria a José María Aznar. (A quien le pueda interesar se lo comunico: no es bueno discrepar en público de un presidente del Gobierno, especialmente cuando te invita a comer). En la despedida, sin que lo oyera más que otra persona, me espetó: «Bueno, Javier, hasta que seas ministro». El obvio puntapié dialéctico me dejó perplejo. Yo tenía satisfecha cualquier ambición en ese terreno: en otros campos —asesoramientos gratuitos en materias concretas para el Ministerio de Cultura, por ejemplo—, recibí y acepté encantado varias propuestas. Tampoco era para tanto llevarle la contraria acerca de Cuba y de Castro. Me parece que, desde entonces, en el binomio «amistad crítica», contó para él más la segunda parte.

Entiéndase que refiero estas anécdotas sin voluntad alguna de ironía y sólo por la citada promesa de practicar la «egohistoria». Este tipo de transformación de la personalidad es inevitable en cualquier político en ejercicio: un artista plástico me contó que el anterior presidente del Gobierno le había dado consejos prácticos acerca de cómo desarrollar su obra. Los políticos no son de poliuretano y experimentan obvias transformaciones en su carácter: el ejercicio del poder opera estos cambios en ellos y los ciudadanos pueden comprobarlo en mayor o menor medida. En ocasiones, por ejemplo, se encuentran agobiados por el acoso ajeno y aparecen desarbolados, neuróticos e impotentes, superen o no esa situación personal con el transcurso del tiempo. Por esa situación han pasado Adolfo Suárez y Felipe González. Cuando sobre ellos se acumulan los deméritos, reales o inventados, el historiador empieza a sentir la necesidad de que el juicio reequilibre la balanza.

Pocas alusiones personales más aparecerán en adelante. Pero los párrafos anteriores me permiten explicar el punto de partida en la reconstrucción de ese pasado cercano. Las páginas anteriores también remiten a las fuentes utilizadas: por supuesto, la prensa y el propio ejercicio del análisis político aparecen como elementos esenciales, pero me he beneficiado asimismo de las conversaciones con numerosas personas (pertenecientes, en muchos casos, al partido presidido por Aznar). Puesto que mantengo una relación de amistad con algunas de ellas —y por simple discreción—, de ninguna manera voy a revelar procedencia de frases concretas o de juicios personales.

El último encuentro personal con José María Aznar, en fin, se resolvió con aquella frase de despedida. Lo lamento: sigo pensando que algún día deberá escribirse su biografía histórica. Por descontado, es de esperar que sea mucho más interesante que los escritos a los que hasta ahora ha dado lugar. De momento, lo posible es el análisis político con la perspectiva temporal que permiten estos últimos siete años.

CAPÍTULO I

La derecha que llegó al poder

UNA ESCENA POLÍTICA

Cualquiera que lo presenciara no lo olvidará fácilmente.

Para la oposición en su conjunto y especialmente para la derecha, el resultado de las elecciones de 1993 resultó muy decepcionante. Todo hacía pensar, en esa fecha, que el PSOE sería desplazado del Gobierno tras haber protagonizado numerosos escándalos durante sus últimos años de estancia en el poder. Los militantes derechistas, congregados ante la sede del Partido Popular en el momento en que se anunciaban los resultados electorales, no dudaron en gritar contra Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Catalunya. Algunos de sus dirigentes pusieron en duda, incluso, la veracidad de los resultados.

Era la segunda ocasión en que, al frente del Partido Popular, José María Aznar se presentaba como candidato a la Presidencia del Gobierno. Se decía que el joven dirigente había renovado —«refundado», se pretendió— la antigua Alianza Popular, en enero de 1989, cuando propuso un cambio de denominación para la agrupación política de la derecha española. En realidad, esa «renovación» o «refundación» había sido anterior a su llegada al primer plano de la política nacional y la habían protagonizado otros. La mayor parte de los democristianos, que siempre habían carecido de espacio electoral y de liderazgo atrayente, se incorporaron a las filas del PP. La dirección del partido permaneció, sin embargo, en manos de la joven generación aliancista.

Sólo en los años noventa, con José María Aznar como dirigente —mucho más joven que Manuel Fraga—, la alternativa al Partido Socialista empezó a esbozarse en el horizonte de la derecha. El rasgo más distintivo del nuevo partido fue, desde el primer momento, la juventud: en 1989, sólo el 16 por ciento de los candidatos aliancistas había repetido candidatura.

Aznar, cuya primera actividad política se había desarrollado en una Falange con pretensiones de pureza e incontaminación franquista durante los años finales del régimen dictatorial, ingresó en Alianza Popular en su peor momento, tras la derrota de 1979, siendo ya inspector de Hacienda en Logroño. En este período, su posición política era muy reticente respecto de la Constitución, en especial, acerca de su título VIII, como revelan los artículos que publicó en la prensa riojana. Más adelante volveremos sobre la etapa inicial de aproximación a la política del futuro presidente.

En 1982, cuando la AP de Fraga sobrepasó con creces a UCD en las elecciones generales, Aznar fue elegido por la provincia de Ávila, téorico feudo del suarismo. Como diputado, intervino en materia de política autonómica durante la primera legislatura de mayoría absoluta socialista. La renovación generacional producida en la derecha, tras el desmantelamiento de UCD, le permitió un rápido progreso en su carrera intrapartidista. En junio de 1985 fue elegido presidente de Alianza Popular en Castilla y León y, en febrero de 1986, adjunto al secretario general Jorge Verstrynge.

A partir de los primeros años ochenta evolucionó ideológicamente desde una derecha poco simpatizante con la Constitución a una identificación con los medios liberales juveniles procedentes del extinguido partido centrista. Este camino no carecía de lógica, pues no rompía con la derecha en muchas materias —las económicas, por ejemplo— y, al mismo tiempo, adoptaba una posición antitética y muy beligerante contra el adversario socialista.

En noviembre de 1986, José María Aznar fue proclamado candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. En este punto, salió vencedor frente a otros candidatos de mayor solera, como Rodolfo Martín Villa, que, además, tenía el apoyo de la patronal. Logró la Presidencia regional en 1987, aun en una situación minoritaria en el Parlamento regional, que le exigió negociar con el CDS. No sólo consiguió llegar a un pacto con la agrupación centrista, logró algo más difícil: convertir este pacto en el antecedente directo de la deglución de este partido en el ámbito regional.

Su gestión como presidente de Castilla y León se caracterizó por algunos gestos muy significativos, como la supresión de gastos de representación y la burocracia ineficaz. Téngase en cuenta que, en aquel momento, la exigencia de los electores españoles en estos dos aspectos era cada vez mayor. No lo tuvo fácil, sin embargo. En ocasiones, sus problemas surgieron como consecuencia de algunos escándalos económicos. Tampoco acertó, a primera vista, a la hora de elegir entre las diversas tendencias de su propio partido. A comienzos de 1987, había sido derrotada la candidatura en que figuraba como secretario general de Alianza Popular bajo la Presidencia de Miguel Herrero. Claro está que bien pudo mantenerse en dicha candidatura porque maximizaba su propia capacidad de influencia en el partido.

La Presidencia de Castilla y León le permitió proyectarse hacia un liderazgo nacional en el momento en que Manuel Fraga volvió a la dirección del partido en 1988: era, por entonces, el único político joven de Alianza Popular que desempeñaba una responsabilidad político-administrativa de importancia. En ese sentido, él mismo ha asegurado, con razón, que su promoción en el seno del partido radicó en la posición que ocupaba en aquel momento concreto. Pero no fue fácil que la elección recayera sobre él. Fraga había pensado inicialmente en otras opciones —Isabel Tocino, una dirigente histórica, por ejemplo— y sólo se decidió por él, durante el verano de 1988, por la presión convergente de quienes más adelante ejercieron con el propio Aznar el liderazgo en el partido (Federico Trillo, Francisco Álvarez-Cascos o Juan José Lucas, entre otros). Aznar aceptó a Álvarez-Cascos en la Secretaría General del partido —prueba de fidelidad a Fraga— e incluso redactó una carta de dimisión al hacerse con la dirección del partido como prueba de que, en su caso, no se repetiría el fiasco que había supuesto la primera renovación generacional, encarnada por Antonio Hernández Mancha.

Fue a partir de entonces cuando aparecieron las capacidades del político Aznar, sobre las que se insistirá más adelante. No se distinguía por una personalidad de perfiles muy precisos, ni por una oratoria brillante ni por un pasado nutrido de éxitos completos en la gestión, pero consiguió reunir un equipo joven y caracterizado por una manifiesta voluntad de ruptura respecto al pasado. Así mantuvo la unidad, al tiempo que maduraba en política. Este equipo renovó profundamente la dirección del partido conservador, marginando a dirigentes muy valiosos y de mayor capacidad objetiva que los recién llegados. Pero esta operación también hizo desaparecer la sensación de inestabilidad que había definido a la derecha hasta el momento.

La primera biografía de Aznar señala que su principal virtud fue lo que podría denominarse la «inevitabilidad»: tuvo la suerte o la oportunidad de estar en el escenario apropiado en el momento adecuado, exactamente cuando la derecha necesitaba —incluso angustiosamente— un dirigente y la sociedad española precisaba una alternativa al socialismo de Felipe González.

De todos modos, esta afirmación en absoluto quiere decir que Aznar careciera de capacidades. Las tenía y en un grado muy apreciable, como se tratará de demostrar en páginas posteriores al intentar un perfil personal. De momento, debe señalarse su capacidad de resistencia. Ésta parece una virtud menor, pero en absoluto es banal. «Estoy [políticamente] vivo porque me han despreciado», declaró a El País poco antes de su llegada a la Presidencia del Gobierno. En efecto, en un primer momento, ni el gobierno socialista ni las fuerzas económicas pensaron que pudiera perdurar mucho tiempo al frente del partido de la derecha española; tampoco la izquierda, en especial Felipe González, le tomó muy en serio. Pero, al margen de sus capacidades personales, no cabe la menor duda de que las circunstancias que se dieron en la década de los noventa eran muy distintas a las de los años ochenta.

El nuevo Partido Popular —ahora «refundado»— inició su andadura política de un modo titubeante. En 1989, cuando se habían empezado a producir incorporaciones de políticos procedentes de la UCD, los resultados del Partido Popular en las elecciones europeas fueron muy poco satisfactorios. Manuel Fraga se convirtió en el candidato del partido en Galicia para las elecciones autonómicas de 1990 —los dirigentes populares confiaban en una segura victoria— y dejó de ejercer un papel aborbente en la política nacional. Fraga, además, mantenía una actitud a menudo distinta de la dirección del partido en materias de política exterior —respecto a Cuba, sobre todo— o interior —en la organización autonómica—, pero, en el fondo, su actitud no fue nunca decisiva.

La política que el equipo de Aznar fue definiendo partía de cierta complacencia en la condición juvenil de los nuevos dirigentes. «No tengo los tics de la transición», llegó a asegurar. Esta actitud lo convertía en un político poco propicio al consenso: siempre tuvo la sospecha de que los acuerdos con los socialistas no eran más que un engaño. Cuando, a comienzos de 1995, Felipe González lo invitó al Palacio de La Moncloa y comprobó que la noticia aparecía inmediatamente en la prensa, vio ratificada su opinión, y así se lo comunicó a su confidente, el periodista Pedro J. Ramírez. En consecuencia, no se guió por el consenso, ni siquiera en materia de terrorismo, tal y como era habitual en la política democrática española. Para asombro del ministro socialista de Interior —José Luis Corcuera, en aquel momento—, esta decisión se le comunicó en un momento, cuando menos, inoportuno: por aquellos días, la banda terrorista ETA había asesinado en Madrid al teniente general Francisco Veguillas (29 de julio de 1994). El dirigente popular exigió, además, el cumplimiento íntegro de las penas por delitos de terrorismo. Debe recordarse, naturalmente, que él mismo fue objeto de un atentado en que pudo perder la vida, lo que, sin duda y pese a su aparente frialdad, lo traumatizó; en cualquier caso, el consenso respecto a la cuestión terrorista seguía siendo crucial en la política española.

No debe olvidarse tampoco que Aznar realizó el aprendizaje para su período presidencial en un momento crítico de la política española, cuyos rasgos, afortunadamente, no se han vuelto a repetir. Las circunstancias críticas, precisamente, favorecieron el ejercicio de una oposición durísima que llevaba a describir a España como dominada por «un rumor incontrolable de corrupciones», a verla convertida en una «economía de casino» o a acusar a González de acudir «como un pedigüeño» ante la Unión Europea. En este clima, también aceptó todo tipo de alianzas «de facto». Con Ricardo García Damborenea, disidente socialista que luego resultó implicado en los casos del GAL, Aznar estableció una de esas alianzas hasta que se descubrió la implicación del citado personaje en esa cuestión.

Pero la alianza decisiva fue la que estableció, de manera más o menos clara, con la oposición periodística al Gobierno de Felipe González. El diario El Mundo y su director, Pedro J. Ramírez, representaban especialmente esa oposición y esa alianza. Este diario tuvo el indudable mérito de dar a conocer algunos escándalos durante la etapa de gobierno socialista —GAL o Filesa, entre otros—, pero, al mismo tiempo, se le pueden achacar graves e indudables deslices. En primer lugar, algunos de los escándalos a los que dio publicidad fueron ficticios o jamás se probaron: por ejemplo, se atacó a un pariente político de Felipe González —Palomino— o se propusieron diversas teorías a propósito de la captura de Luis Roldán. La vorágine política que se vivió durante 1996 otorgó al periódico, no obstante, credibilidad. Se dio, además, una relación peregrina —e incluso antinatural— entre la prensa y la política de oposición. Pedro J. Ramírez organizó conversaciones en su propia casa entre José María Aznar y Julio Anguita, las máximas figuras de la oposición de la derecha y la izquierda, respectivamente. A partir de aquellas reuniones, la estrategia consistió en ejecutar la llamada «pinza», mediante la cual estos dos sectores políticos confluían contra Felipe González y su Gobierno. Pero aún hubo más: Pedro J. Ramírez también convocó una conversación entre el secretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, y José Amedo, el principal imputado en el caso GAL. ¿Qué podía esperar Amedo de una entrevista semejante? La respuesta queda perfectamente clara en la frase del político, transcrita por el periodista: «El Partido Popular ha demostrado que nunca deja tirado a nadie y que siempre se porta bien con quien lo merece».

Durante aquellos años de crispación, por tanto, no sólo los escándalos amenazaron el correcto funcionamiento de la democracia. También la deterioraron quienes hicieron oposición recurriendo a todo tipo de medios. Pasado el tiempo, Luis María Anson habló de la existencia de una auténtica conspiración que podría haber puesto en peligro, incluso, la propia estabilidad institucional. Pero, en realidad, no se puede hablar de conspiración: fue una operación que se llevó a cabo públicamente y sin ningún interés en ocultar sus objetivos.

Pero volvamos al tono de confrontación empleado por Aznar contra sus adversarios políticos. En afirmaciones como las citadas y otras semejantes, el dirigente popular fue a menudo injusto y este hecho, así como cierta sensación de inmadurez, pudieron contribuir decisivamente a que, en las elecciones de 1993, de nuevo la oposición resultara derrotada en las urnas.

Respecto a la política en el seno del Partido Popular, no se puede decir que la presidencia de Aznar eliminara definitivamente las dificultades internas. Aunque siempre con menor relevancia en comparación con el PSOE, el PP tuvo también sus casos de financiación ilegal —casos Naseiro-Sanchís, Canyellas o Pérez Villar, entre otros—, a veces mezclados con disidencias regionales o locales —Hormaechea en Cantabria, Peña en Burgos, etcétera—.

Pero este «extraño líder», caracterizado por su capacidad de resistencia y de trabajo, cambió la apariencia externa de su opción a partir de 1993. Entonces, pareció que pretendía dirigir a su partido hacia el centro al tiempo que, en la práctica, colaboraba con Izquierda Unida —por ejemplo, en el proceso de elección del presidente del Parlamento andaluz— y no escatimaba críticas contra la política antiterrorista del Gobierno, en un tono que ni siquiera suscribía el propio Fraga.

José María Aznar se dio cuenta de que la autodestrucción del CDS le ofrecía un campo electoral donde obtener apoyos sociales importantes, pero sólo en los meses previos a la campaña de las elecciones generales de 1996 esbozó un camino hacia el centro. En cambio, su actitud como dirigente de partido había sido sistemática: fue incorporando a sus filas a antiguos ministros centristas. Repetía, en fin, la misma estrategia que había utilizado con el CDS de Castilla y León. No obstante esos políticos no desempeñaron nunca un papel relevante: uno de ellos contaba que, al afiliarse, había logrado que lo amortizaran, primero, y, luego, lo amortajaran. A partir de 1996 su posición política giró en torno al concepto de una «segunda transición», una idea cuyo contenido nunca estuvo muy claro y a la que, hasta entonces, apenas había hecho alusión. La segunda transición, precisamente, es el título de uno de sus libros.

Por otro lado, se debe tener muy en cuenta que el juicio de la opinión pública no fue nunca muy benévolo con la política opositora del Partido Popular. A comienzos de los años noventa, el 55 por ciento del electorado pensaba que el principal partido de la oposición sólo sabía plantear críticas, y sólo el 25 por ciento apreciaba factores positivos en esa oposición. Más que esas nuevas actitudes, la mejora de las expectativas electorales del PP puede explicarse a partir de la gestión socialista durante los últimos años de gobierno. En las elecciones europeas de junio de 1994, el Partido Popular ya superó en diez puntos al PSOE y los socialistas perdieron la mayoría en Andalucía, su feudo político tradicional.

En una democracia, no obstante, el éxito de un partido depende, en un elevado porcentaje, del demérito de otros. La historia del resto de opciones políticas resulta más sencilla de resumir en cuanto que sus liderazgos respectivos no habían experimentado tantos cambios sucesivos como en el caso de Alianza Popular-Partido Popular. En los dos casos más importantes —Centro Democrático y Social, e Izquierda Unida—, a partir del comienzo de los noventa, la incertidumbre estratégica del liderazgo o la incapacidad de ofrecer una efectiva solución alternativa, aun habiendo renovado la dirección, fueron elementos determinantes.

El CDS de Adolfo Suárez había emergido en 1986. Parecía una sorprendente resurrección e hizo pensar, en algún momento y dada la fragmentación de la derecha, que quien lo dirigía podía ser una alternativa más real que el propio Aznar y su Partido Popular. Durante la segunda mitad de la década de los ochenta hubo algunos otros indicios de que así podía suceder. Suárez, por un lado, había mantenido una política de visos progresistas, incluso izquierdistas: en las elecciones de 1986 planteó, por ejemplo, la reducción del servicio militar; también confesó con orgullo que había votado en sentido negativo en el referéndum sobre el ingreso de España en la OTAN. Además, Suárez logró la incorporación a su partido de algunas personalidades procedentes de la izquierda, como Raúl Morodo, dirigente del grupo socialista de Enrique Tierno Galván; incluso se convirtió en presidente de una Internacional Liberal y Progresista, de vida efímera. Pero su incertidumbre estratégica, de la que estas actitudes constituyen también una buena muestra, como ya había sucedido una década antes, tras las elecciones de 1979, le perdió de nuevo. Si por un lado pactó con la derecha para obtener el ayuntamiento de Madrid, donde fue alcalde Agustín Rodríguez Sahagún, su mano derecha, luego, a comienzos de los noventa, pareció más dispuesto a colaborar con el gobierno del PSOE. Claro está que, en el ambiente de crispación que se vivía entonces, una opción como la suya siempre corría el grave peligro de difuminarse ante el elector, pero no cabe la menor duda de que, con un perfil programático más claro y una visión dirigida a la obtención de réditos propios e inmediatos, la supervivencia política habría sido más fácil. Esos rasgos tal vez habrían implicado más cercanía al Partido Popular, pero, al tiempo, se habría generado un fuerte grado de tensión política respecto al partido de Aznar, semejante al que Convergència i Unió ha mantenido durante tantos años. Este dificil juego político resultó imposible y, además, concluyó en el sempiterno teatro de divisiones personalistas que durante la primera mitad de la década de los ochenta habían convertido en inefectiva a Alianza Popular. Los partidarios de la colaboración con el PP —Arias Salgado, por ejemplo— abandonaron el CDS y acabaron en las filas del partido de la derecha. El sucesor «in pectore» para la Presidencia del partido —Morodo— no logró el suficiente apoyo de las bases. En las elecciones de 1993, con Suárez retirado ya de la política, el CDS obtuvo menos del 2 por ciento del voto —una cuarta parte del que había tenido en las generales anteriores— y perdió su representación en el Congreso. Para que el final resultara más grotesco, el financiero Mario Conde, ya perseguido por la Justicia y encarcelado, fue su candidato presidencial en 1996. Los resultados fueron deleznables.

No tiene sentido aludir aquí a la evolución de Izquierda Unida, puesto que su voto carecía de vasos comunicantes con el derechista. No obstante, desde el punto de vista estratégico, la «pinza» mencionada favoreció, sin duda, al Partido Popular.

AMARGA VICTORIA, DULCE DERROTA: LAS ELECCIONES GENERALES DE 1996

A partir de 1993 y a medida que se producía la erupción de escándalos políticos, los resultados de las diversas consultas electorales empezaron a mostrar un giro en las actitudes políticas. Aún en aquella fecha, los socialistas habían cosechado una inesperada victoria. En las semanas anteriores a las elecciones al Parlamento Europeo de 1994, algunas encuestas señalaban un dato relevante: el 80 por ciento de los electores consideraba que la corrupción tendría una importancia decisiva a la hora de emitir su voto. Aún más: hasta un 45 por ciento de los encuestados pensaba que la etapa del PSOE había concluido, pero tan sólo el 11 por ciento lo atribuía a los méritos de la oposición, mientras que el 81 por ciento culpaba a los fallos del PSOE. Llama la atención el hecho de que el cabeza de lista del PSOE en dichas elecciones, Fernando Morán, fuera el candidato mejor valorado, aunque tal vez el elector fuera plenamente consciente de que su posición era un tanto autónoma respecto de su partido. De cualquier modo, la victoria del PP fue aplastante: estuvo por delante en trece de las diecisiete comunidades autónomas y, en seis de ellas, obtuvo más del 50 por ciento de los votos. Se empezaba a hacer patente la verdad contenida en la frase de uno de los más conocidos analistas políticos norteamericanos de la posguerra, Walter Lippmann: «No hay necesidad mayor para quienes viven en comunidad que la de ser gobernados; autogobernados, si ello es posible; bien gobernados, si tienen esa suerte, pero, como sea, gobernados». El elector español, consciente de que esa posibilidad se alejaba día a día de las capacidades del PSOE, encontró refugio en el Partido Popular.

Así se demostró en las elecciones autonómicas y municipales de 1995. Puede decirse que los propios votantes convirtieron esa consulta en una suerte de elecciones primarias. Pocas semanas antes —en abril de 1995—, Aznar había sido objeto de un atentado por parte de ETA, lo cual generó una corriente de intensa simpatía hacia su persona. Si a todo ello se añade la altísima participación, se explica que los resultados anunciaran un cambio político que parecía decisivo e irreversible. El PP obtuvo una clara victoria en el electorado urbano: en 1987 había sido la fuerza política más votada en tan sólo once capitales de provincia; en 1991 venció en veintiuna; ahora logró la victoria en 44 capitales. El Partido Popular sólo fue superado por otros partidos —el PSOE o los nacionalistas— en las cuatro capitales catalanas, en Bilbao, en San Sebastián, en A Coruña y en Santa Cruz de Tenerife. Fue especialmente llamativo el hecho de que los populares también vencieran a las candidaturas de izquierda en algunas ciudades del cinturón industrial de Madrid, como Alcorcón, Móstoles o Alcalá de Henares. Incluso había penetrado profundamente en el electorado catalán, que hasta el momento se había mostrado impermeable a las tesis de Aznar y sus predecesores. El Partido Popular pasó del 7 al 12 por ciento del voto en esta comunidad, pero en Barcelona y parte del cinturón castellanohablante alcanzó el 17 por ciento.

Los socialistas habían cosechado una severa derrota y, a partir de ese momento, se fue generalizando la opinión de que les iba a suceder otro tanto en las próximas elecciones generales. González se vio obligado a anticiparlas, dada la actitud de los catalanistas cuando el asunto GAL llegó al Tribunal Supremo.

Pero los comicios, celebrados en marzo de 1996, dieron la victoria al PP con un margen mucho más estrecho del que se vaticinaba. Los populares apenas alcanzaron el 39 por ciento de los votos —suponía un incremento de cuatro puntos— y 156 diputados, mientras que el PSOE apenas descendió un punto —obtuvo el 37,5 por ciento— y consiguió conservar 141 diputados. Felipe González, el único candidato socialista posible, puesto que Solana había accedido a la Secretaría General de la OTAN, arriesgó en la campaña hasta el extremo y presentó a Barrionuevo, ya procesado por el asunto de los GAL, en las listas electorales de su partido. El PSOE comenzó aquella campaña con una evidente sensación de inevitabilidad de la derrota, pero, en un momento dado, abandonó la resignación. Simplificó hasta el límite el mensaje e identificó a la derecha con un perro de presa —recuérdese el famoso vídeo del dóberman—, bestia peligrosa e incontrolable. Es muy posible, sin embargo, que resultara más efectivo para sus intereses el hecho de que las encuestas previeran, muy de acuerdo con las inmediatas consultas electorales, que los resultados serían abrumadores a favor de un PP cuyas insuficiencias en el giro al centro resultaban evidentes para buena parte del electorado. También lo es que en los resultados de las consultas de 1994 y 1995 hubiera representado un papel muy importante el voto de castigo al PSOE.

La diferencia entre los dos grandes partidos fue, pues, de tan sólo unos trescientos mil votos. La crispación misma, que hizo urgente el relevo de los socialistas, acabó por perjudicar a una oposición de derechas que no dejaba de provocar serias prevenciones.

El resto de las fuerzas políticas no vio modificada en lo fundamental su situación parlamentaria. Izquierda Unida, por ejemplo, llegó a 21 diputados, tan sólo tres más que en el Parlamento anterior; había obtenido 400.000 votos más que en las anteriores elecciones generales y había conseguido el segundo mejor resultado de esta opción política (a efectos de estadística electoral, el PCE se entiende como precursor de esta formación de izquierda). Sin embargo, la tesis de las «dos orillas» que habría enfrentado a IU con el conjunto de las fuerzas políticas se vio desmentida por la realidad; en verdad, el propio Anguita fue orillado por los electores españoles.

La alternativa política se había convertido en un hecho. Sin embargo, para que tal alternativa se plasmara en un Gobierno solvente, necesitaba de la colaboración de los partidos nacionalistas, que eran ya los únicos situados en el centro del espectro político tras la volatilización del CDS de Adolfo Suárez. El PP quedaba, por tanto, obligado a todo un ejercicio de imaginación, impensable hacía tan sólo unos meses. Por su parte, los socialistas podían tener la esperanza de que se reprodujera en España el caso de Grecia, es decir, que unos gobernantes socialistas que perdieron el poder en las urnas lo recuperaran poco tiempo después, dadas la bisoñez y otras limitaciones atribuidas a los nuevos gobernantes. Así pues, no todos los observadores pensaron que hubiera nacido una alternancia entre el PP y el PSOE. De cualquier forma, aquella sociedad, que tan profundamente había cambiado en las dos últimas décadas, esperaba con expectación la llegada al poder del Partido Popular.

El resultado de las elecciones de 1996 pudo ser tan «dulce derrota» para quienes perdieron como «amarga victoria» para quienes triunfaron, pero no cabe la menor duda de que inauguró una nueva etapa en la política española. El partido socialista debía abandonar el poder tras una dura agonía de dos años, después de haber remontado en las elecciones de 1993 una situación muy difícil. El reto había llegado a parecer insuperable, por la acumulación de desdichas imprevisibles, como el cambio de coyuntura económica, y, sobre todo, de culpas propias.

Una nueva generación de gobernantes se acercaba al poder. Se advertía en ellos cierta perplejidad y menos satisfacción de la que cabía esperar, aunque este estado fuera comprensible dados los magníficos resultados que las encuestas les atribuyeron en un determinado momento.

EL PERFIL POLÍTICO DE JOSÉ MARÍA AZNAR: LOS TEXTOS

Todo personaje político tiene un determinado estilo que marca su obra en lo positivo y en lo negativo, y hace previsible su rumbo. También tuvo su estilo, por supuesto, el nuevo presidente del Gobierno. Tratar de entenderle no es, por tanto, tan sólo un ejercicio de psicología recreativa sino de comprensión histórica —e incluso de futurología—.

Se ha dicho que uno de los errores del PSOE fue infravalorar a José María Aznar. No ocurrió exactamente así: más que considerarlo en menos de lo que convenía, los socialistas cometieron el error de no situarlo en el lugar que le correspondía. La nueva generación política debía emplazarse en puntos de partida y experiencias vitales muy distintas a las de quienes hicieron acto de presencia a fines de los sesenta o comienzos de los setenta y protagonizaron la transición. En 1996, en efecto, tuvo lugar un relevo generacional que no todos supieron percibir pero que, al poco tiempo, se había impuesto con crudeza. Los adversarios políticos de un PP muy agresivo en la oposición fueron incapaces de advertir esa circunstancia, pero tampoco lo percibieron muchos de los centristas incorporados a las filas de Aznar.

Las diferencias generacionales son esenciales en política: explican, por ejemplo, que Nicolás Sartorius, Rodolfo Martín Villa y Javier Solana pudieran entenderse siempre y que José Antonio Girón y Adolfo Suárez no llegaran a comprenderse nunca. También explican que, desde el punto de vista personal, la sintonía entre Felipe González y José María Aznar resultara prácticamente imposible.

La generación que accedió a la vida política a finales de los sesenta vivió la experiencia de la transición, llegó al poder pronto y en la segunda mitad de los años noventa estaba ya «quemada» o, en otros términos, amortizada para la política partidista. Al término de su etapa le correspondía una actitud cesárea, algo así como una docencia distante y libre de presiones, desde la cátedra, la empresa o un puesto político en el exterior, más que en el interior.

La generación de Aznar también llegó al poder político y social pronto, cuando sus integrantes eran aún muy jóvenes, y puede mantenerse bastante tiempo en él, razón de más para tratar de comprenderla. Su ruptura con el pasado fue menor que la quiebra de la generación inmediatamente anterior. La transición había sido para estos nuevos políticos un dato de la realidad, consolidado y establecido, no un episodio biográfico ni un esfuerzo vital. Su primera experiencia biográfico-política se manifestó en una oposición sin concesiones a los socialistas; éstos se encontraban ya en su etapa descendente y la nueva generación demostró que podía vencerlos. No estuvieron presentes durante la transición y, por tanto, no participaban de la tradición del consenso: este carácter específico de dicha generación se anotó en el haber positivo y no en el negativo. No tiene nada de extraño que muchos de sus miembros, procedentes de la derecha tradicional —como el propio Aznar, falangista en su primera juventud—se transmutaran en ultraliberales, porque ésta era la ideología más funcional para la ocasión que estaban viviendo. El liberalismo proporcionaba un esquema teórico moderno —y, a la vez, susceptible de conectar con la derecha conservadora— contra el socialismo. La política que vivió esta nueva generación no era, como en el pasado, un compromiso más o menos costoso, sino una profesión establecida. Fueron, como los socialistas de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, políticos profesionales, lo que quiere decir que su experiencia en campos concretos de acción resultó, a menudo, muy modesta. Por otro lado, el ejercicio de la vida pública en tiempos de la posmodernidad siempre aparece con un componente importante de relación personal que sustituye a la identidad ideológica o a la complicidad nacida en la clandestinidad de otros tiempos. Nada puede entenderse en la política española de finales del siglo XX sin tener en cuenta esta realidad: muchos dirigentes del Partido Popular han hecho carrera, principalmente, gracias a su relación personal con Aznar. Por supuesto, algo parecido puede decirse de los líderes del socialismo.

Para comprender al nuevo presidente del Gobierno no basta enmarcarlo en una generación, por más que esto sea imprescindible. Las biografías, entre flojas y detestables, que de él se han escrito proporcionan datos que lo individualizan. Olvidemos las referencias, artificiosamente impostadas, a los antecedentes familiares liberales —el periodista Manuel Aznar— o a los intelectuales —Manuel Azaña—; ambas resultan tan forzadas que no merece la pena discutirlas. Pero, como veremos, iluminan ciertos aspectos de la personalidad de José María Aznar.

José María Aznar nació el 25 de febrero de 1953 en Madrid; estudió Derecho en la Universidad Complutense. Concluida la carrera, siguió un rumbo muy tradicional de la clase media española: tan sólo dedicó un año a preparar y ganar las oposiciones a inspector de Hacienda. Fue, en este sentido, la antítesis de Adolfo Suárez. Ingresó, como sabemos, en la política partidista en el año 1979, pero, en realidad, sus preocupaciones políticas databan de una fecha temprana.

Con tan sólo 16 años, en junio de 1969, José María Aznar hizo su primer acto de profesión política en la revista falangista SP. Envió una carta al director en la que llamaba la atención el uso de un lenguaje joseantoniano puro: la reivindicación de actuar como «monje y soldado» o «vivir en sacrificio, austeridad y peligro». Pero hay en esas líneas dos rasgos más dignos de mención. En primer lugar, el sentimiento de pertenencia a la clase política del régimen: se describía a sí mismo «teniendo un apellido de gran fuerza política como el que tengo; teniendo familiares como tengo en los más altos cargos políticos de la Nación». Probablemente, la última referencia no aludía a su padre, sino a su abuelo, y, probablemente también, no estaba pensando en un supuesto pasado liberal. De cualquier modo, pese a la irrelevancia pública de su etapa universitaria, la ambición y vocación política fueron en él muy tempranas. En segundo lugar, ese joven se expresaba en términos que reflejaban, a un tiempo, sentimientos de pertenencia y disidencia respecto al régimen franquista. Él optaba por el falangismo «independiente», que caracterizaba a SP. «Los jóvenes falangistas», aseguraba, «están cansados de dar y no recibir; están cansados de recibir promesas y recibir fracasos; están cansados de escuchar bonitos discursos que sólo sirven para crear más confusionismo del que hay». En consecuencia, «están empezando otra vez de cero la obra que José Antonio planteó y España espera». No se puede imaginar una mentalidad más lejana a la de los hombres que hicieron la transición: hubo entre ellos opositores y colaboradores del régimen dictatorial, pero estos últimos no reivindicaban la estricta pureza falangista sino que se caracterizaban por un suave escepticismo.

Conviene citar también los artículos que Aznar publicó entre febrero y noviembre de 1979 en La Nueva Rioja, el principal diario de Logroño. En esas fechas, recuérdese, era un reciente afiliado de Alianza Popular. En estos textos aparece, sin duda, una actitud heredada del falangismo juvenil, situada muy a la derecha respecto al sentir político común en la España de entonces y, desde luego, profundamente reticente respecto del rumbo político seguido hasta el momento. Da la sensación de que el futuro político profesional no estaba de acuerdo con la Constitución que acababa de ser aprobada en referéndum. El resultado de la reforma había sido, para él, «la ruptura». Parecía justificar «una abstención beligerante, como en el pasado referéndum constitucional». Los dos años de la «política llamada de consenso», en su opinión, habían obligado a «acostumbrarse a las huelgas, al terrorismo, al asesinato casi diario, a la inseguridad como a algo que fuese normal e inevitable y ello no indica otra cosa que la salud de nuestra sociedad no es buena». A cambio, el ciudadano recibía «agotadoras y desesperantes campañas publicitarias, como la reciente de la Constitución». En su interpretación, la Carta Magna española ni siquiera aseguraba que la economía sería de libre mercado.

Este lenguaje, que en 1979 hubiera sido calificado como «catastrofista», iba dirigido primordialmente a la movilización del elector de derecha. En el mismo sentido se expresaba por entonces Jaime Campmany, citado como autoridad en los textos de Aznar.

El joven articulista repudiaba, por tanto, «soluciones moderadas y reformistas» como la de los democristianos chilenos, que en 1973 presenciaron, apáticos, la llegada al poder de Salvador Allende. Paradojas de la biografía: pasado el tiempo, Aznar ocupó la dirección de la Internacional Democristiana y expulsó de ella al Partido Nacionalista Vasco (PNV), precisamente, en Chile. En todo caso, durante aquellos años setenta, le preocupaban cuestiones que para muchos españoles eran ya irrelevantes o que, simplemente, se presentaban como la consecuencia de la vitalidad de la izquierda en la arena política. Aznar creía ver «vientos de revancha» en la decisión de retirar la medalla de la villa de Guernica a Franco o en el hecho de que las calles «dedicadas a Franco y José Antonio» en Coslada pasasen «a estarlo, a partir de ahora, a la Constitución», o mostraba sus prevenciones porque, en Valencia, la «Plaza del Caudillo pasara a llamarse del Pais Valencià».

Pero, sin duda, lo que más preocupaba a este joven profesional de veintiséis años era el peligro que corría, en su opinión, la idea y realidad de España. No había «ni esperanza ni aliento» para los miles de españoles del País Vasco, porque «en muy pocos meses hemos superado descentralizaciones, autonomías, autogobiernos, para terminar hablando de autodeterminación y de independencia». «En lugar de concebir un plan serio y responsable de organización territorial de España», añadía, «se ha montado una charlotada intolerable que ofende el buen sentido». Él tenía una respuesta clara ante esta situación: «La ley de la grandeza de España también pasa por su unidad», y no por «una Constitución demasiado ambigua». «Éste es el problema de España en este momento», concluía, «y no por otra cosa sino porque el ser y la concepción misma de España están en juego».

Cualquier político puede ser sorprendido por la cita, en labios de un adversario, de lo que dijo en un pasado remoto. También de Suárez e incluso de Felipe González sería posible espigar frases de otro tiempo, contradictorias tal vez respecto a sus ideas en otros momentos de su vida política. Al traer aquí esos fragmentos del joven Aznar no se pretende tanto una denuncia como contribuir a explicar una personalidad con todos sus antecedentes. No cabe la menor duda de que, en la posición actual de Aznar acerca de las autonomías, resuenan sus juicios de 1979.

José María Aznar, convertido ya en personaje político nacional durante los años noventa, fue también autor de dos libros que merece la pena examinar. Es obvio que tampoco se debe subrayar en exceso la significación de las páginas supuestamente escritas por los políticos: suele tratarse de colecciones de intervenciones públicas, en su mayor parte redactadas por otros. Pero, aun así, revisten interés, aunque no sea más que por la selección de temas y citas. En el caso de los textos del dirigente popular, traducen el deslizamiento desde el autoritarismo descrito a cierto género de liberalismo.

El primero de los libros citados se tituló Libertad y solidaridad. La elección de la primera palabra ya resulta significativa. Citaba a Jean François Revel y Karl Popper, pensadores clásicos del liberalismo, y al mismo tiempo, identificaba la mayoría socialista con el término «control» (estatal o gubernamental). Entendía que los socialistas estaban a la defensiva después de la caída del Muro de Berlín, como si el desastre de las dictaduras comunistas hubiera supuesto también un grave accidente para la socialdemocracia. Dos ideas más aparecían de forma nítida en este libro, resurgirían en el futuro y desempeñarían un papel importante en la etapa de gobierno del Partido Popular: la necesidad de «abrir un segundo ciclo de la democracia» y la autosatisfacción que le permitía describir a los gobernantes socialistas como los «nietos de Franco». Esta expresión presupone una evidente displicencia: se les achacaba haber quedado lastrados en sus planteamientos por la oposición a aquella dictadura; de alguna manera, también quedaban afectados todos los que en su día hicieron la transición a la democracia. Finalmente, en este libro, España se describía como nación plural, pero su contenido se revolvía contra la «tentación federal».

La segunda transición (1994) es un libro más ceñido a lo concreto —programático, puede decirse— y también más centrado. Estos rasgos son comprensibles, pues se publicó a propósito de las elecciones generales de 1996. Obviamente, sus orígenes y su destino eran plurales, como me reconoció uno de los redactores, posterior subsecretario durante esa etapa de gobierno. Resulta muy significativo que el primer capítulo se titulara «La recuperación del centro». El segundo, dedicado a España como nación plural, comenzaba —sorprendentemente— con una cita de Francesc Cambó, pero en el texto se repudiaba el uso de la caracterización de España como «nación de naciones». Se pedía para el Senado no sólo un papel institucional más relevante sino incluso un mayor equilibrio entre las dos cámaras. Una parte considerable del texto estaba dedicada a la necesidad de «la revitalización democrática», denunciaba la corrupción y lamentaba la «vergonzosa» situación de la televisión pública. El programa económico aparecía en un capítulo titulado «El bienestar de los españoles»: se concluía que «los tímidos intentos socialistas de privatizar parcialmente el sector público empresarial han carecido de un programa global que permita analizar su estrategia»; según el texto, el objetivo de las privatizaciones que el PP llevaría a cabo sería dotar a la economía española de la imprescindible eficiencia. El capítulo titulado «España ante el mundo» incidía especialmente en la Cuba de Fidel Castro.

Todos estos aspectos deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar, en primer lugar, la inspiración política del gobierno popular y, en segundo término, el balance de su gestión. Nada más significativo, sin embargo, que emplear la expresión «segunda transición»: parecía mostrar un deseo de que se produjera una especie de enmienda a la totalidad del proceso político que los españoles llevaron a término entre 1975 y 1978. Los propios ex ministros de UCD, ahora en las filas de Aznar, se sentían incómodos ante este tipo de afirmaciones; incluso los dirigentes más involucrados en tareas de gobierno no dejaron de recomendar prudencia en la ampliación de lo que podía considerarse como un nuevo intento de ruptura. Lo lógico hubiera sido considerar el acceso al poder como un «turno», en vez de entenderlo como «una segunda transición».

El epílogo del texto firmado por José María Aznar concluía con una cita de Margaret Thatcher, ídolo de la dirección del Partido Popular, y con una frase muy característica de su orgullo generacional: «Ha llegado la hora de construir la España del siglo XXI. Es a la generación de la democracia, es decir, a todos los que entramos en la vida pública con la Constitución de 1978, a quienes nos corresponde contribuir, con todos los españoles, a la “segunda transición” democrática de nuestra España contemporánea».

Éste era el bagaje con el que Aznar llegó a la Presidencia del Gobierno.

EL PERFIL POLÍTICO DE JOSÉ MARÍA AZNAR: EL APRENDIZAJE

Si es importante indagar en los planteamientos ideológicos de un dirigente político, no lo es menos tratar de analizar su trayectoria en el seno de un grupo o al frente de un partido.

Algunos aspectos relativos al aprendizaje político de José María Aznar durante la primera mitad de la década de los noventa ya se han apuntado en páginas anteriores, pero ahora deben precisarse y ampliarse.

En este punto, lo que interesa de Aznar es, en primer lugar, su capacidad de supervivencia. En dos ocasiones estuvo a punto de ser ninguneado como candidato: en 1982, en la representación parlamentaria de Ávila, y a mediados de los ochenta, como candidato de la derecha a la Presidencia de la comunidad de Castilla y León. Su pasado y perfil parecían insuficientes, pero su tenacidad y también su dureza en la autodefensa le permitieron imponerse. También sobrevivió en las procelosas aguas de la derecha política de los ochenta: se enfrentó a Hernández Mancha y apostó por Miguel Herrero, pero superó la derrota del segundo y se convirtió en sustituto del primero. Por eso uno de sus colaboradores, Federico Trillo, le impuso un apelativo apropiado: «el sherpa»; aludía a la habilidad de Aznar para ponerse al abrigo cuando arreciaba la tormenta. Claro está que su éxito no sólo se basó en en esta destreza, sino que también —dicen sus hagiógrafos— fue el resultado de «la teoría de las tres pes: paciencia, prudencia y perseverancia». Cuando llegó a la Presidencia de su partido, no había acertado en elegir el buen rumbo inicial (optó por el perdedor en 1987), y tampoco fue la primera opción de Manuel Fraga, quien dejó claras sus preferencias por Isabel Tocino. Todo lo consiguió a fuerza de dureza y tenacidad; también obtuvo fruto del trabajo metódico, la persistencia, el autocontrol y la minuciosidad. Más adelante, ya en la Presidencia del Gobierno, aludiría a la «lluvia fina» que acaba empapando, aunque en un primer momento no lo parezca.

Probablemente, en esos años se forjó su «sentido del poder». Éste es siempre, en la carrera de un político, un instinto decisivo: consiste en evitar el riesgo, parecer un decidido amigo de los poderosos y desdeñable como adversario, e ir conquistando peldaño a peldaño, con ansia avariciosa, la escalera que conduce al primer plano político. Consiste, además, en estar bien situado: ser capaz de ocupar el lugar central del escenario cuando se encienden las luces.

Las dificultades objetivas de la carrera política de Aznar fueron tantas que fomentaron en él una condición correosa y se convirtió, así, en un enemigo temible. Las trabas y los impedimentos lo situaron, también, al borde de la paranoia: por eso sus «biógrafos de Corte» suelen interpretar las dificultades de su trayectoria política como producto de conspiraciones enemigas. En sus libros, por ejemplo, se sugiere que el atentado de que fue objeto por parte de ETA fue responsabilidad de la incuria o de la mala intención de los gobernantes socialistas. Como le sucedió a Richard Nixon, esa propensión a la paranoia lo convirtió en un hombre profundamente receloso de los grupos de presión comúnmente aceptados —el mediático, por ejemplo—. Al parecer, nada le irritó más que un artículo —sin duda despectivo, pero en definitiva inocuo desde el punto de vista político— en el que Vicente Verdú, al referirse a su forma de calzarse, aludió a su «imaginación en grado cero». Todo político que, por profesión, desea que siempre y de cualquier modo la atención se centre en su persona puede aceptar que se le considere no ya «normal», sino desdeñable o irrelevante. Puede que esta paranoia explique también las extrañas relaciones que José María Aznar mantiene con el Jefe del Estado: en ocasiones, sus propios biógrafos las han descrito utilizando el calificativo de «mejorables». Y algo parecido puede decirse de las que mantuvo con quien era el principal dirigente del centro-derecha europeo hasta el momento: se asegura que el canciller alemán dijo que, con la edad de Aznar, él sólo hubiera sido concejal en Múnich.

Pero, también como el presidente norteamericano Richard Nixon, durante los años previos a la Presidencia, Aznar demostró otras capacidades. La primera fue consecuencia del «sentido del poder»: cuando Fraga le quiso presentar como candidato a la Presidencia del Gobierno, el entonces dirigente castellano-leonés exigió la Presidencia del partido y sólo aceptó que Francisco Álvarez-Cascos figurara como secretario general; una vez ocupada la dirección del partido, se negó a que hubiera vicepresidentes. A lo largo de la Historia democrática de España y durante todo el siglo XX, ningún dirigente de la derecha ha gozado de tan amplios poderes en el seno de su propio partido. A su lado, en este aspecto, Antonio Maura, José María Gil Robles o Adolfo Suárez fueron unos aprendices.

Aznar gobernó el Partido Popular con guante de raso y mano de hierro; exactamente al revés que Manuel Fraga, pero con mucho mejores resultados. Su frialdad —«mea hielo», dijo uno de sus ministros, y lo hizo en sentido laudatorio— y el hermetismo fueron instrumentos y también resultantes de ese poder sobre su partido.

Ahora bien, ¿este poder omnímodo ha sido tan sólo el resultado de haber estado en el sitio adecuado en el momento oportuno? En su origen, es posible que fuera consecuencia de lo segundo: sin duda, ser el líder de la oposición en un momento en que concluía una larga etapa de gobierno hegemónico del Partido Socialista multiplicó sus méritos objetivos. Pero, además y al mismo tiempo, Aznar supo ejercer de «carnicero» y «homeópata», dos profesiones de las que siempre aprenderán los jefes de partido, como ha escrito un político inglés, Denis Healey, en sus memorias. Como «carnicero», supo trocear, con aparente absoluta carencia de escrúpulos o de sentimientos, a la generación anterior —Miguel Herrero de Miñón o Fernando Suárez, de calidad y servicios probados—; a otros, los despeñó más suavemente hacia una prosaica jubilación en una empresa nacional o los destinó a un cargo político menor cuando no sirvieron para sus propósitos. Como «homeópata», fue capaz de evitar las enemistades con los miembros de su generación y redistribuirlos a su conveniencia en cada relevo ministerial, sin satisfacer a todos en todo, pero sí, al menos, en buena parte.

Así pues, su «política de personal» funcionó muy bien, lo que resulta particularmente difícil en el caso de la derecha española. Así se explica que quien durante mucho tiempo fuera portavoz de Sanidad en la oposición acabara ocupándose de la inmigración, pero, eso sí, con categoría de secretario de Estado; o que determinadas personas se convirtieran en ministros —o presidentes del Senado— porque de esta manera alcanzarían la popularidad suficiente para presentarlos como candidatos a la presidencia de una comunidad autónoma.

Su capacidad para hacer uso instrumental de las personas —otro registro esencial para medir a los políticos— pronto se descubrió también muy eficaz. Con el paso del tiempo, José María Aznar buscó preferentemente —pero no siempre— a individuos que carecían de la rudeza derechista de la etapa gubernamental inicial y estaban dotados del colorido de la ex militancia comunista o del atractivo de los perfiles bajos o consensuales. En las personas de las que se sirvió el presidente, otro rasgo muy característico, de acuerdo con lo ya indicado, era que no siempre gozaban de la preparación específica para la responsabilidad que iban a desempeñar. Entre la calidad de la derecha social y el nivel de eficiencia de la política hubo siempre una distancia muy considerable.

Desde el punto de vista de la política partidista, siempre quedó meridianamente claro que los cargos debían todo a quien los nombró y que éste lo había hecho no por la competencia probada, sino pensando en la oferta de conjunto que deseaba mostrar a los españoles. Este último dato resulta especialmente interesante, porque es la prueba de que, en la nueva etapa de la política española, las decisiones dependían de un posible dividendo electoral: éste iba a ser, siempre, un factor de esencial relevancia. En realidad, así sucede en todas las democracias actuales: la política depende mucho más de los resultados de las encuestas que de los contenidos de los programas.

Aún otro rasgo distintivo de la «política de personal» de Aznar: si alguno de los elegidos para un cargo importante se mostraba demasiado incompetente o conflictivo, se le concedía una nueva oportunidad en otro cargo; sólo se prescindía parcialmente de él o se le relegaba a una posición de menos trascendencia, en vez de ofenderlo con una brusca «separación del servicio». Esto fue lo que sucedió con Juan Ignacio Barrero, presidente del Senado, porque podía ser candidato a la Presidencia de Extremadura, o con Esperanza Aguirre, su sucesora, después de haber fracasado en el Ministerio de Educación.

Dentro de la «política de personal» llevada a cabo por Aznar, merece la pena llamar la atención acerca del papel atribuido a la mujer. Quizá, en su origen, no fue una decisión suya, pero no cabe la menor duda de que la confirmó y amplió. Por un lado, modificó el programa político e hizo desaparecer sus aspectos más conservadores en este campo: en 1985, Alianza Popular todavía se pronunciaba de forma beligerante contra el aborto; en 1997, el Partido Popular aceptó la píldora abortiva. Sin duda, en esta modificación debe considerarse la vertiente instrumental, pero no puede pasar desapercibida una evidente capacidad de asimilación de los cambios producidos en la sociedad. Buena parte de la legislación relativa a la condición de la mujer se desarrolló a iniciativa del Partido Popular y no de la izquierda. Pero lo más importante de esta «política de personal» fue la «visibilidad» de la mujer: en 1999, el 10 por ciento de los ayuntamientos estaba en manos de mujeres del PP, una proporción superior a la del PSOE; y en 1996, el porcentaje de carteras ministeriales atribuidas a mujeres fue del 27 por ciento, cifra que parece más característica de un país de la Europa del Norte que de España. Claro está que mujeres han sido también algunos de los peores ministros de Aznar.

CARÁCTER, IMAGEN Y POLÍTICA

Una de las ventajas del estilo político de Aznar, ya como presidente, residió en el grado de concentración del poder en su propio partido y esa política de personal que llevó a cabo. Pero hubo otros rasgos muy característicos.

Aparentemente tímido, e incluso proclive a multiplicar ante otros este rasgo, Aznar ofreció, al principio de su mandato, la imagen de la antítesis del líder carismático, contrafigura de Felipe González, por ejemplo. Aparentemente austero, podía ofrecer la imagen de sobriedad y normalidad. Un periodista afín, Pedro J. Ramírez, describió su apariencia como hosca, fría y algo antipática, pero autoexigente, rigurosa y sólida. A diferencia de algunos de sus predecesores, el nuevo presidente escuchó mucho, aunque no siempre reveló su propia postura, pidió opinión y supo dirigir equipos. En muchas materias esenciales —por ejemplo, en política económica—, no toleró discrepancias respecto de la línea fundamental de actuación del Gobierno; durante la etapa socialista las discrepancias se manifestaron en distintas ocasiones. En otras materias, por ejemplo, en la cuestión terrorista, aceptó dobles caminos, pero él mismo se ocupó siempre de controlar todas las vías posibles.

Es probable que todos estos rasgos representen, en lo que tienen de positivos, una inflexión hacia la normalidad de la política española. El problema, sin embargo, reside en la variedad y en la distinta calidad de los asesores, a veces por debajo del nivel mínimo exigible; en todo caso, la concentración de la decisión en una sola persona podía tener graves inconvenientes. Es imposible de todo punto que un presidente se ocupe al mismo tiempo de la gestión de la política exterior y del Museo del Prado, por ejemplo. Además, carece de sentido que nombrara a todos los escalones de la Administración, incluso a directores generales.

Un balance de todo lo antedicho debe partir de una consideración previa: una parte de lo positivo y de lo negativo que cabría imputar a José María Aznar puede atribuirse a una evolución de conjunto en la política española. Las virtudes y defectos políticos de Aznar siempre parecieron menores; en ese sentido, se asemejaba a Franco más que a Fraga. Pero unas y otros correspondían, sin duda, a un tiempo de normalidad política.

Toda su personalidad se transfiguró en el ápice de su carrera. Aunque el cambio que se produjo en Aznar fue más palpable durante su segundo mandato, ya fue perceptible en el primero. Un líder como él, grisáceo y nada carismático, demostró capacidad negociadora, pero también adquirió una seguridad que le aisló y le hizo rondar desde el primer momento la prepotencia y adquirirla, a veces con majestad faraónica, con el paso de los años.

Aparecieron también otros inconvenientes de no menor trascendencia. Aznar, desde un principio, testimonió en la Presidencia alguna forma de dislalia, término que, como se sabe, quiere decir «dificultad de articular palabras». No es que no se le entendiera, sino que, con frecuencia, cuando abría la boca para hacer una declaración, resultaba mucho más prepotente, engolado y derechista de lo que objetivamente era. Podría añadirse, además, un peculiar sentido del humor —eso que los andaluces denominan «mal ángel» o malaje—: sus bromas, en general, transmitían una cierta sensación de frivolidad sobre temas trascendentes; a cambio, supo rectificar con mayor frecuencia que alguno de sus antecesores.

Entre los insultos proferidos contra Felipe González hay alguno especialmente cruel: Rafael Sánchez Ferlosio, por ejemplo, le obsequió con una descripción según la cual su rostro era como el de un «gatazo castrado y satisfecho». A ese nivel de virulencia se acercó Manuel Vicent, quien atribuyó a Aznar la característica de ser «el político más dotado para soltar la frase más inoportuna en el momento más inadecuado», pero, caritativamente, procuró olvidar que el rostro —la sonrisa, por ejemplo— tampoco le solía acompañar en esos casos. Sin embargo, estos defectos, a fin de cuentas, no revisten tanta importancia. Un excelente político español de la transición, Fernando Abril, persona digna de los mejores recuerdos, padecía parecidos problemas. De cualquier modo, Aznar hubiera debido prestar atención a la sentencia del cardenal de Retz: «Los ministros [o, en general, los hombres públicos] son juzgados mucho más por lo que dicen que por lo que hacen».

Con esta cita puede cerrarse, por ahora, la caracterización de la personalidad política de José María Aznar. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que los políticos se revelan cuando ejercen su función y que, con el transcurso del tiempo, se transforman personal y políticamente de modo significativo. Esta afirmación puede hacerse extensiva a todos ellos: Adolfo Suárez fue una sorpresa y abandonó la política desprestigiado; Felipe González, por su parte, quizá haya sido, al mismo tiempo, el político más amado y vilipendiado de la reciente Historia española. Aznar también cambió, como veremos, a lo largo de su mandato.

EL LEGADO DE UCD

Aunque poco se traslució en la prensa a la hora de redactar el programa electoral de 1996, en realidad, ya antes de la campaña habían surgido tensiones en el partido vencedor. Las principales divergencias se sospechaban entre quienes se situaban en una posición más liberal, de ruptura con el pasado, y aquellas personalidades que podrían definirse como centristas. Aún cabría añadir un componente más: la derecha tradicional, aliancista, que había caracterizado a este partido durante los ochenta. De acuerdo con el juicio de un ex ministro de Suárez y luego también gobernante con Aznar, este género de contraposiciones programáticas también tuvieron lugar con UCD y se liquidaron siempre en un término medio equilibrado.

Ahora bien, en el Partido Popular que accedió al poder en 1996, la situación fue desde el principio muy distinta. Permaneció el poso de derecha tradicional española, aunque, sobre todo en un principio, perdió rasgos autoritarios y se desdibujó su «visibilidad». La joven dirección, aunque procediera de ella, se revistió de ropaje liberal o neoliberal. El centrismo se manifestó como herencia, un atractivo electoral que debía exhibirse o un talante en determinadas personalidades; luego, en el Gobierno, ese carácter centrista pudo ser también un modo de abordar problemas concretos, intentando cierto grado de consenso con la oposición. Este panorama obliga a una reflexión en el campo del análisis ideológico.

Durante la etapa de gobierno de UCD, fue habitual que sus portavoces citaran algunas frases de ilustres personalidades pertenecientes a la mejor tradición intelectual española. «Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejia moral», escribió Ortega y Gasset. Por su parte, Salvador de Madariaga aseguró que «la única garantía de paz interior en España es un centro fuerte que sirva a la vez de bloque de choque y de puente entre rojos y negros». Las citas precedentes formaban parte del bagaje cultural de aquel partido político, pero en 1996 no quedaba ni rastro de él. En su momento, no fue fácil encontrar esas citas y en ocasiones tuvieron una larga fortuna. Por uno de esos extraños vericuetos del ejercicio político, una de ellas, utilizada en un Congreso de UCD, acabó en los labios de Aznar. En definitiva, los redactores de discursos políticos no son tan numerosos.

En 1996, la pretensión de que el Partido Popular fuera centrista resultaba, en gran parte, injustificada. Veremos por qué y descubriremos que algunas de las razones que empleaba la izquierda para ver en él a la derecha reaccionaria española tampoco se corresponden exactamente con la realidad.

El PP era, en su núcleo dirigente, la derecha. Pero no se trataba de una derecha nostálgica o autoritaria, sino de otra distinta; en muchos sentidos, mejor, pero no puede identificarse con el centro. Así lo comprobaremos en un análisis que tendrá en cuenta la evolución política y los factores ideológicos que aparecen tras ella. Estos últimos resultan mucho más iluminadores de lo que en principio podría pensarse e incluso revisten, como se comprobará, mucha mayor trascendencia que la narración de los acontecimientos menudos de la vida pública.

Tanto la izquierda como la derecha pretenden que el centro no existe, pero esta afirmación se contradice con el hecho de que en España hubo un grupo político que se identificó con él. Debemos preguntarnos, pues, acerca de lo que en su día significó Unión de Centro Democrático, tanto en lo que toca al talante como a la ideología. En principio, puede hacerse un ejercicio de conocimiento negativo, es decir, podemos intentar determinar lo que no fue. A pesar de lo que se dijo en su momento, no se trató tan sólo de un grupo personalista, definido por la adhesión a un líder y arropado por el ejercicio del poder. Tanto los antiguos portavoces del poder dictatorial como las más brillantes y recientes estrellas mediáticas se dedicaron a ningunear a Adolfo Suárez, de quien sólo se llegaron a descubrir sus méritos con el transcurso del tiempo.

Adolfo Suárez tenía limitaciones evidentes y esta afirmación, tan frecuente en el pasado como inhabitual con el paso de los años, ha sido recogida incluso por sus propios colaboradores más cercanos. Quien le sucedió en la Presidencia del Gobierno —Leopoldo Calvo Sotelo— ha llegado a escribir que tenía el «candoroso complejo del estudiante mediano». Esas insuficiencias, que él mismo admitió e incluso le sirvieron para cautivar a sus interlocutores, se acompañaban también de sorprendentes virtudes. No se trata, en todo caso, de destacar determinadas habilidades que supo practicar durante un año de fulgurante iniciativa política. Lo que quedará en el balance positivo de Suárez, como personaje histórico, son otras virtudes y capacidades de más enjundia, propias de un político democrático: el talante liberal, la capacidad para establecer diálogo con el adversario, la voluntad de guiarse por los intereses colectivos, la conciencia del poder político desde la humildad, el deseo de consenso, que le llevaba sistemáticamente a evitar la confrontación gratuita, y la tenaz voluntad de encontrar caminos de concordia. Estas características pueden parecer obvias, pero no lo fueron en 1976 y tampoco lo han sido a partir de 1996: ése fue el mejor legado de UCD. Y tales virtudes fueron compatibles, también, con graves defectos. Es sorprendentemente paradójico que Suárez, que ejecutó a la perfección lo más difícil, fallara en lo elemental: adaptarse a la vida política en una democracia, sobre todo cuando había entrado en ella gozando de un protagonismo personal indiscutible. Su sucesor en la Presidencia del Gobierno afirmó que Suárez había sido el «clavillo del abanico» para su partido, y que el abanico se desmembró cuando el «clavillo» falló. Calvo Sotelo, en cambio, reunía más condiciones para la nueva etapa, pero, probablemente, careció de la tenacidad que caracteriza al «corredor de fondo» en la vida pública y nunca fue capaz de aglutinar a los electores de centro.

Importa señalar que ciertamente existía un electorado de centro, tenaz en su actitud política —se refrendó en dos elecciones consecutivas—, y conviene añadir que tal actitud fue original, nueva y positiva en la política española. Se trataba de un electorado plural, interclasista —al menos uno de cada tres obreros industriales votó centro en 1977 y 1979—, y que denotó una considerable flexibilidad y apertura de miras. Según las encuestas de entonces, menos del 20 por ciento de esos electores hubieran aceptado que se les denominara «franquistas» —y, en este caso, sólo atendiendo al sentido sociológico, más que ideológico, del término—; por el contrario, más del doble se consideraban a sí mismos antifranquistas. Y, sobre todo, el porcentaje más alto no admitía ninguno de esos dos calificativos para autodefinirse. Entre los electores de centro, algo más del 40 por ciento no hubieran votado nunca al puro continuismo del régimen de Franco, pero sólo el 15 por ciento aseguraba que no se hubiera alineado en ningún caso con el PSOE.

En realidad, la propia clase dirigente de centro tenía bastante menos que ver con el franquismo de lo que se dijo. La opción de centro no se comprende en toda su extensión si no se tiene en cuenta que estaba representada por personas que no habían estado hasta aquel momento en ningún proyecto político, por dirigentes que habían pretendido reformar el régimen desde el interior o por políticos que estuvieron en la oposición moderada. Con frecuencia se ha ironizado sobre la pluralidad de procedencias de los parlamentarios de UCD. La fusión —en apariencia extraña— de grupos diversos nacía de una coincidencia fundamental entre los reformistas más jóvenes del régimen anterior y quienes habían militado en una oposición inequívocamente demócrata, pero no socialista: unos y otros pretendían la implantación de una democracia por procedimientos que evitaran traumas sociales. Les unía la coincidencia en el resultado final.

La transición no fue, ni mucho menos, obra exclusiva de UCD, pero resulta difícil imaginar que hubiera podido llevarse a buen término sin esta agrupación política. No falta quien asegure que ese gran proceso histórico fue obra de la derecha, pero esa afirmación es inaceptable. Los procesos de transición hacia la democracia son el resultado de una tarea colectiva más que de una fuerza política concreta. Con frecuencia, un grupo político de centro-derecha es capaz de darse cuenta de que lo más conservador, a veces, es avanzar y no retroceder, reformar y no encastillarse en posiciones defensivas. Por esa razón, estos grupos se convierten a menudo en protagonistas de los procesos de transición. Vale, en este caso, la frase lampedusiana de que las cosas han de cambiar mucho para que sigan igual, entendiéndola en un sentido que excluye el cinismo. También merece la pena recordar la frase de Cambó según la cual en España habría dos formas de ser anarquista: pidiendo lo imposible y retrasando lo inevitable. En esto último consistió la transición española a la democracia y, como tal, no fue obra de la derecha. En aquellos momentos, la derecha política deseaba sólo un cambio parcial, que hubiera sido una reedición de la «apertura» o de la «liberalización», ambas cosas bastante distintas de la democracia. En fin, buena parte de la derecha española pensaba sólo en una transformación «cosmética» y un sector importante no quería ningún cambio en absoluto.

El centro ideológico y político contribuyó de forma decisiva en este proceso. Actuó de un modo poco habitual en el seno de los partidos: supo tener en cuenta las razones del otro. Absorbió conflictos en vez de multiplicarlos. Permitió, aun a trancas y barrancas, que el Estado y la Administración pudieran ser lugares de encuentro y no instrumentos para perseguir al adversario. Supo distinguir entre interés de partido y bien colectivo. Practicó una política que siempre fue consciente de la alteridad —es decir, consciente de la existencia de otros— y asumió la necesidad de la alternativa, o, en otros términos, asumió que los representantes de otras opciones políticas acabarían sustituyendo a quienes ejercían el poder. Los rasgos esenciales del centrismo pueden resumirse en estas actitudes, más que en un programa cerrado.

Pero hubo también un sustrato ideológico, más estable y sólido de lo que la oposición admitió en aquella época. Nada más difícil que reducir a unas cuantas frases las divergencias internas en la fase final de los gobiernos de UCD en materias como la regulación de televisiones privadas, el divorcio o la universidad pública; sin embargo, tales discrepancias no hubieran debido justificar escisiones internas. El sustrato ideológico compartido permitía una oscilación entre sectores diversos, matices en muchas cuestiones y se basaba en compatibilidades entre principios complementarios. Por ejemplo, la economía de mercado podía adquirir el rango de «social» y la unidad de España podía vertebrarse con voluntad respetuosa hacia su pluralidad. Todo ello podría haberse decantado en una definición política precisa si el partido se hubiera consolidado. Para justificar el protagonismo decisivo de UCD durante la transición, basta recordar qué argumentos manejaba la derecha de entonces —a la que pertenecía Aznar— y hasta qué punto el Partido Socialista mostró su gesto más radical —sobre todo, hasta 1979—.

Entonces, considerando la importancia de este grupo, ¿cuáles fueron las razones de su quiebra política? Un primer factor reside en la implacable ofensiva de la derecha. Alianza Popular y su máximo dirigente, Manuel Fraga, protagonizaron este episodio, pero en primera fila de esa ofensiva, y con más agria beligerancia, estuvo la derecha social. El primer ataque entraba dentro de lo razonable, porque la lucha entre partidos debe darse por descontada. Además, UCD mantuvo una política un tanto desnortada con respecto a la derecha y, al final, eligió la peor fórmula imaginable: dar la sensación de cesión y acabar por enfrentarse a ella.

Lo más grave, no obstante, residió en la ofensiva contra UCD de la derecha social, que resultó suicida a medio plazo. La actitud de los responsables de la patronal española en 1981 y 1982 demostró una ceguera, una falta de sentido de la realidad y una carencia de visión de futuro realmente inconcebibles. Partiendo de la idea de la perversión de la política económica del Gobierno —como si no existiera una crisis mundial—, los dirigentes de la patronal la calificaron de «socialdemócrata» y, contrariamente a lo que se podía esperar de una organización empresarial, se lanzaron a una campaña de propaganda antigubernamental que parecía indicar que era Trotski quien ocupaba el poder, en vez de Leopoldo Calvo Sotelo. La patronal no actuó como una organización profesional dedicada a defender intereses sectoriales, sino como un partido guiado por las manos más inexpertas. El hecho de que Carlos Ferrer Salat, el protagonista de esta operación, haya muerto no debe hacer olvidar su responsabilidad. Resulta peregrino que una organización semejante se creyera capaz de adoctrinar a un Gobierno sobre el rumbo que debía seguir. Finalmente, la derecha empresarial deterioró al Gobierno gravemente.

Todo ello permite reflexionar sobre una tendencia abusiva y propia de la derecha española: la costumbre de asimilar centro y derecha como si se tratara de una misma cosa, colocando un guión entre los dos términos.

Pero, a la hora de explicar la desaparición de la Unión de Centro Democrático, tampoco deben olvidarse las culpas propias de los dirigentes del grupo. Cabe preguntarse cuáles fueron las verdaderas razones por las que el proyecto de centro naufragó. Antes que nada, es preciso mencionar las causas ficticias, que han obtenido un éxito excepcional porque parecen diluir las responsabilidades o atribuirlas a razones fatalistas. Adolfo Suárez, el político más persistente en la oposición centrista, suele hacer un vago e impreciso reproche a sus compañeros de aventura. (En ocasiones más íntimas, el reproche se convierte en dura condena). Pero éstos acostumbran a decir que el centro se esfumó cuando cumplió, eficazmente, el propósito para el que nació: dirigir la transición hasta su final. Es también habitual afirmar que UCD se disolvió, simplemente, como una compañía mercantil que ha cumplido su objeto social. La ventaja de esta interpretación es que libera a sus defensores de toda responsabilidad y pueden seguir el rumbo más conveniente mientras disfrutan de las rentas por haber protagonizado una etapa histórica.

Pero esa interpretación no se corresponde con la realidad. En ningún lugar estaba escrito que UCD tuviera que desaparecer. La democracia cristiana alemana, por ejemplo, fue capaz de extenderse desde 1945 hasta la unificación del país, en 1989. Lo que convirtió en cadáveres políticos o en marginales a los dirigentes centristas fue la falta de consenso interno y el fracaso a la hora de buscar procedimientos para articular sus diferencias. Nadie pensó, en 1982, que se hubiera llegado al final del camino y, por tanto, fuera factible una desintegración amistosa, con una sonrisa y un apretón de manos. Bien al contrario, hubo pura y simple inconsciencia en la dirección, tanto más culpable cuanto más alto estaba aquel que la exhibió. Se comprende, así, que se hayan tratado de esgrimir otras razones para explicar el resultado final: la inconsciencia es una falta infantil, poco justificable en políticos de peso. Especialmente, la inconsciencia es injustificable cuando se ve acompañada del «canibalismo feroz» —citado en las memorias de otro centrista— y de la inanidad en las concreciones de la disputa o por la mediocridad de las peripecias personales. Al menos, el conjunto de los españoles les dio una importante lección: nada se perdona menos que la estéril disputa en el seno de un partido.

Quienes defienden la tesis de que el centro se liquidó tras el cumplimiento del objeto fundacional tienen, al menos, una pequeña parte de razón. Durante la transición se produjo un proceso de moderación creciente en el seno de la política española y las posturas extremistas fueron desapareciendo poco a poco. El propio Partido Socialista constituye un buen ejemplo de ello. Se puede decir que su proceso de evolución sólo quedó cumplido definitivamente en 1986, cuando, con la incorporación a la OTAN y al Mercado Común, los socialistas españoles se homologaron con los europeos. Algo parecido sucedió en la derecha. La mejor prueba de ello es que quizá la mitad de los nuevos votos recabados por la coalición presidida por Fraga en 1982 procedieron de quienes decían haber optado por ella porque contenía también sectores que no procedían de la Alianza Popular de antaño.

Se pudo pensar, entonces, que la derecha iba a convertir en realidad una obsesión antigua: el bipartidismo. En palabras del propio Manuel Fraga, este planteamiento sociopolítico se había venido presentando, desde 1979, como la forma más acabada de racionalidad política. Pero el bipartidismo no cuajó en absoluto. Con Fraga al frente de la derecha española, se demostró hasta la saciedad que su idea de la «mayoría natural» tenía dos inconvenientes graves: ni era lo primero ni era lo segundo. El voto de la coalición popular no creció en 1986. Fraga fue un imposible candidato a la Presidencia del Gobierno. El PSOE lo valoró, precisamente, por intentarlo, pero, condenado al fracaso, el dirigente popular, entonces, se vio obligado a promover a algunos políticos de dudosa valía (Jorge Verstrynge) o a convertir en cenizas a otros de talla indudable (Miguel Herrero, Óscar Alzaga, etcétera), con el agravante de hacerlos parecer culpables cuando, en realidad, fueron víctimas.

Durante los últimos años de la década de los ochenta, se presenció otro proceso paralelo. A diferencia de UCD, el Centro Democrático y Social (CDS) fue sólo Adolfo Suárez. Emprendió esta aventura acompañado de figuras a veces valiosas y, también, de personas de capacidades improbables. Así se demostró, de forma definitiva, que la causa de sus males no radicaba en perversos terceros, sino en sus mismas insuficiencias. La muerte del CDS, como en el caso de UCD, se produjo por una pulverización que, en este caso, no tuvo como origen la lucha interna sino la incertidumbre estratégica y la superficialidad de principios. El diagnóstico real de Suárez como personaje histórico no puede olvidar esta reedición, en caricatura, de la anterior defunción del partido centrista. Con su característica precisión y agudeza, Leopoldo Calvo Sotelo aseguró que, al abandonar UCD, Suárez había dejado un espacio de centro imposible para cualquier otro y difícil para sí mismo. Si en 1986, para sorpresa de todos, se hizo un hueco electoral, en 1989 hubo, en su lugar, un puro y simple vacío. Otro lo vendría a ocupar, aprovechando el hecho de que el tercero en discordia —el PSOE— estaba paralizado y demasiado ocupado en sus escándalos y disputas internas. Ese recién llegado apenas si tuvo que hacer un esfuerzo para alargar la mano hacia una bolsa de votos sin dueño. Eran los electores de centro, entre ellos, los de clases medias urbanas e ilustradas, decepcionadas por el espectáculo reciente de UCD y con la urgente necesidad de encontrar a un ejecutivo al que fuera posible respetar.

Si la victoria electoral del PSOE en 1982 se podía dar por supuesta, incluso en su magnitud, en cambio, resultaba mucho más difícil imaginar que su hegemonía parlamentaria durara tanto tiempo. Fueran cuales fueran los merecimientos del PSOE —y todo hace pensar, por lo que conocimos después, que eran menos de los que proclamaban—, a la oposición le correspondió un papel decisivo en el triunfo y en la persistencia de los socialistas en el poder. Si Suárez legó un centro imposible para otros y difícil para sí mismo, algo parecido cabe decir de Fraga respecto de la alternativa al Partido Socialista. Con él era imposible ganar y, sin él, también. Mientras fue el candidato de la derecha, el PSOE pudo tener la seguridad de triunfar: la oposición debía conformarse con ser espectadora crítica e impotente. La derecha denunció que el PSOE parecía el PRI mexicano pero, en realidad, era el partido conservador el que se parecía al minúsculo PAN (Partido de Acción Nacional), condenado a la oposición sempiterna hasta tiempos muy recientes. Así, los años ochenta no sirvieron para otra cosa que para amortizar valores objetivos de la política española y para que parte de la izquierda tuviera la impresión de que se le iba a tolerar todo. Tan evidentes parecen los fallos de esos años en el seno de la derecha que Fraga, en la actualidad, se limita a atribuirse el mérito de haber gestado un partido que Suárez nunca llegó a organizar.

Pero Manuel Fraga de ningún modo puede haber organizado un partido centrista. Cabe decir que incluso la promoción de Aznar, en 1989, no significó ningún cambio inicial en este sentido. Sí representó, como se ha apuntado más arriba, la aparición de una nueva generación cuyas referencias culturales eran principalmente anglosajonas —y quizá más británicas que norteamericanas, lo que explicaría la devoción por Margaret Thatcher—; estos nuevos políticos, además, habían visto derrumbarse algunos mitos importantes para la generación anterior. El año de 1989 fue la fecha de la renovación de la antigua Alianza Popular, pero también de la caída del comunismo.

Los dirigentes del nuevo Partido Popular configuraron durante años una derecha de confrontación. Fue el propio Manuel Fraga quien la practicó al principio, durante la transición, pero los jóvenes dirigentes del PP vivieron unas circunstancias óptimas para considerar que la confrontación debe ejercer un papel imprescindible en la política. Interpretaron que el desastre de la UCD se debió a una debilidad que nunca tuvo el PSOE, y, sobre todo, pasaron por la experiencia de una lucha política durísima en los años del declive socialista, con constantes escándalos que alimentaban la espiral de la violencia verbal. Al mismo tiempo, sufrieron en ocasiones cierta sensación de impotencia, por no alcanzar un poder que sintieron con frecuencia en la yema de los dedos. Todo ello permaneció como experiencia biográfica colectiva.

Ahora bien, una cosa es que el PP apareciera como una derecha de confrontación y otra bien distinta que no fuera democrática; siempre asumió las reglas de la democracia, aunque de una manera peculiar.

El hecho de que la apelación al centrismo apareciera en la campaña de 1996 no implicó, ni mucho menos, que todos los dirigentes del PP la suscribieran. Aleix Vidal Quadras, por ejemplo, transcribió al frente de uno de sus libros una cita evangélica que dice lo siguiente: «Y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda» (San Mateo). El centro sería, para él, una contradicción en sus propios términos.

Las definiciones de centrismo eran a menudo vagas y difusas. Ésta es la impresión que se tiene si se lee, por ejemplo, La segunda transición. Aznar afirmaba en su libro que «el centro que representamos no fluctúa entre los extremos sino que se sitúa permanentemente en el vértice del interés general». Esta afirmación carece de contenido, e incluso de sentido.

LIBERALES Y ULTRALIBERALES

El problema de los líderes del Partido Popular a la hora de definirse como centristas residía en un factor estrictamente ideológico: se alinearon principalmente con una peculiar versión del liberalismo, denomínese neoliberalismo o ultraliberalismo, vinculado a la personalidad y al programa de Margaret Thatcher. Por razones de homologación en el contexto europeo, el PP ingresó en el grupo democristiano, pero ello no satisfizo en absoluto a todos los populares y algunos dirigentes no evitaron hacer explícito su disgusto. El propio Aznar transmitió esa impresión al decir que percibió algo así como que le obligaban a hacerse un «análisis de sangre» para medir su pureza doctrinal.

Lo primero que cabe decir acerca de este liberalismo es que resulta confuso en sus raíces. Se remite a veces a un pasado español en que los ejemplos de liberalismo han sido escasos y poco brillantes; en otras ocasiones, se cita a un Azaña cuya acción tuvo como rasgo esencial un marcado intervencionismo estatal: el Partido Popular siempre se situó en las antípodas de esa actitud (al menos, en teoría). Lo que, en realidad, significa el liberalismo del PP tiene poco que ver con ese pasado.

La pista acerca de los orígenes ideológicos del liberalismo en el Partido Popular la proporciona Vidal Quadras: «[La derecha es] el conjunto de ideas y actitudes que derivan de la elección de la libertad negativa como objetivo moral primordial». Ésa es, sin duda, una versión reduccionista del liberalismo, muy relacionada con la política llevada a cabo por Ronald Reagan y por Margaret Thatcher durante los años ochenta. Los dirigentes que se definían como liberales en el PP, en los años noventa, permanecían todavía en ese mundo ideológico de la década anterior, en una derecha reactiva contra el socialismo y el estatismo. Claro está que existe una pluralidad de matices: el liberalismo conservador de Nueva Revista, auspiciada por Antonio Fontán, no es el mismo que el de La Ilustración Liberal de Federico Jiménez Losantos, a veces muy cercana a la extrema derecha; ambos difieren en los matices propios de los ex comunistas convertidos a la democracia.

De cualquier modo, el pensador que sirvió de punto de referencia en este cambio ideológico fue Friedrich A. Hayek. Su Camino de servidumbre, publicado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, denunciaba el imparable avance del estatismo. En un libro muy posterior, titulado La fatal pretensión. Los errores del socialismo, Hayek sostiene que la única cooperación aceptable entre seres humanos es la que nace de la voluntad, el mercado y el capitalismo; el deseo de modificar las leyes económicas es «una pretensión intolerable». Este género de interpretación ha tenido un éxito tardío en España, aunque haya merecido el elogio a veces entusiasta de algunos antiguos izquierdistas. La religión del mercado se convirtió, para muchos, en la transfiguración de la antigua pasión revolucionaria. La caída del comunismo, al acabar con el adversario más evidente, acentuó el radicalismo en las interpretaciones de los neoliberales. Según la teoría de los nuevos liberales, la caída del Muro de Berlín no sólo suponía la descalificación del totalitarismo comunista, sino también de la socialdemocracia, destinada, por tanto, a desaparecer en el transcurso de poco tiempo.

Lo curioso del ultraliberalismo es que cae en el mismo error que solía criticar en otros modelos: un indudable dogmatismo y alejamiento de la realidad. El Estado de bienestar o, simplemente, el Estado son conquistas irrenunciables de una democracia, al margen de que sus límites puedan definirse en distintos términos. El mercado, como todas las instituciones humanas, es imperfecto y perfectible. El Estado mínimo que proponen los ultraliberales no es una tendencia actual, sino que resulta una propuesta carente de información y vacía de contenido. La sociedad civil misma puede debilitarse si el Estado se convierte en una especie de empresa; a menudo, el verdadero problema consiste en recrear la ética del servicio público sin desmantelar el Estado.

La dialéctica neoliberal estuvo presente en todos los planteamientos de esta nueva clase dirigente de la derecha española. Otra cosa es que, a la hora de verificarse, la derecha en el poder no sólo se haya mostrado intervencionista, sino que lo haya sido en grado superlativo, incluso en terrenos en los que no debiera haber actuado nunca, por ejemplo, en los medios de comunicación o en la propiedad de las empresas privadas.

Podría pensarse que este tipo de planteamientos ideológicos poco tienen que ver con la política práctica cotidiana, pero no es así. Una anécdota servirá para confirmarlo: un secretario de Estado, que ha ejercido como tal durante toda la etapa de gobierno del PP, ha tenido en su despacho —para recordar a su mentor político— un grabado de Adam Smith. Otro dato, más significativo, se refiere al propio José María Aznar: en una de sus biografías se menciona el papel que desempeñó en su evolución hacia el liberalismo un publicista poco conocido, Lorenzo Bernaldo de Quirós. En sus escritos —con pretensiones de verdad científica indiscutible— se encuentran afirmaciones tales como que los sindicatos, en la práctica, no hacen sino reducir los salarios; también se afirma que la justicia social carece de contenido en una sociedad abierta y representa «la nostalgia de la tribu». El Estado y la Seguridad Social no sólo carecen de respetabilidad, sino que son «drogas». El intervencionismo económico del Estado es también una forma de tribalismo y la progresividad fiscal debe evitarse. El bienestar social no existe, porque sólo es posible el bienestar individual. El Estado sólo debe atender a la defensa, el orden público y la estabilidad monetaria; no tiene, por tanto, ningún contenido social o redistributivo. La burocracia es una máquina onerosa cuyo fin social es tan sólo el progreso de los burócratas.

Tanto entusiasmo antiintervencionista resulta curiosamente compatible con una incontestable presencia de lo religioso en la esfera pública. Esta manifestación religiosa, que para otros se reduce al ámbito de lo privado, es propia de buena parte de este ultraliberalismo —y de la mayoría del neoconservadurismo norteamericano—. En Nueva Revista, por ejemplo, se puede leer un artículo de Paul Johnson proponiendo que «devolvamos su sitio a Dios, ahora que ya se acerca el milenio».

Resulta significativo comprobar que alguna de las objeciones más duras que se le han hecho al ultraliberalismo no proceden de la izquierda, sino de una derecha capaz de aceptar para sí el calificativo de «conservadora». Los conservadores clásicos consideran que el ultraliberalismo viene a ser una ideología más de la Ilustración, otra más de las concepciones que encuentran en una receta la solución a todos los problemas del mundo. Para ellos, este género de nueva derecha niega la Historia y la vitalidad de las tradiciones culturales, y parte de la idea según la cual el mercado, por sí solo, puede coordinar y resolver todas las empresas humanas. Pero extender al mercado muchos campos de lo humano es inapropiado o contraproducente. Aplicarlo a terrenos como la cultura o el medio ambiente es un error que puede tener consecuencias graves e incluso irreversibles.

Muchas de las propuestas del ultraliberalismo parten de la simplificación de los problemas y plantean, como soluciones, talismanes taumatúrgicos. Muy a menudo, privatizar lo que no debe ser privado —el Museo del Prado, por ejemplo— puede ser desastroso en la práctica, aparte de carente de eficacia; en otras ocasiones, estas prácticas pueden concluir en un Estado anoréxico o propiciar difíciles relaciones éticas entre los intereses privados y los colectivos. En su megalomanía, los ultraliberales suelen olvidar que el papel de la política no consiste en ofrecer soluciones instantáneas y milagreras; bien al contrario, es una tarea desesperadamente humilde y que exige un continuo ejercicio de imaginación.

En España, desde las filas conservadoras, Miguel Herrero, una de las cabezas políticas españolas mejor amuebladas, ha sido un crítico acerado del ultraliberalismo. «La señora Thatcher era muy de derechas y muy poco conservadora», sentenció hace poco. La frase sintetiza perfectamente los párrafos anteriores. En efecto, la acción gubernamental de la dirigente británica provocó, en muchos casos, una grave erosión en determinadas instituciones sociales de larga tradición: las universidades, por ejemplo, magníficas representantes de la llamada sociedad civil —de la que se proclama ferviente defensora la derecha—, sufrieron la acción ultraliberal.

NACIONALISMOS

Por otro lado, el Partido Popular mostró, desde el principio, una decidida confrontación con los movimientos nacionalistas periféricos. Tras el resultado de las elecciones de 1996, esta tendencia tuvo que desdibujarse casi obligatoriamente, pero no hacía tanto tiempo que el propio Aznar describía al PNV como «el pasado» y proclamaba como realidad irreversible el «matrimonio» entre los catalanistas y el PSOE. Como veremos, desde el año 2000 esta actitud ha reaparecido en todo su esplendor. Son patentes también las conexiones con el primer Aznar, el que escribía en la prensa riojana de 1979. En cualquier momento, esta posición puede radicalizarse, como de hecho está sucediendo cuando se escriben estas páginas. Pero conviene integrar esta serie sucesiva de posiciones partidistas en un marco ideológico.

Como en el caso del liberalismo, este nacionalismo español —pues, en realidad, puede definirse como tal— nace de consideraciones ideológicas. Dos autores —que se cuentan entre los preferidos por los dirigentes del PP— se han esmerado especialmente en lanzar las más duras diatribas contra los nacionalistas. En una recopilación de artículos aparecida bajo el título Cuestión de fondo, Vidal Quadras atribuye al nacionalismo nada menos que algunos de los «mayores desastres de la Historia». Desde el punto de vista intelectual, el pensamiento nacionalista es un «producto inferior», «una tosca malla de tautologías, tópicos sentimentaloides y retórica hueca», destinada a alimentar las «bajas pasiones». En la última versión de sus ataques, no duda en emplear el adjetivo «totalitario» para calificarlo e, incluso, predica la desobediencia activa en contra de las disposiciones legales en materia lingüística.

Algún tiempo antes, pero también airadamente, Federico Jiménez Losantos escribió cosas parecidas. Este singular mentor de la causa ultraliberal intentó crear un partido nacionalista aragonés en Cataluña, con los emigrantes de aquella procedencia, y fracasó; se apresuró entonces a acusar a la izquierda catalana de abandonar la causa de la población castellanohablante. En los últimos tiempos, Jiménez Losantos ha avanzado en sus críticas hasta asegurar que en Cataluña se pretende reservar el catalán para lo público y el castellano para la vida privada. «La proscripción de la lengua española» no sólo promete un futuro totalitario para los catalanes, sino también bélico para otros: ése sería el destino de la Comunidad Valenciana, idéntico al de Bosnia. Los valencianos no parecen conscientes de tan aciago porvenir. A estos dos autores se ha venido sumando, durante la etapa de gobierno popular, todo un elenco de escritores procedentes de la izquierda o del propio nacionalismo. Se tratará de esta cuestión más adelante y con mayor amplitud.

Como en el caso del ultraliberalismo, también en esta materia se rompe la línea que había marcado el conservadurismo tradicional. Entre éstos —Miguel Herrero, por ejemplo, pero no sólo él— se respira un respeto por las comunidades históricas y una defensa de su reconocimiento que Vidal Quadras considera puro «delirio» y retroceso de tres siglos en la Historia de España. No parecía darse cuenta de que, así, su postura se identifica con el pasado centralista y castellanista. Este tipo de planteamientos, de cualquier modo, resta legitimidad al nacionalismo periférico, que no puede considerarse una opción política más, sino un factor retardatario. Eso, sin embargo, puede ser compatible —como de hecho ha sucedido en la práctica— con acuerdos políticos circunstanciales o incluso con determinado grado de ambivalencia que permite a los dirigentes del PP sentirse regionalistas o mantener dos estrategias distintas en la misma comunidad autónoma. Lo importante, entiéndase bien, es el calificativo «circunstancial», porque descubre que el fondo ideológico es incompatible.

La insuficiencia de apoyo parlamentario obligó al PP a moderar su ultraliberalismo y su nacionalismo españolista en 1996, pero ambas tendencias permanecieron latentes; en algún caso, contribuyeron a disminuir la calidad de la acción del Gobierno; en otras ocasiones, la propia realidad impuso sus condicionantes a la hora de llevar a la práctica la acción de gobierno. De cualquier modo, estos dos rasgos se hicieron más obvios a partir del año 2000.

CAPÍTULO II

En el purgatorio. ¿Hacia el centro?

OBLIGADOS A PACTAR

Con la victoria electoral de 1996 no habían concluido los problemas de Aznar. En realidad, a diferencia de lo sucedido en todas las elecciones anteriores, el dirigente popular se encontraba con la dificultad de formar una mayoría parlamentaria clara y suficiente. En 1977 aún se vivía un período constituyente y a comienzos de la década de los noventa, había un principio de relativa buena relación con los grupos nacionalistas, de modo que UCD, en el primer caso, y PSOE, en el segundo, no encontraron ese tipo de problemas. Respecto a los nacionalistas, la situación del Partido Popular era tan difícil que apenas se podía imaginar un acuerdo con ellos.

El diario The Economist había descrito a Aznar como «a mistery man» y, sin duda, era merecedor de un calificativo semejante, sobre todo desde la óptica de un analista político británico. Su forma de actuar en política, con las cartas siempre pegadas al cuerpo, prácticamente impedía establecer un juicio acerca de su persona. Durante la campaña, el candidato se había identificado con el centro y había hecho un serio esfuerzo por incrustar las citas oportunas, combinando a Menéndez Pidal con Cambó, por ejemplo. Puso énfasis en los valores individuales, en la necesidad de tomar en serio la democracia y en un cierto patriotismo español. Pero seguía siendo una incógnita. Su evolución hacia el centro era demasiado reciente y, en las convocatorias culturales que propiciaba, se reunían personalidades tan dispares como Fernando Sánchez Dragó o Antonio Buero Vallejo.

En una situación inédita y de difícil salida, cabía preguntarse cuál sería la actuación de una persona que, en gran medida, seguía siendo un interrogante.

Los biógrafos de Aznar o los medios de comunicación afines —aparte de él mismo, pues sobre este punto no parece existir la menor duda— interpretaron que, a pesar de haber conseguido una victoria ardua y difícil, se les quería arrebatar el poder mediante el procedimiento de impedir un pacto con los nacionalistas catalanes, única minoría que podía favorecer la mayoría parlamentaria suficiente. De acuerdo con estas interpretaciones, se quería evitar a toda costa que llegara al poder y, para ello, habría surgido la candidatura de Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid, como posible alternativa susceptible de obtener los votos catalanistas. A él habría sido necesario recurrir a pesar de que no fue candidato en la elección de 1996.

Ahora bien, este juicio no parece realista. A lo sumo, puede haber sido el producto de la especulación de una minoría de regocijados comentaristas de izquierda ante la escasa ventaja lograda por el líder de la derecha. Es muy posible que Aznar sintiera frustración ante lo magro de su victoria electoral, pero resulta asimismo muy improbable que la alternativa de Ruiz-Gallardón fuera viable, por razones obvias. En primer lugar, habría sido imposible que el Partido Popular aceptara en la Presidencia a una persona distinta de la que había presentado para estar al frente del Gobierno, sobre todo, porque el candidato era el mismo que había hecho gala de su «sentido del poder» al frente del partido: Aznar. Además, los catalanistas siempre estuvieron dispuestos a pactar y parece francamente improbable que desearan la repetición de las elecciones; la cuestión que estuvo verdaderamente sobre el tapete fue el contenido del pacto y las garantías de su estabilidad y duración. En realidad, las dificultades de Aznar a la hora de lograr su mayoría parlamentaria derivaron de su propia actitud previa, antagónica con el catalanismo.

La idea del vencedor al que se le trata de impedir el acceso al poder, por otro lado, derivó sin duda de una cierta tendencia paranoica a sentirse preterido, bien por la traición de los suyos bien por la actitud de los estamentos sociales relevantes o los medios de comunicación.

La satisfacción de los socialistas por su «dulce derrota» contribuye también a explicar el clima que se vivió en aquellos dos meses: engendró la esperanza de que no se tardarían en repetir las elecciones y de que los ciudadanos les devolverían el poder. En realidad, durante muchos meses, la oposición socialista estuvo reducida a la condición de pulpa informe.

La negociación para lograr la mayoría parlamentaria fue ardua. El problema más importante de Aznar era, como ya se ha indicado, anudar buenas relaciones con los catalanistas. El punto de partida era difícil, porque el PP, en la oposición, había criticado muy duramente a CiU cuando los catalanistas apoyaron al PSOE, y arremetieron contra ellos por ser inductores de la cesión del 15 por ciento del IRPF a las Comunidades Autónomas. Además, la posición de fondo de los populares parecía muy poco propicia a cualquier tipo de acuerdo: sus apoyos en los medios de comunicación identificaban ambas fórmulas en un enemigo común. Cuando se dieron a conocer los resultados, algunos comentaristas de derechas, más entusiastas de Aznar, certificaron que España era un «pueblo podrido hasta los tuétanos»: así lamentaban que el Partido Popular no hubiera conseguido la mayoría absoluta.

Jordi Pujol dijo que no quería imponer razones, sino compartirlas. Pero de los años de experiencia con los socialistas —aunque, sin duda, existía mayor sintonía con ellos—, el Presidente de la Generalitat había aprendido una enseñanza de la que se hace mención en las memorias de Tarradellas: siempre habrá en Madrid políticos dispuestos a recibir a los catalanistas con un cepillo, con gesto adulatorio, pero poco propicios a cumplir a la hora de la verdad. Además, en el dilema que un día Alcalá Zamora planteó a Cambó, sobre ser Bismarck de un pueblo o Bolívar de otro, Pujol siempre ha tenido mucho más de lo segundo que de lo primero. Ha sido liberador o profeta de Cataluña por más que se haya implicado en la política española.

Fueron necesarios casi dos meses de conversaciones hasta que, el 26 de abril, se llegó a un acuerdo final. El principal negociador por parte del Gobierno fue Rodrigo Rato, lo que prueba que el contenido mismo de los pactos se refirió especialmente a materias económicas; también intervinieron Rajoy y Juan Costa, futuro ministro. Por otro lado, el carácter de tales negociaciones muestra que la dificultad para llegar a un acuerdo no era tan grande. El catalanismo pretendía mantener una línea de política económica que procurara estabilidad y crecimiento. El contenido fundamental de los pactos, que fueron escritos y no sólo verbales, como en ocasiones anteriores, estaba encaminado a desarrollar una política económica para cumplir con la convergencia europea, dando prioridad a la reducción del déficit y a la liberalización de la economía: los objetivos eran contener la inflación y mantener el Estado de bienestar. El hecho de que se tratara de un acuerdo escrito suponía una ventaja para las dos partes: para el catalanismo, certificaba la seguridad de que el PP había adoptado una actitud nueva tras sus precedentes invectivas contra el partido de Pujol. Aznar, por su parte, parecía querer demostrar que era capaz de avanzar un paso más que los socialistas; sin duda, su tenacidad y su capacidad para llegar a un pacto, demostradas ya en la Presidencia de Castilla y León, habían dado resultado.

Por otro lado, el acuerdo incluía un requisito complementario, pero también crucial: perfilar aún más la fórmula del Estado de las Autonomías proponiendo un modelo de financiación nuevo, basado en la cesión del 30 por ciento del IRPF. Detallado e incluso casuístico, el pacto contenía también cláusulas relativas a la reducción del servicio militar o a la supresión de los gobernadores civiles. Éstos serían sustituidos por subdelegados del Gobierno: de este modo, se desdibujaba la institución provincial, un aspecto en el que siempre había estado interesado el catalanismo. El nacionalismo catalán logró financiación para la policía autonómica y el tráfico, pero sobre todo el reconocimiento de «la positiva aportación del nacionalismo democrático a la gobernabilidad y estabilidad del país». Nada de esto había dicho el PP en la campaña.

Sin duda, puede decirse que el pacto fue positivo. Es cierto que fue un acuerdo escrito, y no sólo verbal, pero este detalle era fruto de una mutua desconfianza.

Aún más positiva resultó la actuación política inmediatamente posterior. El PP, que había entablado negociaciones paralelas y secretas, firmó un acuerdo parecido con los nacionalistas canarios y —sorprendentemente— con el PNV. El pacto con Coalición Canaria era inevitable, dada la situación parlamentaria en esa comunidad autónoma. Así como Rato gestionó los pactos con los catalanes, Jaime Mayor Oreja se ocupó desde el principio de los acuerdos con los nacionalistas vascos. Las diferencias entre PP y PNV en materia antiterrorista impidieron que se plasmara en el pacto cualquier coincidencia respecto a las fórmulas para acabar con ETA. Pero no ha de creerse que las discrepancias en ese sentido restaban importancia al acuerdo: se dio estabilidad al Concierto con el País Vasco. En este punto, el nacionalismo vasco y el tradicionalismo de Mayor Oreja coincidían; el político popular había acariciado la idea de que era necesario embarcar al PNV en propósitos políticos comunes.

Aun sin la referencia a ETA, el balance final de los acuerdos fue muy positivo. Por un lado, el programa de gobierno del PP moderaba sus postulados con estos pactos, a pesar del derechismo tradicional de gran parte de sus dirigentes; y, en segundo lugar, daba la sensación de que, por vez primera en su historia, el centro-derecha español era capaz de integrarse en una fórmula política de colaboración con los nacionalismos periféricos.

La novedad de la ocasión movió al optimismo. En aquellos momentos de euforia, Aznar aseguró que hablaba catalán «en la intimidad», declaración a la vez incomprensible y un tanto absurda. Menos recordada, pero también muy significativa, fue la afirmación del líder de la minoría parlamentaria catalanista: aseguró que, con el acuerdo, se había logrado «dar la vuelta al PP como a un calcetín». Ciertamente, la frase no fue profética.

PRIMER GOBIERNO DE JOSÉ MARÍA AZNAR

Finalmente, el 4 de mayo de 1996, José María Aznar fue investido presidente del Gobierno y, a continuación, constituyó el Gabinete. Su composición resultó sorprendente para buena parte de los comentaristas políticos: inauguraba un estilo personal de gobierno que partía del hermetismo y de la concentración del poder de decisión en manos de Aznar. No cabe la menor duda de que las circunstancias le obligaron a que tuviera un determinado perfil, que no hubiera sido el mismo de contar con una mayoría absoluta. Se pudo especular entonces que la composición del Gobierno no se correspondía en realidad con las promesas de centrismo que se habían proclamado, ni con la estructura del partido cuando estaba en la oposición, ni con los compromisos personales respecto a sus colaboradores en Castilla y León. Además, la constitución del Gabinete fue demasiado rápida y confusa, porque Aznar había quedado agotado en la previa tramitación del acuerdo con los catalanistas.

En realidad, resulta difícil imaginar un Gobierno en el que las proporciones entre sus distintos componentes políticos fueran tan diferentes; más bien, da la sensación de que la configuración del Gabinete se había meditado detenidamente. Siete de los ministros —incluidos los dos vicepresidentes— procedían de Alianza Popular: Francisco Álvarez-Cascos, vicepresidente político; Rodrigo Rato, responsable de la vicepresidencia económica; Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores; Loyola de Palacio, en Agricultura; Esperanza Aguirre, en Educación y Cultura; José Manuel Romay Beccaría, en Sanidad; e Isabel Tocino, en Medio Ambiente. De estos ministros cabe decir que, por más que Rodrigo Rato fuera, en realidad, el segundo de a bordo, Aznar no podía prescindir de Álvarez-Cascos, dada su condición de secretario general del partido; tampoco cabe la menor duda de que, en la oposición, ambos habían coincidido en lo esencial. En realidad, Álvarez-Cascos no actuó como vicepresidente —la labor clásica de esta figura es coordinar el conjunto de la tarea gubernamental—, sino que se ocupó de determinadas parcelas políticas: comunicación, relaciones con los nacionalistas vascos, etcétera. El vicepresidente político habría preferido, sin duda, la responsabilidad de Interior sumada a la vicepresidencia, pero estos cargos, unidos a la Secretaría General del partido, que ya ostentaba, representaba un exceso de poder. Rato, empresario adinerado, había ingresado en Alianza Popular a través de su cúpula gracias a que su padre era amigo de Fraga y había estado codo con codo con Aznar en la dirección del partido, incluso defendiendo la candidatura de Herrero. Ahora asumió toda la responsabilidad económica con la excepción de la política industrial y las telecomunicaciones. En Tocino, Romay y Matutes se percibía la presencia de la «vieja guardia» del partido e incluso la mano de Manuel Fraga. Muestra de la capacidad de integración de Aznar es el nombramiento ministerial de Isabel Tocino, antigua rival. Es cierto, sin embargo, que la cartera de Medio Ambiente era intrascendente, y aún lo fue más durante la gestión de la ministra.

Sólo tres de los nuevos ministros habían militado en la extinta UCD: Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior; Javier Arenas, en Trabajo; y Rafael Arias Salgado, en Fomento. Los dos primeros procedían de la democracia cristiana y habían sido captados a comienzos de los años noventa por Aznar: pronto fueron personas de su máxima confianza, hasta el punto de que el primero compartió vacaciones familiares con él. Arias Salgado, procedente del CDS, se había afiliado más recientemente: para él hubiera sido preferible, sin duda, la cartera de Asuntos Exteriores. De cara al exterior, la presencia de Arias Salgado permitía exhibir no sólo una personalidad de primera magnitud en la extinta UCD, sino un colaborador decisivo de Suárez hasta su automarginación de la política.

Al nuevo Gobierno pertenecieron, además, tres independientes: Eduardo Serra, en Defensa; Josep Piqué, en Industria; y Margarita Mariscal de Gante, en Justicia. Significaban, en el seno del Gobierno, matices políticos distintos. Piqué, empresario catalán muy conocido y ex presidente del Círculo de Economía, había sido director general de Industria en la Generalitat. De talante moderado, su figura podía ser un punto de contacto con el catalanismo o, alternativamente, un rival del mismo; parece que también Aznar pensó en Rosell, el presidente de la patronal catalana. Desde que se obtuvo el apoyo del nacionalismo catalán, el discurso del Partido Popular en Cataluña cambió sustancialmente. Vidal Quadras fue defenestrado. Hubo rumores, nunca desmentidos, de que la presencia de Eduardo Serra en el Ministerio de Defensa se debió a muy altas inspiraciones. Lo importante es que, al final de su mandato, se le preguntó al ministro por este asunto y el propio Serra no desmintió que ése hubiera sido el origen de su nombramiento. Más que con un eventual peligro de conspiración militar, su presencia en el Ejecutivo se pudo deber a la posibilidad de que se diera luz a los llamados «papeles del CESID». Margarita Mariscal de Gante podía presentarse como una juez independiente, pero siempre careció de prestigio en una carrera administrativa que a menudo se rige por ese principio. Aznar había formado el Gabinete con mayor proporción de mujeres de la Historia española; es muy posible que pensara en la posibilidad de nombrar como portavoz gubernamental a una de ellas, pero finalmente ocupó el puesto un periodista: Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de prensa en Castilla y León.

Algunos ministros estaban muy poco familiarizados con las responsabilidades que les fueron conferidas, pero algunos aprendieron —Loyola de Palacio, por ejemplo—; otros, no. Los cálculos de Aznar en cuanto a capacidades de los ministrables se mostraron en ocasiones injustificados o, más bien, tuvo quizá demasiado en cuenta la homeopática composición política a que se había visto obligado; tal vez no se vio forzado a formar ese tipo de Gobierno, sino que lo deseaba para ejercer de árbitro.

Los colaboradores de Castilla y Leon —Juan José Lucas o Jesús Posada, entre otros— tuvieron que esperar a mejor ocasión, a pesar de haber recibido en su momento la promesa de un puesto ministerial.

ESTILO DE GOBIERNO

En una de las primeras reuniones del Consejo de Ministros, Aznar afirmó que el propósito inicial del Gabinete era durar, es decir, la estabilidad del mismo. Esta sorprendente declaración se entiende a partir de las dificultades previas y de la sensación de fragilidad con que comenzó su gestión. Para comprenderla, es preciso, no obstante, recordar la evolución política e ideológica del Partido Popular en su camino hacia el poder. Como se vio más arriba, el partido —y, especialmente, su líder— había sustituido el ideario de la derecha de entonces por dos componentes decisivos: el liberalismo y el neo-españolismo. El segundo elemento resultaba peligroso ahora, dadas las circunstancias. El primero era, por otra parte, susceptible a muy distintas interpretaciones, no siempre coincidentes con las de los aliados parlamentarios. Aznar, pues, no tenía más remedio que recomendar prudencia. En ocasiones no se le prestó atención y de ahí la rectificación a que se vio obligado, con cambio de Gobierno incluido.

Pero él mismo tampoco actuó, en la definición de un estilo de gobierno, con la prudencia que requería el momento. Una vez que se aseguró la estabilidad en el poder, con los acuerdos parlamentarios, se empezaron a mostrar los rasgos de un estilo de gobierno que, en parte, es característico de cualquier ejecutivo cuando se consagra en el poder. Pero, en el caso del PP y de Aznar, se acentuaron algunas de esas características. No se debe menospreciar tampoco la transformación del dirigente, desde el hermetismo frío a la omnisapiencia efervescente. De cualquier manera, cabía esperar, al menos como posibilidad alternativa, que Aznar eligiera el perfil del primer ministro británico John Major: gris, discreto y eficiente.

No fue así. Ortega escribió que los partidos políticos no solían ser capaces de percibir en la realidad otra cosa que «el inmediato tropel de los afines». Eso resulta hasta cierto punto inevitable, pero hubiera sido mucho mejor que el centro-derecha político se hubiera percatado de que la sociedad española es bastante más que los afiliados y militantes del Partido Popular. Existen unas clases medias profesionales que permanecen al margen de la política partidista y de las que se podía haber hecho un buen uso. En cambio, fue evidente la voracidad ansiosa que los llamados liberales demostraron por lo público.

Con carácter más anecdótico se pudo hablar de la «normaduvalización», naturalmente, por Norma Duval. La vedette, que se había identificado con el PP durante la campaña electoral, se convirtió en omnipresente en la televisión pública. Algo parecido sucedió con catedráticos de economía o con mentores espirituales, del tipo Fernando Sánchez Dragó. A base de servirse de los afines, acababa por resultar obvio «el espesor de la mediocridad» en la política, por utilizar una expresión de Jean François Revel. Con el Partido Popular hubiera sido imposible que un Jorge Semprún de derechas hubiera llegado a ser ministro de Cultura, como sucedió con el PSOE, o incluso que un Miguel Herrero hubiera presidido, pongamos por caso, el Consejo de Estado. Esta división entre «miístas» y «otristas», que recuerda la obra de Carlos Arniches Los caciques, se aplicó a los más diversos terrenos, incluido el de las privatizaciones. No puede ser una casualidad que la persona que ayudaba al presidente del Gobierno a rellenar su impreso anual del impuesto sobre la renta acabara presidiendo una de las entidades financieras más importantes del país.

A esta incapacidad para ver más allá de los adictos, el PP sumó pronto una actitud muy distinta a la que proclamaba su autodefinición liberal. Más que dejar a la sociedad desenvolverse en su autonomía, se llevó a cabo un intento de modelación de la realidad social a partir de los deseos de la autoridad política. Esta realidad pudo apreciarse en distintos ámbitos. En teoría, nombrar fiscal general del Estado a quien presidía la asociación profesional más nutrida era una medida esperanzadora, pero pronto se demostró que, bajo la apariencia de neutralidad, se introducía más partidismo. Las privatizaciones dejaron aparcadas en las grandes empresas a empresarios adictos y, además, no liberalizaron por completo los mercados. En los medios de comunicación, la voluntad intervencionista del Gobierno, multiplicada por sus complejos y sus temores de ser maltratado, llegó al máximo. Suárez había iniciado la liquidación de los medios de comunicación del Estado que concluyó Felipe González; a Calvo Sotelo en absoluto se le hubiera ocurrido nunca crear una cadena cercana a sus posiciones políticas. En toda esta cuestión, el PP llevó a cabo una reproducción clónica del pasado que tanto había reprochado al PSOE. La identificación entre partido, Gobierno y Estado fue evidente. El programa electoral del Partido Popular era bien admisible, pero desde el primer momento hizo todo lo contrario. Muchos medios de comunicación que habían criticado el comportamiento de los socialistas fueron incapaces ahora de percibir hasta qué punto el PP se gobernaba del mismo modo.

A esas dos sorpresas proporcionadas por el Gobierno de Aznar hubo que sumar otras dos. Era previsible la bisoñez y el adanismo de una clase política inexperta. Entre los defectos propios de estos casos, se puede citar aquel que Manuel Azaña reprochaba a Miguel Maura: que disparaba antes de apuntar. Por ejemplo, se acusó por un futuro ministro, Juan Costa, a los socialistas de haber favorecido con exenciones millonarias a supuestos partidarios, todo ello en deterioro de una imagen imparcial de la Administración; se pretendió asumir la tradición liberal de Azaña o se dio por supuesto que, con declarar a Aznar «ministro de Cultura bis», se iba a solucionar el problema del Museo del Prado. Ejemplos como éstos se encuentran también en la gestión de los socialistas a partir de 1982.

La segunda sorpresa fue la cruda aspereza empleada contra la oposición. Era una violencia innecesaria, porque el Partido Socialista tampoco estaba en condiciones de causar problemas al adversario. El PP olvidó una sentencia de Cambó según la cual «en las luchas políticas, la habilidad, la amabilidad y la seducción pueden ser armas de mucha más eficacia que la audacia y la elocuencia». Por el contrario, el Gobierno quiso competir en dureza con aquella prensa que se atribuía el mérito colectivo de haber defenestrado a González y que pedía confrontación en pago a los servicios prestados: a la vuelta del verano, todo un vicepresidente político del Gobierno empleaba la expresión «terrorismo de bodeguilla» para aludir a la gestión del Gobierno precedente. Esta actitud, que dejó perplejos a los aliados y a simples discrepantes ocasionales, se manifestó especialmente en las conductas de Francisco Álvarez-Cascos y Miguel Ángel Rodríguez. El primero —una personalidad que quizá requiera algún día un estudio más detallado, porque a su muy evidente rudeza sumó unos inesperados intereses culturales— llegó a acusar a González, que ya no estaba al frente del liderazgo político antagónico, de ser «inductor de crímenes»; así, además, se frivolizaba el grave problema del GAL. De este modo, también por culpa de los antecedentes socialistas, se reproducía con Aznar, hasta cierto punto, lo que Ortega escribió de Maura: «[Parecía] una humilde sartén cuyo mango está en el puño del frenético señor La Cierva». En el fondo del bastante más prudente Aznar anidaba, sin duda, el espíritu de confrontación que germinó en los noventa. Una anécdota contribuye a dar testimonio de ello, porque reviste el carácter de categoría. En la primera entrevista que José María Aznar mantuvo con el nuevo líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, aludió, en términos lógicamente laudatorios, a Fernando de los Ríos; Aznar observó: «¡Y eso que era socialista...!».

Si durante algunos meses se albergó la esperanza de que Aznar fuera una especie de John Major a la española, político gris y amante de la normalidad, buen gestor y nada tronante guerrero, con el paso del tiempo se descubrió que de ningún modo la comparación resultaba oportuna. En pocos meses de gobierno, el nuevo presidente dio pruebas de asomatognosia —incapacidad de saber cuál era su ubicación correcta en el mundo— y de dislalia —poca facilidad para expresarse—.

Había problemas que no eran circunstanciales sino de fondo: con los catalanistas se mantuvieron discrepancias puntuales, pero, sobre todo, se percibió una sensibilidad de fondo antagónica. Hubo, en los primeros meses de gobierno del PP, una reunión de intelectuales de ambas procedencias: consistió tan sólo en el reconocimiento de las propias posturas y en la asunción de las discrepancias, sin que se tratara en ningún momento de llegar a algún tipo de acercamiento. En el terreno político puede citarse alguna anécdota más. Quien, como conseller, estuvo durante mucho tiempo junto a Jordi Pujol ha contado que Aznar, todavía en la oposición, acudió a pedirle que votara una proposición de censura al gobierno socialista. El líder del Partido Popular le planteó la cuestión a bocajarro y, al obtener una negativa, los dos interlocutores enmudecieron y no tuvieron nada de que hablar durante el resto de la entrevista. Con González todo sucedía de otra manera: primero, los representantes catalanes departían con el presidente sobre los más variados asuntos y, luego, acababan resolviendo, normalmente de forma satisfactoria para ambas partes, la cuestión debatida que les había reunido. El Palacio de La Moncloa, con Aznar como inquilino, era lugar muy poco grato para los nacionalistas catalanes. El mismo conseller al que se ha hecho referencia más arriba visitó en cierta ocasión la residencia presidencial: aparte de que los perros del presidente le mordieron los pantalones, el portavoz del Gobierno se presentó como entusiasta forofo del Estrella Roja de Belgrado. Aquella tarde, el club yugoslavo se enfrentaba con el Barcelona. Aún no se había hecho demasiado patente lo que podríamos denominar «neonacionalismo» de Aznar, pero ya aseguraba, en la conmemoración del centenario del 98, que era preciso «huir del victimismo».

En definitiva, ya en el verano de 1997 el Gobierno del Partido Popular daba miedo. Este sentimiento hacia el poder político no se había producido desde 1976. Suárez produjo sorpresa y luego, en un segundo momento, ira o pena. Los socialistas, en ocasiones, provocaron la ironía y a veces la risa, como cuando Felipe González veraneó en el Azor. Más adelante, la riada de escándalos incitó a la indignación. Pero el Gobierno del Partido Popular, a esas alturas —es decir, bastante pronto—, hacía temer por él mismo, por el sistema político y por su impacto en el conjunto de la sociedad española. No parecía ser consciente de que lo característico del poder es su limitación y daba la impresión de estar dispuesto a ordenar a bocinazos el entorno, cuando la primera condición de un liberal consiste en respetar la realidad. Su ordenancismo se manifestó en la publicación de normas «con apellidos», dirigidas a personas e instituciones, para premiarlas o castigarlas. Eludía la responsabilidad que pudiera derivar de su propio afán por crispar las situaciones políticas y, además, la hacía desaparecer en asuntos muy importantes, como el proceso de privatizaciones. En definitiva, una empresa recién privatizada, cuyo presidente había sido objeto de nombramiento político, tiene esa responsabilidad remitida ante Dios y la Historia.

Este estilo estaba ya consolidado a la altura de 1998 y no sólo perduró, sino que, como veremos, en ciertos momentos se radicalizó y adquirió características nuevas; fue, de todos modos, compatible también con talantes más propicios al acuerdo —obligados o espontáneos—, especialmente durante el primer período legislativo.

UN TRIUNFO MUY APARENTE: LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

Como es lógico, a la hora de abordar el análisis de la labor del Ejecutivo del PP, deberá hacerse, a la vez, desde dos perspectivas: temática y cronológica. El primer cuatrienio, más distante y objeto de mayor número de publicaciones, es susceptible sobre todo al estudio de carácter temático.

En el campo económico, la política desarrollada por el Partido Popular invita a una reflexión acerca de la coyuntura mundial y la española. Lo habitual es que la segunda siga estrechamente los caminos marcados por la primera, acentuando sus rasgos negativos cuando es depresiva pero también los positivos en el caso contrario. Durante los años que van de 1996 a 2000 se contempla, en cambio, una marcada diferencia. Los antecedentes de la recuperación económica han de situarse en 1994, es decir, durante la última legislatura socialista, a la que, por tanto, es preciso no escatimar méritos. Pero lo más característico de la etapa posterior a 1996 fue que la comparación de España con los llamados «países centrales» de Europa resultó claramente más positiva, como se aprecia en los datos que ofrecieron Francia, Alemania y, sobre todo, Italia, más cercana a nuestro país en magnitudes macroeconómicas. Junto con Irlanda, España fue el país europeo occidental que más creció, y lo hizo de una forma indudablemente sana según los criterios de los especialistas.

La tasa de crecimiento anual fue, en efecto, del 3 por ciento, una cifra notable en comparación con la propia historia económica española en el siglo XX —habitualmente en torno al 2 por ciento—. Pero los porcentajes también eran positivos en relación con la media europea de la época, pues estuvo por delante en un 1,2 por ciento. El crecimiento se puede describir como «sano» porque se alcanzó con una relativa contención de precios, aun manteniendo un diferencial con el resto de Europa, y con disciplina en el sector público.

Desde el punto de vista de la política económica gubernamental, lo decisivo fue la voluntad del Gobierno de colocar a España entre los países fundadores de la Unión monetaria. Italia, por su parte, pudo tener la tentación de mantener una especie de situación excepcional. También en sectores de la opción política ultraliberal habían existido reticencias a adscribirse al programa europeo de Maastricht. Frente a estas actitudes, con el apoyo del nacionalismo catalán, la política del Gobierno consistió en adecuarse decididamente a las directrices del Tratado hasta mayo de 1998. Se mantuvo en todo momento la estabilidad macroeconómica, con su correlato de contención de precios, rebaja de los tipos de interés, disminución del déficit público y de la deuda. Con ello se contribuyó de forma irreversible a la creación de una cultura de estabilidad que impregnó a la sociedad española y al conjunto de los partidos políticos. El consumo y la inversión privadas fueron los factores decisivos del crecimiento, pero desempeñó también un papel importantísimo la apertura exterior, no sólo pasiva sino activa; de modo que España se convirtió en exportadora de capitales —tradicionalmente había sido receptora—, especialmente en Hispanoamérica, donde se convirtió en primer inversor europeo. En todo caso, siempre puede ser objeto de debate saber si deben imputarse estos logros a la propia sociedad española o a la tarea gubernamental.

Liberalizar y privatizar fueron las divisas de los gestores de la política económica. Se basaban en tendencias políticas habituales seguidas hasta entonces y, en la actualidad, no sólo son representativas de los gobiernos de derecha. Después de los gobiernos de UCD, que socializó las pérdidas de empresas en crisis, la política de privatizaciones fue continuista en todos los gobiernos posteriores a 1982. El Partido Popular introdujo como novedad decisiva el énfasis que puso en la privatización y que nacía del ideario que ha sido descrito. Se acusó al Gobierno de «vender las joyas de la Corona», pero se logró también traspasar a la gestión privada lo que hasta el momento había parecido invendible, como, por ejemplo, la empresa de armamento Santa Bárbara o las del acero y aluminio. La compañía aérea Iberia estaba en tales condiciones al final de la etapa socialista que podía haberse vendido por una peseta, pero se renovó la gestión y pudo venderse mucho mejor. Por más que hubiera habido antecedentes privatizadores durante el Gobierno del PSOE, las ventas se atenían a propósitos de política general y, sobre todo, fueron mucho más completas. El poder político, en teoría, no se reservó poderes de intervención modestos ni guardó una parte del accionariado en sus manos, sino que partió de la idea de que debía ceder el terreno a la iniciativa privada en materia económica.

El proceso de privatizaciones supuso una ingente desamortización que superó los cuatro billones de pesetas. Las ventas, en principio, fueron legítimas y correctas desde el punto de vista de la ortodoxia económica imperante, aparte de técnicamente bien realizadas, pero también se vieron acompañadas de sombras importantes. En primer lugar, la llamada «acción de oro» seguía permitiendo la intervención del Estado o, más bien, del Gobierno de turno, en circunstancias especiales, en la gestión de las empresas privadas. Pero el aspecto más criticable reside en que las cinco grandes empresas vendidas (Repsol, Telefónica, Tabacalera, Endesa, Argentaria) mantuvieron a los mismos presidentes antes y después de la privatización. Todos ellos procedían del mundo financiero y no de la economía productiva, con la excepción de algún político; además y, sobre todo, estos hombres tenían vinculaciones personales de amistad con el propio presidente del Gobierno o con los núcleos dirigentes de la política conservadora. En este sentido, no hubo secretos. Un futuro presidente de una de esas cinco empresas —pero que optaba, preferentemente, a otra—, negó en privado que se le fuera a conceder, «porque esas cosas se dan a los amigos». En efecto, alguien con más relación directa con la cúspide del poder —Juan Villalonga— se haría con ella: se trataba de Telefónica. Se afirmó que los presidentes de esas empresas eran, simplemente, gestores que estaban en el mercado, pero esa frase contradice la afirmación de una de las personas que proporcionó mayor número de nombres, pues él mismo reconocía haber puesto en contacto a los dirigentes del Partido Popular con los medios económicos. En las Cajas de Ahorro sucedió algo parecido, así que, dado el cambio de panorama político, se tuvo la sensación de que el partidismo había cambiado los centros de gravedad de la vida económica española. En las privatizaciones anteriores —o en las de otros países— no se actuó de esta manera. Por si fuera poco, cuando hubo fusiones o proyectos empresariales el Gobierno tuvo un papel decisorio.

Con todo, lo más grave fue que estos poderes económicos contribuyeron, de forma desenfadada como más adelante se señalará, a la configuración de un grupo mediático adicto al poder. Cómo podrá evolucionar esta situación constituye por el momento una incógnita, pero, de entrada, merece un juicio claramente negativo.

Es preciso añadir que, cuando se produjo la privatización, las empresas no generaban pérdidas al Estado sino que aportaban sustanciosas ganancias y que, con frecuencia, las fusiones y concentraciones de empresas también contribuyeron a alterar el panorama de la empresa española. Hubo, pues, en este escenario, un auténtico vuelco, perceptible en el jeroglífico de conexiones entre las grandes empresas. Además, también se produjo una concentración del poder de decisión en muy pocas manos, por acumulación de cargos.

Sin duda, en el proceso de privatización no se atendieron convenientemente las necesidades del «servicio público»: simplemente se pensó que el traspaso de empresas a manos privadas garantizaba la eficiencia. Lo cierto es que, vistos los resultados, ni siquiera puede afirmarse que fuera el interés en una gestión solvente lo que guiara los propósitos reformadores. Bien al contrario, se prestó escasa ayuda de partida —y se exigió poca eficiencia— a los organismos reguladores del mercado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico o el Tribunal de Defensa de la Competencia pronto demostraron tener atribuciones y medios insuficientes para cumplir su misión. En ellos, además, se instalaron personas seleccionadas por motivos de carácter político-partidista, de modo que era previsible una actuación escasamente autónoma e independiente. Igual sucedió con los consejeros «independientes» de las empresas privatizadas. En el segundo período legislativo se hizo patente esta realidad en lo que atañe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Respecto a la liberalización, es cierto que, por una parte, la actuación gubernamental se conectó con la tendencia europea, pero, en algunos casos, se adelantó a lo previsto por las instituciones comunitarias (por ejemplo, en el monopolio de Telefónica). También se liberalizaron las profesiones, de modo que, en este campo concreto, se ha ido claramente por delante del calendario europeo. De todos modos, en absoluto se ha liberalizado el mercado por completo. Los resultados relativos a la disminución de precios y la competencia estuvieron, desde un principio, por debajo de lo previsto y las empresas recién privatizadas mantuvieron su protección frente a los competidores. Por otro lado, el grado de liberalización ha resultado muy variable según los campos: se ha liberalizado por completo el transporte aéreo y la electricidad, pero en esta última no se ha liberalizado lo esencial, es decir, el consumo eléctrico al por menor. Los beneficios para el consumidor han sido patentes en el primer caso, pero muy escasos en el segundo.

Otro aspecto importante de la gestión económica del Partido Popular fue la reforma fiscal del impuesto de sociedades (1996) y del IRPF (1998). En ambos casos se siguieron tendencias europeas sin que, al mismo tiempo, la presión fiscal española dejara de resultar menor que la europea. Los resultados en cuanto a la progresividad del impuesto permanecen todavía por determinar de forma precisa, pero así como la imposición directa ha descendido, se ha incrementado la indirecta. Sin duda, el Gobierno de la derecha ha contribuido de modo decisivo a crear una cultura de la limitación del impuesto y del gasto público. Puede decirse que también ha desempeñado un papel importante, si no en la creación, que nació de forma autónoma, sí en la consolidación de una cultura empresarial, factor imprescindible para el crecimiento continuado.

Dada la creciente sensación de prosperidad que acabó por manifestarse en forma de «lluvia fina», como afirmó el Gobierno, no puede extrañar que todos los aspectos negativos de la gestión económica permanecieran ocultos y que Rodrigo Rato, gestor principal de la política económica, figurara entre los ministros más apreciados. En realidad, el Parlamento no mostró ningún interés en investigar el resultado de las privatizaciones; ello sólo sucedió en la segunda legislatura, cuando el Partido Popular podía impedirlo. De hecho, lo hizo.

En la primera legislatura, la cuestión más controvertida en el terreno económico fue la gestión, retadora, megalómana y despectiva de Juan Villalonga, presidente de la primera empresa española tras su privatización: Telefónica. Al margen de sus responsabilidades en materia de medios de comunicación, sólo se le criticó su política retributiva en beneficio de los ejecutivos de la empresa (las stock options). Las críticas se manifestaron durante la campaña electoral e incluso el propio Gobierno se unió a ellas. Pero, lanzado a una política de alianzas y de conquista de mercados extranjeros, Villalonga había logrado también un incremento en la cotización de las acciones —en realidad, una burbuja financiera— que contribuía a que muchos estuvieran dispuestos a perdonarle todo.

En materia de política social, la transición política a la democracia había supuesto el paso del Estado de asistencia al Estado de bienestar, muy criticado desde las filas liberales. Desde el punto de vista político, esto ya era una dificultad inicial para cualquier Gobierno del PP, pero hay que añadir que la derecha estaba también necesitada de una legitimación social, dados los antecedentes de Alianza Popular y sus conexiones con la patronal a lo largo de la década de los ochenta.

La política del ministro Javier Arenas, ex militante de UCD, fue prudente y oportuna: consistió esencialmente en hacer todo lo posible para que se llegara a acuerdos pactados por los agentes sociales. En el fondo, esta actitud tenía antecedentes en la época del Gobierno socialista precedente, pero en aquella ocasión los costes políticos y sociales habían sido mucho mayores; ahora la coyuntura económica positiva facilitaba los acuerdos y los mismos sindicatos los deseaban. La política de Arenas se mantuvo cuando le sucedió Manuel Pimentel.

La reforma laboral de 1997 tuvo como objeto flexibilizar el mercado de trabajo y mejorar la calidad del mismo. Éste fue también el propósito del Gobierno socialista en su momento. El contenido de la reforma suponía la aparición de un nuevo contrato indefinido, el contrato de fomento y la modificación de las causas de despido procedente. En primavera de 1997 se llegó a un acuerdo interconfederal por la estabilidad del empleo y la negociación colectiva, y, en otoño de 1998, se firmó otro sobre trabajo a tiempo parcial. El clima de negociación y pacto permitió la disminución de la conflictividad social: la única huelga importante tuvo lugar en el mismo año de 1996; la protagonizaron los empleados públicos, cuyo sueldo fue congelado. Aunque descendió la tasa de cobertura de desempleo, se amplió el gasto medio por beneficiario. Sin duda, la bonanza económica unida a esta política social contribuye poderosamente a explicar que la tasa de paro se redujera de forma sustancial: desde el 23 al 15 por ciento, aun teniendo en cuenta que cambiaron los criterios de cómputo. Respecto a las pensiones, una vez suscrito el Pacto de Toledo en 1995, la ley de 1997 consagró el modelo esencialmente contributivo existente hasta el momento.

En política social, los errores más graves se produjeron en materia sanitaria, donde no hubo voluntad de pacto, hasta el punto de que las fundaciones públicas sanitarias se presentaron mediante la ley presupuestaria. El Gobierno conservador se vio obligado a restringir el gasto farmacéutico, a pesar de haber criticado esta actuación cuando lo intentó el Partido Socialista.

Finalmente, es preciso tratar el problema de la inmigración, del que se puede decir que estalló en la política española de forma tan imprevista como clamorosa. En 1997 había en España unas 600.000 personas nacidas en el extranjero, aparte de los inmigrantes ilegales, concentrados mayoritariamente en Barcelona y Madrid. No parecía existir, de momento, un grave riesgo político de que la opinión pública se polarizara por esta cuestión, pero las encuestas ya ofrecían algunos datos preocupantes: el 30 por ciento de los consultados opinaba que un partido xenófobo podía tener éxito. El número de inmigrantes parecía demasiado pequeño para que tal posibilidad se convirtiera en realidad.

Fue a finales de 1999 y comienzos de 2000 cuando la cuestión de la inmigración empezó a plantearse ante la opinión pública en términos más graves. En parte, la tensión en este apartado la motivó una nueva legislación. Desde algún tiempo antes, las disposiciones legales en torno a esta materia habían sido, en lo esencial, policiales. La Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, aprobada en enero de 2000 mediante consenso de todos los grupos políticos y foros independientes, fue retirada por la intervención coincidente de los Ministerios de Interior y Asuntos Exteriores. Ello provocó la dimisión del ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, que había sucedido a Javier Arenas. La ley adolecía de inconcreción técnica e incapacidad para fijar una política inmigratoria muy precisa, pero tenía la ventaja del consenso. La ruptura de los acuerdos puede interpretarse no sólo como un testimonio de la perplejidad del PP sino también del conjunto de la sociedad española a la hora de enfrentarse a esta cuestión. Los especialistas siguieron reclamando una obviedad que, sin embargo, ni siquiera se intentó, es decir, un «libro blanco» y una política de consenso. Ambos eran necesarios, por cuanto había muchas cuestiones que carecían de fácil solución, por ejemplo, las relativas a los derechos de los extranjeros en situación de ilegalidad.

El primer incidente verdaderamente grave entre españoles e inmigrantes sorprendió a la clase política. El Ejido, en Almería, es una comarca extensa, seca y soleada, parcelada en un conjunto de minifundios y dedicada a la agricultura intensiva de productos tempranos. En un plazo reducido de tiempo, la población había ascendido a 50.000 habitantes y Almería se había convertido en la provincia andaluza con mayor renta per cápita. Con el paso del tiempo, los agricultores que habían obtenido tales resultados necesitaron mano de obra. A comienzos del año 2000 había en El Ejido unos 20.000 inmigrantes magrebíes, poco o nada integrados, deseosos de trasladarse a otros lugares y, en parte, sin trabajo. En estas circunstancias, la multiplicación súbita de delitos —tres asesinatos sucesivos— provocó un estallido violento contra los inmigrantes. Una parte de la población autóctona participó en los incidentes y las autoridades se vieron claramente superadas por los acontecimientos. Las actitudes de la mayoría de la población española no llegaron a denotar xenofobia propiamente dicha, pero demostraron que España se enfrentaba ya, en determinados lugares de su geografía, a situaciones que, sin duda, podían propiciarla. La legislación relativa a la política inmigratoria, retirada por el propio Gobierno, quedó pendiente para la legislatura siguiente.

DEFENSA Y RELACIONES INTERNACIONALES

Cualquier Gobierno hace compatibles dos tipos de actuación: de un lado, dan testimonio del grado de consenso en un sistema democrático, aunque existan matices; de otra parte, se ejecutan políticas que propician algún tipo de ruptura o discontinuidad, y éstas nacen de la lógica discrepancia ideológica o de principios.

En el presente epígrafe se analizarán dos campos de actuación política en los que, por sus características especiales, se podía suponer que el Partido Popular trabajaría, al menos, con cierto grado de continuidad respecto al pasado. No fueron los únicos ámbitos en los que se mantuvo la continuidad, también ocurrió en la política autonómica, como veremos más adelante, y ya lo hemos visto en la social. En cuanto a la política económica, es posible, por supuesto, percibir factores de continuidad, pero éstos se produjeron al mismo tiempo que aparecían también, como hemos constatado, elementos importantes de ruptura.

La política de Defensa, por sus características peculiares, parece conducir a la continuidad y el consenso, sobre todo teniendo en cuenta que el problema político de la posible intromisión de los militares en la política quizá no había quedado solventado por completo en España durante la etapa de gobierno de la UCD, ni siquiera durante el gobierno del PSOE. Además, el nombramiento de Eduardo Serra contribuyó a asentar esa continuidad: el nuevo ministro había desempeñado cargos de trascendental importancia en el Gobierno socialista anterior. Resulta muy posible que su nombramiento obedeciera a una razón coyuntural y no a la necesidad de seguir políticas continuistas. Estaba pendiente la desclasificación de la documentación del CESID, donde se había producido la filtración de secretos. Pero ni siquiera podía asegurarse que la información aparecida en los medios de comunicación fuera veraz. El Gobierno del PP se negó a la desclasificación, y ello señaló esa voluntad de mantener una continuidad con el Ejecutivo precedente.

Los matices en la peculiar política de Defensa consistieron en la insistencia en la profesionalización del Ejército y en la integración total en la Alianza Atlántica, en cuyo comité militar España estaba todavía ausente, por el momento.

En realidad, el Partido Popular no había incluido en su programa electoral la abolición del servicio militar obligatorio. Se había declarado favorable a un sistema mixto: sólo había propuesto reducirlo a seis meses y, de acuerdo con algunas narraciones periodísticas, no lo hizo sino como consecuencia de una sugerencia ajena al partido. El problema que venía planteándose de forma acuciante, sobre todo en los últimos tiempos, derivaba de un hecho que no guardaba mucha relación con la política de defensa, en sentido estricto. La profesionalización del Ejército era inevitable: se había producido un incremento exponencial de la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria era una caricatura que hacía perder el tiempo a los jóvenes y no obtenía de ellos un eficaz servicio a la comunidad. No se debe pensar tampoco que los dirigentes del PP pensaran utilizar un programa de profesionalización como contrapartida a otros posibles aspectos más conservadores de su política: el CDS ya había sacado partido del servicio militar como arma electoral y poco más se podía obtener de ella. Pero, de cualquier forma, los pactos con CiU obligaron a llevar a cabo la profesionalización, incluida finalmente en el programa de gobierno. El volumen del Ejército previsto, era, no obstante, muy diferente en la apreciación de cada uno de estos grupos políticos. En mayo de 1998 se aprobó la «plena voluntariedad y profesionalidad de las Fuerzas Armadas», sin discriminación de sexos, y a continuación trató de llevarse a la práctica. Curiosamente, las escasas protestas que surgieron entonces en contra de la desaparición del servicio militar obligatorio procedieron de la izquierda —el propio Felipe González se mostró contrario—: se argumentaba que con la desaparición de la leva obligatoria desaparecería también la conciencia de unidad de los españoles.

El programa de sustitución del Ejército voluntario por otro profesional se topó casi inmediatamente con problemas en su realización concreta. En primer lugar, se hizo patente la escasez y falta de preparación de los candidatos, hasta el punto de que sólo con mucha dificultad se cubrieron, y aun parcialmente, las necesidades (apenas la mitad de los puestos previstos). Esto se explica más por peculiaridades y circunstancias de la sociedad española que por errores de quien tenía la responsabilidad de la gestión en la materia. De hecho, las retribuciones eran más bajas de lo que ofrecían otros ejércitos europeos, lo que implicó un nivel de exigencia también inferior; aun así, hubo grandes dificultades para cubrir los puestos necesarios. Un porcentaje elevado de los voluntarios fueron mujeres o procedían de regiones retrasadas. En segundo lugar, la profesionalización conllevaba el incremento del gasto militar en un momento en que, tras la caída del comunismo, los presupuestos habían seguido un ritmo decreciente. El Ministerio de Defensa llegó a evaluar el incremento necesario para hacer viable la profesionalización en un billón y medio de pesetas. De hecho el presupuesto permaneció estancado y con un porcentaje elevado dedicado a personal.

Se da la circunstancia de que en España existe una contradicción entre un escaso presupuesto militar, por una parte, y una amplia disponibilidad de superficie, instalaciones y cuarteles. Cuando el patrimonio militar se ponga a la venta, podrá dar lugar a lo que se ha denominado una «segunda desamortización». De ahí la creación de una Gerencia de Infraestructura destinada a poner en valor y vender el patrimonio inmobiliario de las Fuerzas Armadas, que supone más de cuarenta millones de metros cuadrados. En todo caso, resulta muy dudoso que se pueda proponer la modernización de un Ejército por el procedimiento de la especulación inmobiliaria. Pero sólo una ampliación presupuestaria puede hacer posible la modernización tecnológica que supone un Ejército profesional.

Otro aspecto importante de la política de Defensa fue la plena integración militar en la OTAN. En fecha temprana —noviembre de 1996—, quedó aprobada sin que la cuestión despertara las apasionadas controversias que en el pasado se habían producido con el ingreso en la Alianza. Sólo tres partidos nacionalistas de izquierda —ERC, BNG y EA— e Izquierda Unida se opusieron reclamando un nuevo referéndum; fue este último grupo político el que se manifestó en términos más encendidos. También lo hizo cuando el Gobierno decidió contribuir a la campaña aérea contra la Yugoslavia de Slobodan Milosevic, aunque sólo con seis aviones F-18: una contribución modestísima que revelaba las insuficiencias militares de nuestro Ejército (o el poco convencimiento en la misión). Una vez concluida la operación, Julio Anguita, el dirigente de Izquierda Unida, llegó a pedir que no sólo Milosevic fuera procesado por un tribunal internacional: exigía el mismo trato para Javier Solana, por entonces secretario general de la OTAN. A continuación, un batallón de unos 1.200 soldados españoles formó parte de las fuerzas de ocupación en Kosovo, una contribución que también puede calificarse de discreta. Como en ocasiones anteriores —salvo quizá con ocasión de la primera Guerra de Irak, siendo ministro de Asuntos Exteriores Francisco Fernández Ordóñez— se evitó una discusión colectiva a fondo sobre los problemas de Defensa; desde la Presidencia del Gobierno tampoco se ejerció un liderazgo suficiente sobre la opinión pública, tal y como hubiera sido deseable. Finalmente, en la misma línea de intervenciones realizadas como consecuencia de decisiones de organismos internacionales o de solidaridad, en los primeros meses de 1999 una unidad de ingenieros viajó a Centroamérica para contribuir en los trabajos de reparación más urgentes tras la devastación que produjo el huracán Mitch.

También en política exterior se puede decir que hubo una línea de continuidad entre la política de la etapa socialista y la del PP. En este caso, como es lógico, la continuidad fue obligada, porque la posición internacional española nace, en parte, de la situación geográfica y, en gran medida, deriva del pasado.

En efecto, la relación con Estados Unidos surge de los pactos de 1988 —e incluso de sus antecedentes previos, en una situación predemocrática—; las relaciones con la Unión Europea se remontan al consenso en la época de la transición, como derivación del europeísmo de buena parte de la oposición al régimen. Con el Gobierno del PP se mantuvieron, incluso, unas peculiares relaciones con Cuba —aunque limitadas, como se verá—; este trato ya se habían dado en la época de Franco —con cierta benevolencia a pesar del antagonismo ideológico— y de UCD, y sirvieron de subterfugio para un alineamiento sólo titubeante con el mundo occidental.

En la carrera diplomática tuvo un importante papel el sectarismo, tal y como había sucedido en la etapa socialista. Pero, al margen de las políticas de personal, también se produjo en esta época un cierto nivel de revisionismo o de matización de las políticas anteriores. El elevado grado de ideologización política y partidista forzó estas derivaciones, aunque, a diferencia de lo que sucedió en otros aspectos de la política del PP —por ejemplo, en Cultura—, acabó por atemperarse.

La política respecto a Europa era, desde hacía tiempo, el ámbito verdaderamente esencial para España. En este campo, el balance de la gestión del primer Gobierno Aznar fue positivo y, en general, poco susceptible a interpretaciones ideológicas. España, por una parte, mostró una decidida voluntad de participar en la unión monetaria y consiguió cumplir los requisitos establecidos.

Por otro lado, la diplomacia española actuó también con decisión: evitó que en la cumbre de Berlín (1998) se produjera una importante reducción de los fondos estructurales y de cohesión. En este punto, la política del Partido Popular resultó contradictoria respecto a las críticas que, en el pasado, el propio Aznar había emitido contra el Gobierno socialista —en concreto, contra Felipe González—: el líder popular le reprochó aparecer como «pedigüeño» ante la Unión Europea. En todo caso, Aznar obtuvo un resultado plenamente positivo: a lo largo de los cinco años siguientes, España iba a recibir más ayudas europeas de las que obtuvo en el anterior quinquenio; otra cosa es que el monto de las mismas tendiera a disminuir y estuviera llamado a desaparecer, pero sólo en un horizonte cronológico posterior al primer lustro del tercer milenio.

Guiada por un europeísmo aparentemente inconmovible, la opinión pública no parece haber sido muy consciente de los problemas que se iban a plantear con la ampliación de la Unión Europea. La política agraria está condenada a sufrir transformaciones radicales y eso necesariamente creará una situación nueva para la que es posible que la opinión pública española no acabe de estar suficientemente preparada. En otros terrenos de la política con Europa el balance también resultó positivo. La política europea respecto al sector olivarero consiguió frenarse parcialmente gracias a la intervención de la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio.

El factor de discontinuidad con la política anterior en lo que respecta a Europa nació, aparentemente, de la sintonía con Gran Bretaña. Al margen de la amistad personal de José María Aznar con Tony Blair, el dirigente laborista británico, es posible que los matices en este campo guardaran relación con un interés creciente por defender lo nacional frente a lo comunitario, posición característica de los británicos, con independencia de su tendencia ideológica. Hay que tener en cuenta que una parte del poso ultraliberal del Partido Popular está vinculado a un género de actitud euroescéptica, muy habitual en Gran Bretaña, especialmente en los sectores conservadores. España, situada por su envergadura y por su economía al amparo de los «grandes» europeos, había tenido su aliado más lógico en Alemania, de modo que, en este aspecto, se produjo un cierto cambio que no dejó de acentuarse con el transcurso del tiempo; de Alemania proceden básicamente los fondos que recibiremos hasta el año 2007.

Una política, en fin, se define no sólo por sus preocupaciones, sino también por sus carencias. En este sentido, cabe decir que no hubo por parte de los gobernantes españoles una especial insistencia en el ideal de la construcción europea, sino que se centraron en tratar de obtener el máximo beneficio material de ella. Además, la política del primer período de gobierno del PP se caracterizó, al menos en los matices, por una visión de carácter «atlantista», bastante más acentuada que la de los gobiernos anteriores; por otro lado, tampoco se dejaron traslucir pretensiones de mantener una política «mediterraneísta». En esto también existió mayor identificación con la política británica.

Cada vez es más evidente que Iberoamérica sigue constituyendo, ahora como al comienzo de la transición, la única posibilidad de España para trascender la condición de mediana potencia regional europea. Incluso, en este terreno, se puede decir que se ha producido un cambio sustancial en la década de los noventa. Los jóvenes, entonces, mostraron un alto grado de preocupación por todo lo que acontecía en aquella zona y, por su parte, las empresas convirtieron a España en el segundo inversor en el área y en el primero de la Unión Europea. Pero, durante el primer cuatrienio de gobierno del Partido Popular, la acción del Estado pareció diluirse o desvanecerse. Así, por ejemplo, no hubo apenas programas de cooperación en materias como la formación de estudiantes universitarios o de militares —sí, en cambio, de diplomáticos—. A menudo se plantearon problemas con la presencia económica española en Iberoamérica, porque las empresas se concentraban en determinados sectores o se vinculaban a unas privatizaciones que, a menudo, generaban incrementos muy impopulares en los precios de los servicios. La propia inversión española puede verse afectada a medio plazo por esta situación. La impopularidad derivada de la actuación económica española ya ha propiciado algún conflicto en Portugal. La inversión española en el vecino país ha superado, en efecto, la inversión británica, pero ha creado problemas de anticastellanismo. En 1996, el Gobierno español hizo pública su iniciativa para celebrar una cumbre entre Iberoamérica y la UE. Parece lógico, en efecto, que España desempeñe un papel intermediario a uno y otro lado del Atlántico.

Algunos hechos, sin embargo, nublaron la relación con los países iberoamericanos. Con Cuba se atravesaron momentos difíciles en los primeros años del Gobierno del Partido Popular: la política de confrontación tuvo la culpa, y fue más por una sobrecarga ideológica que por bisoñez diplomática. Especialmente duras se hicieron las relaciones entre los dos países con ocasión de la Cumbre Iberoamericana de Chile, en noviembre de 1996; aquel proceso concluyó con la retirada de los respectivos embajadores. Algunos incidentes de carácter incluso personal entre Aznar y Castro no contribuyeron a mejorar la situación. La Fundación Hispano-cubana, que vinculaba al anticastrismo —en parte formado por ex castristas— y al PP, tampoco ejerció una influencia benéfica. Pero, tras esta tensión, las relaciones dieron un giro significativo en la XI Cumbre Iberoamericana, celebrada en noviembre de 1999, en La Habana, y se recuperó aquella relación especial que ni siquiera se había interrumpido en la época de Franco. La presencia del rey don Juan Carlos en la capital cubana fue un paso definitivo en la distensión. La política de confrontación no consiguió mejorar la aplicación de los derechos humanos en Cuba y, al mismo tiempo, tuvo como consecuencia la disminución de la influencia española en la isla. De hecho, se mantuvieron conexiones partidistas con una parte del exilio cubano que se mostraba poco propicio a una transición política pacífica —del tipo español—; en este caso, parecía más adecuado ceñirse a la propia experiencia. A pesar de la posterior normalización de relaciones, perduró en los dirigentes de la dictadura cubana el recuerdo de lo sucedido: cuando la Unión Europea decidió romper con Cuba —ya en el segundo período de gobierno del PP—, Fidel Castro acusó a José María Aznar de promover ese distanciamiento. Tal vez sea un reproche exagerado. De cualquier modo, no cabe la menor duda de que las circunstancias a finales de los años noventa exigían una política con Cuba muy distinta a la que pudo hacerse en los ochenta. Ahora Cuba no podía exportar revolución alguna. Carecía de sentido, por tanto, proporcionarle pequeños pullazos en foros internacionales. En cambio, hubiera tenido mucho más sentido ofrecer el modelo de transición española, incluso de forma indirecta, a través de vericuetos culturales, y desempeñar un papel semejante al que la Comunidad Europea representó en España a partir de 1975. No será necesario advertir que esta política, demasiado sutil, es tan fácil de proponer como difícil de ejecutar.

Por otro lado, a lo largo de 1999 las relaciones con Chile se vieron complicadas por el procesamiento de Augusto Pinochet: el juez Baltasar Garzón imputó al ex dictador chileno varios delitos y éste fue detenido en Londres. El citado juez ordenó también el procesamiento de 98 militares implicados en la represión durante la dictadura argentina y eso produjo otra confrontación diplomática. El Gobierno y la diplomacia españoles se mostraron extrañamente ambiguos y dejaron traslucir la imagen de que actuar en cualquier sentido era una injerencia en asuntos internos de otros países, especialmente de Chile y Argentina. Lo sucedido se presentó, sobre todo, como un inconveniente, frente al cual no supieron reaccionar. Se dio, por un lado, la impresión de que se podía solucionar la cuestión mediante un arbitraje, pero nunca se llegaron a asumir los costes de una actuación semejante. Habría bastado adoptar una actitud de condena de las dictaduras y de satisfacción ante el procesamiento de sus dirigentes para que la diplomacia española hubiera podido actuar de manera mucho más libre. El ex presidente González, haciendo gala de independencia y valentía, se mostró contrario a los propósitos del juez Garzón.

Finalmente, cabe señalar un último aspecto de importancia creciente en la política exterior durante la década de los noventa: la cooperación. La Ley de Cooperación para el Desarrollo fue aprobada en julio de 1998. Un año antes, España había superado con sus aportaciones la media de los países de la Comisión de Ayuda al Desarrollo, pero, probablemente, la falta de experiencia seguía impidiendo todo el aprovechamiento debido. Iberoamérica fue su principal beneficiaria.

En suma, parece evidente el creciente peso político de España en el ámbito internacional. La importancia de nuestro país en este campo no coincide necesariamente con la presencia del Partido Popular en el poder y, además, quizá no convenga sobredimensionarla ni aspirar a lo que difícilmente se puede conseguir. España, por ejemplo, no tuvo mucho protagonismo en el conflicto yugoslavo: fue el único gran país europeo que no ocupó en Kosovo una zona propia en la que sus tropas ejercieran la función tutelar de la ONU, sino que sus militares estuvieron bajo mando italiano.

Es posible que España pueda desempeñar un papel importante en el conflicto israelo-palestino; pero su mediación, en cambio, es improbable entre Israel y Siria, o en el seno de la conflictiva política rusa. De hecho, cuando el presidente Aznar visitó Damasco y Moscú, los presidentes de ambos países ni siquiera lo recibieron.

LAS SOMBRAS DE LA GESTIÓN: EDUCACIÓN Y CULTURA

Si la política económica del primer Gobierno del Partido Popular merece un juicio positivo —en líneas generales y con las salvedades indicadas— y lo mismo cabe decir de la política social —sorprendentemente y, por tanto, digna de mayores elogios—, en otros terrenos el balance fue considerablemente distinto. Bien por falta de preparación de los gestores o por intentar llevar a cabo propósitos poco justificables, más allá de la ideología, los resultados acabaron por aparecer en el saldo negativo.

Ineficiencia, sobrecarga ideológica y voluntad de ruptura a menudo estuvieron unidas y, en principio, nada hacía pensar que resultaran inevitables. Por si fuera poco, dada la carencia de mayoría parlamentaria, ni siquiera los propósitos políticos se pudieron llevar a cabo. En fin, el Partido Popular hizo gala de una perfecta desorientación en algunos campos, especialmente en materia educativa.

En este terreno, ya finalizado el primer ciclo del Partido Popular, resulta difícil encontrar un motivo de satisfacción compartido por todos los sectores ligados a la enseñanza. Más que una política educativa rupturista respecto a las anteriores, lo que verdaderamente se dio fue una aguda sensación de desconcierto gubernamental. Tal desorientación, unida a un planteamiento en exceso ideologizado, acabó por incrementar hasta límites impensables los conflictos gratuitos, incluso con sectores en principio inesperados.

Esperanza Aguirre, persona agradable y cordial, incapaz de doblez, pero también muy ideologizada en sentido ultraliberal y, por tanto, proclive a resultar sectaria contra socialistas y nacionalistas, se demostró también muy poco conocedora de materias educativas y culturales. La sobrexposición en los medios de comunicación —característica del Ministerio de Educación y Cultura— tuvo consecuencias fatales: muy pronto quedó de manifiesto su ignorancia acerca de cuestiones elementales, como en qué consiste un crédito universitario, la obra de la Generación del 98 —atribuyó una conocida obra de Baroja a Azorín— o los problemas de acceso a la Universidad. Su imprudencia, irreflexión y carencia de criterio añadieron motivos a las críticas contra su gestión y, aun ésta, se vio lastrada por un equipo ministerial heterogéneo y disperso. Tanto el secretario de Estado de Universidades como el de Cultura y el secretario general de Educación fueron nombramientos directos de Aznar, pero el presidente tampoco poseía un especial conocimiento de la materia que le permitiera tener un criterio discriminador. La heterogeneidad de procedencias unida a la carencia de conocimientos en la suprema instancia provocó conflictos sin cuento. El primero de los cargos citados pasó de marginado a ignorado y, luego, cesado; y el segundo sobrevivió merced a altos apoyos en Moncloa, pero ello tampoco le permitió realizar un programa que a la ministra ni le interesaba ni entendía. Es muy posible que Aznar estuviera muy insatisfecho con la gestión de Aguirre y que por eso acabara desplazándola a la Presidencia del Senado. La responsabilidad se transfirió después a un «peso pesado» del Partido Popular, Mariano Rajoy, que fue capaz de restablecer el diálogo con los sectores educativos y culturales después de haber renovado la mayor parte de los cargos del Ministerio.

Se da la circunstancia de que el punto de partida del PP en materias educativas no sólo no era negativo sino que podía haber aprovechado un final de etapa socialista en el que resultaba manifiesta la sensación de proyecto agotado —incluso por la escasa calidad de los gestores—. Al tiempo, cabía la posibilidad de un nuevo consenso, una vez percibidas las insuficiencias de la legislación vigente. Pero muy pronto se comprendió que el nuevo Gobierno era incapaz de aprovechar esa ventaja inicial.

Lo más característico de la política universitaria fue la más absoluta carencia de orientación y de rumbo, aun a pesar de que el primer secretario de Estado era persona informada y bien aceptada por los rectores. El momento era propicio, puesto que había llegado el momento, como sucedió en otras latitudes con la legislación universitaria previa, de corregir aspectos manifiestamente disfuncionales de la LRU (Ley de Reforma Universitaria) y de señalar como horizonte la lucha por la calidad de la enseñanza. En realidad, las iniciativas en materia legislativa o reglamentaria partieron exclusivamente de un Consejo de Universidades celebrado a fines de 1996, en que se trató del doctorado y de la reforma de los planes de estudio. Por su parte, la acción del Ministerio resultó tan desconcertada y proclive a dejar pasar el tiempo que incluso propició un retraso en el Plan de Evaluación de la Calidad de la Enseñanza Universitaria que ya estaba en marcha.

Muy pronto empezaron a producirse conflictos entre el Ministerio —o, más bien, Esperanza Aguirre— y los rectores. Si algunos de ellos, en un principio, pudieron tener una actitud benevolente, ya en septiembre de 1997 se manifestaron en su práctica totalidad en contra de la ministra. La creación de la Universidad de Elche y la tolerancia con respecto a las de Ávila y de Murcia, auspiciadas por la autoridad religiosa y carentes de sujeción incluso remota a la normativa legal, contribuyeron al empeoramiento de las relaciones. En cuanto empezaron a surgir los problemas, se trató de evitarlos por el curioso procedimiento de crear una comisión presidida por el ex ministro Luis González Seara, pero se acabó por comprobar que la idea, un tanto peregrina, no servía para nada. Lo único positivo fue que la Conferencia de Rectores empezó a desempeñar un papel creciente en la vida de la Universidad española. En el fondo, ya que se ponían tantas dificultades al ejercicio de la autonomía universitaria, la mejor respuesta debía ser asumirla y ejercerla.

Durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Ministerio, se introdujeron las dos únicas medidas aprobadas por iniciativa ministerial. La reforma de la selectividad partió de una iniciativa del Senado que propendía a disminuir los requisitos de entrada en la Universidad. En realidad, al potenciar la calificación del bachillerato, supuso una concesión a la enseñanza privada y una actitud condescendiente que difícilmente favorecía la calidad. El descenso de la natalidad tenía ya a estas alturas un efecto manifiesto sobre el menor número de ingresos en la Universidad y la creación de un distrito abierto debe considerarse como la única medida verdaderamente positiva en lo que hace a la política universitaria de la primera etapa del gobierno del Partido Popular. La escasez de propuestas y de acciones contrasta fuertemente con la acuciante necesidad de reformas: otros países modernizaron su legislación sobre materias universitarias en aquellos años. Por otro lado, la exigencia de la calidad se convierte en una cuestión económica si tenemos en cuenta que, en España, el presupuesto universitario estaba en un 50 por ciento por debajo de la media de la Unión Europea.

En cuanto a la educación secundaria, gran parte del debate político se centró en la reforma de las Humanidades. La discusión no puede entenderse como una cuestión puramente técnica, sino como un incidente relacionado con el debate sobre la pluralidad española. En el fondo, lo que latía en el propósito de modificar los planes de estudio en estas materias era el convencimiento de que las Comunidades Autónomas regidas por nacionalistas auspiciaban un tipo de enseñanzas erróneas y gravemente inconvenientes para la solidaridad nacional española. Sin duda, esta preocupación podía tener justificación, pero nunca fue posible conocer la magnitud del problema porque el Ministerio dirigido por Esperanza Aguirre —que pronto consideró esta cuestión como la principal de sus prioridades— impidió que se examinara con objetividad la realidad de la enseñanza de las Humanidades en España. Un estudio serio o un «libro blanco» hubiera puesto de relieve la verdadera cara del problema y hubiera permitido una comparación ajustada con lo que sucedía en otros países. Muy pronto se advirtió que el elemento crucial era la enseñanza de la Historia: a través de esta disciplina se fundamentaba la conciencia nacional.

En fin, Esperanza Aguirre quiso presentar en el Parlamento su nuevo Plan de Humanidades. Al error de no contar con un estudio previo, la ministra sumó un optimismo excesivo: carecía de votos en el Congreso para que esa medida pudiera salir adelante con el asentimiento de las fuerzas políticas. Se trataba, naturalmente, de una materia crucial para todos los grupos nacionalistas. Además, no hubo un debate generalizado y público, y los posibles cambios de horarios para las distintas asignaturas introdujeron conflictividad en otros apartados de los programas. El de Historia pretendió ser mucho más pormenorizado y se exigió el estudio de 174 enunciados en vez de los 25 vigentes. La pretensión del Ministerio fue imponer este nuevo temario sin más y, cuando descubrió la tormenta que se había originado, pareció asombrarse. Pero ya en octubre de 1997 los responsables de la Generalitat afirmaban que la ministra pagaría caro el Plan de Humanidades; y, a los tres meses, una proposición del PSOE, al principio tentado al colaboracionismo con el PP pero con escaso éxito, logró el apoyo de Izquierda Unida y los nacionalistas y obligó a retirar la medida en cuestión.

A partir de ese momento, el debate tuvo que encauzarse en otra dirección. El Ministerio nombró una comisión presidida por el ex ministro centrista Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona para dictaminar sobre el particular y proponer soluciones. El resultado no fue muy clarificador, pero al menos encauzó el debate hacia una serie de recomendaciones aceptadas por todos. Mientras tanto, la publicación de unos seiscientos o setecientos artículos periodísticos sobre esta cuestión trasladó lo que debía haber sido una ordenada discusión entre expertos a una arena pública en que se opinaba a menudo sin la adecuada fundamentación, de forma en exceso politizada y sin esperanza de llegar a un acuerdo. Con el paso del tiempo, la contienda se fue apagando en los medios de comunicación, pero ello no implicaba ni acuerdo ni coincidencia entre quienes participaron en la disputa.

Si ésta fue la gran cuestión durante la etapa ministerial de Esperanza Aguirre, también otros aspectos de la educación secundaria resultaron polémicos. En realidad, los responsables educativos mostraron un claro deseo de modificar la LOGSE, pero también una paralela desorientación respecto al modo como llevarlo a cabo. Como prueba de la división del Ministerio, el propio dictamen acerca de la situación de este nivel de enseñanza llegó a desdoblarse en dos: los gestores más liberales —y más cercanos a Aguirre— patrocinaron un estudio sobre valoración del sistema educativo, realizado por una empresa de consultoría; en la institución oficial dedicada al diagnóstico sobre materias educativas, por su parte, se publicaba otro. El segundo análisis era menos negativo de lo esperado y, por lo tanto, resultaba insatisfactorio para el sector liberal cercano a la ministra. Hubo también una reapertura del debate sobre la enseñanza de la religión: el Episcopado exigió una evaluación en el expediente académico de los estudiantes que optaran por ella, pero tampoco aquí se tomó ninguna decisión. Mas como no todo había de ser irresolución, también hubo cierta continuidad —como en el caso de la Universidad—, como se demostró en la aprobación del segundo Plan de Formación Profesional.

Con todo, quizá el hecho irreversible en materia de educación secundaria fue el traslado de las competencias estatales a las Comunidades Autónomas, ya previsto con anterioridad. Como en tantas otras ocasiones, el problema de las transferencias estaba relacionado con la financiación y ésta, para muchos, resultaba insuficiente. En el seno de la Unión Europea, España ocupaba el antepenúltimo puesto por lo que se refería al gasto en educación secundaria per cápita: difícilmente podía considerarse una nación ejemplar en esta materia.

El acceso del Partido Popular al poder tuvo lugar en unas circunstancias culturales a las que hay que dedicar algún espacio para poder llegar a establecer un balance de su gestión en la materia. La democracia política coincidió —y no se debe pensar que fuera por casualidad— con un fenómeno de socialización o popularización de la cultura. La consecuencia fue un mayor nivel de exigencia en la oferta cultural y, en definitiva, la creación de un «Estado cultural», dotado de las necesarias infraestructuras. Aunque este proceso se realizó en gran parte durante la etapa socialista, ya en la transición propiamente dicha se había producido un cambio sustancial en la relación entre la Administración y el mundo cultural, además de una recuperación de la cultura vinculada al mundo político de la oposición. Existió, durante todos esos años, una sustancial continuidad en la política cultural, tanto en lo que respecta a los contenidos de las dos disposiciones citadas como en la creación de una infraestructura cultural.

Al Partido Popular no se le puede reprochar que no haya renovado el marco legal de la gestión cultural, puesto que no era necesario, al menos en sus aspectos esenciales. En cambio, la profesionalización de dicha gestión —en la que se había avanzado notablemente, aunque con más lentitud de la exigible— sufrió un evidente retraso. Por más que el Partido Popular rectificara parcialmente el rumbo al final del período, resulta difícil atribuirle algún mérito en este sentido.

El adanismo, es decir, la pretensión de descubrir Mediterráneos, poco justificable si quien adopta esta actitud no tiene ni la formación, ni la experiencia ni tan siquiera el hábito de dedicarse al mundo de la cultura, fue un pecado capital del Partido Popular. Estar en la oposición había fomentado en el grupo una propensión a la desmesura no compensada por el conocimiento. Durante los años de oposición, el ahora principal responsable de la gestión cultural —el secretario de Estado— había hablado del «irresponsable abandono» en que, según él, estaba sumido el patrimonio cultural. Peor fue que, ya en el poder, insinuara que «hubo interés en incrementar los gastos de la reforma del Teatro Real», sugiriendo la inapropiada utilización de fondos públicos. Sólo a partir de octubre de 1997 se produjo un cambio en el tono: hizo mención al pasado e incluyó una alabanza a Carmen Alborch, la anterior responsable de la política cultural socialista. Pero, para apreciar el verdadero cambio en este terreno, hubo que esperar bastante tiempo más.

Al adanismo hubo que sumar unas gotas de pretenciosidad, un exceso de sobrecarga ideológica y una vocación pendenciera. Aznar hizo en su momento la rotunda afirmación de que la cultura iba a ser la segunda prioridad de su Gobierno. Era un buen propósito, pero demasiado obvio. Declarar que el Museo del Prado debía ser «el buque insignia de la cultura española» rayaba lo perogrullesco, porque eso siempre ha sido evidente. Fue aún más inapropiado —y pretencioso— tratar de justificar el deseo de prolongar el mandato político propio con el argumento de conseguir acabar las obras del primer museo nacional, o afirmar que «quiero que España sea el foco de irradiación y sensibilidad cultural que nos corresponde ser y me estoy preocupando personalmente de ello».

La sobrecarga ideológica con la que trató los problemas culturales tampoco benefició al Partido Popular. Siempre es peligroso atribuir a la cultura el cumplimiento de una especie de fin político —inconveniente en el que, por lo demás, suele caer la izquierda—. Pero no es menos grave atribuir al adversario un perjuicio inevitable e irreversible para la cultura como resultado de su ideología. También es muy delicado gestionar materias culturales tratando de aplicar un esquema ideológico preconcebido y simplificador. En una ocasión solemne, Aguirre atribuyó al PSOE una «fatal arrogancia» en su política cultural, utilizando para ello el título de un conocido libro de Hayek, mentor inevitable de ultraliberales. Este tipo de sobrecarga ideológica fomentó descalificaciones muy subidas de tono: se llegó a afirmar que «a Felipe González la política cultural le importa un bledo», o que España vivió durante su Gobierno con una cultura «sujeta a nóminas». No obstante, lo más grave y contraproducente fue enfrentarse a problemas graves aplicando un esquema previo simplificador. Y ésa fue la actitud del secretario de Estado de Cultura: apenas ocupó el cargo, se revolvió contra cualquier medida proteccionista del cine español. Para él, los trece últimos años habían sido los peores del cine español, precisamente, como consecuencia del exceso de proteccionismo. «El PP nos ha puesto un verdugo», llegó a afirmar el director Pedro Almodóvar.

Cierto es que con el paso del tiempo esas actitudes se moderaron considerablemente. Pero es preciso tener en cuenta también una realidad complementaria: el fervor ideológico de los responsables de la Administración cultural se explica en la desmesurada influencia de un sector muy minoritario del mundo intelectual español. Los neoliberales se habían convertido en lo que podríamos denominar «los intelectuales de la situación», citados y tomados como punto de apoyo de quien se sentía un tanto indigente pero estaba presto a cubrir sus insuficiencias con fórmulas simplificadoras. En cambio, la calidad personal contaba poco.

El Partido Popular, que, por supuesto, no fue el primer partido que ha actuado de este modo, inauguró su gestión provocando la dimisión de Stéphane Lissner en la dirección del Teatro Real. Dignas de rubor ajeno son las razones esgrimidas: «Dimití al darme cuenta de que la batalla de la calidad estaba perdida», dijo el ex director del teatro madrileño.

Todos estos inconvenientes, que no desaparecieron por completo, se paliaron mucho cuando Mariano Rajoy se hizo cargo del Ministerio. A la hora de valorar la política educativa y cultural del Partido Popular durante el primer cuatrienio, es muy revelador el hecho de que haya sido la única responsabilidad ministerial en que una persona tan poco propicia a los cambios como Aznar ejecutara uno de carácter sustancial. Rajoy era uno de los mejores políticos del partido, muy alejado de los defectos señalados, como la sobrecarga ideológica, el sectarismo en materias personales o la pretenciosidad. Además, se correspondía bastante bien con un modelo de gestor en política cultural que ya había dado buen resultado en el pasado. Personas propicias al consenso y al diálogo, sin ser especialmente versadas u originales en materias culturales, como Íñigo Cavero o Javier Solana, llevaron a cabo una gestión muy aceptable al frente de la cartera de Cultura. Con Mariano Rajoy al frente del Ministerio de Educación y Cultura, el gusto por la pendencia y el alboroto desapareció del Ministerio.

En materia cultural, cabe detenerse en algunos aspectos organizativos y presupuestarios relevantes. En parte por el deseo de reducir el número de carteras ministeriales y en parte atendiendo al argumento según el cual no se podía hacer política cultural desligada de la educativa, la llegada del Partido Popular al poder supuso la desaparición del Ministerio de Cultura. La idea era, en principio, bastante adecuada, porque así se conseguiría la necesaria coordinación entre dos áreas colindantes. Pero el hecho es que todos los países de la Unión Europea tienen un Ministerio de Cultura; y Alemania, que era el único que no lo tenía, lo creó por esas fechas. En la práctica, aun siendo decrecientes las competencias culturales y educativas de la Administración central, cualquiera que conozca la agenda de un titular de esas dos responsabilidades sabe que a una sola persona le es casi imposible atenderlas adecuadamente. Se puede pensar, por otra parte, que el hecho de crear una comisión delegada del Gobierno para asuntos culturales puede compensar con creces la ausencia de un Ministerio específicamente dedicado a estas materias. Pero ese organismo mantuvo pocas reuniones y no es seguro, ni mucho menos, que la mayor parte de sus componentes se vieran realmente implicados en la supuesta preocupación gubernamental en este campo. En cambio, la creación del citado organismo obligó al presidente del Gobierno a ejercer como una especie de «ministro de Cultura bis»; al menos, así se explicaba en una biografía oficial. En fin, José María Aznar multiplicó las declaraciones relativas al mundo cultural y se esforzó en aparentar una dedicación que a la mayoría de los realmente informados les parecía impostada. Resulta muy dudoso que de esta comisión se haya extraído algo positivo.

Aunque los partidos políticos suelen ofrecer versiones divergentes de los hechos, es difícil encontrar un ejemplo más patente de esa realidad que los presupuestos de Cultura durante aquellos años. Por ejemplo, hasta 1997, el Partido Popular había conseguido mantener las cantidades reservadas en los presupuestos al pago de la colección Thyssen, pero llamó la atención sobre lo elevado de los incrementos en determinadas partidas para el presupuesto de 1998. Es evidente que para cualquier gobierno hubiera sido imposible reducir el presupuesto de Cultura tras la adquisición de la colección Thyssen —y aún más en época de prosperidad económica—. Desde un principio, por tanto, cupo pensar que esos presupuestos se consolidarían. Los socialistas recordaron, por otro lado, que el Partido Popular, apenas llegó al poder, había rebajado el presupuesto de Cultura en 2.000 millones; criticaron también la reimplantación de la entrada en los museos estatales, medida que, sin embargo, fue tan correcta como inapropiada había sido la gratuidad. Menos correcto parece el elevado incremento de precios que se produjo en el segundo período legislativo. Para los socialistas, además, era especialmente grave la rebaja presupuestaria de 1.200 millones —para el año 2000— respecto a los últimos de la etapa socialista. De cualquier manera y como resumen final, conviene recordar que en 1997, el primer año en que la responsabilidad de gestión fue del PP, el presupuesto de Cultura ascendió a 60.000 millones, con una disminución del 7 por ciento; en 1999, se elevó a 64.000 millones de pesetas. Este proceso representaba, en realidad, un estancamiento en retroceso que sólo quebró en los presupuestos previstos para el año 2000, cuando la cantidad destinada a Cultura alcanzó los 83.000 millones. De estas cifras se deduce, en primer lugar, que el incremento de gasto en cultura fue, sobre todo, durante la primera legislatura del PP, una promesa de futuro. El nivel de gasto público en cultura en España estaba en el año 2000 muy por debajo del 1 por ciento de la media de los presupuestos en los países europeos.

Ya que el Museo del Prado fue considerado «buque insignia» de la cultura española, bueno será empezar aquí un recorrido pormenorizado por las principales instituciones culturales españolas. El principal interés del Partido Popular en el Museo del Prado radicó en un cierto deseo de «apropiación» y utilización. Al mismo tiempo, como no quedaba otro remedio, se mantuvo la continuidad respecto del pasado en el propósito de ampliarlo. Con una voluntad expeditiva y sin consenso, se anuló el concurso anterior y se optó por una solución discutida: la ampliación hacia el Monasterio de los Jerónimos; ello no significa, de todos modos, que la labor del arquitecto Rafael Moneo se pusiera en tela de juicio. Más grave fue crear una comisión permanente del Patronato con poderes ejecutivos muy amplios y, al mismo tiempo, formada por personas muy ocupadas —abogados, principalmente—pero carentes de dedicación profesional al Museo. El resultado fue tal que dejó replanteada la cuestión de cómo regir el museo, cuestión que en la actualidad aún sigue viva. De la pinacoteca cabe decir que permaneció en una situación tan inestable como discutida durante esta primera etapa de gobierno de la derecha. Lo más grave es que revelaba una confusión muy peligrosa entre el ámbito público y el privado.

Con respecto al Centro de Arte Reina Sofía, su creciente importancia como museo —es decir, conjunto de colecciones históricas— obligaba a pensar en un tipo de responsabilidad en la dirección mucho más vinculada al mundo de la Historia del Arte, y encontró en su director un buen ejemplo. La ampliación del Museo Thyssen-Bornemisza con la colección de la baronesa constituyó una buena noticia, pero, en este caso, como en el de la propia ubicación de la colección del barón en España, es preciso esperar al resultado final de la operación. Los problemas de los museos provinciales nacieron de su dependencia de la Administración autonómica, a veces muy partidista; no existe una entidad que los agrupe y defienda su gestión profesional y sus intereses culturales.

Será interesante detenerse ahora, siquiera brevemente, en las industrias culturales que sirven de apoyo a la creatividad actual. En este terreno, los gestores de la Administración cultural provocaron también una conflictividad gratuita que se fue atenuando con el transcurso del tiempo.

La identificación del proteccionismo con la falta de creatividad provocó una temprana confrontación entre el Ministerio y el mundo del cine. Sólo en marzo de 1998 la Federación de Asociaciones de Productores Cinematográficos informó de que sus relaciones habían mejorado, entre otros motivos, debido a una promesa de desgravación fiscal a partir de 1999. En efecto, se articuló un sistema que hacía posible una deducción del 5 por ciento de la inversión realizada; además, las productoras podían desgravar un 20 por ciento de sus beneficios. El Fondo de Protección a la Cinematografía pasó en el período 1998-2000 de 3.500 a 5.500 millones, aunque está muy lejos de las cifras de Francia, Alemania o Italia. El compromiso de las televisiones con la producción cinematográfica siguió siendo mucho más modesto también que en otras latitudes. El giro —positivo aunque tardío— de la Administración cultural del Partido Popular se sumaba a las acciones de otras administraciones de este partido, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que había desempeñado un papel decisivo en la creación de la Ciudad de la Imagen, una iniciativa pública que favorecía esa industria cultural.

Un segundo conflicto gratuito, luego encauzado, se produjo en relación con la industria del libro. Sólo un extremado grado de incomunicación entre la Administración y el sector editorial, indignado por un proyecto de descuentos en los libros de texto, puede explicar que en octubre de 1997 se hiciera público un manifiesto en defensa del libro. Numerosas firmas importantes se adhirieron a la protesta. Una mezcla de ignorancia, sobrecarga ideológica e incapacidad para dejarse aconsejar fue la causante de esa actitud gubernamental. Este género de tentaciones se prolongaron hasta fechas recientes. El Partido Popular introdujo una enmienda en la Ley de Propiedad Intelectual, en diciembre de 1999, que estuvo a punto de producir un perjuicio grave a los autores musicales en sus derechos por comunicación pública —uso de radio y televisión en locales públicos—. Este error se produjo, simplemente, por el hecho de prestar mayor atención a la Federación Española de Hostelería y Restauración que a la Sociedad General de Autores y Editores.

No cabe la menor duda de la existencia de una propensión centralista en no pocos de los dirigentes del PP, especialmente en el sector ultraliberal. Como es lógico, la carencia de una mayoría parlamentaria propia impidió que esos sentimientos se tradujeran en el terreno de la política práctica. Lo que sí se propició, sin embargo, fue un incremento de dificultades en el cumplimiento del precepto constitucional que prescribía la obligación estatal de mantener en comunicación las culturas españolas.

Ya en la etapa precedente había estallado una fuerte polémica acerca de la documentación de la Generalitat de Catalunya incautada al final de la Guerra Civil y depositada en el Archivo de Salamanca. Ante el rumbo que estaba adquiriendo la disputa, la Junta Superior de Archivos propuso para resolverla una fórmula que supondría crear un verdadero Archivo de la Guerra Civil, con amplia dotación, y sugirió un depósito parcial de fondos en el Arxiu Nacional de Catalunya. En junio de 1999 se constituyó el Patronato del Archivo de la Guerra Civil, aunque con escasísima presencia de historiadores. Respecto a la segunda fórmula, en absoluto se tuvo en cuenta la propuesta de la Junta. Otro ejemplo: con ocasión de la apertura del Museo Guggenheim de Bilbao, se negó cualquier posibilidad de trasladar el Guernica de Picasso a la ciudad vizcaína; se podía haber optado por una actitud más diplomática y abierta.

Una vertiente más de la política cultural desarrollada por el Partido Popular en el poder se refiere a su peculiar visión acerca de la relación entre lo público y lo privado. Más a menudo de lo que hubiera sido deseable, los límites entre estos sectores fueron imprecisos o discutibles. Así se explica, por ejemplo, el depósito de la colección de Telefónica, una empresa pública recién privatizada, en el Reina Sofía, con lo que se valoraron automáticamente unas obras que luego podían venderse. Aún otro ejemplo: las fundaciones de algunas empresas privatizadas siguieron manteniendo una relación de dependencia respecto de la Administración cultural y sus propósitos políticos. Quizá el aspecto en que de forma más clara se reveló el difuso límite entre lo público y lo privado fue en los patronatos de grandes instituciones culturales. Ya en el pasado, la Administración cultural española cometió el error de crear seres híbridos o monstruosos: ni se correspondían con el modelo de un patronato «a la americana» —formado por mecenas sin conocimientos específicos ni responsabilidad en la gestión— ni se utilizó el sistema europeo —casi exclusivamente compuesto por especialistas—. En este campo, las fórmulas mixtas sólo generan frustración: empresarios que pretenden ejercer de directores de museos, pintores que seleccionan los cuadros que deben comprar las colecciones públicas, juntas en que sólo hablan los especialistas pero que sirven para que el resto de los asistentes se sientan confortablemente barnizados por una apariencia de cultura, etcétera. El Patronato del Museo Reina Sofía es un ejemplo: difícilmente pudo cumplir su misión, ya que fueron marginados los historiadores del arte.

Por otra parte, las instituciones culturales corren un grave peligro a la hora de formar los organismos asesores: las fuerzas políticas pueden llegar a un acuerdo, pero ello no implica una gestión adecuada. En este punto, es necesario partir de otros criterios cuyo fundamento sea principalmente apartidista. Al final de la legislatura socialista anterior, por ejemplo, se había llegado a una especie de acuerdo entre los dos grandes partidos sobre el Museo del Prado —luego, hasta cierto punto, se extendió a otros grandes museos—. El reparto de las instituciones culturales —y de muchas otras— entre los grupos políticos constituye uno de los peligros más graves en las democracias, pues suele degenerar en una disminución del nivel de exigencia para esos cargos. El consenso en la forma de dirigir las instituciones culturales mediante asesores debería basarse, en primer lugar, en la calidad profesional de los gestores; sólo después debería tratarse la composición concreta de esos organismos.

Sin duda, la cultura española es una de nuestras mejores cartas de presentación en el mundo. Para cualquier Gobierno resulta patente esta realidad y, en conjunto, durante esta primera etapa del Partido Popular, se produjo un importante esfuerzo colectivo por potenciar su impacto en otras latitudes. Pero, al margen de una cierta coordinación de la presencia cultural en el exterior, poco se avanzó por el momento.

Al final de aquel período del Gobierno popular predominaba una sensación de frustración en lo referente a la gestión cultural. Algunos de los peores temores anunciados por la izquierda no se cumplieron: no cabía percibir reaccionarismo rampante ni desmantelamiento de grandes proyectos culturales precedentes. Pero resultaba profundamente frustrante comprobar que habían sido necesarios varios años y un cambio ministerial para conducir esta importante parcela de la gestión política por caminos de normalidad y de una modesta esperanza de futuro. Ahora, los gestores del PP eran mejores que cuando llegaron al poder, pero podrían haber ahorrado al país la exhibición de sobrecarga ideológica, pendencia gratuita y falta de criterio. Sin necesidad de oscurecer demasiado las tintas, puede decirse que la gestión cultural de estos años se cuenta entre las peores del período democrático.

UNA REFORMA PENDIENTE: JUSTICIA

Como ha escrito José Juan Toharia, el año 1999 concluyó con dos hechos especialmente relevantes: estuvo a punto de producirse una huelga de jueces, por problemas retributivos, y el presidente —y aun del pleno— del Consejo General del Poder Judicial estuvo en trance de plantear su dimisión, por la falta de respuesta del Gobierno a las peticiones de reforma. Estos datos ya constituyen una prueba convincente de que la actuación del Gobierno del Partido Popular, en este campo, difícilmente puede considerarse positiva.

Los males de la Justicia española eran, a la altura del año 1996, bien conocidos y los grupos políticos coincidían en buena parte en su evaluación. En primer lugar, la lentitud de su funcionamiento era objeto de gran preocupación. (En este punto, el Tribunal Supremo recibía todas las miradas). En España, sólo la Justicia laboral era ágil en esa fecha; el resto distaba muchísimo de merecer este calificativo, esencial para cumplir con las obligaciones que ordena la Constitución. En gran parte, la lentitud judicial se debía al incremento de la litigiosidad: el número de asuntos con los que se enfrentaron los tribunales era creciente. Por ejemplo, en el Tribunal Supremo aumentaron las causas en un 50 por ciento en los diez últimos años.

En segundo lugar, existía también un problema derivado de la intromisión de la política en el Poder Judicial. Este conflicto derivaba de la larga etapa de hegemonía de los socialistas en el poder: aparte de introducir una discutible elección parlamentaria de los miembros del Consejo del Poder Judicial, el Gobierno socialista utilizó de forma partidista la Fiscalía General del Estado, hasta el extremo de poner al frente de la institución a una persona que ni siquiera reunía los requisitos necesarios para ejercer el cargo —como era de dominio público y así lo acabó dictaminando el Tribunal Supremo—. Además, el conjunto de las fuerzas políticas había demostrado una manifiesta incapacidad para definir un sistema de Justicia que pudiera resultar estable y duradero de acuerdo con los principios constitucionales. Sin embargo, era evidente que los grupos políticos coincidían en la necesidad de que la Justicia contara con más medios: era la única solución para que pudiera cumplir sus fines.

Ante esta situación, el Partido Popular entendía que se podía llevar a cabo un programa regenerador si el timón de la Justicia se dejaba en manos expertas. La profesionalización del cargo de Fiscal General del Estado y un nuevo método de elección del Consejo podrían haber contribuido a crear más confianza en la Justicia y, así, tal vez se habría podido cerrar definitivamente el sistema judicial. Pero falló la primera premisa: la ministra Margarita Mariscal de Gante era persona de muy escaso prestigio en un sector de la Administración pública, y debe tenerse en cuenta que éste es un factor político imprescindible. La conflictividad no decreció y su capacidad de cerrar el modelo judicial español de acuerdo con la Constitución se demostró muy limitada.

Verdad es que, de acuerdo con la Carta Magna, el papel del Ministerio de Justicia es limitado, porque el Poder Judicial español tiene una autonomía muy considerable, superior al que se da, por ejemplo, en Francia. He aquí una muestra: el Consejo General del Poder Judicial decidió la atribución de dieciséis millones anuales de pesetas de sueldo a los magistrados del Tribunal Supremo; el presidente del Gobierno cobraba doce millones al año. La ministra de Justicia se enteró de esta decisión a través de los medios de comunicación, por tanto, sin previa comunicación del Consejo.

Esa medida pudo parecer corporativista e injustificada. Adviértase, sin embargo, que estuvo motivada por el deseo de mantener a los magistrados en una situación que impidiera la fuga hacia el ejercicio privado de la abogacía. También debe tenerse en cuenta que, bajo la Presidencia de Javier Delgado Barrio, el CGPJ supo evitar casos bochornosos —como la presencia en sus filas de jueces como Pascual Estivill—, mediatizaciones políticas demasiado patentes y escandalosos repartos del poder por cuotas. Sin duda fue esto último lo que tuvo un efecto más pernicioso en el funcionamiento del Poder Judicial. En cambio, el Consejo fue capaz de proponer más de un centenar de medidas para la mejora del funcionamiento de la Justicia española durante el período de Gobierno del Partido Popular. El problema fue que el propio Consejo necesitaba una reforma que lo configurara definitivamente, pues, por ejemplo, carecía de reglamento. Lo lógico sería que el CGPJ se renovara sólo parcialmente, de manera que se mantuviera cierta continuidad de un mandato a otro; debería tener también más facultades disciplinarias y aplicar las que tenía con mayor asiduidad. Finalmente, debería ser posible encontrar un procedimiento mixto para la elección de vocales del Consejo que permitiera, asimismo, un acuerdo estable entre las diferentes formaciones políticas.

Otro problema grave y no resuelto durante la primera etapa legislativa del Partido Popular fue el relativo al ministerio fiscal. Si en la etapa socialista la Fiscalía había estado muy sujeta a consideraciones políticas y estuvo ocupada por personas que no pertenecían a la carrera fiscal —e incluso, como se ha indicado, por una que carecía manifiestamente de las condiciones legales para ocuparla—, ahora se consideró la necesidad de que se tratara de un profesional de dicha carrera. Pero, al cabo de poco tiempo, se descubrió que ésta podía ser condición oportuna, pero ni mucho menos suficiente para que la institución funcionara apropiadamente. Así se pudo constatar cuando, en mayo de 1997, se produjo el cese de Juan Ortiz Úrculo como fiscal general del Estado y la sustitución de la fiscal María Dolores Márquez de Prado en la Audiencia Nacional. Estas decisiones tal vez se tomaron en el Consejo de Ministros y en contra de la propia opinión de la ministra del ramo. Tales acciones políticas descubrieron esencialmente una indefinición conceptual de la relación entre el poder político y la fiscalía, y así se demostró, casi de inmediato, cuando fue nombrado un nuevo fiscal, Jesús Cardenal, mucho más dócil y caracterizado por unos planteamientos ideológicos profundamente conservadores. En su mandato no disminuyeron los conflictos en el seno de la carrera fiscal, lo cual ratifica la sensación de indefinición referida.

El poder político siempre propenderá a que la Fiscalía esté sometida a su influencia y siempre, en esta situación, se encontrará con la dificultad de establecer una relación de dependencia entre el conjunto de los fiscales y el fiscal general del Estado, sobre todo cuando el nombramiento de este último se debe al Gobierno. En realidad, el fiscal general del Estado no debe ser independiente sino imparcial y, como es lógico, debe en todo someter su actuación al principio de legalidad. Por más que el fiscal proceda de la carrera, si no se parte de esta idea, será por completo imposible que la institución funcione y, sobre todo, que quede perfectamente delimitada la frontera entre la política y la defensa de la legalidad. En suma, la cuestión que se plantea es la relativa al procedimiento de nombramiento de este cargo. Quizá un fiscal general nombrado para cinco años, con mayoría cualificada e inamovible, sin intervención del Parlamento —así se había propuesto ya en la época—, reuniera mejores condiciones para cumplir las condiciones requeribles de tan importante cargo.

Así las cosas, se comprende la pobreza del balance que el Partido Popular obtuvo en esta área de la acción gubernamental. A lo largo de esta etapa de gobierno se sumaron a la administración judicial unos 3.400 funcionarios nuevos, incluidos 500 jueces y magistrados y algo menos de 200 fiscales, y se gastaron unos 14.500 millones en inversiones. Se aprobó una Ley Orgánica del Poder Judicial que, entre otras cosas, establecía un plazo de inhabilitación para aquellos jueces y magistrados que, habiéndose implicado en tareas políticas, decidieran regresar al ejercicio judicial. (La legislación tenía, en este punto, una laguna considerable). También se dieron pasos importantes para la aprobación de una Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero todas estas medidas resultaron francamente insuficientes si tenemos en cuenta la magnitud de la tarea que hubiera podido realizarse. Ni se superó la relativa indefinición del modelo judicial ni se resolvió el problema de la lentitud en la Justicia. Sobre este punto eran ya abundantes las propuestas: estimular el rendimiento de los jueces; reorganizar la oficina judicial; introducir el modelo acusatorio, en especial, en la Justicia penal, o regular el sistema de traslados de los jueces de modo que se adaptara a las necesidades del sistema judicial y no a los intereses de los funcionarios. Ésas parecían las soluciones más adecuadas; en cambio, fue un error incrementar el número de los jueces sustitutos en los últimos años del siglo: los jueces sustitutos dictaban una de cada cuatro sentencias en los tribunales españoles. Pero, en el año 2000, el Gobierno del Partido Popular no había dado ninguna respuesta a toda esta problemática, de tal modo que la situación era idéntica a la existente cuando comenzó su gestión.

UN NUEVO CAMPO DE ACCIÓN: MEDIO AMBIENTE

Sin duda, la creación del Ministerio de Medio Ambiente fue una buena idea inicial del Gobierno de José María Aznar. Desde hacía mucho tiempo se venía exigiendo una medida semejante. Isabel Tocino fue la persona elegida para dirigir la nueva institución. Es muy posible que su presencia en el Gobierno de Aznar fuera inevitable, dado que había sido candidata a la dirección del partido con anterioridad; pero sus conocimientos y capacidades generaron desde el principio serias dudas en los sectores especializados. A la ministra se le concedió un tiempo de aclimatación muy generoso que al final concluyó en el desengaño absoluto. La capacidad de un ministro para ocupar tal puesto, de entrada, es difícil de determinar; en el caso de la titular de Medio Ambiente, en apariencia al menos, podía haberse puesto al día en un plazo de tiempo corto, aunque se tratara de una materia de la que, objetivamente, sabía poco. (Esta puesta al día inmediata, entre las ministras de Aznar, sólo se produjo en Loyola de Palacio). Isabel Tocino, sin embargo, no lo consiguió.

La creación del Ministerio estaba justificada: en España, el medio ambiente ha sido y es un problema grave. El crecimiento, muy rápido y en un plazo de tiempo muy corto, se ha hecho en España a expensas de la naturaleza. En el litoral mediterráneo, por ejemplo, se han contabilizado hasta 160.000 viviendas ilegales. En este sentido —y al margen del desastre irreversible producido a partir de los años sesenta—, resulta obvio que puede estarse llegando a la saturación. Alicante es probablemente el ejemplo más patente de destrucción de la naturaleza: en esta provincia se produjeron incluso cortes en el fluido eléctrico durante el verano como consecuencia de la incapacidad de las instalaciones existentes. Algo parecido había sucedido en Baleares, donde la conciencia ecológica sacó a 30.000 personas a la calle en manifestación para protestar contra la agresión medioambiental. España contamina cinco veces más que la media de los países desarrollados y padece otros problemas graves, como casi todos los relacionados con el agua. Como contrapartida, no viene mal recordar que España tiene también más diversidad ecológica que cualquier país europeo y que el 18 por ciento del territorio nacional está bien defendido gracias a la aplicación de la legislación en materia de zonas reservadas o protegidas.

Los peores inconvenientes de la gestión de Tocino radicaron en que sus insuficiencias no le otorgaron ni confianza en sí misma, ni capacidad de selección de sus colaboradores, ni humildad. Una profunda inestabilidad caracterizó su paso por el Ministerio: nombró y cesó a cuatro jefes de prensa y se vio obligada a admitir también la dimisión de buen número de altos cargos. En el Consejo Asesor de Medio Ambiente, formado por entidades no gubernamentales, aparte de los sindicatos y la Universidad, Tocino trató de imponer una línea propia, empleándose en una confrontación gratuita y autodestructiva: tal vez no advirtió que, en todo lo relacionado con el medio ambiente, resulta imprescindible el apoyo social. La carencia de capacidad de diálogo con las Comunidades Autónomas —las competencias en este punto están transferidas— fue especialmente grave. Al Estado, en esta materia —como en tantas otras en la España actual—, lo único que cabe atribuirle es una tarea de coordinación y planificación, o de ayuda en momentos de crisis, pero ésta debe partir de la profesionalización de la Administración central y de la competencia de quien esté al frente. Hasta el momento, nunca ha habido criterios básicos conservacionistas de carácter estatal: parece imprescindible, pero tiene que ser objeto de acuerdo. Resulta inevitable que, a medio plazo, existan sensibilidades divergentes, sobre todo si determinados grupos dedicados casi exclusivamente a la protección de la naturaleza llegan al poder, como sucedió en Baleares hasta 2003.

Y, en fin, el acuerdo resulta necesario teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias. El Ministerio de Medio Ambiente disponía en 1996 de unas cifras en teoría importantes: 300.000 millones de pesetas de presupuesto; pero, en realidad, casi la mitad del mismo estaba destinada a obras hidráulicas y el 30 por ciento lo gastaba la pura administración. De todos modos, en una materia como el medio ambiente no siempre lo esencial fue contar con presupuestos suficientes. Algunas de las medidas positivas de la etapa de gobierno del Partido Popular no fueron el resultado del gasto público —en realidad, se deben más a la pura administración que a la gestión política de Isabel Tocino—. En efecto, en relación con la educación medioambiental, se publicó un «Libro blanco» cuyo contenido era correcto, según el juicio de las organizaciones ecologistas, pero que no tuvo repercusión alguna en la enseñanza real impartida en las escuelas. También el Plan de Residuos pudo considerarse en su momento como una medida positiva. La estrategia forestal y la relativa a la defensa de los humedales merecieron idéntico juicio. Quizá una de las medidas más positivas que se tomaron en este período fue la creación de una sección de la Guardia Civil dedicada a los delitos ecológicos, bajo la denominación de Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza). Con todo, la aplicación de las leyes en la conservación de la naturaleza siempre ha sido deficiente: lo característico en España es la existencia de muchas decenas de miles de denuncias y tan sólo unas docenas de condenas. Además, nunca se aplicó la responsabilidad civil en materia ecológica.

A pesar de la consideración positiva que merecen algunas de las medidas referidas, lo habitual ha sido la pasividad de los responsables políticos: a menudo se han enzarzado en una conflictividad gratuita con las organizaciones sociales o han sido incapaces de estabilizar un equipo con el que enfrentarse a las exigencias de la sociedad española en esta materia. En una situación semejante, no puede sorprender la tardía reacción ante el desastre ecológico de Aznalcóllar (1998). Las cuencas hidrográficas seguían siendo competencia del Estado, que había recibido hasta el momento repetidas denuncias en torno al peligro que podía suponer la existencia de una explotación minera a cielo abierto como la de Bolidén. Pero, cuando tuvo lugar la catástrofe, la mayor urgencia del Ministerio de Isabel Tocino consistió en tratar de eludir su responsabilidad. El Estado gastó 7.000 millones en tratar de paliar las consecuencias de la catástrofe y la Justicia, sencillamente, no se dio por enterada, de tal modo que tan catastrófico acontecimiento quedó impune. De entonces a hoy, nada ha cambiado.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: UNA POLÍTICA TORMENTOSA E INSOSTENIBLE

Si hubo una contradicción manifiesta entre el programa con que se acudió a las elecciones de 1996 —con lo que se afirmaba en la oposición— y la actuación del Gobierno del Partido Popular durante la etapa 1996-2000, se hizo patente como nunca en la política relacionada con los medios de comunicación.

Cuando Aznar alcanzó la victoria electoral en 1996, el Partido Popular se encontraba en una situación peculiar e inédita. En primer lugar, el Gobierno —y, muy especialmente, el propio presidente— mantenía una incomprensión absoluta con el principal grupo de comunicación, Prisa. Este grupo empresarial mantenía —y mantiene— una línea de opinión próxima al centro-izquierda y había sido acusado de obtener beneficios de su cercanía a los Gobiernos socialistas. (En realidad, sólo cabe achacarle haber obtenido de Telefónica —todavía por privatizar— un acuerdo para poner en marcha la televisión por cable). En definitiva, desde el período de la oposición al socialismo, Aznar parece haber experimentado una cierta sensación de no sentirse apreciado o, peor aún, de no ser tomado en serio por ese grupo; algo también perceptible, desde su punto de vista, respecto al Grupo Zeta. Pero esta situación no era nueva: algo semejante se había producido en la época de UCD. Lo novedoso fue la reacción irritada del presidente y de buena parte del Gobierno y el deseo ferviente de que esa relación cambiara. Por otro lado, el Partido Popular tenía un sector de los medios de comunicación alineado a su favor. Éste era el caso, por ejemplo, de El Mundo, ABC y, hasta cierto punto, no pasando más allá de una coincidencia en el centro-derecha, del poderoso Grupo Correo, por citar los casos más evidentes. Lo peculiar en estas circunstancias era que entre estos tres medios hubo siempre disparidades muy agudas en materias concretas como, por ejemplo, las relativas al terrorismo. Así se hizo patente, sobre todo, en los dos primeros casos: El Mundo había denunciado la «guerra sucia» en la etapa socialista, pero ABC se había convertido en aguerrido defensor de algunos mandos policiales implicados en ella, como el general Enrique Rodríguez Galindo.

De cualquier modo, el enemigo común trenzó una alianza entre sectores aparentemente tan antitéticos. Al mismo tiempo, esta identidad de propósitos por parte de un sector de la prensa coincidió con una etapa de oposición virulenta contra los socialistas. Se dio entonces una peculiar situación que puede describirse atendiendo a la creciente importancia autoconcedida por los medios de comunicación a la tarea de desplazar del poder a los socialistas y a la radicalización de actitudes para lograrla. En febrero de 1998, Luis María Anson, antiguo director de ABC y por entonces apartado del centro de gravedad de los medios de comunicación, llegó a asegurar que existió una conspiración para desplazar del poder a los socialistas y concluir con el predominio de Prisa en los medios; se advirtió, incluso, que la supuesta conspiración tenía intención de llevarse a cabo sin freno alguno y que se hubiera puesto en peligro, como consecuencia de la campaña contra el Gobierno, la propia institución monárquica. En realidad, no hubo conspiración propiamente dicha —entre otras razones porque esas actitudes beligerantes fueron siempre transparentes—, de modo que la denuncia de Anson puede atribuirse a lo poco duradero de la conjunción entre intereses heterogéneos. Pero el nivel de confrontación entre los medios de comunicación había sido agudísimo y su prolongación, ya con un Gobierno de la derecha, lo siguió siendo.

La situación descrita explica buena parte de lo sucedido a continuación. La actitud de resquemor del Gobierno de José María Aznar, la necesidad de contar con apoyos propios y la demanda de aquellos medios de comunicación de una contrapartida a los supuestos servicios prestados contribuyen a explicar lo que aconteció a partir de la victoria electoral de 1996. Si era fácil prever que se produjeran tensiones, nadie pudo augurar que llegaran a tales extremos.

Bien mirado, lo sucedido puede describirse como el resultado de una política radicalmente continuista en lo que respecta a la información de procedencia pública y, al mismo tiempo, de una voluntad de ruptura respecto al pasado, tratando de modificar el panorama existente en los medios de comunicación privados. La continuidad se pudo apreciar principalmente en la descarada utilización de los medios de comunicación de titularidad pública en beneficio de quienes estaban en el poder, de modo muy parecido a como se hizo durante los gobiernos anteriores. El Partido Popular había prometido un modelo viable de televisión pública, la reforma del Estatuto de 1980, la reducción de las pérdidas económicas del «ente» y la creación de una comisión nacional destinada a hacer posible una gestión guiada por la imparcialidad. Además, había asegurado que la dirección de la RTVE se confiaría a una persona que procediera de los medios de comunicación y que se caracterizara por su independencia. Pero nada testimonia tan bien el fracaso de estos propósitos —o, más bien, la absoluta renuncia a llevarlos a efecto—que la situación a la que se llegó en el año 2000. Al final de esta etapa de Gobierno, en septiembre de 1999, los socialistas abandonaron los organismos de control de Televisión Española, como protesta ante lo sesgado de las informaciones; por otro lado, la deuda del ente público se había multiplicado por tres.

Es posible que los propósitos del PP fueran sinceros, al menos en lo que respecta a la gestión económica, pero resulta evidente que duraron muy poco. Desde un principio, de todos modos, quedó claro que esa vertiente quedaba desligada de la tarea informativa propiamente dicha. (Durante algún tiempo, las labores informativas habían gozado de una envidiable estabilidad en manos de Javier González Ferrari; con el paso del tiempo, sobre todo en la segunda legislatura, se pudo comprobar que el sesgo progubernamental de las noticias podía multiplicarse aún más). De cualquier modo, Mónica Ridruejo, que siempre pareció estar por debajo de la competencia exigible, fue nombrada directora de RTVE para dedicarse tan sólo a los aspectos contables. Cuando, más adelante, no quiso participar en las aventuras digitales, fue sustituida por Fernando López Amor, en marzo de 1997, a pesar de que éste era diputado popular y se había asegurado que la dirección de RTVE se pondría en manos de una persona carente de significación política. Pero, después de pocos meses en el cargo sin haber conseguido otra cosa que multiplicar la irritación de la oposición y ver crecer la deuda, en noviembre de 1998 López Amor fue también sustituido. El relevo, Pío Cabanillas, retiró a RTVE de las inversiones que juzgó escasamente rentables, desligándola de la competición por las cadenas digitales que estaba en plena efervescencia.

Si la perduración de una Radiotelevisión Española sesgada desde el punto de vista partidista suponía la continuidad de procedimientos del pasado, el propósito de utilizar los resortes del poder para configurar un panorama de medios de comunicación nuevo y benévolo respecto del Gobierno puede considerarse una ruptura contra las normas más elementales de la práctica democrática. Aunque los gobiernos de UCD y del PSOE procuraron disponer de un entorno mediático favorable, nunca hasta el momento se había intentado de forma tan meridianamente clara desde las alturas del poder y a partir de unos recursos económicos que, siendo privados, estaban administrados por personas nombradas de acuerdo con criterios políticos. Esta operación, además, se llevó a cabo de un modo tan desconsiderado y carente de escrúpulo que el intento quedó averiado desde el principio; aquellos mismos que trataron de ejecutarlo lo pusieron en peligro, hasta el punto de que, no obteniendo finalmente el éxito, revirtió en detrimento de la carrera política de quienes lo intentaron.

El propio José María Aznar debió de sentir la necesidad de disponer de un grupo de medios de comunicación afín, pero fueron el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, y el vicepresidente, Francisco Álvarez-Cascos, los encargados de llevar a cabo de forma coordinada la operación. La idea era crear una plataforma de televisión digital, que se quería única; los porcentajes de negocio fueron inspirados desde las altas instancias políticas. La negativa del grupo Prisa a aceptar este carácter único tuvo como consecuencia la creación de dos plataformas, una de las cuales pareció siempre más afín al Gobierno (Vía Digital), financiada por Telefónica, mientras que la otra (Canal Satélite Digital) estaba participada en minoría por el grupo Prisa. En esta última acabó colaborando, tras una brusca maniobra que produjo en diciembre de 1996 un giro inesperado, la cadena Antena 3 Televisión, perteneciente al Grupo Zeta y poseedora de buena parte de los derechos de retransmisión del fútbol, que parecían ser el arma fundamental para el logro de la victoria en el mercado publicitario y en la guerra de audiencias.

A continuación se produjo una confusa y áspera lucha, legal y de opinión, entre estas dos plataformas: el Gobierno actuó como claro partidario de Vía Digital. En el debate se consideraron cuestiones tan poco propicias a ser objeto del debate político como la declaración de interés nacional para el fútbol y la existencia de decodificadores unificados o polivalentes; mientras, ambas plataformas se disputaban los productos televisivos. El Gobierno que se decía liberal tampoco tuvo reparos en aliarse con Izquierda Unida para modificar la legislación para ejercitar su política contra sus supuestos adversarios o introducir cambios en la normativa fiscal contra los intereses de sus hipotéticos enemigos. A pesar de este manifiesto sesgo gubernamental, la plataforma Canal Satélite Digital apareció antes y dispuso de más abonados que su competidora, a la que se había querido presentar con la aureola del interés nacional, por su propósito de potenciar la cultura española en Iberoamérica.

El poder, finalmente, no pudo obtener la victoria en la guerra de la televisión digital, pero, al menos, el propósito gubernamental logró una parcial satisfacción: una empresa recientemente privatizada —Telefónica— compró Antena 3 en julio de 1997. (Recuérdese que Juan Villalonga había sido nombrado presidente de la operadora de telefonía por sus conexiones personales con el Gobierno). Los informativos de la cadena privada de televisión se acercaron inmediatamente a los intereses del Gobierno y, además, se llevó a cabo la constitución de un grupo multimedia: adquirieron emisoras de radio —Onda Cero— y publicaciones escritas —Grupo Recoletos—. La actitud gubernamental resultó descarada: no hubo inconveniente alguno en ampliar los límites de posesión de acciones, y se elevó el margen por accionista desde el 25 al 49 por ciento cuando eso resultó útil para los intereses de la compradora. En suma, si Aznar había anunciado su propósito de «pasar página» en la cuestión relativa a los medios de comunicación, dio la clara sensación de querer hacerlo hacia atrás.

Pero el desgaste del Gobierno ante la opinión pública le obligó a retroceder y, además, la Comisión Europea instó a España a modificar la Ley de Televisión Digital que se había aprobado con el apoyo de PP e IU. Cuando Aznar quiso ofrecer una imagen más centrista de su política, lo primero que hizo fue mostrar menos beligerancia en esta materia y prescindir de quienes habían estado en primera fila combatiendo en favor de unos intereses que, sin duda, eran los del PP y del Gobierno. El papel político de Rodríguez y de Álvarez-Cascos, principales inspiradores de la política respecto a los medios de comunicación, fue deteriorándose. En julio de 1998 tuvo lugar el cese de Miguel Ángel Rodríguez de su puesto como portavoz del Gobierno; su gestión se había caracterizado por la rudeza desenfadada no sólo de cara a los medios de comunicación menos afines, sino también por algunas frases poco menos que insultantes respecto al nacionalismo catalán.

El último coletazo de la contienda en los medios de comunicación se encuentra en un suceso que tuvo su origen en febrero de 1997. En dicha fecha, el periodista de procedencia falangista Jaime Campmany, director de una publicación de extrema derecha, la revista Época, denunció a la empresa Canal Plus, del grupo Prisa, por haber actuado de forma ilícita con los depósitos de sus abonados. Si ya resultaba inesperado que un hecho de tales características se produjera —nada más difícil de imaginar que una demanda de Justicia desde tan rara procedencia—, pronto resultó patente que había aspectos aún más extraños en la denuncia. Al parecer, un informe redactado por un secretario de Estado había estado en el origen de la operación, complicada de forma accesoria por los vínculos económicos existentes entre Campmany y el banquero Mario Conde, que siempre atribuyó al diario El País una responsabilidad decisiva en su defenestración de Banesto. Para darle al asunto un aire más rocambolesco, Campmany estaba personalmente relacionado con el juez que se hizo cargo del caso, Javier Gómez de Liaño, que había tenido antes una actuación un tanto peregrina como miembro del Consejo General del Poder Judicial.

En realidad, la denuncia no tenía fundamento, pero la tramitación de la misma en los tribunales se prolongó durante doscientos cincuenta días; en más de sesenta ocasiones la televisión pública hizo aparecer al presidente de Prisa acudiendo a los tribunales. El sesgo partidista y obsesivo con que el juez Gómez de Liaño llevó el caso fue tal, que todos sus autos, excepto uno, fueron anulados por la instancia judicial superior. En otoño de 1998 se decretó el archivo del llamado «caso Sogecable», por el nombre de la empresa acusada. Sus directivos, a continuación, emprendieron acciones legales contra el juez Gómez de Liaño quien, en octubre de 1999, fue condenado por prevaricación. Este delito se refería a tres aspectos concretos: haber impuesto una fianza excesiva, haber obligado a los acusados a pedir permiso para abandonar el territorio nacional y haber decretado el secreto del sumario cuando la instancia superior, en repetidas ocasiones, había declarado que no debía hacerlo.

Es posible que no todo el Gobierno viera con buenos ojos la conflictividad generada a partir de la batalla en torno a los medios de comunicación y dista de estar probado que todos los miembros del Ejecutivo se involucraran en esta especie de operación de castigo judicial contra aquel a quien consideraban adversario. Pero no cabe la menor duda de que hubo sectores gubernamentales y, sobre todo, en los medios de comunicación afines, que colaboraron en lo sucedido y se regocijaron sin disimulo con ello. La discrepancia en este punto concreto se pudo percibir, por ejemplo, en el hecho de que un ministro relevante —y vicepresidente— no tuviera inconveniente, en pleno conflicto entre el Gobierno y Prisa, en invitar a almorzar a algunos periodistas de este grupo empresarial. En el transcurso de la conversación, el político aludido defendió a su compañero de gabinete Álvarez-Cascos, manteniendo la solidaridad ministerial, pero el mero hecho de aquella reunión resultaba muy significativo. Por otro lado, merece también la pena recordar una anécdota relevante. El abogado de un alto ejecutivo de Prisa recomendó a su cliente abandonar su residencia habitual durante un fin de semana, porque entraba dentro de lo posible que el juez Gómez de Liaño tomara la iniciativa de detenerle, aunque tan sólo fuera durante unas horas, con la consiguiente repercusión en los informativos. Estuvo con su familia en un parador nacional durante esos días. Lo sucedido no tiene posible parangón con nada semejante en el pasado democrático español o europeo.

La independencia del Poder Judicial, el creciente papel de la Unión Europea en materia de comunicaciones y la presión de los medios de comunicación independientes, al margen de la solidaridad de un importantísimo elenco de intelectuales y personalidades del mundo de la cultura, obligaron al Gobierno de José María Aznar a rectificar, al menos parcialmente, en un terreno en el que había cometido los más graves errores de toda su gestión. El balance fue particularmente negativo si tenemos en cuenta que incluso sus propios partidarios en los medios de comunicación propendieron crecientemente a cuestionar algunas acciones gubernamentales, y, por descontado, quedaron insatisfechos, mientras que, por otro lado, los medios vinculados a Telefónica no sirvieron de nada a su presidente cuando su gestión se vio sometida a duras críticas. Al menos, lo sucedido demostraba que, fueran cuales fueran los defectos de la democracia española, en ella no podía actuarse como lo había hecho —o intentado— el Gobierno.

En cuanto al negocio de la televisión digital, la situación empezó a cambiar en sentido positivo cuando, en noviembre de 1997, las respectivas plataformas llegaron a un acuerdo en el reparto de las retransmisiones de fútbol. Tras una larguísima negociación durante la segunda legislatura del PP se acabaría imponiendo un acuerdo que el propio realismo empresarial y económico favorecían.

LA ESPAÑA PLURAL: POLÍTICA AUTONÓMICA

Las próximas páginas están destinadas a abordar dos realidades distintas pero complementarias. Por un lado se hará referencia a la política autonómica del primer Gobierno del Partido Popular y, por otro, se intentará dar cuenta también de una panorámica general en lo que atañe a la evolución histórica de las Comunidades Autónomas que revisten el carácter de «nacionalidad» o de personalidad histórica, con lengua propia, de acuerdo con el propio texto constitucional.

Si todas las Comunidades españolas tienen sus particulares signos de identidad, en Cataluña y Galicia siempre se han dado condiciones muy peculiares, hasta el punto de contar con un sistema propio de partidos políticos. El terrorismo, con sus repercusiones en la política del Estado, ha propiciado circunstancias muy singulares, hasta convertirse en una cuestión que ha dominado el conjunto del panorama colectivo, lo que obliga a un tratamiento específico del País Vasco.

Como se tendrá ocasión de comprobar, en cada una de estas tres nacionalidades se han dado evidentes signos de discontinuidad respecto al pasado, especialmente en el País Vasco y Galicia, pero la política autonómica ha sido una de esas áreas de actuación gubernamental en las que ha existido un fundamental mantenimiento del acuerdo con respecto al pasado: en definitiva, esta prolongación ha resultado positiva, aunque también incompleta. En realidad, es un comportamiento tradicional en materia autonómica, de tal modo que bien se puede decir que la construcción del Estado de las Autonomías ha sido, pese a repetidos enfrentamientos, obra de consenso ejecutada con la colaboración de los partidos más importantes. Ha contribuido a ello el papel arbitral de PSOE y PP, y la inevitable realidad de que ambos han de tener en cuenta no sólo unos intereses estatales sino también particulares de cada Comunidad Autónoma.

Así se aprecia en el hecho de que, en esta etapa de gobierno (1996-2000), se llevó a cabo el pleno cumplimiento de los Pactos Autonómicos de 1992, suscritos entre el PP y el PSOE: ello permitió elevar el nivel competencial de las Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía lenta, según el artículo 143 de la Constitución. Esos pactos dieron lugar a un proyecto de Ley Orgánica de Transferencias a esas Comunidades y a una ulterior reforma de los Estatutos. El Gobierno del Partido Popular traspasó casi un billón de pesetas y 180.000 funcionarios a las Comunidades Autónomas. El traspaso más significativo, como es natural, tuvo lugar en educación no universitaria, que afectó a 157.000 funcionarios y un volumen económico cercano a los 900.000 millones de pesetas. También se traspasaron otras competencias de menor envergadura, por ejemplo, una parte de las políticas llevadas a cabo por el INEM y por la Administración de Justicia, el Instituto Social de la Marina y la formación profesional ocupacional. En el año 2000, la única competencia que quedaba por transferir, de acuerdo con los pactos citados, era la relativa al Insalud, que podía significar un volumen económico parecido. Al final del proceso de traspasos que se estaban negociando en el año 2000, cabía pensar que el gasto público administrado por las Comunidades Autónomas habría de ser algo más del 35 por ciento del total; al Estado le quedaría poco más del 50 por ciento. De esta manera, en un futuro previsible y ya no tan lejano, a las Comunidades Autónomas les correspondería la gestión diaria; el Estado se ocuparía exclusivamente de la planificación con carácter general.

Pero si este avance en el Estado autonómico aparece evidente, hay que tener en cuenta también que, a lo largo del período de gobierno transcurrido desde 1996 hasta el año 2000, quedaron pendientes otras importantes cuestiones relativas a la organización territorial del Estado. En primer lugar, a pesar de haberse planteado una nueva fórmula de financiación, esta cuestión no se resolvió definitivamente; en la legislatura siguiente hubo que estudiarla de nuevo. Hasta este momento, los gestores de las Comunidades Autónomas podían actuar a partir de las transferencias cedidas por el Estado. El nuevo modelo de financiación representaba cierta corresponsabilidad fiscal, aparte del incremento, hasta el 30 por ciento, en la cesión del IRPF; además, las Comunidades Autónomas podían formular desgravaciones o incrementos fiscales propios. A este acuerdo se llegó en 1996, pero fue una solución parcial, en cuanto que no lo aceptaron las Comunidades Autónomas gobernadas por los socialistas. La fórmula, por tanto, desde un primer momento resultó fallida: las Comunidades que se autoexcluyeron del nuevo modelo mantuvieron el sistema de financiación anterior. De cualquier modo, lo importante es señalar que esta cuestión no quedó en absoluto cerrada. La Generalitat catalana muy pronto manifestó su insatisfacción con un procedimiento que no la dotaba de los recursos que consideraba imprescindibles.

Ésta, sin duda, resulta una cuestión muy difícil de resolver: recientemente ha hecho aparecer las quejas de las Comunidades con menor grado de desarrollo económico y, también, de aquellas que lo tienen más alto. Baste decir que, en trece años, cada uno de los habitantes de Madrid y de Cataluña ha transferido dos millones de pesetas a Andalucía, como compensación del desequilibrio existente. Otra cuestión que amenaza con crear conflictos en el futuro es la relativa a los conciertos vascos. En el terreno de la financiación de las Autonomías, un tema más que se planteó durante los últimos cuatro años de Gobierno popular fue la relativa al control del gasto de los fondos europeos, como consecuencia de escándalos concretos, como el relativo a las ayudas para la producción de lino.

El problema de la financiación se prolongó en el tiempo porque el Estado autonómico no había quedado perfilado totalmente en el año 2000, a pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Constitución. Es cierto que se había producido una auténtica revolución descentralizadora y que ésta no se detuvo en el tiempo de gobierno del Partido Popular, pero tampoco se había dado solución a todos los problemas que se plantearon. En Alemania, por ejemplo, cualquier disposición fiscal que quiera modificarse debe ser aprobada previamente por el Bundesrat. En la Historia de la Alemania Federal no se ha planteado más que una vigésima parte de los conflictos de competencia debatidos por el Tribunal Constitucional español durante los años ochenta. Tanto en Alemania como en los Estados Unidos sería inconcebible la existencia de un delegado del Gobierno tal y como existe en España.

Precisamente, en relación con esta figura, hay que hablar de la única novedad legal del primer Gobierno del Partido Popular, aunque fuera consecuencia de los pactos suscritos con Convergència i Unió: la desaparición de los gobernadores civiles. En realidad, la figura del delegado del Gobierno aparece en la Constitución, pero el gobernador civil no, y era un contrasentido que este cargo —en su origen, el equivalente al prefecto francés— pudieran ostentarlo personas que carecían de la condición de funcionario; estos puestos adquirían, así, un carácter político partidista propio de otros tiempos. La figura del «subdelegado» sirvió para establecer una dependencia que antes no existía, pero resulta muy dudoso que su aparición tuviera el efecto simbólico que hubieran querido los catalanistas. También quedaron desmentidos los supuestos efectos catastróficos que hubiera tenido su desaparición, tal y como pensaron algunos portavoces socialistas.

Durante la etapa de gobierno del PP no se avanzó prácticamente nada en una configuración definitiva de lo que debiera ser un Senado con una función precisa en el seno de la democracia española. Claro está que esa determinación debería haber sido el resultado de un acuerdo previo entre las fuerzas políticas; por el momento, ese consenso no se daba, pero el partido del Gobierno hizo poquísimo para que se gestara.

Resulta obvio que si la configuración de una organización territorial del Estado interesa al conjunto de los españoles, a Cataluña le debía corresponder un papel de primera importancia, por su peso demográfico y económico, y por su presencia en el pasado a la hora de determinar dicha organización.

CATALUÑA

La relación entre Cataluña y el resto de España no estuvo exenta de problemas. En primer lugar, se dio en Cataluña una cierta sensación de desfallecimiento o de autocrítica. La inquietud tenía su origen en la percepción de que se perdía la «carrera» con Madrid, en parte, porque la capital del Estado gozaba de los beneficios de las inversiones públicas estatales. Barcelona mantuvo, no obstante, un importantísimo peso específico en la economía española (22 por ciento de las exportaciones), pero, en cambio, perdía terreno en las industrias de telecomunicaciones, en la capitalidad de las multinacionales y en la prioridad en las inversiones públicas. Cataluña proponía algunos ejemplos: la ampliación del metro de Madrid se contaba por kilómetros —y su deuda histórica fue asumida por el Estado—, en Barcelona, por decámetros; la capital catalana, además, carecía de un aeropuerto suficientemente dotado.

Los catalanes se sentían ante el resto de los españoles como generosos donantes de sangre, pero los ciudadanos de otros lugares los consideraban auténticos vampiros. En efecto, la mala imagen que los catalanes habían adquirido en el conjunto de España nacía, en parte, del mayor desarrollo económico, pero también de esa especie de «relación bilateral» que el catalanismo había mantenido con quienes estaban en el poder central, especialmente desde que se agotaron las mayorías absolutas. Cataluña mantenía sólidos lazos afectivos con España: dos tercios de los catalanes tenían sentimientos de identidad compartidos; cuatro de cada diez se sentían más catalanes que españoles, pero dos se inclinaban por la posición contraria. Sin embargo, el sentimiento de desafección era creciente por las dos partes. A finales de los noventa daba la sensación de que quienes en otro tiempo no habían querido la autonomía estaban ahora satisfechos, mientras que quienes la habían defendido no lo estaban en absoluto. Largos años de permanencia en el poder habían hecho nacer en el seno de la sociedad catalana una inquieta crítica al nacionalismo que, por otra parte, en ocasiones se radicalizaba hacia el independentismo. Mientras tanto, se daban en Cataluña unas circunstancias que no siempre se apreciaban correctamente desde el exterior. El impacto de la inmigración (los primeros conflictos de orden público se habían producido en Tarrasa, antes de El Ejido) era cuantitativa y cualitativamente más importante en Cataluña que en el resto de España. Esta realidad, por ejemplo, provocó que algunos personajes relevantes manifestaran su posición al respecto. En otros casos —Heribert Barrera, Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol— las respuestas fueron inaceptables y nacían de un angustioso temor por la propia identidad.

Es preciso tener en cuenta también los factores estrictamente políticos. La colaboración con el Partido Popular fue complicada, por la diferencia de experiencias vitales entre los respectivos líderes —Aznar y Pujol— y de sus visiones de España; pero, aun así, la colaboración se mantuvo porque, como ha escrito un historiador, «la ausencia de amor no invalida un matrimonio». El pacto entre PP y CiU, al principio de la legislatura, fue extraordinariamente complejo: las negociaciones se produjeron en una especie de campo minado por las declaraciones de Aznar en muchas materias; por desactivar esas minas, precisamente, se dieron declaraciones que parecían bienintencionadas y podían resultar un tanto absurdas, como la pretensión de Aznar de hablar catalán «en la intimidad». A Pujol no le resultó fácil convencer a la dirección de Convergència y el acuerdo tuvo que plantearse en términos estrictamente pragmáticos; Cataluña recogió algunos frutos: por ejemplo, aparte de lo ya indicado, la disminución del IVA en las autopistas o la gestión de las políticas activas del INEM. Poca cosa, teniendo en cuenta las diferencias en ideas fundamentales.

Pujol no había hecho en este caso otra cosa que continuar su política tradicional desde finales de los ochenta, manteniendo un modelo de relación bilateral de intercambio que estabilizaba la política española a cambio de ventajas concretas. Esta política reivindicativa e influencia moderada sobre el resto de España se había convertido en toda una tradición del catalanismo desde la muerte de Franco. Pujol aseguraba, en privado, en diciembre de 1997, que personas tan distintas como Joaquín Garrigues y el general Gutiérrez Mellado le habían repetido una y otra vez que, en el caso de que la reivindicación catalana hubiera sido semejante a la vasca, la transición política a la democracia hubiera descarrilado, lo que no parece errado. Pero, en ese momento, Pujol decía no estar ya tan seguro de que esa estrategia hubiera sido la correcta; incluso añadía que quizá hubiera sido mejor que el PP hubiera obtenido la mayoría absoluta. Estaba extremadamente ofendido por el intento de modificar la enseñanza de las Humanidades: no sólo lo consideraba una intromisión en las competencias propias, sino el resultado de una visión de España que le resultaba inaceptable. Estaba más lejano que nunca a la participación en el Gobierno de Madrid: aseguraba que, si tanto se le criticaba sin estar en el Ejecutivo, mucho peor sería si colaborara efectivamente en el Gobierno. Pero no cambió su política: a través del programa «Cataluña hoy» trató de modificar la imagen de la Comunidad que presidía para continuar ejerciendo una influencia sobre el conjunto de España.

Hay que tener en cuenta, al mismo tiempo, la propia transformación de la política interna catalana. En Cataluña había quedado configurado un sistema de cinco grupos políticos, con tendencia a la bipolarización: entre CiU y PSC controlaban el 60 por ciento de los votos y el 70 por ciento de los escaños parlamentarios. Los socialistas, desde los años ochenta, habían ganado las elecciones municipales y generales, mientras que CiU triunfaba en las autonómicas. Desde 1984, CiU no se vio obligado a pactar con nadie, pues contaba con mayoría absoluta. La característica situación catalana hacía posible la comparación con los momentos hegemónicos del catalanismo —en la época de Alfonso XIII, con la Lliga, o en la República, con Esquerra— y recordaba que no funcionó, en cambio, la bicefalia, o tricefalia, que en otras ocasiones caracterizó al catalanismo. En 1993, Miquel Roca abandonó la dirección de CiU; Jordi Pujol quedaba al frente de la coalición con la responsabilidad de designar a un sucesor. Las diferencias entre ambos radicaron en el deseo de Roca de participar activamente en el Gobierno español, acentuando el posibilismo; Pujol, por su parte, tampoco se decantaba hacia una espiral de reivindicación nacionalista.

Convergència, en realidad, más que un partido, es un movimiento reunido en torno a Jordi Pujol. Su liderazgo ha sido fundacional y moral, pero, con el paso del tiempo, su decisiva influencia se ha resuelto en la imposibilidad del debate interno o la organización de corrientes. Convergència no se ha definido por políticas concretas, sino en la defensa del nacionalismo catalán. El problema principal del grupo, a partir de mediados de los años noventa, fue que perdía votos ante el PP, perfilado como una fórmula conservadora catalana. Por otro lado, Unió Democrática de Catalunya, el componente democristiano de la coalición, evolucionó hacia un mensaje nacionalista menos esencialista, más abierto a los problemas sociales y más propicio a una colaboración con el Gobierno de José María Aznar. La proporción en el número de afiliados de cada grupo había variado sustancialmente durante los últimos veinte años: en 1979, por cada 7 afiliados a Convergència, había uno de Unió Democrática; en 1996 la relación era de 6 a 4.

Respecto a la política española, Jordi Pujol afirmó siempre que no se podía participar en el Gobierno del Estado porque no estaban satisfechas sus pretensiones institucionales; así las cosas, CiU sólo ejercería un papel de presión externa. Pero en diciembre de 1997 no excluía un período de crispación o de confrontación como la que tuvo lugar al comienzo de la etapa socialista.

Para mantener tal política era necesaria no sólo una minoría parlamentaria influyente en Madrid, sino también una situación cómoda en Cataluña y una política posibilista de alianzas cambiantes. Las dos últimas condiciones sufrieron una transformación a mediados de los noventa. En las elecciones de noviembre de 1995, Jordi Pujol, que llevaba tres lustros en el poder, perdió la mayoría que tenía en Cataluña y tuvo que mantener un difícil equilibrio, con apoyo alternativo de ERC y PP. Además, en 1996, Miquel Roca dejó los cargos de importancia en el seno del partido; Pere Esteve pasó a ser secretario general de Convergència y mantuvo un discurso nacionalista más radical. Se habló entonces de la «soberanía compartida» y la teoría de Esteve se pudo concretar con la colaboración de otros grupos nacionalistas, como el PNV y el BNG. El resultado fue la Declaración de Barcelona, en julio de 1998. Su contenido no se entiende sin tener en cuenta la compleja situación existente: ETA había declarado una tregua, ERC presionaba en el ámbito catalán, y el PSC amenazaba el tradicional dominio nacionalista, con la reincorporación de Pasqual Maragall, ex alcalde de Barcelona, como presumible candidato alternativo a la Presidencia de la Generalitat. El contenido del acuerdo nacionalista de Barcelona reclamaba al Estado español una explícita declaración de plurinacionalidad.

Pero con esta actitud no mejoraron las perspectivas electorales de CiU. En las elecciones de 1999, Jordi Pujol necesitó los 12 diputados del PP para ser investido presidente de la Generalitat y lo logró con un solo voto de diferencia: de tener en sus manos la influencia en la política española pasó a ser un rehén —siempre conflictivo— de la derecha.

Durante el período electoral, Pasqual Maragall, el candidato socialista, mostró su cara moderada, catalanista y novedosa, aparte de capaz de incorporar a los electos de ERC y antiguos comunistas; además, había sumado a su opción a muchos independientes en una agrupación denominada Ciutadans per el Canvi. En cierto sentido, por su programa, a la vez nacionalista e intervencionista en España, e incluso por su apellido, parecía un heredero lógico de Pujol.

El presidente de la Generalitat era una figura ciertamente excepcional en la política española y europea: de los nueve representantes de la oposición que negociaron con Adolfo Suárez, Pujol era el único que se mantenía en la política activa al concluir el milenio. Sus méritos eran, por tanto, excepcionales, pero era evidente también que, desde el punto de vista político, su poder comenzaba a declinar, por el simple transcurso del tiempo.

Los resultados electorales del año 2000 no mejoraron la posición de Jordi Pujol en el Parlamento catalán: más dependiente que nunca del PP, el nacionalismo catalán de CiU se vio obligado a olvidar la reforma del Estatuto y de la Constitución. La derecha había logrado una combinación entre españolismo y conservadurismo muy efectiva. En muchas localidades del cinturón industrial el voto del PP superó a CiU y Josep Piqué y Anna Birulés, dos antiguos directores generales de la Generalitat, conferían respetabilidad al Partido Popular ante el empresariado catalán. Quedaba pendiente el problema de la sucesión de Pujol: pronto se decantó hacia el posibilismo en vez de la radicalización nacionalista como la identificada con Esteve.

GALICIA

En términos generales, puede decirse que Galicia avanzó mucho durante la primera década democrática, pero, con el paso del tiempo, ese avance se ha ralentizado. Mientras tanto, la identidad gallega prosperaba. El Bloque Nacionalista Gallego obtuvo buenos resultados, pero la representación final fue menos determinante de lo que en principio cabría esperar. La identidad gallega es fuerte, pero no excluyente. En Galicia se vota mayoritariamente a la derecha, pero el nacionalismo es de izquierda.

El PSOE perdió representación a partir de 1986 y en 1997 era el tercer partido en el Parlamento gallego. No supo conectar, como en Cataluña, con la identidad particular de la comunidad o con la dual; en algún caso, como el de Francisco Vázquez, el alcalde de A Coruña, asumió incluso el españolismo. Le faltó, además, una dirección y un liderazgo eficiente. En cambio, la derecha gallega fue fagocitando al galleguismo de centro. Lo consiguió gracias a una asimilación del sentimiento de identidad, pero también gracias a una sólida red clientelar basada en caudillos provinciales sometidos, todos, a Fraga. Además de esta red —«los de la boina»—, el Partido Popular de Galicia obtuvo un sólido apoyo en el mundo profesional y universitario —«los del birrete»—.

El lento y progresivo proceso de unificación del nacionalismo de izquierda en el BNG no se consolidó sino en 1996-1997. Gracias a él, el nacionalismo se convirtió en la segunda fuerza electoral gallega. La colaboración con el PSOE, tras las elecciones, tuvo importantes consecuencias: en el año 2000, la izquierda (BNG-PSOE) se hizo con el poder en cinco de las siete grandes ciudades gallegas. Parecía adivinarse, pues, una posible alternancia en el poder de la Xunta. Pero se demostró más lejana de lo que los opositores a Manuel Fraga suponían.

IDENTIDADES COLECTIVAS

España ha tenido en los últimos tiempos un problema de identidad colectiva que no es diferente del que existe en otras latitudes y que exige mucho tacto e infinita capacidad de diálogo. El enfrentamiento entre los nacionalistas periféricos, insatisfechos con la vigente organización territorial del Estado, y los partidarios del mantenimiento de la situación actual puede envenenar la convivencia española. La actitud del Partido Popular antes de llegar al poder se había caracterizado por pretender que socialistas y nacionalistas formaban una especie de conglomerado coincidente en lo fundamental al que no dudaron en satanizar con dureza. Por eso fue una buena noticia para la estabilidad el acuerdo parlamentario del PP no sólo con la minoría catalanista, pese a parecer imposible dados los antecedentes, sino también con la vasca y la canaria. Era una solución a corto plazo y, en parte, representaba la esperanza de resolver el problema de fondo.

Sin embargo, lo cierto es que esos pactos tuvieron una duración circunstancial, se vieron acompañados de discrepancias ocasionales — a veces, graves— y en torno al año 2000 sólo se auguraba un regreso a las posiciones de antaño. La herencia de los acuerdos del Partido Popular con CiU, PNV y CC fue un sistema de financiación poco satisfactorio y unas modificaciones legislativas escasas; de cualquier modo, en el ámbito de la política autonómica, bien puede decirse que se produjo una política de continuidad. Pero quedaba pendiente la resolución definitiva: cualquier esfuerzo por definir el problema de la identidad española que no partiera de una voluntad de diálogo podía provocar una conflictividad grave que pusiera en peligro la estabilidad democrática.

A partir de los primeros años noventa tuvo lugar una auténtica floración de ensayos, de contenido muy variado pero de beligerancia siempre parecida. Una característica muy marcada de ese ensayismo fue su deseo de combatir opiniones ajenas, más que comprenderlas. Prensa y mundo intelectual se alimentaron mutuamente y, si se resume la situación en dos alineamientos antagónicos —antinacionalistas y nacionalistas—, se pueden encontrar en ambos bandos actitudes parecidas. No sería correcto identificar ninguna de estas posturas con derecha o izquierda porque se ha dado, al menos en un primer momento, una manifiesta transversalidad, es decir, un alineamiento que rompe con las habituales identificaciones entre derecha e izquierda.

Los autores antinacionalistas, en general, manifestaron una actitud que tenía su origen en una experiencia biográfica en sociedades de identidad segmentada. Federico Jiménez Losantos fue un precursor: Lo que queda de España, publicado en 1979, alcanzó relevancia tras su reedición, tres lustros después. Defensor de una movilización política de los inmigrantes aragoneses en Cataluña, Jiménez Losantos reclamaba de la izquierda la defensa de la condición española del inmigrante. En la primera versión de Lo que queda de España, el punto de referencia histórico era Azaña; en la segunda se ofrecía una versión catastrofista del futuro, basada en la supuesta proscripción del castellano en Cataluña.

Aleix Vidal Quadras no es sólo un político, también es un intelectual inteligente y polemista corrosivo que ha dedicado dos libros a la crítica de los nacionalismos periféricos, desde un punto de vista neoliberal y derechista. Pero un rasgo muy característico de los noventa fue la reunión de la derecha tradicional y de ensayistas partidarios de otras opciones políticas en la resistencia y la lucha de principios frente a los nacionalismos periféricos. Éste es el caso de César Alonso de los Ríos, autor de Si España cae... El título hacía referencia a un verso de un poeta emblemático de la izquierda: César Vallejo. Según Alonso de los Ríos, la izquierda había permitido que quedara en manos del españolismo de derecha la idea de nación y había traicionado buena parte del legado progresista de España. La culpa recaía en la «desmemoria del franquismo», que quitó sentido a cualquier sentimiento de pertenencia a España. No fue Alonso de los Ríos el único ensayista ajeno a la derecha que se incorporó al debate: Jon Juaristi, antiguo militante nacionalista, logró el mayor éxito al tratar estas materias, consiguiendo, a un tiempo, el Premio Nacional de Ensayo y una gran acogida pública de su libro El bucle melancólico. Autor de varios trabajos muy valiosos sobre la mitología del nacionalismo vasco, Jon Juaristi ha combinado varios elementos que explican su éxito: una erudición extraordinaria, una cuenta pendiente respecto a su pasado que le proporciona la imprescindible vehemencia para tratar la cuestión y una gran capacidad para la polémica y la diatriba. Juaristi no es el único ensayista que, a partir de su experiencia biográfica, ha repudiado en tono encendido el nacionalismo. Actitudes parecidas se pueden encontrar en, por ejemplo, Fernando Savater, nada propicio al españolismo (Contra las patrias, 1984), o Edurne Uriarte, defensora de la identidad española.

No sólo ha existido un ensayismo caracterizado por la denuncia de los males de los nacionalismos periféricos; también éstos han generado un tipo de literatura que podría llamarse «defensiva». A mediados de la década de los noventa, por ejemplo, la respuesta en Barcelona pareció centrarse en repudiar la afirmación de acuerdo con la cual la persecución del catalán durante la época franquista, y aun anterior, había sido exagerada o no se correspondía con la realidad, sino que constituía un medio para alimentar el victimismo o la venganza. De este modo y según esta interpretación, la mayoría de los textos publicados fue Historia, de divulgación o erudita, pero no ensayo de futuro o destinado a un planteamiento global de los problemas que conlleva la pluralidad compartida. También aparecieron libros de este género, de distintas procedencias ideológicas (Xavier Rubert de Ventós, Josep Miró Ardèvol, etcétera), que tendían a radicalizar las posiciones nacionalistas hacia el independentismo. Si el sociólogo catalanista Salvador Cardús pudo hablar de «fatiga de españolidad», un neoespañolista como César Alonso de los Ríos empleó la expresión paralela: «hartazgo de nacionalismos». En Barcelona, la gran cuestión era al final de los noventa el «encaje» de Cataluña en el resto de España. Este aspecto aún se considera irresuelto y ha dado lugar a muchas propuestas, desde el «federalismo asimétrico» hasta el reconocimiento de un Estado plurinacional.

Estas posiciones, de todos modos, no cierran el amplio abanico de posibilidades para proyectar o explicar la España actual. Se debe tener en cuenta, por ejemplo, que la reflexión sobre la pluralidad española se ha analizado también desde el País Vasco, en este caso entremezclada con la inevitable cuestión del terrorismo. Sin embargo, se ha tratado de trabajos más periodísticos que ensayísticos. En Galicia también se ha manifestado idéntico interés por la realidad plural española, aquí desde una óptica que tiene poco de rupturista; la tarea la han realizado principalmente historiadores (Xusto García Beramendi, Ramón Villares, etcétera). Resulta muy lógico que haya sido así, porque, en realidad, la reflexión acerca del particular tiene una vertiente que se refiere de modo estricto a la configuración en el pasado de un modo de convivencia.

Otros dos tipos de posiciones deben ser enumerados para concluir la presentación, puramente descriptiva, de este debate acerca de la pluralidad española. Se debe tener en cuenta que, en el seno de los propios nacionalismos periféricos, no han dejado de producirse planteamientos autocríticos. La aparición del llamado Foro Babel (1997), en Cataluña, representó la discrepancia, a favor del pluralismo cultural y lingüístico, desde una óptica que poco tenía que ver con el españolismo o la derecha tradicional. Además, Joan-Lluís Marfany desmontó buena parte de la mitología cultural del catalanismo, situándola en una perspectiva histórica; y Francisco Candel, autor de un conocido libro acerca de la inmigración castellanohablante, se planteó en Los otros catalanes del siglo XXI el ya evidente impacto de la presencia marroquí en Cataluña. Queda, en fin, hacer mención de los que, desde una concepción que intenta el diálogo entre visiones contrapuestas, han propuesto fórmulas simbólicas de acuerdo. Éste es el caso de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que admite la españolidad unida a la reivindicación de los derechos históricos, o de Ernest Lluch, que investigó el rastro de la conciencia de pluralidad en el pasado español desde la Edad Moderna.

Como ya se ha señalado, gran parte de estas reflexiones estuvieron justificadas por la permanente presencia en la arena pública de la llamada «cuestión vasca».

LA POLÍTICA DE INTERIOR: LA «CUESTIÓN VASCA» Y EL TERRORISMO

Una de las sorpresas que provocó la formación del primer Gobierno de José María Aznar fue la presencia de Jaime Mayor Oreja al frente del Ministerio del Interior. Desde luego, el político vasco conocía perfectamente la situación en Euskadi y ya había sido candidato a diputado en 1977, de la mano de su tío Marcelino Oreja; durante algunos meses, además, desempeñó el cargo de delegado del Gobierno, en 1982. Mayor Oreja había sufrido, desde muy pronto, los zarpazos del terrorismo, que se ensañó con sus compañeros de UCD; también conocía bien el magma social en que se desenvuelve el terrorismo, porque en su entorno escolar había compartido infancia con futuros miembros de ETA. Aun así, en el mundo de la antigua Alianza Popular, Mayor Oreja se presentaba como una persona foránea que despertó algunos recelos cuando, en 1984, intentó ser candidato a lehendakari. Uno de sus opositores más señalados fue el concejal de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, asesinado tiempo después. Sólo tras casi una década de trabajo, en los años noventa, Jaime Mayor Oreja pudo presentarse como un líder sólido al frente de la organización del Partido Popular en el País Vasco.

De todos modos, el candidato para la cartera de Interior era Francisco Álvarez-Cascos —así, al menos, lo sospecharon prácticamente todos los analistas políticos—, que respondía al perfil tradicional del cargo (alguien con fama de «duro» como José Barrionuevo o José Luis Corcuera en los gobiernos socialistas). Pero Aznar quiso presentar en Interior a otro tipo de político y acertó plenamente. Lo que pretendía era mostrar a una persona tranquila, «un ministro con cara de ONG», según se dijo, que diera la sensación de creer en lo que decía y que sus declaraciones en los medios de comunicación tuvieran amplia repercusión. En este último aspecto, también Mayor Oreja fue la antítesis de los ministros que le precedieron, e incluso se puede añadir que, a diferencia de ellos, nunca depositó grandes esperanzas en una resolución inmediata del conflicto: jamás pensó que se alcanzaría la paz como resultado de un acto milagroso. Desde las filas socialistas se dijo que Interior no podía estar en manos de un «tipo flojo», acompañado por un «diplomático cursi» (el secretario de Estado Martí Fluxá); pero lo cierto es que la imagen del Ministerio cambió por completo y positivamente en muy poco tiempo. No hubo la menor duda de la honestidad en el gasto de los fondos reservados: un subdelegado del Gobierno y un comisario fueron relevados de sus puestos cuando un supuesto etarra fue detenido con muestras de lesiones, y el general Rodríguez Galindo fue destituido. (Finalmente fue procesado y condenado por haber participado en la «guerra sucia»). Mayor se ocupó de mantener contactos frecuentes con periodistas y pronto se labró una buena imagen. En la etapa inicial, el ministro del Interior se mostraba partidario de proseguir con toda decisión la labor policial y judicial contra ETA y su entorno y, al mismo tiempo, atraer al PNV a una labor común; ya se ha señalado que él fue quien logró el voto de confianza del PNV en la investidura de Aznar.

Pero había factores en la política vasca que no facilitaban la colaboración entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. En 1996, el Gobierno de Euskadi estaba formado por los dos partidos nacionalistas y el PSOE. El terrorismo seguía siendo la preocupación principal de la sociedad vasca y había visto, en los últimos tiempos, la aparición de una nueva fórmula de activismo: la llamada kale borroka, subversión urbana promovida desde 1995 para «socializar el sufrimiento», tal y como la presentaban sus promotores, el entorno juvenil de ETA. En realidad, la kale borroka apenas se diferenciaba de la pura barbarie juvenil y denotaba un traslado del reclutamiento etarra hacia sectores marginales.

En las elecciones generales de 1996, los partidos de ámbito estatal consiguieron más votos en el País Vasco que las agrupaciones nacionalistas. Así se confirmaba una tendencia que ya se había iniciado en los primeros años noventa.

El pacto de investidura entre el PNV y el Partido Popular para la formación del Gobierno central en 1996 fue muy elemental y se redujo a acuerdos mínimos. Presuponía, no obstante, la participación de Euskadi en las decisiones de la Comunidad Europea y la devolución del patrimonio incautado durante la Guerra Civil. Ambas condiciones se incumplieron. Con esta doble política, de cara a Madrid y Vitoria, donde gobernaba con el PSOE, el PNV parecía optar por una posición muy cómoda, con alianzas aparentemente contradictorias pero que parecían denotar habilidad y aprovechamiento óptimo de los recursos propios. Pero lo que fue inicialmente un acuerdo con el PP se convirtió, con el paso del tiempo, en un desencuentro absoluto: por un lado, el PP creció en el País Vasco hasta amenazar la hegemonía del nacionalismo y, por otro, el partido de José María Aznar mostró una avidez singular a la hora de conquistar el voto, descalificando al PNV. En las elecciones siguientes —autonómicas de 1998 y locales de 1999—, el PP se convirtió en el segundo partido de Euskadi y arrebató al PNV las instituciones alavesas. Mayor Oreja, por su parte, a pesar de sus primeras intenciones, también apostó por mantener la tensión con los nacionalistas. En ello difería de Álvarez-Cascos, encargado de mantener los pactos con los grupos parlamentarios nacionalistas: cuando Carlos Iturgaiz insultó gravemente a Xabier Arzalluz, el vicepresidente quiso hacerle rectificar, pero Mayor aconsejó mantener aquella postura, y así se hizo.

Si el PNV y el PP se distanciaron, también el PSOE se fue alejando progresivamente del partido nacionalista. Hasta aquel momento, el PSE y el PNV habían formado, por así decirlo, el «gobierno natural» del País Vasco. Los primeros indicios de ruptura se produjeron en 1996, cuando José Antonio Ardanza defendió la necesidad de avanzar más allá del Pacto de Ajuria Enea para conseguir la paz. A comienzos de 1997, el PNV hizo alusión en un documento a la «soberanía del pueblo vasco» y a la necesidad del «ejercicio paulatino del derecho de autodeterminación». Pero todavía a finales de ese mismo año, Arzalluz, en aparente contradicción, defendía ante sus partidarios la necesidad de mantener la alianza con el PP en Madrid.

En tanto, aumentaba la eficacia policial. Como es lógico, los éxitos contribuyeron poderosamente a afianzar la buena imagen de Mayor Oreja. En los primeros meses de 1998 ingresaron en la cárcel el mismo número de etarras que entre 1995 y 1997; en este último año fueron detenidos 67 etarras. Durante el ministerio de Mayor se detuvo a 250 personas, acusadas de pertenencia a la banda armada. Además, se avanzó en la colaboración internacional y, definitivamente, Francia dejó de ser el «santuario» del terrorismo. La detención de sucesivos comandos hizo que la actividad terrorista quedara limitada casi al comando Donosti. Además, la autoridad judicial cercenó los apoyos financieros y políticos del terrorismo. Mayor Oreja siempre había defendido que la organización terrorista era más extensa que un mero puñado de asesinos y el juez Baltasar Garzón, desde comienzos de 1996, ya había emprendido acciones para perseguir al entorno político de ETA. A finales de 1997 ingresaron en la cárcel los miembros de la Mesa de Herri Batasuna por haber cedido un espacio electoral a ETA para la emisión de un vídeo durante la campaña electoral de 1996. En mayo de 1998, tras los correspondientes informes policiales, Garzón desmanteló una red de empresas que servía de entramado financiero a la organización terrorista y, al mes siguiente, se cerró el diario Egin, cuyo director, según informes policiales, no sólo era nombrado por ETA sino que recibía instrucciones de la banda armada en su ordenador. Pero la mejor prueba de lo escabroso y hasta cierto punto discutible de esta política es que los tribunales de Justicia tardaron mucho en pronunciarse definitivamente sobre esta decisión (y un periódico no es una empresa cualquiera).

Se redujo así la actividad terrorista. En 1996 hubo cinco asesinatos y, en 1997, trece. En realidad, estas cifras eran una prueba de la impotencia de ETA: la banda atentaba preferentemente contra concejales del Partido Popular, blancos fáciles que no requerían una estructura sólida. Pero, al mismo tiempo, la organización terrorista había tendido a multiplicar la barbarie. Había más de doscientos cargos electos del PP en el País Vasco y apenas dos docenas tenían protección. Centenares de millones de pesetas tuvieron que emplearse en la protección privada de los concejales del PP y del PSOE.

ETA pretendía así «interiorizar» el terror, dividir al País Vasco en dos comunidades que se odiaran y temieran a un tiempo. Valían para este caso plenamente algunas afirmaciones relativas al holocausto judío en la Alemania nazi. Primo Levi escribió que si los seres humanos fueron autores de tamaña monstruosidad, siempre cabía posibilidad de que otros pudieran repetirla; su funesto presagio se demostró cierto con la práctica terrorista. Elie Wiesel había asegurado que quienes no vivieron el Holocausto nunca podrían llegar a conocer verdaderamente esa realidad y quienes la padecieron apenas serían capaces de transmitirla. Algo parecido puede decirse de la ausencia de libertad y el miedo al terror que sufrieron muchas personas por la simple pertenencia a una adscripción política. El miedo venía de lejos: en la época de UCD, el 17 por ciento de los votantes de centro reconocían «mucho temor» y un 49 por ciento, «bastante»; sólo el 10 por ciento de los votantes cercanos a HB sentían algo parecido. Por supuesto, las diferencias entre las diversas comarcas eran muy considerables. Ahora, extendiendo el miedo hasta el más irrelevante de los militantes del PP o del PSOE, ETA quería, sobre todo, interiorizarlo al máximo.

En julio de 1997 fue liberado el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, tras permanecer 532 días secuestrado. ETA había querido forzar la política del Gobierno respecto de los detenidos etarras; sin embargo, el Ejecutivo tenía a su favor a la mayor parte de la sociedad vasca y dos votaciones positivas en el Congreso. Diez días después, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua, y amenazó con matarlo si no se producía el acercamiento de los reclusos; no había ni siquiera tiempo de cumplir con la condición, de modo que se puede decir que aquel fue un crimen anunciado. Mayor Oreja lo describió como «un crimen a cámara lenta». En esta ocasión, los partidos nacionalistas democráticos no sólo condenaron a ETA sino también a su entorno. «No podemos no considerar cómplices de este vil asesinato a los miembros de Herri Batasuna», proclamó Ardanza. Pero la respuesta decisiva tuvo lugar en la calle: millones de personas se manifestaron en toda España. Ante la culminación de la abyección terrorista, tuvo lugar una espectacular reacción popular, generosa y grave, desbordante y contenida, lúcida y decidida.

Pero a esta movilización le faltó continuidad y liderazgo, porque la unidad de los partidos políticos duró muy poco; a las dos semanas del asesinato de Blanco, ya había opiniones profundamente contradictorias. Aunque se inició un proceso de desplazamiento de Herri Batasuna en aquellos ayuntamientos donde el voto de otros partidos superara a los de este grupo, pronto el llamado «espíritu de Ermua» se vio bastardeado por la interpretación que de él hizo, al menos, una parte del apoyo social del Partido Popular. Un ejemplo de esta actitud fue la concentración en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, donde el cantante valencianista de izquierda, Raimon, acabó siendo abucheado. Por otra parte, cuando el llamado Foro de Ermua agrupó a un conjunto de intelectuales y empezó a actuar contra HB pero también contra el nacionalismo democrático, un diputado del PNV lo describió, con lenguaje intolerable, como un grupo formado por «ratas venidas de Hispania». De este movimiento, que agrupó a periodistas e intelectuales provenientes principalmente del mundo izquierdista, surgió «Basta Ya». De esta manera, una vez más, ETA influía de forma decisiva, aunque indirecta, en las actitudes de las fuerzas políticas.

La influencia de la banda terrorista se acentuó en los meses siguientes, pues el llamado Pacto de Estella (o Lizarra) supuso el final de una larga etapa de colaboración entre el PSOE y el nacionalismo democrático (1987-1998) y su sustitución por una especie de frente nacionalista. Lo cierto es que ambos tenían motivos para estar insatisfechos. Los socialistas, que en algún momento, a comienzos de los ochenta, hubieran podido reivindicar para sí la Lehendakaritza, veían cómo su voto disminuía en términos porcentuales y observaban con preocupación la propensión del PNV a pactar exclusivamente con nacionalistas. Por su parte, en el nacionalismo, cundió el deseo de protagonizar en exclusiva la desaparición del terrorismo y se pensó en términos partidistas. Ambos grupos políticos exponían razones que no carecían de coherencia y fundamento, pero esa ruptura produce la misma impresión que ciertas escenas cinematográficas en las que un presunto suicida titubea en el alero de una ventana y duda si lanzarse al vacío mientras los bomberos le incitan a la cordura, es decir, a la red. Se puede considerar que el suicida era uno u otro partido, o ambos a la vez.

A comienzos de 1998, el lehendakari Ardanza hizo una propuesta de paz que superaba los términos del Pacto de Ajuria Enea. Eludía temas como la «soberanía», partía de la inexistencia de un déficit democrático en el País Vasco, juzgaba poco probable que pudiera acabarse con ETA sólo por procedimientos policiales o por la renuncia a sus posiciones de la izquierda abertzale y trataba de presentar un marco político de convivencia más amplio. También a comienzos de 1998, el propio Xabier Arzalluz sugirió a José María Aznar la posibilidad de un contacto con ETA para llegar a la paz. El presidente repuso que no iba a tomar ninguna iniciativa porque «veía la piscina vacía» y no iba, por tanto, a lanzarse a ella; Arzalluz aseguró que consideraba su misión llenarla de agua. Ya nunca volverían a hablar en parecidos términos, pero es significativo que lo hicieran en aquel momento.

En el Gobierno, el ministro Mayor Oreja siempre había sido partidario de no mantener contacto alguno con ETA; por tanto, se había quebrado la vía indirecta de contacto que había protagonizado el Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel. A finales de 1997, un sacerdote relacionado con la comunidad cristiana de San Egidio en Roma —que había facilitado la pacificación en Argelia— se ofreció para posibles contactos pero Mayor Oreja rechazó semejante propuesta de forma inmediata y absoluta. Nunca creyó que hubiera una tregua, ni siquiera cuando el CESID y el ex presidente Felipe González anunciaron que podía producirse. Eso contribuye a explicar que, cuando tuvo lugar el anuncio de la tregua, Aznar estuviera de viaje oficial en Colombia y Perú. Durante la tregua, Mayor se sintió en una soledad abrumadora en el País Vasco y en el seno del propio Gobierno. Otra fue la posición del presidente: no cabe la menor duda de que Aznar llegó a pensar que durante su etapa de gobierno podía quedar resuelto el problema terrorista. No tomó iniciativas arriesgadas ni expresó su discrepancia con Mayor, pero alimentó la confianza en una derrota del terrorismo.

IDA Y VUELTA DE LA TREGUA

Los contactos del PNV con el entorno de la izquierda abertzale han sido frecuentes. (Todos los gobiernos democráticos, incluso los del Partido Popular, establecieron en su día relaciones con ese mundo). Desde 1995, los nacionalistas vascos mantuvieron conversaciones con el entorno de ETA, a través de la organización ecologista Elkarri, entonces próxima a la izquierda y luego cercana al PNV. El fundamento de aquellos contactos estaba relacionado con la construcción de la autopista de Leizarán. Por su parte, desde 1994, un dirigente del PNV, Juan María Ollora, había insistido en la necesidad de llegar a la paz mediante diálogo y autodeterminación. Los trágicos sucesos acaecidos durante el verano de 1997 y el progresivo apoyo de la sociedad vasca al Partido Popular indujeron a los nacionalistas vascos a tomar iniciativas urgentes y drásticas para lograr la paz. Cuando Mayor Oreja, aludiendo al clima social nacido del repudio abrumador a los recientes atentados, habló de una «nueva mayoría social», el PNV, indignado, advirtió que iba a «tomar nota de la arrogancia del ministro al constituirse por sí y ante sí en eje de la misma». Desde mediados de 1998, las tesis soberanistas de Ollora triunfaron en el seno del PNV; hasta el momento, la decisión de seguir esa vía ha sido irreversible. Con ello, la política pendular del PNV entre el autonomismo y el soberanismo se decantó en este último sentido.

Era evidente, mientras tanto, que la dirección de ETA estaba presionada por los éxitos policiales y por su propio cansancio y barbarie. Todo ello ocurría en un momento en el que, en Europa, parecía enderezarse el camino hacia la resolución de los problemas derivados del terrorismo, incluso en el conflicto de Irlanda del Norte. Una nueva Mesa de Herri Batasuna, elegida a comienzos de 1998, con Arnaldo Otegi al frente, dio sensación de mayor flexibilidad que la anterior.

Los indicios de acercamiento entre los distintos sectores nacionalistas eran palpables en la sociedad vasca y no tan sólo en la política. Ya en 1995, el sindicato ELA, cercano en otro tiempo al PNV, y LAB, próximo a HB, establecieron un acuerdo que venía a configurar una especie de tercer espacio —propugnado también por Elkarri—, a medio camino entre el Pacto de Ajuria Enea y las tesis de quienes apoyaban a ETA. A finales de 1997 se inició el acercamiento de los sindicatos, los partidos nacionalistas y Herri Batasuna. Los contactos se mantuvieron vivos en 1998, a pesar de los enfrentamientos entre la Ertzaintza y el mundo radical vasco.

En marzo de 1998, Ardanza dio a conocer su propuesta, ya citada. El documento es difícil de comprender sin tener en cuenta el contexto político en que se gestó. También se ha aludido anteriormente a su contenido: en él se partía de que el conflicto vasco existía entre los propios vascos y reconocía los avances producidos merced al Estatuto. Al mismo tiempo, pedía también un cese definitivo de la violencia y un diálogo sin condiciones ni cortapisas para elaborar un nuevo marco institucional. Los partidos de ámbito estatal no podían aceptar el último punto, al menos en las circunstancias presentes, pero rechazaron de plano todo el texto en su conjunto. Probablemente fue un error, sobre todo si se atiende a cuanto sucedió a continuación. Desde la perspectiva actual, en 2003, el llamado «documento Ardanza» era mucho mejor que las propuestas posteriores. De cualquier forma, la Mesa de Ajuria Enea no volvió a reunirse y el PNV, repentinamente, empezó a recibir el apoyo parlamentario de Herri Batasuna. El acuerdo que se alcanzó en Irlanda en 1998 contribuyó a crear un ambiente en el que la paz parecía posible e, incluso, inminente. No se tuvieron en cuenta las enormes diferencias entre ambos conflictos.

ETA y el nacionalismo democrático mantuvieron contactos a comienzos de 1998 y, luego, las conversaciones prosiguieron durante todo el verano. ETA puso como condición para el cese de la violencia la ruptura del Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna (PNV-EA) con los partidos de ámbito estatal; además, exigió una institución que sirviera para iniciar el camino soberanista en el conjunto de territorios de Euskal Herria. El acuerdo se caracterizó por la ambigüedad y la imprecisión. Los dirigentes etarras se alzaron como protagonistas principales del acuerdo; los nacionalistas moderados, por su parte, pensaban que, tras la tregua, la violencia quedaría desterrada definitivamente. Ni siquiera hubo lealtad entre los dos partidos nacionalistas moderados: el PNV añadió un texto en el reverso del documento suscrito, pero atribuyó la responsabilidad a EA.

En septiembre de 1998 se produjo el Pacto de Estella: en él se contenía un reconocimiento de la pluralidad vasca y una propuesta de resolución al problema nacional: la solución debía ser política. Ello permitió a los nacionalistas democráticos afirmar que se trataba tan sólo de pedir «más democracia». El pacto, por otro lado, predeterminaba un «ámbito vasco de decisión», presentando el conflicto como un enfrentamiento entre Euskal Herria y los Estados español y francés. Lo suscribieron una constelación de pequeños partidos nacionalistas, Izquierda Unida y otras entidades políticas, sociales y culturales.

El Pacto de Estella pretendió ser una «pista de aterrizaje» para ETA en la legalidad, pero fue también una plataforma de despegue hacia el olvido de la tradición autonomista del PNV. Ni siquiera se mencionaban aspectos que habían figurado en el programa de Ardanza, como la defensa de los avances que se habían obtenido en el marco estatutario. ETA decidió y anunció entonces una tregua. Advirtió, no obstante, que el cese de la violencia se mantenía con la condición de hacer una apuesta por la soberanía y de «acabar» con los partidos «españolistas». Anunció una tregua sin fecha final, lo que constituía una esperanzadora novedad, pero también informó que proseguiría su labor en la adquisición de recursos. La sociedad vasca recibió este anuncio con enorme optimismo, hasta el punto de pensar que la sucesión de atentados era ya historia: tres de cada cuatro vascos eran partidarios, en aquel momento, de tratar con HB si ETA dejaba de matar. En el Gobierno central hubo posiciones encontradas. El ministro del Interior, Mayor Oreja, no creyó que la tregua se produjera efectivamente y siempre la consideró como una «trampa». Aznar adoptó una postura más abierta, aunque nunca desautorizó a su ministro; pero lo desplazó del centro de cualquier posible negociación. Meses después, cuando la tregua concluyó, el presidente reaccionó de forma muy virulenta contra el nacionalismo democrático y asumió, en términos más radicales y nada reflexivos, la tesis de la «tregua trampa» que había defendido su ministro del Interior.

Resulta lógico que hubiera una gradación de actitudes entre el presidente del Gobierno y el responsable del orden público. Es obvio, además, que la responsabilidad exclusiva de la ruptura final de la tregua le correspondía a ETA. Pero da la sensación de que en el Gobierno hubo posiciones demasiado divergentes y de que, por tanto, el resultado fue una actitud titubeante. Cuando hubo que nombrar una comisión restringida para tratar con ETA, formaron parte de ella el secretario de Estado de Seguridad y el obispo Juan María Uriarte —ambos, a propuesta de Mayor Oreja— y el secretario general de Presidencia, Francisco Javier Zarzalejos, y Pedro Arriola, asesor político del presidente. Este último, nada discreto en conversaciones públicas, insistió repetidamente en el traslado de los terroristas presos al País Vasco, una tesis repetida desde el PNV y recomendada recientemente por Ardanza. No consiguió que su posición se impusiera.

Antes de pasar adelante, es necesario volver a la política vasca. En las elecciones autonómicas de octubre de 1998 se mantuvo la correlación entre escaños nacionalistas y no nacionalistas: Euskal Herritarrok, la nueva marca de Herri Batasuna, obtuvo catorce escaños, multiplicando así considerablemente su presencia en la cámara vasca; el Partido Popular también creció: alcanzó los dieciséis escaños; el PNV obtuvo veintiuno, que se debían sumar a los seis de EA: en total, el nacionalismo moderado había perdido tres; el PSOE se quedó en catorce. El panorama parlamentario lo completaron Izquierda Unida (IU-EB) y Unidad Alavesa, con dos escaños cada uno. El electorado nacionalista significaba el 54 por ciento de los votantes, el porcentaje más bajo desde 1980. Lo importante de esta consulta es que, por más que lo negaran cada uno los grupos políticos, la política de frentes se había impuesto: la participación electoral había sido muy alta, superior a la de cualquier consulta autonómica anterior. En total, los nacionalistas lograron unos 682.000 votos por 567.000 de los no nacionalistas.

Juan José Ibarretxe, candidato a lehendakari nacionalista, estableció conversaciones iniciales con los socialistas en diciembre, pero finalmente accedió a la Presidencia o Lehendakaritza con los votos de Euskal Herritarrok. Con ello, la organización vinculada a la izquierda abertzale se convertía en árbitro innecesario, pero inevitable, de la política vasca. Hasta mayo de 1999, sin embargo, no se firmó un acuerdo de gobierno entre el PNV-EA y EH, y cuando se hizo, adolecía de imprecisión: suponía sólo un genérico deseo de desaparición de todas las formas de violencia. Mientras tanto, se había formado la Udalbitza o Asamblea de Municipios del País Vasco, con una representación mínima de los navarros y franceses. Para los miembros de EH, la institución debía suponer el arranque hacia un proceso de soberanía; cuando se convirtió en una realidad, apenas se hizo una vaga alusión a una hipotética consulta popular. Hubo dirigentes históricos de ETA que no tuvieron inconveniente en afirmar que el PNV había dejado de ser un enemigo.

¿Cómo se llegó a este escenario tras las elecciones y qué otros hubieran sido posibles? Acerca del particular se puede traer a colación lo que Ibarretxe manifestaba en privado. Según afirmó, había intentado llegar a un pacto sincero con el PSOE para formar Gobierno, pero Nicolás Redondo Terreros, secretario general del PSE, le había asegurado que su partido no estaba en condiciones de llegar a este acuerdo político. Sobre los nacionalistas pesó gravemente la pérdida de Álava, pero también para los socialistas fue una losa la consolidación en un desconsolador tercer puesto en los resultados electorales vascos. Ibarretxe todavía pensaba que sería posible un acuerdo con los socialistas, quizá después de las elecciones generales de 2000. Para el lehendakari el escenario ideal hubiera sido un Gobierno compartido entre nacionalistas, EH y PSOE, por imposible que pueda parecer en la actualidad. Confiaba mucho en el estado anímico de la sociedad vasca, decididamente opuesta al retorno de la violencia. Quería que EH se abriera para que acabara aceptando la realidad política; más que temer que cambiara de postura, recelaba que algún sector escindido pudiera cometer un atentado tan bárbaro como el del IRA Auténtico en Omagh. Desconfiaba por completo del PP: a estas alturas había tenido ya tres conversaciones con Aznar y en todas ellas había descubierto un absoluto encastillamiento. Para el presidente del Gobierno, el problema político vasco, simplemente, no existía. Respecto a Mayor Oreja, el lehendakari sólo le concedía cierto despecho y, en todo caso, lo consideraba fuera de juego por no haber representado ningún papel en el proceso de paz. Ponderaba lo conseguido: a fin de cuentas, durante las conversaciones de Argel, sólo se habían producido seis meses de tregua. Cuando se le preguntaba sobre el resultado final del proceso, Juan José Ibarretxe ofrecía un Estatuto ampliado en varias de sus competencias, como las relativas a las materias sociales. Todas estas palabras testimonian, en la opinión de quien las oyó en privado, errores en la apreciación, especialmente, de la posición de otras fuerzas políticas, pero también denotan buena intención. Fue, sin duda, un error que no se formara un gobierno transversal, pero más grave fue contar sólo con el apoyo único de EH, sobre todo cuando no se había producido un reconocimiento solemne e irreversible de la vía democrática y pacífica. Ibarretxe aseguraba que al Acuerdo de Lizarra se había llegado con una redacción improvisada; pero eso mismo debería haberle hecho desconfiar y no tener tanta esperanza en que la paz era irreversible, por más que la sociedad vasca lo sintiera así. (La inmensa mayoría de los vascos, por ejemplo, no creía en la llamada «tregua trampa»). Ibarretxe no concedía importancia alguna a Udalbitza: respecto a ella, bien cabe repetir lo que escribió Voltaire sobre el Sacro Imperio Germánico, es decir, que no era ninguna de las tres cosas. Tampoco la Udalbitza era, ni remotamente, una verdadera Asamblea de Municipios Vascos.

A lo largo del año 1999 hubo evidentes pruebas de que la violencia no iba a desaparecer de forma inmediata del panorama vasco. Los actos de kale borrroka casi se duplicaron y la policía autonómica apenas se empleó contra algunas organizaciones juveniles que los llevaban a cabo. Es posible que hubiera dos tendencias en ETA, pero también es posible que sus dirigentes consideraran viables dos políticas contradictorias con un mismo fin. De cualquier modo, la prueba más evidente de que ETA no estaba preparada para emprender la vía de la paz se encuentra en el hecho de que, ya en enero de 1999, había dado muestras de su impaciencia.

En mayo tuvo lugar en Suiza el único encuentro entre el Gobierno y los representantes de ETA. La entrevista fue un diálogo entre sordos. Los primeros trataron de convencer a sus interlocutores de que estaban dispuestos a mantener un contacto permanente; la segunda apenas adelantó la reivindicación de soberanía. Una etarra, que asistió a aquella reunión, fue detenida casualmente en el mes de octubre y la prensa se hizo con las notas que había tomado durante el encuentro con los representantes del Gobierno español. Los apuntes, finalmente, se publicaron y de ellos pueden extraerse dos conclusiones: que el Gobierno estaba realmente interesado en el diálogo y que el abismo entre las dos partes era tan profundo que los tratos ni siquiera comenzaron, aunque el obispo Uriarte actuara de «mediador testigo». No obstante, silenciosa y muy lentamente, el Gobierno practicó una política penitenciaria que parecía indicar su deseo de llegar a un posible acuerdo con ETA desde su propia estrategia; este modo de trabajo se fue desarrollando a lo largo de varios meses. Jaime Mayor Oreja siempre había dicho que la cuestión de los presos era la única que permitía al Gobierno alguna ventaja sobre ETA, pero acabó cediendo parcialmente a la presión de la comisión designada por Aznar, aunque no tanto como hubiera querido Arriola. Fueron excarcelados unos doscientos etarras que habían cumplido la mayor parte de su condena y 135 fueron trasladados a zonas próximas al País Vasco; desde Francia regresaron a Euskadi 60 de los 150 etarras que se habían trasladado al país vecino. Además —aunque ésta no fue una decisión política—, el Tribunal Constitucional acabó anulando en el verano de 1998 la sentencia que había certificado la comisión de un delito cuando la Mesa de HB cedió sus espacios electorales a ETA.

En junio de 1999 tuvieron lugar las elecciones europeas y municipales. En las primeras, los resultados fueron semejantes a los que se habían dado en ocasiones anteriores: PNV-EA obtuvo el 34 por ciento del voto y PP, PSOE y EH el 19 por ciento cada uno, aproximadamente. Los nacionalistas obtuvieron mejor resultado en las municipales, pero perdieron el ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava: curiosamente, volvían a estar en una situación como la que habían vivido en los años treinta, es decir, predominio en Vizcaya y Guipúzcoa, pero sólo allí. Eso minó la confianza en el PNV, pero no la firmeza en la continuidad de su política. Se había trazado la línea del soberanismo, aquello que Unamuno —él mismo nacionalista vasco durante parte de su vida— había descrito como «el terco apego a una tradición indefinida e indefinible».

La situación para los nacionalistas, en estas condiciones, era ya muy complicada y precaria. Todavía lo fue más cuando, en julio, ETA suspendió los contactos previstos con el Gobierno y, sobre todo, cuando anunció el retorno a la «acción armada» en noviembre de 1999. Desde la misma declaración de la tregua, la banda armada había indicado que continuaría su labor de acopio de materiales. El anuncio del regreso a la actividad terrorista motivó grandes reproches a los nacionalistas democráticos, pero ningún cambio en su estrategia. Euskal Herritarrok se negó a desmarcarse de ETA, pero durante unos meses se vivió una situación política que era el colmo de la paradoja. Algunos nacionalistas democráticos, como Joseba Egibar, confiados en que no se cometerían atentados, consideraban el Estatuto como una «carta otorgada», un craso error desde el punto de vista del Derecho político, y contradecía los esfuerzos históricos que, en su momento, llevaron a cabo Xabier Arzalluz y Carlos Garaicoechea. El primero declaró a finales de año que bastaba el 51 por ciento de los votos para conseguir la independencia. Mientras tanto, el Gobierno vasco financiaba una institución, la Udalbitza; el PP y el PSOE llegaron a pensar que la verdadera pretensión de tal organismo era sustituir al Parlamento democrático, donde los nacionalistas moderados eran minoría mayoritaria. La realidad es que la llamada Asamblea de Municipios Vascos avanzó muy poco en cualquier sentido; tan sólo otorgó cierta iniciativa al nacionalismo más radical. PNV y EA se unían a los simpatizantes de EH en lo relativo al acercamiento de los presos.

En estas condiciones tuvo lugar un progresivo endurecimiento de las relaciones entre el nacionalismo democrático y el Gobierno central del PP. A partir de ese momento, el partido conservador identificó, una y otra vez y sin ningún ápice de duda, nacionalismo y terrorismo. El PNV fue expulsado de la Internacional Democristiana que había contribuido a fundar y en la que ahora José María Aznar tenía gran influencia. En enero de 1999, el nacionalismo democrático ya había consagrado definitivamente su programa soberanista, desplazando de este modo a quienes habían mantenido en su seno una visión estatutaria y autonomista. Juan José Ibarretxe insistía en que el proceso saldría adelante y que el resultado no sería la independencia, aunque tampoco dejaría las cosas como estaban.

Cuando hizo esta declaración —en julio de 1999, en un almuerzo patrocinado por La Vanguardia, en Madrid—, aún había esperanzas de que la operación de «aterrizaje» de la izquierda abertzale no concluyera en una catástrofe. Pero ya todo empezaba a parecer un rigodón confuso. Paradójicamente, en conversaciones con personajes importantes de la vida social y política vasca se sacaba la impresión de que lo más positivo en aquella situación era lo que se entendía a partir del lenguaje empleado por EH, que parecía impregnado de los principios de la democracia. A fin de cuentas, también Menahem Begin fue un terrorista y acabó pactando con los árabes. Pero el «aterrizaje» empezó pronto a parecerse al de aquella película humorística norteamericana (Aterriza como puedas), en la que tripulación y torre de control hablaban lenguajes distintos. PP y PNV no cesaban de cruzar insultos, mientras EH daba una y otra vez vueltas a su perplejidad estratégica. Al Gobierno cabe achacarle, en este momento, no haber aceptado —ni siquiera remotamente— que el PNV podía haberse embarcado en una jugada política bienintencionada, aunque errónea.

En noviembre de 1999, cuando ETA declaró concluida la tregua, quedó claro que ni la organización armada ni su entorno estaban preparados para la paz. Mayor Oreja tuvo razón al decirlo; pero se equivocó al afirmar que todo había sido una farsa. Ibarretxe acertó, en cambio, al asegurar que lo sucedido no había sido inútil, porque había acercado a los vascos y a los españoles a lo que debiera ser una situación de normalidad: la kale borroka no cesó, pero no hubo muertos.

Durante 1999 no se produjo ningún asesinato terrorista, pero después se descubrió que ETA había empleado ese tiempo en convertir buena parte de sus comandos de kale borroka en terroristas a secas; eso implicaba, sin embargo, que su capacidad operativa era mucho menor. En enero de 2000, ETA volvió a asesinar a un militar, en Madrid; desde entonces hasta la celebración de las elecciones generales, la banda terrorista puso sobre la mesa casi una treintena de muertos. Inmediatamente, Ibarretxe rompió el acuerdo parlamentario con EH, que no desaprobó el asesinato; e Izquierda Unida se desligó del Pacto de Estella, pero la situación política tardó demasiado en definirse. Culpable principal fue el nacionalismo moderado, que hubiera debido tener reflejos para cambiar de postura y no encastillarse en el soberanismo; quizá le animaba una esperanza que se demostró injustificada. En febrero fue asesinado el dirigente del PSOE Fernando Buesa y este crimen, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de Miguel Ángel Blanco, contribuyó a un enfrentamiento cada vez más duro entre nacionalistas y no nacionalistas. Ibarretxe presidía un Gobierno con pocos, casi nulos, apoyos, pues EH comenzó una estrategia de alejamiento y ausencia del Parlamento vasco. En definitiva, el nacionalismo radical había emprendido un regreso hacia las posiciones más duras: llegaron incluso a preconizar la abstención en las elecciones generales de marzo de 2000. Pero, en esa ocasión, no hubo en el País Vasco más que un diferencial de abstención de siete puntos porcentuales con respecto a la media española. Esa cifra medía los límites de su apoyo social efectivo en el País Vasco.

Haciendo un balance de lo sucedido durante ese período, no cabe la menor duda de que la culpable única de que no hubiera un verdadero proceso de paz fue ETA. Probablemente, en el seno de la banda hubo sectores que deseaban ese proceso de paz: dos encapuchados afirmaron en la BBC, durante el otoño de 1998, que su generación no volvería a la guerra. Pero se impuso, como siempre, la línea dura y activista a ultranza. Es imposible saber qué razones motivaron el cambio de postura a finales de 1999, pero la actitud de Euskal Herritarrok resultó, en los meses precedentes, un modelo de incoherencia: quería, a la vez, que el Gobierno vasco tuviera iniciativas, pero sostenía la kale borroka y pretendía que los nacionalistas moderados adoptaran sus posiciones, cuando su representación era minoritaria. Por su parte, el Gobierno del Partido Popular siempre estuvo atento a la inmediata rentabilidad política, tuvo excesivas esperanzas en que resolvería el problema él solo, sin contar con la oposición, y fue a remolque de los acontecimientos; sus ataques al PNV-EA fueron por completo desmesurados, cuando lo correcto hubiera sido una expectativa vigilante. Los socialistas, por su parte, no definieron una posición propia, sino que pasaron de la colaboración con PNV y EA a asimilarse al PP. Los nacionalistas democráticos confiaron en exceso en las posibilidades del proceso de paz, olvidaron su tradición moderada, no rectificaron a tiempo cuando se produjo la vuelta a las armas y no se dieron cuenta de que un pacto como el de Estella significaba frentismo antinacionalista y reducción de la propia influencia territorial. Hubo, pues, además de la culpa de ETA, un fracaso colectivo de los demócratas en esta ocasión. Como es lógico, aquellos errores tuvieron graves consecuencias posteriores.

EL GOBIERNO Y EL PARTIDO: ALTERNATIVAS POLÍTICAS DE UN CUATRIENIO

Cuando formalizó su Gobierno, José María Aznar había señalado como divisa y leit motiv del mismo la vocación de «durar». Parecía un propósito muy modesto, pero la fragilidad de la mayoría parlamentaria y el hecho de que el Gobierno estuviera formado en su mayor parte por bisoños, cuya capacidad al frente del Ejecutivo estaba por probar, planteaba esta necesidad. Pero, gracias a la buena situación económica, a la política planteada en el campo económico y social, y a la disciplina del partido, Aznar pudo mantener su Gobierno en condiciones de estabilidad hasta remontar en las encuestas. Aunque la capacidad de algunos ministros fue desde muy pronto dudosa, la característica tenacidad de Aznar se hizo valer y el presidente se negó a hacer cambios que sólo tuvieron lugar cuando ya había corrido la mitad de la legislatura. A estas alturas, sin embargo, había quedado bien claro que, con el paso del tiempo, algunos de los defectos del estilo inicial del Gobierno no sólo no desaparecían, sino que se agravaban. La política de confrontación con el adversario o el discrepante fue protagonizada especialmente por el vicepresidente político, Francisco Álvarez-Cascos, quien no dudó en presentar toda la etapa de gobierno socialista como de «anormalidad democrática». Como se señaló en su momento, también fue principal protagonista de la aventura mediática del Gobierno, con la entusiasta compañía del portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez. En más de una ocasión, hubo deslices despreciativos respecto a los nacionalistas catalanes, a los que el Gobierno debía su estabilidad parlamentaria, y se amenazó de forma estridente a un gran empresario de la comunicación. Transcurridos dos años de presencia del PP en el poder, también resultaba patente que, por lo menos en un aspecto, se había hecho realidad lo que Ortega escribió en una ocasión sobre la derecha española: «Adorar lo que había prometido extirpar y extirpar lo que había prometido adorar». Esta frase era válida, sobre todo, en lo relativo al modo de realizar las privatizaciones o a la forma de actuar con los medios de comunicación públicos. Finalmente, estaba claro que existía una imposible coyunda entre el catalanismo y el PP, de tal modo que la relación, política y parlamentaria, entre ambos quedaba condenada a una especie de perpetua mezcla de cohabitación y enfrentamiento. El Gobierno tenía a su favor, sin embargo, la prosperidad económica, en buena parte debida a su propia política y a la paz social. Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas recogían la valoración positiva de los ciudadanos; casi siempre se les valoró incluso por encima del presidente del Gobierno, sobre cuya persona el juicio de la opinión pública no resultaba tan brillante.

José María Aznar aún tenía que demostrar su capacidad política en la prueba de fuego de cualquier presidente: una crisis ministerial. Los mejores la ejecutan limpiamente, en beneficio propio y evitando que los damnificados se vuelvan en su contra. Debe recordarse que a Adolfo Suárez, o incluso a Felipe González, algunos cambios gubernamentales les estallaron en las manos o se liquidaron con resultados muy negativos en su contra. Aznar llevó a cabo la crisis gubernamental por pasos, exhibiendo de forma ostentosa su propio protagonismo exclusivo e identificando los cambios con un camino hacia el centro que sólo muy parcialmente se convirtió en una realidad.

El giro centrista se inició en julio de 1998, cuando sustituyó al polémico Miguel Ángel Rodríguez. El secretario de Estado había ejercido de portavoz del Gobierno y había protagonizado varios incidentes. Un portavoz del Gobierno, salvo casos excepcionales y por más revestimientos de amianto con que su carácter y personalidad le dote, de modo inevitable resulta materia combustible. En el caso de Miguel Ángel Rodríguez no sólo fue así, sino que no acaba de entenderse cómo pudo ser nombrado para el cargo. Su política informativa había sido muy desafortunada y, además, había defendido un estilo que iba en deterioro de sí mismo y del Gobierno.

Una vez sustituido Miguel Ángel Rodríguez, el presidente Aznar volvió a insistir en la necesidad de llevar a cabo una renovación hacia el centro, presentándola como una misión personal: volvía, pues, a sus pronunciamientos de la campaña de 1996. Pero, en realidad, no hubo un cambio sustancial. Ahora bien, Aznar demostró en este momento una gran capacidad de arbitraje y conciliación entre los propios y un sentido estratégico indudable para beneficiarse de la labor de sus mejores ministros. También, como veremos, demostró habilidad para desprenderse con decisión de aquellos colaboradores que no le daban resultado o le importunaban. En todo ello —en sentido exclusivamente descriptivo, e incluso en sentido admirativo—, se parecía a Franco. Pío Cabanillas (padre), en privado, no había dejado de llamar la atención sobre este paralelismo.

Si Aznar hubiera querido seguir una verdadera senda hacia el centro, habría mostrado mayor voluntad de consenso en algún aspecto con la oposición o con los propios aliados. En cambio, actuó de una forma muy oportuna —como estadista— en lo relativo al indulto de los condenados por el secuestro de Segundo Marey. La sentencia condenatoria del ex ministro José Barrionuevo y de Rafael Vera en septiembre de 1998 había situado a la política española en una crispación inaceptable. España no podía merecer el espectáculo de los dirigentes socialistas acompañando a sus correligionarios a la cárcel, adonde les habían llevado sus actuaciones tras un juicio celebrado con todas las garantías del Estado de Derecho. De la efusión sentimental que desbordaba en esas actuaciones sólo cabía decir que no tenía futuro: su desenlace era previsible y sus consecuencias no sólo iban a dañar al principal partido de la oposición, sino al conjunto del sistema político. El Partido Popular debía enfrentarse al caso con magnanimidad y con un deseo sincero de «pasar página».

Es preciso afirmar que lo hizo y que eso debió de ser obra principal del propio Aznar. El indulto llegó en enero de 1999 y el procedimiento se realizó en las condiciones oportunas. No fue de manera precipitada, calificativo que hubiera merecido en el caso de otorgarse al poco tiempo de imponerse la condena. No fue tampoco un indulto manifiestamente injusto, como lo hubiera sido en el caso de haberse concedido con carácter total. Tampoco fue una medida cicatera. En definitiva, ahora se podía considerar que la mala pesadilla de los GAL, denunciada por tan pocos en un principio, había desaparecido del horizonte político y las relaciones de los dos grandes partidos políticos podían restablecer la normalidad deseable.

Las capacidades políticas de Aznar se demostraron especialmente en el movimiento del centro de gravedad derechista tradicional, mantenerlo en la disciplina y privarlo de capacidad de decisión. En aquellos momentos, la confrontación entre el vicepresidente político del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, y Sergio Marqués, por motivos de menuda política asturiana, suponía un motivo de preocupación. Álvarez-Cascos no había dejado de tener una actuación habilidosa en el trato con algunos partidos de la oposición, como el PNV, pero su talante se vinculaba a la derecha tradicional y fue en parte el culpable de un enfrentamiento que, si no produjo una grave escisión en el Partido Popular, sí facilitó el acceso al poder del Partido Socialista en el Principado de Asturias.

A finales de 1998, cuando ETA ya había anunciado su tregua, Aznar prosiguió su camino hacia el centro, destituyendo a Fernando López Amor en la dirección de Radiotelevisión Española; lo reemplazó por el talante mucho más moderado de Pío Cabanillas. Al tiempo, iba progresivamente apartando a Álvarez-Cascos de la primera línea en la dirección del partido. Quienes formaban parte del núcleo decisorio observaron su rápido declinar con complacencia y dictaminaron muy pronto que su decadencia era irreversible; no lo ocultaron, además, en conversaciones privadas. De hecho, fue Ángel Acebes quien se hizo cargo de la responsabilidad de llevar el día a día de la organización en el partido. El vicepresidente político del Gobierno fue marginado de la mayor parte de los asuntos clave de carácter político como, por ejemplo, el seguimiento de las conversaciones con ETA.

A principios de 1999, en paralelo con el XIII Congreso del Partido Popular, Aznar llevó a cabo una remodelación gubernamental que afectó a la cartera de Trabajo: el titular, Javier Arenas, se encargó entonces de la Secretaría General del partido. Arenas era una de las figuras políticas que mejor resultado le habían dado a Aznar. Fue sustituido por Manuel Pimentel. Además, probablemente sin especial entusiasmo por su parte, Mariano Rajoy sustituyó a Esperanza Aguirre, cuya labor había sido muy deficiente en Educación y Cultura; la ex ministra pasó a ocupar la Presidencia del Senado. Como ya se señaló en su momento, la reforma de los estudios de Humanidades no había conseguido otra cosa que irritar a los catalanistas. La Presidencia de la Cámara Alta la ocupaba, hasta entonces, Juan Ignacio Barrero, que se postuló como candidato a la Presidencia de Extremadura; fracasó en el intento. Meses después, Jesús Posada sustituyó a Loyola de Palacio en el Ministerio de Agricultura; la ministra había sido elegida para encabezar la lista popular en las elecciones europeas. El Congreso del partido en 1999, en fin, no representó nada especial. Desde luego, había desaparecido el tinte marcadamente derechista, pero tampoco se sustituyeron claramente por otros contenidos que se pudieran adscribir al pensamiento político de centro. Progresivamente, la imagen del Partido Popular se correspondía con el modelo de «partido posmoderno», es decir, poco ideologizado, muy profesional, vinculado por lazos de índole personal y de amistad en su liderazgo, unido y con una clase dirigente a menudo muy joven y dedicada desde una edad temprana exclusivamente a la política.

Mientras tanto, los resultados de las encuestas eran propicios para el Partido Popular. A fin de cuentas, durante la legislatura 1996-2000, España redujo en tres puntos el diferencial de renta con la media de la Comunidad Europea, llegando al grado más alto de convergencia real alcanzado nunca (83 por ciento). En estas condiciones, Aznar decidió agotar la legislatura, a pesar de los consejos en sentido contrario y por más que en los últimos meses la confrontación política se hiciera más frecuente y tensa. En esa decisión mostraba otro rasgo de su carácter: la perseverancia.

Sin embargo, a esas alturas, se había manifestado en el presidente otra característica de su personalidad política, que habría de resultar cada vez más patente. Apenas las encuestas de opinión le resultaron favorables y habiendo demostrado que sabía organizar sabiamente su partido y su Gobierno, José María Aznar se rodeó de un ectoplasma de autosatisfacción del que no cabe encontrar parangón en la Historia española del siglo XX. El mejor ejemplo de ello fue el libro biográfico publicado a finales de 1999 por José Díaz Herrera e Isabel Durán. Estos periodistas, no muy ilustrados, sin duda habían escrito un libro de encargo y, por tanto, mantuvieron contactos con el propio Aznar. En este libro se encontraban frases de una untuosidad inesperada como, por ejemplo: «La pasión del presidente por sus hijos viene de lejos»; y «El respeto y amor es lo que reina en el Palacio de La Moncloa». Incluso se detectaban en el presidente capacidades físicas inesperadas: «Sólo suda por los tobillos». Sus enemigos —en cuyo elenco aparecía por entonces Alberto Ruiz-Gallardón— quedaban malparados y se les maltrataba a conciencia: siempre que se elevaban —se hacía decir a Aznar— «se les veía el culo». En el libro, además, se le atribuían méritos políticos excepcionales, tanto en política exterior como en la interior. En la Unión Europea había conseguido «que, por vez primera, un país se imponga al resto». En España había sido el único político «que había conseguido que ETA deje de matar durante un año». Por desgracia, sólo tardaría unas semanas en volver a hacerlo.

Sin duda, hubo un fallo de gabinete en la aparición de un libro con este contenido. Pero lo importante es que correspondía a un síndrome peligroso: la autosatisfacción y la incapacidad de ver más allá del propio entorno. La tendencia se confirmó en los meses siguientes.

EL INCIERTO CAMINO DE LA OPOSICIÓN

La trayectoria de la oposición durante el primer Gobierno del Partido Popular merece una atención muy especial, porque fue mucho más agitada que la del partido en el poder y, probablemente, desempeñó un papel decisivo en la determinación de los resultados electorales del año 2000.

Para entender la situación del Partido Socialista en aquellos días es preciso partir de la constatación del peculiar estado de ánimo en que quedó el PSOE tras las elecciones anteriores. Los socialistas, durante largo tiempo asediados por una constelación de circunstancias negativas derivadas, en gran medida, de sus propios errores, perdieron las elecciones por tan sólo unos 300.000 votos. En consecuencia, dieron la sensación de haber tardado en darse cuenta de que realmente habían perdido las elecciones. En sus primeras declaraciones calificaron el resultado como una «dulce derrota»; luego, aunque con menor convicción, sugirieron que Aznar no alcanzaría la investidura y, finalmente, imaginaron que duraría muy poco. Sólo las encuestas parecieron fundamentar durante algún tiempo este tipo de juicios.

En parte, esta actitud puede deberse a la postura personal de Felipe González, que seguía siendo una figura absolutamente clave en la dirección del Partido y había pasado por una confrontación durísima en sus últimos años de ejercicio en el poder. El ex presidente no mostraba ningún respeto político hacia Aznar, ni siquiera aprecio, de modo que esta actitud se consolidó; es cierto que quizá pudiera matizarla más en privado. En esos momentos y durante algún tiempo, González siguió siendo el líder mejor valorado en las encuestas, pero, en realidad, se mantenía secretamente a la espera de abandonar la jefatura del Partido. Es muy probable que cuanto sucedió a continuación revele que sus deseos de abandonar la primera fila de la política partidista, y que había comunicado confidencialmente desde finales de los ochenta, se correspondían con la realidad. En junio de 1997, ante el Congreso de su Partido, para sorpresa de la mayoría e incluso de quien iba a sucederle, renunció a la reelección como secretario general, arrastrando con su decisión a Alfonso Guerra y a Benegas, los otros dos supervivientes del Congreso de Suresnes que quedaban en la dirección socialista. El adiós de Felipe González reprodujo, de alguna manera, lo sucedido en 1979, de manera que pareció devolver a la política española ese pálpito de grandeza que no suele ser habitual.

Concluía así una larga etapa en la historia del socialismo español. La confrontación entre Felipe González y Alfonso Guerra no ha sido explicada satisfactoriamente hasta el momento, pero ambos habían desempeñado un papel decisivo no sólo desde el punto de vista del partido, sino también del ejercicio del Gobierno.

La decisión de González en el Congreso del Partido fue recibida con una sensación, a la vez, de pena —se perdía un seguro liderazgo— y de alivio —entonces era posible una renovación efectiva e inmediata—. Demasiado importante para su propio partido e incapaz de permanecer al margen de la vida política cotidiana a pesar de haber renunciado voluntariamente a su puesto, González hizo repetidas intervenciones públicas en los meses siguientes: daba la sensación de que deseaba el retorno a la vida partidista y al poder. Sin embargo, tales deseos eran francamente improbables. Los malintencionados, por su parte, se regocijaban suponiendo que el ex presidente tutelaba en exceso a la dirección de su Partido. Como persona herida por su pasado inmediato, a menudo sus intervenciones públicas fueron equivocadas. En realidad, en su caso se repetía lo acontecido con Adolfo Suárez. Una vez abandonado el cargo y la política activa, se encontraba con la difícil readaptación a un modo de vida al que no estaba habituado. Por una parte, González acaparaba la atención de los medios de comunicación, en muchos de los cuales despertaba interrogantes acerca de un posible retorno a la política. Por otro lado, no le había abandonado la pasión por ella, de modo que cualquier intervención suya se miraba con prevención, no como el producto de la sabiduría de quien había tenido tan altas responsabilidades. Escribió mucho, sobre todo con carácter privado, pero a menudo cuando lo hizo públicamente se pudo percibir su desconcierto y su personal sufrimiento. Era previsible: en definitiva, había sido amado mucho más que cualquier líder político y ahora descubría también la magnitud del odio —en buena medida injusto, como en el caso de Suárez— que también había despertado. Pasaron los meses y González fue adaptándose a su nueva situación. Dejó claro que no tenía ambiciones en el Partido, a pesar de que muchas miradas se seguían dirigiendo a él. Encontró en la lectura, la escritura y, en especial, en la vida política internacional la posibilidad de mantener una presencia pública. Con el paso del tiempo, los consejos a los suyos tuvieron cada vez más enjundia y sentido. Hubo dos sugerencias durante estos meses que podían haber sido muy útiles a la dirección socialista. La primera: evitar «arrellanarse en la oposición», esperando a que el poder volviera de manera inevitable a sus manos. La segunda se expresó mediante una especie de metáfora rústica, tan habitual en el lenguaje del dirigente socialista. La dirección del PSOE merecía el tratamiento que se les daba a los higos en su Andalucía natal: hacerlos madurar «con un poco de aceite en el culo». El inconveniente principal del lenguaje de González era el tono de condescendencia del que se revestía. No tenía inconveniente en describir a Joaquín Almunia como «un buen chico» en el transcurso de una cena. Lo hacía de forma bienintencionada y espontánea, pero no le dejaba muy bien parado ante terceros.

La elección de 1997 de Joaquín Almunia como secretario general pudo dar la impresión de ser una decisión de la cúpula directiva del PSOE que había permanecido en el poder durante los catorce años precedentes. En realidad, era una decisión continuista que tenía su lógica objetiva. Almunia, personaje intachable y de indudable peso específico al que ni remotamente cabía identificar con los escándalos que habían esmaltado la época final del socialismo en el poder, suponía una continuidad indudable con González, pero también podía significar también a medio plazo la apertura de un proceso de renovación sin ruptura. Pero careció de atractivo electoral y, sobre todo, la resaca de los escándalos pasados era excesiva para que pudiera ser superada con facilidad. Además, el PSOE, demasiado convencido de la debilidad de Aznar, no hizo propuestas programáticas para hacerle frente; los socialistas dieron la sensación de que se consideraban el Gobierno «natural» de España. En fin, Almunia tomó dos decisiones que se demostraron demasiado arriesgadas: convocar elecciones primarias internas y propugnar un pacto con Izquierda Unida en plena campaña electoral. En el fondo, no sólo eran ambas positivas, sino que probablemente resultaban también irreversibles: de una forma u otra, las dos medidas estaban destinadas a convertirse en una herencia importante de su paso por la Secretaría General y destinadas a ser asumidas por quienes accedieran a la dirección del Partido en adelante. Las elecciones primarias ya serían inevitables en el PSOE y, probablemente, tendrían una importancia creciente en la vida intrapartidista. La herencia del acuerdo con IU no fue establecer una alianza electoral permanente; sin embargo, la medida rompió la confrontación en el seno de la izquierda que había caracterizado a la etapa en que IU estuvo presidida por Julio Anguita; en adelante, el entendimiento entre PSOE e IU quedó configurado como una posibilidad de pacto que no amenazaba gravemente el predominio del PSOE en la izquierda española. Pero no es menos cierto que Almunia padeció el síndrome de Juan Bautista, es decir, el de quien se adelanta a su tiempo. La consecuencia es que le cortan la cabeza.

En suma, el Partido Socialista muy pronto dio una indudable sensación de inestabilidad y de desorientación que las encuestas de opinión y las elecciones parciales confirmaron. En aquel momento, el Partido Popular se situaba al frente de las expectativas de voto. En octubre de 1997 tuvieron lugar las elecciones gallegas y, en ellas, a pesar de la colaboración con un importante sector de Esquerda Unida, el PSOE gallego siguió su imparable descenso y perdió cinco escaños con relación a las elecciones de 1993: obtuvo menos del 20 por ciento de los votos, mientras que el BNG, con cerca del 25 por ciento, se convirtió en la segunda fuerza política de Galicia. Lejos de arrancar votos a la derecha, la oposición se los redistribuía; en este caso, en favor del nacionalismo. Al mismo tiempo, el grupo de IU que permaneció fiel a la estrategia de Julio Anguita, antagónica respecto al PSOE, apenas alcanzó el 1 por ciento del voto, con lo que desapareció en la práctica.

Muy pronto fue patente que Almunia tenía un problema no tanto de credibilidad personal como de necesidad de impulsar su propia candidatura de manera eficiente: su tarea pendiente era lograr que el electorado propio se movilizara a su favor. Esto explica que, desde finales de 1997, se especulara con la posibilidad de organizar unas primarias internas en el seno del PSOE. Como parecía lógico, tales elecciones habrían de tener como objetivo principal potenciar su personalidad de cara a una confrontación electoral con el PP. El sistema de elecciones primarias suele aplicarse en países como Estados Unidos, donde hay partidos sin afiliados; era una experiencia inédita en la historia del socialismo español e, incluso, en la de la mayor parte de los partidos europeos. Los resultados eran, pues, imprevisibles.

Finalmente, el resultado tuvo poco que ver con las previsiones. En Cataluña, en cambio, la candidatura única de Pasqual Maragall, que había adquirido prestigio tras una gestión considerada generalmente en términos positivos y que además logró apoyos adicionales en medios independientes de izquierda, fue potenciada de un modo decisivo por el sistema de primarias. Pero la elección interna se llevó a cabo con una única candidatura y sin conflictividad; incluso vertebró un movimiento llamado de «Ciutadans per el canvi».

La mayor parte de los electores socialistas pensaba que Joaquín Almunia ganaría las primarias y la dirección del Partido, elegida en el congreso anterior, patrocinó su candidatura; el propio Felipe González y los «barones» territoriales del Partido también lo apoyaron. Pero tanto el candidato como el conjunto de la dirección del Partido no tuvieron en cuenta que el sistema de primarias abría la caja de Pandora: más conflictividad interna. Almunia daba sensación de honestidad, solidez y consecuencia, pero no era un líder carismático, como González, y a menudo sus virtudes parecían más propias de un buen segundo o tercero que de quien debía encarnar y personificar una tendencia política de pasado carismático. La aparición como candidato de Josep Borrell supuso una agrupación de afiliados descontentos por motivos políticos, de simplemente marginados e inquietos o de quienes esperaban más agresividad en la oposición contra el Gobierno. El talante de este segundo candidato se situaba claramente en la izquierda del partido; tenía, además, un aura de popularidad muy apreciable en Cataluña por su condición de castellanohablante poco propicio al entendimiento con el catalanismo. Borrell había sido ministro de Felipe González, pero ajeno a su círculo más íntimo; probablemente, el ex presidente no se fiaba por completo de él. Su política tenía el atractivo de predicar un mayor grado de confrontación en un momento de desorientación en las filas del PSOE y de parecer más brillante, pero, a medio plazo, su estrategia podía ser autodestructiva. En el Partido no contó con grandes apoyos: tan sólo suscribieron su candidatura quince de los 141 diputados y doce de los 100 senadores socialistas. Quienes lo sustentaban no creyeron que pudieran superar el 20 o el 30 por ciento de los votos en las elecciones primarias.

Contra todo pronóstico, en abril de 1998 Almunia perdió las primarias. El candidato «oficial» obtuvo el 44,5 por ciento de los votos, contra más del 55 por ciento que consiguió Borrell. Incluso aquellas organizaciones del Partido que parecían más firmes en el apoyo de la dirección del Partido ofrecieron resultados sorprendentes. El triunfo de Borrell hacía suponer un giro del Partido Socialista hacia la izquierda y también mayores esperanzas de volver al poder. Se habló muy pronto de un «efecto Borrell» que hacía albergar las mayores esperanzas al partido de la oposición; en abril de 1998, el Partido Socialista estaba de nuevo a la cabeza de la expectativa de voto. Borrell llegó a ser el político más valorado, por delante de Aznar, que tuvo que conformarse con el tercer puesto. El segundo lugar lo ocupaba Felipe González.

Pero el «efecto Borrell» resultó un episodio efímero en la política española. Borrell parecía un técnico preparado, capaz de enfrentarse con los problemas y solucionarlos: tenía algo de saintsimoniano. En cambio, planteaba algunas dudas: no era una persona con un perfil propicio al consenso o capaz de ejercer un liderazgo moral sobre una considerable porción de la sociedad. Pero, sobre todo, estaba por descubrir su capacidad de liderar un partido.

El vencedor en las primarias no se sintió con fuerzas para reclamar todo el poder en el Partido mediante la convocatoria de un congreso extraordinario; quizá pensó que la dirección del Partido caería en sus manos sin mayores problemas. El perdedor, Joaquín Almunia, sin duda con buena intención, pensó que sería posible una bicefalia, hasta cierto punto inevitable dada la situación en que había quedado el Partido.

La intervención de Borrell en el debate sobre el estado de la nación, en mayo de 1998, fue demasiado catastrofista y acabó complicándose en una confusa cuestión técnica sobre el supuesto «maquillaje» de las cuentas de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, olvidó poner sobre el tapete muchos otros temas, como la política gubernamental relativa a la información, la cultura, la educación o la instrumentalización de la Justicia, que, sin duda, ofrecían más posibilidades críticas. En el fondo, Josep Borrell evidenció carencia de habilidad política e ingenuidad. Aznar demostró, por su parte, que había aprendido oratoria parlamentaria y contundencia, al menos, ante adversarios menos bregados que González. De acuerdo con las encuestas publicadas por la prensa, el 41 por ciento de los ciudadanos otorgaron la victoria a Aznar en aquel debate; sólo el 14 por ciento concedió el triunfo a Borrell. El resultado del sondeo, sin embargo, no quería decir que la opinión pública estuviera entusiasmada con el presidente del Gobierno. De todos modos y en este caso concreto, Aznar había conseguido claramente la victoria.

En el resto de las elecciones primarias celebradas posteriormente, los candidatos de la ejecutiva se impusieron, pero en las que tuvieron lugar en Madrid no ganaron: se produjo entonces un vuelco que desautorizaba a quienes habían estado hasta el momento al frente del Partido. Así, un arma imaginada para potenciar la imagen del candidato se convertía en un elemento negativo, desestabilizador para la propia ejecutiva y fragmentador en aquellas organizaciones que tenían una trayectoria más problemática.

Todavía hubo un inconveniente mayor. Cuando Joaquín Almunia salió derrotado, puso su cargo a disposición del Partido, pero los dirigentes de la ejecutiva le pidieron que continuara. Este deseo no nació de la voluntad de mantener en el núcleo de poder a una persona que todavía dependiera de Felipe González, como interpretaron quienes veían en el «felipismo» un enemigo omnipresente; la solicitud de que permaneciera al frente del Partido tenía sentido porque Borrell había dirigido un sindicato de agraviados y carecía de algo parecido a una mayoría en la estructura de dirección del Partido. Almunia, en realidad, se arriesgó a mantenerse en una situación muy incómoda, y debió hacerlo por la estabilidad del propio Partido y en perjuicio propio. Ambos, de cualquier modo, debieron de pensar que la convivencia en la dirección del PSOE era posible.

Pero muy pronto se produjeron los problemas generados por la bicefalia. Hubo quien afirmó que, en realidad, eran problemas de acefalia. Se había previsto que Borrell asumiera el liderazgo parlamentario y de oposición, mientras que Almunia debería centrarse en la dirección política del Partido. En teoría, la división de funciones era clara, pero pronto la bicefalia se demostró imposible, por exceso de susceptibilidad de Borrell y por la inviabilidad de un acuerdo entre dos personalidades de talantes muy distintos. La ausencia de un equipo dirigente claro en torno a Borrell acabó por complicar aún más la situación. Poco tiempo después, ni siquiera estaba claro quién debería dialogar con el presidente del Gobierno (lo hizo Almunia y no Borrell). A mediados de noviembre de 1998, finalmente, se decidió el desmantelamiento de la «oficina del candidato» y se procedió a terminar con la dualidad de estructuras existente que, en realidad, fomentaba dos direcciones paralelas. En adelante, Joaquín Almunia se ocuparía del programa electoral y el aparato electoral de campaña: sería el apoyo del candidato dentro del Partido. El acuerdo se logró gracias a la mediación de los tres presidentes socialistas de Comunidades Autónomas. Pero incluso antes de llegar a este acuerdo competencial, ya se había manifestado ese género de canibalismo intrapartidista que fue tan característico en los últimos tiempos de UCD. Como en aquel caso, el espectáculo sumaba varios rasgos que hacían presagiar un suicidio electoral. Por un lado, era ridícula la obsesión exclusiva por la lucha intrapartidista, pero también parecía patética: los esfuerzos en nada beneficiaban al ciudadano. «Yo ya no sé si soy de los nuestros», había dicho Pío Cabanillas en los últimos tiempos de UCD. Ahora parecía oportuno recordar la frase.

Ni siquiera con la citada remodelación fue posible una auténtica dirección única del Partido. Otras circunstancias tendieron a complicar aún más la situación del PSOE. Felipe González siguió actuando como una especie de rueda excéntrica: en algunos asuntos, como el procesamiento de Pinochet por parte del juez Garzón, el ex presidente difería claramente de la política de su partido. Pero, además, algunas decisiones judiciales contribuyeron a entenebrecer la imagen del PSOE, precisamente en el momento en que mejoraba la imagen de Aznar. A finales de julio, la condena por el «caso Marey» supuso que un ex ministro socialista, José Barrionuevo, y un ex secretario de Estado, Rafael Vera, ingresaran en la cárcel. Cuando el acontecimiento se produjo, buena parte de los dirigentes socialistas se manifestaron ante la cárcel de Guadalajara, en una escena bochornosa para el Partido y, al mismo tiempo, deprimente para quienes no habían compartido la actuación de Barrionuevo y Vera. El presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, llegó a proponer una especie de «plante institucional» del Partido frente a las instancias gubernamentales y estatales. Por fin, en diciembre, se concedió el indulto: una decisión gubernamental oportuna y meritoria que permitía relajar las relaciones entre los partidos constitucionales; no se pudo evitar que algunos de los penados reivindicaran su gestión anterior —Barrionuevo, por ejemplo—. Las encuestas siguieron presentando al PSOE como un partido dividido y sin rumbo claro.

Josep Borrell fue siempre incapaz de superar su derrota ante Aznar el día del debate sobre el estado de la nación. Probablemente él mismo se descubrió demasiado frágil e incapaz de superar sus debilidades, de modo que poco a poco fue olvidando los reproches que, en un primer momento, había hecho a los dirigentes del Partido. Finalmente, en mayo de 1999, Borrell dimitió de su condición de candidato a la Presidencia del Gobierno cuando se hizo patente que un escándalo de dos ex colaboradores suyos en el Ministerio de Hacienda podía afectar al conjunto del Partido. Dichos colaboradores fueron acusados de haber organizado una especie de red de influencias para conseguir tratamientos fiscales fraudulentos para numerosas empresas barcelonesas y de remitir parte de los beneficios a Suiza. Borrell había sido secretario de Estado de Hacienda y había aplicado la nueva legislación fiscal; como una especie de severo Catón, se había mostrado dispuesto a no tolerar incorrección alguna en esta materia. Era obvio que, dadas las circunstancias, no podía acudir a una campaña electoral con mínimas esperanzas de triunfar. El llamado «efecto Borrell» se había desinflado en muy poco tiempo.

Joaquín Almunia volvió, por tanto, a asumir la carga de dirigir el Partido, tratando de ponerse al frente de una campaña electoral que, de hecho, ya comenzaba. Resulta difícil imaginar una situación de partida más difícil que la que sufría el Partido Socialista en el momento de presentarse a las elecciones: el candidato, Joaquín Almunia, recordaba aspectos poco agradables del pasado, había perdido las primarias en el seno de su propio partido y sólo se había convertido finalmente en candidato por el hecho de que su partido no tenía otra solución a mano. Todo hace pensar que asumió la condición de candidato como un sacrificio, por muy ingrato que fuera. (Algo parecido ocurrió con Landelino Lavilla al final de UCD). Su comportamiento, en aquel momento, permitió observar su capacidad de asunción de una responsabilidad y su buena intención.

Idéntica sensación de desbarajuste se produjo en el seno de Izquierda Unida. La agrupación de izquierda había alcanzado su ápice en intención de voto en 1996, haciendo oposición al Gobierno de Felipe González. Pero una vez celebradas las elecciones, quedó poco clara cuál podía ser su dirección política. Muy pronto la gran cuestión que se planteó en el seno de Izquierda Unida fue la relativa a la posible colaboración con los socialistas; nunca hubo en este aspecto una solución unitaria. Los antiguos disidentes de la coalición crearon pronto una Nueva Izquierda —Cristina Almeida, Diego López Garrido y otros—, que se convirtió en una especie de satélite del PSOE, pero a menudo fue difícil la integración en las candidaturas socialistas, por más que se revistieran de la condición de «progresistas».

En 1997, la organización de IU en Galicia decidió incorporarse a una candidatura de coalición con los socialistas, en contra del criterio mantenido por Julio Anguita, siempre dispuesto a mantener la presencia electoral propia a pesar de que las posibilidades de alcanzar representación fueran escasas, por no decir nulas. Al final, acabó expulsando a los dirigentes gallegos, a Nueva Izquierda y a su propia organización catalana, también dispuesta a colaborar con los socialistas. Una vez desalojado el PSOE del poder, daba la sensación de que IU había perdido su razón de ser. Mantuvo, eso sí, sus ataques a Felipe González, al que señalaba como responsable de los escándalos e ilegalidades cometidos durante su mandato e incluso extendió sus reproches a Comisiones Obreras. Este sindicato se limitó a proclamar su independencia de cualquier tipo de mediatización político-partidista. Su líder, Antonio Gutiérrez, parecía más cercano al PSOE que a IU.

Mientras tanto, con el paso del tiempo, se iba produciendo un descenso, lento pero claro, en la intención de voto a favor de IU. En 1997, esta marca política valía, desde el punto de vista electoral, la mitad de lo que había conseguido en las elecciones de 1996. Por si fuera poco, en Izquierda Unida también se plantearon problemas de liderazgo. Francisco Frutos sustituyó a Julio Anguita en diciembre de 1998 al frente del Partido Comunista de España (PCE). En principio parecía una redistribución de cargas propia de un equipo muy compacto, pero en diciembre de 1999 una grave enfermedad de corazón impidió que Anguita pudiera presentarse como candidato a presidente del Gobierno. Frutos, un dirigente comunista de larga trayectoria en la burocracia del Partido, asumió la carga en un momento en que apenas era conocido, pero a este problema inicial hubo de enfrentarse con la sorprendente propuesta que le hizo el PSOE. Estas circunstancias trastocaron por completo la política que hasta entonces había mantenido Anguita. A lo largo de toda una legislatura se había sostenido una política contraria a llegar a acuerdos con el PSOE y la coalición había sufrido pérdidas importantes de efectivos, pero ahora se aceptaba una colaboración más estrecha que nunca.

Para entender esta decisión de Izquierda Unida hay que partir de un somero examen de los resultados electorales producidos hasta el momento, aunque más adelante se volverá a incidir sobre este particular. En el verano de 1999 se celebraron elecciones municipales y regionales. El Partido Popular mantuvo su ventaja y su hegemonía en las grandes ciudades, pero sufrió un retroceso sustancial en ciudades de tamaño medio —entre 100.000 y 300.000 habitantes—; muchas de estas localidades quedaron en manos de los socialistas gracias a los pactos poselectorales con Izquierda Unida y con otros grupos políticos menores. Así, Sevilla, Granada, Córdoba y Almería, por ejemplo, tuvieron ayuntamientos de izquierda y, en Galicia, cuatro grandes ciudades pasaron al PSOE y tres al BNG. Desde el punto de vista de las elecciones regionales, Aragón, Asturias y Baleares se perdieron para el PP y el PSOE se hizo con esas Comunidades; en Baleares, la solución fue inesperada, porque los socialistas alcanzaron la Presidencia gracias a una amplísima coalición de composición política muy heterogénea. Estos resultados testimoniaban la utilidad de una colaboración de las izquierdas que había ya dejado de ser imposible. Por otra parte, aunque en las elecciones europeas el partido del Gobierno obtuvo mejores resultados, éstos parecían demostrar que el Partido Popular no estaba en condiciones de alcanzar la mayoría absoluta en unas elecciones generales. Pero la «lluvia fina» de prosperidad económica con que los propagandistas del PP habían argumentado la posibilidad de su victoria era ya casi un aguacero que había empapado a la sociedad española.

Además y sobre todo, Joaquín Almunia pensó que no podía galvanizar a su electorado sino a través de la ducha escocesa: un pacto con IU. Eso le obligaba a presentar un programa demasiado a la izquierda, propugnando una profundización del Estado de bienestar, y a utilizar un lenguaje un tanto desgarrado para atacar a ministros del Partido Popular, como Rafael Arias Salgado o Josep Piqué, por motivos concretos de gestión, o a las stock options como procedimiento de retribución de empresas recién privatizadas —Telefónica, sobre todo—. Pero, en realidad, el programa de Almunia siempre fue socialdemócrata. El canon sobre beneficios extraordinarios de las empresas privatizadas que propuso había sido una medida llevada a cabo por Tony Blair en Gran Bretaña. En estas condiciones se planteó la campaña electoral.

LA AUSENCIA DE REGENERACIÓN POLÍTICA

En este punto, es preciso abordar una cuestión que también se refiere a las promesas programáticas previas y al balance de la política gubernamental. En la oposición, el Partido Popular había prometido cambiar sustancialmente los procedimientos cotidianos democráticos. Pero ¿realmente llevó a cabo esa transformación?

España tiene planteado un grave problema que puede resumirse del siguiente modo: la práctica habitual de la democracia no se corresponde sino muy lejanamente con lo que, en teoría, debería ser. Este problema, lejos de ser privativo de nuestro país, era característico de un fin de siglo en que, por un lado, no hay un sistema político comparable intelectual ni moralmente a la democracia, mientras que, por otra parte, la práctica habitual del sistema democrático está a años luz de satisfacer a los ciudadanos. La prueba de la generalización del fenómeno puede observarse en las grandes conmociones políticas que se produjeron durante la última década del siglo en Italia o Japón y, en menor grado, en Gran Bretaña. Incluso Helmut Köhl, considerado el gran político europeo de finales de siglo, se tuvo que enfrentar a graves problemas como consecuencia de la financiación ilegal de su partido. Algo parecido le ocurrió al presidente francés, aunque éste estuvo muy protegido por su prerrogativa presidencial.

En España, la expresión habitualmente utilizada para referirse a esta cuestión es «regeneración política». Pero, quizá por las connotaciones históricas, mejor fuera aludir a estas deficiencias con una referencia al limitado nivel de calidad de nuestra democracia. Por razones en parte inevitables —dado el modo en que se produjo la transición— a las que se sumó una larga etapa de hegemonía del Partido Socialista, la inequívoca voluntad democrática del pueblo español no se corresponde con la calidad exigible del funcionamiento de las instituciones.

El Partido Popular hizo muchas promesas acerca de esa transformación de la política, pero cuando alcanzó el poder, todas quedaron en nada. Ésa es la razón por la que no se ha dedicado ningún epígrafe a esta cuestión en páginas precedentes: como dijo el filósofo alemán, de lo que no se puede hablar, lo mejor es no hablar. Lo peor, con todo, no ha sido la renuncia a tales transformaciones, sino que ni siquiera parece haberse planteado desde 1996 la necesidad de un cambio en el modo de hacer política. No ha habido ninguna voluntad, siquiera un gesto, en el sentido de modificar la ley electoral o el reglamento del Congreso, o elaborar una nueva ley de financiación de los partidos o encontrar una utilidad política práctica para el Senado.

Tampoco se ha producido un aumento en el nivel de exigencia en lo que respecta a los comportamientos de los dirigentes políticos. Es cierto que no se han reproducido los escándalos del final de la época socialista; más aún: da la sensación de que los españoles quieren olvidarlos; sólo periódicamente saltaron a la palestra en boca de quienes han ejercido los últimos años la responsabilidad del gobierno, como si ése fuera el mejor argumento contra sus adversarios. Pero los indicios de corrupción estaban lejos de desaparecer. A finales de 1998, una veintena de parlamentarios o altos cargos autonómicos del Partido Popular tenían problemas con la Justicia. Si la sociedad española observaba con preocupación la singular ética de los negocios, más grave le parecía que la ética del servicio público permaneciera seriamente averiada. Ni siquiera había indicios de que se fuera a exigir a uno mismo todo aquello que desde la oposición se exigió a quien estaba en el poder. Lo que en el pasado fue reivindicación frente al adversario se había convertido en el presente en condescendencia con el amigo. El problema no fue tanto la mayor o menor magnitud de escándalos concretos sino la forma de reaccionar ante ellos, porque acabó retratando toda una sensibilidad. Si ésta no existe, es imposible que se entienda como necesario un nivel de exigencia superior a la media en los profesionales de la política. El caso de las subvenciones de la Unión Europea al lino o las del Ministerio de Industria español en la reindustrialización son buenos ejemplos de comportamientos que, en otras latitudes, no hubieran sido tolerados. En nuestro país se quieren hacer pasar como «normales».

En este escaso nivel de calidad de la democracia subyacían actitudes de fondo que, llegado el momento, podían producir resultados desastrosos. Cuando el nivel de exigencia es escaso, el poder se concibe como usufructo y favor, y no como servicio. El deseo de organizar un sector empresarial privatizado adicto o la voluntad de configurar un poderoso grupo de comunicación identificado con quien ejerce el poder se puede comprender desde esa óptica. Ésos han sido dos de los aspectos más negativos de la gestión del gobierno del Partido Popular hasta el año 2000. No es una exageración afirmar que nada parecido se ha visto en España en el pasado ni se ha producido en tiempos recientes en el resto de Europa. A la altura del año 2000 cabía preguntarse si esas dos realidades estaban destinadas a perdurar. Como es lógico, en ambos casos era de suponer que empresas y medios de comunicación acabaran por independizarse, bien por propio deseo o por reacción mimética con relación al contexto político. Pero, claro está, para ello hubiera sido necesario que el Partido Popular no volviera a obtener el triunfo electoral.

En suma, ni siquiera se intentó la regeneración política: ni se modificó la legislación ni se quiso elevar el nivel de exigencia a la clase política. Respecto al primer asunto, hubiera podido esgrimirse la opinión de que era imposible hacerlo, por la inexistencia de una mayoría parlamentaria; pero lo cierto es que ni siquiera se planteó. Hubo continuidad en el uso abusivo de los medios de comunicación pública. Acaso fue menos aparente la mediatización del poder judicial —respecto a la etapa socialista—, en parte por la personalidad de quien estuvo al frente del Consejo General del Poder Judicial y, en parte, porque la presión política no podía ejercerse dada la situación parlamentaria.

Sin embargo, el sesgo de la Fiscalía General del Estado se hizo patente en un caso concreto. En el llamado «caso Ercros», los fiscales se manifestaron abrumadoramente a favor de la imputación del ministro Josep Piqué. La acusación aseguraba que, de los 41.400 millones de pesetas pagados en la operación de venta de la sociedad, habían desaparecido 18.300 y otros 10.000 se habían diluido en el pago de comisiones. El fiscal anticorrupción y el inspector jefe de la Fiscalía estuvieron a favor de la imputación, mientras Aznar pedía respeto y subordinación respecto del fiscal general del Estado. Finalmente, Jesús Cardenal impidió que la cúpula de fiscales escuchara a quien investigaba a Piqué y decidió no imputar al ministro. El PSOE defendió en las Cortes que, en adelante, el fiscal general del Estado no pudiera intervenir en el caso de aforados; se trataba de una medida lógica, destinada a dotar a la Fiscalía de mayor respetabilidad democrática y que contribuía a la mejora de la calidad del sistema político. Por tanto, aun sin mayoría absoluta, el Partido Popular hizo un uso ilegítimo de su poder.

Este comportamiento se produjo tras un procedimiento previo sobre el que merece la pena llamar la atención. En el «caso Ercros», el Partido Popular afirmó haber llevado a cabo una investigación interna destinada a aclarar si habían tenido lugar irregularidades. Ahora bien, este procedimiento recordaba a los tribunales de honor y tenía idéntica capacidad de convicción ante el conjunto de la opinión pública: proporciona la ventaja derivada de la rapidez en la respuesta cuando una cuestión se ha planteado en los medios de comunicación. En el «caso Zamora» —una supuesta trama de financiación ilegal del Partido Popular a partir de la concesión de obras públicas— también se recurrió a este procedimiento; los tribunales no encontraron justificable la imputación.

De ninguna manera cabe comparar la magnitud de este caso con Filesa, por ejemplo, pero testimonia la más que probable continuidad de comportamientos. Respecto a las privatizaciones y la configuración de una cadena de medios de comunicación adicta, el comportamiento gubernamental no admite comparación posible con nada anterior.

Durante esta época, la primera legislatura del Partido Popular, apareció un nuevo modo de corrupción muy característico y novedoso. En realidad, no se trataba propiamente de una ilegalidad flagrante, pero denotaba una carencia absoluta de sentido del servicio público y un ansia de beneficios privados muy evidentes. Y todo se hizo, directa o indirectamente, gracias a la influencia de determinadas personas en determinados puestos políticos o administrativos. Éste fue el caso de las subvenciones de la Unión Europea al cultivo del lino. Se pasó de 91.000 hectáreas de cultivo y 10.000 millones de subvención en 1998 a menos de 1.000 hectáreas y sin subvención en tan sólo unos meses. Esos datos prueban la falta de justificación de las ayudas. El hecho de que hubiera cultivos innecesarios y que propietarios privados se beneficiaran de las subvenciones era bastante habitual en algunos países. Lo peculiar del caso español es que altos cargos de la Administración —regional y estatal— se dedicaran a tales prácticas. Estas operaciones estaban, como mínimo, al borde de la legalidad y se hallaban muy lejos de la vocación de servicio público. La situación denotaba una peligrosa mezcla de intereses privados y vida política, una connivencia que proporcionó más ejemplos en el futuro. En octubre de 2001, ya con mayoría absoluta del Partido Popular, la Unión Europea exigió que España devolviera 21.000 millones de las antiguas pesetas.

LA EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN, LAS ELECCIONES GENERALES DE 2000 Y LA MAYORÍA ABSOLUTA DEL PARTIDO POPULAR

Cuando llegó al final de la legislatura, el Gobierno de José María Aznar tenía motivos para estar satisfecho. Había sido una etapa de resultados económicos francamente buenos: crecía el empleo y disminuía la presión fiscal directa, aunque creciera la indirecta. La sensación de prosperidad general y de optimismo respecto al futuro representaban ya un papel importante en los sentimientos de la sociedad española. Además, no habían aparecido las consecuencias negativas de la gestión de la derecha previstas por la izquierda desde hacía tiempo, en un tono en exceso catastrofista. España había crecido más que cualquier país de Europa —excepto Irlanda, cuyo nivel de partida en cuanto a desarrollo era muy inferior—. Durante esos cuatro años no se convocó una huelga general: era un dato importante, porque era el primer Ejecutivo español al que no se habían enfrentado las fuerzas sociales desde 1982. Fuera por la evolución de los sindicatos, por la hábil política de fomento de los pactos entre patronos y trabajadores auspiciada desde el Gobierno o por la prosperidad económica, el hecho es que se había conseguido lo que bien hubiera podido considerarse imposible para la derecha tradicional española: la paz social.

En fin, desde el verano de 1998, las encuestas de opinión sugerían una probable victoria del Partido Popular en las elecciones de 2000. No obstante, en realidad, esta situación era novedosa. La victoria de la derecha en las elecciones de 1996 se explica por la existencia de un fuerte deterioro en la percepción de la situación económica a partir de 1993, cuando hasta el 75 por ciento de los consultados la juzgaban negativamente; opiniones desfavorables acerca de la situación política también se desfondaban hasta el 60 por ciento. Cierto es que la situación mejoró durante un paréntesis relativamente breve, tras las elecciones de 1993, en las que venció el Partido Socialista, pero a partir de 1994 tuvo lugar un hundimiento hasta el abismo: la mejora en la situación económica no tuvo como consecuencia, por el momento, la recuperación de los niveles de empleo y la continua serie de escándalos consolidó una aguda conciencia de crisis en el terreno político.

La situación cambió cuando el Partido Popular llegó al poder. No sólo desaparecieron los escándalos sino que, sobre todo, la percepción de la situación económica giró radicalmente. Al final de la legislatura popular, el número de españoles que percibían la situación en términos positivos —«buena» o «muy buena»— alcanzaba el 40 por ciento, una cifra insólita en la democracia española. (En la anterior etapa de crecimiento, a mediados de los ochenta, el porcentaje no llegó al 25 por ciento). Aunque la prosperidad económica se gestó en la etapa final de la época socialista, no cabe la menor duda de que se sintió como realidad efectiva posteriormente. Los dirigentes políticos del Partido Popular se referían seguramente a ese efecto cuando mencionaban la «lluvia fina» que empaparía a la sociedad española y la haría decantarse a su favor en futuros comicios.

Por otro lado, el ambiente político fue menos expresivo en su evolución que el derivado de la situación económica. Da la sensación de que, con el paso del tiempo, el clima de tensión derivado de los escándalos de comienzos de los noventa llegó a cansar a la opinión pública, que se fue apaciguando progresivamente.

Ni el problema terrorista ni siquiera la tregua decidida por ETA afectaron a la opinión pública de manera grave y no implicaron ningún perjuicio para el Gobierno. Conviene tener en cuenta, de nuevo, que en una biografía de Aznar publicada en muy directa relación con la ocasión electoral del año 2000 se sugirió que, durante su etapa de gobierno, el problema de ETA podía quedar definitivamente liquidado. Tampoco los recelos de parte de los españoles respecto a Cataluña y los catalanes afectó al Gobierno de Aznar; más bien pudo ser estimulante a su favor. (Recuérdese que esta tradicional desconfianza hacia Cataluña se originó en la peculiar situación parlamentaria a partir de 1989, cuando los gobiernos centrales se vieron obligados a mantener relaciones con CiU).

En estas condiciones, puede sorprender el hecho de que el Gobierno del Partido Popular no apareciera respaldado por una clara ventaja electoral en las encuestas durante una buena parte de su trayectoria en el poder. Tras una breve ventaja inicial del partido de José María Aznar —desde otoño de 1996 hasta el verano de 1997, es decir, durante tres trimestres consecutivos—, el PSOE permaneció por delante en expectativas electorales y también volvió a esa situación en la primavera de 1998. Frente a estos cuatro trimestres, en otros catorce el Partido Popular apareció por delante, a veces con diferencias considerables —hasta ocho puntos porcentuales—. La primera etapa de predominio de la oposición de izquierda en las encuestas se explica porque la ciudadanía aún tenía escasa percepción de la prosperidad económica, más que por la bisoñez o la expresión de prepotencia del Gobierno. En cuanto a la segunda, se debió a la aparición de un nuevo líder en el Partido Socialista, Josep Borrell, muy popular pero también muy efímero. El hecho de que su sola presencia pusiera en peligro las preferencias de los españoles hacia un Gobierno que tenía tantos activos económicos a su favor se explica porque Aznar no pareció nunca mantener un grado suficiente de apoyo entusiasta en la opinión pública. Es muy interesante recordar que siempre cuatro o cinco de sus ministros mantuvieron un grado de aceptación superior a la suya. En cuanto a Izquierda Unida y su líder, éstos siguieron un proceso de decadencia creciente. A partir de las elecciones de 1996, el electorado redujo su aprecio por IU a la mitad, aproximadamente. Los partidos nacionalistas ofrecían perspectivas cambiantes, dependiendo de las Comunidades Autónomas: crecientes en Galicia y relativamente decrecientes en Cataluña y el País Vasco —excepto Euskal Herritarrok después de la tregua—.

Esta peculiar situación contribuye a explicar los resultados electorales que se produjeron en las diversas consultas entre las dos elecciones generales sucesivas. En octubre de 1997, las elecciones gallegas revalidaron la mayoría absoluta del Partido Popular por tercera vez consecutiva, mientras que el Bloque Nacionalista Gallego crecía en cinco escaños y seis puntos porcentuales, convirtiéndose en segunda fuerza política frente a un socialismo al que de nada le había servido aliarse con parte de Izquierda Unida. Un año después, en el País Vasco, los resultados ofrecieron un panorama un tanto distinto. El voto nacionalista disminuyó, pero, sobre todo, cambió la fuerza relativa de cada opción: EH, entonces muy moderada, obtuvo tres escaños más, mientras que el PNV y EA perdían uno y tres respectivamente. Los partidos de ámbito nacional experimentaron, en un contexto de participación muy elevado, un singular crecimiento: especialmente significativo fue el caso del Partido Popular, que casi duplicó sus votos y obtuvo cinco escaños más; algo menos espectacular fue el caso del PSOE. Unión Alavesa e Izquierda Unida, por el contrario, padecieron las consecuencias: perdieron siete escaños. Sin duda, estos resultados tienen su explicación en el planteamiento de las elecciones: se dio la sensación de que una parte de la población vasca podía ser marginada o incluso expulsada por el deseo nacionalista de lograr la independencia.

En este punto, no interesa tanto analizar los resultados en una Comunidad Autónoma concreta como revisar cuál era la tendencia general durante los dos últimos años de la legislatura popular. A este respecto, es preciso señalar la dificultad de interpretación de las elecciones europeas, locales y autonómicas de junio de 1999. En general, el Partido Popular obtuvo peores resultados que en las anteriores del mismo tipo, pero mejores que en las generales de 1996; en el caso del PSOE, la interpretación que debe hacerse es exactamente la contraria. En suma, la única interpretación posible de aquellos resultados es la siguiente: la «lluvia fina» era realmente efectiva, pero el PSOE, a pesar de todos sus problemas de liderazgo, enderezaba su trayectoria. (Los seis escaños de diferencia que obtuvo el PP en las europeas de 1994 se habían reducido a la mitad). En cuanto al resto de los partidos políticos, quedaban confirmadas las tendencias de las encuestas, es decir, el carácter muy variable del apoyo a los nacionalismos y el declive de IU.

Finalmente, en las elecciones catalanas de octubre de 1999 se dio un caso hasta entonces inédito en la historia electoral de la democracia española: el número de sufragios no otorgó la victoria y el candidato más votado no ganó las elecciones. (Ello se debe al sistema electoral, que concede una sobrerrepresentación a las circunscripciones menos pobladas). Con el 37,7 por ciento de los votos, CiU obtuvo 56 escaños; la coalición liderada por los socialistas lograba, con un 37,9 por ciento de los votos, tan sólo 52 escaños. Era evidente el desgaste de los nacionalistas, pero conviene tener en cuenta que Jordi Pujol llevaba veinte años en el poder. Pujol se había mantenido durante tanto tiempo en la política activa empujado por su propia personalidad, pero también por la estabilidad del voto nacionalista catalán.

Si tratamos de resumir las impresiones que se pueden extraer del examen de las encuestas y de los resultados electorales, hay que concluir que todo hacía previsible una victoria electoral del Partido Popular. Sin embargo, la victoria por mayoría absoluta estaba alejada de las posibilidades imaginables. Ni siquiera los dirigentes de la derecha esperaban tal resultado. La casi totalidad de los analistas tampoco lo sospechaban. Hay un dato más que debe tenerse muy en cuenta: la gran indefinición del electorado. En el mes de octubre de 1999 había más de un 25 por ciento del electorado que no sabía qué votaría; esta cifra alcanzó el 34 por ciento en la precampaña y sólo descendió a menos del 28 por ciento una vez iniciada la campaña propiamente dicha. En suma, nunca un Gobierno había llegado al final de una legislatura con tan buenos indicadores económicos y tan elevada inseguridad electoral respecto de su destino futuro. Alguna declaración de Rodrigo Rato confirmaba esa sensación de incertidumbre. Ante tal inseguridad, cabría pensar que no era tan desacertada la opinión de quienes en el PP deseaban adelantar las elecciones; por el contrario, la victoria por mayoría absoluta de Aznar parece atribuir a éste una perspicacia excepcional. La verdad es que nada se entiende en los resultados electorales de 2000 sin tener en cuenta la recta final del período legislativo. En los meses que transcurrieron desde finales de 1999 hasta marzo de 2000 se sitúa la clave de los resultados que otorgaron a la derecha la mayoría absoluta.

Durante la campaña, el Partido Popular tuvo una situación bastante cómoda. No necesitaba defenderse de la acusación que anunciaba una resurrección de una derecha anclada en el pasado: podía esgrimir los resultados económicos y sociales de su gestión, proponer nuevas iniciativas programáticas y, además, remitirse a las incoherencias de los acuerdos suscritos por el PSOE y al carácter puramente defensivo de los mismos. En efecto, a los pocos días de la disolución de las cámaras, el PSOE hizo una propuesta de optimización electoral del voto de izquierda: fue una gran sorpresa. Formulada en enero de 2000, rompió con una tendencia habitual a la confrontación en el seno de la izquierda. El abandono de Julio Anguita por motivos de salud allanó el terreno político.

Tras varias complicadas negociaciones, la colaboración cristalizó en acuerdo, en febrero. El pacto tenía poco que ver con la propuesta original, en cuanto que no significó en ningún momento el aprovechamiento del conjunto del voto de la izquierda. Izquierda Unida no desistió en las elecciones para el Congreso, probablemente porque la inercia y los intereses de las agrupaciones provinciales, acostumbradas a otra estrategia, lo impedían; pero se llegó al acuerdo de presentar candidaturas conjuntas en 25 provincias para el Senado y se redactó un programa de once puntos. Era un acuerdo básico concebido para dar cabida a una izquierda plural; obligadamente había de ser de carácter general, pero esta circunstancia podía motivar interpretaciones contradictorias, cuando no antagónicas. Pero lo verdaderamente negativo del acuerdo, desde el punto de vista del PSOE, fue que no respondía a ninguna demanda claramente discernible de la sociedad española y, además, proporcionaba el detonante para una movilización reactiva del voto derechista, una parte del cual podía haber permanecido anclado en la abstención. Esta especie de cuasi coalición era absurda, porque sólo hubiera podido triunfar donde no se había constituido y de ningún modo sumó todos los votos que le podían haber correspondido. Los intereses de la dirección del PSOE, en especial los del propio Joaquín Almunia, explican la decisión: necesitaba un arma electoral basada principalmente en la novedad, pero también en una supuesta capacidad de arrastre. Sin duda, con este pacto se sentaron las bases de un importante cambio en la política española, beneficioso para el PSOE e incluso para el conjunto de la política española, en cuanto que hacía desaparecer la hipoteca de una imposible unidad de la izquierda que había caracterizado la época del liderazgo de Anguita. Pero, como en la cuestión de las primarias, Almunia actuó como una especie de precursor demasiado adelantado para su tiempo. De cara al segmento centrista del electorado, reducido pero decisivo a la hora del recuento final, el pacto de las izquierdas resultó profundamente contraproducente. En ese momento, todavía demasiada cercana la presencia de Anguita, los ex comunistas y los socialdemócratas daban la sensación de pertenecer no ya a mundos distintos sino a galaxias lejanas. Algunos dirigentes del PSOE se definían como social-liberales, mientras que Izquierda Unida proponía eliminar las empresas de trabajo temporal y se abominaba no ya de la OTAN, sino de la UEO (Unión Europea Occidental). Dadas las dudas que proporcionaba el reciente endiosamiento de Aznar y lo incierto o tardío de su evolución hacia la moderación, un centrista se encontraba de cara a las elecciones ante un dilema bíblico: veranear en el desierto del Sinaí o en el de Judea.

Los resultados del pacto de las izquierdas fueron pésimos para quienes lo gestaron. Alguno de los intérpretes de lo sucedido en las elecciones de 2000 ha llegado a la conclusión de que fue el pacto de izquierdas la causa fundamental de su pérdida de votos. Un acuerdo motivado por la conveniencia exclusiva de los grupos dirigentes de los dos partidos pactantes, gestionado con rapidez y con confusión, engendrador de incertidumbres y muy insuficientemente explotado, acabó por ser contraproducente e incluso suicida para quienes lo habían imaginado.

Pero también la campaña propiamente dicha contribuyó a que los resultados fueran muy poco favorables para la izquierda. La desarrollada por el Partido Popular y dirigida por Mariano Rajoy se basaba en la identificación con las realizaciones («Hechos») y la posibilidad de que el futuro siguiera ese mismo rumbo («Vamos a más»). Un resultado muy positivo tuvo también para el PP el efecto de la «secuencialización» del programa, es decir, la revelación sucesiva de contenidos concretos de su programa, siempre por iniciativa personal de José María Aznar. Un tercer elemento resultó más ambivalente. Si el problema de Joaquín Almunia puede describirse como «el síndrome de Juan Bautista», el de Aznar puede identificarse con «el síndrome de Viriato». Desde el principio de la campaña se envolvió en la bandera nacional y en la Constitución, empleando su artillería contra los nacionalistas. Esta actitud pudo ser espontánea, pero también fría y calculada, porque, en adelante, siempre volvió a ella. Claro está que, de este modo, se alejaba del centro, pero a cambio de transmitir convicción y confirmar el voto de la derecha tradicional. Xavier Trías, que estaba al frente de la minoría catalanista en el Congreso, afirmó que le bastaba oír a Aznar en la televisión pública para confirmar que no era de centro.

Durante toda la campaña, el Partido Popular dio la sensación de originalidad en los planteamientos y de continuidad en el éxito; hizo de su propaganda el centro de atención y marcó el ritmo de la campaña. Así las cosas, el adversario quedaba condenado, a pesar de estar en la oposición, a responder a esas propuestas como si fuera él quien estuviera en el poder. La campaña del PSOE se basó en la descalificación del PP: se argumentaba que era la derecha tradicional y anticuada; también se hizo una propuesta de «proximidad» al elector, demasiado genérica y de efectos muy limitados. El PSOE actuó como si no acabara de creerse lo que las encuestas decían acerca de la satisfacción de la opinión pública respecto a la gestión económica del Gobierno; tal vez estimó que el escaso entusiasmo popular por Aznar y su Gobierno era una prueba de unas posibilidades de triunfo que nunca existieron. La confusión que el Partido Socialista había engendrado con su pacto electoral le hizo perderse en explicaciones abstrusas que distaron mucho de concederle votos.

El resultado de las dos campañas puede estimarse en el diferencial de movilización de los electorados afines respectivos. El derechista se movilizó mucho y su voto permaneció extraordinariamente fiel; en el caso del electorado izquierdista, la movilización fue mucho menor desde el punto de vista cuantitativo y, además, menos intensa. Así se explican los errores de las encuestas. En las proyecciones sobre los resultados, las empresas de sondeos creyeron que se produciría una movilización tardía de los electores de izquierda, tal y como había sucedido en consultas anteriores, pero la movilización finalmente no se produjo. Algunas de aquellas empresas señalaron que no se pudo percibir este fenómeno porque no se pudieron hacer encuestas en los quince últimos días antes de las elecciones, de acuerdo con la legislación vigente. Pero los partidos y los propios encuestadores podrían haber detectado esta realidad en estudios que no se hicieran públicos.

Un somero análisis de los resultados precisa una referencia inicial a los datos generales. El Partido Popular, con el 44,5 por ciento del sufragio, obtuvo 183 escaños, ocho más de los que constituyen la mayoría absoluta; había aumentado desde el 38,9 por ciento precedente, con 156 escaños, casi cinco puntos porcentuales. Con diez millones de votos, Aznar no sólo llegaba a la cifra mágica lograda por el PSOE y González en 1982, sino que la superaba en unos 50.000 sufragios. Por su parte, el PSOE obtuvo el 34,1 por ciento de los votos y 125 escaños, que suponían un retroceso en tres puntos y medio porcentuales (37,5 por ciento en 1996) y la pérdida de 16 escaños desde los 141 precedentes. Pero esta derrota era leve en comparación con la de Izquierda Unida que, confirmando su imparable descenso, se quedó en tan sólo el 5,5 por ciento de los votantes y ocho escaños, frente a un porcentaje casi doble en 1996 (10,6 por ciento) y un número de escaños que se aproximaba al triple (21). El electorado nacionalista permaneció, en general, estable, pero también se produjeron algunos hechos significativos. En Cataluña, a CiU le votó el 4,2 por ciento de los votantes y obtuvo quince escaños; mantuvo con dificultades sus resultados de la elección anterior (4,6 por ciento y 16 escaños). El PNV mejoró los suyos hasta alcanzar el 1,5 por ciento y siete escaños, desde el 1,3 por ciento y los 5 escaños de las anteriores elecciones. Sin duda, el más importante de los partidos nacionalistas vascos se benefició de la situación creada por el más radical. La consigna de abstención electoral propuesta por HB fracasó: la reducción en el voto en el País Vasco fue de siete puntos de una elección a otra, cifra inferior a la que se dio en el conjunto de España, lo que hace pensar que una parte del voto radical fue al PNV. Respecto al resto de España, puede decirse que los partidos nacionalistas mantuvieron la continuidad pero, en líneas generales, se debe recordar que los de derecha que habían estado en el poder se estancaron a la baja y los izquierdistas subieron. La novedad más importante, a pesar de que había quedado prevista en las elecciones regionales precedentes, radicó en el crecimiento del BNG, prolongación del éxito conseguido en las autonómicas.

A partir de estos datos generales es posible avanzar algo más en el análisis. Por lo que toca a la participación, es necesario señalar que en España se han celebrado elecciones que han supuesto un cambio decisivo y en las que la participación ha sido muy alta, y otras en las que no se han dado ninguno de estos dos factores. Un interrogante sobre las elecciones del año 2000 se plantea a la hora de decidir si se trató de una «elección de cambio» o de «continuidad». Para las llamadas «elecciones de cambio» suele estimarse una necesaria participación del 75-80 por ciento. En esta ocasión votó un 70 por ciento del electorado, de modo que, en principio, cabría juzgar que la elección fue de continuidad; sin embargo, los resultados parecen probar lo contrario: por el mero hecho de la obtención de la mayoría absoluta. En realidad, hubo un impacto asimétrico de la abstención que perjudicó a todas las fuerzas políticas, excepto al PP, gracias a la movilización engendrada por el temor a la alianza de izquierdas. Resulta muy significativo el hecho de que el PP creciera especialmente en aquellas zonas donde la abstención había sido superior, como en Cataluña, donde la participación se rebajó en un 12 por ciento. En definitiva, fue una elección de continuidad que cristalizó en unos resultados de cambio inesperados y, probablemente, no deseados por una parte de los que no votaron. En los días previos a la elección, el 70 por ciento de los electores pensaba que el Partido Popular ganaría los comicios, pero tan sólo el 15 por ciento creía que el partido de Aznar alcanzara mayoría absoluta. En realidad, desde hacía tiempo las encuestas sobre previsión de resultados mostraban un más que probable triunfo de la derecha: en sí mismo, este convencimiento era indicativo de que el deseo de que se produjera era mayor de lo que se quería admitir.

Cabe preguntarse por qué el electorado de izquierdas se comportó de esta forma. Es muy probable que cierta posición izquierdista se expresara en estos términos: «Que gane el PP con mi abstención en contra»; es decir, la aceptación pasiva de un resultado que no parecía tan malo dados los éxitos logrados por la gestión del partido en el poder. También es probable que esa determinación fuera más extensa de lo que los socialistas imaginaron. Pero la consecuencia fue que el Partido Popular sumó cerca de 600.000 votos más por el temor a una izquierda unida y que el PSOE perdió 1.500.000 votos en la abstención. Dado que IU perdió tantos votos como el PSOE, sin sumar ninguno de los refugiados en abstención, el resultado se convirtió en catastrófico para la izquierda. Ésta perdió, por tanto, tres millones de votos respecto a 1996, de tal modo que su debilidad se aprecia de forma muy clara al referirse a cifras porcentuales en electores: el PSOE pasó del 29 por ciento al 23,8 por ciento, e IU del 8,2 al 3,8 por ciento del conjunto del electorado. Poco más de uno de cada cuatro españoles votó a las izquierdas en las elecciones de 2000.

A partir de estos datos es posible, avanzando algo más, hacer dos interpretaciones antagónicas de estos resultados electorales. De acuerdo con la primera, hasta este momento había dos convenciones acerca de las elecciones en España: una, que era muy difícil que hubiera mayorías absolutas, y otra, que la izquierda era mayoritaria desde el punto de vista electoral. Las dos se habrían roto con aquellos resultados electorales. La conmoción causada se basaba en el hecho de que los antecedentes parecían ratificar esas dos premisas comúnmente aceptadas y ahora quebradas. En 1999 había dado la sensación de que el PP había perdido las elecciones locales y autonómicas, pero eso se debió exclusivamente al hecho de que, tras ellas, se produjeron pactos poselectorales de las izquierdas o de los nacionalistas. Esta interpretación se puede complementar con otras relativas a la capacidad de penetración del Partido Popular en el conjunto de la sociedad española. En el año 2000, Aznar obtuvo una «mayoría universal», como la del PSOE en 1982, aunque, en el caso del PP, la abstención fue decisiva. Sólo en este sentido se puede decir que el año 2000 significó para la derecha española lo mismo que 1982 para la izquierda. En efecto, el PP se impuso en todos los tamaños de hábitat, arrastrando el voto deferente —el atraído por el poder— que en 1996 aún había permanecido adherido al PSOE. Más espectacular fue su penetración en todas las clases sociales. Excepto en la clase baja —que representa sólo el 12 por ciento de la población—, el PP venció en todas las categorías como partido político singular.

Esta interpretación, demasiado triunfalista para el Partido Popular, se torna arriesgada cuando se entienden los resultados como una especie de vuelco en el comportamiento del conjunto de la sociedad española. Es cierto que, como dijo el hábil conductor de la campaña popular, Mariano Rajoy, «los votos ya no son de nadie», en el sentido de que adscripciones partidistas o ideológicas carecían ya de la fijeza de otros tiempos. No existía ese «patriotismo de partido» que era habitual tanto en la izquierda como en la derecha; el comportamiento del ciudadano se parece más al de un consumidor en un supermercado a la hora de seleccionar el producto que le interesa. Ésta, por descontado, es una tendencia universal, no sólo válida para España. Pero resulta de todo punto excesivo remontarse a una supuesta superación de las ideologías, al final de los valores progresistas o a la hegemonía del voto basado en razones económicas. Pues bien, todas estas interpretaciones se hicieron después de conocerse los resultados electorales del año 2000. Aún es más exagerado considerar que el «sentido del poder» de Aznar le permitió descubrir una estrategia para obtener indefectiblemente la victoria: la elección del momento más oportuno para librar la batalla.

Esta tesis global es inaceptable y existen buenos argumentos en contra. En primer lugar, no parece que se registraran movimientos significativos de electores de un partido hacia otro. Es verdad que la ventaja del PP sobre el PSOE era un poco superior a un punto porcentual en 1996 y que, en 1999, había alcanzado los 4,44 puntos; y también es cierto que en el año 2000 llegó a 10,4 puntos. Asimismo, puede afirmarse que logró un triunfo mucho más homogéneo desde el punto de vista geográfico que en el pasado: en la mitad de los distritos, el PP obtuvo el 50 por ciento o más del voto y triunfó en 42 de los 52 distritos electorales, lo que equivale a decir que ganó las elecciones en el mismo número de distritos que el PSOE en 1982. Por vez primera, además, venció en las dos provincias de Extremadura y en la mitad de las de Andalucía. Pero sus avances más consistentes se produjeron en Cataluña y en el País Vasco. Este dato, de nuevo, nos remite a la abstención como factor explicativo.

En suma, puede concluirse que el éxito económico y la incertidumbre de la izquierda fueron factores decisivos. Lo uno y lo otro favorecieron la abstención segmentada. Además, debe tenerse en cuenta también otro factor: la victoria de 2000 fue una victoria en positivo, pero cabe una precisión: aparte de ganar Aznar, perdió Almunia. Walter Lippman dijo que el propósito político esencial de cualquier sociedad consiste en sentirse gobernada, y ese sentimiento predominó en aquella ocasión. Guste o no a la izquierda, sin duda ése fue el estado de ánimo que guió a los ciudadanos. Los españoles se habían sentido gobernados con resultados apreciables entre 1996 y 2000 y percibieron el regreso de los socialistas como algo negativo; al mismo tiempo, se negaron a embarcarse en una aventura confusa, incluso por la forma misma en que se había planteado. Los ciudadanos votaron de una forma que tenía poco que ver con la especie de ímpetu casi religioso —aquel «cambio» de contenido poco menos que indescifrable— que había guiado el voto de 1982. La reválida de Aznar le proporcionó una mayoría absoluta, pero los españoles siguieron sin valorarlo.

La evolución del comportamiento electoral está mucho menos clara de lo que se podría pensar en un principio. En 1982 había una distancia no competitiva entre la izquierda triunfante y la derecha; en el año 2000, la holgura era considerablemente menor. El PSOE disponía de un punto de partida sin duda mucho mejor que el de la derecha en 1982. El Partido Popular no se había asegurado dos mandatos con los resultados de 2000; en cambio, el PSOE sí los aseguró con los resultados de 1982. Es cierto, sin embargo, que la derecha había contado con un partido tan sólidamente establecido en la disciplina como el PSOE de 1982. En cierta manera, ha sucedido en España lo que ya aconteció en Portugal en 1985, cuando el dirigente del centro-derecha Aníbal Cavaco Silva ganó unas elecciones anticipadas en precario pero, tras establecer y poner en práctica un plan económico de efectos apreciables, pudo conseguir una aplastante mayoría en 1987 e incluso revalidarla en 1991, dato este último que no debería olvidar la izquierda. En suma, la evolución de la opinión pública y del comportamiento electoral de los españoles dependerá en el futuro de dos factores: por un lado, la evolución del ciclo económico; y, por otro, la credibilidad política de la izquierda. Esta credibilidad pasa por la superación de la gestión política del período 1996-2000, que puede calificarse, a la vez, de francamente ilusa en cuanto a la conciencia de sus posibilidades y de desorientada respecto de las ajenas.

UNA ETAPA DE POLÍTICA ESPAÑOLA

Se podría pensar que no es éste el momento de presentar unas conclusiones acerca de la primera etapa parlamentaria del Gobierno del PP, pues es algo que sólo se puede intentar contemplada la totalidad de su gestión. En casi todas las materias no se puede decir que todo quedara resuelto en esta primera etapa de gobierno sino que hubo una marcada continuidad con el período posterior a 2000. Pero la labor del Gobierno del PP no se entiende sin el entorno político en que la desarrolló. Por lo tanto parece imprescindible ofrecer unas conclusiones duales que corresponden al modo de ejercer el poder en circunstancias muy diversas.

En el reino de la política no hay que limitarse al blanco y al negro sino que, para ofrecer una conclusión ponderada y con pretensiones de resultar duradera, se debe contar con todos los matices del gris. En cada una de las áreas o campos de actuación del Gobierno del PP desde 1996 hasta 2000 resultaría fácil llegar a conclusiones simplificadoras que no se corresponderían con la realidad, y lo serían más todavía si el juicio final fuera tan sólo en blanco y negro. Además, muy a menudo las distintas políticas ofrecen un balance contradictorio y aun éste puede existir en el seno de una misma área. Finalmente la necesidad del matiz se percibe de forma especial en lo que atañe al balance global de una gestión política, si tenemos en cuenta que ésta deja un resultado positivo o negativo a medio plazo, pero también a un plazo más largo, e incluso puede situar la política en unas condiciones netamente distintas a las que se dieron previamente. No cabe duda, por ejemplo, que la gestión de Thatcher en Gran Bretaña, con todo lo controvertida que haya podido resultar, significó un cambio decisivo en la política británica, hasta el punto de que sus propios adversarios laboristas tuvieron que partir de una parte de sus presupuestos e incluso prolongaron en buena medida sus decisiones. Así suele suceder en la política reciente.

Procede preguntarse, en primer lugar, hasta qué punto el PP del período 1996-2000 se identificó con el centro y, respondida esta cuestión, por qué lo hizo o no. Ya el título de este capítulo sugiere que hubo un cierto camino hacia el centro, pero impuesto por las circunstancias, titubeante y reversible, que en absoluto fue obra espontánea de los propios gobernantes. La imposición de esta actitud, incluso del mismo término, se produjo en la campaña electoral. Volvió a producirse cuando se hizo patente la necesidad de un pacto de legislatura con los catalanistas. En un tercer momento apareció de nuevo cuando las encuestas eran poco propicias y la política seguida por determinadas personalidades de Gobierno resultaba muy impopular. Por tanto, bien puede decirse que la autoadscripción centrista fue el resultado de una obligación impuesta. El giro al centro se vio, desde luego, facilitado por la ausencia de un partido de extrema derecha. No se puede decir, en cambio, que hubiera centrismo en el sentido de retorno a las actitudes de la transición, como, por ejemplo, la voluntad de consenso en las cuestiones decisivas. Tan sólo podría hablarse de consenso en determinadas materias, como en política autonómica y social; criterios fundamentalmente prácticos la justificaron. Tampoco puede hablarse de centrismo cuando las actitudes de fondo no revelaron un cambio hacia una mayor apertura ideológica que las actitudes neoliberales y españolistas ya descritas. Tampoco la autoubicación permite certificar este centrismo: los dirigentes del PP utilizaron el término «centro» pero, en realidad, evitaron, aunque sólo hasta cierto punto, la confrontación ideológica interna acerca de él, aplazándola hasta que hubiera mejores tiempos.

Todo ello no quiere decir que esta primera etapa de Gobierno del PP haya que enmarcarla en una cierta vuelta a la derecha franquista de acuerdo con la descripción realizada por la izquierda. Incluso si el PP hubiera sido esa especie de salvaje perro guardián que pretendía el PSOE se hubiera disfrazado de inocuo caniche, dadas las circunstancias. Pero es que, además, nunca ha sido cierta la identificación entre el PP y el franquismo; el PP responde más bien al modelo de la derecha tradicional española que puede sentirse, en momentos de euforia, capaz de benevolencia «comprensiva» con respecto a un pasado dictatorial pero que es, a estas alturas, inequívocamente democrática por más que desde el ultraliberalismo pueda oscilar hacia el neoconservadurismo. Esa condición no debiera ser discutida por la izquierda, ni siquiera a efectos retóricos. Vale, además, tanto para los dirigentes procedentes de la AP de Fraga como para aquellos de otra procedencia.

Establecida esta realidad de que el PP sólo circunstancialmente y debido a presiones ambientales recaló en el centro, podemos ya intentar el juicio que merece el gobierno del período 1996-2000 en sus aspectos más relevantes.

Empezaremos por una cuestión a la que hemos dedicado un corto espacio: el nivel de calidad de la democracia española. Dado el programa propuesto por el PP era esperable que hubiera alguna medida «regeneradora». Pero no fue así y ni siquiera se puede decir que hubiera un gesto. La mediatización de los medios de comunicación pública fue idéntica a la que había existido en el pasado, la corrupción política no se pudo considerar como desaparecida y la imparcialidad en la actuación de la justicia permanecía sujeta a fuerte controversia. Tan sólo cabía pensar que el programa regenerador fuera aplicado con mayor confort parlamentario, pero ya empezaba por ser dudoso porque estas medidas sólo se ponen en práctica mediante consenso. La construcción de un grupo de medios de comunicación afín al poder daba pocas esperanzas regeneradoras en el año 2000.

En un segundo aspecto importante el juicio acerca de la actuación del PP en el poder hasta el año 2000 no podía ser susceptible a un juicio tan negativo pero tampoco positivo. Será necesario explicar esta paradoja. Sin duda es una necesidad, en cualquier democracia, que exista una sensación de tarea compartida. Un nuevo españolismo que parta de la pluralidad y de su fecundidad creadora no sólo tiene sentido sino que es quizá una tarea imprescindible. Pero en el año 2000 no parecía ya que la insistencia del PP en identificarse como el único representante de lo español y de la Constitución fuera un enfoque prudente para enfrentarse con este problema. Resultaba posible, en cambio, que pudiera tener rentabilidad electoral inmediata.

El debate sobre la identidad española se agudizó en un momento en que estaba teniendo lugar un cambio importante en los diversos escenarios del nacionalismo periférico. El caso vasco ocupó con mucha frecuencia el centro del escenario de la vida pública española durante la primera etapa de Gobierno del PP y estaba destinado a desempeñar un papel todavía más importante en la etapa posterior. Pero esta omnipresencia no debería hacer olvidar que en Galicia y en Cataluña aparecieron sobre el tapete cambios políticos importantes cuya consolidación sólo podrá confirmarse en el futuro. El avance de un nacionalismo gallego, que hasta ahora no había perfilado de forma definitiva una vertebración política viable, modificó el panorama político de esa nacionalidad. En cuanto a Cataluña, parece que en el resto de España no se tiene bastante en cuenta que el nacionalismo es una actitud de fondo que trasciende los alineamientos de derecha, centro e izquierda. Por otro lado se acostumbraba a dar por consolidada la fórmula vigente hasta el momento, es decir, que el catalanismo apoyara en el Parlamento al vencedor en las elecciones generales con un propósito de dotar a su Gobierno de estabilidad a cambio de contrapartidas. Pero esa fórmula, que los resultados de las elecciones generales de 2000 convirtieron en innecesaria, tal vez ya estuviera en crisis antes de que se celebraran, incluso desde el punto de vista del propio catalanismo. Una eventualidad era que en el futuro se optara en Cataluña por una actitud de frente nacional; lo favorecería la visión poco plural de la realidad española patrocinada por el Gobierno. En suma, la actuación del PP en este campo no fue precisamente brillante e incluso bordeó la imprudencia. Lo más inquietante podía ser, tras el resultado de las elecciones, la actitud que se pudiera prever respecto del futuro inmediato.

Un tercer aspecto en el que, en cambio, el balance de la obra del primer Gobierno del PP resultó positivo fue el relativo al Ministerio del Interior, en especial teniendo en cuenta los antecedentes. Se puede pensar que no tiene sentido tratar de esta cuestión al lado de otras de mayor trascendencia, permanencia y amplitud, como las dos expuestas con anterioridad, pero no hay que olvidar que en relación con el Ministerio del Interior surgieron los escándalos más controvertidos y sonados de la etapa socialista final.

No ha sido en absoluto casual que el titular de la cartera de Interior fuera durante todos estos años el ministro más apreciado por el conjunto de los españoles. Con independencia de que el terrorismo no tenga una solución exclusivamente policial, no cabe la menor duda de que a ella debe colaborar un funcionamiento eficiente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que tener en cuenta, además, otra realidad que merece la pena considerar: la proyección pública del cargo. Al frente de la cartera de Interior era necesaria una persona que, al margen de conseguir detener a comandos terroristas, supiera hacer declaraciones oportunas en los momentos críticos evitando confundir la firmeza con las manifestaciones demasiado optimistas, bruscas o simplificadoras. Además Mayor supo, en general, mantener una actitud correcta cuando sus subordinados fueron acusados por supuesta desatención o violación de derechos de las personas. No le pudo ser reprochada la actitud cambiante del PP ante la ley de extranjería, producto de una manifiesta desconexión interna y de una desorientación que era la característica del conjunto de la sociedad española. En cambio por su papel en el seno de la política vasca tuvo intervenciones públicas muy discutibles: sin duda hubiera sido preferible que el responsable de Interior no hubiera tenido esa significación política adicional.

La política económica resulta probablemente el aspecto más digno de alabanza de la gestión del PP hasta el año 2000. La evolución de la economía española en los últimos cuatro años había resultado tan positiva que incluso puede hablarse, en determinados terrenos, como la inversión en el exterior, de un auténtico hito histórico. Este ciclo de estabilidad y de creación de empleo, cuyo inicio se remonta a la época socialista, permitió un crecimiento anual muy considerable, acompañado —lo que es decisivo— por estabilidad macroeconómica. En el balance más digno de alabanza de la gestión del Gobierno hay que situar su capacidad de disciplinar el comportamiento del sector público y la fiabilidad de la política antiinflacionista, a pesar de las dificultades finales. Hubo, desde luego, alguna muestra de frivolidad sectaria, pero en la gestión de la política económica había, a la altura de 2000, también algunas sombras más preocupantes, sobre todo de cara al futuro. La manera en que se llevaron a cabo las privatizaciones, constituyendo grupos empresariales muy conectados entre sí, cuyo origen es netamente político, sembraba serias dudas acerca de su honestidad y su coherencia con el ideario liberal exhibido como propio.

También en la política social la gestión gubernamental parecía brillante en el año 2000, sin que, por otro lado, aparecieran contrapartidas negativas, aunque sí lagunas. La legislación laboral colaboró a que el incremento del empleo fuera mayor que en el pasado aunque subsistieran los problemas relativos al mercado de trabajo en España. Así se pudieron crear un millón ochocientos mil empleos nuevos y se redujo la tasa de desempleo en un 7 por ciento, aunque permaneciera muy por encima de la media europea. Las lagunas surgieron en el aumento de la siniestralidad laboral y la carencia de protección a la familia; además el PP no fue capaz de pactar la política sanitaria y su actitud ante la ley de inmigración resultó tan caótica como decepcionante. Contrariamente a las previsiones que podían hacerse a comienzos de los ochenta, la conflictividad social disminuyó con el acceso de la derecha al poder.

En materias como las precedentes hasta el más distante analista debiera admitir un balance positivo (o, al menos, mucho más positivo que las expectativas previas). En otras resultaba mucho menos claro, sin llegar a ser negativo.

En relación con la cuestión vasca el PP inició su gestión gubernamental en una prometedora ruptura con una tradición de la derecha española que parecía convertir en posible su colaboración con el PNV, aunque en el pacto se excluyó expresamente lo esencial, es decir, la política frente al terrorismo. Ese punto de partida tiene que reputarse como muy positivo. Pero, con el paso del tiempo, la relación entre estas dos fuerzas políticas acabó en las antípodas. La confrontación entre el PNV y Mayor Oreja se explica en gran medida por el papel creciente del PP en la sociedad vasca, en especial en sectores de derecha moderada (las elecciones de octubre de 1998 ofrecieron el peor resultado para el nacionalismo desde 1980). Lo que averió de forma definitiva la relación fue el Pacto de Estella, que, si bien quiso ser una pista de aterrizaje en la normalidad de los violentos, también resultó una pista de despegue hacia la autodeterminación. Es lógico que el PP denunciara la vía de Estella. Lo que, en cambio, cabe reprocharle es la voluntad de exasperada confrontación con que lo hizo y la pasividad expectante con que contempló un proceso de paz que una parte de la sociedad española (y aún más de la vasca) vio con esperanza. En esta materia es difícil que cualquier ciudadano no tienda a estar del lado del Gobierno, pero también resulta posible que sufra la imprecisa y desasosegante sensación de que éste no supo estar a la altura de las circunstancias.

En política exterior el Gobierno del PP se caracterizó por una continuidad en los aspectos más esenciales aunque también por matices importantes. Algunos de sus portavoces políticos se significaron inicialmente por un exceso de ideologización; de todo ello quedó luego una matizada propensión más atlantista que europeísta o, sobre todo, mediterránea. No obstante el peso de España en Europa no resultó escaso, aunque sí quizá decreciente respecto del pasado; la sintonía con Blair probablemente encontró su justificación en el deseo de tener un aliado (quizá no el más oportuno). El manifiesto error, por exceso de ideologización, en el planteamiento de la política en torno a Cuba y la ambigüedad en el caso Pinochet crearon problemas adicionales.

Contrasta fuertemente el anterior balance neutro o positivo con el que puede hacerse en otros terrenos importantes de la gestión gubernamental. En Justicia, cuando nueve de cada diez empresarios pensaban que la mejor inversión que podría hacer el Estado consistiría en propiciar una administración judicial más rápida, la opinión sobre la gestión del PP difícilmente pudo merecer el aprobado, teniendo en cuenta que la primera etapa de Gobierno del PP estuvo a punto de provocar una huelga de jueces, un intento de dimisión del presidente del Consejo del Poder Judicial y un grave deterioro de la fiscalía aun después de haber pretendido despolitizarla.

La valoración tampoco podía ser positiva en lo que respecta a Educación y Cultura, en donde se produjo una confluencia entre un desinterés de fondo por estas cuestiones, una apariencia de concederles prioridad, una grave ignorancia de los gestores, pese a su buena intención y su trabajo, y una voluntad de sujetar a un patrón ideológico cuestiones tan delicadas como éstas. En realidad lo mejor que sucedió en este campo es que finalmente, aun sin tiempo para desarrollar una gestión, Rajoy viniera a ocupar una cartera lejana de sus intereses.

Pero el área en la que el PP estuvo más lejos de cumplir lo que prometió o incluso llegó a hacer literalmente todo lo contrario de cuanto defendió en el pasado fue la de los medios de comunicación. En sus espacios informativos, TVE rondó el bochorno —mucho más imparcial fue durante algún tiempo la radio pública—, multiplicó la deuda por tres y trivializó los contenidos hasta unos límites insospechables. Nunca en España se intentó crear desde el poder un grupo mediático al servicio de una política concreta, pero el PP lo llevó a cabo sin darse cuenta de que esos propósitos le resultarían frustrantes y a largo plazo estarían destinados a concluir mal.

Muchas otras cuestiones relativas a políticas sectoriales podrían ser tratadas en estas páginas. En lo que se refiere a la calidad de nuestra democracia, se podría abordar, por ejemplo, la eficiencia del servicio prestado por la Administración pública. Pero es el momento de extraer unas conclusiones más generales.

En este momento quizá fuera oportuna la metáfora de un alumno. El primer Gobierno de Aznar correspondió a un prototipo relativamente habitual en las aulas. Se trata de un estudiante francamente irregular que, más que nada, desconcierta al profesor cuando se enfrenta a la tarea de intentar calificarle. En determinadas materias parece brillante e incluso lo es más teniendo en cuenta sus antecedentes personales. En materia de orden público o en lo que respecta a la política social el primer Gobierno de Aznar mereció un notable. En materia económica el resultado del examen también fue brillante, pero el profesor podría tener sus dudas acerca de si el alumno no habría tenido suerte con la pregunta que le había tocado a la hora del examen. En definitiva, la coyuntura internacional, poco modificable por la voluntad de quien ejerce el poder en un único país, pudo ser en gran medida la responsable de esos resultados, sin duda buenos. También existe la duda acerca de si el alumno no habría actuado rompiendo las reglas en un punto concreto. Tal es el juicio que merece la configuración de un poder empresarial, nacido —quién sabe si indefinidamente obediente— por decisión del poder político. Esa ruptura de las reglas, que por el momento está por definirse de forma completa, debería acompañarse de la sanción más grave. La disparidad en el juicio no se reproduce en otras asignaturas como, por ejemplo, la política exterior, en que el PP mantuvo una línea de continuidad en lo esencial y donde su línea discreta mereció un modesto aprobado.

De nuevo el alumno se convierte en sorprendentemente irregular si atendemos al resto de las asignaturas. En algunas de ellas resultaba inevitable suspenderle sin paliativos. Tal es el caso de Justicia, Educación y Cultura, por ejemplo. A la altura del año 2000 daba la sensación de que el alumno ni siquiera se había tomado en serio la asignatura, como era el caso de las dos últimas responsabilidades que acaban de ser citadas. En materia de medios de comunicación el comportamiento del alumno había sido tan impropio que bordeaba el expediente académico con expulsión de la enseñanza.

Ante este género de estudiante, el docente se sume en una cierta perplejidad. El profesor no sabe si acabará sus estudios de una manera satisfactoria o, por el contrario, a medio plazo, amenazará con sorpresas conflictivas y un final problemático. El calificativo «mediocre» parece oportuno para quien se ha beneficiado de una coyuntura internacional excepcional, un pasado que juega a su favor o un estado nada brillante de la oposición y, sin embargo, no parece capaz de despegarse con brillantez de sus adversarios a lo largo de la mayor parte del curso. El PP, que en la oposición criticó todo y lo hizo, además, de forma corrosiva, a menudo con toda la razón, tenía a la altura de 2000 y de cara a una segunda etapa de gobierno muchísimo que rectificar. Si se sumaran aciertos y desaciertos en la gestión del PP durante esta primera etapa de gobierno habría que concluir que no pasó de un suficiente.

Nos queda una última reflexión que se refiere a la manera en que el primer Gobierno del PP pudo establecer un cambio importante, positivo o no, en la vida política española, en especial a medio y largo plazo. Sin duda el balance fue positivo en el terreno económico pero además resulta muy posible que el sello que, en determinados aspectos, el Gobierno de la derecha imprimió en la política española resulte bastante duradero en esta área. Las privatizaciones fueron iniciadas en la etapa socialista y por ello no se puede decir que haya existido en este terreno una auténtica novedad radical en la gestión del PP; por descontado resultan un fenómeno irreversible. En cambio es muy posible que en el terreno de la fiscalidad sí se produjera esta novedad: es muy improbable que en el futuro se siga considerando como inevitable el incremento de la fiscalidad, tal como sucedió en el pasado durante tantos años. En el terreno político, a pesar de que no se produjeron cambios efectivos en lo que respecta a la calidad de la democracia, no cabe la menor duda de que el propio hecho de que la derecha gobernara con estabilidad y luego renovara el apoyo del pueblo español ofrecía un panorama de normalidad política inexistente hasta el momento en España. Por otro lado, en los aspectos más positivos que se derivan de su forma de gobierno durante este primer cuatrienio, la derecha en el poder no resultó en la práctica tan distante de la izquierda, de modo que bien se puede decir que el grado de disparidad de las políticas de derecha e izquierda era en el año 2000 mucho menor que cuatro años antes. Un ministro del primer gabinete Aznar, Rafael Arias Salgado, afirmó que actuar como centrista equivalía a utilizar el pacto como permanente mecanismo de gobierno y esto resultó cierto, por ejemplo, en temas sociales, aunque mucho menos en otros y, en algunos casos, no resultó cierto en absoluto.

La última reflexión con la que debe concluir este capítulo se refiere a la perspectiva de futuro que ofrecía la política del PP tras la victoria por mayoría absoluta en las elecciones del año 2000. Este resultado inesperado cambiaba de forma drástica las posibilidades de ejercer el poder e introducía el interrogante, siempre presente en la política del PP, entre su componente de derecha clásica y el centrista. ¿Trataría ahora el nuevo Gobierno de Aznar de llevar a cabo alguno de sus propósitos merecedores de menor entusiasmo que su situación de debilidad parlamentaria vedaron hasta el momento? ¿Acentuaría, por el contrario, su centrismo consciente de que éste le iba a proporcionar mejores rendimientos electorales? ¿Intentaría poner al frente de las responsabilidades de gobierno en campos muy delicados a personas verdaderamente capaces o, por el contrario, otorgaría esta responsabilidad a los más fieles? ¿Cómo se iba a enfrentar al posible deterioro de la coyuntura económica o a la aparición de nuevos problemas como el de la inmigración? Poco imaginable ya una labor de regeneración de la democracia española, cabía preguntarse si iba a abordar con buen tino un problema como el de la pluralidad de España una vez que el resultado electoral impedía ya que los partidos nacionalistas pudieran condicionar el conjunto de la acción gubernamental. Todas éstas eran preguntas que quedaban planteadas en la primavera del año 2000 y a las que sólo el futuro podía dar respuesta.

CAPÍTULO III

Segunda legislatura.
En el cielo: hacia la derecha

EL PODER Y EL DESIERTO

Tras las elecciones del año 2000, nadie podía hablar de «amargas victorias o dulces derrotas». Este año, por sorpresa y sin la aureola milagrera de entonces, parecía el 1982 de la derecha española.

La victoria del PP era plena e irrebatible: no sólo tenía la mayoría absoluta del Congreso y del Senado, sino que había dejado en estado de anonadamiento completo a un PSOE que, tras los resultados de las precedentes elecciones municipales, había confiado en la victoria. Con el principal partido de la oposición descabezado y sin dirección, el Partido Popular pudo comprobar que tenía un desierto parlamentario enfrente. Ello se manifestó claramente en el debate de investidura. No sólo el PSOE se encontraba en tan penosa situación. Izquierda Unida, apremiada por las deudas, se vio obligada a despedir 39 de sus 62 empleados y no pudo renovar una veintena de contratos temporales más. Con tan sólo ocho diputados —frente a los 21 con que había contado—, ni siquiera dio imagen de unidad. Irónicamente, se llegó a sugerir que la formación que hizo bandera del «programa-programa-programa» sólo era capaz de debatir sobre «el reparto de la capa del padre de la idea». En octubre, Gaspar Llamazares derrotó a Francisco Frutos en la dirección de este grupo político por un solo voto, de modo que se vio obligado a pactar con el vencido y con otro grupo crítico. Aznar tampoco iba a encontrar especiales dificultades entre los nacionalistas: al margen de los vascos, los catalanes y los canarios dependían del apoyo del PP para mantener la estabilidad en sus propios gobiernos regionales. El presidente optó, hábilmente, por instar a CiU y CC a asumir puntos claves del programa popular y a colaborar con él, pero desde su programa. El gesto se dirigía más a un espacio del electorado que a esas tendencias políticas.

José María Aznar no ocultó su satisfacción en público, tanto más cuanto que casi nadie había previsto una victoria tan abrumadora. (Quizá lo fue, precisamente, porque nadie lo había intuido). El propio Mariano Rajoy, director de la campaña, reconoció que no se habían planteado la obtención de la mayoría absoluta. Prudente fue su afirmación de que «nadie es de nadie», aludiendo a ciertas interpretaciones según las cuales el Partido Popular había vencido con el voto «prestado» de otros sectores ideológicos. En realidad, si se hubiera tenido en cuenta tan sólo el número de votos y la comparación con el resto de los países europeos, resultaría que España era el único país del continente en que siempre se habían formado gobiernos de un solo partido y éste no representaba a la mayor parte de la población. En el año 2000, el 56 por ciento de los votantes eligió papeletas de otros partidos; sólo con el apoyo de CiU y CC, que confirmaron la investidura de Aznar, el partido mayoritario rozaría el 50 por ciento de representatividad popular real.

La mayoría absoluta no era, pues, un cheque en blanco. Pero podía entenderse como tal. El propio Aznar podía ir a más: la victoria, como recordó Winston Churchill, se puede y se debe administrar con magnanimidad. En un principio, el presidente hizo gestos medidos de diálogo, pero también los convirtió en ambiguos: «Tenemos mayoría porque no hay ningún miedo al ejercicio de la mayoría». Prometió una política «centrista, reformista y dialogante», y celebró el décimo aniversario de su nombramiento en la Secretaría General del Partido Popular. Incluso Mario Vargas Llosa, que durante la etapa socialista había asegurado en público que, de ser español, votaría socialista, ahora asumió la divisa «España va bien», por otro lado, hasta cierto punto justificada.

Tanto en sus declaraciones poselectorales como en la sesión de investidura, Aznar optó por un tono conciliador. Aseguró que su propósito era «mantener la estabilidad constitucional e institucional de una nación plural como España», acabar con el terrorismo y continuar las políticas económicas de estabilidad. Prometió un proyecto de reforma de la financiación autonómica y un pacto de Estado en Justicia. Planteó cuestiones relacionadas con la mejora de la calidad de la democracia política: regulación electoral local, financiación de partidos políticos, nueva regulación de la televisión y reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado. Aseguró que pretendía cerrar el debate acerca del Senado. Incluso sugirió la comparecencia de los cargos ante el Parlamento con carácter previo a su nombramiento.

Esta vertiente de reforma política sufrió el olvido más palmario y en muchos aspectos ni siquiera se llegó a categoría de intento. Por otro lado, el PP invocó muy pronto —en marzo— su mayoría absoluta para indicar que cambiaría el Consejo General del Poder Judicial; y en abril, Jesús Cardenal relevó al fiscal del «caso Ercros» que consideraba que Josep Piqué había debido estar conforme con las medidas tomadas por esa empresa en su día. En definitiva, se pudo apreciar que se pretendía retomar ahora, con la fuerza proporcionada por la mayoría absoluta, propuestas políticas antiguas, como las referidas al estudio de las Humanidades.

Cuando a finales de abril se formó el nuevo Gobierno, no se podía atisbar con precisión el grado de continuidad que mantendría respecto al pasado. Menos aún podía adivinarse si las invocaciones al diálogo serían ficticias o reales y si la sentencia de Churchill acerca de la magnanimidad se tendría en cuenta.

EL GOBIERNO

Como era previsible, Aznar demostró su habilidad extrema en la «política de personal». En primer lugar, nombró al mejor segundo que tenía a mano. Mariano Rajoy había ejercido como apagafuegos en conflictos incluso en tiempos de oposición, con ocasión del «caso Naseiro» y del «caso Canyellas» por ejemplo; también había apaciguado los numerosos frentes abiertos por Esperanza Aguirre en materias educativas. Su tendencia a eludir la conflictividad y su talante personal le hacían accesible al pacto con el adversario político pero también a los medios de comunicación. A diferencia de otros políticos del PP, Rajoy tenía una experiencia profesional más amplia que la pura dedicación a la vida pública; de hecho, había pasado por una etapa oscura, cuando su partido perdió la Xunta de Galicia. Político hipotenso, carente de esa especie de agobiante ambición característica en otros, sabe dirigir reuniones y equipos con eficacia. El interrogante, todavía no despejado, sobre Rajoy es si es tan buen «segundo» que difícilmente llegará a buen «primero». En muchos políticos se da la primera virtud, pero sin llegar a la segunda capacidad. Desde luego, el gallego no pertenecía al equipo «más íntimo» de Aznar; sus propios colaboradores no creían que pudiera suceder al presidente. Sus declaraciones, deslizantes e irónicas, le permitieron sobrevivir a algunas de las circunstancias políticas menos gratas del período de la mayoría absoluta. Probablemente, cuando fue nombrado vicepresidente político, ya estaba previsto que ocupara la cartera de Interior: y quizá este argumento le confirió fuerza para pedir la Vicepresidencia. Jaime Mayor Oreja, en efecto, permaneció en su puesto con la intención de convertirse en futuro candidato a lehendakari; de Jaume Matas puede decirse algo parecido en relación con las futuras elecciones en Baleares. La distancia entre Francisco Álvarez-Cascos y Mariano Rajoy era reconfortante, sobre todo para aquellos que esperaban un Partido Popular más centrado. A diferencia de Rato, Rajoy no se enfrentó ni directa ni subterráneamente con Aznar en ningún punto importante.

Aznar no tenía ya que ofrecer ahora una cuota de centrismo histórico y eso explica que Rafael Arias Salgado, que nunca llegó a la ansiada cartera de Exteriores, y Eduardo Serra abandonaran el Gobierno.

Hubo otras dos jugadas maestras de política de personal. Aznar situó a Federico Trillo en el Ministerio de Defensa, y no en Justicia, como hubiera preferido el que fuera presidente del Congreso. En cierto modo, Trillo era un potencial competidor y se había mantenido un tanto distante durante la legislatura anterior, cuando ocupó la Presidencia de la Cámara Baja. La segunda medida fue destinar a Álvarez-Cascos, representante de la vieja guardia del partido, a un ministerio inversor: Fomento. No era un puesto desdeñable pero, desde el punto de vista político, era poco relevante en comparación con la Vicepresidencia. Ambos, en realidad, habían sido degradados en su influencia política.

Se puede interpretar el ascenso de Rajoy en relación con un hipotético declive de Rodrigo Rato, pero tal juicio sería excesivo, pues, a fin de cuentas, desdoblaba su cargo con una persona de su influencia política y mantenía la Vicepresidencia económica. Lo que parece cierto es que el nombramiento de Montoso fue decisión del propio Aznar. Rato no vio prosperar a los de su propio equipo, como Costa. Es posible que Rato aspirase a una Vicepresidencia única, sin ser portavoz, pero no le fue concedida. Los caminos de Rato y Aznar se alejaron un tanto.

Es muy posible que el sorprendente ascenso de Josep Piqué a la cartera de Asuntos Exteriores se debiera única y exclusivamente a la directa voluntad del presidente, que pretendía actuar en ese ámbito. Al mismo tiempo quería ofrecer también visibilidad a un candidato para la Generalitat.

Como siempre, Aznar vigiló la cuota femenina. Algunas de sus ministras habían tenido una gestión muy poco digna de alabanza (Isabel Tocino o Celia Villalobos, por ejemplo); las nuevas parecían mejores: Pilar del Castillo había rechazado en 1996 una cartera para la que no tenía preparación (Medio Ambiente) y Ana Pastor procedía del entorno de Mariano Rajoy. Pero el emblema de la presencia femenina en las instituciones fue Luisa Fernanda Rudi, nombrada presidenta del Congreso. (La presencia de Esperanza Aguirre al frente del Senado resultó menos relevante). De Ángel Acebes no se sabía otra cosa que la relación que había mantenido con Aznar desde que coincidieron en Ávila. Su presencia en el partido testimonia la fidelidad al presidente.

Un dato de decisiva importancia para comprender el desarrollo posterior de la política gubernamental es que el presidente no sólo fue el único responsable de los cambios ministeriales sino que mantuvo un control muy importante sobre los de segundo nivel, en especial, sobre los secretarios de Estado. Hubo alguno que cambió de Ministerio pero manteniendo competencias relativamente semejantes. En esos cargos de segundo nivel estaba depositada la esperanza de futuro del Partido Popular, pero en ellos el recuerdo de la transición se había diluido por completo, mientras que perduraba como ideal político la figura de Margaret Thatcher, «una tipa con principios», según la declaración de uno de ellos.

Como quiera que fuera, el Gobierno formado a finales de abril contó con el apoyo de 202 diputados, cifra idéntica al número de parlamentarios del PSOE en 1982.

EL ESTILO DE LA MAYORÍA ABSOLUTA

En 1982, la abrumadora victoria del cambio socialista creó una milagrería fervorosa que tenía tras de sí toda una ola de apoyo social. En el año 2000, el inesperado logro de la mayoría absoluta provocó una diferencia de enfoque, principalmente, en la propia clase dirigente vencedora del PP. A las pocas semanas se olvidó el talante dialogante y la petición de adhesión a la posición propia. Lo que apareció como recambio fue un ambicioso designio político y un talante intemperante. Pronto resultó evidente la carencia de magnanimidad.

El propio presidente Aznar protagonizó principalmente esta actitud, pero no sólo él. Mariano Rajoy, en declaraciones a La Vanguardia, afirmaba en mayo de 2000 que el consenso «es muy importante, pero si todo se hace por consenso, al final, no hay Gobierno». La posición del Ejecutivo acerca del Estado de las Autonomías quedaba implícita en el planteamiento de una cuestión: Rajoy se preguntaba si los partidos nacionalistas —todos ellos— «se echarían al monte». Aun siendo evidente la coincidencia, el lenguaje de Rajoy era muy distinto al que se utilizaba en La Moncloa.

En efecto, la manifestación más nítida del nuevo talante del Partido Popular en el Gobierno la ofreció el propio Aznar. Merece la pena tomar nota de sus declaraciones a una revista intelectual en primavera de 2000 y al diario El Mundo a principios de octubre. Ambición nacionalista, una creciente egolatría y un desprecio por la oposición, en especial por la nacionalista, se demostraron palpables en su posición de fondo. No tuvo reparo en afirmar que el objetivo de España debía consistir en dar «un gran salto en la primera década del siglo XXI» y entrar en el G-8, y aseguró que no había que hablar de ella «con perdón». Dijo de sí mismo que «yo soy como los poetas, que no tienen biografía, porque mi biografía son los hechos». El Partido Popular era, en su opinión, «la única realidad política estable y sólida» en España, porque el PSOE carecía de una auténtica expresión nacional. Respecto al País Vasco, era preciso poner en marcha «una alternativa democrática de libertad» porque «cada vez que ETA ha estado contra las cuerdas, han ido a salvarla». Ya en el verano de 2000 la relación entre el PP y el PNV se había ido crispando progresivamente: Arzalluz declaró que estaban «en guerra».

En los meses siguientes, los rasgos descritos se confirmaron y se agravaron; a ellos se añadieron otros. A comienzos de 2001 el humorista gráfico Forges presentaba a Aznar con el «estado civil» de «pecho lobo». La entrevista que le hizo Fernando Sánchez Dragó en TVE sobre sus gustos literarios y su supuesta identificación con la idea de Manuel Azaña sobre España hubiera sido inimaginable durante las etapas presidenciales de Adolfo Suárez o Leopoldo Calvo Sotelo; Felipe González sólo fue entrevistado, en sentido parecido, por una televisión extranjera (francesa). Ningún político español había hecho hasta el momento afirmaciones como las contenidas en la siguiente frase: «Hay gente que corre sobre llano; yo, por las mañanas, la mayor parte de los días subo cuestas, que es más duro». En este sentido, una decisión muy prudente y laudable —consumir sólo dos mandatos presidenciales— tuvo un efecto paradójicamente contraproducente, porque Aznar decidió inaugurada una etapa que consideraba «esencial para dejar una huella en la próxima década», sin ningún temor inmediato respecto al deterioro político de su persona. Nació de este modo un peculiar modo de irresponsabilidad política: puesto que no iba a presentarse de nuevo, no tenía por qué prestar atención a los vaivenes de la opinión pública.

Con el horizonte de una pronta retirada, José María Aznar hubiera podido plantear una gestión discreta y perdurable. Valentí Puig afirmó en ABC que «el aznarismo consiste primordialmente en que las cuentas, simbólicas o materiales, cuadren cuanto corresponde» y que, con él, «hemos pasado de ser una sociedad acongojada por el paro a una sociedad inquietada por la necesidad de mano de obra extranjera». Pero tal interpretación se demostró demasiado optimista. Antón Costas, en El País, acertó más al presentarle como una especie de reformador moralista, dogmático y profético, que actuaba con independencia absoluta de las condiciones sociales existentes y de los consensos que hubiera sido necesario construir para tomar decisiones verdaderamente destinadas a perdurar.

En el pasado, en minoría parlamentaria, el Gobierno del Partido Popular había utilizado el procedimiento del «globo sonda», pero, ahora, lo habitual era el «sistema de la gallina ciega». A lo sumo se daban algunas notas acerca de una posible reforma, sin aclararla, para burlarse de la oposición cuando ésta trataba de definir su posición. Los proyectos representaban generalmente claras rupturas con el pasado y se manifestaban como planes propios de una derecha «sin complejos». Las mejores propuestas efectivas vieron la luz, tan sólo, a partir de la labor conjunta de Gobierno y oposición.

No sólo en una ocasión, sino en varias, el Gobierno anunció una catarata de reformas novedosas: tal vez no cayó en la cuenta de que podía haber intentado llevarlas a cabo anteriormente. En marzo de 2002, José Luis Rodríguez Zapatero hizo unas declaraciones que cuentan entre lo más positivo de su liderazgo en el PSOE, no por su capacidad de propuesta sino de crítica al adversario. Acusó a Aznar de no ofrecer diagnósticos solventes sobre la realidad española; a continuación, el líder de la oposición reprochó al presidente el hecho de «alentar las visiones más pesimistas, y luego receta las medidas más duras y más ineficaces que le dictan sus prejuicios ideológicos», de modo que «las terapias que aplica el Gobierno hacen más daño que los problemas que pretende solucionar». Y concluyó: «La fantasía de Aznar y del PP respecto a su victoria ha sido la de un cambio de régimen, no la normal alternancia de una democracia». Existe, en efecto, la sospecha de que así fuera. En un libro cercano a la dirección del PP se nos informa de que Aznar llegó a considerar su victoria como el «final de la Guerra Civil».

Pero, aunque José María Aznar hubiera entendido como «cambio de régimen» lo que sólo fue una victoria electoral, se habría podido evitar un defecto que se agravó progresivamente en los meses siguientes: un talante de creciente crispación basado en la confrontación y en métodos que remedaban los de los años noventa. El calificativo más obvio de este modo de actuación es «innecesario». Uno de los políticos de la derecha que había protagonizado la transición (Pío Cabanillas, padre) había sentado como divisa fundamental: «De frente, nunca»; Aznar, en cambio, siempre practicó la confrontación. Una cómoda mayoría y una oposición desarbolada parecían ser factores propicios para generar un clima exento de crispación. Pero sucedió todo lo contrario. A partir, sobre todo, del verano de 2001, regresó desde la cúspide del poder un estilo bronco que consistía en la demonización del adversario y una actitud propia entre esquinada y prepotente. Por supuesto, la oposición respondió en parecidos términos, porque si hay algo que crea adicción es la confrontación. (Y este juicio vale también para los medios de comunicación). A finales de 2001 se publicaba una encuesta del CIS: el 26 por ciento de los interrogados declaraban la situación política mala o muy mala, frente a un 22 por ciento que la entendían buena o muy buena: esta situación resultaba insólita con una mayoría parlamentaria absoluta. El año 2001 concluyó con una gran bronca parlamentaria en el último pleno del año. Nunca un presidente de la democracia española había pronunciado frases como las que empleó Aznar en meses sucesivos para referirse al adversario: «Se ha acabado el chollo de los resentidos que ladran su rencor por las esquinas». De Margaret Thatcher, en su última etapa, se escribió que, arrellanada en su sillón, por su forma de comportarse parecía el monarca francés en su trono en 1789: su postura no hacía sino provocar la revolución.

Si al adversario político lo ninguneó y excitó de modo innecesario, al mismo tiempo, Aznar dio la sensación de no tomar muy en serio a los colaboradores más cercanos. Uno de los más relevantes parlamentarios del Partido Popular contó en privado que había diputados que ni siquiera habían logrado dar la mano al presidente muchos meses después de iniciada la legislatura. Cuenta otro parlamentario que uno de los nuevos ministros nombrados al comienzo de esta etapa de gobierno, desconcertado por el trato presidencial, le preguntó a otro si «creía que José María sabía que nosotros también somos ministros». Ésa es la posible clave del aire mayestático, casi faraónico a veces, en que se enfundó Aznar, especialmente cuando se produjo un momento de crisis de su propia gestión. Pero la mayoría absoluta y la férrea dirección del partido evitaron que estas críticas, frecuentes en pequeños círculos, se hicieran de dominio público.

LOS LÍMITES DE LA RENOVACIÓN DEL PSOE

Un sistema político como el español se desenvuelve principalmente en la dialéctica de las relaciones entre los dos grandes grupos políticos que han ejercido el poder en solitario, aunque a menudo hayan debido hacerlo con ayuda de los partidos menores. Es necesario, por tanto, estudiar cuál fue la evolución del PSOE en este período: es un inevitable punto de referencia y su actuación pareció iniciar un nuevo rumbo tras la derrota electoral.

En principio, pudo dar la sensación de que ésa era precisamente la posibilidad más improbable. Joaquín Almunia dimitió y Alfonso Guerra no ocultó su reacción instantánea al culpar a Felipe González por la derrota; el ex presidente llamó la atención acerca del peligro de endogamia en el seno del Partido y llamó al orgullo por la tarea realizada cuando se estuvo en el Gobierno. Josep Borrell, por algún tiempo, quiso presentar un candidato propio. Pero muy pronto, con la irrupción de Rosa Díez, que había construido una efímera popularidad gracias a sus posiciones en la política vasca y por haber encabezado la candidatura europea, fue el testimonio del ansia de cambio en las filas socialistas. Los guerristas, siempre atentos a su cuota de poder, acabaron por presentar —tras la negativa de Juan Carlos Rodríguez Ibarra— a Matilde Fernández, que saludaba con el puño en alto. A Rosa Díez le sobraba indignación y le faltaba equipo; Matilde Fernández representaba un recuerdo —y no precisamente bueno—. Así las cosas, el Congreso celebrado en junio de 2000 estaba destinado al triunfo de José Bono, un «barón» con sólidas mayorías absolutas a sus espaldas y, al mismo tiempo, capacitado para encarnar una cierta continuidad con el pasado. Pero Bono, que, sin duda, tuvo el apoyo de quienes hasta entonces habían estado al frente del Partido —aunque no lo quisieran hacer explícito— apareció siempre demasiado vinculado al pasado para dirigir un partido que deseaba cambio y, por si fuera poco, en exceso provinciano para llegar a toda una Presidencia del Gobierno español. Lo mejor de su talante y capacidad quedó demostrado con su modo de recibir la noticia de una derrota por tan sólo nueve votos.

La victoria de José Luis Rodríguez Zapatero se alcanzó con el voto de los correligionarios y no por la propuesta del antecesor, como en el caso de Aznar. Sin embargo, había una coincidencia con el líder del Partido Popular: su carácter en buena medida sorprendente. Al parecer, Aznar le dijo, en su primera entrevista, que lo importante era estar en el momento oportuno en el lugar adecuado. Como en su caso, Rodríguez Zapatero también lo estuvo.

El clima que se vivía en el socialismo español contribuye a explicar lo sucedido. El deseo de cambio facilitó el voto a un candidato poco conocido que no se sabía bien qué representaba pero que hacía afirmaciones sensatas y se situó en el justo punto necesario entre la continuidad y el cambio.

La escueta biografía de Rodríguez Zapatero revela curiosas identidades y diferencias con la de Aznar. En común tienen la juventud: el nuevo secretario general socialista llegó al Congreso de los Diputados en 1988, con tan sólo 25 años. La Universidad representó mucho más para él que para Aznar: fue profesor de Derecho Constitucional en León. Los orígenes familiares eran diametralmente contrapuestos: el joven Aznar se sentía parte de una familia importante en el régimen de Franco; Zapatero era nieto de un capitán del Ejército que no se quiso sublevar en 1936 y, por ello, fue ejecutado. Aznar siguió la senda de la Administración. Zapatero se dedicó a la política partidista: fue el pacificador de la agrupación provincial socialista de León, que había consumido muchos secretarios generales y que durante cuatro congresos sucesivos lo reeligió sin excesivos problemas. Era un apaciguador, no un dirigente de ruptura, de apariencia poco brillante.

Como Aznar a mediados de los ochenta, Zapatero era un desconocido a mediados de los noventa: en realidad, era un perfecto interrogante incluso en el año 2000. Su trayectoria como militante puede resumirse en pocos rasgos: no había tenido contacto con la izquierda del Partido, ni con el guerrismo ni con Borrell —que también triunfó en las primarias en León—. Sus contactos principales en la dirección del PSOE durante los noventa fueron Joaquín Almunia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carlos Solchaga; admiraba a Felipe González y éste parece haber simpatizado con él, aunque de forma descomprometida y distante. A diferencia de la jefatura socialista de años anteriores, Rodríguez Zapatero prescindió de hacer su aparición en solidaridad con Barrionuevo a las puertas de la cárcel de Guadalajara. La primera larga entrevista con el ex presidente González la consiguió a través de una de sus futuras colaboradoras, Trinidad Jiménez.

El bagaje dialéctico con el que llegó al poder en el Partido no fue, sin embargo, idéntico al del ex presidente. Alfonso Guerra dictaminó que había vencido la «renovación de la renovación» y, en cierto sentido, tenía razón. La identificación del socialismo y la libertad databa en la propaganda socialista de 1977, el «cambio tranquilo» había sido ya patrocinado por los vencedores en 1982, pero el PSOE no había tenido la experiencia de ser la «oposición útil»: éste fue el objetivo, desde un principio, de la nueva dirección socialista. Si bien es cierto que Zapatero se hizo eco de la «nostalgia» de 1982, no es menos verdad que puso su diana en la «esperanza de 2004».

El nuevo secretario general propició una renovación generacional decidida y súbita. Ello no se debía tanto al respaldo que obtuvo en el congreso socialista como a su carácter inesperado. Sobre esa renovación llamó la atención Álvaro Espina en un artículo: en la nueva Comisión Ejecutiva del PSOE predominaban por completo los hombres y mujeres de la «generación del desarrollo», habían desaparecido los de la posguerra y empezaban a despuntar los jóvenes de la democracia. Lo que Aznar hizo con prudencia y lentitud en la oposición, Zapatero pudo hacerlo de forma súbita, aunque en ocasiones no se percibió con suficiente claridad. En el nuevo equipo dirigente, las únicas personas procedentes de la etapa anterior con experiencia político-administrativa fueron Alfredo Pérez Rubalcaba y Manuel Marín. El resto eran jóvenes prometedores con un grado de formación desigual. La renovación generacional resulta no sólo positiva sino imprescindible, pero eso no quiere decir que necesariamente haya de resolverse en éxito. Los antiguos dirigentes, como mínimo, quedaron sin tarea concreta y cuando intentaron volver a la política activa, descubrieron que no eran aceptados. Tal fue el caso de Joaquín Leguina, por ejemplo.

Pero el relevo generacional, por el momento, no causó problemas a la dirección socialista. José Luis Rodríguez Zapatero parecía mantener buenas relaciones con los «barones» regionales, incluso con José Bono y con Juan Carlos Rodríguez Ibarra y coincidía con Maragall; por otro lado empleaba un estilo que calaba en la opinión pública. Desde finales de julio del año 2000, el PSOE recuperó expectativas electorales.

«Prefiero dar ejemplo a dar caña», afirmaba Zapatero. Declaraciones como éstas parecían propias de un líder de consenso, capaz de captar ese voto de clase media ilustrada que en 1982 había sido socialista. Sin embargo, sus manifestaciones fueron inmediatamente objeto de críticas internas y, por descontado, también en el partido antagonista. Se dijo que Alfonso Guerra lo apodaba Bambi, por su inocuidad, y desde el PP se le reprochó que sólo sabía pedalear cuesta abajo.

La realidad es que un estilo semejante parece correcto, laudable y constructivo en cualquier tipo de oposición; si asombró fue por su carácter inédito, tanto en la derecha como en la izquierda. Precisamente porque Rodríguez Zapatero tiene ese carácter se pudieron firmar los pactos por la Justicia y contra el terrorismo. Es verdad que el primero había sido enunciado en el programa gubernamental, pero da la sensación de que si hubiera estado en manos del líder del PSOE, habría sido posible ampliar el terreno de coincidencia a otros campos, por ejemplo, la política inmigratoria o el Plan Hidrológico. No se avanzó en estas y otras materias, principalmente, porque el Partido Popular no necesitaba votos para imponer su mayoría absoluta. En todo caso, quizá tampoco el PSOE tuviera una idea definida respecto al reparto del agua o en política inmigratoria, materia en la que un pacto podría haber tenido mucho sentido. Al mismo tiempo, Zapatero recordaba que todavía existía una «España pendiente» en el terreno social y en el autonómico; el Gobierno del Partido Popular, en su juicio, no había reparado en ello.

Las promesas relativas a la política social eran inevitables en el programa del PSOE, pero las propuestas respecto a la organización territorial del Estado no necesariamente estaban en el guión. Zapatero se había apoyado en dirigentes de su partido que pactaban con los nacionalistas de izquierda —en Baleares, por ejemplo— y, según sus biógrafos, era lector de un autor castellano, Anselmo Carretero, propicio a la visión de España como «nación de naciones». En fecha temprana —junio de 2000—, el líder del PSOE hizo suyo el modelo del PSC, es decir, de Pasqual Maragall, para la vertebración de una España plural con apertura a posibles reformas de los Estatutos y de la Constitución. Inmediatamente, desde el Gobierno se le reprocharon las «ocurrencias» reveladoras de un estado de «inmadurez» y se insistió en que no todos los socialistas coincidían en ese programa.

Pero el problema del líder del PSOE no era exactamente la inmadurez. Para descubrir el punto débil de Rodríguez Zapatero quizá sea interesante atender al juicio de dos políticos avezados y experimentados. Al parecer, durante la campaña para la Secretaría General, el ex presidente Felipe González había hecho uso de su característico lenguaje popular y le había impuesto un apodo: «el turronero», porque por todas partes iba ofreciendo dulces. Pronunció la frase ante el interesado y, por tanto, no fue una crítica; tampoco estuvo exenta de cordialidad. Pero en mayo de 2002, con ocasión de la presentación de un libro, González aseguró: «Mi estado de ánimo me dice que se ha producido el relevo, que puede ser verdad que hay un segundo Suresnes, pero está todavía por demostrar que hay un nuevo proyecto con contenidos e ideas». Esta declaración levantó una intensa polémica, como si González pretendiera todavía administrar el PSOE o despreciar a su nueva dirección, pero debe interpretarse en sus estrictos términos. Una periodista oyó de Arzalluz un juicio no tan alejado del citado: según el dirigente nacionalista, a los nuevos socialistas les faltaba una verdadera «columna vertebral».

Comentaristas periodísticos independientes o no demasiado lejanos al socialismo coincidieron en la valoración. The Financial Times concedió al nuevo líder la posibilidad de acceder al poder, pero llamó la atención acerca de su debilidad programática en materias económicas. En junio de 2001, Santos Juliá afirmaba que el socialismo de Rodríguez Zapatero se caracterizaba por las buenas formas, pero daba sensación de improvisación a la hora de formular políticas. Josep Ramoneda le reprochó «el pactismo como ideología» cuando la renovación de cargos institucionales se prolongó sin fin: en resumen, dio la sensación de que el líder del PSOE se ocupaba de recoger la parte del pastel que correspondía. El «achique de espacios» políticos entre la oposición y el Gobierno tal vez fuera posible con la moderación, pero la alternativa distaba mucho de estar perfilada.

Aun así, en contradicción con lo que suele ser habitual en estas ocasiones, en el debate sobre el Estado de la Nación de junio de 2001, José Luis Rodríguez Zapatero resultó ser el vencedor. José María Aznar, abonado a un estilo que desarrollaría progresivamente, apareció como un engolado experto, pero distante del ciudadano medio; Zapatero mostró mayor sensibilidad ante los problemas cotidianos y dejó ver su capacidad de comunicación con el hombre de la calle. La situación aún no era preocupante para el PP, pero afloraba una alternativa personal.

En cuanto al programa, el líder de la oposición fue mucho menos claro. La Conferencia Política Socialista de julio de 2001 levantó algunas sospechas en ciertos sectores izquierdistas, pero, en realidad, no ofreció otra cosa que una especie de «tercera vía»: «un Estado ágil e innovador con una sociedad fuerte». Lo más valioso de la propuesta consistió en el compromiso a favor de «un partido abierto, transparente, responsable ante sus miembros, pero, sobre todo, ante la sociedad» y capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos. A este resultado se pretendía llegar mediante procedimientos de revitalización interna que ya habían sido ensayados por Pasqual Maragall en Cataluña: elaborar un censo específico de simpatizantes, de modo que pudieran desempeñar un papel en la vida interna del Partido, o limitar a tres el número de mandatos que se podrían ejercer en el seno del Partido.

A lo largo del año 2002, el dirigente socialista fue ampliando las propuestas de lo que podríamos denominar «regeneración política». (Rodríguez Zapatero hablaba de esta regeneración en un sentido a menudo obvio y tan habitual en los partidos que no están en el poder como olvidado por quienes lo ejercen). Propuso, por ejemplo, la creación de un Consejo destinado a regular los medios audiovisuales, en el que personas de relevantes méritos serían garantía de imparcialidad; el director general de RTVE sería nombrado por mayoría de dos tercios en el Congreso. También se mostró partidario de la reducción de la publicidad en las elecciones, de la reforma del Reglamento del Congreso y de un nuevo régimen de incompatibilidades. En cuanto a los bienes de los políticos en ejercicio, según la propuesta socialista, deberían depositarlos en una entidad y no podrían ordenar sus inversiones; las comisiones parlamentarias podrían acceder al registro de bienes de los políticos.

En el aniversario del triunfo del PSOE, en octubre de 2002, José Luis Rodríguez Zapatero declaró pasada la página de la corrupción: «Hemos aprendido la lección; no habrá ni un solo aprovechado en nuestras filas; no se nos va a olvidar». Medio año después, la cuestión volvería a la primera página de los periódicos. Pero, en aquella ocasión, Felipe González le prestó ya un apoyo inequívoco: «No tengo más remedio que decirle a José Luis que siga con este estilo, que sea idéntico a sí mismo, que no se traicione, porque así es como nos vale y así es como le necesita la sociedad española». A estas alturas, nadie parecía mostrar reticencias en el seno del PSOE hacia el líder. «La ansiedad fabrica derrotas», había respondido Zapatero ante quienes pedían una acción supuestamente más decidida en contra del Gobierno. Tales exigencias se mostraron, sobre todo, en el seno del grupo parlamentario.

El «pactismo» debió de ser una sorpresa para muchos en el seno del PSOE, aparte del PP, y hubo no pocas denuncias internas por la «deslealtad» con que el Gobierno ponía en práctica lo acordado con la oposición. El problema, más que en la deslealtad del contrincante, residió en una cierta bisoñez que permitía que el adversario obtuviera ventajas; algunos de los socialistas que habían desempeñado cargos ministeriales en el pasado no dudaron en achacar a la dirección presidida por Zapatero un evidente desorden en el trabajo. Pero, además, las promesas de revitalización democrática interna no se llevaron a la práctica en lo más inmediato y obvio. Cuando en mayo de 2002 Zapatero defendió la candidatura de Trinidad Jiménez para la alcaldía de Madrid, confiando en su «capacidad, su ambición, su fortaleza y su frescura», el líder socialista sustituyó el sistema de primarias por un pacto entre las diversas tendencias del socialismo madrileño. «Tan bueno es un proceso de selección con primarias como con un solo candidato», afirmó. Además, el reparto de cargos institucionales entre el PP y el PSOE tuvo, como se verá, muy poco de ejemplar.

En cuanto a la alternativa programática, más allá de esa revitalización del sistema político, cuyos obvios límites acabamos de mencionar, quedó por perfilar como conjunto. Zapatero acertó casi siempre en la crítica a las medidas del Gobierno: en muchos casos, como en el Pacto por la Justicia o en la Ley de Partidos, la oposición socialista contribuyó a mejorar unos textos inviables o muy discutibles en su contenido. Pero el conjunto del programa socialista pecaba de indefinición. La reforma fiscal que se proponía era imprecisa y no llegó a convencer a los especialistas; la propia composición del equipo económico del PSOE provocó controversia y se mostró cambiante. Las propuestas del PSOE en aquellos puntos en que los errores gubernamentales habían sido más obvios y donde la solución podía consistir en un incremento del gasto —vivienda y seguridad— no representaban ningún problema, pero tampoco daban la sensación de estar integradas en un plan global. A menudo las propuestas socialistas parecían poco meditadas o incluso adanistas. Crear un Ministerio de la Juventud, empezar de cero en la política de Defensa o llevar a cabo una contrarreforma total de la política universitaria de Pilar del Castillo fueron otras tantas sugerencias poco meditadas del dirigente del PSOE a lo largo de 2002 y 2003. Como podrá comprobarse más adelante, los rectores universitarios se opusieron decididamente a la nueva ley universitaria del Partido Popular, pero una vez ejecutada, las autoridades universitarias ya no querían partir de cero, como le hicieron ver a Zapatero en una conversación privada.

El programa alternativo del PSOE quedó en buena medida en una nebulosa, pero en la segunda mitad del año 2002 logró dos victorias parlamentarias que merece la pena reseñar. En el debate sobre el Estado de la Nación, a mediados de julio de 2002, Aznar prácticamente no hizo otra cosa que proponer pactos contra la delincuencia y la inmigración irregular. Zapatero rearguyó que «España tenía un déficit social insoportable para los más débiles». De nuevo el líder socialista ganó el debate y por idénticas razones que el año anterior: principalmente, por dar la sensación de estar más próximo a los intereses de los ciudadanos. Además, en esta ocasión, la distancia a favor del ganador había superado sustancialmente la del anterior año: siete puntos. Pero, sobre todo, en octubre de 2002, Zapatero sorprendió al Gobierno al defender la alternativa presupuestaria contra el ministro de Hacienda. Le acusó de todo aquello en que la debilidad del Gobierno del Partido Popular era patente: no mantener la lucha contra la inflación, dedicar pocos recursos a la investigación y desarrollo o no crear empleo estable. El ministro Cristóbal Montoro, obsesionado con cuadrar las cuentas públicas, ofreció una respuesta bien pobre. Pero José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo, se había ocupado de criticar las políticas más erradas del Gobierno en materias concretas más que apuntar propuestas. Alfonso Guerra, sin embargo, apostilló: «Ha dejado sin discurso al Gobierno».

El contenido de las distintas encuestas testimonia que, a lo largo del año 2002, la opinión pública se fue desplazando con lentitud a favor de los socialistas. Probablemente, ello se debía más al deterioro del Gobierno que a la capacidad de propuesta de la oposición. A comienzos de 2002, de acuerdo con una encuesta del diario El Mundo, el PP aventajaba al PSOE en nueve puntos; y Aznar también superaba a Zapatero (5,9 frente a 5,5). Pero a finales de mayo de 2002, un barómetro del CIS revelaba en el Partido Popular una pérdida de 2,4 puntos en intención de voto directa, mientras que la puntuación de Aznar descendía de 5,6 a 5,1; y la de Zapatero subía de 5,0 a 5,3. Una encuesta publicada por El País en los últimos días de septiembre de 2002 permitía constatar que los populares perderían la mayoría absoluta si las elecciones se celebraran en ese momento: Zapatero estaba una décima por encima de Aznar. Como consecuencia del último debate sobre el Estado de la Nación, los dirigentes del PP empezaron a considerar que la política de pactos de Estado había beneficiado a Zapatero y no al Gobierno o al Partido Popular. Esta percepción política se daba durante el verano de 2002, es decir, antes de las sucesivas crisis mal resueltas por el Gobierno. En noviembre, las encuestas coincidían en revelar algo muy parecido a un empate técnico entre PP y PSOE; se añadía una valoración de Aznar levemente inferior a Zapatero —medio punto—. De acuerdo con estos datos y teniendo a la vista las cercanas elecciones locales y municipales, se mantendría el reparto autonómico existente hasta el momento, aunque el PSOE reduciría considerablemente la ventaja del PP. Rodríguez Zapatero daba la sensación, por tanto, de haber superado la larga crisis de su partido.

AGÓNICAS ELECCIONES VASCAS

Tras las elecciones generales de 2000, la situación del País Vasco acaparó todas las miradas. Por un lado, el Gobierno de Juan José Ibarretxe carecía de mayoría parlamentaria si prescindía del apoyo de los abertzales radicales; y, por otro, se recrudeció la acción terrorista tras una tregua que muchos habían considerado irreversible. Con el paso de los meses, las posiciones de nacionalistas y no nacionalistas se enconaron. Las elecciones autonómicas se percibieron en toda España como «vitales» pero el resultado fue, en gran medida, inesperado. A lo largo de todo este tiempo fueron numerosísimas las declaraciones desaforadas y los gestos de confrontación gratuitos. Julio Caro Baroja dejó escrito que la «cuestión vasca» siempre ha producido infinitos locos allí e infinitos tontos en Madrid, pero cabe preguntarse si no fueron «tontilocuras» las que se hicieron presentes en ambas ubicaciones.

La espiral de confrontación entre los partidos democráticos era previsible; la bárbara violencia de ETA consiguió que llegara a una exasperación bastante menos imaginable. Ya en la época de las elecciones generales, Ibarretxe había empezado a hablar de la posibilidad de una consulta popular para que los vascos decidieran su destino; y, en el verano, Mayor Oreja consideraba al Gobierno vasco inexistente, porque «Ibarretxe ha abdicado en ETA». Ese tipo de lenguaje se utilizó en el futuro con asiduidad y creciente dureza.

Si ETA, o un sector de la misma, pretendía dividir al País Vasco en dos bloques —y todo hace pensar que ése fue el deseo de su minoría dirigente—, en buena medida lo logró. Pero el resultado final fue por completo ajeno a sus intereses. No cabe la menor duda de que existía alguna división en el seno de la izquierda abertzale: José Luis Álvarez Emparanza, Txillardegui, fundador de ETA, se manifestó en contra del uso de la violencia y también lo hizo Patxi Zabaleta, futuro protagonista de una escisión, independentista pero no violenta, denominada Aralar. Pero como tantas veces ha sucedido en la historia de ETA, debió de imponerse el sector más radical, dedicado al activismo por el activismo.

Los atentados convirtieron el verano de 2000 en el más sangriento de los últimos años, con once muertos hasta el 21 de agosto. (En 1996, quince muertos; en 1997, trece muertos; en 1998, seis muertos; en 1999, ninguno). Pero lo decisivo en este contexto es el cambio operado sobre la sociedad: si a finales de los años setenta ETA asesinaba a un centenar de personas, ahora, siendo las cifras de muertos mucho menores, el número de los amenazados era infinitamente superior y la respuesta popular más indignada que nunca. Además, las víctimas de ETA en 2000 no sólo fueron cargos o militantes del PP o relacionadas con la derecha social; también cayeron personalidades de izquierda, a menudo caracterizadas por una actitud que nada tenía de contraria a la colaboración con los nacionalistas moderados en condiciones normales. Uno de los asesinados, sin embargo, José Luis López de la Calle, antiguo dirigente del PCE, dejó escrito en el que hubo de ser su último artículo que «se hace necesario un cambio en la dirección política del País Vasco». De otro, Ernest Lluch, asesinado en noviembre, Xabier Arzalluz dijo que «ojalá todos los socialistas vascos fueran como él». En realidad, Lluch siempre había sido partidario de tener en cuenta a los nacionalistas, aunque nunca dejó de criticarles; tampoco escatimó reproches a los intelectuales, procedentes de la izquierda o del nacionalismo, que se habían convertido a un devoto antinacionalismo vasco. No faltó quien le acusara de «equidistante», pero Lluch, en realidad, fue uno de los más valientes denunciadores de la violencia terrorista desde el principio. Descubrió que el primer muerto de ETA —una niña, no un guardia civil— no había sido reivindicado porque los terroristas habían errado en el objetivo. Un mes antes de ser asesinado, Ernest Lluch envió al autor de este libro un artículo en que se mencionaba el probable asesinato de tres españoles en Francia: ETA creyó que eran policías cuando, probablemente, habían cruzado la frontera para ver cine pornográfico: «Ya ves, ya lo sabes: ni las víctimas son neutrales e iguales», comentaba. En lo que Lluch siempre se empecinó fue en el diálogo de todos los que no creyeran en la violencia. Por eso, la invocación de la periodista Gemma Nierga al diálogo, en la multitudinaria manifestación de Barcelona, fue perfectamente correcta.

Ante aquella barbarie asesina, ¿cómo se explica que el PNV tardara en cambiar de postura? Incluso sus propias sedes sufrían ataques. Probablemente el sector dirigente mantuvo la confianza en la posibilidad de que se impusieran los contrarios a la violencia en el seno del radicalismo abertzale; hubo quien deseó, no obstante, un inmediato cambio de estrategia. Se mantuvo el programa de Lizarra, pero aquel pacto era ya una especie de «fetiche» inútil, puesto que una parte de los firmantes no condenaba la violencia; instituciones como la Udalbiltza quedaron en suspenso. Lo decisivo es, sin embargo, que la situación parlamentaria del Gobierno vasco resultaba insostenible a medio plazo; todo el mundo lo sabía y fue necesario tomar decisiones urgentes.

En el seno del nacionalismo vasco se produjo entonces, cuanto menos, una graduación de matices e incluso se pudo pensar que, por vez primera, se ponía en peligro el liderazgo de Arzalluz. Juan José Ibarretxe afirmó que, hasta que ETA no dejara de matar, cualquier acuerdo con la izquierda sería imposible. Pero, al mismo tiempo, se resistió a la convocatoria de elecciones arguyendo que el panorama político no cambiaría en nada. Propuso, además, un foro de partidos, pero sin excluir a Euskal Herritarrok. Las voces de «segundo nivel» fueron más expresivas. Los diputados generales de Vizcaya y Guipúzcoa se manifestaron a favor de la ruptura inmediata con EH. Emilio Guevara, ex diputado general de Álava, propuso un giro político en las relaciones con este grupo; algo parecido defendieron también Joseba Arregui, ex consejero de Cultura, y José Ángel Cuerda, ex alcalde de Vitoria. Juan Antonio Ardanza también mostró su descontento. Joseba Egibar e Iñaki Anasagasti se enfrentaron: el segundo era partidario de la ruptura y el primero era favorable al mantenimiento de contactos con EH: «Somos tan hermanos como Caín y Abel», escribió Anasagasti. Los patronos, por su parte, expresaron su opinión favorable al mantenimiento del Estatuto. Pero la posición mayoritaria del PNV estaba decantada a favor del llamado «ámbito vasco de decisión» y Arzalluz la sesgó aún más al afirmar en una emisora de radio que le bastaba el 51 por ciento del voto para conseguir una Euskadi independiente. Al mismo tiempo, se produjeron tímidos intentos destinados a conseguir un acercamiento entre los socialistas y nacionalistas vascos que cambiara de forma sustancial el panorama político. (En realidad, no fueron más que gestos minoritarios y confusos). Jordi Solé Tura o Juan María Atutxa se expresaron en este sentido.

Ante la disyuntiva de sacar al PNV del pozo o sepultarlo en él, el Gobierno de José María Aznar no tuvo la menor duda. A mediados de junio, Ibarretxe y Aznar se reunieron, pero sólo para constatar diferencias insalvables. El PP boicoteó un foro de diálogo propuesto por el lehendakari e Ibarretxe acusó a Aznar de provocar una fractura social en Euskadi. La incomprensión fue absoluta: el Gobierno consideraba que ETA estaba marcando la agenda del lehendakari, pero acusaciones como ésta no hicieron cambiar de política al PNV, que anunció que seguiría buscando el diálogo y la negociación con la izquierda abertzale. Ambas actitudes se retroalimentaban: si hubiera sido posible el relevo de Arzalluz al frente del nacionalismo, el propio Aznar lo hizo imposible con su insistencia en reclamarlo. El dirigente del PNV embistió contra una supuesta «brigada mediática», contraria a los intereses de su partido, y con ello no logró otra cosa que multiplicar la incomprensión de los periodistas hacia su postura. El lenguaje gubernamental se expresaba de distintos modos: Mayor Oreja —en el fondo, muy duro— se traducía en un tono de moderación, recordando que «por vez primera se combate a ETA desde la democracia». Su política informativa consistió siempre en no optar por una posición demasiado optimista cuando las cosas iban bien ni demasiado pesimista cuando parecían ir mal. Pero los interlocutores socialistas, con los que departía, más que recibir información cierta, oían sus diagnósticos acerca de la ola de fondo antinacionalista que se advertía en el País Vasco, por ejemplo. En septiembre, el Gobierno propuso una batería de reformas para impedir la impunidad del entorno de ETA, como la creación del delito de exaltación del terrorismo y los modos de combatir la kale borroka. (Un grupo de estudio dedicado al análisis de la lucha callejera en el País Vasco concluyó que lo peor era la conciencia de impunidad de quienes la practicaban). Las medidas de concreción y endurecimiento de la lucha antiterrorista se sumaron a las iniciativas judiciales: se produjo la detención de los dirigentes de Ekin, la filial internacional del entorno etarra.

En otoño, la situación política en el País Vasco tuvo un desenlace previsible. En octubre, el Gobierno vasco se enfrentaba a un posible voto de censura de la oposición popular y socialista. Ese mismo mes, el PNV fue expulsado de la Internacional Democristiana, de la que era fundador. En esta medida fue decisiva la influencia de quien, en realidad, era un recién llegado: el Partido Popular. Ése también fue un error que sólo podía contribuir a aislar al grupo nacionalista, a impedir que asumiera una posición moderada y a fomentar el liderazgo de los más radicales. Cuando Ibarretxe convocó una manifestación contra ETA, consiguió desde el principio que acudiera el PSOE y, al final, logró la presencia del Partido Popular, pero Aznar no viajó a Euskadi.

La política del PP consistió ahora en lograr un acuerdo preelectoral, más o menos explícito, con el PSOE: el objetivo era desplazar al PNV del poder. Los nacionalistas, conscientes desde finales del año anterior de que esta eventualidad podía producirse, se apresuraron a hacer una modificación de la ley electoral para favorecer la presencia parlamentaria de Izquierda Unida en el Parlamento, reduciendo el mínimo necesario a un tres por ciento. Esta decisión puede considerarse una artimaña, pero no cabe la menor duda de que, al convertirla en realidad, el electorado podía sentirse más fielmente representado. La inminencia de la campaña electoral era tan patente que Ibarretxe pedía con insistencia a Mayor Oreja que dejara el Ministerio del Interior y se dedicara a actuar como candidato propiamente dicho.

El electorado era consciente de la probabilidad y de la necesidad de la consulta. En una encuesta de finales de 2000, el 80 por ciento de los ciudadanos culpaba a los partidos de la situación política, pero lo hacía de forma contradictoria. Por un lado, el lehendakari era la institución más aceptada y el repudio de la violencia, el sentimiento más generalizado. «Lo que los vascos parecían estar pidiendo —escribió un sociólogo— es mano dura contra ETA (como ofrece el PP, pero no hace el PNV), pero con comprensión por la opción nacionalista (como hace el PNV, pero no el PP)». Se hicieron frecuentes las especulaciones acerca del posible resultado de las elecciones. Por vez primera, los sondeos apuntaban la posibilidad de alternancia. Pero el cálculo se enfrentaba con un problema: la diferencia entre el volumen de electos de cada circunscripción. (Con 7.000 votos en Álava se alcanzaba un escaño, pero en Guipúzcoa eran necesarios 27.000). La clave de los resultados residía en el voto juvenil, en la abstención del voto socialista y en el destino de los votos que en otro tiempo se entregaban a EH; esta formación había abandonado el Parlamento vasco en septiembre y había quedado presumiblemente afectada por el reinicio de la violencia de ETA.

Se deberían haber tenido en cuenta también, de cara a una posible interpretación de los posteriores resultados, otras realidades vascas. En primer lugar, la evidencia de un crecimiento elevado —hasta un seis por ciento—, por encima de la media nacional; eso era compatible con el hecho de que más de mil ciudadanos tenían que vivir con protección policial. Según el sociólogo Javier Elzo, nunca había existido tanto riesgo de ruptura social como entonces: los vascos estaban divididos en dos comunidades. La denominada «tregua trampa» —según Mayor Oreja— había sido una esperanza para el 64 por ciento de los vascos, que creyeron firmemente en las posibilidades de una solución definitiva. El porcentaje de los ciudadanos que sólo se sentían vascos aumentaba, pero sólo la mitad de los nacionalistas quería la independencia. La complejidad de todos estos datos exigía perfilar matices a la hora de emitir una previsión o un diagnóstico, pero, sobre todo, hubiera debido matizar las posiciones de los grupos políticos. Éstos se mostraban muy seguros en sus presupuestos, que endurecían de modo progresivo, pero, en realidad, se mostraban mucho más desconcertados de lo que podía parecer. En enero de 2001, en el transcurso de una conversación con periodistas y en Madrid, Xabier Arzalluz se quejó amargamente de la posición del socialismo vasco, una posición que el PNV no podía asumir de ningún modo, y no atribuyó otro mérito a Mayor Oreja que el de hablar con frecuencia con los periodistas. Admitió la posibilidad de una derrota en los comicios inmediatos, pero no arrendó la ganancia a quienes la obtuvieran. En el fondo, dio la impresión de que, aun habiendo estado presente en Lizarra, se había embarcado en una operación de la que sabía cómo podía salir; aseguró que ETA le había ofrecido otra tregua, pero que no la había querido aceptar. Estaría dispuesto a embarcarse en una operación parecida a Lizarra en el futuro, pero nunca más a solas. Ése había sido, en efecto, uno de los defectos más graves del pacto suscrito en la población navarra.

En febrero comenzó la campaña. En realidad, el debate electoral había permanecido en estado latente desde las pasadas elecciones generales. En mayo, Jaime Mayor Oreja abandonó el Ministerio del Interior; la opinión generalizada sostenía que la combinación entre discurso calmado y firmeza de fondo era el secreto de su popularidad, pese a las críticas a su política de extranjería. Durante la campaña, siempre mantuvo un lenguaje ponderado. Las palabras de José María Aznar no eran nada medidas: en su opinión, el PNV era «una casa aislada y en ruinas». Mayor llegó a enunciar una especie de catálogo de lo que no haría si conseguía la victoria: no habría revancha, ni engaños, ni se manifestaría debilidad ante los violentos, ni se mantendría ambigüedad alguna, ni se darían golpes de timón, ni imposiciones de orden educativo o cultural, no conllevaría deslegitimación de las instituciones, ni hipotecaría la libertad y seguridad de las personas, no habría ningún trato político con la violencia, y menos aún desprecio u olvido para las víctimas del terrorismo. Todo ello encerraba una crítica clarísima al Gobierno nacionalista; sin embargo, en su dureza, se revestía de una presentación carente de aspereza. Así se explica que Mayor no sólo alcanzara una movilización muy grande del electorado conservador, sino algo mucho más difícil: atraer a una buena parte del mundo intelectual no nacionalista y lograr el liderazgo efectivo de la opción no nacionalista. La inanidad de Nicolás Redondo Terreros también se dejó notar en este sentido.

Si se observa detenidamente, Juan José Ibarretxe también hizo una campaña tamizada por la moderación. Se beneficiaba de su posición institucional y de que, además, su electorado no ocultaba su adhesión; el lehendakari no generaba rechazo. El 34 por ciento de los electores deseaba a Ibarretxe como lehendakari y sólo el 6 por ciento decía preferir a Mayor Oreja. El dirigente popular era rechazado por un elevado porcentaje de la población vasca, en contraste con su buena imagen en el resto de España. Ibarretxe presentó la «autodeterminación» como un programa que no dañaría a nadie y auguró un retroceso de veinte años si triunfaba el Partido Popular. Además, a mediados de abril afirmó que prefería el pacto con los socialistas y descartó la alianza con EH. En el mismo sentido se expresó Juan María Atutxa, que en plena campaña electoral aseguró que el PNV acataba la Constitución española. Algunos analistas de Madrid interpretaron en estas actitudes un deseo de encizañar las relaciones entre los partidos constitucionalistas; Javier Pradera describió la propuesta como «el cortejo transversal».

Estos comentaristas, como Patxo Unzueta, veían factible la victoria de los no nacionalistas y consideraban que la posibilidad de recomponer el consenso entre nacionalistas y no nacionalistas se basaba en una premisa previa: que los firmantes del Pacto de Lizarra abandonaran el poder. Antonio Elorza escribió incluso que la posibilidad de construir el País Vasco pasaba por la victoria de los no nacionalistas. Algo parecido pensaban los organizadores del colectivo «Basta Ya»: en un mitin en el que, en teoría, sólo se pedía la participación ciudadana, acabaron afirmando que «necesitamos el pacto de los constitucionalistas». Deberían haber recordado una frase del actor italiano Roberto Benigni: «Hay cosas imposibles, como la pizza sin mozzarella». Del mismo modo, la posibilidad de alcanzar una solución del problema vasco, sin los nacionalistas moderados, siempre resultaba remota. La patronal, por su parte, proponía un Gobierno de concentración, lo que quizá hubiera sido ideal, si no fuera porque una solución semejante era completamente imposible. Pero, claro está: la tesis de que la victoria de los no nacionalistas era un paso previo imprescindible también tenía argumentos a su favor. En cambio, resultaba mucho menos justificable la demonización definitiva del PNV. Los periodistas José Díaz Herrera e Isabel Durán retrataron a Arzalluz en un libro de éxito como una especie de reedición de Belcebú. Más grave incluso fue que escritores valiosos, como José Varela Ortega, establecieran el paralelo entre una EH semejante a los nazis y un PNV dispuesto a seguir la senda de la derecha alemana en 1933.

Probablemente la posición de Ibarretxe respecto al PSOE no fue sólo un guiño táctico; el PNV y el PSOE —o, al menos, una parte de los socialistas— durante muchos meses se vieron como nuevos coaligados, pero siempre con la esperanza imposible de que el otro adoptara la postura propia. Por el momento y de cualquier modo, incluso el sector vasquista del PSE apoyó la coalición con los populares. José Ramón Recalde, ex consejero y objeto de un atentado de ETA que a punto estuvo de costarle la vida, se mostró propicio a «correr el riesgo» de aunar fuerzas con el PP. En realidad, no hubo verdadera diferencia entre la campaña del PP y la del PSOE: sus direcciones respectivas sólo discreparon en la forma en que TVE trató la campaña. Sólo Felipe González hizo afirmaciones que definían los límites: «La única frontera debe ser la existente entre los demócratas y los violentos». Cualquier ocasión que alimentara una leve discrepancia entre PP y PSOE, como ésta, fue aprovechada por el PP para advertir a Zapatero que no estaría en un gobierno con el PNV tras las elecciones.

La campaña electoral se observó apasionadamente en toda España. En la extrema derecha había esperanzas desorbitadas de que se produjera una inflexión definitiva respecto a la idea de España. El antiguo izquierdista César Alonso de los Ríos escribió que «el giro que debería darse en el País Vasco, a partir del 13 de mayo, debería ser una nueva forma de entender el Estado autonómico». Pero también la prensa más afín a la izquierda parecía decantarse por la posibilidad de que tuviera lugar una inflexión importante en la política nacional como consecuencia de las elecciones vascas. Éste era el titular de la encuesta de Demoscopia para El País: «El PP y PSE acarician la mayoría absoluta». La encuesta ofrecía otro dato cuya enorme relevancia se demostró a posteriori: el 63 por ciento de los vascos definían la situación política como mala o muy mala, pero el 72 por ciento describían la situación económica como buena o muy buena. Pocos días antes de las elecciones, el titular de un editorial periodístico y unas declaraciones de un político nacionalista resumieron lo que estaba en juego. El Mundo aseguró que «ETA debe tener una respuesta en las urnas»; esta afirmación se correspondía con la línea trazada por el Partido Popular y el PSOE. Garaicoechea, por su parte, aseguró en ABC: «EH no ha sabido desmarcarse de ETA y va a pagar los platos rotos del fracaso de la tregua». Esta declaración se demostró más cercana a la realidad.

«Ibarretxe lleva al PNV a un triunfo histórico», tituló el diario español de mayor circulación al día siguiente de las elecciones. Lo cierto es que el resultado electoral fue para muchos una sorpresa, sobre todo, teniendo en cuenta las previsiones y, aún mas, las expectativas. Era habitual —y justificado— considerar que había un importante voto oculto favorable a los partidos no nacionalistas, pero las encuestas se quedaron cortas en la previsión del volumen de crecimiento del voto a PNV-EA y, también, en la disminución del electorado de EH. Para el PP lo sucedido supuso una doble amargura: «Nos matan y perdemos», parece haber comentado alguien.

El primer dato relevante de los resultados fue la altísima participación, la mayor en cualquier elección autonómica vasca, sólo un punto por debajo de las elecciones generales de 1982. El próximo Parlamento vasco iba a ser el más representativo de su historia, porque nunca antes había acudido a votar el 80 por ciento del electorado y, al mismo tiempo, sería una cámara en la que la presencia del brazo político de ETA era menor.

Los resultados por bloques electorales y su comparación con las elecciones precedentes ofrecen una segunda aproximación al veredicto de los vascos. Si se toma como término de comparación las elecciones generales de 2000, los nacionalistas pasaron de 432.000 a 742.000 votos; y los no nacionalistas, de 648.000 a 653.000; pero en las autonómicas de 1998, los nacionalistas lograron 679.000 y los no nacionalistas 556.000. De cualquier modo, aunque la victoria de los nacionalistas era clara, el peso específico de cada bloque electoral se asemejaba sensiblemente. Era evidente también que la porosidad entre los dos bloques era mínima. Aunque la victoria nacionalista fuera rotunda, hay que tener en cuenta que la diferencia entre los respectivos bloques era de un 70 a un 30 por ciento en 1986, y había ido reduciéndose de forma progresiva en elecciones posteriores. La representación parlamentaria nacionalista siempre estuvo por encima de los 50 escaños hasta 1998.

El análisis pormenorizado del voto de cada uno de los bloques testimonia el acierto de las respectivas campañas. La coalición PNV-EA, con 33 escaños, cumplió todos sus objetivos imaginables: la movilización del electorado nacionalista, la concentración del 80 por ciento del voto nacionalista, una mejora porcentual del 6,5 por ciento y siete parlamentarios más. En cambio, como había previsto Garaicoechea, EH padeció las consecuencias de la ruptura de la tregua: perdió la mitad de sus escaños y se quedó sólo con siete. (Nunca el nacionalismo radical había estado por debajo del 15 por ciento del voto y de los once escaños). La concentración del voto nacionalista en PNV-EA en detrimento de EH fue una evidencia principalmente en Álava, pero podía considerarse un fenómeno general en todo el País Vasco. El voto nacionalista no se perdió en la abstención, como en otras ocasiones.

Por su parte, en el bloque no nacionalista, el PP ratificó su posición como segunda fuerza política con 19 escaños (tres más, pero dos de ellos procedían de Unidad Alavesa). En su caso se trataba de un estancamiento al alza, mientras que en el de los socialistas (que pasaron de 14 a 13 escaños) fue un estancamiento a la baja; no había logrado la movilización del electorado propio ni siquiera en su cantera tradicional.

En cuanto a la distribución geográfica del voto, la coalición nacionalista democrática venció en Vizcaya y también arrebató el primer puesto a EH en su dominio guipuzcoano. Es significativo también que pasara por delante del PSOE en la mayor parte de las poblaciones de Vizcaya y Guipúzcoa consideradas tradicionalmente socialistas. En Álava, la coalición PP-UA había conseguido en 1999 la victoria, pero en esta ocasión triunfó PNV-EA. El voto nacionalista supuso el 64 por ciento en poblaciones menores de 50.000 habitantes, mientras que en las grandes ciudades quedaba por debajo del 50 por ciento.

Finalmente, no podía caber la menor duda de que había triunfado Ibarretxe: su estrategia centrista, basada en la potenciación de los puntos fuertes de su personalidad, el voto identitario y los buenos resultados de gestión logrados hasta el momento le dieron los frutos apetecidos. Tras el éxito del dirigente vasco, una buena parte de los comentaristas políticos hicieron pesar sobre él una gran responsabilidad de cara al futuro. Hasta ese momento, había sido ninguneado en la práctica. Mayor Oreja tuvo en su contra a muchos vascos: al margen de lo que representaba por su gestión en Interior, aparecer como un político de ida y vuelta no le benefició. Tuvo el apoyo de un electorado propio y fiel, pero el candidato fue incapaz de penetrar en una parte de la sociedad vasca.

Dos causas fundamentales permiten explicar estos resultados. En primer lugar, la estrategia frentista del PP-PSOE asustó a los electores y, finalmente, resultó un fracaso. Es cierto que estos dos partidos hicieron un esfuerzo extraordinario y es verdad también que obtuvieron un voto muy cercano al del bloque nacionalista, pero deberían haber previsto que la polarización deliberadamente buscada actuaba como aglutinante y movilizador del electorado nacionalista. Además, resultó evidente la «evanescencia» —al menos relativa— de los grupos de protesta civil en contra del terrorismo: tuvieron menos influencia electoral de la prevista. Muchas de las construcciones o de los desiderata de los intelectuales acerca de lo que podía o debía ocurrir en aquellas elecciones se parecían ahora a esos cuchillos sin mango y sin hoja de los que un día habló Ortega.

En segundo lugar, no se alcanzó a comprender la posibilidad de una reacción característica de una sociedad dotada de una fuerte identidad nacional. Al final, dadas las circunstancias, una muy buena parte de los vascos entendieron que la opción PNV-EA era un voto de llamamiento a salvar la patria vasca, contra la incertidumbre y el temor a la involución españolista.

Algunos observadores, desde una perspectiva ajena al País Vasco, interpretaron lo ocurrido como «un vuelco endogámico», es decir, una redistribución del voto nacionalista de acuerdo con pautas diferentes a las previas. Pero era más que eso. Como escribió el nacionalista heterodoxo Joseba Arregui, había fracasado la pretensión del PP de laminar al nacionalismo vasco: «Cánovas creó el nacionalismo vasco. Franco lo enraizó hasta límites insospechados. Aznar está en camino de dotarle de unidad y de apiñarlo». Lo peor para combatir al nacionalismo vasco era la «hinchazón» de otro signo. La interpretación de otro inteligente asesor del Gobierno vasco —José Luis Zubizarreta— también es reveladora: el electorado vasco había expresado al mismo tiempo «su rechazo a la alternancia como la negativa a todo cambio». Los nacionalistas debían pensar que su victoria misma tenía algo de sorprendente y que «un abultado número de votos [...] se debió más a los errores ajenos que a aciertos propios». No habían recibido, en absoluto, un aval para hacer cuanto quisieran.

Los resultados electorales aliviaron la tensión de la política de bloques, pero sólo durante un tiempo. Mayor Oreja se declaró inmediatamente dispuesto a un diálogo entre todos para acabar con ETA. Redondo Terreros, por iniciativa de Zapatero, intentó buscar un espacio propio y menos dependiente del PP para el PSOE vasco. El diario El Mundo, cercano al Gobierno central, recomendó a Aznar combinar firmeza y flexibilidad frente al PNV. Hubo esperanza de que el predominio de Ibarretxe en el PNV significara una nueva etapa en la política vasca basada en el diálogo. En principio, sólo algunas plumas vinculadas a la derecha expresaron desánimo: Alonso de los Ríos afirmó que veía «con temor» al PSOE, como previendo una traición.

Pronto se dieron pruebas de que los vencedores en las elecciones no habían asumido los resultados en el sentido que Arregui y Zubizarreta habían señalado. Los dirigentes de Eusko Alkartasuna habían recibido los resultados con gritos a favor de la independencia. A comienzos de junio de 2001, Xabier Arzalluz aseguró que «nuestra victoria electoral está apoyada en la autodeterminación, a la que no vamos a renunciar; aquel que piense que el Estatuto es una meta, se le indicará que cambie de partido». Por su parte, en la medida en que puede valorarse la situación de ETA, es probable que la banda se sintiera desorientada; tal vez también asumió que durante los últimos tres años había errado, pero fue incapaz de abandonar las armas.

La campaña vasca había movilizado, como ya se ha indicado, a la totalidad de la clase periodística y al mundo intelectual. Conviene señalar que los alineamientos habían sido tan contundentes y decididos que incluso dividieron a las propias redacciones, un hecho que no había sucedido desde el referéndum de la OTAN. El consejero delegado del grupo Prisa escribió un artículo en que discrepaba de las posiciones de la mayor parte de los columnistas que habían escrito en El País, la enseña de este grupo de medios. Pero la distancia abismal se mantuvo especialmente entre los diversos sectores del mundo de la comunicación. El director del diario conservador se refirió a esta circunstancia en un artículo titulado «El discurso del buitre». La vehemencia no decreció ni las posiciones de cada cual se modificaron, a pesar de los resultados. Y no era tan complicado advertir que, a medio plazo, sucedería lo que ya había tenido lugar en otro tiempo y en otro lugar: el resultado de aquellas elecciones vino a ser algo así como «el efecto Banca Catalana» al principio de la etapa socialista. También entonces, al margen de errores individuales y colectivos, la ofensiva antinacionalista se entendió como una agresión a un pueblo.

LA POLÍTICA DE PACTOS

En la campaña que se ha descrito, los dos principales partidos del espectro político, PSOE y PP, coincidieron en distintos aspectos, pero la identificación de argumentos se debía a la particular situación del País Vasco. En cambio, la política de pactos que empezó a concretarse a finales de 2000 debe atribuirse en un elevado porcentaje a la voluntad de los nuevos dirigentes del PSOE. José Luis Rodríguez Zapatero defendió su política de pactos con la intención de ofrecer una «oposición útil». Aznar, por su parte, había ofrecido en su discurso de investidura un pacto por la Justicia; no es, pues, extraño que oposición y Gobierno coincidieran en este punto y en otros.

Antes de que se suscribiera el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, ya se había percibido una sensible diferencia de puntos de vista entre los únicos dos partidos que finalmente lo suscribieron. A finales de noviembre de 2000, el PSOE aún insistía en la necesidad de que el PNV entrara en el Pacto Antiterrorista, señal evidente de que lo quiso más amplio. Pero el pacto fue publicado el 9 de diciembre e implicaba que los nacionalistas abandonaran el Pacto de Estella como «condición evidente y necesaria» para la recuperación de la unidad en torno al Estatuto y la Constitución. Preveía, además, una especial atención a las víctimas del terrorismo y una serie de principios básicos para luchar contra él: compartir iniciativas y no hacer de la lucha antiterrorista un escenario para el enfrentamiento entre los dos principales partidos.

Aunque sólo lo suscribieran el Partido Popular y el PSOE, durante algún tiempo se hicieron esfuerzos por conseguir la participación de otras fuerzas políticas. CiU e IU aseguraron que lo firmarían si se retiraba del prólogo una alusión al Partido Nacionalista Vasco: en esa parte del texto se condenaba la política del PNV a partir de Lizarra. Mayor Oreja interpretó que el acuerdo suponía «neutralizar el nacionalismo [...], preludio de la ofensiva del terrorismo». Estas declaraciones no contribuyeron a ampliar el número de fuerzas firmantes. Finalmente, se intentó que otros partidos se sumaran mediante un «protocolo de adhesión» que permitiera la adición de sus visiones particulares. CiU dio su aprobación a los diez puntos en que se había desgranado el acuerdo, pero no suscribió el texto final. Al mismo tiempo, hizo pública una declaración en que afirmaba que nadie como CiU «había estado siempre con tanta rotundidad contra ETA» y que nunca había utilizado la cuestión terrorista en la lucha política.

El Pacto Antiterrorista tuvo una sorprendente derivación cuando, en febrero de 2001, Mariano Rajoy se quejó de que los obispos no lo suscribieran. El director de ABC escribió entonces un indignado artículo advirtiendo que «tenemos derecho, como ciudadanos católicos que no matamos, que no coaccionamos, que queremos vivir en libertad y paz, a exigirles [a los obispos], al margen de cálculos políticos, que traduzcan en hechos la prédica evangélica y absoluta del “No matarás” y del “Amarás al prójimo como a ti mismo”». Los obispos respondieron que «ninguna persona informada» puede aducir que la Iglesia no hubiera condenado con todo rigor el terrorismo. El hecho de no prestar su adhesión formal a «un acuerdo legítimo, que puede favorecer la cooperación entre los actores de la vida política», no significaba que fueran neutrales respecto a la cuestión. Se daba la circunstancia de que nadie se lo había propuesto formalmente, pero, caso de hacerlo, sería bien patente la heterogeneidad de los participantes.

El conflicto con los obispos ofrece una clave para interpretar el verdadero sentido del Pacto Antiterrorista. En realidad, se le concedió un exceso de virtualidad: ni siquiera se cumplió estrictamente y, en manos del Gobierno, sirvió para medir la supuesta voluntad antiterrorista de actores políticos y sociales. Desde el punto de vista práctico, no sirvió más que para que las direcciones de los respectivos partidos intercambiaran información acerca de la acción policial. Al parecer, Mariano Rajoy proporcionó más datos concretos, mientras que Mayor había tendido, por el contrario, a ofrecer grandes panorámicas sobre el presunto declive del nacionalismo vasco. El Partido Popular no quiso, efectivamente, apartar la lucha antiterrorista de la confrontación política. Por el contrario, en muchas ocasiones y en relación con el País Vasco, se dejó ver la pretensión de dar al contenido de lo pactado una extensión mucho más amplia de la suscrita.

Para entender que se llegara a un pacto sobre la Justicia hay que partir de un hecho cierto: la opinión pública apoyaba ese acuerdo. El 82 por ciento de la ciudadanía pensaba que el funcionamiento de la Justicia era lento y un 46 por ciento pensaba que, además de lenta, la Justicia funcionaba mal. Los principales negociadores del acuerdo fueron, por parte del Gobierno, José María Michavila, y Juan Fernando López Aguilar en nombre del PSOE. Desde el principio hubo un punto inicial de acuerdo en lo relativo a incrementar las dotaciones presupuestarias del Ministerio. Las discrepancias residían en el propósito del Gobierno de volver al sistema de elección de una parte de los vocales del Consejo del Poder Judicial mediante elección de las asociaciones judiciales que elegirían a doce vocales del total. Aunque ésta es también una fórmula preferida por algunos juristas de izquierda, el hecho es que la Asociación Profesional de la Magistratura agrupa a una cuarta parte del total de los jueces. Al parecer, el PP también tenía algunos reparos en lo que respecta al jurado popular.

El acuerdo se firmó a primeros de mayo de 2001, pero en los meses previos se plantearon diversas cuestiones relacionadas con el cuarto poder. El acuerdo en la elección del Defensor del Pueblo parecía testimoniar un ambiente de armonía, pero una parte de la prensa gubernamental acusó a los jueces de «felipismo» y, sobre todo, se alineó a favor del juez Gómez de Liaño, condenado por prevaricación. (Finalmente fue indultado por el Gobierno a finales de año, pero sólo en julio del siguiente se determinó el modo en que podía volver a su puesto judicial, de acuerdo con la decisión del propio Consejo General del Poder Judicial). La revocación de la congelación del sueldo de los funcionarios en 1997 por la Audiencia Nacional también se esgrimió como prueba de la supuesta contaminación socialista de los jueces. Pero el Gobierno no siguió estas inspiraciones radicales.

El pacto supuso, en el punto de discrepancia más radical, una solución intermedia. Por un lado, el Congreso de los Diputados conservaba el privilegio de elegir a doce miembros representantes de la judicatura en el Consejo General del Poder Judicial; las asociaciones deberían proponer treinta y seis candidatos que habrían de someterse a votación parlamentaria y que accederían al CGPJ con mayoría de tres quintos. Se llegaba así a un sistema mixto que no hacía desdecirse a cada uno de los grandes partidos de sus anteriores posturas. Parecía una fórmula viable y de consenso.

El Pacto por la Justicia fue recibido con general satisfacción. Ni en la prensa ni en los partidos se mencionó una cuestión que había quedado pendiente: la Fiscalía General del Estado. Esto parece tanto más extraño cuanto que el Consejo había propuesto que la instrucción penal pasara de los jueces a los fiscales. Pero, para que este cambio se verificara, era imprescindible que la Fiscalía fuera independiente y estuviera libre de cualquier influencia política. La única referencia a la Fiscalía en el acuerdo fue ambigua y poco comprometida: se remitió la determinación de su papel a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las consecuencias se apreciarían con el transcurso del tiempo y demostrarían dos aspectos inquietantes: la ligereza del PSOE y la progresiva utilización del Estado en manos de un Gobierno con mayoría absoluta.

Y, a pesar del pacto, hubo elementos para concluir que las esperanzas de que una pieza cardinal de la democracia española mejorara podían quedar frustradas; bastó con pasar del texto legal a su materialización en personas. A comienzos de la segunda semana de julio de 2001, populares y socialistas intentaron llegar a un acuerdo en la renovación de cargos institucionales, principalmente del Poder Judicial; no hubo entendimiento y la renovación amenazaba con quedar en suspenso. Al debate para la determinación de los nombres concretos se habían sumado los miembros del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Tribunal de Cuentas y otros cargos.

Pronto quedó claro que la adscripción a una asociación profesional era irrelevante, porque éstas respondían a criterios partidistas miméticos. El Partido Popular deseaba proponer la mitad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, además de la Presidencia. Finalmente, redujo un poco sus pretensiones, pero dejó fuera del Consejo a un candidato del PNV: lo consideró demasiado político. Iñaki Anasagasti declaró inmediatamente que a los nacionalistas vascos se les expulsaba de las «instituciones españolas». Además, el partido del Gobierno se negó absolutamente a que un antiguo ministro o parlamentario pudiera ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal de Cuentas; éste fue el caso de los ex ministros socialistas Juan Manuel Eguiagaray y Luis Martínez Noval. No le faltaba razón al Partido Popular en esta apreciación, porque ese tipo de cargos deberían ofrecerse a personas de capacidad e imparcialidad probada, al margen de su adscripción. Los socialistas vetaron a un juez que desempeñó cargos de nombramiento directo durante el franquismo. De cualquier modo, el alineamiento político de los candidatos era evidente y, por supuesto, en ningún caso se planteó que los parlamentarios pudieran votar libremente y en conciencia para expresar su preferencia personal.

La discusión se prolongó durante meses. No se trataron más que minucias personalistas o de bandería. Al concluir septiembre, Francisco Rubio Llorente, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, escribió un indignado artículo titulado «La feria de San Miguel». En el escrito repudiaba este «chalaneo final [...] con el estilo propio de los tratantes de ganado» que provocaba un «daño atroz» a las instituciones. Sobre todo, intentaba convencer a los lectores de la necesidad «de impedir que se acepte como algo inevitable y sin remedio» el absoluto partidismo en la elección de esos puestos, la dilación en los nombramientos —con el consiguiente incumplimiento de los plazos señalados por la propia Constitución— y el desprecio por la calidad de los elegidos. Ni siquiera se había planteado como posibilidad algo tan obvio como un debate parlamentario al respecto.

Finalmente se llegó a un acuerdo a comienzos de octubre, pero la tardía decisión tampoco proporcionó ninguna satisfacción a la opinión pública, aunque sí a los partidos. Cuando la prensa publicó los nombres de los candidatos, que fueron aprobados en votación sin problemas, se atribuyó a cada uno su adscripción partidista. (Menos del 10 por ciento no la tenían o se ignoraba). La indignación se trasladó desde los nacionalistas vascos a los catalanes: CiU advirtió que «tomaba nota» de su exclusión del Tribunal Constitucional. El acto final se asemejó bastante a una función de opereta: Rodrigo Rato llegó a denominar «chantaje» la presión socialista en favor de un candidato concreto; luego tuvo que desdecirse y pedir perdón para que la selección de personas concluyera. En fin, no fue más que la petición de disculpas por una ofensa de un partido a otro. La realidad era bastante más grave: unos cargos institucionales que deberían ser garantía de calidad e imparcialidad aparecían viciados en su origen hasta cotas jamás alcanzadas.

Las consecuencias se pudieron apreciar claramente en el año 2003. En enero, la izquierda se quejó de que la mayoría del Consejo General del Poder Judicial mantenía un abrumador «rodillo judicial»: cuatro vacantes del Tribunal Supremo fueron ocupadas por candidatos conservadores. En mayo, PSOE y PP se reprochaban el uno al otro «deslealtad» en el primer aniversario del Pacto por la Justicia. El PSOE acusaba al Gobierno de entender el pacto como una adhesión, mientras copaba los nombramientos con el sector más conservador de la judicatura y no acompañaba los proyectos de ley enviados al Parlamento con el necesario complemento económico, ni tampoco realizaba consultas previas, como se había firmado. Esta situación era inevitable: lo que ocurría era lo que se había decidido con antelación, porque la solvencia profesional había sido sustituida por la confianza política. Se llegó a informar de que la proporción de nombramientos de jueces a favor de la mayoría conservadora era de diez a dos, cuando normalmente era de tres a dos. Cualquier proporción que se alejara de un criterio de objetividad era inaceptable, pero ésta era de todo punto abusiva. Mientras tanto, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial no sólo se expresaba en términos absolutamente sesgados por su adscripción ideológica —como hiciera en su día el portavoz socialista—, sino que llegó a dar su opinión acerca de la constitucionalidad en alguna cuestión concreta, como si dar su veredicto en tales materias fuera competencia suya. En el momento actual parece evidente que sólo una eliminación de las cuotas y la elección sucesiva de los vocales, evitando el partidismo de una situación parlamentaria, evitaría el desprestigio del Consejo.

Todo cuanto se ha recordado aquí sólo podía contribuir a mermar el aprecio de la institución de cara a la opinión pública. Por desgracia, algo parecido sucedió en el Tribunal Constitucional a raíz de las declaraciones de su presidente.

Cuanto antecede guarda mucha relación con la incapacidad de todos los grupos, pero las responsabilidades han de recaer especialmente en el Gobierno, que no supo llevar a cabo una regeneración democrática. De esta cuestión se tratará más adelante por extenso.

En materia de Justicia, la política de pactos implicaba una colaboración necesaria en la elaboración de la nueva legislación, pero el entendimiento pronto empezó a deteriorarse. En el caso de los juicios rápidos, los dos partidos intentaron llegar a acuerdos básicos, pero cuando se pusieron en práctica, tuvo lugar una confrontación muy poco ejemplar entre el ministro de Justicia y el fiscal de Madrid. En cambio, cuando se planteó la posibilidad de un endurecimiento de las penas para contribuir a la lucha contra la delincuencia mediante la reducción de los beneficios penitenciarios, la decisión inicial partió de una reunión de la plana mayor del Partido Popular para tratar del desastre del Prestige. No hubo ni colaboración, ni acuerdo ni iniciativa consensuada. En este caso, la violación del espíritu de los pactos fue doble, porque el endurecimiento de las penas se refería también a las condenas de los etarras.

Como se señaló en su momento, del Pacto por la Justicia se había excluido toda referencia a la Fiscalía General del Estado. El fiscal ya había dado testimonio de su sesgo anteriormente pero, con el paso del tiempo, la tendencia se agudizó y pudo apreciarse en la actitud concreta del fiscal general del Estado ante posibles intervenciones que rozaban el campo de lo político y también en los nombramientos más importantes de la carrera fiscal, tanto en Madrid como en la Fiscalía Anticorrupción. Precisamente, la creación de la Fiscalía Anticorrupción había sido una de las escasas medidas regeneracionistas que pudo aprobar el Gobierno de Felipe González en su fase final. Como tal contó también con el apoyo de otras fuerzas políticas. Según la opinión del propio fiscal general, la existencia de esta Fiscalía Anticorrupción no tenía justificación alguna. Todo ello demuestra que si el PSOE había hecho de la Fiscalía una institución gubernamental, nombrando a políticos para el cargo, el mero hecho de que una persona procedente de la Administración de Justicia ocupara la Fiscalía en absoluto constituía una garantía de no servir a intereses partidistas.

La política de pactos produjo resultados limitados para los ciudadanos. Su último eco fue la Ley de Partidos de 2002. En todo caso, habría sido ilógico que en una materia tan espinosa no se alcanzara un acuerdo. Con el paso de los meses, cada vez se hicieron más infrecuentes las posibilidades de consenso: a finales de enero de 2002, el Partido Popular sugirió la posibilidad de un pacto local para incrementar la capacidad financiera de los ayuntamientos y hacer posible la elección directa de los alcaldes. Pero resultaba tan obvio que esto último favorecía al partido del Gobierno que el Partido Socialista ni siquiera lo tomó en consideración.

EDUCACIÓN: LA QUIEBRA DE LOS CONSENSOS

Si ha habido un objetivo que el Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta ha perseguido con tenacidad, éste ha sido la política de reforma educativa.

En junio del año 2000, la ministra Pilar del Castillo anunció su propósito de aprobar cuatro leyes educativas en dos años; lo consiguió a base de un empeño que otros describirían como empecinamiento. Y lo logró, además, emitiendo juicios muy severos acerca del estado de la educación española. A principios de 2001, en una larga entrevista, la ministra afirmó que «el principio de igualdad mal entendido no ha funcionado y al final ha sido un desastre en la enseñanza secundaria»; por otro lado, en la Universidad, el sistema de selección del profesorado se había basado en una endogamia que alcanzaba casi al 90 por ciento de los casos, según su opinión. En general, este severo juicio nacía de una gran desconfianza respecto del funcionamiento de la enseñanza pública. No cabe dudar, al mismo tiempo, de que buena parte de las críticas estaba justificada —por ejemplo, la relativa al profesorado universitario—.

Pero en materia educativa resulta especialmente necesario procurar que las reformas se lleven a cabo con el mayor grado de consenso posible. No sólo tienen que ser duraderas, sino que, además, hay que tener en cuenta que su aplicación depende de quienes no están sometidos al Gobierno de Madrid, es decir, las Comunidades Autónomas y los profesores. La mayoría absoluta produjo el espejismo de que era posible imponer las reformas proyectadas. El resultado es que son reformas que deberán reconducirse inevitablemente, a menos que otra mayoría absoluta del Partido Popular lo impida. El diálogo hubiera contribuido a mejorar las disposiciones en esta materia, pero no existió.

La Ley Orgánica de Universidades (LOU) fue la primera disposición en materia educativa, la más polémica y la más protestada. Pero la actitud gubernamental fue decidida e inequívoca. Del Castillo aseguró que había hecho las consultas pertinentes —lo cual es bastante dudoso— y calificó como «decepcionante» la respuesta de los rectores de universidad. Aznar no tuvo inconveniente en hacer mención del «fracaso» del sistema educativo; a más de un rector le reprochó que «no le quería», como si se tratara de una cuestión puramente personal. De nada sirvió que alguno de ellos propusiera que, como en el caso de la Justicia, acerca de esta materia se arbitrara una solución de consenso. En mayo de 2001, los rectores de 61 de las 68 universidades españolas rechazaron el proyecto de ley. Los rectores argumentaron que el proyecto no contaba con el debido consenso ni con la referencia imprescindible respecto del modelo europeo. En su opinión, lo peor era una visible desconfianza en la capacidad de la Universidad para reformarse a sí misma. El proyecto, según los rectores, afectaba «seriamente al derecho constitucional a la autonomía universitaria», pero, además, introducía factores de dudosa funcionalidad, «no distinguiendo con claridad dirección, gestión y control de la vida universitaria». Si estos tres aspectos se complicaban extraordinariamente en el proyecto de la ministra, la carrera académica resultaría también «confusa, desorganizada y fragmentada». Los rectores recordaban también que la financiación de la Universidad española estaba muy por debajo de la europea. En ocasiones sucesivas presentaron opciones alternativas: lo hicieron, por ejemplo, en materia de profesorado universitario.

Los consejos y advertencias de los rectores fueron, en general, desatendidos, pero el proyecto de ley mejoró, al menos, en un aspecto. En el proyecto original, los grupos políticos tendrían representación en el gobierno de las Universidades, a través del Consejo de Gobierno: los consejos sociales podrían elegir a un tercio de sus miembros. Pero tales consejos sociales estaban controlados, en la práctica, por criterios partidistas.

Finalmente, el proyecto se aprobó en julio de 2001. En adelante, suprimida la selectividad, cada universidad podría organizar su propio sistema de acceso; se estableció, de todos modos, un examen final de Bachillerato. El sistema de acceso a la carrera académica respondía al método de la habilitación, de modo que al menos el 15 por ciento del profesorado de las universidades debería disponer de ella, incluidas las privadas. Las universidades podrían disponer de hasta un 49 por ciento de profesorado contratado: esta disposición se introdujo para obtener el apoyo parlamentario de CiU, que siempre había defendido este sistema para las universidades catalanas. Se creó una Agencia de Evaluación destinada a certificar el nivel de los aspirantes a profesores. Los rectores serían elegidos ahora por sufragio universal ponderado. Los claustros estarían formados por 300 personas, de las que el 70 por ciento, como mínimo, serían profesores.

En general, el gran público no podía estar muy al tanto de todas estas cuestiones ni podía ofrecer dudas u opiniones al respecto, pero lo que resultaba evidente es que la ley fue contestada mayoritariamente por aquellos a quienes iba dirigida. Existía la conciencia de que la reforma era necesaria pero, en su concreción, tal y como la imaginó el Gobierno, resultaba muy discutible. La posición gubernamental, muy desafiante —sobre todo, después del verano— encendió aún más el debate. En octubre de 2001, Aznar acusó de «corporativismo rancio» a quienes opinaron contra la nueva ley; según el presidente, sólo esgrimían «monsergas», producto de «progresismos trasnochados». Pilar del Castillo aseguró que «los estudiantes protestarían igual aunque la ley la firmara Lenin». Los rectores que se habían opuesto a la ley fueron «castigados», por así decirlo, con la necesidad de revalidar su cargo de acuerdo con la nueva legalidad. Unos 8.000 docentes universitarios firmaron un manifiesto contra la Ley de Universidades; los que se manifestaron a favor no pasaron de ser unos centenares. En noviembre hubo una huelga general contra la disposición y los manifestantes se midieron por decenas de miles en las principales ciudades españolas. Los sindicatos y los partidos de izquierda, cuyos dirigentes figuraron en la primera fila de las manifestaciones, apoyaron las protestas. Pero Aznar se limitó a afirmar que «el Gobierno no se dedica a satisfacer a nadie porque grite más». Se presentaron además algunos recursos al Tribunal Constitucional: en uno de ellos se advertía contra las facilidades excesivas que la ley concedía a las entidades privadas o a la Iglesia para crear sus propias universidades.

Tras este análisis general, conviene examinar algunos de los puntos más conflictivos de la LOU. También ha transcurrido ya tiempo suficiente para extraer algunas conclusiones y será interesante exponerlas, a la vista del resultado práctico de la disposición.

La acusación de endogamia en la selección del profesorado universitario era justa. Los departamentos seleccionaban a dos de los cinco miembros de los tribunales, de modo que se tendía, casi inevitablemente, a preferir profesores procedentes de los mismos. Pero hubiera sido suficiente modificar las proporciones, incluso estableciendo un criterio de acreditación general y previo, como pidieron los rectores. El procedimiento final planteado por la LOU consistía en la organización de tribunales estatales formados por siete personas: en primer lugar, es un recurso poco frecuente en Europa, pues sólo existe en Alemania. Además, resulta caro y complicadísimo: a la hora de llevarse a la práctica, tribunales totalmente aleatorios tendrían que examinar a interminables listas de candidatos; las pruebas tendrían lugar allí donde el presidente del tribunal tuviera su plaza. Una vez superada la prueba, el profesor debe adscribirse a la universidad de su preferencia, lo que acaba de complicar el proceso.

Lo cierto es que, si se quería alcanzar un solo procedimiento objetivo de selección del profesorado, no se ha logrado en absoluto. Las posiciones críticas hablaron de un «punto ciego de la Ley de Universidades»: la LOU admite hasta un 49 por ciento de profesores contratados mientras que la LRU de la etapa socialista sólo toleraba el 20 por ciento. El procedimiento de contratación de profesores, en tan elevado número, ha quedado sin ningún tipo de regulación. De hecho, las Comunidades Autónomas podrán ocuparse de ello, si así lo desean y deciden, pues de ellas dependen las universidades. Este aspecto concreto de la ley fue una cesión a la Generalitat, que se apresuró a poner en marcha su propia ley universitaria.

Aun así, ni siquiera se mantuvo el acuerdo acerca de su contenido, que ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional. Uno de los recursos advierte de la creación de una Agencia de Evaluación propia que no tiene por qué aceptar lo decidido por la estatal. Mientras tanto, esta última ha nacido y dado sus primeros pasos con los peores auspicios: su director ha sido nombrado sin consultar a los rectores y sin el respaldo de un prestigio científico sólido; a pesar de su corto recorrido, ya ha tenido actuaciones con un evidente sesgo partidista. En materia de contratación de profesorado se han producido aún dos problemas más. En primer lugar, ante la inmediata incertidumbre, los rectores se apresuraron a convocar 4.000 plazas de profesorado vacantes. La ministra Pilar del Castillo e incluso Rodrigo Rato criticaron la decisión: señalaron que era una medida propia del «corporativismo» universitario, pero lo cierto es que las propias disposiciones legales obligaban a ella. El Ministerio no pudo impedir la convocatoria, pero no hizo nada por regular los nuevos puestos docentes, retrasando la incorporación en la carrera de muchos profesores jóvenes.

La segunda cuestión discutible de la ley es la relativa a la elección del rector por sufragio universal ponderado. En teoría, se trata de un procedimiento muy democrático, pero basta imaginar el resultado práctico de la medida para calcular que las consecuencias serían muy negativas. Una campaña de este tipo obliga a contar con una financiación importante. Piénsese, por ejemplo, en el elevado número de electores en la Universidad Complutense de Madrid: sólo los partidos políticos, las entidades económicas o los sindicatos pueden proporcionarla. En fin, con tal modalidad de elección, se provoca la politización que la propia ley pretendía evitar.

Por si todo ello fuera poco inconveniente, la ley se volvió contra quienes la proyectaron. Los rectorados de un elevado número de universidades sólo se han renovado tras un considerable gasto económico y gran pérdida de tiempo. El vuelco hacia la izquierda ha sido notorio, especialmente en el caso de la Universidad Complutense de Madrid; casi todos los rectores se han pronunciado en contra de la ley vigente y han resaltado las dificultades de su aplicación.

Finalmente, no puede pasarse por alto un detalle importante: el gasto público en universidades se ha reducido en España del 0,96 por ciento del PIB en 1998 al 0,84, aunque el crecimiento de la riqueza ha sido muy superior. En los países de la OCDE el gasto universitario se sitúa alrededor del 1,3 por ciento. En términos comparativos, España gasta, por universitario, sólo un 40 por ciento de lo que emplea la media de la Unión Europea. Pretender calidad de la enseñanza universitaria partiendo de esta base es inviable.

Aún puede citarse un problema que, aunque no es mensurable cuantitativamente, sí es decisivo en la consideración de la opinión pública respecto a la Universidad. Gregorio Peces Barba escribió que desde el Ministerio se había descargado «una gigantesca campaña de desprestigio sobre la Universidad» y que «hay mucha herida viva, mucha tensión y mucha irritación». En definitiva, se ha desaprovechado una gran ocasión, tal vez una ocasión irrepetible. Ni los propios responsables de las instituciones educativas están convencidos de sus propias fórmulas: el secretario general de Universidades, por ejemplo, pidió una plaza en la convocatoria que Del Castillo y Rato habían criticado. Como en otros campos, la supuesta política «sin complejos» concluye en el cinismo; esta afirmación vale, sobre todo, para la Agencia de Evaluación. En definitiva, la LOU se proyectó mal y su tramitación se gestionó pésimamente; ha producido el resultado que cabía esperar, pero, además, ha envenenado la vida universitaria de modo innecesario y gratuito, como no había sucedido nunca antes.

Respecto a la Ley de Calidad de Enseñanza, de la que empezó a hablarse a finales de 2001 y cuya tramitación se extendió a lo largo de 2002, es necesario reconocer que también la situación heredada justificaba la reforma. El 66 por ciento de los profesores se quejaban de la falta de disciplina en las aulas y la mayoría se manifestaban también contra la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años; sobre el segundo punto, se argüía que, en la práctica, los propios alumnos no la querían. Cuando Aznar afirmó que muchos alumnos eran incapaces de escribir veinte líneas sin faltas de ortografía, sólo expresaba una verdad; lo mismo podría decirse de los alumnos que acceden a la Universidad. Pero el problema debería considerarse en términos más generales: sólo el 17 por ciento de los padres vota en las elecciones escolares y la mitad de los directores escolares reciben su nombramiento de la Administración. Estas cifras muestran una patente falta de responsabilidad de padres y profesores que pretende sustituirse por un deseo de que la escuela proporcione lo que la familia no es capaz de aportar; de acuerdo con una encuesta del CIS, los españoles creen que la educación ha mejorado, pero, al mismo tiempo, consideran que la disciplina en las aulas es escasa.

En la Ley de Calidad, como en tantas otras durante el segundo cuatrienio, el Gobierno dio la sensación de estar utilizando el procedimiento del «globo sonda»: sugirió o filtró posibles contenidos que luego se desmentían o no dependiendo de las reacciones. En lo esencial, se trataba de algo parecido a un retorno al pasado. (Así había sucedido en la Ley Universataria, en lo relativo a la selección del profesorado). Los diarios se hicieron eco de la noticia según la cual Educación pretendía que la Administración designara a los directores de los colegios públicos, dar mayores poderes a la dirección y el retorno a una estructuración jerárquica del cuerpo docente. Finalmente, todas estas «sondas» quedaron en nada.

Sin embargo, pronto se planteó la posibilidad de que los alumnos fueran segregados en itinerarios a partir de una temprana edad. En general, los padres se oponían; pero el 72 por ciento de los profesores, que debía lidiar con una patente desmotivación en las aulas, estaba de acuerdo. El presidente Aznar seguramente pensaba en los docentes cuando, a comienzos de mayo de 2002, afirmó que «muchos profesores están amenazados y pasan miedo». Utilizó para describir la situación un tono trágico, como siempre. En todo caso y a pesar de la indisciplina, la medida que se planteaba podía tener efectos sociales perversos, porque podría favorecer la desigualdad, y así lo advirtió Rodríguez Zapatero. En general, los grupos políticos criticaron esa temprana discriminación de los alumnos; los representantes de CiU se refirieron a ella tachándola de «cruel y segregadora».

Otra cuestión decisiva, derivada de la LOU, fue la precipitada supresión de la prueba de selectividad; a cambio, se reintrodujo un examen de reválida al final del Bachillerato. La Prueba General de Bachillerato tendría un valor de un 60 por ciento si las universidades decidían establecer pruebas de acceso. Con ello se pretendía elevar el nivel de exigencia del sistema educativo. A tal propósito obedeció también la norma que suponía que más de dos suspensos implicaban la repetición del curso; además, se eliminaban las calificaciones genéricas y se reflejarían de modo numérico. Casi la mitad de los alumnos españoles estaba de acuerdo con la repetición de curso en tales circunstancias. De todos modos, los estudiantes españoles sólo se encuentran ligeramente por debajo de la media europea en cuanto al grado de conocimientos. En general, la prueba de Bachillerato resultaba aceptable e incluso inevitable tras la supresión de la selectividad. De hecho, los rectores habían advertido de su necesidad y la Generalitat se había expresado en el mismo sentido. Sin embargo, uno de los problemas de la prueba reside en sus contenidos: deben ser objeto de acuerdo entre la Administración estatal y las Comunidades.

Este aspecto concreto recuerda uno de los principales inconvenientes de la Ley de Calidad cuando se procedió a su tramitación. Como ocurrió con la LOU o las leyes de inmigración, no hubo una especie de «libro blanco» en que se diagnosticara el punto de partida. Tampoco hubo ningún tipo de consulta previa, aunque el asunto afectaba directamente a la organización autonómica del Estado. Hubo sectores de izquierda que afirmaron que la decisión de implantar una reválida del Bachillerato suponía una regresión a la España de los años cincuenta o sesenta —una indudable exageración—; también las consejerías de Educación no controladas por el PP se quejaron: nadie les había pedido su opinión. La consejera del País Vasco, con total desmesura, llegó a acusar al Ministerio de Educación de «terrorismo institucional». Hasta ocho Comunidades Autónomas explicaron su oposición al proyecto.

Como en la Ley Universitaria, también aquí se evitó todo compromiso presupuestario. La LOGSE de los socialistas, por esta misma razón, ya había tenido problemas a la hora de ponerla en marcha. Ahora, el Partido Popular pretendía modificar una estructura que afectaba a miles de personas variando sólo las reglas del juego, pero sin aportar recursos económicos. Necesariamente, el proyecto acabaría en completa frustración. Como mínimo, si se pretendía elevar la calidad de la enseñanza, serían necesarias más clases compensatorias y la reducción de la ratio de alumnos, sobre todo teniendo en cuenta la población inmigrada. Y aunque el número de alumnos se había estancado a la baja, el gasto educativo había sufrido idéntico proceso. Recuérdese que para la reforma de la educación británica, en estos momentos, se estaban empleando muchos miles de euros.

En fin, la pretendida reforma de la calidad de enseñanza se asemejó bastante a la LOU. Cuando se presentó el proyecto, en julio de 2002, la oposición socialista lo tachó de «segregador, excluyente y perjudicial para la escuela pública». Los dos primeros calificativos se referían a la temprana discriminación de itinerarios; el segundo acudía a criterios estrictamente políticos, como se verá más adelante. Importa destacar que la oposición al proyecto no se centró nunca en la repetición de cursos o en la prueba de Bachillerato, es decir, en el seguimiento educativo de los alumnos. De cualquier modo, este proyecto también estimuló grandes protestas; quizá se habrían evitado si la actitud del Gobierno hubiera sido más contemporizadora y la tramitación más lenta y dispuesta a aceptar enmiendas de la oposición.

Desde marzo, los estudiantes anunciaron manifestaciones y, desde julio de 2002, el Partido Socialista llamó a la movilización social contra la ley: exigía su paralización porque el proyecto evitaba cualquier alusión a los fondos necesarios y no se presentaba una memoria económica. En el mes de octubre se celebró una huelga estudiantil; hubo discrepancias sobre la incidencia real de la movilización, pero la participación, en todo caso, fue significativa. También fue muy relevante el hecho de que un partido como CiU, que necesitaba el apoyo del Partido Popular en el Parlamento catalán, rompiera la relación con los redactores del proyecto.

Cabe recordar otro aspecto fundamental: el proyecto ampliaba la educación preescolar al tramo obligatorio, lo cual replanteaba, al menos en términos comparativos, la dialéctica entre educación privada y educación pública. En la práctica, tal medida implicaba el empleo de importantes recursos económicos del Estado para subvencionar la escuela privada, porque la educación preescolar está en manos privadas en un porcentaje elevadísimo. La omisión de inversiones complementarias para mejorar la enseñanza pública se mostraba aquí en toda su extensión: no era extraño que se hablara de un «absoluto maltrato a la escuela pública».

La protesta contra la supuesta agresión a la escuela pública se agudizó cuando la Conferencia Episcopal planteó sus demandas: la institución eclesiástica advertía que el deterioro de la enseñanza religiosa era «evidente y progresivo». El PSOE repuso que la religión estaba «razonablemente tratada en el sistema educativo». Desde los acuerdos con el Vaticano en 1979, una vez aprobada la Constitución, figuró en el cuadro de enseñanzas a título voluntario, sin valor para el expediente y con alternativas de poca significación. El profesorado de educación religiosa, nombrado por los obispos, fue mejorando su situación laboral paulatinamente. Ahora, en una ocasión tan conflictiva, el cardenal Antonio María Rouco Varela apoyó la Ley de Calidad de Enseñanza: la Conferencia Episcopal no tuvo en cuenta el escaso consenso con que se había redactado y que de hecho suponía el incremento de la educación subvencionada.

La aprobación de la ley contó únicamente con los votos de Coalición Canaria —además del Partido Popular, naturalmente— y sólo se incorporaron a su texto 80 de las 1.200 enmiendas que se presentaron. Habían transcurrido tan sólo nueve meses desde la gestación del texto y se empleó menos de un minuto en la discusión de cada una de las propuestas rectificadoras. CiU proclamó que la ley «tenía fecha de caducidad» y que su desarrollo era «un cheque en blanco para el Gobierno». La portavoz socialista la describió como «una insólita provocación para la escuela pública». La ministra Del Castillo, en cambio, proclamó que «vuelve la autoexigencia y el esfuerzo», pero está por demostrar que ése sea el resultado de la ley. Además, la titular de Educación no consideró que hubiera conflicto alguno entre la escuela privada y la pública: «Nadie en su sano juicio desarrolla una reforma para penalizar a un tipo de escuela frente a otra», y, refiriéndose a la enseñanza religiosa, añadió que «el Estado no debe intervenir en la selección de profesores que imparten doctrina». La ministra aseguró que contaba con el apoyo de los profesores: «Me dicen: “Ministra, esté segura, la gran mayoría aprobamos la reforma”». La ley entró en vigencia en diciembre de 2002.

Aún es necesario precisar la relación y el conflicto que se propició respecto a la enseñanza de la religión. La Ley de Calidad de la Enseñanza había tocado tangencialmente este asunto, pero durante el verano de 2003 el problema se planteó en términos específicos. El Ministerio concedió rango académico a la asignatura de religión, con idéntica importancia en las calificaciones al resto de disciplinas; se propuso, además, una alternativa que proponía el estudio del «hecho religioso». Evidentemente, tal opción iba dirigida a quienes fueran agnósticos; hasta entonces, esta segunda opción se cubría con actividades formativas complementarias. Suspender la asignatura de religión —católica— obliga a repetir curso y sirve para obtener la media para el acceso a la Universidad. No existe alternativa para quienes pertenezcan a otra confesión religiosa.

Con una medida semejante se daba respuesta a una petición de los obispos españoles reivindicada desde hacía más de un cuarto de siglo. Los acuerdos entre Iglesia y Estado, en 1979, habían establecido que la asignatura de Religión sería voluntaria. Puesto que la asignatura no formaba parte del cómputo general del currículo, según la interpretación de los obispos, el alumno no le concedía la importancia debida. Es posible que fuera así y que, además, la ignorancia en asuntos relacionados con la cultura religiosa sea enciclopédica, pero la solución al problema debería haber sido objeto de consenso. En julio de 2003, un portavoz de la Conferencia Episcopal afirmó que se había llegado a un acuerdo con la oposición de izquierda, pero el PSOE lo desmintió inmediatamente, probándolo con una carta: no se había pasado de «puntos de coincidencia». A continuación, el Partido Socialista anunció que presentaría un recurso de inconstitucionalidad: es decir, se plantea en lo sucesivo una controversia larga y dura en que el acuerdo será difícil.

En este aspecto concreto, la situación encierra el peligro de reabrir un contencioso en materia religiosa. El conflicto se había evitado con la Constitución de 1978 y los acuerdos de 1979. Hay que tener en cuenta la situación global de las relaciones entre Iglesia y Estado en España. El Estado contribuye de forma sustancial al sostenimiento de la Iglesia, de acuerdo con una fórmula concebida originariamente como fase temporal, de cara a una futura autofinanciación. En la práctica, sin embargo, la Iglesia es incapaz de autofinanciarse, con el agravante de que cada vez son menos los contribuyentes que marcan la casilla que permite destinar parte de los ingresos a la Iglesia. El Gobierno del Partido Popular aceptó, a petición de la Iglesia, que en dicho impreso se pudiera marcar a la vez la opción religiosa y la dirigida a «otros fines sociales». Con ello respondía a una petición de la Iglesia.

En materia educativa, la Iglesia consiguió que los sueldos de los profesores de religión, seleccionados y nombrados por ella, se equipararan a los de los profesores interinos a partir de 1999. El Estado no interviene en la selección del profesorado y los obispos pueden retirar a los profesores que no consideran «idóneos»; por esta razón se han planteado conflictos ante la magistratura de Trabajo. Los resultados han sido un tanto contradictorios. En la escuela pública, la opción por la asignatura de religión es muy elevada en primaria pero tan sólo algo superior a un tercio en Bachillerato.

Toda esta suma de circunstancias —incluida la subvención a la educación preescolar— dibuja una realidad claramente favorable a la Iglesia católica. Pero, sobre todo, cabe decir que este paisaje educativo ha quedado configurado al margen de la voluntad del resto de fuerzas políticas más allá del Partido Popular. En esta materia, como en tantas otras, hubiera sido deseable un acuerdo que permitiera una solución duradera, sin necesidad de ofender a nadie. El Partido Popular y la Iglesia parecen haberse guiado más por sus intereses a corto plazo que por las necesidades reales del futuro.

Para concluir, es preciso recordar un rasgo característico de la política educativa durante la segunda etapa de gobierno del Partido Popular: una voluntad insistente en recuperar competencias que ya pertenecían a las Comunidades Autónomas. El Gobierno operaba en este sentido porque, conscientemente o no, estimaba que se habían hecho demasiadas concesiones a las Comunidades. Hubo, por ejemplo, un duro enfrentamiento entre los consejeros de ocho Comunidades Autónomas y el Ministerio con motivo de la reforma de la Formación Profesional. Los representantes de las distintas Comunidades consideraron que la Administración central invadía sus competencias al crear una red de referencia nacional y al excluirlos de la elaboración del catálogo de titulaciones. También en la determinación concreta de los contenidos educativos hubo un sordo pugilato entre las Comunidades Autónomas y el Estado; el Ministerio llegó a reivindicar para sí un 70 por ciento de los contenidos. Cuando se trató de determinar la proporción entre el número de horas dedicadas a la enseñanza del castellano y a las lenguas propias de algunas Comunidades, el conflicto se acentuó.

Como es lógico, todo ello hubiera sido mejor que quedara resuelto mediante un acuerdo porque, de lo contrario, cualquier alternativa política acabará traduciéndose en una reforma de la enseñanza. Pero la mayoría absoluta del Partido Popular impuso el espejismo de que no sucedería así y de que se podían imponer criterios desde Madrid.

CULTURA: POCO CONSENSO, ¿NUEVA IDEOLOGÍA?

La política cultural del Partido Popular y su Gobierno precisa dos tipos de análisis: el primero concierne a aspectos estrictamente técnicos; el segundo guarda relación con aspectos vinculados a la ideología. De cualquier modo y teniendo en cuenta que algunas cuestiones decisivas no se habían resuelto en el primer cuatrienio popular, volvían a plantearse la profesionalidad en la gestión y el acuerdo en materias esenciales. Los casos de entendimiento y pacto fueron tempranos e infrecuentes: la nueva legislación sobre cine es uno de los pocos ejemplos. Todos los sectores implicados acordaron un contenido que suponía la desaparición de la cuota de pantalla en el plazo de cinco años. La ley se aprobó en diciembre de 2000.

En el primer apartado —las cuestiones técnicas— debe hacerse una referencia especial al Museo del Prado, pues no en vano el Gobierno lo consideró «buque insignia» de la cultura española. A finales de junio del año 2000, el ex ministro Eduardo Serra asumió la Presidencia del Patronato del Museo: con ello parece que se quería demostrar el interés que el propio Aznar tenía en la pinacoteca madrileña. Pero lo esencial, para el propio Museo, no era tanto quién estuviera al frente, sino qué tipo de dirección se pretendía. Sobre el particular, ni siquiera hubo claridad entre los propios responsables políticos del Ministerio, que mostraron su división de opiniones. De todos modos, siempre hubo una evidente propensión a situar el Museo fuera de los parámetros habituales de la Administración cultural española, concediéndole un estatus de cierta excepcionalidad. También se percibía la intención de traspasar la responsabilidad de la gestión a relevantes personalidades privadas con el pretexto de conseguir mayor flexibilidad en la gestión.

Como ya se ha indicado, en mayo de 1996 se redujeron las competencias del director para traspasárselas a la comisión permanente del Patronato. Este procedimiento era contraproducente, porque daba la sensación de que patronos privados se apropiaban de una entidad pública, aunque el Gobierno seleccionara los nombramientos. La mejor prueba de que se seguía este camino es, sin duda, el informe que Serra solicitó a Boston Consulting en el verano de 2001. Esta consultoría generalista no tenía ninguna experiencia en materia de organismos culturales: en realidad, en el informe, aparte de proponer una especie de gerencia empresarial, se acumulaban banalidades y extravagancias.

Eduardo Serra, a partir de este informe, defendió la constitución del Museo del Prado como ente público, dotado de amplias posibilidades de financiación privada y dirigido por un Real Patronato; en el proyecto también se reforzaba la figura del presidente. Con todo ello no se habría conseguido otra cosa que ratificar y agravar males históricos: ya a comienzos del siglo XX, el crítico José Francés lamentaba que la primera institución cultural española se hubiera convertido en el monopolio de «unos cuantos señores». Las críticas al proyecto de Serra fueron generalizadas: los conservadores del Museo y los profesores universitarios rechazaron la propuesta. Pero probablemente fue un informe del Ministerio de Hacienda el que cerró las puertas al proyecto. En dicho informe se llegaba a la conclusión de que los problemas de gestión y de personal del Museo no encontraban solución en el marco propuesto. El proyecto quedó en suspenso; los patrocinadores hicieron un último esfuerzo e intentaron que el PSOE apoyara la idea, pero, más que consenso, era una petición semejante a un contrato de adhesión. No cabe la menor duda de que el propósito siguió siendo prioritario desde el punto de vista de la política del PP y la mejor prueba es que, en agosto de 2003, se hizo público un nuevo proyecto.

Desde 1996 era previsible el conflicto en la gestión del Museo del Prado: la bicefalia —dirección y Presidencia del Patronato— se había revelado finalmente imposible e inviable. A finales de 2001 dimitió el director. El Gobierno del Partido Popular había promovido su nombramiento y, ahora, se enfrentaba con el presidente del Patronato, a quien reprochó haber succionado sus competencias y no tolerar de ningún modo que un experto gobernara el Museo. Otros antiguos directores se pronunciaron en parecidos términos, afirmando que quienes «hacían y deshacían» en el Museo del Prado eran abogados nombrados por el Gobierno.

En suma, el reproche que cabe hacer al Partido Popular es que mantuvo esa permanente situación constituyente en la primera institución cultural española. En 25 años, el Museo del Prado conoció ocho directores; afortunadamente y por el momento, el Gobierno no ha logrado someterlo a una legislación cuyas consecuencias serían indudablemente negativas. En este punto, como en otros, se eludió cualquier tipo de consenso, a pesar de que los acuerdos eran imprescindibles, dada la categoría de la institución. Por el momento, el nombramiento de Miguel Zugaza redundó en la positiva normalización de la gestión del Museo. Se le entregó la dirección de la institución en diciembre de 2001 y se designaron también tres subdirectores.

A finales de agosto de 2003 se presentó por sorpresa un nuevo proyecto de ley. No se había dado ningún tipo de debate previo ni se habían realizado consultas entre especialistas o entre las fuerzas políticas. De nuevo, el Gobierno pretendía multiplicar los ingresos del Museo del Prado y su número de visitantes, y suponía que tales objetivos se cumplirían por el simple hecho de aprobar el nuevo proyecto. En éste, la estructura organizativa era confusa y, desde el punto de vista de la gestión económica, daba la impresión de que se pretendía asimilarlo a un modelo más propio de la Agencia Tributaria o del Instituto Cervantes que a un sistema específico que atendiera las necesidades de la institución.

Sin duda, los proyectos del Gobierno para el Museo del Prado se relacionan con la peculiar visión del liberalismo que caracteriza al Ejecutivo: en el fondo, la privatización en beneficio de los amigos —o de los conocidos— se asemeja al fenómeno que ha tenido lugar en la empresa pública. Pero liberalismo e intervencionismo son compatibles. La nueva ley de mecenazgo favorece las desgravaciones a cambio de control: probablemente, España es uno de los países europeos en que el Estado —el Gobierno, en concreto— determina más precisa y directamente el destino de las contribuciones privadas en forma de patrocinio a la cultura. Pero, más que ocuparse de ese aspecto, la actitud de los dirigentes políticos debería centrarse en la gestión eficiente de las propias instituciones públicas.

En este terreno son perceptibles aspectos positivos y negativos en la gestión del Partido Popular. Así como la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales ha sido inoperante, la gestión ordinaria de la recuperación del patrimonio histórico ha dado buenos frutos. (Por ejemplo, en el Plan de Catedrales, elaborado con la participación de las Comunidades Autónomas). Más dudosos son los beneficios derivados de la creación de tres sociedades estatales dedicadas a la promoción de la cultura española. En realidad, el origen de las mismas fue circunstancial, pues estuvo basado en conmemoraciones culturales. La fórmula resulta ágil y, en efecto, ha tenido el mérito indudable de contribuir a la promoción del arte español en el extranjero (Seacex). Pero cabe pensar si no sería mejor plantear instituciones estables, profesionalizadas y directamente gestionadas por la Administración. La Fundación Carolina, por ejemplo, parece innecesaria.

En otras importantes materias culturales, la voluntad gubernamental de no llegar a un consenso con los sectores implicados también se hizo manifiesta. Quienes estaban en el poder se sentían con la fuerza política suficiente para imponer un cambio de rumbo. No fue una casualidad, porque lo que estaba sobre el tapete era una cuestión decisiva desde el punto de vista de la personalidad política del Partido Popular; estaba en juego la definición política del partido. El españolismo o, si se quiere, la reivindicación de España como realidad nacional se convirtió en el centro del debate. No deja de ser significativo que la segunda legislatura del PP se iniciara con dos peticiones de distinta índole. Por una parte, todos los partidos catalanes, excepto el PP, reivindicaron la devolución de los papeles de la Generalitat depositados en el Archivo de Salamanca; por otra, los parlamentarios autonómicos del PP hicieron una declaración a favor de la enseñanza del castellano en San Millán de la Cogolla.

La reclamación de los documentos de la Generalitat no atendía exactamente a una cuestión cultural; obedecía más bien a una de esas irrupciones inevitables de la memoria que suelen producirse en España. La reclamación había cumplido ya un cuarto de siglo y, como se apuntó en su momento, se había alcanzado una fórmula de solución en la primera legislatura del PP. El autor de estas páginas fue testigo de que había nulas posibilidades de llevar a la práctica el acuerdo al que se había llegado; este convencimiento se cumplió en el momento en que Pilar del Castillo accedió al Ministerio. En teoría, una vez constituido el Archivo de la Guerra Civil, debía quedar abierta la posibilidad de que una parte de sus fondos regresaran a Cataluña. Con la nueva ministra, se formó una comisión de cuatro historiadores (dos propuestos por la Generalitat y otros dos por el Ministerio) encargada de proponer qué papeles podían ser objeto de este depósito. No llegaron a un acuerdo y elaboraron dos listas distintas; así las cosas, el conflicto se hacía interminable, pero también representaba un principio de solución parcial. Pero en marzo de 2001, el Patronato del Archivo, formado en su mayoría por personalidades políticas, concluyó que puesto que el acuerdo entre los cuatro historiadores no había sido posible no se devolvería ningún documento a la Generalitat. Se arguyó que así se mantenía el principio de «unidad de archivo»; además, según el Patronato, el volumen documental del archivo había aumentado mucho en los últimos años y estaba mejor clasificado, lo cual desaconsejaba cualquier cambio.

Las protestas se sucedieron durante semanas y meses. Quienes habían —habíamos— defendido un acuerdo intermedio nos sentimos deprimidos, desautorizados e incluso estafados. Fueron innumerables las personalidades catalanas que se quejaron de lo sucedido. Jordi Pujol expresó a Pilar del Castillo la indignación que había provocado la actitud gubernamental y le espetó que «el tema volverá a plantearse cuando usted no sea ministra ni yo presidente», porque «estamos muy dolidos» y «la Historia reparará el error». Joan Rigol, el presidente del Parlamento catalán, afirmó que España no entendía a Cataluña. Miquel Roca escribió un artículo en La Vanguardia pidiendo que «los archivos de Franco fueran a Salamanca y los de la Generalitat, a casa». La primera parte de la reclamación de Roca tenía su fundamento: el archivo del dictador permanece en manos de una fundación privada, pero no se puede acceder a él en condiciones normales. Sólo tras una fuerte polémica este problema empieza a tener visos de solución.

Otra cuestión que inevitablemente debía plantearse en la segunda legislatura del Partido Popular era la relativa a la enseñanza de las Humanidades, en especial, de la Historia. El conflicto se planteaba en los mismos términos que otras muchas cuestiones, porque las Humanidades y, concretamente, la Historia se concibieron en torno a la idea de reivindicar y reforzar la conciencia nacional española.

La polémica saltó a la palestra con un informe redactado en la Real Academia de la Historia. Al margen de algunas desafortunadas palabras acerca de la enseñanza en las ikastolas, el texto daba en la diana al criticar algunos procedimientos pedagógicos y en la necesidad de «romper el círculo vicioso establecido entre la supuesta pugna nacionalismo español-nacionalismos periféricos». Pero el informe se leyó de modo incompleto, con afán polémico o sesgado, y levantó un enorme revuelo con las inevitables consecuencias políticas. El principal diario catalán afirmó que la Academia había dado un «patinazo» y el Gobierno vasco estudió la posibilidad de querellarse contra la institución. Afortunadamente, las aguas se calmaron con el paso del tiempo. Todos los estudios posteriores confirmaron que la situación no era tan grave: los manuales más difundidos coincidían en lo fundamental, por más que se dieran casos extravagantes.

El Gobierno decidió en noviembre de 2000 implantar unos contenidos mínimos en la enseñanza de la Historia. Los estudios de Historia de España, centrados tradicionalmente en la Historia Contemporánea, se extendían ahora desde la Prehistoria hasta la actualidad. Desde el punto de vista pedagógico, esta solución es bien discutible. Intentar explicar en un curso de bachillerato —con tres o cuatro horas semanales— toda la Historia de España es tarea difícil, por no decir imposible, sobre todo si se quieren estudiar tiempos más cercanos y más propicios para extraer lecciones de moral colectiva. Pero el problema no reside tanto en imponer una Historia común o remontar los orígenes de España a tiempos más o menos remotos como en tener y transmitir una visión del pasado español desde el punto de vista de la democracia y del pluralismo. Para establecer estos objetivos es imprescindible el consenso; sobre todo, si se pretende una fórmula que perdure. En definitiva y paradójicamente, el Partido Popular ha tratado de imponer decisiones que, por su propia naturaleza, son poco perdurables. Y parecido error se cometió con el intento de implantar un horario determinado para la enseñanza del castellano.

En cuanto a la política científica, vinculada estrechamente a la Educación y a la Cultura, el hecho de que el Gobierno desligara administrativamente la investigación y la Universidad fue un síntoma preocupante. Es posible que con esta medida se quisiera fomentar la investigación en la empresa privada; de hecho, colocó sucesivamente en el Ministerio de Ciencia y Tecnología a personas relacionadas en el pasado con actividades empresariales privadas y que no habían tenido el menor contacto previo con la política científica pública o universitaria. La presencia de Josep Piqué en el Ministerio, tras su paso por Exteriores, tal vez se justificaba, simplemente, por el deseo de exhibirlo antes de su presentación como candidato a la Generalitat.

La inestabilidad fue característica del Ministerio de Ciencia y Tecnología: en tres años el departamento tuvo dos ministros, dos subsecretarios y tres secretarios generales; hubo directores generales que sólo estuvieron en su puesto dos semanas. La investigación pública padeció muy pronto las consecuencias. En diciembre de 2001, la situación de la Agencia de Evaluación de Proyectos de Investigación ya era muy preocupante y sufría un considerable atasco burocrático; además, desde julio, el Ministerio no había pagado a decenas de grupos de investigación. La prensa denunció que miles de investigadores no habían cobrado en los primeros meses de 2002, a pesar de que las cantidades correspondían al presupuesto del año precedente. Conocidas figuras de la ciencia española no tenían inconveniente en admitir que en el pasado había habido retrasos, pero «ahora el Ministerio te puede hacer cualquier cosa»; los becarios tampoco cobraban a tiempo. Por fortuna, la situación se fue normalizando a partir del año 2003. El único aspecto verdaderamente positivo de la política científica del Gobierno del Partido Popular fue el Programa Ramón y Cajal para la incorporación de investigadores.

De cara al futuro, existe otro peligro: la falta de criterio podría sugerir la idea de ampliar las áreas de investigación al conjunto de las ciencias humanas y sociales, al lado de otros campos como la biotecnología o la seguridad. Existen numerosos indicios de que esa falta de criterio es perceptible en otros terrenos; por ejemplo, en la valoración misma de los proyectos.

Finalmente, cabe señalar también otro aspecto de la realidad cultural. Todo proyecto político dispone de un entorno cultural del que se nutre y sobre el que influye, aunque la relación no sea directa y unilineal. Con el tiempo transcurrido, ya puede establecerse un balance de cuál ha sido y cómo ha evolucionado ese entorno. En primer lugar, debe constatarse un aspecto positivo: el reconocimiento de personas y realidades que, probablemente, no se hubiera producido en otra situación política. Esta apreciación se puede aplicar a escritores como Francisco Umbral y José Jiménez Lozano, pero también sirve para una interpretación de la Historia de España: si, por una parte, se ha recordado el pasado imperial del siglo XVI, también se ha traslucido la existencia, durante el siglo XIX, de un liberalismo político con indudables deficiencias pero del que no se pueden predicar tan sólo limitaciones. Así, por ejemplo, tales reivindicaciones han sido perceptibles en la conmemoración del 98 o en los centenarios de Antonio Cánovas del Castillo y de Práxedes Mateo Sagasta.

Ahora bien, quizá es preciso preguntarse hasta qué punto, con el transcurso del tiempo, el entorno cultural gubernamental no ha evolucionado desde una sedicente posición de liberalismo a un neoconservadurismo. Este cambio puede personificarse en la figura del propio presidente Aznar: a mediados de los años noventa presentaba un libro sobre Azaña o se mostraba entusiasta de Max Aub —propiedad de la izquierda, al parecer—; en 2003 el presidente veraneaba en compañía del libro de Pío Moa que resucita la interpretación historiográfica sobre la Guerra Civil del franquismo. En ocasiones, escritores que se sentían marginados o que eran inclasificables se han constituido en grupo intelectual íntimo del entorno gubernamental. Es significativo el caso de Fernando Sánchez Dragó, ex comunista convertido en joseantoniano, ensayista brillante pero de muy quebradizos mimbres y beligerante anticristiano. En el programa televisivo que presenta, el espectador podía encontrarse con intervinientes que no habían votado la Constitución, por demasiado derechistas o izquierdistas.

Es necesario citar aún otros dos grupos de personas pertenecientes al mundo cultural. En primer lugar, escritores e intelectuales vascos procedentes del nacionalismo (ETA incluida) o de la izquierda que han evolucionado hacia una identificación inequívoca con la conciencia nacional española. Éste puede ser el caso de Jon Juaristi, director del Instituto Cervantes, o de Mikel Azurmendi, que preside una institución consultiva sobre la inmigración: también puede ser el caso de Edurne Uriarte, en otro tiempo miembro del PSOE. Claro está que no todos los que denuncian los males del nacionalismo vasco o catalán pueden ser caracterizados como españolistas; ni siquiera puede decirse que todos ellos consideren que el Estado de las Autonomías no requiere reforma ulterior alguna. Pero ésta es la postura, por ejemplo, de Fernando García de Cortázar, el historiador vasco al que la televisión pública ha encargado una larga serie sobre la Historia de España. En cierto sentido, Eugenio Trías, catalán muy lejano al catalanismo, viene a representar un fenómeno relativamente semejante.

Este españolismo puede ser más o menos discutible en sus contenidos y no necesariamente se identifica con el neoconservadurismo. En cambio, algunas actitudes del entorno cultural gubernamental se pueden asimilar a esta posición. El nuevo papel concedido a la Religión en la enseñanza, al margen de que no se haya llegado a él por consenso y que en su primer año esta asignatura ni siquiera tenga alternativa, está mucho más cercano al neoconservadurismo que al catolicismo aperturista de los años sesenta. Y, sobre todo, lo que tiene un aire inequívocamente neoconservador es un cierto revisionismo histórico, muy poco consistente desde el punto de vista científico. Esta modalidad revisionista pretende reivindicar un supuesto impecable liberalismo político del XIX, acosado por los intelectuales disidentes (José María Marco), o bien intenta recuperar una interpretación de la reciente historia española de acuerdo con los parámetros del franquismo (Pío Moa). Por descontado, en estas actitudes se reconoce una parte de la sociedad española, pero también han sido convenientemente aireadas desde el Gobierno.

PAZ IDÍLICA: EL PARTIDO POPULAR EN LA MAYORÍA ABSOLUTA

Durante la etapa de la mayoría absoluta del PSOE —desde mediados de los ochenta, pero especialmente a partir de finales de la década—, se hizo presente una constante característica de la política española: la confrontación entre Gobierno y oposición carecía de importancia ante el enfrentamiento que se producía entre el partido gobernante y La Moncloa. Nada de esto ha ocurrido durante la mayoría absoluta del Partido Popular. El partido, controlado férreamente por Aznar, no sólo mantuvo una unidad absoluta, sino que supo prever el futuro con antelación. Las disidencias y críticas no pasaron de ser anecdóticas.

En agosto de 2000, Javier Arenas anunció que «el Partido Popular designaría al sucesor de Aznar en otoño de 2003». Muchos comentaristas no habían creído a José María Aznar cuando anunció que no se presentaría a una nueva elección. En 1996 se afirmaba que, sin duda, Rodrigo Rato era el «número dos» del partido y, por tanto, el presunto sucesor. Sin embargo, en enero de 2001, quizá por razones personales, Rato no aparecía claramente como posible candidato presidencial: Jaime Mayor Oreja le llevaba ventaja en las encuestas y aún la incrementó ostensiblemente en los meses siguientes. Rato padeció los efectos del escándalo de Gescartera: su valoración personal pasó del 5,9 al 4,7 desde abril de 2000 a octubre de 2001. También se le acusó de que un grupo de emisoras radiofónicas de su propiedad había recibido unos ingresos desmesurados por publicidad de Repsol; al parecer, el gasto publicitario de la compañía petrolera era excesivo teniendo en cuenta la relativa importancia de la cadena de radio; el problema era que el propio Rodrigo Rato había nombrado al presidente de Repsol antes de la privatización. Sin embargo, ésta resultó una cuestión menor al lado de la relativa a Gescartera.

Es significativo que casi la mitad del electorado del Partido Popular fuera partidario de elecciones primarias en el seno de la agrupación. Pero ni remotamente Aznar debió de pensar que ése fuera un buen procedimiento de selección del sucesor.

El presidente trató de evitar que los dirigentes de su propio partido especularan en torno a su sucesión, a pesar de que la iniciativa en las demandas solía proceder de la prensa. En principio, el inconveniente esencial era que el sucesor sería designado por una sola persona. Esto al margen, el grave inconveniente del procedimiento era la expectación: la sucesión se convertía en asunto principal y no podían evitarse de ningún modo las especulaciones. Incluso el diario ABC proclamó en un editorial que las cuestiones relacionadas con la sucesión «no pueden ser consideradas materias reservadas».

José María Aznar, no obstante, siguió considerando un «despropósito» tratar de la cuestión en público. ¿Cuál era el objetivo de su decisión y cómo quería llevarla a cabo? Sólo cabe especular acerca de ello y no existe más posibilidad que juzgar a partir de su carácter y de los pocos datos que dejó entrever. Es muy posible que la decisión de no presentarse como candidato a una tercera Presidencia fuera, en un principio, sólo una promesa electoral; se proclamó en la oposición y luego la interiorizó. Parece oportuno tener en cuenta, por otro lado, que Aznar no sólo lleva en política desde 1982, sino que, desde entonces, ocupó la Presidencia de una Comunidad Autónoma, perdió dos elecciones generales y ganó otras tantas; el porcentaje de su trayectoria biográfica dedicada al poder político, así considerada, es superior al de Felipe González. El ser humano se caracteriza por apetitos diversos que no consisten tan sólo en la ambición política: puede haber sentido, por ejemplo, el ansia de bienestar económico. Pero esa necesidad es compatible con el deseo de legar al futuro un partido de derecha sólido, sobre el que extender su influencia. Era preciso, incluso, un partido capaz de proceder a una renovación generacional semejante a la que él mismo protagonizó.

Esta interpretación podría confirmarse atendiendo a la precisión de relojero con que Aznar preparó, desde noviembre de 2001, el congreso que debía celebrarse en 2002. Las primeras medidas fueron ciertos retoques en las secretarías. Prosiguió con la creación de dos instituciones: una macrofundación, cuya presidencia le estuvo desde un principio claramente atribuida, y la Internacional de Centro Reformista. Se reunió con las jóvenes promesas de su partido. Dejó caer, poco a poco, información acerca de sus deseos con respecto al futuro. Dijo, por ejemplo, que el Gobierno del Partido Popular no podía ser un «destello»: sus palabras justificaban la voluntad rupturista de las reformas e implicaban el deseo de conservar el instrumento político capaz de seguir haciéndolas. Proyectó un congreso de apariencia ideológica, pero huérfano de pistas sobre la posible sucesión. Con el paso del tiempo, en noviembre de 2001, anunció que también abandonaría la Presidencia del partido, para evitar la bicefalia. A finales de año, en unas declaraciones a El Mundo, el presidente afirmaba que no presentarse a la reelección había sido «la decisión más difícil que haya tomado en toda mi vida»; ello suponía que su decisión no fue tan firme desde el primer momento. También afirmó que se trataba de «una renuncia»: la decisión, en cualquier caso, no se debía a motivos tácticos, sino que la había tomado con el convencimiento de servir al país.

Los movimientos en el partido no tuvieron trascendencia. Todo se entregaba a la firme decisión de Aznar, administrada de forma calculada y decidida. Es necesario tener en cuenta que la opinión pública testimoniaba una benevolencia excepcional con el Gobierno, por el momento. Se pudo comprobar en octubre de 2001: Manuel Fraga logró la cuarta mayoría absoluta consecutiva en Galicia. En esta Comunidad, sólo el galleguismo había logrado penetrar a la vez en el voto de centro y el socialista. El PP mantuvo su mayoría, con el 51 por ciento del voto y con la pérdida de un solo escaño. El leve descenso de los nacionalistas del BNG y el ascenso de los socialistas condujo a un empate: ello demostraba que la oposición, con Xosé Manuel Beiras al frente, también podía deteriorarse. Nacionalistas y socialistas retuvieron la mayoría del voto urbano; el Partido Popular sostenía su voto en las zonas rurales.

Un especialista en política gallega afirmó que Galicia permanecía «enladrillada». El analista quería indicar que el descenso del voto socialista hace crecer a los nacionalistas, y viceversa, pero que no se había dado nunca un trasvase de votos entre derecha e izquierda. Añadía más: no se podía sostener ya que el Partido Popular ganaba las elecciones autonómicas gracias al manejo de redes clientelares y por la manipulación de los medios de comunicación públicos. En realidad, existía una casi total ausencia de competición entre izquierda y derecha, porque el PP gallego había sabido combinar en las dosis convenientes el regionalismo y el conservadurismo tradicionales de la sociedad gallega.

En el conjunto de España, tras la mayoría absoluta, daba la sensación de que podía existir un «enladrillamiento» parecido. Los analistas de La Vanguardia, a comienzos de 2002, pronosticaban tal situación si el PP mantenía la conquista de, al menos, buena parte del centro sin perder votos en su espacio original de derecha. Con ocasión del congreso del partido, la prensa publicó algunos datos que permiten confirmar la comodidad en que se hallaba instalado el PP. Ya no quedaba en él un recuerdo del franquismo que había sido habitual en la derecha española hasta mediados de los ochenta. Era un partido inequívocamente democrático, pero el grueso de su electorado, que siempre hubiera optado por este sistema político, se situaba más a la derecha que el conjunto de la sociedad española. En una escala de 1 a 10 en que esta última cifra correspondiera a la extrema derecha, el PP se situaba en un 6,3 con una leve tendencia hacia el centrismo. La ocupación de un espacio tan amplio —desde la derecha al centro— no habría sido posible si hubieran existido otros grupos políticos. Pero en el Partido Popular no había siquiera perfiles ideológicos suficientemente definidos, salvo excepciones. Además, la única cuestión relevante parecía ser la sucesión de Aznar.

Se produjeron algunos movimientos que pretendían defender la conveniencia de una nueva reelección de José María Aznar. Juan José Lucas, Jesús Posada o Manuel Fraga se manifestaron en este sentido. Sin embargo, el dirigente que más se significó a este respecto fue Francisco Álvarez-Cascos. Su posición se comprende teniendo en cuenta que representaba a la «vieja guardia» y que su papel político era decreciente —había sido degradado de vicepresidente a ministro—. Su deseo de que Aznar renovara su candidatura debe entenderse como una voluntad de hacerse presente y de conseguir una especie de seguro de supervivencia. La mejor prueba es que lo presentó de diversas formas. En enero de 2002 propuso que fuera el propio congreso del partido el que decidiera el número de mandatos del presidente. Ángel Acebes, Ana Mato y otros fieles controlaban la comisión de estatutos del congreso, de modo que no podía caber la menor duda de que se acabaría imponiendo la voluntad del presidente del Gobierno. Después, Álvarez-Cascos sugirió que Arenas, como secretario general, debía contar con el resto de los dirigentes para componer su equipo y, tras la crisis en julio de 2002, criticó su presencia en el partido y en el Gobierno a un mismo tiempo, porque «en democracia, los cargos de jefe gubernativo y de jefe provincial del Movimiento hace muchos años que se disociaron». Luego, refiriéndose a Alberto Ruiz-Gallardón de modo inequívoco, declaró que sería un error guiarse por las encuestas a la hora de seleccionar sucesor. Semejante guerra de guerrillas no fue ni siquiera tomada en consideración. Álvarez-Cascos había desaparecido del círculo de decisión política del Gobierno y del Partido Popular.

El congreso del partido no tuvo otra trascendencia que la ratificación de que Aznar no sería candidato, la presentación y notoriedad de quienes estaban destinados a serlo y una demostración exterior de pujanza que hubo de admitirse generalmente. Las ponencias aparecieron divididas en tres apartados: «El patriotismo constitucional», «El Estado en el siglo XXI» y «La sociedad de pleno empleo». El primer grupo era el más novedoso. Como podrá comprobarse más adelante, la idea consistía en atribuir un significado peculiar a la expresión de Jürgen Habermas para declarar definitivamente cristalizado el Estado de las Autonomías.

José María Aznar consideró que ya «estaba digerido» el hecho de que no se volviera a presentar y, probablemente, tenía razón; ahora dijo que su decisión estaba fundamentada en «una convicción personal profundamente arraigada». En su nuevo españolismo, animó a los congresistas a actuar «sin complejos», términos que utilizó a partir de entonces con bastante asiduidad. En su caso particular, la expresión representaba un evidente desprecio de la opinión pública: él había sido elegido por el voto popular pero no pensaba presentarse de nuevo. Ofreció un último ejemplo de su capacidad de deglución de la clase dirigente centrista: incorporó a la dirección del Partido Popular al hijo del ex presidente Suárez, candidato que resultó desastroso a la Presidencia de Castilla-La Mancha.

Un editorial del diario El País resumía el congreso popular: «Nunca la derecha española había contado con un partido más cohesionado, joven, moderno y seguro de sí mismo y, a la vez, mejor y más confortablemente instalado en el poder obtenido a través de elecciones democráticas». Pero éste también fue el congreso de la entronización personalista. Javier Arenas, reelegido secretario general, pronunció unas palabras que no tienen parangón con nada de lo que se haya afirmado de cualquier líder político democrático desde 1975: «Aznar ha sido, es y será el principal activo de nuestro partido».

En el fondo, tras esa frase también brillaba la eficiente «política de personal» de Aznar. Arenas ratificó su posición a la vuelta del verano: «Soy el mejor para garantizar la unidad del partido porque sé que no voy a ser candidato». Aparentemente, los auténticos candidatos eran subordinados suyos: Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato y Mariano Rajoy ocupaban Vicesecretarías Generales en el partido. Mayor Oreja tenía una clara ventaja a mediados de 2002; Rato y Rajoy estaban por debajo y virtualmente empatados. El papel que se atribuía al dirigente del Partido Popular vasco en los actos más relevantes del partido parecía coincidir con las encuestas y habitualmente se le concedía un protagonismo excepcional. Pero esta situación duró poco, e incluso puede haber sido engañosa en determinados momentos. De cualquier modo, a finales del verano ya había reaparecido en la carrera sucesoria Rodrigo Rato, desdibujado a comienzos de año.

Precisamente, unas declaraciones del vicepresidente económico en julio de 2002, cuando tuvo lugar el cambio ministerial, revelan los límites de su relación con Aznar y proporcionan, una vez más, las claves de la «política de personal» del presidente. Rato reconoció haberse visto sorprendido con motivo de la remodelación gubernamental, pero afirmó que estaba prevista desde hacía bastante tiempo y que la nueva configuración incrementaría el peso político del Gobierno.

Con seguridad, Aznar meditó muy cuidadosamente ese cambio en el Ejecutivo. En primer lugar, lo hizo sólo a cinco días de la celebración del debate sobre el Estado de la Nación, generando alguna confusión en las filas contrarias. Si la divisa de Alfonso Guerra pudo ser: «Que nadie se mueva para salir en la foto», la de Aznar podría expresarse con la frase: «Todos dentro para que nadie se mueva».

Mariano Rajoy volvió a Presidencia y adquirió la condición de portavoz del Gobierno. En las antípodas de un estilo malencarado como el que Aznar exhibía cada vez con mayor asiduidad y desenfado, y sin tener sobre sus hombros la cartera de Interior, Rajoy podía llevar a cabo eficazmente la misión coordinadora característica de un vicepresidente; consiguió, además, que una antigua subsecretaria, Ana Pastor, asumiera el Ministerio de Sanidad. Ángel Acebes pasó a Interior, después de haber ocupado el Ministerio de Justicia, donde consiguió el éxito del pacto con los socialistas; su secretario de Estado, José María Michavila, ascendía a ministro de su antiguo Departamento. El nombramiento de Javier Arenas como ministro de Administraciones Públicas obedeció a la necesidad de tener al secretario general del partido en el seno del Gobierno y al protagonismo que se le daba a la cuestión vasca. El nombramiento de Josep Piqué en Ciencia y Tecnología fue un testimonio de que se trataba de un Ministerio de muy escaso interés para el Gobierno; en este caso, servía de pantalla de exhibición ante las inmediatas elecciones catalanas. En este sentido, conviene advertir que muchos nombramientos se explican en función de las elecciones regionales y municipales de la primavera de 2003. Eduardo Zaplana se convirtió en ministro de Trabajo porque había cumplido dos mandatos al frente de la Comunidad Valenciana y pretendía abandonar el cargo cuando gozaba de una buena imagen y de una valoración positiva de su gestión (aunque con una gran deuda); por otro lado, el Partido Popular tenía en Valencia un feudo político ya consolidado. Esperanza Aguirre abandonó el Senado para ser candidata a la Comunidad de Madrid. Juan Carlos Aparicio dejó el Ministerio de Trabajo para intentar —y conseguir— ser alcalde de Burgos. Incluso el ofrecimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores a Miquel Roca formó parte de una sofisticada estrategia en torno al nacionalismo catalán. Aznar sabía que Roca no podía ni quería aceptar el cargo, pero quería demostrar una buena disposición que, en realidad, ocultaba una competición por el mismo electorado.

Los acontecimientos internos en 2002 constituyen otro buen testimonio de la «política de personal» de Aznar, y del Partido Popular en general. Baste recordar algunos datos significativos. En primer lugar, la candidatura de Alberto Ruiz-Gallardón al Ayuntamiento de Madrid contribuyó decisivamente a vincularlo de nuevo a la cúpula del PP. La presentación de Ana Botella en la candidatura del futuro alcalde podía entenderse como una muestra del presunto derechismo de Gallardón, pero, en realidad, constituía una especie de seguro de lealtad. La inclusión de Botella en las listas sufrió incluso las críticas de los medios de comunicación cercanos al Gobierno, especialmente por el momento en que se produjo y los modos con que se llevó a efecto.

La emergencia de otros candidatos a la sucesión, aparte de los mencionados, no pasó de simple rumor. Se habló de Acebes, Zaplana y Arenas, aunque sin consistencia. La posible competición dialéctica entre los candidatos no tuvo carácter público y ningún medio de comunicación pudo hacerse eco de la confrontación, en caso de que se hubiera producido. En la práctica, durante el congreso al que se ha hecho referencia, los distintos candidatos bromearon entre sí sobre sus propias posibilidades. Apareció en la prensa la información de que los candidatos se reunían periódicamente e incluso pactaban nombramientos de altos cargos, pero no parece característico de Aznar delegar funciones propias en favor de presuntos sucesores.

En definitiva, la contienda por la sucesión se convirtió en una riña que no pasó de discreta y que no alteró la paz idílica del Partido Popular. Hubo nerviosismo, eso sí, porque era inevitable. «Cuando uno se va, se va», dijo uno de los candidatos, visiblemente alterado, a un periodista. Lo expresó así, tras una larga entrevista, pero con el micrófono cerrado.

Aznar había conseguido, en primer lugar, autoconvencerse de su propia decisión, lograr que la aceptara el partido, que su determinación no dividiera al partido y, sobre todo, que la sucesión quedara en sus manos. Sólo el transcurso del tiempo determinará si el sucesor será el producto del decantamiento de la opinión, al margen de la voluntad del presidente actual, y hasta qué punto éste pretenderá mantener un control a distancia.

En los últimos meses de 2002, el mecanismo de relojería previsto por Aznar para la sucesión fue avanzando de modo inexorable. A mediados de noviembre se presentó la nueva Fundación de Análisis y Estudios Sociológicos (FAES). Esta fundación era heredera de una institución anterior que, a partir de 1989, había difundido el ideario neoliberal en la derecha española. Ahora, quien la inspiró, Miguel Ángel Cortés, declaró que «estar en la FAES no significa nada, pero no estar es muy significativo». Dotada de un presupuesto gigantesco proporcionado por las subvenciones públicas y automáticas a un partido con mayoría absoluta, faltaba entre los patronos una figura tan importante como Ruiz-Gallardón. De los 48 dirigentes, sólo una docena tenían antecedentes centristas o democristianos. En el acto de presentación se pronunció la siguiente frase: «Pensar España y conservar lo que funciona». La sentencia resume muy bien el contenido previsible de la fundación, es decir, un cierto tránsito del neoliberalismo al neoconservadurismo. Este programa ideológico resultaba probablemente muy atractivo para la sociedad española y numerosísimas personalidades del mundo cultural e intelectual asistieron al acto de presentación. Miguel Boyer, el ex ministro socialista, figuró entre ellas; no fue el único caso de socialdemócrata convertido al neoliberalismo. El acto fue un ejemplo más de «aznarismo», como el congreso del partido. Esta exaltación personalista es un factor de fondo que no puede olvidarse al seguir el hilo de los acontecimientos.

En septiembre se había celebrado la boda de la hija del presidente en El Escorial. Desde el punto de vista político, lo que interesa es destacar un cambio relevante: quienes en los medios de comunicación habían constituido, hasta entonces, un sólido apoyo del presidente no escatimaron las críticas. Federico Jiménez Losantos habló del «batiburrillo de todos los poderes», «políticamente lamentable y estéticamente detestable». Y otra pluma partidaria escribió: «Aznar no conoce la clase de país cuyo Gobierno preside». Esa mezcolanza de sociedad civil y Estado y, sobre todo, esta especie de exaltación dinástica ofendió profundamente a muchos. La revista social de mayor circulación dedicó más de 40 páginas al acontecimiento. Pero eso importó poco a un candidato que no iba a presentarse de nuevo.

En 2003, el proceso de decantamiento en la larvada guerra sucesoria prometía dar algún resultado. Alberto Ruiz-Gallardón aparecía como candidato sólo aceptable en caso de crisis grave o de manifiesta desventaja en las encuestas. Por el momento, todos los candidatos del PP quedaban por debajo de José Luis Zapatero en los sondeos. Mayor Oreja se había ido desdibujando progresivamente: su dedicación monográfica al País Vasco, sin adentrarse en otras parcelas de la vida política nacional, no le beneficiaba en la carrera sucesoria. Rodrigo Rato había resurgido con fuerza, pero parecía un candidato de confrontación con la oposición; además, no estaba a resguardo de posibles escándalos como consecuencia del asunto Gescartera. Sus relaciones con un Aznar del que había discrepado en ocasiones se habían vuelto más tensas. Rodríguez Zapatero no tuvo el menor inconveniente en declarar que, para él, Mariano Rajoy era el mejor candidato. Éste siempre actuó de una forma característica: a cualquier pregunta sobre su candidatura, respondía, de modo inasible para el periodista, con otra. Pero quien fue subsecretario con él revelaba en conversación privada que el político gallego siempre se había sentido un «externo» en el equipo más íntimo de La Moncloa: quizá el mayor inconveniente de un buen segundo como él ha sido siempre que no se le considerara válido para ocupar la primera plaza.

En general, de los tres candidatos cabía esperar un estilo relativamente distinto al de Aznar: más moderado en el fondo y menos agrio en la forma. Quienquiera que fuera el sucesor final, su verdadero problema sería, en efecto, quien lo había designado. El nuevo candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno tendrá que confeccionar las listas electorales con su antecesor y eso no puede dejar de ser una fuente de conflictos. Pero lo peor vendrá a continuación. ¿Será capaz verdaderamente de desvanecerse el ex presidente o planeará como una sombra sobre su sucesor?

UNA VISIÓN —¿NUEVA?— DE ESPAÑA

Tras las elecciones de 2000 se abría un interrogante acerca de cuál sería la política autonómica del Gobierno y las relaciones que éste tendría con aquella fuerza política que había colaborado en la gobernación de España desde 1989, merced a su papel en el panorama parlamentario: Convergència i Unió. Ya ha quedado indicado que los nacionalistas catalanes, como los canarios, apoyaron la investidura de Aznar: estaban obligados a hacerlo, porque el Partido Popular también colaboraba con ellos en el Parlamento de sus respectivas Comunidades. Pero, en realidad, las relaciones entre el PP y CiU distaron mucho de ser buenas a lo largo del segundo cuatrienio.

Ante todo, es preciso poner de manifiesto que existía un fondo de incomprensión vital casi absoluta entre los dos dirigentes: Aznar y Pujol. Ya se ha esgrimido algún ejemplo de esta falta de sintonía; ahora se puede corroborar con otros. Una persona muy vinculada desde el punto de vista político con el histórico presidente de la Generalitat ha contado que así como la relación personal de Jordi Pujol con Felipe González había mejorado progresivamente, con Aznar la conexión empeoraba con el paso del tiempo.

En el verano del año 2000, Pujol había diseñado ya su posición: consistía en no dejarse desplazar del centro y, al tiempo, proclamaba con frecuencia la insatisfacción respecto a las actitudes del Gobierno central. No tuvo reparo en decir, por ejemplo, que «en la ofensiva contra ETA, algunos del PP apuntan contra el nacionalismo vasco y catalán»; y que hay «gente que quiere que el catalán vuelva a ser lengua “de segunda”». Lo aparentemente paradójico del caso es que esta posición coincidía con el lanzamiento de la campaña «Cataluña hoy», que pretendía dar a conocer en toda España la realidad catalana y, al mismo tiempo, combatir la mala imagen que hubiera podido generar su proceso reivindicativo. La actitud de fondo que latía en esa campaña era una voluntad de entendimiento, en la tradición histórica del catalanismo.

La respuesta de Aznar fue políticamente hábil y, a la vez, tortuosa, poco comprensiva y difícil de combatir. En septiembre del año 2000 quedó definida en dos movimientos aparentemente divergentes. El europarlamentario catalán del Partido Popular, Aleix Vidal Quadras, intentó denunciar ante el Parlamento Europeo la política lingüística de la Generalitat, cosechando un rotundo fracaso. Al mismo tiempo, nacía un nuevo Partido Popular catalán, identificado con la persona de Josep Piqué, antiguo director general de la Generalitat. Uno de los escritores más anticatalanistas de la derecha española, Jiménez Losantos, escribió entonces que el PP «se había convertido en “Pep, Pep”», es decir, una filial menor del nacionalismo. Al margen de los pésimos juegos de palabras, cabe citar un análisis más atinado: Xavier Bru de Sala estimó que la apuesta del PP por la moderación en Cataluña era ya irreversible, pero advertía que aún «más firme es su apuesta por la recentralización de España». Ambos aspectos eran tan evidentes que CiU consideró inmediatamente que el PP había lanzado una «OPA hostil al catalanismo». En este clima, simplemente era inconcebible algún gesto simbólico, de esos que tanto satisfacen a los movimientos nacionalistas por lo que tienen de impacto sobre los sentimientos. Se planteó, en efecto, la posibilidad de hacer figurar el símbolo o el nombre de la Comunidad Autónoma en la matrícula de los automóviles. El Parlamento catalán lo había solicitado y, además, era una posibilidad que no contradecía en absoluto la realidad existente en la Europa actual; aún más, era coherente con la propia organización territorial española. Pero la petición fue denegada. Quien colaboraba muy directamente con Pujol cuenta que éste tuvo sobre el particular una larga conversación telefónica —tres cuartos de hora— con Aznar; el líder catalanista no logró convencer al presidente y, además, pudo comprobar después que José María Aznar lo ridiculizaba en declaraciones públicas. Ésa hubiera sido una actuación típica de Miguel Ángel Rodríguez.

En realidad, los desencuentros entre el PP y CiU habían surgido ya antes de las elecciones. Se hicieron manifiestos en repetidas ocasiones, en incidentes concretos, y se vieron agravados por el hecho de que se trataba de la última legislatura de Pujol; el partido nacionalista tenía por delante un proceso de sucesión y la propia estrategia del catalanismo daba la sensación de estar agotada. En marzo de 2001 se había producido un alejamiento de PP y CiU a cuenta del Plan Hidrológico Nacional. Éste fue el gran proyecto del PP en materia de política medioambiental del segundo mandato; estaba sólidamente fundamentado en necesidades objetivas pero planteó nuevamente la necesidad de las Comunidades Autónomas españolas de encontrar un foro de discusión sobre problemas de interés común. El ministro Jaume Matas —que siempre dio la sensación de ocupar el Ministerio de Medio Ambiente para promocionar su candidatura en las islas Baleares— planteó una solución no consultada con las Comunidades interesadas, de modo que las protestas generalizadas no se hicieron esperar. La oposición socialista, por su parte, se comportó de manera irresponsable, proponiendo determinadas soluciones en una Comunidad y otras, completamente distintas, en la vecina. Al finalizar el verano de 2003 el Plan Hidrológico Nacional, en la práctica, estaba remitido a un futuro poselectoral, y así lo dejó escrito el propio Jordi Pujol. El Partido Popular, con su prepotencia, había estimulado la gesticulación y el enfrentamiento, ambos gratuitos. Nada más significativo que el repudio que siempre manifestó el Gobierno sobre la posibilidad de que Cataluña recibiera agua del Ródano; sin embargo, ésta era una solución posible.

En la entrega del Premio Cervantes 2003, el Rey pronunció un discurso en el cual se afirmaba que el castellano no había sido nunca una lengua impuesta; no se aludió expresamente a quién. Obviamente, se trataba de un lapsus del redactor del discurso en el Ministerio de Cultura; un error, sin embargo, lo bastante ofensivo como para que en junio el Parlamento catalán votara una condena de esa afirmación. Por descontado, el propio rey don Juan Carlos había telefoneado antes a Jordi Pujol. Se debe tener en cuenta que un error como el mencionado, insostenible desde el punto de vista histórico —y no sólo en el Viejo Continente—, hubiera sido inimaginable con un Gobierno sin mayoría absoluta. Pero el error no era nuevo: en 2002, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid se refirió en términos despectivos a Barcelona, como si fuera un lugar propicio para el folclore nacionalista, y aseguró que donde verdaderamente se trabajaba era en la capital del Estado. Una idea como ésta revela la vigente competición entre la capital catalana y la del Estado: Barcelona es superior en patentes y en capacidad exportadora, pero se ve limitada en infraestructuras y sufre la falta de apoyos derivados de la centralidad política.

El propio catalanismo, para enfrentarse a esta situación de incomprensión y agravios simbólicos, partía de una estrategia: la negociación bilateral, a menudo secreta. Este tipo de política estaba agotada —demasiado utilizada y demasiado evidente—; además, era inviable, porque en Madrid los votos catalanes no eran necesarios. Las dificultades estratégicas de CiU contribuyen a explicar el resurgimiento de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que en los ochenta había quedado reducida a un papel testimonial gracias a la habilidad de Pujol, y que un secretario general, Pere Esteve, abandonara CiU denunciando la excesiva proximidad con la derecha españolista.

Los problemas de la sucesión catalana se resolvieron, sin embargo, sin traumas excesivos. A comienzos de 2001, Josep Antoni Durán i Lleida, dirigente del sector democristiano, abandonó el Gobierno de la Generalitat, precisamente cuando su nombre estaba en todas las listas como sustituto para las elecciones autonómicas de 2003. Estaba destinado a encabezar la lista en las generales de 2004.

En el Partido Socialista catalán, la propuesta representada por Pasqual Maragall se mostró como una especie de reedición de la estrategia catalanista de intervención en el conjunto de España, a través de una propuesta de reforma de la Constitución que incluyera la remodelación del Senado. El candidato socialista siempre denunció que la «cuestión vasca» se había convertido en la excusa para evitar el debate sobre la evolución institucional de España. Lo peculiar de este programa no reside en su enunciación ni en su contenido, sino en el hecho de que fuera aceptado por el PSOE, dada la existencia en su seno de sensibilidades muy diversas. Pero la propuesta de Maragall no se perfiló hasta el año 2003 y ahora debemos volver a la narración cronológica.

En la primavera de 2001, el Gobierno del Partido Popular enunció un programa en materia autonómica que trató de llevar a cabo en los meses siguientes. De su contenido se deduce que Aznar deseaba lo que podría denominarse un «cierre» del Estado de las Autonomías. De ningún modo quería modificar la Constitución, pero trataba de embarcar a los socialistas en un nuevo pacto e intentaba que los nacionalistas participaran; se proponía un funcionamiento más adecuado y útil del Senado, pero ningún cambio sustancial en el mismo.

El deseo del Gobierno de cerrar el diseño del Estado de las Autonomías se tradujo en una Ley de Cooperación que pretendía regular las competencias concurrentes de las Comunidades Autónomas y el Estado, potenciar las conferencias sectoriales, aumentar la participación de las Comunidades en las instancias europeas —siempre a través del Estado— y fomentar la Conferencia de Presidentes Autonómicos. La oposición socialista consideró que todos estos problemas podían resolverse con una reforma constitucional del Senado. A la vuelta del verano, el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, comunicó a las Comunidades Autónomas los límites de su participación en organismos europeos y remitió una carta exploratoria sobre los aspectos de una posible Ley de Cooperación. Los términos de la misma sugerían que ningún grupo nacionalista aceptaría un pacto al respecto: por ejemplo, en la carta se preguntaba si las Comunidades Autónomas estarían dispuestas a una consulta normativa sobre leyes autonómicas con el fin de concretar el principio de lealtad institucional. También se recalcaban las «competencias exclusivas» del Estado en materia de relaciones internacionales y se dejaba sentado que la única posibilidad de modificar la situación pasaba por las conferencias sectoriales.

En este contexto se entiende que no se contara con grupo nacionalista alguno a la hora de renovar los cargos institucionales. De hecho, a comienzos del año 2002, el proyecto de Ley de Cooperación fue abandonado: Posada dejó el Ministerio de Administraciones Públicas y fue sustituido por Javier Arenas, antes pactista y ahora combativo.

Desde 2001 se había acentuado en el PP una tendencia que fue por completo manifiesta al año siguiente. El camino del presidente y de su partido quedó bien trazado en dos libros de colaboración plural que publicó el historiador Fernando García de Cortázar para la fundación FAES. En uno de ellos se defendía, precisamente, el «cierre» del Estado Autonómico, es decir, dar por concluido el proceso de transferencias y negar satisfacciones simbólicas a aquellas comunidades de identidad diferenciada o más marcada. El Gobierno —el propio Aznar— señaló que el gasto de las Comunidades Autónomas llegaba al 36 por ciento y el del Estado, sólo al 48 por ciento: era una proporción superior a la de los Estados federales europeos.

García de Cortázar interpretaba en otro libro que, durante la transición, se había producido un «brutal proceso de desnacionalización española»: ahora era el momento de rectificar. El argumento era la superioridad moral de la nación española refundada en 1978 frente al tribalismo provinciano de los nacionalismos periféricos. Según la teoría del historiador había, pues, un buen y un mal nacionalismo: el bueno era, naturalmente, el español; el nacionalismo periférico era malo. Importa señalar que esta interpretación constituía un paso más en la reacción antinacionalista ya perceptible desde el final de la época socialista.

Una interpretación más ajustada pasaría por afirmar que el sentimiento nacional español siempre fue débil, al menos en términos comparativos, y que el franquismo contribuyó poderosamente a cimentar esta realidad. Por otro lado, la interpretación de los nacionalismos buenos y malos se manifestó hasta cierto punto transversal: la izquierda también amparó en algún sentido esa creencia y algunos medios intelectuales se hicieron eco de la misma. Ahora se pasó de las diatribas contra el nacionalismo vasco —Jon Juaristi en La tribu atribulada— a la exaltación de España como nación, a menudo sin especial insistencia en su pluralidad (Edurne Uriarte).

Esta tesis es tan defendible como otra cualquiera, lo discutible son los métodos utilizados para lograr una «reespañolización» que, por ejemplo, no conceda la debida importancia a la pluralidad. Manuel Jiménez de Parga, el presidente del Tribunal Constitucional, se manifestó a favor de reforzar los símbolos nacionales, como la bandera y el himno. En el Partido Popular, Fraga pareció discrepar: incluso lamentó el miedo injustificado a la modificación de la Constitución. No hay duda de que otros dirigentes del PP hubieran sido mucho más propicios que Aznar a una «puesta al día» de la organización territorial del Estado. La respuesta de Pujol era previsible: Aznar «quería rearmar el Estado» a costa de las Autonomías. A mediados de febrero de 2002, el Gobierno renunció ya definitivamente a la Ley de Cooperación.

A lo largo de ese año ya era apreciable la abismal diferencia entre las concepciones que el PP y los nacionalistas democráticos tenían del Estado. Un escritor de la extrema derecha describió al Partido Popular como un grupo «sólido y solo» frente a los desemembradores de España, entre los que figuraban también los socialistas. El presidente Aznar entendía que con la apelación al federalismo esgrimida por Pasqual Maragall sólo se pretendía romper el pacto constitucional. Rodríguez Zapatero, por su parte, propuso «una idea de España mejor, donde la diversidad no es el problema sino la solución». A medida que el PSOE perfilaba su proyecto, el rechazo se hizo más intenso en la derecha. A mediados de noviembre de 2001, el PSOE planteó un profundo cambio en el Estado Autonómico con un mínimo cambio en la Constitución. Sólo afectaba al Senado, que no sería disuelto al mismo tiempo que el Congreso y que contaría con un número ponderado de senadores de acuerdo con la población. En línea con la ponencia sobre «patriotismo constitucional» planteada en su congreso, el Partido Popular reivindicó el «orgullo de ser español de modo racional y crítico». El «único consenso posible y deseable» era la Constitución; más allá de ella, sólo cabía desear la descentralización local o el incremento de la cooperación. José María Aznar reafirmó a finales de año que no habría revisión constitucional en mucho tiempo.

Debe entenderse que lo sucedido en España durante el período de mayoría absoluta del PP no fue exactamente una «marcha atrás». Ello sólo ocurrió en algunos aspectos concretos. La imposición del déficit cero, como es lógico, dejaba en situación precaria a las Comunidades Autónomas que se quejaban de padecer insuficiencias en la inversión pública. Como ya se ha advertido, también se intentó imponer una cierta homogeneización, en materias educativas y en otras. Pero no se recortaron las competencias: hubiera sido intolerable para los grupos nacionalistas e inviable desde el punto de vista político y constitucional.

Se alcanzó también el inevitable acuerdo de financiación autonómica. Los trabajos fueron complicados y en repetidas ocasiones dio la impresión de que la ruptura de negociaciones era inminente. La tensión no sólo afectó al Partido Popular: los presidentes socialistas discreparon de la posición que adoptó la dirección nacional del Partido. Las innovaciones fueron importantes, tanto, que hasta cierto punto contradecían la política de «renacionalización española» del Gobierno: se fijaba la posibilidad de crear una tasa de consumo de gasolina para financiar la Sanidad, se cedía el 33 por ciento del impuesto del IRPF y el 35 por ciento del IVA, se concedía capacidad normativa en el 30 por ciento del IRPF y la totalidad de los impuestos de transmisión patrimonial, etcétera.

Pero en los últimos meses de 2002 y primeros de 2003 se percibía ya una notabilísima divergencia entre la visión de España de los socialistas y catalanistas respecto a la consideración del «patriotismo constitucional» del PP. Pujol justificaba que CiU se «ensuciara» pactando con el PP si ello servía a Cataluña; llegó a afirmar que a Cataluña se la pretendía tratar «como a Cuenca», sin duda, una afirmación desgraciada —que motivó protestas y también disculpas—. De todos modos, el desliz de Jordi Pujol representaba perfectamente una queja de los nacionalistas frente a un presidente que no comprendía la plurinacionalidad de España.

A lo largo de 2002, Aznar volvió a pedir a CiU que se incorporara al Gobierno central: la oferta se concretó en julio, cuando se le ofreció el Ministerio de Asuntos Exteriores a Miquel Roca. El presidente pedía a Pujol «que tenga visión histórica pero no que deje de ser nacionalista». Su oferta, en teoría, no era hija de la necesidad sino de la convicción, y esta frase se confirmaba en términos parlamentarios. Pero, en realidad, Aznar pronunció su sentencia poco antes de que Pujol proclamara a Artur Mas como su sucesor y, de ese modo, hábilmente dificultó que CiU escenificara su ruptura con su aliado derechista. Pujol describió la posibilidad de entrar en el Gobierno central como una oferta de «adhesión incondicional» a un «pacto de gestión, a cambio de una renuncia política». Sin duda, la participación catalanista en el Gobierno de José María Aznar era exactamente eso; pero por otro lado, es bien cierto que una parte de los analistas y de la propia sociedad catalana veían con buenos ojos, con interés y aprobación la plena colaboración PP-CiU. Un inteligente analista conservador, Valentí Puig, escribió que no sería extraño que Pujol y Aznar compartieran almohada. Pero eso fue siempre más un deseo que una realidad viable. La deriva hacia la confrontación entre PP y CiU se fue verificando a medida que pasaban los meses.

En marzo de 2003, los catalanistas votaron con la izquierda catalana en el Parlamento de la Comunidad: se trataba de promover un incremento del nivel de autogobierno de Cataluña. Pujol llegó a proponer revisar la relación con España si seguían los ataques a Cataluña. Se había llegado a una aspereza de relaciones sin parangón en la Historia española desde la transición: a fin de cuentas el enfrentamiento entre el Gobierno socialista y la Generalitat, a principios de los ochenta, tenía un componente judicial y personal. Como advirtió un agudo observador catalanista, ahora se estaba dando la paradoja de que quienes durante la transición querían autonomía estaban profundamente insatisfechos y los que no la querían, sí estaban satisfechos.

Cataluña ha tenido siempre una relevancia muy superior a la del País Vasco a la hora de determinar y fijar el modelo y la estructura del Estado plural. Pero no cabe la menor duda de que la eterna controversia de la llamada «cuestión vasca» contribuyó decisivamente a configurar la posición del Gobierno del PP.

EL ABISMO VASCO

Si se había abierto una profunda brecha entre el Gobierno central y los catalanistas acerca de la concepción de España, en el caso del País Vasco cabe más bien describir la situación como un «abismo». Las elecciones y sus resultados permitieron un compás de espera aparentemente pacífico. Pero la situación no tardaría en cambiar, para mal, y tanto el Gobierno vasco como el Gobierno del Partido Popular se ocuparon de que fuera así.

En el verano de 2001, Juan José Ibarretxe había señalado la autodeterminación como prioridad de su Gobierno; entendía que era el mejor camino para lograr la paz y, en este sentido, suscribió un acuerdo con EA. El lenguaje del pacto resultaba ambiguo: «Sobre la base del actual marco estatutario» se pretendía «el reconocimiento de la sociedad vasca a decidir su propio futuro» y «una política exterior vasca integral e integrada» de cara a la Unión Europea. Como es lógico, la enunciación de ese principio de autodeterminación chocaba de manera frontal con la Constitución. Cualquiera que fuera el Gobierno de Madrid, no podría ofrecer una respuesta de diálogo. La negociación era inviable y lo era especialmente porque a esta estrategia se sumaba una táctica de reivindicaciones concretas, todas ellas planteadas en tono áspero. Con esta definición política, Ibarretxe quería succionar el voto radical; con ello servía a intereses colectivos, pero lo hacía de un modo en que la indignada respuesta de Madrid era inevitable. Mariano Rajoy afirmó, frente a la autodeterminación, que no podía haber mayor prioridad que «defender el derecho a la vida y las libertades de las personas»; se acusó, pues, nuevamente a Ibarretxe de debilidad contra el terrorismo. El Gobierno también se negó a examinar en una comisión conjunta el desarrollo del Estatuto vasco. A partir de 2001, todos los esfuerzos de Ibarretxe para llegar a acuerdos de pacificación —a partir del reconocimiento de la existencia de un problema político— se denunciaron y se consideraron por el PP alineamientos con la estrategia de ETA.

La crisis en el Partido Socialista vasco (PSE) complicó aún más la situación. Así fue, porque aunque alumbró una nueva opción más posibilista, ésta no obtuvo respuesta por parte del nacionalismo y, en cambio, acentuó la propensión del Partido Popular a ver amigos de ETA en todas partes. En el origen de la crisis socialista hubo una debilidad en el liderazgo de Nicolás Redondo Terreros, incapaz de alcanzar un acuerdo que plasmara en un programa las diversas tendencias de su propio partido. Su dimisión, a finales de 2001, no generó la división, sino que dejó constancia de la misma; no lo destruyó como líder, sino que constató que eso ya había sucedido. Lo paradójico fue que inmediatamente se desató una gran campaña laudatoria a su favor. En esta exaltación o reconocimiento participó toda la prensa de derechas y el Partido Popular, y se sumaron también los intelectuales que se habían alineado en las posiciones más opuestas al nacionalismo vasco, como el escritor Antonio Muñoz Molina. Nicolás Redondo apareció, de pronto, como una especie de san Tarsicio, el niño asesinado por los perversos judíos de la tradición histórica medieval. El diagnóstico de traición fue inequívoco: Edurne Uriarte, una antigua socialista, llegó a la conclusión de que el relevo de Redondo colocaba al socialismo vasco «bajo el gran poder nacionalista». José María Aznar, convertido en una edición en rústica de Mayor Oreja, afirmó que «el PNV quiere reeditar el Pacto de Estella, y por eso neutraliza al Partido Socialista». Cuando se hizo público que Redondo —acompañado de su padre, el viejo dirigente de UGT— había acudido a Moncloa a entrevistarse con el presidente, éste advirtió que era «una vileza extraordinaria eliminar a un político como Redondo por las comidas que celebra». Hubiera sido curioso conocer su opinión en un caso inverso.

Sin duda, la dirección del PSOE en Madrid siempre deseó que el socialismo vasco tuviera un perfil diferenciado del PP, pero es muy probable que éste fuera un problema con el que se encontró y no provocó. En el transcurso de las siguientes semanas, la interferencia del Partido Popular en los problemas del socialismo vasco fue tan acusada que Rodríguez Zapatero llegó a pedirle a Aznar que abandonara esa estrategia. Aznar, por su parte, se negó a reunirse con Zapatero a propósito del Pacto Antiterrorista mientras «el PSOE no se aclare». Sus palabras se convertían así en una interpretación manifiestamente abusiva de lo que significaba el acuerdo contra el terrorismo. El presidente no fue el único que sospechó de los socialistas: Uriarte llegó a escribir que «si gana Carlos Totorica, el PSE mantendrá el pacto antiterrorista hasta el final de ETA». (Totorica era el candidato en la línea de Redondo durante el proceso de elección en el Partido Socialista vasco). De acuerdo con esta interpretación, el pacto no era ya antiterrorista sino antinacionalista.

En marzo de 2002, el vencedor en el congreso de los socialistas vasco fue Patxi López: reunió casi dos tercios de los votos en una Ejecutiva en la que, sin embargo, no logró la integración final de Totorica. Su actitud, como la de Rodríguez Zapatero, siempre estuvo mucho más abierta a una posible evolución del PNV, pero, de momento, ratificó que «la unidad democrática contra ETA es el único pacto posible con el PNV». Nadie votó contra él, pero quienes no quisieron apoyarlo explícitamente votaron en blanco. Pocas horas después, el alcalde socialista de San Sebastián, Odón Elorza, rompió el pacto político con el Partido Popular: los populares se habían negado a apoyar un plan de vivienda social. Aznar, en fin, llegó a la conclusión de que el PP era la única barrera ante el PNV en el País Vasco y Mayor Oreja afirmó que debía ser más «popular» para captar el voto procedente de filas socialistas.

Mientras tanto, el Gobierno vasco mantenía con Madrid una confrontación permanente, de modo que la situación política no podía evolucionar, al menos en sentido positivo. Juan José Ibarretxe había reclamado, en tono irritadísimo, las competencias del Estatuto que aún no se habían transferido.

La primera cuestión que se planteó, ahora, fue la negociación del Concierto. Este asunto se envenenó además con otro aspecto completamente distinto: la presencia de Euskadi en las instituciones de la Unión Europea. Es obvio que se trataba de asuntos muy diferentes, no relacionados directamente y que uno de ellos, la representación ante la Unión Europea, también tenía interés para el conjunto de las Comunidades Autónomas. En la tercera semana de febrero se llegó a un acuerdo respecto al Concierto con el País Vasco. En la práctica, se pactó también el acuciante problema de los ediles y otros cargos públicos no nacionalistas amenazados por ETA. Desde mediados de marzo se llevó a cabo un nuevo intento de reanudar la negociación de las transferencias, pero debió de fracasar o tal vez ni siquiera se buscó una mesa de negociación, porque Ibarretxe lanzó otro desafío en julio. Aseguró que estaba dispuesto a asumir por su cuenta más competencias de las que había recibido, y algunas ni siquiera estaban incluidas en el Estatuto. El Ejecutivo vasco pidió un calendario con las fechas en las que se iba a materializar el traspaso de 37 competencias concretas.

Mientras tanto, estaba poniéndose en marcha una ofensiva judicial en contra del entorno político de ETA. Desde el Gobierno se propugnaba una nueva legislación sobre los partidos políticos: el objetivo era formalizar una ley que permitiera la ilegalización de Herri Batasuna y sus secuelas. En febrero, la autoridad judicial declaró ilegales las estructuras políticas herederas de la organización juvenil Jarrai y las Gestoras Pro Amnistía. A finales de abril se produjo la detención de los principales dirigentes de Batasuna. Entre abril y mayo, sucesivas operaciones judiciales se dirigieron contra el aparato internacional de ETA y la organización de las herriko tabernas. El juez Garzón demandó a Batasuna una compensación por los daños causados por la llamada kale borroka. Arnaldo Otegi, dirigente de Batasuna, afirmó que se trataba de una ilegalización de facto de su organización política; no tenía razón, pero la ilegalización efectiva se acercaba. El ministro Acebes atacó al Ejecutivo vasco cuando éste afirmó que el Poder Judicial estaba actuando al dictado de Aznar. Lo cierto es que la concertación de intereses y objetivos, en cierta manera, era aún más amplia. Si se aprecia la cuestión con suficiente perspectiva quizá sea posible percibir que el Poder Judicial y el Gobierno, con su actuación policial, estaban presionando al entorno de ETA al que, por otra parte, el nacionalismo vasco intentaba atraer con las declaraciones de autodeterminación. Pero ésta es la interpretación más benevolente que puede hacerse, y que, de cualquier modo, en absoluto hacía obligados los testimonios de la confrontación por ambas partes y ni siquiera respondía a una realidad objetiva. El hecho evidente es que la representación del radicalismo vasco decreció considerablemente en el seno de la política vasca.

Las primeras noticias acerca de una posible nueva legislación sobre los partidos datan de febrero, y el 23 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley. De acuerdo con la redacción original, no se podrían presentar en las elecciones listas en que hubiera presos ni se permitiría la cesión de espacios electorales a otras organizaciones —como sucedió en 1996—; también se prohibían los homenajes a etarras. En el texto había hasta siete supuestos de disolución de un partido. La primera versión del proyecto de ley de ilegalización de partidos era, en opinión de un letrado del Consejo de Estado y desde el punto de vista jurídico, «una machada». Además, por eso mismo, era muy difícil que pudiera conseguir apoyos políticos más allá de los escaños del PP. Las discrepancias se centraron en tres puntos decisivos: la retroactividad de la ley, quién debía proponer la disolución de un partido y quién debía decidir al respecto. El proyecto gubernamental permitía una lectura que abonara la retroactividad y atribuía la facultad de proponer la disolución de una agrupación al Gobierno o a un grupo de cincuenta parlamentarios. La tercera controversia esencial, relativa al organismo encargado de dictaminar acerca de la ilegalización, quedaba resuelta, según el proyecto, con la habilitación de una sala especial del Tribunal Supremo. Cuestiones de menor importancia, pero también muy debatidas, fueron las relativas a las cautelas para evitar el fraude de ley a través de agrupaciones de electores y los efectos patrimoniales de la disolución. La reacción de los nacionalistas vascos fue inmediata: Ibarretxe afirmó que ilegalizar a Batasuna daría oxígeno a ETA.

En un principio pareció que el Gobierno no se detendría ante nada y que aprobaría la ley sin añadir ningún tipo de modificaciones. Aznar no desaprovechó la ocasión para criticar la supuesta incoherencia de Zapatero al proponer modificaciones en la Ley de Partidos: «Evidentemente, se equivocan». En abril, el proyecto de ilegalización fue dictaminado por el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ se dividió de acuerdo con líneas tan estrictamente políticas que un vocal elegido por la voluntad coincidente de PP y PSOE se abstuvo y otro, propuesto por CiU, votó en blanco. Este hecho deja bien a las claras cuál era el funcionamiento de una institución que debería mantenerse al margen de cualquier interferencia política. Sin la menor duda, hubo presión por parte del Gobierno para que la decisión se tomara lo antes posible. El Consejo de Estado insistió en pedir la revisión de la retroactividad.

En los medios periodísticos y especializados en Derecho Constitucional, la ley había levantado una oposición muy importante. Un diputado constituyente (Raúl Morodo) escribió que la nueva ley suponía «alterar el consenso que, en la transición y en el proceso constituyente, dio buen resultado» acerca de la legalidad de los partidos. Se recordó también que bastaba el vigente Código Penal para obtener idénticos efectos. Un ex vicepresidente del Tribunal Constitucional (Francisco Rubio Llorente) defendió la tesis de que, como en Alemania, debía ser esta institución y no una sala del Tribunal Supremo el organismo decisorio sobre la ilegalización. Sobre el ambiente político pesaba también la idea de que la ilegalización resultaba excesiva pero que había que adoptar en la lucha antiterrorista medidas que contribuyeran a hacerla más efectiva. Se consideraba viable legislar la ilegalización del entorno de ETA, pero producía profunda desazón. El gran argumento a favor de la ley consistía en que ya habían desaparecido las posibilidades de integrar a Batasuna y que la aprobación de la ley sería un procedimiento para mostrar decisión en las fuerzas políticas. La evidencia de que ETA era más que una organización terrorista resultaba bien palpable: 442 detenidos de ETA eran, al mismo tiempo, cargos de HB. Batasuna perdería con la ilegalización 1.000 representantes electos y el gobierno de 49 ayuntamientos. Muchos de los detenidos, pertenecientes a los llamados «comandos informativos», habían sido candidatos a ediles en sus propios pueblos. Aparte del poder municipal, el radicalismo nacionalista disponía de una decisiva influencia provincial y en el Parlamento vasco.

Durante el mes de abril se tuvo la convicción de que la ley se aprobaría con el único apoyo del PP y sin rectificaciones. Juan José Ibarretxe y Jordi Pujol la criticaron a la menor oportunidad. Pero todo cambió en el transcurso de unas semanas. La negociación con la oposición favoreció la eliminación de retroactividad en el proyecto; también desapareció del documento la iniciativa parlamentaria para ilegalizar a un partido y el hecho de que una sala especial del Tribunal Supremo decidiera en la cuestión. Finalmente, en la tercera semana de mayo, el Congreso aprobó definitivamente la ley por amplia mayoría: el 95 por ciento de la Cámara votó a favor (PP, PSOE, CiU, CC y PA). Votaron en contra los representantes del PNV, EA y BNG, que sumaron dieciséis votos. Si esta votación se trasladara al cómputo particular del País Vasco, once diputados vascos habrían estado a favor y ocho en contra; si se tuviera en cuenta Navarra, habrían sido dieciséis votos a favor. Pero esta hipótesis es dudosa: como es lógico, en este punto concreto, la opinión pública vasca difiere bastante de los resultados electorales. Las encuestas así lo demostraron: la mayoría no era partidaria de la ilegalización de Batasuna.

A finales de mayo los obispos vascos expresaron su inquietud por esta medida, ya inminente. Reclamaron diálogo entre los partidos políticos y el acercamiento de los presos etarras a Euskadi. El Gobierno replicó acusando a los prelados de defender «la total impunidad de Batasuna» y de «colocar a la sociedad vasca bajo la disciplina mafiosa de ETA y sus cómplices». En realidad, la pastoral mencionaba también la necesidad de hacer realidad la comunidad cristiana con los concejales de PSOE y PP, como «banco de pruebas de la calidad de nuestra fe». Los obispos se manifestaron en contra de la ilegalización con muchos otros argumentos, respetables pero también criticables; por ejemplo, aseguraban que «sean cuales fueran las relaciones existentes entre ETA y Batasuna», se produciría la confrontación cívica por el solo hecho de ilegalizar a la segunda. Pero la pastoral no era ambigua en su condena de ETA; a lo sumo, cabía reprocharle reflejos excesivos del mundo nacionalista. Ibarretxe, por su parte, probablemente tenía razón al afirmar que la opinión de los obispos se parecía bastante a la consideración de la mayoría de los vascos. Prácticamente todos los partidos —también el PSOE— atacaron violentamente la pastoral de los obispos vascos; la Conferencia Episcopal consideró injustas, por desproporcionadas, aquellas críticas.

Lo cierto es que la legislación sobre partidos políticos siempre planteó serios interrogantes e incluso se trató la posibilidad de que tal medida no fuera realmente eficaz en la lucha contra ETA. Pero en ocasiones hay que tomar medidas excepcionales no sólo para evitar la sensación de pasividad sino porque la persistencia de un problema tan grave como el terrorismo debía tener alguna respuesta legal. Los dirigentes nacionalistas vascos se quejaron de que ni siquiera habían sido consultados, pero lo cierto es que el PNV nunca hubiera tomado parte en este tipo de iniciativas legales. También es verdad que el Partido Nacionalista Vasco siempre ha acabado por aceptar medidas antiterroristas contra las que se había manifestado en un principio; por ejemplo, la extradición de etarras. En algunas revistas de tendencia nacionalista se expresaron algunos argumentos poco consistentes acerca del particular. Según estas publicaciones, incluso la propia policía encontraría inconvenientes para declarar terroristas a personas que se dedicaban a actividades de carácter exclusivamente político; y se añadía que si el PP hubiera triunfado en las elecciones vascas de 2001, no habría planteado la Ley de Partidos Políticos.

Probablemente ni la eficacia de la ley fue tan considerable como se quiso hacer ver ni tan contraproducente como pensaron los medios nacionalistas. En realidad, los partidos nacionalistas demostraron en la práctica que estaban bastante a favor de la medida, aunque hubieran preferido que la aprobaran otros. En todo caso, habrían esgrimido su voto ostentosamente en contra. El entorno de ETA hizo esta denuncia en más de una ocasión.

La Ley de Partidos Políticos desató un amplio debate público y una oleada de artículos, algunos de ellos especialmente penetrantes, como el de Roberto Blanco. De acuerdo con este profesor de Ciencias Políticas, el PP había sido autor en solitario de un borrador plagado de problemas políticos y de graves defectos técnico-jurídicos. Tras un debate intensísimo, se había constatado que la legislación sobre el particular era preconstitucional y que, a la vez, España se tenía que enfrentar a una realidad sin posible paralelismo en Europa: no había en el Viejo Continente una organización semejante a Batasuna ni una Comunidad que tuviera tantas competencias como el País Vasco. En consecuencia, se había llegado al consenso de que era necesario «probar otro camino», puesto que parecía demostrado que no se conseguía integrar el radicalismo independentista. Ninguno de los dos procesos abiertos para lograr la disolución legal de HB con el arma del Código Penal había tenido éxito —en 1984 y en 1986—, porque los preceptos legales adolecían de la más absoluta de las imprecisiones. Ahora, con la nueva legislación, habían sido modificados los «muros de carga» del proyecto pero no la «viga maestra»: las causas de disolución. Según Blanco, la fórmula propiciada por la legislación española era compatible con las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la ilegalización de partidos turcos que mantenían la vía terrorista.

Sin duda, también las «cuestiones de oportunidad» desempeñaron un papel importante en la decisión de ilegalizar Batasuna. A comienzos de agosto de 2002 tuvo lugar el atentado de Santa Pola, tan detestable como todos pero más sensible de cara a la opinión pública por afectar a niños y transeúntes en vacaciones. Fue el primero tras la aprobación de la Ley de Partidos. Batasuna no condenó el crimen, ni siquiera en el Parlamento vasco, pero Aralar, una rama escindida del radicalismo que repudiaba el empleo de la violencia, sí hizo patente su condena.

El Gobierno español siempre consideró que no condenar un atentado constituía un apoyo tácito a la organización terrorista y, dispuesto a la ilegalización, quiso implicar desde el primer momento al Parlamento: allí encontró la principal resistencia, en este punto concreto: CiU. Iñaki Anasagasti aseguró que el «estado emotivo» cercano a un atentado no sería el más apropiado para que se produjera la ilegalización; además, anunció que votaría en contra y que trataría de conseguir el apoyo de CiU. Pero, de hecho, la propia Batasuna se había puesto la soga al cuello. Tras la anulación de la retroactividad que aparecía en el proyecto original del Gobierno, se podía tener la remota esperanza de que el radicalismo vasco modificara su posición en algún aspecto, aunque sólo se tratase de una argucia táctica. Pero, lejos de producirse un cambio, Batasuna se empeñó en la ratificación de una postura desafiante. ETA amenazó a todos los partidos que votasen —o se abstuvieran— la ilegalización de su brazo político. Los que pudieron pensar que existía aún una esperanza remota de separar Batasuna y ETA ya no tuvieron argumentos. Por otra parte, ante la opinión pública, tampoco quedaron claros los efectos reales de la ilegalización: Batasuna o Euskal Herritarrok o sus derivados perdían patrimonio y se les negaba la propaganda directa, pero mantenían los escaños en el Parlamento.

Como casi todo lo que hace referencia al País Vasco, la medida de la ilegalización de Batasuna se llevó a cabo en ausencia de un consenso suficiente, aunque finalmente las posturas se fueron aproximando. El diálogo entre el Gobierno central y el Gobierno vasco siempre se echó en falta. Arenas envió una carta a los mandatarios vascos mostrando la buena disposición para hablar de las transferencias; pero exigía el apoyo del PNV a la ilegalización como contrapartida. Aunque la oferta hubiera sido sincera —que no debió de serlo— la negociación era inviable. CiU y algunos especialistas en Ciencias Políticas criticaron que se utilizara el Parlamento para demandar la ilegalización de Batasuna mientras que no se avanzaba por la vía penal. De cualquier modo, Garzón inició casi inmediatamente la tramitación de la suspensión de Batasuna por pertenencia a ETA. En el extenso informe judicial para decretar la suspensión de esta organización política, constaban informes policiales de acuerdo con los cuales, por ejemplo, se parecía probar que HB asumió el encargo de cobrar el impuesto revolucionario y que algunos de los dirigentes de ETA influyeron decisivamente en la línea editorial de Egin. En la recta final, CiU defendió en la Diputación Permanente que un partido que favorecía el terrorismo no podía permanecer en la legalidad. Los nacionalistas vascos, en cambio, se expresaron en su línea característica: Íñigo Urkullu Rentería aseguró que «con la ilegalización serán muchos más los que se sientan tentados por la lucha armada» y añadió que «queremos que sean las urnas y no una ley de excepción las que dejen a Batasuna sin terreno de juego». En el fondo, pese a la continua guerrilla entre los medios gubernamentales y los nacionalistas, ambos coincidían en ese deseo de dejar a Batasuna sin espacio político. Aznar, de nuevo, generó expectativas desmesuradas: «Se acabó el santuario institucional de ETA [...]; a partir de mañana comienza el final de la cuenta atrás para el brazo político de ETA». Finalmente, en el Congreso, la ilegalización se votó por 313 a favor (PP, PSOE, CC y PA), diez en contra (PNV, EA y ERC) y 27 abstenciones (CiU, IU, BNG y ChA).

A partir de la ilegalización, la presión del Estado de Derecho contra el entorno de ETA se incrementó y se hizo más insistente. Desde septiembre, el juez Garzón prohibió las manifestaciones a favor de Batasuna; por otro lado, las concentraciones radicales no contaban con tantos asistentes como en el pasado. El Gobierno vasco también las suspendió, aunque con numerosas excepciones; en opinión de los dirigentes nacionalistas, el hecho de que se prohibieran constituía una especie de «estado de excepción». La benevolencia con Batasuna se mezclaba con el deseo de digerirla o eliminarla. En muchos casos se optó por la tolerancia o por un tipo de no intervencionismo justificado con un argumento contundente: evitar que los «vascos se partan la cara» (Ibarretxe). Este tipo de política acrecentaba la protesta desde Madrid, pero, al mismo tiempo, parecía tener justificación: era un ejercicio de prudencia, acaso necesaria en el País Vasco. Por su parte, el Parlamento vasco decidió evitar y, de momento, aplazar la suspensión del grupo Batasuna.

Juan José Ibarretxe hizo pública su propuesta política para solucionar los problemas del País Vasco en septiembre de 2002. El documento pedía para el País Vasco un estatus de Estado Libre Asociado, condición que debería someterse a ratificación mediante referéndum en un escenario de ausencia de violencia. Este Estado podría relacionarse con Navarra y con Iparralde —el País Vasco francés—, dispondría de un Poder Judicial vasco autónomo, exclusividad en competencias como Seguridad, lengua, Cultura y representación internacional y la gestión autónoma del sistema económico, político y fiscal.

No cabe la menor duda de que el contenido estaba fuera de la Constitución española de 1978 y que, además, tenía una escasísima viabilidad política: no sólo no tendría la mayoría en las Cortes españolas sino que tampoco en el Parlamento vasco alcanzaría los votos necesarios. Además, en el hipotético caso de que se celebrara el citado referéndum, cabía esperar razonablemente que el proyecto no obtuviera siquiera los votos que alcanzó en su día el Estatuto de Gernika, cuya aprobación fue ratificada por más de la mitad del censo. En estas condiciones, cabe preguntarse cuál era su verdadero sentido. Quizá fue sólo una especie de huida hacia adelante en un momento en que tenía en contra a los dos grandes partidos, o una expresión de un programa nacionalista con el que acudir a próximas confrontaciones electorales y atraerse los votos más radicales. De cualquier modo, la propuesta soberanista, así concretada, siendo legítima, era también inviable y, por ello mismo, un tanto irresponsable: inevitablemente contribuía a generar más tensión en la realidad política. El empecinamiento en un programa nacionalista, válido sólo para la mitad de los vascos, convertía al lehendakari en representante de esa parte de la sociedad vasca, únicamente, aunque se tratara de un segmento mayoritario de la población. El dirigente del PNV debería haber podido asumir un papel suprapartidista como representante de toda una colectividad. Ibarretxe aseguró que contemplaba la consulta como algo posible durante la misma legislatura y con ausencia de violencia, aunque esto, por el momento, no estaba en sus manos.

La reacción general en el resto de España fue muy negativa. El ponente constitucional del PSOE escribió un artículo con un título estridente: «Anatomía de un disparate». La inmensa mayoría de los comentaristas se pronunció en sentido parecido. Incluso los más propicios a satisfacer las demandas del nacionalismo vasco eludieron inicialmente aprobar en todos sus términos la fórmula. «Guste o no», escribió Miguel Herrero, «la fuerza normativa de los hechos exige para Euskadi una fórmula de autogobierno singular y diferente de la actual». José Luis Rodríguez Zapatero recordó a Juan José Ibarretxe que debía contar con la mitad de los vascos que votó a fuerzas que apoyan la Constitución. «Hay que llegar al fin de la violencia sin pagar precio político, con esfuerzo y, desde luego, con la colaboración del PNV». La propia patronal vasca rechazó el plan soberanista de Ibarretxe y argumentó que sólo servía para ahondar en la división de Euskadi. No pocos recordaron que cualquier planteamiento político del nacionalismo vasco debía partir de una ausencia de violencia que, por el momento, no se daba.

En este punto, es oportuno trasladar el punto de vista a la realidad catalana. Por esas mismas semanas, en un debate sobre política general del Parlamento catalán, se pudo percibir el muy distinto sentido que podía llegar a tener una declaración a favor de la autodeterminación, que en definitiva había sido aprobada antes en Barcelona que en Vitoria y lo fue probablemente como acto reflejo. Jordi Pujol, en el transcurso de la sesión, afirmó que el pacto constitucional corría peligro si se mantenía la política del Partido Popular, pero muy oportunamente ratificó que el procedimiento por el que había optado Cataluña era el bueno. Josep-Lluís Carod Rovira, representante de Esquerra Republicana de Catalunya, aseguró que «ni la unidad de España ni la independencia valen el precio de una sola vida humana». Pasqual Maragall abundó en sus posiciones, apeló a una nueva configuración de una «España plural» y propuso reformas constitucionales. Días después, en un artículo, aseguró que «el nacionalismo catalán de centro-derecha debe admitir que le conviene más la visión que tiene la izquierda sobre España» y añadió que CiU debía «enseñar contención a sus aliados del PP». El debate en el Parlamento catalán se saldó con una petición general de la reforma del Estatuto. La única fuerza política que no exigió tal modificación fue el Partido Popular: era un buen ejemplo de la diferencia entre Cataluña y el País Vasco, y constataba que el espectro del nacionalismo catalán abarcaba un espacio superior al que se daba en Euskadi. Artur Mas propuso un nuevo Estatuto que admitiera un concierto económico y una presencia catalana en organismos internacionales; al tiempo, manifestó la disponibilidad del catalanismo para participar en el Gobierno de España. Los más altos representantes, José María Aznar y Jordi Pujol, también confrontaron públicamente sus respectivos modelos de Cataluña: «Cataluña no es periferia y estoy decidido a que no lo sea nunca», afirmó el primero. «Hay inquietud en la sociedad catalana por cómo se concibe la vertebración de España», replicó el segundo.

A partir del otoño de 2002 y hasta final de año, la posición del Partido Popular quedó perfectamente definida y expuesta con contundencia. Paulatinamente, el nacionalismo vasco fue asimilado a ETA y el nacionalismo catalán apareció, en labios de los políticos populares, con rasgos muy semejantes al vasco.

La tendencia de «re-españolización» general permitió la utilización de los símbolos tradicionales y, por ejemplo, se desplegó una enseña nacional de 294 metros cuadrados en la Plaza de Colón de Madrid. Como fórmula, resultaba anticuada hasta la decrepitud y, como decisión política, errada: ni se pactó ni se pidió el apoyo del conjunto de los partidos del arco constitucional. Por otro lado, se anunció que tales actos de exaltación de la bandera se celebrarían con cierta periodicidad, pero esta promesa finalmente no se cumplió. Además, es evidente que un acto tan significativo debería haber tenido en cuenta la nueva realidad alumbrada por la Constitución de 1978: por ejemplo, la bandera española tendría que haberse izado junto a las enseñas de las Comunidades Autónomas.

La idea de «patriotismo constitucional» que defendía el Partido Popular mostraba dos caras: o era un pobre patriotismo o resultaba poco constitucional. Pero, sobre todo, el patriotismo constitucional que proponía era enteco, limitado y chato. Según esta idea, por ejemplo, no serían buenos españoles Antoni Tàpies y Joan Miró, Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, o Alfonso R. Castelao. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que el PP profesaba con espontaneidad este tipo de ideario. Cuando el autor de este libro se manifestó en términos semejantes y lo expresó en la prensa, el ministro de Defensa, Federico Trillo, le hizo partícipe por escrito y en privado de su «asombro y dolor», pero no dejó de mencionar el supuesto «ambiente interesadamente enrarecido» que se había generado después del acto de homenaje a la bandera. Como el ministro acompañó su carta con un prólogo que había escrito a la España invertebrada de Ortega, el historiador le envió un libro con el recordatorio de que la posición del filósofo era absolutamente opuesta al orden constitucional que se implantó en España en 1978.

La espiral de dureza del presidente Aznar respecto a los nacionalismos se desbordó casi inmediatamente después. No dudó en acusar a los nacionalistas vascos de poner rumbo a los Balcanes y se negó a cualquier modificación de la Constitución o, incluso, de los Estatutos. Cuando el PNV convocó una marcha contra ETA, el Partido Popular decidió no acudir porque era «una pieza más del “Plan Ibarretxe”». La única coincidencia con el Gobierno vasco se refería a las medidas de protección de los concejales amenazados por la banda terrorista. Entre las múltiples discrepancias, PP y PNV manifestaron su absoluto desacuerdo cuando el partido de José María Aznar propuso la disolución de los ayuntamientos gobernados por el nacionalismo radical.

La vía policial, por su lado, era uno de los aspectos sobresalientes de la política gubernamental: a finales de 2002, la presión de las Fuerzas de Seguridad, españolas y francesas, habían descabezado la tercera dirección etarra desde el final de la tregua. El año 2002, a pesar de los malos augurios acerca del resultado de la ilegalización de Batasuna, concluyó con un reducido número de muertos —cinco—, una considerable disminución de atentados y la detención de numerosos terroristas —hasta 140 etarras—. Al mismo tiempo, también descendía el número de actos de kale borroka. En 2002, las agresiones de la lucha callejera se redujeron a 190, frente a las 490 de 2001 y las 630 del año inmediatamente anterior. En realidad, se estaba presenciando un lento retorno a la política, pero tan moroso y sujeto a decepciones que el ciudadano no lo percibía. La vida en el País Vasco aparecía enturbiada por la política pero, vista de una perspectiva sociológica, resultaba menos lamentable. Una encuesta del CIS limitaba a un 30 por ciento el número de vascos que deseaban la independencia; en la misma proporción, los ciudadanos de Euskadi se sentían tan vascos como españoles. Pero el problema era de otra índole: en seis meses, el número de ciudadanos dispuestos a abandonar el País Vasco se había duplicado y un 45 por ciento creía que el plan de Ibarretxe causaba división e inestabilidad. Estos datos, ciertamente, eran muy graves, pero aún era más lamentable que el 39 por ciento de los vascos no se sintiera en condiciones de auténtica libertad para hablar de política.

La división social no sólo afectaba a los ciudadanos vascos: los obispos españoles no fueron capaces de ponerse de acuerdo en un documento pastoral acerca del terrorismo. Declararon que el «nacionalismo totalitario» era incompatible con la doctrina católica, pero la totalidad de los obispos vascos y cinco catalanes repudiaron la alusión que se hacía en el texto al nacionalismo en general. A su entender, esa mención suponía una condena general del nacionalismo.

Por otro lado, los no nacionalistas protestaron contra lo que juzgaban una inminente imposición del «nacionalismo obligatorio» y se organizó una marcha multitudinaria contra el plan de Ibarretxe y a favor del Estatuto y la Constitución. Los nacionalistas vascos también convocaron su propia manifestación: con el lema «ETA fuera», las bases de la concentración establecían los suficientes puntos de coincidencia como para que a ella pudieran acudir incluso los miembros de la plataforma Basta Ya. Esta realidad positiva contrastaba con el día a día de la política, donde las circunstancias eran mucho menos propicias al acuerdo y al pacto.

Ante una posible nueva consulta electoral los nacionalistas pensaron en la modificación de la Ley Electoral: sus miradas se dirigían a la circunscripción de Álava, donde los resultados les eran menos favorables. Una variación en ese aspecto habría significado que las dos últimas modificaciones en dicha legislación habrían estado motivadas en la situación política del Gobierno vasco.

Pero peor fue el caso de los presupuestos. El País Vasco había vivido durante los últimos cinco años con los presupuestos prorrogados y con el inconveniente, además, de que ni siquiera se producía una votación final de los mismos. En el año 2002, sólo la ausencia de Mayor Oreja en el Parlamento vasco, por un error, permitió a Ibarretxe aprobar los presupuestos. Fueron, no obstante, unos «presupuestos de chiripa» que testimoniaban el grado de fragmentación y de confrontación en la política vasca.

LOS NUBARRONES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

Como ya se ha señalado, el éxito de la política económica del Partido Popular durante su primer cuatrienio auguraba un ensombrecimiento a medio plazo, por el modo en que se hicieron las privatizaciones y por la posibilidad de una crisis. En apariencia, el Gobierno de Aznar sorteó ambas dificultades satisfactoriamente en su segunda etapa.

La situación económica mundial no dejó de generar cierto pesimismo en España, pero el crecimiento mantuvo sus constantes, entre el 3,1 y el 2,3 por ciento anual entre los años 2000 y 2003. Esas cifras están por encima de la media española del siglo XX y, sobre todo, por encima de la media europea, un 0, 4 por ciento. En todo caso, no se trataba del mayor diferencial de crecimiento en la Historia, como pretendió Rodrigo Rato. El crecimiento trimestral alcanzaba un 0,7 por ciento, frente al estancamiento europeo; sólo Grecia crecía más que España en la Unión Europea.

Otros datos también favorecían el optimismo. El crecimiento del empleo en el período 1996-2002 había beneficiado a tres millones de personas: se redujo la tasa de desempleo en diez puntos porcentuales y se acercó considerablemente a la tasa europea (un 11 por ciento frente a un 9 por ciento de Alemania y Francia). Al mismo tiempo, se mantuvo el equilibrio de las cuentas públicas, quizá el mejor y menos disputado activo de este segundo cuatrienio, y se sanearon las cuentas de la Seguridad Social, que pudo obtener excedente en los últimos años (hasta un 1 por ciento del PIB).

Ahora bien, un examen más detenido de la realidad revela indudables debilidades que estas cifras ocultan. En primer lugar, es obvio que el continuado crecimiento económico español no sería posible sin la aportación de los fondos europeos, que equivalen a un 1 por ciento del PIB. Como finalmente recordó el canciller Gerhard Schröder, esta especie de nuevo milagro español no habría sido posible sin la aportación exterior: hasta un 25 por ciento de los fondos europeos que percibe España procede de Alemania. Esta situación concluirá en el año 2006. «Pan de hoy, hambre para mañana», reza el refrán español. Aunque el futuro no tiene por qué ofrecer esa perspectiva tan pesimista, esta evidencia se impone en la idea de la mayor parte de los observadores. A medio plazo, por tanto, no surgirán problemas pero finalmente aparecerán y serán tanto más evidentes cuanto que en tiempos de prosperidad no se ha aprovechado la ocasión para hacer reformas más profundas. En realidad, la historia económica de España parece probar que éstas se han hecho tras momentos difíciles.

No se han llevado a cabo, por ejemplo, las reformas necesarias en la Seguridad Social y en RTVE. El excedente de la Seguridad Social no proviene de los ajustes que se hayan efectuado, sino de la baja tasa en el número de pensionistas pertenecientes a las generaciones de la Guerra Civil. Las generaciones inmediatas pertenecen al «baby boom» de la posguerra y, por lo tanto, serán mucho más difíciles de integrar en el sistema. Además, lógicamente, el incremento del empleo ha mejorado las perspectivas a corto plazo pero, hacia el año 2015, el sistema empezará a tener problemas graves si se mantienen las circunstancias actuales.

Más adelante se detallará la pretensión de regular el mercado de trabajo. Por el momento, baste señalar que el intento concluyó en fracaso porque, entre otros motivos, el Gobierno se equivocó en el método. Los sindicatos españoles son lo bastante fuertes como para evitar una reforma de este tipo, aunque difícilmente puedan derribar a un Gobierno mediante un conflicto concreto.

El problema de la deuda de RTVE, que ya supera el billón de antiguas pesetas (más de seis mil millones de euros), ni siquiera se ha abordado seriamente, a pesar de que haya sido integrado en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

No son éstos los únicos problemas. La política macroeconómica, desde 1998, se ha ocupado primordialmente de incrementar la demanda interna impulsando la renta disponible de las familias. De esta manera, la construcción sirve de motor impulsor de la economía, creciendo más de un 4 por ciento anual. España consume más cemento que Alemania, que tiene el doble de habitantes y todavía tiene ante sí la herencia de la reunificación. El «boom» de la construcción ha hecho crecer el crédito hipotecario más de un 22 por ciento, lo que revela el fuerte endeudamiento de las familias y la caída de su ahorro. Existe una potencial «burbuja inmobiliaria» que puede estallar en cualquier momento. Tanto las reformas fiscales como los tipos bajos han estimulado el consumo, pero, a partir de 1998, el crecimiento económico no se ha producido en España en un marco de estabilidad; la consecuencia ha sido un diferencial de inflación con Europa que se mantiene en torno a un punto anual. A este panorama se debe sumar la caída de competitividad y la productividad, y el crecimiento del déficit en la balanza de pagos. Si el crecimiento del empleo es esperanzador, también muestra evidentes debilidades: es de baja calidad (el porcentaje de contratos temporales supera el 30 por ciento, la cifra más alta de Europa) y la falta de formación de los trabajadores está ligada a la disminución de la productividad. La carencia de inversiones en innovación y tecnología ofrece, de cara al futuro, un panorama poco risueño que contrasta con otras cifras más optimistas.

Por otro lado, sigue siendo preocupante el modelo de privatización, es decir, la peculiar forma de «capitalismo de amigos» engendrada a partir de 1996. Para advertir la gravedad de la situación en un futuro próximo, conviene tener en cuenta dos aspectos clave: los efectos económicos de la liberalización y el comportamiento de las empresas privadas, su «cultura», por denominarla de algún modo. Desde la perspectiva del consumidor, los beneficios económicos de la liberalización de la energía eléctrica o de la telefonía fija han sido muy inferiores a lo que se esperaba. En parte, ha ocurrido así porque la dirección de las compañías privatizadas ha mantenido conexiones excesivas con el poder político y porque ha perdurado una mentalidad heredada del pasado. Las citadas relaciones han favorecido la persistencia de una situación de monopolio y la ausencia de una competencia real. El sector eléctrico o el del tabaco, por ejemplo, mantienen idéntica situación que antes de la liberalización y, en concreto, el primero ha recibido cuantiosas indemnizaciones del Estado para favorecer la transición hacia la competencia. Si las tarifas eléctricas han disminuido, ha sido porque el BOE ha obligado a ello y no por otra razón. El Estado —o, mejor, el Gobierno—, mantiene una actitud, muy intervencionista y típica del pasado, que consiste en considerar a las grandes empresas privatizadas como una especie de «campeones nacionales» a los que es necesario proteger (Miguel Ángel Fernández Ordóñez). Finalmente, el funcionamiento de los organismos reguladores ha dejado mucho que desear. El Tribunal de Defensa de Competencia, por ejemplo, se demostró irrelevante cuando se produjo el intento de fusión entre Iberdrola y Endesa. El Instituto Fraser, inspirado por Milton Friedman, trabaja en la evaluación de la libertad de mercado en distintos países; en su análisis destacó la regresión española en este aspecto durante los últimos años, en perfecta contradicción con la retórica liberalizadora.

El caso más patente de una empresa privatizada que, en realidad, no ha actuado como tal es el de Telefónica. Es una prueba de la relación enferma entre el empresario y el poder político. Telefónica compró medios de comunicación destinados a favorecer al Gobierno, pero su presidente, Juan Villalonga, fue cesado de un modo sorprendente al principio de la segunda etapa gubernamental del PP. La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) —un organismo regulador que demostró a conciencia su mal funcionamiento— estuvo investigando un caso relacionado con Telefónica durante dos años; transcurrido ese tiempo, saltó a la luz pública con la apariencia de una operación de caza y escándalo, hasta que se consiguió la dimisión del presidente de la primera empresa española. Este proceso sólo puede explicarse atendiendo a un desencuentro entre antiguos amigos políticos. La oposición quiso organizar en algún caso comisiones parlamentarias de investigación sobre las privatizaciones —en octubre de 2002, por ejemplo—, pero sus intentos fracasaron.

Si la política económica, desde esta perspectiva, ofrece una visión menos optimista, también las políticas sociales durante el segundo cuatrienio de Gobierno del Partido Popular han ido a menos en muchos aspectos. Es cierto que la creación de empleo ha alcanzado niveles importantes, pero, como ya se advirtió, el empleo en España es de escasa calidad: salarios bajos, precariedad y poca formación. Ya se ha señalado también que la productividad española ha descendido con respecto a la media europea. En términos generales, puede decirse que la legislación ha tendido a desregular, a flexibilizar las relaciones laborales y a facilitar el despido. El sindicalismo ha favorecido esta situación; sin duda, las centrales obreras fueron conscientes del impacto de la crisis de 1993, que hizo perder mucho empleo, y están interesadas en conservar sus posiciones en la empresa. Las reformas laborales han sido casi siempre alicortas. En marzo de 2001 se aprobó, por ejemplo, una ampliación de los supuestos del contrato para jóvenes y mujeres, y la aplicación de una indemnización de ocho días a los contratos temporales, para evitar la excesiva eventualidad.

Por su parte, el gasto social también disminuyó de forma considerable, en parte por la reducción del paro, pero también por el establecimiento de prioridades presupuestarias distintas. En la última década, el gasto social se rebajó desde el 24 al 19 por ciento —estas cifras han sido objeto de distintas controversias—, hasta el punto de situarse casi diez puntos por debajo de la media europea, según algunas estimaciones. Como consecuencia de todo ello, las tensiones sociales se multiplicaron. Los sindicatos dejaron ver una actitud que podría denominarse «fatiga de concertación», pero ello no significaba que se multiplicara de forma exponencial el número de conflictos, que siguió siendo bajo. Se daban, en cambio, las condiciones adecuadas para que se pactara poco o para que se produjera una de esas «huelgas-demostración», generales o casi generales, tan habituales en la Europa actual.

Deben señalarse aquí algunas otras circunstancias de las que fue responsable exclusivo el Gobierno. Del mismo modo que actuó el Gobierno socialista de 1988, el Ejecutivo de Aznar demostró absoluta ceguera y creyó que el apoyo de una mayoría parlamentaria le permitía enfrentarse con los sindicatos. Si la prepotencia es siempre mala consejera, en el caso del Gobierno del PP estuvo, además, mal servida. Juan Carlos Aparicio fue el peor ministro de Trabajo del PP: carecía de peso político específico en el seno del Gobierno y de respetabilidad ante los sindicatos.

La reforma de las relaciones laborales se presentó en forma de decreto-ley que debía ser convalidado en las Cortes. El planteamiento de la medida describe muy bien el modo de actuación gubernamental: se imponía el grueso de una disposición y se sometía a rectificaciones sólo en puntos concretos y no decisivos. Los tres aspectos relevantes de la reforma eran: un endurecimiento de las prestaciones por desempleo, la eliminación de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes y la extinción paulatina del PER (Plan de Empleo Rural), es decir, el paro agrario. Se trataba de medidas que, en teoría, permitirían liberar fondos para políticas activas de empleo pero, por esa misma razón, deberían haberse negociado con los sindicatos. Si el Gobierno se hubiera mostrado más dispuesto al diálogo, tal vez las centrales sindicales no habrían exigido la retirada inmediata del decreto ley. La reforma no tardó en recibir el nombre de «decretazo».

En 1988 se había encendido y avivado la huelga con las baladronadas del poder; para no ser menos, catorce años después Aznar afirmó que ganaría en la confrontación con los sindicatos «sin bajarse del autobús». (La expresión original era del entrenador de fútbol Helenio Herrera). Pero la opinión pública muy pronto se volvió contra el Gobierno. En junio de 2002 la mayoría de los españoles consideraban que la huelga estaba justificada, aunque muchos advertían que no participarían en ella. Dos de cada tres ciudadanos pensaban que el calendario de la protesta tenía como objetivo hacer el máximo daño posible a Aznar, lo cual muestra un significativo rechazo a la labor sindical. Téngase en cuenta, además, que la Presidencia de la Unión Europea estaba entonces en manos españolas. Un alto porcentaje culpó del conflicto exclusivamente al Gobierno y la mayoría se mostró en contra de la reducción de la protección del desempleo por decreto ley. Incluso los votantes del Partido Popular rechazaban que el INEM pudiera decidir el empleo que debe aceptar un parado.

Las protestas de la oposición fueron contundentes. Para Jesús Caldera se trataba del «mayor recorte en los derechos sociales en España en los últimos veinticinco años». Incluso el arzobispo de Sevilla manifestó que había razones objetivas para la huelga. Los sindicatos actuaron con una apariencia defensiva que les reportó buenos resultados. José María Fidalgo afirmó que «para España es muy malo tener un presidente del Gobierno que enseña una cara descompuesta y muestra modales tan agrios». Cándido Méndez añadió que Aznar «había cometido un error gravísimo de cálculo al creer que aprobando la reforma por decreto podría disuadir a la ciudadanía de secundar el paro». De hecho, según algunas fuentes bien informadas, fue el propio presidente, más que Rato o Aparicio, el responsable del modo en que se tomó la decisión.

El «decretazo» fue aprobado por las Cortes el 14 de junio de 2002 con el único voto a favor de los diputados populares. Quizá en ese momento, el PP comenzó a darse cuenta de que él mismo había contribuido a encender la situación con sus declaraciones retadoras. Ahora, Juan Carlos Aparicio —ni siquiera se sabe si fue él el promotor de la iniciativa— arremetió contra quienes hicieron recortes sociales en los años noventa y afirmó que, con la medida, se beneficiarían mujeres, los mayores de 45 años y los parados del campo. En fin, eso significaba que los sindicatos se habían vuelto locos y que se convocaba una huelga porque se habían mejorado las condiciones de los trabajadores. Sólo dos días antes del paro general, Aznar ofreció la mano tendida: daba un giro completo a su estrategia, pero ya fue demasiado tarde.

La huelga tuvo lugar el 20 de junio de 2002. Como era de esperar, hubo fuertes discusiones acerca de su resultado. El consumo eléctrico quedó en un 20 por ciento, es decir, el de un día no laborable, pero el grado de cumplimiento osciló mucho, entre un 20 y un 80 por ciento, por ramas de actividad. Hubo un amplio seguimiento de la huelga en grandes empresas y polígonos industriales, en la construcción y el transporte; fue considerable en la pequeña y mediana empresa, y minoritario en el comercio, la banca y los servicios en general. De ninguna manera se trató de una movilización tan importante como la que se produjo el 14 de diciembre de 1988, pero, curiosamente, la reacción gubernamental fue muy parecida a la de los socialistas en aquella fecha. En un primer momento, se quiso negar la evidencia. Pío Cabanillas, el portavoz del Gobierno, afirmó que la huelga no había tenido lugar. Rodrigo Rato culpó a Zapatero por su irresponsabilidad. Aznar, que había declarado que no quería empatar, sino conseguir un triunfo «por goleada» —de nuevo la metáfora futbolística—, se encontró con que sus más fieles aliados en política económica —Convergència i Unió— se despegaban de él. Aparicio intentó vanamente trasladar el conflicto a la política, asegurando que «si se quiere testar la legitimidad de un Gobierno, nada como un proceso electoral». Rajoy protagonizó la reacción gubernamental más inteligente: aseguró que había huelga pero no era general. Resultaron muy efectivas las amenazas a medio y largo plazo de los líderes sindicales. José María Fidalgo, que no ocultó su añoranza de la época de Arenas, advirtió que «si el PP no rectifica, se encamina hacia su declive». Cándido Méndez prometió que «los próximos dos años van a ser muy difíciles para Aznar». En la prensa internacional apareció la constatación de que «la fractura social está plasmada».

El mes de junio de 2002 supuso el final de los seis años de paz laboral. Con todo, lo más grave era la sensación de que la tradicional política de concertación corría un serio peligro. Sin embargo, era sorprendente que los gastos por desempleo casi se hubieran reducido a la mitad y hubiera más de tres millones de nuevos ocupados. En el debate parlamentario, José Luis Rodríguez Zapatero acusó a Aznar de que «los últimos meses de su Presidencia han sido de tumbos a la derecha, de temores y amenazas a los ciudadanos y la de su soledad en el arco parlamentario». Aznar repuso sugiriendo que el líder socialista derivaba hacia el radicalismo y afirmó que su posición ante la huelga no sería olvidada.

A última hora, el Partido Popular se comprometió a «tender la mano claramente» a las centrales sindicales. Al menos, ésas fueron las palabras de Aznar. A comienzos de julio, el presidente encargó a Rodrigo Rato un acuerdo con los sindicatos. El vicepresidente delegó, a su vez, en tres ministros. En la práctica, aunque se disfrazó como una negociación y duró bastante tiempo, el Gobierno no hizo otra cosa que retroceder desde sus posiciones iniciales. A comienzos de octubre, el Gobierno adelantó que estaba dispuesto a rectificar los puntos más duros del «decretazo». Eduardo Zaplana, el nuevo ministro de Trabajo, fue definitivamente el encargado de negociar con los sindicatos. Pronto se anunció que el Gobierno corregía en lo esencial la disposición y admitía la mayoría de las exigencias de las centrales obreras. Aun así, los líderes sindicales mantuvieron el enfrentamiento: el objetivo era recuperar subsidio agrario, última línea de defensa del Gobierno. En las Cortes, la rectificación gubernamental se vio satisfecha con el apoyo de CiU y CC. Tal auxilio parlamentario no era imprescindible, pero rompía el aislamiento del Gobierno. El Partido Socialista, Izquierda Unida y el Partido Nacionalista Vasco pidieron que se restituyera el subsidio agrario. Este último asunto mantuvo vivo el pugilato entre el Gobierno y los sindicatos durante largo tiempo, incluso con manifestaciones y una amenaza de huelga agraria que fue desconvocada a comienzos de 2003, cuando el Ejecutivo de Aznar finalmente cedió.

El resultado final de la crisis demostraba que el nuevo ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, disponía de mayor capacidad negociadora que Aparicio. Aparte de negociar la retirada gubernamental del «decretazo», Zaplana aireó cuanto pudo cualquier pequeña reforma en materia de política social emprendida por el Gobierno. Pero, en realidad, no hubo acuerdos sociales parecidos a los del primer cuatrienio. Los que se alcanzaron fueron o bien la renovación de lo ya decidido previamente —Pacto de Toledo sobre las pensiones— o una consecuencia de un acuerdo entre grupos políticos en materias concretas —legislación sobre los malos tratos—. La mayor novedad introducida por Zaplana se refirió a la protección a las familias numerosas: la natalidad española se recuperaba levemente, pero el incremento del número de nacimientos se debía, sobre todo, a los inmigrantes.

En materia de inmigración, la política gubernamental fue de nuevo desconcertada y contradictoria, aunque puede decirse que, en general, el conjunto de la clase dirigente española parecía un tanto aturdida en esta cuestión. La Ley de Reforma de la Ley de Extranjería de julio de 2000 fue idéntica a la que el Gobierno había defendido antes de las elecciones. En adelante, los inmigrantes ilegales sólo tendrían derecho a la asistencia sanitaria y a la educación obligatoria; se regulaban las expulsiones, se tasaba el reagrupamiento familiar y se castigaba la contratación de irregulares. La ley fue aprobada en noviembre, con el apoyo de CiU y Coalición Canaria. Pronto se percibió, sin embargo, que la afluencia de inmigrantes desbordaba los límites de la ley, ante la perplejidad de la clase política. He aquí un ejemplo del desconcierto general: el Gobierno estuvo dispuesto a financiar el regreso de los ecuatorianos a su país para negociar, desde allí, su retorno con un contrato de trabajo legal. A comienzos de 2001, el plan de repatriar a los inmigrantes ecuatorianos ilegales había tenido tanto éxito que 24.544 personas se acogieron a él, lo que suponía un gasto exorbitante. Se producía, así, la paradoja de que se les expulsaba cuando estaban trabajando y luego se les permitía regresar; los expertos habían previsto que sólo 5.000 ecuatorianos aceptaran la propuesta. En el PSOE se produjo una fragmentación de criterios, como consecuencia de la cual los socialistas aragoneses quisieron recurrir la Ley de Extranjería en el Tribunal Constitucional.

La incertidumbre respecto al modo de abordar el problema de la inmigración persistió a lo largo de toda la legislatura. El Gobierno, en el verano de 2001, abrió otra vía de regularización para los extranjeros llegados en determinada fecha. Además, aceptó un elevado número de enmiendas a la Ley de Extranjería. Pero la ola inmigratoria desbordaba constantemente a los ministros del Gobierno y, en general, a toda la clase política. En cuatro años, el número de inmigrantes había crecido en un 102 por ciento. En el verano de 2002, el Gobierno presentó proyectos de política inmigratoria, en sentido restrictivo y endureciendo las penas para los delitos relacionados con esta materia. También se procuró adaptar la ley española a otras de la Unión Europea. El Ministerio del Interior afirmó que había triplicado el número de expulsiones de inmigrantes en lo que iba de año y lo presentó como un testimonio de eficacia. A la vuelta del verano de 2003, las fuerzas políticas negociaban un acuerdo sobre la Ley de Extranjería —la cuarta modificación legal—; el aspecto más relevante en este caso era el reagrupamiento familiar. La ola migratoria obligó a recurrir a la petición de visados y al control del transporte aéreo. Al menos, parecía haberse conquistado una voluntad de consenso que se plasmó en septiembre de 2003. Los sectores más izquierdistas acusaron al PSOE de connivencia con las políticas del Partido Popular, pero el acuerdo puede considerarse positivo. En un momento de hosquedad política, fue una buena noticia: la política de inmigración es una materia crucial de cara al futuro.

Al mismo tiempo, sin embargo, habían estallado las polémicas relacionadas con la xenofobia. A comienzos de 2001, Marta Ferrusola, la mujer del presidente de la Generalitat, hizo unas declaraciones en las que expresaba su temor acerca de la posibilidad de que Cataluña pudiera perder su identidad como consecuencia de la presencia de inmigrantes en su territorio. Algunos llegaron a afirmar, a continuación, que había expresado una opinión mayoritaria; también se recordaron algunas manifestaciones antiguas de Jordi Pujol en las que hacía referencia no a los inmigrantes extranjeros, sino a los andaluces o murcianos. Hubo intelectuales anticatalanistas —Mario Vargas Llosa o Félix de Azúa— que se mostraron indignados. Aunque estaba previsto, finalmente Jordi Pujol se negó a presentar un libro de Heribert Barrera, el antiguo dirigente de Esquerra Republicana, en el que se hacían manifestaciones verdaderamente xenófobas: afirmaba en sus páginas que la llegada de inmigrantes ponía en peligro el idioma y, con él, la propia identidad de Cataluña.

Pero este problema no era exclusivamente catalán. Una encuesta realizada por el CIS establecía que, para el 59 por ciento de los consultados, existía una relación entre inmigración e inseguridad ciudadana. De hecho, en los prolegómenos de la campaña electoral de 2003 abundaron las frases de los dirigentes del Partido Popular en que se rondaba esta identificación.

LA MALA GESTIÓN DE LAS CRISIS

Un antiguo protagonista político y siempre sagaz observador de la vida pública, Miquel Roca, escribió en los primeros días de agosto de 2002 un artículo con el título «Esto se ha acabado». «Esto», —decía— «lo de hasta ahora, el paisaje tranquilo de una economía estable, una política de perfil discreto y un clima social de acuerdo y pacto deja paso a una nueva situación». El artículo se había redactado al socaire de la huelga general.

Tras el proyecto y la implantación de la Ley Orgánica de Universidades —y las consiguientes protestas—, ya el PP redujo su ventaja sobre el PSOE (dos de cada tres españoles creyeron que el Gobierno debía retirar la ley). El año 2003 ofrecía grandes expectativas: las confrontaciones electorales parciales podían revelar datos importantes de cara a las generales de 2004. El Gobierno y su partido se mostraron dispuestos a emprender la carrera electoral cuanto antes. Este ánimo se manifestó promoviendo medidas en algún campo en que la gestión no había sido especialmente afortunada o comprometiéndose a tomar medidas drásticas en aspectos que necesitaban soluciones meditadas y sobre los que no se había legislado hasta el momento, a pesar de los años que llevaban en el poder. Aznar empleó un tono agresivo con la oposición: incluso Pujol, antiguo aliado, reprochó al presidente aquellas actitudes tan duras, precisamente en el momento en que abandonaba la política.

A partir del otoño de 2003 se produjo el estallido de crisis sucesivas ante las que José María Aznar se mostró, a la vez, prepotente, desconcertado e ineficiente. Lo cierto es que el Partido Popular ya había dado sobradas muestras de ineficacia en materias importantes. Por ejemplo, es asombroso que una cuestión tan delicada como la Sanidad hubiera podido ponerse en manos de Celia Villalobos; en general, como sucedió en la época socialista, políticos en apariencia «vistosos» fueron sustituidos con el paso del tiempo por otros más capacitados desde el punto de vista técnico. De este modo, no puede extrañar que la mitad de los españoles pensara que el problema más acuciante al que se enfrentó la ministra —las listas de espera— no se había resuelto.

La seguridad ciudadana saltó a la palestra en el curso 2002-2003. La oposición socialista siempre acusó al Gobierno de fomentar la seguridad privada y descuidar la Policía, afirmación probablemente excesiva a pesar de que un delegado del Gobierno lo justificara. De todos modos, es posible que en esta materia, como en otras, los recortes presupuestarios tuvieran consecuencias negativas a medio plazo. Además, los sucesivos planes de «Policía de proximidad» y «Policía 2000» recibieron las críticas de las organizaciones sindicales y no surtieron efecto: a comienzos de 1999, varios miles de policías se manifestaron por lo que describieron como «caos organizativo y funcional» existente.

El hecho es que en el año 2002 se hizo patente el incremento de la inseguridad ciudadana. Desde el año 2000, el incremento del número de robos era del 10 por ciento anual. La tasa de criminalidad habría crecido especialmente en Valencia y Alicante, pero también en Madrid (12 por ciento) y, sobre todo, en Baleares (45 por ciento). Dos tercios de los detenidos eran reincidentes y la mitad de los arrestados por faltas, extranjeros. Las cárceles españolas encerraban a unos 50.000 presos frente a los 44.000 de 1996. El control de la reinserción era mucho más teórico que real.

La causa más evidente —y admitida por todos— del incremento de la delincuencia era la reducción de los efectivos policiales. Desde la victoria electoral del PP, el número de policías había disminuido en más de 5.000 funcionarios. Era difícil recuperar el espacio perdido, al menos en un espacio corto de tiempo, porque las jubilaciones reducían aún más los efectivos existentes. Además, se daba una evidente duplicidad y falta de coordinación entre Policía Nacional y Policía municipal. En septiembre del año 2002, consciente de que la seguridad era una de las preocupaciones más importantes entre los españoles, el Gobierno anunció un plan contra la delincuencia y proyectó nuevas medidas legales, como la reforma del Código Penal, la revisión de la responsabilidad penal del menor y la Ley de Extranjería. Se aseguró que se multiplicaría el número de policías, jueces y fiscales. Se simplificarían, además, los procedimientos judiciales, de modo que los delitos pudieran ser castigados con más celeridad («juicios rápidos») y cuatro faltas constituirían un delito. Junto a estas medidas, el Gobierno propuso otras, relativas al endurecimiento de las penas por terrorismo, como prolongar la pena de cárcel hasta los cuarenta años y evitar las facilidades para obtener el tercer grado penitenciario. Es significativo que Aznar afirmara que estas medidas se tomarían con o sin el acuerdo de la oposición; indicaba hasta qué punto apreciaba la voluntad de pacto. Ésa era, además, una fórmula de eludir la propia responsabilidad tras muchos años de gestión.

A lo largo de 2003 la situación no mejoró en lo sustancial: en los últimos diez años la delincuencia había aumentado un 40 por ciento. Ciertamente, los nuevos policías o guardias civiles no podían improvisarse; los juicios rápidos mejoraron algo la situación, pero la oposición criticó que las medidas que se estaban tomando ignoraban la necesidad de medios puestos a disposición de jueces y policía. La criminalidad siguió creciendo, en especial, en determinados apartados, como los atracos, hurtos con violencia y, sobre todo, el maltrato familiar. En la campaña electoral del año 2003, estas cuestiones representaron un papel relevante, aunque la aspereza de la confrontación impidió una comunicación más ajustada de los programas concretos. Tras las elecciones, en septiembre, la mala situación de la seguridad ciudadana y la escasez de medios concedida por el Gobierno fueron factores decisivos en la ruptura del Pacto por la Justicia. Dadas las circunstancias, el PSOE abandonó el acuerdo.

El Gobierno del Partido Popular, gracias a contramedidas que podían compensar la mala gestión previa, sorteó de forma relativamente hábil la situación de la seguridad ciudadana. Pero su actuación ante otra serie de incidentes ocasionales dejó bastante que desear. En todos ellos se pudieron apreciar las consecuencias negativas de medidas que se habían tomado con anterioridad, la incapacidad para ofrecer una respuesta inmediata y atenta, la precipitación, la negativa a aceptar cualquier responsabilidad e investigación independiente y la obsesión por tratar de descubrir entre los protestatarios a conspiradores políticos. Por supuesto, al menos en cierta medida, a cualquier Gobierno le podría haber sucedido algo parecido. Lo criticable en el de Aznar fue la reacción misma ante la crisis.

Una de las crisis más graves y de efectos más perniciosos fue la que tuvo como protagonista al petrolero Prestige. Los acontecimientos pueden resumirse muy brevemente. En una zona marítima en la que durante un siglo se habían producido centenar y medio de naufragios, un temporal fortísimo amenazó con hacer naufragar un buque petrolero que, siendo antiguo, había sido reparado recientemente. Un capitán con experiencia, pero de cierta edad, y un equipo reclutado en las más variadas partes del mundo formaban la tripulación. El propietario y el responsable de estado de conservación del buque se ocultaban tras sucesivas sociedades interpuestas. El barco, que recibió órdenes de alejarse de la costa, finalmente se hundió el 19 de noviembre. El buque había seguido un rumbo errático y el fuel derramado se expandió en abanico por la costa gallega y por la costa cantábrica hasta Francia.

Las circunstancias en que se produjo el accidente revelan la imprevisión de la comunidad internacional. La prevención habría sido el único modo de paliar el desastre, pero la realidad era que no existía hasta el momento un mapa que indicara por dónde deberían circular los barcos; tampoco en España o fuera de ella había puertos o zonas de refugio. Ni siquiera existía la posibilidad de celebrar un juicio rápido que permitiera resolver en un plazo razonable la cuestión de la responsabilidad de cada una de las partes y, menos aún, el cobro de las indemnizaciones.

Todo ello, sin embargo, no justifica los errores del Gobierno español en la gestión de la crisis. En un principio, las dudas y la descoordinación entre la Capitanía de A Coruña y Salvamento Marítimo no contribuyeron a evitar el desastre; además, todo se complicó con la negociación entre empresas privadas y autoridades públicas respecto del beneficiario del posible rescate. Finalmente, se descartó la posibilidad de permitir que el barco se acercara a la costa y se le dio la orden de alejarse, aunque el rumbo fue errático, sin duda por lo contradictorio de las sucesivas órdenes. Una vez hundido, con parte de la carga aflorando continuamente, el alejamiento y la profundidad complicaron aún más la solución del problema. Además, la resolución definitiva se dilató extraordinariamente: por el momento, no se puede emitir un juicio sobre la respuesta efectiva que se le dará a la cuestión.

A estas alturas, no cabe la menor duda —de acuerdo con la opinión de multitud de expertos de todo tipo que juzgaron lo sucedido— de que la decisión de alejar el barco de la costa fue equivocada, precipitada y absurda. Fue una opción en la que existió, desde un principio, una responsabilidad política y que se tomó sin consultar a otros expertos que personas directamente dependientes del titular del Ministerio de Fomento. Todo se hizo en un ambiente de desconcierto: lo más sorprendente es que no se previera el resultado final. Muchos expertos aseguran que la actuación lógica hubiera sido acercar el barco a una zona determinada y procurar limitar al mínimo los resultados del accidente; esta idea parece lógica. En todo caso, la intervención de las autoridades convirtió un accidente en una catástrofe. En un caso anterior, el de Monte Urquiola, en 1976, se optó por una solución parecida, pero los tribunales ya habían dictaminado que fue un error.

La responsabilidad del Gobierno se refiere no sólo a esa determinación adoptada, sino también a la escasez de medios con los que contaba para enfrentarse a situaciones semejantes. Desde 1970, las costas gallegas habían sufrido cinco mareas negras, pero el número de remolcadores se había reducido desde 1997 a la mitad, a veces, en peculiares relaciones contractuales con la Administración; no había buques capaces de aspirar el fuel derramado y cuando hubo que pensar en requerirlos, las autoridades españolas se dirigieron al extranjero (o a alguna Comunidad Autónoma). En parte, una situación como ésta se explica por la voluntad de enflaquecer un Estado: así se demostraba que menos Estado no es más eficacia, sino más impotencia. No había un protocolo de actuación ante este tipo de catástrofes (tampoco lo habían elaborado los gobiernos socialistas).

Los gallegos, por supuesto, no merecían aquello. Para ellos, la marea negra no era una novedad sino una trágica repetición. El movimiento «Nunca mais», incluso su signo distintivo, no fue una invención del momento: tuvo su origen a finales de 1992. Ante el espectáculo de la catástrofe, se desató una actitud social instintiva que George Orwell describió muy bien cuando se refirió a la situación de Inglaterra enfrentada a Hitler en 1940: fue como un rebaño que se agrupara frente a un lobo. La queja necesariamente iba a repercutir sobre el Gobierno pero el empeño del Ejecutivo en negar la evidencia, en mostrar una patente desatención, incluso desgana, y en responsabilizar a terceros multiplicó el enojo social. Las autoridades echaron la culpa al naviero, a los países hacia los que se dirigía el buque o a los países de origen, a quienes lo habían revisado o al capitán del buque, que fue detenido con enorme publicidad. La actitud ante la oposición o ante «Nunca Mais» dejó ver una descompuesta irritación gubernamental. Al mismo tiempo, la información del Gobierno fue mínima y siempre demasiado optimista: las páginas web de los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento no mostraban nada. No se previó el naufragio del barco, se negó que hubiera «marea negra» y cuando el barco se hundió, se presumió que el fuel se solidificaría o que sólo saldrían «hilillos». Pero, sobre todo, las autoridades no estuvieron donde debían. El fin de semana en que el accidente se convirtió en catástrofe, el ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos disfrutaba de unas vacaciones «venatorias» y el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, hacía otro tanto; este último trató de ocultarlo y ensució así una vida política muy larga con una imperdonable mentira. Tampoco el ministro de Medio Ambiente estuvo donde le correspondía; en su primera declaración confundió los términos «afección» y «afectación» para referirse al resultado de lo sucedido. Aznar, enfurruñado y contestado, tardó un mes y un día en visitar Galicia y se negó a cualquier diálogo con la oposición, a la que acusó de «desleal»; había afirmado que no quería ir a «hacerse la foto» y se mantuvo en sus trece. Toda la maquinaria del Estado se movió con extremada lentitud. Sólo seis días después de una visita del Rey a la costa gallega empezó a intervenir de forma significativa el Ejército; hacía ya tres semanas que actuaban los voluntarios, que llegaron a alcanzar cifras impensables (quizá 150.000 personas). Se entiende que una gran parte de los gallegos sintieran no tanto odio político como una mezcla de rabia e impotencia por el accidente en sí, por el deseo de ocultarlo y el maltrato despectivo y despegado de las autoridades. Se explican de este modo las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en el conjunto de España, especialmente en Galicia.

La crisis del Prestige señaló un punto de inflexión en la política del Gobierno: el problema duró meses, los juicios y opiniones fueron contradictorios, la protesta se extendió hasta la derecha más fiel y, en fin, incluso se tuvo la sospecha de un posible caso de corrupción política. El Gobierno, que por un momento pensó seriamente bombardear el buque, comprobó que sus expectativas de que el fuel se solidificara no se confirmaban. El accidente que no había provocado ninguna «marea negra» se consideró después la mayor catástrofe ecológica después de Chernóbil; pero finalmente, en el verano de 2003, los portavoces gubernamentales declararon que las playas estaban «esplendorosas». Todos estos cambios y rectificaciones no habrían sido necesarios de haberse admitido la simple realidad. No hubo una comisión parlamentaria de investigación ni un «libro blanco» del que en el futuro pudiera surgir un protocolo de actuación; de modo que una situación semejante podría repetirse en el futuro. Cuando se redactó, por una fundación privada, dejó patente que era imprescindible crear una agencia de seguridad marítima y proseguir los estudios científicos sobre las consecuencias de lo acontecido. Como era previsible, en el Parlamento no hubo otra cosa que una trifulca inútil en relación con lo que había sucedido. Uno de los más significados periodistas de la extrema derecha, Jiménez Losantos, describió la actuación de Aznar ante la catástrofe en los siguientes términos: «Con implacable eficacia, con docta eficiencia, con minucioso virtuosismo, el presidente del Gobierno sigue haciendo funcionar la máquina de meter la pata». Un consejero del Gobierno gallego, José Cuiña, fue obligado a dimitir porque una empresa vinculada a su persona había sido una de las encargadas de proporcionar material para la limpieza de las playas. El Gobierno pasó por un mal trago —todos los ministros fueron suspendidos en las encuestas de opinión—, pero, con el paso del tiempo, se demostró que quien se había responsabilizado de coordinar los trabajos a partir de un determinado momento —Mariano Rajoy— sobrevivía, incombustible, a base de paciencia y de tener que capear tormentas que no había provocado. Ése fue un factor importante en su promoción como sucesor.

Aunque la situación se fue normalizando, en los meses siguientes el Gobierno dio otras pruebas de ineficacia y mala gestión de las crisis. Las obras del AVE Madrid-Lleida se promocionaron en un viaje informativo con la prensa; era el paso previo a una inauguración que finalmente no se produjo. En estos trabajos ferroviarios, el voluntarismo y el deseo de proclamar éxitos tempranos habían sustituido a la eficacia con evidente peligro para la seguridad. De nuevo, las ásperas réplicas a quienes emitían opiniones técnicas sobre el trazado testimoniaron una intemperancia inconcebible; Álvarez-Cascos llegó a esgrimir una acusación de sabotaje.

Otra grave muestra de ineficiencia y de irresponsabilidad ante errores propios se reveló en el accidente que costó la vida a más de sesenta militares españoles en Turquía, en vuelo de regreso desde Afganistán. A estas alturas, no cabe la menor duda de que el accidente pudo deberse a error humano, pero el empleo de aviones alquilados a países de la antigua URSS para evitar gastos tuvo mucho que ver con lo sucedido. Las autoridades del Ministerio de Defensa argumentaron que no habían recibido protesta alguna por el tipo de transporte. Pero pronto se demostró que sí se habían recibido. El caso se envenenó porque la cadena de mando debió de bloquear la queja en algún momento. Por descontado, en adelante no volvió a utilizarse este tipo de transporte. El paradójico resultado de esta desgracia puede resumirse así: los norteamericanos perdieron 37 hombres en su intervención bélica en Afganistán; España perdió casi el doble. Y ni siquiera se habían realizado operaciones de guerra: los soldados españoles realizaban un trabajo auxiliar. Todo ello no se entiende sin partir de los presupuestos de política exterior que se hicieron manifiestos en el segundo cuatrienio del Gobierno popular. Según el libro del conocido periodista norteamericano Bob Woodward, España ofreció a Estados Unidos enviar soldados a Afganistán desde un primer momento, antes incluso de que lo hiciera cualquier país europeo. No se ofreció ninguna información al respecto en España. La actitud personal de Aznar explica, en buena medida, los hechos.

LA «BURBUJA REPUTACIONAL»

A Fernando Vallespín le corresponde el mérito de haber dado con la clave que puede explicar la política exterior de Aznar en su segundo cuatrienio de Gobierno, incluida la guerra de Irak.

Es obvio que España significa hoy mucho más en el mundo que en 1975. La evolución política y la capacidad de nuestras empresas, incluso la exportación de nuestra cultura, son tres razones más que suficientes para probarlo. Esta realidad se puede medir con datos objetivos y éstos —tamaño relativo del PIB, porcentaje del mismo dedicado a I+D— a veces ponen límite a unas pretensiones que pueden convertirse en excesivas, sobre todo si se expresan de modo intemperante. Existe un «síndrome de Bonaparte» que impele a los más pequeños a atribuirse una altura que no les corresponde. Y es lógico el deseo de aparecer con una estatura mundial desde la defensa numantina de los propios intereses nacionales en los marcos de interés más inmediatos, como, por ejemplo, el europeo; en él, no obstante, lo esencial —el destino de los fondos— está resuelto hasta el año 2007. Pero esta situación puede concluir también en una «burbuja reputacional» —semejante a la tecnológica— que rodee a un protagonista político de unas pretensiones que no se correspondan con la realidad.

Como hemos comprobado, José María Aznar impidió el progreso de las tendencias euroescépticas que habían anidado en un sector de su partido durante la etapa de oposición. Ahora bien, cumplidos los acuerdos de Maastricht, su actitud ante la Unión Europea fue, por denominarla de algún modo, «cortoplacista», es decir, destinada a obtener los máximos beneficios de Europa pero sin ofrecer una idea completa acerca de la misma ni presentar planes de futuro. En la práctica, la defensa a ultranza de su propio papel y los beneficios materiales lo convirtió en más de una ocasión en «el europeo fastidioso», tal y como lo describió Die Welt. La conexión fue especialmente difícil con el canciller alemán Gerhard Schröder, quien no ocultó nunca su opinión acerca de su colega español. Se producía entonces una paradójica diferencia respecto a la etapa de gobierno socialista, cuando Felipe González demostró haber conectado perfectamente con el canciller democristiano Helmut Köhl. Lo sorprendente es que España era la gran beneficiaria de los fondos europeos, cuya financiación procedía, fundamentalmente, de Alemania. Aun así, España no fue penalizada por su actitud, porque no podía serlo, pero esa discrepancia de criterio permaneció en el trasfondo de las relaciones políticas intraeuropeas y acabó por expresarse de modo ostentoso durante la guerra de Irak.

La posibilidad de que existiera una diferencia de criterios se había manifestado, no obstante, con anterioridad. La Presidencia española de la Unión Europea, en el año 2002, se organizó blandiendo la divisa «Más Europa». En realidad, las medidas relativas al terrorismo, en las que obviamente estaba especialmente interesada España, ya se habían tomado en el año 2001. (Entre las acciones más relevantes pueden contarse el registro de organizaciones terroristas y la llamada «euroorden» de detención). No se avanzó apenas en la integración porque, de momento, Alemania no quería asumir más cargas. Pero fue perceptible una creciente irritación de los países europeos contra el unilateralismo norteamericano en Afganistán, por ejemplo. En este punto, la política de Aznar se apartó de los países vecinos. Después hemos descubierto que ofreció tropas nacionales para la intervención sin que ni siquiera se diera cuenta a la opinión pública o a los partidos españoles en el Parlamento.

¿Hubo un componente de «burbuja reputacional» en el empeoramiento de las relaciones con Marruecos? Las tensiones con el vecino del Sur habían aumentado a partir de la ruptura del acuerdo pesquero (primavera de 2001) y el presidente español pronunció palabras oscuramente amenazadoras; también hizo referencia a posibles represalias de la Unión Europea. Pero la decisión marroquí de retirar al embajador en Madrid, a finales de octubre, constituyó una absoluta sorpresa. Tan drástica medida fue ordenada por uno de los ministros «de soberanía», es decir, aquellos directamente nombrados por el Rey, de modo que no cabía considerar el hecho como puramente circunstancial. Es muy probable que la situación interna marroquí —una modernización política que avanzaba a trancas y barrancas, amenazada por el fundamentalismo— explique en parte la decisión, pero los medios gubernamentales y periodísticos del vecino país hablaron de una «satanización» española de Marruecos. Sin duda, no eran pocos los reproches que podían hacerse a Marruecos: por la aparente indiferencia ante el problema de la emigración clandestina, por ejemplo, pero también por otros contenciosos. El Frente Polisario arguyó que la política de Aznar en torno al Sáhara había causado esos efectos, pero la realidad es que, en este punto, la posición española había quedado diseñada durante la transición y no había experimentado cambio sustancial alguno. Quizá el error consistió en no saber mostrar una especial sensibilidad a la hora de tratar a un vecino proclive a los complejos. El escritor marroquí Tahar ben Jelloun escribió que «el señor Aznar no comprende y no conoce Marruecos. No tiene cultura mediterránea ni una visión amplia, como era el caso de Felipe González, que tenía contactos, a la vez, con la oposición y con el Rey». Tampoco fue muy apropiada la reacción del Gobierno ante la posibilidad de un viaje del líder de la oposición al país alauita. Podría ser más o menos efectivo, pero atribuir «deslealtad» a un político por el simple hecho de viajar a Marruecos era una desmesura.

Lo peor de la ruptura de relaciones entre España y Marruecos fue su larga duración; la gravedad se vio acentuada por un acontecimiento simbólico de recuerdo perdurable. La ocupación del islote Perejil (julio de 2002) por una patrulla marroquí puso en el tapete un contencioso del que la opinión pública española no tenía la menor idea. Los marroquíes interpretaban que con la independencia, en 1956, habían recuperado la isla. La Presidencia de la UE exigió la retirada de los marroquíes. La expulsión del mínimo destacamento militar marroquí de Perejil fue una operación limpia; España mostró su deseo de volver cuanto antes al statu quo sin presencia militar ni símbolos de soberanía de ninguno de los dos países. Fue el Secretario de Estado norteamericano quien consiguió ese resultado, no la Unión Europea, a quien en efecto se debería haber recurrido. De cualquier manera, la «burbuja reputacional» apareció en la exhibición de un patrioterismo ramplón: como si se hubiera llevado a cabo una gran operación militar; con ello se cayó en el peligro de rondar una política de sistemática confrontación. Pero, además, la imagen exterior de España no resultó engrandecida por lo sucedido; incluso la extrema derecha consideró lo ocurrido como un vergonzoso retroceso. La prensa internacional afirmó que España había hecho lo mismo que su vecino. Hubo una evidente sobreactuación retórica de Federico Trillo, ministro de Defensa, y un mensaje «kennediano» del presidente del Gobierno a las tropas. Estas demostraciones podrían haberse evitado: sonaban un tanto ridículas. La primera, con cita literaria cervantina incluida, fue particularmente desafortunada, teniendo en cuenta que a esas alturas era ya patente el fracaso definitivo del Ejército profesional español. La previsión inicial era contar con 120.000 soldados, cifra rebajada después en el PEC (Plan Estratégico Conjunto) a 110.500; pero hubo una nueva previsión en 2001: se necesitaban 86.000 soldados y en 2002 los efectivos rondaban los 75.000. El Ejército profesional no atraía a los españoles: los sueldos eran muy bajos (620 euros al mes). Los medios materiales puestos a su disposición, como se reveló en el accidente de Turquía, tampoco eran suficientes. A pesar de que Trillo era militar jurídico y fue considerado en el Ejército como «uno de los suyos», la modernización del Ejército español no se produjo: todavía en el año 2000 el 65 por ciento de los gastos se dedicaban a personal.

En el otoño de 2002, un mensaje del rey marroquí a don Juan Carlos, con motivo de la fiesta nacional española, dio la sensación de que podía recuperarse la cordialidad de las relaciones. Un mes antes se había programado una reunión que finalmente se suspendió. Sólo a mediados de diciembre se reanudaron las relaciones con la entrevista entre los ministros Benaisa y Ana Palacio: prometieron pactar un enfoque positivo para reconstruir la amistad bilateral.

La «burbuja reputacional» debió de jugar también una mala pasada en lo relativo al problema de Gibraltar. Una cuestión que había dado lugar a gestiones diplomáticas durante siglos y a inacabables disputas ante los organismos internacionales, pareció que podría resolverse en un corto plazo de tiempo, para asombro de los observadores. En abril de 2002 se informó de que Josep Piqué y Jack Straw estaban ultimando en secreto un pacto para llegar a la soberanía compartida de Gibraltar, de modo parecido a como se había hecho en Hong Kong. Se especuló incluso acerca de la posibilidad de que se llegara a suscribir su contenido antes del verano o en el transcurso del mismo. Pero pronto se hicieron presentes las cuestiones verdaderamente espinosas: el papel concedido a los gibraltareños, que pronto se expresaron de modo negativo mediante un referéndum, el estatus de la base militar del Peñón y el carácter definitivo o provisional del acuerdo de soberanía compartida. No se llegó a ningún acuerdo. Probablemente nunca fue posible a corto plazo y, menos aún, habiéndolo exhibido de un modo tan ingenuo. Especialmente era difícil teniendo en cuenta los posibles efectos inmediatos: era, pues, muy comprensible que tales negociaciones despertaran las protestas de los habitantes de Gibraltar. A partir del relevo de Piqué en Exteriores, la cuestión desapareció del panorama de objetivos de la política exterior española, pero no sólo se produjo este hecho: las declaraciones británicas se hicieron particularmente duras. «Si [los españoles] quieren mantener la reclamación histórica públicamente, [...] entonces no va a haber acuerdo», dijo el ministro británico para Europa. Otra autoridad británica afirmó que «Gibraltar es para Gran Bretaña lo que Ceuta y Melilla son para España» y «las posibilidades de llegar a un acuerdo no aceptado por los gibraltareños son cero». La ministra Ana Palacio se refugió en la afirmación de que proseguían las conversaciones técnicas pero, en realidad, todo se aplazó hasta mejor ocasión.

LA GUERRA DE IRAK: UN METEORO EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA

A pesar de la escasa perspectiva histórica, ya se puede calibrar el efecto excepcional, por lo rápido, generalizado e inesperado, que tuvo la guerra de Irak sobre la política española. También sorprende el poco tiempo que perduraron tan virulentos efectos.

Pero, bien mirado, la sorpresa no debería ser tanta. En España, las cuestiones de política exterior tienen menos relevancia que en otros lugares y su influencia en la política interior es escasa. Hay algunos principios básicos aceptados generalmente, aunque en realidad no están muy arraigados. Nuestra tradición histórica no puede compararse a la de otros países europeos democráticos. La marginación de los grandes conflictos, la escasa identificación con los Estados Unidos —para otros países, potencia liberadora en 1945— y una inclinación en general pacifista han formado una cultura, por otro lado, no muy informada. La cuestión de la incorporación a la OTAN lo testimonia: originariamente, la posición española era favorable, el PSOE la utilizó como eficaz ariete electoral y, al final, forzó el cambio de su propio electorado en lo que Felipe González consideró como su mayor error político. (Lo sucedido no tuvo efectos reales en las elecciones generales: apenas un 8 por ciento de los votantes socialistas abandonaron a su partido en 1986).

Desde enero de 2003, las encuestas anunciaban tormenta en caso de que España interviniera en una guerra contra Irak. Un 61 por ciento de los españoles mostraban un rechazo total a la participación en ella y un 24 por ciento, un apoyo condicionado a la intervención en el caso de que fuera auspiciada por la ONU: lo significativo de estas cifras es que eran por completo antagónicas a las de otros países europeos. Con el paso del tiempo, aumentó el rechazo. En marzo, el 92 por ciento de los ciudadanos rechazaba la guerra y el 80 por ciento no compartía la política del Partido Popular en esa cuestión; el petróleo (44 por ciento) y los intereses económicos (31 por ciento) se consideraban, en una visión muy simplificadora, la verdadera causa de la guerra. El 86 por ciento juzgaba que con ella no se avanzaría en la lucha contra el terrorismo internacional. Pero si, según ABC, una abrumadora mayoría de los españoles creían insostenible la política del PP, también a un porcentaje significativo les pareció criticable la postura del PSOE.

Así las cosas, ¿por qué Aznar se alineó tan decidida y completamente con los norteamericanos? Desde fecha muy temprana pareció evidente que Aznar estaba dispuesto a implicarse a fondo. Una parte de la izquierda fijó la causa en el pronorteamericanismo de ascendencia franquista, pero esa teoría no parece muy ajustada; la derecha tampoco llegó a entenderlo. Quizá sea bueno remitirse a causas más de fondo y también al diagnóstico inmediato de la situación.

En primer lugar, un factor decisivo en Aznar siempre ha sido un nacionalismo basado en una «España grande». Esta España sólo es posible a partir de la cohesión nacional, necesitada de superar «un cierto complejo histórico» e incluso ansiosa de «una nueva leyenda». A ello hay que sumar una admiración inequívoca por el Partido Republicano norteamericano (lo cual tampoco tiene mucho que ver con el franquismo). Se puede establecer incluso un paralelismo con Margaret Thatcher, que propuso a los británicos recuperar la confianza en sí mismos. Sin duda, una muy simplificadora visión del terrorismo como amenaza personal, española y mundial contribuyó a adoptar esta postura. Antes de la guerra de Irak, en relación con el ataque norteamericano a Afganistán, el alineamiento de Aznar ya se había manifestado. El «Libro blanco de la Defensa» aspira a una relación «especial» con Estados Unidos, con quien se suscribió un nuevo acuerdo militar en abril de 2002.

Además de este trasfondo, Aznar emitió también un diagnóstico de la situación. Actuando como verdadero y único ministro de Asuntos Exteriores, poco europeísta, esperando que la resistencia francesa en el Consejo de Seguridad fuera efímera, convencido de que la guerra duraría poco y de que la victoria norteamericana sería abrumadora y rápida, debió de autoconvencerse de que España podía dar un gran salto adelante aprovechando la coyuntura y contando siempre con el apoyo de los Estados Unidos. Éste fue el diagnóstico de Jordi Pujol a mediados de marzo, en un artículo en La Vanguardia: uno de los análisis más finos que se pudieron leer aquellas semanas. Pero las contraindicaciones de esa política resultaban obvias: en Europa, sólo Gran Bretaña e Italia —entre los países verdaderamente influyentes— podían colaborar en el designio español. La primera se limitó a seguir la pauta de su tradicional política desde 1945 y el derechista Silvio Berlusconi optó por hacerse el escurridizo. La posición española resultaba demasiado discordante de Alemania y Francia; además y sobre todo, el papel de una potencia en el mundo depende de su peso económico. La posición de Aznar en política exterior fue, de nuevo, una manifestación de esa «burbuja reputacional» que consiste en desear —en lo personal y en lo que representa— una consideración mayor de la que a uno efectivamente le corresponde. A esta presunción se sumó un estilo —Javier Pradera lo describió «de halcón avinagrado»— y la previsible utilización abusiva de los recursos del poder: algunos militares profesionales siguieron precisas instrucciones y ofrecieron en los medios de comunicación opiniones supuestamente técnicas que en realidad partían de un componente político.

A comienzos de febrero tuvo lugar una entrevista entre Aznar y Zapatero. Al parecer, el presidente describió la actitud norteamericana como producto de un sentimiento de humillación que hacía la guerra inevitable; no ofreció un consenso sino una adhesión a su interpretación. En cualquier caso y con semejante presentación, el acuerdo hubiera sido imposible. El abismo entre ambas posturas siempre fue infranqueable. Aznar, inmediatamente, empezó a utilizar un grueso lenguaje contra el dirigente socialista, atribuyendo su posición a un «aislacionismo rancio» y al «oportunismo» político. Además, según el presidente, Zapatero no era consciente de la dimensión mundial de la lucha contra el terrorismo. El líder socialista, por su parte, encontró un motivo adecuado para no mantener el consenso. En realidad, ambos habían intercambiado posiciones sobre el 11-S, pero no sobre las relaciones con Marruecos, ni sobre los recientes acontecimientos en el País Vasco ni sobre el Prestige. En definitiva: fue Aznar quien dio los primeros pasos a la hora de romper el consenso en materia de política exterior. Zapatero insistió a lo largo de toda la crisis en que se trataba de una cuestión de principios y, sin duda, debe de haberlo sentido así. Pero mucho más criticable es que el líder de la oposición se mostrara contrario a una intervención en Irak incluso si estaba apoyado por el Consejo de Seguridad o se opusiera a permitir el uso de las bases o el sobrevuelo por territorio nacional de los aviones norteamericanos. Esas actitudes —sobre todo la primera— no fueron habituales en la izquierda europea.

Zapatero, sin duda, se vio empujado por una ola de opinión que no era efímera. Por vez primera, a comienzos de febrero, el PSOE superó a los populares en intención de voto, aunque la puntuación concedida a Zapatero no creciera mucho. Una clara mayoría de los españoles consideraba que la guerra no estaba justificada porque España no estaba amenazada por Irak y el conflicto empeoraría las relaciones con los países árabes. Como era previsible, CiU aprovechó la ocasión también para desmarcarse de una alianza que siempre le fue muy incómoda. Algunas de las expresiones más duras contra Aznar surgieron en los debates parlamentarios de labios catalanistas: Xavier Trías aseguró que el presidente trataba a los adversarios como «tontitos» y Ignasi Guardans afirmó que el líder popular «se alineaba con la muerte». Aznar se desentendió por completo de la opinión pública y del Parlamento: a partir de un determinado momento, respecto de Irak, lo que decía no lo hacía y lo que hacía no lo decía.

En la práctica, ante la inminencia del ataque a Irak, el presidente del Gobierno siguió una senda contradictoria. Por un lado, fue el principal responsable de una carta de líderes europeos que coincidían con la posición de George W. Bush, se reunió con él y Blair en las Azores y, de nuevo, tuvo una entrevista con el presidente norteamericano en Texas. En el Consejo de Seguridad, la presencia española se debía a una cuestión puramente organizativa, pero permitía exhibir cierto protagonismo; allí se alineó incondicionalmente con la posición norteamericana y sirvió en ocasiones como avanzadilla de la misma o la expresó en términos aún más drásticos. Eso le valió a Aznar la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, consciente de las limitaciones propias, el presidente procuró diluir el protagonismo español: pretendió que se votara en nuestro Congreso una resolución de la Unión Europea y desempeñó un papel minúsculo en las operaciones militares que se describieron, además, con el dudoso calificativo de «humanitarias».

Aznar debía de estar convencido de que el Consejo de Seguridad acabaría apoyando a los Estados Unidos, pero se equivocó y también erró en la inesperada reacción de la opinión pública. A mediados de febrero de 2003, quizá tres millones de españoles se manifestaron contra la guerra; una proporción apreciable eran votantes del PP. Al margen de la posición personal de Aznar, parece evidente que su ausencia de los medios de comunicación y la falta de una explicación convincente había privado a los simpatizantes populares de una identificación mínima. La ligazón entre el terrorismo interno y el fundamentalismo no parecía convincente en absoluto; la asimilación con el conflicto de Kosovo, absolutamente forzada e inconsistente.

Preciso es decir que no sólo Aznar se equivocó en este momento. Algo parecido cabe decir de quienes pensaron en una especie de «revolución de los ciudadanos» contra el Gobierno. La presencia de tantos centenares de miles de personas, el protagonismo de los artistas e intelectuales, pero también de los profesionales o rectores, incluso la carencia de una respuesta gubernamental consistente, crearon un espejismo que con el paso del tiempo se demostraría como tal. A la vista de los acontecimientos posteriores, hoy puede decirse que ni siquiera en estos momentos era obvio que Aznar se hubiera empeñado en su suicidio político. Los manifestantes —al menos, buena parte de ellos—, más que haber ingresado a un activismo izquierdista, estaban perplejos e indignados ante la actitud de su Gobierno. Pero probablemente no compartían en absoluto los manifiestos de las entidades convocantes de las manifestaciones. Según éstos, las acusaciones contra el Irak de Sadam eran «falsas» y constituirían la avanzadilla de un «definitivo asalto israelí contra Gaza y Cisjordania»; olvidando todas las resoluciones previas de la ONU, llegaban a afirmar que no había «imperativo moral alguno» en la intervención en Irak. Estas palabras eran la expresión de un movimiento neorradical, ligado a las actitudes antiglobalización. Quien había redactado palabras semejantes debió de pensar que la guerra suponía un punto de inflexión decisivo en la vida política española.

Las opiniones antedichas procedían de una izquierda que, con toda seguridad, no representaba a la mayoría de los representantes y que recordaba a otros tiempos —los de Vietnam, por ejemplo—. Una parte de esta opinión aseguraba que la guerra sería larga y sangrienta, también para los norteamericanos. La realidad lo desmintió, porque la revolucionaria tecnología militar norteamericana demostró una superioridad abrumadora sobre los iraquíes. Pero esta guerra inmoral, al margen de la legalidad internacional y cuya justificación real guardaba poca relación con los argumentos aducidos por los dirigentes políticos tuvo efectos a la vez efímeros y duraderos. Efímeros respecto de la política interna, porque su impacto sobre los resultados electorales no fue tan decisivo como se había supuesto; duraderos, porque ni la situación internacional quedó despejada ni la peculiar posición del Gobierno español mejoró a ojos de sus compatriotas —e incluso de sus votantes— a pesar de la victoria de los angloamericanos en Irak. Aznar acertó en la rapidez con que se produjo la invasión, pero no tuvo motivos —por más que los exhibiera— para pensar que había logrado una victoria; Rato atinó más en su juicio al afirmar que «pasada la emotividad de la guerra, habrá un voto racional», es decir, más propicio al Partido Popular. Todas las encuestas posteriores testimoniaron que apenas un 10 por ciento de los españoles estaba de acuerdo con la gestión del Gobierno en este asunto; en ciertos municipios andaluces se produjo alguna defección de concejales del PP. La protesta en la calle contribuyó a fomentar una cierta esquizofrenia, incluso deterioro de la legitimidad en una democracia que no merecía alabanzas precisamente por su calidad. El nivel de crispación se mantuvo durante meses y se sumó al que resultaba de la confrontación política habitual. Hubo actos de violencia y se cuestionó la posición del Rey en torno al conflicto, cuando, de hecho, no podía más que mantenerse en su papel constitucional.

Pasada la guerra, el Gobierno de José María Aznar mantuvo su posición entre decididamente comprometida con los Estados Unidos y levemente acompasada a la conciencia de la impopularidad de la intervención en Irak y la falta de consenso de la clase política en torno a ella. Por una parte, en julio, España envió 1.300 hombres a Irak, un número muy reducido en comparación con otros países centroamericanos o Polonia. La decisión se tomó sin ofrecer ninguna información a la opinión pública o al Parlamento. Aznar no modificó un ápice su actitud de «halcón avinagrado»: identificó a sus adversarios políticos con el aislamiento y la indiferencia ante el terrorismo, les reprochó que desearan el regreso de los militares españoles en ataúdes y no presentó ninguna protesta firme ante la muerte de un periodista español por fuego norteamericano. Omitió cualquier dato acerca de la procedencia de su información sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. A medida que avanzaba el tiempo, su dedicación a la política internacional era más absorbente y, paulatinamente, la opinión de sus compatriotas contaba menos en sus actos.

LAS ELECCIONES DEL 25-M: SABORES AGRIDULCES

Dadas las circunstancias, el Gobierno del Partido Popular tenía un justificado temor a lo que pudiera suceder en las áreas urbanas a la hora de una consulta electoral. Desde comienzos del año 2003, algunas encuestas concedían hasta seis puntos de ventaja al PSOE. La serie sucesiva de casos de mala gestión explica estos datos que, sin embargo, ofrecían peores perspectivas para la oposición que las que a primera vista pudieran suponerse. De acuerdo con una encuesta de La Vanguardia, a pocos días de la consulta electoral, la ventaja del PSOE sólo podía describirse como «ligera»: el 53 por ciento de los electores desaprobaba la gestión reciente de Aznar, pero el Gobierno aparecía mejor puntuado que el presidente y sólo un tercio de los votantes del PP creía que podía ser positivo que otro partido gobernara en España. (En el caso de los votantes de CiU, las cifras alcanzaban los dos tercios en el 2003). El Gobierno quedaba, pues, mejor parado que el presidente: éste parecía empeñado en rodearse de un halo entre mayestático y faraónico. Si uno de cada diez electores del PP y dos de cada diez jóvenes que le votaban afirmaban haber participado en las manifestaciones en contra de la guerra, en realidad, menos de un tercio de los ciudadanos reconocía haberlo hecho. No había duda, por otro lado, de que Zapatero no acababa de capitalizar el enorme rechazo social a la guerra.

En pura teoría, la consulta electoral afectaba sólo a la formación de ayuntamientos y de una parte de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas. Pero indefectiblemente el contexto político general debía influir en la decisión de los ciudadanos. En los comentarios de prensa pronto afloró la idea de que estas elecciones podían ser una especie de primarias respecto a las generales que se celebrarían en marzo de 2004. El Partido Popular insistió tímidamente en que no podían serlo, aunque más tarde aceptó el reto. Hizo bien, porque era hasta cierto punto inevitable. Incluso cabía pensar que los resultados podían ser determinantes a la hora de decidir la fórmula para la sucesión al frente del PP, del momento elegido para la misma e incluso de la persona. Si el Partido Popular mantenía su voto, tras una oleada de malas noticias, podía conceder absoluta libertad a Aznar; una derrota, por el contrario, de forma inevitable tendría como consecuencia la celebración de consultas y consejos en la decisión final; ello contribuiría, además, a presentar a un candidato más alejado de quien le había promovido. El carácter de las municipales entendidas como primarias de las generales no es insólito en la reciente historia electoral española: las de 1995 presagiaron —pero en exceso— la victoria electoral del PP en 1996. Las de 1979 y 1999 engañaron a muchos analistas: adelantándonos al examen de los resultados, cabe decir que las municipales de 2003 permitieron al PSOE, en la oposición, ampliar su cuota de poder político, como en 1979, pero las de 1999 le hicieron pensar que podía ganar y perdió de modo abrumador en las generales de 2000.

La campaña tuvo un efecto decisivo sobre los resultados y, aunque parezca una obviedad, esto no siempre sucede. La presencia electoral de Aznar fue pautada, basada en una extremada simplificación, intensa, y llevando siempre la iniciativa. No tuvo, sin embargo, muchas sorpresas. Como siempre, testimonió la capacidad del presidente para la «política de personal»: la promoción de Elvira Rodríguez, una técnica, supuso la sustitución de Jaume Matas. El ex ministro de Medio Ambiente se presentaba candidato a la Comunidad Balear y se mantuvo en su puesto ministerial por razones de estricta conveniencia electoral. Hubo, no obstante, quien le oyó comentar su orgullo por haber ocupado un puesto semejante al de Maura y vanagloriarse de haber adoptado decisiones históricas, como la participación en la guerra de Irak.

Pauta y «política de confrontación preventiva» con el adversario constituyeron, en efecto, los ejes de la campaña electoral del Partido Popular, con el sello característico de Aznar. La sucesión de propuestas acabó por referirse a las cuestiones más variadas, con independencia de que, habiendo estado tanto tiempo en el poder, fuera suya la responsabilidad de que no hubieran tenido lugar los cambios apropiados. Planteó todos los temas: los impuestos, el nacionalismo vasco, la inmigración, incluso la vivienda. Pero lo importante no fue tanto el listado de materias como el modo en que lo resumió. Para José María Aznar, las tres amenazas con las que se enfrentaba España eran el nacionalismo, el socialismo y el aislacionismo, a los que consideraba enemigo común. Si al final de la época socialista el partido del Gobierno había identificado al adversario con un dóberman, ahora Aznar presentó al PSOE como un pit bull. El «eje castizo del mal» era una «coalición radical» en la que Zapatero aparecía «encadenado a los comunistas». Con ese aire con que se suelen pronunciar aquellos a quienes el posterior desarrollo de los acontecimientos parece dar la razón, aseguró que el final de la guerra de Irak había dejado al adversario «en pelota». En la actividad desbordante que desarrolló —nada menos que 22 mítines en 14 días—, el presidente se mostró muy indiferente al deterioro de su propia imagen, al menos como hombre de Estado y de centro: ésa era su última campaña electoral y pareció especialmente interesado en ganarla, aun a riesgo de su imagen futura.

Zapatero tenía razón cuando, en sus respuestas, acusó al presidente del Gobierno de estar «instalado en la provocación permanente» y de «sembrar riesgos y crispación». Ahora bien, Aznar sólo pretendía movilizar a un electorado al que la presencia de la izquierda en la calle había atemorizado. Los simpatizantes del PP probablemente no habían estado de acuerdo con la política exterior, pero la guerra ya parecía lejana. Aznar logró su objetivo. Zapatero consiguió confirmar un estilo, pero no acabó de perfilar un programa viable y no dio con las personas adecuadas para llevarlo a cabo. Trató de los temas que más interesaban a la opinión pública —vivienda y seguridad— pero la campaña de la derecha fue más eficaz, a pesar de que sus contenidos fueran más que discutibles.

Los resultados demostraron que el ambiente político de los últimos meses había influido, pero en un grado y modo que no todos los analistas habían imaginado. La guerra de Irak tuvo un impacto, si no irrelevante, mucho menos acusado de lo que se auguró; al menos desde el punto de vista de la izquierda. El asunto del Prestige influyó en Galicia, pero no decisivamente ni con la misma intensidad en toda su geografía. El Plan Hidrológico Nacional, que había desaparecido del horizonte de lo inmediato, resultó más decisivo: quien tenía la previsión de recibir agua, mejoró su apoyo popular y quien no, lo empeoró.

Como cabía prever, se incrementó la participación pero no tanto como si el electorado hubiera percibido que se trataba de unas elecciones primarias propiamente dichas: subió tres puntos porcentuales, casi cuatro, con respecto a 1999; dos puntos y medio por debajo de las elecciones de 1995, que fueron las verdaderas elecciones municipales y autonómicas de cambio, y tres puntos menos que las últimas legislativas.

Los resultados de unas elecciones ofrecen pocos indicativos en términos políticos generales, en especial de cara al futuro. Hay que tener en cuenta que en cada ayuntamiento o comunidad existen factores que no se dan en otras latitudes. De ahí que, por una vez, aunque esa reacción suele ser habitual, tuviera cierta justificación que cada uno de los partidos se atribuyera la victoria. Respecto a las expectativas, el Partido Popular no obtuvo un mal resultado: Aznar lo consideró como una victoria personal y prosiguió la cascada de acusaciones contra cualquier adversario, cuando, en realidad, la responsabilidad de que tuviera dificultades adicionales para pactar después de conocidos los resultados radicaba en su propia política. El PSOE, dados los antecedentes, esperaba bastante más de lo que logró.

A lo sumo, los resultados electorales revelaron síntomas de un cambio de tendencia. EL PSOE obtuvo entre 100.000 y 200.000 votos más en el ámbito nacional (municipales), pero en las autonómicas —estaban en juego sólo algunas Comunidades— ganó el PP. Hasta qué punto quedaba abierto el resultado de las generales lo revela el hecho de que, en 1999, el PSOE ganó por 40.000 votos y Joaquín Almunia presagió un triunfo propio en las generales: perdió con una mayoría absoluta del PP. Pero tampoco el PP tenía ante sí un panorama brillante. Había cedido porcentaje de voto en ocho autonomías y creció sólo en cinco. Había sufrido también un desgaste muy considerable: respecto a la elección local anterior, se le habían esfumado dos millones de votos (o diez puntos porcentuales). Las dos conclusiones más claras que pueden deducirse de los resultados electorales parciales de 2003 son: en primer lugar, que resulta muy probable que el ciclo de mayoría absoluta de la derecha dure mucho menos que el de la izquierda y, en segundo término, que si el PSOE quiere llegar al poder, debería tratar de capturar el voto de centro. Hasta el momento, la desafección hacia el PP no ha supuesto un incremento de voto sustancial para el PSOE.

Es inevitable tener en cuenta, para profundizar algo más en los resultados de la consulta, la panorámica ofrecida por las diferentes Comunidades Autónomas. Aun así, resulta difícil extraer conclusiones en términos generales, incluso al preguntarse si se produjo un significativo crecimiento en el sufragio nacionalista. En Cataluña, la continuidad a la baja de los socialistas puede explicarse por el convencimiento de su victoria en ciudades como Barcelona; y el crecimiento de Esquerra Republicana responde más al desgaste de CiU que a una presunta desaparición del bipartidismo, como sugirió el partido nacionalista de izquierda. En Galicia, el Partido Popular perdió proporcionalmente casi cuatro veces más votos que en el conjunto de España. La oposición logró la Diputación de A Coruña, pero los resultados estuvieron muy lejanos de lo que hubiera podido pensarse tras la protesta por lo sucedido con el Prestige. Hasta cierto punto, el voto gallego estaba «enladrillado», es decir, permanecía prácticamente inalterable, con escasas posibilidades de transferencia entre las diversas formaciones. En el País Vasco, donde 225 listas municipales fueron desechadas por proetarras, un tercio del voto de Batasuna se sumó a la coalición nacionalista PNV-EA, que de esta manera obtenía rendimientos de su actitud condenatoria de la ilegalización. Las aparentes dudas de ETA, que emitió dos notas seguidas tan confusas como es habitual, pudo contribuir a ello. La contrapartida fue que, por vez primera, el voto nacionalista no era mayoritario en Vizcaya y, por supuesto, estaba muy lejos de serlo en Álava. El crecimiento de los socialistas sugirió al PSE la posibilidad de hacerse con la Diputación alavesa, aunque la pretensión no duró mucho.

En definitiva, los resultados electorales obedecieron a la tradición histórica y al desgaste de quien estaba en el poder, pero también a la posible desunión del adversario. En Baleares, con sólo 20.000 votos y una diferencia del 0,5 por ciento del sufragio, la derecha recuperó una Comunidad que tradicionalmente había sido suya. La solidez de la implantación del PP en la Comunidad Valenciana puede explicarse por el espectáculo de la división del adversario. En Asturias, el desgaste del poder y la ausencia de unidad en la derecha facilitaron el triunfo de los socialistas. Cantabria, feudo tradicional de la derecha, es un ejemplo de cómo la propia intemperancia de la dirección del PP impidió un pacto con los regionalistas.

En general, el partido del Gobierno denunció una y otra vez que la colaboración de socialistas e IU era una traición, cuando era una evidencia que esa alianza se iba a producir y se había hecho explícita incluso antes de la campaña. Especialmente indignada fue la reacción del PP ante la colaboración de socialistas y grupos nacionalistas en algunos pueblos de Navarra; en realidad, tal reacción tenía su origen en la diferencia de posiciones en materias culturales y lingüísticas. La mayoría de los conflictos se produjeron en municipios de la zona fronteriza con el País Vasco.

En cuanto a las capitales, cabe recordar de nuevo que los resultados en muchas de ellas obedecieron a razones estrictamente locales, como el prestigio del candidato, por ejemplo. Iñaki Azkuna, en Bilbao, pudo mantener la alcaldía nacionalista; el margen de Francisco Vázquez en A Coruña se redujo, por su actitud en torno al desastre ecológico. La victoria más espectacular le correspondió a Alberto Ruiz-Gallardón, en Madrid, donde consiguió 140.000 votos más que el candidato precedente en las municipales anteriores y 40.000 más que la candidata a la Comunidad.

UNA DEMOCRACIA BAJO NIVELES MÍNIMOS DE CALIDAD

En la primera legislatura del Partido Popular ni siquiera se proyectó un programa de regeneración política. Durante la segunda, tan sólo se dieron timidísimos intentos en septiembre del año 2000: fueron tanteos para la aprobación de un nuevo reglamento del Congreso o sondeos acerca de una posible Ley de Financiación de Partidos. Pero todo se olvidó pronto.

Al final de esta etapa, una de las acusaciones más frecuentes del PSOE contra el Gobierno se refería a la debilidad democrática: «Con Aznar no hay impulso democrático», afirmaba Zapatero. Era cierto, pero el Gobierno no era el único culpable: gran parte de la responsabilidad le correspondía a la oposición.

A finales del verano de 2003 era patente que el nivel de la democracia española no pasaba de deficiente. Los protagonistas de la transición observaban el hecho como un triste final de sus desvelos. En tres puntos concretos abordaremos esta cuestión. Los casos de corrupción, el abuso del poder político, en especial en los medios de comunicación, y la vergüenza final que padecimos en el verano de 2003 tras las elecciones municipales y autonómicas son sólo tres síntomas de la precariedad democrática española.

No es necesaria una descripción minuciosa del caso Gescartera: es asunto suficientemente conocido y reciente. Vaya por delante que las conclusiones definitivas tendrá que sacarlas en su momento la autoridad judicial. En esencia, sin embargo, cabe decir que se trató, en primer lugar, de un patente caso de mal funcionamiento de uno de los organismos reguladores del mercado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Probablemente necesitó más medios y de mayor calidad para afrontar tan turbio asunto. Éste se convirtió finalmente en un caso de corrupción: era el testimonio de un estado lamentable de la calidad de la democracia, especialmente porque mostró la peculiar interconexión entre los intereses públicos y los privados. Gescartera funcionaba con ejecutivos muy bien relacionados para captar inversiones; parte de ellos procedían de la propia CNMV, de manera que habían pasado de reguladores a regulados en un mínimo espacio de tiempo. De ahí que la empresa lograra captar fondos de varias instituciones públicas, incluidos el Ministerio de Defensa y la Guardia Civil. Sus orígenes también le permitieron llevar a cabo una transformación inconcebible: de gestora de patrimonios a agencia de valores. Este cambio se produjo, además, en un momento en que sus máximos directivos recibían penalizaciones por faltas muy graves, aunque no siempre las sanciones fueron públicas.

Pero, siendo todo esto muy grave e indudable testimonio de lo arraigado de la cultura del favor, todavía hubo algo peor. Cuando Gescartera entró en crisis y fue imposible pagar a los clientes antiguos con el dinero de los recientes, se arbitró una salida: el procedimiento consistía en ingresar nuevos fondos procedentes de la ONCE, lo cual era una nueva expresión de la cultura del favor; la solución del problema también pasaba por la dimisión de los antiguos gestores, que serían sustituidos por la hermana del secretario de Estado de Hacienda. El ápice del despropósito se alcanzó, sin duda, cuando quedaron de manifiesto —gracias al dietario de la nueva presidenta de Gescartera— los repetidos apoyos recibidos de su hermano y de la presidenta de la CNMV. Esta última tuvo que dimitir poco tiempo después de que el vicepresidente económico hiciera una gran alabanza de su persona. Un antiguo vicepresidente de la CNMV, y diputado del PP, Luis Ramallo, se había convertido en notario de Gescartera. Por si todo ello fuera poco, casi inmediatamente se planteó un problema de compatibilidad entre los intereses personales de Rodrigo Rato y la Vicepresidencia económica del Gobierno. El vicepresidente debería haberse mantenido en la «mera administración del patrimonio personal o familiar», pero recibió numerosos créditos bancarios, uno de ellos proporcionado por un banco estrechamente relacionado con Gescartera. En fin, cuando en el otoño de 2001 se formó una comisión parlamentaria de investigación, los comparecientes gubernamentales llevaron a cabo su intervención en unas condiciones diferentes al resto de las personas llamadas a declarar. También es cierto que el Partido Popular hubiera podido impedir la constitución de tal comisión.

El panorama, así dibujado, revela un nivel muy limitado de exigencia en la ética pública. Ahora, las responsabilidades políticas que el PP exigió en la oposición podían demandarse al partido conservador, y de nada servía que Aznar afirmara que «somos incompatibles con la corrupción». Esa frase, además, denotaba falta de sensibilidad ante la cuestión de los límites entre intereses públicos y privados. Se planteó la responsabilidad «in vigilando»: un ministro o un vicepresidente difícilmente puede escabullirse cuando alguien tan cercano como un secretario de Estado incurre en actuaciones no ya sólo irregulares, sino presuntamente delictivas. Pero en este caso no se tomó en consideración la posible responsabilidad política de Montoro o Rato, cuando no cabe la menor duda de que si se hubiera producido un suceso semejante al final de la época socialista, las dimisiones —o ceses— sí se habrían producido. La mayoría absoluta e incluso el hecho de que el escándalo político estallara al comienzo de la legislatura contribuyen a explicar la falta de asunción de responsabilidades. El Partido Popular se autoexculpó de cualquier responsabilidad política, por más que lo acontecido mermara las posibilidades de Rato de cara a la sucesión.

La mayoría absoluta proporcionaba estos beneficios. Del mismo modo que permitía al presidente responder o no ante los avatares de la guerra de Irak. Pero, sobre todo, facilitó el uso de resortes que deberían estar vedados. La Fiscalía General del Estado no sólo actuó con absoluto desenfado a la hora de los nombramientos o se desentendió ante denuncias que habían adquirido relevancia pública, sino que se permitió incluso críticas a su propia organización. Este caso fue especialmente lamentable, porque la Fiscalía General del Estado no tiene competencias para emitir juicios acerca de materias que corresponden al legislativo.

La política gubernamental respecto a los medios públicos de comunicación prosiguió en idénticos términos que en el pasado, pero descubrió también sus limitaciones. RTVE fue adscrita a la SEPI, entidad heredera del INI, y se mantuvo la fórmula de subvención encubierta. Su sectarismo llegó a ser tan desvergonzado que consiguió lo que hasta el momento había parecido imposible: una condena de la Audiencia Nacional a RTVE por su actuación durante la huelga general. La noticia se hizo pública al mismo tiempo que la BBC británica daba cuenta de su capacidad para enfrentarse a la intromisión gubernamental. El relevo al frente de RTVE, durante el verano de 2002, fue merecidamente calificado de «impresentable»: se parecía bastante a un préstamo de un directivo de una empresa de Telefónica que lo cedía al ente público. La arbitrariedad en el caso de concesión de licencias televisivas llegó a la pura desvergüenza y se llegó a utilizar la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos para modificar el régimen jurídico de la televisión privada.

Pero también se descubrió hasta qué punto la manipulación de la opinión a través de grupos mediáticos conectados con empresas privatizadas y presidentes nombrados por amistad política tenía sus límites. Hubo un momento en que Telefónica daba la sensación de no poder controlar sus propios medios: una parte de los alineados en el frente periodístico del Gobierno estaba dispuesta a asumir una política propia y autónoma. Al final, Telefónica impuso sus intereses económicos. Se desprendió de sus responsabilidades directas en medios de comunicación, aunque lo hizo de un modo que los riesgos políticos para el Gobierno eran mínimos, teniendo en cuenta la personalidad del adquirente de sus medios radiofónicos y televisivos.

En la fusión de las dos plataformas digitales hubo también intervención del Gobierno y una voluntad de salvar la cuenta de resultados de la primera empresa española. Mientras tanto, en los medios informativos más cercanos al Gobierno, se producían situaciones que distaban mucho de la normalidad en las relaciones entre medios y Gobierno en un sistema democrático. No faltó quien acusara de deslealtad a cualquiera que mantuviera una posición crítica con el Gobierno, pero ello era comprensible: estaba financiado indirectamente desde el poder. También se manifestó una relación sadomasoquista, por denominarla de algún modo, entre el poder y el mundo informativo. Ninguno de estos casos responde a la sana normalidad de las relaciones propias de medios y gobiernos. En fin, a la altura de 2003, el mundo de la comunicación parecía no haber restañado las heridas producidas durante la etapa de gobierno socialista.

El definitivo testimonio de la bajísima calidad de la democracia española lo revela lo sucedido tras las elecciones de 2003 en dos puntos de la geografía peninsular: Madrid y Marbella. No será necesaria una narración pormenorizada, porque permanece en la memoria de todos. Sí conviene, en cambio, recordar algunos rasgos fundamentales.

En Madrid hubo un caso de transfuguismo de dos diputados socialistas: lo verdaderamente nuevo fue que se produjo incluso antes de que hubieran tomado posesión de su acta de diputados. En otras ocasiones, el cambio en la adscripción se había producido mediada la legislatura o al final de la misma. Ahora, en un caso tan flagrante de desfachatez personal y de desprecio al voto de los ciudadanos, se hacía necesario, recomendable e incluso posible algún tipo de consenso entre los partidos políticos. Puesto que nadie pudo tomar en serio, en ningún momento, que aquel acto estuviera basado en una discrepancia ideológica, el acuerdo parecía una solución factible. Tamayo no pudo probar que se hubiera opuesto realmente a ninguna toma de posición política del Partido; era obvio, además, que sólo en alianza con IU los socialistas habrían podido ejercer el poder en la Comunidad de Madrid.

Si los «tránsfugas sobrevenidos» no merecen mayor atención —aunque sus motivos finales permanezcan en una sórdida nebulosa—, los dos principales partidos actuaron de una forma por completo errada. Coincidieron en despellejar al adversario recurriendo a los procedimientos más dudosos, como hacer insinuaciones acerca de sus bienes, sin llegar a acusaciones concretas, y empleando un lenguaje inquisitorial. En ningún momento hubo la posibilidad de llegar a un acuerdo, ni siquiera para evitar la repetición de un escándalo semejante en el futuro. Los electores observaban el espectáculo con mirada atónita.

En el Partido Socialista, repentinamente, se descubrió que la organización madrileña consistía en una agrupación de clanes: da la sensación de que todos lo sabían, pero sólo lo manifestaron en declaraciones posteriores. Un ex presidente de la Comunidad y un subdirector del gabinete de Presidencia con Felipe González así lo manifestaron. Aparte de expulsar a los tránsfugas ilegalmente y de pedir perdón, el Partido no tomó ninguna decisión depuradora seria. Pero, además, entre la sorpresa y el desconcierto, equivocó repetidamente el rumbo: si se había podido acusar al Gobierno del Partido Popular de incapacidad de acción ante las crisis, ahora el Partido Socialista demostró con creces idéntico defecto. Se perdió en minucias, como acusar de incompatibilidad a Ruiz-Gallardón, llevó ante los tribunales a los dos diputados y les imputó un delito de «cohecho continuado», pero no pudo presentar pruebas y los tribunales rechazaron su querella; a partir de ese momento, el Partido se vio obligado a emplear un lenguaje cada vez más agresivo. Según su interpretación, se había querido cambiar el resultado de las urnas, en teoría porque pensaban llevar a cabo una modificación de la política urbanística. Pero faltaban las pruebas y la vehemente ofensiva contra el adversario se extendió a acusaciones de «violación», de querer convertir a la capital en un «cortijo», de «golpe de Estado» o las alusiones a las fortunas personales de los dirigentes políticos contrarios. Este tipo de declaraciones sirven para reconocer el grado de irritación pero también de desconcierto de los socialistas. Incluso es dudoso que hicieran bien prolongando la discusión pública en una sesión de investidura que sólo podía resultar fallida; y lo mismo puede decirse de una comisión de investigación que probablemente les proporcionó más perjuicios que beneficios. Por si todo ello fuera poco, la ex ministra Cristina Alberdi denunció públicamente muchos de los errores cometidos, pero también exageró en sus propias denuncias: llegó a asumir la supuesta radicalización del PSOE, imperceptible para la mayoría.

Pero los errores del PP fueron también voluminosos y desvergonzados. Quizá tuvo la tentación de aprovechar lo sucedido asumiendo la Presidencia de la Comunidad de Madrid y no lo hizo, pero lo que es seguro es que se aprovechó de lo ocurrido para mejorar su posición frente al adversario. No condenó la actuación de los tránsfugas, sino que les concedió facilidades; se benefició, en primer lugar, de su ausencia para lograr la Presidencia de la Asamblea. A cada momento hizo valer una mayoría que no habían votado los ciudadanos. Es muy difícil aceptar que las ochenta llamadas cruzadas entre uno de los tránsfugas y dos afiliados del PP muy bien relacionados no tuvieran nada que ver con la operación política. Pero la dirección de este partido —la más alta, porque Aznar mismo fue consultado— entendió que lo esencial era la violación del secreto de las telecomunicaciones y que la prensa había actuado casi delictivamente al dar cuenta de esas conversaciones.

Con todo, lo más grave era la absoluta carencia de un nivel mínimo de comportamiento ejemplar en la clase política, al margen de la existencia de indicios que acaso pudieran ser objeto de actuación judicial. De acuerdo con lo revelado en las larguísimas sesiones de la comisión parlamentaria de investigación, en sesiones tan ácidas como soporíferas, era perfectamente normal que un secretario general de un partido recibiera a un constructor para firmar un pacto político en determinada población, y que ese mismo personaje cobrara de una serie de sociedades en teoría ajenas a la política y, además, de otro que era quien pagaba su seguridad social vinculada a intereses inmobiliarios. En general, en la política madrileña hay demasiadas personas vinculadas o conectadas al mundo de la construcción en la izquierda y en la derecha, pero, sobre todo, en esta última.

Poquísimos ejemplos de comportamiento digno se dieron en estas circunstancias. Ruiz-Gallardón abandonó el pleno de la Asamblea de Madrid cuando intervinieron los tránsfugas y cesó a un cargo que mintió a la prensa; alguna ironía de Luis Suárez, el representante de IU en la comisión de investigación, también merecería alabanzas. En casi todos los casos, los parlamentarios madrileños emplearon un lenguaje de extremada dureza contra el adversario, pero también un nivel de argumentación muy elemental. Tras días y días de comisión de investigación, ni siquiera fue posible votar unas conclusiones por mayoría, porque los tránsfugas no votaron la propuesta del PP.

La clave de lo sucedido quizá esté en otro lugar: después de toda esa exhibición de tensión, se votaron sin problemas y por unanimidad los nombres de los representantes de la Asamblea que actuarían como consejeros de Caja Madrid. Uno de ellos fue Ricardo Romero de Tejada, el secretario general del PP madrileño, acusado por sus adversarios de ser el «capo» (sic) de una trama político-inmobiliaria de la que dependía el urbanismo madrileño. Los políticos de la Comunidad estaban dispuestos a luchar entre sí a dentelladas, pero sólo hasta el momento de repartirse los puestos mejor remunerados. Así es una clase política de la que cabe decir, ya con pocas dudas, que está muy por debajo de la calidad de la sociedad española.

El transfuguismo afecta al corazón de la vida política democrática porque, en definitiva, ataca la certeza de que la decisión adoptada por el cuerpo electoral no será violada por los mismos responsables de hacerla efectiva en las instituciones del Estado. Resulta inaceptable que se considere como un incidente más de la vida política que puede solucionarse mediante una petición de perdón o que se puede emplear contra el adversario. Hay muchos remedios contra el transfuguismo, sin necesidad de enfrentarse a la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a la inexistencia del mandato imperativo. Todas las soluciones se basan en la necesidad —cada vez más patente— de controlar más y mejor a la clase política. Por supuesto, no es preciso inventar nada: la revocación, la declaración de indignidad por mayoría cualificada, la no adscripción a grupo alguno, la suspensión de emolumentos, la declaración pública de bienes, etcétera, existen en otras latitudes y también en España. Como es natural, los afectados por el transfuguismo han recordado ahora todos estos recursos, pero ni siquiera se plantearon poner en marcha estas medidas en el pasado.

Pero lo más obvio es la existencia de códigos de conducta personales y colectivos. La democracia británica ha demostrado, en una cuestión tan difícil como la información del gobierno acerca del peligro que representaba Sadam Hussein, que es capaz de arbitrar un procedimiento rápido para conocer la verdad de los hechos, nombrar por consenso a una persona capaz de juzgar con imparcialidad y medir las responsabilidades personales, éticas y no penales, de políticos y burócratas. En Madrid todo ha quedado en un confuso cruce de acusaciones de latrocinio de las que ni siquiera puede decirse que hayan quedado desmentidas.

El caso de Marbella apenas si merece un párrafo. Como en el de Madrid, mide el volumen que puede alcanzar el odio en el seno de una clase política que vive en una campana neumática y, en el fondo, se considera irresponsable ante los ciudadanos, sin necesidad de ocultar sus intereses materiales. La ciudad vacacional casi había triplicado la urbanización durante la gestión de Jesús Gil, en una manifiesta alegalidad urbanística que nadie —ni los propios ciudadanos marbellíes ni la Comunidad Autónoma de Andalucía— quisieron o pudieron evitar. A lo largo del mes de agosto se produjo la confrontación entre las dos facciones de la antigua tribu dominante, sin que dejaran de mediar todo tipo de insultos, la mayor parte de ellos referidos a previos abusos en la gestión. En realidad, aquella fue siempre una lucha de Gil contra Gil: ambas facciones también pugnaban en cuanto a cuestiones pendientes con la Justicia. La moción de censura de un grupo contra otro fue la peor de todas las fórmulas imaginables para que Marbella saliera de la situación, porque sólo quienes estaban o habían estado al lado de Gil tenían la fuerza política suficiente para acceder al poder. Pero lo peor es que se demostró que no había alternativa: la mayor parte de los concejales del PSOE y la totalidad del PA se alinearon con una de las facciones gilistas para desbancar a la otra. Parecía un retorno al final del siglo XIX, cuando tantos escritores describieron la política como «cabileña», sólo movida por intereses materiales y personalistas. Tras el relevo en la alcaldía, la cuestión de Marbella permaneció en suspenso a la espera de comprobar si los nuevos usufructuarios del poder se decidían a encauzar el urbanismo hacia la legalidad.

La polémica de Madrid había revelado un nivel ínfimo en los políticos y una ausencia de criterios éticos que son habituales en cualquier otra parcela de la sociedad española; pero en Marbella se tocó fondo. Curiosamente, la Fiscalía, que había optado por evitar cualquier intervención en la política madrileña, se hizo presente en este otro caso, aunque bien es verdad que durante poco tiempo.

En fin, la democracia española había mostrado sus carencias y su mal funcionamiento. Poder judicial y Fiscalía parecían obedecer a intereses gubernamentales; pero, además, había sectores en ellos que eran acusados —cabría decir «abroncados»— por su supuesta o real adscripción. La prensa proporcionó la escasa información nueva que pudo aportarse a partir del estallido de ambos escándalos. Pero ni pudo ofrecerla completa ni tampoco pudo actuar imparcial y autónomamente, como le correspondía, sino que se alineó con el bando que le resultaba más afín.

La confrontación madrileña, en fin, resucitó el peor de los espectros del pasado: la Guerra Civil. La espiral del ataque al adversario se sabe dónde se empieza pero no cómo acaba: un diputado del Partido Popular arrojó a la cara del adversario socialista los asesinatos en la retaguardia madrileña y un presidente de Comunidad Autónoma rememoró el «no pasarán» de los combatientes del Frente Popular ante Franco. En noviembre de 2002, por fin, tras innumerables intentos fallidos, el Parlamento español había llegado a una unánime declaración sobre la Guerra Civil con objeto de alejarla de la controversia política diaria. Pero no parecía haber servido de nada.

Sin embargo, no se puede responsabilizar exclusivamente a los profesionales de la política. Si se analiza la reacción de la opinión pública ante la crisis madrileña y marbellí, se reconocerá que estuvo compuesta por dos elementos contradictorios: el estupor y también un cierto regocijo ante el espectáculo. Lo primero era la reacción lógica y previsible; lo segundo sólo demuestra una cierta sensación de indiferencia e impotencia ante la forma de actuar de la clase política, a quien se da por imposible en su conjunto y de la que no se espera redención, sino espectáculo esperpéntico. Con este punto de partida, sólo cabe esperar que lo ocurrido se repita en adelante.

LA RECTA FINAL: ¿DOS ESPAÑAS... OTRA VEZ?

El bajo nivel de calidad de una democracia perjudica a todos los ciudadanos, pero una demostración concreta de la precariedad del sistema puede volverse en contra, principalmente, de un partido.

El último debate sobre el Estado de la Nación en el que participó José María Aznar (julio de 2003) ofreció un resultado muy distinto de los anteriores: el 52 por ciento de los encuestados por el CIS afirmó que Aznar ganó el debate y sólo el 15 por ciento atribuyó a Zapatero la victoria. El desconcierto de este último, la virtual indiferencia de Aznar por su propio futuro personal y el clima de crispación contribuyeron a ese resultado. La tendencia de los últimos meses, por tanto, sufría una variación.

La organización territorial del Estado, impregnada en todo por la «cuestión vasca», seguía siendo la cuestión central del debate político. Gran parte de los medios de comunicación consideraron esta cuestión no ya principal sino incluso la única que merecía atención, de modo que, en parte, la centralidad del asunto dependía de la importancia que le concedían los medios. Este hecho podría considerarse parte de una «campaña», pero lo que verdaderamente revela es la angustia por la propia identidad y hasta qué punto esa cuestión puede ser determinante en el seno de una comunidad. Las más altas autoridades —las que debían actuar con mayor discreción— también entraron al debate. En enero de 2003, el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, hizo unas declaraciones despreciativas respecto a las llamadas «comunidades históricas», acaso sin recordar que su existencia está implícita en la distinción constitucional entre nacionalidades y regiones. En septiembre, con ocasión de la apertura del año judicial, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial también se refirió, en términos negativos, al intento de modificar la Constitución, interviniendo en una cuestión que debería quedar exclusivamente al arbitrio de los partidos políticos.

No han sido éstas las únicas pruebas de comportamiento inapropiado o de incontinencia verbal por parte de una autoridad del Estado. Los grupos políticos avanzaron mucho más en esta espiral, planteando el futuro horizonte electoral como una confrontación agónica sobre la concepción de España.

Probablemente la opinión de los españoles tiene más matices de los que cabría imaginar. Piénsese en el caso más complejo: el País Vasco. El último «euskobarómetro» revela que dos de cada tres vascos están en contra de la ilegalización de Batasuna: no porque eso sea una medida antiterrorista, sino porque es una medida «antidemocrática». Sienten un malestar político grave y tres de cada cuatro vascos piensan que la gestión de Aznar está siendo muy negativa para el País Vasco. El 70 por ciento de los ciudadanos de Euskadi está satisfecho con el Estatuto, pero el 48 por ciento considera que hay que superarlo. Sobre el Plan Ibarretxe, la mayoría se considera desinformada y casi la mitad concluye que producirá inestabilidad; pero sólo el 30 por ciento afirma apoyar la Constitución vigente. Estos porcentajes revelan tres sentimientos o percepciones de la realidad: malestar, desconcierto y posibilidad de acuerdo a medio plazo.

Pero el horizonte aparece entenebrecido por la interpretación y la actuación de las fuerzas políticas. Desde la primavera última se ha hecho cada vez más patente que el Partido Popular pretende «cerrar» el Estado de las Autonomías, sin modificación pero también sin ampliación competencial. También es patente una voluntad de regreso a la homogeneización, últimamente expresada en relación con la enseñanza del castellano. Sobre todo, los dirigentes han seguido con la espiral de acusaciones contra el nacionalismo vasco. Ya se ha convertido en habitual la identificación entre el Plan Ibarretxe y el golpe del 23-F. Mayor Oreja ha descrito al PNV con «un movimiento nacionalista no democrático» e insinúa que se dan las condiciones para la suspensión del Estatuto. No se reconoce en absoluto la labor que las instituciones autónomas vascas realizan en contra del terrorismo.

Todo ello sucede porque muy a menudo los nacionalistas dan todo tipo de motivos para la irritación. Por supuesto, también ellos tienen motivos para sentirla: el cierre del periódico Egunkaria, el único en euskera, se ejecutó en febrero de 2003, con indicios incriminatorios que llegaban con diez años de retraso; además, en un caso anterior y parecido, otra publicación no había recibido, por el momento, tratamiento judicial definitivo. Decenas de miles de personas se manifestaron en San Sebastián en contra del cierre del periódico.

Al mismo tiempo, la mayoría gobernante en el Parlamento vasco se ha negado a disolver el grupo de Batasuna y ha aportado argumentos legales. El enfrentamiento se ha prolongado durante meses y se ha complicado con otras cuestiones, como el recurso por parte del Gobierno vasco ante el Tribunal de Estrasburgo contra la Ley de Partidos. De hecho, en otros aspectos, el Gobierno vasco la está aplicando, pero acompañada con constantes guiños a quienes en la izquierda abertzale estarían dispuestos a abandonar la violencia. Una de esas tentaciones es el propio Plan Ibarretxe, cuya inviabilidad parece evidente, pero que puede tener un efecto succionador de votos del entorno radical.

El enfrentamiento entre el PP y PNV-EA posiblemente haya contribuido a disminuir la centralidad política del mundo nacionalista radical o violento. Sucede, sin embargo, que se convierte también en un perpetuo ejercicio de acrobacia en el filo de la navaja, sin que el efecto final pueda determinarse con seguridad. La propuesta del PSOE acerca de la España plural es bienintencionada y obedece a criterios objetivos de funcionalidad, pero ni satisface a los nacionalistas, vascos o catalanes, ni quizá en su concreción —modificación del Estatuto catalán— reúne la unanimidad suficiente en el propio Partido Socialista. En estas condiciones, desarrollar una campaña electoral centrada en una agónica y simplificadora confrontación entre dos versiones de España es correr un evidente peligro. Probablemente sería mucho más útil conceder más importancia a la mejora de nuestras instituciones democráticas.

CAPÍTULO IV

Balance y mirada al futuro

Los últimos meses de la Presidencia de Aznar constituyen buen ejemplo de un síndrome que en la política norteamericana se conoce como «el pato cojo». Esta «afección» la padecen aquellos candidatos que están al final de su período de mandato legal y no pueden volver a presentarse; a veces toman decisiones trascendentales o hacen nombramientos muy descabellados y la opinión pública no se irrita en exceso. Ocurre así porque prensa, opinión, adversarios y miembros del propio partido saben que el final de esa política en cuestión está cercano.

En el caso de Aznar, este síndrome ha tenido, además, una vertiente especialmente peligrosa: la irresponsabilidad. Una vez tomada la decisión de no presentarse para un tercer mandato —que más adelante se valorará—, actuó como si una resolución personal le autorizara a no responder ante la opinión pública o el Parlamento. Se embebió en el juguete «ombliguista» de la política exterior, clásico de los presidentes que concluyen una etapa en el poder. Si Suárez hablaba del «cuello de botella del estrecho de Ormuz», José María Aznar reservó para sí un protagonismo exterior, intercontinental más que europeo; una buena parte de su tiempo la dedicó a pretender un papel que no se correspondía con su peso político ni con el del país que representaba. Acentuó una característica de su estilo: si su tono había sido siempre desabrido, a menudo desagradable y en ocasiones incluso intolerable, ahora, de puro desmesurado, bordeó lo ridículo. Konrad Adenauer se retiró sin haber sido derrotado en unas elecciones y pudo decir que lo hacía «con serenidad y sin resquemor»; Aznar nunca hubiera podido emplear estas palabras. Tras tener las famosas tres «pes» («paciencia, prudencia y perseverancia») como divisa, ahora las arrojó por la borda con una apariencia de frialdad y desprecio ante la opinión.

No obstante, Aznar permaneció fiel a su condición de político profesional de partido y consiguió llevar a cabo el proceso de sucesión con gran habilidad: en ello consiguió brillar en un terreno que no han frecuentado los políticos españoles de la democracia, en especial los de derechas. Las sucesiones en la dirección de la política de un partido se convierten en momentos graves y no se suelen resolver con facilidad. Al menos, ése ha sido el caso de España desde 1977. Leopoldo Calvo Sotelo ha dejado escrito que, al abandonar la dirección del centrismo, Suárez lo había dejado difícil para sí mismo e imposible para los demás. Todavía hay quien duda si la sucesión en la dirección socialista habrá sido la correcta y estará consolidada, por más que resulte excesiva la supuesta omnipresencia atribuida a Felipe González. El hecho es que Aznar supo hacer la transición hacia otro liderazgo de un modo muy profesional y además logró teñirla de una aparente e insólita grandeza.

Resulta imposible conocer las razones por las que decidió no presentarse una tercera vez. Muy a menudo, los políticos acaban siendo víctimas de las frases que pronuncian, y éste podría ser el caso. A partir de un determinado momento, la decisión debió de consolidarse. Con ello pudo complicarse gravemente su propia trayectoria política como presidente, pero el hecho es que no sucedió así.

Lo de menos, a estas alturas, es que el procedimiento de proclamación y aclamación viniera a ser algo así como una elección a dos vueltas, en la primera de las cuales votaba tan sólo Aznar y en la segunda, él mismo y todos los españoles. Todas las encuestas sugieren que los propios afiliados al PP prefieren las primarias. La propia sucesión de Fraga a Aznar fue decidida desde arriba, y Rato se convirtió en dirigente del Partido por decisión de quien lo fundó. El hecho es que, habiendo creado y consolidado un instrumento eficaz de gobierno, Aznar no quiso repetir la experiencia de la larga agonía de Alianza Popular en la segunda mitad de los ochenta —en la que él mismo había sido un perdedor inicial—. En el momento de proceder a la selección de un sucesor hizo gala de esas habilidades y característicos rasgos personales que pueden parecer minúsculos e incluso mezquinos pero en los que ha demostrado estar muy por encima de la media. Su autocomplacencia en el control del partido y de sí mismo en la expresión de pareceres o de sentimientos llegó al ápice. Algo parecido cabe decir de su ejercicio de desconfianza crónica ante todo y ante todos. En un momento de la crisis de Gescartera había dicho que «yo no me fío nada más que de mí mismo» —expresión que podía dejar malparado a Rato— y ahora, con la nueva designación, hubiera podido repetir la frase. Brilló también en la percepción del momento político y en la rapidez en la ejecución: podría haber dilatado hasta fin de año su decisión si sólo hubiese existido la campaña catalana, pero la repetición de las elecciones a la Asamblea de Madrid le obligó a apresurar los pasos.

Finalmente, incluso el peor de los adversarios de Aznar debe admitir que la decisión de no presentarse a una tercera elección encierra una grandeza o magnanimidad que en él ha sido tan desgraciadamente infrecuente. La virtud del estadista aparece en Aznar en el momento en que indultó al adversario político condenado por tribunales en un Estado de Derecho, en la firmeza en más de algún aspecto de la política económica y en la renuncia a presentarse por tercera vez, cuando ello era perfectamente posible. En esta opción testimonia haber pensado, sobre todo, en su propio partido cuya concepción comparten muchos millones de españoles. Y esa referencia a lo colectivo merece alabanza, entre otros motivos, porque de algún modo se refiere también al conjunto de los españoles a quienes señala un ejemplo.

Pero, además, probablemente acertó cuando eligió. Rato era el número dos en 1996, pero también el único dirigente que, en ocasiones, se enfrentaba a Aznar. De él discrepó, además, en materia de política de medios de comunicación, guerra de Irak y el desastre del Prestige, por ejemplo. Siempre fue, por otro lado, demasiado patente su ambición. Mariano Rajoy no ha sido un colaborador «íntimo» de su equipo, sino, más bien, un externo, pero, desde que a comienzos de los noventa se incorporó al equipo directivo del Partido Popular, el nuevo líder dio muestras de que era capaz de resolver problemas bien de política intrapartidista —asuntos Naseiro y Canyellas— o bien de gestión política —en los sucesivos ministerios en los que en ocasiones ha remediado una gestión deficiente, como en Educación, o ha cubierto un hueco nada fácil, en Interior—. Político hipotenso, irónico, a veces de tono más presidencial que el propio Aznar, Rajoy parece heredero no tanto de Manuel Fraga como de Pío Cabanillas, a quien pertenece la divisa «De frente, nunca». Quién sabe si, oscuramente, Aznar no habrá intuido que, dadas las previsibles circunstancias a partir del año 2004 y un rechazo que no puede ignorar en buena parte de los españoles acerca de su propia persona, no sería mejor postular una especie de contrafigura de sí mismo, al margen de sus méritos objetivos.

Cualquier político, como un actor en un monólogo teatral, empieza verdaderamente a mostrar sus capacidades cuando ocupa la primera línea del escenario. Las de Rajoy son las de un segundo, tal y como se aprecian en el momento presente, no de un primero. Pero también es cierto que el hecho de reunir estas capacidades resulta positivo. Y también es atractivo que este candidato pueda ser más hábil que otros miembros del Partido Popular para rectificar los errores que ha cometido el Gobierno, especialmente durante los últimos cuatro años.

José María Maravall ha dedicado una frase a la etapa de gobierno socialista que me parece muy acertada. En su opinión, durante ese período fracasó «la política», mientras que «las políticas» habrían logrado un triunfo. Con «la política» se refiere, fundamentalmente, a la relación entre el Gobierno y el partido. De hecho, a lo largo de los años de gobierno socialista, hubo una perpetua tensión entre ambos, hasta el punto de hacerse imposible comprender cómo pudieron convivir. Pero en «las políticas» que giraban en torno a la creación de un Estado de bienestar, al incremento del gasto social y a crear un Estado de las Autonomías, el PSOE mantuvo su vinculación con una porción considerable de la sociedad y supo responder a sus inquietudes y deseos. En este campo dejó una herencia que, en la práctica, todos aceptan.

Podemos intentar aplicar ese doble enfoque al caso del Partido Popular: constataremos que, en primer lugar, «la política» se ha resuelto especialmente bien. Nunca ha tenido la derecha española un instrumento tan perfecto para el ejercicio del poder como el PP actual. Se puede ironizar respecto del unanimismo, los liderazgos indisputables o los «congresos a la búlgara», pero no cabe la menor duda de que el electorado —y no sólo el conservador necesariamente— premia la unidad y la cohesión en los partidos. Ahora el Partido Popular no es sólo un partido de masas, es decir, que apela a la totalidad de los electores, sea cual sea su clase. Es lo que algunos especialistas en ciencia política —Von Bayme o Pannebianco, entre otros— han denominado «partido profesional» o «posmoderno», en el que la ideología se desdibuja, los políticos son profesionales desde edad muy temprana y están ligados por una estrecha solidaridad que nace de la amistad personal pero también de la conciencia de que la trayectoria de cada cual dependerá del triunfo del equipo. A todo ello hay que sumar una ventaja «posicional» del partido de Aznar: a diferencia de lo que sucede en otras latitudes de Europa, no está flanqueado por una extrema derecha que le pueda restar votos. (El mismo José María Aznar ha sabido utilizar y ampliar esta ventaja). Aún más: en nuestra sociedad no existe sólo un motivo de alineamiento político, sino dos —el eje izquierda-derecha y el de mayor o menor reconocimiento del pluralismo cultural o identitario—, de modo que el PP puede alcanzar un apoyo importante en capas sociales y medios intelectuales mediante el segundo recurso, puesto que, atendiendo al primero, quizá le resultarían inalcanzables. Con independencia del pensamiento concreto que haya guiado la política del Partido Popular, no cabe la menor duda de que su estrategia también ha consistido en la táctica de obtener apoyos fuera de los límites del sistema de izquierdas y derechas.

«La política» ha sido muy operativa en el PP, pero ¿y «las políticas» concretas? En primer lugar, es necesario advertir que éstas han dependido de la situación parlamentaria. En el purgatorio de tener que contar con la mayoría en el Congreso mediante pactos, el PP ha gobernado claramente mejor que desde el cielo de una aplastante ventaja en votos y escaños. ¿Sucede así siempre en España? No existe una regla general, como es lógico, pero si UCD hubiera obtenido mayoría absoluta en 1977, probablemente las cosas hubieran ido peor; y, pese a lo que piensan algunos dirigentes socialistas, la última etapa de Felipe González en el poder, cuando careció de mayoría, tuvo más aspectos positivos de lo que se suele admitir, al menos en los propósitos, aunque luego no se llevaran a efecto. El PSOE, durante su primer período de mayoría absoluta, cometió algunos de sus más graves errores, que propiciaron la lucha ilegal contra el terrorismo y la corrupción política, pero, al menos, llevó a cabo dos operaciones políticas que redundaron en beneficio del país. En primer lugar, desde el primer momento concibió que era necesario mantener una ortodoxa política de ajuste económico que era imprescindible y, sobre el particular, no titubeó. En segundo lugar, aprendió a conducir a España al lugar que le correspondía en el contexto internacional —aunque con más parsimonia de la lógica y deseable—. Ésas son dos herencias del período socialista que deben considerarse positivas para el conjunto de los españoles. La mayoría absoluta del PP ha resuelto muy pocos problemas colectivos. Lo que quedará como herencia de la etapa de gobierno popular —si no se prolonga por deseo de los electores— será lo que se obtuvo del primer cuatrienio con Aznar en la Presidencia del Gobierno. En él, en un balance que incluye enormes diferencias entre los diversos campos, se puede conceder a Aznar y a su Gobierno un aprobado. Resulta imposible dárselo en el segundo; en él no pasa de un suspenso bajo y eso afecta al balance global del período.

¿A qué Partido Popular debe atenerse el ciudadano? ¿El Partido Popular del primer período que se vio obligado por las circunstancias y no mostró su verdadera faz hasta que no obtuvo la mayoría absoluta? La respuesta más probable es positiva. Si se observan retrospectivamente estos últimos ocho años, parece indudable que el Gobierno del PP, y especialmente Aznar, han intentado imprimir un giro cardinal a la política española y realizar una serie de reformas en aspectos esenciales destinadas a tener consecuencias duraderas en nuestra sociedad. Se recordará aquella frase de Alfonso Guerra a comienzos de la etapa de hegemonía socialista, cuando pretendió que a España no la iba a conocer «ni la madre que la parió». Aznar parece haber pensado algo semejante. Lo intentó utilizando los medios de comunicación durante el primer cuatrienio y ha ampliado su estrategia en el segundo. Estas medidas se han abordado, además, desde la nítida conciencia del poder que proporciona la mayoría absoluta y, por lo tanto, sin ningún tipo de consenso con la oposición. La política de pacto, curiosamente, ha surgido de la oposición y, aunque ha conseguido en algún caso una mejora evidente de la legislación propuesta originalmente —Ley de Partidos Políticos—, en otras ocasiones ni se ha resuelto en un cambio positivo ni ha sido estable —el Pacto de la Justicia, por ejemplo—.

La herencia de Aznar no se refiere a políticas concretas sino a un estilo. Lo hemos comprobado a lo largo de las páginas anteriores y pudo apreciarse incluso antes de 1996. Las circunstancias, aparte de la ideología y la biografía personal, contribuyeron poderosamente al aprendizaje político de la generación de Aznar y su equipo. Una distancia abismal en votos con los socialistas, la sensación de desvalimiento ante una sociedad y unos medios de comunicación que ni siquiera parecían tomarlos en serio y los escándalos que aparecieron como sucesivas erupciones volcánicas en la final etapa socialista contribuyeron a que el equipo dirigente se convirtiera en un virtuoso de la crispación y de la confrontación. ¿Eran verdaderamente imprescindibles estos métodos para llegar a alcanzar el poder? La respuesta a este interrogante es negativa y la mejor prueba la proporciona el hecho de que, en 1996, este talante contribuyó no sólo a movilizar al electorado de izquierdas sino a retraer a parte del electorado centrista. Pero los dirigentes populares no aprendieron la lección, al menos a largo plazo. Más bien, da la sensación de que los antiguos modos se han convertido en toda una adicción durante la etapa de la mayoría absoluta. El objetivo es siempre tentar al adversario, cualquiera que sea, con una espiral de réplicas y contrarréplicas. El PSOE evolucionó entre 1979 y 1982, de tal modo que su mensaje fue alejándose de la radicalidad inicial, aunque cuando llegaron al poder el camino aún no se había completado. La adicción a la confrontación ha sido un signo de identidad de la etapa de Aznar y como tal será juzgado en la Historia. Nunca un presidente español se ha pronunciado en términos tan duros respecto del adversario político como en estos ocho años. Si la sucesión en la persona de Mariano Rajoy ha tenido como primera consecuencia una inicial sensación de alivio ha sido porque existe la esperanza de que la situación cambie. Hay otro motivo que no depende de la voluntad o del carácter del sucesor: la crispación ha sido en su mayor parte por completo innecesaria. Puede ser cierto que a una parte de la sociedad española este tipo de actitud política le resulte atractiva, pero es minoritaria, y maleduca al resto.

Cuando se intenta un análisis crítico de una tarea de gobierno, el resultado no debe ser un reproche acerca de lo que nunca ha pretendido ser: así como no se le puede pedir a un gobierno socialista o nacionalista que deje de serlo, tampoco sería lógico pedirle al PP que asuma esos dos idearios. El análisis crítico debe ser, por tanto, interno. Debe intentar referirse a los bienes teóricamente posibles, a los males evitados y a las tareas iniciadas y luego realizadas o abortadas.

El gran activo de la etapa de gobierno del PP ha sido la prosperidad económica; como es lógico, este aspecto será recordado con asiduidad en las próximas campañas electorales. En todo caso, no es posible deslindar precisamente lo que en ella ha habido de política propia o de circunstancias coyunturales, pero no pueden dejar de anotarse en el balance positivo ocho años de crecimiento continuo. La decisión del Gobierno ha contribuido a ello; se cuenta que, a un ministro que se quejaba de restricciones presupuestarias, Aznar le entregó un pañuelo y le dijo: «Toma y llora». Una herencia más perdurable de esta etapa es la estabilidad presupuestaria y la política fiscal. Las reformas hubieran podido ser más profundas y, por tanto, también más beneficiosas para la mayoría; la ayuda exterior ha tenido un papel importante. Interrogantes de difícil salida como el relativo a la especulación inmobiliaria permanecen y no tienen fácil solución. Pero la duda más grave que se plantea de cara al futuro se refiere a la creación de una especie de «capitalismo de amigos» cuyo futuro, caso de revalidación de la mayoría absoluta, puede darse por consolidado.

La sorpresa mayor y más agradable de la primera etapa de gobierno del PP fue, sin duda, la política social. Es cierto que los sindicatos tenían muy presente el impacto de la crisis de comienzos de los noventa, incluso se puede pensar que el Gobierno hubiera debido tener una iniciativa mayor a la hora de hacer propuestas reformadoras, pero se firmaron acuerdos. De todos modos, esa política se ha malbaratado en el segundo cuatrienio y probablemente no era en absoluto necesario que así sucediera. Sólidamente instalados, aunque carentes de afiliación, los sindicatos son imprescindibles para pactar una política de empleo, reformar la Seguridad Social y enfrentarse al problema de las pensiones. Tras el segundo cuatrienio, no sólo como consecuencia del «decretazo» sino también de la política exterior, cabe preguntarse si un Gobierno del PP sería capaz de volver a esa positiva sorpresa inicial. No parece, de cualquier manera, que pueda lograrlo un Gobierno con mayoría absoluta y con una actitud impositiva.

La política exterior del PP ha producido una indudable inflexión, especialmente en la relación con Europa y los Estados Unidos. Se comprende que un Gobierno de carácter más conservador que los precedentes haya mostrado mayor grado de identidad con los republicanos norteamericanos, que haya tenido ribetes iniciales —y siempre un poso— de euroescepticismo y haya buscado una cercanía con la Gran Bretaña de Tony Blair. En cambio, es difícil de sostener que España haya pretendido desempeñar un protagonismo que rompe una línea de continuidad y resulta por completo contradictorio con el pasado. Tal protagonismo y las decisiones que se han tomado son absolutamente divergentes del estado de la opinión pública, confunden terrenos que deberían distinguirse —el terrorismo de ETA y la situación de Oriente Próximo— y, en fin, nos obliga a una participación que, al margen de la impopularidad, resulta minúscula y a menudo superior a nuestras fuerzas. El gobierno de José María Aznar ha optado por esas soluciones con exhibicionismo, no con la discreción de Holanda, Dinamarca o incluso Italia. ¿Qué ventajas hemos obtenido de ello? La respuesta adecuada sería la que Mao dio acerca de la influencia de la Revolución francesa en China: todavía es demasiado pronto para saberlo.

El segundo cuatrienio de Gobierno del PP ha producido una ruptura en materia educativa no sólo con el resto de las fuerzas políticas, sino en el seno de la propia sociedad. Nunca ha sido tan grande la distancia entre la comunidad educativa y la Administración en la Universidad. Además, se corre el peligro de reavivar una guerra educativa entre enseñanza privada y religiosa, por un lado, y la pública, de otro, en los demás niveles de enseñanza. En política cultural también se ha abierto un abismo; hubiera sido deseable mayor profesionalidad y claridad en la gestión. Pero, sobre todo, lo que llama la atención es que se está propiciando una especie de revisionismo cultural acerca de nuestro pasado: esta operación tiene una faceta política indudable y, además, en nada contribuye a la convivencia.

Uno de los problemas más graves de la España actual es el que se deriva de su carácter plural y de la posibilidad de traducir esta realidad en términos político-institucionales nuevos y funcionales. Se comprende que una política derechista pretenda mantener el Estado de las Autonomías sin introducir modificación alguna. También se entiende que la tendencia natural de un sector de la sociedad española sea repudiar unas proclamaciones de derecho de autodeterminación o de soberanía que no son comprendidas por buena parte de la población; además, estas proclamaciones excitan el sentimiento de angustia propia ante el problema colectivo de la identidad. Estas actitudes pueden comprenderse e incluso podría defenderse la simple prudencia de cara al futuro. Pero desde una óptica centrista deberían ser obvias también varias realidades. En primer lugar, nuestra Constitución no sólo nació del consenso, sino que está redactada para el consenso, como ha escrito Miquel Roca. Esto quiere decir que no sólo costó mucho llegar a su texto sino que, además, en él no quedó definitivamente resuelta una cuestión que divide a los españoles más allá de la distinción entre derechas e izquierdas. La sociedad española no debería tener inconveniente en considerar que la organización territorial del Estado no está definitivamente perfilada. Esta opinión no tendría que ser exclusivamente izquierdista y, de hecho, no lo es, ya que una parte del centro-derecha percibe la misma sensación. El ex ministro Pimentel, o el presidente honorario del Partido Popular, Manuel Fraga, podrían ser buenos ejemplos, pero ni siquiera hace falta recurrir a figuras tan conocidas: políticos de segunda fila en el Partido Popular sin duda suscribirían esta postura. Además, lo harían por razones de simple funcionalidad: la necesidad de lograr la defensa de los intereses propios de cara a la Unión Europea o de establecer una relación articulada entre las diferentes Comunidades Autónomas. Frente a lo que parece deducirse de la política habitual del Partido Popular, la identificación entre socialismo y nacionalismo, simplemente, no responde a la realidad: por ejemplo, para Jordi Pujol, las propuestas de Pasqual Maragall están aderezadas con una «pátina azucarada» que no resuelve la reivindicación catalana. Y, por descontado, es por completo insostenible la identificación, tan profusa e insensatamente difundida por los actuales dirigentes del PP, entre nacionalismo y terrorismo.

Respecto al País Vasco, las fuerzas políticas —y los analistas— deberían rectificar. Las palabras y las actuaciones se han ido envenenando en el transcurso de estos últimos ocho años. Todos los grupos políticos son culpables de no haber intentado comprender al otro. Y no se trata sólo del Gobierno o del Partido Popular. El Gobierno central deja aquí una herencia positiva: una política policial de persecución del terrorismo por procedimientos legales que ha resultado eficaz. Pero, precisamente porque en esta materia se está produciendo un lentísimo retorno de la política, cada vez tiene menos sentido plantear el debate en torno a dos posiciones antagónicas, donde el nacionalismo y el terrorismo forman una unidad y el resto de las opciones deben estar obligatoriamente enfrente. Al menos, aquellos que protagonizaron en su momento una actitud valerosa y original —Jaime Mayor Oreja— deberían mostrar cierta disposición a recomponer su propia actitud. Con ello no se haría ningún mal, pues sólo se trataría de volver a los orígenes.

Tan importante como la cuestión relativa a la pluralidad española es la que se refiere al nivel de calidad de nuestra democracia. Muchas fueron las promesas del PP antes de 1996 y ninguno fue el resultado durante el primer cuatrienio. La política en torno a los medios de comunicación, perversa desde el principio, ahora ha conseguido inocular tal nivel de sectarismo en ellos que es dudoso que en España se pueda hablar ya de la existencia de un cuarto poder propiamente dicho. El abuso del poder político sobre el poder judicial, el desprecio del control parlamentario o la desvergonzada utilización de los medios públicos de comunicación han reproducido las peores situaciones de la etapa de hegemonía socialista; pero eso no es todo: además, se ha mermado el derecho a dirigir contra el presente Gobierno el tipo de críticas que se emitieron entonces. No ha habido cambios legales y, en cuanto a los códigos de conducta, visto lo sucedido en la Asamblea de Madrid, ha disminuido sin duda el nivel de exigencia. Y conviene recordar que disponer de un sistema político autoexigente es condición imprescindible para que las políticas concretas sean de calidad. Quien no se plantee esta realidad es que ha olvidado que la democracia no es una situación adquirida sino una aspiración siempre perfeccionable. Precisamente, un rasgo distintivo del neoconservadurismo consiste en considerar la democracia como una tradición y no como un proyecto de futuro. En muchos aspectos —política exterior, educación, cultura, etcétera—, durante la última etapa de gobierno del Partido Popular se ha producido un deslizamiento de la autoafirmación como liberal a la realidad neoconservadora. El énfasis puede cambiar, pero la situación actual es ésa.

Las últimas posiciones de Aznar, en efecto, han estado más cercanas al neoconservadurismo que al liberalismo. Esta deriva tal vez sea propia de la derecha tradicional española, y tal vez su carácter y las circunstancias lo hayan conducido por esa senda, en absoluto obligada. Es imaginable y por supuesto deseable una derecha española más centrista. No hay nada en la sociedad española que lo impida. Si así fuera, tendría la seguridad de que las medidas legislativas podrían ser más duraderas y, además, no correrían el peligro de ser revocadas inmediatamente en caso de un revés electoral. Pero percibir estas necesidades requiere perspectiva temporal y capacidad para superar dificultades evidentes. De acuerdo con la sentencia ignaciana, en tiempos de tribulación es aconsejable no hacer mudanza y, tras ocho años de gobierno siguiendo una misma línea, los cambios aún son más difíciles.

El liderazgo político y la ausencia de mayoría absoluta pueden matizar el aliento inspirador de una política. En España, los casos de Suárez o González fueron muy evidentes; también en el de Aznar. Por eso, cualquier texto sobre esta etapa de gobierno debe hacer alusión a su persona. No cabe la menor duda de que José María Aznar merecerá una biografía extensa, porque ha impreso su sello en la Historia de España. Ahora bien, ¿al lado de quién situarlo a la hora de intentar una comparación?

No ha sido un Maura, de quien derivaron varias familias de la derecha española, un hombre cuya envergadura incluso en terrenos tan ajenos a la política como la cultura era aceptada por todos y al que se recurría de forma casi automática a la hora de formar un gobierno nacional. No ha sido tampoco un Gil Robles, hábil táctico cuya estrategia resulta todavía indescifrable en parte de su vida, gran orador de masas ante el parlamento pero condenado a un dirección política efímera. La comparación histórica que sugiere Aznar tampoco es Fraga, siempre desmesurado pero también capaz de decisiones trascendentales en beneficio de todos, como integrar en el texto constitucional de 1978 a muchos de los que no cabía pensar que lo aceptaran. Menos aún cabe asimilarlo a un Areilza, en el fondo un solitario exquisito atraído por intereses intelectuales, pero carente de ese instrumento esencial para la acción política democrática: un partido.

Pío Cabanillas (padre) afirmaba que el paralelo histórico correcto de Aznar era Franco. Puede parecer una afirmación, aparte de carente de fundamento, directa y gratuitamente ofensiva. Pero en tal aseveración caben otros matices. Pretender que Franco, al margen de que fuera un dictador tras una sangrienta Guerra Civil, no poseyera capacidades o virtudes políticas carece de sentido. En su hermetismo, su frialdad, su sentido del tiempo, su capacidad de arbitraje entre los adictos y una aparente inanidad que le procuraba el desdén del adversario, pero ocultaba una poderosa ambición y una habilidad insuperable en el regate corto intrapartidista, el paralelismo entre los dos personajes es mucho mayor de lo que pueda aparecer a primera vista. Hay anécdotas de Franco que Aznar ha repetido como presidente: por ejemplo, la de comunicar a su sucesor su condición de tal sin permitirle la previa consulta a la familia. Ahora bien, eso suma una determinada puntuación positiva: la que permite crear un instrumento legítimo y bien engrasado de acceso al poder. Pero, por más que el Partido Popular haya dejado una herencia de sus ocho años de estancia en el poder, hasta cierto punto puede decirse que la derecha española no está por completo normalizada en su turno con la izquierda.

El futuro no depende tan sólo de la capacidad o de la virtud propia sino también de la ajena. Se atribuye al sucesor de Aznar una obviedad: las elecciones se pierden más que se ganan. Sin embargo, este tipo de sabiduría se descarta con demasiada frecuencia a la ligera. El elector no comprometido, que es mayoritario, muy a menudo se decanta no por la mejor opción, sino por la que considera menos mala o porque ésta se ha presentado así. En 1982, UCD perdió como Alianza Popular perdió en 1986; y lo mismo puede decirse de la derrota del Partido Popular en 1993 y del PSOE en el año 2000. El candidato del PP tendrá que demostrar estar a la altura de una seria rectificación tanto más difícil cuando se procede de una mayoría absoluta.

Pero la oposición también tiene que competir ofreciendo la posibilidad de que no es insensato entregarles el poder, aunque sus dirigentes no hayan pasado por la prueba de la gestión. A la altura del verano de 2002 Rodríguez Zapatero había empezado a adquirir estatura presidencial. El verano siguiente, con la crisis entre los electos socialistas madrileños, resultó desastroso a corto plazo para el PSOE, especialmente porque incidía en una imagen de fragmentación y de cercanía a la corrupción heredada del pasado y todavía sólidamente asentada. El Partido Popular, siempre profesional y nunca propicio al consenso con el adversario, argumentó que lo sucedido no sólo remitía a esa imagen sino que, además, revelaba una «radicalización». Pero esta explicación poco tiene que ver con la realidad. Más bien, el PSOE, golpeado por la traición de dos de los suyos, apareció ante la ciudadanía dando muestras patentes de incapacidad de reacción e incluso de inconsistencia.

Desde luego, hoy es imposible saber si el Partido Socialista superará tales carencias y si Zapatero demostrará ser un «corredor de larga distancia». De momento, cuando concluyen estas páginas, dos realidades parecen evidentes: en primer lugar, como ha dicho Jordi Pujol, da la sensación de que el principal partido de la oposición tiene un discurso fundamentalmente cuando ocurre una desgracia; incluso se podría añadir que a menudo recalca un problema en lugar de ofrecer una solución, aunque trate de conseguir lo segundo. De todos modos, tampoco es cierta la teoría de los populares según la cual el programa del PSOE es puro desbarajuste, y es especialmente injusta en lo relativo a la «España plural». En segundo lugar, la oposición necesita presentar una alternativa creíble precisamente por factible. Puede hacerlo en políticas sociales pero también debe exigírsele un programa económico solvente y comprensible. Se dice que el torero Mario Cabré tuvo un afortunado encuentro con Ava Gardner y que ésta le preguntó qué deseaba hacer después de haber disfrutado de sus encantos. El matador respondió: «Contarlo». Eso es lo que le falta al PSOE.

Madrid, 15 de septiembre de 2003

Nota bibliográfica y fuentes

El presente libro se debe, en buena parte, a las conversaciones y reflexiones que el autor ha mantenido con determinados protagonistas u observadores de la vida política española. No sería honesto dejar de mencionarlos y no sería prudente citarlos de forma detallada en cada caso concreto. (Llevar una especie de diario resulta especialmente útil en determinadas ocasiones). He aquí sus nombres: José Luis Álvarez, Óscar Alzaga, Joaquín Araújo, Rafael Arias Salgado, Xabier Arzalluz, José María Aznar, Xavier Bru de Sala, Pilar del Castillo, Íñigo Cavero, Juan Luis Cebrián, Carmen Chacón, Gabriel Cisneros, Salvador Clotas, Miguel Ángel Cortés, Joaquín Estefanía, Iñaki Gabilondo, Xusto García Beramendi, Felipe González, Luis de Grandes, José Luis de la Granja, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Juan José Ibarretxe, María Antonia Iglesias, Santos Juliá, Joaquín Leguina, Ernest Lluch, Rodolfo Martín Villa, Jaime Mayor Oreja, Francisco Michavila, Eugenio Nasarre, Alfredo Pérez Rubalcaba, Baltasar Porcel, Charles Powell, Javier Pradera, Jordi Pujol, Rafael Puyol, Rodrigo Rato, Borja de Riquer, Jaime Rodríguez Arana, José Luis Rodríguez Zapatero, Eduardo Serra, Joaquim Triadú, Federico Trillo y Mario Vargas Llosa.

Naturalmente, la prensa diaria ha sido fuente de información casi inagotable, aunque no se cita en el texto o en la bibliografía salvo en casos excepcionales. Los libros y artículos más relevantes para la comprensión de distintos aspectos relacionados con los ocho años de gobierno de José María Aznar se detallan a continuación.

Sobre el primer período de gobierno del Partido Popular y José María Aznar: Charles POWELL: España en democracia, 1975-2000. Barcelona, Plaza y Janés, 2001; y Javier TUSELL (ed.): El gobierno de Aznar. Balance de una gestión. Barcelona, Crítica, 2000. También puede consultarse Victoria PREGO: Presidentes. Veinticinco años de Historia narrada por los cuatro jefes de gobierno de la democracia. Barcelona, Plaza y Janés, 2000.

Sobre José María Aznar se han redactado varios volúmenes, desiguales en su tono y contenido, como ya se indicó en su lugar: Antonio CASADO y Jesús RIVASES: Detrás de Aznar. Barcelona, Ediciones B, 1996; Amando de MIGUEL: Retrato de Aznar. Barcelona, Planeta, 2002; José DÍAZ HERRERA e Isabel DURÁN: Aznar. La vida desconocida de un presidente. Barcelona, Planeta, 1999; y Retratos íntimos de Aznar. Barcelona, Plaza y Janés, 1996; Graciano PALOMO: El vuelo del halcón. José María Aznar y la aventura de la derecha española. Madrid, Temas de Hoy, 1990; y El túnel. La larga marcha de José María Aznar y la derecha española hacia el poder. Madrid, Temas de Hoy, 1993; Graciano PALOMO y José Antonio MARTÍNEZ VEGA, La tierra prometida. Todas las claves del nuevo poder en España, Madrid, Javier Vergara, 1996. Sobre Rato, Amador G. AYORA, Rodrigo Rato. La biografía política y personal del «cerebro gris» del cambio económico en España. Madrid, La Esfera de los Libros, 2003.

Sobre el cambio generacional en la derecha española puede consultarse: Andrés ORTEGA y Pilar GANGAS: «Renovación generacional y cambio político», en Claves, núm. 66, octubre de 1998. Los artículos de Aznar antes de alcanzar relevancia política están en SP, 1 de junio de 1969 y Nueva Rioja, 18 y 23 de febrero, 9 y 30 de mayo, 8 y 25 julio y 30 de septiembre de 1979. El propio José María Aznar firmó dos libros: José María AZNAR: Libertad y solidaridad. Barcelona, Planeta, 1991; y España. La segunda transición. Madrid, Espasa Calpe, 1994.

El ideario de la derecha española durante la etapa democrática puede espigarse en los siguientes títulos: Fernando ALONSO: La derecha del siglo XXI. Barcelona, Royal Books, 1994; Lorenzo BERNALDO DE QUIRÓS: Proceso al Estado. Madrid, Del Drac, 1988; Enrique de DIEGO: La ofensiva neoliberal. Madrid, Del Drac, 1989; Enrique de DIEGO y Lorenzo BERNALDO DE QUIRÓS: El socialismo es el problema. Madrid, Alpuerto, 1986; Federico JIMÉNEZ LOSANTOS: Lo que me queda de España. Madrid, Temas de Hoy, 1995; y «Viaje al centro de la nada», en La Ilustración Liberal, núm. 2, 1999; Antonio MORALES MOYA: «El problema nacional español durante la transición», en Nueva Revista, núm. 71, septiembre-octubre de 2000; Eugenio NASARRE: «El centro reformista», en Nueva Revista, núm. 61, 1999; Jaime RODRÍGUEZ ARANA: «El nuevo centro», en Nueva Revista, núm. 59, 1998; ¿Por qué el centro? Hacia la libertad solidaria. Santiago de Compostela, Fórum Galicia de Estudios Sociales, 1999; y El espacio de centro. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001; Aleix VIDAL QUADRAS: Cuestión de fondo. Barcelona, Montesinos, 1993; Amarás a tu tribu. Barcelona, Planeta, 1998; y ¿Qué era? ¿Qué es? La derecha. Barcelona, Destino, 1997.

Las vinculaciones del Partido Popular con el centro ideológico pueden verse en Charles POWELL: «La larga marcha hacia el centro», en El Noticiero de las Ideas, 1 de marzo de 2000, y Javier TUSELL, «El centrismo del PP. Un sendero incierto», en Claves, núm. 85.

Sobre el papel de la mujer en el Partido Popular: Antonia María RUIZ GIMÉNEZ: Conservative parties and feminist demands viewed in an international perspective: making sense of the Partido Popular in Spain. Madrid, Fundación Juan March, 2003.

Los aspectos de la política económica y social durante el gobierno de José María Aznar se han desarrollado, entre otros, en los siguientes textos: Manuel ARAGÓN: «¿Es constitucional la nueva Ley de Extranjería?», en Claves, núm. 112; Mikel AZURMENDI: Estampas de El Ejido. Madrid, Taurus, 2002; y «El balance económico del gobierno del PP: crítica y alternativa», en Economistas, núm. 84, marzo de 2000; José Luis GARCÍA DELGADO (ed.): España, economía: ante el siglo XXI. Madrid, Espasa Calpe, 1999; Jesús MOTA: La gran expropiación. Las privatizaciones y el nacimiento de una clase empresarial al servicio del PP. Madrid, Temas de Hoy, 1998; y Aves de rapiña. Madrid, Temas de Hoy, 2001; Pedro SCHWARTZ: Queda mucho por hacer. Conversaciones con cuatro ministros del PP. Madrid, Marcial Pons, 2000. La política militar en Carlos NAVAJAS, «El pontificado de Trillo. La política de defensa durante la segunda legislatura popular (2000-2003)». Inter-University Seminar on Armed Forces and Society, Chicago, 2003.

La cuestión autonómica y los nacionalismos vasco y catalán han propiciado numerosos trabajos. He aquí algunos de los más reveladores: Eliseo AJA: El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales. Madrid, Alianza, 1999; Joseba ARREGUI: La nación vasca posible. Barcelona, Crítica, 2001; Txiki BENEGAS: Una propuesta de paz. Madrid, Espasa Calpe, 2000; José María CALLEJA: ¡Arriba España! La vida diaria en el País Vasco. Madrid, Espasa Calpe, 2001; Francesc CANDEL y Josep Maria CUENCA: Els altres catalans del segle XXI. Barcelona, Planeta, 2001; Cristina CUESTA: Contra el olvido. Testimonios de víctimas del terrorismo. Madrid, Temas de Hoy, 2000; Joan Baptista CULLA I CLARA: El pal de paller. Convergencia democratica de Catalunya (1974-2000). Barcelona, Portic, 2001; y «Euzkadi. Apunts per a un debat», en L’Avenç, mayo de 2001; Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR: La nación española: historia y presente. Madrid, FAES, 2001; Carmen GURRUCHAGA e Isabel SAN SEBASTIÁN: El árbol y las nueces. Madrid, Temas de Hoy, 2000; Francisco José LLERA: «El vértigo del nacionalismo vasco. Entre Ermua y Estella», en Claves, núm. 189; Ramón ZALLO: El país de los vascos. Desde los sucesos de Ermua al segundo Gobierno Ibarretxe. Madrid, Editorial Fundamentos, 2000.

El terrorismo de ETA ha propiciado numerosos trabajos; aquí se señalan dos textos necesarios: Fernando REINARES: Terrorismo y antiterrorismo. Barcelona, Paidós, 1998; y Patriotas de la muerte. Quiénes han militado en ETA y por qué, Madrid, Taurus, 2001.

Los ocho años de gobierno del Partido Popular no pueden entenderse completamente sin una revisión de la actitud de la oposición socialista. He aquí algunos textos reveladores: Óscar CAMPILLO: Zapatero. La fuerza tranquila. Madrid, La Esfera de los Libros, 2001; Gonzalo LÓPEZ ALBA: El relevo. Crónica viva del camino hacia el II Suresnes del PSOE. Madrid, Taurus, 2002; Ricardo MARTÍN: Almunia. Un corredor de fondo. Madrid, Temas de Hoy, 1998; Luis YÁÑEZ: La soledad del ganador. La verdad sobre el efecto Borrell. Madrid, Temas de Hoy, 2001. Las críticas al Gobierno de José María Aznar desde la óptica de la oposición pueden leerse en Ramón COTARELO: El alarido ronco del ganador. Barcelona, Grijalbo-Mondadori, 1996; El desgobierno de la derecha, Barcelona, Ediciones B, 1997; y La derecha contra el Estado de Derecho. Madrid, Temas de Hoy, 1998.

Las relaciones del Partido Popular y el Gobierno de José María Aznar con los medios de comunicación han ocupado también su espacio: José Antonio MARTÍNEZ SOLER: Jaque a Polanco. Madrid, Temas de Hoy, 1998; Javier GÓMEZ DE LIAÑO: Pasos perdidos. Confesiones en carne viva. Madrid, Temas de Hoy, 1999; Jacint JORDANA y David SANCHO: Policy networks and the opening up of the market: the case of telecommunications liberalization in Spain, Madrid, Fundación Juan March, 2003.

Algunos aspectos relacionados con las consultas y los resultados electorales pueden espigarse en: Joan BOTELLA: «Las elecciones del 12 de marzo: ¿un cambio histórico?», en El Noticiero de las Ideas, núm. 2, abril-junio de 2000; María José CANEL: «Elecciones 12-M: cuestiones para el análisis», en Nueva Revista, núm. 68, marzo-abril de 2000; Belén BARREIRO: Los determinantes de la participación en las elecciones de marzo de 2000: el problema de la abstención de la izquierda. Madrid, Fundación Juan March, 2001; José Ignacio WERT: «12-M: ¿lluvia o diluvio?», en Claves de razón práctica, núm 101, abril de 2000.

También cabe reseñar algunos trabajos y reportajes periodísticos que inciden, de un modo u otro, en este período de gobierno: Jesús CACHO: El negocio de la libertad. Madrid, Foca, 1999; Ernesto EKAIZER: El farol. La primera condena de Mario Conde. Madrid, Temas de Hoy, 1997; Mariano SÁNCHEZ SOLER: Las sotanas del PP. El pacto entre la Iglesia y la derecha española. Madrid, Temas de Hoy, 2002; Pilar URBANO: Garzón. El hombre que veía amanecer. Barcelona, Plaza y Janés, 2000.

La segunda etapa de gobierno del Partido Popular ha propiciado numerosos trabajos recientes. Los cambios operados en la política del Gobierno con mayoría absoluta pueden observarse en distintos libros y publicaciones. Sobre José María Aznar, en particular: «Conversaciones con José María Aznar, presidente del Gobierno», en El Noticiero de las Ideas, 7 de septiembre de 2002.

La política exterior de Aznar ha suscitado innumerables artículos periodísticos; aquí se señalan dos trabajos: Carlos ELORDI: El amigo americano. Madrid, Temas de Hoy, 2003; María ANDRÉS: «El talón de Aquiles de Europa», en Nueva Revista, 7 de agosto de 2003. Acerca de la política militar: Carlos Navajas: «La profesionalización de las fuerzas armadas durante el primer gobierno Aznar (1996-2000)». VII Congreso Español de Sociología, Salamanca, 2001.

Sobre cuestiones electorales y de opinión pública: Santos JULIÁ: «La alternancia frustrada», en El Noticiero de las Ideas, 7 de septiembre de 2001; Francisco José LLERA: «Frenazo al tren de Estella», en Claves, núm. 95; «Euskadi: entre la política de adversarios y el consenso. Las elecciones vascas del 13-M», en Claves, núm. 113; y «Las elecciones de 2003. ¿Cambio de ciclo?», en Claves, núm. 134; José Ignacio WERT: «Las urnas de San Antonio y el poder tras el 13-J», en Claves, núm. 95; y «País Vasco: otro punto de vista. Lo que aún no se ha dicho», en Nueva Revista, núm. 76, 7 de agosto de 2001; Mariano GONZÁLEZ: «Elecciones. Un futuro exclusivamente nacionalista», en Nueva Revista, núm. 75, 5 de junio de 2001; Roberto Luis BLANCO VALDÉS: «Galicia enladrillada», en Claves, núm. 118; Antxon SARAQUETA: «Elecciones del 25 de mayo. El proyecto de España, en juego», en Nueva Revista, 5 de junio de 2003.

Las relaciones del Gobierno con la Universidad y las reformas educativas en general se tratan en: Francisco MICHAVILA: La salida del laberinto. Crítica urgente de la Universidad. Madrid, Editorial Complutense, 2001; y «Conversaciones con Pilar del Castillo», en El Noticiero de las Ideas, julio-agosto de 2001; Julio CARABAÑA: «El punto ciego de la Ley de Universidades», en Claves, núm. 119; Francesc Xavier PUIG ROVIRA: «Legislación básica de Universidades. Una reforma necesaria», en Claves, núm. 102.

La regeneración política se trata en Roberto Luis BLANCO VALDÉS: «Transfuguismo y democracia en la Comunidad de Madrid», en Claves, núm. 135. Sobre el poder judicial: Luis LÓPEZ GUERRA: El Consejo General del Poder Judicial. Evaluación y propuestas de reforma. Fundación Alternativas, 2003; y Olga FUENTES: El Ministerio fiscal. Consideraciones para su reforma. Fundación Alternativas, 2003.

Sobre la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna merecen citarse dos trabajos: Josu Iñaki ERKOREKA: «La Ley de Partidos o cómo pervertir la democracia con el pretexto de defenderla», en Hermes, noviembre de 2002; y Roberto Luis L. BLANCO VALDÉS: «La nueva Ley de Partidos. A propósito de la ilegalización de Batasuna», en Claves, núm. 124. Acerca de la sucesión: Magis IGLESIAS: La sucesión. La historia de cómo Aznar eligió a Mariano Rajoy. Temas de Hoy, Madrid, 2003.

En los últimos tres años han aparecido numerosos trabajos que inciden en la situación política del País Vasco y el terrorismo: ¡Basta ya! Contra el nacionalismo obligatorio. Madrid, Aguilar, 2003; José DÍAZ HERRERA e Isabel DURÁN: Arzalluz. La dictadura del miedo. Barcelona, Planeta, 2001; Florencio DOMÍNGUEZ IRIBARREN: Las raíces del miedo. Euskadi, una sociedad atemorizada. Madrid, Aguilar, 2003; Estudios sobre la propuesta política para la convivencia del ‘lehendakari’ Ibarretxe. Oñati, IVAP, 2003; La Iglesia frente al terrorismo de ETA. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2001; Fernando MAURA: Sin perder la dignidad. Diario de un parlamentario del PP. Madrid, Temas de Hoy, 2001; Mario ONAINDÍA: Guía para orientarse en el laberinto vasco. Madrid, Temas de Hoy, 2000; José Ignacio RUIZ OLABUENAGA: Opinión sin tregua. Visos y denuestos del nacionalismo vasco (1998-1999). Bilbao, Fundación Sabino Arana, 2001; Isabel SAN SEBASTIÁN: Mayor Oreja. Una victoria contra el miedo. Madrid, La Esfera de los Libros, 2001.

El debate acerca de la pluralidad española se ha mantenido vivo en la prensa, y también en libros de carácter generalista: José Luis GONZÁLEZ QUIRÓS: Una apología del patriotismo. Madrid, Taurus, 2002; José Ramón LODARES: El paraíso políglota. Historias de lenguas contadas en España sin prejuicios. Madrid, Taurus, 2000; José VARELA ORTEGA: Contra la violencia. A propósito del nacionalsocialismo alemán y del vasco. San Sebastián, Hiria Liburuak, 2000.

En particular, sobre Cataluña: Xavier ANTICH, Ángel CASTIÑEIRA y Joaquín COLOMINAS (eds.): Cataluña-España. Relaciones políticas y culturales. Barcelona, Icaria, 2003; Ignasi RIERA: Jordi Pujol. Llums i ombres. Barcelona, Angle Editorial, 2002; Francisco Andrés ORIZO y Maria Angels ROQUE: Els catalans a l’enquesta europea de valors. Barcelona, Proa, 2001.

Los aspectos económicos de la segunda etapa del gobierno popular han merecido también la atención de diversos estudiosos. Se destacan aquí algunos trabajos relacionados con la inversión española en el extranjero: Ramón CASILDA: La década dorada. Economía e inversiones españolas en América Latina, 1990-2000. Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2002; William CHISLETT: La inversión española directa en América Latina: retos y oportunidades. Madrid, Real Instituto Elcano, 2003.

Una crítica general a la actuación del Partido Popular puede leerse, desde el punto de vista del socialismo: Santiago BELLOCH: El asalto a la cultura democrática. El síndrome Aznar. Barcelona, Ediciones B, 2003. Y desde la extrema derecha: Federico JIMÉNEZ LOSANTOS: Con Aznar y contra Aznar. Madrid, La Esfera de los Libros, 2002.

También vale la pena detenerse en el reportaje periodístico de Luis GÓMEZ y Pablo ORDAZ: Crónica negra del ‘Prestige’. Madrid, Aguilar, 2003. Otro estudio sobre el particular: Libro blanco sobre el ‘Prestige’. Fundación Alternativas, 2003.

Sobre el autor

Javier Tusell (1945-2005), catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), escribió más de setenta libros y obtuvo algunos de los galardones más importantes que se otorgan en España, como los Nacionales de Ensayo e Historia, el Espejo de España, el Espasa Calpe de Ensayo, el Comillas de Biografía, el Jovellanos de Ensayo o el Godó de Periodismo. En la editorial Taurus publicó Historia de España, con José-Luis Martín y Carlos Martínez Shaw, y Alfonso XIII, con Genoveva G. Queipo de Llano.

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