En principio resulta tan evidente el interés que puede despertar en el lector una biografía de Luis Carrero Blanco que ni siquiera necesita justificarse su redacción. Un hombre que estuvo durante tantos años al lado del general Franco, desempeñando un papel que a nadie se le ha podido ocurrir que fuera banal, debe ser un objeto prioritario de biografía política.

Sin embargo, hay otra imagen, que su persona evoca de forma inmediata, que hace pensar, también desde el primer momento, en una dificultad inicial para escribirla. Carrero Blanco fue a lo largo de su vida un protagonista político situado, por voluntad propia y de forma casi obsesiva, en una segunda fila. Eso ha podido producir acerca de él una impresión que, desde luego —hay que decirlo ya mismo—, el presente libro contribuirá a cambiar: la de que era un simple ejecutor de decisiones que tomaba otro, un hombre carente de iniciativa y sin significación específica, poco más que un fiel ejecutor de la voluntad de otro.

Afortunadamente hay otro rasgo de su personalidad que le convierte en bastante más accesible de lo que podría pensarse en un principio. Pemán escribió de Franco que de él no se podía saber lo que pensaba sino por lo que se le escapaba (que, por cierto, no solía ser mucho). Carrero respondía a otro tipo humano muy distinto. Discreto, era también un hombre de despacho, en absoluto un hombre de discurso y todavía menos ese género de político conspirador y maniobrero que tan frecuente ha sido en la vida pública española.

Para el historiador eso tiene una enorme ventaja, por la sencilla razón de que, a lo largo de su vida, fue dejando el rastro de sus opiniones, sus consejos a Franco y sus programas políticos por escrito, en unos textos elaborados de forma escrupulosamente medida.

Como tantos otros personajes políticos del inmediato pasado, Carrero Blanco ha sido objeto de interpretaciones inteligentes de algún historiador o de quienes convivieron con él en la tarea política. Pero ha habido también una literatura magnificadora de minucias, inventora de detalles inverosímiles o simplemente superficial que más bien ha desorientado que contribuido a situar mejor al personaje y, por lo tanto, facilitar el mejor conocimiento de una época.

Faltaba, pues, una biografía política de Luis Carrero Blanco como la que aquí se intenta: un libro que parte de fuentes originales y que debe tener en cuenta también la totalidad de la bibliografía existente para perfilar, de una forma comprensiva, el papel que tuvo un personaje en la vida pública de su tiempo.

Javier Tusell

Carrero : la eminencia gris del régimen de Franco

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Título original: Carrero : la eminencia gris del régimen de Franco

Javier Tusell, 1993

Colaboración: Genoveva García Queipo de Llano

Retoque de cubierta: Titivillus

Editor digital: Titivillus

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Prólogo

En la villa cántabra de Santoña un monumento que, siendo de relativa envergadura, resulta de no tanta trascendencia, recuerda el nacimiento allí en 1903 de quien ha sido el personaje más conocido de su historia, el almirante Luis Carrero Blanco, asesinado en 1973 cuando ocupaba la Presidencia del Gobierno español. El destino del monumento y el del personaje histórico revelan un curioso paralelismo. El monumento se gestó cuando el impacto de la muerte del almirante todavía era muy grande y su figura política parecía decisiva, pero vino luego el vértigo de una vida política algunas de cuyas consecuencias consistieron en el desvanecimiento de los perfiles del recordado.

Quienes ascendieron al poder tras el asesinato de Carrero no fueron enemigos mortales del almirante, pero sí adversarios políticos suyos durante el propio régimen del general Franco, e incluso trataron de definirse en un sentido político netamente antagónico respecto de él. En el equipo que ejercía el poder bajo su Presidencia había personas de distinta calidad y significación, aparte de una cierta heterogeneidad, siempre habitual en los gobiernos del general Franco. El asesinato de la calle Claudio Coello fue tan inesperado como estuvo preñado de consecuencias políticas. Aquel equipo se desvaneció en el aire, y quien había estado a su frente se convirtió tan sólo en un medio de definición política negativa para sus sucesores y adversarios. Pero sobre este olvido de la significación real del personaje muy pronto se superpuso otro. El tránsito hacia la Monarquía democrática acentuó el alejamiento respecto de la figura del almirante; porque, si éste fue fundamental para el restablecimiento de aquélla, fue también la antítesis misma del calificativo que le acabamos de adjudicar. El resultado fue que aquel monumento de Santoña nunca se inauguró oficialmente. De forma paralela puede decirse que la imagen de Carrero acabó desdibujándose. Respecto de él parece haber quedado tan sólo un interrogante en la conciencia pública, el de si la transición hacia la democracia hubiera sido posible en el caso de que no hubiera desaparecido de forma tan trágica. Pero lo primero que es preciso señalar sobre este juicio es que deforma de manera radical la realidad histórica del personaje. Lo decisivo de su persona desde el punto de vista histórico no es, por supuesto, cómo murió, sino la influencia que tuvo durante muchísimo tiempo y en qué sentido se ejerció. Es muy probable que, además, el efecto de su desaparición haya sido mucho más complicado y matizable que esa reducción a tan sólo la alternativa de si la transición hubiera sido más o menos fácil con su presencia entre los vivos.

Como tantos otros personajes políticos del inmediato pasado, Carrero Blanco ha sido objeto de interpretaciones inteligentes de algún historiador o de quienes convivieron con él en la tarea política. Hay que recordar, sin duda, de manera especial a Laureano López Rodó, que, en sus memorias, siempre tan documentadas, ha revelado muchos aspectos de su papel en la vida política española de tantas décadas. Se podrían citar algunos otros hombres públicos del momento que han sabido proporcionarnos de él un perfil que parece acertado, aunque no suficiente. Pero ha habido también una literatura magnificadora de minucias, inventora de detalles inverosímiles o simplemente superficial que más bien ha desorientado que contribuido a situar mejor al personaje y, por lo tanto, facilitar el mejor conocimiento de una época.

Faltaba, pues, una biografía política de Luis Carrero Blanco como la que aquí se intenta. Entiendo por tal lo que es habitual entre los profesionales de la Historia, es decir, un libro que parte de fuentes originales y que debe tener en cuenta también la totalidad de la bibliografía existente para perfilar, de una forma comprensiva, el papel que tuvo un personaje en la vida pública de su tiempo. La óptica de la biografía política no es la de la intimidad de un personaje, sino la del grado en que influyó en los acontecimientos más decisivos de su tiempo. Por supuesto, la Historia no es una maraña confusa de acciones individuales. No hay frase más falsa que aquella de Emerson que asegura que la Historia no existe, sino que lo único verdadero es la biografía. Pero en un momento en que la biografía ha alcanzado ya el suficiente prestigio como para empezar a ser criticada, conviene recordar también lo que escribió Tocqueville en La democracia en América. En las mismas sociedades democráticas los rasgos particulares de ciertos individuos retrasan o precipitan el curso natural de los acontecimientos, pero esto es, además, especialmente cierto en aquéllas que no lo son. Descubrir esas influencias individuales es a menudo difícil; por eso, una tendencia del historiador ha sido siempre negarlas o disminuir su importancia remitiéndose a factores de carácter general. Nada es más fácil que resumir la historia del régimen de Franco acudiendo a explicaciones aparentemente estructurales que tengan como resultado el olvido de lo individual. Eso suele abreviar la tarea del historiador e incluso llega a satisfacer al lector, a veces en tanto o mayor grado que pueda hacerlo resumir la historia del franquismo en la biografía de Franco. La biografía de los personajes de primerísima fila completa y complementa esta visión de las causas generales. A fin de cuentas (de nuevo vuelvo a Tocqueville), el exceso de confianza en ese tipo de explicación que tiene en cuenta tan sólo las causas generales no sólo proporciona maravillosos consuelos explicativos a los hombres públicos mediocres, sino también a los historiadores que coinciden con ellos en esa condición nada positiva de sus capacidades. No son, en realidad, más profundos, aunque pretendan aparentarlo, sino exactamente lo contrario. El biógrafo se enfrenta, por ejemplo, con lo inaprensible que siempre resulta un individuo y con la indispensable labor de imaginación que resulta necesaria al preguntarse cómo habrían sido los hechos humanos si los biografiados no hubieran tenido protagonismo alguno. La buena biografía no sólo revela un personaje sino también un tiempo, una sociedad y una vida pública. Por supuesto, así sucede de forma singular en regímenes no democráticos.

Pero la biografía es también difícil en estos últimos, por su característica opacidad. En principio resulta tan evidente el interés que puede despertar en el lector una biografía de Luis Carrero Blanco que ni siquiera necesita justificarse su redacción. Un hombre que estuvo durante tantos años al lado de Franco desempeñando un papel que a nadie se le ha podido ocurrir que fuera banal debe ser un objeto prioritario de biografía política. Sin embargo, hay otra imagen, que su persona evoca de forma inmediata, que hace pensar, también desde el primer momento, en una dificultad inicial para escribirla. Carrero Blanco fue a lo largo de su vida un protagonista político situado, por voluntad propia y de forma casi obsesiva, en una segunda fila. Eso ha podido producir acerca de él una impresión que, desde luego —hay que decirlo ya mismo—, el presente libro contribuirá a cambiar: la de que era un simple ejecutor de decisiones que tomaba otro, un hombre carente de iniciativa y sin significación específica, poco más que un fiel ejecutor de la voluntad de otro.

Afortunadamente hay otro rasgo de su personalidad que le convierte en bastante más accesible de lo que podría pensarse en un principio. Pemán escribió de Franco que de él no se podía saber lo que pensaba sino por lo que se le escapaba (que, por cierto, no solía ser mucho). Carrero respondía a otro tipo humano muy distinto. Discreto, era también un hombre de despacho, en absoluto un hombre de discurso y todavía menos ese género de político conspirador y maniobrero que tan frecuente ha sido en la vida pública española. Para el historiador eso tiene una enorme ventaja, por la sencilla razón de que, a lo largo de su vida, fue dejando el rastro de sus opiniones, sus consejos a Franco y sus programas políticos por escrito, en unos textos elaborados de forma escrupulosamente medida. En la vida de todo político español, incluso de los actuales, hay siempre una maleta o maletín en el que se conservan sus papeles más íntimos, aquellos que uno quiere reservar o que piensa que le han de servir para escribir unas memorias. El autor de este libro ha visto, por ejemplo, la maleta, gruesa y de cuero, con la que el general Primo de Rivera abandonó el poder en 1930, en compañía de sus documentos, para marchar de forma atropellada a París. El maletín de Carrero es mucho más pequeño y modesto: es de skai negro y con unas cerraduras metálicas que dan sensación de fragilidad; no parece encerrar grandes secretos, pero el historiador descubre que en él hay muchos y muy decisivos. Así como sólo una parte pequeña de lo guardado por el citado general había nacido de su propia mano, Carrero conservó sólo lo más importante e íntimo de lo que había sido autor. Lo hemos podido consultar en virtud de la colaboración prestada por su familia, a la que debemos agradecer su conservación y su ayuda, por desgracia no tan frecuente entre nosotros como sería de desear. La laboriosidad de Carrero no pudo encerrarse en ese maletín, sino que se desbordó en una producción de papel realmente extraordinaria. Los archiveros, principalmente en Presidencia de Gobierno, han conservado de forma diligente el resultado de su trabajo. El interesado podrá encontrar en el apéndice final una descripción sumaria de estas fuentes, en su inmensa mayoría inéditas.

Los anglosajones, en especial los británicos, de los que se ha llegado a decir que han convertido el género biográfico en un pecado nacional, suelen distinguir entre biografías autorizadas u oficiales y las que no lo son. Las primeras no ocultan una proclividad hacia el personaje; las segundas parecen a menudo dar por supuesta la discrepancia fundamental, en parte provocada por las pocas facilidades prestadas por los deudos para la reconstrucción del pasado. Esta biografía no pertenece a ninguna de esas dos categorías. Ha contado con esa ayuda, y el autor debe agradecérsela de modo especial a don Luis Carrero-Blanco Pichot, pero ha procurado desde su primera línea instalarse en la más escrupulosa objetividad. Es obligado hacer esta declaración, para que el lector la tenga en cuenta desde las primeras páginas.

Siempre es peculiar la relación entre el biógrafo y el biografiado. Lo más habitual es que el primero practique la simpatía o, al menos, la empatía respecto del segundo; es lógico que así sea y ello, aunque constituye un aliciente para la redacción de un libro, puede llegar también a constituir un peligro. Identificarse con un biografiado puede ser un procedimiento para facilitar el ejercicio de la imaginación histórica y un medio para descubrir los registros mentales gracias a los que llegó un personaje a determinadas decisiones, actitudes o sentimientos. Pero el exceso en el ejercicio de la empatía puede contribuir a acabar por no entender las razones de los demás y por magnificar (y, por tanto, alterar en su significación histórica correcta) a quien sea objeto de estudio.

En el caso de esta biografía política de Luis Carrero Blanco la relación entre el biografiado y el autor resulta bastante peculiar. Por razones obvias e inevitables hay una distancia sideral entre ambos: cuando se produjo el definitivo ascenso político de Carrero (o, mejor dicho, cuando su relevante papel, hasta entonces no desvelado, se convirtió en manifiesto) el autor de este libro era un joven profesor universitario procedente de un mundo no sólo ajeno sino contrario al sistema político vigente. A los de mi generación, procedencia y dedicación Franco nos parecía, a fines de los sesenta, un personaje del pasado, en plena decadencia física y por tanto no tan temible, y destinado a desvanecerse de nuestro horizonte y el colectivo en un plazo relativamente corto de tiempo. Pero Carrero estaba allí, testimoniando la aparente capacidad del régimen para perpetuarse, algo que, por supuesto, no nos gustaba. Franco no nos daba miedo, pero sí a veces su vicepresidente. Recuerdo que en 1972, durante la campaña presidencial norteamericana, estábamos un grupo de profesores españoles en aquel país y leíamos con preocupación las noticias procedentes de España acerca de una posible depuración en la Universidad. Luego, en el momento de su asesinato, sentimos, junto con el inevitable desconcierto, piedad humana por su persona; la imagen del almirante desapareció muy pronto de nuestro horizonte.

La peculiaridad de este tipo de relación entre biógrafo y biografiado obliga al historiador a un especial ejercicio de la distancia. Siempre es ésta necesaria y aun obligada. Quizá en España, por obvias razones en las que no resulta muy preciso insistir, hemos utilizado en exceso la Historia como arma de combate. Pero eso siempre es peligroso y llega a ser injustificable, en especial con el transcurso del tiempo. Un historiador no es un juez, sino que debe intentar llegar a ser un buen testigo, algo mucho más modesto pero más útil; exige, además, inteligencia y una peculiar sensibilidad, lejana de la megalomanía. Debe ser así, en especial, cuando ya ni siquiera hay motivos para el ejercicio de esa función judicial. Resulta tan evidente que la democracia es un sistema político mejor que cualquier otro imaginado hasta el momento que no hace falta repetirlo a cada paso en un libro dedicado a una persona que, desde luego, no la tuvo ni remotamente como ideal político, sino otro por completo contrario. En este libro, en consecuencia, se encontrará una narración distanciada y fría, con muy pocos juicios de valor y éstos todo lo matizados que resulte posible y siempre históricos, es decir, relativos a la relevancia de lo hecho por el protagonista esencial de estas páginas. Comprender no significa compartir, pero, para un historiador, conjugar el primer verbo no es una opción, sino una obligación profesional y moral. El lector tiene derecho a exigirla.

Hechas las afirmaciones precedentes, todavía el autor añadiría una más. Biografiar a Carrero no supone tan sólo responder a dos retos: el de un personaje cuya peculiaridad y relevancia resulta difícil percibir de primera impresión y el de quien resultó tan lejano a la generación de quien sobre él escribe. También significa hacer avanzar la frontera de la Historia hasta hace menos de un cuarto de siglo del momento actual. Pasar del reportaje periodístico a la Historia como ciencia significa un avance cualitativo importante de nuestros conocimientos, el que proporciona la distancia pero, sobre todo, el recurso a las fuentes de archivo y una actitud ante el pasado. En líneas generales puede decirse que los historiadores de la España actual han ido avanzando hasta situar el límite cronológico de sus conocimientos a la altura de la década de los sesenta, como si consideraran que fuera demasiada osadía traspasar esta frontera. Pero nada justifica esta timidez, en especial teniendo en cuenta que no se practica en otras latitudes. Sobre Carrero ha habido reportajes y esbozos biográficos, pero ha llegado ya el momento de hacer también Historia.

No la habría podido hacer el autor sin la ayuda de uno de esos profesores universitarios evocados líneas atrás, con los que vivió en 1972 las elecciones norteamericanas con la mirada vuelta hacia lo que sucedía en España. A Veva, mi mujer, que ha jugado un papel muy importante en la preparación de este texto, quedan dedicadas estas páginas.

Capítulo uno

Un marino español

El biógrafo, a la hora de enfrentarse con la primera singladura vital de Luis Carrero Blanco, se siente tentado por la simplificación. Santander, sobre todo su interior agrícola y sus pueblos marineros, ha sido, y en parte sigue siendo, una de las provincias españolas de significación más caracterizadamente conservadora, tradicional y católica. Ello podría hacer pensar que hay una vinculación entre quien llegaría a ser un político decisivo en la España del siglo XX, con esa precisa significación ideológica, y ese medio que le vio nacer. La realidad es, sin embargo, que este vínculo fue casual, debido a una razón de carácter puramente administrativo. Luis Carrero Blanco nació en Santoña porque ése era el destino militar de su padre, aunque también fuera el lugar de nacimiento de su madre. La vinculación familiar con la provincia, por otro lado, tampoco debe recalcarse en exceso. El apellido Carrero era de procedencia gallega y ni siquiera toda la línea materna, los Blanco, procedía de Santander, sino de Castilla.

Lo que, en cambio, parece evidente es que en el carácter y en la concepción de la vida de Luis Carrero Blanco desempeñó un papel fundamental la condición de profesionales de las armas de su padre y de su abuelo, pero también es posible pecar por simplificación en este terreno. Tanto el abuelo, Camilo Carrero Senra, como el padre, Camilo Carrero Gutiérrez, nacidos respectivamente en Orense y La Coruña, fueron militares, alcanzando la graduación, respectivamente, de coronel y teniente coronel. El factor militar contó de forma decisiva en la forma de enfrentarse a la vida de Luis Carrero Blanco, tal y como él mismo admitió a lo largo de toda su vida, y en especial en esa edad en la que ya echaba una mirada hacia atrás para reflexionar sobre la propia trayectoria. Era, por otro lado, tan obvio que tampoco es necesario insistir mucho en ello, porque todos sus contemporáneos lo sabían de sobra. Retengamos, sin embargo, que el padre y el abuelo eran militares del Ejército de Tierra, no marinos; lo fueron, en cambio, el propio Luis Carrero y sus hermanos. Queda, así, como injustificable una vinculación del futuro almirante con una tradición profesional supuestamente muy conservadora, como sería la Marina. Lo que, en cambio, resulta revelador de la tradición familiar es la dedicatoria a su padre de un librito que se encuentra en la biblioteca familiar. «Recuerdo muy afectuoso —reza el breve texto— al brillante capitán de Estado Mayor, D. Camilo Carrero, del que tanto le estima». Firma Juan Vázquez de Mella, principal teórico del tradicionalismo español durante el reinado de Alfonso XIII; se trata de alguno de sus discursos durante el comienzo de la primera guerra mundial, momento en que su posición política quedó definitivamente dibujada como germanófila mientras que el pretendiente carlista, don Jaime, era aliadófilo. Sin duda, la frase no demuestra una dedicación a la vida pública de quien recibió el obsequio, pero sí una sintonía de ánimo y de pensamiento. Para quien conozca la posterior trayectoria y el pensamiento político de Carrero no pueden resultar más evidentes las semejanzas entre éste y quien dedicó ese libro a su padre: idéntico catolicismo a machamartillo, repudio a rajatabla del mundo liberal, identificación del ideal político propio con un pasado de glorias religiosas y patrióticas y, en fin, un acendrado monarquismo que, sin embargo, no se basaba en la pura identificación con el heredero de la tradición dinástica, sino que reclamaba de él una legitimidad de ejercicio en su función. Si Vázquez de Mella discrepó del heredero de la dinastía carlista, Luis Carrero, siempre monárquico, mantuvo una sustancial diferencia con don Juan de Borbón. Como Vázquez de Mella, Carrero siempre hizo del catolicismo el eje de la vida propia y el principal mensaje vital para sus hijos; por eso ellos conservaron unos evangelios dedicados por el padre con la recomendación de la lectura diaria y la esperanza de que se convirtieran en el «mejor compañero». Este tipo de hechos no son anécdotas, sino testimonios de un carácter[1].

La trayectoria familiar explica, por tanto, más de lo que parece, aunque en sentidos inesperados, la personalidad del luego almirante Carrero Blanco. Sin embargo, el perfil biográfico sólo queda definido de manera nítida teniendo en cuenta otros hechos más personales. Luis Carrero Blanco nació el 4 de marzo de 1904 en Santoña, cuando su padre era teniente de Infantería. Lo interesante de esa fecha no es tanto el recuerdo del 98, un desastre considerado como el punto más bajo de la Historia española, tan presente en su horizonte vital como en el de un joven ferrolano nacido diez años antes que se llamaba Francisco Franco, sino, sobre todo, el hecho de que fuera rectificada en la partida de nacimiento para lograr la pronta entrada en la Escuela Naval de San Fernando. En efecto, el padre, don Camilo, porque consideraba a su hijo preparado para el ingreso en la Escuela, no tuvo el menor inconveniente en rectificar aquel documento colocando un 3 donde había un 4. Eso significó para el principal consejero de Franco una vinculación a la milicia desde una edad todavía más temprana que la de éste, que ya lo fue mucho. Eran dos niños, ni siquiera jóvenes, cuando llegaron al Ejército, pero Luis Carrero todavía lo era en mayor grado. La alteración de la partida de nacimiento, realizada por el padre, fue admitida por el hijo, que no la rectificó porque ello hubiera supuesto perjudicar a sus compañeros en el escalafón. En el momento en que Carrero fue asesinado llevaba en la Marina cincuenta y cinco años, once meses y diez días.

Del entorno familiar poco más se debe decir que tenga una significación decisiva para una trayectoria biográfica. Se puede tener la tentación de establecer una comparación con la fijación maternal de Franco, pero no parece muy justificada. La temprana muerte de su madre, Ángeles Blanco, en 1910, cuando tenía sólo siete años, no hace pensar en una infancia poco feliz, como pudo ser la de Franco. Su padre volvió a casarse con Pilar del Carre, de una familia con antecedentes en la Marina y también viuda de un matrimonio del que habían nacido dos hijas. Camilo Carrero y Pilar del Carre tuvieron otros dos hijos, Guillermo y Eloy, muerto muy joven el último. Luis Carrero Blanco, el mayor de la familia, tenía cuatro hermanos, dos varones (Camilo y José) y dos mujeres (María Dolores y María Ángeles). Lo que quizá define de manera más clara este entorno familiar es la dedicación a las armas. Marinos fueron su hermano Camilo y su hermanastro Guillermo, y artillero su hermano José. Camilo coincidió tres años con Luis en la Escuela de San Fernando y Guillermo fue de la misma promoción que don Juan de Borbón. Esas vinculaciones familiares con la Marina no eran tan infrecuentes en la época o en tiempos posteriores (en la Escuela ambos hermanos coincidieron con los Nieto Antúnez) sin que a ello haya que atribuirle una significación más allá de tratarse de un mundo muy cerrado sobre sí mismo, pero no, por supuesto, de una procedencia aristocrática. Precisamente el perfil biográfico de Luis Carrero Blanco debe completarse también con la constatación de que se trataba no sólo de una familia muy amplia y decididamente católica sino con la seguridad de que debió tener, además, problemas económicos. No puede descartarse que uno de los motivos de la temprana entrada en la Escuela Naval fuera precisamente ése.

Aparte de lo temprano del ingreso de ambos en la milicia hay un peculiar cruce biográfico en las trayectorias de Franco y Carrero: el primero, de familia de marinos, fue oficial de infantería; el segundo, cuya procedencia familiar era de militares del Ejército de Tierra, se convirtió en marino. Eso, sin embargo, no reviste otra significación que la de haber iniciado la carrera militar en un momento y no en otro. Respecto de los estudios destaca, en cambio, la diferencia entre ambos. Franco fue un mediocre estudiante cuyo ascenso fulgurante se explica por los méritos de guerra, mientras que Carrero figuró a la cabeza del escalafón de su promoción, tanto en el momento de entrar en la Escuela Naval como al salir de ella. Su dedicación a la Marina vedaba, en principio, porque la única guerra en la que intervenía el Ejército Español de la época era la colonial marroquí, una catarata de ascensos por méritos de guerra como aquélla de la que se benefició Franco, sin duda justificadamente.

Pero volvamos a la trayectoria biográfica de Luis Carrero, que no revistió ninguna peculiaridad durante los años de estancia en San Fernando. Ingresado en la Escuela naval militar en enero de 1918, en 1920-1921 realizó su viaje de prácticas a Sudamérica embarcado en el crucero Reina Regente. Con posterioridad pasó al crucero Carlos V y luego al acorazado Alfonso XIII, desde donde tuvo la oportunidad de participar en operaciones destinadas a facilitar la situación de las fuerzas españolas destacadas en torno a Melilla en el momento en que se había producido el derrumbamiento de su Comandancia durante el verano de 1921. Como le sucedió a Franco, debió de juzgar aquella ocasión como el punto más bajo de la vida española, de lo que ambos culparon a los políticos civiles. Basta con leer la hoja de servicios de Carrero Blanco para tener idea de lo que debió de suponer para esos marinos el desastre de Annual: una de las primeras misiones que tuvo el acorazado Alfonso XIII fue silenciar a un cañón que desde el Gurugú, tomado hacía tantos años y ahora de nuevo perdido, bombardeaba Melilla. En septiembre de 1922, concluidos sus estudios y nombrado alférez de navío, Carrero fue destinado de nuevo al Alfonso XIII, que siguió cumpliendo misiones en la costa marroquí, ya sin la premura provocada por la presión de los indígenas. Al año siguiente el Alfonso XIII acompañaría al monarca español a su viaje a la Italia de Víctor Manuel III y Mussolini. Ya en 1924, Carrero hizo el curso de la Escuela de Submarinos, el arma naval más moderna y más técnica, y al final del año pasó destinado como segundo comandante al modesto guardacostas Ardía. Con dicha unidad siguió participando en la guerra marroquí, habitualmente en operaciones bélicas no tan relevantes. La más importante fue el desembarco de Alcazarseguer, en marzo-abril de 1925, en donde por vez primera tuvo contacto con un joven coronel de la Legión, Francisco Franco, con quien se vincularía definitivamente muchos años después. La ocasión no tuvo particular relevancia ni creó una amistad perdurable ni, menos aún, íntima. Franco no quiso comer, antes de entrar en combate, las sopas de ajo ofrecidas por quien sería su principal consejero con el paso del tiempo; lo que tenía su justificación en la grave herida abdominal sufrida años antes. También participó el Arcilay, por tanto, el mismo Carrero en el desembarco de Alhucemas en 1925 y en las operaciones militares posteriores; de modo que, si no se puede hablar de él como de un marino «africanista» (no parecería correcta esta denominación, sólo válida para el Ejército de Tierra) cabe decir, desde luego, que tuvo una experiencia directa y larga del problema marroquí. Además, en estas operaciones complementarias, a partir de noviembre de 1925, Carrero mandaba ya un buque, el remolcador Ferrolano. En septiembre de 1926 ascendió a teniente de navío y fue destinado al cañonero Cánovas del Castillo, con el que viajó al golfo de Guinea por vez primera, entre otros motivos para llevar a cabo el balizamiento del Río Muni. En mayo de 1927 fue nombrado segundo comandante del submarino B-2; en adelante su carrera militar estaría vinculada, hasta el momento de desempeñar tareas de Estado Mayor, a esta arma. Fue estando a bordo de este buque cuando, con ocasión de haber desembarcado en Ceuta, conoció a comienzos de 1928 a la que no tardaría en ser su mujer, Carmen Pichot, cuyo padre, ingeniero, había sido encargado de realizar las obras de traída de aguas a la ciudad. No se trataba de una familia de militares, sino de civiles, pero con contacto con ese mundo: la futura mujer de Carrero había conocido a Francisco Franco antes que al que sería su esposo.

La boda se celebró en 1929 y el primer hijo nacería al año siguiente. A fines de este mismo año Luis Carrero fue nombrado comandante de una unidad importante, el submarino B-5, y además inició una dedicación a la docencia militar, en este caso como profesor de oficiales en la Escuela de Submarinos, que mantendría a lo largo de toda su vida profesional.

Hasta el momento la política no ha aparecido en absoluto en la trayectoria biográfica de Carrero Blanco, más allá de la breve alusión a la relación de su padre con Vázquez de Mella. Era, cuando iba a iniciarse la década de los treinta, un oficial prestigioso, sin que ello permita atribuirle el calificativo de excepcional. Para él, la política debía resultar algo ajeno y lejano, pero la experiencia colectiva española de los años treinta se la debió presentar como una exigencia a la que no resultaba fácil sustraerse.

El 14 de abril de 1931 —cuenta la hoja de servicios de Carrero— el submarino B-5, destacado en Cartagena, que él mandaba «se salió a Cabo de Palos permaneciendo cruzando y calculando datos de tiro a los buques mercantes hasta el 15 que se regresó, amarrando a las 8 horas, habiendo regresado [sic] antes de lo ordenado por haber sido llamado urgentemente con motivo de la proclamación de la República». Se ha escrito que el submarino volvió a la base portando la bandera monárquica y que entonces no había otras en España que la de la Academia de Zaragoza, dirigida por Franco, la del buque que trasladaba a Alfonso XIII al exilio y la del submarino que mandaba Carrero, pero quizá existe la tentación de convertir una anécdota incomprobable en categoría. Franco no debió sentir ningún entusiasmo por el nuevo régimen, pero ni entonces ni con posterioridad hizo una declaración en el sentido de considerar este momento como trágico. Carrero, en cambio, que, por supuesto, no tenía en su submarino otra bandera que la monárquica, no tuvo inconveniente, muchos años después, en narrar a don Juan de Borbón, a quien no consideraba ya digno de ocupar el trono de España, su desazón ante esos acontecimientos de abril de 1931. «Yo, Señor —le dijo—, lo mismo que me crié católico me crié monárquico». La frase es significativa, porque ya sabemos cuánto significaba para Carrero el catolicismo. «Desciendo de cuatro generaciones de militares y esto en España ya es bastante —añadió—, pero jamás tuve la menor afición a la política de partidos anterior al Movimiento. Me ocupé única y exclusivamente de mi profesión. La caída de la Monarquía me sorprendió, con profundo disgusto, mandando el submarino. Después de pasar tres días[2] en la mar en ejercicios me crucé con el buque que conducía a Francia a vuestro padre. Mis hermanos y yo seguimos en el servicio porque no teníamos fortuna y porque nos pareció, como a tantos otros oficiales, que no se podían abandonar los Ejércitos con lo que se venía encima». Es posible que Carrero presenciara o padeciera algún caso de indisciplina, puesto que da la sensación de haber recurrido a alguna medida para evitarla. De cualquier modo no hubo en él ninguna actitud desafiante, como tampoco existió en un Franco del que es bastante más dudoso que hubiera suscrito la primera frase del entrecomillado precedente.

Prosiguiendo con su trayectoria profesional, Carrero pasó a ser destinado en septiembre de 1931 a la Escuela de Guerra Naval para hacer el curso de Estado Mayor, que continuó en el año siguiente combinándolo con las prácticas durante el verano a bordo del destructor Almirante Ferrándiz. Hizo también las prácticas en varias instituciones navales extranjeras, como la base naval de Portsmouth, la francesa de Brest y los astilleros de Saint Nazaire. En aquella época, en la formación de la Marina española desempeñaba un papel decisivo el contacto profesional con Francia, y ello explica que, concluidos estos estudios en España, Carrero se trasladara desde noviembre de 1932 hasta el mismo mes de 1933 a la Escuela Naval de París. El futuro almirante utilizaba el francés como su segunda lengua, y en ella escribió un trabajo histórico acerca de las Baleares y las guerras de América en el siglo XVIII. Estando en la capital francesa tuvo un segundo contacto con Franco, que puede haber tenido una mayor significación que la tan sólo anecdótica del Ardía, porque hizo al primero apreciar su valía profesional. Franco, comandante militar de las Baleares por entonces, se había ocupado de preparar un plan de defensa y artillado de las costas y pidió asesoramiento al agregado militar de la Embajada española en París, el entonces teniente coronel Barroso, que acabaría siendo ministro suyo más adelante. Fue éste quien le puso en contacto con Carrero, que tenía esos conocimientos más frescos y le envió un informe sobre defensa de costas. Otras fuentes indican que habría sido el luego coronel Hungría quien les puso en este nuevo contacto, pero lo importante es que se produjo, y no la persona que lo facilitó. Hay que recordar que la doctrina militar francesa de la época concedía una extremada importancia a las defensas fijas (en tierra la ejemplificación de las mismas sería la línea Maginot). Durante la segunda guerra mundial Franco escribió un librito titulado El ABC de la batalla defensiva que, en parte, puede haber tenido este origen, y del que cabe sospechar que algunos de los dibujos hayan podido ser realizados por el propio Carrero. De todos modos no se puede hablar en absoluto de amistad y menos aún de intimidad entre ambos a esta altura. A lo sumo, habría un mutuo aprecio de sus capacidades personales.

Marino con una formación superior a la media, Carrero fue nombrado secretario de la Escuela de Guerra Naval a fines de 1933. A comienzos de 1935 ascendió a capitán de corbeta y fue nombrado profesor de Táctica Submarina en la Escuela de Guerra Naval. En aquellos años de estancia en Madrid Carrero, como es lógico, navegó mucho menos, limitándose sus salidas al mar a los períodos primaverales o veraniegos de prácticas. En mayo de 1936 estuvo en Las Palmas, donde tuvo un segundo encuentro con Franco (recuérdese que el relativo a las defensas costeras había sido tan sólo epistolar). Ninguna significación especial debió tener este hecho. Según lo que contó a sus hijos, Carrero no tenía noticia alguna de la conspiración ni tampoco debía tener indicios de ninguna inminencia revolucionaria porque, en realidad, se mantenía la disciplina en el seno de la Flota. Pero las cosas no tardarían en cambiar de manera sustancial, y eso alteró por completo su vida.

El impacto de la guerra civil

En la vida de no pocos seres humanos desempeña a veces un papel de primerísima importancia un acontecimiento relevante, por razones objetivas o subjetivas, que trastoca el rumbo de lo que ha sido una trayectoria vital hasta entonces y que señala, desde ese momento, un rumbo distinto. No importa el tipo humano o el personaje de que se trate; el hecho es que el fenómeno está por completo generalizado. Si uno lee, por ejemplo, Mein Kampf de Hitler o las Memorias de guerra de De Gaulle, dos personajes tan distintos de nuestro biografiado, encuentra idéntica sensación de modificación de la vida propia como consecuencia, en el primer caso, de la derrota de 1918, o de la de 1940, en el segundo. En Luis Carrero Blanco, como en tantos otros españoles, ese momento crucial fue desde luego la Guerra Civil, que dio sentido al resto de su vida, como él mismo reconoció en un texto muy extenso dirigido a Franco y relativo a una entrevista con aquella persona que por sus ideales políticos representaba algo muy importante para él, el heredero de la línea dinástica, don Juan de Borbón. Tras narrar los avatares padecidos durante el período bélico Carrero contó a Franco, como antes había hecho al padre de nuestro actual Rey, que «me hice a mí mismo el voto de dedicar el resto de mi vida al servicio de España sin pensar para nada ni en mi porvenir ni mis conveniencias particulares. Puede que esto os parezca extraño —añadía— porque para comprender estas cosas hay que vivirlas. Desde entonces jamás pedí un destino, ni he movido un dedo pensando en mi conveniencia»[3].

Las frases pueden sonar, en efecto, pretenciosas, pero, como tantos otros escritos de Carrero, respiran sinceridad. En efecto, su visión del mundo quedó configurada de manera definitiva por la experiencia personal y colectiva de los años bélicos. No fue su caso en modo alguno excepcional, pero sí definitivo. Cuando, en tiempos posteriores, se enfrentó con cualquier problema político pensó siempre en la posibilidad de una vuelta a la guerra o a aquello que, según él, la había motivado. Sin duda la tragedia colectiva acentuó, como en el caso de Franco, su catolicismo; influyó también en la visión del mundo exterior como algo hostil y en su concepción conspiratorial de la política, aunque se impostara sobre una visión que ya partía de estos presupuestos. La guerra, además, creó en él la visión de Franco como un salvador providencial de España como entidad, y de cada uno los españoles como individuo. De ahí una lealtad absoluta y un juicio inequívoco de que Franco no era un gobernante más, sino un Caudillo al que le correspondían todos los poderes porque debía fundar el Estado desde sus raíces mismas. En ese sentido, su tarea era muy superior a la de un rey, y su único inconveniente, como Carrero no dudó en repetir muchas veces por escrito, era que no resultara inmortal.

Los padecimientos de la familia Carrero Blanco no fueron excepcionales en absoluto, pero eso, que es compatible con su extraordinaria dureza, no hace sino dejar clara la magnitud de la tragedia nacional. En los primeros momentos de la sublevación serían asesinados muchos de los compañeros de promoción de Carrero en la Escuela Naval, en una magnitud que, como veremos, no tuvo comparación con ninguna de las armas restantes. Pero eso no es nada puesto en relación con lo que sufrió su propia familia. Su hermano José fue fusilado en Almería, donde estaba de guarnición, y su padre, ya afectado por esa noticia, murió de un ataque al corazón el mismo día que fueron a detenerle. Su otro hermano, Camilo, sufrió durante la guerra un accidente de aviación de cuyas secuelas acabaría muriendo en 1947. De los varones de la familia sólo sobrevivieron él y su hermanastro Guillermo, de guarnición en Vigo. Recuérdense las palabras que Dionisio Ridruejo dedica a la crispación de Serrano Súñer en los años de la Guerra Civil y trasládese su caso al de Carrero, en cierto modo tan semejante. Sin tener en cuenta este tipo de factores personales no se puede hacer Historia.

La identidad se aprecia también en los padecimientos no sólo familiares sino propios. El capitán de corbeta Carrero Blanco no había tenido la menor noticia de la conspiración, ni tampoco parece haber sido consciente de la inminencia del estallido de una Guerra Civil. Cuando se inició ésta, por el momento, pretextando una enfermedad, se limitó a no acudir al despacho. Merece la pena señalar que sólo optó por ocultarse cuando un suboficial le comunicó que sus superiores iban a recurrir a él para mandar el crucero Méndez Núñez: el hecho es revelador porque manifiesta, en primer lugar, su indudable prestigio profesional, ya que se trataba de un mando superior al que le correspondía por su graduación y, al mismo tiempo, demostraba una falta de prevención acerca de su supuesta discrepancia política. La familia vivía en la madrileña calle de Padilla en un ático, lo que permitió al futuro almirante trasladarse por el tejado a la vivienda vecina, ocupada por Ramón de Meer, un militar en parecidas circunstancias, cuando acudían las fuerzas de seguridad a buscarle. Pero la situación era insostenible, y Carrero debió recurrir a asilarse en la Embajada de México. De ella, merced a sus buenos contactos anteriores, pasó a la francesa, dándose la circunstancia de que lo hizo muy poco antes de que la mexicana fuera invadida por quienes buscaban huidos y simpatizantes con los sublevados. Hay que imaginar lo que debieron ser todas aquellas semanas, hora tras hora, con escasas esperanzas de abandonar Madrid y con la conciencia de la situación en que había dejado a su mujer, embarazada, sin un céntimo y con tres hijos en un Madrid hostil. Al parecer, el marino mató el tiempo con su afición al dibujo y a los problemas relacionados con su profesión. En estos meses de obligada reclusión se relacionó, como es lógico, con sus compañeros de desgracia. Uno de ellos fue Alberto Martín Artajo, a quien contribuiría a hacer ministro en una ocasión muy singular de la vida del régimen de Franco.

Al final, gracias a las autoridades diplomáticas de Francia, Carrero pasó a este país, y en julio de 1937 llegaba a la España de Franco por San Sebastián. Su mujer siguió todavía muchos meses en la zona controlada por los republicanos y sometida a periódicos registros que obligaban a ocultar a los hijos en lugares inverosímiles. En abril de 1937 dio a luz a una hija y a fines de ese mismo año consiguió finalmente refugiarse en la Embajada francesa, acogida como soltera a pesar de sus hijos. De allí la familia acabó trasladándose a Francia para, tras una larga peripecia viajera, reunirse definitivamente en Mallorca, donde el padre tenía su destino militar en esos momentos. Carrero había pasado la oportuna depuración e inmediatamente pasó a desempeñar el puesto de enlace naval del Ejército del Norte, lo que le proporcionó la ocasión de presenciar la ocupación de la provincia de Santander. En septiembre ya obtuvo su destino militar citado en la base de Mallorca. Destinado originariamente a dirigir la dotación de un submarino que debía ser comprado a los italianos mandó en primer lugar, sin embargo, un destructor de la misma procedencia que fue rebautizado como Huesca y que él mismo se encargó de ir a recoger a Italia. Los últimos meses de 1937 y los primeros de 1938 el Huesca colaboró en el bloqueo de la costa controlada por los republicanos para evitar, principalmente, que llegaran los suministros procedentes de Rusia. En abril se atribuyó a Carrero un destino más apropiado a lo que habían sido sus antecedentes profesionales: en efecto, obtuvo el mando de un submarino, también adquirido a los italianos, que había recibido el nombre de General Sanjurjo, continuando la misión de bloqueo de la costa mediterránea hasta el verano.

Curiosamente, la única operación naval que constituyó una grave derrota para su propio bando tuvo como consecuencia la promoción profesional de Carrero a destinos superiores. En marzo de 1938 fue hundido el Baleares y con él se perdió no sólo una unidad esencial de la Marina nacionalista, sino también el Estado Mayor de la Flota. El submarino que mandaba Carrero fue sometido a importantes reparaciones en Bilbao durante el verano de 1938. Debió ser en este momento cuando el capitán de corbeta Carrero Blanco redactó el primero de los informes que contribuyen a explicar el relevante papel que estaba destinado a desempeñar en la Marina y la política del régimen de Franco. De agosto de 1938 data un Esquema de un plan de operaciones navales en el Mediterráneo, que Carrero redactó quizá a petición de un superior, y que puede haber llegado a los ojos del propio Franco[4]. No cabe la menor duda de que este informe le hizo acceder al Estado Mayor de la Flota, así como otro posterior le convertiría en subsecretario.

El texto resulta muy expresivo de la personalidad de Carrero, tanto en lo que respecta a la forma de referirse a la guerra española, como en su claridad y orden al proponer una solución a un problema estratégico. En él se decía de la guerra que era «un conflicto a vida o muerte» en el que se jugaba «nada menos que la existencia de la civilización cristiana» y, por consiguiente, era lógico esperar que el enemigo «mientras pueda recibir armas, municiones y víveres, mientras tenga con qué resistir, resistirá». No cabía pensar, por tanto, en que la guerra pudiera concluir mediante el logro por parte de uno de los beligerantes de una situación estratégica decisiva, sino por una victoria resolutiva. Carrero hacía, además, una interpretación muy característica de su mentalidad cuando presentaba a los franceses e ingleses como interesados en «nutrir la capacidad de resistencia de los rojos» a través de la supuesta no intervención para debilitar a la España que iba a resultar inevitable vencedora en la guerra. De ese planteamiento Carrero hacía derivar la imperiosa necesidad de conseguir bloquear de forma absoluta el litoral mediterráneo republicano. Para ello, juzgaba que la Marina propia contaba con superioridad en cruceros pero tenía, en cambio, inferioridad en destructores. Eso le llevaba a determinadas conclusiones, como recomendar el empleo de todas las unidades a la vez y hacerlo evitando el combate nocturno. Se debería procurar un enfrentamiento resolutivo entre ambas flotas bombardeando la base naval de Cartagena y, al mismo tiempo, hacer raids sobre el tráfico marítimo adversario. Sin entrar en el contenido mismo del estudio o en su posible influencia sobre las operaciones puede decirse, sin duda, que testimoniaba la capacidad de Carrero para esa función de planeamiento y de Estado Mayor que ya había ejercido durante la campaña de Santander, y que Franco apreciaría lo suficiente como para acabar nombrándole subsecretario.

De momento, en octubre de 1938, probablemente como consecuencia de que su informe había gustado, después de entregar el mando de su submarino, el futuro almirante embarcó en el crucero Canarias como jefe de Estado Mayor de la División de Cruceros, que era lo mismo que la propia Flota. Para ello fue habilitado como capitán de fragata, desempeñando por tanto un destino superior a su graduación. Tal función estuvo en sus manos hasta el final mismo del período bélico, de modo que, en abril de 1939, una decena de días después de obtenida la victoria en esa lucha que había presentado en términos tan dramáticos, cesó en la habilitación de capitán de fragata, pasando a desempeñar el destino de segundo jefe de Estado Mayor. Había concluido la etapa bélica, de la que no es necesario resaltar hasta qué punto influiría en el resto de sus días.

Quizá, sin embargo, sea oportuno y, por supuesto, una buena forma de percibir el impacto que en Carrero causó la Guerra Civil, leer lo que él mismo escribió acerca de los padecimientos sufridos por esa Marina de Guerra a la que desde tan temprana edad dedicó la totalidad de su vida. Debió ser inmediatamente después de la Guerra Civil, cuando estaba en el Estado Mayor de la Armada, el momento en que escribió un extenso informe cuyo motivo ignoramos, pero del que quizá pueda sospecharse que tuviera como objetivo presentar una imagen distinta de la Marina, cuya oficialidad era frecuentemente acusada, incluso entre los vencedores de la guerra, de un comportamiento elitista, que habría sido pretexto de la eliminación masiva de aquélla en los primeros momentos de la guerra. El propio Franco, en una conocida intervención en mayo de 1938 en Vinaroz, hizo alusión a esta realidad y no dejó de señalar la necesidad de que los oficiales de Marina se hicieran querer y no sólo respetar por la marinería. Pero quien nos interesa es Carrero, y respecto de él es preciso decir que el texto de lo que escribió refleja de manera perfecta su mentalidad, tal como cristalizó después de la Guerra Civil en forma definitiva. Hay en él una visión conspiratorial por un lado y providencialista por otro, ambas de origen religioso, una presencia sangrante del recuerdo inmediato de la guerra, en la que había perdido a su padre y a un hermano y sufrido tanto él mismo, y al mismo tiempo una precisión en la información digna de ser tomada en cuenta incluso por quien esté muy alejado de la interpretación que él hizo[5].

Esa visión providencialista se apreciaba desde la primera línea del texto de Carrero en que, de una manera muy semejante a como hizo Franco, en especial en la última etapa de su vida, atribuía al «milagro mismo» la obtención de una victoria de las armas cuando las circunstancias iniciales habían sido las menos propicias imaginables. Una parte de ellas nacía del hecho de que en el momento decisivo la Flota de España, según Carrero, «se hizo roja».

Frente a las acusaciones de que pudiera ser objeto la Marina por la actitud de su oficialidad, Carrero presentaba una imagen idílica de convivencia entre oficialidad y marinería. Dirigiéndose, quizá, a un posible lector que fuera militar profesional, parangonaba el caso de la oficialidad de Marina con el del oficial de Tierra, como había sido Franco, «que haya pasado mucho tiempo en los pequeños destacamentos aislados tan frecuentes en nuestra guerra de Marruecos». Por lo tanto, llegaba a la conclusión de que, no existiendo motivos para la discordia interna en la Marina, era una causa exterior la que había provocado esa brutal eliminación de oficiales. Y esa causa exterior se remontaba a las Cortes de Cádiz y era, en definitiva, un proceso revolucionario cuya última consecuencia había sido la experiencia española durante los años treinta. «La República —escribió— no fue en España sino la cabeza de puente del comunismo y el comunismo no es por sí solo nada, sino, con la masonería, la democracia y la plutocracia, una herramienta del judaísmo». Este último término no tenía en Carrero, como tampoco en los medios católicos tradicionales españoles de la época, un contenido étnico o racial, sino que se entendía como el resultado de una especie de permanente conspiración contra el cristianismo. Carrero dejó de hacer mención a él a partir de mediados los años cuarenta, pero en cambio, como el propio Franco, siguió viendo en la masonería una institución dedicada de manera permanente a combatir por procedimientos solapados tanto las jerarquías en la Marina, por ejemplo, como el orden tradicional y religioso.

Resulta muy característico de Carrero que esa interpretación de fondo, caracterizada por su dogmatismo, resultara compatible con una detallada descripción de la conflictividad interna dentro de la Marina, sin remitir a esa causa de forma exclusiva la explicación de esas tensiones. En realidad se trataba de un enfrentamiento, cuyos orígenes se remontaban a la época de la Dictadura, entre el Cuerpo General de la Armada y los Cuerpos Auxiliares o Especiales. Había en sus juicios caracterizaciones durísimas de algún personaje como Casares Quiroga, a quien atribuía un temperamento «de la mezquina estructura moral que suele ser característica del enfermo crónico que al mismo tiempo es ateo», o sospechas acerca de la procedencia masónica de determinadas actitudes por la sola utilización del término «fraternidad». Pero, al mismo tiempo, su argumentación acerca de los proyectos que pretendían hacer depender la Marina de Guerra de comités o consejos formados muy mayoritariamente por civiles revestía una indudable coherencia interna. La visión conspiratorial reaparecía al imaginar que los revolucionarios habían puesto como objetivo esencial suyo la Marina para prevenir la travesía del estrecho, cuando esa circunstancia era difícilmente planificable. Pero, al margen de esa visión, lo esencial para Carrero, porque lo había padecido en su propia sangre, era la liquidación de la oficialidad por parte de la marinería y de los Cuerpos Especiales por inspiración, según Carrero, del propio Gobierno republicano. Según sus datos, casi la mitad de los miembros del Cuerpo General de la Armada (concretamente el 44 por ciento) murió en la guerra; y de ellos sólo uno de cada seis murió en combate. De esta manera presentaba a la Marina como la gran sacrificada en el transcurso de una guerra a la que denominaba Cruzada.

Junto al informe transcribió de su propia mano un telegrama del adversario bélico en que se aconsejaba a la tripulación del Churruca «tirar por la borda» y «librarse de ese odioso lastre», refiriéndose a quienes no eran otros que sus compañeros de oficialidad. Puede imaginarse lo que supondría un recuerdo como éste en años sucesivos. Cuando, ya en 1968, siendo vicepresidente del Gobierno, Carrero celebró las bodas de oro de su promoción en la Marina, de unas cuarenta personas que la formaban sólo quedaban siete; uno de ellos, además, había dejado de ser marino militar para convertirse en sacerdote jesuita. No fue el único caso en que la tragedia nacional tuvo esa desembocadura religiosa.

Es preciso señalar, por cierto, que también la Compañía de Jesús durante mucho tiempo desempeñó un papel decisivo en la vida personal e íntima de una persona, en la que el factor religioso era tan decisivo, como Carrero Blanco.

El comienzo de la acción política. ¿Un informe trascendental?

El resto de la vida de Luis Carrero Blanco estaría marcado principalmente por la dedicación a la actividad política, puesto que, aunque siguió en el Estado Mayor de la Armada como jefe de su Tercera Sección hasta el momento en que Franco le nombró subsecretario en mayo de 1941, desde el final de la guerra empezó a tener un papel político de cierta relevancia. Alejado de la vida pública incluso radicalmente hasta el momento, su ingreso en la misma, no solicitado, se produjo de una forma en que se aunaron la casualidad con la paradoja. Afines de 1938, estando destinado en el Canarias, Carrero trabó amistad con un joven falangista, Pedro Gamero del Castillo, que, después de haber sido gobernador civil de Sevilla, se había embarcado como voluntario en el buque y convivía con la oficialidad en él. Gamero no fue el único caso de un colaborador muy estrecho de Serrano Súñer que, en un momento en que ya se podía prever la pronta finalización de la guerra, quiso dotarse del prestigio de la condición de excombatiente. Si en el período anterior había contribuido a desgastar la influencia política de Queipo de Llano, no mucho tiempo después sería ministro. Muy joven (tenía sólo veintisiete años), su posición política era muy característica del momento que vivía la España de la época. Una generación juvenil, acaudillada por Serrano, quiso hacerse con el poder político para llevar a cabo una transformación en sentido falangista (y, por tanto, fascista) del Estado salido de la Guerra Civil. La empresa acabó fracasando; una parte de las razones hay que atribuirla sin duda a la personalidad de Carrero, pero también a muchos otros factores. Lo que de momento nos interesa es que esa generación (en concreto, el propio Serrano) sentía la necesidad de promocionar a militares jóvenes que hubieran desempeñado un papel importante en el desarrollo de la guerra. Lo que Serrano hizo convirtiendo en ministros a Varela, Muñoz Grandes o Yagüe, Gamero del Castillo lo llevó a cabo, en un plano más modesto, con Carrero. Llama la atención que éste recibiera no sólo distinciones honoríficas militares al final de la Guerra Civil, sino también la encomienda con placa de la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas, una medalla falangista.

Cuando, en junio de 1939, hubo que constituir una comisión destinada a ir a Italia para demostrar el agradecimiento ante el aliado después de la victoria, Carrero formó parte de ella; y aparece en las fotos oficiales en un lugar relevante. Era mucho más lógico que fuera él en representación de la Marina que Gamero del Castillo, en quien se había pensado originariamente, como evidente testimonio de que ése era un nombramiento de matiz político y no sólo representativo de un arma. En septiembre de 1939, además, Carrero fue nombrado consejero nacional de FET y de las JONS. Todo ello no puede entenderse sin el apoyo e incluso la solicitud de Gamero del Castillo, con el que siguió manteniendo buena amistad hasta el final de sus días. Gamero había sido nombrado el mes anterior, con ocasión de un relevo ministerial en que se demostró la influencia crucial de Serrano, ministro sin cartera y vicesecretario general del Movimiento.

Pero todo esto no quiere decir que la política (y menos aún la vinculada con el partido único) le interesara a Carrero; incluso esa presentación de la Guerra Civil como un conflicto en que estaba en juego la civilización cristiana no tenía mucho que ver con lo que solían decir los seguidores de Serrano, que preferían la palabra «revolución» a «Cruzada». Para él, lo esencial debió ser siempre su carrera profesional como marino. El final de la Guerra Civil le hizo perder, como sabemos, la habilitación como capitán de fragata, pero a comienzos de 1940 ascendió, ya de forma definitiva, a esta graduación. También este mismo año reanudó su vocación docente en la Escuela Superior del Ejército. Cuando Franco le nombró para la Subsecretaría de Presidencia no perdió la condición militar, sino que continuó ascendiendo en el escalafón. Franco, en más de una ocasión, justificó que así se hiciera porque era él mismo el que le había propuesto ocupar el cargo político frente a los deseos del nombrado. Hubo en el resto de la vida de Carrero la nostalgia de una dedicación más intensa a la Marina que sólo pudo ser satisfecha en sus clases y conferencias o en muy ocasionales participaciones en maniobras. Cumpliendo los plazos reglamentarios, Carrero ascendió a capitán de navío en 1945, a contraalmirante en 1957, a vicealmirante en 1963 y a almirante en 1966. Jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Armada, consejero nacional y miembro de la Junta Nacional de Acción Católica, quizá por influencia de Martín Artajo, que la presidía, hubiera podido preverse que con el paso del tiempo Luis Carrero Blanco desempeñara un papel importante en la política interna del régimen de Franco. La realidad fue, sin embargo, que en un corto plazo de tiempo tuvo un papel no ya de cierto peso, sino trascendental. La razón estriba en unas circunstancias que resulta preciso pormenorizar brevemente.

Empiezan por referirse al decisivo cambio producido en la posición española en torno a la guerra mundial a partir de mayo de 1940. Hasta este mes, aunque la prensa falangista fuera muy claramente partidaria del Eje, y aunque, además, recibiera con alegría las derrotas anglofrancesas, reclamando, de paso, Gibraltar, nadie tomaba en serio la posibilidad de una entrada española en la guerra mundial. Las cosas cambiaron drásticamente cuando, contra todas las previsiones, se desencadenó la ofensiva en Francia, seguida de una espectacular victoria alemana. Este hecho, a su vez, provocó la inmediata entrada de Mussolini en el conflicto. Si antes el Duce había intentado una tercera posición entre Alemania y sus adversarios, para la que se apoyó en la España de Franco, ahora, ansioso por no llegar demasiado tarde al festín de la victoria, declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña, y anunció previamente a Franco que lo iba a hacer. En España, convenientemente atizadas por Serrano, arreciaron las peticiones de la prensa que reclamaba Gibraltar, lo que fue interpretado por los aliados como un motivo complementario de preocupación. Franco prometió a Mussolini la solidaridad moral española y, como prueba de ella, modificó la posición de nuestro país ante el conflicto, haciéndola pasar de «neutral» a «no beligerante». Esta fórmula le había servido en el pasado a Italia para justificar su inicial falta de colaboración con Hitler y, sobre todo, para prepararse para una intervención. Se trató, por tanto, de una prebeligerancia; y el mismo sentido hay que atribuirle en el caso de España[6]. La mejor prueba de ello es lo que escribió entonces Serrano Súñer a su homólogo italiano, el conde Ciano: no sólo le dio una generosa luz verde para utilizar los aeropuertos españoles en misiones de bombardeo italianas, sino que se declaró deseoso de tomar las armas a favor de Italia en la contienda.

Hubo, pues, una tentación española de entrar en el conflicto mundial. Conviene señalar que se debió a una iniciativa propia, nacida del recuerdo del pasado, de intereses territoriales objetivos y de la sensación de que se estaba dando una circunstancia irrepetible que no podía ser en absoluto desaprovechada. Francia, que durante el pasado había maltratado a España en el norte de África, se estaba derrumbando de forma inesperada. No puede extrañar que el mismo día en que los alemanes entraron en París (14 de junio) los españoles lo hicieran en Tánger. Dos días después el general Vigón se entrevistó con Hitler, al que llevó una carta de Franco en que éste excusaba su posición oficialmente neutral, ofrecía la intervención española y pedía la totalidad de Marruecos para España. Fue ésa la reivindicación más importante que las autoridades españolas hicieron en ese momento, pero hubo también otras, relativas al Oranesado, Guinea o el Sahara.

Importa recalcar que la tentación española no fue sólo de uno de los sectores del régimen, sino de todos ellos, porque la ocasión parecía merecerlo. Incluso el prudente Franco dio instrucciones escritas para una posible ocupación del Marruecos francés en la segunda mitad de junio de 1940. También los militares veían aproximarse la posibilidad de una intervención española en el conflicto, pero no siempre la deseaban, a pesar de que podía permitir el cumplimiento de unas reivindicaciones territoriales que databan de mucho tiempo atrás. Lo que caracterizó a casi todos los generales y oficiales, con independencia del arma a la que pertenecieran, fue una conciencia muy clara de la realidad de la situación militar española. Incluso los que no tenían inconveniente en una intervención (posición que en algún momento fue la de todos y cada uno de los altos mandos militares) se daban cuenta de que España de ninguna manera estaba preparada para un conflicto que exigía medios de los que carecía por completo. El informe más expresivo al respecto puede haber sido el del general Carlos Martínez Campos que, en el Alto Estado Mayor, escribió unas páginas devastadoras acerca de esa posible intervención española en la guerra. La despachó asegurando que tenía «muchas garantías de fracaso» por carencia absoluta de medios y recomendó, por tanto, una «prudencia extraordinaria». Esto fue lo que, de acuerdo con la visión de todos los militares, no tuvo en cuenta la Falange, encabezada por Serrano Súñer.

Contra ella, al menos desde marzo de 1940, había empezado a configurarse una oposición militar que veía en el Partido un exceso de voluntad monopolizadora del poder político, y en Serrano una privanza respecto de Franco que resultaba irritante a los generales que habían obtenido la victoria en los campos de batalla y le habían nombrado. Las reivindicaciones estentóreas de la prensa falangista eran juzgadas como muy imprudentes, pero sobre todo arreció el descontento militar cuando un Serrano Súñer que se hacía llamar ministro-presidente (porque lo era de la Junta Política) marchó a Alemania en septiembre para entrevistarse con Hitler. Esta entrevista, como la posterior de Hendaya, con la participación de Franco, o la que, en febrero de 1941, mantuvieron Franco, con su cuñado, y Mussolini en Bordighera dieron lugar a una extraordinaria inquietud y a multitud de especulaciones, especialmente entre los altos mandos militares españoles que hubieran sido los encargados de tomar el mando en caso de conflicto armado. Eran momentos en que el Eje obtenía ventajas para sus submarinos en España, la prensa española daba por perdida la guerra para los británicos y Serrano veía aumentar su influencia al asumir la cartera de Exteriores.

A estas alturas sabemos ya lo que ocurrió en todas estas conversaciones y durante estos meses decisivos. Si la España de Franco no entró en la guerra fue en gran parte debido a los propios Hitler y Mussolini. El primero insistió, entre agosto y diciembre, en la entrada española, pero sólo ofrecía a cambio Gibraltar porque no quería enemistarse con los franceses a pesar de haberlos derrotado; a partir de esa fecha pensó ya en el ataque a Rusia, que alejaba la guerra del Mediterráneo y también de España. Mussolini, en realidad, no hizo mucho para conseguir la intervención española, porque era lo mismo que ganarse un competidor; además se embarcó en unas operaciones en Grecia que resultaron desastrosas y exigieron la intervención alemana en el otro extremo del Mediterráneo. Franco estaba dispuesto a la intervención pero no sin contrapartidas; cuando se dio cuenta de que carecía de ellas, más que negarse a intervenir dilató el momento. Serrano hacía declaraciones mucho más fervientes (y, por tanto, imprudentes) de entusiasmo por la causa del Eje. Para él, la entrada en la guerra tenía también un posible resultado para la política interna española: la de conquistar el monopolio político para Falange.

En este clima ambiental se produjo el primer informe de Carrero a Franco que, aunque no solicitado directamente por éste, habría de ser el principio de una colaboración muy estrecha[7]. Quien lo pidió fue el ministro de Marina, el almirante Salvador Moreno, quien parece luego haberle dicho a Franco a quién correspondía la autoría de su texto. Esta, sin embargo, también ha sido discutida, pues sin duda debieron existir otras manos en su redacción. De todos modos, el papel que el propio Carrero, personaje poco dado a adornarse con plumas ajenas, se atribuyó en ella, el hecho de que figure en su archivo y la propia coherencia con sus informes posteriores sobre la cuestión convierte en casi seguro el hecho de que desempeñara un papel muy decisivo en su redacción.

Para comprender su contenido hay que partir de la base de que fue redactado a mediados de noviembre de 1940, es decir, inmediatamente después de la entrevista de Hendaya, y estaba destinado a una discusión con Serrano en presencia de Franco antes de que el primero partiera hacia Alemania para entrevistarse de nuevo con Hitler. Lo primero que es preciso decir es que, como es lógico, partía de lo decidido en Hendaya, que no había sido otra cosa que la intervención española al lado del Eje. En uno de sus párrafos se daba por supuesto que la entrada de España en la guerra «claro está» que sólo podía ser a favor del Eje; en otro se hablaba de que estaba en manos de Franco la posibilidad, por el contexto nada descartable, de que a los intereses de España les conviniera la participación en el conflicto. No se trataba, pues, de un informe que partiera de una posición neutralista. Más bien partía de lo contrario, es decir, de que España iba, antes o después, a intervenir en la guerra, y por ello proponía un plan de acción naval adecuado a las circunstancias.

Se trataba de un buen informe y, no siendo neutralista, era, por supuesto, muy realista. Partía, en efecto, de que ya se había alejado la posibilidad de una rendición de Inglaterra y parecía imaginar que los alemanes tenían el propósito de ocupar Palestina y por lo tanto trasladar el centro de su acción al Mediterráneo oriental, lo que desde luego nunca estuvo en sus propósitos. De cualquier modo, en lo que sí tenía completa razón Carrero era en que para Gran Bretaña lo decisivo era perder Suez y no Gibraltar. España, en definitiva, no debía intervenir en el conflicto mundial hasta que Suez hubiera sido tomado por los alemanes. De ser atacado primero Gibraltar, España vería cortada cualquier vía de aprovisionamiento alimenticio que no fuera la terrestre a través de Francia. Ahora bien, para Carrero era evidente que «en estas condiciones la intervención de España no reportaría ventajas al Eje sino que, por el contrario, le ocasionaría un considerable perjuicio al tener que atender nuestras necesidades» de aprovisionamiento. De esa manera, sin que por un momento se hubiera puesto en duda la simpatía por el Eje, quedaba dilatado el instante de llegar a la intervención española. Cuando en el informe se hacía alusión al futuro plan de acción en caso de guerra se hacían también patentes las dificultades por las que habría de pasar España: su litoral, por ejemplo, quedaría inerme ante la flota británica. De particular gravedad resultaba el caso de Canarias, porque ni había artillería de grueso calibre para defenderlas ni las minas servían para ese propósito dada la profundidad de las costas inmediatas.

¿Hasta qué punto pudo influir este informe en la no intervención española en la guerra? En realidad, no puede decirse que fuera decisivo, incluso porque ya las operaciones militares habían empezado a alejarse del Mediterráneo occidental. Por otro lado, había habido otros informes, también surgidos de medios militares, que resultaban coincidentes y procedían de medios superiores; baste recordar el de Martínez Campos, mucho más taxativo. Lo que es cierto es que presentaba la situación como era realmente, sin sesgarla por el procedimiento de introducir un factor ideológico o político de entrada que abocara a una opción determinada. Por mucho que haya afirmado Serrano Súñer que su posición fue de mantener la máxima amistad con el Eje, pero manifestando la escasa preparación española para la beligerancia, lo cierto es que insistía más en lo primero que en lo segundo y, en público o ante la prensa[8], se refería a lo primero casi de forma exclusiva. Además, todos los argumentos acerca de la falta de preparación española para el conflicto procedieron en exclusiva de esos medios militares a los que cabe atribuir, por tanto, unas reivindicaciones quizá comunes a las de los falangistas, pero también un realismo y una ponderación muy superiores.

La verdadera influencia de este informe radica, por consiguiente, no tanto en que decidiera a Franco a no entrar en la guerra. La falta de concreción de Hitler en sus promesas territoriales y la innata desconfianza de Franco habían contribuido a dilatar esa decisión. El informe de Carrero sirvió, como otros muchos, para permitir que se apreciaran las dificultades complementarias, pero, como veremos, el peligro de entrar en guerra no se alejó en este momento, sino mucho después. La importancia del informe fue que reveló a Franco la existencia de una persona que tenía cualidades objetivas para ser jefe de Estado Mayor. La opinión que en él se expresaba era sensata, correcta y estaba, además, bien articulada, como todos sus otros informes anteriores y posteriores. Testimoniaba la capacidad de su autor para ejercer una función de Estado Mayor, y para ello precisamente llamó Franco a Carrero en mayo de 1941.

Capítulo dos

Una guerra mucho más mundial (1941-1944)

Es muy probable que en febrero de 1941, tras la visita de Franco a Italia, remitiera, de una forma que cabe considerar como definitiva, la tentación española de entrar en la guerra mundial. Era patente, por un lado, que las autoridades españolas tenían una lógica simpatía por quienes habían sido sus aliados durante la Guerra Civil, pero no lo era menos que sus apetencias territoriales no iban a ser satisfechas, ni mucho menos, de modo completo gracias a Hitler. Como, además, existían dificultades objetivas de todo tipo, la intervención española se fue dilatando, a lo que contribuyó de manera decisiva el propio traslado hacia el Este del escenario de la guerra.

Ha sido habitual por parte de los historiadores considerar que las dificultades de la España de comienzos de la Segunda Guerra Mundial se referían a los aprovisionamientos alimenticios y a la escasa preparación militar. Siendo esas dos realidades completamente ciertas se debe, sin embargo, tener en cuenta también la profunda discordia política existente entre los dirigentes del régimen salido de la Guerra Civil. Desde diciembre de 1940, ya de forma clara, se puede considerar constituido una especie de partido militar del que eran quizá las figuras más destacadas los generales Kindelán y Orgaz —pero en el que militaba también el propio Varela, ministro del Ejército—, que eran reticentes a la intervención en la guerra, sobre todo si estaba motivada por razones de carácter ideológico como las que esgrimían los falangistas y, además, se manifestaban resueltamente opuestos a la figura de Serrano Súñer que, amparado en la Falange, daba la sensación de querer atribuirse a sí mismo un papel monopolizador en la vida política del régimen que los generales pensaban que les correspondía a ellos. Tan evidente se hizo muy pronto este enfrentamiento que los propios beligerantes en el conflicto mundial trataron de utilizarlo para sus fines. Los británicos jugaron con la posibilidad de un golpe monárquico-militar financiando a personas como Beigbeder, ahora convertido en anglófilo. Los italianos trataron de mediar entre falangistas y militares, y esa posibilidad rondó también por la mente del embajador alemán, hasta que recibió de Berlín instrucciones de abstenerse de cualquier intervención. Quizá Hitler pensó que no le convenía que volviera a producirse en España el enfrentamiento que había tenido lugar en Rumanía entre militares y fascistas.

El conflicto entre estas dos tendencias de la política del régimen estalló de forma inesperada a comienzos de mayo de 1941[9]. La verdad es que la iniciativa en esta crisis la tuvieron los falangistas, aunque actuaron de una manera tan desordenada y caótica que acabaron por resultar perjudicados por su desenlace. La Vicesecretaría General del Movimiento estaba vacante desde abril, cuando Gamero, cuyo papel en la promoción de Carrero conocemos, dimitió; ya antes lo había hecho el general Muñoz Grandes, que desempeñó la Secretaría. A comienzos de mayo también dimitieron Pilar y Miguel Primo de Rivera de sus cargos, no ministeriales, pero importantes sobre todo por los apellidos de quienes los desempeñaban. Serrano, entonces, lanzó una contraofensiva pidiendo todo el poder para la Falange en un discurso en que se empleó a fondo contra lo que denominó como «el ciempiés eclecticista», es decir, la tendencia a considerar al régimen como no exclusivamente falangista. Al mismo tiempo el director general de Prensa, Tovar, hombre de Serrano, eximió a la prensa del Movimiento de la censura, lo que tendría prontas consecuencias.

El 5 de mayo fue nombrado ministro de Gobernación Valentín Galarza, un militar que había participado en la preparación del 18 de julio y que hasta entonces había desempeñado la Subsecretaría de Presidencia. Fue, sin duda, un acto de reafirmación de Franco respecto de su cuñado, hasta entonces tildado de omnipotente porque, aunque había abandonado aquella cartera para ocupar la de Exteriores, no se había cubierto, y de hecho la desempeñaba un subsecretario que era de su hechura. Ese mismo día Serrano sugería la posibilidad de abandonar el poder, dimitía otro hombre suyo, el director general de Seguridad, y Lorente, también vinculado a él, que había ejercido en la práctica el Ministerio de la Gobernación durante esos meses, se negó a seguir en la subsecretaría de ese ministerio y también en la de Presidencia, que Franco debió ofrecerle. En ese momento tuvo el Jefe del Estado la idea de acudir a un militar cuyo informe acerca de la situación internacional le había agradado por su precisión y claridad. El 7 de mayo nombró a Luis Carrero Blanco subsecretario de Presidencia, en el puesto que Lorente no había querido aceptar, y sumó a este nombramiento dos más, de otros tantos militares del partido antiserranista, en puestos decisivos: Orgaz, como alto comisario en Marruecos, y Kindelán, como capitán general de Cataluña.

Pero faltaba la contraofensiva final de Serrano. El 8 de mayo Arriba publicó un violentísimo artículo contra Galarza calificándole, sin nombrarle, de «currinche», y las autoridades del partido pusieron resistencia a los primeros nombramientos de gobernador hechos por Galarza. Hubo todavía un artículo en Madrid en que, al convertir a Franco en «el único que decide», se ridiculizaba al grupo o grupito que pretendía convertirse en administrador de la política exterior del régimen. Serrano lo consideró como una agresión personal contra él y amenazó de nuevo con su dimisión mientras que la presentaba con carácter irreversible quien era, quizá, el ministro más valioso del Gobierno, el de Hacienda, Larraz, agobiado por la incomprensión y el desorden. Llama la atención, desde la óptica del historiador, la falta de cordialidad que existía ya entre Franco y Serrano y la auténtica megalomanía de éste, convencido de que podía alcanzar todo el poder para su Falange, aparte de hablar de tú a tú a Franco e incluso tratarle con cierta displicencia. A los italianos les hizo partícipes de lo que debían ser sus más íntimos pensamientos. Estaba desarrollando una batalla para que la Falange consiguiera todo el poder y, en caso de que España no entrara en la guerra mundial al lado del Eje en el plazo de dos meses, perdería todas sus oportunidades para el futuro.

Debió creer en un principio que había triunfado. La crisis estaba ya encarrilada en torno a mediados de mayo, en que Serrano había retirado su dimisión, pero sólo se resolvió de forma definitiva el día 20. Había durado, por tanto, muchísimo, y en su tramitación dio lugar a complejísimos rumores. En apariencia la Falange triunfó: conseguía tres carteras más (las de Arrese, Girón y Primo de Rivera en la Secretaría General del Movimiento, Trabajo y Agricultura respectivamente) y, además, daba la sensación de haber avanzado un paso en el camino de su monopolio del poder. Pero era un desenlace engañoso; en realidad había perdido una cartera política de tanta importancia como Gobernación en donde, aparte del ministro militar, hubo pronto un subsecretario tradicionalista, Iturmendi.

Para el objeto de este libro no basta tan sólo con recordar el ambiente en que se produjo el inesperado ascenso de ese alguien de quien no se esperaba una carrera política, al menos tan importante, Luis Carrero Blanco. Es preciso recordar también que, aparte de su trayectoria anterior al lado del ministro de Marina, en que había demostrado sus capacidades estratégicas, era en gran medida la antítesis de Ramón Serrano Súñer. Se trataba de un militar y no de un político profesional; si hubiera que mencionar tan sólo dos rasgos suyos habría que hacer mención de su absoluta ausencia de ambición y de voluntad de figurar en primera fila, algo que era exactamente lo contrario de lo que todos los observadores atribuían a Serrano. Era un militar de una generación más joven que la de Franco y no de aquella que le había nombrado, y había sido modelado en su carácter y concepción de la vida por la Guerra Civil. Estaba, pues, en condiciones de ser extremadamente fiel y leal a Franco, algo que éste acabó por no atribuir a su propio cuñado. Conocemos la gestación de ese entusiasmo por el Caudillo, directamente relacionado con la misión providencial que le atribuyó en la Guerra Civil. Cuando ya llevaba unos años al lado de Franco confirmó su lealtad hacia él sin sombra alguna, una lealtad «de alférez», como la denominaría luego el general Diez Alegría. Luego, en 1947, en una entrevista con don Juan de Borbón se deshizo literalmente en expresiones de entusiasmo acerca de quien era ya un adversario político del hijo de Alfonso XIII. Desde que había trabajado con él era «testigo de mayor excepción de su esfuerzo, de su patriotismo, de su enorme solicitud por España, de sus desvelos por mejorar la vida de los españoles». Como siempre, las palabras de Carrero dan sensación inequívoca de autenticidad.

El ascenso de un desconocido. Los problemas económicos y los políticos

En este clima político preciso de la crisis de mayo de 1941 se produjo el ascenso de una personalidad hasta entonces prácticamente desconocida y que con el transcurso del tiempo habría de desempeñar un papel absolutamente decisivo en el régimen de Franco. De las narraciones que conocemos acerca de la forma en que tuvo lugar el nombramiento cabe extraer varios datos relevantes[10]. En primer lugar, el nombramiento sorprendió al beneficiario que, pasado el tiempo, llegó a decir que «estaba yo tan lejos de pensar que iba a colaborar junto al Caudillo como si por aquellas fechas me hubieran dicho que iba a navegar en un submarino nuclear» (que no se habían inventado). El nombramiento, en segundo lugar, tuvo su origen en el informe que ya ha sido citado acerca de la guerra mundial, cuya precisión debió gustar a Franco. El contenido de la misión a desempeñar por Carrero era, en definitiva, la misma que hasta entonces cumplía al lado del ministro de Marina, a través del cual le llegó la propuesta. Franco mismo le indicó que quería a una persona capaz de desempeñar el papel de jefe de Estado Mayor. Lo que esto significaba está muy claro en las primeras líneas de un temprano informe con el que Carrero se dirigió a quien le había nombrado. Aunque más adelante citaremos su contenido baste con indicar, de momento, que Carrero se sintió autorizado por su superior para intervenir «en la amplia zona de acción de la política en general» y que atribuyó a su condición de jefe de Estado Mayor las funciones que los reglamentos le atribuían: «Preparar al mando los elementos de juicio para sus decisiones, establecer éstas en órdenes o instrucciones y velar por su cumplimiento». A la amplitud de la función le correspondía la de la confianza: Carrero tendría vía libre y directa para el contacto con Franco, en cuyo caudillaje le aseguró que veía, «con profunda convicción, un designio providencial».

Nombrado subsecretario de Presidencia e indicadas sus funciones de acuerdo con esta concepción cabe preguntarse acerca de cuáles fueron, en la práctica, los límites de la tarea desempeñada por Carrero junto a Franco. La respuesta a esta pregunta es relativamente sencilla. El campo de acción de Carrero fue muy amplio, prácticamente toda la acción del Estado. Sin embargo, eso no quiere decir en absoluto que Franco le hiciera caso por completo y desde el primer momento en todas las cuestiones sobre las que le aconsejaba.

Sobre esto último será necesario proceder a un estudio más amplio, en casos concretos y en un período cronológico extenso, pero ya de entrada puede decirse que la amplitud de las cuestiones que pasaron por Carrero en camino hacia Franco y que de éste fueron devueltas a través de su subsecretario fue inmensa. Desde los años cuarenta Carrero despachó con muchísima frecuencia con Franco, quizá un par de veces por semana, lo que debía ser más de lo habitual en un ministro. Por otro lado, la documentación que pasó por su mano y que se conserva en los archivos oficiales con el testimonio del papel que le correspondió con respecto a ella prueba, sin lugar a dudas, la confianza que desde un primer momento Franco le otorgó.

Carrero era, en primer lugar, una especie de secretario político. Desde que ocupó la Subsecretaría preparó borradores de discurso en las máximas asambleas del régimen, como el Consejo Nacional, aunque es bien posible que no fuera siempre el único ni tampoco el principal redactor de los mismos[11]. A veces daba la sensación de ser un secretario a secas: entre sus papeles, por ejemplo, figuran los dibujos que Franco empleó para el librito El ABC de la batalla defensiva, que escribió en estos años[12], o recomendaciones de ministros respecto de la posible revisión de causas judiciales[13]. Pero, al mismo tiempo, tenía unas competencias de carácter paraministerial, como las referentes a las posesiones africanas, que dependían de forma directa de Presidencia. Fue él, por ejemplo, el redactor de un proyecto de ley para establecer el régimen jurídico de la zona de Tánger que España se había incorporado a partir de la derrota francesa[14], o del decreto destinado a reorganizar la administración industrial de Guinea[15]. Pero en algunas cuestiones tenía una función en cierta forma superministerial, puesto que Franco le encargaba a veces redactar disposiciones que afectaban a varios ministerios. Así, por ejemplo, apenas dos meses después de llegar al cargo envió a los tres ministros militares un proyecto de decreto que establecía normas para el mando conjunto y su sucesión[16].

También de forma inevitable estaba presente en aquellas cuestiones que interesaban de forma especial a Franco por cualquier razón. Cuando hubo que redactar un decreto para crear el Consejo Ordenador de las Obras del Monumento a los Caídos en Cuelgamuros (el Valle de los Caídos), fue Carrero el redactor, y figuró además como vicepresidente del organismo (el presidente era el ministro de la Gobernación). Entre sus papeles oficiales se encuentran panorámicas fotográficas de las visitas realizadas para la localización del monumento, incluso con diversas variantes de la Cruz que luego se elevó[17]. Pero muchísimas otras cuestiones pasaban por su mano, lo que indudablemente se explica por la capacidad de trabajo y de redacción de disposiciones que pronto Franco descubrió en él. Carrero preparaba una posible legislación acerca de la emigración española[18], reclamaba estadísticas acerca de la labor de los Tribunales de Responsabilidades Políticas[19] o recibía informes acerca del uso del catalán[20].

Resulta del mayor interés señalar que su papel administrativo no se limitó a cuestiones como las mencionadas, sino que desde un principio tuvo una relación muy estrecha con la política económica. Muy poco después de acceder a la Subsecretaría decía literalmente, en un extenso documento de carácter político que luego citaremos con amplitud, que «en el aspecto interior lo más fundamental es el problema de los abastecimientos» porque «la situación de hambre y de inmoralidad no se mejora». En ese mismo texto hacía mención también de las soluciones que se le ocurrían: concentrar en una sola mano la decisión sobre esta materia, «bajar la vida» estableciendo todos los precios en relación con el del trigo y reprimir con la máxima dureza todas las infracciones de la ley de tasas «aplicando la más dura pena a los delitos de ocultación».

Sin duda estas palabras revelan a las claras una visión de la política económica a seguir sobre la que es preciso detenerse brevemente. De ella hay que decir, en primer lugar, que no sólo era de Carrero sino, antes que de él, de Franco y en general de toda la clase dirigente del régimen salido de la Guerra Civil[21]. Para el Jefe del Estado, por ejemplo, la experiencia del siglo XIX había sido negativa porque el Estado, lejos de preocuparse de los intereses colectivos o nacionales, se desvinculó de ellos y benefició a unos pocos. Según él, el Estado no supo poner en la debida explotación los recursos españoles, capaces de conseguir que España se autoabasteciera, sino que permitió que unos pocos se enriquecieran mientras que la mayoría se mantenía en una situación de miseria. Lo que ahora debía hacerse era invertir de modo radical el rumbo de la política económica. Había que llevar a cabo la autarquía económica, con una vigorosa intervención estatal destinada no sólo a favorecer una industrialización que convirtiera a España en una potencia respetable, sino también a promover una justicia social que figuraba entre las aspiraciones de los vencedores en la guerra como contrapartida a la revolución que había presenciado en el bando adversario. A estas alturas parece indudable que el exceso de intervencionismo estatal tuvo efectos muy contraproducentes, multiplicando las dificultades nacidas de la posguerra civil y las dificultades de aprovisionamiento creadas por la mundial.

Precisamente a la cuestión de los abastecimientos debió dedicar no poco tiempo Carrero en los primeros años de su cargo en Presidencia. La situación con la que se encontró no podía ser más espeluznante: en un mapa elaborado en Presidencia aparecían todo el litoral mediterráneo, Andalucía, Extremadura y parte de Castilla-La Mancha como regiones que requerían importaciones de trigo. En esa zona había también las que, sin paliativos, se describían como «zonas de hambre»[22]. Es casi seguro que el primer informe que Carrero elaboró en Presidencia se refiriera a esta materia[23]. Nos interesa mucho más que por su contenido técnico preciso por la imagen que transmite de una concepción de la vida económica. El informe, dirigido a Franco, partía, desde luego, de la admisión de lo dramático de la situación: «La gente humilde no puede materialmente sustentarse —decía— y una gran masa de la clase media vive en medio de las más graves dificultades mientras que una minoría de desaprensivos y codiciosos especuladores se enriquecen de una manera fantástica y al lado de la mayor miseria se hace alarde de una fastuosidad insultante, antipatriótica y anticristiana». «Hoy —añadía— el alimento de la gran masa obrera tiene que limitarse a una taza de malta sin azúcar como desayuno, un plato de habas cocidas al mediodía y una cosa parecida por la noche». Pero más interesante que esta descripción, con serlo mucho, resulta la solución propuesta por Carrero, que no podía ser otra que la absoluta intervención del Estado. Describía a los productores, «quizás por resabios del tiempo rojo», lanzados francamente «por el camino de la clandestinidad y obsesionados por una codicia inaudita». Por tanto, no concebía otra solución que la de convertir a la Comisaría General de Abastecimientos en una especie de «Gran Intendencia nacional en orden a los Abastecimientos». Nada más característico de su mentalidad que la utilización del término intendencia, que revela una mentalidad militar, incluso cuartelera, para resolver los problemas económicos. Proponía, además, la creación de un Instituto de Precios de Alimentación, destinado a hacer más completo y coordinado el intervencionismo estatal en esta materia y, sobre todo, defendía la necesidad de que la Fiscalía de Tasas inspirara «verdadero terror» a los estraperlistas, porque lo que realmente podría poner coto a la especulación y al estraperlo no podía ser otra cosa que la amenaza de severas penas, como la deportación a Guinea, trabajos forzados durante varios años o la pena capital.

En realidad, esa misma fue la política seguida por el Gobierno; y a Carrero le tocó elaborar muchas de las disposiciones administrativas destinadas a la regulación de la vida económica que hoy se encuentran en los archivos oficiales, incluidas las de regulación de alguna campaña aceitera, algo muy alejado de sus intereses y de sus conocimientos[24]. No parece que cambiara en estos primeros años en ningún punto esencial respecto de los criterios que hemos visto expuestos en ese primer documento. Su idea fue, ya que no llegó a crearse el Instituto de Precios, reformar la Comisaría de Abastecimientos. Siguió juzgando una «catástrofe» la especulación y el estraperlo y propugnando la intervención del Estado: sólo a la altura de 1942 encontramos algún indicio, entre los papeles que elaboró, de que el grado de intervencionismo pudiera llevar a una «batalla imposible de realizar y antipolítica del Estado y sus agentes con las tres cuartas partes del campo español»[25]. A él le correspondió también, cuando se aprobaron las durísimas sanciones contra los especuladores, incluso con intervención de la autoridad militar, recordar a todas las autoridades la necesidad de que les dieran publicidad para mayor escarmiento de aquéllos[26].

Pero si los abastecimientos debieron constituir la preocupación principal de Carrero, al mismo tiempo no dejó de intervenir en muchas otras cuestiones que se referían a la vida económica del nuevo régimen. Lo hizo en ocasiones porque a él se le dirigían informes acerca de, por ejemplo, la voluntaria restricción en la producción de las minas de Río-Tinto por parte de sus explotadores británicos[27], pero también porque de Presidencia dependían algunos organismos de carácter paraeconómico como el Laboratorio Nacional del Oro, destinado a hacerse cargo de las donaciones de particulares durante el período de la Guerra Civil[28]. A menudo debía intervenir Carrero en cuestiones de competencias entre diversos ministerios, dada la función coordinadora que correspondía a Presidencia[29], pero también intervino en otras cuestiones que tenían mucho que ver con el espíritu del tiempo, durante el cual había carencias fundamentales de productos básicos y se sentía como una tarea de perentoria urgencia, justificada por motivos patrióticos, el incremento de la producción merced a la intervención del Estado. Entre los papeles oficiales de Carrero hay todo tipo de sugerencias para el estudio de los más variados sucedáneos, como por ejemplo un sustitutivo del caucho sintético «a base de aceite de orujo y otros productos vegetales»[30]. Respecto del genérico incremento de la producción merece la pena citar un proyecto de orden de Presidencia. Empezaba con una declaración de confianza en el papel del Estado en la vida económica: «Si España se hubiera entregado al librecambio que propugnaron muchos hombres del XIX es seguro que no sería hoy un pueblo de veinticinco millones de habitantes, aunque sobre su solar vivieran minorías enriquecidas por rentas diferenciales». El Estado, por tanto, debía, por sí mismo, obtener el «máximo rendimiento» del conjunto de fuerzas naturales de que disponía España. Para ello era necesario un plan, que habría de ser la suma de los de carácter parcial que elaboraran los ministerios. De cada producto concreto se tendría en cuenta, muy de acuerdo con la mentalidad de la época, la protección arancelaria que necesitara, las obras públicas que requiriera, la ayuda precisa mediante el apoyo del gasto público y el ahorro de divisas que produjera. Elevados dichos planes a Presidencia de Gobierno se determinaría qué órgano habría de ser el encargado de la elaboración del plan de conjunto.

Lo interesante de esta temprana dedicación de Carrero a las materias económicas reside, por supuesto, en su adecuación al espíritu de la época, pero más aún en el precedente que constituyen de su posterior papel al frente de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Económica, ya en los años sesenta. Lo cierto es, sin embargo, que de un tiempo a otro había cambiado el contenido de la política a seguir. Ya veremos más adelante las razones de este cambio.

Con todo, lo que más nos interesa es el papel que Carrero pudo desempeñar en estos primeros tiempos de su actuación como subsecretario de Presidencia al lado de Franco, como inspirador de sus decisiones políticas fundamentales. A este respecto resultan preciosos los dos primeros informes de carácter global que le hizo, el primero relativo a las cuestiones de política interior, y el segundo acerca de la evolución de la guerra mundial. Carrero tendió siempre a actuar de esta manera. Hombre de despacho, más que de conversación, de modo habitual expresó por escrito sus opiniones como medio de precisarlas y concretarlas, y de que con la lectura reposada (o la relectura) influyeran de modo más poderoso en su destinatario. Para el historiador, como es lógico, estos informes resultan de un valor singularísimo para conocer su postura y la forma en que pudo influir sobre Franco.

El primero de los informes de Carrero revela el aterrizaje en la Administración del Estado de quien hasta el momento no había tenido prácticamente otra experiencia que la puramente militar. Como tal, el escrito contiene las previsibles ingenuidades. Al mismo tiempo, sin embargo, revela también una posición de fondo que a lo largo de esta biografía se revelará inasequible a cambios sustanciales, y un rápido diagnóstico de los males iniciales de la organización política del primer franquismo que en fecha muy temprana le hizo ser extremadamente reticente con respecto a la Falange.

Redactado en agosto de 1941[31], cuando el verano debió librar a su autor de las ocupaciones más apremiantes que había tenido en las semanas transcurridas desde su nombramiento, el escrito se inicia con esas consideraciones que ya hemos citado acerca del papel que le debía corresponder a Carrero como jefe de Estado Mayor de Franco. Tras ellas venía la determinación de lo que, con lenguaje de inequívoco sabor castrense, el subsecretario denominaba como «la misión de España». Era en este apartado donde se revelaban los principios en que fundamentó su concepción de la vida hasta el mismo momento de la muerte. España debía «defender primero, e imponer al Mundo después, los conceptos de la más pura Civilización Cristiana», como ya lo había hecho en el pasado durante sus siglos de oro. En una frase que acabó tachando de su escrito se expresó de manera todavía más taxativa: España debía «imponer al mundo, descarriado y ciego en relación con sus verdaderas conveniencias [los principios de la civilización cristiana], recurriendo a la fuerza del ejemplo y a la fuerza de las armas». Por muy difícil que pudiera parecer esta misión, que le llevaba a prever que no podría verse realizado este ideal, España tenía a su favor las pruebas que durante la Guerra Civil había recibido de la protección divina. El ideal de Carrero, católico y militar, nacía, por tanto, de una visión del pasado e implicaba una doble exigencia: la de conversión de España en una gran potencia militar, previa la obtención de la reconstrucción material en la posguerra, y la recuperación de los valores morales relacionados con esa civilización cristiana.

De estos principios pasaba Carrero al prosaísmo de la situación con la que se había encontrado tras su aterrizaje en la Administración. Su diagnóstico era muy negativo, hasta el punto de que cabe imaginar que el receptor del informe bien pudo sentirse molesto o, por lo menos, perplejo. Describía, en efecto, el presente como «poco halagüeño» y aseguraba que el «instrumento de Gobierno era ineficaz para la inmensa labor a realizar». Pero donde mejor destacaba su juicio era en la siguiente descripción del panorama político: «Existe divorcio entre el Ejército y el Partido, desunión y desacuerdo dentro de éste, divorcio igualmente con el Partido de los buenos españoles que están fuera de él, bien porque no quieren estar o porque no se les deja y, por último, los rojos en sus distintos matices, que andan como es lógico por todas partes, aprovechan la situación para explotarla en contra de los verdaderos y sagrados intereses de España».

Como se ve, Carrero atribuía gran parte de los males existentes al Partido. Para ser más precisos, hay que decir que la culpabilidad la centraba en tan sólo uno de sus componentes, la Falange. Del tradicionalismo aseguraba «que no bulle porque se ha mantenido al margen de la pequeña lucha de partidos», pero a la organización fundada por José Antonio le atribuía, incluso en su vehemencia, rasgos que tenían muy poco de positivo: era «como el niño que se lanza iracundo contra los agresores de su madre maltratada sin medir sus fuerzas ni considerar la ferocidad de sus enemigos». En el Partido, además, gracias a Falange, había aparecido una «gran masa de rojoides o rojos sin paliativos pero de personalidad poco destacada, de masones, de amorales y simplemente de vividores», porque no se había sabido o querido hacer la «minuciosísima selección» que resultaba necesaria. El resultado era que aparecían casos de antiguos masones en el partido (Carrero aludía, sin citarlo de forma expresa; a Merino, el responsable de los Sindicatos cuya destitución provocó un gran escándalo) y de personas que actuaban al margen de los criterios morales en sus cargos. Pero, aunque no fuera así, el Partido había constituido «el doble de la organización estatal», duplicando funciones y haciendo más complicado el funcionamiento de la burocracia del Estado.

Había, en fin, en Carrero una preocupación que sin duda derivaba de su carácter y del espectáculo que tenía ante los ojos. Veía jerarquías del Partido prepotentes e ineficaces y consideraba que los problemas eran muy graves, y que los podría solucionar un grupo relativamente reducido de personas, al mismo tiempo que se producía «una sangría y una transfusión de sangre» en aquél. Su idea era que con «doscientas personas» de intachables principios y de fidelidad probada, sin otra ambición que la de servir, fundiendo la organización estatal y la del partido se podrían abordar las cuestiones más acuciantes, la primera de las cuales consistía en la carestía de la vida y el problema de los abastecimientos. Más adelante comprobaremos que estos juicios tan negativos, emitidos tan sólo un trimestre después de acceder al poder, no hicieron sino arreciar con el paso del tiempo. También merece la pena empezar por recalcar la preferencia por los doscientos administradores eficaces antes que por el partido totalitario. Eran los antecesores del López Rodó de los sesenta.

Pero de momento es preciso recalcar que ya en este texto aparece el Carrero que perduraría hasta 1973, es decir, un hombre de formación tradicionalista, radicalmente antiliberal y profundamente católico, muy lejano del fascismo y propicio, en cambio, a desempeñar un papel decisivo en un tipo de régimen en que fueran mucho más los responsables de la Administración que los del Partido los destinados a ejercer el mando supremo y omnipotente. Se trataba de un régimen, en fin, en que el poder personal, más que el Partido, estaba destinado a desempeñar un papel por completo decisivo. Carrero, en efecto, no dejaba de indicar que «todos los buenos españoles, en el Ejército, en el Partido o fuera de ambos mantienen unánimemente su fe absoluta en la acción personal de V. E».. Si Serrano proporcionó a Franco el bagaje para la unificación de partidos y la apariencia de un Estado semifascista, Carrero contribuiría de manera decisiva a vertebrar toda una administración estatal en torno a su persona.

Respecto de la posición ante el conflicto mundial, cuestión en la que se centraba toda la política exterior y gran parte de la interior, la postura y el consejo de Carrero se expresaron en un texto de mediados de diciembre de 1941[32]. Merece la pena, sin duda, recordar en qué momento estaban las operaciones militares, porque, en esta cuestión, el cambio experimentado por Carrero fue de mayor envergadura. En aquel instante las potencias del Eje habían alcanzado el máximo de su expansión territorial, con los alemanes apenas detenidos en los alrededores de Moscú y los japoneses acercándose a Australia. Carrero, sin embargo, se dio cuenta —y así lo hizo constar en su escrito a Franco— de que la guerra sería «de duración difícil de prever pero siempre larga». También tuvo en cuenta una posibilidad que con el tiempo se convertiría en real: la de que los aliados acabaran desembarcando en el norte de África.

Esas fueron premoniciones que se demostraron como ciertas, pero interesa sobre todo tener en cuenta las simpatías mostradas en el texto, que también resultaban inequívocas. De las naciones europeas, descontando Suecia y Suiza que habían quedado «por dentro», como él decía, de la Europa dominada por Hitler, sólo España y Turquía permanecían al margen del conflicto. Pero eso no quería decir que la primera debiera ser neutral en términos ideológicos; y ello porque uno de los beligerantes, debido a sus características, representaba la antítesis misma de aquello por lo que la España de Franco había combatido en la Guerra Civil. «El frente anglosajón soviético, que ha llegado a constituirse por una acción personal de Roosevelt, al servicio de las Logias y los Judíos —escribió Carrero— es realmente el frente del Poder Judaico donde alzan sus banderas todo el complejo de las democracias, masonería, liberalismo, plutocracia y comunismo que han sido las armas clásicas de que el Judaísmo se ha valido para provocar una situación de catástrofe que pudiera cristalizar en el derrumbamiento de la Civilización Cristiana». La oposición de Carrero a éste que denominaba «frente» era, por tanto, radical, completa y absoluta hasta el punto de considerarlo como el «Mal» por antonomasia. Este juicio no debe de haber tenido nada de original en la España de su tiempo entre los dirigentes del régimen, que deben haberlo compartido de manera absoluta. Pocos eran, en estos momentos, capaces de mostrarse propicios a Gran Bretaña o simplemente neutrales a rajatabla. La razón estribaba en los antecedentes durante la Guerra Civil, en la que las potencias contrarias a los sublevados eran exactamente aquellas que ahora Carrero veía agrupadas en ese intitulado «frente».

En lo que podía haber más diferencia entre Carrero y otros sectores de la política española de la época era en la visión que tuvieran del bando contrario. Entre los falangistas había un entusiasmo radical por el Eje, más explícito quizá respecto de Italia, pero también en relación con Alemania. El subsecretario de Presidencia, en cambio, no veía en el contrincante del «frente judaico» más que «una reacción enérgica pero posiblemente inspirada en un concepto material de la vida». Era un concepto éste que no desarrollaba pero en el que, desde luego, no incluía a España, a la que identificaba con el «verdadero antijudaísmo de tipo espiritual, el verdadero concepto del Cristianismo Católico». Había en esta frase el claro germen de un posible cambio de planteamiento, por el momento muy lejano, pero que acabaría de plasmarse en la realidad por la evolución de las circunstancias bélicas. Lo que representaba España era, en definitiva, algo distinto de lo que significaba el Eje.

A partir de estas premisas se entiende la propuesta que hacía Carrero a Franco en relación con la guerra mundial. Partía el subsecretario de que España se mantenía al margen del conflicto no porque careciera de esas simpatías ideológicas, que ya había dejado bien claras, sino por «una serie de circunstancias especiales que tienen su raíz en nuestra situación geográfica, de condición netamente marítima, y porque, además, recién salidos de nuestra Cruzada, nuestras posibilidades industriales son mínimas y nuestros armamentos limitadísimos». En esta frase se contiene parte de la explicación del interés de los dirigentes de la España de Franco por las cuestiones relacionadas con el desarrollo industrial. Se contiene, además, de una manera resumida, la esencia de los argumentos de los militares en contra de los falangistas respecto de la entrada en la guerra al lado de Alemania, que a continuación detallaba de manera pormenorizada.

Frente a lo que habían pensado los falangistas, demasiado propicios a guiarse de manera exclusiva por los argumentos ideológicos, Carrero era perfectamente consciente de que, en realidad, Alemania no había deseado nunca y hasta el fondo la entrada de España en la guerra. «De entrar en la guerra —decía— solamente podríamos [hacerlo] al lado de Alemania, porque el Eje lucha hoy contra todo lo que es en el fondo anti-España». Pero la realidad era que España constituiría «una complicación» para Alemania. Hasta el momento de intervenir podría abastecerse de América, pero no en cuanto se tomara tal decisión. Inglaterra no había provocado la intervención española porque «sabe que a su lado no iríamos nunca y, en cambio, si fuéramos en contra perdería la ventaja de poder usar la base de Gibraltar». Frente a lo que era habitual en los falangistas caracterizaba a Carrero un realismo indudable, muy profesional, en sus juicios estratégicos.

Partiendo de estas premisas hay que preguntarse acerca de la previsión de futuro que Carrero hacía. En última instancia pensaba que era imposible que España siguiera hasta el infinito al margen del conflicto, y sólo podría optar por una entrada en él al lado del Eje. Existía un argumento complementario para hacerlo, y era la necesidad de «constituir un poder industrial», para el que resultaba imprescindible una ayuda exterior que tan sólo Alemania podía prestar. Si Alemania ganaba la guerra sin la ayuda española no prestaría ninguna colaboración a España en el futuro. En el caso de que Inglaterra ganara, hipótesis que consideraba a estas alturas «nada verosímil», «la catástrofe para España igual aunque hubiese permanecido neutral».

En consecuencia, lo que Carrero recomendaba era «establecer un acuerdo secreto con Alemania, por medio de un plenipotenciario especial, a base de concertar nuestra entrada en la guerra en el momento que conviniera al Eje, previa nuestra preparación para ello» a cambio de la ayuda militar y económica necesaria. Otro «plenipotenciario secreto» se ocuparía de las relaciones comerciales con Alemania, mientras que una comisión mínima formada por tan sólo tres personas prepararía las intervenciones de los respectivos ejércitos en el conflicto. Habría de resultar por completo esencial mantener en el máximo secreto la decisión española, «procurando engañar a Inglaterra y Estados Unidos», para lo que habría de resultar preciso dar un giro a la actitud de la prensa e incluso adoptar otras medidas políticas más importantes que, sin embargo, no detallaba.

Desde el punto de vista de la coherencia interna, al margen de lo que se pueda pensar del alineamiento por el que Carrero optaba, la fragilidad de su estrategia radicaba en la dificultad de mantener a los aliados a oscuras de los propósitos propios. Pero es preciso tener muy en cuenta otro aspecto de lo escrito por el subsecretario. Todo este informe respira reticencia respecto de Serrano Súñer, hasta el punto de que los plenipotenciarios secretos de los que se hacía mención debían actuar con independencia del Ministerio de Asuntos Exteriores que aquél ocupaba. Implícita estaba también en el informe de Carrero la acusación de imprudencia referida a la forma de comportarse de los dirigentes falangistas con respecto a la guerra mundial, con una orientación puramente ideológica que en el fondo resultaba contraproducente para los intereses nacionales. A lo largo de los meses siguientes no sólo no se disiparían estas muestras de discrepancia, sino que habían de arreciar, y de ello derivó un cambio de primera importancia en la política española.

Un primer cambio político decisivo

La crisis de Gobierno de mayo de 1941 fue la más problemática, quizá, de la historia del régimen de Franco, y no fue en absoluto resolutiva. La situación existente en la política española perduró, y sólo llegó a un desenlace en el verano de 1942, e incluso aún cabe dudar de si entonces la política española señaló un rumbo radicalmente nuevo y claro.

Durante los meses sucesivos el centro de atención pasó de la política exterior a la interior; y en ésta, además, se acentuó el enfrentamiento entre los diversos sectores del régimen[33]. La posibilidad de entrada de España en la guerra se había alejado ya desde comienzos de año, pero perduraban concepciones políticas muy distintas que tenían vertientes antitéticas también en política exterior. Ahora, sin embargo, aunque los falangistas hubieran sido compensados con más ministerios, los militares tenían también el de Gobernación; y a su cabeza visible, el general Varela, llegaban abundantes informaciones acerca de lo que podía intentar o de lo que pensaba la Falange, cuyo origen policíaco resulta indudable. Hay que tener en cuenta que durante el mes de mayo los alemanes resolvieron la difícil situación que para el Eje había creado Mussolini en los Balcanes; ésa fue una ocasión para que Ciano insistiera ante Serrano acerca de un posible alineamiento definitivo de España con el Eje. Lo hacía con el objetivo que siempre habían mantenido los italianos en el sentido de que la guerra se centrara mucho más en el Mediterráneo, y obtuvo una esperanzadora respuesta de Serrano, quien ahora parecía estar dispuesto a intentar provocar la entrada de España en la guerra con tan sólo una carta «privadísima» de los dirigentes del Eje prometiendo aceptar las condiciones españolas. La invasión de Rusia por Alemania en la tercera semana de junio de 1941 alejó definitivamente la guerra del Mediterráneo (y, por tanto, también de la península Ibérica), pero hizo desaparecer la perplejidad existente entre quienes en España se habían asombrado de la colaboración entre Hitler y Stalin. Ahora, para ellos, la guerra se clarificaba desde el punto de vista ideológico.

Se podría haber pensado que en una situación como ésa, con un enemigo común claro como era el comunismo, habría resultado posible cicatrizar la herida abierta entre los dos sectores de la política española, militares y falangistas. No fue, sin embargo, así. La propia División Azul provocó fuertes discrepancias, porque los segundos quisieron darle un carácter de partido y los primeros de unidad militar. Ni siquiera coincidieron ambos sectores en la propia denominación de esta agrupación de voluntarios para combatir el comunismo, ni tampoco en quién debía asumir la dirección de la misma. Franco, en una intervención ante el Consejo Nacional el 18 de julio, por un lado arremetió contra «la obra disgregadora de grupos y capillitas», lo que es un buen testimonio de que era consciente de los problemas que tenía pero, por otro lado, dio por supuesto que los aliados habían perdido la guerra, algo inexacto pero que, además, testimoniaba sus simpatías. El propio Serrano consideró excesivos los términos empleados por Franco.

Este mismo hecho testimonia que el omnipotente papel desempeñado hasta entonces por Serrano empezaba a resquebrajarse, aunque fuera todo lo tímidamente que se quiera. Se mantenía el trasfondo de inquietud en la política interior española pues si, por un lado, el general Kindelán criticaba que Franco hiciera declaraciones acerca de la guerra que ni el propio Hitler hubiera suscrito, por otro el vicesecretario general del Partido, Luna, decía a los representantes diplomáticos italianos en España que era preciso proseguir la lucha revolucionaria contra los militares y que Mussolini tenía a la Falange a su disposición. Ya desde septiembre se empezó a hablar de la posible dimisión de Serrano, quien, por un lado, pasó por una crisis de confianza en el ánimo de su cuñado (incluso Nicolás Franco mencionó la posibilidad de su sustitución), mientras que se recortaba su influencia en los medios de comunicación y se demostraba que controlaba de forma mucho menos perfecta que en el pasado a una Falange cada vez más escindida en grupos personalistas. De manera creciente Serrano Súñer dependía de su supuesta buena conexión con los países del Eje, pero ésta empezaba también a estar en crisis. En noviembre se entrevistó con Hitler y Ciano y les explicó sus dificultades en el seno de la política española, en la que Falange tenía menor peso específico del que a él le hubiera gustado. La entrada de los Estados Unidos en la guerra como consecuencia del ataque japonés no hizo variar de manera significativa la situación, a no ser para que España mostrara una mayor dedicación diplomática por Portugal, lo que explica la entrevista de Franco y Salazar en febrero de 1942.

Pero lo decisivo seguía siendo la política interior. En diciembre de 1941 se produjo en el Consejo Superior del Ejército el ataque más decidido y consistente contra la Falange que había tenido lugar hasta entonces. Su protagonista fue, como cabía esperar, el general monárquico Kindelán, quien, después de referirse a la situación «espeluznante» que se vivía como consecuencia de la falta de aprovisionamientos, arremetió contra un «arribista» empeñado que tenía la pretensión de convertirse en una especie de «Führer o Duce», que se exhibía en exceso en la prensa, ejercía un favoritismo desaforado y «menos mal que se paró en la parte militar». Se refería, por supuesto, a Serrano Súñer. No se trataba de una opinión personal sino colectiva de todos los militares pero, además, en el caso de Kindelán, adquiría incluso un tono peligroso para el propio Franco puesto que, al indicar que «únicamente el Ejército» (y no, por tanto, la Falange) había elegido al Generalísimo, implicaba que también era el que podía sustituirle y, al hacer mención de la necesidad de «un régimen de continuidad», indicaba la posibilidad de hacerlo por la Monarquía. Franco eludió de momento el problema por el procedimiento de asegurar que las circunstancias internacionales habían impedido por ahora que se tomaran ciertas medidas, y prometiendo para el año nuevo «vida nueva». Es dudoso, sin embargo, que tuviera un plan claro para el futuro.

Había pasado ya suficiente tiempo para que Carrero Blanco hubiera aterrizado en sus competencias como subsecretario de Presidencia. De este momento data un escrito político suyo a Franco, muy coherente con la que había sido su actitud al recibir el cargo y que, teniendo un carácter en apariencia puramente técnico, en realidad lo trascendía de manera clara para referirse a la política interna; y ello desde su primera página, al dar por supuesto que los problemas nacionales se habían agudizado y al proponer «una reorganización sustancial del instrumento de Gobierno»[34].

En realidad, esta cuestión debía ser objeto de una Ley Orgánica del Estado, término que luego el régimen utilizó y que coincide con lo que en definitiva hoy denominaríamos Constitución. Lo que propuso Carrero (y que, por otro lado, no parece haberse tenido muy en cuenta por entonces) fue articular la actuación del Gobierno (él lo denominaba Consejo de Gobierno) a través de seis supercarteras ministeriales dedicadas a Defensa, Economía, Justicia, Educación, Gobernación y Estado. Llama la atención que propusiera también la existencia de una «Secretaría del Consejo de Gobierno», «con funciones similares a las de un Estado Mayor». Resulta obvio que ése era un papel que se atribuía a sí mismo y que, además, fue el que le correspondió con el transcurso del tiempo por decisión de Franco, aunque sólo en los años cincuenta. La coincidencia se produce también respecto del INI, que habría de tener directa vinculación con esa secretaría, lo que ratifica la voluntad de intervención de Carrero en materias económicas, las más acuciantes entonces. También existe una perfecta coincidencia entre su concepción económica, muy intervencionista, y el papel de primera importancia que atribuía al Ministerio de Economía. El Ministerio de Gobernación tenía una organización curiosa, en cierta forma regionalista, al contar con unos «gobiernos generales» por encima de la provincia.

Pero lo esencial en el texto de Carrero consistía en hacer una muy dura crítica del papel del Partido en la vida política nacional. El Partido, volvía a repetir, «ha constituido el doble de la organización estatal» de tal manera que, de forma por completo contraria a lo que debía ser habitual en un Estado totalitario, en que Partido y Gobierno debían ser el alma y el cuerpo, aquí se solapaban. Pero lo que sucedía en este caso no era sólo un error funcional, sino también político, que derivaba de la composición del Partido, «del que todos los días hay que estar echando indeseables que son los que más ruido arman y los que con mayor cinismo se arrogan una representación poco menos que de delegados espirituales de V. E»..

No sólo propuso Carrero una depuración intensa del Partido, sino que el Gobierno (o ese «Consejo del Gobierno» que él había propuesto) asumiera las funciones de la Junta Política del Partido, tomando el propio Franco la Presidencia de la misma y colaborando con él «un secretario general del Movimiento encargado de todas las cuestiones de despacho […] relacionadas con el Partido». Un ejemplo del papel desmesurado que se atribuía a sí mismo el Movimiento lo tenemos en un proyecto de Ley sobre el Fuero del Partido que pasó por las manos de Carrero y que se ha conservado entre sus papeles oficiales. En una fecha imprecisa de este año 1941 se preparó un texto, de acuerdo con el cual se reservaba para una sala del Tribunal Supremo la posibilidad de juzgar a los miembros del Consejo Nacional; y para los casos de los Tribunales de Represión de la Masonería y el Comunismo o de la Ley de Responsabilidades Políticas se requeriría la previa autorización del presidente de la Junta Política. De esa manera, la jerarquía del Partido vendría a contar con la protección de una legalidad que la convertía en poco menos que una casta al margen del resto de los ciudadanos y por encima de ellos. La posición de Carrero fue contraria a una medida como ésta que, en el caso del Tribunal de Represión de la Masonería, otorgaría a las jerarquías del Partido unos privilegios de los que ni siquiera disfrutaba el Ejército[35].

Pero, dejando a un lado este curioso texto, volvamos a la evolución de la lucha entre los dos sectores del régimen. La crisis interna en el seno de la política española arreció en enero de 1942, momento en que la posición de la Falange se multiplicaba ya en una galaxia de personalismos que actuaban como un grupo de tribus sin jefe común; el que lo había sido en otro tiempo (Serrano) parecía destinado a ocupar la Embajada española en Roma y, por lo tanto, condenado a abandonar España. Sin duda, pensaba que en la capital del fascismo podría disponer de unas oportunidades para reconstruir su influencia interior gracias a un prestigio exterior que quizá obtuviera de Mussolini. En estos momentos iniciales de 1942, en que todas las informaciones de los mentideros políticos que llegaban a los oídos de los embajadores extranjeros en España concluían por ver en peligro el papel de Serrano en el seno del régimen, éste parece haber sentido también por vez primera la necesidad de acercarse a la Monarquía como solución estabilizadora de un régimen que daba la sensación de sufrir bandazos constantes. Esa sensación generalizada explica la reacción de Franco en contra de los monárquicos durante mayo de 1942. En ese mes también escribió una extensa carta a don Juan de Borbón en la que daba la sensación de querer mantener la vinculación con su persona pero, al mismo tiempo, le señalaba los peligros de entregarse a unos partidarios que no tenían en cuenta los propósitos «revolucionarios» del régimen y exageraban, según él, el sentimiento monárquico existente.

En marzo arreció de nuevo el conflicto entre militares y falangistas cuando Ximénez de Sandoval, jefe de gabinete de Serrano, tuvo una pelea en un local público con el hijo de un aristócrata al que luego quiso hacer apalear por un grupo de «pistoleros» falangistas, según contó a sus superiores el embajador italiano. El citado personaje político fue luego expulsado del Ejército por homosexual. En abril, mientras que, en previsión de lo que pudiera suceder, los oficiales del Ejército recibían instrucciones de ir siempre armados, circulaban entre las guarniciones versos que no podían ser más rudos ni más expresivos respecto de ese enfrentamiento[36]. A mediados de mes el general Varela, no ya como ministro del Ejército sino como representante de todo él, tuvo una entrevista con Franco cuyo contenido conocemos porque llevó a ella un guión escrito. Varela, casado con una tradicionalista, actuaba también en favor de esta tendencia. Su posición era netamente contraria a Falange, a la que acusaba de ser un «desastre», actuando por su cuenta «con checas y policías privadas» y gozando de un presupuesto propio e incontrolado. El general se revolvía en contra de los dirigentes falangistas, como un Girón al que atribuía ir acompañado de «una fulana de casa de mala nota», pero sobre todo contra Serrano, ante cuyas equivocaciones los militares «no se explican que el Generalísimo lo tenga en su puesto» porque «no tiene un sólo acierto en su labor de Gobierno».

Como veremos, el juicio de Carrero no estaba muy lejos del que tenía el ministro del Ejército, pero difería de él en un punto importante. Varela quería un Gobierno con tradicionalistas, católicos o monárquicos, reduciendo drásticamente el papel de los falangistas; y eso podía ser también un peligro para Franco. Poco después de esta conversación hubo un grave incidente en el Consejo de Ministros con ocasión de debatirse en él una campaña que paradójicamente estaba destinada a soldar la unidad entre Falange y Ejército. En ese mismo mes de abril la toma de posesión del capitán general de Burgos, Espinosa de los Monteros, un antiguo embajador en Berlín enfrentado desde hacía tiempo con Serrano, le dio la oportunidad de lanzar tan severos juicios acerca de este último que hubo de ser inmediatamente sustituido[37].

En este preciso ambiente se produjo la primera intervención de auténtica importancia de Luis Carrero Blanco en la política española, que ha permanecido desconocida hasta el momento actual y que, sin embargo, reviste un interés extraordinario no sólo por sus consecuencias inmediatas en la política española sino, sobre todo, porque proporciona información decisiva sobre la que era su postura de este momento y también acerca de su trayectoria política durante toda su vida. De ella llama la atención la coherencia con respecto al documento anterior ya citado, tan sólo unas semanas posterior a su acceso al puesto de subsecretario, pero, sobre todo, la extraordinaria rotundidad de su lenguaje. En este ambiente que hemos descrito en párrafos anteriores, Carrero se alineó claramente con la postura de los militares encabezados por Varela. Desde este punto de vista se entiende lo acontecido meses después en el momento en que, tras unos gravísimos incidentes que más adelante serán descritos, fueron destituidos, a la vez, Varela y Serrano Súñer y se impuso un giro de ciento ochenta grados en la evolución de la política española.

El momento en que Carrero tomó postura en lo que respecta a la política interna fue en mayo de 1942, poco después de todos estos incidentes que han sido citados[38]. Como haría siempre más adelante, Carrero resumió su impresión por escrito con claridad y sin ningún intento de edulcorar las cosas tal como las veía. Por eso, éste y también posteriores escritos podrán ser muy discutibles en su contenido, pero dan una sensación de sinceridad absoluta por parte de quien los redactaba. Si Franco apreció siempre y de manera creciente la lealtad de Carrero fue porque era consciente de que en sus juicios no había la menor doblez.

Lo que sí hubo fue rotundidad. Para Carrero, en efecto, «la situación política actual se ofrece a la vez confusa y grave […], de desconcierto y de disgusto». No era una opinión tan sólo suya o de un sector, sino generalizada, y podía extraerse de cualquier conversación con personas de solvencia. Tampoco se refería a factores de carácter ambiental, como era «el indudable malestar de tipo material», relativo a los abastecimientos, ni tampoco siquiera a las «deficiencias de la organización administrativa mediante la cual el Estado ordena la economía». El principal problema era de carácter político y se polarizaba en torno al Partido, que él escribía con la mayúscula con la que se solía aludir a él en esos tiempos.

Nadie, ni tampoco sus propias jerarquías, estaba de acuerdo con el rumbo que llevaba. La primera razón estribaba en la propia desunión, porque «dentro de los falangistas hay una variada gama de pareceres y unos y otros no se entienden, existiendo una sorda lucha entre grupos que se constituyen alrededor de determinadas personas». Había falangistas de Serrano, Arrese y Girón, «sin que se pueda conseguir, por buena voluntad que en ello se ponga, concretar cuáles son las divergencias doctrinales entre unos y otros». La realidad era que, al margen de esas luchas tribales, «el Partido no existía» pero sí, en cambio, «un complejo organismo que absorbe una copiosa burocracia y que constituye el doble de la organización estatal, que actúa desordenadamente y falto de una verdadera doctrina y de una positiva disciplina». Carrero, por tanto, repetía su mensaje anterior, pero dotándolo de mucha mayor acritud. Por si fuera poco, el Partido se había nutrido de «no pocos indeseables de todo orden, cuyos desafueros y pésimos ejemplos son los que dan tónica al conjunto» que, por lo tanto, «lejos de atraer repele porque se ofrece agrio y despótico a los demás». Por si fuera poco, como para concluir resumiendo sus inconvenientes, incluía Carrero toda una larga enumeración de defectos del Partido, muy expresivos de la general posición de los militares respecto de la Falange y de la que puede imaginarse el impacto que hubiera causado de haber sido hecha pública: «El léxico autoritario de sus escritos, el tuteo inconveniente a todo el mundo y un signo general de matonería que la dignidad innata del español no soporta fácilmente, unido a que tales manifestaciones se producen en individuos que ni por su capacidad, antecedentes y conducta inspiran la menor consideración, hacen que el Partido sea antipático y que en lugar de sumar reste gentes y, sobre todo, que reste valores positivos y, si suma a alguno, sea a los que pretenden encontrar un destino, un medio de vida».

Frente al Partido se alzaba, en contraposición total, un Ejército «totalmente divorciado» de él, que era el único capaz de hacer «cristalizar una doctrina política nacional» en un momento de crisis. De esta manera Carrero atribuía al Ejército un papel político por completo decisivo, a pesar de que no veía en una parte de la oficialidad, la provisional, la ética y las virtudes del profesional. Los tradicionalistas representaban la «masa sana» y estaban polarizando tras de sí la oposición contra la Falange, pero a ellos tampoco parecía tomarlos tan en serio.

En el fondo, lo que pensaba Carrero, como Varela, era que «no ha cristalizado en realidades el Decreto de Unificación y esto se ha producido porque tal decreto presuponía la creación de una doctrina nacional nueva y ha faltado el órgano que, inspirado en la idea fundamental de V. E., creara esta doctrina». Para el subsecretario de Presidencia todos los organismos políticos creados después de la guerra habían resultado por completo inoperantes, porque el Consejo Nacional no había tenido la menor actividad y la Junta Política, aparte de tener una composición inadecuada, tampoco había hecho la menor labor positiva. La frase entrecomillada resulta del mayor interés, porque testimonia en Carrero una preocupación doctrinal que es dudoso que tuvieran Varela o el propio Franco. Las conclusiones a las que llegaba eran tan rotundas que cualquiera que las hubiera enunciado en público habría corrido serios peligros de ser considerado como un peligroso subversivo.

La situación era tan grave para el subsecretario de Presidencia que no veía otra solución que, con la máxima urgencia, «volver atrás y remediar rápidamente el daño», palabras que subrayaba y remachaba indicando que el propio Franco debía tomar la dirección y presidencia de la Junta Política y constituirla de nuevo. Con seis u ocho hombres capaces, trabajadores y leales procedentes del tradicionalismo, del Ejército o la Falange se podría hacer una labor de la que repetía que era «indispensable y urgente». Lo primero en ella —y esto resulta muy característico de Carrero— habría de ser la «formación de un cuerpo de doctrina nacional que represente el espíritu del Movimiento tal como V. E. lo siente y lo sentían todos los buenos españoles durante la lucha y [el] estudio de las Leyes Fundamentales del Estado», una denominación que, como sabemos, sería la que más adelante se adoptaría. La preocupación constituyente de Carrero data, por tanto, de 1942, pero Franco no le haría caso, en este aspecto, sino un cuarto de siglo después.

Si el escrito retrata a Carrero, lo mismo cabe decir de la aparente inactividad de Franco en los meses posteriores. No fue ésta, en efecto, la última ni la única de las ocasiones en las que un apremiante consejo del primero se encontró con la parsimonia en la decisión del segundo, al que, sin embargo, tan productivo le resultó siempre tal asesoramiento. Claro está que también ha de tenerse en cuenta que por el momento había tenido lugar un paréntesis en la lucha política desarrollada entre los dos bandos. Durante dicho paréntesis Serrano viajó, en el mes de junio, a Italia, de donde pareció volver con un prestigio acrecentado y un mayor ánimo. La verdad es, sin embargo, que lo que decía demostraba que sus relaciones con su cuñado no eran ya las del pasado: el propio Ciano se asombró de lo mal que hablaba de Franco. Por mucho que Serrano hiciera para tratar de reconstruir su influencia, lo cierto es que ésta había disminuido ya de manera drástica. La primera ley fundamental del Estado de Franco, la de Cortes, fue elaborada por Arrese o por Aunós, y en ella el cuñado de Franco tuvo sólo un papel mínimo.

Pero las cosas habían llegado a tal grado de tensión entre los dos sectores políticos enfrentados en este primer franquismo que el historiador no puede menos de pensar que el choque era inevitable. Se ha de tener en cuenta que circulaban por entonces en toda España panfletos de varias significaciones contrapuestas, todos ellos extremadamente violentos contra el adversario interno. El trasfondo bélico del conflicto mundial continuaba prestando especial gravedad a un enfrentamiento que era, en lo fundamental, de política interna. Muy poco antes de los sucesos de Begoña, Serrano publicó un texto en una revista nazi en que se alineaba de forma taxativa con el Eje.

Así las cosas, la narración de esos acontecimientos, que no se entiende sin tener en cuenta todos los antecedentes citados, puede explicarse sin requerir pormenores innecesarios. El 16 de agosto, a la salida de una ceremonia religiosa por los requetés caídos en la Guerra Civil en la que participaban el general Varela, Vigón y el subsecretario de Gobernación, Iturmendi, fueron lanzadas dos bombas, una de las cuales no estalló, mientras que la otra causó tan sólo heridos. Quienes lo hicieron eran falangistas. Es seguro que los asistentes profirieron gritos a favor del Rey, pero resulta más que improbable que se gritara contra Franco. La interpretación que parece más probable es que no se tratara de una conspiración ni de un atentado, sino de la actuación insensata de un grupo de enloquecidos. Hubo, de nuevo, panfletos: los tradicionalistas interpretaron lo sucedido como «un crimen de la Falange» y un nuevo Casas Viejas, mientras que los falangistas decían haber defendido el Estado y no temer el enfrentamiento con la derecha.

Se imponía, entonces, una crisis política, y en ella desempeñó un papel quizá decisivo Carrero Blanco, cuya simpatía por Serrano era nula, lo que explica que la relación en sentido inverso fuera parecida. En un principio, Franco trató el conflicto con su característica parsimonia. Varela, al día siguiente, hizo circular una información a los altos mandos militares de acuerdo con la cual aquello habría sido un atentado contra él, y algo parecido debió de interpretar Galarza. En cambio Franco, aunque habló con Varela, tardó ocho días en llamar por teléfono para tratar de interpretar con él lo sucedido; y la conversación que tuvo lugar entre ambos pronto adquirió una evidente aspereza. El ministro del Ejército se indignó contra Franco porque calificara el «Viva España» de «grito decadente» y dijo que el Jefe del Estado había sido engañado «como siempre». En la conversación se trasluce la desconfianza de Franco frente a las manifestaciones de monarquismo, así como el hecho de que había recibido información de los medios falangistas, incluso atribuyendo al culpable la condición de espía británico, mientras que Varela repitió una y otra vez sus acusaciones en contra de los miembros del Partido por la impunidad de que gozaban en sus actos de violencia y por su procedencia izquierdista.

Era inevitable la crisis, pero Franco todavía tardó en resolverla[39]. Vuelto a Madrid el 27 de agosto (no había interrumpido sus vacaciones veraniegas) decidió sustituir a Galarza por Blas Pérez y a Varela por Asensio, el jefe del Estado Mayor, aunque a éste le tuvo que imponer el ministerio como destino militar; el ministro del Ejército estaba indignado y dispuesto a abandonar su cartera pasara lo que pasara; y lo había hecho, además, inevitable por el procedimiento de remitir una indignada carta de dimisión. De haber resuelto así la crisis el resultado habría sido netamente favorable a la Falange, aun en el caso de que se hubieran cumplido las penas de muerte a las que el tribunal militar había condenado a los dos falangistas acusados por los sucesos. Fue entonces cuando intervino Carrero para argumentar que en la crisis no podía haber ni vencedores ni vencidos y que la salida de dos militares monárquicos imponía la de Serrano Súñer, principal responsable del Partido por su presidencia de la Junta Política. Por lo que el propio Carrero le dijo a López Rodó, la cuestión de la permanencia de Serrano se la planteó con la misma aspereza que lo había hecho Varela: se trataba ahora de saber quién mandaba en España, Franco o Serrano. El primero se decidió finalmente a cesar a Serrano, con el que debió tener una larga y dura conversación en la mañana del 3 de septiembre, cuando ya había sido ejecutado Juan Domínguez, uno de los condenados a muerte, cuya vida creían haber salvado ya los falangistas y el propio embajador alemán. Tras una larga conversación, que debió provocar en Serrano Súñer una herida que nunca fue restañada, Franco recibió a quien iba a ser el sustituto de Serrano y había sido también su antecesor, el general Gómez Jordana, cuya posición neutralista hubo de tener una influencia decisiva en los meses venideros.

El 22 de septiembre publicó el Gobierno una declaración ministerial, algo que, en realidad, no fue tan frecuente tras los sucesivos cambios en la composición del Gobierno durante el régimen de Franco. Dicho texto había venido precedido de una larga deliberación durante cuatro sesiones del Consejo de Ministros que habían durado otros tantos días. Lo interesante de la declaración era, por supuesto, más el tono que el contenido. Respecto de la política interior se hablaba de la imprescindible necesidad de mantener la unidad y, en relación con la exterior, una voluntad de mantener la misma política que había caracterizado a España en los últimos seis años y dotarse de los instrumentos bélicos necesarios para hacerla posible. De esta manera se daba un carácter circunstancial a la etapa de mayor entusiasmo por el Eje, que había presidido Serrano Súñer, y se indicaba que la política española consistía en hacer todo lo posible por mantener la independencia. Muy pronto, el propio Jordana empleó la palabra «neutralidad» para referirse a la actitud de España ante el conflicto.

La nueva posición española, de la que en algún grado había sido autor Carrero, causó inmediato impacto en las embajadas extranjeras en España, pero también en el propio interior del país. Por los informes oficiales que llegaron a Carrero sabemos que lo que preocupaba a la inmensa mayoría de los españoles en aquel momento era la gravísima situación existente con los abastecimientos. Pero ya desde este instante se apreció también un principio de cambio en la política exterior. «Se estima —decía uno de los citados informes[40]— que se ha fijado una vez más la posición de simpatía hacia las naciones del Eje, si bien el Gobierno ha pretendido consolidar su posición de no beligerancia […]. La apelación a la neutralidad pero con la energía de estar atentos al supremo momento, produce la sensación de tranquilidad». De cualquier modo, la propia forma de expresarse el organismo de Falange autor del citado informe testimonia que había en la más alta administración del régimen quienes estaban muy poco convencidos de la urgencia o de la necesidad de un cambio en lo relativo a la situación de España ante el conflicto. Para Carrero, la resolución de la crisis política daba pie a plantear una cuestión que, sin duda, está en el eje de su actividad en la vida pública española: la de la Monarquía. Tan sólo una semana después de la declaración ministerial volvió a hacer un informe a Franco que reviste de nuevo el mayor interés, tanto como testimonio de la situación política real inmediatamente anterior como para comprender la posición de ambos personajes, el Jefe del Estado y su subsecretario[41].

Carrero estaba mucho más satisfecho que los medios de la Falange acerca de la declaración ministerial, en relación con la cual empleaba términos como «franca satisfacción» acerca de la que consideraba como «opinión sana». Pero era perfectamente consciente de que si Franco, por una parte, había restringido el poder de la Falange y había reducido a la nada el de su propio cuñado Serrano Súñer, la situación política precedente había puesto en peligro su propio régimen por otro flanco, el mando militar, que se hallaba estrechamente vinculado en ese momento a la Monarquía. El «período de expectación ante la futura acción del nuevo Gobierno» abría un «período de calma pero —añadía Carrero— existe un problema de fondo que indudablemente exige una rápida solución y es relativo a la cuestión monárquica».

De una manera muy sincera, que otras fuentes atestiguan como veraz pero que hubiera causado considerable sorpresa de ser revelada en público incluso muchos años después, Carrero advertía de «un cierto alejamiento de parte del Ejército de la persona de V. E., quizá por creerla más afecta al Partido que a él». Los celos de unos y la ambición de otros, unidos a «una evidente actividad masónica, roja y anglosajona», habían hecho que una parte de los principales mandos del Ejército pensara que la restauración era no sólo «necesaria», sino también la «solución» de todos los problemas.

Por supuesto, Carrero no estaba en absoluto de acuerdo con esta opinión. Esos militares podían estar convenciendo a don Juan de que estaba apoyado por un claro sentimiento monárquico extendido en la sociedad española y de que sólo Franco se oponía a su venida. Consideraba posible que, en consecuencia, el hijo de Alfonso XIII lanzara un manifiesto del que se derivarían graves males: si así se produjera sería «una locura». Si don Juan «aceptase el levantamiento simplemente de una guarnición que lo proclame —añadió— las consecuencias podrían ser fatales para España». El intento de golpe probablemente abortaría, pero «correría la sangre», se daría la sensación de debilidad y «podríamos ser víctimas de un golpe de mano extranjero de consecuencias difíciles de prever». Con todo, lo más grave no sería eso, sino el hecho de que se crearía un «abismo infranqueable» entre Franco y don Juan.

La otra alternativa consistía sencillamente en que, producida la sublevación y para evitar mayores males, se entregara el poder a don Juan; pero eso sería peor todavía, porque «apartaría a V. E. de toda acción y España quedaría abandonada porque, anulada por la acción de fuerza todo lo que el Movimiento representa y en colapso la administración y la vida del país, el nuevo Rey se encontraría sin instrumento de Gobierno y al cabo de algunos tumbos, que precipitaría el extranjero, abocaríamos a unas elecciones que derrumbarían definitivamente la Monarquía y traerían en breve plazo a Negrín». Hasta aquí el texto demuestra el monarquismo de Carrero, pero todavía más la marca indeleble que en él había dejado la Guerra Civil y el recuerdo de los desastres que podían preverse de la cesión ante ese adversario que actuaba mediante la acción solapada y en colaboración con el extranjero. Basta citar una frase para testimoniar la decisión con que Carrero se enfrentaba con esta posibilidad de remota reversión de lo que había sido el resultado de la Guerra Civil: «Sería una insigne locura, pero las locuras las hacen los locos y los locos y los ambiciosos existen y andan por ahí sueltos».

La solución debía, por tanto, ser otra, y Carrero supo resumirla en tan sólo unas cuantas palabras: «Que V. E. convenciera a don Juan de la certeza de su punto de vista y, en pleno acuerdo y constante contacto, se continuara la orientación política por la que V. E. quiere encauzar el porvenir de España». Según Carrero, Franco hubiera podido haberse coronado como rey de España porque reunía todos los atributos y rasgos para hacerlo, pero no había querido. En consecuencia, España debería «desembocar en una Monarquía tradicional», y ello implicaba un necesario acuerdo con el único que podía representarla, que no era sino el propio don Juan. En consecuencia, Carrero recomendaba con toda viveza una entrevista entre Franco y don Juan, «pues tengo absoluta seguridad de que de ella resultaría el acuerdo más perfecto». Llegó incluso a sugerir para su realización algún lugar próximo a la frontera, pero luego tachó la frase del texto. Finalmente se limitó a recomendar tan sólo el nombre de una persona que estaba a su lado y bajo su dependencia, como presidente del INI que era, y que reunía las características de militar profesional y de una indudable fidelidad a Franco, Suances, para que fuera el encargado de establecer los contactos previos necesarios para hacer posible la entrevista. Lo esencial consistía en evitar la aparición de un manifiesto de don Juan que «pueda complicar más la situación». El hecho de que en el texto original de Carrero esta última frase figure con un signo de exclamación testimonia los graves problemas de estabilidad que el régimen padecía en estos días como consecuencia de la contraposición entre falangistas y militares.

La lectura de este informe revela la magnitud de este problema. Una sublevación de un militar monárquico en contra de Franco no era inimaginable para el más inmediato de los colaboradores de este último. Pero hay otros dos aspectos que merece la pena recalcar. Si se lee este texto y se compara con la carta que Franco envió a don Juan en el anterior mes de mayo[42], se aprecia una diferencia considerable. Franco, que había asegurado al hijo de Alfonso XIII querer una «monarquía revolucionaria, totalitaria» como la de los Reyes Católicos, y que manifestó sus deseos de llevar a cabo la «revolución nacional», estaba, en estos momentos, mucho más impregnado de la retórica falangista y era mucho más desconfiado con respecto a la Monarquía que Carrero. La prueba de esto último es que, por el momento, no aceptó sus consejos. Sólo casi seis años después se produjo la entrevista, ya en unas circunstancias muy diversas de aquellas que existían en 1942.

Nuevas perspectivas en la guerra mundial

El giro producido en el seno de la política española como consecuencia del atentado de Begoña no suponía un cambio en la política exterior nada más que de una forma indirecta. Cualquier observador informado sabía de sobra que Jordana no tenía otras simpatías ideológicas por los países del Eje que las nacidas de la solidaridad producida por la Guerra Civil. La prudencia que siempre caracterizó a Jordana hizo, además, que el cambio en la política española tuviera lugar de forma muy parsimoniosa, de tal manera que, si bien los británicos mostraron su satisfacción por el cambio en la cartera de Asuntos Exteriores, en cambio ni Alemania ni Italia parecen haber tenido serias prevenciones al respecto.

Por otro lado este cambio, apenas fue esbozado, tuvo a su favor, de manera casi inmediata, la propia evolución de las operaciones bélicas. El 8 de noviembre de 1942 los aliados desembarcaron en el África del Norte francesa, acercando de esta manera la guerra a España en un grado aparentemente mayor al que lo había estado en el verano y otoño de 1940. Los aliados pensaron por un momento ocupar el Marruecos español, pero finalmente optaron por aceptar la neutralidad de nuestro país, que les suponía muchos menos problemas. En consecuencia, Franco fue avisado, como para garantizar su neutralidad, de que el desembarco se estaba produciendo. En realidad, aquélla podía ya darse por supuesta, al menos por el momento. La preocupación fundamental de Jordana no fue qué hacer en este momento, sino cuál podía llegar a ser la posición de los países del Eje. Parece haber habido una posición clara de alineamiento con el Eje por parte de algunos ministros falangistas, pero resultaba, por el momento, por completo inocua.

En estos momentos Carrero ya había logrado la suficiente influencia junto a Franco como para que ésta fuera conocida; incluso por su conducto se recibían informes del servicio secreto para que llegaran al Jefe del Estado cuando se sospechaba que podía haber algún obstáculo en el flujo de la información[43]. El desembarco en Marruecos tenía la suficiente importancia objetiva como para que él, para quien el factor naval, crucial en esta operación, tenía una importancia más decisiva que la que otros le atribuían, redactara un informe a Franco[44]. Escrito tan sólo tres días después de esa operación militar, el informe empezaba señalando que lo sucedido venía a «complicar gravemente la situación de la guerra». Para el subsecretario, lo sucedido confirmaba su anterior informe, de fines de 1941, en el que había aparecido como probable que los Estados Unidos emplearan su fuerza militar en el Mediterráneo.

Se sorprendía, con toda razón, Carrero de que esta realidad se les hubiera escapado a las potencias del Eje. Hoy en día sabemos que Hitler nunca consideró el mar Mediterráneo como un frente decisivo para la guerra y que, por lo tanto, no consideró primordial convertirlo en eje de su acción militar para hacer de él un «mar interior», como juzgaba Carrero que hubiera sido lo correcto; esa sería la única opción de una potencia continental como Alemania enfrentada con una potencia marítima como Gran Bretaña. Hitler no había concentrado allí todo su esfuerzo y, según Carrero, además había cometido un grave error al mantener un «germen de debilidad» en el África del Norte francesa. Precisamente en relación con ella explicaba Carrero la posición española en meses precedentes.

Alemania, después de la capitulación francesa, debiera haber exigido «la ocupación de Túnez y consentido que España hubiera extendido su protectorado a todo el Imperio de Marruecos so pretexto, perfectamente lógico, de que Francia en derrota no podía ejercerlo». Con ello, el canal de Sicilia habría quedado cerrado para el Eje y el Mediterráneo hubiera adquirido esa condición imprescindible de «mar interior» del Reich alemán. Pero eso no había sido aceptado, y las tres razones que enunciaba Carrero para explicarlo eran correctas: el exceso de euforia ante la victoria propia, «la falta de visión naval de la guerra por parte de Alemania» y la «ambición territorial desorbitada» de Italia. El subsecretario de Presidencia manifestaba, sin embargo, un exceso de confianza en el Ejército español, no compartida por Hitler, que, aparte de poco interesado en el Mediterráneo, desconfiaba, posiblemente con razón, de las capacidades en este momento del Ejército español y sobre todo consideraba más conveniente para sus propósitos neutralizar a Francia que arriesgarse a sumar la ayuda española con todos sus inconvenientes.

Comoquiera que sea, Carrero pensaba que todos esos errores los iba a pagar el Eje con «el más serio revés de la guerra». Pero de ningún modo pensaba que el destino de ésta fuera definitivo. Al Eje le quedaban dos posibilidades, partiendo de la base de que Rommel carecía de fuerzas para mantenerse durante mucho tiempo en África. Lo más probable era que se encerrara en una especie de bloque continental, defendiendo sus costas mediterráneas como ya lo hacía con las atlánticas, aunque Carrero hubiera preferido el mantenimiento de una cabeza de puente en Túnez. De cualquier modo, no pensaba en absoluto que Alemania estuviera en grave peligro por lo sucedido. Una vez que ocupara la cuenca petrolífera del Cáucaso, cosa que parecía considerar inmediata, pues no se había producido todavía la derrota de Stalingrado, habría resuelto «francamente y de manera definitiva» sus problemas de abastecimiento de materias primas. Con ello sería capaz de dominar el continente y sus costas y aniquilar a Rusia y el comunismo, llegando con Inglaterra, tras «una brutal acción aérea», a «unas tablas de las que el mundo sacará en limpio la desaparición del comunismo, que no es poco». Para él, por tanto, era incontrovertible la invencibilidad de Alemania, para lo que tenía el argumento de cuanto hasta entonces había ocurrido.

Venía, entonces, el juicio de Carrero acerca de cuál había de ser la posición española. Como pensaban Franco y, sin duda, la mayoría de los dirigentes de su España, partía de un alineamiento derivado de la Guerra Civil y motivado por factores de orden ideológico. «Es evidente —escribió— que España tiene una decidida voluntad de intervención al lado del Eje por cuanto éste combate a nuestros enemigos naturales que son ese complejo de democracias, masonería, liberalismo, plutocracia y comunismo, armas con las que el Poder judaico trata de aniquilar la Civilización Cristiana cuya defensa constituye nuestra misión histórica en lo universal». Esta frase resume de forma adecuada e inequívoca un factor esencial para comprender la posición del régimen español ante el conflicto mundial. Sin embargo, la posible intervención española en la guerra debía someterse también a dos hechos: que la península entrara a formar parte de la estrategia del conflicto y que España tuviera «posibilidades físicas» de llevar a cabo una acción eficaz. De esto último derivaba, en la óptica de los militares, la causa de la temporal no intervención española en la guerra, que también ratificaba Carrero de manera taxativa: «En orden a un caso de intervención normal [es decir, no provocada por la invasión adversaria] la situación actual excluye de momento toda posibilidad». La razón era que España vivía en estos momentos «aún en precario para las necesidades del tiempo de paz». No podía sobrevivir sin los abastecimientos provenientes de la vía marítima, y en esas condiciones no podía combatir «más que a la desesperada y para salvar el honor, pero no para reportar ningún beneficio a nuestro bando». Esta última denominación de Alemania e Italia no deja dudas acerca de dónde estaban sus simpatías, que eran las de todos los dirigentes de la España de entonces. Una posible intervención española se limitaba, por tanto, a cerrar el Estrecho cuando el Eje colaborara a ello por tierra y desde Túnez.

En conclusión, aconsejaba Carrero una actuación en tres frentes coincidentes. Había, en primer lugar, que «concretar con el Eje, dentro del mayor secreto pero con la suficiente claridad para que no haya posibilidad de equívocos, nuestra decidida voluntad de intervención y sostener con ello nuestras reivindicaciones para el día de la paz». Para ello era preciso prepararse, beneficiarse de la ayuda del Eje y concertar con él un momento propicio para la intervención. Pero, además, era obligado mantener el nivel de aprovisionamientos e incluso aumentarlo para la ocasión en que tuviera lugar la beligerancia española. Resultaba perentorio «engañar a Inglaterra y Estados Unidos en orden a nuestras intenciones, aparentando suavizar nuestra actitud con la prensa y con medidas de otro orden y evitando insensatas estridencias de la juventud». Con frases como éstas se refería, sin duda, a los medios falangistas. Quedaba, en fin, un tercer aspecto, que era lo que las propias autoridades españolas podían hacer: evitar cualquier intervención exterior, mantener el más férreo control del orden y armarse todo lo posible para cualquier eventualidad.

El desembarco de los aliados en el África del Norte francesa reviste tal importancia para explicar el cambio de la posición española ante el conflicto mundial que explica que en un plazo muy corto de tiempo Carrero emitiera un nuevo informe para Franco sobre dicho conflicto[45]. Se trata de un texto que da una mayor sensación de reposo, al ser más distanciado del momento del desembarco, como si el subsecretario hubiera dejado reposar sus ideas sobre el particular. Por otro lado, a estas alturas, desde comienzos de noviembre, se habían producido ya algunos nuevos hechos bélicos cuya importancia debió ponderar Carrero de manera oportuna: los aliados no habían encontrado verdadera resistencia tras su desembarco y, además, había tenido lugar ya la contraofensiva rusa que, tras unas cuantas semanas, no tardaría en provocar la derrota alemana en Stalingrado. Con ello desaparecían las esperanzas de que Alemania obtuviera las materias primas que le resultaban imprescindibles para proseguir el combate.

Ahora Carrero se daba cuenta de que la guerra había experimentado un cambio tan sustancial como para pasar de ser un conflicto intraeuropeo a serlo de carácter mundial. Siempre había estado en el origen del conflicto «el fundamental designo judaico de aniquilar Europa, como medio de reducir a ruinas la Civilización Cristiana», pero ahora era mucho más patente que una y otra se jugaban, «lisa y llanamente», su destino.

Si ya en todos sus textos anteriores Carrero lo había dejado claro, ahora lo decía de un modo todavía más expresivo: gran parte de los errores cometidos por el Eje derivaban de olvidar «la influencia que el mar tiene en la vida del Mundo». Ahora parecía Italia, y no Alemania, la culpable de este grave error estratégico. «La entrada en guerra de Italia —escribía— complicó el problema militar de Alemania, para quien era más conveniente una amiga neutral que una aliada débil, pero Hitler tuvo que aceptar el hecho consumado». Había sido la primera quien había acercado la guerra al Mediterráneo y provocado una intervención en los Balcanes. Alemania, sin embargo, según el subsecretario de Presidencia, seguía siendo, a pesar de las recientes circunstancias adversas, superior en el terreno militar a su adversario ruso. Este, sin embargo, había dado la sorpresa al iniciar la contraofensiva, en la que había demostrado mucha mayor capacidad que lo que hacía pensar la guerra de Finlandia. Sin embargo, el futuro almirante parecía pensar que el ejército ruso, por falta de mandos, era incapaz de aprovechar la ruptura del frente adversario. Con razón opinaba Carrero que en otro frente, el del Extremo Oriente, era previsible que Japón mantuviera una guerra puramente conservadora a partir de este momento, como en efecto hizo.

En estas circunstancias le parecía en ese momento mucho más evidente que hacía un mes la posibilidad de unas tablas entre los contendientes. Por un lado, «no parece inmediato, ni mucho menos, que un colapso en el tráfico marítimo de los aliados determine su derrota», pero tampoco parecía «próximo ni fácil un triunfo de Alemania», como tampoco una derrota como la de 1918.

Lo decisivo para él era que, en esta situación de tablas, Alemania e Inglaterra tenían en sus manos el destino de Europa. Una derrota de Alemania significaría «el comunismo integral en toda Europa», «un cataclismo geológico» y «la más grave crisis del cristianismo católico». Otra posibilidad detestable era la de que Alemania, por evitar su capitulación, acabara por aliarse con Rusia, «con la que, forzoso es reconocerlo, no tiene ninguna divergencia fundamental de tipo religioso y espiritual». Esta frase es, por supuesto, muy indicativa de lo que era la posición habitual de la mayor parte de los militares españoles, que podían sentir identidad política con Italia (aunque no respeto por su ejército), pero no por la Alemania de Hitler; y eso a pesar de la identificación propia con la causa del Eje por razones que tenían que ver con la etapa de la Guerra Civil o el anticomunismo. Ya hemos visto, por otro lado, que Carrero, que identificaba a España con la civilización cristiana, percibía una clara distancia entre ella y el Eje. Una alianza ruso-germana también supondría «una oleada incontenible de comunismo» que «arrasaría Europa entera».

La posibilidad de salvación aparecía en el informe de Carrero en manos de Inglaterra, la cual, si se diera bien cuenta de cuáles eran sus intereses reales, procuraría evitar el pacto ruso-germano. También, sin embargo, le podía corresponder un papel importante a España, a la que en el transcurso de un mes había dejado de corresponderle esa función de aliado del Eje dispuesto a intervenir sólo en el momento en que se encontrara en las condiciones oportunas. Ahora lo que decía Carrero es que «España, la nación de más destacada personalidad en el orden católico, que centra el problema de la civilización europea, no tiene, por desgracia, poder militar suficiente, por su armamento y características geográficas, para salvar a Europa tomando el partido del Eje». Tan sólo le cabía la posibilidad de salvar a Europa por el procedimiento de lanzarse a una actividad diplomática intensa destinada a hacer practicables las dos únicas soluciones que consideraba viables para ella y que coincidían en el objetivo de evitar la penetración comunista hacia su centro mismo: Inglaterra se debía entender con Alemania o bien ésta debía lograr una paz separada con Rusia. La mejor solución era, según él, la primera, pero, a largo plazo, de acuerdo con su mentalidad, Carrero no veía otra posibilidad que un enfrentamiento con la Unión Soviética. La confianza puesta en Gran Bretaña tenía mucho que ver, sin duda, con su condición de marino.

El texto de este informe testimonia que en los días finales de 1942 una persona como Carrero, aun manteniendo una simpatía, en los términos indicados, por Alemania e Italia, se acercaba a una posición exclusivamente «católica» y centrada en el anticomunismo que luego se convirtió en habitual en Franco. La propia tesis de éste, consistente en desdoblar la guerra mundial en una serie de conflictos parciales distintos y con respecto a los cuales España tenía una posición diferente, tiene precedentes en esta postura. La verdad es, sin embargo, que Franco en estos momentos estaba interesado, de manera especial y sobre todo, en mantener la unidad en su régimen. En estos meses ése fue el objeto principal de sus declaraciones, y también sus decisiones siguieron idéntico rumbo. En sus nombramientos militares y políticos procuró combinar falangistas con generales, siempre bajo su liderazgo.

Otro aspecto interesante que plantea este documento es el que se refiere a la posición de Carrero en el contexto de los dirigentes políticos españoles respecto de la postura en la guerra mundial. Era, desde luego, mucho menos explícitamente neutralista que la de Jordana, quien escribió al duque de Alba que incluso si España tuviera un inmenso poder militar permanecería neutral, y que no estaba con el Eje sino contra el comunismo. Pero también lo era mucho más que la de un Arrese, quien veía en el enfrentamiento mundial una lucha entre tan sólo «las ideas democráticas con desembocadura cierta en el comunismo y las ideas totalitarias» y reclamaba discreción en la expresión de la posición propia por pura disciplina interna del falangismo[46].

Malos horizontes para el régimen

Parece indudable que las tesis de Carrero acerca de la guerra mundial influyeron en el juicio de Franco acerca de ella; el problema para él consistió en que no estaba en condiciones de tener ninguna iniciativa diplomática del género de las imaginadas por su subsecretario. De todos modos, da la sensación de que el embajador español ante el Vaticano tuvo como misión incitar a éste a intentar algo que el mismo Franco no podía hacer por motivos obvios, como era lograr que Alemania y Gran Bretaña concluyeran su enfrentamiento. Merece la pena señalar que recientemente, en medios muy conservadores británicos, se ha acusado a Churchill de haber provocado, por su negativa a pactar con Hitler, el avance del comunismo en el centro de Europa. En abril de 1943 Franco llegó a escribir una carta al Papa en la que le hablaba de una supuesta carta de Roosevelt a Stalin que, según él, revelaría la coincidencia entre masonería y judaísmo contra el catolicismo. Pío XII se deshizo en elogios a Franco, pero no tomó para nada en consideración su carta. También en la gestión de algún otro de los embajadores españoles hay pruebas de la voluntad de Franco de convertir la guerra mundial de forma exclusiva en una cruzada anticomunista, sin que tampoco le acompañara un mínimo éxito. De todos modos, si quedó para Franco cerrada esa posibilidad de tener una iniciativa diplomática fue también porque las circunstancias bélicas generales se hicieron cada vez más difíciles para él, puesto que influían de manera directa sobre la política interna. La evolución de la guerra en el norte de África pronto demostró la superioridad militar de los norteamericanos. Durante los primeros meses de 1943 Mussolini hizo el que quizá puede considerarse como su mayor esfuerzo para lograr que España entrara en la guerra a favor del Eje, en su propósito de conseguir que el Mediterráneo fuera considerado como clave para llegar al final del conflicto. Pero, como sabemos, la posición de los dirigentes españoles era muy poco propicia a embarcarse en tal propósito en un momento como el que se vivía, y el desarrollo de las operaciones, favorable a los aliados, no hizo otra cosa que ratificar este punto de vista. En marzo de 1943 Franco inauguró las Cortes, que fueron su primer intento institucionalizador, y ante ellas aseguró que la guerra estaba en «punto muerto» y recalcó el carácter decisivo que tenía para una España dispuesta a tener iniciativas de carácter diplomático la participación en el conflicto de la Unión Soviética. Como en tantas ocasiones, también en esta decisión política que fue la creación de las Cortes debió representar un papel importante Carrero Blanco, que desempeñó una de sus vicepresidencias hasta el momento de convertirse, en 1951, en ministro y que conservó en su archivo oficial el testimonio de su dedicación a los problemas relacionados con las tareas de esta asamblea nombrada desde el poder[47].

Pero las propias Cortes, que habían nacido como un testimonio de la pluralidad de la composición del régimen, constituirían un problema para el mismo cuando se produjo la derrota de Italia en la guerra. A comienzos de mayo tuvo lugar la definitiva derrota del Eje en el norte de África, que presagiaba un pronto desembarco en Italia. En marzo había tenido lugar una áspera correspondencia entre Franco y don Juan en la que el primero había afirmado su decisión de permanecer en el poder, había defendido su política en la guerra y a la Falange y se había quejado de la «formación» de don Juan. Ese mismo verano, veintisiete procuradores de los nombrados por Franco pidieron el restablecimiento de la Monarquía. Quienes así lo hacían querían disociar el régimen español del rumbo que había seguido desde 1939 y darle una vertiente más neutralista, de acuerdo con la evolución de las perspectivas bélicas en la cercanía inmediata. Uno de ellos era Galarza, el exministro que había sido antecesor en su cargo de Carrero. El 10 de julio tenía lugar el desembarco de los aliados en Sicilia, que fue seguido de rápidas victorias hasta la ocupación total de la isla en poco más de un mes. En este ambiente se explica la creciente preocupación en los medios militares, siempre muy reticentes respecto de la Falange e inclinados a la solución monárquica.

En estas circunstancias tuvo lugar la redacción de una instrucción dirigida a las autoridades militares por parte de los ministros respectivos. Esta instrucción, además, nos proporciona un buen testimonio acerca de la forma habitual de trabajar Carrero con Franco. Da la sensación de que ambos debieron hablar previamente de la posibilidad de que la citada disposición fuera redactada. Carrero redactó, a continuación, un texto que fue corregido por Franco de su propia mano con tan sólo algunas supresiones y adiciones. Finalmente la instrucción fue remitida por Carrero a los ministros militares para que, a su vez, dieran cuenta a las autoridades a su mando. Así se mantenía ese carácter aparentemente indirecto de las decisiones de Franco por las que éste tenía tanta predilección[48]. Por otro lado, quien conozca el proceso de elaboración del documento se dará cuenta de lo rápidamente que Carrero había conquistado la confianza de Franco. Si se examinan las rectificaciones introducidas por éste se observa que son mínimas: tan sólo se limitó, por ejemplo, a sustituir las referencias de Carrero a los «anglosajones» por otras, más genéricas y prudentes, a «extranjeros».

La instrucción, por tanto, partió para su destino con el tono que el subsecretario de Presidencia le había dado. Dicho tono, por supuesto, testimonia la sensación de peligro sentida por el régimen en ese momento y la absoluta decisión de mantenerlo porque se consideraba por parte de ambos redactores que, de no hacerlo, estaba en peligro el resultado de la propia Guerra Civil. El documento nacía, como la carta de Franco al Papa que ya ha sido citada, de una información de la que se presumía que era de absoluto crédito, de acuerdo con la cual había «un vasto plan de acción, urdido por la masonería internacional» para «provocar situaciones de debilidad que la pongan de momento al servicio de intereses extranjeros y posteriormente en el mismo estado de aniquilamiento en que se encontraba en julio de 1936». Su objetivo era tratar de conseguir una España «débil y vasalla» y su procedimiento la utilización de los métodos habituales en la secta secreta. A ellos se atribuía en el texto incluso una labor en los más variados terrenos, incluido el de tratar de «colapsar, como sea, las mejoras logradas en los abastos»; se ve, por tanto, que las autoridades del régimen no se sentían satisfechas de cómo iban las cosas en esta complicada materia. Esa labor en el orden político «se concentra activamente hacia la producción de un viraje a un régimen democrático como salto para pasar luego a la República de izquierdas». Ese régimen se conseguiría a través de una Monarquía «creyendo encontrar en el príncipe don Juan un candidato manejable». El resultado, con ello, sería (y aquí venía el párrafo redactado por el propio Franco) «desorientar y deshacer toda nuestra Cruzada». La Monarquía así establecida, con la colaboración de los descontentos y los ambiciosos, sólo sería aparentemente inocua y tendría como consecuencia «hacer imposible en el futuro una instauración monárquica duradera y verdadera en la ocasión oportuna». De esta manera, el documento, como para satisfacer a los militares más identificados con la Monarquía, no dejaba clausurada esta posibilidad restauradora. En el transcurso de la redacción del texto Carrero había remitido la decisión del establecimiento de la Monarquía al propio Franco, pero éste, de manera muy característica, se hizo desaparecer a sí mismo del texto como responsable de esa decisión.

Lo esencial eran los dos últimos folios de la instrucción, en los que se atribuía un papel por completo esencial en el desarrollo de los planes de la masonería a la penetración en el Ejército. Sobre los que mostraran descontento se hacía recaer la sospecha de afiliación a la secta. «Sobradamente sabe la Masonería —indicaba— que mientras los Ejércitos permanezcan fieles a sus virtudes y en bloque inconmovible alrededor del hombre que les condujo a la Victoria, España será la España que soñaron los héroes y los mártires que en la Cruzada cayeron». Por eso «todo cuanto tienda, aunque sea levemente, a separar a los españoles y principalmente los Ejércitos de la más absoluta e inquebrantable adhesión y lealtad al Caudillo debe ser considerado como delito de la más grave traición a España». Por tanto, resultaba imprescindible el mantenimiento de la más estricta disciplina y moral de las tropas, siempre con discreción y procurando prestar especial atención a aquellos de quienes se sospechara que podrían ser díscolos o descontentos.

Lo cierto es que esta instrucción a las autoridades militares no causó los efectos deseados por sus redactores, quizá por tardía y, sobre todo, por el propio desarrollo de los acontecimientos bélicos. Tan sólo una semana después de redactado este documento cayó un Mussolini acosado por las derrotas, y este hecho tuvo una destacadísima repercusión en España. No podía menos de ser así, pues, en definitiva, el modelo elegido por la Falange era el del fascismo italiano. Entonces hubo en el Partido un auténtico pánico a que lo sucedido en Italia se reprodujera en España. Muchos años después Carrero recordaría que en este momento los locales de la Secretaría General del Movimiento fueron abandonados por los propios miembros del Partido. Eso era un testimonio de la imperdonable fragilidad de éste.

También para los altos cargos militares lo sucedido en Italia constituía un testimonio de los peligros que acechaban al régimen y de la posibilidad de que, por haber estado éste vinculado a la causa del Eje, fuera derribado y sustituido por una fórmula republicana. En realidad, la mayor parte de los altos cargos militares estaba, como Franco y Carrero, de acuerdo en lo peligroso de la situación; pero su diagnóstico acerca de las causas era muy distinto y su actuación a partir del mes de agosto lo testimonió, como también se puso de manifiesto que la instrucción que hemos citado había tenido muy poco efecto sobre ellos.

A comienzos de agosto don Juan se dirigió por telegrama, de forma un tanto patética, a Franco, pidiéndole que dejara paso a la Monarquía, destinada a ser una fórmula de conciliación. Franco respondió negativamente, alegando que el caso de Italia y el de España eran distintos; pero, al mismo tiempo, dio la sensación de que no quería que se produjera una ruptura radical entre ambos. Por su parte, los tenientes generales tuvieron reuniones y redactaron varios textos destinados a Franco, de los que sólo el que tenía un tono menos taxativo llegó a sus manos. El contenido era, sin embargo, en esencia, idéntico. Los supremos responsables militares recordaban que habían sido ellos los responsables del nombramiento de Franco, se desolidarizaban de la política seguida hasta entonces, a la que calificaban de totalitaria, y pedían el restablecimiento de la «Monarquía Tradicional». Esta expresión había figurado en el borrador de la instrucción escrito por Carrero, aunque no en su texto definitivo, como fórmula que, de forma necesaria e inevitable, conducía por deslizamientos sucesivos hasta el comunismo. La paradoja es, sin embargo, que nuestro biografiado la consideró siempre como su fórmula política ideal.

Franco actuó entonces de una forma que se demostró mucho más prudente que la de un Mussolini que había cometido el error de reunir al Gran Consejo fascista cuando apreció problemas en su régimen. Él, por el contrario, dilató cualquier tipo de decisión e incluso dio por no recibida la comunicación de los generales. A éstos los citó de uno en uno, y de algunos logró que se retractaran de lo que habían firmado; a otros les sometió a una sesión de monólogo propio. Hubo, sin embargo, generales que mantuvieron una posición muy reticente como Kindelán, Orgaz y Varela, pero los mandos militares que ejercían no les permitían adoptar esa decisión drástica de sublevarse que, como hemos visto, parece haber estado dentro del horizonte de lo posible para el propio Carrero. El resultado fue que en un plazo relativamente breve de tiempo, a la altura del mes de octubre, se habían desvanecido los motivos más apremiantes de preocupación de Franco[49].

Pero el alivio no fue más que circunstancial porque, en realidad, aunque se hubiera alejado la posibilidad de que el régimen colapsara como consecuencia de esa oposición interna militar, siguió sometido a la doble presión de la circunstancia bélica internacional y de su repercusión en la política interior. Sería muy correcto afirmar que el peor momento en la vida del régimen de Franco estuvo constituido por los años comprendidos entre 1943 y 1947, sin que ni antes ni después de estas fechas corriera un peligro de derrumbamiento real. A partir del desembarco de los aliados en el norte de África, la España de Franco había elegido la senda de la neutralidad, pero el primero que optó de manera clara por esa opción fue el ministro de Exteriores, Jordana, y sólo a la altura del mes de mayo de 1943 el propio Franco parece haber pensado ya que existía una situación de «punto muerto» entre los dos bandos. Por su parte, los medios falangistas sólo muy a rastras acabaron por convencerse de esa fórmula, que aplicaron porque no tenían otro remedio y con el menor entusiasmo imaginable.

La verdad es que muy a menudo a los dirigentes españoles de la época les informaba de manera pésima el propio servicio diplomático. Al concluir 1943, un despacho procedente de la Embajada española en Alemania aseguraba que desde el punto de vista militar «la sorpresa del invierno de 1942 no se repetirá» porque Alemania había conseguido una absoluta disciplina interna[50]. Juicios como éste pueden haber llevado a Carrero a pensar que el resultado de la guerra mundial podía ser esa especie de empate que hacía posible la intervención diplomática española. De todos modos tuvo los suficientes argumentos también para juzgar que la situación del inmediato futuro no iba a ser ni mucho menos propicia para el régimen en que él desempeñaba un papel tan importante.

Entre enero y mayo de 1944 los norteamericanos, que juzgaban insincera la evolución española hacia la neutralidad y pensaban todavía en las actitudes protagonizadas por Serrano Súñer durante el primer período del conflicto bélico, impusieron a España un corte de los suministros petrolíferos hasta que ésta se plegó a sus exigencias. Por otro lado, en los primeros días de 1944 se produjo una ruptura, que habría de ser definitiva, entre don Juan y Franco. El primero declaró su completa insolidaridad con el segundo, que se despidió de él responsabilizándole ante Dios por sus errores y los de sus colaboradores. Sin duda a Carrero, inequívocamente monárquico, esa ruptura le debió afectar de modo importante. Es seguro que, lo que para Franco fue una dificultad engorrosa en el desarrollo de su política, para Carrero resultó algo muchísimo más grave, un desgarro personal que, sin embargo, trató de subsanar no dando por supuesto ni por irreversible el enfrentamiento entre ambos.

La posición de Carrero respecto de la guerra mundial y el modo en que ésta podía afectar a España alcanzó una última formulación en los meses de agosto y septiembre de 1944. Como en 1942, se trató de una toma de postura provocada por un acontecimiento bélico reciente: el desembarco anglosajón en Francia, que tuvo lugar a comienzos de junio en las costas de Normandía y a mediados de agosto en la Costa Azul. Después de estas dos operaciones que afectaban a España de manera directa por su flanco norte, como el desembarco en África había puesto en peligro su flanco sur, la situación era muy distinta a la precedente. La documentación del archivo oficial de Carrero prueba sin lugar a dudas que siguió estas operaciones con especial detenimiento[51]. Representaban no sólo un prodigio de eficacia militar, en particular naval, sino algo más decisivo todavía. A partir de este momento Carrero dio ya por liquidada la guerra mundial con la victoria de los anglosajones, y los discursos de Franco prueban que también él pensó lo mismo. Por otro lado, de manera mucho más explícita que hasta entonces, Carrero abordó también en sus escritos de consejo a Franco las consecuencias que se derivaban de lo sucedido en el terreno de la política interior. Como comprobaremos, de ningún modo puede decirse que las perspectivas a la vista resultaran halagüeñas para el régimen. Sin duda, este mismo hecho contribuyó a cristalizar en él una interpretación del mundo y de la vida que había nacido en el período de la Guerra Civil. Las dificultades no debilitaron la concepción propia, sino que la acentuaron.

El primero de esos dos textos[52] está escrito en un momento en que las esperanzas de Carrero en que se llegaría a un punto muerto se habían desvanecido, como también se había demostrado que las informaciones anteriormente citadas procedentes de la Embajada española en Berlín carecían de fundamento. A estas alturas, el ejército soviético no sólo había demostrado su capacidad para la ofensiva sino que había llegado a Rumanía y Varsovia. No puede extrañar, por tanto, que Carrero estuviera preocupado. Ahora se percibía «el verdadero peligro que amenaza a Europa», que no era sino la astucia soviética, pues, en efecto, Rusia, explotando las discordias de las naciones europeas, «se ha abierto el camino de invasión de todo el continente europeo», para lo que disponía del apoyo de las «quintas columnas» comunistas de cada una de las naciones del continente.

Los anglosajones estaban apoyando, además, a gobiernos de coalición o de resistencia en que el factor comunista desempeñaba un papel fundamental, con lo que estaban de manera indirecta favoreciendo esos propósitos. Británicos y norteamericanos, «erigiéndose en paladines del liberalismo, tratan de imponérselo al resto de las naciones […] con una falta de sentido práctico como la puesta de manifiesto en su obsesión de aniquilar a Alemania». Para Carrero era evidente en el caso español, pero también de forma más amplia en el del resto de las naciones europeas, que «una democracia liberal hoy es el Frente Popular y las primeras elecciones hechas por un Gobierno de estas características son el triunfo del comunismo». A continuación se empeñaba a fondo contra el liberalismo, al que consideraba utópico «porque utopía es, y enorme, el suponer que todos los hombres (y hasta las mujeres) de una nación están capacitados para exponer su opinión en sufragio universal sobre cómo debe gobernarse su país». Pero no sólo le merecía ese calificativo, sino también el de contrario a los intereses nacionales. Gran Bretaña siempre había utilizado el liberalismo para dominar al mundo porque «sin liberalismo, sin partidos políticos y sin chanchullos electoreros, la masonería no puede actuar, al menos con eficacia». Por eso España no podía ser «sino la Monarquía que convenga y por consiguiente nunca una Monarquía liberal», que llevaría de manera necesaria en poco tiempo al comunismo. Carrero llegaba a pensar que lo mismo podía suceder, sin duda, en la propia Inglaterra, que, sin embargo, no parecía capaz de darse cuenta de esta realidad. En consecuencia, España debía optar de manera decidida, inequívoca e irreversible por el propio régimen que tenía en estos momentos, cuyo contenido definía por el procedimiento de remitirse a tres principios, Dios, Patria y Justicia Social. Por supuesto, esta trilogía recuerda a la del carlismo.

Sin duda, lo más interesante del escrito de Carrero a Franco se encuentra en los dos últimos folios. En ellos quedaban diseñados, en su esencia, los planes de futuro que habría de seguir el régimen tras la conclusión de la guerra mundial. No había ya la previsión de que España pudiera desempeñar un papel diplomático importante, evitando que siguiera la guerra entre los aliados y Alemania. Simplemente se recomendaba mantener una posición de «independencia a ultranza», tratando de hacer ver a los anglosajones que era un error tratar de aniquilar al ejército alemán, «que es fuerza positiva para combatir el comunismo». A continuación venía lo que años más adelante iba a ser la esencia misma de la política exterior del régimen: éste debería «ofrecer todo nuestro apoyo a quienes decidan combatir este grave peligro [el comunismo]». Mientras tanto, el programa interior debía consistir en mantener una posición de resistencia que más adelante resumiría en las tres palabras clave: «Orden, unidad y aguantar». Se trataba de «predicar entre los españoles la guerra santa de la intransigencia antiliberal y anticomunista» y, por consiguiente, «reprimir con mano dura toda actividad política que atente a la fortaleza del régimen». De nuevo repetía esta exigencia respecto de aquel sector político que siempre consideró como más peligroso: «Durísima represión anticomunista, aislando a los comunistas peligrosos del resto de los españoles y haciendo que Policía y Tribunales funcionen con máxima actividad, diligencia y celo».

Las propuestas positivas eran breves y se limitaban a «avanzar cuanto sea posible en la política social» y llevar a cabo la «educación de la Juventud dentro del espíritu del Movimiento». Lo primero constituyó, para Carrero y para otros de su misma generación e idénticas experiencias biográficas, toda una obsesión, en especial en los momentos de la segunda posguerra mundial. Lo segundo perduró, de manera obsesiva, como veremos, hasta el final de sus días. Era el fruto de la convicción de esa idea de que el liberalismo concluía en el comunismo, y exigía una formación que implicara una radical oposición a los principios que podían hacer posible esa solución liberal. La perspectiva de la resistencia a ultranza era, en él, el producto de una convicción firmísima, ligada a su experiencia en la Guerra Civil, y no de una ambición de poder. Tan fuerte era ese convencimiento que la única opción de esperanza para el futuro se basaba en algo tan remoto y teórico como que España quedara como única defensora de la intransigencia católica. «Quién sabe —escribió Carrero al concluir este texto— si Dios depara a España, una vez más, la misión de salvar a la civilización cristiana». Cabría añadir que, de ser así, le correspondería en definitiva la misma función que en el momento de la batalla de Lepanto, ocasión que él historiaría en uno de sus libros, el más premiado de ellos.

El segundo texto está fechado a mediados de septiembre de 1944, cuando ya se había desvanecido cualquier tipo de dudas acerca del triunfo de los aliados en Francia[53]. Se trata del informe más largo escrito por él durante toda la guerra mundial, y aquel en el que intentó hacer una interpretación de carácter global de lo ocurrido en el mundo durante el período bélico. Ahora Carrero no trató ya de hacer disquisiciones acerca de lo que podía y debía hacerse en España, sino que intentó diseñar lo que iba a ser el mundo del inmediato futuro. Su interpretación se basaba principalmente en estrategias de poder y no en principios ideológicos, que sólo tenía en cuenta para señalar el peligro comunista.

Para Carrero, a la altura de septiembre de 1944, la guerra, «mucho más mundial» que la de 1914, estaba ya «a punto de terminar»; de hecho así era, aunque las hostilidades todavía durarían otro año. Para él, por tanto, la «crisis del frente de mar alemán» se había resuelto de forma definitiva, de tal modo que tan sólo resultaba imaginable que Alemania obtuviera una paz de compromiso cuyo contenido territorial estaría, de cualquier modo, muy alejado de lo que se había imaginado que podía ser el resultado de la contienda a la altura de 1940 o 1941. Su conclusión fundamental acerca del período bélico se podría resumir en una frase como la siguiente: «Esta guerra, que bien pudiera llamarse “la guerra del plan Lenin”, es también la guerra de la oportunidad de los Estados Unidos y sobre todo la guerra del gran error de Inglaterra». Buen conocedor de la historia militar y naval, Carrero hacía una interpretación que se basaba de modo principal en la afirmación citada respecto de este último país. Inglaterra no se había dado cuenta de que el mundo ya no era Europa y había aplicado a un conflicto nuevo, mucho más global que en 1914-1918, lo que fue su política exterior tradicional en siglos pasados. Su fórmula, a lo largo de la Historia, había sido mantener el dominio del mar y conseguir un equilibrio continental que, caso de ser perturbado, la llevaría a ella a intervenir en contra del perturbador.

Pero ya las circunstancias no eran las mismas. Ahora el conflicto había demostrado que el mundo no era sólo Europa. La URSS había creado, protegida por el espacio y el invierno, toda una potencia militar y una mística. «Hoy —escribía Carrero— las ambiciones de Stalin no tienen límite y sería infantil suponer que se satisfaría para siempre con tal o cual conquista de extensión limitada. […] Stalin quiere dominar el mundo». El temor al comunismo le llevaba a considerar que había sido el dirigente soviético no sólo el gran beneficiario del estallido de la guerra, sino, en última instancia, quien la había hecho posible por el procedimiento de pactar con Alemania. Pero la guerra había sido también «un buen negocio» para los Estados Unidos, que «no arriesgaban mucho y podían ganar mucho»; además, «el pueblo americano, muy influenciado por el judaísmo, odiaba a Hitler por sus persecuciones antisemíticas».

Lo esencial del presumible desenlace de la guerra era, para Carrero, el problema de Europa. Para Inglaterra de forma inmediata y, a más largo plazo, para los Estados Unidos, resultaba por completo imprescindible evitar que Europa cayera en manos comunistas. Inglaterra nunca podría por sí misma recuperar la hegemonía de los mares; sus intereses coincidían, por vez primera en la Historia, con los del resto de las naciones europeas. Era precisa, por tanto, la creación de una «comunidad europea» llamada a la defensa frente al comunismo. En los dos folios finales de su texto llegaba a hacer Carrero un arriesgado reparto de influencias futuras entre Europa y los Estados Unidos, destinado a mantener la «hegemonía de la raza blanca». Esta Europa anticomunista habría de tener la supremacía en África y Asia occidental, mientras que a los Estados Unidos se les reservaba el Asia oriental. De este modo se detendría la posible penetración comunista. Integrada en esa Europa, a España le podía corresponder la función de convertirse en defensora de los principios de la civilización cristiana.

Ambos documentos que venimos citando, como no podía ser menos, coinciden en puntos fundamentales: Alemania debía considerarse como derrotada; de ello derivaba un panorama dramático para el régimen español, que debía ante todo resistir y que se encontraba ya muy lejano de cualquier seria posibilidad de iniciar una gestión diplomática con posibilidades de éxito.

En definitiva, como él mismo aseguraba de forma explícita, la guerra mundial había acabado ya para Carrero a la altura de octubre de 1944, lo que nos permite llegar a algunas conclusiones acerca del papel que le correspondió en la definición de la postura española ante ella. Lo primero que se debe advertir sobre el particular es que son falsas las interpretaciones que atribuyen tan sólo a su persona la responsabilidad de que España no interviniera en la guerra, como también aquellas otras que aducen que no hizo otra cosa que defender lo mismo que el resto de los dirigentes españoles, afirmación que está implícita en la versión de los acontecimientos que hace un Serrano Súñer, por ejemplo. El juicio histórico sobre el particular debe ser mucho más matizado[54]. Debe empezar por indicar, por ejemplo, que una cosa es la posibilidad de una intervención bélica inmediata y otra es aquella que se remite a un futuro impreciso. También debe tenerse en cuenta la simpatía existente o no con la causa del Eje y sus motivos. Y nos queda, en fin, un último aspecto que se refiere a la posición adoptada ante los diversos avatares de la guerra, porque ésta pasó por muy diversos momentos.

Carrero nunca consideró inmediata la posibilidad de intervención española en el conflicto; durante un período extenso de tiempo, a lo largo de 1941 y 1942, la juzgó también inevitable, aunque lo cierto es que las condiciones que ponía para que se produjera (la toma de Suez, por ejemplo) nunca estuvieron a punto de cumplirse por parte del Eje. Respecto de éste, lo que Carrero pensaba nos remite a la colaboración producida durante la Guerra Civil y, en absoluto, a una identidad de principios. Si se coincidía con el Eje era porque el adversario era el mismo, pero nunca hubo en Carrero esa identificación total con Italia que hubo en el caso de la mayor parte de los falangistas.

Se debe recordar lo que significó para los dirigentes militares españoles la derrota francesa en el verano de 1940: nada menos que la posibilidad de darle la vuelta a una larga etapa de humillaciones en el norte de África y, además, obtener reivindicaciones territoriales a bajo coste. Concluida la guerra mundial, Carrero pensó que el juicio de Nuremberg no sólo no era honesto, sino que constituía «una invención típicamente moscovita» y señalaba «uno de los momentos más sombríos que registra la Historia […] porque a la venganza […] se le quiere dar un viso legal»[55]. Esta opinión, sin embargo, no nacía tampoco de una identidad con los encausados, sino tan sólo con los almirantes alemanes que habían practicado una guerra submarina exactamente igual a la realizada por los norteamericanos en el Pacífico. Carrero sabía de sobra que nada tenía que ver su ideología católica con Hitler.

El fundamento de la posición del futuro almirante debió coincidir con el de la de Franco y de muchos otros sectores militares, y remachó en aquél una espera en la decisión de intervenir que alejó de España el conflicto cuando Alemania se desinteresó del Mediterráneo y, sobre todo, cuando empezó a sufrir derrotas. Luego, retrospectivamente, Carrero atribuiría a Franco la no intervención en la guerra, pero deben recordarse todos estos matices, que varían de acuerdo con las personas y los momentos. Ya hemos visto lo que resulta de la comparación entre las posiciones de Jordana y Carrero, pero también podría hacerse idéntica operación con Muñoz Grandes, muy proclive a la intervención hasta 1942. A partir de este momento, Carrero dedicó sus informes militares acerca de la guerra a la especulación estratégica. Desde un punto de vista crítico se puede decir que cometió alguna ingenuidad, como pensar que se podía engañar a los aliados, o que menospreció el tremendo potencial bélico norteamericano. Pero otros juicios suyos, como los relativos a la futura decadencia británica o a la penetración comunista en el centro de Europa fueron correctos y, sobre todo, influyeron muy decisivamente en la visión de Franco.

Sin embargo, quizá la mayor significación de la actuación de Carrero en estos años iniciales de su labor como consejero de Franco se refiere a lo que pudo colaborar a la desaparición del papel de una Falange con pretensiones hegemónicas. Con ello contribuyó a consolidar el poder político personal de Franco y también a conducir su régimen por una senda apreciablemente distinta que no era la del partido único y la vocación totalitaria. El cambio acontecido de Serrano a Carrero fue, sin duda, esencial, duradero e irreversible. Así lo comprobaremos en las páginas que siguen.

Capítulo tres

Orden, unidad y aguantar (1945-1948)

Sabemos, sin sombra de duda y por sus propios textos, que Carrero, como muy posiblemente el propio Franco, pensó que el desembarco de los aliados en Normandía, con su consolidación posterior y el avance a través de Francia, había resuelto de manera definitiva esa guerra mundial en la que de forma tan acusada se podía jugar el destino de la España vencedora en la de 1936-1939. A partir de este momento no hubo ni la menor sombra de especulación acerca de la posibilidad de intervenir en el conflicto. Tampoco parece que ni uno ni otro concedieran una importancia excepcional a las armas secretas que Hitler seguía mencionando como medio para darle la vuelta al resultado de la guerra. Ya desde 1944 la preocupación de Carrero y del propio Franco se centraba en cómo sobrevivir en un medio internacional del que, en principio, podía pensarse que sería muy hostil. Lo fue de modo extremado, hasta el punto de que puede asegurarse que nunca fue tan difícil la situación política del régimen como en estos momentos. Con la perspectiva del historiador cabe decir que, después de 1947, ya se disipó de manera definitiva la posibilidad de un cambio de régimen en España hasta el momento mismo de la muerte de Franco.

Luis Carrero Blanco estuvo en el centro mismo de la política española en este período decisivo. De su influencia respecto de la posición de Franco durante la guerra mundial hemos tenido pruebas en la crisis de 1942 y en el planteamiento de la política exterior en torno al conflicto. El mejor testimonio del decisivo papel que desempeñó entre 1944 y el momento de convertirse en miembro del Consejo de Ministros en 1951 lo tenemos en el hecho de que Franco le encargó la gestión más delicada de lo que hasta entonces había sido su trayectoria política: la entrevista con don Juan de Borbón, para comunicarle su decisión respecto de la Ley de Sucesión. Se podía haber pensado en muchas otras personas para responder a este papel de intermediario (de hecho, algunas habían ejercido tal función de forma más o menos oficial con anterioridad), pero en el momento decisivo fue a Carrero a quien le correspondió desempeñar esa misión. Si así fue, la razón estriba en que ya en meses precedentes le había correspondido también un papel decisivo como mentor del entonces Jefe del Estado.

Hay rastros escritos de que, desde aproximadamente el mes de noviembre de 1944, Franco despachó con Carrero la información procedente del exterior más importante que llegaba a las autoridades del régimen. Merece la pena señalar que, antes de esta fecha, es decir, durante el ministerio de Jordana, no existen pruebas de que el subsecretario de Presidencia filtrara la llegada de documentos de la diplomacia española que tenían como destinatario final, al menos en potencia, a Franco. Ya en el momento en que fue nombrado Lequerica, Carrero empezó a desempeñar tal tarea. Su letra aparece con anotaciones interesantes en una parte reducida de los informes que llegaban a Madrid. Resulta evidente que aquellos textos en los que hizo figurar «Su Excelencia» o «muy interesante», o aquellos que subrayó, desempeñaron un papel crucial en su manera de enfocar la situación y, en consecuencia, pudieron influir de manera decisiva, en un segundo momento, en la propia persona de Franco.

A estas alturas, las fuentes de información de los dirigentes españoles eran escasas, y más aún aquellas a las que Franco y Carrero pudieran prestar su confiado asentimiento. No podían fiarse, por ejemplo, del embajador en Londres, el duque de Alba, que ya había hecho profesión fehaciente de monarquismo y de deseo de que Franco abandonara el poder. Por lo que podemos saber gracias a esas anotaciones de Carrero, parece que fueron dos informantes los que le resultaron de mayor interés para configurar su actitud en los meses finales de la guerra mundial. En primer lugar, el embajador español en Berlín, Ginés Vidal y Saura, un diplomático experimentado situado en un punto de observación de primerísima importancia. Consciente del derrumbamiento militar alemán a medio plazo, el embajador percibía que en los medios oficiales de la capital alemana, a pesar de que se presentara al adversario como una unidad, se veía con interés la configuración en el Viejo Continente de dos bloques, uno oriental liderado por Moscú y otro occidental, dirigido por Londres y del que formaría parte España. Entre ambos aparecía como remotamente posible alguna gestión diplomática alemana.

Esta presumible división de Europa en dos bloques, coincidente con la óptica de Carrero, aparecía también en los informes de otro observador, el agregado de prensa en Lisboa, Javier Martínez de Bedoya. En uno de ellos Carrero puso un significativo interrogante en un párrafo en el que se planteaba la posibilidad de que los Estados Unidos mantuvieran una política de distanciamiento aislacionista sin tener en cuenta los conflictos de poder europeos; subrayó también otro párrafo en el que se hacía mención a la eventualidad de que España se convirtiera en objeto de trueque entre Londres y Moscú. La despedida del embajador norteamericano, el profesor católico Carlton Hayes, también le llamó la atención, hasta el punto de anotar en ella «muy interesante». Dicho embajador había acudido a España con una posición muy negativa sobre Franco; ahora, en cambio, partía con el convencimiento de que tanto en los Estados Unidos como en España existía una tendencia coincidente a desconfiar de quienes se llamaban demócratas y en realidad no lo eran. «Si por parte de España —concluía— hay […] una pequeña evolución […] estas dos evoluciones, la de la opinión americana y la de la española, permitirían que nos encontráramos a mitad de camino.[56]» Sin duda esos dos términos («pequeña evolución») pudieron desempeñar un papel de primerísima importancia en la estrategia que luego adoptó el régimen de Franco.

Todavía durante el mes de enero de 1945, cuando apenas quedaban tres meses para el suicidio de Hitler, el embajador español en Alemania seguía pensando que, si bien existía una «grave crisis militar alemana», subsistían, sin embargo, posibilidades de que se enderezara la situación. Para él empezaba a parecer que ya no existía otra posibilidad de cambio en las alianzas que la nacida de un comportamiento de los rusos semejante al que habían tenido en Polonia, imponiendo un Gobierno propio identificado con los comunistas. Pero ya los motivos de preocupación para los dirigentes españoles empezaban a ser muy otros, porque se referían a la propia subsistencia de su régimen. Los informes que llegaban acerca de la situación francesa revelaban un «estado de inquietud y de intranquilidad» que no era otra cosa que la prolongación de la lucha de la Resistencia contra la ocupación alemana en la que, como es sabido, habían participado no pocos españoles republicanos. A Carrero Blanco, que subrayó cuidadosamente estos informes, le trajeron sin duda el recuerdo de la Guerra Civil española, sin el cual no puede explicarse su actitud durante todo este período. Para él, como para Franco, existía un peligro bien tangible, representado por los siete mil guerrilleros españoles que, según le indicaron sus fuentes, se concentraban en los Pirineos. También había un motivo de esperanza: la de que el ejército francés controlara de manera definitiva la situación. Pero todavía una mayor confianza en el futuro nació del posible cambio de la posición norteamericana provocado por la muerte de Roosevelt. Carrero supo de esta posibilidad de forma inmediata gracias a ese observador situado en la capital portuguesa, Martínez de Bedoya, en cuyos informes el subsecretario de Presidencia anotó repetidamente «muy interesante». Para aquél, frente al izquierdismo de Roosevelt, Truman representaba «la limpia mentalidad de un norteamericano de tipo medio», indignado por la política de cesiones seguida hasta entonces con Stalin. Era, por tanto, posible que se produjera esa desunión de los presuntos vencedores en la guerra de la que el régimen español esperaba lo mejor para su posibilidad de subsistencia[57].

A estas alturas, ya a comienzos de mayo de 1945, empezaban a apreciarse de manera definitiva los negros nubarrones acumulados en el cielo contra el régimen. En marzo se había hecho público el manifiesto de Lausanne, de don Juan de Borbón, en el que se ofrecía la Monarquía como alternativa liberal y moderada. Ante la próxima reunión fundacional de las Naciones Unidas en San Francisco no le quedaba a Franco otro apoyo que el de países, como la Argentina de Perón, que se habían colocado a sí mismos en una posición comprometida con su actuación durante la guerra. Carrero subrayó un telegrama que narraba que el ministro de Exteriores francés había lanzado una carcajada cuando un periodista le preguntó acerca de la posibilidad de que su país apoyara la entrada de «la España fascista» en la nueva organización internacional. Siempre, durante la segunda posguerra mundial, Francia resultó el peor adversario de la España de Franco, pero ya a estas alturas era posible percibir algún signo esperanzador para el régimen en las noticias provenientes de Londres, en donde también arreciaban las sospechas de que los soviéticos violaran los acuerdos que habían establecido con las potencias democráticas respecto del futuro de Europa Central[58].

Este conjunto de circunstancias contribuyen a explicar que Carrero considerara de nuevo la situación lo suficientemente delicada como para elevar a Franco un documento con objeto de facilitarle la toma de las decisiones políticas que considerara oportunas. Lo hizo, como en 1942, tras el desembarco aliado en el norte de África, o en 1944, después de Normandía, en dos notas sucesivas cuyo interés no radica tan sólo en el diagnóstico acerca de las circunstancias que vivía el mundo, sino también en que adelantó lo que sería la actitud de los dirigentes españoles. La primera de estas notas está fechada el 12 de abril de 1945, el mismo día de la muerte de Roosevelt y dieciocho antes del suicidio de Hitler[59]. Esta localización cronológica resulta del mayor interés, porque nos revela hasta dónde llegaba la confianza de Carrero en la capacidad militar alemana. En los párrafos finales del documento resucitaba la posibilidad de que los últimos restos del ejército alemán fueran incorporados a la previsible batalla próxima en contra del comunismo; cabía esperar también que hicieran «a la desesperada, causa común» con Stalin, y eso sería pésimo para el porvenir. Por otro lado, Carrero había intuido la debilidad de la coalición aliada. Como en tantas otras ocasiones, la visión de Carrero, documentada y sin duda largamente reflexionada, contenía no pocas intuiciones sobre el previsible futuro, pero también partía de extremadas simplificaciones. Siempre le caracterizaron un enorme realismo a la hora de juzgar la situación internacional, en el sentido de apreciar que los países se guiaban por intereses más que por principios, y una capacidad de propuesta precisa y determinada en este marco internacional, de la que Franco no discrepó en nada verdaderamente esencial a lo largo del tiempo.

Ahora Carrero veía la situación internacional presidida por tres hombres, Churchill, Roosevelt y Stalin, que decían inspirarse en la respectiva opinión pública de cada uno de sus países pero cuyas posiciones él atribuía a otros motivos. Gran Bretaña no se había enfrentado a Alemania por ningún motivo derivado de sus respectivos regímenes políticos, sino por temor al imperialismo de esta segunda potencia. En el momento de concluir el conflicto, se encontraba con un imperialismo como el ruso, que era mucho más amenazador que el alemán. En la contienda, los británicos habían puesto la primera piedra para la liquidación de su imperio y tendrían, por consiguiente, gravísimos problemas económicos en el porvenir. Aunque sus intereses no eran los mismos que los de los Estados Unidos, se daban cuenta de que debían contar con ellos, porque eran ya la primera potencia económica del mundo y porque los necesitaban de una forma angustiosa desde el punto de vista militar frente a la URSS. El propósito de ésta resultaba para Carrero perfectamente claro: quería «la total sovietización de Europa, con Inglaterra inclusive». Esta opinión, que la historiografía actual desmiente, pues según ella Stalin habría preferido consolidar la parte de Europa que había conquistado, aunque, eso sí, aprovechando cualquier posibilidad que proporcionaran las circunstancias para acrecentar su poder.

Lo que llama la atención no es tanto lo temprano del desarrollo de una mentalidad de guerra fría en Carrero (lo que nada puede extrañar dados sus parámetros mentales), sino la sensación de que la guerra con el adversario era inevitable, ya en estas fechas. Al «monstruoso designio» soviético había, en efecto, que oponerle «la acción de las armas de todos los países que aún no han caído bajo su férula». No había que dar tiempo a que la URSS se recuperara de las pérdidas experimentadas durante la guerra, ni a que «se enfríe el entusiasmo bélico de los combatientes occidentales». «Hay que atacar a la URSS con la bandera de una cruzada contra el bárbaro», «como contra el Turco», añadía el subsecretario de Presidencia, que no en vano dedicaría durante estos años a Lepanto su obra histórica, obteniendo, como hemos indicado antes, el galardón literario oficial más apreciado de la época. La organizadora de la coalición anticomunista o «bloque occidental, asociando a la empresa a todos los estados europeos no comunistas […] o civilizados» debía ser Gran Bretaña, pero en este proyecto debía corresponder también a España y Portugal un papel decisivo. Esta opinión resulta un tanto contradictoria con esa decadencia británica que Carrero supo intuir.

La verdad es que no sucedió, ni remotamente, así, y que sin la presencia de los Estados Unidos hubiera sido impensable el bloque de oposición a Stalin. Más dudoso resulta todavía que fuera posible o incluso imaginable, como Carrero escribió, «organizar [por parte de los británicos] en Italia, Francia y Grecia sendos movimientos anticomunistas que derriben a los gobiernos actuales y, en un régimen de orden (que ha de ser todo menos liberal) meter a estas naciones en la coalición con la URSS». Por lo menos, el subsecretario de Presidencia se daba cuenta de que un cambio como éste implicaba un viraje completo de la opinión pública inglesa e «incluso vencer la xenofobia antiespañola de la masonería internacional». Sobre ella especulaba de forma un tanto alambicada, pero que al historiador le da la sensación de que correspondía con plena sinceridad a lo que pensaba acerca de la asociación secreta.

De todas estas especulaciones lo único que resultó cierto (pero era lo decisivo) fue el enfrentamiento de los aliados inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. Carrero tuvo, sin embargo, otra intuición que, aunque era de menor trascendencia, adquirió importancia en el momento de la definitiva supervivencia del régimen de Franco en las nuevas circunstancias internacionales. La situación geográfica de España y Portugal, flanqueando posiciones de primera importancia para los norteamericanos y los británicos, acabaría haciendo pensar a éstos en la necesidad de pactar con ambos países. Resultaba, sin embargo, manifiestamente optimista pensar que la posición española era «francamente sólida» porque los anglosajones necesitaban a España para luchar contra el imperialismo ruso y que incluso norteamericanos y británicos acabarían disputándose la amistad hispanolusa en un futuro posiblemente conflictivo entre ambos. El optimismo del informe llegaba incluso a considerar que España era «la cuarta potencia del mundo y quizá la clave para el futuro de éste». Este juicio lo hemos visto ya en el subsecretario de Presidencia, quien lo repetiría en el futuro; era el resultado de su nacionalismo y también de su mentalidad religiosa basada en el catolicismo, que identificaba de modo radical con el ser de España.

Venía a continuación lo que resulta de mayor interés para el futuro de la política interna española. Para Carrero, a los anglosajones «los interesamos por cuanto, aparte de nuestra situación geográfica, somos fuertes y estamos unidos», de tal manera que «cualquier manifestación de debilidad o de falta de unidad nos desvalorizaría ante sus ojos». De ahí que España, íntimamente unida a Portugal, cuya alianza consideraba en este momento de una importancia sustancial, no debiera tolerar «la más mínima injerencia en nuestras cuestiones internas», porque «lo contrario sería demostrar que somos débiles, y no lo somos». Desde este preciso momento, por tanto, aconsejaba Carrero la resistencia a ultranza, lo que, por supuesto, debió coincidir de manera completa con los planteamientos del propio Franco. Esa es la esencial conclusión de este informe. En realidad, la importancia de la situación geográfica española resultaba desmesurada en él y, además, se atribuía a los países anglosajones una propensión a guiarse por los puros intereses estratégicos que no se corresponde con la realidad. Lo cierto es que la posición española era débil. La resistencia a cambiar el régimen no estuvo basada en la fortaleza propia, sino en la decisión de no tolerar, ni siquiera de forma remota, una posibilidad de que se alterara la situación producida como consecuencia de la Guerra Civil.

Esa negativa a introducir cambios sustanciales en el régimen político español aparece todavía más claramente en otro informe mucho más breve, pero cuyo contenido resulta del máximo interés, porque presagia la que sería la línea defensiva esencial del régimen en los meses siguientes[60]. Lo esencial era, en efecto, esta actitud, aunque el punto de partida fuera la situación internacional de la posguerra. Respecto de ella merece la pena señalar un cierto cambio de postura, producto, si se quiere, tan sólo de matices, pero de indudable trascendencia futura. De las tres potencias que, según Carrero, habían de manejar el mundo en el próximo futuro nada cabía esperar, por supuesto, de Rusia. El cambio en la presidencia norteamericana y toda esa tendencia a ver con mayor prevención a la URSS por parte de Truman, a la que Carrero debió llegar como consecuencia de la lectura de los informes procedentes de Lisboa, le hicieron trasladar la fundamental apoyatura exterior de la posición del régimen desde una Gran Bretaña hacia la que sentía propensión como marino hasta los Estados Unidos. De la primera escribió que tenía «un resentimiento marcado» con respecto a España una vez que ésta se había independizado, tras la Guerra Civil, de su tutela. Para nuestro país, Gran Bretaña deseaba «un régimen liberal» que supusiera «un Gobierno manejable a través del instrumento político inglés que es la Masonería». Aunque no lo dijera de modo explícito, bien claro quedaba en este texto que este régimen no era otro que la Monarquía de don Juan.

Carrero se daba cuenta perfectamente de los titubeos británicos respecto de las cuestiones españolas: si no intervenían más en España para lograr un régimen de las características citadas era porque «teme pasarse sin querer» y que, como consecuencia, en España apareciera un «Estado comunista obediente a Moscú». La posición de los Estados Unidos resultaba ahora mucho más neutra: «Nos desconocen y les somos antipáticos por cuanto consideran a nuestro régimen similar al fascismo, pero les gusta que seamos anticomunistas». Con eso y la necesidad de contar con el apoyo estratégico español, Carrero acababa por concluir que resultaba mucho más viable un acuerdo con los norteamericanos. Así sucedería, mientras que nunca fue ni tan siquiera imaginable que Gran Bretaña presidiera ese bloque occidental ni que tuviera una actitud colaboradora con el régimen de Franco.

Pero, como ya se ha señalado, lo esencial del informe de Carrero radicaba en la referencia a la política interna. Ahora, con una sinceridad mucho más desnuda, dejaba ya claro el subsecretario que los tiempos que venían iban a ser muy difíciles. A la hora de hacer mención de las armas con las que podría defenderse el régimen aseguraba que «no tenemos más que tres, pero serán eficaces si se las maneja con habilidad: nuestro catolicismo, nuestro anticomunismo y nuestra posición geográfica».

Por supuesto, llama la atención que la primera de esas armas fuera el catolicismo, no porque no derivara de manera directísima del ideario de Carrero, ni porque no hubiera apuntado ya como argumentación política esencial frente al exterior desde 1944, sino porque nos pone en contacto con lo que habría de ser la inmediata evolución de la política española. Partía de la sinceridad del catolicismo propio, pero también de la necesidad de «prestigiarlo ante el mundo católico y, en especial, ante la gran masa católica de las dos Américas», porque la «propaganda enemiga, difundiendo en América nuestro fascismo (en el sentido pagano de divinización del Estado) ha hecho que los católicos norteamericanos duden de nuestro catolicismo y que muchos, de buena fe, hasta nos crean a las puertas de la herejía». Como en la Guerra Civil, el gran arma de defensa de la España de Franco debía ser, por tanto, su condición de nación católica, al tiempo que la frase transcrita encierra una indudable crítica a la labor hispanoamericanista, de tono próximo al Eje, llevada a cabo por Serrano Súñer. Pero daba la sensación el consejero de Franco de ser consciente de que los destinos del régimen se jugaban mucho más en la América del norte que en la del sur. A la primera sería preciso enviar «religiosos de prestigio y dialéctica que deshagan los errores existentes y nos muestren tal como somos», porque Washington «cuida la cosa católica y procura tener las mejores relaciones con el Vaticano». Franco mismo debía mantener «relaciones continuas y directas con Su Santidad», y «para ello nada mejor que un buen embajador y un religioso de prestigio como enlace directo». Serían, luego, respectivamente, Joaquín Ruiz Giménez y, en algún momento al menos, Ángel Herrera. «El Papa —añadía Carrero— necesita de España y España del Papa; marchando coordinadamente el resultado será mucho mejor». En una frase como esta quedaba prefigurado nada menos que el Concordato de 1953. En un párrafo final del texto Carrero llegaba a sugerir que el Papa debiera ordenar a los obispos americanos que destruyeran los infundios sobre España que pudieran existir entre sus feligreses.

Otras armas serían el anticomunismo, gracias al cual la España de la posguerra mundial podría conseguir los imprescindibles aprovisionamientos de cereal y de armas en evitación de que la situación social diera lugar a intentonas subversivas, y la situación geográfica, que, juzgaba ahora Carrero, «lo mejor es no mentarla», porque de manera clara ya la percibían los anglosajones. La prueba de que esto era cierto es que de ellos mismos (de los medios militares norteamericanos, de forma más precisa) surgiría la iniciativa de instalar bases en España. El hijo mayor de Carrero recuerda haber oído mencionar en 1948, como proyecto, la que luego sería base naval de Rota. Como se ve, bien claro resulta en este informe su condición de antecedente de lo que vendría más adelante.

El cambio político de mediados de 1945

Por supuesto, la primera y trascendental consecuencia de estos dos informes, de modo principal el segundo, fue la crisis gubernamental de 1945. Hubo muchas otras personas que pretendieron influir sobre el ánimo de Franco en el período inmediatamente anterior a la crisis, al margen de Carrero. Una de ellas fue, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, Lequerica, quien recomendó vivamente que Arrese, el secretario general del Movimiento, desapareciera del primer plano de la vida política nacional porque, aunque hubiera hecho meritorios esfuerzos para librar al régimen de su apariencia más fascista, lo cierto era que tenía una pésima imagen exterior. Lo que sucedió fue que no sólo desapareció Arrese del Gobierno, sino también Lequerica, al que Carrero parece haber juzgado como «frívolo» y poco de fiar, con el agravante denigratorio de que, además, hubo de prestar su uniforme para el acto de posesión al nuevo titular de su cartera, Alberto Martín Artajo. Un malintencionado y jocoso diplomático falangista, Agustín de Foxá, bromeó acerca de esta anécdota asegurando que había visto muy a menudo a ministros cambiar de casaca, pero era la primera ocasión en que veía casacas cambiar de ministro[61].

La misma promoción a la categoría ministerial de Alberto Martín Artajo se explica sin la menor duda por el crucial papel que durante la crisis le correspondió desempeñar a Carrero Blanco[62]. Claro está que hubo también, de parte de los sectores que Martín Artajo representaba, una oferta política a Franco, una preocupación por el futuro coincidente con la de este último y un cierto programa político alternativo. El entonces secretario del Consejo de Estado era presidente de la Junta Nacional de la Acción Católica, organismo en el que había coincidido con Carrero, con quien había entablado una estrecha amistad en las circunstancias bélicas ya descritas. Desde marzo de 1945, Martín Artajo, como muchos otros sectores del catolicismo político español y de la propia jerarquía eclesiástica, era consciente de que el final de la guerra mundial dejaba al régimen en una mala situación. Esta creaba la ocasión para ofrecer un nuevo equipo y tratar de producir un cierto cambio en el régimen que él, en una de sus entrevistas en los días que precedieron a la crisis gubernamental, definió con palabras significativas: se trataba de pasar de la «libertad acotada» (es decir, un régimen de una cierta apertura) a la «restauración condicionada» (en la que la institución monárquica quedaría sometida a determinadas cautelas impuestas por el propio Franco).

Martín Artajo se movió mucho de marzo a julio de 1945. Se entrevistó, por ejemplo, con don Juan de Borbón en Suiza y con el propio Franco. Este último, en realidad, le dio pocas esperanzas de estar dispuesto a una transformación «aperturista» de su régimen. Por lo que sabemos acerca de estas conversaciones, defendió a la Falange y dio la sensación de tener perfilado un panorama evolutivo, en realidad poco trascendente, que consistía en hacer una genérica declaración de principios, convertir a España en reino pero sin rey e introducir un nuevo régimen municipal electivo. Calificó a don Juan de «pretendiente», dijo de él que se hallaba ya en una situación de «ruptura» con la situación política española e hizo una dura y muy expresiva interpretación de la llamada «legitimidad de ejercicio»: para la selección de los posibles candidatos al trono era preciso «ver si es apto lo que salga del vientre de la Reina». Artajo llegó al poder, por tanto, con los elementos de juicio suficientes como para saber que era improbable un cambio sustancial en el régimen. Su posibilismo radical le indujo a pensar que algún cambio lograría, pero de hecho lo que tuvo lugar fue una profunda división del catolicismo político, segmentado a partir de este momento entre colaboracionistas y opositores a Franco.

Lo que nos interesa, sin embargo, es el papel crucial desempeñado por Carrero no sólo en la gestión de la crisis, como emisario de Franco, sino en la labor de darle un contenido preciso, el que correspondía a ese previo informe de mayo. Fue Carrero, en efecto, quien comunicó a Martín Artajo el 26 de junio que iba a ser ministro de Asuntos Exteriores, le recomendó discreción y le dio la clave de su nombramiento, resumible en las siguientes escuetas y muy expresivas palabras: «Se te recibirá bien en Roma, y eso importa mucho ahora. Se quiere contar con lo que representas». No es necesario recalcar la identidad entre estas palabras y el informe ya citado. Martín Artajo, la figura clave de la crisis, antes de entrevistarse con don Juan consultó la decisión de ir a verle con el subsecretario de Presidencia, y conversó extensamente con él hasta cinco veces en los días decisivos a la formación del nuevo Gobierno, desde comienzos de julio hasta el día 21. Ese día se conoció la composición del Gabinete, cuya figura esencial era el citado Martín Artajo. Daba la sensación de que el régimen quería adoptar una imagen externa semejante a la de las democracias cristianas europeas, con idéntico trasvase de las jerarquías del apostolado seglar al terreno de la política. Además, la ausencia de un ministro destinado a cubrir la Secretaría General del Movimiento permitía pensar que se desdibujaba el peso del falangismo en su seno, aunque permanecieran ministros de esta significación en carteras importantes (Fernández Cuesta en Justicia y Girón en Trabajo).

En esos momentos finales de un cambio de Gobierno cuyos remotos antecedentes hay que retrotraer hasta el mes de marzo, Carrero siguió subrayando las noticias diplomáticas que luego despachaba con Franco. Anotó un «muy interesante» en una información proveniente de Lisboa según la cual, aunque empeoraran las relaciones entre los anglosajones y la URSS, no era probable una ruptura bélica entre ambos; de hecho, esa posibilidad inmediata desapareció en adelante de sus informes. También hizo una anotación semejante en una información procedente de París de acuerdo con la cual, merced a la intervención norteamericana, se estaba produciendo en España una transformación política tendente a su aparente «democratización», lo que era duramente criticado por la prensa de izquierdas[63].

Pero el propósito, en realidad, no era ése, ni siquiera con las comillas que le daban un carácter de algo ficticio. No se trataba ni siquiera de llevar a cabo una institucionalización completa del régimen, sino tan sólo parcial, e incluso todo lo superficial que podía ser la simple aprobación de una declaración tan genérica como lo fue el Fuero de los Españoles. Esa es la razón que sin duda explica que Carrero Blanco no apareciera como redactor de este último (se hizo en el Instituto de Estudios Políticos, tomando parte en su redacción Castiella), mientras que, como veremos, desempeñó un papel mucho más decisivo a la hora de la preparación de la Ley Orgánica del Estado. Carrero se dedicaba, entre otras cosas, a lo que era por entonces más esencial: la preparación de los propios discursos de Franco[64]. Se ha de tener en cuenta que la dificultad de la situación exterior era tan grande que fue el período 1945-1947 aquel en el que Carrero más informes hizo para Franco, descendiendo en ocasiones a cuestiones de aparente menor importancia en otros momentos.

Eso explica que el primero de los informes políticos redactados por el subsecretario de Presidencia inmediatamente después de formado el nuevo Gobierno se refiriera a una cuestión que ya se había planteado en el transcurso mismo de la gestación de la crisis y que era, en apariencia, de orden instrumental, aunque en realidad tuviera una trascendencia mucho mayor: se trataba de los medios de comunicación. Martín Artajo había querido tener alguna influencia en este terreno, en parte por las responsabilidades ministeriales que le correspondían, pero también por la preocupación que desde siempre habían tenido los medios del catolicismo político acerca de estas cuestiones, y porque era a la vez un indicio de cambio y un medio para probar que se había producido.

Tan sólo cuatro días después de conocerse los resultados del cambio de Gobierno redactó Carrero una nota que testimonia una visión instrumental de los medios de comunicación al servicio del Estado[65]. Una de las consecuencias del cambio de Gobierno había sido que la responsabilidad en materia de prensa había pasado desde una vicesecretaría de la Secretaría General del Movimiento a una subsecretaría dependiente del Ministerio de Educación Nacional. La responsabilidad en la materia sería desempeñada por Luis Ortiz, un hombre procedente de los medios católicos, teniendo como principal subordinado, en la Dirección General de Prensa, a Tomás Cerro Corrochano, cuya significación era idéntica. Desde el punto de vista político resulta especialmente relevante el hecho de que el cambio en la dependencia administrativa, ya de por sí significativo, se viera multiplicado por el diferente perfil de las procedencias. Como Martín Artajo, también Ortiz y Cerro Corrochano tenían un programa cuyo propósito, aún muy genérico y desdibujado, consistía en elaborar una nueva legislación de prensa y «atenuar» el régimen de censura. La inmediata ofensiva exterior e interna contra el sistema político vigente redujo estos propósitos a la nada. Hay que tener en cuenta que en el momento en que tomaron posesión de sus cargos ya se había producido el endurecimiento numantino del régimen de Franco al que se hará mención más adelante[66].

Pero lo que nos interesa es la posición del propio Carrero acerca de estas cuestiones. Hay que partir de que había un primer aspecto del que se puede decir que estuvo inspirado por él mismo: los periódicos hasta entonces dependientes de forma directa del Partido se habían convertido en lo que Carrero denominaba «prensa nacional», es decir, del Estado, y por ello en teoría eran más dóciles que nunca a las inspiraciones del Gobierno. Lo cierto es, sin embargo, que no siempre fue así: hasta el final de su vida guardó Carrero una cierta prevención con respecto a este tipo de prensa.

De ella y los medios de comunicación en general, la visión que tenía Carrero nacía de su profesión militar y de su repudio del liberalismo. No tenía la menor duda de que el Estado tenía todo el derecho a intervenir en estas cuestiones porque «lo mismo que vela por la salud y la seguridad de los ciudadanos y por su instrucción docente, debe velar porque los periódicos y los espectáculos no envenenen a sus hombres». A partir de este principio no puede extrañar que llegara a la conclusión de que «al Estado le interesa que no se digan ciertas cosas y que se digan otras», lo que suponía la necesidad paralela de la censura y de la propaganda. Respecto de la primera no sólo no tenía el menor inconveniente en que fuera previa, sino que le parecía «lógico» «por la misma razón de que las carnes se inspeccionan en los mataderos antes de que las gentes las coman y no se espera a que se intoxiquen para sancionar al carnicero». Estas palabras encerraban una concepción de fondo que era por completo antitética a la mentalidad liberal, sobre la que Carrero, además, ironizaba: había que actuar en materia de censura «con la mayor suavidad en la ejecución para no escandalizar ese pintoresco sentido liberal de algunas gentes de dentro y de tantas de fuera».

Por supuesto, este tipo de planteamiento choca frontalmente con cualquier ordenación legal de los medios de comunicación admisible en la actualidad. Ha de recordarse, sin embargo, que la prensa se regía en estos momentos por la legislación de 1938, elaborada por Serrano Súñer y sus colaboradores, la cual otorgaba al Gobierno una capacidad de intervención más dura que en la Italia mussoliniana. En algún sentido, el texto de Carrero presuponía puntos de vista que, siendo tan ajenos a la libertad de prensa, resultaban moderadores del intervencionismo gubernamental. El subsecretario de Presidencia, en efecto, aludía a la necesidad de elaborar una nueva Ley de Prensa (que no se convertiría en realidad hasta 1966), juzgaba que las empresas de comunicación debieran tener, en cuanto tales, autonomía (cuando sólo en 1952 se les permitió elegir a sus propios directores) y esbozaba la posibilidad de que correspondiera a los propios directores el ejercicio de las tareas de censura, algo que en la práctica siguió siendo una norma después de la ley de Fraga.

Había otro aspecto del texto de Carrero que no se refería ya a la censura sino a la propaganda, para la que, según él, «no hay más que una solución: dinero». Según el subsecretario, era necesario atribuir a la nueva Subsecretaría de Educación Popular una detallada organización, pero, sobre todo, era preciso organizar una «Oficina de Información», adscrita a Presidencia de Gobierno (es decir, a él mismo), cuya función había de ser la propaganda, aunque en absoluto se utilizara este término para referirse a ella. Lo interesante de este proyecto es, en primer lugar, que constituye, en algún sentido, un precedente remoto de lo que en los años setenta fue la sección de documentación que en Presidencia llevó el coronel San Martín. Resulta, además, significativo el entorno de un cierto pluralismo, restringido sin embargo al mínimo, en que esta propaganda debiera llevarse a cabo. Se daba por supuesto que habría medios de comunicación que permanecerían ajenos a la directa labor del Estado, y para ellos se propiciaba una actuación distinta como, por ejemplo, «el pago a plumas prestigiosas colaboradoras habituales de periódicos particulares de determinados artículos que serán presentados a sus redacciones como de propia iniciativa». Aseguraba Carrero que «con habilidad, amabilidad, discreción y […] dinero no es difícil manejar la Prensa que, por el contrario, siempre reaccionará mal ante las imposiciones manu militari». En definitiva, este tipo de actitud distaba también de la opción dictatorial totalitaria o de tipo fascista, basada en la pura función adoctrinadora de los medios de comunicación llevada a cabo desde el poder de acuerdo con el ideario de un partido único.

Hay, en fin, otro aspecto de este documento que merece la pena recalcar de manera adecuada. La necesidad de abordar la organización de la propaganda era el producto de un apremio sentido en un momento de creciente agobio externo e interno. En las semanas inmediatamente siguientes recrudeció esa presión de tal manera que fue preciso que tanto Carrero como el propio Franco adoptaran una posición definitiva. Fue el producto, desde luego, de una línea previa, bien precisa y poco dubitativa, pero necesitó de una reafirmación final que convirtiera lo implícito en explícito y terminante sin muestra de duda alguna.

El espíritu de «Juan de la Cosa»

El momento en que se produjo esta definición fue también aquel en que la presión externa e interna sobre el régimen de Franco fue mayor, hasta el punto de que dio la sensación de que cada día había peores noticias y que las del siguiente empeorarían de forma necesaria las del anterior. Ese período se puede acotar en dos fechas aproximadas que serían julio de 1945 y febrero de 1946. Una simple mención de lo ocurrido durante estos meses revela la magnitud de los problemas con los que los dirigentes políticos españoles del momento debieron enfrentarse. Casi coincidiendo con la formación del nuevo Gobierno, los tres vencedores fundamentales de la guerra mundial se reunieron en Potsdam y, como resultado de ello, hicieron pública una declaración afirmando que no apoyarían la incorporación de España a las Naciones Unidas. Stalin había propuesto en la reunión que se rompieran las relaciones diplomáticas con la España de Franco, de modo que ese texto puede considerarse como el más moderado que estuvo dispuesto a aceptar un Churchill muy poco propicio a la intervención en la vida interna de otros países. Ese mismo mes, sin embargo, el dirigente conservador británico fue vencido inesperadamente por los laboristas, con lo que la situación empeoró para el régimen de Franco. Al siguiente se restablecieron las instituciones republicanas en México y fueron reconocidas de modo inmediato por algunos países iberoamericanos. A fines de año, Francia pidió al resto de los grandes que se adoptara una política más decidida contra España, y el embajador norteamericano abandonó el país, reclamado por su Gobierno para celebrar consultas. A la altura de febrero de 1946 estaba ya planteado el llamado «problema español» ante la ONU, y todas las previsiones coincidían en esperar una condena de Franco[67].

No puede extrañar en absoluto que durante estos meses los dirigentes españoles siguieran con apasionado interés las noticias provenientes del exterior. Eso explica que las comunicaciones diplomáticas llegadas al Palacio del Pardo fueran muchas[68]. Existía, además, una coordinación y una coincidencia perfecta entre quienes las recibían. El extremado posibilismo de Martín Artajo le hizo abandonar por el momento cualquier intento de esbozar un programa político propio; las notas manuscritas con que acompañaba la remisión de la documentación prueban un plegamiento muy estricto a las instrucciones que recibía de Franco (y, quizá, de Carrero). Por su parte, este último seguía filtrando esas noticias para Franco, reservando algunos documentos para que él los viera. Aquellos textos de mayor interés contenían la indicación «S. E». («Su Excelencia»). Con cierta frecuencia el subsecretario de Presidencia incluía comentarios de su propia mano. La eventualidad de que el nuncio fuera nombrado cardenal le hacía preguntarse, por ejemplo, acerca de la posibilidad de que eso supusiera su salida de España. En otra ocasión, una noticia acerca de la reacción producida en Brasil por unas declaraciones del embajador norteamericano fue anotada con un «otro más», refiriéndose quizá al caso del que aún estaba en España. Las protestas brasileñas contra esa intervención en su política interna fueron recalcadas con un «¡magnífico!», porque parangonaban el caso de este país con el español y el argentino[69]. En Brasil, sin embargo, el presidente Getúlio Vargas acabaría cediendo el poder pese a esta resistencia, cosa que por supuesto no sucedió en España. Cuando Franco leía lo seleccionado subrayaba aquellos aspectos que más le llamaban la atención con un lápiz de doble mina, azul y roja. Muy apropiadamente, las malas noticias iban en rojo, mientras que las buenas quedaban en azul.

Desde el momento en que dio la sensación de iniciarse esta ofensiva, tanto Carrero como, por supuesto, Franco tuvieron la clara idea de mantener una resistencia a ultranza, numantina y sin resquicio de blandura. De la actitud del segundo, que cabía esperar como consecuencia de su trayectoria precedente, ningún testimonio más explícito que el comentario escrito que hizo al margen de la propuesta de su cuñado Ramón Serrano Súñer para que formara una especie de Gobierno Nacional con la colaboración de intelectuales como Marañón y Ortega. «Je, je, je», se limitó a escribir Franco[70]. Anécdotas aparte, no cabe la menor duda de que, en un plazo muy corto de tiempo, hubo razones para juzgar que nada esencial iba a cambiar en el régimen. Gracias a haberse conservado las notas tomadas en Consejo de Ministros por Martín Artajo resulta posible reconstruir lo esencial de sus intervenciones. Desde un principio presentó el propósito esencial del cambio de Gobierno atribuyéndolo a un deseo de «ganar el mundo católico» sin, al mismo tiempo, «pordiosear». A veces dio la sensación de ser muy poco entusiasta de algunas instituciones que los falangistas consideraban esenciales. Sin embargo, ya a comienzos de octubre de 1945, dejó caer que encontraba «pocas cosas que rectificar» en cuanto a la arquitectura fundamental de su régimen. A comienzos de 1946, cuando, como veremos, arreció la oposición monárquica, ratificó con palabras especialmente duras su voluntad de supervivencia. Al mismo tiempo, multiplicó las acusaciones de pertenencia a la masonería de los adversarios del régimen[71].

Si el Caudillo tenía una acentuado sentido del poder político y una capacidad para eludir cualquier intento de recortárselo, la actitud de Carrero, más frontal y más de principio, se expresó por escrito y con extensión en uno de esos documentos con los que solía contribuir a las decisiones de Franco[72]. La actitud de éste ya había sido adoptada previamente, pero hay también ecos indudables de los argumentos de Carrero en los que Franco empleó ante el Consejo de Ministros.

Como había sido habitual en él desde el año precedente, e incluso desde el momento en que empezó a desempeñar el papel de consejero de Franco, partió Carrero de una consideración del entorno internacional, haciéndolo de una manera que a veces resultaba muy penetrante aunque en ocasiones manifestara un sesgo interpretativo que se contradecía con la realidad. Para él, la declaración de Potsdam había provocado en España «euforia de los rojos esperanzados en su revancha y nerviosismo en el monarquismo impaciente, temeroso de que pase definitivamente su oportunidad»; había sido, además, «una injusticia» y una «insigne impertinencia» que podía haber afectado a las «gentes blanduchas». Pero lo cierto era que el peligro de esa declaración resultaba mucho menor de lo que podría pensarse de acuerdo con las puras apariencias, y ello no tanto porque Truman y Churchill defendieran el régimen español, como escribió (en realidad no lo habían hecho en absoluto), sino porque se había llegado tan sólo a la «formula platónica» de que no se apoyaría la petición de entrada española en un organismo internacional que ni siquiera había empezado a existir. «A mí —escribió Carrero— me satisfizo porque esperaba algo peor».

A continuación repetía su cruda interpretación de las relaciones internacionales basadas simplemente en cuestiones de interés. Era éste el que, en el momento de concluir la guerra mundial, llevaba a los anglosajones a adoptar una postura que en el fondo iba a resultar beneficiosa para el régimen porque «no solamente no apoyarán, sino que se opondrán a todo lo que pudiera determinar una situación de hegemonía soviética en la península Ibérica». Así fue, en efecto, con el transcurso del tiempo. Carrero acertaba por completo al escribir que a las democracias occidentales «les interesa en España orden y anticomunismo pero preferían lograr esto con un régimen distinto del actual». Hubieran deseado, en efecto, un sistema liberal, pero, en especial a partir de 1948, con la guerra fría, intentaron evitar que adviniera un régimen en ella en que los comunistas pudieran jugar un papel decisivo. Carrero, sin embargo, no hacía esta interpretación, sino que atribuía la preferencia anglosajona por un sistema liberal al deseo de poder manipular a España. «El régimen actual les es antipático —escribió— un poco por papanatismo, pues les parece una cosa vinculada a lo alemán contra lo que hay todavía la fobia de la guerra, pero un mucho, en el fondo, aunque no se confiese ni se confesará nunca, porque es independiente, porque la España actual es libre políticamente, porque es rigurosa y va para arriba, porque es una España como desde el despojo de Utrecht no se conocía y esto molesta y duele». «Los anglosajones, y sobre todo Inglaterra —añadía— quieren una España en orden y anticomunista pero vasalla políticamente». Por eso no reconocerían al Gobierno republicano «y menos si Stalin lo reconoce enseguida, que ojalá lo haga».

Hasta aquí la interpretación que de la coyuntura internacional hacía el colaborador de Franco. Era un diagnóstico que testimoniaba penetración respecto de la evolución de las circunstancias internacionales. Implicaba, sin embargo, en política interna un reto arriesgado y durísimo, en definitiva una especie de jugada de póker en que todo dependiera de una sola carta. A los anglosajones había que enfrentarles, en definitiva, con la decisión de resistir a ultranza sin modificar las instituciones españolas o arriesgarse a abrir la posibilidad de una amenaza comunista en una posición estratégica clave. Cuanto más patente fuera el orden, la unidad y la impasibilidad internas, en realidad resultarían menores las presiones del exterior.

De ahí la conclusión de Carrero en este documento decisivo que nos ha servido para titular este capítulo. «La única fórmula para nosotros —escribió— no puede ser otra que: orden, unidad y aguantar. Buena acción policial para prevenir cualquier subversión; enérgica represión si se produce, sin temor a las críticas de fuera, pues más vale castigar duramente una vez que no dejar de corregir el mal; inutilizar a las personalidades, por elevadas que estén, que, ambiciosas, infatuadas o simplemente inconscientes pretenden perturbar haciendo el juego al enemigo para saltar etapas que no pueden saltarse sin grave riesgo de hundir a España en el caos, anulando el fruto de tanto sacrificio y de tanto esfuerzo y aguantar, impasibles, todo lo que digan fuera sin afectarnos lo más mínimo, hasta que se convenzan, se cansen o se les acabe el dinero a los rojos». Por supuesto, era la herida de la Guerra Civil y la posibilidad de la reversión de su resultado lo que latía en palabras como éstas. La divisa «orden, unidad y aguantar» resume de manera perfecta la reacción del régimen ante la presión exterior. Muchos años después Carrero se la atribuyó al propio Franco, pero parece improbable que naciera de él, pues entonces no tendría sentido que la hubiera puesto en este texto decisivo, dirigido a él y, por si fuera poco, subrayándola.

Dentro de esta mentalidad había una última y quizá inesperada conclusión para el lector de hoy pero que, sin embargo, corresponde de manera clara al espíritu de la posguerra española. Merece la pena señalar que en el texto de Carrero no se dejaba de considerar como posible una evolución política interna que habría, sin embargo, de sujetarse a las pautas y los ritmos señalados por Franco, sin tener en cuenta cualquier tipo de presión exterior. Pero, si eso no urgía, en cambio era preciso «conceder a lo social la máxima importancia». «En esto último sí que conviene ir de prisa», añadía, porque «no solamente es el único medio de neutralizar el caballo de Troya del comunismo de exportación sino, sobre todo porque lo manda Dios». Ese debiera ser, por tanto, el único cambio inmediato. La presión exterior no serviría de nada si España era un bloque porque «a nosotros tampoco nos gustan otras cosas de ellos», y para que hubiera unidad radical «bastará unas cuantas ejemplaridades arriba y verdadera justicia social abajo»[73].

Ya hemos visto que en ocasiones anteriores en que la situación le pareció suficientemente importante Carrero no se limitó a escribir un informe, más o menos extenso, para Franco, sino que concretó su contenido mediante otro posterior. En este momento, verdaderamente decisivo, no sólo lo hizo mediante un nuevo texto, sino a través de otros dos sucesivos que se referían precisamente a aquellos aspectos de mayor trascendencia que habían quedado mencionados en el de finales de agosto.

En un nuevo texto, el subsecretario de Presidencia pasó de la fundamentación de principio de su «orden, unidad y aguantar» a una concreción táctica. Lo hizo en los primeros días de octubre, en que Franco celebró un largo Consejo de Ministros con el nuevo equipo que había acabado de formar, y precisamente como consecuencia de esa primera deliberación acerca de las perspectivas de algunos cambios en el seno del régimen[74].

El fundamento básico del texto de Carrero consistió en plantear la situación vivida en España en términos de un radical dramatismo, que presuponía que era todo lo que se jugaba en las semanas inmediatas. El «enemigo auténtico» no era otro que el mismo comunismo ruso; el recuerdo de la Guerra Civil le hacía asegurar, sin el menor asomo de duda, que España concluiría en una «trágica trayectoria» si cambiaba su rumbo. Los que pensaran de otro modo, imaginando «soluciones viables y estables intermedias», pecaban de «ignorancia, apatía mental o debilidad moral» o eran unos «imbéciles que creen lo mismo y entregan vendida su cabeza para salvar sus bolsillos, sus vanidades o sus ambiciones». De manera implícita quedaban retratados en estas frases la mayor parte de los monárquicos. Si eso ya debió estimular la seguridad de Franco en quien era ya su consejero fundamental, más todavía debió hacerlo el hecho de que concluyera afirmándose «dispuesto a marchar alegremente hasta el final a las órdenes del Caudillo».

A continuación, recomendaba Carrero una doble acción en el terreno exterior y en el interno. En el primero debía ser «reiterada con la misma obsesionante tozudez con que actúa la propaganda bolchevique» la «auténtica disyuntiva», que no era otra que «Franco o el caos». No cabe la menor duda de que esta afirmación no era postiza en Carrero: era lo que él pensaba, y con él una parte importante de la sociedad española, quizá incluso la mayoría de los vencedores de la Guerra Civil. Ni tan siquiera le asustaba lo terrible de la ofensiva adversaria porque España, «si llegase a ser bloqueada por hambre sabría morir de hambre sin retroceder un paso». Junto a esa sensación de seguridad, el único otro recurso era precisamente aquel a que se había acudido a la hora de formar un nuevo Gobierno: «El mundo católico, del que somos adelantados evidentes y que, aunque con lentitud, empieza a ponerse en pie. Roma —añadía— si así lo creyese justo y oportuno podría ser el eje efectivo de una actuación […] que parece vital e ineludible». He aquí una expresión arquetípica de lo que fue calificado como «nacional-catolicismo», del que hay que recalcar, de nuevo, su patente sinceridad.

En el terreno de la política interior, Carrero aconsejaba en dos sentidos complementarios. En primer lugar subrayaba la necesaria dureza represiva, pero no para proponer hacerla descargar sobre la oposición republicana o de izquierdas, sino sobre aquellos sectores que resultaban más peligrosos por más cercanos. En el Ejército debía evitarse la acción perturbadora de «personalidades o altos mandos» que, para evitar que se produjera desmoralización o indisciplina, debían, con un «criterio inflexible», ser pasados a la reserva. Igual sucedía con los monárquicos, de los que decía que «no deben ocupar cargos o posiciones de responsabilidad nacional». «En los sectores financieros —añadía— existen varios de estos hombres que, con la poderosa influencia que concede el dinero, causan daños internos y externos y producen una atmósfera derrotista y perniciosa».

Carrero revelaba su propia postura (y la de Franco) en los párrafos relativos a las medidas que había que adoptar en España. Lo esencial era «no perder ni un solo resorte de autoridad y mando». Por eso le parecían bien las medidas que se tomaran en Consejo de Ministros, pero siempre que no tuvieran como consecuencia el deterioro de una y otro. Mostraba, por ello, reticencias respecto a la «mayor libertad de prensa» en la que, como hemos visto, se había interesado Martín Artajo. Le parecía, sobre todo, que cualquier referéndum que se planteara (estaba en el ambiente y de esta posibilidad se trató en el Consejo de Ministros ya mencionado) «no debe envolver conceptos políticos, ni poner en litigio ni peligro ninguno de los atributos o prestigios del Gobierno y mucho menos del régimen». Lo único que habría que someter a consulta popular, de manera muy estudiada previamente, habría de ser una cuestión que implicara adhesión a Franco y que pusiera en juego «aquellos sentimientos que más pueden ligar a los españoles», es decir, sentido de la independencia y espíritu de conservación. Así se hizo, desde luego, en 1947.

Lo que retrata de manera completa y definitiva a Carrero con respecto a su jefe político era el hecho de que completaba esta panorámica con dos consejos que no siempre dio Franco la sensación de compartir. En su subsecretario había por ejemplo una fuerte desconfianza respecto del Partido, cuyo «problema […] debe ser abordado antes que se produzca una mayor desintegración o desorientación de la que hoy existe». Pero, además, cualquiera que fuera la pregunta que se planteara en el referéndum, consideraba que no deberían aparecer «cerrados, antes al contrario, caminos viables, que podrían perturbar y desviar sectores, importantes, no por lo que cuentan sino por lo que debían representar y por lo que algunos de ellos significaron en la iniciación y desarrollo del Movimiento». Se refería, claro está, a la Monarquía. Franco no fue tan decididamente monárquico y, sobre todo, siempre consideró muy útil el Partido, aunque estuviera lejos de compartir los principios en que se basaba y, en especial, sus referencias originarias en el exterior.

Al final de este texto hizo de nuevo Carrero una alusión a la necesidad de que el régimen de Franco completara su labor social. Sobre el particular es preciso evitar interpretaciones que puedan resultar anacrónicas. Lo cierto es que entre los vencedores de la Guerra Civil había un deseo de restauración de los principios religiosos tradicionales. Ello, sin embargo, no significa que se sintieran partidarios de la recuperación del estricto orden social de la preguerra. Contra lo que estaban era contra los sindicatos, revolucionarios o no, contra la subversión de los elementos vertebradores de la sociedad o contra unas concepciones que resultaran por completo igualitarias. Pero la presencia y tangibilidad de la revolución les hizo pensar en la perentoriedad de una reforma social, incluso de tonos radicales. Por supuesto, otra cosa es que la forma de llevarla a la práctica fuera la oportuna, y menos aún que se hiciera compatible con un orden político de libertades. Sin tener en cuenta esta realidad es imposible comprender, por ejemplo, el fervor falangista de la posguerra. Pero es preciso, además, señalar que no sólo tenía esa significación política. También en el catolicismo existían esos sinceros entusiasmos con unos resultados —por lo menos en las declaraciones de intenciones— a veces sorprendentes para una óptica actual.

En este preciso momento, en que pareció posible que se derrumbara el sistema político nacido de la Guerra Civil, no tiene nada de sorprendente, por tanto, que Carrero sintiera como una exigencia esa voluntad de transformación social. La propia repetida presencia de esta cuestión en sus escritos a Franco es muy reveladora de la sinceridad y la profundidad sentida en sus planteamientos, que, por otro lado, no se repitieron de forma tan insistente en los cincuenta o sesenta, sino que permanecieron larvados o latentes. Ahora, en cambio, quedaron precisados en alguna fórmula que en principio parecería impensable en la imagen estereotipada que se suele tener de él.

Fue, en efecto, el peligro comunista, en cuanto afectaba al mundo en general y también a España, lo que le movió, en este crucial momento para los destinos del franquismo, a reclamar una acción decidida en lo social. En un largo texto que comenzaba por considerar una «plena demencia» el juicio de Nuremberg, explicó la influencia del comunismo como una consecuencia de la «rebeldía de las masas ante la injusticia social»[75]. Lo que nos interesa, sobre todo, es que la urgencia para actuar en este terreno nacía en Carrero de su sentimiento más profundo, más auténtico y esencial, el religioso. «Por mucho que nos duela y nos avergüence —escribió— en el fondo de nuestra conciencia tenemos que reconocer que, durante siglos, los cristianos hemos sido unos malos cristianos»: por eso no se había cumplido el precepto divino de amar al prójimo como a uno mismo, incluyendo a quienes «viven en una cueva, no tienen una sola manta y a lo mejor no han comido en todo el día». Ahora no se trataba, además, de una obligación tan sólo, sino que el dar respuesta a las exigencias de justicia social obedecía también al propio «interés y la necesidad».

Carrero se embarcaba luego en una larga reflexión acerca de los aspectos teóricos del tema, lo que revela, sin duda, que ésta no era cuestión de la que supiera y hubiera meditado. Lo que interesa es que consideraba que sólo un «Estado fuerte y católico», como el que había vencido en la Guerra Civil, «puede hacer justicia social y desarmar al comunismo haciendo justicia, no en nombre de un mito, sino en nombre de Dios y por la grandeza de la Patria». De nuevo hay que recalcar que en este planteamiento no hay nada que pueda ser definido como falangista o fascista: no existe la urgencia de someter, por ejemplo, a los principios de un Estado o a una ilusión imperialista.

Pero, a pesar de ello, el afán de justicia social, nacido de ese sentimiento religioso, alcanzaba expresiones radicales. Vale la pena resumirlo mediante el recurso a un párrafo textual: «Nuestro lema debe ser, “Dios, Patria y Justicia Social” y para lograr ésta, de una manera plena y permanente, parece indispensable llegar a la estatificación del crédito a un tipo muy barato y a la triple representación en los consejos de administración de las empresas. Esto y los impuestos necesarios hasta lograr un capítulo presupuestario de obras sociales que permita resolver el problema de la vivienda y la reforma agraria conveniente para asegurar el trabajo en el campo complementarían el programa del Movimiento, que sería ejemplar en el mundo». Merece la pena insistir en las dos primeras fórmulas. No se trataba de nacionalizar toda la Banca, pero, según Carrero, el crédito agrícola o industrial se lo debía reservar el Estado, quedando para el sector privado tan sólo el comercial; llegaba a asegurar el subsecretario de Presidencia que el crédito no era «una actividad en que el estímulo de ganancia sea lícito o moral». La triple representación en los consejos de administración suponía la presencia en ellos del elemento obrero y del técnico. En definitiva, de acuerdo con estos planteamientos se explican muchas de la medidas que se contemplaron en estos momentos, algunas de las cuales sentaron los comienzos titubeantes de un Estado de Bienestar, mientras que otras tuvieron como consecuencia bruscas alzas de salarios con inmediata repercusión en el nivel de inflación. En alguno de los artículos de «Juan de la Cosa» se traslucen posiciones como ésas.

De cualquier modo, lo importante es que todas estas propuestas se hacían para que el régimen político alcanzara su plenitud, y no para sustituirlo. De esa manera se puede decir que aquél se definía no sólo en contraposición a la República o los vencidos en la Guerra Civil, sino también de una Monarquía de significación liberal, que habría de concluir en lo mismo. Estos no sólo fueron los peores meses del régimen de Franco, sino también aquellos en que la opción monárquica representada por don Juan tuvo más posibilidades de triunfar. A ello habrá que dedicar el siguiente epígrafe. Pero antes de hacerlo es preciso hacer una referencia previa a otra cuestión de importancia. Hemos visto que, en estos momentos fundamentales para el mantenimiento del régimen, Carrero Blanco atribuyó un papel decisivo a la utilización de los servicios de prensa y propaganda. Siempre muy reticente a cualquier libertad de prensa (o aflojamiento de la legislación sobre el particular), en este momento consideró que resultaba de trascendental importancia no sólo controlarla sino también llevar a cabo una labor positiva de defensa interior y exterior de la posición del régimen español. No sólo lo hizo él mismo, sino que el propio Franco asumió tal tarea, sin que sea posible percibir ninguna diferencia significativa entre lo que decían uno y otro. Las instrucciones que el primero daba a Martín Artajo se referían exclusivamente a esta defensa exterior, suministrándole todos los argumentos que debían dar contenido a la acción de la diplomacia española. Normalmente esas instrucciones eran telefónicas (el ministro de Asuntos Exteriores llegó a ordenar que se le hicieran unos auriculares para mayor comodidad en la conversación con Franco), pero ha quedado además un rastro escrito de lo que éste quería que se dijera de su régimen, que era exactamente lo mismo que había recomendado Carrero. El «gran argumento, que está en el ánimo de todos» era el «signo católico del Movimiento español, la adhesión incondicional de las masas católicas y la acogida y afecto que el representante de Dios en la tierra le dispensa»[76].

Si la localización de estas instrucciones en el archivo de Carrero testimonia la identidad de criterio con Franco, todavía resulta más interesante el hecho de que aparezcan también ahí los artículos sobre la masonería que publicó Franco en estos años de posguerra con el pseudónimo de Jakin Boor[77]. Merece la pena recalcar, por cierto, que siendo ambos taxativos defensores de la tesis de la conspiración masónica, a la que atribuían todos los males a lo largo de la Historia de España y en contra del régimen, da la sensación de que Franco era más insistente y repetitivo sobre el particular.

En todo caso, lo más interesante es el papel que desempeñó Carrero en la propaganda en defensa del régimen, sobre todo en el interior de España. No se puede dudar de que tal papel fue fundamental, como se demuestra por la existencia de instrucciones destinadas a la redacción de artículos de fondo en diarios como Arriba. En ellas no sólo se señalaban los temas que, en el debate exterior acerca del régimen español, podían ser beneficiosos, sino también la forma que debían adoptar. Del contenido de un artículo se recomendaba que fuera, por ejemplo, «suave en la forma e intencionado en el fondo»[78].

Lo cierto es que Carrero tenía una muy superior fluidez de pluma que Franco y también un bagaje ideológico más asentado y, por ello mismo, más difícil de modificar. Al margen de sus ideas no cabe la menor duda de que Carrero, en cierta manera, podía ser calificado de militar intelectual. A la altura de 1945 había publicado un total de siete libros o conferencias, todos ellos sobre temas navales, en los que había un componente técnico, pero también histórico. Este fue el caso, por ejemplo, de España y el mar, su libro más importante, aparecido originariamente en 1942 pero destinado a una reedición muy ampliada veinte años después. Las reflexiones periodísticas que hizo en este momento y en posteriores remitían a preocupaciones de carácter más general o elaboradas de forma más cuidadosa en sus libros. En el prólogo de La victoria del Cristo de Lepanto, que fue publicado en 1948 por la Editorial Naval y que había obtenido el Premio Nacional de Literatura «José Antonio Primo de Rivera» del año anterior, hay un paralelismo muy preciso entre aquel acontecimiento bélico y la situación por la que iba pasando España en los últimos tiempos. En 1571, como cuatro siglos después, se enfrentaban «una mística bárbara y anticristiana» y otra «verdadera»; como entonces, España representaba la segunda[79].

El escritor Carrero Blanco era también un articulista polémico y denigratorio muy eficaz, que utilizó su pluma como ariete contra los adversarios de Franco. A este respecto hay que hacer mención de los numerosísimos artículos radiofónicos que escribió en este momento de peligro para el régimen a partir de octubre de 1945 y, sobre todo, a lo largo de los meses más tensos, durante todo el año 1946. Dado que eran emitidos por Radio Nacional, con la que debían conectar todas las emisoras españolas, ya se puede calcular su influencia, sobre todo teniendo en cuenta que se emitían en más de una ocasión y a veces trataba de media docena de textos cada mes. Luego estos artículos, firmados con el pseudónimo «Juan de la Cosa», fueron publicados por una editorial privada valenciana perteneciente a un amigo en una serie de pequeños volúmenes que no debieron de tener mucha difusión a pesar de que se sabía quién era el autor.

Muchos años después, poco antes del asesinato de Carrero, Fuerza Nueva hizo una reedición de los tres primeros tomos[80]. No parece que el contenido de estos artículos fuera consultado a Franco, pues éste parece haber desconocido alguno. Pero sin duda existía, como siempre, una básica identidad de criterios entre ambos.

El Carrero que aparece en estos artículos mantiene una absoluta identidad con el redactor de los informes a Franco, pero emplea el lenguaje desgarrado propio del destino que quería dar a sus escritos. En ellos se aprecia una visión conflictiva de las relaciones internacionales, un anticomunismo visceral, el recuerdo a flor de piel de la Guerra Civil, la identificación de España con el catolicismo, el radical repudio a cualquier tipo de intervención extranjera y la negativa a moverse un ápice de la situación política vigente. Para él, el imperialismo soviético hacía imposible la verdadera paz en la posguerra. La Guerra Civil había sido la primera victoria contra el comunismo, y los dirigentes republicanos no eran otra cosa que los protagonistas de la revolución: Giral, el presidente del Gobierno en el exilio, había sido quien ordenó el asesinato de la oficialidad de Marina y era ahora una reencarnación de don Oppas. Enumeraba de forma puntual los males atribuidos a la democracia inorgánica en España y se preguntaba qué sucedería en otros países si el líder de la oposición (Churchill, por ejemplo) fuera eliminado como Calvo Sotelo.

A veces, al polemizar con los adversarios exteriores, podía resultar poco comprensible para los españoles que le oyeran, pero no cabe la menor duda de que su retórica fue eficaz en una gran parte de la sociedad española de entonces. El mundo exterior estaba en una «confusión babélica», y frente a él aparecía como inconmovible la España del momento. Muy a menudo sus artículos se dirigían, no a polemizar con los comunistas o sus afines, sino con aquéllos dispuestos a alguna transacción. En este sentido es preciso mencionar un artículo y un supuesto contertulio que apareció periódicamente en esas intervenciones radiofónicas. A comienzos de marzo de 1946, cuando don Juan acaba de llegar al vecino Portugal, Carrero evocó una pesadilla que consistía en la implantación de una Monarquía liberal en España de la que derivaba un régimen comunista. «Otra vez os engañamos y ahora para siempre», aseguraba el espectro revolucionario remitiéndose a la Guerra Civil. Ese contertulio inventado era un don Prudencio que representaba el espíritu conformista de la derecha española, un «patriota sin voluntad para el sacrificio» y «un católico sin ánimo para la penitencia». Pues bien, a este individuo que parecía arrugarse ante las dificultades, tibio y blando ante las agresiones exteriores, Carrero le transmitía un mensaje que no podía ser más claro y explícito: «No hay más solución que la numantina». Era, sobre todo, el español dispuesto a una solución de transacción, que en ese momento podía ser la Monarquía liberal, el destinatario de ese artículo.

La cuestión monárquica: unas semanas decisivas

En directísima relación con esta situación política en que se hacía cada vez más patente la presión exterior sobre el régimen estaba, en efecto, la cuestión de la Monarquía, que se entremezcló de forma estrecha con ella, de tal modo que su tratamiento por separado obedece a razones de utilidad para el historiador y de mayor sencillez en la explicación para el lector, que debe siempre tener muy en cuenta que los dos procesos, que se muestran aquí de forma separada, se daban de forma simultánea, multiplicando la sensación de peligrosidad para el régimen y de inminencia de cambio para quienes estaban contra él.

La Monarquía de don Juan de Borbón se presentó en estos momentos como esa solución intermedia de la que Carrero abominaba porque esperaba que supusiera la pendiente inevitable hacia la República, primero, y el comunismo, después. En marzo de 1945, el manifiesto de Lausanne había ofrecido una institución de reconciliación, manteniendo una distancia con respecto a Franco que ya se había abierto en 1944. Sabemos de la decidida voluntad de éste, apuntalado por los consejos de Carrero, de resistir a un cambio político sustancial; esa posición se fundamentaba en un juicio acerca de la situación internacional, punto en que discrepaban uno y otro por completo con quienes apoyaban la fórmula monárquica.

El juicio que el subsecretario de Presidencia hizo acerca del manifiesto de Lausanne nos resulta conocido no por uno de sus frecuentes escritos a Franco, sino merced a lo que contó a López Rodó[81]. Mantiene, por supuesto, una concordancia absoluta con lo que hasta ahora hemos expuesto. Carrero llegó a la conclusión de que a don Juan había que achacarle «además de desconocimiento de la situación interior de España, una falta de visión enorme de la situación internacional». Para él, lo que el manifiesto suponía era «una declaración pública —la privada era, en efecto, anterior y epistolar— de ruptura con el Caudillo»; «don Juan desiste, por lo visto —añadía—, de reinar en una Monarquía instaurada por Franco». Lo había hecho, según él, por los consejos de quienes eran unos resentidos o servían intereses extranjeros, y ello no hacía otra cosa que demostrar su «falta de visión política».

Hubiera sido imaginable que, ante esta situación, Carrero aconsejara a Franco que se abandonara cualquier contacto con el hijo de Alfonso XIII. Pero ésa habría sido, con mucha mayor probabilidad, la actitud de un falangista o, por hablar en términos genéricos, de aquel tipo de personas que mantuvieron una posición regencialista. En cambio, Carrero siempre fue decididamente monárquico, incluso cuando, como en este caso, quien representaba a la institución adoptaba una posición que contradecía de manera frontal lo que él mismo pensaba en política. Pese a ese enfrentamiento, el subsecretario de Presidencia dejaba abierta la posibilidad de una reconducción de la postura del hijo de Alfonso XIII; por eso proponía no «desahuciarle ni abandonarle con los mentores que tiene en la actualidad». El primer término resulta muy significativo, porque parece indicar que en la mente de Carrero no estaba por completo descartada la posibilidad representada por don Juan, cuando es posible que ya lo estuviera en el caso de Franco. El primero arguyó que don Juan podría convertirse en una «bandera de rebeldía» y que, para evitarlo, lo mejor era que «unos cuantos adictos a su persona, pero que a la vez sean hombres inteligentes, católicos y de firmes convicciones en orden a los postulados del Movimiento, se trasladen a su lado y emprendan la difícil labor de apartarlo radicalmente de todas las influencias a que hoy está sometido». Importa señalar que esta actitud está en el origen de los frecuentísimos viajes entre España y Lausanne de todo tipo de personalidades políticas, desde comienzos de 1945 hasta enero de 1946. Pero, sobre todo, merece la pena recordar que, de ser fiel la transcripción que hizo mucho tiempo después López Rodó de la posición de Carrero, éste habría ya pensado la alternativa a esa falta de identidad de puntos de vista entre Franco y don Juan. «Hay que poner [le] en el camino de que cambie radicalmente y pasados los años pueda reinar —dijo— o que se resigne a que sea su hijo el que reine». Para este último caso Carrero tenía una confianza extrema en la educación que don Juan Carlos recibiera, pues, «bien formado, principalmente en su moral cristiana y en sus sentimientos patrióticos, podrá ser un buen Rey con la ayuda de Dios pero empezando ya a abordar este problema». Un último dato que merece la pena recoger de la actitud de Carrero respecto del manifiesto de Lausanne es el que se refiere a la vertebración del sistema político identificado con Franco. Frente a la habitual indiferencia de éste, Carrero propuso «abordar ya decididamente el problema de las leyes fundamentales que faltan y definir el régimen de España». Se tardaría la friolera de una veintena de años.

En cambio, lo aconsejado por Carrero con carácter más inmediato tuvo mayor influencia. Cuando, el 17 de julio de 1945, muy poco antes de la crisis de Gobierno, habló Franco ante el Consejo Nacional, dejó claramente abierta la eventualidad de una Monarquía tradicional, como la del pasado, a la que había atribuido aquella condición «revolucionaria y totalitaria» que aparece en una de sus cartas a don Juan. Aquélla fue la principal novedad de su intervención, mientras que, en cambio, no pareció tenerse tan en cuenta algo que, sin embargo, el propio Franco mantuvo siempre de forma meridianamente clara: que de ninguna manera se debía poner en entredicho su poder político.

De todos modos, para comprender lo que sucedió a continuación es preciso tener muy en cuenta que la novedad de las declaraciones de Franco acerca de la Monarquía se mezclaba con la objetiva situación internacional existente, y con lo que sus interlocutores deducían de su actitud, hasta crear un malentendido que no tenía en cuenta lo fundamental, es decir, que había decidido, ante todo y sobre todo, permanecer en el poder, quizá incluso sin plantearse ni tan siquiera la posibilidad de que don Juan le sucediera incluso en unas instituciones moldeadas por él mismo.

El malentendido entre Franco y don Juan (o entre los colaboradores de éste y el primero) se descubre como carente de razón de ser, teniendo en cuenta los consejos de su principal asesor y la integridad de lo que decía en público, pero se puede comprender teniendo en cuenta lo que algunos otros de sus colaboradores comunicaban a quienes se mostraban propicios a la restauración monárquica. Al general Varela, por ejemplo, le escribió el ministro del Ejército poco después del manifiesto de Lausanne en unos términos que no negaban por completo la sensación de que se podía producir el advenimiento al trono de don Juan. A mediados de diciembre, el antiguo ministro del Ejército estuvo dos horas y media con Franco en El Pardo y allí, cuando habló al Jefe del Estado de la necesidad de «traer rápidamente la Monarquía», no se encontró con una negativa de aquél. Franco le dijo que quería llevar la cuestión personalmente, que actuaría «con mucho tacto pero sin prisa» (sic), y en cuanto a unas posibles elecciones que «a lo mejor las retrasaba»[82]. En realidad, estaba actuando de una forma dilatoria, según hace pensar la evolución posterior de los acontecimientos y el conocimiento de lo que le sugería su principal consejero.

Hay, en efecto, una distancia enorme entre lo que transmitieron los numerosos viajeros entre Madrid y Lausanne y lo que podemos suponer que pensaba hacer Franco. Importa recalcar que aquéllos fueron muchos y que reunían esas condiciones que Carrero había recomendado: el principal de ellos fue José María de Oriol, pero también Alberto Martín Artajo, Ángel Herrera, Miguel Mateu, Sangróniz, Luca de Tena… mantuvieron esos contactos. Es muy posible que el propio peso de la situación internacional influyera tanto en esos interlocutores como en los consejeros de don Juan, hasta el extremo de hacerles pensar que la entrega de poderes sería inmediata. En realidad, sin embargo, lo esencial no era eso, sino la insistencia de Franco en que la Monarquía debía ser «social y antiliberal» y que don Juan debía colaborar con él. Basta con recordar lo que los consejeros del hijo de Alfonso XIII transmitían en este momento (la disposición de éste para tratar de las modalidades de la transmisión de poderes, pero manteniendo una clara insolidaridad con Franco) para percibir el abismo entre ambos[83].

Pero volvamos a Carrero, que es quien nos interesa, aunque las referencias precedentes hayan resultado imprescindibles. De lo hasta ahora narrado se habrá concluido que había apuntalado la negativa de Franco respecto de un cambio fundamental en el rumbo político, aunque aconsejara dejar abierta la posibilidad monárquica. Fue de nuevo él quien transmitió la más fiel transcripción de la postura de Franco a uno de los más importantes consejeros de don Juan en este momento. En septiembre de 1945 estuvo en Madrid Eugenio Vegas Latapié, y a él le entregó un escrito que, sin duda, había sido consultado con Franco y que era expresivo de las posturas de ambos. La mejor prueba de su sinceridad radica en que muy a menudo transcribía, incluso de forma literal, lo escrito por el subsecretario de Presidencia a Franco con carácter privadísimo[84].

La línea vertebral del texto de Carrero era lo que había venido escribiendo en meses precedentes en defensa de una actitud de resistencia a ultranza. Ahora, sin embargo, quizá teniendo en cuenta las características de su interlocutor (Vegas Latapié procedía de los medios integristas católicos) insistió de manera especialísima en el factor religioso durante la Guerra Civil. Esta («nuestra Cruzada», decía) había sido un «milagro» y «ciego hace falta estar para no ver en esta resurrección de la Patria la decidida voluntad divina». En 1936 España era «un cadáver» como consecuencia de un proceso histórico del que salvaba a Alfonso XIII, cosa que no hubiera hecho un falangista y quizá tampoco, por lo menos en algún momento, el propio Franco. Pero éste, añadía, «recoge un cadáver y al cabo de tres años ha logrado una España desconocida», gracias a su «obra personal».

Venía a continuación una explicación de lo acontecido durante los años de la guerra mundial, que sin duda eran los que proporcionaban mejores argumentos a los adversarios del régimen. Franco, según Carrero, habría señalado «desde el primer momento la Monarquía como meta», pero las circunstancias la habían hecho imposible porque «hay aún mucho camino por recorrer», en referencia, quizá, a la institucionalización del régimen. Carrero aceptaba que durante la guerra mundial se había visto «con simpatía» al Eje, pues «lo contrario hubiera sido una falta de hidalguía impropia de españoles», pero echaba la culpa de la identificación a los dirigentes de la Falange «por un mimetismo tan ingenuo como disculpable» en «los uniformes de nuestros amigos y algunos hasta los gestos y las maneras de ciertos prohombres fascistas». Aseguraba que Franco siempre había querido que Falange no fuera otra cosa que una suma de todos los españoles acogidos al Movimiento, pero en realidad era lo que él mismo había aconsejado desde 1941.

El régimen de Franco era descrito por Carrero como «democrático pero no liberal». No tenía el menor inconveniente en admitir paladinamente que «hoy no tenemos un amigo», pero, en realidad, eso no debía extrañar porque «lo que quieren en el extranjero es precisamente lo que a España no conviene». Incluía en este punto toda su interpretación acerca del panorama internacional y de la necesidad de la resistencia a ultranza, incluida la mención al «orden, unidad y aguantar», y de esta interpretación, sin ni siquiera un asomo de duda, deducía la conclusión que debió resultarle más inaceptable a la otra parte: «Sólo los necios, los cobardes o los traidores pueden dar oídos a los consejos extranjeros sobre nuestros cambios políticos […]. Perturbar hoy la unidad de España dando la impresión de disidencias es, consciente o inconscientemente, una traición». Y ello a pesar de que admitía que en el contexto internacional la única esperanza real del régimen era la división del adversario y la confianza absoluta en que, a base de mantenerse en la resistencia a ultranza, acabaría pasando la ofensiva exterior. A partir de esta panorámica que traducía, como hemos visto, de modo fiel el pensamiento más íntimo de Carrero, éste procedió a hacer su planteamiento de lo que debían ser las relaciones entre Franco y don Juan. Dedicó a ellas tan sólo las dos páginas finales de su escrito y desde el primer momento dejó claro que de ninguna manera era inminente el abandono del poder por parte del primero, que contaba, además, con lograr del segundo una absoluta coincidencia de principios con su persona y con su régimen. Por eso empezaba por señalar que «la única preocupación del Caudillo y de todos los buenos españoles es que éste no es eterno y que Dios puede disponer un día de su vida, y esto aconseja el pensar y marchar hacia la instauración de la Monarquía tradicional». Una frase como ésta remitía a un improbable futuro, posterior a la defunción de Franco, una entrega de poderes que los seguidores de don Juan, por su parte, consideraban inevitable e inminente. Además, ésa era la única oportunidad para que, en efecto, se restableciera el régimen monárquico, porque de intentarlo «contra el Caudillo» sería la «ruina definitiva de la Monarquía»: los españoles no aceptarían un régimen impuesto desde el extranjero que, además, «sería liberal y a las primeras elecciones caería con estrépito».

En definitiva, Franco quería la restauración de la Monarquía «porque dejar a España asegurada en su situación política es la meta de su misión providencial y desea que sea el Príncipe don Juan quien suba al trono de esa Monarquía, pero su ejecución impone una perfecta armonía con el príncipe y su asistencia incondicional y buena voluntad». A cambio, en nombre de Franco, Carrero ofrecía a don Juan mantenerle informado de sus pasos y propósitos. Pero insistía de nuevo en plantear exigencias al hijo de Alfonso XIII: era necesario que separara de su entorno «aquellas personas que por su misión masónica atentan en realidad contra la Monarquía», condenar las actividades de los «rojos» en el extranjero, dejar a Franco «la elección del momento cooperando a dar la sensación de estabilidad del régimen» y desautorizando toda conspiración «o enredo» que pudiera producirse.

Condiciones como éstas resultaban inaceptables para don Juan, no sólo por la dilación que implicaban sino porque además quitaban a la Monarquía la condición de instrumento de reconciliación entre las dos Españas y de normalización respecto del exterior. Cabría, sin embargo, preguntarse si, de haberse cumplido esas condiciones por parte del heredero de la línea dinástica, se hubiera producido la restauración. Da la sensación de que Franco no pensó, en realidad, en ningún momento en la cesión del poder, mientras que quizá Carrero, si sólo de él hubiera dependido, habría sido más propicio a ello. «Todo se ha de llevar con el mayor secreto», concluía el documento de este último; y eso, que era esencial para Franco, no se llevó a cabo. En realidad, era poco menos que imposible que se mantuviera la discreción absoluta en una materia de tanta importancia en la que intervenían tantas personas. Franco, por su parte, debió pensar que, si se mantenían ocultas y no conflictivas sus relaciones con don Juan, éste, de hecho aparecería apoyándole. En todas las conversaciones habidas por terceras personas quedó implícita la posibilidad de que se celebrara una entrevista entre ambos. El contenido de ésta, sin embargo, tenía la equivocidad característica de toda la relación entre Franco y don Juan en estos momentos, porque, si para el primero no pasaba de ser esa comunicación de propósitos de la que había hablado Carrero en su nota, para los consejeros del segundo debía versar tan sólo acerca del modo en que había de producirse la transmisión de poderes. Testimonios de esa equivocidad los encontramos incluso en las propias conversaciones que Franco mantenía en El Pardo. El día siguiente a Reyes de 1946 se entrevistó con Varela, y éste redactó una extensa nota acerca del contenido de la conversación. Quería el exministro del Ejército que Franco fuera «generoso» y que facilitara la llegada de «una situación política estable» a la que sólo se llegaría con la restauración de la Monarquía. Indicó, además, que en la entrevista con don Juan, que ya debía considerarse como inminente en los círculos bien informados, se debía llegar a un acuerdo inmediato pues, de lo contrario, sería muy negativo no sólo para ambos sino, «sobre todo», para la propia España.

Dejó Franco que Varela se expresara en los términos indicados, pero le respondió en un tono que revela que su posición de fondo era muy distinta de aquélla en la que se expresaba su interlocutor. Lo esencial era, para él, mantener un «bloque granítico» porque si el adversario lograra «derribar al portero [es decir, a él mismo] entonces iríamos cayendo todos uno a uno». Este tipo de planteamiento era idéntico al de los informes de Carrero pero, además, de nuevo el criterio acerca de la menor peligrosidad de la agresión exterior repetía lo escrito por aquél. La tercera coincidencia, que testimonia el peso del criterio de Carrero, nacía de la necesidad de que el régimen monárquico no fuera liberal.

Franco dio la sensación de estar dispuesto a entrevistarse con don Juan tras la inminente llegada de éste a Portugal «en una finca en zona de España y próxima a la frontera». Varela, sin embargo, llegó a una conclusión que resultaría certera con el transcurso del tiempo. Si Franco había decidido reanudar el contacto con don Juan había sido porque en un momento la situación le pareció muy grave, pero las noticias del exterior le habían llevado a la convicción de que la situación no tenía tanto peligro. Varela encontró «sereno» y hasta «eufórico» a Franco. «Quizá hoy —escribió— el estado de ánimo de Franco es no avanzar casi nada en el terreno de las concesiones, es decir quiere iniciar solamente un contacto de tanteo; incluso nada me extrañaría que, si pudiera, aplazara la entrevista». Para él, Franco conocía «mejor que nadie el paso lento y la marcha atrás»; por eso, a lo sumo llevaría a cabo una entrevista tan sólo afectuosa, que convertiría en favorable a sus planes, pero no llegaría «ni a un acuerdo definitivo ni a un plan fijo». Incluso le dio la sensación de que esperaba que don Juan no permaneciera mucho tiempo en Portugal, sino que volviera a Suiza[85].

Era preciso conocer la posición de fondo de Franco para poder entender los acontecimientos que siguieron a continuación. El día siguiente de la conversación con Varela la agencia internacional de noticias United Press difundió la noticia del inminente viaje de don Juan a Portugal y de su posterior entrevista con el Caudillo. Esto no sólo rompía con el deseo de secreto de Franco sino que, además, dio la sensación de que éste estaba dispuesto a ceder paso a la Monarquía. El efecto sobre los medios gubernamentales españoles fue inmediato y, como cabía esperar, motivó un nuevo texto de Carrero acerca de la situación política y su posible evolución inmediata[86].

Este escrito empieza por reflejar la indignación de los medios dirigentes españoles por lo sucedido y, en especial, por las actitudes de los monárquicos. Franco y Carrero, que la compartían, debieron sentirla por igual aunque en el primer caso, como veremos, se expresó con mayor violencia verbal. Los términos utilizados por el segundo no fueron, sin embargo, tibios. La noticia había sido acogida «con optimismo por el sector rojo». Pero lo pésimo era, ante todo, el ambiente en «el pequeño sector de los salones bien […] donde, con algunas excepciones, reina más el snobismo, la frivolidad y la estulticia que el sentido común y hasta que el instinto de conservación […] no faltando cretino que señale el síntoma como de agobio de S. E. ante la presión exterior que, más que irritar, parece encantar a estos mentecatos». «Para este sector —añadía— la venida del Rey sin más y como sea […] nos pondrá al abrigo de todos los peligros». Estos frívolos círculos sociales, según Carrero, no se sentían interesados por otra cosa que por «jugar al golf con el Monarca» o «decidir a quién le corresponde ser caballerizo mayor». A los enemigos tradicionales de España (masonería y comunismo) añadía ahora Carrero otros dos, el capitalismo y «la necedad de un gran sector de sus clases elevadas». Por eso, como reacción, aconsejó que Franco visitara por aquellos días las barriadas suburbiales madrileñas.

Pero, según el subsecretario de Presidencia, la descrita no era la actitud mayoritaria de los españoles. Expresó lo que, según él, éstos sentían con una metáfora médica. «El problema de España —aseguró— es el de un padre que tiene a su hijo gravísimo en manos de un experto cirujano que se lo va curando. Su única preocupación es que no le falte éste y sólo ante la posibilidad de que pueda faltarle, admite que otro médico se ponga en condiciones de ocuparse del niño, pero exige que sea el primero el que siga la curación y que, en caso de que tenga que intervenir el otro, no cambie de tratamiento, de método ni de plan». En consecuencia, la realidad española consistía tan sólo en que «por desgracia, S. E. no es inmortal». Por ello era preciso que se pensara en una solución de futuro para cuando él faltara. Ahora, por tanto, ya da la sensación de que Carrero abandonaba cualquier posibilidad de que la Monarquía de don Juan fuera restaurada de modo inmediato.

Lo más interesante es, sin embargo, que ni siquiera en este momento Carrero desaconsejaba el mantenimiento de contactos con él. Sólo «si V. E. fuera eterno decididamente sí [habría que hacerlo], pero, como no lo es y su única sucesión debe ser la Monarquía, […] la entrevista es deseable». Las conversaciones podían dar la sensación de debilidad, pero con ellas habría también ventajas. Don Juan, en primer lugar, se podía convencer totalmente o sólo a medias; en este supuesto, «en ningún caso la situación será peor que la actual». También podía suceder «que S. E. llegue al convencimiento de que el príncipe no puede ser nunca rey de España» y, «en tal caso, habrá que pensar en otra cosa y siempre eliminar incógnitas es avanzar en la resolución de los problemas». En definitiva, Carrero recomendaba mantener la entrevista, «pero convendría el máximo secreto y tranquilizar a la opinión sana con manifestaciones de energía y permanencia».

Resulta del mayor interés advertir que, si Franco hizo caso a Carrero en este último aspecto, en cambio la posible entrevista desapareció como posibilidad de su horizonte inmediato. Ya hemos visto cómo Varela había intuido que así podía suceder porque en el fondo no había pensado en ceder el poder, y ahora las circunstancias exteriores le parecían revestir menor peligrosidad. La entrevista no se celebró sino dos años y medio después, en unas circunstancias definitivamente favorables a Franco. Este, en efecto, tomó, a lo largo de enero y febrero de 1946, algunas medidas que contradecían de manera completa la recomendación segunda de Carrero. Hasta entonces lo aconsejado por éste podía haber sido dilatado, pero el rumbo seguido había sido siempre el que había sugerido.

Martín Artajo estaba, a comienzos de año, preparando el viaje de don Juan desde Suiza, haciendo escala en Palma. Siguiendo instrucciones superiores dejó de hacerlo, y el viaje finalmente se llevó a cabo por Londres, lo que indicaba que don Juan no aceptaba el tutelaje del Jefe del Estado. Pero todavía hubo un testimonio más patente de la posición de Franco. En la última semana de enero escribió a don Juan desaconsejándole el viaje a Portugal, y más aún la permanencia en este país. En el contexto de la carta, la entrevista no sólo parecía lejana, sino imposible. Franco recordó que a través de terceras personas había tratado ante todo de convencer al heredero de la dinastía de la necesidad de «absoluta identificación con su persona» y de que él no aceptaba «ninguna interinidad» para su poder. Muestra de la distancia ya existente entre los monárquicos y el régimen es que, cuando don Juan inició su viaje, los primeros publicaron una nota asegurando que eso no implicaba un acuerdo con el segundo[87].

El mes de febrero de 1946 fue muy difícil para Franco. Antes de que don Juan llegara a Estoril hizo que su hermano Nicolás, embajador en Lisboa, declarara que el viaje de aquél sólo obedecía a motivos privados, lo que era incierto, como por otro lado sabía todo el mundo. En ese mismo mes el Gobierno Republicano en el exilio se instaló en París, mientras que Francia decidía cerrar la frontera. Sólo la frontera portuguesa parecía segura y amistosa, pero en este país residía ya la principal alternativa a Franco[88]. Lo peor, sin embargo, para el Caudillo sucedió en el interior. A mediados de febrero un elenco importante de personalidades españolas en un elevado número de campos, desde el económico hasta el intelectual, hicieron público un manifiesto en que celebraban la llegada de don Juan a Estoril y daban la sensación de que su ascenso al trono no sólo resultaba deseable sino que, además, era inmediato.

La reacción de Franco fue tan inmediata como indignada, y testimonia que la impasibilidad que se suele atribuir a su carácter podía quebrar en las ocasiones en que se sentía desasistido de aquellos en cuya adhesión confiaba. Sabemos, gracias a las notas tomadas por Martín Artajo en Consejo de Ministros, de lo áspero de su lenguaje, mucho más duro todavía que el de Carrero. Consideró el documento citado como «una declaración de guerra» y empleó para sus firmantes términos como «blanduchería», «estulticia» y «los bandidos éstos». «Hay que aplastarlos como gusarapos», concluyó. Para su decisión de resistir los términos fueron más taxativos todavía: «El régimen —dijo— tiene que defenderse con las armas en la mano» y «clavar los dientes hasta el alma». Si había pensado en algún momento en que le sucediera don Juan, lo que de acuerdo con las fuentes accesibles parece improbable, ahora abandonó cualquier veleidad de hacerlo. Se atribuyó la responsabilidad única para llevar el rumbo de España como centinela que nunca era relevado, aquel que vigilaba mientras los otros dormían. Estas palabras, literalmente empleadas en un discurso en el momento de inaugurar salas del Museo del Ejército a comienzos de marzo, revelan el grado de su decisión, en la que sin duda le siguieron muchos de los españoles que habían participado al lado de los victoriosos en la Guerra Civil.

La gestión de la resistencia

Tomada la decisión de resistir a ultranza, a estas alturas de la cronología no se produjo ya en realidad ningún cambio significativo en la posición estratégica de los dirigentes de la España de Franco durante los meses siguientes. Aunque sólo a partir de 1948, y más definitivamente en 1950, tuvo lugar un verdadero cambio en la situación internacional, el período más duro para el régimen fue el que se puede acotar entre marzo de 1946 y octubre de 1947, aproximadamente. Ambas fechas presenciaron acontecimientos importantes. En la primera se hizo pública una nota tripartita de las potencias democráticas (Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos) en la que se expresaba el deseo de que Franco abandonara el poder y le sustituyera un Gobierno democrático. En el verano, la llamada «cuestión española» fue objeto de largo tratamiento en la ONU, pero la aparente unanimidad entre los vencedores de la guerra mundial no hizo sino cuartearse, pues la insistencia de los países comunistas o próximos a serlo chocaba con los escasos deseos de directa intervención en España de los británicos y la creciente desconfianza de los Estados Unidos respecto de los propósitos rusos. Cuando, a final de año, se tomó la decisión de expulsar a España de los organismos internacionales y retirar a los embajadores, la decisión resultó, en realidad, de menor trascendencia que la esperada, pues sólo lo hicieron tres representantes diplomáticos, ya que muchos otros lo habían hecho con anterioridad. Por otro lado, la decisión de resistencia a ultranza había movido un reflejo numantino en una porción importante de la sociedad española, y a la condena de la ONU le siguió en España una serie de manifestaciones de apoyo a Franco que, si bien pudieron estar orquestadas desde el poder, correspondían a una reacción de indudable autenticidad. Se inició, así, el reflujo de la situación.

Desde la primavera de 1947 los Estados Unidos empezaron a cambiar de posición, aunque no como consecuencia de las medidas que entonces tomó el Gobierno español (Ley de Sucesión y posterior sumisión de ésta a referéndum, en julio de 1947). En el mes de octubre se produjeron dos acontecimientos que coincidieron en ratificar la falta de peligrosidad del panorama internacional para Franco. Los máximos representantes de la oposición (Gil Robles y Prieto) se entrevistaron en Londres, pero ni siquiera entonces llegaron a un acuerdo. Ese mismo mes, Kennan, un decisivo asesor del Departamento de Estado norteamericano, aconsejaba cambiar de política con respecto a España. A fines de ese año se iniciaba el camino hacia la normalización de las relaciones exteriores de la España de Franco, en el momento en que por vez primera se presentó una propuesta de revocar la decisión de hacía un año en las Naciones Unidas.

Nos interesa de modo principal que en todos esos meses Franco mantuvo la estrategia puntualmente aconsejada por Carrero, con excepción de la ya mencionada entrevista con don Juan. Siguió, desde luego, haciendo de intermediario de las comunicaciones diplomáticas que llegaban a Martín Artajo y que éste remitía, a su vez, a Franco. Los argumentos utilizados por la política exterior española fueron los que él había sugerido y que, además, eran los únicos viables. Esencial fue, por supuesto, el recurso a la identificación católica y anticomunista. Cuando el representante español en los Estados Unidos sugirió la posible invitación a un grupo de personalidades de los medios de comunicación de este país a España para que comprobaran aquí la situación, Carrero anotó en el telegrama que podía hacerse «siempre que traigan el aval de algún grupo católico». Objeto de especial preocupación fueron, durante estos meses, las relaciones con la Santa Sede. En la primavera de 1946 se llegó a los primeros acuerdos concordatarios desde 1940, en un momento en que el aislamiento español estaba en su punto culminante; no es extraño, por tanto, que Carrero anotara «importante» en uno de los telegramas que hacían referencia a la negociación. Las esperanzas de cambio en la posición de otros países dependían siempre de dirigentes católicos. En la propia Francia, Bidault, el dirigente democristiano, parecía dispuesto a iniciar un cierto acercamiento, aunque siempre que «España cooperara procediendo al cambio de orientación general vagamente prometido pero no realizado». De nuevo Carrero subrayó con detención este telegrama[89].

La estrategia del subsecretario de Presidencia se basaba, de modo fundamental, en dejar pasar el tiempo mientras se resistía a ultranza con la decisión que los citados textos de Franco revelan de forma inequívoca. Esto explica que no hubiera ninguna inflexión en sus recomendaciones hasta finales de 1946, momento en que, como veremos, la reacción provocada en las masas de la derecha por la condena de la ONU fue aprovechada a fondo.

La dureza del lenguaje empleado por los dirigentes políticos de la España de entonces estaba en relación directa con las angustiosas dificultades existentes, y no sólo como consecuencia de la presión exterior, sino también de la propia situación interna. A este respecto hay que hacer mención, antes que nada, al dificilísimo momento del aprovisionamiento interno, que creaba unas circunstancias todavía más graves que las provocadas por la existencia de la guerrilla en una parte considerable de la geografía peninsular[90].

A ambas cuestiones dedicó Carrero una nota para Franco en el otoño de 1946[91]. Respecto de la guerrilla, cabe decir que el escrito del subsecretario de Presidencia ratifica una impresión a la que los historiadores han llegado a través de otras fuentes. Para él, más que de «guerrilla», con posibilidad de constituir un peligro directo para el régimen, se trataba de «actividad terrorista», «atracos, crímenes y secuestros», que creaban una alarma, quizá «desproporcionada», pero cuyo efecto era sólo crear un «ambiente de inseguridad». Ya en octubre de 1946, la nota revela que el ministro de la Gobernación, que era el destinado a combatirla, tenía una impresión «francamente optimista», pero también admitía que esa impresión «no concuerda con la opinión del público porque a éste no se le explica nada». Carrero era, por el contrario, partidario de que se diera cuenta puntual de lo que sucedía porque «el actual silencio de la Prensa y del Gobierno no beneficia fuera y, en cambio, perjudica dentro». Pero, en realidad, la inocuidad de las partidas quedaba revelada en este texto por el hecho de que en ellas, según su propio diagnóstico, «hay mucho más de bandolerismo que de reacción combativa en contra del régimen, por la sencilla razón de que las partidas prefieren robar, simple y llanamente, tomando las vueltas a la Guardia Civil que hacer daños en puentes, vías férreas y conducciones eléctricas». Carrero se limitaba a recomendar que la lucha contra el adversario se concentrara «en una sola mano» y que la Guardia Civil fuera dotada de elementos que permitieran su movilidad.

Lo que más le preocupaba a Carrero en estos momentos no era la guerrilla, sino el «ambiente de fracaso del régimen en lo económico, mediante comentarios, críticas, bulos y una canallesca campaña de descrédito de las autoridades, presentándolas como incapaces e inmorales». Esta situación, producto de un conjunto de circunstancias de las que cabe citar las malas cosechas, las destrucciones provocadas por la Guerra Civil, la propia política económica seguida hasta el momento y las consecuencias de la posición española ante la guerra mundial, le importaba, sobre todo, desde la vertiente política. Llama la atención principalmente de esta nota que diera a este problema un tratamiento cuyo contenido era básicamente policial: había que «emplear todos los resortes que el Gobierno y el Movimiento tienen en su mano sobre la base de que es moral y lícito imponerse por el terror cuando éste se fundamenta en la justicia y corta un mal mayor». En materia de abastos, según él, se había producido «un relajamiento de la autoridad», traducido en la práctica por la tolerancia respecto del mercado negro. Pero, sobre todo, era preciso actuar contra los «agitadores» que aprovechaban las objetivas dificultades existentes para dirigirlas contra el régimen, «metiéndolos por lo pronto en la cárcel y aplicándoles la Ley de Defensa del Estado como agentes de una potencia extranjera». Para tal misión debía movilizarse a la propia Falange, aseguraba Carrero, atribuyendo a ésta una misión parapolicial y no política. «La acción directa de palizas y escarmientos, sin llegar a graves efusiones de sangre —llegaba a decir— es recomendable contra los agitadores ingenuos que sin ser agentes del comunismo hagan el juego de éste». Bien clara está en esta frase la decisión de resistencia y la presión de unas circunstancias, sin duda durísimas.

Más adelante, a fin de año, Carrero hizo una recomendación que se alejaba algo de la sensación de agobio exasperante que parecía dibujarse en el texto anterior, y que tenía un contenido mucho más preciso y técnico[92]. Recordemos que desde Presidencia había sido consciente Carrero, a todo lo largo de la Segunda Guerra Mundial, de los gravísimos problemas existentes con el aprovisionamiento; y ello le había atribuido, al mismo tiempo que una responsabilidad, un conocimiento en esta materia. La nueva nota consistía esencialmente en proponer la creación de un Ministerio de Comercio que tendría todas las responsabilidades acerca de la materia, independizándolas de Industria y reuniendo las existentes en Presidencia, Exteriores y otros organismos administrativos. El texto no ahorraba críticas al entonces ministro de Industria y Comercio, Suances, con esa sinceridad que siempre caracterizó a los escritos de Carrero a Franco. Aseguraba, en efecto, que «por su manera de ser, que él no podría cambiar aunque quisiera, quiere verlo todo e intervenir en todo sin confiar en las decisiones de sus subordinados»; de hecho, había perdido la confianza de lo que genéricamente denominaba como «la calle». Lo mejor sería, en consecuencia, crear un nuevo ministerio con la exclusiva preocupación por los abastos y con la función de tratar de ellos de forma exclusiva en el Consejo de Ministros.

La peculiaridad de la posición de Carrero en el seno del régimen se descubre con la sola mención de que una persona como él, que no era ministro, no sólo recomendaba la creación de un ministerio sino que sugería la persona que podía ser nombrada para desempeñar este puesto (Súñer, entonces subsecretario de Exteriores). Franco, como en otras ocasiones, no atendió el consejo inmediatamente, ni tampoco en su concreción personal. Sin embargo, cuando en 1951 se formó otro Gobierno, las responsabilidades de Industria y Comercio quedaron desglosadas y, además, Suances no desempeñó ninguna de las dos carteras. Se mantuvo, eso sí, al frente del INI hasta los años sesenta desempeñando el papel decisivo en la industrialización española que Franco, su amigo personal, había atribuido a esta entidad.

Una entrevista crucial

La situación política interna cambió significativamente para los dirigentes del régimen en el momento en que, en pura teoría, la presión del adversario exterior parecía mayor. Como antes se ha señalado, en diciembre de 1946, la votación condenatoria de Franco en la ONU tuvo la respuesta de una serie de manifestaciones populares de apoyo que, aunque preparadas por los responsables del Movimiento, tuvieron un indudable apoyo en una parte considerable de la sociedad española. Puede decirse, en este sentido, que el mes final de 1946 supuso no el momento peor de la presión exterior sino el comienzo de su fin, al menos en términos de eficacia política[93]. Tenía, pues, sentido pasar a aquel segundo momento recomendado por Carrero en escritos anteriores: el de alguna fórmula de consulta a los españoles.

Lo cierto es que la decisión de realizarla debió ser muy temprana, porque en mayo de 1946 se dictó una disposición de la Delegación Nacional de Provincias del Partido destinada a realizar una «auscultación» de la opinión pública que habría de realizarse mediante una «verdadera investigación». En cada sección electoral habría un responsable capaz de determinar si el número de las personas pertenecientes a ella, inferior a setecientos cincuenta, eran falangistas, adictos al régimen o enemigos. Los resultados debieron ser muy satisfactorios para quienes la organizaron, pues se calculó que el 63 por ciento de los españoles habrían apoyado a Franco y a su sistema político. Es muy posible que las cifras fueran exageradas por los organizadores, pero de los resultados se deduce, sin embargo, que en alguna porción de la geografía peninsular (por ejemplo, Vizcaya y Guipúzcoa) no se contaba con el apoyo de la mayoría de la población[94].

Lo que importaba no era tanto el resultado de la «auscultación» como la previsión de que con el paso del tiempo sería necesario algún tipo de consulta. El problema no era tanto ésta como su contenido. Inmediatamente después de las manifestaciones en favor de Franco parece éste haber decidido llevar a cabo la consulta, pero, como casi siempre en una decisión de importancia como ésta, surgieron tesis contrapuestas en el seno de los propios dirigentes del régimen. Cuando Franco formó una especie de ponencia para decidir al respecto colocó en ella a Fernández Cuesta y a Martín Artajo, representantes caracterizados de los dos talantes del régimen: los falangistas y los «católicos». Unos y otros estaban de acuerdo en realizar la consulta en un momento en que la popularidad política del régimen parecía firme, a pesar de las dificultades señaladas. Sin embargo, para los primeros lo esencial era llevar a cabo una especie de plebiscito acerca de la persona de Franco que testimoniara su popularidad, mientras que la propuesta de Artajo era más «institucionalizadora», por así decirlo: suponía la definición del régimen como Monarquía y la creación de un Consejo del Reino.

La posición de Carrero no tardó en definirse en uno de sus consabidos escritos a Franco, y lo hizo de una manera claramente partidaria de la segunda opción y no de la primera[95]. La verdad es, sin embargo, que ésta podía resultar especialísimamente grata a Franco, porque no le comprometía con ninguna fórmula de régimen en el futuro y porque, además, acrecentaba el personalismo de la situación política vigente. Esto explica que Carrero dedicara la mitad de su escrito a repudiar la solución plebiscitaria y propusiera a Franco otra opción más institucionalizadora y desde luego monárquica que, sin embargo, también ratificaba, aunque por la vía indirecta, el decisivo papel del Caudillo en la política española hasta el momento mismo de su desaparición.

Carrero consideraba que la idea de hacer un plebiscito o referéndum acerca de la persona de Franco podía parecer, «de primera intención, seductora», pero concluía que, en realidad, era nada menos que «un atentado contra el espíritu del Movimiento y la unidad nacional, una flagrante violación de nuestra doctrina, una claudicación ante el extranjero, una injuria a todo buen español» y algo «totalmente ineficaz desde un punto de vista práctico». Esos juicios tan duros nacían, sin duda, del temor de que la otra opción atrajera a Franco y éste dejara pasar la ocasión de iniciar un proceso institucionalizador del régimen en sentido monárquico. Apenas si es necesario glosar todos esos severos términos empleados por Carrero. En esencia, aseguraba que los poderes de Franco «no se los dio nadie humano […] sino Dios» y que no tenía sentido, por tanto, aplicar una doctrina como la del sufragio universal que no se aplicaba en su propio régimen. Un plebiscito acerca de su persona podría dividir a los españoles en «caudillistas o no caudillistas» y los presentaría como «miserables desagradecidos incapaces de valorar lo que a S. E. deben», al mismo tiempo que otorgaría los mismos derechos a quienes habían sido vencidos por las armas y a los vencedores. Frente al exterior no se trataría de otra cosa que de abrir «una brecha de debilidad» cuando era necesario mantener una «intransigencia total, absoluta, salvaje» ante cualquier intromisión extranjera.

Pero (y aquí venía la alternativa propuesta por Carrero), si no había que ceder en nada a la presión exterior, al mismo tiempo era preciso no «pararnos en el camino de constituir el Estado de forma definitiva, dando continuidad al régimen nacido del Movimiento Nacional». Lo que sí podía ser sometido a referéndum era, sin duda alguna, una «ley fundamental o constitutiva del Estado» para ser luego sancionada por el propio Franco. El subsecretario de Presidencia, por tanto, no sólo daba la sensación de querer que se planteara la cuestión de la Sucesión sino que pretendía, además, la aprobación de toda una constitución, semejante a la posterior Ley Orgánica.

Qué podría ser esa constitución quedaba a continuación esbozado. Lo primero y principal era para Carrero partir de la fórmula monárquica porque «las naciones no pueden ser más que repúblicas o monarquías y en España hay que desechar la República como sinónima de desastre». Estaba condenada a serlo porque tendría necesariamente el carácter de liberal; la existencia de una Monarquía merecedora de este calificativo concluiría también en lo mismo. La solución, por tanto, debía ser la vuelta a una Monarquía «como la existente en España entre los Reyes Católicos y Fernando VII, pero corregida de los defectos congénitos de aquélla». Eso suponía la condena de los «dos errores del siglo, capitalismo liberal y marxismo». En definitiva, lo que proponía Carrero era la declaración de España como reino y la Jefatura de Estado de Franco como «iniciador de la nueva era» y persona que habría de decidir su sucesor, que sería rey «en caso de proceder de la dinastía española o regente en caso contrario». Adviértase que esta fórmula evitaba una especie de regencialismo republicano con el que no pocos falangistas jugaron en años siguientes y daba, de partida, la sensación de que estaba perfectamente clara cuál fuera la línea dinástica, mientras que en el futuro, por parte de estos sectores (sin duda con la tolerancia y a veces con la anuencia de Franco) se jugó con otras posibles soluciones monárquicas distintas de la que correspondía de acuerdo con esa línea de sucesión. Había, pues, una diferencia de cierta importancia entre esta fórmula y la ley que luego fue sometida a referéndum, exclusivamente referida a la sucesión. No hubo la constitución o ley fundamental omnicomprensiva pensada por Carrero, quizá por falta de tiempo o de coincidencia entre los diferentes sectores del régimen. En ambas, de todos modos, lo esencial era la creación de un organismo consultivo, al que en este primer escrito Carrero denominó «Consejo del Reino o de la Corona». Para él, esta institución podía servir para evitar los males de la Monarquía tradicional que mantuviera la sujeción al principio hereditario porque «cuando el Estado español tuvo un Jefe, España fue grande, y cuando el Jefe fue malo, por falta de cualidades para su función, España se vino abajo». Un Consejo del Reino podría, en consecuencia, «neutralizar las deficiencias personales del Rey cuando éste no sea, como hombre, un “gran Rey” e incluso incapacitarle para su función cuando francamente sea un “mal Rey”». Su propósito sería asesorarle en sus decisiones fundamentales, y, pensando en esta función, Carrero proponía que fuera una institución caracterizada por la continuidad y la independencia de la designación real de sus miembros. El Rey, por tanto, debería nombrar todos los cargos menos ésos.

Como ya desde un principio cabía imaginar, lo que Carrero recomendaba era que la designación del primer Consejo la hiciera Franco, pues «yo, personalmente, creo que Dios inspiraría a S. E. lo mejor, como una manifestación más de su Divina voluntad de salvar España por su mano».

En el transcurso de las semanas que siguieron debió hacerse patente, por un lado, que la solución plebiscitaria centrada en la persona de Franco era arriesgada, tal como Carrero lo había indicado, y que la designación de consejeros por éste tenía también graves inconvenientes. Pudo haber sido el propio Jefe del Estado quien se dio cuenta de ello, puesto que le comprometían de forma peligrosa en caso de que esos nombramientos resultaran controvertidos. En consecuencia, Carrero volvió a emitir un nuevo informe, mucho más breve, en que descartaba esa fórmula y proponía que, «puesto que las Cortes están constituidas por una selección de hombres que la nación hace», el Consejo del Reino naciera de ellas con la adición de otras personas cuya presencia en el alto organismo dependiera de su cargo[96]. Lo cierto es que en las Cortes de entonces había muchos procuradores de nombramiento gubernamental, y que hubiera sido impensable en ellas la presencia de un decidido opositor o incluso de un nombramiento juzgado como inconveniente. De este modo se llegaba en la práctica al mismo resultado que si el Consejo lo nombrara Franco, pero la mano de éste aparecía como mucho menos directa. De manera más concreta, lo que proponía Carrero era que se eligiera un consejero por votación entre los procuradores sindicales, locales, rectores de Universidad y representantes de intereses profesionales. A ellos se sumarían los cargos más importantes del Estado.

Interesa señalar que este segundo texto de Carrero tuvo una importancia decisiva en la configuración de la Ley de Sucesión, hasta tal punto de que las diferencias entre la definitivamente aprobada y la propuesta por el subsecretario de Presidencia fueron mínimas, de puro detalle. Carrero propuso originariamente, por ejemplo, que el cardenal primado fuera miembro del Consejo del Reino, pero al final lo fue el prelado de mayor antigüedad y jerarquía entre los que fueran procuradores; el general jefe del Alto Estado Mayor fue sustituido por el capitán general más antiguo. También propuso Carrero (y así pasó a la disposición definitiva) la creación de un Consejo de Regencia formado por el cardenal primado, el presidente de las Cortes y el general más antiguo, para el caso de que Franco falleciera sin haber nombrado sucesor. En cierta manera se puede decir que, aunque no fuera una Constitución o Ley fundamental propiamente dicha, la Ley de Sucesión mantenía ciertas características de aquélla al convertir en leyes fundamentales a todas las aprobadas hasta entonces y señalar que sería necesario un referéndum para modificarlas. Este segundo texto de Carrero, tan decisivo, fue redactado tan sólo seis días antes de que el Gobierno decidiera el envío de la Ley a las Cortes y nueve días antes de que Franco y don Juan lo conocieran. No sólo no puede extrañar que fuera él quien se lo diera a conocer a este último, sino que, dado su origen, lo lógico es que fuera precisamente así como lo llegara a conocer.

Pero antes de hacer mención del viaje de Carrero a Estoril es preciso revelar un acontecimiento paralelo, que contribuyó a reafirmar tanto en él como en Franco el convencimiento de que ya había pasado el momento de peor agobio exterior. A fines de 1946 un comerciante catalán llamado Pujol estableció contactos en Suiza con un capitán del ejército de aquel país que dijo estar autorizado por las autoridades soviéticas para asegurar que la URSS estaba dispuesta a mantener relaciones comerciales con España e incluso a llegar a un acuerdo que supusiera, por su parte, una rectificación de su posición con respecto a la España de Franco, junto con la promesa de que también lo harían las naciones de su entorno e influencia[97].

Por supuesto, una iniciativa como ésta no era absurda desde el punto de vista de la URSS, que no en vano había hecho otras alianzas en principio inimaginables. Los propios dirigentes españoles eran muy conscientes de que entre sus instituciones y las de los países occidentales había distancias siderales: no olvidemos que Carrero escribía en un tono manifiestamente distante con respecto al «capitalismo». Unos y otros pudieron pensar en que les interesaba una tregua, aunque sólo fuera temporal. A comienzos de 1947 tuvieron lugar unas conversaciones en Suiza que no fructificaron, quizá porque lo que debía querer la URSS era sobre todo evitar el definitivo alineamiento de la España de Franco con los intereses estratégicos norteamericanos[98]. Pero lo más decisivo para el objeto de este libro es que tal información llegó a Franco por el intermedio de Carrero, que debía despachar todas las informaciones secretas de este género. Esta, concretamente, debió provocar en ambos la sensación de que la situación se despejaba cada vez más para la permanencia del régimen.

Esta seguridad de que las circunstancias externas mejoraban contribuye a explicar, en efecto, el tono y el contenido de la comunicación que se hizo a don Juan de la Ley de Sucesión. Ratifica, además, y de una manera meridianamente clara, el papel decisivo que ya a estas alturas desempeñaba Carrero en el seno del régimen de Franco. Él había sido quien había recomendado el aplazamiento inicial de cualquier propósito de consulta al pueblo español, quien propugnó que ésta no consistiera nunca en un plebiscito acerca de la persona de Franco y quien había redactado, en sus líneas generales, la Ley de Sucesión que fue presentada como alternativa a la fórmula plebiscitaria. Pero, además, para Franco la cuestión monárquica fue, sin duda, la más esencial, y aquella a la que dedicó más horas a lo largo de su régimen. Respecto de ella había tenido malas experiencias recientes cuando la utilización de emisarios entre Madrid y Lausanne había provocado graves malentendidos entre él y don Juan. A lo largo del mes de marzo habían sido especialmente tensas las relaciones entre los monárquicos y el régimen en la propia capital de España.

La entrevista que Carrero mantuvo con don Juan de Borbón en marzo-abril de 1947 fue la más importante de su vida y, en consecuencia, de ella hizo una narración detenidísima a Franco[99]. Como, por supuesto, tuvo y tiene una importancia decisiva y disponemos de fuentes de contraste —las de los colaboradores de don Juan— podemos examinar esta conversación con todo detenimiento[100]. Antes, sin embargo, de aludir a ella merece la pena que nos detengamos en hacer una breve alusión a la manera en que aparecen en ella sus dos protagonistas esenciales en relación con Carrero. La impresión que dan las relaciones entre éste y Franco son de una estrechísima confianza, pero la lealtad del primero no da la sensación de intimidad por parte del segundo. El informe revela, por ejemplo, que Franco hizo ir a Carrero a Estoril para hacer una comunicación el propio 31 de marzo en que él iba a dar a conocer la Ley de Sucesión por la radio a los españoles, pero no le dijo en qué términos precisos iba a hacerlo. Pese a la influencia que tenían los consejos de Carrero, Franco mantenía una cierta e inequívoca distancia, que el primero guardaba en sus textos de forma muy puntual y cuidadosa.

En cuanto al tratamiento dado a don Juan por el subsecretario de Presidencia resulta, en el texto de éste, extremadamente deferente, sin ningún rastro de crítica directa o de ironía a pesar de la dureza indudable que en algún momento tuvo la conversación entre ambos. Hubiera sido inimaginable en Carrero una especie de maldición a los consejeros de don Juan como aquella con la que concluía una de las cartas de Franco a éste. Finalmente, el texto de Carrero respira sinceridad. Gil Robles, en la primera redacción de sus diarios de entonces, presentó a Carrero como un «marino fanatizado» por Franco, calificativo que luego se convirtió en «mentalizado»; se preguntaba si «tenía o aparentaba tener la mística del Movimiento». Pero para el historiador no cabe la menor duda de que, siendo todo lo discutibles que se quieran sus puntos de vista, no encerraban doblez ninguna, por muy extraño que pudiera parecer a Gil Robles. También se equivocaba éste al reputarle la condición de mero «criado» de Franco, error en el que cayeron también no pocos otros que no se daban cuenta del afán de Carrero por permanecer siempre en segundo plano, aunque tuviera una influencia decisiva.

Hechas estas indicaciones podemos pasar a examinar el contenido de la conversación en sí. Carrero, al llegar a Lisboa, tuvo una conversación previa con el embajador español (era Nicolás Franco, pero él siempre le trató de forma impersonal). Con él descubrió que podía encontrar dificultades de entrada con don Juan, pues se le atribuía un artículo radiado en España con el pseudónimo «Ginés de Buitrago» y el título Revuelo de mandiles, en el mismo mes de marzo. Carrero admitió luego ante Franco que era suyo y, al hacerlo, declaraba implícitamente que ese tipo de iniciativas no se las consultaba a Franco con carácter previo. El artículo, desgarrado y agresivo, partía de hechos políticos reales que interpretaba de manera sesgada, para concluir de la lectura de un conjunto de noticias que la España de Franco padecía una «conjura masónica». Lo real era, por un lado, la crisis del legitimismo republicano, a estas alturas ya inviable, y el deseo de algunos de los dirigentes monárquicos (se citaba a López Olivan y al duque de Alba y se aludía a Gil Robles) de llegar a algún acuerdo con el exilio de izquierdas. Para «Ginés de Buitrago», la coincidencia no podía tener otro motivo que la masonería, que serviría los intereses británicos y no españoles, mediante la constitución de «un frente rojo-monárquico». Conocida esa dificultad inicial, Carrero decidió enfrentarse con ella «hablando al infante desde el primer momento con el corazón en la mano y con toda nobleza y sinceridad».

Sin duda lo hizo, y eso explica que el texto de su conversación con don Juan constituya una referencia obligada para reconstruir su biografía. Con ella comenzó Carrero su conversación con don Juan de un modo poco habitual y que a éste le debió sorprender. No hizo mención alguna a este aspecto de su conversación, con posterioridad, a quienes eran sus consejeros. «No os puedo responder del acierto absoluto de mis juicios —aseguró Carrero para resumir— pero sí de mi veracidad […]. No soy ni político ni cortesano, pero os respondo, con mi palabra de honor, de mi absoluta sinceridad».

Tras este exordio, Carrero abordó la cuestión que le había traído a Estoril, presentando la Ley de Sucesión «que el Caudillo quiere que S. A. conozca antes que ningún español». Don Juan la leyó con detenimiento y en su rostro se dibujó, al hacerlo, «una impresión de contrariedad». A sus consejeros les debió decir palabras duras respecto de ella, puesto que quienes le oyeron utilizaron en sus diarios términos como «engendro» o «verdadera ofensa». Ante el emisario la reacción de don Juan fue, sin embargo, breve, aunque netamente discrepante. «Esto es la Monarquía electiva», dijo y, sin duda, su opinión estaba justificada. Carrero, sin embargo, aseguró que se trataba de una «Monarquía hereditaria selectiva», extendiéndose acerca del carácter representativo que tenían las instituciones del régimen. La conversación siguió otros derroteros cuando se quejó don Juan de la persecución que sufrían los monárquicos. Repuso el subsecretario que ésta no existía y que a los monárquicos se les trataba «con gran benignidad»; lo único que se pretendía evitar era que se produjera la ruptura de la unidad de los españoles, «que tanta sangre nos costó». Lo verdaderamente definitorio de la posición de Carrero era, en efecto, el recuerdo de la Guerra Civil. «En España —aseguró— se abrió el año 1936 una trinchera y hay que estar de este lado de la trinchera o enfrente. Lo que no es posible —añadió, con palabras que se referían, desde luego, a lo que representaba la Monarquía de don Juan— es estar a caballo en la trinchera». Se refirió, además, a los momentos en que, en plena Guerra Civil, don Juan había tratado de figurar como combatiente en las filas de los sublevados, incluso vistiendo la camisa azul. «No fue con camisa azul», le atajó don Juan, «sino con un mono». La Monarquía debía ser, concluyó Carrero, «católica, anticomunista, antiliberal y rabiosamente libre de toda influencia extranjera en orden a su política».

El diagnóstico político del futuro se basaba también en un juicio acerca del presente. «No podrán ustedes», respondió don Juan a la afirmación de su interlocutor de que se resistiría a cualquier pretensión externa de introducir cambios en España. Pero Carrero tenía ahora un buen argumento con el que responderle: en efecto, el texto que había entregado a Vegas Latapié en septiembre de 1945 testimoniaba que la unidad de los vencedores durante la guerra mundial empezaba a cuartearse. Además, Carrero aprovechó la ocasión para argumentar ante don Juan que existía «una conjura» por la que colaboradores suyos (citó, en concreto, a López Olivan) se querían convertir en aliados de las izquierdas. «Estoy seguro, Señor —añadió—, que S. A. desconoce esta conjura, pero la conjura existe». Eran los mismos términos que empleaba en los escritos bajo pseudónimo: no atacó nunca directamente a don Juan, aunque sí lo hizo con enorme dureza a sus colaboradores. Dicho esto, Carrero entregó a su interlocutor unas fichas relativas a algunos de sus colaboradores que debían tener un origen policial y no hay duda de que no les resultaban favorables, desde el punto de vista del régimen español de entonces[101]. Don Juan concluyó la conversación de un modo que resultaba lógico. Dejó las fichas sobre la mesa y remitió la emisión definitiva de un juicio acerca de lo que le habían informado para el día siguiente.

Debió ser obvio para el interlocutor que el heredero de la línea dinástica iba a consultar con sus colaboradores. Pero, al mismo tiempo, de la manera en que se expresó Carrero se deducía que no se le consultaba una decisión ni su contenido, sino que se le comunicaba. Algunos monárquicos interpretaron luego que voluntariamente se había ocultado a don Juan el hecho de que Franco iba a hacer pública la Ley esa misma tarde con una intervención radiofónica, pero no hay inconveniente en admitir lo que Carrero afirma en su escrito a Franco. No sabía lo que éste iba a decir y, además, olvidó dar a conocer el hecho de esta intervención pública de Franco. De todos modos, cuando lo recordó, volvió a la residencia de don Juan, y al vizconde de Rocamora, que acompañaba a éste, le comunicó la intervención de Franco en la radio. A las siete de la tarde la Secretaría de don Juan emitió una nota advirtiendo que en el caso de que el Jefe del Estado en su intervención esbozara una «actitud unilateral» se consideraría en libertad para definir su opinión. A primera hora de la noche Martín Artajo llamó por teléfono a Lisboa y habló con Carrero comunicándole que Franco no pensaba comentar la Ley en su intervención, como no hizo. Esa misma noche, el subsecretario escribió una breve carta a don Juan en que reiteraba la versión dada acerca de su olvido. Este texto, sin embargo, revela de manera indirecta que Franco pretendía sacar también otra ventaja de la visita de Carrero. Este, que le había dicho a don Juan que la Ley podría ser modificada en las Cortes, se manifestó dispuesto a «llevar al Caudillo vuestras impresiones y observaciones». De esa manera, un proyecto que no era consultado sino comunicado podía siempre ser modificado en lo accesorio si don Juan lo aceptaba en sus líneas generales.

Pero no podía hacerlo; ello hubiera supuesto una ruptura evidente con su propio pasado inmediato y con la versión que de la Monarquía había dado hasta entonces. Algunos de los consejeros de don Juan, quizá aquellos que consideraban más factible el acuerdo entre él y Franco, le propusieron que viajara a Madrid y tratara de entrevistarse con él. Sólo la ausencia de Madrid del Caudillo evitó que tomara esa decisión, pero la nueva entrevista prevista entre don Juan y Carrero fue cambiada de hora ante la posible puesta en práctica de esa medida. Finalmente, el 2 de abril, a media mañana, se produjo una nueva entrevista entre los dos personajes.

Tras unas explicaciones breves acerca del incidente, Carrero no tuvo inconveniente en admitir, comentando la nota de la Secretaría de don Juan, que «el hecho unilateral ha existido evidentemente pero es que no podía ser de otra manera», porque «el Caudillo no puede negociar personalmente sobre la suerte de España porque España no es un predio del Caudillo». En el fondo, en una frase como esa quedaba condensada la discrepancia entre ambos interlocutores; el subsecretario de Presidencia partía de que la Guerra Civil señalaba un radical punto de partida en la vida política española. Don Juan actuaba desde un supuesto por completo distinto y, además, no podía aceptar la ruptura del principio hereditario. En el transcurso de la conversación dejó bien clara su radical discrepancia y exhibió una nota de respuesta de su puño y letra. Carrero la leyó y comprobó que era «agria y seca». Como no llegó a ser cursada formalmente no es posible decir si así era, pero todo hace pensar que los calificativos eran correctos. Carrero recordó algunos términos del escrito: el proyecto era «absurdo y monstruoso» y la ruptura con el principio hereditario debía ser considerada como inaceptable para los «monárquicos auténticos». Un tercer párrafo hacía alusión a la posibilidad de que tuviera lugar una entrevista entre Franco y don Juan.

Es significativo que la reacción primera de Carrero estuviera motivada por esa alusión a los «monárquicos auténticos». El subsecretario, que se sentía como tal, repuso a don Juan que «nosotros queremos un Rey que venga a reinar sobre la unidad cuajada en las trincheras por una juventud admirable» mientras que los monárquicos liberales querían prescindir de Franco y celebrar unas elecciones que traerían como consecuencia, en un plazo mayor o menor pero corto, una «Monarquía-puente» destinada a desembocar en un cambio de régimen. También hizo mención a la posible entrevista entre Franco y don Juan y aseguró que «yo he sido siempre partidario de ella». Ambos coincidieron en que, habiendo existido un contacto puramente epistolar y por terceras personas entre los dos, las posibilidades de que no existiera una comunicación clara y fluida, acrecentadas por los protagonismos de los emisarios, eran muy grandes. La ocasión en que la entrevista había estado a punto de producirse, a fines de 1945, se había echado a perder por el «ambiente de relevo inmediato». Carrero hizo alusión a las condiciones en que debiera tener lugar la reunión («con el mayor secreto» y que «la gente no pueda pensar en un relevo inmediato»), que don Juan no comentó, pero que es seguro que le debían parecer inaceptables.

Luego la conversación derivó acerca de otras cuestiones de menor trascendencia, aunque no hizo otra cosa que ratificar la distancia entre los interlocutores. Cuando don Juan señalaba la mala acogida que la Ley de Sucesión había tenido en el extranjero, Carrero respondía que «lo malo sería que les hubiera parecido bien». Si el primero insistía en que la cuestión económica sólo podía resolverse con un empréstito exterior y que el INI era demasiado intervencionista, el segundo aseguraba que «nuestro plan es equilibrar la balanza comercial poco a poco con nuestro esfuerzo y sin hipotecar nada». Don Juan devolvió a su visitante las fichas que de sus colaboradores había recibido en la ocasión anterior, asegurando no creerlas. Carrero le «suplicó» (este fue el preciso término que utilizó luego para comunicárselo a Franco) que no hiciera ninguna declaración condenatoria de la Ley, lo cual podría perjudicar a la dinastía, y salió de la entrevista con la «ilusión» (de nuevo su propia palabra) de que lo podía haber logrado. No fue, sin embargo, así. También Nicolás Franco intentó conseguirlo, con idéntico resultado. El manifiesto de don Juan, menos duro que su redacción originaria, provocó una reacción encrespadísima en los medios falangistas, que acusaron a su autor de «escribir al dictado» de los rojos. La irritación de estos sectores arreció todavía más cuando se hicieron públicas unas declaraciones de don Juan a un semanario británico en las que se ratificaba la oferta de una Monarquía que quería superar la Guerra Civil. A partir de ese momento se alejó cualquier posibilidad de un acuerdo entre Franco y don Juan, cuyos manifiestos anteriores, hasta entonces no publicados, vieron la luz en España en ese preciso momento.

En realidad, la conversación de don Juan con Carrero no pareció causar mucha impresión en el primero, pues éste no parece haberla comentado con sus colaboradores. Era, sin embargo, no sólo la expresión de una postura propia, sinceramente expresada, sino también la apertura de una vía a la Monarquía, instaurada en vez de restaurada, que pretendía partir del 18 de julio como fecha inaugural. No se trata, ahora, de someter a discusión esta tesis, sino de tener en cuenta hasta qué punto Carrero influyó de manera decisiva en que se adoptara. Conviene recordar de nuevo que a comienzos de 1947 hubiera podido plantearse un plebiscito que hubiera tenido como exclusivo objeto la persona de Franco. En cierto modo, una decisión como la Ley de Sucesión tenía algo de irreversible, a pesar de que dejaba el cómo y la persona en que se debiera producir el advenimiento de la Monarquía en manos de Franco. En su paso por las Cortes la Ley empeoró desde el punto de vista de la línea dinástica, al permitir la proclamación por aquéllas de la «persona de estirpe regia» que se considerara más oportuna en vez de la «persona de sangre real con mejor derecho». Un ministro, Martín Artajo, que había considerado «inexcusable» dar cuenta previa de la Ley a don Juan, trató de enmendarla devolviéndola a la redacción inicial, pero no lo logró.

Por otro lado, la campaña del referéndum sobre la Ley de Sucesión pareció confirmar la solidez del régimen, que había logrado aglutinar tras de sí a la porción conservadora de la sociedad española, temerosa de una nueva Guerra Civil. A ello hay que sumar el empeoramiento de la situación internacional, ya en plena guerra fría, y la lentitud extremada con la que la oposición llegó a un acuerdo; lo que explica el desvanecimiento de la Monarquía que representaba don Juan como alternativa.

Al final, esa entrevista que desde fecha tan temprana había propiciado Carrero se celebró en unas circunstancias muy distintas de las originariamente pensadas por él, y lo más probable es que en su realización él no desempeñara ningún papel, sino que fuera iniciativa de alguno de los nuevos consejeros de don Juan, como Julio Danvila[102]. De cualquier modo, esta posibilidad había nacido a la vez de la opción que aconsejó el subsecretario a fines de 1946 y de su repetida insistencia, muy anterior en el tiempo, sobre la necesidad de una entrevista entre el Caudillo y el heredero de la tradición dinástica. Pero también este nuevo tipo de relación entre Franco y don Juan era un testimonio de que el «orden, unidad y aguantar» de Carrero, la estrategia de la resistencia a ultranza, había triunfado al fin. También lo había hecho su recomendación, tan sólo esbozada en uno de sus textos de consejo a Franco, de pensar en una nueva generación para establecer la Monarquía.

La entrevista del Azor, celebrada en alta mar en agosto de 1948, supuso el comienzo de ese cambio en las relaciones entre Franco y la Monarquía. Semanas después don Juan le explicó a Pemán (futuro contradictor de Carrero, pero una de las personas que mejor le captó a la hora de su muerte) cuál era el sentido de lo ocurrido. De tres horas de conversación tan sólo veinte minutos habían estado dedicados al príncipe don Juan Carlos, pero su venida a España quedó prevista allí. Sin embargo, eso no quería decir, según aseguró don Juan, que «[Franco] me ha pedido el niño y lo he dado», sino que su educación sería «dirigida por mí» y se llevaría a cabo «sin involucración alguna de la doctrina oficial del régimen actual». Ya veremos que Carrero pensaba de manera muy distinta. Desde este momento quedaba abierto un interrogante del que don Juan fue consciente: «Yo no puedo privar a mi hijo de algo tan absolutamente preciso como es educarse en España. […] ¿A cuál de los dos [Franco o él mismo] le va a salir el tiro por la culata? Dios dirá». Mucho tiempo había de transcurrir para que se supiera. De momento, quien recogió en su diario esta conversación conoció a fin de año por vez primera al futuro rey de España. «Está guapo, que es su obligación de momento», escribió. «No tiene acento extranjero», añadió con cierto alivio[103].

Capítulo cuatro

Un giro decisivo

Lo que evoca la figura de Luis Carrero Blanco para el español sin particulares conocimientos históricos es, sin duda, la etapa final del régimen de Franco. Hemos visto, sin embargo, en los capítulos precedentes cómo, en realidad, la influencia del subsecretario de Presidencia fue mucho mayor de la que le correspondía a su categoría administrativa, mucho tiempo antes de la segunda mitad de los sesenta; hemos comprobado, además, cómo desempeñó un papel decisivo en las actitudes de Franco sobre aquellas cuestiones políticas que resultaron más trascendentes para la vida de su régimen en su primera etapa. No podría entenderse sin él la marginación de la Falange a partir de 1941 o la actitud ante la guerra mundial, a la vez simpatizante del Eje y poco propicia a la entrada en la guerra sin contrapartidas seguras. No cabe la menor duda, por otro lado, de que cuando vinieron malos tiempos para el régimen, por la presión exterior y por la posibilidad de que se produjera un desvío en las bases sociales del sistema político a favor de la Monarquía, Carrero desempeñó también un papel decisivo, al lado de Franco, en el mantenimiento de una resistencia a ultranza que acabó por triunfar. A la altura de 1949 el régimen había iniciado una aparente etapa de mayor tranquilidad interna y externa que alejaba no ya la inminencia de ese derrumbamiento en que se pensó en 1945, sino incluso la sensación misma de peligro.

A esas alturas se inició una etapa que quizá pudiera ser definida como «los años de consenso del franquismo». La situación internacional ya no ofrecía los peligros de antaño: ni era necesario permanecer en la cuerda floja haciendo acrobacias entre los contendientes en la guerra mundial, a la espera de alguna ventaja territorial, ni tampoco el orden internacional parecía radicalmente hostil a un régimen como el identificado con Franco. España, por su relativa intrascendencia en el contexto internacional, no ofrecía peligro para las democracias y aseguraba un punto de apoyo interesante para Occidente desde el punto de vista estratégico. Por otro lado, el peligro comunista había hecho desaparecer las aristas más inconvenientes de un régimen en otro tiempo tan próximo al Eje. El apoyo de una parte de los medios católicos extranjeros estaba ya consolidado, pero el Concordato lo ratificó. En el interior, la oposición perdió virtualidad en todas sus formas de actuación: la guerrilla había desaparecido, los exilados estaban cada día más aislados y desconocían crecientemente la realidad española y todavía las nuevas generaciones no habían hecho acto de presencia en la oposición universitaria. Sólo una minoría de la derecha alineada con Franco durante la guerra rompió con su liderazgo, y no lo hizo más que a fines de los cincuenta. El Caudillo, además, a estas alturas pudo pastorear sin excesivos problemas a las fuerzas políticas que integraba en su régimen porque, si durante la guerra mundial había aprendido a hacerlo, ahora, en la posguerra, quedaba claro que tenía un apoyo social indiscutible. Falangistas y derecha católica tradicional seguirían discrepando, pero lo harían sometidos ambos al arbitraje indisputado del propio Franco. En definitiva, nunca fue tan sólido el régimen como en los años cincuenta. Luego, en la década de los sesenta, pareció tener mejores argumentos, nacidos del desarrollo económico, pero éste alimentó el nacimiento de una nueva oposición que en los cincuenta no había visto todavía la luz.

Había, sin embargo, en lontananza dos cuestiones de primera magnitud que se hicieron muy presentes en años sucesivos. Las dos estaban presentes en la mente de Carrero Blanco por razones biográficas, ideológicas y derivadas de la experiencia administrativa propia. Siempre había sido partidario, como ya sabemos, de una institucionalización (y, además, en sentido monárquico) del régimen; y ahora, la propia ausencia de presión exterior e interior parecía hacerla posible. Como veremos, dada la habitual tendencia de Franco a la renuencia a la hora de aceptar fórmulas constitucionales para su sistema político que pudieran limitar su poder, hubo que esperar a una iniciativa del otro sector político. Por otro lado, sobre la España de fines de los años cuarenta pesaba la losa del subdesarrollo económico, en parte herencia del pasado y producto también de circunstancias externas inevitables, pero también consecuencia de la política económica llevada hasta entonces. En ambos terrenos cruciales de la política española Carrero Blanco tuvo un papel que, siendo siempre importante, resultó también, como comprobaremos, variable.

Hacia el final del aislamiento

Ya se ha hecho mención en el capítulo precedente del hecho de que en noviembre de 1947 comenzó a cambiar de forma definitiva la posición de las potencias democráticas con respecto a la España de Franco, en especial la de los Estados Unidos. Fue el informe de Kennan el que hizo cambiar la postura del Departamento de Estado, pero, en realidad, de este cambio quienes quedaron más satisfechos fueron el Pentágono y, más en concreto, la Marina norteamericana. El primero veía en la situación internacional un evidente peligro de estallido bélico entre la URSS y los Estados Unidos, y la segunda sentía la necesidad de contar con puntos de apoyo en forma de bases. Mientras que, por un lado, Franco aseguraba ya a finales de 1947 que la «verdad española» se abría paso y España contaba con una ayuda argentina que resultó importantísima para el aprovisionamiento nacional y de la que aquel país no obtuvo apenas ventajas, la insistencia del estamento militar norteamericano en anudar una cordial relación con la España de Franco sirvió de motor para una progresiva normalización de las relaciones entre ambos países. Hubo un momento, por ejemplo, en que España estuvo a punto de convertirse en beneficiaría del Plan Marshall, aunque al final no lo logró. La razón estribaba, como es lógico, en el carácter del régimen español[104]. De todos modos, bastó el hecho de que por parte de los organismos norteamericanos de planificación bélica se juzgara «vital» la actitud española para que, a pesar de las reticencias de los países europeos, existiera un motor para producir ese cambio, que concluiría finalmente en la firma de los acuerdos de 1953.

No se ha insistido lo suficiente en el papel decisivo que desempeñó Carrero Blanco, no sólo en el mantenimiento de la alianza con los Estados Unidos, cuando ésta fue suscrita, sino también en su misma gestación. Todo hace pensar que su papel radicó en la propia importancia que ya había adquirido en el seno de la Administración española, como persona en directo contacto con Francisco Franco, con el que despachaba con cortísima periodicidad; además, lo que ha permanecido desconocido hasta el momento presente es la influencia decisiva que tenía sobre él. Lo que nos interesa por el momento, es que los contactos de Carrero con militares norteamericanos fueron muy tempranos y abrieron el paso a negociaciones que tuvieron suma trascendencia para la posterior firma de los acuerdos.

Desempeñó en ellos un papel importante un misterioso norteamericano que sin duda era militar y diplomático, probablemente estaba conectado con la CIA e informaba confidencialmente a Carrero del pensamiento de los medios militares de su país con respecto a España[105]. No es posible conocer su nombre, pues en la documentación aparece firmando tan sólo con una «M». Lo más probable es que se tratara de un simpatizante, por motivos ideológicos, del régimen de Franco y, sobre todo, de una persona visceralmente anticomunista que consideraba que ayudaba a su país informando a las autoridades de otro que podía desempeñar un papel estratégico importante en plena guerra fría. Es muy posible que fuera marino y casi seguro que fue militar. Al margen de este personaje, el subsecretario mantuvo amistad con Kirpatrick, el agregado naval norteamericano, y conectó luego muy bien con el almirante Sherman, una figura clave de la Marina de los Estados Unidos.

«M», por ejemplo, informó a Carrero, en enero de 1948, acerca de la llegada de un capitán de navío norteamericano, llamado Virginius, que acudió a entrevistarse con él en secreto. La información llegada a Carrero por parte de ambos no escatimó críticas contra el Departamento de Estado, que era el culpable, según el anónimo redactor, del aislamiento español, mientras que las fuerzas militares consideraban «vital» (idéntico término al que luego han utilizado los historiadores que han tratado sobre este particular) la colaboración española. Carrero charló con el citado Virginius y desde esa conversación quedó acordado que «si venía una comisión militar reducida y en secreto», él mismo la pondría en contacto con el general jefe del Estado Mayor. El subsecretario de Presidencia hizo un breve informe a Franco acerca de esta visita en que, partiendo de la buena noticia que era esa iniciativa norteamericana, señalaba también que no tenía un aspecto tan positivo como podía pensarse: la ayuda económica, aseguró el visitante, «se da a países dudosos» y «en situación de guerra España no podría permanecer neutral». Carrero, sin embargo, le repuso que a España le resultaba imprescindible fortalecerse en todos los terrenos frente a ese enemigo común que era Rusia. De todos modos, el mensaje esencial que suponía esta visita quedó resumido en la frase de que «ellos también tenían problemas y compromisos políticos que impedían cambiar de golpe su política respecto a España, si bien esperaban que variase poco a poco». Anunció el norteamericano una próxima visita del almirante Sherman a España, donde tenía una hija. Según dijo a Carrero su interlocutor, en realidad esta visita había sido desaconsejada por el Departamento de Estado, pero el propio Sherman la había impuesto al enviar a su hija a nuestro país[106].

Se puede imaginar el efecto que esta visita tuvo, tanto sobre Carrero como sobre Franco. Ambos fueron siempre muy desconfiados respecto del exterior, pero el hecho de que se acudiera a España hacía nacer en ellos la conciencia de ser indispensables, aparte del sentimiento de comunidad con los norteamericanos en la lucha contra Moscú. Sin duda, la sensación de ser necesitados contribuyó de manera poderosa a ratificar la confianza en sí mismos de los dirigentes españoles en materias de política interior como, por ejemplo, todas las relacionadas con la alternativa monárquica. Por otro lado, el enigmático «M», que debía de ser una personalidad de cierta importancia en los medios norteamericanos, insistió siempre en la conveniencia de que España mantuviera «bien alto el pabellón», sin dar la sensación de estar interesada ella misma en llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, porque «se tiene necesidad vital de España» y «sin esa base es imposible defender Europa y nosotros lo sabemos; así pues, no se arriesga nada esperando a que se decidan a entrar de una vez por la puerta grande». «M» llegó incluso a recomendar, maquiavélicamente, mantener algún contacto con la URSS «para revalorizar la política española frente a los Estados Unidos», aunque Carrero pensó que quizá esa propuesta tenía como verdadero motivo tratar de descubrir si las autoridades españolas habían tenido esos contactos. Como sabemos, así fue, aunque a estas alturas ya estaban concluidos y no se reanudaron sino bastante después. Preocupación especial de «M» era la política económica española, de la que sí discrepaba en aspectos esenciales, en especial en lo que respecta al excesivo intervencionismo estatal. El cambio en la actitud norteamericana, cuyo origen hay que remitir al desarrollo de la guerra fría, pronto tuvo su directa influencia sobre las relaciones comerciales entre los dos países. Al poco tiempo, Carrero despachó con Franco correspondencia relativa a estas materias. Por entonces, el segundo recibía también cartas entusiastas de militares estadounidenses que empezaban a ver en la posición anticomunista del régimen español un precedente de la situación entonces existente a nivel mundial[107]. Todos estos testimonios contribuyen a explicar, por tanto, la sensación de seguridad perceptible en los principales dirigentes del régimen a finales de los cuarenta. Sin embargo, el hecho de que la buena disposición de los norteamericanos dependiera de modo exclusivo de la utilidad de España desde un punto de vista estratégico tuvo también obvios inconvenientes. La verdad es que los apoyos políticos que el régimen de Franco logró en la política norteamericana fueron siempre precarios: estaban formados por algunos católicos y los más acérrimos anticomunistas, pero tenían en su contra al establishment demócrata, a gran parte del Departamento de Estado y a quienes, como el presidente Truman, veían con indignación la persecución del culto protestante en España. En 1948 se incorporó a la Embajada española en Washington el exministro de Exteriores Lequerica, quien, aunque no era el representante español propiamente dicho, porque no había embajador, llevó a cabo una política tendente a atraerse a los republicanos, un partido que él mismo definió como «sin pasiones fanáticas, muy administrativo y económico». «No se trata de corromper personas —escribiría luego a Franco—, sino de apoyar empresas». De esta manera trató de tejer una amplia trama de intereses que contribuyeran a facilitar mejores relaciones del régimen en los medios económicos norteamericanos. A veces adulador, un tanto cínico y con frecuencia también malintencionado y maldicente, Lequerica escribió con asiduidad a Carrero en cuanto descubrió que éste era el mejor camino para llegar a Franco: llegó incluso a asegurarle que había personas coincidentes con «Juan de la Cosa» en los Estados Unidos. Todo hace pensar, sin embargo, que Carrero (y quizá también el propio Franco) utilizaron a Lequerica con un carácter puramente instrumental y no se fiaban mucho de él[108]. Es, además, muy posible que se haya magnificado su tarea en Washington. Como «M» había asegurado en una de sus conversaciones con Carrero, «si la situación mundial va a peor los norteamericanos se verán obligados a dar elementos a España para su defensa sin contrapartida pero si la situación no empeorara se exigirían tales contrapartidas en forma de democratización, libertades… etc.». En realidad, resultó lo bastante grave como para permitir el acercamiento de ambos países, pero tuvo que tropezar con dificultades de primer orden hasta conseguir vertebrarse en los acuerdos de 1953.

Todo este conjunto de circunstancias explica que en los primeros meses de 1949 constituyera para Carrero una preocupación fundamental la situación internacional, no sólo en sí misma sino en cuanto pudiera afectar también a la situación interna. El subsecretario de Presidencia siguió, por ejemplo, con todo interés la constitución de la OTAN, y sobre ella redactó una nota a Franco en enero de 1949[109].

Llama la atención que aunque, por supuesto, Carrero se identificara de manera absoluta con la causa anticomunista, al mismo tiempo enfocaba la posición española desde unos criterios del más estricto y exigente nacionalismo, que revelaban su distancia con respecto a algunos países europeos y el resquemor profundo que sentía frente a ellos. Su idea era extraer el máximo beneficio nacional posible aprovechando la situación existente. Pueden parecer petulantes sus conclusiones, pero lo cierto es que las conversaciones que a partir de 1948 habían ido teniendo lugar entre militares españoles y norteamericanos le habían llevado al convencimiento de la imperiosa necesidad que tenían los segundos del punto de apoyo español en el Viejo Continente. El conocimiento que hoy tenemos de los archivos norteamericanos prueba que esta necesidad era semejante a la que podían tener de la Gran Bretaña, dada la extremada facilidad con que, en caso de conflicto, las tropas soviéticas habrían penetrado en Europa occidental.

Carrero, además, concedía una extremada importancia al «orden y unidad interiores» o al «espíritu combativo» que faltaban en otras naciones europeas y «que no se fabrican en la industria norteamericana». Esas eran, según su opinión, ventajas que no tenían otros países distintos de España. En un texto un poco posterior, que citaremos más adelante pues se refiere principalmente a la política interna, esas otras naciones europeas, Francia y Gran Bretaña, aparecían descritas como «marxistas» (tenían, en efecto, gobiernos de significación socialista) y de ellas se decía que «no transigirán nunca con nosotros». Por eso, Carrero llegaba a proponer «no entrar en ninguna organización donde ellas estén», incluidos la ONU o el Plan Marshall. El cambio en la situación internacional le llevó a fines de los cuarenta incluso a indicar que «somos nosotros los que tenemos que perdonar y por ahora no perdonamos hasta que ellos evolucionen y cambien el sistema político». «El momento de jugar al póker —añadió— ha llegado porque conocemos las bazas que tienen nuestros contrarios». De todos modos, incluso si se hubiera declarado la Tercera Guerra Mundial, eventualidad que ya comprobaremos que no estuvo tan lejana según el pensamiento del subsecretario de Presidencia, lo que Carrero pensaba obtener como consecuencia de la situación era mucho. España debía mostrar una «absoluta indiferencia» y «es muy conveniente que nuestros diplomáticos no se sientan ingenuamente facilitones y den a entender unos deseos que aunque los tuviéramos debemos ocultar cuidadosamente». Con Rusia no se podría nunca ser neutral, y la entrada en el Pacto Atlántico en nada perjudicaría a España, pero «puesto que nos van a pedir este ingreso, porque nos necesitan, debemos condicionarlo y sacar todo el provecho posible de la situación». A la hora de tratar de estos presuntos beneficios, Carrero se remitía a lo que había sido la gran ilusión de su generación militar y de la anterior, la de Franco, y que era lo mismo que a comienzos de esa misma década se había tratado de obtener de Hitler, es decir, Gibraltar y África (ahora, más modestamente que durante la guerra mundial, sólo se solicitaba la ampliación de la zona del protectorado con la inclusión de Tánger). La nota entregada a Franco incluyó también la propuesta de seguir dedicando un especial interés a los sectores «católico, militar y financiero» norteamericanos (como, sin la menor duda, se continuó haciendo), y la de que, en caso de crearse bases navales o aéreas, deberían siempre estar bajo mando español, algo que, como se sabe, acabaría por convertirse en una realidad, aunque tan sólo aparente, tras los acuerdos de 1953. Merece la pena señalar que de los textos de Carrero en estos momentos parece deducirse una actitud en cierto modo reticente contra los Estados Unidos por haber cedido a la presencia del comunismo en China y a la derrota de Chang Kaishek. ¿Pensó Carrero en la posibilidad de que la situación mundial concluyera en una guerra? Parece seguro que en los últimos meses de 1948 y los primeros de 1949 fue, sin duda, así. Hay que tener en cuenta que esos meses corresponden al bloqueo de Berlín, y que en ellos no fue ni mucho menos una persona de la significación ideológica del subsecretario español el único que pensó que «una nueva guerra, también de tipo mundial, puede ser el fatal desenlace de las claras apetencias comunistas hacia una total dominación del mundo». Lo que hoy sabemos no confirma, sin embargo, esta tesis; lo más probable es que Stalin no tuviera otra pretensión que la de tantear aquellos puntos en los que podría obtener unas mayores ventajas, pero sin que ello implicara una voluntad firme de arriesgarse al estallido de una guerra.

La frase entrecomillada aparece, sin embargo, en un texto de Carrero cuyo destinatario parece haber sido Franco y que muestra su conciencia de lo extremadamente útil que debía ser la España de Franco para los Estados Unidos en el caso de un conflicto generalizado[110]. A tal conclusión sin duda había llegado tras todas esas conversaciones previas con los primeros militares norteamericanos que llegaron a España. La frase decisiva del breve estudio estratégico que elaboró para Franco era la siguiente: «El frente occidental de lucha en Europa tendrá que alimentarse por la mar en una proporción casi total, que será enorme habida cuenta la fabulosa masa humana de que podrá disponer [la URSS]». Todo hace pensar que este planteamiento coincidía de manera absoluta y total con el del Alto Estado Mayor norteamericano. Por supuesto, jugaba un papel decisivo en todo su enfoque su condición de marino, pero parece justificado pensar que, en efecto, la guerra entre Occidente y Oriente habría de tener una significación antisubmarina y antiaérea, como él pensaba, pues, a fin de cuentas, la subsistencia de Europa occidental dependía de los posibles refuerzos desde el otro lado del Atlántico. La propia idea de que «la iniciación de la lucha se manifestará en estas naciones por un asalto al Gobierno de los partidos comunistas», que Carrero expuso en su escrito a Franco, corresponde a la lógica del momento y, por otro lado, fue compartida (o, al menos, juzgada como una posibilidad) por los organismos de planificación militar estadounidenses.

Lo que motivó el escrito de Carrero a Franco fue el que denominaba como «aspecto español del problema», es decir, la conversión de España, inmediatamente después del estallido del conflicto, en «cabeza de desembarco de los anglosajones en Europa […] que será tanto más importante cuanto más cerca de los Pirineos quede establecido el frente». De esta manera, la conclusión del estudio era que «por nuestras costas y con máxima seguridad tienen que poder desembarcar en el mínimo tiempo la mayor cantidad posible de tropas y material de todas clases». Esta realidad debía ser patente, tanto para los norteamericanos como para los rusos, y de seguro tendría graves consecuencias para los españoles. No parece, sin embargo, que, en ausencia de un acuerdo militar con los Estados Unidos, se llegara verdaderamente a llevar a cabo una planificación militar española coordinada con la de este país. Pero el texto revela una identidad de propósitos que se plasmaría más de cuatro años después en los acuerdos hispano-norteamericanos.

Sin duda, esta identidad estaba en el trasfondo de otra cuestión de primera importancia en la que también intervino Carrero, como en todas aquellas que merecieron este calificativo durante el régimen de Franco. Durante estos años España no sólo sirvió como virtual cabeza de puente para los refuerzos procedentes del otro lado del Atlántico, sino que quizá también hubiera podido servir, de acuerdo con toda una tradición histórica, de lugar de donde extraer algunos materiales estratégicos de primera importancia. El Alto Estado Mayor, a cuyo frente estaba el general Vigón, realizaba experiencias para la obtención de «sales de uranio purísimas», sin duda destinadas al arma nuclear. Carrero, que, por su puesto, desempeñaba un papel decisivo en todas aquellas actividades gubernamentales que exigían una coordinación entre los diferentes organismos administrativos, intervino para conseguir que tales experiencias no se vieran detenidas como consecuencia de la falta de divisas para adquirir el indispensable instrumental, mientras que Suances, de quien dependía esta cuestión, no parece haber sido persona flexible ni fácil de convencer a la hora de ceder en su férreo control de la disponibilidad de aquéllas[111].

La evolución del panorama internacional resultó diferente de como lo habían imaginado no sólo Carrero, sino tantos otros planificadores militares del momento. Aunque la tensión se prolongó durante muchos años no tuvo como resultado un conflicto inmediato y generalizado. Eso explica que la «necesidad», sentida por los Estados Unidos, de llegar a un acuerdo con el régimen de Franco tardara mucho en plasmarse y sólo acabara por convertirse en un texto escrito en el momento en que estalló una guerra localizada en Corea. Pero la posibilidad, que siguió planeando durante años, de que se produjera un enfrentamiento total entre Estados Unidos y la URSS contribuyó de manera decisiva a que se desvaneciera el aislamiento del régimen. Al mismo tiempo, el principal peligro que el régimen había tenido desde el punto de vista interno también tendió a difuminarse. Carrero dispuso de un excelente observatorio en la Subsecretaría de Presidencia para comprobarlo. A mediados de 1948 recibió la copia de una carta en la que ese consejero principal de don Juan de Borbón que era Eugenio Vegas Latapié (con el que había tratado al final de la guerra mundial acerca de una posible entrevista con Franco, en un momento en que la restauración parecía inmediata, y que ahora estaba dedicado, en Suiza, a la formación del que luego sería Juan Carlos I solicitaba permiso para visitar España comprometiéndose a no tener actividades políticas). El hecho constituye un buen testimonio de las dificultades experimentadas por la causa monárquica, que quedaron ratificadas, dos meses después, con la entrevista del Azor. Al comienzo de los cincuenta los monárquicos eran una minoría sometida a atenta vigilancia, pero que ya no resultaba tan peligrosa. Carrero recibía y anotaba cuidadosamente un Boletín de Actividades Monárquicas que editaba, de forma restringida, la Sección de Información e Investigación de FET y de las JONS, una especie de policía política paralela, residuo de un partido único que nunca dejó por completo de subsistir[112].

Con ello, la narración de los acontecimientos nos ha reintroducido en la política interna española. La menor presión sobre el régimen permitió a Carrero hacer un balance muy autosatisfecho de la primera década de la existencia de aquél en uno de sus escritos periódicos a Franco[113]. La verdad es que la celebración no tuvo una particular significación, ni tampoco el texto enviado por el subsecretario de Presidencia tenía propuestas de acción concreta e inmediata en ningún terreno. Sin embargo, merece la pena examinar las páginas por él escritas, porque nos ponen en contacto con lo que era su pensamiento en este momento.

Se debe, por ejemplo, tener muy en cuenta lo que Carrero escribió acerca del «balance político» del régimen, porque lo hasta entonces realizado había seguido puntualmente sus sugerencias fundamentales y porque indicaba una senda de futuro. Frente a lo que el subsecretario definía como «el caos total de 1936», imputable, según él, al régimen liberal, se había producido una transición que describía en unos términos que merece la pena retener de una manera textual. «Durante estos diez años —aseguraba— se verifica el tránsito de la Dictadura más absoluta (toda la autoridad y todos los derechos están en la persona del vencedor de la Cruzada) al régimen estable y definitivo actual de Monarquía representativa». Carrero, por tanto, admitía esa radical concentración de poder en manos de Franco en el momento inicial pero, al mismo tiempo, daba por adquirida, de manera irreversible, la Monarquía, cosa que no harían muchos otros personajes de primera importancia en el régimen durante los años cincuenta y comienzos de los sesenta. El monarca, ahora, en esta etapa fundacional, era «el Caudillo», pero la Monarquía se daba ya por supuesta. En cambio, Carrero no decía ni una palabra de otras instituciones, como el Partido, el Sindicato o la Falange. Eso, por descontado, en otros dirigentes de la España de entonces hubiera resultado impensable. En cambio, todos hubieran coincidido en asegurar la condición «democrática» del régimen, un calificativo que no le hubieran dado en la primera mitad de los cincuenta. Las Cortes representaban a la nación mucho más fielmente que cuando había partidos políticos, y «ya hemos evolucionado todo lo que teníamos que evolucionar». Por eso, acuñando una frase que luego Franco utilizó con frecuencia, aseguraba Carrero que «el régimen está constituido, total y definitivamente, aunque siendo su constitución abierta es susceptible de los retoques que la experiencia aconseje». La frase es importante porque denota que no sentía Carrero ninguna necesidad de avanzar por la senda institucionalizadora, como luego en efecto se hizo. Hay que pensar, por tanto, que el intento de Arrese de dar contenido falangista al régimen fue lo que provocó la reacción institucionalizadora en otro sentido en 1958, que acabó de plasmarse en 1966.

Hay que hacer mención también al balance de Carrero en materia económica y social, porque revela aspectos interesantes de su forma de enfocar estas dos parcelas de la labor gubernamental. Empieza por ser significativo el hecho de que un tercio del texto estuviera dedicado a la economía y una extensión parecida al balance social del régimen. Eso es, a la vez, una demostración de que había desaparecido la presión externa e interna en lo político y el indicio de un deslizamiento hacia un mayor interés por otros aspectos de la acción gubernamental. En el terreno económico, a la hora de aludir a los aspectos más positivos de ella, Carrero, sobre todo, demostraba una cierta inflexión desde unas posiciones tan intervencionistas como aquellas en las que le hemos visto en la primera mitad de la década de los cuarenta. En un principio pareció partir de la tesis tradicional que Franco había expuesto en sus planes económicos de la posguerra: el problema esencial de la economía española consistía en equilibrar la balanza comercial[114]. Sin embargo, ahora no parecía participar de esa especie de autarquía cuartelera tan característica de los momentos iniciales del régimen. Se sentía, por ejemplo, obligado a justificar el INI, admitiendo que era «censurado fuera de España», y lo hacía asegurando que «no se opone a la iniciativa privada», pues no era otra cosa que un «estímulo y [un] regulador de la economía nacional», porque «el ideal es que todo lo haga la iniciativa privada». Una frase como ésta hubiera sido impensable en un falangista, pero también en el propio Carrero o en Franco diez años antes. Lo que no había cambiado en nada en el pensamiento de ambos era la negativa a que los créditos extranjeros pudieran suponer una mediatización de tipo político por parte de extranjeros. Ahora, sin embargo, la ayuda externa parecía necesaria, pero «para invertirla exclusivamente en medios de producción».

Nos queda, en fin, hacer una breve alusión al «balance social» del régimen. Producto de esta ansia, típica de la posguerra civil española, por tratar de resolver el problema que había producido el lacerante espectáculo de la revolución en Carrero, nacía, además, de su condición de fervoroso católico. En las páginas que en el texto dedicó a esta cuestión había la esperable constatación, respecto de ese principio de estado de bienestar inaugurado por Girón, de que «el avance ha sido enorme y sin comparación con lo logrado en ningún país» y de que se había llegado a la «única fórmula cristiana y lógica de resolver el problema social». Así, en definitiva, veía Carrero la situación política interna en un momento en que se alejaba ya de una manera que resultó irreversible el peligro sentido hasta entonces por el régimen de Franco.

Ministro tardío: la crisis de 1951

Llama la atención que los párrafos iniciales de este documento de Carrero a Franco que acabamos de citar contrasten con la lógica satisfacción que aparece en el resto. Carrero creía ver, en efecto, en el panorama español «un peligroso ambiente de desgana» y la «creencia general [de] que se va tirando como se puede, sin plan y sin objetivo». En parte ello podía deberse, según él, a razones que no podían ser controladas por los dirigentes políticos españoles, pero, sin duda, influía también en este juicio la propia insatisfacción sentida por el subsecretario ante la gestión gubernamental, tal como se llevaba por el momento.

Respecto de ella, sin duda tenía Carrero una seria preocupación, que acabó por hacer presente merced a un nuevo texto entregado a Franco. En él se planteaba la apertura de una nueva etapa gubernamental con relevos ministeriales de trascendencia. Ya hemos visto que en todas las crisis anteriores (aparte de la de 1941, en la que él mismo logró el cargo de subsecretario, las de 1942 y 1945) había desempeñado ya un papel no sólo importante sino decisivo. Esta, no obstante, fue la primera ocasión en que dio su parecer por escrito[115]. Da, sin embargo, toda la sensación de que nadie se lo había solicitado. Franco, que debía saber de la absoluta carencia de ambición política de Carrero, lo admitió, aunque de ello no debe deducirse, como veremos, que siguiera todos los consejos que en él se contenían. El mero hecho de que este escrito fuera redactado por una persona de rango inferior al de ministro revela su papel peculiarísimo en el régimen.

A comienzos de 1950 le parecía a Carrero que «la situación de aislamiento creada a España a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial parece estar a punto de terminar». La interpretación que venía a continuación pecaba de optimista, pero era también muy coherente con las ideas que el subsecretario de Presidencia había venido exponiendo en ocasiones anteriores: «Los Estados Unidos y, en general, los occidentales nos necesitan y están dispuestos, pese al sectarismo de sus gobiernos, a revisar los acuerdos de la ONU salvando de la mejor manera su prestigio para lo que pretenderán presentar como condescendencia lo que no es en el fondo más que una claudicación ante la imposición del elemento militar norteamericano y ante la opinión sensata, cada vez más extendida, de cuantos en el mundo aprecian la realidad del peligro actual». La necesidad era menor de lo que creía Carrero, pero el diagnóstico político era certero en lo que tenía de superación de la etapa anterior del «orden, unidad y aguantar».

Pero eso mismo le permitía al régimen, según Carrero, enfrentarse con una situación política en la que, «hasta en los más entusiastas y adictos —aseguraba— es general el convencimiento de que el Gobierno está gastado». Podrían ser justas o no las críticas al Gobierno, pero este hecho era por completo «inmodificable» y por ello resultaba «indispensable un rápido cambio en el equipo». De este modo, por lo menos, se abrirían una expectativa esperanzadora y un compás de espera benevolente respecto de la acción gubernamental. Merece la pena señalar que el párrafo que precedía de manera inmediata a esta petición de cambio en el Gobierno estaba dedicado por completo a la situación económica. «La gente —aseguraba Carrero— encuentra la vida cara; muchos pasan verdadera necesidad, incluso dentro de la clase media; el humor es malo, lo cual es lógico, y el terreno abonado para que en él fructifique toda la mala simiente». Se debe advertir también que ahora, por vez primera, no tenía el menor inconveniente en señalar Carrero la culpabilidad que en este terreno correspondía a la propia Administración, de la que criticaba «los errores de muchos organismos estatales en una intervención económica siempre difícil» y «la lentitud en la resolución de asuntos importantes que los interesados comprueban por sí mismos y aprecian como una pérdida de oportunidad por lentitud o incapacidad de los funcionarios». Sin duda, la propia experiencia de Carrero en estas materias contribuyó de modo importante a esta inflexión en su forma de enfocar los problemas económicos.

Ahora bien, ¿qué cambio de Gobierno propugnaba Carrero? Decía hacerlo «con absoluta objetividad y sin otra mira que el mejor servicio», y la prueba la tenemos en dos aspectos del documento en cuestión. Para el historiador, que sabe que en cuanto se produjo la crisis Carrero salió de ella como ministro, se podía plantear el interrogante acerca de si de algún modo el subsecretario propuso su propia promoción, pero lo cierto es que no existe ni el menor rastro de una sugerencia, por muy indirecta que sea, en este sentido. Además, la primera recomendación que Carrero hizo se refería a una persona propuesta por él mismo en 1945 y cuya hija casaría con el primogénito del subsecretario: Alberto Martín Artajo. Pues bien, Carrero llegaba a la conclusión de que en la nueva etapa política que ahora se abría ya no era necesario quien había resultado tan decisivo en el período abierto en 1945. En el horizonte inmediato preveía, en efecto, que no habría problemas exteriores graves, porque volverían los embajadores de los países occidentales. El nuevo escenario habría de traer también consigo la apertura de negociaciones con los Estados Unidos, y «como éstas han de ser principalmente de tipo militar y han de requerir dureza y energía, a la vez que habilidad y dialéctica, y han de sobrar en ellas las formas clásicas de la diplomacia, quizá la persona del actual ministro, pese a sus méritos, no sea la indicada». Quien podría inspirar respeto a futuros embajadores anglosajones sería «un militar prestigioso», que podría ser Vigón, «un general europeo de primera categoría, con grandes conocimientos profesionales y técnicos»; era, además, persona que, por haber estado al frente del Alto Estado Mayor, estaba muy bien informada acerca de la situación europea. Como posible sucesor de Vigón, Carrero sugirió al general Carlos Martínez Campos, que acabaría siendo, pocos años después, preceptor de don Juan Carlos de Borbón.

Podemos desglosar el resto de las sugerencias de Carrero en los dos aspectos decisivos: el político y el económico. Las referencias políticas empezaban, en primer lugar, por una ausencia, la de la Secretaría General del Movimiento, que sería restablecida en 1951, pero no, desde luego, por sugerencia de nuestro personaje. Siempre tuvo, por el contrario, una marcada reticencia con respecto al Partido, y ahora propuso que la cartera de Gobernación fuera responsable también del Movimiento, ya que, en definitiva, la designación de los gobernadores civiles, que eran también jefes provinciales del Partido, sometía a continuo desgaste a ambos cargos. Eso es lo que le había sucedido a Blas Pérez, que se había enfrentado a la Falange y que, por tanto, debería abandonar su cartera, «pero sus cualidades, su lealtad a S. E. y su formación jurídica le harían inestimable en el Ministerio de Justicia». Para la cartera de Gobernación propugnaba a una persona que fuera falangista y prestigioso dentro de este grupo, «pero sin ser un jabalí». El sugerido podía ser Diego Salas Pombo, y el término empleado por el subsecretario es bien expresivo de su escasa simpatía por la Falange.

También en el terreno político hacía Carrero alguna otra sugerencia más que resulta de innegable interés. Quería desplazar de Justicia a Fernández Cuesta, quien, según él, tenía un «ambiente malísimo» en la carrera judicial; además, pensaba de él que «en lo que al Movimiento se refiere la opinión general entre los falangistas de buena fe es que […] es débil y no tiene carácter para mandar la Falange». Este juicio, que parece acertado (aunque no fuera seguido su consejo por Franco), le llevaba a recomendar su relegación a un puesto decorativo, como era la Presidencia del Consejo de Estado. En otras carteras de menor trascendencia Carrero hacía propuestas que partían de esa visión, tan característica de Franco, de que el Consejo de Ministros tenía una función de aglutinador del pluralismo que en un régimen liberal le corresponde al Parlamento. En Agricultura podía pensarse en un hombre procedente de la Acción Católica, si este sector no quedaba implicado en otra cartera; sugería que «cabría incluso pedir consejo sobre personas al obispo Herrera». La otra posibilidad en esta cartera sería Gabriel Arias Salgado, sin duda más afín a la Falange y personalidad que parece haber merecido toda su confianza. Algo parecido podría decirse de Trabajo: aquí también se podía colocar «una persona del sector católico, pero se corre el riesgo de que la medida sea mala en el orden político porque se estime que se desvincule de la Falange la cuestión social». Por eso recomendaba, finalmente, al falangista Labadíe. Donde, sin embargo, se demostraba la familiaridad de Carrero con la alquimia casi homeopática en la formación de gobiernos que caracterizó a Franco es en el párrafo final, en que se aludía a otro sector de la derecha española: «De llevarse a cabo un cambio de Gobierno —escribió— cabe pensar si, ante la situación actual en el pleito de don Juan, sería político implicar en la obra de Gobierno a alguna persona destacada del sector monárquico que pudiéramos llamar adicto, es decir, los que están en franco desacuerdo con la actual posición del pretendiente. Una persona de este tipo, como, por ejemplo, el conde de Vallellano, en una cartera que no sea fundamental […] dividiría el campo hostil del monarquismo y reduciría a una minoría poco peligrosa la tendencia monárquica al gusto inglés». También estos términos son muy precisamente representativos de la opinión de Carrero acerca de la Monarquía.

Pero si todas estas referencias a los aspectos políticos del cambio de Gobierno resultan del mayor interés, algo parecido puede decirse de otros que no tendrían menos trascendencia. Tras una alusión al problema de la Educación Española, que testimonia que éste no era el fuerte del subsecretario de Presidencia, sugirió también que abandonara la cartera José Ibáñez Martín, «contra el [que] parece se cierne una ofensiva de intelectuales», recomendando para él «una embajada […], pues ha servido bien y lealmente». El sucesor podría ser Fernández Ladreda, catedrático de Ingeniería, militar y ministro hasta entonces de Obras Públicas, que podría impulsar las enseñanzas técnicas en una España en trance de industrializarse. Eso indicaba ya, sin duda, un cierto giro en política económica, pero éste parece todavía más claro en otros aspectos de su texto.

Responsabilidad principal en esta materia le había correspondido hasta el momento a Suances. Ya hemos visto que, con anterioridad, Carrero había mostrado su juicio negativo con respecto al ministro de Industria y Comercio y, sobre todo, su opinión de que era necesario separar ambas responsabilidades. Ahora no se mordía precisamente la lengua al afirmar lo siguiente: «Las críticas contra Suances son tremendas y en su mayoría injustas y provocadas por su carácter autoritario y desdeñoso para todo el que no coincida con sus ideas teniendo fama de inutilizar a sus colaboradores por ser demasiado absorbente y no dejarles mover». Ha de tenerse muy en cuenta que Suances había sido íntimo amigo de Franco desde fecha muy temprana, lo que revela la sinceridad del subsecretario. El resultado era «un pésimo ambiente de desgobierno en lo económico que es una de las muletillas favoritas de los enemigos». La propuesta de Carrero era, de nuevo, desgajar el ministerio en dos. En el área de Industria quedaría Suances, o quizá otra posibilidad era que esta cartera fuera ocupada por Planell y el antiguo ministro quedara en el INI. Para Comercio manejaba tres nombres, Carceller, Arburúa y Navascués, y, sobre todo, un criterio: «Lo importante es que sea eficaz». Era el segundo, de acuerdo con este último juicio, quien resultaba mejor parado como consecuencia del examen del terceto. En la cartera de Hacienda consideraba que el ministro (Benjumea) también debía ser sustituido por su propio agotamiento. Los nombres que barajó (Navarro Reverter, Carceller, Manuel Torres, Gómez Llano, Larraz) testimonian a la vez un deseo de contar con los elementos de procedencia católica (Torres y, sobre todo, Larraz) y una marcada reticencia a implicar en esta cartera a alguien procedente de la banca, como podía ser el primero. De Gómez Llano, que sería el elegido, subrayó que «conoce bien la casa». Nos queda, en fin, una última referencia al Ministerio del Trabajo. Lo interesante respecto de él no es sólo cuanto ya hemos indicado respecto de los posibles sucesores del hasta entonces ministro, sino el hecho de que Carrero considerara que «la fase de Girón ha quedado ya superada» porque «se ha dado al obrero cuanto puede soportar la economía y ahora hay que entrar en la fase de que el obrero compense con su rendimiento en el trabajo el aumento en el costo de la producción a que han dado lugar las medidas sociales; se abre la fase de hacer efectivo su rendimiento mediante otras medidas».

El texto de Carrero testimonia, por tanto, a la vez una influencia en el modo de gobernar de Franco y en el contenido de su forma de hacerlo y un desplazamiento del centro de su interés como consejero desde lo estrictamente político hacia otros campos como lo económico. El alejamiento de la Guerra Civil hacía que a estas alturas se planteara ya el problema para el régimen de que la población estuviera en disposición de que, como él mismo indicaba, «se pase por lo que sea con tal de tener pronto mejorada su vida». El peligro era, pues, para el vigente régimen español, que se considerara aceptable incluso un cambio político de importancia ante la promesa de los beneficios económicos del Plan Marshall.

Uno de los aspectos que distingue a los personajes políticos es la utilización que hacen del tiempo en el ejercicio de su función. Franco era un hombre de tempo lento, a quien resultaba difícil arrebatar las decisiones, que tendía a dilatar cuanto podía, en parte por prudencia y en parte también por desconfianza ante lo desconocido. Mucho más guiado por una visión del mundo, quizá más abierto ante el panorama político y menos proclive a esa frialdad de un Franco que desconcertaba a menudo a sus colaboradores más estrechos, Carrero podía incluso llegar a ser insistente, tenaz y hasta imperativo en su tarea de consejero de Franco. Lo fue quizá de una forma muy especial a lo largo de los años sesenta respecto de la cuestión monárquica, pero este género de actitud ha de remontarse a una etapa anterior. Ya también a comienzos de los cincuenta adoptó una posición parecida con respecto a su superior. Franco, maestro en el manejo del tiempo político, no siguió los consejos de su subsecretario respecto del momento en que llevar a cabo la crisis y dejó, por tanto, pasar la ocasión. Pero acabaría prestándole atención en lo esencial, aunque mucho tiempo después.

El escrito que acabamos de citar fue elaborado en enero de 1950; al año y tres meses, es decir, en abril de 1951, no habiendo hecho Franco la crisis de Gobierno que Carrero juzgaba necesaria, volvió éste a la carga[116]. Lo hizo por su procedimiento habitual, un escrito, en el que para recalcar la continuidad con lo sugerido anteriormente incluyó casi cinco folios que eran la transcripción textual de los que había redactado hacía quince meses.

Partía ahora el subsecretario de Presidencia de una presunción acerca del motivo por el que no se había atendido a sus consejos, que es muy posible que fuera certera. «Su Excelencia —escribió tras esa introducción en que reproducía el texto anterior— debió estimar entonces que un cambio de Gobierno en los momentos en que estaba en plena gestación la evolución del mundo hacia nosotros no era conveniente al prestigio de España». Pero ahora ya la situación había cambiado de una forma fundamental. A fines de 1950 las Naciones Unidas habían revocado su decisión acerca de la España de Franco de cuatro años antes; a esas alturas ya eran muchos los estados que mantenían una relación diplomática normal con ella, y en enero de 1951 ya se había producido el ingreso español en el primero de los organismos internacionales, la Unión Postal. Dando por supuesto este panorama, Carrero pasaba a la ofensiva en unos términos que ratificaban ese deslizamiento hacia la necesidad de satisfacer las más apremiantes necesidades económicas; ahora, aseguraba, «forzoso es volver a considerar la situación interior porque esta situación se ha agravado por dos causas: por haber transcurrido un año más y porque las gentes, con una apreciación simplista de las cuestiones, piensan que, si con los embajadores en Madrid su vida material no mejora, la culpa no es de la presión exterior sino de la incapacidad del Gobierno, al que consideran más gastado que hace un año». Ya habían desaparecido las «agresiones descaradas», pero no había llegado de momento ningún tipo de ayuda económica y persistía la acción adversaria (los «comunistas por un lado y masones liberaloides» por otro) de la que exhibía muestras, como por ejemplo la situación universitaria y, sobre todo, la reciente huelga de tranvías en Barcelona. Esta, en efecto, era una forma de protesta política nueva nacida de dificultades económicas objetivas y sin una vertiente directa y radicalmente política, en el sentido de que no había sido organizada por la oposición superviviente de la etapa republicana.

Venía a continuación la propuesta concreta de Carrero. Ahora aparecía en primer lugar la cuestión militar, a la que en su informe anterior apenas había dedicado unas líneas, fundamentalmente para recomendar el nombramiento del inquieto general García Valiño como ministro del Ejército, por la simple razón de que era mejor tenerlo dentro que fuera del Gobierno. Ahora, en cambio, Carrero parecía estar más preocupado porque «la moral, el espíritu e incluso la lealtad del Ejército no es exactamente igual que en los momentos de la terminación de la Cruzada». En parte, ello se debía a las necesidades de la oficialidad de encontrar una segunda ocupación que diera respuesta a sus necesidades económicas, pero también a la carencia de armamento y a la ausencia de una sensación de liderazgo. Esa situación era peligrosa desde el punto de vista político, porque «la médula de la capacidad de resistencia de España ante todas las eventualidades que puedan presentarse está en el Ejército». Sin duda, hay que poner en relación la propuesta de Muñoz Grandes como ministro con una situación como la descrita; al ministro de Marina, el almirante Salvador Moreno, lo había propuesto un año antes.

Una preocupación fundamental de Carrero seguía siendo la organización del Ministerio de la Gobernación, en el que veía un exceso de competencias mientras que, además, los recientes sucesos de Barcelona habían demostrado su ineficacia: «Ni la policía gubernativa supo prevenir, ni la policía armada reprimió a tiempo y con la debida energía», por lo que «si el enemigo hubiera estado mejor preparado nos hubiera dado un serio disgusto». Un tradicional adversario aparecía también en su interpretación: «Hasta la fecha la policía no ha sido capaz de señalar ninguna actividad masónica, y las ha habido». Por eso reclamaba «crear el Ministerio de Seguridad y poner al frente de él un general de prestigio y energía». El nombre que sugería era Camilo Alonso Vega y la forma de actuación no podía ser más decidida y radical: «Si en España —escribió— se sienta como precedente que todo el que sale a la calle a alborotar va a ser recibido a tiros por la fuerza pública, se acabarán los alborotos». Con respecto al resto de las competencias de este ministerio, quería dividirlas en dos carteras, dedicada la primera a la Sanidad y Asistencia Social, puesto en que podría permanecer Blas Pérez, y la segunda a Falange y Política Interior, destinada a mantener el Partido como «cañamazo» político fundamental bajo la responsabilidad de un joven falangista.

Esas eran algunas de las novedades que en el espacio de quince meses se le habían ocurrido a Carrero. Hubo, sin embargo, alguna más. Así, sugirió la creación de un Ministerio de Información para que «un solo hombre» fuera portavoz del Gobierno «y esté constantemente preocupado con todas las cuestiones que afectan a la información que deben tener los españoles de lo de dentro y lo de fuera». El nombre que sugería era el de una persona que con el paso del tiempo se convertiría en la expresión de la Monarquía liberal y, por tanto, vitanda, y que sin embargo por entonces era, como embajador, persona de la máxima confianza: José María de Areilza. Sobre Asuntos Exteriores repetía lo aconsejado con anterioridad; era preciso concluir con la «tónica de blandenguería de nuestra diplomacia». En Educación se inclinaba ya, de manera definitiva, por una solución muy esperable, la de un «católico», Ruiz Giménez o, de forma alternativa, Castiella. También se puede apreciar en este texto una preocupación más crispada por los problemas de abastecimientos, a pesar de que las propuestas que hacía, por ejemplo, respecto de la reducción de responsabilidades de Suances, fueran idénticas a las del escrito anterior. A estas alturas le debía parecer, sin duda, que el viejo mecanismo de intervención que él mismo había conocido desde Presidencia estaba periclitado; pero, al mismo tiempo, daba la sensación de considerar por completo inevitable un duro instrumento punitivo. Después de declararse «totalmente opuesto» a la vuelta a la intervención opinó que «se debe tasar todo pero dejar en todo absoluta libertad de comercio, licenciando todos los organismos interventores y organizando a fondo la persecución y sanción del que venda fuera del precio de tasa y del acaparador sobre todo». Contra este último hacía falta la «sanción corporal sumarísima», decía, con deseo de aplicarle un tipo de pena propia de una regimentación militar. El acaparador debía quedar «al margen de todos los derechos del Fuero de los Españoles» y debía ser enviado a unos «campos de trabajo para esta clase de delitos». Convivía, por tanto, de forma muy dificultosa, en la mentalidad de Carrero la evidencia de la necesidad de un tratamiento menos intervencionista en el terreno económico con el ordenancismo militar.

«S. E., más conocedor de las personas y con mayor experiencia y sentido político que nadie elegirá los [ministros] más convenientes», concluía Carrero después de sugerir que el cambio gubernamental viniera acompañado de unas declaraciones que explicaran su sentido. Lo cierto es, sin embargo, que, aunque hiciera esa afirmación sobre la superior sabiduría de Franco, el elenco de personas que presentó fue muy completo y no menos relevante de cara a la formación del nuevo gabinete. Franco, con su parsimonia característica, esperó hasta el emblemático mes de julio para resolver el cambio de Gobierno y, al llevarlo a cabo, siguió en gran medida los consejos de aquel con quien ya debía despachar más que con nadie.

Esa es precisamente la primera conclusión a la que podemos llegar. Lo que esta crisis testimonia es el papel absolutamente crucial de Carrero en el entorno de Franco. Lo que sabemos acerca de ella[117] testimonia que fue él quien inició su gestación, hizo las propuestas fundamentales de cambio y le dio una orientación fundamental, aunque no se le hiciera caso del todo. Sólo de otra persona, que ya era ministro, Alberto Martín Artajo, se conserva una indicación de posibles ministrables, pero él mismo, como hemos visto, no podía tener la seguridad de seguir, dado el consejo de Carrero. El propuso el nombramiento de Castiella para Educación y, cuando éste no aceptó, propuso como alternativa a Ruiz Giménez; en su lista aparece también como ministrable Iturmendi, que lo fue de Justicia como representante de los tradicionalistas, un sector olvidado en los consejos de Carrero. En algún aspecto complementario (la pluralidad de competencias de Gobernación, una genérica preocupación por materias económicas o la difícil relación entre el Partido y el Estado) coincidían Martín Artajo y Carrero. Pero éste, no siendo ministro, era infinitamente más influyente que el primero. Era ya, sin la menor duda, la eminencia gris del régimen, aunque su deseo de permanecer en segundo plano llevara a que pocos se dieran cuenta de ello.

Por eso, a estas alturas resultaba sencillamente disfuncional que Carrero no se sentara en el Consejo de Ministros. Si Franco le nombró bien puede haber sido por la razón que le explicó: era una forma de evitar tener que repetirle el desarrollo del Consejo con posterioridad a su celebración. No le dio competencias diferentes de las que ya tenía (Martín Artajo había sugerido su nombre para Gobernación o Información) porque lo esencial para Franco no era tanto el papel concreto que desempeñaba como su condición de hombre de confianza y consejero principal en las materias decisivas. Carrero era bastante más que un ministro en 1951; incluso tenía más peso político en el régimen (o, lo que es lo mismo, en el ánimo de Franco) que el que había tenido antes un vicepresidente como Jordana o tuvo después Muñoz Grandes con idéntico cargo. De comparar su influencia con algún otro personaje hay que remitirse al Serrano Súñer de 1939-1940, pero con un carácter muy distinto que no es cuestión ahora de perfilar de forma definitiva.

En 1951 Franco no prestó atención a Carrero en un aspecto fundamental: el papel de la Falange en el régimen. No sólo no prescindió, por el momento, de Girón, sino que volvió a cubrir el Ministerio de la Secretaría General del Movimiento atribuyéndoselo a quien lo desempeñaba a distancia, Raimundo Fernández Cuesta. En todo lo demás Franco se ciñó de manera casi completa a lo que Carrero le había recomendado, aunque en ocasiones no lo hiciera de manera inmediata o la apariencia fuera otra. De momento, Blas Pérez siguió siendo ministro de la Gobernación, pero Alonso Vega lo sería en la siguiente gran remodelación (1957); de momento no hubo Ministerio de Información, pero también lo habría en esta ocasión siguiente y estaba destinado a ocuparlo Arias Salgado, persona a quien el subsecretario había tratado de incluir en Agricultura seis años antes. Franco no prescindió de Martín Artajo, pero de hecho la negociación de los pactos con los Estados Unidos quedó en manos de Vigón (y, en parte también, de Carrero). Se hizo lo aconsejado respecto de la división de Industria y Comercio y los ministros fueron los propuestos por él, como también sucedió en Hacienda. Los tres ministros militares fueron los que había sugerido en su informe de abril, y la cartera de Educación estuvo entre las personas que él había mencionado. Se puede pensar que, despachando con tanta frecuencia con Franco, le aconsejaba en el sentido que éste quería. Pero, aparte de que hubiera una profunda concordancia de criterios entre ambos, se daba también una influencia por completo patente de Carrero en el Jefe del Estado. Era, además, creciente y lo seguiría siendo con el transcurso del tiempo.

Carrero y los norteamericanos: La firma de los pactos de 1953

En páginas precedentes hemos visto el importante papel que a Carrero Blanco le correspondió como primer punto de contacto de la diplomacia norteamericana, a través, sobre todo, de los agregados militares y personas relacionadas con ellos. Nuestra narración se refería, en estas páginas precedentes, a la normalización de las relaciones exteriores de la España de Franco a partir de esos contactos con los representantes del Pentágono en España y con vistas a alguna colaboración militar frente a la URSS. Con el transcurso del tiempo, sin embargo, estas conversaciones, que partían de la inminencia de un conflicto mundial, perdieron sentido porque no se produjo la conflagración generalizada y porque, además, llevaban en su propio seno una obvia limitación que nacía de la discrepancia entre el Departamento de Estado y el Pentágono. Mientras que este último sólo pensaba en las posibles concesiones militares en forma de bases, el primero tenía en cuenta otros factores que iban desde la tradicional antipatía del Presidente Truman respecto de Franco por la persecución que le atribuía de los protestantes, hasta los inconvenientes sentidos acerca del mantenimiento del intervencionismo estatal, pasando por la necesidad de adecuar la política norteamericana a la de los aliados europeos, mucho más reticentes hacia el régimen de Franco y, sobre todo, más constantes en esa actitud de reticencia, entre otros motivos porque lo tenían más cerca.

Los contactos oficiosos a través de los círculos militares norteamericanos concluyeron a fines de noviembre de 1948, y de nuevo fue Carrero la persona que recibió la comunicación de ese misterioso personaje norteamericano del que se ha tratado con anterioridad[118]. «M» le informó, en efecto, de que, «en vista de la actitud del Departamento de Estado, no proseguirían las conversaciones oficiosas con los elementos militares españoles». Había, sin embargo, otra razón complementaria que derivaba de los consejeros de Truman, de momento hostiles pero de los que se esperaba que en la segunda fase presidencial fueran poco propicios al acercamiento a España. «M», que a menudo daba la sensación de estar más preocupado por obtener ventajas para el régimen de Franco que por los intereses de su país, recomendó a Carrero que no se diera la sensación de premura o de interés por llegar a un acuerdo y que se utilizara a una tercera persona, carente de estatus diplomático e incluso de nacionalidad española, para tratar de cambiar la opinión del Presidente norteamericano. En concreto, propuso al cardenal Spellman, quien, de hecho, visitó tempranamente la España de Franco, aunque no sabemos si en realidad desempeñó ese papel que se le quería atribuir.

Esta conversación no resulta anecdótica, sino que nos revela la dificultad que existió por parte de los dirigentes de la España de Franco para conseguir una integración, aun por la vía indirecta, en los mecanismos de defensa del mundo occidental. La propia longitud del período cronológico existente entre el cambio de la política exterior norteamericana (otoño de 1947) y la firma de los tratados (idéntica estación de 1953) es bien expresiva. Eso mismo explica, con toda probabilidad, la intervención de Carrero Blanco en esta cuestión que en teoría estaba tan lejana de sus competencias ministeriales precisas. En cambio, da la sensación de que no le correspondió un papel muy relevante en la negociación del Concordato, al que, sin embargo, como veremos, le atribuyó una importancia tal que quiso convertirlo en parte de la Constitución española. Aunque viajó en 1949 a Italia, junto con Martín Artajo, lo que podría hacer pensar en su intervención en esta materia, en los archivos públicos o en los privados no existe ninguna prueba sólida de que interviniera en esta cuestión. El Concordato, por otro lado, no hizo otra cosa, en realidad, que consolidar una relación ya existente y que en lo esencial no era problemática. Sin duda era mucho más dificultoso llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, de donde debía provenir ese alivio de la situación económica española que Carrero, como hemos comprobado en la gestación de la crisis de 1951, consideraba como absolutamente prioritario. Los especialistas en las relaciones entre España y los Estados Unidos durante esta etapa[119] se han preguntado acerca de quiénes fueron los principales negociadores por la parte española de los acuerdos de 1953, pues no resulta fácil descubrirlo. De la documentación que conocemos acerca del particular se puede deducir que el elemento militar español (en concreto, el general Vigón) debió tener un papel de primera importancia, tal y como había recomendado Carrero en la crisis de 1951. Martín Artajo, que siguió como ministro de Exteriores, jugó un papel de menor importancia en la negociación que, en última instancia, fue dirigida o, por lo menos, supervisada por el propio Franco. Muy a menudo Lequerica, que siempre actuaba con un elevado grado de autonomía que él mismo se autoconcedía, con el beneplácito de El Pardo, respecto de su ministro, debió ponerse en relación con Franco, sin duda a través de Carrero, o éste despachó con él la correspondencia que procedía del embajador español en la capital norteamericana. Lo que nos importa es que en esta cuestión, como sin duda en muchas otras de primera importancia, Franco utilizó como mano derecha a Carrero y no al ministro a quien correspondía la competencia específica en la materia. Al quedar expuesta por escrito la posición de ambos en relación con la otra parte de los acuerdos, es imposible saber si existía una diferencia de matiz entre ambos. Lo esencial es, por tanto, la confianza de Franco en Carrero en una cuestión tan importante, y lo mucho que estaba destinada a perdurar, como iremos viendo.

A pesar de los antecedentes mencionados, con una lentitud que ya ha sido indicada, el cambio de la posición norteamericana con respecto a España empezó a consolidarse en 1950 y se convirtió en definitivo a partir de comienzos de 1951, momento en que se regularizó de forma definitiva la situación de las respectivas embajadas con los nombramientos de Griffis en Madrid y del citado Lequerica en Washington. Aunque no volvió a repetirse esta especie de desdoblamiento entre la diplomacia del Pentágono y la del Departamento de Estado, merece la pena señalar que el ritmo de la negociación tuvo mucho que ver con la evolución de la estrategia militar norteamericana. Baste recordar que a fines de 1950 obtuvieron los Estados Unidos derechos militares en el Marruecos francés y en otoño de 1951 en Azores; el comienzo de las operaciones militares en Corea coincidió con la firma de un acuerdo sobre transporte aéreo con España. Sólo en junio de 1951 empezaron a encarrilarse las negociaciones acerca de las bases, y en el mes siguiente visitó España, finalmente, el almirante Sherman, quien, según la documentación española, parece haber desempeñado un papel esencial a la hora de convencer a los núcleos dirigentes norteamericanos de la necesidad de llegar a un acuerdo con España.

Llegados a esta fecha, quizá sea conveniente recordar que en el período 1949-1951 Carrero continuó su labor de publicista como defensor del régimen a través de artículos que escribía en tiempos libres y que eran radiados a continuación en el «parte» de la emisora pública y también en todas las de carácter privado. Como en el período anterior, los artículos fueron luego recogidos en sucesivos tomitos editados por una editorial privada. Manteniendo todos ellos un duro tono polémico, responden, como en casos anteriores, a los planteamientos característicos de su autor, cuyas preocupaciones, nacidas de la asidua lectura de esas comunicaciones diplomáticas procedentes del exterior, recogen de forma puntual. A lo largo de 1949, la fundamental insistencia de Carrero consistió en recalcar la vinculación entre comunismo y anticatolicismo, pero sus artículos se refirieron también a la OTAN, por la que manifestó idéntica prevención a la que aparecía en sus escritos a Franco. Otras cuestiones recurrentes fueron la identificación entre socialismo y comunismo y unos ataques muy incisivos en contra de la Administración demócrata norteamericana, con repetida y expresa mención del presidente Truman y, sobre todo, del secretario de Estado Dean Acheson; tales ataques contrastan con los contactos indirectos que había mantenido con los militares norteamericanos en el pasado y continuaría posteriormente. De todos modos, el aflojamiento de la presión internacional sobre España llevó a Carrero, con el paso del tiempo, a disminuir su producción de artículos y trasladar su centro de atención desde las cuestiones internacionales a los temas españoles. En este sentido resulta muy significativo el hecho de que el tomito dedicado a la recopilación de artículos de 1949-1950 se titulara Las doctrinas del Komsomol, mientras que el siguiente, que alcanzaba hasta la primavera de 1951, ya no hiciera referencia a la presión adversaria sino que llevaba como título Gibraltar: ya a esas alturas, por lo tanto, parecía estar en condiciones de iniciar la contraofensiva. En ese momento la producción de artículos de combate político por parte de Carrero se había reducido ya a tan sólo uno cada dos meses. Todavía tuvo tiempo el subsecretario de Presidencia para producir en el año 1950 otro libro, titulado España ante el mundo. Proceso de un aislamiento, que no era ya una recopilación de artículos sino una reelaboración completa con la adición de algunas partes inéditas. El libro también apareció con el pseudónimo «Juan de la Cosa» y, aunque fue difundido en España por una editorial privada, se tradujo también al inglés para uso de la diplomacia española. El autor reconocía en su prólogo que el texto no tenía pretensiones intelectuales o teóricas; la tesis era, de cualquier modo, idéntica a la que había mantenido siempre Carrero en ocasiones anteriores: existía una doble conspiración contra el régimen que procedía, a la vez, del marxismo y del liberalismo masónico. Para los efectos de este libro lo que nos interesa de forma fundamental es que la abundante documentación diplomática y de prensa utilizada por el autor testimonia de manera clara el papel decisivo que desempeñó Carrero en la defensa a ultranza del régimen de Franco frente a las asechanzas exteriores en la época del aislamiento. Resulta obvio, para el lector de este libro, que su autor tuvo un protagonismo muy superior al del ministro de Asuntos Exteriores en estas tareas.

Concluida esta referencia a la tarea publicística de nuestro personaje podemos, a continuación, volver al punto en que hemos abandonado la narración a la hora de la gestación de los acuerdos de España con los Estados Unidos. Parece bien claro que los españoles buscaron en los acuerdos con los Estados Unidos un triple propósito: alcanzar el pleno reconocimiento internacional en condiciones de la mayor semejanza posible con los otros países europeos y, además, conseguir ayuda económica y una garantía de seguridad lo más completa posible. En un «proyecto de acuerdo de seguridad mutua y cooperación económica» en que figura la letra de Carrero con la anotación correspondiente a habérselo mostrado a Franco y la condición de «secreto», se situaba por delante como objetivo «el adecuado desarrollo de los recursos naturales» y no «la protección por fuerzas armadas propias suficientes contra la agresión externa». De todos modos, esta garantía debería aplicarse ante «cualquier» adversario, con lo que la ventaja conseguida por España habría sido muy amplia; además, los Estados Unidos registrarían en la ONU (a la que España seguía sin pertenecer) el tratado[120]. Los resultados, como es sabido, estuvieron muy lejanos de estos propósitos. Baste con añadir que la contrapartida económica que solicitaba la parte española era diez veces la que estaba inicialmente dispuesta a conceder la otra parte.

La negociación fue complicada, y a ella debió dedicar Carrero mucho tiempo, también en sus aspectos más ocultos. En repetidas ocasiones insistió Lequerica en la necesidad de fondos para «gastos especiales» destinados a captar un lobby dispuesto a presionar en el Congreso norteamericano a favor del acuerdo entre los dos países. El embajador español, siempre un tanto despectivo respecto a Martín Artajo, creía imprescindible «una vigilante máquina interior amiga nuestra» y veía en los intentos de escatimarle los fondos «un agudo intento político antifranquista». Tenía, además, sin duda, un sexto sentido para percibir dónde estaba el poder político efectivo, y eso es lo que explica que se dirigiera por escrito a Carrero para pedir su intervención. Para él —y el juicio no parece tan exagerado— el acuerdo con los Estados Unidos era «el principal y casi único [asunto] de nuestra política exterior», por lo que en él «nos van muchas cosas a quienes tomamos en serio el régimen y lo consideramos clave de la Historia Nacional». La carta daba por supuesto que entraba «dentro de su nueva función» (la de ministro) toda la gestación del acuerdo entre los dos países[121]. En una porción considerable, como hemos visto, Lequerica tenía razón.

Durante muchos meses, en efecto, Carrero dedicó una parte considerable de su tiempo a la negociación. Si durante la peor etapa del aislamiento de la España de Franco había despachado con él la correspondencia diplomática que contenía amenazas más graves, ahora, en cambio, se concentró en la que procedía de Washington, que subrayó con detenimiento, encabezando con un «S. E». aquella que recomendaba que el propio Franco viera[122]. Como sabemos, el juicio de Carrero sobre Lequerica no era bueno: coincidían en una actitud, la de que el régimen debía negociar desde una postura que no permitiera ni siquiera concebir la posibilidad de que se produjera un cambio en su política, pero el aire un tanto cínico del embajador contrastaba con el carácter nada tortuoso de Carrero. Los numerosos interrogantes que el ministro colocaba en los telegramas de Lequerica prueban que muy a menudo no estaba de acuerdo con los juicios de este último sobre los Estados Unidos o la política internacional. Quizá no pudiera entender, por ejemplo, que Lequerica le asegurara que el Partido Demócrata era allí a la vez el más católico y el más influido por la masonería, lo que, en la visión de Carrero, era por completo antitético.

Con las cartas y telegramas que Carrero recibía de los Estados Unidos, que subrayaba y seleccionaba para Franco, y con los informes que le elevó periódicamente es posible reconstruir su actitud respecto de la negociación sobre los acuerdos en lo que tiene de personal e intransferible. Fue una negociación larga y complicada[123], en la que se frustraron los iniciales deseos de Lequerica de que se resolviera de forma rápida, incluso antes de la celebración de las elecciones norteamericanas de 1952, a pesar de que en ellas podía quebrarse un predominio demócrata, ya muy duradero, que era muy poco favorable a Franco. Sin duda, a pesar del juicio inicial del embajador, la victoria de Eisenhower supuso un importante cambio de rumbo en la política norteamericana y, con él, una mayor posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero hubo dificultades objetivas que lo retrasaron. Lequerica, cuyos telegramas llevaban indicaciones («Enteramente secreto», «De consideración de V. E. personalmente») que hacen pensar en que estaban dirigidos a muy pocas personas, quizá sólo a Martín Artajo, Carrero y Franco e incluso sólo a los dos últimos, insistía en la premura de la operación sin atribuir ninguna trascendencia a las posibles cesiones españolas. Temía, sobre todo, que las consignaciones económicas logradas del Congreso y el Senado gracias a la colaboración del grupo de presión que había constituido entre los sectores anticomunistas, católicos y vinculados con el comercio exterior, con ayuda de las asignaciones para «gastos especiales» procedentes de España, acabaran perdiéndose. Con frecuencia hubo de multiplicar su presión indirecta sobre los miembros de las cámaras norteamericanas de manera directa e insistente. Sin embargo, los militares españoles, incluido Carrero, en cuyas manos se jugaba el destino final de la negociación, tenían pretensiones económicas importantes, a las que sumaban otras derivadas de su condición profesional y de su nacionalismo, mientras que los negociadores norteamericanos sabían de sobra que en el caso de España, por su situación política interna, sólo podían hacer concesiones limitadas con la esperanza de obtener el resultado apetecido. A Lequerica se le hizo decir en Washington que se proponía a España «no un matrimonio sino un concubinato»; algo de eso había, porque las dos partes tenían concepciones que eran muy distintas. En el transcurso de la negociación llegó a haber incluso alguna curiosa interferencia soviética de la que cabe pensar que estuvo destinada a impedir que acabara llegándose a un acuerdo[124].

Disponemos de dos documentos que, aparte de probar el papel decisivo de Carrero en la negociación, nos informan acerca de su posición. En la Nochebuena de 1952 los negociadores norteamericanos entregaron al general Vigón (y no, por supuesto, a Martín Artajo) un borrador de acuerdo militar sobre el que trabajó el ministro subsecretario[125]. En la contrapropuesta que entregó a Franco se encuentran dos alternativas significativas a lo propuesto por los norteamericanos. Carrero quería que hubiera una simultaneidad entre los suministros militares procedentes de Norteamérica y la progresiva habilitación de las bases en territorio español. Deseaba, además, que hubiera una consulta preceptiva y previa antes de la utilización de las bases norteamericanas en España por motivos de emergencia. Resulta significativo también que la contrapropuesta que elaboró el preámbulo de los pactos se iniciara con las siguientes palabras: «Frente al peligro de amenaza al mundo occidental por parte del comunismo soviético…» La redacción final fue mucho más vaga respecto a la localización de una posible agresión.

Otro texto, más significativo todavía, no obedece quizá al juicio único del ministro subsecretario, sino también al del propio Franco, aunque la redacción fuera de manera inequívoca del primero. Carrero, en el momento más crítico de la negociación, escribió a Lequerica dándole unas instrucciones que revelan de manera clara que había un límite a las concesiones a los Estados Unidos que resultaba imposible superar para los dirigentes españoles. Con los pactos, escribió el ministro subsecretario, no se trataba de «conseguir simplemente la victoria política que, en orden al crédito internacional del régimen español, representaría un acuerdo unilateral con la potente nación norteamericana, sino de algo mucho más importante como es el lograr las garantías mínimas esenciales que toda la nación está obligada a asegurar ante el hecho de implicarse en una futura guerra». Por lo tanto, lo que separaba a los españoles de los norteamericanos en el transcurso de la negociación no eran «susceptibilidades superables», sino «un problema de fondo con todas sus consecuencias»[126]. Este era el género de instrucciones que hacían que Lequerica acudiera al Departamento de Estado norteamericano para quejarse de que a España se le ofreciera un concubinato y no un matrimonio.

Fuera lo uno o lo otro, el hecho es que los acuerdos finalmente se firmaron y constituyeron en adelante una pieza de singular importancia, tanto para la política exterior como también, en cierto sentido, para la interior de la España de Franco. Eso, y el papel que a lo largo de su negociación le había correspondido a Carrero, explican que ésta fuera en adelante una cuestión en la que intervino de una manera no sólo importante sino decisiva. Fueron los pactos pieza cardinal de la ubicación de la España de Franco en el mundo y, en realidad, a los ministros de Asuntos Exteriores no les correspondió el papel más decisivo respecto de ellos, sino que las decisiones fundamentales respecto de las relaciones con los Estados Unidos les fueron sustraídas para ser objeto de reflexión y decisión por parte de los propios Franco y Carrero. Ambos pensaron en adelante, sin duda, que los acuerdos de 1953 con los Estados Unidos eran, si no la cuestión única de la política exterior española, como había llegado a escribir Lequerica (cesado, por cierto, poco después de ser suscritos), sí la más decisiva. Por eso se la reservaron para sí y, como es lógico, el manejo diario de las decisiones estuvo en manos del ministro subsecretario.

Así empezó a suceder, además, desde muy pronto. A los tres años de suscritos los pactos fue el ministro subsecretario y no el de Asuntos Exteriores quien dirigió una carta al embajador norteamericano extrayendo las consecuencias que para la economía española había tenido la ayuda económica hasta entonces prestada por su país. Aseguró, en efecto, que esos 280 millones de dólares habían sido «un elemento de gran consideración en la labor de reconstruir y desarrollar la economía española, tan perjudicada por la Guerra Civil y las consecuencias de la guerra mundial». «Todo ello —añadía— ha tenido como consecuencia la elevación paulatina del nivel de vida de los españoles». Sin embargo, las circunstancias meteorológicas habían sido enormemente negativas en los últimos tiempos y la propia ayuda norteamericana había tenido un efecto inflacionista grave sobre el aparato productivo español. En consecuencia, lo que pedía Carrero era que los Estados Unidos revisaran su política de ayuda a España aumentándola de manera considerable[127]. Sólo tras esta introducción, la cuestión pasó a ser abordada por aquel a quien correspondía de un modo más lógico, el ministro de Asuntos Exteriores, el cual, para responder a las preguntas del embajador que justificaran una posible gestión al respecto ante las autoridades de su país, envió un extenso informe complementario cuya autoría debió de corresponder a los servicios económicos de su ministerio.

La gestión de Carrero resulta de particular interés porque nos pone en contacto con la que fue su actitud de fondo con respecto a los Estados Unidos. Siempre consideró que los acuerdos eran un instrumento de importancia decisiva para la configuración de la política exterior e interior española. Cualquier autoridad estadounidense visitante de España encontraba en él un deseo de colaboración decidido, lo que en modo alguno puede considerarse como por completo habitual[128]. Nunca, en adelante, cuestionó esos pactos y, además, estuvo en contra de quienes, en el seno de los sucesivos gobiernos, se mostraban dispuestos a aumentar la tensión entre ambos países para de esta manera obtener mayores beneficios. Pero eso no obsta para que tratara de obtenerlos él por su parte y, además, hubo siempre en él una actitud de fondo distinta de la característica de los norteamericanos. Lo decisivo para el contenido del presente trabajo es, sin duda, ese papel cardinal que hubo de corresponder a Carrero en tan importante materia. A fines de 1957 se formó una Comisión Delegada del Gobierno para la ejecución de los convenios con los Estados Unidos en la que el ministro subsecretario habría de jugar un papel decisivo. Era él, por ejemplo, quien enviaba al ministro de Hacienda el decreto-ley destinado a someter a ejecución los gastos derivados de los convenios. Como tendremos ocasión de comprobar, el papel que en el futuro le siguió correspondiendo fue de una importancia decisiva hasta el momento de su asesinato[129].

Los proyectos de Arrese y la respuesta de Carrero

En páginas anteriores hemos visto que, aunque el ministro subsecretario era, en principio, partidario de una institucionalización del régimen y, además, tenía bien claro que debía ser en sentido monárquico (daba por supuesto que ya se había producido, aunque no fuera de forma completa y definitiva), a comienzos de los cincuenta no ponía esta cuestión en la primera línea de sus preocupaciones. Sin embargo, un conjunto de circunstancias inesperadas hizo que la cuestión fuera arrojada sobre el tapete, y entonces Carrero se sintió obligado a intervenir y a defender su propia opción al respecto. En definitiva su posición fue reactiva, pero respondió a lo que siempre había sido su forma de ver las cosas.

Los orígenes más remotos de lo sucedido hay que remontarlos a la crisis producida por los sucesos estudiantiles de febrero de 1956. A diferencia de lo sucedido en la mayor parte de las crisis ministeriales acontecidas durante la etapa franquista, se trató en este caso no de un relevo de guardia sino de la necesidad de solventar un conflicto inesperado y en apariencia muy peligroso, porque afectaba a un aspecto decisivo de la vida del régimen: la solidaridad de las fuerzas políticas que lo componían bajo el liderazgo y el arbitraje de Franco[130]. En el Ministerio de Educación, Joaquín Ruiz Giménez había llevado a cabo una política de apertura cultural cuyo alcance no debe ser exagerado, pero que con el paso del tiempo le enfrentó con los elementos falangistas de la Secretaría General del Movimiento. Lo que el citado ministro escribió durante los meses finales de su período ministerial a su homólogo de Exteriores, un Martín Artajo que había sido el autor de su nombramiento, prueba que, además de este enfrentamiento concreto, existía en aquél una creciente, aunque confusa, preocupación por motivos políticos de fondo; algo parecido debió de suceder en los medios falangistas, que a lo largo de 1955 volvían a insistir en declaraciones que rozaban el republicanismo. Lo que nos interesa es que en este ambiente acabó produciéndose un estallido como consecuencia del enfrentamiento, el 9 de febrero, entre estudiantes universitarios y falangistas. A estas alturas está claro que lo sucedido no fue inicialmente otra cosa que un accidente cuyas consecuencias pudieron ser luctuosas por el hecho de que los falangistas estaban armados; pero lo importante no fue eso, sino la revelación del enfrentamiento insostenible entre dos sectores. Franco, en esta ocasión, no podía actuar sino como lo hizo en otro momento semejante, en 1942. Recordemos que entonces, por consejo de Carrero, optó por prescindir de los dos sectores enfrentados. Ahora hizo lo propio y, sin duda, ése debió de ser también el criterio del ministro subsecretario, aunque no dejara de él rastro escrito. De todos modos, el conocimiento de la tramitación de la crisis nos confirma que el papel del principal consejero de Franco fue idéntico al que había tenido en anteriores ocasiones. Fue Carrero, en efecto, quien comunicó a los cesantes su relevo para que acudieran a la entrevista con Franco con conciencia de cuál iba a ser su destino.

Lo que se produjo a continuación reviste el mayor interés desde el punto de vista político, porque el incidente y la crisis posterior tuvo un efecto que puede parecer inesperado. En efecto, podría pensarse que el resultado de la misma hubiera debido ser el aplacamiento instantáneo de las actitudes ariscas de los sectores enfrentados; pero no fue así. En realidad, ese sector católico que representaba Ruiz Giménez no podía reaccionar ante una situación como aquella en que le habían dejado los incidentes, no sólo porque en ellos habían participado estudiantes pertenecientes al Partido Comunista, sino porque este sector no podía tener capacidad de actuación por carecer de sólidas apoyaturas en el aparato del Estado y de organizaciones que pudieran traducirlas en la calle o ante la opinión. Por si fuera poco, la causa en cuestión, la apertura cultural, no tenía mucho que ver con las cuestiones centrales que interesaban al sector católico del régimen; otra cosa hubiera sido si se hubiera planteado otra cuestión. Pero el caso de la Falange era muy distinto porque había conservado, por decisión de Franco, una parte del Estado en sus manos, tenía sus medios oficiales de expresión y la posibilidad de movilizar organizaciones de masas. Pues bien, la actitud arisca de la Falange no sólo no cedió (cuando, si había estado a punto de producirse un muerto, ella era la culpable indirecta), sino que arreció. Arriba recordó a uno de los héroes falangistas, afirmando que «habían vuelto a matar a Matías Montero». Tal género de reacción ha sido atribuida a Carrero, pero eso no tiene justificación. Aunque la tendencia espontánea del ministro subsecretario fuera siempre, con ocasión de plantearse problemas graves, pensar que eran debidos a las fuerzas conspiradoras contra la estabilidad del régimen, resultaba mucho menos imaginable que empuñara la pluma para recordar a Matías Montero: fueron los propios falangistas quienes se desgarraron las vestiduras y, aunque lo hicieran con toda sinceridad, su actitud fue producto también del cálculo político. Presentándose como los agredidos, se situaban a sí mismos en mejores condiciones para reclamar una mayor cuota de poder político. Aunque es posible que ya Franco hubiera pensado desde antes en sustituir a Fernández Cuesta por Arrese, no cabe la menor duda de que tomó la decisión definitiva como consecuencia de los incidentes y para responder a esa actitud arisca de los falangistas. Arrese era un falangista de la primera hora cuya pureza ortodoxa le había convertido a la altura de 1942 en sustituto real de Serrano dentro del Partido. Era un símbolo tan evidente de Falange que su relevo resultó imprescindible en 1945, y en 1956, cuando ya habían cambiado las circunstancias de once años antes, se hacía posible su vuelta. Lo que de momento no estaba tan claro era que, aunque íntegro en sus principios falangistas, resultaba mucho más dependiente de Franco y mucho menos habilidoso e inteligente de lo que le creían los falangistas.

Se inició así lo que un dirigente falangista, quizá el intelectualmente más valioso, Emilio Lamo de Espinosa, ha descrito como «el más noble intento» de institucionalización del régimen de Franco[131]. Con lo dicho hasta ahora ya puede calcularse que no se trató de una elaboración institucional más, sino que tuvo un carácter inequívocamente falangista. El proyecto no prosperó pero abrió una etapa, aunque corta, de durísimo enfrentamiento entre los diversos sectores del régimen, de tal manera que los pocos meses en que la cuestión estuvo en debate pueden considerarse como fundamentales en la vida política española de la etapa franquista.

Afortunadamente, existe ya mucha información sobre la tramitación de estos proyectos[132]. Nos interesan al respecto, mucho más que su contenido concreto o el conjunto de las posiciones que en relación con ellos fue planteado por las diversas fuerzas políticas del régimen, la posición de Carrero y las razones de su victoria final.

Arrese partía de un pasado propio y un diagnóstico del presente para proponer, a continuación, una rectificación fundamental del rumbo político. El pasado era, por descontado, su propio falangismo, que le había hecho marginarse desde 1945. Lo cierto es, sin embargo, que parece haber mantenido un cierto grado de influencia respecto de Franco, porque asegura en sus memorias haberle convencido de que sustituyera, en el proyecto de Ley de Sucesión, el «príncipe de mejor derecho» por aquél de linaje real que en su momento fuera seleccionado por el Consejo del Reino. De haber sido así, es obvio que ese planteamiento de fondo difería en lo esencial del que tuvo Carrero en su momento. Nada consiguió, en cambio, respecto del Fuero de los Españoles, que le pareció introducir «matuteramente» una serie de «derechos confusos y amenazantes». Esas eran libertades sólo declaradas, pero no puestas en práctica en el citado texto.

De todos modos, más interesante resulta aún el diagnóstico que Arrese hacía de la situación, en la que veía una peligrosa deriva hacia la tolerancia con el liberalismo, una debilidad y reblandecimiento de la Falange y, en fin, una ausencia de rumbo institucional, y más aún según las indicaciones de la doctrina falangista. A este diagnóstico hay que añadir, sin duda, la peculiar coyuntura que vivía el mundo y que parecía favorecer el intento. Eran los momentos en que todavía perduraba la guerra fría pero, al mismo tiempo, habían aparecido ya fórmulas políticas que nada tenían que ver con la democracia y podían conectar de algún modo con el nacionalismo de los falangistas. Se trataba, por ejemplo, de la naciente organización política de los países del Tercer Mundo, que estaban llegando a la independencia por aquel entonces y que no se caracterizaban por la práctica de la democracia. Arrese tuvo la idea de ir al Egipto de Nasser a repartir ejemplares de las obras de José Antonio Primo de Rivera, propósito que hoy puede parecer desatentado pero que nos permite evocar las peculiaridades del momento. A fin de cuentas, en 1956 se había roto ya el monopolio de la democracia como forma deseable de organización política en todo el mundo.

Por supuesto, Arrese no pidió la aprobación de Franco para sus proyectos constitucionales; es más, pensó inicialmente que no la obtendría cuando lo intentara. No entraba dentro de las características del Jefe del Estado, por otra parte, oponerse frontalmente a un proyecto de un ministro recién nombrado. Lo que Franco otorgó fue, sin embargo, un consentimiento silencioso y reversible al que Arrese atribuyó mayor significación de la que tenía. Eso le sirvió para, en marzo de 1956, anunciar la inmediata conclusión de la obra institucional del régimen. Como durante algún tiempo pareció gozar de la confianza de Franco, a quien acompañó en un viaje a Andalucía en que menudearon las declaraciones de falangismo por parte del general, llegó a hacerse ilusiones de que podría triunfar de manera completa. Hasta junio de ese año llegó, incluso, a especular con la posibilidad de constituir un Gobierno «homogéneo» que sería, por supuesto, casi por completo falangista. Su misma composición constituye el mejor testimonio de hasta qué punto estaba errado en lo que respecta a su capacidad de influir en la política española: pretendía, por ejemplo, que Carrero ocupara el Ministerio de Asuntos Exteriores, puesto para el que este último carecía de condiciones y que, además, hubiera supuesto una relegación política de quien llevaba mucho tiempo siendo el principal consejero político de Franco.

¿Qué era, en realidad, lo que pretendía Arrese? Lo que, en principio, deseaba era una potenciación del papel del antiguo partido único, en especial de su Consejo Nacional. Quien estuvo detrás de la gestación de sus proyectos (Lamo de Espinosa, nombrado director del Instituto de Estudios Políticos) descubre en sus memorias que sus propósitos consistían en sustituir el pragmatismo reinante por una exaltación de la antigua Falange: un sistema político que ni siquiera había abolido la Constitución de 1931 sería relevado por otro en que la soberanía residiría en el Movimiento Nacional. Lamo, además, de forma perfectamente consciente, deja de hacer mención de la vertebración monárquica del régimen en la Ley de Sucesión, como si ésta hubiera sido una decisión de escasa trascendencia. A partir de esa tesis se hubiera podido llegar incluso a la dictadura de un partido único. La fórmula final no fue exactamente ésa, pero concedía al Movimiento Nacional unos poderes tan extraordinarios que tenía toda la razón Arrese al decir que él hubiese quedado convertido en «comisario político con mando en plaza». En efecto, el secretario general del Movimiento sería elegido por el Consejo Nacional, y debería ser oído para el nombramiento de Jefe de Gobierno. El Consejo Nacional podría censurar a este último y tendría, además, las funciones atribuibles a un Tribunal de Garantías Constitucionales respecto de la legislación ordinaria. Incluso se establecían dos categorías de adscripción al Movimiento, la de simple afiliado y la de militante, que venía a corresponder a una función directora o de minoría encargada del ejercicio del poder. En definitiva, si eso no era una dictadura totalitaria, a efectos dialécticos podía ser considerada como tal por parte de los adversarios del predominio del Movimiento Nacional. Una anécdota que merece la pena traer a colación a este respecto es la que le sucedió a Martín Artajo con su peluquero. La discusión del proyecto constitucional de Arrese fue bastante pública, por lo que llegó a amplias capas de la población. El peluquero le dijo al ministro de Asuntos Exteriores, no sin parte de razón, que el sistema político español sería, de triunfar esos propósitos, «como lo de Rusia, pero con curas».

Es obvio que una persona como Carrero debía estar en contra de un proyecto como éste y que, además, su prevención sólo podía ser multiplicada por el hecho de que hubo falangistas, como González Vicén, que se declararon republicanos y reclamaron todo el poder para Falange. No podía aceptar ni la marginación de una Monarquía, a la que consideraba ya constitucionalizada, ni el predominio de un partido acerca del cual su juicio desde los cuarenta era muy negativo. Lo que llama la atención es, sin embargo, que Arrese, en sus memorias, da la impresión de haber juzgado que el ministro subsecretario actuaba de una manera constructiva mientras que la oposición de otros sectores fue más frontal y taxativa. La verdad es, sin embargo, que el falangista probablemente no entendió el sentido de su intervención y, sobre todo, no fue consciente del relevantísimo papel que le correspondía a Carrero cerca del ánimo de Franco. Lamo de Espinosa, mucho más perspicaz, fue también mucho más capaz de entender el sentido de la intervención de Carrero. «En Luis —escribe en sus memorias— era muy difícil averiguar o distinguir lo propio de lo inducido por Franco, pues había llegado a un tal grado de compenetración que Franco discurría por el cerebro de Luis […] es decir que, separados, Luis pensaba y decía lo que Franco pensaría y diría sobre la misma cuestión». Quizá el juicio no resulta por completo correcto, pero basta, por el momento, para ratificar que Lamo conocía mucho mejor el peso de Carrero en Franco que su superior en el Partido.

La intervención de Carrero, en efecto, de seguro se produjo de acuerdo con Franco, y, con la apariencia de introducir un cierto orden en la tramitación de estos proyectos constitucionales, lo que en definitiva hizo fue presentar una alternativa muy diferente. Es, por otro lado, obvio que no se puede dejar de poner en relación su intervención con la sensación que a partir de este mismo momento empezó a sentir Arrese: la de que había dejado de ser el «niño mimado» en El Pardo y se estaba convirtiendo en «un caballo desbocado al que era necesario embridar». En efecto, esa sensación la sintió Arrese a principios de junio de 1956, que fue cuando Carrero expuso su opinión sobre la cuestión.

Su toma de postura se produjo, como en él solía ser habitual, mediante una nota escrita en que hacía un planteamiento de carácter general sobre la institucionalización del régimen[133]. Merece la pena glosarla de manera detenida, porque en este momento todavía carecía el ministro subsecretario de ese asesor político que luego resultó decisivo para él, sobre todo en materias jurídicas: Laureano López Rodó. Este, por el momento, era tan sólo asesor de otro opositor al intento institucionalizador falangista, el ministro de Justicia, Iturmendi, y su fortuna política tuvo esa procedencia. Por lo tanto, la opinión de Carrero nacía de manera espontánea, sin mediatización alguna.

El ministro subsecretario, escribiendo siempre en un tono que no parecía descubrir discrepancia radical ni de fondo, partía de la necesidad, en primer lugar, de definir unos principios básicos del Movimiento Nacional porque «si José Antonio viviera, sería él el primero que aconsejaría la puesta al día» de los principios de la Falange. Tras esta sorprendente cita del fundador del Partido, que tanto contrasta con otros juicios suyos más privados, el primero de los principios enunciados por Carrero era, en la práctica, una enmienda a la totalidad a los proyectos falangistas. Si Arrese y Lamo de Espinosa habían tratado de eludir cualquier tipo de mención a la Monarquía, en el texto de Carrero ésta era citada en primerísimo lugar, puesto que, si se definía España, al modo falangista, como «una unidad de destino en lo universal», a continuación se decía de ella «que orienta inexorablemente su actividad como nación bajo la inspiración de la Ley de Dios según las doctrinas de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana en un régimen de Monarquía Social». La frase reviste interés no sólo por el predominio de ese factor religioso, muy acorde con la mentalidad de Carrero, sino también por la relevancia de la Monarquía, a la que se atribuía la condición de «social» como concesión a la Falange. En el fondo, sin embargo, se trataba de esa misma «Monarquía tradicional» a la que tan a menudo se había referido el ministro subsecretario desde los años cuarenta. Había, también, en el resto de los principios enunciados por Carrero algunas concesiones a la dialéctica falangista, como la consideración de la Banca como «un servicio público sometido a las intervenciones necesarias» o el común repudio del liberalismo capitalista y el comunismo. Sin embargo, quizá lo que de manera más significativa nos pone en contacto con el pensamiento de su autor en esa enumeración de principios era, en primer lugar, la afirmación de que «los partidos políticos quedaban abolidos para siempre». También quedaba enunciada otra opinión que no es tan claro que el Carrero de los años cuarenta hubiera podido admitir de forma tan taxativa y completa: «La actividad económica de la nación queda a cargo de la iniciativa privada». Quedaban, por tanto, ya lejanos los tiempos de ese intervencionismo total de la primera posguerra.

Pero, si en los principios ya existían diferencias sustanciales entre Carrero y Arrese, lo cierto es que resultaba también e incluso más patente la distancia entre ambos en relación con la configuración de poderes en el seno del régimen, que era lo de verdad decisivo, y no la genérica enumeración de unos principios más o menos vagos. El ministro subsecretario hacía algunas concesiones a la propuesta falangista, pero en realidad estaba en fundamental desacuerdo con ella. Lo decisivo no era que propusiera una ordenación de la propuesta institucionalizadora en torno a cuatro leyes (de Principios, del Movimiento Nacional, del Gobierno y de la Jefatura del Estado), sino el juego de poderes que desde este momento inicial se preveía del contenido de su texto. El Consejo Nacional perdía, por ejemplo, su carácter de Tribunal Constitucional que podía vetar las leyes; la última instancia sobre la adecuación de la legislación a los rasgos del régimen sería el Jefe del Estado, quien decidiría con el posible asesoramiento del Consejo del Reino; además, un voto de censura al Gobierno sería resuelto por las Cortes y no por el Consejo Nacional. El Jefe del Estado nombraría al presidente del Gobierno a propuesta, en terna, de las Cortes. La única concesión a los falangistas consistía en que el Consejo Nacional tendría poderes para elevar una propuesta, también en terna, para el nombramiento del secretario general del Movimiento, pero en ella no debería haber indicación del número de votos conseguidos por cada miembro de la misma. En definitiva, si lo que pretendían los falangistas era la potenciación del Consejo Nacional, Carrero estaba en las antípodas de esta postura. Por supuesto, su propuesta estaba mucho más cercana de lo que luego se convirtió en realidad. En estas condiciones sucedió lo previsible. A fines de año se hizo ya patente que Franco no apoyaba los proyectos de Arrese cuando le entregó una lista de quince protestas contra las disposiciones en tramitación que a éste le parecieron otras tantas «sentencias de muerte». Las escaramuzas que sobre otros temas habían estallado entre Falange y Presidencia eran a veces graves: el Instituto de Estudios Políticos hizo, por ejemplo, un dictamen contrario a la creación de la Secretaría General Técnica de Presidencia que acabaría desempeñando López Rodó. Arrese tenía, en principio, el apoyo de todos los falangistas pero, cuando se hizo patente la resistencia de Franco, este apoyo se diluyó. Lamo de Espinosa narra que, cuando Cavestany quiso influir en Franco en sentido favorable a los proyectos, éste le repuso que, siendo su interlocutor ministro de Agricultura, lo que debía hacer era ocuparse de los olivos. Tanto las notas redactadas por Franco de su propia mano como lo que hablaba con su primo (y éste recogió en sus memorias) testimonian una genuina preocupación por la cuestión, y no sin fundamento, por la posibilidad de que pudiera arreciar el enfrentamiento de febrero anterior. Contra Arrese arreció, en fin, una oleada de pronunciamientos contrarios de los militares, los medios católicos, incluidos los cardenales españoles, los tradicionalistas y los monárquicos. Quizá el choque más duro fue el protagonizado por Vallellano, que se levantó y se fue del Consejo de Ministros (para luego, por supuesto, volver) y la intervención más decisiva, la de los cardenales. El secretario general del Movimiento ingresó en la perplejidad, y ya no fue capaz de salir de ella; cuenta en sus memorias que, al salir de los despachos de El Pardo, no sabía bien si había convencido a Franco o éste le había convencido a él. Todavía debía de estar pensándolo cuando le llegó el cese.

El final del intento institucionalizador de Arrese no tiene especial dramatismo, sino que, en la propia lectura de sus memorias, bordea la comicidad. El secretario general del Movimiento no quiso echar marcha atrás en sus proyectos a pesar de que, por indicación de Franco, Carrero le escribió una carta para convencerle de ello. El ministro subsecretario pensaba de Arrese que era una buena persona y leal al régimen, pero que debía darse cuenta de que sus proyectos habían chocado con una general repulsa. Paradójicamente, Arrese era vigilado por la policía y, al mismo tiempo, mantenía la pretensión de influir en el nombramiento de un nuevo Gobierno. Después de haber querido vetar la creación de la Secretaría General Técnica de Presidencia debió recibir a López Rodó, que ya la desempeñaba, para que le informara de una nueva estructura ministerial en gestación. Su caso no fue, como cuenta Lamo de Espinosa, el de un «dogmático apresurado» enfrentado a ese «pragmático indiferente al tiempo» que era Franco, sino el de una persona ingenua y por completo ignorante acerca de dónde estaba el poder y cuáles eran los motivos por los que Franco le había nombrado. Al final, ese Carrero Blanco al que había pretendido relegar a Exteriores «casi a gritos» —según cuenta él mismo— le habló de disciplina y le impuso permanecer en el Gobierno en la cartera de Vivienda, de reciente creación pero aún con dificultades presupuestarias gravísimas.

Concluyó así un momento de trascendental importancia en la vida del régimen de Franco. Los falangistas más conscientes y puros en su doctrina, como Lamo de Espinosa, lo juzgaron como el principio del fin: Arrese «perdió y arrastró a todo lo demás». Lo cierto es que nunca había tenido la posibilidad de vencer y que el ritmo de los acontecimientos, desde hacía ya tiempo, entre otros motivos por la propia presencia de Carrero Blanco en el poder, iba en su contra. Ahora, sin embargo, la derrota falangista proporcionó la posibilidad de otra alternativa política e institucional. En lo que sí tiene toda la razón Lamo de Espinosa es en que un sistema como el imaginado por Arrese no hubiera hecho posible la transición a la democracia a la muerte de Franco. El que fue aprobado luego, aunque no tenía ese propósito sino otro por completo distinto, sí que la permitió. Una de las razones fue que se trataba de un sistema monárquico en que el Rey heredaba una buena parte de los poderes de Franco.

Una nueva perspectiva política para el régimen

Carrero, que de manera tan decisiva había contribuido a la derrota de los proyectos de Arrese, intervino sin lugar a dudas decisivamente en la formación del nuevo Gobierno, aunque en esta ocasión no hizo un informe-propuesta escrito a Franco. La ausencia de esta fuente queda, sin embargo, completada por las memorias, los archivos o recuerdos de algunos de los protagonistas y beneficiarios de la remodelación ministerial.

Las principales memorias son, por supuesto, las de Laureano López Rodó, cuyo meteórico ascenso político transcurrió paralelo al derrumbamiento de Arrese. Como ya se ha indicado, se inició junto a Iturmendi, cuyas relaciones con Carrero, aunque no resulten desveladas por ningún texto de éste, parecen haber sido excelentes: el ministro subsecretario, por las características de su catolicismo, tendía a estar mucho más cerca de un tradicionalista que de la Falange. Ambos, además, resultaron coincidentes y lo fueron en solitario frente a los falangistas de la Junta Política que trataron de crear un sistema institucional dominado por el Partido. Del ascenso de López Rodó lo que asombra es la rapidez, pero no tiene, en cambio, nada de extraño desde otros puntos de vista. Un ministro de Justicia como Iturmendi, que por su cartera debía tenerlas como preocupación, necesitaba, para la redacción de las Leyes Fundamentales, del asesoramiento de un catedrático de Derecho Público, Político o Administrativo. Pero, además, en López Rodó había otra capacidad que resultó de inmediata utilidad, y que conectaba de modo perfecto con las necesidades y los intereses de Carrero. Hay que recordar la desconfianza de éste respecto del Partido, su deseo de apoyarse en esos «doscientos» fieles a Franco bien preparados y su interés por un tipo de personas bien preparadas para el ejercicio de su tarea administrativa, ya demostrado en la promoción de Arburúa en el momento de la crisis de 1951. López Rodó cubría tan claramente las necesidades de Carrero que, habiendo hecho una primera nota para Iturmendi en la primavera de 1956, en otoño entabló contacto directo con el ministro subsecretario y a fines de año era ya secretario general técnico de Presidencia, con el decisivo encargo de preparar una reforma de la Administración del Estado. A comienzos de 1957 ya remitió un proyecto sobre el particular que acabó en las manos de Franco y que, parcialmente al menos, acabaría teniendo influencia sobre la posterior organización ministerial. El proyecto proponía la creación de las Comisiones Delegadas de Ministros y de Subsecretarios que, en efecto, acabaron existiendo. En cambio, no fue éste el caso, durante mucho tiempo, de los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Sanidad y Previsión Social; este segundo era una vieja idea de Carrero, como sabemos, que tenía, además, nombre y apellidos para su destinatario: un Blas Pérez cuya presencia no deseaba en Gobernación. Merece la pena recordar, por otra parte, que en ese proyecto se atribuía al Ministerio de la Presidencia un papel que de hecho venía a ser semejante a una Vicepresidencia del Gobierno, en cuanto que le correspondía una labor de impulso, coordinación y control de toda la tarea gubernamental[134].

La crisis que supuso la caída de Arrese obligó a encontrar una solución de circunstancias pero que, sin embargo, revistió la suficiente importancia como para suponer un cambio muy importante en la historia política del régimen de Franco. Las consecuencias de la misma no se apreciaron de manera tan clara en un principio y, sobre todo, en su momento debieron parecer sorprendentes, porque el escenario político aparecía dominado por la tramitación de las leyes de Arrese. Una clave esencial para comprender este cambio de Gobierno reside en el propio Carrero. Para él, los esquemas institucionales de Arrese no sólo no eran aceptables, sino que pertenecían a otra galaxia, pero el hecho de que hubieran sido planteados implicaba la necesidad de que se pensara en otros distintos. Por otro lado, hemos visto crecer en él la preocupación por la situación económica española, y nadie como él conocía los fallos organizativos de la Administración, puesto que, sin ningún título de preeminencia como el que ahora quería otorgarle López Rodó, había ejercido de hecho esa función de coordinador de diferentes áreas de competencia.

Por ello, aunque hasta entonces cada uno de los cambios ministeriales importantes del régimen (1939, 1945 y 1951) fuera acompañado por modificaciones de la estructura administrativa, las de esta ocasión revistieron una importancia singular que además pudo percibirse en la propia declaración ministerial, al margen del habitual lenguaje oficial que las caracterizaba. Lo importante en esta nueva organización no fue la creación del Ministerio de la Vivienda, destinado a proporcionar escaso consuelo a Arrese y la seguridad a Franco de que el dirigente falangista no se desmandaría, sino la creación de Comisiones Delegadas destinadas a facilitar la acción gubernamental mediante la deliberación y decisión coordinada de los ministros en materias específicas. En principio se previó la existencia de cuatro comisiones, pero la única verdaderamente importante, desde el comienzo, fue la de Asuntos Económicos. Importa señalar que la Presidencia de esas comisiones de ministros le correspondía a Carrero por delegación pero que, incluso cuando las presidió el propio Franco, el ministro subsecretario asistía también a la reunión; le correspondía también presidir las comisiones de subsecretarios, tarea que en la actualidad y desde hace ya tiempo corresponde a los vicepresidentes. De todos modos, con respecto al proyecto inicial de López Rodó hubo, al final, un cierto desdibujamiento de sus responsabilidades, puesto que era a la Presidencia del Gobierno (Franco) a la que se atribuía «dar unidad», y en esta tarea tan sólo «estaría asistido» por el ministro subsecretario. También resultaría decisiva la creación de un organismo de título modesto, la Oficina de Coordinación y Programación Económica, destinada a «dar cohesión» a las medidas de carácter económico y a elaborar los «planes de desarrollo» (ya denominados, por tanto, de esta manera), así como los de inversiones públicas. La Oficina dependería de Presidencia y estaría dirigida por una Comisión que presidiría el propio Carrero[135]. Tenía razón éste al asegurar, como le atribuye López Rodó, que el cambio no era un simple «relevo de guardia».

Hay que preguntarse en este momento si lo fue también en lo que respecta al personal político. La respuesta es más matizada que una afirmación habitual en alguna historiografía de acuerdo con la cual en este momento se habría producido el ascenso súbito de los llamados tecnócratas, vinculados al Opus Dei. Lo verdaderamente súbito, incluso meteórico, fue en realidad el ascenso de Laureano López Rodó, quien en abril de 1956 era un desconocido en la política española y en febrero de 1957 se había hecho ya tan influyente como para sugerir a Carrero la sustitución del preconizado Elola por un falangista más diluido como Solís en la Secretaría General del Movimiento y la de Mateu por Gual Villalbí como ministro sin cartera y representante de los medios catalanes. Los demás cambios entran dentro de la lógica del sistema político de Franco. Un monárquico (Vigón) sustituía a otro (Vallellano) en esa cartera poco importante que Carrero había juzgado que era Obras Públicas. Un católico (Castiella) relevaba a otro (Martín Artajo) en Exteriores; ya hacía seis años había previsto Carrero la sustitución del segundo, y meses antes le anunció a Castiella que estaba preconizado. Falangistas más desleídos que antes ocuparon ahora la Secretaría General del Movimiento y Trabajo; en esta última cartera, también con seis años de retraso sobre la fecha prevista por Carrero, tuvo lugar el relevo de Girón. Lo mismo cabe decir de la llegada de Camilo Alonso Vega a Gobernación, ya sugerida en la crisis de 1951. A Blas Pérez se le ofreció ahora aquella solución ya pensada para 1951 sin que aceptara, y ése fue motivo suficiente para que no se creara el Ministerio de Sanidad; prueba de que no se tenía mucho interés en que siguiera fue que López Rodó, en definitiva un inferior en la jerarquía administrativa, fuera el encargado de ofrecerle la alternativa. Permanecieron los ministros de significación política que nunca habían tenido problemas con el ministro subsecretario (Iturmendi, Arias Salgado…). La presencia de Planell en Industria revelaba que aún no existía una idea muy precisa del cambio radical en la política económica a seguir. Los restantes ministerios económicos suponían la sustitución de quienes estaban desgastados debido a su propia conflictividad (como Arburúa y Cavestany) por técnicos con competencia en áreas muy determinadas (Cánovas, Navarro Rubio, Ullastres). El caso del segundo resulta muy significativo: procedía del mundo sindical y había llegado a la Subsecretaría de Obras Públicas antes de ser preconizado como ministro por el propio Franco en una entrevista celebrada a fines de 1956. Fue él quien sugirió el nombre de Ullastres, de quien luego discreparía en la forma de llevar a cabo el programa de estabilización económica.

Navarro Rubio, por otro lado, nos ha proporcionado información acerca de dos cambios de última hora en la composición del Gobierno que fueron obra directa de Carrero Blanco. Este parece haber convencido a Franco de que tenía que dejar a Cavestany que sugiriera un sucesor entre su equipo de colaboradores en vez de Santa Olalla, quien había celebrado ya en un almuerzo su supuesto nombramiento inminente. Por razones distintas, quizá derivadas de tratarse de un militar de muy poca altura intelectual a pesar de su prestigio por otras razones, se opuso Carrero al nombramiento de Moscardó, que estaba en el cuarto militar de Franco, como ministro del Ejército, y el puesto pasó a ser desempeñado por Barroso, lo que no todos (por ejemplo Muñoz Grandes) recibieron bien[136].

Lo que sobre todo nos interesa a los efectos del presente libro es constatar la inequívoca influencia de Carrero en la configuración del Gobierno, sin duda semejante, aunque no pueda ser documentada con un informe salido de su mano, a la de ocasiones anteriores. Hay, por si fuera poco, las pruebas que nos ofrecen esos antecedentes que hemos mencionado ya y, además, las que proporcionan las memorias de los ministros beneficiarios del desarrollo de la crisis. Sanz Orrio y Solís recibieron la llamada previa de Carrero antes de entrevistarse con Franco; no se trataba, por supuesto, de un hecho privado sino de una comunicación oficial. Navarro Rubio pasó todo un auténtico examen previo cuando Carrero le pidió una opinión escrita acerca de sus ideas sobre Hacienda[137]. De momento, la controvertida cuestión acerca del ascenso al poder de los hombres relacionados con el Opus Dei puede resolverse de una manera bastante simple: eran técnicos en materias a las que no llegaba la especialización de Carrero, y el catolicismo de éste conectaba sin duda con el suyo. Más interesante que este cambio de personas resulta el indudable giro que a partir de este momento se produjo en el estilo de gobierno. Significó éste, desde el primer instante, una modificación en la forma de trabajo y una creciente concentración de las decisiones en Presidencia. Eso, que obviamente potenciaba la persona y la fuerza política de Carrero, no puede haber sido ajeno a su propia voluntad, y resultó ya irreversible hasta 1973. Otro aspecto de esta nueva situación política consistió en la apertura de un período nuevo en lo que respecta a las grandes decisiones políticas y económicas, con una dimensión casi constituyente. En este terreno los cambios fueron muy importantes, pero no se les puede atribuir, como veremos, un carácter por completo decisivo ni menos aún irreversible, por las razones que más adelante se mencionarán.

Respecto del modo de trabajo del Gobierno, baste con decir que las normas que Carrero trató de convertir en habituales a partir de la crisis de 1951 no parecen haberse cumplido siempre, porque ahora se reiteraron y ampliaron y, además, se estableció un mecanismo de control sobre ellas. Las instrucciones enviadas inmediatamente después de la formación del nuevo Gobierno establecían la periodicidad de las reuniones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas, la distribución entre los distintos ministerios de los antecedentes de las disposiciones que se presentaran a la consideración del Consejo, el papel central de Presidencia en la determinación del orden del día de las reuniones y el reparto de la documentación previa y, en fin, su responsabilidad en la confección de las actas. Esta fue una novedad esencial que resulta del mayor interés para el historiador actual, porque ha permitido conservar una documentación decisiva para nuestra Historia. Al mismo tiempo es necesario recordar que antes de esta fecha no existían estas actas y que, por lo tanto, había disposiciones que podían haber sido objeto de deliberación en el Consejo de Ministros pero que luego no eran publicadas o que pudieron haber sufrido modificaciones desde la reunión hasta su publicación o pudieron haber sufrido modificación sustancial. Esta situación revela de manera clara lo que era el régimen en esa fase inicial, hasta mediados de la década de los cincuenta: los consejos de ministros podían ser simples reuniones de amigos, y a menudo los titulares de las carteras eran más dictadores en sus respectivas parcelas que el propio Franco, sin que, además, existiera la garantía de una coordinación sustancial. La innovación, por lo tanto, parece elemental, y sin embargo supuso un cambio de primera magnitud[138]. En adelante haremos uso, por tanto, de estas actas, fuente, a veces, de gran interés. Como secretario del Consejo de Ministros era Carrero el responsable de la elaboración de dichas actas, y los borradores están escritos de su propia mano de forma sintética, pero también cuidadosa con la duración de la intervención de cada ministro. Las reuniones ministeriales debían ser tediosas, y eso y la afición de Carrero al dibujo explican que en esos borradores abunden bocetos salidos de su mano. Se trata de embarcaciones de guerra, militares de uniforme o indígenas marroquíes, árboles, lápices, círculos o pelotas, dibujos geométricos, etc. No parecen tener ningún sentido especial, sino responder a la reacción mecánica de alguien aficionado al dibujo. No hay, por ejemplo, relación entre los temas tratados en Consejo de Ministros y lo que Carrero dibujaba. Esas instrucciones a las que hemos aludido más arriba y la práctica que les acompañó a continuación revelan, por supuesto, un deseo de ordenación y coordinación administrativas que quienes vivieron la experiencia recuerdan todavía y transmiten de forma expresiva. Presidencia, antes de 1957, no era prácticamente nada, ni siquiera desde el punto de vista físico. El propio Boletín Oficial del Estado dependía del Ministerio de la Gobernación, y los funcionarios del palacete de Castellana 3 eran escasos y transmitían un aroma vetusto: el oficial mayor, que era la máxima autoridad, era hijo de quien había desempeñado idéntico cargo en la época de la República[139]. Con el transcurso del tiempo, no obstante, Presidencia se convertiría en un centro de poder decisivo con responsabilidades muy amplias. Sin embargo, desde el primer momento fue manifiesta una inequívoca voluntad expansiva, que cabe atribuir sin duda a esos propósitos de fondo, pero también al afán de López Rodó de ejercer una influencia lo más amplia posible, que sus adversarios más adelante juzgaron como excesiva voluntad de acaparamiento. Si se leen, por ejemplo, los anteproyectos de reglamentos de la Presidencia o del Secretariado del Gobierno, que figuran entre los primeros documentos surgidos de esa nueva Presidencia, se aprecia en ellos incluso un carácter paraconstitucional y, desde luego, no propiamente reglamentario. La reacción contra este tipo de talante también fue temprana. De ahí la inmediata reacción de Solís contra la convocatoria de los secretarios generales técnicos de todos los ministerios por parte del de Presidencia, hecho que narra López Rodó en sus memorias. Lo cierto es que Solís, como sabemos, le debía en parte su puesto a López Rodó.

En esos textos aparece una Presidencia de Gobierno distinta de la Jefatura del Estado que ya había hecho acto de presencia en los primeros proyectos de reforma administrativa de López Rodó. De su mano procede también la primera disposición fundamental de lo que se presentaba como una nueva época política: la Ley de Régimen Jurídico de Administración del Estado. Aprobada en abril de 1957 por el Gobierno y remitida a las Cortes para su votación, dio a su autor la oportunidad de intervenir en comisión, aun no siendo por el momento procurador. No es necesario glosar aquí su contenido de forma pormenorizada, sino que basta con enumerar algunas de las cuestiones que abordaba. Se refería no sólo a la Presidencia, sino también al Consejo de Ministros y sus Comisiones Delegadas, a los ministros, subsecretarios, directores generales y secretarios generales técnicos y sus funciones respectivas, la forma de las disposiciones y resoluciones, la redacción de actas sobre sus acuerdos y la responsabilidad del Estado y sus funcionarios. En cierto modo venía a ser una disposición que, si no tenía rango fundamental (advertía, sin embargo, que debía tenerlo cualquier regulación de la Jefatura del Estado), daba la sensación de constituir una pieza importante de un conjunto sustancialmente diferente del que existía en la España de entonces. Comentaristas liberales de la época vinieron a insinuar que la disposición podía ser en realidad igualmente válida para un Estado democrático, e incluso contenía la regulación de un derecho humano como era el de petición. Sin exagerar esta adecuación a un marco democrático, es evidente que no sólo se trataba de un procedimiento para avanzar en la racionalidad de la toma de decisiones, sino también de limitar su arbitrariedad.

La presentación en las Cortes de este proyecto de ley se convirtió para Carrero Blanco en la primera ocasión de intervenir en ellas con un motivo de verdadera trascendencia, pues hasta este momento se había limitado a hablar de una cuestión tan sectorial como la Marina Mercante. El discurso, por otro lado, testimonia la existencia tras este proyecto de un programa político que no puede atribuirse en exclusiva a López Rodó, quien sólo fue un instrumento de dicho programa, por mucho que además contribuyera a definirlo[140]. Lo primero que hizo el ministro subsecretario fue señalar que la ley no constituía algo aislado, sino que formaba un conjunto orgánico con el decreto-ley que había acompañado a la remodelación ministerial y tenía su precedente obligado en la creación de la Secretaría General Técnica de la Presidencia en diciembre del año anterior. El objetivo era extraer el «máximo rendimiento en el instrumento administrativo al servicio de la Nación» y, por ello, se prometía que esa reforma administrativa estaba destinada a convertirse en un propósito de larga duración. El objetivo era «una política de realizaciones» y, para ella, resultaban imprescindibles, al mismo tiempo, «la técnica» y «el instrumento eficaz de una Administración moderna y operativa». La frase constituye una perfecta definición de la llamada política tecnocrática, aunque hubiera salido de los labios de un futuro almirante y no de un catedrático de Derecho Administrativo. Y es que, en definitiva, a Carrero hay que atribuirle mucha más importancia en este giro del régimen que a López Rodó.

Pero este género de talante político no sólo era compatible sino que se sustentaba en un planteamiento de fondo que, además de tener muy presente la Guerra Civil, se alimentaba de ella. Un tercio del discurso del ministro subsecretario estuvo dedicado a su evocación y a la fundamentación del Estado de ella derivada. Carrero decía ahora en público, adobando su intervención con alguna referencia falangista que era impensable en sus escritos más íntimos, lo que, en definitiva, siempre había pensado. Presentó la agónica situación española de 1936, conceptuó la guerra como «de independencia» y, por tanto, no merecedora del calificativo de «civil», y atribuyó a Franco la condición de «fundador» del Movimiento Nacional, como instrumento vertebrador de la unidad nacional y no como partido ni nada semejante. Afirmaciones como éstas podían ser suscritas por otros dirigentes del régimen de Franco, pero es improbable que lo hubieran sido otras más afines a la Falange. Para Carrero, «nuestro Estado es un Estado católico» y, por ello, «antiliberal, anticapitalista y antimarxista». Asomaba en estas palabras la tradición integrista española, en la que el elemento católico era decisivo frente a la «revolución» de origen falangista. Era ella la que permitía propiciar esa triple representación a través de la familia, el municipio y el sindicato que tenía mucho más que ver con el corporativismo tradicionalista o católico de los años treinta que con el fascismo.

Lo que resulta más interesante, sin embargo, en la intervención de Carrero es que debió dar la sensación de apertura de un período constituyente o, si se quiere, de cierre del abierto por parte de Arrese con unas características bastante distintas, y de comienzo de uno nuevo. El ministro subsecretario partía de que esos «principios fundamentales» ya aludidos debían mantenerse «intangibles, que en ello nuestra intransigencia debe ser absoluta»; incluso añadía que de lo hecho hasta el momento «poco había que rectificar», y «nada de carácter fundamental». Daba por supuesta ya la Monarquía tradicional, cuando no lo hacían los falangistas e incluso se puede decir que Franco, fuera por prudencia política o por deseo de evitar la sugerencia de su propia sustitución, procuraba no insistir demasiado en ello. Pero al mismo tiempo introducía la posibilidad de reforma de algunas disposiciones importantes. Anunció la modificación del Reglamento de las Cortes y también diferentes disposiciones de aplicación del Fuero de los Españoles que sustituyeran a las antiguas. Pero, sobre todo, se refirió al hecho de que el Rey, en el futuro, no podría tener los «poderes excepcionales» que le correspondían a Franco como Caudillo salvador de la Patria. Por eso, añadió, «están en estudio y en su momento serán sometidas a la consideración y aprobación de las Cortes las otras Leyes Fundamentales que, completando el cuadro de las actualmente en vigor, regulen las atribuciones y relaciones entre la Corona y los más altos órganos del régimen».

¿Qué había de permanente y de cambiante en este discurso de Carrero pronunciado en julio de 1957? Por supuesto, su ideario de siempre, su voluntad institucionalizadora, su monarquismo y su catolicismo no se habían conmovido un milímetro. La reforma administrativa y el deseo de una mayor coordinación podían ser testimonio de la influencia de López Rodó, pero también pueden ser consideradas como características de un hombre sobre cuyas espaldas había caído desde hacía más de cinco lustros el peso burocrático esencial de un Estado que, aunque autoritario, había exhibido tendencias anárquicas evidentes. En suma, Carrero había reafirmado su influencia cerca de Franco después de la derrota de Arrese y, al mismo tiempo, había evolucionado desde los años cuarenta hasta hacer posible un cambio importante en el régimen sin que ello supusiera la disminución en un ápice del poder, siempre concentrado en las manos de Franco.

El nuevo talante en política: la voluntad institucionalizadora

El programa diseñado por Carrero Blanco pareció cumplirse durante un número elevado de meses. A fines de 1957 fue aprobado el nuevo reglamento de las. Cortes, al que habría de dedicar un libro Fraga Iribarne. No suponía grandes modificaciones, pero permitía las interpelaciones y las intervenciones en el pleno de los enmendantes, como también en comisión, y el carácter público de los plenos. Además, prosiguió la reforma con la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo, cuyo impulso inicial resulta inimaginable sin Carrero, aunque sin duda a estas alturas estaba bajo el patrocinio y la inspiración de López Rodó. Discutida y aprobada en el verano de 1958, la Ley fue bien recibida en los medios jurídicos: significaba la articulación de un sistema de garantías de los particulares con respecto al Estado, y en ese sentido sujetaba a mayor control la discrecionalidad característica de un régimen como el de Franco. Como en el caso anterior, también gran parte de su articulado perduró incluso después de la transición a la democracia[141].

Pero, siendo importantes estas medidas, lo verdaderamente decisivo fue el trámite seguido por la configuración institucional del régimen que Carrero había enunciado en su intervención ante las Cortes. Hay que tener muy en cuenta, en primer lugar, el ambiente en el que se producía este intento institucionalizador. Como hemos visto, en las disposiciones de rango inferior al constitucional ya aprobadas aparecía por vez primera el desdoblamiento entre la Presidencia del Gobierno y la Jefatura del Estado. Tal medida, bien obvia en cualquier intento constituyente, podía considerarse, al mismo tiempo, en cierto modo como osada. Era la primera vez que, con ella y con la voluntad de prever un futuro político para el régimen, se planteaba de forma indirecta una posible sucesión desde el régimen mismo, sin aquellas presiones exteriores de 1946. Hay entre los papeles oficiales de Carrero un curioso «Proyecto de Ley de Bases sobre la Organización de la Defensa Nacional» que no sólo parte de ese desdoblamiento de la Magistratura sino que, en una «base especial», situada a su comienzo, parte de que Franco, aunque no asumiera en un momento determinado la Jefatura del Gobierno, continuaría «con la dirección suprema de la defensa nacional, en paz y en guerra, con las atribuciones que esta Ley señala para el Jefe del Gobierno»[142]. Por supuesto, da la sensación de tratarse de una medida cautelar, pero resulta muy significativa y, además, hubiera sido impensable en cualquier otro momento anterior. En definitiva testimonia, por vez primera, que se vislumbraba, aun en una lontananza remota, el momento de la sucesión. Pero lo verdaderamente decisivo no era una disposición como ésa, con ser importante, sino el intento institucionalizador que ya había esbozado Carrero en su discurso en las Cortes en julio de 1957 y que a continuación trató de llevar a cabo. Este constituyó, por así decirlo, la respuesta del ministro subsecretario a los proyectos de Arrese y consumió, sin duda, la mayor parte de sus energías políticas desde el verano de 1957 al del año siguiente. Afortunadamente se dispone de una información suficiente acerca del planteamiento y la redacción de estos proyectos porque, en enero de 1958, el ministro subsecretario entregó a los miembros de la Comisión destinada a elaborarlos y al propio Franco un resumen del trabajo realizado hasta entonces[143]. De acuerdo con su contenido, el comienzo del proceso tuvo lugar tan sólo unos días antes del discurso de Carrero en la presentación de la Ley de Régimen Jurídico. A fines de junio se constituyó en el seno del Consejo de Ministros, por iniciativa de Franco pero sin duda a instancias de Carrero, que ya tenía a López Rodó preparando textos desde la primavera anterior, una Comisión muy amplia, de nueve ministros, destinada a proponer al Gobierno un programa de actuación política. Según Carrero todas las opiniones coincidieron en que había en España un evidente «desasosiego» y «desorientación» en el terreno político. Las causas —y esto debía ser cosecha propia— las achacaba Carrero a que «la organización del Movimiento […] no correspondía a la idea básica del Caudillo», y esos defectos se habían multiplicado como consecuencia de personalismos (la referencia era muy clara a Serrano Súñer); cualquier actitud rebelde de la Falange, además, de modo inmediato tenía una repercusión negativa sobre la imagen del régimen fuera y dentro de España. Desde ese punto de vista hay que interpretar la intervención de Carrero ya citada como una prueba del deseo de dar una respuesta a una situación que, en definitiva, se arrastraba nada menos que desde los incidentes de febrero de 1956. En concreto, la Comisión propuso, por sugerencia probablemente de Carrero, «aconsejar respetuosamente» a Franco que hiciera una declaración solemne ante las Cortes de los Principios del Movimiento Nacional y a eso siguiera la modificación del Reglamento de las Cortes, la aprobación de determinadas normas complementarias al Fuero de los Españoles y un anteproyecto de Leyes Fundamentales. Los principios citados serían como una especie de «regla de conducta» nacional española y constituirían una suerte de «testamento político» para las generaciones siguientes. Pero, además, resultaban precisos una Ley sobre el Movimiento Nacional, un Fuero de la Corona y una Ley Orgánica del Estado que sirvieran para definir el juego entre los distintos poderes existentes.

Por lo que, con posterioridad, escribió Carrero parece que la única cuestión que levantó verdadera discusión a la hora de debatirse estos Principios fue la relativa a la Monarquía. Todos los ministros estuvieron a favor de considerar los Principios como una especie de «síntesis popularizada» de las Leyes Fundamentales, así como de que, por ese mismo carácter, no resultaba necesario someterlos a referéndum. Sin embargo surgieron discrepancias con los ministros falangistas respecto de si en la Ley de Principios había que mencionar la Monarquía. El de Trabajo, Sanz Orrio, aseguró que era necesario explicar el contenido de la Monarquía, porque todavía no se había hecho, y Solís, de una forma muy característica, rechazó la idea en un principio para luego decir que «se había opuesto más que nada para provocar una discusión que consideraba interesante». Carrero se empleó a fondo a favor de la Monarquía: era, de acuerdo con su opinión, el instrumento de conservación de la unidad política de los españoles, cosa que sólo podía lograrse, en definitiva, mediante la sucesión hereditaria. López Rodó añade que también trató Solís, sin conseguirlo, de constitucionalizar la Organización Sindical a través de esa declaración de principios. Los sectores falangistas del Gobierno intentaron, hasta el final, sustituir el término «Monarquía» por «Estado» o por «Reino». Lo importante no es que lo consiguieran, sino que lo intentaron.

Lo más importante, sin embargo, no era un documento como ése, del que, en definitiva, era imaginable que consiguiera el asentimiento de todos los sectores del régimen en una fórmula más o menos imprecisa. Lo que resultaba decisivo era la vertebración de las instituciones a través de tres leyes fundamentales tituladas Estatuto Jurídico del Movimiento Nacional, Fuero de la Corona y Ley Orgánica del Estado. Como veremos, en los tres aspectos la posición de Carrero difería de forma sustancial de otras de las que se expresaban en el Consejo de Ministros y, sobre todo, de las de procedencia falangista.

Con respecto al Movimiento, la opinión de Carrero venía a ser que constituía un procedimiento para conservar «la solera del espíritu auténtico del Movimiento Nacional»; su función consistía, por tanto, en conseguir que el espíritu que Franco había dado a esos Principios se mantuviera de forma impoluta para las generaciones siguientes. Eso reducía al Movimiento, que, en definitiva, era un partido único que no había conseguido serlo de manera completa, ni aun en los momentos de su mayor prosperidad política, a una especie de cámara senatorial de colaboradores de Franco. Este nombraría a la totalidad de sus ciento cincuenta miembros que, además, serían renovados por cooptación. Su papel fundamental consistiría en dirimir acerca de la adecuación entre las normas aprobadas por el Gobierno y esos Principios: conservaba, por tanto, ese papel de instrumento para determinar la constitucionalidad de las leyes, pero por su nombramiento podía asegurarse que no sería exclusivamente falangista. Daba, sin embargo, la sensación de que desaparecía el aparato burocrático del Movimiento en el sentido de que debía ser este Consejo quien dictaminara sobre la procedencia o no de admitir en el Movimiento a las asociaciones y entidades que solicitaran su integración en él. El texto de Carrero dedicaba, además, largas páginas a la necesidad de vertebrar al Movimiento «como superación y liquidación de los partidos políticos». Eso, de acuerdo con su opinión, que en ello era muy semejante a la de los tradicionalistas, suponía también la incompatibilidad entre el Movimiento Nacional y el partido único, «que añade a todos los inconvenientes de los partidos el de ser monopolístico y despótico [y] […] no sólo mortifica a la sociedad sino al propio Estado». De esta manera, el ministro subsecretario se revolvía contra lo que era la práctica habitual de la Secretaría General del Movimiento y la Organización Sindical de entonces. Para él no tenía sentido que ambas distribuyeran las patentes de ortodoxia, y tampoco que sustituyeran al Estado mediante el ejercicio de determinadas actividades que deberían reservarse a éste. En realidad lo que se había pretendido, como muy bien señalaba en su escrito, era convertir al Movimiento en un «aparato ortopédico del Estado para contener posibles desviaciones políticas». Esta era la visión de quienes querían mantener una amplia estructura administrativa propia y autónoma y desde ella ejercer una influencia sobre el rumbo político español. La alternativa de Carrero era otra y muy diferente: aparte de impedir «draconianamente» la propaganda de tesis políticas contrarias a los Principios del Movimiento, era el Estado, y no un residuo de partido único, el que debía asumir la ortodoxia y cualquier protagonismo en la defensa de ésta.

Las innovaciones propuestas respecto de las relaciones de los poderes entre sí revestían también importancia y tienen significación para apreciar la posición diferenciada de Carrero en el contexto de la política del momento. Con respecto a las Cortes su propuesta consistía en aumentar la representación de los colegios profesionales y crear un grupo de representación familiar, mientras que desaparecerían de ellas los consejeros nacionales, al haber quedado reservado para esta segunda cámara el papel de una especie de Tribunal Constitucional. El Presidente de las Cortes sería nombrado por el Jefe del Estado a propuesta en terna del Consejo del Reino; igual sucedería con el del Gobierno. Toda esta estructura representativa le parecía al ministro subsecretario algo «más serio, más consistente y más auténtico que el resultado de la alegre bullanga del sufragio universal».

Hay dos aspectos más de lo que pensaba Carrero acerca de la posible estructura institucional del Estado de Franco que es preciso mencionar. Propuso inicialmente un Fuero de la Corona del que merece la pena retener el componente católico que se atribuía a la institución monárquica. Este es, en efecto, el sentido que tiene el título que le era atribuido al Monarca, Su Majestad Católica, así como la denominación de sus obligaciones, «gobernar de conformidad con la Ley de Dios y la tradición católica del pueblo español». Además, propuso Carrero la elevación del Concordato al rango de Ley Fundamental del Estado, puesto que, en definitiva, «en las normas concordatarias está plasmado el espíritu católico del Movimiento Nacional». También un grado de confesionalidad o de clericalismo como ése hubiera sido impensable en la mentalidad de un falangista.

Al final de su largo texto de presentación de los anteproyectos preparados hasta el momento Carrero redujo a tan sólo una frase la significación de su contenido. Se trataba de evitar la incertidumbre que podía surgir en el caso de que Franco desapareciera y España se encontrara entonces sin una mínima estructura institucional, aunque antes de ese momento hubiera vivido con un factor de estabilidad tan obvio como era la vida del Caudillo. Quizá pudiera tener algún tiempo una dictadura militar, pero sufriría todo tipo de presiones para convocar «unas elecciones generales que el mundo entero aconsejaría como panacea de todos nuestros males». Lo más significativo de su mentalidad, sin duda anclada en la experiencia de la Guerra Civil, era lo que le sugería tal eventualidad, que sólo podía ser escrito con signos de exclamación a pares: «¡¡Dios nos asista!!»

Al final del texto de Carrero había una propuesta de trabajo para la Comisión que muestra su confianza en que la tarea institucionalizadora podía ser posible en un plazo corto de tiempo. Los miembros de la Comisión debían trabajar en silencio «para evitar que el gallinero se revuelva antes de tiempo», estudiando la propuesta, y así tener listos los proyectos para una fecha cercana. En mayo de 1958 Franco podía proclamar en las Cortes los Principios Fundamentales y, al mismo tiempo, anunciar la próxima remisión del resto de las Leyes Fundamentales que, tras los trámites oportunos, quizá pudieran ser sometidas a referéndum en julio. Pero del calendario sólo se cumplió la primera parte. En efecto, Franco en la fecha indicada proclamó los Principios del Movimiento Nacional y anunció, vagamente, como en él resultaba habitual, que estaban en gestación otras Leyes Fundamentales; pero sus anteproyectos no estuvieron redactados sino muy tardíamente, en torno a agosto, y además no serían presentados ante las Cortes sino muchísimos años después.

Para explicar lo sucedido hay que tener en cuenta dos actitudes paralelas de sectores políticos contrapuestos. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que en los medios falangistas perduraba la confianza en poder obtener una vertebración política satisfactoria para sus principios, puesto que los proyectos de Arrese no habían sido rechazados de forma radical, sino tan sólo aplazados en su tramitación; además, muchos de los colaboradores del antiguo secretario general seguían ocupando puestos decisivos, como, por ejemplo, Emilio Lamo de Espinosa en la dirección del Instituto de Estudios Políticos, del que ya conocemos la condición de gestador intelectual de los proyectos.

Merece la pena hacer mención a la oposición, dados estos antecedentes. Para Lamo de Espinosa, como para los más ortodoxos dentro de su sector ideológico, la sustitución de Arrese por Solís implicó un grave entibiamiento de los principios doctrinales. Cuando, en sus memorias, caracteriza a Solís, lo hace siempre aludiendo a alabanzas que son, en el fondo, peyorativas, como hablar de su «natural escurridizo» o su «listeza ratonil», cuando no lo hace en sentido manifiestamente negativo (por ejemplo, al aludir a su carencia de formación y a su renuncia completa a la lectura). Pues bien, Lamo de Espinosa tuvo, según cuenta, un fuerte enfrentamiento con Carrero tras la presentación en las Cortes de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración, que se prolongó luego al oponerse al proyecto gubernamental de nuevo reglamento para la institución parlamentaria. Su opinión era que una ley como la primera debía ser constitucional y no ordinaria y, además, hacía completa abstracción de las características del régimen, que, para él, sólo podían ser falangistas; por eso, aquella ley «despotenciaba» al Movimiento. Lamo, en fin, revisó el proyecto de Ley de Principios Fundamentales remitido por Carrero adecuándolo a algunas tesis falangistas. A pesar de ello la impresión que sus memorias transmiten es la de que existía en este momento una sorda irritación entre el elemento falangista que pretendía que el régimen tenía su propia identidad ideológica y que, ante la propia Ley de Principios, se quejaba de «condicionamiento y entrega» a la Iglesia y a la Monarquía, mencionando incluso la posibilidad de marginarse del sistema. Para esos sectores falangistas, quienes mandaban en el régimen de Franco eran, cada vez más, quienes se situaban «fuera del régimen pero en los aledaños del Jefe del Estado».

Un sector de muy distinta significación política era el monárquico, y éste, que en aquellos momentos seguía una estrategia de colaboración con el régimen de Franco, no apreciaba en nada la definición monárquica que de sí mismo hacía el régimen por influencia de Carrero y sólo apreciaba que cada vez resultaba más lejana una restauración en la persona de don Juan de Borbón. La verdad es que todo hace pensar que a estas alturas Franco, al menos (el caso de Carrero resulta más dudoso), no pensaba ya ni remotamente en la posibilidad de la restauración de la Monarquía en la persona del hijo de Alfonso XIII. Por lo que se deduce de las conversaciones que Franco mantenía y de lo que Carrero escribía, la posibilidad que se iba abriendo camino en ambos era la de don Juan Carlos[144].

El hecho es que en este mismo momento Carrero mantuvo una polémica epistolar, que permaneció oculta, con el representante de la Monarquía en España. José María Pemán le envió un texto pronunciado ante don Juan en un momento en que se había hecho presente la adhesión de los carlistas a su causa[145]. El tono que empleó estaba muy alejado de la virulencia monárquica que otros colaboradores de don Juan exhibieron en otros tiempos, y resultaba la expresión misma de ese colaboracionismo. Él veía la Monarquía como el «desemboque» del régimen de Franco; por lo tanto, no ponía en duda «la excelencia de lo logrado». El problema, para él, consistía en que no parecía posible llegar a la instauración futura de una Monarquía si no se permitía crear una conciencia monárquica entre los españoles y si había instituciones, como la Organización Sindical, cuyo espíritu no sólo parecía ajeno a esos propósitos sino contradictorio con ellos. La única manera de «consolidar» el régimen hacia el futuro era, por tanto, a través de esa institución a la que no se dejaba hacer propaganda de sí misma.

La respuesta del ministro subsecretario fue taxativa en la dureza pero por completo sincera de acuerdo con lo que sabemos acerca de lo que era su posición, expresada tantas veces a Franco. Juzgó que el planteamiento de Pemán era «totalmente desenfocado» porque la Monarquía no necesitaba instauración, sino que ya existía; lo que sucedía era que en Franco se daba la condición de salvador de España y fundador de un Estado nuevo. Si don Juan hubiera conocido bien la realidad de España «sería hoy el español más entusiasta del Movimiento y desearía que Dios le concediera [a Franco] la vida más larga posible para que más firmemente asegurara su obra»; además, «no tendría ninguna prisa en sucederle y le consideraría como si fuera su propio padre». Pero, «pese a sus excelentes cualidades», lo cierto era que don Juan no sabía nada de España y quienes le rodeaban habían tratado de inducirle a que optara por una Monarquía liberal que no sería otra cosa que un «trampolín» hacia la República. Ni se podía hacer «tabla rasa» del pasado ni los monárquicos demostraban «sentido práctico» al optar por una Monarquía distinta del régimen vigente. Por lo tanto, si los proyectos de Carrero habían encrespado por un lado a los falangistas, al mismo tiempo parecían haber aumentado la distancia con respecto a los monárquicos de don Juan. La coincidencia en el tiempo de ambas actitudes contribuyó, por tanto, a retrasar los proyectos que Carrero había emprendido en la idea de que resultarían viables en un plazo corto.

El intento institucionalizador, en definitiva, como ya sabemos, no prosperó por el momento, a pesar de que en teoría se alcanzó un acuerdo en torno a él, y sólo resucitaría ocho años después. No fue, por supuesto, por deseo de Carrero, sino manifiestamente en contra de su juicio. Cuando las Leyes Fundamentales se presentaron habían experimentado algunos cambios significativos, aunque bien es verdad que la estructura institucional siguió siendo básicamente la suya: el Consejo Nacional, por ejemplo, ya no fue sólo nombrado por Franco, y el Movimiento no perdió su estructura burocrática. También había desaparecido por completo el propósito de constitucionalizar el Concordato. En estos aspectos cabe decir que se habían hecho manifiestas las dificultades de gestación del intento institucionalizador que, de todos modos, no eran decisivas.

Ya debía de haberse dado cuenta a comienzos de 1959 el ministro subsecretario de que las cosas no iban en la dirección que él prefería, porque redactó entonces uno de sus escritos dirigidos a Franco en los que, sin apremiar pero con decisión, le llamó la atención sobre la necesidad de completar la estructura política del régimen personificado en su figura[146]. En él repitió muchos de los conceptos que había hecho aparecer en documentos anteriores y recapituló el significado de la tarea institucionalizadora.

La opinión de Carrero era que las Leyes Fundamentales aprobadas hasta entonces daban solución a los problemas existentes en España al final de la Guerra Civil. La misma reciente Ley de Principios del Movimiento Nacional constituía «la rectificación más terminante a todos los errores políticos que pusieron a España en trance de desaparición en 1936», estableciendo una ortodoxia inmodificable sobre la que se asentaba la unidad nacional. De esta manera, según el consejero de Franco, no tenía sentido preguntarse por una constitución política española, porque «nuestro régimen está definitivamente constituido». Sin embargo, «forzoso es reconocer que sólo lo está en las condiciones actuales, es decir, bajo el mando de S. E. puesto que, en razón de ser el caso excepcional del Caudillo que reconquista y libera una Nación, S. E. tiene unos indiscutibles y excepcionales poderes», de los que carecería su sucesor. De esta manera, en vida de Franco no sería necesaria «una regulación jurídica para el Estado y el Movimiento». Por supuesto esta tesis, de origen y características militares, era la que más podía satisfacer al Jefe del Estado, en cuanto que no sometía a ninguna cortapisa su poder; no tenía, además, mucho que ver ni con la Falange, ni con el monarquismo, ni con el corporativismo católico. Pero sí suponía una voluntad de institucionalización a medio plazo, puesto que «el día, que Dios retrase muchísimos años ya que no podemos pedir que no se produzca nunca, en que a España le falte su Caudillo», lo cierto sería que ni su sucesor, ni el Movimiento, ni los poderes del Estado tendrían definido su ámbito de competencias. Claro está que podía remitirse a ese momento la determinación del resto de la legislación fundamental, pero «puede tenerse la plena seguridad de que lo que saliera entonces sería mucho más peligroso para la Nación que lo que pudiera promulgarse ahora».

Recapitulaba a continuación Carrero el contenido de los proyectos de Ley Fundamental, empezando por recordar que habían sido entregados en el pasado mes de agosto a Franco. No es necesario, por supuesto, aludir de nuevo a su contenido, pero sí a la significación que él les atribuyó. «Promulgadas las leyes que faltan —aseguraba—, habrá desaparecido a mi juicio todo problema de régimen; podrá existir todavía un problema de dinastía, pero esta es cuestión totalmente distinta».

La mitad de las páginas del texto estaba destinada, tras este preámbulo, a tratar de convencer a Franco de la necesidad de aprobar las Leyes Fundamentales que quedaban. No eran imprescindibles en vida de Franco, pero sí convenientes e incluso «muy necesarias porque su falta mantiene en España una inquietud política», basada en la posibilidad de un vacío. Carrero, que no carecía de habilidad política, atribuyó esa sensación a su adversario tradicional, el Movimiento, porque «si las gentes [relacionadas con él] piensan que el día que falte Su Excelencia puede venir un Rey y tras él su hijo y después su nieto, con poderes iguales o similares a los de S. E., pudiendo cambiar los gobiernos y el presidente de las Cortes según su voluntad o la inspiración de sus amigos, es muy lógico que se alarmen». De esta manera, las Leyes Fundamentales se planteaban como un medio de recortar en el Rey los poderes absolutos que Franco había tenido hasta entonces. Trataba el ministro subsecretario de disipar las posibles prevenciones de Franco respecto de dar la sensación de «ceder en vida la Jefatura del Estado» o ver «mermados sus poderes»: las Leyes Fundamentales propuestas no hacían otra cosa que ratificarlos.

Volvía a continuación el consejero de Franco a la necesidad de promulgar las disposiciones. El prestigio y la autoridad de estas leyes radicaba en que él mismo las promulgara y lo hiciera en plenitud de salud y de facultades. Sólo él podía hacer, además, que los «hombres del Movimiento actúen disciplinadamente a favor de los textos propuestos». Ahora bien, partiendo de que se aceptara su criterio de seguir adelante en la tramitación de las leyes, en el momento de enviarlas a las Cortes se habría de hacer fundiéndolas en una sola. Así debía hacerse porque en realidad las leyes eran «interdependientes» y porque de esta manera no habría un sesgo diferente en la recepción de cada una por parte de las Cortes, en donde esas «gentes del Movimiento» podían, por ejemplo, adoptar una postura mucho más grata a favor de la ley dirigida a tratar de la vertebración del partido único. Era preciso, por tanto, fundir los dos textos en uno solo que podría denominarse Ley Orgánica del Estado. Carrero pedía incluso que fuera el propio Franco quien hiciera esta propuesta al Consejo de Ministros, dándola además como cosa decidida. Sugería además que, a continuación, se sometiera a referéndum. «El ideal —escribió— sería que la votación fuera por lo menos similar a la del año 1947, […] pero mejor que un referéndum favorable con poca diferencia de votos y, desde luego, que un referéndum desfavorable, aunque se amañara, sería no correr el riesgo y no ir a referéndum». En suma, lo único que Carrero no tenía claro era si debía irse a la consulta popular o no; en el primer caso había que intentar obtener de la Iglesia un apoyo semejante al del referéndum de 1947.

De esta manera, promulgada ya la Ley, sólo restaría el problema de la dinastía. El ministro subsecretario daba por supuesto que Franco «no ha querido que la nación le proclamara como Rey» y convertirse, por tanto, en iniciador de una dinastía, a lo que, según él, habría tenido completo derecho. Una vez despejado el panorama institucional existiría la posibilidad de «eliminar incógnitas de una manera perfectamente clara ante la nación entera». Carrero daba por supuesto que el «príncipe de mejor derecho era don Juan»; a él Franco podría plantearle la disyuntiva de aceptar las Leyes el día que faltara el Caudillo. «Si acepta, problema resuelto; si no acepta —proseguía— se explica al país que queda descartado […] y se declara sucesor al hijo, que ya es mayor de edad; si éste no aceptase tampoco, habría que pensar en otra persona o en un regente». En cualquier caso, concluirían de este modo todos los problemas de importancia respecto del futuro y la molesta figura del pretendiente sería sustituida por el «sucesor». La última frase revela la peligrosa situación en que debió encontrarse don Juan Carlos en la fase final del régimen.

Acerca de este texto hay que preguntarse, en primer lugar, cuál era el sentido que tenía desde el punto de vista de quien lo propuso y por qué esas leyes fundamentales cuya redacción ya se había aprobado no llegaron a convertirse en una realidad. Respecto de lo primero hay que tener en cuenta que la nota fue entregada en un momento en que ya habían pasado varios meses desde que los proyectos de Leyes Fundamentales fueron entregados (desde agosto de 1958 a marzo de 1959). Esto, y el propio tono del documento, hace pensar que Franco había ya dado la sensación de actuar con toda su habitual parsimonia. En el verano de 1958, inmediatamente después de la aprobación de la Ley de Principios del Movimiento, se pudo pensar que la institucionalización completa sería, además, inmediata. La prueba de ello es que, con su característico espíritu absorbente y un tanto imperialista sobre materias que no eran de su inmediata competencia, López Rodó o alguno de sus colaboradores redactó un «plan coordinado de propaganda doctrinal de los Principios del Movimiento» cuyos antecedentes remotos se deben encontrar en una referencia ocasional en uno de los textos de Carrero acerca de las Leyes Fundamentales[147]. Dicho plan partía de la inmediata consulta al pueblo español de esas leyes y preveía una labor «coordinada y unánime» de difusión de los principios del régimen como tarea previa. Además, se debía presentar la verdadera imagen de la monarquía tradicional española, «de características contrarias a la Monarquía liberal que caducó en 1931» y, al mismo tiempo, se debían mostrar sus contrafiguras: la República, el separatismo catalán y la revolución de Asturias. También se indicaba que la Constitución francesa, que, por aquellos momentos, bajo los auspicios de De Gaulle, estaba en trance de aprobación, «ofrece grandes oportunidades para dar firmes criterios políticos en España». Sin embargo, el plan de propaganda fue congelado por el momento, como la propia decisión de Franco de enviar esa Ley Orgánica, propuesta por Carrero, a las Cortes; el plan fue archivado definitivamente ya en 1961. Adviértase que eso no indica que Franco no hiciera caso de su principal consejero. Si bien se mira, en lo esencial sí lo hizo… pero muchísimo tiempo después.

¿Qué le había sucedido a Franco? Se debe tener muy en cuenta la efervescencia sentida en los medios monárquicos, de la que ya hemos dado cuenta, y el hecho de que, aun estando don Juan más cerca que nunca del régimen, el Jefe del Estado debió decidir que no podía aceptarse una Monarquía que pretendiera ser para todos los españoles. Sin duda desempeñó también un papel en su decisión la fuerte reticencia sentida en los medios falangistas con respecto a los proyectos, de la que también se ha informado. En el propio mes de marzo de 1959 en que fue escrito el texto de Carrero se produjeron incidentes cuando los restos de José Antonio fueron trasladados al Valle de los Caídos, y grupos falangistas parecieron negarse a lanzar los gritos de rigor en exaltación de Franco. Según las memorias de Emilio Lamo de Espinosa, más expresivas e informadas desde el punto de vista falangista que cualquier otra fuente, el traslado de los restos de José Antonio había sido poco menos que clandestino, y los monárquicos aprovecharon la ocasión para pedir que también se hiciera el de Alfonso XIII, cosa que fue tomada casi como un insulto. Según ese mismo texto a Carrero los falangistas le habrían llamado «traidor y cosas semejantes» e incluso hubo alguno que extendió esos insultos a Franco.

De éste no conocemos, como casi siempre, su reacción ante el curso de la elaboración de los proyectos institucionales. En el texto de Carrero anotó, con un rotundo «NO» en mayúsculas, la alternativa de elegir otra persona o un regente en caso de que ni don Juan ni su hijo aceptaran ser sucesores en el marco de la legalidad de su régimen. Es posible que la palabra se refiera a ese buscar otro candidato, porque otro texto suyo, muy confuso, parece testimoniar que no acababa de descartar la posibilidad de la regencia. También es posible que en sus gustos hubiera un deseo de mayor peso del sector político relacionado con el Movimiento y la Falange que aquel que se aprecia en el de Carrero. Franco, por ejemplo, recelaba de que las Cortes pudieran ser controladas por personas ajenas al Movimiento, y parece haber temido que el Consejo Nacional perdiera importancia[148]. Es muy posible, y quizá sea el factor explicativo fundamental, en fin, que fuera cierta esa sensación de ver mermados sus poderes como consecuencia de la aprobación de un marco constitucional que parece revelar lo escrito por su ministro subsecretario. De lo único que no cabe la menor duda es de que fue él quien vedó la continuación del proceso institucionalizador, que quedó remitido a varios años después, aunque el contenido no se viera modificado de forma sustancial.

El cambio en la política económica: el plan de estabilización

Hasta ahora nos hemos referido al cambio en el talante de Gobierno en lo que respecta a la institucionalización, pero aquél tuvo también otro aspecto que ha quedado como mucho más decisivo en la Historia de España: el económico. Es lógico que así haya sido porque, en definitiva, la institucionalización del régimen no se produjo sino casi una década después y la Ley de Principios era una declaración lo suficientemente vaga y genérica como para que de ella no se derivaran consecuencias inmediatas. En cambio la transformación económica española data del cambio de política económica que se llevó a cabo a partir del Plan de Estabilización de 1959, cuyas bases se habían sentado sin duda alguna en los dos años anteriores.

La pregunta que hay que hacerse, a los efectos de este libro, es hasta qué punto Luis Carrero Blanco influyó, de una manera positiva o por simple omisión, en ese cambio de orientación política en sentido tendente a la liberalización y, en general, a la aceptación de las reglas económicas de validez universal y de pretensión no autárquica basadas en una cierta liberalización y una apertura a los mercados exteriores. Partamos de la base de que su mentalidad, como la del propio Franco, por procedencia militar más que por influencia de los totalitarismos y autoritarismos de los años treinta, tendía a resistirse a este cambio de óptica en materias económicas. Le hemos visto todavía a comienzos de la década de los cincuenta proponiendo un intervencionismo no ya reglamentista, sino cuasimilitarizado en materia de abastecimientos. Sin embargo había también en él, incluso mucho más que en el propio Franco, una propensión a dejar las cuestiones que requerían el auxilio de los técnicos a su único criterio: ya hemos visto el papel que desempeñó en la promoción no sólo de Arburúa sino también de Gómez Llano. Las propuestas que hizo para las carteras económicas con ocasión de la crisis de 1951 tuvieron ese carácter técnico que debió repetirse en 1957. En su propia intervención en las Cortes con motivo de la Ley de Régimen Jurídico hubo aquel componente de entusiasmo por la «política de realizaciones» que implicaba que no había inconveniente en modificar el propio criterio si se obtenía un cambio significativo en los resultados; también apareció la tesis de conceder una cierta prioridad a las cuestiones económicas sobre cualesquiera otras.

La nueva organización de la Administración tenía la ventaja de proporcionar a Carrero un medio decisivo de comprobar la eficacia de un cambio de rumbo en política económica. Las Comisiones Delegadas, pensadas originariamente para descargar gran parte de la labor gubernamental, tuvieron en realidad una importancia mucho menor de la prevista, pero la de Asuntos Económicos representó un papel decisivo en la política del régimen hasta 1975. El 15 de marzo de 1957 se produjo su primera reunión, y en este año hubo otras once más; de ese total de doce, un tercio fueron presididas por Carrero en ausencia de Franco, pero el ministro subsecretario estuvo presente en todas por su condición de secretario del Consejo de Ministros. Nunca sus intervenciones fueron muy extensas, pero aquél fue un órgano de control y un observatorio óptimo para el propósito descrito.

El punto de partida revela, sin embargo, que la dificultad del cambio de rumbo en política económica estaba en la mentalidad de los propios dirigentes. El acta de la primera reunión de la Comisión descubre que la posición de Franco había cambiado muy poco desde los tiempos de la autarquía; alguno de los ministros asistentes todavía recuerda la impresión que le causó que el abanico de soluciones en las que pensaba el Jefe del Estado se remitiera a la Guerra Civil[149]. Franco, en efecto, tomó la palabra en primer lugar haciendo una interpretación acerca del desarrollo de la economía española en los últimos tiempos. Nada puede ser más expresivo de su mentalidad que la afirmación que vino inmediatamente a continuación: «Comienza —dice el acta— por referirse al déficit de la balanza comercial». Pero, en realidad, no hizo otra cosa que tratar de esta cuestión con un objetivo tan autárquico como era «reducir al mínimo el consumo de divisas». «Este problema —añadió— ya fue considerado por la Junta Técnica de Burgos». Resultaría, pues, que lo que el nuevo organismo debía hacer era ocuparse del cumplimiento de las directrices emanadas de ese aparato estatal mínimo y provisional surgido en plena guerra hacía una veintena de años[150]. En realidad, Franco, en especial a medida que iba pasando el tiempo, se limitó a presidir las reuniones de la Comisión Delegada sin intervenir en absoluto. Periódicamente, sin embargo, en especial hasta el momento en que se convenció de los éxitos derivados de la política de estabilización, volvía a sus convicciones primitivas. Navarro Rubio, principal autor y gestor de esta política, ha narrado todas las dificultades que tuvo con el propio Franco, convencido de que poco había que rectificar, receloso ante los organismos internacionales y partidario desde siempre de la subordinación de la economía a la política[151]. Una anécdota es más descriptiva que cualquier intento de definición de las ideas económicas del Jefe del Estado: cuando Planell, el ministro de Industria mantenedor de la política autárquica tradicional, hizo una encendida defensa del INI en Consejo de Ministros, Franco le concedió «las dos orejas y el rabo». Según contó Carrero a López Rodó, la posición de Franco ante el nuevo rumbo de la política económica no fue mostrarse contento, sino «escamado»[152]. Pero, por supuesto, lo que nos interesa es el papel que le correspondió desempeñar en todo este proceso de cambio económico al ministro subsecretario de la Presidencia. Aunque con ello se adelanten conclusiones, cabe decir que el juicio que Navarro Rubio hace, en la actualidad, acerca del particular parece correcto. Hasta una fecha muy avanzada, porque el INI dependía de él y porque tenía confianza en Sirvent, su principal administrador, se sentía obligado a defender sus propuestas, habitualmente intervencionistas y no liberalizadoras. Sin embargo, por razones de orden práctico más que nada, acabó intuyendo que lo que necesitaba la economía española era un proceso de apertura y de liberalización, y en ello se adelantó a Franco y se convenció, quizá, de un modo más irreversible[153].

El Plan de Estabilización estaba destinado a obtener el éxito inmediato en los medios bancarios y universitarios, es decir, en aquellos que podrían definirse como especializados. Sucede, sin embargo, que también había a estas alturas un sector importante de la Administración, merecedor de ese calificativo y dispuesto a emplearse a fondo a favor de ese cambio de rumbo. Así se explica, por ejemplo, el contenido de la carta que el ministro de Asuntos Exteriores, Castiella (en realidad el autor debió ser alguno de sus colaboradores en el terreno económico), escribió al embajador norteamericano con el propósito de obtener un incremento en la ayuda económica. En ella, tan sólo unas semanas después del cambio gubernamental de 1957, se anunciaba un plan de estabilización que todavía tardaría en aplicarse. La definición gubernamental en esta materia era, sin embargo, muy expresiva: «Son patentes los deseos de marchar hacia una liberalización, tanto exterior como interior, de nuestra economía y de introducir una reorganización económica y administrativa que la haga factible asegurando el mayor campo posible al espontáneo juego de las fuerzas económicas, sin perjuicio de la estabilización y del crecimiento económico del país». Era, por supuesto, lo que los norteamericanos querían oír, pero por eso mismo la carta lo repetía hasta la saciedad: todas las medidas tenían como propósito «estabilizar, aumentar el ritmo del desarrollo, liberalizar»[154]. Muchos de los funcionarios españoles dedicados a estas materias pensaban ya así a esta altura cronológica.

Pero, ¿y Carrero? Afortunadamente disponemos de un documento, fechado a fines de 1957, que sin duda, por muy influido que hubiera estado por sus asesores economistas, salió de su mano, como lo delata el mismo estilo con que está escrito[155]. Reviste un indudable interés porque, como sabemos, estas cuestiones económicas habían sido objeto de su preocupación desde los años cuarenta y porque, además, a partir de este momento estuvo menos directamente involucrado en estos temas, no porque no le interesaran sino porque había trasladado a otros la competencia y ellos le habían proporcionado buenos resultados.

Lo primero que llama la atención de este documento es que en él se abandona el recurso a esos métodos de carácter militar que le habían llevado no hacía tanto tiempo a querer enviar a campos de concentración a los acaparadores, mientras que lo estrictamente económico, porque las urgencias políticas habían desaparecido o eran menos apremiantes, revestía ahora una significación especialísima. El enfoque con el que acudía Carrero Blanco a estas materias era, sin embargo, muy distinto al de un Navarro Rubio, por ejemplo. Si éste quería estabilización, liberalización y apertura al mundo exterior, Carrero lo que deseaba era planificación para el crecimiento. Se ha solido atribuir a la «planificación indicativa» francesa una influencia directa en los planes de desarrollo españoles, pero, sin duda, sería más correcto decir que, en su origen al menos, fueron una derivación del intervencionismo cuartelero de los años cuarenta matizado por la simple observación no especializada de lo que era el comportamiento del mundo económico. Carrero, por tanto, estuvo en el origen de los planes de desarrollo incluso en mucho mayor grado que en la reforma administrativa. Por supuesto, la referencia al origen no quiere decir que desempeñara un papel decisivo en su concreta vertebración, ni menos aún que previera sus consecuencias en última instancia.

Una rápida lectura del documento sirve para comprobarlo. Está escrito por alguien que no tiene conocimientos especializados en ciencia económica y en ocasiones se expresa con un marcado tono ingenuo. «Todo cuanto antecede —señala en un determinado momento— son cuestiones evidentes que pudieran inducir, con cierta razón, a argüir que estamos descubriendo el Mediterráneo». Así es, pero no resulta menos cierto que el texto se enfrenta, aun conservando algunos principios ideológicos de matiz decididamente autárquico, en algunos puntos con las asunciones básicas de la política económica seguida hasta entonces.

La preocupación esencial de Carrero no derivaba ahora del nacionalismo político, sino de una voluntad «social», que atribuía un papel decisivo a lo estrictamente económico. El régimen —empezaba— tenía como objetivo esencial «asegurar el bienestar de todos los españoles». Sin embargo, para cumplir con este propósito «queda aún mucho camino por recorrer y nuestro deber está en recorrerlo lo antes posible y con el máximo rendimiento». El problema quedaba, pues, planteado en «ver qué es lo que es preciso hacer para que dentro de cinco años la producción […] corresponda a la dieta fijada multiplicada por la población que tendrá España dentro de cinco años». En estas palabras hay mucho más de planificación que de liberalización, pero Carrero ponía límites a las pretensiones autárquicas de otros tiempos incluso en materias alimenticias. Justificaba, por ejemplo, las importaciones de alimentos porque «el bien común está por encima de los intereses particulares o de clase» y, por tanto, los intereses de los productores agrícolas no podían imponerse a los de las clases medias, los militares o los trabajadores industriales mediante la exigencia de unos precios abusivos. Carrero no hacía ninguna alabanza a la iniciativa privada en el terreno económico, pero, como es lógico, abominaba de un tipo de planificación que supusiera, como en el caso de la Rusia de Stalin, «sacrificar el individuo al aumento de producción, lo cual es una barbaridad de orden moral que entraña la implantación del terror como norma política». Por lo tanto, el propósito debía ser «que el crecimiento de la producción sea el mayor posible en un mínimo de tiempo, pero sin que los españoles tengan que vivir peor que estos últimos años». El intervencionismo estatal se centraba ahora en propósitos mucho más modestos que los de antaño, como concluir la siderurgia de Avilés o encontrar petróleo. No era ya patriotismo, sino «patrioterismo» procurar el fomento de «las pequeñas vanidades de la industria nacional, cuya acción se traduce frecuentemente en arena en los cojinetes». El texto concluía con machacona insistencia en una necesidad que desde su puesto privilegiado había podido comprobar que era imprescindible y que, sin embargo, no parecía verse como tal por otros dirigentes del régimen: resultaban imprescindibles «una mayor armonía entre las distintas actividades ministeriales», la «planificación conjunta», el «plan coordinado»… etc. Ese era el motivo del escrito y el de la creación de la Oficina de Coordinación y Programación Económica.

De acuerdo con cuanto antecede cabe concluir que, así como Carrero tuvo como motivo preferente de preocupación política una reorganización administrativa tendente a un mayor grado de coordinación y eficacia, también, sin duda, desempeñó un papel de primera importancia en el giro producido en materias económicas. No fue el protagonista ni el inspirador concreto de las medidas que se tomaron, pero quizá sí el que trasladó el énfasis del Gobierno hasta esas materias; da, además, la sensación de que lo hizo en mayor grado que el propio Franco.

Sin adentrarnos en el estudio de la evolución económica del período, podemos comprobar esa mayor incidencia de Carrero en preocupaciones de carácter económico teniendo a la vista las actas de las reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos a lo largo del año 1959, el del Plan de Estabilización[156]. Franco apenas si intervino, pero cuando lo hizo sin duda sus planteamientos revelaron una mentalidad muy característica. Lo hizo siempre abriendo la sesión y para plantear una cuestión política, no para opinar sobre las cuestiones sobre las que se decidía habitualmente en este tipo de reuniones, que eran exclusivamente económicas. Informó, por ejemplo, de que «en el extranjero se está desarrollando una intensa campaña en la que se presenta a España como si estuviera en la quiebra económica» y mostrando su preocupación por la tenencia de fondos españoles sin declarar en el extranjero. Por su parte, Carrero presentó a la consideración de la Comisión Delegada para su aprobación las propuestas más decisivas, como el Plan Nacional de Ordenación de las Inversiones, los cuestionarios acerca de la repercusión en la economía española de las políticas económicas de otros países, el conjunto de las medidas previas a la estabilización o las disposiciones sobre inversiones de capitales extranjeros. No habían sido elaboradas por él, sino por sus colaboradores, pero debe recordarse que éstos tenían su completo apoyo y que fueron nombrados para hacerse cargo de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Entre ellos figuraban nombres prestigiosos de la ciencia económica española, como Juan Sarda. En los momentos decisivos en que se jugaba el destino de la estabilización, quienes se planteaban de modo angustioso su destino final eran los nuevos funcionarios que habían llegado a Presidencia a partir de 1957. Luego surgieron entre ellos motivos de desavenencia, pero en este inicial plan de estabilización todos estuvieron de completo acuerdo. Si se aprobó fue probablemente porque no había otro remedio y, sin duda, de haberse negado a hacerlo Franco, Carrero hubiera cumplido puntualmente sus instrucciones y habría cambiado de política de manera completa. Pero parece obvio, al mismo tiempo, que aquella que se inició en 1959 hubiera sido difícilmente imaginable sin él.

En la mente del ministro subsecretario la institucionalización política era mucho más decisiva que la planificación económica, pero, aparte de que la primera no llegó a aprobarse, ésta tuvo una repercusión infinitamente superior sobre la sociedad española. Carrero pensaba tan sólo en la dieta de los españoles, pero el cambio en la política económica trajo no sólo igualación social, sino una profunda transformación en sus hábitos culturales y en sus planteamientos ideológicos. Ese cambio no fue deseado, pero resultó mucho más decisivo e irreversible.

En todo político en ejercicio hay un momento culminante en su gestión porque en él es capaz de adoptar posiciones que, buenas o malas, erradas o acertadas, influyen decisivamente en la vida de sus connacionales. En el caso de Carrero Blanco se podría pensar que esa etapa se produjo bien entrados los años sesenta, cuando ocupó el puesto de vicepresidente o de presidente y cuando intervino de una manera tan decisiva en la proclamación de don Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco. Sin embargo, cabe también hacer otra interpretación. Lo acontecido en 1969 no fue sino la conclusión de un proceso inevitable que se había iniciado antes, y el poder desempeñado por Carrero en ese momento era mucho más perceptible desde el exterior, pero lo había adquirido desde hacía ya mucho tiempo. Cuando desempeñó un papel que habría de resultar más trascendental para la vida de los españoles fue, si se aceptan esos supuestos, en el final de los años cincuenta, cuando su posición resultó decisiva para que se produjera un cambio en el proceso institucionalizador y también en la política económica. En ambos casos no se puede decir que fueran definitivos: el primero tardaría mucho tiempo en traducirse en hechos, aunque sin modificación esencial; el segundo no se completó. Pero no cabe la menor duda de la trascendencia de ambos.

Capítulo cinco

Institucionalización y enfrentamiento (1960-1969)

En la vida de todo político se dan tres factores decisivos que no siempre van a la par. Hay, en primer lugar, la creatividad; es decir, la capacidad de sugerir respuestas, propias y constructivas, ante un entorno dado. Un político se inicia en un determinado contexto que le influye; es creativo a partir del momento en que resulta capaz de influir en él, pero a partir de un determinado punto de su vida o bien pierde esa condición, lo que le puede llevar a la desaparición, o la mantiene tan sólo de una forma parcial, de tal manera que su capacidad de influencia realmente creativa queda limitada a determinados ámbitos o sólo tiene un carácter muy general. Para que la creatividad se plasme en la realidad resulta imprescindible el poder político. Es obvio que el político profesional no puede partir de una creatividad únicamente teórica, sino que la debe ver llevada a cabo en la realidad, en mayor o menor proporción. El poder político puede ser propio o adquirido, como consecuencia de influir sobre terceras personas; puede también seguir una curva brusca con un ápice muy rápido y una desaparición temprana o puede mantenerse en un nivel constante con oscilaciones mínimas. La suma total de poder suele ser mayor en este caso que en el primero. Existe, en tercer lugar, otro factor, que es el de la visibilidad. Todo político, en una dictadura o en una democracia, para la totalidad de la sociedad o para una parte, resulta visible en el sentido de que esos espectadores, muchos o pocos, le reconocen como poderoso o influyente. No es concebible un político que sea, siempre y para todos, invisible.

Lo que sí resulta habitual, en cambio, es que no coincida la máxima creatividad con el ápice del poder y de la visibilidad. Hay momentos en los que se dan los tres: por ejemplo, Churchill ante la victoria alemana en el verano de 1940. Pero hay otros en que no se produce la coincidencia. Cambó podía haber sido creativo en 1931, pero nunca habría tenido el poder político de un presidente de uno de los partidos de turno y la enfermedad le convirtió en invisible (y, también, en inservible) en aquel momento. Maura, después de 1909, mantuvo la influencia y, más aún, la visibilidad, pero careció de verdadera creatividad.

Todos esos ejemplos no son una digresión, sino que constituyen una explicación previa para la comprensión de un aspecto de la biografía de nuestro personaje. Carrero Blanco no fue un hombre de influencia brusca, decisiva y poco duradera. Todo lo que sabemos de él hasta el momento, que quedará confirmado en capítulos posteriores, nos permite describirlo como persona cuyo poder político nunca fue decisivo por completo pero siempre resultó muy alto y, además, muy constante. Su particularidad no radica tan sólo en que no hay tantos casos en los que se ejerza tanta influencia durante una treintena de años, sino en la peculiaridad de la relación entre la creatividad y la visibilidad. Lo cierto es que cuando la figura de Carrero fue decisiva, porque lo que hizo o la postura que adoptó moldearon la Historia de España —en sentido positivo o negativo—, fue, sobre todo, a finales de los cincuenta y principios de los sesenta. Esa es la razón por la que hemos juzgado que imprimió un giro de primera importancia a su evolución. Pero, en realidad, su creatividad fue decreciente a partir de aquel momento. Las fórmulas constitucionales que había propuesto se llevaron a cabo en los sesenta e incluso entonces consiguió que se cumpliera su propósito de dejar solucionada la sucesión de Franco. Pero todo ello había sido imaginado antes, aunque la parsimonia de Franco lo retrasara hasta este momento. Desde entonces, una parte fundamental de la vida política de Carrero consistió en mantenerse en las posiciones adquiridas como consecuencia de su creatividad previa. Al mismo tiempo Carrero, siempre poco propicio a la exhibición, adquirió un grado de visibilidad nuevo y en apariencia súbito en los años sesenta, en especial tras su nombramiento como vicepresidente. Esa presencia pública contribuyó a incrementar la posibilidad de que sus posiciones y actitudes fueran discutidas, incluso por personas muy alejadas de su capacidad de influir en Franco. La verdad es que el resultado no parece haber sido una disminución de su poder político, porque éste se basaba en el del Jefe del Estado. Pero era característica de éste la contemporización, y el hecho de que la política se hiciera más pública en los sesenta contribuyó también a incrementar la controversia acerca de lo que Carrero significaba.

Toda esta explicación previa era necesaria antes de adentrarnos en la política de los años sesenta. Pero también es preciso referirse a otro aspecto del personaje, el que corresponde a esa dimensión no pública de su vida y que constituye una especie de retaguardia permanente de cualquier hombre público, sin que resulte, de manera necesaria, un factor explicativo trascendental de lo que hace en política. La vida privada, sin embargo, es el complemento de la pública, y entre una y otra hay contactos y relaciones estrechos que no es posible eludir.

El Carrero íntimo

Quizá sea éste, en efecto, en esa precisa circunstancia de su trayectoria, el momento de abordar ese aspecto de la vida de nuestro biografiado. Se trata del modo de ser y de comportarse, de trabajar y de divertirse. En apariencia, tal información puede parecer superficial o anecdótica, pero no es así. Para la acción política, los hombres públicos disponen de la protección de su vida personal. Una y otra suelen estar estrechamente unidas. Lo que sobre todo nos interesa es el hecho de que la forma de vida individual, resguardada en la intimidad, revela un carácter que se suele manifestar también de forma meridianamente clara en la vida pública. Eso vale de forma especial para aquel género de personas y también de políticos que tienen como rasgo característico la ausencia de doblez, como es el caso de Carrero. Sin duda, nada retrata a Luis Carrero Blanco mejor que una de las cartas que escribió al primero de sus hijos oficiales de Marina en el preciso momento en que iba comenzar su vida como tal[157]; cartas del mismo género las repitió con el transcurso del tiempo con sus otros hijos, y el contenido debió de ser semejante. Revelan lo que pensaba de la vida quien era ya ministro en el momento para él trascendental de la iniciación profesional de sus vástagos. Es muy significativo que la carta esté escrita en una ocasión en que su autor estaba realizando ejercicios espirituales en El Plantío, en las cercanías de Madrid.

Lo es, sin duda, porque, en este momento en que Carrero pasaba a transmitir su experiencia de la vida a su primogénito, lo primero que abordaba no era siquiera lo que le resultaba necesario o imprescindible para enfrentarse con su futuro y llegar a ser «un buen oficial, un gran oficial», sino consejos de índole religiosa que se referían a «tus deberes para con Dios». Tan era así que en un determinado momento de su explicación parecía pensar que todas estas admoniciones podían no ser entendidas por el destinatario, y se interrumpía para indicar: «No te estoy echando un sermón; te estoy diciendo verdades como puños con la mayor claridad que puedo». La sinceridad del texto es tan patente que incluye en un determinado momento incluso su parte de examen de conciencia y promete a su primogénito la transmisión de «la experiencia de mis tropiezos, de mis caídas, de mis estupideces». Se podría pensar que el texto estaba destinado a contener buen número de admoniciones relativas a la moral sexual, pero resultan mínimas. Hay, en cambio, sugerencias de confesión semanal y de la necesidad de contar con la asistencia de un director espiritual. Casi la mitad de la carta se refería a estas cuestiones de índole religiosa.

Todo esto nos pone en contacto con una realidad tan abrumadoramente patente para un conocedor de Carrero como la profundidad y la sinceridad de su sentimiento religioso. No era la suya una fe ilustrada, por así decirlo, preocupada por la cultura católica, y, por supuesto, tenía un carácter decididamente integrista. Entiendo por tal término a la vez la persistencia de una fe tradicional y la voluntad de traducir a la política de forma directa e inmediata la actitud religiosa, mezclándola, además, con los signos de identidad del pasado nacional. Todo ello es bien claro en todos sus escritos, incluidos, por supuesto, los consejos a Franco. Pero ahora lo que nos interesa es la influencia del factor religioso en su carácter personal. Fue hasta el final de su vida una persona de misa diaria, o casi diaria, que llevaba una activa vida religiosa. Ese consejo que dio a su hijo sobre la dirección espiritual lo practicó él mismo. En el principio de su actuación en la vida política quienes cumplieron esa función fueron jesuitas, como el padre Santiago y el padre Jiménez. Carrero mantuvo una relación estrecha con la comunidad de la Compañía en la iglesia de San Francisco de Borja de la madrileña calle de Serrano, junto a la que sería asesinado en 1973: desde la Administración había ayudado a construirla, pues la iglesia de los jesuitas existente hasta los años treinta en Madrid fue incendiada en el áspero tiempo de la República. Luego su director espiritual fue el sacerdote y catedrático de Historia Contemporánea del Opus Dei Federico Suárez, quien, en sus años finales, acudía a Presidencia a confesarle, y que también fue capellán de la Casa Real. No perteneció, sin embargo, al Opus Dei. Esa preocupación religiosa que configuró su vida debe ponerse en relación con otro aspecto de su realidad personal. De Carrero muchísimos pueden discutir su política, pero lo que parece fuera de duda es que no tenía la tortuosidad y la hipocresía que se suelen identificar con la dedicación a la política. En ese sentido, partiendo de la dificultad de aplicar estos términos a quienes se dedican a la vida pública y partiendo también de que el historiador no aplica el juicio de valor a su política, se puede decir que era una buena persona.

Junto a la condición de católico asiduo y ferviente, Carrero tenía como rasgo definitorio de su carácter la condición de militar. No es necesario repetir aquí lo que habrá quedado bien claro en el primer capítulo de este libro. También casi la otra mitad de la carta a su hijo que acabamos de citar estaba dedicada a consejos relativos a la vida profesional: se referían al trato con los subordinados, con los superiores y con los compañeros. Lo que importa ahora es señalar que trató de mantener ese amor por su profesión cuando estuvo en política a través de su condición de profesor ordinario de Táctica en la Escuela de Guerra Naval hasta una fecha muy avanzada. Cuando ya no dispuso en absoluto de tiempo se mantuvo como profesor auxiliar de la misma disciplina y trató de participar en las maniobras y ejercicios de simulación bélica; sus alumnos aseguran que tenía buenas capacidades pedagógicas. Por supuesto, su condición de marino se transparentaba en su vida cotidiana. Su lenguaje estaba frecuentado por términos marineros hasta el extremo de utilizarlos a la hora de dar consejos a su hijo sobre la elección de compañera (le recomendaba «picar amarras y largar cadena» en el caso de no estar convencido de la elección). Su profesión era, al mismo tiempo, su principal afición, y como, además, tenía preparación intelectual y lecturas, cuando se alejó de la Marina sintió satisfacción en dedicarse a escribir sobre Historia Naval. Ya se ha hecho mención de su libro sobre la batalla de Lepanto con el que consiguió el Premio Nacional de Literatura. En los años cuarenta publicó también un texto breve, España y el mar, que pretendía llamar la atención del lector acerca de la relevancia que para nuestro país tiene, por su situación geográfica y su condición de península, la relación con él. El prólogo recuerda en su redacción algunos de los textos de Carrero dirigidos a Franco. La edición del libro que hizo una veintena de años después no conserva de la versión original más que el título, y tiene una extensión muchísimo mayor. En ella ya no se trata tan sólo de hacer Historia Naval, sino que aparecen también sus lecciones de táctica: los dos últimos tomos están dedicados al papel del mar en la Segunda Guerra Mundial y en la guerra atómica.

Sólo una persona dotada de gran capacidad de trabajo y de organización de su propio tiempo es capaz de hacer compatible un puesto oficial absorbente con la redacción de libros. El hecho de que Carrero lo fuera nos pone en contacto con un rasgo de su carácter, quizá aquel que le hizo tener mayor peso específico ante Franco. Su apariencia externa era hosca, merced a sus pobladas cejas, pero quien le trató en el despacho revela que no debió de ser frecuente en él la irritación provocada por el agobio. La dureza de sus juicios derivaba del ideario y del talante militar; respecto de personas concretas era mucho más blando, cordial y comprensivo; en eso se podría establecer un cierto paralelo con Camilo Alonso Vega. Su agenda revela, por ejemplo, una extremada puntualidad y una meticulosa ordenación de la vida que multiplicaba una dedicación diaria de muchas horas. Era un hombre de despacho que veía muchos papeles y producía otros tantos.

Su hogar era el típico de una clase media cuyos ingresos procedían de la Administración, sin problemas económicos pero tampoco propiamente desahogada. Su sueldo como subsecretario, en el origen de su carrera política, fue el doble del que percibía como oficial. Luego su unidad de cuenta para medir los sueldos de la Administración fue siempre la de un coronel. En esos momentos, los iniciales de su vida pública, no dejó de practicar, como muchos españoles de la época, el pluriempleo: sus artículos en el semanario Mundo tenían como motivo, al menos parcial, conseguir una remuneración suplementaria. Ninguna de las casas en que vivió (en las calles Montesa, primero, y en Hermanos Bécquer, después) fueron de propiedad, sino alquiladas, aunque quizá la segunda por debajo de lo que correspondía a su tamaño (su dueño era el arquitecto del Valle de los Caídos, Diego Méndez). Los Carrero Blanco tuvieron dos personas de servicio, como tantas familias de clase media, pero la casa nunca fue lo suficientemente amplia para que cada hijo tuviera su propia habitación. Los que fueron marinos abandonaron el hogar pronto pero, aun así, cuando, todavía estudiantes, volvían a casa, alguno debía dormir en el pasillo. Carrero no tuvo medios de fortuna ni tampoco negocios de ningún tipo. En el momento de su asesinato no dejó a sus herederos (no había hecho testamento) más que unos muebles y unos cuadros y un modesto apartamento de verano en Campoamor (Murcia), que apenas tenía sesenta metros y que ni siquiera estaba pagado en su totalidad, aunque el propietario condonó, entonces, la deuda. La «parcelita» que el almirante decía haber adquirido no era más que el espacio para su sepultura en El Pardo. Cuando la familia tuvo una mejor situación económica fue, paradójicamente, a la muerte del padre y merced a las pensiones que se concedieron a la viuda. Hubo un año que fue especialmente difícil desde el punto de vista económico: fue aquel en que casaron tres hijos y resultó preciso disponer de cantidades extraordinarias. Carrero vendió entonces los derechos de autor de uno de sus libros sobre materias navales y pidió un préstamo de 250.000 pesetas que le consiguió de un banquero el ministro de Hacienda de entonces, a quien le comunicaba mensualmente cómo saldaba su deuda. Las vacaciones solían transcurrir en las Casas de Oficios que tuvo el Patrimonio Nacional frente al Monasterio de El Escorial. Allí veraneaban gran parte de los ministros ofreciendo una imagen característica de la España, todavía modesta en lo económico, de los años sesenta, cuando el poder político era ejercido por un núcleo muy reducido, casi familiar, de personas. Allí conoció su primogénito a una hija de Martín Artajo con la que se casaría. Cuando cuatro de sus hijos vivieron en Sevilla y Cádiz, los Carrero Blanco viajaban a esta última población. Lo hacían en Talgo y se alojaban en el hotel Atlántico, sin que nada los distinguiera apenas del resto de los alojados en él.

La vida familiar de Carrero transcurrió de manera plácida y no parece haber sufrido ningún vaivén. Aquí, desde luego, el historiador debe tratar de la supuesta infidelidad de la mujer, que se convirtió en comidilla de la política española durante algunos años y que ha perdurado hasta el momento presente, incluso en algún libro. Merece la pena recordar, antes incluso de tomar en consideración la posible veracidad de esas afirmaciones, el conjunto de anécdotas de que se rodearon. La crisis del matrimonio Carrero habría sido salvada en el último momento gracias a la intervención de un sacerdote del Opus Dei, y ello explicaría el ascenso político de López Rodó.

Para un historiador siempre resulta muy difícil probar que no existió algo que en realidad no existió. Es, por supuesto, imposible demostrar que no existió el adulterio de la mujer de Carrero, pero lo que cabe decir es que algo así resultaría impensable en la trayectoria de los personajes que conocemos. Nada hace pensar en que se pudiera producir un abismo en la pareja por cualquier razón; la formación y el comportamiento habitual de ambos es por completo contradictoria con esa posibilidad. Si se hubiera producido se habría tratado de un acontecimiento traumático en un individuo que no proporciona una imagen de tensión sino al final de su vida por motivos de índole política y que, además, no la dejó traslucir nunca en la vida familiar. No hubo ni siquiera una remota alusión escrita en los panfletos de propaganda a este rumor que, sin embargo, estuvo bien difundido. Gran parte de la anécdota que rodeó al infundio es, en su propia enunciación, inverosímil: hubiera sido inimaginable en esos años y en ese ambiente contemplar a la mujer de un personaje poderoso llevando una vida irregular en compañía, además, de algún otro alto cargo. Si el adulterio se hubiera producido Carrero se hubiera separado y habría desaparecido de la vida pública. Franco, que era, además, habitual coleccionista de informes secretos acerca del comportamiento de algunas personas relevantes en su régimen, no habría permitido su continuación.

Lo relevante desde el punto de vista de la Historia y de la biografía no es un rumor que no resiste el examen, sino el hecho de que se haya producido. Mucho tiempo después de haberse originado, la directa sujeta paciente del infundio explicó a sus hijos que se trataba de una maledicencia que había tenido su origen en medios de la oposición. Eso también resulta improbable, porque durante mucho tiempo esos medios debieron incluso desconocer quién era su marido. Carrero, sin embargo, enseñó a su mujer testimonios escritos de que habían buscado su descrédito, procedentes de papeles incautados por la policía. La clave de este asunto, menor pero significativo, se encuentra en la propia personalidad de Carrero y en el papel que desempeñaba en el régimen. Su mujer era bella y él era poderoso, pero no se sabía exactamente de dónde venía su poder ni cuáles eran sus límites. Eso explica, en definitiva, la atribución del adulterio, destinada a ridiculizarle a él pero también al ascenso de quienes muchos juzgaron unos parvenus, como fue el caso de López Rodó. Cabe, por tanto, pensar que el malintencionado rumor nació de círculos antagónicos pero en el seno del mismo régimen. Lo más definitivo que se puede decir contra el infundio es que, si se sitúa en el origen explicativo de ciertos acontecimientos, éstos se entienden mucho mejor gracias a razones más simples. En suma, no hace falta un adulterio para explicar el ascenso de los tecnócratas. Ya Carrero había dejado constancia en sus escritos a Franco de su preferencia por un grupo compacto y fiel de colaboradores, con buena preparación técnica, en vez del Partido. Ese género de personas, unidas al común catolicismo, constituyen razón sobrada y suficiente para el ascenso de López Rodó.

No merece la pena, por tanto, referirse de modo más extenso a la cuestión, pero ésta nos introduce en dos claves accesorias de la personalidad de Carrero. El infundio le presentó trabajando largas horas de despacho al mismo tiempo que su mujer se dedicaba a traicionarle porque él no le hacía caso. Tal presentación del personaje sólo tiene un aspecto que pueda reputarse como cierto: Carrero mandaba, pero no aparecía prácticamente en absoluto en la vida pública, social o de relación. Sus amigos íntimos procedentes del campo de la política profesional fueron escasos, aunque sólidos: Arburúa, López Rodó, Oriol, Fernández de la Mora, Fernández Miranda… Sólo ellos y pocos más tuvieron con él la confianza suficiente para traspasar el umbral del hogar familiar. Pero ni siquiera eran ellos los amigos con los que los Carrero Blanco hacían su vida social, por otro lado muy modesta. Lo hacían con familias que nada tenían que ver con la política, como la del pintor José Antonio Morales o el industrial Álvarez Alonso.

Los gustos personales del consejero de Franco tendían más bien a hacerle preferir la soledad en el reducido tiempo de descanso. Aunque le gustaba el campo y durante algún tiempo montó a caballo en El Pardo, no asistía a muchas monterías o cacerías junto con Franco. Su minuciosa agenda las contabiliza, y resulta que la media anual no pasa de una. Le gustaba mucho pintar y lo hacía de forma mecánica cuando tenía un lápiz en las manos: lo más sedante para él era pasar una tarde de domingo pintando. Su agenda de mano, junto a citas en El Pardo o en La Zarzuela, contiene anotaciones respecto del material de pintura que era necesario comprar (líquido para fijar dibujos, táblex de determinados tamaños…) o ideas para representar temas, siempre bastante convencionales. Si en esto se parecía a Franco, en cambio no tuvo su pasión por el cine, y practicó mucho más la lectura. Leía Historia y biografías, novelas policiacas y libros de actualidad, política o no.

Era la suya una vida prosaica y sometida a reglas fijas, una de las cuales consistía en no aparecer; y eso, unido a su poder, daba de él una imagen enigmática. En efecto, un rasgo suyo muy característico fue lo que uno de sus ministros describió como «un rechazo casi biológico al vedetismo» hasta el punto de considerarlo, de puro exagerado, incluso contraproducente, porque concluía en condenarle a no practicar ninguna autopromoción ni autoafirmación[158]. José María Pemán, que fue su adversario porque tuvo de la Monarquía una opinión por completo distinta de la suya, llegó a escribir de él que había logrado ser «el político menos fotografiado del mundo» y había hecho buena la frase «brillar por su ausencia»[159]. Fue ése un rasgo muy característico de su personalidad, que la completa y la redondea de manera definitiva. No es posible saber si Franco apreciaba más en él la dedicación y lealtad en su despacho o su voluntad de desaparecer, pero no cabe la menor duda de que la combinación de todos estos rasgos le resultó utilísima. Mientras que Serrano se solía pavonear en la prensa, Carrero pasaba las horas en su despacho de Castellana 3 en compañía de un fiel y trabajador secretario, Luis Acevedo, militar como él, al que mandaba de vez en cuando a recoger un café con leche, pagado puntualmente de su bolsillo. Carrero fue de ese puñado de políticos que devolvía las dietas que no gastaba.

El ritmo de gobierno

Hecha esta descripción del Carrero íntimo, que no es digresión sino que resulta imprescindible para comprender su personalidad también en el terreno político, debemos ahora retornar al hilo de la exposición. La habíamos dejado en el momento en que tuvo lugar en España aquella transformación del régimen en la que había desempeñado un papel tan relevante Carrero Blanco. Por supuesto, en su esencia, el hecho de que ésta se hubiera producido no implicaba una disminución del poder de Franco, ni era, en sí misma, una liberalización, término del que hubiera abominado Carrero. Se trataba de trasladar el énfasis del régimen desde la mentalidad de resistencia y de partido único a la gestión administrativa ordenada y el desarrollo económico. Perfilado el cambio como una respuesta a la amenaza falangista de constitucionalizar un sistema político a la medida de sus intereses, en realidad, como sabemos, Carrero no consiguió a fines de los cincuenta conducirlo hacia su propia fórmula. Lo que sí hizo fue colaborar de forma decisiva a que se produjera en ese terreno administrativo y de la política económica. Si el giro ha sido calificado como decisivo es, más que nada, por lo que permitió hacer a la sociedad española y, en esos dos campos, sin ninguna transformación política, se pudo producir el principio de una transformación que llegaría a ser fundamental.

El examen, por el historiador, de la década de los sesenta le produce la sensación de poderla dividir en dos lustros en que los intereses y las decisiones de la clase política se repartieron en materias muy diversas. El primero gravitó de modo claro hacia lo administrativo y lo económico, de tal modo que se puede incluso decir que las disposiciones políticas que se aprobaron no fueron decisivas y quizá resultaban por completo obligadas porque la legislación vigente estaba por completo obsoleta. La segunda mitad, en cambio, presenció no sólo la presentación primero y la aprobación posterior de disposiciones políticas de rango decisivo, sino también la aparición de un proyecto global, una verdadera constitución, y la resolución del problema de la sucesión de Franco. El contraste también se aprecia en otros aspectos. La primera parte de la década fue, en cierto modo, prolongación de los cincuenta, aquel período que se puede considerar como el ápice del régimen de Franco, mientras que en la segunda no sólo la oposición estuvo mucho más activa y, sobre todo, más visible por las nuevas condiciones en que se desarrollaba la vida política, gracias a la Ley de Prensa, sino que además apareció como un factor nuevo el enfrentamiento interno dentro del régimen. Sin embargo, un conocimiento un poco más detallado de lo sucedido en estos años podría incluir rectificaciones a esta periodificación, quizá en exceso simple. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a fines de los cincuenta las esperanzas respecto de la institucionalización política del régimen eran muchas y que daba la sensación de que el giro iba a ser mucho más completo y decisivo. Lo cierto es, sin embargo, que en torno a 1962-1963 tuvo lugar un cambio de ambiente del que la mejor prueba es la campaña llevada a cabo con ocasión de la reunión de Múnich y la ejecución de Grimau.

Pero, sentadas las bases de una posible periodificación histórica, hay que volver a Carrero. Se podría pensar que, no habiéndose decidido Franco por la aceptación de una institucionalización como la que le había propuesto el ministro subsecretario y nombrada otra persona como vicepresidente, esas dos realidades significaron una disminución de su influencia, pero no es así. Carrero fue siempre un colaborador muy cómodo para Franco porque, aunque éste le hizo caso casi siempre en los contenidos de sus propuestas, si bien no en el momento de llevarlas a cabo, cuando no seguía sus consejos sabía que su colaborador se plegaba sin titubeos a su voluntad.

De hecho, en los dos cambios de Gobierno que se produjeron en esta década Carrero desempeñó, como siempre, un papel que se puede calificar de fundamental. En julio de 1962 no sólo no fue ajeno Carrero al nombramiento de Agustín Muñoz Grandes como vicepresidente, sino que fue él mismo quien redactó el decreto ley destinado al efecto[160]. No hay, por otro lado, que exagerar la significación de esta decisión. En diciembre de 1961 había tenido Franco un accidente de caza que hizo pensar en el problema que plantearía su eventual desaparición. El decreto preveía que el vicepresidente sustituyera a Franco en su función de Jefe del Gobierno, no como Jefe del Estado, «en caso de vacante, ausencia o enfermedad», eventualidad que no tenía por qué producirse. Por otro lado, el nombramiento no hacía otra cosa que ratificar el papel de elemento intermediario del citado general ante el Ejército. El nombramiento del anterior ministro, Barroso, había sido mal recibido en una parte del mundo militar. Muñoz Grandes, que ya era jefe del Alto Estado Mayor, tendría ahora como misión «la coordinación de los departamentos afectos a la Defensa Nacional». Por si fuera poco, el general, que tenía una vertiente falangista (recordemos no sólo su mando sobre la División Azul sino también que había sido secretario general del Movimiento en los cuarenta), proporcionaba una especie de reaseguro a este mundo político en un momento en que se estaba produciendo un cambio político que conducía al régimen por una senda muy distinta. Para mayor solemnidad del decreto ley de nombramiento de Muñoz Grandes se dio cuenta a las Cortes. En definitiva, aunque reforzara ese ala del régimen (como también Nieto Antúnez, ministro de Marina), lo cierto es que su influencia nunca pudo compararse con la de Carrero. Hubo tensiones entre ambos personajes pero siempre se resolvieron, en lo esencial, a favor del segundo[161].

También redactó Carrero los decretos de cese y nombramiento de los ministros y la concesión de condecoraciones (a Planell, quizá por cercano a Falange, se le concedió la Orden Imperial del Yugo y las Flechas en vez de la de Carlos III). Por supuesto puede pensarse que, al cumplir esta función de redactor de disposiciones oficiales, no hacía otra cosa Franco que utilizarle como instrumento, pero lo cierto es que no existe prueba alguna de que despachara con nadie más la gestación de esta crisis. López Rodó llega a atribuirse el nombramiento de dos ministros (Romeo Gorría y Lora), pero, como es lógico, sólo pudo hacerlo merced a la atención que Carrero le prestaba[162]. Aparte de los ya citados, en el nuevo Gobierno entraron también López Bravo y Fraga Iribarne.

En la crisis de 1965 también Carrero desempeñó un papel crucial y existe, además, información suficiente para averiguar cómo se produjo este relevo en el Gobierno. Frente a las dudas y la habitual tendencia a la pasividad de Franco, Carrero era quien insistía siempre (y también en esta ocasión) en la necesidad del cambio y en la urgencia de no dilatarlo. A veces proponía nombres (en este caso, el de Blas Piñar en Justicia) que podían ser rechazados, pero siempre tenía recambios (Oriol, que ocupó la cartera). Sabía, además, con mucha antelación, por sus despachos con Franco, quién iba a ser ministro y por eso se lo podía anunciar meses antes, como fue el caso de López Rodó. Lo curioso del caso es que hubiera personas en la clase política del régimen que no se enteraran de que la gestación de los cambios gubernamentales era siempre idéntica, quizá porque no tenían toda la perspectiva del tiempo pasado. Fraga y Nieto fueron espectadores impotentes y algo molestos de la crisis, pero eso sólo se puede atribuir a su ignorancia de cómo se habían producido las anteriores[163]. El primero siguió cometiendo el error, al menos desde el punto de vista de la pura política de poder, de confiar en Muñoz Grandes y Nieto. En el nuevo Gobierno entraron Silva y López Rodó, cuya influencia, aunque por el intermedio de Carrero, era ya muy grande desde fines de los cincuenta.

La lectura de los borradores de las actas del Consejo de Ministros, que muy concienzudamente redactaba Carrero, nos permite conocer el planteamiento de que partieron ambos gobiernos sucesivos. Como siempre hacía Franco, iniciaba la sesión con una intervención propia que era la que tenía un contenido más político limitándose, en general, los ministros al despacho de los asuntos de su competencia. En julio de 1962 el acta recoge lo que sigue: «El Caudillo comienza hablando al nuevo Gobierno de todos los problemas nacionales, en lo que se refiere a lo interior y lo exterior. Se estudió a continuación la redacción de una declaración de Gobierno». En ella se hizo mención del Plan de Desarrollo y de la vocación europea de España. Tres años después hubo otra recomendación también bastante habitual en Franco y que quizá sea un reflejo de las discrepancias que se habían hecho presentes entre dos de los ministros salientes, Navarro y Ullastres: «Comienza el Caudillo saludando a los nuevos ministros y aconsejando una total coordinación entre todos los departamentos para el mejor servicio, recomendando un espíritu de equipo.[164]» Siempre se abrieron los Consejos con una intervención de Franco que hablaba de las cuestiones más diversas. Cuando se había producido un acto sonado de la oposición lo abordaba, lo que prueba que la historia de ese sector político no resulta tan desdeñable como podría hacer pensar la lectura de la prensa oficial de aquellos tiempos. Durante la primera mitad de los sesenta habló, por ejemplo, de «algunos incidentes en seminarios de tipo separatista» o de la «campaña exterior» en relación con la reunión de Múnich. Sin embargo, a estas alturas las manifestaciones de oposición eran pocas todavía, y por eso podía abordar otras cuestiones que, en ocasiones, se referían al exterior. Aludía entonces a cuestiones tan variadas como la última encíclica del Papa o su estado de salud, pero quizá el más sorprendente es aquel comentario de abril de 1961 «sobre el hecho de que los rusos hubieran enviado un hombre al espacio que pudo posteriormente aterrizar en su territorio». Cuando hablaba sobre España y no había cuestiones relacionadas con la oposición se refería principalmente a las inclemencias del tiempo o a la necesidad de mejorar determinadas infraestructuras, como los frigoríficos para conservar alimentos o la traída de agua a la Costa del Sol. En febrero de 1963 intervino sobre «la impopularidad de la nueva Ley del Seguro Obligatorio de Vehículos a Motor». Los Consejos eran largos, pues solían durar desde las diez de la mañana hasta la madrugada. No parece, en absoluto, que Muñoz Grandes desempeñara ninguna función de vicepresidente político en ellos.

Como ya se ha señalado, durante el primer lustro de los sesenta la clara prioridad en la acción gubernamental correspondió, sin duda, al terreno económico y administrativo. Es necesario, por tanto, referirse al papel que tuvo Carrero en este terreno. En realidad, a lo que nos lleva esta cuestión es sencillamente a la peculiaridad de la relación entre el marino y López Rodó, el catedrático de Derecho Administrativo. Se tiene la sensación de que el primero encontró en el segundo ese tipo de colaboradores dedicados de los cuales había hablado a Franco en los años cuarenta: esos técnicos cualificados y devotos con los que sustituir al partido único. Carrero no era absorbente ni tampoco tendía a atribuirse como propia la acción de sus subordinados, lo que explica que dejara un amplio margen de maniobra a López Rodó, de modo que en un corto plazo de tiempo tuvo un área de competencia autónoma, aunque de puertas afuera quien asumiera la decisión y su presentación pública fuera Carrero. Con la única posible excepción de la fase en que ocupó el cargo de presidente, en que quizá fue sustituido por Fernández Miranda, el catedrático de Derecho Administrativo fue el hombre de su más absoluta confianza y quizá la persona en quien podía pensar para heredar sus altas responsabilidades. Por otro lado, López Rodó era por completo consciente de que todo su poder derivaba de Carrero; su error puede haber sido colocar un exceso de personas vinculadas a él en puestos importantes, no el haber olvidado que recibía el poder de otro.

Aparte de en sus propias memorias, el ascenso al poder de López Rodó se puede seguir en las actas del Consejo de Ministros y de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. En septiembre de 1960 envió a Franco un informe proponiendo la redacción de un Plan de Desarrollo. A mediados del mes siguiente, el acta del Consejo de Ministros recoge que Franco habló, por vez primera, del Plan de Desarrollo señalando «la necesidad de una coordinación y de los órganos apropiados»; es, por supuesto, muy expresivo el modo como lo hizo porque conecta muy bien con una de sus preocupaciones decisivas[165]. El nombramiento del Comisario del Plan se produjo a fines de enero de 1962, pero aún sin categoría ministerial. De todos modos, Carrero impidió que la competencia sobre el particular le fuera arrebatada por Hacienda como hubiera sido lo lógico, ya que este ministerio es el económico por excelencia; también intentaron los Sindicatos asumir esa responsabilidad, pero tenían perdida la partida desde el comienzo. La Comisaría quedó en Presidencia pero, al no tener rango ministerial, quien durante el período 1962-1965 defendió sus posturas en el Consejo fue el propio Carrero. Así sucedió en mayo del primer año, cuando se produjeron tensiones inflacionistas; de todos modos, la misma forma en que está redactada el acta, de mano del ministro subsecretario, revela su a veces difícil manejo del lenguaje económico[166].

De todos modos, López Rodó tenía un procedimiento para conseguir una influencia sin disputa: la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. En ella, a pesar de no ser ministro, intervenía muy a menudo y lo hacía, además, en primer lugar. Ni Franco ni Carrero tomaban la palabra en la citada Comisión de manera muy significativa, aunque el segundo hubiera despachado con el comisario previamente. Las escasas ocasiones en que Franco habló lo hizo para tratar de cuestiones políticas del día, como por ejemplo, las manifestaciones estudiantiles que nada tenían que ver con el orden del día. Carrero llevaba cuestiones dependientes de Presidencia, pero dejaba las intervenciones de carácter general a su subordinado[167]. Lo que mejor revela el peculiar papel de éste es el hecho de que no sólo asistía a reuniones de ministros sino que hacía declaraciones a la prensa, acompañado del ministro de Información, Fraga, sobre los planes de inversión pública e incluso tomó la palabra en, al menos, un Consejo de Ministros en relación con el Plan[168]. Todo ello testimonia que, en paralelo con lo que le sucedía a Carrero, López Rodó tenía una influencia y un poder muy superiores a los que le correspondían como comisario sin rango ministerial. Cuando fue nombrado ministro dispuso, aparte de bastante más tiempo que el resto de sus compañeros de Gobierno, por no tener una obligación administrativa específica, de un instrumento de influencia en los restantes ministerios a través de la creación de una comisión permanente de secretarios generales técnicos. Todas sus recomendaciones sobre la situación económica se dedicaron invariablemente al control del gasto y de la inflación. Resulta imprescindible tener en cuenta el papel de López Rodó al lado de Carrero, pero es necesario añadir que durante la primera mitad de los sesenta era el propio ministro subsecretario de Presidencia el que desempeñaba el lógico protagonismo de cara al exterior. Es significativo que las intervenciones públicas que hizo durante este período se refieran al mundo de la función pública y al desarrollo económico, aunque, como es lógico, también apareciera en el trasfondo de ellas el inevitable recuerdo de la Guerra Civil, imposible de eludir (y él no quería hacerlo) en un régimen como el de Franco[169].

Es necesario hacer, por lo menos, un somero repaso a algunas de estas declaraciones. Cuando inauguró el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios de Alcalá de Henares (1960) recordó las glorias de la España imperial y atribuyó al Nuevo Estado de Franco una voluntad de renovación constante de la Función Pública; pero lo que más llama la atención es una frase que hacía recaer en ésta lo que en otro tiempo se hubiera atribuido al Partido: «Decir Administración, decir Estado Español y decir España es en el fondo una misma cosa». Luego, en el verano de 1963, presentó en las Cortes la Ley de Bases de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado, a la que describió como el paso final y definitivo en el proceso de reforma administrativa iniciado ya hace tiempo. El propósito era conseguir la «alta calidad en los servidores del Estado» en «competencia, trabajo y eficacia».

A este último respecto merece la pena hacer alusión a un momento de su intervención, el único que da la sensación de revelar una cierta dificultad en la tramitación de la Ley: se refiere al juramento que los funcionarios debían prestar a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional. En realidad esta cuestión había motivado la presentación al Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley por parte del propio Carrero a fines de 1960. Dicho texto pasó por el Consejo de Estado, que recomendó no reducir el rango de la disposición a tan sólo decreto y limar su redacción[170]. Este hecho y el de que Carrero se sintiera obligado a dar explicaciones a las Cortes, recordando que también en muchos otros países se exigía jurar los principios constitucionales, revela bien a las claras que en el régimen de Franco se estaba produciendo una transición, quizá no querida en sus últimas consecuencias por el ministro subsecretario, pero en la que él había empezado por jugar un papel esencial, tendente a constituir una burocracia relativamente autónoma y sometida a normas objetivas de derecho. En realidad, cualquiera que se haya convertido en funcionario en los sesenta sabe que ese juramento no era más que una pura formalidad.

La lectura de la presentación que Carrero hizo del Plan de Desarrollo en las Cortes no contradice esa impresión de cambio, a no ser que se haga caso literalmente de su contenido. En efecto, precisamente por el hecho de que el Plan era una novedad que había producido resistencias que, además, habían arreciado desde que se produjo un cambio de rumbo en la política económica, se insistió por parte del orador en que se trataba, en realidad, de una disposición de continuidad total con el pasado. Además, Carrero se refirió de modo especial a los aspectos «sociales» del Plan y atacó por igual al capitalismo y al marxismo.

Como ya ha quedado señalado llama la atención que, por evidente voluntad de Franco, lo específicamente político no apareciera en el horizonte de los proyectos del Gobierno durante esta primera mitad de los sesenta. El que permaneciera pendiente una definitiva definición institucional del régimen tenía a la vez ventajas e inconvenientes. En primer lugar, bien se podía dar por supuesto desde la parte española que la evolución política se produciría de forma completa sin ningún tipo de discontinuidades ni problemas: de hecho, eso es lo que hizo la administración diplomática española, encabezada por Castiella[171]. Pero el inconveniente era que ese propósito evolutivo en el sentido de patrocinar la desnaturalización del régimen nunca existió por parte de sus dirigentes, y menos aún por parte de Carrero.

De todos modos, hubo en este momento una especie de incomprensión entre los europeos que esperaban que la España de Franco evolucionara hacia la homologación política, conscientes de que ésta era inevitable como paso final de la vinculación económica al Mercado Común, y los dirigentes españoles que iban a los países europeos. Carrero visitó Alemania en junio de 1964 acompañado de López Rodó. Las conversaciones que mantuvo fueron sobre todo de índole económica, pero no dejó de abordar cuestiones políticas. Siempre el contenido de su conversación fue idéntico. Había un peligro subversivo comunista respecto del cual era precisa una colaboración estrecha incluso en otras latitudes como, por ejemplo, Hispanoamérica. Los políticos democristianos alemanes con los que se entrevistó no le hicieron llegar ningún estímulo para un cambio político, que él probablemente no hubiera aceptado porque partía de que debían respetarse los respectivos regímenes políticos. El informe que hizo del viaje no revela, por tanto, ninguna de esas tensiones por exigencias políticas mutuas que fueron tan características de tiempos posteriores y más conflictivos[172].

Las iniciativas de cambio en el terreno político fueron, en efecto, tardías, parciales y no afectaron a la esencia de la institucionalización del régimen. Sin embargo, algunas revistieron una indudable trascendencia, sobre todo por suponer un primer alineamiento del Consejo de Ministros en dos tendencias que acabaría por reproducirse, aunque no de una manera exactamente igual, con el transcurso del tiempo al final de la década.

La cuestión más importante y aun única en el terreno político fue una que, no siendo de rango estrictamente constitucional, sí revestía una importancia decisiva: la del asociacionismo. El régimen de Franco se basaba en la existencia de un pluralismo peculiar y por supuesto ajeno al de los partidos políticos, pero al mismo tiempo contaba con una estructura heredada del partido único que tenía unas pretensiones monopolizadoras. Entre estas dos tensiones se movió de modo conflictivo la política española a partir de mediados de los años sesenta y hasta 1975 sin encontrar un cauce aceptado por todos. Por lo que se puede deducir de la información de que disponemos da la sensación de que Carrero, muy de acuerdo con lo que había sido su línea habitual desde el comienzo de su vida política, tendía a ser contrario a las pretensiones de monopolio de la Secretaría General del Movimiento; todavía eran más contrarios a ella muchos de sus colaboradores en Presidencia. En cambio, el ministro subsecretario era, en principio, por completo contrario a cualquier posibilidad de pluralismo político o a cualquier fórmula que le pareciera que quebrantaba la confesionalidad del Estado.

Así parece deducirse, en primer lugar, de la tramitación del Proyecto de Ley de Asociaciones[173]. Fue propuesta por el Ministerio de la Gobernación y, en realidad, suponía un cambio modesto y de pura adecuación a la realidad social. El informe de Presidencia respecto de esta norma testimonia un cierto deseo de que fuera más liberal, con la explícita mención a este término, que no haría el propio Carrero. La Secretaría General del Movimiento no sólo hizo observaciones políticas al contenido de la disposición, consistentes, por ejemplo, en pedir que fueran vetadas las asociaciones que pusieran en peligro la «unidad política» de España, sino que, sobre todo, pretendió el monopolio para todo tipo de entidades que pudieran ser englobadas en los fines de su organización, como las deportivas y juveniles. La Ley de Asociaciones acabó siendo aprobada a fines de 1964, pero la Secretaría General del Movimiento tuvo la pretensión inmediata de apoderarse del asociacionismo familiar mediante una ley particular, aunque la movilización de los sectores católicos lo acabó impidiendo[174]. Esa debió ser también la posición de Carrero y de sus subordinados y asesores en Presidencia. Un proyecto de reestructuración del SEU de 1964 fue objeto de críticas que iban en idéntica dirección contraria a las pretensiones monopolizadoras de la Secretaría General. El decreto, según informó Presidencia, suscitaba dudas acerca de su oportunidad, insistía en exceso en los aspectos políticos de la sindicación y no en los asistenciales, ni siquiera aludía al deber de estudiar de los universitarios, se injería en funciones que no eran de su competencia y estaba dotado de una criticable «frondosidad organizativa»[175]. Tras esta acerba crítica ya se podía esperar que el SEU duraría poco, como en efecto sucedió. El ideal de Presidencia (y de Carrero) deben de haber sido quizá unas Asociaciones Profesionales de Estudiantes, que se intentaron pero que no tardaron en desvanecerse.

Pero lo que de ninguna manera estaba dispuesto a tolerar Carrero era el pluralismo de carácter religioso, y menos aún una desembocadura política del mismo que para él podría resultar inmediata. Fue ésta una preocupación temprana suya que se aprecia de manera clara entre sus papeles. En 1962 redactó una nota acerca de las «sectas protestantes en España» que revela la importancia que atribuía a la cuestión tanto desde el punto de vista estrictamente religioso como desde el político, que era, en su opinión, la derivación inmediata y segura[176]. Acusaba en ella a los protestantes de llevar a cabo una intensa campaña de proselitismo «al amparo de organizaciones extranjeras», cosa que era cierta, pero lo cierto es que no tenían otro remedio. «Nos piden —añadía— con toda clase de presiones que toleremos su proselitismo y nos echan en cara con insultantes campañas de prensa todo acto de represión de sus actividades ilegales». En realidad, no proponía poner dificultades a los protestantes, sino contrarrestar su proselitismo mediante una propaganda activa, tarea que hoy nos parece alejadísima de lo que debe hacer un gobernante. Lo que, sin embargo, resulta más interesante es una afirmación que hacía acto seguido: «El ceder a sus deseos creemos que es labor suicida pues nos llevaría a la desintegración religiosa y consiguientemente política». Es difícil encontrar una afirmación más clara de la posición religiosa y ajena a toda posibilidad de pluralismo en la vida pública que ésta que acabamos de transcribir.

De ahí la indignación sentida por Carrero en el momento en que, en septiembre de 1964, Castiella presentó un anteproyecto de Ley sobre la condición jurídica de las confesiones acatólicas en España[177]. Iba acompañado por una carta suscrita por tres de los obispos españoles en la que se descubría que habían deliberado con el embajador ante la Santa Sede, Antonio Garrigues, acerca del texto y llegaban respecto de él a la conformidad completa tras haber introducido determinadas enmiendas. De la información que tenemos parece deducirse que la mayoría de los ministros sólo entonces tuvo noticias de esta negociación; algunos ministros, como Iturmendi y Vigón, de procedencia de la derecha tradicional católica, como el propio Carrero, expresaron su discrepancia, y lo animado del debate que se produjo entonces acaba de demostrarse porque para resolver la cuestión se formó una comisión formada por nada menos que siete ministros. El ministro subsecretario empezaba por encontrar injustificable que se hubiera procedido a la negociación sin que antes el Consejo de Ministros hubiera decidido nada y que, además, se hubiera filtrado posteriormente alguna noticia a la prensa que daba por supuesto que ambas partes estaban de acuerdo. Pero, según Carrero, se trataba de «un asunto que todavía está inmaduro y sobre el que hay mucho que hablar». Según él, ni siquiera la totalidad de los obispos españoles estaban de acuerdo.

Lo decisivo, sin embargo, en su opinión, era el fondo del asunto, «que obliga a exponer la propia opinión en conciencia». Así lo hizo, aun dejando abierta la posibilidad a un error propio. Su reacción primera ante el texto no pudo ser más vehemente, porque contradecía su posición religiosa de fondo a la que atribuía todo el peso que ya sabemos. En las apresuradas anotaciones que hizo sobre el texto se hacen afirmaciones como que «toda práctica que no sea la católica compromete la unidad espiritual de España» y que el derecho de los no católicos no podía incluir en ningún caso el proselitismo, y recordaba que cualquier funcionario debía jurar los Principios del Movimiento, los cuales incluían la confesionalidad. Le indignaba la posibilidad de que se autorizaran «misas negras» y «logias masónicas» o las facilidades para otros cultos en el servicio militar. Redactó, además, un largo informe en que describía el propósito de Castiella como un intento de conseguir una «benevolencia» exterior que sería, además, recibida «despectivamente». La unidad católica era esencial para España, y cualquier intento de hacerla desaparecer resultaría un «mal servicio a Dios» y una afrenta a los Principios del Movimiento; ésa era la razón «por la cual nuestros contumaces enemigos tienen tanto interés en quebrantarla». Se trataba, en fin, de una «apertura a siniestra» que tendría unos resultados políticos inaceptables.

El proyecto quedó detenido, y tardaría en aprobarse otro que el Concilio Vaticano II había hecho inevitable, pero ya no lo redactó Castiella, sino Oriol, el ministro de Justicia nombrado en 1965. Lo sucedido da idea de la oposición de fondo de Carrero a la institucionalización de cualquier pluralismo y de su talante religioso. Era éste un campo en que, sin duda, podía cambiar, como lo hizo en este caso, pero con no pocos y muy graves problemas de conciencia, porque su catolicismo tradicionalista, muy auténtico y profundo, se lo vedaba.

La institucionalización política

En los años centrales de la década de los sesenta tuvo lugar, al fin, la institucionalización política del régimen por la que Carrero siempre había luchado. Fue obra principalmente suya, como comprobaremos, pero en la que coincidieron otros dirigentes políticos del régimen. Antes, sin embargo, de que se iniciara la recta final de este largo proceso hubo otra disposición de rango inferior, pero de mayor trascendencia social, a la que es preciso hacer mención.

De la legislación más importante de esta época ninguna más trascendente, en efecto, por la influencia que tuvo en la política y en la sociedad españolas que la Ley de Prensa. Su aprobación no puede explicarse sin tener en cuenta la personalidad de Fraga, que, ya desde el momento en que llegó al ministerio en 1962, había impuesto un dinamismo poco frecuente a la cartera que desempeñaba[178] y que, a fuerza de trabajo y vehemencia, llegó a conseguir que se aprobara una disposición de la que cabe pensar que en principio no despertaba especiales entusiasmos en los círculos dirigentes del régimen. El caso de esta ley es, por tanto, un testimonio de hasta qué punto lo individual puede resultar decisivo en política. Sabemos, por ejemplo, que Franco meditó cuidadosamente el contenido de la ley e incluso pensó en la posibilidad de incluir alguna disposición que permitiera sancionar a «cuanto tienda a fomentar la división entre los españoles»[179]. Era una postura de un militar, ajeno al mundo liberal y que había mantenido durante mucho tiempo una legislación sobre la materia, nacida en 1938, que tenía un carácter bélico e incluso más restrictivo que la propia legislación de la Italia fascista. Si se examina el expediente administrativo de la tramitación de la ley se encuentran en él observaciones iniciales, al comienzo de su gestación, por parte de dos ministerios regentados por militares, Gobernación y Presidencia o, lo que es lo mismo, Camilo Alonso Vega y Luis Carrero, que coinciden con esa misma postura de Franco[180]. Del ministro subsecretario existen también algunas anotaciones sobre el proyecto de ley definitivo que revelan una postura de reticencia más que de enfrentamiento total, aunque sean el precedente de una actitud posterior que sí merecería esta descripción. Carrero, al leer el texto, lo llenó de subrayados y de interrogantes que en parte eran técnicos; se referían, por ejemplo, a que el texto incluía aspectos reglamentarios o relativos a la profesión periodística de los que podía ser descargado. Pero había también en él una actitud de resistencia de fondo que revela, por ejemplo, la frase siguiente escrita al lado de la mención a la libertad de empresa: «¡Ojo!, ¿y si de la empresa se apodera comprando sus acciones un poder extranjero y enemigo?»

En la práctica fueron los dos militares citados quienes mantuvieron hasta el momento final su resistencia a la aprobación de la ley. Así lo afirma el propio Fraga en un párrafo en el que, además, revela que el propio Franco tenía unas serias dudas en las que coincidía con el ministro subsecretario: «Carrero Blanco y Alonso Vega aún expresaron serias reservas», escribe el ministro de Información, «pero el asunto estaba maduro y todos sabían que yo jugaba fuerte». Franco cerró el debate con unas palabras características: «Yo no creo en esta libertad, pero es un paso al que nos obligan muchas razones importantes. Y, por otra parte, pienso que si aquellos débiles gobiernos de primeros de siglo podían gobernar con prensa libre, en medio de aquella anarquía, nosotros también podremos».[181] No había en él, por tanto, la más mínima complacencia ante la disposición. Lo que dijo a López Rodó lo ratifica: «Yo no podía dejar a mi sucesor la papeleta de levantar la censura de prensa». Era algo así como una obligación impuesta por las circunstancias y que se miraba con sospecha, pero a la que el régimen se sentía capaz de arriesgarse porque se creía firme; los propios Alonso Vega y Carrero no se opusieron de una manera frontal, y sin duda el segundo no hacía otra cosa que traslucir la posición de fondo de Franco. Si bien se mira, lo que separaba a los ministros de Franco en relación con esta cuestión era simplemente la dedicación profesional y la edad. Los ministros civiles más jóvenes, como López Rodó y Silva Muñoz, estuvieron de acuerdo con la ley: el primero apoyó la inclusión del procedimiento contencioso administrativo y el segundo celebró que con esta ocasión por vez primera se estuviera produciendo en el seno del régimen un debate político de fondo[182]. También en otra cuestión importante tratada en el Consejo de Ministros en que se aprobó la ley (la sanción a cinco catedráticos universitarios, entre los que figuraba Tierno) hubo alineamientos parecidos. De todos modos no cabe duda de que fue el empuje de Fraga el que hizo posible la aprobación de la ley.

También la hizo posible la ignorancia de cuáles podían ser sus resultados; y cuando éstos empezaron a ser conflictivos fue el propio ministro de Información quien sufrió las consecuencias. Aun en el momento en que no estaba aprobada la ley surgieron problemas en relación con la publicación en la prensa de los laudos laborales, y el propio Franco, el día en que concluyó su trámite, mostró prevención aconsejando «no ser demasiado buenas personas» en su puesta en práctica. Debía de ser idéntica a la que tenía Carrero, que en Consejo insistía en la necesidad de que se mantuviera un «absoluto respeto» a los Principios Fundamentales del Movimiento. Alonso Vega fue mucho más elemental: «Me cago en la ley», llegó a decir en una ocasión. El hecho es que nada más empezar la aplicación de la nueva ordenación legal empezaron a producirse los secuestros de publicaciones, y la reacción fue airada incluso por parte de los ministros que habían estado en el momento anterior a favor, como López Rodó, del que afirma Fraga haber dicho que «el Gobierno está en el banquillo». Franco, que en un principio mantuvo la posición de tratar de moderar a los que más atacaban a la ley, a fines de 1966 empezaba ya a parecer estar en su contra. El ministro de Información llegó a proponer su propio relevo en el momento de poner en marcha la ley, y en enero de 1967 Franco sugirió la modificación de ésta cuando no llevaba siquiera un año en vigor[183]. En ese ambiente ha de entenderse la preparación por parte del Ministerio de Información de un proyecto de ley sobre sanciones que se cometieran en materia de radio, cine, espectáculos y actos públicos. Se trataba de una disposición muy peculiar, puesto que determinaba la escala de las sanciones pero, en cambio, no tipificaba en absoluto las infracciones, de tal modo que concluía por introducir la más absoluta arbitrariedad en las decisiones ministeriales. Como, además, atribuía al Ministerio de Información unas atribuciones que correspondían al de Gobernación, la disposición fue objeto de profunda controversia. Merece la pena señalar que también Presidencia se opuso a esta norma. Carrero tenía ya argumentos para pensar que Fraga había actuado imprudentemente con su ley, pero que ahora adoptaba otra posición que tampoco resultaba aceptable[184].

Cuanto antecede nos pone en relación con una cuestión que es preciso despejar antes de referirnos de forma detallada a la institucionalización política del régimen[185]. En la época se utilizó un lenguaje político peculiar que consistía en denominar aperturista a quien propiciaba un cambio enfrentándolo a quien no lo quería en absoluto. Este lenguaje, que era el utilizado por la prensa y por la sociedad misma, puede tener el grave inconveniente de resultar ininteligible transcurrido el tiempo. En cierta manera, todos los miembros de la clase política dirigente de la época eran aperturistas, y todos no lo eran en absoluto. Todos querían una institucionalización, y eso mismo (hacer que el régimen fuera lo que decía de sí mismo, como le pedía Aranguren) era un cambio de primera importancia. Sin embargo, en cierto sentido no era nadie aperturista porque, como resultaba previsible, nadie quería sustituir al régimen vigente por otro: hasta la propuesta más osada, la de Fraga, tendente a crear una cámara por sufragio universal, no implicaba la desaparición del Movimiento. Había, por otro lado, alineamientos profesionales, por así denominarlos: los militares, todos ellos, estaban en una actitud muy recelosa respecto de la ampliación de las libertades o de la tolerancia. Se daban, también, diferencias generacionales, como se demuestra por el hecho de que López Rodó y Fraga coincidieron durante mucho tiempo. Existían, sobre todo, versiones distintas de la apertura. Apertura era la Monarquía para unos y también una cierta democracia controlada en los Sindicatos, en beneficio exclusivo de quienes los habían regido hasta entonces. Apertura era recortar el papel de la antigua estructura del Movimiento y también tratar de hacerla auténtica. Cuanto antecede sirve para concluir que Carrero también era la apertura, y ello a pesar de estas actitudes por completo negativas respecto de la pluralidad religiosa o la libertad de prensa. Lo era porque quería institucionalizar y porque, además, se mostraba por completo ajeno al espíritu del partido único: no quería varios partidos, sino esa Administración, dedicada y técnica, de doscientos devotos franquistas.

Hecha esta primera aclaración hay que preguntarse por las razones que llevaron a Franco a dilatar durante tanto tiempo el proceso institucionalizador que, en la esencia de su contenido, ya estaba perfilado de manera clara a fines de los cincuenta. Hubo en él un poso de recelo a cualquier cosa que pareciera limitar su poder, la conciencia de que su decisión podía ser objeto de disputas y, quizá más que eso, el interrogante acerca de quién sería el beneficiario de su sucesión, que era lo decisivo. Al menos así lo hace pensar el hecho de que meditara una posible regencia.

Lo que importa es que esa operación institucionalizadora debió mucho a Carrero en dos sentidos: fue, en primer lugar, él quien más insistió en que se llevara a cabo y era, sin duda, el más influyente sobre Franco pero, además, el proyecto aprobado fue esencialmente suyo. Este último posesivo debe entenderse en el sentido más estricto porque, aunque la redacción definitiva tal como fue aprobada en referéndum hubiera procedido de la inspiración de López Rodó o Fernández de la Mora, el proyecto originario era en líneas fundamentales el que Carrero pensó como contrapartida al de Arrese. Todos los demás desempeñaron un papel pequeño o nulo: éste es el caso de los de Fraga, el de Garrigues, que llegó tarde, o el de Silva. La afirmación de este último («Me recogieron muchas cosas y me desecharon pocas pero sustanciales») puede valer para todos ellos[186].

No tiene sentido, por tanto, estudiar la tramitación de la Ley Orgánica como si se tratara de una Constitución como la de 1978, sino que lo único que reviste interés es la mención a las alternativas en el ánimo de Franco y las cuestiones que le crearon más interrogantes hasta el momento final. Elaborado en sus líneas esenciales el proyecto en 1958, Carrero no volvió a la carga sobre Franco sino a fines de 1964, cuando le entregó el texto acompañado de una extensa introducción. A lo largo de los meses que siguieron se fue apreciando en el Jefe del Estado una tendencia dilatoria que a veces procuraba perderse en temas menores. En torno a marzo-abril de 1965 hubo una presión conjunta de todo el Consejo de Ministros. De las discusiones de entonces parece deducirse que por un lado Franco quería dejar manifiesta la opción monárquica (era «lo único que está claro», le dijo a Solís), pero, en cambio, dudaba respecto del Consejo Nacional y sus poderes. Si lo primero era un deseo de Carrero, en lo segundo éste obtuvo en el último momento un éxito que superó incluso lo que había previsto en 1956: el Consejo Nacional del Movimiento no nombraría, ni aun de modo indirecto, mediante una terna, al ministro secretario general del Movimiento, sino que éste sería elegido por el propio Jefe del Estado. Fracasaron también los intentos de institucionalizar de manera pormenorizadísima la organización del Movimiento en que se alinearon Solís, Muñoz Grandes, Nieto y algún otro. El último intento de dar a la Ley Orgánica una vertebración más de acuerdo con los intereses del antiguo partido único fue protagonizado por Muñoz Grandes a fines de octubre de 1966, cuando pidió a Franco que mantuviera la denominación «Consejo Nacional del Movimiento» y la indefinición sobre tipo de régimen en los mismos términos que en la Ley de Sucesión. Pero fracasó por completo, y el hecho es un buen testimonio de que Carrero pesaba mucho más sobre Franco que él[187].

El proceso concluyó, pues, con una victoria en toda la línea de Carrero. En una intervención realizada en televisión en diciembre de 1966, poco antes de celebrarse el referéndum destinado a aprobar la Ley Orgánica, el ministro subsecretario resumió su juicio acerca del texto legal con unas palabras que no eran en nada distintas de lo que podía haber escrito a Franco en uno de sus repetidos informes: «La Ley Orgánica del Estado cierra toda especulación sobre el futuro. Representa, por tanto, un inapreciable bien para España y un tremendo chasco para sus enemigos.[188]» Franco, por supuesto en privado, empleaba un lenguaje más modesto: era «lo menos malo que podíamos hacer». Es muy posible que, por forma de ser y también por manera de pensar, Carrero creyera más en la Ley Orgánica que el propio Franco.

En definitiva, lo que había quedado perfilado era una Monarquía limitada por una doctrina y unas instituciones derivadas de los idearios que se habían plasmado en el llamado Movimiento Nacional. Carrero había conseguido la institución monárquica y mantenido la representación de procedencia corporativa en las Cortes (a través de representaciones sindicales, familiares y locales), de modo que no pensaba que en absoluto se pudiera evolucionar hacia una adulteración del sistema político, que guardaba un evidente recuerdo de las doctrinas católicas tradicionales. El carácter confesional del sistema político no era tan acusado como él originariamente había deseado, pero el papel del Consejo Nacional había quedo mermado. En líneas generales, había obtenido una neta victoria sin que, además, ello hubiera supuesto que otro sector político montara en cólera.

El problema, sin embargo, vino luego. En enero de 1967 Carrero presentó una lista de disposiciones de desarrollo de la Ley Orgánica a Franco que incluían las de representación familiar, Consejo Nacional y la sindical, que pronto dieron lugar a problemas. No los causó la Ley de Representación Familiar, que el propio Carrero presentó ante las Cortes, haciendo la consabida interpretación acerca de los males del liberalismo en la historia española y contraponiéndolos a la «entrada directa a la representación de la Familia, unidad cultural y social por excelencia», que ahora se producía. Más grave fue, en cambio, lo sucedido con la denominada «Ley Orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional», que siguió inmediatamente y ocupó todo un día de las deliberaciones del Consejo de Ministros, desde la mañana a la madrugada[189]. Nada separaba más a la clase política del régimen que el juicio sobre el papel que debía corresponder al Consejo Nacional, pues, si López Rodó lo había querido reducir a un organismo consultivo en 1958, sus propios miembros habían tratado de regularlo con carácter previo para mantener al máximo sus poderes. Ahora predominó la concepción que quería convertir al Consejo en una especie de último reducto del Partido y eso resultó «frustrante» (el término es de Fraga) para personas tan distintas como él, Silva y el citado López Rodó. No hay ningún texto escrito de Carrero que indique que pensaba algo semejante; quizá aceptaba el mantenimiento de ese reducto porque era consciente de que alguna satisfacción había que dar a la antigua Falange. En cambio, lo que para él resultaba un desafío mucho mayor era el hecho de que, fracasado el intento del Movimiento de tener su ministro propio y seleccionado por él mismo, la Organización Sindical intentara tenerlo, y para ello convocara reuniones sindicales que debían de modo necesario influir sobre la redacción de la Ley Sindical; si a eso se sumaba la que él consideraba como demagogia de la Organización Sindical, ya se puede imaginar su indignación. Tampoco quiso aceptar el asociacionismo vinculado al Movimiento, que tenía ese mismo propósito de mantener un reducto propio de poder. Además, pronto tuvo otros motivos de preocupación, aun después de haber conseguido este triunfo con la Ley Orgánica. Muy pronto empezó a hacerse presente una oposición, y la propia legislación de prensa le dio publicidad; además, el funcionamiento mismo de la Ley Orgánica creó problemas. Por si fuera poco, aunque después de la institucionalización Carrero consiguió dos nuevas victorias con su ascenso a la Vicepresidencia y el nombramiento de sucesor de Franco, tenía graves discrepancias con la dirección que se llevaba de la política exterior. Un año y medio después de la Ley Orgánica, en suma, el horizonte se había hecho muy complicado para él. De esos problemas y de sus satisfacciones habrá que tratar antes de referirnos a la desunión de la clase dirigente.

Las relaciones con los Estados Unidos

Apenas si es necesario insistir aquí, porque lo conocemos de sobra por los capítulos precedentes, en el decisivo papel que Carrero atribuía a los acuerdos entre España y los Estados Unidos, de los que había sido artífice, en una proporción que desconocemos de manera exacta pero que sin duda fue muy importante. Caracterizó siempre al ministro subsecretario una preocupación estratégica de primera magnitud que estimulaba sus lecturas y daba contenido a algunos de sus artículos políticos de divulgación. El fundamento de su posición de fondo se encuentra en una conciencia muy aguda del peligro soviético que, en parte, nacía de su experiencia biográfica pero también de su visión del mundo y también de esa misma dedicación a los estudios navales emparentados con la estrategia. El último de los libros que publicó con el pseudónimo de «Juan de la Cosa» llevaba como título Las modernas torres de Babel, pero, en realidad, bajo esa referencia bíblica lo que el lector encontraba era una referencia al peligro soviético desde los tiempos pasados hasta el momento presente. Aparecido en 1956, el libro no era una recopilación de artículos, como en otras ocasiones, sino que había sido escrito como una unidad. Nada más representativo de su contenido que un amplio mapa en que se indicaban las líneas de penetración soviética en dirección hacia el interior del continente europeo y por los flancos del mismo. España aparecía en función de cabeza de puente para la ayuda norteamericana ante un eventual ataque adversario. En ello no había diferencia esencial con lo que pensaban los organismos norteamericanos de planificación militar en la época de una guerra fría que tardaría en desaparecer. Lo radicalmente diferente de este pensamiento de Carrero no era la visión estratégica, sino la fundamentación en su versión del catolicismo. Las torres de Babel, es decir, el testimonio del orgullo demoníaco del ser humano y de la confusión, no eran otra cosa que la prueba de que la humanidad había perdido su rumbo en el error, se llamara éste capitalismo o marxismo. Esta ratificación del ideario del ministro subsecretario implicaba a la vez una sintonía y una discrepancia con los Estados Unidos. Este país era la primera potencia de Occidente y por lo tanto se imponía la colaboración con él, pero eso no implicaba coincidencia política. No podía existir en absoluto respecto de las instituciones y la forma de organizar la vida pública, pero tampoco en relación con determinadas actitudes como, por ejemplo, el anticolonialismo. El pronorteamericanismo, con esas salvedades, siempre fue manifiesto e indudable en Carrero, sin ser tentado en ningún caso por una proclividad a los países del Tercer Mundo, aunque los sistemas políticos resultaran más parecidos al español. Eso no obsta para que supiera de los contactos indirectos entre España y la URSS y no los vetara; aceptarlos formaba parte de su mentalidad estratégica[190].

Desde comienzos de los años cincuenta la presencia de Carrero había sido muy marcada en cuanto tenía que ver con la aplicación de los convenios hispano-norteamericanos, porque el hecho de que éstos afectaran a varios ministerios había impuesto al Gobierno la necesidad de crear una Comisión Delegada específica, y fue él quien la presidió. Esa presidencia podría, sin embargo, haber sido tan sólo nominal, pero la capacidad de trabajo y, sobre todo, su interés por estas materias hicieron que, cuando faltaban todavía más de dos años para la revocación de los tratados de 1953, escribiera un extenso informe que dirigió al ministro de Asuntos Exteriores gracias al cual tenemos noticia detallada de cuál era su pensamiento al respecto[191]. De este texto, que se ha conocido ya hace algún tiempo, los comentarios han coincidido en resaltar la visión del ministro subsecretario que convertía a España en sujeto paciente de una amplia conspiración mundial. Pero esto no es lo más relevante, entre otros motivos porque nos resulta ya conocido, sino el extremado realismo en que se fundamentaba su postura.

En efecto, él, que conocía de manera directa cómo y por qué se habían gestado los pactos entre los dos países, señalaba que se debían a una razón «exclusivamente militar». El Pentágono —recordaba— se los había impuesto a los sectores políticos norteamericanos, pero tan sólo «a contrapelo». La razón estribaba en el «ambiente adverso» que tenía en los Estados Unidos la España de Franco, como también el Portugal de Salazar. Era el producto de la acción de «tres internacionales poderosas», la comunista, la socialista y la masónica, cuyo objetivo común era el dominio sobre los distintos estados estableciendo en ellos de manera previa «regímenes democráticos a base de partidos políticos y de una serie de libertinajes en los órganos de expresión». Esta afirmación, que hemos encontrado ya en el Carrero de la época de la segunda posguerra mundial, no varió en él hasta el final de su vida, aunque añadiera a estas internacionales otra nueva, sustituyendo a la socialista: la demócrata cristiana. Pero de lo que se daba cuenta Carrero era de que, en definitiva, existía una incompatibilidad de fondo entre el régimen español y los Estados Unidos, y ello suponía que se debía mantener una «cerrada intransigencia» en la idea de que una verdadera amistad era imposible porque «nos ayudarán cuanto nos necesiten pero de paso que nos ayudan intentarán dominarnos». Lo que, en realidad, justificaba con creces la colaboración norteamericana era el peligro comunista, «pero nada más». No había, por tanto, que hacer concesiones. Los pactos habían sido una ayuda positiva porque, de hecho, la existencia en España de bases norteamericanas no había añadido peligro alguno por la parte soviética.

El problema para España era que, en los pactos, aunque se hacía mención de la ayuda militar norteamericana, no se establecía ni su volumen concreto ni el resultado final de esa aportación. España había recibido sólo una quinta parte de la ayuda militar a Italia y la mitad de la entregada a un país comunista como Yugoslavia. Ahora, a comienzos de los sesenta, España tenía, además, la experiencia de una posible conflictividad en el norte de África. La ayuda militar norteamericana había mejorado el estado de las fuerzas armadas españolas, pero tan sólo para una «guerra chica» como la de Ifni. Si se producía una guerra limitada, con Marruecos, que podía contar con ayuda soviética, no tenía, «ni con mucho», verdaderas posibilidades de victoria, porque el material que había recibido era «de desguace». Además, si en 1953 España estaba en la retaguardia de Occidente, ahora se podía considerar en vanguardia, como la Turquía de los años cincuenta. En definitiva, concluía Carrero, «los americanos han resuelto su problema pero nosotros no hemos resuelto el nuestro». En cierto sentido éste se había agravado debido a las razones expresadas de cambio de la panorámica estratégica. Cuando, a fines de 1961, estuvo en España el secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, la cuestión más grave que le planteó Franco fue la relativa a la ayuda militar que los norteamericanos estaban prestando a Marruecos[192]. Pero, de todas las maneras, mayor interés que esta percepción, que desde entonces dura por parte de los dirigentes políticos españoles, sea cual sea su significación política, es el hecho de que en el documento citado queda por completo perfilada una posición de Carrero que duraría hasta el final de sus días. Con los norteamericanos, según él, había que llegar a pactos, aun sabedores de la imposible cordialidad de fondo, y esos pactos debían servir principalmente para modernizar las fuerzas armadas españolas. Según parece deducirse de la información existente en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el monto total de la ayuda militar que Carrero deseaba para las fuerzas armadas españolas era de 250 millones de dólares anuales durante un plazo de diez años. Interesa advertir que desde el momento en que se planteó la renovación de los tratados la posición de Castiella y, en especial, de los diplomáticos a sus órdenes mostró una discrepancia de planteamiento que resulta bien patente, aunque, como es lógico, procuraran obtener los mejores términos, en todos los aspectos, de los norteamericanos. El centro de gravedad de la posición de Exteriores se situaba en la homologación de España con el resto de los países europeos y en la igualdad de la alianza entre las dos partes; al mismo tiempo se recalcaban los propósitos transformadores del Gobierno español, tanto en lo económico como en lo político. En todo ello existía, como resulta fácilmente perceptible, una distancia sustancial respecto de la posición de Carrero[193].

La negociación con los norteamericanos fue dura y sólo quedó resuelta en el último momento. Cuando la posición de la parte militar española, en la que cabe pensar que los elementos determinantes fueron el Alto Estado Mayor y el propio Carrero, quedó definitivamente determinada incluyó la propuesta de supresión de la base de Torrejón y hasta cuatro propuestas más que se referían a la instalación en España de medios antiaéreos modernos, incluidos antimisiles, y dotaciones económicas importantes, parte de las cuales habrían de servir para financiar una industria militar nacional[194]. Interesa señalar que fue el ministro subsecretario quien formuló esas peticiones y que fue él sobre todo quien dio un impulso decisivo a la renovación del acuerdo, pese a que todos los medios oficiales españoles juzgaran como cicatera la posición de los norteamericanos.

En efecto, en un informe fechado en marzo de 1963, el ministro subsecretario hizo un amplio planteamiento estratégico para concluir con unas recomendaciones que fueron seguidas de modo que, aunque ése no fuera el único factor explicativo del resultado final, no cabe la menor duda de que a él se debe una gran parte de lo sucedido[195]. Partía de que España se encontraba en septiembre de 1963 en la disyuntiva de cancelar el Convenio o renovarlo a partir de unas condiciones mínimas y, sentadas estas premisas, debatió en un marco muy amplio las ventajas derivadas de ambas opciones. Ahora ya no se refería tan sólo al posible peligro para España derivado de una guerra en el norte de África, sino que, haciendo gala de sus conocimientos estratégicos, planteaba la cuestión en un contexto más amplio. La difusión del arma nuclear había creado una situación en que una guerra mundial, la tercera, resultaba improbable a no ser que en un determinado momento se produjera su desencadenamiento por una razón casual. Sin embargo, el comunismo no había renunciado a sus deseos y el resultado de ello era que «nosotros podemos vernos abocados a una guerra limitada en la que se jugará mucho España, [por] que tendríamos que afrontarla con nuestros propios medios». Cuanto más efectiva fuera la disuasión nuclear tanto más imaginable resultaba ese tipo de conflicto. Si se produjera iría vinculado a la existencia de una especie de «castrismo» en el norte de África.

A partir de este juicio Carrero mencionaba los inconvenientes de no suscribir una renovación del convenio en 1963; llama, por supuesto, la atención que no viera ninguna ventaja en romper los acuerdos. Para él no sólo se perdería la ayuda norteamericana, sino que los Estados Unidos podrían crear, «dada su infantilidad», problemas políticos y económicos. Además, sin duda, España vería empeorada su situación política en el mundo porque «a una inmensa mayoría [de las naciones] le parecería mal lo que pudiera calificarse como de tendencia hacia el neutralismo»; por otra parte, «nuestro anticomunismo, nuestra posición geográfica y hasta nuestro catolicismo» eran las bazas fundamentales de la política exterior del régimen, y los pactos, por lo menos, tenían en cuenta esas dos primeras realidades. De no producirse la renovación, la ventaja sería ninguna, porque la posición española la convertía en objetivo soviético y obligada cabeza de puente norteamericana en Europa.

Lo importante, para Carrero, era sobre todo determinar el monto de la contrapartida, cuyo contenido ya hemos descrito. Sin embargo, pensaba con toda firmeza, «la amistad, interesada, claro está, como todas las amistades entre naciones, que más nos conviene es la de los Estados Unidos porque, con todos sus defectos, son la más fuerte potencia económica y militar y aquella, y esto es muy importante, que ofrece mayor garantía de continuidad en su política exterior por su permanente actitud anticomunista». Ninguno de los gobiernos europeos reunía idénticas condiciones: en los Estados Unidos, fuera cual fuera el partido en el poder, se mantendría esa postura. Merece la pena señalar también un consejo que daba para la negociación, cuya eficacia había descubierto en los cincuenta: «Quizá fuera conveniente ganarse de primera intención al Pentágono».

Se hiciera o no así, el hecho es que los pactos se renovaron durante cinco años. No se consiguió todo lo que se pretendía, pero hubo una ayuda militar anual de 150 millones de dólares y la Marina española obtuvo un buen número de unidades, como el portahelicópteros Dédalo, dos transportes, cinco destructores y doce dragaminas. Por supuesto, no es una casualidad que Carrero otorgara una especial significación a la Marina, porque era su arma y porque, además, era lógico de acuerdo con su visión estratégica acerca de la posición geográfica de España. Sus informes a Franco sobre materias militares, en los que aquí no podemos detenernos, así lo prueban[196].

Con la conclusión del período de cinco años de renovación del tratado, en 1968 de nuevo se planteó la posibilidad de hacerlo o de concluirlo, y la posición de Carrero se mantuvo en idénticos términos que en 1953 ó 1963. Así lo prueba una conferencia que dio en el CESEDEN a comienzos de año, de cuya sinceridad no cabe dudar, puesto que no se dirigía al gran público, sino que permaneció restringida a círculos militares[197]. Como es lógico el ya entonces vicepresidente del Gobierno protagonizó la historia de la colaboración militar hispano-norteamericana, pero lo que nos interesa es el balance que hizo del último período de vigencia de los pactos y las perspectivas de futuro que tenían. Los medios recibidos, en su opinión, eran muy modestos, «pues no cubren nuestras necesidades mínimas ni para el caso de una guerra limitada, pero evidentemente las han mejorado». El portahelicópteros y los dos transportes eran, por ejemplo, imprescindibles para el caso de una guerra limitada en Canarias o en el Sahara. Pero más importante resultaba el hecho de que juzgara, ahora, en 1968, la situación como muy semejante a la de cinco años antes: también seguía vigente la amenaza comunista, y la colaboración norteamericana resultaba imprescindible.

Esa es la razón por la que Carrero no entendió en absoluto la postura de Castiella con respecto a la posible renovación de los tratados. Lo cierto es que los norteamericanos maltrataron al ministro de Asuntos Exteriores español (Johnson le recibió atendiendo el teléfono y con los pies encima de la mesa), pues estaban demasiado absorbidos por la guerra del Vietnam, y además algunos militares muy relevantes, como Díez Alegría, estuvieron en contra de la renovación, pero no cabe olvidar que Castiella dilató la renovación al no admitir la suscripción de unos nuevos pactos porque, según dijo un testigo independiente, Federico Silva, «estaba forzando el apoyo norteamericano para su política gibraltareña»[198]. Eso fue lo que especialmente indignó a Carrero, que era mucho más consciente del peligro representado por la URSS y, al mismo tiempo, de la posibilidad que significaban los norteamericanos para la renovación de las fuerzas armadas españolas; en cambio pensaba de Gibraltar que era una base militar y naval obsoleta, de cuya inutilidad los británicos acabarían dándose cuenta. Su enfrentamiento con Castiella fue, pues, prolongado y durísimo. El vicepresidente sabía, sin embargo, que tenía a Franco a su favor, como acabó por demostrarse en última instancia.

El horizonte de la descolonización

Una cuestión que desempeñó un papel de gran importancia en la política española de los años sesenta, mucho mayor de la que se suele pensar, atendiendo a la carencia de monografías a ella dedicadas, fue la descolonización. A Carrero le llevaban a enfrentarse con ella dos realidades, biográfica la una y administrativa la otra. En el primer capítulo de este libro hemos podido comprobar cómo la vida profesional de marino de nuestro biografiado le había puesto en contacto no sólo con Marruecos sino también con Guinea. Las posesiones coloniales estaban unidas tan estrechamente al Ejército español de la época que se puede decir que entre los estamentos militares y los civiles había una óptica no sólo distinta sino incluso por completo ajena. Pero, además, se daba otra circunstancia que contribuía a reavivar esta vinculación: de Carrero, como ministro subsecretario de Presidencia (y diez años antes como subsecretario) dependió desde 1941 la Dirección General que llevaba la administración civil de las colonias españolas y que fue desempeñada por el general José Díaz de Villegas, lo que ratifica cuanto acabamos de afirmar. Este tenía una visión paternalista y poco propicia a la independencia respecto de los que denominaba como «los morenos» y su superior no estaba muy lejano a ella.

No tenemos noticias acerca de lo que supuso para Carrero la independencia de Marruecos, aunque es muy posible que para él constituyera, como fue el caso de la mayor parte de los militares españoles de la época, una amargura. En cambio, tenemos alguna noticia de su opinión respecto de una de las posesiones que le quedaron a España partiendo, además, de unos planteamientos de carácter general que permiten reconstruir su posición ante el proceso descolonizador. Para conocerlos debemos remontarnos a finales de la década de los cincuenta, en concreto a 1957, cuando todavía faltaban cuatro años para que las tropas españolas abandonaran de manera definitiva Marruecos[199].

Eran los momentos en que Mauritania era todavía una colonia francesa mientras que en el Marruecos recién independizado había organizaciones militares que, con mayor o menor tolerancia del nuevo Estado, practicaban una guerrilla de liberación cuyos resultados, aunque no afectaran a los españoles, no podían menos de inquietar a sus autoridades; no tardaría en producirse una agresión a Ifni que se convirtió en una auténtica guerra con muchas bajas. Pues bien, en estas circunstancias Carrero escribió al responsable español en el Sahara dándole unas instrucciones de las que nos interesa el hecho de que revelan su posición de fondo sobre esta cuestión. En primer lugar hacía un juicio crítico retrospectivo acerca de lo ocurrido en Marruecos que nos interesa porque revela una seria reticencia respecto de la independencia de cualquier colonia: «Allí —aseguraba— se dieron demasiadas facilidades a los partidos políticos que querían la independencia […] y, aunque en cierto modo no hubo otro remedio a causa de los anteriores errores de Francia con el Sultán, lo cierto fue que tiramos piedras contra nuestro propio tejado porque la independencia del Marruecos francés trajo como consecuencia inmediata la del Marruecos español». Eso presuponía la condena radical de la política de que había sido protagonista e inspirador el alto comisario García Valiño.

Por esa razón, las partidas guerrilleras, aunque fueran adversarias de Francia y no de España, no debían ser ayudadas pero, sobre todo, también debido a otro motivo que derivaba del juicio que el ministro subsecretario hacía de la descolonización en general: «Todos los Ejércitos de Liberación que han venido actuando en el norte de África son instrumentos de la URSS mediante los cuales viene persiguiendo (y a fe que lo ha conseguido) crear dificultades a los occidentales en África». En consecuencia, a los indígenas de la zona española debía decírseles que aquéllos estaban formados por «unos malos musulmanes que sirven a Rusia, que es enemiga de Dios y que son traidores al Sultán y, en general, a los musulmanes». Por otra parte, respecto del Sahara español tenía una idea muy clara y firme: esa zona «no fue jamás dominada por el imperio marroquí» y «es tan territorio español como la provincia de Cuenca». Añadamos que lo que sabemos acerca de la posición de Franco hace pensar en una coincidencia sustancial con él, porque en pleno Consejo de Ministros, ya en los años setenta, repitió que el Sahara no había sido marroquí y que «no se empezara a repartir la tarta». En Franco, sin embargo, hubo, siempre y en todo, mayor ductilidad en la expresión de sus posturas.

Ya en los sesenta Marruecos siguió causando a los dirigentes españoles quebraderos de cabeza. Hubo una intervención especialmente dura de Franco en el verano de 1961 que recoge el acta del Consejo de Ministros correspondiente: «Habla también (el Jefe del Estado) de la actitud antiespañola de la prensa gubernamental de Marruecos. Parece ser que el Gobierno marroquí conspira para crear dificultades a España. Se acuerda prevenir a las naciones (Estados Unidos… etc.) y a la ONU que si hay alguna agresión responderemos violentamente y ya será la guerra con todas sus consecuencias.[200]» La indudable simpatía sentida por Franco hacia De Gaulle no derivaba tan sólo de su condición de militar sino de político de derechas, y de que de él se pensaba que mantendría a Argelia como posesión francesa. Las intervenciones del Jefe del Estado en los consejos de ministros testimonian también un juicio muy negativo acerca de la ONU en cuestiones relativas a la descolonización, como las de Goa y Katanga.

A esa resistencia de fondo de Carrero a aceptar la descolonización hay que sumar una actitud paternalista que partía de la consideración muy positiva de la presencia española en África, que él había comprobado con sus propios ojos. A fines de 1961 visitó Guinea y, meses después, presentó un informe al Consejo de Ministros en el que, aparte de hacer mención a esa realidad, no dio la sensación de que fuera necesaria ninguna medida de carácter político[201]. Su texto partía de una visión de África como un conjunto de estados libres «que han entrado en su independencia prematuramente» por la doble influencia del anticolonialismo ruso y norteamericano y por la acción de sus «escasos intelectuales negros» que «fueron captados en su mayor parte durante el período de estudios por los partidos comunistas de Europa». A este peligro había que añadir la presencia de supuestos pesqueros soviéticos que, en realidad, tenían una función subversiva muy peligrosa.

El único problema de Guinea, para Carrero, era el contexto africano y no la situación en ella existente. «La población indígena española», decía, «se muestra contenta y vive tranquila; está bien tratada y protegida por las autoridades y tiene conciencia de que su nivel de vida es superior al de cualquier otra región africana», pero resultaba posible que fuera pronto la única zona en que se mantuviera la dependencia de los países europeos, por lo que cabía esperar una ofensiva en favor de la independencia. Lo que Carrero propuso fue que se evitara traer braceros exclusivamente de Nigeria y que se incrementara, aunque en términos modestos, la presencia militar en la zona con el envío, por ejemplo, de una fragata más. Como ya se ha señalado, el ministro subsecretario no preveía ninguna medida de carácter autonómico. Esta, sin embargo, acabó imponiéndose como una necesidad y en el verano de 1964 quedó aprobada una Ley de Bases de Régimen Autónomo para Guinea. A mediados de los años sesenta se establecieron, también, los primeros acuerdos con Marruecos en relación con las explotaciones de fosfatos del Sahara. En octubre de 1966, Carrero, que en mayo anterior había visitado la zona, donde había asegurado que «si vuestra voluntad es continuar la secular unión con España, ésta no os abandonará jamás», presentó ante el Consejo de Ministros los resultados de una consulta popular celebrada allí. De acuerdo con ella, el 88 por ciento de los varones saharahuis mayores de edad habían optado por permanecer unidos a España[202]. Por lo que acaba de indicarse se puede apreciar que con lentitud se había ido abriendo en Carrero la idea de que una cierta autonomía o, al menos, una consideración del voto de los indígenas resultaba necesaria, pero, sin duda, quería que la presencia española se mantuviera el mayor tiempo posible y que la independencia (que debía considerar inevitable en Guinea e inaceptable en el Sahara) estuviera apadrinada y conducida por la antigua metrópoli.

Pero ya en estos momentos en sus propósitos se había cruzado la decisión de Castiella de convertir la reivindicación gibraltareña en eje absorbente de la política exterior española. Eso a Carrero siempre le pareció excesivo, pero, sobre todo, el ministro de Exteriores acabó por resultarle (a él, que sin duda había contribuido a nombrarlo) un obseso y, lo que es peor, un pesado. Hay un acta de Consejo de Ministros que lo revela y es la única que contiene algo parecido a un juicio personal de todas las redactadas por Carrero, habitualmente escuetas y frías. Aquel día, después de la intervención de Franco, que habló sobre Gibraltar, Castiella empleó la mayor parte de la mañana insistiendo sobre la misma cuestión hasta la hora de comer. Cuando se reanudó la sesión, pasadas las cinco, volvió a tomar la palabra y Carrero escribió: «¡Sigue Asuntos Exteriores![203]» El ministro subsecretario no tenía en cuenta, sin embargo, que a estas alturas, con independencia de que Exteriores hiciera una política que, por considerar a Gibraltar como una colonia, necesitaba del apoyo de los países del Tercer Mundo, en la ONU la resistencia a la descolonización resultaba ya impresentable.

Comoquiera que sea, la divergencia entre Exteriores y Presidencia no hizo sino agudizarse con el transcurso del tiempo y resultó profundamente disfuncional. Las propias actas del Consejo de Ministros revelan los distintos ritmos que seguían ambos departamentos ministeriales. Cuando el acta se redactó siguiendo la propuesta de Exteriores quedó previsto que se celebrara una conferencia constitucional guineana a comienzos de 1967, pero luego se retrasó y sólo en abril de 1968 concluyó de manera definitiva[204]. Entonces llevó la batuta Presidencia, y una buena prueba del interés que Carrero tuvo en estas cuestiones es el hecho de que sea la única relativa a su directa competencia que figura mencionada en su agenda de trabajo de estos momentos. A lo largo de abril y mayo de 1968 mantuvo repetidas conversaciones con los dirigentes políticos guineanos, en presencia o no del general Díaz de Villegas. La impresión que tuvo fue positiva: «Creo —escribió— que he conseguido ponerlos de acuerdo. Si éste es efectivo podrá salvarse el porvenir de Guinea». La frase es significativa porque testimonia que consideraba problemático el futuro, pero creía haberlo garantizado. Revela, además, la dificultad de mantener en una misma unidad política a Fernando Poo y Río Muni.

Sin embargo, la decepción vino pronto y, además, en la fase final estallaron las divergencias definitivas entre Castiella y Carrero. El primero aceleró el ritmo comprometiéndose a una fecha para la independencia durante 1968 mientras que el segundo quería dilatarla. El reproche que el ya vicepresidente le hacía al ministro de Exteriores fue que ponía en peligro la paz y la prosperidad conseguida en los treinta últimos años. Al final, Guinea fue independiente, pero entró pronto en una situación caótica que supuso la ruptura con España y la caída en una dictadura sangrienta. En marzo de 1969 el Consejo de Ministros mantuvo una sesión tan movida sobre Guinea que el propio borrador de las actas, confuso y lleno de tachaduras, revela las discrepancias. Se decidía mantener la cooperación y la no intervención con la Guinea independiente, pero también se recomendaba el abandono del país por parte de los nacionales[205].

Este debió ser, sin duda, un motivo de irritación para Carrero que explica su actitud airada con Castiella. Sin embargo no cabe olvidar que él también pudo ser responsable de una parte de lo sucedido porque su desconfianza en la ONU y, sobre todo, el hecho de no haber contribuido a preparar a los dirigentes del nuevo país para la independencia fueron factores muy negativos. Es cierto, de todos modos, que la evolución de los países africanos independientes no ofrece tantos ejemplos optimistas, por lo que también cabe pensar que, fuera cual fuera la política que se hubiera seguido, el destino del país, por desgracia, hubiera podido ser el mismo. De cualquier modo, no parece existir la más remota justificación a las afirmaciones de que Carrero tuvo negocios personales en Guinea.

Carrero, vicepresidente

Tanto en la segunda renovación de los acuerdos con los Estados Unidos como cuando se planteó la cuestión de Guinea, Carrero era ya vicepresidente. Los antecedentes más remotos de la situación política que llevó a Carrero a ocupar ese puesto hay que situarlos en una fecha que puede remontarse hasta la aprobación de la Ley Orgánica, momento en que, para sorpresa de todos los presentes en el Consejo de Ministros, Fraga sugirió una renovación total del Gobierno que no tuvo lugar. El ritmo de Franco era muchísimo más lento y para él resultaba necesario solucionar otra cosa con carácter previo. Se trataba en suma de producir el alejamiento de la Vicepresidencia de Muñoz Grandes, que en este momento había perdido la funcionalidad que en otro tiempo le había atribuido. Cuando el general de la División Azul estaba ya enfermo del cáncer que le llevaría a la muerte y cuando, además, se habían acentuado ya sus discrepancias con la línea política que se seguía (Muñoz Grandes estaba descontento con la Ley Orgánica, que le parecía poco «social» y movimientista y demasiado monárquica), su presencia en el Gobierno se traducía en un continuo rozamiento con Franco sobre las cuestiones políticas diarias. La entereza del vicepresidente, que no se recataba incluso de criticar a los propios círculos de El Pardo, contribuía todavía a convertir en poco justificado el puesto que desempeñaba. Pero la razón fundamental por la que Muñoz Grandes podía ser sustituido queda revelada en un texto ya citado de Carrero que revela ese carácter de intermediario, como persona muy prestigiosa entre la oficialidad, con el Ejército. Una vez que se había desvanecido el malestar militar y había Ley Orgánica se podía prescindir de él, tal como Franco hizo el 20 de julio de 1967 con unas palabras que, supremo gesto habilidoso, atribuían al cesado la iniciativa de su pérdida del poder: «Ya sé que estás descontento. No te obligo más». El cese se produjo en pleno verano, como para observar las reacciones del entorno, y tardó en producirse el relevo, lo que produjo alguna perplejidad.

Finalmente, el 21 de septiembre fue nombrado como vicepresidente Carrero Blanco. Franco le anunció la decisión el día anterior: aunque no se lo dijera se trataba simplemente de traducir en la realidad política lo que ya era cierto desde hacía mucho tiempo, es decir, la condición de número dos del régimen de quien desempeñaba este puesto desde 1941. Teniendo en cuenta esta realidad se comprueba que muchas de las especulaciones de esos días carecieron de fundamento. La pretensión de Nieto Antúnez de ocupar la Vicepresidencia no puede juzgarse sino como un testimonio de su ignorancia acerca del papel desempeñado antes por Carrero; su idea, expresada despectivamente, de que éste era tan sólo un segundo resulta también injustificada. El caso del ministro de Marina testimonia una especial desorientación por su amistad con Franco, pero también se dio en Fraga, que tenía más motivos para no saber el peso de Carrero aunque supiera de su papel decisivo en el momento de las crisis. López Rodó, por su parte, intentó que López Bravo ocupara una Vicepresidencia económica para coordinar todos los ministerios dedicados a estas materias, pero resulta muy improbable que Franco aceptara un solo vicepresidente civil y dedicado a esas materias. Cabe pensar si el ministro del Plan, al pedir un vicepresidente y presionar a través de Alonso Vega para que Franco lo nombrara, no estaba actuando, en la corta medida que lo podía hacer, con el objetivo exclusivo de promover a Carrero[206].

El hecho es que el nombramiento se produjo y Franco sólo lo compensó con una modestísima satisfacción al sector contrario a Carrero que ya iba perfilándose en el Consejo de Ministros: Fraga se hizo cargo de la Secretaría del Consejo, lo que, si por un lado le obligaba a la redacción de las actas, por otro también le facilitaba el mantener un mayor grado de presencia política. Carrero no había conseguido, por tanto, que López Rodó recibiera esa misión. En adelante, de los borradores de actas del Consejo de Ministros desaparecieron los dibujos de Carrero, mientras que se hizo presente la escritura deshecha y aparentemente desordenada del ministro de Información. La verdad es que tenía sentido, por otra parte, que el portavoz del Gobierno fuera redactor también de las actas.

Aunque de la prensa de aquellos tiempos no cabe esperar tampoco grandes esclarecimientos sobre la vida política del régimen, merece la pena hacer alusión a dos comentarios aparecidos por entonces, porque nos revelan lo que pudo significar el acontecimiento visto desde fuera[207]. Quizá el más brillante y expresivo fue el que hizo el semanario humorístico La Codorniz, que presentó al nuevo vicepresidente tripulando una carabela titulada «Ley Orgánica» en un lugar bien visible mientras que en el otro extremo de la nave figuraba el resto de los ministros con sus rostros inidentificables. Carrero, en efecto, había sido el autor principal de la Ley Orgánica y estaba situado muy por encima de cualquier otro personaje político del país; había adquirido, además, la visibilidad de su poder. Este, sin embargo, había sido mucho más manifiesto para quienes estaban en la primera fila de la vida política del régimen que para el común de los españoles. Emilio Romero comentó, con razón, que la anterior Vicepresidencia había obedecido a la necesidad de dar respuesta a una preocupación sucesoria, mientras que la que ahora se inauguraba suponía que había una crisis ministerial en el horizonte aunque no fuera inmediata. De una persona como Carrero, añadió, que pasaba de puntillas por la política, algún día, por su relevancia política, se escribirían libros.

Es lo que se pretende hacer con el presente. Importa señalar que el hecho de que Carrero asumiera la Vicepresidencia en modo alguno permite pensar que cambiara de alguna manera su relación con Franco, cuyo comienzo de decadencia física no se pudo apreciar sino a partir de diciembre de 1968. Precisamente el primer informe que el nuevo vicepresidente emitió para el Jefe del Estado parecía contradecir la caricatura que de él acababa de publicarse en La Codorniz[208]. En efecto, pese a que en algunos mentideros políticos madrileños se presentara el nombramiento como equivalente al de un Presidente del Gobierno, Carrero no lo tomo como tal. En un breve informe de carácter jurídico presentado a Franco, que no parece haber sido elaborado por López Rodó sino ser obra exclusiva suya, recordó que por disposiciones que databan nada menos que de la Guerra Civil la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno habían quedado vinculadas y que, además, Franco, de acuerdo con esa legislación, todavía vigente, tenía la posibilidad de dictar normas jurídicas de carácter general y debía, además, asumir la Jefatura del Movimiento. Para que se formara un Gobierno con su presidente era preciso suspender las disposiciones de la época bélica y reformar la propia Ley Orgánica para permitir la delegación de la Jefatura del Movimiento. Mucho más decisiva que estas especulaciones de carácter jurídico era, sin embargo, la afirmación final del texto del nuevo vicepresidente: «Nada lamentaría más el pueblo español que [sic] el Caudillo pusiera en otras manos distintas de las suyas la Presidencia del Gobierno y la Jefatura Nacional del Movimiento: un referéndum sobre esta cuestión sería aún más determinante que el del 14 de diciembre de 1966». El texto resulta muy revelador, en primer lugar, de la absoluta carencia de ambiciones de Carrero, pero también de la difícil sustitución de un Franco que había acumulado tantas y tan decisivas funciones en sus manos. Todavía faltaba mucho para que Carrero asumiera la Presidencia del Gobierno, y cuando lo hizo fue inicialmente contra su voluntad y porque la decadencia de Franco parecía ya irremediable.

La vida diaria de Carrero, sin embargo, empezó a cambiar en estos momentos. Afortunadamente disponemos de una fuente para conocer cómo repartía su vida en el trabajo cotidiano: un mes después de ser nombrado vicepresidente, Carrero empezó a llevar una agenda minuciosa, que cabe pensar destinaba a la redacción de sus memorias, sin duda esperables en quien a lo largo de su vida testimonió soltura y dedicación a la escritura. Era el testimonio de que se daba cuenta del relevante papel que le tocaba desempeñar y de su deseo de tener los elementos para poder concretarlo en un texto escrito, pasado el tiempo. Para el historiador es también una fuente importante, aunque por desgracia Carrero, que empezó por redactar un diario, se limitó luego, por la multiplicidad de ocupaciones, a hacer tan sólo un calendario de las citas que mantenía.

De todos modos, la lectura de esta agenda reviste el mayor interés porque permite comprobar varios hechos importantes. En primer lugar, la destacadísima influencia de López Rodó, que, libre de la administración diaria de un ministerio complicado, estaba siempre en su despacho y se entrevistaba con asiduidad con él: había días en que lo hacía dos veces, y ése fue el caso de todos los miércoles, en que se celebraba la Comisión Asesora de Asuntos Económicos, precedida y seguida por despachos con el ministro del Plan; también solía recibirle inmediatamente después de celebrada la sesión del Consejo de Ministros. Eso no significa, sin embargo, que llevara él mismo la iniciativa en materias económicas: cuando en noviembre de 1967 hubo que devaluar la peseta tuvo que ser llamado a Sevilla, donde estaba, para que se pudiera reunir el Consejo convocado a instancias de los ministros económicos. Se ocupaba, en realidad, de muchas otras cosas. Tenía, en primer lugar, que atender al Ministerio de la Subsecretaría de Presidencia cuyas competencias conservó: a lo largo de 1967 y 1968 se dedicó, como sabemos, a la Conferencia Constitucional de Guinea. Pero también le correspondían ocupaciones de carácter más general. Era responsable, por ejemplo, de los nombramientos de altos cargos, con los que hablaba antes y después de la aprobación de Franco: se preocupaba no sólo de los cargos del ejecutivo, sino de todos los de la Administración. Tuvo, por ejemplo, largas conversaciones para cubrir el Consejo del Reino y un largo etcétera. Un ejemplo de lo que se puede considerar como su tarea cotidiana en este terreno puede ser la anotación del 2 de diciembre de 1967, tras recibir a Ruiz Jarabo: «Quiere ser presidente del Supremo. Creo que lo debe ser pues es enérgico y leal con el régimen y es lo que hace falta en estos momentos. Ya veremos». Merece la pena recalcar tanto el talante defensivo que esta frase revela como el hecho de que la última instancia fuera siempre Franco. Con él despachaba normalmente una vez por semana y las entrevistas eran, por el momento, largas, ocupando la mayor parte de una mañana. Sin embargo, en el mes de diciembre de 1968 los consejos empezaron a durar tan sólo las mañanas, lo que prueba el cansancio de quienes los presidían. También López Rodó señala ese mes como el comienzo de la decadencia física de Franco. Carrero, en fin, se enfrentaba con todos los problemas que surgían en el día a día. Algunos ejemplos bastarán para ratificarlo. Le tocó, por ejemplo, en noviembre de 1967, coordinar la restricción de gastos consuntivos de los departamentos ministeriales, a comienzos de 1968 enfrentarse con el contrabando realizado desde Gibraltar y, poco después, reunirse con los ministros de Justicia y Educación para tratar del orden en la Universidad. También gestionó la sustitución de Lora Tamayo por Villar Palasí.

Es muy probable que todas estas funciones fueran desempeñadas por Carrero antes de ser vicepresidente; lo que constituyó para él un cambio más acentuado fue, quizá, la visibilidad que adquirió, que hasta entonces no existía y que, precisamente por ser nueva, engañó a no pocos observadores del escenario político, incluso ministros, que pensaron que en este momento Carrero dirigía un sector en el seno de la política del régimen cuando lo cierto era, ya desde hacía mucho tiempo, que era el segundo de a bordo de quien lo personificaba.

La visibilidad adquirida ahora por vez primera por Carrero se hizo especialmente presente porque, además, resultó muy intensa en los meses que transcurrieron desde el momento en que fue nombrado vicepresidente hasta que logró de Franco que, mediante una crisis de Gobierno, convirtiera en real un poder suyo que hasta entonces había sido en gran medida ficticio. Aunque Carrero había intervenido en las Cortes con anterioridad, lo había hecho en relación con cuestiones que, siendo de importancia, no llamaban espectacularmente la atención (la reforma administrativa, los Planes de Desarrollo, la representación familiar…); su última intervención pública había estado motivada por la inauguración del Museo de Carrozas del Patrimonio Nacional. Ahora, en cambio, dio una sonada conferencia sobre política económica general, concedió la única entrevista periodística de su vida y llevó a cabo dos intervenciones en las Cortes en las que asumió medidas ya adoptadas por el Gobierno. Examinémoslas brevemente para poder emitir un juicio acerca del perfil político que ofrecieron en su día y del que transmiten al historiador[209].

La primera intervención de Carrero fue quizá la más peliaguda, porque se produjo inmediatamente después de la devaluación de noviembre de 1967 y porque tuvo lugar en un terreno complicado para él como era la Casa Sindical, poco propicia al cambio en la política económica producido desde finales de los cincuenta. Por su agenda de trabajo sabemos que dedicó mucho tiempo a su preparación, y de su lectura se deduce que López Rodó o sus colaboradores pudieron jugar un papel en su elaboración. La realidad es, en efecto, que la conferencia no parece obra de un marino excepto por una metáfora militar que, además, fue tomada de una intervención de Franco en las Cortes. Lo que en definitiva hizo fue justificar la elaboración del II Plan de Desarrollo, pero, sobre todo, recalcar los éxitos del anterior y destacar la necesidad de una política económica en la que, a diferencia de lo que sucedía en la época de Girón, el crecimiento de los salarios se adecuara al de la productividad. «Hay que adoptar —aseguró— la máxima velocidad, pero la máxima velocidad posible, aquella que dé seguridad en la marcha».

La entrevista, que se puede considerar como la única de que fue objeto Carrero en toda su vida, fue concedida a Emilio Romero, con quien periódicamente siguió teniendo conversaciones privadas que al periodista le transmitían información y protección y al político posibilidad de inspirar un medio de prensa que, como todos los de su significación, le parecía poco propicio a aceptar directrices. Romero le mostró en ella como un hombre que durante años, por su cargo, había estado obligado al «ejercicio de la cautela y la discreción», pero que era «el que más cosas sabía de puertas para dentro». En consecuencia, su nombramiento era «un hecho lógico y natural».

Carrero respondió con una especie de pudor a las preguntas que se referían a su vida privada, pero de un modo por completo sincero, directa traducción de lo que escribía para Franco, acerca de cuestiones políticas. Empezó por una declaración de agradecimiento a la alianza con los Estados Unidos, de los que no parecía tener otra discrepancia que la consideración que hacían de su propio sistema político como una panacea. Hizo una afirmación de identidad absoluta con Franco, «sin sombra de ningún íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental alguna», que luego repetiría cuando se convirtió en presidente del Gobierno. No se atribuyó una influencia especial cuando su interlocutor le dio la oportunidad de hacerlo y declaró que lo que no volvería nunca serían «los partidos políticos». Se definió, además, como «monárquico de la Monarquía del Movimiento». Sobre cuestiones de política internacional da la sensación de haber entregado unas notas más que esbozado unas apresuradas respuestas verbales. Siempre se mantuvo en los términos ya conocidos en él: Guinea y el Sahara eran «provincias o posesiones españolas sometidas a deliberación descolonizadora». Las frases finales estuvieron dedicadas a expresar su confianza en Franco y en el sistema institucional creado por él; en realidad, había nacido por inspiración suya, pero esto no sólo no lo dijo, sino que ni siquiera lo insinuó.

De las dos intervenciones ante las Cortes que hizo Carrero en los meses siguientes la primera fue una repetición, con la ventaja para él de que la evolución económica le había dado la razón, de lo que ya dijo en la Casa Sindical. De esta manera respondía a una pregunta realizada por algunos de los procuradores familiares de significación más abierta. El discurso no dejó de tener alguna connotación política, como la de presentar la estabilidad política como requisito imprescindible para el desarrollo, pero se centró sobre todo en éste, estableciendo sus sucesivas etapas durante el régimen y comparándolo con el de otros países, de cuya operación sacó las conclusiones positivas obvias. Si en el grueso de su intervención siguió utilizando un lenguaje que podía corresponder más a un tecnócrata que a un militar, al final, en un llamamiento a la unidad, reapareció el peligro comunista y la amenaza de la URSS.

Como comprobaremos en el próximo epígrafe esa invocación a la unidad nacía de que se estaban produciendo graves fisuras en la clase dirigente del régimen; pero llama también la atención el hecho de que recordara la existencia de la oposición que, en efecto, tras años de ausencia, volvía a hacerse presente en el panorama de la política española. El último discurso de Carrero en las Cortes, antes de la crisis de Matesa, estuvo motivado por la declaración de estado de excepción a comienzos de 1969. En esta ocasión, a diferencia de la anterior, la brevedad presidió las palabras del vicepresidente, quien se refirió de forma principal y casi exclusiva a la situación en la Universidad, que era a estas alturas el reducto principal y aun casi exclusivo de la discrepancia con el régimen. Los términos en que se expresó descubren que, aunque la oposición siempre remitía a Carrero al recuerdo de la Guerra Civil, ahora el peligro no era tan grave, como acabó por demostrarse con el pronto levantamiento del estado de excepción. En cambio, al citar a las autoridades episcopales españolas, se hace manifiesto que el vicepresidente no preveía las dificultades que acabó teniendo con la Iglesia, que, como en el caso de Franco, le provocaron un profundo desgarramiento personal. Pero esto vendría ya en los años setenta. De momento Carrero, por así decirlo, había hecho su acto de presentación ante una clase política no siempre consciente del poder que tenía en sus manos. Ahora, que ya lo había hecho, podía pedir a Franco un cambio gubernamental, justificado por las discrepancias internas.

La aparición de disputas internas

Hemos ido viendo en epígrafes anteriores cómo se perfilaba la posición de Carrero respecto de las distintas cuestiones que enfrentaban a los diversos miembros del Gobierno de 1965 y hemos comprobado también cómo el nombramiento de vicepresidente había sido considerado por algunos observadores agudos como premonitorio de un posible cambio gubernamental. Era, por otro lado, evidente que el recién nombrado había siempre mantenido una línea política muy coherente, que le alejaba de manera clara de la posición falangista y resultaba obvio, además, que no se llevaba bien con algunos de los ministros. Llama la atención que cuando comenzó a escribir en su agenda de trabajo, una de las primeras anotaciones se refiriera a un sector al que, sin duda, consideraba díscolo y levantisco. Después de recibir a Solís hizo la siguiente anotación: «Quedó en intervenir activamente con la prensa del Movimiento y Pueblo para que no fustigaran con injustos ataques al Gobierno por parte de algunos sectores sindicales. Veremos si tiene efecto». Llama la atención no sólo que pensara que esa prensa estaba agrediendo a quienes estaban en el poder, sino que desconfiara de poder encarrilarla.

En realidad, los motivos de discrepancia en el seno del Gobierno de 1965 deben remontarse a una fecha muy temprana. No se trata, como es lógico, de repetir aquí lo expuesto en otros epígrafes, pero se recordará que ya surgieron discrepancias de planteamiento en el momento de discutir la Ley de Prensa. En el mismo momento de llevar a cabo la institucionalización del régimen hubo también diferencias, que también en este caso fueron solventadas. Con las disposiciones que trataban de aplicar el nuevo orden constitucional de nuevo se produjeron discrepancias, pero éstas tampoco produjeron la división del Gobierno en los dos grupos que finalmente chocaron entre sí. En realidad, ese definitivo alineamiento fue tardío y se debió a razones que tenían que ver con los factores mencionados hasta ahora, pero también con otras.

Se debe tener en cuenta, en primer lugar, que existía ya una lógica preocupación en torno a la posible sucesión de Franco, cuya decadencia empezaba a apreciarse, y que eso multiplicaba el nerviosismo. Don Juan Carlos, que había sido el más obvio beneficiario de la promoción de Carrero (a pesar de que éste apenas le visitaba por el momento) había cumplido treinta años y estaba, por tanto, en condiciones de convertirse en sucesor. Pero, en segundo lugar, otro factor que empezó a desempeñar un papel importante en la vida política del régimen fue el comienzo de una protesta opositora que a veces dividía a los ministros sobre las medidas concretas a tomar pero, sobre todo, contribuía al cruce de reproches.

Es importante señalar que eso no había sucedido en los cincuenta y, sobre todo, que cuando se trataba de una protesta laboral u obrera resultaba menos divisoria en el Consejo de Ministros que la universitaria o la de prensa. Durante las huelgas de Asturias en 1962 en el Consejo no hubo discusión, sino que, simplemente, el habitual informe inicial de Franco se centró durante varias sesiones sucesivas sobre el particular en la forma previsible: «Se comienza hablando —dice el acta— de los conflictos laborales de Asturias, que dice tienen un aspecto político perfectamente claro.[210]» En cambio, la conmoción fue mayor en cuanto una duradera protesta universitaria se instaló en el panorama: la conocida manifestación de febrero de 1965 con la colaboración de un grupo de catedráticos entre los que figuraban Tierno, Aranguren y García Calvo interrumpió una Comisión Delegada de Asuntos Económicos con largas intervenciones de Franco y el ministro de Educación[211]. Hubo opiniones encontradas acerca de cómo sancionarles, pero ése no fue nada más que el comienzo. «El Caudillo —se lee en otra acta de 1966— comienza hablando de la campaña estudiantil y de la necesidad de mantener la unidad a toda costa.[212]» Por el momento no se había planteado el problema de un enfrentamiento con la Iglesia y se podía pasar como de puntillas en las materias relacionadas con ella que pudieran tener unas ciertas connotaciones políticas. «El Caudillo —reza una sola acta de Consejo en 1965— comienza hablando de los acuerdos que va tomando el Concilio en lo que afecta a España.[213]» En cambio, desde mediados de los sesenta la prensa constituyó un fuerte motivo de desunión gubernamental, motivando no sólo disputas concretas sino sobre todo interpretaciones acerca de la posición del otro sector. Fraga, en efecto, se encontraba con reproches en el Consejo de Ministros por parte de quienes pensaban que la prensa estaba desmandada, en especial Alonso Vega y Carrero, los dos militares más cercanos a Franco, a los que tenía especial acceso López Rodó, pero al mismo tiempo veía que había miembros del Opus Dei en la dirección de los dos diarios que le causaban más problemas en la prensa de la capital, Madrid y El Alcázar. La limitación de su voluntad liberalizadora de entonces se aprecia, en definitiva, porque incluso en el momento de redactar sus memorias mantuvo aún la corrección de sus decisiones contra ambos periódicos. Su interpretación fue lógica aunque no esté justificada en la realidad: «Es cada vez más indudable que hay un doble juego: por una parte se juega a ver si gana Carrero y, al mismo tiempo, se juega al cambio total. Lo que no interesa, al parecer, es la reforma desde dentro.[214]» Al final de este período político, el desorden público o la expresión de disidencia política se había convertido en una especie de arma con la que los ministros se hacían reproches unos a otros. Cuando, a comienzos de 1969, se levantó el estado de excepción, Alonso Vega hizo constar de manera muy detallada en el acta del Consejo de Ministros las obligaciones que como contrapartida exigía del resto de los departamentos[215].

De todos modos éste es un factor ambiental que no puede ser desdeñado pero que no debe olvidar las reales diferencias políticas existentes sobre cuestiones fundamentales. Ya hemos visto cómo la fase en que se pasó a la aplicación de la Ley Orgánica del Estado tuvo como consecuencia que con respecto a la Organización Sindical y al Movimiento hubiera nuevas discrepancias: en general los ministros técnicos repudiaban el deseo de las estructuras derivadas del partido único de mantener unas áreas de poder al margen de cualquier intervención gubernamental. A la hora de tomar decisiones sobre el particular que eran de puro trámite, como formar comisiones destinadas a estudiar la legislación que iba a ser debatida, había inacabables suspicacias[216]. Si bien se mira, esa postura era casi exclusivamente de Solís y tenía más que nada un propósito defensivo de la situación existente, aunque ésta beneficiaría a una oligarquía política. Las cuestiones de política exterior todavía multiplicaron más la aspereza en el Consejo de Ministros, en especial cuando Castiella trató de evitar la aprobación de unos acuerdos con los Estados Unidos. Carrero estaba indignado porque juzgaba que la ONU, en la que confiaba el ministro, era «la carabina de Ambrosio» y los Estados Unidos la primera potencia mundial[217].

En definitiva, existía una profunda división en el Consejo que tenía líneas de fractura variadas y que se veía fomentada por factores ambientales. Los que salieron del Gobierno se calificaron a sí mismos de aperturistas, pero esa afirmación resulta discutible. Lo era, sin duda, Fraga, pero con unos límites obvios que se aprecian en su gestión con la prensa menos gubernamental. La postura de Solís tendía a conservar al máximo las estructuras movimientistas y sindicales que, en un principio, López Rodó y Fraga coincidían en criticar. La actitud de Castiella se refería a la cuestión exterior y hubiera podido conectar con Carrero en otras materias de no afectar a planteamientos que éste consideraba fundamentales. Parece, por tanto, que el alineamiento de los que fueron perdedores en la crisis de 1969 fue tardío y tenía como único vínculo de unión el anticarrerismo. El choque era inevitable, en primer lugar porque afectaba a posiciones que el vicepresidente consideraba cruciales: cortar las pretensiones del Partido, meter en vereda a la prensa, mantener el pronorteamericanismo. Había, sin embargo, otra razón accesoria, y es que ni Fraga ni Solís (quizá sí, en cambio, Castiella, que fue promocionado por el principal consejero de Franco) eran conscientes de la influencia del vicepresidente, cuyo papel político sólo pareció desvelarse tan tardíamente.

Cuando llegaba ya el verano de 1968, Carrero, que ya desde hacía tiempo debía ser consciente de que la unidad del Gobierno no se podía reconstruir de ningún modo, hizo una propuesta a Franco para que hiciera un relevo ministerial. Lo hizo, en primer lugar, de manera verbal, pero se encontró con que Franco «se abroquelaba», según contó posteriormente a López Rodó[218]. Luego, cuando se acercaban ya las vacaciones veraniegas, insistió por escrito de una manera que, aun sin mención de nombres, dejaba bien claro cuáles eran, en su opinión, las sustituciones que debían tener lugar. La crisis, como casi siempre le sucedió al entonces vicepresidente, no tuvo lugar cuando él quería, sino que Franco dilató su planteamiento y desenlace. Sin embargo, la existencia de este documento prueba, sin lugar a dudas, que el desplazamiento de Solís, Fraga y Castiella ya había sido pensado por Carrero antes de que se planteara la cuestión Matesa. Todo hace pensar que la firmeza con que se manifestó por escrito fue tan grande que, ocupando el nuevo puesto que Franco le había otorgado, no podía éste dejar de atender a sus deseos, como de hecho siempre hizo en materia como ésta. Con la perspectiva del tiempo transcurrido todavía se puede añadir algo más: si la crisis se hubiera producido en el momento en que Carrero quiso, quizá hubiera sido posible evitar toda la aspereza del caso Matesa. Pero eso es un futurible; y resultaba, además, inevitable la dilación en resolverla si Franco quería con carácter previo dar solución a la sucesión en la Jefatura del Estado.

En su nota a Franco empezaba por señalar la oportunidad de resolver la crisis en estos momentos y no esperar más[219]. En el mes de julio había concluido el curso y por lo tanto también los disturbios universitarios, la situación económica había mejorado y existían dos o tres meses de sosiego en que cabía plantearse los problemas más graves. Se trataba, en suma, de los relativos al orden público, el mantenimiento del desarrollo económico, la política informativa y la política exterior.

Si atendemos al número de folios que Carrero dedicó a cada uno de estos asuntos da la sensación de que lo que más le preocupaba en estos momentos era la discrepancia interna del Gobierno en los aspectos económicos, lo que puede ponerse en relación con el contenido y el tono tecnocrático de los discursos que por entonces pronunció. Estaba reciente todavía la devaluación de la peseta, que él atribuyó a incrementos salariales que no tenían en cuenta un paralelo aumento de la productividad. No dudaba en asegurar que esas alzas se estaban produciendo «bajo la presión de los sindicatos en los que lógicamente hay infiltraciones marxistas», y que el Gobierno en adelante debería contar con una «leal colaboración de la Organización Sindical» que ahora no se producía, porque las mejoras se presentaban «como victorias sindicales sobre un Gobierno que, como consecuencia, se presenta como tecnócrata, teorizante y antisocial». El órgano de prensa de los Sindicatos, cuyo director le había hecho la única entrevista de su vida, «se ha destacado como órgano de oposición de la política económica del Gobierno», y «mientras los dirigentes de la Organización Sindical aspiren a dirigir ellos la política económica será físicamente imposible que el Gobierno pueda llevar a cabo una eficaz y constructiva». La propuesta de Carrero consistía en sustituir la Ley de Convenios Colectivos por otra de régimen salarial, «por la cual ha de regularse la futura subida de jornales sin riesgo de inflación»; pensaba también (y ésta fue una obsesión de los últimos años de su vida, por supuesto muy difícil de llevar a cabo) en «un nuevo concepto de empresa que rompa definitivamente con la lucha de clases». Todo lo dicho implicaba, en definitiva, la condenación de Solís y también, aunque fuera menos importante, del ministro de Trabajo, Romeo Gorría.

La segunda preocupación del vicepresidente era la política informativa. Su reticencia inicial se había convertido ya en cerrada oposición a una ley cuyos resultados estaban, para él, bien claros: la prensa estaba «totalmente desmandada» y eso tenía graves consecuencias sobre el orden público. Resultaba preciso iniciar el curso universitario con una plena identificación entre los ministerios de Gobernación, Educación y Secretaría General del Movimiento. Da la sensación, sin embargo, de que no le preocupaba tanto la subversión (que, en efecto, de momento no había adquirido tanto volumen) como el resultado a medio plazo de ese que denominaba desmande de la prensa y de los medios de comunicación en general. En definitiva, la situación «debía ser corregida a fondo» porque «está produciendo un positivo deterioro moral, religioso y político». El primero y el segundo estaban, de acuerdo con su mentalidad, intimísimamente ligados: «Ha sido comprobado en varios casos de agitadores universitarios su previa ruina moral mediante drogas antes de iniciarles en el maoísmo». Su posición era tan taxativa que llegaba a pensar, como en el caso de la Ley de Convenios Colectivos, en una revocación de legislación reciente: «Si la legislación actual no permite corregir esta situación habrá que dictar nueva legislación, pero así no se puede seguir». La conclusión a la que llegaba no era otra que la inevitable defenestración de Fraga: «Mucho me temo que el actual titular no sea capaz de corregir ya el estado de cosas señalado; pese a todas sus buenas cualidades considero que en este aspecto está agotado». Lo peor para éste era que la lectura del texto de Carrero daba la sensación de incidir en algo conocido ya por Franco.

A Castiella, por su parte, lo despachó en tan sólo cinco líneas: el titular de Exteriores, «absorbido por la obsesión de la cuestión de Gibraltar», no podía ya rendir ninguna acción eficaz en los importantes problemas de política exterior con los que España debía enfrentarse. En suma, Carrero señalaba que todos los problemas españoles tenían solución, pero para lograrla era preciso un «Gobierno fuerte y unido y el actual ni es fuerte en muchos aspectos (alguno de sus miembros por razones de salud no puede evidentemente dar el rendimiento necesario) ni está unido». Si la crisis tuviera lugar en el momento que se proponía existiría la ventaja de que los nuevos ministros dispondrían del tiempo estival para aterrizar en sus puestos y los ex ministros de cargos de salida, por el momento vacantes.

Franco, sin embargo, aunque estaba dispuesto a hacer caso a su vicepresidente, no consideró que hubiera llegado el momento de desencadenar la crisis. A la vuelta del verano, en la discusión de los convenios con los Estados Unidos, dio la sensación de apoyar a Castiella en la dilación de la firma y, a comienzos de 1969, tampoco resolvió nada a pesar de que arreciaron los enfrentamientos entre ambos en relación con la cuestión de Guinea. En ocasiones el comportamiento de Franco resulta enigmático en extremo, pero no es éste el caso. Al mismo tiempo que detenía la crisis empezaba a hacer elogios de don Juan Carlos, quien hizo a comienzos de este año unas muy significativas declaraciones. Sin duda, Franco quería llegar al nombramiento de sucesor con un Gobierno, si no unido, al menos remendado.

«Operación Salmón»: el nombramiento del Príncipe de España

Para el lector de este libro no puede existir la menor duda acerca de lo mucho que significaba la Monarquía para Carrero Blanco. Siempre fue monárquico y sin duda influyó de una manera decisiva no sólo en que el régimen se configurara en 1947 como reino sino también en que Franco mantuviera una relación mínimamente aceptable con don Juan. Entre sus papeles más íntimos consta una carta con las rectificaciones hechas a la única biografía del padre de nuestro Rey publicada en España en vida de Franco. Es significativo que hasta el mismo momento de su muerte su ayudante fuera el marino José Luis de Carranza, casado con una hija del conde de Ruiseñada, el más caracterizado representante de la opción monárquica, que pretendía el máximo acercamiento entre Franco y don Juan, en cuya finca «Las Cabezas» tuvieron lugar las conversaciones entre los dos personajes durante la década de los cincuenta. Pero, como también tenía una idea muy peculiar de lo que debía ser esta Monarquía, a la que identificaba con el catolicismo y la tradición, sintió incluso más que Franco la imposibilidad de embarcar al hijo de Alfonso XIII en la nave del régimen. Le parecía lo más natural del mundo que don Juan aceptara las estructuras políticas creadas por Franco y esperara a su desaparición. Como hemos comprobado, la posibilidad de que fuera su hijo y no el mismo heredero de la línea dinástica quien se convirtiera en rey de España apareció muy tempranamente en sus escritos, sin que ello quiera decir de modo necesario que se tratara de una idea sólo suya. Para él, por tanto, el nombramiento de un sucesor de Franco a título de rey era toda una culminación política, un logro personal que testimoniaba que eso que había afirmado en tantas ocasiones (que España era ya una Monarquía y que ésta era la mejor garantía de que no volvería nunca al liberalismo) quedaba definitivamente confirmado y ratificado de cara al futuro. No se trataba, para él, de una cuestión de preferencias personales, sino de una cuestión de principio. Sin duda tuvo una excelente opinión de don Juan Carlos de Borbón pero, con anterioridad a su nombramiento, de acuerdo con lo que revela su agenda, quizá por su habitual discreción, no parece en absoluto haber sido un visitante asiduo de La Zarzuela; da la sensación, por ejemplo, de que López Rodó le veía con mucha mayor frecuencia. Por otro lado, tampoco parece que fuera un factor determinante en el nombramiento como sucesor el estado físico de Franco. Lo cierto es que ambas realidades se produjeron de manera prácticamente coincidente, pero, como vamos a comprobar de forma inmediata, el desencadenamiento de la operación sucesoria tuvo una fecha anterior al momento en que los ministros empezaron a apreciar los evidentes signos de la decadencia física del Jefe del Estado. Esta empezó a hacerse patente a comienzos de diciembre de 1968, pero había sido en octubre cuando Carrero desencadenó la última ofensiva de la operación sucesoria.

Es importante señalar que fue el protagonista esencial de esta decisión junto con el propio Franco; don Juan Carlos, el beneficiario, tuvo un papel pasivo, aunque su respuesta era decisiva y también lo fue su actitud general. A estas alturas ya eran evidentes los signos de que el Jefe del Estado sólo pensaba en él como sucesor y desde hacía bastante tiempo. Eso mismo había hecho desaparecer los posibles antagonismos entre la clase política del régimen. Carrero hubiera querido que la decisión se tomara mucho antes, pero era la única persona cuyo consejo Franco consideraba crucial. Se empleó a fondo y con decisión, consciente de la importancia de lo que iba a suceder, y bombardeó literalmente al Jefe del Estado con escritos tendentes al mismo fin. Luego los conservó escrupulosamente entre sus papeles más privados. Aunque otros también se atribuyeran un papel decisivo en los acontecimientos, lo que parece más cierto es que sin él y su intervención resultan literalmente incomprensibles[220].

Ya en el verano de 1968 habían existido conversaciones de algunos ministros con Franco para conseguir de él una decisión con respecto a la sucesión, pero eran personas menos influyentes cerca de él que Carrero. A la vuelta del verano, el 17 de octubre, Carrero tuvo una primera conversación que luego fue seguida, a los cuatro días, por la entrega de un texto extenso sobre el particular[221].

El punto de partida era el tiempo transcurrido desde el momento en que fue aprobada la legislación sucesoria y la responsabilidad exclusiva de Franco en su aplicación. Carrero recordaba que ya habían transcurrido más de una veintena de años y que las consultas populares relativas a la Ley de Sucesión y a la Orgánica del Estado constituían «la manifestación más terminante de la voluntad popular de que sea S. E. quien designe a su sucesor en la Jefatura del Estado». La otra fórmula, que remitía a las instituciones del régimen la elección de sucesor y que también fue prevista en la Ley de Sucesión, no podía considerarse, según su interpretación, más que «supletoria», porque exigía la intervención de muchas personas, plazos largos y, además, coincidiría con la crisis en la propia Presidencia del Gobierno en el caso de que Franco también la desempeñara. «Lo que el pueblo español desea, mi General —escribió Carrero— es que S. E., en la plenitud de sus facultades, designe quién ha de sucederle en su día y que Dios haga que ese día esté lo más lejano posible». Era su argumento de siempre: la remisión de la decisión a su persona y la imposible inmortalidad de Franco.

Inmediatamente a continuación, Carrero trataba de la persona a nombrar. Eso, en realidad, nunca lo había hecho de forma concreta, aunque estuviera claro desde hacía tiempo. Don Juan Carlos de Borbón, que se había formado en España durante veinte años en condiciones mejores que si hubiera sido príncipe de Asturias desde su nacimiento, había constituido una familia, tenía treinta años y descendencia masculina, y además había demostrado las cualidades necesarias. Era el candidato, mientras que su padre había demostrado claramente no reunir esas cualidades; por ello estaba «desahuciado» por Franco como persona «alérgica al Movimiento Nacional». Del resto de los posibles candidatos Carrero liquidó con rapidez a don Carlos Hugo por la simple razón de que era extranjero. En cambio, la posibilidad de tener en cuenta la candidatura de don Alfonso de Borbón no era descartada con rapidez idéntica. Para él sus derechos eran, desde el punto de vista dinástico, «bastante defendibles», porque si su padre había renunciado a los derechos era dudoso que pudiera hacerlo en nombre de sus hijos. Pero lo esencial era que la visión de Carrero acerca de la Monarquía configuraba a ésta como de legitimidad de ejercicio y no puramente dinástica, y ello desde su origen más remoto, antes de la sucesión. Por eso hablaba el almirante de instauración y no, en cambio, de restauración. Lo que tenía en su contra don Alfonso de Borbón era que «no ha recibido la formación que se ha dado a su primo, tiene otras características menos favorables, está aún soltero y, en todo caso, sólo puede ser una conveniente reserva». Esta frase merece ser retenida, porque revela no sólo el error estratégico de don Alfonso, incluso en su tardía estrategia conyugal, sino también la prudencia y el tacto con que debió comportarse don Juan Carlos. Para Carrero, esa «conveniente reserva» se había convertido en un engorro cuando ya era presidente del Gobierno.

A continuación de la persona venía la elección del momento, y también a este respecto la posición de Carrero resultaba bien clara: «Si S. E. tiene hecha su elección, creo que retrasar la propuesta a las Cortes no puede proporcionar ya ningún beneficio». La designación de don Juan Carlos daría tranquilidad a los españoles, seguridad en su misión al Ejército, garantías a los países amigos, crédito a la economía nacional y mayores oportunidades al príncipe de consolidar su formación y de aumentar su popularidad.

Y, en fin, a continuación el vicepresidente hacía alusión al modo de la proclamación. Lo que mide su influencia es precisamente este aspecto pues, en definitiva, en los dos primeros resultaba palmaria la identidad de criterios entre Franco y él, por más que el primero callara y el segundo acumulara argumentos. El modo elegido por Carrero revela práctica habitual de la estrategia militar, coincidencia con los modos de Franco y un carácter, sin embargo, distinto. El vicepresidente recomendó, con decisión, la «acción por sorpresa», en especial respecto de don Juan al que, si acaso, convenía avisar con alguna antelación: Carrero parecía tener la esperanza de que renunciara a sus derechos. No sucedió así, pero la estrategia seguida fue, en términos generales, como el vicepresidente la había previsto. La diferencia radicó en la forma de tratar al beneficiario de la proclamación. Carrero propuso «contar con la aquiescencia del príncipe, sobre todo en los detalles de la ejecución y con su compromiso de guardar absoluto secreto», pero Franco, que era el recelo personificado, no aceptó esta fórmula y dejó a don Juan Carlos a oscuras sobre sus intenciones hasta el último momento. Hubo otros detalles que revelan esos mismos rasgos personales de Franco. Carrero propuso originariamente que el sucesor recibiera como título el de príncipe de Asturias, pero se optó por príncipe de España, lo que acentuó sin duda la condición de instauración en vez de restauración. Además, los párrafos finales del texto del almirante revelan que era muy consciente de la personalidad de Franco, siempre remiso a ceder cualquier parcela de poder. Por eso recomendaba que don Juan Carlos jurara fidelidad no sólo a los Principios del Movimiento sino al propio Franco, y que no recibiera otras funciones que aquellas que Franco le encomendara. También el almirante recordó que el protocolo ya reservaba un puesto al heredero de la Corona por detrás del Jefe del Estado.

La denominación de la operación sucesoria como «operación salmón» se entiende si tenemos en cuenta que, a la propuesta de Carrero, Franco respondió con un «conforme con todo» que para él no debía de querer decir que se tratara de ninguna decisión inmediata, pues nada se hizo de momento. Lo que, en cambio, merece la pena retener es el papel de primera importancia que el vicepresidente atribuía a la formación del príncipe, no sólo en lo que respecta al conocimiento de la España de entonces, sino también en cuanto respecta a la identificación con los principios políticos del régimen. Eso es lo que explica que su informe fuera acompañado de una larguísima Síntesis de la formación del Príncipe en la que se describía en qué habían consistido esos veintiún años precedentes para la vida de don Juan Carlos[222]. Había sido redactado por José María Gamazo, luego ministro cuando Carrero llegó a la Presidencia, en donde había colaborado estrechamente con él, y por Alfonso Armada, el militar más cercano a don Juan Carlos y futuro implicado en el golpe del 23-F. Es improbable que Franco leyera este informe detenidamente, porque no contenía para él ninguna sorpresa, pues había seguido de una manera detenida la formación del príncipe y tomado repetidas decisiones respecto de ella. El texto, sin embargo, tiene el interés de proporcionar información acerca de lo que fue esta formación, que incluía un horario con mención del momento de levantarse o de cada uno de los profesores y las clases impartidas sobre las más diversas materias, desde «el nuevo material aéreo» hasta las universidades laborales. A partir de 1963 don Juan Carlos había ido estudiando de forma sistemática cada uno de los ministerios españoles, lo que sin duda le permitió un conocimiento directo y profundo de la clase dirigente española de la época. El informe incluía, además, una descripción de los viajes oficiales realizados por toda la geografía peninsular, provincia a provincia, con la mención de las localidades e instituciones visitadas. Más que popularidad, por el momento, todos estos viajes le habían proporcionado al futuro rey conocimiento por parte de los españoles.

De momento, sin embargo, a pesar de esos informes nada se avanzó en la proclamación del sucesor. En diciembre de 1968 fue expulsada de España la familia Borbón-Parma; en realidad, durante bastante tiempo se había jugado con ella como posibilidad o alternativa y la prensa del Movimiento siguió barajando otras posibilidades, don Alfonso de Borbón inclusive, como una manera de intentar jugar a un cierto regencialismo. Nadie, sin embargo, jugaba a fondo otra carta, porque ya la elección de Franco estaba lo suficientemente clara. Carrero remachó el sentido de la expulsión con un artículo que mandó publicar en Arriba en el que se atribuía a don Carlos Hugo la condición de extranjero y se destacaba su participación en actos políticos. El muy significativo título del artículo era «La hospitalidad española».

El siguiente paso no fue de Franco ni de Carrero, sino de don Juan Carlos. En noviembre de 1968 se le habían atribuido unas declaraciones en un semanario francés en el sentido de que «jamás reinaría mientras viviera su padre». En enero de 1969, sin embargo, dio la sensación de rectificar de una manera que era, por un lado, lo suficientemente vaga y, por otra, sin embargo, parecía coincidir con el pensamiento de quienes defendían su candidatura en el seno del régimen. Sugirió, en efecto, que aceptaba el tipo de Monarquía traída por Franco y desde luego consideró en vigor las Leyes Fundamentales. No hizo mención a sus derechos dinásticos, ni tampoco a su padre, sino tan sólo a su disposición a «ser útil» a su país y, sobre todo, dejó caer que a los monárquicos les debía ser exigible «algún sacrificio». Era obvio que no podía referirse a otra cosa que a la posibilidad de un cambio de orden en la línea dinástica.

Era cuanto podían desear tanto Franco como Carrero. Del primero conocemos sus alabanzas a las declaraciones por lo que dijo a algunas de las personas que hablaban con él[223].

Franco era muy parco en elogios y, sin embargo, la ocasión sólo le mereció expresarlos sin ninguna ambigüedad. Acerca de Carrero tenemos, además, el testimonio de su entusiasmo expresado en una carta que debió de ser de las pocas (quizá la única) de carácter no protocolario que envió a quien con el tiempo sería rey de España. «Permitidme —escribió— os envíe con estas letras mi entusiasta felicitación por las declaraciones de S. A. R. al director de la Agencia EFE. Son ponderadas, concretas y terminantes y, como claramente reflejan sinceridad, concepto de la responsabilidad, espíritu de servicio y patriotismo, han sido acogidas con franca satisfacción por la inmensa mayoría de los españoles. Creo, Señor, que habéis prestado un gran servicio a España». La respuesta de don Juan Carlos testimonia que era consciente del paso que había dado, que, además, no parece haber sido sugerido por terceros. Pero también la respuesta resulta un testimonio de que no había desaprovechado la oportunidad de aprender de esa ambigüedad en las declaraciones de la que era maestro Franco: «Agradezco horrores tu carta», repuso. «Bien sabes —añadía— con cuánto ahínco busco el cumplir con mi deber, por imperativos de conciencia y por un amor entrañable a España. Comprendo la trascendencia de la declaración y mido sus consecuencias. Cada día necesito más ayuda y, por eso, cuando recibo estas muestras de cariño como es tu carta siento una gran alegría que me compensa inevitables sinsabores.[224]»

Sin embargo, hubieron de transcurrir otros cinco meses sin noticias acerca de la decisión definitiva de Franco y fue preciso que Carrero tomara de nuevo la iniciativa de otra nota escrita. La redactó a comienzos de mayo y estaba dedicada en su mayor parte a tratar de una posible remodelación ministerial. El contenido de este aspecto del texto será aludido más adelante. Lo que ahora nos interesa es que un último apartado del texto estaba dedicado a la «preocupación e incertidumbre de los españoles ante el futuro» y que, en él, Carrero se expresó de una manera que quizá merece el calificativo de patética[225]. Aseguró que sobre los españoles «empezaba a pesar como una losa la preocupación en el futuro» y que «yo también participo de este temor general de los españoles». Como ya había hecho en más de una ocasión transcribió una porción considerable de su nota precedente y comentó en tono laudatorio los dos acontecimientos que se habían producido en el transcurso del tiempo entre sus dos notas, es decir, las declaraciones de don Juan Carlos y la expulsión de los Borbón-Parma. Añadió un elemento de juicio más, derivado de la política exterior de España: «Tanto en Washington como en el Vaticano están tratando de demostrar que de nada sirve tomar compromisos con un Estado que tiene su vida ligada a una persona». Finalmente, porque conocía a Franco, no dejó de mencionarle un argumento que sin duda le debía llegar a sus oídos de labios falangistas: «Es muy posible, mi General, que haya habido personas que le hayan dado su opinión en orden a que una designación de sucesor podría dar lugar a una merma, de orden práctico, en la autoridad y a una desviación de las gentes hacia su sucesor». Pero el vicepresidente rechazaba este argumento y recordaba que el sistema político no quedaría definitivamente consolidado sino en el momento en que decidiera Franco el nombre del sucesor. Utilizando una metáfora expresiva, aunque desgraciada, Carrero llegó a escribir que el nombramiento de sucesor tendría «el efecto consolador de una traqueotomía».

No es posible saber con certeza qué fue exactamente lo que decidió a Franco. Sin duda el escrito de Carrero jugó un papel de primera importancia, pero es posible que también desempeñara un papel semejante la petición de entrevista que don Juan le hizo desde Portugal o, en menor grado, la entrevista que mantuvo con Camilo Alonso Vega con ocasión de haber cumplido los ochenta años. El hecho es que a finales de mayo de 1969 Franco ya había tomado la decisión.

«Ya parió», le comunicó Carrero a López Rodó. Muchas veces con anterioridad le había comentado: «Hay que ver lo lento que es en parir este hombre». No era una frase reticente ni crítica, sino la descripción de una realidad.

Pero, aun así, todavía no estaba la situación por completo resuelta. Franco, todavía a mediados de junio, le dijo a Carrero que temía que su decisión acerca de la sucesión pudiera ser tomada como una «deserción». Sus facultades disminuían con rapidez: en un viaje oficial celebrado en este mes se derrumbó en el interior del coche oficial sobre Silva Muñoz, dejando al ministro de Obras Públicas con la tremenda duda de si debía despertarle. Cuando Carrero le habló de nuevo de la sucesión llegó a decir que había extraviado sus dos notas anteriores en las que había incluso un borrador de la disposición legal destinada a consagrar la decisión. Carrero no podía hacer otra cosa que proporcionar papeles a Franco para estimular el proceso de su decisión o conseguir precisarla. El 12 de junio le entregó un texto del posible contenido de su intervención en las Cortes para explicar el nombramiento de sucesor. Había sido elaborado por López Rodó, pero sobre él trabajó el propio vicepresidente: una de sus modificaciones consistió en hacer mención en el texto a la propia persona de don Juan Carlos, pues en la redacción original no se le citaba por su nombre. El texto estaba pensado para el auditorio al que era dirigido, es decir, los procuradores en Cortes: tenía concesiones a la retórica falangista y numerosas referencias a la Guerra Civil, así como al proceso de creación institucional del régimen. En gran medida fue utilizado luego por Franco a la hora de su intervención en las Cortes[226].

De todos modos, lo más decisivo no eran los discursos, sino la forma de plantear todo el proceso de decisión partiendo de esa acción de sorpresa que Carrero había aconsejado y que de modo inmediato debió aceptar Franco. A este respecto resulta muy interesante un documento también preparado por Carrero, éste de forma exclusiva por él, en el que parecía volver a su función primigenia de jefe de Estado Mayor al plantear el cumplimiento de la operación sucesoria como si se tratara de una acción militar. Este escrito, que fue entregado, según López Rodó, el 3 de julio, contenía una planificación muy minuciosa a partir de un «día D» que era el de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria de una sesión extraordinaria de las Cortes[227]. En ella se señalaban dos posibles opciones para el desarrollo global de la operación, así como sus ventajas e inconvenientes. Si se llevara a cabo antes del 18 de julio Franco dispondría de menos tiempo para hacer su discurso, pero se conseguiría ahorrar un pleno de las Cortes y en la fecha conmemorativa del régimen podría asistir ya don Juan Carlos como sucesor de Franco. La segunda opción daba más tiempo a Franco para su discurso, pero había la posibilidad de que asistieran menos procuradores al darse por supuesto que las vacaciones se iniciaban en tal fecha. En el caso de que hubiera huecos en el hemiciclo, «a esta circunstancia, explotada por el enemigo» se le podría dar una interpretación política. Es muy característico de Carrero que propusiera la primera solución, es decir, la más inmediata y de Franco que optara por la segunda, la más lenta. La minuciosidad de Carrero le llevó a tratar en esta nota cuestiones como el momento en que Franco debía comunicar su decisión al Consejo de Ministros, el uniforme que debía vestir el príncipe el día de la jura y una multitud más de aspectos menores. La ley mediante la que se resolvió la cuestión sucesoria y que fue votada por las Cortes también fue elaborada en varias versiones sucesivas por el propio Carrero, aunque la disposición hubiera pasado por las manos previas de López Rodó. La última versión fue del 17 de julio, es decir, tan sólo cinco días antes de la crucial sesión de Cortes[228].

Es posible todavía hacer alguna precisión más acerca del papel desempeñado por el vicepresidente en aquellos decisivos días. El día en que todas las cuestiones organizativas y protocolarias se resolvieron debió ser el 14 de julio, es decir, dos días después de que Franco planteara su decisión a don Juan Carlos de una manera que no admitía dilación en la respuesta. Ese día despachó Carrero tres horas con Franco por la mañana y otras tantas con el príncipe por la tarde. Pero no sólo sirvió de vínculo de unión entre ambos, sino que también dio las instrucciones al presidente de las Cortes sobre las ceremonias sucesivas e informó a los altos mandos militares el 15 de julio, una semana antes de la sesión de Cortes. Fue él, en fin, quien después de que Franco hubo intervenido en el Consejo de Ministros el 21 de julio para explicar su decisión, leyó unas palabras de agradecimiento que luego conservó manuscritas en su archivo[229]. En parte eran la transcripción de sus notas anteriores, en las que había apremiado a Franco a tomar su decisión explicándole las ventajas que de ella derivarían. Pero en ellas también estuvo presente la confiada visión de la España del presente y, al mismo tiempo, una conciencia, engendrada en plena Guerra Civil, de los peligros permanentes que, en su visión, todavía amenazaban y seguirían haciéndolo en el futuro. Por un lado, el ordenamiento institucional que ahora quedaba coronado «había convertido a España en un Estado de Derecho bajo un régimen político cuya valía está claramente puesta de manifiesto por el enorme progreso económico y social que el país ha experimentado en estos treinta años de unidad, orden, trabajo y paz, sin precedente en ninguna otra época de nuestra Historia». Pero, por otro lado, se mantenía la conjura adversaria porque «los que no deseaban esta decisión son los enemigos del régimen, que son pequeñas minorías de españoles pero alentadas, apoyadas y hasta en ocasiones financiadas por poderosos entes extranacionales que van, en variada gama, desde el Comunismo a la Democracia Cristiana pasando por el Liberalismo masónico, marxista o capitalista, porque todos ellos confiaban en “pescar” su desideratum en el río revuelto de la azarosa peripecia» de poner en práctica la Ley de 1947 si Franco no nombraba sucesor. Y concluyó: «Que Dios os bendiga, Señor, os colme de venturas y os conceda largos años de vida para que sigáis consolidando una obra sin precedentes que ya está en la Historia para honra de España y gloría vuestra». Hubo, luego, un simulacro de debate entre los ministros acerca de la oportunidad o no de que Franco estuviera presente durante la votación que el propio Carrero, con la colaboración de sus ministros más íntimos, deshizo sin problemas imponiendo la votación nominal.

Aquellos días, en efecto, habían sido decisivos para Franco y su régimen, pero también lo fueron para el propio Carrero, incluso en mayor medida. Da la sensación de que el vicepresidente tenía incluso mayor obsesión que Franco por el mantenimiento y la prolongación del régimen hacia el futuro. Con lo sucedido en estos momentos no sólo se cumplía la Ley Orgánica del Estado o incluso la Ley de Sucesión, sino también un propósito político fundamental que apareció desde el momento inicial de su dedicación a la vida pública y que quedó configurado de manera casi definitiva en torno a casi un cuarto de siglo antes de su realización práctica. Eso explica la intensidad de la dedicación de Carrero a esta cuestión en su recta final en que ya era previsible el resultado positivo, pero en que siempre hubo hasta el final la posibilidad de que el rumbo se torciese.

Quien supo del papel protagonista de Carrero en la «operación salmón», que requirió tanta paciencia y dedicación durante tantísimos meses, fue sin duda el beneficiario de ella. Ya hemos podido citar en las páginas precedentes un testimonio escrito que contiene el agradecimiento del que sería rey de España. Importa recordar que se prolongó en el tiempo. «¿Cómo no iba a estar?», respondió don Juan Carlos de Borbón cuando los hijos de Carrero le agradecieron su presidencia del entierro del almirante asesinado. Algún tiempo después, ya en 1974, recibió en el palacio de La Zarzuela a la viuda y a los hijos y tuvo con ellos un almuerzo. Al final entregó como recuerdo a la primera la pluma con la que había firmado, en ese mismo lugar, el acta de aceptación del nombramiento como príncipe de España. Fue, desde luego, un gesto significativo.

La crisis de 1969 y el asunto Matesa

Todo induce a pensar que, como lo interpreta López Rodó en sus memorias, la crisis de 1969 tuvo unos largos antecedentes que se concretaron en los repetidos enfrentamientos que tuvieron lugar en el Consejo de Ministros y en torno a decisiones de primera importancia en la vida política. Ya hemos visto cómo, en 1968, Carrero ya había remitido a Franco una nota expresando su discrepancia respecto de la manera en que se desenvolvía la acción política gubernamental; y no en vano el responsable de los Planes de Desarrollo se había señalado como propósitos esenciales para el año 1969 la designación de don Juan Carlos de Borbón y el cambio de Gobierno[230]. Consiguió ambos objetivos, pero el segundo de un modo muy distinto a como lo había pensado, porque engendró un elevadísimo grado de conflictividad interna en el seno del régimen, que no la perdería hasta su final mismo. La permanencia de problemas como la Ley Sindical, las discrepancias en torno a la política exterior, la sensación de que se acercaba el momento de la sucesión de Franco y la propia decadencia física de éste favorecían el planteamiento de un cambio de Gobierno que sólo tuvo lugar en otoño.

Es obvio, sin embargo, que Carrero, principal motor de dicha crisis, intentó que tuviera lugar mucho antes. El 7 de mayo escribió una de esas notas a Franco que en ocasiones anteriores, como 1951, habían precedido a una importante remodelación gubernamental. Sabemos que en 1957 y 1962 no redactó ningún documento parecido pero que su intervención en la gestación de la crisis tuvo una importancia al menos parecida, si no mayor. Si ahora redactó de nuevo una nota, ello sin duda se debió a la importancia que atribuyó a este cambio de Gobierno. Pocas veces se habían producido enfrentamientos de tanta dureza en el seno del Gobierno de Franco y, sobre todo, nunca había existido hasta entonces esa sensación de que la voluntad de éste empezaba a ser quebradiza.

De la nota en cuestión empieza por ser interesante su mismo preámbulo[231]. Ya hemos visto que resulta muy característica de Carrero la absoluta sinceridad a la hora de exponer sus criterios que no dan sensación alguna de doblez. Ese rasgo se mantiene en este texto, pero en él hay quizá otro rasgo muy característico. Da la sensación, por vez primera, de que el ministro subsecretario no las tenía todas consigo respecto del posible desenlace de la crisis y de que, al mismo tiempo, en ella quería jugar sus cartas a fondo hasta el punto de estar dispuesto al abandono del poder, si preciso fuera. Carrero pensaba que la situación política estaba «deteriorada en algunos aspectos importantes» y se decidió a enviar a Franco una nota sobre el particular, tras meditarlo largamente, aun a riesgo de que «se me pueda juzgar entrometido, indiscreto o animado de apetencias o de ambiciones políticas». El tono empleado por Carrero tenía bastante parecido al que utilizó en 1947, tras su entrevista con don Juan de Borbón. Aseguró que de no expresar su opinión con toda sinceridad ante Franco «me remordería la conciencia, porque no cumpliría con mi deber». «Desde hace ya 28 años, en que S. E. me honró con su confianza designándome para la Subsecretaría de Presidencia —añadió— le he servido con mayor o menor acierto pero con la más firme voluntad de serle útil y con la más absoluta fidelidad a su persona y a su obra, sin la más mínima apetencia de tipo personal y, bajo mi palabra de honor, aseguro a V. E. que así he de seguir mientras viva. Si un día S. E. decide prescindir de mis servicios me iré a casa sin la más mínima contrariedad, lleno de gratitud, de admiración y de afecto a su persona; y, en tanto S. E. entienda que puedo serle de alguna utilidad, seguiré poniendo a contribución todas mis facultades para servirle con el mayor acierto, con mi mejor voluntad y con una lealtad que nadie podrá superar».

Tras esta declaración inicial, Carrero pasaba a examinar cinco cuestiones decisivas del panorama político español. La más importante era sin duda la quinta, la sucesión de Franco, y de ella ya se ha tratado páginas atrás. Las otras cuatro se referían, sin embargo, a cuestiones de gran trascendencia política que planteaban una crisis ministerial de primera magnitud, aunque daba la sensación de que Carrero no la abordaba con el deseo imperioso de que se resolviera inmediatamente. Sabía, en primer lugar, que Franco tardaba mucho en decidir; no en vano en 1951, desde su primera incitación a la crisis hasta la segunda y más definitiva, había transcurrido más de un año. Por añadidura, le interesaba mucho más encontrar una respuesta a su petición de que Franco resolviera el problema sucesorio.

La primera cuestión que preocupaba al vicepresidente era la relativa a la Ley Sindical. Era, para él, tan grave que ocupaba un tercio de su escrito, más que la misma apelación a dejar resuelto el problema de la sucesión. Con razón le atribuía un carácter paraconstitucional y ponía en relación su contenido con el intento de Arrese en 1956. Como en aquel caso, una parcela del Estado franquista (entonces el Partido, ahora los Sindicatos, que disponían de mayores recursos económicos) se independizaba del resto, y por procedimientos que pretendían ser democráticos y que, en realidad, favorecían a una reducida minoría dentro de la clase dirigente, podía lograr convertirse en un factor determinante de cualquier acción de Gobierno. Importa señalar que algo parecido era lo que pensaba Silva, y que la posición de Carrero en este punto era notoriamente coherente con su papel anterior de redactor principal de la Ley Orgánica.

Carrero veía, en efecto, en el propósito de los dirigentes de la Organización Sindical, con Solís al frente, «un quebranto fundamental de la filosofía de nuestro sistema institucional». La ponencia destinada a tratar de la Ley Sindical había tenido que partir de una redacción hecha por los propios dirigentes sindicalistas que propugnaba «un sindicalismo independiente, totalmente desligado de la autoridad del Estado». Ahora bien, eso presuponía que contra esa organización y su presidente «nadie podría gobernar en España». Además, la cuestión se había politizado y, en la práctica, con el apoyo de la prensa del Movimiento y de la Organización Sindical lo que de hecho se estaba intentando era un «asalto al poder». No había día en que una o varias reuniones sindicales no solicitaran de manera «cada vez más insolente» al Gobierno que remitiera a las Cortes la ley. Narraba Carrero una conversación habida entre un dirigente sindical y uno de los ministros en la que aquél se mostraba dispuesto a interpelar al Gobierno en torno a este particular y provocar un enfrentamiento total con él. El primero llegó a decir que Franco debía recordar que había sido el enfrentamiento de De Gaulle con los sindicatos el que le había hecho caer. Lo que indignaba a Carrero era que esa afirmación saliera de una persona «nombrada por decreto […] y que varias veces ha jurado fidelidad al Jefe del Estado». El problema más grave no era, sin embargo, el que se planteaba de manera inmediata, sino la consideración de «qué no sucedería el día de mañana con un sindicalismo como el que el proyecto propugna frente a un Gobierno presidido por un señor cualquiera [es decir, persona distinta del propio Franco], nombrado con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Estado».

La solución no podía ser otra que «dejar que la cuestión se enfríe y aplazar por varios meses el envío de una ley a las Cortes», pues de lo contrario todo el sistema institucional español «se derrumbaría como un castillo de naipes». Pero no bastaba con eso, sino que a la estrategia de dejar pasar el tiempo se debía añadir también «cambiar toda la cabeza del sindicalismo que hoy está empecinada en esta táctica de asalto al poder».

La segunda cuestión era la relativa a las relaciones con la Iglesia, que, según Carrero, «no son buenas y se van agravando». La culpa fundamental se la atribuía, como también hizo Franco, al «enfrentamiento político de los elementos humanos del Vaticano con nuestro régimen». «Ellos quieren y sus razones tendrán para ello —interpretaba a continuación— una Democracia Cristiana en España y consideran fácil, por las informaciones de Ruiz Giménez y de los de su cuerda y especulando con la incertidumbre del futuro, que el régimen desaparecerá con S. E. y que cuando esto se produzca será posible obtener lo que pretenden».

Pero, además, frente a esta actitud, lo pésimo era, según él, que «nuestra política frente a la Santa Sede adolece del grave defecto de que ante ella no se defiende el régimen español con el entusiasmo de un convencido». Estaba seguro (y lo decía sin dudar un momento) de que así sucedía en el caso de Castiella y del embajador ante la Santa Sede, Garrigues. Introducía respecto de ellos incluso un elemento de duda acerca de su ortodoxia, acusando al primero de haberse desvinculado del referéndum de 1966 y al segundo de haber propuesto una reforma constitucional inaceptable. Esa consideración la extendía Carrero también al propio Fraga, de quien, en cambio, en este documento no se criticaba la política informativa, pero se hacían afirmaciones peores. Gracias a él, aseguraba, «se está despertando en España una ola de anticlericalismo en modo alguno conveniente […] en gran parte está alentada por el propio ministro […] cuyas características personales son muy particulares y cuya ideología no aparece demasiado clara en orden a un firme convencimiento de mantener a todo trance nuestro sistema institucional». En suma, lo que proponía el vicepresidente era que la política con respecto al Vaticano fuera «respetuosa y sumisa en el orden espiritual, pero firme y combativa en lo político». En este punto resulta mucho más discutible la coherencia de la posición del vicepresidente, pues, en definitiva, cuando esa política trató de llevarse a cabo multiplicó la conflictividad con el Vaticano.

En esta materia, como vemos, Carrero arremetía contra Castiella, sin la menor duda el ministro con el que peor se llevaba. Pero a él también le reprochaba que la política exterior española se hubiera centrado de forma casi exclusiva en la cuestión de Gibraltar. Para él eso no indicaba sino que «la obcecación de Castiella en esta cuestión supera todo lo imaginable», porque una cosa era intentar la recuperación de Gibraltar y otra «jugárselo todo a una carta». Al servicio de esa actitud se había hecho una política exterior en la que un factor decisivo había sido atraerse los votos del Comité de Descolonización de la ONU. En consecuencia, «la descolonización de Guinea se llevó con precipitación, sin establecer previamente los acuerdos que habían de regir después y sin atender las justas demandas de los bubis [de Fernando Poo] de una independencia separada». Pero lo pésimo no era eso, sino los malos resultados que se habían logrado por ese procedimiento y que ahora eran patentes. La indignación del vicepresidente todavía subía de tono cuando afirmaba que los fracasos del presente «se quieren endosar a la labor anterior […] a la obra de hombres beneméritos» muchos de los cuales habían sido subordinados suyos, como Díaz de Villegas. Guinea era «un ejemplo de la acción civilizadora del régimen», y «todo esto ha quedado destruido en cuatro días por la obra de un loco al que se hizo personaje en la Conferencia Constitucional». En última instancia, del error surgido en torno a Guinea podían derivar consecuencias pésimas: «Yo, personalmente, temo por las sorpresas que nos puedan llegar de la ONU con respecto al Sahara».

Un inconveniente adicional era que esa política, para la que luego se acuñaría el calificativo de «tercermundista», parecía arruinar al mismo tiempo el mantenimiento de las buenas relaciones con los Estados Unidos, en cuya gestación sabemos el papel decisivo que había desempeñado Carrero. El vicepresidente pensaba que «el Convenio está en el aire y el Gobierno desconoce en qué estado se encuentran las negociaciones y cuáles son las dificultades que hay que vencer». En ello no difería de Silva Muñoz, tal como lo transcribe en sus memorias[232], pero Carrero llegaba todavía más lejos: estaba convencido de que Castiella no deseaba que los acuerdos se renovaran, y eso para él suponía sencillamente poner en peligro las relaciones con los Estados Unidos, que constituían el punto neurálgico de la política exterior española desde 1953. Sin la renovación de los acuerdos, ironizaba, «quisiera yo saber cómo se puede lograr una política de amistad y cooperación con los Estados Unidos si no aceptamos cooperar al dispositivo defensivo de Occidente que ellos sostienen». Pero, por si fuera poco, el propio Ejército español habría de sufrir las consecuencias, pues «quedaría prácticamente desarmado o al menos en condiciones de inferioridad frente a cualquier peligro que pueda surgir en el Sahara o en nuestras plazas del norte de África».

La última cuestión que estaba en el origen del escrito de Carrero era el terrorismo de ETA, sobre el que aseguró que «anda por el camino de crear graves complicaciones a la unidad de la Patria y a las relaciones con la Iglesia». Resulta curioso y muy característico de su mentalidad que señalara la posible financiación británica de ETA. Más significativo, desde el punto de vista político, es todavía el hecho de que considerara que resultaban precisas, sobre todo, «serenidad y firmeza a la vez que prudencia», en especial «para no agravar los problemas con la Iglesia». No pensaba, por tanto, en respuestas políticas al problema. Lo que parecía preocuparle más era la capacidad de respuesta del régimen. El ministro del Ejército, en mala situación de salud, estaba poco dotado para una acción eficaz. El de la Gobernación le merecía los más entusiastas motivos de alabanza («Me une un extraordinario afecto [a él] y […] por sus inmensos servicios a España, por su patriotismo y por su absoluta lealtad a S. E. lo considero digno de los más grandes honores y siento por él la mayor admiración»), pero tenía ochenta años, y eso en gran medida le invalidaba. Pero era de Fraga de quien tenía un juicio peor, también respecto de esta cuestión. Si antes había puesto en solfa su fidelidad a los principios del régimen ahora cuestionaba su talante y su prudencia: «El ministro de Información tiene sobre este asunto una idea de enfrentamiento franco y de una reacción anticlerical en modo alguno conveniente y de la que será muy difícil hacerle cambiar porque no es persona nada propicia a aceptar sugerencias de nadie». Eran las condiciones más en contraste con un «asunto muy delicado que hay que llevar con extraordinario tacto».

En suma, de manera meridianamente clara Carrero pedía de nuevo las cabezas de Solís, Castiella y Fraga. Lo hacía sólo en el caso de este último por razones derivadas de una supuesta heterodoxia política, mientras que en los demás casos esgrimía razones de eficacia y de congruencia. Nunca, sin embargo, se había expresado en términos de tal dureza acerca de algunos de sus compañeros de Gobierno, lo que da idea de la acritud del enfrentamiento interno en los meses precedentes. No obtuvo de momento lo que quería, pero quizá ni siquiera lo pretendía, aunque sí consiguió abrir el camino para una crisis posterior, una vez resuelto el problema sucesorio.

En efecto, la crisis ministerial estaba ya planteada y era inevitable su desenlace a la vuelta de vacaciones, una vez transcurrido el verano. La agenda de Carrero, siempre muy escueta, no revela nada más que una peculiaridad en las vacaciones estivales de este año: como siempre, estuvo en Chipiona y en la Dehesa de Campoamor, pero en esta ocasión más tiempo, como si se hubiera convertido en imposible el contacto de los ministros entre sí o si durante el verano todos ellos estuvieran velando las armas para la confrontación final. Nada más iniciado el curso político hubo un incidente anecdótico pero que resulta bien revelador de la tensión existente en el Consejo. El último día de septiembre, Solís envió a Carrero un escrito con encabezamiento formulario en el que le comunicaba que «un titulado Comité de Madrid del PCE» había hecho circular por Madrid un panfleto fechado el 26 en el que incluía el anteproyecto de Ley Sindical comunicado a los ministros durante el Consejo celebrado el día 12. El hecho testimonia hasta dónde llegaban las filtraciones administrativas en estos momentos finales del franquismo, pero revela también la desconfianza de los ministros entre sí, pues da la sensación de que Solís remitió la comunicación para evitar que sobre él pudiera recaer ninguna responsabilidad por lo sucedido y, al mismo tiempo, achacársela a los demás[233].

A primeros de octubre ya la sensación de inminencia de la crisis era bien patente. Los protagonistas de ésta que han escrito sus recuerdos coinciden en describir la situación con idénticos rasgos. El Gobierno carecía de autoridad y de iniciativa y sus componentes ni siquiera estaban en condiciones de hablar entre sí de nada serio; como le dijo Fraga al propio Franco, la crisis se había convertido en «inaplazable»[234].

Por supuesto, lo era; y bien lo sabía Carrero, que estaba gestionando el cambio ministerial. El 8 de octubre habló con Silva y le informó que pensaba en él para la cartera de Asuntos Exteriores, que era la que él mismo solicitaba; el preconizado le encontró «preocupado» por la situación política, algo que no debía de ser tan habitual. Las listas circulaban por Madrid entre otros motivos porque los propios ministros se encargaban de confeccionarlas. La lucha política se había trasladado definitivamente a la prensa, y el semanario SP sugería que el Opus Dei estaba en la ilegalidad. El 9 de octubre se entrevistó Carrero con Franco, pero da la sensación de que no consiguió de él nada más que la inicial apertura de la crisis de Gobierno y no la resolución definitiva de la misma. El 15 de octubre hubo Consejo de Ministros y la situación se demostró no ya políticamente inviable sino incluso imposible desde el punto de vista de las puras relaciones humanas. Silva describe en sus memorias la «agitación» de Carrero (algo, de nuevo hay que indicarlo, muy poco frecuente en él), el talante «frenético» de Fraga y el «extraño furor» del que parecían poseídos los demás ministros. Aquel mismo día hubo dos acontecimientos que hicieron definitivamente inaplazable la crisis. Espinosa presentó su dimisión por escrito calificando al asunto Matesa de «funesto» y también lo hizo de forma verbal Silva ante Franco. La primera decisión era inevitable, y puede no haber estado coordinada con la segunda, pero esta última tenía como propósito indudable acelerar la decisión de Franco. Aunque el ministro de Obras Públicas luego se sentiría entre los dos bandos en que había quedado dividido el Consejo de Ministros, no cabe la menor duda de que en este momento estaba en el de Carrero y, además, como punta de lanza contra la permanencia de Fraga y, sobre todo, de Solís en el Gobierno al que pertenecía.

En efecto, cuando Silva narró lo sucedido a Carrero éste le respondió con un «hemos dado en la diana»; el ministro de Obras Públicas creyó que ya tenía conquistada la cartera de Exteriores y, además, que había colocado a sus amigos Monreal y Ossorio. La agenda del vicepresidente revela quién era el que estaba haciendo el relevo ministerial con él. Había dejado de despachar con Fraga desde hacía meses y Solís durante este mes de octubre sólo apareció por su despacho en una visita protocolaria para acompañar a una comisión de propietarios del Campo de Gibraltar. En cambio, se entrevistó dos veces con López Rodó el día 14 de octubre, otra vez el 15 y de nuevo el 16, después de haberlo hecho con Franco. En total, a lo largo del mes de octubre de 1969 Carrero recibió a López Rodó una veintena de veces, cifra que supera a la de los despachos o entrevistas que tuvo con la totalidad del resto de los ministros. De todos modos, estos días centrales del mes de octubre debieron ser los decisivos, como lo prueba la frase citada del propio Carrero, quien el 15 redactó una nueva nota al Jefe del Estado que entregó al día siguiente.

La repetición de la nota en un plazo tan corto de tiempo nos pone en contacto con una realidad que parece explicar la peculiaridad de esta crisis. Da la sensación de que la situación de salud o de agilidad mental de Franco obligara a reiterar los mismos argumentos que ya había esgrimido Carrero durante el mes de mayo. El vicepresidente, en efecto, no hizo otra cosa, en lo esencial, que repetirse a sí mismo pero introduciendo alguna modificación, a la que le obligaba el propio transcurso del tiempo, de una nota a la otra: ahora aseguró que existían razones de «especial actualidad» que justificaban la necesidad del cambio ministerial. El principal elemento nuevo era, por supuesto, la aparición de la cuestión Matesa; pero da la sensación, al mismo tiempo, de que el centro de gravedad de sus acusaciones se había trasladado a Fraga Iribarne, a quien en la nota anterior sólo había aludido de forma circunstancial, aunque peyorativamente.

La nueva nota de Carrero[235] hacía alusión a cuatro problemas políticos que, «si no se solucionaran en su conjunto con la debida urgencia», podían «erosionar gravemente» al régimen y que, además, era imposible resolver «con los ministros a quienes afectan más directamente». Como en todos los informes que el entonces vicepresidente hizo a Franco antes de una crisis ministerial hacía una nueva declaración de sinceridad y lealtad; ambas, guste o no el documento, parecen por completo sinceras y como tales debieron ser sentidas por Franco. Ya se había aludido a dos de esos problemas en la nota anterior, por lo que podemos hacer mención más breve de ambos: se trata de la Ley Sindical y de la política internacional.

Para Carrero, desde su nota anterior sólo habían aumentado los motivos de preocupación engendrados por la Ley Sindical, que era la que «entraña mayores riesgos para el futuro del régimen». Lo que temía era un «sindicalismo de participación», que estaba «incrustado en la organización del Estado» y que era obligatorio tuviera, además, la hegemonía política o se desviara de lo que eran las características del régimen. Carrero consideraba en el mismo paquete de adversarios a «los irresponsables por ignorancia», quienes lo mismo se apoyaban en los textos (que él calificaba de «arreglados») de la Iglesia que en los informes de la OIT, «dominada por masones y marxistas», y a «aquellos que saben demasiado lo que quieren». Pero éstos eran, sin duda, los que le parecían más peligrosos.

Ahora ya estaba aprobado el Proyecto de Ley Sindical por el Gobierno, pero era más preciso que nunca disponer de un «Gobierno unido y sin desgaste capaz de hacer frente a los ataques que a dicho proyecto se van a dirigir en las Cortes». La anécdota mencionada párrafos atrás testimonia la existencia de serios recelos en el Consejo de Ministros sobre el particular. Si ya en mayo el vicepresidente había atribuido a la Ley Sindical un carácter paraconstitucional ahora temía que, a pesar de la aprobación en Consejo, los dirigentes sindicales del régimen trataran de modificarla a su paso por las Cortes. Carrero consideraba que existían «incitaciones» evidentes a actuar en este sentido y producir «modificaciones en puntos sustanciales, en los que no cabe ceder» porque ello supondría «sencillamente» montar un sistema institucional que haría inviable el Gobierno de España. Incidentalmente, como una amenaza de semejante envergadura para el sistema político vigente, Carrero hacía mención del asociacionismo en el seno del Movimiento. Solís, en su opinión, había sido incapaz de evitar la aprobación de un estatuto «que abre, de hecho, la puerta a los partidos políticos, tan claramente proscritos en nuestras Leyes Fundamentales». Sus manifiestos en nada se diferenciaban de «las proclamas de los viejos partidos» y eso haría «retroceder a España un siglo y medio con la vuelta al más desacreditado liberalismo».

Pero volvamos de nuevo a la cuestión de la Ley Sindical. Una vez que la Ley entrara en Cortes sería «políticamente inviable» la retirada del proyecto, que provocaría «una gravísima crisis» en el régimen. A diferencia de la nota anterior, Carrero ofreció ahora una solución a la situación existente: se debía desdoblar el ministerio de Solís en dos, la Secretaría General del Movimiento y los Sindicatos, y ofrecérselos a dos personas que no hubieran adquirido compromisos a lo largo de toda la tramitación de la ley y que, por tanto, no hubieran mantenido posturas ajenas al resultado a que se había llegado en el Consejo de Ministros.

Otra cuestión que había tratado el vicepresidente en su nota anterior era la relativa a la política internacional. No hizo ahora ninguna modificación de importancia en sus juicios, pero merece la pena citar sus propias palabras porque precisan sus conceptos anteriores. De Castiella admitía la «buena fe», pero partía de su «obcecación», cuya consecuencia había sido que «a cambio de una batalla, que por el momento no es posible ganar» (Gibraltar) iba a hacer que se perdiera «nuestra provincia del Sahara»; el vicepresidente mostraba su cerrada oposición a negociar con Marruecos cualquier tipo de acuerdo. No merecía la pena prestar mucha atención a las Naciones Unidas, «a quien nadie hace caso cuando no le conviene», y en cambio las relaciones con los Estados Unidos y con el Vaticano eran «pivotes fundamentales de la política exterior». Los Estados Unidos, «pese a sus defectos», eran la nación más poderosa de Occidente, y contra ella se había fomentado «un cambio peligroso» en la opinión pública. Además, patentes eran «las grandes posibilidades que ofrecen los hombres de negocios norteamericanos».

A esos dos temas sumó Carrero en esta ocasión otros dos que, en realidad, sólo eran uno. El asunto Matesa se había convertido en motivo de escándalo político, de acuerdo con su interpretación, no por sí mismo sino como consecuencia de lo que los medios de comunicación habían hecho con él. Recordemos que esta cuestión se había planteado durante el verano y había enfrentado de manera definitiva a las dos tendencias del Gobierno. Fraga y Solís, amenazados por la línea Carrero-López Rodó, emprendieron una ofensiva (o la autorizaron) contra los ministros económicos que produjo una profunda conmoción. Para el vicepresidente se trataba tan sólo de un «incidente desdichado y grave que, aireado con fruición a través de los medios informativos, ha causado un gran revuelo en la opinión del país». A los ministros de Hacienda y Comercio no les reprochaba nada respecto de su honestidad, que «nadie puede poner en duda», sino, en todo caso, el haber cometido «lamentables errores» a la hora de conceder facilidades crediticias a quien no las merecía, pero, como habían quedado «desprestigiados», debían ser sustituidos. Los reproches iban dirigidos contra Fraga y Solís, los cuales, al menos, habían cometido una «grave negligencia» al autorizar o impulsar la campaña contra los ministros implicados en el affaire. Carrero veía, además, en el horizonte inmediato un especial peligro de enfrentamiento entre dos instituciones del régimen, el Gobierno y las Cortes. Había sido la «politización» de la cuestión Matesa la que había llevado a la constitución de una comisión especial a la que inmediatamente ponía en relación, haciéndolas idénticas, con la «tristemente célebre» durante 1935 que entendió en el tema del «estraperlo». Como en todas las ocasiones en que se planteaba una situación difícil, al vicepresidente le acudían a la cabeza los recuerdos trágicos de los años treinta.

Pero, sin duda, las palabras más duras del texto de Carrero estaban ahora dirigidas en contra de «la política de información y espectáculos» o, lo que es lo mismo, contra Fraga. El vicepresidente lo expresó de una manera que al lector actual le puede parecer apocalíptica pero que era, sin duda, muy sincera. Tras la Ley de Prensa se había iniciado «una escalada contra el modo de ser español y la moralidad pública», y ese «desenfreno» no sólo no había remitido con el transcurso del tiempo, sino que se había ido haciendo cada vez más grave. La Ley se aplicaba «con tremenda lenidad» y la situación aparecía descrita en los siguientes términos: «En lo político se resalta en la información todo lo negativo […] las librerías están plagadas de propaganda comunista y atea, los teatros representan obras que impiden la asistencia de las familias decentes y los cines están plagados (sic) de pornografía». Los ejemplos que ponía de cuanto sucedía eran abundantes y expresivos. En lo político se quejaba del Ya, que en su opinión debiera haber sido objeto de algún expediente, de Destino, Cuadernos para el Diálogo e índice; del Tartufo de Moliere, en versión de Marsillach, «en que se ridiculiza a altas personalidades del régimen», o de una obra en que «barbudos» aparecían gritando «libertad y abajo la dictadura». En lo moral se quejaba desde «la reposición pornográfica de Fortunata y Jacinta de Galdós» hasta «la proliferación de establecimientos de prostitución y drogas para la atracción de esa parcela de la juventud que, por su situación social, permite segar mejor la clase dirigente y pervertirla».

Los españoles, en consecuencia, estaban perdiendo en bienes morales todo lo que ganaban en los materiales. Esta mezcla entre el desgaste en los principios morales y la política resulta muy característica de Carrero y no lo es menos que escribiera mal strip-tease (en el documento figura streap tease). La conclusión era que había que entregar la responsabilidad del Ministerio de Información a quien proporcionase «las máximas garantías morales junto a una probada lealtad política». Quedaba implícito que Fraga, a quien tan sólo se reprochaba meses atrás su talante, no reunía estas cualidades. Pero, además, se le adjudicaba también otro rasgo no menos negativo. La prensa o estaba desgobernada o «al servicio de una política concreta y personal que sensiblemente no coincide ni con el interés del régimen ni con la terapia que el país necesita».

Con todas estas referencias personales Carrero había eliminado del Gobierno a cinco ministros (los tres de los que discrepaba y los dos de Matesa), pero añadió además los relevos por motivos de salud. El ministro del Ejército y el del Aire debían ser sustituidos por esa razón y, ya que se debía producir el cambio, también el de Marina, porque todos los relevos en los ministerios militares se habían hecho a un tiempo y por razones reservadas que sólo quería revelar verbalmente. El ministro de la Vivienda también padecía en su «estado físico» y eso había impuesto «una cierta atonía» en su ejecutoria administrativa. El ministro de la Gobernación era un caso «particularmente doloroso» por tratarse de «un español ejemplar y de excepción»; por ello Carrero sugirió a Franco que le nombrara capitán general en el momento mismo de su cese. Incluso el hecho de que se produjera éste justificaba de nuevo el de Solís, pues con él estaba enfrentado como consecuencia del nombramiento de los gobernadores civiles. Da la sensación de que el secretario general del Movimiento era, de los tres ministros de quienes quería prescindir Carrero, aquel que tenía más sólidas agarraderas con Franco, pues a todo lo reseñado añadió Carrero que Silva se había declarado incompatible con él.

El vicepresidente concluyó su nota con una reflexión que muy pronto desmentiría la Historia. El número de los ministros a sustituir era, pues, elevado y el tiempo de su permanencia en el poder, ya largo. Eso serviría para dar la impresión de que se trataba de «un reajuste normal de los que periódicamente realiza S. E. en atención tanto al desgaste inevitable de las personas como para atender a los problemas del momento»; por ello, el cambio gubernamental nunca podría ser recordado como la «crisis Matesa». Sin embargo, no cabe la menor duda de que, de identificarse con algún nombre, debe hacerse con ése.

Tras esta nota, coincidente con las dos dimisiones ya citadas, era inevitable que se produjera la crisis. Hubo, sin embargo, un momento en que recibió un acelerón definitivo, el 23 de octubre, día en que Silva acudió a entrevistarse con Carrero y entregarle un recorte del diario Arriba acerca de la obra Tartufo de Moliere, montada por Marsillach, en que de manera muy obvia se hacía una crítica a los ministros del sector tecnocrático. Es posible que fuera en este momento, por lo que revela Silva acerca de la «excitación» del vicepresidente, cuando éste se planteó la posibilidad del abandono del Gobierno o, de modo más preciso, de un ultimátum a Franco en el sentido de que eligiera entre Fraga y él[236]. Por supuesto para una persona como Carrero resultaba inaceptable la tolerancia del ministro de Información hacia la prensa, de la que había defendido su derecho a aludir a los rumores. Pero, por supuesto, también resulta comprensible la posición de Fraga. Aunque con Franco trataba de introducir la cuestión de las asociaciones políticas y ante los ministros hacía mención de la necesidad de la reforma social, lo cierto es que en este momento no había en él la pretensión reformista y centrista que le caracterizó desde su salida del Gobierno. En cambio, era perfectamente consciente de que el cambio ministerial se iba a producir y de que en él resultaría damnificado. Eso explica su actitud, pero ésta no habría sido posible sin la irresolución y falta de dirección de un Franco declinante y sin la radical falta de respeto y de afecto hacia el vicepresidente. Solís, en cambio, habituado a la pequeña lucha política, daba la sensación de no ser consciente de lo que se jugaba y parece haber pensado en que la mera necesidad de que el Gobierno fuera de coalición obligaba a su permanencia en él. A Carrero le llegó a decir que su salida del Gobierno por el asunto Matesa sería una «equivocación». Castiella, enfermo, no parece haber jugado ningún papel político de importancia en estos días.

El mismo día 23 de octubre parece haberse iniciado esa etapa final de ajuste de los cargos ministeriales característica de cualquier crisis. Carrero recibió a Silva, al que quería colocar, por indicación de Franco, en Información, a López Bravo (al que el propio Franco había ofrecido permanecer, y que había pedido Exteriores, desplazando al hasta entonces ministro de Obras Públicas) y, aparte del omnipresente López Rodó, a Garicano, cuyos éxitos en el Gobierno Civil de Barcelona le habían hecho ser preconizado como ministro de Gobernación. Todavía el 24 hubo un nuevo Consejo de Ministros. Los términos con los que lo describen los asistentes en sus libros son muy semejantes: el Consejo fue «fantasmal» (Fraga), «espectral» (Silva) o «de corpore insepulto» (López Rodó). Las actas revelan que se trataron temas de importancia que los asistentes olvidaron: se vetó, por ejemplo, a un submarino nuclear norteamericano la posibilidad de fondear en La Coruña. También se habló del asunto Matesa, pero de una manera lo menos comprometida posible. Carrero dio cuenta del informe de la comisión nombrada por Hacienda y Comercio acerca del caso y se acordó remitirlo a las Cortes, pero sin hacerlo propio y sin perjuicio de otros informes posteriores. Solís pidió y obtuvo que también se remitiera al Consejo Nacional y Oriol que pasara al Ministerio Fiscal[237]. Daba la sensación de que el enfrentamiento previo había sido tan duro que no había deseo de repetirlo y que todos se mantenían a la espera de la decisión de Franco.

Esta ya estaba tomada, y por eso Carrero recibió entre el 24 y el 27 a todos los futuros ministros; los últimos en ser recibidos fueron Monreal y Sánchez Bella, procedente de la Embajada en Roma que había desempeñado hasta el momento. No hay ningún indicio de preferencia por Fernández Miranda por encima de los ministros entrantes, a no ser que con él habló dos veces. Todavía el 28 y el 29, en que se supo el desenlace de la crisis, Carrero tuvo dos entrevistas con Franco. Conocido dicho desenlace, el vicepresidente, que había resultado absolutamente triunfante, se entrevistó con alguno de los ministros salientes, como Alonso Vega y Díaz Ambrona. No lo hizo, por supuesto, con Fraga ni con Solís, quienes, en el momento de la toma de posesión de sus sucesores, tuvieron la esperable posición arisca respecto de los vencedores en la crisis. Solís, que había intentado a última hora recurrir al príncipe de España hablando de «golpe de Estado», estuvo emotivo recordando sus escasos bienes de fortuna y Fraga aseguró que sólo había sido un servidor del Estado. Lo que pensaba de la crisis nos lo transmite una anotación de su diario el mismo día: aquello había sido el «copus». Emilio Romero, que fue recibido por aquellos días por Carrero, no dejó de percibir que Fraga era de todos los salientes quien despertaba más animosidad entre los vencedores, y aprovechó la ocasión para propinarle un aguijonazo en uno de sus artículos. También Castiella habló de «desastre nacional», una sensación que suele ser habitual en los ministros en el momento de abandonar su cargo. Carrero, por su parte, concluida la complicada gestación del cambio ministerial, adoptó una decisión nada habitual en él: tomarse tres días de vacaciones.

Sin duda las tenía merecidas, porque de nuevo había vencido en toda la línea. No parece que pueda ponerse en duda que su influencia había sido decisiva en muchísimas otras crisis gubernamentales durante el régimen de Franco: se puede documentar en la de 1951, pero resulta evidente en las de 1945 y 1957 y, en general, en todas las demás. Sólo la decadencia física de Franco y la extremada discreción con que Carrero ejercía su influencia cerca de él explican que Solís, Fraga y Castiella pensaran que podrían derrotar a sus adversarios y, en especial, al vicepresidente, en un forcejeo que él tenía ganado antes siquiera de que se hubiera planteado el enfrentamiento. La pretensión de Solís de que había que contar con lo que él significaba era ilusa, porque su persona no representaba nada y habría muchos otros que podían desempeñar su papel.

Sin embargo, este fue el combate político más duro de Carrero y también el ápice de su influencia, pero al que de manera necesaria debía sucederle un reflujo. Una parte considerabilísima de su poder residía en la invisibilidad del mismo, y ahora se había hecho bien patente, en parte porque la política no estaba sometida a la losa de silencio de otros tiempos y en parte porque el desenlace de la crisis había venido precedido por un enfrentamiento que incluso en otros momentos habría sido conocido de manera suficiente. El poder del vicepresidente residía también en su capacidad de influir sobre la persona —Franco— que ejercía el arbitraje aceptado de modo generalizado en el seno del régimen. Ahora, sin embargo, porque ese arbitraje era declinante, Franco parecía haberse decantado por un solo sector político y además daba la sensación de que ese sector era dirigido por Carrero. Quienes aceptaban ese arbitraje de Franco no tenían por qué sentirse identificados con Carrero. Es más, a alguno de ellos como Fraga, ante el silencio de Franco, les pareció tan increíble la influencia del vicepresidente que tardaron hasta 1973 en darse cuenta de que no había nada que hacer por el momento, porque en vida de Carrero nadie iba a tener más peso que él en la voluntad del llamado Caudillo.

Desde el punto de vista del vicepresidente, una personalidad cuya política puede ser discutible pero mucho menos su coherencia, el enfrentamiento con los tres ministros era, si bien se mira, inevitable. Había razones sobradas para considerar a Solís como una reedición, con más ligereza pero mayor habilidad y dedicación a la conspiración, de Arrese. Si hubieran triunfado sus proyectos de Ley Sindical o se hubiera modificado ésta en las Cortes como él quería, el régimen habría sido ingobernable, sin que eso hubiera supuesto una transformación definitivamente liberalizadora. También la postura de Carrero era coherente, aunque discutible, en lo que respecta a la política exterior: con independencia de que fuera muy reticente a la descolonización, el hecho es que la consideración de los Estados Unidos como pieza esencial de las relaciones exteriores era, en él, un dogma firmísimo y, desde luego, tampoco Castiella había obtenido éxitos en lo que respecta a Gibraltar. Con respecto a Fraga había una evidente incompatibilidad de caracteres que se acentuó con la desazón que sentía Carrero ante el espectáculo de lo que creía inmoralidad galopante, con graves consecuencias políticas, y ante la supuesta indefensión del régimen en los medios de comunicación. Sólo en Fraga es perceptible un cierto afán liberalizador que, en parte, nacía también de su deseo de defender su propia Ley de Prensa y que, de cualquier modo, no tenía nada que ver, en este momento, con la democracia. Lo que Carrero (y quizá también el propio Franco) no pudieron perdonarle nunca fue el tratamiento dado al caso Matesa, que al primero le debió de recordar el comportamiento de Serrano Súñer en 1940-1941 y le debió de producir una sensación de falta de lealtad. En realidad, había mucho más que eso: una vez más, el declive del liderazgo de Franco hacía nacer la sensación de que había que responder a una sociedad que ya no era la misma de otros tiempos y de la que de alguna manera también se dependía como ante el poder venido desde arriba. Parece obvio que esto era algo que sentían personas de otra generación, la de Fraga y también López Rodó, y no la de Carrero o Franco, cuya experiencia biográfica había quedado marcada mucho más decisivamente por la Guerra Civil.

Si el enfrentamiento de Carrero con esos tres ministros era inevitable y su desenlace por completo previsible, es preciso preguntarse acerca de si, desde su propia perspectiva, la solución dada fue la correcta. Se comprende el nerviosismo del vicepresidente durante la crisis por la sensación de que era necesaria la unidad, sobre todo ante la apatía de Franco, pero sin duda le faltó previsión respecto de lo que podía suceder en el futuro. López Rodó ha presentado en sus memorias las trayectorias biográficas de algunos de los nuevos ministros como un testimonio de una procedencia plural[238]. Lo cierto es, sin embargo, que su omnipresencia en la tramitación de la crisis tuvo resultado en la formación del nuevo Gobierno, y así se aprecia en la propia agenda del almirante: cuando el 24 de octubre recibió a cuatro candidatos ministeriales que llegaron a tener en sus manos una cartera (Mortes, Allende, Letona y Fontana), hizo mención a sus cargos previos, que remitían al Plan de Desarrollo o a Presidencia (un comisario adjunto, dos subcomisarios y comisario general de abastecimientos). El frente de los tres ministros desplazados se reveló peligroso, porque les unió la desgracia política y la sensación de que había homogeneidad en los vencedores. Por si fuera poco, esa sensación acabó aliándose con el desagrado de Silva Muñoz por no alcanzar la cartera a la que aspiraba.

La paradoja de esta crisis es que perseguía una unidad en el Gobierno que ni siquiera se logró y, además, acentuó de manera definitiva la desunión general dentro de la clase política del régimen. Como, además, se demostró irreversible la tendencia a una relativa autonomía de la sociedad ante el poder político, y en éste hubo quienes se fijaban cada vez más en aquélla, todavía se multiplicó más dicha tendencia. Y esta realidad constituye un factor esencial para explicar la vida política española, no sólo durante esta etapa sino incluso con posterioridad, durante la transición misma.

Capítulo seis

El único presidente con Franco (1969-1973)

Un rasgo muy característico de la carrera política de Luis Carrero Blanco es que los cargos públicos que ocupó no fueron sino la consagración de papeles que ya desempeñaba desde hacía algún tiempo. En realidad, la Vicepresidencia a la que había llegado en 1967 simplemente formalizó una relevancia que tenía desde antes. De igual manera puede decirse que la Presidencia que empezó a ejercer a mediados de 1973 era desempeñada por él con anterioridad. Desde que, en la crisis de 1969, se libró de aquellos ministros con los que había mantenido serias discrepancias de fondo, lo cierto es que tuvo en sus manos la Presidencia del Gobierno, como se aprecia de una manera que no admite dudas con tan sólo tener en cuenta la forma de organizar el trabajo gubernamental.

Este trabajo se puede llegar a conocer mediante el estudio de la agenda de trabajo de Carrero, aunque ésta no descubra nada más que la sucesión de citas y entrevistas y sólo proporcione excepcionalmente la mención a los contenidos. Teniéndola en cuenta, hay que pensar que en estos momentos Carrero tenía una decidida voluntad de atribuirse el papel que ya Franco no podía desempeñar. Nada más tramitada la crisis de 1969, Carrero empezó a recibir uno por uno a los ministros, sin duda para seguir de manera detallada las tareas que le tocaba desempeñar a cada uno: por citar un solo ejemplo, baste con tomar el 1 de diciembre de 1969, en que su día estuvo principalmente ocupado por las sucesivas visitas de seis ministros; el número de los convocados demuestra una voluntad de seguir con asiduidad la tarea de cada uno. Por supuesto, no debe pensarse que concediera a cada cartera la misma importancia: en marzo de 1970, también a título de ejemplo, recibió a cada ministro al menos en una ocasión, pero a muchos de ellos más de una vez. Merece la pena señalar qué carteras eran para él las más esenciales o las atribuidas a personajes que consideraba más relevantes por el número de visitas realizadas al palacete de Castellana, 3. En mayo-junio de 1971 recibió siete veces a López Rodó, seis al ministro Sánchez Bella (Información y Turismo) y cuatro a Garicano, Monreal y Fernández Miranda (Gobernación, Hacienda y Secretaría General del Movimiento, respectivamente); tan sólo acudieron a Presidencia tres veces los ministros económicos. López Bravo apenas si aparecía por su despacho, señal evidente de que iba un tanto por libre, en conexión directa con El Pardo. En noviembre-diciembre de 1971 recibió siete veces a Fernández Miranda y a López Rodó y nueve a Garicano. Se debe tener en cuenta que, por la propia trascendencia de su función, que ratificaremos a continuación, resultaba lógico que Información y Turismo y Gobernación fueran ministerios con cuyos titulares necesitara despachar de forma habitual. La lista de las visitas revela, por otro lado, un dato que no puede dejar de ser advertido y cuyas consecuencias veremos a continuación: si no tenemos en cuenta los casos de los dos ministerios citados, sin duda los más asiduos del despacho de Carrero fueron López Rodó y Fernández Miranda, acercándose el segundo mucho al número de despachos del primero. Ese fue el antecedente del posterior nombramiento del segundo como vicepresidente del Gobierno. En materias como la universitaria, Carrero hacía ya mucho más caso a Fernández Miranda que a López Rodó.

Resulta también importante señalar que Carrero no sólo recibía individualmente a los ministros, sino que mantenía con ellos reuniones sectoriales para tratar de algún problema específico, mientras que, en cambio, parece haber descargado la labor de llevar las competencias de su propio ministerio en las personas que allí tenía como directores generales sin ocuparse de manera tan directa de ellas. En los primeros meses de 1970 hubo reuniones de ministros para tratar de cuestiones concretas, como los tratados con Marruecos, la política sindical (al ministro, Carrero le seguía denominando delegado nacional), la retribución de la oficialidad y un largo etcétera. Pero no había sólo reuniones colectivas de los ministros para tratar de cuestiones concretas (una especie de comisiones delegadas sin tales atribuciones específicas), sino que en la práctica debieron existir también convocatorias de todos ellos que eran verdaderos consejos a pesar de no ser presididos por Franco. Los consejos propiamente dichos solían ser breves, de tal manera que sólo a título muy excepcional se puede decir que duraran todo el día. Las intervenciones de Franco se reducían al mínimo y en ocasiones no se producían en absoluto. En las reuniones de ministros, a veces llamadas «consejillos», se tomaban las decisiones más importantes.

El peso del trabajo que recaía sobre Carrero queda confirmado por el hecho de que a todas estas tareas había que sumar otras. Una vez a la semana, los jueves, Carrero despachaba con Franco, aunque las visitas eran cada día más breves (el vicepresidente salía de su despacho bien pasada la media mañana). Al mismo tiempo, una vez a la semana se entrevistaba con don Juan Carlos en La Zarzuela, cosa que no había hecho hasta entonces con asiduidad. Lo más probable es que le informara de los asuntos de Gobierno al haberse optado por mantener al príncipe ausente de los consejos. Las ocasiones en que Carrero representaba a Franco en un acto oficial eran cada semana más frecuentes. Por si fuera poco tenía un día reservado para recibir visitas, que eran numerosas (una docena por mañana) y abordaban los temas más dispares. Muy a menudo recibía a personas cuyos cargos eran relevantes pero no tenían rango ministerial, como el director de Televisión (indicado en la agenda de mano por la institución y no por el apellido, a pesar de tratarse de Adolfo Suárez), el jefe de Alto Estado Mayor y alguno de los subsecretarios. Por mucha capacidad de trabajo que Carrero tuviera, había razones sobradas para que se sintiera abrumado. López Rodó, una de las personas más cercanas a él, recoge una frase suya al acabar 1972: «Los años pesan. Estoy cansado y tengo la cabeza como un bombo».

El trasfondo de una situación como ésa era, sin duda, la decadencia física de Franco, que se iba acentuando con el transcurso del tiempo y de la que a veces, como en el discurso televisado de fines de 1972, se daba cuenta la totalidad de los españoles, porque, como comenta López Rodó, «daba pena»[239]. Lo cierto es, sin embargo, que Franco mantuvo en este momento de su vida su habitual parsimonia. Las presiones que recibía para nombrar presidente eran muchas y venían desde los ministros hasta el propio don Juan Carlos, pero en principio no quiso hacerlo, sino que dejó caer que si hacía el nombramiento quizá la dificultad iba a ser mayor para él; sin duda, esa forma de trabajo que ha quedado descrita fue acordada entre Franco y Carrero, y el primero hizo la experiencia de ver cómo funcionaba muy poco a poco. En ello influyó su habitual recelo ante cualquier coartamiento de su poder, pero también su condición de octogenario, desinteresado de casi todo, sedentario y cada vez más aficionado a vegetar delante del televisor. Carrero era consciente de esta realidad, lo cual, sin duda, lejos de provocar ambición en él, excitó su sensación de que debía seguir prestando su concurso y ayuda a un Franco en pleno declive. El día antes de su asesinato, la última conversación oficial que mantuvo fue con el entonces vicepresidente, Torcuato Fernández Miranda. Lo que éste transcribió de ella en un libro de memorias que todavía no ha sido publicado[240] se puede resumir con brevedad. Carrero estaba muy preocupado porque Franco no era ya el que había sido en el pasado y porque «quienes le rodean y su familia no es lo mejor». Descubría en él tal indiferencia por los graves problemas que vivía España que finalmente dejaba de referírselos, mientras que antes no sólo no evitaba preguntar sino que lo hacía incluso para suscitar el debate. Desde nuestro punto de vista hay una frase en lo transcrito por Fernández Miranda que resulta de especial interés, porque revela la reacción del ya presidente del Gobierno: «Esto nos crea una grave obligación, una responsabilidad muy grande». Esa es la clave, quizá, de la actitud de Carrero durante el período que transcurre desde fines de 1969 hasta el momento de su asesinato. Se sentía obligado a concluir una misión en la que llevaba ya una treintena de años.

Un programa de gobierno

Resulta necesario volver atrás y trasladarnos al momento en que, en 1969, empezó a actuar el nuevo Gobierno. La primera sesión del Consejo de Ministros, el 31 de octubre de 1969, se inició con una intervención de Carrero cuyo contenido empezaba por ser el previsible: el Gobierno venía a continuar lo que había sido la tarea del Movimiento Nacional, fundado por Franco, y sus miembros partían de una «lealtad total y absoluta, limpia y clara, sin sombra de ningún íntimo condicionamiento ni mácula de ninguna reserva mental». Pero lo decisivo del discurso fue lo que ya hemos visto que Carrero trató de poner en práctica inmediatamente después y había ya subrayado en el texto mecanografiado de que se sirvió en su intervención: el «trabajo en equipo»[241]. Esa, sin duda, había sido su peor experiencia en el período anterior, cuando había empezado a declinar la capacidad de Franco, y era el mal que ahora quería evitar. Los problemas de Gobierno, aseguró, siempre eran interdependientes y su resolución implicaba una concurrencia de criterios entre sus miembros, pero «una vez acordada una medida de Gobierno en Consejo de Ministros sus miembros no solamente son solidariamente responsables de ella […] sino que deben considerarse tan vinculados a la misma como si reflejara exactamente su punto de vista personal, sin que jamás las deliberaciones que hayan podido tener lugar durante la gestación de la medida adoptada puedan, al ser conocidas, restar autoridad a la misma». Lo que, en definitiva, hacía Carrero era presentar su propio comportamiento con Franco como ejemplo, y lo sucedido en el inmediato pasado como la contrafigura de lo que debía hacerse. La nota que se dio a la prensa, siendo similar en cuanto a contenido, resulta también mucho menos expresiva al comprometerse el Gobierno tan sólo a ejercer la «efectiva coordinación»[242].

Hizo Carrero más todavía. Transcurridos algunos meses desde la apertura de la nueva etapa política elaboró un voluminosísimo informe cuyo objetivo no era otro, en realidad, que preparar una planificación de la tarea del Gobierno[243]. Aunque conceptos semejantes aparecieron en todas sus intervenciones de estos meses fue en este escrito, que tenía como destinatarios a todos los ministros, en donde se expresó con mayor sinceridad y con claridad meridiana.

Su preocupación inicial era, como sabemos, la posible falta de unidad gubernamental, cuyas consecuencias negativas exponía en este texto con crudeza: «Un Gobierno desunido es un Gobierno débil y un Gobierno débil es, fatalmente, un mal Gobierno». Lo que en la declaración pública del nuevo Gabinete no podía, sin embargo, aparecer era el objetivo que debía conseguirse gracias a esa unidad que ocupaba la primera parte del texto circulado a los ministros. Se trataba de que, estando por completo concluido el edificio institucional del régimen y designado el sucesor de Franco, resultaba además imprescindible «consolidar una sociedad unida, en orden y en paz; sana de cuerpo y de espíritu, orgullosa de sus tradiciones y fiel a sus gestas del pasado» que, en consecuencia, «rechazara, sin papanatismos ni estúpidos complejos de inferioridad, todo lo que contribuya al mal» y «plenamente convencida de la bondad del sistema político». En suma, lo que pretendía Carrero era llenar el amplio espacio abierto ya entre la sociedad española y las instituciones que tenía, pero no modificando éstas, sino las posiciones de la propia sociedad, de cuya distancia con respecto a aquéllas se daba perfecta cuenta. El texto revela, por tanto, una conciencia del peligro en que vivía el régimen y expresaba la voluntad de reaccionar contra él. Era una necesidad nueva que para Carrero requería una respuesta por completo contraria a la de quienes, siendo más jóvenes, se consideraban a sí mismos como reformadores del régimen y pensaban que había que cambiar las instituciones y no la sociedad.

Pero en lo que Carrero no había variado un ápice su postura era en cuanto respecta a los enemigos del régimen español, que seguían siendo, para él, los mismos de siempre: el comunismo, deseoso de «transformarnos en una masa de esclavos sin Dios»; la masonería, que, «en forma más suave», pretendía un dominio exterior por el procedimiento de crear un sistema de partidos que en la práctica hiciera desaparecer una auténtica independencia nacional, y, en fin, la propia «democracia cristiana [que] quizás sea también un totalitarismo que tiene los mismos objetivos». La aparición de este tercer sector entre los factores de la conjura internacional en contra de España se debe atribuir, sin duda, a la reciente evolución de la Iglesia española, y la prueba de la preocupación que Carrero sentía por él se aprecia en la afirmación de que esta democracia cristiana pretendía «¡allá ellos!, ingenua o farisaicamente […] en nombre de Dios copiar un sistema inspirado por el Diablo». Se trasluce en una frase como ésta el eco del Vázquez de Mella amigo de su padre. Los medios por los que estos tres adversarios actuaban contra el régimen eran enunciados a continuación de una manera que permitía la inclusión en la lista de factores políticos y morales entremezclados de una manera que deja perplejo al lector actual: mezclaba la novela inmoral y la literatura marxista, pero también a «los traficantes de drogas», nada menos que con los «intelectuales liberales» y los «intelectuales económicos». Los primeros en ocasiones alardeaban de considerarse «dentro del régimen pero insidiosamente propugnan un llamado desarrollo político que, de concesión en concesión, acabe desnaturalizando nuestro sistema y convirtiéndolo en liberal». Los «intelectuales económicos», por su parte, silenciaban el enorme progreso producido en el terreno económico para dedicarse a críticas e insidias en cuestiones de detalle. En suma, la actitud de Carrero era la característica de una persona de edad que, ante un cambio rápido en la sociedad en la que le había tocado vivir, reaccionaba con una defensa a ultranza de un mundo que empezaba ya a ser del pasado.

Para ello propugnaba Carrero «la autodefensa de la sociedad» por el procedimiento de insistir desde el Gobierno en una labor educativa y moral. «El tópico de que ya no hay que hablar de la guerra —escribió— es una manifestación más del opio que se quiere dar a la generación que no la conoció». Por el contrario, era preciso recordarla porque, «en nombre de unos principios que nada tienen que ver con los nuestros, se pretende convencer a las gentes de la necesidad del asociacionismo político y laboral» cuando en el régimen español no existía nada más que una oposición «latente» que era la que nacía con ocasión de un proyecto de ley concreto pero que no estaba «constituida de manera permanente». También salía Carrero en defensa de los tecnócratas, con los que de hecho se identificaba al propugnar la presencia en la vida pública de quienes «sirven la política con la técnica».

Lo esencial para él era, por tanto, llevar a cabo una «intensa educación política y moral» para hacer desaparecer este panorama que él consideraba tan preocupante. La tenían que llevar a cabo la Secretaría General del Movimiento, el Ministerio de Información y Turismo y el Ministerio de la Gobernación. Era al tratar de estos dos últimos cuando Carrero se convertía en más taxativo y duro. «Si algunos “intelectuales” —aseguró— pretenden que, para ser intelectuales, hay que escribir palabrotas, ser procaces, obscenos, volterianos o filocomunistas y exaltar a todos los desgraciados que han escrito basura por esos mundos de Dios, que se guarden la intelectualidad para ellos; si esa fuera la intelectualidad, que felizmente no lo es ni mucho menos, preferiríamos ser analfabetos». Describía a continuación las librerías llenas de literatura marxista y acababa por preguntarse en forma retórica: «¿Qué es peor, que nos critiquen nuestros enemigos o que les dejemos, en nombre del aperturismo y de todas esas zarandajas, lograr su objetivo de corromper la moral de nuestro pueblo por lo que, además, Dios nos habría de pedir un día estrecha cuenta?» No hay mejor testimonio de la distancia entre el vicepresidente y la sociedad española de ese momento que la consideración de la «apertura» como «zarandaja». Él, que había desempeñado un papel tan decisivo en ese trascendental cambio de fines de los cincuenta, ahora nada quería saber de giros políticos que alteraran la esencia de lo que consideraba como intangible. Por eso, las propuestas de legislación que hacía en materias políticas eran muy parcas y, por pura indiferencia, chocaban de manera frontal con la actitud de fondo en el seno de buena parte de la clase política del régimen en este momento, centrada en las asociaciones. En efecto, tan sólo proponía el planteamiento de una Ley de Reunión y otra de Garantías de los Derechos Fundamentales e incluía la voluntad de presentar un proyecto de Ley Electoral cuyo contenido sería radicalmente antagónico al asociacionismo político. Aunque dijera Carrero estar dispuesto a la rectificación «si se me convence de lo contrario», añadía que «las asociaciones, tan deseadas por los filoliberales, en tanto tuvieran carácter político no podrían nunca considerarse incluidas dentro de las entidades de representación […] y resultarían, por tanto, ilegales». A continuación hacía una propuesta que es de suponer que produjera la perplejidad de los dos catedráticos de Derecho Público que eran sus principales consejeros, Fernández Miranda y López Rodó. Se trataba de introducir una Ley Electoral que estableciera la «supresión de la propaganda de los candidatos o al menos la igualdad de propaganda entre ellos». En el fondo, lo que descubría Carrero era la contradicción entre un sistema que no permitía otra financiación de las imprescindibles campañas electorales que el recurso a la fortuna propia, con lo que establecía distancias radicales entre los candidatos con medios y los que carecían de ellos. En vez de ocurrírsele aceptar el asociacionismo, proponía que existiera un «boletín del elector» en que figuraran todos los candidatos, con su curriculum y su programa en idénticas condiciones para todos. El suyo seguía siendo un mundo ajeno a ese género de lucha entre una plural constelación de grupos con ideas diversas en que consiste el liberalismo.

El resto del programa elaborado por Carrero tiene menor interés. En lo que respecta a las cuestiones económico-sociales pretendía llegar a la aprobación de una Ley de la Empresa que solucionara uno de los problemas que consideraba más graves en aquel momento: rechazado el marxismo y el liberalismo, consideraba que era preciso integrar al trabajador en los propósitos de la empresa, y para ello resultaba imprescindible que participara en igualdad de condiciones en el Consejo de Administración. Como siempre, este tipo de actitud favorable a la reforma social nacía en él mucho más de su catolicismo que de una adhesión inexistente a los principios falangistas. Llama poderosamente la atención el hecho de que en los párrafos dedicados a la política de desarrollo económico aparezcan unos conceptos que tienen ya muy poco que ver con los del Carrero de los años cuarenta. En efecto, si en aquella época era un estatista e intervencionista en pro de un cierto paternalismo social, desde el final de los años cincuenta supo aceptar una política de ortodoxia económica que favoreció, sin duda, el desarrollo de los sesenta. Ahora, al final de su vida, daba la sensación de haber asumido de manera plena tales ideas, como bien se aprecia en la lectura de esos párrafos. El desarrollo económico era ahora, para él, «una cuestión de equilibrio y de ajuste de velocidad» que requería la imprescindible coordinación entre los diversos departamentos ministeriales a la hora de preparar la planificación de la política económica, pero, sobre todo, la conciencia por parte de todos de que el crecimiento del consumo debía seguir un ritmo que no podía desbocarse. En la importancia concedida a la estabilidad de los precios es necesario ver el impacto de las constantes prédicas de López Rodó. Para el último Carrero, en suma, la divulgación de lo que ya consideraba como «estas elementales ideas económicas», constituía un medio de trascendental importancia para consolidar el desarrollo español. El vicepresidente abordaba, a continuación, algunos otros problemas, como por ejemplo el de la reforma administrativa; pero tanto a ésta como, sobre todo, a los problemas relativos a la sanidad y a los transportes les dedicaba tan sólo unas líneas que no tenían nada de verdaderamente original. En cambio, casi la mitad de este escrito de planificación política estaba dedicado a la política de defensa nacional, muy en relación con la situación de las relaciones internacionales en aquel momento; de este aspecto de su actitud trataremos más adelante.

La intervención que Carrero hizo en las Cortes unos meses después nos proporciona una versión de sus propósitos políticos cuyo fondo resulta, como es lógico, idéntico al que se expresaba en sus escritos íntimos, pero que carece de las aristas que es posible percibir en estos últimos[244]. La línea conductora pasaba por la definición de unos objetivos y por la consideración de que un régimen que ya se había institucionalizado de manera completa podía cumplirlos. Sin embargo, la apelación a la unidad no contenía un ataque tan firme y decidido en contra del asociacionismo, no consideraba casi fraudulentos los intentos de llegar a un desarrollo político y no admitía de manera paladina la existencia de una amplia divergencia entre las instituciones políticas y la sociedad. También en este caso los planteamientos estratégicos de carácter mundial desempeñaban un papel decisivo en el pensamiento del vicepresidente, que dedicó la mitad de su intervención a esta cuestión, con especialísima referencia a la guerra subversiva, un tema recurrente en el Carrero de los últimos años de su vida. El discurso concluyó con una mención de la obligación y el derecho de la sociedad española a defenderse a sí misma en la que resulta perceptible la sensación de que era inminente ya el juicio de Burgos.

El discurso ante las Cortes y el anterior programa político revelan la posición de Carrero en esta fase final de su biografía, de tal modo que todas y cada una de sus posturas posteriores se entienden en este marco de actitudes. Se situaba claramente a la defensiva, consciente de que el régimen corría peligro y de que la propia sociedad española empezaba a convertirse en algo distanciado de él. Para explicar las nuevas amenazas se aferraba a lo que siempre había considerado que era una conspiración universal contra España. En cuanto a las nuevas exigencias para vertebrar el pluralismo en forma de asociaciones, que nacían de la sociedad española pero también de la propia clase política dirigente, Carrero partía de una oposición radical, de fondo, que debía resultar idéntica a la del propio Franco. La única apertura a un cambio en esta materia nacía en él de una posible disponibilidad para convencerse de lo contrario si se le facilitaban argumentos. Pero eso parecía muy improbable, en especial teniendo en cuenta que el contexto en que se desarrollaba la vida política en estos momentos le daba la sensación de que el régimen experimentaba una nueva agresión en toda regla.

En relación con el texto de Carrero a sus ministros al que hemos hecho mención, es preciso también citar otro, que parece muy reservado, entregado al propio Franco en enero de 1971. Es poco lo que sabemos de él, pero parece confirmar una sustancial coincidencia con las afirmaciones programáticas dirigidas a los ministros. Carrero partía de la necesidad de nombrar un presidente del Gobierno que a estas alturas sólo podía ser él mismo, y era consciente de que él no significaba más que una parcela del régimen: por eso tenía el propósito de evitar el enfrentamiento con las Cortes y pretendía también la aprobación de una Ley de Asociaciones del Movimiento (es decir, un mínimo de pluralismo, pero al menos ese mínimo). También hizo mención a materias que solían aparecer en estos momentos o en anteriores en cuanto escribía: la reforma administrativa y la necesidad de una política económica nueva, con esa reforma de la empresa que ya ha sido mencionada. El resto de sus planes hacía referencia principal a un conjunto de cuestiones relacionadas con la subversión política: las relaciones entre Iglesia y Estado, una política informativa nueva, la «máxima disciplina en la Universidad» y, en fin, a la necesidad de modernizar las fuerzas de seguridad[245]. Todo ello perfila a las claras su posición de entonces.

Los problemas de orden público

En efecto, los continuos incidentes de orden público jugaron un papel de enorme trascendencia en los meses que transcurren desde la crisis gubernamental de octubre de 1969 hasta el momento del asesinato de Carrero. No tendría sentido, sin duda, hacer aquí una detallada descripción de ellos, sino que nos vamos a centrar en la respuesta del vicepresidente respecto de la situación que creaban. Tuvo, por supuesto, la suficiente trascendencia como para que resulte obligado tratar de ella de una forma global que permita obtener una panorámica de sus efectos políticos, que son los que principalmente nos interesan. Pero, ya de entrada, hay que subrayar la incidencia del orden público sobre la política española de estos momentos. Por un lado, la multiplicación de incidentes deterioró la imagen del régimen: si para unos era ya posible retarlo en la calle, para otros se estaba demostrando incapaz de cumplir con una misión esencial que siempre le había sido reclamada de manera especialísima. Sin embargo, los efectos no pueden limitarse sólo al impacto sobre la sociedad española, sino que es preciso hacer mención también del que tuvo sobre la clase política dirigente. El Gobierno del que era vicepresidente Carrero, aunque ejerciera como presidente, fue atacado por propiciar el desarrollo político y por no mantener el orden público. A veces lo fue por sectores distintos en cada uno de los dos conceptos, pero no faltaron tampoco quienes lo hicieron a la vez por ambos motivos.

La preocupación de Carrero respecto de los crecientes problemas de orden público no nació tras el cambio de Gobierno de octubre de 1969, sino que constituyó una preocupación constante en él desde el mismo momento en que se convirtió en consejero de Franco (ya hemos visto su papel en la promoción del general Alonso Vega para desempeñar esta cartera) y arreció en una fecha que se puede determinar de forma precisa gracias al auxilio de su agenda de trabajo. El 20 de noviembre de 1968, después de una mañana dedicada a los funerales por la muerte de José Antonio, se reunió con los ministros de Gobernación, Hacienda, Educación y Ciencia y con el subsecretario del Ejército (el ministro estaba enfermo); ya iniciada la sesión se sumaron a la misma el secretario general del Movimiento y el de Justicia disculpó su presencia por estar de viaje. «Tratamos asuntos relacionados con la Universidad», señala la agenda. En realidad acababa de nacer una especie de Comisión Delegada del Gobierno para tratar de los asuntos de orden público, que en ese momento y durante bastante tiempo aún estuvieron esencialmente vinculados con la Universidad. La razón parece obvia: se vivían en España, con las peculiaridades características de un país con tal régimen, las consecuencias del mayo del 68 francés. Con idéntica composición, la Comisión se siguió convocando cada semana. A veces a la reunión acudían terceras personas, como sucedió, por ejemplo, el 22 de enero de 1969, cuando participó el capitán general de Madrid. En ese momento (y quizá hasta el momento del asesinato de Carrero) la llamada Comisión de Universidad ocupaba mucho tiempo a los ministros, dos horas, lo que venía a ser semejante a cuanto pasaban en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. La reunión tenía lugar los miércoles, después (o en alguna ocasión antes) de la Comisión Delegada ya citada. En relación con esta preocupación de Carrero hay que poner un texto que entregó a Franco en enero de 1969 en el que, muy de acuerdo con sus posiciones ya mencionadas, atribuía a tres causas la subversión existente: la inmoralidad en los medios de comunicación, el cambio en la Iglesia y la infiltración marxista en la Universidad[246]. Volviendo a la llamada Comisión de Universidad, es preciso advertir que desde mayo de 1969 hasta marzo de 1970 parece haber existido un paréntesis en las reuniones, que se reanudaron en la última fecha y contaron a veces con la presencia del fiscal del Tribunal Supremo, Herrero Tejedor, sin duda para recibir instrucciones respecto de la actuación de las autoridades judiciales. Desde 1972 la Comisión aparece citada en la agenda del vicepresidente como Comisión de Seguridad, probable índice de que la protesta contra el régimen había trasladado su centro de gravedad desde los medios universitarios hasta los sindicales u obreros. A partir de entonces se siguió reuniendo de forma semanal, sin que de sus acuerdos hayan quedado escritos en forma de actas.

Por las mismas fechas en que empezaron estas reuniones de ministros surgió también otra iniciativa que respondía a preocupaciones parecidas. Según ha narrado quien fue el responsable administrativo de la misma, en septiembre de 1968 el subsecretario de Educación, Alberto Monreal, acudió al Alto Estado Mayor para que le proporcionara ayuda destinada a controlar la situación subversiva en la Universidad. Como consecuencia se creó una unidad, al principio un tanto informal, dirigida por el coronel José Ignacio San Martín, destinada a la obtención de información y formada por jefes y oficiales de los tres Ejércitos. Tal unidad tuvo fondos limitados, procedentes del Ministerio de la Gobernación y de la Secretaría General del Movimiento, pero pronto se encontró con dificultades administrativas y burocráticas. Llama, por supuesto, la atención el que su composición fuera estrictamente militar, lo que testimonia en dónde ponían la máxima confianza los principales dirigentes del régimen y, entre ellos, el propio Carrero Blanco, que muy pronto la protegió y acabó asumiéndola en Presidencia[247]. Los oficiales destinados a ella lo eran por orden superior y no de manera voluntaria. El 23 de enero de 1969, según la agenda de Carrero, recibió éste por vez primera a San Martín, que aparece en ella citado como «jefe del Gabinete de Enlace del Ministerio de Educación y Ciencia»; resulta también significativo que acudiera a Presidencia acompañado por el capitán general de Madrid y el jefe superior de Policía de la capital, Quintero. Las reuniones se repitieron con cierta frecuencia, pero con periodicidad dilatada, a lo largo de los meses sucesivos, incrementando su frecuencia sólo con el transcurso del tiempo. Entre mayo y junio de 1971 San Martín fue recibido cuatro veces por Carrero, una cifra semejante a la de las ocasiones en que recibió éste al ministro de la Gobernación. A comienzos de 1972 el vicepresidente consideró necesario integrar los servicios dirigidos por San Martín en la Presidencia, y así se lo pidió a Franco. La respuesta de éste (que consistió en no decir ni sí ni no, según cuenta el propio San Martín) resulta menos sorprendente de lo que parece si tenemos en cuenta cuanto ya hemos indicado acerca de la renuencia de Franco en estos momentos a enfrentarse con las situaciones desagradables. Ya en este momento Carrero recibía mucho a San Martín: lo hizo siete veces en los dos primeros meses de 1972, cifra que sólo es superada por la de las visitas realizadas por López Rodó, Fernández Miranda y Garicano, el ministro de la Gobernación. Finalmente, en marzo de 1972, San Martín fue nombrado oficialmente jefe del Servicio Central de Documentación, con rango de director general. En adelante se reunió una vez a la semana con el vicepresidente, el mismo día que éste despachaba con Franco.

Es obvio que un servicio como éste le prestó una ayuda importante a Carrero desde el punto de vista informativo e incluso político. Parece obvio, por otro lado, que dejaba en una situación poco airosa al ministro de la Gobernación, que si había llegado a su cargo con un prestigio en los medios del régimen que nacía de su gestión como gobernador civil de Barcelona, ahora se veía acusado de debilidad. La lectura de las memorias de San Martín y su testimonio personal, sin embargo, permiten poner al menos en duda los temores de quienes estaban en el otro lado político, como es el caso del autor del presente libro. Los medios de oposición en general atribuyeron un poder y un peligro considerable a este servicio; en los medios universitarios, en concreto, se esperaba que se convirtiera en promotor de una purga del profesorado, pero es dudoso siquiera que llegara a proponerlo. Lo que ese servicio pretendía era que las propias autoridades académicas lo hicieran por su cuenta, lo que a estas alturas resultaba sencillamente inimaginable, al menos de forma sistemática y generalizada, incluso para quien luego resultó ministro de Educación en el Gobierno Carrero, Rodríguez Martínez. Tampoco, por supuesto, hay que pensar en su absoluta inocuidad, puesto que, si es cierto que también este servicio sirvió para mantener un contacto indirecto y mediante personas interpuestas con la oposición moderada y el día del atentado contra Carrero aseguró a ésta que no iba a producirse una reacción violenta por parte de quienes apoyaban el régimen, por otro lado no se le puede desvincular, por supuesto, de la política general de orden público seguida en estos momentos.

Para el objeto del presente libro lo que nos interesa es, sin duda, el modelo de instrumento para luchar contra la subversión política que utilizó Carrero, aunque no hubiera surgido de una iniciativa suya. No sólo no era un instrumento del partido único ni pretendía lo que pudiera denominarse una represión totalitaria (a través, por ejemplo, de unos comités de barrio o fórmulas semejantes), sino que estaba vinculado al Ejército, del que se fiaba principalmente, incluso desde el punto de vista moral. Se trataba de un grupo pequeño de personas, la mayor parte de las cuales, como también algunos de los colaboradores más estrechos de Carrero, creían necesaria la existencia de algún tipo de asociacionismo político, punto en que, como sabemos, discrepaban de quien estaba en la Vicepresidencia. Llama la atención también el hecho de que fuera desde el poder, con la participación reticente de este servicio, desde donde se organizara esa reacción de autodefensa social que Carrero, según hemos visto, consideraba como un desiderátum cuando redactó su programa de acción gubernamental. Fue, además, en medios de la oficialidad joven donde surgió la primera iniciativa para realizar la manifestación de la Plaza de Oriente en diciembre de 1970, que luego fue patrocinada por el propio Carrero concediendo permiso de asistencia (y, en realidad, bastante más apoyo que eso) a los organizadores; tras el inesperado éxito de la manifestación madrileña fueron las capitanías generales las principales incitadoras de las manifestaciones en provincias. Era, pues, la reacción de un régimen cuyo núcleo de resistencia estaba en el Ejército y cuyos adversarios se aprecian en las tres secciones en las que San Martín dividió su servicio, dirigidas respectivamente al sector educativo, al laboral y al religioso-intelectual (sic). Como se ve, se reproducen las indicaciones del informe de Carrero a Franco en enero de 1969 que ya ha sido citado.

Hecho este examen de carácter general acerca de la política de orden público pensada por el vicepresidente podemos ahora hacer referencia a aquella cuestión que creó mayor conmoción en la opinión pública en este período, el juicio de Burgos, a fines de 1970. De él interesa recalcar precisamente ese carácter de enfrentamiento entre el Ejército y la oposición al régimen. Ya en el mes de julio de ese año se había planteado, ante una huelga, la posibilidad de militarizar el metro de Madrid, según consta en la información confidencial de Presidencia del Gobierno[248]. Pero, sin duda, fue mucho más grave lo acontecido en el caso del juicio a los miembros de ETA en Burgos. Como ya sabemos, en la propia intervención de Carrero ante las Cortes en octubre se había hecho patente que el juicio sería una ocasión de prueba para el régimen político español, y a medida que se fue acercando el momento las circunstancias contribuyeron a probar que así iba a suceder. Sin duda el vicepresidente del Gobierno desempeñó un papel decisivo en la determinación de la actitud de los medios oficiales ante un hecho que había producido una conmoción irrepetible tanto dentro como fuera de España.

De la lectura de la documentación conservada en Presidencia, que contiene la información al respecto que debió de ser leída por él, se deduce la espiral de enrarecimiento de la situación que fue experimentándose de manera progresiva[249]. Para los medios oficiales resultó de especial gravedad la carta conjunta publicada por el obispo de San Sebastián y el administrador apostólico de Bilbao, criticada, en una nota interna, por hacer uso de un lenguaje no sólo religioso sino también jurídico, por atacar la independencia de los tribunales militares y por poner en el mismo plano la violencia subversiva con la estructural y la represiva. Un parte informativo oficial acerca de la actitud de la prensa de la capital vasca llegaba a la conclusión de que «se ha originado una verdadera confusión en todas las estructuras sociales que presentan todavía una imagen tradicional en el orden y práctica religiosos». Pero esa situación no se daba tan sólo allí, sino también en toda España. También llegaron a Presidencia las informaciones que la prensa de Madrid quería publicar acerca del juicio y que sometía a la consulta de las autoridades, aunque ésta ya no fuera obligatoria, en previsión de ulteriores males: los párrafos desaparecidos como consecuencia de este género de censura voluntaria eran extensos y, en ocasiones, no resulta fácil descubrir qué podrían tener de peligroso. Por otro lado, en el exterior la cuestión del juicio de Burgos se convirtió en un detonante de la potencial protesta contra el régimen político español, siempre pronta a estallar. Hubo, por supuesto, interpretaciones que muy poco tenían que ver con la realidad, como aquélla de Sartre que presentaba a los vascos como un pueblo conquistado recientemente por España que siempre se había resistido a su dominación. Se ha de tener en cuenta, no obstante, que en esa documentación localizada en Presidencia figuraban también las muestras del impacto que tenía en la prensa extranjera la posición de grupos políticos considerados como moderados. En esta prensa se sabía, como es lógico, que entre los abogados defensores de los procesados había personas como Gregorio Peces Barba, futuro ponente constitucional socialista, y más aún se era consciente de la posición de un partido como el PNV, perteneciente a la Internacional Demócrata Cristiana, que presentó el juicio como una continuación de la Guerra Civil de 1936.

Frente a una situación como la descrita la reacción de los medios gubernamentales resultó tardía y contraproducente. Entre los papeles conservados en Presidencia relativos a este momento hay un anteproyecto de campaña de prensa, elaborado por la dirección general correspondiente bajo el título «Operación Burgos» que es un modelo de incompetencia: se preveía, por ejemplo, una reacción «implacable» en el exterior para dar la sensación de que «el Gobierno español no tiene miedo al escándalo ni está dispuesto a transigir con informaciones tendenciosas». Si este tipo de actitud es dudoso que pudiera influir en nadie de los medios de comunicación extranjeros, y menos aún el «amenazar o prometer» que en el anteproyecto se prescribía, todavía resulta más absurdo pretender hacer una «discreta campaña […] novelando un poco para hacer resaltar la crueldad y falta de piedad de los terroristas». Con la perspectiva del tiempo transcurrido parece poderse concluir que el juicio nutrió a ETA de nuevos militantes mientras que alineó, no a favor de ella pero sí en contra del régimen de Franco, a buena parte de la opinión pública mundial. Mientras que el Papa solicitaba clemencia al Gobierno español fue preciso suspender parcialmente el Fuero de los Españoles en todo el territorio nacional tras el secuestro del cónsul alemán en San Sebastián. Estas semanas fueron vividas en perpetuo estado de sobresalto por parte de la opinión pública española, y es improbable que nadie que los viviera los pueda olvidar por completo.

Para el propio Carrero debieron ser también días angustiosos. Con su característica frialdad, su agenda de trabajo nos informa de ello. El 14 de diciembre, día en que se suspendió la plena vigencia de las garantías constitucionales en toda España, hubo por la mañana una reunión de un grupo de ministros; por la tarde el vicepresidente visitó a don Juan Carlos (quizá para informarle de lo que iba a suceder) y luego se celebró una nueva reunión en El Pardo con otros ministros. El 18, por vez primera en mucho tiempo, hubo un Consejo de Ministros por la mañana, «continuando posteriormente hasta la noche». Pero se evitó (y en gran medida ello fue obra de Carrero, sin cuyo apoyo lo sucedido hubiera sido impensable) la ejecución de las condenas de muerte, que, al margen de haber supuesto la eliminación de seres humanos, habría constituido un grave error político.

La opinión de Carrero, según nos cuenta López Rodó[250], siempre fue taxativamente partidaria del indulto: ni creía que pudiera existir ningún peligro de protesta por parte de elementos militares (lo que hubiera juzgado pésimo), ni tampoco quería dar un argumento a la organización terrorista para obtener mayores apoyos. Lo más probable es que el conocimiento de su postura se transmitiera al resto del Consejo de Ministros, lo que contribuye a explicar la unanimidad existente en la discusión. De la reunión celebrada el 30 de diciembre se conserva un borrador muy extenso en que se expresan las posturas de los distintos ministros de forma detallada, sobre todo en el caso de quienes, como Fernández Miranda, entregaron una nota expresiva de su postura. Luego el propio Carrero modificó la redacción del acta simplificándola para, de paso, ratificar la unanimidad de la decisión[251]. La verdad es que el borrador primitivo no refleja más que muy tímidas variaciones de matiz. De acuerdo con ellas resulta, por ejemplo, que el ministro del Ejército fue quien presentó la sentencia ante el Consejo como para advertir que suyas (y no de los militares) eran las responsabilidades sobre lo que se decidiera. El de Trabajo (De la Fuente) sugirió que el indulto total podría ser mal entendido en España; en cambio, el de Educación, Villar Palasí, defendió que juicios de este tipo no debían entregarse a la jurisdicción militar ni ser colectivos. Oriol (Justicia) leyó la carta de la madre y un hermano del principal encausado (Izko de la Iglesia) pidiendo clemencia. Fernández Miranda, después de alabar la sentencia, sacó a colación a Cicerón y a Santo Tomás para pedir el indulto. No hay datos acerca de la intervención de Carrero, pero, en la redacción final que hizo, dejó bien claro que al indulto de las penas de muerte no le sería aplicable ningún indulto general posterior ni la redención de penas por el trabajo. Al objeto de que no pudiera existir justificación para la queja de otros sectores políticos que no se sentían representados en el Gobierno (tanta era la desconfianza existente entre la clase dirigente del régimen), se pidió la opinión del Consejo del Reino, que la emitió en idéntico sentido a la de los ministros. Sin duda, la gran manifestación celebrada dos semanas antes en la Plaza de Oriente, el 17 de diciembre, creó la suficiente confianza en los dirigentes del régimen como para que el indulto fuera posible. Si eso establece una diferencia con lo acontecido en 1975, no es menos cierto que Carrero, presidente de hecho en estos momentos, tuvo una prudencia mucho mayor que la de Arias Navarro, su sucesor.

Pero el juicio de Burgos, desde luego, no hizo desaparecer la protesta política ni tampoco el terrorismo. En 1970 no hubo muertos en acción terrorista, pero en 1973 hubo cuatro (uno de ellos el propio Carrero) y en 1975 fueron 26. Con todo, mucho más grave para el régimen fue la protesta sindical y obrera: en 1969 se perdían casi nueve millones de horas en huelgas, y la cifra, pese a descender en los años intermedios, se mantenía el año del asesinato de Carrero para alcanzar el ápice en 1975 con más de catorce millones (mientras tanto, en Francia eran tan sólo tres). El problema no era, por tanto, tan sólo de orden público, sino también político. Como tal estuvo perennemente presente en las deliberaciones del Consejo de Ministros, con los éxitos y fracasos en la acción represiva. Las actas reflejan por ejemplo la indignación ante la negativa de Francia a conceder la extradición de presuntos terroristas, o las instrucciones para que «se extreme la corrección en los interrogatorios a los detenidos», que dan idea de que había sobrados indicios de que no siempre era así. También reflejan las actas hasta qué punto la lucha contra el terrorismo aparecía estrechamente vinculada con el reflejo que el Gobierno percibía de la sociedad a través de los medios de comunicación: cuando el etarra Eustaquio Mendizábal murió en un enfrentamiento con las fuerzas de orden público el Consejo de Ministros oyó un informe del ministro de la Gobernación como consecuencia del cual concluyó que resultaba «absolutamente claro que son falsos los rumores corridos sobre la aplicación de la llamada “ley de fugas”»[252].

Puede decirse, en suma, que el orden público se había convertido en este momento en un factor esencial de la vida política nacional. Tan es así que una de las escasas intervenciones parlamentarias de Carrero en este período de tres años (fueron media docena) estuvo dedicada, de manera monográfica, a esta cuestión. Pronunció su intervención en el Consejo del Movimiento, lo que ya empieza por ser bien significativo, y no tuvo inconveniente en presentar la situación existente en unos términos que se pueden calificar de patéticos. Para él, los problemas políticos no habían cambiado desde tiempo inmemorial porque «estamos en una situación de guerra […] y, si queremos superar esa situación, habremos de actuar con moral de guerra». La guerra no era ya el producto de una agresión directa sino de modo excepcional, pero había también una guerra subversiva en la que desempeñaba un papel decisivo el elemento moral y que podía concluir convirtiendo a los seres humanos en «piltrafas» incapaces de reacción. La guerra subversiva, por tanto, encontraba como vehículo decisivo, para él, la corrupción de las costumbres. Se refirió también a algunos problemas concretos: en la Universidad había un reglamento de disciplina, pero era «inoperante», aquellos a quienes denominaba genéricamente como «escritores» sabían eludir la Ley de Prensa y el Gobierno debía emprender la iniciativa de una acción legislativa en materia de huelgas. La lectura de la intervención produce una curiosa impresión desde la óptica del presente, porque si, por un lado, la posición de Carrero era de resistencia a ultranza frente a una evolución social muy difícil de refrenar, al mismo tiempo no daba la impresión de descubrir qué medidas concretas podía tomar[253]. La impresión se acentúa si tenemos en cuenta que en no pocas cuestiones, relacionadas de forma más o menos directa con este tema, al menos en la óptica de Carrero, la aparente unanimidad del Gobierno se quebraba en la práctica de manera subrepticia. Llama la atención, por ejemplo, el hecho de que el ministro de Justicia, Oriol, interviniera en Consejo para pedir la solidaridad ministerial con el de Información (Sánchez Bella) porque su «meritoria labor» contra la pornografía no siempre era bien comprendida ni quedaba exenta de críticas[254].

Sin duda, Carrero permaneció en todo este período muy al tanto de las informaciones diarias relativas a la oposición política y también al terrorismo. Un día, a finales de 1972, le llegó una carta del director general de la Guardia Civil, Carlos Iniesta, que le comunicaba, con el sello de «personal» y «secreto», noticias de confidentes acerca de los propósitos de ETA con los que aseguraba que colaboraban «miembros activistas de la dirección del PC de Toulouse»[255]. De acuerdo con la carta, los activistas de ETA estarían preparando en España una operación denominada «Navidades Negras» o «Turrón Negro», «en la cual se incluyen secuestros, acciones subversivas y violentas», y cuyo objetivo era conseguir la puesta en libertad de los miembros de ETA detenidos «mediante acciones de importancia extraordinaria». En lo que habían pensado, se decía, era en secuestros de personalidades de gran relieve en el régimen, como el príncipe Juan Carlos, el vicepresidente, el director general de la Guardia Civil y otros, pero, ante las dificultades existentes, habían considerado la posibilidad de secuestrar a alguno de sus familiares, como los hijos del primero y las mujeres de los otros dos. En relación con estos propósitos habían penetrado en España cinco comandos, uno de los cuales estaba situado en Madrid. Se preveía que la acción se iba a producir «en el más breve espacio posible». No fue así, y Carrero, después de leer el texto, escribió sobre él: «Guardar». Pero ése fue el origen de la «Operación Ogro» que acabó con él exactamente un año y un día después. Había cambiado tan sólo de propósito ante las dificultades del secuestro, pero incluso parece cierta la colaboración de elementos comunistas, al margen de la organización oficial, en una cobertura, conocida o no, de los comandos.

Parálisis y problemas políticos

Los problemas de esta fase final del régimen de Franco no dependían tan sólo de que arreciara la protesta política, inspirada en mayor o menor grado por la oposición, sino de que obviamente la crisis de 1969 en absoluto solucionó la discordia de fondo existente en la clase política del régimen. A pesar de que Carrero trató de imprimir un liderazgo preciso y unitario a su acción de Gobierno, no lo consiguió, mientras que se mantuvo una actitud de dureza opositora por parte de los sectores que habían sido marginados tras la crisis, cuya influencia e indignación quizá el vicepresidente había subvalorado. Toda esta fase final de la vida política de Carrero produce la sensación de ser uno de esos momentos en que él, como personaje político, está dominado por los acontecimientos y responde a ellos en vez de producirlos o dirigirlos, a pesar de intentarlo. Por supuesto, no se trata de una impresión que derive del examen de una sola persona, sino que se trata del resultado de una panorámica acerca de la vida del régimen en estos momentos. La incertidumbre y la parálisis decisoria fueron generales y eran producto, en definitiva, visto con la perspectiva del tiempo transcurrido, del ocaso de un régimen. Es también cierto que esa sensación predomina sobre todo en el período anterior a la Presidencia de Carrero, mientras que después de ella se hace más presente la de la inevitable espera a la muerte de Franco y al empantanamiento político.

Como hemos visto, resulta un simplificación considerar que en la crisis de 1969 se alinearon aperturistas contra quienes no lo eran. Pero, si esta afirmación no resiste el contraste con la realidad, al mismo tiempo parece evidente que los vencedores en la crisis (en especial, el propio Carrero) no midieron las consecuencias de su victoria. La resaca de Matesa fue mucho mayor y más duradera de lo que podía esperarse. El sector marginado del Gobierno tenía una influencia muy grande en las Cortes y en el Consejo Nacional y pronto, además, tuvo un liderazgo nuevo en la persona de Alejandro Rodríguez Valcárcel, quien, nombrado para la Presidencia de las Cortes para compensar el predominio del otro sector, se convirtió en su adversario principal. De los tres grandes marginados en octubre de 1969 el más inactivo fue Castiella, el más contemporizador Solís (que no dudó en visitar a Carrero con el paso del tiempo) y el más belicoso Fraga, que no dudó en atacar las posiciones de «Ginés de Buitrago», el pseudónimo de Carrero, citándolo por su nombre; en 1972 el cuñado de Fraga llegaría a ridiculizar las ideas del pseudónimo. Eso, que demostraba valentía, a corto plazo irritó a Franco, pero fundamentó la imagen reformista del futuro líder de la derecha española.

De momento lo que nos interesa es el impacto que las derivaciones de la cuestión Matesa tuvieron en Carrero. Debió de constituir para él una amarga sorpresa que, en un momento en que cumplía treinta años al lado de Franco, empezara a ser cuestionado, y no sólo en lo que respecta a su posición política, sino dejándose caer dudas, que nadie podía considerar justificadas, acerca de su honorabilidad. Por supuesto, estuvo en contra de la utilización que en las Cortes y en el Consejo Nacional se hizo del caso Matesa para atacar a quienes eran considerados como cercanos al Gobierno. En los reproches a éste se mezclaban el puro deseo de revancha o la sensación de que se adulteraban las esencias del régimen con una posición aperturista (pero también defensiva, destinada a mantener la propia fuerza), que consistía en reclamar las asociaciones. Carrero estaba en contra de éstas, pero más todavía de lo primero. Lo cierto es que hubo un momento en que incluso pudo ser procesado por el simple hecho de haber firmado en abril de 1969 una orden ministerial por la que se nombraba exportador de primera categoría a la firma textil[256]. No sucedió así, pero esa posibilidad demuestra la debilidad ya del arbitraje de Franco y la dureza del enfrentamiento interno. El vicepresidente se defendió y contraatacó, pero López Rodó recoge también otra reacción característica de quien no tenía como objetivo el disfrute del poder: «Si estorbo, me iré», le aseguró[257]. La cuestión quedó resuelta, aunque de modo por completo insatisfactorio y tras haber causado un daño político incalculable al régimen, con la amnistía de octubre de 1971.

Este mismo ambiente, sin embargo, contribuye a explicar la sensación de desconcierto sentida en el Gobierno, que muy poco después de empezar a funcionar presenciaba una nueva crisis y daba una imagen de desunión. Silva, que había quedado descontento por no haber conseguido la cartera de Asuntos Exteriores, dimitió en abril de 1970. Aludió a razones derivadas de la salud de su hija para justificarlo, pero sus propias memorias dan la sensación de que se vio influido no sólo por la resaca de Matesa, sino también por el ambiente de desconcierto y desconfianza mutua reinante en los medios gubernamentales. El nerviosismo y la sensación de derivar hacia disputas intrascendentes, con un Carrero incapaz de evitar ambos, constituyen la principal imagen que se deriva de la lectura de los párrafos de ese libro[258].

Al mismo tiempo que Carrero y el Gobierno que de hecho él presidía tenían esos problemas de política interna, se advertían también otros. Uno muy grave era para él sin duda el de aquel sector de la sociedad y la política españolas que en un determinado momento estuvieron al lado del régimen y ahora se habían convertido en distantes. La reacción gubernamental era tanto más dura cuanto mayor había sido la proximidad anterior. Ya hemos visto que José María de Areilza fue propuesto como ministro de Información por Carrero en 1951; en cambio, ahora representaba en la política española aquel peligro que al vicepresidente le resultaba más evidente, la recaída en el liberalismo mediante la conversión a él de la Monarquía, en la que los dos creían pese a la distancia existente entre sus dos concepciones. De Areilza, tanto Franco como Carrero apreciaban las cualidades personales, pero detestaban la evolución política. El primero ironizó cuando Areilza, como dirigente de la oposición, se entrevistó con una ilustre personalidad extranjera visitante de España. Resulta muy característico de la diferencia de caracteres entre ambos el hecho de que el vicepresidente repusiera con un airado ataque periodístico, que resucitaba el espíritu de «Juan de la Cosa», a la expresión de la opinión de Areilza[259].

Lo que había escrito éste en ABC, bajo el título «La vía española a la democracia», no era otra cosa que una propuesta de homologación entre el sistema político español y el de otras naciones europeas. El propósito era directamente atentatorio a lo más decisivo de la posición expresada por Carrero en su programa de Gobierno, la voluntad de permanencia del régimen en sus propias esencias. Por eso utilizó contra él su pluma de polemista político desde la tribuna del diario falangista. En un artículo titulado «¡Un poco de formalidad!», firmado con el pseudónimo «Ginés de Buitrago», Carrero utilizó una metáfora de la que ya había hecho uso en la década de los años cuarenta: la de un alcoholizado que pusiera en peligro su propia vida y al que sus amigos recomendaran, tras pasar por tan difícil trance, volver a la bebida. Para el vicepresidente la bebida era en este caso lo mismo que la democracia liberal, y sus efectos tan perniciosos como los de aquélla. Si, como hemos visto, en un texto reservado había identificado a los llamados «intelectuales liberales» con los repartidores de pornografía o de drogas, consideraba, por supuesto, como permisible la identificación entre el alcoholismo y la democracia. Esta, como tantas veces había escrito y dicho, en público y en privado, había llevado a España como nación al borde de la muerte. Carrero elevaba el elenco de los males producidos, según él, como consecuencia de aquel sistema político, para asegurar que reproducirlo en España sería una muestra de insensatez; el sistema político español era diferente, pero eso no debía acomplejar. Perduraba en él, por tanto, aquella herida moral de la Guerra Civil ahora reabierta ante lo que consideraba traición o insolvencia. En realidad, Franco pensaba lo mismo, como queda testimoniado en lo que en privado le decía a su primo, pero no lo expresaba o, al menos, no lo hacía público con tanta aspereza[260].

La gran cuestión de la vida política interna del régimen durante este período de algo más de tres años fue la de las asociaciones. Era, por supuesto, decisiva para Franco porque su régimen se había basado desde siempre en un cierto pluralismo pero que tenía como requisito esencial el no estar formalizado. Lo era también para quienes deseaban algún género de apertura porque suponía institucionalización definitiva y posibilidad de relevo en el poder de unos por otros. Se debe añadir que para quienes no estaban en el poder todavía constituía un factor más esencial de la vida política futura porque era la garantía de que no serían desplazados de forma definitiva. En la cuestión de las asociaciones, sin embargo, no se avanzó en absoluto durante el período.

Sabemos cuál era la posición de fondo de Carrero. Siempre había sido contrario a la formalización de ese pluralismo y a las asociaciones, incluso con reticencias respecto de una versión mínima de éstas que fuera controlada por el Consejo Nacional, porque le parecían una desnaturalización del sistema, pero ahora ese pensamiento se había reafirmado en él de manera taxativa: es muy probable que el aprecio que sintió por Fernández Miranda y por Fernández de la Mora derivara en alguna medida de que ellos también estaban en contra de las asociaciones. La sinceridad de juicio del almirante a este respecto es evidente, porque sus pronunciamientos son más duros cuanto más íntimos y reservados para unas pocas personas. Porque veía que había en su Gobierno quienes defendían las asociaciones estaba dispuesto, a lo sumo, a dejarse convencer de su necesidad, como había escrito en su programa de marzo de 1970, pero, en principio, se resistía con toda firmeza a esa posibilidad. La paradoja, como apunta Fraga en sus memorias[261], es que una persona como Girón, tan vinculada al pasado más fascista del régimen, aparecía ya aceptando alguna fórmula para la articulación del pluralismo, aunque fuera en forma de tendencias.

López Rodó asegura en sus memorias que intentó convencer a Carrero de la necesidad de las asociaciones y para ello le escribió unas notas que justificaban su existencia, pero que fue Fernández Miranda, con su hábil dialéctica política, quien desmontó sus argumentos[262]. Sin duda esa afirmación debe ser cierta, de tal modo que el verdadero interrogante no son las razones por las que una persona como Carrero no admitió las asociaciones, sino las razones por las que una persona que colaboró de manera tan decisiva en la transición, como Fernández Miranda, no trató de convencer a Carrero de que eran necesarias. Hay una interpretación que podría resultar cierta y que dejaría en mal lugar al secretario general del Movimiento y luego vicepresidente, porque ofrecería de él la imagen de un político un tanto cínico al servicio de cualquier programa de Gobierno. De acuerdo con ella resultaría que Fernández Miranda no hacía otra cosa que servir de instrumento para quienes estaban en el poder: primero los que practicaban la cerrazón absoluta y luego los que hicieron la transición completa.

Pero es necesario atender también a lo que el propio Fernández Miranda dice sobre el particular. Conocemos ya la postura de Carrero (y se puede intuir también cuál era la del futuro rey): a pesar de que este último temía lanzarse sin el paracaídas de unas instituciones políticas por completo perfiladas, no quería comprometerse en absoluto en una cuestión que dividía a la clase política y que además en gran medida nacía de un Movimiento-Partido en el que no había tenido precisamente sus valedores. El Fernández Miranda a quien respetaba y que le parecía tan imprescindible desde el punto de vista intelectual y político era el que le había indicado cómo llegar a una Monarquía que era la «única posible», no el que obturaba las asociaciones. La clave está probablemente en Franco, al que quizá captó Fernández Miranda mejor que López Rodó y que, como siempre, era la persona decisiva. Lo que sobre el particular se nos dice en los fragmentos de las memorias de Fernández Miranda que por el momento conocemos es muy claro y, además, le fue comunicado a López Rodó: Franco no admitiría las asociaciones mientras viviera y haría todo lo posible para que no existieran después de muerto. En esos fragmentos de las memorias se dice más todavía. Según el secretario general del Movimiento, quien no quería las asociaciones era el propio Franco; los partidos, por supuesto, permanecían radicalmente alejados de sus concepciones. Quien temía que las asociaciones concluyeran en partidos era Carrero, en los duros términos que ya hemos visto. Pero la posición de fondo de Franco era todavía más contraria, porque no quería en absoluto asociaciones, aunque se diera cuenta de que el deseo de tenerlas se había generalizado entre los propios dirigentes del régimen hasta convertirse en un tópico. Como siempre, Franco demostró mucha más habilidad que Carrero y, también una vez más, la situación le hacía aparecer a este último como la cerrazón a ultranza cuando la cuestión dependía fundamentalmente del Jefe del Estado. El resultado fue que la situación política quedó indefectiblemente empantanada, porque Franco no negaba la posibilidad de las asociaciones pero las evitaba y, a base de dar aparentes pasos adelante y atrás, dejaba abierta la esperanza a una decisión positiva suya pero impedía que la tomara un Carrero que, por otro lado, estaba muy cerca de su actitud. Sobre este último recaía una negativa de la que era más responsable en última instancia el propio Franco[263].

Esas son probablemente las razones que explican lo sucedido en torno a esta cuestión. Abandonado cualquier propósito de articulación del pluralismo en asociaciones, desde el Gobierno no cesaron de emitirse señales para indicar que por ahí iban las cosas, y lo máximo que se hizo fue tratar de detener la posible ofensiva del Consejo Nacional por el procedimiento de mantener una especie de responsabilidad compartida en la dirección política mediante una comisión mixta entre aquél y el Gobierno. Cuando esta comisión se reunió a fines de 1972, Carrero propuso un «permanente diálogo», pero empezó por sugerir algunos de aquellos temas que habían aparecido en su programa político: se referían a la disciplina universitaria y a las huelgas, por ejemplo[264]. Luego, en marzo de 1973, intervino en el Pleno del Consejo Nacional con un extenso discurso en el que se adivina, quizá, la mano de Fernández Miranda[265]. Sea o no así, no cabe la menor duda de que el contenido del discurso estaba adecuado perfectamente a quienes fueron sus oyentes. Conocemos el pésimo juicio de Carrero acerca de quienes hablaban de «desarrollo político» y, sin embargo, hizo uso de esta expresión, tan habitual entonces. Se refirió también a siete temas políticos cuyo estudio requirió al Consejo, el primero de los cuales era la participación política. López Rodó volvió a la carga acerca de la posible vertebración de algún asociacionismo, pero la realidad es que este procedimiento de la comisión mixta parecía destinado más que nada a dejar transcurrir el tiempo y enfriar unos deseos que Franco no quería atender y Carrero, desde luego, tampoco. Como por entonces escribió Emilio Romero, era patente que Franco no iba a permitir en vida las asociaciones y que los intentos de hacer un pastel de liebre sin liebre estaban condenados al fracaso. El caso de la comisión mixta Gobierno-Consejo Nacional hace bueno el dicho de que la mejor forma de no resolver una cuestión es entregársela a una comisión.

Lo característico, en efecto, durante estos meses, fue la parálisis política general, que era compatible con numerosísimas escaramuzas periféricas sobre temas aparentemente menores e incluso con frecuencia por completo ocultos a los ojos de la mayor parte de los observadores, mientras que proseguían las coincidencias de fondo de toda la clase política del régimen con respecto a la detención de la política de apertura. Basta con citar algunos ejemplos para confirmar el diagnóstico. Lo decisivo era la composición del Consejo del Reino, y sobre su composición hubo toda una polémica legal centrada en torno a los posibles ceses de consejeros, que encubría una pura cuestión de poder político[266]. Cuando, para asegurar la sucesión, a la vez en favor de don Juan Carlos y de Carrero, se decidió remitir una disposición al BOE que determinaba que en caso de quedar vacante la Jefatura del Estado sin haberse nombrado presidente del Gobierno el cargo sería desempeñado por el vicepresidente, hubo que hacerlo de forma secreta para que el sector falangista no tuviera capacidad de reacción. Las Cortes querían intervenir en los planes de desarrollo, y para combatir en ellas a los falangistas López Rodó nombró a Estapé como su alter ego en la Comisaría, pero éste no llegó siquiera a procurador. En cambio, no hubo de hecho serias discrepancias, o no se revelaron de manera pública, respecto de las medidas relativas a la prensa que iba tomando Sánchez Bella y que endurecieron considerablemente el panorama existente desde 1969. Sin duda, Carrero jugó un papel decisivo en esta situación. Al margen de lo que le sucedió al diario Madrid, hay que recordar que a veces se juzgaba a las publicaciones a través de una «valoración total» que tenía un posible componente de manifiesta arbitrariedad[267].

Por otro lado, en el seno del Consejo de Ministros hubo una única cuestión que parece haber enfrentado a sus miembros, la relativa a la Ley de Administración Local que había aparecido en la nota entregada por Carrero a Franco, pero que fue una cuestión en que la responsabilidad le correspondió al ministro de la Gobernación. Según Garicano, su autor[268], la ley, que hubiera permitido la elección de los alcaldes por parte de los miembros de la corporación municipal y un cierto regionalismo a través del desarrollo de las Mancomunidades, habría tenido unas consecuencias políticas semejantes a las de la Ley de Prensa de Fraga. Sin embargo, una disposición como ésa sólo resultaba viable en un contexto político que no se daba en ese momento: es significativo que Fernández Miranda se opusiera a ella.

Un último dato del panorama político de estos momentos está constituido por la aparición de un factor político nuevo, hasta ahora prácticamente inexistente: la familia de Franco. Fue, sin duda, la decadencia física de éste la que explica la aparición de ese factor, mientras que los recuerdos de López Rodó y Fernández Miranda la documentan y fue Carrero quien, sobre todo, debió sufrirla. El signo más evidente de la presión sobre el ámbito político de ese entorno familiar lo encontramos en un suceso que, pese a parecer al margen de cualquier relevancia política, la tiene sobrada. La petición de un título de príncipe para don Alfonso de Borbón una vez que se anunció su boda con la nieta de Franco sólo se explica desde esa óptica. Por supuesto, de haberse otorgado, ello hubiera equivalido a hacer descender de nuevo una sombra sobre la sucesión. Carrero, que no debía sentirse en absoluto satisfecho con esa eventualidad, aconsejó a don Juan Carlos que propusiera él mismo la concesión del título, pero el futuro rey de España debió de enfrentarse con el general y presentarle con toda crudeza su oposición, aunque con la contrapartida de ofrecer el título de duque de Cádiz[269].

La relación de Carrero con Franco fue la de una persona leal, devota y dedicada hacia un Jefe, pero no se extendió a la intimidad. Carrero no fue un asiduo a El Pardo y, además, allí no residió durante la mayor parte de la historia del régimen fuerza política significativa alguna. Son varios los testimonios del entorno de Franco que aseguran que éste hacía callar a su mujer cuando ésta quería intervenir en materias políticas; el propio Carrero contó que lo hacía diciéndole que ella «no entendía de esas cosas». La situación, sin embargo, cambió de manera radical en esta fase final del régimen, y hay que atribuir la causa a la propia decadencia física de Franco. Pues bien, según contó Carrero a Fernández Miranda y éste ha conservado en los fragmentos de sus memorias hasta ahora conocidos, la intervención del entorno familiar llegó hasta el extremo de que a comienzos de 1973, con ocasión de una visita a Franco, Carrero oyó de doña Carmen una directa intervención en la política del régimen que testimoniaba su exasperada preocupación. Le dijo que «las cosas iban cada vez peor», que el ministro de la Gobernación «le quitaba el sueño» y que López Bravo «no era leal». Todavía dijo más: el Gobierno estaba «lleno de incapaces y traidores», cuando debía saber que era el propio Carrero el que lo había nombrado. Según doña Carmen, sólo el vicepresidente podía ayudar a su marido, pero éste sabía que, después de esta intromisión tan manifiesta en un terreno que no era el suyo, no cabía esperar que la ejerciera con sensatez. Las memorias de Fraga recogen los «chismes» que en El Pardo se lanzaban contra el vicepresidente, probablemente mínimos, pero significativos. Hubo incluso un rumor en Madrid sobre un enfrentamiento entre Carrero y el marqués de Villaverde que nuestras fuentes nos permiten confirmar. El yerno de Franco acusó de deslealtad a Carrero en su propio despacho y éste le cogió de la manga de la chaqueta y lo echó; luego, el marqués vendría de nuevo a disculparse[270]. El comentario del vicepresidente a Fernández Miranda acerca de la conversación con doña Carmen resulta revelador, y no lo es menos que se lo hiciera a él y no a López Rodó: le aseguró haberse quedado «aterrado» y sin saber qué decir, porque la mujer del Jefe del Estado nunca había intervenido así, «tan directamente, con tanta irritación y seguridad». A Carrero le preocupó quién podría haber lanzado a doña Carmen, pero quizá ni siquiera necesitaba que nadie lo hiciera. De todos modos, está bien claro cuál era la significación ideológica de que se alimentaba esta intromisión: era una actitud crítica, no contra algún ministro, sino contra el propio Carrero, para acusarle de debilidad y entreguismo. Lo curioso del caso es que quienes llegaron al poder después del asesinato de Carrero tenían apoyo en El Pardo y, al mismo tiempo, pretendieron, al menos durante unas semanas, ofrecer de sí una visión muy diferente.

El contexto exterior

Todavía nos resulta imprescindible abordar otras cuestiones que, aunque nacieran mucho más de factores exteriores que las mencionadas en el epígrafe anterior, tenían una directa repercusión en la situación política interna. Se trata de la evolución de la política internacional, la economía y las relaciones con la Iglesia. Todas ellas fueron objeto de la preocupación de Carrero en estos momentos, como lo demuestran sus escritos, y a ellas se les debe dedicar, por tanto, algún espacio.

Debemos empezar por recordar que a la hora de redactar su programa político de marzo de 1970 Carrero había dedicado la mitad de sus páginas a las cuestiones relativas a la estrategia de las relaciones internacionales y a la reestructuración de las fuerzas militares propias. En esta parte del texto, Carrero se adentraba en cuestiones que conocía y por las que sentía no sólo interés, sino también pasión profesional; por eso el texto es muy extenso y detallado, en contraste con otros epígrafes del programa.

No nos interesa tanto la previsión de necesidades que hacía en relación con el Ejército español como sus planteamientos de carácter general, es decir, cómo veía la situación mundial. Lo que es preciso decir al respecto es que no hubo en este momento ningún cambio sustancial en su postura, que permaneció anclada en lo que eran sus presupuestos habituales. El gran adversario para él seguía siendo el comunismo soviético, «basado en dos errores fundamentales, el ateísmo en lo espiritual y el marxismo en lo económico», que ni en doctrina ni en objetivo imperialista había cambiado desde hacía más de medio siglo. Militar al fin, el vicepresidente no se planteaba siquiera la cuestión de la distensión. Criticaba, por el contrario, que el «prejuicio anticolonialista» de los norteamericanos hubiera favorecido, por el modo en que se llevó a cabo la descolonización, la expansión comunista en el mundo. De ahí hacía derivar una obvia necesidad de defensa que no podía encontrar apoyo en la OTAN porque en ella pesaba «la enemiga» de la conspiración liberal y demócrata cristiana. En cambio, recordando lo sucedido hacía una veintena de años, añadía que con los Estados Unidos sucedía algo distinto, pues, si los políticos de aquel país ponían dificultades, a los militares, «que estudiaban objetivamente su problema, les pareció lógico y beneficioso para el interés general de Occidente» la alianza española. Ahora los problemas eran, en parte, distintos de los que había en los años cincuenta. Desde los años sesenta habían aparecido las «guerras limitadas», que constituían un peligro obvio para España, a la que los convenios de 1953 y 1963 no habían dotado ni remotamente de armas suficientes. Carrero se planteaba de manera clara la posibilidad de un conflicto de este tipo en el norte de África, en el que intuía que la influencia soviética habría de desempeñar un papel decisivo. Desde esta óptica general de Carrero en materia de política exterior se entiende que su preocupación se concentrara en dos cuestiones decisivas: los acuerdos con los Estados Unidos y el problema del Sahara. No parece que se pueda dudar de que en ambas cuestiones le correspondió a él, como mínimo, un papel de importancia mientras que, en cambio, el resto de la política exterior estuvo en las manos de un López Bravo que actuaba con considerable autonomía. No parece, en efecto, que Carrero tomara ninguna iniciativa en otros aspectos de la política exterior, ni tan siquiera que despachara con el ministro acerca de ellos. La política comunitaria quedó en sus manos, así como la relativa a Gibraltar; sobre ambas las decisiones fundamentales se aprobaban en Consejo de Ministros sin gran discusión a pesar de implicar, en este último caso, una importante inflexión respecto de la línea marcada por Castiella[271]. Es muy probable, sin embargo, que Carrero se sintiera muy poco feliz con la apertura a los países comunistas. Del establecimiento de relaciones entre España y la China de Mao se enteró a posteriori cuando, en el texto programático citado, aparecía esta última como un grave peligro para la paz mundial porque pretendía el enfrentamiento nuclear entre la URSS y Occidente para luego lanzarse sobre el «mundo deshecho». En cuanto al establecimiento de relaciones con la URSS, hubo en el Consejo insistencias por parte de algunos ministros en la reclamación del llamado «oro de Moscú», pero, si ocuparon tiempo, en cambio no fueron suficientes para rectificar la decisión[272].

Pero volvamos a las cuestiones de primordial interés para el vicepresidente. Como siempre, da la sensación de que los pactos con los Estados Unidos fueron principal competencia del Ejército (más concretamente del general Diez Alegría, con el que despachaba periódicamente Carrero) en sus aspectos militares. Sin embargo, la lectura de la intervención de López Bravo en la sesión secreta que la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes dedicó a la negociación de los tratados[273] revela un desplazamiento del interés por lo militar que en el vicepresidente era decisivo. López Bravo, en efecto, admitía que en el acuerdo negociado por él «se desdibuja lo militar con ventaja para lo político, lo económico y lo tecnológico». Al mismo tiempo mostraba una satisfacción respecto del enlace con la defensa occidental y el material bélico que en el pasado habían proporcionado los pactos que no debe de haber sido compartida por Carrero. Cuando, a fines de 1973, se planteó la renovación de los acuerdos, una nota que parece haber sido inspirada directamente por él (que era ya presidente) presentaba un tipo de planteamiento de relaciones con los Estados Unidos que era, en el fondo, muy distinto. Lo esencial era en este momento llegar a un Tratado de Defensa Mutua con una declaración de principios semejante a la de los tratados con otros países occidentales, con conocimiento y aprobación del Congreso norteamericano, destinado a la protección frente a la «amenaza común» y de un contenido básicamente militar[274]. Como veremos, Carrero habló en estos términos, que tenían mucho más que ver con sus planteamientos estratégicos de fondo que con la política de López Bravo, durante la visita del secretario de Estado norteamericano, Kissinger, el día anterior a su asesinato.

Con respecto al Sahara, ya en 1970 la obsesión del vicepresidente no fue tanto mantener la política anticolonialista a ultranza que se le ha solido atribuir, como evitar la repetición de una descolonización como la de Guinea. Eso presuponía una especie de descolonización controlada y tutelada, porque, según decía un texto salido de su mano, «si se fuerza la marcha natural de estos procesos por espejismos políticos puede producirse al pueblo que se trata de favorecer un daño quizás irreparable»; así había sucedido en Guinea, «hoy convertida en un infierno bajo el dominio de un loco donde han sido eliminados la casi totalidad de los hombres que España había capacitado para ocupar los puestos básicos de la administración»[275]. Su idea consistía en promover de forma sucesiva el desarrollo económico y una ampliación de la participación política. Se partía de que la independencia sería el resultado final del proceso, pero quedaba remitido a un futuro que no parecía inmediato. España tendría, en el ínterin, la obligación de mantener, incluso militarmente, la voluntad de libre decisión de los saharauis. El posible adversario habría de ser Marruecos, con el que se debía evitar un conflicto, no porque fuera peligroso para España, sino porque el comunismo lo podía convertir en una de esas «guerras limitadas». En consecuencia, a través de los Estados Unidos, siempre una pieza esencial en las concepciones de Carrero, había que procurar que no se produjera allí una influencia soviética, para lo que España debía contribuir con su ayuda material. Constituye toda una ironía una frase de este texto: se decía en él que «no es concebible que, en evitación de posibles complicaciones, España abandone al Sahara», cuando fue esto precisamente lo que sucedió. Como hemos visto, no se puede escatimar la importancia del papel que el almirante desempeñó en la política económica del primer franquismo, ni tampoco la que le correspondió en el giro marcado a fines de los cincuenta. Hemos comprobado, también, cómo en su programa aparecía un proyecto de nueva regulación de la empresa. Lo cierto es, sin embargo, que nada se avanzó en este terreno y que no hay siquiera indicios de que se redactara un anteproyecto de ley. Tampoco intervino Carrero en los momentos de gran debate entre los ministros económicos en relación, por ejemplo, con la paridad entre el dólar y la peseta[276]. Da la sensación de que, definitivamente, estas cuestiones se las había dejado ya a los ministros, entre los que López Rodó, inspirado por sus expertos, cumplía el papel de riguroso guardián de las tensiones inflacionistas[277]. Resulta lógico, en fin, que una persona como Carrero Blanco sintiera de forma especialmente dolorosa el supuesto desvío de la Iglesia Católica con respecto al régimen. La religión católica no sólo era una pieza esencial de su concepción de la vida, sino la más decisiva y la que sustentaba a todas las demás. Su patriotismo y su condición de militar no eran independientes de ella, sino que formaban un todo con sus concepciones religiosas: la mejor prueba es el hecho de que la cuestión histórica a la que dedicó más lecturas y más horas de investigación fue la batalla de Lepanto, sobre la que versa también el último de sus libros, aparecido en 1971, y en la que esos tres factores resultan indistinguibles. Para Carrero, que el catolicismo no estuviera alineado con el régimen era simplemente inconcebible, y de ahí su sorpresa y su desorientación ante lo que creyó un cambio de postura. Merece la pena advertir la diferencia con respecto a la reacción de Franco. Para éste, el factor religioso era igualmente decisivo. Cuando en 1972 redactó un borrador de carta para el Papa incluyó una frase que no puede resultar más reveladora: sentía «la amargura del desaliento» por «la puñalada por la espalda»[278]. Mostraba una actitud deprimida, pero siempre fue prudente y evitó el choque frontal, incluso siendo presidente Arias Navarro, que propendía al anticlericalismo. La posición de Carrero fue, quizá, más preocupada desde el principio, con alguna reacción muy dura y nada habilidosa, que concluyó en compunción, pero siempre perpleja ante lo que consideraba incomprensible.

Hay pruebas remotas acerca de la actitud de Carrero respecto del problema. En 1958 subrayó en un folleto de la Juventud Obrera Cristiana algunas frases que debieron parecerle subversivas: aquellas que se referían a la «separación de castas» y las «barreras de cultura» entre pobres y ricos o a la «anulación de la clase obrera»[279]. Como sabemos, su catolicismo no carecía de una vertiente social, pero esos textos debían parecerle subversivos porque su deseo de reforma social era, más que nada, paternalista. Pero, si la preocupación desde el punto de vista político por estas cuestiones fue temprana, su gravedad sólo se multiplicó a partir de 1969, cuando la mayoría de la Conferencia Episcopal sintonizaba ya mal con el Gobierno. Nada más contradictorio con la mentalidad de Carrero que aquella declaración de la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes (1971) en que se pedía perdón en nombre del catolicismo por no haber sabido ser elemento de paz y concordia entre los españoles. Ya entonces el Consejo de Ministros abordaba cuestiones que denotaban el abismo existente entre las dos partes: en marzo de 1970 había veinte sacerdotes cumpliendo penas de cárcel, de los que fueron indultados siete, y otros cuatro eran presos preventivos[280]. La indignación del vicepresidente del Gobierno fue creciente con el paso del tiempo, pero de momento permaneció oculta. En octubre de 1971, es decir, coincidiendo con la citada Asamblea de Obispos y Sacerdotes, el Consejo de Ministros deliberó sobre una orden de Presidencia del Gobierno destinada a crear una comisión interministerial para determinar «la cuenta general de las diversas aportaciones del Estado a la Iglesia en la actualidad»[281]. Del trabajo de esta comisión se sabría con ocasión de un sonado incidente en un momento singular.

En efecto, en diciembre de 1972, Franco cumplió ochenta años. Era obligado que, en nombre de los ministros, Carrero le dirigiera unas palabras de felicitación y agradecimiento, como en efecto hizo[282]. Leídas hoy en día, lo que de ellas resalta es la impresión de intimidad estrecha entre un octogenario y un septuagenario que tenían ante los ojos el espectáculo de un mundo que se desvanecía. Lo más interesante es que Carrero, al hacer patente su «profundo sentimiento de gratitud», parecía contraponerlo a la actitud de la Iglesia. Recordó que la Guerra Civil había sido una Cruzada y aseguró que «ningún gobernante en ninguna época de nuestra Historia ha hecho más por la Iglesia Católica», la cual, además, había recibido 300.000 millones de pesetas en estos últimos años. Lo lamentable era que «con el transcurso de los años, algunos, entre los que se cuentan quienes por su condición y carácter menos debieran hacerlo, hayan olvidado esto». Casi la mitad del texto de la intervención de Carrero estuvo dedicada a esta cuestión. Además, en el borrador del acta se contiene una frase manuscrita cuyo contenido, si bien resultaba inevitable, hacía previsible el conflicto: «Publicación total en la prensa e inclusión en el acta». Cuando se produjo lo primero, el comentario de los medios de comunicación fue considerar lo sucedido como un «mazazo».

No era para menos, pero Carrero encontró una cumplida respuesta en el cardenal Tarancón[283]. Este le achacó recta intención, pero escasa prudencia y le pidió aclaraciones sobre unas manifestaciones que, según su interpretación, el vicepresidente había convertido en públicas y solemnes. Lo que más le hería era que se diera la sensación de que se pretendía «pasar la factura» a la Iglesia por la ayuda concedida. El cardenal envió una copia de la carta a Franco con la intención de que conociera su respuesta. Es muy posible que, de no haberlo hecho, el resultado hubiera sido el mismo, porque la reacción de Carrero ante esta carta no parece motivada por la actitud de Franco, sino que parece espontánea. Escribió a Tarancón una carta humilde, incluso «demasiado humilde» de acuerdo con la opinión de éste, pidiendo disculpas. Esto último permite descubrir muy bien cómo era Carrero en estas cuestiones. No entendía en absoluto la evolución de la Iglesia, pero respetaba, ante todo y sobre todo, a su jerarquía. Cuando le dijo a Tarancón que «nosotros estamos dispuestos a dar a la Iglesia todo lo que quiera; tan sólo exigimos que ella sea nuestro principal apoyo», no estaba pretendiendo comprar a una Iglesia que quería ser independiente, sino revelando cómo pensaba que debía ser la relación entre ambas potestades. Pero el enfrentamiento, que ya no volvió a repetirse, le había proporcionado «el mayor disgusto de su vida», según reveló luego el cardenal en el momento de la oración fúnebre por el presidente asesinado. Por cierto que en aquellos días se produjo un incidente que, bien mirado, hubiera podido ser protagonizado por el propio Carrero. Sánchez Covisa, animador de los Guerrilleros de Cristo Rey, gritaba contra Tarancón en Presidencia, y Oriol, el ministro de Justicia, acabó replicándole: «Tú no eres quién para atacar a la jerarquía católica». Esa frase hubiera podido ser dicha por el propio Carrero. La magnitud del enfrentamiento ocurrido a fines de 1972, de todas las maneras, no hacía sino acumular un problema más, pero decisivo, a un panorama ya de por sí complicado y que acabó por producir, junto a la llegada a la Presidencia del primer consejero de Franco, una nueva crisis de Gobierno.

La crisis de 1973: Carrero, presidente

El cambio de Gobierno que llevó a Carrero Blanco a la Presidencia se había ido gestando, como sabemos, a lo largo de 1972 y, una vez más, como en otras ocasiones, la iniciativa procedió más de López Rodó que del propio Carrero, que tardó en ser convencido de su necesidad. A fines de año el inspirador de la política económica había coincidido con algunos de los ministros más afines en la necesidad de que se produjera un cambio ministerial. Había, según él, datos objetivos que impulsaban a ello, como era la cada vez más evidente decadencia de Franco, que, ya octogenario, con las piernas hinchadas y desinteresado del ejercicio físico, jugaba un papel decreciente en la dirección de los asuntos del Estado e incluso no hablaba en los Consejos de Ministros, de los que habían desaparecido ya por completo sus intervenciones iniciales. Llega a comentar López Rodó en sus memorias, refiriéndose a este período, que es muy posible que, de haber enviudado, Franco hubiera decidido por sí mismo retirarse, lo cual, si es dudoso, resulta, al menos, una especulación interesante. Todo ello planteaba el problema de su posible desaparición y con ella la sucesión, que otorgaría una importancia decisiva al Gobierno. A estas alturas se hacía patente también lo que López Rodó denomina en sus memorias como «falta de batuta» en política interior. En realidad, el Gobierno formado en 1969 nunca tuvo completa unidad, y ahora estaba reducido a un conjunto de actuaciones individuales. El propio Carrero, siempre carente del acicate de la ambición, no se decidía a imponerse ni proporcionaba siempre a los ministros una clara indicación de sus propósitos políticos, a pesar de ese texto ya mencionado. Según López Rodó, el Gobierno, por si fuera poco, era aperturista pero no daba la sensación de serlo. Esta última afirmación parece la más discutible de todas, sobre todo si se entiende por aperturismo lo mismo que entendía por tal Fraga. En realidad se trataba de dos formas de aperturismo que, además, resultaban inevitablemente conflictivas[284]. Fraga quería las asociaciones para contrarrestar el poder logrado por el binomio Carrero-López Rodó, pero confiaba más en lo que quedaba del antiguo partido único, mientras que estos dos últimos eran mucho más desconfiados respecto de él. De creer al último, sobre las asociaciones existía, además, una divergencia entre él y el vicepresidente.

Fue el ministro del Plan, una vez más, quien desempeñó un papel decisivo como desencadenante del cambio gubernamental. No lo hizo ni siquiera proponiendo la separación de la Jefatura del Estado y del Gobierno, ni haciendo una indicación acerca de los sustitutos posibles o señalando las disfunciones de la acción gubernamental, sino presentando la Presidencia de Carrero como una exigencia para la unificación de la acción gubernamental. Ahora, en un momento en que se hacía patente el mal estado de salud de Franco, de la que tampoco hacía mención, era necesario que Carrero ejerciera la función de «soldadura» ante el previsible cumplimiento de la sucesión[285]. Sabemos que a comienzos de 1971 Carrero había sugerido a Franco el nombramiento de un presidente, pero no parece haber insistido en ello.

Teniendo en cuenta la lentitud característica del régimen de Franco, cabe pensar que el desenlace de la crisis bien hubiera podido prolongarse hasta el mes de julio, llevándose a cabo, por tanto, durante el período veraniego en que solía ser habitual la realización de los relevos gubernamentales. En los meses precedentes hubo rumores de lo más variado: el propio don Juan Carlos especulaba acerca de la posibilidad de una retirada de Franco en el caso de que se formara un Gobierno de autoridad. Sin embargo, la decisión fundamental con respecto a su composición le correspondía a quien era el único presidente imaginable por entonces, el propio Carrero. No cabe la menor duda de que, por poca que fuera su ambición, debía de ser consciente de las circunstancias e incluso de la inevitabilidad del paso. La lectura de su agenda produce la sensación de que, con su característica parsimonia, empezaba a pensar en posibles nombres como ministros. A comienzos de julio de 1972 recibió por vez primera al que había de ser su nombramiento más sorprendente, Julio Rodríguez Martínez, que en adelante apareció con cierta frecuencia entre sus visitas. También figura entre ellas Rafael Orbe, en quien pensaba para ocuparse de Televisión. López Rodó hace mención de dos de los preconizados como ministros: Adolfo Suárez, destinado a la cartera de Información y Turismo, y Fernando Liñán, que era por el momento director general de Política Interior, a la de Gobernación. Incluso da la sensación de que Carrero quiso dar algún paso en un sentido que luego caracterizaría a sus propósitos políticos finales. Recibió, a fines de octubre de 1972, a Solís y, ya en abril de 1973, a Fraga, como para curar las heridas provocadas en 1969. En este último momento, el político gallego tuvo ya la impresión de que era consciente de lo pronto que iba a ser nombrado[286].

Sin embargo, el cambio de Gobierno no tuvo lugar en el mes de julio, sino que fue precipitado por los acontecimientos. Una manifestación del primero de mayo, junto a Atocha, concluyó con un enfrentamiento que se saldó con el apuñalamiento y muerte de un subinspector de policía. El suceso produjo una conmoción importante, como no podía ser menos, y la agenda de Carrero del día posterior, habitualmente tan inexpresiva, contiene una mención a lo sucedido: después de la reunión de los ministros económicos, dice, «en unión del ministro de la Gobernación me trasladé a la Dirección General de Seguridad para asistir a la misa corpore insepulto por el funcionario del Cuerpo General de Policía que, en cumplimiento de su deber, encontró la muerte en el día anterior». La mención, por tanto, no puede ser más escueta ni el estilo más castrense, pero el sólo hecho de romper con la árida lista de citas diarias testimonia el impacto. En el Consejo de Ministros posterior a los sucesos hizo pública una declaración en que calificaba de «acto terrorista» lo acontecido y manifestaba su decidido e inmediato propósito de acelerar el plan preventivo para el mantenimiento del orden público[287].

No es extraño que en esta fase final del régimen fuera un incidente de orden público el que provocara una crisis de Gobierno. De hecho, una de las pruebas más patentes de la situación de crisis potencial en que se vivía es la disparidad de criterios respecto a la política a seguir acerca del orden público. Desde comienzos de año, el ministro de la Gobernación, Tomás Garicano, que era una de las personas de talante más abierto del Gobierno y un decidido partidario del aperturismo, aparecía enfrentado con Fernández Miranda acerca de la Ley de Régimen Local, así como con el director general de la Guardia Civil, Carlos Iniesta. Garicano se quejó ante Franco de que con ocasión de los desórdenes públicos hubieran aparecido en el Consejo de Ministros posturas coincidentes con la de los «ultras»: al parecer, Sánchez Bella llegó a calificar como «de los nuestros» a los manifestantes de aquella significación cuando Garicano veía en ellos una radical actitud de oposición al Gobierno. El ministro de la Gobernación puso el dedo en la llaga cuando atribuyó al Movimiento el carácter de pura «entelequia», una afirmación que hubiera sido considerada poco menos que delictiva de haberse publicado en la prensa[288]. Su carta repetía la necesidad de encarar una política aperturista decidida.

En esas circunstancias era ya inevitable un cambio de Gobierno, y parece haber sido el propio Franco quien tomó la iniciativa de acompañarlo con la separación de la Jefatura del Estado y del Gobierno. Como en otras crisis gubernamentales de esta fase final del régimen, la fuente fundamental para conocer la tramitación del cambio de Gobierno está constituida por los diversos libros de memorias escritos por López Rodó, que en algún caso requieren matización, al menos en la interpretación[289], aunque no quepa hacerla en lo esencial. Parece evidente que don Juan Carlos fue espectador privilegiado de ella, como se testimonia por el hecho de que mostrara su satisfacción a Franco ante su decisión y deseara que a Fernández Miranda, en quien cada día confiaba más, se le encargara de la cartera de Gobernación. Al final, sin embargo, le correspondió la Vicepresidencia manteniendo la Secretaría General del Movimiento, lo que se explica tanto por el control que había mantenido del antiguo partido único como por la necesidad de mantenerle en una posición preeminente, dado el planteamiento de la cuestión de las asociaciones y el hecho de que iba a presidir el Consejo Nacional. Las otras dos carteras decisivas eran Información, que perdió Sánchez Bella, quizá debido a que si Carrero le apreciaba al mismo tiempo temía su indiscreción, para pasar a Liñán, de un perfil mucho menos agresivo; y Gobernación, que ocupó Arias Navarro por tan expresa decisión de Franco (o de su entorno familiar) como para que el propio Carrero le dijera por teléfono que no debía de agradecerle a él su nombramiento, sino al Jefe del Estado. Ese hecho, y la prevención de López Rodó respecto del supuesto republicanismo de Arias Navarro, revelan que este último tuvo siempre una situación peculiar en el seno del Gobierno y que además la mantuvo frente al intento de Carrero de colocarle un subsecretario suyo (quizá el propio Adolfo Suárez). Fue esta decisión sobre Gobernación la que dejó sin cartera a este último, futuro presidente, preconizado inicialmente para Información. López Bravo perdió Exteriores por la difícil situación existente en las relaciones con el Vaticano, pero, sobre todo, porque actuaba con mucha independencia respecto del hasta entonces vicepresidente, cuya agenda revela que despachaba poco con él y en más de una ocasión lo hacía con el subsecretario en vez de con él mismo. La cartera la heredó López Rodó, que, hábil previsor de las circunstancias que podían darse en la política española en los meses siguientes, debió pensar que era mejor estar en una cartera política importante como ésa que continuar en la Comisaría del Plan.

El resto de los ministerios revistió desde luego una menor significación política. Se daba ya la circunstancia de que las adscripciones de familia política habían ido desvaneciéndose con el transcurso del tiempo. El propio Carrero era consciente de ello y por eso le indicó a López Rodó que recurrir a tales adscripciones equivalía poco menos que a remitirse a los tiempos no de la Guerra Civil, sino de la Guerra de la Independencia. Algún indicio de adscripción puede rastrearse en una persona como Antonio Barrera de Irimo, por su vinculación con los medios católicos, o en Utrera Molina, un falangista mucho menos escéptico que Fernández Miranda, como se revela en las conversaciones que mantuvo con éste, de las que da cuenta en sus memorias[290]. Los demás nombres nuevos no permiten resumir en una adscripción el sentido de su entrada en el Gobierno. En muchos casos se trataba de personajes que habían obtenido éxitos recientes en la vida del régimen, como Cruz Martínez Esteruelas, y, en otros, de fieles colaboradores de Carrero o López Rodó, como Gamazo (Presidencia) o Cotorruelo (Comercio)[291].

Por supuesto, la importancia de este cambio gubernamental reside en el nombramiento de Carrero y en la inequívoca opción juancarlista, por así denominarla, de todos los miembros del Gabinete, que hace pensar que se presagiaba ya la sucesión. López Rodó señala también que el nuevo Gobierno, por su composición, indicaba la llegada al poder de un grupo de edad de la misma generación que el príncipe, lo que es bien cierto. Pero, lo que de ninguna manera quedaba claro era el rumbo político a seguir en el próximo futuro en relación con el problema de las asociaciones. Lo cierto es que si la gran cuestión era ésta, el Gobierno había perdido dos aperturistas como López Bravo y Garicano, mientras que conservaba a un Fernández de la Mora, cuya oposición frontal al asociacionismo resultaba bien manifiesta y conocida.

¿Cuáles fueron los sentimientos de Luis Carrero Blanco al llegar a esa suprema magistratura respecto de la que ya desde hacía tanto tiempo existía la previsión de que la ocupara? Las fuentes escritas y orales confirman, una vez más, su habitual despego respecto de cualquier cargo y no testimonian ninguna emoción particular. Era ya una persona que llevaba más de treinta años en el ejercicio de unas responsabilidades que eran de primerísima fila; en marzo de 1973 cumplió sesenta y nueve años, una edad apropiada para la jubilación. Cuando, a principios de mayo, Franco le comunicó la decisión de nombrarle presidente, ante la pregunta de un ayudante acerca de sí podía felicitarle respondió, a su vez, con un interrogante: «¿Cree usted que esto es motivo de felicitación?[292]» Un mes después, ya formado el nuevo Gobierno, comentó ante uno de sus colaboradores de Castellana 3: «En este mismo despacho he sido subsecretario, ministro, vicepresidente y, ahora, presidente… y sin gustarme la política.[293]» Más inexpresiva resulta aún su agenda, que el 9 de junio tan sólo recogió, con un aparente desinterés absoluto, que «en el BOE de este día aparece una Ley de la Jefatura del Estado por la que se suspende la vinculación de la Presidencia del Gobierno a la Jefatura del Estado». En el ambiente familiar aludía a su cargo haciendo mención del número de días que le faltaban para abandonarlo, pues la Ley Orgánica le atribuía cinco años en el puesto. Todos estos testimonios acentúan la impresión de esa ausencia de ambición política, entendida como pasión de alcanzar el poder, acrecentarlo y conservarlo, que siempre fue característica de Carrero.

A esa impresión, sin embargo, quizá haya que añadir otra. El nuevo presidente se encontraba tras de una dilatada vida política en la que, además, había conseguido ver cumplidos sus objetivos fundamentales. Parece obvio que debía sentir cansancio y que sólo la sensación de que tenía que cumplir con un deber o la lealtad para con Franco le pudieron mantener en su puesto. Cuando se separó la Jefatura del Estado de la del Gobierno se acentuó, quizá, la sensación de fragilidad del general: «¿Es que yo ya no valgo?», se preguntaba ante quienes se la habían sugerido[294]. Aunque la vida de Carrero fuera ordenada y metódica en extremo y su capacidad de trabajo muy considerable, hay que recordar la abrumadora tarea que caía sobre sus espaldas. Un simple dato, que no es anecdótico y que revela su agenda de trabajo, puede dar cuenta de esa realidad de lo que era su vida: al día siguiente de cumplir setenta años recibió, sólo durante la mañana, a once personas con las que trató de temas muy diversos. En definitiva, cuando Carrero se convirtió en presidente al historiador le da la sensación de que estaba ya en cierto modo vencido por la vida. Ni siquiera estaba convencido de que ése debiera ser su puesto. «¿Tú crees que valgo para eso?», le preguntó a un antiguo compañero de Consejo[295]. Sabía el papel decisivo que había desempeñado al lado de Franco, pero también conocía sus limitaciones y por ello resulta más probable que pensara en el deber al ocupar el puesto.

Seis meses como presidente

Aunque el día anterior Carrero se reunió durante cinco horas con todos los ministros, el nuevo Gobierno tuvo su primera reunión en Consejo el 14 de junio, una sesión protocolaria que, sin embargo, merece la pena examinar con algún detenimiento porque revela la peculiaridad de la coyuntura política[296]. Es preciso recalcar, sobre todo, la intervención previa del propio Carrero, destinada a la publicidad y por ello especialmente relevante, pues con ella se quería transmitir una sensación de cambio ante la opinión pública. Estuvo dirigida más a los propios ministros que a Franco y reafirmó la necesidad de unidad en el seno del Gobierno. Al Jefe del Estado, como es lógico, le ratificó su «entusiasmo y fidelidad» por su obra que se extendía también a la doctrina del régimen, «denominador común de las ideologías tradicionalista y falangista». Sin duda, palabras como ésas indicaban un retorno a los orígenes, pero lo fundamental era, por el momento, para Carrero, el mantenimiento de una unidad gubernamental que debía pensar que no había existido tras la crisis de 1969. Por eso, en presencia del propio Franco señaló cuál debía ser el comportamiento de los ministros. Debían éstos discutir, pero «hacerlo con deportividad», evitando el deseo de imponerse y las fricciones personales, porque «un Gobierno en cuyo interior hay tensiones permanentes entre sus miembros y se producen banderías, que fatalmente acaban captándose en la calle, es un Gobierno débil y un Gobierno débil es siempre un mal Gobierno». Aludió también a lo que empezaba a convertirse en una costumbre que restaba autoridad al Gobierno: la filtración de posiciones encontradas en las deliberaciones del Consejo. La respuesta de Franco fue vaga e imprecisa, agradeciendo las muestras de lealtad y haciendo una llamada a la colaboración de todos los españoles y al espíritu de continuidad. En los meses siguientes, sus intervenciones en las reuniones del Consejo o de la Comisión Asesora de Política Económica fueron mínimas[297]. En cuanto a la declaración del Gobierno, publicada al día siguiente, constó de siete folios con las consabidas y genéricas expresiones de buenos deseos. Hubo, sin embargo, alguna afirmación que atañía muy directamente a la situación política en el verano de 1973. Después de una declaración inicial de continuidad respecto del pasado dedicó un cuarto del texto a las relaciones con las otras instituciones del Estado de donde había surgido en meses precedentes la oposición al Gobierno: las Cortes, el Consejo Nacional y la Organización Sindical. Las afirmaciones recogidas en estos párrafos se referían a la necesaria vitalización de las instituciones y al fomento de la participación pero sin concreción, a pesar de lo cual fueron bien recibidas por quienes deseaban ver convertida en realidad la apertura. También la declaración gubernamental dedicó uno de sus párrafos a las relaciones con la Iglesia, desde una perspectiva de mutua independencia.

Mucho más extenso fue el discurso leído ante las Cortes algo más de un mes después[298]. Por supuesto, también hubo en esta intervención un catálogo genérico de medidas de Gobierno, pero merece la pena recoger algún aspecto de lo que dijo, bien porque resulta revelador de la personalidad del Presidente o porque sirve para determinar sus preocupaciones políticas del momento. Carrero desveló su talante de siempre, pero de modo singular el de este momento, cuando afirmó que era consciente de la responsabilidad que sobre él recaía y, si la había aceptado, era «porque no me compete a mí el juzgar si tengo o no condiciones para el desempeño del cargo» y porque «entiendo que con esta designación no se me ha conferido un privilegio sino que se me ha pedido un servicio». Estas frases retratan a un hombre y confirman la sensación que ha quedado manifestada líneas atrás. Hubo, sin embargo, en sus palabras otros aspectos interesantes. Quiso transmitir, ante todo y sobre todo, la sensación de normalidad y de que el nombramiento de un presidente no suponía, en definitiva, un cambio tan radical. Por eso afirmó que la Ley Orgánica del Estado estaba tan vigente antes como después de su nombramiento. A lo largo de su discurso no mencionó la cuestión del asociacionismo, que se había convertido en tema omnipresente en los medios de comunicación. Tan sólo se refirió a la búsqueda por el Gobierno de «las formas actuales de la acción política del Movimiento», pero a partir de una necesaria «interpretación institucional», que sería la única ortodoxa. Esta posición tenía, por tanto, muy poco que ver con el asociacionismo pregonado desde una parte de la clase política del régimen por quienes deseaban sinceramente un cambio o por aquellos otros que se sentían marginados del centro de las decisiones. Carrero, sin embargo, hizo una afirmación que puede interpretarse como un deseo de pacificar las relaciones con quienes, desde el régimen, mostraban su oposición a la línea seguida desde 1969. Este es el sentido que debe atribuirse a la frase «quede bien claro que estoy con todos en general y con ninguno en especial», relativa a las familias políticas existentes. En el fondo, como sabemos, en la composición de su Gobierno había desempeñado un papel importante este deseo de integración. También apareció en el discurso una cuestión de primera importancia que quedaría como trasfondo de la década siguiente, en la que iban a ponerse en marcha cambios tan decisivos en la vida española. Se trataba de la crisis del petróleo, destinada a interrumpir el crecimiento económico español, sin que una situación política empantanada permitiera tomar decisiones para combatirla.

Una cosa eran las declaraciones y otra las medidas concretas a tomar. Con el auxilio de las fuentes disponibles resulta posible reconstruir los propósitos políticos del almirante en estos que fueron sus últimos meses de vida y los únicos de su Presidencia. Empecemos, sin embargo, por señalar que estos seis meses fueron mejores, en estabilidad y cohesión, que los precedentes porque habían resuelto la dirección política de los acontecimientos (y porque transcurrió en ellos el largo paréntesis del verano político).

Carrero, en primer lugar, quería hacer una transición lo más pausada posible desde la situación anterior a su Presidencia hasta la nueva sin que ello significara merma de ese propósito de dirección coordinada que hemos visto en su intervención en el primer Consejo de Ministros. Por eso, durante las primeras semanas mantuvo reuniones largas con todos los ministros en varias ocasiones (alguna vez incluso durante todo el día) sin que tuvieran carácter de Consejo propiamente dicho. Antes de las vacaciones veraniegas, todos los Consejos de Ministros fueron celebrados con la Presidencia de Franco, aunque da la sensación de que las medidas habían sido tomadas con carácter previo en esas otras reuniones informales o «consejillos». El primer Consejo con ausencia de Franco no se celebró sino a mediados de septiembre. Cuando Franco estaba presente, el Consejo duraba muy poco e iba precedido por un breve despacho de Carrero con él[299]. Todo ello testimonia la decadencia irremisible del Jefe del Estado y un evidente deseo de que no apareciera tan clara.

Otro propósito claro de Carrero fue tratar de reconstruir la unidad de la clase política del régimen, tan deteriorada desde finales de los sesenta, o, en el caso de no lograrlo, desactivar por lo menos las peores oposiciones existentes. Este es el sentido, sin duda, que debe darse al nombramiento como embajador en Londres de Manuel Fraga. Carrero lo había recibido, según nos informa su agenda, el 3 de abril, bastante antes del cambio de Gobierno, por lo que se puede presuponer que su propósito venía de atrás. Fue la primera vez que le vio desde la crisis de Gobierno de 1969, cuando el enfrentamiento entre ambos personajes había jugado un papel decisivo en cuanto aconteció. Ahora, a comienzos de agosto, el puesto le fue ofrecido por López Rodó, pero la consulta previa a Carrero testimonia el sentido político del ofrecimiento. También la reacción de Franco parece demostrar ese carácter estratégico para el Gobierno de la embajada ofrecida, pues mostró cierta sorpresa y preguntó: «¿Pero aceptará?[300]» Por supuesto, López Rodó ya había tanteado al político gallego previamente y tenía la seguridad de lograr de él una respuesta positiva. En sus memorias, Fraga, que debía estar satisfecho por su inclusión, gracias a Pío Cabanillas, en la terna del Consejo del Reino para la Presidencia, hace una interpretación de su aceptación que sin duda tiene en cuenta el posterior desarrollo de los acontecimientos. Con Carrero y Fernández Miranda, dice que pensó, «era evidente que no habría cambios políticos»; no cabía esperar nada en vida de Franco, y el continuar pronunciando conferencias sería probablemente contraproducente para sus propósitos políticos a medio plazo. Pero quizá lo que pensó Fraga fue algo más simple: lograda la expresión de sus puntos de vista y dejando organizada una plataforma mediante la sociedad GODSA, podía permitirse estar fuera de España un par de años, porque no era previsible que Carrero fuera sustituido en un plazo tan corto de tiempo. Hubo, pues, coincidencia en los intereses. Era imprevisible en estos momentos la desaparición de Carrero y que no pasara tanto tiempo hasta que quien ofreció —López Rodó— recibiera una propuesta semejante para una embajada de menor importancia, como fue Viena. Es muy posible que también intentara Carrero, por sí mismo y no por el intermedio de López Rodó, desactivar la oposición de otro sector del régimen, el personificado por Blas Piñar[301]; de ello trataremos más adelante. Lo que nos interesa es que, a partir de ese intento neutralizador del adversario, el Gobierno se enfrentó con los problemas existentes, no escasos precisamente.

Uno de ellos era la presencia en Madrid de don Alfonso de Borbón, después de su dimisión de la Embajada de Estocolmo a finales de 1972. Sin duda esa presencia tenía que ver con el declinante estado de salud de Franco, pero también con su ansioso deseo de prosperar en la carrera política, producto no sólo de la ambición sino quizá también de una reacción ante la manía persecutoria que parece haber sido uno de sus rasgos[302]. Don Alfonso intentó ser ministro de Deportes o embajador de más alto rango, pero sólo obtuvo la Presidencia del Instituto de Cultura Hispánica, cargo que no tenía aparejada una responsabilidad ejecutiva concreta y cuyo nombramiento cabe atribuir también a López Rodó, que de esta manera lograba, al mismo tiempo, una satisfacción del que lo recibió y un cierto control sobre él. Desde este puesto, sin embargo, don Alfonso volvió a intentar adquirir un papel más relevante por el procedimiento de solicitar para sí el segundo puesto en el orden sucesorio[303]. No lo logró, pero, sin duda, ése puede haber sido el motivo de sus repetidas entrevistas con Carrero, convertido en eje de la política nacional, poco antes de su muerte. La agenda del Presidente revela que se entrevistó con él el 7 y el 14 de noviembre y lo hizo de nuevo el 19 de diciembre. Fue la última entrevista del almirante con una persona ajena a sus responsabilidades administrativas directas en el día anterior a su muerte.

No cabe la menor duda, sin embargo, de que los problemas arreciaban y que se habían ido convirtiendo en una especie de telón de fondo sobre el que lo estrictamente político adquiría perfiles de una más patente crisis.

La de carácter económico no empezaría sino en octubre de 1973 con la elevación de los precios de los productos energéticos, pero ya en el último Consejo en que López Rodó figuró como principal responsable en el terreno económico se había hecho presente un peligro inflacionista, cifrado en un incremento anual del 8 por ciento que dio lugar a la aprobación de un amplio conjunto de medidas[304]. No había dejado de hacerse problemático también el panorama de la política exterior. En sus memorias dedicadas a este aspecto de su gestión política, López Rodó[305] ofrece una panorámica bastante detallada de la que se deduce que si en determinados aspectos se produjo una mejora importante de las relaciones exteriores del régimen de Franco, en otros perduró idéntica situación a la anterior. Las relaciones con el Vaticano superaron su período más conflictivo tras la respuesta del Papa a una carta de Franco entregada por López Bravo, que sólo se produjo una vez que este último, muy intemperante con el Vaticano, hubo abandonado el Ministerio. La posición de fondo del nuevo ministro seguía siendo dura, como lo prueba el deseo, expresado ante el máximo representante de la diplomacia vaticana, de ser tratados los gobernantes españoles al menos «como hermanos separados», pero los modos fueron menos taxativos. Las diócesis vacantes empezaron a ser cubiertas, y la visita de Casaroli a Madrid a fines de 1973 pareció dejar entrever la posibilidad de un acuerdo sin conflictos permanentes. Sin embargo, muchos otros aspectos de la política exterior española ofrecían problemas. Algunos eran los que se habían convertido ya en habituales. Se planteaba, por ejemplo, la necesidad de renovar el acuerdo con los Estados Unidos, y la posición española estaba tan distante de la norteamericana como siempre. Una nota secreta de la secretaría de Carrero, ya citada, revela cuál era su postura: se recordará que pretendía un acuerdo al más alto nivel que resultaba imposible por la peculiaridad política española. Esos planteamientos se demostraron, sin embargo, inviables y ello puede contribuir a explicar, sin duda, que España no dejara utilizar las bases norteamericanas durante la guerra del Yom Kippur. Con todo, lo peor fue la aparición de nuevos frentes, alguno de los cuales afectaba de manera muy directa a concepciones muy arraigadas de Carrero Blanco. Las relaciones con un Marruecos cuyas pretensiones sobre el Sahara en nada compartía Carrero se deterioraron de manera grave. Un Consejo de Ministros celebrado en el otoño de 1973 adoptó, en consecuencia, dos medidas que eran testimonio de ese empeoramiento: se formó una comisión dedicada al conflicto pesquero con aquel país y se optó por una posición de firmeza cuando Marruecos quiso duplicar el precio de los fosfatos que vendía a España. Tampoco mejoraron las relaciones con Gran Bretaña acerca del contencioso de Gibraltar y, en consecuencia, quedó interrumpido el tráfico de embarcaciones pequeñas entre la colonia y los puertos españoles[306].

A esa relativa incertidumbre exterior se sumó la interior, en la que desempeñó un papel decisivo, como siempre, la cuestión de las asociaciones. Acerca de ellas el Gobierno esperó hasta iniciar una discusión a mediados del mes de noviembre en una de esas sesiones que no constituían Consejo de Ministros pero en las que parece que el debate era más animado y sincero que en aquellas otras celebradas con la presencia de Franco. De lo sucedido en esta reunión no tenemos otra noticia escrita que la que nos proporciona López Rodó en sus memorias. Lo hace en un contexto que da la sensación de que él fue el defensor de la tesis asociacionista mientras que, en cambio, Fernández Miranda estuvo en su contra. Esa sensación deriva de que, de acuerdo con su propia narración, su posición permaneció invariable en favor del pluralismo político, mientras la de Fernández Miranda parecía cada vez más encaminarse a un progresivo barroquismo verbal sin llegar a ninguna conclusión práctica.

El hecho es que, con el paso del tiempo, en estos últimos meses de vida de Carrero el peso relativo de López Rodó en el ánimo del almirante parece haber ido disminuyendo. Quienes vivieron la ocasión así lo aseguran, y la agenda misma del Presidente puede constituir un buen indicio de ello. Durante los meses de octubre y noviembre de 1972 Carrero despachó ya igual número de veces con Fernández Miranda y López Rodó (fue exactamente el mismo número de ocasiones, siete, que lo hizo con el príncipe); sólo el ministro de Información despachó más con Carrero que los dos mencionados con antelación, aunque lo más probable es que lo hiciera sobre cuestiones exclusivamente referidas a su cartera[307]. Quizá la última ocasión en que López Rodó apareció con un trato de preferencia con Carrero fue en las primeras reuniones del nuevo Consejo de Ministros, tras las cuales quedaba despachando con el almirante y previsiblemente tratando con él de cuestiones de política interna. Luego, los despachos con Fernández Miranda se convirtieron en más frecuentes. Sin perder en absoluto la confianza del almirante, del que cabe pensar que todavía era sucesor in pectore, sin duda López Rodó se encontró con el inconveniente de todos los políticos que ocupan la cartera de Asuntos Exteriores. Esta parece la más vistosa y también aquella que ofrece la más clara oportunidad de estar al lado del Presidente, pero tiene el inconveniente de proporcionar la agenda de trabajo más sobrecargada, con el agravante, además, de los viajes al extranjero. El hecho es que esa disminución de la influencia relativa de López Rodó parece indudable. Los matrimonios Fernández Miranda y Carrero mantuvieron la amistad, y cuando, tiempo después, a la viuda de Carrero la asediaron las dudas acerca de lo que estaba sucediendo en una España en plena transición, acudió a Fernández Miranda, entonces presidente de las Cortes, para que se lo explicara. La conversación nunca llegó a llevarse a cabo, pero llama la atención el recurso a la persona del entonces presidente de las Cortes y no a la de quien era diputado de Alianza Popular. Fernández Miranda llegó a decir al hijo de Carrero que había sido su padre quien le había hecho monárquico[308].

La reunión citada, a mediados de noviembre de 1973, produce una sensación de logomaquia, como todas las intervenciones que en los comienzos de los setenta se produjeron sobre el particular, pero, sobre todo, da la sensación de que se deseaba aplazar la cuestión, sin que hubiera una postura radical en favor de hacerla desaparecer del tapete[309]. Fernández Miranda no habló de asociaciones, sino de participación política. Todo parece indicar que consideraba que, aunque el Movimiento era una maquinaria anquilosada e inútil, las asociaciones se debían mover en su ámbito siendo controladas por él a través del Consejo Nacional. Lo llamativo es que a su postura se contrapuso la de un ministro, el de Obras Públicas, Fernández de la Mora, quien esgrimió la tesis de que el asociacionismo concluía de modo necesario en los partidos. Fernández Miranda le repuso con argumentos teóricos, pero sobre todo de autoridad: recordó que él había dominado el Consejo Nacional y que Franco y Carrero querían una ley de participación, pero con garantías y precisiones suficientes. Los restantes ministros aceptaron el planteamiento del vicepresidente, aunque lo hicieron con matices que derivaban del grado de su confianza respecto del Movimiento como estructura; en general, la combinación entre pluralismo y control, a falta de cualquier forma de concretarla, resultaba satisfactoria para cualquiera. Resultan significativas las palabras de Carrero. Su «tal como estamos no podemos seguir» se refería no a la ausencia de pluralismo, sino al hecho de que el Movimiento no representaba nada y, además, así había sido nada menos que desde el momento de la caída de Mussolini. Pero, en el fondo, la cuestión del asociacionismo le resultaba ajena y distante, como no fuera para deplorar la situación existente. Dado que la alternativa era conflictiva para la propia dirección política y engendradora de posibles problemas para el régimen, resulta coherente que tendiera a aceptar una posición dilatoria como la de Fernández Miranda, cuya habilidad dialéctica debía de admirar. Por otro lado, merece la pena recalcar la tolerancia con respecto a la posición de Fernández de la Mora, todavía más restrictiva, que el ministro de Obras Públicas mantuvo de nuevo en la reunión de la comisión mixta entre el Consejo Nacional y el Gobierno. Esas eran las posiciones que entonces estaban en juego: ninguna asociación, o asociaciones que fueran corrientes de opinión controladas por el Movimiento. Las asociaciones autónomas respecto del Movimiento eran en este momento inimaginables en las esferas gubernamentales. Franco contribuía de manera directa a ello, puesto que no decidía y tan sólo mostraba una resistencia que debió de transmitir a Carrero. En el acta del último Consejo de Ministros celebrado antes de la muerte de Carrero apenas si se recoge el informe de Fernández Miranda sobre lo sucedido, que ofrece una sensación de absoluta parsimonia en el tratamiento de la cuestión[310]. A una intervención de Arias Navarro que calificaba de «asociación ilegal» al PCE respondió Franco que lo era de carácter «subversivo».

Si Carrero, siempre muy poco propicio por talante y formación a las asociaciones políticas, pareció evolucionar definitivamente en su contra fue porque en las semanas finales de su vida tenía lugar en él un indudable endurecimiento político. Sabemos que ese fondo de creencias profundas a las que había permanecido invariablemente fiel desde que cristalizaron durante la Guerra Civil había sido activado por la constante presencia de las cuestiones de orden público en la vida política nacional. El 15 de marzo de 1972 había recibido a Blas Piñar acompañado de tres catedráticos de Universidad y volvió a recibir periódicamente a dirigentes de Fuerza Nueva en momentos anteriores a su nombramiento como Presidente. Si en ello cabe ver una voluntad de neutralizar una de las oposiciones internas del régimen al mismo tiempo, no cabe dudar que eso significaba una posición y posibilitaba una influencia. Da la sensación de que podía coincidir en mucho de lo que decía Piñar aunque, por supuesto, no en achacarle la culpa al Gobierno.

¿Un testamento político?

El Carrero de los días —incluso horas— anteriores a su muerte nos es conocido a través de dos documentos inéditos de su archivo personal que se refieren al día anterior a su asesinato. El 19 de diciembre recibió al secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, de visita en España, y que también se había entrevistado con Franco. Estaba pendiente, como sabemos, la negociación de un nuevo tratado defensivo entre los dos países, lo que por parte de los dirigentes españoles de entonces implicaba un deseo de elevar el rango del acuerdo. Sin embargo, el Jefe del Estado no insistió sobre el particular aunque mostrara su escepticismo respecto de la creencia de su visitante en un cambio de actitud de la URSS hacia la distensión. Carrero, en cambio, en los tres cuartos de hora que estuvo con su interlocutor no dejó un momento de insistir en el peligro comunista[311]. Si Kissinger insistía en sus complicados cubileteos diplomáticos destinados a conseguir la paz en el Oriente Medio, Carrero respondía remitiendo la culpa de ello al peligro nacido en la URSS, que para él era «esencialmente igual que hace cincuenta años» pues «se trata de un imperialismo que intenta beneficiarse de la debilidad de otros países». El presidente español llegó a atribuir la crisis del petróleo a «una trampa preparada por la Unión Soviética en la que toman parte unos países de segunda que son los que oficialmente plantean el problema». Cuando el secretario de Estado insinuó la tesis, esencial a su visión de lo que era el panorama internacional de entonces, de que la URSS no quería la guerra, Carrero de manera inmediata repuso esgrimiendo la guerra subversiva, «la más peligrosa y de más actualidad», contra la que los estados del mundo occidental no parecían ser capaces de aunar esfuerzos. Añadió, además, pasando ya a lo que interesaba a los negociadores españoles, que «la Unión Soviética es monolítica» y en cambio Occidente era una coalición; en ella España era privada del papel que le correspondía porque había «una serie de países miembros de la OTAN que por razones de política sectaria excluyen a España de dicha organización». Sin embargo, todo intento de pasar de estas afirmaciones a que los Estados Unidos se avinieran a firmar con España un tratado con rango superior al suscrito por los ejecutivos respectivos fue declarado, sin más, imposible por Kissinger, porque el Senado se seguía negando a ello.

Si se descuenta lo que en estas frases del presidente español había de intento de conseguir lo que había sido por el momento imposible y siguió siéndolo, no cabe la menor duda de que su anticomunismo, siempre visceral, como producto que era de una experiencia biográfica, se había hecho aún mucho más presente ante el espectáculo de la España del momento. Pero esta posición aparece todavía de manera más meridianamente clara en otro texto, escrito de su puño y letra, que iba a ser leído en una reunión de ministros del 20 de diciembre. En ese texto aparece resucitada la interpretación tradicional en el «Juan de la Cosa» de hacía casi treinta años[312].

El escrito, quizá elaborado en la intimidad del hogar, puesto que carece de membrete, partía de una visión conspiratorial que, al considerar al régimen político vigente en España como antiliberal y anticomunista, consideraba lógico que tuviera como adversarios al comunismo y la masonería. De estos «entes», como él los denominaba, suponía que eran «en realidad totalitarismos extranacionales que buscan dominar al mundo haciendo que las naciones queden de hecho en sus manos». La prueba era, para él, que «cuando en España hubo gobiernos que obedecían, bajo pena de vida, al Poder de la secta, España era también un país vasallo». A comunismo y masonería les atribuía el mismo «objetivo», en especial contra una nación como España opuesta a ambos. La coincidencia nacía del hecho de que la masonería quería para España un régimen demoliberal y el comunismo sólo podía verse satisfecho por ello porque eso implicaba una España «débil» en la que sus posibilidades serían mucho mayores.

Venía a continuación una interpretación del momento que se vivía en las relaciones con el comunismo, y a este respecto la posición de Carrero testimonia hasta qué punto había sido sincero con Kissinger, pues despachaba la coexistencia con la consideración de que eso eran sólo «falsas manifestaciones». La prueba era, para él, que si los países comunistas no parecían estar dispuestos a desencadenar una guerra mundial, al mismo tiempo practicaban la «guerra subversiva», destinada a «aniquilar moralmente al elemento hombre», convirtiendo a los seres humanos en «pequeñas bestias», arruinadas por «vicios y drogas», que fácilmente se convertirían en esclavos.

Para lograr estos fines, el comunismo se había infiltrado en la Iglesia y la Universidad principalmente, pero también entre las masas trabajadoras, los órganos de información, los sectores intelectuales y, «espero que todavía sin éxito», «en la Policía y en las Fuerzas Armadas». En esa infiltración había contado con la masonería, «que es fundamentalmente anticatólica, además de demoliberal». Sólo así se podía entender lo que sucedía en la Iglesia, y personas como Carrero veían «con asombro e indignación» lo que sucedía merced a la confluencia de esas dos poderosas fuerzas. Una situación como ésta se remontaba, en definitiva, a 1939, y no tenía visos de cambiar en un inmediato futuro.

Ante esta situación, a pesar de que Carrero admitía que no había en el mundo otra cosa que «capitalismo o socialismo liberales que la masonería sostiene o el marxismo que el comunismo trata de imponer», no había que ceder, porque ello equivaldría al suicidio. Un «resbalamiento hacia el liberalismo» llevaría a una desnaturalización radical de la institución monárquica, y de ella se pasaría, en definitiva, al comunismo. La pretensión de engañar al adversario mediante una evolución era de una ingenuidad peligrosa, porque de esta manera sólo se conseguiría «hacer cosas (algunas hemos hecho ya) que contra nuestra voluntad nos metan en el resbalamiento antes señalado».

La única solución era, en definitiva, defender al régimen «con pasión y a toda costa» y se resumía en la divisa siguiente: «Máxima propaganda de nuestra ideología y prohibición absoluta de toda propaganda de las ideologías contrarias». La situación en España era tal que en realidad los sectores contrarios, víctimas de la subversión, eran una minoría, y la masa del pueblo español era buena, «pero no la formamos como debiéramos». Contra el sector que ya se había perdido había que aplicar la fórmula de «represión y en la medida que sea posible recuperación»; «con respecto al resto de la población, formación, educación y ejemplo».

A la hora de tratar de la formación nos encontramos con una posición muy habitual en Carrero, de la que ya hemos tenido precedentes al tratar de la cuestión monárquica. Pero ahora, antes de eso, hacía mención a la represión, de la que decía taxativamente que «debía ser dura». Para ello afirmaba que era preciso que los ministros de Gobernación y de Justicia pensaran en medidas especiales. Como suele ser habitual en los gobernantes con problemas, achacaba por lo menos parte de las culpas a los jueces, indicando que «un juez que se sienta liberal o marxista siempre será un mal juez, así sepa más leyes que Papiniano».

Pero para él, como queda dicho, lo esencial era la formación, y dentro de ella le preocupaba de manera especial aquel instrumento que resultaba accesible a la mayor parte del pueblo español, es decir, la Televisión. También le preocupaba de forma especialísima no tanto lo directamente político como aquello que se refería a la moralización en términos genéricos, desde el tráfico de drogas a la venta de revistas o libros contrarios al ideario propio o inmorales, características que, como vemos, identificaba por completo. Quizá la frase más expresiva de todo este largo inventario de aspectos negativos de la vida española se refiera a los «bailes y músicas decadentes». «Se trata —escribió Carrero— de formar hombres, no maricas, y esos melenudos trepidantes que algunas veces se ven no sirven ni con mucho este fin [formativo]». Había que cuidar «muchísimo» la Televisión y defender en ella «el espíritu de nuestro Movimiento, la virilidad, el patriotismo, el honor, la decencia…». Para ello requería la actuación de los ministerios de la Gobernación e Información y Turismo.

El segundo campo en que debía cuidarse la formación de los españoles era el educativo, y sobre el particular su actitud no podía ser más drástica. «Hay que borrar denlos cuadros del profesorado de la Enseñanza General Básica y de la Universidad —escribió— a todos los enemigos del régimen y hay que separar de la Universidad a todos los alumnos que son instrumento de la subversión». De ello debía ocuparse el ministro correspondiente presentando medidas concretas para hacerlo. Quizá una juventud bien formada era la que podía limpiar las instituciones educativas de profesores y alumnos contrarios al régimen; para lograr la primera era precisa una labor decidida por parte de la «organización del Movimiento», pero también resultaría útil «una formación premilitar en los muchachos».

Aquí pensó Carrero concluir el texto que quería dar a conocer a sus ministros y, en consecuencia, redactó un párrafo final. Luego, sin embargo, decidió referirse a otra cuestión, una que sin duda le preocupaba gravísimamente, hasta el punto de ser para él poco menos que la decisiva. Se trataba de las relaciones con la Iglesia Católica. En contraste con la posición adoptada en otros terrenos, en éste Carrero no daba la sensación de querer lanzarse a una acción inmediata, sino que de modo explícito repudiaba que se produjera, por parte del régimen, una «situación anti Iglesia». Ese sería, según su opinión, el deseo de los adversarios políticos del régimen. «Una cosa —añadía— son los enemigos infiltrados en la Iglesia y otra la Iglesia por Nuestro Señor fundada, aunque haya enemigos en sus altas jerarquías». Ni por un momento dudaba de que éstos existían, pero al mismo tiempo aseguraba que «España tiene que defender a la Iglesia Católica incluso contra los enemigos infiltrados en su seno». Parecía tener la solución para actuar, la cual, por supuesto, pasaba por ese deseo de identificación entre los dos poderes pero que, caso de fracasar, tenía como alternativa la utilización de los medios represivos «que nos consiente el Concordato y, si éste no se modifica en un plazo prudente, cabe, cuando estemos cargados de razón, la promulgación de un Estatuto», es decir un sistema de relaciones con la Iglesia arbitrado por el propio Estado. En esta posición de Carrero se aprecian los ecos de la evolución reciente de las relaciones entre ambos poderes, las cuales, sin llegar a cambiar de manera importante, al menos habían hecho aparecer en los meses en que López Rodó había desempeñado el Ministerio de Asuntos Exteriores una esperanza, aun leve, de no degenerar en un choque frontal. La agenda del presidente del Gobierno revela que, aparte de recibir a Casaroli junto con López Rodó el 2 de noviembre, también recibió al primado el 6 y a Tarancón el 14 del mismo mes. Todo hace pensar que desde el enfrentamiento de fines de 1972 la situación había mejorado.

El texto de Carrero, destinado, como sabemos, a ser debatido en una de esas reuniones de ministros que no llegaban a ser consejos y que en ocasiones aparecen citadas como «consejillos», es lo suficientemente importante como para merecer algunas reflexiones. La primera no se refiere tanto a su dureza como a su alejamiento de lo que ya entonces era la sociedad española. En efecto, llama la atención de su contenido, sobre todo, lo inimaginable de estas medidas incluso para quienes hubieran tenido que aplicarlas, y no sólo en el escalón ministerial sino en el inferior. Pero el propio contenido de los párrafos relativos a la Iglesia hace pensar que quizá un texto como éste no puede ser denominado estrictamente como un testamento político. Siempre caracterizó a Carrero que cuando exponía sus opiniones por escrito resultaba mucho más duro que en su actuación posterior: era una consecuencia de un estilo y un talante militares, luego filtrados por la forma de actuar de sus colaboradores o por su propio ejercicio de la prudencia. Alguno de los ministros de entonces ha descrito el texto como «un documento de trabajo» que no tenía por qué provocar decisiones concretas[313]. No resulta fácilmente imaginable, por ejemplo, un incidente como el que aconteció entre Arias Navarro y Añoveros en plena presidencia de Carrero, porque para éste la relación con la Iglesia era más decisiva que para aquél. Incluso cabe preguntarse si, permaneciendo Carrero como presidente, hubieran tenido lugar las ejecuciones de finales de 1975. Al mismo tiempo, sin embargo, de la lectura de este texto resulta patente una mentalidad muy caracterizada en la que reviste casi más importancia lo que falta que lo que existe. Mientras que en la propia clase política del régimen la cuestión de las asociaciones apasionaba hasta convertirse en una clave decisiva, Carrero la consideraba carente de importancia y seguía obsesionado por la conspiración masónica y comunista. Si Arias Navarro, de la manera titubeante y confusa que le caracterizó siempre, debió incluir en su programa esa cuestión, Carrero, en cambio, se aferró a su pensamiento de siempre. Había, pues, una diferencia de criterio, quizá provocada por la edad.

Asesinato en la calle Claudio Coello

Quien vivió con una cierta edad el día del asesinato de Carrero Blanco ha guardado del acontecimiento una huella perdurable en sus recuerdos. Fue una conmoción nacional que se puede descomponer en millones de experiencias personales. Predomina como sustrato de todas ellas ese tipo de sensación producida por un suceso inesperado que parece hacer tambalearse una sociedad. A la conmoción y a la sorpresa siguió el interrogante acerca de lo sucedido. Las informaciones sucesivas que aparecieron en la prensa española fueron haciendo aparecer las piezas de un rompecabezas que, con el transcurso del tiempo, ha ido completándose. Sin embargo la sorpresa y la conmoción tenían la suficiente magnitud como para que los interrogantes siguieran. Aún hoy, cuando el historiador aborda una biografía de Carrero Blanco, se le pregunta por el atentado que le costó la vida y, en especial, acerca de alguna nueva noticia sobre la trama secreta del mismo.

Pero el verdadero interrogante acerca de Carrero Blanco no es quién le mató, sino el papel que desempeñó al lado de Franco en la historia española. Se comprende, por esa conmoción y por la sorpresa de la que vino acompañada, que las preguntas acerca del crimen hayan sido muchas. Si bien se mira, hubo acontecimientos posteriores que contribuyen a explicar que las preguntas no sólo no hayan desaparecido sino que se hayan multiplicado. El cambio de dirección política, el relevo de la clase dirigente tras diciembre de 1973 y la posterior transición a la democracia parecen convertir el asesinato de Carrero Blanco en una especie de punto de partida de todo un proceso. Ese mecanismo parece condenar al perpetuo interrogante y éste a su vez estimula la aparición de noticias carentes de verdadero fundamento.

Aristóteles escribió que un síntoma de ignorancia es la pretensión de ser más preciso de lo que la cuestión requiere. Es posible que algún día haya alguna revelación acerca del asesinato, pero lo más probable es que se trate de una cuestión de detalle y no de la clave del acontecimiento. Ha sido el afán de preguntarse el que ha provocado un género de respuesta fantasiosa para la que no cabe encontrar fundamento alguno, como la que se refiere a la supuesta intervención de servicios de inteligencia extranjeros. Lo cierto es que el asesinato de Carrero Blanco parece una cuestión resuelta en lo esencial y que ni la conmoción ni la sorpresa autorizan a explicar lo sucedido por razones más alambicadas que las que se deducen del conocimiento seguro que tenemos de los mismos acontecimientos[314]. También otros asesinatos de personajes singulares de la historia española o intentos de perpetrarlos han producido especulaciones cuando la explicación a la que resulta preciso atenerse es relativamente simple.

Hay que partir, en primer lugar, de la larga gestación del atentado, lo que no quiere decir que fuera objeto de una minuciosa preparación. Cuando, un año y un día antes de su muerte, Carrero Blanco recibió el informe escrito de Iniesta, el director general de la Guardia Civil, la gestación del atentado se hallaba en aquel preciso punto que figuraba en el texto que hemos reseñado: ETA no había pensado asesinar al almirante, sino secuestrarlo para obtener la liberación de sus presos; tampoco era seguro que él fuera el sujeto paciente de la operación, sino que podían serlo otras personas, como don Juan Carlos o los miembros de las respectivas familias. La idea más clara que tuvo ETA acerca del particular consistió en ese trueque con sus presos, sin que, eliminada esta posibilidad por las dificultades de la operación, se planteara otro propósito más claro. Un grupo terrorista siempre está dominado por el vértigo de una acción, pese a que la justifique con una sofisticada elucubración de motivos. Lo que pasa por la mente de los terroristas suele ser una mezcla alucinada de supuesta racionalidad, la visión de la Historia como una aventura de héroes y villanos y una interpretación teológica, de puro dogmática, de los acontecimientos, pero lo que les mueve a la acción es la acción misma. El asesino de Cánovas o el de Canalejas, como los de Dato o Carrero Blanco, no previeron el resultado de su acto, sino que lo que desearon simplemente fue llevarlo a cabo. Los etarras justificaron luego lo que hicieron, pero emplearon tantos argumentos y tan contradictorios que no se puede llegar a otra conclusión que la expuesta. Los motivos del atentado, que luego aparecieron en los órganos de su prensa clandestina, van desde el deseo de dar «un serio aviso» al régimen hasta la eliminación de la «clave garantizadora» del mismo, pasando por el supuesto deseo de agudizar las contradicciones entre los dirigentes franquistas e incluyendo la desaparición de quien podía ser el agente de un endurecimiento temporal pero facilitaría la transición a una liberalización posterior.

Tan divergentes interpretaciones del acto obligan a pensar que, tras juzgar inviable el secuestro de Carrero, los etarras, que durante la vigencia de ese proyecto habían intuido la posibilidad de una actuación en la capital de España, quisieron ejecutar, simplemente, una acción sonada. Se tiene la sensación, sin embargo, de que la propia presencia de terroristas en Madrid resulta el testimonio patente de una de esas muestras de desunión que esmaltan la trayectoria de la banda.

Otro dato de la situación que precedió a la realización del atentado y contribuye a su explicación se refiere a los apoyos que obtuvo ETA para sus planes en el propio Madrid. La posibilidad de secuestrar a Carrero partía de la previa preparación de una infraestructura que no podía ser obra tan sólo de etarras procedentes del País Vasco. El secuestro acabó siendo desechado porque resultaba demasiado complicado: en la propia iglesia de los jesuitas de la calle Serrano el número de entradas lo hacía difícil. Pero la infraestructura mínima quedó y fue de utilidad para los terroristas cuando se planeó el asesinato. Como los servicios de la Guardia Civil habían apuntado, esos apoyos fueron logrados en los medios comunistas: la colaboración de algunos elementos aislados relacionados con el PCE parece incuestionable y resultó luego demostrada de manera definitiva con ocasión del posterior atentado de la calle del Correo. Pero, además, no sólo hubo colaboraciones personales, sino también materiales: el teléfono del piso franco en que estaba oculto el dirigente comunista Simón Sánchez Montero apareció en una casa utilizada por los etarras. Pese a que esto pueda parecer imposible, lo cierto es que resultaba compatible ese género de colaboración de comunistas heterodoxos con los etarras. Recordemos que el propio informe de la Guardia Civil en diciembre de 1972 no hablaba de la colaboración del PCE, sino de elementos relacionados con él. De lo que no cabe la menor duda es de que, al mismo tiempo, la colaboración existió y la jefatura del PCE no sólo no supo nada de ella, puesto que, de haberla conocido, hubiera tratado de evitar que se produjera. El tipo humano del colaborador de los etarras fue, por ejemplo, Eva Forest o el militante de Comisiones Obreras Antonio Durán, personas de ninguna significación orgánica y críticas desde hacía mucho tiempo del PCE desde posiciones ultraizquierdistas. Los redactores de Operación Ogro, el libro patrocinado por ETA para explicar el atentado, eluden la mención de ese tipo de colaboraciones que, sin embargo, parecen evidentes. Lo es también que el atentado resultaba poco conveniente para el PCE en estos momentos en que estaba a punto de ventilarse el proceso 1.001, relativo a los dirigentes de Comisiones Obreras, que podía convertirse en el procedimiento para presentar la imagen de un sindicato puramente reivindicativo y defensor de una estrategia como la de Carrillo. Se comprende la desorientación de la dirección comunista en los momentos posteriores al atentado. Pero, si los comunistas quedaron perplejos por lo ocurrido, eso fue compatible también con el hecho de que, al día siguiente, los dirigentes de Comisiones aparecieran en Carabanchel en pijama fumándose un puro.

El tercer elemento explicativo del atentado consiste en las facilidades de hecho de que disponían los terroristas. Hay que partir de la base de que el asesinato de Carrero supuso, en realidad, una inflexión en la trayectoria de la organización terrorista. Hasta el momento, ETA, aun siendo una organización armada, no había practicado el atentado individual sino en el caso del policía Melitón Manzanas. No se tenía indicio de que pudiera actuar en Madrid, porque no lo había hecho hasta el momento y, aunque existieran las ya citadas noticias procedentes del sur de Francia, podía tratarse de una información poco fundamentada. Parece obvio que el sistema de seguridad de las personalidades políticas del régimen dejaba mucho que desear. El propio autor de estas páginas recuerda haber pasado por la calle Hermanos Bécquer, donde estaba la casa de los Carrero Blanco: el policía armado de guardia (a lo sumo había dos) parecía más un indicativo que un elemento de protección. No sólo era fácil matar a Carrero, sino que era el personaje importante del régimen que estaba menos protegido para la importancia que tenía: Franco era inaccesible y don Juan Carlos empezaba a serlo. Los servicios de información eran muchos pero malos, mientras que los escoltas eran pocos (una cincuentena tan sólo para todos los dirigentes del régimen) y además no estuvieron informados de ninguna posibilidad inmediata de atentado. Llama la atención no tanto que los etarras consiguieran matar a Carrero como las cosas que llegaron a hacer las muchas personas pertenecientes a un comando muy amplio como el que estuvo en Madrid sin ser descubiertas y, menos aún, importunadas por la policía. Los etarras asaltaron una armería, robaron un subfusil a un soldado de Capitanía General, dejaron olvidadas armas y la cúpula dirigente de la organización realizó una reunión en la primavera de 1973 donde acabó por decidirse el atentado sin que los participantes fueran molestados por las fuerzas de orden público. Eso hoy nos parece increíble, pero hay que tener en cuenta que entonces se estaba iniciando la espiral terrorista.

Carrero no recibió información complementaria escrita acerca de un posible atentado, pero debió de tener alguna de carácter verbal puesto que reforzó la protección propia y la de su mujer. De todos modos no modificó sus hábitos de conducta, los cuales proporcionaron a los terroristas la mejor ayuda. Algún testigo ha señalado una cierta indiferencia de su parte ante la posibilidad de la muerte que cuadra muy bien con el carácter del personaje.

Como en él era habitual, Luis Carrero Blanco fue a misa la mañana del 20 de diciembre de 1973 a la vecina iglesia de San Francisco de Borja, que venía a ser la parroquia de la familia: cuando en abril de 1972 falleció su suegra, que vivía en su casa, se celebraron allí los funerales. Durante semanas había sido observado por los terroristas en su diario camino desde Hermanos Bécquer 6 a la iglesia y de allí de nuevo hasta casa para desayunar y partir luego a Presidencia en Castellana 3. El atentado se retrasó algún día como consecuencia de la presencia del secretario de Estado norteamericano en España. La enfermedad de uno de sus hijos evitó que Ángeles acompañara al almirante, su padre, como solía hacer. Carrero salió de su casa a las nueve menos cuarto y estuvo en la iglesia hasta las nueve y veinte. A la salida montó en el coche oficial no blindado que le trasladaba con su conductor y un escolta; fue seguido por otro vehículo con un conductor y dos policías más. Para volver a casa era necesario dar una vuelta siguiendo las indicaciones del tráfico, subiendo por Juan Bravo y girando hacia Claudio Coello. Al llegar al número 104 de esta calle, detrás de la iglesia, se produjo la acción terrorista. Los etarras habían excavado una galería hasta el centro de la calzada y colocado allí una potente carga explosiva; para mayor precisión pusieron un vehículo en segunda fila que obligaba al conductor a pasar por donde el estallido resultaría más efectivo. En el momento preciso de su paso volaron el coche, que saltó por los aires yendo a parar al patio de la iglesia. Carrero no murió de manera inmediata, pero las heridas que sufrió eran necesariamente mortales. Llevaba en el bolsillo de la chaqueta una agenda del INI de marca Loewe en donde tenía apuntadas las citas más importantes de cada día. El anterior, después de hablar con Kissinger, había tenido entrevistas con Fernández Miranda y con don Alfonso de Borbón. El día del asesinato, antes del «consejillo» en que se iba a debatir el documento redactado de su propia mano que ya hemos mencionado, tenía que atender durante media hora a Gonzalo Fernández de la Mora. La agenda se ha conservado con la pestaña correspondiente al 20 de diciembre de 1973 sin tocar y la del 19 arrancada.

Las horas que siguieron fueron de confusión en Madrid y en toda España. La reacción policiaca demostró tal desorientación que luego los etarras publicaron supuestas o reales transcripciones de las conversaciones cruzadas entre los coches de policía. La gestión de quienes eran supuestamente más duros o más responsables de la seguridad y del orden público (Arias Navarro o Carlos Iniesta) resultó especialmente atropellada. Con el transcurso del tiempo, sin embargo, se impuso la cordura y la normalidad, en cuyo hecho desempeñaron un papel decisivo determinadas personas, como Fernández Miranda, Diez Alegría y Pita da Veiga. Franco, contó luego su hermana Pilar, se retiró a la soledad, en la que permaneció todo el día.

Los etarras huyeron sin dificultad, según afirmaron luego, a través de Portugal para, en Francia, acabar dando una conferencia de prensa en que explicaron su acto terrorista. No cabe la menor duda de que en él habían participado muchas personas, aunque siempre resultará difícil precisar quiénes y qué papel tuvieron. En el sumario por la muerte del atentado fueron encartadas casi una treintena de personas, de las que tan sólo siete fueron detenidas. El sumario nunca llegó ajuicio porque antes se promulgó la amnistía. Los hijos de Carrero llegaron a ver por la televisión a los asesinos de su padre llevando una vida normal y carente de problemas; eso es un buen testimonio de lo que fue la transición española. Pero merece también la pena recordar la trayectoria seguida por algunos de los etarras porque nos pone en contacto con lo que es el terrorismo y lo que provoca: uno de ellos, «Argala», fue asesinado años después, en lo que tiene todos los visos de haber sido una operación contraterrorista, el día del aniversario de la desaparición del almirante, y otro, «Pertur», fue eliminado por una parte de sus propios compañeros. La mayoría de los que sobreviven han perdido su vinculación con el terrorismo; uno es profesor universitario en Burdeos y otro regenta un bar en el País Vasco.

El estallido de las especulaciones acerca de la muerte del almirante fue inmediato. Como siempre que un hecho se produce de una manera que no tiene justificación ni puede ser probada, lo que importa no es tanto el contenido de la interpretación como quién la formula y en qué consiste. Para Carrillo, lo sucedido podía plantear graves peligros a su política de partido, tendente a presentar la posibilidad de una desaparición del franquismo sin traumas y con un PCE abierto a la colaboración democrática con otras fuerzas; además, no pensaba que ETA tuviera capacidad para hacer lo que se le atribuía. De su desorientación surgió la especulación acerca de la colaboración de la CIA en el atentado. Tiempo después, la agencia Tass lo afirmaría de forma rotunda aludiendo a la negativa de Carrero a que España entrara en la OTAN. Pero ambas interpretaciones no son otra cosa que la prueba del juicio que esos medios tenían acerca de la agencia norteamericana como organismo omnipotente y diabólico. No tiene el menor sentido que un pronorteamericano como Carrero fuera eliminado por la CIA, y menos aún que el hecho tuviera un efecto previsible sobre la política española. Lo curioso del caso es que, con el transcurso del tiempo, los colaboradores y deudos del almirante, marginados y olvidados, pensaron que esa idea podía tener fundamento. De nuevo la causa hay que explicarla por su propia situación (estaban conmovidos por lo inesperado del suceso y pronto fueron preteridos) y no por otras razones.

Lo que interesa, por tanto, no es tanto descubrir secretos en un atentado que, probablemente, carezca de ellos, sino apreciar, como coda final a esta biografía política, el cambio de rumbo que se produjo en la vida pública española. Ese Franco silencioso y, sin duda, herido hasta lo más íntimo por la desaparición de su principal consejero optó, gracias a la influencia de su entorno familiar y a una cierta conciencia de que debía cambiar las cosas, por una fórmula de Gobierno muy diversa de aquella que había mantenido hasta diciembre de 1973. Y esto, que influyó en la propia imagen posterior de Carrero, nos lleva ya a intentar un definitivo perfil histórico de su persona.

Epilogo. Carrero Blanco en la historia de España

Lo sucedido tras la muerte de Carrero, como resulta obvio, no puede figurar en su biografía, pero sirve de punto de partida para intentar una recapitulación de lo que fue su trayectoria y del impacto que causó en la Historia española. Enfocaremos lo sucedido a partir de ese momento, durante quince días dramáticos, desde la óptica de historia política de la que siempre se ha partido en estas páginas.

En la historia del régimen de Franco hubo tres tipos de cambios gubernamentales: aquéllos provocados por un incidente inesperado que obligaba a la sustitución de algún ministro concreto, los relevos de guardia, periódicas sustituciones de un número elevado de ministros en los momentos en que se consideraba transcurrido un número suficiente de años (normalmente cinco) desde el comienzo del ejercicio del poder, y los cambios más profundos que solieron ser la consecuencia de un nuevo panorama en las relaciones internacionales o de la conclusión de un ciclo en la evolución política interna. La crisis de febrero de 1956 puede ser un ejemplo que corresponde al primer tipo, mientras que la de 1951 corresponde al segundo. El tercer tipo de cambios gubernamentales puede ser ejemplificado por los de 1945 o de 1957.

Tras el asesinato de Carrero se produjo un cambio de Gobierno de enorme magnitud que implicó no sólo un sustancial relevo de personal político, sino también una voluntad muy explícita de que apareciera como tal. Considerado imposible como sucesor, de forma inmediata, Torcuato Fernández Miranda, los candidatos a los que hay que juzgar como viables nada tenían que ver con Carrero. El marino Pedro Nieto Antúnez, que hasta el último momento fue considerado como el más probable sucesor, se había alineado con Fraga-Solís-Castiella en octubre de 1969 y había expresado su protesta en meses sucesivos por el «monopolio» de un sector político sobre los demás. El propio Presidente asesinado, en uno de sus escritos a Franco, le había comunicado sus prevenciones contra él por razones que quería expresar en forma verbal. Girón era la vuelta al falangismo de los años cuarenta o cincuenta. Arias Navarro había sido el único ministro de Carrero que este mismo no había elegido al formar su Gabinete. La crisis acabó por resolverse a su favor, merced a la intervención de la camarilla de El Pardo, y su resultado no fue una simple sustitución en la cúpula, sino que afectó también a los cargos de segundo y tercer nivel, porque, como Franco dijo, cada torero debía lidiar con su propia «cuadrilla»[315].

Las palabras que emplea en sus memorias López Rodó para describir lo que se produjo a continuación resultan extraordinariamente duras: habría existido un auténtico «frenesí», concluido con una «caza de brujas» contra quienes habían desempeñado el poder hasta aquel momento. Quien dejó de ser ministro de modo inmediato le llegó a decir a Franco que ETA no sólo había logrado la eliminación de Carrero, sino también de todo su equipo. En cierta manera fue así. Navarro Rubio asegura que se trató de «la revancha de la Falange humillada por el éxito del Plan de Estabilización realizado por sus oponentes llamados tecnócratas». Claro está que es un tanto simplificador presentar como Falange a todo lo opuesto a Carrero, y que también se trató de la venganza de los que se habían sentido marginados por la crisis de 1969, pertenecieran a un grupo u otro. De hecho, así se vengaron los perdedores de la supuesta o real tendencia monopolizadora por parte del equipo que estaba en el poder desde 1969, tanto más cuanto que su derrota había parecido irreversible. Se interprete de esta manera o no, el hecho es que el elenco de quienes habían desempeñado un papel importante en el planteamiento de las responsabilidades en torno a Matesa y pasaron a cargos importantes resulta impresionante: Ruiz Jarabo, presidente del Tribunal Supremo, fue nombrado ministro de Justicia; Carro, ponente del suplicatorio en las Cortes, ocupó el de la Presidencia; García Hernández, que había tenido un protagonismo singular en la cuestión, llegó a la vicepresidencia… El nuevo Gobierno acentuó el contraste como para justificar una apertura propia, que luego no se tradujo en la realidad. La sorpresa de la desaparición de Carrero incrementó la posibilidad y el deseo de ruptura con el pasado. Fernández Miranda señaló que el propio Franco fue consciente de esta situación y acabó por fomentarla.

A continuación se produjo un hecho que, no por previsible y esperable, resultó menos sorprendente en sus efectos. Todos los personajes de una cierta relevancia en la vida política ven su realidad y su trayectoria transformadas por las percepciones de los demás actores en aquélla; con el paso del tiempo, no son tanto lo que fueron en el pasado como la manera en que los demás los vieron. Por sus características personales, una persona como el almirante Carrero Blanco estaba especialísimamente condenado a experimentar esta transformación, producto, en parte, de su propia personalidad, pero también principal consecuencia del impacto de su actuación política en la España que le había tocado vivir. Como él mismo había sido la antítesis del exhibicionismo, unos le olvidaron prontamente y otros tendieron a apoderarse de su persona en forma retrospectiva. Hubo, por supuesto, una gran conmoción en el momento del atentado y los esperables juicios necrológicos con alabanzas hacia el personaje desaparecido, pero llama la atención que no siempre le captaran bien en su relevancia histórica real. Se pudieron leer juicios muy oportunos nacidos de antiguos colaboradores (López Rodó, Fernández de la Mora…) o de personas que poco habían tenido que ver con él (Pemán…), pero gran parte de lo que se escribió entonces en la prensa estaba lastrado por el temor a que los sucesos produjeran un endurecimiento político y, por lo tanto, aquellas opiniones, aparte de que no eran asépticas y distanciadoras, se centraban en las circunstancias futuras de España y no en el asesinado. Con el paso del tiempo, el ritmo acelerado de la política española hizo que las noticias aparecidas en la prensa acerca del almirante se redujeran tan sólo a la evolución del sumario abierto contra sus asesinos. No estaba concluido cuando se produjo la amnistía de los presuntos inculpados.

Carrero Blanco fue, en realidad, a partir del momento de su asesinato, monopolizado por una versión del régimen que era la que los españoles de la década de los setenta situaban en la extrema derecha. Carrero tenía puntos de identidad con Blas Piñar: por ejemplo, el catolicismo en su versión tradicionalista, nutrido de sospechas acerca de la reciente evolución de la Iglesia universal y, sobre todo, del catolicismo español bajo la égida de Tarancón. Nada, sin embargo, hace pensar que hubiera una real identidad de posiciones, entre otros motivos porque, aunque, como sabemos, Piñar acudió con cierta frecuencia a despachar con el almirante en los meses finales de su vida, en realidad sus denuncias acerca del rumbo que iba tomando la política del régimen implicaban una condena, con escasa sordina, de lo que había hecho y representaba Carrero o, por lo menos, muchos de sus colaboradores. La coincidencia se daba, por tanto, en esta última fase, y no en cualquiera otra. Debía ser, además, limitada y parcial. No parece imaginable que Carrero pensara en nombrar durante esos años a Blas Piñar ministro de ninguna cartera, incluso poco importante, ni tampoco hay pruebas de que se sintiera satisfecho en absoluto por la gestión de Julio Rodríguez como ministro de Educación, a pesar de lo cual éste no dejó de autopresentarse a sí mismo, tras el asesinato, como «ministro de Carrero Blanco». Lo más probable es que este último, como el propio Franco, pensara que Piñar era un patriota exaltado al que hacía falta encarrilar pero también al que era preciso oír con cierta periodicidad[316]. Los límites de la coincidencia entre ambos no pasaban de esta actitud de fondo del presidente.

En realidad, la actitud de Fuerza Nueva respecto de Carrero Blanco se explica por su necesidad doble de mostrar una posición crítica y, al mismo tiempo, no separarse de la ortodoxia del régimen. Nada más producido el asesinato del almirante, el grupo de Blas Piñar, sin escatimar elogios acerca de su persona, consideró que el acto terrorista debería servir para iniciar la «radical enmienda de errores y contemporizaciones suicidas», pero, de modo indirecto, no había más remedio que culpar de unos y otras, como también de las «tácticas acomodaticias», al menos de manera indirecta, al propio Carrero, que había desempeñado un papel tan considerable en la política española desde el momento mismo en que apareció el grupo encabezado por Blas Piñar. El asesinato de la calle Claudio Coello pudo ser aprovechado por quienes deseaban una mayor apertura del régimen, pero también por los que deseaban todo lo contrario.

Fue el rumbo seguido por la política española a partir de este momento lo que explica que Piñar convirtiera a Carrero en un punto de referencia creciente para su grupo político. En la primavera de 1974 Fuerza Nueva celebró un acto en memoria del presidente asesinado en el que ya se percibió de manera clara esa apropiación. No participaron ninguno de los colaboradores más conocidos del almirante, pero sí lo hizo, en cambio, Julio Rodríguez, quien pretendió que el «atado y bien atado» de Franco se refería al almirante. En meses siguientes llegaría a asegurar que el asesinato se había fraguado en «salones alfombrados». El acto concluyó con un Cara al sol que, como himno de Falange, es difícil saber hasta qué punto el almirante lo hubiera suscrito. La ocasión sirvió para presentar una selección de los artículos de «Juan de la Cosa», reeditados ahora por Fuerza Nueva. Hacerlo tenía sentido desde la óptica de Piñar, pues le servía para señalar los posibles peligros catastróficos que amenazaban a un régimen que había superado los no menos temibles de la segunda posguerra mundial. Pero un acto como ése también deformaba la realidad histórica de Carrero y su significación, porque en él no hubo ninguna mención de la Monarquía, que había sido su gran propósito político, aparte de que Piñar, para combatir el llamado «espíritu del 12 de febrero» con el que Arias quiso resumir su titubeante fórmula política, lo contrapuso al del 17 de diciembre de 1970, la primera de las manifestaciones de la Plaza de Oriente. Todas estas manifestaciones tuvieron también como objetivo más o menos directo, en la óptica de no pocos de sus asistentes, al propio Carrero y los gobiernos que presidía.

A partir de este momento Carrero fue recordado casi de forma exclusiva por los seguidores de Piñar o sectores similares. Ese fue el paradójico destino de quien había ejercido el poder sometido a las más duras críticas también por parte de estos sectores. Poco antes de la muerte de Franco fueron los tradicionalistas quienes pidieron que se inaugurara el monumento que en Santoña, villa natal del almirante, se había edificado en su memoria, obra del escultor Juan de Ávalos, también colaborador destacado en el Valle de los Caídos. Tras la desaparición del general, Piñar recordó la posición de «Juan de la Cosa» en los años cuarenta y anunció la disposición de muchos a salir a la calle si la ocasión lo requería.

En realidad, el monumento a Carrero no fue nunca inaugurado por ninguna autoridad. En diciembre de 1977, ya transcurrido el primer tramo de la transición a la democracia, tuvo lugar un funeral por el almirante con la presencia de la viuda de Franco; al finalizar, un millar de manifestantes de Fuerza Nueva gritaron en contra de la situación política. Próxima a aprobarse la Constitución, Piñar y sus seguidores celebraron un acto de homenaje a Carrero en Santoña que fue una especie de inauguración subrepticia del monumento a su memoria. Se hizo mención, entonces, a la «dinamitación (sic) del Estado» que estaba teniendo lugar y se aseguró que el almirante había «adivinado las traiciones». Todavía en 1984, cuando ya había muerto la viuda de Carrero, Fuerza Nueva seguía asegurando que lo que había ocurrido hubiera sido imposible en caso de vivir el almirante[317].

Si esa apropiación pudo llevarla a cabo Blas Piñar fue porque, en realidad, nadie se opuso a ella. Si para quienes sustituyeron a los hombres de Carrero fue útil identificar a éste, al margen de los fundamentos reales de su postura, con la cerrazón radical a cualquier tipo de cambio político, algo parecido hicieron los seguidores de Piñar poniéndole como ejemplo. Todos lo alabaron en el momento de la muerte, pero el juicio necrológico fue siendo sustituido luego por otros menos benevolentes: quien citaba su sensibilidad y cordialidad a la hora de la muerte le atribuyó no muchos meses después una «ideología restringida, próxima a la extrema derecha»[318]. Ambas afirmaciones pueden ser ciertas, pero lo que resulta de especial interés es que procedan de la misma pluma en ocasiones sucesivas. Algo parecido cabe decir del juicio de Fraga Iribarne en sus memorias. Indudablemente, la identificación de Carrero con el inmovilismo, sin dejar de carecer de motivos, sirvió para purificar trayectorias políticas. Frente a la apropiación de Piñar o la remisión a él de todo el inmovilismo político poco pudieron suponer los artículos que el colaborador más directo, López Rodó, escribió acerca del papel desempeñado por el almirante en la evitación de la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial[319]. La dureza, repetida y evidentísima, de las declaraciones de Carrero y su negativa a cualquier evolución que rompiera con los presupuestos del régimen contribuyeron a consolidar esta imagen.

Un político es, en parte, cómo le ven los demás, pero no queda sólo en la imagen que de él tienen otros, y la labor del historiador o del biógrafo consiste en revelar la verdad, y no en quedarse en aquella imagen. Por eso es necesario reconstruir la significación del personaje en la Historia de España a partir de cero. De entrada basta con recordar que Carrero puede haber sido eso como imagen, pero como realidad representó también el único giro importante que se produjo en el seno del régimen de Franco a lo largo de toda su Historia. No tuvo lugar en los años sesenta, sino en los cincuenta, y contribuyó de alguna manera a facilitar el desarrollo económico y la sucesión de Franco en forma de Monarquía. Al hacerse esta afirmación, que contrasta tanto con la imagen mencionada, no se pretende ir al otro extremo, sino tan sólo empezar por situar al personaje.

El intento de hacerlo debe partir de su condición de militar. También, por supuesto, lo fue Franco, pero había una diferencia generacional y de talante entre ambos. La primera establecía una distancia en la edad que podía hacer posible la devoción de Carrero por su Caudillo. Carrero no fue uno de los militares que nombraron a Franco y que luego prefirieron la Monarquía de don Juan en el momento en que ésta era ya la antítesis de la persona y significación del Generalísimo. Era de una generación militar posterior en la que el Caudillo tuvo sus mejores apoyos, porque en ella el impacto de la guerra había sido traumático y se creía a ciegas en aquél como personaje providencial. Ya en el momento final de su vida, Carrero, volviendo la vista atrás, pensaba que su personal dedicación a lo que consideraba su Deber (así, con mayúscula) era casi nada ante el sacrificio de decenas de millares de españoles de su bando que habían perecido en la Guerra Civil. Pero Carrero, además, era un militar de tipo distinto del de Franco, en el sentido de que era, dentro de su carrera, un intelectual. Esta caracterización puede sorprender, pero es acertada y aparece con fundamento en las memorias de alguno de sus colaboradores, como Silva Muñoz. Nunca perdió el interés por la docencia, empleó su escaso tiempo libre en la lectura de libros de su especialidad, de historia o de política (estaba leyendo el último libro de Emilio Romero en los días previos a su muerte) y fue un articulista que, si empleaba la pluma con una dureza absoluta con respecto al adversario, no dejó de estar bien informado y de remitirse a las cuestiones de principio. La condición de militar intelectual no pondera la calidad o la oportunidad de sus ideas, sino el hecho de que éstas contaban mucho para él y de que formaba parte de la élite del Ejército español de su tiempo. Quizá derivaba de su dedicación a un arma técnica por excelencia, la submarina, como luego escribió un marino que había mantenido una estrecha relación de amistad con él[320]. No es necesario apenas insistir en la diferencia entre este género de militar y Franco, mucho más exclusivamente práctico y sin duda mucho más indiferente a las ideas. De todos modos, había una coincidencia fundamental entre ambos en esa condición de militares que se apreciaba incluso en el lenguaje cotidiano. Cuando fue elegido Eisenhower presidente de los Estados Unidos, Franco dijo que «por lo menos» era un militar; cuando nombró a Carrero aseguró que quería que fuera una especie de jefe de Estado Mayor suyo. Lo militar desempeñaba, pues, un papel decisivo en su forma de expresarse y era, por su propia esencia, bueno. Con Carrero sucedía algo parecido, aplicándose de modo especial a su condición de marino: empleaba, por ejemplo, el término «atracar» para referirse a aparcar un vehículo automóvil. Tuvo hasta el final de su vida un ansia de dedicarse, en el mar, a su vocación verdadera, sólo torcida por la Guerra Civil. En la condición de militar se encuentran claves decisivas de su forma de ser, actuar y pensar. La dureza de algunos de sus juicios está en relación con ella, y también su concepción de la política: a veces da la sensación, leyendo sus escritos, de que veía a España como un barco de guerra en el que ejercía el mando e imponía la disciplina.

Pero ésos no eran otra cosa que reflejos de fondo del personaje que se traducían en aquel aspecto de su vida que es el que en este libro nos ha interesado: su condición de político. En relación con esa vida, recapitulando lo que ya resultará evidente como consecuencia de la lectura de estas páginas, hay que recalcar, ante todo y sobre todo, el papel trascendental de Carrero Blanco en la Historia de España durante el régimen de Franco. Pese a su aparente invisibilidad, Carrero desempeñó un papel decisivo desde una fecha muy temprana. No fue un «delfín», en el sentido de que Franco lo protegiera y lo promocionara para que heredara su papel político. No fue tampoco un mandado, simple cumplidor de las instrucciones que otro le daba o recadero de sus mensajes. No se puede comparar su papel con el de un Francisco Franco Salgado Araujo, el interés de cuyos diarios puede ocultar la realidad de que no pasaba de ser una mezcla de secretario y ayuda de cámara. Tampoco puede establecerse comparación entre Carrero y los otros dos vicepresidentes que también tuvo Franco, Jordana y Muñoz Grandes, militares como él. El primero lo fue en una ocasión excepcional, en plena guerra, durante un período corto en que Franco se dedicaba de modo principal a las operaciones militares y sólo pretendía tener una retaguardia ordenada. El segundo estuvo en la Vicepresidencia sin desempeñar un papel político relevante en el Gobierno, quizá para que se le pudiera controlar o para dar satisfacción a militares o a falangistas. Si atendemos a lo que habitualmente se suele entender como vicepresidente, cabe decir que Carrero, aunque llegara al cargo en 1967, lo desempeñaba, de hecho, desde veintidós años antes. Es lógico que así fuera, porque el vicepresidente de un general en campaña es, sin duda, su jefe de Estado Mayor. Desde 1942 fue el indudable número dos del régimen, su eminencia gris indisputada. Sólo ese afán suyo por estar en segundo plano explica que hubiera no pocas personalidades de primera magnitud política que lo desconocieran. A veces se le presenta de hecho como una especie de instrumento de López Rodó para ejercer su influencia, cuando es por completo al revés: si el catedrático de Derecho Administrativo influía en Franco era porque antes lo había hecho en Carrero y éste se servía de él, y no tan sólo al contrario. La influencia de éste precedió en mucho a la llegada del catedrático de Derecho Administrativo al poder, y el asesinato de diciembre de 1973 supuso la desaparición política de López Rodó. A Carrero se le ha presentado también (lo ha hecho, por ejemplo, Fraga) como el instrumento retardatario de una apertura del régimen, cuando había sido un sostén decisivo en su configuración inicial y en ese cambio sustancial de finales de los cincuenta.

Todas estas afirmaciones nos llevan a adentrarnos en la peculiaridad de la relación entre Franco y Carrero. La vida política española (y la de otros países) ha funcionado muy a menudo mediante parejas que intentaban ejercer una complementariedad que luego resultaba imposible. Hay que recordar aquí los casos de Adolfo Suárez y Fernando Abril o de Felipe González y Alfonso Guerra, pero también nos podríamos remontar a Antonio Cánovas y Francisco Romero Robledo o a Antonio Maura y Juan de la Cierva. La mayor parte de esas relaciones de complementariedad concluyeron truncadas o sustituidas por terceros en discordia. En el caso de Franco y Carrero la complementariedad perfecta se produjo y se mantuvo incólume con el transcurso del tiempo. Por eso ha podido hablar Fernández de la Mora de una auténtica «diarquía»[321]. Algún otro ministro le ha señalado al autor de este libro la dificultad que sentía para saber dónde comenzaba Carrero y dónde Franco. Pero eso les sitúa en plano parecido[322].

La razón radicó, en primer lugar, en la distancia entre ambos. La marcaba la diferencia de edad, ya indicada, y el obvio distinto plano en donde se colocaba cada uno. Para Carrero, Franco era el Caudillo providencial enviado por Dios, al que se debía la salvación de la Patria y del que había que lamentar, como escribió repetidamente, que debiera morirse un día. Ese diferente plano en que se colocaban las relaciones entre ambos y la falta de ambición (en sentido de deseo, casi físico, de poder) que caracterizó a Carrero se ejemplifica muy bien en el contraste con Serrano Súñer, el otro gran consejero de Francisco Franco, pero en una etapa inicial de su vida. Hubo un momento en que Serrano aparecía como ministro-presidente (porque esto último lo era de la Junta política); Carrero, en cambio, contribuía a nombrar ministros mucho antes de serlo, lo fue él mismo muy tardíamente y mantuvo una denominación (ministro subsecretario) que daba sensación de irrelevancia. Esta sensación estuvo tan extendida que Solís llegó a creer en serio que podía triunfar en un enfrentamiento con él. Su ignorancia explica esta actitud ilusoria.

En cierto sentido puede decirse que Francisco Franco y Luis Carrero Blanco no fueron amigos porque la relación de subordinación primó sobre la intimidad. Franco nunca apeó a Carrero del tratamiento de usted, y el segundo nunca dejó de llamarle «Su Excelencia». Los amigos de Franco, en el supuesto caso de que tuviera verdaderamente amigos, eran personas de su generación, conocidas desde antes de la Guerra Civil, como Alonso Vega o Suances. Las familias de Franco y Carrero no tenían tampoco intimidad: aunque convivieron, por ejemplo, en la celebración de las Navidades de 1950, lo cierto es que Carrero no era un hombre del entorno de El Pardo ni su mujer una íntima de doña Carmen. Carrero no sólo no fue un habitual de las monterías organizadas en ese entorno, sino que resultó más infrecuente en ellas de lo habitual en los simples ministros. Quizá Franco impuso esta cierta distancia como contraste a la relación que había tenido con Serrano. A Carrero, de cualquier manera, no se le puede definir como un hombre de la pequeña corte de El Pardo. Bien sufrieron las consecuencias de ello sus colaboradores cuando fue asesinado.

Lo que sí fue siempre Carrero es radical y abrumadoramente leal a Franco, tan sin ambages y sin restricciones mentales como Menéndez Pelayo decía de su catolicismo. En cierta manera también en ello cabe ver una derivación de su condición del militar que asume las órdenes del mando como propias aunque difieran de su propia opinión. Pero había más: Franco sabía que cualquiera que fuera la opinión de Carrero la sometería a la suya y que, cuando él la hubiera emitido, su consejero la seguiría con toda puntualidad. Conocía su ausencia de ambición, la antítesis de un rasgo tan presente en la personalidad de Serrano Súñer, quien a veces dio la sensación de pretender sustituir al Caudillo. Pero esa lealtad no implica ausencia de juicio ni expresión del mismo. Carrero no sólo no se callaba, sino que emitía su opinión, que fue seguida la mayor parte de las ocasiones a medio o corto plazo. Como se demuestra de manera abrumadora en este libro, la inmensa mayoría de las decisiones de trascendencia política de Francisco Franco a partir de 1942 fueron precedidas por el consejo escrito de Carrero, y sin duda hubo otros muchos consejos emitidos oralmente de los cuales cabe suponer que experimentaran igual destino.

Lo curioso del caso es que el estudio de la biografía de Carrero demuestra las fragilidades de Franco a base de señalar en qué le resultaba a éste indispensable el primero. Carrero fue decisivo a la hora de articular en textos escritos las disposiciones legales, incluso de rango trascendental, como fueron las que compusieron la tardía Constitución del régimen. Pero también resultó imprescindible a la hora de hacer los cambios ministeriales, no sólo por sugerir nombres de ministros, sino porque ayudó a establecer los principios del arbitraje y la compensación entre tendencias, aunque él mismo tenía una muy definida en el seno del régimen. Quizá, sin embargo, donde más indispensable le resultó Carrero a Franco fue a la hora de planificar la acción propia. El lector actual casi siempre discrepa del fondo de esos textos escritos que Carrero remitía a Franco, pero debe reconocer su coherencia y también su condición de documentos elaborados con buen sentido, arduo trabajo y oferta de alternativas. El consejo de Carrero, jefe de Estado Mayor, precedió a la decisión de Franco y fue seguido con muy pocas excepciones, que se suelen referir más al tiempo que al fondo de la cuestión. Cabe pensar que en ocasiones el consejero tan sólo se adecuaba a lo que el aconsejado deseaba oír, pero eso debe de haber sido mucho más la excepción que la regla.

De esa labor de consejo surgió, en definitiva, la sintonía entre Franco y Carrero, no de la amistad precedente o de la intimidad personal o familiar. Esa sintonía acabó por producir el resultado que algunos observadores inteligentes supieron percibir. Recuérdese la frase citada de Emilio Lamo de Espinosa: la simbiosis era tan perfecta que lo que pensaban y decían ambos sobre un asunto concreto resultaba imaginable incluso separados por la distancia. Para explicar esta simbiosis, sin embargo, no basta con tener en cuenta la lealtad de Carrero a Franco, sino que es preciso también partir de la base de lo mucho que influyó el primero sobre el segundo. De nuevo nos encontramos en este aspecto con una ruptura en cuanto a la imagen de Carrero como simple criado fiel de Franco. Este, que partía de carencias obvias en formación y en capacidad para enfrentarse a muchos problemas, le debió mucho al almirante como instrumento para articular su propia posición política.

Pero esta simbiosis, que fue creciente con el transcurso del tiempo, no debe ocultar las diferencias iniciales que, además, por lo menos tendencialmente, se mostraron persistentes. Más preocupado por las cuestiones de principio y dotado de un ideario católico integrista muy articulado, Carrero solía resultar más proclive a las posiciones maximalistas y también más duro, espontáneo y frontal en la declaración de su propia posición. Fue siempre también mucho más monárquico y mucho más inclinado a la institucionalización del régimen, aspectos ambos en que Franco no siempre siguió sus consejos. Contemplado desde una cierta perspectiva, Carrero resulta siempre más sofisticado y fervoroso en sus juicios. Franco, en cambio, siempre parece más prudente y hábil, mucho más calculador, desapareciente y tortuoso que su consejero. El lector actual discrepa más de Carrero porque su mundo está muy lejano al nuestro, pero, como hemos indicado antes, descubre en él coherencia. Eso no siempre aparece en Franco, mucho más proclive al deslizamiento o a la utilización de la apariencia. Franco, por ejemplo, tuvo poco inconveniente en utilizar el lenguaje y los principios falangistas.

Existe el peligro de pensar que Carrero, en el seno del régimen de Franco, sólo fue una especie de contrapeso a lo que representaba la Falange. Eso, siendo verdad, no es suficiente para definir su posición. Por pocos falangistas debió de sentir una identificación absoluta: debieron de ser los que, al final, resultaban muy fieles a Franco, quizá porque éste los manejaba sin problemas (como Fernández Cuesta o Arrese) o, ya en los años setenta, aquellos que le parecían más identificados con los principios del régimen aunque fueran nostálgicos del pasado (Utrera). Muy irritante le resultaba, de manera especial, el inquieto Solís, que le debía de parecer superficial y perpetuo conspirador, pero que a veces le ganaba por la mano en cuestiones no fundamentales ante Franco o en el Consejo de Ministros. Quizá, sin embargo, le preocuparon más los que eran más reticentes a la Monarquía por regencialismo falangista como Nieto o Díaz Ambrona[323]. Pero Carrero no era tan sólo quien equilibraba el peso de la Falange en el seno del régimen, sino que partía de otros principios en gran medida contradictorios con lo que Falange representaba. Era un hombre de la derecha católica integrista para quien los principios religiosos desempeñaban un papel decisivo en la configuración de su ideario político. No entendió, por supuesto, la evolución de la Iglesia, en especial la española, desde el Concilio Vaticano II, y debió de sufrir por ella. A diferencia de otros sectores del régimen, sin embargo, esa situación no desembocó en él en una posición anticlerical, porque el catolicismo le resultaba tan decisivo como para no hacer reproches a su jerarquía incluso cuando no entendía el rumbo que seguía. Siendo el presidente del Gobierno hubiera sido impensable, por ejemplo, lo que ocurrió en la época de Arias: estar a punto de poner en la frontera al arzobispo Añoveros. Fue también inequívocamente monárquico, aunque antiliberal, con una decisión que, pese a excluir a don Juan de Borbón, no admitió la menor duda, incluso en los momentos en que Franco mismo se sentía atraído quizá por el regencialismo o la voluntad de dejar entre nieblas su opción. Lo era por razones familiares (a fin de cuentas su padre se retiró con ocasión de la Ley Azaña), pero también por cuestión de principios de rango sólo inferior a su catolicismo. Tuvo una concepción del Estado que poco tenía que ver con el partido único, y sobre todo con la sistemática intromisión de éste en áreas que él consideraba de exclusiva competencia estatal. Desde fecha muy temprana, por el contrario, esbozó esa tesis de que lo necesario era un grupo de doscientas personas bien preparadas y muy fieles a Franco para regir los destinos del país. Ninguna de las dos opciones ponía en cuestión el poder de Franco, pero eran, por supuesto, muy diferentes a las del Partido. Sobre economía, las opiniones de Carrero fueron cambiantes, sobre todo a partir de finales de los cincuenta, pero eso mismo ya significa una cierta diferencia con respecto al mundo falangista, más o menos revolucionario pero siempre muy intervencionista y estatista. Fue nacionalista y siempre concibió las relaciones internacionales como el campo de batalla entre los puros intereses materiales de las naciones. Más que eso, sin embargo, era anticomunista y, porque veía en los Estados Unidos el poder político y militar capaz de enfrentarse a la URSS y de proporcionar al Ejército español el armamento que necesitaba, nunca tuvo dudas acerca de la necesidad de mantener con los norteamericanos una estrecha relación de amistad y colaboración. En los países que habían alcanzado la independencia a partir de la previa situación colonial no veía un modelo a imitar, un ejemplo o un paralelismo, sino que tendía a apreciar el resultado de una amenaza comunista o la imposibilidad de una independencia efectiva. No puede extrañar, por tanto, que mostrara serias reticencias ante el proceso de descolonización. En todos estos aspectos la posición de Carrero era distinta de la de los falangistas, menos clericales y monárquicos, más propicios al intervencionismo y al Partido y dispuestos a ver en los países del Tercer Mundo una identidad con los planteamientos propios. Carrero no era sólo, por tanto, un elemento de contrapeso, sino que su posición correspondía a un pensamiento distinto del de Falange. Nadie se equivocó más sobre Carrero que el político italiano Andreotti, quien, tras una visita de un par de días, le describió como un falangista radical.

Siempre fue así desde los años cuarenta a los setenta, y como el sector más falangista del régimen lo sabía, no puede extrañar su oposición a Carrero y a las personas más cercanas a él cuando, al final de la década de 1960, parecieron desplazarle. La paradoja consiste en que quizá no fue en ese momento cuando la influencia de quien ya era vicepresidente y acabó convirtiéndose en presidente resultó más decisiva. De manera más o menos explícita se ha solido presentar a Carrero como un personaje que en la historia del franquismo aparece en los años sesenta, cuando esta caracterización resulta a todas luces inoportuna e inexacta. La vida de Carrero transcurre por toda la historia del franquismo y se puede decir que, en cierta medida, él, como consejero de Franco, fue más relevante desde el punto de vista histórico en el período anterior a su vicepresidencia que durante ella misma. Fue en ese momento cuando se adoptaron decisiones tan fundamentales como la marginación de Serrano y la limitación del poder de Falange, la resistencia a ultranza al cambio político en la posguerra mundial o ese cambio de fines de los años cincuenta que fue el único verdaderamente decisivo en la política del franquismo (el social, en cambio, vino después). A fin de cuentas el relevante papel desempeñado por Carrero a la luz pública a partir de la segunda mitad de los sesenta no fue sino el desvelamiento del que ya había tenido antes. En esos momentos iniciaba el declive vital, esa parte de su trayectoria en que el fundamento de su acción política consistía, sobre todo, en pasar la antorcha de Franco a Juan Carlos I. Pero en ese momento se hacían patentes también sus limitaciones. Para el ejercicio de la Presidencia le resultaba imprescindible más ambición, mayor capacidad de atraer, al menos, a todos los sectores del régimen a los que Franco había conseguido hacer colaborar bajo su arbitraje, una talla distinta de la propia de su condición de consejero perpetuo de Franco y, en fin, un mayor contacto con la sociedad española de la época. Le faltaba capacidad, también, para actuar contra la convergencia Solís-Castiella-Fraga, aunque no fuera una verdadera alianza. Lo que más llama la atención, en efecto, en este momento, es la distancia entre el presidente del Gobierno y la sociedad española. Carrero partía de unas concepciones que, en definitiva, no eran nada infrecuentes en la Europa de los años cuarenta. De la conspiración masónica pensaba, por ejemplo, lo mismo que Pétain en Francia, pero éste ya había desaparecido hacía casi tres décadas. La paradoja del caso es que un personaje que había contribuido de manera importante a una modificación sustancial del régimen concluyera su vida política en una posición que ha quedado como de irreductible resistencia a cualquier cambio.

La biografía de Carrero Blanco produce una melancólica reflexión acerca del destino de los políticos —todos los políticos—, porque constituye la mejor prueba de que incluso los más influyentes, aquellos que no son sólo empujados por los acontecimientos sino que contribuyen ellos mismos a moldearlos, obtienen unos resultados que a menudo son por completo distintos de los intentados[324]. Imaginemos lo que hubiera sido la Historia de España sin Carrero Blanco como eminencia gris del régimen de Franco: sin duda hubiera resultado mucho más improbable la Monarquía de Juan Carlos de Borbón, más difícil el desarrollo económico de los años sesenta y poco verosímil un sistema político en que la Administración fuera relativamente independiente del partido único. Apenas si es necesario dar pruebas de estas afirmaciones, porque se deducen de los capítulos anteriores. Franco, sin duda, tenía un poso monárquico, pero era absolutamente celoso de su poder, nunca pensó en serio cedérselo a nadie y eso le convirtió de hecho en el peor adversario de la alternativa monárquica durante su vida. Desde sus perspectivas de cara al futuro es lógico que pensara en la posibilidad monárquica, pero no siempre se ha tenido en cuenta lo amenazada que estuvo esa posibilidad con el transcurso del tiempo. Si los consejeros más cercanos de Franco sólo hubieran sido elementos falangistas la Monarquía se hubiera desvanecido en las brumas de la imprecisión, habría sido retardada o, incluso, después de tomada la decisión acerca del sucesor, podría haber sido revocada. De hecho, este último peligro, aunque remoto, fue sin duda real en los últimos meses de la vida de Carrero. Hay que atribuir a éste una influencia decisiva sobre la voluntad de Franco a la hora de establecer la Monarquía: fue el primer valedor de don Juan Carlos y, sin él, resulta muy difícil imaginar que se hubiera producido su advenimiento. Don Juan era, a estas alturas, una imposibilidad total, pero, además, don Juan Carlos partía de una situación tan frágil que si no hubiera tenido apoyos probablemente habría sido incapaz de convertirse en alternativa para obtener luego sus éxitos posteriores. Pero la Monarquía de Carrero era la de la continuidad con el régimen de Franco, y la que verdaderamente se convirtió en una realidad fue la de la democracia, aunque se llegara a ella a través de las propias instituciones de aquélla. Toda la formación que Carrero atribuyó al actual Rey se convirtió en conocimiento de la realidad española y de sus dirigentes para realizar ese programa democratizador.

Carrero desempeñó, quizá, un papel menos decisivo, pero siempre de primera importancia, en otros dos aspectos de la vida del franquismo. Sus ideas de carácter económico, como las de casi todos los militares, eran el resultado de la mentalidad profesional típica y le inducían a la autarquía y al intervencionismo. Sin embargo, a partir de un determinado momento fue capaz de darse cuenta de la necesidad de un cambio y, sobre todo, lo apoyó cuando comprendió que obtenía buenos frutos; por sus características personales tendía a aceptar lo que le decían los técnicos en esta materia[325]. Él, desde luego, no fue el autor del desarrollo, pero consiguió que no fuera obstaculizado. Lo que le sucedió es que mientras que él pensaba tan sólo en elevar la dieta alimentaria de los españoles en realidad también estaba colaborando, aun de modo muy indirecto, a cambiar su forma de pensar y de ser, y eso condenaba a medio plazo al régimen cuya perduración él consideraba tan esencial. Pero él también contribuyó, en fin, de manera indirecta y claramente involuntaria, a un cambio trascendental en la vida española que no tiene que ver con el cambio económico y social. A veces, teniendo a la vista el caso español, se ha llegado a dar por supuesto que del aumento de la renta per capita necesariamente se deduce el camino sin titubeos hacia la democracia. Pero eso ni mucho menos es así, puesto que los cambios institucionales resultan no menos decisivos. Carrero Blanco resultó esencial en el paso de un régimen en que el Partido seguía siendo esencial a otro en que era la Administración a quien le correspondía ese papel. Por mucho que quienes la componían juraran los Principios del Movimiento establecidos en 1958, lo cierto es que con el transcurso del tiempo la burocracia se sometió a leyes de una cierta tolerancia y en sus filas pudieron figurar también quienes nada tenían que ver con el sistema político. Eso, no previsto ni deseado por Carrero, había sido también facilitado por él. En definitiva, fue decisivo en la configuración de la España actual hasta unos límites que sólo se descubren presentando una realidad antagónica a la que él contribuyó a crear. Una sucesión entregada a Fernández Cuesta o Solís, una Administración en manos de Arrese o una política económica en las de Girón hubieran producido un resultado por completo distinto. Resulta poco imaginable que hubiera sido mejor.

Es preciso, para concluir, hacer una alusión a una incógnita que a muchos españoles se les planteó en el momento preciso del atentado contra Carrero o sobre la que han reflexionado al rememorar los acontecimientos cercanos. La pregunta se puede resumir de forma muy escueta, pero tiene connotaciones de primerísima importancia. Se trata de preguntarse si la transición hubiera sido posible con Carrero Blanco en el poder, pero eso es lo mismo que interrogarse si de un crimen político, de ese bárbaro crimen concreto, puede derivar una consecuencia positiva. Lo curioso del caso es que a veces, en la respuesta, parecen coincidir quienes siguieron practicando el terrorismo, quienes sirvieron a aquel régimen pero cambiaron de postura y quienes lo añoran.

Para el autor de estas páginas, de forma meridianamente clara, la respuesta a este interrogante es negativa, aunque pueda dar lugar a una meditación infinita, ya que se basa en futuribles. ETA no mató al franquismo en la persona del almirante Carrero; menos aún contribuyó a la democracia con su asesinato. Lo único que consiguió ETA fue potenciarse a sí misma y, con ello, multiplicar los problemas durante el camino hacia la democracia y después de conseguida ésta. Las consecuencias de la desaparición del almirante fueron otras, siempre muy trascendentes, pero no consistieron ni en la muerte del franquismo, ni en la posibilidad de la democracia. Hay que tener muy en cuenta, en primer lugar, que el franquismo no desapareció en 1973. Quienes sucedieron a Carrero eran tan franquistas como él, quizá menos coherentes, más proclives a prestar atención a los medios de comunicación y más asequibles respecto de las presiones de la opinión pública. Pero no tiene sentido decir que eran menos duros o representaban una decidida línea aperturista: recordemos, por ejemplo, que en 1970 sí hubo indulto de las penas de muerte y en 1975 no. De diciembre de 1973 a diciembre de 1975 no hubo ningún cambio de verdadera sustancia en lo que respecta a la organización institucional y política española. Puede decirse, eso sí, que se aceleraron procesos, pero venían de antes y no tenían que ver únicamente con la persona de Carrero. Antes que nada hay que recordar que se agudizó de manera singularísima la desunión de la clase política dirigente del régimen. Ese, sin duda, fue un factor decisivo en la posterior transición política, porque impidió que el régimen presentara un frente único a la oposición. La propia desunión tendía a hacer pensar que llegaría un momento en que sería preciso el arbitraje de unas elecciones, más o menos controladas o limitadas en cuanto a la participación, pero, de cualquier modo, dirimentes. Carrero no fue el autor de la división en el seno de la clase dirigente, división que en cierta manera siempre había existido; lo que sucedió fue que el relevo sistemático en los más altos cargos a partir de diciembre de 1973 acentuó un proceso ya iniciado desde mediados de los sesenta. Además, y sobre todo, también en ese período de dos años experimentó una brusca aceleración el distanciamiento entre aquel régimen y la realidad social española, de tal manera que los más jóvenes entre los dirigentes políticos del régimen sabían perfectamente que sociedad e instituciones caminaban por sendas diversas y alejadas, tal como revelan las memorias de Martín Villa. El asesinato de Carrero no tuvo influencia sobre esta realidad, que el entonces presidente del Gobierno ni comprendía ni hubiera podido controlar. Esos dos fueron los motores decisivos de la transición, afortunadamente, porque de haber sido el desencadenante de la misma un asesinato lo más probable es que hubiera salido mal. ETA, por tanto, al margen de todo el horror que produce siempre un homicidio, no hizo ningún favor a un proceso que tenía otro origen.

Lo que sí es cierto es que el homicidio de la calle Claudio Coello contribuyó a desarbolar a un hombre ya en el declive irremediable de su vida: Francisco Franco. Llegados a este punto es preciso recordar lo señalado con anterioridad acerca de la fragilidad del Jefe del Estado, que, siempre prudente y con destellos que a veces resucitaban su lucidez y habilidad, ahora, en esta fase final de su vida, nos ofrece un reverso de lo que había sido hasta bien entrados los años sesenta. El Franco final pudo tener en algún momento la sensación de que se había librado de una identificación abusiva de su régimen con uno de sus sectores (quizá ése es el sentido de su enigmático «No hay mal que por bien no venga»), pero sobre todo ofreció muy a menudo la imagen de un ser dominado por la familia, titubeante en sus decisiones y a veces con tendencia a pegar un respingo cuando una posibilidad obvia se le descubría como si fuera un Mediterráneo. Eso fue lo que le sucedió cuando Utrera le sugirió que don Juan Carlos de Borbón podría desmontar su sistema político. Franco dio la impresión durante esos meses de que le faltaba el armazón que Carrero le proporcionaba. Precisamente gracias a que éste lo había hecho en el pasado ahora Franco se sentía aislado, sin capacidad siquiera para hacer la lista ministerial, porque no conocía las contraindicaciones o desventajas de los personajes que se le ofrecían. Se suele alabar el comportamiento de Franco en las crisis de Gobierno, pero lo cierto es que siempre le resultó utilísimo el auxilio de Carrero, porque a menudo se embarullaba o erraba en la elección de las personas. De todos modos, la desaparición de Carrero tampoco fue tan decisiva, porque entonces Franco desempeñaba ya un papel no tan central en la propia vida de su régimen, que funcionaba con el piloto automático y, además, de modo necesario duraría lo que su propia vida. Si después del asesinato de Carrero se hubiera producido la caída de Franco habría razones para pensar que el terrorismo de ETA tuvo un resultado político decisivo. Pero no fue así.

Todavía se puede avanzar un paso más. Imaginemos por un momento que el asesinato no se hubiera producido y que Juan Carlos de Borbón, sucesor a título de rey, hubiera heredado a la muerte de Franco como presidente del Gobierno a Luis Carrero Blanco. ¿Qué hubiera sucedido entonces? Por supuesto, se trata de un futurible con todas las desventajas de la especulación carente de fundamento, pero es evidente que su resolución sirve también para comprender al personaje.

Hay argumentos para pensar que tampoco entonces el resultado hubiera sido radicalmente distinto de como fue. El propio Rey, en sus conversaciones con José Luis de Vilallonga, transmite la convicción de que Carrero hubiera ofrecido la dimisión; idéntica impresión se obtiene leyendo las memorias de López Rodó. Pero, por si fuera poco, el conocimiento del personaje también induce a pensar algo parecido.

En efecto, a estas alturas Carrero no daba la sensación de ser el combativo personaje atrincherado en la defensa del régimen que había sido en 1945-1946, aunque pensara lo mismo y a veces lo dijera incluso con mayor rotundidad. Sobre sus espaldas pesaba el poder, y ello tenía especial significación en una persona que carecía de esa pasión casi sensual por aquél que suele caracterizar a los políticos. Si seguía en su puesto no era por ganas. Hay, por el contrario, muchos testimonios de que en los últimos tiempos sentía cansancio, ansiaba navegar o retirarse a Campoamor a escribir sus memorias. Sin embargo, tenía la sensación de que era necesario en una fase final en que creía que Franco le necesitaba como nunca («Al Caudillo hay que defenderle de sí mismo», parece haber dicho) y ya estaba inmediato el cumplimiento de la que había sido la ilusión de su vida, el establecimiento de la Monarquía. Sentía su vida cumplida, y cada nuevo mes que ejercía su cargo le parecía un año, pero ese Deber, cuya llamada sintió de manera especial en los momentos cruciales de la Guerra Civil, le mantenía aferrado a su puesto. Para muchos era la expresión de la resistencia a cualquier cambio, pero eso, siendo cierto, ocultaba sentimientos más simples y más humanos.

Supongamos que hubiera dimitido inmediatamente, tras la coronación de don Juan Carlos o algún tiempo después, como sin duda era su deseo. Tampoco es imaginable que a continuación hubiera tenido una actuación política, no sólo por ese cansancio, sino también porque su mundo no era ése. No resulta nada fácil imaginarle en un mitin, y tampoco resulta sencillo pensar que pudiera conspirar contra aquel a quien consideraba como el príncipe mejor formado para desempeñar su tarea en una Monarquía a cuya viabilidad había dedicado lo mejor de su vida. No tenía masas tras de sí, porque su marco de actuación política había sido el de un burócrata concienzudo y, no el de un político de partido. De sus dos grandes consejeros políticos, Torcuato Fernández Miranda desempeñó un papel de primera importancia en la transición (cuando no tenía inconveniente en afirmar que era Carrero quien le había convertido en monárquico); a López Rodó no le gustaron muchas cosas de las que sucedieron durante dicha transición, pero, como ya hemos indicado, acabó votando la Constitución de 1978. Es más que probable que Carrero no hubiera apreciado lo que había de venir, pero es muy posible que hubiera hecho lo que otro marino en quien él vio condiciones de ministro, Gabriel Pita da Veiga: retirarse, silencioso, a un lado. Es impensable que hubiera podido dar un golpe de Estado, incluso porque no tenía un liderazgo claro sobre el elemento militar. Esta interpretación, si se quiere discutible, aparte de su fundamentación histórica y biográfica, revela también de modo claro que el atentado terrorista no es sólo un acto de barbarie, sino que, además y sobre todo, concluye en la inutilidad siempre y de modo radical.

Álbum fotográfico

La casa natal de Carrero Blanco en Santoña.

Un niño con vocación de marino: Carrero, a la derecha, en el momento de ingresar, con el número 1, en la Escuela Naval Militar.

El alférez de fragata Luis Carrero (1921)

El primer contacto con la Monarquía: con su padre y hermanos el día en que fueron presentados a Alfonso XIII.

En Alhucemas, cuando ya había conocido a Franco.

Por vez primera en Guinea (1926).

La boda en Ceuta.

Viaje de bodas en París.

El submarino B-5, que mandaba Carrero en el momento de proclamarse la República.

España al borde de la Guerra Civil: con Franco en Tenerife (mayo de 1936).

El destructor Huesca, que mandó en la guerra.

Viaje a la Italia fascista después de la victoria. Carrero, en la segunda fila, detrás de Fernández Cuesta (mayo de 1939).

Con Girón en Roma.

El matrimonio Carrero en 1940.

Con sus cinco hijos en 1943.

Caricaturizado como «Juan de la Cosa».

El matrimonio, con su hijo mayor, Luis, en la Escuela Naval Militar (1949).

Con Pío XII en presencia de Ruiz Giménez (Roma, 1949).

Ministro tardío: saludando a Franco en octubre de 1951.

Una escena no tan habitual: de montería con Franco (1952).

A bordo del Coral Sea, con Franco (1955).

El Gobierno del giro decisivo: en el Pazo de Meirás (1958).

Carrero con sus tres hijos poco antes de presentárselos a Franco a fines de 1959. El almirante guardaba esta foto recortada de un periódico.

Los veranos de El Escorial (1959).

La gran afición: Carrero pintando en el verano de 1960 (El Escorial).

Con Oliveira Salazar (1960).

En «Las Cabezas» (Cáceres) con Franco y don Juan Carlos (1961).

Franco con sus dos vicepresidentes (Muñoz Grandes y Carrero), en 1966.

La visita al Sahara (1966).

En Guinea (1966).

La jura como vicepresidente (septiembre de 1967).

Compañeros de milicia celebrando las bodas de oro de la promoción (1968).

En el apartamento de Campoamor (verano de 1968).

Presidente y vicepresidente: Franco y Carrero en presencia de López Bravo (1968).

Con Nixon, doña Sofía y doña Carmen en el Palacio de Oriente (octubre de 1970).

Primera página del borrador del acta del indulto tras el juicio de Burgos con modificaciones manuscritas de Carrero.

Durante años, desde 1956 a 1966, Carrero preparaba las actas como secretario del Consejo de Ministros. Todas las sesiones comenzaban con una intervención de Franco que él resumía escuetamente.

Carrero dibujaba constantemente en el Consejo de Ministros. He aquí un ejemplo.

La pluma con la que don Juan Carlos firmó la aceptación de su nombramiento como príncipe de España. Posteriormente se la regaló a la viuda de Carrero.

Carrero Blanco jura el cargo de Presidente del Gobierno. 9 de junio 1973.

Penúltimo verano en el Azor (agosto de 1972).

Felicitaciones del sucesor el día de la toma de posesión como presidente (junio de 1973).

El cansancio del poder (1973).

Último verano en La Granja (18 de julio de 1973).

El abuelo con los nietos, veinte días antes del asesinato.

Una premonición: un año y un día antes del atentado, Carrero recibió este documento indicativo de lo que se preparaba contra él o contra don Juan Carlos. (Cont).

(Cont).

Las últimas hojas de la agenda diaria que llevaba Carrero cuando le mataron.

Boquete producido en la calzada de la calle Claudio Coello (justo enfrente del número 104), tras la explosión de cerca de 100 kg de goma-2 al paso del coche oficial del almirante Carrero Blanco (20 de diciembre de 1973.

La tumba en El Pardo (diciembre de 1973).

Fuentes y bibliografía

Este libro se ha elaborado en su mayor parte con fuentes escritas inéditas procedentes de archivos públicos y privados.

De los archivos públicos el fundamental ha sido el de Presidencia del Gobierno (PG). Aunque sólo en los años ochenta ha sido objeto de utilización frecuente, lo cierto es que contiene una información muy importante acerca de la historia del franquismo. Dividido en varias series documentales, ofrece, junto con muchísimo material de interés muy relativo, alguna documentación de primera importancia para el estudio de esta época. Puede servir como indicación acerca de la evolución e importancia de este departamento ministerial el libro de varios autores titulado El arte de gobernar. Historia del Consejo de Ministros y de la Presidencia del Gobierno, Tecnos, Madrid, 1992. Con respecto a la documentación que se encuentra en el Archivo de Presidencia, véase Luisa Auñón Manzanares, Fuentes para el estudio del régimen de Franco en el Archivo Central del Ministerio de Relaciones con las Cortes y la Secretaría del Gobierno, en Javier Tusell, Susana Sueiro, José María Marín y Marina Casanova, El Régimen de Franco (1936-1975). Congreso Internacional, mayo 1993, II, pp. 595 y ss. Debo agradecer tanto al ministro de la Presidencia, Virgilio Zapatero, como al secretario general técnico, Javier García Fernández, y a los archiveros Ignacio Ruiz y Luisa Auñón toda la ayuda prestada.

De las series documentales citadas en este libro quizá la más importante y, desde luego, la primera que fue utilizada por los historiadores es la denominada como Jefatura del Estado (JE), que procede de El Pardo y contiene documentación recibida por Franco y manejada por él; hay en ella algunos importantes informes de Carrero. A estos fondos se les han incorporado recientemente los de una serie especial (E) que hasta el momento no era consultable. La serie denominada Secretaría del Ministro Subsecretario (SMS) procede, como su nombre indica, de la propia Secretaría de Carrero cuando ocupaba ese cargo y se refiere principalmente a los años cuarenta y cincuenta, testimoniando la amplitud de sus responsabilidades incluso antes de desempeñar la cartera ministerial. Finalmente existe también en Presidencia del Gobierno toda la información relacionada con el Consejo de Ministros y el Secretariado del Gobierno (CM, SG). Esta enorme masa documental está organizada en varias series que incluyen los borradores de las actas del Consejo de Ministros (BA), una serie titulada «Antecedentes», con información relativa a los primeros momentos del Consejo de Ministros en el período indicado o de las Comisiones Delegadas del Gobierno, que aparecen citadas con un 0 precediendo al número del legajo, y, en fin, una gran cantidad de textos que han sido trasladados al Archivo General de la Administración (AGA) y que contienen la documentación preparatoria para las deliberaciones del Consejo de Ministros.

Dado el relevante papel desempeñado por Carrero Blanco en determinados aspectos de la política exterior, en especial respecto de los Tratados con Estados Unidos y en materia de relaciones entre Iglesia y Estado, también hemos debido consultar el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE).

De importancia todavía mayor para la biografía de Luis Carrero Blanco es el archivo familiar (ACB). Contiene éste la totalidad de los informes que Carrero redactó para Franco sobre las más diversas materias y proporciona, por tanto, una información de interés primordial para conocer el papel del almirante en la evolución de la política interior y exterior española. No hay, en cambio, en él rastro de la abundante correspondencia privada que debió mantener y que por el momento no resulta posible localizar. La única documentación que queda y a la que aquí hacemos referencia procede del domicilio del almirante o de su despacho y ha sido clasificada de manera somera por su hijo en cuatro carpetas fundamentales: Política interior (diez documentos), Política internacional (nueve documentos), Leyes Fundamentales (nueve documentos) y Gobierno (trece documentos). Hay, además, otras carpetas de Correspondencia (es la más importante de carácter político) y Programa naval, que contiene los informes de Carrero acerca de los pactos con los Estados Unidos, su aplicación y las posibilidades de modificarlos. Hay, además, otros documentos que de momento no están clasificados y que aquí se citan como tales. La clasificación sólo es provisional y obedece a unos criterios muy generales. En el archivo familiar hay también una agenda en la que Carrero anotó sus citas y entrevistas de manera excepcionalmente aséptica desde 1967, cuando fue nombrado vicepresidente, hasta el día anterior a su asesinato en 1973. Aunque no nos proporciona nada más que una información de escaso interés político directo, sin embargo permite reconstruir la vida diaria del almirante y, a través de ella, nos acerca de manera indirecta a la vida pública española de la época. Se cita como Agenda. También de forma excepcional hemos podido utilizar alguna de las agendas de mano del almirante, que complementa esta información.

Excepcionalmente hemos utilizado documentos de los que cabía esperar que en principio estuvieran en el archivo de Carrero pero que proceden de alguno de sus colaboradores más estrechos, como, por ejemplo, Laureano López Rodó, o que han sido depositados en instituciones públicas, como la Universidad de Navarra. Cuando se trata de uno de estos casos así se hace constar en las notas a pie de página. También se hace constar de la misma manera en el caso de cualquier otra fuente escrita inédita de carácter privado o verbal procedente de entrevistas con los políticos o ex ministros de la época de Franco que han tenido la amabilidad de concederme una entrevista.

Se cita a continuación de modo exclusivo aquella bibliografía que ha tenido una más directa utilidad para la redacción de este libro y que, como tal, aparece citada en notas a pie de página. No aparecen, por ejemplo, otras obras de Carrero que tienen menor interés para el contenido de la presente obra.

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JAVIER TUSELL (Barcelona, España, 26 de agosto de 1945 - Ibid., 8 de febrero de 2005), también conocido como Xavier Tusell, fue un historiador y político español, catedrático de Historia Contemporánea en la UNED.

En su etapa de estudiante universitario militó en la Unión de Estudiantes Demócratas y en la Unión de Jóvenes Demócratas Cristianos, por lo que se le abrió un expediente académico en 1965 (posteriormente cerrado), colaborando además en la supresión del SEU (Sindicato de Estudiantes Universitarios, organización franquista en la que debían encuadrarse los estudiantes universitarios).

Tras doctorarse y especializarse en Historia Contemporánea, se dedicó a la docencia desde 1966. Fue profesor ayudante en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. En 1975 logra, por oposición, la plaza de agregado de Historia Contemporánea Universal y de España de la Universidad Autónoma de Barcelona. El 9 de febrero de 1977, obtiene la cátedra de Historia de Contemporánea en la Universidad de Valencia, donde empezó a impartir clases en el curso 77-78. Además, fue profesor de la Escuela Diplomática y director del centro de Madrid del Instituto de Cultura Política. En 1981 obtuvo la cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que desde entonces ocupó.

Atraído por la política, ingresó en 1974 en la Federación Popular Democrática, formación de carácter democristiano que lideraba José María Gil-Robles (la FPD estaba integrada en el Equipo de la Democracia Cristiana de España, junto con el Partido Nacionalista Vasco, la Unión Democrática de Cataluña y la Izquierda Democrática de Joaquín Ruiz-Giménez). Tras el desastre electoral en las primeras elecciones democráticas en España, en 1977, Tusell abandona la FPD para ingresar en el Partido Demócrata Cristiano de Fernando Álvarez de Miranda, integrado en la Unión de Centro Democrático (UCD) (abril de 1977). En 1979, en las primeras elecciones municipales de la democracia, es elegido concejal de Madrid en las listas de la UCD (aunque la UCD es la lista más votada en el ayuntamiento de Madrid, el PCE y el PSOE se unen para elegir alcalde al socialista Enrique Tierno Galván). Entre ese año y 1982 ocupa la Dirección General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de Cultura, transformada posteriormente en Dirección General de Bellas Artes.

En esa etapa dirige las negociaciones con la familia Picasso y el Museo de Arte Moderno de Nueva York (Museum of Modern Art, MOMA) para el traslado a España del Guernica de Picasso, así como su instalación en el Museo del Prado de Madrid, en el Casón del Buen Retiro, lo que constituyó todo un símbolo de la normalización de la España democrática (puesto que Picasso había establecido que su obra sólo volvería a España cuando existiese en ella un régimen democrático). Sin embargo, el 28 de abril de 1982 fue destituido por la entonces ministra de Cultura, Soledad Becerril, con la que discrepaba en materias de bibliotecas oficiales y restauraciones, y por la pretensión de ésta de poner a alguien de su confianza en este puesto. Su destitución, por teléfono, fue contestada por el mundo de la cultura española con un homenaje (11 de mayo de 1982) al que asistieron, entre otros, Joan Miró, Pablo Serrano, Tàpies o Chillida.

Notas

[1] Para estas notas biográficas he utilizado, sobre todo, los recuerdos de Luis Carrero-Blanco Pichot, la documentación familiar y la hoja de servicios de su padre. La biografía de Carlos Fernández, la mejor de las publicadas hasta el momento, reviste bastante interés para este periodo, aunque resulte más discutible e imprecisa en los posteriores. <<

[2] Como se ve, hay una leve discrepancia entre los datos de la hoja de servicios y lo que luego recordó Carrero. <<

[3] Informe sobre la entrevista celebrada con don Juan en abril de 1947, procedente de ACB. Lo citaremos extensamente más adelante, y también se ha citado ya de modo literal al tratar de la proclamación de la República. <<

[4] Esquema de un plan de operaciones navales en el Mediterráneo, 8-VIII-1938, PG, SMS, legajo 48, n.º 41. Consta de dieciséis páginas y está escrito en un papel membretado del «Cuartel general del Generalísimo». <<

[5] La revolución comunista en la Marina, original mecanografiado de treinta y siete folios, ACB, carpeta V, n.º 1. <<

[6] Tusell-García Queipo de Llano, Franco y Mussolini…, pp. 73 y ss.; y Tusell, España al borde de la guerra mundial…, passim. <<

[7] El informe consta de seis páginas, está numerado en veintiún puntos, carece de título y lleva la firma del ministro de Marina. Véase ACB, carpeta IV, n.º 2. Fue publicado en el coleccionable de ABC «La segunda guerra mundial», n.º 11. <<

[8] Esa es la tesis que Serrano mantiene en todos sus libros de memorias que se citan en la bibliografía. Véase su reacción ante la revelación de este informe por parte de López Rodó en ABC, 26-11-1976. <<

[9] Para la narración de esta crisis véase Tusell-García Queipo de Llano, Franco y Mussolini…, pp. 130-135, y Documentos inéditos para la historia del general Franco, II, 1941, pp. 140-156. <<

[10] Luis Carrero-Blanco Pichot, El almirante Carrero Blanco, pp. 662-663; Laureano López Rodó, La larga marcha…, p. 25. <<

[11] Un ejemplo en PG, JE, legajo 46. <<

[12] PG, JE, legajo 36. Como se ha indicado, estos dibujos pudieron ser suyos. El librito tuvo una difusión restringida Carta de Arrese, 24-XI-1944, PG, SMS, legajo 10, n.º 36.8.entre altos mandos militares. <<

[13] Carta de Arrese, 24-XI-1944, PG, SMS, legajo 10, n.º 36.8. <<

[14] PG, SMS, legajo 9, n.º 32.21. <<

[15] PG, SMS, legajo 4, n.º 15.1. <<

[16] Fechado el 15-VII-1941, el original en PG, SMS, legajo 8, n.º 31.11. El borrador está escrito por Carrero en su integridad y de su propia mano. <<

[17] PG, SMS, legajo 7, n.º 28, y JE, legajo 43. <<

[18] PG, SMS, legajo 10, n.º 36.5. <<

[19] PG, SMS, legajo 10, n.º 34. <<

[20] PG, JE, legajo 35, n.º 34.3. <<

[21] Tusell, Franco en la Guerra Civil…, pp. 381 y ss., para la voluntad de Franco respecto a la reconstrucción económica de la posguerra. Son ya muchos los estudios sobre la política económica de los cuarenta (Schwartz, Manuel Jesús González, José Luis García Delgado…), y las conclusiones resultan muy coincidentes. <<

[22] PG, JE, legajo 51, n.º 5.2. <<

[23] Consideraciones sobre el problema de los abastecimientos, fechado el 7-VI-1941, PG, JE, legajo 51, n.º 5.2. <<

[24] Véase, principalmente, PG, SMS, legajos 1,8 y 10. No cabe la menor duda de la intervención de Carrero en estas materias, pues muchas de las disposiciones aparecen redactadas de su propia mano. <<

[25] Véanse Normas para la orientación de una política de precios en PG, SMS, legajo 8, ne 32.2, y escrito sin título, PG, JE, legajo 51, n.º 5.14. <<

[26] PG, SMS, legajo 4. <<

[27] PG, SMS, legajo 9, n.º 32 bis. <<

[28] PG, SMS, legajo 7, n.º 26. <<

[29] Por ejemplo, en relación con el comercio exterior, que dependía, al mismo tiempo, de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Industria y Comercio. Véase PG, JE, legajo 33, n.º 5.1. <<

[30] También hay propuestas de obtención de hidrocarburos a partir del acetileno y de fomento de la piscicultura de la rana. Véase PG, JE, legajo 50. <<

[31] Informe al Caudillo, ACB, carpeta IV, n.º 1. <<

[32] Consideraciones sobre la situación internacional actual en orden a la actitud de España, ACB, carpeta II, n.º 1. <<

[33] Sigo aquí la narración de Tusell-García Queipo de Llano, Franco y Mussolini…, pp. 136-170, que tiene la utilidad de haber usado por vez primera el archivo del general Varela, personaje clave en estas disputas internas. Como no se ha producido una renovación sustancial de la bibliografía, remito a la utilizada en ese libro, salvo expresa mención de la que considero de interés. <<

[34] Escrito dirigido a Franco, sin título, 26-XII-1941, en PG, JE, legajo 41, n.º 4.2. <<

[35] Es posible que esta cuestión fuera suscitada por un caso concreto, según parece deducirse de la nota redactada por la propia mano de Carrero. Resulta casi seguro, aunque no exista prueba documental, que se trataba del caso de Gregorio Salvador Merino, el ministro falangista responsable de los sindicatos que tuvo que abandonar el poder al descubrirse su afiliación previa a la masonería. De ser así se habría tratado de la primera cuestión importante que tuvo que abordar el nuevo subsecretario, en pleno verano de 1941. La disposición sobre Fuero del Partido fue archivada, según consta en el texto del que disponemos. Véase PG, SMS, legajo 8, n.º 31.11.No fue ésta la única cuestión estrictamente política en la que intervino Carrero en estos momentos, al margen de la función de consejo que siempre desempeñó en el entorno de Franco. También, por ejemplo, redactó de su propia mano, en noviembre, la prohibición de que permanecieran en España los súbditos franceses expulsados de su país por las disposiciones del gobierno Pétain. Véase PG, SMS, legajo 8, n.º 31.5. <<

[36] Ejército: has de aguantar / si es Falange quien te pisa / y poner cara de risa / si algún día esos cabrones / te bajan los pantalones / y te suben la camisa… <<

[37] Tusell, Serrano Súñer contra el embajador Espinosa de los Monteros, passim. <<

[38] Notas sobre la situación política, 12-V-1942, en ACB, carpeta I, n.º 1. Merece la pena citar la numeración porque indica que no hubo ningún informe político a Franco anterior, por lo menos de semejante importancia. <<

[39] López Rodó, La larga marcha…, pp. 28-30 y 503-507. <<

[40] Informe de la Vicesecretaría de Educación Popular, 15-X-1942, PG, SMS, legajo 24, n.º 6. <<

[41] El original, escrito a mano, en ACB, carpeta I, n.º 2. Transcribe una parte de su contenido, de un modo que sin duda lo edulcora, López Rodó en La larga marcha…, pp. 31-33. <<

[42] La correspondencia entre Franco y don Juan que fue utilizada hace ya tiempo por el autor de este libro merced a la ayuda prestada por Eugenio Vegas Latapié figura transcrita en su integridad en Sáinz Rodríguez, Un reinado en la sombra. <<

[43] Hay, en efecto, en el archivo de Carrero, sin clasificar, un confuso informe que hace alusión a la concentración de efectivos militares alemanes en la frontera francesa y que le fue remitido ante la posibilidad de no llegar a Franco por el conducto normal. <<

[44] Notas sobre la situación internacional, ll-XI-1942, ACB, carpeta II, n.º 2. <<

[45] Notas sobre la situación actual en orden a la política internacional, 18-XII-1942, carpeta II, n.º 3. Una copia en PG, JE, legajo 41, n.º 5.1. <<

[46] Sobre esta fase de la posición española ante la guerra mundial véase Tusell-García Queipo de Llano, Franco y Mussolini…, pp. 171-184. <<

[47] PG, JE, legajo 40. <<

[48] La instrucción está datada el 17-VII-1943, por lo que el borrador debe ser anterior, coincidente con el desembarco de los aliados en Sicilia. Véase ACB, IV n.º 3 y 4. Alguna noticia acerca de este documento en Toquero, Franco y don Juan…, p. 48. <<

[49] Tusell-García Queipo de Llano, Franco y Mussolini…, pp. 222-226. <<

[50] Conde de Torata, 29-XII-1943, PG, JE, legajo R, n.º 16. <<

[51] Planos de la invasión aliada de Francia en PG, JE, legajo 36. <<

[52] ACB, carpeta II, n.º 4. Está fechado en agosto de 1944. Se titula España ante la situación actual del mundo. <<

[53] ACB, carpeta II, n.º 5. Fechado el 19-IX-1944, consta de dieciséis páginas y lleva por título Consideraciones sobre una futura constitución política del mundo. <<

[54] Existe una excelente Memoria de Licenciatura de Antonio Téllez, de la Universidad Complutense de Madrid, que creo coincide en lo esencial con las opiniones que aquí se exponen. <<

[55] Texto de una carta a una revista católica, Criterio, 26-11-1949, en PG, CM, SG, caja 01, n.º 1.5. <<

[56] Todos estos textos en PG, JE, legajo n.º 4. La conversación con el embajador Hayes data ya de enero de 1945. <<

[57] Los informes proceden de PG, JE, legajo n.º 5. Sólo utilizamos aquéllos en los que resulta evidente, por las anotaciones, que Carrero les prestó una particular atención. <<

[58] PG, JE, legajo n.º 6. <<

[59] Notas sobre la situación internacional, 12-V-1945, ACB, carpeta II, n.º 7. Consta de nueve folios mecanografiados sin firma. <<

[60] Notas sobre nuestra situación actual en el mundo, 12-V-1945, ACB, carpeta II, n.º 7. Consta tan sólo de tres folios. <<

[61] Luis Suárez, Francisco Franco y su tiempo, TV, pp. 44, cita el texto de Lequerica. <<

[62] Sobre esta crisis gubernamental véase Javier Tusell, Franco y los católicos, pp. 52-79. En este libro se utiliza el archivo del dirigente de la Acción Católica y de varios de sus amigos y adversarios. <<

[63] PG, JE, legajo n.º 6. <<

[64] Hay borradores en PG, JE, legajo n.º 35. <<

[65] Notas sobre la reorganización de los servicios de Prensa y Propaganda, 25-VII-1945, ACB, carpeta IV, n.º 3. Consta de diez folios. <<

[66] Sobre esta cuestión véase Tusell, Franco y los católicos, pp. 188-220, y Justino Sinova, La censura de prensa durante el franquismo, passim y, en especial, pp. 113-123. <<

[67] El mejor libro acerca del particular es el de Florentino Portero, Franco aislado, passim. <<

[68] Baste con decir que las relativas a 1945 se recogen en los legajos n.º 6, 7 y 8 de PG, JE, y las de 1946 en los n.º 8, 9, 10 y 11. Ya a partir de 1947 bastó con un legajo para recogerlas, testimonio de que había pasado el peor momento de presión exterior contra el franquismo. <<

[69] Estos dos casos se refieren a octubre y noviembre de 1945, PG, JE, legajo 7, n.º 1.1 y 2.1. <<

[70] Suárez, Francisco Franco y su tiempo, IV, p. 59. <<

[71] Tusell, Franco y los católicos, pp. 93-117. <<

[72] Notas sobre la situación política, 29-V1II-1945, ACB, carpeta I, n.º 3. Consta de siete folios. <<

[73] De forma en apariencia incidental, aprovechó Carrero la redacción de este documento para intentar desvincular de Presidencia, es decir, de su responsabilidad inmediata y directa, algunas de las tareas de carácter económico y social que habían recaído sobre sus espaldas desde comienzos de los años cuarenta y de las que debía saber que tenían solución difícil. <<

[74] Nota sobre política exterior e interior en el momento presente, 3-X-1945, PG, JE, legajo 41, n.º 5.1. Consta de ocho folios. <<

[75] Consideraciones sobre el problema social, l-XII-1945, ACB, carpeta II, n.º 6. Consta de doce folios. <<

[76] Franco, 18-IX-1947, PG, JE, legajo 34, n.º 4. <<

[77] Se encuentran en PG, JE, legajo 12 y datan de enero de 1947 en adelante. <<

[78] Esas instrucciones, sin fecha, en PG, JE, legajo 34, n.º 4. <<

[79] Tal prólogo sirvió, además, para la propaganda del régimen, como lo prueba PG, cm, SG, caja 01, n.º 4. <<

[80] Se titulaban Comentarios de un español, Las tribulaciones de don Prudencio y Diplomacia subterránea. Con otros dos volúmenes, La gran baza soviética y Las doctrinas del Komsomol, se completa el conjunto de los artículos publicados hasta 1949. <<

[81] La transcripción en López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía, pp. 54-55. <<

[82] Estos datos proceden del archivo del general Varela. Los utiliza sólo a efectos ilustrativos de este error de apreciación. <<

[83] Sobre estas conversaciones es mucho lo que ha sido escrito. Véase, por ejemplo, Tusell, Franco y los católicos, pp. 141-152, y La oposición democrática al franquismo, pp. 108-112; Suárez, Francisco Franco y su tiempo, TV, pp. 61-67; Sáinz Rodríguez, Un reinado en la sombra, caps. FV y V, y Toquero, Franco y don Juan, cap. IV. <<

[84] Consideraciones sobre el momento actual de España, septiembre de 1945, ACB, carpeta I, n.º 4. Consta de trece folios. <<

[85] Notas tomadas por Varela tras una conversación en El Pardo, 7-1-1946, Archivo Varela (Cádiz). <<

[86] Notas sobre la situación, 8-1-1946, ACB, carpeta I, n.º 5. Consta de seis folios. <<

[87] La carta de Franco en Sáinz Rodríguez, Un reinado…, pp. 366-368; una narración de primera mano acerca de estos días, vistos desde la perspectiva de los consejeros de don Juan, en Gil Robles, La monarquía por la que yo luché, pp. 144-165. <<

[88] Véanse los informes llegados a El Pardo de las representaciones diplomáticas de estos países en PG, JE, legajo 8, n.º 2.1 y 2.2 respectivamente. <<

[89] Las citas proceden de telegramas en PG, JE, legajos 8, 10 y 11. <<

[90] Para la situación del comercio y abastecimientos internos en estos momentos, véase Viñas y otros, Política comercial…, pp. 453-633. <<

[91] Nota sobre la actual campaña contra el régimen, 9-X-1946, ACB, carpeta n.º 9. Consta de nueve folios. <<

[92] Notas sobre la conveniencia de una reorganización de los servicios del Ministerio de Industria y Comercio, 20-XI-1946, ACB, carpeta IV, n.º 4. Consta de cinco folios. <<

[93] Tusell, Franco y los católicos, pp. 154-166, proporciona abundante información, extraída del archivo de Martín Artajo, sobre este período decisivo para la configuración del régimen. <<

[94] PG, JE, legajo 41, ne 1.2/1 contiene una copia de la «auscultación» y de sus resultados. <<

[95] Notas sobre la conveniencia de un «referéndum» y sobre la ley fundamental, 31-XII-1946, ACB, carpeta III, n.º 1. Consta de nueve folios. <<

[96] Notas sobre la Ley de Sucesión, 22-111-1947, ACB, carpeta III, n.º 2. Consta de cuatro folios. <<

[97] Observaciones, por parte de la URSS, de negociaciones con España, 14-1-1947, ACB, sin clasificar. Consta de dos folios y está precedido por la denominación de «secreto». Es posible que se trate de una información verbal convertida luego en mecanografiada. Al final de la misma consta, escrita de mano del propio Carrero, la siguiente frase: «Remitida con esta fecha a S. E. y al Mtro. de A. E». <<

[98] Toda la cuestión ha sido abordada por Luis Suárez, Franco y la URSS. <<

[99] Entrevistas con S.A.R. el Serenísimo Señor Don Juan de Borbón los días 31 de marzo y 2 de abril, 5-V-1947, ACB, sin clasificar. Consta de veintisiete folios. A ellos hay que sumar nueve anexos documentales que se refieren a cuestiones abordadas en las conversaciones. López Rodó, en La larga marcha…, pp. 76-88, ha publicado la mayor parte del escrito de Carrero, pero sin los anexos. Su libro proporciona mucha y muy buena información, siempre sobre este período, aunque aquí la hemos completado de una manera que consideramos muy significativa y la interpretación es bastante diferente. <<

[100] Principalmente Gil Robles, La monarquía por la que yo luché, pp. 206-209. <<

[101] Esta es la única documentación que la familia Carrero Blanco me ha vedado. Lo considero aceptable, ya que se refiere a la vida privada de personas desaparecidas no hace mucho tiempo. Según cuenta Gil Robles, la ficha relativa a él se limitaba a hacer consideraciones acerca de su actuación política, mientras que en otras «se revolvía el montón de basura». <<

[102] Por lo menos así se deduce de Suárez, Francisco Franco y su tiempo, IV, 248 y ss. <<

[103] Diario de José María Pemán en su archivo de Cádiz, anotaciones de 2-X-1948. <<

[104] Véase la narración de Areilza, Memorias exteriores, pp. 47-49, sobre la relación con este país durante estos años. Viñas, Guerra, dinero, dictadura, pp. 264 y ss., señala la posición española ante el Plan Marshall. Para la visión norteamericana acerca de la utilidad de España es esencial Marquina, España en la política de seguridad occidental. <<

[105] Por lo que sabemos acerca de él gracias a las noticias extraídas de los archivos públicos españoles, actuaba en relación muy estrecha con Mercer, representante en España de la inteligencia militar norteamericana. <<

[106] Toda la documentación relativa a estos primeros contactos con los norteamericanos en PG, JE, legajo 13. Las cartas de «M», las más interesantes, cubren el período cronológico comprendido entre enero de 1948 y marzo de 1949. Carrero se entrevistó por lo menos en dos ocasiones con él. Por la forma de tratarle, da la sensación de que no se guiaba por motivos de lucro y de que se le trataba como una especie de agente doble. <<

[107] Véanse, sólo a título de ejemplo, los contactos con el presidente de la Westinghouse en PG, JE, legajo 13, n.º 9.4 y la carta de un general norteamericano en enero de 1949, en PG, CM, SG, caja 01, n.º 5.2. <<

[108] Lequerica a Carrero, 8-X-1949 en PG, SMS, legajo 60, n.º 1. Sobre el primero véase la tesis de Cava, José Félix de Lequerica: biografía política y gestión diplomática, luego parcialmente publicada. El exministro escribió en repetidas ocasiones a Franco en contra de Martín Artajo, que, como es natural, era su superior jerárquico. Decía contarse entre quienes «tomamos en serio el régimen», mientras que el de los católicos colaboracionistas era «un franquismo al baño de María» que «cuenta los días para llegar a la transición [hacia la Monarquía y el liberalismo]». Eran frases que, sin duda, le podían gustar a Franco. <<

[109] La preparación documental de esta nota en PG, SMS, legajo 63, n.º 26. La nota en su redacción definitiva en ACB, sin clasificar. Está reproducida en López Rodó, Testimonio de una política de Estado, pp. 197-200. Para los antecedentes es esencial Marquina, España en la política de seguridad occidental, cap. III. <<

[110] Situación general, marzo o mayo (?) de 1949, ACB, carpeta I, n.º 6. Consta de ocho folios. <<

[111] Sobre esta cuestión, PG, SMS, legajo 60, n.º 13. <<

[112] Carta de Vegas Latapié a Martín Artajo, 15-VI-1948, PG, JE, legajo 33, n.º 3.6. El citado boletín anotado en PG, SMS, legajo 63, n.º 25. <<

[113] Notas sobre el balance de diez años de Movimiento Nacional, marzo de 1949, ACB, carpeta IV, n.º 5. Consta de veintiún folios. Los párrafos en torno a la política exterior fueron citados con anterioridad. <<

[114] El texto de esta nota aparece con numerosos tachones que hacen pensar que sufrió varias redacciones. <<

[115] Nota en relación con la actual situación política, 24-1-1950, ACB, carpeta I, n.º 7. Consta de catorce folios. <<

[116] La continuidad entre estos dos escritos era tan grande que este segundo, incluso, llevaba idéntico título: Nota en relación con la actual situación política, 4-IV-1951, ACB, carpeta I, n.º 8. Consta de dieciocho páginas. <<

[117] Suárez, Francisco Franco y su tiempo, V, pp. 57-58; Tusell, Franco y los católicos, pp. 220-225. <<

[118] PG, JE, legajo 32, n.º 2. Se refiere a una conversación celebrada el 25-XI-1949. <<

[119] Principalmente Marquina, España y la política de seguridad… Viñas, Los pactos secretos… <<

[120] PG, JE, legajo 16, n.º 5.5. El borrador no está fechado, pero debe de ser de 1952. <<

[121] Lequerica, 31-VII-1951, PG, SMS, legajo 60, n.º 9. Está manuscrita y encabezada con el calificativo de «secreto». <<

[122] También anotó «Importante» en alguna otra correspondencia que lo era para la política de la oposición, como, por ejemplo, cuando el Gobierno francés dejó, en octubre de 1952, de otorgar ayuda económica a la representación republicana en el exilio existente en París. Véase PG, JE, legajo 14, n.º 8.4. Era el penúltimo reflejo del aislamiento. <<

[123] Está recogida en PG, JE, legajos 14, 15, 16 y 17, en donde casi la totalidad de las comunicaciones procedentes del exterior se refieren a esta cuestión. <<

[124] Despacho de Primo de Rivera procedente de Londres, 29-V-1953, PG, JE, legajo 16, nº 5.4. <<

[125] Se encuentra en PG, JE, legajo 15, n.º 2.5. <<

[126] Carrero, 12-111-1953, AMAE R, legajo 3155/27. <<

[127] Carrero, 13-XM956, AMAE R, legajo 10.078/24. La correspondencia posterior del embajador y de Martín Artajo se encuentra en este mismo legajo y en el 7741/3. <<

[128] Véase por ejemplo Marquina, La política de seguridad…, p. 620. <<

[129] Para la Comisión Delegada que se cita véase PG, SG, legajo 072; el decreto-ley reservado en PG, SG, legajo reservado. <<

[130] Para esta crisis véanse Tusell, Franco y los católicos…, pp. 367 y ss. y La oposición democrática…, pp. 282 y ss., y Suárez, Franco y su tiempo, V, pp. 329 y ss. <<

[131] Para la redacción del presente epígrafe, hemos contado, en efecto, con estas memorias, inéditas, muy extensas y tan sólo redactadas en forma de borrador. <<

[132] El texto principal son las memorias de José Luis de Arrese, Una etapa constituyente. Véanse también Tusell, Franco y los católicos…, pp. 385-436; López Rodó, La larga marcha…, pp. 120-136 y Memorias, I, p. 54 y ss.; Suárez, Francisco Franco y su época…, V, p. 312; Franco Salgado Araujo, Mis conversaciones privadas…, p. 191. <<

[133] Nota sobre la ponencia de Leyes Fundamentales, 5-VI-1956. Consta de veintidós páginas y procede del archivo de López Rodó. <<

[134] López Rodó, Memorias, I, pp. 66-81. <<

[135] Decreto-Ley de 25-11-1957, BOE del día siguiente. <<

[136] Testimonio personal de Mariano Navarro Rubio. <<

[137] Navarro Rubio, Mis memorias, pp. 72-74; Franco visto por sus ministros, pp. 96 y 103. <<

[138] Para estas instrucciones y las posteriores disposiciones sobre el reglamento orgánico de Presidencia y el secretariado del Gobierno, véase PG, SG (AGA), caja 1, expte. 51. <<

[139] Testimonio de José María Dessantes. <<

[140] Carrero, Discursos y escritos, pp. 27-46. <<

[141] López Rodó, Memorias, I, pp. 152-155. <<

[142] Está fechada en abril de 1957. Véase PG, SMS, legajo 63, n.º 23. <<

[143] Véase Introducción al estudio de las Leyes Fundamentales, 21-1-1958, documento de sesenta y seis folios acompañado de los proyectos elaborados por la citada comisión, Archivo del Departamento de Historia de la Universidad de Navarra, cortesía de José María Dessantes. También resulta esencial López Rodó, Memorias, I, pp. 112-115 y 134-147. Sobre este documento presentaron un interesante trabajo Álvaro Ferrary y Fernando de Meer en el Congreso sobre el Franquismo celebrado en la UNED en mayo de 1993. <<

[144] Franco Salgado Araujo, Mis conversaciones privadas…, p. 240. <<

[145] López Rodó, La larga marcha…, pp. 574-579, y Carrero, 14-1-1959, carpeta VI, n.º 4. <<

[146] Consideraciones sobre la estructura política del régimen español, 7-III-1959, ACB, sin clasificar, veinticuatro páginas. <<

[147] PG, SG (AGA), caja 39, n.º 17. <<

[148] Suárez, Franco y su tiempo, VI, pp. 95-98. <<

[149] Testimonio de Mariano Navarro Rubio. <<

[150] PG, CM, SG, caja 072, n.º 10/1. Aunque a las reuniones de esta Comisión acudieron a veces otros ministros, en este caso sólo lo hicieron los económicos. <<

[151] Navarro Rubio, Mis memorias, pp. 106-155. En el mismo sentido, el libro de Manuel Jesús González, La economía política…, passim. <<

[152] López Rodó, Memorias, I, p. 184. <<

[153] Testimonio de Mariano Navarro Rubio. <<

[154] Castiella, 5-IV-1957, AMAE R 7741/3. <<

[155] Fue remitido por López Rodó, indicando su autoría, a los secretarios generales técnicos de otros ministerios el 10-XII-1957. Véase PG, SG (AGA), caja 4, n.º 115. El título era Introducción al estudio de un plan coordinado de aumento de la producción nacional y constaba de veinticinco páginas. Véase el comentario de Viñas, Política comercial…, pp. 995 y ss. <<

[156] PG, CM, SG, caja 073, n.º 16. <<

[157] Carta a su hijo Luis, 5-IV-1954, en ACB, sin clasificar. <<

[158] Gonzalo Fernández de la Mora, en ABC, 20-XII-1974. Debo también agradecer el testimonio de Luis Suárez Fernández. <<

[159] Gaceta Ilustrada, 6-1-1979. <<

[160] El borrador se encuentra en ACB, sin clasificar. <<

[161] Sobre ellas véase Fernández, Tensiones militares…, pp. 149-151 y 166. <<

[162] López Rodó, Memorias, I, p. 345. <<

[163] Sobre esta crisis, López Rodó, Memorias, I, pp. 532-538, y La larga marcha…, p. 234; Fraga, Memoria breve…, p. 142. <<

[164] PG, CM, SG, BA, caja 821, acta 14/62 y caja 824, acta 15/65 correspondientes, respectivamente, al 13-VII-1962 y al 9-VII-1965. <<

[165] PG, CM, SG, BA, caja 081, n.º 51.6 correspondiente al 20-X-1961. <<

[166] PG, CM, SG, BA, caja 821, acta 11/62. <<

[167] Para las actas de la Comisión en los sesenta, véase PG, CM, SG, cajas 075 y 076. <<

[168] ABC, 6-IX-1963; PG, CM, SG, BA, caja 822, acta 23/63 correspondiente al 15-XI-1963. <<

[169] Véanse esas intervenciones, que no citamos pormenorizadamente, en Carrero Blanco, Discursos y escritos, pp. 52-128. <<

[170] PG, CM, SG (AGA), caja 41, expediente 126. <<

[171] Así se aprecia en el libro de La Porte, La política europea… <<

[172] PG, CM, SG (AGA), caja 86, expediente 360. <<

[173] PG, CM, SG (AGA), caja 90, expediente 603. <<

[174] López Rodó, Memorias, I, pp. 489-495. <<

[175] PG, CM, SG (AGA), caja 92, expediente 696. <<

[176] PG, SMS, legajo 31, n.º 5. No tiene firma, pero responde sin duda a su pensamiento. <<

[177] PG, CM, SG, BA, caja 823, acta 18/64. El anteproyecto, acompañado de una carta de tres obispos, entre ellos el primado Pía y Deniel, en ACB, carpeta IV, n.º 6. La nota de oposición de Carrero, titulada Observaciones del ministro subsecretario de la Presidencia…, 18-IX-1964, en ACB, carpeta IV, n.º 7. Consta de catorce folios. <<

[178] No tenía, por ejemplo, inconveniente en celebrar ruedas de prensa a las dos y media de la mañana, que era la hora a la que podían acabar los consejos de ministros en esta época. ABC, 20-X-1962. <<

[179] Suárez Fernández, Franco y su tiempo, VII, pp. 228-229. <<

[180] PG, CM, SG (AGA), caja 113, expediente 185. <<

[181] Fraga, Memoria breve…, p. 145. <<

[182] López Rodó, La larga marcha…, p. 276; Memorias, I, p. 555; Silva Muñoz, Memorias políticas, p. 111. <<

[183] Fraga, Memoria breve…, pp. 159-190. <<

[184] Sobre este proyecto véase PG, CM, SG (AGA), caja 138, expediente 452. <<

[185] Sobre la gestación de todo el proceso institucionalizador, se puede leer el libro de Josep Meliá, El largo camino…, escrito por entonces. <<

[186] El proyecto de Garrigues, citado en sus memorias; el de Fraga, en López Rodó, Memorias, I, pp. 732-741; la cita de Silva, en Memorias políticas…, p. 134. <<

[187] Para seguir esta tramitación lo mejor es hacerlo a través de los tomos I y II de las Memorias de López Rodó y también de su libro La larga marcha…, que son los que proporcionan una narración más detallada. <<

[188] Carrero, Discursos y escritos, p. 123. <<

[189] PG, CM, SG, BA, caja 826, acta 4/67, correspondiente al 10-111-1967. Véase también Silva, Memorias políticas, p. 147; López Rodó, Memorias, I, pp. 443-444, II, pp. 150-157, y Fraga, Memoria breve…, p. 186. <<

[190] Se realizaron principalmente a través de la Embajada de París. Información sobre ellos con testimonios de haber sido utilizada por Carrero en PG, SMS, legajo 60 y JE, legajo 31. <<

[191] Hay dos versiones distintas del mismo informe, pero con una esencial semejanza. Existen copias en ACB, sin clasificar, y en AMAE R, legajo 12.028/2. La fecha de remisión a Castiella es 21-11-1961. <<

[192] La conversación tuvo lugar el 16 de diciembre de 1961. Véase AMAE R, legajo 12.028/1 y 10.028/6. <<

[193] Véase el memorándum preparado por la parte española en AMAER, legajo 12.028/1. <<

[194] Sobre la negociación, véase Marquina, España en la política de defensa…, pp. 766-778. <<

[195] Consideraciones en torno a la revisión de los convenios con EE. UU. de 26 de septiembre de 1953, 16-111-1963, ACB, sin clasificar. Consta de treinta y cuatro folios. <<

[196] Consideraciones en torno a la próxima reunión de la Junta de Defensa Nacional, 26-1-1965, ACB, sin clasificar. Consta de doce folios. <<

[197] Conferencia sobre convenios militares hispano-norteamericanos, 16-1-1968, ACB, sin clasificar. Consta de treinta y siete páginas. <<

[198] Silva Muñoz, Memorias políticas, pp. 189-190; Marquina, España en la política…, p. 810 y ss., para el enfrentamiento Castiella-Carrero, López Rodó, Memorias, III, p. 71. <<

[199] Carrero, 21-111-1957, PG, SMS, legajo 40, n.º 4. <<

[200] PG, CM, SG, BA, caja 081, n.º 51.2, correspondiente al ll-VIII-1961. Conviene recordar, de nuevo, que Carrero era el redactor en el acta de lo que Franco decía. <<

[201] Informe sobre la situación de la Región Ecuatorial, 20-111-1962, en PG, CM, SG, legajo Reservado. <<

[202] PG, CM, SG, BA, caja 825, acta 21/66, correspondiente al 28-X-1966. <<

[203] PG, CM, SG, BA, caja 825, acta 12/66, correspondiente al 27-V-1966. <<

[204] Véanse las diferentes decisiones sobre el particular en PG, CM, SG, BA, caja 825, acta 24/66; caja 826, acta 18/67; caja 827, acta 7/68. <<

[205] PG, CM, SG, BA, caja 828, acta 5/69, correspondiente al 7-III-1969. <<

[206] Es muy útil la lectura comparada de las memorias de los principales personajes políticos del momento acerca de la sustitución de Muñoz Grandes por Carrero. Véase Fraga, Memoria breve…, pp. 205-209; López Rodó, Memorias, II, pp. 201-228. Sobre el descontento de Franco con las críticas de Muñoz Grandes, véase Silva, Memorias políticas, p. 158. <<

[207] Pueblo, 22-IX-1967; La Codorniz, 5-XI-1967. <<

[208] Interpretación de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Estado, 9-X-1967, ACB, carpeta III, n.º 3. Consta de seis folios. <<

[209] Carrero Blanco, Discursos y escritos, pp. 147-228. No citamos pormenorizadamente porque eso multiplicaría las citas. La entrevista merece ser leída con el comentario de Emilio Romero en Pueblo, 8-II-1968. <<

[210] PG, CM, SG, BA, caja 822. <<

[211] PG, CM, SG, BA, caja 076, n.º 28.3. <<

[212] PG, CM, SG, BA, caja 825, acta 11/66. <<

[213] PG, CM, SG, BA, caja 824, acta 24/65, 19-XI-1965. <<

[214] Fraga, Memoria breve…, pp. 194 y 223. Sobre El Alcázar y su cambio en la inscripción para facilitar un nuevo rumbo véase PG, CM, SG (AGA), caja 158, expediente 541. <<

[215] PG, CM, SG, BA, caja 828, acta 6/69. <<

[216] PG, CM, SG, BA, caja 827, acta 9/68. <<

[217] López Rodó, Memorias II, p. 339-343. <<

[218] López Rodó, Memorias, II, p. 308. <<

[219] Consideraciones sobre la situación política, 10-VII-1968, ACB, carpeta I, n.º 9. Consta de siete folios. <<

[220] Para toda la operación sucesoria resulta de primerísima importancia lo escrito por López Rodó en La larga marcha…, pp. 279-386, y Memorias, II, pp. 358-493. <<

[221] Consideraciones sobre la aplicación del artículo 6.ª de la Ley de Sucesión, 21-X-1968, ACB, carpeta III, n.º 4. Consta de dieciséis folios y es uno de los escasos documentos del vicepresidente que López Rodó transcribe literalmente en sus libros. <<

[222] Síntesis de la formación del Príncipe, 23-X-1969, ACB, sin clasificar. Consta de treinta y tres páginas. <<

[223] Por ejemplo Franco Salgado Araujo, Mis conversaciones privadas…, pp. 537, y conceptos semejantes en las memorias de Fraga y López Rodó. <<

[224] Carrero, 9-1-1969 y don Juan Carlos, 13-1-1969, ACB, carpeta. VI, n.º 8 y 9. <<

[225] Consideraciones sobre la situación política, 7-V-1969, ACB, carpeta I, n.º 10. <<

[226] Escrito sin título, ll-VI-1969, ACB, carpeta III, n.º 6. Consta de seis folios. <<

[227] Calendario para las sesiones extraordinarias de las Cortes durante el mes de julio, sin fecha, ACB, carpeta IV, n.º 8. <<

[228] Borradores de la Ley en ACB, carpeta III, n.º 7, 8 y 9. <<

[229] Sin título ni fecha, ACB, carpeta III, n.º 5. <<

[230] López Rodó, Memorias, II, p. 379. Véase también, para la posición de quienes querían que se produjera esa crisis, Silva Muñoz, Memorias políticas, pp. 189-190. <<

[231] Consideraciones sobre la situación política, 7-V-1969, ACB, carpeta I, n.º 10. Consta de quince folios. Párrafos de la misma han sido transcritos en López Rodó, Memorias, II, pp. 423-426 y 674-677, pero resultan muy insuficientes para comprender su significado. <<

[232] Silva Muñoz, Memorias políticas, pp. 189-190. <<

[233] Solís, 30-IX-1969, PG, SG, legajo reservado. <<

[234] Las narraciones de la crisis en Franco visto por sus ministros, pp. 120 y 173 y ss.; López Rodó, Memorias, II, pp. 515-541; Silva, Mis memorias políticas, pp. 253-269, y Fraga, Memoria breve…, pp. 253-255. Utilizamos también la información que consta en su agenda de trabajo. <<

[235] Consideraciones sobre la conveniencia de proceder a un reajuste ministerial, 15-X-1969, ACB, carpeta IV, 15-X-1969. Consta de veintiún folios. López Rodó en Memorias, II, pp. 690-696, contiene un resumen, pero incompleto, que no permite conocer con exactitud el pensamiento del vicepresidente. <<

[236] Parece evidente que se bordeó esta posibilidad de la dimisión, al menos de acuerdo con lo que de forma poco precisa recuerda la familia. Testimonio de Luis Carrero-Blanco Pichot. <<

[237] PG, CM, SG, caja 828, acta 20/69. <<

[238] López Rodó, Memorias, II, p. 539. <<

[239] López Rodó, Memorias, III, pp. 311 y 338. <<

[240] Transcripción parcial en ABC, 20-XII-1983. <<

[241] PG, CM, SG, BA, caja 828, acta 21/69. <<

[242] Carrero, Discursos y escritos, pp. 228-231. <<

[243] Introducción al estudio de una planificación de acción de gobierno, en ACB, carpeta III, n.º 13. Consta de noventa y siete páginas y está fechado en marzo de 1970. <<

[244] El discurso fue pronunciado en las Cortes el 21 de octubre de 1970 y se contiene en Discursos y escritos, pp. 234-248. <<

[245] La única mención a este texto en Suárez Fernández, Franco y su tiempo, VIII, pp. 238-239. De este texto no tuvo noticia López Rodó ni lo conservó Carrero entre sus papeles. Luis Suárez Fernández, director general de Universidades, fue recibido en una veintena de ocasiones por Carrero para tratar de cuestiones relativas a la Universidad. Según cuenta, lo que más le preocupaba era el paralelismo entre la revuelta universitaria y la situación en 1931, antes de la caída de la Monarquía. <<

[246] Suárez Fernández, Franco y su tiempo, VIII, p. 77. <<

[247] Sobre esta cuestión resulta imprescindible San Martín, Servicio especial, passim, que no citamos de forma pormenorizada. También he utilizado el testimonio verbal de su propio autor sobre el particular. <<

[248] Carta de Castañón de Mena, 30-VII-1970, PG, SG, legajo reservado. <<

[249] Véase esa documentación en PG, serie «E», legajo n.º 4. Ha sido utilizada por Andrés Zaragoza en su comunicación al Congreso sobre El Régimen de Franco, 1993. <<

[250] López Rodó, La larga marcha…, p. 406 y, sobre todo, Memorias, III, pp. 123-129. <<

[251] PG, CM, SG, BA, caja 830, acta 28/70. <<

[252] PG, CM, SG, BA, caja 838 para las actas de 1973. <<

[253] Carrero, Discursos y escritos, pp. 254-268. El discurso fue pronunciado en marzo de 1973. <<

[254] PG, CM, SG, BA, caja 838, acta 11/73. <<

[255] Iniesta, 19-XII-1972, ACB, sin clasificar. <<

[256] Navarro Rubio, Mis memorias, p. 389. <<

[257] López Rodó, Memorias, III, p. 151. <<

[258] Silva Muñoz, Memorias políticas, pp. 276 y 281-283. <<

[259] Areilza, Crónica de la libertad, pp. 132-138 contiene la narración del incidente. El artículo de Carrero en Arriba, 2-IV-1970. <<

[260] Franco Salgado Araujo, Mis conversaciones privadas…, p. 557. <<

[261] Fraga, Memoria breve…, p. 257. <<

[262] López Rodó, Memorias, III, pp. 173-175 y 195-196. <<

[263] Fernández Miranda, fragmentos de sus memorias publicados en diciembre de 1983 en ABC. <<

[264] Carrero, Discursos y escritos, pp. 284-288, intervención en el Consejo Nacional, 20-XII-1972. <<

[265] Carrero, Discursos y escritos, pp. 289-304. <<

[266] Véase PG, SG, legajo reservado con estudios jurídicos acerca de si el cese de un consejero debía someterse a informe previo del Consejo. <<

[267] Fue el caso de Sábado Gráfico. Véase el escrito elevado al Consejo de Ministros en PG, CM, SG (AGA), caja 188, expediente 349/70. <<

[268] Franco visto por sus ministros…, p. 202. <<

[269] López Rodó en Memorias, III, titula el capítulo relativo a 1972 «La boda del año», pero de su narración puede deducirse que hubiera sido más correcto «El año de la boda», porque da la sensación de que ésa fue la cuestión política fundamental. <<

[270] Fraga, Memoria breve…, p. 277. Testimonios del Dr. Garrido Lestache y de Luis Carrero-Blanco Pichot. <<

[271] Sobre Gibraltar véase PG, CM, SG, BA, caja 835, acta 5/72. <<

[272] Véase PG, CM, SG, BA caja 836, acta 19/72 y PG, SG, legajo reservado. <<

[273] PG, SG, legajo reservado con sello de «secreto». <<

[274] PG, SMS, legajo 63, n.º 27. Ver también Marquina, España en la política de seguridad…, pp. 866-867. <<

[275] Propuesta ante el Consejo de Ministros fechada el 6-IV-1973, PG, SG, legajo reservado. <<

[276] Al final de 1971. Véase PG, CM, SG, BA, caja 833, acta 24/71. <<

[277] Véase por ejemplo el plan de junio de 1973 para evitarlas que provocó la despedida de López Rodó de estas responsabilidades en junio de 1973, PG, CM, SG, BA, acta 15/73. <<

[278] Suárez Fernández, Franco y su tiempo, VIII, pp. 305-306. <<

[279] PG,JE, legajo 31. <<

[280] PG, CM, SG, BA, legajo 829, acta 5/70. <<

[281] PG, CM, SG, BA, caja 835, acta 18/71. <<

[282] PG, CM, SG, BA, caja 836, acta 24/72. <<

[283] Sobre este incidente, visto desde la perspectiva de la Iglesia, Martín Descalzo, Tarancón, el cardenal del cambio, pp. 191 y 192. La carta en López Rodó, Memorias, III, pp. 649-653. <<

[284] López Rodó, La larga marcha…, p. 435, y Memorias, III, pp. 335 y ss. <<

[285] López Rodó, La larga marcha…, pp. 432-433. <<

[286] Fraga, Memoria breve…, p. 295. <<

[287] PG, CM, SG, BA, caja 838, acta 12/73. <<

[288] López Rodó, La larga marcha…, pp. 440-442. <<

[289] López Rodó, primer capítulo de Testimonio de una política de Estado, Memorias, III, pp. 385-389, La larga marcha…, pp. 443-451; Fraga, Memoria breve, p. 295. <<

[290] Utrera, Sin cambiar de bandera, p. 52. <<

[291] Carrero preguntó por la composición del Gobierno a algunos de sus colaboradores más próximos, como Fernández de la Mora, según su propio testimonio personal. <<

[292] López Rodó, Memorias, III, p. 385. <<

[293] Luis Carrero-Blanco Pichot, El almirante Carrero…, p. 661. <<

[294] Testimonio de José Ignacio San Martín, oído a uno de los ayudantes de Franco. <<

[295] Testimonio de Mariano Navarro Rubio. <<

[296] PG, CM, SG, BA, caja 838, acta 16/73. <<

[297] PG, CM, SG, BA, caja 079. <<

[298] Carrero, Discursos y escritos, pp. 330-350. <<

[299] Todo ello puede reconstruirse gracias a la Agenda del almirante. <<

[300] López Rodó, Memorias, III, p. 428. <<

[301] Fraga, Memoria breve de una vida pública, pp. 296-297. <<

[302] Sobre don Alfonso, véase Bardavio, La rama trágica de los Borbones. <<

[303] López Rodó, La larga marcha…, p. 456, Memorias, III, pp. 420-421. Véase también Marquina, España en la política de seguridad occidental, pp. 865 y ss. <<

[304] PG, CM, SG, BA, caja 838, acta 15/73. <<

[305] López Rodó, Testimonio de una política de Estado, passim, y Memorias, III, pp. 389-477. <<

[306] PG, CN, SG, BA, cajas 839 y 840. <<

[307] Quizá eso es lo que explica que fuera él el único de los ministros cesados en junio que se mostró irritado por la pérdida de su cartera ministerial y dio pruebas públicas de ello. <<

[308] Testimonio de Luis Carrero-Blanco Pichot. <<

[309] López Rodó, Memorias, III, pp. 427-502. <<

[310] PG, CM SG, BA, caja 837, acta 36/73. <<

[311] Entrevista del presidente del Gobierno español con el secretario de Estado norteamericano, 19-XII-1973, ACB, carpeta IV, n.º 11. <<

[312] El texto consta de dieciséis folios escritos a mano y sin título, en ACB, sin clasificar. De él hay resúmenes en López Rodó, Memorias, III, pp. 516-519, y en Romero, Retratos de época, pp. 82-88. <<

[313] Testimonio de Gonzalo Fernández de la Mora. <<

[314] De los libros de carácter periodístico aparecidos en relación con el asesinato, el más interesante con mucho es Golpe mortal, redactado en el décimo aniversario de la muerte, que ofrece una narración detallada que parece muy difícil de superar. <<

[315] Para esta crisis es esencial el libro de Joaquín Bardavio, La crisis. Véanse interpretaciones de dicha crisis en López Rodó, Memorias, IV («Las claves de la transición»), y en Navarro Rubio, El caso Matesa… <<

[316] El juicio acerca de la opinión de Franco sobre Piñar procede de una conversación con Fernando Suárez. La opinión acerca de Julio Rodríguez de acuerdo con el testimonio de Luis Suárez. <<

[317] La descripción de la apropiación de Carrero por Piñar se ha realizado principalmente a partir de la prensa de extrema derecha. Véase especialmente Fuerza Nueva, 29-XII-1973, 21-V-1974, 20-XII-1975 y 22-XII-1977; y El Alcázar 8-V-1978. <<

[318] Ricardo de la Cierva en Ya, 29-XII-1975, y Guillermo Carrero Blanco en Pueblo, 25-111-1975. <<

[319] López Rodó en ABC, 20-1-1974 y 7-II-1976. <<

[320] Pita da Veiga en La Vanguardia, 19-XII-1976. <<

[321] Testimonio de Gonzalo Fernández de la Mora. <<

[322] Testimonio de Federico Silva. <<

[323] Testimonio de Federico Silva. <<

[324] Eso, sin embargo, no quiere decir que, en abstracto, no pensara Carrero que era mejor una sociedad española más igualitaria. Testimonio de Laureano López Rodó. <<

[325] Testimonio de Laureano López Rodó. <<