Dividida en cuatro volúmenes, la Historia de España en el siglo XX abarca un periodo especialmente controvertido, cuyo conocimiento es imprescindible para cualquiera que desee hacer un diagnóstico del presente. España ha sido protagonista de dos acontecimientos fundamentales en este siglo —la Guerra Civil y la Transición a la democracia— la cultura española ha alcanzado desde comienzos del siglo XX unas cotas que permiten establecer un paralelismo con el siglo de Oro.

Este tomo aborda la etapa comprendida entre el desastre de 1898 y la proclamación de la República en 1931, un periodo de cambio en el que empezaron a fraguarse las grandes cuestiones que marcaron el siglo XX español.

Una obra fundamental para entender la España de hoy.

Javier Tusell

Historia de España en el siglo XX

I. Del 98 a la proclamación de la República

ePUB r1.3

JeSsE 06.02.14

Título original: Historia de España en el siglo XX (I. Del 98 a la proclamación de la República)

Javier Tusell, 2000

Retoque de portada: JeSsE

Editor digital: JeSsE

ePub base r1.0

Introducción: La herencia del fin de siglo

En un tiempo todavía no muy remoto, la Historia del siglo XX español hubiera comenzado con unas consideraciones acerca del peso que sobre la centuria siguiente tuvo el llamado «Desastre del 98», es decir, la pérdida de las últimas colonias americanas. Hoy, en cambio, gran parte de esas consideraciones, habituales en ese pasado próximo, se consideran fuera de lugar. El mismo hecho de considerar la fecha de 1898 como una ruptura sería muy discutible. Todo hace pensar que, así como el periodo revolucionario abierto en 1868 dejó una huella considerable en quienes lo vivieron, en cambio la pérdida de las colonias no rompió la continuidad histórica en muchos terrenos como, por ejemplo, el económico e incluso el mismo juicio es válido para el político. La impresión de ruptura con el pasado se limita a contados terrenos, como más adelante se señalará.

La interpretación que durante mucho tiempo se ha hecho de la pérdida de Cuba y Filipinas se ha basado en recalcar aspectos críticos acerca del régimen político existente sin tener en cuenta unas realidades que convertían en virtualmente inevitable lo sucedido. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, el tipo de colonialismo español a fines del siglo XIX. En Filipinas ni siquiera había logrado la difusión de la lengua —ni siquiera entre las tropas auxiliares indígenas, y la labor colonizadora parecía, en realidad, subarrendada a las órdenes religiosas—. En las islas de Micronesia —Carolinas, Marianas…— se basaba en el descubrimiento, pues en la práctica no había existido ocupación propiamente dicha y, menos aún, explotación comercial. En Cuba la explotación económica no sólo había existido sino que dio lugar a las fortunas más impresionantes del siglo en España.

Así se explica que la llegada de los recursos procedentes de la isla resultara indispensable para sostener la guerra carlista. Pero en los últimos años del siglo de todo ello subsistía principalmente un grupo de presión política que, si en el pasado había hecho vivir a Cuba en un sistema de excepcionalidad constitucional, en 1893 hizo imposibles las reformas de Maura y sustentó la resistencia a ultranza contra cualquier cambio en las Antillas hasta que fue demasiado tarde. Entretanto las circunstancias económicas variaban y hacían cada vez más profunda la distancia entre el marco político y el económico. Mientras que más del 90 por 100 de la exportación de azúcar sin refinar se dirigía a Estados Unidos la metrópoli conservaba el 40 por 100 de la importación cubana que, de todos modos, no era el más allá del comercio exterior español. Los concejales de La Habana eran en su inmensa mayoría peninsulares a pesar de que las críticas a la Administración colonial poco antes de la Restauración eran tan graves que un capitán general llegó a decir que tres cuartas partes de los funcionarios merecían ser licenciados. Si a comienzos de siglo la existencia de la esclavitud aseguró la fidelidad de la clase dirigente a la Corona española, a fines la crisis del azúcar de caña —por la aparición del de remolacha— contribuyó a crear una profunda inquietud que favoreció a los movimientos independentistas. Si la producción cubana había llegado a ser el 40 por 100 del total mundial, en los años finales de siglo se había reducido a casi la mitad. Aun así, durante mucho tiempo Cuba constituyó la esperanza de casi un millón de españoles que emigraron a la isla desde fines de siglo hasta los años treinta.

Sólo una situación de las relaciones internacionales favorable a España hubiera podido tener como consecuencia que Cuba siguiera perteneciendo a la Monarquía española pero, en este preciso momento, todo contribuyó, por el contrario, a hacerlo más difícil. Se le ha atribuido a Cánovas una política de aislamiento que explicaría, de acuerdo con la interpretación de sus críticos, la carencia de alianzas de España y, por tanto, su derrota en el momento decisivo. Pero ésta no es una descripción que se corresponda con la realidad. Cánovas sólo procuró evitar los compromisos, en especial los excesivos. La Restauración estuvo ligada a una de las alianzas europeas hasta mediados de la década final de siglo pero incluso si esa situación hubiera perdurado (y no fue el caso) el resultado hubiera sido idéntico porque no hubiera bastado para garantizar las posesiones coloniales. En un ambiente internacional en el que predominaba un áspero realismo (o, si se quiere, la ley darwinista del más fuerte) los derechos históricos no valían ante los poderes emergentes de nuevas potencias dispuestas a participar en el reparto. De esta manera se imponía una redistribución colonial en la que las perdedoras tenían que ser aquellas naciones «moribundas», denominación que empleó el secretario del Foreign Office lord Salisbury precisamente para referirse a España tras su derrota. Estados Unidos actuó como el ejemplo mismo de potencia deseosa de ejercer su imperialismo y por eso no cejó de plantear a España la única solución que para su clase dirigente resultaba inaceptable, la venta de la isla.

En la larga serie de conflictos que durante la década de los noventa se produjeron en las relaciones internacionales de todo el mundo, el que enfrentó a España con Estados Unidos fue el único que concluyó en guerra pues en los restantes se produjo la pura y simple retirada del más débil. Varios factores contribuyen a explicarlo. En primer lugar, cómo en Estados Unidos la prensa popular proporcionó un juicio por completo erróneo acerca de la situación, aunque en distinto sentido. La española pretendía apoyarse en una opinión pública que, en realidad, estaba creando ella misma en la mentira. De acuerdo con esa prensa el león español sería capaz de liquidar al cerdo yanqui: cuando en la diversión más popular del momento —la corrida— hacían aparición toros mansos se los denominaba «yanquiformes». El juicio de la clase dirigente se explica no por la ignorancia sino por razones de carácter político. En el seno del régimen vigente se dio por supuesta la derrota antes del comienzo mismo de las operaciones militares. La guerra sería «un desastre estéril», anunció Canalejas, mientras que el general Polavieja informó a la regente de que prefería de momento no ser ministro de la Guerra y reservarse para después de la derrota. Cánovas, por su parte, aseguró que la Monarquía «no resistiría» la entrega, sin lucha, de una de sus posesiones: Cuba era para España algo así como Alsacia-Lorena para Francia. El propio almirante Cervera, que llevó la flota hasta Santiago hacia su hundimiento, consideraba que se la podía dar por perdida con el simple hecho de decidir que viajara allí. Si la guerra fue aceptada la razón estriba en que se pensaba que, de otro modo, podía quebrar el mismo régimen de la Restauración. En este sentido parece acertada la metáfora empleada por la novelista Emilia Pardo Bazán: la España de la época era como un duque vestido con una armadura, incapaz de librarse de ella a pesar de que le ahogaba. De hecho, tras el Desastre los republicanos más extremistas, como Blasco Ibáñez, defendieron posiciones de un convulso patrioterismo y luego reclamaron que un general derribara a las instituciones monárquicas. Los carlistas recurrieron a propagandas semejantes e incluso coincidieron en señalar al general Weyler —protagonista de la más dura política de guerra contra los sublevados— como su esperanza. Sólo grupos políticos por entonces irrelevantes —nacionalistas, socialistas, federales…— protestaron contra la guerra durante el desarrollo de la misma. La guerra fue popular en un primer momento pero con el paso del tiempo se convirtió en todo lo contrario: el 25 por 100 de los reclutas consiguió eximirse del servicio militar comprando la exención o convirtiéndose en prófugo.

La responsabilidad de la clase dirigente se aprecia en motivos distintos que la ignorancia de la situación. El esfuerzo que se hizo para combatir a los insurrectos fue muy considerable pero lo sufrieron, de forma exclusiva, los más débiles. Ya la anterior guerra cubana había sido costosísima. Ahora el esfuerzo realizado por el Estado español fue ingente: se trasladó al otro lado del mundo un cuarto de millón de soldados de los que 60 000 no volverían. Sólo unos pocos millares murieron en combate y, de ellos, unos centenares en lucha con los norteamericanos; el resto de las bajas lo fueron por enfermedad. Unos efectivos tan numerosos eran necesarios porque en Cuba la guerra fue, en realidad, una persistente guerrilla en la que, como aseguró Martínez Campos, «vencer en un combate serio es imposible». El Ejército español no estaba preparado para ella. Sus planes partían de un posible conflicto europeo en el que sería necesario movilizar en poco tiempo a grandes masas de combatientes pero carecía de adecuada impedimenta (y protección sanitaria) para la guerra cubana, principalmente debido a que el 70 por 100 de los presupuestos se dedicaban al pago de personal. Una de las más pesadas cargas derivadas del siglo XIX fue un exceso de oficialidad cuya consecuencia fue ésa. Las columnas a caballo de los insurrectos, cuya táctica consistía en la alta movilidad y las cargas a machetazos, eran inalcanzables para los españoles, empeñados en contener al adversario a base de barreras estáticas, las trochas. Muy pronto el campo estuvo en manos de los rebeldes y sólo las ciudades se mantuvieron sólidamente en manos de los españoles. De nada sirvió la pretensión de Weyler de utilizar procedimientos de radical dureza que sólo sirvieron para deteriorar la imagen internacional de España. La Marina, cuyo papel fue decisivo en el conflicto, sólo contaba, por su parte, con una proporción mínima del presupuesto militar. Los barcos de guerra españoles eran numerosos, pero su tonelaje representaba la mitad del norteamericano y disponían de un blindaje muy inferior; apenas se contaba con acorazados y las mejores unidades estaban muy mal mantenidas. Cervera calculó que la superioridad adversaria era de tres a uno. En estas condiciones la guerra estaba condenada a ser poco duradera y concluir con una derrota estrepitosa de los españoles y la liquidación de sus posesiones ultramarinas en América y Oceanía. En Santiago la flota española trató de huir y fue liquidada causando tan sólo un muerto al adversario. Por el Tratado de París España perdió sus posesiones de las Antillas y del Extremo Oriente. La venta de los archipiélagos micronésicos constituyó la mejor prueba de que, en el concierto de las naciones, se consideraba que España no podía cumplir una función colonizadora.

Como en principio resultaba previsible, la derrota se vio acompañada por una profunda sensación de inseguridad colectiva. Lógicamente —y éste es un primer terreno en que se produjo una ruptura respecto al pasado— se tambaleó de inmediato la ubicación española en el mundo internacional. Hubo rumores absurdos acerca de posibles desembarcos norteamericanos en Canarias o Algeciras. Paradójicamente, estos últimos —que, en un primer momento, llevaron a fortificar el entorno de Gibraltar con un criterio defensivo— supondrían el retorno de España a una situación de seguridad propia en el entorno europeo de naciones. No pasó mucho tiempo sin que se estableciera una relación preferente con Gran Bretaña y Francia, potencias predominantes en el Mediterráneo occidental del que forma parte España. Aunque fue subordinada y dependiente —países como Portugal y Bélgica, mucho menores, habían sacado más ventajas del reparto colonial— proporcionó la seguridad que parecía estar en peligro en los meses finales del XIX. El impacto del 98 fue, por tanto, decisivo en ese terreno, en el sentido de que el papel de España en el mundo se vio modificado de forma sustancial a partir de ese momento. En muchos otros, en cambio, la vida española se caracterizó por la continuidad. En ella había no pocos recuerdos del pasado pero también era posible apreciar la marca de lo nuevo que se haría cada vez más patente con el paso de los años.

En efecto, a comienzos del nuevo siglo España era una nación inequívocamente europea occidental desde el punto de vista geográfico, político y cultural, pero resultaba muy distinta de los países más desarrollados del Viejo Continente en otros aspectos. Desde la época romántica, en que tantos escritores y pintores británicos o franceses visitaron la Península, ofreciendo de ella una imagen exótica, como si se tratara de una especie de «Berbería cristiana», esa visión de la peculiaridad española había venido recalcándose, a veces en términos excesivos. Esa imagen —más o menos justificada— perduró aunque, como veremos, también tendió a cambiar según los tiempos: de entrada, la pintoresca España romántica se convirtió en la España trágica y negra del fin de siglo. De todos modos, si España ofrecía no pocas semejanzas con Europa occidental, también era posible compararla con el mundo balcánico o incluso con el hispanoamericano. Al alborear el siglo cualquier británico o francés que visitara nuestro país caería en la cuenta de que las diferencias entre su patria y España eran notables, aunque subsistiera el suficiente grado de identidad como para recalcar más aún la peculiaridad.

Ésta empezaba por percibirse en la propia demografía. En 1900 había 18 600 000 españoles. La tasa de crecimiento de la población no era, en estos momentos, muy diferente de la época del Antiguo Régimen y, en general, puede decirse que nuestra demografía se parecía mucho más a la del siglo XVII que a la de la actualidad. Mientras que el incremento de la población a lo largo del siglo XIX había sido del orden del 50 por 100 en Europa, en España había sido sólo del 20, y el crecimiento natural en nuestro país era aproximadamente tan sólo la mitad del de Bélgica. La razón estribaba en el muy tardío descenso de la mortalidad —29/1000— a pesar de la alta natalidad —34/1000— lo que permitió escribir a un político regeneracionista de la época (Silió) que «Francia es hoy, en Europa, el país de la esterilidad voluntaria y España el país de la mortalidad indisculpable». En términos comparativos, la mortalidad española de la época era superior a la de un país del Tercer Mundo actual y en el Madrid finisecular resultaba idéntica a la de San Petersburgo, la capital de la Rusia de los zares, Madras o El Cairo. Una cuarta parte de los recién nacidos no llegaban al año de vida y el 60 por 100 de la mortalidad anual se debía a enfermedades infantiles del aparato digestivo, aspectos en que, en la Europa de entonces, España sólo era superada por Rusia. Las penosas condiciones higiénicas no afectaban tan sólo a los recién nacidos, pues únicamente la mitad de éstos llegaban a los treinta y tres años y las diarreas estivales causaban hasta una cuarta parte de las muertes. La esperanza de vida era de treinta y cinco años y sólo en los primeros años del siglo XX se difundió la vacuna contra la viruela o se crearon instituciones sanitarias en las capitales de provincia. Prácticamente no existía la limitación voluntaria de los nacimientos. En España, muy a fines del XIX y comienzos del XX, sólo se produjo una auténtica transición demográfica en relación con este aspecto en Cataluña, pero no en el resto del país.

Un segundo rasgo muy característico del régimen demográfico antiguo que caracterizaba a España fue la escasa movilidad de la población y su inmovilidad del medio geográfico rural que le vio nacer. Eso implica que no existía apenas emigración del campo a la ciudad: en 1900 tan sólo el 32 por 100 de la población vivía en núcleos de más de 10 000 habitantes y sólo llegaban a seis las poblaciones de más de 100 000. Diecisiete capitales de provincia tenían tan sólo alrededor de 15 000 habitantes (Soria unos 10 000). Madrid superaba el medio millón de habitantes y ya a fines del XIX contaba con importantes edificios de nueva planta dedicados a las grandes instituciones oficiales así como novedades en los transportes urbanos, como los tranvías eléctricos. Pero la capital española que de momento había testimoniado una más clara voluntad de transformación autónoma era Barcelona, como quedaba testimoniado por la apertura del paseo de Gracia o la celebración de la Exposición de 1888, con todo su correlato arquitectónico, que convirtió a la capital catalana en el ejemplo más característico del modernismo.

Ante todo y sobre todo, las divergencias entre España y los países más desarrollados del mundo occidental europeo residían en el abrumador peso que en su economía y sociedad seguía teniendo el mundo rural. A la altura del año 1900, el censo presentaba una realidad española en la que del 65 al 70 por 100 de la población activa trabajaba en el sector agrícola o ganadero. Estas cifras se hacían todavía mucho más expresivas si pasamos desde el nivel nacional al provincial: en 46 de las 50 provincias españolas la población agrícola representaba más del 50 por 100, pero, además, en 36 llegaba al 70 y en 12 incluso a más del 80 por 100. (No olvidemos, por otra parte, que las ciudades solían ser de carácter administrativo y de funciones terciarias. Aunque en las más grandes empezaban ya a aparecer los tranvías eléctricos, en algunas de las mayores —como Sevilla o Zaragoza— subsistían todavía los pozos negros, con los consiguientes problemas de salubridad).

Por otro lado, es preciso señalar de qué tipo de agricultura se trataba, pues podría tenerse de ella una imagen semejante a la de la actual. En realidad, hasta muy avanzado el siglo XIX se mantuvo una economía rural de subsistencia en la que ni tan siquiera podía decirse que existiera un mercado nacional. Únicamente en la década 1880-1890, merced a la crisis agrícola y la introducción del trigo extranjero por ferrocarril, se produjo una integración en un mercado nacional que puede haber supuesto el 70 por 100 del total, pero las divergencias de precios en los cultivos básicos demuestran, en el resto, la permanencia de un mundo agrícola que recordaba demasiado al Antiguo Régimen. No puede extrañar, en consecuencia, que periódicamente se siguieran produciendo hambrunas después de una mala cosecha. Las producciones básicas eran las tradicionales de la trilogía mediterránea —el trigo, la vid y el olivo— y nada más que una octava parte del área cultivada dedicada a otras. Sólo el fuerte proteccionismo, introducido a fin de siglo por Cánovas para evitar «la agonía lenta y repugnante» de todo un pueblo mantuvo el trigo mientras que excepcionales circunstancias facilitaban una temporal prosperidad de la vid. La población activa empleada en la industria era menos del 16 por 100 del total y, aún de esta cifra, aproximadamente la mitad estaba empleada en sectores de necesidad tan perentoria y sofisticación tan escasa como la confección textil o la construcción. Las fábricas de más de un millar de trabajadores eran muy contadas y casi tan sólo existentes en la periferia. Del sector terciario o de servicios formaba parte importante todavía el servicio doméstico, lo que resulta bien expresivo de una sociedad retrasada: casi 300 000 personas figuraban en el censo como pertenecientes a él.

El arcaísmo del mundo agrícola resulta el factor explicativo de que el crecimiento económico español a lo largo del siglo XIX fuera de tan sólo un 0,5 por 100 anual por habitante, aunque la cifra aumentó bastante en los últimos años de la centuria, a partir de la Restauración; esta tasa de crecimiento representaba entre la mitad y una cuarta parte de la habitual en el norte de Europa. En consecuencia, aunque España creciera, la distancia con respecto a los países más desarrollados no hizo otra cosa que incrementarse: en 1850 la renta española era el 48 por 100 de la británica y el 57 de la norteamericana; en 1900, el 41 y el 43 por 100, respectivamente. Lo más importante no es que España siguiera siendo un país agrícola sino que, además, su medio rural estaba dominado por males estructurales ancestrales favorecedores de ese débil crecimiento. El número de fincas pequeñas era el 99 por 100 del total de las propiedades, pero representaban sólo un 46 por 100 del territorio nacional. Las fincas grandes suponían alrededor de un 28 por 100 del total del país, pero en la mitad sur de España este porcentaje se elevaba considerablemente. En doce provincias más de medio millón de hectáreas se repartían entre doscientos propietarios. En consecuencia, España tenía que enfrentarse con dos problemas graves, el latifundismo y el minifundismo. Eran, en cierto modo, no sólo fenómenos semejantes por su procedencia histórica sino también complementarios pues, en definitiva, el terrateniente andaluz obtenía cuantiosos rendimientos de sus tierras no merced a fuertes inversiones sino gracias a que los precios eran altos, porque se regían por la climatología y la calidad de la tierra habituales en Castilla, mucho menos favorables que en el sur. Pero esos precios altos de poco servían al pequeño propietario castellano, agobiado por la necesidad de recurrir a unos préstamos usurarios que llegaban normalmente al 20 por 100 e incluso en ocasiones superaban el 50 por 100: llegó a haber hasta un millón de fincas incautadas por falta de pago de los préstamos. El latifundismo en la mitad sur de la Península tenía causas históricas y no físicas. Aparte de las fincas de gran tamaño procedentes de la época romana o árabe fue la rápida reconquista en la primera mitad del siglo XIII de las tierras situadas al sur del Tajo la que provocó, tras el reparto del que fueron beneficiarios los nobles, una estructura latifundista que el advenimiento del liberalismo y la desamortización no modificaron de manera sustancial. En 1854 los principales sujetos pasivos por contribución rústica seguían siendo, en buena medida, nobles: lo eran 13 de los 22 que pagaban más de 100 000 reales, que residían o tenían tierras en Andalucía. En cambio, a mediados de siglo había desaparecido el latifundio eclesiástico. El nobiliario fue deteriorándose a lo largo de la segunda mitad del XIX y buena prueba de ello la ofrecen los avatares de algunas de las grandes familias nobles andaluzas, la totalidad o parte de cuyas fincas fueron pasando a la burguesía. Así, en 1884 las fincas del duque de Osuna fueron incautadas por los acreedores y serían compradas por dos familias de sonados apellidos durante la Restauración, los Benjumea y los Gamero Cívico. Los Medinasidonia, por ejemplo, vendieron la finca del coto de Doñana a los Garvey, productores de vino en Jerez. Sin embargo, la fortuna de los Medinaceli resultó más duradera, aunque en el último tercio del siglo vendieron propiedades a los Murube o los Solís. Desde antes de mediados de siglo, como precedente de estos procesos de venta, la tierra nobiliaria había sido habitualmente arrendada a burgueses o nobles de inferior condición, que fueron los que luego la compraron para explotarla directamente. Los antiguos arrendatarios y ahora nuevos propietarios no dudaron en emplear procedimientos técnicos modernos en sus nuevas propiedades, lo que contradice la visión tópica de que el latifundismo contribuía a la explotación ineficiente. Cuando llegó la República, el arado de vertedera representaba el 36 por 100 en la media nacional y el 56 por 100 en Andalucía; Sevilla y Cádiz concentraban nada menos que el 15 por 100 de las cosechadoras de toda España.

A pesar de este deterioro de la propiedad noble, a comienzos del siglo XX se puede calcular que aproximadamente un 6 por 100 de la tierra estaba todavía en manos suyas; la proporción era, sin embargo, mucho más elevada en determinadas provincias. Así sucedía en seis sureñas, y en Cádiz y Cáceres la propiedad noble suponía incluso una cuarta parte del total de las tierras. En esta última provincia 285 000 hectáreas correspondían a fincas de más de 10 000 y dos nobles, los marqueses de la Romana y el de Riscal, tenían 65 000. Cuando en 1932 fueron expropiados los bienes de la Grandeza de España se constató que 262 grandes eran propietarios de 335 000 hectáreas y que entre tan sólo 10 títulos nobiliarios poseían un 0,8 por 100 del país.

Pero, como ya se ha señalado, a comienzos del siglo XX el latifundismo no era un fenómeno nobiliario, ni siquiera primordialmente, sino que constituía una realidad perdurable aunque hubiera cambiado de manos. A la llegada de la República se pudo escribir que el 2 por 100 de los propietarios poseían el 56 por 100 de la riqueza agrícola en la Bética, mientras que en Badajoz unos 400 individuos controlaban un tercio de la propiedad agrícola. Los inconvenientes del latifundismo eran obvios si bien, al mismo tiempo, pueden dar una impresión caricaturesca de la España de la época. Aunque propietarios y arrendatarios del latifundismo hubieran contribuido a la introducción de mejoras técnicas, la existencia de una amplia mano de obra mal pagada en las regiones ricas en que existía la gran propiedad (como Andalucía occidental) no favorecía el incremento de la productividad. Por otro lado, el absentismo de los propietarios (casi todos los nobles y una parte de la burguesía) podía, quizá, suponer el arrendamiento a agricultores locales de hasta un 30 o un 40 por 100 de la tierra. Eso parece demostrar que la riqueza de la tierra podría haber contribuido a solucionar los problemas de desigualdad social, en vez de multiplicar el número de quienes se beneficiaban pasivamente de ella.

Lo característico del régimen de la gran propiedad era, más que nada, la existencia de una clase de jornaleros con condiciones de vida miserables y cuyos ingresos, merced al mismo hecho de la abundancia de mano de obra, permanecían de forma habitual en el borde mismo de la dieta mínima. Cuando había trabajo, el salario, a comienzos de siglo era, en algo más de la mitad de los casos, de 1,50 pesetas diarias, pero se encontraba a veces por debajo de esta cifra. Ya Costa señaló su insuficiencia y describió cómo se paliaba: «Lo que ha dado lugar al llamado problema agrario o cuestión social de los campesinos se reduce a estos sencillos términos: que el jornalero, aún con la ayuda de su familia, no gana estrictamente lo necesario para alimentarse, de modo que su déficit alimenticio se cubría disputando las hierbas a las bestias del campo, merodeando las campiñas en busca de trigo, espárragos, higos chumbos, yendo desnudos o descalzos los muchachos o cubiertos de harapos los adultos, enviando los niños no a la escuela sino a pedir limosna, viviendo hacinados en cuevas o chozas inmundas». Las estadísticas de la época parecen atribuir al jornalero andaluz la mitad del salario del valenciano excepto en el momento de la recogida de la cosecha. En su Andalucía trágica, Azorín describió a estos campesinos que parecían ancianos con tan sólo treinta años y apuntó: «El odio de estos labriegos acorralados, exasperados, va creciendo, creciendo». La respuesta del sistema social y político acostumbraba a ser, sin embargo, ignorar esta realidad. «Los latifundios son infundios», aseguró Romero Robledo, político de primera fila en la Restauración y cacique latifundista de Antequera. Dos décadas después los informes del Instituto de Reformas Sociales revelan un panorama muy semejante. «El mal que se siente en los campos españoles» —afirma un informe sobre el problema agrario en Córdoba— «debe ser muy real porque no cesan de patentizarse las quejas del proletariado rural; de nuevo encontramos un déficit entre el salario y la dieta mínima y la apremiante necesidad de subdividir la propiedad». De todos modos, no eran sólo los problemas estructurales los que atenazaban a la agricultura andaluza. Los mismos altos rendimientos de los cultivos (entre el 12 y el 18 por 100 en cereal y el 20 por 100 en olivar) contribuían a evitar la innovación agraria, que contaba con una mano de obra abundante, pero hubo además un fracaso evidente de la clase dirigente tradicional, lo que hace que la mayor parte de los apellidos de los capitalistas de la región (Loring, Heredia, Carbonell…) procedieran del exterior.

Nada parecido a este latifundio existía en otros países de Europa occidental, pero tampoco la situación española puede identificarse con la de los países balcánicos o algunos de los hispanoamericanos. El rendimiento por hectárea de la agricultura española era cinco o seis veces inferior al que se daba en países como Alemania o Gran Bretaña, pero ello nacía del general retraso técnico del país más que directamente del latifundismo; por otro lado, la climatología y la persistencia, debida a razones históricas, de la trilogía mediterránea contribuían a ello. Los propios especialistas en la Reforma Agraria republicana ridiculizaron la visión del latifundio como una propiedad noble dedicada a los pastos para el toro de lidia. España, a estas alturas, distaba ya mucho de ser una sociedad tradicional o del Antiguo Régimen respecto de la propiedad de la tierra. En el México prerrevolucionario, las propiedades de más de 1000 hectáreas suponían el 62 por 100 de la extensión del país, mientras que en España eran tan sólo el 5 por 100. El inconveniente de la estructura de la propiedad agraria española no residía de modo exclusivo en el latifundismo. Habitualmente, hasta la época republicana se consideró como fincas grandes las superiores a 250 hectáreas y como pequeñas las inferiores a 10; sin embargo, en la España de comienzos de siglo el 90 por 100 de las fincas pequeñas no sólo eran menores de esta extensión sino también de una hectárea, y en Galicia hasta el 98 por 100 de las fincas tenían dimensiones semejantes. Evidentemente, el tipo de explotación a que quedaba condenada una agricultura asentada en esta estructura de la propiedad era de mínima subsistencia para el campesino y de deficientísima productividad para la nación. El minifundio afectaba a otras regiones y no sólo a Galicia: a comienzos del siglo XX la cuota más baja de contribución territorial era de seis pesetas y la mitad de las que tenían este monto se localizaban, aparte de en la región citada, en Asturias y León. Sin embargo, había también un minifundismo andaluz, curiosamente combinado con el latifundismo, en especial en zonas como la Alpujarra granadina. No basta, sin embargo, con aludir al tamaño de las propiedades para tener una idea precisa de la estructura agraria de la España de comienzos de siglo, sino que también hay que hacer mención de los sistemas de arrendamiento. En términos muy generales se puede decir que sólo en la zona vasconavarra, la catalana y la levantina (regiones en las que, por otro lado, la mediana propiedad alcanzaba cotas altas), los plazos eran largos y las condiciones suaves: precisamente la existencia de estas últimas hizo posible la transición de la sociedad feudal a una agricultura caracterizada por la productividad y la difusión de la propiedad. En Valencia, por ejemplo, al predominar la enfiteusis que permitía al beneficiario (enfiteuta) conservar el dominio útil, fue posible introducir innovaciones mientras se parcelaba la propiedad. Merece la pena hacer, por lo menos, una breve alusión a algunos tipos de arrendamientos que estaban destinados a plantear importantes problemas sociales a lo largo del primer tercio del siglo XX. Los foros gallegos consistían originariamente en unas rentas eclesiásticas que fueron adquiridas durante la desamortización por los llamados foreros. A comienzos del siglo XX se planteó una situación de tensión social entre los foreros y sus subforistas; el foro siempre había sido transmisible de padres a hijos, y ahora los subforistas pidieron que se convirtiera en verdadera propiedad mediante redención o expropiación. La verdad es, no obstante, que la decadencia del foro se inició en las dos últimas décadas de siglo. Todavía en esa época los rentistas estaban a la cabeza de los mayores propietarios en las provincias gallegas. Desde entonces, sin embargo, se produjo la venta, normalmente no en favor del cultivador directo: el conde de Toreno, por ejemplo, vendió el pazo de Oca. Si los trabajadores directos acabaron haciéndose con la propiedad fue debido a diversos factores como, por ejemplo, la existencia de ahorros derivados de la emigración o del comercio de vacuno que, en la década final del siglo, se aproximó a 1 500 000 de cabezas, la mitad de las cuales se exportaron a Gran Bretaña. El dinero indiano, es decir, de quienes emigraban más allá del Atlántico, había ya empezado a jugar un papel de importancia en la economía nacional a fines del XIX: en Asturias, por ejemplo, la riqueza de los indianos hacía posible negocios comerciales, fábricas de chocolate y bancos.

También deben ser citadas otras dos fórmulas relacionadas con el arrendamiento. Los yunteros eran campesinos extremeños que poseían instrumentos para la labranza (una yunta, y de ahí el nombre) y que recibían de los grandes propietarios dedicados a la ganadería una parte de sus tierras para labrarlas ocasionalmente. Como los ingresos de los propietarios no dependían exclusivamente de esta fórmula, las condiciones eran habitualmente malas para el yuntero. En cuanto al llamado contrato de rabassa morta se daba en Cataluña entre el propietario de la tierra y un campesino que, a cambio de un pago no muy elevado, tenía derecho al cultivo de la vid hasta que la cepa muriera. En general, todas estas fórmulas de arrendamiento habían presenciado ya en el cambio de siglo la protesta de los cultivadores contra los propietarios, pero ello no implica necesariamente que sus reivindicaciones se canalizaran en sentido revolucionario.

Ni siquiera con la mención de los sistemas de arrendamiento concluían los males del campesino español pues es preciso también referirse a la combinación entre la estructura agraria y las condiciones de producción motivadas por la calidad de la tierra y por las condiciones climáticas para tener un panorama del mosaico que era la España agraria de comienzos de siglo. No se trata tanto de que ese panorama sea completo como de que queden ejemplificados convenientemente algunos de los casos más característicos y más diferentes.

Los pequeños y medianos campesinos de ambas Castillas, pero especialmente de la norteña, tenían que luchar contra una naturaleza hostil y contra la carencia de créditos. Vivían en esos «pobres campos solitarios /sin caminos ni posadas» que cantó Machado. El problema de la usura era para ellos extraordinariamente grave y lo peor es que ni siquiera existían instituciones en las que pudieran confiar para solucionarlo, pues los antiguos pósitos apenas tenían capacidad suficiente para ello. La imagen que nos dan los escritores de la generación finisecular acerca de Castilla es, a menudo, desgarrada. Maeztu describe la meseta como un páramo horrible poblado por sombríos moradores alimentados por el «tétrico garbanzo» y sin otro distintivo que el odio al agua y al árbol. En torno a 1904 se produjeron, sobre todo en Tierra de Campos, protestas agrarias no violentas. Sin embargo, la meseta superior siguió siendo, a comienzos del siglo XX, una región de comportamiento social tradicional y de relativo estancamiento económico. El peso de los nobles en la propiedad de la tierra seguía siendo importante: lo eran el 28 por 100 de los cincuenta primeros contribuyentes de cada una de las provincias de esta meseta superior, que poseían el 40 por 100 de la tierra; de los diez primeros propietarios de la región, nueve eran nobles, figurando entre ellos familias de tanta raigambre en la nobleza española como Alba y Fernán Núñez. Por si fuera poco, los arrendamientos eran a corto plazo, y ello y las malas condiciones climáticas propiciaban una agricultura poco innovadora (lo que ha sido denominado por un historiador como el «neoarcaísmo agrario»). Castilla no sólo no se industrializó (con la excepción de Béjar) sino que vio cómo sus industrias tradicionales se arruinaban a consecuencia de la penetración de productos de otras regiones. A veces podía surgir un momento en que las posibilidades de una agricultura arcaica se multiplicaban. En La Mancha, por ejemplo, los campos se cubrieron de vides a causa de la invasión de filoxera sufrida en Francia. Como consecuencia de ello, la extensión de este cultivo aumentó casi en un 50 por 100 en el último cuarto de siglo y la exportación de vino superó el 40 por 100 del total, pero ya a fines de siglo se había reducido a la mitad cuando la filoxera llegó a España. Hubo provincias, como Málaga, en que la vid fue arrasada casi por completo.

Se puede considerar a Valencia como la antítesis de lo sucedido con la agricultura castellana. Conocemos ya la estructura de la propiedad agraria que en esta región (como en Cataluña y Baleares) favoreció la relegación del rentista a un papel secundario y la difusión de la propiedad. Lo que nos interesa ahora advertir es que, al mismo tiempo que tenía lugar este cambio social, se producía también otro de carácter técnico en materia agrícola. Desde la Restauración la tasa de crecimiento de la exportación por el puerto de Valencia fue del 20 por 100 anual. Inicialmente, los productos exportados eran el vino y las naranjas, pero ya a finales de siglo el primero fue siendo sustituido por el segundo, que consiguió un predominio claro y fue incrementando su producción a un ritmo de casi un 5 por 100 anual. Estaba teniendo lugar una auténtica revolución agraria en la región que llevó a la sustitución del policultivo intensivo de cereales, frutales y plantas textiles (cáñamo) por los cultivos hortofrutícolas y de naranja allí donde había agua. Ésta, por otro lado, se consiguió con algún pantano más de los que ya existían desde tiempos remotos y, sobre todo, gracias a la construcción de nuevas acequias, como la del Oro, y la excavación de numerosos pozos para la extracción de corrientes subálveas; a todo ello hay que sumar la pronta difusión del abono. En las zonas donde el agua era más escasa (como también sucedió en Cataluña y en Baleares) se difundió un nuevo cultivo también dedicado a la exportación, el almendro. El naranjo proporcionó unas tasas de beneficio superiores a las de cualquier otra producción agraria. Por eso no tiene sentido preguntarse acerca de las razones de la no industrialización valenciana: sencillamente, los incentivos para el desarrollo económico señalaban otra dirección y, en consecuencia, Valencia se especializó en los cultivos dirigidos en buena medida a la exportación. Si de ello no se derivó una situación de dependencia colonial con respecto al extranjero la razón es que los compradores no procedían de un solo país.

Con todo lo expuesto tenemos al menos una panorámica de carácter general acerca de lo que era el mundo agrario español en el cambio de siglo, cuya importancia en la vida nacional no necesita ser recalcada. Es preciso, sin embargo, referirse también al mundo industrial y financiero, que en la España finisecular tenía una relevancia mucho menor. Un historiador de la industrialización española, Nadal, ha señalado que, inevitablemente, la revolución que ésta significaba tuvo que adaptarse a las condiciones de la realidad nacional y que, por tanto, no engendró más que «plantas raquíticas»; a esta afirmación se puede sumar la de un economista francés de la primera década de siglo para quien España era «un país agrícola y minero» (Escarra). Desde mediados del siglo XIX se había iniciado la industrialización, pero la carencia de recursos, la limitación del mercado interno y el deseo de evitar la competencia con el exterior habían disminuido las potencialidades de la economía española. Andalucía, que cobijó alguna de las primeras manifestaciones industriales de la España del XIX vio cómo se colapsaban a poco de nacer, con el resultado de convertirse en la primera región exportadora española, aunque casi exclusivamente de productos agrarios (representaba aproximadamente la mitad de la exportación española). El comercio exterior español, dirigido hacia Francia y Gran Bretaña en un porcentaje claramente mayoritario, creció a un ritmo considerable, el doble de la renta nacional, pero sólo un 1 por 100 del mismo estaba formado por productos industriales, correspondiendo un 23 por 100 a minerales al menos la exportación minera constituiría con el tiempo la base de la vocación industrial de dos importantes regiones españolas). En la década final de siglo la producción hullera asturiana se multiplicó por dos alcanzando 1 300 000 toneladas. El año 1899 culminó la fase de crecimiento vasco ligado a la exportación de mineral de hierro con la cifra de 5 500 000 toneladas. Desde el comienzo de la Restauración el 90 por 100 de la producción minera fue exportado y de él un 70 por 100 se transportó a Gran Bretaña. Si los productos siderúrgicos vascos no obtuvieron, ni en este momento ni en el posterior, un puesto importante en el mercado internacional, al menos la explotación minera permitió una acumulación de capital: los Ibarra y los Chávarri poseían minas en Vizcaya que producían el 59 por 100 del mineral, aunque parte de ellas fueran explotadas por empresas extranjeras. Con el transcurso del tiempo los sistemas de transporte facilitaron el acercamiento del combustible al mineral propiciando así el nacimiento de la siderurgia. Las empresas extranjeras, por otro lado, evitaron que en otras regiones españolas se produjera un proceso de capitalización semejante al descrito. Aunque Huelva producía dos tercios del cobre mundial el tipo de explotación venía a ser semejante al de una colonia, pues no afectaba al entorno social de la explotación minera. Otro caso de colonialismo económico británico fue Canarias, cuyos cultivos estuvieron siempre relacionados con la exportación hacia Gran Bretaña; en la segunda mitad del XIX fue la cochinilla. Incluso el puerto de la Luz fue construido con técnica y recursos británicos en los años finales de siglo. Con todo, junto con la capitalización vasca, el siglo XIX dejó como herencia un sistema bancario y una red de comunicaciones que, si eran elementales, al mismo tiempo resultaban imprescindibles para un proceso industrializador futuro. Hasta el ferrocarril el transporte en España fue infrecuente, caro y estacional (la red de caminos era tan sólo una octava parte en extensión de la francesa). El ferrocarril empezó a cambiar las cosas, y aunque fuera obra en gran medida de capital extranjero, también en un 50 por 100 lo fue español. Es muy posible que, dadas las circunstancias de la orografía española, se pueda atribuir al crecimiento del ferrocarril la condición de factor imprescindible para el desarrollo. Por otro lado, ya en 1892 había una red de 35 bancos, algunos de los cuales precedente de otros que todavía existen. Pero, en realidad, si hay que hablar de industria en España en el cambio de siglo es preciso referirse a Cataluña, única región, junto con Valencia, en que a la altura de 1900 se superaba la media nacional en lo que a industrialización se refiere. El ejemplo catalán puede considerarse como excepcional en el contexto mediterráneo, con la única coincidencia del triángulo industrial en el norte de Italia. Como en ese caso, la industrialización —que no puede, en modo alguno, describirse como un proceso revolucionario sino más bien como «una larga infancia» (Tortella)— se llevó a cabo sin disponer de recursos carboníferos o de minerales férricos. Se trató de un crecimiento extensivo, es decir, basado en un incremento de la cantidad más que de la productividad a lo largo de un periodo de tiempo que puede remontarse al siglo XVII. El carácter igualitario de la sociedad y la especialización agrícola costera junto con la vocación exportadora explican un desarrollo económico que convirtió a Cataluña en la «fábrica de España». Eso mismo, sin embargo, mostraba las limitaciones de la industria textil catalana, volcada al consumo de un país agrícola retrasado. Pero los problemas de la industria catalana no sólo provenían de la debilidad del consumo, sino también de que tanto las patentes como las materias primas (el algodón, por ejemplo) procedían del exterior, con lo que quedaba condenada a una falta de modernización y, en consecuencia, a una limitada calidad. Aunque el coste de la mano de obra era en Cataluña menor que en otros países europeos, la escasa modernidad imponía una ausencia de competitividad a nivel internacional obligando, por tanto, a protegerse tras un arancel alto. La misma organización de las empresas textiles, a pesar de un cierto proceso de concentración iniciado a fines del XIX, era insuficiente, siendo predominante la empresa de carácter familiar. Todavía en 1907, Calvet, el presidente de la Asociación Patronal de Fomento del Trabajo Nacional, reconocía que para los empresarios catalanes las letras de cambio venían a ser algo así como el reconocimiento de una deuda personal que, por tanto, debía ser evitado a toda costa.

Mencionados los principales campos de la actividad podemos a continuación examinar el crecimiento económico en su conjunto. Al hacerlo comprobaremos que parece más adecuada la idea de crecimiento lento pero constante (e inferior al de otros países) que no la de un «fracaso» del desarrollo económico. Se ha calculado, en efecto, que entre 1850 y 1900 el Producto Interior Bruto se duplicó merced, sobre todo, a la industria; el balance resulta positivo si tenemos en cuenta que la contracción había sido el rasgo más característico de la economía española en la primera mitad del siglo XIX, pero la diferencia con otras latitudes se hace evidente si tenemos en cuenta que si los españoles en 1850 tenían el 48 por 100 de la renta per capita británica y el 57 por 100 de la norteamericana en 1900 los porcentajes eran, respectivamente, el 41 y el 43 por 100. El problema español no era tanto el estancamiento como la lentitud. Ahora bien, los años finales de siglo que, como veremos, supusieron desde el punto de vista político y cultural una quiebra de la legitimidad, en cambio no tuvieron como resultado una crisis económica. Aunque con grandes sacrificios, equivalentes a la mitad del presupuesto anual, la guerra colonial —que había costado unos 2000 millones— fue financiada principalmente gracias a la deuda interior. La repatriación de los capitales de procedencia colonial vino a representar un monto semejante al coste de la guerra. Durante los años noventa, el sistema bancario incrementó sus depósitos un 60 por 100, duplicándose el número de bancos en pocos años. El Banco de España dejó de representar un papel tan crucial en el conjunto del sistema financiero como a mediados del XIX. En los años de fin de siglo el capital fundacional de las nuevas sociedades mercantiles se multiplicó por 7. La nueva revolución industrial tendría un efecto de enorme importancia en España. La electricidad, que empezaba a ser utilizada en el medio urbano para el transporte o la iluminación (en 1896 fue iluminado con ella el Palacio Real), permitiría con el paso del tiempo modernizar muchas industrias y solventar los problemas de localización de las principales. De este modo el fin de siglo fue mucho más un punto de partida que la culminación de un declive.

Si el proceso de industrialización español estuvo retrasado con respecto a otros países europeos, cualquier observador de la realidad española hubiera constatado una situación semejante respecto de la propia sociedad. Un somero examen de esos 18 500 000 habitantes que poblaban nuestro país a comienzos de siglo lo demuestra. Ya hemos visto que la mortalidad española era superior a la de las naciones europeas: alcanzaba el 29 por 1000, mientras que en la Europa occidental se situaba en un 18, sin que la superior natalidad española pudiera compensar la diferencia. Otra considerable divergencia entre la sociedad española y la de la Europa occidental radicaba en la tasa de analfabetismo. En 1900 al menos el 63 por 100 de la población española no sabía leer ni escribir, frente a un 24 por 100 en Francia (también en Italia la alfabetización progresó a mayor ritmo que en España). Sin duda, la diferencia de porcentajes revela la eficiencia del Estado respectivo: en nuestro país las cifras de escolarizados en el final de siglo eran inferiores a las de los pendientes de escolarizar. Si España estaba, respecto del analfabetismo, en una situación mejor que la del vecino Portugal (79 por 100 de analfabetos), Bulgaria (80) o Turquía (86), había, sin embargo, provincias españolas, como Jaén y Granada que, al superar el 80 por 100 de analfabetos, recordaban mucho más al mundo balcánico que al europeo occidental. En nuestra geografía existía, en efecto, una clara diferencia entre un norte mucho más alfabetizado y un sur que lo estaba mucho menos. También existía una considerable diferencia entre el medio urbano y el rural: en Madrid, por ejemplo, dos de cada tres habitantes sabían leer (y tres de cada cuatro varones). De acuerdo con la legislación —Ley Moyano de 1857— todos los municipios de más de 500 habitantes debían erigir escuelas primarias pero, en la práctica, muchos pueblos carecían de ellas (sólo el 23 por 100 estaban en locales apropiados) y los maestros siempre cobraban tarde y mal, lo que explica los porcentajes de analfabetismo existentes. La propia Enseñanza Media se reservaba para una proporción mínima de la sociedad española, las futuras clases dirigentes. Sólo en 1887 asumió el Estado las competencias sobre los Institutos de Segunda Enseñanza, unos sesenta, originariamente en manos de las Diputaciones, pero, aun así, el número de estudiantes (unos 29 000 en 1876) a comienzos del nuevo siglo no superaba los 32 000. La Universidad, reducto de una proporción mínima del sistema educativo (unos 17 000 alumnos en una decena de centros), estaba dotada de unos recursos relativamente aceptables en comparación con el resto del sistema, como si en la mente de los dirigentes importara mucho más la formación de una minoría que la difusión del conocimiento entre la mayoría. A menudo la cátedra servía como medio de subsistencia de escritores cuyos intereses y dedicación caminaban por muy distintos caminos: ni Leopoldo Alas Clarín ni Unamuno hicieron grandes aportaciones al Derecho romano o al estudio del griego, respectivamente. El propio Cajal, el sabio español por excelencia a fines del XIX, se vio a menudo tentado por la dedicación al periodismo o la política. De todos modos, en el final de siglo apareció una creciente preocupación por los temas educativos. No sólo hubo frecuentes iniciativas pedagógicas sino que se creó un Ministerio de Instrucción Pública, como si se pensara que al Estado le había de corresponder un papel creciente en este terreno. Analizar la estructura social española de comienzos del siglo XX no resulta fácil, porque los abundantes trabajos que la historiografía española reciente ha llevado a cabo sobre los aspectos sociales de la vida contemporánea se han centrado, sobre todo, en el movimiento obrero o en generalizaciones ensayísticas acerca de la peculiaridad de la burguesía española o de las regiones periféricas en vez de en la descripción pura y simple. Carecemos, en consecuencia, de estudios suficientes para dar una imagen precisa, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, de la realidad social española en este momento, aunque en los últimos tiempos algo se ha mejorado. Se puede colegir del estado de nuestros conocimientos que la sociedad española de principios de siglo si, por un lado, daba pruebas de la existencia de profundas desigualdades, no por ello puede definirse como una sociedad vecina a las del Antiguo Régimen, con una burguesía tan incipiente como «feudalizada» y sin un mínimo de movilidad social ascendente. También en este terreno la impresión que produce España es la de ser un país en vías de modernización.

Esta impresión se confirma al examinar las clases dirigentes de la España de la época que residían principalmente en Madrid y Barcelona, las dos urbes que, en el cambio de siglo, superaban los 500 000 habitantes. En la España del reinado de Alfonso XIII la clase alta estaba formada por latifundistas, nobles o no, miembros de la burguesía industrial o de negocios y altos funcionarios o profesionales, normalmente relacionados con la clase política. La nobleza estaba compuesta, en esa fecha, por algo menos de 2000 títulos que correspondían a un número más reducido de personas: la de mayor prosapia y riqueza agraria correspondía a los títulos anteriores al siglo XIX pero a lo largo de éste la nobleza había visto engrosar sus filas con los títulos creados por Isabel II, muchos de los cuales correspondieron a los altos cargos militares o, en la Monarquía de Amadeo de Saboya, a banqueros y hombres de negocios.

Ya en la etapa de la Restauración y la Regencia se crearon algo más de medio millar de títulos que fueron a parar a personas destacadas en el mundo económico y social aunque, con el paso del tiempo, la atracción sentida por la nobleza pudo haber disminuido y, por supuesto, no implicaba un cambio de mentalidad en quien lo recibía. Grandes personajes de la burguesía catalana, como Girona y Arnús, no aceptaron ser ennoblecidos. En cualquier caso, las clases dirigentes en España estaban conectadas por vínculos matrimoniales que, más que vehículos de ascenso del estatus social, lo confirmaban y perfilaban al basarse las relaciones empresariales en la confianza personal y familiar. Así, Cánovas estuvo casado en segundas nupcias con la hija del banquero Osma, mientras que Maura casaría a sus hijos en medios de la burguesía indiana ascendente. En Barcelona, Antonio López casó a una hija suya con un Güell, enlazando a dos de las más importantes familias capitalistas catalanas.

Aun participando de estas características comunes había notorias diferencias entre las dos principales ciudades en lo que respecta a los rasgos de las clases dirigentes. En Madrid residía un tercio de las grandes fortunas españolas de la época y la mitad de la nobleza; la capital todavía tenía un elevadísimo porcentaje de la población activa dedicada al servicio doméstico. Sería, sin embargo, errado considerarla como una ciudad dominada por una nobleza de alcurnia que vegetaba gozando de sus rentas agrarias. En el mismo Senado, del que se podía esperar que fuera un reducto nobiliario, tan sólo un tercio de sus miembros tenía título y la mitad de ellos eran recientes. El primer contribuyente madrileño era el conde de Romanones, procedente de una familia de sólido arraigo liberal, que se había enriquecido a base de negocios diversos (mineros, por ejemplo) pero cuya fortuna se fundamentaba en la propiedad rural y urbana (tenía 5000 hectáreas en Guadalajara y 41 casas en Madrid). Romanones obtuvo el título nobiliario, gracias a su matrimonio, a finales de siglo. Para completar su imagen es preciso recordar también que casó con la hija de un miembro tan importante de la clase política de la Restauración como Alonso Martínez. Su dedicación a la política no le permitió incrementar su fortuna: a su muerte se ha calculado que ésta era un 20 por 100 menor que al comienzo de su carrera política, imagen que contrasta con la habitual en un oligarca.

En el comienzo de siglo fue una nobleza de reciente creación la que fundó las primeras industrias de consumo madrileñas: el marqués de Ibarra tuvo una cervecería, el conde de Romanones creó una empresa panificadora y el duque de Tovar, su hermano, fundó una empresa de construcción. Junto a la condición de capital de la nobleza y de la alta burguesía, Madrid era también la capital administrativa y, como tal, el centro del que partían las grandes decisiones políticas. Era, pues, obligado punto de referencia de dos estamentos sociales que, en el pasado, habían estado vinculados al mundo tradicional, pero que ahora tenían una raigambre burguesa. En el último cuarto de siglo tan sólo cinco de los obispos españoles nombrados tenían procedencia nobiliaria, rasgo que desapareció a comienzos de siglo de manera casi completa. El Ejército tenía un número elevado de títulos, merced a las guerras carlistas, pero con el paso del tiempo se había convertido en un organismo urbano y burocrático en que el autorreclutamiento desempeñaba un papel de primera importancia.

Idéntica impresión de desigualdad, pero también de movilidad social, se desprende del examen de la alta sociedad barcelonesa. Tan sólo una décima parte de los títulos creados en la Restauración correspondieron a catalanes y, en general, puede decirse que aunque el ennoblecimiento de las grandes familias de Barcelona acabó por producirse, fue un tanto tardío y no tan vehementemente deseado por algunos de los miembros de esas clases. Esas grandes familias barcelonesas fueron consagradas al ocupar los puestos más importantes en los cargos organizadores de la Exposición de 1888 (que constituyó para ellas una especie de acto de reafirmación y orgullo colectivo); solían tener una procedencia humilde y habían progresado como consecuencia de los motores más característicos del desarrollo económico catalán. Girona, del Banco de Barcelona, cuya dirección mantuvo hasta los noventa años, era hijo de un relojero, y los López Bru (que recibieron el título de marqueses de Comillas por su procedencia geográfica cántabra), los Güell y los Ferrer Vidal estuvieron relacionados, inicialmente al menos, con el comercio indiano (incluso de esclavos), para pasar luego a otras dedicaciones y empresas. Aunque en esa burguesía hubo algunos apellidos extranjeros (Arnús, Bertrand) lo más habitual fue que se tratara de una clase social autóctona, con la única excepción de los López. Asentada en la solidez de la empresa familiar y en instituciones de prestigio social (el Liceo) o económico (la Caixa de Ahorros fue obra suya), esta burguesía tenía poco que ver con una clase feudalizada o rentista.

Las clases medias en la España del cambio de siglo estaban formadas por los miembros de las profesiones liberales, los burócratas, los medianos propietarios del campo y la ciudad, etc. Se puede calcular que, a la altura de 1900, unas 200 000 personas estaban vinculadas a la Administración o las profesiones liberales. La formación de estos sectores era esencialmente jurídica: en las Cortes, como en otros parlamentos de los países latinos, el número de abogados era muy alto, aproximadamente dos tercios. No puede extrañar, por tanto, el prestigio de la oratoria. Esta formación podía dar acceso a la función pública, ansiada por la clase media provinciana. A la altura del cambio de siglo no eran pocos los problemas que tenía la burocracia española. El sistema legal en que se basaba había sido implantado a mediados del siglo XIX y perfeccionado con posterioridad (los altos cuerpos de la Administración nacieron en torno a los años ochenta). Sin embargo, algunas décadas después la burocracia española no era independiente ni estaba sujeta a procedimientos de actuación objetivos y claramente diferenciados de la política. Un Estado pobre todavía condenaba a drásticas y periódicas reducciones presupuestarias: en el primer año de la última década del XIX fue del 20 por 100 y al siguiente de un 10 por 100 más. Era frecuente que, en los escalafones, el número de funcionarios cesantes fuera superior al de activos; aquéllos fueron protagonistas de buena parte de las novelas de Pérez Galdós durante los años ochenta. Si eso ya facilitaba un control por parte del Estado y excitaba a un sistema de despojo por parte de quienes estaban en el poder, la propia legislación admitía la intervención gubernamental incluso en aquella parcela en que, por precepto constitucional, debía ser autónoma, como era el caso de la justicia. Las mismas decisiones del Tribunal Supremo facilitaban la arbitrariedad gubernamental en la adjudicación de los destinos. Con todo, quizá la situación más grave en el seno de la Administración española se daba en el caso de los maestros que, a fines del XIX, todavía eran pagados por los Ayuntamientos, lo que les reducía, con frecuencia, a la miseria y, siempre, a depender del poder político en las pequeñas entidades de población. Con respecto a las clases profesionales, los años finales del siglo supusieron la definitiva vertebración de la organización colegial como medio de regular el ejercicio profesional. A estos sectores sociales se pueden añadir también, para tener una visión más completa de lo que eran las clases medias, el clero y el Ejército. El clero estaba formado por unas 88 000 personas y el Ejército constaba de unos 20 000 oficiales.

Lo más probable es que tan sólo el 25 o el 30 por 100 de la población sea abarcable en el concepto genérico de clases medias, empleando esta expresión en términos no muy precisos e incluyendo en ellas a los comerciantes y personas de actividad semejante y, en general, a lo que habitualmente se entiende como clase media baja. El resto de la población española estaría formado por agricultores propietarios de pequeñas unidades de explotación, jornaleros campesinos, obreros industriales y de servicios, servidores domésticos, etc, conjunto que podría ser representativo del 75 por 100 restante. La proporción entre unos y otros es muy difícil de señalar, pero todo hace pensar que, a la altura de 1900, la cifra de jornaleros del campo era muy superior a la de obreros industriales, quizá en la proporción de tres a uno. Dicha proporción resulta interesante porque nos muestra la situación relativa de dos sectores sociales, ascendente el uno y descendente el otro, en un común proceso de modernización. Sólo en términos proporcionales cabe hablar, en efecto, del peso de cada sector en la pirámide de población activa española. Sabemos que la proporción de cultivadores directos fue estable con tendencia al alza, mientras que quienes en el censo eran calificados de jornaleros tendieron a disminuir en número. La población activa en la industria no debía ir más allá del 16 por 100, en tanto que los trabajadores independientes (que no eran otra cosa que artesanos o menestrales) se situaban alrededor de la mitad. En realidad, una población obrera industrial propiamente dicha sólo existía en Barcelona, integrando a unas 100 000 personas. Una cuarta parte de la población activa estaba formada por trabajadores terciarios, pero (y ello es muy significativo) aproximadamente una cuarta parte pertenecía al servicio doméstico. La existencia de informes oficiales acerca de las condiciones de trabajo en determinados medios permite ofrecer una idea de lo que era la vida habitual de la inmensa mayoría de la población española. En Barcelona el trabajo en la industria textil suponía una jornada de once horas y un salario de tres pesetas en el cambio de siglo; buena parte del mismo estaba en manos de mujeres, lo que explica lo reducido del mismo. En la minería vasca la jornada era de once horas en verano y nueve en invierno. La dureza de estas condiciones se veía complementada por el hecho de que el trabajador del textil catalán debía contar con el sueldo de la mujer para completar su salario. Por su parte, los mineros (que padecían la mayor accidentalidad laboral, alrededor del 30 por 100) hicieron las primeras huelgas en 1890 demandando una jornada diaria que se redujera a ocho horas. Sólo trabajadores muy especializados, la auténtica aristocracia de la clase obrera, como eran los tipógrafos, llegaban a cobrar siete pesetas diarias de salario. De cualquier modo, el trabajo industrial englobaba apenas un cuarto de millón de personas, una tercera parte de los artesanos existentes en España.

Con ser duras las condiciones de trabajo del obrero industrial todavía resultan más lacerantes, desde una óptica actual, las del jornalero agrícola. Ya hemos hecho mención de ellas en páginas precedentes, pero conviene recordar ahora, en términos comparativos, que un jornalero andaluz cobraba un salario que, en el mejor de los casos (en invierno), era la mitad del de un obrero barcelonés e incluía una comida, y que en verano podía ser de tan sólo un tercio: sólo en ocasiones excepcionales, como la siega, se situaban sus salarios por encima de lo habitual en el textil catalán. En general puede decirse que el 70 por 100 del presupuesto de una familia obrera se empleaba en la alimentación. En el medio urbano la base alimenticia era el cocido de legumbres con la ocasional adición de bacalao o carne de baja calidad, pero en el campo seguía estando constituida por el pan (con aceite, por ejemplo) o los gazpachos. Al mismo tiempo, las clases altas se beneficiaban ya de la aparición de una gastronomía de influencia foránea. La mayor parte de los restaurantes tenían nombres extranjeros y los menús estaban redactados en francés. En el banquete de boda de Alfonso XII hubo nada menos que quince platos.

A comienzos de siglo la situación de la mujer respondía a una concepción que la asimilaba a la condición del menor sujeto a la autoridad marital. El Código civil daba por descontado que el marido debía proteger a la mujer y ésta obedecerle, siguiéndolo allí donde él decidiera fijar su residencia. Una escritora, Emilia Pardo Bazán, aseguró por esas fechas que más que de educación de la mujer cabía hablar de su «doma», pues toda ella conducía a inculcarle los valores de obediencia y pasividad. Así como «el hombre ha nacido libre y libre debe vivir», aseguraba un manual sobre la conducta de la mujer, ésta «no debe salir de las paredes del hogar». Sólo las viudas herederas eran verdaderamente independientes. La propia moda —el corsé— remitía al papel de la mujer como madre, aunque por estas fechas ya se estuviera produciendo una simplificación del vestido.

En estas circunstancias no puede extrañar que la mujer fuera prácticamente ajena al mundo de la educación y del trabajo. En 1900 el analfabetismo femenino era muy superior al masculino, situándose en el 71 por 100 (el masculino era del 55 por 100); tan sólo había una mujer doctora en la Universidad y apenas cuatro decenas cursando los estudios de Bachillerato en institutos de toda España. Aunque las primeras leyes sociales se centraron precisamente en las condiciones de trabajo femeninas, su resultado no fue más que disminuir la tasa de actividad de la mujer: ésta carecía de protagonismo en el mundo del trabajo: sólo algo menos del 15 por 100 de la población femenina trabajaba y el núcleo más importante lo hacía en el servicio doméstico (de donde procedían dos tercios de las prostitutas). El 90 por 100 de las mujeres que trabajaban lo hacían en tres sectores industriales: la industria de la confección, que suponía la mitad, la textil y la alimenticia. En todas las ciudades de una cierta entidad existía una población laboral femenina, pero únicamente tenía una significación importante en Barcelona donde las obreras del textil suponían más de una cuarta parte del total de la mano de obra empleada en el sector y el 15 por 100 de la población obrera barcelonesa. La participación en el mundo del trabajo no suponía, sin embargo, una equiparación con el varón, pues los salarios femeninos estaban entre la mitad y los dos tercios de los masculinos. La conciencia de la marginación de la mujer apenas si había empezado a desarrollarse a la altura del cambio de siglo, si bien en ocasiones quienes escribían libros sobre feminismo eran varones (en 1899 lo hizo Posada, por ejemplo). Aunque ya eran frecuentes las escritoras, sólo en la primera década del XX aparecieron las primeras mujeres dirigentes del sindicalismo obrero: Teresa Claramunt entre los anarquistas y la socialista Virginia González.

Esta alusión a las condiciones de vida de la clase trabajadora da pie para hacer mención a los movimientos sociales de carácter sindical y de propósitos más o menos revolucionarios. Es ésta una cuestión en la que se ha producido una importante evolución en los planteamientos de la historiografía. Estamos ya muy lejos del tipo de visión que atribuía a esta clase de movimientos un papel absolutamente decisivo en el pasado español, en ruptura con la época anterior y como promotores de una revolución que estuvo a punto de triunfar a lo largo de sucesivas ocasiones. En realidad, el movimiento obrero no se entiende sin la preexistencia de un republicanismo carbonario, igualitario y anticlerical. Sus fundadores, más que trabajadores del mundo industrial emergente, fueron artesanos y obreros de oficios clásicos o incluso pequeños campesinos, afectados unos y otros por el cambio en sus condiciones de vida como consecuencia de la evolución económica reciente. La configuración de un programa reivindicativo y de una mentalidad peculiar (que incluía, por ejemplo, la celebración del 1 de mayo o la reivindicación de las ocho horas de trabajo) quedó configurada en el final de siglo. Pero no se produjo una ruptura total con el pasado —tanto el republicanismo como la tradición puramente mutualista fueron muy duraderos— y menos aún la posibilidad real de que resultaran por completo determinantes del inmediato futuro histórico. España tenía, sin embargo, una indudable tradición en lo que respecta al movimiento obrero. La sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores había sido la más nutrida en afiliados de todo el mundo, en especial en sus últimos tiempos; cabe preguntarse, sin embargo, hasta qué punto se puede considerar este hecho como demostrativo de una movilización consciente del trabajador español y, sobre todo, destinada a tener estabilidad. De hecho, en los años finales del XIX no podía considerarse que, ni desde el punto de vista de la originalidad ideológica ni del número de afiliados, el movimiento obrero español tuviera una especial significación en el contexto del europeo. Ni siquiera cabe atribuir una especial peculiaridad del movimiento obrero español a la división entre anarquismo y socialismo porque ésta era habitual en los países latinos durante la época. Si acaso se puede considerar como rasgo relevante en el obrerismo español el papel poco importante desempeñado por el socialismo. El PSOE, fundado por Pablo Iglesias, era una organización de muy limitada afiliación formada, sobre todo, por obreros especializados (por ejemplo, tipógrafos) y caracterizada por una postura de rígida oposición a cualquier tipo de colaboración con los partidos de la izquierda republicana, que tenían un apoyo mucho mayor en los medios obreros. Todavía en el final de siglo su localización geográfica estaba repartida entre Madrid y Barcelona. Tanto el partido como su sindicato (UGT) habían logrado salir de la clandestinidad gracias a la Ley de Asociaciones aprobada por los liberales durante el largo gobierno de Sagasta, pero eso no dio lugar a una espectacular crecida de sus efectivos.

Con respecto al anarquismo es bien conocida su influencia determinante en la sección española de la AIT durante el periodo revolucionario. En el pasado ha sido bastante habitual preguntarse acerca de las razones del arraigo del anarquismo en España y se han solido dar interpretaciones de este fenómeno un tanto simplificadoras, como, por ejemplo, vincularlo a una cierta «rebeldía primitiva» del campesinado carente de tierras en el sur señalándose, incluso, que la emigración a las zonas industriales podría ser la razón explicativa de la presencia del anarquismo en el medio urbano (Barcelona, por ejemplo). El anarquismo sería una doctrina mucho más propia de la rebelión, periódica e intensa, en vez de la revolución, capaz de despertar entusiasmos mesiánicos, casi religiosos, y producto de actitudes puritanas en lo moral mucho más que de interpretaciones del mundo y de la Historia. La interpretación del anarquismo como «rebeldía primitiva» tiene, sin embargo, en su contra muchas evidencias, aunque haya sido suscrita por prestigiosos testigos y por no menos prestigiosos historiadores posteriores. Es probable que resulte mucho más correcto describir el anarquismo como una suma de corrientes que a veces tenían poco que ver entre sí, pero que conectaban con algunas tradiciones populares sólidamente asentadas como, por ejemplo, el anticlericalismo y el utopismo de raigambre liberal. Había un anarquismo al que cabe denominar, con mayor propiedad, anarcocomunismo, basado en la conspiración mediante sociedades secretas, la acción violenta y el reparto de la tierra en el medio latifundista del sur. Ése sí puede asimilarse, en ocasiones, a la rebeldía primitiva, aunque las organizaciones sindicales estables de carácter anarquista en ese mismo medio no necesariamente deben vincularse con los jornaleros carentes de tierra, como se ha asegurado en más de una ocasión. Ahora bien, al mismo tiempo, existía un anarcosindicalismo urbano, que recogía toda la tradición histórica de unión obrera y mutualismo nacida en el siglo XIX, pero cuyos ideólogos a menudo rompieron con la propensión reformista que lo caracterizaba. Una tercera versión del anarquismo correspondería al terrorismo urbano producto, en muchas ocasiones, de la acción de jóvenes estudiantes o intelectuales descentrados que nada tenían que ver con el asociacionismo obrero.

Con todo, ni el socialismo ni estas tres versiones del anarquismo, aunque despertaran terror en los medios burgueses y conservadores, representaban un peligro tan inmediato y grave como les atribuían los medios de expresión vinculados con esas actitudes. Si el Estado de la Restauración había tenido algún motivo para inquietarse en las últimas décadas de siglo la razón estribó mucho más en las conspiraciones militares, carlistas y republicanas, que en una posible subversión social nacida en los sectores obreristas. La afiliación a ellos era poco nutrida y la razón estriba en que la sociedad española de la Restauración se caracteriza principalmente por una actitud apática y desmovilizada que constituye el principal factor para interpretar la esencia de su sistema político.

Los intelectuales finiseculares lanzaron contra el Estado de la Restauración críticas de una dureza singular. Unamuno afirmó que en España había tan sólo «apariencias de Ejército, ficciones de Magistratura, sospecha de Universidad y escrúpulos de Marina». En efecto, si por algo se caracterizaba el Estado de la Restauración era por su debilidad. Así se aprecia, en primer lugar, desde el punto de vista económico. A fines del XIX la deuda nacional suponía quince veces el presupuesto anual y sus intereses casi alcanzaban la cuarta parte del mismo. La liquidación del presupuesto en las dos últimas décadas del siglo fue, con escasísimas excepciones, negativa, lo que obligó a reducir los gastos. Además, los ingresos crecían a un ritmo inferior al 2 por 100 anual y los gastos apenas si se referían a inversiones productivas; el Ministerio de Fomento representaba, como media, tan sólo el 7 por 100 del presupuesto. Sin duda, el Estado de la Restauración era un monumento de impotencia por su radical falta de recursos, en definitiva, su miseria. Las mismas cifras de funcionarios resultan un buen testimonio de esta realidad. A comienzos de siglo la carrera judicial y fiscal contaba con tan sólo 973 personas. Había 150 abogados del Estado, algo más de un centenar de catedráticos de Universidad, 146 de instituto, unos 900 ingenieros… Sólo 200 personas eran funcionarios de Fomento y 300 de Gobernación. El Ministerio de Hacienda contaba con tan sólo 1500 personas. Al lado de estas cifras los 18 000 guardias civiles parecían una cifra elevadísima. Esa miseria contribuye, en parte, a explicar porqué en España el sentimiento nacional, sostén a su vez del Estado, estuviera menos desarrollado que en otras latitudes europeas. En ellas el servicio militar y la labor de la escuela sirvieron para que se produjera una homogeneización de los ciudadanos pero en nuestro país aquél se podía redimir mediante el pago de una cantidad y la labor promotora de la alfabetización dejó un tanto que desear (mientras que en 1870 Francia escolarizaba al 70 por 100 de su población en edad escolar en España sólo se alcanzaba la mitad de ese porcentaje). También los símbolos nacionales destinados a crear el sentimiento de pertenencia a la Nación fueron relativamente tardíos. La bandera española sólo apareció definitivamente a mediados del XIX y tuvo alternativas por el uso de la tricolor por parte de la izquierda, en tanto que el himno no llegó a tener letra. Los nombres de las calles de Madrid no hacían referencia a los héroes nacionales o a las grandes victorias contra un adversario sino que eran heredados de tiempos ancestrales. El Panteón de Hombres Ilustres fue construido muy tardíamente y aún a comienzos del siglo XX las estatuas de la capital parecían recordar a los patriarcas del régimen político (Alfonso XII, Martínez Campos…) más que a los héroes colectivos. A lo largo del XIX España no tuvo adversario exterior, a no ser los franceses en 1808, pero la fiesta nacional del 2 de mayo ni siquiera era celebrada por el Estado sino por el Ayuntamiento de Madrid. Las empresas exteriores fueron irrelevantes, tan siquiera dignas de atención por parte de la opinión pública, excepto en el caso de Marruecos, mucho menos movilizador, en todo caso, que Alemania respecto de Francia. Aun así el sentimiento nacional español fue progresando y durante la guerra de 1898 incluso pudo darse un patrioterismo que se pretendía eco de la opinión pública cuando en realidad la creaba en un manifiesto error. Habían contribuido a ello una visión del pasado —de la Historia— y un sentimiento de honor que unía al conjunto de la sociedad española de la época. De cualquier modo, esa visión era por completo unitarista sin tener en cuenta la plural realidad cultural que ya se estaba haciendo patente desde mediados del XIX. Durante el final de siglo una nueva visión de la Nación contribuyó a reafirmar ese sentimiento de identidad. No se basaba ya en las grandes hazañas individuales del pasado sino en la realidad material, el paisaje y la tradición colectiva e incluía con frecuencia una ácida visión de lo español (Unamuno llegó a describir España como un «convento-cuartel que incuba la hiel recocida y gualda»). Estas ideas resultaron muy influyentes en todos los intelectuales españoles de la época, pertenecieran o no a la cultura centralista. En el fin de siglo, en efecto, como tendremos ocasión de comprobar más adelante, aparecieron visiones de España caracterizadas por su condición de excluyentes: las de Madrid y de las regiones de más acentuada peculiaridad cultural.

Quizá sea éste un buen momento para tratar de dos elementos esenciales del Estado y la sociedad de fin de siglo que además tendieron a identificarse, sin duda de una forma abusiva, con ese sentimiento nacional. Ambos, además, tenían para los españoles finiseculares algunos rasgos coincidentes, como la omnipresencia, en el sentido de que no se podía evitar la relación con ellos, y la autonomía que ellos se atribuían, de manera que había aspectos sobre los que se otorgaban a sí mismos una exclusiva absoluta e inapelable.

El Ejército fue abandonando la política diaria y aunque los militares más relevantes —que en gran medida habían sido artífices de la Restauración— tuvieron un papel y una influencia política siempre muy significativas, no ejercieron el liderazgo de los partidos. Pero, al mismo tiempo, mantuvo sin modificaciones una situación interna muy poco aceptable, producto de las guerras civiles del XIX. Para 80 000 soldados había unos 20 000 oficiales y 500 generales, con lo que los gastos de personal impedían lograr una efectividad real. Dotado de prensa propia, a menudo entremetida y venal, el Ejército se enfrentaba a la impopularidad del servicio militar y a la existencia de responsabilidades que, en términos estrictos, no le hubieran debido corresponder, como las relativas al orden público: si un general, Martínez Campos, fue objeto de uno de los más sonados atentados terroristas acontecidos en Barcelona a fin de siglo fueron también militares quienes juzgaron a los presuntos responsables de lo sucedido. La derrota colonial creó en el Ejército español una mentalidad muy peculiar que un prestigioso militar destinado a desempeñar un importante papel político describió como «de compartimiento estanco, de particularismo extremo». Durante el conflicto los generales más apreciados por la opinión pública fueron los que se caracterizaron por una postura más dura, como Weyler y Polavieja. Habían menudeado, además, los incidentes con la prensa cuando ésta había criticado algún aspecto de la Administración militar. Ahora los oficiales no quisieron asumir ninguna responsabilidad como consecuencia del Desastre, a pesar de que la falta de preparación había sido patente, como se demostraba por la deficiente sanidad en tierra y la mala conservación de los buques. Aun así los militares más conocidos, como Fernando Primo de Rivera o Polavieja, acostumbraban a culpar, en exclusiva, a los políticos, abriéndose así entre unos y otros un abismo que tendría su reflejo en la vida colectiva.

La Iglesia española tenía una tradición que incluía un fuerte peso de lo reaccionario, escasa propensión de los obispos a obedecer a Roma y una sucesión de etapas de destrucción de sus efectivos y reorganización seguidos de otras tantas de restauración de los mismos, a menudo con muy directa influencia sobre la sociedad y el poder político. En este momento la Iglesia española estaba en el ápice de uno de esos últimos momentos. Mientras que el clero secular, poco prestigioso y culto, mantenía sus efectivos prácticamente estabilizados con ligera tendencia a la baja (unos 33 000 sacerdotes) la reconstrucción del clero regular (12 000 varones y 42 000 monjas a fines del XIX, sólo unos 14 000, entre unos y otras, medio siglo antes) y su dedicación a tareas relativamente nuevas, como la enseñanza y la asistencia social, dieron la impresión de que el intento de reconquista de la sociedad desde unas actitudes reaccionarias revestía más peligro del que realmente tuvo. Se debe tener en cuenta que un libro de enorme éxito en el catolicismo finisecular español fue El liberalismo es pecado, de Sarda y Salvany (1884) y que la instalación de las órdenes religiosas fue facilitada por un conjunto de disposiciones de rango inferior que alteraban la esencia de los acuerdos concordatarios. El hecho de que la Iglesia se sostuviera a través de los Presupuestos contribuía a ello. La difusión de la prensa católica en la década final de siglo y el desarrollo de los Congresos católicos tuvieron idéntico efecto. Asimismo, el que el factor religioso desempeñara un papel importante en el patrioterismo de la guerra colonial contribuyó a fomentar el anticlericalismo. Lo cierto es, sin embargo, que la masonería a la que el clero culpó de ser causante principal de este último no tuvo una actitud que pueda ser descrita, en este terreno, como antitética de la mayoritaria. Ya en torno a 1899 uno de los políticos más prometedores —Canalejas— eligió como adversario principal al clericalismo.

Uno de los más destacados representantes de la generación intelectual que hizo acto de presencia en la vida pública española en torno a la Primera Guerra Mundial y que, como toda ella, tuvo un temprano contacto con la política y la cultura de más allá de nuestras fronteras, José Ortega y Gasset, escribió que había constatado que en esas latitudes «ser españoles significa ser un poco ridículos». Este complejo de inferioridad que, en el cambio de siglo, produjo toda una oleada de publicaciones que intentaban explicar las causas de la supuesta superioridad de los anglosajones, nacía, sin embargo, no tanto de la incapacidad del Estado de la Restauración como de la propia esencia del régimen político. Si comparamos éste con los de la Europa occidental de la época encontraremos una semejanza fundamental, pero también importantísimas diferencias en la práctica en relación con los de otros países más adelantados. España era una Monarquía liberal parlamentaria aunque no democrática: de acuerdo con la Constitución de 1876, el Rey compartía el poder legislativo con las Cortes y en el Senado tenían representación no electa sectores de tanta relevancia en el Antiguo Régimen como eran la Iglesia y la nobleza. De todos modos, la Constitución Española no tenía ninguna diferencia sustancial respecto de, por ejemplo, la vigente en Italia, incluso más apegada al pasado, aunque también más evolucionada por la práctica diaria. Pero también la española se había caracterizado por una voluntad de superación de la política anterior y por su flexibilidad. La Monarquía isabelina, aunque liberal en el sentido de que rompía con los rasgos esenciales del Antiguo Régimen, se caracterizó por una profunda inestabilidad constitucional (y de leyes ordinarias), la rotación en el poder mediante los pronunciamientos militares, el liderazgo político de los generales en los partidos y por la vinculación de la Corona con uno de ellos, el moderado, e incluso con la fracción más reaccionaria del mismo. El régimen de la Restauración hubiera podido optar por una fórmula parecida pero lo hizo mediante un consenso entre el conjunto de la clase política integrada en los dos grandes partidos, conservador y liberal. Este acuerdo se basó en una serie de reglas no escritas que suponían, hasta determinado punto al menos, compartir el poder y relevarse periódicamente en él. El partido en el Gobierno respetaba la legislación anterior, toleraba alguna presencia del adversario en el Parlamento y admitía ser relevado, principalmente cuando padecía divisiones internas. Junto a esta clase política le correspondía un papel político a la Monarquía, mucho más independiente de cada uno de los partidos que antes, y al Ejército, éste más como instrumento para mantener el orden social o como guardián de las Instituciones que como protagonista concreto en la vida política.

Lo que guió a los artífices de la Restauración fue mucho más una voluntad de acuerdo entre ellos que el deseo de ampliar la representación política o las libertades pero en ambos terrenos existieron avances nada desdeñables. El sistema español de la Restauración no se consolidó definitivamente sino cuando, en el periodo gubernamental liberal iniciado en 1885, dicho partido introdujo una importante serie de reformas que permitieron, por ejemplo, la libertad de asociación, o la ampliación del sufragio hasta hacerlo universal. Después de 1890, con la introducción de esta fórmula, el derecho de voto era más amplio en España que en Gran Bretaña, pero no debe olvidarse que otros países europeos de la época, caracterizados por su apego al tradicionalismo, como Alemania, fueron también más precoces en el establecimiento del sufragio universal que los más caracterizadamente liberales. En realidad esta reforma consolidó el régimen sólo en el sentido de evitar que los sectores al margen del mismo pudieran esgrimir esta bandera que, sin embargo, no había sido fruto de demandas populares insistentes.

La gran diferencia entre España y algunas naciones de su entorno no puede atribuirse a la teoría política pues, como veremos, España siempre estuvo plenamente inmersa en la tradición intelectual liberal, sino a la práctica política. Ya se han señalado varios indicadores de desarrollo social, económico y cultural que establecían una marcada diferencia entre España y las naciones europeas más desarrolladas. Era inevitable que estas realidades de base se tradujeran en comportamientos de los españoles distintos de los de otros europeos. Sin embargo, tampoco debe exagerarse el carácter peculiar del caso español, como si los únicos términos posibles de comparación fueran Gran Bretaña o Francia. En Portugal el modo de vida político —«rotativismo»— era semejante al español incluso en el nombre y también en Italia las elecciones eran controladas, aunque en menor grado, desde el poder ejecutivo.

La generación intelectual de los años noventa criticó agriamente la realidad política española y una de sus figuras más señeras la describió como «oligarquía y caciquismo». Como veremos inmediatamente, la crítica tuvo una seria razón de ser, pero el tratamiento dado a la cuestión por Costa fue, muy a menudo, desmesurado y casticista. Por ejemplo, empleó expresiones de una dureza enorme, como asegurar que España era «un estado social propio de una tribu de eunucos sojuzgada por una cuadrilla de salteadores». Su violencia expresiva no carecía de fundamento y, sobre todo, era un instrumento para movilizar a la población contra una situación inaceptable. A pesar de que esos términos pudieran hacer pensar que era un pesimista sucedía exactamente lo contrario pues confiaba en que el ciudadano español superara el estado de pasividad que padecía. No obstante, frases como la citada tenían el inconveniente de presentar la realidad española como la imposición de una minoría sobre la inmensa mayoría, o como un sistema político simplemente adulterado. La realidad era exactamente la contraria. Con el paso del tiempo, Ortega escribiría que lo peor de España no eran los caciques sino los españoles que los aceptaban; el propio Unamuno, cuyo lenguaje en más de una ocasión fue parecido al de Costa, llegó a decir del caciquismo que «no era un mal absoluto sino la única forma de gobierno posible». No era que esas realidades descritas como «oligarquía y caciquismo» fueran la adulteración del sistema liberal, sino que venían a suponer un sistema de vida política considerablemente distinto de la imagen ideal del liberalismo parlamentario elaborada desde la óptica de su evolución posterior hacia la democracia. Lo que sucedía en España era que, desde el punto de vista social y también político, perduraban una serie de rasgos que identificaban el caso español con el mundo del Antiguo Régimen, en realidad mucho más perdurable en algunos de sus rasgos esenciales de lo que ha solido aceptarse. En este último la influencia predominante de grupos reducidos de personas nacía de la propia estructura estamental, mientras que en el sistema caciquil se sobre imponía, como una realidad social inevitable, a la legislación. De ahí la afirmación de que el caciquismo no era otra cosa que el aparato ortopédico que le había surgido a la España rural para tratar de actuar con las pautas de una Constitución elaborada para un mundo urbano. La divergencia de estructuras sociales, en definitiva, acababa por traducirse a la realidad política. Unamuno razonaba la existencia del caciquismo por el hecho de que en España había muchos más pueblos como Carballeda de Abajo o Garbanzal de la Sierra que ciudades como Madrid y Barcelona. Azaña, años después, afirmó, con razón, que si el cacique escandalizaba era precisamente porque el mundo del Antiguo Régimen declinaba ya y, por tanto, las condiciones de la vida política en él se juzgaban inaceptables.

Quien daba nombre al sistema político vigente en la España de comienzos del siglo XX era el cacique. El término procede nada menos que de la conquista española de América y designa al señor de indios; sólo en torno a 1885 empezó a designar a aquella persona que, en un contexto rural, tenía un predominio juzgado «excesivo». El cacique contemporáneo venía a ser aquella persona que, por las razones que fuere, ejercía el monopolio de la vida pública en un determinado medio, en vez de que el protagonismo lo tuviera el conjunto de los ciudadanos, como hubiera sido lo lógico en una sociedad con instituciones de carácter democrático. En el momento de celebrarse las elecciones los caciques sustituían la voluntad de los ciudadanos, inexistente en la mayor parte de la geografía nacional, y de ellos dependían los resultados cuya veracidad real era nula. Si podía darse la mencionada sustitución de la voluntad del ciudadano por la del cacique es porque, frente a lo que se suele pensar en la óptica de algunos escritores de la época o historiadores posteriores, la sociedad española se caracterizaba por una manifiesta pasividad y apatía respecto de la vida pública. Lejanos estaban ya los tiempos revolucionarios del 68 o de la I República, en que pareció producirse la brusca irrupción de las masas en la vida política con el resultado de una inestabilidad considerada como muy perniciosa. Ahora la pasividad estuvo apoyada, además, en las condiciones sociales, económicas y culturales de que hemos hecho mención.

Pero la labor del cacique no se limitaba al periodo electoral sino que perduraba a lo largo de la vida cotidiana. El cacique era el medio de contacto del ciudadano con la Administración, en especial tratándose de las pequeñas entidades de población. Sumido en una vida política de acusado localismo el español mantenía la mentalidad de súbdito como si le resultara imposible, por el momento, acceder a la de ciudadano. En este sentido puede decirse con razón que el caciquismo venía a ser la verdadera constitución interna de la España de la Restauración. En vista de que la movilización ideológica jugaba un papel muy escaso en la vida española, el cacique sustituía los programas políticos por realidades materiales y prácticas más inmediatas, que podían ser su influencia propia como notable o la posibilidad de ejercicio de protección o clientelismo. Unamuno decía que un político español era una persona que concedía destinos y un ciudadano español era una persona que los buscaba. Su descripción resultaba plenamente acertada respecto de lo que era la política de la época.

Fórmulas caciquiles o de clientelismo han existido siempre y probablemente seguirán existiendo. Lo peculiar del caso era que no se trataba de un sistema liberal con abusos sino que éstos eran la regla habitual y permanente. El poder del cacique en el medio rural era abrumador. Los caciques se veían favorecidos por una radical ausencia de conciencia cívica que hacía que lo más habitual fuera que los puestos de concejales se cubrieran sin lucha electoral. Desde la Administración Local se podía, a continuación, beneficiar a los próximos y perseguir a los contrarios. Claro está que el fenómeno caciquil encubría realidades muy diversas. El caciquismo sólo implica la sustitución de la voluntad del elector, pero ésta podía tener como resultado el beneficio, al margen de toda legalidad, del cacique o bien la devota preocupación por los intereses del pueblo; había, así, buenos y malos caciques, aunque el caciquismo poco tuviera que ver con el liberalismo y como fenómeno sólo pueda ser juzgado —con un juicio moral que resulta anacrónico— como una perversión de la democracia cuando en realidad se trataba de un estadio político predemocrático.

Las razones del predominio del cacique en el medio rural eran muy variadas. Había un caciquismo deferente nacido del respeto o la sumisión impuesta a la autoridad tradicional, el noble o el gran propietario agrícola, pero también al gran industrial. Todavía en el cambio de siglo se daba en algunas zonas del país, como Écija y algunas comarcas de Valencia, un caciquismo violento, a veces en connivencia con el bandolerismo endémico. Sin embargo, ya a finales del XIX este caciquismo sobre todo, y también el deferencial, parecen haber tenido menor importancia que en otros tiempos. En cambio crecía el caciquismo basado en compensaciones concretas, de carácter material, a los administrados. En el caso de caciques adinerados éstas podían ser la consecuencia de la propia riqueza del cacique y consistir en puros y simples regalos, pero muchas veces nacían también de la capacidad de obtener de la Administración beneficios con cargo al erario público, puestos burocráticos o la simple evitación de inconvenientes facilitando la desidia de la Administración.

Todo ello transgredía la legalidad vigente, violándola de manera manifiesta. El cacique-administrador o el cacique-notable no tenían el menor empacho en utilizar un poder, como es suyo, que nacía espontáneamente, y que ellos ejercían sin oposición la mayor parte de las veces, para controlar la justicia municipal, comprar el censo electoral o cometer irregularidades de cualquier tipo el día de la elección. Pero en la mayor parte de los casos ni tan siquiera éstas eran necesarias. Para que lo fueran resultaba imprescindible que hubiera un mínimo de lucha electoral y, en la mayor parte de los casos, los caciques locales se plegaban al Gobierno que estaba en el poder: la inmensa mayoría de los distritos rurales eran a comienzos de siglo «mostrencos», es decir, un bien en manos del partido que en esos momentos ocupara el poder. Había, sin embargo, algunos otros que tenían un cacicato asentado en una personalidad política y que, por tanto, o su representación no podía alterarse de una elección a otra o, caso de querer hacerlo, era preciso el empleo del dinero o la violencia. Aparte de los sólidos cacicatos de algunos políticos de la Restauración, esto era lo que sucedía en algunos distritos carlistas del País Vasco o republicanos de Cataluña, por ejemplo.

Cuanto antecede sirve para definir lo que era el sistema caciquil en el medio rural pero éste marcaba con su impronta toda la vida nacional. Respecto del medio urbano, más modernizado, cabe hacer otra descripción que debe empezar por tener en cuenta lo reducido de este tipo de contexto social en la España de la época. Por otro lado, no siempre la industrialización llevaba consigo, como correlato obligado, la modernización política, según se podría pensar en principio. En efecto, muy a menudo las zonas industriales necesitaban de un gestor de sus asuntos ante el poder estatal, lo que creaba otro género de caciquismo, algo diferente. Pero, en líneas generales, las ciudades españolas eran islas de comportamiento democrático y liberal en medio de un océano que solía recordar mucho más el mundo del Antiguo Régimen. En ellas, aunque hubiera un abstencionismo muy alto y normalmente se sumaran al casco urbano pueblos del entorno cuyo censo podía volcarse a favor de la candidatura oficial, la vida política era más parecida al modelo de lo que habitualmente entendemos por comportamiento democrático.

Las libertades de expresión y asociación, que podían ser coartadas en el medio rural, aquí, en cambio, alcanzaban mayor vigencia. Por ello no es acertada la visión que durante mucho tiempo ha solido darse del régimen de la Restauración como únicamente represivo y semidictatorial pues proporcionaba un grado considerable de libertad en ese medio urbano. Allí, además, había una movilización ideológica del electorado que, ya en la etapa finisecular, permitió frecuentes triunfos de republicanos o de carlistas y católicos. Los monárquicos, sin embargo, conservaron por lo menos una fuerza electoral importante derivada de su ascendencia en los medios de la Administración, sus redes de influencia personal o la derivada de intereses económicos. La Monarquía restauracionista daba la sensación de permanecer en perpetuo estado de sitio, particularmente en capitales como Barcelona y Valencia, en las que el republicanismo constituía una tradición política sólidamente arraigada, pero también en Madrid, en donde de seis elecciones en la última década de siglo los republicanos vencieron en una. Normalmente, las diversas obediencias monárquicas pactaban entre sí frente al adversario del sistema del turno, testimoniando de esta manera que sus diferencias reales eran menores que las que parecían derivarse de su adscripción liberal o conservadora.

Como se ha podido comprobar al hacer la descripción del sistema caciquil en estos dos contextos, urbano y rural, nos hemos referido repetidamente a su comportamiento en el momento electoral. No es extraño que haya sido así porque las elecciones verdaderamente revelan la diferencia entre un régimen liberal ideal y la realidad española de la época. Los políticos que actuaban en Madrid (eso que Costa denominaba la «oligarquía») debían tener muy en cuenta que necesitaban apoyarse en esa base rural en el momento de las elecciones. Llegado un gobierno al poder debía lograr la mayoría absoluta en las Cortes por el procedimiento de pactar con los caciques, para lo que tenía en sus manos todos los resortes del Estado. Se denominaba a esta negociación «hacer el encasillado», es decir, situar en el casillero del elenco de distritos electorales españoles ésa mayoría absoluta, pero teniendo en cuenta que había unos distritos que eran intocables, por el arraigo de un caciquismo independiente respecto del poder o por la necesidad de respetar un puñado de escaños para el partido de la oposición, dado el régimen de turno pacífico imperante. En general la elaboración del encasillado, aunque soliera ser tormentosa, acababa en un pacto —término éste de tanta importancia al menos como el de «turno»— y el día antes de las elecciones se conocían ya los resultados con tan sólo algunos casos de disputa efectiva de los escaños. Dado el interés habitual de los gobiernos por evitar imponerse mediante la violencia y el poder efectivo que la legislación otorgaba a los gobernadores civiles, caso de que no se lograra el pacto, éste acababa teniendo lugar, con el resultado de que el partido que estaba en el poder obtenía siempre una holgada mayoría en medio de una habitual placidez sólo turbada por algunas excepciones ocasionales. Si las elecciones no eran lo mismo que en un régimen liberal democrático propiamente dicho, algo parecido sucedía con los partidos. Había dos partidos políticos (conservadores y liberales) que se turnaban en el poder, pero la realidad es que no se diferenciaban tanto. En cuanto a su composición social, acaso el partido conservador tenía un porcentaje más elevado de nobles, mientras que el liberal contenía en sus filas más intelectuales y periodistas; también se puede decir que el cacique-notable nutría más las filas del conservadurismo que el cacique-administrador, más propio de los liberales, pero siempre en líneas muy generales y sujetas a muchas excepciones. Si ésa era la situación en lo que respecta a la composición social de ambos grupos, algo parecido puede decirse de los principios en que basaban su actuación ambos partidos. En realidad, las divergencias eran de matiz: había en el partido conservador liberales más sinceros que algunos que militaban en el partido opuesto, ambos partidos aceptaban, en la práctica, asumir la mayor parte de la legislación aprobada por el adversario y, además, a lo largo de los primeros años de la Restauración se había llegado a una apreciable coincidencia en los programas. Los conservadores aceptaron las reformas políticas liberales mientras que en el terreno económico ambos partidos se hicieron proteccionistas. El relevo de un partido por otro adquirió el ritmo del cambio de la estación del año: de ahí que Machado escribiera que «pasados los carnavales/ volverán los conservadores/ buenos administradores». La organización de los partidos era una consecuencia de la desmovilización generalizada en la vida pública de la sociedad española. Por eso ni tan siquiera se puede decir que fueran partidos de notables sino tertulias caciquiles, formadas por la acumulación de clientelas personales. Tan sólo a los republicanos se les puede atribuir un apoyo generalizado entre la plebe urbana. Esta descripción parece peyorativa, pero resulta simplemente realista y además permite percibir el aspecto positivo que, sin duda, tuvo el régimen político de la Restauración. Como escribió Gabriel Maura, historiador e hijo de uno de los principales políticos del reinado de Alfonso XIII, liberales y conservadores permitieron la existencia de la paz y la libertad frente a lo que él denominó como la «anarquía republicana». Sin comprender esta mentalidad es imposible llegar a entender el sistema de la Restauración: de la experiencia de inestabilidad previa se surgió con un deseo de paz que explica la duración del régimen. Claro está que esa paz —añadió también Ortega— era la de los muertos: la Restauración tendió con su propia inercia a obstaculizar una transformación modernizadora de la sociedad española. Al lado de los partidos del turno había otras fuerzas políticas, capaces de lograr la movilización urbana del electorado. Eran el catolicismo, identificado con el conservadurismo y con una visión muy tradicional de la sociedad, y la izquierda, predominantemente republicana durante la etapa finisecular. La misión de los partidos de turno era neutralizar a esa oposición (los liberales a la republicana y los conservadores a la católica) y la cumplieron a plena satisfacción durante más tiempo del que suele admitirse. Téngase en cuenta que, como dijo Maeztu, los partidos de turno representaban una cierta vía media, mientras que los sectores políticos que podían llevar a la movilización incitaban inevitablemente al maximalismo y, por tanto, a ese género de enfrentamientos civiles que habían sido tan habituales en la primera mitad del XIX.

De la mera descripción del sistema caciquil se deduce su disparidad en comparación con los democráticos o liberales. En consecuencia, es posible someterlo a juicios morales condenatorios, pero esa tarea resulta inútil porque, en definitiva, en la España de la época sólo se daban las condiciones de base para que existiera el primero. Como ya se ha indicado, el caso español tiene mucho menos de peculiar de lo que los contemporáneos admitían. Las elecciones en Rumania daban todavía unas mayorías gubernamentales más nutridas y en el sur de Italia la mayor parte de los distritos eran mostrencos; incluso en Gran Bretaña el comportamiento deferente del electorado con respecto a los notables distaba de haber desaparecido. En cambio, resulta más oportuno partir de la base de que se trataba de un sistema distinto, que puede merecer la denominación, sólo aparentemente contradictoria, de liberalismo oligárquico y que, como tal, tenía reglas propias y diferentes de las del liberalismo democrático.

En primer lugar, estas reglas eran morales. La base clientelística del sistema caciquil implicaba una alteración a fondo de la ética pública, por cuanto el administrado no podía esperar de la Administración un comportamiento imparcial y aséptico, sino sesgado y personalista. La mayor parte de los políticos de la época no eran corruptos, pero la existencia del clientelismo obligaba a que toleraran la corrupción generalizada de sus redes caciquiles. Pero si existían unas reglas morales peculiares en el sistema caciquil también había otras de carácter político. Como veremos, el papel del Monarca era potenciado no sólo por una Constitución doctrinaria que partía de la cosoberanía de Cortes y Rey sino, sobre todo, por la realidad de que el Gobierno siempre obtenía la mayoría parlamentaria en las elecciones.

Una decisión real, al conceder la disolución de las Cortes, resultaba, pues, decisiva para la configuración del Ejecutivo, sin que el monarca pudiera guiarse por la actitud de una opinión pública que, en realidad, no existía en la mayor parte de la Península y que, en cualquier caso, era muy difícil ponderar. El Rey, en fin, tenía poderes importantes en materia de política exterior pero, sobre todo, le correspondía un papel de intermediación con los militares. Las peculiares reglas políticas del liberalismo oligárquico no afectaban, sin embargo, tan sólo al Monarca sino también a los partidos políticos de turno. Así, por ejemplo, no debían escindirse porque, a falta de mejor indicio de inviabilidad de la situación gubernamental, esto podía ser considerado por el Monarca como motivo suficiente para conceder el poder al partido adversario; no tenían que hacer una oposición cerrada a éste, pues eso pondría en peligro el turno y, en fin, debían mantener una cierta solidaridad incluso con la legislación aprobada por ese adversario. A fines del siglo XIX tanto la propia sociedad española como, sobre todo, su Estado fueron sometidos a una dura crítica nacida de sectores intelectuales disconformes. De la descripción anterior fácilmente se deducirá que esa crítica no carecía de fundamento porque el retraso de una y otro respecto del mundo europeo occidental era patente. No obstante, el mero hecho de que la crítica pudiera llevarse a cabo demostraba también que la posibilidad de cambio se veía factible, lo que ya en sí venía a ser un signo indudable de modernización y testimoniaba voluntad de completarla. Por otro lado, como es lógico, la crítica se producía a partir de unos parámetros ideológicos muy característicos de la época finisecular, en que se desvaneció la esperanza positivista y entraron en crisis algunos de los fundamentos del liberalismo. Esto nos da la oportunidad de examinar cuál era el estado de la cultura española en el momento de iniciarse el siglo XX.

Los intelectuales críticos con respecto al mundo de la Restauración jugaron en España un papel muy semejante al que tuvieron también escritores y artistas, en una última década de siglo presidida por la inquietud y el desasosiego en otros países europeos. El comienzo de esta actitud crítica no tuvo que ver directamente con la pérdida de las colonias sino que fue muy anterior: los escritores «regeneracionistas» empezaron a proliferar en torno a 1885 y abundaron mucho en la década final de siglo. En el caso español personas como Almirall, Picavea, Isern, Mallada, Ganivet o Costa constituyeron una curiosa mezcla de aparente pesimismo radical y propensión hacia el arbitrismo semejante a la que se produjo en el siglo XVII. Muy a menudo exhibieron un lenguaje inmoderado y una actitud dramática pero ambos, en realidad, testimoniaban voluntad de transformar el entorno. Mallada, por ejemplo, se indignaba en contra de las descripciones entusiásticas respecto de la riqueza natural de España, sustituyéndolas por la deplorable descripción de sus deficiencias físicas. De formación científica, en cierto modo se pueden considerar epígonos del positivismo: enumeraron de forma tan meticulosa los males nacionales que uno de ellos llegó a asegurar que eran 22 (no 21o 24, por ejemplo).

Del grupo de escritores regeneracionistas el más representativo, y también quien habría de resultar más influyente con el transcurso del tiempo, fue Joaquín Costa. De humilde procedencia social, él mismo definió su vida como «un tejido de pesares y de lágrimas». Siempre agobiado por la enfermedad y la miseria y por un trabajo descomunal que le llevó a escribir 42 libros acerca de las cuestiones más dispares, Joaquín Costa habría merecido la consideración de fracasado de no ser porque tuvo una influencia incomparable por lo menos hasta la proclamación de la II República. Con razón un especialista (Fernández Clemente) ha dicho de Costa que resultó «extraordinariamente revulsivo». Autor de la descripción más aguda y cruel de lo que era el sistema caciquil fue quien mejor expresó las ansias de transformación, con todas sus contradicciones, que se dieron en España en esos años finiseculares. Por supuesto, su lenguaje fue a menudo desaforado hasta el extremo de que un especialista, López Morillas, ha podido escribir que en ocasiones alcanza «un filo de exaltación rayano en la histeria». En una ocasión afirmó que España era un Estado formado por 18 000 000 de mujeres y tan sólo cuatro años más tarde prefirió asegurar que se trataba más bien de una nación sin sexo. Los intelectuales de generaciones posteriores muy a menudo se irritaron contra este género de manifestaciones y arrebatos. Azaña decía, sin razón, que su actitud era más entusiasta que analítica y Ortega maldijo su «incontinencia enfermiza» y lo describió como una especie de búfalo herido mugiendo mientras se revolcaba en un lodazal. En realidad, era su carácter y su deseo de movilizar a los españoles lo que le impulsaba a adoptar posturas drásticas e incluso teatrales, que solían ser ajenas a cualquier tipo de pragmatismo político. Cuando, en efecto, se lanzó a la arena partidista pareció tratar de movilizar a los elementos no pertenecientes a los partidos pero, como le reprochó Clarín, «llamar a republicanos y monárquicos para que vengan a formar un partido que no tiene más política que la de no ser políticos es todo un galimatías». Pero, aun así, para él, que presenció la derrota colonial en el momento en que ya tenía cincuenta años, aquélla no podía ser sino la culminación definitiva de una decadencia arrastrada durante siglos. Pronto se decepcionó y consideró que los suyos habían sido derrotados por «un Napoleón de doce años» (el futuro Alfonso XIII). Tras pasar por el republicanismo su carácter se agrió al ritmo en que su salud se deterioraba.

Pero ese tono no puede justificar la consideración de Costa como un prefascista, ni tan siquiera como un autoritario consistente, tal como se le ha visto a menudo. En la crisis finisecular se dio en toda Europa una derivación de ese tipo, pero no cabe atribuírsela a quien, como Costa, no sólo fue demócrata y liberal siempre, sino que tuvo sus principales contactos intelectuales en medios relacionados con la Institución Libre de Enseñanza. Es cierto que criticó el parlamentarismo español de la época y que en 1895 propuso una especie de tutela jurídica de los pueblos en caso de minoría de edad pero lo hizo para mejorar el liberalismo, no para sustituirlo. Cuando pidió un cirujano de hierro lo hizo advirtiendo que mantendría la independencia del poder judicial, la democracia municipal e incluso el Parlamento. No estaba contra la herencia de 1868, sino a favor de que llegara a convertirse en realidad. El arbitrismo de los regeneracionistas llevó en algún caso a rechazar el mundo moderno (Ganivet) o, más frecuentemente, a simplificaciones de tertulia provinciana, en las que también cayó el propio Costa. Pero, como les sucedió a los arbitristas siglos atrás, no erraron al denunciar situaciones inaceptables. A diferencia de aquéllos Costa acertó en lo fundamental. Cuando, en 1901, esbozó un definitivo programa para España, puso como los dos primeros y principales objetivos la enseñanza y la producción, es decir, la escuela y la despensa. Una y otra eran requisitos imprescindibles para la modernización que, además, en la óptica de Costa, no tenía que producir un resultado político antiliberal, como pensaron no pocos de sus contemporáneos. La paradoja del caso español es que, al ser tan inauténtico el sistema liberal, los intelectuales finiseculares lo criticaron precisamente por ello y no en su esencia.

A comienzos del siglo XX, por tanto, en España el mundo de la cultura estaba vinculado a la más importante tradición intelectual que, en realidad, había tenido el país a lo largo del XIX, el liberalismo. Con el tradicionalismo había compartido la beligerancia en el terreno de la política, aunque este último siempre tuvo menor respetabilidad intelectual; habría luego una tradición autoritaria, pero todavía tardaría en aparecer. Por supuesto, en el seno de un común liberalismo había modulaciones muy importantes, pero no se traducían en divergencias verdaderamente radicales. Lo que nos importa ahora es señalar hasta qué punto el final del siglo XIX trajo novedades decisivas. La existencia del pensamiento crítico de contenido regeneracionista nos revela que es así pero en muchos otros campos nos encontramos con una ruptura respecto del mundo precedente.

El fin de siglo, en efecto, trajo en todos los terrenos un cambio de actitud global, especialmente perceptible en el mundo de la cultura. Durante la década de los noventa desapareció, con la muerte de algunos de sus principales cultivadores, el positivismo filosófico que había acompañado a un entusiasmo desbordante por las ciencias de la naturaleza. Ahora la intuición o la revelación parecieron formas de acceso al conocimiento tan legítimas como la ciencia. En los mismos años el impresionismo pictórico —a fin de cuentas, por su teoría acerca de los colores, muy relacionado con el positivismo— dejó de ser una novedad, mientras que en la música Wagner representó una ruptura con el pasado (y lograba un amplio éxito en Barcelona). Apareció la filosofía irracionalista y entre los jóvenes escritores se pusieron de moda Schopenhauer y Nietzsche. Pasó ya el tiempo de la novela realista e incluso quienes la habían cultivado (Pardo Bazán, por ejemplo) buscaron su inspiración en la autores rusos. Esos años presenciaron también una profunda preocupación por cuestiones sociales, perceptible en autores tan diferentes como el Pérez Galdós de Fortunata y Jacinta y el Picasso de La ciencia y la caridad (1897). Una nueva religiosidad, fundamentada en un cristianismo de inmediatas raíces evangélicas y en la preeminencia de la caridad, parecía influir a no pocos contemporáneos. Los años finiseculares presenciaron, en fin, una cierta actitud reticente respecto del liberalismo parlamentario, con alguna propensión hacia fórmulas autoritarias aunque éstas, cuando se propusieron como programa, fueron siempre más bien temporales y limitadas. Pero, sobre todo, el fin de siglo fue una época caracterizada por una profunda sensación de malestar, de crisis de valores aceptados y de incertidumbre sobre valores nuevos. De ahí la impresión angustiosa de decadencia, descomposición o degeneración del mundo precedente. Degeneración se titulaba un libro de Max Nordau, traducido en 1902, que leyeron con entusiasmo todos los jóvenes escritores de la época. A fin de cuentas, el interés por la antropología criminal está muy relacionado con este ambiente. Frente a la «degeneración» no es extraño que apareciera como alternativa el término regeneración. Al igual que en Francia tras la derrota de 1870, también en España se pensó que la recuperación de la identidad propia constituía el principio de superación de todos los males. Como comprobaremos más adelante, la época finisecular dejaría una profunda herencia cultural identificada con el nacionalismo, aunque fuera de muy distinto signo.

Este ambiente cultural que tuvo vigencia en toda Europa adquirió también, como es lógico, una influencia muy directa en España, si bien es preciso advertir que el impacto de estas novedades varió mucho de acuerdo con el ámbito de creación de que se trataba. En arquitectura, por ejemplo, el clima del cambio de siglo tuvo una repercusión tardía. En la década de los noventa un cierto eclecticismo había triunfado en todo el mundo y la construcción de edificios públicos en Madrid se ciñó a este estilo: tal fue el caso, por ejemplo, del Ministerio de Fomento (1897). De todos modos, el ambiente nacionalista del momento se pudo percibir en la aparición de una arquitectura que elegía en el neoplateresco el punto de referencia en el pasado propio mientras que, como más adelante se podrá comprobar, en Barcelona el modernismo se convertía en una especie de identificación política del nacionalismo.

De igual manera en pintura los efectos del cambio de mentalidad, como por otro lado resultaba lógico, se pudieron percibir de forma más directa e inmediata. Pérez Galdós aseguraba por estos años que los españoles se sentían «asediados por las cotas de malla», aludiendo así a la relevancia adquirida por la pintura histórica de enormes cuadros destinados a reflejar los momentos cruciales del pasado con destino a los edificios oficiales de reciente inauguración. Este tipo de pintura exigía una formación erudita y una técnica académica que los pintores más conocidos acostumbraron a aprender durante su estancia en la Academia de Roma, fundada por Castelar en 1873. La consagración a través de un premio en las Exposiciones Nacionales gracias a un cuadro de este género permitía dedicarse a otros como el retrato. Pero el fin de siglo trajo como moda temporal la vida cotidiana y el aliento social. «Marinos tristes, pescadores melancólicos, chulos filosóficos», como escribió un crítico, sustituyeron a los grandes personajes de la Historia de España, aunque sin cambios importantes en el formato o en el estilo. Llama la atención el hecho de que en 1899 se exigiera como temática para ser aceptado en la Academia de Roma un cuadro titulado La familia del anarquista el día de la ejecución. Pero también Pérez Galdós llamó la atención sobre el hecho de que otra pintura parecía la más apropiada para los tiempos modernos. En los nuevos tiempos tanto la temática social como la histórica dejarían de tener la relevancia de la etapa precedente. En música el nacionalismo fue definido como opción preferente por un catalán como Felipe Pedrell en la década final del siglo. Derivación de estas doctrinas fue la obra de Isaac Albéniz y Enrique Granados. También encontramos, por tanto, una sintonía en este aspecto de la creación y el espíritu del tiempo. Alguna mención debe hacerse también a la prensa, vehículo imprescindible de difusión de las ideas y testimonio tanto del ambiente cultural como de su procedencia. En Madrid podía haber a fines de siglo hasta unos cincuenta diarios políticos, normalmente caracterizados más por una absoluta dependencia del político, a quien seguían porque éste le prestaba ayuda económica, que a cualquier tipo de ideas. Pero empezaban a surgir ya testimonios de un cambio tendente a la configuración de la prensa como poder político autónomo. El Imparcial, principal diario español de la época, tiraba 130 000 ejemplares y representaba una emergente prensa independiente. En el fondo no distaba demasiado de esta postura, aunque más matizado hacia el conservadurismo, el ABC original que apareció durante los años del cambio de siglo. Muy característico del momento fue el surgimiento de una prensa cuya connotación era tan liberal que se situaba en la frontera misma entre la Monarquía y la República: tal el caso de los diarios de la capital El Liberal y Heraldo de Madrid. También merece la pena citar las grandes revistas intelectuales, como La España moderna y la Revista contemporánea, en las que aparecieron las firmas de algunos de los más importantes literatos españoles de la época. Ambas ratifican una actitud de liberalismo político y testimonian que España estaba al día de la evolución del pensamiento europeo, principalmente francés.

Con las limitaciones impuestas por la influencia del clima ambiental del momento se puede decir que quienes escribieron en este género de revistas permanecieron vinculados, en su clara mayoría, al mundo del liberalismo político. En estos años apareció un género de escritor que, al margen de su labor de creación en ficción o ensayo, pretendía tener una influencia directa en los acontecimientos políticos y sociales. Para este tipo humano se llegó a inventar como denominación —antes era sólo un calificativo— el término «intelectual». Los intelectuales, un producto característicamente finisecular y de origen francés, aparecieron en España como consecuencia de los procesos militares de los acusados por haber practicado el terrorismo anarquista que acabaron encarcelados en Montjuich. Luego la pérdida de las colonias y muchos otros motivos de la vida pública justificaron su beligerancia en terrenos extra-literarios. Haciendo autocrítica de esta afanosa imbricación en un propósito de transformación que se convirtió en un rasgo característico del mundo cultural español, Maeztu, uno de ellos, lamentó que «no fueran capaces de escribir otra cosa que esbozos de libros, rellenados con larvas de ideas». Pero, en realidad, la bohemia que parece identificarse con esta actitud (en la que vivieron buena parte de sus primeros años de dedicación literaria los compañeros de la generación del autor citado) fue un producto característico de una etapa anterior que concluyó con la muerte de su más conocido representante, Alejandro Sawa, a comienzos del nuevo siglo.

Una parte de la cultura es también la diversión popular, un elemento para conocer el pasado que despierta un interés creciente entre los historiadores como procedimiento para revelar las peculiaridades más íntimas de una sociedad en la vida cotidiana de sus gentes normales. A ella debemos aludir brevemente, entre otros motivos, porque revela tanto la perduración de mentalidades heredadas del pasado como los cambios que el nuevo siglo traería consigo.

El teatro ocupaba un papel absolutamente crucial en la vida social del mundo urbano, hasta el punto de que la clase alta y media se citaban en él hasta dos o tres veces por semana. Era el lugar de relación por excelencia en el mismo grado que la visita, el paseo o la tertulia y por ello no puede extrañar que Emilia Pardo Bazán se quejara de lo mucho que se hablaba en él de modo que apenas era posible oír a los actores. A comienzos de siglo, en un Madrid en que el número de habitantes era un poco superior al medio millón, había 35 teatros y se representaban 400 obras al año. Por esas fechas había comenzado ya la mitificación del Tenorio, que se representaba asiduamente (Zorrilla, a fin de cuentas, murió en 1893). Al repasar la lista de las obras de mayor éxito se entiende esta mitificación porque lo característico de este tiempo fue una exaltación de un tardío espíritu romántico que provocó, por ejemplo, el triunfo de Dicenta con su Juan José (1895), de tono social un tanto folletinesco, o el de Echegaray, el primer Nóbel español. También se entienden las críticas de las nuevas generaciones literarias, deseosas de introducir cambios, en contra de estas manifestaciones dramáticas. Azorín llegó a escribir que «todo nuestro teatro es falso, ampuloso, artificial». Pero ya se había producido también la aparición de nuevas fórmulas teatrales, distantes de las citadas, como, por ejemplo, Benavente o Guimerá.

En la práctica el teatro era compatible con la música popular y de hecho muchos autores de primera fila trabajaron para ambos a la vez. Éste fue el caso, por ejemplo, de Arniches y Benavente, pero también de Baroja. El éxito de la opera italiana, el género romántico por excelencia y ejemplo de arte total, data del periodo inmediatamente anterior y se aprecia incluso en la obra literaria: en La Regenta se describe la emoción de la protagonista al asistir a una velada. Quizá lo más característico del momento —al margen de la introducción de Wagner, de pronto éxito en Barcelona— fue la difusión del «género chico», es decir una obra musical o zarzuela de tema costumbrista, breve, con propensión al tratamiento cómico y música ligera y pegadiza de la que puede ser un ejemplo La revoltosa de Ruperto Chapí (1897) o Gigantes y cabezudos, representada en 1898. En realidad, la zarzuela se había impuesto a estas alturas como consecuencia de la organización del espectáculo teatral ofreciendo cuatro obras distintas y breves a precio asequible. Género considerado como populachero durante mucho tiempo, en realidad de ella derivan incluso fórmulas vanguardistas españolas como puede ser el «esperpento» de Valle-Inclán. Junto con ese tipo de teatro musical los toros ocupaban el ocio de los españoles del fin de siglo. El escritor y viajero italiano Edmundo d’Amicis aseguró que en España la apertura de la temporada de toros era mucho más importante que una crisis ministerial y todo hace pensar que, en efecto, así era. La noticia de la pérdida de las colonias fue recibida por el pueblo madrileño a la salida de una corrida de toros. 1898 fue, además, el año de la muerte de Frascuelo y dos años después le acompañaría en ese trágico destino su antagonista principal en los cosos, Lagartijo. Significativamente, el conde de las Navas publicó en 1900 un libro titulado El espectáculo más nacional, dedicado a los toros. Así como había un turno político entre dos partidos también lo hubo en relación con la fiesta nacional entre Frascuelo y Lagartijo, que de alguna manera tenía connotaciones ideológicas. Cuando Machado criticó a la «España devota de Frascuelo y de María» lo hizo porque el torero, en efecto, representaba la tosquedad un tanto bárbara que él identificaba con el apego a una religiosidad tradicional y rutinaria. Dada la importancia de los toros en la vida cotidiana no puede extrañar que cuando escritores y pintores elaboraron una nueva visión crítica de España («La España negra»), en ella esa «fiesta más nacional» jugara un papel de primera importancia.

Pero si todas estas diversiones resultaban un testimonio del peso del pasado en el final de siglo también surgían muestras evidentes de lo nuevo. El cinematógrafo apareció por vez primera en Madrid en torno a 1896, al tiempo que ese mismo año se rodaba en Zaragoza una película española. Una novedad era también la fotografía, que se presentaba como un ejercicio de excursionismo, casi un deporte. Esas mismas dos palabras —deporte, excursión— denotaban también novedad. Los gimnasios habían aparecido a fines de siglo pero en el momento de la transición del XIX al XX apareció en deporte (todavía denominado sport). Aunque el football estaba destinado a tener más éxito, lo más novedoso y característico del fin de siglo fue el ciclismo, que apareció en la pintura del momento (Casas, por ejemplo) y que había empezado a organizarse ya por estas fechas, como casi siempre en el caso de las novedades, en las diversiones por parte de distinguidos miembros de la aristocracia. En cuanto al excursionismo había tenido un origen intelectual liberal en la sociedad para el estudio del Guadarrama, vinculada con la Institución Libre de Enseñanza (1886) pero en Cataluña tuvo también que ver con el nacionalismo. Es posible que el fútbol, de procedencia británica, estuviera también relacionado en su origen a los medios de la Institución.

La época regeneracionista: La «revolución desde arriba»

La crítica al régimen de la Restauración borbónica no comenzó en España con la derrota del 98 sino que sus antecedentes intelectuales pueden remontarse a mediados de la década de los ochenta del pasado siglo, tal como ya se ha indicado. Si el llamado «Desastre del 98» juega un papel de primera magnitud en la Historia española, la razón estriba no tanto en serlo, pues no se le puede atribuir tal resultado, sino por la conciencia crítica que creó en la totalidad de la sociedad española. Hasta el momento, la crítica al sistema de la Restauración había sido protagonizada exclusivamente por sectores intelectuales o por minorías políticas reducidas pero con el comienzo de siglo fue ampliándose sucesivamente hasta convertirse en un tópico sin cuya comprensión no puede llegar a entenderse todo el primer tercio del siglo XX español. En cierta manera, puede decirse que España pareció replantearse en todos los terrenos su existencia como colectividad. El fin de siglo tuvo resultados casi semejantes en otros países latinos pero probablemente sólo en España es posible interpretar las décadas siguientes en función suya.

En efecto, todo el periodo posterior a 1898 se puede definir a partir de las circunstancias de ese momento. El término «regeneración», popularizado en los noventa, alcanzó un uso habitual y una extensión desmesurada, refiriéndose a los más diversos aspectos de la vida nacional. El imperativo de regeneración se sentía, como es lógico, respecto de los procesos de responsabilización originados a consecuencia del desastre, pero se aplicaba también a la necesidad de sanear la política, desarrollar al país desde el punto de vista económico, modernizar y europeizar los comportamientos sociales, hacer disminuir el analfabetismo o conseguir que el catolicismo fuera más auténtico, aunque también, por el contrario, había quienes querían hacer desaparecer su influencia en la vida nacional. Había un regeneracionismo de reforma y otro de ruptura. En su aspecto menos positivo el regeneracionismo tenía un cierto paralelismo con el arbitrismo nacido en el XVII, también como consecuencia de una derrota: era un ansia de transformación, pero a veces sus soluciones pecaban de excesivamente simples, omnicomprensivas y polivalentes. En el más positivo consistía en un simple afán modernizador. Regeneracionistas, en un sentido o en otro, lo fueron todos los españoles del reinado de Alfonso XIII: desde el Rey hasta algunos de los republicanos que conspiraron contra él; desde el novelista anticlerical Blasco Ibáñez hasta el cardenal Cascajares, que quería un partido clerical y monárquico en sustitución del conservador. En estas condiciones no puede extrañar que la palabra regeneración tuviera un sentido muy diferente según quien la pronunciara. Tenía en común la urgencia por conseguir una transformación del país. En lo que no había unanimidad (sino, a menudo, contradicción) era en los medios para conseguirlo, o en el resultado final de dicha transformación. El término «regeneracionista» sirve, por tanto, para designar no sólo el tránsito desde el siglo XIX al XX o la primera etapa del reinado de Alfonso XIII sino que vale para todo él porque el ansia reformadora no desapareció a partir de 1914 y porque, como veremos, la misma Dictadura de Primo de Rivera adquiere su verdadera significación teniendo en cuenta la voluntad regeneracionista de quien la encarnó. Incluso se podría rastrear un cierto regeneracionismo en algunos de los dirigentes republicanos de los años treinta, en especial en Azaña e incluso también en Gil Robles, y derivaciones del regeneracionismo llegaron a formar uno de los componentes de la derecha franquista. Sin embargo, el regeneracionismo propiamente dicho sólo puede identificarse con el reinado de ese monarca por la sencilla razón de que ya en los años treinta se produjo la identificación de la España oficial y la real, aunque fuera en una experiencia democrática convulsa y concluida en una guerra civil. Todo lo posterior fue recuerdo del regeneracionismo precedente con voluntad de señalar una diferencia o dar lustre intelectual para un uso partidista.

Pero si el regeneracionismo se identifica con el reinado de Alfonso XIII no significa lo mismo en cada una de sus etapas sino que su distinta modulación permite determinarlas de forma precisa. En un primer periodo el regeneracionismo fue intentado desde el poder y con el protagonismo esencial de los partidos de turno, en especial el conservador, aunque también los movimientos políticos que surgieron al margen de aquéllos e incluso en contra fueran también regeneracionistas si bien no tuvieran nunca fuerza suficiente como para disputar un protagonismo político que permanecía en manos de los partidos conservador y liberal. A partir de la Primera Guerra Mundial ese protagonismo del sistema político en la empresa regeneradora cesó, porque lo fundamental fue precisamente su crisis. El regeneracionismo permaneció como horizonte de futuro, pero la posibilidad de cumplir ese programa, fuera cuál fuese su significado, se desvaneció por el momento ante la común impotencia del sistema y de quienes se oponían a él para llevarlo a cabo. En 1923, con la proclamación de la Dictadura, se propuso también una opción regeneracionista pero por completo antitética de la que fue ensayada en el comienzo de siglo. Ahora ya no se trataba de intentar la regeneración de quienes, a través de los partidos del sistema del turno, habían monopolizado la vida política, sino de perseguir a estos últimos, e intentar, aunque muy confusamente, dar a luz un sistema nuevo. La ambigüedad del regeneracionismo permitió intentarlo.

Alfonso XIII, el rey regeneracionista

Existe una coincidencia casi perfecta entre el inicio de la época regeneracionista y el advenimiento al trono, en mayo de 1902, de Alfonso XIII, a la edad de dieciséis años. Con razón, el mejor de sus biógrafos, Carlos Seco Serrano, ha señalado el tono eminentemente regeneracionista que tenían las anotaciones, en su diario íntimo, del joven Monarca, pocos meses antes de convertirse en tal. «Yo —escribió— puedo ser un Rey que se llene de gloria regenerando a la Patria, cuyo nombre pase a la Historia como recuerdo imperecedero de su reinado: pero también puedo ser un Rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y, por fin, puesto en la frontera». Lo importante, sin embargo, no es tanto que se sintiera a sí mismo como regenerador sino que algunos de los intelectuales más conocidos de su tiempo, que acabaron militando en el campo republicano, vieron en él la posibilidad de que fuera una ayuda decisiva en tal sentido. Ortega y Gasset fue, en no pocas ocasiones, muy explícito al respecto, y, en la práctica, Unamuno no adoptó una posición muy diferente durante parte de su vida. Actitudes semejantes se pueden encontrar en no pocos políticos profesionales del momento, incluidos algunos que estaban cercanos al republicanismo. Otro intelectual, que también jugó un papel político relevante como opositor al régimen, Madariaga, lo ha descrito, en el momento de acceder al trono, como «un príncipe simpático cuyas facciones expresaban… la buena voluntad y la ingenua sorpresa ante las maravillas de la vida». Como persona, Alfonso XIII no careció de méritos y virtudes, admitidos por sus contemporáneos extranjeros y también por políticos españoles de significación distinta, lo que resulta, sin duda, más difícil. Era indudablemente simpático y su trato tenía la virtud de la campechanía, frecuente en la dinastía a la que pertenecía y no tan habitual en las Cortes europeas de la época, mucho más rígidas y protocolarias, incluso en el caso de las de los países con instituciones liberales mucho más sólidas que las que tenía la España de comienzos de siglo. Sus aficiones (el tenis, el polo o el automovilismo) le dieron un aire de modernidad europea, aunque no fueran precisamente populares en sus días. Fue valiente y no cabe dudar de que tuvo un genérico deseo patriótico de cumplir con las obligaciones que le correspondían por su puesto, tal como se revela en la juvenil frase de su diario. Pero a estos aspectos valiosos hay que sumar aquéllos que lo fueron mucho menos desde todos los puntos de vista. Alfonso XIII no fue culto ni es posible atribuirle la condición de intelectual o juzgarle por los patrones impuestos por este mundo o exigibles en su caso. Ni siquiera parece haber sentido interés por estas cuestiones, más allá de una cierta identificación genérica, nacida de motivos patrióticos. En cambio, por su personalidad, y también por la práctica de sus responsabilidades, fue listo, de una agudeza práctica que superaba a muchos de los miembros de la clase política de la época. Esa listeza, sin embargo, se combinaba a menudo con la inconstancia y la superficialidad: podía resultar seductor a corto plazo pero, a menudo, una cierta capacidad para la política le hacía encontrar gusto en sus aspectos menos nobles. Aunque en ello hubo variaciones con el transcurso del tiempo, con frecuencia resultaba entremetido, indiscreto o imprudente, pero un historiador poco monárquico le ha calificado más de frivolo que de perverso. A la larga, sus ingeniosidades mordaces, que le llevaron a expresar su asombro por la dedicación a la Metafísica de Ortega o a asegurar que pasar de la presidencia de Maura a la de Sánchez Guerra era semejante a ir del hotel Ritz a la posada del Peine, le resultaron muy contraproducentes. Sin embargo, conociendo sus limitaciones, hay que recordar también que, a lo largo ele su reinado, la mayor parte de los políticos, incluidos quienes estaban en contra de su régimen, no dudaron en atribuirle una voluntad decidida de coadyuvar a la regeneración del país. Si se comprende que los dirigentes republicanos en 1 93 1 se dedicaran a abominar de su persona no se justifica que los historiadores hayan prestado una excesiva atención a la publicística de la época republicana o del final del régimen, nacida ele un propósito partidista. Como suele ser habitual, se cometió en su caso, como en tantos otros, el error de simbolizar en exceso, en su persona, los males del país.

Al lado de este Alfonso XIII hay otro, más desconocido, cuyas características personales pudieron también influir en algún momento en los sucesos políticos. Era un ser inseguro, muy dependiente de su madre, que de una forma ordenada y más por obligación que por deseo personal, había contribuido al establecimiento de una práctica liberal en la actuación de la Monarquía española, y resultaba a menudo depresivo. A ello contribuyó de forma poderosa el fracaso de su matrimonio y la enfermedad de sus hijos. Aunque su boda (1906) fue una decisión de Estado, estuvo acompañada del enamoramiento. La elegida fue Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la Reina Victoria, una elección que indicaba un alineamiento probritánico en política exterior, pero también en sentido parlamentario y modernizador. En siete años tuvo otros tantos embarazos pero de los cuatro hijos varones dos resultaron hemofílicos y otro quedó sordomudo tras una operación. De este modo las tentaciones que el Monarca pudo tener de abandonar el Trono, que fueron repetidas a partir de la Primera Guerra Mundial, no podían traducirse en la realidad (el varón que reunía los rasgos para desempeñar el papel de Rey, Juan, había nacido en 1913). La Corte no dio noticia alguna de lo que sucedía, lo que produjo numerosas especulaciones. A partir de este momento el Monarca, que reprochó implícitamente a su mujer la enfermedad de sus hijos, tuvo repetidas aventuras extramatrimoniales y la pareja, al exiliarse en 1931, no tardó en separarse.

Puede existir la tentación, partiendo del conocimiento de la España de entonces, de presentar la Corte y el medio que rodeó a Alfonso XIII como arcaicamente aristocrático, apoyado en la nobleza terrateniente y con los valores propios de un mundo de otro tiempo. La realidad, sin embargo, es bastante distinta de este estereotipo. A diferencia de la Monarquía inglesa, por ejemplo, la española no era propietaria de tierras y la fortuna de la familia real ni remotamente podía compararse con la del Rey de Bélgica, dueño del Congo. Quienes rodeaban al Rey eran nobles de alta alcurnia, pero también personas que fueron ennoblecidas por él desde un origen burgués. Su lista civil era semejante a la del Rey italiano y no bastaba para cubrir los gastos a los que le obligaba la conservación del patrimonio real. La fortuna del joven Monarca, inicialmente modesta, procedió en exclusiva de las cantidades que le atribuía el presupuesto, inferiores en un 50 por 100 a las concedidas a su abuela Isabel II. Sus inversiones posteriores se dirigieron a empresas industriales, estando algunas de ellas justificadas por intereses turísticos de carácter nacional o simplemente por tratarse de actividades innovadoras. Con ello labró una fortuna no excepcional para un monarca de la época: la del conde de Romanones, por ejemplo, era un 20 por 100 superior. Sin duda, a Alfonso XIII se le puede reprochar haber tenido lo que hoy en día denominaríamos información privilegiada o haberse servido de funcionarios de palacio para conseguirla, pero no en absoluto de fraude o de haber abusado de su puesto en beneficio propio, tal y como se le acusó en la época de la Dictadura de Primo de Rivera o durante la República. A partir de estos rasgos personales y del entorno cortesano se puede avanzar en lo más decisivo a la hora de emitir un juicio sobre Alfonso XII, su gestión como jefe del Estado. Para juzgarla se debe tener muy en cuenta la educación que recibió hasta llegar a desempeñar su importante cargo. Los biógrafos más próximos a su reinado han insistido en la influencia que pudieron tener sobre él personas proclives a ser influidas por medios clericales y aristocráticos que tenían muy poco que ver con el liberalismo de la época, especialmente con el de carácter intelectual. No se tiene en cuenta, sin embargo, que entre los mentores más directamente al tanto de su educación había quienes, como el catedrático de Derecho Constitucional Santamaría de Paredes, reducían el papel de la Monarquía en el sistema de la Restauración a la función de poder moderador o armónico de los otros tres, tarea que, si bien era fundamental, implicaba una disminución de las atribuciones concedidas por la Constitución de 1876, de acuerdo con cuya interpretación literal, como veremos inmediatamente, al Monarca le debía haber correspondido incluso el poder legislativo, compartido con la representación popular. Claro está que en otras materias, como Historia y Religión, y en todo lo que respecta al mundo militar, la formación del Monarca pudo ser mucho más autoritaria. Pero, por muchas que fueran las deficiencias en la formación de Alfonso XIII parece que la interpretación liberal de sus poderes predominó, a partir de un determinado momento, que debe situarse alrededor de 1906, sobre cualquier otra. En realidad, el Rey no fue acusado tan sólo por los sectores republicanos de tendencias autoritarias sino que también en la época franquista se emitieron juicios igualmente duros acerca de él. Hubo quien, cambiando de opinión, después de haber achacado a Alfonso XIII falta de liberalismo, luego le acusó de sobra del mismo. Lo que importa es que estos juicios fueron posteriores al reinado y derivan de las circunstancias políticas vividas en ese momento, mucho más que de la actuación del propio monarca. Durante el reinado de Alfonso XIII hubo acusaciones más o menos veladas de entrometimiento pero no de falta de liberalismo; sólo cuando se produjo la Dictadura de Primo de Rivera empezaron —justificadamente— a menudear pero, como veremos, hubo entonces también una indudable tensión entre el dictador y el Rey.

A la hora de juzgar la actuación de Alfonso XIII hay que partir de una premisa fundamental. El sistema constitucional español no era una Monarquía democrática sino una Monarquía doctrinaria en que el poder legislativo le correspondía a las Cortes con el Rey y éste, en teoría, podía nombrar y separar libremente a sus ministros, participaba en el poder legislativo, pudiendo sancionar o vetar las disposiciones votadas en las Cortes y nombraba al presidente del Senado y a una parte de sus miembros. Muchas otras monarquías europeas de la época (como, por ejemplo, la italiana) contemplaban atribuciones análogas. Por tanto, una cosa es que Alfonso XIII fuera un monarca constitucional y otra que fuera demócrata, en el más estricto sentido de la palabra, de acuerdo con lo que hoy entenderíamos por tal calificativo. Hay que tener en cuenta que en el momento de debatir la Constitución de 1876, Cánovas, autor fundamental de la Restauración, consideró que la Monarquía era algo anterior a la soberanía nacional («el Rey no jura para serlo sino por serlo», dijo), de tal manera que nada era posible ni legítimo sin el concurso de su voluntad. Así se explica esa frase ya citada del Monarca, quien todavía joven, se atribuía a sí mismo una función y una capacidad regeneradora. También así encuentra explicación su intervención en las primeras crisis de su reinado. Durante todo él siguió habiendo quienes interpretaban la Constitución en el sentido de que el Rey debía tener una amplia intervención en los asuntos de la política diaria: Sánchez de Toca llegó a decir que la voluntad nacional no podía conocerse sin la intervención del Monarca, y García Alix defendió la existencia de un Consejo consultivo de la Corona, dada la decisiva función política del monarca. Pero, en el otro extremo de las doctrinas constitucionalistas, estaban quienes, como Azcárate y Posada, defendían la tesis de que el Rey debía reducir su actividad política al mínimo. Alfonso XIII no lo hizo pero todavía estuvo más distante de la pretensión de los sectores conservadores de que ejerciera poderes efectivos, coincidentes con la letra misma del texto constitucional. Lentamente, pero siguiendo un camino inequívoco, la interpretación que fue dándose a la Constitución doctrinaria fue derivando hacia una fórmula liberalizadora, en especial a partir de la Primera Guerra Mundial. El Rey nombraba una parte de los senadores, pero nunca pensó crear una mayoría parlamentaria gracias a ellos. Eran los políticos profesionales, llegados a un determinado estatus, quienes ocupaban estos puestos, una vez propuestos por el Gobierno pero siguiendo una distribución de los escaños que concedía una parte de ellos a la oposición. Las reformas constitucionales en sentido democratizador no llegaron a fructificar, mucho más por la debilidad de los que las propusieron que por la voluntad del Monarca, y no hubo nunca cerradas negativas de éste a refrendar los decretos que le eran presentados. Menos aún trató de ejercer el poder legislativo que, en teoría, le correspondía. Respecto del nombramiento de los presidentes del Consejo cabe decir que, como en la primera etapa de la Restauración, dependió de la división interna de los partidos de turno o de la solidaridad básica entre ellos, lo que podía tener como resultado, en un determinado momento, que se considerara más apropiado que un determinado partido se enfrentara con la tarea de gobernar. Si los poderes del Rey derivaban del texto constitucional, al que se le fue dando una interpretación liberalizadora, lo que no cambió fue el comportamiento del electorado. Ya Cánovas había señalado que «el mayor de los males» para la Monarquía de la Restauración era precisamente el hecho de que no podía acudir a la opinión pública para nombrar un presidente del Consejo, por la sencilla razón de que era éste el que, estando en el poder, se construía una mayoría parlamentaria. De ahí la importancia (y la peligrosidad) de la función política del Monarca. Los profesionales de la vida pública apelaban a él como quienes en una democracia lo hacen al electorado: la situación fue perfectamente descrita por Maeztu cuando escribió que «en un régimen como el español, en que la mayoría parlamentaria la hacía la confianza misma de la Corona, con los decretos de disolución de Cortes y de convocatoria de elecciones, la intervención inevitable del Rey en la política tenía que crearle un enemigo cada vez que se ejercía para retirar la confianza a un presidente del Consejo». Un presidente que obtenía la confianza real lo solía atribuir a sus propios méritos, mientras que quien la perdía le achacaba la culpa al monarca. Esa situación era especialmente grave en el caso de una fragmentación partidista como la que se produjo en el reinado de Alfonso XIII. Lo que Maeztu describía expresivamente como «el proceso geométrico de esta acumulación de agravios», inevitablemente tenía que perjudicar al monarca. La apelación al electorado solía ser vista como una peligrosa demagogia, fuera de izquierdas o de derechas, que ponía en peligro la estabilidad en paz del sistema de la Restauración, pero, sobre todo, era considerada como el testimonio de una incurable candidez, pues el pueblo español permanecía mayoritariamente al margen de la vida pública.

Merece la pena hacer mención un poco más detallada de aquellos sectores sociales con los que más estrechamente se ha solido vincular la figura del monarca y aquellos terrenos políticos en los que desempeñó un papel más activo. Se ha asegurado la existencia de un mundo aristocrático que rodearía al Palacio Real y lo aislaría de la opinión, pero gran parte de esa aristocracia era de procedencia reciente, no siempre era muy conservadora (los palatinos solieron ser, por ejemplo, antimauristas) y muy a menudo defendía posiciones liberales (el caso del duque de Alba). En la España de la época, en que, por ejemplo, la alta burguesía catalana no se ennobleció o tardó en hacerlo, no se daba una situación de abrumador predominio social de una clase terrateniente y latifundista, como podría ser el caso de países del este de Europa. En cuanto al medio conservador católico, parece haber ejercido sobre el monarca una influencia mucho menor que durante la regencia de María Cristina, una Habsburgo. La propia Reina Victoria Eugenia, mujer del Monarca, dijo que «no era exagerado» en lo que se refiere a fervor religioso; menos parecen haberlo sido algunos de los cortesanos más cercanos como el marqués de Viana. La religiosidad de unos y otros parece haber sido más aparatosa en las manifestaciones externas que proclive al clericalismo. De hecho, en alguna ocasión, después de la Primera Guerra Mundial, Alfonso XIII se desligó de una gran movilización católica, lo que estos círculos tomaron muy a mal. No resulta inimaginable que la Monarquía se pudiera poner en peligro en algún determinado momento de haber aceptado un programa político anticlerical.

Por tanto, esos dos sectores fueron menos influyentes de lo que se suele decir, pero es, en cambio, cierto que hubo dos terrenos en los que la intervención del Monarca fue muy importante; en ambos el texto constitucional le daba pie a ello. La Restauración borbónica se había producido merced a una intervención militar y el principal protagonista de la misma, Martínez Campos, fue consultado en todas las crisis de la Restauración; existía, además, una tradición de intervencionismo político de los militares, único recurso importante contra el desorden público. En esas condiciones no puede extrañar que todo el sistema de la Restauración partiera de un cuidadísimo manejo de los asuntos militares. Al Monarca le correspondía, según la ley fundamental «en exclusiva», el mando supremo del Ejército, y los nombramientos requerían su aprobación «directa y previa». El Rey, al tomar el mando del Ejército, no necesitaba ser refrendado por ministro alguno y tenía, en la práctica, según Cánovas, un cierto derecho de inspección o veto en todas las cuestiones militares. En cierto sentido es correcta la afirmación esgrimida por personas tan diferentes como Maeztu, o Ramos Oliveira, en la derecha y en la izquierda, de que aquélla era una «Monarquía militar». Incluso el propio Alfonso XIII hubiera suscrito esta afirmación. «La guerra me la llevo yo», escribió al Rey de Portugal, principalmente porque de este modo se evitaban los peligros revolucionarios o los intentos republicanos. Pero eso no quería decir que viera su Monarquía como un régimen ajeno al liberalismo: también le aseguró que «en nuestros reinos no se reina por la tradición sino por la simpatía y actos personales del soberano».

El Ejército consideraba que era autónomo en cierto tipo de cuestiones, algunas de las cuales eran netamente políticas (la actuación contra los nacionalismos o los delitos contra la Patria, por ejemplo). Además, su mundo debía ser gobernado tan sólo por aquéllos que lo conocieran verdaderamente, es decir, los propios miembros de la profesión castrense; de hecho, de los treinta y cuatro ministros de la Guerra sólo cuatro fueron civiles y estos últimos nombrados a partir de 1917, cuando la intervención del Ejército en la política se había hecho cada vez más patente, y precisamente por ello. Dadas todas estas circunstancias, el Rey mantenía un comportamiento muy especial respecto de la oficialidad. Él mismo declaró que le hubiera gustado ser oficial, y la Reina Victoria Eugenia afirmó que a don Alfonso XIII le «encantaba tomar la palabra para hablar de cosas militares». Sin embargo, ni es correcto decir que el Ejército jugó un papel absolutamente predominante en la España de la época ni atribuirle al monarca tal propósito. En España, los gastos de defensa por habitante eran un sexto de los británicos y un tercio de los franceses. El Ejército tenía una fortísima conciencia crítica sobre sí mismo y, además, estaba dividido: en 1900 existían 16 000 oficiales para una plantilla de 12 000 y en la primera década del siglo la duración de los ministros de la Guerra en el poder no superó una media de siete meses. Difícilmente, en estas condiciones hubiera podido ser auspiciado un programa pretoriano consistente en propiciar el expansionismo exterior a ultranza o el incremento sistemático en los presupuestos militares, bien bajos por otro lado. Tampoco lo hubiera hecho el Rey: era consciente del origen de la Restauración, el cuidado de la oficialidad y de los altos cargos del Ejército formaba parte de sus ocupaciones habituales, y, al mismo tiempo, resultaba poco menos que inevitable que ese tipo de relaciones personalistas se mantuviera en un país cuyo sistema político se basaba en ellas y nada más que en ellas. Todo ello, en general, concluía en mantener relaciones afectuosas con la oficialidad y tratar con campechanía a los más destacados miembros de ella, que siguieron manteniendo hasta los años treinta sentimientos mayoritariamente monárquicos. Consciente del papel del Ejército en el pasado y de que en relación con la cuestión militar se habían producido enfrentamientos muy ásperos durante la Restauración, entre los partidos de turno y en el seno de los mismos, Alfonso XIII procuró repetidamente evitar el enfrentamiento entre el poder militar y el civil y fue gestor de los intereses del uno ante el otro y viceversa. De esta manera respondía a una tradición de «rey-soldado» que había iniciado su padre y que si otorgaba un papel importante a los militares también se lo acotaba. Es muy probable que hasta 1923 Alfonso XIII, con su actuación en este terreno, no aumentara las dificultades del sistema constitucional sino que, en no pocos casos, las aliviara.

Hubo otro terreno donde también la intervención del Monarca en la vida política fue persistente y considerada como algo habitual y necesario: el de las relaciones internacionales, materia en que también la Constitución le dio amplios poderes. Alfonso XIII era pariente de la mayor parte de los monarcas europeos, pero, además, juzgaba que a él le correspondía la defensa de los altos intereses nacionales, de acuerdo con la propia Constitución. Además, la inestabilidad gubernamental provocaba que él mismo mantuviera una relación más constante con los embajadores extranjeros en España y con los representantes de nuestro país en el exterior que los ministros de Estado. Los embajadores en París (Quiñones de León y, antes, León y Castillo) o en Londres (Merry del Val) fueron siempre personajes con especiales vínculos con el Monarca. Sin embargo, no puede decirse que tuviera una política exterior propia. Contradictorio y a menudo superficial, el hecho de que se le hayan atribuido políticas totalmente distintas parece confirmar que, en realidad, no hizo otra cosa que seguir, con sus obvias limitaciones, lo que consideraba como intereses colectivos.

En suma, a partir de todo lo expuesto, bien se puede concluir que Alfonso XIII no lo hizo tan mal si juzgamos comparativamente el destino de la Monarquía española en el contexto de la Europa de su tiempo. De las monarquías de la Europa del sur, la portuguesa cayó en 1910 y, a partir de 1922, con el ascenso del fascismo, se puede considerar que la italiana se vio reducida a un papel marginal, lo que no le ocurrió de ninguna manera a Alfonso XIII durante el régimen de Primo de Rivera. Seis monarquías tradicionales europeas cayeron en la primera mitad del siglo XX, señal evidente de que la institución estaba en peligro. En la misma Gran Bretaña, aunque nunca lo estuvo, Eduardo Vil vio, de hecho, muy restringidos los poderes que había ejercido su madre, la Reina Victoria, y pasó por una grave crisis cuando tuvo lugar el enfrentamiento de la Cámara de los Lores con la de los Comunes. La Monarquía española, en un país sometido a un proceso de modernización, duró bastante y fue la única no derribada por la violencia o como consecuencia de una derrota militar, lo que puede interpretarse como un síntoma de capacidad evolutiva y de que el sistema que la sustituyó se caracterizó por una plenitud lograda durante ella. En realidad la intervención, presunta o real, del Monarca en la vida política no fue otra cosa que un aspecto parcial del conjunto de problemas que trajo un proceso de modernización política, con todas sus tensiones y contradicciones. Presentar el reinado de Alfonso XIII como una contienda entre el Monarca y los españoles supone, pues, un tipo de simplificación y personificación sencillamente inadmisible.

El primer regeneracionismo conservador

En el momento en que tuvo lugar el advenimiento al trono de Alfonso XIII España había concluido ya una primera experiencia política regeneracionista, que tuvo como protagonistas a la Unión Nacional y al partido conservador. De ellas hay que tratar no sólo por constituir el obvio antecedente de cuanto vino después sino porque ambas cubrieron los últimos años de la Regencia, a partir del momento de la pérdida de las colonias. El regeneracionismo conservador fue precedido por una iniciativa política nacida en las fronteras del sistema político de la Restauración y casi al margen del mismo, aunque finalmente fuera absorbida por él. En noviembre de 1898 Joaquín Costa pidió un «partido regenerador», un partido nacional capaz de resolver los problemas españoles después del Desastre del 98: lo hacía partiendo de una base ínfima para conseguir este propósito pues sólo contaba, tras de sí, con la Cámara Agrícola del Alto Aragón, aunque se dirigiera a todas las de su género y al conjunto de fuerzas productivas organizadas en España. El programa con el que pretendía agrupar a esos sectores sociales parecía muy radical pero en realidad contenía medidas contradictorias y arbitristas. España era presentada como «uno de los más ruines e incómodos arrabales del planeta», pero, al mismo tiempo, los medios para resolver sus males parecían sencillos: incluían, por un lado, una amplia descentralización y, por otro, una activa política económica de la Administración en el sentido, por ejemplo, de facilitar las comunicaciones y promover los regadíos. El ideario de Costa (sus contradicciones y su liberalismo de fondo, aunque propendiera a las tajantes declaraciones de antiparlamentarismo) ya ha sido mencionado con anterioridad. Lo que interesa es que la iniciativa de Costa coincidió con la puesta en marcha de un movimiento semejante por parte de Basilio Paraíso, organizador de un movimiento de las Cámaras de Comercio. Nació, como en el otro caso, de la angustia de las clases medias campesinas de provincia ante un Estado ineficaz, obligado al ajuste presupuestario después de la derrota exterior. La protesta tuvo como vehículo inicial una «Liga de productores» que durante el verano de 1899 propuso, sin que la medida llegara realmente a llevarse a cabo, un «cierre de cajas», es decir, una protesta colectiva a través de la negativa al pago de los impuestos, pero, aunque esta medida preocupara al Gobierno, no llegó a tener verdadera virtualidad, en especial cuando éste amenazó con el estado de guerra. A comienzos de 1900 los protestatarios se agruparon en un partido, la «Unión Nacional», que, pretendiendo declararse ajeno a cualquier tipo de cuestión relativa a la forma de gobierno o a la polémica respecto de centralismo y regionalismo, parecía querer sumar adeptos entre todo género de descontentos. Pronto, sin embargo, se mostró la inanidad del programa y lo contradictorio de los objetivos: el partido no duró más que unos meses, apenas logró seis parlamentarios y la mayor parte de sus dirigentes acabaron integrándose en el sistema político de la Restauración. Así lo hicieron Basilio Paraíso y Santiago Alba, su secretario general, al que le esperaba un futuro prometedor en el seno del partido liberal. Al margen, aislado y arisco, quedó Joaquín Costa, cuya evolución última le condujo hacia el republicanismo expresado en unos términos que, como era habitual en él, se caracterizaron por el radicalismo. Mientras decía sentir una «compasión infinita» por el pueblo español, los políticos profesionales debían ser tratados como «enemigos públicos»; sólo con el triunfo de la República sería posible una verdadera regeneración de España. Pero también había llegado a la conclusión de su impotencia para movilizar a los españoles: «La escopeta es una caña y el dueño del vozarrón un enano de la venta». Enfermo y solitario, Costa acabó también por decepcionarse del republicanismo en 1906 y limitó en los últimos años de su vida sus intervenciones a declaraciones que, como era habitual en él, fueron altisonantes y duras. No fue ésta la única ocasión en que un programa regenerador chocó con la realidad en el momento de intentar llevarse a la práctica, aunque ésta puede conceptuarse como la más significativa muestra del regeneracionismo surgida con autonomía y al margen de los partidos clásicos. En adelante, las fórmulas regeneracionistas encontraron su instrumentación en los partidos de turno y principalísimamente en el conservador.

La victoria del regeneracionismo en dicho partido se concretó en el ascenso de Silvela a su dirección, quien ya en el pasado había sido una especie de perpetuo disidente en función, precisamente, de su voluntad reformista y de la condición ética de su dedicación a la política, lo que chocaba con el realismo de Cánovas del Castillo, más dispuesto a aceptar en su entorno a personajes como Romero Robledo, que pueden considerarse como ejemplo caracterizado de la política caciquil. Batallador, aficionado a las piruetas ideológicas, oportunista e intuitivo, Romero Robledo no tenía el menor inconveniente en figurar como representante de una derecha tan sólo conservadora de intereses materiales: a él se le atribuye la frase de que en España, en realidad, los latifundios eran infundios. Francisco Silvela constituía una antítesis que resultó antagónica; culto, elitista, dotado de indudable talento y de una cultura brillante, era una persona despectiva y solitaria cuyo éxito en el seno del partido conservador (y aún de cualquier otro) se entiende principalmente por las circunstancias propicias al regeneracionismo que a España le tocó vivir. Hombre de ideas y principios morales, juzgaba que la austeridad y los programas de fuerte contenido teórico, más que las habilidades, debían constituir la razón de ser en política. En un principio su posición, distante desde hacía tiempo de la de Cánovas, había logrado tan sólo el apoyo de un sector aristocrático, pero luego, el 98, que Silvela había previsto, lo convirtió también en el representante, en el seno de su partido, de los sectores que propiciaban un acercamiento a las masas católicas y a quienes, hasta el momento, no habían intervenido en política. Su conocido artículo «Sin pulso» contiene frases como las siguientes: «Si pronto no cambia radicalmente el rumbo… el riesgo es el total quebranto de los vínculos nacionales y la condenación, por nosotros mismos, de nuestro destino como pueblo europeo». Como puede apreciarse, el tono del pronunciamiento resulta parecido al de un Costa.

Tan dramática apelación al intervencionismo en la vida pública tenía la contrapartida de un programa: la reforma del partido y la proyección del mismo hacia el futuro, integrando en su seno los intereses mercantiles, regionalistas y regeneracionistas mediante una política que se decía anticaciquil, reformadora de la Administración y movilizadora de la opinión pública. Con este programa, Silvela consiguió la jefatura del partido conservador, aunque permanecieron como disidentes algunos sectores que siguieron las inspiraciones de Romero Robledo o que reivindicaban para sí la herencia de Cánovas. En marzo de 1899 Silvela llegó al poder con este programa regeneracionista que concretó en fórmulas políticas precisas. Lo hizo, por ejemplo, proponiendo, en lo político, combatir el caciquismo mediante la descentralización política y la reforma de la Administración local; en lo económico, a través, a la vez, de la nivelación presupuestaria y el fomento de los intereses de los sectores productivos; en lo social, mediante la puesta en práctica de las primeras disposiciones de reforma social, nacidas de la doctrina social católica, y en lo que respecta a la cuestión religiosa, mediante el mantenimiento de unas relaciones estrechas y cordiales con el Vaticano. Lo verdaderamente significativo de su gabinete es que lograra el apoyo de sectores que pueden considerarse como relativamente inéditos en el seno de la política conservadora hasta entonces, o de personas que acudían con un muy concreto programa a realizar. Eso tenía el inconveniente de convertir al gobierno, como el propio Silvela admitió con mordacidad, en «una exposición de productos del país», tan variados como incompatibles.

Entre los ministros, Pidal, antiguo dirigente de la Unión Católica, representaba la política de inequívoca vinculación con el Vaticano con el propósito de incrementar la enseñanza religiosa en el Bachillerato. Villaverde acudió al Gobierno con un programa hacendístico de nivelación presupuestaria, y Eduardo Dato tenía como propósito la introducción de la legislación protectora del obrero. Además, contó Silvela con dos figuras que completaban la panorámica de sus propósitos. Aunque no propiamente catalanista, Duran i Bas estaba en contacto con los círculos de esta significación, principalmente en materias jurídicas, que pusieron temporalmente su confianza en el programa de Silvela. Eso se debió al hecho de que también estuviera en el gobierno una persona como el general Polavieja. De origen humilde, este militar, vencedor en la guerra contra la sublevación filipina, había visto aumentar su prestigio y desde antes de la pérdida de Cuba se había venido preparando para convertirse en alternativa política. En torno a su figura y a un programa hecho público a fines de 1898 se hizo patente una confluencia de intereses muy expresiva de lo que era el primer regeneracionismo conservador. Polavieja tenía un primordial interés en la reforma militar pero, además, era denominado «el general cristiano» y había hecho declaraciones que parecían mostrar interés por las cuestiones económicas y por la descentralización administrativa. Partidario de la existencia de diputaciones regionales y del reparto de impuestos a través de cupos pareció lograr un considerable apoyo en Cataluña.

Lo sucedido con la experiencia gubernamental de Silvela demuestra la debilidad esencial del regeneracionismo cuando pasaba de planteamientos genéricos o de imprecaciones contra la situación. Se debe tener en cuenta, además, que el telón de fondo sobre el que se desarrollaba la acción política era de una virulenta agitación social, aunque poco duradera, en protesta por la presión fiscal, la conciencia de derrota y las quintas. Un periódico local llegó a hablar del «temperamento de motín que domina a los españoles por largas enseñanzas y repetidos desengaños y que se manifiesta cualquier día con cualquier pretexto». Todos los ministros en su parcela concreta pretendieron ser reformadores del Estado de la Restauración, pero, en la práctica, sus propuestas resultaron mutuamente excluyentes. Así, Polavieja se encontró con que su regeneracionismo militar se enfrentaba con el deseo de Fernández Villaverde de llegar a una nivelación presupuestaria. Cuando Silvela quiso dar entrada en el Gobierno a uno de los colaboradores del general, Gasset, identificado con el regeneracionismo agrícola y propietario del prestigioso diario El Imparcial, se encontró con que el apoyo periodístico no le llegaba más que a medias. Duran i Bas también acabó dimitiendo porque los propósitos descentralizadores no llegaron a concretarse en nada y el programa hacendístico de Fernández Villaverde chocó con la burguesía catalana a la que representaba. En Barcelona hubo una negativa generalizada a pagar los nuevos impuestos y, cuando el alcalde se identificó con la protesta, acabó destituido. Por su parte Dato se dedicó a promover la reforma social en tres vertientes: la promoción de una ley de accidentes de trabajo, la regulación del trabajo de mujeres y niños y el descanso dominical, que tan sólo quedaría aprobado en 1904. Estas normas encontraron, sin embargo, una fuerte resistencia en un sector social que teóricamente debiera haber figurado entre los que apoyaban al Gobierno: una parte de la burguesía catalana juzgó que con estas medidas se llegaba incluso a poner en peligro la supervivencia de la industria nacional y abucheó al ministro con ocasión de su visita a Barcelona. Dato hubo de recurrir al decreto para que la disposición llegara a ser aprobada. En realidad, lo previsto en ella, que había sido consultado a alguno de los sindicatos más importantes, tan sólo prescribía que en caso de accidente el patrono pagaría la mitad del salario hasta la recuperación del accidentado o una indemnización de dos años en caso de incapacidad total. Fue éste el aspecto más positivo, junto con el programa hacendístico de Fernández Villaverde, de esta primera experiencia del regeneracionismo conservador. Silvela debió considerarla como liquidada en octubre de 1900 cuando presentó su primera dimisión. En el paréntesis que se produjo a continuación, Villaverde consiguió completar buena parte de su programa hacendístico aunque, por otro lado, fracasara en su propósito de llegar a un gobierno aceptable para los dos partidos del sistema.

En marzo de 1901 subió al poder el partido liberal. El comienzo del reinado de Alfonso XIII se produjo, por tanto, en un periodo de gobierno de este partido, como si a él debiera corresponderle enfrentarse con las situaciones más difíciles (en etapas anteriores, había abierto la Regencia y pilotado el país durante el desastre colonial). Sagasta, que presidió este gabinete, tenía muy poco de político regeneracionista, siendo, por el contrario, el paradigma de la política profesional, heredera de la revolución de 1868 pero caracterizada, además, por un cierto escepticismo ideológico y por el prosaísmo en la política práctica. Su habilidad y paciencia habían conseguido mantener unido a un partido liberal que no en vano se había denominado fusionista, debido al hecho de ser, en realidad, una colección de clientelas unidas por intereses no ideológicos. Frente a la cultura y la capacidad intelectual de Silvela, sus armas eran la habilidad maniobrera y la simpatía; él, a diferencia del líder conservador, no sólo no escribió libros sino que no los leía. De todas maneras, este turno liberal, iniciado con el siglo, introdujo un cierto cambio en la vida del partido: no sólo por la aparición de nuevos dirigentes, como Romanones, o, en especial, Canalejas quien, como escribió el primero, significaba «vino nuevo en odres viejos», sino también por la incorporación de un programa anticlerical que estaba destinado a ser, como veremos, una clave importante en la política española durante década y media. Para Sagasta la introducción de esta cuestión resultó más que nada engorrosa; afirmó que había sido en mala hora planteada. Romanones, en Instrucción Pública, hubo de enfrentarse con el nuncio respecto de las órdenes religiosas y su eventual asentamiento en España. Cuando, en abril de 1902, se llegó a un modus vivendi que implicaba el mantenimiento de la situación precedente, no obligándose a las órdenes más que a inscribirse en un registro especial, Canalejas, decepcionado por lo que creía un exceso de complacencia, acabó dimitiendo. En diciembre de 1902, Silvela volvió al poder con un Gobierno en que las colaboraciones obtenidas eran menos amplias que en el anterior pero resultaban más homogéneas. Ya no hubo ni la voluntad ni la posibilidad de integrar otras fuerzas al margen del propio partido conservador, aunque sí el de un grupo procedente del partido liberal, en otro tiempo acaudillado por Germán Gamazo y que por representar los intereses de la agricultura castellana había ido evolucionando desde el proteccionismo al conservadurismo. Ahora lo dirigía Maura, antiguo ministro de Ultramar con Sagasta y, como tal, promotor de una legislación autonomista para Cuba; con el paso del tiempo, había de convertirse en su principal dirigente y aun en el político más relevante del reinado de Alfonso XIII. También quedaron prácticamente reabsorbidas las disidencias precedentes. Sin embargo, en el mismo momento de llegar al poder, ya tenía Silvela ganas de abandonarlo. Sus capacidades intelectuales se unían a una tendencia al desánimo, producto de un carácter ciclotímico. En su diario había augurado que «el enorme sacrificio de gusto, fortuna, tranquilidad y salud (de su permanencia en el gobierno) será completamente estéril y me juro a mí mismo aprovechar la primera ocasión que me ofrezca una crisis para retirarme de la política». Pero tuvo, además, claro está, dificultades objetivas. El Monarca, como hemos visto, se atribuía a sí mismo una función regeneracionista y en estos primeros años de su reinado fue proclive a intervenciones excesivas, a las que podía tener derecho de acuerdo con la Constitución, pero que provocaban una inestabilidad innecesaria. Pero, sobre todo, sus dificultades se incrementaron con la división de los conservadores. En marzo de 1903 dimitió Fernández Villaverde y la ejecutoria de Maura como ministro de la Gobernación fue juzgada como inaceptable por diversos sectores que lo acusaban de no haber facilitado la victoria del encasillado monárquico. Lo cierto es que los procedimientos electorales empleados fueron escasamente distintos de los de periodos anteriores: si se produjo una victoria republicana en las ciudades más importantes la razón estriba en la unidad del republicanismo. La dimisión de Maura fue seguida, al poco tiempo, por la de Silvela, tras una crisis que fue calificada de «oriental» por la presunta intervención en ella del joven Monarca desde el Palacio de Oriente. Sin embargo, el carácter depresivo de Silvela jugó también un papel en lo sucedido. El dirigente conservador dimitió de la presidencia de su partido con unas palabras que expresaban su hipocondría: «Tenéis ante vosotros un hombre que ha perdido la fe, que ha perdido la esperanza». Como en el caso de Costa, también en el de Silvela los dicterios indignados contra el sistema se trocaron en amargura cuando no pudo sustituirlo. Quedaba, de esta manera, planteado un problema de jefatura en el partido conservador que se debatiría durante los dos años siguientes sin concluir de modo claro. Quien fue llamado a gobernar, en primer lugar, fue Fernández Villaverde, que logró la colaboración de algunos regeneracionistas situados al margen del turno, como eran Gasset y Alba. Era Raimundo Fernández Villaverde un experto hacendista al que, según Romanones, «muy pocos le superaron en esta materia», aunque es más dudosa su capacidad en otros aspectos de su gestión política. Su triunfo personal significaba la victoria del conservadurismo más dócil a los círculos palatinos y aristocráticos. Él mismo tenía, por matrimonio, el título de marqués de Casa Rubio y era hijo político de un personaje importante de la aristocracia de la Restauración, el marqués de Molíns. El prestigio de Villaverde derivaba, en realidad, de que en la etapa de Silvela había sido el único ministro capaz de llevar a la práctica una parte de su programa, aunque bien es verdad que a costa del de los demás, con la posible excepción de Dato. La reforma de Villaverde se llevó a cabo en los años 1899-1900 y era consecuencia directa de la deuda contraída en la guerra colonial.

Dada su trascendencia conviene tratar de forma global la reforma de Fernández Villaverde. Al comienzo de su gestión la situación de la Hacienda Pública podía ser calificada de catastrófica: de un presupuesto de 750 millones, unos 400 eran empleados en el pago de la Deuda Pública y a ellos había que añadir, en adelante, la deuda generada por la derrota, que supondría unos 300 millones anuales más. La situación era, pues, de bancarrota y el peso que la deuda tenía en el presupuesto hizo que la labor de Villaverde se centrara en ella. Aunque era un hacendista clásico la necesidad le obligó a recurrir a procedimientos poco ortodoxos. La deuda exterior quedó reducida en un 50 por 100 y se declaró la suspensión o supresión temporal de las amortizaciones de la interior, sobre la que además se estableció un impuesto de un 20 por 100. Esta operación equivalía a un repudio encubierto pero permitió la reducción del peso de la deuda en el presupuesto, que en 1907 era del 38,7 por 100; esa misma cifra demuestra hasta qué punto era inerme el Estado de la Restauración. Además, la reforma fiscal paralela fue, en realidad, muy modesta. En lugar de aumentar la imposición real, que permaneció en los mismos términos que medio siglo antes, introdujo nuevos gravámenes sobre el producto, relativos al trabajo personal y a las rentas del capital, impuesto de utilidades e incrementos en los de timbre y sucesiones. Se explica la reacción positiva de la aristocracia al no modificarse los impuestos sobre la riqueza inmobiliaria. Lo más progresivo de sus propuestas se refería a la modificación del impuesto de sucesiones, pero encontró dificultades en las Cortes en donde incluso miembros del partido liberal le acusaron de ser nada menos que un «socialista furibundo».

El Gobierno de Villaverde no duró más que hasta diciembre de 1903, lo que prueba que no tenía el apoyo total de su partido y, sobre todo, que no bastaba una complacencia, más o menos supuesta, de los medios palatinos para mantenerse en el poder. Ascendió entonces a la dirección del partido conservador y a la presidencia del Consejo de Ministros Antonio Maura, que contó con la práctica unanimidad del partido. No cabe la menor duda de que tenía una amplitud de horizontes muy superior a la de Villaverde y que, además, estaba notoriamente por encima en capacidad oratoria, fundamental para la política del tiempo. Un juicio acerca de Maura obligaría a tener en cuenta aspectos que serán tratados más adelante, pero ya desde este momento es preciso señalar que a Maura le caracterizó un talante distinto al de Silvela. Frente a la propensión al desánimo de éste, Maura tenía arrestos para intentar por todos los medios que se cumpliera la solución que consideraba óptima. De ahí que no pocos políticos del sistema, como, por ejemplo, Romanones, dijeran de él que fue «jactancioso sin poderlo remediar», sobre todo en ésta su primera etapa de gobierno.

Este juicio partía de la tendencia habitual en la Restauración a la componenda, pero no era del todo falso. Aparte de su superioridad sobre la media de la clase política, en repetidas ocasiones Maura no dudó en enfrentarse con la parte de la opinión pública que no compartía sus criterios. Quiso, por ejemplo, que se concedieran los suplicatorios contra diputados de la izquierda acusados de incumplimiento de la ley, fundamentalmente por delitos de prensa. Sin embargo, el principal motivo de sus choques con la oposición se produjo en relación con el problema clerical, que así muestra de nuevo su crucial importancia para la política española. Cuando Nozaleda, nombrado arzobispo de Valencia, se mostró dispuesto a tomar posesión de su puesto pese a la oposición de la izquierda local, que le acusaba de ser partícipe en la actuación de las órdenes religiosas en Filipinas, lo apoyó, y, frente a las protestas de la prensa liberal, arguyo que sólo eran «el sonajero del cacicato de la publicidad». La tensión llegó a ser grave porque Valencia era el feudo por excelencia del republicanismo anticlerical. Nozaleda no llegó a tomar posesión de su diócesis, pero quizá más por prudencia eclesiástica que por la del presidente del Consejo. Todo ello le dio a Maura fama de clerical y autoritario que perduraría con el transcurso del tiempo. En junio de 1904 el Gobierno conservador entabló negociaciones con Roma para tratar del statu quo de las órdenes religiosas, en el sentido de asegurarlo frente a posibles modificaciones nacidas de la iniciativa de los liberales. Sin embargo, en esta cuestión los propósitos de Maura no se vieron cumplidos porque, aunque logró la aprobación de su gestión en el Senado, no obtuvo el mismo resultado en el Congreso. También en esto hubo de enfrentarse con la prensa de izquierdas, uno de cuyos órganos llegó a proclamar que «el fraile es amo y Maura su profeta». Tampoco logró ver aprobada en las Cortes una reforma de la Administración local, en parte por carencia de tiempo y en parte, también, porque su contenido dividió al partido. Sus relaciones con el joven Monarca fueron tensas pero mejoraron después de un viaje a Barcelona que constituyó un indudable éxito para los dos, aunque el presidente fue objeto de un atentado. Una discrepancia con el Rey respecto del nombramiento de un alto cargo militar y, más aún, la propia división del conservadurismo, provocaron la caída de Maura. Si esta primera etapa de gobierno constituye un antecedente obligado del periodo 1907-1909, también su reacción en este momento, áspera respecto a Alfonso XIII, presagió la de 1913. Ahora, dijo, había creído tener «continentes de confianza regia» y sólo tenía, en realidad, «un tiesto». Él añadió no era un presidente dimitido sino «relevado». En diciembre de 1904, tan sólo durante cuarenta días, le sucedió Azcárraga, «un teniente general de salón y de apacible carácter», uno de esos inocuos políticos-puente para resolver periodos de transición de los que hubo otros ejemplos en la época. A principios de año volvió al poder Fernández Villaverde, que sólo lo pudo conservar unos meses. No tenía más que el apoyo de una treintena de diputados y Maura prefirió derribarlo, aún consciente de que eso significaba la entrega del poder a los liberales.

Una vez más, fue la división del partido en el poder la causa de su relevo; en tan sólo dos años había habido cuatro presidentes, cinco crisis totales y 66 ministros. El regeneracionismo conservador había demostrado, en su primera singladura, sus contradicciones, pero también había engendrado un liderazgo de quien, aunque en 1905 no era más que presidente primerizo, se convertiría luego en el primer político del reinado de Alfonso XIII. Dentro de sus evidentes límites, un sistema como la Restauración había conseguido, con dificultades sin cuento y a expensas de no modificar el sistema fiscal, superar la práctica bancarrota provocada por la derrota colonial. Aunque con una fuerte protesta interior por los incrementos en la imposición, al menos no había tenido lugar un deterioro irreversible de la imagen internacional de España como consecuencia de esas negativas a hacerse cargo de la deuda, tan habituales en el XIX. El intervencionismo del Monarca en los nombramientos militares y la cuestión clerical, aparte de la división de los conservadores, contribuyeron de forma poderosa a la inestabilidad gubernamental.

Los liberales, el clericalismo y el pretorianismo

Si los conservadores habían mostrado su desunión hasta 1905, no mucho mejor era en esta fecha la situación de los liberales. Muerto Sagasta en 1903, pareció en peligro la unidad, siempre precaria, de un partido que era la acumulación de una serie de clientelas, algunas de las cuales no se situaban a la izquierda del partido conservador. Estaban, en primer lugar, las viejas glorias del partido que habían tenido sus primeras actuaciones políticas durante la revolución de 1868, como Montero Ríos y López Domínguez, que ejercían su jefatura entre los senadores, o como Moret y Vega de Armijo, que la tenían entre los diputados. Sin embargo, las estrellas más prometedoras en el firmamento liberal eran ya el conde de Romanones, organizador de los comités madrileños del partido, y Canalejas, que hizo una propaganda popular que, para la época, podía considerarse como radical. Junto con los problemas de dirección había, además, otros más importantes todavía, el de la necesidad de renovar el programa de un partido que, a partir de 1885, había conseguido transformar de una forma sustancial el contenido de la Restauración. A diferencia de lo que hizo el liberalismo británico, el español, con la excepción de Canalejas, no se caracterizó principalmente por la voluntad de dar un contenido social a sus programas. La cuestión clerical centró su preocupación con el inconveniente, no de que se tratara de algo artificial, sino de que agotó al partido en estériles disputas internas sin llegar a unos propósitos claros y unitarios. Hemos visto aparecer episódicamente la cuestión clerical desde los comienzos de siglo pero bueno será que ahora aludamos de manera más detenida a ella. El problema fundamental nacía de la presencia y la actuación de las órdenes religiosas, pues a diferencia del clero secular, que iba descendiendo en número de miembros, las órdenes, de las que el Concordato de 1851 sólo amparaba la existencia de tres, habían ido creciendo de forma muy significativa a lo largo de la Restauración: a través de 300 Reales Órdenes todos los gobiernos —liberales y conservadores— habían ido permitiendo el establecimiento de nuevas órdenes religiosas no sujetas a ninguna disposición legal, pues no se les aplicaba la ley de asociaciones de 1887. Las órdenes contribuyeron a la vertebración de la Iglesia española y le proporcionaron capacidad de renovación y formación, pero inmediatamente despertaron la oposición de una parte considerable de la sociedad. Esta actitud se convirtió en especialmente visible en el final de siglo por razones políticas concretas, al margen de las ya mencionadas al tratar de la guerra colonial. El matrimonio de la princesa de Asturias o la formación de un gobierno de catolicismo militante, como fue el de Silvela y Polavieja, contribuyeron a ello. Pero, como es lógico, también hubo otras de raíz religiosa que, en definitiva, deriva de la propia contextura del clericalismo. Quienes fueron denominados como «neocatólicos» parecían, a ojos de los anticlericales, buscar privilegios y dominio e instrumentalizar el Estado en su favor con un decidido afán de conquista. Éste no había sido tan obvio antes pero en este momento, en que el número de religiosos se multiplicó por tres entre 1888 y 1904 y en que aparecían devociones como el Corazón de Jesús, que daban la sensación de intentar la reconquista de la sociedad para el catolicismo, se planteó como una amenaza real. Esta actitud se insertó sobre una Iglesia abrumadoramente antiliberal y carente por completo de la idea de que del pluralismo podía derivar una situación positiva para el conjunto de la sociedad. Hay que tener en cuenta que la orden religiosa más prestigiosa y nutrida, los jesuitas —unos 2000 a comienzos de siglo— se había alineado, en las disputas internas del catolicismo español, en contra de las fórmulas más moderadas —la Unión Católica— y a favor de las más radicales, como el integrismo. A los jesuitas se les atribuyó capacidad conspirativa, tortuosidad y secreto, creando de ellos una imagen que fue exactamente igual a la que los medios clericales dieron de la masonería. Ésta, en realidad, no creó el anticlericalismo: estaba demasiado dividida como para intentarlo y su postura en los primeros años del reinado de Alfonso XIII fue muy respetuosa para el orden social y político hasta el punto de que se solidarizaron con el monarca cuando fue objeto de un atentado en 1906. Otra cosa es que masones muy conocidos fueran al mismo tiempo republicanos y, como tales, hicieran una propaganda anticlerical a menudo incendiaria. A las órdenes se les atribuyó por parte de los sectores anticlericales una codicia que les había hecho dueñas de un poder económico enorme. Fue patente la conexión entre algunas de ellas y los medios de la alta burguesía enriquecida en el último tercio de siglo. Resultan, por ejemplo, conocidas las conexiones de los jesuitas con el marqués de Comillas (lugar donde se fundó una universidad de decisiva influencia en la intelectualidad católica) y una Ibarra fundó una orden religiosa importante. Sin duda es una exageración pensar que controlaran un tercio de la riqueza española, pero puede ser un indicio de la realidad de su poder económico la constatación de que Madrid creció hacia el norte en terrenos que eran propiedad de los jesuitas. Otra cuestión, más decisiva aún, fue la de la enseñanza. A comienzos de siglo había 50 000 religiosos de los que 40 000 eran monjas; un tercio de estas últimas y la mitad de los primeros se dedicaban a la enseñanza, de la que podían controlar hasta un 80 por 100 en el nivel secundario, según afirmó el conde de Romanones en las Cortes, mientras que sólo estaba en sus manos una sexta parte de la educación primaria. Podía, así, existir la sensación de que las órdenes querían controlar el tramo más sensible de la educación española mientras que el Estado, cuyo presupuesto educativo era, en términos proporcionales, la décima parte del norteamericano, se negaba a asumir su responsabilidad en esta materia. El contenido de las doctrinas enseñadas en los centros de educación de carácter eclesiástico resultaba casi siempre contrario al liberalismo. El último congreso católico del XIX lo había calificado de «nefando» y, en general, en ese tipo de reuniones los obispos resultaban moderados ante un auditorio en que predominaban las posiciones ultramontanas. En materia educativa el mundo católico mostró una hipersensibilidad y deseo de monopolio que llevó, por ejemplo, a pedir algo tan contradictorio como «libertad de enseñanza para la Iglesia», a repudiar la función docente del Estado o a afirmar que saber leer y escribir podía ser contraproducente. La escuela neutra era «del diablo» y la autotitulada «moderna», de anarquistas como Ferrer, «del suicidio». Claro está que los colegios de las órdenes religiosas vivían en un clima de miedo y de militancia que era poco propicio a entender las razones de sus contradictores: el colegio de jesuitas que educó a la clase alta barcelonesa estuvo cerrado desde 1767 a 1816 y luego otras tres veces más a lo largo del XIX (1820, 1868 y 1873), siguiendo las alternativas de la política eclesiástica de los gobiernos y a menudo con el acompañamiento de incidentes del orden público.

Para comprender el fenómeno del anticlericalismo es preciso tener en cuenta dos tiempos históricos y dos formas muy distintas de aparecer como factor determinante de la acción de las masas. Hubo un anticlericalismo culto, por así llamarlo, expresión del repudio de una sociedad laica ante lo que veía como un afán invasor del mundo clerical. En este sentido hay que recordar que los años entre 1892 y 1910 presenciaron la aparición de una amplia serie de obras literarias que tuvieron este tema: desde La araña negra de Blasco Ibáñez (1892) hasta A. M. D. G. de Pérez de Ayala (1910) pasando por Electra de Pérez Galdós (1901). En este ambiente se planteó la cuestión clerical pero no hay que olvidar que el anticlericalismo tenía también una larga tradición y amplia popularidad. Lo verdaderamente específico de este momento fue tan sólo la utilización en sentido político —para la movilización en sentido contradictorio, clerical-anticlerical— de esta temática. La prensa sirvió de elemento de conexión entre el anticlericalismo que procedía del fondo de los siglos y el presente. El diario republicano El País proclamaba, por ejemplo, la necesidad de «extirpar lo que de frailuno» había en la sociedad española. Ese anticlericalismo venía a ser una forma de subversión del orden social, uno de cuyos principales fundamentos era el clero. Frente a lo que pueda parecer desde un punto de vista actual, el anticlericalismo no fue un subterfugio sino un sentimiento profundamente enraizado y a menudo capaz de producir mucha mayor pasión que las reivindicaciones económicas. Se fundamentaba, como en tiempos medievales o en el comienzo de la época moderna, en una exigencia purista respecto de quienes habían traicionado los principios sacrosantos. Se alimentaba, también, de un deseo subversivo respecto de la sexualidad o de una situación de religiosidad diferencial de acuerdo con el género. Incluso en los grandes escritores es perceptible esta última realidad. Un personaje de San Manuel Bueno mártir (1930), de Unamuno, la describía con los siguientes términos: «En esta España de calzonazos los curas manejan a las mujeres y las mujeres a los hombres». Ya en La Regenta de Clarín, obra que abunda en referencias a esta cuestión, don Alvaro Mesía, un personaje de vida licenciosa, envidia y teme a los sacerdotes que le disputan el alma de sus amantes y Pérez Galdós describe un mundo femenino de «devociones exageradas» y melosas frente al desvío religioso masculino. Lo más incomprensible, desde una óptica actual, es la violencia anticlerical con sacrificio de bienes y personas. En realidad tenía mucho, a la vez, de herencia de un pasado de guerra religiosa e inquisitorial y de manifestación pararreligiosa destinada a hacer desaparecer los símbolos, los escenarios y los oficiantes de la religión contraria que mantenía un orden establecido inaceptable para el anticlerical. En este sentido, Companys, durante la guerra civil, cuando este tipo de violencia se desarrolló al máximo, pudo hablar de la «inmensa necesidad de venganza» que había animado a los asesinos de sacerdotes o incendiarios de iglesias. Incluso los incidentes de orden público de contenido anticlerical tenían mucho de liturgia, de ceremonia pública convertida en teatral y representada de acuerdo con unas pautas previsibles. La lejanía de este mundo contribuye a que la polémica clerical-anticlerical resulte hoy difícil de comprender pero, de cualquier modo, es correcta la descripción que de ella ha hecho un historiador presentándola como un ejemplo de pobreza, zafiedad e irreductibilidad por parte de ambos contendientes, lo que contribuyó a prolongarla hasta la guerra civil. Pero, hecha esta necesaria digresión, es preciso volver a la política de comienzos de siglo. La cuestión clerical se centró, pues, en los problemas educativos —principalmente en la posible limitación de los efectivos de las órdenes religiosas— y estuvo presente en toda la lucha política en la etapa anterior a la Primera Guerra Mundial. En ambos partidos de turno hubo sectores deseosos de centrar en ella la capacidad de movilización de la opinión pública y los argumentos contra el adversario. El primer lustro del siglo supuso la intensificación de la lucha, cuando se produjo la repatriación de las órdenes religiosas desde las colonias (algunas de ellas habían tenido una ejecutoria muy discutible, sobre todo en Filipinas) y tuvo lugar la oleada anticlerical en Francia. Hubo liberales que repudiaron cualquier tipo de influencia de las doctrinas religiosas en la vida pública, pero existía, sobre todo, en personas como Canalejas, católico él mismo, la sensación de que «hay un problema de absorción de la vida del Estado, de la vida laica y social, por elementos clericales». En el partido conservador, Pidal llegó a afirmar que el Gobierno liberal significaba nada menos que el imperio de la masonería, el triunfo del espiritismo y el himno de Satán. A Maura se le atribuyó una posición clerical, aunque en realidad no hizo más que aceptar la situación legal existente, pero bien es verdad que esta misma constituía una modificación de la legalidad concordada. Respecto del partido liberal, Montero Ríos dijo que en su seno cohabitaban los jacobinos y los regalistas, es decir, quienes eran partidarios de una política religiosa que pretendía recalcar la supremacía del Estado y los que estaban dispuestos a lograr la limitación de las órdenes pactando con el Vaticano. Los primeros (Romanones y, sobre todo, Canalejas) utilizaron también esta cuestión clerical como procedimiento de ascenso en el seno de su partido. Los dirigentes más tradicionales hubieran deseado, en cambio, que la cuestión no se planteara, evitando que se convirtiera en eje de la política propia, en parte por ese deseo, tan típico de la Restauración, de evitar que hubiera cuestiones que rompieran el pacto de los partidos de turno, y en parte, también, porque eran conscientes de las pocas posibilidades de que obtuviera verdaderas ventajas el liberalismo. Así, la cuestión clerical resultó un conflicto que envenenó la política de la época sin llegarse a una situación que permitiera la colaboración sincera entre el Estado y la Iglesia en materias como las educativas, desarrollándose una suma de pequeños incidentes y en medio de fuerte polémica. Así, por ejemplo, Sagasta promovió la inscripción de las órdenes en un registro, hecho suficiente como para motivar una dura protesta de los sectores clericales. También en los primeros años de siglo se planteó la cuestión de la exigencia de titulación y de inspección de la enseñanza no oficial por el Estado.

Toda la cuestión clerical se entrelazó, como ya se ha señalado, con la lucha por la jefatura del partido liberal. Fracasado un intento de lograr una aceptable por todos sus jefes, ocupó en primer lugar el poder Montero Ríos, quien tenía tras de sí una larga trayectoria política y una considerable sapiencia jurídica pero que, con setenta y tres años, estaba enfermo y representaba, inevitablemente, una política caduca. Así lo demuestra su afirmación, recogida por Azorín en su Parlamentarismo español, de que había formado su Gobierno «por riguroso orden de antigüedad». Ni Moret ni Canalejas aceptaron colaborar con él, lo que ya desde un principio implicaba una latente división. Pero, por si todo ello no bastara, a estas dificultades se unieron otras que no eran imaginables en un primer momento. El Ejército español no sólo había sido derrotado en la guerra colonial sino que de ella había salido en una situación que necesitaba pronto remedio. Aunque a la hora de encontrar culpables concretos las responsabilidades se desvanecieron en la imprecisión (apenas dos generales y un almirante se retiraron prematuramente y «tribunales de honor» obligaron a hacer algo semejante a algún oficial acusado de corrupción), algunos políticos, como el conde de las Almenas, hicieron acusaciones contra sus principales mandos que contribuyeron a crear una hipersensibilidad contra los políticos, todavía acrecentada por los males objetivos que el Ejército padecía y que la guerra colonial había multiplicado. Un periódico militar de estos tiempos llegó a afirmar que «la lista de los hombres públicos se recorre casi con más asco que la de mujeres públicas» y Mola, futuro organizador de la conspiración de julio de 1936, tituló un capítulo de sus memorias, relativo a esta época, «La Milicia, víctima de las oligarquías gobernantes». El propio Silvela había llegado a decir que en España «no hay que fingir arsenales y astilleros donde sólo hay edificio y plantillas de personal que nada guardan ni nada construyen ni citar como ejércitos meras agregaciones de mozos sorteables». Como sabemos, el regeneracionismo militar de Polavieja muy pronto se quedó en nada.

Las dificultades del Ejército empezaban por ser materiales: sólo una de cada veinticinco bajas en Cuba lo fue en combate, siendo el resto debidas a enfermedades. El uniforme era todavía el tejido de rayadillo que hacía fácilmente visibles a los soldados. La preparación era tan deplorable que, con bastantes menos hombres que los que España tuvo en Cuba, Gran Bretaña controlaba en los años veinte nada menos que India, todo un continente. En los primeros años del siglo XX se hizo un esfuerzo en dotar de artillería al Ejército pero el nivel al que se llegó fue la mitad del Ejército francés y un tercio del alemán; trece años después de la Primera Guerra Mundial los soldados españoles carecían de cascos de acero. En una intervención en el Parlamento, Weyler, uno de los prestigiosos militares que ocupó la cartera de Guerra en estos años, aseguró que tan sólo la mitad de los soldados podrían gozar de asistencia sanitaria, uno de cada cuatro podría usar carabina y no existiría para la mayoría la posibilidad de proporcionarle un fusil de recambio.

Todas esas deficiencias tenían como origen la existencia de un número de oficiales desmesurado para los efectivos existentes. Mientras que Italia sólo gastaba un sexto del presupuesto militar en el pago de oficiales y Francia un séptimo, en España se empleaba bastante más de la mitad. Había 500 generales y 25 000 oficiales para unos efectivos teóricos de unos 80-100 000 hombres. Esto suponía, sencillamente, que con la disminución de puestos provocada por la desaparición de las colonias una buena parte de esos oficiales no tendrían nunca dónde ejercer su función, puesto que las plantillas sólo señalaban 1000 destinos. Además, si hasta entonces la existencia de la guerra había abierto un portillo para ascensos rápidos, que fueron aprovechados por los miembros de las dinastías militares de la Restauración, ahora esta posibilidad parecía haberse desvanecido. A comienzos de siglo en España había capitanes con cincuenta y seis años, la edad con la que se retiraban en Alemania los generales. A todos estos problemas, un Estado débil, como el de la Restauración, les dio, como casi siempre, una respuesta titubeante y lentísima. En el periodo 1898-1909 hubo veinte cambios ministeriales en la cartera de Guerra, que fue cubierta por un total de once personas: a cada ministro le correspondieron apenas siete meses de ejercicio del poder, aunque hubo algunos que repitieron (Luque, Weyler, Linares). Las carencias presupuestarias obligaron a una disminución de los recursos, sólo corregida cuando se produjeron incidentes en Marruecos. Al final del periodo indicado la disminución del porcentaje de oficiales había sido muy limitada: tan sólo el 15 por 100 de la escala activa, aunque también el 79 por 100 de la reserva retribuida (que era, al principio, de 8000 oficiales). Todos estos datos dejan bien claro que no hubo posibilidades de que las deficiencias de orden material pudieran ser solucionadas o tan siquiera mínimamente encauzadas. El Ejército mismo —y la prensa militar que le servía de portavoz—, sensibles a la hora de responder a la crítica, no lo fueron para proponer reformas. En una situación como ésta, en que había motivos abundantes para la crítica pero una práctica imposibilidad de soluciones, no es de extrañar que se produjera una parcial vuelta del Ejército a la política. Esta expresión, sin embargo, debe ser inmediatamente aclarada. El Ejército de la Restauración nunca había permanecido al margen del escenario político por la sencilla razón de que él mismo había engendrado aquel sistema político. Además, sus intervenciones se hicieron más frecuentes cuando empezó a desarrollarse una importante conflictividad social. En la España de entonces, como dijo Juan de la Cierva, la policía era «un conglomerado peligroso e infecto de agentes nombrados y separados por el capricho del gobernador y del ministro», que, además, carecía de medios personales y materiales para enfrentarse con una alteración grave del orden público. Como consecuencia, cualquier conflicto huelguístico solía acabar en una declaración del estado de guerra y éste era, con frecuencia, el procedimiento menos luctuoso para solucionar los conflictos sociales en que a menudo las autoridades militares actuaban como árbitros aceptados por las dos partes. Esta constante presencia del Ejército (y la que siguió a partir de 1906) no quería decir que éste se atribuyera a sí mismo un programa político preciso en sentido nacionalista o antirrevolucionario. A pesar de lo que dijo Cánovas, Cuba y Filipinas no habían sido para España lo que Alsacia y Lorena para Francia, ni tampoco en España existía un peligro de revolución social como durante esta época pudo haber en Alemania o en Rusia. Los centros militares invitaban a personas de todas las orientaciones políticas, y la mejor prueba de que el Ejército no determinaba el curso de la vida política reside en que los presupuestos militares fueron decrecientes en un país que, por habitante, gastaba en esta materia la sexta parte que Gran Bretaña o un tercio que Francia. Como sucedería en ocasiones posteriores, y había sucedido anteriormente, la intervención del Ejército en la política fue fundamentalmente de carácter reactivo. En los nacionalismos periféricos, que por estos momentos surgían en la política española, el Ejército, como colectivo, vio la reproducción del independentismo cubano o filipino, respondida ahora con lenidad por los poderes públicos civiles. Ya en el comienzo de siglo hubo un asalto a un diario bilbaíno por parte de un grupo de oficiales y la existencia de una activa prensa militar madrileña, así como la imprudencia de los nacionalistas, fuesen vascos o catalanes, facilitó una situación potencialmente explosiva. El periódico catalanista Cu-Cuthabía dirigido al menos una veintena de ataques chocarreros a los militares, como, por ejemplo, presentar en un chiste a un niño con una escuadra rota y atribuirle condiciones para ser marino español. Cuando, en noviembre de 1905, apareció en sus páginas un artículo no excesivamente hilarante en el que se comentaba la celebración de un banquete de la Victoria (se refería a la de los catalanistas en las elecciones), afirmando que «sería de civiles», fue inmediatamente asaltado por un grupo de oficiales que destrozaron su redacción y obtuvieron el inmediato apoyo de otras guarniciones, e incluso el de altos cargos militares, sin que, por otro lado, se produjera una reacción por parte de la autoridad militar más alta, encarnada por el ministro de la Guerra. Montero Ríos quiso entonces, como «mal menor», según dijo, acudir a la declaración del estado de guerra pero a esto se negaron sus adversarios en el partido liberal. Fue imposible, porque no existía unanimidad en la clase política dirigente, enfrentarse a los militares en este punto, e incluso los guardias civiles del Congreso parecían dispuestos, caso de producirse un golpe, a plegarse a él. Siguió entonces el presidente del Gobierno la tendencia natural de dimitir, debido a sus achaques.

En diciembre de 1906, Segismundo Moret sustituyó a Montero Ríos. Algo más joven que su antecesor, tenía una cultura brillante y, teórico importante, había proporcionado en el pasado un bagaje ideológico a su partido. A estas alturas, sin embargo, muchos de los principios en que había basado su pensamiento, como el librecambismo, parecían ir en contra de la tendencia general. Además su carácter, fácilmente influenciable, le hizo en los últimos años de su vida adoptar posturas inconsecuentes. La primera de ellas fue asumir la herencia de Montero Ríos para intentar salir cuanto antes del conflicto militar, aceptando las presiones que se le hicieran y así llevar a cabo otros aspectos de su programa. No sólo no castigó la insubordinación de los oficiales asaltantes de la revista sino que, además, entregó el Ministerio de la Guerra al general Luque, que se había identificado con la protesta barcelonesa y que, como muchos otros jefes militares, exigió que los delitos no ya contra el Ejército sino contra la Patria fueran sometidos a juicios militares.

En marzo de 1906, la llamada «ley de jurisdicciones» fue aprobada después de recurrir a una complicada maniobra para resguardar un mínimo de dignidad para el poder civil. Lo peor del caso, como comentó Unamuno, era que, a partir de este momento, el Ejército se convertía en virtual monopolizador del patriotismo, mientras que no todas las clases sociales estaban obligadas al servicio militar, dada la posibilidad de la redención del mismo pagando una cantidad. Como cabía esperar, la reacción de catalanistas y republicanos resultó iracunda y de ella surgió Solidaridad Catalana, una amplia coalición electoral destinada a obtener el triunfo en la siguiente elección. En las Cortes Moret describió lo sucedido como un zigzag temporal, como si hubiera de conseguir así llevar a cabo un programa liberal auténtico. Pero tenía problemas para mantener unido al partido que acaudillaba. Requirió del Rey el decreto de disolución de las Cortes justificándolo mediante la enunciación de un amplio programa, pero Alfonso XIII rechazó la pretensión porque en el seno del propio partido del presidente incluso quienes estaban al frente de ambas Cámaras no estuvieron de acuerdo con Moret. Lo sucedido demuestra, una vez más, hasta qué punto el sistema político era diferente de la democracia. Moret pidió la disolución porque esperaba una mayoría parlamentaria suya, pero el Rey no se la concedió porque equivalía a vulnerar una regla no escrita del turno, la de que la disolución del Parlamento se concedía sucesivamente a cada partido y no dos veces seguidas al mismo.

En julio de 1906, el general López Domínguez sustituyó a Moret. Era —ha escrito un historiador— «la genuina personificación de la mediocridad discreta», un militar cuya gloria derivaba de haber liquidado la sublevación cantonalista y un político cuya carrera se había hecho a la sombra del duque de la Torre, su tío. La peculiar característica de su gabinete fue que, aparte de incluir un antiguo republicano posibilista y a un canalejista, tenía un programa inspirado precisamente por el propio Canalejas. De acuerdo con esta línea, que situaba el centro del interés de los liberales en el problema clerical, el conde de Romanones derogó una disposición conservadora por la que se exigía la condición probada de no católico para poder contraer matrimonio civil. En octubre de 1906 se hizo además público el proyecto gubernamental de acuerdo con el cual sería imprescindible una disposición con rango de ley votada en Cortes para admitir a cualquier orden religiosa distinta de las explícitamente aceptadas en el concordato vigente.

Los demás dirigentes del partido liberal recelaban de la influencia conseguida por Canalejas, pero esto era especialmente cierto en el caso de Moret. Ahora cometió una nueva inconsecuencia que, en este caso, estuvo además unida a la tortuosidad. Después de haber enunciado él mismo un programa semejante protestó, mediante una nota enviada al Rey, del propuesto por López Domínguez, afirmando que podría llegar a destruir el partido liberal. De poco le sirvió esta maniobra porque, aunque sustituyó a López Domínguez al frente Bel Gobierno, no pudo conseguir ser aceptado por unas Cortes iracundas, en las que los liberales seguían siendo mayoría. El último intento de Gobierno liberal le correspondió, en diciembre de 1906, al marqués de Vega de Armijo, un aristócrata cuya decadencia física era manifiesta. Aunque trató también de tener su propio programa sobre la cuestión de las órdenes religiosas —propuso que el Parlamento revisara las autorizaciones de las mismas—, su Gobierno estaba destinado a la rápida desintegración.

Durante los dos últimos años los liberales habían mostrado una incapacidad incluso superior a la de los conservadores para mantenerse unidos. Muchos de sus dirigentes eran puro pasado o, por su carencia de programa y exceso de pragmatismo, merecían el calificativo de «señoritos de la regencia» que luego Ortega les daría. Durante el primer lustro del reinado de Alfonso XIII lo más característico fue, por tanto, una inestabilidad que facilitaba la intervención real, pero no fue exclusivamente provocada por el Monarca. En el lustro siguiente, al menos, ambos partidos lograrían una jefatura indisputada. Lo peor de los liberales en esta etapa fue su aceptación de la ley de jurisdicciones; lo mejor (y no es mucho), que esta ley, como adelantó Moret, estuvo destinada, en la práctica, a una aplicación restringida.

La cuestión nacional y el catalanismo

En páginas precedentes se ha podido constatar cómo, a partir de la primera década del siglo XX, empezaron a desempeñar un papel protagonista en la vida política nacional los nacionalismos periféricos o, mejor dicho, el catalanismo, puesto que fue éste el único que logró la independencia electoral respecto del encasillado hecho en Madrid y pudo actuar en el Parlamento. Resulta imprescindible, por tanto, hacer alusión a la evolución del movimiento catalanista, no ya desde la óptica de su influencia en la política nacional española sino atendiendo a su progresiva implantación, así como a su dialéctica interna. Esta visión debe, además, ser completada con la alusión a los otros movimientos, nacionalistas o regionalistas, que si bien no llegaron a jugar por el momento un papel de primera importancia en la vida pública, ni siquiera en las zonas de su implantación originaria, sentaron las bases de una posterior influencia precisamente en estos momentos.

Importa recalcar, en todo caso, que la aparición de estos nacionalismos periféricos guarda estrecha relación con la caracterización que se ha hecho del periodo cronológico aquí estudiado. Todos esos movimientos eran otras tantas fórmulas regeneracionistas en el sentido de que criticaban el Estado de la Restauración mientras que, además, significaban el advenimiento a la arena política de fuerzas políticas e intereses reales enraizados en un sustrato cultural que, si se había desvanecido un tanto en los siglos precedentes, ahora, en cambio, reaparecía pujante. Por otro lado, en todos estos casos, el nacionalismo fue la consecuencia directa o se dio en unas circunstancias sólo explicables por la modernización que iba experimentando España desde finales del XIX o comienzos del XX. A veces la posición nacionalista fue justificada por una voluntad de resistencia al cambio, basada en valores tradicionales, y otras, por el contrario, resultó una consecuencia de ese mismo cambio. Eso explica que al nacionalismo se llegara por caminos incluso divergentes, pero también que el resultado de su influjo en una región fuera siempre un testimonio de esa modernización.

De cualquier modo, aun antes de tratar del que puede ser considerado como el nacionalismo periférico de mayor envergadura, es imprescindible tratar del españolismo. Ya se ha indicado que los años finiseculares presenciaron una reafirmación del nacionalismo español (de gestación tardía y cuyos resultados a lo largo del siglo XIX habían sido relativamente débiles). Ahora, en cambio, se presenció, al mismo tiempo que la eclosión de los nacionalismos periféricos, la reafirmación de la conciencia nacional española, aunque partiendo de criterios distintos de tiempos anteriores. Como España siguió sin tener un adversario exterior no nació un partido nacionalista español. Pero, en primer lugar, el Estado, que había sido bastante inoperante en épocas anteriores, ahora tuvo mayor eficacia nacionalizadora a través, por ejemplo, de la educación (no se olvide que el Ministerio fue creado el mismo año en que ascendió al trono Alfonso XIII), de su intervención en materias económicas y del incremento de la burocracia. Además, existió desde el final de siglo la idea de que era preciso celebrar los grandes fastos nacionales: en 1892 se conmemoró el descubrimiento de América y en 1905 el Quijote. La fiesta nacional fue instituida en 1918 con el poco oportuno nombre de Fiesta de la Raza, pero fue imaginada con antelación. La creación del Teatro Español, durante el gobierno de Maura, también obedeció a esos propósitos, porque había de servir para rememorar a los clásicos. Cuando se crearon instituciones de investigación en el terreno de las Humanidades, como el Centro de Estudios Históricos, gran parte de su tarea estuvo dirigida a reconstruir las raíces de lo español, por ejemplo, explorando la poesía popular medieval.

En general, como se puede percibir, la promoción de la conciencia nacional española fue una tarea en la cual el componente cultural revistió la máxima importancia. No puede extrañar que fuera así porque el espíritu de la época inducía a ello. De acuerdo con el pensamiento de Renán y de Taine, escritores franceses enormemente influyentes en toda España, cada nación se basaba en una identidad producto de los rasgos humanos de sus habitantes y de la geografía. A ellos había que remitirse para transformar a un país en decadencia, regenerándolo. «La vida y la idiosincrasia de las gentes humildes», de acuerdo con Unamuno, describía la esencia de la identidad propia. Los escritores finiseculares la encontraron en la Castilla profunda, en apariencia atrasada pero también auténtica («tierra triste y noble», la llamó Machado). De muchos pensadores de este momento es posible hacer una interpretación en sentido nacionalista. Costa, en definitiva, propuso una movilización de las fuerzas nacionales dirigida a la modernización. Unamuno, que en una etapa de su vida estuvo cercano al nacionalismo vasco, acabó por definir a los nacionalismos periféricos como «una miseria más» de España. Más adelante Ortega propuso a los miembros de su generación intelectual descubrir qué era España para luego poder inculcárselo a las masas. En Azaña es visible idéntico sentimiento nacional español.

Éste no significó realmente un cambio sustancial respecto de lo heredado del siglo XIX, en el sentido de que se consideró como única realidad nacional a España, sin tener tan en cuenta su pluralidad, al menos en el grado que desearon los nacionalismos periféricos. España, llegaría a decir Ortega, fue la consecuencia de la «manera castellana de ver las cosas». Esta visión castellanista tuvo en común con los nacionalismos periféricos emergentes un manifiesto exclusivismo. A partir del fin de siglo hubo españoles que sintieron España como Nación y percibieron en otros el «problema» de que no sentían como ellos. Al mismo tiempo en la periferia hubo quienes pensaban que España era un Estado pero con varias naciones (y reservaban su sentimiento nacional para otra entidad). La política y la sociedad españolas no pudieron entenderse, desde entonces, sin tener en cuenta esta realidad y, al mismo tiempo, el fracaso en el intento de cada una de las dos partes por imponerse a la otra. Este rasgo constituye, evidentemente, una de las peculiaridades más características de la especificidad española en el siglo XX hasta tal punto de que resulta muy difícil establecer una comparación con otro país.

Hechas estas precisiones sobre el españolismo podemos tratar a continuación de aquel nacionalismo que de manera práctica y concreta consiguió la suficiente fuerza política como para aparecer como alternativa al mismo, es decir, del catalanismo.

Como veremos que sucedió en otros movimientos parecidos, también en los orígenes del nacionalismo hubo un componente tradicionalista y otro federal, la defensa de unos intereses económicos y el arraigo de una cultura renacida. No se entiende la realidad del catalanismo sin tener en cuenta esta pluralidad de procedencias y de orígenes. Cuando Cambó dijo que los catalanes eran, ante todo, unos sentimentales no erraba pero esta afirmación debe ser complementada con la inevitable mención del papel jugado por la lucha por el proteccionismo en la creación de una conciencia nacional. El factor cultural y el económicosocial jugaron, en todo caso, una función previa a la implantación del catalanismo como fuerza política. A la altura de 1898 el catalanismo había definido unos primeros contenidos doctrinales y también había llegado a controlar las principales entidades barcelonesas relacionadas con el mundo cultural y económico. Había rebasado el casco urbano barcelonés y se extendía por el litoral. Sin embargo, a pesar de ello y del control de más de una docena de periódicos, tan sólo había presentado un candidato en las elecciones. La descripción de lo ocurrido en esta ocasión por parte de los propios nacionalistas demuestra que no pensaron seriamente en obtener la victoria. Aunque el Desastre impulsó la reivindicación de la autonomía económica y política, por el momento la integración entre los representantes del poder económico y la política oficial era muy estrecha: once de los trece presidentes del Fomento del Trabajo Nacional, el principal organismo patronal, habían sido diputados. No parecía posible que eligieran otra senda de representación política. El catalanismo alcanzó la mayoría de edad durante el Gobierno de Silvela y el fracaso de los propósitos regeneracionistas del dirigente conservador contribuye a explicarlo en un elevado porcentaje. En Barcelona el general Polavieja consiguió un apoyo como no tuvo en el resto de la Península, sobre todo en los medios económicos más relevantes: las grandes familias industriales de la región (los Ferrer Vidal, Girona o Güell) nutrieron las filas de lo que luego sería la Unió Regionalista, adherida a los manifiestos del citado general. El ascenso de Silvela al poder proporcionó, además, a esos sectores un poder político efectivo en el sentido de que vieron elegidos dos diputados en el «encasillado» oficial, un alcalde (el doctor Robert, que luego se significaría por su catalanismo) e incluso los cargos eclesiásticos promovidos durante esta etapa tuvieron esa misma significación (Morgades, en Barcelona, y Torras i Bages, en Vich). Pero, además, Silvela, después de haber proporcionado poder al catalanismo, le dio también motivos para la protesta. La resistencia frente a los proyectos fiscales de Fernández Villaverde estuvo localizada sobre todo en Barcelona y, aunque fue derrotada, hizo desvanecerse entre los regionalistas la esperanza de que un programa nacido en el seno de uno de los partidos de turno pudiera tener como resultado la satisfacción de sus deseos e intereses. Villaverde, en la polémica, llegó a declarar «funesta» la autonomía fiscal.

Hasta entonces el catalanismo había mezclado en sus propósitos los afanes culturales y los intereses políticos de un modo poco práctico. En los años del fin de siglo se configuró como nacionalismo, es decir, con una visión propia del pasado y del futuro. En los medios catalanistas empezaron a aparecer expresiones diferenciadoras taxativas como la de preferirse «antes chino que español» o tan contradictorias como para definir la catalanidad como una «raza histórica». El poeta Joan Maragall presentó a Castilla como «la muerta» pero eso no implicaba separatismo sino la afirmación de que era preciso que se diera cuenta de que había concluido su misión directora y configuradora de España. En esos años los catalanistas —gente de orden, profesionales y escritores muy jóvenes— crearon los símbolos nacionales de Cataluña: una danza comarcal de Gerona —la sardana— se convirtió en baile nacional y el himno catalán nació de la confluencia de una letra ya conocida y la música de una canción de siega de contenido obsceno. El modernismo artístico fue la expresión estética de este nacionalismo y también la demostración de que se pensaba no sólo en el pasado sino en el futuro.

A partir de esta realidad de fondo se pudo crear un organismo político para defenderla y promoverla. El catalanismo fue obra de pluralidad —había prensa catalanista que parecía integrista y otra semejante a la anarquista—, de continuidad —un hijo de Duran i Bas fue dirigente principal de la Lliga— y de posibilismo porque, si en un principio el modelo fue el independentismo irlandés, acabó por aceptar el modelo de la monarquía austro-húngara. Una vez perdida la esperanza en el Gobierno de Madrid logró, además, un instrumento muy eficiente para la vida pública. La Lliga Regionalista, creada en 1901, cobijó a los antiguos polaviejistas, pero en ella jugó un papel más decisivo otro sector que había llevado el nombre de Centre Nacional Catalá y que estaba formado por intelectuales procedentes del Ateneo, profesionales respetados y, sobre todo, miembros de una generación juvenil cuya formación era inequívocamente nacionalista (y de ahí el nombre de su agrupación), pero que, al mismo tiempo, pronto se significaron por una postura pragmática, capaz de conformarse con el regionalismo siempre que éste permitiera dar satisfacción y cauce a las reivindicaciones de Cataluña. Este sector había patrocinado la creación del diario La Veu de Catalunya, que desde 1899 fue el órgano fundamental del catalanismo político.

A este sector juvenil le correspondió un papel fundamental en la dirección de la política catalanista, en la que obtuvo señalados éxitos. El primero fue la victoria en las elecciones generales de 1901 en las que, a pesar de contar con una proporción todavía pequeña del electorado, el catalanismo derrotó en Barcelona al sistema de encasillado, habitual en la España de la Restauración. En adelante, la capital catalana, y luego toda la región, no seguiría ya las sugerencias de Madrid respecto de sus resultados electorales. Se había cumplido el deseo de Prat de la Riba cuando había recomendado «hacer lo que se hace en estos casos en los países civilizados: votar». Los primeros diputados catalanistas se encontraron, sin embargo, con un ambiente muy poco comprensivo en Madrid, donde su movimiento era calificado de artificioso y provinciano. Además, en los años sucesivos, la muerte de Robert y el encarcelamiento de Prat de la Riba por unos artículos de prensa pudieron dar la sensación de que el catalanismo pasaba por una etapa crítica que quizá concluyera con su desaparición. La evitó, sin embargo, la habilidad estratégica de sus dirigentes, conscientes de que muchas veces, como le había reprochado Colell a Almirall, «quien todo lo quiere, todo lo pierde». El catalanismo no tuvo inconveniente en pactar con sectores de la política catalana sobre los que podía ejercer una hegemonía doctrinal y práctica. Lo hizo primero con los carlistas, que allí coincidían en una voluntad descentralizadora, como lo haría luego con unos monárquicos que admitían también esa tesis. No desaprovechó, además, la ocasión para afirmar una actitud realista: en 1901 la visita al Rey de una parte de los dirigentes catalanistas trajo como consecuencia una escisión de quienes se sentían republicanos pero, al mismo tiempo, se consolidó la imagen posibilista del movimiento.

En 1905 la Lliga fue capaz de percibir hasta qué punto le podía ser beneficiosa la protesta generalizada contra el asalto del Cu-Cut. En las elecciones de 1907, Solidaridad Catalana, que agrupó contra el sistema de turno a todos los partidos de implantación regional, desde los carlistas a los republicanos, logró un triunfo aplastante en todos los distritos electorales catalanes, con excepción de dos (en otros dos no se presentó). A partir de este momento, el catalanismo no fue sólo un hecho político barcelonés, sino catalán, y los partidos de turno desaparecieron en la región. Aquello fue, como escribiría el poeta Joan Maragall, no una abigarrada y heterogénea protesta ele quienes no tenían nada en común (el «montón», que había dicho Maura), sino un verdadero alzamiento de una región consciente de sí misma y de sus capacidades. Aunque la victoria de Solidaridad Catalana no pueda atribuirse exclusivamente a los regionalistas, consiguieron, en la práctica, una situación preponderante que no perdieron hasta el momento, a partir de 1918, en que pareció arruinada su posibilidad de intervenir en la política española con resultados eficaces. Siempre sus victorias electorales estuvieron amenazadas por la existencia de un republicanismo radical y un catalanismo de izquierdas, pero su capacidad de asimilación de las organizaciones locales de los partidos de turno les dio una creciente supremacía en los distritos rurales, primero en Gerona, y luego, parcialmente, en Lérida y Tarragona.

Gran parte de las victorias de la Lliga fueron consecuencia de la existencia de un equipo dirigente compacto y eficaz. Enrique Prat de la Riba fue el ideólogo y el hombre prudente y poco brillante que, en las instituciones regionales, procuraba estar abierto a la posibilidad de colaboración de personas con las que mantenía discrepancias doctrinales importantes. Su obra Nacionalitat Catalana, publicada en 1906, era expresión de la herencia del romanticismo, pero también del contenido regeneracionista del nacionalismo catalán respecto del Estado español y de la capacidad de estar muy al día del pensamiento europeo. Poco original, el libro vino a ser una especie de doctrina nacionalista que el autor redactó con una inmediata finalidad política. Prat de la Riba, en efecto, no puede ser entendido sin tener en cuenta no sólo su vertiente de ideólogo —nunca en exclusiva, como Arana en el País Vasco— sino también su condición de arquitecto del catalanismo e impulsor de una acción política decididamente moderna. Todos los dirigentes de la Lliga se identificaron por su capacidad de trabajo y por su carácter práctico. Cambó, el principal de ellos, fue el dinámico y brillante profesional de la política capaz de apreciar el preciso valor de una decisión arriesgada en un momento determinado y de intervenir en la política nacional española transformando sus presupuestos esenciales. Fue descrito por Madariaga como «el genio político mejor dotado de su época», y constituyó el paradigma de algo relativamente infrecuente en la España de su tiempo: un conservador verdaderamente merecedor de este calificativo. El escritor Josep Pla dijo de él, con razón, que podía tener posiciones a veces discutibles pero que nunca eran indiferentes: sabía dominar en tal grado las situaciones políticas que el resto de los que participaban en ellas parecían a su lado aficionados. El elenco de personalidades relevantes de la Lliga se completó con Puig i Cadafalch, que se ocupó principalmente de las instituciones culturales de la región, y Duran i Ventosa, responsable de la actuación de los concejales de la Lliga en el Ayuntamiento barcelonés. Quizá fue el propio Cambó quien dio una mejor definición de esta élite dirigente contraponiéndola a los intelectuales de la izquierda catalanista, «principalmente hombres de tertulia y de crítica»: ellos —los de la Lliga— eran, por el contrario, «hombres de pensamiento y acción con una intensa necesidad de eficacia». El bagaje doctrinal de la Lliga fue conservador, en especial desde el punto de vista social, pero, como admitieron incluso quienes en Cataluña estuvieron en contra suya (Hurtado, Ametlla), la Lliga no era en el panorama de la política española un grupo reaccionario sino un partido de centroderecha que, además, por sus fórmulas organizativas y manera de actuar, representaba una verdadera modernización de la vida pública española. El contenido de su programa tenía facetas antiparlamentarias y corporativistas, en la expresión del mismo que hizo Prat de la Riba, pero, de hecho, la Lliga aceptaba plenamente el liberalismo parlamentario y la democracia política y, además, contribuyó a hacerlos posibles mediante un proceso de movilización, al menos parcial, del elector. No fue un partido de masas pero sí bastante más que una tertulia de caciques, como eran el partido liberal y el conservador. Todos los restantes grupos políticos que se dijeron a sí mismos regeneradores desaparecieron en un corto espacio de tiempo, pero la Lliga perduró y constituyó todo un ejemplo del cambio que se hubiera producido en la política española de haber sido más consistente el regeneracionismo que todos predicaban.

La Lliga tuvo, no obstante, sus limitaciones, la más importante de las cuales fue no integrar en su seno a la totalidad del catalanismo político. Las memorias de Cambó insisten a cada paso en las insuficiencias del catalanismo de izquierdas, indisciplinado, poco constructivo, proclive a la desunión y, en no pocas ocasiones, incapaz de darse cuenta de la necesidad de actuar también desde Madrid. Todas estas críticas pueden tener parte de verdad, pero no evitan pensar, por otro lado, que la Lliga resultó incapaz de atraerse a los medios obreros catalanes y que incluso sus repetidos triunfos electorales en Barcelona los logró con menos de una cuarta parte del electorado. En el catalanismo de izquierdas hubo no sólo una voluntad de acercamiento al mundo proletario sino también una atracción hacia los intelectuales que la Lliga, interesada sobre todo en integrar al resto de los partidos de turno y satisfacer los intereses burgueses, nunca consiguió de manera completa, aunque Prat y Cambó tuvieron sensibilidad hacia esos medios. La escisión de la izquierda catalanista provocada por la visita al Monarca con ocasión de su estancia en Barcelona en 1904, supuso la aparición de El Poblé Cátala. En 1906 esa misma izquierda catalanista, nutrida por los sectores procedentes del Ateneo barcelonés, creó el Centre Nacionalista República, y, en 1910, la Unió Federal Nacionalista Republicana, cuya principal figura fue Corominas. El mismo hecho de que un intelectual tan conocido figurara al frente de una organización política es revelador de una de las debilidades del catalanismo de izquierdas. Careció éste de un equipo de dirección política mínimamente semejante al de la Lliga. Estaba, además, sometido a tensiones que lo condenaban a una permanente incertidumbre estratégica al contar con sectores más catalanistas (Lluhí) y otros más proclives a las preocupaciones sociales (Layret). Para acabar de complicar el panorama, la permanencia de un republicanismo no catalanista, dirigido por Lerroux, invitaba a una posible colaboración; la UFNR la practicó en 1914, con funestos resultados electorales. Sin embargo, en estos medios catalanistas de izquierdas nació y se desarrolló un sindicalismo catalanista. En 1903 se fundó el CADCI (Centro Autonomista de Dependientes de la Industria y el Comercio) que en los años veinte había alcanzado más de 10 000 afiliados.

Un aspecto característico del catalanismo, imprescindible para comprenderlo, fue su temprana voluntad de actuar en el seno de la política española con una decidida voluntad de transformarla. Fue la consecuencia de su fuerza política y de su confianza en sí mismo pero también de la conciencia de que sólo actuando así podría llegar a cumplir sus propósitos. A este intervencionismo Prat de la Riba lo denominó «imperialismo», pero no tenía ningún propósito económico sino que era de carácter exclusivamente político. Años después, en 1937, en plena guerra civil, Cambó ratificó en su dietario la actitud en que se fundamentaba. Creía entonces que la desaparición del Imperio Austrohúngaro había tenido unas perniciosas consecuencias y se preguntaba por la posible contradicción entre su nacionalismo y esa idea. Recordó, sin embargo, que él mismo nunca había defendido la tesis de que a cada Nación le debía corresponder un Estado porque «este principio irreprochable en teoría, perfecto para una tesis académica, es insostenible en su forma radical y primaria como doctrina política». Ese intervencionismo, inseparable del nacionalismo, no fue, a menudo, entendido y constituyó uno de los problemas de Cambó en la política española.

Sin embargo, no puede decirse en absoluto que fuera una actitud meramente política sino que obedecía también a aspectos de fondo de la realidad catalana. Desde fines del XIX Barcelona adquirió la condición de capital cultural autónoma respecto de Madrid, directamente enlazada con los grandes centros creadores, como París. A partir de ese momento hubo también un permanente diálogo, no exento de conflicto, pero también fecundo y creativo, entre Madrid y Barcelona. La contraposición entre las actitudes de Unamuno y Maragall no puede resultar más significativa. Ambos contribuyeron a imaginar un patriotismo plural pero difirieron, en ocasiones, en puntos esenciales. Unamuno pensaba que el catalán era un arma de expresión superada e ineficaz (una «espingarda», decía) mientras que el castellano le parecía «un máuser». Pero para el catalanismo la lengua era la expresión misma de la conciencia nacional propia. De todos modos, el hecho de que esos dos nacionalismos se pudieran tratar, en cierto modo, de igual a igual revela el papel de Cataluña en el conjunto de España.

El nacionalismo vasco y el gallego

Como en Cataluña, también en el País Vasco se daba en el fin de siglo un sustrato cultural capaz de alimentar un sentimiento nacionalista. En este caso, además, hasta 1876 se había mantenido una peculiaridad en su organización política que perduró en el terreno económico a través de los conciertos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la guerra del 98 fue la primera en que los jóvenes vascos tuvieron que defender los colores de la bandera española. El paralelismo con Cataluña se repite si consideramos las transformaciones sociales acaecidas en el País Vasco durante la Restauración. Fueron éstas incluso más significativas que las que tuvieron lugar en Cataluña, hasta el punto de que la ría de Bilbao casi decuplicó el número de sus habitantes como consecuencia de la exportación de mineral de hierro a Gran Bretaña. A pesar de la nostalgia rural del nacionalismo vasco su origen geográfico fue vizcaíno o, más concretamente, de Bilbao. Establecidas estas semejanzas, es necesario, sin embargo, referirse también a las diferencias que contribuyen a explicar la peculiaridad del nacionalismo vasco. En primer lugar, el renacimiento cultural se produjo en el País Vasco más tardíamente que en Cataluña, coincidiendo con el político incluso en las personas de los protagonistas de ambos (Campión y Arana tuvieron, en efecto, esa doble faceta en cuanto que fueron, a la vez, políticos y literatos). Como resultaba previsible, el euskera, que estaba en permanente retroceso desde el siglo XVI, tuvo muchas mayores dificultades que el catalán para asimilar a las masas inmigrantes que acudían atraídas por el despegue económico de la zona y quizá ello contribuya a explicar el mayor radicalismo de los nacionalistas vascos que, en no pocas ocasiones, se sintieron como una cultura en trance de extinción. También puede ser un factor importante, en la explicación del mayor radicalismo de los nacionalistas vascos, la perduración de una cultura de poso católico integrista que explica la práctica independización electoral del País Vasco respecto del encasillado promovido por Madrid en cada elección. En efecto, en especial cuando gobernaban los liberales, se debía tener muy en cuenta en Madrid que en esta región había que adecuarse a una realidad que no permitía, por ejemplo, obtener más que la mitad de los escaños, quedando el resto en manos de carlistas, católicos e integristas. En Bilbao los carlistas tenían una cuarta parte de los concejales pero superaban con creces la mitad del total en Vitoria y, más aún, en Pamplona. Sin duda, esa interpretación religiosa de la vida política, que había sido, en definitiva, la que había hecho posibles las guerras carlistas, contribuía al maximalismo. De todas las maneras conviene no presentar al nacionalismo vasco como un grupo minúsculo y sectario. Es cierto que lo fue en su momento inicial pero, precisamente en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, como veremos, consiguió superar de forma clara esta situación, así como su implantación vizcaína. Con el paso del tiempo se descubrió que la sociedad vasca era esencialmente plural y que en ella convivían monárquicos, republicanos y socialistas con nacionalistas. En 1909 había en Bilbao, por ejemplo, 11 concejales carlistas, otros tantos nacionalistas, 7 socialistas, 9 republicanos y 3 liberales. Existía una general coincidencia en la necesidad de dotar al País Vasco de unas instituciones propias y peculiares que permitieran el desarrollo de su idiosincrasia política y cultural pero la diferencia esencial con respecto a Cataluña fue que, mientras en ésta existía una parecida pluralidad, aunque no tan profunda, hubo también, con la hegemonía de la Lliga, una voluntad de colaboración que en el País Vasco nunca pudo darse, por la menor influencia del nacionalismo, pero quizá también por su falta de posibilismo o de habilidad. De todas maneras, como veremos, hubo también en el nacionalismo vasco un sector burgués, liberal y moderado que nunca impuso por completo sus criterios y disentía de lo que Alzóla llamó «los cándidos idilios pastoriles» de Arana, el fundador y profeta del nacionalismo. En realidad, la mayor parte de la alta burguesía vasca constituyó la apoyatura social fundamental del españolismo en el País Vasco. En este sentido se puede decir que Ramón de la Sota, un gran capitalista, exportador de mineral y constructor naval luego, fue la excepción y no la regla. No puede, por tanto, establecerse una comparación con el papel de Cambó en el nacionalismo catalán. Culto y cosmopolita, el capitalista vasco fomentó en sus empresas la presencia del sindicalismo nacionalista, siendo partidario de una estrategia contemporizadora respecto de las instituciones (fue amigo personal de Alfonso XIII).

Por otra parte, avanzando en la comparación, el nacionalismo vasco mantuvo un estrecho contacto con los sectores populares, a diferencia de lo que a menudo le sucedió a la Lliga. Desde un principio fue un movimiento interclasista que podía tener en sus filas a Sota pero también a los arrantzaks (pescadores) de la provincia de Vizcaya, con graves problemas de adaptación en su dedicación laboral. El nacionalismo de comienzos de siglo todavía tuvo un componente más popular en otras provincias, hasta el punto que puede decirse que el factor distintivo esencial de sus miembros fue la juventud y no la pertenencia a una clase social. Un rasgo muy peculiar del nacionalismo vasco fue también que desde una fecha muy temprana contó con un sindicato industrial, algo que no tuvo ningún nacionalismo peninsular. En 1911 fue creada la Solidaridad de Trabajadores Vascos (Eusko Langille Alkartasuna), que, aunque se dirigió a empleados y dependientes, supo penetrar también en los medios proletarios propiamente dichos, en especial los metalúrgicos y obreros de la construcción con cierta cualificación. Aunque nació en conflicto permanente con UGT, y no logró apenas afiliados entre la población obrera inmigrada, al cabo de pocos años este sindicato no pudo ser criticado por la carencia de contenidos reivindicativos.

Otro rasgo muy distintivo del nacionalismo vasco fue su configuración desde fecha temprana como «partido-comunidad», lo que implica, en primer lugar, que se identificó con la propia idea de nación. Años después Aguirre, su principal dirigente durante la República, lo definió como «la patria vasca en marcha» y con frecuencia en sus propios organismos partidistas presagió la futura organización del Estado vasco. Así como el nacionalismo catalán ha tenido, con carácter hegemónico, tres organizaciones partidistas sucesivas, el PNV ha sido la única importante del nacionalismo vasco. Por otro lado, la condición de «partido-comunidad» implicó, desde fecha muy temprana, la existencia de una red de instituciones y asociaciones destinadas a la socialización política. La principal de ellas fueron los batzokis, centros de reunión y de diversión, pero también las asociaciones sectoriales de mujeres (emakume), montañeros (mendigoizales)…, etc. Esos círculos de sociabilidad, no estrictamente partidistas, fueron desde fecha temprana un instrumento de penetración capilar. Antes de la Primera Guerra Mundial la Juventud Vasca era la asociación con más socios en Bilbao.

Pero con la comparación entre nacionalismos hemos avanzado en el tiempo cronológico y debemos ahora volver al punto de partida. A comienzos de siglo el nacionalismo había hecho sus primeras armas y establecido sus primeros núcleos, pero su relevancia política era todavía mínima. Sin que se pueda decir en estrictos términos que el nacionalismo vasco fue obra de tan sólo una persona, pues hubo también una derivación del liberalismo conservador que lo nutrió, cabe, sin embargo, afirmar que en él jugó un papel absolutamente decisivo Sabino Arana Goiri, que, si no lo dotó de una estrategia clara ni especialmente acertada, se convirtió en un profeta cuyas enseñanzas serían seguidas muy fielmente, incluso hasta la actualidad, en grado muy superior a cualquier dirigente nacionalista. La ortodoxia aranista nunca ha sido contestada a fondo en el PNV o, cuando lo ha sido, ha concluido por provocar heterodoxias sin, por tanto, asumir una parte de las críticas a ese bagaje ideológico. Esto contribuye a explicar su radicalidad: nunca el PNV ha aceptado de forma explícita ninguna Constitución española. Arana había nacido en una familia de navieros carlistas y llevó una vida de rentista interesado por variados aspectos de la cultura e historia del País Vasco. De mala salud y carácter introvertido, fue una persona profundamente católica cuyas lecturas, excepto en materias religiosas, eran exclusivamente vascas, y que aprovechó su luna de miel para peregrinar a Lourdes. Su procedencia ideológica queda ratificada si tenemos en cuenta que dejó escrito que, de ser español, sería «tradicionalista integrista», que aborrecía el liberalismo, incluso el moderado, y que España impedía al pueblo vasco «dirigirse a Dios». A pesar de haber residido en Barcelona, Arana no parece haber quedado inicialmente impresionado por el catalanismo, de cuyo posibilismo y voluntad de aceptar una autonomía (y no la independencia) abominó. En 1894 fundó la primera asociación nacionalista, todavía a medio camino entre la cultura y la política, denominada Euzkeldun Batzokija, cuya influencia se limitó a la provincia de Vizcaya. La actuación de dicha sociedad fue muy característica del nacionalismo vasco de esos momentos: un grupo reducido y compacto, frecuentemente perseguido por la policía y extremadamente sectario y purista. Los socios debían poseer, por sus apellidos, una clara ascendencia vasca y tenían prohibido hablar de política española. La organización era autoritaria y no excluía la posibilidad del empleo de la violencia (los «mausers», como decía el hermano de Sabino, Luis). Tales actitudes deben ponerse en relación con el ideario de Arana, basado en un milenarismo que presentaba el pasado de los vascos como una mítica Edad de Oro de la que había dado paso a la abyección catastrófica de la sumisión a España. El libro más importante de Arana «Bizkaia por su independencia» presentaba a esta provincia como radicalmente libre en el pasado medieval, demostrándolo con cuatro batallas sucesivas desde el siglo IX al XII, y sus fueros como una especie de leyes constitucionales. Al margen de esta notoria instrumentalización de la Historia, Arana partía de una afirmación católica a rajatabla, que convertía el catolicismo en un signo de identidad nacional y consideraba la impiedad (o incluso el baile «agarrao») como propia de «maketos», es decir, de inmigrantes no vascos. Éstos serían gente «de blasfemia y navaja», autores de todos los desórdenes sociales en un País Vasco cuyo pasado y raíz campesina se mitificaba —uno de los primeros órganos del nacionalismo se tituló Baseritarra, es decir campesino—. Arana se declaró republicano y partidario de un Estado independiente a caballo de los Pirineos. En términos políticos su concepción puede ser definida como una especie de democracia patriarcal y popular: repudiaba la aristocracia de la sangre o el dinero e incluso a Bilbao como Babel de la civilización capitalista. La difusión del nacionalismo, sin embargo, se hizo originariamente en esta capital y sólo después en el medio rural. Muy de acuerdo con la mentalidad de la época Arana atribuyó a la raza —incluso más que a la lengua— un papel de primera importancia en la formación de la nacionalidad. Lo que nos interesa especialmente es que, a partir del Desastre de 1898, se produjo un evidente giro en el comportamiento del nacionalismo. Se debe recordar que Arana había sido propagandista de la independencia cubana, por lo que fue encarcelado, y había considerado que los objetivos nacionalistas serían tanto más fáciles de cumplir cuanto «más postrada» estuviera España. En ese año fue fundado el PNV y Arana fue elegido diputado provincial de Vizcaya. Este éxito se explica por la colaboración con el grupo de Arana de otros sectores denominados «euskalerríacos» —por su procedencia de la sociedad Euskal Herría— que representaban un liberalismo moderado, capaz de obtener el apoyo de la burguesía de negocios y de actuar dentro de los límites de la legalidad. Su figura más destacada fue el ya citado Ramón de la Sota. El mundo de los «euskalerríacos» tuvo una larga tradición durante el XIX. En definitiva, era el de la autonomía política y administrativa y el de la industria y el comercio desarrollados en la ría; estaban muy lejos de las añoranzas rurales de un Arana, cuyo hermano a veces los trató despectivamente como «fenicios», en el sentido de sólo motivados por las riquezas materiales, que poco podían interesar a quienes se movían sobre todo por razones morales. En definitiva, los «euskalerríacos» venían a suponer algo parecido, incluso en términos culturales, a lo que la Lliga en Cataluña. Fue la colaboración de los «euskalerríacos» lo que permitió que, en Bilbao, entre una cuarta parte y un tercio de los votos se decantaran por los nacionalistas a partir del cambio de siglo; al menos la mitad de los candidatos eran de esa procedencia burguesa y moderada. El desarrollo del nacionalismo en el resto del País Vasco fue mucho más lento: tras la muerte de Arana se implantó en Guipúzcoa, pero el primer diputado provincial sólo fue elegido en 1915. De todos modos sería exagerado atribuir a esa apertura de los «euskalerríacos» un carácter fundamental e irreversible pues, de hecho, las dos almas —radical y moderada— siguieron conviviendo en el seno del partido nacionalista. Quizá esa convivencia —que se solía concretar en una teoría radical y una práctica moderada— contribuyó a potenciar las posibilidades del partido. En junio de 1902, sin embargo, el fundador del PNV esbozó un cambio de táctica: llegó a escribir que «hay que hacerse españolista y trabajar con toda el alma por el programa que se trace con ese carácter». Si tenemos en cuenta que en otro momento había recomendado responder a quien, en peligro de muerte, solicitara auxilio en español, que no entendía el idioma, se apreciará lo significativo de su cambio de postura. No obstante, su declaración de 1902 era un difícil equilibrio entre el posibilismo y el radicalismo y, además, la muerte —1903— le impidió llevar a cabo, en la práctica, ese giro político que sus palabras parecían anunciar. Después de la muerte de Arana las dos tendencias en el seno del PNV convivieron con no pocas dificultades. Los más radicales solían repudiar las alianzas, incluso con los sectores católicos, y mantenían un aranismo de estricta obediencia que se revolvía contra el «iberismo ñoño» mientras el sector «esukalerríaco» defendió las colaboraciones electorales y la selección de los candidatos por su prestigio social. El sustrato ideológico era, sin embargo, semejante, pues el deseo de llegar a la independencia se siguió manteniendo, aunque no apareció en el programa del partido en 1906, como tampoco la exigencia de ascendencia vasca, y la práctica diaria estuvo templada por un posibilismo. De hecho el nacionalismo pudo ser para no pocos una radicalización del «fuerismo» que defendía con especial énfasis tesis generalmente aceptadas por todos los vascos, como los conciertos. Con característica ambigüedad el texto doctrinal de más éxito entre los nacionalistas por estos años —«A mí Vasco» de Ibáñez de Ibero— argumentaba que lo principal no era «precisamente la independencia sino el amor a la independencia». A partir de la muerte de Arana pareció imponerse la tendencia representada por los más radicales, cuya expresión ideológica encontramos en los escritores Arantzadi y Eleizalde, y la política en dirigentes puristas y radicales como Zabala y Luis Arana, hermano de Sabino, que estuvieron al frente del partido de forma sucesiva. Pero, en la práctica, se siguió una estrategia posibilista que permitió un avance en las posiciones políticas del partido que, sólidamente establecido en Bilbao, empezó, además, a conquistar lentamente los distritos rurales en gran parte mediante la colaboración con los afines en la derecha católica. En 1905, por ejemplo, el nacionalismo colaboró en una Liga foral con los partidos monárquicos y durante el largo gobierno de Maura hubo dos alcaldes de Real Orden nacionalistas (Ibarreche y Horn). Sin embargo, estos éxitos iban a menudo acompañados de problemas y limitaciones. Frente a lo que luego sería la habitual imagen del partido, el PNV tuvo problemas con las autoridades eclesiásticas: podía tener el apoyo del clero rural (de los 47 suscriptores de Bizkaitarra, el periódico nacionalista, seis eran sacerdotes), pero los obispos de Vitoria y Pamplona quisieron unificar a la totalidad de los católicos en contra de los planes del liberalismo canalejista y chocaron con el PNV, aparte de que no aceptaron que se dieran nombres vascos a los bautizados. En cuanto a las limitaciones, nacían de la incapacidad de consolidar un apoyo electoral en los distritos rurales antes de la Primera Guerra Mundial; el PNV estuvo ausente de Álava hasta 1913. En esa fecha se fundó Euzkadi, que sería su principal órgano de expresión. En cambio el PNV, como ya se ha indicado, no tuvo nunca verdaderos problemas con la emergencia de un nacionalismo de corte liberal o republicano. En 1910 se creó un centro liberal y nacionalista, que tuvo escasa trascendencia, y, en 1911, un partido republicano nacionalista, equivalente a la UFNR catalana, que tampoco alcanzó papel político de importancia.

Otros movimientos de carácter nacionalista o regionalista empezaron a despuntar en estos momentos finiseculares, pero probablemente tan sólo el galleguismo y el valencianismo llegaron a tener, en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, verdadera relevancia, aunque de carácter ideológico más que electoral. En estas regiones se daban los componentes culturales capaces de justificarlos, pero, en cambio, no existieron otros elementos que en Cataluña coincidieron o coadyuvaron al advenimiento de los movimientos de este tipo. Es obvio que no se puede poner en relación el regionalismo o nacionalismo gallegos con la modernización económica puesto que en esta región no se produjo, lo que explica el tono agrarista del galleguismo. En Valencia, en cambio, aunque sin industrialización, la modernización sí tuvo lugar y la defensa de los intereses regionales estuvo relacionada, en más de una ocasión, con la exportación de cítricos. Por otro lado, en los dos casos da la sensación de que el nacimiento de una conciencia de identidad no consiguió pasar del nivel estrictamente cultural al político sin encontrar, además, una única y exclusiva fórmula en este terreno. Los grupos políticos se tiñeron de una peculiaridad especial pero sin convertirse por ello en movimientos propiamente nacionalistas o, siquiera, regionalistas. Finalmente, el caso de Cataluña parece haber resultado particularmente influyente tanto en Galicia como en Valencia, principalmente en la coyuntura de 1907, aunque esa mimesis fue más aparente que real. En el caso gallego encontramos, a diferencia del caso vasco —donde se dio en fecha muy temprana una actitud claramente separatista, aunque moderada en la práctica—, un nacionalismo que hasta la Primera Guerra Mundial se concibió claramente en el marco del Estado español de manera que los historiadores se han referido a él más como «regionalismo» que como nacionalismo. Los pensadores políticos gallegos distinguían entre «nación» o «nacionalidades» o «naciones pequeñas», atribuyendo a España la primera denominación y a Galicia las dos siguientes. También en este caso, como en el catalán, el regionalismo tuvo un triple origen, liberal, tradicionalista y federal. Con todo, ha de señalarse una diferencia fundamental que radica en el distinto grado de movilización y vertebración política de ambas regiones. En Galicia hubo una aparición temprana del renacer cultural, pero el político fue tardío, entrecruzándose con luchas personalistas en medios intelectuales reducidos o con combates agrarios en los que lo primordial era más la redención de los foros que la vertebración de unas instituciones propias y peculiares. Un rasgo muy peculiar del galleguismo en comparación con otros movimientos nacionalistas fue que la emigración americana (especialmente la dirigida a Cuba y Argentina) tuvo un papel importante en la financiación de este movimiento político. Incluso buena parte de sus connotaciones sociales tuvieron esta procedencia ultramarina.

Ni en Rosalía de Castro, ni en Curros Enríquez u otros escritores del XIX es posible detectar un galleguismo propiamente dicho. En realidad el nacionalismo o el regionalismo aparecieron en los años finales del siglo: en 1889 publicaron sendos libros sobre el regionalismo dos escritores que representaban otras tantas vertientes de este movimiento regeneracionista. Murguía, procedente del liberalismo progresista, defendió un programa en el que se incluía la redención de los foros y que ha sido descrito como «protonacionalista». Brañas, carlista, idealizó el pasado patriarcal o el Antiguo Régimen y defendió la representación corporativa. La tercera vertiente del nacionalismo estuvo representada por Aureliano Pereira, un federal lucense que, desde esa doctrina, evolucionó, como Almirall, hacia la defensa de tesis nacionalistas. Anticlerical, su sector fue sin duda el menos influyente dentro del galleguismo hasta el punto de que no tardó en desaparecer. De todos modos, aun siendo triple esa procedencia del nacionalismo, eso no indica que existiera un partido político ni, menos aún, que éste fuera fuerte y estable. La Junta de Defensa de Galicia, surgida en 1893, tuvo como origen una reivindicación administrativa para que La Coruña mantuviera su capitanía general. El periódico La Patria Gallega, auspiciado por la Asociación Regionalista Gallega, tuvo una significación más intelectual que propiamente política. En 1897 surgieron diferentes «Ligas Gallegas» localizadas en toda la geografía de la región, pero ese movimiento, que pidió un grado semejante de descentralización administrativa al que podía lograr Cuba, careció de una mínima unidad. El grupo nacionalista de Santiago (Brañas) y el de La Coruña (Murguía) eran tan antitéticos como la fisonomía de las dos capitales gallegas. Además, los partidos de turno consiguieron atraer hacia sus filas a quienes se iniciaron en la política en las filas regionalistas: González Besada, antiguo regionalista, se convirtió en conservador y Pereira en liberal, mientras que el popular periodista Lamas perteneció sucesivamente a ambos partidos. En vez de sustituir a los partidos de turno los galleguistas, dada la fisonomía política de la región, fueron capturados por ellos. De esta manera los únicos triunfos que se suelen citar a favor del nacionalismo durante la primera década del siglo XX fueron exclusivamente de carácter cultural, como, por ejemplo, la creación de la Academia Gallega.

De todos modos, los historiadores gallegos han advertido un cambio a partir de 1898, hasta el punto de poder hablar de un «segundo regionalismo», influido por el ambiente regeneracionista y contando con la colaboración republicana. La situación cambió especialmente a partir de 1907. En este año apareció la primera revista nacionalista, titulada «A Nosa Terra», y, sobre todo, se inició una amplia agitación campesina. Los protagonistas fueron propagandistas agrarios, como el sacerdote Basilio Álvarez, el periodista gallego más famoso de su época, que fundaría en 1910 Acción Gallega. La trayectoria ambigua y confusa de Álvarez, que acabó en el radicalismo, es expresiva de la conmoción experimentada por el campo gallego en aquel momento. Solidaridad Gallega, fundada en 1907, tuvo, como en el caso catalán, un carácter plural, desde el carlismo de Vázquez de Mella hasta la izquierda, pasando por algunos sectores del liberalismo, pero, en realidad, obedeció a motivos muy distintos a los de los nacionalismos políticos pues en ella los elementos de esta significación tuvieron un papel menor mientras que las reivindicaciones sociales agrarias fueron primordiales. Solidaridad Gallega llegó a estar organizada en cuatro juntas y celebró hasta tres asambleas agrarias en Monforte de Lemos. Sus propagandistas llegaron a atribuirle la capacidad de movilizar adecenas de miles de campesinos: en 1909 agrupaba a unas 250 sociedades agrarias que en 1911 se habían reducido a tan sólo un tercio. Además, no llegó a configurarse como un verdadero partido ni concurrió a las elecciones con la pretensión de sustituir a los de turno, limitándose a conseguir concejales en algunos ayuntamientos. En 1909 había unos 130 concejales solidarios en Galicia pero en 1910 fracasó el único candidato a diputado. Con idéntica rapidez a aquélla con la que había surgido se desvaneció en 1912 sin haber contribuido a alumbrar un movimiento nacionalista propiamente dicho.

En cuanto al valencianismo, desde el punto de vista político, debe ser considerado como una versión más tardía aún de nacionalismo o regionalismo. Desde el comienzo de la Restauración existía un valencianismo cultural alimentado por la sociedad «Lo Rat Penat». Como en el caso catalán y gallego, en el valencianismo político hubo una vertiente conservadora (Llórente) y otra izquierdista (Llompart). A comienzos del siglo XX pareció producirse una transición desde el regionalismo de carácter cultural al político, protagonizada por Barbera. El primer proyecto de organización de la autonomía valenciana en el seno de un Estado español data de 1903 y fue promovido por el partido federal. Por estas mismas fechas nacieron las primeras agrupaciones específicamente valencianistas: Valencia Nova (1904), transformada más tarde (1909) en el Centre Regionalista y la Joventut Valencianista (1908), de carácter más radical. Este valencianismo político germinal concluyó hacia 1910, pues, aunque también hubo una «Solidaridad Valenciana», inspirada en la catalana, no logró, ni mucho menos, el enraizamiento social y político alcanzado en esta región. Se celebró entonces una asamblea regionalista en la que se propuso un programa autonómico y bilingüista, pero, en realidad, a esa Asamblea sólo acudieron los elementos de Valencia Nova y los republicanos que seguían a Rodrigo Soriano, que finalmente acabaron por retraerse. Tanto los partidos de turno como la derecha clásica y los republicanos de Blasco Ibáñez, con repetidas declaraciones de amor a la región, consiguieron matizar levemente su propio ideario que, por tanto, no era ni primordial ni exclusivamente regionalista y evitaron que apareciera un valencianismo propiamente dicho. En este caso, como en el gallego, y también, en cierto sentido, en el vasco, hubo que esperar hasta la primera posguerra mundial para que se produjera una nueva oleada nacionalista que, de todos modos, permaneció en un nivel de desarrollo y de implantación electoral inferior al del catalanismo.

El republicanismo como partido y como forma de vida

A diferencia de los nacionalismos periféricos, el republicanismo era ya una fuerza política en los comienzos de la Restauración. Heredero del periodo revolucionario de 1868, el republicanismo tenía tras de sí un inequívoco apoyo popular en una parte de España, la urbana. En Cataluña, por ejemplo, la mitad de las actas de diputado fueron siempre republicanas y, en Madrid, en el año 1889 se pudieron celebrar dos mítines rivales simultáneos de otras tantas tendencias republicanas, cada uno de ellos con unos 15 000 asistentes. De hecho, el mundo societario y sindical español de la época estuvo más cercano al republicanismo que a cualquier otra tendencia hasta la Primera Guerra Mundial. Más que un programa el republicanismo era una visión del mundo, basada en una esencial creencia en el progreso y en una antítesis de la España tradicional, a menudo identificada con la Iglesia. Patriotismo, voluntad de modernización y europeización e idealización mesiánica del «pueblo» formaban parte de su bagaje. Podía tener, no obstante, interpretaciones muy diversas que iban desde la plena realización del liberalismo democrático hasta un jacobinismo que no dudaba en utilizar procedimientos subversivos, incluso con ayuda de militares.

Siendo el regeneracionismo mucho más el resultado de un ambiente que un programa, no cabe atribuirle un contenido preciso y, por tanto, no es posible darle una connotación concreta sobre el régimen. Sin embargo, sobre el republicanismo el ambiente regeneracionista tuvo un efecto galvanizador, aunque sólo temporal. En el cambio de siglo algunos importantes intelectuales se vincularon con el movimiento republicano. Los más significados fueron el propio Costa y Benito Pérez Galdós, mientras que en los núcleos urbanos las votaciones republicanas siguieron siendo nutridas, hasta dar incluso la sensación de poner en peligro las instituciones monárquicas. Sin embargo, de hecho, estas esperanzas acabarían frustrándose a partir de la Primera Guerra Mundial: mientras que el republicanismo pareció encasillarse en posiciones que, a fuerza de ser posibilistas, resultaban demasiado conservadoras e incapaces de conectar con el ambiente de la posguerra, el sistema político de la Restauración no perdió, en cambio, una capacidad de atracción sobre los dirigentes republicanos.

A finales del siglo XIX el republicanismo fue descrito por el propio Pérez Galdós, que no tardaría en militar en sus filas, como una reedición de la Torre de Babel. No se trataba de que hubiera tendencias distintas sino que, en realidad, se daban ideologías contrapuestas, mínimamente coincidentes y que incluso parecían más distantes entre sí que de algunas de las restantes fuerzas políticas. En la izquierda del republicanismo, el partido federal gozaba de la reputación intelectual de Pi i Margall y de una indudable sintonía con el movimiento obrero, en especial con el de significación anarquista, aunque las doctrinas «pimargalianas» fueran, según Pérez Galdós, «un logogrifo indescifrable para los ilusos que las defienden». Ese carácter social del federalismo sería lo que más perduraría de él. Lo que podríamos considerar como el centro republicano estaba representado por el republicanismo unitario de Ruiz Zorrilla, cuyo componente revolucionario derivaba exclusivamente de la confianza en los pronunciamientos militares para derrocar a la Monarquía. Eso le daba un carácter arcaico pero explica que algunos dirigentes extremistas del futuro se formaran en sus filas. La derecha era partidaria de la actuación exclusivamente legal: su ideario era la herencia de la revolución de 1868, y, si ya a la altura del final de siglo había perdido a la mayor parte de los seguidores de Castelar, entonces integrados en las filas del partido liberal monárquico, ahora contaba, aparte del apoyo de los sectores intelectuales, con un nuevo jefe, Salmerón, una figura importante del mundo cultural, que había salido de las filas del progresismo «ruizorrillista» y cuyo talante acerca de los problemas españoles se puede parangonar al de Giner.

El 98 tuvo, por lo menos, el efecto de provocar entre los republicanos la conciencia de la necesidad de unirse. Precisamente en ese año se inició, por parte de los sectores moderados que siempre tuvieron el protagonismo en la gestación de coaliciones, un intento de «concentración democrática republicana» que, aunque tuvo unos inicios poco brillantes, habría de resultar el organismo unitario más importante de todo el periodo. En marzo de 1900 la concentración acabó por convertirse en Unión Nacional Republicana. Con tal fórmula, el republicanismo obtuvo unos excelentes resultados electorales en las consultas de 1901 y 1903: en este último caso llegó a 36 escaños, obtenidos, sobre todo, en las grandes ciudades. En esta última fecha se convirtió en definitiva la jefatura de Salmerón sobre el movimiento republicano pero, como resultó habitual en el republicanismo español, esta jefatura fue disputada. En 1905 los sectores más izquierdistas le reprocharon actitudes dictatoriales y personalistas, mientras que los federales permanecieron al margen de cualquier tipo de colaboración con los restantes grupos, según su táctica habitual basada en su programa político.

A partir de 1906 la emergencia de los nacionalismos jugó un papel decisivo en la vida del republicanismo español, pero esta realidad, que podía haber sido un factor de renovación y de ampliación de su clientela electoral, contribuyó también a la desunión. Hay que tener en cuenta que no sólo el federalismo era uno de los componentes ideológicos decisivos de uno de los sectores del republicanismo, sino que en el pasado, en plena I República, había sido ya un elemento de desunión, y que, además, era en regiones como Cataluña, en las que se planteaban las reivindicaciones nacionalistas, donde el republicanismo obtenía sus mejores resultados electorales. El caso más evidente fue el del federalismo catalán: en 1901 murió Pi i Margall, en un momento en que ya los federales de esta región consideraban a los regionalistas como sus aliados naturales. Desde tiempo antes las concepciones federales habían llevado, por ejemplo, a un Valentín Almirall a la defensa del catalanismo. A partir de 1905 el federalismo catalán, sólidamente enraizado en Barcelona y Gerona, llevó en la práctica una vida independiente. Pero si era lógico que el impacto de los movimientos nacionalistas y regionalistas sobre el federalismo fuera tan acusado, algo muy parecido acabó por producirse respecto del republicanismo en general. Solidaridad Catalana agrupó, en una protesta general de toda Cataluña, a republicanos de esta región con los nacionalistas e incluso la extrema derecha. Quien resultó beneficiado de esta alianza, al menos a corto plazo, fue el catalanismo, mientras que en las filas republicanas surgieron pronto las protestas entre los sectores izquierdistas o simplemente proclives al unitarismo. Los resultados en las elecciones de 1907 fueron buenos pero muy pronto se demostró que los mismos diputados electos en las listas de la Solidaridad Catalana resultaban poco menos que incompatibles en el Parlamento. La jefatura de Salmerón fue de nuevo controvertida, por lo que se vio obligado a dimitir siendo sustituido por un directorio presidido por Azcárate, quien renunció en 1908, muestra definitiva de la incapacidad de los republicanos para un liderazgo estable. En esta última fecha, con la desaparición de Salmerón, podemos considerar concluida la etapa en que el republicanismo aparecía como una herencia de 1873. A mediados de la primera década del siglo el republicanismo se había convertido, como nunca, en un mosaico no ya de grupos políticos, sino de actitudes y concepciones de la vida. Esto que, en teoría, hubiera podido proporcionarle una ampliación de sus apoyaturas sociológicas tradicionales, tuvo, sin embargo, el inconveniente de condenarle a un camino de perplejidades que lo condujo a la esterilidad. Había, por ejemplo, un republicanismo regeneracionista nacido de la pluma de algunos de los periodistas más conocidos en la época. Un ejemplo puede ser Luis Moróte, uno de los promotores del Instituto de Reformas Sociales y autor de un libro importante en el cambio de siglo, La moral de la derrota, y que, con el paso del tiempo, habría de escribir también una de las obras más conocidas de la polémica clerical, Los frailes en España (1904). Moróte fue elegido repetidas veces diputado pero, por oportunismo o porque aceptara que en la Monarquía podía ver cumplidos los principios ideológicos que hasta el momento le habían movido, en la época de Canalejas ya figuró como diputado liberal. También existía un republicanismo urbano que si, por un lado, propuso como solución para la España de la época una democracia liberal interclasista y reformista en lo social, con el paso del tiempo acabó por aceptar la realidad del encasillado de la Restauración, se dividió o se corrompió.

Hay que tener en cuenta que la Monarquía estaba constantemente en peligro en las grandes ciudades españolas en las que, además, la penetración del partido socialista fue tardía y, desde luego, posterior a la Primera Guerra Mundial. En Málaga, por ejemplo, la unidad entre los republicanos fue conseguida bastante antes de que se alcanzara en la organización nacional. Representante característico del republicanismo local fue Gómez Chaix, catedrático e hijo del alcalde en tiempos de la República. Los republicanos contaron con prensa de difusión considerable (El Popular) y crearon centros en cada barrio, propiciando de esta manera el germen de una política de masas. Tenían, además, el apoyo de los centros obreros y llevaron a cabo una importante labor reformista en las instituciones municipales. Entre 1909 y 1913 controlaron el ayuntamiento de la capital andaluza, donde realizaron una importante tarea que, sin embargo, se vio arruinada a partir de esta fecha cuando se desunieron y, además, el propio Gómez Chaix entró en las combinaciones electorales propiciadas desde el Ministerio de la Gobernación. En Castellón, Huesca, Sevilla y muchos otros núcleos urbanos más sería posible encontrar casos semejantes. Quizá la fórmula más característica del republicanismo en el cambio de siglo no corresponda, sin embargo, a estos casos. Lo más típico fue una actitud exaltada protagonizada por líderes, relacionados con el mundo de las letras o del periodismo pero siempre populares, sedicentemente revolucionaria, con un contenido que tendía mucho más al anticlericalismo que a propiciar una revolución social, y, al mismo tiempo, dotado de una indudable capacidad de atracción sobre la clase obrera. La descripción irónica que de este republicanismo hicieron hombres de la generación del 98 que lo conocían bien, como Azorín, en «Pecuchet demagogo» o Baroja, en «Aurora roja», no debe hacer olvidar que su popularidad fue muy grande y que llegó a conseguir un importante apoyo entre sectores dispares y valiosos. Desde el punto de vista histórico cabe decir que tuvo el indudable mérito de convertir en sujeto político a la plebe urbana de, al menos, dos grandes capitales españolas, Barcelona y Valencia.

El prototipo de este género de republicanismo nos lo ofrece la persona de Alejandro Lerroux, que fue durante años un elemento imprescindible en la política barcelonesa. Su biografía justifica lo que él mismo decía de ella, al declararse «enamorado de mi Historia». Procedente de una familia de clase media baja (su padre era un veterinario militar que se autocalificaba de más liberal que Riego), su formación fue escasa: Baroja no se equivocó al decir, años después, que no había leído nada serio. Sólo tuvo el título de bachiller con cuarenta años y cuando, en 1922, ya convertido en todo un personaje de la política nacional, se graduó en Derecho casi con sesenta años, lo hizo examinándose de una vez de todas las asignaturas, cosa que no aumentó el prestigio de la Universidad en que se presentó, la de La Laguna, dominada por sus seguidores. Pronto, después de una juventud accidentada, se convirtió en una figura de importancia en el periodismo de izquierdas de la capital de España, en el que los límites entre republicanos y anarquistas eran borrosos. Su fama de revolucionario en estos años del cambio de siglo no era ficticia: había tenido que exiliarse ya en 1895 y permaneció nueve meses en la cárcel entre 1898 y 1899-Por esta época había coleccionado una treintena de procesos que le hubieran supuesto, de haber cumplido las penas a las que fue condenado, unos cien años de reclusión. Además, en 1900 representó a las sociedades obreras barcelonesas en un congreso anarquista celebrado en Madrid, lo que se justificaba porque había sido un encendido defensor de los supuestos terroristas encerrados en el castillo de Montjuich.

Elegido en Barcelona por vez primera el año 1901, de la mano del federal Pi i Margall (lo que no puede menos de constituir una paradoja dada su evolución posterior), de ninguna manera puede admitirse la simplificadora interpretación de acuerdo con la cual habría sido enviado por los gobiernos liberales madrileños para boicotear al naciente catalanismo. En la carrera administrativa de Lerroux abundaron las irregularidades y está probada la financiación gubernamental desde estos momentos iniciales —cobraba al menos 1000 pesetas semestrales—, pero todo ello de ningún modo quiere decir que su implantación en Barcelona fuera artificial. Más bien cabe señalar que se daban en Cataluña (en especial, en Barcelona) las circunstancias óptimas para que triunfara un líder de las características de Lerroux. Anticlericalismo, españolismo y reivindicación social eran los motores políticos de unas masas populares a las que activó el recién llegado.

Es muy fácil ironizar acerca de las declaraciones de Lerroux, en especial retrospectivamente. Se decía defensor de la revolución pero ésta era siempre vaga en sus contenidos, violenta en su expresión verbal y producto más de arranques sentimentales y personales que de cualquier teoría. Su populismo se basaba en afirmaciones como la de que «hay hombres que trabajan y no comen y hombres que comen y no trabajan». No se asustaba periódicamente de afirmar que «la propiedad es un robo», pero sólo hacía este tipo de afirmaciones después de haber presenciado un desahucio. Era tan prototípicamente anticlerical que había perdido la fe siendo monaguillo: en materia como ésta su lenguaje adquiría una especialísima violencia, que le llevaba a decir que «donde otros tienen colgada una pila de agua bendita yo tengo colgado un fusil» o a sugerir que había que levantar el velo de las novicias para elevarlas a la categoría de madres. La otra cara de la moneda es que Lerroux se encontró un republicanismo barcelonés dividido en capillas, no organizado como partido, ni responsable ante el elector, y supo dotarlo de organización eficiente, método, orgullo propio y propósitos de victoria. Su versión populista y juvenil del republicanismo jacobino fue indudablemente moderna pero nunca se libró de una propensión a actuar a través de golpes de fuerza o incidentes violentos y siempre resultó profundamente ambigua respecto de la democracia.

En Barcelona, Lerroux no se enfeudó con ninguno de los sectores del republicanismo sino que se situó por encima de sus disputas. Esencialmente proclive al activismo, orador espectacular y colorista, demostraba su voluntad de conquistar el electorado por el procedimiento de exhibir con frecuencia la más desatada violencia verbal. Su partido no fue exclusivamente de la clase trabajadora, pero se implantó sólidamente en ella: un tercio de las sociedades que se agruparon en el sindicato Solidaridad Obrera eran de su partido, que sólo en 1908 se denominó radical. No tenía inconveniente en afirmar que para algunos republicanos era anarquista, mientras que éstos le seguían reputando republicano. Desde un principio proporcionó servicios jurídicos y económicos a la población obrera y consiguió inaugurar la primera Casa del Pueblo, bastante antes de que los socialistas lo hicieran en Madrid. A partir de 1904, cuando controló el ayuntamiento barcelonés, logró subvenciones para las escuelas auspiciadas por su partido y este peculiar sistema escolar educó al 7 por 100 de la población barcelonesa. Nunca dejó de apoyarse en las masas: en su mejor momento el partido llegó a tener 9000 afiliados y a sus reuniones, entre fiesta y mitin, que solían concluir en incidentes de orden público, asistían a veces sesenta o setenta mil personas. «El lerrouxismo» rentabilizó un anticlericalismo típico de la plebe urbana de la época, pero no lo controló: aunque los radicales no provocaron la Semana Trágica —ésta fue, más bien, una explosión residual y accidental— los jóvenes dirigentes del radicalismo participaron en ella quedando inscrita en un lugar preeminente dentro de la mitología del partido. No puede extrañar que así fuera si tenemos en cuenta que el fundador había colaborado en atentados anarquistas y, desde final de siglo, había puesto sus esperanzas en un golpe de Estado violento para derribar la Monarquía. Originariamente, el anti-catalanismo no formaba parte del ideario del partido radical de Lerroux. Incluso fueron catalanes sus dirigentes de barrio, pero el repudio por parte del electorado obrero a la burguesía que militaba en la Lliga era real y no artificioso; además, los republicanos anti-solidarios eran los pertenecientes a la burguesía más instalada. Sólo con el paso del tiempo «el lerrouxismo» se hizo demagógicamente españolista. Tampoco puede considerarse como un partido exclusivamente basado en el deseo de lucro de quienes en él mandaban aunque sus dirigentes eran políticos profesionales de extracción humilde que hicieron de su dedicación a la vida pública todo un oficio o profesión, con los graves inconvenientes que eso implicaba. Los concejales de la Lliga no tenían esos problemas, pero tampoco esa procedencia popular.

Un posible error de concepto acerca de Lerroux consistiría en poner en relación este personaje revolucionario con el muy moderado de tiempos de la II República. La verdad es que cuando debió de exiliarse, después de la Semana Trágica, emprendió negocios en Argentina, que nada más regresar a Barcelona completó con otros. Era ya uno de los escasos españoles que disponía de automóvil. Paralela a esta evolución personal, en un hombre que dijo de sí mismo que «no se tenía por un san Francisco de Asís», fue la que en él se produjo desde un punto de vista ideológico. Lejos ya de su revolucionarismo inicial, en 1910-1914 pretendió aparecer como un moderado político de centroizquierda asimilable a lo que suponía, por ejemplo, Lloyd George en Gran Bretaña; eso le proporcionó el apoyo temporal de conocidos intelectuales, como Batoja y Ortega. Al mismo tiempo su influencia en Barcelona decaía, al menos en términos relativos. Desde 1911 no fue ya el radicalismo la opción más votada en la capital catalana. Aquí, a diferencia de Madrid, siempre mantuvo un cierto talante de izquierda que hacía, por ejemplo, que los abogados que defendían a los dirigentes sindicales de la CNT acostumbraran a ser miembros del partido radical.

El republicanismo de izquierdas, vinculado a la persona de Vicente Blasco Ibáñez en Valencia, tiene muchos puntos de contacto con «el lerrouxismo» barcelonés. Hubiera sido lógico, incluso, tratar de él como un precedente pues fue anterior (y también mantuvo una hegemonía más duradera) pero la mayor importancia de la capital catalana obligaba a abordar «el lerrouxismo» en primer lugar. Como éste, tenía también «el blasquismo» un órgano de prensa muy popular y una relación estrecha con las sociedades obreras, que luego se independizaron, pero con las que coincidía en un reformismo social que no tenía otras posibilidades políticas. Así se demuestra con los resultados electorales: en 1907 el PSOE obtuvo en Valencia 183 votos y «el blasquismo» más de 10 000. Otros rasgos confirman la semejanza entre Blasco y Lerroux: en ambos es perceptible, bajo la defensa de la democracia, propensiones autoritarias y una cultura literaria y política no demasiado alejada del folletín romántico, del que la obra literaria del primero se puede considerar continuación. Como el partido radical, también «el blasquismo» constituyó un movimiento modernizador actuando mediante asociaciones estables, los casinos. El auge político del «blasquismo» se produjo entre 1899 y 1911, es decir, un periodo relativamente semejante a aquél de predominio «lerrouxista» en Barcelona, pero en 1915, y hasta 1923, volvió a recuperar el control de la ciudad.

Sin embargo, hay también diferencias entre estos dos movimientos republicanos. «El blasquismo» lograba su principal apoyo en los medios semirrurales del entorno valenciano (Sueca, Alcira…) pero llegó a tener un apoyo importante en la burguesía de la capital. Sus enemigos no fueron regionalistas, sino los católicos y los seguidores del también republicano Soriano, cuyas diferencias con Blasco no eran más que puramente personalistas. Aunque «el blasquismo» coincide en muchos puntos con «el lerrouxismo» es posible que fuera más exclusivamente anticlerical que él: ésa fue la razón de la primera presencia en la vida pública de quien le dio nombre, cuyos seguidores a menudo creaban impuestos sobre el toque de campanas o subvencionaban el carnaval, considerado como vitando por los clericales. «El blasquismo», en fin, favorecido por el éxito literario de quien le daba nombre, se convirtió en una especie de patriotismo local, lo que puede haber ayudado a su perduración.

A comienzos de la segunda década del siglo, el apogeo de la cuestión clerical y las tensiones en torno a la actuación de Maura provocaron un nuevo auge del republicanismo, aunque de nuevo habría de resultar efímero, beneficiando sobre todo a otro grupo político, en este caso los socialistas. De la iniciativa del grupo parlamentario republicano surgió la conjunción republicanosocialista que consiguió la elección de Iglesias por Madrid en 1910, pero que no sólo mantuvo al margen a los radicales, sino que tampoco llegó a elaborar un programa común en materias como la cuestión social o la regional. De hecho, la conjunción llevó una vida lánguida hasta que, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, se disolvió en la práctica. En gran parte se debió a la aparición de otro grupo político de características muy diferentes «al lerrouxismo» o «al blasquismo» y que tuvo tras de sí a los sectores profesionales e intelectuales más valiosos del republicanismo español. En realidad siempre había existido una tendencia reformista y puramente demócrata, rodeada de respetabilidad social e intelectual, en el seno de este movimiento, identificada con Salmerón hasta el momento de su muerte. La gestación remota de un nuevo partido debe remontarse hasta 1909, con ocasión de la protesta por la actuación de Maura en la Semana Trágica. Un sector del republicanismo, al que pronto se calificó de «gubernamental», pareció estar dispuesto a colaborar con Moret y su acercamiento al sistema de la Restauración todavía se acentuó con ocasión de la conflictividad social de comienzos de la segunda década del siglo. Cuando, a la muerte de Canalejas, Cossío, Cajal y Azcárate, tres grandes intelectuales, a los que genéricamente cabe reputar republicanos, visitaron al Rey, el tercero declaró que «han desaparecido los obstáculos tradicionales». Eso parecía abrir el paso a una renovación del turno en un momento en que éste se encontraba, como veremos, en situación crítica. Azcárate fue luego, junto con Melquíades Álvarez, el principal inspirador del nuevo grupo que pasó a denominarse reformista. Este partido reanudaba la tradición del posibilismo «castelarino»: Álvarez declaró no tener nada en contra de una Monarquía capaz de comportarse como lo hacían las de Bélgica, Italia o Gran Bretaña, e incluso añadió que en España los monarcas a veces resultaban más progresistas que el pueblo. Azcárate, de mayor consistencia intelectual, representó el ala izquierda del partido, que nunca perdió la condición republicana y que exigió, por ejemplo, el inmediato abandono de Marruecos, punto en que Álvarez estaba dispuesto a aceptar los compromisos exteriores de la Monarquía española. El partido reformista despertó un gran interés en los medios intelectuales: desde Ortega a Azaña, pasando por Pérez de Ayala, los hombres de la generación intelectual de 1914 se sintieron vinculados con esta empresa, la primera de carácter político en la que colaboraron con decisión. No puede extrañar que lo hicieran puesto que el programa de los reformistas era muy semejante al del liberalismo radical inglés o incluso al socialismo fabiano: soberanía del poder civil, secularización del Estado (matrimonio civil, supresión del presupuesto de clero y separación de la Iglesia y el Estado) y reforma social (nacionalización de minas y ferrocarriles y medidas de apoyo al sindicalismo). Frente a la improvisación habitual en los medios republicanos, entre los que pululaban los periodistas entusiastas pero incapaces de redactar un programa político, el reformismo suponía una importante ruptura, cuya apariencia era positiva. Sin embargo, la primera consecuencia de la aparición del reformismo no fue potenciar las posibilidades republicanas sino arruinar la conjunción republicanosocialista. La campaña electoral de 1914 tuvo lugar en medio de un enfrentamiento entre los dos sectores en el seno de izquierda. Los reformistas quedaron, en realidad, muy por debajo de sus expectativas de llegar a ser un elemento de primera importancia en el seno de la política española: tan sólo consiguieron once diputados y dos senadores. En los comicios siguientes (1916) sólo fueron elegidos catorce reformistas. En su conjunto los republicanos habían disminuido, incluso si se sumaban los dos grupos.

¿Qué había sucedido? En realidad, ya antes de 1914 el reformismo había demostrado que si el régimen de la Restauración tenía para domesticar a los demagogos el procedimiento de la corrupción, con los posibilistas podía usar otros motivos de atracción. El principal de ellos era, sencillamente, que la apatía y la desmovilización del electorado español contribuían a hacer inviable cualquier tipo de programa y que, además, los movimientos renovadores acaban haciendo propios los procedimientos habituales en los grupos políticos de turno. Aunque acabó por demostrarse definitivamente después de este periodo, ya en la primera posguerra mundial el grupo encabezado por Melquíades Álvarez adquirió casi todos los rasgos propios de los sectores personalistas en que se dividía el partido liberal. Muy pronto su zona de influencia electoral se circunscribió a Asturias, donde era elegido Álvarez usando de los mismos procedimientos habituales en otros sectores políticos y cacicatos personalistas. Los intelectuales que habían figurado en sus filas sintieron una amarga decepción: cuando apareció la aproximación hacia Romanones, Ortega y Gasset diagnosticó que el partido «había entrado en la boca del zorro». Por su parte, Azaña, autor del programa del partido en relación con la cuestión militar, acabó afirmando que Melquíades Álvarez, se había corrompido «de tanto ir al casino». Por tanto, resulta indudable que, a la altura de 1914, las posibilidades de los republicanos, que parecían importantes a comienzos de siglo, se habían ido desvaneciendo un tanto, lo que se hizo todavía más evidente con posterioridad a la Primera Guerra Mundial.

El regeneracionismo desde el turno: El trienio de Maura

La necesidad de aludir a los nacionalismos y regionalismos periféricos y a la evolución del republicanismo ha hecho que prescindamos, por el momento, en nuestra narración, del criterio cronológico con que se desarrollaba. Si volvemos la vista atrás, a las alternativas gubernamentales, recordaremos que nos habíamos detenido en 1907, momento en que, patente ya la división de los liberales, accedió al poder, en el mes de enero, el partido conservador, cuyo liderazgo estaba ya sólidamente en manos de Antonio Maura. Aparte de ser, con toda probabilidad, el dirigente más valioso del mismo, las muertes de Romero Robledo y Fernández Villaverde contribuyeron a facilitarle la llegada al poder. Si algo caracterizó su etapa de Gobierno desde 1907 a 1909 fue precisamente la solidez de la mayoría que lo apoyaba. Eso —y su generosidad al contar como ministros con antiguos «villaverdistas»— facilitó la estabilidad política del periodo.

Con la llegada al gobierno de Maura se abre el lustro del renegeracionismo desde el poder, primero de acuerdo con la fórmula conservadora y luego con la liberal. Como ha advertido Carlos Seco, existen algunos paralelismos entre el político conservador y Canalejas, su sucesor. Nacidos en parecida fecha (el liberal en 1851 y Maura en 1853) ambos habían sido disidentes en sus respectivos partidos. Paradójicamente, sin embargo, el lenguaje —y no el programa— de Maura fue más virulento, casi revolucionario, en la denuncia de los males del sistema, mientras que Canalejas era, de forma inequívoca, un hombre de la Restauración. Pero, al mismo tiempo, el político liberal fue mucho más moderno en su enfoque de otros problemas, como, por ejemplo, los de carácter social.

Mallorquín de nacimiento, Maura inició su trayectoria profesional y política en torno a la figura de Germán Gamazo, uno de los principales dirigentes del partido liberal con especial influencia en Castilla la Vieja. Al tiempo que diputado fue también pasante en el despacho de abogado de su jefe, con una de cuyas hijas se casó. Desde el momento en que apareció en la vida política y más aún, cuando, siguiendo a su grupo, se incorporó al partido conservador, se pudo apreciar que Maura estaba por encima de la media de la política española del momento. Como decía Azorín, Maura parecía haberse tomado la política en serio pero más sorprendente es encontrar el mismo tipo de juicios en personas que siempre fueron muy lejanas a lo que Maura podía representar. El propio Lerroux llegó a decir en una ocasión que todos los diputados estaban en condiciones de igualdad, con la excepción de Maura, cuya primacía quedaba así reconocida. Ortega, quien con frecuencia emitió duros juicios acerca de su persona, no tuvo, sin embargo, inconveniente en admitir que era «el único político español que ha sentido una honda repugnancia ante la realidad política de España»; «en su persona» —añadió— «parecía un momento que iba a romperse el compás de ruin danza cómica que desde siempre había caracterizado a la política de la Restauración». Gran orador y patriota indudable, capaz de trascender los intereses de su partido ante los nacionales, Maura accedió al poder, hecho infrecuente en la España de su época, con un programa que trató con insistencia de llevar a la práctica. Veremos más adelante sus limitaciones y los errores que cometió al tratar de cumplirlo, pero ya de entrada es preciso aludir a un rasgo de su carácter que jugó un papel de importancia en su trayectoria política. Cambó, en sus Memorias, afirma de Maura que frecuentemente su propia superioridad sobre la media de los protagonistas de la política española de la época le hacía dar batallas frontales, a menudo con exceso de gallardía y falta de sentido de la medida.

«La habilidad, la amabilidad y la seducción —explica Cambó— pueden ser armas de mucha mayor eficacia que la audacia y la elocuencia». Pero eso no era fácil de admitir para Maura, como tampoco nada que le separara de dos rasgos esenciales de su concepción de la vida, el catolicismo profundo (por completo compatible con el liberalismo) y la formación jurídica. Azcárate aseguraba que Maura no había leído «más que dos libros en su vida, el código civil y el catecismo».

Antes de tratar de su gestión como gobernante es preciso referirse al bagaje programático con el que acudió a la gobernación del país, que puede ser definido como un perfecto paradigma del regeneracionismo conservador, semejante al que en otro momento había caracterizado a Silvela. Partía Maura de la conciencia de que el sistema político de la Restauración carecía de verdadero apoyo popular:

«La inmensa mayoría del pueblo español —decía— está vuelta de espaldas, no interviene para nada en la vida pública». Tal descripción era veraz; lo sorprendente era que un miembro tan relevante de la clase política de la Restauración no tuviera empacho en admitir esa situación. Es más, Maura afirmaba que las elecciones eran «saturnales» en que «un enjambre de altos y bajos agentes del gobierno cae sobre pueblos y ciudades y despliega todo el repertorio de los atropellos, ejercita todas las artes del abuso, realiza los más desenfadados escamoteos y manipulaciones y pone en juego las más ingeniosas burlas y trapacerías». Frente a esta situación la misión del partido conservador había de ser, según Maura, «llenar de vida las instituciones establecidas», apelando a lo que denominaba, con terminología típicamente «costista», como la «masa neutra»: «Uno de los primeros y más importantes orígenes del mal que aqueja a la patria consiste en el indiferentismo de la masa neutra. Yo no sé si su egoísmo es legítimo, aunque sí sobran causas para explicarlo. Lo que digo es que no se ha hecho un ensayo para llamarlos con obras». Con lenguaje actual una historiadora ha definido este programa como «la socialización conservadora». Este propósito era profundamente liberal, como correspondía a los orígenes políticos de Maura, y en ello radicaba, al menos, una diferencia de matiz respecto de Silvela. Éste no hubiera dicho, como Maura, que «la libertad se ha hecho conservadora», quizá porque era mucho más escéptico respecto de la capacidad política de los españoles. «El liberal aquí soy yo», aseguraba, en cambio, Maura a sus contradictores; «es evidente, evidentísimo: soy de los últimos que quedan». Todas estas afirmaciones, unidas a las capacidades de Maura, explican la buena fama historiográfica que ha tenido durante mucho tiempo el dirigente conservador, a lo que ha coadyuvado el predominio de la derecha en España durante nuestro siglo XX. De entrada, sin embargo, cabe llamar la atención acerca de lo contradictorio de que quien afirmara esto acerca de las elecciones no introdujera novedad alguna relevante en la forma de llevarlas a cabo cuando llegó al poder.

Durante su estancia en él, como queda dicho, Maura, a pesar de emplear con su partido un tono exigente («somos incompatibles con digestiones sosegadas», dijo) lo mantuvo plenamente disciplinado: en treinta y tres meses de Gobierno —duración muy infrecuente en los de la Restauración— hubo tan sólo dos crisis ministeriales en Hacienda y otras tantas en Guerra, debidas a motivos de salud. El tono derechista del gabinete se pudo percibir en la presencia de Rodríguez Sampedra, que había firmado en 1904 el acuerdo con el Vaticano, y del marqués de Figueroa, autor de un libro, escrito en el cambio de siglo, de tono marcadamente anti-liberal. Pero la figura que, con el transcurso del tiempo, estaba destinada a quedar más caracterizadamente como representante del ala derecha del conservadurismo fue Juan de la Cierva. Voluntarioso y dotado de gran capacidad de trabajo (Azorín, diputado y subsecretario con él, aludió a «los bienes que al país podría reportar diez, quince años de su labor persistente»), De la Cierva era también poco hábil y tendía a multiplicar la tendencia a la confrontación que siempre caracterizó a Maura, empeorándola a base de rudeza y olvidando el marco de coincidencia al que le obligaba el propio sistema de la Restauración. Quiso ser la expresión del principio de autoridad pero a menudo cayó en la arbitrariedad. Otra prueba, en fin, del carácter derechista del Gobierno de Maura fueron las relaciones de compenetración, aunque no de alianza explícita, con los medios clericales.

En condiciones normales, un gobierno de estas características podía haber tenido una clara oposición de los liberales, pero no fue éste el caso, sencillamente por la debilidad de carácter de Moret y la escisión de su partido, del que se desgajó una rama democrática que tuvo como principales dirigentes a López Domínguez y Canalejas. Un primer intento de oponerse al Gobierno, al que se atribuyó una presión desmesurada en el momento de las elecciones de 1907, quedó en nada, y, en general, hasta la etapa final de Maura, el liberalismo no fue verdaderamente una oposición peligrosa para los gobernantes conservadores. Por su parte, Alfonso XIII no mantuvo el intervencionismo en la vida política que le había caracterizado antes. Fuera porque tendiera a plegarse a una interpretación más liberal de la Constitución o, sencillamente, porque hubiera experimentado los inconvenientes de actuaciones previas, el hecho es que sus relaciones con el presidente fueron buenas. A esto ayudaba el que Maura se hiciera respetar pero evitara ahora tratar al Rey como a un aprendiz. Alfonso XIII, por su parte, tampoco dejó periódicamente de lanzar frases malintencionadas respecto de su Gobierno: le dijo, por ejemplo, que en las elecciones no había dejado que llegaran a las Cortes más que sus amigos (los del presidente) y sus enemigos (los de la Monarquía). Después de haber utilizado los procedimientos de presión habituales, Maura tuvo que conformarse con una derrota parcial en los medios urbanos y en Cataluña. La mayoría que logró, y el hecho de que permaneciera sólidamente a su lado durante todo el periodo, explican, sin embargo, que esta etapa tenga una fisonomía peculiar en el reinado ele Alfonso XIII. Como el Gobierno de Sagasta durante la regencia de su madre, fue éste un periodo de gran producción legislativa cuya influencia resultaría perdurable: en 1909 habían sido aprobadas por las dos Cámaras 261 disposiciones, aunque sólo la mitad de manera completa.

En primer lugar, un papel muy importante le correspondió a las disposiciones de carácter económico y social que, muy de acuerdo con lo que había sido la evolución de los antiguos «gamacistas» desde el liberalismo al conservadurismo, supusieron un marcado giro no sólo hacia el proteccionismo sino también hacia el nacionalismo económico. En el año 1907 fue dictada la ley de protección a la industria nacional y ese mismo año, consciente de que «la eficacia de nuestra defensa había de radicar sobre todo en la fuerza naval», Maura hizo aprobar un plan de acuerdo con el cual se construiría un elevado número de nuevas unidades. Lo importante de una disposición como ésta era que estimulaba la industria nacional, aunque lo hiciera en el terreno militar y no mediante el fomento de las obras hidráulicas, por ejemplo. Para completar el panorama, en 1909 se aprobó una ley de fomento de las industrias y comunicaciones marítimas, que también revestía el mismo carácter de estímulo a la siderurgia. Las medidas de desgravación del vino o de regulación del mercado del azúcar tenían el mismo propósito nacionalista. También se inició una vía corporativista reuniendo en consejos o juntas a los sectores interesados. Hubo, además, medidas de carácter social que tenían como antecedente la obra conservadora en los gobiernos de fin de siglo; parte de la propiciada por Maura quedó en la expresión de las buenas intenciones, pero otra habría de tener una importante repercusión. La ley de colonización interior fue un buen ejemplo de lo primero, pero las de emigración, sindicatos agrícolas, creación del Instituto Nacional de Previsión, tribunales industriales, descanso dominical, persecución de la usura, inamovilidad de funcionarios, etc, tuvieron un carácter netamente modernizador, aún dentro de la ideología conservadora que las justificaba.

Pero lo que daba sentido a la presencia de Maura en el poder y animaba el núcleo central de su programa era su propósito regeneracionista y éste no sólo consistía en una transformación del funcionamiento de la Administración, sino también en ponerla en contacto con esa masa neutra, cuya presencia en la vida pública Maura tenía la intención de promover. Como ministro de la Gobernación, De la Cierva reorganizó la policía (cuya situación era tan deplorable que ella misma participaba en los atentados), persiguió el bandolerismo, todavía endémico en zonas del sur de España, y dictó diversas disposiciones moralizantes que motivaron ironías por parte de Ortega. De mucha mayor importancia que estas medidas fueron otras de carácter más específicamente político. La reforma electoral de 1907 fue, en realidad, la única medida de este tipo, desde la introducción del sufragio universal, hasta la dictadura de Primo de Rivera, cuando, si verdaderamente se deseaba una transformación profunda del sistema político español, la modificación del sistema electoral era sencillamente inevitable. La nueva legislación introdujo importantes novedades como el voto obligatorio, la regulación de la composición de las juntas del Censo Electoral para que actuaran imparcialmente, la determinación de la validez de las actas con intervención del Tribunal Supremo y la proclamación automática del candidato que careciera de contrincante. Todas estas medidas eran bienintencionadas, pero insuficientes y, en ocasiones, tuvieron un efecto contraproducente; tan sólo la composición de las Juntas Electorales tuvo un efecto netamente positivo, pues la intervención del Tribunal Supremo acabó convirtiéndose en un elemento de deterioro sin constituir, por otro lado, una absoluta garantía de imparcialidad. Sólo una ley de representación proporcional hubiera podido combatir eficazmente el caciquismo, pero esta legislación apenas existía en la Europa de la época. Si esta nueva disposición mostró el componente liberal de los propósitos de Maura, su proyecto de ley de terrorismo manifestó su vertiente autoritaria: hubiera permitido la supresión de centros o diarios anarquistas y la expulsión de quienes defendieran estas doctrinas. Visto lo que sucedió con posterioridad a la Semana Trágica, ya se puede prever que el resultado de medidas como éstas hubiera sido lamentable, en especial de dejar la interpretación de las mismas en manos de De la Cierva. Maura renunció a la aprobación de esta ley, que levantó inmediatas suspicacias en los liberales, porque para él resultaba mucho más decisiva la aprobación de una nueva ley de Administración local. Con esto último el presidente no hacía sino ratificar una tendencia de la política de su tiempo: tan sólo en el espacio transcurrido del siglo XX había habido tres proyectos liberales y uno conservador con este propósito. Pero nadie insistió tanto como Maura en el carácter absolutamente perentorio de la aprobación de una disposición como ésta. «Yo no conozco —dijo— asunto de mayor gravedad y trascendencia que el de la reforma de nuestra Administración local. Para mí éste es el problema capital de nuestra política palpitante, el centro, la parte más viva de toda preocupación con que un hombre público español ha de mirar el porvenir… Se elevará el pensamiento con magnificencias oratorias y grandes resonancias doctrinales a las más altas concepciones científicas: se hablará de organizaciones nuevas de los poderes públicos: llegarán los legisladores a mejores aciertos, pero el pueblo no obtendrá ni gozará sino aquello que consienta el estado de la Administración local». En definitiva, la tesis de Maura, típicamente regeneracionista, consistía en afirmar que el despertar de la masa neutra debía empezar por el municipio: sólo evitando la intervención excesiva de la Administración central se lograría la regeneración del sistema político. El contenido de la reforma consistía, en estas condiciones, en una considerable ampliación de la autonomía municipal, aunque tuviera también otros aspectos. Muy de acuerdo con la mentalidad de la época, sobre todo en los ambientes conservadores, se introducían fórmulas de representación corporativa al mismo tiempo que se propiciaban fórmulas de organización regional a través de las mancomunidades provinciales. El carácter excesivamente detallado de la ley (según advierte Cambó, hubiera sido posible y más prudente presentar una simple ley de bases) y estos últimos aspectos fueron los que motivaron la mayor parte de las intervenciones de la oposición.

Así se explica por las circunstancias en las que se llevó a cabo la discusión en las Cortes. Maura había hecho todo lo posible por evitar el triunfo de Solidaridad Catalana y en las Cortes empezó por afirmar que no servía más que para «la negación»: él no podía admitir el reconocimiento de cualquier tipo de personalidad regional que supusiera «hacer jirones la Patria». Sin embargo, el hecho de que, en la práctica, pese a la existencia de un republicanismo catalanista, fuera Cambó quien ejerciera el liderazgo parlamentario de Solidaridad, facilitó un acercamiento. Los puntos de partida respectivos de Maura y Cambó eran incluso diametralmente opuestos, ya que mientras Maura quería dar nuevo aliento a la España oficial, Cambó deseaba encontrar un camino para la Cataluña real que él representaba, una vez dotada de unas instituciones peculiares. Pero, con el paso del tiempo, Maura llegó a decir que «vosotros pugnáis contra las mismas cosas que yo quiero extirpar, y, aunque no lo queráis, habéis venido a este Parlamento para ser colaboradores míos». Con el nacionalismo vasco le sucedió algo parecido: fue Maura quien nombró un alcalde de Real Orden de esta filiación. Pasadas sus reticencias iniciales actuó, en la discusión de la Ley de Administración local, con una manifiesta voluntad de transacción y no tuvo inconveniente en aceptar enmiendas que de hecho favorecían una germinal autonomía catalana (las mancomunidades de diputaciones). Pero esto mismo tuvo como consecuencia que tanto republicanos catalanes como liberales arreciaran en su oposición, que no carecía de fundamento, en el sentido de que, por ejemplo, la representación corporativa necesariamente había de favorecer a los sectores conservadores. Finalmente, se aceptó que sólo existiera representación corporativa allí donde hubiera asociacionismo real. Atraídos los catalanistas por la actitud de Maura, Solidaridad Catalana acabó desgarrándose interiormente mientras que el proyecto de Administración local se eternizaba en las Cortes, donde dio lugar a 5500 discursos y 2800 enmiendas. Incluso si el proyecto hubiera sido aprobado definitivamente el resultado hubiera sido mucho más modesto que el esperado por Maura. La reforma de la Administración local sólo podía provocar la independización del electorado allí donde se dieran las condiciones previas necesarias, como en Cataluña. En el resto de la Península, con excepción de algunos núcleos urbanos, no era posible esperar de la nueva legislación unos efectos milagrosos. Con todo, a pesar de que nunca llegara a aprobarse la ley, la verdad es que Maura, a la altura del verano de 1909, podía considerarse satisfecho con el resultado de su gestión en el poder. Había sido acusado en dos ocasiones de corrupción administrativa: por un miembro de su propio partido, Sánchez de Toca, en relación con el abastecimiento de agua a Madrid, y por el republicano Sol y Ortega, respecto de la concesión de un contrato para la construcción de la escuadra, pero también había quedado patente su inocencia. La mayor parte de la prensa estaba contra él, y, entre los liberales, Moret había mostrado su voluntad de llegar a un acercamiento con los republicanos en contra del predominio de la supuesta reacción. Sin embargo, lo cierto es que en esa fecha nada parecía poner en peligro a los conservadores, que podían esperar mantenerse en el poder por un periodo semejante al de Sagasta en 1885.

La Semana Trágica y la caída de Maura

Todo cambió sustancialmente como consecuencia de los sucesos de Barcelona, que estaban destinados a influir de forma decisiva en la política española. La situación en la capital catalana era habitualmente explosiva por el entrecruzamiento del problema social, la protesta nacionalista, el republicanismo modernizador —pero demagógico— de Lerroux, y la propaganda anarquista; hasta tal punto la situación era ésa que Ángel Ossorio y Gallardo, gobernador civil de la provincia, llegó a escribir que «en Barcelona la revolución no necesita ser preparada, lo está siempre; asoma a la calle todos los días; si no hay ambiente para su desarrollo, retrocede; si hay ambiente, cuaja». Esto último, como es lógico, se solía ver favorecido por las actuaciones erróneas o ineficaces del poder político, tal como sucedió en 1909-Se debe tener en cuenta, no obstante, que la parquedad de medios policiales era tal que el Gobierno, consciente de que los fondos de que disponía el gobernador tenían como origen las cantidades abonadas por las prostitutas en los sanatorios públicos para su higiene, aceptó la existencia de una policía privada, pagada por la Diputación y el Ayuntamiento. Un incidente con los indígenas en los aledaños de Melilla tuvo como consecuencia la necesidad de solicitar refuerzos a la Península, y el ministro de la Guerra recurrió a una brigada en que figuraban reservistas catalanes de edad, trabajadores con familias que dependían de ellos. La guerra de Marruecos había sido y sería en el futuro muy impopular entre las clases humildes, por lo que un periodista liberal había advertido a Maura que actuar allí era sinónimo de sufrir las consecuencias de la revolución. Ahora la protesta se generalizó ante una decisión cuya coherencia nadie entendió y todas las fuerzas políticas catalanas solicitaron del Gobierno que renunciara a sus medidas. El embarque de las tropas dio lugar a escenas penosas, que desembocaron en una verdadera rabia anticlerical cuando señoras de la buena sociedad ofrecieron escapularios y medallas a los soldados en el momento de ascender a los buques, de los que era propietario un conocido personaje del mundo católico. La indignación estaba tan generalizada que de manera inmediata se concretó en un movimiento acaudillado por un comité de huelga del que formaron parte los grupos políticos de izquierda; sin embargo, la protesta, en realidad, más que verdaderamente organizada, fue el producto espontáneo de las circunstancias. El 26 de julio se llegó a la huelga general, que en un principio fue pacífica y unánime. Pero en este momento la actuación de las autoridades empeoró la situación. El gobernador civil, Ossorio y Gallardo, era una personalidad moderada que probablemente había contribuido a que evolucionara la actitud de Maura respecto de Solidaridad Catalana. Consideraba que el catalanismo no podía ser suprimido y que el intento de hacerlo no tendría otro resultado que empeorar la situación. Así se explica que, aunque Maura promoviera medidas de inequívoco nacionalismo español, al mismo tiempo Prat de la Riba fuera condecorado. Ossorio era también persona muy celosa de su autoridad frente a la militar y a De la Cierva: consideraba que no podía tener «jurisdicción de pordiosero» y a menudo despachaba directamente con el propio Maura. Cuando arreció el conflicto quiso evitar la entrega del poder a las autoridades militares y acabó dimitiendo cuando no lo consiguió. Por su parte, De la Cierva mintió conscientemente al describir lo sucedido como si se tratara del resultado de un movimiento nacionalista y los militares actuaron de forma expeditiva pero, con frecuencia, errada. Tanto la ausencia de poder civil como la mala interpretación desde Madrid tuvieron pésimos efectos: la misma carencia de dirección precisa hizo que la protesta «se corriera como una traca y estallara como una bomba». Pronto surgieron violentos incidentes cuando los huelguistas empezaron a atacar a los tranvías que seguían funcionando. De ahí se pasó a una oleada de ataques e incendios de los edificios religiosos. Aunque en ellos tomaron parte los jóvenes dirigentes del republicanismo radical, no cabe atribuirles la exclusiva sino que, probablemente, hubo mucho de espontáneo en tal género de atentados, que no constituían un delito de rebelión militar y se veían facilitados por el hecho de que los edificios religiosos y docentes carecían de protección. Mientras tanto, de forma rapidísima, los sectores de clase media pasaron de la aceptación de la protesta al terror. Los participantes en los sucesos, por su parte, demostraron con su actuación que lo que protagonizaban no era esa revolución denunciada por el Gobierno, ni siquiera un movimiento con un objetivo preciso: un testigo presencial escribió que la sedición «no había tenido unidad de pensamiento, ni homogeneidad de acción, ni caudillo que la personificara, ni tribuno que la enardeciera, ni grito que la concretase». No sólo no hubo un programa de acción ni unos propósitos precisos, sino tampoco panfletos o proclamas que definieran lo que pretendían quienes dominaban las calles.

En estas condiciones no resulta extraño que el movimiento no fuera dominado por la fuerza sino que, simplemente, colapsara por sí mismo. Las clases conservadoras se sintieron aterrorizadas: 63 edificios habían sido incendiados y había muerto un centenar de personas. Sólo los más inteligentes o los más sensibles, como el poeta Joan Maragall, fueron capaces de darse cuenta de que esa «ciudad quemada» que ahora era Barcelona encerraba profundas enseñanzas que no podían ser olvidadas: «Bendita seas, tempestad pasada —escribió—, porque haces levantar los ojos a la luz nueva». De todos modos, la peligrosidad de la sedición, a partir de las premisas expuestas, fue mucho menor de lo que las cifras de muertos y de daños pueden hacer pensar. La represión tuvo, sin embargo, una dureza ciega y brutal, como había sido antes cruel la destrucción de vidas y edificios. Más de un millar de personas fueron arrestadas y 17 condenadas a muerte, tras ser sometidas a los tribunales militares. Al final fueron cinco los ejecutados, normalmente protagonistas anecdóticos de los acontecimientos (por ejemplo, un guardia que se había pasado a los revoltosos o un paisano que había bailado con los restos momificados de una monja). La figura más conocida fue Francisco Ferrer Guardia, cuya muerte levantó oleadas de indignación en los medios de la izquierda liberal europea. La sentencia fue emitida por el conjunto de su vida, en la que se consideraba que había utilizado la educación como «un antifaz» para proseguir sus funestos designios. Los propagandistas del anarquismo convirtieron lo sucedido en una muestra de que en España había resucitado la Inquisición y de que los medios clericales se habían vengado, en la persona de Ferrer, de la competencia que les hacía con su dedicación a la enseñanza. Uno de ellos, Tárrida del Mármol, llegó a escribir un libro sobre «los inquisidores españoles» y en Londres fueron fundados un «club anti-inquisitorial español» y un comité «de atrocidades españolas». La verdad es que Ferrer era un personaje mediocre, fanático y bastante simple, cuyas escuelas, bajo la pretensión de cientifismo, practicaban una enseñanza teñida de fuerte anticlericalismo. En la pared de su calabozo escribió estos versos simplones: «Mi ideal es la enseñanza, pero racional y científica cual de la Escuela Moderna que humaniza y dignifica». Todo hace pensar que Ferrer estaba relacionado con medios anarquistas que no tenían inconveniente en practicar el atentado personal. Resulta, por ejemplo, muy probable que él hubiera inspirado la acción de Mateo Morral, como consecuencia de lo cual estuvo un año en la cárcel, aunque nada pudo probársele. Además, así como algunos de los dirigentes radicales se habían comportado en los días de la Semana Trágica con una infrecuente discreción, Ferrer se exhibió en exceso y parece haber querido desempeñar una dirección que ni era posible en un movimiento de esas características ni hubiera sido aceptada fácilmente. La investigación histórica parece demostrar, en todo caso, que nada justificaba su condena en juicio sumarísimo. Inmediatamente después de lo sucedido, la reacción de las clases conservadoras, atizada por la sorpresa, fue mezquina y carente de toda ponderación. Nadie pidió el indulto de Ferrer cuando Maura mismo había estado a favor de concedérselo a un periodista (Nakens) que había actuado de forma semejante. Maragall pensaba que concluir lo acaecido con fusilamientos era una barbaridad y quiso escribir un artículo titulado «La Ciudad del Perdón», pero sus propios correligionarios catalanistas se lo impidieron.

Quienes en esta ocasión se comportaron de una forma más gratuitamente brutal, como para compensar deficiencias previas, fueron quienes estaban en el poder. Los errores del Gobierno a la hora de enfrentarse con los acontecimientos fueron graves, pues no sólo hizo mal recurriendo a los reservistas, sino que había dejado a Barcelona con una guarnición insuficiente y muy escasa de moral. Maura mismo, ausente de Madrid, no estaba preocupado por Barcelona, y apenas por Marruecos, donde había recomendado evitar los conflictos armados con los indígenas. Luego, tan sorprendido como tantos otros, pasó a pensar en las «ejemplaridades necesarias» e incluso juzgó responsable a Pablo Iglesias. De la Cierva y las autoridades militares no pusieron en duda dónde estaban las responsabilidades. Con la ejecución de Ferrer, llevada a cabo en contra de la opinión de algunos de los dirigentes conservadores, como Dato y Sánchez Guerra, no sólo se cometió un error jurídico sino también político. Responsable principal de lo sucedido fue Juan de la Cierva, quien incluso llegó a clausurar el Centro Excursionista de Cataluña y «mandó a paseo» a Cambó cuando éste le pidió que hiciera compatibles «la prudencia y energía». Ferrer, ejecutado, se había convertido en un sabio, mártir de las fuerzas de la reacción. De nada sirvió que, como señaló Ossorio, «había para reírse» de que ése fuera el juicio más allá de nuestras fronteras.

El error político no residió sólo en el modo y el contenido de la represión sino en que lo sucedido deterioró gravemente el propio sistema político de la Restauración. En un principio, Moret, al frente del partido liberal, no mostró una discrepancia fundamental respecto de Maura, pero la represión gubernamental le llevó a solicitar la inmediata dimisión del Gobierno. El tono de los debates en las Cortes se fue haciendo progresivamente violento y contribuyó a encenderlo la propia intemperancia de De la Cierva, que acusó a los liberales de haber mantenido una política de orden público amparadora de atentados, llegando a relacionarlos con el intento de asesinar al Rey. Moret afirmó que la mayoría conservadora había sido modélica, pero ahora debía tener la iniciativa de prescindir de Maura y de su ministro de la Gobernación. Maura respondió atribuyendo a los liberales el haberse aliado con «la cloaca revolucionaria».

Cuando se producía una discrepancia tan grave entre los dos partidos de turno en un sistema como el de la Restauración resultaba imprescindible la intervención moderadora del Monarca. En un primer momento el Rey no tomó la iniciativa de poner reparos a la actuación de Maura, pero pronto apreció la magnitud del enfrentamiento cuando descubrió que había ex ministros militares, pertenecientes al partido liberal, que decían de sí mismos tener de monárquicos «el canto de un duro». Finalmente, Alfonso XIII acabó por aceptar una dimisión de Maura que éste había llegado a presentar sólo con la esperanza de que no se le aceptara. Luego la explicó diciendo que el político conservador no podía pretender prevalecer «contra media España y más de media Europa». A Cambó, según narra éste en sus memorias, le contó que había sido Maura el que le había abandonado: la interpretación no deja de tener fundamento, aunque sólo en el seno de un sistema político como el de la Restauración. En él lo lógico hubiera sido o bien apaciguar este tipo de enfrentamiento o bien aceptar un relevo en la dirección del partido conservador, aunque fuera tan sólo temporal. Pero la dimisión de Maura fue dolida e indignada, llegando a afirmar que «se le había roto el muelle real». Fue éste el primero y quizá el más importante de los agravios que, en forma sucesiva, fueron deteriorando la imagen del Monarca en el mundo político. La crisis de 1909 reviste, por tanto, la suficiente trascendencia como para que merezca la pena un examen detenido, entre otros motivos porque revela la verdadera naturaleza del poder político durante la Restauración y la ruptura en estos momentos del llamado «pacto de El Pardo». Desde el punto de vista de las reglas de lo que hoy entendemos por un sistema liberaldemocrático, sin duda Maura no tenía por qué haber dimitido, pues tenía una sólida mayoría en las Cortes. Sin embargo, en un sistema de liberalismo oligárquico como el de la Restauración española la última instancia de la acción política no residía en las Cortes, que se formaban siempre a la imagen y semejanza del presidente del Gobierno en el poder, sino en el Rey. Dentro de las reglas no escritas (e incluso del tenor literal del texto constitucional) el Monarca tenía la posibilidad y aún la obligación de prescindir de Maura. Una crisis de gobierno no sólo se producía por división del partido que estaba en el poder sino también por tener pésimas relaciones con la oposición o, simplemente, por «perturbaciones políticas graves». Puede argüirse que Maura tenía tras de sí a un movimiento de opinión, pero también es cierto que exactamente lo mismo le sucedía a Moret. Lo propio del sistema político de entonces era, sin embargo, que para evitar que el pueblo español se decantara hacia posturas extremistas había que evitar los grandes conflictos entre las diferentes opciones políticas. El jefe del conservadurismo había ganado las elecciones utilizando exclusivamente el mismo género de medios que todos y cada uno de sus predecesores y no podía pretender en este instante cambiar las reglas de acceso al poder para mantenerse en él, como si ahora el sistema español fuera fielmente liberal y no ficticio.

La mejor prueba de que Alfonso XIII no erró se encuentra en el hecho de que, en Portugal, la confianza prestada por el monarca a Joáo Franco, una especie de Maura a la portuguesa, contribuyó a la liquidación de la Monarquía en 1910. La postura del Monarca español resultó más parecida a la del británico que, obligado por la misma época a aceptar la opinión liberal o la actitud de resistencia de los sectores conservadores encastillados en la Cámara de los Lores, acabó por decantarse hacia la primera solución. Además, con el paso del tiempo, la mayor parte del partido conservador no siguió a Maura, más que por falta de acuerdo con su postura respecto a Ferrer, por reconocer que estaba violando las reglas del juego habituales en el sistema político. La supuesta masa neutra que apoyaría a Maura tampoco llegó a alterar de forma significativa la política española de la época. Por el momento, no era más que un mito político que sólo llegaría a convertirse en verdad mucho más tarde, nada menos que dos décadas después, destacándose entonces en un sentido totalmente contrario al que Maura hubiera deseado.

Canalejas y el regeneracionismo liberal

La herencia de Maura, a partir de su dimisión en octubre de 1909, fue recogida por Moret, pero por poco tiempo: como dice Pabón, el jefe liberal había desencadenado la tormenta pero acabó por ser un náufrago en ella. Tenía, por otro lado, su lógica, dentro del sistema político de entonces que, puesto que Maura había sido marginado, también lo fuera su contradictor. El jefe conservador le declaró su «implacable hostilidad» y, además, Moret se encontró con que su capacidad de maniobra, habitualmente escasa, se veía ahora reducida por la acumulación de problemas a sus espaldas. Mientras tenía lugar una conmoción en los medios militares como consecuencia de los ascensos concedidos por la actuación en Marruecos, había sectores del partido liberal que mostraban una profunda inquietud por el hecho de que Moret hubiera estado demasiado cercano a los republicanos. En estas condiciones, la crisis, «obra de ninguno y de todos», no podía tardar en estallar y así sucedió efectivamente. Nunca Moret tuvo en sus manos la dirección del partido liberal como lo había tenido antes Sagasta o lo tendría más adelante Canalejas.

Fue éste quien, en febrero de 1910, sustituyó a Moret en la jefatura del Gobierno. En la historiografía conservadora ha sido Maura el protagonista esencial de la Monarquía de Alfonso XIII, pero con el paso del tiempo se han podido ir apreciando sus limitaciones, aquellos aspectos en los que su comportamiento fue irresponsable o contraproducente para el sistema político en que actuaba, o las derivaciones de sus seguidores hacia la extrema derecha. Por el contrario Canalejas, al haber concluido su gestión en el poder de modo abrupto, tras una periodo de tiempo no tan largo, parece haberse librado de las críticas, aunque también resulten éstas posibles en el sentido de que quizá acentuó en exceso su adaptabilidad en el seno de un sistema a cuya izquierda había pertenecido hasta el momento de hacerse con la jefatura del partido liberal.

En cualquier caso, José Canalejas era, como Maura, un regeneracionista aunque con matices bastante distintos. Si el segundo apelaba a la masa neutra con la esperanza de atraérsela y cambiar la política, el primero había representado, durante años, la voluntad de transformar al viejo partido fusionista de Sagasta en un instrumento nuevo y eficiente: para él siempre fue evidente que «el partido liberal necesita completar su organización democrática, popular, propagandista, educadora, combatiente». Pero el contenido de su acción lo imaginó siempre bastante distinto al pensado por el dirigente conservador, lo que en parte se explica por su evolución personal. Republicano hasta 1880, desde los años noventa esbozó una postura muy personal en el seno del liberalismo al mismo tiempo que llegaba por vez primera a un Ministerio. No tuvo inconveniente en denunciar el peligro clerical que percibió como una amenaza invasora de la sociedad civil y eso le llevó a la dimisión, caso infrecuente en la política española. Hizo entonces una fuerte propaganda política, pero percibió que su acercamiento a los republicanos y un programa anticlerical podían degenerar en desbordamiento de sus auditorios. En adelante abandonó una apelación a las masas que podía tener tan contraproducentes efectos. Para él «la democratización o la nacionalización de la monarquía» no suponía una limitación de sus prerrogativas sino la utilización de su poder e influencia para impulsar un proyecto educativo y social que integrara en ella al conjunto de las fuerzas progresistas. Como en otros liberales de la época (Asquith, Lloyd George, Giolitti…), su liberalismo era compatible con la Monarquía (y no con el clericalismo). Ni la superación del falseamiento electoral era, para él, una condición política previa, ni la movilización podía estar exenta de dificultades graves que contribuyeran a desestabilizar las instituciones liberales. No propuso nunca sustituir el sistema de la Restauración ni cambiar su texto constitucional. En cambio, sus ideas fueron muy innovadoras en materia social y educativa. Creía que el Estado podía ser «una providencia terrena en acción» y, por eso, defendía su intervención en materias económicas y sociales a través de la expropiación forzosa, impuestos progresivos, reforma de la herencia, regulación del contrato de trabajo y negociación colectiva. En educación defendió la escuela neutra y la coeducación, difíciles de aceptar para los medios católicos de su tiempo y, sobre todo, tuvo una línea clara en materia de negociación con Roma, frente a la estrategia errática y oportunista de la mayor parte de los liberales.

Su carácter personal pudo contribuir a que alcanzara grandes éxitos. Según Cambó, en cuanto a inteligencia y a cultura, Canalejas era netamente superior a Maura aunque el fondo de bondad de este último le diera una cierta superioridad sobre la indiscreción y la maledicencia que, al decir del dirigente catalanista, caracterizaban al jefe de los liberales. Se encontraba muy por encima de los inmediatos dirigentes del partido: no carecía de dotes de mando como Moret, ni estaba senil como Montero Ríos, ni era una personalidad desdibujada como López Domínguez. Con él, por vez primera, los liberales encontraron un verdadero jefe. Poseía, a la vez —señala Madariaga—, el sentido de la realidad y un idealismo sincero. El primero nacía de una capacidad de transacción con la realidad, consciente de que «todo lo que sea forzar la evolución es destruirla», y el segundo era producto no sólo de su formación intelectual, sino de su larga defensa de lo que para la época era un programa radical. «No he venido a ocupar la Presidencia del Consejo: he venido a ejercerla», se apresuró a declarar en cuanto accedió al poder. La sensación de que el partido liberal tenía un liderazgo firme y no iba a traicionar los principios defendidos en la oposición hizo que algunos dirigentes del republicanismo (Moróte) acabaran integrándose en sus filas.

El mayor inconveniente de Canalejas en el momento de llegar al poder era que hasta entonces había sido exclusivamente un disidente acompañado por unos pocos seguidores. Había caminado a distinto ritmo de la jefatura liberal que no tenía más remedio que respetarle por su inteligencia. Él mismo ironizó acerca de sus repetidas disidencias diciendo que se asemejaban a los automóviles de la época en «la velocidad a la que marchan, el olor a petróleo [es decir, a revolución} que dejan y en la facilidad para quedarse a medio camino». A pesar de ello supo imponerse rápidamente como jefe del partido. En los círculos palatinos fue recibido con auténtico temor hasta el punto de que el conde de Romanones, ministro en el Gobierno, cuenta en sus memorias que los nobles se dirigían a él como si fuera su única esperanza. Maura podía haber mostrado la misma hostilidad hacia Canalejas que la que tuvo por Moret, pero fue neutralizado a base de cordialidad: «Yo no puedo ser —escribió el presidente—, yo no debo ser, yo no quiero ser jefe de una situación política en condiciones de incompatibilidad radical con el partido conservador, y añado que, para mí, el partido conservador no puede ni debe tener, ni, en lo que yo alcance a influir, tendrá otro jefe que usted». De este modo, Canalejas, que podría haber sido tan sólo un dirigente efímero de su partido, rompió su aislamiento inicial y ratificó su dirección en el mismo. Parte del prestigio que logró Canalejas en la época, y que habría de transmitirse a la historiografía conservadora, se explica por el hecho de que se le ocasionaron, a diferencia de Maura, problemas frecuentes, repetidos y graves con el orden público y les dio solución. En líneas generales se puede decir que los conflictos que tuvo se explican por la puesta en marcha de un nuevo sindicalismo, principalmente de significación ideológica anarquista, y por las esperanzas de implantación de un régimen republicano, alimentadas por los éxitos de la conjunción republicano-socialista y por lo sucedido en el vecino Portugal. En ocasiones las huelgas fueron exclusivamente laborales, como la que tuvo lugar en Bilbao al comienzo de su mandato, pero en otros casos tenían inmediata repercusión sobre la vida política, como cuando se trataba de una huelga de servicios públicos (caso de los ferrocarriles). Ante este problema Canalejas, durante el verano de 1912, recurrió al mismo procedimiento que en Francia había utilizado Briand dos años antes, la militarización. Un tercer caso fue el de los incidentes nacidos de motivos exclusivamente políticos, con un contenido revolucionario. Los sucesos de Cullera, que produjeron derramamiento de sangre y fueron el resultado de una conspiración entre anarquista y republicana, fueron liquidados prudentemente con el indulto de los siete condenados, hecho en el que Canalejas demostró una habilidad de la que había carecido Maura en 1909. También la proclamación de la República en Portugal tuvo importantes repercusiones en España hasta el punto de que no se entiende el acceso al poder de Canalejas si no es considerando que había de dar una respuesta atrevida a lo que sucedía al otro lado de la frontera.

En 1909, en efecto, los monarcas español y portugués, que sufrían presiones semejantes por parte de los republicanos, establecieron una especie de cooperación en defensa de sus respectivos tronos. Cuando, finalmente, se proclamó la República en Portugal, hubo proyectos de intervención armada española, entre octubre de 1910 y marzo de 1911. Desde esta última fecha sólo se prestó una ayuda indirecta, política y material, a los conspiradores monárquicos portugueses, situados sobre todo en Galicia. Fue la amenaza de Canalejas de presentar la dimisión (cuando incluso su ministro de Estado parecía estar de acuerdo en la intervención) la que, junto con la oposición inglesa, explica que los deseos intervencionistas del Rey quedaran sin plasmarse. Sin embargo, ese propósito larvado fue suficiente para alimentar en Portugal una profunda hostilidad hacia España que tardaría mucho en disiparse, en especial porque la situación en este país siguió siendo inestable y, con ella, la voluntad intervencionista española se mantuvo latente. También la intervención militar española en la costa occidental de Marruecos trajo consigo protestas importantes de unas clases populares que nunca aceptaron el colonialismo español en el norte de África.

La labor legislativa de Canalejas en el poder resulta, en comparación con la de Maura, más discreta, por lo menos en lo que respecta a los propósitos aunque, al mismo tiempo, fue capaz de dar respuesta a ansias populares duraderas. Se debe tener en cuenta, por otra parte, que Canalejas no tuvo nunca tras de sí una mayoría totalmente fiel, al contrario que el dirigente conservador. Las dos cuestiones que supo resolver Canalejas, al menos parcialmente, fueron la del impuesto de consumos y el servicio militar. Siempre, desde la oposición, había clamado Canalejas en contra de ese impuesto, que consideraba «una expoliación del proletariado», y que motivaba periódicas protestas populares, por gravar los productos de primera necesidad. Después de algunas dudas fue su segundo ministro de Hacienda quien presentó un proyecto para sustituirlo por un impuesto progresivo sobre las rentas urbanas, lo que motivó las iras de los medios acomodados. Al pedir en el Parlamento la aprobación de la Ley, Canalejas debió recurrir a una llamada a la disciplina de su propia mayoría parlamentaria afirmando que «quien no vote (esta ley) está frente a mí y está fuera del partido liberal, sometido a mi jefatura por su voluntad». Aun así, treinta diputados liberales votaron en contra. Otra medida, indudablemente muy popular y por la que también en el pasado había luchado Canalejas, fue la reforma de la ley de reclutamiento. Las protestas contra la redención en metálico eran crecientes, en especial después de los sucesos de 1909, que habían causado más de un millar de muertos, aunque, por otro lado, las disponibilidades presupuestarias resultaban tan insuficientes para el Ejército que no parecía haber otro remedio que recurrir a ellas. Resultaba especialmente sangrante que la derecha conservadora hablara de patriotismo cuando sus hijos eran los que evitaban por ese procedimiento el servicio de las armas. La protesta contra el servicio militar fue siempre generalizada y popular. Ya Castelar había aludido a «esos terribles días de quintas que siembran la desolación de la familia». Ahora la reforma del general Luque consistió en convertir el enrolamiento en obligatorio, aunque sólo durante tiempo de guerra. En tiempo de paz sólo duraría cinco meses para quienes pagaran una suma de 2000 pesetas, y diez para los que pagaran 1500. Se trataba, por tanto, de una solución sólo parcial a los inconvenientes de la situación precedente: baste con recordar que esas cantidades suponían, en su cuota mínima, entre doce y dieciocho meses del salario de un peón agrícola. Si estas medidas fueron populares también lo resultaron otras disposiciones de carácter social que confirman la posición doctrinal de Canalejas. En el discurso de la Corona, al comienzo de la legislatura de 1910, quedaron enunciados una serie de proyectos relativos al trabajo de la mujer, el contrato de aprendizaje, el fomento del ahorro, el contrato de trabajo, la seguridad social, etc. De estos proyectos de ley algunos fueron aprobados y otros, como el contrato de trabajo, motivaron una resistencia encarnizada. Pero las dos grandes cuestiones políticas de la etapa gubernamental de Canalejas fueron, en realidad, las mancomunidades provinciales y el tratamiento dado al problema clerical. Respecto a materias como la Administración regional y local Canalejas, hasta el momento, se había mostrado centralista hasta el extremo de asegurar que de una mayor autonomía local no podía «salir nada bueno». Este juicio debe integrarse en el conjunto de su visión acerca de que era más oportuno no cambiar el sistema político de la Restauración. Su juicio, sin embargo, ya había cambiado cuando llegó a la presidencia, o quizá se dio cuenta de que no podía decepcionar a la opinión pública catalanista; por eso declaró que un liberal centralista era «un sujeto digno de la Paleontología o la Arqueología». En este punto, como en otros, Canalejas no llegó a satisfacer por completo a quienes exigían una reforma y tampoco obtuvo para ella el consentimiento unánime de su partido. La porción centralista, o simplemente «anticanalejista» del mismo, se revolvió contra él y sólo con uno de sus mejores discursos parlamentarios logró convencer a la mayoría de su partido, a pesar de que 19 de sus diputados, entre los que el más eminente fue Moret, votaron en contra del proyecto. Pero, en el momento de la muerte de Canalejas, el proyecto de ley de Mancomunidades, aprobado en el Congreso, estaba todavía pendiente de ratificación por el Senado.

Con respecto a la cuestión religiosa cabe decir, ante todo, que Canalejas fue visto en su época como la personificación del furibundo anticlerical cuando era, como casi la totalidad de los políticos del turno, católico practicante e, incluso, con preocupaciones intelectuales que nacían de una religiosidad muy auténtica. Su posición en este terreno, consistente en separar Iglesia y Estado, de haberse llevado a la práctica hubiera resultado beneficiosa para ambos. Preocupado por la formación intelectual del clero, juzgaba que el Concordato era responsable de la situación de la Iglesia española porque «el tener que recibir del Gobierno sus sueldos hacía a los clérigos generalmente indolentes y, además, o protestatarios por sistema o bien serviles, cuando no eran todo a la vez». En definitiva, el objetivo final de Canalejas era una separación amistosa a la que quería llegar a través de negociaciones llevadas lo más discretamente posible.

El problema para lograrlo fue que el Vaticano —por aquellos años obsesionado con la condena del modernismo y en una creciente actitud de cerrazón— tendió, como era habitual, a emplear una estrategia dilatoria que partía del mantenimiento del «statu quo», de acuerdo con el convenio firmado con los conservadores en 1904. En estas condiciones se llegó prácticamente a una ruptura de las relaciones entre los dos poderes, especialmente grave para el Estado en cuanto que, dada la inestabilidad gubernamental, era poco imaginable una política única en esta materia. No obstante, cuando se votó la llamada «ley del candado» en el Senado estaban presentes los obispos, lo que induce a pensar que, de haber existido un plazo de tiempo más amplio, quizá podría haberse llegado a un acuerdo. Las medidas adoptadas por Canalejas fueron, en realidad, poco efectivas. En junio de 1910 se puso en marcha contra él una gran campaña en los medios clericales por el mero hecho de que hubiera autorizado que en los templos de otras confesiones distintas de la católica pudiera haber signos externos demostrativos de su condición. En diciembre de ese mismo año fue aprobada la llamada «ley del candado», que no era más que una disposición provisional y temporal destinada a impedir, durante dos años, el establecimiento de nuevas órdenes religiosas sin autorización previa. Su eficacia, según cuenta Romanones en sus memorias, se vio desvanecida al aceptarse una enmienda de acuerdo con la cual la ley perdería su vigencia si, al término de esos dos años, no se hubiera aprobado otra en la que definitivamente quedara resuelta la cuestión. Esta ley fue presentada a las Cortes: contenía limitaciones a la presencia de frailes extranjeros y a la posesión de bienes inmuebles pero no llegó a aprobarse y con ello la cuestión clerical, después de haber sido protagonista principal de la vida política de la época, no encontró una solución por parte del Estado. No obstante, con posterioridad, Romanones logró, de hecho, prolongar la aplicación de la ley del candado perdiendo vigencia esta cuestión porque, con el paso del tiempo, desapareció la sensación, característica del fin de siglo, de que las órdenes religiosas practicaban una auténtica invasión del espacio que correspondía a la sociedad civil.

La labor de gobierno de Canalejas concluyó trágicamente cuando, en noviembre de 1912, fue asesinado en la Puerta del Sol mientras contemplaba el escaparate de una librería. Ni aquél era un lugar frecuentado por el político liberal ni el anarquista que cometió el atentado tenía el propósito de atentar contra su vida, sino contra la del Rey, pero el hecho tuvo una grave repercusión en la política española. Con la desaparición de Canalejas se truncaba un liderazgo sólido del partido liberal que no reaparecería en el resto del reinado de Alfonso XIII. Es cierto que había dado la sensación de ceder en exceso ante una realidad que acababa por considerarse como inmodificable. Para las izquierdas, había sido una decepción: los socialistas organizaban suscripciones a favor de las «víctimas de la represión canalejista». Azcárate, uno de los republicanos más reconocidos por todos, concluyó que la primera etapa de gobierno del señor Maura fue «incomparablemente mejor que la suya». Sin embargo, para él era mucho más aplicable lo que Moret dijo de sí mismo a la hora de aprobar la ley de jurisdicciones. La había presentado como «un zigzag» para luego conseguir la aprobación de un programa auténticamente liberal. Moret no lo hizo mientras que Canalejas dio solución parcial a muchos de los problemas que tenía planteados la España de la época. Se ha atribuido en exclusiva a Maura la capacidad de tener un proyecto global de Estado, pero esto no es cierto. La vía propuesta por Canalejas, aún más lenta y enarbolada con menos apasionamiento, tenía más posibilidades de resultar efectiva. Por eso hay que coincidir con el juicio de Madariaga cuando afirma que se trató del único gran gobernante que tuvo el partido liberal.

Hacia el fin de la «revolución desde arriba»

El periodo que transcurre desde la muerte de Canalejas hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial adquiere todo su sentido teniendo en cuenta que en él se produjo el desvanecimiento de las posibilidades de lo que Maura denominó la «revolución desde arriba», que había sido un programa político desde Costa y sólo reaparecería como posibilidad en unas condiciones muy distintas con Primo de Rivera. En el fondo, con muchos matices, Maura y Canalejas tenían un propósito común, aunque se tradujera en programas diferentes. Se trataba de que el sistema político fuera transformado desde su cúspide por quienes desempeñaban la jefatura del partido liberal o del conservador. A la altura de 1914, sin embargo, esta esperanza se podía considerar como desvanecida por un conjunto de circunstancias que iban desde el cambio en la dirección de cada uno de los partidos hasta el propio planteamiento errado de los programas regeneracionistas desde el poder. «Con la muerte de Canalejas y la inutilización de Maura —ha escrito Amadeu Hurtado, un inteligente catalanista— acababa un periodo en que se había actuado con la manía de pensar seriamente y querer resolver problemas de interés nacional o de principios doctrinales». En adelante fue más veraz descripción la hecha por otro catalanista, Cambó: «la política dio la sensación de convertirse en la lucha por el poder de simples jefes de banda sometidos a unas circunstancias cada vez más difíciles». Contribuyen a explicar esta situación tanto las características de los herederos de Canalejas como la fragmentación que inmediatamente se produjo en el partido conservador. El liberal siempre se había caracterizado por basarse en la convivencia, a menudo difícil, de clientelas. En un momento en que del programa parecía haberse desvanecido cualquier capacidad imaginativa, el contenido reformador del partido se hizo cada vez más tenue, como se pudo percibir en sus nuevos líderes. García Prieto fue el sustituto inicial de Canalejas, aunque tan sólo por unas horas, imponiéndose al final el conde de Romanones, mucho más hábil y dotado de una clientela política sólida mientras que García Prieto debía heredarla de su suegro, Montero Ríos. Moret, por su parte, había quemado todas sus posibilidades. Pero, de momento, la verdadera cuestión consistía en saber hasta qué punto debía restablecerse el turno mediante un nuevo acceso de los conservadores al poder. El Rey había mantenido, de momento, a los liberales, atendiendo a que este partido parecía unido tras un programa que era el mismo esbozado por Canalejas. Poco antes de que muriera Canalejas, Maura le había escrito diciéndole que «el partido conservador traicionaría la causa que representa si aceptase el encargo de gobernar para reincidir en los miramientos con que hasta octubre de 1909 le retuvieron». El dirigente conservador había permanecido tres años en hosco silencio previendo males revolucionarios y tan desconfiado de la capacidad reactiva de la masa neutra como de la política de Canalejas. Con una afirmación como la citada quedaba rota la solidaridad de turno que hasta entonces había implicado que el partido en la oposición no destruía por completo la obra de quien había estado en el poder por el solo hecho de sustituirle. Pero Maura reaccionó con violencia ante el Rey y los liberales cuando no se le permitió el acceso al poder. En su manifiesto de 1913 interpretó la situación política en un sentido distante del sistema de la Restauración. Ante todo, dio la sensación de no admitir la función moderadora y arbitral del Monarca, al reprocharle una intervención cuyo resultado había sido que «los uniformes ministeriales se confundieran con las casacas muy honrosas, pero muy distintas, de la servidumbre palatina». Además, se negó a turnar con los liberales, al menos si éstos seguían siendo solidarios con lo ocurrido tras los sucesos de 1909. Lo más grave era que exigía una rectificación de la política al propio Monarca pues, de lo contrario, habría que crear otro partido conservador, «idóneo», decía en sentido despectivo, para turnar con el liberal. Probablemente, el político conservador no consideraba viable esta posibilidad por creer que su dirección del conservadurismo resultaba incuestionable.

Esa toma de posición de Maura no tuvo otra consecuencia que la de hacer arreciar contra él la opinión liberal. Melquíades Álvarez aseguró que Maura, de hecho, pedía la dictadura para sí y que «un partido que pide una dictadura para llegar al poder es un partido que involuntariamente se incapacita». El juicio de Ortega todavía fue más duro: con afirmaciones como ésas Maura no hacía otra cosa que dirigirse a la Corona, y no al pueblo español o a la masa neutra a la que antes había apelado. Además, lo hacía exhibiendo un verdadero «desierto de ideas», como si no fuera capaz de esbozar otro programa que el de vengarse de los liberales. No puede extrañar, al mismo tiempo, que muchos conservadores empezaran a sentirse incómodos con la jefatura de Maura. Ya en 1911 Dato había marcado distancias con respecto a él; no eran pocos los que le escribían para quejarse de que Maura hubiera «reventado» el partido al ejercer el papel del «perro del hortelano», ni gobernando ni permitiendo que lo hicieran otros. Pero la división definitiva del partido conservador tuvo lugar tras la del liberal, que obedeció a motivos mucho más prosaicos. Romanones ha quedado en la Historia de España como el ejemplo del político profesional, corto de vista para todo lo que no fuera más que la pequeña política habilidosa de la maniobra y la zancadilla al adversario. De hecho, en su primera etapa de gobierno no pasó de ser el deslucido ejecutor de una apariencia de programa «canalejista». Si Ortega empezó a considerar la postura conservadora identificada con Maura como «un peligro nacional», a los liberales los juzgó como «un estorbo nacional». Pero Romanones, que había sido protagonista de la política educativa liberal y en 1913 quiso dispensar de la enseñanza del catecismo a los no católicos también supo atraer a los intelectuales hacia la Monarquía y quien la desempeñaba, sin conseguir nada más que Cossío, Cajal y Azcárate visitaran a Alfonso XIII. Le faltó, sobre todo, la fuerza y la autoridad de Canalejas en su propio partido porque, a diferencia de él, le interesaba mucho más llegar a la presidencia que ejercerla. Prolongó la ley del candado pero su acuerdo con el Vaticano para no legislar sobre la materia sin acuerdo previo cerraba toda posibilidad efectiva de que el Estado pudiera decidir por sí mismo la presencia de las órdenes religiosas en España. Presentó el proyecto relativo a la creación de mancomunidades provinciales en el Senado, porque esta disposición formaba parte de la herencia de Canalejas, pero su defensa del mismo en la Cámara alta fue tan desangelada que hasta un tercio de los votos contrarios al proyecto procedían de su partido. Durante el verano de 1913 la escisión del partido quedó consumada cuando García Prieto y Montero Ríos crearon el partido liberaldemócrata, que arrastró tras de sí a un número importante de parlamentarios, algo mayor que el de los que se mantuvieron fieles a Romanones. Éste, en octubre de 1913, dimitió después de una votación parlamentaria adversa. Con ello resultaba inevitable el advenimiento al poder del partido conservador y la consiguiente posibilidad de que se dividiera, al no estar claro quién había de asumir la presidencia. Maura, sin embargo, había perdido la autoridad que en el pasado había tenido en su partido. Siempre existió un sector que le había juzgado un advenedizo, pero, además, ahora se habían sumado a éste los que no querían que el conservadurismo se identificara con De la Cierva, los que deseaban volver al poder o los que no deseaban que se pusiera en peligro el sistema de la Restauración. Como admitió Gabriel Maura, se había «llegado al límite de la paciencia del partido». En estas circunstancias, en octubre de 1913 el Rey llamó a la Presidencia a Eduardo Dato, cuya actitud respecto a Maura había sido siempre respetuosa; este último fue quien sugirió su nombre a Alfonso XIII, por lo que no cabe ver ninguna maniobra en lo sucedido. La clara mayoría del partido conservador aceptó a Dato como jefe, lo que se hubiera producido incluso de no haber llegado a la Presidencia.

A Maura apenas le quedaron unos cuantos seguidores, tan sólo dos o tres docenas de parlamentarios. Resulta curioso el papel al que se vio reducido, dentro de la política española, en los años siguientes. Nadie dudaba de su moralidad, de su capacidad oratoria o de su autoridad como gobernante. Eso es lo que obligó a recurrir a él cuando fue necesario que alguien presidiera un gobierno nacional. Pero este respeto no quería decir que se estuviera de acuerdo con otras posturas suyas sobre la crisis de 1909, la de 1913 o cualquier otra cuestión. En realidad, venía a ser una especie de Jeremías que repetía constantemente los males del sistema parlamentario de la Restauración, pero que no había roto claramente con ellos ni estaba claro con qué los quería sustituir. Como escribió Ortega, se había convertido en «un eco de sí mismo», una persona que «en general dice hoy que ya dijo ayer lo que hoy va a decir». Nunca estuvo en contra de la institución que Alfonso XIII personificaba, pero siempre (y, sobre todo, en 1913) expresó sus críticas contra la actuación del Rey. No le faltaba la razón a un Lerroux cada vez más moderado cuando decía que «a los republicanos les hubiera bastado con derrocar a la Monarquía, mientras que los monárquicos la denigran cuando no les sirve».

Hay otro aspecto de lo que a partir de este momento se denominó «maurismo» que merece la pena mencionar. A lo largo de su gobierno, Maura se había atraído a sectores católicos y el partido conservador adoptó en ocasiones un tono claramente confesional. Luego, en 1913, consiguió cierta movilización en los medios urbanos, principalmente en los medios juveniles acomodados. Pero no hay que exagerar la fuerza y la influencia del llamado «maurismo callejero». A diferencia del resto de los grupos políticos de turno, era capaz de tener unas juventudes activas, una propaganda ideológica de tono católico e incluso unos círculos obreros confesionales. Aun así el «maurismo» no pasó de ser un «ismo» más de la política española, personalista y basado en una serie de cacicatos electorales que en nada se distinguían de los habituales en la política del momento. El propio Maura, que tronaba contra el liberalismo oligárquico, siguió comportándose de acuerdo con las pautas habituales en él. Como afirmó Ortega, siempre fue débil en lo fundamental y eso incluía el deseo (o incluso la capacidad) para crear un partido moderno o proseguir de forma infatigable su propaganda movilizadora. En realidad la masa neutra a la que quería apelar Maura estaba constituida tan sólo por los sectores conservadores y católicos, pero ni siquiera consiguió modernizarlos, entre otros motivos porque no lo intentó seriamente. No obstante, como luego veremos, su influencia fue lo bastante relevante como para que resultara el caldo de cultivo de todas las fórmulas de derecha presentes en la España de los años treinta.

Dejando este último aspecto para más adelante, es preciso ahora recapitular lo que significó la división de los dos partidos de turno en el momento en que se aproximaba el estallido de la Primera Guerra Mundial. La fragmentación de los partidos no era algo nuevo, sino habitual porque todos eran la alianza laxa de clientelas personalistas locales. Característico de este momento fue que, en primer lugar, en esa división, especialmente en el caso del partido conservador, había un mayor componente ideológico. Más importante todavía que este rasgo fue que la división de los partidos de turno impidió, en adelante, lo que había sido durante este periodo y, en especial, a lo largo del quinquenio 1907-1912, el propósito fundamental del sistema político, es decir, la regeneración desde la cúspide. En lo sucesivo, la política española consistió, sobre todo, en resolver los problemas surgidos de las circunstancias, mucho más que intentar programas regeneradores globales.

En realidad la «revolución desde arriba», en su versión «maurista», había tenido unos resultados modestos siendo la causa principal de ello el mismo planteamiento de los supuestos regeneradores. Incluso si los programas intentados por los regeneradores hubieran sido la solución ideal y tenido como consecuencia inmediata una modificación esencial de la sociedad española habría que advertir que tan sólo lograron una aplicación restringida o ninguna en absoluto, como fue el caso de la ley de reforma de la Administración local de Maura. Pero, además, ni esta disposición hubiera convertido en veraz el sistema liberal español ni tampoco el partido liberal, con las propuestas programáticas de Canalejas, hubiera obtenido ese resultado a corto plazo. Había un planteamiento fundamentalmente erróneo en la base de toda la «revolución desde arriba». Mucho tiempo después Antonio Machado escribió que esa expresión le sonaba como «renovación del árbol por la copa» y eso concluía habitualmente en la renovación del mismo «por la corteza», es decir, en un cambio superficial. El árbol, decía el poeta, se renueva especialmente por las raíces. Hasta que esta renovación no se hubiera producido las demás no tenían sentido. Por supuesto esto no quiere decir que no hubiera aspectos muy positivos en las reformas de Maura (también en algunas de las que propuso con posterioridad) o en las de Canalejas. Pero no cabía esperar un resultado milagroso e instantáneo de ellas como parece haber esperado el primero. Lo grave de un sistema político y una realidad social como la española del momento era que no encontraban solución rápida. La revolución desde arriba no necesariamente debía concluir en un éxito porque lo característico de la España de comienzos de siglo no era tanto que la legislación fuera atrasada sino que se incumplía. Para que esa situación cambiara, más que determinadas disposiciones desde el poder, era necesario que se produjera toda una modernización de la sociedad española. Con el comienzo de siglo, mucho más lentamente que otras sociedades europeas, la modernización en todos los terrenos aceleró su ritmo con respecto al siglo XIX, pero de manera insuficiente como para poder llegar a la conclusión de que el propósito regenerador se había realizado. Mientras tanto, aparte de incumplirse los propósitos de las grandes medidas regeneracionistas, muchas otras cuestiones quedaban sin resolver. La cuestión clerical se desvaneció por el momento, pero estaba destinada a reaparecer de forma estruendosa. Los acuerdos con Gran Bretaña y Francia acerca de Marruecos —de los que se tratará en el siguiente capítulo— dieron seguridades a la política exterior española pero crearon un problema grave a medio plazo.

El catolicismo en la sociedad y en la política

A lo largo de las páginas anteriores habrá quedado claro el papel relevante que tuvo la cuestión clerical en el seno de la política española del momento. Ésa ya sería una buena razón para aludir al protagonismo del mundo católico en la vida pública, pero hay otra que contribuye a hacer imprescindible la referencia a él. A pesar de las apariencias, en realidad el mundo católico era un factor potencial de renovación de la sociedad española. Como el movimiento obrero o los nacionalismos periféricos, constituía un medio más para que el sistema político adquiriera una mayor autenticidad. Además, en todas las latitudes en que se produjo una modernización social, esos elementos jugaron un papel creciente, al margen de que el sistema político sufriera mayores o menores transformaciones. Será, pues, preciso tratar de todos estos aspectos de la vida nacional en la primera década y media del siglo.

Hay que empezar por advertir que en la década final del XIX se había presenciado en España todo un proceso de politización del catolicismo que habría de tener amplias consecuencias en el futuro. Mientras que la desunión impidió que fórmulas de organización que se habían empleado más allá de nuestras fronteras —los congresos católicos, por ejemplo— plasmaran en realidades eficientes, al mismo tiempo el tono enormemente reaccionario de muchos de los que tomaban parte en ellas provocó una resistencia anticlerical como la que hemos visto jugar un papel decisivo en la política nacional de la época. En los congresos ni siquiera los mismos prelados permanecían unidos pero, además, eran ellos los más moderados frente a unos asistentes que a menudo exhibían posturas de un rabioso anti-liberalismo incompatible con cualquier intento de secularización, por modesto que fuera, como sucedió en 1899. Cuestiones como la existencia del Reino de Italia, que no hubieran debido tener relevancia en un país como España, provocaban graves discusiones, protestas diplomáticas y acusaciones de heterodoxia. Como consecuencia de todo ello no se volvió a reunir ningún congreso después de 1902, momento en que un prelado describió la división de los católicos españoles de acuerdo a tres categorías: quienes pretendían practicar la «verdad íntegra», de la que excluían a los demás; quienes se concentraban sólo en una cuestión secundaria, como era la dinástica (los carlistas), y los que habían optado por el posibilismo. Lo característico del caso español, respecto del italiano, por ejemplo, es lo mucho que perduraron las dos primeras posturas indicadas y lo lentamente que progresó la tercera. Todavía en 1905 el principal dirigente integrista, Nocedal, consideraba que no bastaba la licencia eclesiástica para la consideración como ortodoxo de un diario, mientras que sólo la intervención de la superioridad impedía el enfrentamiento en el seno de los jesuitas, la orden más prestigiosa, donde el número de integristas fue siempre muy elevado. El año siguiente un documento pontificio trató de lograr la paz entre las diversas tendencias católicas y en 1908 los integristas, ya reducidos poco menos que a una secta, recibieron una nueva advertencia de Roma. El resultado de esta evolución fue que, poco a poco, empezó a imponerse la postura «posibilista» moderada o liberal conservadora, consistente en admitir como «mal menor» un sistema como el de la Restauración, que ya no se cuestionó como radicalmente heterodoxo. La tesis del «mal menor» suponía, por ejemplo, que se podía votar a un candidato liberal frente a otro anticlerical, pero seguía juzgando en términos negativos esa filosofía.

El tardío y mínimo triunfo de esta tendencia «posibilista» tuvo consecuencias importantes y negativas. Las personas en que se concentró la significación católica fueron personajes del régimen como Silvela, Polavieja o Maura, lo que evitaba una beligerancia respecto de él, pero al mismo tiempo esta evolución fue acompañada de una voluntaria sordina en la movilización de los católicos, precisamente porque existía el peligro de que si ésta se daba, el resultado pudiera ser la reaparición de las actitudes integristas o de una extremada conflictividad interna. Así, cuando aparecieron las actitudes anticlericales durante el cambio de siglo hubo, como reacción, unas Ligas católicas que limitaron su implantación a unas cuantas ciudades, aquéllas en que el peligro era mayor o las autoridades eclesiásticas más decididas, porque, en realidad, nadie podía pensar seriamente que en España fuera a haber una verdadera persecución religiosa. En 1903 existían ya en seis ciudades, pero habían conseguido tan sólo dos diputados. En cuanto a los «Comités de defensa social», que proliferaron más adelante, obedecieron a un propósito reactivo sólo circunstancial, que solió identificarse con la versión «maurista» del conservadurismo y no creó verdaderos problemas al sistema del turno, por limitarse a apoyar al sector más clerical. Las Ligas, en alguna de esas poblaciones, como Valencia, Sevilla o Zaragoza, fueron mucho más independientes del turno y tuvieron el mérito de contribuir a la independización del electorado y a la veracidad del sufragio. Aunque originariamente fueran plurales en su composición, con el paso del tiempo quedaron en manos de los sectores «posibilistas». Nunca, ni siquiera en estas tres ciudades, fueron una alternativa real al sistema de turno como, por ejemplo, pudo serlo la Lliga en Cataluña. La sordina voluntaria impuesta al catolicismo organizado puede contribuir a explicar la debilidad del asociacionismo religioso, tan fecundo en otras áreas europeas, como Italia, con importantes consecuencias sociales y políticas. Muy de acuerdo con la evolución hacia una moderación que no acababa de aceptar el liberalismo, en 1899 el marqués de Comillas jugó un papel relevante en la junta permanente destinada a dar continuidad a la obra de los congresos, que luego se convirtió en Junta de Acción Católica. Bienintencionado portavoz de la alta burguesía catalana, Comillas fue el representante más característico del catolicismo oficial de la época y persona muy próxima al Monarca. Su carencia de preocupación intelectual o cultural y su paternalismo de muy limitados horizontes le hicieron apoyar la creación de una amplia superestructura organizativa en el catolicismo que ocultaba la real carencia de acción. Así, por ejemplo, en los años de presencia de Canalejas en el poder hubo incluso unas normas de actuación de la Acción Católica, pero ésta no se desarrolló en la práctica hasta la etapa republicana. En 1911 fue vetada una candidatura sedicentemente católica para las elecciones madrileñas por la incapacidad de ponerse de acuerdo los diversos sectores. Sólo la fuerte hostilidad contra el catolicismo —real o sentida como tal— fue capaz de movilizar al mundo católico.

Esa inanidad de la actuación organizada del catolicismo puede atribuirse también a la desvaída acción social del mismo. El propio Comillas creó una asociación para el estudio y defensa de los intereses de la clase obrera, que no perdió nunca su carácter benéfico más que social. En su entorno nacieron también unos Círculos Católicos de Obreros, fórmula que, si habitualmente no pasaba de ser una vertiente más de la beneficencia, en algunos casos llegó a adoptar otro sentido. En realidad, los círculos habían nacido en la década de los setenta del XIX, pero sólo alcanzaron una difusión importante en la última del siglo. Era el momento en que el catolicismo, siguiendo las encíclicas pontificias, pasaba de una mentalidad benéfico-caritativa a otra propiamente social, coincidiendo de esta manera con la tendencia, también perceptible en los liberales, a propiciar un intervencionismo del Estado en estas materias. De hecho, durante la Monarquía de Alfonso XIII, en las instituciones estatales dedicadas a la cuestión social cooperaron muchas personas procedentes de los medios católicos junto con otras liberales o socialistas. La inicial organización de los círculos fue, sobre todo, obra del jesuita padre Vicent, cuya acción se concentró en las diócesis de Valencia, Segorbe y Tortosa. Vicent partía de una mentalidad tradicional que veía en la revolución social el resultado de una degeneración de las costumbres y de la fe religiosa desde la época de Lutero, añoraba los gremios, condenaba a los liberales y no aceptaba en absoluto la huelga. A pesar de ello, la actuación de Vicent no estuvo exenta de dificultades, surgidas en algún caso de quienes le reprocharon sobrepasar el campo de lo estrictamente religioso. Los círculos originariamente eran instituciones con finalidad religiosa o instructiva bajo el patrocinio de «protectores», que, de hecho, ejercían la función directora pero, con el paso del tiempo, Vicent llegó a darse cuenta de que era necesario «hacer obras regidas por obreros y sólo para obreros».

Antes, no obstante, de que aparecieran los sindicatos profesionales, su acción tuvo una amplia repercusión en el medio rural. Al comienzo de la segunda década del siglo había casi tres centenares de círculos, sobre todo en la mitad norte de la Península, y muchos de ellos tenían una función que no sólo era instructiva. El de Burgos, por ejemplo, contaba con una mutualidad, un monte de piedad (las cajas de ahorro habían sido casi exclusivamente la obra de la beneficencia católica), una cooperativa y una constructora. En el campo, la Ley de Sindicatos agrícolas, auspiciada originariamente por Maura pero definitivamente aprobada en 1906, tuvo unos resultados muy favorables para el mundo católico-social, hasta el punto de que Vicent llegó a decir que no parecía obra de un liberal como Gasset, sino que «Carlos V —que debía ser, para él, el mejor de los reyes católicos— no lo hubiese hecho mejor». Apoyados en cooperativas y cajas rurales, sin voluntad reivindicativa sino interclasista, los sindicatos católicos, sólidamente implantados en Navarra y Castilla la Vieja, tenían casi 200 000 beneficiarios al estallar la Primera Guerra Mundial.

En otros terrenos el resultado de la acción social católica fue mucho menos visible. En 1906 se fundaron las Semanas Sociales y existió una amplia difusión de la doctrina social católica, pero da la sensación de que no traspasó algunos modestos cenáculos intelectuales. Los sindicatos profesionales, con la pretensión de evitar el calificativo católico y de llevar a cabo una acción propiamente reivindicativa, sólo hicieron su aparición en torno al comienzo de la segunda década del siglo. El canónigo Arboleya fundó en 1903 algunos sindicatos en Asturias, pero parece haber sido más importante la Acción Social Popular del jesuita padre Palau en Barcelona, inspirada, a partir de 1907, en modelos de más allá de nuestras fronteras. En 1910 el dominico padre Gerard también creó en Jerez sindicatos profesionales con pretensión de aconfesionalidad, apoyado por un patrono católico de la familia de los Garvey y en el clima de las luchas contra el anticlericalismo de la época. Gerard se inspiró en los sindicatos belgas propuestos por el también dominico padre Rutten y, aunque originariamente tenía una mentalidad muy tradicionalista, empleó a menudo un lenguaje duro con respecto a las injusticias sociales que percibía y tuvo una voluntad decidida de que aquellas entidades fueran verdaderas sociedades de resistencia. Por el momento, los sindicatos católicos no habían perdido por completo la batalla frente a los socialistas, teniendo la mitad de afiliados que éstos. No obstante, la última fase del pontificado de Pío X tuvo un efecto muy negativo sobre estos gérmenes de acción sindical católica: tanto Palau como Gerard fueron separados de sus responsabilidades de dirección en la acción social por temor a un exceso de independencia o por escasa consideración de la relevancia de la cuestión social para el destino del catolicismo español.

El pontificado de Pío X marcó con un sello indeleble al catolicismo español de la época porque, en un momento en que parecían ya superadas las tensiones creadas por el integrismo, tuvo un carácter temeroso respecto de supuestas heterodoxias, lo que trajo consigo inmediatos efectos inhibitorios. En España no hubo, en realidad, ningún ejemplo, ni tan siquiera mínimo, de modernismo religioso. Es cierto que el liberalismo de raíz krausista tenía una innegable sensibilidad religiosa y que ésta pudo hacer que algunos de los intelectuales de la nueva generación, como Ortega, sintieran renacer la emoción católica en el momento de leer alguno de los autores modernistas como, por ejemplo, Fogazzaro, pero la realidad es que el propio Unamuno, interesado en estas cuestiones, reconocía que el modernismo no despertó ningún interés en España e incluso él mismo se encontraba en mayor proximidad del protestantismo liberal que del modernismo católico. Algunos teólogos o filósofos, principalmente agustinos, dominicos o capuchinos, como González Arintero o Miquel d’Esplugues, parecen haber tenido dificultades con la jerarquía o verse obligados a ocultar sus posturas respecto de cuestiones como el evolucionismo debido al temor de ser acusados de modernistas, pero este movimiento no tuvo verdadera repercusión, a no ser que se tome por tal la utilización por algún antiguo sacerdote de argumentaciones nacidas en este medio. Todo ello era una muestra de ortodoxia pero también de aislamiento y de limitación de la cultura religiosa. Precisamente, ése era, según Canalejas, el inconveniente del clero español, el «escaso nivel cultural», porque en los seminarios se enseñaba «poco y mal». Tal juicio, que se ajusta a la realidad, chocaba con el hecho de que la Iglesia dominaba en la segunda enseñanza y luchaba celosamente por evitar que desapareciera la enseñanza del catecismo. Incluso los innovadores en la pedagogía católica, como Andrés Manjón, abominaban de la enseñanza neutral o laica. En los medios intelectuales españoles existió, desde comienzos de siglo, un profundo abismo respecto del nivel cultural del catolicismo español de la época. Valle-Inclán, a través del Max Estrella de «Luces de bohemia», se quejaba de su «chabacana sensibilidad para los enigmas de la vida y de la muerte» y llegaba a la conclusión de que «España, en materia religiosa, es una tribu de África» porque «este pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas costureras». Estas limitaciones del mundo cultural católico aparecen incluso en las iniciativas objetivamente más brillantes de la época. La que estaba destinada a tener más aliento fue la Asociación Católica de Jóvenes Propagandistas, fundada en 1908 por el jesuita padre Ayala, pero en la que el papel de animador fundamental recayó en Ángel Herrera, su primer presidente. Bautizada luego como Asociación Católica Nacional de Propagandistas, se trataba de un grupo reducido de personas caracterizadas por un nivel profesional elevado, que se dedicaron a popularizar los principios sociales y políticos del catolicismo. No se trataba, sin embargo, de un grupo de reflexión doctrinal, sino que fundamentaba su activismo, su razón fundamental de ser, en las doctrinas católicas tradicionales. Más que estar formada por intelectuales lo estuvo por funcionarios y profesionales. Aunque dio un papel relevante a la Universidad, en la ACNP no tuvo un papel muy importante la preocupación estrictamente cultural. El sometimiento al poder establecido, la distinción entre el gobierno y la legislación concreta o la defensa de los intereses católicos en todos los terrenos fueron los principios esenciales de la actuación de la Asociación. Adusto y duro, pero también tolerante respecto del adversario y con gran capacidad organizativa, Ángel Herrera partía de un diagnóstico muy realista de lo que era el catolicismo español de la época, caracterizado por la falta de obediencia a los obispos, falta de unidad entre los católicos y la mezcla abigarrada entre lo religioso y lo político. El aspecto más moderno de Ángel Herrera y de su acción a través de la ACNP no residió en sus doctrinas, que siguieron teniendo un contenido tradicional, carente de audacia u originalidad, sino en el modo de actuar. Fue durante toda su vida «un fundador impenitente» con todo su «aire de seminarista europeo». Prácticamente no hubo iniciativa en el catolicismo español hasta el estallido de la guerra civil en que no participara la ACNP y muy a menudo fue el único germen de las más importantes.

Antes de la Primera Guerra Mundial Herrera y sus seguidores habían limitado su influencia a la prensa, pero en ella ya habían adquirido un papel de primera importancia, que todavía habría de ampliarse en el futuro. Su acción en este terreno se enmarca en un proceso cuyo comienzo se produjo en la última década del siglo XIX: hasta 1890 no había otra prensa católica, en la práctica, que los respectivos boletines de las diócesis. Pero ocho años después se creó una Asociación de la Buena Prensa que celebró periódicas asambleas nacionales de promoción de la prensa católica y en 1910 se fundó una agencia de noticias confesional. En años sucesivos la prensa católica fue alcanzando una notable difusión, teniendo prácticamente cada provincia un diario de esta significación, aunque los contenidos variaran desde el puro clericalismo hasta actitudes más modernas. Muy a menudo el diario católico estaba relacionado con otras actividades de idéntico signo confesional: la Liga Católica sevillana fue precedida, por ejemplo, por la aparición de un diario, El Correo de Andalucía. En 1911, con capital vasco, procedente de La Gaceta del Norte, pero con la labor de animación representada por los propagandistas católicos, Herrera creó El Debate, que mantuvo siempre una línea doctrinal muy precisa y constante, convirtiéndose en el inspirador decisivo de la presencia católica en la vida política y social. Muy de acuerdo con el diagnóstico de Herrera, se dejó a los obispos la posibilidad de intervenir en la marcha del diario aunque éste fuera redactado por los jóvenes propagandistas.

Crecimiento económico y movilidad de la población

En términos generales la década final del siglo XIX puede considerarse, desde el punto de vista económico, como de crisis generalizada, en especial en el terreno agrícola, al entrar en competencia los productores tradicionales con las nuevas potencias cuyos precios eran mucho más baratos. La crisis agrícola tuvo también inmediatas repercusiones en el mundo comercial e industrial. En España, concretamente, se produjo, a partir de 1892, una grave disminución de las exportaciones de vino, minerales (principalmente, hierro) y un descenso de las importaciones de algodón; al mismo tiempo tuvo lugar una depreciación de la moneda provocada por una Hacienda en continuo déficit. En general, ante esta situación, con la sola excepción de Gran Bretaña, las naciones europeas reaccionaron con el abandono de la política librecambista y el reforzamiento de los mecanismos de protección existentes. Los efectos de esta política variaron mucho de unas latitudes a otras pero, en el caso español, tuvieron unas repercusiones notables que se puede decir perduraron al menos hasta los años treinta y perfilaron un tipo de crecimiento económico muy peculiar.

El impacto de esta crisis económica finisecular fue, por tanto, mucho más decisivo para España que el llamado Desastre del 98. Las circunstancias de la guerra colonial indujeron a una política monetaria que, dadas las circunstancias, resultó positiva. En la década final del siglo la política de expansión del gasto público y de aumento de la circulación fiduciaria resultó oportuna en una coyuntura económica internacional en baja. Luego, en la primera década y media del siglo, la política gubernamental cambió considerablemente pero la política restrictiva, patrocinada por Villaverde, no produjo un estancamiento porque había tenido lugar un nuevo ciclo al alza de carácter internacional con directa repercusión en España. Por otro lado, como ya sabemos, las consecuencias económicas de la pérdida de las colonias fueron paradójicamente positivas, por la repatriación de capitales y porque supuso asimismo la incorporación a la economía española de unos empresarios innovadores que habían utilizado procedimientos de gestión modernos. Por si fuera poco, España no sólo no dejó de ser considerada como un lugar apropiado para las inversiones de otros países, sino que la afluencia de capital extranjero se duplicó en la primera década de siglo. El mantenimiento de la cotización de la peseta fue un importante factor coadyuvante. Ahora, en vez de dirigirse a la Deuda y los ferrocarriles, los capitales extranjeros optaron por inversiones de carácter más productivo: las empresas bancarias, químicas, eléctricas y de servicios. El resultado de esta situación fue que, en los tres primeros lustros del siglo, se establecieron las condiciones previas para que durante la Primera Guerra Mundial y en los años veinte se produjera el primer periodo de la industrialización española que elevó el porcentaje de la industria en el producto interior bruto desde el 20 al 31 por 100. Un siglo que acababa con la pérdida de las colonias tuvo desde el punto de vista interno un comienzo muy distinto.

Si no hubo un 98 en el terreno económico, en cambio la crisis finisecular tuvo repercusiones muy importantes por lo que se refiere a la configuración de una economía nacional fuertemente protegida. Cánovas del Castillo ya había formulado en los años noventa lo que podríamos denominar como la «metafísica de la autarquía», pero sus declaraciones coincidían con formulaciones doctrinales procedentes de áreas ideológicas muy distintas como, por ejemplo, el krausismo y, sobre todo, con intereses que prontamente se organizaron. De comienzos de siglo data, por ejemplo, la Liga Marítima Española (1900) o la Hullera Nacional (1906); sólo con la guerra mundial se llegaría a vertebrar este tipo de doctrinas económicas en una revista doctrinal y unos congresos periódicos, significativamente calificados de nacionales. En realidad, las tesis del nacionalismo económico acostumbraron a ser tan solemnes en la expresión como endebles en sus fundamentos lógicos. Se llegó a considerar que el ideal era la «protección integral», como si se pudiera proteger en la misma medida a todos los sectores o como si la protección de un sector no se hiciera en detrimento de otros. De ahí que Flores de Lemus, el más importante de los economistas del reinado de Alfonso XIII, repudiara ese «nombre bárbaro, que más parece anuncio de botica o tienda de ultramarinos». Pero si llevada al extremo la tesis nacionalista en economía era intelectualmente inconsistente, en cambio logró el apoyo sucesivo y acumulado de todos los sectores productivos. En parte se explica por las dificultades estructurales de la economía española pero, además, tuvo en general unas consecuencias positivas. Todas las naciones europeas hicieron lo mismo y la política seguida en nuestro país contribuyó a favorecer un indudable crecimiento económico, principalmente en el mundo industrial. Pero el techo de ese crecimiento a medio plazo resultó también evidente: la economía española quedó caracterizada, en adelante, por una agricultura mayoritariamente poco rentable (el trigo valía casi el 30 por 100 más que en Italia) y por una industria en gran medida dependiente de ella pero, además, localizada en zonas muy determinadas y dependiente de patentes y materias primas extranjeras, cuando no de la propia iniciativa foránea.

Lo característico de España no fue la existencia de protección, sino lo elevado de la misma y la «férrea concatenación» existente entre sus diferentes aspectos. El proteccionismo no tuvo una expresión puramente arancelaria, aunque no hay faceta más expresiva del mismo que ésta. Ya en 1891 y 1896 los aranceles españoles habían experimentado un alza significativa, pero la consagración de la tendencia se produjo con la reforma de 1906 que creó «las barreras aduaneras más elevadas de Europa». Se ha atribuido un papel decisivo en su redacción a Alzóla, representante de los intereses de la minería y siderurgia vascas, pero el nuevo arancel fue inmediatamente alabado por la industria textil catalana. Desde un punto de vista crítico se ha recordado que la protección arancelaria era habitualmente del 50 por 100 y los derechos debían ser pagados en oro. Pero no hay que olvidar tampoco los efectos positivos que el proteccionismo tuvo, sobre todo en el campo industrial y en la segunda remodelación de los aranceles. El arancel de Cánovas elevó la protección de la industria española frente a los productos franceses con la intención de rebajarla si se dejaba paso a la exportación española por excelencia, es decir, el vino. Las tarifas en aquella ocasión fueron, además, «de aluvión» mientras que en 1906 fueron plenamente conscientes de la protección de la industria, aun manteniendo la de los cereales. Los buenos resultados, perceptibles en el crecimiento industrial, parecieron dar la razón a quienes habían redactado el arancel. Por otra parte, ya desde esta etapa y fundamentalmente desde el momento en que llegó al poder Maura en 1907, se optó por una política económica de medidas de estímulo directo a la producción industrial: los ejemplos más significativos serían la ley de construcción de la escuadra (1907) y la de protección de las industrias y comunicaciones marítimas (1909). En la primera de las fechas citadas se aprobó, además, una disposición por la cual, en los contratos por cuenta del Estado no podrían ser utilizados más que productos de fabricación exclusivamente nacional. Es evidente el componente nacionalista de esta política. Todas estas medidas presagiaban lo que luego tuvo lugar durante la Dictadura de Primo de Rivera e incluso puede encontrarse un precedente de la tendencia de esa época en la organización de un número infinito de comités reguladores de la producción. En los primeros años del siglo, como consecuencia de esta evolución, se produjo un incremento del papel del Estado en la vida económica llegando el Ministerio de Fomento a alcanzar el 15 por 100 del presupuesto. Sólo a partir de 1914 se hizo patente que una Hacienda pobre tenía obvias limitaciones como estimulante de la producción nacional. Pero, de momento, el efecto había sido positivo: la industria de construcción naval fue creada gracias a los encargos del Estado y a la altura del estallido de la Primera Guerra Mundial tres cuartas partes del material ferroviario —carriles, por ejemplo— era construido en España. Señalados los rasgos fundamentales de la política económica seguida por los gobiernos de Alfonso XIII —entre los que no hubo diferencias verdaderamente sustanciales—, es preciso pasar a examinar de una manera más detallada los diversos sectores productivos. En agricultura, con el cambio de siglo, se produjo el comienzo de un conjunto de transformaciones que seguirían luego, pero que pueden ser tratadas aquí. En general, cabe atribuir al desarrollo agrícola de la época un ritmo considerablemente más elevado que el de la época inmediatamente anterior: así como en la etapa final del XIX el crecimiento de este sector puede situarse alrededor del 0,8 por 100 anual, en la primera década y media del XX la cifra fue ya del 1,5 por 100. La razón de este incremento radica en la introducción de una serie de técnicas y cultivos que supusieron, al menos, una novedad relativa respecto del pasado inmediato. En 1900-1914 la partida de las importaciones que más creció fue la de maquinaria y parte de ella era agrícola, aunque en no pocas ocasiones fuera tan simple como el arado de vertedera. También, no obstante, empezó a introducirse maquinaria más sofisticada, aunque sólo en zonas latifundistas que podían permitirse esas inversiones: en el periodo que ahora examinamos la importación se multiplicó por 10 en este apartado concreto. Al mismo tiempo se triplicó la importación de abonos, pero lo más importante, a este respecto, es que si a principios de siglo no existía una producción nacional de estos productos (e incluso a finales del precedente había quebrado alguna fábrica que quiso servir para elaborarlos), en 1914 la producción nacional fue ya superior a la importación. A finales del primer tercio de siglo la producción autóctona de abonos llegaba a 100 0000 de toneladas. Por otra parte, el regadío constituyó una faceta más del programa regeneracionista. Sin embargo, los sucesivos programas (desde el de Gasset en 1902 a los de 1916 y 1919) distaron mucho de cumplirse en un porcentaje suficiente. A la altura de la década de los veinte se puede calcular que había en España alrededor de 1 500 000 hectáreas de regadío, de las que menos de la mitad habían nacido de la iniciativa pública. En efecto, fue sobre todo la iniciativa individual en determinadas zonas, como Valencia, la que produjo la difusión del regadío, alimentada por la confianza en obtener unos rendimientos importantes en un plazo corto de tiempo. Los regadíos promovidos por el Estado tardaron, en cambio, en jugar un papel decisivo en la producción agrícola. Pero no debe desdeñarse el papel desempeñado por la Administración en este terreno. Entre 1904 y 1907 la crisis vitícola alcanzó fondo. La reconstrucción del viñedo, principalmente en Cataluña, pudo hacerse en gran medida gracias a las Diputaciones, el Servicio Agronómico y la creación de estaciones enológicas, aunque intervinieran también las cooperativas o los sindicatos agrícolas. De este modo, además, pudo mejorar la calidad del vino producido.

Todos estos factores de innovación introdujeron modificaciones de cierta importancia en la agricultura nacional. El trigo, cultivo que siguió siendo fundamental, se vio beneficiado a la vez por las nuevas técnicas y por el proteccionismo de la política oficial. Este último tuvo como consecuencia un incremento de las superficies cultivadas al ritmo de unas 37 000 hectáreas anuales: desde el principio del siglo hasta los años treinta se puede calcular que el incremento total fue de aproximadamente un tercio. La productividad también creció, aunque probablemente en menor grado. La consecuencia de este proceso fue que una España que, a comienzos de siglo, todavía importaba trigo, en los años treinta podía considerarse como auto abastecida. La vid, como sabemos, tardó en recuperarse de la crisis producida por la filoxera: sólo lo hizo a partir de 1914 y en algunas provincias, como Málaga, no llegó a hacerlo nunca. Como consecuencia, se redujo su área de cultivo pero el valor de su producción se triplicó durante las tres primeras décadas del siglo, gracias a la mejora de los caldos. En cuanto al olivo, en la misma etapa pasó de una extensión superficial de 1 200 000 hectáreas a 2 200 000, mientras que la producción pasó de 2 000 000 de quintales métricos a más de seis.

Sin embargo, el sector más dinámico de la agricultura española fue, ya desde finales del siglo, el de los nuevos cultivos, en gran parte destinados a la exportación: la naranja y la almendra, por ejemplo. La primera había producido una modificación fundamental en la agricultura de Valencia ya en el siglo XIX. A finales de siglo el incremento de la exportación desde este puerto fue del 20 por 100 anual. A lo largo del primer tercio del siglo XX duplicó su superficie de cultivo y triplicó su valor, creciendo la producción a un ritmo anual medio del 4,5 por 100; en 1900 no llegaba a 3 000 000 de toneladas y en los años veinte ya superaba con creces los 10 000 000. La naranja se había convertido en un producto de consumo de alta calidad: Alfonso XIII se las enviaba a su futura esposa durante la época de su noviazgo. La remolacha fue protegida por la política gubernamental al haberse perdido, con las colonias, la fuente habitual de aprovisionamiento de azúcar. En un plazo muy corto de tiempo la producción remolachera, que se estabilizó en torno a los 2 000 000 de toneladas en los años treinta, pasó de la nada a tener problemas de superproducción, resueltos en parte gracias a la constitución de una única sociedad destinada a la producción de azúcar. La almendra, como la naranja, favoreció la parcelación de la propiedad y la existencia de una clase media campesina alejada a la vez de la miseria del jornalero del área latifundista y de la pobreza del pequeño propietario castellano.

En términos generales puede decirse que tanto la apertura hacia el exterior como la creación de un mercado verdaderamente nacional tuvieron como consecuencia una, al menos, relativa especialización agrícola o ganadera, dependiente del grado de iniciativa de las élites locales. En Andalucía, donde los rendimientos de la agricultura eran altos (12-18 por 100 en el cereal y 20 por 100 en el olivo) y la mano de obra abundante y barata, apenas se introdujeron algunos cultivos tropicales en la costa. En cambio, en Asturias se inició una especialización ganadera: en 1910 se fundó la primera fábrica de mantequilla Arias. En Galicia, que había empezado a exportar ganado vacuno a Gran Bretaña en el siglo XIX, durante el primer tercio de siglo se transportaron hacia el resto de la Península casi 4 000 000 de cabezas de vacuno. Por su parte, la industria conservera, concentrada casi en un 50 por 100 en Vigo, fue impulsada por franceses y catalanes. Dada la importancia que el sistema bancario tuvo para la industria, es preciso aludir a él antes de tratar de ésta. Resulta de la mayor importancia advertir que fue precisamente en este momento cuando nació un sistema bancario que perdura en la actualidad en sus rasgos fundamentales. La Banca española había surgido a mediados del XIX, pero con unas características de fragilidad que le impidieron desarrollarse hasta medio siglo después. En el medio lustro final de ese siglo multiplicó por 9 sus depósitos y en los treinta siguientes lo hizo por 20. En los orígenes de la banca, en el fin de siglo, hubo dos factores que ya nos resultan conocidos. El primero fue la repatriación de capitales procedentes de las colonias, que tuvo como consecuencia, por ejemplo, la fundación, en 1901, del Banco Hispanoamericano y, en 1902, la conversión del Crédito Mobiliario en Banco Español de Crédito. El segundo fue la capitalización de la exportación de hierro desde el País Vasco, que produjo o potenció los bancos de Bilbao, Vizcaya o Urquijo e incluso el Central (surgido de la Banca Aldama en 1919). Otros bancos regionales fueron consecuencia de la capitalización resultado de la corriente migratoria (el Banco Pastor en Galicia). En todo caso, la banca española se caracterizó por su carácter mixto, como la japonesa o la alemana, cumpliendo un papel de verdadero holding empresarial, con elevada concentración y localización geográfica en Madrid, Bilbao y Barcelona.

Como veremos inmediatamente, la banca jugó un papel decisivo en determinados sectores industriales nuevos. Fueron ellos los más dinámicos en un momento, al comienzo de siglo, en que se pudo presagiar ya el auge de la Primera Guerra Mundial. En 1900-1914 el índice de la producción industrial pasó de 76 a 102 mientras que en los años veinte se había alcanzado ya 144. De todos modos lo importante es, en paralelo con lo sucedido en agricultura y como ya se ha señalado, que en este periodo se inició una senda que permitiría la expansión posterior.

El empuje en el crecimiento industrial en parte se debe poner en relación con el declive de la producción y exportación de minerales metálicos: el del cobre se produjo lentamente y el del hierro y plomo con mayor celeridad. Sólo en términos relativos se puede atribuir a la exportación de mineral la condición de industria verdaderamente ligada a la economía nacional, pues en 1913 la mitad de esta industria estaba en manos extranjeras. Otro hecho prueba el desarrollo industrial español: la extracción de carbón experimentó un crecimiento considerable en estos años. Desde principios de siglo hasta 1913 creció en más del 50 por 100 y, a la altura de la Primera Guerra Mundial, la cifra de producción llegaba a 2 500 000 toneladas, ocupando a 18 000 obreros en Asturias. Se importaba una cantidad semejante de hulla, lo que constituye un indicio importante del desarrollo de la siderurgia.

La combinación de estos dos datos nos proporciona la clave del desarrollo en uno de los polos industriales del país. En 1899 se llegó a la cota máxima de la exportación de mineral de hierro, que alcanzó las 5 500 000 toneladas. A partir de este momento una parte de ese hierro fue empleada para una siderurgia nacional: en 1900 se fundó Euskalduna y en 1902 Altos Hornos de Vizcaya. Por las mismas fechas nació Duro Felguera en Asturias. Aunque a comienzos de la Primera Guerra Mundial todavía se exportaba la mayor parte del mineral de hierro vasco, esta región ya había logrado una neta superioridad respecto del resto del país en lo que se refiere a siderurgia y construcción naval: la mitad del lingote de hierro, del acero y del tonelaje de buques se producía allí. El País Vasco se había beneficiado de la capitalización producida por la exportación minera pero también de la tecnología británica. En el entorno cronológico de la Primera Guerra Mundial la ría de Bilbao, merced a la siderurgia y la banca, era el ejemplo paradigmático de la riqueza de una civilización industrial que en España seguía siendo una parcela reducida frente al peso del mundo rural.

En la otra área industrial por excelencia, Cataluña, la industria textil sufrió el impacto de la pérdida de las colonias, lo que es lógico teniendo en cuenta el papel de este mercado y la limitación del peninsular. Mientras que en 1894 se habían importado 78 000 toneladas de algodón, en 1901 sólo se llegó a 68 000.

La recuperación se produjo, a continuación, gracias al arancel de 1906 que reservaba, de hecho, el mercado interior a los industriales catalanes del textil. En este caso, como en el de la siderurgia vasca, que exportaba menos del 10 por 100 de la producción, se forzó una situación de ausencia de competitividad en el exterior y, por tanto, proclive a la utilización de medios anticuados. A cambio, la industria textil catalana se impuso en el interior: en 1913, por ejemplo, entre Barcelona, Sabadell y Tarrasa tenían el 48 por 100 de los husos y el 75 por 100 de los telares de lana de toda España. Entre 1876 y 1913 la potencia energética utilizada por esta industria se había multiplicado por ocho. Convertida ya esta industria en esencialmente conservadora, Cataluña tuvo otras más dinámicas y agresivas, con las que pudo competir o incluso superar al País Vasco. Ya desde esta época el sector industrial puntero estuvo constituido por la electricidad, el cemento y la industria química, además de la industria ligera. De todas ellas la que resultó más importante fue la industria eléctrica porque provocó lo que se ha denominado la segunda transición energética, del vapor a la electricidad. Como en tantos otros casos, también el comienzo de siglo coincide con la aparición de las que, con el paso del tiempo, serían primeras firmas en el sector, procedentes de inversiones de la banca vasca o de capital extranjero. En 1901 se fundó Hidroeléctrica Ibérica, luego Iberduero, a partir de inversiones de los bancos Aldama, Urquijo y Vizcaya, y, en 1907, Hidroeléctrica Española. En 1911 las principales industrias eléctricas catalanas crean la Barcelona Traction (llamada «La Canadiense», por el origen de su capital) y Energía Eléctrica de Barcelona; otras firmas importantes eran Unión Eléctrica y la Catalana de Gas y Electricidad. Para darse cuenta del impacto que tuvieron todas ellas en la industria catalana baste con decir que en 1913 la industria textil había sustituido el vapor en más de la mitad de la maquinaria en Sabadell y Tarrasa, y en 1916 la sustitución era total. La primera fábrica de cemento se construyó en 1898 en Asturias, pero en ese mismo año dos fábricas catalanas, Asland y Fradera, cubrían la mitad de la producción nacional. Entre el final del siglo XIX y los primeros años del XX surgieron en España las primeras industrias químicas modernas que seguirían desempeñando el liderazgo de este sector con el paso del tiempo: Unión Española de Explosivos (1896), Electroquímica de Flix (1897) y la Cros (1904), que pronto se puso a la cabeza de la producción de ácido sulfúrico y superfosfatos.

Importa señalar que este proceso de industrialización en sectores líderes y regiones de vanguardia fue acompañado por la aparición de procedimientos nuevos en industrias más tradicionales y por la difusión geográfica de la industrialización en el conjunto de España. En Galicia, por ejemplo, la industria conservera, que durante el primer tercio del siglo supuso entre el 2 y el 4 por 100 de la exportación española, tuvo la oportunidad de desarrollarse gracias a la mayor accesibilidad de la hojalata y la mejora de la calidad del aceite. La capacidad de las fábricas dedicadas a la obtención de este producto mediterráneo se triplicó en la última década del XIX, luego creció un 50 por 100 hasta 1910 y en 1930 se había multiplicado por 10 respecto a 1890. La industria papelera se ubicó en Guipúzcoa tras la constitución de Papelera Española (1901), creada por la fusión de 11 compañías preexistentes. El desarrollo industrial de esta provincia fue muy peculiar: se basó en capitales modestos y en la existencia de una artesanía previa (cerrajería) reconvertida para productos nuevos (armas). El zapato de cuero de elaboración mecánica se concentró en Cataluña pero también en Baleares y Valencia. Esta última región se convirtió en la tercera en importancia industrial, concentrando su crecimiento en sectores —química, metalurgia ligera…— dirigidos hacia la próspera agricultura de exportación. Madrid, de la que en el fin de siglo había asegurado Pérez Galdós —Fortunata y Jacinta— que «era el futuro» lo demostró con sus industrias de construcción, eléctricas y de consumo, favorecida por la capitalidad. En Cataluña la industria se diversificó mucho con el paso del tiempo. Entre 1900-1930 la proporción de la población obrera dedicada al textil pasó del 53 al 26 por 100 mientras que se duplicaba la empleada en la construcción, cuadruplicaba la de los metalúrgicos y multiplicaba por sesenta la que trabajaba en la industria química. La industrialización, de esta manera, demostró ser un fenómeno plural y destinado a producir con el paso del tiempo un cambio sustancial en el conjunto del país.

Inevitablemente, el dinamismo de la economía española tuvo que influir de forma necesaria en la transformación de la sociedad. A reserva de hablar más adelante de estos cambios, que no pueden individualizarse para un periodo de tan sólo tres lustros, cabe indicar que en esta época se rompió claramente con uno de los rasgos del antiguo régimen demográfico, la estabilidad de la población en el lugar de nacimiento. En realidad, la ruptura con esta situación se había iniciado ya en las dos últimas décadas del XIX pero ahora se aceleró. Algo parecido sucedió en otros dos países latinos, Italia y Portugal, con la única diferencia de que, quizá por la política proteccionista española, se produjo una ralentización durante la década final del XIX. En total, aproximadamente un 10 por 100 de la población española se desplazó en este periodo, porcentaje del que, a su vez, un 80 por 100 procedía del agro. El desplazamiento se hizo, en primer lugar, hacia los grandes núcleos urbanos: Barcelona recibió 260 000 inmigrantes en las dos primeras décadas del siglo y Madrid 230 000. Pero todavía fue novedad mayor la emigración fuera de España. En 1914 todavía llegaron a Argelia 30 000 españoles, pero los emigrantes españoles se dirigieron, sobre todo, a Iberoamérica. El número de salidas anuales por mar en cada uno de los tres lustros hasta el estallido de la guerra mundial fue de 75 000, 144 000 y 120 000 personas, respectivamente. Lo hicieron principalmente hacia aquellos países que resultaban más atractivos por sus oportunidades de trabajo y prosperidad individual. En el momento de la conflagración había en Argentina una colonia de 500 000 españoles y otra de unos 100 000 en Francia. Las regiones de latifundio no proporcionaron el grueso del número de emigrantes sino que Andalucía, La Mancha y Extremadura permanecieron casi por completo al margen de este proceso mientras que ejercieron un indudable protagonismo en él las zonas atlánticas de la mitad norte de la península. En las últimas décadas del XIX y primeras del XX uno de cada dos gallegos emigró; también otras regiones, como Canarias, experimentaron una emigración semejante. Da la sensación, en definitiva, que la tasa de alfabetización, que permitía informarse, y la pequeña propiedad, que proporcionaba los fondos para pagar el viaje, fueron estímulos importantes para la emigración. Aunque todo lo parciales que se quiera, nos encontramos ante síntomas evidentes de modernización social.

Los conflictos sociales. Sindicalismo y Anarquismo

Probablemente en ningún campo de la Historia contemporánea se ha producido un cambio tan fundamental en los últimos veinte años como en lo que se refiere al llamado «movimiento obrero». En otro tiempo se le otorgaba un papel central en la evolución histórica española partiendo de la creencia en una inminente revolución. Se daba, además, una explicación, fundamentada en argumentaciones economicistas, acerca de la precisa significación ideológica de los sindicatos, no se tenía muy en cuenta a los patronos o a las autoridades gubernativas a la hora de describir los conflictos e incluso se partía de juicios de valor respecto de los distintos sindicalismos. Hoy el movimiento obrero ha perdido la pasada centralidad en la historiografía española mientras que el interés se ha trasladado a la condición obrera, a los patronos como antagonistas del sindicato o los aspectos culturales de la vida cotidiana del trabajador. El movimiento obrero se concibe ahora en continuidad y no en ruptura con un pasado inmediato, el de las sociedades de oficio clásicas, que cobijaban principalmente a trabajadores especializados. Fueron ellos, enfrentados a unos modos de producción nuevos y agobiados por la disminución de las posibilidades de movilidad social, quienes crearon una conciencia nueva y se convirtieron en una especie de vanguardia destinada a cambiar el mundo. El himno de la Casa del Pueblo de Madrid, inaugurada en 1908, revela esta mentalidad: «La fortaleza proletaria /altiva y firme se elevó/será del pueblo que trabaja/radiante foro salvador». Ha sido habitual en una parte de la historiografía considerar que la conflictividad social en la España de comienzos de siglo habría sido muy grande, como consecuencia del proceso de industrialización abierto en este periodo o acelerado en sectores significativos durante estos años. La verdad es, sin embargo, otra. A partir de este momento aparecieron formas de protesta nuevas, como, por ejemplo, la misma huelga, prácticamente inexistente antes de 1890, pero no se debe exagerar ni su importancia, ni sus efectos decisivos sobre la política de su tiempo, ni tampoco su ruptura con respecto al pasado. Todavía la consecuencia más inmediata de la pérdida de las colonias y de las medidas económicas que le siguieron pareció semejante a la del XIX. Un diario riojano pudo hablar, en 1901, del «temperamento de motín que domina a los españoles por largas enseñanzas y repetidos desengaños y que se manifiesta cualquier día con cualquier motivo». En realidad la sociedad española, muy desmovilizada, lo fue también en lo que respecta a la protesta obrera. Aunque la estadística oficial de huelgas no resulta muy fiable, sólo a comienzos de la segunda década del siglo se superó el número de 200 huelgas, que afectaron a más de treinta mil huelguistas y supusieron un millón de jornadas perdidas. Muy a menudo los conflictos se desarrollaban en un clima de violencia, no muy distinto del motín del XIX, aunque ahora se rebautizara como «huelga general revolucionaria», y solían venir acompañados de atentados (no sólo producto de la participación de los anarquistas), pero, por otro lado, acostumbraban a concluir con la intervención de una autoridad mediadora, a menudo militar, que no siempre se decantaba de forma automática a favor de los patronos. Éstos recibieron con dureza los intentos de organización sindical y practicaron a menudo el cierre como maniobra contra la presión de los asalariados, atribuyendo a agitadores venidos de fuera la ruptura de un orden patriarcal o, al menos, paternalista, que consideraban como natural. Sólo con el paso del tiempo acabaron por aceptar las fórmulas de transacción con los sindicatos y se organizaron ellos mismos en sociedades para protegerse y combatirlos. La intervención de las autoridades en los conflictos sociales se hacía por motivos de puro orden público, al margen de la legislación social. Sin embargo, como hemos visto ya al tratar de la evolución política, con el comienzo del siglo se inició ésta en España. De ella puede decirse que fue una obra colectiva cuyas disposiciones eran producto del acuerdo entre opciones divergentes o incluso enfrentadas. Así, por ejemplo, la legislación sobre tribunales industriales, destinados a mediar en los conflictos sociales, producto de una iniciativa de la Comisión de Reformas Sociales en 1891, se convirtió en ley gracias a una disposición conservadora de 1908, pero calcada de otra liberal de 1906, y dicha legislación fue modificada durante el Gobierno de Canalejas en 1912. Ese mismo carácter se aprecia en la labor de dicha Comisión, en la que tomaron parte personas procedentes del mundo católico, liberales, republicanos y dirigentes del socialismo. En un principio, la Comisión había tenido un carácter puramente informativo, pero en 1903 adquirió ya su perfil definitivo, contando con capacidad de actuación al asumir el carácter de instituto vinculado al Ministerio de Fomento (y no al de Gobernación, como hasta entonces). Su obra fue meritoria y, a lo que parece, autónoma e imparcial, aunque muchas veces estorbada por la falta de medios materiales. Contó, por otro lado, con capacidad inspectora y con una representación obrera que garantizaba la eficacia de su acción. También el Instituto Nacional de Previsión, que en 1917 contaba con 135 000 beneficiarios, tuvo la colaboración de personas procedentes de mundos distintos, principalmente del socialismo y del catolicismo.

Si la conflictividad social fue más reducida de lo que a veces suele dar la impresión, como si al pasar las páginas de cada libro de Historia española de la época fuera inminente la aparición de la revolución, la razón principal no fue la legislación social ni tampoco el hecho de que los salarios crecieran más que los precios, sino la debilidad del movimiento sindical y obrero. Cuantos datos disponemos de toda España abonan la impresión de que la protesta no era la consecuencia de la pauperización sino el resultado de la organización. Sólo en 1910 hubo un diputado socialista en el Parlamento español mientras que por las mismas fechas había cuarenta en Italia, más de un centenar en Alemania y setenta y cinco en Francia. Se debe tener en cuenta, además, que el primero y el tercero de esos países tenían, como España, un movimiento sindical anarquista muy potente. Es obvio, por tanto, que no cabe atribuir exclusivamente a este último la ausencia de representación de la izquierda obrera en el Parlamento. Hay que tener en cuenta, además, que hasta el estallido de la guerra mundial el republicanismo anticlerical y popular permaneció fuertemente arraigado en los medios urbanos. La mayor parte del sindicalismo no estaba relacionado, antes de 1914, con las dos grandes centrales nacionales, ni exclusiva ni aun mayoritariamente. Además, tenía un papel reducido en la vida pública del país: sólo en Madrid y Barcelona la afiliación sindical se aproximó al 30 por 100 de la población obrera durante el reinado de Alfonso XIII, pero las cifras eran mucho más reducidas al comienzo de dicho reinado, no se traducían en votos a la hora de las elecciones y la media nacional de afiliación, en todo caso, no llegó al 5 por 100. Las huelgas estuvieron concentradas en unos cuantos puntos y, en realidad, no había sindicatos organizados con implantación nacional, ni tampoco federaciones de industria. Por eso, cualquier tipo de solidaridad global efectiva, mediante la huelga, resultó sencillamente impensable. Una parte (pero tan sólo eso) de la debilidad del movimiento obrero en España derivó de su división, que precisamente se hizo patente cuando, con el comienzo de siglo, aumentó la influencia del socialismo, pues hasta entonces la del anarquismo había sido abrumadora. Aun así, un rasgo del movimiento obrero en España fue, hasta la II República, el peso predominante del primero, respecto del cual los historiadores no se han puesto todavía de acuerdo en las causas. Si ha de descartarse que un supuesto carácter nacional justifique ese predominio ácrata, tampoco parece que la razón pueda atribuirse a la existencia de un campesinado sin tierra, milenarista y proclive a rebeliones espontáneas necesariamente concluidas en fracaso: el predominio del anarquismo en Cataluña resulta la demostración más obvia de la falsedad de este enfoque. Para compensarla y hacerla viable se ha aludido a la inmigración obrera en Cataluña (sin tener en cuenta que muchos de los principales dirigentes ácratas tenían apellidos inequívocamente catalanes), a la dureza de la lucha obrera en la región, la escasa concentración de la producción industrial, etc. En realidad, todas estas razones parecen insuficientes o parciales, cuando no nacidas de un «a priori», sin negar por completo que pueden ser una parte de la verdad. Quizá la razón primordial que explica el predominio de un sindicalismo u otro deriva de la primera implantación en una ciudad o región del mismo y de la eficacia de su acción reivindicativa o huelguística. Puede haber también factores culturales que expliquen ese predominio ácrata, como la ausencia de veracidad del sistema liberal español, que justificaba plenamente el desprecio por la política. En fin, en España existía una tradición democráticofederal sobre la que pudo insertarse mucho mejor el anarcosindicalismo que el socialismo. La implantación del primero en Jerez o, en general, en el campo andaluz, no está relacionada, por ejemplo, con el milenarismo o la espontaneidad como con esta razón. La mejor prueba de ello es la biografía del apóstol del anarquismo en la Baja Andalucía, Fermín Salvoechea, muerto en 1907, hijo de un comerciante rico, de ideas federales y educado en Gran Bretaña. En muchos aspectos es posible encontrar un enlace entre la tradición carbonaria, anticlerical e igualitaria del republicanismo y el anarquismo. Por último, la flexibilidad organizativa y la apertura estratégica del anarquismo le permitieron ejercer una mayor o más temprana influencia sobre los medios societarios independientes o republicanos o, simplemente, los obreros no afiliados. En Sevilla se ha podido constatar, por ejemplo, que el espontaneísmo, la solidaridad y las tácticas de lucha inmediatistas atraían mucho más a los obreros que las propuestas de moderación, disciplina, énfasis en la consolidación de las sociedades o reglamentación de los procedimientos a seguir en las huelgas que propugnaban los socialistas. La paradoja es que los obreros eran mucho menos maximalistas que lo que parece deducirse de sus preferencias anarquistas. Así se explica que a periodos cortos de gran exaltación protestataria les siguieran otros de desmovilización. En ocasiones las tácticas anarquistas suponían grandes triunfos en la mejora de las condiciones de vida pero a menudo concluían en la autodestrucción del sindicalismo. En la capital andaluza, por ejemplo, hubo nada menos que cinco huelgas generales desde comienzos de siglo hasta la guerra mundial.

Del anarquismo español de esta época y de las inmediatamente posteriores llama la atención, al mismo tiempo, su enorme influencia, que dio la sensación de convertir a España en el país de Europa en que iba a ser posible el estallido de una revolución ácrata, y, a la vez, una escasa originalidad doctrinal que lo sometió a sucesivas influencias foráneas que se acumularon sobre él sin predominar definitivamente una sobre otra. De ahí la condición plural que siempre tuvo el anarquismo durante el primer tercio de siglo. Hay que tener en cuenta que, no sólo en España, sino también en buena parte del continente, el anarquismo era más influyente que el socialismo en estos años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Su mito principal era la huelga general revolucionaria como mecanismo para colapsar el Estado burgués: tal procedimiento, unido a la acción directa (el contacto sin intermediarios entre patronos y obreros), acabó derivando en otros países hacia el anarcosindicalismo y de ahí al sindicalismo estricto. En España, sin embargo, esas estrategias se insertaron sobre una tradición de anarcocomunismo insurreccionalista y el resultado fue que en nuestro país, de hecho, esos medios obreros siguieron pensando mayoritariamente que el esfuerzo final contra el Estado burgués habría de ser siempre violento. Hubo partidarios del atentado personal y detractores del mismo, pero la tendencia espontánea de los anarquistas españoles fue siempre a justificar la violencia y, por tanto, considerar en el mismo plano a los terroristas y a los represaliados por la protesta puramente sindical u obrera.

A esto hay que sumar, para tener una visión completa, el carácter contradictoriamente plural, casi abigarrado, del anarquismo español de comienzos de siglo. Había en él sindicalistas reformistas e intelectuales subempleados que despreciaban a los obreros, «que van y vienen de la fábrica a la pocilga», como decía uno de aquéllos. Un ejemplo de esta segunda categoría lo podemos encontrar en los Montseny, dedicados por igual a la cría de pollos y a la difusión de literatura popular y anticlerical, o en los propagandistas, más allá de nuestras fronteras, de la imagen de una España inquisitorialmente represiva, como Tárrida del Mármol. El propio Francisco Ferrer, el único anarquista con dinero, puede considerarse dentro de esta categoría. En estos medios, que indudablemente protegieron y ocultaron a los perseguidos por la policía, surgieron los autores de los atentados del periodo 1904-1909. Después de una etapa inicial de empleo del terrorismo durante la década final del siglo, desde 1898 a 1903, hubo una época de paz, más que por la eficacia policial por el cansancio de los propios anarquistas. Sin embargo, la tradición del atentado personal renació en 1904 con motivo de la visita de Maura a Barcelona. Quienes la volvieron a poner en práctica fueron, quizá, antiguos anarquistas decepcionados por el incremento de la influencia sindicalista pero, sobre todo, jóvenes inestables, neuróticos y bohemios para los que el atentado era un medio de liberarles de un mundo aparentemente hostil; el ambiente «nietzscheano» del fin de siglo parecía, además, convertirlos en héroes de una nueva civilización. Mateo Morral puede constituir un buen ejemplo, con su mezcla de puritanismo y bohemia (obligaba a su hermana a cortarse el pelo, pero él padecía sífilis). Morral fue, probablemente, el autor del atentado contra el Rey en 1905, que debió contar con el apoyo de Lerroux, nueva prueba de que los límites entre el republicanismo y el anarquismo eran, en este momento, imprecisos. En mayo de 1906, después de haber intentado de nuevo atentar contra el Monarca, Morral se suicidó y Ferrer fue encarcelado pero salió absuelto por falta de pruebas. A partir de este momento el terrorismo cambió su forma de actuación. No practicó ya el atentado personal, sino que se dedicó a colocar bombas en lugares de frecuente concurrencia para crear un clima de tensión en Barcelona. Como cabía esperar (y, de hecho, ha sucedido en otras ocasiones en la Historia española), el terrorismo se convirtió en una profesión, forma de vida de algún antiguo anarquista, como Rull, luego convertido en confidente de la policía y finalmente ejecutado en 1908. La verdad es que, aunque multiplicó por cuatro el número de agentes del orden, la desaparición del terrorismo fue producto más del cansancio de los anarquistas que de la eficacia de las fuerzas policiales o de los servicios paralelos de carácter privado que entonces proliferaron. Otro factor importante fue la crecida del movimiento sindical. A partir de 1909 hubo ya tan sólo dos atentados, uno de los cuales acabó con la vida de Canalejas.

Aunque no se trata de un fenómeno idéntico tiene cierto paralelismo con el terrorismo, en su común anarcocomunismo, la agitación social que entre 1903 y 1905 recorrió el campo andaluz y que un testigo presencial, el notario cordobés Díaz del Moral, describió como una «formidable explosión». Como sucedería más adelante en otras ocasiones —en especial después de la Primera Guerra Mundial— la protesta pareció que iba a conmocionar la sociedad andaluza, produjo el brusco crecimiento de las sociedades de resistencia, una esperanza casi religiosa en el advenimiento del comunismo y la lectura enfervorizada de la prensa obrera. Habitualmente, en cambio, la sindicación se concentraba en el medio urbano y en el rural lo característico era la desmovilización. Aunque la conmoción puede ser interpretada como producto de un impulso milenarista de unos campesinos hambrientos de tierra, esta tesis tan sólo es parcialmente cierta si tenemos en cuenta otros dos factores importantes. En primer lugar, como también en muchas otras ocasiones, la protesta coincidió con una excelente cosecha en 1903, lo que demuestra que no se puede identificar con la rebelión espontánea de una masa proletaria especialmente sufriente, sino con una estrategia reivindicativa que implicaba también la utilización del incendio, por ejemplo, pese a lo bárbaro del procedimiento, como expresión de descontento y forma de lograr la mejora de los salarios, al margen de que se esperara la total y definitiva transformación de la sociedad. Por otro lado, lo que se denominaba como el «obrero consciente», propagandista del ideal ácrata, no era un líder cuasi religioso y analfabeto sino un propagador de las tesis de una cultura anticlerical, derivada del federalismo y de la prensa popular libertaria. Con todo, el componente de rebeldía primitiva tiene también que ser tomado en consideración porque a la afiliación masiva de estos momentos le siguió una perduración modesta del sindicalismo agrario y el entusiasmo acabó por transformarse en pasividad. Sólo en 1913 nació una Federación Nacional de Obreros Agricultores pero apenas había llegado a sobrepasar los 2500 afiliados al año siguiente. A pesar de lo formidable de esta conmoción agraria, mucha mayor trascendencia histórica y mayor capacidad de difusión del ideal anarquista tuvo la difusión del anarcosindicalismo a partir de comienzos de siglo. Los últimos años del XIX presenciaron en los medios anarquistas el triunfo abrumador de una auténtica fobia anti-organizativa, que debe ponerse en relación con la difusión del terrorismo. Desde comienzos de siglo hubo, en cambio, repetidos intentos de organización de un sindicato nacional, que resultaron frustrados, al menos en lo que respecta a la cantidad de afiliados. Los Congresos de la Federación de Trabajadores de la Región Española, celebrados en Madrid en 1900-1903, no tuvieron una representación de más allá de 50 000 afiliados y no establecieron verdaderamente ninguna organización nacional. Sirvieron, sin embargo, para difundir el mito de la huelga general y la escuela laica en medios que no eran estrictamente obreros sino también pertenecientes al republicanismo exaltado que protagonizaba Lerroux. Fracasados estos intentos, el sindicato de ámbito propiamente nacional no llegaría a tener vigencia hasta que se trasladó su localización del centro a la periferia. En ella (es decir, en Barcelona), donde se publicaba desde 1901 un periódico titulado La huelga general, tuvo al año siguiente la primera manifestación en España de este modo de protesta que, si implicaba la práctica de la violencia, al mismo tiempo suponía una participación de las masas en el proceso revolucionario que repugnaba a los anarquistas más estrictos, intérpretes de la acción directa como atentado personal e individual. La huelga de 1902, inmortalizada en los pinceles de Casas, produjo enfrentamientos y algunos muertos, pero estuvo muy lejos de ser una revolución. Precisamente, los años siguientes fueron, en la capital catalana, de depresión del movimiento societario, ocasión que permitió el desarrollo del republicanismo «lerrouxista», pero que, en cambio, no produjo la crecida del socialismo, incapaz de implantarse en la primera ciudad fabril de España.

Conscientes los medios anarquistas de que era preciso buscar a los proletarios en las fábricas y no mediante gestos heroicos, en 1904 crearon una Federación Obrera que en 1907 daría lugar, utilizando una denominación similar al nacionalismo que tenía el protagonismo del escenario político, a Solidaridad Obrera. Ésta tenía la pretensión de estar por encima de las afiliaciones concretas y partidistas de sus miembros y, de hecho, inicialmente figuraron en sus filas republicanos y socialistas. Sus declaraciones programáticas eran tan imprecisas como para considerar que el capitalismo debía ser sustituido por «la organización obrera transformada en régimen social de trabajo». Pronto contó con un periódico de la misma denominación y hacia 1908 empezó a crecer, logrando tener, a fines de 1909, unos 44 000 afiliados. A esa altura un conflicto laboral en el diario republicano había marginado de los puestos directivos a los dirigentes obreros de esta significación, mientras los socialistas seguían siendo muy escasos y los anarquistas individualistas estaban desplazados de la posibilidad de ejercer un papel influyente en el sindicato. Los medios ácratas jugaron un papel importante en la Semana Trágica aunque, como ya se ha señalado, estos acontecimientos no tuvieron ninguna dirección precisa.

En el verano de 1910, el sector anarquista se hizo definitivamente con la dirección del sindicalismo barcelonés, agrupado en Solidaridad Obrera, y en otoño fue fundada la Confederación Nacional de Trabajo que, en realidad, era mayoritariamente barcelonesa o catalana (79 de las 114 sociedades que la formaban tenían esta procedencia regional). Aunque no se cerró la posibilidad de un acuerdo con la UGT socialista, el nuevo sindicato nació con una clara voluntad hegemónica. Hasta en la denominación paralela a la CGT francesa se apreciaba el triunfo del anarcosindicalismo, todavía más patente si tenemos en cuenta las declaraciones programáticas de la nueva entidad. El sindicalismo era un medio y su fórmula de actuación predilecta debía ser la huelga general revolucionaria de la que se decía, sin embargo, que, «por ser arma peligrosa», debía ser «utilizada con tino». De cualquier modo, la actuación sindical no era un fin, sino que la CNT tenía un propósito «esencialmente revolucionario». A pesar de que la organización prevista por los fundadores del sindicato tuviera semejanza con las Bolsas de Trabajo reformistas de más allá de los Pirineos, la CNT no abandonó la creencia anarquista de que el golpe final revolucionario que derribaría la sociedad burguesa sería violento. Quizá esto explica que su organización inicial no previera la creación de federaciones de industria. Con ser elemental esa fórmula organizativa, no pareció necesaria para cumplir el propósito revolucionario pero, al menos, consiguió entre las sociedades obreras preexistentes y no afiliadas un mayor éxito que las tácticas reglamentistas y sectarias de los socialistas. La vertiente revolucionaria de la CNT, más allá del estricto sindicalismo, se pudo apreciar en las resoluciones del nuevo sindicato con ocasión de su primer congreso celebrado en Barcelona en otoño de 1911. Entonces fue repudiada la eficacia del cambio político para dar satisfacción a las demandas de los trabajadores, pero, sobre todo, tuvo lugar una reunión secreta, posterior al congreso, en la que se preparó una huelga general revolucionaria con la que hubo de enfrentarse el Gobierno de Canalejas. Fue precisamente esta decisión la que tuvo como consecuencia convertir a la CNT en una organización clandestina desde 1911 hasta la guerra mundial. Sólo a mediados de 1913 se reorganizó la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña y, un año después, el sindicato nacional. De todas maneras, la ocasión definitiva para su relanzamiento fue la primavera de 1915. A estas alturas la CNT no era un movimiento de masas, pero había hecho irreversible la división del movimiento obrero español, y que Barcelona, la «rosa de fuego», como la denominaban los anarquistas, fuera una capital de esta tendencia y no socialista.

El socialismo: difusión y limitaciones

Como ya ha quedado indicado, fueron la permanencia de un republicanismo, muy popular entre el proletariado urbano, así como la flexibilidad con que se presentó un anarquismo, que por otro lado en estos momentos alcanzaba en toda Europa un papel dirigente sobre buena parte del sindicalismo, aparte del retraso de la movilización social en España, los factores que explican la debilidad de la implantación del socialismo. Sin embargo, las mismas características del socialismo no sólo explican esta realidad sino que testimonian hasta qué punto fue posible superarla a partir de comienzos de siglo.

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hablar del PSOE en el momento de iniciarse el nuevo siglo es que se trataba de un grupo extremadamente reducido, carente de influencia y de la posibilidad inmediata de tenerla. Fundado en 1879 por un grupo de tipógrafos, la aristocracia de la clase obrera, y de médicos (que resultaron, en su mayoría, «aves de paso»), sólo siete años después pudo hacer aparecer su diario, El Socialista, y su sindicato apenas rondaba los 4000 afiliados al iniciarse la década final de siglo. Su fundador y animador principal, hasta la fecha de su muerte, con un liderazgo que nunca se dio en una persona en el anarquismo, fue Pablo Iglesias. Hombre de extracción social humilde, puntual y exacto en el cumplimiento de sus deberes de organizador del partido y cuidadoso guardián de su propia moralidad como dirigente obrero, Iglesias se convirtió en símbolo de su partido, al que evitó la demagogia colorista de muchos de los dirigentes republicanos y de los anarquistas, pero también las posibilidades de éxito de estos movimientos por su falta de imaginación y de habilidad estratégica. En efecto, si fue un símbolo, como tal tenía también sus obvias limitaciones: ni tuvo preocupaciones ideológicas ni formación para aportar mucho en este terreno y, además, demostró una inteligencia política limitada que le hizo ser poco flexible y claro en sus planteamientos de futuro. Ello derivaba en parte de su carácter seco y adusto, capaz del sacrificio, pero reglamentista y carente de otro motivo de atracción que la derivada de su condición de ejemplo moral. Al lado suyo el resto de los dirigentes nacionales del partido resultaban tan sólo una sombra y apenas se puede decir que tuvieran influencia. Tanto Mesa como García Quejido eran tipógrafos y parecen haber tenido una mayor capacidad para los problemas teóricos, como también el médico Jaime Vera. De todas maneras, en modo alguno cabe encontrar en ellos aportaciones originales a la evolución del socialismo europeo. El fundamento ideológico para la actuación socialista nacía a finales del XIX de la importación del marxismo a través de escritores (Lafargue, por ejemplo) o sindicalistas (Guesde) siempre franceses, que dominaron abrumadoramente en su prensa por lo menos hasta los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial. El esquematismo de las interpretaciones de esa procedencia todavía se vio acentuado por la peculiaridad del carácter de Iglesias y por el carácter marginal del socialismo en el seno de la sociedad española. Para el PSOE de fines de siglo sólo dos clases, burguesía y proletariado, se enfrentaban en el mundo actual sin que hubiera forma de llegar a un acuerdo entre ambas. La revolución era inmediata y sólo cabía, en esas condiciones, esperar, con fuerte disciplina y una actuación básicamente política y no sindical, a que se produjera el colapso de la sociedad burguesa. Los anarquistas seguían «una política demoledora» y la huelga general era contraproducente mientras que no se atribuía a los republicanos otra cosa que «ceguera burguesa». Por eso resultaba imposible cualquier tipo de acuerdo con ellos. En la década final del siglo algo cambiaron las cosas pero, en general, puede decirse que el PSOE perdió la mayor parte de sus oportunidades con un bagaje intelectual tan modesto como el que queda descrito. El fin de siglo intelectual atrajo más allá de nuestras fronteras a muchos intelectuales hacia las filas del socialismo pero, en España, la rigidez del partido y su disciplina evitaron la militancia de pensadores y escritores. Unamuno, por ejemplo, no pagaba sus cuotas durante su militancia y sus preocupaciones religiosas poco o nada tenían que ver con las del partido. Interesado en el socialismo italiano, sus lecturas no podían influir en un mundo tan ajeno a estas preocupaciones como el del PSOE de la época y, además, su colaboración con revistas ácratas del estilo de La Revista Blanca parecía poco menos que una herejía. Por todo eso no tiene nada de extraño que su pertenencia al partido durara muy poco. Aunque algunos intelectuales escribieron artículos en El Socialista con ocasión de la fiesta del 1 de mayo esto no pasaba de indicar una genérica simpatía por el partido. Tampoco fue capaz el PSOE de aprovechar lo bastante el sentimiento de protesta ante la guerra colonial cuando ésta estalló: su reacción respecto a ella fue tardía y sus juicios acerca de los movimientos políticos que surgieron inmediatamente resultaron profundamente errados. Iglesias y sus seguidores malinterpretaron a Polavieja, al movimiento de las Cámaras de Comercio y a los nacionalismos periféricos, a los que no dudaron en calificar de «aberración». Por lo menos esa última década produjo cierto crecimiento de la UGT, que rondó ya los 30 000 afiliados, y el comienzo de una flexibilización ideológica y estratégica. A principios del siglo XX ya la revolución no se presentaba como tan inmediata, sino como la culminación de un proceso que era previamente reformista. Durante el resto de su trayectoria histórica hasta los años treinta el socialismo español mantuvo esta ambigüedad, en la práctica producto también principalmente de la debilidad y de las insuficiencias teóricas. El «pablismo» (es decir, las teorías de Iglesias) fue una especie de revolucionarismo reformista o reformismo revolucionario en el sentido de que nunca se consideraron incompatibles estas dos fórmulas. Por otro lado, el fin de siglo supuso igualmente un mayor acercamiento al republicanismo y una participación en los organismos destinados a la reforma social. Otro factor, a veces no valorado suficientemente, vino a facilitar la implantación del socialismo en nuestro país: el regeneracionismo. Los planteamientos que se dieron en los dirigentes del partido y también en quienes, desde fuera, lo apoyaban o admiraban, se basaron en la consideración del PSOE como instrumento de toma de conciencia de la clase obrera y en la moralización e independencia del comportamiento electoral del proletariado (por eso Ortega diría que los votos que llevaron a Iglesias al Parlamento eran otros tantos «actos de virtud»). El regeneracionismo, más que el marxismo, explica, por ejemplo, la postura inicial de Araquistain, uno de los intelectuales más vinculados con el PSOE. En la primera década del siglo XX el socialismo prosiguió su crecimiento, pero no sin dificultades y problemas. Eran los años en que la tesis ele la huelga general, de procedencia anarquista, había alcanzado una difusión y popularidad considerables y poco éxito podía tener un sindicalismo que pretendía una cuidadosa determinación de los medios ele protesta y no recurrir a la huelga sino después de tener organizada una caja de resistencia capaz de durar dos semanas y organizar previamente un referéndum entre los trabajadores. Los centros obreros locales, en los que se reunían las sociedades de resistencia de carácter independiente con las de UGT, eran también instrumentos destinados a la difusión de una cultura obrera, como si el propósito socialista fuera difundir ésta más que reivindicar ante el patrono. En Madrid, en 1908 —momento en que la mayor parte de la afiliación a la UGT estaba en la capital— se fundó una Casa del Pueblo creando un modelo que luego se extendió por toda España, hasta alcanzar unas cuatrocientas al estallido de la guerra civil.

En estas condiciones, la UGT, que llegó a tener más de 5 500 000 afiliados en 1905, experimentó un decrecimiento rápido hasta situarse en tan sólo 30 000 dos años después, para remontar sólo muy lentamente, ante la decepción de Iglesias, hasta 1909, fecha en que se produjo el cambio de postura respecto al republicanismo. Ésta, en realidad, fue la cuestión estratégica de mayor importancia durante todo el periodo, lo cual se entiende por la influencia de los republicanos entre las clases populares urbanas. En los congresos nacionales del partido en 1903 y 1907 el PSOE ratificó su postura tradicional de repudio a la colaboración con los republicanos, a pesar de que, en la primera fecha, los socialistas madrileños, influidos por García Quejido, votaron a favor y de que, en la segunda, los bilbaínos también expresaron la misma posición. También las Juventudes Socialistas, creadas en 1905, estaban mucho más cercanas a esta postura pero, a pesar de todo, Iglesias mantuvo su inflexible actitud hasta 1908, momento en que se aceptó la posibilidad de colaboración aunque tan sólo en determinadas circunstancias y condiciones.

Fue, en realidad, la peculiaridad de la situación política durante el momento final del Gobierno de Maura lo que indujo a los socialistas a cambiar de postura. Es muy probable que hubiera socialistas entre los participantes en los hechos de la Semana Trágica, pero, además, en los meses anteriores el PSOE había desarrollado una fuerte campaña en contra de la guerra de Marruecos, condenando todo intento de expansión colonial, y, sobre todo, el sistema de redención del servicio militar a cambio de prestaciones económicas: «O todos o ninguno», decía la propaganda socialista refiriéndose a la obligación de acudir a la guerra. Pero, sobre todo, fue la impresión reaccionaria que dio el Gobierno de Maura, bajo el cual por última vez en su vida Iglesias estuvo en la cárcel, lo que movió a crear la conjunción republicano-socialista. Hasta Moret estuvo dispuesto a incluir a los socialistas en un eventual bloque de izquierdas. En el otoño de 1909 el partido declaró que lucharía, bien solo, bien al lado de toda fuerza democrática que se propusiera el restablecimiento de las garantías constitucionales y el fin del Gobierno conservador, «a condición de que sus actos sean serios y honrados y de que no se encuentren en contradicción con las aspiraciones del proletariado consciente». En un mitin a fines de año se pactó la alianza. Tuvo ésta inmediatamente un resultado óptimo para el PSOE que, desde 1910 a 1914, pasó de 23 a 135 concejales, de 6000 a 13 000 afiliados y de 43 000 a 147 000 sindicados en la UGT. Las cifras eran ya importantes aunque estaban muy lejos de las de otros países pues, por ejemplo, en Francia o en Italia los sindicatos tenían 500 000 afiliados. La diferencia esencial, sin embargo, radicaba no tanto en los sindicatos como en la presencia en el Parlamento, muy superior en el caso de los países citados, sencillamente porque allí el socialismo había roto su dependencia exclusiva de la clase proletaria. Por lo menos, aunque muy levemente, el PSOE inició este camino con la elección de Pablo Iglesias en la lista de la conjunción republicano-socialista de 1910 por la capital. Fue esto lo que le convirtió en una figura política nacional, símbolo de la clase obrera e imagen idealizada de un santón laico a quien la derecha atribuía la condición de defraudador de los intereses de los sindicatos (se decía que tenía un abrigo de pieles), y la izquierda anarquista atribuía el apodo de «señor capillas» por su supuesta moderación. La verdad es que las intervenciones de Iglesias en el Parlamento se caracterizaron, si no por la calidad, sí por la dureza, hasta el extremo de no condenar el atentado personal. Lo decisivo resultó, sin embargo, el mero hecho de su presencia y el aprovechamiento posterior de ella por parte del partido. En 1912 el PSOE celebró el congreso más importante de su historia, el primero que tuvo una representación internacional, y ofreció un programa general, municipal y agrario. A estas alturas, Iglesias, que había sido tan inflexible en el cambio de táctica, apreciaba ya plenamente los beneficios que ésta le había aportado: «Hace falta —aseguraba— estar ciegos para no ver la necesidad y conveniencia de la conjunción», que, efectivamente, le había proporcionado a él más ventajas que las que el socialismo había dado a los republicanos. En este momento, además, se iniciaba una transformación de la dirección socialista que, aunque no alcanzaría una relevancia definitiva hasta la etapa posterior, debe ser citada ahora.

En torno a 1912 se produjo la entrada en el partido de algunos intelectuales. Uno de ellos fue Julián Besteiro, procedente del radicalismo, que habría de jugar un papel muy importante en la dirección del PSOE. Importa, sin embargo, señalar que esto no produjo un cambio en el bagaje doctrinal del partido puesto que ni él ni quienes le siguieron protagonizaron, por el momento, una reflexión propiamente reformista ni formaron un reducto peculiar en el seno del socialismo. Años después condenaría Besteiro la tendencia de los intelectuales a «inventar un socialismo personal, arbitrario e inexistente». Algo diferente fue la posición de quienes, como Araquistain y Núñez de Arenas, se vincularon a la llamada Escuela Nueva, una institución de carácter cultural: en el primero hubo una clara posición regeneracionista, pero en el segundo supuso la aparición, en el seno del partido, de un sector de izquierda, no sólo intelectual sino también sindicalista. La representaban, por ejemplo, Perezagua y Fernández Egocheaga que, si no tuvieron por el momento una influencia muy grande, al menos representaban una diferencia de matiz respecto a Iglesias.

Resulta esencial para comprender la historia del socialismo español antes de la Primera Guerra Mundial tener en cuenta que se trató de un movimiento formado por unos cuantos núcleos locales, con amplios vacíos geográficos, y sin una organización sindical por federaciones de industria de carácter verdaderamente nacional. Sólo los tipógrafos la tuvieron antes de la segunda década de siglo en el seno de la UGT, uniéndoseles los mineros a continuación. Además, la relación entre sindicato y partido variaba considerablemente de unas zonas a otras. La UGT madrileña era el sindicato predominante en la capital e incluía a muchos afiliados que no eran socialistas, mientras que en Asturias y Vizcaya, especialmente en la primera, los dirigentes del socialismo procedieron casi exclusivamente de los sindicatos. Con la mención de estos tres puntos geográficos hemos aludido ya al trípode sobre el que se sustentó la influencia del socialismo español hasta la República. A finales del siglo XIX era todavía posible que el PSOE triunfara en Cataluña, pues en ella tenía el 20 por 100 de sus afiliados, pero los errores tácticos impidieron que así sucediera. En Málaga también había estado muy implantado, pero no tardó en desaparecer. En cambio, el papel de Madrid en el seno del socialismo fue siempre muy grande: en 1902 el 31 por 100 de los afiliados a la UGT residían en la capital y en 1908 el porcentaje ascendía al 58 por 100. En ese año la Casa del Pueblo de la capital, situada en un edificio comprado al duque de Baena, se convirtió en un «orgullo» de la organización socialista y, como tal, estaba destinada a estabilizar firmemente la implantación sindical socialista.

No obstante, es muy probable que si hubiera que atribuir la condición de eje de la política socialista en la primera década de siglo a una zona geográfica, ésta sería la margen izquierda del Nervión, especialmente Bilbao. Allí la implantación del socialismo se hizo entre los mineros, en su mayoría inmigrantes, como, por ejemplo, el principal animador de la protesta, un hombre de retórica violenta y áspera, inflexible y austero como Iglesias, llamado Facundo Perezagua. Desde 1890 a 1910 la fuerza del socialismo se asentó en una estrategia sindical hecha de dureza y ocasional empleo de la violencia, aunque sin pretensiones propiamente revolucionarias. Hubo, en ese periodo, una treintena de huelgas de las que al menos cinco fueron generales. El socialismo se alimentó, por tanto, de la acción sindical pero ésta acabó por traducirse en votos: en 1898 Iglesias estuvo a punto de ser elegido por Bilbao, donde ya había concejales del partido.

Desde 1911 la lucha decreció en manifestaciones de violencia y hubo acuerdos repetidos entre las organizaciones obreras (en 1913 fue creado el Sindicato Metalúrgico de Vizcaya) y las patronales. Además, al menos en Bilbao, pero también en otras ciudades vascas, empezó a producirse un acercamiento entre los republicanos y los socialistas. Representativo de esta segunda etapa fue, sobre todo, Indalecio Prieto, personaje autodidacta, convertido pronto en periodista y orador eficacísimo, que dominó el socialismo vizcaíno a partir de 1914, después de enfrentarse con Perezagua. Dos frases suyas pueden definirlo perfectamente: «Yo no soy hombre de doctrina, sino de realidades», dijo en una ocasión, confirmando su pragmatismo, mientras que, en otra, se declaró «socialista a fuer de liberal». Eso no indicaba que pretendiera ser socialdemócrata o reformista sino más bien que siempre intentaría, como de hecho hizo, una colaboración con la burguesía de izquierdas. En Asturias, mucho más tardía y lentamente, el socialismo también acabó por implantarse con solidez. La mayor lentitud derivó de dos razones que se complementan. En primer lugar, el trabajo en las minas estuvo, hasta la Primera Guerra Mundial, en manos de quienes pueden ser definidos como trabajadores mixtos porque eran, al mismo tiempo, campesinos que cultivaban sus tierras y abandonaban la mina en tiempo de siega. Además, la primera implantación del sindicalismo socialista se hizo en Gijón, donde luego acabarían triunfando los anarquistas entre los obreros del puerto, y, entre los mineros, siempre hubo competición con los anarquistas en La Felguera y contra los católicos en la cuenca de Aller. Las esperanzas de Iglesias de conseguir la victoria de su sindicato en Asturias se vieron frustradas en poco tiempo. En 1902 el PSOE celebró un congreso en Oviedo, un año después de que se hubiera creado la federación provincial y en un momento en que el socialismo asturiano representaba la quinta parte del nacional; por aquellas fechas había aparecido ya el diario socialista de la región, La Aurora Social, y Oviedo y Mieres eran, respectivamente, la cuarta y sexta poblaciones españolas en afiliación socialista. Pero el verdadero auge estable del socialismo asturiano fue posterior y vino tras derrotas importantes en una serie de huelgas durante esa primera década del siglo. Fue Manuel Llaneza, un minero que había tenido que emigrar a Puertollano y Francia después de una de las grandes huelgas de esa etapa, quien creó y luego animó el Sindicato de Obreros Mineros de Asturias. El modelo que puso en práctica fue el de un sindicalismo muy disciplinado y organizado en forma de federación de industria, agrupando la totalidad de la minería, con un elevado porcentaje de afiliación sobre el total de la mano de obra a la que pretendía defender. En 1912 tenía 12 000 afiliados, lo que venía a ser el 50 por 100 de los trabajadores existentes, y en años posteriores llegaría hasta el 80 por 100. Como nunca bajó del 45 por 100 de los obreros mineros cualquier decisión de huelga paralizaba la extracción. Fue, sin duda, el sindicato mejor organizado y más fuerte en la España de la época. Con ello los socialistas, antes de la guerra mundial, tenían en sus manos o bajo su responsabilidad a tres sectores profesionales de importancia: los tipógrafos (dirigidos por García Quejido), los ferroviarios (por Trifón Gómez) y éste, el de los mineros, en que, junto a Llaneza, le correspondía a Egocheaga, en las minas de Río Tinto, una posición más radical.

Al mismo tiempo, en los primeros años de la segunda década del siglo, las perspectivas del socialismo parecían mejorar, más allá de este trípode fundamental de lo que sería su implantación geográfica durante mucho tiempo. En Elche, por ejemplo, existía un sindicato independiente de tendencia republicana que cobijaba a los alpargateros y que desde 1910 se vinculó al PSOE. Alicante se convirtió, así, en la cuarta provincia en implantación socialista. Algo parecido sucedió en 1912 en Granada, también a partir de un sindicato republicano, denominado La Obra. En Cáceres lo sucedido fue semejante, aunque un poco posterior, mientras que en la zona minera junto a Cartagena la conquista sindical socialista se hizo a partir de organizaciones previamente vinculadas al anarquismo. Pero este panorama de progreso no debe dar una impresión errada. También había amplios y profundos huecos en la geografía del socialismo español. En Valladolid el PSOE, fundado en 1894, no tuvo más de 100-200 afiliados hasta los años veinte (y ésa fue la provincia donde la afiliación fue más alta). En Sevilla hubo que esperar a la tercera década del siglo para que los socialistas llegaran al Parlamento. En suma, poco antes de la guerra mundial parecía que por vez primera se había compensado la tenacidad que Iglesias había creado como marca indeleble de su partido y de su sindicato, pero resultaba evidente también que tenía que persistir en ella.

La cultura del fin de siglo

Los intelectuales de la generación que empezó a destacar en los medios periodísticos y literarios madrileños alrededor del comienzo de siglo han sido denominados habitualmente, aludiendo a la conciencia crítica que los caracterizó, con la fecha del Desastre colonial. Desde comienzos de siglo existió una cierta idea de que se estaba produciendo una cesura en el mundo cultural en ese momento pero el nombre fue adoptado por Ortega, y luego asumido por Azorín, hacia 1913, precisamente cuando empezaba a aparecer en el horizonte otra generación nueva, de rasgos distintos a la que pertenecía el primero. Lo que para Ortega venía a ser un mito proyectado hacia el futuro con voluntad de cambiar España, en Azorín fue un recurso para presentarse a sí mismo y a los suyos con un pasado respetable de cara a la nueva generación. Sin embargo, en el momento presente a la expresión «generación del 98» se le suele dar un valor nulo o muy relativo, pues ni la protesta contra el sistema de la Restauración se engendró entonces, ni basta con ese factor político para definir una estética, ni, en definitiva, la pérdida de las colonias jugó un papel tan decisivo para esta generación intelectual. Debe, pues, afirmarse que lo que antes se ha definido como «generación del 98» hunde sus raíces en el pasado inmediato, y cabe decir que su influencia, significación y valores se prolongan bastante más allá del periodo estrictamente finisecular. Buena parte de su temática estuvo tomada de los regeneracionistas, en especial de Costa, a quien Unamuno designó como «nuestro hermano mayor», mientras que Azorín lo presentó en La Voluntad como Antonio Honrado, el político ejemplar. En todos los escritores de la etapa hubo un patente nacionalismo regenerador que partía de la base de que la mayoría de los males del país debieran ser solventados mediante una inmersión en la propia historia y en su esencia peculiar. Algunos temas concretos predilectos de estos escritores derivaron claramente del propio Costa como, por ejemplo, la necesidad de la transformación económica del país, característica de Maeztu, o la sempiterna preocupación historicista de Azorín. Incluso el talante de estos jóvenes que ahora empezaron a destacar no deja de tener ciertas similitudes con los regeneracionistas: practicaron la misma egolatría un poco megalómana, mezclada con un periódico derrotismo. Y no se entiende, en fin, la generación finisecular sin tener en cuenta el alto nivel de la cultura española desde la época de la Restauración en la que ejercieron como maestros los inspiradores de los escritores posteriores.

En otros aspectos, sin embargo, la generación finisecular representó una ruptura con respecto al pasado. En primer lugar, las circunstancias obligaron a los intelectuales de fin de siglo a cumplir con su tarea desde la radicalidad y la autenticidad y de ello puede haber derivado el hecho de que, a partir de ellos, se pueda considerar que comienza nuestro tiempo: siguen siendo, en mayor o menor medida, los puntos de referencia cultural por excelencia. Además, en segundo lugar, se trata de la primera generación de la Historia española que se sintió, como grupo, con una tarea colectiva a realizar, aunque ésta se concretara poco o consistiera en una serie de actos carentes de la necesaria continuidad. En este sentido puede decirse que fue la primera generación que se sintió «intelectual», es decir, como profesional de la cultura, con una misión que trascendía la dedicación a una parcela de la misma. El término intelectual empezó a utilizarse como denominación entonces en España, como reflejo del uso que se había hecho de él en Francia durante el affaire Dreyfus. Aquí esta cuestión fue debatida pero, además, se puede decir que la protesta de ciertos escritores por el trato dado a los anarquistas en Montjuich reviste una considerable semejanza con lo sucedido en Francia: Unamuno o Machado establecieron un paralelismo entre ambos o citaron elogiosamente «aquel nobilísimo y ardiente valor cívico», como diría el primero, mostrado en esa ocasión en el citado país. Luego añadió que «no somos más que los llamados… intelectuales y algunos hombres políticos los que hablamos ahora a cada paso de la regeneración de España». Pero cuando se produjo una auténtica ruptura en el mundo intelectual español, hasta el punto de enfrentar a dos bandos irreconciliables, fue en 1909, con ocasión de la actuación de Maura en Barcelona. Ese acontecimiento, que creó un auténtico «monte de odio» (Ortega), situó a los intelectuales en una responsabilidad fundamental que siempre mantendrían en adelante y que tiene muy difíciles paralelismos con lo sucedido en cualquier otra parte del mundo.

Pero, además, en tercer lugar, la generación finisecular suponía también una ruptura estética y temática con relación al pasado. Desde la música a la filosofía, pasando por la prosa y el gusto estético, todo cambió como consecuencia de «esta inquietud que se hace notar en la atmósfera moral del fin de siglo» (Baroja). Tomemos como ejemplo el caso de la narrativa. Aunque el naturalismo realista perdurara, la cuestión central de la narrativa de la época fue una peripecia vital convertida en símbolo de una situación (éste es el caso de «La voluntad» de Azorín, «Camino de perfección» de Baraja o «Amor y pedagogía» de Unamuno). Desaparecía, por tanto, el didactismo realista (incluso en el teatro galdosiano se produjo en este momento una profunda transformación); en cambio, apareció una propensión por lo psicológico, lo emocional y lo íntimo. El estilo también cambió: la descripción minuciosa fue sustituida por los «fragmentos, sensaciones separadas» (Azorín) o la «técnica de puntillismo en pintura» (Valle-Inclán). La novela, como el ensayo, un género en gran medida nacido ahora, tuvo en adelante como misión promover «valores morales nuevos». Se rompieron los convencionalismos de la expresión literaria de modo que se pudo constatar «el finiquito y acabamiento de todas ellos» (Manuel Machado).

Nada de esto sucedió en España como por ensalmo sino que era el reflejo de lo que sucedía en otras latitudes europeas. Este paralelismo europeo no es casual porque no hay nada más falso que considerar a la generación finisecular como exclusivamente volcada a la introspección nacional. Éste fue un tipo de actitud frecuentísima en otras latitudes europeas, producto de la influencia de Taine y Renán, como la egolatría lo fue de una determinada interpretación de la influencia de Nietzsche o Schopenhauer. Incluso Unamuno, habitual rebelde en contra de la moral colectiva de una europeización modernizadora, pudo decir que «se había criado con el espíritu fuera de España y eso es lo que me ha hecho español». Por último, importa recordar que no sólo se produjo este cambio estético, sino también otro, paralelo, respecto de las condiciones sociales de la tarea literaria. La aparición de nuevas editoriales como Renacimiento, de series de publicaciones de difusión muy considerable como El Cuento Semanal (1907) o incluso fenómenos como la Extensión Universitaria demuestran que había un público más amplio que el existente en la primera etapa de la Restauración. Además, en estos años surgieron las primeras asociaciones destinadas a proteger a periodistas y compositores musicales. En el momento de su iniciación literaria los mal llamados noventayochistas tuvieron unos rasgos comunes de aprendizaje y procedencia. Todos eran de clase media provinciana y vinieron en su juventud a un Madrid bohemio en que pasaron sus primeros años en los medios de izquierda —republicana y ácrata, más que socialista— con la excepción de Unamuno. Fueron en realidad autodidactas, hombres de biblioteca y revista o periódico más que de puesto docente universitario (de nuevo en esto Unamuno es la excepción). De ahí que algunos convirtieran el artículo en forma de vida (Azorín, Maeztu) y otros necesitaran de él para completar sus parcos emolumentos (Unamuno), incluso publicando más allá del Atlántico. Alguno de ellos fue exclusivamente publicista (Maeztu) pero, en general, haciendo compatible el libro y el artículo, combinaron la calidad y la influencia. Sólo Baroja vivió del libro, con tiradas de unos 20 000 ejemplares. Lo que caracterizó a la generación finisecular fue, más que nada, una actitud crítica respecto de la España que les había tocado vivir: no en vano un hombre de la generación posterior, Azaña, afirmó que la protesta les daba sentido como grupo. «Nosotros, negar», escribió Baroja: «Otros vendrán que afirmen y, si no hay nada que afirmar, nada nos importa». Esta actitud iconoclasta fue especialmente visible en los primeros años de la trayectoria vital de todos estos intelectuales, que se presentaron muy a menudo como anarcoides y que parecían, en el fondo, voluntariamente marginales; por eso los héroes de sus novelas estaban condenados a la frustración y el fracaso. Además, si se repasan las actuaciones políticas de todos ellos la sensación predominante es de inconstancia, cuando no de inconsecuencia. Azorín, por ejemplo, afirmó que no había nada más abyecto que un político pero acabó siendo subsecretario; Ortega pudo quejarse, entonces, de los «cuatro años de mala vida» que había pasado identificado con la derecha. Muy a menudo dieron la sensación de carecer de un programa concreto o de una disciplina para realizarlo o, simplemente, para convencer a los demás. «Los tres» (es decir, Maeztu, Baroja y Azorín) actuaron conjuntamente en una acción que a veces tenía un componente político y en otras meramente estético: protestaron contra el homenaje a Echegaray y contra el Gobierno de Montero Ríos, contra las exposiciones nacionales y el clericalismo, mientras ensalzaban a El Greco o Larra. Sin embargo, en todo ello no cabe ver más que una voluntad de no aceptar el orden existente pero sin por ello mostrar aquél por el que querían sustituirlo. Sus incursiones en el terreno de la política práctica fueron efímeras y contradictorias. Baroja fue republicano radical entre 1909 y 1911 y, en diarios de esa significación, publicó su novela anti-caciquil, «César o nada», pero pronto se decepcionó. Maeztu postuló en torno a 1910 un partido socialista no constituido sólo por obreros sino también por intelectuales, pero quizá es más expresivo de su postura el libro «Hacia otra España», cuyo contenido es plena y casi exclusivamente regeneracionista, patrocinando exaltadamente, con entusiasmo casi místico, los valores materiales de una nueva civilización.

Por su parte, Unamuno mantuvo siempre una insobornable postura de independencia y un talante liberal y crítico respecto de la vida pública española, hasta el punto de convertirse en el arquetipo del intelectual disidente. Pero su trayectoria personal no estuvo exenta de contradicciones, como, por ejemplo, al no dudar en aceptar el periódico apoyo de los partidos del turno para mantener su rectorado de Salamanca, e incluso reclamarlo cuando se lo arrebataron. La misma contradicción encontramos entre su evidente condición de intelectual español muy al tanto de la cultura europea y su insistencia en la intrahistoria o el casticismo, que le llevaba a abominar de todo supuesto bastardeamiento de la esencia nacional. En definitiva, los intelectuales finiseculares, aún sintiéndose obligados a dirigirse hacia el pueblo y adoctrinarle, no crearon un programa o una moral colectiva sino que se instalaron en el conflicto o acabaron por ser en la práctica personas que practicaban la esquizofrenia de una crítica sin recambio. Quizá la única excepción, en este sentido, sea Cataluña, donde el sentimiento nacionalista creó esa conciencia de tarea colectiva que faltaba en otras latitudes y, además, el cambio en la clase política dirigente permitió que los intelectuales accedieran al poder. Pero en el conjunto de España no sucedió así. Ortega pudo decir que los intelectuales de la generación precedente a la suya habían sido una especie de «niños geniales»; a Unamuno lo describió como una especie de profeta o «morabito» que predicaba desde Salamanca pero con el que no se podía contar para una tarea más constructiva.

La mayor parte de la generación de fin de siglo mantuvo, al menos, un talante personal liberal, pero el irracionalismo finisecular condujo a no pocos de sus miembros hacia la derecha; en todo caso, fueron más liberales que demócratas. Como escribió Unamuno, que fue lo primero y no lo segundo, «Nietzsche mal introducido y peor entendido sólo sirvió para llevar jóvenes a Maura». Así, Baroja acabó en la desesperanza sarcástica de un conformista malhumorado. Azorín, antaño anarquista, se hizo «reaccionario por asco de la greña jacobina», aunque lo más característico de él más bien fue la suave sonrisa, poco comprometida, de quien se decía pequeño filósofo y veía en la sabiduría de los clásicos el signo de la inmutabilidad de las cosas. También Benavente y Maeztu, aunque con posterioridad a 1914, pasaron de su iconoclastia originaria a un claro conservadurismo (en el segundo caso reaccionarismo). El propio Unamuno tenía una visión esencialmente antiprogresista de la vida y de la Historia. Se pueden constatar, por tanto, rasgos colectivos de esta generación finisecular, pero no se debe olvidar que, en cuanto a fórmulas estéticas, la pluralidad fue también un rasgo característico y, además, admitido por cuantos formaban parte de ella. Unamuno aseguró que a ellos «sólo les había unido el tiempo y un común dolor», y Machado afirmó que, a partir de esta experiencia común, «cada cual el rumbo siguió de su locura». La labor periodística de Maeztu, guiada por obsesiones frecuentes, sólo se asemeja a la de Unamuno en su común condición de convertirse en mentores colectivos, pues este último transformó su obra narrativa en verdadera reflexión filosófica, a la que permaneció inmune, como no sea para escribir de política, el primero. La voluntad de recuperación del pasado literario de un Azorín o su sentimiento del paisaje poco tienen que ver con la novela histórica «barojiana», dirigida, al contrario que la «galdosiana», a demostrar lo absurdo del pasado y la falsedad de la política.

Ha sido frecuente distinguir en esta generación, desde un punto de vista literario, entre los preocupados de los aspectos puramente formales y quienes utilizaron la literatura para una reflexión doctrinal o filosófica: de acuerdo con esas tesis tradicionales resultarían antitéticos modernismo y generación del 98.

Sin embargo, lo cierto es que la preocupación por el ser de España se dio tanto en Valle-Inclán o Juan Ramón Jiménez como en Unamuno. La belleza sensorial y formal del primero parte de una sensibilidad, entre decadente y prerrafaelita, que no deja de tener sus paralelos, incluso cromáticos, con la prosa de Baroja, con ser ésta tan diferente. Además, con el transcurso del tiempo, Valle pasaría de la inmediatez sensorial del decadentismo al expresionismo social. Intimismo, renovación temática y evocación histórica aparecen en todos estos autores, sea cual sea su matización individual. El Machado modernista de las Soledades pasó por el descubrimiento del paisaje castellano para concluir en una prosa de aliento ético y crítico. No hubo, pues, dos mundos en conflicto sino modulaciones diferentes, siempre individualísimas, de la pertenencia a una misma generación. Por otro lado, no debe pensarse que el cambio generacional supusiera una radical ruptura con el inmediato pasado cultural. Así, por ejemplo, puede decirse que el naturalismo, en sus varias versiones posibles, perduró después del 98 e incluso se debe advertir que en él militaron quienes obtuvieron mayor éxito de público y ventas: un Felipe Trigo, novelista erótico y cuya obra no carece de interés político («Jarrapellejos», 1914, es una novela anticaciquil más, como tantas otras de la época), ganaba anualmente casi veinte veces más que Ortega y Gasset. Pero si Trigo constituyó el caso más señalado de éxito literario en el interior de la Península, fuera de ella otro naturalista, Blasco Ibáñez, acabaría por convertirse en un novelista cosmopolita cuya temática desbordaba la que inicialmente había centrado su tarea creativa. En su Valencia agraria, donde tenía el feudo electoral, Blasco Ibáñez amplió la temática y los recursos estilísticos del naturalismo para presentar un panorama que si inducía a la reivindicación política era porque no se detenía en los planteamientos negativos de la escuela literaria a la que pertenecía sino que implicaba también una reivindicación de la acción contra los males denunciados.

Se puede considerar que con el cambio de siglo el naturalismo triunfó también en el teatro. En «El nido ajeno» (1894) Benavente había introducido el adulterio en un drama que no seguía el rumbo aparatosamente romántico, huero y efectista de Echegaray. Sin embargo, los grandes éxitos de quien sería el principal dramaturgo español hasta su muerte se lograrían a partir del cambio de siglo. En Benavente, el naturalismo se convirtió en naturalidad: frente a las grandes tragedias del inmediato pasado teatral él planteó un teatro discursivo y brillante, de interiores burgueses, hábilmente resuelto desde el punto de vista dramático y dotado de una suave voluntad de moralización, pero siempre sobre vicios y virtudes pequeños, sin una voluntad demasiado tajante de condenación. Su alternativa fue, no obstante, la de una moral racional que reivindicaba la unión libre de hombre y mujer. Si a veces el teatro de Benavente pecó de superficialidad cabe decir algo parecido, pero en superlativo, de la anécdota costumbrista de los Álvarez Quintero. En cambio, las «tragedias grotescas» de Arniches tenían una clara herencia regeneracionista y un ansia de poner remedio a los males políticos tradicionales de España desde una óptica de un humor en el fondo desgarrado e impotente. Marquina, en su teatro poético, prefirió una nostalgia que también encuentra puntos de contacto con el espíritu del 98.

Con el comienzo de siglo no sólo no prescribió el naturalismo sino que tampoco lo hizo el liberalismo de origen «krausista» vinculado con la generación de 1868. Debe recordarse que Giner no murió hasta 1915 y Azcárate desapareció en 1917. Quien habría de ser heredero de la tarea de Giner, Cossío, recordó, con mucha razón, que su actitud vital era radical —y regeneracionista— como ninguna, aunque también antirrevolucionaria por esencia al estar fundamentada en la lenta transformación de las actitudes más íntimas, pero también más decisivas. Además, siempre caracterizó a Giner un repudio a todo exhibicionismo. Giner propició el descubrimiento del paisaje del entorno madrileño y Cossío fue re-descubridor de El Greco, por lo que puede decirse que uno y otro tuvieron sus puntos de contacto, desde el punto de vista estético, con los hombres de la generación finisecular aunque no siempre se diera una perfecta sintonía entre unos y otros. Unamuno, por ejemplo, alababa la «pulcritud y mesura de los krausistas» y sus herederos intelectuales pero los juzgaba «teorizantes cándidos». Mucho más próximo estuvo, en cambio, Machado que en unos versos escritos a la hora de la muerte de Giner recordaría bellamente la estela que había dejado sobre la cultura y la sociedad españolas: «¿Murió…? Sólo sabemos/que se nos fue, por una senda/clara diciéndonos: hacedme/un duelo de labores y esperanzas». Sin duda unas y otras existieron, como se demuestra por el fuerte impacto que habría de tener el recuerdo de Giner y Azcárate en los hombres de la generación de Ortega, aquéllos que, como él dijo, acudieron a la vida pública española con el «escudo en blanco». Pero antes de que alcanzara el protagonismo histórico la generación de 1914, los efectos de la labor de Giner eran ya plenamente patentes. La voluntad de apertura al pensamiento y la cultura europeas contó, a partir de 1907, con el instrumento de la Junta de Ampliación de Estudios que, administrada por personas de diferentes tendencias, aunque con claro predominio de los de procedencia liberal krausista, puso en contacto a la sociedad española con las corrientes de más allá de los Pirineos. La Junta fue obra muy directa de Giner, quien la propuso como parte de un programa de «orientación social y de sustancia» y partiendo de un deseo de «desamortizar de la política de partido la dirección de todos los intereses nacionales, dándoles una base independiente del arbitrario tejer y destejer de los Ministros». La herencia «gineriana» fue, ante todo, un talante: defendió siempre («mientras más radicalismos en las soluciones mayores miramientos en las formas»), una «política austera y profunda» y, sobre todo, la formación de una minoría dirigente porque «España carece hoy de un personal directivo».

El Centro de Estudios Históricos (1909), por su parte, proporcionó un conocimiento científico de esa intrahistoria que era preocupación esencial de la generación finisecular. Uno de los discípulos de Giner, Rafael Altamira, el historiador más conocido de la época, fue en la Universidad de Oviedo, el principal animador de la Extensión Universitaria, es decir, de la divulgación de la tarea docente superior en los medios proletarios. Además, fue también el promotor de un acercamiento con los países hispanoamericanos al principio sólo intelectual pero que luego trataría de traducirse en el terreno de la política exterior. Su caso, finalmente, ratifica que, en ocasiones, los intelectuales de esta procedencia no estaban lejos del poder: entre 1911 y 1913 ocupó el puesto de director general de Primera Enseñanza y, aunque acabó decepcionado del Rey y de los políticos liberales, no dejó de realizar una importante tarea. Su obra escrita trasladó el centro del interés de la Historia hacia la psicología del pueblo español, temática que está también en el centro de la obra de quien fue el gran maestro de la Filología y la Historia españolas, Ramón Menéndez Pidal. Su voluntad de encontrar las raíces de la Nación en el mundo peculiar y medieval perduraría durante mucho tiempo en la historiografía española.

En cuanto a las artes, la primera década y media del siglo XX presenció en España tanto un deseo creciente de contacto con Europa como una voluntad paralela de adentrarse en la peculiar esencia de lo español o de sus variedades regionales. En ambos casos encontramos un evidente paralelismo con lo sucedido en el ámbito literario. En arquitectura existió, por un lado, una voluntad de monumentalismo en los edificios públicos que puede considerarse paralela a otros fenómenos europeos (recuérdese, por ejemplo, el Palacio de Comunicaciones de Madrid, obra de Antonio Palacios, pero también la importante renovación urbana producida en las principales ciudades españolas). Sin embargo, este internacionalismo se hizo compatible con el deseo de llegar a un estilo arquitectónico que tuviera en cuenta las peculiaridades constructivas o decorativas supuesta o realmente españolas: Rucabado o Aníbal González, con el neomudejarismo, fueron testimonio de esta actitud que pretendía acercarse a la esencia de lo nacional. Con todo, el terreno más innovador de la época —aquél en el que la arquitectura española estuvo en la vanguardia de la europea— fue el de la arquitectura modernista que alcanzó difusión fuera de Cataluña pero cuya impronta fundamental y realizaciones más características se dieron precisamente en esta región. Como ya se ha advertido, existió una identificación tácita entre modernismo y catalanismo. En cierta manera se puede considerar, además, que la arquitectura modernista vino a constituir algo así como un testimonio a la vez de una opción por los procedimientos y técnicas de construcción modernos (o, más genéricamente, por el futuro) y por el deseo, añorante, de rememorar el pasado, presentes a través de la decoración y las llamadas artes menores. El modernismo catalán fue expresión de la pujanza de una sociedad que tenía su aspecto económico (gran parte de la obra de Gaudí está hecha para los Güell o los Milá) pero también su vertiente política (y de ahí, por ejemplo, la significación catalanista de un Puig i Cadafalch). Como quiera que sea, tanto el parque Güell (1898-1915) o La Pedrera (1905-1910), de Gaudí, como el Palau de la Música Catalana, de Domenech i Montaner, pueden considerarse como obras de primerísima fila en la arquitectura contemporánea mundial del momento. En cambio, en escultura, la propia condición y característica de este arte la hizo menos susceptible a la recepción de las novedades estéticas del fin de siglo: cuando los pintores modernistas quisieron homenajear a El Greco en Sitges encargaron para rememorarlo una estatua sujeta a los patrones clásicos. Con todo, en el escultor Josep Llimona encontramos una temática revestida de cotidianidad, un aire de nostalgia y una sublimación idealizadora que tiene mucho que ver con la estética simbolista del fin de siglo.

En pintura es posible apreciar una idéntica contraposición, que hemos encontrado también en otros terrenos históricos, entre la innovación modernizadora y la pertinaz resistencia al cambio. Resulta en ese sentido muy característico que cuando en 1907 Picasso pintó «Les demoiselles d’Avignon», en España todavía no existía un impresionismo que en Francia podía considerarse como fenecido hacia 1885. Podría añadirse que a partir de este periodo los pintores españoles, que casi indefectiblemente fueron a formarse a París, centro de la modernidad pictórica en ese momento, poniéndose en contacto con lo más avanzado de ella y protagonizándola, sin que esto los convirtiera en profetas en su propia tierra, donde su éxito fue tardío e incompleto. Aparte de Picasso, los éxitos internacionales de Zuloaga o Anglada Camarasa no fueron reconocidos sino en fecha tardía, aunque, en cambio, Sorolla tuvo mucha mejor fortuna, quizá porque, nacido antes, tuvo una formación más académica en Roma y coincidía más con los gustos populares. Algo parecido le sucedió a Mariano Benlliure, autor de los principales monumentos madrileños de la época.

Se puede considerar que la pintura española de la primera década y media del siglo tuvo tres focos principales, con peculiaridad propia muy marcada. Mientras que Madrid presentó el conservadurismo pictórico, Barcelona estuvo en contacto mucho más estrecho con París, y Bilbao jugó un papel intermedio. En Madrid las exposiciones nacionales marginaron a los Regoyos, Solana o Vázquez Díaz y, en cambio, premiaron hasta fecha muy avanzada a representantes de la pintura de historia o a aquéllos que habían elegido una temática social, pero con tratamiento convencional. En 1900 en Europa y nueve años después en América el valenciano Sorolla, que estaba afincado en Madrid, obtuvo sonoros éxitos pero a él no puede considerársele, en puridad, como un vanguardista: ni siquiera fue propiamente un impresionista sino más bien un luminista dotado de una indudable capacidad técnica, que pasó por influencias muy distintas y que acabó creando un estilo peculiar, hecho de la captación de la atmósfera y de abordar la pintura «con ojos normales» (Maeztu). Sin embargo, todavía en la segunda década del siglo, Francisco Pradilla, un clásico de la pintura de Historia, era juzgado como el segundo pintor más importante en la capital, y una persona como Aureliano de Beruete, pintor culto en que poco a poco fue perceptible la influencia impresionista, fue relegado a un puesto muy secundario. Azorín, que escribió que «la base del patriotismo es la geografía», reconocía que el único cuadro que tenía en casa era un Beruete. En él, liberal casado con una hija de Moret, fue perceptible también una estrecha influencia de Giner y su descubrimiento del Guadarrama, así como del entorno madrileño. Además, tuvo una estrecha amistad con Sorolla, quien, procedente del «blasquismo», fue el pintor más cercano al Rey, sobre todo al comienzo de la segunda década del siglo. Su pintura tuvo preocupaciones muy características de la cultura del momento: deseo de penetrar en la esencia nacional y regional, aunque sin la pasión regeneracionista un tanto teatral de un Zuloaga.

En Bilbao, como escribió Maeztu, «la red ferroviaria y el hormigueo de las fábricas» crearon una nueva pintura, muy en contacto con Europa. Fueron los pintores vascos los primeros que viajaron a París. Zuloaga lo hizo después de una previa estancia en Roma, lo que indica su voluntad de encontrar un nuevo ámbito de inspiración; por su parte, en la pintura de Adolfo Guiard resulta perceptible una clara recepción de la influencia de Degas. Con todo, el mejor conocedor de la revolución pictórica europea en el cambio de siglo fue Darío de Regoyos, conectado con la vanguardia bruselense y parisina, y habitual expositor en las principales muestras de esta última capital. Viajero por España junto con algunos escritores y artistas belgas, Regoyos fue autor principal de una nueva imagen de España —la de un país retrasado y bárbaro pero dotado de la fuerza y la autenticidad de lo primitivo que supo plasmar en La España negra, un libro aparecido en 1898—. Prueba complementaria del impacto de la vanguardia en el mundo vasco lo constituye la amistad de Iturrino con Matisse o la celebración entre 1900 y 1910 de hasta seis exposiciones internacionales en Bilbao, en las que se exhibieron los grandes de la pintura última, desde Gauguin a Picasso. Aunque Bilbao no perdió esta condición puntera en el arte español de la época, con el paso del tiempo hubo una marcada tendencia hacia la caracterización regionalista de tipos y costumbres. Al mismo tiempo gran parte del éxito de Zuloaga en el exterior nacía que era juzgado como representante prototípico de la escuela española y como un retratista fiel de un pueblo retrasado pero de una fortaleza y peculiaridad insuperables. Capaz de penetrar en los personajes mucho más que Sorolla, como diría Ortega, Zuloaga «es amanerado y porque lo es comenzó a aplaudírsele y encomiársele». Cubrió no sólo la especificidad vasca sino también la castellana y, en consecuencia, se le debe adscribir a una tendencia muy marcada en la época, la de buscar los rasgos caracterológicos de lo nacional o lo regional. De este modo presentó tipos humanos o escenas religiosas, a menudo en exceso estridentes, pero que los intelectuales como Ortega interpretaron como «trabucazos» destinados a provocar la regeneración nacional. Mucha mayor actualidad estética tienen, en cambio, sus paisajes. De forma parecida, los Zubiaurre o Arteta representaron el medio rural vasco y Romero de Torres —un pintor simbolista amado por Valle-Inclán— pasó de la vaga angustia finisecular a la representación prototípica de la mujer andaluza. Por descontado cabe ver en todo ello un eco semejante al que llevó a Unamuno a volcarse en la reflexión sobre la intrahistoria nacional.

Barcelona, en fin, fue el centro de la modernidad plástica por excelencia y, por ello, no es en absoluto una casualidad que Picasso saliera de allí hacia París. Los primeros contactos con la capital francesa se produjeron, sin embargo, en la década de los noventa gracias a Santiago Rusiñol y Ramón Casas, quienes recibieron el inequívoco impacto de Degas. Aunque su vuelta a España supuso una re-adecuación a un medio que seguía siendo poco entusiasta con las novedades en el arte, lo cierto es que ambos pintores cambiaron la sensibilidad de la sociedad barcelonesa y, en consecuencia, hicieron posible la introducción de nuevos estilos. Al margen de Picasso, el gran pintor triunfador en el extranjero fue, en esta época, Anglada Camarasa, cuyo cromatismo fulgurante tiene semejanzas con la pintura vienesa del momento; algo semejante puede decirse de Mir, un innovador revolucionario pero muy autóctono. En cuanto a Nonell, cuya influencia sobre Picasso parece patente en una parte de su trayectoria, es representativo de una tendencia —existente en toda la vanguardia posterior— al puntillismo, a olvidar los problemas de la percepción visual del paisaje y volver a la figura humana, tratada con una óptica preexpresionista.

La crisis del parlamentarismo liberal (1914-1923)

Ha sido habitual entre los historiadores considerar como fecha inicial de la crisis de la Monarquía constitucional de la Restauración el año 1917 en que se produjo la coincidencia entre la protesta obrera, la regionalista, la de los partidos marginados del sistema de turno y la militar. Resulta obvio que esta fecha tiene una importancia cardinal —nada fue igual a partir de este momento— aunque también sea probable que su significación haya sido exagerada porque no existió una real posibilidad revolucionaria ni tampoco la heterogeneidad de los componentes de la protesta permitía esperar entre ellos una concordancia mínima destinada a ese propósito. En definitiva, el sistema político de la Restauración tenía en ese momento todavía mucha mayor capacidad de supervivencia que la que algunos historiadores le han atribuido después, de modo que si las condiciones de la vida política y social cambiaron a partir de este momento no lo hicieron de forma sustancial. Por otro lado, parece más lógico establecer el punto de cesura cronológico unos años antes de 1917 porque sólo conociendo lo sucedido a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial es posible comprender el sentido de la huelga de aquel verano. Por otro lado, como ya se ha visto, a partir de 1913 no sólo había quebrado ya la unidad de los partidos de turno sino que no resultaba viable (ni tan siquiera era propuesta) una regeneración del sistema político. La vida pública empezó a consistir en que los gobernantes eran crecientemente succionados por los agobiantes problemas nacidos de la coyuntura internacional, la agitación social o los problemas militares en África y no podían cumplir con un programa que, a veces, ni siquiera llegaban a definir. En suma, el sistema político se encontraba con problemas crecientes mientras que, en la práctica, quienes lo representaban habían renunciado a cambiarlo sustancialmente. El propio cambio en la sociedad española hacía más claros los inconvenientes de un régimen político como el de la Restauración. La razón es muy sencilla: la modernización no sólo tiene un efecto estabilizador a largo plazo sino que puede tenerlo en sentido contrario en un periodo más corto.

En efecto, la sociedad española siguió una tendencia en este sentido y, además, a un ritmo muy superior al de la época precedente. La Primera Guerra Mundial reveló los claros desajustes de la economía española especialmente en el momento en que, una vez finalizada, hubo que volver a una normalidad que había sido rota por los acontecimientos bélicos extrapeninsulares. Sin embargo, en el transcurso de esos cuatro años, las ventajas relativas logradas por la posición neutralista española supusieron una indudable aceleración del camino que España había emprendido con el comienzo de siglo hacia su conversión en un país industrializado: como ya se ha indicado, en este momento tuvo lugar un importante despegue económico de trascendencia perdurable. La industrialización favoreció la crecida del movimiento obrero y sindical y ésta aumentó la protesta, unida a otros factores como la agitación intelectual e ideológica de la primera posguerra mundial con la aparición de nuevos modelos políticos, tanto para la derecha como para la izquierda, y el crecimiento de la identidad regional en buena parte de la geografía española. Todos estos factores provocaron un aumento de la conflictividad y un sistema político débil, que parecía incapaz de dar el salto desde el liberalismo oligárquico a la democratización, se vio obligado a recurrir crecientemente al Ejército o tolerar su presencia en terrenos en los que ésta no debía haberse producido. Pero la presencia militar a partir de los años veinte ponía en peligro la vigencia misma del sistema liberal, sobre todo tras el desastre de Annual y de que los militares pudieran sentirse, como estamento, enfrentados a la clase política. Ese conjunto de realidades permite confirmar que en este caso, como en tantos otros, la modernización (de la que incluso se puede considerar que era un testimonio la generación europeizadora de 1914) tuvo como consecuencia no la disminución de las tensiones sino el aumento de las mismas. El punto de partida para explicar la evolución española hasta 1923 debe ser, por tanto, un acontecimiento de política exterior como fue la Primera Guerra Mundial. Pero esta cuestión plantea, con carácter previo, la singularidad de la posición española en el contexto internacional durante los años precedentes. De ello trataremos inmediatamente a continuación.

Política exterior: el papel español en Marruecos

Si, como sabemos, el efecto de 1898 fue menor en muchos otros terrenos, en cambio modificó de forma sustancial la ubicación de España en el mundo internacional. Antes que nada, es decir, antes de tratar de las sintonías o diferencias de unas naciones con otras o del papel atribuido a nuestro país en las relaciones exteriores de la época es preciso referirse a un factor cultural de primera importancia, en la mentalidad de propios y ajenos. La derrota del 98 no sólo supuso el nacimiento del regeneracionismo sino también una previa conciencia de la limitación de España, que no en vano había sido considerada como una «nación moribunda» por parte del secretario de Foreign Office en aquel año. Esa imagen fue, en primer lugar, la que se tuvo desde otros países con respecto al nuestro. En Francia, por ejemplo, como consecuencia de una re-elaboración de la imagen romántica, a menudo se tuvo la visión de España como un país anclado en un vetusto Antiguo Régimen, con claro predominio del clericalismo y de costumbres fanáticas y bárbaras lo que, sin embargo, en ciertos medios intelectuales no implicaba sólo desprecio sino también respeto por la autenticidad de ese primitivismo. En el fondo los cuadros de Zuloaga podían favorecer esa visión y quizá eso explique lo mal recibidos que fueron por parte de los sectores más conservadores de la sociedad española. Cuando en Francia nació el hispanismo como disciplina científica y universitaria no pudo evitar quedar un tanto sesgado hacia la derecha conservadora y católica en ese mismo país. Periódicamente sucesos españoles —la actuación del gobierno en 1909, por poner un ejemplo— parecían confirmar esa visión muy generalizada en los medios culturales europeos de significación liberal. En Italia, por ejemplo, se rechazó con indignación cualquier tipo de comparación entre el 98 español y la derrota propia en Adua, acontecida dos años antes, y eso no dejó de tener su fundamento porque mientras que el italiano había constituido un ejemplo de expansión, resultado de la fuerza de una nación recientemente unificada, el caso español fue el de quien había sido sujeto paciente de la expansión de otros. Pero la visión desde fuera acerca de España influyó en la de los propios españoles acerca de sí mismos. Un viajero francés, simpatizante con España, Ángel Marvaud, escribió que los españoles se sentían como «un pariente pobre» ante Francia a la que «se envidia o se teme». Sólo le faltó añadir que muy a menudo esos sentimientos se unían y el resultado era una indignación mal contenida en contra de ella. De cualquier modo, el resultado de ese estado de ánimo colectivo entre los españoles fue ambivalente respecto de la política exterior. Por un lado, contribuyó a que los dirigentes políticos pensaran que la prioridad fundamental era la regeneración interior y que sólo tras ésta sería posible desempeñar un papel relevante en el concierto internacional. Hubo, pues, una propensión a liberarse de compromisos. Un diplomático de la época (Villaurrutia) llegó a escribir en sus memorias que, tras el 98, España «arrebujóse de nuevo en su vieja capa de pobre vergonzante». Por otro, existía la sensación en la clase política de que España era una más en el concierto europeo y, por tanto, debía asumir responsabilidades idénticas a los países europeos. Cuando éstas no parecían muy onerosas y todas las potencias parecían estar de acuerdo en que ésa debía ser la posición española los dirigentes españoles, con reticencias, acababan aceptando la misión que se les atribuía. Al mismo tiempo la España que había perdido su imperio americano y filipino sentía una inseguridad muy peculiar que nacía del deseo, por un lado, de ser aceptada en su integridad territorial por las potencias más poderosas y, por otro, de que, consciente de su impotencia, se sabía lo bastante insignificante como para pensar que lo mejor para ella era no tener compromisos que pudieran significar una guerra o, algo peor, que alguien más poderoso acabara por beneficiarse de una relación privilegiada. A fin de cuentas, ninguna ayuda había recibido España del conjunto de las naciones europeas en el momento de la guerra del 98. Un último factor para explicar la política exterior española antes de la Primera Guerra Mundial reside en que la derrota frente a Estados Unidos había dejado reducida, en la práctica, la posible acción colonial española a tan sólo el continente africano o, más propiamente, a Marruecos como zona más inmediata y de mayor interés. Para Europa este país constituyó durante unos años el centro de la política exterior de las grandes potencias; para España de ellos derivó, a corto espacio, un modo de integración en el mundo internacional y, a más largo, una pesada herencia para la Restauración en su época final.

Todo cuanto antecede sirve para explicar las dudas finiseculares de los políticos españoles. Hubo un proyecto británico, inmediato al 98, para garantizar las fronteras españolas que no fue aceptado por temor a que incomodara a Francia. Silvela pensó luego en una posible alianza con Francia, pero con la adición de Alemania y Rusia. Pronto, sin embargo, el propio curso de los acontecimientos impuso a España una selección de quiénes debían ser las potencias más cercanas a ella y hasta dónde tenían que llegar sus responsabilidades. En los primeros años del nuevo siglo Francia, Gran Bretaña e Italia delimitaron sus respectivos intereses en el norte de África mediante acuerdos sucesivos. Nadie pensaba que a España le debiera corresponder un papel fundamental en la zona pero su situación geográfica obligaba a tenerla en cuenta y, además, su presencia habría de servir como garantía ante el resto de las grandes potencias de que ninguna conseguiría una preponderancia sobre las demás. La posición internacional española estuvo siempre marcada de modo inevitable por su presencia en el norte de Marruecos, donde las posiciones españolas de Ceuta y Melilla se veían sometidas a periódicos conflictos por la necesidad de mejorar su situación estratégica en relación con los indígenas con periódicas operaciones militares, la última de las cuales tuvo lugar en 1893. Mientras que hasta entonces España había sido una potencia ultramarina, ahora el eje de su política exterior estuvo centrado en su presencia a uno y otro lado del mar de Alborán, una importantísima vía de comunicación comercial y un centro estratégico vital. Marruecos, por tanto, suponía no sólo la posibilidad de expansión colonial, lógica en una época en que ésta era habitual, sino que además venía a constituir el procedimiento de incardinación de España en la política internacional. Pero, desaparecido Portugal desde hacía tiempo de Marruecos, había otras potencias que tenían intereses allí y con las que España debía tratar inevitablemente. Gran Bretaña, sólidamente establecida en la base de Gibraltar, era la potencia del «statu quo», dedicada a proteger sus intereses comerciales e interesada en que a uno y otro lado del estrecho hubiera un poder débil, principalmente en Tánger. Por eso siempre prefirió que España y Francia se compensaran sin que la segunda desplazara por completo a la primera.

A partir de comienzos de siglo España se había convertido, por tanto, en una potencia de intereses europeos y proyección norteafricana cuyo centro neurálgico de cara a la política exterior residía en el estrecho de Gibraltar. Pero allí (y en toda África) debía ponerse en relación, para el reparto de competencias territoriales, principalmente con Francia. La primera delimitación del área de influencia española —la menos conflictiva— se produjo mediante el tratado de junio de 1900, como consecuencia del cual la presencia española en Guinea quedó reducida a tan sólo una décima parte de lo que en teoría podía haber correspondido a nuestro país y a la mitad de lo que los expedicionarios españoles habían explorado; también en Río de Oro sucedió algo parecido, señalando una característica que, como veremos, perduraría a lo largo de todo el reinado de Alfonso XIII. El acuerdo le valió al embajador español en París, León y Castillo, el título de marqués de Muni. Fue él precisamente quien advirtió a sus superiores de la inminencia del reparto de Marruecos y quien les convenció de que era necesario que actuaran porque «se iba a resolver de un momento a otro con nosotros o contra nosotros». Pronto consiguió convencer a los dirigentes de los dos partidos políticos fundamentales, pero no sin titubeos, y como si les arrastrara a cumplir con una obligación que no querían asumir en un primer momento. Silvela escribió que «nuestra preterición sería mortal para nuestros intereses y nuestro prestigio». Debió pensar sobre todo en el segundo. Sagasta reveló de forma todavía más clara la debilidad del sentimiento imperialista español: «No sólo hay que pensar en los inconvenientes de ir —dijo— sino en los peligros de no ir». Al final, sin embargo, llegó a arriesgarse hasta el extremo de pronunciar una frase rotunda en su prosaísmo: «No se hacen tortillas sin romper huevos».

Pero en lo que respecta a Marruecos el problema era Francia. Ésta fue el gran competidor que tuvo nuestro país en la zona, obteniendo finalmente las zonas más ricas del protectorado, como le correspondía a su superioridad económica y militar. La estrategia francesa fue adelantarse sin contar con nadie en el terreno militar y proclamar, no obstante, como doctrina propia la «penetración pacífica» que tuvo luego como mejor ejecutor al general Lyautey. Políticos y militares franceses trataron despectivamente a España refiriéndose a su «ineptitud colonizadora e impotencia económica», argumentos con los que constantemente trataron de disminuir el área de su influencia. Carente de peso propio en la política internacional, España se vio obligada muy a menudo a acabar aceptando los acuerdos impuestos por Francia, una vez que ésta los hubo decidido previamente con el resto de las grandes potencias. Aparte de Gran Bretaña, también Alemania tenía intereses en la zona; a menudo actuó como si el sultán fuera verdaderamente independiente, pero, conseguida la igualdad con los demás países en cuanto a posibilidad de actuaciones económicas y comerciales, tan sólo usó la eventualidad de una presencia propia en el norte del continente como moneda de intercambio en el reparto de África o como potencial amenaza a sus rivales. Italia no podía compararse con Francia en potencia militar y económica pero su intervención en Libia contra los turcos, que concluyó en una victoria que le proporcionaría también las islas del Dodecaneso (1911), le confirió una importancia creciente en el Mediterráneo. En torno a esa fecha se mencionó su posible alianza con España, pero no pasó de ser un rumor con escaso fundamento. En efecto, mucho más que por una voluntad expansiva de carácter colonial y de componente económico, que siempre fue muy modesta, la intervención española en Marruecos se explica por las propias circunstancias que vivía este país que, a comienzos de siglo, estaba en plena descomposición política. Tan es así que estaba dividido en dos zonas, denominada una «Blad-el-Majzen», territorio controlado efectivamente por las autoridades dependientes del sultán, y «Blad-el Siba», comarcas que de hecho llevaban una vida autónoma, cuando no independiente. El último sultán verdaderamente merecedor de este nombre, Muley Hassan, murió en 1894. A continuación le sucedió un periodo de absoluta bancarrota (los impuestos eran los mencionados en el Corán) y anarquía política. En 1907, cuando se inició la expansión española, había una especie de guerra civil entre dos hermanos (Abd-el-Azziz y Muley Hafid) mientras que en el noroeste, en torno a Ceuta, gobernaba de hecho El Raisuli y en el nordeste en torno a Melilla lo hacía un usurpador llamado El Roghi. Por si fuera poco, la xenofobia y la predicación religiosa se traducían en frecuentes ataques a los extranjeros.

Esta situación explica que Francia y España mantuvieran desde 1902 contactos diplomáticos para delimitar las respectivas áreas de influencia en el norte de África. En la fecha citada Francia propuso a España un tratado que le dejaría toda la zona al norte del río Sebú, lo que hubiera supuesto el control de una fértil zona agrícola y de ciudades tan importantes como Fez, la capital del Marruecos de entonces. Sin embargo, de modo muy característico, España, no se atrevió a suscribir ese acuerdo por temor a que no fuera aceptado por Gran Bretaña. Maura luego diría que «desavenida Francia con Inglaterra, España fue tratada como un arma arrojadiza contra Inglaterra». Cuando, después de pactar con ésta la cesión de Egipto a cambio de la hegemonía en Marruecos (1904), Francia hizo una nueva propuesta a España, ésta debió pagar los gastos del acuerdo francobritánico. Gran Bretaña sólo obligó, en efecto, a la otra parte a «concertarse» con España. Ahora la oferta francesa consistió en limitar el área de influencia española a tan sólo la zona comprendida entre los ríos Uerga y Muluya, es decir, mucho más al norte, en una región pobre y montañosa de la que, además, quedaba excluida la ciudad de Tánger, que era una posición clave desde el punto de vista comercial y estratégico. El acuerdo, suscrito en octubre de 1904, fue, en la práctica, impuesto por los franceses y no se publicó en España completo sino tan sólo la afirmación de que se respetaría la integridad de Marruecos, por lo que pudo decirse que había sido «vergonzantemente» aceptado por los gobernantes españoles. El embajador español en París, León y Castillo, describió muy bien lo sucedido cuando dijo que «lo que durante unos años fue una política de esperanza ahora ya no es más que una política de defensa» ante las crecientes exigencias francesas.

Con ello no concluyó el retroceso de la posible influencia colonial española en Marruecos pero en los años siguientes, con todas las imprecisiones y ambigüedades que se quiera, se logró al menos un acuerdo de garantía que parecía resolver los problemas de inseguridad que España venía padeciendo desde 1898 en sus fronteras. En 1906, tras una visita del emperador alemán a Tánger, a sugerencia de Alemania se reunió en Algeciras una conferencia en la que se decidió, internacionalización de Marruecos desde el punto de vista económico dando así satisfacción a todos los países mientras que fueron reconocidos también los intereses especiales de Francia y España. En ocho ciudades existirían destacamentos de policía organizados por estos dos países pero España, en la práctica, vio disminuir de nuevo su influencia territorial en Marruecos porque la distribución de la composición de esa policía era más beneficiosa para Francia.

A partir de este momento Francia aprovechó cualquier ocasión, saltándose la estricta letra de lo acordado, para traducir en los hechos su protectorado sobre Marruecos mientras que la acción española pareció tan sólo seguir a la francesa o estuvo motivada por la respuesta a incidentes ocasionales. Pero al menos España obtuvo un remedo de la tan ansiada garantía. Tras una entrevista en Cartagena a comienzos de 1907, en la que participó el propio Alfonso XIII, se suscribieron sendos acuerdos con Francia y Gran Bretaña. En ellos ni siquiera aparecía ese término («garantía»), ni se hacía alusión a las posesiones de cada país (para evitar la mención de Gibraltar), ni tampoco quedaban claros los procedimientos de actuación caso de incumplimiento. Pero se trataba, al menos de una «seudo garantía» que alineaba a España, sin compromiso preciso, más cerca de franceses y británicos que de los alemanes. Éstos, sin embargo, no protestaron en exceso.

Con todos estos acuerdos la situación parecía propicia a una mayor intervención europea en Marruecos y así fue al poco tiempo. Francia, en lugar de hacer preceder la penetración económica a la militar o de establecer la policía prevista en los tratados, ocupó Uxda y en 1907 hizo lo propio en Casablanca, tras bombardearla. Lo argumentó por la inestabilidad y la falta de seguridad existentes en Marruecos pero no hizo otra cosa que multiplicarlas alterando el contenido mismo de los acuerdos que acababa de suscribir con las restantes potencias europeas y provocando un más grave estallido de xenofobia, con vertientes de fundamentalismo religioso, siempre latente en la sociedad marroquí. Además, apenas contó con España a la que, sólo después de bombardear Casablanca, indujo a enviar un buque. Lo sucedido a continuación contribuye muy bien a explicar las incertidumbres y titubeos perpetuos de la política española. Maura envió el barco «no a título de ocupación militar extranjera» sino de tarea de policía interna. Cuando los ministros le expresaron sus temores de que lo sucedido comprometiera en exceso a España les aseguró que una intervención en Marruecos sería siempre «a destiempo» si antes no se había producido la reconstitución económica del país. Sin embargo, inmediatamente a continuación pareció dudar cuando se le insinuó por parte de Francia la posibilidad de que España se responsabilizara en exclusiva de Tánger. Hubo, pues, un manifiesto titubeo, que se convertiría en perenne, entre el deseo de no quedarse atrás y la necesidad de no embarcarse en una aventura colonial.

Pero ésta acabó por tener lugar. En 1906 habían comenzado las negociaciones de los españoles con El Roghi, un caudillo local de la zona de Melilla, para obtener concesiones mineras. La decisión tomada se apartaba de la legalidad internacional al tomar en cuenta a una autoridad usurpadora lo bastante bárbara como para presentar las cabezas cortadas de sus enemigos en el transcurso de las negociaciones. Un año después quedó constituida la sociedad Minas del Rif y, en 1908, para facilitar el transporte entre la zona minera y Melilla, tropas españolas ocuparon la Restinga y el cabo del Agua, hecho que puede ser considerado como el primer acto de penetración en África. Sin embargo, quizá por el mismo hecho de haber pactado con los españoles, El Roghi, que incluso quiso ser pretendiente al sultanato, acabó perdiendo el apoyo de los indígenas, que atacaron a los obreros españoles que construían un ferrocarril minero. Por si fuera poco, uno de los pretendientes al trono marroquí, Muley Hafid, le apresó. De este modo las concesiones mineras de los españoles quedaron desprovistas de cualquier apoyo jurídico. Muley Hafid pidió armas a España para reafirmar su poder pero se le negaron por cuanto ello hubiera supuesto alinearse contra Francia. Mientras tanto, los rumores de que una compañía de predominio francés quería establecerse incitaron a tratar de consolidar las posiciones militares destinadas a apoyar a Minas del Riff, lo que originó nuevos enfrentamientos y tener que recurrir a tropas de la Península.

Éste fue el origen de la campaña de 1909 que obligó al desplazamiento desde España de un ejército importante (40 000 hombres), lo que a su vez tuvo como consecuencia el estallido revolucionario de la llamada Semana Trágica. A cambio de un crecido número de bajas (unas 4000, de las que una cuarta parte serían muertos) y, tras los combates sangrientos del barranco del Lobo y la toma del Gurugú, las tropas españolas lograron controlar directamente unos 300 kilómetros cuadrados más y someter a las tribus del entorno más inmediato. El coste humano y político había sido muy grande viniendo, como siempre, acompañado de temores de que la debilidad de la situación española fomentara el acuerdo entre el resto de las potencias (en este caso, Alemania y Francia).

Si esta expansión se había producido como consecuencia de un incidente provocado por los indígenas, la siguiente, en 1911, estuvo motivada en exclusiva por una previa iniciativa francesa. Ante una posible ampliación de la zona controlada directamente por los franceses, España amenazó con una retirada propia. De nuevo el vecino país actuó por su cuenta y riesgo: contrató un préstamo en nombre de las autoridades marroquíes y llamada, en teoría, por el sultán, ocupó Fez, la capital del imperio. El gobierno de Canalejas se movió entonces con rapidez en todas direcciones: se dirigió a Inglaterra, que prometió ayuda pero en tono menor, y a Alemania, a la que se pensó por un momento vender Guinea y Fernando Poo. Finalmente, el gobierno consultó a todos los partidos políticos españoles, incluidos los republicanos, y dijo a sus colaboradores «todos han estado de acuerdo en que debemos defendernos de los manejos franceses». España, que años antes no había reaccionado ante la toma de Casablanca, se apoderó ahora de Larache y Alcazarquivir en la zona occidental atlántica de Marruecos. Como consecuencia de esta iniciativa fueron necesarias nuevas negociaciones francoespañolas que, como siempre, se tradujeron en disminución del área de influencia del segundo país. Aunque Alemania hizo acto de presencia enviando un buque a Agadir, Francia había terminado comprando la definitiva retirada alemana de Marruecos mediante una cesión en el Congo. En consecuencia, de manera idéntica a como había sucedido en 1904 con Inglaterra, España debió ceder 45 000 kilómetros cuadrados de la zona que le había sido anteriormente atribuida. Por el tratado de septiembre de 1912 España, además, aceptó definitivamente la internacionalización de Tánger y se mostró dispuesta a no fortificar la costa propia. En adelante la autoridad del sultán marroquí estaría representada en la zona de protectorado español por un jalifa nombrado entre dos personas elegidas por España. El tratado, según García Prieto, concedía a los «imperialistas españoles» para la expansión, y a los partidarios del «recogimiento» que aquélla fuera proporcionada a la verdadera capacidad española. En torno a la fecha del tratado se produjo un considerable incremento de la extensión controlada por los españoles tanto en la zona oriental como en la occidental (campaña del Kert, toma de Monte Arruit, ocupación de Tetuán… etc). A diferencia de lo sucedido en 1909, en todas estas operaciones no se produjo ningún conflicto militar grave.

España y la Primera Guerra Mundial

Para comprender la actitud de España ante la Primera Guerra Mundial ha sido necesario hacer referencia previamente a la posición española en el mundo tal como había quedado perfilada como consecuencia de la guerra hispanonorteamericana del 98. España, como hemos visto, fue en adelante una nación europea de segundo rango cuya importancia radicaba ante todo en su situación estratégica a uno y otro lado del Estrecho. No ligada a potencia alguna por ningún tipo de tratado estable era, además, un Estado inicialmente aislado en el que los políticos enunciaban en ocasiones, como hizo Silvela en 1903, el propósito de «hacer salir nuestras relaciones de la situación en que se encuentran». La única posibilidad de lograrlo sin poner en mayor peligro la situación de la política exterior española residía en que, por razones económicas o militares, nuestro país se convirtiera en un aliado deseable para alguna de las grandes potencias. Al mismo tiempo, sin embargo, se debía evitar que el compromiso español en Marruecos pusiera en peligro un objetivo de mucha mayor importancia, como era la regeneración interna. Un diputado, Romeo, llegó a decir en 1904 que tres cuartas partes de España eran Marruecos y había que dedicarse antes a ella que a cualquier empresa colonial.

En la práctica la condición mediterránea de España y sus intereses norteafricanos irremediablemente la ponían en contacto con Francia y Gran Bretaña, mientras que la superioridad de estos dos países tenía como consecuencia que las relaciones con el nuestro se tradujeran en términos de efectiva mediatización. Como en 1834, España dependió de Francia y Gran Bretaña; se sumó siempre a ellas cuando estaban de acuerdo y esperó a que se diera esta situación si no se daba de entrada. Ya en 1907, en el momento de la reunión de Cartagena, el discurso de la Corona hizo mención a los «intereses muy considerables» que unían a España y estas dos naciones y que influyeron decisivamente en la determinación del papel que le hubo de corresponder a España en Marruecos. Periódicamente podía surgir otra potencia (hasta los años veinte fue Alemania y, en cierto grado, Italia) pero ni España tenía verdadera capacidad para independizarse de aquella tutela ni la tercera nación estaba interesada en otra cosa que en causar problemas al antagonista francobritánico. Los representantes diplomáticos españoles en todo el mundo solían actuar de manera supeditada a los de estos dos países y en ellos residían nuestros embajadores más calificados, más estables y más directamente vinculados al Rey. Éste, que desempeñaba un papel nada desdeñable en la política exterior, viajaba cada año a Gran Bretaña, donde tuvo apoyos diplomáticos importantes en la propia familia real.

Un dato complementario más se refiere a Portugal. El papel de Francia y de Gran Bretaña en la política exterior española se aprecia, en efecto, con tan sólo examinar la repercusión que sobre España tuvo la revolución portuguesa en 1910. Ya desde antes el peligro revolucionario republicano había hecho ponerse en contacto a ambos monarcas estableciendo entre ellos una especie de cooperación defensiva. Alfonso XIII tuvo contactos frecuentes con los últimos monarcas portugueses a los que trató de una forma paternalista (y, en ocasiones, contraproducente). Cuando cayó el trono de los Braganza hubo una evidente hostilidad española frente al nuevo régimen; sectores carlistas y monárquicos prestaron ayuda a los conspiradores portugueses desde la frontera gallega y, según Canalejas, hubo «eco de estas actitudes en más de una región elevada», afirmación con la que se refería, por supuesto, a los medios palatinos o al propio Rey. Fue la determinación de Canalejas, pero, sobre todo, la oposición británica, explorada por el propio Rey en 1911, la que explica que no tuviera lugar la mencionada intervención. Los conspiradores portugueses, sin embargo, hicieron periódicas operaciones desde la frontera gallega. Más adelante, en 1913, Alfonso XIII hizo una exploración semejante en Francia con los mismos resultados negativos pues la cuestión se remitió a Gran Bretaña que, como aliada tradicional de Portugal, era quien debía decidir sobre el particular en el seno de la entente francobritánica. Tampoco Alemania o Austria se decantaron por aceptar el intervencionismo español en Portugal antes de la guerra mundial, aunque, iniciado el conflicto, hicieran promesas, más o menos imprecisas, de que lo aceptarían de una u otra forma. Todo este panorama contribuyó a fomentar la posición neutralista española cuando estalló la guerra mundial. El fundamento principal de la misma residió en dos factores decisivos: el casi único interés por Marruecos y Gibraltar y la debilidad de la posición española en todos los terrenos. De esta última eran conscientes los dirigentes españoles hasta el punto de que Dato escribió al Rey que «si la guerra de Marruecos está representando un gran esfuerzo y no logra llegar al alma del pueblo, ¿cómo íbamos a emprender otra de mayores riesgos y de gastos iniciales para nosotros fabulosos?». Algo parecido acabaron pensando todos los políticos del régimen, incluso el conde de Romanones, que después de escribir un artículo de apariencia intervencionista titulado «Neutralidades que matan» se limitó a proponer una declaración de alineamiento genérico casi de carácter ideológico al lado de franceses y británicos, pero sin recurrir a la beligerancia. «Somos neutrales porque no podemos ser otra cosa», decía Cambó y la realidad de esta afirmación se comprueba con sólo tener en cuenta que la mitad del ejército español estaba en Marruecos y el 80 por 100 del presupuesto militar se empleaba en el pago del personal. En estas condiciones la postura de la clase dirigente española puede considerarse como acertada, por mucho que desde el mundo liberal intelectuales como Unamuno la calificaran de «vergonzosa»; con mucho mayor fundamento Azaña defendió una «neutralidad forzosa impuesta por nuestra propia indefensión». El propio Monarca viajó a Francia, Austria y Alemania para tantear posibles contrapartidas, pero encontró que eran muy modestas. Las potencias monárquicas defendieron una especie de solidaridad monárquica que debería haber alienado a España con ellas pero el Rey español repuso que ese principio «había pasado ya a la Historia, como lo demuestra nuestra guerra de Cuba, en que nadie salió en defensa de España». Las potencias democráticas no querían la intervención española sino una neutralidad muy benevolente. Las promesas que hicieron (por ejemplo, cambiar Gibraltar por Ceuta) fueron, sin embargo, ocasionales y poco comprometidas.

En consecuencia la posición española fue de neutralidad estricta y procuró identificarse con aquellos países, como Bélgica, que mantenían esa postura aunque había sido violada por los beligerantes: por eso se ofreció para encargarse de la representación de sus intereses. Durante el periodo bélico Alfonso XIII, como Jefe de Estado del país neutral más importante que estaba cercano al escenario del conflicto, tuvo una intervención humanitaria que llegó a representar algunos meses la gestión de 20 000 peticiones de ayuda. Sin duda esto dio especial relevancia internacional a España en los años de la posguerra. Pero si el Estado español fue neutral, la sociedad española vivió tan fuertes tensiones que Pío Baroja pudo describir la situación como una auténtica «guerra civil». En parte, una situación como ésta fue la consecuencia de la conversión de España en campo de batalla entre las respectivas propagandas de los beligerantes. Sin duda, la influencia francesa era mayor que la alemana en el momento de estallar el conflicto, pero este último país hizo un gran esfuerzo con importantes inversiones de dinero que inmediatamente los aliados intentaron contrapesar con otras semejantes. Como el precio del papel había encarecido mucho resultaba posible comprar a la prensa, ya de por sí venal y así pudo llegar a decirse, como hizo Araquistain, que «los dedos de una sola mano pueden servir para contar los periódicos diarios que no han sido comprados en Madrid». A veces, incluso las compras de diarios alteraban el alineamiento previsible de los medios de prensa: hubo periódicos republicanos de izquierda, como España Nueva, comprados por los alemanes, mientras que los franceses subvencionaban a algunos carlistas. El propio Araquistain recibió subvenciones francobritánicas e italianas para la revista intelectual de más prestigio en aquel momento, España. Francia, que había dado por descontada la francofilia de los españoles, debió hacer importantes inversiones destinadas a crear instituciones culturales para alimentarla. Al margen de esta propaganda, los alineamientos ideológicos fueron fundamentales en la adopción de una postura sobre la guerra, aunque muy a menudo se ocultaran bajo la pretensión de servir intereses nacionales objetivos. Para la derecha social y política Alemania representaba el orden y la autoridad. Su principal orador, el tradicionalista Vázquez de Mella, que era financiado por Alemania, juzgó como una necesidad de la política exterior española ser «amigos de los enemigos de Inglaterra», explotando el sentimiento de frustración ante la falta de satisfacción de las exigencias españolas en Marruecos. La prensa conservadora, la mayor parte del Ejército y del Episcopado (con la excepción del arzobispo de Tarragona y algún otro, también catalán) fueron germanófilos en grados variados y con matices cambiantes. El Correo Español, órgano del carlismo, previo «el paseo triunfal de las águilas germanas desde Alsacia a los Pirineos» y presentó a la civilización francesa como modelo de corrupción con sus mujeres «abandonándose al placer». Para la izquierda, en cambio, del lado de Francia e Inglaterra estaba la causa «del derecho, la libertad, la razón y el progreso», como decía el republicano Lerroux, el más destacado de los intervencionistas. Si ya estas opiniones, basadas en clichés nacionales, podían tener mucho de simplificador, con el transcurso del tiempo el enfrentamiento entre germanófilos y aliadófilos concluyó dando la impresión de que los adversarios de los segundos eran no tanto los alemanes como los españoles que los defendían. Así se explican algunas de las posturas adoptadas entonces, principalmente entre los intelectuales, cuyo sector liberal fue radicalmente beligerante a favor de los aliados. En 1915 una liga antigermanófila se presentó como «órgano del liberalismo y la democracia». Entre quienes suscribieron su manifiesto figuraban Unamuno, que veía en la germanofilia la «beocia troglodítica atudescada»; Azaña, que lamentó la falta de preparación española para un conflicto en el que hubiera querido una intervención a favor de los aliados, o Araquistain, para el que la guerra era una continuación de la Revolución Francesa. Los intelectuales partidarios de Alemania fueron pocos (por ejemplo, Jacinto Benavente o D’Ors) y alguno por un motivo inesperado, como por ejemplo Baroja, que creía que aquel país era el único capaz de «aplastar» a la Iglesia católica. Incluso a los movimientos obreros llegó el debate acerca de la contienda: así como los anarquistas solieron mantener posturas antibelicistas, los socialistas fueron partidarios de un neutralismo matizado por la aliadofilia. Abundaron, en todo caso, dada la exaltación del momento, los casos paradójicos. Había germanófilos que presentaban a Alemania como una nación católica y Maeztu llegó a prologar un libro en el que describió a los pedagogos alemanes como «cabos furrieles». Una legión catalana combatió contra un Imperio federal como el alemán, y el tradicionalismo no aceptó la aliadofilia de su pretendiente oficial, don Jaime. Las exhortaciones a la paz fueron mínimas, a pesar de tratarse de una nación neutral y la propia posibilidad de que el Papa se refugiara en España fue esgrimida como argumento contra uno de los beligerantes, Italia. Dado este ambiente, no puede extrañar que la clase política se viera seriamente conmovida por la violenta polémica de la sociedad española. El más decidido servidor de la neutralidad fue Dato, que, al estallar la guerra, incluso se negó a situar tropas en la frontera francesa para evitar cualquier tipo de influencia sobre los acontecimientos. Para moderar la acritud de las disputas internas no dudó en absoluto en acudir a la censura o a la suspensión de las sesiones parlamentarias. Por su parte, Maura titubeó un tanto pues, habiendo sido uno de los más caracterizados partidarios de la vinculación con Francia y Gran Bretaña, quiso también hacerse portavoz, al menos parcial, de las actitudes germanófilas de la derecha española. Por eso, aun habiendo calificado en un principio la neutralidad como «una perogrullada», no dudó luego en criticar a los aliados por «fomentar la decadencia, el enervamiento y el apocamiento de España», pidiéndoles, como testimonio de buena voluntad, Tánger y Gibraltar.

Como sabemos, sólo Romanones, entre los políticos de turno, hizo declaraciones de aliadofilia, aunque no implicaran la beligerancia española. Este hecho explica que, cuando la guerra submarina alemana se convirtió en total y empezaron a producirse torpedeamientos de nuestros navíos, llegara al poder con el objeto de manifestar una postura más decidida en defensa de los intereses españoles. Sin embargo, la tensión en la sociedad española era tan grande que, cuando, en abril de 1917, las pérdidas en buques españoles alcanzaban las 100 000 toneladas, y el gobierno publicó una nota quejándose de que los alemanes ponían en peligro la vida económica de los neutrales se vio obligado instantáneamente a abandonar el poder. La tesis de Romanones en esta ocasión consistió en decir que él era aliadofilo pero que no quería gobernar en contra de una opinión que parecía no ser partidaria de esta actitud. Testimonio de la neutralidad (pero también de la debilidad) española es que sólo cuando las naves españolas hundidas superaban el triple de la cifra indicada y ya tan sólo faltaban 15 días para la finalización del conflicto se decidiera la incautación de buques alemanes surtos en puertos españoles.

El hundimiento de navíos fue uno de los aspectos más negativos de la guerra mundial para España, que tampoco logró una mejora territorial en Marruecos, Gibraltar ni papel alguno respecto de Portugal. Los alemanes lo habían prometido en caso de triunfo pero, como en el caso de los aliados, es cuanto menos dudoso que, de lograr la victoria, se hubieran hecho realidad tales concesiones. Sin embargo, la neutralidad durante la guerra mundial resultó netamente positiva para España, en especial porque su mantenimiento facilitó un importante desarrollo económico, evitó unas tensiones políticas y sociales tan graves como las que padecieron Italia y Portugal (que participaron en la guerra y, como consecuencia, cambiaron sus respectivos regímenes políticos) y, en fin, realzaron la posición exterior de España en Europa durante la posguerra. En efecto, a finales de 1918, con Romanones como presidente del gobierno merced precisamente a su actitud aliadófíla y con los intelectuales liberales suscribiendo un manifiesto de la llamada Unión Democrática Española en pro de la paz y la cooperación internacional, España, como principal país neutral europeo, parecía destinada a desempeñar un papel de primordial importancia en el Consejo de la naciente Sociedad de Naciones. Aunque nunca lograra un puesto permanente, estuvo a punto de conseguirlo y, en cualquier caso, fue siempre elegida para figurar en él durante los primeros años de la década de los veinte gracias a esa circunstancia y al apoyo de las naciones hispanoamericanas. Fueron los liberales los principales defensores de la Sociedad de Naciones mientras que los conservadores se mostraban mucho más reticentes respecto del presidente norteamericano Wilson, principal inspirador de ella.

En relación con el papel de España en el mundo de la posguerra se debe, en efecto, tratar de un cambio en su imagen al otro lado del Atlántico. Una de las consecuencias positivas del 98 fue que, con el transcurso del tiempo, desaparecieron aquellos factores que habían alejado a España de los países hispanoamericanos. En realidad, el cambio a este respecto fue anterior a la independencia de Cuba y varió mucho de unos países a otros. En Argentina, por ejemplo, el Día de la Raza se empezó a celebrar en 1892 y al año siguiente el himno nacional fue modificado para quitarle una frase ofensiva para la antigua metrópoli. Aunque en el último tercio del XIX hubo una actitud hispanófoba tendió a disiparse con el final de siglo. En Venezuela sucedió lo mismo aunque el repudio de la herencia española durara bastante más. Sólo en México puede decirse que perdurara la hispanofobia. En Perú, en cambio, excepto en algunos medios intelectuales, la asunción de la herencia colonial no fue controvertida.

Tras el 98 la situación se tornó aún más positiva para España porque ahora no tenía sentido temer a la vieja metrópoli cuando, además, existía un poderoso vecino del norte, como era Estados Unidos, que podía resultar mucho más amenazador y representar una cultura distinta. De ahí que en medios conservadores y tradicionalistas hispanoamericanos surgiera una cierta nostalgia hacia la tradición cultural común y en favor de una civilización no basada en los valores materiales que se identificaban con la civilización norteamericana. De esta manera el hispanismo de contenido conservador alcanzó una influencia creciente mientras tuvo una contrapartida peninsular en, por ejemplo, un Vázquez de Mella, partidario de la constitución de una confederación de Estados hispanoamericanos que se convirtiera con el transcurso del tiempo en «centro neurálgico» de la política internacional. Estas tesis serían continuadas (y radicalizadas) por Maeztu.

Sin embargo, no cabe en absoluto atribuir tan sólo esta significación al hispanismo. La nostalgia del pasado pudo atraer a un puñado de intelectuales pero no explicaría, por ejemplo, el mantenimiento de buenas relaciones con la Cuba independiente o con Estados Unidos. La existencia de una fuerte colonia española proporciona en el primer caso la razón: El Centro Gallego de La Habana tenía 55 000 socios y el Asturiano no le iba a la zaga. Desde el primer momento los líderes de la independencia cubana no dudaron en acudir a esos centros y en 1908 visitó Cuba el buque escuela de la Marina española. En Estados Unidos la mala imagen acerca de España, derivada de la conquista, fue superada gracias a algún escritor, como Blasco Ibáñez, y al nacimiento de un hispanismo autóctono. En 1904 fue constituida la Hispanic Society, obra de un millonario llamado Huntington, que llevó a cabo una importante labor de promoción de la cultura española, en especial de la pintura.

El hispanismo tuvo también una muy importante vertiente liberal y regeneracionista que se tradujo en el anudamiento de relaciones culturales más estrechas a uno y otro lado del Atlántico gracias, por ejemplo, a los contactos consolidados a comienzos de la segunda década del siglo por algunos discípulos de Giner, como Posada y, sobre todo, Altamira, especialmente en Argentina. Buena parte de los intelectuales de las generaciones del 98 y del 14 escribieron en la prensa de este país, lo visitaron y tuvieron su público fiel. En 1914 se creó una Institución Cultural Española que los acogió a todos ellos. La labor de difusión de la realidad española en América no tardó en tener una repercusión importante en otros terrenos. Cuatro años antes la infanta española doña Isabel de Borbón había visitado Argentina con ocasión del aniversario de su independencia. En 1921 la de Perú también se celebró con presencia de autoridades españolas y durante el mismo año la Guardia Civil española creó instituciones para formar en este país una fuerza de orden público semejante.

En sus dos vertientes ideológicas el hispanismo constituyó un fenómeno básicamente cultural, sin proyección política concreta ni apoyatura en intereses materiales puesto que, por ejemplo, el comercio español con Hispanoamérica era tan sólo el 15% del total. Precisamente si el hispanismo alcanzó un cierto éxito en el terreno de la cultura la razón estriba en su falta de materialización efectiva en otros terrenos distintos del cultural, pues ésta hubiera sido tomada como un intento de afirmación imperialista. Aunque perjudicado por sucesos como la Semana Trágica, el hispanismo se vio favorecido por la imagen del Rey, que ya en 1906 anunció su deseo de ir a América. Pero nunca fue la consecuencia de una política española sino el resultado de una confluencia. Antes de convertirse en fiesta nacional española el Día de la Raza fue una celebración espontánea con mayor popularidad al otro lado del Atlántico que en la propia España.

Las consecuencias económicas y sociales
de la Primera Guerra Mundial

Si durante los años de la Primera Guerra Mundial la sociedad española se vio violentamente agitada por controversias internas, todavía hubo de resultar más perdurable el impacto que aquélla tuvo sobre la economía nacional, hasta el punto de que un estudioso de la cuestión ha podido escribir que esta etapa tuvo «una entidad y una trascendencia fundamentales en el desarrollo del capitalismo español». En efecto, en la etapa inmediatamente anterior, aunque el crecimiento económico español había sido importante, la distancia con respecto a la primera potencia industrial, Gran Bretaña, se mantuvo invariable mientras que países como Italia, Francia y Alemania la vieron disminuir. En cambio, a partir de 1914 el producto interior bruto por persona creció un 1,5 por 100 anual, una tasa superior a la de Gran Bretaña e Italia. España, por tanto, parecía acercarse a los países más desarrollados.

Una verdadera riada de oro valorable, según algunos economistas, en unos 5000 millones de pesetas de entonces llegó a las arcas de comerciantes e industriales españoles. Desde el punto de vista económico la guerra mundial supuso, a la vez, un eficaz instrumento de protección automática para la producción española y un sistema de primas a la exportación en un país cuya balanza comercial era permanentemente negativa. Un historiador ha descrito esta situación como un verdadero «golpe de suerte» y como tal fue sentida por muchos de los contemporáneos. El novelista Wenceslao Fernández Flórez describió a un personaje suyo de estos momentos diciendo que «sin que le naciese una arruga ni vertiese una gota de sudor veía correr el dinero hacia él y sus acciones se desdoblaban y volvían a desdoblarse con la fecundidad que sólo era posible encontrar en algunos peces y en algunos insectos». Por supuesto no en todas las ramas de la producción se produjo una situación como la descrita. Algunos de los productos tradicionales de la exportación española, que no tienen una demanda rígida sino flexible, padecieron las circunstancias bélicas que vivía Europa. La exportación naranjera descendió de casi cinco millones de quintales a un mínimo de menos de dos en 1918 para sólo volver en 1920 a los niveles de comienzos de siglo. Gran Bretaña, principal importador, restringió su comercio pero a esto se sumó la aparición de otros competidores como Palestina y Sudáfrica, más esmerados en la selección de calidades. España perdió una parte de su cuota de mercado en Europa aunque la naranja siguió jugando un papel decisivo en sus exportaciones. También la exportación de corcho, la industria de la construcción y la minería (con excepción de la hullera) vieron afectada negativamente su situación por las circunstancias. El transporte ferroviario padeció graves estrangulamientos y durante los años de la posguerra se planteó una imprescindible elevación de tarifas. Pero todos estos casos fueron excepcionales en una coyuntura económica enormemente satisfactoria. La mejor expresión de ella se aprecia con sólo mencionar la situación de la balanza comercial, que tenía un saldo negativo de 100-200 millones de pesetas anuales y que ahora, bruscamente, lo tuvo positivo por valor de unos 200-500 millones. Lo que había sucedido era, sencillamente, que productos que se exportaban con anterioridad habían visto estimulada la demanda en los países en guerra o, sobre todo, que otros que nunca pudieron esperar tener un mercado exterior ahora lo habían encontrado merced a la renta de situación que a España le proporcionó su neutralidad. Por tanto, las ventajas de ésta no consistieron tan sólo en evitar tensiones políticas o pérdidas humanas sino en sustanciosos beneficios económicos.

Hubo en este sentido algunos casos muy característicos. La minería de la hulla asturiana había tenido siempre como inconvenientes la dificultad de explotación y de transporte, amén del minifundismo; su problema perenne era el precio y a comienzos de la segunda década del siglo su tasa de crecimiento era negativa y el consumo de carbón importado llegaba al 40 por 100 del total. Ahora, en cambio, se produjo un cambio tal que puede conceptuarse como una auténtica edad de oro. La Revista Minera pudo asegurar que tener una mina de hulla era «el modo más rápido de enriquecerse después de la lotería». Durante la guerra hubo años con crecimientos de en torno al 20 por 100, mientras que el porcentaje del carbón consumido de procedencia externa disminuyó a tan sólo el 10 por 100 y el número de mineros en Asturias pasó de 18 000 a 39 000. Los salarios reales se incrementaron en un 120 por ciento, pero los beneficiarios fueron, sobre todo, los capitalistas: los beneficios de Duro-Felguera pasaron de 2,5 a 17,6 millones de pesetas. Algo parecido sucedió con muchas otras industrias. La siderurgia vasca vio multiplicar por 14 sus cifras de negocios, hasta el punto de que el rico por excelencia en estos momentos era el industrial vasco. La industria química pesada se vio favorecida por las dificultades del comercio con Alemania y, aunque tuvo problemas para obtener determinado tipo de productos, se ha podido decir que tal rama «adquirió su carta de naturaleza» en estos momentos.

Otra industria, arriesgada pero por ello especialmente rentable en estos momentos, fue la naviera. El aumento de la demanda mundial y las dificultades creadas por el bloqueo alemán tuvieron como resultado una auténtica floración de navieras: sólo en 1917 fueron creadas 16 empresas nuevas y en 1921 otras 21. Los precios de los transportes marítimos llegaron a septuplicarse y los dividendos pudieron llegar a ser del orden del 520 por 100 en algunos casos. Las acciones de la Naviera Sota (un nacionalista vasco que en la posguerra sería nombrado «sir» inglés por los servicios prestados a este país) cotizaron al 3990 por 100. Otro de los capitanes de la industria vasca, Horacio Echevarrieta, diputado republicano por Bilbao y protagonista de numerosas iniciativas empresariales, compró los astilleros gaditanos, dispuesto a encontrar en ellos una rentabilidad adicional. El valor medio de los tejidos de lana exportados por la industria textil, fundamentalmente catalana, fue veinte veces superior a la preguerra mientras que el de los de algodón llegó casi a ser tres veces más alto. Se ha calculado que en estos años la fibra procesada por la industria textil catalana creció del orden de un 16 por 100. En general, pues, debe decirse que, con muchas diferencias según los campos y ramas, la actividad económica se vio enormemente estimulada durante la Primera Guerra Mundial. Basta para probarlo tener en cuenta alguna estadística: para una base 100 en 1900, en 1918 el índice de producción siderúrgica se situaba en 1072 y en 560 el relativo a la producción eléctrica.

Por las peculiaridades descritas acerca del desarrollo económico en estos años cabía prever, de entrada, que en determinados aspectos pudiera ser efímero. En las minas asturianas la productividad por trabajador era inferior a la existente en Europa, y todavía disminuyó durante la guerra. Así se explica que, al tener dificultades estructurales y no saber modificar, mejorándolos, sus procedimientos productivos, entrara en una grave crisis a partir de los años veinte. También las navieras se habían visto beneficiadas por una situación irrepetible y tuvieron problemas a partir del armisticio. Así como la siderurgia vasca parece haber aprovechado la situación para lograr una importante modernización, en cambio en Cataluña la industria textil no lo hizo, aunque se electrificara ya por completo. Como prueba baste con decir que sólo tres de las 46 nuevas industrias textiles creadas en 1914-1915 eran sociedades anónimas. Cuanto antecede explica que se planteara una crisis grave concluidos los años bélicos que, desde el punto de vista económico, fueron de bonanza para España. Por supuesto no debe pensarse que se retrocediera drásticamente en todos los terrenos productivos, pero sí en algunos, mientras que en la mayoría se producía un estancamiento. Lo más espectacular fue el cambio producido en la balanza comercial. Ésta había sido positiva en el pasado pero, en el momento de concluir el conflicto arrojaba un saldo negativo de 500 millones que era el triple dos años después.

La reacción de los industriales españoles se explica precisamente a partir de estas peculiares circunstancias. Como en realidad sucedió en todo el mundo, la crisis de la posguerra favoreció en todas las latitudes la intervención estatal, demandada e incluso exigida desde los más diversos sectores de la producción. El sentido nacionalista e intervencionista de las disposiciones aprobadas durante la guerra, o inmediatamente después, tenía sus precedentes, como hemos visto, en la legislación española durante la etapa de gobierno de Maura, pero acentuó un rasgo que todavía había de tener mayor significación en el futuro. La Ley de Protección de industrias nuevas y de fomento de las existentes, de marzo de 1917, proporcionó exenciones tributarias y primas a la exportación. Con posterioridad, disposiciones más sectoriales supusieron la ordenación y nacionalización de las industrias relacionadas con la defensa nacional o la atribución de las concesiones mineras exclusivamente a ciudadanos españoles. Pero, con ser muy importantes estas medidas, hubo otra todavía más decisiva y de efectos prácticos más inmediatos. Ya desde 1921 se empezó a plantear la necesidad de una revisión arancelaria a la que se llegaría en febrero de 1922, siendo Cambó ministro de Hacienda. Producto de la concordancia de intereses proteccionistas no sólo catalanes, el arancel estableció una barrera todavía más dura para las importaciones extranjeras en un país en el que ya existía una protección que se situaba entre el 15 y el 50 por 100 para los productos industriales que tuvieran competidor en España. Ahora el arancel de la hulla, por citar un solo ejemplo, se duplicó y, en general, las trabas económicas a la importación eran tan duras que hubo que recurrir a una Ley de Autorizaciones arancelarias que permitiera la disminución del arancel para poder llegar a firmar tratados comerciales con otras naciones. Es probable que la elevación tuviera como motivo una posible rebaja negociada posteriormente con otros países.

La crisis producida en la posguerra no debe hacer pensar en la inexistencia de transformaciones estables en la economía española como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Ya hemos visto que no se produjo una contracción de la producción en todos los campos, pero, además, hay dos aspectos que demuestran que la economía nacional se había situado en un nuevo plano, superior y más moderno. En primer lugar, antes de que se produjera esa intervención estatal exigida por las distintas ramas industriales, se había producido una auténtica nacionalización, aunque parcial, de la industria y las finanzas españolas. La totalidad de la Deuda del Estado, cifrada en 4500 millones, pasó a manos españolas y sucedió lo mismo con casi la mitad de los valores industriales. Por citar tan sólo dos ejemplos, antes de la guerra la mitad de las empresas mineras y una gran parte de las ferroviarias estaban en manos del capital extranjero.

En segundo lugar, durante el periodo bélico puede decirse que quedó configurado de manera estable y definitivamente perfilado el papel de la banca en el seno de la economía española. Si a comienzos de siglo habían surgido muchas de las firmas bancarias que todavía hoy siguen teniendo un papel decisivo en la economía española ahora aparecieron otras, como el Banco Central y el Urquijo. Sin embargo, el cambio más decisivo consistió en el desplazamiento del centro de gravedad de la banca española, su progreso considerable en todos los terrenos y su papel creciente como financiadora de la industria nacional. A principios de siglo todavía el capital de la banca catalana, casi toda ella de carácter familiar, era el triple que el de la banca vasca. La crisis del Banco de Barcelona, en 1920, que daría lugar a una obra del más popular autor dramático catalán, Ángel Guimerá, titulada «Alta banca», supuso el principio del fin de esa preponderancia de la banca catalana. Movida por operaciones especulativas y por su incapacidad para saber adaptarse a las necesidades del mercado, la crisis tuvo como consecuencia la creación de un marco legal nuevo, aprobado también durante la gestión de Cambó como ministro de Hacienda y basado en una Ley de Suspensión de pagos, aprobada en 1922 y en la Ley de Ordenación de 1921, en la que se preveía la obligación de un capital y un interés mínimo, así como sanciones en caso de incumplimiento de la regulación dictada. En adelante los bancos estatales de mayor envergadura (Español de Crédito, Hispano, Central…) jugaron un papel cada vez más importante en la economía catalana. En cuanto al crecimiento de la banca española basta con unas cifras para probar su considerable volumen. En un principio la guerra mundial supuso un estancamiento del negocio bancario, que además sufrió la competencia de la banca extranjera. Pronto, sin embargo, la situación cambió. Entre 1916-1920 el número de bancos españoles se duplicó y en este periodo los recursos propios se triplicaron y los ajenos se cuadruplicaron. Los beneficios de los cinco primeros bancos se multiplicaron por seis. Sobre todo a partir de este momento la banca española desempeñó un papel creciente y decisivo en la industria. Los consejeros de los siete bancos más importantes estaban presentes, en la primera posguerra mundial, en un total de 274 sociedades, que representaban nada menos que el 49 por 100 del capital desembolsado. Esta vinculación entre banca e industria siguió siendo rasgo característico de la economía española durante mucho tiempo.

Pero si con la Primera Guerra Mundial se produjo un importante paso adelante en la economía nacional, sus efectos inmediatos con frecuencia resultaron detestables para las clases populares. Aunque no se contrajo la producción de alimentos, la guerra mundial provocó en España un súbito encarecimiento de los productos de primera necesidad, en parte por la exportación de esos productos, más rentable que la venta en el mercado interno, y en parte por las dificultades que encontraban las importaciones imprescindibles. Un historiador aristócrata escribió pasado el tiempo que «la langosta vendida por piezas subió de 17 reales a un duro». Al español medio, sin embargo, le interesaban ante todo productos más prosaicos. Al respecto cabe decir que esos productos que formaban parte de la dieta habitual pudieron subir, durante la guerra, algo más del 15 por 100 que llegaría a un 20 en las pequeñas poblaciones. Los salarios crecieron también, en parte por la presión sindical, en parte por la propia bonanza económica, pero variaban mucho según las profesiones; de todos modos, en muchos casos parecen haber ido por detrás de los precios e incluso ha habido historiadores que han cifrado en un 20 por 100 el deterioro del nivel de vida de la clase obrera. Si bien esa cifra parece improbable o exagerada, de lo que no cabe la menor duda es de la aparición de evidentes tensiones sociales e incluso de motines por las dificultades de encontrar en el mercado lo que en la época se denominaban las «subsistencias». Esta realidad constituye el obligado telón de fondo para comprender la evolución de la política española del momento.

Alternativas en la política interna (1913-1917)

El cambio originado en la vida interna de los partidos dinásticos a finales de 1913 tuvo la suficiente trascendencia como para que cambiaran los protagonistas esenciales de la política de turno. En general, durante el pasado se ha solido ofrecer una visión peyorativa de los dirigentes del partido liberal y conservador a partir de aquella fecha, como si el solo hecho de que ellos hubieran sustituido a Maura y Canalejas fuera testimonio de irremediable decadencia. Lo cierto es que los políticos posteriores a 1913 no carecieron de cualidades: no fueron ni corruptos, ni ignorantes, ni tampoco dejaron de ser, en su mayor parte, liberales. Gran parte de su mala fama historiográfica deriva de la época en que les tocó ejercer su función: en ella parecían desvanecerse, por la imposibilidad de llevar a cabo su programa, los ecos del regeneracionismo finisecular mientras que la propia modernización de la sociedad española, que avanzaba, aunque con enorme lentitud, impedía a menudo otros propósitos que no fueran la pura y simple gestión. En buena parte de los políticos de esta fase final de la monarquía constitucional de Alfonso XIII predominó una concepción puramente clientelista del poder, pero otros fueron capaces de ejercerlo con voluntad de defender un sistema liberal de cuyas limitaciones se daban cuenta (aunque fueran incapaces de superarlas), al tiempo que no se cerraban a transformaciones legales importantes, parecidas a las que tenían lugar en toda Europa.

Tras las reiteradas negativas de Maura a volver al poder turnándose con los liberales, en octubre de 1913 lo hicieron los conservadores, presididos ahora por Eduardo Dato. No cabe la menor duda de que éste hizo poco por sustituir al antiguo jefe del partido conservador y de que Maura había perdido el apoyo de la mayoría de su partido. Frente a la tesis del antiguo jefe conservador que, después de tres años de silencio, pidió el reconocimiento de la bondad de su política en el periodo 1907-1909 y juzgó como «palatinos», o poco menos que traidores, a quienes estuvieran dispuestos a la convivencia con los liberales, la mayor parte de los dirigentes del partido conservador pensó que Maura actuaba como «el perro del hortelano», sin permitir que gobernaran los demás pero sin gobernar tampoco él mismo, y que podía llegar a poner en peligro el propio sistema monárquico constitucional. Eduardo Dato, procedente del regeneracionismo de Silvela e introductor de algunas de las primeras disposiciones relativas a la reforma social en España, había estado a punto de ser candidato a la dirección del partido conservador cuando desapareció de su jefatura el citado personaje. Durante el periodo 1907-1909 había permanecido en la segunda fila de su partido, probablemente descontento con la gestión de Maura y Cierva, e incluso parece haber pensado en una retirada de la vida pública. Sólo la manifiesta voluntad de Maura de marginarse de la dirección de su partido y su aparente aceptación de que Dato lo sustituyera explican que éste acabara haciéndolo. «Todo es discreto en el Sr. Dato» —escribió Azorín—; «simplicidad y discreción, he ahí las dos características de un espíritu sutil, aristocrático». Carlos Seco ha señalado hasta qué punto resulta para él válida la caracterización que Azaña hizo de lo que es un moderado: «La moderación, la cordura, la prudencia de que yo hablo, estrictamente razonables, se fundan en el conocimiento de la realidad, es decir, en la exactitud». Dato siempre fue acusado por los «mauristas» de gris y oportunista, pero este juicio es sesgado y no hace justicia al personaje. La moderación le hacía no adoptar las posturas en apariencia heroicas, pero muy poco constructivas, de un Maura y su realismo le hacía ser escéptico respecto de las posibilidades inmediatas de regeneración. Claro está que a menudo su actitud de resistencia al cambio hacía que algunos periodistas —Plá— describieran el ambiente que rodeaba a su política de «pastosidad fofa». Pero era más propiamente conservador que algunos de los jóvenes «mauristas», en el sentido de que a menudo utilizó la dilación como un arma política contra el cambio y no se enfrentó directamente con éste. Al mismo tiempo, tenía otro rasgo característico del conservador: la ductilidad en el trato y ante las circunstancias. Ante María Cristina, la madre de Alfonso XIII, el marqués de Pidal describió a los dirigentes conservadores de una manera que resulta muy expresiva del talante de Dato: «Si el diablo hubiera aparecido en una reunión, Silvela se hubiera ido atemorizado, yo mismo hubiera luchado a bofetadas y Dato se hubiera fumado un pitillo con él». El principal dirigente del partido liberal que tenía enfrente Dato era el conde de Romanones. Descendiente de una familia de estirpe liberal, su abuelo había hecho fortuna en la emigración y su padre había enlazado por matrimonio con la aristocracia. Romanones aparece descrito por Azorín en su Parlamentarismo español como el profesional de la política, dueño y señor de una clientela, que en las Cortes era capaz de recordar los nombres de todos y cada uno de los pedigüeños que a él se dirigían y era capaz de hacerles, a todos ellos, una promesa o, por lo menos, dirigirles una sonrisa. Esta caracterización del dirigente liberal como el político hábil, poco respetuoso con la ideología, naturalmente listo y preocupado sobre todo por engañar al adversario, tiene fundamento y ha quedado consagrada por historiadores y testigos relevantes del tiempo en que vivió. Él mismo, buen conocedor de la política profesional, no tuvo reparo en escribir que «el diputado no nace, se hace», en el sentido de que debía repartir favores y hacer amigos. Comparándole con el resto de los dirigentes liberales de la Restauración, el juicio de Pabón establece la magnitud de la distancia personal entre él y sus antecesores: «Junto a la sabía, fácil y aplomada madurez de Sagasta, él era un principiante asustadizo; su oratoria distaba de la de Moret aproximadamente lo que su figura de la arrogancia corporal de D. Segismundo; hubiera sido un mediano pasante del bufete de Montero Ríos y, junto a Canalejas, como estadista y gobernante, no era nada». Ortega, al describirle como esencialmente miope, en el sentido más etimológico del término, incidía en el mismo juicio: tenía una visión ratonil de la política porque para él no era otra cosa que la práctica de una especie de astucia lugareña al objeto de mantenerse en el poder. También escribió Ortega, al reseñar sus memorias, que «el conde no se esconde»; en el fondo era un tanto ingenuo y simplón al presentar el instinto de poder como algo semejante al apetito sexual o al revelar, con el paso del tiempo, muchas de sus artimañas para mantenerse en el poder. Pero Romanones fue también mucho más que esta imagen estereotipada de sí mismo que ha permanecido hasta la actualidad. Dato a veces toleró junto a él a lo peor del conservadurismo, pero Romanones a menudo fue no sólo realista y hábil sino también capaz de guiarse por los mejores principios del liberalismo. Mucho más culto de lo que parecía, fue autor de una obra extensa y de interés, acertó en el alineamiento en la guerra mundial, supo atraer a los intelectuales hacia el campo monárquico, mantuvo la serenidad cuando se produjeron graves conflictos sociales o militares y quiso dar una solución viable a las pretensiones autonomistas de los catalanes. A su lado García Prieto, heredero del cacicato gallego de Montero Ríos, fue una figura bienintencionada y opaca que, si presidió a menudo gobiernos liberales de concentración, fue por su propia inanidad o por el convencimiento de todos de que no pondría en peligro los intereses de nadie. Ninguno de estos tres personajes, miembros de la tercera generación de la Restauración, parece haber estado en condiciones de impulsar la transformación del sistema político español desde el liberalismo a la democracia. La primera etapa de la guerra mundial transcurrió durante el gobierno de Eduardo Dato, que duró hasta diciembre de 1915. Dato consiguió reunir tras de sí a la mayor parte de los conservadores con un gobierno cuyo programa fue relativamente modesto, a pesar de contener la creación del Ministerio de Trabajo, pero que, además, una vez iniciada la guerra, se fijó como objetivo decisivo el mantenimiento de la neutralidad española. Con tal propósito el nuevo dirigente conservador procuró eludir el Parlamento. En consecuencia, las Cortes solo estuvieron abiertas siete de los veinticinco meses que duró este primer gobierno Dato. Esta actitud le fue reprochada por los «mauristas», que surgieron como fuerza política nada más formado el gabinete. Maura había prometido mantener una actitud de apoyo al gobierno, pero su alejamiento de la arena pública duró muy poco. Empujado por algunos de sus seguidores, como Ossorío y Goicochea, el «maurismo» pretendió lanzarse a una campaña de agitación que conectaba con la extrema derecha católica y no parecía tener reparo en atacar al gobierno. De todas formas, buena parte de la veintena de diputados que consiguió reunir tras de sí Maura obtuvieron su puesto sin lucha electoral efectiva y, por tanto, con la probable anuencia del gobierno. El «maurismo» adoptó en su propaganda de estos tiempos una actitud germanófila, como para conectar con la actitud más característica de la extrema derecha, e incluso mostró una cierta inclinación al expansionismo en Marruecos. Pero, desde un principio y ante todo, el «maurismo» fue contradictorio en sus propósitos. Así se demostró en la actitud ante la guerra mundial y ante el liberalismo oligárquico. Ossorio fue germanófobo y el propio Maura, indiferente a los intentos de movilización política de sus seguidores, no dio la sensación de aceptar una ruptura decidida con el sistema político vigente ni con sus métodos habituales. En Madrid los «mauristas» consiguieron un apoyo efectivo entre las masas de derechas, pero la mayor parte de los parlamentarios «mauristas» recurrían a la hora de ser elegidos a los mismos procedimientos caciquiles del resto, a pesar de los discursos regeneracionistas de su dirigente. Éste era el político español más respetado pero los «mauristas» acostumbraron a provocar la oposición de la mayoría de los partidos políticos, monárquicos o no. En realidad, el «maurismo» no representó un cambio cualitativo verdaderamente importante en el seno del conservadurismo tradicional, pero, además, hubo otro aspecto de la gestión de Dato que demostró que, en la práctica, podía ser más eficazmente renovador que su antecesor en la jefatura del partido. En diciembre, mediante un decreto con el que se eludía la discusión en las Cortes, se produjo la aprobación de las mancomunidades provinciales. Ese deseo de evitar la reunión de las Cortes, aduciendo que la cuestión ya había sido suficientemente debatida, resulta muy característico del deseo de evitar conflictos de Dato, sobre todo en tiempo de guerra. Como ya sabemos, las mancomunidades desempeñaron un papel político importante consiguiendo, al menos, satisfacer las más apremiantes demandas del catalanismo que, además, tuvo de esta manera la oportunidad de realizar en la práctica sus deseos de construir su regionalismo desde el ejercicio del poder. Sin embargo, la mancomunidad catalana fue juzgada por el catalanismo como una solución sólo parcialmente satisfactoria y, de cualquier modo, agotó su eficacia en un plazo corto de tiempo. Precisamente la guerra mundial trajo como consecuencia que las reivindicaciones catalanistas aumentaran, concretándose en la solicitud de un puerto franco para Barcelona, que Dato nunca estuvo dispuesto a conceder porque hubiera despertado grandes protestas en otras regiones (Castilla, por ejemplo). Como ya sabemos, la guerra mundial había producido una profunda conmoción en la economía española y Dato había respondido a la situación mediante la aprobación de una Ley de Subsistencias destinada al mantenimiento de los precios a través de rebajas en los aranceles, la prohibición de la exportación y el bloqueo de las subidas por disposición gubernativa.

Los resultados de normas como éstas debían ser inevitablemente escasos, pero lo que más irritó a la oposición, catalanista o no, fue que el presidente del Gobierno eludiera la convocatoria del Parlamento para así evitarse quebraderos de cabeza. Aparte de los liberales, Dato, aun teniendo un apoyo abrumador entre los conservadores, no lo tenía completo: sus intentos de atraerse al «maurismo» fracasaron y lo propio le sucedió con La Cierva. Éste representaba, al decir de Ortega, una especie de versión en rústica del «maurismo». La Cierva, que se indignaba ante las afirmaciones de Dato en el sentido de que Pablo Iglesias fuera «honrado», veía en el entonces jefe del partido una actitud demasiado «blanda y contemporizadora» con la izquierda. Como solía suceder en la época de Alfonso XIII, la crisis gubernamental se produjo por la concordancia de todas las oposiciones que demandaban un programa legislativo de medidas económicas.

Romanones sucedió entonces a Dato, como si el sistema de turno mantuviera su completa vigencia. Así fue en cierto sentido porque, en realidad, la forma de llevar a cabo las elecciones en nada difería de la de tiempos pasados y, por ello, las celebradas en abril de 1916 proporcionaron la consabida mayoría al gobierno. Sin embargo, en otros aspectos la situación había cambiado considerablemente. Ahora, divididos los partidos en clientelas muy fragmentadas, resultaba cada vez más difícil la composición de las mayorías gubernamentales y de los propios gabinetes. «¡Ay!» —escribió luego en sus Memorias Romanones— «si no existieran hijos, cuñados, yernos, cuántos disgustos se ahorrarían los jefes de gobierno». En pura teoría, sin embargo, había quedado reconstruida la unidad del partido liberal, «cosa no difícil», según el Presidente, pues la amistad con García Prieto, que ocupó la Presidencia del Senado, permanecía. Por otro lado, Romanones, muy consciente de las realidades del sistema de la Restauración, pactó los resultados electorales con Dato, lo que hizo innecesario «apretar los tornillos» durante el periodo electoral.

Como en tantas ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII fueron cuestiones imprevistas las que jugaron un papel decisivo durante este periodo de turno liberal. Ante el Parlamento y la opinión liberal muy pronto destacó uno de los jefes de fila liberales, Santiago Alba, cuyas iniciativas habrían de jugar un papel decisivo en la historia del liberalismo hasta la época de la proclamación de la República. Al igual que la mayoría de los políticos de la época había tenido un pasado vinculado al regeneracionismo finisecular, pero en su caso era especialmente relevante, pues había desempeñado un papel de primera importancia en el movimiento de las Cámaras de Comercio. Frente al exceso de habilidad de Romanones y la inanidad de García Prieto, Alba, por su talento, su preparación y su programa, que incluía un acercamiento a la izquierda extradinástica, parecía destinado a ser el heredero de Canalejas. Sin embargo, ahora como luego, la opinión pública le reputó un maquiavelismo que probablemente no era real sino que a menudo nació de su indecisión. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que, como todos los políticos del momento, también Alba tenía un cacicato ante el que responder y con el que matizar su programa. El de Alba tenía una apoyatura regional castellana (y, más concretamente, vallisoletana y zamorana). Es muy posible que este hecho contribuya a explicar, al menos en parte, el contenido de las reformas económicas que propuso como gestor del Ministerio de Hacienda, ayudado por su subsecretario Chapaprieta, un futuro presidente del Consejo que en sus Memorias reconoce en estos momentos haber realizado «el mayor esfuerzo de mi vida». A este programa se le ha atribuido una importancia excepcional, hasta el punto de considerarlo algo así como el tercero de carácter regeneracionista desde comienzos de siglo, comparándolo con los de Maura y Canalejas. Alba, nacido en 1872, había sido uno de los animadores de Unión Nacional. Dueño de El Norte de Castilla, había ingresado en el sector «villaverdista» del partido conservador pero, en 1906, tras la retirada de aquél, pasó al liberal. En 1912 había llegado ya a ministro. Sin duda fue junto a Cambó, también miembro de la cuarta generación del régimen de la Restauración, uno de los políticos que hubiera podido contribuir a que hiciera la transición hacia la democracia si las circunstancias hubieran sido distintas.

En cuanto al programa hacendístico de Alba se trataba de un conjunto articulado de medidas que pretendía equilibrar el presupuesto, realizar una reforma fiscal y, al mismo tiempo, promover un gasto público basado en un presupuesto extraordinario. Este carácter plural era lo que lo diferenciaba del llevado a cabo por Villaverde, tan sólo nivelador de ingresos y gastos. Alba quería eliminar el déficit recortando principalmente los gastos de Marruecos y sin tocar los educativos. La reforma fiscal que pretendía recaería en la propiedad urbana y en la rústica desaprovechada, en los derechos reales, los rendimientos del trabajo personal y en la ampliación de los monopolios a explosivos y alcoholes. Además, propuso un presupuesto extraordinario, financiado a través de deuda pública, por un total de 2134 millones de pesetas en diez años, de los que la mitad estarían dedicados a programas de contenido regeneracionista como los riegos, las comunicaciones o la instrucción pública. Por otro lado, de forma indirecta, Alba proponía una reforma agraria a través de la fiscalidad y la introducción de un impuesto personal por medio de los beneficios extraordinarios. El programa era muy ambicioso y podría, en efecto, haber tenido efectos positivos dadas las óptimas circunstancias que el país vivía desde un punto de vista económico, pero desde un principio tuvo graves problemas. La mayor parte de los especialistas se alinean, en efecto, a favor de las consecuencias positivas que pudiera haber tenido un proyecto como éste, no sólo por las mejoras en infraestructura y por su función social sino como procedimiento para reducir la inflación y permitir cubrir el déficit presupuestario habitual. Pero una pieza imprescindible del mismo estaba constituida por un impuesto a los beneficios extraordinarios obtenidos durante el periodo bélico y, en relación con él, se produjo la cerrada oposición de la totalidad de los sectores empresariales del país, desde el partido conservador hasta los catalanistas, pasando por los nacionalistas vascos. La oposición de Cambó fue, sin embargo, especialmente combativa. Los historiadores de la economía que han estudiado esta cuestión concluyen dictaminando la ceguera de los sectores conservadores, pero las razones de la oposición no carecen, en realidad, de coherencia. Decía el político catalanista que un Estado que hasta entonces se había negado a plantear, y menos aún a resolver, los problemas económicos que la guerra mundial había puesto en claro, carecía por completo de derecho para reclamar sacrificios a quienes se habían beneficiado de ella. Cambó, además, no se oponía cerradamente a los proyectos de Alba sino que los dividía en «tolerables, modificables e inaceptables». Su mayor oposición a los mismos derivaba del hecho de que el peso de la contribución sobre beneficios extraordinarios recayera sobre todo en industriales y comerciantes mientras que las medidas de desarrollo favorecerían especialmente a las zonas del interior y, entre ellas, las del cacicato «albista». Otros protestaron que el impuesto fuera retroactivo, de que acudiera a criterios dudosos para determinar la ganancia «normal» y que pretendiera ser llevado a cabo por una administración que no estaba preparada para ello. Los proyectos de Alba no contaron con el apoyo decidido de Romanones y ésta es la razón fundamental que puede explicar su fracaso y el que, como en tantas otras ocasiones durante la Restauración, ésta fuera una cuestión más que, planteada con la premura de lo absolutamente vital, acabara relegada. Otros sucesos más apremiantes centraron la atención predominante de Romanones. El primero de ellos se refirió a la política exterior, que, como ya sabemos, fue la que provocó su abandono del poder, pero también se había planteado ya la cuestión militar que con el transcurso del tiempo fue adquiriendo una mayor trascendencia.

A la caída de Romanones le relevó en el poder García Prieto. Se trataba de un puro cambio de personas que carecía de entidad ideológica y por ello Fernández Flórez, irónico comentarista de la realidad política, pudo decir que las diferencias entre los dos dirigentes liberales «no llegaron a ser divulgadas, ni eran, en verdad, excesivamente precisas». Durante su periodo gubernamental quedó planteada con carácter acuciante la cuestión social y a ella se sumó la de las Juntas Militares de Defensa, organismo corporativo de la oficialidad. Como en la época de Moret, la actitud de los dirigentes liberales fue dubitativa y blanda respecto de la posición del sector del Ejército que se había organizado en las Juntas. En un principio éstas fueron toleradas, pero luego Romanones, consciente de las dificultades que podrían originar con el transcurso del tiempo, ordenó su disolución que, sin embargo, estuvo lejos de llevarse a cabo, lo que no dejaría de suceder en repetidas ocasiones. Gobernando ya García Prieto, su ministro de la Guerra, el general Aguilera, en un aparente acto de energía, ordenó de nuevo la disolución de las Juntas y la detención de sus miembros. La reacción de los militares junteras fue, entonces, decidida y acabó en victoria. Incluso el Rey, que originariamente parece haber sido contrario a la existencia de estos organismos, acabó por sugerir una negociación con las mismas. A comienzos de junio de 1917 las Juntas quisieron imponer a García Prieto un reconocimiento de su existencia, pero no estando dispuesto éste a admitirla con claridad, acabó dimitiendo. Una vez más, el Ejército hacía patente su presencia en el escenario público español y, una vez más también, los liberales se mostraron incapaces de enfrentarse con él y, sobre todo, de vencerlo. La vuelta de Eduardo Dato a la Presidencia del Gobierno fue el testimonio de este hecho, al que había que sumar toda una agitación social en el trasfondo de los acontecimientos. A estos dos factores habrá que dedicar unas líneas, pues de ellos derivó, en última instancia, el planteamiento de la llamada «revolución» del verano de 1917.

Los sucesos de agosto de 1917

La trascendencia del verano de 1917 exige una previa explicación de los factores que llevaron a esa situación, una coyuntura crítica para el sistema de la Restauración de la que si, por un lado, sobrevivió, por otro sólo lo logró con muchas dificultades y de una manera que alteró profundamente lo que habían sido hasta entonces algunos de sus rasgos más característicos. Puesto que, aparte de la dinámica política, la protesta social y la situación del Ejército contribuyen a explicar lo ocurrido en aquella ocasión, será necesario hacer una referencia previa a estos dos factores.

La protesta sindical y social experimentó un cambio importante a partir de 1910 y, más concretamente, desde el momento del estallido de la Primera Guerra Mundial. Ya se ha señalado que antes de esa fecha una parte muy considerable del proletariado organizado español estaba vinculada al republicanismo, especialmente en su versión más populista —el radicalismo de Lerroux, por ejemplo—. Además, los sindicatos tenían una implantación escasa, que no pasaba más allá del 5 por 100 de la clase obrera española y limitada, no existiendo en la práctica verdaderas huelgas de carácter general, ni relativas a una profesión ni a la totalidad de la nación, por mucho que fuera ésta la principal divisa esgrimida por el movimiento obrero. La situación cambió en la fecha indicada. La UGT, de la que existen datos más fiables, parece haber triplicado sus efectivos en el periodo 1910-1912, pasando de 40 000 afiliados a unos 130 000. Aunque en los años siguientes se produjo un cierto estancamiento, ya en los momentos cercanos al estallido del conflicto mundial su cifra de cotizantes rondaba los 150 000. Además, la existencia de una nueva generación de dirigentes libró en buena medida al partido de la estrechez de miras a la que lo habían condenado las limitaciones de Pablo Iglesias. La presencia en el seno del partido de personas como Julián Besteiro (un testimonio de que el socialismo empezaba a tener influencia en los medios intelectuales) explica que, en estos momentos, fuera ya habitual una actuación mucho más explícitamente política que sindical en el partido, a la que, por otro lado, se veía obligado por el hecho de que su principal dirigente fuera ya diputado. Por otra parte, esta nueva generación de dirigentes (en la que también debe ser citado Francisco Largo Caballero, un sindicalista tenaz aunque limitado) controlaba de manera estricta y manifiesta el aparato sindical y político socialista. En 1916, de los once miembros del Consejo Nacional de la UGT, seis formaban parte al mismo tiempo de la directiva del PSOE. Si éste experimentó cambios importantes algo muy parecido cabe decir en este momento de la Confederación Nacional del Trabajo que, fundada en 1910, sólo comenzó a tener una verdadera existencia estable a partir del estallido de la guerra mundial. Su implantación era fundamentalmente catalana, pues en esa región se localizaban hasta tres cuartas partes de sus efectivos. Era también manifiesta su ambigüedad desde el punto de vista programático pues si, por un lado, se identificaba con un lema de clara raigambre anarquista como era la huelga general, al mismo tiempo proclamaba la necesidad de utilizar «con tino» esa arma.

Las nuevas perspectivas en que se encontraban los movimientos obreros contribuyen a explicar el incremento de la agitación social que tuvo inmediata trascendencia en el terreno político. Pero, además, hay que tener en cuenta, como trasfondo de esta agitación, la realidad de un fuerte incremento de los precios que afectó especialmente a los productos de primera necesidad; los salarios crecieron también pero en general, salvo determinadas profesiones, fueron siempre a la zaga de los precios. El incremento de éstos resulta significativamente paralelo a la agitación social puesto que si el alza fue relativamente moderada hasta 1916 se convirtió en vertiginosa a partir de esta fecha aumentando además la distancia con respecto a los salarios. En 1916 se alcanzó la cota de casi dos millones y medio de jornadas perdidas como consecuencia de las huelgas y hasta el final de la guerra no bajó del millón y medio. Merece la pena señalar que la modificación cuantitativa del fenómeno huelguístico venía acompañada también de un cambio cualitativo pues en este momento los conflictos tuvieron cada vez un carácter menos local, aparte de que a menudo venían motivados por factores como el reconocimiento de los sindicatos. En un principio la protesta social tuvo un carácter más bien espontáneo, pero a partir de 1916 las centrales sindicales se decidieron a canalizarla y lo hicieron por un procedimiento que ni en el pasado ni en el futuro les habría de resultar fácil, la colaboración entre ellas mismas. En julio de 1916 se celebró una reunión conjunta CNT-UGT en Zaragoza y en diciembre de ese mismo año fue decidida una huelga de la que Pestaña afirmó haber sido la más seguida en la Historia de España hasta el momento. Lo cierto es, sin embargo, que en los meses iniciales de 1917 todavía no se percibía en los medios oficiales un auténtico peligro revolucionario. En marzo CNT y UGT redactaron ya un manifiesto conjunto en que amenazaban con la eventualidad de un movimiento huelguístico generalizado caso de no resolverse el problema de las subsistencias.

Con ser grave este problema de la protesta social para el sistema político de la Restauración lo fue infinitamente más la situación militar. Ya conocemos el relevante papel del Ejército en el Estado de la Restauración, sobre el que no es necesario insistir aquí. Conviene recordar que, gracias al papel atribuido por la propia Constitución al Monarca, así como a la especie de turno en el Ministerio de la Guerra por parte de los generales más prestigiosos, se evitó la directa intervención del Ejército en la política. Como sabemos, sin embargo, la guerra del 98 y la aparición del catalanismo político motivaron una vuelta de la oficialidad al escenario público, pero el sistema político de la Restauración consiguió, en su momento, controlar la situación por el procedimiento de situar en el Ministerio de la Guerra al general Luque, que se había solidarizado con la guarnición barcelonesa. Protestas como ésta menudearon, por ejemplo, respecto del sistema de ascensos por méritos de guerra a finales de 1909. Todas ellas solieron ir acompañadas por cesiones por parte del poder (como ya había ocurrido en 1905 con la Ley de Jurisdicciones). Con ser eso importante, más lo resulta todavía que la extremada debilidad del régimen de la Restauración hiciera inviable una reforma militar angustiosamente necesitada, dadas las circunstancias bélicas que vivió el mundo a partir de 1914.

En esta fecha el Ejército español necesitaba tan perentoriamente una reforma como después de 1898: para 80 000 soldados tenía 16 000 oficiales mientras que en Francia había 29 000 oficiales para 540 000 soldados y en Alemania las cifras eran, respectivamente, 42 000 y 820 000. Una oficialidad tan nutrida, que suponía del orden del 60 por 100 del presupuesto militar, tenía como correlato la ausencia de material así como de tropas convenientemente preparadas. Si lo referido resultaba grave en una situación como la europea de 1914 lo era también por otras circunstancias peculiares del Ejército español y del momento. En España no había un solo Ejército sino varios: los intereses de la oficialidad de Marruecos y de la peninsular acerca de los ascensos por méritos de guerra eran antitéticos y también solían serlo los de las armas técnicas, como la Artillería frente a la Infantería. La primera, gracias a su solidaridad interna, había evitado los ascensos por méritos de guerra y mantenía una actitud elitista, a menudo envidiada por el resto de las armas, que habían acabado por copiar su sistema de tribunales de honor. El impacto del alza de precios resultó un agravante complementario para una profesión tan mal pagada que a los jóvenes tenientes se les negaba el permiso para casarse si carecían de medios de fortuna para sostener una familia. Teniendo en cuenta el entusiasmo despertado en medios regeneracionistas y de izquierdas por las Juntas de Defensa resulta sorprendente el origen de esta protesta militar. Cuando estalló la guerra mundial los sucesivos ministros de la Guerra (Echagüe con los conservadores y Luque con los liberales) trataron de promover reformas que, amortizando las plazas de oficiales, permitieran el sostenimiento de un Ejército más numeroso. El propósito no podía ser más lógico pues ni tan siquiera existían en plantilla destinos suficientes para los oficiales que recibían sus sueldos.

Fue, sin embargo, suficiente para que de este intento derivara una protesta organizada en la guarnición de Barcelona. Lo más característico de ella fue que adoptó un procedimiento que parecía haber obtenido éxito en la Artillería, como era la organización de una junta de oficiales que excluyó por completo de su seno a los generales olvidando la disciplina y rompiendo, por tanto, con la fórmula tradicional de control por parte del sistema político de la protesta militar. La Junta de Defensa barcelonesa protestaba genéricamente contra el favoritismo y contra la deficiente situación económica de la oficialidad pero, al reclamar la necesidad de conseguir «la satisfacción interna» de la oficialidad, revelaba unos propósitos corporativistas que eludían el imprescindible reconocimiento de la supremacía civil. Su dirigente principal era un grueso coronel llamado Benito Márquez, bienintencionado e ingenuo, pero carente de formación, con propósitos confusos (que le llevaron a dirigirse a todo tipo de políticos o a proponer gabinetes imposibles) al que su posición durante unos meses le llevó a una injustificada megalomanía. El comienzo de la protesta juntera se produjo en el otoño de 1916, pero alcanzó su máxima expresión en el verano siguiente cuando se intentaron llevar a cabo unos ejercicios físicos imprescindibles, de acuerdo con una disposición de Luque, para conseguir el ascenso en el seno de la oficialidad. Los sucesivos ministerios liberales (Romanones y Luque, primero, y García Prieto y Aguilera, después) optaron por una apariencia de firmeza que pretendía lograr la disolución de las Juntas o su reducción a un carácter menos explícitamente político mediante la negociación, para luego acabar abandonando el poder. Los capitanes generales de Barcelona (Alfau y Marina, sucesivamente) actuaron a la vez como representantes del poder central y como emisarios de las Juntas, mientras que Alfonso XIII, consciente del peligro que corría el sistema político, después de propiciar la disolución de las Juntas acabó teniendo contactos con ellas por persona interpuesta. En realidad era su propio papel, de rey soldado, el que aparecía cuestionado como consecuencia de la actuación de aquéllas. A la altura de junio de 1917 los liberales habían demostrado con creces su incapacidad para enfrentarse con la protesta militar mientras que ésta había obtenido unos apoyos en principio inesperados. Los militares junteros habían demostrado que no se doblegaban ante los intentos del poder central por disolverlos pero, sobre todo, habían ocultado unas reivindicaciones sectoriales con declaraciones regeneracionistas que daban la sensación de que lo que buscaban era fundamentalmente una renovación política. Quienes tenían reivindicaciones respecto del Estado empezaron a organizarse de idéntica manera a como lo habían hecho los junteros, mientras que las personas o grupos que habían ansiado la renovación vieron en los militares el instrumento o la palanca para producir la ansiada regeneración. «¡Ay de España», dijo Cambó, «si el pleito militar se resuelve sin que sea seguido de una renovación política y queda reducido a una aspiración de clase!». En sus memorias el político catalanista afirma haber pensado sacar a España del punto muerto en que se encontraba por el procedimiento de encarrilar la protesta militar que, de otro modo, podría concluir en la pura anarquía. Por su parte Ortega, que había escrito que los partidos de turno «carecían de una mínima dignidad y compostura literaria que son síntoma de una mente sana y atenta» admitió que los manifiestos de las Juntas hollaban la Constitución, pero añadió que «el poder civil hollado no era tal poder civil» y reclamó unas Cortes Constituyentes. En su opinión las Juntas, «el golpe de la espada», había cortado «el último cíngulo de autoridad moral que ceñía el cuerpo español».

En estas circunstancias no tiene nada de extraño que Alfonso XIII, para resolver la situación, recurriera al procedimiento de un cambio del partido en el poder. Eduardo Dato ascendió al mismo con un gobierno conservador que, de manera más o menos implícita, traía el programa de intentar calmar todos los problemas existentes por el procedimiento de evitar los choques, propósito que Plá describió como «considerar intolerable imprudencia plantear cualquier problema real». En parte tenía razón puesto que a partir de la formación del gobierno, en junio, la suspensión de las garantías constitucionales tuvo como consecuencia que la prensa no pudiera mencionar siquiera ninguno de los graves problemas internos ni internacionales en que vivía España, pero, al mismo tiempo, ese tratamiento del enfriamiento siempre fue muy característico del sistema de la Restauración y del propio Dato, quien, al mismo tiempo, pareció aceptar el reglamento de las Juntas de Defensa aunque con el probable propósito de irlas sometiendo poco a poco gracias a la labor del nuevo ministro de la Guerra, el general Fernando Primo de Rivera.

El tratamiento dado por el nuevo Gobierno a la situación fracasó porque, estando el país en la cúspide de la protesta social y ante el espectáculo de la guerra mundial, la protesta militar había creado unas esperanzas de renovación política que con la actitud de Dato se veían frustradas. Cambó se quejó inmediatamente de que «toda la vida política siguiera igual como si nada hubiese que hacer ni que mudar, ni que corregir ni que mudar» y Unamuno interpretó que el presidente daba la sensación de que por el procedimiento de «velar el manómetro impedía que marcara la presión de la caldera». Lo cierto es que Dato evitó que el sistema político sufriera el directo impacto de todas esas protestas acumuladas que, como veremos, se acabaron enfrentando las unas con las otras pero, al mismo tiempo, hizo imposible que se convirtieran en realidad las hipotéticas posibilidades de renovación política.

El gran animador y articulador de ésta fue, sin duda, Cambó, quien intentó traducir el descontento existente en un movimiento orgánico de resultados constructivos. Ya que el gobierno había suspendido las garantías constitucionales y no quería reunir a las Cortes organizó, a primeros de julio, una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona para, desde ella, inducir al poder a que aceptara las reformas. Se trataba, en su visión, de lograr la colaboración de todos los grupos que significaban una savia nueva en la vida española para plantear la vida pública sobre bases nuevas. Cambó confiaba, según afirma en sus memorias, en «meterse en el bolsillo» a las izquierdas induciéndolas a la moderación, pero requería del imprescindible concurso de Maura para dar al movimiento respetabilidad conservadora. Como en tantas ocasiones, posteriores y anteriores, Maura, sin embargo, permaneció en huraña inacción. Entre los «mauristas» había sido bien recibida la protesta de los militares junteras y había existido la esperanza de que el Monarca reclamara a su jefe para el ejercicio del poder. La decepción por el nombramiento de Dato trajo crecientes protestas de tono antimonárquico por parte de los «mauristas». El político mallorquín, que había sido repetidamente requerido por las Juntas, juzgó el gobierno de Dato como una «desabrida respuesta a los clamores de la Nación en pro de una renovación» y acabó por no asistir a la Asamblea, a pesar del criterio en sentido contrario de alguno de sus consejeros más íntimos: quizá no veía otra posibilidad regeneradora del sistema que la representada por él mismo, o juzgó excesiva la pluralidad existente en la Asamblea (a la que describió como «el pisto»). De esta manera el «maurismo», después de haber tronado en contra del sistema, hacía imposible su renovación, dejando ésta tan sólo atribuida a una Asamblea claramente escorada hacia la izquierda.

En efecto, a la Asamblea, celebrada el 19 de julio, solamente asistieron 71 de los 760 parlamentarios, representando una parte muy limitada de la política nacional: el reformismo, el republicanismo, los socialistas y los diputados catalanes. La política del gobierno ante la protesta fue característica de la moderación de Dato: se limitó a disolver la reunión tras una simbólica detención de los participantes en ella y luego explicó al embajador británico que lo peor que hubiera podido hacer es convertir en mártires a los asistentes. Éstos aprobaron un programa político que consistía básicamente en propiciar una transformación en sentido democrático de la vida pública a través de la convocatoria de unas Cortes Constituyentes. Cambó, que mantenía tenues y discretos contactos con la Monarquía y con las Juntas, pretendía de esta manera forzar unas reformas que, en realidad, no pusieran en peligro a la primera.

Sin embargo, cuando se reunió la Asamblea de Parlamentarios ya se había iniciado la prueba de que, por muy importante que fuera, la protesta era también heterogénea. Ya entonces los militares junteras empezaron a mostrar sus reticencias ante la posible coincidencia con el catalanismo, pero todavía su prevención se hizo mucho mayor cuando un diputado republicano, Marcelino Domingo, escribió un artículo sugiriendo a los soldados que formaran sus propias organizaciones sindicales capaces de desobedecer a los oficiales, mientras que los suboficiales ya habían creado las suyas. Sin embargo, la mayor demostración de heterogeneidad se dio entre la protesta social y la política. El partido socialista aparecía identificado con un programa semejante al de la Asamblea, pero también lo estaba con el otro movimiento sindical, la CNT, desde meses antes. Respecto de la organización anarquista el PSOE pretendió actuar con un sentido moderador. En julio Largo Caballero visitó Barcelona con el objeto de evitar que los anarquistas se lanzaran a una inmediata actividad revolucionaria. No lo hicieron inmediatamente pero, dos días antes de la reunión de la Asamblea, lanzaron un manifiesto en ese sentido. En el preciso momento en que se celebraba la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, en Valencia tenía lugar un conflicto sindical entre los ferroviarios. Se ha afirmado que este conflicto fue atizado por el propio Gobierno con objeto de provocar un estallido que le permitiera salir de la difícil situación en la que estaba, pero ésta es una afirmación que carece de pruebas y parece más bien el resultado de una racionalización a posteriori de lo sucedido. La tensión social y política era lo suficientemente grave como para que se produjera un estallido sin necesidad de ninguna provocación. La única acusación que se puede hacer al gobierno es la de haber permanecido en una actitud pasiva, por otro lado muy característica, como sabemos, de su actuación en estos días y del talante de su presidente.

Al no haberse solucionado el conflicto ferroviario valenciano, el 9 de agosto los ferroviarios decidieron ir a la huelga (aunque por la mínima mayoría de un voto) y, en definitiva, la totalidad del sindicalismo socialista se lanzó a una protesta en la que fue acompañado, como no podía ser menos, por la CNT. Así se produjeron los sucesos revolucionarios de los días 10 a 13 de agosto cuyo protagonismo principal fue, en consecuencia, socialista. La verdad es, sin embargo, que la postura interna de la dirección socialista no fue ni clara ni unánime. Da la sensación de que la huelga les fue impuesta a los dirigentes por las circunstancias, pero que, una vez llegada a ella, la aceptaron con muy diferente grado de entusiasmo. El mismo Prieto, que había hecho provisión de armas, parece haberse sentido superado por los acontecimientos, mientras que Besteiro afirmó luego haber querido aplazar el movimiento y el manifiesto de convocatoria de la huelga señaló objetivos puramente obreristas afirmando que quienes la dirigían «no eran instrumentos del desorden». La correspondencia de Besteiro desde la prisión, en donde acabó como el resto de los dirigentes socialistas, revela que Iglesias había juzgado «una locura» la huelga, en contra de su propia opinión, pero que en el fondo los propósitos de una persona como él no distaban mucho de los de la Asamblea de Parlamentarios. Para Besteiro la Restauración era una «síntesis de todo lo malo y ruin» y había que recurrir a una renovación para la que los militares podían servir como «disolvente». Como todos los conflictos sociales en la España del momento, también en éste se produjo el empleo de la violencia al margen de la significación ideológica de quienes participaran en él. Los incidentes a que dio lugar la huelga de agosto fueron graves, especialmente en Asturias donde la autoridad militar aseguró que perseguiría a los mineros como «alimañas». En total las cifras oficiales contabilizaron ochenta muertos y unos 2000 detenidos. Sin embargo, lo sucedido no puede ser descrito como una revolución, ni siquiera como huelga general propiamente dicha. No fue lo primero porque nunca los huelguistas estuvieron en condiciones de tomar el poder, ni lo segundo porque ni tan siquiera todos los ferroviarios, entre quienes se había iniciado el conflicto, participaron en ella. Se trató, en realidad, de unos incidentes semejantes en cierta manera a los de 1909, aunque con otra localización geográfica. En Barcelona se describió lo acontecido como «la semana cómica», para distinguirla de aquella otra ocasión anterior. En cualquier caso, el Ejército se alineó de forma inequívoca ante los sucesos: en Sabadell, donde estaba de guarnición el regimiento de Márquez, hubo diez muertos y el capitán general de Barcelona, Marina, no tuvo el menor reparo en detener, violando su inmunidad parlamentaria, al diputado republicano Marcelino Domingo. El supuesto carácter revolucionario de los acontecimientos fue consecuencia, más que nada, del paralelismo con lo sucedido en Rusia en ese mismo año.

Varias son las enseñanzas de los sucesos de 1917. La primera es que el sistema de la Restauración, sus dirigentes y su organización ofrecían posibilidades muy limitadas para la renovación política. Cambó afirmó que «hay dos formas de provocar la anarquía, pedir lo imposible y retrasar lo inevitable», atribuyendo a Dato precisamente lo segundo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este último tenía la obligación de procurar resistir a unos propósitos transformadores, gran parte de los cuales amenazaban al mismo sistema y que, además, a corto plazo el cambio reformador era menos inevitable de lo que Cambó pretendía. Como siempre, el sistema de la Restauración supo ser liberal y moderado ante circunstancias revolucionarias como las descritas. Dato y Maura evitaron una posible represión indiscriminada por parte de los militares en contra de los dirigentes de la huelga o el republicano Domingo. Por otro lado, una enseñanza no menos evidente de cuanto aconteció es que en la España de 1917 los sectores renovadores podían coincidir en oponerse al sistema, pero sus objetivos eran distintos y heterogéneos. El Ejército, los parlamentarios y los sindicatos no tenían unos mínimos objetivos comunes, aunque así pudiera parecerlo en el momento de la protesta. El confusionismo del primero y la vía violenta de los últimos hicieron inviables los intentos reformistas de los segundos. Es lícito describir lo sucedido como una «ocasión perdida» pero tuvo mucho más de lo segundo que de lo primero. Existe coincidencia entre los historiadores a la hora de calificar como muy importantes las secuelas de los sucesos de 1917. Ya escribió Vicens que «la crisis preparó unos años de exasperación insolidaria e invertebrada» en que «cada porción de la sociedad española buscó soluciones drásticas al margen de todas las demás». Sin embargo, es tan exagerado afirmar que agosto de 1917 presenció un intento de revolución burguesa (la de la Asamblea) o social (la huelga) como pretender que a partir de este momento el sistema de la Restauración estaba ya muerto. Si acaso puede decirse que entró en crisis el turno, pero el sistema de la Restauración no sólo no murió sino que duraría un quinquenio, de lo que cabe colegir que era un muerto que gozaba de relativa buena salud. Bien percibió la situación Ortega para quien, si «un sistema de viejo equilibrio se había roto», el nuevo no «se había alzado» todavía. De momento se pudo pensar que el gobierno Dato había sido el triunfador de las jornadas de agosto pues había logrado, gracias al concurso de las circunstancias, separar a sus adversarios y enfrentarlos, pero las Juntas Militares de Defensa se dieron cuenta de que, al pasar de su vertiente regeneradora a la represiva, habían perdido el apoyo popular que tenían e inmediatamente, incapaces de dejar de estar presentes en la arena política, acusaron a Dato de imprevisión ante la revolución. Tan sólo dos meses después de agosto de 1917 ese otro vencedor que eran las Juntas acabó por imponer su voluntad al primero.

Los primeros gobiernos de concentración (1917-1919)

La crisis política abierta como consecuencia del verano de 1917 tuvo una tramitación complicada y concluyó en una fórmula de interinidad bien perceptible por el hecho de que fuera nombrado para presidirla Manuel García Prieto, al que describe Cambó en sus memorias como «hombre de escasa inteligencia y menor carácter». En los prolegómenos de la formación del nuevo gabinete, por vez primera desde 1909, el poder le había sido ofrecido a Maura, que tuvo al menos un representante en el Gobierno definitivamente formado. Este supuso el ensayo de una fórmula de concentración entre varios grupos, por vez primera imaginada e intentada, dada la peculiaridad de las circunstancias, y que en adelante sería crecientemente imprescindible. Los elementos más decisivos en ella fueron, por un lado, los catalanistas, que habían sido principales responsables de la convocatoria de la Asamblea de Parlamentarios y, por otro, La Cierva, que se convirtió en el representante de las Juntas de Defensa. Lo cierto es, sin embargo, que esta acumulación de los nuevos protagonistas del escenario político distó, desde un principio, de constituir una fórmula de gobierno satisfactoria. El hecho de que el regionalismo estuviera representado en el gobierno (aunque no por Cambó, que se arrepintió de ello) no significó otra cosa que la desunión de quienes habían colaborado en la Asamblea. Las izquierdas juzgaron la actitud catalanista como una verdadera traición en cuanto que la propuesta fundamental de la reunión, la convocatoria de Cortes Constituyentes, no fue recogida en el programa del gobierno. Sin embargo, la actitud de Cambó no dejaba de tener su justificación: él también podía sentirse traicionado puesto que la protesta civil regeneradora que había liderado había sido sustituida, con sus propias palabras, por «una aventura sin orientación, una cosa estúpida», como había sido la huelga revolucionaria. Por otro lado, si el programa del gobierno no incluía todo lo aprobado en la Asamblea de Parlamentarios sí contenía buena parte de sus aspiraciones. En vez de unas elecciones constituyentes habría otras caracterizadas por su radical imparcialidad, facilitada por el mismo carácter plural del gobierno. Sin embargo, desde un principio quedó claro también que, ante los posibles resultados abruptos de unas elecciones no organizadas desde el poder, los principales grupos estaban dispuestos a organizarse para que no cambiara mucho. Como señaló el embajador británico, las elecciones se iban a organizar por un procedimiento de «libertad ordenada» que tendría ese resultado.

Por importante que fuera la presencia del catalanismo en el poder, las circunstancias hicieron que el protagonismo esencial en el gabinete lo tuviera La Cierva y, además, de manera creciente. El hecho de que en una ocasión como esta fuera un civil, con ínfulas autoritarias, quien ocupara el poder testimonia el declive de los generales de la Restauración, que ya habían dejado de ser el procedimiento para controlar a un Ejército levantisco. Pero la presencia de La Cierva en el Ministerio de la Guerra no resolvió el problema de las Juntas sino que lo agravó sin que, por otra parte, encontraran solución los males de la institución militar. Las Juntas, al transmitir a La Cierva un poder político que ellas no sabían administrar, contribuyeron a aumentar el caos político español atribuyendo al hombre público murciano un peso que no tenía y una función decisiva en el panorama nacional. Autoritario y sedicente defensor de una política de orden, La Cierva venía a representar, en realidad, la subversión misma de los principios parlamentarios y constitucionales; el «ciervismo, »una edición en rústica del «maurismo» (en palabras de Ortega), estuvo perennemente presente en la política española auspiciando posiciones autoritarias que se decían apoyadas en los elementos militares. La Cierva, que empezó su gestión adulando a las Juntas, a las que calificó de «voz potente y providencial», supo maniobrar con habilidad ante ellas, marginando a Márquez y acusando a las Juntas de suboficiales de revolucionarias, pero no se dio cuenta de que éste era sólo un procedimiento para aplazar y no evitar en última instancia el intervencionismo de los militares. Por otro lado, su reforma militar no sólo no reformó nada sino que reafirmó los males del Ejército. Lejos de producir una disminución de las plantillas de la oficialidad, las reformas las aumentaban, mientras que las medallas y recompensas obtenidas en el campo de batalla tendrían una pura consideración honorífica y los ascensos se producirían por antigüedad, excepto en los casos de capitán y coronel, grados que serían concedidos por una Junta clasificadora formada por cinco tenientes generales. La Cierva quiso conseguir que sus reformas fueran impuestas por decreto, lo que constituye uno de los factores explicativos de la crisis del gobierno.

Éste, en efecto, demostró una completa ausencia de dirección. Según recuerda Romanones en sus memorias fue un «engendro caótico», sin un programa común o aún con programas divergentes. Frente a un García Prieto cada vez más desdibujado la figura dominante resultaba La Cierva, hasta el punto de que un coplero de la época describió muy bien la situación con estos versos: «Ni Prieto es presidente/ni tal rango conserva/García es simplemente/García, el asistente/del general La Cierva». Las elecciones convocadas por el gobierno y organizadas por una persona independiente, el vizconde de Matamala, fueron calificadas como «renovadoras» pero, en realidad, lo resultaron mucho menos de lo que esta palabra podía hacer pensar porque, como en ocasiones anteriores, figuras del gobierno utilizaron su puesto para obtener actas. Además, los resultados no resolvieron nada, como desde un principio parecía previsible, porque el panorama parlamentario no fue otro que el de producir una enorme fragmentación de la vida política. Ante las elecciones, la Lliga catalana había defendido lo que Cambó denominó como la campaña de la «Espanya gran». Antes de que los comicios se realizaran el partido catalanista afirmó que «si los ciudadanos no supieran o no quisieran darse una representación parlamentaria, una sensación de impotencia y desesperanza invadiría los espíritus». Así sucedió y ello, sin duda, contribuyó a la crisis gubernamental. Ésta tuvo lugar como consecuencia de la actitud crecientemente autoritaria de La Cierva quien, aparte de sus exigencias sobre la reforma del Ejército, quiso militarizar al personal de Correos cuando éste pretendió actuar de una manera semejante a como lo habían hecho las Juntas.

La crisis del gobierno García Prieto, en marzo de 1918, fue aún más grave que la anterior porque durante ella dio la sensación de que nadie estaba dispuesto a hacerse con el poder y que quien lo estaba no tenía apoyo suficiente. Finalmente, ante la amenaza de abdicación real y gracias a los buenos oficios de Romanones, se consiguió la creación de un Gobierno Nacional en el que se reunieron las figuras más importantes de la política española de la época, desde Maura a Dato, pasando por Cambó y Alba (que eran las dos figuras más nuevas y destacadas), Romanones y García Prieto. El gobierno fue recibido con entusiasme recogido por todos los cronistas de la época porque satisfacía el habitual mesianismo de los españoles. De él participaron incluso algunos de sus miembros como un Maura, «eufórico» según Cambó, porque ahora se le reivindicaba como primer político español después de haber sido supuestamente «preteride» en 1909. Sin embargo, la realidad es que la obra del gobierno fue reducida y que quienes lo componían acabaron profundamente decepcionados de su pertenencia al mismo.

Durante los nueve meses que duró el Gobierno Nacional consiguió sortear los últimos peligros que rondaban a la neutralidad española, pero el programa llevado a la práctica fue muy limitado. Una de las principales preocupaciones del gabinete fue lograr los recursos económicos para financiar las reformas militares, pero éstas eran inapropiadas, como sabemos, y ni siquiera fueron discutidas por temor a despertar las iras del Ejército: el propio ministro de la Guerra, Marina, dimitió el día que se aprobaron. Testimonio de hasta qué punto eran una solución insuficiente es el hecho de que ni siquiera se hacía mención en ellas de Marruecos, un problema fundamental y que en el futuro todavía habría de serlo más. Otras medidas aprobadas por el gobierno fueron positivas pero muy limitadas: la nueva Ley de Funcionarios facilitó la profesionalización de la administración y el reglamento de la Cámara, acortó los debates, introduciendo el procedimiento de la «guillotina», y creando las Comisiones Legislativas. De todos modos éstas figuraron entre las medidas más positivas tomadas por los políticos de la Restauración en la recta final de su existencia.

Aunque hubo hasta el final en el gabinete ministros que, como Cambó, mantuvieron el entusiasmo, a medida que el tiempo pasaba cada vez se hacía más patente la presión sobre cada uno de ellos del grupo político que presidían para que abandonara el poder porque, de estar en él, se iban a derivar muchos más inconvenientes que beneficios. Sánchez Guerra, el segundo del partido conservador, comentó cuando su jefe, Dato, le informó que «estaba en Estado» que «no le extrañaba después de lo que le han hecho», aludiendo a su supuesta preterición. El mismo Maura llegó a afirmar que el gobierno no era otra cosa que una «monserga».

En definitiva, la crisis del Gobierno Nacional se produjo como consecuencia de la actitud de Santiago Alba, una de las personalidades más brillantes de sus componentes. De cara a la opinión pública Alba se mostró quejoso por la no aprobación de la Ley sobre Enseñanza primaria pero, en realidad, existía un pugilato inevitable entre sus propuestas y las de Cambó, ministro de Fomento. De nuevo el político liberal, capaz de proponer una política modernizadora, aparecía, sin embargo, como un factor de desagregación en la vida política. Al dimitir, Alba, que provocó en su contra una reacción airada incluso en el Rey, intentó, como Moret años antes, un acercamiento del grupo político que lideraba, la Izquierda Liberal, al republicanismo. La verdad es que este intento no fraguó a no ser que se entienda por tal la fórmula, en realidad bastante edulcorada, de la Concentración Liberal.

La crisis gubernamental producida como consecuencia del colapso del Gobierno Nacional mostró ahora la del propio sistema en cuanto que de nuevo hubo que recurrir a una fórmula de manifiesta interinidad que, además, como estaba destinado a suceder una y otra vez, resultó inmediatamente dominada por las circunstancias adversas con las que se encontró. Como en tantas ocasiones fue de nuevo García Prieto el encargado de ocupar el poder. Su programa pretendía ser una renovación del liberalismo español, incluyendo la concesión de la autonomía universitaria y la abolición de la Ley de Jurisdicciones pero, en realidad, sus propósitos eran tan sólo de pura supervivencia. En cualquier caso, se enfrentó casi inmediatamente con la agravación del problema catalanista, siendo incapaz de resolverlo. El ambiente de la primera posguerra mundial, con el reconocimiento de los derechos de autodeterminación de las nacionalidades, y la sensación de fracaso de los programas regeneradores en la campaña electoral de 1918 y del Gobierno Nacional explican la creciente intensidad de la protesta catalanista. En noviembre de 1918 la Lliga inició su campaña en pro de la «autonomía integral» redactando unas bases autonómicas que fueron entregadas al presidente del Gobierno. Los catalanistas sintieron ahora que a sus dificultades habituales (Cambó había dicho que «llegaban a las inteligencias, pero los corazones mantenían las mismas prevenciones») se unían las derivadas de la inanidad gubernamental y de su propia desunión respecto de las reivindicaciones planteadas desde allí.

El destinado a sustituir a García Prieto fue Romanones, el político liberal mejor dispuesto a satisfacer las peticiones del catalanismo quien, además, tenía a su favor haber sido el más caracterizado defensor de los aliados durante la Primera Guerra Mundial en el momento en que ésta ya había concluido. La formación de su gobierno resultó, sin embargo, muy complicada. Tras sucesivos intentos Romanones hubo de conformarse con tener tan sólo el apoyo de su grupo (unos cuarenta diputados), por lo que era previsible que su gobierno durara poco. Sin embargo, «anunciar la propia debilidad era la mejor fórmula para no ser atacado» (Pabón). El gabinete Romanones duró más de lo previsto (desde diciembre de 1918 hasta abril de 1919) y constituyó no un gobierno de gestión más, como los que había presidido García Prieto, sino de «excelente gestión», demostrando que quien lo presidía superaba con creces esa imagen de personaje astuto y provinciano con la que se le solía identificar.

Como resultaba previsible, la cuestión catalana constituyó el eje fundamental de la vida del gobierno Romanones. Cuando, a fines de diciembre de 1918, se planteó aquélla en las Cortes Cambó encontró un ambiente poco propicio. Entre los liberales, Alcalá Zamora, representante entonces del centralismo, acusó a Cambó de pretender ser a la vez Bismarck en España y Bolívar en Cataluña, es decir, de perseguir propósitos tan antitéticos como eran la hegemonía en España y la independencia de Cataluña. Más doloroso debió resultar para el dirigente catalanista el hecho de que Maura, que en otro tiempo pudo parecer el político español mejor dispuesto para entender las reivindicaciones catalanas, se lanzara ahora a un discurso sentimental sobre la «nunca suficientemente bendita unidad de España» que impedía cualquier tipo de acuerdo y que no hizo sino introducir un elemento perturbador en la ya apasionada discusión. Cambó, que resumió su propia postura en una frase destinada a multiplicar todavía más la irritación de los centralistas («¿Monarquía? ¿República? ¡Cataluña!»). Encontró, sin embargo, una actitud más receptiva por parte de Romanones, el cual aparece descrito en las memorias del político catalanista como «un patriota y un estadista» que actuaba siempre con «toda lealtad». A partir de este momento el problema catalán siguió dos rumbos paralelos. El gobierno Romanones formó una comisión con representantes de los diversos partidos, aunque muy pronto faltó la colaboración imprescindible de una buena parte de la izquierda y también de un sector de la derecha. Como resultado, la comisión presentó a las Cortes un proyecto de ley que trataba a un tiempo de la autonomía municipal y la catalana. Por su parte, los catalanistas redactaron un Estatuto de autonomía bastante amplio y pretendieron que se aprobara, amenazando con iniciar un movimiento de protesta y desobediencia civil. Cambó afirmó que Cataluña no elegía a sus enemigos sino que ellos mismos se autodefinían como tales: para él el problema era no de descentralización sino de autodeterminación y, por tanto, un proyecto autonómico sólo podía ser aceptado como «un pago a cuenta». En sus memorias el político catalanista describe la difícil situación en que se encontró, necesitado de la colaboración con unos aliados de izquierda que contrastaban con sus convicciones evolutivas. Aún dubitativo acerca de la conveniencia de su propia política en esta ocasión, afirma que aunque «la música era revolucionaria… la letra, si bien se mira, era conservadora». Es muy probable que su verdadero deseo hubiera sido llegar a un acuerdo con la comisión parlamentaria para introducir en su proyecto parte de las exigencias del Estatuto catalanista.

Sin embargo, en este momento, cuando el problema catalán había llegado al máximo de la tensión y no se percibía una fácil solución para él, surgió otro que lo hizo desaparecer del primer plano de la política nacional. La protesta social en Barcelona trasladó el centro de gravedad de las preocupaciones de los catalanistas. Un dirigente sindical pudo decir que a éstos «si les parece que sus intereses de clase corren peligro (en Barcelona), se dirigen a Madrid para ofrecer sus oficios a la Monarquía centralista». Tan duro juicio encuentra, sin embargo, una parcial confirmación en las propias memorias de Cambó para quien si «las autoridades representaban un poder y un Estado hostil, al menos transitoriamente a nuestras aspiraciones», «los anarquistas ya no eran contrarios a la libertad sino a la vida misma de nuestra tierra como colectividad organizada; a Cataluña se le presentaba un pleito que no era de libertad, era de vida». La aparición de la agitación barcelonesa resultó tan grave para Romanones como para Cambó. El primero había conseguido sortear el problema catalán, pero no pudo con el social y acabó dimitiendo cuando las autoridades militares barcelonesas se enfrentaron con las civiles. En cuanto a Cambó y a la Lliga su posibilismo se enfrentó a derrotas sucesivas que parecían privarlo de sentido. El catalanismo había logrado la hegemonía electoral en su región, pero parecía incapaz de ver traducidas en la realidad sus pretensiones. Por eso no es de extrañar que en los años veinte surgieran iniciativas más radicales en su seno.

El clímax social de la posguerra:
El anarquismo en Barcelona y Andalucía

Como en toda Europa, los años de la primera posguerra mundial fueron también en España de grave crisis social. En otros países fue motivada por la descomposición o, al menos, la grave crisis del Estado tras la guerra mundial, así como por el ejemplo de la Revolución rusa. En España un factor decisivo estuvo constituido por la necesidad de readaptación del aparato productivo a las condiciones de la posguerra. Hay que recordar que las ventajas existentes en los años anteriores se desvanecieron ahora, con las graves consecuencias imaginables. En Málaga, por ejemplo, iniciadora de la revolución industrial española, se reabrieron los altos hornos pero en 1918 debieron cerrarse, ya definitivamente. En la Asturias minera los trabajadores habían conseguido multiplicar por tres sus salarios en el periodo 1913-1920. La crisis de la posguerra mantuvo la producción de hulla pero disminuyó su valor a la mitad mientras que las importaciones, menos onerosas, crecían hasta duplicarse. El número de los mineros pasó de 39 000 a tan sólo 29 000 y la afiliación se redujo a una cuarta parte de la anterior. Los sindicatos, que hasta entonces habían llevado a cabo una estrategia ofensiva, pasaron ahora a la defensiva, admitiendo recortes de salarios y aumentos de jornada.

En estos dos últimos puntos, sin embargo, el caso de Asturias fue excepcional porque lo habitual en España, igual que en otras latitudes, fue un considerable incremento en la afiliación e influencia de los sindicatos, cuyo papel, como sabemos, había sido hasta 1914 muy discreto. El sindicalismo logró una difusión extraordinaria llegando hasta zonas donde había estado ausente. La difusión se hizo mediante nueva implantación en algunos casos pero también a través de la incorporación de sociedades obreras independientes o republicanas, sobre todo hasta 1921. No fueron sólo los sindicatos quienes crecieron. También lo hicieron de manera meteórica las asociaciones patronales: un testigo, el notario cordobés Díaz del Moral, constató que la fiebre asociativa era «tan intensa como la que empujó a los proletarios a sus centros». Conscientes de la peligrosidad de la situación, algunos patronos alimentaron la esperanza de que un cierto corporativismo defendiera mejor sus intereses que el régimen liberal parlamentario. Esta difusión del asociacionismo de todo tipo fue acompañada de una agitación social muy considerable y de la aparición de una violencia que se había hecho menos frecuente en España desde el comienzo de la segunda década del siglo y que no revistió ya la forma de motín sino de atentado. Conviene recordar, en efecto, que los años de terrorismo en España presenciaron también en Alemania un elevadísimo número de crímenes políticos (376 en 1921, cifra superior en un tercio a los atentados producidos en Barcelona en el mismo año). Existe, además, un paralelismo entre el caso español y el de otras latitudes respecto de la cronología del conflicto social pues éste fue especialmente grave en 1919, fecha en que se perdieron, según la estadística oficial, más de cuatro millones de jornadas de trabajo como consecuencia de las huelgas, duplicándose así las cifras del año anterior. En 1920 y 1921 las cifras fueron, respectivamente, de más de siete y casi tres millones de jornadas, prosiguiendo el descenso en años sucesivos. Lo realmente más nuevo y original del movimiento sindical español de la época residió en la constitución definitiva de un importante sindicalismo de significación anarquista que, aunque hubiera tenido un origen anterior, alcanzó ahora la plenitud de su desarrollo adquiriendo una manifiesta superioridad respecto del resto del movimiento obrero. Fue él quien protagonizó fundamentalmente la protesta y quien convirtió a Barcelona en eje de la preocupación de todos los gobiernos constitucionales de la época desde 1918.

En este sentido, hay que otorgar una importancia decisiva al Congreso de Sans, celebrado por la CNT en el verano de 1918, y al que puede atribuirse con plena justicia el carácter de refundacional de este sindicato. En él estuvieron representados unos 74 000 afiliados, de los que 55 000 eran catalanes; de esta cifra un porcentaje muy importante les correspondía a los obreros textiles. El rasgo decisivo de este congreso fue la supuesta consolidación de una cierta tendencia propiamente sindicalista dentro de la CNT. Ésta había nacido con un propósito claramente imitativo de la CGT francesa y, como tal, pretendía que el sindicalismo era la única fórmula mediante la cual se podría llegar en el futuro a un proceso revolucionario pero éste se remitió progresivamente a fechas remotas hasta quedarse reducido a una prioridad en la pura gestión de los intereses de los trabajadores. Esta posición contrastaba con la de los anarquistas, que veían en el sindicalismo un mero instrumento que carecía de sentido si no se dedicaba total y exclusivamente al propósito revolucionario. En el Congreso de Sans representaron estas dos posturas, por un lado, Ángel Pestaña y Salvador Seguí y, por otro, Federico Urales. Curiosamente, el más revolucionario era, por tanto, un intelectual y los reformistas los obreros. Fue la postura estrictamente sindicalista la que, por el momento, pareció triunfar, como se demuestra por las principales cuestiones debatidas, así como por el tratamiento que se les dio. Hubo, en primer lugar, cuestiones organizativas. Se propuso, y aceptó, la sustitución de los antiguos sindicatos de oficio por otros de industria que agrupaban de forma más coherente y amplia al conjunto de los afiliados y así permitían una labor de presión mucho más efectiva sobre los patronos que estaban organizándose al mismo tiempo, como luego comprobaremos. La verdad es, sin embargo, que los sindicatos de industria, que merecieron la oposición de algunos puristas del anarquismo, como Urales, sólo se fueron poniendo en marcha muy lentamente, aunque se trataba de una fórmula sindical muy típica del sindicalismo revolucionario. En segundo lugar, el congreso se decantó a favor de la «acción directa», fórmula que según su patrocinador, Ángel Pestaña, no consistía en el empleo de la violencia sino en que las relaciones entre patronos y obreros se llevarían a cabo «sin intermediarios». Esta afirmación debe ponerse en contacto con el tercer aspecto importante de este congreso, el repudio de la acción política. «Los políticos profesionales», decía la resolución congresual, «no pueden representar nunca a las organizaciones obreras y éstas han de procurar no domiciliarse nunca en ningún centro político».

Como se puede apreciar, el conjunto de los acuerdos daba lugar a una obvia ambigüedad, la misma que existía entre una no muy expresa declaración de revolucionarismo, puesto que el comunismo libertario se declaraba un ideal a largo plazo, y, al mismo tiempo, un repudio de fórmulas puramente reformistas, como las consistentes en la promoción del mutualismo. Además, el Congreso de Sans significó un evidente progreso organizativo con el establecimiento de una cuota de afiliación y la conversión de Solidaridad Obrera en órgano de expresión de la CNT y, sobre todo, la aparición de una nueva dirección del sindicalismo de esta significación. Ángel Pestaña, procedente de las filas anarquistas pero ya interesado sobre todo en el sindicalismo, se convirtió en el director de la citada publicación, mientras que Salvador Seguí era nombrado secretario general de la CNT. En Seguí la anarquía se reducía a un vigoroso ideal lejano, mientras que el sindicato constituía la mejor garantía para poder organizar el futuro tras la revolución, la política se presentaba crecientemente como una posibilidad deseable, aunque fuera concebida tan sólo como un medio de educación de las masas.

El Congreso de Sans parecía, pues, haber orientado a la CNT hacia una fórmula que bien hubiera podido concluir en el sindicalismo puro. Así sucedió en la CGT francesa o en la CGL italiana, en donde el sindicalismo revolucionario sustituyó al anarquismo y al final acabó perdiendo aquel adjetivo en la práctica. En España, en cambio, no fue así porque el anarquismo tenía y mantuvo una fuerza superior que hizo que el sindicalismo no sólo no perdiera su componente revolucionario sino que, además, fuera verdadero anarcosindicalismo. Por tanto, la adhesión al sindicato, al menos de una parte considerable de sus dirigentes, se llevó a cabo tan sólo a la vista de sus posibilidades revolucionarias y, en cambio, fue muy tardía y siempre minoritaria la tesis de que el sindicalismo era una solución valiosa por sí misma o al margen de cualquier propósito ulterior. Como veremos, en tales concepciones jugó un papel decisivo el papel de la represión y, en general, la peculiaridad de la agitación social de la primera posguerra mundial, principalmente en Cataluña, pero por el momento es necesario señalar el papel que en la nueva configuración de la CNT, ahora aprobada, tuvo el anarquismo. Éste había sido contrario en principio a los sindicatos, pero en el invierno de 1918 se reunió en una conferencia anarquista con una representación de la CNT y el resultado fue la aceptación de esta vía de acción, lo que proporcionó al anarquismo una influencia social muy considerable. A fin de cuentas, hasta entonces éste no tenía otro apoyo que el de unos modestos grupúsculos «de afinidad». La CNT, que en 1915 contaba con tan sólo unos 15 000 afiliados, pasó a tener en los últimos meses de 1919 nada menos que unos 700 000, con una neta supremacía de los catalanes.

El incremento de la afiliación de la CNT se produjo en un contexto de agitación social creciente, de la que fueron protagonistas esenciales Barcelona y Andalucía. En Barcelona el auge de la CNT tuvo lugar como consecuencia de uno de los conflictos cruciales en la historia del movimiento obrero español: la huelga de La Canadiense entre febrero y marzo de 1919. Se trataba de una empresa eléctrica de la que dependía en gran parte el abastecimiento de energía para la industria barcelonesa. El conflicto se inició por el deseo de disminuir los salarios pero lo que en él estuvo verdaderamente en juego fue el reconocimiento del papel de los sindicatos y su forma de actuación. La huelga duró 44 días frente a los tan sólo 3 de los sucesos de agosto de 1917 y supuso la paralización del 70 por 100 de la industria local. Al final, a mediados del mes de marzo, los sindicatos consiguieron una victoria pacífica y prácticamente total en sus reivindicaciones. Sin embargo, el procedimiento por el que Seguí consiguió la vuelta al trabajo de las masas obreras, un mitin multitudinario en el que presentó como alternativa el acuerdo o el asalto a Montjuich, anunciaba ya las dificultades para el triunfo de una estrategia permanentemente reformista y posibilista. Tan sólo una semana después de suspenderse la huelga se reanudó al no haber sido liberados todos los detenidos como consecuencia de los sucesos anteriores. Esta segunda huelga, con el paso del tiempo, sería considerada por uno de los dirigentes cenetistas (Buenacasa) como «el mayor error táctico que pudo cometerse y cuyas consecuencias fueron desastrosas». Fue, en efecto, la primera demostración de la derivación maximalista que al final acababan teniendo las reivindicaciones de la CNT y preludió tanto la reacción patronal como la utilización por parte de los anarquistas de la violencia. Mientras esto sucedía en Cataluña, la agitación prendió también en Andalucía, en donde los años 1918-1920 se conocieron como «el trienio bolchevique». Esta denominación no debe entenderse como una identificación con los principios que guiaron la Revolución rusa; simplemente, se trató del estallido de unas reivindicaciones que hicieron pensar a los propietarios en la inminencia de una conmoción del orden social tan grave como en el otro extremo de Europa, toda vez que sus protagonistas fueron también anarquistas. Hasta entonces es muy probable que el protagonismo en las reivindicaciones sociales andaluzas estuviera radicado en el medio urbano. Ahora, en cambio, como en otras ocasiones sucedió y seguiría ocurriendo, se produjo una rebelión campesina a la que se ha dado tradicionalmente un carácter milenarista y primitivo. Tal juicio nace del testimonio, importante aunque quizá algo simplificador y sesgado, del notario Díaz del Moral, principal historiador de estas «agitaciones», como él las llama, sin que existan estudios locales en cuantía suficiente como para poder apreciar lo acertado de sus puntos de vista. Parece, sin embargo, que la organización del campesinado se hizo en zonas de raigambre ácrata como Jerez y Córdoba consiguiendo una importante vertebración de los sindicatos que, además, dio la sensación de poder convertirse en estable. De 1914 a 1918 el número de afiliados pasó de 2500 a 25 000, principalmente en Andalucía. Nunca había existido ninguna organización sindical semejante en el campo español.

Pero la descripción de las reivindicaciones y del género de lucha emprendida se debe poner en relación con el milenarismo ambiental. No fueron tan sólo las noticias de la Revolución rusa las que conmovieron a esos campesinos, sino también sus propias condiciones de trabajo, pero aquel suceso, en el otro extremo de Europa, les hizo pensar en la inminencia de su redención: un propagandista del anarquismo se sintió obligado a modificar su nombre de Cordón a Cordoneff. Cuando los dueños de la tierra, asustados ante unos campesinos que pedían tierra y no pan, se mostraban dispuestos a cederles unas fanegas, la respuesta de los campesinos consistía en ofrecer azadas para que los dueños labraran. La revolución parecía, por tanto, inmediata y parecía casi innecesario prepararla. Durante algunos meses el triunfo de los huelguistas fue repetido y normalmente total: incluso las criadas y las nodrizas se solidarizaban con ellos. Luego comenzaron a producirse huelgas por motivos poco justificados o, incluso, sin motivo aparente, a espera del inmediato advenimiento de una milagrosa revolución. La consecuencia inevitable fue que unos sindicatos que se habían nutrido durante meses con muchos afiliados, se desvanecieron con la misma rapidez con que habían nacido. En las ciudades —en Sevilla, por ejemplo— sucedió algo parecido a lo que se narrará más adelante para el caso de Barcelona, es decir, que una minoría, en este caso un «comité rojo», se apoderó del sindicato y lo llevó al suicidio. El congreso celebrado por la CNT en diciembre de 1919 en el teatro de la Comedia madrileño fue un testimonio de la creciente radicalización del movimiento sindicalista y, al mismo tiempo, una prueba de que el sindicalismo revolucionario, que parecía haberse convertido en una senda definitiva el año anterior, quedaba ahora transmutado en puro anarcosindicalismo. Como en otras ocasiones, las decisiones congresuales fueron tomadas en un ambiente de enfebrecido entusiasmo descrito por uno de los dirigentes de la CNT, Adolfo Bueso: «Primero se discutía un proyecto hasta el agotamiento, sin ton ni son, diciéndose las mayores enormidades en la más perfecta ingenuidad», luego se nombraba una comisión formada por militantes conocidos que redactaba una ponencia, la cual acababa siendo aprobada prácticamente por unanimidad. Con estos procedimientos nada puede extrañar que las dos decisiones fundamentales del congreso se caracterizaran por la falta de información y por un entusiasmo ante la inminencia revolucionaria que luego se demostró carente de fundamento. Sobre la eventualidad de una unión con la UGT los sectores más moderados, como el asturiano Quintanilla, querían remitir al congreso de unificación las condiciones para llevarla a cabo, mientras que Pestaña ponía como única condición el carácter apolítico de los sindicatos, pero la decisión final fue rechazar cualquier tipo de unión que no estuviera basada en la pura y simple absorción. Por otro lado, la CNT se adhirió a la Revolución rusa y a la Internacional Comunista. En realidad, como acabaría por demostrarse, en la CNT podía haber muchos pro bolcheviques temporales, pero el número de bolcheviques propiamente dichos fue mucho menor y así quedaría comprobado con el paso del tiempo.

Todos estos antecedentes contribuyen a explicar la degeneración de la lucha sindical en puro y simple terrorismo en la Barcelona de la primera posguerra mundial. Hubo, además, otros factores, generales o locales, que acentuaron la derivación hacia él. En primer lugar, todos los testimonios de los ministros de la Gobernación o los gobernadores civiles de Barcelona insisten en la extraordinaria debilidad e ineficacia del Estado de la Restauración, incapaz de enfrentarse con los problemas de orden público. En 1921 un diario barcelonés se hizo eco de una estadística aterradora: en los dos años anteriores se habían producido unos doscientos atentados, pero sólo ocho personas fueron condenadas por estos delitos, y de éstas sólo una lo fue a muerte (y resultó indultada). Era patente la inexistencia de una policía capaz de enfrentarse con el desorden público, ante todo por simple carencia de efectivos. Aunque el número de guardias civiles se incrementó de forma apreciable (de 21 000 a 25 000 en los años de la posguerra) quienes debían mantener el orden en las ciudades eran los guardias de seguridad pero éstos eran tan sólo unos 4000 en un país de 20 millones de habitantes. En todo Madrid no pasaban de 1500, la mitad de los cuales daba guardia a las embajadas, y en Barcelona había un millar, pero ciudades tan conflictivas como Sevilla, Valencia o Bilbao apenas tenían algo más de un centenar. La policía era, además, defectuosa en su profesionalidad y proclive a la corrupción cuando no a la utilización de procedimientos semejantes a los del terrorismo. En el ambiente de la guerra mundial florecieron bandas, como las de Bravo Portillo y el llamado «barón de Koening», que alguna vez actuaron en beneficio de los alemanes y que también pudieron ser financiadas por un sector de la patronal. Su papel fue probablemente menos importante que el que se les ha solido atribuir: apenas causaron media docena de muertos y se disolvieron pronto. Pero su principal apoyo, el gobierno militar, testimonia que éste, cuando su actuación se hizo imprescindible (y eso sucedió de forma frecuente e inevitable, dada la ineficacia policial) no tuvo reparos en utilizar cualquier método. Uno de los altos mandos barceloneses, Milans del Bosch, llegó a escribir que «sabido es que los policías eficaces no se reclutan entre los santos». Por otro lado, Barcelona y buena parte de España tenía una larga tradición de violencia en sus conflictos sociales, que los sindicatos de significación anarquista tendían a justificar como «actos de desesperación». Esa condescendencia inicial acabó por convertirse en un fardo pesadísimo para los sindicatos, sobre todo por no haberse librado de él en los primeros momentos.

En estos momentos parece poco dudoso el hecho de que fue en medios anarcosindicalistas donde surgió la iniciativa de los atentados en torno a 1917. Si la violencia se había diluido un tanto pareció recrudecer al final de la guerra mundial. Los datos que conocemos dejan claro quiénes fueron principalmente culpables de lo sucedido. Hubo unos 250 atentados hasta 1918 y en ellos las víctimas de filiación conocida fueron 35 patronos, 17 capataces o encargados y 156 obreros sin filiación frente a 9 cenetistas. Parece, pues, evidente, que el crecimiento de la CNT se hizo en un clima de violencia que revelan las propias denuncias de la UGT.

Esto no quiere decir que todos los sindicatos barceloneses o sus líderes apoyaran el terrorismo aunque, como veremos más adelante, buena parte de los dirigentes mantuvieron una posición al menos ambigua respecto de él. Su rápida eliminación a partir de la implantación de la Dictadura de Primo de Rivera parece demostrar su falta de arraigo real. Lo que convirtió estos procedimientos en habituales fue una mezcla de seguridad en la revolución, aspereza de la lucha social, tolerancia de la dirección sindicalista y existencia de personas dispuestas a ofrecerse para la comisión de atentados. Ángel Pestaña cuenta en uno de sus libros cómo recibió la propuesta de dos jóvenes de realizar atentados a cambio de que se cubrieran sus gastos y los de sus familiares. Este tipo de ofertas debieron ser habituales: como casi siempre ha sucedido, los atentados fueron pensados y ejecutados por grupúsculos de jóvenes que tenían poco de sindicalistas y que enlazaban directamente con la tradición anarquista actuando a través de «grupos de afinidad», lo que les hacía difíciles de perseguir por la policía. Durruti dirigía uno de ellos, llamado El Crisol, mientras que García Oliver era el jefe de otro denominado Los Solidarios. A ninguno de los más importantes dirigentes de los sindicatos cabe culparles de la comisión de atentados, pero sí de tolerancia respecto de ellos y de falta de capacidad de reacción frente a una táctica que hubiera debido descubrirse como suicida. Las condenas fueran posteriores, pero entonces resultaron tajantes. Buenacasa escribió más tarde que «todos nos vimos envueltos en el sucio torbellino e imposibilitados de reaccionar contra la ola gigantesca de matones y vividores», y Pestaña admitió que la CNT perdió, a la vez, el «control de sí misma» y el «crédito moral» que tenía. Sólo en 1920 hubo un intento de rectificación, tímido en exceso y que acabó en nada.

El resultado de esta desembocadura de la agitación social en terrorismo convirtió a Barcelona en escenario de una sangrienta batalla campal. El momento álgido de la misma fueron los años 1920 y 1921, en que hubo del orden de trescientos atentados en cada uno de ellos, que concluyeron en una cincuentena de muertos en el primer caso y casi un centenar en el segundo. No sólo la capital catalana padeció esta lacra pues proporcionalmente la violencia, que apenas estuvo presente en Madrid, jugó un papel más importante en Bilbao, donde tenían preponderancia los comunistas, y en Zaragoza, cuya significación mayoritaria era también anarquista. Sin embargo, la mayor relevancia política del fenómeno se dio, sin duda, en Barcelona. Allí padecieron la violencia política y social patronos y abogados de sindicalistas (Layret o Ulled) pero, sobre todo, obreros, en parte porque el pistolerismo cenetista utilizaba la violencia para presionar a los posibles indisciplinados, pero también porque, como respuesta a él, surgió un sindicalismo libre, que empleó idéntica violencia y del que más adelante se tratará. En efecto, más que de una lucha entre patronos y obreros se trató de un enfrentamiento violento entre dos sindicatos, uno de los cuales tuvo, a veces, pero no siempre, protección oficial. Los dirigentes de los sindicatos libres procedían de los únicos, a pesar de que tenían significación derechista y católica. De la «defensa armada» y el colaboracionismo con los patronos acabaron pasando a una estrategia reivindicativa a partir de 1921. Con el transcurso del tiempo el sistema de violencia fue perfeccionándose y agravándose la situación: desde 1921 aparecieron los atracos, que convirtieron la violencia en un negocio, y ya en 1923 el pistolerismo se había profesionalizado hasta tal extremo que la mitad de los atentados concluían con víctimas mortales. Ante esta situación hubo, desde luego, una reacción patronal que padeció de parecidos vicios y desmesuras que la sindical. Empresarios de la construcción y del metal, principalmente medianos y pequeños, crearon una combativa federación patronal, mucho más activa y expeditiva que el Fomento del Trabajo Nacional, dirigido principalmente por «los propietarios de abolengo». Un futuro ministro de Franco, Gual Villalbí, explica esta movilización como consecuencia de «un febril estado motivado por el miedo» y deseoso de una reacción, cualquiera que fuera. Si en marzo de 1919 los sindicatos se habían lanzado a una reivindicación imprudente, a fines de ese mismo año se produjo un «lockout» patronal. Las primeras amenazas revolucionarias contribuyeron, además, a la creación del Somatén, es decir, una especie de milicia cívica, armada de fusiles, que llegó a tener 65 000 afiliados en Cataluña, triplicando las cifras de antes de la guerra, y que representaba y trataba de guardar el orden social. Por supuesto esta milicia era burguesa y conservadora pero, situada bajo el control de la autoridad militar, no tuvo realmente parecido con las bandas fascistas de Italia. Existieron grupos mínimos imitadores del fascismo, pero su influencia resultó casi nula. Como sabemos, ese sector patronal contribuyó también a financiar bandas irregulares.

Fue el Estado —en la práctica, la autoridad militar— quien se enfrentó fundamentalmente al terrorismo y lo hizo de una manera que resulta, desde varios puntos de vista, muy criticable. En primer lugar se caracterizó, como era habitual en la Restauración, por una variabilidad e inestabilidad entre dureza y afán conciliatorio que no llegó a dar ningún resultado, agotando ambas posibilidades en un plazo demasiado corto de tiempo. Las etapas de conciliación fueron demasiado breves como para que en ellas se pudiera consolidar un sindicalismo reformista y en las de represión se emplearon procedimientos al margen de cualquier legalidad sin por ello obtener mejores resultados. Representantes del primer tipo de política fueron los gobernadores Amado y Bas, y de la segunda el conde de Salvatierra y, sobre todo, Martínez Anido. Éste, a partir de fines de 1920, intentó «dar la batalla» al sindicalismo con sus propios métodos, lo que incluía la eliminación de los detenidos mediante la llamada «Ley de Fugas», fórmula que ya otros militares habían sugerido. De todos modos este procedimiento tan sólo se utilizó poco más de una docena de veces a comienzos de enero de 1921. Brutal, e incapaz de darse cuenta de que una cosa era el terrorismo y otra el sindicalismo, Martínez Anido, lejos de mejorar la situación, la empeoró a corto plazo, y en los veinte primeros días de su actuación como gobernador se produjeron nada menos que 22 atentados. No se preocupó de ocultar sus procedimientos: dijo que «apenas hablaba con el Gobierno» y admitió haber recomendado a los «libres» liquidar diez adversarios por cada militante que perdieran. En un año de responsabilidad sobre el orden público en Barcelona hubo casi 400 víctimas de atentados e incluso llegó a acusar a las víctimas de fingir que sus asesinatos habían sido cometidos por obra de los guardianes del orden. Durante meses, las clases dirigentes del país simularon no darse por enteradas de tamaños procedimientos. A lo sumo Cambó lamentó que no se cambiara la ley de orden público en vez de seguir con un terrorismo blanco que admitía como habitual. La Lliga, que nutrió las filas del Somatén, juzgó que mientras que existiera el terrorismo sindicalista no había conflicto social que pudiera tener solución normal en Barcelona. Pero si esa política de dureza y brutalidad no resolvió el problema terrorista tampoco lo hizo la política más templada seguida a partir de 1922, aunque entonces hubo menos violencia. A partir de fines de este año rebrotó ésta y lo peor fue que ahora se sumó a la preexistente, dando la sensación de no concluir nunca favoreciendo, en definitiva, el advenimiento del régimen dictatorial. De todos modos, no debe pensarse que la política estatal fuera únicamente represiva. Durante la primera posguerra mundial hubo importantes medidas reformistas en el terreno social de las que pueden citarse, a título de ejemplo, la creación del Ministerio del Trabajo en mayo de 1920 o la Ley de Accidentes de trabajo en enero de 1922. Gran parte de estas medidas fueron auspiciadas por Eduardo Dato, quien murió en 1921 como consecuencia de un atentado que, al decir de Bueso, un dirigente sindical, fue «consentido» por los dirigentes de la CNT y financiado por las «cajas sindicales». Si la inestabilidad caracterizó a la política estatal, lo mismo cabe decir de la trayectoria cenetista, por su propia incertidumbre y por las condiciones a las que se vio sometida. Desde comienzos de 1920 la CNT llevó una vida peculiar, sin verdaderas reuniones colectivas en que su dirección pudiera decidir una trayectoria, acosada por la persecución indiscriminada y proclive a entregarse a un fútil violencia individual. De ahí los bandazos que experimentaron sus planteamientos. Después de haber decidido no pactar con la UGT, en el verano de 1920 lo hizo con un criterio defensivo que no fraguó al negarse la segunda central sindical a ir a la huelga cuando se produjo, en noviembre del citado año, el asesinato de Layret. También fue preciso rectificar la actitud de identificación con la Internacional Comunista. Si esta decisión se tomó en una fecha muy tardía, verano de 1922, fue debido a que la persecución policial entregó la dirección del sindicalismo a dirigentes de escasa experiencia y de significación totalmente ajena al anarquismo. Tanto Nin como Maurin procedían del socialismo y sólo les unía a la CNT un cierto sentido de urgencia revolucionaria; ellos fueron los principales dirigentes de la CNT durante el año 1921 y los que la mantuvieron en la práctica más vinculada al comunismo que a cualquier otra opción. A comienzos de 1922 la situación cambió con la salida de los dirigentes sindicales de las cárceles en donde estaban. En junio de 1922 el congreso de Zaragoza no sólo supuso la ruptura con el comunismo sino también la adopción de una línea, patrocinada por Salvador Seguí, que volvía a ser más sindicalista que anarquista. El congreso incluso llegó a aprobar una vaga «resolución política» que demostraba la preocupación de la CNT por los problemas generales del país. Sin embargo, esta senda, que señalaba el inequívoco camino de la moderación, no duró mucho. Los sectores más radicales se lanzaron inmediatamente a la subversión insurreccional y a comienzos de 1923 el propio Seguí fue asesinado, quizá por ellos mismos. La pérdida de Seguí resultó ya irreparable: Bueso afirma que la CNT «quedó sin capitán» y también «sin rumbo seguro». Aunque Pestaña mantenía una posición semejante, carecía de su prestigio y de su influencia. Entre 1917 y 1923 el terrorismo causó en Barcelona un millar de víctimas, de las que un 35 por 100, al menos, lo fueron por atentados provocados por los anarcosindicalistas que padecieron un 21 por 100, siendo el resto difícil de determinar. En estas condiciones, la CNT fue hundiéndose a sí misma en la impotencia y el descrédito: no cesaban ni la agitación ni los atentados pero, a la altura de septiembre de 1923 y ya desde 1922, sus sindicatos tenían una fuerza muy relativa. No sería la última ocasión en que el ejercicio de la gimnasia revolucionaria tuviera como consecuencia impedir la reforma y el propio régimen liberal.

El socialismo y el nacimiento del comunismo

Como sucedió en el caso de la CNT, aunque en menor grado, también el sindicalismo y el partido socialista experimentaron un fuerte crecimiento inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. En su caso, sin embargo, tal fenómeno era la continuación de un proceso cuyos orígenes hay que remontar a la creación de la conjunción republicano-socialista. En la última década de siglo el PSOE apenas alcanzaba 5000 votos mientras que el SPD alemán se acercaba al millón y medio pero, sin que se produjera un cambio esencial, la situación mejoró considerablemente para el socialismo español en los años de la Conjunción. En el momento del estallido de la guerra disponía ya de unos 40 000 votos, 14 000 afiliados y unos 150 000 miembros de la UGT. Gracias a la Conjunción había conseguido empezar a arrebatar al republicanismo —demasiado lejano ya a cualquier tradición popular o revolucionaria y en exceso pactista con los monárquicos— los apoyos sociales que éste había tenido hasta el momento en los medios urbanos y proletarios, medios donde el socialismo empezó a construirse una situación predominante. Había una minoría del partido, más radical, que criticaba la colaboración con los republicanos, que se quejaba del personalismo en la dirección o que se sentía irritada por el mantenimiento de una permanente posición de espera revolucionaria, pero carecía de verdadera influencia en la toma de decisiones fundamentales.

En estas condiciones debe entenderse la posición del PSOE ante la guerra mundial, factor imprescindible a su vez para comprender el posterior impacto sobre él de la Revolución rusa. En un primer momento el PSOE mostró una evidente desorientación ante el conflicto, para luego pasar de una aliadofilia latente a otra postura más radical que consideraba «criminales» a las potencias centrales, favorecía la intervención norteamericana en el conflicto y afirmaba que, «en puro idealismo», el partido debía ser intervencionista. Esta actitud chocó decididamente con la del anarquismo, que se manifestó contrario a los dos beligerantes y que incluso propició en 1915 la celebración en El Ferrol de un congreso pacifista; el número de los anarquistas aliadófilos fue mínimo, en comparación con los del PSOE. También lo fue el de aquellos socialistas minoritarios que asimilaban a los dos bandos en una común condena del «imperialismo». Aunque algunos viejos dirigentes, como Acevedo, o intelectuales, como Verdes y Núñez de Arenas, optaron por este tipo de postura, tan sólo los jóvenes socialistas madrileños se identificaron con las posiciones pacifistas y antimperialistas de las que en el resto del Occidente europeo surgirían luego los partidos comunistas.

Si todos estos antecedentes son por completo imprescindibles para llegar a comprender la escasa implantación inicial del comunismo en España hay que referirse de nuevo al crecimiento del partido y del sindicato socialista para poder tener una visión completa acerca de la situación de ambos cuando llegó la noticia de la Revolución rusa. En los años de la posguerra mundial el socialismo vio acrecentarse sus efectivos en todos los frentes. En 1918 la elección de los cuatro dirigentes de la huelga de 1917 permitió la existencia de una movida actividad parlamentaria, no reducida tan sólo a Iglesias. Sin embargo, en 1920 los sufragios socialistas se reducirían a la mitad, disminuyendo también el número de diputados; con todo, el PSOE tenía ya influencia en algunas ciudades como, por ejemplo, Madrid, donde conquistó, ese mismo año, siete concejalías (tenía casi 600 en toda España). Pero, con todo, son más expresivas las cifras de afiliación. En la primera posguerra mundial el número de afiliados al PSOE llegó a superar los 50 000, cuadruplicando sus efectivos, mientras que los de la UGT rondaban los 250 000. Resulta de especial importancia el medio geográfico y social donde se produjo este crecimiento; tres cuartas partes de los nuevos efectivos procedían de Andalucía, Extremadura y Levante, es decir, zonas de nueva implantación del partido en un mundo para él infrecuente, es decir, el rural. En efecto, el PSOE había comenzado a preocuparse de la política agraria que hasta el momento constituía un aspecto inédito de su programa. Tan sólo Unamuno, un socialista heterodoxo, lo había hecho hasta que a comienzos de la segunda década de siglo se ocupó de esta cuestión Fabra Ribas, quien redactó un programa reformista que sería adoptado por el partido en 1918 y que coincidía con los programas agrarios puestos en práctica en la Europa de la época. De esta manera el socialismo español empezó a experimentar una implantación creciente en comarcas en las que no había penetrado hasta el momento: en Málaga, por ejemplo, la significación anarquista de la serranía de Ronda fue compensada por la socialista en Vélez Málaga y en el valle del Guadalhorce.

Existe otro rasgo importante en esta nueva afiliación al PSOE: el carácter colectivo que tenía, hasta el punto de que en Andalucía la afiliación colectiva duplicaba a la individual. Este hecho plantea la posibilidad de que en la agitación social de la posguerra hubiera una politización intensa de muchas sociedades obreras, lo que las llevaba a una vinculación con un partido cuyos principios no conocían suficientemente y cuya estrategia gradualista podían no comprender en absoluto. De hecho, en el PSOE hubo una mayor receptividad hacia el comunismo que en la UGT. Hay indicios, por otro lado, de que esta interpretación es la correcta si tenemos en cuenta, por ejemplo, la volatilidad de la adscripción al socialismo de esos nuevos afiliados: mientras que la UGT estabilizó su afiliación en una cifra superior a los 200 000 (1923), los miembros del PSOE eran ya sólo 9000. En Andalucía, por ejemplo, en el periodo 1921-1923 el número de socialistas pasó de 22 000 a tan sólo 1300. En Granada fue elegido en 1919 como candidato socialista Fernando de los Ríos, pero cuando tuvo lugar una nueva consulta electoral al año siguiente, los sindicatos locales afirmaron que el «sufragio era embustero e inmoral». Todos estos antecedentes son imprescindibles para comprender el impacto de la Revolución rusa en España, pero todavía es necesario alguno más. El rasgo decisivo del PSOE en la época era una mezcla, aparentemente contradictoria, entre unos principios revolucionarios y una práctica habitual reformista. Lo que se ha denominado «pablismo» venía a ser efecto de la situación de un partido que sentía la obligación de seguir mostrándose revolucionario (entre otros motivos podía hacerlo por su escasa relevancia política), pero cuya praxis era, de hecho, reformista. Al mismo tiempo, su debilidad teórica le hacía identificarse con una visión empobrecida del «guesdismo» que, a su vez, era una caricatura del marxismo. Así se explica que los dirigentes socialistas no escatimaran en estos momentos declaraciones que habrían sido impensables en medios socialdemócratas: el propio Besteiro se identificó con la dictadura del proletariado como camino hacia la «verdadera democracia socialista» y De los Ríos afirmó que «el sistema bolchevista ha fracasado pero la Revolución no ha podido fracasar porque todavía está desarrollándose». Esta «tenacidad revolucionaria» de quienes ejercieron la dirección del PSOE, y que siguieron manteniendo después de la escisión comunista, tenía, sin embargo, muy poco que ver con el contenido de las decisiones de los congresos del partido. En el celebrado a fines de 1918 se revisó el contenido del programa mínimo del partido y se propuso la abolición de la monarquía, del Senado tal como existía hasta entonces y del presupuesto de culto y clero, todo lo cual podía ser suscrito por cualquier republicano. Se mantuvo, además, la Conjunción republicano-socialista siendo el único rasgo de radicalismo, siguiendo una propuesta de Besteiro, la decisión de que los socialistas no colaborarían en ningún gobierno «burgués» a pesar de que, caso de existir uno de izquierdas, pretendieran mantener «una influencia decisiva», pero «desde fuera». En plena discusión, en el seno del partido, de la posibilidad de afiliarse a la III Internacional (la comunista), durante 1920 se elaboró un nuevo programa cuyo contenido reviste los mismos rasgos reformistas ya mencionados: creación de consejos técnico-económicos, incremento de escuelas primarias, establecimiento del seguro contra el paro y salario mínimo…, etc. En esta actitud revolucionario-reformista no había verdadera diferencia entre los principales dirigentes del PSOE y de la UGT, Besteiro e Iglesias, a pesar de que sus discrepancias personales aparecieran en ocasiones sobre cuestiones tácticas o estratégicas. En definitiva, uno y otro actuaban como si Berstein tuviera razón, pero pensaban como Kautsky.

Todo cuanto antecede contribuye a explicar el impacto de la Revolución soviética en España en lo que atañe a los socialistas. En un primer momento, porque la actitud del PSOE era manifiestamente aliadófila, recibió con muchas reticencias la noticia de lo sucedido en Rusia. «Con amargura» se refirió al tema El Socialista, calificando a la revolución de «inoportuna y acaso funesta» y, sobre todo, deseando que fuera «poco duradera». En estos tiempos la identificación de los socialistas con Wilson era tan grande que Araquistain le llamaba «poeta». Paradójicamente, en cambio, la primera recepción de los acontecimientos en los medios anarquistas fue mucho más positiva. Triunfante ya el nuevo régimen comunista, la agitación social de la posguerra y el revolucionarismo teórico de los socialistas les llevaron a «saludar con entusiasmo» la victoria de los bolcheviques. Desde finales de 1918 empezaron a aparecer publicaciones filobolcheviques en los medios juveniles e intelectuales de la izquierda socialista. La Palabra, La Batalla y La Internacional fueron las más importantes; en la última escribían, por ejemplo, García Quejido y Núñez de Arenas, quizá las personalidades más conocidas entre los partidarios de la Revolución de 1917. Publicaciones de contenido semejante surgieron también en los medios anarquistas con denominaciones como «El Bolchevista» o «El Maximalista».

Durante bastantes meses la posición de estas publicaciones de escasa difusión pareció poder triunfar en el seno del socialismo. En diciembre de 1919 un primer Congreso del PSOE trató de la cuestión de la posible afiliación a la III Internacional. Por vez primera el sector situado más a la izquierda en el seno del partido consiguió una victoria significativa, consistente en la ruptura de la conjunción republicano-socialista. Ahora se intentaría «buscar el triunfo sobre la burguesía en la adhesión de los núcleos obreros que todavía no practican la lucha política», pero la candidatura izquierdista a la dirección del partido apenas obtuvo el 4 por 100 de los votos en el congreso. En cambio no cabe la menor duda de que si hubiera habido un referéndum acerca de la Revolución rusa el triunfo abrumador le hubiera correspondido a la postura favorable. Hubo tres propuestas al respecto: la primera, redactada por Núñez de Arenas, postulaba la pura y simple afiliación a la Internacional comunista; una segunda, auspiciada por Pérez Solís, pedía que se mantuviera la vinculación con la II Internacional pero que, en su seno, se intentara la fusión con la comunista, y la tercera, patrocinada por los delegados asturianos, que triunfó definitivamente, implicaba el ingreso en la III Internacional en caso de que no hubiera acuerdo definitivo entre ella y la II. Por su parte, los anarcosindicalistas, que realizaban en aquellos mismos momentos su congreso, parecieron ver sólo los aspectos libertarios de la Revolución. Entre ellos había pocos bolcheviques pero, en cambio, muchos filobolcheviques en función del activismo revolucionario que se atribuía a esa posición.

Medio año después, en junio de 1920, durante un nuevo Congreso, la situación parecía seguir siendo propicia a los partidarios de la Revolución rusa puesto que apenas hubo oradores favorables a la Internacional socialista mientras que la decisión adoptada se identificaba, aún con significativos distintos, con la Revolución acontecida en el otro extremo de Europa. La moción triunfante fue redactada por personas tan diferentes como De los Ríos y Acevedo y suponía la autonomía táctica del PSOE, que además revisaría las doctrinas de la III Internacional en sus Congresos aunque se uniera a ella y, de acuerdo con lo propuesto por Iglesias, seguiría participando en las consultas electorales en España. De todos modos, la decisión definitiva se remitía a la celebración de un viaje de Anguiano y De los Ríos a Rusia. Significativo fue también que la UGT, que no tenía urgencia en adoptar una posición taxativa porque todavía no se había constituido una central sindical comunista que pudiera competir con ella, se pronunciara, de la mano de Largo Caballero, en sentido favorable a la permanencia en la II Internacional. A estas alturas existía ya en España un pequeño partido comunista. En realidad Lenin no tenía ningún interés especial en España, lo que explica que cuando apareció en ella un emisario de la III Internacional, Borodin, en enero de 1920, fue por casualidad y el viaje duró tan sólo dos semanas. El apoyo que logró fue, además, escaso: lo tuvo entre las Juventudes Socialistas, algunos de cuyos dirigentes dieron una especie de golpe de mano en el seno de la directiva y convirtieron el semanario oficial de ese organismo en El Comunista. La característica de este primer partido comunista fue una actitud ultraizquierdista y antiparlamentaria, la voluntad de actuar como grupo de presión sobre los sindicatos obreros y una imposibilidad efectiva de hacerlo, en parte por lo reducido de sus efectivos (unos centenares de militantes) y también por la condición no obrera de los dirigentes. En estas condiciones, durante las primeras semanas de 1921 tres delegaciones de dirigentes sindicalistas españoles fueron a Moscú para entrevistarse con los supremos responsables de la Internacional comunista. La primera estaba formada por Merino, principal dirigente del PC, que, como es lógico, obtuvo todo el apoyo de los directivos de la Internacional comunista. Más complicado era el panorama para las otras delegaciones y, consiguientemente, también resultó su viaje más azaroso y más divergente la imagen que trajeron de la Revolución rusa. Ángel Pestaña fue el emisario de la CNT y tuvo la oportunidad de hacer gala en Rusia de un izquierdismo ácrata que aparentemente se contradecía con su posición posibilista en el seno del sindicalismo. Como el resto de los delegados de procedencia anarquista, criticó con dureza la centralización sindical y la tesis de que el partido comunista era la única posibilidad revolucionaria. Como además viajó durante un mes por Rusia y encontró dificultades para que se aceptara la libre expresión de sus puntos de vista, su juicio resultó plenamente condenatorio: el supuesto carácter libertario de la Revolución a sus ojos se había desvanecido, pero no pudo transmitir su opinión de inmediato, sino mucho tiempo después, debido a las peripecias de su regreso a España, lo que explica que la CNT siguiera afiliada a la Komintern nada menos que durante un año y medio más. La perplejidad inicial de los socialistas fue mayor y por eso habían enviado a dos emisarios: De los Ríos, que representaba la posición más opuesta a la Internacional comunista, y Anguiano, la más favorable. De todos modos, lo ya decidido por el PSOE era una adhesión, aunque condicional, al nuevo internacionalismo comunista. Ya en Berlín, sin embargo, descubrieron las veintiuna condiciones impuestas por Lenin, entre las que figuraba la sumisión sin réplica a las directrices de Moscú y el rechazo de la legalidad burguesa. En Rusia, De los Ríos sorprendió a Zinoviev al declararse reformista, pero todavía quedó más perplejo él mismo cuando Lenin le preguntó: «La libertad ¿para qué?». En España, cuando fueron conocidas las condiciones de admisión, motivaron un repudio generalizado. «A mí no me dirigen desde Moscú», aseguró Prieto. Con todo, la cuestión no estaba ni mucho menos resuelta, dada la inicial victoria de aquélla a la que se denominaba posición «tercerista» o «moscutera». A la habitual afirmación revolucionaria de la mayor parte de los dirigentes socialistas hubo que sumar la incorporación al comunismo de algunos antiguos líderes como Acevedo, o de otros más jóvenes, como Pérez Solís. En estas condiciones sólo el hecho de que los dirigentes más importantes del PSOE se lanzaran en contra de la opción comunista explica la derrota de ésta. Incluso se ha llegado a afirmar que si hubiera muerto Pablo Iglesias es probable que el PSOE hubiera concluido en la III Internacional, pero no fue así sino que pudo dirigirse al congreso del partido en un sentido claramente antitercerista. De los Ríos empleó los argumentos relacionados con la libertad asegurando que en Rusia se vivía «como en un presidio», Largo Caballero aseguró que la adopción de una posición comunista podía concluir con la separación de la UGT que él dirigía y Besteiro, con dureza, presentó la situación como producto de un «motín de oficiales contra lo que creen el generalato». En definitiva el PSOE, aún declarándose partidario de la Revolución rusa, se negó a ingresar en la III Internacional.

Tras haber resuelto tan peliaguda cuestión, el socialismo español salió de ella decepcionado y dividido. En este último congreso sólo estuvieron representados una cuarta parte de los afiliados y, además, trajo consigo una nueva escisión pues una parte de los derrotados formó el Partido Comunista Obrero Español (PCOE). Compuesto por antiguos dirigentes del sindicalismo socialista, de mayor edad que los miembros del primer partido comunista, pero de condición obrera, el PCOE tuvo su enemigo más evidente en quienes le habían precedido en la senda comunista. La diferencia esencial era de talante y no pudo ser superada ni siquiera por el procedimiento de conceder una cierta supremacía al primero de los partidos comunistas que hubo en España. A fines de 1921 tuvo lugar la fusión de las dos organizaciones, creando un directorio formado por seis miembros del PCOE y nueve del PC, pero la unión definitiva sólo tuvo lugar en marzo de 1922. En esta última fecha había ya perdido la última oportunidad para conseguir un amplio apoyo en España, al ser desplazados de la dirección de la CNT los sindicalistas de tendencia procomunista que hasta el momento habían estado en su dirección y volver al poder en dicha organización los que, como Pestaña, repudiaban cualquier tipo de concomitancia con el comunismo. Por si fuera poco, la estrategia seguida por los dirigentes del movimiento comunista fue radicalmente subversiva, en especial después del desastre de Annual, y la duplicidad de procedencias de los militantes tuvo como consecuencia inevitable el faccionalismo. A fines de 1922 los comunistas, cuyo empleo de la violencia se había hecho habitual en algunas de las zonas en que tenían mayor implantación, como Bilbao, fueron acusados de provocar una muerte en el congreso de la UGT y perdieron, ya definitivamente, la posibilidad de ejercer una influencia de cierta importancia en el sindicalismo español. A la altura de 1927 un país como España, que durante meses se había visto poderosamente agitado por el impacto de la Revolución soviética, tenía un PCE poco unido y extremadamente sectario, con tan sólo unos 500 militantes.

La razón de esta paradoja estriba en que para la Komintern España no fue tan importante: estaba demasiado lejana y poco podía influir en los acontecimientos mundiales. Además, el comunismo español tardó en nacer y eso minó sus posibilidades. Pero existe todavía una razón complementaria que resulta más decisiva. En toda Europa los partidos comunistas surgieron en los sectores más radicales del movimiento obrero que habían evolucionado hacia la socialdemocracia o hacia el puro sindicalismo abandonando originarias posiciones ácratas, pero en España tal evolución no era posible por la sencilla razón de que ni la CNT perdió su componente ácrata ni tampoco el PSOE podía caracterizarse por un reformismo que lo hubiera integrado en las instituciones liberales. El radicalismo de los dos movimientos cerraba el camino a cualquier eventual influencia comunista.

Para concluir, es preciso recordar que el papel fundamental de la Revolución rusa y el comunismo en la Historia española de la época consistió en provocar un miedo que la existencia de una profunda agitación social y un terrorismo anarquista multiplicó de forma exponencial. Estuvo, en efecto, muy presente en la mentalidad de las clases dirigentes de la España del momento, incluido el Rey. Nos interesa de modo especial, no obstante, la actitud de los patronos, en especial de cara al mantenimiento del sistema parlamentario liberal. Hasta hace relativamente poco no se ha tomado en consideración (ni investigado) este importante factor en el conflicto social. Fue frecuente, en efecto, en la Europa de la época la aparición de una propuesta de corporativismo como vehículo para superar, mediante la asociación voluntaria o forzosa, la conflictividad social con la ayuda del Estado. En España algunos sectores patronales, principalmente la Federación Patronal de Barcelona, defendieron esa tesis, con sindicación forzosa de los trabajadores y a menudo con un talante político autoritario; actitudes parecidas es posible encontrarlas también en la Unión Comercial sevillana. Sin embargo, conviene no exagerar la importancia de estas actitudes, producto, sin duda, del temor a la revolución. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que aunque la afiliación patronal creció mucho en los años de la posguerra —se cita la cifra de 700 000 personas pero hay que tener en cuenta que en su mayoría eran pequeños propietarios rurales— ni la movilización fue absoluta ni tampoco única. Hubo un elevado pluralismo político de actitudes. En el campo, los intereses de agricultores y ganaderos se articularon a través de los partidos del turno, conservadores (Eza) o liberales (Gasset). Existió una patronal mesocrática —la Confederación Gremial Española— que mantuvo posiciones claramente liberales y aún republicanas moderadas en el caso de algunos de sus dirigentes. Las Cámaras de Comercio se mantuvieron también en el ámbito del régimen con parecida tónica. Incluso cabe preguntarse si el corporativismo no fue, en los sectores más radicales de los patronos, un fenómeno circunstancial y tan sólo reactivo, producto de la conflictividad. De cualquier modo, el corporativismo, en una manifestación templada, puede considerarse como un rasgo de época que apareció en las más diversas opciones, desde Maura a Romanones, y siempre dominó en él, de acuerdo con tesis krausistas y católicas, una clara preferencia por el sindicato libre, aún sometido a una instancia corporativa superior. Pero, al menos, la movilización de los intereses patronales contribuyó a debilitar la ya escasa representatividad de intereses del sistema de la Restauración. Así como la movilización sindical se produjo en contra o al margen del sistema político, la de los patronos fue también por idéntico camino, con el resultado de contribuir de forma poderosa a su destrucción.

El catolicismo social y político en la posguerra

Poca o ninguna era la relación o el paralelismo que podía existir en la época entre el catolicismo y el movimiento sindical socialista o anarquista, pero tiene sentido aludir al primero en este momento porque, a fin de cuentas, se trataba también de uno de los elementos capacitados para movilizar la sociedad española, introduciendo en ella un componente modernizador. La mejor prueba de ello es que así sucedió en otras latitudes relativamente cercanas (por ejemplo, en Italia). Circunstancias objetivas como el miedo a la revolución, el temor a una política liberal identificada con el laicismo, la descomposición del parlamentarismo de la Restauración o el crecimiento de los grupos políticos radicales podían ser también otros tantos factores de importancia como acicate a la presencia de los católicos en la vida pública y social española. De hecho, como veremos, al menos una parte de esta movilización política se produjo en torno a los años de la Primera Guerra Mundial, aunque revistió una evidente modestia, al menos en comparación con lo acontecido en Italia y de cara a una modernización semejante a la de este país. Como ya se ha advertido, si la obra del jesuita padre Vicent podía considerarse en exceso paternalista, en torno a la segunda década del siglo XX habían ido apareciendo los gérmenes de un verdadero sindicalismo de inspiración católica. Ya se ha citado, páginas atrás, al también jesuita padre Palau, principal patrocinador de la Acción Social Popular, cuyo propósito eran tan obviamente imitativo de experiencias del catolicismo de otras latitudes que denominaba a su entidad el Volskcerein hispanoamericano y decía querer convertir a Cataluña en «una especie de Bélgica». En realidad no se trataba de una asociación política o sindical, sino religiosa, pero hubiera podido ser, con el transcurso del tiempo, lo uno y lo otro. La caracterizó una indudable modernidad en los medios propagandísticos y de prensa. Palau no puede ser descrito como una personalidad especialmente avanzada en el panorama del catolicismo social contemporáneo, pues, por ejemplo, seguía creyendo en la viabilidad de los sindicatos mixtos, pero probablemente fue quien llevó a cabo una labor de propaganda más persistente y activa. La desaparición de toda la obra de Palau en otoño de 1916 estuvo motivada por una creciente prevención en los medios vaticanos en contra del supuesto «modernismo» en el terreno social y político de parte de las obras sociales inspiradas por la Compañía de Jesús. Al jesuita catalán se le acusaba, además, de promover disputas públicas y de gastar en exceso en una obra de propaganda cuya utilidad decía no descubrirse. Pero las prevenciones en contra de Palau nacían de un temor absolutamente desproporcionado en torno a su heterodoxia. La paralización de su actividad arruinó gratuitamente uno de los posibles reductos de movilización del catolicismo español. Palau se trasladó a Argentina y las nuevas entidades que sustituyeron a las organizadas por él en Barcelona demostraron ser ficticias y carentes de apoyo popular. Testimonio de la real inocuidad de su posición nos lo proporciona el hecho de que, desde este país, se negara a colaborar con otro propagandista social católico, Arboleya, a quien reprochó su «vehemencia» y su afán polémico (de «sacar al sol ropa sucia»). Resulta probable que su condición de jesuita explique esa voluntad de plegarse de forma estricta a la más rígida de las disciplinas del Vaticano.

Más próximas al sindicalismo independiente respecto de los patronos fueron las asociaciones inspiradas por los dominicos Gerard y Gafo y por el citado canónigo ovetense Arboleya. Gerard, como sabemos, inició su labor en Jerez, en 1910, en plena agitación anticlerical y en contacto con alguna de las principales familias de la oligarquía local. Sin embargo, desde muy pronto su acción se caracterizó por un manifiesto tono reivindicativo que repudiaba una civilización no cristiana desde presupuestos tradicionalistas pero que concebía el sindicato como «un instrumento poderoso de mejora social». Su intervención en la Semana Social de Pamplona en 1912 ya motivó la prevención de los sectores más timoratos, entre ellos sus propios superiores. Esto, unido a la reticencia con respecto al uso de fondos sindicales por parte de sacerdotes, explica que durante algún tiempo, cuando los sindicatos por él inspirados alcanzaban ya 5000 afiliados, fuera retirado de la acción social. A diferencia de los antiguos círculos católicos, los imaginados por Gerard eran independientes de los patronos y practicaban acciones reivindicativas que hubieran podido renovar al conjunto del catolicismo social; entre ellas defendieron siempre la huelga. Parecida actitud era la de las iniciativas sindicales surgidas de los medios en torno a Arboleya, que había fundado en Asturias una casa del pueblo y un sindicato obrero independiente, después de haber viajado por Europa, becado por la Junta de Ampliación de Estudios, para tomar ejemplo de la acción llevada a cabo allí por los católicos. Arboleya lamentaba que todavía hubiera círculos católicos cuyos locales pagaban las propias empresas y donde «algunas tardes bostezan y se aburren unos cuantos obreros dignos de la Laureada de San Fernando». Sin embargo, este tipo de entidades seguían teniendo el apoyo de la mayor parte de la jerarquía eclesiástica, estando además apoyadas por el catolicismo social español de rasgos más paternalistas. El marqués de Comillas y sus colaboradores, que contaban con la fortuna de una persona como él, uno de los capitalistas más destacados de la España de la época, consideraban la propiedad, en la práctica, como un derecho absoluto, pensaban que la resignación cristiana podía ser un medio para remediar la cuestión social y se negaban a aceptar la huelga como instrumento reivindicativo.

Hubo, sin embargo, un momento en que pudo existir la sensación de que aquella tendencia más modernizadora podía llegar a triunfar. En 1915 se reunió en Valladolid una asamblea de quienes hasta el momento habían desempeñado un papel importante en la acción social católica y se redactaron las bases para una unión. El propio primado, cardenal Guisasola, pareció apoyar este propósito, poniendo como ejemplo lo acontecido en Bélgica. Además, publicó una pastoral titulada Justicia y caridad, en la que se defendía la licitud del sindicalismo puro y la huelga, y contenía frases como las siguientes: «No hemos de ser nosotros, los católicos, quienes pongamos obstáculos a cualquier cambio, por radical que sea, si tiende a distribuir entre el mayor número posible los bienes de la tierra». Sin embargo, a fines de 1916 se produjo el súbito colapso de las iniciativas unitarias y la consideración como peligrosos de aquellos sectores más avanzados. Al mismo tiempo que desaparecía la labor de Palau en Barcelona se puso también sordina a la de Gerard y se impidió una acción unitaria, cuyos efectos podrían haber sido, sin duda, muy positivos. Los sectores más avanzados responsabilizaron a los jesuitas, al marqués de Comillas y a los patronos por lo ocurrido, pero parece que fue la propia influencia del Nuncio Ragonesi, así como el ambiente ya aludido de la fase final del pontificado de Pío X, los que explican lo sucedido. Las entidades ficticias creadas por Comillas y sus colaboradores siguieron siendo consideradas como las ortodoxas por excelencia aunque, en realidad, quien las patrocinaba era tan bienintencionado como ignorante en temas doctrinales socialcatólicos: hubiera querido suprimir las referencias a los sindicatos en Justicia y caridad y, según sus adversarios, carecía de otras capacidades para la tarea que desempeñaba que no fueran las nacidas de su fortuna.

En cierta forma la contienda entre estos dos sectores fue, en parte, una guerra entre órdenes religiosas, pues el sector más propiamente sindicalista logró apoyos entre dominicos y agustinos mientras que el «comillismo» lo tuvo entre los jesuitas. En general estos últimos mantenían, incluso a estas alturas, una actitud más reticente frente al sistema liberal de la Restauración respecto del cual eran más tolerantes los primeros, influidos por la renovación del «tomismo». En 1916 los sindicatos inspirados por Gerard crearon una federación que en 1918 celebró un segundo congreso y adoptó la denominación de sindicatos católicos libres. Otro dominico, Gafo, fue su principal inspirador desde una óptica que, no siendo nada revolucionaria, era claramente reivindicativa y poco tenía que ver con los patronos. Desaparecido Gerard en 1919 su sucesor consiguió asentar una influencia importante en la mitad norte del país, en especial en Navarra, País Vasco, Zaragoza y Palencia. Sin embargo, el «comillismo» siguió teniendo una influencia en la jerarquía eclesiástica que nada tenía que ver con la que podía alcanzar en los medios obreros. Un ejemplo puede ilustrarlo. Un jesuita nada innovador en la propaganda social, el padre Nevares, organizador de los sindicatos católicos en Valladolid, vio censurada por su propia orden un texto suyo en el que había defendido la tesis de que de que era necesario socorrer, bajo pena de pecado mortal, a quien estuviera en necesidad grave, tal como Francisco Suárez había defendido en el siglo XVII. La primera posguerra mundial, con la movilización generalizada de los sindicatos de todas las tendencias y el miedo entre las clases conservadoras a una oleada revolucionaria, hubiera podido favorecer el desarrollo de un importante sindicalismo de inspiración católica. Hay que tener en cuenta que en estos momentos, después de una etapa inicial en la segunda década del siglo, apareció, o alcanzó especial relevancia, una generación de pensadores católicos que se intitulaban «demócratas cristianos». En realidad, esta expresión no tenía para ellos un verdadero sentido político pero sí indicaba un deseo de llegar a las masas, de aceptar un reformismo social con contenidos precisos, aceptando procedimientos reivindicativos como la huelga y proponiendo fórmulas originales muy en contacto con experiencias de más allá de nuestras fronteras. Su labor tuvo un carácter fundamentalmente intelectual, ejerciéndose a través de las semanas sociales. En 1919 surgió el denominado Grupo de la Democracia Cristiana, que aglutinó a todos estos pensadores y propagandistas. Su obra literaria fue muy abundante, y muchos de ellos colaboraron en el Instituto de Reformas Sociales, pero, salvo contadas excepciones, apenas se tradujo en la práctica con la configuración de un potente movimiento social católico.

De todas las iniciativas surgidas en esta época en el campo social católico, sin duda la más importante fue la relativa al sindicalismo agrario. Como sabemos, fue la Ley de 1906 la que propició el surgimiento de estas entidades que, poco a poco, fueron extendiéndose por buena parte de la Península. La labor de crear entidades de mayor amplitud que las puramente provinciales se intentó en 1912 durante una asamblea celebrada en Palencia, verdadero centro del sindicalismo católico agrario, con la presencia de Ángel Herrera; ese mismo año el nuncio dictó unas normas sobre el sindicalismo católico y en 1915 se creó la Federación de Castilla la Vieja. Finalmente, en 1917 fue fundada la Confederación Nacional Católica Agraria (CONCA), que en 1920 se atribuía nada menos que 600 000 afiliados, un número muy superior a los de la UGT y sólo comparable a los de la CNT. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que esta afiliación significaba cosas diferentes en unos sindicatos y otros. Los sindicatos católicos agrarios proporcionaban servicios crediticios, facilidades para comprar abonos, comercialización de ganado, cooperativas, asesoramiento técnico y apoyo a través, por ejemplo, de la creación de fábricas de harina o mataderos. Muchos de sus dirigentes no fueron proletarios o pequeños campesinos: en los sindicatos agrarios gallegos, por ejemplo, el 35 por 100 eran propietarios y otro 23 por 100 profesionales liberales o funcionarios. Por otro lado, no carecieron de algún tono reivindicativo. Monedero, su principal dirigente laico, era un gran propietario palentino, pero, cuando fue director general de Agricultura en el gabinete de Maura en 1919 propuso la reconstrucción de la propiedad comunal y la expropiación de las fincas de recreo. Para él era posible hacer la reforma «con los ricos», y también sin ellos, pero la protesta social podía tener como consecuencia que finalmente se hiciera contra ellos. De todos modos, el sindicalismo católico tenía fuerza y significación muy variadas según las zonas geográficas. En Castilla la Vieja, La Rioja, Aragón y parte de Levante tuvo un arraigo muy importante que luego se traduciría en el voto a la derecha católica durante los años treinta. En Andalucía, en cambio, con la excepción de determinadas poblaciones, como Montilla, el sindicalismo agrario fue ficticio y puramente reactivo frente al peligro revolucionario. De cualquier modo parece que el ápice de la afiliación sindical católica en el campo se produjo durante los años veinte, disminuyendo con posterioridad. Aun así no cabe poner en duda que debió tener repercusión en el mundo político durante los años treinta. En Asturias, por ejemplo, de los 300 sindicatos, 200 eran católicos y sólo 14 socialistas, lo que sin duda explica el voto rural de esta región. El aspecto menos positivo del sindicalismo católico durante esta época consistió en su incapacidad para el logro de la unidad en otros sectores que no fueran el agrario. A estas alturas la tendencia representada por el «comillismo» estaba ya totalmente superada por los acontecimientos; sólo «cosas ridículas, insubstanciales y ñoñas» podrían salir de este sector, al decir de uno de sus adversarios. Había ya, por tanto, la posibilidad de llegar a la constitución de una central sindical unitaria, destinada al trabajador no campesino, que mereciera verdaderamente ese título. En febrero de 1919 se iniciaron las gestiones para llegar a la unión de los sindicatos de inspiración católica. La base esencial consistió en una cierta aceptación del principio de confesionalidad, siempre que los sindicatos aceptaran su función reivindicativa. En abril se reunieron delegados de 235 sindicatos representando a 60 000 trabajadores. Sin embargo, la reunión no concluyó de forma positiva. «Se ha perdido todo y particularmente la mejor ocasión», pudo escribir Arboleya. A lo largo de los primeros años de la década de los veinte menudearon las polémicas acerca de la posible configuración del sindicalismo católico español. Mientras que los más avanzados acusaban a los más conservadores de querer resucitar los gremios, como quien quiere resucitar las «carabelas colombinas», o de que, «faltos de moros a los que combatir, lo hacen con los cristianos», los segundos llegaron a denunciar en Roma las presuntas heterodoxias del Grupo de la Democracia Cristiana. Si parece indudable que al sector más avanzado le correspondía la razón en lo que respecta a sus planteamientos fundamentales, al mismo tiempo debe tenerse en cuenta que, en un importante aspecto, cometió un grave error: la colaboración con el sindicalismo libre surgido en Barcelona a partir de 1919-Los sindicatos denominados «libres» surgieron en Barcelona a partir de octubre de 1919 en medios carlistas, idénticos a los que habían apoyado en otro tiempo a Palau. Hay que considerar que la influencia del carlismo en Cataluña fue muy grande hasta fecha muy avanzada, como lo demuestran la procedencia de algunos líderes catalanistas y los mismos resultados electorales. Todavía en 1900 tuvo lugar un ataque a Badalona de una partida carlista. En el medio urbano barcelonés existió un carlismo radical, muy áspero contra la burguesía y reivindicativo en lo social. Sus tesis, conservadoras en muchos aspectos, tenían también un componente verbal revolucionario que podía carecer de coherencia pero que resultó atractivo a una parte de la clase obrera catalana. De procedencia católica, el sindicalismo del Libre barcelonés no fue confesional ni estuvo dirigido por eclesiásticos y mantuvo una posición casi siempre violenta en contra de la CNT. Es probable que fuera la CNT quien iniciara la guerra intersindical pero el Libre respondió con entusiasmo, animado por un Martínez Anido que lo protegió sin ningún titubeo. En la lucha sindical diaria el Libre consiguió finalmente, por la violencia pero no sólo mediante ella, atraerse a una porción importante de la clase obrera barcelonesa. Lo logró porque el ideario de los dirigentes del Libre no se transmitía de forma necesaria a unos afiliados para los que lo esencial era la defensa de sus intereses concretos. Cuando desapareció el apoyo gubernamental esta aceptación de los Libres se desvaneció en buena medida. De la treintena de muertos que tuvo al menos un tercio pertenecía al requeté carlista y un quinto al somatén. El conservadurismo de sus planteamientos en terrenos distintos del social nos impide calificarlo de protofascista pero, al emplear la violencia, el Sindicato Libre rompió con la tradición del sindicalismo católico, aunque al mismo tiempo resultaba atractivo, por su éxito y por su ausencia de confesionalismo, a los sectores influidos por Gafo. Así se explica que hubiera a partir de 1921 una colaboración entre ambos aunque, de hecho, los sindicatos católicos libres llevaran una vida prácticamente independiente en las escasas zonas en que mantuvieron su influencia (País Vasco, Navarra, Palencia, Levante).

Finalmente, debe hacerse una breve mención del creciente papel del catolicismo político a partir de mediados de la segunda década del siglo XX. Se debe tener en cuenta que, si bien muchas de las iniciativas en este terreno datan de la época de la agitación anticlerical, no llegaron a plasmarse definitivamente hasta la primera posguerra mundial. La prensa católica, por ejemplo, se consolidó en este periodo: El Debate fue uno de los mejores periódicos y de los más vendidos de la capital mientras que en provincias sucedía algo parecido con, por ejemplo, El Correo de Andalucía en Sevilla y El Noticiero de Zaragoza. Sin embargo, a pesar de la importante influencia electoral de estos medios católicos (que en Madrid beneficiaban al «maurismo» y en las otras dos capitales a candidatos que reivindicaban el calificativo «católico»), como veremos, sólo en los años veinte se produjo una iniciativa de un partido católico de carácter nacional. El Debate, mientras tanto, defendió la colaboración entre heterogéneos sectores de derecha que iban desde Cambó y los «mauristas» hasta los tradicionalistas y los nuevos sectores que acababan de entrar en la vida pública y que el diario representaba. Quizá su actitud estaba más próxima a los «mauristas» y esto explica, aunque con las reticencias lógicas respecto de quienes se reprochaba una ausencia de ideario preciso, la cercanía de posiciones cuando Maura volvió al poder con una significación marcadamente derechista en el año 1919.

La etapa de los gobiernos conservadores (1919-1921)

Desde el momento de la caída del gobierno Romanones, provocada por el desorden social en Barcelona, lo sucedido en esta ciudad, y en el campo andaluz a consecuencia de la agitación revolucionaria, fue el eje fundamental de la política española. Era habitual en un sistema político como el de la Restauración que el grupo político situado más a la derecha se enfrentara con una situación al menos potencialmente revolucionaria. Por ello no tiene nada de particular que fueran los conservadores quienes presidieran la política española entre 1919 y 1921. La verdad es, sin embargo, que, tanto con relación al problema fundamental mencionado como respecto de los restantes, las soluciones propiciadas por los diversos gobiernos conservadores fueron un tanto diferentes.

A partir de abril de 1919 y hasta julio de este mismo año quien ejerció el poder fue Antonio Maura al frente de un gabinete compuesto exclusivamente por sus seguidores y con una significación derechista muy acentuada. Esta tendencia del «maurismo» se había venido haciendo cada vez más patente en los últimos tiempos precisamente como consecuencia de la situación seudo o semirrevolucionaria que vivía Europa y, más específicamente, España. Ante ella la prensa popular «maurista», muy lejana del talante a quien le daba nombre, empezó a aludir de forma nada velada a la posibilidad de una dictadura que repitiera la «hazaña» de Pavía, mientras que en Cataluña y el País Vasco los «mauristas» se caracterizaban por su cerrada oposición al autonomismo y en Castilla representaban el españolismo centralista. Maura, que, aunque con ribetes autoritarios, siguió siendo fundamentalmente un liberalconservador, dejaba hacer ante estas manifestaciones que, en el fondo, le resultaban tan ajenas como las proclamaciones de tono social que hacía otro de los dirigentes de su partido, Ossorio y Gallardo. Al menos en teoría, su pretensión cuando llegó al poder fue la de haber constituido un gobierno de carácter nacional sin sentido partidista, pero ni era así ni tampoco, a pesar de ello, tuvo el gabinete el imprescindible grado de unidad. Entre los ministros sólo González Hontoria, un seguidor de Romanones especialmente versado en política exterior, no militaba en el «maurismo». Por otro lado, éste estaba reflejado en el gobierno por tres sensibilidades distintas: Goicochea, que representaba el autoritarismo ideológico, La Cierva, la fórmula conservadora tradicional en una versión particularmente ruda, y Ossorio, partidario de lo que él mismo denominó «la derecha social democrática». La significación del gabinete, sin embargo, venía dada sobre todo por las dos primeras figuras citadas. Al menos así lo juzgaron los liberales, que se mostraron particularmente indignados ante lo que juzgaban muestras inapropiadas de un clericalismo extremado, como, por ejemplo, la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en presencia del Rey. Melquíades Álvarez llegó incluso a afirmar que la declaración ministerial era un «insulto a la opinión liberal y democrática».

Todavía empeoró la situación en el momento de celebrarse las elecciones, «no dignas de Maura», según afirma en sus memorias Romanones, dadas las circunstancias en que se celebraron, es decir, con las garantías constitucionales suspendidas. Por mucho que Maura adoptara una posición «distante», que llevó a algunos a interpretar que era «prisionero» de las extremas derechas, no cabe dudar que conoció las condiciones en que se llevaron a cabo los comicios. En ellos Goicochea, como ministro de la Gobernación, y La Cierva, que le ayudó, emplearon unos procedimientos nada correctos para intentar fraguarse una mayoría o, por lo menos, una situación tan confortable para su jefe político que quitara cualquier sentido a un gobierno de significación derechista que no fuera presidido por él mismo. Los resultados electorales, a pesar de esa presión, no llegaron a traducirse en una efectiva hegemonía de «maurismo» y «ciervismo»: aunque el conservadurismo tradicional fuera mucho menos moderno y estuviera más vinculado a la tradición caciquil, tenía más peso efectivo. A pesar de que en ese conservadurismo había quienes se oponían a Maura (Burgos y Mazo calificó la pretensión de colaboración ofrecida por éste como «una boda morganática en una tumba»). Dato acabó aceptando la colaboración durante la campaña electoral con su antiguo jefe político, obedeciendo a una actitud que siempre le caracterizó. Pero la forma de realizarse las elecciones afectó gravemente a la imagen de Maura, contribuyendo a enajenarle el apoyo de los seguidores de Dato, aparte de concluir en la configuración de una mayoría parlamentaria que, pese a ser conservadora, era también lo suficientemente volátil como para no poder confiar en ella. Los diputados «mauristas» apenas superaban los sesenta y, aunque Maura pudiera confiar en la totalidad de los seguidores de La Cierva, no podía decir lo mismo de quienes aceptaban la jefatura de Dato. Durante la campaña electoral, una persona normalmente tan ponderada como Ortega se expresó con una dureza que contrasta con el juicio habitualmente benévolo que le merecía el político mallorquín. Según el filósofo el gobierno habría enviado a provincias a gobernadores civiles «con psicología de leopardos» y el propio presidente, «después de practicar en la oposición la oratoria de Catón ha demostrado en el poder el apetito de Pantagruel». Este juicio es muy duro pero, en el fondo, no resulta muy distinto del que el historiador e hijo del político, Gabriel Maura, hace acerca de esta etapa gubernamental de su padre, de acuerdo con el cual resultaría que perdió al menos la mitad de sus antiguos seguidores. Bien puede ser cierta la afirmación puesto que Maura no perdió la ocasión para mostrarse cercano a las actitudes más autoritarias (representadas, por ejemplo, en Barcelona, por Miláns del Bosch) mientras que sus propósitos regeneracionistas democráticos y sociales no quedaban más que en pura declaración sin contenido real. No obstante, lo peor para Maura fue que todo este periodo gubernamental concluyó de manera abrupta y poco gloriosa cuando, reunidas las Cortes, en un incidente de escasa importancia y de difícil control, como era la votación acerca de la validez de un acta, el gobierno quedó sin el apoyo de los conservadores «datistas».

Hubiera sido lo lógico entonces, en julio de 1919, que ocupara el poder Dato, que era en definitiva el jefe de la minoría más numerosa en las Cortes, pero su escaso deseo de enfrentarse a Maura y su probable deseo de reconstruir el partido conservador, unidos a su carencia de ambición, explican que no lo hiciera. A cambio fue Joaquín Sánchez de Toca quien ejerció la Presidencia hasta finales de año. Figura de significación intelectual y de vieja relevancia en el partido, Sánchez de Toca se caracterizaba por su escasa simpatía hacia Maura y una manifiesta vinculación con la tradición liberalconservadora procedente de Cánovas del Castillo. De acuerdo con esto último su política con relación a los problemas creados por el terrorismo en Barcelona eludió decantarse hacia soluciones drásticas. A ello ayudó la presencia en el Ministerio de la Gobernación de Manuel Burgos y Mazo, cacique de la provincia de Huelva que, a pesar de esta condición, parece haber sido una de las personas más abiertas a las reformas sociales dentro de la clase política del régimen (era miembro del Grupo de la Democracia Cristiana). Burgos y Mazo enviaron a Barcelona como gobernador civil a Julio Amado, persona dotada de un carácter liberal y contemporizador, que pretendió conducir a las asociaciones obreras a una vida de normalidad legal. Un programa como éste tuvo en contra no sólo a la influencia del anarquismo en los medios sindicales barceloneses sino también a muchos de los patronos, barceloneses o no. En sus memorias Burgos y Mazo llega a escribir que los patronos fueron «los principales culpables» de cuanto sucedía y narra el «verdadero diluvio de impertinencias» que debió sufrir durante su estancia en el poder, que incluyeron el rumor de que él mismo ocultaba en su casa a Ángel Pestaña. Por supuesto, esta afirmación era falsa, pero no sería inexacto decir que la política gubernamental consistió en tratar de inducir a una parte del sindicalismo, la más moderada, a que actuara por procedimientos de legalidad. Este tipo de actitud contó con la oposición no sólo de los patronos sino también de altos mandos militares y a ella hay que añadir, como factor de no menor importancia, la situación del conservadurismo. En él, rápidamente, La Cierva se decantó en contra del gobierno de Sánchez de Toca mientras que Goicochea presionaba a Maura para que también adoptara esta actitud. Maura pensaba que Dato «cojeaba siempre del mismo pie», el exceso de blandura con respecto al desorden social o los liberales. Una situación gubernamental como la presidida por Sánchez de Toca era, en estas condiciones, difícilmente perdurable y, en efecto, fue reemplazada a fines de ese año.

La situación política en el seno del conservadurismo explica la solución dada entonces a la crisis. El gobierno estuvo presidido por un «maurista», Allendesalazar, cuya vinculación con su jefe político parece haber sido más personal que ideológica y que, en cualquier caso, era un personaje «probo y falto de aspiraciones», muy propio para un gobierno de transición. El segundo puesto en importancia del gabinete lo desempeñó también un «maurista», Fernández Prida, pero, como para compensar, en él había también elementos de otra significación, «romanonistas» y «albistas», siempre de segunda fila, pero que parecían compensar su decantación en exceso derechista. Lo que el «maurismo» significaba desde el punto de vista político y social se aprecia teniendo en cuenta que, gracias a la movilización del electorado burgués de Madrid, consiguió una importante implantación electoral en esta ciudad, aunque siempre con un tono autoritario que en más de una ocasión bordeaba el anti-parlamentarismo. El gobierno Allendesalazar resultaba, sin embargo, lo suficientemente ambiguo en su composición como para seguir políticas contradictorias en lo que era el problema más acuciante del momento: el terrorismo anarquista en Barcelona. Si, por una parte, la presencia del general Weyler —un liberal en el mando militar de la capital catalana— puso coto a Miláns del Bosch, quien, tras pedir la declaración del estado de guerra, acabaría siendo cesado, por otra, como gobernador civil, fue enviado el conde de Salvatierra, quien adoptó una política puramente represiva que incluía el cierre de los locales de la CNT.

Finalmente, en mayo de 1920, tras un largo paréntesis de casi un año en que podía haber tomado el poder, ascendió a él Eduardo Dato. Amadeu Hurtado, un inteligente y ponderado catalanista, describe con estas palabras lo que eran los propósitos del dirigente conservador en estos momentos: «Venía dispuesto, de acuerdo con su propio temperamento, a desarrollar una política matizada, dosificando con toda la habilidad posible los actos de flexibilidad y energía para desarmar las pasiones desatadas». Hay muchos testimonios de que esta descripción responde a la realidad: a fin de cuentas en esta época no sólo se creó el Ministerio de Trabajo sino que, además, se amplió considerablemente la legislación de Seguridad Social y se adoptaron otras disposiciones de importancia en materias como los alquileres y las casas baratas. El propio presidente describió su postura al afirmar que «nosotros, los que no queremos que España sea víctima de la demagogia para después caer en la reacción, tenemos que combatir enérgicamente el sindicalismo revolucionario». Así se explica que situara en Gobernación a Francisco Bergamín, abogado y cacique andaluz, como Burgos y Mazo y, como él también, partidario de una política flexible y contemporizadora, que se concretó en el envío de Bas como gobernador civil a Barcelona y en el intento de aprobación de la legislación social. Pero un gobierno conservador como el que presidía Dato sufría presiones por parte de quienes inevitablemente juzgaban que era posible lanzarse a una política más drástica. Unos meses antes de llegar al poder Dato había recibido una carta de uno de los capitanes generales, el de Valencia, en que éste le narraba la situación de impunidad existente ante los delitos terroristas y recomendaba que «una redada, un traslado, un intento de fuga y unos tiros resolvieran el problema». El autor de esa propuesta de «ley de fugas» se llamaba Miguel Primo de Rivera y estaba destinado a desempeñar un papel muy importante en el futuro político español.

Todo hace pensar que, finalmente, Dato acabó por tolerar, de manera más o menos explícita y con la complicidad de casi todos los sectores conservadores catalanes, que una política de las características mencionadas se llevara a cabo. En noviembre de 1920 se hizo cargo del gobierno civil barcelonés el general Martínez Anido, quien llevó a cabo una simplicísima política que contó con el apoyo entusiasta de una gran parte de las derechas españolas. Se trataba de «dar la batalla» al sindicalismo anarquista por procedimientos como los citados, que incluían el olvido de la legalidad y el empleo de una especie de terrorismo, más o menos subrepticiamente de Estado, acerca del cual la mayor parte de las fuerzas políticas hicieron como si no existiera. El resultado de una política de orden público como ésta fue el previsible: no mejoró en absoluto la situación sino que empeoró gravemente hasta el extremo de que en Barcelona, en un solo día, hubo más de veinte autopsias. La pretendida solución de Martínez Anido fue una de las peores que pudieron imaginarse.

Uno de quienes padeció las consecuencias fue el propio Eduardo Dato. En diciembre de 1920 se habían celebrado elecciones, las únicas presididas durante la Restauración por un gobierno de significación política semejante a la del anterior. En ellas Dato no logró la mayoría pero redujo el papel de los «mauristas» a unos veinte escaños. En esas condiciones era posible, de no evitarlo posturas maximalistas como las de La Cierva y parte de los «mauristas», una reconstrucción del partido conservador, quizá bajo la presidencia de un Maura del que todos aceptaban su superioridad, pero con una menor influencia de sus seguidores de la que podía deducirse de los resultados electorales de 1919. El asesinato de Dato en marzo de 1921 opuso dificultades inmensas a esta hipotética posibilidad pues sólo él hubiera sido capaz de hacer que los conservadores aceptaran de nuevo el liderazgo del político mallorquín. De nuevo a partir de este momento la política española pareció hundirse en el marasmo de los interinatos sucesivos: tras un brevísimo paréntesis presidido por Bugallal subió al poder el anodino Allendesalazar, que presidió el gobierno hasta agosto de 1921, momento en que tuvo lugar la entrada devastadora de Marruecos en la política española.

A lo largo de estos dos años el partido conservador había sido incapaz de volver a la unidad y, sobre todo, de ofrecer una política única y coherente. Es cierto que los conservadores de Dato eran beneficiarios principales del sistema caciquil y que su política fue, a menudo, carente de visión y cerradamente opuesta a todo tipo de cambio, pero igualmente resulta difícil también ser benevolentes con Maura y sus seguidores. Estos últimos carecieron de una política única y derivaron a menudo hacia el antiparlamentarismo y, por si fuera poco, su jefe osciló entre las fórmulas gubernamentales de concentración, la extrema derecha y la retirada orgullosa al Olimpo de la crítica de cuanto hacían el resto de las fuerzas políticas. Sus prédicas acerca de los males del sistema se habían convertido en habituales, pero no era menos real la ausencia de activos deseos por superarlos.

Rifeños y españoles

En el verano de 1921 el problema marroquí hizo una irrupción súbita en la política española. Ya en otras ocasiones, singularmente en 1893 y 1909, había sucedido así, pero los efectos ahora resultaron mucho más perdurables. De todas maneras, el desastre de Annual fue posible por unas condiciones que existían antes y eran explicables por los antecedentes de la presencia española en Marruecos, siempre condenada a una especie de «temor del débil» (Salas) no sólo a Francia sino a la posible ineficacia militar propia y a las consecuencias que podría tener en la política interna. Una explicación fragmentaria que hiciera alusión tan sólo a la gestión de cada uno de los gobiernos respecto de Marruecos tendría el grave inconveniente de no permitir apreciar el verdadero sentido de lo acontecido en aquella fecha y no permitiría fijar las causas. Establecidos ya, en otro epígrafe, los pasos previos históricos de la acción española en Marruecos, es necesario referirse ahora desde una perspectiva no cronológica a las características de la zona de protectorado español en territorio marroquí, así como a la actitud de los diferentes sectores de la vida española respecto de la presencia española más allá del Estrecho. Tras los sucesivos acuerdos con Francia el protectorado español había quedado reducido a tan sólo una vigésima parte del perteneciente al vecino país: de un total de cerca de nueve millones de habitantes que tendría Marruecos a comienzos de siglo tan sólo entre 600 000 o 700 000 dependían de las autoridades españolas. Se trataba, además, de una región de escaso valor económico, carente de una hidrografía suficiente que hiciera posible una agricultura rica. En consecuencia, sus habitantes, que sufrían cada dos años una sequía, debían emigrar periódicamente a las regiones agrícolas controladas por los franceses para participar en la recolección, momento que aprovechaban para dotarse de armas. Tenían también un procedimiento complementario: desde finales del siglo XIX los indígenas comerciaban en aquellos únicos lugares de acceso al Mediterráneo que eran los ocupados por los españoles. Desde el punto de vista militar lo más grave para España en relación con la zona de protectorado que le correspondía era la complicada orografía de la misma. Se dijo que en el reparto marroquí le había correspondido a nuestro país «el hueso de la Yebala y la espina del Rif». Este último constituía, en expresión del general Goded, un verdadero «caos montañoso», carente de núcleos de población importantes e incluso de aprovisionamiento seguro de agua. Tanto la Yebala como el Rif estaban prácticamente vírgenes de penetración española a comienzos de 1919.

La razón estribaba no sólo en la orografía sino también en el modo de vida de los habitantes de estas dos regiones, que les hacía obligadamente insumisos. Tanto la Yebala como el Rif estaban poblados por bereberes que alcanzaban la mayor pureza racial en el caso de los Beni Urriaguel, la tribu de Abd-elKrim, junto a la bahía de Alhucemas. La unidad social por excelencia, que superaba en mucho la significación de una dependencia más o menos ficticia respecto del sultán, era la tribu, regida por la «yemaa» o asamblea de notables. La tribu —sólo en el Rif existía una veintena— estaba formada por clanes en cuya forma de vida la violencia y la guerra jugaban un papel decisivo. Clanes y familias estaban unidos entre sí por una especie de pacto de sangre denominado Rif que preveía la venganza obligada en caso de ofensa; el adulterio tenía la misma pena y, en general, las prácticas violentas formaban parte de los ritos de iniciación a la pubertad. El general Martínez Campos cuenta haber detenido a un niño que combatía con los mayores de su tribu con el solo propósito de «aprender»: a partir de una determinada edad el logro del botín frente a un adversario europeo, normalmente descuidado, formaba parte del modo de vida habitual de los rifeños. Desde el final del siglo XIX todos los indígenas contaban con fusiles pero su capacidad para el combate se multiplicó de forma exponencial cuando fueron de fabricación moderna (y no unas espingardas que apenas permitían apuntar). Esa belicosidad innata establecía una diferencia absoluta respecto de los reclutas españoles. El propio Martínez Campos lo escribió así: «Hombres acostumbrados a carreteras, a caminos o, cuando menos, a senderos de montaña; hombres, además, recién llegados de un ambiente en que la guerra se miraba como algo intolerable; hombres, finalmente, que nunca habían luchado y, al otro lado, gentes no sólo acostumbradas a pelear sino para quienes la guerra estaba conectada con el pan de cada día».

La combinación entre este modo de vida y la orografía de la Yebala y, sobre todo del Rif, explica el tipo de guerra que fue la de Marruecos, antitética de la que pudieran conocer los europeos de la época (en ese sentido se volvía a reproducir lo sucedido en la guerra del 98). El modo de combate se basaba en un estrecho conocimiento del terreno, como sabemos muy enrevesado. Característica típica también de la guerra del Rif fue la periódica y muy brusca alteración del ánimo de los indígenas, que pasaban de la sumisión a la insurrección con enorme facilidad. La forma de vida de los indígenas contribuía a ello pero también había otros factores como, por ejemplo, la existencia de santones o «morabitos» que predicaban periódicamente la guerra santa contra los españoles, o el conocimiento de la debilidad del adversario, por lo que la guerra tenía aspectos psicológicos impensables en otros conflictos coloniales. A pesar de lo ya dicho, los rifeños, en general, estaban mal armados: sus fusiles procedían del Ejército español o de un contrabando en el que solían salir malparados y la munición a menudo era rellenada para ser utilizada de nuevo. Pero otros factores configuraban unas características muy peculiares. El general Berenguer escribió que la guerra marroquí se basaba siempre en una «extraordinaria movilidad». Venía ésta motivada por los ataques por sorpresa de los indígenas, que no solían ser masivos sino que consistían en pequeñas emboscadas, ataques seguidos de bruscas retiradas y el famoso «paqueo». Consistía este último en una especie de hostigamiento permanente por parte de un enemigo rifeño bien oculto que disparaba desde posiciones inaccesibles; esto era, según Berenguer, «lo más engorroso y lo que costaba más bajas». Si el «paqueo» era la forma de combate del adversario rifeño, los españoles estaban condenados a mantener posiciones defensivas en fortines o «blocaos» y a acudir mediante patrullas a la imprescindible aguada durante los tórridos veranos. En suma, como escribió Martínez Campos, para este tipo de combate lo más lógico hubiera sido utilizar los procedimientos de los guerrilleros españoles de 1808-1812 más que las enseñanzas de la Primera Guerra Mundial. Sólo con el tiempo los españoles lo aprendieron y, aun así, lo hicieron sobre todo las fuerzas profesionales y no los simples reclutas.

Descrita la situación en el Rifes preciso ahora pasar a considerar la actitud de la opinión pública española. Lo primero que hay que decir al respecto es que, a diferencia de lo sucedido en otros países europeos, en España el vigor del africanismo fue relativamente reducido y poco influyente. De tradición «costista», el africanismo español mantuvo a comienzos de siglo una actitud muy optimista. A partir de 1904 se abrieron centros comerciales y desde 1907 hubo, además, congresos; la revista «España» en Marruecos llegó a decir que «España necesita un ideal y éste debe ser Marruecos». Sin embargo, precisamente en el momento en que se iniciaba la efectiva penetración de España en la zona se descubrió que Marruecos, como dijo Gabriel Maura, no podía ser «la colonia cómoda y barata» que muchos deseaban. El caso español fue el de una potencia de segundo orden que se sentía obligada a una presencia en el norte de África por razones de prestigio internacional, pero que no obtenía de ella una rentabilidad económica significativa. Un periodista francés afirmó, con razón, que «las posesiones africanas son la única carta de presentación que le queda a España en el concierto europeo». Lo que costó (ha sido evaluado en unos 6600 millones de pesetas de entonces) hubiera podido ser mucho mejor empleado en obras de infraestructura en España y así lo dijeron muchos personajes públicos del momento, desde intelectuales a militares pasando por políticos. El presupuesto español, que había conseguido equilibrarse después de las reformas fiscales de fin de siglo, experimentó de nuevo una situación de déficit a partir de 1909-Los gastos fueron fundamental e incluso exclusivamente militares: en 1915, de 124 millones de presupuesto marroquí, 110 tenían ese carácter. Casi siempre el comercio, bastante reducido, siguió a la penetración militar y no al contrario. La excepción fue la explotación minera, con las lamentables consecuencias que ya han sido señaladas.

Podría reargüirse que los intereses económicos de grupos capitalistas, ya que no de la nación española, explicaban la penetración en territorio hostil. Sin embargo, parece que esos intereses desempeñaron un papel de cierta importancia pero sólo durante un periodo reducido e inicial. En la primera década de siglo había tres compañías mineras en el Rif en las que hubo inversiones de conocidos políticos, como el conservador García Alix o el liberal conde de Romanones. No obstante, el volumen total de la inversión española en Marruecos en términos relativos fue reducido: era, por ejemplo, inferior al volumen del comercio exterior de un año. El mineral de hierro extraído, y de una gran calidad, que fue casi exclusivamente exportado fuera de España, no llegó a alcanzar el millón de toneladas anuales hasta bien entrada la década de los veinte. Además, la reacción de la Bolsa ante las noticias de Marruecos fue siempre la de quien se muestra reticente ante la posibilidad de que se pusiera en peligro el sistema político y social, y no la de quien desea una decidida ocupación política que facilitara la explotación económica. Pero ¿y las clases políticas dirigentes? En realidad, las declaraciones más tajantes acerca de la necesidad de que España mantuviera una firme posición en Marruecos fueron anteriores al momento mismo de la creación del protectorado. Cánovas dijo que quien domina una orilla del Estrecho acabará por dominar las dos y para Costa la línea de fortalezas del Atlas era tan vital para España como aquélla que iba desde Pamplona a Montjuich. Éstas, sin embargo, eran afirmaciones retóricas que perdieron sentido en cuanto se comprobó que las ventajas que podían obtenerse en Marruecos eran muy reducidas. A partir de este momento, los políticos españoles se sintieron obligados a la permanencia en el norte de África por motivos de prestigio exterior pero, conscientes de la impopularidad de la empresa, trataron al mismo tiempo de que les causara los mínimos conflictos posibles. En definitiva, la guerra marroquí no respondió a ningún proyecto del gobierno ni del Parlamento ni, por supuesto, de las masas populares. Fatalmente, se inició y continuó siguiendo el ritmo de la resistencia de los indígenas, sin dirección precisa ni propósito firme y estable. Dominada por la carencia de convencimiento y por el titubeo, esos dos mismos rasgos alimentaban la multiplicación de las dificultades. Como guerra colonial fue la expresión misma de un sistema político incapaz de enfrentarse con los problemas más graves y, sobre todo, de darles solución.

No es posible establecer una verdadera diferencia entre los partidos de turno respecto de la cuestión marroquí. En general la clase política se mostraba resignada a la presencia en Marruecos y tan sólo Romanones durante algún tiempo, o voluntaristas patrioteros como La Cierva, propusieron una acción decidida. Persona vinculada a los medios del capitalismo español de la época como Cambó no pasaba de considerar como «valor de intercambio» a Marruecos. Los disidentes de los partidos utilizaron siempre la cuestión marroquí para atacar a quienes estaban en el poder por la impopularidad de la empresa: en el partido conservador así lo hizo, por ejemplo, Sánchez de Toca contra Maura, para luego hacerlo este último contra Dato. Entre los propios republicanos y los intelectuales predominó la actitud de resignada aceptación ante la obligada presencia en Marruecos. Sólo el republicanismo extremista y los grupos obreros se convirtieron en defensores del abandono del norte de África.

La campaña de los socialistas, con el expresivo eslogan «O todos o nadie», relativo a la manera de cumplir el servicio militar, llegó a reunir más de 400 000 firmas. De la impopularidad de la empresa da cuenta el hecho de que el número de desertores se acercó a una cuarta parte de los mozos en los años anteriores a la guerra mundial. Razones tenían para hacerlo: las condiciones de vida en el ejército africano eran tan penosas que producía más bajas la enfermedad que el enemigo.

Marruecos, en fin, planteó una peculiar relación entre la clase política dirigente y los militares. La primera hacía constantes apelaciones a que los segundos evitaran los enfrentamientos con los indígenas, pero cuando éstos tenían lugar los mandos acababan extralimitándose en sus ofensivas y multiplicando la incomprensión entre unos y otros. Así le sucedió a Maura con el general Marina en 1909. A veces los políticos eran excepcionalmente sinceros con los militares: Canalejas le dijo a un general que «nosotros no podemos sostener la situación económica crítica impuesta a la Nación por los gastos militares en África». Normalmente, sin embargo, el Ejército se encontraba con críticas a su actuación después de que no habían contado con los medios que consideraban imprescindibles. Eso les llevaba a tener muy escaso respeto a las instituciones parlamentarias. «Me abstengo de calificar a estos señores diputados», telegrafió el comandante de Melilla en 1913a sus superiores. En ellos apuntaba ya una actitud populista y antiliberal que habría de tener importantes repercusiones cuando la situación se hizo más tensa.

De todo lo dicho se deduce hasta qué punto Marruecos jugó un papel decisivo en la vida pública española, la gravedad de los conflictos que, derivados de esta cuestión, ya estaban latentes desde una fecha temprana y la eventualidad de que un incidente ocasional, impuesto por las circunstancias, pudiera concluir de manera trágica. Refiriéndose al pasado —la guerra del 98— y al presente colonial español en Marruecos un militar que habría de desempeñar un papel político decisivo, el general Primo de Rivera, escribió al conde de Romanones: «España, en este caso, se asemeja a un viudo a quien la esposa hubiera dado muchos disgustos y, a poco de perderla y costear, arruinándose, los gastos del entierro, decidiera casarse de nuevo con otra menos rica y de peor carácter». Lo más ridículo sería, además, que, como en el caso de España, «el nuevo enlace fuera impuesto por los futuros amantes de la nueva esposa», es decir, Francia y Gran Bretaña. La única solución viable era el abandono, que Primo de Rivera fue casi el único en proponer entre los dirigentes políticos y militares de la época. Con el paso del tiempo, desde las alturas del poder, habría de hacer exactamente lo contrario.

Annual y sus consecuencias

Mencionada la actitud de la opinión pública española ante Marruecos, así como de las condiciones que allí tuvo la guerra, podemos volver a la narración cronológica. Conviene, ante todo, recordar la parquedad de los medios con que contaban los españoles. Con el paso del tiempo España empezó a utilizar tropas indígenas —los llamados «regulares»— para penetrar en la zona pero éstas tuvieron una utilidad muy distinta de la que pudieron llegar a alcanzar en el Ejército francés. Así como en Francia había un «partido colonial», dispuesto a exigir a todo trance la ocupación de Marruecos, y un ejército formado por indígenas de otras zonas —senegaleses, por ejemplo—, en España no hubo ni lo uno ni lo otro, porque esas unidades estuvieron formadas por personas procedentes de las mismas regiones que tenían que ocupar, lo que las privaba de eficacia y posibilitaba la traición.

En realidad, las fronteras del protectorado español no sufrieron modificaciones importantes hasta 1919, pero durante la Primera Guerra Mundial se produjo una evolución significativa que debe ser reseñada aquí. En la zona oriental El Raisuni desempeñaba una autoridad efectiva que, aun siendo ilegal, estaba muy por encima de la del sultán. Aquí se produjo, además, la primera aparición de un fenómeno que habría de tener considerable importancia en el futuro de la acción española en Marruecos. Hubo una discrepancia sustancial respecto de la política a llevar a cabo entre los mandos españoles pues Fernández Silvestre, un impetuoso oficial, se hizo defensor de una acción bélica inmediata, incluso en contra de los altos comisarios que llevaban la responsabilidad de la acción española en este momento. Pero la guerra mundial y la habitual propensión española a evitar una confrontación con los indígenas, que podía tener repercusión en la política interna, tuvieron como consecuencia que se mantuviera una política de contemporización. A lo largo de ella en la zona occidental se impuso la política que el conde de Romanones denominó «de medias tintas», que tuvo su mejor representante en el alto comisario Gómez Jordana, para quien fue siempre preciso llevar a cabo tan sólo las «acciones indispensables» en el terreno militar y sustituirlas, en la medida de lo posible, por la llamada «acción política», que incluía comprar a los notables indígenas avanzando con lentitud y empleando pocas tropas.

En la zona oriental, pese a las apariencias, le habría de salir a la colonización española un enemigo mucho más peligroso que El Raisuni. Éste venía a ser una especie de mixto entre señor feudal y bandido mientras que Abd-el Krim, por su biografía y formación, fue un precursor de los futuros líderes de la independencia colonial. Hijo de un notable rifeño que temía sobre todo la labor colonizadora de los franceses, él mismo fue profesor en una escuela para indígenas, cadí de Melilla y redactor del periódico El Telegrama del Rif, en donde polemizó con el otro periódico de Marruecos, publicado en Tánger y sometido a la influencia francesa. La guerra mundial supuso para él un cambio muy importante. La llegada de un emisario turco que trabajaba para los alemanes no dejó de conmover al Rif. La familia de Abd-el Krim parece, entonces, que no se conformó con dar muestras de galofobia, sino que realizó manifestaciones en el sentido de no tolerar que las tropas españolas siguieran avanzando. En 1915 Abd-el Krim fue encarcelado por las autoridades; trató de escapar y en la huida sufrió un accidente que lo dejó parcialmente cojo. En 1917 fue liberado y restablecido en su situación previa. Enfrentado finalmente con los españoles, a los que reprochó indecisión, en 1919 se incorporó a su tribu, Beni Urriaguel, en donde pronto se convirtió en líder indisputado, mientras que su hermano, que estudiaba ingeniería en la Residencia de Estudiantes, hacía lo propio también. El conocimiento de los españoles de Abd-el Krim era grande y también de los recursos que podía emplear para conseguir la victoria; de ahí su pronto uso de la propaganda, una vez que obtuvo sus primeras éxitos. Así se explican las expectativas que creó en medios revolucionarios, incluida la Internacional comunista.

Como había sido habitual hasta entonces, la nueva intervención española en el norte de África obedeció no tanto a una iniciativa propia cuanto a una acción refleja ante la actitud de otros. El final de la Primera Guerra Mundial tuvo como consecuencia una nueva extensión territorial de la influencia francesa en Marruecos que acabó provocando la española.

Como sabemos, durante la guerra mundial la situación había permanecido aparentemente calmada en el protectorado. El pacto español con El Raisuni incluso había permitido repatriar tropas y disminuir los presupuestos militares. En 1918 el conde de Romanones estableció dos cargos, el de alto comisario y comandante en jefe, mediante los cuales quería distinguir entre la acción militar y la civil. De hecho, sin embargo, no estuvo nunca nada claro cuáles eran las competencias de cada uno de estos dos cargos y, además, Romanones no llegó a nombrar un alto comisario civil. Encontró, sin embargo, un militar que durante bastante tiempo pareció óptimo para tan importante cargo, el general Berenguer. Inteligente y capaz, prudente, meticuloso y experto en cuestiones marroquíes, Berenguer supo dirigir perfectamente la penetración española en la zona occidental del protectorado. Su estrategia consistió en emplear unos procedimientos semejantes a los usados por el general Lyautey en la zona francesa y a los ya iniciados por Gómez Jordana en la española: se trataba de «avanzar poco a poco, arañando con prudencia, pero resueltamente, el terreno adversario» por el procedimiento de pactar la sumisión y emplear ocasionalmente la fuerza. De esta manera conseguía lo que era el ideal de los políticos españoles de la época, es decir, que «la transición del estado de rebeldía al de sumisión fuera prácticamente imperceptible». Berenguer utilizó ampliamente las tropas indígenas y también las unidades de élite, como por ejemplo la Legión, creada también de acuerdo con el modelo francés y que tenía la ventaja de evitar el impacto sobre la opinión pública del número de bajas españolas. Gracias a estos procedimientos, en octubre de 1920 fue tomada la ciudad de Xauen y la situación de El Raisuni se había hecho ya tan complicada que era previsible su próxima rendición a las tropas españolas.

Berenguer llevaba personalmente las operaciones en la zona occidental, pero el general Fernández Silvestre era el responsable de la comandancia de Melilla. Simpático, arrojado y poco prudente, Silvestre carecía de la flexibilidad y de la prudencia de su superior jerárquico, con el que mantenía unas relaciones peculiares. Era muy típico de él que denominara al Estado Mayor «estorbo mayor» y que la Comandancia de Melilla fuera regida por una mezcla de campechanía y desorganización que acabó resultando suicida. Pero, además, Silvestre actuó con autonomía real respecto de Berenguer. Lo favorecía la distancia y las comunicaciones exclusivamente marítimas entre las dos zonas, pero sobre todo el hecho de que Silvestre fuera dos años mayor que Berenguer y anterior en el escalafón. El mismo ministro de la Guerra era consciente de que en esa situación Berenguer no estaba en condiciones de ejercer un verdadero mando sobre su subordinado pero, a fin de cuentas, no había operaciones previstas en torno a Melilla. El propio Berenguer era consciente de que la popularidad de Silvestre y «los motivos de delicadeza» derivados de su puesto en el escalafón le obligaban a tener una actitud peculiar respecto de su subordinado.

El avance de Silvestre comenzó en enero de 1920 y no pareció encontrar dificultades iniciales. Entrado el verano de 1921, Silvestre parecía haber obtenido grandes éxitos con muy poco riesgo: había duplicado la zona controlada por los españoles en torno a Melilla y daba la sensación de comportarse de una manera semejante a como lo hacía Berenguer en la zona occidental. «Debemos premiar la disciplina de Silvestre, que ha contenido los deseos de avanzar», escribió el ministro de la Guerra. Sin embargo, las victorias militares de Abd-el Krim fueron, ante todo, consecuencia de la imprudente actuación de Silvestre. Su deseo era conseguir «una gran victoria» que atemorizara a los rifeños y los sometiera definitivamente. En última instancia quería llegar a Alhucemas que, desde hacía tiempo, era considerada como posición clave para el control del norte de Marruecos. A pesar de que Abdel Krim había amenazado con declarar la guerra en el caso de que atravesara el río Amekran, no tuvo inconveniente en hacerlo cuando recibió noticias, que luego se demostraron falsas, de acuerdo con las cuales había tribus dispuestas a colaborar con él. El primer signo de cambio en la situación militar fue la caída de las posiciones de Monte Abarran y Sidi Dris, que produjeron ya bastantes muertos pero que, sobre todo, tuvieron una repercusión psicológica formidable sobre los indígenas. Las tribus más recientemente sometidas se volvieron contra los españoles y también lo hicieron las tropas indígenas que formaban parte, en proporción de uno a cinco, del Ejército español: se dijo que las «mías», nombre que recibían las compañías de los regulares, se habían convertido en «suyas». Silvestre agravó la situación, ya de por sí complicada, por el procedimiento de no informar a su superior de cuanto venía sucediendo. El 17 de julio de 1921 fueron atacados los puestos españoles de Annual e Igueriben. Lo que sucedió a continuación fue, en palabras del informe Picasso, «una precipitada fuga». Silvestre empezó entonces a inundar de telegramas angustiosos a sus superiores y, como correspondía a su carácter cambiante, se hundió en la apatía después de haber navegado en el entusiasmo, lo peor que le podía suceder a un mando en tales circunstancias. Como consecuencia de ello las tropas abandonaron sus posiciones y se encaminaron rápidamente a Melilla; sólo algunos puestos optaron por la resistencia. Fue ésta la que impidió la caída de la ciudad pero también el hecho de que los rífenos, obtenido el triunfo, se dedicaron al botín o a la recolección. Resulta cuanto menos dudoso, además, que hubieran podido expugnar una posición fortificada. El ejército de Silvestre había perdido a su jefe y a 10 000 hombres frente a unas fuerzas no regulares que mantenían en armas tan sólo un contingente estable de unos 500 hombres.

Pabón ha escrito que el de Annual, como cualquier pánico, «excedió lo imaginable y constituyó para todos una sorpresa sin razonable explicación». Desastres como el de Annual los sufrieron otras potencias coloniales, aunque quizá con menor gravedad y menor impacto en la opinión pública. Tenía cierta razón Berenguer cuando afirmaba que lo sucedido no era previsible y que a nadie se le podía acusar de no disponer de suficientes tropas cuando, en realidad, lo que había sucedido era que las que Silvestre tenía se negaron a combatir. Sin embargo, lo ocurrido descubría las numerosas imprudencias cometidas por Silvestre, a las que había que añadir los habituales inconvenientes del Ejército español en África. Los 25 000 hombres de los que disponía el comandante de Melilla habían sido distribuidos entre nada menos que 144 puestos a lo largo de 130 kilómetros con una parte de ellos dedicados, además, a tareas puramente burocráticas. A esta dispersión de recursos había que sumar las dificultades habituales creadas por la orografía (Igueriben debía hacer la aguada nada menos que a cuatro kilómetros) y las conocidas deficiencias del Ejército español en cuanto a aprovisionamientos tanto en munición como en material sanitario e incluso uniformes de verano.

Después del desastre militar el restablecimiento de un frente estable no fue una empresa demasiado complicada. Los prontos refuerzos llegados desde la Península permitieron que, en octubre de 1921, se hubiera recuperado ya la línea de 1909 en la Comandancia de Melilla. A comienzos de 1923 la situación en la zona occidental era aproximadamente la misma que antes de producirse el desastre, aunque ahora el número de soldados empleados era, por una elemental prudencia, mucho mayor. Lo que en la práctica se había hecho imposible con los sucesos de la zona oriental era que, como resultaba previsible en 1921, El Raisuni cayera en manos de los españoles. El sucesor de Berenguer, general Burguete, volvió a pactar con él, insuflándole indirectamente de esta manera una posibilidad de supervivencia de la que carecía no hacía tanto tiempo. La impopularidad de la empresa marroquí y el deseo de los gobiernos de evitarse cualquier tipo de conflicto sustituyeron la táctica flexible y prudente de Berenguer, tendente a someter al adversario mediante una dosificada utilización de la fuerza, por un deseo de conseguir un protectorado exclusivamente civil al que los indígenas no estaban dispuestos y, menos aún, en un momento en que parecían haber triunfado. Para ellos, tanto este intento de llegar a un acuerdo con El Raisuni como el posterior de lograr el rescate de los prisioneros conseguidos en Annual mediante la entrega de dinero, fueron un aliciente y, así, Abd-el Krim llegó a pretender crear una república del Rif cuando, en realidad, presidía una confederación de tribus.

Lo más grave del desastre de Annual no fue éste en sí, pese a su entidad, sino el hecho de que incidiera sobre un sistema político ya en crisis. La absoluta impopularidad de la empresa marroquí crispó todavía más a la mayoría de los españoles contra él y eso mismo tuvo como consecuencia que el Ejército se sintiera más aislado e incomprendido. No obstante, permanecía dividido por el mismo hecho del reparto de las responsabilidades por lo ocurrido. Los grupos políticos se enzarzaron en sonoras disputas respecto de aquéllos y, por vez primera en mucho tiempo, pareció justificarse un argumento consistente con el que atacar al régimen monárquico: como escribió el periodista de izquierda Gómez Hidalgo, había que «resolver previamente a cualquier otro el problema del militarismo y de la forma de régimen». Sin embargo, en realidad este tipo de protesta frente al sistema de la Restauración tampoco tuvo tanta influencia por el momento. El socialista Indalecio Prieto acusó directamente al Rey, sugiriendo incluso que se había opuesto al rescate asegurando que resultaba demasiado «cara la carne de gallina», pero no ofreció ninguna prueba de esa responsabilidad real, que Melquíades Álvarez consideró «una leyenda». Sólo algún catalanista republicano, como Companys, siguió a Prieto en sus afirmaciones.

No hubo, en efecto, por el momento, ninguna figura política destacada que ingresara en el republicanismo, pero no cabe duda de que la cuestión de las responsabilidades contribuyó a deteriorar el régimen y a exasperar sus disputas internas. Como en cualquier cuestión responsabilista, esto era más decisivo que la verdad de las afirmaciones que se hacían. Por ejemplo, resulta indudable que el Rey tenía amistad con el general Silvestre y que impulsaba la penetración en Marruecos (Alhucemas, una vez tomada, iba a ser denominada «Ciudad Alfonsina»), pero lo más probable es que sólo le animara genéricamente a la acción, pues Silvestre no necesitaba el impulso de nadie para el ejercicio de la imprudencia. La propia vehemencia de Prieto, que pidió la separación del Ejército de todos los coroneles de la Comandancia de Melilla y trasladar las culpas no sólo al gobierno que estaba en el poder cuando se produjo el desastre sino también al posterior, evitó que tuviera más apoyos. El régimen parlamentario, por su parte, funcionó bien ante esta catástrofe militar; incluso se puede decir que lo sucedido entonces constituye una buena prueba de que se trataba de un régimen liberal. En lo esencial, las dos personalidades más brillantes de la derecha, Maura y Cambó, estuvieron de acuerdo en la forma de enfrentarse a las responsabilidades, es decir, mediante una acusación del Congreso ante el Senado. Los liberales, por su parte, responsabilizaron a dos ministros conservadores y al presidente. Si el régimen no hubiera tenido otros problemas y el Ejército no hubiera descubierto nuevas razones para mostrar su beligerancia contra la clase política y hacerlo, ahora, unido, el sistema de la Restauración hubiera podido sobrevivir. Pero éste, como veremos, no fue el caso.

Alternativas políticas: de los conservadores a los liberales

El desastre de Marruecos, como tantos otros acontecimientos graves de la primera posguerra mundial, obligó también a la constitución de un gobierno de Concentración Nacional. Como en 1918, la figura destinada a presidirlo fue Antonio Maura que, de este modo, daba la sensación de haber sido capaz de superar el desprestigio que la actuación del gobierno derechista de 1919 había hecho recaer sobre sus espaldas. Como estadista seguía mereciendo el respeto de todos los grupos a pesar de sus seguidores más juveniles. En esta ocasión formaron parte del gobierno todos los partidos situados en el seno del sistema, con excepción del «albismo», pero la significación del gabinete venía dada por la personalidad de las tres figuras más importantes que lo componían: aparte del presidente, eran Cambó, como ministro de Hacienda, y La Cierva, como ministro de la Guerra. El primero representaba una nueva política, hecha de dedicación y de capacidad técnica, pero también unos intereses proteccionistas que encontraron en el arancel de 1922 una situación óptima, perdurable y poco discutida. La Cierva ocupó la cartera de Guerra debido a su imagen autoritaria y a la consideración de que era el mejor punto de contacto con los medios militares en un momento en que la situación española se había convertido en especialmente sensible a estas cuestiones.

El Gobierno Nacional consiguió durar lo suficiente —desde agosto de 1921 hasta marzo de 1922— como para resolver las urgencias más inmediatas causadas por los problemas de Marruecos, a pesar de que pronto se vio que entre sus principales componentes había importantes diferencias de matiz respecto del problema citado. En un primer momento se apoyó con decisión la gestión de Berenguer y fue esto, sin duda, lo que permitió restablecer la situación militar en un plazo muy corto pero, con el transcurso del tiempo, se fue haciendo evidente que la postura del gobierno distaba mucho de ser acorde. La Cierva era partidario, según cuenta en sus memorias, de «obtener compensaciones económicas» a la penetración en Marruecos y ello explica que en la práctica tendiera a prolongar las operaciones militares hacia el interior. La postura de Cambó era muy poco complaciente con esto, pues juzgaba que Marruecos era uno de tantos problemas ficticios de la política española que no servían sino para dilatar la solución de los más acuciantes. Maura mismo era más bien partidario de limitar la presencia española a tan sólo el litoral y, a lo sumo, a la toma de Alhucemas. Pero a todos estos problemas hubo pronto que sumar otros. A comienzos de 1922 las Juntas de Defensa, que parecían haber patrocinado a La Cierva, se enfrentaron con él y acabaron por convertirse en unas comisiones informativas que desempeñaron una especie de papel burocrático en el interior del Ministerio de la Guerra, lo que en última instancia resolvía un problema inmediato pero también institucionalizaba la influencia de los militares sobre la vida política. Los no muy significados liberales presentes en el gobierno sentían de forma creciente el deseo de abandonarlo, ante el planteamiento de la cuestión responsabilista como arma a esgrimir contra los conservadores que ocupaban el poder en el momento de ocurrir el desastre. Finalmente, en la fecha indicada, el gobierno acabó abandonando el poder por una cuestión relativamente menor, como era la divergencia respecto del momento de restablecer las garantías constitucionales en Barcelona. A diferencia de los que le sucedieron, fue piloto, más que náufrago, ante los acontecimientos.

Su sucesor fue un gobierno presidido por José Sánchez Guerra, heredero de Dato en la jefatura del partido conservador, que tenía la mayoría parlamentaria. Sánchez Guerra había sido uno de los dirigentes de su partido más caracterizadamente opuesto a Maura en 1913; su talla política, intelectual y humana era inferior a la de éste, pero el juicio de Gabriel Maura, de acuerdo con el cual sería «más suelto de lengua que de palabra, más listo que inteligente, más ingenioso que talentudo, más inquieto que activo, más asiduo que laborioso y más guardador de formas rituarias que penetrante en substancias políticas», puede estar lastrado de este enfrentamiento personal. Sánchez Guerra era, además, impetuoso, aunque este rasgo, que le hacía dar la sensación de que gobernaba «por arranques», resultaba por completo compatible con el liberalismo, hasta el punto de que su trayectoria le hizo ser mucho más merecedor de este calificativo que los que pertenecían a este partido. Sánchez Guerra, por ejemplo, fue quien destituyó a Martínez Anido del puesto de gobernador civil de Barcelona y no tuvo el menor inconveniente en plantear con decisión ante las Cortes la cuestión de las responsabilidades ante el desastre. Fue, sobre todo, esto último lo que produjo el colapso de su gabinete y cabe preguntarse si, al actuar como lo hizo, era consciente de los apoyos sociales y políticos de que disfrutaba. Acontecido el desastre de Annual durante el gobierno conservador, las responsabilidades de lo allí sucedido afectaban a algunos de los dirigentes más importantes de su propio partido.

A fines de 1922 llegó al poder un gobierno liberal de Concentración, producto, como era habitual en el régimen de la Restauración, mucho más de la división del adversario que de sus propios méritos políticos. Desde el final de la Primera Guerra Mundial los liberales habían estado tan fragmentados como los conservadores de modo que lo que les hizo llegar al poder fue la oposición al otro partido del turno, con la colaboración de la inexistencia de una personalidad tan fuerte como la de Maura que, inevitablemente, habría creado recelos. Así se explica que los intentos de Concentración liberal vinieran fraguándose lentamente desde el gobierno derechista de 1919, repitiéndose con corta periodicidad, pero sin culminar hasta que germinó la desunión entre los conservadores. El gran animador de la concentración fue Santiago Alba, como dirigente más prometedor de una tendencia política que había dado repetidas muestras de necesitar una renovación profunda, capaz de postular una alianza con quienes estaban a extramuros del sistema y de atraer a Melquíades Álvarez mediante un programa de gobierno que no mantenía grandes diferencias con los propósitos de los reformistas, pues postulaba una amplia democratización de la Monarquía hasta hacerla semejante a una República coronada. Desde el primer momento fue también perceptible el escaso entusiasmo del conde de Romanones por la fórmula. En sus memorias llega a decir que «estuvimos ciegos y pedimos el poder» —añade— «como los chicos se reparten las peras para una merienda». Romanones pensaba que, en un periodo de grave crisis como el que estaba experimentando el sistema de la Restauración, era mejor evitar un gobierno liberal que podría provocar una reacción contraria. Por otro lado, la alusión al reparto de cargos es una fiel transcripción de la realidad porque pronto se demostró que, más que un programa ideológico, al gobierno liberal lo unía la suma de intereses de las seis o siete clientelas caciquiles, puramente personalistas, en que consistía en estos momentos el partido. Las nuevas y más recientes (como la de Alcalá Zamora e incluso la de Melquíades Álvarez, pues en eso había acabado el reformismo) pugnaban por abrirse camino entre las de mayor solera, tanto a la hora de repartirse los cargos en el ejecutivo como de redactar el «encasillado». Las elecciones en las que la Concentración logró la mayoría parlamentaria no se distinguieron en nada de las anteriores, a no ser por el desenfado y la publicidad de los medios empleados para llevarlas a cabo: 145 actas fueron atribuidas sin lucha (artículo 29 de la ley electoral). Ni remotamente dio la Concentración la sensación de querer promover una efectiva regeneración electoral a través, por ejemplo, de una reforma proporcional o del apoyo social conseguido en los medios urbanos.

A pesar de este punto de partida, algunos historiadores han afirmado que a la altura de septiembre de 1923, cuando se produjo el golpe de Estado de Primo de Rivera, España estaba al comienzo de un cambio político trascendental, hasta el extremo de que cuando el general afirmó que estaba curando a un enfermo, en realidad lo que estaba haciendo era estrangular a un recién nacido. Un examen de la actuación de la Concentración liberal en el poder proporciona, sin embargo, una sensación contraria. El gobierno ni estuvo unido, ni dio verdadera sensación de reforma, ni pareció capaz de alejar los peligros que amenazaban al régimen parlamentario. Desde abril de 1923 la Concentración dio repetidas pruebas de divergencia interna que no pasaron de tener un fundamento exclusivamente personalista. En septiembre de 1923 sólo cuatro ministros no habían cambiado de cartera; las crisis parciales habían sido numerosas y ofrecían, incluso una semana antes de la sublevación militar, un espectáculo de incoherencia. La mayor parte de los cambios de gobierno no tuvieron como principal motivo ningún tipo de enfrentamiento ideológico, aunque los hubo, y en ellos los liberales siempre retrocedieron ante lo que habían sido sus propósitos iniciales. El ministro reformista Pedregal abandonó el poder ante la imposibilidad de lograr la modificación del artículo 11 de la Constitución, relativo a la confesionalidad del Estado: más que la oposición del Rey (que trató de que abandonara su decisión) lo que liberales temían era a una Iglesia que podría movilizar una dura protesta. Cuando esta crisis se produjo no tuvo como consecuencia que los reformistas dejaran sus puestos, signo evidente del escepticismo ideológico de quienes formaban lo más novedoso de la Concentración. Otros motivos de desunión fueron provocados por la evolución de los acontecimientos. Alcalá Zamora, mientras ocupó el Ministerio de Guerra, se convirtió en defensor de una mayor penetración militar en Marruecos, de acuerdo con los planes elaborados por el mando. Alba, ministro de Estado, logró la liberación de los prisioneros españoles en manos de los rifeños, pero esto dio una imagen contemporizadora de él, cuando nuevas operaciones militares eran inevitables y tenían el inconveniente de hacer imposible el resto del programa liberal en aspectos económicos y sociales. Quizá, sin embargo, el mayor defecto de la Concentración liberal fue el haber vivido en una especie de campana neumática que la aislaba de la opinión pública y evitaba que se diera cuenta de hasta qué punto estaba bordeando el golpe de Estado. En El chirrión de los políticos, publicado por Azorín inmediatamente después de la llegada al poder de Primo de Rivera, se contiene una acerba crítica de los liberales en el poder, que coincide con lo que era la opinión común en aquellos momentos. El espectáculo ofrecido por aquellos políticos incluía hechos peregrinos como ministros laicizantes que asistían a la consagración de obispos o presidentes del Consejo que confundían los nombres de los tratadistas de Derecho político con marcas de chocolate. Ni siquiera Alba, la figura más valiosa del gabinete, se dio cuenta de la inminencia del golpe. La mejor muestra de la inconsciencia de la clase política es que la prensa hablaba sin tapujos del golpe y quienes, como los intelectuales liberales, hubieran debido estar lógicamente al lado del gobierno estuvieron dispuestos, por el contrario, a mostrar benevolencia respecto del nuevo régimen dictatorial.

Crisis del Estado y del sistema político

La crisis del sistema liberal de la Restauración no puede ser considerada como algo inhabitual en la Europa de la época sino que fue, por el contrario, algo frecuente. En Grecia una derrota militar ante Turquía, paralela a la española pero de mayor trascendencia, porque supuso que un millón de griegos abandonara la actual Turquía, tuvo como consecuencia la ejecución de seis altos cargos militares y la suspensión temporal del sistema parlamentario en 1925. En Portugal, unos años después que en España, pero por causas semejantes, que incluían la falta de raíces del sistema liberal y la inestabilidad gubernamental, concluyó la República para ser sustituida por un régimen que, si fue básicamente civil, estuvo siempre tutelado por la autoridad militar. En Italia el «transformismo», que era bastante parecido en lo que respecta a corrupción electoral, aunque ésta se localizara tan sólo en el sur, se acabó derrumbando, pese a haber sido objeto de más sinceros intentos de reforma en manos de Giolitti. Éste, en los años inmediatos a la guerra mundial, amplió el sufragio y, en la posguerra, el cambio en el sistema de recuento de votos —sufragio proporcional— permitió, en torno a 1919, que comenzara a funcionar un sistema democrático. En Italia se produjeron, en efecto, una movilización política relativamente intensa, (coincidente con una amenaza revolucionaria inmediata que tuvo como resultado ocupaciones de fábricas) y un nacionalismo irredentista producto de la intervención en la Primera Guerra Mundial que no existieron en España. Es esta situación la que explica, en definitiva, el carácter muy distinto de los regímenes de Mussolini y Primo de Rivera. El fascismo fue un partido político inequívocamente posdemocrático, mientras que en España la experiencia de la democracia no había tenido lugar ni siquiera de forma germinal: por eso no se puede decir que el sistema español tuviera un déficit democrático sino que, simplemente, no merecía este calificativo. Todo ello se explica en parte por el diferente grado de modernización de ambos países. En España, en 1930, el porcentaje de analfabetismo era superior en 13 puntos al italiano mientras que en desarrollo del sistema bancario, consumo de electricidad y de algodón estaba entre un quinto y un tercio por debajo.

En nuestro país se mantuvo un régimen que, en sus líneas generales, seguía siendo de liberalismo oligárquico, pero que se veía crecientemente deteriorado ante una opinión pública urbana e intelectual que, por sí misma era, sin embargo, pese a sus deseos, incapaz de transformar el sistema. La emergencia de esta última explica, en definitiva, un sistema dictatorial de regeneracionismo liberal. Lo que en 1923 había en España no era una democracia en crisis, ni tan siquiera el alborear de un sistema político nuevo, sino una creciente sensación de vacío.

Pérez de Ayala resumió muy bien la situación cuando dijo que en 1923 «existía entre el Estado oficial y la nación una anchurosa solución de continuidad que la audacia de Primo de Rivera aprovechó para infiltrarse y atrincherarse en ella sólidamente». En la actualidad algún historiador —Arranz— ha venido a decir lo mismo empleando la expresión «bloqueo de legitimidades»: ni la oposición ni el propio régimen serían capaces de cambiar la situación. A la sensación de vacío habría que sumar la de parálisis y fragmentación para tener una panorámica más completa de la realidad.

En primer lugar, se debe tener en cuenta la propia crisis en la eficacia del Estado. Éste había incrementado su campo de acción —en el terreno económico, por ejemplo— e incluso sus recursos. Las cifras de funcionarios prueban esto último pero proporcionan también la sensación de que el avance en este terreno fue más rápido a comienzos de siglo que en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. En estos años, por ejemplo, se reguló el ascenso en la carrera judicial por antigüedad (1915) o la función pública en general (1918) pero el número de jueces permaneció estable y el de maestros apenas pasó en 1900-1923 de 22 000 a 28 000. No vamos a hacer mención aquí, sin embargo, de los resultados de la acción del Estado en materia social, de lo que se tratará en el próximo tomo de esta obra. Basta, sin embargo, con aludir a sus problemas fiscales. El gasto del Estado creció de forma considerable a partir de 1914, a un ritmo de un 10 por 100 anual. Apenas podía dedicar algo más de un 20 por 100 a Fomento y con los ingresos existentes no se llegó a cubrir dos tercios del gasto. Los proyectos de reforma fiscal fueron abundantes, pero los ministros de Hacienda resultaron por completo incapaces de llevarlos a efecto. Mal pagados por un Estado pobre, cuyos ingresos eran insuficientes y rígidos, los cuerpos de la Administración sostuvieron un pugilato incesante por mantener sus ingresos, lo que aceleró la sensación de ineficacia del Estado y la sensación de «invertebración» del conjunto de una sociedad en la que cada grupo luchaba en exclusiva por sus intereses propios.

El intelectual autor de esa tesis sobre la «España invertebrada», Ortega, escribió por esta misma época que «durante los últimos quince años España ha mejorado algo, mientras que la política era cada vez peor». En realidad no era exactamente así: la política había cambiado algo, pero no en lo sustancial, mientras que la impaciencia por la permanencia de la situación había hecho aumentar el número de los protestatarios.

Los cambios empiezan por ser apreciables en las elecciones. A estas alturas el «encasillado» resultaba cada vez más complicado en su elaboración, aunque a nadie se le pudo ocurrir nunca que desapareciera como mecanismo fundamental para hacer las elecciones. La proliferación de grupos personalistas en el seno de cada uno de los dos partidos de turno hacía complicadísimas las negociaciones preelectorales y el hecho de que los gobiernos fueran de concentración obligaba a satisfacer intereses muy divergentes. Por otro lado, el «encasillado» parecía elaborarse a la luz pública y eso contribuía a deteriorar la imagen del sistema; en otro tiempo hubiera sido considerado normal, pero ahora las críticas constituían el testimonio de un importante cambio de sensibilidad moral en la opinión pública. Por otro lado, los resultados del encasillado no eran ni mucho menos tan satisfactorios para quienes ocupaban el poder como antes del cambio de siglo. Ahora ya no eran posibles las grandes mayorías estables de otros tiempos: en 1918 y 1919 el gobierno no ganó las elecciones y tampoco se puede considerar que lo hiciera en 1920 y 1923, si tenemos en cuenta el elevado número de sectores en que se descomponía el vencedor. Por otra parte, los distritos electorales se habían hecho cada vez menos manejables desde el Ministerio de la Gobernación, porque era cada vez más habitual que existieran cacicatos estables que no variaban al ritmo de los cambios gubernamentales. El político seguía siendo el notable, pero cada vez había más «profesionales» de la vida pública que no tenían una orientación ideológica y trabajaban como gestores de los intereses colectivos ante los poderes públicos. Este género de políticos fue muy característico de una cierta adaptación del sistema caciquil a la realidad española del momento, aunque eso no proporcionaba un mayor apoyo popular al sistema. Habían desaparecido también las formas más hirientes de presión sobre el elector, como podía ser el empleo de la violencia. En las ciudades, pero también en ciertas zonas rurales, se había extendido la compra de votos, bien individual o bien colectiva. Esto era ya un cambio importante: Ortega escribió que «prefería mil veces que el censo se venda a que se regale», porque lo primero denotaba al menos un cierto aprecio del voto, pero demostraba lo limitado del cambio producido.

En ese medio urbano los casos más espectaculares de caciquismo eran denunciados y movían a la protesta pública: el mismo Ortega, en un artículo titulado «Boabdil La Chica» se refirió al cacique liberal granadino de este nombre que provocó una airada reacción popular en su contra. En Sevilla este tipo de insurrección en contra de los caciques se concretó en la aparición de una candidatura de carácter patronal denominada Unión Comercial.

Un recorrido por la geografía del comportamiento político español revela una mezcla de pasividad caciquil, readaptación del mismo a las nuevas circunstancias y movilización política insuficiente y fragmentaria. Hay que tener en cuenta, ante todo, que en gran parte de España los cambios fueron inexistentes o nulos. «Si aspiras a diputado/busca un distrito en La Mancha/que aquí, no siendo manchego/segura tienes el acta», decía un diario de esta región. Durante los últimos tiempos la única novedad en ella consistió en que ricos vascos «compraban» distritos a cambio de cantidades de dinero. En Castilla-León una estadística de los diputados electos revela la inanidad de la oposición: durante el reinado de Alfonso XIII fueron elegidos 148 conservadores, 187 liberales, 28 «mauristas» y tan sólo 10 reformistas o republicanos. La oposición limitó su área de influencia geográfica a Valladolid, León y Béjar. En este último distrito el elegido era Filiberto Villalobos, un reformista cuya influencia política era descrita como la de un «patriarca», con lo que cabe asegurar que no era tan distinto a un cacique. En toda esta región los únicos indicios de cambio real consistieron en la aparición de candidatos «agrarios» que no lograron triunfar. En la etapa republicana hasta cinco candidaturas provinciales de la derecha estuvieron presididas por caciques de la época de Alfonso XIII.

Debe tenerse en cuenta también la enorme versatilidad y capacidad de adaptación del caciquismo, que en realidad no pasaba de ser un procedimiento de mantener en minoría de edad política a los ciudadanos. Hubo provincias en que el predominio de la oligarquía permaneció sin cambios o sólo los presenció en apariencia. En Huelva, por ejemplo, de los veinte primeros contribuyentes provinciales quince tenían filiación y protagonismo políticos bien conocidos y en Cádiz el hombre fuerte de la política provincial, Carranza, era un tipo de cacique nuevo cuyos argumentos residían en la gestión administrativa (y un lenguaje regeneracionista). Pero en otros sitios los cambios fueron mayores y, sin embargo, no concluyeron en una transformación sustancial del sistema político. Mallorca había estado sometida a un régimen de caciquismo deferente protagonizado por los grandes propietarios rurales, en gran parte nobles. Juan March, a partir de la Primera Guerra Mundial, hizo una gran fortuna a base de parcelar esa propiedad y venderla a crédito a los campesinos, así como con la exportación y el contrabando. Originariamente «datista», en 1917, tras desbancar al general Weyler de la jefatura de los liberales, los afilió a la Izquierda Liberal de Alba a quien financió el diario madrileño La Libertad. Completó su hegemonía absoluta en la isla construyendo a los socialistas la casa del pueblo y contribuyendo al sostenimiento de un periódico en que escribían los intelectuales más conocidos de la misma. Nada de esto hubiera sido imaginable en tiempos de Cánovas o Sagasta, pero no se puede decir que todo ese cambio hubiera concluido en una situación democrática.

Nos quedan tan sólo las regiones más movilizadas. Respecto de ellas lo primero que es preciso advertir es que suponían una parte reducida de la geografía nacional: Cataluña, el País Vasco y Navarra. En Guipúzcoa, por ejemplo, 75 de los 92 diputados provinciales elegidos desde 1907 a 1923 eran de derechas, católicos o integristas, pero eso no pasaba de ser una excepción sin consecuencias. Además, también hubo fenómenos de fragmentación partidista o de adaptación caciquil en regiones con una política en que las masas tenían protagonismo propio y autónomo. Una diputación como la de Vizcaya era un ejemplo de lo primero. Desde 1890 tuvo 22 carlistas, 32 nacionalistas vascos, 100 dinásticos de diversas significaciones, 12 republicanos o socialistas y 9 católicos. Esa misma pluralidad impedía el sentido unívoco de una posible protesta. El caso de los carlistas de Estella, movilizadores y anticaciquiles pero capaces de pactar con los «romanonistas», es un buen ejemplo de adaptación a los procedimientos no ideológicos del caciquismo. Nos queda Cataluña. Es cierto que en ella el 68 por 100 de los escaños pertenecía en 1923 a partidos al margen del turno pero éstos tuvieron todavía en 1918-1923 el 37 por 100 de los escaños de Lérida y el 47 por 100 de los de Tarragona.

Otros signos de cambio, pero también de la insuficiencia del mismo, eran perceptibles hacia 1923 en el Parlamento y el ejecutivo. La reforma del reglamento parlamentario fue positiva al convertir en más expeditivo el procedimiento, evitando las enmiendas de obstrucción y propiciando el trabajo en comisiones; además, en 1921 se introdujeron las dietas que permitieron subsistir en el ejercicio de su profesión como parlamentarios a quienes no tenían medios de fortuna. Por otro lado, los diputados y senadores no carecían de información respecto de innovaciones políticas producidas en otras latitudes: tanto el voto de censura constructivo como la reforma proporcional de la ley electoral aparecieron como posibles medidas a aplicar en España. Pero, al mismo tiempo, el Parlamento cada vez se reunía y legislaba menos. El embajador británico calculó que, si en 1918 lo hizo 110 días, el año anterior lo había hecho sólo 22; en 1919 y 1920 lo hizo 20 y 42 días respectivamente. Desde 1914 no llegó a aprobarse ningún presupuesto. Los parlamentarios eran relativamente jóvenes, pero este dato no podía ser interpretado como signo de renovación sino de endogamia: al menos un tercio pertenecía a clientelas familiares. No tiene nada de extraño que no pudieran esperarse de ellos grandes propósitos reformistas. Sin embargo, tendían más a la pasividad que a blindarse tras una legislación que pudiera facilitar su desplazamiento. La razón era que ni siquiera veían un peligro real en las oposiciones. Como veremos tenían razón en pensar así. Cualquier tipo de juicio negativo acerca de la clase política de la época ha de tener en cuenta que los componentes de renovación del sistema eran todavía escasos y poco prometedores. Los políticos españoles de la época no fueron tan reformistas con Giolitti en Italia, pero hay que tener en cuenta que allí la propia sociedad demandaba más cambios que en España, donde el liberalismo oligárquico seguía teniendo un fuerte apoyo en la desmovilización política generalizada. Los gobiernos habían dejado ya de ser de un solo partido para adquirir una heterogeneidad considerable: a veces reunían a todos los sectores en los que había quedado fragmentado uno de los partidos del turno, pero en otras sumaban —para un propósito concreto que solía ser, crecientemente, sobrevivir ante una situación inesperada y grave— a componentes tan heterogéneos que ello impedía la formulación de un programa global como el que habían enunciado, al comienzo de su etapa gubernamental, un Maura o un Canalejas. De esta manera, además, el sistema político parecía esencialmente ineficaz: la política de la Restauración consistió, sobre todo, en la declaración de unas intenciones que luego no se llevaban a cabo. Basta con recordar lo sucedido con la Administración local o con la «política hidráulica», temas ambos muy caros al regeneracionismo: no se modificó la legislación sobre el primer aspecto, mientras que de la política de regadíos sólo llegó a realizarse el 10 por 100 de los proyectos previstos. A la ineficacia, en fin, había que sumar la irritante inestabilidad, mucho mayor que la que padeció la Italia premussoliniana o la Alemania de Weimar: entre 1917 y 1923 hubo 23 crisis totales. No tiene nada de particular que los contemporáneos juzgaran que el Estado iba a la deriva en manos de partidos, al decir de Pérez de Ayala, «arcaicamente reaccionarios que se llaman conservadores» o «futilmente oportunistas», denominación atribuible a los liberales.

Nos interesa también hacer mención del papel que en el sistema político estaban desempeñando dos factores tan esenciales como el Monarca y el Ejército. Alfonso XIII siempre tuvo una propensión a la intervención en la política partidista que, aunque la Constitución le permitiera, no siempre fue prudente. Ortega escribió que al Rey «se le había ido un poco la mano en el menester de moderar y, si no se quiere ver en ello una fácil impertinencia, yo diría que ha moderado inmoderadamente». Nunca como en esta fase final de la Restauración existió una tendencia por parte de todos los sectores políticos a reclamar una intervención real en favor de la posición propia y en contra de los demás. La división de los partidos de turno le obligaba a intentar la recomposición, o a cumplir un papel subsidiario de componedor de las tensiones que a la larga debía poner en peligro su imagen: «Se veía forzado —escribió un contemporáneo— a intervenir personalmente con objeto de evitar choques, suavizar asperezas, hilvanar descosidos, zurcir rotos, estimular abnegaciones, aunar voluntades». Si el Rey solía ser imprudente, los verdaderos problemas de la política española residían mucho más en su proceso de modernización que en la actitud de Alfonso XIII. El Monarca estaba insatisfecho de la política vigente, pero éste era un juicio que compartía la opinión pública y manifestaban incluso los propios dirigentes de los partidos. Su discurso en Córdoba en 1922 no contiene afirmaciones que fueran infrecuentes en la época, a pesar de que se le ha atribuido un carácter anticonstitucional. Había sido acusado por la izquierda de haber contribuido con su comportamiento al desastre de Annual, pero la acusación se había limitado a Prieto. Las responsabilidades no le amenazaban a él directamente, por lo que no tenía motivo alguno para propiciar un golpe de Estado. Si alguna vez pensó en un golpe de fuerza, siempre temporal e institucional más que partidista, fue por el pésimo funcionamiento del sistema. Para completar su pensamiento en este momento hay que tener en cuenta que también tomó en consideración la posibilidad de abdicar. La actitud del Ejército era, en primer lugar y ante todo, dolorida. Había intervenido en la política contra los movimientos nacionalistas y regionalistas y para defender un orden social cuya protección se atribuía a sí mismo. Ya este hecho le inducía a tener una opinión detestable de la clase política dirigente y lo sucedido en Marruecos no hizo sino aumentarla de modo considerable. Los oficiales se veían ridiculizados por unos indígenas mal armados que describían los países europeos con los que tenían mayor contacto con las siguientes palabras, testimonio de la impotencia española: «Inglaterra paga y pega. Francia pega pero no paga. España ni pega ni paga». Como el Ejército carecía de recursos y veía inconsistencia en la labor gubernamental respecto a Marruecos, no tiene nada de particular que criticara la política de los partidos de turno. A partir del restablecimiento de la situación bélica en Marruecos los motivos de protesta militares no sólo no disminuyeron sino que aumentaron: tanto los conservadores, primero, como la Concentración liberal pidieron a los mandos que se mantuvieran en África pero sin combatir porque ello podía ser mortal para el Gobierno, dada la impopularidad de la guerra. Marruecos había convertido al Ejército, como advirtió Ortega, en un puño cerrado capaz de golpear a las instituciones. Pero para ello le era preciso tener una unidad de la que careció hasta bastante avanzado 1923. El desastre reprodujo los enfrentamientos internos en el seno de la milicia. Los africanistas se quejaron de que las recompensas se hubieran convertido en tan sólo méritos al honor y de que Berenguer fuera procesado. Detrás de este hecho estaba el Consejo Supremo de Justicia Militar y el Ejército de la Península, que si había visto desaparecer las Juntas, no había aceptado que se borrara lo más importante, es decir, el espíritu de las mismas. Para que el Ejército tuviera una intervención decidida en la política nacional era imprescindible que apareciera un factor de unión, así como un dirigente lo suficientemente ambiguo como para ser aceptado por todos. Lo primero lo tuvo en la oposición radical a la clase política y lo segundo en Primo de Rivera. Frente a éste no hubo, en el momento decisivo, ninguna fuerza política capaz de contraponérsele.

Izquierdas y derechas: la impotencia de la oposición

Para tener un panorama completo de la situación política española a la altura de 1923 no basta con hacer alusión a la evolución interna del sistema de turno. Si éste, por su permanencia fundamental y por sus cambios insuficientes (y, por ello, inestabilizadores) daba una permanente sensación de crisis tampoco las oposiciones parecían estar en condiciones de sustituirlo de manera definitiva. Frente al sistema de turno lo que había era un gran vacío, aunque años después, en 1931, viniera una República o aunque hubieran aparecido ya anticipaciones que, sin embargo, tardarían en convertirse en realidades políticas efectivas.

Así se aprecia, por ejemplo y en primer lugar, con el republicanismo. Ortega y Gasset dijo, con razón, que el republicanismo, como los partidos de turno, era en los años veinte un «evaporado». Si a la altura de 1910 se adscribían a él un 9 por 100 de los diputados del Congreso, en 1923 sólo recibían esta denominación un 2,6 por 100. Nada sería más inoportuno, por tanto, que presentar la historia del reinado de Alfonso XIII como una especie de permanente camino hacia la proclamación de la República pues, por el contrario, en 1923 ésta estaba más lejana que nunca. La verdadera dimensión de la crisis republicana se aprecia en el hecho de que no era el producto del declive parcial de una de sus tendencias, sino de todas, y ello no como consecuencia de una presión inducida desde fuera sino como resultado de su propia evolución. Los reformistas, con el paso del tiempo, habían acentuado su posibilismo, pero esto no aumentó su peso real en la política española y, además, les hizo olvidar que si querían contribuir a la modificación del sistema resultaba fundamental que empezaran por cambiar su forma de actuación política. En 1918, las elecciones más veraces de la Historia española hasta el momento presenciaron la derrota de Melquíades Álvarez y la elección de tan sólo diez diputados reformistas, que en 1919 fueron únicamente siete. Antiguos republicanos convertidos en reformistas prosiguieron su camino evolutivo hacia la Monarquía ingresando en el partido liberal, como fue el caso de Salvatella, uno de los ministros del gobierno de Concentración de 1922. Álvarez, ante las tensiones sociales existentes durante la posguerra, hizo repetidos llamamientos a la mediación, pero no podía jugar este papel un partido que estaba siendo lentamente absorbido por el turnismo vigente. Cuando los reformistas alcanzaron el poder en aquel año, no sólo cedieron demasiado rápidamente ante la negativa a llevar a cabo su programa de construir un Estado laico, sino que quienes eran gobernadores civiles permanecieron impertérritos en sus puestos en el momento en que su programa en este terreno era descartado de forma definitiva. Lerroux y sus radicales daban, a la altura de 1923, una idéntica sensación de estar domesticados por el sistema mucho más que dispuestos a sustituirlo. El líder radical no tuvo inconveniente en entrevistarse con el Monarca y llegó a decir que Marruecos no era otra cosa que «una provincia más». En 1918 presidió la constitución de una federación republicana en la que, a su lado, estuvieron los representantes de la prensa republicana (Castrovido) o algunos dirigentes locales de las zonas de mayor arraigo de este ideario político (Marracó, Domingo…). Pero no todos los republicanos aceptaron el liderazgo de Lerroux y algunos (como Álvaro de Albornoz, que estaba destinado a jugar un papel importante en la política de los años treinta) consideraban por estas mismas fechas que el republicanismo era más una herencia que una verdadera esperanza. En octubre de 1920 Lerroux organizó un Congreso de la Democracia en el que hubo 1500 asistentes, pero ni sus propuestas ideológicas ni tampoco la propia forma de organizar el acto demostraron novedad alguna. Lo previsible en 1923 era que el líder radical acabara siendo uno de los dirigentes del liberalismo monárquico.

La fuerza principal del republicanismo se había localizado, durante la primera década de siglo, en algunos núcleos urbanos de la periferia mediterránea. En 1917 el radicalismo todavía mantenía un aura revolucionaria, que originó que una veintena de sus seguidores fueran detenidos con motivo de los sucesos de agosto. Durante los años de la agitación sindicalista fue habitual que los abogados de los dirigentes de la CNT siguieran siendo radicales, como fue el caso de Guerra del Río. En la práctica, sin embargo, el radicalismo colaboraba en el Ayuntamiento con la derecha regionalista y lo hacía, además, en unas evidentes condiciones de subordinación. En 1922 había 23 concejales regionalistas mientras que los radicales sólo tenían la mitad; alguno de ellos, como Pich i Pon, líder de la patronal, no tuvo luego el menor inconveniente en colaborar con el régimen dictatorial. Málaga ha podido ser descrita en el periodo 1909-1915 como una auténtica «república municipal», regeneracionista y reformadora, gracias a la actuación de los concejales de esa significación. En la posguerra, sin embargo, esta implantación del republicanismo se desvaneció, por rencillas internas y por la actuación «domesticadora» del sistema político, en especial en el momento de llevar a cabo el «encasillado», incluso desapareció la prensa diaria republicana. En Valencia los republicanos seguían teniendo una sólida implantación pero la fuerza emergente eran ya los católicos; en Madrid el voto «maurista» superó netamente al republicano en 1923, año en que éste sólo estuvo levemente por encima del 10 por 100.

Una interpretación excesivamente lineal de la historia política española ha pretendido, en ocasiones, que si el voto republicano disminuyó, la razón estriba en que el PSOE iba conquistando poco a poco el electorado de izquierdas o proletario. Aun siendo esto cierto hay que insistir mucho más en la parsimonia del proceso que en la esperanza de que éste llegara a alterar de forma significativa el panorama de la vida política española. Hay indicios suficientes para describir el estado del socialismo a la altura de 1923 como de estancamiento. La UGT, que había llegado en el momento álgido de la agitación social de la posguerra a 240 000 afiliados, se estancó ahora en unos 210 000; si el comunismo español sólo consiguió una influencia reducida tuvo como consecuencia detener el crecimiento socialista después de pasada la euforia del trienio revolucionario. En Granada, donde había sido elegido el socialista Fernando de los Ríos con el apoyo de los sindicatos (pero también en connivencia con sectores de la política conservadora), en un plazo muy breve los sindicatos pasaron de propiciar la participación electoral a abominar de ella. En una región donde el socialismo tenía tanta implantación como Asturias fue la crisis minera la que debilitó al sindicalismo y con ello también al PSOE. A partir de 1919 se puede decir que el distrito electoral de Bilbao fue socialista, pero en unas condiciones muy peculiares. Los nacionalistas decían de Indalecio Prieto que era «otro Lerroux» y, por lo menos, no les faltaba una cierta parte de razón: como aquél, se había moderado tanto que ya se decía «socialista a fuer de liberal» y no tenía inconveniente en pactar solapadamente con los monárquicos, hasta el punto de que su última acta la logró sin que nadie se la disputara. La influencia del socialismo en Bilbao evitó que la aspereza de la lucha social de estos años degenerara en un terrorismo como el barcelonés, pero el propio Prieto era consciente de que el caso de esta ciudad era excepcional en una España a la que en una ocasión describió, precisamente por su pasividad y desmovilización, como «un fumadero de opio». En Madrid el PSOE consiguió en 1923 la elección de cinco de sus seis candidatos, pero no llegaba todavía al 15 por 100 de los electores, de modo que sólo la alta abstención y la fragmentación del voto monárquico pueden explicar ese triunfo. En 1923 el PSOE estaba más interesado en conservar su fuerza contra los adversarios sindicales que en aspirar a cambiar el sistema político vigente. Todavía en 1929, cuando el socialismo estaba a punto de convertirse en la fuerza política mejor organizada de España, tan sólo tenía un afiliado por cada 1800 habitantes, mientras que en Francia la proporción era uno cada 341 y en Alemania uno cada 69. Se puede pensar que, como aseguraba Iglesias, si el PSOE no tenía más presencia electoral era por las «males artes» de sus adversarios, pero esas cifras testimonian que su problema era más grave porque carecía de implantación efectiva.

No sólo había en la izquierda fuerzas políticas que propiciaran una regeneración del sistema político o una movilización que de hecho lo transformara sino también en la derecha, pero en ésta, aún habiéndose producido cambios, eran claramente insuficientes como para esperar que pudieran conducir a una verdadera sustitución del turnismo en un corto espacio de tiempo.

En todos los sectores de la derecha había indicios de modernización, pero en todos ellos resulta patente la sensación de insuficiencia o de que contribuían más a desestabilizar el parlamentarismo vigente que a crear un sistema político nuevo. Desde 1919 en el carlismo se había planteado una división en tendencias que no nacían sólo de enfrentamientos personales (el que existía, por ejemplo, entre Vázquez de Mella, su principal orador, y el pretendiente don Jaime) sino también de la divergencia programática, sobre todo en materias como la organización regional del Estado y la doctrina social, objeto en ocasiones de interpretaciones radicalmente contradictorias. Lo fundamental era, sin embargo, si el carlismo, como decía uno de sus dirigentes, dejaría de ser una doctrina de conjurados y pasaría a ser una doctrina de «apóstoles», es decir, de propagandistas, con métodos modernos, de unas determinadas doctrinas que se confrontaran con otras. Hubo alguna capital, como Valencia, en que lo logró a través de una Agrupación Regional de Acción Católica, inspirada por ella, pero este caso fue excepcional, porque el carlismo siguió siendo mayoritariamente un movimiento minúsculo en la mayor parte del país, dividido, sumido en disputas poco comprensibles para terceros y controlado por quienes no eran muy diferentes de los caciques de los partidos del turno. En 1919 don Jaime y Mella rompieron, con el resultado que buena parte de los militantes del tradicionalismo abandonó la política activa. Los más influidos por Mella, como Víctor Pradera, enunciaron a continuación programas políticos de propensión dictatorial y contrarios a los nacionalismos periféricos.

Otro signo de cambio en la derecha fue, en efecto, la aparición de doctrinas autoritarias y españolistas. A partir de 1918 estas tesis tuvieron una especial influencia en el País Vasco, en donde la Liga de Acción Monárquica practicó una política muy contraria al PNV y mostró su satisfacción ante las crecientes manifestaciones de autoritarismo en Europa. Lequerica y Sánchez Mazas constituyen un buen ejemplo de esta actitud que no tuvo, de momento, traducción electoral o partidista directa pero que deterioró las bases ideológicas del liberalismo en toda la región. Algo parecido sucedió en Barcelona, aunque la Unión Monárquica Nacional fue bastante plural y en ella siempre hubo un componente autonomista nada desdeñable. Pero en la capital catalana el peligro revolucionario fue siempre mucho más patente que en cualquier otro lugar de España. A partir de 1919, para mantener el orden social, se recurrió a la movilización de una «guardia cívica», semejante a la aparecida en otras latitudes de Europa, que pretendía resucitar el viejo «somatén» rural. De una composición no exclusivamente burguesa, el somatén llegó a tener unos 65 000 afiliados. En Madrid también existieron «guardias cívicas» semejantes en dos versiones, una más católica, auspiciada por el marqués de Comillas, y otra más juvenil y agresiva. Entre una y otra no deben haber llegado a una tercera parte de los somatenistas catalanes. En mayor o menor grado las guardias cívicas se extendieron por toda España. Pero no debe pensarse que representaran en ella algo parecido a los ex combatientes en Italia o los grupos de acción en contra de los revolucionarios. La misma denominación que en Madrid les daban sus adversarios revela que estaban más cerca de la extrema derecha radicalizada que de los movimientos revolucionarios de derecha. En 1923 los grupos que aparecían admiradores del fascismo «mussoliniano» eran en España puramente simbólicos y estaban localizados en Madrid y Barcelona. En la primera anidaban en la prensa, algún patrono muy conocido y las juventudes «mauristas» pero, en este caso, siempre en minoría y sin apoyo de la ortodoxia de este sector político. En Barcelona hubo un pequeño grupo llamado La Traza, formado por jóvenes militares y somatenistas, que empleó por vez primera el saludo fascista y las camisas azules, pero que no pasó de estar formado por unas decenas de personas. Por tanto, tampoco esta derecha fue una novedad ni creó una política de masas.

El esfuerzo más importante de modernización de la derecha española, que resultó fallido, nació en los medios católicos y estuvo vinculado con la evolución de otro sector del «maurismo». Éste había dado la sensación en 1913 y 1914 de constituir el germen de lo que podría haber llegado a ser un partido moderno y dotado de un ideario, pero a partir de 1919 estas posibilidades parecían agotadas. Maura era el político más respetado, incluso por las izquierdas, pero su mundo seguía siendo el de un liberalismo oligárquico que, si periódicamente apelaba a la opinión pública, no tenía ningún reparo en usar de los procedimientos caciquiles en los momentos electorales, mientras que muchos de sus dirigentes se guiaban por puros criterios personalistas. El propio Maura era incapaz de crear un partido moderno de masas con una ideología y una organización democrática; en el fondo siguió siendo un liberal aunque con unas crecientes preocupaciones autoritarias. En su partido hubo un sector, representado por Goicochea, que a partir de un nacionalismo españolista se identificó con movimientos políticos de parecido corte en Italia y Francia. Había, sin embargo, en el «maurismo» una tendencia, representada por Ángel Ossorio y Gallardo, que era reformista en lo social y demócrata en lo político. Este sector, junto con representantes del sindicalismo católico, carlistas evolucionados y miembros de la prensa de esa significación, así como algunos de los seguidores de Ángel Herrera crearon en diciembre de 1922 el Partido Social Popular, que venía a ser la traducción española del Partido Popular fundado en Italia por Sturzo, antecedente directo de la democracia cristiana y, en cuanto tal, objeto de imitación en otros países, como Francia. Partido interclasista, con una pronta actuación propagandística y defensor del sufragio femenino y proporcional, el PSP podría haber sido un importante instrumento de regeneración del sistema político, pero el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera cortó su desarrollo en flor. No pudo presentarse a las elecciones de 1923 y ante la eventualidad de colaborar con un sistema que, siendo dictatorial, decía querer regenerar el liberalismo caciquil acabó por escindirse: mientras que un sector numeroso formó algunos de los cuadros mejor preparados del régimen de Primo de Rivera, Ossorio y Gallardo, capitaneando otro, fue un decidido opositor de la Dictadura, durante la que realizó una obra de divulgación doctrinal. En cualquier caso, todo lo dicho no hace sino confirmar a la vez la posibilidad regeneradora que también tenía la derecha y su definitiva inviabilidad práctica.

Para que izquierdas y derechas hubieran estado en condiciones de aparecer como alternativa al sistema de turno hubiera debido ser necesario un cambio de comportamiento electoral en los medios urbanos. Ya hemos comprobado que la fuerza parlamentaria de las oposiciones no sólo no aumentó (como, por ejemplo, en Portugal, poco antes de la proclamación de la República) sino que incluso disminuyó. Pero aún si tenemos en cuenta tan sólo el voto urbano constatamos de nuevo esta realidad. Un estudio de las elecciones en las 32 ciudades más importantes, equivalentes al 18 por 100 del electorado, testimonia que ese voto no aumentó sino que disminuyó después de la Primera Guerra Mundial, lo que corrobora todo lo ya expuesto.

Nacionalismos y regionalismos en la posguerra mundial

El último sector político que puede identificarse con una posibilidad regeneradora en la España de los años veinte fue el nacionalismo o regionalismo, en sus diferentes vertientes. Sobre él cabe decir que en los años de la primera posguerra mundial hubo novedades importantes que bien pueden ser conceptuadas como anticipaciones de un regionalismo posterior en los años treinta, o incluso más tarde todavía, mientras que en zonas de mayor solera o de vertebración política anterior del fenómeno nacionalista fue posible el desarrollo de unas instituciones preautonómicas o, al menos, de una implantación política mucho más efectiva.

En estos años surgieron, en efecto, gérmenes regionalistas en zonas que hasta el momento habían carecido de ellos, obedeciendo a la peculiaridad de cada zona geográfica. En Castilla fue un regeneracionista, Julio Senador, el inspirador de este movimiento que osciló entre una actitud reactiva ante las peticiones catalanas, en especial por la política arancelaria de protección industrial, y la demanda de igualdad o la identificación de Castilla como forjadora de la unidad nacional. Las actitudes anticatalanistas de Alba, que tenía su principal apoyo en Valladolid, se entienden desde esta perspectiva, pero el castellanismo no llegó en absoluto a vertebrarse como movimiento político autónomo y, en realidad, sólo hizo una aparición temporal y modesta en la vida política durante 1918. En cambio, como en muchas otras zonas, parte del regionalismo extremeño tomó como modelo desde el punto de vista estratégico al catalanismo, defendiendo, además, los intereses agrarios y mostrando una cierta sensibilidad ante los problemas sociales como consecuencia del régimen de propiedad agraria existente. De cualquier manera, el regionalismo no tuvo existencia estable ni mucho menos implantación electoral. De todos modos, esta conciencia social es más manifiesta en Andalucía, por lo menos en lo que respecta a la figura más importante de este regionalismo, Blas Infante. Antes de la Primera Guerra Mundial sólo se puede hablar de un andalucismo cultural, sin plasmación política, pero ya durante los años del conflicto bélico hubo algunos intentos coincidentes a ese respecto con la aparición de doctrinas «georgistas», un género de socialismo no marxista interesado especialmente en los problemas agrarios y en la desaparición de la gran propiedad mediante el impuesto único. El andalucismo acabó vertebrándose políticamente a través de centros asociativos, pero no llegó a arraigar con verdadera autonomía electoral. Aunque tuvo implantación de cierta importancia en Córdoba y Jaén, aparecía en ambas provincias vinculado a otras opciones de izquierda, mientras que en Sevilla y en Málaga (donde se presentaba Infante) apenas alcanzó más de un millar de votos. En cualquier caso, después de un momento de efervescencia durante 1919, en que presentó un programa de fuerte contenido social, se desvaneció en los años veinte, perdiendo cualquier relevancia política.

Una peculiaridad muy característica del aragonesismo fue el papel relevante desempeñado en él por los emigrados a Cataluña. Nacido también en la posguerra mundial, desde un principio tuvo una vertiente católica y otra liberal, lo que aparece en todos estos regionalismos, aunque no siempre de manera tan clara. También en este último caso puede decirse que la virtualidad del aragonesismo se desvaneció con rapidez después de 1919.

Si surgieron nuevos movimientos regionalistas durante estos años, aunque no modificaran el panorama político de forma fundamental, hubo también cambios significativos en los regionalismos y nacionalismos de mayor solera. En los años de posguerra mundial se puede decir que en Cataluña el catalanismo había conseguido una hegemonía política manifiesta. En ello jugó un papel decisivo la creación y funcionamiento de la Mancomunitat catalana que, si bien fue creada en el periodo anterior, sólo alcanzó a tener funcionamiento efectivo y trascendencia verdaderamente histórica a partir de estos instantes.

En 1910, Prat de la Riba, dirigente principal de la Lliga, como sabemos, fue elegido por tercera vez como presidente de la Diputación de Barcelona y, al año siguiente, por iniciativa de Duran i Ventosa, comenzaron los trámites para la creación de la mancomunidad, una iniciativa que, si bien era tan sólo tímidamente descentralizadora, permitió cumplir aquel propósito enunciado por Prat de la Riba: «Hacer de lo que nos gobierna un Estado como Dios manda». Aprobada la posibilidad de constituirla mediante decreto, las diputaciones subsistieron pero fueron perdiendo su contenido. Así sucedió de forma especial a partir de 1920, en que decidieron el traspaso de todos sus servicios y recursos a la Mancomunitat en un momento en que resultaba necesario compensar el fracaso de la campaña destinada a conseguir la autonomía. A partir de este momento funcionó una especie de compromiso de solidaridad económica entre las diversas comarcas de Cataluña, pues la Diputación de Barcelona aportaba más de tres cuartas partes del presupuesto de la Mancomunitat. La solidaridad también funcionó en el terreno político, entre las diferentes tendencias existentes en la vida pública catalana. Desde un principio la Mancomunitat fue obra principalmente de la Lliga pero no hubiera sido posible sin la colaboración de la izquierda nacionalista y de los catalanes pertenecientes a los partidos dinásticos. En un principio los republicanos radicales de Lerroux se opusieron a su existencia, temerosos de que la nueva institución hiciera sombra al Ayuntamiento de Barcelona, que todavía controlaban, pero tal actitud no duró mucho porque desde 1917 se incorporaron a su consejo ejecutivo.

La Mancomunitat tuvo limitaciones importantes, que se descubren con tan sólo tener en cuenta que, cinco años después de ser creada, fue necesario pensar en una nueva organización territorial de España válida para Cataluña, pero llevó a cabo una obra importante, en especial en materia educativa y en obras públicas. Expresión de la capacidad de la Lliga para estar en la vanguardia del catalanismo, pero sin un propósito exclusivista, en su consejo ejecutivo todas las decisiones se tomaron por unanimidad y la distribución de competencias y responsabilidades entre las diferentes provincias y los distintos grupos políticos fue medida y ecuánime. En ella colaboraron, por ejemplo, intelectuales izquierdistas como Corominas, Campalans y Serra i Moret; el propio Eugenio D’Ors lo hizo hasta 1919, momento en que, desaparecido ya Prat, su sucesor estuvo mucho menos dispuesto a conservar como director general a quien se mostraba proclive a los anarcosindicalistas y resultaba un tanto bohemio desde el punto de vista administrativo. Lo importante, sin embargo, es que la labor desarrollada desde la Mancomunitat tuvo una importancia trascendental desde el punto de vista cultural, material y simbólico. Se ha podido decir de ella que fue responsable del «periodo constituyente de la cultura catalana» (Fuster) y, en efecto, es oportuno afirmarlo, dadas las conexiones mencionadas entre el mundo intelectual y el político, así como la existencia de concomitancias importantes entre ambos, como fue el «noucentisme», es decir, la vuelta a un cierto mediterraneismo clásico empujada desde el poder político. La Mancomunitat tuvo también un importante papel en la mejora de las condiciones materiales de vida. El propio Prat le señaló como objetivo que «escuela con biblioteca pública y carretera son los elementos que no pueden faltar en ningún pueblo por humilde y atrasado que esté». Finalmente, no debe desdeñarse ese factor simbólico, que introdujo la aparente liturgia de un Estado regional. El mismo Prat pudo felicitar a los vencedores en la Primera Guerra Mundial asumiendo la representación de la totalidad de Cataluña. Ésta, sin embargo, quedó muy al comienzo del camino que la propia disposición creadora de las mancomunidades provinciales preveía para ella. Estaba previsto que el Estado pudiera cederle parte de sus competencias, pero no lo hizo, y de esta manera su presidente pudo decir que «sin las delegaciones la Mancomunitat, que como personalidad es todo, como poder no es nada». Incluso hubo protestas en el Parlamento y en los medios culturales madrileños por el uso del catalán en esta institución.

Aunque la Mancomunitat inició su singladura en 1914, una referencia a ella era precisa en estos momentos porque constituye una prueba excelente de lo que era la Lliga. Gracias a su capacidad de aunar al conjunto de la sociedad y la política catalanas en actitudes comunes, la Lliga tuvo una larga hegemonía electoral hasta bien entrada la posguerra. No consiguió ponerla en peligro el grupo de coalición españolista monárquico formado en 1918 bajo la denominación de Unión Monárquica Nacional, que tan sólo logró revitalizar algunos cacicatos locales, aunque alcanzó una influencia en los medios empresariales algo superior a la que le correspondía a la Lliga. Ésta, como respuesta, creó una federación monárquica autonomista para disponer de un grupo con el que colaborar que fuera, a la vez, inequívocamente monárquico y conservador logrando unas votaciones mucho más altas en Barcelona que ese adversario centralista.

Sin embargo, el declive de la Lliga acabó por producirse con la aparición de un catalanismo radical, que hasta entonces no había existido y que no atribuía tanta importancia a la acción en Madrid. En 1919 Maciá creó la Federación Democrática Nacionalista que no llegó a cuajar en una verdadera influencia, ni bajo esa denominación ni más adelante como Estat Cátala. Obtuvo, no obstante, un apoyo significativo en los medios de clase media baja, como el Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y la Industria. Este sindicato, muy bien implantado en los medios mercantiles, en los que tuvo unos 2000 afiliados en torno a 1923, había tenido una trayectoria reformista y mutualista. Cercano a la Lliga en un primer momento, contribuyó de forma significativa a convertir el 11 de septiembre en fiesta nacional catalana y evolucionó hacia posiciones más radicales.

Mayor significación que la postura de Maciá, incluso para el CADCI, tuvo la creación de Acció Catalana, producto de una conferencia nacional catalana, celebrada en abril de 1922, en que los sectores más juveniles, menos conservadores y más preocupados por la cuestión social del catalanismo mostraron, además, su deseo de romper con la política que hasta el momento había venido adoptando Cambó, a su juicio excesivamente colaboracionista. La confluencia entre las juventudes nacionalistas, los republicanos catalanistas moderados y numerosos intelectuales (Pía, Foix, Sagarra…) se produjo en torno a un programa centrado en la presentación de la reivindicación catalana más allá de las fronteras y en la «Catalunya endins», es decir en la profundización de la labor catalanizadora interna. Acció Catalana consiguió inicialmente unos buenos resultados electorales que la convirtieron en la cuarta fuerza política en la Mancomunitat, hecho que motivó la retirada de la política de Cambó, en quien centró sus críticas. Su tono radical en cuanto al nacionalismo le llevó a suscribir un pacto de colaboración con los nacionalismos vasco y gallego que precedió inmediatamente a la implantación de la Dictadura de Primo de Rivera y le sirvió a éste de pretexto parcial para dar su golpe. Otras fuerzas se movían también en el escenario político catalán del momento con un criterio nacionalista y una voluntad de reivindicación social. La Unió de Rabassaires agrupó con un sentido izquierdista a los arrendatarios (su abogado, Companys, tendría un papel político decisivo en la II República) y la Unió Socialista de Catalunya quiso dar vida a una opción como ésta, que por el momento había tenido una viabilidad muy limitada en la región.

En el nacionalismo vasco el problema social jugó también un papel en las divisiones internas y hubo una muy semejante polarización en torno al grado de radicalismo del ideal nacionalista presentándose las discrepancias en un momento anterior a aquél en que tuvieron lugar en Cataluña. Luis Arana, hermano del fundador del partido, estuvo a su frente hasta fines de 1915. Su cese se debió a varios factores, entre los que cabe mencionar un pacto electoral con un gobernador civil, su carácter egolátrico, su germanofilia, que contrastaba con la posición mayoritaria de los nacionalistas, y una tendencia a vertebrar la organización del nacionalismo en forma federal. El desplazamiento, sin embargo, permitió que el partido asumiera una posición posibilista y que con ella experimentara una crecida electoral que duró hasta 1919. En esos años el catalanismo de Cambó jugó un papel importante de cara al nacionalismo vasco, por coincidencia de intereses (protesta contra las reformas de Alba) pero también por una cierta asimilación de su estrategia. El nacionalismo vasco, que desde 1916 adoptó como nombre oficial el de Comunidad Nacionalista Vasca, tuvo, sin embargo, un carácter más democrático en su organización. Los nacionalistas lograron desde 1917 vencer en las elecciones a la Diputación de Vizcaya (que desempeñó Sota) e implantarse en Guipúzcoa y, en menor grado, en Álava. En las elecciones generales de 1918 y 1919 ganaron en todos los distritos rurales de Vizcaya y consiguieron un diputado en Guipúzcoa y otro en Navarra, aunque les fueron anuladas la mayor parte de las actas vizcaínas. Como en el caso del nacionalismo catalán, hubo un intento de constituir una mancomunidad pero en este caso fracasó por la carencia de colaboración de los partidos dinásticos y de los carlistas que seguían a Pradera. Desde 1919 se produjo un descenso claro en la fuerza electoral del nacionalismo vasco que vio cómo sus adversarios socialistas y la Liga Monárquica —agrupación de los partidos del turno sesgada hacia la derecha— hacían una extraña alianza en Vizcaya, mientras que a los nacionalistas no les quedaba otra posibilidad que mantener un único diputado, elegido en Pamplona en colaboración con los «jaimistas».

Las polémicas internas del nacionalismo vasco se remontaron al momento de la Primera Guerra Mundial, en que ya aparecieron posturas contrapuestas, pero se perfilaron más definitivamente luego, a comienzo de la década de los veinte, concretándose en una posición menos radical representada por Arantzadi —Comunidad Nacionalista Vasca— y otra independentista —Partido Nacionalista Vasco— que tenía como líder a Gallastegui y principal órgano de expresión a Aberri, apoyados por la juventud, las clases medias-bajas de Bilbao y por los sindicatos nacionalistas (STV).

En Galicia no se produjo esta tendencia hacia la radicalización del nacionalismo porque todavía estaba muy poco desarrollado e incluso se planteaba la posibilidad de ceñirse tan sólo a una acción cultural. Las Irmandades da Fala (1916) tuvieron sobre todo esta significación, pero se trató, al menos, del primer movimiento galleguista de carácter endógeno y no producto de un reflejo de lo que sucedía en Cataluña. Nacido de la colaboración de sectores de distinta procedencia ideológica, eso explica su inestabilidad. Algo parecido cabe decir también de A Nosa Terra, el primer órgano importante de prensa que tuvo el movimiento. Las candidaturas regionalistas que aparecieron en Galicia en 1918 —también en este momento la estrategia de Cambó influyó sobre el nacionalismo gallego— resultaron intrascendentes y efímeras, pero el galleguismo era ya una fuerza en auge que había encontrado en Vicente Risco y Otero Pedrayo teóricos de una interpretación tradicionalista y en los hermanos Villar Ponte de otra liberal democrática. La implantación política y electoral resultaba mínima: dos concejales, uno en La Corana y otro en Vigo, y unos 600 militantes. La misma cuestión de la participación en las elecciones fue lo bastante divisoria como para enfrentar a un grupo político de tan escasa implantación. En 1922 Risco encabezó una Irmandade Nazonalista de la que se separó la agrupación de La Coruña.

En Valencia el regionalismo no había conseguido engendrar una fuerza política estable pero, en cambio, se puede decir que había contribuido a impregnar al resto de las fuerzas políticas. El nacionalismo, en suma, tuvo una evidente expansión, pero llena de dificultades, y originó una fragmentación que contribuyó a hacerlo inviable como solución de recambio. Esto nos lleva a valorar definitivamente la capacidad de la oposición como alternativa. Todo el panorama de la oposición al sistema de turno produce una sensación de impotencia. Es cierto que ese conjunto de fuerzas demostraba la modernización de la vida pública española, pero no lo es menos que lo característico de la situación era la persistencia (e incluso el crecimiento) de una fragmentación cuya consecuencia era, precisamente, la debilidad de ese factor renovador. Pero, además, había otro rasgo, el que Ortega denominó «particularismo». Incapaces de modificar los sistemas políticos y radicalmente enfrentados entre sí por sus intereses contradictorios, las fuerzas renovadoras aumentaban la inestabilidad del sistema sin ningún resultado positivo. De ahí que Ortega escribiera que la sociedad española daba la sensación de estar dividida en «compartimientos estancos», cada uno de los cuales sólo se sentía satisfecho por la «imposición de su señora voluntad, en suma, la acción directa». De esta manera no era viable un normal funcionamiento del sistema liberal parlamentario: «No es necesario ni importante que las partes de un todo coincidan en sus deseos e ideas; lo necesario e importante es que conozca cada una y, en cierto modo, viva las de las otras». En estas condiciones si el sistema político estaba colapsado en su posibilidad de evolución y las fuerzas renovadoras creaban problemas accesorios sin aumentar las posibilidades de un cambio efectivo, la situación estaba en las mejores condiciones para facilitar el advenimiento de un régimen dictatorial.

La generación de 1914 y la vanguardia literaria y artística

El panorama cultural e intelectual de la España de los años veinte contrastaba fuertemente con el político, en el sentido de que en el primero se había producido ya una modernización europeizadora que hacía más sangrante el espectáculo de la vida pública, de manera que también fue éste un factor que contribuye a explicar el deterioro del turnismo sin que ninguna fórmula pareciera estar en condiciones de sustituirlo. De la aparición de esa nueva generación fueron conscientes quienes pertenecieron a la finisecular. Unamuno lo hizo al denominara los intelectuales de los años treinta como «los nietos del 98», mientras que Azorín escribió que «otra generación ha llegado» y «hay en estos jóvenes más método, más sistema, una mayor preocupación científica…; saben más que nosotros». La «competencia», profesoral o técnica, siempre europea, es un primer rasgo de esta generación que Ortega atribuyó a los miembros de la suya, al menos como ideal. No es extraño que ésta fuera una de ensayistas, dedicados a interpretar la realidad para poder cambiarla luego: lo fueron los narradores como Pérez de Ayala e incluso los poetas como Juan Ramón Jiménez. Profesores universitarios mucho más que bohemios, los hombres de 1914 (una fecha emblemática que podría ser sustituida por la de 1910, por ejemplo) exhibieron su rigor frente a los hombres del fin de siglo, pero también respecto del sistema político vigente. A la política «pactista e inerudita» de la Restauración habría que sustituirla por otra «novísima, áspera y técnica», en frase «orteguiana» muy significativa. Lo es porque demuestra, además, una voluntad de actuación en la vida pública con unos propósitos colectivos perfectamente definidos que no fue tan frecuente ni tan precisa en los hombres del fin de siglo. Azaña afirmó que en política lo equivalente al 98 estaba aún por comenzar, pero que hacerlo era imprescindible «por una exigencia de la sensibilidad». Ortega, por su parte, reprochó a Unamuno el haber sido el representante más caracterizado que no veía en el pueblo otro «elevado fin que servir de público a sus gracias de juglar»; juicios semejantes cabe encontrar en su obra acerca del romanticismo aristocrático de Valle-Inclán, del voluntarismo de Maeztu y de la insociabilidad de Baroja. La generación siguiente tuvo un propósito colectivo más preciso y firme, alimentado también por una actitud muy distinta; Azafia, juzgando a Ganivet, afirmó que era «el tipo acabado del autodidacta, de cultura desordenada y retrasada, mente sin disciplina». A pesar de ello la generación de la Primera Guerra Mundial no puede comprenderse sin la anterior: esto vale para Marañón, amigo de Unamuno, Zuloaga y Cajal, pero también para Ortega, a pesar de que también lideró a una parte de ella.

La bandera inicial de esta generación la proporcionó precisamente Ortega, principal animador de la misma, en octubre de 1913, con la fundación de la llamada Liga de Educación Política y con la conferencia que un año después pronunció bajo el título «Vieja y nueva política». Lo esencial de su contenido consiste en la descripción de dos Españas, una, la oficial, «que se empeña en prolongar los gestos de una edad fenecida» y otra, «germinal… tal vez no muy fuerte, pero vital, sincera, honrada, la cual, estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la Historia». Esta distinción se convirtió en un verdadero mito (en el sentido de una idea destinada a cambiar la realidad o, como decía el propio Ortega, verdadera «hormona psíquica») en toda la literatura peninsular. Machado definiría el patriotismo más como el descubrimiento del deber ético respecto de la colectividad y Carner habló de la patria «todavía no nacida». La novedad de la conferencia de Ortega no residió tanto en la condenación del sistema político vigente (cosa que ya habían hecho también los llamados noventayochistas), sino en el tono con que lo hizo. Lo importante no era definir la España oficial como el escenario de la lucha de unos «partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos ministerios de alucinación», sino la sensación de que era posible no sólo condenarla sino también sustituirla. Frente a un Unamuno que, según Ortega, se dedicaría a iniciar a los jóvenes en el «energumenismo», él predicó «con agresividad simbólica» la europeización: pensaba que a los jóvenes no les debía interesar «la España villorrio», sino la «España mundial». En realidad, este programa no era sólo el de Ortega sino el de toda su generación, aunque él acertó siempre a expresarlo de manera inmejorable y a adelantarse a cualquier otro al enunciarlo. Si esa voluntad de europeización, modernidad y ciencia podía siquiera plantearse a estas alturas la razón estribaba en que había instituciones que coincidieron con estos propósitos y los hicieron posibles, cuando no los engendraron. Hubo, por ejemplo, un auténtico regeneracionismo científico que explicaba, como hizo Carracido, la derrota del 98 porque había enfrentado a un pueblo que se dedicaba a la Física y la Química con otro cuya vocación parecía ser la retórica y la poética. Desde comienzos de siglo, la ciencia fue objeto de un culto que obtuvo mayor o menor éxito pero que, en general, permitió un importante avance en todos los terrenos, que se vio acompañado por la formación de los principales científicos españoles más allá de nuestras fronteras en la segunda década de siglo y que permitió luego que los grandes prestigios internacionales, como Einstein, fueran recibidos en España. Este desarrollo de la ciencia española fue servido por la Junta de Ampliación de Estudios, creada en 1907, aunque también en ocasiones ella misma lo promovió desde sus mismos inicios en algunas especialidades. La idea en que se fundamentó era, por un lado, una herencia de Giner —que no en vano había mostrado su interés por la «japonización de España»— pero, como decía el decreto fundacional, por la tesis de que «el pueblo que se aísla, se estaciona y descompone». En realidad, la JAE empezó a funcionar a partir de 1910, dirigida por un «directorio apolítico permanente» en que figuraban los grandes prestigios de la cultura española de entonces, pero fue administrada más directamente por Castillejo, un directo discípulo de Giner. Su gestión permitió formar en los mejores centros extranjeros a unos 2000 becarios en los más diversos terrenos. Sus principales instituciones vertebradoras fueron el Centro de Estudios Históricos, que tenía a su frente a Menéndez Pidal, y el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, presidido por Ramón y Cajal. Labor complementaria de la JAE fue desempeñada por el Instituto-Escuela, creado en 1918 y nutrido principalmente de los especialistas en ciencias pedagógicas procedentes de la Institución Libre de Enseñanza. Allí, a través de una moderna pedagogía basada en el método activo y los ideales de Giner, se educaron buena parte de los miembros de la generación liberal posterior. La Residencia de Estudiantes y la de Señoritas completaron este panorama, ofreciendo un marco adecuado para los universitarios cuyas familias residían fuera de Madrid. Como el resto de las instituciones mencionadas se nutrían de los presupuestos estatales y el hecho de que fueran dirigidas por unas minorías selectas, europeizadoras y liberales frente a una España más retrasada puede haber hecho que aquéllas se comportaran en ocasiones con lo que Unamuno denominó «inteligente arbitrariedad». El hecho es, sin embargo, muy característico de la auténtica situación en la España de entonces. No se trataba de un país cuasi feudal dominado por unas oligarquías prepotentes e incultas, sino de una sociedad que ya había iniciado la senda de la modernización y en la que los medios culturales e incluso políticos atribuían un papel decisivo a la tradición cultural liberal. Hay que pensar que una persona como Rafael Altamira, que fue discípulo de Giner, ocupó la Dirección General de Enseñanza primaria entre 1911 y 1913, para ser luego promotor del hispanoamericanismo desde los medios oficiales y resultar elegido tres veces sucesivas senador. Otro relevante institucionista, Adolfo Posada, desempeñó un papel decisivo en el Instituto de Reformas Sociales y fue también senador.

De todos los modos, la minoría intelectual se sentía muy a menudo aislada e impotente ante la realidad mayoritaria de la España de la época. «Todo en España es municipal», decía el primer Azaña. El procedimiento literario habitual para influir en ese medio arisco fue el ensayo, que cultivaron todas las primeras figuras de esta generación, pues tenía la eficacia pedagógica y la capacidad de conectar con medios populares a los que llegaría con mucha mayor dificultad otro procedimiento literario. De ahí que Ortega escribiera que en España había que ser «aristócrata en la plazuela», aludiendo con ello a la prensa diaria. Ortega logró elevar el pensamiento filosófico español a unas cotas que no había tenido hasta entonces y que eran difícilmente repetibles, pero aun así es ante todo un maestro del artículo, como lo fueron también los otros dos grandes ensayistas de esta generación, Manuel Azaña y Eugenio D’Ors. Así se demuestra tanto en el estilo como en la dedicación de cada uno de los tres. Ortega admitía que lo puramente literario jugaba un papel decisivo en cuanto escribía al decir que «la imagen y la melodía son tendencias incoercibles en mí». La prosa sentenciosa de D’Ors o el sarcasmo de Azaña se desenvuelven en género tan inequívocamente relacionado con el ensayo como es la crítica de la cultura. Todo ello demuestra, sin lugar a dudas, el importantísimo papel que para los intelectuales de esta generación tuvo siempre la vida pública del país o la región en que vivían, aunque a menudo experimentaran profundas decepciones y aunque no siempre estuvieran, ni mucho menos, en el mismo campo. La brillantez de Ortega lo convirtió a menudo en el promotor intelectual por excelencia de iniciativas de todo tipo, pero la mayor parte de ellas abocaron a fracasos o concluyeron enfrentándole con quienes habían sido sus colaboradores originarios, por lo que muy a menudo acabó refugiándose en la torre de marfil de la reflexión doctrinal pura, al margen de la política. «Nacida del enojo y la esperanza, pareja española» apareció la revista España que, inicialmente dirigida por Ortega, se convirtió en el punto de encuentro de los intelectuales españoles de raigambre liberal que se identificaron decididamente con la causa aliadófila. Sin embargo, Ortega acabó decepcionándose del radicalismo de alguno de sus colaboradores o de la necesidad de recurrir a financiación nacida de la maquinaria propagandística franco-británica. De ahí que acabara escribiendo una especie de «diario unipersonal», significativamente titulado El Espectador, dirigido a quienes se sentían «incapaces de oír un sermón, apasionarse en un mitin y juzgar de cosas y personas como en una tertulia de café».

Su voluntad de hacerse presente reapareció de nuevo en 1917 con la fundación de El Sol, sin duda el diario madrileño de mayor altura intelectual. Su propósito era, como siempre, que España dejara de ser ese «aldeón torpe y oscuro que Europa arrastra en uno de sus bordes» y se convirtiera en un país «mejor, más fuerte, más rico, más noble y más bello». Pero de nuevo también la fundación de la Revista de Occidente, que pretendía «estar de espaldas a toda política porque la política no aspira a entender las cosas», demostró su inveterada tendencia a encontrar refugio en la ciencia o la reflexión ante las decepciones causadas por la vida pública española. El volumen de éstas es apreciable con el solo hecho de hacer mención de las numerosas ocasiones en que mostró su entusiasmo por alguna opción política para acabar mostrando su desvío. Así le sucedió, por ejemplo, con el radicalismo de Lerroux, con los socialistas, con los militares en 1917 o con el gobierno nacional de 1918, al que originariamente recibió con un artículo titulado «Albricias nacionales».

Es posible encontrar actitudes no idénticas pero sí paralelas o de contenidos similares en otros miembros de esta generación. Azaña no llegó a tener verdadera relevancia política hasta los años de la República pero también hizo de su preocupación acerca de la realidad nacional uno de los ejes básicos de su literatura. Para él el liberalismo debía alimentarse de una nueva «intransigencia» frente al pactismo de quienes lo habían protagonizado durante la Restauración. Su decepción más dolorosa durante esta época la provocó el Partido Reformista, del que fue candidato electoral, pero al que pronto vio encerrado en un «callejón sin salida». Aunque fundamentalmente novelista, en «Política y toros», Pérez de Ayala diagnosticó como supremo mal nacional el «divorcio de la inteligencia». El caso de Eugenio D’Ors es peculiar, como en general lo es el de Cataluña en el contexto de la España contemporánea. A diferencia de los intelectuales del resto del país los catalanes pertenecientes a esta generación llegaron al poder y eso les permitió, en el caso de D’Ors, ejercer una auténtica función de mentor espiritual en el terreno cultural e, incluso artístico, a través de la promoción de un cierto clasicismo mediterráneo vinculado a la catalanidad. La aparición de un Glossari, en 1906, que vino a ser el instrumento perenne de expresión adoctrinadora de D’Ors, coincide con el primer Congreso de Cultura Catalana y con la aparición de la Solidaridad Catalana. La «glosa» fue una especie de breve ensayo siempre con voluntad de ejercer como mentor. D’Ors utilizó el clasicismo con un sentido político, como una doctrina capaz de establecer el orden en una Cataluña confusa. Su ideario tenía mucho que ver con el autoritarismo derechista del francés Maurras. Al comienzo de la década de los veinte, cuando en una pirueta doctrinal a pareció alineado con la CNT, hubo de sufrir una decepción al ser marginado de los importantes cargos que había venido ocupando en la Generalitat, lo que le hizo reiniciar su camino hacia la derecha autoritaria en Madrid. Su vertiente ensoñadora, su despegue de la política y su altura explican su influencia a pesar de esa trayectoria política.

Si, como parece evidente, la preocupación por la vida pública nacional estaba en el eje cardinal del pensamiento de esta generación y también de la precedente, habrá que concluir que a estas alturas una y otra tenían muchas más razones para la desconfianza y el despego que para la satisfacción respecto de la clase política del régimen de turno. Ésta es la razón de la indignada radicalización de gran parte de los intelectuales a comienzos de los años veinte. Valle-Inclán, que afirmaba por estos tiempos que era una «canallada» pretender hacer sólo arte, hizo decir a uno de los personajes de «Luces de bohemia» que Alfonso XIII era el primer humorista español al haber hecho ministro a García Prieto, el presidente del Consejo de Ministros de la Concentración liberal. Unamuno, sometido a tres procesos por injurias al Rey, calificaba a éste como «el primer anarquista» de España. El habitualmente tan ponderado Antonio Machado, hablando de los liberales, abominaba de «estas repugnantes zurdas españolas siempre con la escudilla a la puerta del Palacio». Actitudes semejantes, pero en tono irónico, es posible encontrar en los intelectuales más jóvenes. En suma, en el campo intelectual nadie estaba al lado del gobierno de Concentración liberal cuando se sublevó Primo de Rivera.

De todos modos, hasta el momento hemos visto a la generación de 1914 desde la óptica del ensayo, pero no fue ésta, por supuesto, su única vocación literaria, aunque actitudes relativamente semejantes aparecen respecto de la vida colectiva en quienes no cultivaron ese género o no lo hicieron exclusivamente. Pérez de Ayala lo hizo y tiene en su trayectoria biográfica importantes puntos de contacto con un Ortega o un Azaña en la formación en un colegio religioso, de la que surgió su reacción anticlerical; también estuvo al lado de otros hombres de su generación cuando eligieron la senda de la actuación política. En su propia novelística, conectada con la europea de la época, tiene aspectos que no se pueden desvincular del ambiente en que vivió su generación. Sus narraciones corresponden a lo que se ha denominado la «novela de cultura», alejada del realismo: se basan en una crisis individual del protagonista que, a través del valor literario de la experiencia erótica es capaz de engendrar una sensibilidad vuelta a lo social, a esa España de entonces en la que dominaba la mezquindad y, sobre todo, una irrefrenable tendencia a la incivilidad. Espectáculo semejante fue el descrito por personas tan distintas como Machado (esa Castilla «madre en otro tiempo fecunda en capitanes, madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes») o el dramaturgo Carlos Arniches, cuyo teatro quiere encontrar en las raíces de lo popular un elemento de regeneración política y moral. La propia prosa neomodernista de Gabriel Miró eligió como temática en «El obispo leproso», el espectáculo de la transformación social de un medio tradicional descrita de modo a la vez impávido e implacable. Es, por supuesto, mucho menos fácil encontrar el exacto punto de identidad entre la poesía de Juan Ramón Jiménez y el espíritu de la generación a la que perteneció, pero su admiración por Ortega la denota de entrada. Además, en Platero y yo se ha visto una clave krausista en lo que tiene de descubrimiento del paisaje y lo popular. Su apelación a la «inmensa minoría» encierra no tanto elitismo como una voluntad de «no disfrazarse ante su pueblo» y, por tanto, «no faltarle el respeto». En su estética, en fin, no falta nunca un elemento pedagógico, de refinamiento de conciencia acerca de lo propio.

Si la generación de 1914 se caracterizó por su voluntad europeísta no tiene nada de extraño que la progresiva apertura a influencias ultra pirenaicas facilitara el nacimiento de una vanguardia en el terreno literario y artístico. Desde el primer punto de vista el inicio del vanguardismo cabe fecharse en 1909, cuando Ramón Gómez de la Serna publicó en castellano el Manifiesto futurista de Marinetti, muy poco después de que apareciera en París. Luego el escritor italiano hizo un manifiesto dedicado específicamente a España en que, con su habitual tono subversivo, propuso destruir «las preciosas blondas pétreas de vuestras Alhambras». La fórmula inicial del vanguardismo literario fue la «greguería ramoniana», mezcla de metáfora y humorismo, pero sobre todo demostración subversiva de la incoherencia del mundo y de la necesidad sentida de destruir las categorías lógicas y estéticas.

De todos modos, la verdadera eclosión, con plena fuerza, de la vanguardia fue posterior a la Primera Guerra Mundial. Dos movimientos poéticos, ultraísmo y creacionismo, repudiaron con decisión los cánones hasta entonces realistas de la lírica. Probablemente, sin embargo, a ambos movimientos cabe atribuirles, ante todo y sobre todo, una actitud premonitoria respecto de lo que sería el inmediato futuro en lo que tenía de descubrimiento de un mundo nuevo, ligado a la velocidad, el deporte y el cine. El ultraísmo, de más parentesco con el futurismo, tuvo sobre todo un efecto destructivo, mientras que al creacionismo cabe atribuirle una función más constructiva. Sin embargo, entre ambos contribuyeron a hacer posible una estética que Fernando Vela describiría, en las páginas de la Revista de Occidente, como «el arte al cubo», es decir, aquél que creaba un universo propio, de referencias culturales y de perpetua voluntad innovadora. Ese género de vanguardia fue el descrito (mucho más que postulado) luego, ya en los años de la Dictadura, por el propio Ortega en su ensayo sobre «La deshumanización del arte». Fue esta ruptura formal y temática la que permitió la eclosión lírica de la generación de 1927. Pero no era la única fórmula posible de vanguardia literaria; aparte de las «greguerías» de Gómez de la Serna y el teatro humorístico, basado en el absurdo, de Jardiel Poncela, vanguardia fue también el esperpento de Valle-Inclán. Testimonio de una evidente radicalización política, el «esperpento» significa también una ruptura con las pautas formales habituales en el teatro de la época. La mejor definición del género y de su contenido político la dio el propio autor al afirmar que «España es una deformación grotesca de la civilización europea». El mundo del esperpento es telúrico, elemental, casi animal, transitado por figuras pululantes y grotescas que mueven a la compasión o al desprecio y que son reflejo del repudio de todo un mundo, identificado en el pasado pero que sigue viviendo en el presente inmediato.

Sin duda, resultaría injusto y desorientador pretender juzgar la influencia real de la vanguardia artística en España aludiendo a sus figuras emblemáticas (Picasso, Juan Gris, Miró y Dalí) que encontrarían una ubicación mucho más lógica en una Historia Universal del Arte. Picasso, que estuvo en París en el fin de siglo, durante su etapa modernista se inició en la senda del cubismo gracias a determinadas influencias a las que cabe atribuir una raíz hispánica, pero que no pueden ser desvinculadas de la evolución de la vanguardia parisina del momento. Juan Gris, después de unos orígenes como ilustrador de revistas españolas, se entroncó con un cubismo analítico Más adelante se incorporaron a la bohemia parisina Miró, a partir de 1919, y Dalí, una década después; ambos partieron de un neocubismo para experimentar luego la decisiva influencia del surrealismo, del que fueron dos de sus más caracterizados representantes en el arte universal. Estos cuatro pintores fueron los más conocidos de entre los españoles presentes en París durante estos años, pero había desde luego muchos más, porque desde el comienzo del siglo la capital francesa, más que Roma, era el centro de formación de las jóvenes generaciones de pintores. Fueron artistas formados en París los que contribuyeron a modificar el panorama de las artes en España e introducir la vanguardia en ella.

De todas maneras, y pese a La presencia periódica de cada una de estas tres figuras entre nosotros, el panorama de la vanguardia española no resulta comparable a esa vertiginosa sucesión de tendencias que se produjo en Francia. En España, por el contrario, lo que realmente hubo fue un «conjunto de fogonazos, una serie de fugaces interrupciones en el panorama cultural, carentes de continuidad y con una vida muy corta». Además, las fórmulas estéticas en que se concretó el vanguardismo fueron las más templadas en el arte de la época, es decir, un cierto «cezannismo» o un cierto «fauvismo». Este hecho es especialmente visible en Cataluña donde el llamado «noucentisme», reacción clásica ante un impresionismo al que D’Ors, su principal teórico, atribuía una función liberadora que ahora debía ser superada, se convirtió en la teoría artística del nacionalismo en el poder. En un momento en que todavía el modernismo arquitectónico producía alguno de sus mejores ejemplos, como La Pedrera (1906-1910) de Gaudí o el Palau de la Música Catalana (1905-1908) de Domenech i Muntaner, esta vuelta al neoclasicismo y la mediterraneidad consideró el modernismo como «una sublime anormalidad», en palabras de D’Ors, y acabó propiciando el triunfo, en los primeros años de la segunda década del siglo, de pintores como Sunyer o el primer Torres García y de escultores como Ciará. Identificado estrechamente con el catalanismo, el «noucentisme» se convirtió en un estilo muy duradero en el panorama catalán.

En otras latitudes la penetración de la vanguardia, aun en la fórmula tibia mencionada, fue mucho más lenta. En Madrid los artistas que obtenían premios y distinciones en las exposiciones nacionales, aparte de los catalanes, que en un determinado momento se podía considerar que habían pasado por la primera línea de fuego de la renovación (Rusiñol o Mir), eran representantes del regionalismo pictórico, como Zubiaurre, o artistas que muy pronto se adecuaron a un cierto academicismo como López Mezquita o Carlos Vázquez. Tan sólo en Bilbao hubo una apertura a los aires provenientes de Francia semejantes a los que se dieron en Barcelona: la creación de la Asociación de Artistas Vascos y las exposiciones internacionales de la primera posguerra mundial contribuyeron a hacer posible esta realidad que, por otro lado, desembocó muy a menudo en un arte de sabor fundamentalmente regionalista.

En los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial debe fecharse la aparición propiamente dicha del vanguardismo artístico. En 1912 tuvo lugar en la barcelonesa Galería Dalmau la primera exposición cubista, que Gómez de la Serna llevó a cabo en Madrid unos años después. Por esos mismos años aparecieron también por Barcelona Barradas, un pintor uruguayo, y Celso Lagar, que trajeron las últimas novedades de París, pero la mayor influencia de estos medios se produjo en el mismo periodo bélico, durante el cual se refugiaron en España una buena parte de los artistas de la vanguardia residentes en París, como por ejemplo los Delaunay o Picabia. De los años de la inmediata posguerra data la aparición en Madrid de Daniel Vázquez Díaz, cuyos retratos y paisajes, en los que aplicaba la construcción volumétrica del cubismo, fueron el máximo de vanguardia que podía ser aceptado en España y aun así con considerable escándalo. Una mayor presencia de la vanguardia no se produjo hasta la década de los veinte y, sobre todo, a partir de la exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos (1925), de la que se tratará en el siguiente capítulo. En ella hubo una muy marcada pluralidad de propósitos e intenciones, pero lo significativo es que las nuevas generaciones se decantaron marcadamente a favor de una renovación de los modos artísticos, aunque muy a menudo dieran la sensación de que primaba en ellos, sobre todo, la desorientación. Ya en 1928 aparecían en Barcelona los primeros manifiestos subversivos de tono surrealista, uno de cuyos inevitables firmantes era siempre Dalí. La apertura a las corrientes europeas, tan característica de este momento de la vida nacional, había dado también sus frutos en este aspecto. Pero se mantuvieron también trayectorias individuales muy marcadas que habían tenido un origen en la tradición cultural autóctona y que, sin embargo, conectaban asimismo con la vanguardia ultra pirenaica. En los últimos tiempos se ha atribuido una creciente importancia a la versión española del vanguardismo en el terreno de las artes plásticas. No se debe olvidar, en fin, que un pintor como José Gutiérrez Solana, que tiene poco que ver con el vanguardismo (como heredero que es de una estética de la «España negra» a lo Zuloaga y Regoyos elevada a la enésima potencia), conecta con un cierto expresionismo que es también una fórmula de vanguardia.

La dictadura de Primo de Rivera y el fin de la monarquía

Durante mucho tiempo la Dictadura de Primo de Rivera ha permanecido al margen de la renovación de los estudios históricos producida en España a partir de los años sesenta. Hasta dos décadas después lo habitual era que los libros dedicados a la época fueran elaborados a partir de textos publicados en los años treinta, que no pueden ser calificados de suficientes ni de imparciales. Sólo con el paso del tiempo empezaron a existir monografías con los requisitos exigibles. Hoy el régimen dictatorial ha sido abordado ya en un número elevado de estudios acerca de sus más variados aspectos concretos. Aunque se mantengan muchas discrepancias, existe, entre los historiadores, la coincidencia en considerar como cardinal este periodo. En primer lugar, muchos de los propósitos programáticos que la inestabilidad gubernamental había fracasado al llevar a la práctica en el periodo precedente pudieron ahora plasmarse, de forma más o menos acertada, en la realidad. En segundo lugar, el periodo dictatorial permite interpretar tanto la etapa precedente, de liberalismo oligárquico, como la siguiente, un intento de experiencia democrática. En tercer lugar fue la Dictadura y, más aún, la forma de darle salida, la causa principal de la caída de la Monarquía y la consiguiente proclamación del régimen republicano. A comienzos de 1923, manifiesta ya la incapacidad gubernamental de la Concentración liberal, así como la de la oposición, para convertirse en relevo, la situación española se había convertido en premonitoria de una dictadura. El caso español no tenía nada de especial en la Europa de la época, en que se vieron decepcionadas muy pronto las ilusiones democráticas creadas por el final de la Primera Guerra Mundial y la oleada de regímenes democráticos que había tenido lugar en 1918 tuvo la pronta contrapartida de una erupción de dictaduras, de significación variada pero de características fundamentalmente comunes. En general, durante los años veinte no se consideraron a sí mismas como regímenes estables sino más bien como soluciones temporales y sólo en los años treinta algunos de ellos adquirirían una voluntad de permanencia como consecuencia del auge del fascismo.

La dictadura se convirtió, con la sola excepción de Checoslovaquia, en el fenómeno más habitual en el este europeo: la debilidad de la tradición liberal, las insuficiencias de la industrialización, el auge de las expectativas de las masas campesinas, que en su mayor parte se vieron decepcionadas, y los problemas derivados del nacionalismo constituyen los factores fundamentales para explicar lo sucedido en esta zona del viejo continente. De todos esos países el que vivió una experiencia más semejante a la española fue Polonia, donde el mariscal Pilsudski estableció un régimen dictatorial, opuesto a la clase política, con un talante regeneracionista y pretendidamente apolítico que tuvo cierto paralelismo con el caso español. Lo característico del momento fue, sin embargo, que la oleada dictatorial afectó no sólo a países en que el liberalismo era un fenómeno reciente sino también a otros en que se trataba de un fenómeno de larga raigambre, aunque también tuviera muchas imperfecciones y pasara por una aguda crisis en la transición entre liberalismo y democracia. En Grecia fue la derrota exterior ante Turquía —el equivalente al desastre de Annual— lo que provocó una situación militar y autoritaria en 1922, que depuró las responsabilidades y acabó entregando el poder a un político civil, Venizelos. En Portugal el advenimiento de un régimen autoritario se produjo tras la experiencia de una República muy inestable desde el punto de vista gubernamental y parlamentario, aunque no movilizadora ni amenazada por revolución alguna. En Italia, donde desde un principio Mussolini pretendió crear un sistema nuevo, contrapartida radical del liberalismo, había existido una movilización política creciente, de la que fueron beneficiarios socialistas y católicos, incapaces de ponerse de acuerdo en lo esencial para mantener un régimen liberal. El clima intelectual, el nacionalismo de posguerra y el peligro revolucionario, en este caso mucho más evidente que en otras latitudes, fueron factores decisivos en el triunfo del fascismo. En España, probablemente, las posibilidades revolucionarias eran ya decrecientes a la altura de 1923, pero el problema de Marruecos había contribuido a agravar las tensiones, convirtiendo a los militares en beligerantes contra el sistema político, mientras que el liberalismo oligárquico, incapaz de reformarse a sí mismo, se hundía en el desprestigio y la inestabilidad gubernamental. Quizá, en efecto, lo más significativo del caso español reside en la rotunda artificialidad de un sistema político, incapaz de renovarse y, al mismo tiempo, ciego ante los peligros que lo amenazaban.

El golpe de estado

Todo ello constituye el telón de fondo sobre el que se debe explicar el ascenso al poder del general Primo de Rivera. Un tío suyo, Fernando, que fue para él padre efectivo y uno de los personajes militares más relevantes durante la Restauración, ya había pedido al Rey una dictadura militar en 1920. En cierta forma, lo sorprendente del caso español reside en lo mucho que tardó el golpe en llevarse a cabo, dada la acumulación de factores en contra de un liberalismo estable. De cualquier modo, rumores de que era posible un golpe de Estado menudearon desde comienzos del año 1923; lo insostenible de la situación política se aprecia en el hecho de que fueran personas de muy distinta significación los que abogaran en su favor: el diario católico El Debate pedía una dictadura, pero no tenía inconveniente en que la ejerciera un liberal como el conde de Romanones, mientras que un serio candidato al papel de dictador fue el general Weyler, uno de los escasos militares con los que, al final, pudo contar la Concentración. Más adelante, el general Aguilera bordeó también la conspiración, esta vez con un sentido izquierdista que le hizo contar con el apoyo de elementos intelectuales como Unamuno. Su carencia de habilidad política acabó por destruir su candidatura después de un sonado incidente con el dirigente conservador Sánchez Guerra.

Mientras que la prensa especulaba día a día con la posibilidad de una dictadura, al Rey se le planteó la tentación de una solución autoritaria temporal. En realidad, aunque tendiera a intervenir en la política partidista y a expresar opiniones un tanto ligeras, no era un monarca con ínfulas dictatoriales, entre otros motivos porque sabía lo que se jugaba, caso de llevar a cabo esos proyectos. Su discurso en Córdoba, en el año 1922, no pasó de consistir en una lamentación genérica, suscrita por muchos, acerca de los males de la clase política. Además, en esta misma ocasión aseguró que a él no se le cogería «en una falta constitucional». Durante el verano de 1923 pensó en una especie de gobierno militar del Ejército como corporación y con la anuencia de los políticos, para luego volver a la situación constitucional. Habló con el hijo de Antonio Maura, quien acabó por aconsejar al Monarca que no tomara ninguna iniciativa, pero dejando entrever que un gobierno militar era en última instancia inevitable. Este mismo hecho demuestra, más que la proclividad dictatorial del Rey, hasta qué punto estaba en una situación grave el régimen parlamentario.

Para comprender el desarrollo de la conspiración y el posterior desenlace del golpe hay que tener en cuenta, en primer lugar, la peculiar situación de Barcelona donde se daban, multiplicadas en gravedad, las circunstancias habituales en la España de 1923. Mientras que los sucesos de Marruecos creaban agitación entre los elementos militares, el ambiente ciudadano participaba también de un creciente antiparlamentarismo (en la capital catalana tuvieron su origen los únicos y minúsculos grupos de características fascistas). El anarcosindicalismo carecía ya de capacidad revolucionaria y la lucha sindical había degenerado en inacabables enfrentamientos de pistoleros del Único y el Libre. Había, además, dos circunstancias que no se daban en ninguna otra ciudad española. En primer lugar, el movimiento catalanista había experimentado una importante radicalización, en especial en sus sectores juveniles, con la aparición de Acció Catalana: el golpe de Estado fue precedido tan sólo unos días por un sonoro incidente en la celebración del Día Nacional de Cataluña. Más grave fue, sin embargo, la situación del orden público. Las últimas semanas de gobierno liberal estuvieron presididas por un desorden que parecía inacabable, con atentados de procedencia varia y una omnipresente huelga de transportes, a la que no se acaba de dar solución. Lo grave fue la sensación de falta de reacción por parte del Gobierno, que tuvo hasta tres representantes en la ciudad, a título de gobernadores civiles, de los que sólo uno, Pórtela Valladares, actuó con energía. Necesariamente una situación como ésta había de tener como consecuencia un desvío de la opinión pública respecto del gobierno parlamentario. Más que hablar de un apoyo de la burguesía catalana a los conspiradores por motivos económicos habría que entender que la Lliga, exasperada, se sintiera atraída hacia cualquier fórmula que representara un Estado con pretensión de resultar serio en su comportamiento. La habilidad de Primo de Rivera al no mostrarse radicalmente opuesto al catalanismo hizo el resto.

La falta de decisión a la hora de abordar la situación existente en Barcelona no fue sino una muestra más de las limitaciones del gobierno de la Concentración Liberal. Éste podía haber sido considerado como una solución aceptable en abstracto pero su práctica real distó mucho de serlo. A medida que transcurría el tiempo, demostraba, con las elecciones, que su propósito no era modificar el comportamiento del poder público en un régimen de liberalismo oligárquico, mientras que sus objetivos reformistas en el terreno constitucional o respecto de las relaciones entre Iglesia y Estado eran rectificados inmediatamente después de ser enunciados. Todavía hubo algo peor: por si fuera poco, en las últimas semanas de gobierno liberal se presenció una profunda división del gabinete sobre uno de los problemas más agudos que tenía la España de entonces, el de Marruecos. Mientras los militares reclamaban el desembarco en Alhucemas, los civiles, tampoco dispuestos al simple abandono, no se decidían a contraponerles una política realista y decidida. Hubo, sobre todo, una profunda irresponsabilidad de la clase dirigente del liberalismo, empeñada en crisis puramente personalistas en las que cada personaje parecía sólo interesado por obtener los mejores resultados para sí mismo. Ante una conspiración suficientemente conocida, el gobierno optó por la pasividad y la ceguera voluntaria. Cuando el golpe se produjo sólo dos o tres ministros (uno de ellos, el recientemente nombrado Pórtela Valladares, que abandonó así Barcelona) optaron por la resistencia decidida. Alba, principal animador del gabinete, dimitió, muy desprestigiado ante los militares por la política en torno a Marruecos, y la resistencia del presidente, García Prieto, fue lo suficientemente formal como para limitarse a declarar que el golpe de Estado le aliviaba de unas enojosas tareas gubernamentales. Horas antes de que el poder les fuera entregado a los conspiradores, éstos concedían declaraciones a la prensa como si ya lo hubieran logrado. La conspiración se perfiló definitivamente en junio de 1923, cuando Primo de Rivera acudió a Madrid, llamado por el gobierno, y estableció contacto con un grupo de generales, de los que era la figura más representativa Cavalcanti. Desde un principio se pensó que en la conjura entraran únicamente elementos militares. El resultado habría de ser marginar a la clase política en el poder: los conspiradores no estaban tan preocupados por las responsabilidades de Marruecos o por el hecho de que la Monarquía estuviera en peligro sino, sobre todo, inspirados por el odio al sistema caciquil. En realidad, como demuestra la conspiración de Aguilera, el propio Ejército estaba muy dividido, en liderazgo y en programa, hasta el punto de que sólo el repudio a la clase política de la Restauración permitió su unidad. El golpe no pretendía ser militarista, en el sentido de que el Ejército ocupara indefinidamente el poder, sino que debería ser entregado a elementos civiles apolíticos. Esto era muy característico del ambiente que se vivía en la España de comienzos de los años veinte y ya fue previsto por Fernando, el tío del futuro dictador. Tampoco se trataba de un golpe protagonizado por una persona, aunque, a medida que fue pasando el tiempo, Primo de Rivera desempeñó un papel creciente que todavía lo fue más cuando, el día 12 de septiembre, sus planes fueron conocidos en Madrid por sus superiores. Ni siquiera en ese momento reclamó el poder para sí mismo, sino tan sólo la marginación de la política profesional. El desarrollo del golpe de Estado permite asimilarlo a un pronunciamiento del siglo XIX. En efecto, como entonces, un general con ínfulas políticas afirmó su deseo de hacer desaparecer el Gobierno no mediante el derramamiento de sangre sino a través de un forcejeo psicológico con quienes estaban en el poder: a la guarnición barcelonesa sublevada tan sólo se le dieron órdenes de que se mantuviera a la expectativa. Primo de Rivera, además, enunció su programa en un manifiesto un tanto vacuo en cuanto a soluciones concretas pero que concordaba con el espíritu regeneracionista. Habría llegado el momento —decía— de acabar con las desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98. La clase política tenía «secuestrada» la voluntad real, y ahora los militares, que habían sido el único aunque débil freno de la corrupción, acabando con sus mansas rebeldías, iban a imponer un régimen nuevo. Primo de Rivera se mostraba convencido de que quienes tuvieran la masculinidad completamente caracterizada estarían con él. Lo extraordinario de esta declaración (que le sirvió a Unamuno para caracterizar de pornográfico el manifiesto) fue que en el momento no mereciera críticas, ni tan siquiera asombro. Conectaba hasta tal punto con la mentalidad de la época que el gobierno se vio inmediatamente privado de cualquier apoyo importante en el Ejército.

Tan sólo una capitanía general (Valencia) y algún militar de larga tradición (Weyler) se opusieron al golpe. La razón principal de su victoria el 14 de septiembre fue que ni en el Ejército ni en la sociedad española había quien estuviera dispuesto a luchar por el gobierno. Pocos ministros (quizá tan sólo tres) estuvieron dispuestos a enfrentarse al golpe.

Al comienzo de la década de los treinta, cuando fue proclamada la República, se atribuyó la culpabilidad del golpe al Monarca, lo que tiene su lógica política pero resulta históricamente insostenible a estas alturas. El Monarca no tenía ningún entusiasmo por la Concentración liberal y consideraba, como muchos políticos, inevitable, a mayor o menor plazo, un régimen autoritario militar. Sin embargo, él no estimuló ni patrocinó el golpe; conoció, probablemente de forma vaga, que podría llegar a tener lugar, pero cualquier observador atento de la realidad podía saberlo a estas alturas. Los conspiradores no dieron nunca por supuesto su apoyo aunque preveían «darle cuenta» en cuanto hubieran triunfado (en esto también el golpe se asemejaba a un pronunciamiento). Cuando conoció las noticias del desarrollo del mismo el Rey procuró informarse de la posición de las guarniciones; como conocía ya la actitud de la opinión pública, de regreso a Madrid no tuvo más que reconocer al vencedor.

Como advierte Carlos Seco, Alfonso XIII no confundió el patriotismo (o la simple opinión pública) con la Constitución de 1876; sabía que el sistema político era más ficticio que real y que, de hecho, él debía interpretar una opinión pública que en realidad no existía más que muy limitadamente. Si había recurrido a informarse era porque no tenía la seguridad de que el Gobierno liberal pudiera, por sus propios medios, acabar con el golpe. Alfonso XIII, sin embargo, sabía lo que arriesgaba: como afirmó luego el propio Primo de Rivera, la primera crisis, «si no nace de nosotros, será de régimen y no de Gobierno». Por el momento mantuvo una apariencia de legalidad haciendo que un Primo de Rivera que venía a Barcelona dispuesto a formar un directorio militar bajo su exclusiva presidencia aceptara jurar como ministro único ante el ministro de Justicia anterior guardando unas apariencias de constitucionalidad. El propio general vencedor reconoció que el Rey «fue el primer sorprendido (por el golpe) y esto ¿quién mejor que yo puede saberlo?». El Rey mismo aseguró a los embajadores británico y francés que él no había tenido nada que ver con él.

Se ha afirmado, sin embargo, que el Monarca podría haber intentado la resistencia y de esta manera hubiera resultado ejemplar su actuación en una España que confusamente caminaba hacia un liberalismo más auténtico. Sin embargo, quien hace esta afirmación no tiene en cuenta hasta qué punto el golpe fue recibido con entusiasmo ni cómo llenó el vacío político causado por la inoperancia de los liberales. El duque de Maura, uno de los escasos opositores iniciales del nuevo régimen, admite que tuvo una fuerza de opinión como de la que rara vez dispusiera gobierno alguno en España. Era imposible pedir ejemplaridad al Monarca cuando ni siquiera los desplazados por el golpe se mostraron lo suficientemente opuestos a él como para condenarlo inmediatamente o ingresar en el republicanismo. Esto último no lo hizo nadie: hubo que esperar a los años treinta para que Alcalá Zamora figurara en las filas republicanas. En 1923 el ministro de la Guerra, general Aizpuru, contra quien se había alzado Primo de Rivera, fue enviado como alto comisario a Marruecos, uno de los principales puestos en el escalafón militar. Melquíades Álvarez se lamentó de la utilización de procedimientos de fuerza, cuando él —dijo— «hubiera podido hacer lo mismo sin recurrir a ellos». Alba abandonó, sin más, el poder, y Sánchez Guerra aceptó también el golpe. Un general que acabaría convirtiéndose en republicano, López de Ochoa, pensaba, por el momento, que del golpe se seguiría como fruto «el avance hacia Europa». Si se lee la prensa de los días inmediatamente posteriores al golpe se percibe esa sensación de popularidad de Primo de Rivera; tan sólo la republicana mostró reticencias, aunque parciales, y, aun así, expresó conmiseración y desprecio por los desplazados. En cuanto al movimiento obrero cabe decir que si el comunismo tenía escasa fuerza y el anarcosindicalismo había destruido la suya a través de la práctica del terrorismo, los socialistas mostraron un especial cuidado en aparecer «expectantes» sin apoyar a la clase política desplazada (los diplomáticos extranjeros emplearon este calificativo para definir su postura). Pero la prueba más definitiva de la popularidad del golpe se percibe con la sola descripción de la posición de aquel sector que, con el paso del tiempo, más claramente habría de destacarse por su oposición al régimen «primorriverista»: los intelectuales. En el seno de la intelectualidad española, tan sólo Unamuno, Pérez de Ayala y Azaña estuvieron, desde un principio y de forma inequívoca, contra el dictador, pero el último reconoció que su advenimiento había sido bien recibido porque el país estaba presidido por «la impotencia y la imbecilidad». Vistos los antecedentes, no puede sorprender que los católicos de El Debate recibieran bien el golpe, pero también lo hicieron con una benévola expectativa los intelectuales liberales que escribían en El Sol. En este diario, por ejemplo, se publicó una feroz sátira del gobierno caído, mientras que Ortega y Gasset se lanzó a una labor de adoctrinamiento de Primo de Rivera en la que tuvo muy poco éxito. En estas condiciones cabe pensar que si Alfonso XIII se hubiera opuesto al golpe hubiera hecho peligrar su trono. Lo más parecido al entusiasmo con que fue recibido el golpe fue la alegría experimentada, años después, por la proclamación de la República. La razón estriba en que la regeneración, ese objetivo ansiosamente perseguido en décadas anteriores, parecía hacerse ahora viable en la figura de un general recibido como un auténtico Mesías. En cambio, casi ninguno pensó que el gobierno liberal estuviera en condiciones de producir un cambio real. Cuestión diferente es si el golpe fue evitable. Sin duda hubiera podido serlo, principalmente por la desunión del Ejército, pero para ello hubiera sido necesaria una política civil respetada y decidida mucho tiempo antes.

La dictadura regeneracionista

Algunos historiadores han tratado de definir la Dictadura de Primo de Rivera atendiendo a una posible comparación con regímenes parecidos en otras latitudes. Sin embargo, la clave regeneracionista es fundamental para comprenderla y, por tanto, parece más adecuado tener en cuenta este ambiente de época (que tiene algún paralelo exterior, como hemos visto). El regeneracionismo explica que la Dictadura no se definiera como anti-liberal y sí, en cambio, como temporal; también se entiende, gracias a él, la incapacidad de institucionalización en sentido fascista y el abandono final del cargo por parte del dictador. Pero el regeneracionismo resulta especialmente patente en los primeros meses del nuevo régimen, hasta la primavera de 1924 o incluso durante buena parte de 1925, en que los proyectos de reforma política, aún pronto apaciguados, constituyeron el centro de sus preocupaciones. Toda dictadura es, en una proporción mayor o menor, la personalidad del dictador. Así pues, para entender la regeneración propuesta por Primo de Rivera, y los rasgos básicos de su dictadura, es preciso referirse a su persona. Lo primero que sorprende al respecto es que, pese a los propósitos rupturistas del golpe de Estado —en realidad el general se había alzado contra el sistema de la Restauración— estaba perfectamente integrado en ella. Nacido en Jerez en 1870, su familia y su título (marqués de Estella) procedían del mundo liberal, y su carrera la hizo al lado de los generales más insignes del régimen restaurado, su tío Fernando, y el mismo Martínez Campos, ligado por amistad con su pariente. Por supuesto, todo ello no quiere decir que careciera de virtudes militares: combatiente valeroso, participó en primera fila en las guerras de Cuba, Filipinas y Marruecos, fue general a los cuarenta y un años y había recibido la laureada a los veintitrés. Siempre tuvo una preocupación política manifiesta que se decantó, en un principio, hacia el partido conservador y, luego, hacia el liberal. Lo importante es que en ambos casos su talante se caracterizaba por un inequívoco regeneracionismo con no pocas dosis de arbitrismo: propuso la utilización de la bicicleta por el Ejército y la industrialización a través de empresas militares. La crisis del sistema de la Restauración lo lanzó todavía más a la vida pública aunque en dos ocasiones su actitud en ella afectó de modo grave a su carrera militar: en 1917 y 1921 perdió un importante puesto como consecuencia de estridentes declaraciones pidiendo el abandono de la posición de Marruecos. Desde 1919 su obsesión por el orden público le hizo reclamar medidas expeditivas y extralegales, equivalentes a la «ley de fugas». No era un personaje que pudiera concitar en torno suyo unanimidad en el Ejército, pero supo aprovechar las circunstancias para parecer más nutrido de apoyos que conflictivo. En realidad, la regeneración que predicó no era algo ajeno al sistema de la Restauración sino tan identificado con él y con la sociedad del tiempo, que todos, políticos e intelectuales, e incluso conspiradores militares de propósitos contrarios, se podían considerar identificados con ella. Un político civil que conspiró contra Primo de Rivera y consumió una parte considerable de su fortuna al hacerlo concluye el libro de memorias dedicado al particular asegurando que lo mejor de la Dictadura fue precisamente la persona del dictador. Ésta era simple y revestía características que podían favorecer su conexión con las masas populares. No se trata sólo de que fuera, como escribió su hijo, el futuro fundador de Falange, «bueno, sensible y sencillo», sino que tenía determinados rasgos que permitían tolerar sus defectos y ensalzar sus virtudes. Madariaga, que fue opositor suyo, lo describe como «espontáneo, intuitivo… irritable ante el obstáculo, imaginativo, intensamente patriota, dado a opiniones simplistas, a preferir la equidad a la justicia, el buen sentido al pensamiento». El duque de Maura, también opositor, alude en un libro a sus virtudes («el valor, la comprensión y la decisión rápidas, las dotes de mando, la generosidad, la simpatía andaluza») y sus defectos («la intemperancia verbal, la soberbia, los arrebatos, la indisciplina mental, la incapacidad para la colaboración»), para concluir que las primeras fueron muy populares entre los españoles mientras que los segundos por lo común se han disculpado. El historiador Jesús Pabón lo ha comparado con otros gobernantes peninsulares. Tenía la impetuosidad de Narváez, pero era menos explosivo. Era tan simpático como Serrano y, como el dictador portugués Sidonio País, confiaba plenamente en el apoyo popular y mostraba idéntica perplejidad respecto a cómo resolver los problemas fundamentales. A esta comparación se podría sumar otra obvia, con otro dictador español, el general Franco. Las diferencias en este caso son mayores que las similitudes: Primo de Rivera se caracterizó por poseer una cultura liberal, por su conciencia de temporalidad en el papel de dictador y por su acción brillante, aunque muy a menudo contradictoria. Los rasgos definitorios de Franco fueron estrictamente contrarios. El régimen de Primo castigó poco, perdonó mucho y resistió sugerencias a favor del endurecimiento, algo que no puede atribuirse al régimen de la posguerra.

Una descripción basada tan sólo en el carácter de Primo de Rivera no basta para justificar el hecho de que permaneciera en el poder mucho tiempo, incluso acompañado de un apoyo posiblemente mayoritario. Lo que explica la popularidad de Primo de Rivera es haber sido la expresión y, al mismo tiempo, el máximo definidor y representante de un vagoroso estado de espíritu regeneracionista que había nacido en el fin de siglo y se había ido extendiendo hasta convertirse en un tópico. Lo era tanto que se ha podido decir que Primo de Rivera, en realidad, no hacía otra cosa que elevar a categoría de principio de gobierno lo que los españoles de su tiempo hablaban en las charlas de café. Uno de sus colaboradores, José María Pemán, hizo una descripción que puede parecer simplemente humorística, pero que es veraz y, por tanto, utilizable por el historiador. A Primo de Rivera —afirma— le caracterizaba una locura patriótica y la ausencia de libros, pues todo lo que sabía lo había aprendido en un casino de Jerez llamado El Lebrero. Decía que sus propósitos no eran políticos pero que él venía a hacer una política verdadera y con este galimatías de mayúsculas y minúsculas, de frecuentativos en «—eo» (sus enemigos hacían politiqueo) y de despectivos en «—on» (politicones habían sido los dirigentes españoles hasta entonces), más prefijos negativos y helenísticos en «—a» (él era apolítico) hacia don Miguel una definición indefinida de su tarea y propósitos indefinibles. Por mucho que una política basada en tales principios pueda resultar superficial o contraproducente a medio plazo, de lo que no cabe duda es de su popularidad en 1923. Regeneracionismo y características personales de Primo de Rivera explican su régimen dictatorial. Una tentación obvia, pero superficial, consiste en considerar que, en efecto, tal como se dijo en la época, el dictador era Primo de Rivera «ma secondo di Mussolini», es decir, que no era sino lo mismo en España que el fascismo en Italia. Sin duda, el dictador español fue un admirador personal del Duce, al que describió, en el comienzo de su mandato, como «el apóstol de la campaña dirigida contra la corrupción y la anarquía». Sin embargo, también Primo de Rivera estableció entonces diferencias entre él y Mussolini, a pesar de expresar siempre su admiración por éste: el Duce era más brillante, admitía modestamente, pero el gobierno de España era menos personal que el de Italia; también establecía otras diferencias relativas a la utilización de la violencia para combatir a los opositores.

Tenía razón: su dictadura, aunque a menudo arbitraria, careció casi siempre de auténtica crueldad. En el aprecio de Primo de Rivera por el fascismo y por Mussolini hubo siempre variaciones, debidas a las circunstancias. Sólo la consolidación del régimen y el aumento de las dificultades le indujeron a aproximarse algo más a él, pero siempre con timidez e indecisión en el momento más crucial. Por eso no resulta tampoco correcto afirmar que la Dictadura fuera fascismo desde arriba, como afirma Ben Ami, es decir, un régimen que pudo «fascistizarse», aunque no por completo, y que creó el mito del Nuevo Estado, engendró una nueva derecha antidemocrática y sirvió de modelo, luego, para el franquismo. La misma expresión «fascismo desde arriba» resulta contradictoria porque aquél tiene al menos parcialmente un contenido popular y posdemocrático, no siendo concebible la implantación del mismo por un puro golpe de Estado militar. Sólo tímidamente apuntó, durante la Dictadura, una nueva derecha antidemocrática que, además, ni siquiera era la tesis más ortodoxa de un régimen que nunca se consideró definitivo y que no tenía excesivas preocupaciones intelectuales. Cuando el franquismo imitó el proyecto nonato de Constitución dictatorial de 1929 estaba en una fase de apertura y, en definitiva, nunca llegó a ser tan liberal como el contenido de aquella otra dictadura. La semejanza mayor que cabe encontrar entre la Dictadura de Primo de Rivera y otro régimen es la que se dio con los regímenes autoritarios balcánicos de los años veinte, alejados del fascismo. Éste, en uno y otro caso, sólo llegaría en los años treinta.

El problema fundamental para caracterizar la Dictadura reside en que es muy difícil entender retrospectivamente la mentalidad regeneracionista. Para los españoles de 1923 resultaba perfectamente posible criticar el liberalismo de la Restauración sin que el liberalismo en abstracto mereciera el mismo juicio; incluso creían viable que un hombre bueno y apolítico, que ejerciera una dictadura temporal y personificara al cirujano de hierro, aliviara los males del país. La Dictadura, por tanto, se concibió siempre como un régimen temporal: en un principio Primo de Rivera dijo que duraría dos días, tres semanas o noventa días y que, trabajando diez horas durante noventa días, eran 900 horas con las que se podría regenerar el país. Comentando estas palabras, Azaña aseguró que el régimen se había convertido en «una ofensa permanente contra el entendimiento, que no se amolda a las normas mentales de un teniente general». Temporal, la Dictadura habría de tener tales efectos mágicos que tampoco necesitaría ser cruel. En ocasiones Primo de Rivera rechazó para su régimen el carácter dictatorial, calificación exagerada, según él, pues no había existido nunca propiamente un poder personal, incluso llegó a bautizarlo, en un auténtico galimatías, como «democracia dictadora o dictadura democrática». En alguno de sus seguidores las expresiones resultaban más chocantes: «demofilia» (González Ruano) o «democratismo simpático» (Calvo Sotelo).

La bondad natural, carencia de formación y condición de cirujano de hierro de Primo de Rivera lo abocaban a un paternalismo que se traducía a menudo en manifestaciones pintorescas, como desempeñar objetos del Monte de Piedad en un momento en que el presupuesto alcanzó superávit, ocuparse personalmente del caso de un carbonero desahuciado o recomendar un régimen dietético a los españoles. No tuvo inconveniente en rectificar su criterio en más de una ocasión porque lo contrario sería exceso de «amor propio». A pesar de ser dictador, Primo de Rivera no rehuyó el contacto periódico con las masas populares. Escribía notas oficiosas sobre todo lo divino y humano, «restando —según declaró— horas al sueño tan necesario después de un día de ruda labor que habré de reemprender dentro de cuatro horas». En ocasiones recomendó la cría del gusano de seda o hacer gimnasia; en otras alegó en su favor que «alegres jóvenes y seductoras modistillas» le consideraran salvador de la Patria. Cuando se tomó unas vacaciones aprovechó la ocasión para redactar un catecismo del ciudadano en donde se recordaba la obligación de emitir el voto cuando, por supuesto, no había elecciones. Madariaga escribió que Primo de Rivera, en definitiva, parecía mucho más un bondadoso déspota oriental que un Mussolini. Siendo su bagaje mental popular, pero endeble, no tiene que extrañar que sus partidarios elaboraran una verdadera doctrina del «intuicionismo» para explicar las decisiones gubernamentales: para ellos, un patriota entusiasta, aunque carente de programa, podía ser más beneficioso al país que la corrupta clase política. Una de las primeras declaraciones de Primo consistió en advertir que no tenía experiencia de gobierno y que sus medios eran tan sencillos como ingenuos, y en su primera rueda de prensa se olvidó de dar los nombres de los generales que con él formaron el Directorio militar. Según él, bastaba la sinceridad, la bondad, la laboriosidad y la experiencia de la vida para enfrentarse con los problemas del país. Las consecuencias de esta actitud fueron, en primer lugar, la milagrería, es decir, la creencia de que en muy poco tiempo y con soluciones muy simples todo lo que de malo hubiera en España desaparecería porque, en el fondo, los españoles eran buenos; el arbitrismo, herencia de una tradición española que se remontaba al siglo XVII y que se mostraba fuertemente proclive a mezclar confusamente la moral con la política para acabar por no solucionar efectivamente casi nada, y la incertidumbre, característica de la combinación entre la ausencia de formación y la imprevisión de las consecuencias de los propios actos. Pero, al mismo tiempo, no puede decirse que Primo de Rivera careciera de capacidades políticas. Supo desembarazarse de quienes habían colaborado con él en la conspiración contra el gobierno legítimo, provocar a la oposición para reafirmarse en el poder y presionar al Rey con el mismo objeto. Cierto es que lo hizo sin prensa libre ni posible crítica en el Parlamento, pero ello no obsta para que deban reconocérsele estas capacidades, semejantes a las de los políticos a quienes dijo haber desplazado.

Aunque a Primo de Rivera el Rey le atribuyó hacerse cargo de la «gobernación del país» de manera genérica, desde el principio tuvo estrechos colaboradores. No fueron los generales que con él habían conspirado y que fueron de inmediato marginados sino otros ocho, uno por cada región militar, y un almirante. Ninguno de ellos había tenido actuación política hasta el momento, aunque dos de ellos —Jordana y Magaz— la tuvieron a partir de la guerra civil. Tampoco se habían significado por jugar un papel de primera importancia en la victoria del golpe. Su perfil se explica por el deseo de Primo de unificar a la familia militar detrás de él. Por eso, probablemente, dirigió sus peores invectivas en contra de Alba, muy impopular entre los militares, y no tuvo inconveniente en que el ministro de la Guerra saliente ocupara un puesto de gran importancia, alto comisario en Marruecos.

En la trayectoria de la Dictadura un primer cambio de rumbo se produjo en los últimos días de 1923 y primeros de 1924. El 12 de noviembre los presidentes del Congreso y el Senado, Álvarez y Romanones, visitaron al Rey para pedirle que convocara las Cortes, tal como preveía la Constitución. El Monarca no lo hizo y tuvo una actitud airada con respecto al segundo, que había sido un íntimo y estrecho colaborador suyo. Aunque los dos presidentes se sintieron en «completa soledad», a partir de este momento el Monarca se había situado, de forma clara, fuera de la Constitución. Si no fue el autor de la conspiración ni hizo otra cosa que reconocer al vencedor, él también vivió el ambiente de regeneración milagrera por el que pasó España durante estos años. No era consciente, por el momento, de los inconvenientes de la bicefalia, pero, en cambio, sabía ya que había puesto en peligro su corona. El cambio más importante fue, sin embargo, aquél del que fue protagonista el propio dictador. Con ocasión del viaje que hizo con el Monarca a Italia rectificó su rumbo en el sentido de considerar que no podía solucionar los problemas nacionales en el plazo de tres meses. A su vuelta lo dejó claro en declaraciones públicas y reorganizó el Directorio, que actuó ya como los Consejos de Ministros anteriores. Una de sus medidas fue la reaparición de los subsecretarios, de los que el de Gobernación, Martínez Anido, amigo suyo, acabaría desempeñando un papel de primera importancia en su régimen a partir de 1925.

Los efectos de la «regeneración» política

Como queda explicado, la regeneración política fue, sin duda, la cuestión que más claramente apareció entre los propósitos del dictador, tal como expresó en su manifiesto. No tiene, pues, nada de particular que fuera también una de las primeras en ser abordada por Primo de Rivera. Sus primeros meses de estancia en el poder se dedicó casi íntegramente a una persecución febril, desde presupuestos regeneracionistas, contra el caciquismo, hasta el punto de que reconoció dormir poco y mal como consecuencia de esta tarea, realizada con sinceridad y simpleza, acompañadas ambas de una indudable popularidad. Más adelante, creyese o no que había solucionado el problema, su atención se dirigió hacia otros objetivos. Para acabar con el sistema oligárquico y caciquil cabían dos procedimientos: el de la intervención gubernamental a nivel local o el de la legislación de carácter nacional que hiciera desaparecer sus lacras. Ambos fueron empleados por el dictador, aunque el primero fue el que tuvo una apariencia más espectacular, mientras que el segundo apenas se puede decir que alcanzara relevancia práctica. Sin embargo, este modo posible de actuación demuestra bien a las claras que las intenciones de Primo de Rivera eran netamente liberales. Así, por ejemplo, el dictador parece haber pensado seriamente en la posibilidad de llevar a cabo una reforma electoral: durante los primeros meses de la Dictadura se habló en repetidas ocasiones de una inminente convocatoria ante las urnas. De haberse llevado a cabo la reforma habría consistido en el establecimiento de un sistema de representación proporcional, que en épocas anteriores había sido solicitado por aquellos sectores políticos que representaban fuerzas reales en el seno de la sociedad española, católicos y socialistas. También se habrían adoptado otras reformas como una elaboración más depurada del censo, la admisión del voto de la mujer, medida que tenía un carácter muy democrático y que Francia, por ejemplo, no aplicaría hasta después de la Segunda Guerra Mundial, el establecimiento de un carné electoral, etc. También debió pensar Primo en la posibilidad de reformar el Senado, lo que era relativamente fácil (no suponía una transformación de la Constitución de 1876) y había sido solicitado por sectores importantes del pensamiento liberal. De acuerdo con el proyecto de Primo de Rivera, en la Cámara Alta se debería recortar la representación de la grandeza española y limitar, con el paso del tiempo, la antigua representación vitalicia, mientras que, en cambio, se daría una importancia mayor a la corporativa, en la que figurarían los representantes de la clase obrera organizada. Estos dos proyectos no pasaron de tales pero sí se llegó a cumplir otra parte esencial del programa del regeneracionismo político: la elaboración de un Estatuto Municipal, en un sentido marcadamente autonomista y descentralizador. Calvo Sotelo, que fue su promotor como director general de Administración Local, consiguió convencer a Primo de Rivera (que, en este aspecto, resultaba fácilmente influenciable porque la reforma de la Administración local era una parte esencial de cualquier programa regeneracionista y él tenía amigos en las filas del «maurismo») de la bondad de los proyectos de Maura y Canalejas. Sin embargo, el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo fue de carácter más democrático y autonomista que cualquier proyecto anterior: baste con decir que su preámbulo se iniciaba con esta frase: «El Estado, para ser democrático, ha de apoyarse en municipios libres», lo que no deja de ser una afirmación sorprendente para una disposición legal de una etapa dictatorial. No tiene, por ello, nada de particular que cuando fue discutido el proyecto en el Consejo de Ministros, surgiera una oposición decidida a alguno de sus aspectos más liberales, como el voto femenino o la elección democrática de los alcaldes El proyecto se aprobó y acabó no siendo aplicado en lo que tenía de más esencial. Durante siglos el Estado había intervenido en el medio rural a través del nombramiento de los alcaldes y ahora, lejos de interrumpirse esa tradición, fueron elegidos en si totalidad por el Ejecutivo. El propósito regeneracionista quedaba, de esta manera, por completo incumplido, aunque desde el punto de vista de las Haciendas locales la aprobación del estatuto supusiera un aumento espectacular de las posibilidades de gasto y, por tanto, también de mejoras en la infraestructura municipal. Lo más espectacular de la gestión dictatorial en lo que se refiere a la destrucción de la oligarquía y el caciquismo fue, como queda dicho, la actuación a nivel local. En efecto, los escalones superiores de la clase política se vieron afectados tan sólo por un decreto de incompatibilidades que vedaba a quienes habían ocupado cargos relevantes la presencia en los consejos de administración. Durante los meses que transcurrieron entre septiembre de 1923 y abril de 1924 se quiso poner en marcha lo que Joaquín Costa había denominado política quirúrgica. Consistió ésta en una serie de medidas ingenuas, como prohibir las recomendaciones o recordar la obligación de que los funcionarios cumplieran sus horarios, pero sobre todo en perseguir a los caciques pueblerinos. Todos los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales fueron disueltos y sustituidos por los vocales asociados, y los gobernadores civiles (que ahora en un porcentaje de un tercio eran, en realidad, militares) emprendieron una labor de investigación en los pequeños municipios, que dio los resultados que se esperaban. La persecución y, en general, el ambiente mesianista y regenerador que se vivía, empujaron al suicidio a no pocos secretarios de Ayuntamiento y concejales.

Prácticamente en todos los municipios se descubrieron episodios de inmoralidad (incluyendo el de Madrid) y todavía fueron más numerosos los casos de denuncias anónimas que no fueron probadas porque no se correspondían con la verdad o porque era muy difícil llegar a la demostración del delito. Más adelante, la labor inspectora de los Ayuntamientos fue encargada a unos delegados gubernativos en cada partido judicial. La idea básica a que respondía esta institución estaba también muy enraizada en el espíritu de la época: en César o nada, de Pío Baroja, o en Los caciques, de Arniches, nos encontramos la figura de un protagonista que es una especie de cirujano de hierro a nivel local que acaba con el caciquismo. El propio Azaña pensaba en algo parecido cuando afirmó que para destruir el caciquismo era preciso utilizar la «lanceta acerada del Estado». En esencia, se trataba, por tanto, de que estos delegados hicieran a nivel más reducido lo que Primo de Rivera hacía para toda España. Si las instrucciones que les dio éste eran del más desenfrenado e ingenuo de los arbitrismos (les recomendó que procurasen fomentar la cría del conejo y les anunció que recibirían unos llamativos cartelones con propaganda relativa a máximas higiénicas y de propaganda de la gimnasia), se puede calcular cuál sería la efectividad de su actuación. Resultó ésta bienintencionada, pero mayoritariamente superficial. Los militares, que ahora eran utilizados como medio de dominación política, no estaban exentos de los mismos defectos que el resto de los españoles y se dieron algunos casos de corrupción o de conversión de los delegados en verdaderos sustitutos de los caciques. Calvo Sotelo siempre fue opuesto a su actuación y, en efecto, con el paso del tiempo ésta perdió la trascendencia que en un momento parecía destinada a tener.

Los impedimentos que los delegados gubernativos encontraron con frecuencia entre las autoridades judiciales locales y la propensión a la arbitrariedad característica de Primo de Rivera tuvieron como consecuencia un enfrentamiento del dictador con la totalidad del poder judicial. Es cierto que en muchas ocasiones los jueces municipales eran los representantes más caracterizados del caciquismo, pero también los colaboradores de Primo de Rivera, a través del Consejo Judicial y la Junta inspectora y organizadora del Poder judicial, actuaron en un sentido marcadamente partidista sin poder ser moderados por una prensa libre. Aunque ya antes del año 1928 el dictador se había enfrentado de forma directa con varios jueces (entre ellos, alguno del Tribunal Supremo), sólo a partir de esta fecha, cuando la Dictadura se encontraba en su fase descendente de popularidad, el choque adquirió caracteres de gravedad. Primo de Rivera suspendió, entonces, las disposiciones vigentes en materia de traslados del personal judicial, y creó un juzgado especial para perseguir los delitos de conspiración. De esta manera se contradecían ya claramente los propósitos reiteradamente proclamados de desvincular de la política la administración de la justicia.

Colaboradores de la Dictadura: la Unión Patriótica

Desde el punto de vista de la mentalidad regeneracionista la labor del cirujano de hierro no podía limitarse a la persecución de la política corrupta, sino que debía tener como objetivo fundamental y complemento necesario la promoción de una política nueva. La labor quirúrgica, de persecución del caciquismo, no duró más que unos meses, los primeros de la vida del régimen. Por otro lado, al adentrarnos en la tarea positiva de promoción de una nueva política, avanzamos también en el conocimiento de lo que el régimen fue durante la mayor parte de su duración. Esa tarea fundamental le correspondió, en teoría, a la Unión Patriótica. Como veremos, distó mucho de cumplirla y una parte considerable de la culpa cabe atribuírsela al dictador que si, en general, se caracterizaba por lo vago y contradictorio de sus propuestas, en lo que respecta a la Unión Patriótica se superó a sí mismo testimoniando, por un lado, incertidumbre y, por otro, la perduración de una cierta conciencia liberal. En realidad, la Unión Patriótica surgió espontáneamente en los círculos de catolicismo político que veían en la desaparición del parlamentarismo caciquil una ocasión óptima para llevar a cabo su versión peculiar de la regeneración. Puede decirse, por tanto, que los puntos de mayor implantación de la Unión Patriótica originaria coincidieron con zonas de influencia de los seguidores de Ángel Herrera en el medio urbano: las organizaciones seudo o parafascistas (como la barcelonesa La Traza) eran insignificantes y, aunque hubieran tenido esos propósitos, no pudieron cumplirlos. Cualquier intento de regeneración del liberalismo debiera haber partido de la máxima amplitud y libertad para este tipo de iniciativa, pero Primo de Rivera fue siempre muy consciente de que un tipo de organización como la mencionada podía suponer un recorte de su poder. En consecuencia, en abril de 1924 decidió oficializar la Unión Patriótica convirtiéndola en una organización de apoyo a su régimen. Para tal fin fue encargado de gestionarla uno de los generales del Directorio militar, Hermosa, pasando a estar promovida y controlada por los gobernadores civiles.

A partir de este momento la Unión Patriótica osciló entre un movimiento de apoyo a la Dictadura sin una significación política precisa y partido único, siempre «sui generis», porque en ningún momento hubo la tentación de prohibir —a lo sumo, dificultar— el resto. El mismo documento por el que Primo de Rivera inició esa oficialización fue un perfecto ejemplo de esa vaguedad: no se le ocurrió otro procedimiento que hacer circular unas cuartillas para de esta manera lograr que «las gentes de ideas sanas y los hombres de buena fe» se agruparan en algo que no sería un partido sino «una conducta organizada» y que tampoco sería de derechas ni de izquierdas. Aquel galimatías que Primo de Rivera empleaba siempre que se refería a la política alcanzó su punto culminante al aludir a la organización política oficial. Era —dijo en una ocasión— «eminentemente un partido político, pero en el fondo apolítico en el sentido corriente de la palabra». En otra llegó a decir que se trataba de «un partido político, pero apolítico, que ejerce una acción político-administrativa». La mejor forma de aludir a la U. P. desde el punto de vista del historiador, consiste simplemente en reafirmar que en la mente del dictador nunca alcanzó la suficiente precisión como para adquirir un mínimo perfil. Primo la utilizaba pero le atribuyó funciones cambiantes, como también lo eran el interés y la dedicación que puso en ella. Nunca dudó de que tendría que ser «absolutamente nuestra», es decir, en absoluto autónoma, pero tampoco llegó a verla lo mismo que Mussolini el partido fascista.

Después de un comienzo (1924) en que pareció despertarle gran interés, pronto la olvidó. Cuando en 1925 formó un gobierno de hombres civiles, teóricamente se trató del gabinete de la Unión Patriótica, pero lo cierto es que esta organización apenas tuvo vida propia, como lo prueba el hecho de que mientras se le atribuían centenares de miles de afiliados —casi un millón— en realidad su boletín interno apenas repartía 15 000 ejemplares. En teoría, la Unión Patriótica era el partido del gobierno, pero más bien servía como medio para demostrar periódicamente el fervor popular que alcanzaba Primo de Rivera. Tan sólo en la fase final del régimen, cuando arreciaban las dificultades, Primo de Rivera pareció preferir, aunque siempre de modo dubitativo, la fórmula del partido oficial. En 1927 decidió que la mayoría de los componentes de Ayuntamientos y Diputaciones fueran miembros de la UP, al año siguiente le encargó organizar manifestaciones de apoyo al gobierno y en febrero de 1929 se le atribuyó la función de hacer una especie de censo reservado de personas propicias «a la difamación, al alboroto político y la desmoralización del ánimo público». Nada permite, sin embargo, juzgar que la Unión Patriótica fuera propiamente algo parecido a un partido único. No parece que llevara a cabo esas funciones policíacas. Tampoco lo hizo el Somatén, la organización armada destinada a resguardar el orden social que se extendió al conjunto de España, pues llevó una vida lánguida e incluso disminuyó, con el tiempo, en número de afiliados.

Aparte de que siempre hubo otros partidos cuya actuación no estaba vedada, para que la Unión Patriótica fuera un partido único hubiera sido necesario que su papel y su contenido ideológico hubieran estado perfectamente claros, pero esa claridad estuvo siempre ausente de las declaraciones de Primo de Rivera. A veces afirmaba que la Unión Patriótica engendraría los futuros partidos del nuevo régimen liberal regenerado: en otras sostenía que era el primer partido de ese nuevo régimen e incluso pensó crear una especie de nuevo turno con la UP y el partido socialista. Llegó a definir la Unión Patriótica como «un partido central, monárquico, templado y serenamente democrático», pero también le atribuyó una divisa («Patria, Religión y Monarquía») que, por un lado, resultaba demasiado semejante a la del carlismo mientras que parecía capitidisminuir los principios monárquicos al enunciarlos sólo en tercer lugar. La misma incertidumbre se apreció respecto de la Constitución de 1876. En un momento el dictador dijo aceptaren la Unión Patriótica a todos aquéllos que suscribieran la Constitución de 1876, pero él mismo la había violado y además pretendió sustituirla por una fórmula más autoritaria elaborada al margen de toda consulta popular auténtica. Si se leen los libros de propaganda en favor de la Dictadura (de los que los más difundidos fueron los de José Pemartín y José María Pemán) se apreciará en ellos, como argumento a favor del régimen, ante todo la eficiencia administrativa mostrada en innumerables estadísticas, pero también mucho más las tesis de la derecha tradicional católica que las del fascismo. Pemán, por ejemplo, consideraba que el sufragio universal era un gran error, pero defendía, sobre todo, el Estado tradicional socialcristiano frente al fascismo, aunque, al hacerlo, se sirviera de citas de autores autoritarios recientes. La verdadera realidad de la Unión Patriótica no fue en absoluto semejante a un partido único fascista sino una entidad circunstancial y oportunista destinada a desvanecerse en el momento en que careció del apoyo gubernamental. El propio Calvo Sotelo escribió en sus memorias que él se había opuesto a su nacimiento y organización porque «los partidos políticos cuando se organizan desde el poder y por el poder, nacen condenados a la infecundidad por falta de savia». En la práctica, la UP fue un partido personalista como el que más, que sólo actuaba por decisión superior y que se beneficiaba de un poder que ahora se ejercía sin limitaciones temporales y sin posibilidad de crítica. Es verdad que, en cierto sentido, tenía un aire más moderno que los partidos de turno, al promover una cierta movilización desde arriba, pero ésta fue muy circunstancial, atenida a los problemas del régimen, y parcial. El supuesto regeneracionismo de la Unión Patriótica concluyó en poco tiempo en la aceptación en sus filas de muchos antiguos caciques o la creación de nuevos cacicazgos. En la provincia de que era originario el dictador (Cádiz) prácticamente la totalidad de los caciques conservadores tradicionales se integraron en la UP. Si ésta contribuyó a la crisis del caciquismo la razón fundamental no fue su carácter de partido moderno sino el hecho de que marginara durante tanto tiempo del poder a los partidos de turno y de que alzara a sectores hasta entonces de escasa influencia. Si se examina la procedencia de los elementos que compusieron la UP se aprecia una notable heterogeneidad, que demuestran los estudios locales hasta ahora realizados: en Soria los dirigentes eran antiguos agrarios, mientras que en Ciudad Real lo fueron conservadores, en Sevilla, personalidades procedentes de la Unión Comercial, y en Murcia, católicos. En realidad, esta pluralidad no era sino una demostración de la inanidad de la organización. Lo mismo cabe decir del Somatén, organización de apoyo al orden público surgida en Cataluña y nutrida de las filas de la burguesía, que Primo de Rivera extendió a toda España. A veces se ha presentado como el precedente de una milicia fascista cuando lo cierto es que resultó una anémica e inefectiva institución apolítica que ni siquiera sirvió, llegado el momento, como punto de apoyo para el sistema cuando éste entró en crisis. Cuando Primo de Rivera fue preguntado si él y su sublevación significaban lo mismo que Mussolini y el fascismo, se limitó a responder que sus ejemplos habían sido nacionales: Prim y el Somatén. Cabría preguntarse si, a pesar de esa inanidad de las instituciones de apoyo al régimen dictatorial, no habrían contribuido a la difusión del ideario de extrema derecha: a fin de cuentas, una parte considerable de ésta adoptó luego, en la República, posturas partidarias de la Dictadura. En efecto, «mauristas», tradicionalistas, católicos y conservadores nutrieron principal, pero no exclusivamente, las filas de colaboracionismo dictatorial. Esto, sin embargo, no quiere decir necesariamente que, por el momento, pensaran en la dictadura como solución definitiva. La mejor prueba consiste en que el propio Calvo Sotelo, un antiguo «maurista», afirma en sus memorias que si colaboró con el nuevo régimen fue porque «mis ideales son y han sido democráticos». En muchos de quienes apoyaron al régimen éste se concebía tan sólo como una situación provisional destinada a modificarse con el transcurso del tiempo; sólo la extremada politización de la época republicana decantó hacia soluciones dictatoriales permanentes a esos sectores de derecha. Es cierto que en el mundo intelectual más vinculado al dictador hubo, en pleno régimen dictatorial, quienes patrocinaban soluciones autoritarias estables, como Maeztu o D’Ors, pero es dudoso que influyeran directamente en el propio dictador o que sus doctrinas resultaran verdaderamente decisivas. A los primeros partidarios del fascismo en nuestro país, como Giménez Caballero, la Dictadura les resultaba demasiado prosaica y poco heroica. Si Primo de Rivera se agenció esta organización de apoyo fue por la misma razón que contó con un diario oficial, La Nación: se trataba de instrumentos útiles para quien deseaba ejercer el poder como dictador temporal pero tenían un significado diferente que en el fascismo, por ejemplo.

Se hace necesario efectuar un balance de la tarea «regeneracionista» de Primo de Rivera. Si la Dictadura constituye sólo relativamente el antecedente de la derecha de la época republicana, con lo dicho se podrá comprobar también que fracasó rotundamente en sus propósitos de querer sustituir el sistema caciquil hasta entonces imperante. Pérez de Ayala escribió que, a lo sumo, desaparecieron algunos caciques, sustituidos, por otros nuevos, mientras que el sistema como tal no había sido modificado. Ya Ortega había denunciado la tendencia del pueblo español a pensar que sus males eran el producto de la actividad de personajes concretos, citables por sus nombres, cuando en realidad el mal era más profundo porque se basaba en todo un sistema de vida política en que la responsabilidad era también de los ciudadanos y no sólo de los políticos profesionales. Azaña, en un luminoso artículo, añadió a esta afirmación el recuerdo de que el regeneracionismo, si era auténtico, debía nacer de una movilización espontánea hecha en un clima de libertad. En suma, de poco servían partidos nuevos si no se desarrollaban en el ambiente de las «libertades viejas», las clásicas del liberalismo. El caciquismo era una corrupción del liberalismo pero permitía un grado considerable de libertad; cuando ésta se redujo, la existencia del regeneracionismo se vio dificultada, y no facilitada, por la existencia de un régimen dictatorial, sin que nada realmente decisivo cambiara en la verdadera entraña de la vida política nacional. En este sentido, la Dictadura debe ser considerada como una especie de paréntesis: no cambió el modo de vivir la política de los españoles y, a su término, los problemas reaparecieron de la misma manera que a la altura de 1923.

La oposición: la Dictadura y los nacionalismos

A pesar de toda la superficialidad de la acción regeneradora dictatorial el régimen de Primo de Rivera no tuvo prácticamente oposición a lo largo de 1923 y 1924. Con independencia de tratar más ampliamente de esta cuestión en páginas posteriores baste con recordar el impacto positivo que, incluso en el seno de la clase política desplazada del poder en septiembre de 1923, tuvo el golpe de Estado. Además, como sabemos, Primo de Rivera intentó y, como veremos, consiguió en gran parte, que el elemento militar aceptara su liderazgo, al menos pasivamente. La afirmación de que el régimen dictatorial duraría poco contribuyó a considerar innecesario derribarlo. El mantenimiento del orden público y la virtual liquidación del terrorismo anarcosindicalista coadyuvaron a neutralizar la oposición e incluso puede decirse que también contribuyó a ello de forma importante la peligrosa situación con la que se enfrentó la Dictadura en Marruecos en el verano de 1924. Si, a comienzos de año, empezó a desatarse un hervidero de rumores acerca del posible relevo de Primo de Rivera, la propia dificultad de la situación en el norte de África neutralizó cualquier posibilidad en este sentido, porque la herencia parecía demasiado onerosa como para que nadie quisiera asumirla.

De todo ello se deduce que esta primera fase de la historia de la oposición al régimen cuenta, sobre todo, como antecedente. De los políticos de la época constitucional tan sólo dos se situaron de manera clara en contra de la situación. Alba lo hizo como consecuencia de la persecución de que fue objeto. Los motivos carecían de fundamento y cualquier responsabilidad judicial fue sobreseída en 1926. Mientras tanto, sin embargo, Primo de Rivera testimonió absoluta indiferencia ante las quejas del político castellano y éste culpó al Rey de no poder defenderse. Si el caso de Alba constituyó una excepción, algo parecido pude decirse de Maura. La severa actitud del político mallorquín, siempre muy atento a la juridicidad, tenía que contrastar de forma rotunda con la gestión de Primo de Rivera. Dos factores más explican que el choque entre los dos personajes fuera temprano. Maura vio cómo una buena parte de sus seguidores, en especial los más jóvenes, se convertían en colaboradores de la Dictadura y el dictador se dio cuenta de que si se formaba un gobierno nacional para sustituirlo quien lo presidiera sería el que lo había hecho en todas las ocasiones precedentes. En cuanto a los militares hubo incidentes, pero resultaron mínimos. Uno de los antiguos conspiradores, Cavalcanti, mostró su desvío respecto a Primo de Rivera y en postura parecida se mostró Dámaso Berenguer, a quien se consideró cercano a los viejos políticos. El dictador, sin embargo, se consideró inamovible en su puesto porque el Rey, «ahora más que antes», según dijo, estaba en contra de la política precedente.

Con la mención a la Unión Patriótica hemos aludido ya a un periodo cronológico posterior a 1925. Conviene también referirse ahora a la posición del régimen respecto de los nacionalismos, en primer lugar, porque la postura de Primo de Rivera no se puede entender, en este aspecto, sin la referencia a su programa regeneracionista y, además, porque la rectificación del dictador respecto de su inicial declaración de intenciones se produjo en una fecha muy temprana y no se modificó a continuación. Ya en 1925 se había creado un abismo no sólo entre el catalanismo y la dictadura, sino entre Cataluña y el régimen. En realidad había un importante punto de contacto entre los movimientos de tipo nacionalista y la Dictadura, que derivaba de un común regeneracionismo. Según algunos regionalistas (no sólo catalanes) si iba a actuar un cirujano de hierro, era lógico que lo hiciera en beneficio de los intereses regionales. Además, como ya se ha señalado, no es en absoluto una casualidad que Barcelona fuera el lugar donde se incubó el golpe de Estado. Pero resulta por completo excesivo atribuir a una divergencia de intereses materiales entre dos tipos de burguesías —la de Alba y la de Cambó— la situación política que dio lugar al golpe de Estado de septiembre de 1923.

La coincidencia entre algunos de los dirigentes de la Lliga Regionalista y Primo de Rivera fue breve, como basada en una presunción de identidad prontamente desaparecida. El propio Primo de Rivera no había ocultado sus sentimientos al prescindir de su palco en el teatro del Liceo cuando éste adoptó una posición que consideraba en exceso nacionalista. Sin embargo, también se manifestó partidario de la «región robusta» y el presidente de la Mancomunitat, Puig i Cadafalch, manifestó su acuerdo con el golpe aunque probablemente lo hiciera no tanto por una profunda confianza en el capitán general de Cataluña cuanto por la sensación de que el régimen de liberalismo oligárquico de la Restauración estaba ya liquidado en la práctica. Mucho más prudente, Cambó recomendó inmediatamente guardar reserva y atención. En realidad, con su viaje de Barcelona a Madrid Primo de Rivera hizo desaparecer sus posibles puntos de concordancia con el catalanismo. Durante meses se habló de la posibilidad de que las provincias desaparecieran y se vertebrara España atendiendo a una configuración regionalista del Estado. Por otra parte, ya en una fecha muy temprana se prohibió la utilización del catalán en actos oficiales mientras eran sancionadas algunas publicaciones vinculadas al catalanismo más juvenil y radical. Años después hubo quien reprobó al dictador haber cambiado sus puntos de vista en un año y medio y la respuesta de éste, sin duda veraz, fue afirmar que lo había hecho en tan sólo unos días. El cambio tuvo lugar a la vuelta del viaje de Italia, cuando decidió reafirmarse en el poder y durar. Así se demuestra por la reunión que tuvo en Barcelona en enero de 1924, en la que intentó conseguir la colaboración de sectores muy diferentes, desde el «albismo» y la Federación Monárquica Autonomista hasta la Lliga. La respuesta de los reunidos fue mayoritariamente negativa, hasta el extremo de que uno de los presentes, jefe del Somatén, el marqués de Camps, estuvo a punto de ausentarse. Tan sólo logró Primo de Rivera el apoyo de aquel sector más declaradamente españolista de la política catalana, la Unión Monárquica Nacional. En un principio pareció que Primo de Rivera estaba dispuesto a tolerar la existencia de la Mancomunitat, pero en manos de sus seguidores, el principal de los cuales, Alfonso Sala, fue nombrado presidente de la misma. Sin embargo, muy pronto el propio Sala se enfrentó con las autoridades militares del régimen en Cataluña (los generales Barrera y Miláns del Bosch) al mismo tiempo que la correspondencia entre Primo de Rivera y Sala se hacía áspera. El primero escribió, en efecto, que la Mancomunitat le daba «un poco de miedo» y, en cambio, confiaba más en «un régimen provincial robustecido y facultado de atribuciones». La inevitable ruptura se produjo en el momento en que fue aprobado el Estatuto Provincial. Quien fue su redactor principal, José Calvo Sotelo, admite en sus memorias que resultaba muy restrictivo en lo que respecta a la constitución de regiones, estando por ello en manifiesta contradicción con el Estatuto Municipal, ya aprobado. A lo largo de la redacción del texto le había prometido al dictador, para mantener la coherencia con el texto anterior, que «jamás, jamás» se crearía una región. Pero la discrepancia existió y, con ella, la contradicción con declaraciones previas. Así lo reconoció, además, el propio Primo de Rivera: como haría en muchas otras ocasiones, el dictador no tuvo inconveniente en admitir que «no era para él cosa de honor, ni siquiera de amor propio, rectificar un juicio». Tan sólo un mes después de que fuera publicado el Estatuto Provincial, en marzo de 1925, dimitió Sala y entonces el dictador no tuvo ambages en proclamar que la única misión de la Mancomunitat había sido, en el pasado, «arrancar, con triste y rotundo éxito, por todos los medios y caminos, el sentimiento y amor a España de los corazones y cerebros». Sus posteriores declaraciones fueron aumentando en virulencia gratuita: llegó a decir que el autonomismo era una «extravagancia y una cursilería» que desaparecería con tan sólo un cuarto de siglo de silencio. El catalanismo no podía ser político sino que había de limitarse a las cuestiones de traje, costumbres, cánticos, bailes y poesías. El catalán «eufónico, literario y apropiado para las expresiones de ingenio y los sentimientos», debía ser sólo utilizado en el ámbito del hogar. Al final llegó a caracterizar su régimen por el antiautonomismo, pues «nada más claramente definido en su credo que su aversión a todo principio de autonomía política regional o provincial».

En consecuencia, desde una fecha muy temprana, pero, sobre todo, a partir de 1925, se fue produciendo una creciente separación entre la vida política oficial y la sociedad catalana. Los conflictos menudearon y el comportamiento del régimen, aunque no llegó a ser cruel, resultó innecesariamente ofensivo, aparte de extremadamente arbitrario. Con ocasión de una polémica pública con Cambó, Primo de Rivera llegó a declarar que el dirigente catalanista no podía tomarse vacaciones políticas sin notorio perjuicio para la Patria, pero algunas entidades locales de la Lliga acabaron siendo clausuradas temporalmente, como también su diario; aunque fuera una excepción, también hubo miembros de este partido que fueron detenidos. En noviembre de 1926 Primo de Rivera prohibió expresamente cualquier intento del catalanismo político de reanudar su propaganda política. Pero, si eran adversarios de la Dictadura los miembros de la Lliga, todavía lo fueron más los jóvenes representantes del catalanismo radicalizado, miembros de Acció Catalana, que, por ejemplo, llegaron a presentar el pleito catalán ante la Sociedad de Naciones.

Con todo, más decisivo que este enfrentamiento político fue la agresión dictatorial contra la lengua y las instituciones sociales catalanas: la gravedad residió, sobre todo, en los sentimientos de indignación que despertaba, pues, como dijo Cambó, el catalanismo tenía su origen mucho más en los sentimientos que en los intereses materiales. Hasta el campo de fútbol de Las Corts (el del C. F. Barcelona de entonces) fue escenario de incidentes. La Dictadura trató de suprimir el catalán de la predicación religiosa e intervino ante el Vaticano en dicho sentido, y se enfrentó con instituciones (el Sindicato de Dependientes de Comercio y el Colegio de Abogados de Barcelona) porque utilizaban la lengua vernácula en sus comunicaciones interiores o por confeccionar las listas de sus miembros. De esta manera la Dictadura se convirtió en antagonista de la totalidad de la abogacía catalana. Entre las agresiones gratuitas de la Dictadura cabe citar, también, la ofensiva contra las escuelas profesionales creadas por la Mancomunitat y respetadas internacionalmente. En general, puede decirse que el catalanismo debió refugiarse en las manifestaciones culturales (pero los juegos florales debieron celebrarse en el extranjero) mientras se incubaban graves presagios políticos. Nada puede resultar más expresivo que la interpelación, en la Asamblea Nacional Consultiva, de uno de sus miembros, Ayats, respecto de la política seguida en Cataluña. Lo significativo del caso reside en que un asambleísta nombrado por el dictador acabara diciéndole que su gestión en aquella región iba directamente contra lo que eran las realidades más vivas del alma catalana.

Con el transcurso del tiempo las consecuencias más graves de la actuación dictatorial se produjeron en el terreno político.

En este terreno la Dictadura fue innecesaria y miope; colaboraron en ella altos mandos militares pero fue responsabilidad personal muy directa del propio dictador que no hizo caso alguno de quienes, como Calvo Sotelo, le previnieron de que se produciría un abismo «en términos irremediables» entre Cataluña y el resto de España. En los años treinta el catalanismo burgués y posibilista encarnado por Cambó fue desplazado claramente por el que representaba Maciá. La significación e importancia de este último por el momento había sido modesta, pero la Dictadura le convirtió en un símbolo de resistencia nacional. Su actuación durante los años veinte tuvo matices muy radicales y que, además, parecían condenarle a la inviabilidad política de por vida: colaboró con anarquistas y comunistas, dirigió una conspiración armada, emitió un empréstito bajo la denominación Pau Claris y redactó una constitución catalana con el apoyo de los emigrados catalanes residentes en La Habana. Sin embargo, todo esto le dio, al final del régimen dictatorial, una relevancia política que era muy superior a la de su partido, Estat Cátala, y que él supo aprovechar en los años treinta al desarrollar un inesperado pragmatismo. Maciá fue entonces no sólo un político catalán sino el símbolo por antonomasia de Cataluña.

En general, y con matices diferenciales importantes, cabe decir que el impacto de la Dictadura fue semejante en el resto de las regiones de acentuado sentimiento de peculiaridad. Durante unas semanas pareció existir la posibilidad de que España se organizara siguiendo los criterios regionalistas y, con ello, se obtuvieron algunas adhesiones, pero pronto el panorama cambió por completo. También en el País Vasco el sentimiento nacional debió refugiarse en las manifestaciones culturales, al margen de lo específicamente político. Allí, sin embargo, la ofensiva contra los sectores juveniles del nacionalismo fue más temprana (el periódico Aberri fue cerrado casi de inmediato) mientras que algunos diputados provinciales del PNV ocuparon su cargo hasta 1927. En ocasiones la persecución de los nacionalistas se llevó hasta acontecimientos familiares, como la boda del dirigente Gallástegui, o reprodujo procesos que databan de fechas remotas. En Galicia fue perseguido incluso un nacionalista tan tibio como Manuel Pórtela Valladares, que había abandonado el Partido Liberal y, en adelante, actuaría con esta adscripción política. De poco le sirvió, en definitiva, a la Dictadura haber resuelto el problema de los foros. En conjunto puede decirse que el régimen había favorecido, a la altura de 1930, la tendencia de los nacionalismos a considerar que su pleito no podía ser resuelto en el marco constitucional de la Monarquía.

La solución del embrollo marroquí

Sería una exageración afirmar que Marruecos trajo la Dictadura pero, en cambio, se debe juzgar como correcta la opinión de que en la Historia del régimen dictatorial hubo un antes y un después del desembarco de Alhucemas. Para comprender en su plenitud la Dictadura hay que tener en cuenta que, en la práctica, desde mediados de 1924 hasta finales de 192 5, el problema marroquí fue el centro absoluto de las preocupaciones de Primo de Rivera, que muy a menudo dejó la responsabilidad de la dirección de la política interna a alguno de sus colaboradores —principalmente Magaz— mientras que de hecho se atribuía la responsabilidad personal de la acción en Marruecos. Además, la cuestión marroquí desempeñó un papel de primera importancia en la propia estabilidad del régimen a lo largo de 1924 y estuvo en el centro de gravedad de la política exterior dictatorial.

En este caso, como aproximadamente por las mismas fechas en la forma de enfrentarse con el problema catalán, Primo de Rivera rectificó ampliamente lo que había sido su opinión anterior a la llegada al poder. Siempre se había declarado abandonista, y con motivos muy sólidos. Era consciente de la impopularidad de la empresa marroquí, sobre todo en las clases populares, y también de la escasa capacidad técnica del Ejército español. Pensaba, en fin, que las fuerzas y recursos españoles podían ser empleados con mucho mayor provecho en la regeneración interior y no en el expansionismo exterior y no dudaba en emplear como argumentación a favor de su postura el recuerdo de que precisamente Isabel la Católica fue la que detuvo la expansión española hacia el norte de África. Uno de sus colaboradores, Pemán, resume ese cambio de postura con palabras que pueden resultar irónicas: «Explanó (su teoría) en un discurso de ingreso en la Academia Hispanoamericana en Cádiz y lo destituyeron del Gobierno militar (de aquella ciudad); años después volvió a decir lo mismo en el Senado y lo volvieron a destituir, ahora de la Capitanía General de Madrid: más tarde llegó a ser dictador y jefe de Gobierno y entonces hizo todo lo contrarío; lejos de abandonar nada, ocupó, desde Alhucemas, toda la zona del Protectorado». Pero tan evidente paradoja requiere una explicación más allá de la ironía. En realidad la política del dictador no fue una, sino tres, desarrolladas de forma sucesiva.

Primo de Rivera estuvo, en un principio, dispuesto a seguir una política acorde con lo que hasta entonces habían sido sus declaraciones acerca del problema marroquí. Éstas habían sido arriesgadas y contrastaban mucho con lo habitualmente defendido tanto en el seno del Ejército como en la política profesional del momento, pues, en efecto, ni siquiera Santiago Alba había sido tan abandonista como él. Por otro lado, la cuestión tenía para el dictador una importancia personal extraordinaria, ya que su hermano había perecido en el desastre de Annual. Su primera política consistió, sencillamente, en tratar de librarse del problema marroquí mediante alguna de las variantes del puro y simple abandonismo. Intentó, por ejemplo, convencer a Gran Bretaña de que le interesaba cambiar Gibraltar por Ceuta y buscó negociar, por procedimientos indirectos, con Abd-el Krim estando dispuesto, incluso, a concederle la autonomía y unas fuerzas militares propias, lo que difícilmente hubiera aceptado el sector africanista del Ejército. Nada consiguió por estos dos procedimientos, excepto irritar a los africanistas civiles. No era para menos: en sus declaraciones de este momento llegaba a afirmar en la prensa que «Abd-el Krim nos ha vencido», que «hemos gastado incontables millones de pesetas en esta empresa sin recibir jamás un solo céntimo y que decenas de millares de hombres han muerto por un territorio que no vale nada», opiniones todas ellas fundamentadas pero muy heterodoxas. De todas maneras, el mismo hecho de que hubiera censura hacía que el impacto de la cuestión marroquí sobre la política española fuera, por el momento, menos directo y acuciante que antes. La mejor prueba de ello consiste en que Alba fue objeto de durísimos ataques sin haber emitido opiniones tan taxativas.

En un segundo momento, alejadas esas esperanzas, que siempre fueron ilusorias, acerca de un posible trueque, el dictador eligió el camino de lo que podríamos denominar actitud «semiabandonista». Su idea consistió en un cierto repliegue —que conservaría Xauen dentro de la zona española—, limitar el número de posiciones —habló incluso de «desmoche»— y prever también el empleo de unos recursos limitados. Pero esta política partía de una pasividad de los indígenas que nunca existió y fue acompañada por una actitud excesivamente diplomática y complaciente por parte del alto comisario, Aizpuru, que provocó el envalentonamiento del adversario. En la zona oeste del Protectorado perduraba una indefinición de las líneas que se había convertido en muy peligrosa, sobre todo después de que Annual hubiera multiplicado la confianza de los rífenos en sí mismos. A partir de marzo de 1924 y, sobre todo, durante el verano de este año, Primo de Rivera se enfrentó con una situación que se parecía mucho a una sublevación general. Por si fuera poco, los militares africanistas testimoniaron una actitud que bordeó la subversión.

En realidad la retirada de Yebala y Xauen, conquistadas por Berenguer en 1920 y no prevista originariamente por Primo de Rivera, no fue, por tanto, el resultado de una política abandonista ni tampoco una fórmula preparatoria del posterior desembarco de Alhucemas, sino un procedimiento pragmático, basado en el sentido común, para enfrentarse a una situación difícil. Ante los ataques rífenos la respuesta del dictador, que asumió por sí mismo el mando militar, consistió en una retirada que le permitió acortar sus líneas, pero que se realizó, en medio de un temporal, con un número importante de bajas, unas diez mil, aunque los muertos no llegaran ni a una quinta parte de estas cifras. Las consecuencias de la retirada afectaron tanto a la posición de Abd-el Krim como a la actitud del ejército africanista. A finales de 1924 el dirigente rifeño tenía sus líneas a tan sólo 10 kilómetros de la capital del Protectorado; además, había conseguido controlar tres cuartas partes del mismo. A comienzos de 1925 capturó a El Ray Suli, quien moriría al poco, y con ello se convirtió en la autoridad indígena indiscutible. Primo de Rivera asumió en octubre de 1924 la Alta Comisaría mientras arreciaban las maniobras de los políticos en Madrid para, aprovechando esta situación, marginarle del poder. En torno a septiembre y octubre hubo rumores acerca de una posible retirada del dictador, auspiciada por un Alfonso XIII muy preocupado por los acontecimientos de Marruecos. El Ejército allí situado necesariamente había de reaccionar de forma airada ante el curso de los acontecimientos. Además, y sobre todo, debió enfrentarse, durante un almuerzo, con una insubordinación extendida entre la oficialidad en Ben Tieb. Entre los protestatarios, con mayor o menor indignación, figuraban dos personajes que habrían de tener un papel en la vida política contemporánea: el general Queipo de Llano, que fue relevado, y el entonces teniente coronel Francisco Franco que, con el paso del tiempo, acabaría por convertirse en colaborador estrecho del dictador. La propia victoria de Abd-el Krim fue la causante de nuevo giro copernicano de Primo de Rivera respecto del problema de Marruecos y de su posterior éxito. Al principio lo único que el dictador hizo fue lamentarse del grave contratiempo militar sufrido, que, en metáfora desgraciada, presentó como «el precio elevado, pero mínimo, del braguero con que el país ha de contener la hernia de Marruecos». En una carta a uno de sus colaboradores íntimos lamentó que los rifeños hubieran atacado «en el momento en que iniciamos un replanteo de la cuestión».

Los errores de Abd-el Krim, sin embargo, permitieron al dictador modificar la situación en beneficio propio y de España. En este momento el cabecilla rifeño había alcanzado el máximo de su esplendor militar y político. Disponía de lo que, en la práctica, podía ser considerado como un Estado independiente con, al menos, 100 000 hombres en armas (aunque no como ejército permanente), dos centenares de cañones y algún avión que no podía ni sabía utilizar. Su situación económica era buena por la ayuda que le prestaban algunos aventureros internacionales, atraídos por la esperanza de obtener compensaciones en las minas de la región. Contaba, además, con el apoyo de la Internacional comunista, y algunos de sus consejeros le presentaban como un dirigente político nacionalista y revolucionario, futuro líder de la independencia. Pero su propio éxito le hizo cometer errores, tanto respecto de España como de Francia. En un momento en que Abd-el Krim podía haber negociado en una posición de ventaja con España renunció a hacerlo, como si ya la considerara liquidada como adversario; incluso desistió de atacar la zona oriental española y, en vez de ello, eligió como adversarios a los franceses. En realidad resultaba casi inevitable este enfrentamiento porque parte de las tribus que reconocían su jefatura estaban situadas a caballo entre los dos protectorados y en el francés obtenía la mayor parte de sus recursos alimenticios. En abril de 1925 se produjo una ofensiva rifeña como consecuencia de la cual cayeron 43 de las 66 posiciones defensivas francesas, se causaron a este Ejército casi 6000 bajas y se situó la vanguardia de Abd-el Krim a tan sólo 30 kilómetros de Fez, que difícilmente podría haber sido ocupada con un tipo de ofensiva semejante a la que practicaban sus tropas. Como ha escrito Madariaga, este éxito rifeño consiguió lo que años enteros de diplomacia española no habían logrado obtener de Francia: una política de unión ante el enemigo común. En mayo de 1925 se iniciaron las conversaciones entre los dos países que llegaron poco después a una rápida conclusión, plasmándose en tres tratados; incluían la acción militar coordinada (que hasta entonces había rechazado el Ejército francés para evitar atraerse las iras de los rifeños) y una lucha común contra el comercio de armas, al mismo tiempo que se hacían genéricas promesas de autonomía. Lo decisivo fue, sobre todo, que las tropas de ambos países aumentaron hasta 500 000 hombres. Primo de Rivera, ante lo que era un inminente cambio de rumbo en su política, se apresuró a declarar que «en asuntos de interés patrio no hay derecho a dejarse guiar por el amor propio, ni negarse a la rectificación». Pero si él cambió de posición entre sus compañeros del Directorio militar perduraron actitudes muy reticentes frente a aquella operación que acabaría por decidir la guerra de Marruecos, el desembarco de Alhucemas. Uno de sus opositores fue el almirante Magaz y el propio Rey se mostraba receloso. Pero Primo de Rivera tuvo el apoyo de otros, como Jordana, que sería el principal protagonista de la política marroquí.

Los frutos de la colaboración entre Francia y España no se hicieron esperar. El desembarco de Alhucemas había sido imaginado como operación desde nada menos que 1911 y planeado sucesivamente en fechas posteriores; era, por otro lado, una operación lógica que los rifeños podían prever. El mismo Primo de Rivera imaginó allí una pequeña operación en 1924, incluso con colaboración indígena. Una novedad en su planteamiento final consistió en que se planteara ahora como el resultado, no de un avance terrestre desde Melilla, sino de la utilización exclusiva de la flota, la artillería y la aviación. El desembarco fue una operación casi exclusivamente española, aunque también participara en ella la Marina francesa, y se saldó con un éxito espectacular: con sólo 16 muertos se había conseguido tomar al adversario por la espalda con la posibilidad, además, de dividir en dos la zona por él dominada. Así sucedió en un periodo muy corto de tiempo. El desembarco había tenido lugar en septiembre de 1925; en abril del año siguiente era Abd-el Krim quien solicitaba entablar negociaciones y, al mes siguiente, se producía el encuentro entre las tropas españolas y las francesas. Coincidiendo con él el dirigente rifeño se entregó a los franceses, que lo desterraron, junto a 150 de sus partidarios, a la isla de la Reunión. El Gobierno español protestó agriamente, pues pensaba someterlo a juicio por haber exterminado a la totalidad de los oficiales que mantenía en sus manos. Si en un principio Primo de Rivera había tratado de llegar a un acuerdo con él pretendía ahora un castigo ejemplar. A finales de 1926 las tropas españolas experimentaron una drástica reducción concluyendo la lucha prácticamente en 1927, no sin que un momentáneo recrudecimiento exigiera una nueva presencia de Primo de Rivera en Marruecos.

A partir de ese año Marruecos dejó de ser un problema para España: la mejor prueba es que, si en 1927 se incautaron casi 70 000 armas a los indígenas, entre 1929-1930 lo fueron sólo 54. El cabecilla rifeño, una especie de precursor de los movimientos en pro de la independencia nacional, murió en 1963 en El Cairo, y la región del Rif siguió demostrando, con su belicosidad e indisciplina, que no sólo los españoles tenían problemas en ella: también los tuvieron las autoridades del Marruecos independiente.

Sin duda alguna la victoria en Marruecos fue el triunfo más espectacular de Primo de Rivera. Como hemos visto, sus propósitos originales habían sido muy diferentes de lo que luego fueron los resultados obtenidos; no sólo fue versátil sino incluso volátil en la planificación del programa a desarrollar y de sus contenidos estratégicos o tácticos. No cabe duda de que hizo un auténtico aprendizaje de la realidad de Marruecos. Como los políticos liberales a los que desplazó, hubiera preferido el abandono o un empleo mínimo de recursos y sólo con el transcurso del tiempo reconoció que la presencia española exigía acciones militares. Por otro lado, sus objetivos no se lograron sin sangre. Pero esto no obsta para que el régimen pudiera atribuirse el haber eliminado un grave problema de la vida nacional que los gobernantes anteriores, por la inestabilidad parlamentaria y la incapacidad de imaginar un programa, habían sido incapaces de enfocar con eficacia. En suma, el desembarco de Alhucemas sentó las bases para la política exterior que a continuación siguió la Dictadura, al tiempo que explica su permanencia y su voluntad de constitucionalización.

La política exterior: Tánger y la Sociedad de Naciones

Desde la pérdida del imperio colonial ultramarino la política internacional española estuvo siempre muy directamente relacionada con la posición que nuestro país desempeñaba en Marruecos por imperativo de las circunstancias. Resulta, pues, oportuno referirse en este momento a la política exterior dictatorial a la que, al menos de manera implícita e indirecta, se aludía también en el epígrafe anterior. Al hacerlo se ha de partir, como primera consideración, de la peculiaridad de esta etapa: si, en general, toda política necesita un lapso de tiempo para llevarse a cabo, esto es especialmente cierto de la exterior. Así, a su favor tuvo Primo de Rivera el realizar una política más duradera que los gobiernos parlamentarios pudiendo llevar a la práctica iniciativas que habían tenido su primera enunciación en el cambio de siglo, como el acercamiento a Hispanoamérica y a Portugal. Por otro lado, Primo de Rivera dio un paso adelante en la modernización del servicio diplomático, no sólo mediante la ampliación de la representación en el exterior sino también al unificar la carrera diplomática y la consular, y elevando el nivel de exigencia a la hora del ingreso en ambas. En términos generales, la política exterior de Primo de Rivera, aún con ciertas novedades, permaneció en el marco tradicional de lo que había sido la posición española en el contexto internacional, basada en una vinculación fundamental (y subordinada) con Francia y Gran Bretaña, debido a la situación geográfica de nuestro país. Las circunstancias (principalmente, el buen resultado de las operaciones de Marruecos) favorecieron que, por vez primera, España tratara de contrapesar la influencia francobritánica con la de otros países, como Italia. No obstante, la propia estabilidad del escenario internacional acabó por tener como consecuencia que no se produjera ninguna alteración fundamental de la posición española, a la que Primo de Rivera sirvió con patriotismo pero también a menudo con exceso de vehemencia, imprevisión de las consecuencias de su acción y falta de habilidad. La fórmula para contrapesar la influencia francobritánica no podía ser otra que el acercamiento a Italia, que, desde meses antes de que llegara al poder Primo de Rivera, presenciaba la experiencia de la llegada del fascismo al poder. Sin embargo, no debe pensarse, en realidad, que fuera la identidad (que no existió) entre ambos regímenes lo que fundamentó el acercamiento hispanoitaliano. La mejor prueba es que en pleno régimen liberal en España el embajador italiano había informado a su país que «por natural reacción (contra Francia) la simpatía de este país se vuelve en los últimos años a Italia». El único mérito inicial de Primo de Rivera fue, por tanto, haber concluido unas largas negociaciones comerciales y haber llevado a cabo, con el Monarca, un viaje a Italia en noviembre de 1923. Durante éste, pese a las apariencias, no dejaron de manifestarse discrepancias entre los dos regímenes, especialmente por lo que respecta a las declaraciones muy clericales del Rey ante el Papa, que irritaron a Mussolini. Éste, sin embargo, no dudó en aprovechar la ocasión para proponer al dictador español una colaboración permanente entre los dos países. Sin embargo, Primo de Rivera, a su vuelta a España, afirmó inmediatamente que ese acercamiento no debía perjudicar a la relación que mantenía con otras naciones.

Cuando, meses después, tuvo lugar la visita del Monarca italiano a España las relaciones entre ambos países se habían ya enfriado y el propio Mussolini no formó parte de la comitiva. Primo de Rivera se había dado cuenta de que necesitaba a Francia para solucionar el problema marroquí. Cuando Abd-el Krim desapareció como enemigo, de nuevo se apoyó, más en la apariencia que en la realidad, en Italia, con la que firmó un intrascendente tratado de arbitraje, pero que muchos creyeron que encerraba cláusulas secretas de extraordinaria importancia estratégica. Tales elucubraciones no tuvieron, sin embargo, fundamento, aunque todavía eran objeto de especulación en los años treinta. Liquidado el problema de Marruecos España deseaba mejorar su posición en Tánger o en la Sociedad de Naciones y jugó con una aparente italianofilia para fortalecer su posición ante las potencias con las que mantenía una relación más habitual. Así se explica que, en 1927, Alfonso XIII viajara de nuevo a Italia y que una división naval italiana se presentara ante Tánger. En relación con esta ciudad, sin embargo, los intereses de las dos penínsulas mediterráneas eran incompatibles, pues España la quería para sí y Mussolini, para quien tenía un valor menor, como mera pieza de intercambio, estaba de acuerdo en la internacionalización. En suma, la relación hispanoitaliana en la época sirvió a los dos países para obtener ventajas propias, aunque pequeñas, pero, como decían los diplomáticos británicos, no pasó de ser un flirteo frecuentemente acompañado de infidelidades mutuas.

Ésta es la razón por la que lo esencial de la política exterior española durante este periodo se explica por la relación con Francia y Gran Bretaña, quienes siguieron siendo los vértices fundamentales de la presencia española en el mundo, aunque Italia fuera el tercero en el triángulo. Como en las dos décadas anteriores del reinado de Alfonso XIII, Francia, que despreciaba a España, en especial su forma de llevar el protectorado marroquí, fue la potencia con la que los conflictos fueron más habituales y ásperos. En cambio, Gran Bretaña, principal garante del «statu quo», ejerció repetidamente la función de mediador entre los dos países. Su opinión acerca de España no difería en exceso aunque fuera más paciente. La irritación de Alfonso XIII y Primo de Rivera en relación a Francia empezó manifestándose respecto del Estatuto de Tanger. Esta ciudad tenía una composición racial y lingüística en que el componente hispánico era fundamental (de los 65 000 habitantes, 20 000 eran españoles y otros 10 000 judíos, en su mayoría sefarditas). Además, constituía una posición clave desde el punto de vista estratégico y como vía para aprovisionar de armas a los rebeldes rífenos. Era, por tanto, lógico que España desempeñara un papel crucial en ella, pero a esto se oponían los intereses franceses. Antes de la Dictadura la negociación entre los dos países había llegado a un «impasse» debido a la diferencia de puntos de partida. Con muchas reticencias Primo de Rivera aceptó la solución propuesta por los franceses a comienzos de 1924, no sin criticarla duramente. Alfonso XIII calificó el acuerdo final al que se llegó de «despiadado», mientras que Primo de Rivera juzgaba que se había «menospreciado» a su país. La verdad es que los propios diplomáticos franceses se limitaron, a lo sumo, a simular atención a unas posiciones españolas que en realidad no se tomaron en serio. El contenido final del Estatuto demostró la desairada posición de España, que controlaba tan sólo las aduanas mientras que la autoridad indígena (Mendub) era nombrada por el califa (en realidad, por Francia) y los otros puestos clave eran responsabilidad de naciones como Bélgica, cuya importancia e interés en la zona era inferior al español.

Si a España no le quedó otro remedio que aceptar esta situación, al mismo tiempo hizo todo lo posible para convertirla en inviable y esperar a una mejor ocasión. Cuando en 1926 estaba solucionado ya el problema de Marruecos y la Dictadura, como veremos, había derrotado a sus opositores, Primo de Rivera presentó de nuevo sus reivindicaciones que, en su más amplia expresión, representaban la pura y simple entrega de Tánger a España, aunque contenían también propuestas menos ambiciosas. La posición española fue presentada de forma intemperante e irritada de modo que el Foreign Office pudo calificarla casi como un chantaje, al estar mezclada con otra cuestión con la que no tenía nada que ver, como era la permanente presencia española en el Consejo de la Sociedad de Naciones. No se debe olvidar, además, que coincidió con el acercamiento a Italia al mismo tiempo que Alfonso XIII presentaba la Sociedad de Naciones, ante el embajador italiano como un organismo gobernado por la «masonería». Tras largas negociaciones Primo de Rivera aceptó moverse dentro de unos principios de prudencia y contemporización. Lo facilitó una propuesta de Gran Bretaña que propuso un previo acuerdo entre Francia y España a las que luego se sumaría ella e Italia. Esta última acabó por pensar que, en realidad, España padecía una «debilidad constitucional» que la inhabilitaba como aliado. Por su parte, los franceses acabaron por darse cuenta que con algunas cesiones conseguirían una colaboración española que permitiría superar la situación de ingobernabilidad. En agosto de 1928 se llegó a un nuevo acuerdo acerca de Tánger que no suponía otra ventaja que un cierto mayor control español sobre la policía de la ciudad. También Italia mejoró levemente su situación en la administración de la misma.

Como se ha señalado líneas atrás en el planteamiento de la política exterior española estuvo estrechísimamente relacionada la cuestión tangerina con la retirada de la Sociedad de Naciones. España tenía una posición importante en este organismo, como único país neutral en la guerra, y en la práctica se mantenía con carácter permanente en él gracias al apoyo de los países hispanoamericanos. La entrada de Alemania en 1922, con la concesión a esta potencia de un puesto de ese carácter, llevó a los dirigentes españoles a hacer una similar reclamación. En 1926 España rechazó la ampliación del número de puestos permanentes y, a fin de año, inició los trámites para desvincularse de la Sociedad de Naciones. Los dirigentes españoles no hicieron, sin embargo, ningún secreto de lo que, en la práctica, eran sus pretensiones. Querían una mejora de la situación internacional de España, ya fuera mediante concesiones en Tánger o en la Sociedad de Naciones. Para la diplomacia británica, la más decisiva en la Europa de la época, ésa era «una sucia proposición» que, además, apenas ocultaba un complejo de inferioridad, puesto que nacía de un «gesto de autoafirmación». Como en el caso de Marruecos, Gran Bretaña actuó de mediadora entrevistándose Chamberlain, secretario del Foreign Office, con Primo de Rivera en aguas baleares durante el verano de 1927. La resolución del problema de Tánger tuvo como consecuencia que España volviera a la Sociedad de Naciones siendo reelegida para su Consejo, aunque sin lograr un puesto permanente. En realidad nuestro país no se había llegado a retirar por completo del organismo internacional sino que había expresado de manera estentórea su distanciamiento. En el verano de 1929 Primo de Rivera pudo satisfacer su afán por una mayor relevancia internacional al acoger en Madrid las sesiones de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de estas dos cuestiones estrechamente entrelazadas se había mostrado ingenuo, imprudente, precipitado, desordenado y obsesivo, defectos todos ellos que hicieron muy poco por mejorar la imagen de España. Consecuencia de ello fue la dimisión del ministro Yanguas. En realidad, siendo elegido de forma sistemática, nuestro país tenía mayor prestigio en los foros internacionales que con la condición de miembro permanente del Consejo. Aunque, como queda dicho, lo esencial de la política exterior española estuvo durante estos años en la relación con Francia y Gran Bretaña, lo más novedoso fue el estrechamiento de las relaciones con Portugal e Hispanoamérica, aspectos ambos en que, si pudo haber algún componente ideológico derivado de las características políticas del régimen, también se cumplieron propósitos nacionales nacidos con el cambio de siglo. En esta materia la responsabilidad principal fue del propio Primo de Rivera y no de ninguno de sus colaboradores. Así como en materias estrictamente políticas la fase final del régimen proporciona una impresión de desconcierto, en las relaciones internacionales, por el contrario, lo predominante es la sensación de plenitud. Si en determinadas materias, como el intento de mejora de la imagen internacional por el procedimiento de comprar periódicos extranjeros o las presiones sobre el Vaticano contra la predicación en catalán, se tradujo a las claras cómo era el régimen, en otras cuestiones —el establecimiento de primeros contactos con Rusia— se demostró una notable flexibilidad.

Portugal había experimentado una profunda decepción cuando, después de haber participado en la guerra mundial, encontró que su relevancia internacional no había aumentado, su situación económica era pésima e incluso sus colonias eran ambicionadas por potencias menores, como Italia y la Unión Sudafricana. Unido todo esto al hecho de que persistiera la inestabilidad política, es lógico que los habituales temores lusos al peligro español se incrementaran hasta el extremo de pedir a los británicos una muy explícita defensa de su peculiar relación con Portugal y de plantear sus planes estratégicos frente a una posible invasión española. Lo cierto es, sin embargo, que en este momento no existió por parte de España el menor deseo de intervención en el vecino país. Con la estabilización de Portugal hacia 1922, la desconfianza lusa tendió a desvanecerse pero cuando se alcanzaron unas relaciones mejores que en cualquier otra época anterior al siglo XX fue con el establecimiento, en abril de 1926, de una dictadura portuguesa semejante a la española. Aunque la reticencia lusa no desapareció por completo, el general Carmona dijo profesar gran admiración por Primo de Rivera y visitó España en 1929. Los gobernantes españoles, por su parte, intentaron hacer desaparecer el menor resquicio de intervencionismo en asuntos portugueses mientras que prodigaban muestras de simpatía, como la declaración de Primo de Rivera de que la cordialidad se debía considerar como un insuficiente estado de las relaciones entre los dos países. Fueron, así, posibles acuerdos entre ambos, como, por ejemplo, el relativo al aprovechamiento hidroeléctrico del Duero (1927) y el de conciliación y arbitraje (1928).

El interés de Primo de Rivera en la política hispanoamericana se demuestra por la realización de la Exposición de 1929, pero, antes que nada, por la reorganización llevada a cabo en el servicio diplomático, demostrativa de un importante giro, aunque no se plasmara en ningún nuevo tratado y la función de España en aquellas latitudes no pasara de ser la habitual de potencia prestigiosa, con cierta vocación tutelar. La sección de política del Ministerio de Asuntos Exteriores se dividió en dos, una ele las cuales estuvo exclusivamente dedicada a Hispanoamérica: de ella dependió una Oficina de Relaciones Culturales, lo que es significativo de cuál era el propósito español. Se crearon, además, dos nuevas embajadas (Cuba y Chile) y la de Argentina, única existente hasta el momento, fue cubierta por una personalidad intelectual importante como fue Ramiro de Maeztu. Se fundaron cuatro nuevas legaciones (hasta entonces habían caree ido ele ella países como Ecuador, Bolivia y Paraguay) y una veintena de consulados. Sin embargo, no cabe la menor duda ele que las características dictatoriales del régimen coadyuvaron a que no todos los sectores de la sociedad hispanoamericana estuvieran en condiciones de ser receptivos ante la aproximación española. En cuanto a las exposiciones de 1929 —en Barcelona y en Sevilla— pretendían ser un acto de reafirmación internacional, realizado con el apoyo del Estado. La segunda había nacido de una iniciativa local pero el apoyo estatal tuvo como propósito convertir a la capital andaluza en una especie de puente entre España y América mientras que la catalana mantenía su carácter de motor económico y vía de relación fundamental con Europa.

El Directorio civil: intentos de constitucionalización

En el epígrafe anterior hemos avanzado hasta la época final de la Dictadura porque así era preciso, dada la estrecha relación entre la victoria en Marruecos y la política exterior del régimen. Ahora, sin embargo, es preciso referirse al impacto producido por Alhucemas, decisivo en el sentido de que proporcionó permanencia a una situación política a la que no podía dársela por descontada. En su manifiesto al país, el 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera había anunciado que la nación sería gobernada por militares o por civiles colocados bajo su patrocinio. En un principio se optó por la primera solución. Primo de Rivera juró el cargo ministerial como único responsable del ejecutivo, pero se rodeó de militares en los que descargó la tarea de gobierno. El Directorio militar estaba compuesto por un general de brigada por cada región militar y un contralmirante; en total nueve personas, ninguna de las cuales había sido consultada para su nombramiento, ni tampoco representaba, en realidad, a la zona militar de la que procedía. Un decreto, a fines de 1923, estableció que el presidente del Directorio «podía encomendar el estudio e informe de los asuntos que juzgue pertinentes, por separado, a uno o varios generales del Directorio». Esta división de competencias equivalía a la de departamentos ministeriales, aunque de una forma más confusa y cambiante. Así, por ejemplo, el general Vallespinosa asumió las competencias procedentes del Ministerio de Gracia y Justicia, pero también alguna de Gobernación; el general Hermosa tuvo las de Trabajo, pero también otras de Industria, compartiéndolas con Rodríguez y Pedré, al tiempo que se ocupaba también de una función no estatal como era la organización de la Unión Patriótica y los somatenes. Las cuestiones relacionadas con el antiguo Ministerio de la Guerra estuvieron en manos de Rodríguez y Pedré y Jordana, pero este último también se responsabilizó del catastro y la reforma administrativa. El Ministerio de Estado siguió dependiendo de un subsecretario, bajo la directa supervisión de Primo de Rivera. El contralmirante Magaz, que tenía las poco absorbentes competencias de Marina, asumió la condición de vicepresidente del Directorio en ausencia de quien estaba a su frente. Como se puede apreciar, la organización del Directorio ofrecía todas las características de la provisionalidad y difícilmente hubiera podido perdurar pasado algún tiempo. Durante los primeros meses de 1925, en un momento en que Marruecos no parecía una cuestión resuelta, arreciaron los rumores de que se iba a volver a la situación constitucional. Los «viejos políticos» la reivindicaron al mismo tiempo que la Dictadura, poco convencida de tener el absoluto apoyo del Rey, no tuvo el menor reparo en intentar una absoluta identificación con la Monarquía cuando se produjo una campaña del escritor republicano Blasco Ibáñez en su contra. Alhucemas tuvo como consecuencia que se considerara agotada la situación anterior y no sólo por su confuso funcionamiento. Los propios generales del Directorio participaron a Primo de Rivera su decisión de no seguir en las mismas condiciones, porque en ellas se ponía en peligro —según ellos— la imparcialidad política del Ejército. Pero si todos —y el Rey mismo— estaban de acuerdo en la vuelta a la Constitución de 1876, al mismo tiempo hubo importantes diferencias de matiz. A diferencia de Magaz y de otros generales, e incluso del Monarca, el dictador quería partir de la propia situación política que él mismo había engendrado. No tenía unas pretensiones de dictadura permanente pero sí de punto de partida distinto, siempre dentro de un regeneracionismo que no había perdido su componente liberal.

En diciembre de 1925, con el problema de Marruecos ya encauzado, el general imaginó un paso intermedio hacia la normalidad en forma de constitución de un Directorio civil. A sus futuros ministros les explicó que se trataba de formar un gabinete, «radical y expedito en el procedimiento», para, con él, mantener la situación dictatorial concluyendo la obra regeneracionista pero con el horizonte de una vuelta a la normalidad. El problema que en estas condiciones se le planteaba inevitablemente al dictador, era cómo volver a la normalidad constitucional que siempre señaló como su objetivo final. Éste es un problema común a todas las dictaduras pero muy especialmente a aquéllas, como la de Primo de Rivera, que se consideraron a sí mismas «como un paréntesis regenerador. Si hubiera abandonado el poder en el momento de haber logrado la solución del problema de Marruecos habría obtenido el apoyo de los sectores más diversos de la política nacional, pero, como escribió Pabón, «sí una dictadura pudiera irse no sería tan grave, pero no puede marcharse ni en el triunfo ni en el fracaso; en el fracaso, porque necesita triunfar, y en el triunfo, porque el abandono carece de motivos». A esta incertidumbre respecto de la duración del régimen hay que añadir, además, la que se dio respecto del procedimiento para sustituirlo, que se fue haciendo cada vez más grave a partir de 1927.

En el gobierno de 1925 figuró como ministro de la Gobernación (y, en la práctica, vicepresidente) el general Martínez Anido, antiguo amigo del dictador, pero, como ya ha quedado señalado, la mayor parte de los ministros fueron civiles. Al seleccionar a los miembros de su gabinete Primo de Rivera hubo de recurrir a la única cantera en la España de entonces, los partidos de turno, aunque promocionó a quienes, por su juventud o por su carrera política, no habrían llegado tan rápidamente a dicho puesto. El conde de los Andes y Yanguas eran miembros del partido conservador. El primero fue, además, amigo personal de Primo de Rivera, y el segundo sólo ejerció su papel de ministro de Estado durante catorce meses, pasando luego esta responsabilidad al propio Primo de Rivera. Calvo Sotelo procedía del «maurismo» y había sido gobernador civil antes de la Dictadura, pero su ascenso se debió, sobre todo, a su papel como redactor de los Estatutos municipal y provincial. Fue el único ministro que propuso modificaciones al programa de gobierno de Primo de Rivera, siempre con un contenido liberal —como la desaparición de la censura— lo que contrasta con su evolución posterior. Aunós había sido secretario político de Cambó. Para las restantes figuras del gobierno vale, en general, la afirmación de que tenían un nivel inferior al medio de los gobiernos constitucionales, tal como escribió de ellas el duque de Majura. Este juicio vale especialmente para Ponte y Callejo, quienes proporcionaron al régimen conflictos gratuitos en Justicia e Instrucción. En cambio, no es así para Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce, un ingeniero de sólido prestigio por su planteamiento y ejecución de obras públicas, a quien Primo de Rivera conoció en Málaga y que acrecentó con su ejecutoria su significación política hasta el punto de ser luego dirigente principal del partido político heredero de la Unión Patriótica, a pesar de que sus intereses nunca fueron primordialmente técnico-administrativos. Al haber formado un gobierno civil Primo de Rivera no había hecho otra cosa que afirmar su voluntad de permanencia en el poder pero, en cambio, no había indicado un camino cierto y preciso para salir del régimen dictatorial. Ya se ha indicado que el dictador no quería aceptar una pura y simple vuelta a 1923. Eso le hizo insistir en aquellos instrumentos de poder político de su régimen. Desde fines de 1925 se produjo un relanzamiento de la Unión Patriótica que, no obstante, siguió siendo un partido ficticio, mucho más instrumento para organizar actos de masas en apoyo propio que vehículo para la aparición de nuevos sectores políticos. En ella militaron, sobre todo, elementos marginales o de segunda fila del régimen anterior, aunque también apareció una parte de la derecha posterior. La aparición del diario oficial La Nación, financiado por capitalistas contrarios a los nacionalismos periféricos, fue otro medio de reafirmación del régimen. Pero Primo de Rivera no sólo perfeccionó los instrumentos políticos de apoyo a éste sino que, además, derrotó a sus adversarios. A quien podía ser su relevo al frente de un gobierno de transición, Magaz, lo envió como embajador al Vaticano. En junio de 1926 derrotó una conspiración militar —la llamada «Sanjuanada»— que pretendía un golpe de Estado «a lo Pavía» destinado a entregar el poder a militares liberales que condujeran de nuevo a la Constitución. A este intento la Policía sumó abigarradamente sectores del mundo de la cultura y el periodismo que nada tenían que ver, a los que el dictador describiría como «libero-intelectuales». En meses siguientes, además, impuso la disciplina en el cuerpo de artillería. La mejor prueba de hasta qué punto reafirmó todo ello su voluntad de permanencia en el poder nos la proporciona una carta a uno de sus colaboradores: se sentía con «salud como un toro y con un ánimo a cien atmósferas» para seguir al frente del país. Para acabar de redondear esta frase estando en el poder se dejó nombrar «doctor honoris causa» por la Universidad de Salamanca, cuando ya se había enfrentado con el conjunto de los intelectuales españoles.

Pasado algo más de medio año desde la constitución del nuevo gobierno, en un momento en que había ya superado esas primeras conspiraciones militares, Primo de Rivera optó por una vuelta a la normalidad, que presuponía el rompimiento con la legalidad constitucional existente hasta la fecha. En el tercer aniversario de su golpe de Estado convocó una especie de plebiscito informal que consistió en que los ciudadanos partidarios de la Dictadura firmaran en unos pliegos para testimoniar su adhesión a ella. Ni el plebiscito era una fórmula prevista en la Constitución de 1876, ni hubo garantías de que el voto se expresara con autenticidad, ni de él surgieron consecuencias inmediatas. Sin embargo, Primo de Rivera afirmó haber logrado entre seis y medio y siete millones de sufragios (lo frecuentes que fueron los resultados con las tres últimas cifras en cero testimonia su inverosimilitud). Si había convocado el plebiscito en parte había sido porque periódicamente necesitaba compaginar sus afirmaciones de autoritarismo con liturgias parademocráticas y también porque de esta manera pensaba, con razón, poder influir sobre la voluntad del Monarca. La Unión Patriótica consideró, en efecto, el plebiscito como «un voto de confianza» al régimen.

Precisamente desde finales de 1926 hasta un año después se dieron los peores momentos de la relación entre Alfonso XIII y Primo de Rivera, debido a una iniciativa de éste. Desde el verano de 1926 había venido anunciando la posible convocatoria de una asamblea cuyo papel sería facilitar el camino hacia la legalidad. Un tipo de asamblea como ésta le fue propuesta, de un modo u otro, a Primo de Rivera por personas tan distintas como Maura, Ortega y Mussolini. El Rey no puso dificultades a la habitual tarea de gobierno de la Dictadura pero una fórmula como ésta tenía el grave problema de su inconstitucionalidad manifiesta y para el Monarca suponía enajenarse de modo definitivo a los políticos de turno, que sólo consideraban aceptable la convocatoria de unas Cortes elegidas por el procedimiento tradicional. El político conservador Sánchez Guerra llegó a declarar que la convocatoria de la asamblea equivalía a la conspiración militar. Una prueba de la resistencia que la disposición creadora de la asamblea encontraba en el Monarca radica en el hecho de que la cuestión quedara aplazada. Sin embargo, al dictador no parece habérsele ocurrido otro procedimiento que éste para llegar a una transición hacia la normalidad, porque un año después del plebiscito, en septiembre de 1927, convocó la citada Asamblea Nacional consultiva demostrando con ello haberse impuesto a los temores y a la propia voluntad del Rey tras toda una serie de actos públicos destinados a presionarle. Como ya había hecho antes, presentó la asamblea como un procedimiento para la vuelta a la normalidad aunque se atribuía a sí mismo determinar un plazo para llegar a ella. En un momento inicial parece haber pensado el dictador en la posibilidad de una asamblea específicamente dedicada a poner en marcha una reforma constitucional, elegida por procedimientos corporativos. La resistencia del Rey a ello le otorgó un mero carácter consultivo y gubernativo, al mismo tiempo que la dotaba de la presencia de alguna figura de la política anterior.

La asamblea aprobada definitivamente debería, en efecto, «preparar y presentar escalonadamente al Gobierno, en un plazo de tres años y con carácter de anteproyecto, una legislación general y completa que a su hora ha de someterse a un sincero contraste de opinión pública y, en la parte que proceda, a la real sanción». Como se ve por estas palabras quedaba implícita una posibilidad de que la reforma de la Constitución fuera preparada por la obra de una asamblea no nacida de la voluntad popular, mientras que, al aludirse al futuro contraste con la voluntad popular, se indicaba que ésta no tendría carácter constituyente. La resistencia del Monarca a aceptar la convocatoria de la asamblea se debió quebrar por no ver otra salida al régimen y por las presiones mencionadas. Las consecuencias fueron muy graves para él pues así se produjo una ruptura con la antigua clase política de la Monarquía constitucional. El dirigente del partido conservador, José Sánchez Guerra, se convirtió de forma inmediata en un exiliado. La Asamblea consultiva se reunió en febrero de 1928, compuesta por algo menos de 400 miembros, de los que alrededor de 150 representaban a las provincias (a través de Ayuntamientos, Diputaciones y la Unión Patriótica); unos 120, a las actividades de la vida nacional (enseñanza, actividades económicas, asociaciones, etc.), mientras que entre 50 y 60 miembros eran asambleístas por derecho propio o representantes del Estado. Dada esa composición no puede extrañar que inmediatamente la oposición afirmara que la asamblea se asemejaba a la reunida por Napoleón en 1808 para preparar el Estatuto de Bayona. La inmensa mayoría de sus miembros ocupaba el puesto de asambleísta merced a un nombramiento gubernamental y muchos de quienes procedían de elección por parte de una entidad autónoma se negaron a ocupar su puesto o se dedicaron a defender intereses corporativos sin aceptar identificarse con la labor preconstituyente para la que la asamblea había sido convocada de forma primordial. La asamblea, en fin, contó con una participación relativamente significativa de los elementos procedentes de la clase política anterior: unos 60 de sus miembros habían sido antes parlamentarios o ministros. Una cifra semejante procedía de la Unión Patriótica. El número de patronos o representantes de entidades económicas fue superior y sobre estas materias versaron la mayor parte de las interpelaciones que fomentaron la propensión corporativista de la economía española.

El nuevo organismo tenía una doble función: fiscalizar al gobierno, dentro de obvios límites que derivaban de su condición consultiva, y engendrar una nueva legalidad. La primera parte la practicó a través de debates e interpelaciones: pocas semanas después de iniciadas tuvo Primo de Rivera un enfrentamiento con un asambleísta del mundo de la cultura, Sainz Rodríguez, que llevó a éste a abandonar su puesto. Se puede calcular que el contenido de la tarea fiscalizadora no resultó incómodo al dictador, pues, como dijo Martínez Anido, el nombramiento de los asambleístas no había sido impuesto pero sí «encauzado» en los casos de elección. El propio carácter de Primo de Rivera era poco compatible con las asambleas consultivas, aun siendo dóciles. El duque de Maura, que fue asambleísta, lo describió como «todavía menos asesorable aún de lo poquísimo que suelen serlo sus congéneres, los hombres de acción». Los asambleístas gozaban de bastante libertad para la crítica al gobierno pero también alguna vez que lo hicieron el propio dictador les respondió con dureza. En la primera sesión Primo de Rivera acabó reconociendo que había respondido con excesiva violencia a un interpelante; en otra ocasión se quejó del tono insidioso y el efectismo estéril de que hacía gala un asambleísta, por supuesto nombrado por él mismo, que había tomado la palabra y, en un tercer caso, debió salvar de un inminente naufragio a una persona, el ministro de Instrucción, que había estado desafortunado en sus réplicas. Todo ello sucedió en una asamblea cuya labor se desarrollaba fundamentalmente a través de secciones y no en plenarios. De esas secciones sólo aquella dedicada a Leyes Constituyentes mantuvo un programa de trabajo continuado dirigido a la elaboración de un nuevo texto constitucional y de sus leyes complementarias. Formaron parte de ella cinco antiguos conservadores (Yanguas, Gabriel Maura, De la Cierva…) a los que se sumó el tradicionalista Pradera, dos personalidades que habían aparecido en la vida política como consecuencia de la Dictadura (Maeztu y Pemán) y un grupo de especialistas en Derecho Político; en general en esta materia hubo mayor continuidad en la composición de la sección que en la propia asamblea. Lo cierto es que, al margen de una clara propensión autoritaria, en ningún momento hubo una comunidad de criterio entre los miembros de la sección respecto del futuro régimen constitucional del país. Había en el seno de la misma quienes querían, como De la Cierva, una simple modificación de la Constitución de 1876, mientras que otros deseaban una nueva legalidad. Pradera defendía la soberanía del Rey y la representación absolutamente corporativa, en lo que discrepaba del resto; Maeztu fue el otro opositor del sufragio universal. En general, los más próximos a la Dictadura propusieron limitaciones al sufragio y al papel de los partidos pero ésta no fue la opinión de todos. El propio Primo de Rivera no puede ser considerado como el principal artífice e inspirador del anteproyecto finalmente elaborado, aunque participó en las reuniones y en aspectos como la existencia de una Cámara única fue taxativo. En todo caso, esta perplejidad de los componentes de la sección encuentra su razón de ser en el hecho de que todos ellos eran miembros de una derecha conservadora que buscaba caminos de autoritarismo pero sin haberlos encontrado aún de forma clara. Gabriel Maura, después de haber propuesto que el presidente del Consejo fuera elegido directamente por el pueblo, acabó renunciando a este planteamiento. A la altura de 1929 Primo de Rivera podía presentarse como un liberal desencantado pero todavía confeso de tal doctrina. El anteproyecto finalmente redactado contuvo limitaciones al ejercicio de los derechos, como correspondía a una Constitución autoritaria, pero, al tratar de articular una fórmula organizativa que también lo fuera, multiplicó, en la práctica, los poderes del Rey en contra de la opinión del propio Primo de Rivera. Al Monarca le correspondería el poder ejecutivo asesorado por un Consejo del Reino, que sólo en parte sería electivo. La representación nacional se hubiera realizado a través de una Cámara única, de extraña factura, en la que la mitad de los diputados serían de elección corporativa o nombramiento real en función de su cargo, resultando el resto elegidos por sufragio universal. No puede extrañar, por tanto, que el dictador mismo acabara sintiéndose decepcionado por esta fórmula que sometió a consulta a Mussolini para encontrarse que éste, aunque respondió afectuosamente, de hecho la juzgó muy distinta de los propósitos que a él mismo le habían guiado en Italia. Primo de Rivera, que trataba al fascismo con distancia pero cierta admiración, recibió de Mussolini un juicio no tan discrepante: se quedaba «a medio camino» de realizar un auténtico cambio constitucional. De esa insatisfacción del dictador participaron sus colaboradores por lo que una vez más quedó planteado el problema de cómo conseguir que el régimen se plasmara en una nueva legalidad. A fin de cuentas éste habría de ser el problema que dio al traste con el régimen dictatorial.

La política económica:
La industrialización en los años veinte

A pesar de que algunos han afirmado que el golpe de Estado de septiembre de 1923 estuvo motivado por la crisis económica del capitalismo en la primera posguerra mundial, parece cierto que ya en 1922 se había empezado a producir una recuperación de la coyuntura que la evolución de la economía internacional contribuyó a confirmar plenamente en los años siguientes. La década fue, en efecto, la de los «happy twenties», los felices años veinte, y, por tanto, a diferencia de lo que les sucedió a los gobernantes precedentes y quienes le siguieron, Primo de Rivera se vio ampliamente beneficiado por la fase ascendente del ciclo económico, común a todas las latitudes y que él mismo no había contribuido a crear. Como en tantos otros aspectos, la labor del dictador fue sometida a controversia. Desde el punto de vista liberalconservador el duque de Maura se quejó de su «incongruencia y megalomanía», constituyendo una especie de reedición del despotismo ilustrado «sin más aditamento que algún que otro perfil entre fascista y soviético»; algo parecido debieron pensar los responsables de materias económicas del gobierno de Berenguer. En la misma época, sin embargo, la Dictadura centró su propaganda precisamente en sus realizaciones económicas y para muchos éstas, junto con la solución dada al problema de Marruecos, constituyeron el aspecto más positivo de su haber. Por si fuera poco, en la historiografía económica del periodo dictatorial ha habido una tendencia a valorar tan positivamente la obra de Primo de Rivera que ésta se ha considerado un esfuerzo, aunque contradictorio, por aumentar la renta nacional y mejorar su distribución a base del incremento en los gastos reproductivos de carácter público. Se ha llegado a decir, incluso, que el régimen dictatorial fue un precedente directo de la política económica que, inspirada en Keynes, serviría a muchos de los países de Europa occidental para combatir la crisis de los años treinta (Velarde). Lo cierto es, como veremos, que la obra dictatorial tiene sus luces y sombras sin merecer juicios tan entusiastas como los mencionados, que se explican por factores ideológicos.

De lo que no cabe la menor duda es de que el fundamento de la política económica de Primo de Rivera estuvo siempre estrechamente conectado con el nacionalismo regeneracionista que también caracterizó el resto de su ejecutoria. Hay numerosísimas pruebas de ello: en el decreto por el que se crearon las Confederaciones Hidrográficas se decía, por ejemplo, que dicha disposición tenía especial sentido en la cuenca del Ebro «donde predicó el apóstol de estas ideas con las que fraguó un credo político ajeno a toda pretensión de partido y bandería, un credo que llegó a ser punto de coincidencia de las ansias regeneradoras de los españoles». Tan clara referencia a Costa se sumaba al hecho de que, mientras que a éste se atribuía el haber cumplido con la tarea de apostolado, ahora el gobierno aseguraba que había llegado el momento de las realizaciones. Los intentos de reforma de la fiscalidad fueron presentados, con talante también regeneracionista, como un proyecto de llevar «un soplo de veracidad al tributo». No sólo en este terreno, sino en muchos otros, la Dictadura fue heredera de un pasado inmediato en que, si se habían apuntado muchas soluciones, el parlamentarismo inestable del momento había sido incapaz de plasmarlas en realidades. De manera singular los gestores económicos «primorriveristas» fueron herederos de una tendencia nacionalista, intervencionista y corporativista que se remontaba a la primera década del siglo y que había venido siendo acentuada por la crisis de la primera posguerra mundial. Así como, en lo político, muchas afirmaciones de Primo de Rivera recordaban a Maura, lo mismo sucedió en el terreno de la política económica. Pero el dictador radicalizó considerablemente estas actitudes. El nacionalismo, de propensiones autárquicas, había sido una tendencia de la economía nacional a la que Primo de Rivera dio alas y trató de llevar a la práctica de manera directa e inmediata. Así, por ejemplo, en ocasiones daba la sensación de ser partidario de una planificación económica, «que responda a los intereses nacionales y tenga en cuenta las posibilidades de producción que al servicio de las mismas ofrezca la industria española». Sin embargo, el fondo ideológico de su pensamiento en temas económicos era muy simple: se basaba en el nacionalismo elemental de un militar preocupado de que en los banquetes públicos se bebieran vinos franceses o que la gente se vistiera de paño inglés. «Fortalecer el trabajo nacional es enriquecer a la Patria», decía un matasellos de correos de la época. «Pagar en dólares o en liras, comerciante, tú deliras», fue otra de las divisas. Según cuenta Calvo Sotelo, el intervencionismo del general nació incidentalmente en una ocasión en que, enterado del propósito de abrir una fábrica de azúcar en Sevilla, «no es que denegara la autorización para abrirla, es que impidió que la abriesen» por el puro y simple arbitrio gubernativo. Este tipo de actitud tenía un componente de despotismo más o menos ilustrado que en ocasiones podía caer en la absoluta arbitrariedad.

Para evitarla, con el paso del tiempo, se creó una multiplicidad de órganos consultivos a la cabeza de los cuales estaba el Consejo de Economía Nacional, constituido en 1924, del que dependía el comité regulador de la producción industrial, sin cuyo permiso no podía instalarse ninguna industria. Como es lógico, eso reducía la política económica al puro expediente administrativo sin que los factores económicos propiamente dichos jugaran el papel primordial que les correspondía. La estructura consultiva creada fue farragosa y complicada (llegó a existir un comité regulador de la importación de pieles de conejo) y acentuó la tendencia a pensar en términos políticos nacionalistas y no en los estrictamente económicos. Con el paso del tiempo se demostró que si el modelo político del dictador tenía sus limitaciones, algo parecido le pasaba al económico.

El proyecto de Primo de Rivera debe ser enmarcado, en primer lugar, en el intento de combatir la crisis económica heredada de la Primera Guerra Mundial, acentuando una tendencia surgida a partir de 1918. Esa estructura consultiva de carácter corporativo favoreció el proteccionismo frente al exterior y la restricción de la competencia. En abril de 1924 una ley determinó los auxilios concedidos para favorecer la producción industrial. En cuanto a la protección arancelaria era ya muy fuerte después del arancel Cambó de 1922 y no fue necesario (ni tampoco posible) aumentarla. Dicho arancel había servido no sólo como barrera comercial sino también para negociar algunos tratados comerciales bilaterales mutuamente beneficiosos que fueron suscritos en los primeros años del gobierno de Primo de Rivera: aunque el Consejo de Economía Nacional recomendara un proteccionismo «integral», eso no era posible ya que hubiera supuesto represalias en los precios de productos que España inevitablemente necesitaba. El comercio español tuvo una evolución negativa por las importaciones destinadas a la política de obras públicas; las exportaciones de productos alimenticios aumentaron mientras que disminuyeron las de minerales. El intervencionismo en materia económica tuvo su máxima expresión con la creación, a fines de 1926, de un «Comité regulador de la Producción industrial», cuyo resultado real fue promover la limitación de la competencia.

Quizá aquel aspecto en que, de modo más patente, se demostró el nacionalismo de Primo de Rivera fue en la creación del Monopolio de Petróleos. En realidad este proyecto se remontaba a 1917 y en todos los países, con muchos matices, se siguió en este terreno, durante los años veinte, una política intervencionista por parte del Estado. En teoría, CAMPSA, creada en junio de 1927, debía ocuparse de la adquisición de yacimientos, transporte y refino, pero su finalidad primordial, y casi única en los años veinte, fue proporcionar un alivio a las necesidades fiscales. En sus memorias Calvo Sotelo se refiere a las presiones que tanto él como Primo de Rivera sufrieron por parte de las grandes compañías petrolíferas internacionales como consecuencia de la nacionalización, pero lo cierto es que, aunque Deterding, uno de los magnates mundiales, visitara a ambos y el mercado español fuera mayoritariamente controlado por la Standard y la Shell, su importancia era relativamente pequeña y a las empresas petrolíferas les preocupaba, sobre todo, que el ejemplo español fuera seguido por otros países de mayor peso específico en el mercado mundial. El bloqueo de las compañías internacionales tuvo como consecuencia que, al principio, CAMPSA debiera recurrir a las importaciones de petróleo ruso, que ya habían sido iniciadas por March, dueño de la principal compañía de refino española. En definitiva, el monopolio tuvo una amplia repercusión en la historia de la economía nacional; probablemente mejoró el servicio y alivió las dificultades presupuestarias, pero queda pendiente la resolución del interrogante de hasta qué punto no habría resultado más oportuna una intervención estatal en vez de la nacionalización, tal como hicieron muchos otros países europeos. Hay que tener en cuenta, en fin, que hubo otro terreno en que la Dictadura se mostró muy ajena a esa fiebre nacionalizadora. En agosto de 1924 la empresa norteamericana ITT logró la concesión del servicio de telefonía. Meses antes se había producido la constitución de la Compañía Telefónica; la empresa norteamericana fue su primera accionista y, además, era entonces la única capaz de proporcionarle los recursos tecnológicos necesarios. Esta última razón parece haber sido el factor decisivo para que Primo de Rivera aceptara hacer una excepción en su habitual defensa del nacionalismo económico. Así testimonió no sólo exceso de voluntarismo sino también tendencia a caer en la contradicción.

Todos estos aspectos de la política económica pueden ser considerados, en su mayor parte, como dirigidos a combatir los efectos de la crisis pero hubo también un componente más positivo, apreciable en la labor de reactivación económica que, como cabía esperar, se fundamentó de nuevo en el programa del regeneracionismo. Allí donde fue más visible —la política hidráulica— el dictador, como en tanto otros aspectos, se basó en proyectos anteriores. El ingeniero aragonés Lorenzo Pardo propugnó la creación de Confederaciones Hidrográficas, destinadas al aprovechamiento integral (energético, de riegos y de transporte) de las cuencas fluviales; con ello pretendía asegurar los riegos existentes y triplicarlos a medio plazo. Durante la Dictadura se puso en marcha la Confederación del Ebro, gracias a la cual mejoraron 100 000 hectáreas de riego y se crearon 70 000 nuevas. Pardo siempre dejó clara su inspiración: Costa «abrió y cerró el ciclo de apostolado» acerca del riego y ahora se trataba de llevarlo a la práctica. A partir de 1927 las Confederaciones se extendieron por el resto del territorio peninsular, aunque no llegaron a tener un papel de tanta relevancia como originariamente estaba previsto. En teoría dichos organismos debían tener una organización interna democrática pero, como en otras ocasiones, esa vertiente del regeneracionismo fue pronto olvidada. Las Confederaciones, de un modo parecido a otras iniciativas de la Dictadura, se financiaron como cajas autónomas capaces de emitir empréstitos con el aval del Estado. Otro aspecto importante de la política de reactivación económica impulsada por el régimen se refirió a las vías de comunicación. Obra de Guadalhorce (propulsor, también, de la política hidráulica) fue la creación en 1926 del Circuito Nacional de Firmes Especiales que, administrado por un patronato, gestionaba unos 7000 kilómetros de carreteras que también el Estado contribuyó directamente a construir. En total pueden haberse puesto en uso unos 2800 kilómetros nuevos de carreteras. La creación de este patronato parece haber estado motivada, en parte, por el deseo de atraer el turismo y por ello tiene su lógica que se hiciera una gran propaganda de las carreteras españolas en el exterior, en especial en Gran Bretaña. Tanto el automóvil como el turismo aparecieron en España en estos tiempos como fenómeno social y síntoma de modernización pero en lo que respecta al segundo lo que se produjo, como en tantas ocasiones durante la Dictadura, fue una estatalización de una iniciativa que tenía, en el pasado, un carácter autónomo. En los ferrocarriles se inició el camino del intervencionismo mediante el Estatuto de julio de 1924, que tenía sus antecedentes en disposiciones pensadas, pero no puestas en práctica, en el periodo constitucional. El Estatuto iniciaba el camino que, con el transcurso del tiempo, inevitablemente debería llevar a la nacionalización, pero por el momento significaba la racionalización, aunque a costa de que el Estado asumiera como competencia la renovación de la red.

Como en el caso de la política hidráulica, también la de transportes fue financiada a base de cajas autónomas. Este hecho nos pone en contacto con uno de los aspectos más discutibles de la intervención del Estado en la política económica: la financiación del gasto. Éste se logró mediante «una compleja y confusa maraña de empréstitos» con aval del Estado atribuidos a organismos autónomos y remitidos a un presupuesto extraordinario para que el ordinario resultara equilibrado. En cambio, pese a lo que afirme Calvo Sotelo en sus memorias, la realidad es que el incremento de la recaudación sólo alcanzó cotas discretas, pasando de unos 2600 a 3700 millones. La razón estriba en que no se produjo una reforma fiscal que podría haber tenido unos efectos muy positivos, tanto desde el punto de vista social como desde el económico. Al convertirse Calvo Sotelo en ministro de Hacienda enunció un plan de altos vuelos que suponía convertir los impuestos del producto en impuestos sobre la renta, aumentar los relativos a las rentas no ganadas con el trabajo, crear otros sobre las tierras incultas, etc. Su labor, sin embargo, debió limitarse finalmente a tan sólo «un leve retoque» sin que los principales problemas, según sus propias declaraciones, fueran «abordados a fondo». Primo de Rivera y Calvo Sotelo estaban dotados de buenas intenciones (también de arbitrismo, porque el primero llegó a pensar en la posibilidad de crear un impuesto único evaluado por juntas ciudadanas) pero sus propósitos se encontraron con una oposición aguda, virulenta y nerviosa de los sectores conservadores que les apoyaban. Las medidas para perseguir el fraude fracasaron y un intento modesto de introducir el impuesto sobre la renta (noviembre de 1926) debió ser prontamente abandonado. Como tantas veces le sucedía a la política regeneracionista una primera manifestación taxativa —se previo incluso la expropiación de propiedad agraria en caso de falsedad— acabó sustituida por el puro mantenimiento de la situación. En suma, fue la Deuda el gran motor de la expansión industrial: contando con la de carácter local, la cifra total alcanzó los 5600 millones. Para quienes defendían una política presupuestaria ortodoxa esta cifra era un testimonio de exceso y despilfarro y ese juicio quizá resulta válido para determinadas manifestaciones, como las Exposiciones Universales de 1929. Calvo Sotelo, sin embargo, aseguró que el endeudamiento del Estado seguía sin ser excesivo y argumentaba que él mismo había llevado a cabo una importante consolidación de la Deuda. A corto plazo, con todo, el efecto de la política económica de Primo de Rivera sobre la producción industrial fue muy positivo. Durante el periodo dictatorial se pasó del índice 84 al 141 y los incrementos fueron especialmente sensibles en hulla, cemento, electricidad, industrias químicas y siderometalúrgicas; en otros apartados industriales, como la industria textil, el crecimiento fue menor. El gran beneficiario de este desarrollo industrial fue, sin duda, el sector más pudiente de la sociedad española. De los años veinte data, en efecto, la conversión de la banca española (fundamentalmente la madrileña, el Hispano y el Español de Crédito) en una banca nacional. La banca contribuyó indirectamente a propiciar la emisión de deuda y sus cinco primeras entidades quintuplicaron sus operaciones. También de estos años es la consolidación de la banca oficial (Crédito local e industrial) así como de las Cajas de Ahorro. Todo ello contrasta, sin duda, con la modestia de las transformaciones sociales: tan sólo unos 4000 colonos habían sido asentados en 21 000 hectáreas previamente adquiridas cuando precisamente el problema agrario habría de ser de primordialísima importancia durante la II República.

Obviamente, la ausencia de transformación social podía poner en peligro la posibilidad de desarrollo de la industria textil, pero, además, al final de la década eran patentes otras limitaciones del modelo económico «primorriverista». El déficit presupuestario pudo ser enmascarado y, en todo caso, no era algo infrecuente en la historia de la Hacienda española pero, además, en este momento el desequilibrio de la balanza de pagos se agravó, al aumentar las importaciones y disminuir las remesas de los emigrantes. La prueba evidente, pero no comprendida por el general dictador, fue la crisis de la peseta en los últimos años del régimen. Primo de Rivera a quien, según dijo, había «alegrado el ánimo» la alta cotización de nuestra moneda vio, en definitiva, que si no había sido capaz de poner en marcha un modelo político nuevo, el económico se le había agotado ya en 1929. Mezcla de simplismo arbitrista, excesos intervencionistas, propensión al monopolio y al recorte de la competencia, ese sistema no supo afrontar la crisis de la peseta.

Política social

El programa de Costa y de todos los apóstoles del regeneracionismo político había tenido una serie de facetas sociales que Primo de Rivera no podía olvidar. En este terreno las opiniones del dictador fueron tan convencionales como paternalistas y, desde luego, nunca pretendió una radical transformación social, como hemos podido constatar al tratar de la distribución de la propiedad agraria. El latifundio «sobre el que tanto y con tanta ignorancia se ha hablado —dijo— es sitio para la explotación racional y científica de grandes extensiones y el modo más adecuado de producir con mayor economía». Pero, a pesar de ello, y del hecho de que las fuerzas patronales desde un primer momento mostraron su satisfacción por el golpe de Estado, al mismo tiempo Primo de Rivera prometió ante los sectores obreros una actitud de intervención estatal que de hecho había puesto en práctica en repetidas ocasiones. El calificativo «paternalista» resulta el más propio porque, en efecto, si existió un rasgo que pueda caracterizar la posición del régimen dictatorial fue su voluntad tutelar.

Esos rasgos se dieron antes de que el ministro Eduardo Aunós ocupara la cartera de Trabajo y vertebrara teóricamente lo que pretendía hacer el régimen dictatorial. De acuerdo con la habitual tendencia en el régimen, en abril de 1924 se creó un alto órgano consultivo, el Consejo Nacional de Trabajo, Comercio e Industria. Poco tiempo después, siguiendo una marcada propensión intervencionista, el Instituto de Reformas Sociales que, con autonomía y participación de sectores muy diversos, había impulsado la legislación social así como la inspección de las condiciones laborales, quedó integrado en la estructura administrativa del Ministerio de Trabajo. El Código de Trabajo, aparecido en agosto de 1926, pretendía ser el primer elemento de una nueva codificación social más vasta, que no llegó a realizarse por completo: no acogió en su seno la totalidad de la legislación laboral sino tan sólo la relativa a cuatro cuestiones fundamentales (el contrato de trabajo, de aprendizaje, la regulación sobre accidentes laborales y los tribunales industriales). La opinión de los especialistas resulta favorable a este tipo de disposiciones. Por otro lado, la Dictadura no se limitó a recopilar disposiciones anteriores sino que promulgó otras nuevas, partiendo de ese criterio tutelar. De ahí, por ejemplo, la creación, en 1926, de la Medalla del Trabajo; en la disposición legal por la que tuvo origen se afirmaba, con lenguaje muy característico, que «irradia del trabajo una profunda espiritualidad». Dentro de esta concepción adquiere su sentido la creación por Real Orden, en julio de 1925, de una comisión interministerial para proponer la adopción de medidas legislativas o de estímulo a los esfuerzos privados para combatir el alcoholismo, la tuberculosis, las enfermedades venéreas o la práctica de los juegos de azar.

Probablemente, si disposiciones como las citadas hasta ahora dan buena cuenta del significado ideológico de la obra dictatorial, en el terreno en que su obra pudo resultar más positiva es en el de la promoción de una nueva legislación social que complementara la existente hasta entonces. En septiembre de 1924 se creó el llamado Tesoro del Emigrante y la Dirección General de Emigración; en junio de 1926 se aprobó el subsidio de familias numerosas y en 1929 el seguro de maternidad. Estas medidas constituían el normal desarrollo de la legislación previa y sólo en parte se aplicaron (éste fue el caso de la última). Desde mayo de 1928 empezaron a homologarse en España los principios internacionales de Derecho del Trabajo y en el anteproyecto constitucional hicieron por vez primera su aparición los llamados derechos sociales. En otros muchos terrenos, como el de la vivienda popular, el descanso de la mujer obrera o la enseñanza profesional, la Dictadura amplió la legislación hasta entonces vigente.

Sin embargo, probablemente lo más importante de la obra social de Primo de Rivera, lo más criticado y también lo más definitorio de cuanto pretendió hacer fuera la organización corporativa. El duque de Maura la describió como «una máquina ideada por el dictador para burocratizar el movimiento obrero al socaire de la Dictadura». El juicio es malintencionado, aparte de lastrado de un ideario conservador; por otro lado, no se trataba sólo de una medida de Primo de Rivera para lograr una supuesta popularidad en los medios sindicalistas. En el fondo, la petición de organismos de carácter mixto entre patronos y obreros se remontaba a los primeros años de la posguerra y había sido propiciada desde puntos de vista muy dispares; además coincidía tanto con la legislación social de varios países como con la voluntad armonizadora de Primo de Rivera, para quien «no se trata ya de que los distintos elementos sociales luchen ni contiendan sino que se articulen y colaboren». La organización corporativa fue creada en noviembre de 1926 y en el prólogo de la disposición que la vio nacer se decía que respondía a «un pasado español tan lleno de grandeza como de enseñanzas». Sin embargo, el hecho de que en el mes de abril precedente Aunós hubiera visitado Italia ha hecho pensar a algunos que se trató, en realidad, de una imitación de la legislación corporativa italiana. No es, sin embargo, así y ello por una razón obvia: en esta fecha todavía no se había articulado una fórmula corporativa fascista propiamente dicha, que sólo llegaría a plasmarse en la realidad entrados los años treinta pues hasta el momento lo único que había hecho Mussolini era agrupar los sindicatos en corporaciones.

Partiendo de que el modelo fascista final supuso la pura y simple sumisión al Estado y el Partido, el sistema de la Dictadura «primorriverista» tuvo «rasgos propios» (Madariaga), pero éstos no fueron tan originales, porque partieron de una cierta tradición social católica. Ésta, en el pasado, había defendido la doctrina del sindicato libre y la corporación obligatoria. En Italia muy pronto desapareció, de hecho, la libertad sindical y la corporación fue un instrumento político del fascismo que llegó a alcanzar relevancia constitucional. En España, la corporación se basaba en el sindicato libre, pero, al mismo tiempo, a diferencia de lo que era la tesis católica, estaba «tutelado y condicionado» por el Estado, de acuerdo con la definición de Aunós. Por tanto, manteniendo un tipo de inspiración distinta del fascismo tampoco se identificaba totalmente con la tesis católica. En este terreno, como en otros, la Dictadura parece haber titubeado entre una fórmula de derecha tradicional y otra más proclive al autoritarismo moderno. Aunós, en definitiva, pensaba que el corporativismo significaba una reacción frente al Estado individualista basada en la disciplina y la jerarquía, pero puso como modelo no sólo a Italia sino también determinadas experiencias belgas y alemanas.

La organización corporativa tuvo como célula primaria el comité paritario, que adquirió el carácter jurídico de corporación de derecho público. El segundo peldaño de aquélla estaba constituido por las comisiones mixtas provinciales y un tercer grado organizativo eran los consejos de corporación, órgano superior de cada oficio. En cada uno de estos tres peldaños existió una representación igual de patronos y obreros, ejerciendo la función presidencial una persona de nombramiento gubernamental, que en muchos casos fue, de hecho, un miembro de la Magistratura, lo que resultaba muy acorde con la propuesta del reformismo social católico del momento. En un principio la organización corporativa se extendió a todo tipo de trabajos, con la excepción del realizado a domicilio, las profesiones liberales o el servicio doméstico, pero también en el mundo agrícola la organización corporativa tuvo una aplicación más restringida. Más adelante se reglamentó la organización corporativa del trabajo domiciliario e incluso fue ampliado el principio en que se basaba la regulación de las relaciones entre inquilinos y propietarios de viviendas. Los comités paritarios tenían abundantes precedentes en el panorama legal español, en el que existían ya los tribunales industriales, pero ahora esa fórmula se aplicó de una manera mucho más generalizada y, sobre todo, alcanzó un ámbito de aplicación muy superior. Los comités podían tratar, en efecto, de todas las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo sin necesidad de que existiera ningún tipo de situación conflictiva previa.

La organización corporativa fue ampliamente criticada, pero muchas de las razones esgrimidas para hacerlo carecen de fundamento. Desde los sectores conservadores se le acusó de estar dominada, en lo que respecta a la representación obrera, por el partido socialista, pero esto no fue así siempre y, cuando lo fue, resultaba inevitable. En puridad el sindicalismo libre tuvo preeminencia en la organización corporativa en Cataluña y Levante, el católico en Navarra y Castilla, y en el resto de la geografía peninsular este papel le correspondió al socialismo, simplemente porque tenía mayor fuerza, al haberse marginado el anarquismo. Es muy posible, por tanto, que el panorama geográfico descrito respondiera a la pura simple realidad española del momento. Otras críticas resultan más fundamentadas. Resulta probable que no existiera un adecuado censo de asociaciones profesionales y no cabe la menor duda de que la organización corporativa pecó en exceso de burocratismo, pecado habitual en el régimen. El hecho de que la presidencia fuera ejercida por persona de nombramiento gubernamental inevitablemente la sesgaba en un determinado sentido.

Es muy posible que la organización corporativa contribuyera, al menos en parte, a la paz social de la época dictatorial, a pesar de no ser el motivo principal de ella. Primo de Rivera no prohibió las huelgas pero la reforma del Código penal de septiembre de 1928 declaró ilegales las que no fueran relativas a cuestiones estrictamente económicas. Sin embargo, su número se redujo drásticamente: de las 1060 huelgas registradas en 1920 se descendió a 89 en 1928. Sin duda el hecho de que se hubieran constituido casi 500 comités paritarios contribuye a explicar esta realidad, también justificada por la desaparición del sindicalismo subversivo. De todas maneras, los beneficios principales obtenidos por la clase obrera en la etapa dictatorial derivaron mucho más de la estabilidad del empleo y de la extensión de la seguridad social que de la mejora de las condiciones de trabajo lograda a través de la negociación. El nivel de los salarios parece haber permanecido estable, incluso con cierta tendencia a la baja: de 52 oficios, 18 aumentaron sus jornales, 6 los mantuvieron y 28 los vieron disminuir. Pero no existió un problema grave de paro, como en los venideros años treinta.

Dictadura y movimiento sindical

Para los opositores a la Dictadura constituyó «un continuo motivo de asombro» (Gabriel Maura) el hecho de que el nuevo régimen encontrara escasas dificultades con el movimiento sindical cuando tan graves habían sido éstas en la etapa constitucional anterior. Una buena parte de las razones reside en que, a partir de un cierto momento, la mejora de la situación económica contribuyó a hacer desaparecer la tensión. Sin embargo, aun así, no deja de llamar la atención la disparidad entre la gravísima protesta social existente entre 1919-1923 y su casi instantánea desaparición con posterioridad. Se podría pensar que la Dictadura empleó drásticos procedimientos persecutorios contra los sindicalistas, pero esto sería ignorar la verdadera condición del régimen de Primo de Rivera. Es cierto que el régimen mantuvo el estado de guerra hasta mayo de 1925 pero en eso no resultó tan diferente del pasado pues, a fin de cuentas, en los cinco años anteriores las garantías constitucionales sólo habían estado vigentes durante dieciséis meses (nueve en Cataluña).

En realidad el dictador siempre pretendió que los socialistas colaboraran con él y durante una parte de su mandato lo logró: a lo sumo se limitó a restringir su propaganda o a tenerla vigilada pero consideró siempre contraproducente cualquier propósito represivo. Con respecto a anarquistas y comunistas actuó de una forma más persecutoria pero, sobre todo, lo hizo contra los dirigentes más proclives a la actuación subversiva y, en cambio, fue mucho más tolerante en otros casos. Durante el periodo dictatorial pudieron seguir apareciendo publicaciones de esta significación pues, en realidad, el régimen tenía su principal aliado en el sectarismo o la división de estas dos fórmulas sindicales. Es muy posible que en la paz social de la época jugara un papel decisivo la sensación de que el orden iba a ser impuesto desde arriba, mucho más que el contenido concreto de las medidas de orden público que se tomaron. En cualquier caso, asombra la rapidez con la que se consiguió restaurar el orden público. Martínez Anido fue el responsable del mismo casi desde el principio, pero si antes sus métodos en Barcelona habían sido por completo contraproducentes ahora no fue éste el caso, signo evidente de que el cansancio de la gimnasia revolucionaria fue más importante que los procedimientos drásticos empleados contra ella. Basta con la mención de unas cuantas cifras para demostrar el cambio producido en este terreno: en los cinco años anteriores al golpe de Estado en España había habido 1259 atentados, pero sólo hubo 51 en los cinco posteriores; las cifras en Barcelona fueron, respectivamente, de 843 y 30. Es probable que lo más espectacular de las relaciones entre movimientos obreros y Dictadura sea la supuesta o real colaboración del partido socialista. Resultó este hecho una cuestión muy debatida, tanto en ese mismo momento como después, y probablemente resulta difícil de entender si se parte de una concepción simplista acerca de lo que fue el régimen dictatorial y de la situación del PSOE en 1923. El socialismo español era un movimiento político muy consciente de su propia fragilidad y tenía motivos para serlo: a comienzos del régimen dictatorial dieciséis países europeos tuvieron diputados socialistas en el Parlamento y de ellos España era el que tenía el porcentaje menor, el 2 por 100, a pesar de que en las últimas elecciones los socialistas, con sólo el 15 por 100 de los votos, habían conseguido vencer en Madrid. En el origen de esta actitud defensiva hay que situar la existencia de otros movimientos sindicales de mucho mayor número de efectivos en el periodo inmediatamente anterior a la posguerra mundial pero también la propia decadencia cuantitativa del partido, que pasó de 54 000 a 9000 afiliados en el periodo 1920-1923. Culpable de ello fue el abandono de la militancia más que la propia escisión comunista. En ese último año el partido fundado por Pablo Iglesias carecía de posibilidades de aliarse con nadie: se había roto la colaboración sindical y también la conjunción con los republicanos. Además, el golpe de Estado se presentó a los ojos de los dirigentes socialistas no como engendrador de algo semejante a una dictadura fascista sino como el desplazamiento de una clase política corrupta con la promesa de una vuelta a una situación liberal. Un socialista de esta época, Ramos Oliveira, pudo afirmar que el nuevo régimen era «un progreso respecto de lo abolido». La habitual tendencia de los socialistas españoles a juzgar que debían pronunciarse en sentido revolucionario a largo plazo pero, en la práctica, mostrarse partidarios de un reformismo pragmático, contribuye también a explicar su posición en estos momentos. «Serenidad, sí, indiferencia, no», decía el editorial de El Socialista el día del golpe, con un lenguaje no muy proclive a fomentar que hubiera resistencia en la calle. Aseguró no tener «ningún vínculo» con lo sucedido pero aconsejó a la masa obrera abstenerse de «movimientos estériles», con lo que hacía referencia a la posición que en este mismo momento adoptaron los anarquistas y comunistas. En meses y años posteriores la relación entre el PSOE y el régimen varió considerablemente, aunque mucho más por la actitud del primero que del segundo. La propaganda de Primo de Rivera insistió periódicamente en que el único partido honesto y real de la etapa anterior al nuevo régimen era el socialista, que mantenía una posición mucho menos agresiva contra él que la que pudiera tener, por ejemplo, la vieja política liberal o conservadora. Hubo también algunos momentos en que Primo de Rivera insinuó que podía crear un nuevo sistema de turno que tuviera como ejes fundamentales la Unión Patriótica y el socialismo. Pero el dictador también temió periódicamente que el PSOE se decantara en un sentido revolucionario. Para él, con lenguaje de sabor paternalista, el asociacionismo obrero sólo tenía sentido «para fines de cultura y protección y mutualismo y aún de sana política pero no de resistencia y de pugna con la producción». Cuando hizo estas declaraciones pensaba ya que los socialistas se dedicaban «a avinagrar el ánimo de los obreros».

La posición de los socialistas respecto del autor de estas palabras resultó menos clara, entre otros motivos porque acabaron teniendo, en relación con la Dictadura, un importante motivo de división interna. Aquéllos que habían actuado en el medio parlamentario, que se identificaban con el republicanismo o que se decían herederos de la tradición liberal, como era el caso de Prieto o De los Ríos, fueron, desde un principio, opositores cerrados y decididos al «primorriverismo», aunque estuvieran en minoría en su partido durante la mayor parte del régimen dictatorial. Quienes, como el dirigente minero asturiano Manuel Llaneza, representaban a un sector social con graves problemas y que, por ello mismo, debían negociar una salida con el gobierno, practicaron el colaboracionismo desde una fecha muy temprana. El rumor de que Primo de Rivera pensara en Llaneza para el Ministerio de Trabajo carece de sentido pues las relaciones de éste con el dictador se limitaron estrictamente al aspecto indicado. Muy probablemente, los sectores sindicalistas del partido estuvieron mayoritariamente de acuerdo con esta postura pragmática; tan sólo en Valladolid parece haber habido una discrepancia seria al respecto. En este contexto debe explicarse la visita del duque de Tetuán, gobernador militar de Madrid y una de las personas que habían participado en el golpe de Estado, a la Casa del Pueblo madrileña, en noviembre de 1924. Dos acontecimientos pudieron influir de manera importante en que esta actitud se consolidara como mayoritaria. La victoria de los laboristas en Gran Bretaña fue interpretada como un testimonio irrefutable de que, a medio plazo, la táctica gradualista iba a triunfar y no como una demostración de que era necesario identificarse a rajatabla con los principios de la democracia representativa. Francisco Largo Caballero juzgó, además, que era necesario un partido socialista más estrictamente sindical, sin la separación hasta entonces existente entre PSOE y UGT. Esta actitud favorecía el colaboracionismo frente a la actitud de apartamiento acentuadísimo que Prieto reclamó. En 1925 murió Pablo Iglesias, quien probablemente estaba de acuerdo con la posición colaboracionista, pero su sustitución por Julián Besteiro no hizo sino consagrar una situación de hecho que venía dándose desde hacía tiempo. Besteiro, por un lado, repudiaba cualquier tipo de régimen burgués, pero estaba también dispuesto a una colaboración parcial en aquellos aspectos que le interesaran al socialismo fuera cual fuera el tipo de régimen existente. Todo ello equivalía, en la práctica, a no hacer distinción entre los gobiernos constitucionales y el de Primo de Rivera.

El predominio de la actitud colaboracionista —«un pragmatismo casi ilimitado», la ha denominado un historiador— fue muy marcado hasta el momento de la convocatoria de la Asamblea Nacional e incluso duró más allá, para sólo modificarse radicalmente en los últimos meses de vida del régimen. Cuando el Instituto de Reformas Sociales se convirtió en Consejo de Trabajo los vocales obreros socialistas pasaron a él y, ampliado el Consejo de Estado con una representación del de Trabajo, se integró un vocal de representación obrera, Largo Caballero, elegido por los miembros de su partido que figuraban en aquél. Desde el punto de vista de los reglamentos internos de la UGT su actuación había sido ortodoxa, pues su elección provenía de los obreros de su propio sindicato y no del gobierno, pero Prieto y De los Ríos protestaron y el segundo dimitió de su puesto en la ejecutiva del partido socialista. Largo Caballero, como para marcar distancias, se limitó a tomar posesión de su puesto sin el chaqué habitual. Aparte de la elección por los propios obreros hubo otro requisito de los socialistas para su participación en organismos consultivos: la ausencia de los sindicatos que ellos consideraban como amarillos (católicos y libres) o de personalidades como la de Martínez Anido, que en las Cortes habían sido merecidamente atacadas por los diputados socialistas. Por eso los socialistas no estuvieron en el Consejo de Economía Nacional, la Conferencia de la Minería o la Junta Central de Abastos. En todo caso, esta actitud colaboracionista, nacida de una posición defensiva, no proporcionó al socialismo especiales ventajas. No es cierta la afirmación según la cual habría sido el único partido que mantuvo y acrecentó su organización durante la etapa dictatorial y que, gracias a ello, estuvo en unas condiciones especialmente buenas al final de la misma. El número de los afiliados a UGT pasó tan sólo de 210 000 a 223 000 en el periodo 1923-1927. El cambio más significativo en su procedencia puede ser una cierta disminución del número de campesinos, sector social en que se pasó del 31 al 24 por 100 del total, mientras que otras categorías crecían. El número de afiliados al PSOE permaneció estancado en torno a 8000 hasta el momento de aproximarse la fase final del régimen. Un rasgo muy característico del socialismo durante esta etapa es el haber considerado como un elemento cardinal de su proyecto y estrategia la profundización educativa y cultural de sus afiliados. En esto su actitud fue relativamente semejante a la de los nacionalistas periféricos.

Cuando fue convocada la Asamblea Nacional se inició el despegue de los socialistas, que no aceptaron los puestos que les habían sido atribuidos en ella sin elección de su propio grupo político; hubo, sin embargo, un pequeño sector del partido dispuesto a hacerlo (Tritón Gómez, Saborit). En 1929, sin embargo, una drástica ruptura tuvo lugar cuando Primo de Rivera, ya en el declive de su dictadura, estuvo dispuesto a aceptar en la Asamblea a cinco representantes de la UGT, que en esta ocasión ya serían elegidos por ella misma. Ahora la propuesta no sólo no fue aceptada sino que, además, en el congreso del partido inmediatamente posterior, el PSOE se declaró a favor de la República. En estos últimos tiempos del régimen hubo también prácticas represivas en contra de sindicalistas socialistas. En este cambio del socialismo hay que atribuir un papel muy importante a Largo Caballero. La posición oportunista que siempre mantuvo le hacía tener muy en cuenta la evolución de los sectores obreros respecto del régimen. Si en un primer momento había sido relativamente pasiva ahora era mucho más beligerante en su contra y esto contribuyó a cambiar su actitud. La dinámica de la CNT durante el periodo dictatorial fue, por supuesto, muy diferente aunque no se debe pensar tampoco que en este caso hubiera una persecución a ultranza. Hay que partir de que, en buena medida, la CNT se había destruido a sí misma antes de que llegara al poder Primo de Rivera y que el sector terrorista se encontraba cada vez más distanciado de los sindicatos, ejerciendo un predominio que estaba destinado a desvanecerse con la instalación en el poder de un gobierno dispuesto a ejercer la autoridad aún mezclándola con la arbitrariedad. De hecho, la política de la Dictadura no fue en los inicios tan duramente persecutoria. Consistió en aumentar gradualmente la presión haciendo que los sindicatos cumplieran la legalidad vigente en lo que se refería a la publicidad del destino de sus cotizaciones, disposición aprobada meses antes del golpe de Estado. Además, el régimen hizo siempre una política muy discriminatoria procurando que los sectores más radicales de la CNT quedaran acéfalos o en la semiclandestinidad y que los más sindicalistas no sufrieran las trabas previsibles en un régimen dictatorial. Quizá más que la represión sufrida lo que caracterizó la vida de la CNT en estos años fue la demostración de que, frente a lo que pudiera pensarse por su trayectoria anterior, no era invencible en el caso de que se la persiguiera, pero el plazo relativamente corto en que fue sometida a este trato posibilitó que al final del régimen se produjera una reconstrucción muy rápida.

Con esa política la Dictadura logró agravar la discordia existente en su seno desde hacía tiempo entre quienes practicaban el terrorismo y quienes, sindicalistas, mantenían una posición cada vez más abierta al posibilismo. Esta actitud, adoptada por Peiró y, sobre todo, por Pestaña, llegó a propugnar la presencia en los comités paritarios e incluso la formación de un partido político. La polémica entre los dos sectores se llevó a cabo en unas condiciones peculiarísimas que parecían dar la razón a los maximalistas. Se puede pensar, en efecto, que de producirse la polémica a la luz pública el resultado hubiera sido diferente.

El primer momento en que se planteó la división entre los dirigentes del anarcosindicalismo fue poco después del golpe de Estado, cuando se decidió pasar a la clandestinidad, sin que todos aceptaran esta táctica. Meses después, el asesinato de un verdugo en Barcelona (mayo de 1924) tuvo como consecuencia que la persecución arreciara y que se prohibiera el principal periódico confederal, aunque otros perduraran. También la intentona —a fines de ese mismo año— de Vera de Bidasoa, en que tomaron parte jóvenes anarquistas supuso el incremento de la represión, la emigración de parte de los dirigentes y la actuación desde una clandestinidad que, de hecho, era cada vez más inocua para el régimen. En una situación como ésta el debate interno del movimiento anarquista se centró en lo que fue denominado como la «trabazón», es decir, la relación entre sindicato y la específica organización anarquista. La respuesta fue la creación, en julio de 1927, de la Federación Anarquista Ibérica, que se significó inmediatamente y, sobre todo, con posterioridad, por su posición insurreccionalista. Fue, en definitiva, el resultado de toda una evolución. Este sector resultó el mayoritario, habiéndose dividido también los posibilistas ante una situación cada vez más difícil para tratar de poner en práctica sus doctrinas entre quienes estaban dispuestos a fundar un partido, como Pestaña, y quienes se resistían todavía a hacerlo. En realidad, desde 1868 los anarquistas habían contado con organizaciones secretas destinadas a mantener la pureza doctrinal e impulsar a los sindicatos hacia la revolución. Ahora, además, la política dictatorial marginaba a quienes no estaban dispuestos a colaborar con las instituciones y perseguía a los revolucionarios impidiendo el cambio espontáneo hacia el sindicalismo. Desde 1928 el antiguo anarcosindicalismo había evolucionado en su totalidad hacia la conspiración, pero Pestaña, en la vertiente sindicalista propicia a la intervención en la política, lo hacía con los republicanos y los «faístas» prefirieron a algunos jóvenes oficiales del Ejército. Uno de ellos fue Fermín Galán, al que veremos reaparecer en la conspiración de Jaca, ya terminada la Dictadura.

Entre 1923 y 1930 el PCE siguió siendo un pequeño grupo de apenas cinco centenares de militantes que parecía querer compensar su ausencia de cuadros y de influencia con un extremado sectarismo. Aunque fue prohibido, alguno de sus periódicos siguió publicándose, mientras que la policía debía considerar al partido lo suficientemente poco peligroso como para pactar periódicamente con alguno de sus dirigentes el abandono de la militancia a cambio de la ausencia de persecución. Sus reuniones directivas se celebraban a menudo en el exterior y en ellas tuvo siempre un papel decisivo la representación de la III Internacional. Desde 1925 desempeñó el papel directivo José Bullejos, cuya estrategia consistió en una mezcla de empleo de procedimientos dictatoriales en el interior del PCE, contra Maurín y los dirigentes catalanes, y de posibilismo aparente, que le llevó a aceptar una participación en la Asamblea Nacional que nadie pensó en ofrecerle. Probablemente, el hecho más relevante de la trayectoria del PCE en estos años fue la incorporación de un núcleo de dirigentes sevillanos de procedencia anarquista que habrían de desempeñar un papel crucial durante la etapa republicana. Este hecho parece toda una paradoja, pero hay que tener en cuenta que los propios militantes anarquistas de la FAI venían a actuar como un grupo leninista en el seno de la organización sindical. En cuanto al sindicalismo libre y católico su situación durante estos años puede resumirse brevemente. Favorecidos por el apoyo gubernamental, los libres lograron dominar una parte considerable del sindicalismo barcelonés, aunque lo ficticio y circunstancial de esta situación, provocada por la represión y por el apoyo de Martínez Anido, se acabaría percibiendo con el transcurso del tiempo. No cabe la menor duda de que el segundo hombre del régimen consideraba a los «libres» como cosa propia, aunque en alguna ocasión tuvo tensiones con ellos. Con el sindicalismo católico sucedió algo muy peculiar. Por un lado, parte de sus dirigentes fueron atraídos hacia la colaboración con el régimen en puestos políticos pero, al mismo tiempo, sus quejas fueron frecuentes contra el supuesto colaboracionismo de Primo de Rivera con la UGT: se reprochó al dictador que en los comités paritarios no hubiera una representación proporcional, sino mayoritaria, lo que impedía la presencia de los sindicatos católicos, y que no tuviera en cuenta que los sindicatos agrícolas católicos eran organizaciones mixtas, formadas también por patronos, y, por tanto, poco adaptables a estos comités. En suma, el sindicalismo católico se sintió marginado a pesar del relevante papel que alguno de sus militantes tuvo en la UP. En una situación como ésta se produjo una vuelta a planteamientos de reconfesionalización que ya habían sido superados en muchos otros países. Uno de los dirigentes más importantes del catolicismo social, Maximiliano Arboleya, consideró que este periodo había sido una «ocasión perdida» más para el sindicalismo de esta significación.

En la oposición al régimen:
La vieja política y los republicanos

Los movimientos sindicalistas constituyeron tan sólo una parte de la oposición potencial contra Primo de Rivera y ya hemos visto que no siempre ejercieron como tales. En principio se podría pensar que mayor trascendencia que ellos hubieran podido tener los partidos de turno y los republicanos pero lo cierto es que el régimen apenas tenía enemigos peligrosos en torno a 1926 o 1927 y no dio la sensación de padecer una auténtica crisis sino en 1929. Entonces se descubriría que si la Dictadura fue el producto de una situación sin salida no hacía otra cosa que prolongarla sin encontrar solución alguna. La excepción de esta impresión general sería Cataluña, en donde la voluntad persistente del régimen de reducir la lengua catalana al mundo de lo privado, porque lo contrario, según las autoridades militares, equivalía a «separatismo manso», enajenó a la mayor parte de la opinión pública y provocó un rosario de pequeños incidentes. En 1927 reapareció en el escenario Cambó que, aunque mantuvo polémicas aparentemente corteses con el dictador acerca de varias materias, siempre fue considerado como un peligro por parte del régimen. Pero el caso catalán fue, como se ha dicho, una excepción.

Uno de los factores que explica el mantenimiento de la Dictadura es, por tanto, la impotencia de la oposición. No se debió ésta, en realidad, a los medios represivos utilizados en su contra: Primo de Rivera no prohibió ningún partido político, aunque periódicamente pusiera sordina a sus actuaciones o impidieron éstas de forma arbitraria. La propia censura no podía calificarse de férreamente persecutoria: el principal responsable de la misma escribió, luego, acerca de la «instintiva repulsión» que sentía por su tarea, que procuraba ejercer con benevolencia. Primo de Rivera podía ser arbitrario, incluso atrabiliario e injusto, pero no fue nunca cruel. Además, la propia condición temporal que atribuía su régimen hacía que las críticas más duras en su contra parecieran carentes de sentido. Sólo arreciaron en el momento en que la Dictadura trató de institucionalizarse de modo definitivo.

Resultaba lógico que, puesto que la Dictadura desplazó del poder a los partidos de turno, en ellos encontrara una oposición especialmente cerrada. Sin embargo, no fue así: el golpe de Estado se consideró como inevitable y los propios políticos que estaban en el poder mostraron una actitud de expectativa, como si estuvieran dispuestos a aceptar cualquier tipo de crítica genérica al sistema de turno, siempre que no les afectara a ellos directamente. Entre los conservadores, Sánchez Guerra mantuvo una posición de apartamiento digno que no excluía la comprensión del golpe de Estado. De los liberales, Santiago Alba, tratado con radical injusticia en las declaraciones del dictador, estaba mucho más interesado en la reivindicación propia que en la conspiración contra el régimen, mientras que Alcalá Zamora declaraba que el régimen podía realizar una «misión útil», y el conde de Romanones aseguraba que «no debe estropearse la labor de quienes vienen con programas de renovación». Es muy posible que la Dictadura, como afirmó este último, hubiera conseguido hacer olvidar su «pecado original» en el caso de haber durado poco y limitarse a solucionar el problema de Marruecos. Los primeros incidentes con los opositores tuvieron escasísima trascendencia: Ossorio y Gallardo fue detenido por hacerse eco de supuestas inmoralidades administrativas y cuando Melquíades Álvarez y Romanones acudieron a recordar al Monarca la necesidad de reunir las Cortes se encontraron en el vacío más absoluto ante la opinión pública. Con el paso del tiempo, la irritación de la llamada vieja política fue aumentando. Las acusaciones de inmoralidad colectiva a las que le sometía el dictador podían ser consideradas como un ataque no personal, siempre que no fueran demasiado tenaces. Como aseguró un político conservador, «los ataques, menosprecios e injurias (de Primo de Rivera) a los hombres públicos no tuvieron ni el límite de la justicia ni el de la medida». El propio sistema político del liberalismo oligárquico resultaba diferente y contrario a las normas de la ética democrática pero eso no quería decir que la mayor parte de los políticos fueran corruptos. En defensa del pasado constitucional el conde de Romanones escribió un libro titulado Las responsabilidades del Antiguo Régimen, cuya lectura proporciona un balance positivo de sus realizaciones. Primo de Rivera, por ejemplo, que había sido en el pasado un miembro más de la clase dirigente, exculpó a García Prieto con la misma arbitrariedad con la que acusaba a Alba. En toda su relación con aquéllos a quienes había desplazado del poder Primo de Rivera resultó una muestra de intemperancia e impulsividad. Podía, en ocasiones, olvidar sus agravios regeneracionistas contra la clase política o incluso alabar a alguno de quienes formaron parte de ella pero no aceptaba las críticas contra la Unión Patriótica o el presunto pecado original de su régimen. Con ello demostraba que esos políticos eran su principal punto de referencia (porque él había sido un aspirante a convertirse en uno de ellos). Al mismo tiempo la actuación de la Dictadura con respecto al caciquismo pudo no tener una gran efectividad, especialmente en lo que se refiere a engendrar una vida política nueva, pero contribuyó a desorganizar los sistemas clientelísticos en los que se basaba la política del turno. Los antiguos jefes de partido se encontraron con que perdían sus cacicatos y que, con razón o sin ella, veían perseguidos a sus colaboradores. Es muy posible, por ejemplo, que la oposición de Sánchez Guerra o de Alcalá Zamora tuviera como motivo parcial la actuación de la Dictadura en Córdoba, donde tenían su fuerza política. En cambio, quienes colaboraron con el régimen conservaron su feudo, como fue el caso de De la Cierva en Murcia o de Bugallal en Galicia.

La oposición de la vieja política significó, sin embargo, poco peligro para el dictador. Éste disponía de la posibilidad de limitar a su arbitrio la propaganda contraria, pero, además, los miembros de los partidos del turno no eran proclives a esta forma democrática de actuación. Siempre habían practicado una política de notables y basada en la desmovilización, no podían recurrir a unas masas de las que siempre habían estado alejados; esencialmente oligárquica y conservadora temía que recurrir a aquéllas podría tener consecuencias revolucionarias. En estas condiciones, la protesta de los políticos de turno hubo de quedar reducida a gestos más o menos aparatosos, pero inocuos para Primo de Rivera. Un panegirista de éste los describió como pueriles y grotescos, pero con el transcurso del tiempo acabarían poniendo en peligro la propia institución monárquica.

Estos gestos de protesta consistían, por ejemplo, en lanzar chascarrillos maldicentes contra la persona del dictador o en celebrar banquetes, siempre para un número reducido de personas, cuyos discursos tenían un obvio pero elíptico contenido político. Durante los primeros meses de existencia de la Dictadura el principal procedimiento de actuación de la oposición liberal y conservadora fue tratar de influir en el ánimo del Rey para marginar a quien él había aceptado como dictador. Así, para mostrar su alejamiento de la situación política, los miembros de la vieja clase dirigente prescindieron de todo contacto con el monarca. La postura de éste se hacía, en estas circunstancias, especialmente difícil, pues si en el pasado había tenido que enfrentarse con el desvío de algunos políticos cuando no se seguían sus consejos (el caso más característico fue el de Maura), ahora se trataba de todo el estamento dirigente de la España constitucional. No cabe la menor duda de que Alfonso XIII se daba cuenta de lo que se jugaba con la admisión de un régimen dictatorial, pero éste, al menos a corto plazo, le parecía ser una solución viable, al mismo tiempo que cómoda. Hubo ocasiones en las que careció por completo de prudencia como, por ejemplo, en la primavera de 1925, cuando unas declaraciones suyas, reticentes respecto a la política anterior, motivaron la respuesta de Sánchez Guerra calificándose a sí mismo como monárquico, pero constitucional. Trató el Rey de moderar a Primo de Rivera pero éste resultaba muy difícil de controlar en cualquier aspecto. Nunca cruel, podía resultar a menudo hiriente y, por tanto, más exasperante: a Alcalá Zamora, orgulloso de su popular oratoria, le impidió ingresar en la Academia de la Lengua, y a Romanones, con fama de avaricioso, se le impuso con ocasión de los sucesos de la noche de San Juan una gruesa multa con lo que «puso de su lado a todos los españoles a los que hace gracia la Gracia, que son muchos» (Madariaga).

Con el transcurso del tiempo, cuando se hizo evidente que los políticos de turno no lograrían desplazar a Primo de Rivera a base de influir en Alfonso XIII, empezaron a plantearse la posibilidad de recurrir al Ejército. A reserva de tratar esta cuestión más adelante, por el momento baste recalcar hasta qué punto eran compatibles, incluso complementarios, como medio para derribar al dictador, el recurso a los generales y el carácter oligárquico de la vieja política. No le faltó, por lo menos, algo de razón a César González Ruano cuando describió a los opositores al régimen como «conspiradores de opereta que se dejaban coger antes de intentar algo serio y no se comprometían, se contentaban con soliviantar, con escandalizar». La conspiración militar se inició en los medios liberales pero tan consciente era de su necesidad el conservador Sánchez Guerra que, opuesto en un principio a colaborar con oficiales y generales, acabó por reconciliarse con el general Aguilera, a quien él mismo había apartado del camino hacia el poder, tal como se ha señalado en páginas precedentes.

Fue precisamente Sánchez Guerra el representante más caracterizado de la oposición de la vieja política a Primo de Rivera. Intelectualmente limitado, tenía un carácter entero y fama de austeridad: apenas tenía 3000 pesetas en el banco cuando decidió exiliarse. A su actitud se debe que Alfonso XIII decidiera aplazar durante todo un año la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Cuando finalmente, en 1927, ésta se produjo, el político conservador abandonó el país: al Rey le había advertido que caso de que la convocatoria marchara adelante él no tenía otro remedio que ausentarse o ir a la cárcel. El gesto, indudablemente romántico, encerraba una explícita voluntad de recordar lo sucedido poco antes del destronamiento de Isabel II. El comentario de Primo de Rivera fue displicente: «el político conservador había creído en muchas ocasiones de su vida que la dignidad se vincula a actos de violencia o de arrogancia». El acto de Sánchez Guerra era digno de admiración en un momento en que la mayor parte de la política de turno aparecía sumisa o apática. Por otra parte, el dictador no parecía consciente de los peligros a los que sometía a la Corona: algún prohombre monárquico recomendó a sus seguidores que se prepararan para una República de orden.

Pero a la altura de 1927 ésta parecía una posibilidad no sólo lejana sino remota porque, si la Dictadura mostró las limitaciones de la política de turno, también puso en claro las de los republicanos. Carecían éstos de la posibilidad de influir en la persona del Monarca pero también resultaba remota la eventualidad de que lo hicieran en el Ejército. Lerroux mantuvo una posición parecida a la de los monárquicos liberales respecto del golpe de Estado asegurando que «el grano tenía que estallar por alguna parte». En un principio parece, como ellos, haber estado a la expectativa pero luego trató de influir en los medios militares a través de circulares de difusión restringida; sin embargo, según Burgos y Mazo, los conspiradores republicanos apenas si podían «sacar a la calle una sola compañía del Ejército». En estas condiciones, los republicanos se limitaron a vegetar aunque, por ejemplo, la celebración del aniversario de la I República, en febrero de 1926, les permitiera fraguar una coalición con el nombre de «Alianza Republicana». Bajo tal denominación se cobijaron los diferentes grupos locales que constituían el republicanismo cada vez más moderado, para quien el líder inevitable resultaba ya Lerroux. La actuación de esa Alianza fue modesta. Mayor repercusión tuvo, en cambio, la acción de Blasco Ibáñez en el exterior, donde era bien conocido como escritor. Dotado de medios económicos para emprender por su cuenta operaciones de propaganda política, y ansioso de notoriedad, Blasco se dedicó a escribir folletos difamatorios contra el Rey, en lo esencial carentes de fundamento, pero efectivos entre los medios de izquierda foránea. La reacción de la Dictadura fue contraproducente, pues tras intentar vanamente que los folletos fueran recogidos, promovió un homenaje al Monarca que demostraba el «peligroso enroscamiento a la consabida encina multisecular de una voraz planta parasitaria» (Maura). En realidad, el peligro de esta propaganda republicana era limitado a corto plazo: muy bien lo percibió Azaña en un artículo en que, calificando como «romántica» la postura de Blasco, ironizaba sobre su arcaísmo. Azaña representó precisamente un republicanismo nuevo, que si no sustituyó al antiguo, ni tuvo posibilidades reales de desplazar a Primo de Rivera (en sus diarios admitió que los años centrales de la década de los veinte fueron los más amargos de su existencia debido a esa sensación de incapacidad para derrocar al régimen), evolucionó en un sentido que habría de tener relevante influencia en la vida política de la II República. En efecto, el principal escrito político en esta época del futuro presidente republicano, aparecido clandestinamente en 1925, revela una voluntad de propiciar lo que él mismo denominó «una democracia militante y docente», es decir, mucho más agresiva y excluyente respecto de la España tradicional y la derecha anclada en el pasado pero también dotada de un programa más moderno y reformador. De este tipo de actitud derivó el posterior jacobinismo de Azaña, incluso en el planteamiento de sus alianzas políticas, porque el político republicano preveía exigir a la UGT un programa de reformas sociales y realizarlas desde el poder con la colaboración de los socialistas. También en otros escritores de izquierdas la época dictatorial supuso la incubación de las tesis que luego mantendrían en los años treinta. Así, la radicalización izquierdista de Luis Araquistain y Julio Álvarez del Vayo tuvo como precedente sus textos de este momento sobre la revolución mexicana o la soviética, mientras que Álvaro de Albornoz apuntaba ya las posteriores posiciones del radicalsocialismo. Como en el caso de la derecha y el catolicismo, la etapa dictatorial constituyó, en definitiva, un precedente importante de las posteriores tensiones de la II República.

La Dictadura y el problema militar

Como ya se ha podido apreciar, la relación entre la oposición política y el Ejército era obligada para la primera. Además, el hecho de que Primo de Rivera se enfrentara con el problema de Marruecos y planteara como punto principal en su programa la reforma militar, contribuyeron a anudar una más estrecha relación entre una y otro. En realidad la Dictadura de Primo de Rivera, vista retrospectivamente, sólo podía haber caído o por un golpe militar o por la propia incertidumbre política de sus dirigentes. Colapso por la segunda razón, pero los intentos de promover un golpe militar no remitieron a lo largo de toda su segunda parte. Los intentos en este sentido estuvieron estrechamente vinculados a la política militar de Primo de Rivera, como tendremos ocasión de comprobar.

Las primeras muestras de oposición militar al régimen obedecieron a motivos dispares entre los que hubo, sin duda, factores personales importantes y causas políticas no tan claramente determinables. El general Cavalcanti había sido colaborador del golpe, pero pronto se sintió decepcionado porque éste no tuvo como consecuencia la constitución de un gabinete civil: recibió la jefatura de la Casa Militar del Monarca y pronto estuvo disconforme con el régimen. Primo de Rivera reaccionó con la humorada de enviarlo a estudiar la organización militar de los países balcánicos, pero resultaba improbable que un militar que había sido conspirador y era africanista, como Cavalcanti, consiguiera conectar con la oposición antidictatorial. Más que conspirador era un temprano disidente de un régimen que había contribuido a implantar.

Tampoco tuvo una gran trascendencia el hecho de que algunos de los militares que ocupaban el puesto de delegados gubernativos acabaran rebelándose contra el dictador que los había nombrado por haber cumplido su misión con excesivo celo o por enfrentarse con un cacicato propicio al régimen. Las dificultades fueron mayores en África en el momento en que, decidida la retirada en la zona de la Yebala, el Ejército africanista se sintió traicionado por una política que consideraba abandonista. Como sabemos, el propio general Franco mantuvo durante algunos meses una actitud muy reticente ante la Dictadura, hasta que dicha política fue rectificada. También dos importantes y prestigiosos militares (Weyler y Berenguer) criticaron con dureza a Primo de Rivera en esta materia: pensaban que iba a producirse un colapso militar, lo que los acontecimientos desmintieron. La oposición de los generales López de Ochoa y Queipo de Llano estuvo motivada por una pluralidad de razones, que iban desde enfrentamientos personales con el dictador al común liberalismo que profesaban. En uno y otro caso, sin duda por sentirse poco defendidos por el Monarca, ambos generales evolucionaron hacia el republicanismo.

Hasta 1925 la oposición militar no tuvo un aglutinante político: desde esa fecha empezó a adquirirlo y progresivamente se fue radicalizando desde una actitud puramente liberal y deseosa del restablecimiento del sistema constitucional hasta una proclividad hacia el republicanismo que de cualquier modo siempre fue minoritaria. A comienzos de 1925 se formaron, bajo la dirección de Segundo García, unas juntas militares que, en teoría, tenían como misión facilitar medios a las viudas de los caídos en acción, pero que sirvieron para un propósito conspiratorio. En mayo de ese mismo año López de Ochoa y García colaboraron ya en una conspiración que resultó abortada. Sin embargo, más grave fue para Primo de Rivera que en 1926 dos generales prestigiosos y responsables de organismos militares de primera importancia, Weyler y Aguilera, empezaran a conspirar con la vieja política de la que formaban parte. Lo que estos conspiradores deseaban era simplemente dar la vuelta a lo sucedido en septiembre de 1923 con el regreso al liberalismo oligárquico precedente y, al mismo tiempo, evitar cualquier deslizamiento hacia la República. Tanto era su temor que el general Aguilera solicitó que se tomaran especialísimas medidas contra cualquier desorden, que «empañaría nuestra victoria». La colaboración entre políticos y militares se hizo manifiesta en los sucesos de la llamada noche de San Juan («la sanjuanada») en junio de 1926.

Lo sucedido en esa ocasión no pasó de conato muy mal organizado, pero demostró que una parte del Ejército y la política civil anterior al golpe habían coincidido ya en una senda que seguirían recorriendo juntos. El casi nonagenario Weyler, recientemente destituido de la presidencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, parece haber sido el iniciador de la conspiración cuyo manifiesto, sin embargo, no suscribió. Estaba éste redactado por Melquíades Álvarez y firmado por Aguilera, que quería protagonizar un pronunciamiento tan al estilo del siglo XIX que, como en 1868, quiso iniciarlo en Cádiz. La trama era, sin embargo, muy endeble y estaba condenada de antemano. El dictador, como sabemos, aprovechó la ocasión para englobar a todos sus adversarios en una confusa amalgama: así fueron sancionados militares como Weyler, Batet, García y Aguilera junto con políticos profesionales monárquicos y republicanos (Domingo, Romanones, Álvarez) y periodistas e intelectuales que nada tenían que ver con lo sucedido.

Sería exagerado considerar que la «sanjuanada» suponía la ruptura de la unidad del Ejército; como ha señalado Seco Serrano, lo que la produjo, en cambio, fue el conflicto artillero. En éste Primo de Rivera se comportó con una tenacidad que bordeaba la obcecación y que bien podría explicarse por su peculiar situación en esos días en que la cuestión artillera se planteó, que coincidieron con la resolución del problema de Marruecos y la derrota de la «sanjuanada». Desde siempre había pensado el dictador en la necesidad de promover un sistema de ascensos no fundamentados tan sólo en la mera antigüedad. A fin de cuentas, su carrera militar había podido ser rápida precisamente debido a este procedimiento, que no dejaba de tener una lógica obvia y que era defendido por los militares africanistas en contra de los peninsulares o de los junteros. Lo significativo es que Primo de Rivera pusiera en relación sus propósitos reformistas en el terreno militar con el regeneracionismo político que le inspiraba: introducir los ascensos por méritos de guerra era «un atrevimiento propio de gobiernos renovadores y conscientes de las cualidades éticas que les dan capacidad para implantarlo». Hay que tener en cuenta, sin embargo, que, siendo un militar meritorio, la meteórica carrera de Primo de Rivera podía explicarse también por sus conexiones familiares. Por eso cuando transformó la Junta de Clasificación para los ascensos fue inmediatamente acusado de hacerlo para introducir el favoritismo. Otra razón principal que explica su programa fue que, con el paso del tiempo, se identificó con la posición de los militares africanistas. Si en un principio su posición era cercana a las Juntas o, al menos, al Ejército peninsular, luego, como en tantas ocasiones, su opinión cambió. Él mismo reconoció, recordando previos conflictos, que «mis contradictores de aquel día fueron luego mis mejores auxiliares y son hoy mis mejores amigos». El conflicto más grave que se le planteó a la Dictadura, al tratar de aplicar los nuevos procedimientos de ascenso, fue en el Cuerpo de Artillería, que consideraba como una valiosa tradición corporativa el repudio de unos criterios que juzgaba vinculados al favoritismo. Desde una fecha tan temprana como noviembre de 1923 Primo de Rivera demostró su voluntad de hacer cumplir este propósito por el procedimiento de que todos los oficiales de Artillería renunciaran a los ascensos obtenidos de esta forma. En junio de 1926, en circunstancias en que difícilmente podría encontrar ningún tipo de resistencia, Primo de Rivera se decidió a imponer sus criterios: un decreto relevó de sus promesas previas a los oficiales de Artillería que hubieran renunciado a sus ascensos. La protesta inmediatamente surgida pareció encauzarse por la intervención del Rey, pero el empecinamiento de Primo de Rivera y toda una serie de malentendidos hicieron que el enfrentamiento se reprodujera con carácter gravísimo. En septiembre se impuso a la Artillería el sistema general de ascensos y, cuando los ascendidos quisieron presentar las instancias de retiro y mostraron una actitud de resistencia acuartelándose, el Gobierno declaró el estado de guerra y suspendió a toda la oficialidad de Artillería. Incidentes especialmente graves se produjeron en la Academia de Segovia y sobre todo en Pamplona, donde hubo dos muertos. En teoría el gobierno triunfó en toda la línea: confinó a los oficiales de Artillería, redujo los efectivos del arma y obligó, a quienes quisieran volver a su situación anterior, a jurar fidelidad al gobierno, como hicieron. Sin embargo, cuando el primer día de 1927 se declararon extinguidas las responsabilidades derivadas de los sucesos, con una amnistía que demostraba la falta de crueldad del régimen, no se pudo decir que hubiera quedado resuelto el problema sino que permaneció, engendrando otros.

El movimiento artillero no tuvo éxito fuera del arma porque la causa defendida era demasiado particular como para entusiasmar a los españoles, pero rompió las cordiales relaciones del dictador con el Ejército y le proporcionó un enemigo tenaz. Pero hubo algo peor que, además, afectó no sólo al régimen, sino a la institución monárquica. Como solía hacer en caso de conflicto militar, el Rey trató de intervenir en el ejercicio de su función mediadora, pero Primo de Rivera amenazó con dimitir. El Rey cedió y para la Artillería (o, al menos, una buena parte de ella) esa actitud se juzgó evidenciadora de la connivencia entre los dos personajes. En adelante los jóvenes oficiales artilleros nutrirían la conspiración militar republicana: como advirtió Sánchez Guerra al Monarca, parecían estar más en su contra que en la de Primo de Rivera. Si los políticos del régimen constitucional se sorprendieron por el hecho de que el Rey se comprometiera demasiado con Primo de Rivera, los oficiales calificaron a éste de «valido» y al Rey de «déspota». El dictador fue provocador y desleal en su planteamiento del conflicto pero no le faltaba razón: su modelo de Ejército era unitarista y no corporativista y decimonónico como el de los artilleros. La creación de la Academia General Militar en Zaragoza está, desde luego, en estrecha relación con la voluntad homogeneizadora que el dictador quiso imponer en el Ejército pero también con su creciente cercanía a los africanistas. Puesta en marcha en febrero de 1927, de ella se hizo responsable, a partir de 1928, el general Franco, ya definitivamente reconciliado con Primo de Rivera. Otros dos africanistas, formados en la Legión o los Regulares, formaron parte de la comisión organizadora de la entidad en cuyo decreto de creación se indicaba que «el espíritu militar ha de ser común a todas las especialidades». Franco nutrió el profesorado con africanistas y, además, dio un claro predominio a quienes habían actuado en el campo de batalla, mucho más que al sector más intelectual de la milicia. Empecinado en homogeneizar el Ejército, Primo de Rivera parece haber olvidado que sus necesidades de reforma se referían también a otros aspectos. En este sentido parece aceptable la opinión del duque de Maura según el cual «parecía el régimen querer aplicarse a la descongestión del Ejército, pero actuaba con tal parsimonia y con timidez tan insólita que ni aun alcanzando longevidad bíblica conseguiría lograr su intento». En este sentido, más que a la insinceridad de su intento cabe atribuir el fracaso de sus reformas al deseo de no multiplicar el número de sus enemigos. Como es sabido, la reducción de la oficialidad fue el eje de la obra reformista de Azaña durante la II República: Primo de Rivera sólo consiguió en este aspecto una disminución mínima, aunque en el número de soldados fue mayor (un tercio) y también muy significativa en el número de cadetes (se pasó de unos 1200 a tan sólo una sexta parte en el periodo 1922-1929). En total hacia 1930 había 117 000 soldados y 12 600 oficiales de los que sobraban unos 4500. A pesar de una reducción del 35 al 24 por 100 en 1924-1929, el peso del Ministerio de la Guerra en los presupuestos seguía siendo desmesurado por culpa de los gastos de personal. El propio Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, cuenta en sus memorias que, por esas razones presupuestarias, «con el Ministerio de la Guerra solía vivir en ella».

En realidad el impacto de la Dictadura sobre el Ejército fue menor del que podría haberse pensado. El régimen nunca fue exclusivamente militar y el nombramiento de oficiales para desempeñar cargos civiles —como delegados gubernativos, por ejemplo— fue consecuencia de la influencia del recuerdo de las Juntas y del regeneracionismo más que de un deseo de monopolio. La mayor parte de la oficialidad siguió siendo liberal, aunque atacara a la clase política anterior. El Ejército, al final del régimen, siguió dividido como en 1923 pero ahora sin enemigo interior —los políticos— y sin un problema irresoluble, como Marruecos. El propio Primo de Rivera era un factor de división después de haber tenido a casi todos los militares tras de él. Al final sólo le quedó el apoyo de un sector ultraderechista.

La Dictadura y el mundo de la cultura

Con el transcurso del tiempo, Primo de Rivera acabaría también enfrentándose con un sector social cuyo peso numérico podía ser escaso pero cuya relevancia sobre la opinión pública se demostró muy importante durante los años veinte: la intelectualidad. En parte esta relevancia se debe atribuir a la propia modernización creciente de la sociedad española, que en la Dictadura no sólo no se detuvo sino que continuó a buen ritmo. Hay que tener en cuenta que si el programa regeneracionista a partir de la difusión de las tesis de Costa tenía un componente basado en la despensa no menos crucial era lo que aquél había denominado la «escuela», es decir, el desarrollo de la educación. En el periodo entre 1923 y 1927 se crearon 4000 nuevas escuelas, así como 25 institutos y el número de maestros pasó de unos 29 000 a unos 34 000; el presupuesto en Instrucción creció en casi un tercio. En esta España mucho más atenta al mundo de la cultura nada tiene de extraño que la postura política de los intelectuales tuviera una especial relevancia social. Pero, además, el propio carácter del dictador necesariamente provocaba a los intelectuales. Su formación era escasa y esto hacía que con frecuencia se sintiera mucho más atraído por supuestos portentos que luego resultaban puros productores de supercherías que por prestigios sólidos; populista, no tenía inconveniente en enfrentarse, públicamente y ante la opinión, con escritores a los que no entendía ni respetaba, denominándolos «autointelectuales» o «liberointelectuales». Liberal superficial y poco riguroso, no tenía inconveniente en presentarse como una persona que quería conseguir por medios expeditivos lo que los políticos profesionales habían sido incapaces de hacer, y, en fin, ingenuo y poco propicio al consejo, era difícil que pudiera darse cuenta de la necesidad de vertebrar en torno a un cuerpo doctrinal un régimen político, siempre titubeante entre el autoritarismo y la visión puramente temporal de la Dictadura. Era esta insolvencia la que irritaba a su hijo José Antonio, cuyas preocupaciones intelectuales le distinguieron de su padre. Nada cruel, el dictador no era lo suficientemente temido como para evitar los ataques contra su persona mientras que sus propias declaraciones tendían a incrementar el número de sus opositores. Así, por ejemplo, cuando se le discutió la procedencia de mantener la censura llegó a decir que solamente se hacían desaparecer aquellas noticias que, por ser erróneas, luego habrían de ser necesariamente rectificadas.

De todos modos, no debe pensarse que desde un primer momento hubiera un enfrentamiento durísimo entre la totalidad del mundo intelectual y el régimen dictatorial. Primo de Rivera y los intelectuales tenían, por lo menos, un punto de coincidencia importante basado en el común regeneracionismo; por eso Azorín y Ortega y Gasset (y su diario El Sol) mostraron una indudable benevolencia respecto del golpe militar y el segundo intentó, por lo menos hasta 1928, influir sobre Primo para conseguir de él un rumbo político que en el pasado había tratado de imponer a otros protagonistas para acabar por completo decepcionado. Claro está que hubo también decididos opositores, como Unamuno, Pérez de Ayala, Araquistain o Azaña, pero también había quienes, como D’Ors o Maeztu, habían evolucionado desde sus posturas originariamente liberales a otras de un creciente autoritarismo. El primer enfrentamiento significativo del dictador con el mundo intelectual tuvo lugar a comienzos de 1924 y supuso la consagración de Unamuno como el representante más caracterizado de la protesta en los medios culturales. Desde hacía tiempo el catedrático de Salamanca mostraba una actitud muy crítica hacia la Monarquía. Ahora, después de la «coz de Estado», como denominó el golpe, expresó en una carta privada juicios muy duros acerca del nuevo régimen y, además, trató de darles publicidad a través del Ateneo. En la postura del filósofo había, por supuesto, un eco de su posición liberal pero también un enfrentamiento casi personal con el dictador y con el Monarca, producto de una angustiada radicalización en la que jugaban un papel importante factores no sólo políticos sino también religiosos. Junto con el periodista republicano Rodrigo Soriano, Unamuno fue confinado en la isla de Fuerteventura, de donde escapó en el preciso momento en que llegaba la noticia de que la Dictadura había decidido levantar la sanción con la que le había castigado.

El resto de la etapa dictatorial estuvo Unamuno en París, donde experimentó una angustiosa sensación de aislamiento que explica el contenido de su Agonía del cristianismo. Más tarde, ansioso de estar próximo a España, se trasladó a la frontera vascofrancesa. Superado lo peor de su crisis personal, Unamuno se dedicó al libelo político, en especial a través de las «Hojas Libres» que editó en colaboración con Eduardo Ortega y Gasset. Los juicios de Unamuno acerca de la Dictadura de Primo de Rivera eran durísimos, aunque no siempre justos. En realidad su permanencia en Francia no se debió a la crueldad de la Dictadura, porque hubiera podido regresar a España si lo hubiera deseado; para él, sin embargo, el ambiente que se vivía allí era de una opresión irrespirable. De Primo de Rivera decía Unamuno que era «un tonto entontecido por su propia tontería» o «un bufón grotesco… que tenía algo de inhumano» y al Rey le consideraba un Habsburgo por la mezcla de lo político y lo religioso que le atribuía. Lo que respondía el dictador era semejante en dureza: para él el catedrático no hacía más que «piruetas de payaso», era «notoriamente incorregible» y, en definitiva, «un poco de cultura helénica no da derecho a meterse con todo lo humano y lo divino». Cuando Unamuno se lanzó a sus propagandas políticas antidictatoriales Primo de Rivera comentó que «nace la duda de si éstas se escriben para españoles o para cantoneses».

Convertido en símbolo y corresponsal de los intelectuales protestatarios que residían en el interior de España, Unamuno logró, en especial, que se identificaran con él los miembros de la generación más vieja. Machado lo consideraba como el ejemplo de resistencia política y moral; Blasco Ibáñez, de quien tanto difería, le hizo partícipe de sus ilusiones antimonárquicas y colaboró con él en empresas antidictatoriales. Valle-Inclán, quien, en «Luces de bohemia», había iniciado una radicalización política que, como la de Unamuno, era anterior a Primo de Rivera, convirtió en esperpento la política y la sociedad española a través de la alusión a los años finales del reinado de Isabel II, con la idea de presagiar los de su nieto. Todavía fue más explícitamente antidictatorial y antimonárquica su obra La hija del capitán, que fue retirada y que mereció el comentario de Primo de Rivera de que su autor era «tan eximio escritor como extravagante ciudadano».

Aunque al final todos los intelectuales cerrarían filas en contra del dictador, no fue ésta su postura inicial que, por tanto, resultó significativamente distinta de la «unamuniana». Hubo, por ejemplo, un sector, aunque reducido, del mundo intelectual que evolucionó hacia el autoritarismo. La obra de D’Ors se convirtió en una metáfora literaria de su proclividad hacia una Monarquía autoritaria muy en contacto con el pensamiento francés. Más crispada fue la postura de Maeztu, que pasó, mediada la Dictadura, del diario liberal por excelencia, El Sol, al órgano periodístico del régimen dictatorial, La Nación; sus tesis políticas se combinaban con un interés por el desarrollo económico capitalista que le hacía considerar el mundo hispanoamericano como inferior respecto del anglosajón y con un temor muy palpable ante la subversión comunista. Uno y otro sirvieron a Primo de Rivera en puestos diplomáticos en el exterior, pero el dictador no parece haber estado en condiciones de apreciar realmente su evolución intelectual y, menos aún, aprovecharse de ella.

Estos dos casos fueron, sin embargo, excepcionales porque la mayor parte de los intelectuales españoles siguieron alineados en el liberalismo. Como en ocasiones anteriores, durante la mayor parte de la Dictadura los sectores intelectuales oscilaron entre la postura de Unamuno y la de Ortega y Gasset. Este último trató, a lo largo de los años veinte, de establecer una clara distinción entre el mundo de lo estrictamente político y la reflexión intelectual, que quería desvincular de la situación española. A lo segundo respondió la creación de la Revista de Occidente y su antítesis entre el político y el intelectual, visible en su Mirabeau. Pero Ortega y Gasset también reflexionó en términos políticos: más que estar a favor de la Dictadura lo que hizo fue manifestar su repudio al régimen desaparecido y su confianza en la posibilidad de que una dictadura regeneracionista se hiciera eco de algunas de sus propuestas, como, por ejemplo, las expresadas en «La redención de las provincias». Al final, sin embargo, renunció a esta posibilidad cuando se censuraron sus artículos y el dictador pareció inasequible a cualquier tipo de consejo. Mientras tanto, de manera sucesiva y con creciente acritud, se fueron produciendo conflictos entre el régimen y el mundo intelectual. La persecución de la lengua catalana, la censura, el inicio del curso 1924 con una conferencia del catedrático Sainz Rodríguez, en que se atacó a Costa e indirectamente a las ideas regeneracionistas del directorio, el homenaje a Ganivet, considerado como símbolo de resistencia cuando podía serlo también de antiliberalismo… etc, fueron otras tantas ocasiones en las que los intelectuales tuvieron la oportunidad de mostrar su discrepancia frente a Primo de Rivera. Quizá entre las figuras más destacadas de esa oposición intelectual merezcan especial mención De los Ríos, Jiménez de Asúa y Gregorio Marañón: los dos primeros fueron procesados y el tercero encarcelado en el verano de 1926. En este año tuvo lugar lo que con justicia puede ser definido como un enfrentamiento dramático entre el régimen y los medios culturales. Como en el caso del conflicto artillero, la beligerancia de Primo de Rivera contra este mundo se puede explicar por el éxito conseguido en Marruecos, que lo llevaba a una peligrosísima euforia. Ese año aceptó un doctorado «honoris causa» de la Universidad de Salamanca, cuya cátedra de griego ya había perdido Unamuno, y argumentó su derecho a recibirlo diciendo ser «doctor en la ciencia de la vida». Excepto los casos peculiares mencionados con anterioridad, a partir de este momento no pudo haber ya tolerancia del mundo intelectual respecto su persona. Incluso Benavente, que lo había apoyado en un primer momento, se vio perseguido por la censura, y Azorín, en quien había pensado para dirigir el diario oficial del régimen, se convirtió en republicano al final de la Dictadura. A la hora de tratar del mundo intelectual también es preciso hacerlo de los más jóvenes que en este momento iniciaron su trayectoria. El panorama del mundo intelectual no quedaría completo sin la mención de la generación que alcanzó la mayoría de edad —y el impacto en la vida social— precisamente a mediados de esta década de los años veinte. Se ha de tener en cuenta que aunque el gobierno modificara en un sentido conservador la Junta de Ampliación de Estudios en realidad no tuvo una política cultural marcadamente reaccionaria. Por eso, a título de ejemplo, la Residencia de Estudiantes pudo tener alojados a quienes en ningún momento se identificaron con el régimen y luego acabarían siendo opositores. Fue entre los jóvenes pertenecientes a la clase burguesa de la provincia donde se recibieron las novedades de la vanguardia artística y literaria provenientes de más allá de nuestras fronteras, que ya disponían en buena parte de la geografía urbana española de círculos de recepción entusiasta, aunque muy minoritaria. Buñuel, Lorca y Dalí estuvieron, por ejemplo, alojados en la Residencia, y su trayectoria no puede entenderse sin el entrecruzamiento de experiencias comunes. En ellos tres existió una vinculación con una tradición cultural fecundada por un contacto muy estrecho con la modernidad vanguardista, proveniente de París. Precisamente en los años finales de la década, cuando ya empezaba a difundirse el surrealismo, Buñuel y Dalí fueron autores de una obra cinematográfica, Un perro andaluz, de enorme trascendencia en la cultura universal.

En realidad, este mundo de la vanguardia no tuvo una significación política precisa hasta los años treinta: su rebelión era puramente formal y cuando personificaban en los «putrefactos» a los representantes de un mundo pretérito no hacían ninguna metáfora política. Lo que les atraía a los jóvenes escritores o pintores era únicamente la novedad: como escribió uno de ellos, Alberti, «los ismos se infiltraban por todas partes, se sucedían en oleadas súbitas, como temblores sísmicos». La llamada generación de 1927 si por algo se caracterizó fue precisamente por su voluntad de eludir cualquier tipo de compromiso social o político. En la época esto le fue reprochado ásperamente por Unamuno y Valle-Inclán y luego sería rememorado por Alberti: «Mi locura por el vocablo bello llegó a su paroxismo en el año del centenario de Góngora cuando, con —Cal y canto—, la belleza formal se apoderó de mí hasta casi petrificarme el sentimiento». El homenaje a Góngora en la fecha indicada pareció una exaltación de un poeta culto, libre de cualquier interpretación comprometida. El propio García Lorca, cuando escribió sobre un tema tan politizable como era la heroína liberal Mariana Pineda, lo trató como una evocación lírica y no como una metáfora política de la situación existente. Es cierto que el órgano principal de la vanguardia, La Gaceta Literaria, aparecida en 1927, estuvo dirigido por un personaje, Ernesto Giménez Caballero, que se convertiría luego en fascista. Sin embargo, cuando inició esta evolución fue al final de la década de los veinte; en ese momento, además, lejos de mostrarse de acuerdo con el régimen vigente, lo criticó como en exceso prosaico y tradicional. Las doctrinas estéticas que alimentaron a la vanguardia en su momento inicial se basaron en una lectura de las tesis de Ortega sobre «el arte deshumanizado», producto lúdico sin pretensión trascendente que tenía, además, un acusado componente de impopularidad, opinión que era mucho más una descripción que una teoría estética, aunque fuera vista como lo segundo. Precisamente en estos años la vanguardia pictórica consiguió un cierto reconocimiento. Esto fue lo que se produjo en la exposición celebrada en Madrid por la Sociedad de Artistas Ibéricos (1925), donde el cubismo, aunque en versiones edulcoradas, recibió una cierta consagración. El contacto de los jóvenes artistas de esta generación —Palencia, Bores, Dalí…— con el centro de creación de novedades que seguía siendo París, fue no sólo estrecho sino muy inmediato. Además, a diferencia de lo sucedido en épocas anteriores, los artistas no tuvieron que someterse a los imperativos creados por un mercado convencional e incluso tuvieron mayores facilidades para permanecer en la capital francesa.

Sin embargo, en los propios años veinte, en especial a partir de 1928, hubo una reacción en contra de esta actitud. La representaron, sobre todo, jóvenes novelistas influidos por la narrativa soviética, difundida a través de editoriales como Oriente, que proclamaron la doctrina de un «nuevo romanticismo», precisamente todo lo contrario de la pureza a la que aspiraban los poetas que se habían identificado con Góngora en 1927. Esta politización anunciaba la que se produciría en España y en todo el mundo en los años treinta y tuvo como expresión literaria la protesta contra la guerra y el patrioterismo (visible, por ejemplo, en Imán, de Sender) o una temática basada en las experiencias de esos jóvenes escritores inconformistas. Esta evolución coincidió, además, con la creciente influencia del surrealismo por estas mismas fechas. El nuevo movimiento se presentó con una decidida voluntad subversiva, proponiendo no sólo una ruptura con el pasado cultural sino también una revolución política identificada con el comunismo. Ésa fue, por ejemplo, la postura del Dalí de estos años.

El desarrollo de este tipo de literatura y pintura coincidió con la conversión de la ya generalizada protesta intelectual en un fenómeno de relevancia pública a través de la protesta de los estudiantes, ya en la fase final del régimen. En realidad, los primeros conflictos estudiantiles habían tenido lugar entre 1925-1926. De ellos fue uno de los principales protagonistas Antonio María Sbert, que luego habría de ser principal dirigente sindical de los universitarios. A comienzos de 1927 nació la Federación Universitaria Española, con carácter originariamente profesional, pero que pronto se convirtió en política, a lo que colaboró de modo importante la propia actitud del dictador respecto de la Universidad. En efecto, los problemas del régimen con los estudiantes tuvieron como origen fundamental una iniciativa de Primo de Rivera y sus colaboradores. Lo que un historiador ha definido como mal entendida amistad de los círculos gubernamentales con las órdenes religiosas hizo que en el Estatuto Universitario de marzo de 1928 se incluyera un artículo por el que los centros universitarios no oficiales con más de veinte años de existencia podrían realizar sus exámenes mediante tribunales compuestos por dos miembros del centro en cuestión y uno de la Universidad estatal. La disposición sólo afectaba a los agustinos de El Escorial y a los jesuitas. Resulta dudoso que la iniciativa hubiera surgido de estos círculos, puesto que incluso los primeros renunciaron a ese derecho. Además, en el seno del propio régimen hubo protestas sobre la disposición, convertidas en públicas en la Asamblea Consultiva. Mayor fue, sin embargo, la protesta en los medios universitarios, que podían no ser contrarios a la enseñanza libre en abstracto, pero sí lo eran a esta aplicación de la misma siguiendo criterios de favoritismo. A los profesores universitarios se sumaron los estudiantes en un momento en que la situación del régimen era difícil, por las conspiraciones militares y por la propia incertidumbre política de Primo de Rivera.

En marzo de 1929 graves incidentes estudiantiles motivaron el cierre de la mayor parte de las universidades españolas. La reacción de Primo de Rivera fue especialmente inhábil porque en un primer momento galvanizó a los estudiantes por el procedimiento de proporcionarles un símbolo (Sbert fue detenido) y luego trató de superar el desorden mediante medidas que eran excesivamente rigurosas (la pérdida de matrícula) o mostrando una voluntad de intervención en el gobierno de la Universidad, contraproducente incluso para la propia institución monárquica (se crearon unas comisarías regias para sustituir a los rectores de las universidades más importantes). Los estudiantes, entre quienes eran ya frecuentes las mujeres, se politizaron rápidamente en sentido republicano llegando a colocar en el Palacio Real un cartel en el que se decía «Se alquila». Tenían una procedencia social burguesa, que hubiera podido propiciar un apoyo al régimen pero, ahora, con su protesta, daban superior relevancia a la del elemento intelectual y éste, a su vez, acabó por decantarse beligerantemente contra la Dictadura, dada la absoluta carencia de tacto de Primo de Rivera, que parece haber querido enfrentarse con este problema como en el pasado lo hizo con el de los artilleros. En una de sus notas oficiosas afirmó seriamente que «sobran médicos y abogados» y describió el ambiente universitario de una manera que difícilmente hubiera podido resultar aceptable a quienes allí convivían: «En estos intangibles centros de cultura, que alegan tantos fueros y merecimientos, sabe el país sobradamente y lo dicen de boca en boca todos los ciudadanos y el Gobierno no tiene por qué ocultarlo, lo difícil que es a un estudiante serio y aplicado llegar a su formación sólidamente porque un régimen de clases numerosas, frecuentes faltas de puntualidad y asistencia de los catedráticos o delegación de sus funciones, charlas pintorescas o incoherentes, largas vacaciones, escarceos políticos y otras amenidades de nuestra nacional idiosincrasia, no es como para que el país se ponga de luto por la suspensión, por vía de regeneración, de esta actividad nacional». Con declaraciones como ésta Primo de Rivera no sólo provocaba el temor sino que alimentaba el propio ridículo y, por tanto, la beligerancia de estudiantes y profesores. Lo que él denominaba «chiquillería» remitió con el fin de curso, pero siguieron sus manifestaciones en los meses siguientes hasta la proclamación de la República. Pero, además, declaraciones como la citada tuvieron como consecuencia la beligerancia final de los intelectuales: Sainz Rodríguez, que había aceptado un puesto en la Asamblea Nacional, la abandonó, y Azorín escribió contra la ofensiva del dictador respecto a la Universidad. Ortega dimitió de su cátedra y lo mismo hicieron prestigiosas figuras como Sánchez Román o García Valdecasas. Algunos de los intelectuales más politizados (Jiménez de Asúa o Marañón) evolucionaron ya hacia el socialismo, aunque el segundo no llegaría a adscribirse definitivamente a él. Se daban, pues, todas las condiciones para que los intelectuales jugaran un papel decisivo en un cambio de régimen.

El colapso del régimen dictatorial

En la dictadura, ha escrito Pabón, «el hombre (el dictador) es casi todo. Los trabajos, las contrariedades, la enfermedad, consumían ahora las fuerzas de Primo de Rivera». Esta frase constituye una buena explicación de la fase final del régimen, que inició su declive en 1928 pero que se acentuó sobre todo desde comienzos de 1929. Ya en el primer año indicado, después de enfrentarse con la Justicia, e incluso con el ministro titular de esa cartera, que se resistía a someter por la fuerza a los jueces, se declaró «agobiado por la impotencia» y pensó en dimitir. En 1929 los éxitos de la Dictadura estaban ya lejanos y a la decadencia física de Primo de Rivera, enfermo de diabetes, había que añadir la incertidumbre a la hora de imaginar la articulación política de un nuevo régimen o la transición hacia la normalidad. Es muy posible que en 1929 los deseos de abandonar el poder de Primo de Rivera se hicieran ya apremiantes. A los embajadores extranjeros les dijo que no podía ya «mantener España en el extremo de su mano». Las mismas características del régimen con él identificado vedaban que pudiera ser considerado como una solución estable: España podía aceptar durante meses o años a un dictador ingenuo y regeneracionista pero a la larga era difícil mantener un sistema como el suyo. Al mismo tiempo, las propias características de la Dictadura la hacían especialmente vulnerables al estado de salud y ánimo de quien la encarnaba. La murmuración contra el arbitrismo y la sensación de ridículo hicieron más en contra del régimen que las propias conspiraciones. El dictador, durante su última etapa, mostró no sólo desorientación sino también irritabilidad y propensión a decisiones bruscas y airadas. Si en ocasiones parecía dispuesto a abandonar el poder de forma inmediata, en otras, que coincidían con momentos en que arreciaba la oposición, se imponía el «nuevo sacrificio» de permanecer en el poder. El Rey hubiera querido un plan coherente de vuelta a la normalidad pero no se le ofreció ni era en absoluto fácil de imaginar.

Las conspiraciones arreciaron en el año 1929 e impusieron el calendario político al régimen. A finales de enero de 1929 estalló una que tuvo como epicentro Valencia. Su protagonista principal fue Sánchez Guerra y, como cabía esperar, la conspiración se mantuvo dentro del clásico tono del pronunciamiento, con la explícita voluntad de evitar que se alterara el orden social: desde el punto de vista político se trataba de conseguir un retorno al sistema liberal anterior a septiembre de 1923. El manifiesto incluía una condenación de la Monarquía absoluta y apelaba a una «España con honra» que recordaba el destronamiento de Isabel II. Al parecer, el dirigente conservador jugó con la posibilidad de suprimir el calificativo y expresarse, por tanto, en sentido republicano, pero finalmente se utilizó la fórmula indicada. Como solía suceder con los pronunciamientos del siglo XIX, también en este caso los conspiradores se encontraron con que el apoyo que tenían resultaba muy inferior al esperado. El general Castro Girona, que parecía haberse comprometido con los conjurados, acabó echándose atrás, lo que supuso el fracaso de la intentona, reducida a partir de este momento a lo que pudieran hacer algunos Regimientos de Artillería. En Ciudad Real el golpe consiguió un triunfo inicial, sin que las autoridades ni las organizaciones del régimen parecieran capaces de ofrecer resistencia. Las tropas leales tardaron mucho tiempo en llegar para restablecer la situación.

Aunque el golpe fracasara, el mero hecho de que fuera intentado demostraba la falta de seguridad del régimen en sí mismo, la división del Ejército y la incertidumbre del futuro. Las explicaciones de Primo de Rivera acerca de lo sucedido fueron anecdóticas y peregrinas: aseguró que en realidad los valencianos no tenían otro motivo de preocupación que el papel que pudiera hacer su representante en un concurso de belleza femenina. Cuando fue juzgado Sánchez Guerra se convirtió de acusado en acusador; además resultó inocente, con lo que indirectamente quedaba ratificado el derecho de acudir al pronunciamiento para derribar la Dictadura.

La primera reacción de Primo de Rivera ante el aumento de dificultades de su régimen consistió en tratar de endurecerlo, pero siempre con la conciencia de que no había de ser sino una solución provisional. Después de la sublevación afirmó que «nada de fijación de plazos al régimen y, por el momento, un alto en el camino hacia la normalidad» y aseguró que aquélla sería la última sublevación de los artilleros porque disolvería el arma. Esas palabras ya resultaban muy significativas: no se trataba de que se pretendiera estabilizar un sistema de dictadura permanente, a pesar de que se exigió a la Unión Patriótica un comportamiento parapolicial, llevando un registro de desafectos para perseguirlos. Tampoco se intentó una movilización política desde el poder y en beneficio del mismo: los miembros de la UP, en su mayoría conservadores, no fueron más que oportunistas con la única innovación de alguna presencia femenina en los cargos políticos municipales. El régimen fue incapaz de aplicar con perseverancia medidas represivas o de politización a su favor. A pesar de que algunos historiadores así lo han defendido, en realidad los propósitos de convertir al partido oficioso en fascista, o no se intentaron seriamente o duraron muy poco. La utilización de militares para propaganda política gubernamental no tuvo éxito porque el Ejército ya estaba dividido, aparte de que los oficiales nunca consideraron que debieran identificarse con un gobierno, y las instrucciones a los cuarteles para que insistieran en la disciplina tampoco podían ser cumplidas cuando siete generales declararon inocente a Sánchez Guerra en mayo de 1929. Aunque se pretendió que la prensa dedicara una parte considerable de su contenido a la información oficial, de hecho, de manera más o menos evidente, no hizo otra cosa que mostrar su creciente reticencia.

Pasada su primera reacción airada, Primo de Rivera pareció haber optado por el abandono del poder sin tener muy en cuenta los peligros que esta operación podía tener para la Monarquía. En cualquier caso, parece evidente que las soluciones de transición que imaginó fueron tardías o contradictorias. En julio de 1929 trató de ampliar la Asamblea consultiva creando 49 nuevos puestos mediante escaños de representación corporativa y de antiguos presidentes del Consejo de ministros, pero el resultado no pudo ser más decepcionante. La Universidad de Valladolid eligió como represente suyo a Unamuno, el Colegio de Abogados de Madrid, a Sánchez Guerra, Eduardo Ortega y Gasset y Santiago Alba, y la Academia de Jurisprudencia se negó a estar representada. De los presidentes tan sólo el conde de Romanones tuvo la tentación de aceptar la invitación, que acabó declinando porque la opinión pública arreció en su contra. En el partido socialista terminó por triunfar la postura de inasistencia a la Asamblea frente a la actitud de Besteiro, dispuesto a acudir a ella. La razón de esta actitud obedecía a factores estrictamente políticos y no sociales, porque el impacto de la crisis económica todavía no se había producido. El Boletín de la UGT aseguraba, por estos días, que «la estructura política de España está a punto de cambiar y debemos jugar un papel principal en esta transformación».

En suma, Primo de Rivera descubrió ahora, a sus expensas, que era más fácil destruir un régimen como el del liberalismo oligárquico que engendrar uno nuevo. En declive ante la opinión, se encontraba con que sus esfuerzos para ampliar la base del régimen eran vistos como un signo de debilidad. Cada vez era más evidente que, como decía él mismo, se debía ir preparando a «bien morir», sin descubrir hasta pasado el tiempo que, en política, «anunciar la muerte es ya morir». Hasta sus propios ministros insistían en la necesidad de llevar a cabo una consulta electoral que pusiera fin a su régimen, pero él no quería. En diciembre de 1929 propuso un nuevo plan al Rey, que consistiría en la convocatoria de una asamblea única formada por 250 senadores (de los que 150 serían vitalicios y 100 de representación corporativa) y otros 250 diputados, de los que se elegirían tres por provincia y otros 100 a través de una lista nacional. Este proyecto tenía el doble inconveniente de no tener nada que ver ni con la Constitución de 1876 ni con el anteproyecto elaborado por la Asamblea Nacional, aparte de que difícilmente hubiera sido aceptable para nadie de la oposición. Al parecer, la idea de Primo de Rivera era, además, que el conde de Guadalhorce presidiera la transición, como si un técnico fuera la mejor persona para enfrentarse con una situación política tan difícil. Alfonso XIII pidió tiempo para meditar la solución propuesta y con ello ya se podía adivinar el inmediato final del régimen. Mientras tanto, arreció el desconcierto en el gobierno con una propensión, inédita, pero creciente, hacia la dimisión de alguna de sus figuras más importantes. En efecto, la coyuntura económica positiva de los años veinte se deterioró de una manera que las clases medias consideraron grave. Calvo Sotelo no fue capaz de enfrentarse, desde el Ministerio de Hacienda, con la caída de la peseta, problema quizá no especialmente grave y sobre todo inevitable dado la balanza comercial española, pero que preocupaba a quien, como el general dictador, era ante todo un nacionalista en política económica. Inmediatamente, el régimen atribuyó prácticamente a una conspiración la causa de la caída de la peseta: claro está que en la época, como aseguró Keynes, ningún país fue capaz de plantear una devaluación «a sangre fría». Una comisión presidida por Flores de Lemus estudió la posibilidad de implantar el patrón oro. Pronto se hizo patente que en el descenso de la peseta había factores muy diversos entre los que jugaban un papel decisivo aquéllos que, como señaló Cambó y ratificó el propio Calvo Sotelo, eran de carácter político y derivaban de la incertidumbre del propio régimen. Esta última interpretación enfrentó al dictador y a su ministro de Hacienda y provocó la dimisión del último. Los conflictos sociales, que prácticamente se habían esfumado durante la etapa dictatorial, reaparecieron en 1929: en dicho año se perdieron casi 4 000 000 de jornadas en huelgas, una cifra superior a la alcanzada en cualquier año de la primera posguerra mundial desde 1921. También hay que ver en esta tensión social el resultado, más que nada, de una situación política. Ella también servía de caldo de cultivo a la conspiración militar que en Andalucía, cuyo capitán general era don Carlos de Borbón, cuñado del Rey, se llevaba a cabo prácticamente a la luz pública, especialmente en Cádiz, donde la protagonizaba el general Goded. Muy probablemente, si Primo de Rivera no hubiera decidido por sí mismo retirarse, una conspiración militar hubiera acabado con él.

Después de haber imaginado muchas y muy contradictorias maneras de encontrar una salida al régimen, el dictador le dio fin por el procedimiento más peregrino que pueda imaginarse, hasta el punto de que tan sólo su estado de salud y el deseo de abandonar el ejercicio de sus responsabilidades pueden explicarlo. Había conquistado el poder —cosa infrecuente a pesar de tratarse de un golpe militar— sin derramamiento de sangre; más excepcional fue, sin embargo, que protagonizara el caso muy inhabitual de quien siendo dictador dimite. Por su cuenta y riesgo, sin advertir al monarca, dirigió una consulta a los altos cargos militares que, al parecer, se mostraron tan tibios como para decirle que podía contar con su apoyo siempre que tuviera también el del Rey. La consecuencia fue la inmediata dimisión el 20 de enero. No tiene nada de extraño que el Rey mostrara una «no disimulada indignación y digna severidad» ante lo sucedido, que dio a conocer incluso a los embajadores extranjeros, pues por este procedimiento no sólo se le ignoraba por completo sino que, además, no se tomaba en consideración a la opinión pública e incluso no se tenía en cuenta la de la mayor parte del Ejército. Cabe pensar incluso que el dictador quizá quiso, por este procedimiento, vengarse del Rey: de hecho había existido entre ambos un sordo pugilato durante todo el régimen. El propio Primo de Rivera, fundamentalmente sincero, acabó reconociendo la «forma verdaderamente extraña» con que había planteado su consulta a los cargos militares. En la última de sus notas trató de justificarlo por haber sufrido antes «un pequeño mareo» y por estar «ya listo el ciclista» que había de llevar la nota. Su conclusión demostraba que el abandono de la política se le presentaba no ya como un sacrificio sino como una liberación. «Y ahora a descansar un poco —decía—, lo indispensable para reponer y equilibrar la salud». Es posible que, pasados unos días, una vez que se desató un proceso responsabilista contra su gestión, por algún momento se planteara la eventualidad de un retorno. La forma en que se despidió de Mussolini y de ciertos cargos militares abonaría esta suposición. Sin embargo, acabó saliendo de España y en el plazo de muy poco tiempo murió en un modesto hotel parisino tras haber llevado una vida discreta.

Con su dimisión había concluido una etapa trascendental de la Historia contemporánea española a la que muchos han atribuido una importancia decisiva en la configuración del porvenir. Así pensaba, por ejemplo, uno de sus colaboradores, Pemán, de quien es la afirmación de que «de Primo de Rivera arrancan todos los temas y motivos de estos últimos cincuenta años». Con posterioridad también han pensado de la misma manera quienes han considerado el régimen dictatorial como antecedente directo del franquismo. En realidad, la importancia de la Dictadura, que estuvo más cerca del autoritarismo de algunos «mauristas» que del franquismo, estriba en que demostró lo agotado que estaba ya a estas alturas el liberalismo oligárquico, una lección que, sin embargo, no supo ser asimilada por los sucesores del general. También demostró, no obstante, que la situación española no estaba madura para un autoritarismo más radical que en España no surgió hasta los años treinta, aún con lógicos precedentes previos. De nuevo es preciso recordar que los términos de comparación más oportunos para la Dictadura de Primo de Rivera se encuentran en el Mediterráneo o en el este de Europa en los años veinte: son la dictadura de Pángalos en Grecia, la portuguesa de 1926 o la de Pilsudski en Polonia.

Ya en un terreno más concreto, suele ser habitual señalar lo positivo de la gestión de Primo de Rivera en el terreno económico y respecto a Marruecos y lo negativo en el terreno político. Este juicio merece ser matizado. En Marruecos Primo de Rivera se benefició de la continuidad de un régimen no parlamentario y, además, carente de posibilidad de crítica frontal. En esas condiciones fue capaz de llevar a cabo operaciones imaginadas anteriormente con la colaboración de los franceses quienes, hasta el momento, habían sido renuentes a todo tipo de colaboración. Respecto de la política económica ya se han indicado sus debilidades: en realidad el dictador, ante todo y sobre todo, se benefició de una coyuntura especialmente positiva y llevó a cabo proyectos y programas previos. El balance político negativo que se atribuyó a Primo de Rivera no nace de que fuera incapaz de vertebrar un sistema dictatorial permanente, como le reprochó la derecha de la etapa republicana, ni tampoco de que decantara a la burguesía española hacia soluciones exclusivamente dictatoriales, como pretende la historiografía de izquierda. La verdad es que la posibilidad de que engendrara un sistema dictatorial permanente resulta anacrónica, porque ni él ni sus colaboradores lo intentaron seriamente en el periodo 1923-1930, aunque es cierto que luego sus herederos se aproximaron a las fórmulas fascistas, pero eso se produjo en una coyuntura como la de los años treinta. Los textos constitucionales de la Dictadura tienen algún parecido con los franquistas, pero tan sólo de la etapa de la llamada apertura a mediados de los sesenta.

El balance político negativo del régimen de Primo de Rivera resulta en última instancia inevitable por la propia simplicidad del regeneracionismo que alimentaba las posturas del dictador. La regeneración de la España oficial, identificándola con la real, era un proceso lento que no era posible mediante el ejercicio de una dictadura, como Primo de Rivera pretendió y, menos aún si ésta tenía una duración larga. En esto la crítica de Azaña es enteramente correcta. Además, el bagaje doctrinal del régimen podría ser popular pero resultaba también lo suficientemente simple, variable, contradictorio y confuso como para que resultara presumible su fracaso. Desde el punto de vista de la Monarquía este último resultó especialmente grave. Gabriel Maura asegura que «la más gratuita ofensa que se puede inferir al pueblo español consiste en creer que se mantuvo la Dictadura firme, año tras año, sin otro apoyo que el del Rey y la camarilla militar del Dictador». En realidad el régimen, iniciado con fuerte apoyo popular, lo mantuvo al menos parcialmente. La oposición, sin embargo, no reconoció este apoyo y atribuyó al Monarca la gestación y el mantenimiento del régimen. Por otro lado, el Monarca, con sus declaraciones y decisiones (por ejemplo, no reunir el Parlamento y acabar aceptando la Asamblea Nacional) había quedado vinculado a la Dictadura de modo inevitable. En el debate posterior a la caída de Primo de Rivera el balance no resultó tan perjudicial para éste que, en definitiva, mantuvo tras de sí a un puñado de seguidores, como para Alfonso XIII, culpado de los males de la Dictadura e incapaz de apuntarse ninguno de sus éxitos. No era responsable ni de unos ni de otros y probablemente había seguido, al decantarse por ella, la propia tendencia de la opinión pública. Ésta, sin embargo, era mucho más consciente y protagonista que en el comienzo de siglo y ahora pudo exigir responsabilidades al Monarca.

El error Berenguer

Los tiempos que siguieron a la caída de la Dictadura no pueden entenderse sin tener en cuenta la profunda transformación producida en la sociedad española durante la década de los veinte, cuestión que, sin embargo, se abordará en el tomo siguiente de esta obra, al adquirir su plena significación con los años republicanos. Lo que nos importa de momento es que en la evolución política inmediata jugó un papel de primera importancia la opinión pública. Fue esta nueva realidad la que permitió llegar al desenlace definitivo de unos meses de especial densidad política, imprevisibles en su desenlace final para los protagonistas.

Cuando ya empezaba a hacerse evidente la crisis del régimen dictatorial uno de los políticos conservadores españoles de más clara percepción del futuro, Francesc Cambó, escribió un libro, Las Dictaduras, que pudo ser calificado de guía perfecta para el dictador que quisiera dejar de serlo. Cambó hacía, en sus páginas, una descripción de un dictador que para el lector español no podía ser sino Primo de Rivera: de mentalidad simplista, su estancia en el poder le había hecho rectificar buena parte de sus juicios sobre los problemas, pero, en cambio, no le había proporcionado una visión clara acerca de la cuestión más grave, cómo salir de la Dictadura sino que, por el contrario, la perspectiva de las dificultades lo inclinaba a retener el poder. Al gobierno encargado de servir de transición entre la Dictadura y la normalidad, Cambó le recomendó, aparte de que se preocupara de mantener el orden público, que «no cayese en el apasionamiento de juzgar abominable todo lo que la Dictadura haya hecho» y, sobre todo, que no juzgara como óptimo el estado de cosas anterior a la Dictadura porque la mera existencia de ésta probaba que aquél no se podía restablecer. Realmente consejos como éstos (que no fueron aceptados) resultaban imprescindibles dada la situación que el país vivió al final de la Dictadura de Primo de Rivera. Se trataba de llevar a cabo uno de los procesos políticos más difíciles que se puedan imaginar: el tránsito de una situación dictatorial a otra de normalidad constitucional sin la colaboración expresa ni de quienes habían estado en el poder ni en la oposición durante aquel régimen. El final de este proceso sería el colapso de la Monarquía, para sorpresa de la inmensa mayoría, incluso de los republicanos, precisamente porque no tuvieron en cuenta los cambios producidos en la sociedad española —quizá no eran tan aparentes— y porque no se atendió el consejo de evitar la pura vuelta atrás.

El encargado de sustituir a Primo de Rivera fue el también general Dámaso Berenguer. Inteligente, culto, equilibrado, Berenguer, que a lo largo de los seis años anteriores se había significado por su moderada oposición al régimen dictatorial, era el más liberal de los tres personajes sugeridos por el propio dictador al Rey —los otros dos fueron Martínez Anido y Barrera— y también había sido juzgado aceptable por un severo opositor como fue Alba. Cuando anunció sus propósitos de retorno a la constitucionalidad la actitud de la opinión pública le fue notoriamente favorable. También fueron muy bien acogidas sus medidas liberales, relativas, por ejemplo, al reconocimiento legal de la FUE o la devolución de sus cátedras a los profesores dimitidos. En los primeros meses de su gestión se puede decir que las conspiraciones militares o paramilitares desaparecieron. Berenguer, que ha quedado en la Historia con el juicio condenatorio que de él hizo luego Ortega y Gasset, en un primer momento no fue un error sino una solución aparentemente buena.

Sin embargo, también desde el principio, fue posible percibir graves deficiencias en el gobierno de Berenguer. Era éste, en primer lugar, un militar palatino y no un político. Eso hacía prever que la inquina contra el Monarca de la vieja política perseguida no iba a desaparecer y que, además, el presidente carecería de habilidad estratégica suficiente. El propio Berenguer se quejó luego en sus memorias de «la reserva y el apartamiento» de buena parte de los políticos monárquicos, especialmente los liberales: «Ninguna de sus personalidades ni de sus elementos se acercó a mí para fortalecer mi confianza en la colaboración de todos, para aportar una idea, para ofrecer su colaboración». Claro está que eso se explica, en parte, por su indefinición. Más grave todavía fue la lentitud que imprimió Berenguer a su acción de gobierno. Se trataba de un gabinete que, de hecho, mantenía buena parte de las prerrogativas autoritarias de la Dictadura, pero que decía caminar hacia la legalidad constitucional, aunque lo hacía con tanta morosidad que los malintencionados podían dudar que algún día efectivamente llegara a ella. Pronto los comentaristas calificaron a este sistema de gobierno como «dictablanda». Esta lentitud, advertida muy pronto y censurada siempre, explica que cada mes que pasaba supusiera un deterioro, hasta tal punto que es muy posible que una superior rapidez y decisión hubieran, por ejemplo, evitado el abandono de la Monarquía por parte de algunos políticos. La razón de esta morosidad se puede encontrar, quizá, en el exceso de optimismo de Berenguer, que dijo a su director general de Seguridad, el general Mola, que «antes de un año podría volver a sus soldados y yo a mis estudios sobre arte». Pero, de todas maneras, la mayor deficiencia del gobierno de Berenguer residió en que hizo exactamente lo contrario a lo previsto en uno de los consejos de Cambó: pretendió, anacrónicamente, volver atrás, como si esto fuera posible. Este anacronismo resulta evidente en los aliados conseguidos y en el programa por el que optó. Berenguer sólo tuvo el ofrecimiento franco de un sector político a la hora de formar su gobierno, el de Bugallal, que representaba el más caduco producto del caciquismo conservador. Además, el presidente no ocultó su propósito de reconstruir el sistema caciquil, que ya estaba totalmente desprestigiado desde antes de 1923 y que Primo de Rivera había contribuido a deteriorar todavía más ante la opinión pública, convirtiéndolo en inviable, aunque sin por ello sustituirlo. Por eso escribió Berenguer en sus memorias que «interesaba al régimen, en primer término, la reconstrucción de las organizaciones monárquicas que lo habían representado hasta el advenimiento de la Dictadura, organizaciones que, desintegradas, llevaban una vida lánguida y casi clandestina, acumulando agravios y rencores, reducidas al mantenimiento de sus cuadros y en concentrada y airada actitud de protesta». Para ello nada mejor que convocar unas elecciones siguiendo los viejos cánones. Como también cuenta Berenguer, los trabajos de su Ministerio de Gobernación «señalaban cuán lejos estaban los municipios rurales, conjunto que es en realidad la base de la nación, del ambiente que predominaba en muchas capitales y distritos industriales». La vuelta a la constitución de 1876 se hizo con su acompañamiento habitual del liberalismo oligárquico. El gobierno se apoyó, por tanto, sobre la tradicional corrupción política del mundo rural, indiferente y pasivo, fuera quien fuera el gobernante. En cuanto a la política económica también el gobierno de Berenguer mantuvo una postura netamente anacrónica. Deseoso el gabinete de mantener una política presupuestaria estricta y ortodoxa, uno de sus ministros se vanagloriaba que durante su mandato no se había subastado ni siquiera una obra pública más, lo que equivalía a contribuir al incremento del paro.

La pregunta que cabe hacerse acerca del anacronismo de Berenguer es si resultaba inevitable. La respuesta sería que, en buena medida, sí, puesto que la mayor parte de los políticos monárquicos seguían anclados en su pasado caciquil. En eso estribaba la dificultad de la situación. Sin embargo, hubo algunas soluciones que, dentro del marco de la Monarquía, hubieran resultado más renovadoras y, lo que es más importante, es muy posible que el Rey Alfonso XIII no hubiera tenido inconveniente en aceptarlas. En este momento el Monarca vivió quizá los momentos más difíciles de su vida, en el momento de enfrentarse con las consecuencias de su aceptación de una Dictadura originariamente popular. Es posible que, de haber sido viable (no lo era por la enfermedad del príncipe de Asturias), Alfonso XIII hubiera abandonado el trono. Ante Alba se mostró dispuesto a celebrar un plebiscito sobre su persona y llegar a una posterior reforma constitucional. Fue éste, en efecto, uno de los posibles protagonistas de una solución más renovadora. El Rey se entrevistó con él en París, en junio de 1930, y aceptó en principio la solución de un gobierno de izquierda que hiciera una reforma constitucional que homologara a la Monarquía española con la británica o la belga, pero Alba mostró, a la vez, una falta de decisión y una carencia de afectos monárquicos que impidieron cumplir ese programa. Quizá pensó que todavía no era su momento o estaba demasiado irritado por cuanto había tenido que pasar en la oposición, sometido a los insultos de Primo de Rivera De este modo su proyecto de «nueva democracia» bajo la Monarquía ni siquiera llegó a intentarse.

Cambó no era ni sentimental ni doctrinariamente monárquico, pero, aunque pensó en esta ocasión que la iniciativa le correspondía a la izquierda, hubiera querido ayudar a la Monarquía a salir de tan difícil trance y sin duda podía haber sido mucho más valioso para ella que figuras de talla política muy inferior como Berenguer o Aznar. Él tenía la suficiente perspicacia como para darse cuenta de que la Monarquía debía ofrecer un aspecto renovador. «Aquélla era mi hora», escribe en sus memorias. La realidad, fue, sin embargo, que, afectado por una grave enfermedad, tuvo que actuar entre bastidores. La Lliga, como había sucedido en el año 1918, se lanzó a una campaña de propaganda en toda España con un sentido netamente más renovador que el gobierno. Factor importante en esta campaña fue la creación, ya bajo el gobierno de Aznar, de un Centro Constitucional del que formaron parte los regionalistas, los antiguos «mauristas», sectores católicos que luego militarían en la CEDA, etc. Este partido, a nivel local, tuvo un aspecto mucho menos regenerador de lo que Cambó habría deseado pero, en todo caso, llegó demasiado tarde como para poder, en definitiva, renovar la política monárquica. De todos modos, en estos momentos, las polémicas del dirigente catalanista con Bugallal, sobre la necesidad de renovación, o con Ortega, acerca de una política que fuera técnica, aparte de estar fundamentadas en principios, testimonian su calidad como dirigente político. No hubo nada parecido entre los políticos monárquicos, de actuación desmedulada y carente de visión a largo plazo.

El anacronismo que representaba una solución política como la que los españoles presenciaron a lo largo de 1930 fue duramente denunciado por Ortega y Gasset en un artículo titulado «El error Berenguer». Decía el filósofo que no era que Berenguer hubiera cometido errores, sino que otros los habían cometido al hacerle presidente del Consejo de Ministros. Con esta frase, como es lógico, se situaba al borde del republicanismo. El «error Berenguer» consistía en tratar de «hacer como si aquí no hubiera nada radicalmente nuevo», cuando el país había soportado un régimen dictatorial «tal que no es imposible, pero sí sumamente difícil, encontrar en todo el ámbito de la historia, excluyendo a los pueblos salvajes, algo parecido». Si se pensaba que esta simple vuelta atrás resultaba posible, era porque se opinaba «que los españoles pertenecen a la familia de los óvidos, en la política son gente mansurrona y lanar y en cuestiones de derecho y, en general, públicas, presentan una epidermis córnea». En buena medida estas opiniones habían sido ciertas en el pasado e indicaban que «desde Sagunto, la Monarquía no ha hecho sino especular con los vicios españoles, arrellanarse en la indecencia nacional». Ahora, sin embargo, —opinaba Ortega—, el pueblo español había cambiado y no iba a tolerar lo que le imponían. Su artículo, publicado en noviembre de 1930, testimonió el imparable y ya irreversible deterioro de lo que, en principio, había sido una solución viable.

La crecida de la oposición. El Pacto de San Sebastián

En la última frase transcrita, Ortega que, desde el punto de vista político, había errado en otras ocasiones y erraría en el futuro, sin duda alguna acertaba. Según el propio Berenguer, España se comportó «como una botella de champán que se destapa». La opinión pública había parecido dormida durante siete años, pero ahora empezó a desempeñar un papel muy activo en la vida política. A ello ayudaba la difícil situación económica cuando se empezaban a percibir las primeras consecuencias de la crisis de 1929, mientras que en algunas provincias andaluzas la sequía provocaba paro y conflictos huelguísticos. Más grave fue todavía el hecho de que la Monarquía sufriera ahora las consecuencias de que la Dictadura la hubiera usado parasitariamente. Pronto, tanto el Rey como Berenguer hubieron de sufrir la ofensiva agresiva de los descontentos de la derecha y la izquierda.

En el momento en que Primo de Rivera abandonó el poder Alfonso XIII le había dicho cortésmente que «salvaba por segunda vez a España». Pronto, sin embargo, sus seguidores no se mostraron satisfechos con que el Rey les dedicara buenas palabras. La Unión Patriótica, que, en el ínterin, había perdido toda la riada de caciques que tuvo durante la vigencia del régimen dictatorial, se convirtió en Unión Monárquica Nacional y adoptó un marcado tono derechista, que la alejaba de la Constitución de 1876. Como escribió Berenguer, la UMN «no participaba ciertamente del regocijo general (sino que) determinados matices de su doctrina y resentimientos dinásticos los acercaban a los tradicionalistas». En efecto, buena parte de los miembros de la UMN pensaban que el gabinete de Berenguer era «mediocre» y sus ministros «marionetas en manos de la revolución». Es más, para los jóvenes de este partido el mal estaba «en el régimen constitucional y parlamentario» de la Restauración. El regeneracionismo liberal de Primo de Rivera empezaba a ser sustituido por doctrinas dictatoriales de muy diferente talante. Según Mola, la propaganda de la UMN se hacía «más en defensa del régimen que implantó Primo de Rivera que del que representaba Don Alfonso». De esta manera la única propaganda que se autodeclaraba monárquica, pues los partidos caciquiles seguían sin apelar a las masas, resultaba por completo contraproducente para la Monarquía, por su tono antiliberal y sus reticencias ante don Alfonso. Sin embargo, el protagonismo fundamental de la oposición al gobierno de Berenguer corrió principalmente del lado de la izquierda y, dentro de ella, de la moderada y no de la extrema. Bajo la parcial restauración de la normalidad constitucional, la CNT consiguió empezar su reconstrucción: en mayo de 1930 se autorizó su existencia legal a nivel provincial y, en este mismo mes, un grupo de sus dirigentes se puso en contacto con los republicanos. Mola y los gobernadores civiles mantuvieron cierta relación con sus líderes más moderados, pero, conscientes de la peligrosidad de la sindical anarquista, siguieron protegiendo discretamente al sindicato libre. En la UGT y el partido socialista empezaba a predominar la tendencia más claramente antimonárquica, representada por Indalecio Prieto, furioso adversario personal del Rey desde la tribuna del Ateneo de Madrid. Como muestra de la efervescencia del país, habría que añadir que el crecimiento de ambas centrales sindicales era vertiginoso, iniciándose así la movilización política de la etapa republicana.

Pero lo peor para el régimen fue que las clases medias empezaron a mostrar un marcado desvío hacia la persona del Rey. A ello contribuyó la decepción, total o parcial, de un buen número de antiguos ministros de la Monarquía. Un grupo de políticos que se habían significado por su oposición al régimen dictatorial formaron el llamado partido constitucionalista. Realmente los constitucionalistas, siendo como eran políticos caciquiles, carecían de apoyo popular y el mismo hecho de su edad hacía difícil que pudieran arrastrar a masas enfervorecidas. Sin embargo, poseían el prestigio de su persecución en la etapa dictatorial, y, en comparación con otros políticos, como Bugallal, parecían mucho más motivados por razones ideológicas que no por simples concupiscencias de poder. Su actitud en esta época consistió en lanzar reticencias e insinuaciones contra el Monarca sin llegar a lo que sus auditorios deseaban fervientemente, es decir, proclamarse republicanos. Sánchez Guerra declaró que no deseaba servir a señor «que en gusanos se convierta» y que en la Dictadura «el impulso fue soberano». Ossorio y Gallardo se declaró «monárquico sin rey». Burgos y Mazo, Bergamín y Melquíades Álvarez participaron de posturas semejantes que tanto deterioraban la situación política de la Monarquía. Detrás de estas frases no había una doctrina ni un programa político, pero todas ellas fueron muy graves para el régimen. Sólo hubo dos personajes políticos monárquicos que hubieran ocupado puestos de importancia y que traspasaran la linde entre Monarquía y República. Lo hizo, en primer lugar, Miguel Maura, ejemplificando, de esta manera, una de las posibles derivaciones de la ideología que su padre había representado. No tiene nada de particular que el carácter liberal del «maurismo» y su «antialfonsinismo» acabaran por producir una de las vertientes del republicanismo y, de hecho, no fue únicamente Maura quien la personificó sino también Ossorio y Gallardo. Menos impetuoso que Miguel Maura, Niceto Alcalá Zamora tardó mucho más en decidirse. Dice el primero en sus memorias que «el espíritu de jurista de don Niceto le llevaba a formularse a sí mismo y en monodiálogos conmigo toda clase de reparos a la decisión clara y franca de incorporarse a la República». Al fin, en abril de 1930, lo hizo solicitando para España un régimen político republicano pero esencialmente conservador desde el punto de vista político, social y religioso (una República «con obispos», como él mismo dijo). A ambos, pero sobre todo a Alcalá Zamora, esta toma de postura les permitió tener un futuro político durante los años republicanos. Otros, que tenían más pasado pero que mostraron menos decisión, como Álvarez, quedaron condenados a un destino más discreto.

Mientras tanto, el republicanismo histórico permanecía marginado ante esta oleada de pronunciamientos «antialfonsinos» o antimonárquicos (como asegura Pabón, «hablaba poco o apenas era escuchado»). A lo largo de la etapa de la Monarquía constitucional, en efecto, sus posibilidades habían tendido a decrecer más que aumentar y la Dictadura no había representado un cambio importante en esta tendencia. Sólo el sector que acaudillaba Lerroux tenía alguna organización, porque los restantes no pasaban de ser, igual que los partidos monárquicos, meras tertulias. Durante la época gubernamental de Berenguer se produjo, sin embargo, un cambio importante en el republicanismo español. En primer lugar, la defección de figuras como Maura y Alcalá Zamora tuvo como consecuencia que la apariencia exterior del republicanismo ofreciera menos relación que en el pasado con una subcultura de la plebe urbana anticlerical. Alcalá Zamora, en efecto, haría repetida ostentación de sus creencias religiosas. Además, y sobre todo, el republicanismo transformó su apariencia exterior logrando el apoyo de nuevas clases sociales a través de una movilización política de las masas como nunca había logrado. El Partido Radical Socialista, fundado en septiembre de 1930, anticlerical y propenso a pretender sobrepasar el marco ideológico de la democracia clásica, atrajo a sectores de clase media baja, periodistas y algunos intelectuales. Sin embargo, esta última característica fue todavía más patente en Acción Republicana, el partido de Manuel Azaña, en cuyo manifiesto fundacional, suscrito por 140 personas, figuraron las firmas de 27 catedráticos de Universidad. Pero mayor trascendencia tuvo aún la dirección que le imprimió su inspirador, que aunque sólo apareció en los años treinta como el gran descubrimiento político del periodo, ya en los meses finales del régimen empezó a desvelar sus capacidades.

La fuerza del republicanismo se acrecentó todavía con la colaboración de un importante sector de intelectuales y una parte del Ejército. A lo largo de 1930 el conjunto del mundo intelectual español era beligerante en contra de la Monarquía. Lo fueron los hombres de la vieja generación finisecular que habían estado contra la Dictadura, como Unamuno, Valle-Inclán y Machado, pero también quienes estuvieron en algún momento al lado de Primo de Rivera, como Azorín. Pero quienes tuvieron un mayor protagonismo en este momento fueron los miembros de la generación de 1914 que consideraron llegado el momento de convertir en realidad su programa modernizador. Buena parte de ellos acudieron a la llamada de una Agrupación al Servicio de la República, nacida tras un manifiesto de Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y Marañón e inspirada por el primero. Pero también los más jóvenes se convirtieron en beligerantes contra el régimen monárquico. De la «interminable noche negra de la Dictadura» salieron con una actitud de compromiso político y social de la que fue expresión el libro El nuevo romanticismo de José Díaz (1930). Con respecto al Ejército, los republicanos se veían favorecidos por la existencia de una protesta generalizada en algunos de sus estamentos. En los cuarteles de Artillería los cerrojos de las armas se guardaban aparte para que éstas no pudieran ser utilizadas. Incluso parece que un sector de los jóvenes oficiales estaba influido por ideas de extrema izquierda. Quizá el mejor representante de la tradición conspiratoria militar fuera el general Queipo de Llano quien, narrando más adelante su actuación, escribió que un militar no puede ser «un autómata obediente» y, por tanto, debía sublevarse contra los regímenes que considere tiránicos.

Toda esta enumeración de grupos sociales y políticos debe considerarse integrada en un fenómeno más profundo y decisivo. En realidad, en estos momentos no sólo se ponía en cuestión un régimen sino que el conjunto de la sociedad española empezaba a vivir la política de otra manera. De la desmovilización se pasaba a la movilización y esto, que debería alterar con el tiempo el conjunto de la vida española, era más importante que la aparición de nuevos grupos políticos (gran parte del nuevo republicanismo se encauzó hacia grupos «autónomos», sin adscripción precisa). Ortega y Gasset, que publicó por estos meses La rebelión de las masas, años después describió lo sucedido asegurando que en esos momentos le fue posible «a la espontaneidad nacional… corregir su propia postura, regularse a sí misma». En definitiva, la democracia empezaba a hacerse posible y las circunstancias parecían favorecer que ese proceso sucediera al margen o en contra del régimen.

El Pacto de San Sebastián, en agosto de 1930, supuso la consagración de la alianza entre dos tipos de republicanismo (el nuevo y el viejo), así como su colaboración con fuerzas también situadas al margen del sistema y el comienzo de una etapa de dirección coordinada de todos estos sectores. Aparte de Alcalá Zamora, Miguel Maura, Azaña, Lerroux, etc, principales figuras del republicanismo, participaron también en esta reunión miembros del catalanismo republicano (la antigua Acció Catalana, ahora convertida en Partit Catalanista República) y del galleguismo (Casares Quiroga). Indalecio Prieto, por su parte, representó, aunque no oficialmente, al socialismo. De esta manera dos fuerzas políticas importantes —catalanismo y socialismo— integraban sus propósitos en el marco del republicanismo. El llamado Pacto de San Sebastián no pasó de ser un acuerdo muy general por lo que, sobre todo en los temas referentes a la autonomía de Cataluña, originó un número de contradictorias interpretaciones pero evitó la confrontación cuando se produjo el advenimiento del nuevo régimen. A partir de este momento existió un gobierno provisional republicano, que, en Madrid, se reunía en el Ateneo y estaba presidido por Niceto Alcalá Zamora.

Como había sucedido en el Portugal de 1910, la mayoría de los dirigentes del republicanismo debieron pensar que la única posibilidad de cambiar el régimen era el pronunciamiento y no las elecciones. Este hecho, que hacía que algunos intelectuales, como Madariaga, se retrajeran de colaborar con el republicanismo, se demostró en el abortado intento de diciembre de 1930. Lo sucedido fue una muestra de la desorganizada improvisación que reinaba en las filas de los conspiradores contra la Monarquía. Dos jóvenes militares, Galán y García Hernández, se sublevaron en Jaca adelantándose a las previsiones de los dirigentes republicanos. La falta de preparación del golpe fue tal que tardaron diecinueve horas en avanzar 86 kilómetros y, al fin, fueron fácilmente derrotados por las fuerzas leales a la Monarquía. El secreto en la conspiración había sido mínimo: el propio director general de Seguridad, Mola, escribió a Galán para convencerle de que no se sublevara. Queipo de Llano y Ramón Franco trataron de alzarse en Cuatro Vientos, pero la oficialidad de esta base apenas les prestó colaboración (en realidad no se sublevaron con ellos, sino que se declararon presos) y, tras diez minutos de tiroteo, todo terminó. Las masas obreras permanecieron en general pasivas, pues en Madrid Besteiro había desaconsejado la colaboración con el movimiento; tan sólo en algunas ciudades se produjo la huelga que, en todo caso, fue pacífica.

Lo paradójico es que este desastre republicano se convirtió en una victoria y a los cuatro meses el régimen, que no había caído por la violencia, se derrumbaría después de una elección. Los monárquicos no consiguieron convencer a la opinión conservadora de que un sector del republicanismo era criptocomunista (la verdad es que los manifiestos de Galán daban base para esta presunción o, al menos, la de su sintonía con el anarquismo) y, en cambio, los fusilamientos de los dos cabecillas de Jaca, «un acto estúpidamente impolítico», proporcionaron a los republicanos algo que venían necesitando: héroes. Cuando el gobierno provisional republicano fue juzgado, al igual que había sucedido con Sánchez Guerra, los acusados se convirtieron en acusadores. En medio de lo que Berenguer denomina en sus memorias «un desconcertante ambiente de pasividad» por parte de las clases conservadoras, los socialistas, que se atribuyeron 16 muertos en los incidentes producidos en torno a la sublevación de Jaca, se alinearon definitivamente con la causa republicana.

A todo esto el gobierno pasaba una fase crítica. Su exasperante lentitud en la acción había enajenado a la Monarquía algunos de sus partidarios, pero, además, los que le quedaban a ésta se mostraban crecientemente disconformes con Berenguer. En concreto la crisis surgió con el problema de las elecciones. Berenguer había pensado convocarlas a diputados para evitar librar tres batallas sucesivas, en vez de precederlas de las municipales y las provinciales, como era habitual. La preparación del «encasillado» —que por vez primera era más del régimen que de un partido— testimonia que el programa del gobierno no iba más allá de hacer perdurar el liberalismo oligárquico. Sus previsiones fueron conseguir una mayoría monárquica y parece que estaban fundamentadas. Tan sólo unos pocos distritos rurales hubieran sido conquistados por las izquierdas mientras que el desembarco de «candidatos acaudalados» hubiera permitido mantener controlados muchos otros, sin que la efervescencia política existente en las ciudades se hubiera trasladado al campo. De haberse celebrado las elecciones, en todo caso, se hubiera prolongado una situación de inestabilidad de difícil salida. Pero el anuncio de las elecciones generales produjo una oleada de amenazas de abstención, desde fines de enero de 1931 hasta mediados del mes siguiente: sucesivamente los constitucionalistas, republicanos, socialistas y Alba informaron que no acudirían a las urnas y, finalmente, también lo hicieron los liberales y Cambó. Los primeros habían pedido elecciones constituyentes y habían arrojado sobre el gobierno una sospecha de manipulación electoral pero, en realidad, la iniciativa política la llevaban los republicanos, aun después de derrotados. La crisis, de cualquier modo, resultaba inevitable.

El error Aznar y las elecciones del 12 de abril

Resultaba previsible que la crisis política no tuviera una fácil solución. El Rey se dirigió a Alba, quien una vez más se negó a asumir el gobierno, y, luego, a Sánchez Guerra y a Melquíades Álvarez. Se ha discutido mucho si en esta ocasión una solución constitucionalista hubiera sido posible y si no lo fue por culpa del Rey o de los políticos consultados. Sánchez Guerra, nervioso y apresurado, cometió lo que, desde el punto de vista de las instituciones monárquicas, puede ser calificado de error: pedir el concurso de los republicanos, que lo rechazaron, según esperaba él en el fondo. Como escribió Miguel Maura, «fue tal gesto un golpe de muerte para el régimen porque ya nadie dudó de la suerte que le esperaba», a pesar de que su autor, al llevarlo a cabo, no le hubiera concedido mayor importancia. Tanto Sánchez Guerra como Melquíades Álvarez renunciaron a presidir el gobierno porque el Rey no aceptó algunos de los nombres propuestos como ministros y, sobre todo, los quiso contrapesar con otros más manifiestamente monárquicos: el segundo dijo al salir de Palacio que «con este hombre no hay nada que hacer». Ni uno ni otro parecen haber tenido demasiado interés en ocupar el poder en este momento o en salvar a la Monarquía y es dudoso que hubieran obtenido el apoyo de las extremas derecha o izquierda. En realidad, su tiempo había ya pasado: podían haber resultado beneficiosos para la Monarquía un año antes, cuando, sin embargo, su fuerza era escasa y representaban un riesgo excesivo.

El gobierno de Aznar, que acabó formándose, tenía carácter de concentración monárquica con colaboración regionalista. En él tomaron parte desde la derecha, representada por De la Cierva y Bugallal, a la izquierda de García Prieto y Romanones, pasando por el propio Berenguer, Ventosa y el duque de Maura. Inmediatamente, el gabinete prometió convocar elecciones, empezando por las municipales, y dar a las Cortes que se reunieran el carácter de Constituyentes, e incluyó también en su programa la revisión constitucional y la autonomía catalana. En general, se puede decir, como escribe Berenguer, que, a corto plazo, «la solución de la crisis fue un sedante para la opinión pública, que había llegó al máximo de ansiedad y expectación durante su larga tramitación». Los propósitos gubernamentales eran liberales: Aznar había sido uno de los pocos militares que se opuso al golpe del año 1923 y siempre se mantuvo en la oposición durante la Dictadura.

Pero el nuevo gobierno no ponía remedio a los más graves inconvenientes del anterior y añadía todavía otras deficiencias: como dice Pabón, era, en la ocasión, «el peor de los gobiernos posibles». En absoluto tenía carácter renovador: «Todo cuanto enfrente de nosotros actuaba —escribe Miguel Maura— ofrecía al país, como única finalidad, la resurrección de los viejos partidos políticos». Las gotas de renovación que pudiera haber significado la presencia de la Liga, por otra parte indiferente a las formas de gobierno, estaban demasiado diluidas. Pero, además, si el gobierno de Berenguer había sido un gobierno por lo menos homogéneo, disciplinado y que representaba sólo a una parte de los monárquicos, las características del presidido por Aznar fueron radicalmente contrarias. Representaba a todos los monárquicos con lo que una hipotética crisis venía a repercutir en la del mismo régimen. Se puede decir, incluso, que no era siquiera un gobierno, tal su heterogeneidad y su falta de dirección. Aznar, que había llegado al poder, según se dijo, «procedente geográficamente de Cartagena y políticamente de la Luna», había sido elegido porque no tenía programa ni significación política alguna; algo parecido cabe decir del ministro de la Gobernación, marqués de Hoyos. Un indignado aristócrata de extrema derecha escribió de él que más bien parecía «un portero del Ministerio o un bedel de Instituto». Lo único que intentó en pro de la Monarquía resultó contraproducente: éste fue el caso de la reconquista de algunos diarios que empezaban a inclinarse por la República. En cuanto a los ministros, carecían realmente de un programa común y en los momentos difíciles actuaron cada uno por su cuenta: García Prieto escribió en una esquela a Romanones que pensaba dimitir el jueves del escrutinio de las elecciones municipales. No le dio tiempo a hacerlo, porque mientras tanto se había proclamado la República.

El gobierno monárquico no consiguió calmar la agitación de la opinión pública: los disturbios universitarios siguieron y ante ellos no se adoptó una política coherente por las tensiones entre los miembros del gabinete. La promesa más inmediata de Aznar consistía en la convocatoria de elecciones municipales y, desde luego, la llevó a cabo rápidamente. En sí misma, desde el punto de vista de la Monarquía, constituía también un error, no sólo porque con las elecciones legislativas los monárquicos «hubieran echado el resto en propaganda», como decía el marqués de los Hoyos, ministro de la Gobernación, sino porque en las elecciones municipales resultaba más perceptible la diferencia de comportamiento entre el mundo urbano y el rural. En las elecciones legislativas muchas veces el voto rural compensaba los resultados del urbano y, en todo caso, todos los diputados eran iguales. En cambio, en las elecciones municipales no sucedía lo primero, y, respecto a lo segundo, se puede decir que un concejal de Madrid o Barcelona tenía un rango incluso superior al de un diputado en el «cursus honorum» político.

Característica de estas elecciones, fue, en primer lugar, la incertidumbre en los resultados pues, como escribían los gobernadores civiles al marqués de Hoyos, al no haberse realizado elecciones desde 1922, eran imprevisibles: el censo, por ejemplo, había aumentado de manera considerable. El gobierno confiaba en ganarlas pero mantenía dudas acerca del margen que podría conseguir. En segundo lugar, constituyó una novedad que el poder público no interviniera: «solamente para que se hicieran con arreglo a la ley podía yo estar en el Ministerio», escribe Hoyos; pero, además, intentar hacerlas de otro modo «hubiera resultado tan inútil como contraproducente» (por la propia heterogeneidad del gobierno, entre otros motivos). Otro rasgo fundamental fue la apatía de los monárquicos, que apenas hicieron propaganda y acudieron a la contienda electoral desunidos. Tanto la Unión Monárquica Nacional como los monárquicos liberales temían que su colaboración tuviera efectos contraproducentes para ellos mismos. De hecho, en el nivel local, la derecha y la izquierda monárquica estaban con frecuencia enzarzadas en procesos responsabilistas originados como consecuencia de la Dictadura. En este mismo nivel lo único que le quedaba a la Monarquía eran los caciques, capaces, a lo sumo, de artimañas, pero no de enfrentarse a un verdadero despertar de la opinión pública nacional. Efectivamente, éste se produjo y constituye el último y el más importante rasgo de estas elecciones: «Jamás conoció España elecciones en que los ciudadanos, sin distinción de clases, se mostraran más interesados», escribió un testigo presencial. La jornada electoral fue concebida por los republicanos (y los monárquicos mínimamente perspicaces), como un plebiscito en que las posturas se reducían a estar a favor o en contra de la Monarquía, lo que significaba realmente en pro o en contra del sistema oligárquico y caciquil.

Dada la extraordinaria relevancia de sus consecuencias, los resultados de la elección han sido muy discutidos. Los monárquicos insistieron en que con la proclamación de la República fue derrotada la doctrina democrática. Los datos últimos que tuvo el marqués de Hoyos, antes de la proclamación del nuevo régimen, señalaban un total de 22 150 concejales monárquicos y sólo 5875 antimonárquicos pero quedaban más de 52 000 puestos por determinar. Sólo en ocho provincias (entre ellas, las cuatro catalanas) el número de concejales republicanos era superior al de los monárquicos. Sin embargo, la forma correcta de interpretar los resultados no es ésta. Siempre, a lo largo del reinado de Alfonso XIII, se había dado diferente importancia a los resultados de los núcleos urbanos y del medio rural. Ahora, en los primeros, la Monarquía había sufrido una verdadera hecatombe: salvo en muy pocas (9), caracterizadas, además, por su tono conservador (Palencia) o su corrupción electoral (Cádiz), las capitales de provincias habían proporcionado una neta victoria a las izquierdas. Las diferencias eran todavía más grandes en votos que en concejales (en Madrid el triple que los monárquicos, en Barcelona el cuádruple). Resulta también interesante comprobar que en todos los distritos de ambas capitales, incluso en los más caracterizadamente burgueses, la victoria había sido de los antimonárquicos y que, según el marqués de Hoyos, las noticias de los pueblos importantes eran, como las de las capitales de provincia, desastrosas para la Monarquía. En una región como Andalucía la izquierda venció en el conjunto de las poblaciones de más de 10 000 habitantes. En cambio, en todos los ayuntamientos de Fuerteventura y Lanzarote no hubo elección porque sólo se presentaron candidatos monárquicos de significación caciquil.

¿Qué había sucedido? Simplemente, que el sistema caciquil se había colapsado; por vez primera en España el gobierno era derrotado en unas elecciones. Habían votado aquellas zonas en las que existía opinión pública y se habían pronunciado en contra de una Monarquía que, a nivel local, no estaba ya representada por ninguna fuerza renovadora, sino únicamente por los caciques. En el medio rural no se había votado por la Monarquía: en realidad se había continuado sin votar, como se demuestra por el hecho de que se aceptó pasivamente el cambio de régimen y los concejales elegidos cambiaron de forma inmediata su adscripción política. Interpretados así los resultados, la situación de la Monarquía resultaba gravísima. Los políticos monárquicos, como De la Cierva o Romanones, apenas si podían creer los resultados que recibían por teléfono, porque la esperanza de que se hicieran unas elecciones sinceras se había visto decepcionada en muchas ocasiones anteriores. Ahora, España había ya alcanzado una indudable madurez y ella trajo un cambio de comportamiento político que, tal como se planteó, supuso, con el advenimiento de la democracia, el colapso de la Monarquía.

Últimos momentos de la Monarquía

La noticia de los resultados electorales sorprendió totalmente al país: a los monárquicos, que a lo sumo consideraban que la situación era difícil, y a la mayoría de los republicanos, que no esperaban tal éxito ni tampoco previeron sus consecuencias. Buena prueba de ello es la frase de Aznar cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de una crisis política: «¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano?».

Con posterioridad a la proclamación del nuevo régimen varias figuras relevantes del monarquismo debatieron las responsabilidades de este hecho. Este debate, por interesante que parezca, en realidad no viene a demostrar sino la propia división de los partidarios de Alfonso XIII, porque la posibilidad del mantenimiento de la Monarquía era ya mínima. El mismo marqués de Hoyos muestra en sus memorias su convencimiento de que «la Monarquía estaba estrangulada sin posibilidad». Cualquier cosa que se hubiera intentado en este momento para mantener el régimen habría tenido como resultado el fracaso y, a lo sumo, algún derramamiento de sangre. La ocasión para salvar el trono se había perdido desde hacía ya meses: sólo hubiera sido posible liderando una transformación renovadora de la política española.

No obstante, resulta cierto que ahora no se intentó con decisión ningún acto concreto, sino que más bien cada sector político monárquico optó por su propia actuación independiente, sin cuidarse de consultar a los demás, como correspondía a un gobierno heterogéneo que tan siquiera tenía pensado qué hacer en caso de derrota. El general Berenguer envió a los altos cargos militares un telegrama por el que pretendía apartar al Ejército de la política partidista. Lo explica en sus memorias diciendo que «mi preocupación fue el temor de que las informaciones exageradas y partidistas que seguramente serían transmitidas a provincias pudieran impresionar al Ejército y dividirlo en la apreciación de la verdadera importancia y alcance de lo ocurrido». La alusión a que el país seguiría el rumbo que le había señalado la voluntad nacional parecía indicar que el gobierno no estaba dispuesto a resistir por la fuerza a los republicanos, lo que responde a la realidad. Por su parte, el duque de Maura, a espaldas del Consejo de Ministros, se puso en contacto con los republicanos para tratar de llegar a un acuerdo en lo que respecta a la inmediata realización de las elecciones legislativas, sin lograr nada de ellos. Romanones, sorprendido y vencido, no veía otra posibilidad que la ordenada transmisión de poderes al adversario. Consciente de la derrota, su actitud fue la de realizar los máximos esfuerzos para que la ya inevitable caída de la Monarquía se hiciese con el menor trauma posible. El resto del Consejo de Ministros dudó entre declararse dimitido o esperar a las elecciones legislativas. Tan sólo la De la Cierva y Bugallal fueron partidarios de la resistencia a ultranza. Mientras tanto, Melquíades Álvarez declaraba que la hora de los constitucionalistas había pasado ya cuando, en realidad, había pasado hacía tiempo.

La actitud de los republicanos fue exultante, pero por un momento se mantuvo dubitativa. El propio desarrollo de los acontecimientos consiguió convencer a los miembros del gobierno provisional republicano de la posibilidad de tomar inmediatamente el poder, tal como Miguel Maura parecía haber pensado desde que se conocieron los resultados de las elecciones frente a la reticencia de Azaña. La propia actitud de los dirigentes monárquicos fue decisiva a este respecto, como también la de Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, que se presentó a Maura y «con muy pocas palabras y con la premiosidad habitual en él» le dijo que tanto él como el Instituto que dirigía acataban la voluntad popular y pasaban al servicio de la República.

El Rey, de acuerdo con sus consejeros, consultó el parecer de los generales, pero el desarrollo de los acontecimientos le indujo a optar finalmente por suspender el ejercicio de la potestad real y dejar el país. Desde luego no pensó en resistir con ayuda de la fuerza, tal como le proponían De la Cierva, Bugallal y Cavalcanti. Es más, en un momento de indignación, al primero le dijo que «no veía más allá de sus narices». Muy probablemente tenía razón en esta frase, con la que condenaba una postura que a lo sumo podía aspirar a que se produjera una guerra civil. Pero ni aun así el resultado hubiera sido favorable a la Monarquía, pues el mismo marqués de Luca de Tena ha escrito que, de haberse producido, el resultado le habría sido adverso. En esta ocasión, como también en otras, el Monarca mostró más perspicacia y sentido común que algunos de sus colaboradores.

La caída de la Monarquía se había producido, en esencia, porque, inevitablemente quizá, sus representantes se habían identificado en un determinado momento cardinal con todo lo que el país consideraba caduco. No tenía por qué haber sido inevitablemente así, pues la institución no había sido menos regeneracionista que otros sectores de la sociedad española, pero la realidad es que esta última acabó prescindiendo de las instituciones monárquicas como si fueran el estorbo principal para su modernización. La República se inició con el logro de la veracidad electoral (o, por lo menos, de una veracidad electoral muy superior al pasado), pero en los años venideros España hubo de descubrir que proscribir la Monarquía no significaba, necesariamente, el fin de los problemas. En el ambiente crispado y tenso de los años treinta, la forma en que se plantearon, todos a la vez y con maximalismo en las posturas políticas, hizo difícilmente viable el sistema democrático nacido en abril de 1931.

Bibliografía

En un manual de las características de éste resulta imprescindible ofrecer al lector una orientación bibliográfica. La bibliografía existente respecto de la Historia española del siglo XX es oceánica, por lo que la reflejada al final de cada uno de los capítulos en que se divide cada tomo de esta obra resulta inevitablemente selectiva. Tiene, además, en cuenta de manera especial las últimas obras aparecidas, más que los textos de la época, y, salvo excepciones, se limita a libros, porque los artículos científicos se citan sólo cuando se considera que llenan un hueco todavía no cubierto por una monografía más extensa. Finalmente, el lector debe tener en cuenta que tan sólo se hace la cita en aquel capítulo en que corresponde, desde el punto de vista cronológico, de manera más directa o primera en el tiempo, por lo que en muchas ocasiones podría haberse repetido en un capítulo posterior. En cualquier caso, la cita es abreviada, limitándose al autor, título, editorial y año de edición y excluyendo, por ejemplo, el número de páginas. Para estar al día de las novedades bibliográficas sobre Historia española del siglo XX lo mejor es acudir a la lectura de las principales revistas de esta especialidad, entre las que debe citarse de modo principal Ayer, editada por la Asociación de Historia Contemporánea.

En esta introducción se hará mención de la bibliografía de carácter más general como manuales, historias temáticas y de ámbito regional pero también a aquélla que ha sido útil, de forma directa, para ofrecer una panorámica inicial de la España finisecular. Esos primeros títulos se pueden considerar como fundamentales. En los capítulos siguientes aquellas monografías recientes especialmente interesantes, por su originalidad y novedad, aparecerán señaladas con un asterisco (*). De esta manera el lector puede disponer de una selección más escueta de lecturas recomendadas.

Hay ya un número relativamente elevado de manuales sobre la Historia de España del siglo XX en su totalidad. Posiblemente los más útiles sean los que se citan a continuación, de los que no se proporciona fecha de edición porque son reeditados con frecuencia, aunque no siempre con modificaciones.

En un solo volumen: Antonio UBIETO, Juan REGLA, José María JOVER y Carlos SECO, Introducción a la Historia de España, Barcelona, Editorial Teide (puesta al día, con ilustraciones, en Editorial Debate, por Guadalupe Gómez Ferrer); Raymond CARR, Spain, 1808-1939, Oxford History of Modern Europe, y Juan Pablo FUSI y Jordi PALAFOX, España, 1808-1996: El reto de la modernidad, Madrid, Espasa Calpe, 1997.

En más volúmenes (se cita el director de la colección y el autor de cada volumen, caso de tener particular relevancia): Miguel ARTOLA, Historia de España, Editorial Alfaguara-Alianza, tomos VI y VII; José María JOVER, Historia de España, fundada por Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Espasa Calpe, tomos XXXVII (TUÑÓN DE LARA, GARCÍA DELGADO, JIMÉNEZ), XXXVIII (SECO, TUSELL), XXXIX (LAÍN) y XLI (CARR); Historia General de España y América, Editorial Rialp, tomos XVI-1 a XIX-2; Historia de España, Editorial Gredos, tomo XIII; Carlos SECO SERRANO, Historia de España, Editorial Gallach, tomos XI y XII; Manuel TUÑÓN DE LARA, Historia de España, tomos VIII, IX y X.

Visiones ensayísticas que conservan su vigencia: Salvador DE MADARIAGA, España. Ensayo de Historia contemporánea, Madrid, Espasa Calpe, y Gerald BRENAN, El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil, París, Ruedo Ibérico, 1962.

En relación con Portugal: Stanley G. PAYNE, A History of Spain and Portugal, Wisconsin University Press. Como instrumento de trabajo de carácter básico véase la Enciclopedia de Historia de España, dirigida por Miguel ARTOLA, Madrid, Alianza Editorial, 1988.

Para el comentario de textos resultan útiles: Carmen GARCÍA NIETO, Javier DONEZAR y Luis LÓPEZ PUERTA, Bases documentales de la España contemporánea, Madrid, Guadiana, tomo V y ss.; Fernando DÍAZ PLAJA, La Historia de España en sus documentos, Madrid, Instituto de Estudios Políticos y Cátedra, tomo V y ss.

Más modernas son las Guías de Historia contemporánea de España, bajo la dirección de Josep FONTANA, Barcelona, Editorial Crítica, tomo IV y ss.

Sobre los archivos acerca de la Historia del siglo XX español: Los archivos para la Historia del siglo XX, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980.

Afortunadamente, la mayor parte de los principales archivos interesantes para la Historia española del siglo XX, oficiales o no, cuentan con un catálogo o una guía. Véase, por ejemplo, Elisa Carolina de SANTOS, Guía del Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1997.

Estadísticas históricas del siglo XX español en: Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, coordinado por Albert CARRERAS, Madrid, Fundación del Banco Exterior, 1989.

Algunas parcelas temáticas de la Historia española del siglo XX cuentan con manuales actualizados, pero ésa no es una norma de validez absoluta. Conservan su interés, como clásicos, aún no estando al día, para los aspectos económicos y sociales: Jaime VICENS VIVES, Manual de Historia económica de España y América, Barcelona, Teide, tomo V, 1959; Manuel TUÑÓN DE LARA, El movimiento obrero en la Historia de España, Madrid, Taurus, 1972; Jordi NADAL, La población española. Siglos XVI al XX, Barcelona, Ariel, 1971.

De todos modos, para los periodos concretos en que se subdivide esta obra hay manuales más modernos que serán citados más adelante. Los siguientes manuales temáticos están más al día, aunque, como es lógico, depende de la fecha de edición.

Para la Historia económica: Francisco COMÍN, Hacienda y economía en la España contemporánea (1800-1936), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1988-89; Jordi NADAL, Albert CARRERAS, Carles SUDRIA La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica, Barcelona, Ariel, 1987; Jordi NADAL, Albert CARRERAS, Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX-XX), Barcelona, Ariel, 1990; Gabriel TORTELLA, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza, 1994.

Sobre la historia política: Miguel ARTOLA, Partidos y programas políticos, 1808-1936, Madrid, Aguilar, 1974.

Respecto a la historia militar, véase: Manuel BALLBE, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza Editorial, 1983: Gabriel CARDONA, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI, 1983; Carlos SECO SERRANO, Militarismo y civismo en la España contemporánea, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1984: Stanley G. PAYNE, Ejército y sociedad en la España liberal. 1808-1936, Madrid, Akal, 1976.

Historia de los movimientos sociales: Santos JULIA, Los socialistas en la política española, 1819-1982, Madrid, Taurus, 1996.

Para la historia de la prensa y de los medios de comunicación, véase: Jesús Timoteo ÁLVAREZ, Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990), Barcelona, Ariel, 1989; Pedro GÓMEZ APARICIO, Historia del periodismo español, Madrid, Editora Nacional, 1974 y, sobre todo, María Cruz SEOANE y María Dolores SAÍZ, Historia del periodismo en España. 1898-1936, Madrid, Alianza, 1996.

Sobre la historia del catolicismo en la España del siglo XX; José Manuel CUENCA TORIBIO, Aproximación a la historia de la Iglesia contemporánea en España, Madrid, Rialp, 1978, y Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea (1833-1985), Madrid, Alhambra, 1985; Ricardo GARCÍA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia en España, tomo V, Madrid, BAC, 1979.

Historia de la literatura española: Francisco RICO (ed.), Historia y crítica de la literatura española, tomos VI, VII, VIII y IX (con sus correspondientes suplementos), Barcelona, Crítica, y Jean CANAVAGGIO, Historia de la literatura española. 6. El siglo XX, Barcelona, Ariel, 1995; Francisco RUIZ RAMÓN, Historia del teatro español. Siglo XX, Madrid, Alianza Editorial, 1971.

Los aspectos artísticos en: Valeriano BOZAL, Pintura y escultura españolas del siglo XX, tomos XXXVI y XXXVII del Summa Artis, Madrid, Espasa Calpe, 1992; Enrique LAFUENTE FERRARI, Breve historia de la pintura española, tomo II, Madrid, Akal, 1987; C. SAMBRICIO, F. PORTELA, F. TORRALBA, Historia del arte hispánico, tomo VI, Madrid, Alhambra, 1980; Juan Antonio GAYA ÑUÑO, Arte del siglo XX, Ars Hispaniae, tomo XXII, Madrid, Plus Ultra, 1985; Juan CARRETE, Jesusa VEGA, Valeriano BOZAL y Francesc FONYBONA, El grabado en España (siglos XIX-XX), Summa Artis, tomo XXXII, Madrid, Espasa Calpe, 1988.

Otros aspectos de la Historia de la Cultura: Clara Eugenia NUÑEZ, La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1992, Emilio DÍAZ DE LA GUARDIA, y Jean Louis GUEREÑA, Julio RUIZ BERRIO y Alejandro TIANA (eds.), Historia de la educación en la España contemporánea, Madrid, MEC y CIDE, 1994.

Acerca de la mujer: Elisa GARRIDO (ed.) Historia de las mujeres en España, Madrid, Síntesis, 1997.

Las diversiones populares: Andrés AMOROS, Luces de candilejas. Los espectáculos en España (1898-1939), Madrid, Espasa Calpe, 1991 y Román GUBERN, José Enrique MONTERDE, Julio PÉREZ PERUCHA, Esteve RIMBAU y Casimiro TORREIRO, Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 1995.

Aunque la Historia que se presenta en este manual es la del conjunto de España, es necesario hacer mención de algunas historias regionales, fórmula historiográfica que ha alcanzado una fortuna quizá excesiva en los últimos tiempos.

Sobre Aragón: Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE, Aragón contemporáneo (1833-1936), Madrid, siglo XXI, 1975.

Para Galicia: Ramón VILLARES, Historia de Galicia, Madrid, Alianza Editorial, 1988; X. R. BARREIRO FERNÁNDEZ, Historia de Galicia, tomo IV, Vigo, Galaxia, 1981, e Historia contemporánea de Galicia, tomo II y ss., La Coruña, Gamma, 1982.

Castilla: Historia de Castilla y León, tomo X, Valladolid, Ámbito, 1986.

Para Cataluña: Manuel ARDIT, Albert BALCELLS, Nuria SALES, Historia deis paisos catalans, Barcelona, Edhasa, 1980, y Pierre VILAR, Historia de Catalunya, tomo VI (TERMES) y tomo VII (RIQUER-CULLA I CLARA), Barcelona, Edicions 62.

Acerca del País Vasco: F. GARCÍA DE CORTÁZAR y M. MONTERO, Diccionario de Historia del País Vasco, San Sebastián, Txertoa, 1983.

Para Asturias: David RUIZ y otros, Historia de Asturias, Vitoria, Ayalga Ediciones, 1977.

Respecto a Navarra: José ANDRÉS GALLEGO, Historia contemporánea de Navarra, Pamplona, Ediciones y Libros, 1982.

Sobre La Rioja, Historia de La Rioja, tomo III, Caja de Ahorros de La Rioja, 1983.

Para Valencia: Historia del País Valenciano, tomo VI (dir. por RUIZ TORRES), Barcelona, CUPSA, 1981.

En relación con Murcia: Historia de la región murciana, tomos VIII y IX, Ediciones Mediterráneo, Murcia, 1980.

Sobre Andalucía: Historia de Andalucía, tomo VIII (dir. por BERNAL), Barcelona, CUPSA, y José Manuel CUENCA TORIBIO, Andalucía. Historia de un pueblo, Madrid, Espasa Calpe, 1984.

Para la herencia finisecular se ha utilizado principalmente la siguiente bibliografía: Sebastián BALFOUR, El fin del Imperio español, (1898-1923), Barcelona, Crítica, 1997; España, fin de siglo. 1898, Exposición organizada por la Fundación La Caixa, 1998; Antonio ELORZA, Elena HERNÁNDEZ SANDOICA, La guerra de Cuba (1895-1898). Historia política de una derrota colonial, Madrid, Alianza Editorial, 1997; Juan Pablo FUSI y Antonio NIÑO, Vísperas del 98. Orígenes y antecedentes de la crisis del 98, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997; José María JOVER, 1898. Teoría y práctica de la redistribución colonial, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1997; Amando de MIGUEL, La España de nuestros abuelos. Historia íntima de una época, Madrid, Espasa Calpe, 1995; Rafael NÚÑEZ FLORENCIO, Tal como éramos. España hace un siglo, Madrid, Espasa Calpe, 1998; Juan PAN MONTOJO (coordinador), Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza Editorial, 1998: Carlos SERRANO, Final del Imperio. España 1895-1898, Madrid, Siglo XXI, 1984.

Acerca del regeneracionismo intelectual: George J. G. CHEYNE, Joaquín Costa, el gran desconocido. Esbozo biográfico, Barcelona, Ariel, 1972; Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE, Estudios sobre Joaquín Costa, Universidad de Zaragoza, 1989; Jacques MAURICE y Carlos SERRANO, Costa: Crisis de la Restauración y populismo (1875-1911), Madrid, Siglo XXI, 1977, y Enrique TIERNO, Costa y el regeneracionismo, Barcelona, Editorial Barna, 1961.

Sobre la etapa del reinado de Alfonso XIII y que no serán repetidos en posteriores capítulos.

Interpretaciones generales del periodo en Carlos SECO SERRANO, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Madrid, Rialp, 1979 e Historia de España dirigida por MENÉNDEZ PIDAL y JOVER, tomo XXXVIII (1) (*), y Jesús PABÓN, Cambó, Barcelona, Alpha, 1952 y 1968 (*).

Estudios de la época que conservan una parcial valía a pesar de la fecha de edición: Gabriel MAURA y Melchor FERNÁNDEZ ALMAGRO, ¿Por qué cayó Alfonso XIII?, Madrid, Ambos Mundos, 1948, y Melchor FERNÁNDEZ ALMAGRO, Historia del reinado de Alfonso XIII, Barcelona, Montaner y Simón, 1977.

Algunos estudios monográficos recientes en M. ARTOLA y otros, La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura, Madrid, Siglo XXI, 1985; Manuel SUÁREZ CORTINA, La Restauración entre el liberalismo y la democracia, Madrid, Alianza Editorial, 1997, y Rafael CRUZ y Manuel PÉREZ LEDESMA, Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza Editorial, 1997.

Los estudios de Historia política han de partir de las memorias y recopilaciones de textos de los protagonistas de la vida pública. Una selección podría ser la siguiente: Eulalia de BORBÓN, Memorias, Castalia-Instituto de la Mujer, 1991; Manuel BURGOS Y MAZO, El verano de 1919 en el Ministerio de la Gobernación, Cuenca, Imprenta Pinos; Francesc CAMBÓ, Memories (1876-1936), Barcelona, Alpha, 1981; José CANALEJAS, La política liberal en España, Madrid, Renacimiento; José Luis CASTILLO PUCHE, Diario íntimo de Alfonso XIII, Madrid, Biblioteca Nueva, 1960; Juan DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL, Notas de mi vida, Madrid, Reus, 1955: Carlos MARTÍNEZ CAMPOS Y SERRANO, Ayer, 1892-1931, Madrid. Instituto de Estudios Políticos; Gabriel MAURA, Recuerdos de mi vida, Madrid, Aguilar; Conde de ROMANONES, Notas de una vida en Obras Completas, Madrid, Plus Ultra, 1949; Francisco SILVELA, Artículos, discursos, conferencias y cartas, Madrid, Mateu, 1922.

Hay abundantes biografías sobre los principales personajes políticos de la época, pero no siempre son valiosas y recientes porque el género durante mucho tiempo ha sido considerado obsoleto. Véase principalmente: Antonio M. CALERO, El papel político de la Corona en el reinado de Alfonso XIII: criterios para una revisión, en España. 1898 1936, Universidad Complutense, 1984, y La prerrogativa regia en la Restauración: teoría y práctica (1875-1902), en Revista de Estudios Políticos, 1987: Julián CORTÉS CAVANILLAS, Confesiones y muerte de Alfonso XIII, Madrid, Juventud, 1951; Salvador FORNER, Liberalismo y democracia en España: Canalejas y el partido liberal democrático(1900-1910), Madrid, Cátedra, 1993; José FRANCOS RODRÍGUEZ, Vida de Canalejas, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos y Bibliotecas, 1918; Maximiano GARCÍA VENERO, Santiago Alba, monárquico de razón, Madrid, Aguilar, 1963; M. GARCÍA CANALES, La prerrogativa regia en el reinado de Alfonso XIII: interpretaciones constitucionales en Revista de Estudios Políticos, 1985; María Jesús GONZÁLEZ, El universo conservador de Antonio Maura. Biografía y proyecto de Estado, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997; Guillermo GORTÁZAR, Alfonso XIII, hombre de negocios, Madrid, Alianza, 1986; Morgan C. HALL, Alfonso XIII and the Spanish Constitutional Monarchy, 1902-1923, Instituto Universitario Ortega y Gasset, 1998; José María MARÍN, Santiago Alba y la crisis de la Restauración, Madrid, UNED, 1991; José María MARTÍNEZ VAL, Montero Ríos y su tiempo, Madrid, Cedesa, 1980; Gerard NOEL, Spanish English Queen, London, Constable, 1989; Florentino PORTERO, Francisco Silvela, jefe del conservadurismo español, en Revista de Historia Contemporánea, 1983; Cristóbal ROBLES, Antonio Maura, un político liberal, Madrid, CSIC, 1995; Carlos SECO SERRANO, Perfil humano y político de un estadista de la Restauración: Eduardo Dato a través de su archivo, Madrid, Real Academia de la Historia, 1978; Javier TUSELL, Antonio Maura. Una biografía política, Madrid, Alianza Editorial, 1994.

Otros estudios de historia política, principalmente recientes o sobre aspectos muy relevantes: Luis ARRANZ y Mercedes CABRERA, El Parlamento de la Restauración en Hispania, 1995; Mercedes CABRERA, El Parlamento en la crisis parlamentaria, en Revista del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1995; Joan Connelly ULLMANN, La Semana Trágica. Estudios sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España, Barcelona, Ariel, 1972; Francisco VILLACORTA, Profesionales y burócratas. Estado y poder corporativo en la España del siglo XX (1890-1923), Madrid, Siglo XXI, 1989.

El sistema político de la época de Alfonso XIII ha sido objeto de muchos estudios desde mediados de los años setenta. A continuación se ofrecen los más importantes de carácter general dejando los de nivel provincial y regional. El caciquismo, número de Revista de Occidente de octubre de 1973; Teresa CARNERO, El reinado de Alfonso XIII, en Ayer, nº 28, 1997; Salvador FORNER y Mariano GARCÍA, Cuneros y caciques, Alicante, 1990; Salvador FORNER, Democracia, elecciones y modernización en Europa. Siglos XIX y XX, Madrid-Alicante, Cátedra-Diputación Provincial, 1997; Robert KERN, The caciques. Oligarchical politics and the system of caciquismo in the lusohispanic World, University of New México Press, 1973, y Liberáis, reformers and caciques in Restoration in Spain, 1875-1909, University of New México Press, 1974: Miguel MARTÍNEZ CUADRADO, Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931), Madrid, Taurus, 1969; Gabriele RANZATO, La aventura de una ciudad industrial. Sabadell entre el antiguo régimen y la modernidad, Barcelona, Península, 1986 y Natura e funzionamento di un sistema pseudorepresentativo: la Spagna liberaldemocrática (1875-1923), en Suffragio, representanza, interessi, Instituzioni e societá fra 800 e 900, Franco Angeli, 1989; Antonio ROBLES, Política en la penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1996; Javier TUSELL, Para la sociología política de la España contemporánea: el impacto de la ley de 1907 en el comportamiento electoral, en Hispania, 1970; Oligarquía y caciquismo en Andalucía (1890-1923), Barcelona, Planeta, 1971; La crisis del caciquismo andaluz (1923-1931), Madrid, CUPSA, 1977 (*) y El sufragio universal en Ayer, n.° 3, José VÁRELA ORTEGA, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), Madrid, Alianza, 1977; Alicia YANINI, El caciquismo, Diputació Provincial de Valencia, 1984. Relacionado con esos problemas: Javier TUSELL, La reforma de la Administración local en España (1900-1936), Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1973.

Una posible selección de estudios de historia económica del periodo podría ser la siguiente: La banca española de la Restauración, Madrid, Banco de España, 1974; Teresa CARNERO, Expansión vinícola y atraso agrario (1870-1900), Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980; Albert CARRERAS, Industrialización española: estudios de Historia cuantitativa, Madrid, Espasa Calpe, 1990; Eduard ESCARRA, El desarrollo industrial de Cataluña (1900-1908), Barcelona, Grijalbo, 1970; Manuel GONZÁLEZ PORTILLA, La formación de la sociedad capitalista en el País Vasco (1876-1913), San Sebastián, Haranburu, 1981: Jordi NADAL, Albert CARRERAS y Carlos SUDRIA, La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica, Barcelona, Ariel, 1987 (*); Jordi NADAL y Albert CARRERAS, Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX), Barcelona, Ariel, 1990; Jordi NADAL y Jordi CATALÁN, La cara oculta de la industrialización española. La modernización de los sectores no líderes (siglos XIX y XX), Madrid, Alianza, 1994; Juan PAN MONTOJO, La bodega del mundo. La vid y el vino en España (1800-1936), Madrid, Alianza, 1994; Leandro PRADOS DE LA ESCOSURA, De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (1780-1930), Madrid, Alianza, 1988; Marcela SABATÉ, El proteccionismo legitimado. Política arancelaria española a comienzos de siglo, Cívitas-Prensas Universitarias de Zaragoza, 1996; Nicolás SÁNCHEZ ALBORNOZ, La modernización económica de España, 1830-1930, Madrid, Alianza, 1985 (*); G. SOLÉ VILLALONGA, La reforma fiscal de Villaverde, 1899-1900, Madrid, Editorial de Derecho Financiero, 1967 y Juan VELARDE, Flores de Lemus ante la economía española, Madrid, 1961.

Acerca de la legislación social en España véase: María Dolores de la CALLE, La Comisión de Reformas Sociales, 1883-1903. Política social y conflicto de intereses en la España de la restauración, Madrid, Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, 1989; Juan MONTERO AROCA, Los Tribunales de Trabajo (1908-1938). Jurisdicciones especiales y movimiento obrero, Universidad de Valencia, 1976; J. I. PALACIOS MORENA, La institucionalización de la reforma social en España. La Comisión y el Instituto de Reformas Sociales, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1988; los artículos publicados por las revistas Estudios de Historia Social y Studia Histórica en 1984; Mercedes SAMANIEGO, La élite dirigente del Instituto Nacional de Previsión, Universidad de Salamanca, 1984.

Para la emigración: Blanca SÁNCHEZ ALONSO, Las causas de la emigración española, (1880-1930), Madrid, Alianza, 1995.

Sobre la intervención del Ejército en la política. Véanse sobre el particular los siguientes títulos: Jorge CACHINERO, Intervencionismo y reformas militares en España a comienzos del siglo XX, en Zona Abierta, 1986; Gabriel CARDONA, El Poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI, 1983; Ricardo LEZCANO, La ley de jurisdicciones, 1905-1906, Madrid, Akal, 1978; Rafael NÚÑEZ FLORENCIO, Militarismo y antimilitarismo en España (1888-1906), Madrid, CSIC, 1990; Fernando PUELL, El soldado desconocido. De la leva a mili, Madrid, Biblioteca Nueva, 1996; Joaquín ROMERO MAURA, The Spanish Army and Catalonia: The Cucut incident and the law of jurisdictions, 1905-1906, Sage.

Acerca del republicanismo han aparecido en los últimos tiempos monografías de interés que superan la información contenida en los estudios clásicos sobre la materia y lo presentan como una concepción de la vida más que como un partido. Los principales son: José ÁLVAREZ JUNCO, El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, Madrid, Alianza Editorial, 1990 (*); Fernando ARCAS CUBERO, El republicanismo malagueño durante la Restauración (1875-1923), Ayuntamiento de Córdoba, 1985; Joan B. CULLA I CLARA, El republicanismo lerrouxista a Catalunya (1902-1923), Barcelona, Curial, 1986 (*); Ángel DUARTE, El republicanisme cátala a la fi del segle XIX, Vic, Eumo, 1987; José Antonio PIQUERAS, Manuel CHUST, Republicanos y repúblicas en España, Madrid, Siglo XXI, 1996; Ramir REIG ARMERO, Obrers i ciutadans. Blasquisme i moviment obrer, Valencia, 1898-1906, Valencia, Institució Alfons el Magnanim, 1982, y Blasquistas y clericales. La lucha por la ciudad en la Valencia de 1900, Valencia, Institució Alfons el Magnanim, 1986; Manuel SUÁREZ CORTINA, El reformismo en España. Republicanos y reformistas bajo la Monarquía de Alfonso XIII, Madrid, Siglo XXI, 1986; Nigel TOWNSON, El republicanismo en España (1830-1970), Madrid, Alianza Editorial, 1994.

Acerca de la derecha, el catolicismo y el anticlericalismo véanse: José ANDRÉS GALLEGO, La Política religiosa en España, 1889-1913, Madrid, Editora Nacional, 1975; Domingo BENAVIDES, Democracia y cristianismo en la España de la Restauración, 1875-1931, Madrid, Editora Nacional, 1978; Alfonso BOTTI, La Spagna e la crisi modernista. Cultura, societé avile e religiosa tra Ottocento e Novecento, Brescia, Morcelliana, 1987; Rafael CRUZ, El anticlericalismo en Ayer n.° 27, 1997; José Manuel CUENCA, Aproximación a la Historia de la Iglesia contemporánea en España, Madrid, Ediciones Rialp, 1998, y Sociología del episcopado español e hispanoamericano (1789-1985), Madrid, Pegaso, 1985; Justo de la CUEVA, Clericales y anticlericales. El conflicto entre secularización y confesionalismo en Cantabria, Santander, Universidad de Cantabria, 1994; Manuel DELGADO, La ira sagrada. Anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España contemporánea, Barcelona, Humanidades, 1992, y Las palabras de otro hombre. Anticlericalismo y misoginia, Barcelona, Muchnik, 1993; J. A. FERRER BENIMELI, La masonería en la España del siglo XX, Toledo, Universidad de Castilla La Mancha, Cortes de Castilla-La Mancha, 1996, Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR, La renovación de los efectivos eclesiásticos en la España de la Restauración, en Estudios Eclesiásticos, 1981 y La Iglesia española de 1900: política y economía, en Letras de Deusto, 1980: José María GARCÍA ESCUDERO, Conversaciones sobre Ángel Herrera, Madrid, BAC, 1986, El pensamiento de Ángel Herrera. Antología política y social, Madrid, BAC, 1987, y El pensamiento de El Debate. Un periódico católico en la crisis de España (1911-1936), Madrid, BAC, 1983; Teódulo GARCÍA REGIDOR La polémica sobre la secularización de la enseñanza en España (1902-1914), Madrid, Universidad de Comillas, 1985; Josep MASSOT I MUNTANER, L’esglesia catalana al segle XX, Barcelona, Curial, 1975: Stanley PAYNE, La derecha en Italia y en España, en Boletín informativo de Ciencia Política, 1973; Manuel REVUELTA, La Compañía de Jesús en la España contemporánea, Madrid, Sal Terrae, Mensajero, Universidad de Comillas, 1991; José Leonardo RUIZ SÁNCHEZ, Política e Iglesia durante la Restauración. La Liga Católica de Sevilla (1901-1923), Diputación provincial de Sevilla, 1994; A. YETANO, La enseñanza religiosa en la España de la Restauración (1900-1920), Barcelona, Anthropos, 1988.

En los últimos tiempos se ha multiplicado la producción historiográfica acerca de los nacionalismos periféricos y, sobre todo, ha mejorado de forma considerable su calidad. En cambio falta todavía una bibliografía suficiente acerca del propio nacionalismo español. Véase, sin embargo: Andrés de BLAS, Sobre el nacionalismo español, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, y Tradición republicana y nacionalismo español (1876-1939), Madrid, Tecnos, 1991; Borja de RIQUER, La débil nacionalización española del siglo XIX, en Historia Social, 1994.

De las regiones de sentimientos nacionalistas es Cataluña la que dispone de una más completa bibliografía sobre el periodo: Claudi AMETLLA, Memories politiques, 1890-1917, Barcelona, Portic, 1963; Albert BALCELLS, El nacionalismo catalán, Madrid, Historia 16, 1991-Josep BENET, Maragall i la Setmana Trágica, Barcelona, 1965; Jordi CASASSAS, Jaume Bofill i Mates (1898-1933). L’adscripció social iI’evolució política, Barcelona, 1980; Horst HIÑA, Castilla y Cataluña en el debate cultural, 1714-1939, Barcelona, Península, 1986; Amadeu HURTADO, Quaranta anys díadvocat, Historia del meu temps, Barcelona, Ariel, 1967-1969; Jordi LLORENS, L’Unió catalanista. Els origens del catalanisme politic, Barcelona, Abadía de Montserrat, 1992; Joan Lluis MARFANY, La cultura del catalanisme, Barcelona, Empuries, 1995; Isidre MOLAS, Lliga Catalana. Un estudi d’estasiologia, Barcelona, Edicions 62, 1972; Joaquín Ma de NADAL, Memories, Vuitanta anys de sinceritats i de si leneis, Barcelona, Aedos, 1965; Borja de RIQUER, Lliga regionalista: la burguesía catalana i el regionalismo (1898-1904), Barcelona, Ariel, 1977.

Acerca del País Vasco, con especial referencia al nacionalismo: Javier CORCUERA, Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco, 1876-1904, Madrid, Siglo XXI, 1979; Antonio ELORZA, Ideologías del nacionalismo vasco, 1876-1937, San Sebastián, Haranburu 1978; Juan Pablo FUSI, El País Vasco. Pluralismo y nacionalidad, Madrid, Alianza, 1984; José Luis de la GRANJA, El nacionalismo vasco: un siglo de Historia, Madrid, Tecnos, 1995; Jean-Claude LARRONDE, El nacionalismo vasco: su origen, San Sebastián, 1977; Ludger MEES, Nacionalismo vasco, movimiento obrero y cuestión social (1903-1923), Bilbao, Fundación Sabino Arana, 1992; Santiago de PABLO, Los nacionalistas. Historia del nacionalismo vasco, 1876-1960, Vitoria, Institución Sancho el Sabio, 1995; Stanley G. PAYNE, El nacionalismo vasco, Barcelona, Dopesa, 1974; Javier REAL CUESTA, Partidos, elecciones y bloques de poder en el País Vasco, 1876-1923, Bilbao, Universidad de Deusto, 1991.

Acerca de Galicia y el galleguismo: Justo G. BERAMENDI, Xose Manuel NÚÑEZ SEIXAS, O nacionalismo galego, Vigo, A Nosa Terra, 1995; Francisco BOBILLO, Nacionalismo gallego. La ideología de Vicente Risco, Madrid, Akal, 1981; J. A. DURAN, El primer Castelao. Biografía y antología rotas (1910-1916), Madrid, 1936; Jesús DE JUANA, Aproximación al pensamiento e ideología de Vicente Risco (1884-1936), Diputación Provincial de Orense, 1985; Ramón MAÍZ, O rexionalismo galego: organización e ideoloxia (1886-1907), A Coruña, Edicions do Castro, 1984.

Sobre el valencianismo: Alfons CUCO, El valencianismo politic (1874-1936), Valencia, Lavinia, 1971.

Estudios monográficos recientes sobre la totalidad de la Península en Los nacionalismos en la España de la Restauración, en Estudios de Historia Social, 1984.

Sobre el movimiento obrero con carácter general: Jacques MAURICE, Birgitte MAGNIEN, Genevieve BUSSY GENEVOIS, Peuple, mouvement ouvrier, cultura dans l’Espagne contemporaine. Cultures populaires, cultures ouvrieres en Espagne, París, 1990.

Formas de protesta primitivas: Carlos GIL ANDRÉS, Protesta popular y orden social en la Rioja fin de siglo, 1890-1905, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1995.

Acerca del socialismo en este periodo véase: Juan José MORATO, El Partido Socialista Obrero, Madrid, Ayuso, 1976; Estudios de Historia Social, número dedicado al centenario del PSOE en 1979; Sistema, número dedicado a la figura de Pablo Iglesias; Richard GILLESPIE, Historia del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, Alianza, 1991; Paul HEYWOOD, Marxism and the failure of organised socialism in Spain, 1879-1936, Cambridge University Press, 1991.

Estudios provinciales o regionales sobre las zonas de mayor implantación socialista en: Antonio CALERO, Historia del movimiento obrero en Granada (1909-1925), Madrid, Tecnos, 1973: Juan Pablo FUSI, Política obrera en el País Vasco, 1880-1923, Madrid, Turner, 1975 (*); Ángeles GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Los orígenes del socialismo en Sevilla, 1900-1923, Ayuntamiento de Sevilla, 1996; Enrique MORADIELLOS, El Sindicato de Obreros Mineros de Asturias, 1910-1930, Universidad de Oviedo, 1986; Ignacio OLABARRI, Relaciones laborales en Vizcaya (1890-1936), Durango, Zugaza, 1978; Jesús María PALOMARES, El socialismo en Castilla. Partido y sindicato en Valladolid durante el primer tercio del siglo XX, Universidad de Valladolid-Caja de Ahorros, 1988; David RUIZ, El movimiento obrero en Asturias: de la industrialización a la Segunda República, Oviedo, Amigos de Asturias, 1968; Fernando SÁNCHEZ MARROYO, Sindicalismo agrario y movimiento obrero (Cáceres 1906-1920), Cáceres, Caja de Ahorros, 1980; Adrián SHUBERT, Hacia la revolución. Orígenes sociales del movimiento obrero en Asturias, 1860-1934, Barcelona, Crítica, 1984.

Otros estudios: María Teresa MARTÍNEZ DE SAS, El socialismo y la España oficial. Pablo Iglesias, diputado a Cortes, Madrid, Túcar, 1975; Emilio LAMO DE ESPINOSA, Filosofía y política en Julián Besteiro, Madrid, Edicusa, 197 3, y Francisco de LUIS, Cincuenta años de cultura obrera en España, 1890-1940, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1994.

Sobre el anarquismo, en sus aspectos más generales o en las zonas de implantación más relevante: Ángeles BARRIO ALONSO, Anarquismo y sindicalismo en Asturias (1890-1936), Madrid, Siglo XXI, 1988; Juan DÍAZ DEL MORAL, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Córdoba, Madrid, Alianza, 1967; Ángeles GONZÁLEZ, Lucha obrera en Sevilla. Conflictividad social, 1900-1917, Barcelona, Carbonell, 1988; Ángeles GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Utopía y realidad. Anarquismo, anarcosindicalismo y organizaciones. Sevilla, 1900-1923, Diputación Provincial de Sevilla, 1996; Lily LITVAK, Musa libertaria. Arte, literatura y vida cultural en el anarquismo español, 1880-1913, Barcelona, Antoni Bosch, 1981; Jacques MAURICE, El anarquismo andaluz. Campesinos y sindicalistas, 1868-1936, Barcelona, Grijalbo, 1990; José PEIRATS, La CNT en la revolución española, París, Ruedo Ibérico, 1971; Joaquín ROMERO MAURA, The Spanish case, en APTER y JOLL, Anarchism today, 1971.

Más específicamente sobre el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial: Teresa ABELLO, Les relacions internacionals del anarquisme cátala (1881-1914), Barcelona, Edicions 62, 1987; José ALVAREZ JUNCO, La ideología del anarquismo español (1868-1910), Madrid, Siglo XXI, 1976: Xavier CUADRAT, Socialismo y anarquismo en Cataluña (1889-1911): los orígenes de la CNT, Madrid, Ediciones de la Revista del Trabajo, 1976; Temma KAPLAN, Anarchists of Andalusia, 1868-1903, Princeton University Press, 1977; Rafael NÚÑEZ FLORENCIO, El terrorismo anarquista, Madrid, Siglo XXI, 1983; Joaquín ROMERO MAURA, La rosa de fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909, Barcelona, Grijalbo, 1975 (*) y Terrorism in Barcelona and its impact in Spanish politics, 1904-1909, en Past and Present, 1968.

Finalmente, una posible selección bibliográfica acerca del sindicalismo de inspiración católica podría ser la siguiente: José ALEMANY y Alfonso ÁLVAREZ BOLADO, Gabriel Palau y la Acción Social Popular. Correspondencia inédita. 1913-1916, en Miscellanea Comillas, 1980: José ANDRÉS GALLEGO, Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Madrid, Espasa Calpe, 1984; Domingo BENAVIDES, El fracaso social del catolicismo español. Arboleya Martínez, 1870-1951, Barcelona, Nova Terra, 1973: Salvador CARRASCO, Los superiores dominicos ante el catolicismo social. Escritos del Vedat, 1974, y El P. Gerard, fundador y propagandista del sindicalismo católico libre en Communio, 1975; José Manuel CUENCA, Estudios, notas y comentarios a Socialismo y anarquismo del P. Vicent, Madrid, Narcea; Feliciano MONTERO, El Primer catolicismo social y la Rerum Novarum en España (1899-1902), Madrid, CSIC, 1983.

La abundancia de publicaciones en torno al mundo intelectual y cultural español de la época impone una selección que debe limitarse a los aspectos más estrictamente históricos. Con carácter general véase: E. Inman FOX, Ideología y política en las letras de fin de siglo (1898), Madrid, Espasa Calpe, 1988 y La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional, Madrid, Cátedra, 1997; Dolores GÓMEZ MOLLEDA, Los reformadores de la España contemporánea, Madrid, CSIC, 1966; José Carlos MAINER, La edad de plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural, Madrid, Cátedra, 1981 (*) y La doma de la quimera. Ensayos sobre nacionalismo y cultura en España, Universidad Autónoma de Barcelona, 1988; Juan MARICHAL, El secreto de España. Ensayos de Historia intelectual y política, Madrid, Taurus, 1995 (*); Francisco RUIZ RAMÓN, Historia del teatro español. Siglo XX, Madrid, Alianza, 1971; Manuel TUÑÓN DE LARA, Medio siglo de cultura española (1885-1936), Madrid, Tecnos, 1983. Yvonne TURIN, L’éducation et l’ecole en Espagne de 1874 a 1902. Libéralisme et tradition, París, PUF, 1959: Francisco VILLACORTA, Burguesía y cultura. Los intelectuales españoles en la sociedad liberal, Madrid, Siglo XXI, 1980.

Más específicamente sobre la generación finisecular: Carlos BLANCO AGUINAGA, Juventud del 98, Madrid, Taurus, 1998; Vicente CACHO VIU, Repensar el 98, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997 (*); La crisis de fin de siglo: ideología y literatura, Barcelona, Ariel, 1975; Juan LÓPEZ MORILLAS, Hacia el 98. Literatura, sociedad, ideología, Barcelona, Ariel, 1972: Rafael PÉREZ DE LA DEHESA, El pensamiento de Costa y su influencia en el 98, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1966; Carlos SERRANO, Serge SALAUN, 1900 en España, Madrid, Espasa Calpe, 1991.

Merecería la pena también citar algunos trabajos sobre autores concretos, pero nos limitamos a aquéllos que dan cuenta global de la biografía o de su pensamiento desde una visión histórica.

Sobre Baroja: Julio CARO BAROJA, Los Baroja (memorias familiares), Madrid, Taurus, 1972.

Sobre Machado: Manuel TUÑÓN DE LARA, Antonio Machado, poeta del pueblo, Madrid, Taurus, 1997; José María VALVERDE, Antonio Machado, Madrid, Siglo XXI, 1975.

Sobre Azorín: Santiago RIOPÉREZ, Azorín íntegro, Madrid, Biblioteca Nueva, 1979; José María VALVERDE, Azorín, Barcelona, Planeta, 1971.

Sobre Unamuno la bibliografía es oceánica pero si hubiera que hacer una selección ésta podría consistir en: Pedro CEREZO, Las máscaras de lo trágico. Filosofía y tragedia en Miguel de Unamuno, Madrid, Ediciones Trotta, 1997; María Dolores GÓMEZ MOLLEDA, Unamuno, agitador de espíritus, y Giner de los Ríos, Universidad de Salamanca, 1976, y El socialismo español y los intelectuales, Universidad de Salamanca, 1980; Julián MARÍAS, Miguel de Unamuno, Barcelona, Gustavo Gili, 1968; Rafael PÉREZ DE LA DEHESA, Política y sociedad en el primer Unamuno, Madrid, Ciencia Nueva, 1966; Emilio SALCEDO, Vida de don Miguel de Unamuno, Salamanca, Anaya, 1964; Volumen-Homenaje. Cincuentenario de Unamuno, Salamanca, Casa Museo Unamuno, 1985.

Algo parecido sucede con Valle-Inclán, con el agravante de no contar con una buena biografía: Manuel BERMEJO, Valle-Inclán: introducción a su obra, Salamanca, Anaya, 1971; Melchor FERNÁNDEZ ALMAGRO, Vida y literatura de Valle-Inclán, Madrid, Taurus, 1966; Juan Antonio HORMIGÓN, Valle-Inclán. Cronología. Escritos dispersos. Epistolario, Madrid, Fundación del Banco Exterior, 1987.

Para el arte de la época hay que recurrir a textos monográficos sobre artistas concretos o a catálogos de exposiciones.

Para el arte vasco del momento: Juan de la ENCINA, La trama del arte vasco, Madrid, Espasa Calpe, 1981; Javier GONZÁLEZ DE DURANA, Adolfo Guiard, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1984, y Enrique LAFUENTE FERRARI, La vida y el arte de Ignacio Zuloaga, Madrid, Revista de Occidente, 1972.

Para el arte centrado en Madrid: María del Carmen PEÑA, Pintura de paisaje e ideología. La generación del 98, Madrid, Taurus, 1982; Trinidad SIMO, Joaquín Sorolla, Valencia, Vicent GARCÍA, 1980.

El arte catalán, en Francesc FONTBONA y Francesc MIRALLES, Del modernisme al noucentisme, 1888-1917, en Historia del art cátala, VII, Barcelona, Edicions 62, 1985; Josep PALAUI FABRE, Picasso, Barcelona, Polígrafa, 1980 y ss.; John RICHARDSON, Picasso. Una biografía, Madrid, Alianza, 1991.

Exposiciones: Centro y periferia en la modernización de la pintura española, 1880-1918, Exposición organizada en Madrid y Bilbao por el Ministerio de Cultura, 1993-1994; Paisaje y figura del 98, Exposición organizada por la Fundación Central Hispano, 1997 y Sorolla y Zuloaga. Dos visiones para un cambio de siglo, Exposición organizada por el Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1996-1998.

Respecto de la crisis económica de la posguerra mundial véase: Pablo MARTÍN ACEÑA, La política monetaria en España, 1919-1935, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1984; Juan MUÑOZ, El fracaso de la burguesía financiera catalana. La crisis del Banco de Barcelona, Madrid, Ediciones Endymion, 1988; Francisco PELECHA ZOZAYA, El proteccionismo industrial (1914-1931), Barcelona, Promociones Publicaciones Universitarias, 1987; Santiago ROLDAN y José Luis GARCÍA DELGADO, La formación de la sociedad capitalista en España, 1914-1920, Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1973 (*); Vicente SOLER MARCO, Guerra i expansió industrial del País Valencia (1914-1923), Valencia, Diputación Provincial, 1984.

Estudios de historia política acerca del periodo en La crisis de la Restauración. España entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda República, Madrid, Siglo XXI, 1986 (*) y Movimientos sociales y política en la crisis de la Restauración, en Estudios de Historia Social, 1985.

Sobre la supuesta revolución de 1917: Juan Antonio LACOMBA, La crisis española de 1917, Madrid, Ciencia Nueva, 1970.

Acerca de la vuelta del Ejército a la política, véase Carolyn P. BOYD, Praetorian politics in liberal Spain, The University of North Carolina Press, 1979 (trad. Alianza editorial) (*).

El corporativismo profesional en Francisco VILLACORTA, Profesionales y burócratas. Estado y poder corporativo en la España del siglo XX, 1890-1923, Madrid, 1989.

Sobre el liberalismo monárquico: A. COMALADA, España: el ocaso de un parlamento, 1921-1923, Barcelona, Península, 1985; José Luis GARCÍA DELGADO, Santiago Alba. Un programa de reforma económica en la España del primer tercio del siglo XX, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1989 (*) Thomas Granville TRICE, Spanish Liberalism in crisis: a study of the Liberal Party during Spain’s parlamentary collapse, 1913-1923, Tesis en University of Madison, 1974, y José María MARÍN, Santiago Alba y la crisis de la Restauración, Madrid, UNED, 1990.

Acerca de la evolución de la derecha durante este periodo: Óscar ALZAGA, La primera Democracia Cristiana en España, Barcelona, Ariel, 1973; Ignacio de Loyola ARANA, El monarquismo en Vizcaya durante la crisis del reinado de Alfonso XIII (1917-1931), Pamplona, EUNSA, 1982 ; María Jesús GONZÁLEZ, Ciudadanía y acción. El conservadurismo maurista, 1907-1923, Madrid, Siglo XXI, 1990; Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA y Fernando del REY, La defensa armada contra la revolución, Madrid, CSIC, 1995 y Javier TUSELL y Juan AVILES, La derecha española contemporánea. Sus orígenes: el naturismo, Madrid, Espasa Calpe, 1986 (*).

Algunos aspectos del sindicalismo católico en Quintín ALDEA, Joaquín GARCÍA GRANDA y Jesús MARTÍN TEJEDOR, Iglesia y sociedad en la España del siglo XX. Catolicismo social 1909-1940), Madrid, CSIC, 1987. Otros aspectos en: Antonio ELORZA, Mercedes CABRERA, Marta BIZCARRONDO, Quo vadis Hispania? (1917-1923). España entre dos revoluciones. Una visión exterior en Estudios de Historia social, n.° 34-35.

Para comprender el sistema político del reinado de Alfonso XIII y, sobre todo, su evolución es preciso recurrir a las numerosas monografías provinciales publicadas hasta el momento. Las más importantes son: Luis AGUILÓ LUCÍA, Sociología electoral valenciana (1903-1923), Valencia, Cátedra Furió Ceriol, 1976; Albert BALCELLS, Joan Baptista CULLA, Conchita MIR, Les eleccions generáis a Catalunya de 1901 a 1923, Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 1982; José María BARREDA, Caciques y electores. Ciudad Real durante la Restauración, 1876-1923, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1986; Luis CASTELLS, Modernización y dinámica política en la sociedad guipuzcoana de la Restauración, 1876-1915, Madrid, Siglo XXI, 1987; Salvador CRUZ ARTACHO, Caciques y campesinos. Poder político, modernización agraria y conflictividad rural en Granada, 1890-1923, Ayuntamiento de Córdoba Ediciones Libertarias, 1994; J. A. DURAN, Historia de caciques, bandos e ideologías en la Galicia no urbana. Rianxo, 1910-1914, Madrid, Siglo XXI, 1972; Ángel GARCÍA SANZ, Caciques y políticos forales en las elecciones a la Diputación de Navarra (1877-1923), Pamplona, 1992; Aurora GARRIDO, Cantabria, 1902-1923, elecciones y partidos políticos, Universidad de Cantabria-Asamblea regional de Cantabria, 1990; Pedro LÓPEZ RODRÍGUEZ, Sociedad riojana y crisis del caciquismo liberal, 1903-1923, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1991; María Concepción MARCOS DEL OLMO, Voluntad popular y urnas. Elecciones en Castilla-León durante la Restauración y la Segunda República (1907-1936), Universidad de Valladolid, 1995; José MARCHENA, Burgueses y caciques en el Cádiz de la Restauración, Universidad de Cádiz, 1996; Antoni MARIMÓN, Verguisme, anarquisme i espayolisme. Noves recerques sobre el segle XX a Mallorca, Palma, Fundació Emili Darder, 1997; María Jesús MERINERO, Comportamiento político en Cáceres, 1891-1931, Cáceres, El Brócense, 1980; Conchita MIR, Lleida (1890-1936). Caciquisme politic i lluita electoral, Abadía de Montserrat, 1985; Conchita MIR, Actituds politiques i control social a la Catalunya de la Restauració (1875-1923), Lleida, 1989; Joaquín Ma MOLINS, Elecciones y partidos políticos en la provincia de Tarragona, 1890-1936, Publicaciones de la Diputació de Tarragona, 1985: María Antonia PEÑA, El sistema caciquil en la provincia de Huelva. Clase política y partidos, 1898-1923, Ayuntamiento de Córdoba, 1993; Isabel PEÑARRUBIA, Els partits devant el caciquisme i la questió nacional a Malloca (1917-1923), Consell insular de Mallorca-Abadia de Montserrat, 1991; Mª Teresa NOREÑA, Canarias: política y sociedad durante la Restauración, Las Palmas, Cabildo Insular, 1977; Carmelo ROMERO, Soria, 1860-1936, Diputación Provincial de Soria, 1980; Eduardo RUIZ ABELLÁN, Modernización política y elecciones generales en Murcia durante el reinado de Alfonso XIII, Murcia, Academia de Alfonso X el Sabio, 1991; María SIERRA, La política del pacto. El sistema de la Restauración a través del partido conservador sevillano (1874-1923), Diputación Provincial de Sevilla, 1996; Javier TUSELL, Sociología electoral de Madrid, 1903-1931, Madrid, Edicusa, 1969.

Al margen de la bibliografía ya citada, sobre la evolución política en Cataluña: Albert BALCELLS, Enric PUJOL, Jordi SABATER, La Mancomunitat de Catalunya i L’autonomía, Barcelona, Proa-Institutu d’Estudis Catalans, 1996 ; Montserrat BARAS, Acció Catalana, 1922-1936, Barcelona, Curial, 1984; Manuel LLADONOSA, Catalanisme i moviment obrer entre 1903 i 1923, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988, y Josep PUY, Alfons Sala Argemí, industrial i politic. 1863-1945, Terrassa, Arxiu Tobella, 1983.

La aparición de nuevos regionalismos en: Juan GARCÍA PÉREZ, Entre la frustración y la esperanza. Una Historia del movimiento regionalista en Extremadura (1830-1983), Mérida, 1990; Marcos GUIMERA, El pleito insular (1808-1936), Santa Cruz de Tenerife, 1976; Juan Antonio LACOMBA, Regionalismo y autonomía en la Andalucía contemporánea (1835-1936), Caja de Ahorros de Granada, 1988; José Carlos MAINER, El aragonesismo político (1868-1936), en Sistema, 1975; Enrique ORDUÑA, El regionalismo en Castilla y León, Valladolid, Ámbito, 1986; Carlos ROYO VILLANOVA, El regionalismo aragonés (1707-1978), Zaragoza, Guara, 1978; Manuel RUIZ LAGOS, El andalucismo militante. Dialéctica y crónica de El Ideal andaluz, Jerez de la Frontera, 1979; Fernando SÁNCHEZ MARROYO, Regionalismo y cuestión agraria, en Norba, 1981; Julio SENADOR, Castilla. Lamento y esperanza. Escritos (1915-1935), Valladolid, Ámbito-Diputación de Palencia y Manuel SUÁREZ CORTINA, Casonas, hidalgos y linajes. La invención de la tradición cántabra, Santander, Universidad de Cantabria-Ed. Límite, 1994.

El hecho de que en esta etapa revista un especial interés la evolución de la política exterior permite referirse a la bibliografía sobre ella de una manera conjunta: Ñuño AGUIRRE DE CÁRCER, La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), I. Bélgica, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1995; Manuel ALLENDE SALAZAR, La diplomacia española en Marruecos, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores-Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, 1990; James W. CORTADA, Spain in the twentiethcentury World. Essays in Spanish Diplomacy, 1898-1978, London, Aldwych Press, 1980; Julián CORTÉS CAVANILLAS, Alfonso XIII y la guerra del 14, Madrid, Alce, 1976; Fernando DÍAZ PLAJA, Francófilos y germanófilos. Los españoles en la guerra europea, Barcelona, Dopesa, 1973; Españoles y franceses en la primera mitad del siglo XX, Madrid, CSIC, 1986; Fernando GARCÍA SANZ, Historia de las relaciones entre España e Italia. Imágenes, comercio y política exterior (1890-1914), Madrid, CSIC, 1994; Alberto MOUSSET, La política exterior de España, 1873-1918, Madrid, Biblioteca Nueva, 1918; Antonio NIÑO, Cultura y diplomacia. Los hispanistas franceses y España, 1875-1931, Madrid, CSIC, 1988; Frederick PIKE, Hispanismo, 1898-1936. Conservatives and liberáis and their relations with Spanish America, University of Notre Dame, 1971; Carlos SECO SERRANO, Las relaciones España-Francia en vísperas de la Primera Guerra Mundial, en BRAH, 1987; Rafael SÁNCHEZ MANTERO, José Manuel MACARRO, Leandro ÁLVAREZ REY, La imagen de España en América, Sevilla, CSIC, 1994; Isidro SEPULVEDA, Comunidad cultural e Hispanoamericanismo, 1889-1936, Madrid, UNED, 1994; Rosario de la TORRE, La política exterior española en el año de la crisis de 1911, en Homenaje a los profesores Palacio y Jover, 1990 e Hipólito DE LA TORRE, Antagonismo y fractura peninsular. España-Portugal, 1910-1919, Madrid, Espasa Calpe, 1983.

Acerca de Marruecos, directamente relacionado con la política exterior española del momento, véase: Germain AYACHE, Les origines de la guerre du Rif, París, Soerbonne-Editeurs Réunis, 1981; Andrée BACHOUD, Los españoles ante las campañas de Marruecos, Madrid. Espasa Calpe, 1988; Dámaso BERENGUER, La guerra en Marruecos, Madrid, Librería Fernando Fé, 1918; James A. CHANDLER, Spain and her Moroccan protectoral, 1898-1927, en JCH, 1975; Rupert FURNEAUX, Abd-el Krim emir of the Rif, Londres, Secker and Warburg, 1967; Tomás GARCÍA FIGUERAS, La acción de España en África en torno al 98, Madrid, CSIC. 1966; C. MARTÍNEZ CAMPOS, España bélica. El siglo XX Marruecos, Madrid, Aguilar, 1972; Víctor MORALES LEZCANO, España y el norte de África: el protectorado en Marruecos (1912-1956), Madrid, UNED, 1984 y El colonialismo hispanofrancés en Marruecos (1898-1927), Madrid, Siglo XXI, 1976, y León y Castillo, embajador (1887-1918). Un estudio sobre la política exterior de España, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1975; Ramón SALAS LARRAZÁBAL, El protectorado de España en Marruecos, Madrid, Mapfre, 1992; David S. WOOLMAN, Abd-el Krim y la guerra del Rif, Barcelona, OikosTau, 1971.

Los estudios sobre la agitación social en este periodo son ya numerosos. Para el anarquismo véanse las siguientes memorias: Adolfo BUESO, Recuerdos de un cenetista. De la Semana Trágica a la Segunda República, Barcelona, Ariel, 1976; Joan PEIRO, Escrits, 1917-1939, Barcelona, Edicions 62, 1975; Federica MONTSENY, Mis primeros cuarenta años, Barcelona, Plaza y Janes, 1987; Ángel PESTAÑA, Lo que aprendí en la vida, Madrid, Aguilar (1933), y Terrorismo en Barcelona (Memorias inéditas), Barcelona, Planeta, 1979, edición y prólogo por Javier TUSELL y Genoveva GARCÍA QUEIPO DE LLANO. Albert BALCELLS, El sindicalisme a Barcelona (1916-1923), Barcelona, Nova Terra, 1965; Antonio BAR, La CNT en los años rojos. Del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo, Madrid, Akal, 1981; Antonio BARRAGÁN, Conflictividad social y desarticulación política en la Provincia de Córdoba, 1918-1920, Ayuntamiento de Córdoba, 1990; Manuel LLADONOSA, El Congres de Sans, Barcelona, Nova Terra, 1975; Sindicalismo y violencia en el periodo de entreguerras, en Historia Social, nº 42-43, 1987; el prólogo de Antonio ELORZA a Trayectoria sindicalista de Ángel PESTAÑA, Madrid, Tebas, 1974; Dionisio PEREIRA, A CNT na Galiza, 1922-1936, Santiago Laiovento, 1994; María Dolores RAMOS, Burgueses y proletarios malagueños. Lucha de clases en la crisis de la Restauración (1914-1923), Córdoba, 1991; Laura VICENTE VILLANUEVA, Sindicalismo y conflictividad social en Zaragoza (1916-1923), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993.

Acerca del socialismo véanse las siguientes memorias, escritos personales y biografías: Julián BESTEIRO, Cartas desde la prisión, Madrid, Alianza, 1988; Indalecio PRIETO, Con el Rey o contra el Rey, México, Oasis, 1972; Juan SIMEÓN VIDARTE, No queríamos al Rey. Testimonio de un socialista español, Barcelona, Grijalbo, 1977, y Virgilio ZAPATERO, Fernando de los Ríos. Los problemas del socialismo democrático, Madrid, Edicusa, 1974. Estudios históricos: Ángeles BARRIO, El sueño de la democracia industrial. Sindicalismo y democracia en España, 1917-1923, Santander, Universidad de Cantabria, 1996; Paloma BIGLINO, El socialismo español y la cuestión agraria, 1890-1936, Madrid, Ministerio del Trabajo, 1986; Carlos FORCADELL, Parlamentarismo y bolchevización. El movimiento obrero español, 1914-1918, Barcelona, Crítica, 1978; Luis GARRIDO, Riqueza y tragedia social. Historia de la clase obrera en la provincia de Jaén (1820-1936), Jaén, 1990.

Acerca de los orígenes del comunismo: Archives Jules Droz, Amsterdam, IIGS, 1970; Luis ARRANZ, La ruptura del PSOE en la crisis de la Restauración: el peso del octubre ruso, en Estudios de Historia Social, nº 32-33,1983; Joan ESTRUCH. Teoría del PCE, Barcelona, Iniciativas Editoriales, 1978; Gerald MEAKER, The revolutionary left in Spain, 1914-1923, Stanford University Press, 1974 (*); Pelai PAGES, Historia del Partido Comunista de España, Barcelona, Hacer, 1978.

Sobre el llamado sindicalismo Libre y el nacionalista: M. OTAEGUI, Organización obrera y nacionalismo: Solidaridad de obreros vascos (1911-1923), en Estudios de Historia Social, 3-4, 1971, y Colin WINSTON, Works and the right in Spain, 1900-1936, Princeton University Press, 1985 (*).

Son muy recientes los estudios acerca de la organización de los patronos. Véase especialmente: Soledad BENGOECHEA, Organització patronal i conflictivitat social a Catalunya, Publicacions de L’Abadía de Montserrat, 1994; Fernando del REY, Propietarios y patronos. La política de las organizaciones económicas en la España de la Restauración (1914-1923), Madrid, Ministerio del Trabajo y la Seguridad social, 1992 (*).

Una posible bibliografía acerca de las innovaciones en pintura puede ser la siguiente: Ángel BENITO, Vázquez Díaz. Vida y pintura, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1971; Jaime BRIHUEGA, Las vanguardias artísticas en España, 1909-1936, Madrid, Istmo, 1981; Juan GRIS. Exposición celebrada en 1985, Madrid, Ministerio de Cultura; Rafael SANTOS TORROELLA, La miel es más dulce que la sangre. Las épocas lorquiana y freudiana de Salvador Dalí, Barcelona, Seix Barral, 1984.

Acerca de la generación de 1914 y su ambiente véase: Thomas GLICK, Einstein y los españoles. Ciencia y sociedad en la España de entreguerras, Madrid, Alianza, 1986; Los intelectuales reformadores de España. El epistolario de José Castillejo, Madrid, Castalia, 1997; Alberto JIMÉNEZ FRAUD, La Residencia de Estudiantes, Barcelona, Ariel, 1972; E. LÓPEZ CAMPILLO, La Revista de Occidente y la formación de minorías, Madrid, Taurus, 1972; Juan MARICHAL, La «generación de los intelectuales» y la política, en Revista de Occidente, 1974; Luis PALACIOS BAÑUELOS, El Instituto-Escuela. Historia de una renovación pedagógica, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1988; Isabel PÉREZ VILLANUEVA, La Residencia de Estudiantes. Grupos universitario y de señoritas, 1910-1936. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1990; José María SÁNCHEZ RON, La Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas, Madrid, CSIC, 1988, y Ciencia y sociedad en España, Madrid, El Arquero, 1988; R. WOHL, The generation of 1914. Harvard University Press.

Sobre Azaña: José María MARCO, La inteligencia republicana. Manuel Azaña, 1897-1930, Madrid, Biblioteca Nueva, 1988; Juan MARICHAL, La vocación de Manuel Azaña, Madrid, Alianza, 1972 (*) y Jean-Pierre AMALRIC-Paul AUBERT, Azaña et son temps, Madrid, Casa de Velázquez, 1993.

Sobre D’Ors: Enric JARDI, Eugenio D’Ors. Obra y vida, Barcelona, Aymá, 1967, y Vicente CACHO VIU, Revisión de Eugenio D’Ors seguida de un epistolario inédito, Madrid, Quaderns Crema-Residencia de Estudiantes, 1997.

Sobre Marañón: Marino GÓMEZ SANTOS, Vida de D. Gregorio Marañón, Madrid, Taurus, 1971, y Francisco PÉREZ GUTIÉRREZ, La juventud de Marañón, Madrid, Trotta, 1997.

Sobre Ortega y Gasset: Antonio ELORZA, La razón y la sombra. Una lectura política de Ortega y Gasset, Barcelona, Anagrama, 1984; Julián MARÍAS, Ortega, Madrid, Alianza, 1983; Gonzalo REDONDO, Las empresas políticas de Ortega y Gasset, Madrid, Rialp, 1970.

Sobre Madariaga: Carlos FERNÁNDEZ SANTANDER, Madariaga, ciudadano del mundo, Madrid, Espasa Calpe, 1981.

Sobre la generación del 27, a título sólo de ejemplo: C. B. MORRIS, A generation of Spanish poets, 1920-1936, Cambridge University Press, 1969 y Ian GIBSON, Federico García Lorca, Barcelona, Grijalbo, 1985-1988.

Acerca de la prensa: Mercedes CABRERA, La industria, la prensa y la política. Nicolás María de Urgoiti (1869-1951), Madrid, Alianza, 1994; Francisco IGLESIAS, Historia de una empresa periodística. Prensa Española, Madrid, Prensa Española, 1980.

Hace tan sólo una década y media la bibliografía existente sobre la Dictadura de Primo de Rivera consistía casi exclusivamente en libros publicados en la época o inmediatamente después; en el momento actual, aunque persisten las lagunas, la bibliografía es más amplia y también de mayor calidad, en especial en los aspectos políticos y en las relaciones internacionales. Como libros de carácter general véase: Shlomo BEN AMI, La Dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, Barcelona, Planeta, 1983; José Luis GÓMEZ NAVARRO, El régimen de Primo de Rivera. Reyes, dictaduras y dictadores, Madrid, Cátedra, 1991 (*) y María Teresa GONZÁLEZ CALBET, La Dictadura de Primo de Rivera. El Directorio militar, Madrid, El Arquero, 1987 (*) (hasta 1925). Véase, como estudio político más reciente, el tomo XXXVIII-2 de la Historia de España de MENÉNDEZ PIDAL-JOVER, Espasa Calpe, 1995, escrito por Javier TUSELL (*). Conserva su valor el libro de Gabriel MAURA, Al servicio de la Historia. Bosquejo histórico de la Dictadura, 1923-1930, Madrid, Tipografía de Archivos, 1930. Estudios monográficos recientes sobre todo el periodo en La crisis de la Restauración. España entre la Primera Guerra Mundial y la II República, Madrid, Siglo XXI, 1986. Sobre el golpe de Estado: Javier TUSELL, Radiografía de un golpe de Estado. El ascenso al poder del general Primo de Rivera, Madrid, Alianza Editorial, 1987 (*). Una selección de textos sobre el reinado en Jordi CASASSAS, La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Barcelona, Anthropos, 1983. Véase también Actas del Consejo de Ministros. Alfonso XIII. Presidencia del General Primo de Rivera (1925-1930), Madrid, Ministerio de Relaciones con las Cortes, 1992.

No existe una buena biografía de Primo de Rivera. Para sus primeros años véase Ana de SAGRERA, Miguel Primo de Rivera. El hombre, el soldado y el político, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 1973, aunque durante la Dictadura se publicaron varios libros encomiásticos. Merece la pena conocer sus intervenciones públicas: La obra de Primo de Rivera. Sus cuatro últimos artículos, Madrid, Imprenta Sáez, 1930; Luis y José Manuel de ARMIÑÁN, Epistolario del Dictador. La figura del general Primo de Rivera trazada por su propia mano, Madrid, 1930, y El pensamiento de Primo de Rivera, Sus notas, artículos y discursos, Madrid, Imprenta Sáez, 1929. Memorias de personajes políticos: Santiago ALBA, para la Historia. Artículos publicados en mayo de 1930, Madrid, Diana, 1930; José CALVO SOTELO, Mis servicios al Estado. Seis años de gestión, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1974, y Eduardo LÓPEZ DE OCHOA, De la Dictadura a la República, Madrid, Zeus, 1930.

Acerca del régimen político gran parte de las interpretaciones se encuentra en artículos contenidos en revistas especializadas. Entre los textos más importantes sobre el régimen, sus hombres y su caracterización véanse: M. GARCÍA CANALES, El problema constitucional en la Dictadura de Primo de Rivera, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1980, y La teoría de la representación en la España del siglo XX, Murcia, Departamento de Derecho Político, 1977: José Luis GÓMEZ NAVARRO, Teresa GONZÁLEZ CALBET y Ernesto PORTUONDO, La Asamblea Consultiva: poder económico y poder político en la Dictadura de Primo de Rivera, en Estudios de Historia Social, n.° 14, VII-IX, 1980; José Luis GÓMEZ NAVARRO, La Unión Patriótica: análisis de un partido del poder, en Estudios de Historia Social, n.° 32-33, 1985. Celedonio DE LA IGLESIA, La censura por dentro, Madrid, CIAPSA, 1930; Carmen MARTIN GAITE, El Conde de Guadalhorce, su época y su labor, Madrid, Colegio de Ingenieros, 1977; Rosa MARTÍNEZ SEGARRA, El Somatén nacional de la Dictadura del general Primo de Rivera, Universidad Complutense de Madrid, 1984; Carlos NAVAJAS, La ideología corporativa de Miguel Primo de Rivera (1905-1919), en Hispania, n.° 184, 1993; José María PEMÁN, El hecho y la idea de la Unión Patriótica, Madrid, Sáez, 1929; José PEMARTÍN, Los valores históricos de la Dictadura, Madrid, Gráficas Santander, 1928; Darío PÉREZ, La Dictadura a través de sus notas oficiosas, Madrid, Ciapsa, 1930; James H. RIAL, Revolution from above. The Primo de Rivera dictatorship in Spain, 1923-1930, George Masón University Press, 1986; R. SALAZAR ALONSO, La justicia bajo la Dictadura, Madrid, Zeus, 1930.

Comparaciones con otras latitudes: Eloy FERNANDEZ CLEMENTE, Ulises en el siglo XX. Crisis y modernización en Grecia, 1900-1930, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1995. Para estudios provinciales: Leandro ALVAREZ REY, Sevilla durante la Dictadura de Primo de Rivera (La Unión Patriótica sevillana, 1923-1930), Sevilla, Diputación Provincial, 1987; Francisco ALIA, Ciudad Real durante la Dictadura de Primo de Rivera, Instituto de Estudios Manchegos, 1986; Lluis COSTA I FERNÁNDEZ, La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).Comunicado i propaganda a les comarques giroinines, Barcelona, Dalmau, 1995; Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE, Gente de orden. Aragón durante la Dictadura de Primo de Rivera, Zaragoza, Ibercaja, 1995 (*); Francisco MIRANDA, La Dictadura de Primo de Rivera en Navarra. Claves políticas, Pamplona, Ediciones Eunate, 1995; Jesús María PALOMARES, Nuevos políticos para un nuevo caciquismo. La Dictadura de Primo de Rivera en Valladolid, Universidad de Valladolid, 1993.

Sobre el Ejército en el periodo dictatorial véase Carlos BLANCO ESCOLA, La Academia militar de Zaragoza (1928-1931), Barcelona, Labor, 1989, y Carlos NAVAJAS ZUBELDIA, Ejército, Estado y sociedad en España (1923-1930), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1991 (*).

Hay ya importantes trabajos acerca de la política económica dictatorial de los que el principal quizá sea el tomo XXXVII de la Historia de España de MENÉNDEZ PIDAL-JOVER, escrito, en su parte que aquí más interesa por José Luis GARCÍA DELGADO (*), pero véanse también: Economía política de la Dictadura de Primo de Rivera, en Cuadernos Económicos de ICE, n.° 10, 1979; José Luis GARCÍA DELGADO, Autoritarismo político y tensiones económicas: un balance crítico de la Dictadura de Primo de Rivera en España, en El Trimestre Económico, n.° 198, 1983; La Hacienda Pública en la Dictadura, 1923-1930, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1986; Juan MUÑOZ, La expansión bancaria entre 1919 y 1926. La formación de una banca nacional, en Cuadernos Económicos de ICE, n.° 6, 1978: Juan VELARDE, Política económica de la Dictadura, Madrid, Biblioteca Universitaria de Economía, 1968.

Sobre la política social el número de publicaciones es más reducido: Eduardo AUNOS, La política social de la Dictadura, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1944; Josefina CUESTA, Una esperanza para los trabajadores. Las relaciones entre España y la OIT, Madrid, Consejo Económico y Social, 1994; Alfredo MONTOYA, Ideología y lenguaje en las leyes laborales de Primo de Rivera, Secretario de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1980; Miguel Ángel PERFECTO, Corporativismo y catolicismo social en la Dictadura de Primo de Rivera, en Studia Histórica, II-4. Acerca del problema marroquí: Shannon FLEMING, Primo de Rivera and Spain’s Moroccan Problem, 1923-1927, en Journal of Contemporary History, 1977: Francisco GÓMEZ JORDANA, La tramoya de nuestra actuación en Marruecos, Madrid, Editora Nacional, 1976; Francisco HERNÁNDEZ MIR, La Dictadura en Marruecos. Al margen de una farsa, Madrid, 1930.

Otros aspectos de la política exterior española durante la Dictadura: Alfonso BRAOJOS, Alfonso XIII y la exposición iberoamericana de 1929, Universidad de Sevilla, 1992; Fernando María CASTIELLA, Una batalla diplomática, Barcelona, Planeta. 1976: Ángel MARTÍNEZ DE VELASCO, La reforma del cuerpo diplomático por Primo de Rivera, en Revista Internacional de Sociología, 1980; Gustavo PALOMARES, Mussolini y Primo de Rivera. Política exterior de dos dictadores, Madrid, Eudema, 1989; Susana SUEIRO, España en el Mediterráneo, Primo de Rivera y la cuestión marroquí, 1923-1930, Madrid, UNED, 1992; Hipólito DE LA TORRE, Del peligro español a la amistad peninsular España y Portugal, 1919-1930, Madrid, UNED, 1984: Javier TUSELL y Genoveva GARCÍA QUEIPO DE LLANO, El Dictador y el mediador. España-Gran Bretaña, 1923-1930, Madrid, CSIC, 1986: Javier TUSELL e Ismael SAZ, Mussolini y Primo de Rivera: las relaciones políticas y diplomáticas de dos dictaduras mediterráneas, BRAH, 1982.

Sobre la oposición al régimen dictatorial la bibliografía es abundante aunque una parte considerable data de los años treinta: Siete años sin ley. España bajo la Dictadura (1930-1933) recoge la información censurada en el diario El Sol que luego fue publicada en la época republicana; Shlomo BEN AMI, Los orígenes de la Segunda República española: Anatomía de una transición, Madrid, Alianza Editorial, 1990; Vicente MARCO MIRANDA, Las conspiraciones contra la Dictadura, Madrid, Minuesa, 1930: Carlos SECO SERRANO, El cerco de la Monarquía. La ruptura de los partidos dinásticos con Alfonso XIII durante la Dictadura de Primo de Rivera, en BRAH, 1986.

Aparte de los aspectos más exclusivamente políticos del mundo intelectual véase acerca de la evolución cultural: Genoveva GARCÍA QUEIPO DE LLANO, Los intelectuales y la Dictadura de Primo de Rivera, Madrid, Alianza, 1988; La controversia sobre la vieja política en Revista de la Universidad Complutense, 1980, y La rebelión de los estudiantes y la movilización intelectual contra la Dictadura (1929), en BRAH, 1987; Víctor OUIMETTE, Los intelectuales españoles y el naufragio del liberalismo (1923-1936), Valencia, Pretextos, 1998; Gonzalo SANTONJA, Del lápiz rojo al lápiz libre. La censura de prensa y el mundo del libro, Barcelona, Anthropos, 1986 ; Javier TUSELL y Genoveva GARCÍA QUEIPO DE LLANO, Los intelectuales y la República, Madrid, Ñera, 1990.

Otros aspectos de la cultura, principalmente artes plásticas en: Juan Manuel BONET, Diccionario de las vanguardias en España, 1907-1936, Madrid, Alianza, 1995; Dalí joven (1918-1930), Exposición celebrada en MNCARS, 1995; La Sociedad de Artistas Ibéricos y el arte español de 1925, Exposición celebrada en MNCARS, 1995; Agustín SÁNCHEZ VIDAL, El enigma sin fin: Dalí, Buñuel, Lorca, Barcelona, Planeta, 1988.

Existen varios trabajos acerca de la actitud del movimiento obrero. Los más importantes son: José ANDRÉS GALLEGO, El socialismo durante la Dictadura, 1923-1930, Madrid, Ediciones Giner, 1977; Antonio ELORZA, El anarcosindicalismo español bajo la Dictadura (1923-1930), en Revista de Trabajo (1972-1974), y Francisco de LUIS, La cultura socialista en España, 1923-1930, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1993.

Para la posición de la Dictadura respecto del problema catalán véase: F. CAMBÓ, Las dictaduras, Madrid, Espasa Calpe, 1929; J. CARNER RIBALTA, El complot de Prats de Molió, Barcelona, Dalmau, 1987; Joan CREXELL, El complot de Garraf Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988; Aurelio JOANIQUET, Alfonso Sala Argemí conde de Egara, Madrid, Espasa Calpe, 1955; Josep M. ROÍ ROSICH, La Dictadura de Primo de Rivera a Catalunya. Un assaig de represió cultural, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992.

Los momentos de la transición desde el régimen monárquico al republicano han dado lugar, sobre todo, a una bibliografía memorialística importante: Dámaso BERENGUER, De la Dictadura a la República, Madrid, Plus Ultra, 1935; Eduardo de GUZMAN, 1930. Historia política de un año decisivo, Madrid, Tebas, 1973; Marqués DE HOYOS, Mi testimonio, Madrid, 1962; Miguel MAURA, Así cayó Alfonso XIII, Barcelona, Ariel, 1961; Emilio MOLA, Memorias de mi paso por la Dirección General de Seguridad, Madrid, 1940; Isidro MOLAS, El catalanismo hegemónico. Cambó y el Centro constitucional, Barcelona, Emporium, 1972; Jesús PABÓN, Siete relatos de tres días, en Días de ayer; Conde de ROMANONES, … Y sucedió así. Aportaciones para la Historia, Madrid, Espasa Calpe, 1947.

JAVIER TUSELL GÓMEZ, (Barcelona 26 de agosto de 1945 — Barcelona 8 de febrero de 2005) fue un historiador español, catedrático de Historia Contemporánea en la UNED.

Nacido en Barcelona, se trasladó pronto a Madrid con su familia, donde curso el bachillerato y posteriormente las carreras de Filosofía, Historia y Ciencias Políticas.

Tras doctorarse y especializarse en Historia Contemporánea, se dedicó a la docencia desde 1966.

Especialista en la historia contemporánea de España, Tusell construyó una producción ingente e imprescindible para el conocimiento de la historia política de España en el siglo XX: elecciones y partidos políticos, Alfonso XIII, el caciquismo, el golpe de estado de Primo de Rivera, la democracia cristiana en España, Franco y su régimen, España y la II Guerra Mundial, las relaciones entre Franco y el Conde de Barcelona, los católicos bajo el franquismo, la oposición democrática a dicho régimen, Carrero Blanco, Arias Navarro, la figura del príncipe y después rey Juan Carlos. Todo ello para tratar de explicar un tema crucial y obsesivo para la generación a la qué perteneció: la democracia en España, las razones por las que no se estabilizó durante la Segunda República y las consecuencias de su fracaso —la dictadura franquista—, así como el restablecimiento de la democracia y el carácter de la Monarquía del rey Juan Carlos I y del Estado de las autonomías.