A Carlos Seco, maestro y amigo, renovador de los estudios sobre Alfonso XIII

INTRODUCCIÓN

APROXIMACIÓN AL PERSONAJE

Hasta hace poco tiempo, a la hora de hacer Historia contemporánea, española o no, lo habitual era tratar de la toma de conciencia de la clase obrera mucho más que del ascenso de la clase media e infinitamente más que de la supervivencia del papel social y político de la clase alta. Esta tendencia general también fue manifiesta en el caso de la España del primer tercio del siglo XX, periodo sobre el que se han escrito múltiples estudios provinciales sobre el movimiento obrero o sobre las elecciones y el funcionamiento del caciquismo. Sólo en tiempos recientes, a partir de los años noventa, se han elegido otros caminos como la biografía de los grandes protagonistas de la vida política o intelectual y la perspectiva cultural, en el más amplio sentido del término. Aparte de los cambios en los modos y modas de hacer Historia, esta evolución en parte es consecuencia de un agotamiento de la óptica de antaño. El movimiento obrero fue una promesa de futuro pero no resultó tan relevante hasta el final del periodo y sobre el comportamiento electoral se ha avanzado mucho pero da la sensación de que poco más va a poder decirse. Un tratamiento de la vida social y política que tenga en cuenta modos de vida y sentimientos o un tipo de biografía que inserte lo individual en lo colectivo preguntándose por las cuestiones decisivas de la época parecen campos muy prometedores en el futuro.

Las biografías de los principales protagonistas políticos e intelectuales se han hecho cada día más frecuentes, acompañadas por el interés del público lector. Vivimos en tiempos de una nueva revolución individualista que contribuye a explicarlo pero, aunque no fuera así, el espectáculo de la vida política y social cotidiana nos revela hasta qué punto una personalidad puede resultar decisiva y representativa de ambas. Biografiar a un Rey de comienzos del siglo XX no consiste tan sólo en narrar la trayectoria vital de un personaje singularísimo del que cualquiera recuerda la existencia. Supone también describir un modo de vida muy peculiar, en sus permanencias y en sus cambios, y, sobre todo, determinar el papel de una magistratura esencial que conservaba muchas prerrogativas, las cuales tendieron a desaparecer con el paso del tiempo pero cuyo proceso se produjo con mucha lentitud y frecuentes conflictos. Biografiar a Alfonso XIII supone estudiar algunas de las grandes cuestiones de la Historia política de España, en especial hasta qué punto el sistema político era liberal y por qué no evolucionó, a partir de un determinado momento, hacia la democracia o la responsabilidad que tuvo en todo ello el monarca.

Pero biografiar a un Rey de comienzos del siglo XX tiene inconvenientes graves. Prescindamos, por un momento, de la condición polémica de su actuación, rasgo que vale para muchos de los monarcas de la época y no sólo para Alfonso XIII. Además, en una comparación (que no puede ser calificada como filomonárquica) se ha escrito que a los reyes de ese periodo les sucede como a los vampiros en las películas de terror y es que los espejos no los reflejan. Es cierto: una parte de su vida se convierte en estrictamente privada y resulta muy poco accesible mientras que aquélla relacionada con su función, al resultar decreciente su poder y perfilado en sus contenidos por la práctica más que por la teoría, tampoco puede ser definida de forma nítida. Con frecuencia resulta más fácil llegar a tener información sobre los sentimientos y las tomas de decisión de Felipe II que de Alfonso XIII. El carácter patrimonial del Estado permite saber acerca de las relaciones entre padre e hijos en la Monarquía del Antiguo Régimen pero lo hace mucho más difícil a comienzos del siglo XX. La familia real también llegó a conquistar un espacio de intimidad propia. El Estado patrimonial que encabezó el primero con tantísimos poderes resulta más transparente que el más cercano desde el punto de vista cronológico. Pero hay también otro inconveniente. El biógrafo tiene que evitar mitificar al individuo cuya vida trata de narrar. En el caso de los reyes, dada la relevancia de su posición social y política, y el hecho de que derive no de sus características personales sino de la herencia, esta tentación suele ser mucho más fuerte. A la Monarquía, en fin, le suele rodear una especie de erudición insustancial mezclada con cursilería sentimental. Esa combinación a menudo resulta corrosiva para los biografiados y complica cualquier estudio histórico que quiera ser objetivo y verdaderamente útil para la comprensión no sólo de una persona sino también de un tiempo.

Todo lo que antecede vale para Alfonso XIII, personaje al que el propio papel desempeñado y los avatares de la política española rodearon de un peculiar carácter polémico. Para empezar a entenderlo quizá sea bueno un acercamiento previo a otras cuestiones cardinales. Un primer paso para analizar la figura de Alfonso XIII desde un punto de vista histórico pasa por el conocimiento de la Monarquía en Europa a comienzos del siglo XX y de los antecedentes inmediatos de la española.

LA REALEZA DEL VIEJO CONTINENTE: UN PANORAMA PLURAL

A la altura del año 1900 la Monarquía todavía era una realidad institucional predominante. Un tratadista británico muy citado, Dicey, escribió que la Constitución británica era una constitución histórica pero puede decirse que toda Constitución monárquica lo es y, por tanto, lo era también en el cambio de siglo. Institución que procedía del pasado más remoto, su funcionamiento había ido transformándose con el transcurso del tiempo como consecuencia de tradiciones creadas en un determinado momento y de modos de comportamiento cambiantes. Contaron las modificaciones institucionales pero a menudo tuvieron un papel más importante factores que no siempre eran previsibles. Si la propia Monarquía británica, tomada como ejemplar, había visto decrecer sus poderes el motivo radicó en que el sistema político bipartidista y la ley electoral mayoritaria cerraron el paso a intromisiones de los reyes y dejaron libre el campo para los grupos políticos.

Más adelante se hablará con mayor detalle de la Monarquía británica. De momento hay que constatar que en 1914 sólo había tres repúblicas en Europa (Francia, Portugal y Suiza). La Monarquía constituía, por tanto, la regla general pero, al mismo tiempo, muchas de las monarquías europeas no eran constitucionales[1]. Hasta cierto punto, el Imperio austro-húngaro se podía considerar que lo fuera pero no, desde luego, la Rusia de los zares y con muchas dudas y salvedades se puede admitir que lo fuera la alemana.

Descartemos el caso ruso, demasiado lejano, y empecemos por ésta [2]. La Alemania de la época guillermina es un ejemplo de una Monarquía con un Rey dotado de un poder personal determinante que dependía a la vez del marco institucional y de la práctica política. Desaparecido Bismarck, en los años noventa se engendró un nuevo sistema de gobierno en el que eran el Káiser y su corte, mucho más que el canciller y las autoridades dependientes de él, quienes tomaban las decisiones más importantes. Esta realidad fue admitida por todos hasta el punto de que el canciller Bülow se definió a sí mismo como «el instrumento ejecutivo de su Majestad, por así decirlo, su Jefe de gabinete». Contrastaba un Parlamento en que los partidos de masas, socialdemócratas y hasta cierto punto católicos, ejercían un papel creciente con una cúspide ejecutiva de calidad más que dudosa y de poder por completo determinante. El káiser Guillermo II nunca maduró como persona y siempre tuvo una innata incapacidad para la autocrítica o para ver las cosas desde un punto de vista distinto del suyo. En la práctica se impuso la teoría de su «poder personal», obra de su amigo Félix, príncipe Eulenburg, un personaje tan extravagante e inmaduro como él. Max Weber, el intelectual más importante de la Alemania de la época, llegó a una conclusión devastadora: «Estamos gobernados por un rebaño de lunáticos». Pero durante mucho tiempo la existencia de una burocracia devota, seleccionada por procedimientos estrictamente racionales, pudo dar la sensación de compensar los inconvenientes de la hegemonía del Káiser y su corte.

De esta manera un gran contraste presidió la vida alemana. En el mismo momento en que Alemania avanzaba con rapidez en el proceso de su industrialización se produjo un gigantesco crecimiento de su vida cortesana que se puede cuantificar en términos relativos. La llamada «lista civil» durante el reinado de Guillermo II creció un 50 por ciento; al mismo tiempo, el Káiser era la persona más rica de Berlín, aunque sólo la quinta del conjunto de Prusia. También merece la pena la comparación con la potencia económica de la Monarquía en otras latitudes. Durante el reinado de Eduardo VII se produjo en Gran Bretaña la distinción entre la propiedad privada del Rey y el patrimonio de la Corona. En ese momento el Káiser recibía, como asignación presupuestaria, una cantidad equivalente al doble que el Rey inglés. Si tenemos en cuenta que en cada componente de la Alemania imperial había una corte, lo que todas ellas suponían desde el punto de vista presupuestario equivalía a cuatro veces lo recibido por la Monarquía en Gran Bretaña. El emperador de Austria-Hungría obtenía del presupuesto algo menos que el de Alemania; el de Italia, aproximadamente la mitad. El Rey de España tenía una asignación que equivalía a menos de una tercera parte; entre la corte bávara y la sajona recibían una cifra superior a la de la Corte española. Los opositores a la Corona en Alemania tenían, por tanto, razones para la protesta. Llegaron a contabilizar que el Káiser recibía del Estado por hora más de cinco veces lo que un trabajador cualificado por año de la empresa en que trabajara.

Las instituciones del Imperio austro-húngaro derivaban del «Ausgleich» de 1867. Éste supuso una recomposición de esta Monarquía multisecular que la convirtió en un Estado con la estructura más complicada imaginable como consecuencia de la herencia tradicional y la necesidad de llegar a un acuerdo entre sus componentes. Los acuerdos se basaron en un aspecto permanente y otro variable, referido a la forma de cada parte de atender a los gastos comunes. El monarca debía ser un Habsburgo católico, no podía renunciar a la Corona y nombraba a los ministros. Había unos que lo eran de toda la Monarquía (en materia de política exterior, de guerra y de financiación de ambas) pero, al mismo tiempo, todo lo relativo a la reglamentación del servicio militar era competencia de los respectivos parlamentos. Ninguno de los ministros comunes podía serlo de una parte de la Monarquía. El emperador tenía la potestad de convocar el Parlamento (debía hacerlo por lo menos una vez al año en el caso de Hungría); mantenía, además, el poder de sancionar todas las leyes. Para complicar más la situación en Hungría había dos Cámaras: la alta en general ratificaba lo aprobado en la baja pero ésta no era elegida por sufragio universal sino que estaba formada por un conjunto de categorías (hasta cincuenta) que constituían en realidad una oligarquía. En Austria el emperador venía a ser el equivalente a un monarca constitucional de poderes limitados. Aun así, el artículo 14 de la Constitución le permitía aprobar decretos con valor de leyes que no podían afectar a las leyes fundamentales y que debían ser convalidados por el Parlamento con posterioridad. La composición del gobierno dependía del Parlamento pero la legislación, incluso la de carácter regional, también podía ser aprobada por el monarca. Tan complicado sistema sólo resulta imaginable en un imperio de variada composición étnica y cultural pero durante mucho tiempo consiguió mantener la estabilidad y un relativo liberalismo.

Sin duda la Monarquía española obedecía al modelo constitucional y no al descrito hasta ahora. Merece la pena que contemplemos dos ejemplos de evolución del mismo: el británico, porque constituyó el modelo canónico durante los siglos XIX y XX y el que ha dado lugar a la Monarquía democrática del siglo XX, y el italiano que, como es lógico, tiene mucho más que ver con la evolución española dada la similitud social y política de las respectivas sociedades.

Empecemos por la Monarquía británica [3]. En realidad, pese a lo que se suele decir, tras la revolución de 1689 no se consolidó el predominio del Parlamento sobre el Rey sino que el poder político fue compartido; algún Rey se quejó, sin embargo, de que los ministros «son los reyes en este país», señal de que sentía una cierta pérdida del propio. A partir del siglo XVIII hubo agrupaciones —connections— entre diputados que equivalían a gérmenes de partidos; fueron ellos los que con el transcurso del tiempo erosionaron definitivamente el poder de los reyes. En 1717 Jorge I, empezó a ausentarse de los consejos de ministros (entre otros motivos, porque prácticamente desconocía el inglés), y su puesto fue ocupado por el ministro de mayor edad, que luego se convertiría en «primer ministro». Los cambios fueron, no obstante, muy lentos. En 1829 la Monarquía no logró evitar la emancipación de los católicos, la cual se llevó a cabo en contra de su voluntad. Dos evoluciones paralelas completaron el panorama: desde 1837 el Rey dejó de asistir de forma habitual a los consejos y en 1835 Peel tuvo que dimitir después de seis derrotas sucesivas en el Parlamento. El ejecutivo empezaba a independizarse de la Corona y a depender del legislativo.

La Reina Victoria fue coronada en 1837; en ese momento todavía consideraba al gobierno como «su» gobierno, es decir, sólo dependiente de su voluntad. En realidad, pese a la imagen que luego perduró de ella, fue el último monarca de la dinastía de los Hannover mucho más que el primero de la Monarquía inglesa del siglo XX. Pero esto se explica en gran parte por unos antecedentes de los que hay que dar cuenta de manera somera. Antes de 1841 ningún gobierno nombrado por el Rey había perdido las elecciones sino que los resultados de ellas derivaban del nombramiento del gobierno por el Rey y lo ratificaban luego. La disolución del Parlamento era un acto de libre voluntad del monarca y sólo en 1846 la Reina se empezó a dar cuenta de que no podía abusar de ella porque se ganaría ácidas críticas. En resumen, la situación política se parecía bastante a la que treinta años después se daría en la España de la Restauración.

La organización de los partidos y la expansión del sufragio, dos realidades que se fueron imponiendo en los años centrales del siglo en Gran Bretaña, tuvieron como resultado limitar no ya el poder sino también la influencia de los reyes. Entre 1841 y 1868 los gobiernos cayeron por haber perdido la mayoría en los Comunes al disgregarse la que habían conquistado previamente en las urnas. Además, en 1868 de nuevo un primer ministro designado por la Corona perdió una elección general pero eso no supuso una victoria definitiva del Parlamento sobre aquélla y el ejecutivo. En efecto, desde 1870 la Reina Victoria trató de resucitar la Monarquía como un poder independiente. Ella, en realidad, siempre estuvo más cerca de los conservadores, concretamente de Disraeli, que de los liberales. Cuando en 1880 los liberales ganaron las elecciones la Reina llamó al poder a lord Harrington, un conservador, pero por primera vez el partido triunfante se impuso al monarca, gracias al cambio que él mismo había instaurado en la política británica. Gladstone fue el primer líder que, sin ser un radical, llevó sus planteamientos al pueblo y realizó una amplia propaganda. Años después escribió que en el papel político de la Monarquía se había producido una «sutil y silenciosa pero completa transformación» que probablemente la propia Reina Victoria no llegó a entender ni a asumir.

Hubo, en efecto, una considerable distancia entre la imagen de la Monarquía y lo que hubieran deseado quienes la personificaban. Una parte de la conversión de la Monarquía en una entidad por encima de los partidos se debió al Rey consorte, Alberto, que, sin embargo, tuvo una posición muy clara en materia de política exterior. Pero sobre todo la actitud de fondo de la Reina Victoria tuvo poco que ver con la imagen que se transmitió de ella. En efecto, paradójicamente, fue en la etapa final en la que la Reina resultó más partidista cuando precisamente tuvo menos influencia. En ese momento perdió incluso la posibilidad de vetar a los ministros, como había hecho en etapas precedentes. Pero, al mismo tiempo, la Reina ejerció un papel mediador en los conflictos entre las dos cámaras. Eso y su trabajo al estudiar las cuestiones de la política práctica cotidiana le dio un prestigio a la Monarquía que no había tenido con los Hannover cuando los reyes eran descritos en privado como imbéciles o bufones. Dos teóricos, Disraeli y Bagehot, contribuyeron a dignificar el papel de la Monarquía ante la opinión pública mientras se creaba un ceremonial del que se pretendió que fuera remoto cuando no era así. Este ceremonial revestía una importancia decisiva para Bagehot, el principal teórico de la institución, porque, como escribió, «ser invisible es ser olvidado… Para ser un símbolo y un símbolo efectivo se debe ser frecuentemente visto». Los escritos de este periodista alcanzaron con el tiempo un papel canónico. En realidad, la Reina Victoria no tenía mayor interés en ser una monarca democrática pero, al haberse impuesto la democracia como norma en la sociedad y política británicas, su prestigio dependió de la vinculación establecida entre la Monarquía y ese sistema político. Pero la discusión acerca de la Monarquía a lo largo de todo su reinado tuvo siempre mayor entidad, intensidad y variedad de lo que se ha admitido. Aunque los republicanos siempre fueron minoría, durante la Monarquía victoriana se debatió sobre las funciones de la institución, su costo, su vinculación con los intereses nacionales y sobre la forma en que la Reina, el príncipe consorte y el resto de la familia real cumplían sus funciones.

Todavía faltaba un paso en el camino hacia la democratización y se llevó a cabo al final de la primera década del siglo. La crisis de 1910 planteó a la Monarquía problemas como no había tenido desde 1832 y tuvo como resultado que se configurara de manera definitiva. En noviembre de 1909 Asquith, el dirigente liberal, que había logrado la aprobación de su presupuesto en los Comunes, lo vio vetado por los lores. En las elecciones de enero de 1910 los liberales perdieron 104 escaños pero tenían todavía 275 frente a los 273 de los conservadores y podían contar, además, con el apoyo de otros 82 de los irlandeses y 40 de los laboristas. Con esta presión moral en abril de 1910 los lores se vieron obligados a aprobar el presupuesto. Pero Asquith quiso convertir esta victoria en definitiva y presentó una ley por la que los lores perdían el derecho de veto en materias fiscales y en las otras sólo lo tendrían suspensivo; al mismo tiempo la duración del Parlamento se limitó a cinco años. El Rey Jorge V aceptó, por inducción del Gobierno, amenazar con el nombramiento de nuevos lores logrando la aprobación en la Cámara alta de esta disposición, que fue ratificada en agosto de 1911. Aun así, el conservador Balfour consideraba en 1913 que Gran Bretaña vivía bajo una Constitución interina. En 1914, ante el Home Rule, la legislación que permitió la independencia de Irlanda, el monarca, que estaba en contra, pensó en un referéndum nacional o en la posibilidad de disolver el Parlamento. El Home Rule fue aprobado, no obstante, en septiembre de 1914 pero suspendido hasta el final de la I Guerra Mundial porque suponía la posibilidad de negociar sobre el Ulster. El Rey aceptó la fórmula porque de hecho la solución había sido pospuesta. Sus poderes residuales seguían siendo, por tanto, muy importantes.

Aunque con considerables diferencias respecto del caso español, el caso italiano se asemeja más a él que el británico [4]. La Monarquía de los Saboya siempre dijo de sí misma que se basaba en «la voluntad de la Nación», es decir, en los plebiscitos unificadores de 1860 y en la defensa a ultranza del régimen constitucional. Sin embargo, sus limitaciones teóricas y prácticas como régimen liberal fueron siempre evidentes. La participación ciudadana en la política era muy limitada: durante el primer veintenio de su existencia el cuerpo electoral tan sólo representó el 8 por ciento de la población masculina mayor de veinticinco años. El Estatuto de Carlos Alberto, redactado en francés y otorgado sin participación popular en 1848, establecía, además, que a la Monarquía le correspondía en su totalidad el poder ejecutivo mientras que, por otro lado, la Cámara alta, el Senado, era nombrado por el monarca. El Rey, de acuerdo con el contenido del Estatuto, reinaba por la gracia de Dios y por la voluntad de la nación italiana, una fórmula mixta habitual en las constituciones conservadoras europeas. Era, además, comandante de las fuerzas armadas y, como tal, la persona que podía declarar la guerra; en materia de política exterior dependía de él suscribir tratados internacionales que incluso podían ser secretos. Durante el primer decenio de existencia de la Monarquía de los Saboya hasta el 43 por ciento de los ministros fueron nobles, lo que ratifica el carácter oligárquico del sistema político. Claro está que la práctica diaria permitió una flexibilización. Víctor Manuel II decía actuar con los políticos como «marionetas» pero en realidad no era así; en cambio, lo que sí hizo con frecuencia fue enviar emisarios llevando a cabo una política internacional propia y personal. La lista civil del monarca italiano superaba por entonces lo que el Estado gastaba en educación.

Humberto I fue más consciente de la necesidad de una Monarquía democrática o, al menos, de que sus poderes fueran más limitados. Por eso dejó de enviar mensajeros diplomáticos al extranjero para realizar una política propia y no presidió muchos consejos de ministros. Aun así pretendió, por ejemplo, que el Parlamento no interviniese en la política colonial porque ésta no suponía gastos de fondos presupuestarios; para él, por tanto, el Parlamento tenía que mantenerse en su función originaria y única de votar los impuestos. Humberto I, sin embargo, tuvo el mérito de abrir el paso a la izquierda y al transformismo, una fórmula liberal aunque corrupta, algo parecido a lo que sucedería en España a partir de 1885. Con el paso del tiempo, además, atendió las pretensiones del gobierno en el sentido de que fuera éste quien nombrara a los senadores y no él mismo. Pero todavía se estaba muy lejos de una verdadera Monarquía democrática. La lista civil del Rey italiano septuplicaba la del presidente de la República francesa y superaba también la del presidente norteamericano. Recibía una cantidad equivalente a quinientas sesenta veces el sueldo del presidente del gobierno. El sociólogo Wifredo Pareto calculó que el italiano medio contribuía con sus impuestos a sostener la Monarquía unas cien veces más que el suizo al mantenimiento de su presidente. A pesar de ello, el reinado de Humberto I supuso un claro avance en la disminución del poder real y el papel fundamental en este proceso, como siempre, le correspondió a la práctica más que a los cambios legales. Gran parte de las razones se explican por el hecho de que el Rey era un soldado; carecía, además, de la voluntad de autoafirmación de su padre y de su inteligencia para actuar de una forma que le permitiera incrementar su poder o mantenerlo en las condiciones previstas por el Estatuto. El político conservador Sidney Sonninno propuso, a pesar de ello, en 1897 que el Rey fuera verdaderamente la cabeza del ejecutivo, que tuviera derecho de veto sobre todas las leyes aprobadas en el Parlamento y la posibilidad de librarse de los ministros que no le complacieran. Esta propuesta se planteó en un momento en que, como veremos, en toda Europa surgía una posible reacción conservadora.

El sucesor de Humberto I, Víctor Manuel III, empezó a reinar en 1900. Extremadamente bajo de estatura y de carácter reservado, taciturno e introvertido tuvo, no obstante, una actitud mucho menos provinciana y más intelectual que sus predecesores. Carecía de verdadero interés por las ceremonias reales y vivió siempre con sencillez y austeridad; sus únicas pasiones eran los caballos y su colección de monedas. Aunque mantuvo la dedicación a la política militar y exterior se inclinó siempre por la actitud del Parlamento si éste se había pronunciado de forma clara. Aun así, entre 1903 y 1909 la política exterior se dejó en manos del ministro Tittoni, al que siempre se consideró como una persona del entorno de la Corte. Los países extranjeros acostumbraron a acusar a Italia de llevar a cabo una política de vals cambiando constantemente de aliados en función de los que creía sus intereses nacionales y no dejaron de responsabilizar de ello al Rey. En otras cuestiones el papel del monarca fue mucho menor. A lo sumo utilizaba su influencia personal en el voto del Senado, que seguía nombrando, aun con la intervención del Gobierno, pero en cambio no negó nunca su firma a las disposiciones aprobadas por el Gobierno, como hubiera podido hacer de acuerdo con el Estatuto. Afirmaba que «cuando un gobierno es débil la Corona debe siempre saber imponerse». De hecho así lo hizo en dos ocasiones que resultaron profundamente contraproducentes para el porvenir del pueblo italiano. Gracias a él fue posible el gobierno Salandra, que llevó a Italia a la guerra mundial frente a la opinión neutralista del dirigente liberal Giovanni Giolitti (1914). Luego, en 1922, no consultó a nadie antes de la toma del poder por Mussolini tras la marcha sobre Roma.

Más adelante trataremos de esta cuestión pero de momento conviene recordar que, ya en el poder, Mussolini siguió los ritos habituales de la Monarquía liberal como, por ejemplo, presentarse dos veces a la semana en Palacio para tratar las cuestiones de gobierno, aunque siempre lo hizo con displicencia. Hablaba de la existencia de una «diarquía», pero añadía inmediatamente que Monarquía y fascismo convivían en una alcoba conyugal con dos camas separadas. Bottai, uno de los dirigentes fascistas, atribuyó esta situación a la «ductilidad jurídica» de los italianos. Probablemente, Mussolini decidió mantener las apariencias por lo mucho que le interesaba: había dicho que «era necesario tener la valentía de ser monárquicos (porque) la Monarquía representa la continuidad histórica de la nación». Por su parte, el Rey no le puso ninguna dificultad. Cuando se produjo el asesinato del diputado socialista Matteotti (1924) no tuvo inconveniente en que Mussolini siguiera en el poder. El Rey delegó siempre en el Duce las responsabilidades políticas, no hablaba apenas con los embajadores extranjeros y se dedicaba a sus ocupaciones particulares. Los observadores extranjeros aseguraban que en su caso no había la tensión existente entre el Rey de España y Primo de Rivera. La vinculación de Víctor Manuel III con el régimen fascista fue muy decidida: aceptó una ley que preveía su firma en el nombramiento del secretario del partido único y encendió personalmente una lámpara votiva dedicada a los mártires del fascismo; el propio ministro de la Real Casa era un joven y fervoroso militante. Visitó el lugar de nacimiento de Mussolini, como forma de considerarle una especie de héroe nacional. En el fondo daba la sensación de haber abdicado y sólo pareció irritarse cuando Mussolini se atribuyó a sí mismo la condición de «primer mariscal del Imperio». En el momento en que Italia entró en la II Guerra Mundial se quejó de que Mussolini asumiera sus competencias militares pero pronto llegó a un acuerdo delegándoselas. Resulta muy posible que Mussolini pensara en la supresión de la Monarquía al concluir la guerra mundial. Pero el Duce había cometido el error de mantener en manos del Rey al menos una capacidad de intervención que, cuando en 1943 éste vio que la Monarquía estaba en peligro y el país en crisis bélica y política, le permitió imponerse utilizando unos poderes que no había ejercido en el pasado.

Lo hizo en tales condiciones que al final debió automarginarse. Humberto II, su hijo, acertó, tras el final de la guerra mundial, al admitir en principio una revisión constitucional y al evitar la formación de un partido monárquico pero erró al discutir los resultados del referéndum de 1946 y al revolverse en contra de lo que consideraba como la actitud oligárquica de los partidos políticos contra la Monarquía. Las esperanzas de perduración de ésta eran muy escasas pero desde entonces esta actitud la hizo imposible.

Para resumir lo expuesto hasta ahora, la Monarquía, institución todavía predominante en Europa a comienzos de siglo, no era siempre constitucional aunque se hubieran esfumado ya los rasgos característicos del Antiguo Régimen. Existían formas muy variadas de compartir el poder con la representación popular; no siempre ésta (o el gobierno de ella derivado) fue ampliando su poder. Antes de la guerra mundial se dibujaba ya, no obstante, el camino hacia la Monarquía democrática pero, incluso en el caso de Gran Bretaña, fue la consecuencia de un proceso complicado y largo, más de una cesión derivada de la práctica que de cambios institucionales. Durante este proceso, en un momento en que se dirimía el paso del liberalismo a la democracia, la Monarquía pudo quebrar como institución pese a sus raíces aparentemente sólidas. En este marco debe entenderse cualquier biografía de Alfonso XIII. Por ello, a lo largo de este libro procuraremos siempre plantear los problemas políticos de su reinado en un contexto tan amplio como el descrito.

LA TRADICIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

Sin embargo, cualquier biografía de este monarca, que empezó a reinar en 1902, debe tener presente también los precedentes de la Monarquía constitucional española. Éstos, en lo que se refieren al comportamiento de la Corona en el conjunto del sistema político, se concretan en los casos sucesivos de quienes personificaron la institución. Una breve alusión a los mismos resulta imprescindible.

Empecemos por la primera etapa que llega hasta 1868. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los moderados, la derecha del liberalismo que gobernó salvo contadas excepciones durante el reinado de Isabel II, no contemplaron desde el punto de vista teórico a la Corona como un poder neutral sino como una instancia políticamente activa. En teoría había dos poderes, de importancia semejante, en el seno del sistema político, la confianza otorgada por el Parlamento y el apoyo regio. Pero al ser éste inamovible y estar sujetas las Cortes a disolución por la voluntad de la Corona, había una obvia diferencia entre ambas en favor de la última. Además, el comportamiento de quien asumía esta magistratura completó el panorama, dando como resultado un sistema político muy peculiar [5].

En realidad, durante la regencia de María Cristina de Borbón se habían sentado las bases para que la Corona se convirtiera en el factor decisivo del proceso político. La regente siempre se inclinó a favor de los moderados, incluso ratificándoles el poder y dotándoles del decreto de disolución en caso de que perdieran el control de la inicial mayoría parlamentaria que poseyeran. De esta manera, la única forma de actuación que pudieron ejercer los progresistas, al margen de desempeñar la modesta función de oposición «consentida», fue la sublevación por medio de movimientos populares organizados en Juntas provinciales, el pronunciamiento militar o el retraimiento. Las elecciones, desde este momento hasta el final del siglo, incluso durante la etapa republicana, dieron como resultado siempre el triunfo de quienes estaban en el poder.

En realidad, los progresistas se comportaron de forma parecida: durante la regencia de Espartero se repitió la manera de actuar de María Cristina. El conflicto entre Espartero y el gobierno López (1843) reprodujo de forma exacta el que había tenido María Cristina con Mendizábal (1836); como en la época precedente, el regente militar nombró un gobierno minoritario con decreto de disolución de las Cortes que le facultaba para construirse su propia mayoría parlamentaria. La única diferencia fue que, al menos, Espartero intentó formar gobierno con la mayoría parlamentaria pero no pudo porque se trataba de una mayoría puramente negativa, capaz de derribar pero no de engendrar un nuevo ejecutivo.

De cualquier forma, ese comportamiento de la Corona prosiguió en los años centrales del siglo. Durante el reinado de Isabel II, incluso desde el punto de vista constitucional se produjo una exaltación extraordinaria del poder de la Corona no sólo porque compartía la soberanía popular con el Parlamento sino también porque ella misma nombraba al Senado. De todos modos, lo más característico del sistema político de Isabel II fue el exclusivismo de partido de modo que sólo los moderados eran considerados como ortodoxos. Así sólo ocasionalmente los progresistas abandonaban la actitud de «retraimiento» y se convertían en una oposición «consentida». Isabel II jamás pensó en articular un turno de partidos que diera estabilidad a su Monarquía.

Como consecuencia, el juego político consistió en realidad en la sucesión de relevos dentro de las diversas tendencias del partido moderado. Incluso el gobierno «puritano» —el sector más avanzado del partido— fue nombrado al margen del juego parlamentario (1847). Lo más frecuente fue que las crisis no tuvieran un origen parlamentario: sólo fue así en dos de las once que ocurrieron entre 1843 y 1854. A menudo la verdadera vida parlamentaria tenía lugar en el Senado, a pesar de ser nombrado por la Reina, pues reunía al conjunto de la clase dirigente. Isabel II no tuvo inconveniente alguno en aceptar que sus gobiernos se sirvieran de la ficción de haber sido delegados para legislar por el Parlamento, la violación de las previsiones constitucionales en materia presupuestaria y el recurso del ejecutivo a regular por decreto materias que debían ser abordadas en la Constitución. Tampoco dudó en conceder dos disoluciones sucesivas al gobierno Bravo Murillo cuando en otras tantas ocasiones se disolvió la mayoría que le apoyaba en las Cortes. Sus gobiernos, en fin, abusaron con asiduidad de la suspensión de las sesiones parlamentarias.

Por su parte, tampoco los progresistas presentaron un sustancial cambio de comportamiento con respecto a los moderados: confiaron en el apoyo de la Corona para llegar al poder o la presionaron mediante el pronunciamiento. Sólo los «progresistas exagerados», como López, parecieron concebir una Corona neutral. De nuevo la sempiterna victoria del gobierno en las elecciones transmite la impresión de que no sólo era el ejecutivo el culpable de ese resultado sino también la apatía del elector.

Con estos antecedentes se entiende el fracaso final del sistema político de la etapa isabelina. En los años finales del reinado el poder fue ejercido por un sector cada vez más reducido del partido moderado sujeto a los caprichos de la Reina. «Si las simpatías y antipatías habían de ser los títulos para la elección y exclusión de los ministros», escribió entonces el hacendista Ramón de Santillán, «bien podíamos renunciar a todo gobierno sólido». Ése fue, en efecto, el resultado. Al final la propia oposición conservadora tuvo que recurrir a los procedimientos de los progresistas, como la conspiración militar, para acceder al poder.

Hubo un político que inició su carrera en esta fase y que acabaría desempeñando la Presidencia del Gobierno durante el reinado de Alfonso XIII. Se llamaba Antonio Aguilar y Correa, marqués de la Vega de Armijo, y desempeñó puestos muy importantes en el transcurso de su vida pública. Su opinión acerca de los sucesivos jefes de Estado que conoció, hasta ahora inédita, nos puede servir de término comparativo. Sobre esta etapa de su vida política escribió unas memorias que dejan muy malparada a la Reina a quien, sin embargo, trató de forma respetuosa.

Describió en ellas el papel que en el entorno de Isabel II jugaban personajes como sor Patrocinio y el padre Claret y se asombró de que si bien pensaba que el segundo era «un santo varón únicamente» la monja la deslumbrara por completo. A sor Patrocinio la conoció con ocasión de una visita a Aranjuez donde, cuenta, «grande fue mi sorpresa al ver a la Reina de España inclinándose ante la superiora del convento y hacer, cuando menos, el ademán de besarle las manos». La monja presidió una ceremonia religiosa con los Reyes a sus lados.

Pero lo que nos interesa es la relación de la Reina con los políticos de su tiempo. En diciembre de 1861 Vega de Armijo fue nombrado ministro de Fomento en el gobierno de la Unión Liberal de O'Donnell. Con el presidente y con la Reina realizó un viaje a Andalucía en donde pudo contemplar el efecto que «el largo tiempo que el general O'Donnell llevaba en el mando cuando los ministros viven de vida propia por así decirlo y no reflejada de ellos, iban labrando en el ánimo de la Reina». En una recepción en Granada «las deferencias y las consideraciones (de ésta) fueron para los personajes del partido moderado que allí concurrieron siendo por completo desatendidos los demás ministros hasta el punto de que el general O'Donnell se retiró con la duquesa antes de la hora de la cena, profundamente preocupado». Al día siguiente la Reina le habría dicho a la esposa del presidente que su marido no tenía derecho a enfadarse. «¡Señora, como no es la primera vez!», le respondió aquélla. La Reina, entonces, se dirigió sollozando al general Zabala con estas palabras: «Ya habéis visto el insulto que me acaba de hacer la duquesa». Al general O'Donnell le dijo: «Ya has visto cómo tu mujer me ha maltratado y esto no puede quedar así». Todo esto sucedía en un momento en que, sin oír la conversación, el propio público la veía y sacaba la impresión de que la Reina lloraba porque se había emocionado por las muestras de afecto que recibía.

Este tipo de enfrentamiento con O'Donnell, motivado por razones banales y provocado por una mente infantil más que perversa, se reprodujo en años sucesivos. Vega de Armijo narra que en una ocasión en que disponía de todos los apoyos parlamentarios la Reina llegó a decir al dirigente de la Unión Liberal que tenía la pretensión de que «nadie podría gobernar en España más que él». Entonces, «justamente afectado y sin agregar una sola palabra el general dijo: “Señora tenga V. M. por presentada mi dimisión mientras voy a buscar las de mis consejeros… Se me ha despedido como a un lacayo que cumple mal”». O'Donnell, en opinión del marqués, habría sido «el hombre que tantos sacrificios hizo para salvar aquella Monarquía». «En Palacio», sin embargo, «querían deshacerse del general pero en el momento en que podían realizarlo, o se atemorizaban ante el fallo de la opinión, o querían que al caer aquella gran figura no tuviera la importancia que propios y extraños con razón le daban. Por desgracia, ni una ni otra prevención favorecían ciertamente a la Reina». Cuando la dimisión tuvo lugar, la reacción de la Reina fue muy parecida a la ya descrita durante el viaje de Granada: interpretaba que se la había «insultado». A menudo y a muy corto plazo, aceptaba que se había equivocado y pretendía rectificar porque «a veces hago y digo las cosas sin poderlo remediar».

En la fase final del reinado hubo un momento en que Isabel II pareció dar marcha atrás en su propósito de ceñirse a unos apoyos cada vez más limitados y más reaccionarios dentro del partido moderado. Con ocasión de la muerte de su madre, la Reina le dijo a O'Donnell lo que ésta le había dicho, «y tenía razón la pobre, (que) yo estuve injusta y espero que me lo hayas perdonado». «Yo quiero que me lo perdones; ¿cómo quieres que te lo pida?», añadió. En un momento en que «la persecución a todo lo liberal se iba generalizando, Palacio comprendió, aunque tarde», asegura Vega de Armijo, «que era menester buscar por el camino de la libertad la solución de las cuestiones pendientes». La Reina, pues, le prometió el poder a O'Donnell diciéndole: «Comprendo que me he equivocado en la política que he seguido desde que saliste del poder y estoy resuelta a no ponerte la menor dificultad en nada». «Señora», respondió el general, «yo necesito reconocer el Reino de Italia inmediatamente (y) necesito hacer una reforma liberal en la cuestión del sufragio para, en lo posible, atraer a la legalidad al partido progresista o, por lo menos, quitarle esa razón de su conducta. Necesito, en una palabra, inspirarme en el criterio de la libertad para resolver todas las cuestiones y si las Cortes actuales no me votan esas medidas necesito disolverlas». «Mucho trabajo me cuesta acceder a la primera de esas cuestiones», respondió la Reina, «pues mi conciencia se subleva (el Reino de Italia había nacido del desmantelamiento de los Estados pontificios), pero te he ofrecido no ponerte la menor dificultad y quiero cumplir mi oferta».

«Más tarde tarde se vio dónde llegaba la sinceridad», comenta con sarcasmo el marqués. Si pudo O'Donnell avanzar en materia de reforma electoral pronto se demostró que no era posible en otros terrenos. Cuando se le comunicó al nuncio el reconocimiento del Reino de Italia, «grande fue su sorpresa pero la presencia del Cuerpo Diplomático le impidió hacer ninguna indicación que hubiera sido oída por los representantes de las demás potencias que se hallaban en las mejores relaciones con el nuevo Reino de Italia». «Aquella noche, sin embargo», prosigue, «se hacían observaciones por la Reina al gobierno O'Donnell de la precipitación con que el asunto se llevaba sin haber antes sondeado la opinión de la Santa Sede sobre el particular». La respuesta de O'Donnell fue todo lo indignada que puede imaginarse. «Yo no te he dicho que dimitieras», repuso la Reina. Sin embargo, ésa debió ser la última oportunidad que tuvo de sobrevivir la Monarquía isabelina. El desfile del funeral del militar de la Unión Liberal, visto sin calor desde Palacio, presagió la ya inevitable caída de Isabel II [6].

La revolución de 1868 pudo dar la sensación de cambiar radicalmente el panorama pues Prim había pensado desde un principio en «una Monarquía con instituciones republicanas» [7]. El llamamiento a la dinastía italiana de los Saboya se explica en el marco de este programa político aunque, como hemos visto, el avance en aquella Monarquía hacia un liberalismo pleno había sido tan lento como en otras partes. Sin embargo, desde el primer momento, pese a una recepción benévola por parte de las clases medias, esta opción de la Monarquía democrática tuvo el boicot de la nobleza española.

Cuando los políticos profesionales se pusieron en contacto con Amadeo de Saboya, alguien —Romero Robledo— lo calificó como «un idiota» pero esta afirmación, según Carlos Seco, resulta injusta a todas luces en la comparación entre su comportamiento y el de los dirigentes del régimen. El Rey consideró desde un principio que Prim era el único que «había querido nuestra dinastía», por lo que su asesinato en el mismo tiempo en que llegaba a España resultó especialmente grave. Cuando abrió las Cortes de 1871 dejó bien claro que deseaba la confianza del pueblo, «al que jamás trataré de imponerme», como había hecho su antecesora.

Muy pronto tuvo necesidad, sin embargo, de reclamar de los partidos dinásticos la «conciliación» en lo fundamental y que no se le hiciera caso fue la razón decisiva del fracaso de aquella Monarquía. A su padre Amadeo I le comunicó por escrito su mayor dificultad, recordando que «yo soy un Rey elegido y aquellos que me hacen oposición son los mismos que me han querido». En realidad, una gran parte de los que habían contribuido a su nombramiento veía en la Constitución de 1869 tan sólo un punto de partida pero, sobre todo, era incapaz de mantener cualquier tipo de colaboración con el resto. Más adelante, Amadeo I describió la situación española en unos términos que resultan difícilmente discutibles: «Las masas… son carlistas o republicanas. El clero, carlista todo y con gran influencia sobre las poblaciones campesinas. La aristocracia, toda alfonsina. Los partidos de la situación, siempre en desacuerdo por ambición e intereses personales. He aquí la actual situación del país; en general, se halla descontento y este descontento se vuelve contra mí». Lo principal desde el punto de vista político fue, no obstante, a su juicio, «la división de los partidos que deberían estar de acuerdo y compactos» y no estaban ni lo uno ni lo otro.

Como había sucedido con anterioridad y seguiría ocurriendo en el futuro, el ejército, «donde abunda el elemento alfonsino», desempeñó un papel muy considerable en la vida política española. Amadeo I siempre fue consciente de que, como él mismo decía, «en España el ejército lo es todo y sin el ejército no se hace nada»; la situación en este terreno era para él especialmente difícil teniendo en cuenta «las continuas evoluciones de los generales españoles». Pero, aparte de su inconstancia política, el factor militar jugó también un papel muy importante porque «cuantos alcanzaban el poder acudían a todos los medios para arrojar a sus adversarios fuera de la legalidad y a la rebeldía armada». En definitiva, fue una crisis militar la que decidió al Rey abandonar la Corona, la cual, como le dijo a su padre, le había proporcionado «muchos, muchísimos disgustos». Hasta el final había defendido una «conciliación» imposible entre los partidos que habían defendido su Monarquía.

No sabemos hasta qué punto habría funcionado correctamente una Monarquía liberal estable con Amadeo I como Rey porque faltó ese doble requisito imprescindible que era la coincidencia en lo fundamental de los partidos y la solidez de los mismos. Éste es un factor que, como prueban los casos de Gran Bretaña e Italia, inducen a la transformación del comportamiento de los monarcas, por reducción del campo en que pueden actuar, mucho más que su propia y espontánea voluntad. Constituye, por así decirlo, un paso previo al momento en que los ciudadanos, a través del voto, lo hacen disminuir todavía en mayor grado hasta convertirlo en una magistratura simbólica.

En este panorama lo que la Restauración solucionó fue la solidez de los partidos, su renuncia al pronunciamiento y la coincidencia en un marco común. Sin embargo, Alfonso XII fue también un monarca liberal en los parámetros habituales de su tiempo. Lo prueba, sobre todo, su comportamiento pero también un documento que alguno consideraría anecdótico pero no lo es. Se conserva en el Palacio Real un diario de Alfonso XII escrito desde comienzos de 1878 hasta el verano de ese mismo año. Está escrito en un cuaderno dedicado a contabilizar las piezas de caza abatidas por el monarca. Para un historiador constituye una de esas sorpresas que a veces proporcionan los archivos españoles pues describe la felicidad del primer matrimonio de Alfonso XII y la amarga tristeza de su temprana viudez [8]. «Mercedes más bonita que nunca», escribió el joven Rey; «llevaba en el sombrero, disecada, la perdiz que el último octubre maté y le di en El Pardo». «Me dediqué mucho a Mercedes y poco a la caza», cuenta en otra ocasión. El Rey se confesaba, entonces, «el más feliz mortal» pues «con Mercedes al lado y la escopeta en la mano por nadie me trocaba». Luego vino la muerte de la Reina y el panorama cambió por completo: «Me ha quedado como un cuerpo sin alma, nada me interesa, a nadie veo, paso el tiempo solo, leyendo, despachando los urgentes negocios de Estado». «El único descanso moral», proseguía, «es contemplar estas sierras tan ásperas o recorrer este monasterio de San Lorenzo (de El Escorial)… (que contiene) los sombríos recuerdos de aquel Rey que, al menos, tenía la suerte de ser creyente. Él hubiera creído que yo volvería a encontrar a Mercedes en el cielo». Llama la atención en estas frases, no destinadas a ser leídas por nadie, tanto el aparente agnosticismo del monarca, quizá debido a ese sufrimiento, como el hecho de que el Rey de España tenía a estas alturas una visión de su antecesor muy propia de la mentalidad liberal, tal como aparece, por ejemplo, en el teatro o en la ópera del momento. Recuérdese, no obstante, que la Reina Mercedes cuando murió tenía tan sólo dieciocho años y el Rey veinte.

De cualquier forma, a pesar de que en ocasiones ha sido considerada la tarea hercúlea de un solo hombre, la Restauración fue posible no sólo por Cánovas, que en ocasiones es presentado como su arquitecto único, sino también gracias al Rey, al general Martínez Campos y a Sagasta. Despierto e inteligente, Alfonso XII, aunque se sintiera más seguro teniendo a Cánovas como presidente del Consejo, se llevaba mejor con Sagasta. Aun apartado de una directa implicación en el juego político, siempre se mostró partidario de que los liberales llegaran al poder, como demostró en 1881. Martínez Campos, por su parte, fue el líder militar que, como testimonia su estatua en el parque madrileño del Retiro, actuaba como vigilante perpetuo del orden. También, no obstante, resultó una alternativa política, en un principio cercana a los moderados y luego más abierta que la de Cánovas, y una opción frente al problema crucial para la clase dirigente española de la época como era la sublevación cubana.

El papel crucial de Cánovas, que no hubiera podido ser desempeñado por ningún otro, fue conducir a la derecha española hacia una actitud que le permitiera compartir el poder político con otras opciones [9]. Gracias a Dios, aseguró el dirigente conservador, la Constitución no era democrática. Pero, al mismo tiempo, presionó a los antiguos moderados para que se colocaran «en un terreno igualmente equidistante del revolucionario que de una imprudente reacción» y a tener presente no sólo «los pasajeros placeres» sino también los eternos «dolores del caudillaje». Después de haber tenido un papel tan importante en la gestación del nuevo sistema político no puede extrañar que actuara de una forma propia quien se consideraba el amo y señor del mismo. El Rey se quejaba de que Cánovas «sabe todo, decide todo, interfiere en todo, incluso en materias militares de las que nada sabe y en las que no tiene ninguna consideración a las opiniones y los deseos del monarca». No parece, por ejemplo, que Cánovas consultara previamente los gobiernos con Alfonso XII o con la regente María Cristina sino que los comunicaba señalando él mismo las alternativas o incluso disponiendo él mismo la distribución de carteras sin contar en absoluto con el jefe del Estado [10]. Con el paso del tiempo, como tantos otros dirigentes políticos, experimentó una involución: el gobierno que formó en 1884 fue casi reaccionario.

En cuanto al otro sector de la política española y a la figura de Sagasta, su papel no llega a entenderse sin tener en cuenta el transcurso del tiempo. Si los llamados constitucionales coquetearon abiertamente con la revolución en un primer momento, la razón estribó en que tenían motivos para pensar que eran tratados como los progresistas durante el reinado de Isabel II. En la etapa inicial de la Restauración el hecho de que sólo ocho de los ciento diez senadores nombrados por el Rey pertenecieran a este partido pareció darles la razón. Pero el problema esencial que tuvieron los liberales para acceder al poder derivó de su propia división. Fue Sagasta quien logró superarla y demostró una excepcional habilidad para mantenerla. Luego trató, muchas veces con éxito, de evitar las crisis por el procedimiento de solucionar con carácter previo los problemas internos de su partido, en realidad una auténtica coalición, sin que dieran lugar a cambios de gobierno.

El sistema político creado entre conservadores y liberales se basó, como cabía esperar, en una ley fundamental y unas prácticas políticas concretas. La primera partía de la fórmula de soberanía compartida, típica del moderantismo pero habitual también en la Europa de la época y, en cualquier forma, posibilitadora de una evolución en los comportamientos. El Rey constitucional lo era «por la gracia de Dios». El texto resultaba lo bastante flexible como para que en alguna cuestión sometida a largas disputas —la elección del Senado, aun así más liberal que en el Estatuto italiano— quedara abierta a posibles modificaciones sin necesidad de reforma con tan sólo la aprobación de una ley (artículo 23). En este sentido, Cánovas pudo decir que la Constitución sería lo que los diputados quisieran que fuera. El Rey conservaba amplios poderes, coincidentes con los que tenía el monarca italiano. El artículo 52 le atribuía «el mando supremo del ejército y la armada» y disponer «de las fuerzas de mar y tierra», y el 53.2 «dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias». Claro que el artículo 53.9 le daba la potestad de «nombrar y separar libremente a los ministros», aunque esto nunca fue una realidad porque en la práctica esta función le correspondió al presidente del Consejo.

De esta manera se revela que tan importante como el texto constitucional fue la creación de pautas de comportamiento, en gran parte tomando como referencia la Monarquía británica; incluso se preguntaba al embajador británico acerca de las prácticas habituales allí. Fueron gestadas con lentitud y sólo aparecían patentes en la discusión de las crisis de gobierno. La primera y fundamental afectaba directamente al Rey. El bipartidismo y, más aún, la coincidencia en un marco legal fundamental disminuía la posibilidad de influencia del monarca, al mismo tiempo que dotaba de estabilidad al sistema. Esa era la gran diferencia con respecto a la Monarquía isabelina pero subsistía, al mismo tiempo, una semejanza fundamental. Las elecciones siguieron dando la victoria, como antes, incluida la I República, a quienes estaban en el poder. Gracias a ello a la Corona le restaban poderes enormes y también peligros de tamaña magnitud. Como afirmó León y Castillo, un político de la época, «yo no conozco situación más falsa que la de un Rey constitucional sin parlamentos libremente elegidos». Esta fue también una realidad inconmovible durante todo el reinado de Alfonso XIII.

Además de lo ya explicado hubo muchas otras prácticas habituales en el comportamiento de los partidos. En 1885 todo este conjunto de convenciones no estaba todavía perfectamente perfilado ni codificado, pero se había iniciado su gestación. Aún no estaba determinado tampoco el difícil camino hacia un acuerdo entre los dos partidos pero éstos ya habían puesto en marcha buena parte de las reglas de convivencia. De acuerdo con ellas, por ejemplo, los presupuestos no podían ser prolongados por los gobiernos más que una vez, es decir, un año sí y otro no. Cualquier ejecutivo respetaba, hasta cierto límite, las medidas aprobadas por el anterior. A la hora de ser nombrados los senadores no electivos se mantenía «una prudente proporción» entre los procedentes de cada partido y los senadores por derecho propio no votaban nunca contra el gobierno en el poder. Existía un sistema de intercambio de información entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición en cuestiones de política general o exterior. Al principio del reinado el Rey recibió a los ministros de uno en uno pero luego se estableció en la práctica que lo haría por parejas, una vez por semana. Así se evitaban los favoritismos supuestos o reales.

Las convenciones fundamentales de carácter práctico tuvieron, no obstante, su centro de gravedad en las crisis de gobierno que, además, sirvieron para determinar el poder relativo del monarca. Al margen de lo previsto en la Constitución, la sucesión de los gobiernos se producía habitualmente cada dos años y medio o tres. La regla fundamental era que un partido dividido debía reorganizarse en la oposición. El elemento desencadenante de la crisis solía ser una disposición, por ejemplo un decreto, a la que el monarca negaba la firma; mucho menos frecuente era la crisis parlamentaria. De esta manera el posible cambio de gobierno lo iniciaba el presidente al presentar esta disposición y no el Rey. El sistema de consultas a los jefes políticos que se desarrollaba a continuación evitaba que el Rey se pronunciara de forma arbitraria; era, además, el testimonio de la existencia de un sistema de turno pacífico. Las consultas las inició Espartero durante su regencia; no fueron públicas hasta 1897, tras la muerte de Cánovas, gracias a Silvela. A menudo se acudía también a los presidentes de las Cámaras y, al principio de la Restauración, a las autoridades militares, en especial a Martínez Campos. Esto revela el influjo importantísimo del ejército en la vida social aunque se alejara de la política partidista, pero con mucha lentitud. Los militares que ocupaban los cargos ministeriales eran considerados técnicos hasta cierto punto y el ejército conservaba una marcada autonomía no sólo en su ámbito sino también en materias de orden público, pues era su garante fundamental, e incluso en lo que respecta a la identificación entre Estado y Patria. En definitiva, el sistema político que parecía ponerse en marcha con la Restauración era estable, de amplia base, susceptible a cambios y liberal; no era, ni por asomo, democrático ni tampoco tenía perfilada una distinción clara entre las competencias civiles y las militares.

Podemos hacer alusión a dos casos concretos que ilustran su funcionamiento. En primer lugar, se puede citar un ejemplo que muestra hasta qué punto Cánovas consideraba esencial alejar a los militares de las responsabilidades de la política partidista. Al comienzo de la Restauración, en un momento en que el Rey estaba al frente del ejército en plena guerra carlista, Martínez Campos debió hacer una petición perentoria al Gobierno. Cánovas escribió al Rey que las «indicaciones concretas (del general) se le han atendido siempre» pero había puesto un «destemplado telegrama» con exigencias intolerables o proponiendo que «se le diera cuartel», es decir, un destino forzoso. «Si no hubiera estado ausente V. M.», prosiguió Cánovas, «el presidente del Consejo hubiera pedido a V. M. inmediatamente que se le autorizara a mantener incólume la autoridad real y el decoro del Gobierno dando su cuartel al general Martínez Campos». Y concluyó: «Mis relaciones con el general Martínez Campos no pueden continuar bajo el pie en que los ha establecido él». Por tanto, «si V. M. cree que otro presidente del Consejo podrá llevar más adelante que yo la concordia y la disciplina dígnese admitirme respetuosa dimisión» [11]. El Rey le respondió que Martínez Campos debía conservar su puesto en Cataluña pero «si es que de él llegase a hacer dimisión», «más importante» era la presencia de Cánovas al frente del Ministerio «cualesquiera que sean los servicios del expresado general» [12]. De esta manera quien era juzgado como «el hombre más influyente en la España de su época» debió someterse al poder civil pero sólo lo hizo por la intervención del Rey. Nadie llegaría a tener una influencia semejante (a Azcárraga se le denominó «Martínez Campos segundo» pero no fue más que un pálido reflejo), pero el papel intermediario del Rey entre la política partidista y la milicia estaba destinado a perdurar durante el reinado de Alfonso XIII.

Merece la pena citar otro caso en que volvemos a encontrar como protagonista al marqués de la Vega de Armijo. En una visita al emperador de Alemania, siendo ministro de Estado del gobierno liberal de 1881, le hizo una descripción del funcionamiento del sistema que coincide con lo expuesto en las líneas precedentes. «Desde que S. M. el Rey, con un grande espíritu de tolerancia, llamó espontáneamente al partido liberal a los consejos de la Corona por primera vez», explicó, «la polémica se ha hecho menos ardiente entre los monárquicos». Hasta el momento, en efecto, los liberales no habían subido al poder nunca en España «sino por la revolución» y esto parecía colocarlos «en una situación de incompatibilidad que ahora ha desaparecido por completo». El Rey, por otra parte, «se ocupa extraordinariamente del ejército y, más joven y por lo tanto menos experimentado, cree que la era de los pronunciamientos militares había acabado en España (pero) por desgracia este es un mal que no se cura en mucho tiempo» [13]. Resulta muy curioso este temor, mayor en los políticos que en el propio monarca, al retorno de los caudillos militares. Tenía justificación: es muy frecuente encontrar en los archivos de Palacio noticias en torno a conspiraciones militares incluso con la colaboración de carlistas y republicanos [14].

Algo peor que esta confluencia de los extremos pareció producirse en un momento decisivo de la Historia política española, la muerte de Alfonso XII. No se ha llamado suficientemente la atención sobre el hecho de que en las elecciones municipales de 1885, cuando sólo faltaban seis meses para la desaparición del monarca, la oposición a los conservadores —compuesta por las distintas ramas liberales y el republicanismo— acudió unida en una sola candidatura, lo que parece indicar hasta qué punto el régimen de la Restauración no estaba consolidado de modo definitivo. Las circunstancias, cuenta Vega de Armijo, eran propicias para un ensayo de veracidad electoral. Por vez primera, asegura, resultaba posible romper «la indiferencia general a la que nos íbamos todos acostumbrando… (de modo que) por medio de amaños y falsificaciones (vencían) siempre los candidatos del gobierno». Tuvo lugar una importante discusión parlamentaria en que «me lamenté del apartamiento de la opinión de todo lo que se hacía en las Cortes y llamé la atención de todos los partidos a que combatiéramos este peligro por el porvenir del gobierno representativo… Ante el efecto que habían hecho mis palabras en la mayoría y la minoría, el ministro de la Gobernación convino conmigo en la necesidad de que fuera una verdad el sufragio. Parecía natural que, después de esta discusión se cambiara… pero sucedió todo lo contrario. Por todas partes llegaban noticias de Ayuntamientos destituidos sin causa ni motivo…». Uno de ellos fue el de Madrid, acudiendo al subterfugio habitual, pero que solía estar fundamentado, de supuestas inmoralidades administrativas. El hecho tuvo como consecuencia que Sagasta convocara a los ex ministros liberales «para organizar la asistencia a los comicios y luchar, hasta donde fuera posible, en Madrid «por dar ejemplo y acostumbrar a los partidos a no desconfiar de la fuerza del sufragio en los países libres». Pero en la reunión la cuestión que se suscitó de forma inmediata y preliminar fue una posible alianza entre liberales y republicanos con la bandera de «traer a la legalidad a los que estaban fuera de ella».

Llama la atención la vehemencia con la que Martos, principal dirigente de la izquierda del partido, insistió en esta propuesta fundándose en que «si sacábamos de su retraimiento a muchos elementos del partido republicano habríamos comenzado a realizar el verdadero propósito del partido liberal monárquico». Así, «abrigaba la esperanza de que atrayendo a la lucha legal a los republicanos bien pronto serían imposibles los pronunciamientos que nos deshonran». En las palabras de Martos se mezclaron, por tanto, argumentos frecuentes en los políticos de la Restauración, como el repudio a la presión del adversario en tiempo electoral, a los pronunciamientos y a la «doctrina del retraimiento», que los precedía de forma habitual. En cambio, Montero Ríos, representante de la derecha del partido, repuso que tal coalición «alarmaría a los elementos monárquicos a quienes el partido liberal tenía que dar confianza», mientras que «no se podría sacar del retraimiento (a muchos) y, no teniendo gran representación las demás fracciones republicanas en las listas, «iba a ser de mal efecto y sin ventaja alguna este llamamiento» [15].

Al final tuvo lugar esta colaboración entre liberales y republicanos con unas consecuencias electorales desastrosas para los conservadores pues los coligados triunfaron en muchas capitales de provincia y también en el propio Madrid. Pero esta alianza fue juzgada —no podía ser de otra forma— muy peligrosa para el sistema político. La prensa extranjera opinó, además, que podía tener efectos negativos de cara a las propias expectativas de los liberales de llegar al poder. La victoria de los republicanos en las grandes ciudades reveló su fuerza y dio la sensación de poner en peligro el régimen monárquico si los liberales subían al gobierno [16]. La distancia entre los dos partidos turnantes de la Restauración se había hecho inmensa: mientras los liberales hacían objeto de críticas a los conservadores por entregarse en exceso a los sectores clericales ellos mismos pactaban con fuerzas al margen del sistema como eran los republicanos.

En los meses siguientes la enfermedad del Rey hizo prever un fatal desenlace. De nuevo en este punto resultan muy interesantes las notas redactadas por Vega de Armijo quien, por ejemplo, transmite el testimonio del doctor Cortezo de acuerdo con el cual «si eran ciertos los síntomas de que se hablaba (el Rey), no llegaría a la terminación del año». Tanto esta previsión de la desaparición de quien personificaba el sistema político, como el afecto hacia su persona y su obra, fueron factores que indujeron a rectificar la tendencia centrífuga entre los partidos que los acontecimientos parecían manifestar [17].

Esta rectificación facilitó la auténtica refundación del sistema político de la Restauración al iniciarse la Regencia. Días antes de la muerte del Rey tuvo lugar la reunión de los ministros liberales en casa de Sagasta y, en las horas inmediatamente precedentes a ese acontecimiento, se produjo un contacto personal de Cánovas, Sagasta y Martínez Campos. Si Cánovas declaró estar dispuesto a que en un nuevo reinado hubiera también ministros nuevos, el general tuvo un papel más importante aún que el suyo como intermediario entre los dos partidos políticos del turno. La situación era muy delicada y la prensa extranjera, al aludir a la situación española, hizo mención a «un porvenir negro» o a «un barco que había perdido su timón» [18].

Se deben tener en cuenta para comprender la situación tanto las experiencias vividas por la clase política como las realidades objetivas. María Cristina de Habsburgo había llegado a España sólo seis años antes y, en apariencia, carecía por completo de interés o preparación para la política. El reinado de Isabel II proporcionaba los peores augurios sobre el posible comportamiento como regente de una mujer joven e inexperta. La propia madre de la regente, la archiduquesa Isabel de Austria, era consciente de los peligros que se cernían sobre ella. En una carta al Papa, en que se limitó a pedirle que evitara que el clero vasco apoyara a don Carlos, le describió su situación como «triste» y llena de «peligros y angustias»; incluso describió su responsabilidad política como una «cruz pesada», «la más difícil en Europa» [19].

Tenía razón, pero la Reina demostró estar a la altura de las circunstancias. Nuevamente, el marqués de la Vega de Armijo nos proporciona un testimonio sobre el asunto. Llamado a Palacio, tuvo una larga entrevista con doña María Cristina. «Hablóme», cuenta, «como era natural, de su marido, de la terrible pérdida que había experimentado, del peso inmenso que había caído sobre sus hombros sin estar preparada para ello. Pero (dijo) que confiaba en que no se la abandonaría y que esperaba que le daría mi palabra de decirle siempre la verdad como había hecho con su marido, que tanto me quería». Mostrando, a la vez, su fragilidad y su receptividad, como en esta ocasión, supo atraerse colaboradores y amigos.

Vega de Armijo, por su parte, en su elenco de consejos reveló los temores y expectativas de la clase política. Él mismo los resumió en frases esclarecedoras:

Que no temiera a los carlistas ni a los republicanos, que si algo intentaban podía estar segura de que se les vencería mientras que imperasen en la gobernación del Estado los principios liberales. Que los verdaderos peligros estaban en Palacio, más por las personas que rodeaban a la familia real que por la familia misma, y en la falta de disciplina del ejército. Que la Reina debía estar sola en Palacio con su hijo. Que una Reina joven tenía que vivir como en un palacio de cristal. Que la mayor fuerza hoy de la Monarquía era su virtud y su propia debilidad. Que debía inspirarse en las grandes figuras de nuestra Historia y tener siempre una profunda lealtad con sus consejeros, ya para conservarlos ya para hacerlos retirarse cuando no creyera que correspondían a las aspiraciones de la Nación. Que era de la mayor importancia el personal de que estuviera rodeada así para que no les permitiera mezclarse en la política como para tener condiciones que habían de tener los que rodeasen a una Reina joven… (y) evitar toda clase de interpretaciones. Que para nada en el mundo se preocupase sobre todo en su estado, de noticias o temores que le manifestaran. Que cuando el trance llegara procurara estar asistida de su madre y de su médico.

En suma, tras todos estos consejos había sobre todo un recuerdo a los malos antecedentes de Isabel II y un llamamiento a la prudencia resumible en «sin creer en nada hay que temerlo todo». La regente respondió: «Veo el interés que tiene V. por mí y se lo agradezco. Me dice V. las cosas como nadie y por eso las oigo con tanto gusto… Yo le ruego que venga a menudo pues sabe el gusto que tengo en hablar con V.».

Con el permiso de Sagasta, el marqués siguió ejerciendo una cierta tutela sobre la regente «admirando los progresos que cada día iba haciendo y la cariñosa confianza con que acogía todas mis observaciones sobre… los peligros que a cada paso surgieran en su camino». Más de una vez le dijo ésta «hablo con V. como si fuera mi confesor» [20]. No fue Vega de Armijo el único consejero que tuvo la regente; mantuvo una relación parecida con Sagasta. Lo que importa, sobre todo, es constatar el aprendizaje y la significación de las personas con quienes lo llevó a cabo. De esta manera pudo realizarse una refundación de la Restauración que la perfiló en sus rasgos esenciales.

La regencia fue el directo antecedente del reinado de Alfonso XIII, no sólo en lo que respecta a la codificación de las convenciones y las prácticas políticas sino también en lo relativo a la aparición de un ambiente cultural tan definitorio como fue el regeneracionismo. Por ello habrá que tratar de ella más adelante y de forma más detenida, al referirnos a la formación del joven Rey. Pero antes, en otra aproximación inicial a su biografía, se abordará otro aspecto de indudable trascendencia.

LA (MALA) FAMA DE ALFONSO XIII

Un personaje histórico no es tan sólo su realidad sino lo que de él se dice con el transcurso del tiempo, es decir, su fama. Ésta es el producto de su propia actuación pero también de los juicios sucesivos tanto de los historiadores como de eso más vago —pero también más definitivo— que suele llamarse «memoria colectiva». Sabemos que la «memoria colectiva» cambia con el paso del tiempo: lo hace al ritmo de la sensibilidad pero también de las necesidades de la sociedad. Más sorprendente es que se modifique el juicio de los historiadores. En el caso de Alfonso XIII este juicio sí ha cambiado mientras que la «memoria colectiva» apenas lo ha hecho y en general resulta negativa aunque proceda de dos mundos muy alejados. La «memoria colectiva» de la derecha le achaca la falta de reacción frente a un parlamentarismo inestable y estéril. Para la de la izquierda persiste el recuerdo de un monarca que no fue demócrata, aparece retratado como clerical y autoritario y fue responsable en términos claros pero imprecisos de Annual y del golpe de Estado de 1923.

La «memoria colectiva» cambia con lentitud y no exige precisión. Los juicios de los historiadores tienen que ser más concretos y resulta excepcional que cambien en lo decisivo. En el caso de Alfonso XIII, sin embargo, como ya se ha indicado, el juicio varió; lo extraordinario es que lo hiciera el emitido por historiadores ilustres.

Descartemos, por el momento, los libros más o menos ditirámbicos, escritos cuando reinaba el monarca y que, de cualquier modo, pertenecen principalmente al género del reportaje periodístico. La primera Historia del reinado propiamente dicha la escribió Fernández Almagro, buen conocedor de la evolución política contemporánea, académico ilustre y autor prolífico. Publicada en 1933 [21], el autor expresó puntos de vista habituales en la España del momento: Alfonso XIII habría sido un «aficionado a la política como un político más» que «disfrutó de un crédito personal que, por las muestras, no supo administrar con previsión y cálculo» y que, finalmente, pensó que «arriesgaba menos» con el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 que con el suyo propio. El juicio de otra persona de talante liberal como el suyo, Madariaga, fue semejante [22]: lo propio del monarca fue pertenecer a «una escuela del pensamiento español que no acepta el liberalismo y la democracia. Si la política (de Alfonso XIII) se presta a crítica no es porque se propuso antes la estabilidad de la corona que el cumplimiento de los preceptos constitucionales sino por un pesimismo muy español que le hacía apoyarse insensiblemente en la fuerza».

Lo curioso del caso es que con el paso del tiempo junto a la firma de Fernández Almagro también se publicó otro libro en que los juicios eran bastante distintos. Se trata del que también apareció suscrito por Gabriel Maura [23]. En realidad, como político de la tendencia acaudillada por su padre podría pensarse que éste mantenía contenciosos con el monarca, pero el contenido del libro prueba que no fue así. En su actuación y en lo que escribió el primogénito de don Antonio cambió mucho con el transcurso del tiempo. El libro no es especialmente crítico con respecto a Alfonso XIII ni siquiera en lo que atañe a la crisis de 1909 que le tuvo como principal protagonista. Al final los autores llegan a la conclusión de que «los españoles de ayer, cívicamente ineducados, padecieron los gobiernos que merecían». En otro punto el juicio era diametralmente distinto al que había expuesto en el libro citado. Los males de aquella Monarquía «no dimanaban de los ocho años precedentes (a 1931) sino de los veintiún primeros del reinado».

Este libro, aparecido en 1948, formó parte de una eclosión bibliográfica que tuvo un momento y un contenido precisos. Las biografías de Alfonso XIII que se publicaron en España durante el periodo inmediatamente posterior a la II Guerra Mundial, cuando existían esperanzas, al menos remotas, de que se restableciera la Monarquía, presentaron una imagen amable pero también antiliberal o suavemente reaccionaria del monarca. Lo primero se explica porque, en el fondo, encerraban un propósito político y lo segundo porque era el único medio de que pudieran aparecer. Quienes ofrecieron una interpretación más liberal del monarca fueron Maura y Fernández Almagro, los únicos, además, que escribieron como historiadores profesionales.

La mayoría de esos libros tienen a lo sumo, para el historiador, el interés de proporcionar algún testimonio desconocido y de desvelar los propósitos de quienes los escribieron, publicaron o prologaron [24]. El de Robert Sencourt, por ejemplo, contó con los de Maeztu y del duque de Canalejas pero también del duque de Alba y del marqués de Santa Cruz en lo que respecta a los años cuarenta. Su autor, que había sido propagandista de la causa de Franco durante la Guerra Civil española, debía ser un conservador dispuesto a considerar que si la democracia era algo propio de británicos, para España resultaban admisibles otros regímenes, como, por ejemplo, uno semejante al de Salazar en Portugal. El libro de Valloton, publicado en Madrid cuando acababa de concluir la II Guerra Mundial, fue prologado por el conde de Romanones, quien aseguró que el autor, un personaje conocido de la buena sociedad suiza, había intimado con el monarca durante su exilio en dicho país «todo lo que con un Rey se puede intimar». El político liberal se apresuró a dar una interpretación que beneficiaba a sus intereses: en primer lugar, afirmaba que el abandono del trono en 1931 fue inevitable y culpó además a la Dictadura de la caída final de la Monarquía, dos interpretaciones que no eran muy ortodoxas en el momento en que apareció el libro. De cualquier modo, estos libros aportan poco al conocimiento del personaje. Lo mismo cabe decir del de Petrie, bastante posterior; quizá derive de la afición británica por biografías reales [25].

Un caso excepcional fue el libro de Julián Cortés Cavanillas, publicado en 1951, pues tiene el mérito de contener una larga transcripción de las conversaciones mantenidas con el monarca en el exilio [26]. Sólo una pequeña parte de ellas fueron publicadas en vida de Alfonso XIII, poco antes de la campaña electoral de la etapa republicana en que vencieron las derechas (1933). Del resto cabe decir que ofrecen la máxima verosimilitud, en primer lugar porque coinciden con los rasgos personales del personaje y, además, porque el entrevistador en muchos aspectos difería, como se demuestra en el transcurso de la conversación, de lo que el monarca exiliado le decía. Ahora bien, éste hablaba en un momento y desde unos presupuestos que no pueden ser ignorados. Hizo esas declaraciones desde el exilio cuando los pocos monárquicos que quedaban se habían convertido en reaccionarios y antiliberales; él no siguió por completo esta evolución pero tampoco dejó de verse influido por ella.

Aunque hubo libros posteriores escritos por autores que no eran historiadores hay que esperar hasta la biografía de Cambó escrita por Pabón (su segundo tomo data de 1968) y el libro de Carlos Seco (la primera edición apareció en 1969 [27]) para conocer una interpretación aportada por brillantes historiadores profesionales acerca de la persona del monarca y de su reinado. Desde esta fecha ha sido mucho (y muy bueno) lo que el segundo ha publicado sobre el periodo. Varios autores más han hecho aportaciones específicas sobre Alfonso XIII y su actuación. Se ha publicado un interesante libro sobre su fortuna personal, aunque por completo desmesurado en su interpretación política general; al leerlo da la sensación de que las inversiones bursátiles del monarca supusieran la modernidad de la Monarquía [28]. En el terreno político los historiadores [29] y politólogos [30] han estudiado el funcionamiento de la prerrogativa regia durante esos años. Incluso un estudioso norteamericano ha realizado un prometedor estudio acerca del personaje, estudio del que tan sólo cabe lamentar su brevedad [31].

Aun así, una biografía de Alfonso XIII parece necesaria. Pese a todos esos avances la mayor parte de la historiografía es heredera, de forma más o menos directa, de la actitud de la izquierda en la etapa republicana o, mejor dicho, en la previa al advenimiento de este régimen. Esa actitud puede o no responder a la veracidad histórica; lo que es evidente es que ambos extremos necesitan prueba en firme. Hay quien puede pensar que este tipo de biografías de forma inevitable concluyen en la cursilería monárquica. No debe ser así: por el contrario, preguntarse por la actuación en el terreno político de Alfonso XIII equivale a interrogarse acerca del funcionamiento del sistema de la Restauración y sus posibilidades de evolución. Alfonso XIII sigue siendo un Rey polémico pero lo verdaderamente decisivo es que el tránsito del liberalismo a la democracia en España también reviste idénticas características y un interés bastante mayor.

Ésas son buenas razones para escribir una biografía de este monarca. La ocasión conmemorativa (en el año 2002 se cumple un siglo de su subida al trono) parece otro buen motivo. Sería absurdo eludirla por la prevención de que se vea afectada, de una manera u otra, por el hecho de que el nieto de aquel Rey sea hoy nuestro jefe del Estado. Ni la época es la misma ni, por tanto, los estrechísimos paralelismos son posibles, ni la Monarquía del pasado o del presente pertenecen al género de lo que no es posible criticar. Pero hay una tercera razón más importante que ésta para escribir una biografía de Alfonso XIII: la existencia de unas fuentes abundantes y no utilizadas hasta el momento.

CÓMO SE BIOGRAFÍA A UN REY

Ya se han señalado algunas de las dificultades que nacen de tratar de biografiar a un Rey en la época contemporánea y, más durante el siglo XX. Se debe recordar que, aparte de los problemas señalados, las monarquías a comienzos del siglo XX (y, en parte, éste fue el caso de la española) pasaron de una etapa en que ejercían poderes constitucionales absolutamente primordiales y transparentes a otra en que éstos tendieron a ser, cuando menos, más imprecisos y también dejaron menos rastros. Existe, por ejemplo, un salto bien patente entre la forma de relacionarse con los políticos de su tiempo de la regente María Cristina y la de su hijo Alfonso XIII. La primera les escribió con cierta frecuencia; en el segundo caso eso resulta mucho menos habitual. La función del monarca se ejercía de un modo que apenas ha dejado rastro escrito mientras que sus discursos habitualmente no pasaron de lo genérico. Sabemos mucho más lo que se decía o escribía al Rey que lo que éste contestaba; cuando lo hacía adoptaba un lenguaje muy meditado, el de sus asesores o secretarios. De madre a hijo, en efecto, se había hecho mucho más frecuente la existencia de consejeros o ayudantes que desempeñaron un papel intermediario.

Por otro lado, al margen de lo complicada que resultó la historia española o de las propias responsabilidades que Alfonso XIII pudiera tener en relación con su evolución, cualquiera que, con oficio de historiador y voluntad de descubrir la verdad, intente acercarse al personaje se encuentra con que, por un lado, existe todo un conjunto de juicios adquiridos, sólidamente establecidos, de los que no existe prueba documental. Al mismo tiempo, puestos a considerar la posibilidad alternativa a ese enfoque, el investigador no puede demostrar que no se produjo algo que en realidad no ocurrió. Por eso se debe limitar a expresar una probabilidad en cualquier sentido que sea. Añádase a todo ello otro factor. Los límites existentes entre lo propio de la Corona o de la familia real y lo que correspondía al Estado tendieron también a modificarse, por lo menos en términos relativos, desde el comienzo del siglo XX. Aunque la primera conservaba poderes patrimoniales que hoy nos resultan chocantes, el Estado avanzó con el paso del tiempo. Pero eso, curiosamente, hace más difícil llegar a conocer la vida íntima del personaje, pues cabe concebir la posibilidad de que en 1931 el Rey partiera de España con una gran masa documental, pues quizá guardara una parte de sus papeles.

Preguntarse por la manera de llegar a tener la suficiente información acerca de Alfonso XIII requiere interrogarse con carácter previo sobre los requisitos imprescindibles para escribir una biografía sobre el Rey. Hay uno que parece evidente. La historia española del siglo XX está tan enferma de seguridades como falta de fuentes. Hubiera sido muy sencillo biografiar a Alfonso XIII a partir de la bibliografía existente y sin recurrir a fuentes primarias e inéditas. El resultado sería un libro del que se habría podido prescindir al poco tiempo o incluso repetitivo. Habría insistido en toda una tradición heredada de los años veinte y treinta, o habría tratado de dar otra interpretación abierta a interrogantes pero sin resolverlos. Es verdad que ningún libro de Historia puede tener, siquiera, la pretensión de ser definitivo pero al menos debe intentar suponer un avance o bien en el incremento de la información o bien en la interpretación de los datos conocidos. Por descontado, lo mejor es que lo sea en ambos aspectos. Lo mínimo, si se quiere escribir Historia profesional, es hacer crecer en algo, con lo que se escribe, el hipertexto en que consisten nuestros conocimientos.

Las fuentes para tratar de llegar a comprender el papel que desempeñó el Rey Alfonso XIII en la vida y política españolas resultan bastante obvias, pero apenas han sido utilizadas hasta el momento, o no se ha hecho de ellas un uso completo, o no han servido para el objeto específico de escribir una biografía del monarca.

En primer lugar, la fuente más lógica resulta el Archivo del Palacio Real en Madrid, que en muchas ocasiones ha servido de modo primordial para los estudios sobre el reinado de Fernando VII o de Isabel II pero se ha empleado mucho menos —y siempre de forma fragmentaria e incompleta— para las épocas posteriores. Por fortuna, en el momento actual resulta mucho más accesible que en otro tiempo: se han clasificado los fondos relativos a la biblioteca —que realmente en nada difieren del Archivo propiamente dicho— y, gracias a la existencia de un personal más abundante y mayores medios materiales, hoy permite una consulta más rápida que en otros tiempos. El Archivo de Palacio guarda todo lo que se dirigía al Rey —proyectos, propuestas, disposiciones, quejas…—, además de lo que él mismo escribía. Ya se ha dicho que no es imaginable que en 1931 se hiciera desaparecer una gran parte de esa documentación.

A esta fuente de archivo obvia hay que añadir otras dos. De acuerdo con la Constitución, el Rey tenía importantes poderes en materia de relaciones exteriores; además, los representantes diplomáticos extranjeros, conscientes del puesto que desempeñaba en la política española, se entrevistaban con él, recibían sus informaciones y podían especular acerca de su papel en unos términos con los que no se hacía en la propia España. Por tanto, la consulta a los archivos de los principales países con los que España tenía relaciones —Francia, Italia, Gran Bretaña, el Vaticano…— ofrece abundante información. Evidentemente la accesibilidad y la calidad de la misma son variables. Sólo en el caso, muy excepcional, de que esas fuentes de carácter diplomático hayan sido publicadas de forma sistemática y total se puede tener una panorámica completa de la visión obtenida desde esa óptica. Aun así, como es lógico, la calidad de la información depende siempre de la persona que ha estado al frente de la representación diplomática de su país.

La tercera fuente de archivo son los papeles de los políticos españoles de la época. No siempre son por completo accesibles ni están bien ordenados pero en el transcurso de las últimas décadas se ha avanzado mucho en este terreno. Fueron ellos los principales interlocutores del monarca a lo largo de su reinado, aquellos que percibieron sus posibles virtudes, defectos y limitaciones, los que colaboraron con él y con el paso del tiempo se convirtieron también en sus jueces. En cada uno de los archivos de estos personajes hay abundante información acerca de la persona del Rey y su actuación durante su largo reinado. Las memorias, aun útiles, están más sesgadas por la interpretación de quien las redactó.

Nos queda, en fin, el aspecto público, abierto hacia el exterior, de la vida del Rey. Como es lógico, nos informa de él la prensa y los anuarios políticos. Lo que sabemos de Alfonso XIII por este procedimiento resulta, al mismo tiempo, importante, incluso imprescindible, y muy insuficiente. Con esta sola fuente no habría podido escribirse este libro.

Sólo nos resta hacer mención de un aspecto más de este libro. Una tentación que puede tener la biografía de un jefe de Estado es tratar de abarcar el conjunto de lo sucedido en el periodo en que ejerció su magistratura. Ello equivaldría a hablar en estas páginas no sólo del conjunto de la vida política sino también de la social, económica o cultural y supondría una obra de carácter general. Las pretensiones de este libro son más precisas. Se trata sólo de narrar el papel del Rey en el conjunto del sistema político y en la sociedad de su tiempo. Pero hay también aspectos de su vida íntima que, en relación con esas realidades, deberán ser estudiados. Así se procurará en los capítulos siguientes.

CAPÍTULO I

EL REY REGENERACIONISTA

Curiosamente, del futuro Alfonso XIII tenemos noticias tan tempranas que preceden a su propia concepción. En septiembre de 1880 nació el primer descendiente del matrimonio entre Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo: fue una niña, que recibió el nombre de María Mercedes, la cual ostentó durante mucho tiempo el título de princesa de Asturias y estuvo casada con el infante don Carlos desde 1901 hasta 1904, año en que murió.

El natalicio debió de ser recibido, tanto en España como fuera de ella, como una relativa decepción, pues se deseaba un heredero varón. Conocido el acontecimiento, surgieron en distintas latitudes del mundo espontáneos dispuestos a aconsejar sobre los procedimientos para engendrar un varón. Un italiano de Messina escribió a la Reina mostrándose dispuesto a informarle de su «secreto», a aceptar la remuneración que quisiera en su momento proporcionarle la Reina y, además, a no reclamar su cobro hasta después de que ella hubiera obtenido el resultado apetecido. Otro espontáneo, desde Gran Bretaña, había sabido por la prensa de la decepción de la Reina y se apresuró a aconsejarle, con palabras remilgadas, que en el momento de intimidad conyugal permaneciera acostada en su lado derecho. Un tercero, francés, fue más pretencioso: dijo haber descubierto nada menos que en un documento de un personaje de la Corte de Luis XV, un procedimiento infalible para engendrar un heredero varón. El consejo era siempre el mismo: estar apoyada en su lado derecho, pero la descripción de la posición esta vez era más detallada e incluía la explícita mención de los órganos sexuales con la denominación metafórica del «Gran Turco» y de «Constantinopla», que, leídos hoy, causan hilaridad. El francés argumentó la infalibilidad de su procedimiento afirmando que los franceses del siglo XVIII habían estudiado muy cuidadosamente a la mujer y, con aparente generosidad, se limitó a pedir una condecoración por el hecho de haber compartido sus conocimientos supuestamente científicos[1].

Todas estas cartas pueden parecer anecdóticas pero, de entrada, revelan el abismo cronológico existente entre esa época y la actual. Lo extraordinario no es que se recibieran sino, que se conservaran entre los papeles privados de la Reina María Cristina con la advertencia de ser documentos «reservados». A finales de 1882 nació la segunda de las hijas del matrimonio real: si ese método había sido utilizado, se mostró menos infalible de lo que los espontáneos corresponsales habían creído. La infanta María Teresa, casada con el infante don Fernando de Baviera, murió en 1912.

El 17 de mayo de 1886 nació Alfonso XIII. El parto no duró mucho. En el Palacio Real de Madrid la guardia de alabarderos se relevó aquel día sin tocar música. La calle de Bailén, en la zona adyacente a Palacio, había sido enarenada para evitar que los carruajes pudieran hacer ruidos que molestaran a la parturienta. Al edificio habían acudido no sólo el Gobierno, sino también una importante representación de la oposición, del cuerpo diplomático, de los caballeros del Toisón de oro y de las órdenes militares y representaciones de los cuerpos colegisladores. Fue Sagasta, el jefe del partido liberal, presidente del Consejo de Ministros, quien hizo la presentación del recién nacido llevándolo «sobre rica bandeja de plata con blando cojín guateado de terciopelo carmesí… Cubríale un fino pañuelo de riquísimo encaje, que el presidente del Consejo de Ministros levantó en parte, según ordena el ceremonial», se supone que para comprobación del sexo. La noticia del acontecimiento se trasladó a las autoridades de provincia mediante un telegrama en que se añadía que «la tranquilidad es completa en toda España»[2].

Esta frase denota la conciencia de fragilidad de un régimen que no tardaría en experimentar una de las repetidas sublevaciones militares que periódicamente lo conmocionaban. Pero antes de que aludamos a él en los años de infancia del monarca conviene llamar la atención acerca de dos datos esenciales en la biografía del personaje.

Su caso fue peculiar en la Historia de las monarquías de todo el mundo porque el recién nacido fue Rey a los segundos de haber nacido. Enrique IV de Inglaterra tenía un año cuando se convirtió en Rey y Luis XV de Francia cinco; sólo Juan I de Francia fue, como Alfonso XIII, Rey en el momento de nacer. De ello se hicieron eco los primeros libros que se publicaron acerca del monarca, él mismo, muchos años después, cuando ya estaba en el exilio, y también alguno de los grandes personajes que le trataron, nada menos que Churchill[3]. El hecho de nacer como Rey, no ser otra cosa en toda su vida y llegar a las responsabilidades de Jefe del Estado con muy pocos años explica buena parte de su actuación, no sólo en los años iniciales sino también en los posteriores.

Pero, además, fue un monarca recibido con gran expectación. Algo parecido sucedió en la Italia de la época, respecto de la cual dos estudiosos ingleses, King y Okey, escribieron en 1903 que «el destino de la Monarquía estaba en las manos de Víctor Manuel III», pues si era capaz de asumir el movimiento social de la misma manera que lo había hecho con el movimiento nacional, sería una de las monarquías más sólidas de Europa; pero si, por el contrario, se ponía al lado de la reacción, sería condenada, y quizá en un plazo muy corto. En el caso de Alfonso XIII, la expectación nació de algo más grave todavía. Todo hacía pensar que el nacimiento de otra niña hubiera podido estimular la tradicional subversión, carlista o republicana, en un Estado todavía por consolidar. Pronto, sin embargo, la figura del nuevo monarca pareció identificarse también con una posibilidad de cambio y de modernización en España. El tradicional arbitrismo nacional propuso, entre otras muchas novedades, vincular la persona del Rey con medidas tan concretas como una posible disposición para promover casas-habitaciones para obreros, pues «nada sería más glorioso para el nuevo reinado que resolver ese problema en toda España»[4].

Pero antes de tratar de las primeras actuaciones del Rey o de descubrir en qué quedó ese afán modernizador, es preciso referirse, puesto que este libro es una biografía política, a la configuración definitiva del régimen, a sus fragilidades y sus méritos, en el periodo entre 1885 y 1902 en que España vivió bajo la regencia de doña María Cristina. Por supuesto, no se trata de reconstruir toda la Historia política de la época, pero sí de examinar unos antecedentes sin los cuales no puede llegar a entenderse el reinado siguiente. Si la anécdota con la que se iniciaba el presente capítulo nos remite a un momento cronológico remoto, algo parecido cabe decir de este otro aspecto, mucho más importante. La distancia resulta abismal respecto de una Monarquía democrática, pero existió también en relación con la isabelina.

LA REFUNDACIÓN DE LA RESTAURACIÓN

Antes de adentrarnos en la política de los años noventa, en la que se presagiaron muchos antecedentes del reinado de Alfonso XIII, resulta imprescindible que nos refiramos al momento en que se perfiló de forma definitiva el régimen de la Restauración, del cual nos interesa de modo especial la sensación de insuficiente estabilidad que pareció preocupar gravemente a la mayor parte de los dirigentes políticos de la España de entonces.

Los antecedentes de esa ocasión crucial en la vida de la Restauración que fue la muerte del Rey, ya narrados en páginas anteriores, nos remiten a una situación política en la que las instituciones estaban lejos de sentirse consolidadas. Pero el potencial peligro para el régimen fue superado gracias a la voluntad de acuerdo de la clase política y a la prudencia de que hizo gala quien desempeñaba la jefatura del Estado. La mejor prueba de ello nos la aporta una fuente inédita, las notas tomadas por el marqués de la Vega de Armijo, un personaje de primera importancia en las filas del partido liberal. Nada más morir Alfonso XII, el general Martínez Campos se reunió con los principales dirigentes liberales en casa de Sagasta. Una frase acerca del contenido de la conversación testimonia la voluntad centrípeta que, en este momento, animó a los principales políticos del régimen: «Queda consignado el mutuo respeto de todos los monárquicos entre sí para coadyuvar a la obra común». Lo que urgía, «ante la gravedad de las circunstancias, era …que la entrega del poder no se demorase a fin de que el nuevo gabinete pudiera prepararse a todas las eventualidades». Llama principalmente la atención el hecho de que quien hacía pocos meses había sido principal defensor de la alianza con los republicanos en las elecciones municipales, una decisión que arrebataba al régimen buena parte de su base política, cambiara ahora por completo de actitud: «En esta conferencia», cuenta Vega de Armijo, «llevó la palabra en un espíritu monárquico y gubernamental el Sr. Martos, haciendo casi innecesaria la intervención de los demás».

Tras la reunión prosiguieron los cabildeos, en los que siempre actuó como elemento intermediario Martínez Campos, quien de hecho venía a representar el tutelaje militar sobre el sistema político de la Restauración. Lo que nos interesa acerca de ellos es que la misma composición del Gobierno liberal fue sometida a cuidadoso escrutinio para procurar dotarle de la máxima calidad y prestigio. Así se explica el párrafo siguiente: «Después de esta reunión… nos quedamos Alonso Martínez, Jovellar y yo convenciendo a Camacho de la necesidad absoluta de que fuera ministro de Hacienda a lo que se resistió fuertemente… Dábamos una importancia capital a la entrada de Camacho en el Ministerio de Hacienda porque, habiendo llegado a adquirir, particularmente en el extranjero, un gran nombre e inspirando una gran confianza, supondría fácilmente con su entrada dominar la enorme baja de 8 enteros que habían tenido nuestros fondos en las bolsas con la muerte del Rey, aparte de que su entrada en el Ministerio era prenda segura de formalidad y buena gestión en la Hacienda pública». Finalmente, el citado personaje ocupó la cartera indicada. Para ratificar la posición del ejército en apoyo a la estabilidad política, se pensaba en que el general Jovellar ocupara la cartera de Guerra como, en efecto, hizo. Y hubo un tercer nombramiento que no se llegó a convertir en realidad y que, una vez más, corrobora la sensación de consenso en el conjunto de la clase política en pro de la estabilidad del régimen. Se intentó, en efecto, incorporar al Gobierno a quien había sido hasta el momento el principal representante de la izquierda del liberalismo. «Comprendía», escribe Vega de Armijo, «que la conveniencia política… aconsejaba meter a Martos en el Ministerio y comprometerlo con las nuevas instituciones». Nuestro informante había sido ministro de Estado durante la Restauración y optaba a esta misma cartera, pero da la sensación de que Martos pudo ser el candidato alternativo para ampliar al máximo el espectro del liberalismo en el poder. No sucedió así, sino que el nuevo ministro fue Moret, el cual se había movido mucho para lograr el ansiado ministerio. Pero a Martos le habría de corresponder un puesto de mayor relevancia todavía: tras un paréntesis, fue elegido presidente del Congreso de los Diputados, mientras que Martínez Campos lo fue del Senado. Ambos personificaron la amplitud del marco político que la Restauración reivindicaba como propio y fueron testimonio de su solidez.

No obstante, conviene también rescatar la sensación de fragilidad y de peligro en el momento de la formación del Gobierno presidido por Sagasta. La narración de Vega de Armijo nos remite a esta impresión cuando nos informa de que el futuro presidente «volvió tarde del Pardo pero nada se adelantó ni aquella noche ni en la mañana siguiente sobre cambio del Ministerio, no pudiéndose hablar a la Reina viuda de asunto alguno ante la inmensa pena que la afligía. Al día siguiente por la mañana se supo que el Ministerio Cánovas estaba dispuesto a presentar su dimisión pero ninguna noticia había en casa de Sagasta que justificase la presunción que todos tenían de que él sería el llamado a formar ministerio». Finalmente, fue llamado a presidir el Gobierno y de esta manera empezó a despejarse la situación [5].

De esta narración se deduce que constituye toda una exageración atribuir a Cánovas un papel exclusivo o de protagonista único en la refundación de la Restauración en 1885. Toda la clase política —porque para ella la estabilidad y la ausencia de pronunciamientos constituían un ansia angustiosa— hizo lo posible por apuntalarla y en esta tarea les correspondió un papel especialísimo a Martínez Campos y a Sagasta. Al mismo tiempo, el papel de Cánovas se puede valorar por lo que hizo, en contra de su opinión, Romero Robledo, un político y no hombre de Estado. Calificó éste la situación política por la que se entregaba el poder a la oposición como «una tregua del miedo», en lo que no le faltaba parte de razón, y predicó resistirse al acceso al poder de los liberales. De este conflicto derivó el enfrentamiento entre los dos segundones de Cánovas, él mismo y Silvela. Pareció ganar el segundo, pero en la primera elección para presidente del Congreso, nada más nombrado el Gobierno de Sagasta y, por tanto, con mayoría parlamentaria de los conservadores, Romero Robledo logró 112 votos frente a los 222 de Cánovas, un candidato de consenso, pactado por su propio partido y quienes habían accedido al poder [6]. Esto prueba, que aun predominando el consenso de la clase política, podía estar amenazado por peligros graves.

En buena parte éstos se disiparon no sólo gracias al ejército y al acuerdo de la clase política, sino también a la Iglesia y la actuación de la regente, que pronto superó la parálisis inicial provocada por su viudez. Alonso Martínez, el ministro de Justicia, pidió a los obispos que asistieran a los funerales del Rey; y el nuncio le prestó ayuda para conseguir que se desplazaran y ofrecer así «una prueba no tanto de cortesía como de la fuerza moral que ejercita la Santa Sede en este Reino… en tan excepcional y difícil situación». A continuación el Gobierno, Sagasta incluido, afirmó ante el nuncio que no emprendería nada que alterara la buena relación entre los dos poderes [7]. La colaboración entre ambos quedó ratificada en los meses siguientes. El nuncio Rampolla visitó a la Reina a mediados de enero de 1886 para entregarle una carta del Papa y se encontró con que la regente tenía una «penosa impresión» debida a una sublevación republicana en Cartagena. Según ella, el pueblo español estaba «cansado» de asistir a continuas convulsiones políticas. De todos modos, la Reina mostró su satisfacción por el comportamiento de la mayoría de los dirigentes políticos. También alabó la política de Alonso Martínez y de Sagasta y el nuncio replicó pidiendo que no existieran «innovaciones peligrosas» en materia de enseñanza pública, en manos de Montero Ríos. Estas muestras de apoyo y confianza mutuos explican que, en el informe del nuncio al Vaticano, aparecieran las «egregias cualidades (de la regente) hasta ahora ignoradas que la merecen respeto y simpatía». Doña María Cristina, según el nuncio, tendría «suficiente instrucción, mucha energía y actividad especial, gustando de ser informada de todo y llevar su atención a todo, (con) prudencia y tacto». Según pudo descubrir, varios personajes públicos que en otros tiempos la consideraban inepta habían cambiado de opinión. No faltaron, sin embargo, algunas noticias destinadas a crear mala conciencia en los medios católicos, como la supuesta pertenencia de la regente a la masonería [8].

Lo sucedido en 1885 no fue, por tanto, un pacto para repartirse el poder, sino un control del proceso político para estabilizar un régimen en el que la clase política, dividida en dos partidos complementarios, jugó un papel determinante. Por su parte, la regente contribuyó al proceso gracias a unas cualidades personales recién descubiertas. El propio Moret, ministro de la Gobernación con Sagasta, envió una circular dando cuenta del acuerdo de los partidos y afirmando que la opinión pública había «seguido el derrotero patriótico trazado por los jefes de los partidos». En 1886, por tanto, estaba ya consolidado el régimen de la Restauración gracias al concurso afortunado de personas y circunstancias como las citadas. Pero otra cuestión es la que se refiere a los poderes reales ejercidos por la regente. Fue, desde luego, puntualmente informada en materia de política exterior, y se siguieron sus indicaciones especialmente en lo que atañe a la relación con el Vaticano. Pero en temas militares da la sensación, al menos cuando fue ministro Weyler, de que las decisiones tomadas eran comunicadas sin ser previamente consultadas o discutidas [9]. De esa manera puede decirse que el papel de la Monarquía en este régimen estaba hasta cierto punto por definir de forma completa.

Sin embargo, lo que pronto quedó claro fue que el régimen era liberal. Años después, Alfonso XIII contaría la anécdota, sin duda narrada por su madre, de que, recién nacido, lloró cuando Cánovas lo tomó en sus brazos y no lo había hecho con Sagasta. Al margen de ello, no cabe duda de que la refundación del sistema político de la Restauración se completó en el Parlamento largo presidido por Sagasta durante el cual, como es bien sabido, fue modificado en buena parte el contenido de la legislación política fundamental en un sentido liberal. Durante estos años, entre la regente y el dirigente de este partido quedó anudada una relación estrecha y cordial. Cuando abandonó el poder en 1890, la regente envió un mensaje a través de persona interpuesta a Sagasta. El mensajero informó de que el ya anciano político «se conmovió profundamente y sus ojos se arrasaron en lágrimas cuando le referí los términos en que V. M. se había manifestado respecto de él». Sagasta prometió, también, «calmar la agitación que existe entre muchos individuos del partido liberal y contrarrestar los trabajos encaminados a precipitar a éste en dirección que su jefe está decidido a no consentir», es decir, el alejamiento de la Monarquía, una posibilidad mucho más tentadora para los liberales de lo que se acostumbra a pensar. Sagasta recomendó a la regente que «esté tranquila y confíe en su lealtad» pues «somos muchos los que en el partido liberal estamos dispuestos a no omitir nada para evitar a V. M. las amarguras que la solución dada a la crisis pudiera producir»[10]. A la altura de 1890, todavía perduraba, por tanto, la fragilidad de la Restauración, a pesar de los tres lustros que llevaba de vida.

LA POLÍTICA DE LOS NOVENTA

Para la oposición conservadora la duración en el poder de los liberales durante el Parlamento largo (1885-1890) debió resultar difícil de soportar. Cánovas, que se opuso con mucha dureza a algunas de estas reformas, como la relativa al sufragio universal, también practicó durante estos años una cierta pedagogía de la convivencia de opciones políticas distintas en un mismo régimen, lo que no siempre le parecía aceptable a su propio partido. Durante largo tiempo, sus quejas principales se refirieron a cuestiones que afectaban al conjunto del sistema y no a su grupo político. Una de ellas revela el papel que siguió jugando el ejército en la Restauración. «De todo cuanto pasa actualmente en España», escribió a la regente, «una sola cosa me preocupa y hasta podría quitarme el sueño y son los ascensos a generales. Cada vez que hay una vacante me echo a temblar». Mostrando «alguna extrañeza» ante recientes nombramientos, pidió que «no se dieran más ascensos a hombres notoriamente infieles» porque «nadie podrá responder del ejército al cabo de algún tiempo»[11].

Con el paso del tiempo, no obstante, debió asumir la vanguardia del ataque conservador a Sagasta. Lo hizo con unos procedimientos que, si eran habituales en la época, no dejan de resultar sorprendentes hoy en día desde la óptica de una Monarquía democrática. La prensa conservadora no tuvo el menor reparo en acudir a los «altos poderes» —es decir, a la regente— invocando el «peligro inmenso» que se corría con la perduración de los liberales en el poder. Este tipo de exigencia del gobierno explica que el cronista de la regencia interpretara así la posición del dirigente conservador «aquel hombre de condición altiva, preciso es confesarlo, no estuvo durante la última época del Gobierno liberal a la altura en que sus méritos le habían colocado» y, al final, llegó a aceptar el poder «de cualquier modo adquirido y de cualquier manera aceptado»[12].

Como en 1885, la crisis política que devolvió el Gobierno a Cánovas se caracterizó por estar acompañada de determinadas prevenciones que una vez más transmiten la sensación de fragilidad que solía caracterizar al juicio que la Restauración emitía sobre sí misma. De nuevo, por ejemplo, el general Martínez Campos tuvo un papel destacado, tanto en la tramitación de la crisis política que supuso el ascenso de los conservadores al poder como en el mantenimiento y estabilidad del Gobierno posterior.

Así se revela en una carta del propio Martínez Campos a la regente a través de un personaje palatino, tan sólo un par de semanas antes de que se formara el nuevo Gobierno. «Para mí», escribió, «el objetivo es evitar el peligro que corre el partido liberal de salir del poder». El general lo veía en «el resentimiento de los liberales que dirán que la Reina pidió su unión para desairarlos luego y no obstará para que se emita esta queja el que la conciliación sea, como es en mi concepto, una farsa». Aun así, llegaba a la conclusión de que resultaba necesario el relevo por «el estado de escándalo que ha alcanzado la situación por su inmoralidad, por su indolencia administrativa, por su falta de criterio fijo en cuestiones esenciales, por su protección a los republicanos, por sus reformas antipatrióticas en Ultramar». Como se ve, planteaba una serie de quejas de mucha envergadura y lo hacía con extremada acritud. En conclusión, pensaba que la regente debía decidir entre Cánovas y Sagasta. Su juicio ante este dilema no podía ser más claro: «El consejo que pienso dar a la Reina, si se digna consultarme constitucionalmente, será que llame a Cánovas como mal menor y como acto más viril (sic)». De cualquier modo, informó que su posición era «no hacer oposición a Sagasta si es el elegido, ayudar a cualquier ministerio de conciliación y compartir responsabilidades con Cánovas si fuera el admitido»[13].

Esto fue de manera puntual, lo que sucedió, pues ocuparon sendas carteras en el Gobierno dos ministros vinculados personal y políticamente con Martínez Campos, quien desempeñó la presidencia del Senado. Pero ni siquiera fue éste el único testimonio de esa sensación de fragilidad experimentada por la Restauración, con tanta frecuencia necesitada de contar con un reaseguro militar. Formado el Gobierno Cánovas a finales de 1890, la sensación de posible peligro para las instituciones era tan grande que se repartieron unas instrucciones a los mandos militares de Madrid semejantes a las que se habían facilitado para dar el golpe de Estado de enero de 1874, sin duda con carácter preventivo frente a la posible subversión republicana[14]. En ellas se especificaba el despliegue que habría de llevar a cabo la fuerza, así como la impedimenta que debería llevar y se dieron instrucciones acerca del contacto directo entre los mandos una vez realizado el despliegue. Como dato curioso se señalaba que de ningún modo se obedecería a una orden telefónica. Recuérdese que en aquellos momentos el teléfono acababa de ser introducido y por ello parecía manipulable. Todavía en el verano de 1891, la Reina se ocupó de un posible incidente relativo al intervencionismo militar[15].

El Gobierno de Cánovas, sin embargo, no pasó de ser un «paréntesis». La razón estribó en la división de los conservadores entre las dos tendencias representadas por quienes habían militado en la segunda fila el liderazgo del partido conservador. Silvela acabó reprochando a Cánovas «su amor invencible por los pillos», mientras que a Romero Robledo le exigía un género de «penitencia pública» de la que era por completo incapaz. De las preferencias del dirigente conservador se ha dado la explicación de que Cánovas «necesitaba de la mano izquierda de Romero Robledo para aliviarle del peso que para él representaba la política al pormenor con su inevitable carga de impurezas»[16]. Esa predilección contrastaba con el hecho de que Cánovas había denominado a los liberales como sus «herederos», mientras que había ejercido una oposición moderada durante la mayor parte de la etapa de Gobierno liberal. La posición de Romero Robledo había sido, como sabemos, muy diferente.

Hasta entonces se pudieron observar en el seno del régimen de la Restauración ejemplos repetidos del papel atribuido a la corona en la resolución de las crisis ministeriales. Más tarde, con ocasión del enfrentamiento entre Silvela y Romero Robledo, se comprobó el tipo de relación existente entre Cánovas y la regente. En el momento de aquella crisis, Pidal, el dirigente católico incorporado al partido conservador, escribió a doña María Cristina unas líneas que testimoniaban el deseo de ambos de que Cánovas mantuviera a Silvela en el poder[17]. «Le diré», le indicaba, «que he visto a S. M. para asuntos particulares y que, hablando de paso de política, he encarecido a S. M. la conveniencia de que Silvela no saliera». Le informaba de ello para «evitar a S. M. sorpresas y temores de contradicciones» y añadía que «si hago mal, perdónemelo V. M. en gracia al buen deseo (pues) aun obrando bien y diciendo verdad hay que tomar precauciones». Parece, por tanto, que Pidal, representante del catolicismo político del momento, y la propia regente se decantaban por Silvela. Nada semejante parece haber sucedido cuando Romero Robledo esbozó una maniobra de dimisión. Lo hizo tras aludir al criterio «sobre algunas cuestiones de conducta que no afectan a la integridad ni a la pureza de las doctrinas» del partido conservador[18].

Al parecer, la relación entre Cánovas y la regente era distante, envarada y llena de prevenciones, al menos en comparación con la que mantenía María Cristina con Sagasta. Sin embargo, ello no impidió que la regente le prestara ayuda política en más de una ocasión. Con motivo de esa crisis de gobierno intentó que Camacho, cuyo prestigio hacendístico conocemos, se incorporara al gabinete, como quería Cánovas [19]. En este sentido le escribió que «por el presidente del Gobierno he sabido la conversación que con él ha tenido y en la cual manifestó su decisión de no aceptar la cartera de Hacienda y sí sólo el puesto de Gobernador del Banco, en el caso de verse muy obligado». A pesar de comprender los motivos, la regente le pidió que aceptara la propuesta del presidente y añadió: «Siempre que he necesitado su consejo V. lo ha dado con la imparcialidad de su rectitud y enérgico carácter. La crisis parece resuelta y el único elemento que falta para mi tranquilidad es la cooperación de V. en el difícil problema financiero del momento. Confío en que su respuesta será favorable». Pero no lo fue y a Cánovas le resultó necesario recurrir a una personalidad de menor relevancia política. Nada le pudo reprochar, no obstante, a la regente sobre la cual su opinión era tan positiva como la del resto de la clase política del momento. En 1895, cuando murió su mujer, Cánovas le escribió que «al hablar a S. M. de mi propia desgracia, no puedo menos de recordar que en el día de hoy comenzó precisamente hace diez años su inesperada viudez. Nadie, Señora, conoce mejor que yo el duro y angustioso trance por que pasó V. M. entonces. Infinitas gracias son debidas a Dios por haber permitido que tanta parte de su difícil Regencia haya transcurrido, si no del todo tranquila, como hubiera querido su Real Corazón, con tanta y mayor fortuna que cabía esperar. Pero, Señora, sin lisonja alguna hay que reconocer que, después de Dios, a V. M. se le debe»[20].

Aun así, la regente, pese a su formación y procedencia, sin duda sintonizaba mucho más y mejor con los liberales. No hay que olvidar que el conde de Romanones fue el autor de la biografía que la exaltó como ejemplo de constitucionalismo. A este respecto, merece la pena transcribir una conversación, superficial si se quiere, que el marqués de la Vega de Armijo mantuvo con doña María Cristina [21]. El político liberal aprovechó un resquicio para introducir en la conversación la situación política y se descolgó con un «esto no va bien». «Estos señores», añadió, refiriéndose a los conservadores, «vinieron a arreglar la Hacienda y está peor que nunca; a hacer el tratado con Francia y no lo harán porque la mayoría de la Cámara no se prestará a ello cuando falta sólo un año para las elecciones generales y no se quieren malquistar con sus electores y puede costarles el no ser reelegidos». Se refirió también a las cuestiones de moralidad administrativa y apuntó: «Recuerde V. M. lo que le dije que sucedería antes del cambio político y está sucediendo con creces y, si no, lo referente al Ayuntamiento (de Madrid) con que tanta guerra nos hicieron». Con el paso del tiempo, en efecto, el Gobierno conservador cayó como consecuencia de la detestable administración de algunos personajes del romerismo. Doña María Cristina pareció asentir. «Lo peor de estos señores es que además de todo no tienen fortuna», remachó el marqués, «y el éxito ya sabe V. M. lo que importa». Las palabras de la regente a continuación revelan menos discreción de la que habitualmente se le suele atribuir: «Si no se hubiese llamado a Cánovas, quién sabe lo que hubiesen dicho porque suponían que yo abandonaba a los conservadores porque tenía una gran preferencia por los liberales y esto último es verdad… De Sagasta no hay que hablar por lo mucho que le quiero. Pero es verdad, los conservadores no tienen fortuna». La regente dejó caer a continuación una frase expresiva de lo que debía ser su pensamiento más íntimo: «Luego (está) que son antipopulares». «Ya le dije a V. M. en otra ocasión», todavía insistió el marqués, «lo difícil que era pasar de los liberales a los conservadores, como no estuviese muy justificado, mientras que no hay peligro ninguno de pasar de los conservadores a los liberales y de ahí lo fácil que a mi juicio es ser Rey constitucional».

La sensación de intimidad e incluso una cierta complicidad se percibe también en las notas, escritas a la regente en inglés —quizá para mayor discreción— por otro político liberal, Segismundo Moret, las cuales precedieron inmediatamente al estallido del conflicto que alejó a los conservadores del poder [22]. En ellas le informó de la crisis interna de los conservadores y de la buena disposición de Sagasta para acceder de nuevo al poder. En un texto escrito el mismo día de la caída del Gobierno le indicó que «la crisis es ahora una crisis parlamentaria por completo» y, ya de forma más insinuante, juzgó que la situación había quedado muy clara en lo que hacía referencia a su posible resolución para la regencia. Merece la pena llamar la atención acerca de esa adjetivación de la crisis como «parlamentaria», porque lo era tan sólo por excepción y era alabada como más propia del régimen político en que se vivía. En efecto, Sagasta venía pidiendo el poder desde el verano de 1892, pero fue la descomposición del partido conservador la que provocó su caída tras una sesión en las Cortes. Moret, que fue el encargado de llevar a cabo el ataque por los liberales, logró ese resultado en el Congreso mismo, al plantearse la cuestión acerca del Ayuntamiento de la capital, administrado por los romeristas.

Pero poco habrían conseguido los liberales de no ser por otras ayudas. La gestión gubernamental produjo fuertes quejas en el seno del propio partido conservador, de modo que muchos como, por ejemplo, el diputado conservador Alfau, se quejaban a la regente de que Romero Robledo había tenido un exceso de influencia con resultado detestable[23]. Alfau, más adelante, informó también de la manera en que se desarrolló la sesión decisiva, en la que tuvo un protagonismo claro. En un primer momento había asegurado que «ha convenido conmigo el Sr. Sagasta en que no pueden seguir las cosas por el camino que llevan y ha accedido gustoso a que presente yo mi proposición (de censura) antes que la del partido liberal». Finalmente, Alfau no lo hizo, sino que dejó pasar por delante a los liberales capitaneados por Moret. En otra nota Alfau informó a la regente de que pensaba «intentar dos esfuerzos, uno con Cánovas (y) otro con Romero, a ver si presentándoles claramente el abismo adonde llevan el país y las instituciones salen de su obcecación y se detienen en su fatal camino». Habló con el «nobilísimo cuanto obcecado» dirigente del conservadurismo y le planteó como dilema «o acabar de una vez con la discordia del partido conservador» o «retirarse para no comprometer, en medio de la ofuscación que él padecía, lo que él nunca querría comprometer». Se refería a la institución monárquica que, una vez más, en la óptica de este dirigente de la Restauración, parecía en evidente peligro. Pero Cánovas repuso que «su dignidad no le permitía transigir en lo más mínimo» con quienes consideraba como disidentes en su propio partido. Luego, de acuerdo con la narración de Alfau, pidió en la sesión parlamentaria la «sumisión incondicional del partido« y «al ofrecérsela Silvela como una limosna hija de la conmiseración más profunda y hasta desdeñosa», le proporcionó la posibilidad de caer con cierta grandeza. Fue, en efecto, así: Silvela defendió la obligación de «soportar» a su jefe político. Éste le repuso que «yo no estoy aquí para que nadie se imponga sacrificios» y presentó la dimisión. «Cánovas», concluyó Alfau en su carta a la regente, «ha muerto políticamente a manos de Silvela y cegado por Romero», como «noble víctima del cariño y la lealtad para con esos dos hombres hechura suya».

HACIA LOS PROLEGÓMENOS DEL REGENERACIONISMO

En la nueva etapa de Gobierno liberal hubo un contacto estrechísimo de la regente con Sagasta, quien la informaba de cada consejo de ministros y de cada sesión parlamentaria de forma puntual y precisa [24]. En otros aspectos, sin embargo, las cosas no cambiaron. A pesar de que se aproximaba el vigésimo aniversario de la Restauración, todavía perduraba en la mente de sus principales dirigentes una indudable conciencia de fragilidad de las instituciones. Así se percibe en un memorándum de Moret remitido al Vaticano en el verano de 1893 [25]. En él el político liberal, que desempeñaba la cartera de Estado, presentaba la Historia de la Regencia española como un éxito creciente hasta el momento de la Exposición de Barcelona (1888). El partido republicano se habría sentido «desmoralizado y vencido» y habría perdido cualquier posibilidad de significar un peligro «hasta que en las últimas elecciones ha existido una recuperación» y «un triunfo moral de importancia». Sorprendente resulta que, en un documento como éste, dirigido al Vaticano, mencionara el supuesto intento de «un golpe militar encaminado a impedir que los conservadores dejaran el poder» en 1892. La referencia a la inestabilidad propia estaba dirigida a obtener la ayuda ajena y, en efecto, la logró. El cardenal Rampolla, responsable de la política exterior vaticana, aseguró al ministro que «la digna y noble figura de S. M. la Reina Regente y la tierna edad del Rey, ahijado de Su Santidad, no pueden menos que asegurar a España el apoyo, decidido e indiscutible, de la Santa Sede»[26].

Se puede pensar que Moret exageraba a fin de obtener del Papa un apoyo que necesitaba para librarse de las conspiraciones carlistas. Lo cierto es, sin embargo, que su correspondencia con la regente testimonia que ese miedo no fue circunstancial sino de fondo. En ella insistió siempre en sus temores debidos a la confluencia de los sectores carlistas y republicanos en una conspiración contra el régimen. Estas preocupaciones, convertidas en acuciantes a lo largo de todo el año 1894, se vieron agravadas por la sensación de que Sagasta no se tomaba en serio la conspiración [27]. De ella, sin embargo, Moret llegó a ofrecer pruebas escritas a la regente. Transcribió, por ejemplo, una carta del republicano doctor Esquerdo a Ruiz Zorrilla, en agosto de aquel año, en la que se evidenciaba su aceptación de esa colaboración, en apariencia antinatural: «No contamos hoy con medios ni títulos para levantar la opinión y llevar a efecto un movimiento con medianas probabilidades de éxito (por lo que) se impone la alianza que nos ofrecen y que sin escrúpulos se puede aceptar teniendo presente que otros no menos liberales la buscaron en otra ocasión sin conseguirla… Cometeríamos una necedad en rechazarla cuando al paso nos sale sin buscarla». Por lo demás, la correspondencia de Moret con la regente, que en alguna ocasión contenía la indicación «to be destroyed», siempre denota intimidad, pero también revela el carácter inquieto de Moret quien, en ocasiones, da la sensación de que quería provocar una crisis en el seno del Gobierno liberal y, con más frecuencia aún, de que se sentía maltratado por Sagasta.

Tras el verano de 1894 Moret volvió a la carga insistiendo al Vaticano, en nombre de doña María Cristina, acerca de la actitud de una parte del clero, «no sólo para la defensa y seguridad del Trono de Su Hijo sino también para el cumplimiento de sus deberes con el Padre Santo y la Iglesia Católica». Describió tres actitudes en la jerarquía española: los «que secundan con eficacia» lo ordenado por Roma, «los que transigen con la Monarquía constitucional… pero sin entusiasmo ni deseo de verla triunfante» y los que interpretan que el Papa «en el fondo, prefiere la Monarquía absolutista y si apoya la Constitucional es sólo por amor a la paz pública». Para el ministro liberal la financiación del carlismo procedía de los jesuitas y por eso ordenó al embajador español presentar una queja a su general. Según los informes del diplomático español, «hubo en otra época divisiones sobre la conducta que debía seguirse respecto de la cuestión carlista (pero) hoy, siguiendo las órdenes del Papa y desde que el P. Martín fue elegido General, esas divisiones han desaparecido»[28]. Los jesuitas con antecedentes carlistas habrían sido dispersados por toda España, fuera de Navarra y el País Vasco, y recibido la instrucción de que «si alguien habla a los jesuitas de política en el confesonario corten la conversación y contesten que vayan a hablar con otras personas de esta materia». Aun así, las autoridades políticas españolas manifestaban su temor a que se celebrara un concilio nacional de la Iglesia que había pedido el cardenal de Toledo, pues «resultarían disgustos muy graves y acaso una escisión o un cisma del que se aprovecharían los elementos carlistas, además del escándalo que se daría en el seno de la Iglesia». Era preciso que el nuncio fuera en España «activo y enérgico, que no se asuste con las dificultades que le suscitan algunos prelados y ciertos seglares y que no sea tan cándido». Moret proponía que el Papa dirigiera una carta al cardenal de Sevilla alabando «a S. M. cuya virtud y piedad el Papa admira»; ésta sería una manera indirecta pero muy autorizada de condenar «los ataques de que la Augusta Señora está siendo objeto y las viles calumnias que con un fin político están esparciendo los carlistas».

A la debilidad del régimen respecto del mundo católico había que sumar la relativa al ejército. Reviste interés lo que Moret escribió a la regente en ese mismo verano de 1894: le habían causado «extraordinaria sorpresa» unas declaraciones de Cánovas, pues «le han oído recientemente juicios los más contrarios y opuestos a los que ahora emite». El jefe conservador parece haberse referido en público a la popularidad de la regente entre los elementos militares, cuando en privado se pronunciara en otro sentido. Lo que Moret descubría tras esta actitud era deseo de llegar al gobierno: de ahí la adulación y la referencia a la cuestión militar, que reaparecía en el horizonte. En marzo de 1895, después de un sonado incidente —el asalto de las redacciones de dos diarios madrileños por parte de algunos oficiales—, Sagasta abandonó el poder. Fue la primera ocasión en que el político liberal dio la sensación de querer hacerlo de forma espontánea. Lo que nos interesa aquí es el impacto de la política militar sobre el régimen de la Restauración. Sobre lo sucedido, doña María Cristina recibió un informe anónimo que parecía propicio a una estricta separación entre ejército y vida pública. «La sedición militar», decía, «es incompatible con el régimen representativo y, por tanto, con la Monarquía constitucional y desde el momento en que la Regencia fuese prisionera o estuviera a disposición del ejército la revolución sería inevitable y con ella cuantas consecuencias fatídicas puede imaginar el espíritu más pesimista». Pero a continuación aseguraba que lo sucedido «reviste caracteres opuestos a los de la sedición militar porque responde a aspiraciones y tendencias», ya expresadas unánimemente por los oficiales, ante la «licencia intolerable de la prensa», que criticaba la actuación del ejército en las colonias. De ahí la «prontitud con que la situación se ha calmado …con el solo nombramiento del general Martínez Campos para el mando militar» y la dimisión del Gobierno[29]. El ejército seguía, pues, desempeñando un papel de decisiva importancia en la política de la Restauración y dentro de él le correspondía un protagonismo primordial al general citado. Martínez Campos no era, sin embargo, el único: otros generales se agitaban y muy a menudo pretendían tener una relación directa con la Jefatura del Estado. Cuando se le concedió la Gran Cruz de San Fernando a Polavieja, Weyler la reclamó para sí ante la regente y no ante el jefe de Gobierno[30].

El cronista de la Regencia describe el nombramiento de Cánovas en unos términos muy poco complacientes para él, pero algo parecido dijeron algunos de los políticos del momento, como Silvela, quien opinó que se había producido «un paso atrás» en la renovación del partido conservador. En el transcurso del Gobierno de Cánovas todavía acentuó más su discrepancia con él. A un corresponsal le aseguró que se había convertido en un hombre incapaz de aceptar a personas con ideas propias si no eran militares, y que sólo admitía a auténticos «domésticos» en el seno de su propio partido[31]. En estas palabras se anunciaba un propósito de programa político regenerador del que más adelante habrá que tratar.

El problema más agobiante en la última presidencia del Gobierno desempeñada por Cánovas fue el de Cuba. Respecto de él, como era habitual en el régimen de la Restauración, hubo una excepcional actitud de consenso por parte de los liberales. Los conservadores quisieron tener unas Cortes adictas y anunciaron las elecciones a pesar de la sublevación cubana. Pero al menos una parte de los liberales estuvo dispuesta a usar sus votos para mantener en el poder al Gobierno conservador. Cuenta el marqués de la Vega de Armijo que Sagasta estaba «aterrado» y acabó aceptando una reunión de los ex ministros liberales para discutir esa posibilidad. Vega de Armijo describió ante ellos en tonos patéticos la situación: «Era de todo punto imposible hacer las elecciones en Cuba, el Gobierno no había creído posible implantar las reformas en la grande Antilla por las Cortes y estaba discutiéndose, en forma por cierto bien destemplada, la declaración de beligerancia en las Cámaras de los EE UU». En consecuencia, propuso que los ex ministros se dirigieran a la regente mostrándose dispuestos a «aceptar cualquiera otra fórmula» distinta de la celebración de las elecciones[32]. Pero finalmente nada se hizo, los conservadores convocaron y ganaron sus elecciones y pronto las medidas del Gobierno respecto de Cuba crearon un abismo entre los dos partidos turnantes. Aun así, en esta ocasión hubo, de nuevo, un principio de consenso fundamental entre los dos partidos del turno, que nacía de la conciencia de fragilidad del sistema político.

Otro problema con el que hubo de enfrentarse Cánovas fue el relativo a la emergencia de un confuso propósito de transformar el panorama político en detrimento de él mismo o del partido conservador y en supuesta connivencia con el Palacio Real. Este proyecto fue obra del cardenal Cascajares, arzobispo de Valladolid, un personaje activo e intrigante en los medios de la Corte, junto a la regente, y convertido en enemigo constante y peligroso de Cánovas. Manifestaba el citado prelado una voluntad de organizar el partido de los católicos, conectada con la movilización de este mundo que se había iniciado en el congreso de 1889 y proseguiría a lo largo de toda la década [33]. Este propósito se enfrentaba de forma directa con la voluntad del dirigente conservador de integrar a los católicos en el sistema político que había contribuido a crear. Quería Cascajares tomar «un estrecho sendero entre el deseo de transigencia (con el régimen) y la obligada intolerancia antiliberal». Desde 1891 escribió a la regente proponiéndole un nuevo partido, más acusadamente católico, pues consideraba que el partido liberal-conservador tenía «un nombre poco grato» y que a los desunidos liberales les quedaban pocas posibilidades de perdurar. Su idea era que «el actual partido conservador apenas se diferencia del partido liberal y viene, por consiguiente, a hacer más necesaria la formación de otro grupo fuerte y poderosamente cimentado en los grandes principios religiosos y sociales que sirva de verdadero contrapeso a los atrevimientos y temeridades del partido liberal»[34]. Cascajares se atribuía a menudo recibir «sabias instrucciones» de la regente, lo que le animaba a emprender todo tipo de conversaciones con dirigentes políticos. Todo hace pensar que la iniciativa partía de él y que en Palacio y en el Gobierno se intentaba evitar que sus propósitos fraguaran. En la ya citada correspondencia entre el embajador en el Vaticano y Moret, el primero, siguiendo las noticias recibidas del Vaticano, dijo que «si el referido arzobispo envía a Rampolla ese folleto (sobre la organización política de los católicos) no se tomará la resolución que el señor Cascajares desea, a menos que otra cosa indique V. M.»[35].

La primera formulación del proyecto de Cascajares fue promover «un grupo fuerte y poderosamente cimentado en los grandes principios religiosos y morales» con Martínez Campos, Silvela y Fernández Villaverde, pero parece haber hablado también con liberales como Gamazo. Luego aparecieron otros políticos en el horizonte de sus posibles colaboradores, como pudo ser el caso de Canalejas quien, con el paso del tiempo, se vería en dificultades políticas por haber mantenido estos contactos. Vázquez de Mella, en efecto, le acusó de haber participado en el proyecto y procuró que su intervención desvelando los diversos aspectos de su colaboración fuera «una bomba» para el Gobierno liberal de 1910.

Autor de una carta pastoral titulada «La organización de los católicos españoles» (1894), Cascajares predicaba la aceptación de la Monarquía restaurada pero, al solicitar un partido «sinceramente católico y dinástico», trasladaba el centro de gravedad de la política de la Restauración hacia el confesionalismo. Sugirió incluso acabar con la cuestión dinástica a través de un matrimonio de don Jaime con la infanta Mercedes. Lo más oscuro en los movimientos de este intrigante prelado fue un viaje a Madrid en 1896 con el propósito de promover un gobierno nacional con la participación de los carlistas e incluso, según se dijo luego, con un golpe militar de Martínez Campos, en el que el también colaboraría el general Azcárraga. Fracasado su proyecto, Cascajares vio en el general Polavieja una esperanza de regeneración política en el futuro.

Doña María Cristina, como ya se ha indicado, estuvo, en realidad, lejos de aprobar las inquietas maniobras del prelado aunque tampoco las vetó ni desautorizó en un principio; en ello hubo prudencia pero también, al comienzo, una cierta ambigüedad. Vázquez de Mella, en su intervención parlamentaria de 1910, la eximió de toda crítica y el testimonio, aducido por Canalejas, del secretario del cardenal, fue que la iniciativa había partido del clérigo, quien «ante todo» habría defendido su proyecto en Roma. Doña María Cristina habría respondido en varias ocasiones con el silencio a su petición de ayuda e incluso en una entrevista personal había desviado la conversación para evitar pronunciarse.

Aunque más cercana a los liberales de forma espontánea, doña María Cristina se mostró, en cambio, algo más proclive a Polavieja. Había logrado éste dominar la insurrección en Filipinas y parecía conectar con sectores sociales muy activos de la sociedad española. Todo ello, unido a su condición de militar, explica que la regente le hiciera objeto de particulares atenciones en el momento en que volvió a la Península; por eso le remitió unas líneas a través de su mujer: «En mi deseo de que a su llegada a España sea mi saludo, si no el primero por lo menos el que siga al de su señora», decía, «me permito rogar a ésta sea la portadora de mi carta… Ni el Rey ni la Patria olvidarán cuanto a V. deben… Inútil creo decirle que he seguido con el mayor entusiasmo el desarrollo de sus planes contra esos ingratos tagalos». Le enviaba, además, las insignias de la Cruz de San Fernando y se despedía asegurando que «espero tener muy pronto el gusto de saludar a V. aquí»[36].

La importancia de estas líneas reside en que precedieron en tan sólo unos días a la llamada «crisis del balcón»[37]. La presencia de la regente en uno del Palacio Real al despedir al general, tras la entrevista celebrada entre ambos, motivó la dimisión del orgulloso Cánovas, que se sintió ofendido por lo que había considerado una falta de confianza de la regente. Hasta tal punto fue así que llegó a exigir y conseguir una carta pública en la que rechazaba cualquier tipo de interpretación política de la recepción al general Polavieja.

En realidad, en ese momento estaba ya en peligro el liderazgo de Cánovas en la derecha española. A lo largo de la Regencia habían abundado las pruebas de que los dos partidos estaban en crisis interna. Ahora aparecían, además, soluciones que pretendían ser renovadoras, al atraer a sectores sociales independientes, por más que resultaran también confusas: se vio en la operación política de Cascajares, pero es preciso recordar también que Polavieja fue muy bien acogido por El Imparcial, el principal diario liberal madrileño. En esta situación, a la Monarquía no le quedaba más remedio, frente a las tendencias monopolísticas de los partidos del turno, de mantener al menos una cierta ambivalencia respecto de estas tendencias. De ellas (sobre todo de la movilización de los católicos) la Monarquía podía temer peligros, pero la mejor forma de superarlos era sin duda procurar integrar todos estos movimientos en el seno del régimen, como la Restauración había hecho con frecuencia en ocasiones anteriores. Fue ésta una situación repetida en la Regencia y más lo sería durante el reinado de Alfonso XIII.

EN TORNO AL DESASTRE

Como en 1885, reviste un considerable interés examinar la crisis política que se produjo en el momento de la muerte de Cánovas, pues revela hasta qué punto lo que había significado en el partido conservador estaba destinado a desaparecer. Ya en los años noventa la opción que representaba estaba perdiendo peso en el partido, pero la influencia de Cánovas en él había convertido en imposible su desplazamiento hasta el momento de su desaparición física. Tras ella, el relevo no se limitó sólo a una persona sino que se extendió a toda la dirección. El vencedor habría de ser quien ya resultaba previsible, dados los antecedentes: Silvela.

Asesinado Cánovas el 8 de agosto de 1897, inmediatamente se formó un Gobierno Azcárraga sin introducirse ningún cambio en el resto de las carteras. El gabinete era manifiestamente interino pero no deja de llamar la atención el recurso a un militar, lo que se explica por la inseguridad de los políticos de la Restauración en el sistema que protagonizaban. La crisis, aunque menos dramática que en 1885, podía tener, no obstante, el peligro obvio que derivaba del paralelismo con lo sucedido con Prim y Amadeo de Saboya. La desaparición del político fundamental del régimen podía arrastrar a la Monarquía misma.

El gran personaje de ese momento fue Silvela quien, en teoría, podía haber heredado la jefatura del partido conservador de forma inmediata, a pesar de no formar siquiera parte del Gobierno. De hecho Pidal, cuya relación con la regente parece haber sido tan estrecha como denota la carta ya citada, recomendó tal fórmula descartándose a sí mismo. Martínez Campos, después de haber intentado en vano la unión de los conservadores en vida de Cánovas, acabó declarando su preferencia por Silvela en caso de que ahora tampoco fuera posible su propia opción. En cuanto a éste, conocemos su posición por una extensa carta a la regente [38]. En su opinión, el Gobierno de Azcárraga era «una interinidad y las circunstancias aconsejan se prolongue lo menos posible (pues) produce en todos una impresión de debilidad e irresolución funesta». «Por otro lado», añadía, «la entrada de los liberales la juzgo ocasionada a riesgos graves por el estado de desquiciamiento del partido (y) los indicios vehementes de la repugnancia del jefe a encargarse del Gobierno, señal segura de que no tiene fe en la eficacia de su unión». La mejor alternativa sería «prolongar la vida de estas Cortes y el gobierno de las ideas conservadoras con un gabinete de suficiente fuerza» pero para ello eran necesarios como requisitos previos los siguientes: «Fe y resolución, nacida del convencimiento» en la Reina; «el respeto, por lo menos, del partido liberal», con la seguridad de que no se identificaría con «actitudes violentas», y el «apoyo resuelto del general Martínez Campos que, faltando Cánovas, es fuerza moral muy necesaria». Todo lo transcrito testimonia no sólo el papel cardinal de éste en el sistema de la Restauración sino también el consenso en que se basaba el régimen y el contenido de la función «moderadora» atribuida a la Monarquía. Además, Silvela consideraba «indispensables» ciertas medidas. Éstas se referían a mandos militares pues consistía, en primer lugar, en el «relevo inmediato» del general Weyler por el «fracaso evidente de su significación y su política»: su campaña en Cuba debería ser juzgada «severísimamente en todos los terrenos» y quién tomara el relevo sería decidido por Martínez Campos y Azcárraga. Resultaba «necesario también, aunque no tan urgente, el relevo del general Primo de Rivera», cuyo nombramiento para el mando militar en Filipinas habría sido «un gran error». Tras estas exigencias relativas a la cuestión más grave con la que se enfrentaba la España de entonces, Silvela ponía condiciones también en lo que hacía referencia al propio partido conservador. El nuevo Gobierno debería ser la indicación de la «unión franca, decidida, de los elementos antiguos de Cánovas con los elementos que han seguido a Silvela». Si llegara él al poder, Silvela anunciaba que sólo podía conservar como ministro a Cos Gayón y a Pidal como presidente del Congreso. Todos los demás ministros debían ser sustituidos: el duque de Tetuán «es un verdadero imposible moral y político en el que él mismo menos que nadie piensa». Si no se daban estas condiciones, realmente exigentes, Silvela pensaba que «se debería recurrir a los liberales antes que prolongar esta interinidad»; en el fondo, prefería esta solución si él no recibía el poder con todos esos requisitos. La carta concluía en tercera persona como para demostrar que el autor no estaba desprovisto de la megalomanía que se suele atribuir a Cánovas. «Silvela», decía, «desea vivamente la unión pero la unión no es más que un medio e importa saber cuál es el fin y el fin debe ser… la realización de lo que Silvela ha ofrecido» pues «no cree que serviría a los intereses de la Reina apareciendo ante la opinión como dispuesto a traicionar sus compromisos».

El tono de Silvela era, pues, exigente pero es muy posible que, con independencia de ello, la regente hubiera optado ya antes por otra solución a la crisis. Tal como intuyó sin pruebas Fernández Almagro, la correspondencia de María Cristina a Sagasta induce a pensar que desde el principio había pensado, en un momento de crisis importante como éste, entregar de nuevo el poder a los liberales[39]. Como siempre, su correspondencia con el líder liberal testimonia intimidad y afecto. Agradeció el «pésame por la muerte del pobre Cánovas», pero también quiso «felicitarle por su patriótica actitud». «Nosotros», escribió la regente, «estamos bien pero yo, como V. se puede figurar, muy preocupada con la política y las tristezas de la guerra». La carta concluía pidiendo al «estimado Sagasta (que creyera) en el verdadero afecto de su agradecida», pero además hacía alusión al hecho de que el portador traía un mensaje verbal cuyo contenido se ignoraba pero podía intuirse. Debió de tratarse de alguna indicación sobre una inmediata vuelta al poder a la que Sagasta, quien se refirió a «nuestro desgraciado país, tanto más querido cuanto más desgraciado» en su respuesta, no parece haberse resistido[40].

Pronto, además, la regente recibió indicaciones de que la fórmula del Gobierno Azcárraga no podía perdurar. Llama la atención que su secretario le dijera que ése «había sido un mal consejo dado a Su Majestad y que es el modo de hacer que se disgregue el partido conservador» insistiendo, por tanto, acerca de unos peligros que Silvela también había percibido. Más definitiva aún debió de ser para la regente la carta de Polavieja, persona de su círculo de amistades, quien le reveló la evolución del pensamiento de quien sería el heredero de Cánovas [41]. Le indicó que «he hablado largamente con Silvela, que opina deben ser los liberales lo antes posible Gobierno, tanto porque así lo exige la situación en Cuba como para que no se disuelvan, como así sucedería si continuaran en oposición. Dice, además, que en ésta debe reorganizarse el partido conservador bajo su programa que es una esperanza para el país y no con el que tenía Cánovas, ya completamente desacreditado». Consciente de que no podía pedir el poder por el momento, Silvela se lo reservaba para sí a la espera del próximo turno. Pero, entonces, lo tendría para cumplir un programa por completo renovado, porque ya la derecha española corría el peligro de «en su gran mayoría, echarse en brazos del carlismo», aunque «muerto (Cánovas) ni tienen fuerzas propias ni apoyo en la opinión». El reproche de Silvela contra el desaparecido radicaba, pues, en atribuir a ese conservadurismo falta de modernidad pero también una actitud timorata.

Polavieja aseguraba, además, que «el general Martínez Campos se ha unido a Silvela, que poco a poco va aumentando sus huestes» y el diario La Época había adoptado una posición semejante. Y, en fin, daba noticias acerca de su propia actitud. Se le había sugerido que fuera ministro de Guerra en un gobierno de Sagasta y «lo creo muy contrario a los verdaderos intereses de V. M. (porque) el partido liberal morirá a manos de Cuba y Filipinas y no creo convenga a V. M. que al desprestigio del partido liberal se sume el mío cuando las circunstancias impondrán que esté intacto». El general, por tanto, se atribuía una misión redentora pero a medio plazo, el suficiente como para que hubiera tenido lugar un desastre colonial que se consideraba irremediable.

La actitud de Sagasta era propicia a hacerse cargo del poder pero un anónimo suelto de El Imparcial que, acompañado de unas líneas, se encuentra en el Palacio Real testimonia que en el partido había otros que, además, lo querían de forma inmediata [42]. El autor de dicho suelto fue Moret, del que sabemos que se carteaba con asiduidad, y en tono de complicidad, con la regente. Aludiendo al contenido del recorte periodístico se preguntaba «cómo la Reina, modelo de constitucionalismo, tiene que ser defendida, nada menos (que) de no ser hostil al partido liberal» y añadía que «hace dos meses era Cánovas quien acusaba a la Reina públicamente de ayudar a los que contra él conspiraban». «Así es», concluía, «cómo se forma el prejuicio que más tarde se vuelve contra la Monarquía cuando las soluciones de las crisis no se hacen a gusto y satisfacción de unos u otros creyéndose autorizados los descontentos a atribuir a la voluntad o al capricho regio lo que debieran atribuirse a sí propios». Éste fue siempre el peligro de la Monarquía de la Restauración, hasta el punto de que quizá la pregunta pertinente sea no por qué cayó sino cómo duró tanto tiempo.

A comienzos de octubre de 1897 Sagasta formó un nuevo Gobierno liberal que sería el destinado a enfrentarse con la guerra contra Estados Unidos. Si el partido liberal en el pasado había asumido en 1885 la tarea de consolidar un régimen a la muerte de Alfonso XII, ahora hacía lo mismo en las dificilísimas circunstancias de una guerra colonial cuyo desenlace conocía de antemano la clase dirigente de la Restauración.

Poco más de un año después, en marzo de 1899, le relevaría Silvela con un gobierno conservador del que habían desaparecido los más directos colaboradores de Cánovas. Algunos años después, en un libro dedicado a la memoria de su hermano, Emilio Cánovas del Castillo, se declaraba sorprendido al ver «afiliarse con rapidez un tanto vertiginosa, sin poder explicármelo, a algunos de los que yo tenía por más adictos a la persona de mi hermano» [43]. La distancia entre los dos dirigentes conservadores era tan grande como para que escribiera tal frase. Ese lamento fraterno, además, nos pone en contacto con una realidad política. El canovismo, ya en crisis durante la década de los noventa, fue barrido tras el magnicidio de Santa Águeda. La aparición del regeneracionismo, anterior a la fecha simbólica de 1898, hizo surgir una alternativa al canovismo como elemento inspirador del partido conservador. Pero si Cánovas ya estaba superado en la última década de siglo era, sin duda, por el asentamiento de un sistema que él mismo había contribuido a crear en 1875 y a refundar en 1885. Ese sistema, en definitiva, podía cambiar precisamente por lo asentado que estaba.

La política cambió de forma decisiva en los años noventa y eso que hemos podido comprobar para el partido conservador valdría también para el liberal, como lo probarían los duros juicios de Maura acerca de Sagasta. De éste, hasta el momento líder indisputado del liberalismo, diría el primero que era la mejor prueba de que en ocasiones «entre hombre público e histrión queda corto trecho». Para él, pensaba, «toda la vida política se cifra y compendia en la perenne porfía por alcanzar la dominación o retenerla» mientras «las ideas y los propósitos son para apoyados o repudiados según su probable influencia en la obtención del mando» [44]. También antes del Desastre estaba, pues, planteada la necesidad de la renovación del partido liberal.

No tendría sentido abordar en estas páginas la cuestión del Desastre; lo que nos interesa es el impacto que tuvo sobre el sistema político. De entrada, el papel de los militares resultó, durante el propio conflicto, creciente. La regente se carteó con todos los sucesivos mandos expresando la esperanza de poder ver «la completa pacificación». Tuvo también que oír las quejas encendidas. Weyler, por ejemplo, se dirigió a ella en «solicitud respetuosa de satisfacciones que estima indispensables a la honra de las armas españolas y a su propio honor de soldado», después de que los militares españoles hubieran sido «cobarde y groseramente insultados» y «confundidos en una misma execración con aquellas hordas rebeldes de bandidos indignos de todo trato regular y caballeresco»[45]. Si el papel del ejército en el régimen de la Restauración había sido tan decisivo ahora, de forma inevitable, las circunstancias lo multiplicaban.

Durante el conflicto mismo la concordia entre los grupos políticos se mantuvo en lo fundamental e incluso se extendió parcialmente a los republicanos. En abril de 1898, cuando se produjo el ultimátum norteamericano, Romero Robledo llegó a defender el Ministerio Castelar (doña María Cristina puso dos signos de admiración en el escrito que contenía la propuesta). Silvela, convertido ya en jefe de los conservadores, dictaminó que «un cambio de gobierno en las actuales circunstancias, en mi sentir, no es inconveniente, es imposible»[46]. Mientras tanto, los generales eran consultados sobre cualquier incidencia política con lo que se reanudaba una práctica habitual al comienzo de la Restauración.

La derrota produjo como resultado inmediato la multiplicación exponencial de esa conciencia de fragilidad que la Monarquía de la Restauración siempre había padecido. Los peligros provenientes del exterior ahora parecían tan indeterminados como angustiosos y explican tanto algunas descripciones de la situación redactadas por los políticos de la época como ciertas iniciativas de la propia regente. «Deshecha nuestra escuadra, destrozado el país, sin posibilidad de rehacer una flota en muchos años… las Canarias y las Baleares están a la disposición de quien quiera apoderarse de ellas», llegó a escribirse por parte de Moret, ministro de Estado y el principal dirigente del liberalismo al comienzo del nuevo reinado. Por su parte, la regente se dirigió a la Reina Victoria con un lenguaje que rezumaba dolor. «Yo», aseguraba, «no quiero de ninguna manera volver sobre todo lo que he sufrido este año en que me he encontrado sola luchando con tantas desgracias». Pero recordaba que Gran Bretaña había prometido «actuar de acuerdo con las restantes potencias europeas en el interés de España» y, sin embargo, los barcos estadounidenses se aprovisionaron en bases británicas. Ahora un proyecto de fortificar Algeciras a fin de evitar un posible desembarco norteamericano había sido interpretado como una amenaza sobre Gibraltar. La Reina Victoria repuso que Gran Bretaña había procurado mantener la más «escrupulosa neutralidad» durante la guerra hispano-norteamericana y que el gobierno de su país no podía responsabilizarse de la interpretación que la prensa propia hubiera dado al conflicto por más que ésta hubiera sido a menudo denigratoria para España[47]. Nada, en efecto, testimonia de manera más meridiana la conciencia de fragilidad de España ante la amenaza exterior que este hecho que, por otro lado, carecía de cualquier justificación en los planes norteamericanos y resultaba absolutamente inverosímil de no ser por el acusadísimo sentimiento de inferioridad nacido de la derrota. Fue Moret, como ministro de Estado, quien llevó las conversaciones con los británicos, los cuales «tomaron a veces mucho calor» porque se repetía el reproche de que Europa había estado «comprometida ya a favor de España» y Gran Bretaña había impedido que el compromiso se materializara. De cualquier modo, una vez firmada la paz con Estados Unidos, desapareció toda justificación del artillamiento del entorno del Peñón, de modo que la situación militar en la bahía de Algeciras siguió dominada por la colonia británica, como reconocía el propio ejército español. Los británicos hubieran aceptado convertirse en garantes del statu quo territorial español, pero a cambio de la aceptación de la situación de Gibraltar; cuando la aclararon incluso tuvieron que explicar que no habían querido ampliar el perímetro de la base en un momento como el que había vivido España [48].

Se puede pensar que la sensación de amenaza exterior era inevitable tras la derrota, pero la realidad es que la fragilidad sentida tenía muchas otras facetas. La indigencia del Estado tras el Desastre obligó a mendigar la comprensión del Vaticano y el resultado fue un telegrama a Roma que solicitaba que «ante dificultades que el Gobierno encuentra para sostener sus presupuestos se hace indispensable que Su Santidad autorice la rebaja del Clero» [49]. Pero, sobre todo, la situación en 1898-1899 retrotrajo hasta 1875, cuando se temían las conspiraciones confluyentes de la extrema derecha y la extrema izquierda. No se ha llamado suficientemente la atención sobre el hecho de que, en efecto, en septiembre de 1898 hubo un manifiesto suscrito por Romero Robledo, Salmerón y los tradicionalistas en protesta por «el audaz golpe de Estado de deliberar en la sombra» sobre el destino del país una vez ocurrida la derrota ante el enemigo norteamericano [50]. Al referirse a la cuestión de Gibraltar, Moret había escrito que «Inglaterra sabe bien que en el estado actual de España basta un auxilio indirecto o pecuniario a los elementos contrarios a la dinastía o a la Monarquía para sumir al país en el caos de una guerra civil» [51]. Hubo que repetir las consabidas gestiones, a través del embajador español en la Santa Sede, para evitar que los jesuitas ayudaran a los carlistas en torno a septiembre de 1898. Ahora se temía incluso que «reclutaran» partidarios de la subversión [52]. Y, en fin, el embajador francés se hizo eco de un manifiesto publicado en París en que se hablaba de España como «nación burlada en Europa y vencida en América por culpa de esta decrépita Monarquía, de su torpe regencia y de sus estúpidos ministros». Estas palabras, comentó, serían «el eco de lo que se repite aquí habitualmente entre todas las clases sociales» [53]. El régimen, que había ido a la guerra por temor a que las consecuencias fueran peores si trataba de eludirla y cuyos generales hubieran querido proseguirla aun después de la pérdida de las posesiones coloniales, parecía pasar por una crisis de difícil superación en un momento en que, además, otras naciones europeas pasaban por una circunstancia muy peculiar con consecuencias políticas de envergadura.

EL FIN DE SIGLO: EL REGENERACIONISMO EN EL PODER

Si examinamos la política de los países latinos a lo largo de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX encontraremos en todos ellos coincidencias importantes que sirven para explicar la evolución de la Historia política española. En Francia, la crisis protagonizada por la súbita aparición y desaparición del general Boulanger en la vida pública (1885-1889) hizo surgir un amplio sindicato de descontentos. Su bonapartismo popular y antiparlamentario, de tono social, emocional, juvenil y anticapitalista significaba toda una novedad donde se aliaban el nacionalismo y el populismo. El posterior «affaire Dreyfus», en pleno cambio de siglo, trasladó el nacionalismo desde la izquierda a una derecha que no se declaraba partícipe de los principios revolucionarios de 1789. En Italia se padeció una amplia etapa de inestabilidad y conflictos en el periodo 1887-1901. Las protestas sociales (los fasci en el sur, las huelgas milanesas) propiciaron la aparición de líderes autoritarios, algunos de los cuales procedían de la izquierda, como Crispi. Otros, en cambio, venían de la derecha: desde comienzos de 1897 Sonninno defendió el «retorno al Estatuto», es decir, una estricta aplicación de la Constitución que hubiera concedido al ejecutivo y a la Monarquía unos poderes que había ido perdiendo en la práctica. También el general Pelloux tenía esa procedencia y sus medidas restrictivas de las libertades pudieron poner en peligro el sistema liberal italiano hasta que a comienzos del año 1900 fueron declaradas inconstitucionales, aparte de sufrir el repudio del electorado. Finalmente, el propio Portugal pasó por un interludio autoritario entre 1893 y 1901, durante el reinado de Carlos I. Como gobierno semidictatorial fue calificado el de Hintze Ribeiro en 1894-1895, mientras que la divisa de João Franco («pouca politica muita administraçao») revela antiparlamentarismo. A mediados de la década final del siglo, hubo una ley que retrotrajo el volumen del censo al periodo anterior a 1878 y la presión del Gobierno en las elecciones llegó al punto de que una de ellas fue descrita como ignobil porcaria. Todo ello sucedía casi al mismo tiempo que se implantaba el sufragio universal en España y Bélgica y se ampliaba en Holanda y Noruega. En los tres países latinos del Mediterráneo occidental hubo, por tanto, una reacción autoritaria y antiparlamentaria durante la década finisecular.

En España se daban las condiciones para que pudiera haber surgido esta reacción: nada más lógico que esperarla después de una derrota exterior que había dejado en una situación dolida a un sector tan propicio para intervenir en la política como el ejército; también despertó pretensiones intervencionistas en un apoyo fundamental del régimen como era la Iglesia.

Pero, ante todo, el fin de siglo trasladó un clima espiritual que hasta entonces había sido exclusivo de reductos intelectuales o de grupos políticos reducidos a la arena política. En ese clima comenzó a reinar Alfonso XIII y el conjunto de su reinado no puede entenderse sin él. La palabra «regeneración» implicaba un deseo de modernización y de cambio en todos los terrenos, en especial, en el político. Los diplomáticos extranjeros en España quedaron perplejos ante la furia regeneracionista que invadió España tras el desastre. Se trataba —escribió uno— de una «gran cuestión muy vaga y propicia a largos desarrollos en los que se complace la tendencia a la verborrea del genio nacional». El nuncio apreció una eclosión de patriotismo y juzgó que «si el movimiento estuviera bien dirigido y fuera moderado podría ser saludable» pero, «desafortunadamente, dividido y escindido en tantos partidos» tenía el inconveniente de amenazar la estabilidad social a base de presentar en «los colores más negros» la situación y de juzgar como «único e infalible remedio» la solución propia. Cuando las Cámaras de Comercio lanzaron un manifiesto, un diplomático francés afirmó que «abrazaba las cuestiones más diversas y resultaba tan genérico» que era parecido a las reivindicaciones de los Estados Generales franceses de 1798. «Su inmensidad», añadió, «parece poco compatible con el estudio serio de las cuestiones que abarca» pero, sin duda, «las reformas tendrían en el futuro un lugar preponderante en la política, cualquiera que fuera el partido que debiera aplicarlas» [54].

Dentro de este clima tuvieron lugar los intentos intervencionistas en la vida pública de los dos sectores ya mencionados. El militar representaba un peligro evidente e inmediato para la Restauración. Doña María Cristina pudo, por ejemplo, leer un manifiesto llegado al Palacio Real que dejaba patente el sentimiento herido del estamento militar por ser declarado culpable de la catástrofe. Se recordaba en él que en algunas obras de teatro, cuando aparecía un oficial declarando que había cumplido su deber en Cuba, era inmediatamente silbado. «No estamos exentos de culpa», aceptaba el anónimo redactor, pero también proclamaba la necesidad de «reunirnos, y agruparnos para defender aquello que no podemos sacrificar a nadie, ni por nadie, para defender nuestra honra, nuestro decoro y dignidad». «Respondamos a la guerra con la guerra», proponía, y para ello reclamaba someter a los tribunales militares «aquellas publicaciones que dirijan insultos a las colectividades». No se hizo por el momento pero éste fue el primer antecedente de la posterior ley de Jurisdicciones en 1905. Con mucha frecuencia se recibieron noticias en Palacio de inquietas reuniones de generales; cabe imaginar la preocupación de la regente ante el panorama. A finales del año 1898 se reunieron ocho generales, criticaron al poder civil y a la cúpula militar y llegaron a la conclusión de que era preciso convocar una nueva reunión a la que asistirían diez veces más. No debe extrañar que, según el nuncio, inmediatamente después de la catástrofe se pensara en la posibilidad de un gobierno de Weyler o de Martínez Campos, es decir, de un militar capaz de disciplinar a los suyos [55].

Pero el único general que actuó en términos de propuesta política fue Polavieja, y lo hizo en unos comportamientos de catolicismo y monarquismo que no podían suponer peligro alguno para la Monarquía de la Restauración. Por el contrario, el «general cristiano» siempre fue proclive a un regeneracionismo desde arriba que partía de la complicidad o la ayuda de la corona. «Las circunstancias», escribió a doña María Cristina, «me hicieron concebir la ilusión de que Silvela y yo pudiéramos unirnos para el mejor servicio de V. M. y así lo manifesté al eminentísimo Sr. Cardenal Cascajares…». Luego dijo darse cuenta de que la política del dirigente conservador partía de «fundamentos contrarios a cuanto conviene el país y también desea el ejército» [56]. Quedó, sin embargo, a la espera de poder colaborar en una fórmula que resultara regeneradora. Había llamado ya la atención del catolicismo español como presunto líder: al propio secretario de Estado del Vaticano le llegaron comunicaciones pidiéndole consejo e inquiriendo si él podía ser considerado como aglutinante válido del mundo católico. En otros medios, en cambio, la presencia del general en la arena política levantó críticas. Era admirable, ironizó el embajador francés, la «impunidad con que un general español puede convertirse en jefe de partido». En realidad, «el elemento militar a quien la Monarquía actual debe su Restauración se ha mantenido intangible y omnipotente en la persona de cinco o seis generales… y cada partido se apoya sobre dos o tres …respecto de los cuales el ministro de la Guerra tiene deferencias de subordinado» [57].

Como sabemos, los inquietos movimientos del cardenal Cascajares habían sido anteriores al Desastre. Cuando éste tuvo lugar y se reprodujeron sus intentos de intervenir más directamente, desde un principio doña María Cristina se apresuró a recurrir a Roma, quien advirtió al prelado de la necesidad de marginarse de la política. La regente, de su propia mano, le escribió una extensa carta en respuesta a unos planes que conocemos de forma imprecisa. Decía, en un texto firmado por su secretario, ver las cosas «acaso con algo menos de pesimismo», quizá porque el cardenal había presentado un panorama catastrofista. «Es menester», añadía, «a todo trance seguir un nuevo camino y emprender grandes reformas y ése es el propósito de la Señora, pero es también menester no precipitarse y proceder con mucha cautela… La moralidad, la descentralización, la desaparición del caciquismo son principios con los cuales no puede menos de estar conforme porque claramente se ve que eso es lo que el país necesita y ésas serán las bases de las reformas pero V. E. sabe muy bien cuáles son las dificultades con que se tropieza para implantarlas… Habla V. E. de nuevo partido, de gente nueva poniendo de lado a Sagasta y a Silvela como fracasado el uno e imposibilitado el otro por sus muchos y antiguos compromisos. Ésta es una verdad innegable, pero ¿dónde está ese nuevo partido, esa gente nueva…? Que den a conocer su existencia, que hagan ver su fuerza y yo no dudo que una vez conocidos, si lo merecen, serán elementos con los que se han de contar. Que es necesario un Bismarck es indudable, pero los Bismarck no se fabrican y si no surge de las circunstancias no se puede improvisar». A continuación la Reina pasó revista al conjunto de los movimientos regeneracionistas que hasta el momento habían hecho su aparición. Polavieja, a quien Cascajares debió aludir de forma laudatoria, sin duda, tenía «buenos propósitos» pero, se preguntaba: «¿ha podido formar un partido de gobierno?, ¿llegará a vencer las dificultades con que tropieza?». Del Congreso de las Cámaras de Comercio reunido en Zaragoza «dudo que salga nada provechoso por el camino que ha emprendido. No sé si será un mal o un bien. Si sus aspiraciones son iguales a las de los catalanes las considero muy peligrosas porque si la descentralización a que aspiran es igual a la que pretende Cataluña… es, sencillamente, no ya el regionalismo sino el federalismo dentro de la Monarquía, cosa cuya gravedad no puede escapar a la perspicacia de V. E.». Aludiendo a la posibilidad de encontrar ese Bismarck en que también pensaba por entonces Costa, afirmaba que «a ella no se le oculta lo difícil de la situación por que atraviesa pero ¿dónde está ese hombre, ese carácter tan necesario en estos momentos?». Aunque se encontrara, «la idea de creer que con sólo tener la Gaceta se puede gobernar es peregrina pues ¿y el Parlamento, no hay que contar con él?». De cualquier modo, si apareciera, ella, con su «criterio recto y claro, lo encuentra de condiciones y con valor bastante para implantar reformas tan difíciles, no le escatimará su apoyo» [58].

Todavía en el año 1900 Cascajares intentó que el matrimonio de doña Mercedes, la hija primogénita de Alfonso XII, no fuera con el conde de Caserta sino con el pretendiente carlista, con lo que se habría conseguido finalmente la unión dinástica. Además, propuso que Martínez Campos apoyara esta idea, a lo que se negó con palabras corteses el general. Ésta fue la última ocasión en que intervino en la política interna el inquieto prelado. Con ocasión de la discusión, años después, en las Cortes de su intento, un texto suyo en que afirmaba «no meterse jamás en donde no le llaman» dio lugar a grandes risas de los diputados porque el prelado parece haber sido precisamente aquello que negaba. Consciente de ello, doña María Cristina le envió en el año 1900 a un tal Emilio Sergio, capitán de artillería, quien le habló de «lo ventajoso que será para su tranquilidad prescindir de toda intervención relacionada con la política… abandonando iniciativas personales que son o pueden ser interpretadas torcidamente». Cascajares, entonces, escribió una carta indignada al secretario de la regente hasta el punto de que comenzaba por poner en interrogante su condición de amigo. Aseguró que sólo había pretendido «servir» y que «esa gran masa que constituye y forma el partido carlista entre en la legalidad». Había hecho mucho más, interviniendo en política concreta y menuda, pero después de este incidente ya no volvería a hacerlo [59].

Lo interesante de esta anécdota es que define la política de la corona con respecto a la regeneración intentada desde arriba. No sólo no se negaba a ella sino que puede decirse que su política era más bien propicia, pero quería integrarla en el sistema político de la Restauración, no arruinar éste. Y, como resultaba lógico, también deseaba parar los pies a quienes exigían todo como si los problemas españoles se solucionaran por el solo hecho de estar en el poder y disponer, sin más, de él.

En estas condiciones es coherente que en marzo de 1899 se formara un Gobierno Silvela. Desde hacía tiempo había declarado representar una solución identificable tan sólo con el partido conservador, «tal y como está hoy constituido, sin aguardar a que se le sumen y se le identifiquen nuevas agrupaciones por respetables y dignas que sean». No puso, pues, en cuestión el turno pero empleó por vez primera, con tono vibrante, el lenguaje regeneracionista: pretendía hacer una «obra de reformas radicales», «una verdadera revolución hecha desde arriba». En realidad, la regente, antes de entregarle el poder, intentó un gobierno intermedio a base de alguno de los presidentes de las Cámaras. Para ella, no obstante, el gobierno formado por Silvela tuvo la ventaja de integrar a una parte del regeneracionismo emergente, en especial el identificado con el catolicismo. Aun así, el nuncio le describió como persona cuyos principios «no eran del todo sanos» pero, según él, el nuevo Gobierno había sido muy bien recibido y se expresó en términos laudatorios, especialmente del catalanista Duran i Bas y de Polavieja; ambos representaban el catolicismo e intereses catalanes. Desde un punto de vista harto distinto, el último fue descrito por el embajador francés como «un servidor muy devoto y seguro de la Monarquía» que daba al Gobierno «un color clerical». Y, a la hora de las elecciones, pronto se descubrió que, como tantas veces sucedería en el reinado de Alfonso XIII, las promesas de regeneración quedaban en nada [60].

Del Gobierno de Silvela nos interesa, sobre todo, su capacidad de incorporar los regeneracionismos y de hacerlo en coherencia con una obra gubernamental. Hasta cierto punto lo logró con los medios católicos que desde finales de siglo estuvieron más integrados en el régimen que nunca. Lo prueba la correspondencia de la regente con el cardenal Spínola, una de las figuras más destacadas de la Iglesia española del momento, en el verano de 1899. Explicó el prelado que por no votar el mensaje de la corona se le había atribuido «separación completa, divorcio absoluto de la institución encarnada en la persona de vuestro augusto hijo», pero afirmó que su postura era de completa adhesión [61]. El propio hecho de que Cascajares desapareciera del horizonte político resulta bien significativo.

Con el ejército se produjo también un cierto cambio. Durante algún tiempo perduraron los rumores de golpe de Estado. Todavía había generales que, como Weyler, afirmaban que «en tiempos no muy lejanos la patria se ha regenerado por medio de sublevaciones» y siguió habiendo reuniones de algunos generales como Loño, Linares, Luque, Suárez Inclán y Aznar en casa del general Bosch, de las que la regente recibió noticia puntual. Pero no tuvo motivo para preocuparse pues, como casi siempre, se hablaba mucho de conspiración pero se conspiraba mucho menos. En cambio, a la hora de defender intereses corporativos, la respuesta militar era decidida. Desde antes de llegar al poder Silvela se encontró con una actitud inquieta por parte de la Marina en relación con su Ministerio. La supresión de éste, se le dijo, «pondría a todos los generales de la Armada el estigma de la incapacidad, cuando menos, y condenaría a la nulidad más completa a la Marina»; además, «las responsabilidades del ejército (en el Desastre) son indudablemente superiores a las de la Marina». Sería, pues, como entregarla «para su regeneración (al ejército de Tierra) cuando éste por su parte exige una regeneración propia tan radical como aquélla» [62]. De toda esta inquietud tuvo que ser informada doña María Cristina, consciente del papel del ejército en una Monarquía como la española. Además, le faltó pronto la figura del militar capaz de ejercer como dirigente de todo el ejército y de mediar con los partidos políticos. La noticia del atentado contra Martínez Campos en Barcelona en septiembre de 1899 fue seguida con angustia en Palacio. Un año después el general había muerto y según el embajador francés «pasadas unas semanas, la Corte y el Gobierno han tenido la oportunidad de medir el vacío que ha dejado» [63].

Durante la etapa de Gobierno de Silvela quedó manifiesto, en fin, hasta qué punto el regeneracionismo militar era incompatible con otras manifestaciones de ese ambiente político y cómo el ejército no estaba lo bastante unido como para imponerse por sí mismo a la política civil. La dimisión de Polavieja se debió a que la mitad del ahorro presupuestario previsto por el ministro de Hacienda, Villaverde, tenía que proceder del Ministerio de Guerra mientras que Polavieja afirmaba que parte de ese gasto resultaba irrenunciable. Definitivamente, el general descubrió esa incompatibilidad con Silvela que ya había previsto ante la regente. Ahora, sin embargo, se había enfrentado todavía más con otro género de regeneracionismo, el que quería la estabilidad presupuestaria. El mantenimiento del programa militar de Polavieja hubiera supuesto, según el embajador francés, «la continuación del régimen militar preponderante» y «dar la espalda a todos los que estiman que España si no puede renunciar a su papel militar debe trabajar preferentemente en el desarrollo de su comercio y de su industria» [64].

El Gobierno Silvela pudo soportar esa defección, e incluso la de Durán i Bas, pero acabó cayendo en razón también de una cuestión militar. La crisis, en octubre de 1900, fue provocada por el nombramiento del general Weyler para la Capitanía general de Madrid (en vez de Polavieja, deseado por la regente y por parte de los ministros). El general Linares, ministro de la Guerra, había defendido la radical autonomía militar a la hora de los nombramientos y Silvela se la había concedido. Quizá esta actitud tenía que ver con una postura levantisca de un sector del ejército, pues se sabe que a Palacio llegaron rumores de la inquietud sentida por Linares y Weyler. De cualquier forma, esta crisis nunca se volvería a repetir en el reinado siguiente, porque jamás los militares reivindicaron su radical autonomía a la hora de los nombramientos ni la corona hubiera cedido a ellos.

Tampoco se repitiría la situación que se produjo a continuación. En el gobierno-puente que se constituyó, presidido por Azcárraga, además de éste figuraban otros cuatro militares como ministros, y el de Gobernación, Ugarte, tomó posesión vestido de uniforme. Daba la sensación de que el ejército aparecía unido, una vez más, en defensa de la Monarquía de la Restauración. Su apoyo haría falta en el futuro, por más que se diera de manera implícita. Durante el reinado de Alfonso XIII, por otro lado, el generalato estuvo muy dividido de modo que sólo actuó unido en forma reactiva (contra el catalanismo en 1905 o contra los políticos en 1923).

Silvela se había ocupado del poder durante tan sólo diecinueve meses. No había conseguido unificar al partido, que había seguido padeciendo divisiones internas, por más que el propio presidente las considerara «minorías» y no auténtica «oposición». En parte había neutralizado el regeneracionismo de carácter militar o político-religioso. Pero hubo otro regeneracionismo que no fue integrable de momento en el sistema político de la Restauración. Cuando, por ejemplo, se planteó la posibilidad de que la regente recibiera a la Unión Nacional, Silvela se negó resueltamente, pues sus actitudes eran contrarias a la legalidad [65].

Más grave fue la cuestión catalanista que nos interesa por tratarse de una fuerza política nueva y por el propio interés que demostró doña María Cristina en la cuestión, como lo prueba la documentación de su archivo. La regente, por ejemplo, estuvo muy directamente informada de la visita de Dato a Barcelona en el momento en que se había planteado la protesta en contra de las medidas tributarias del Gobierno. Pero, sobre todo, mantuvo correspondencia directa con el general Delgado, capitán general de Cataluña. A éste le preocupaban poco las huelgas, a pesar de que la de 1902, inmortalizada en el cuadro de Casas, ha quedado como un hito del movimiento obrero. En cambio, aseguraba que «el catalanismo ha tomado vuelo últimamente (y) es un mal crónico que exige, para contenerlo siquiera, cuidados muy exquisitos», pues «hacen los catalanistas propaganda legal continua y activa». En realidad, ésa era la novedad esencial del nuevo movimiento, pero al general le preocupaba de manera principal la actitud del obispo Morgades. La regente dijo estar de acuerdo. Para ella el catalanismo «encierra ideas y doctrinas altamente peligrosas que pueden ser germen de serios disgustos»; en cuanto a las huelgas, «con su reconocido tacto y firmeza de carácter habrá de conseguir fácilmente» disipar esa amenaza [66].

No es extraño, pues, que doña María Cristina hiciera gestiones en Roma, a las que por otro lado estaba acostumbrada desde hacía quince años. El primado cardenal Sancha, «cumpliendo fielmente el encargo de V. M.», habló con el Papa y el secretario de Estado para que tomara alguna medida a fin de «devolver la paz y restablecer el orden» en Barcelona. Morgades fue advertido de tener una conducta «excesivamente favorable al catalanismo» e instado a cambiarla por otra «prudente e imparcial». Si mantuvo una correspondencia cordial con el ministro de Gracia y Justicia al mismo tiempo el embajador español ante la Santa Sede llegaba a calificar sus pastorales de «criminales»[67].

Sin embargo, donde se aprecia mejor la distancia existente entre Cataluña y el resto de España es en la postura de Durán y Bas, el ex ministro de Silvela, que dimitió poco después de Polavieja. Él mismo pidió que sus cartas a Comillas y a Dato le fueran entregadas a doña María Cristina, preocupado como estaba porque «respecto a Cataluña no se analizan con serenidad y exacto conocimiento de las cosas los hechos que en ella se desarrollan». «Sin duda, aseguraba, hay aquí exaltación en algunos pero existe ahí grande ofuscación y sobra de imprudencia en otros» cuando «las enfermedades se curan también con la higiene», es decir, con procedimientos moderados. La situación en la capital catalana aparecía descrita como de un universal repudio del sistema vigente: «Los catalanistas son contrarios al Gobierno por razón de sus tendencias; los contribuyentes, por razón de las últimas leyes de Hacienda… y los que se llaman neutros porque creen que se mantiene el sistema electoral que fomenta la corrupción política y el régimen administrativo que pugna con sus aspiraciones de descentralización» [68]. A partir de esta realidad, por el momento no apreciada ni por el sistema ni tampoco por la corona, hay que tomar nota de que en el reinado siguiente se llevó a cabo una virtual integración del catalanismo en la Monarquía de la Restauración.

Debemos, no obstante, volver a la narración del proceso político. La crisis de febrero de 1901, en que abandonó el poder Azcárraga también reviste gran interés. Había sido un gobierno con conciencia de temporalidad y de la imposibilidad de aprobar un presupuesto —pues carecía del apoyo de su propio partido—, que acabó dimitiendo. Lo hizo publicando una nota donde pedía «meditar sobre la condición en que se hallaban los organismos del régimen parlamentario al avecinarse la hora solemne en que iba a hacerse traslado del poder soberano de la Regencia al nuevo reinado» [69]. Esta última mención induce a pensar que doña María Cristina pudo haber jugado un papel en la redacción y publicidad de la nota que venía a proponer un gobierno de concentración. La crisis fue de larguísima tramitación y con elevadísimo número de consultados, sin que entre ellos aparecieran los militares; todos respondieron por escrito y algunos (Silvela y Gamazo) pidieron poder dar publicidad a su texto.

De acuerdo con el primero, «las mayorías parlamentarias han expresado repetidamente su voluntad de apoyar a un gobierno… conservador manteniendo su disciplina de partido en todas las cuestiones de gabinete». Su gobierno anterior había logrado un «éxito nunca igualado» y, por tanto, «nada aconseja ni aun explica que se forme un gobierno fuera de ellas». Tampoco «el estado en que el partido liberal se encuentra» autorizaba a entregarle el poder y «un gobierno formado por elementos extraídos de aquí y de allá equivaldría a una exposición de productos del país», juicio que, bien mirado, cabía atribuir al que él mismo había presidido. En la práctica, sin embargo, reconoció que él no podía lograr la unidad conservadora pero su tesis fue que la solución debía venir por los partidos del turno, aunque integraran fuerzas políticas nuevas.

La prueba de esa incapacidad se halla en la actitud de los disidentes conservadores. Tetuán acusó al Gobierno Silvela de haber actuado «alentando aspiraciones regionales y sobrexcitando pasiones políticas y religiosas» y Romero Robledo afirmó que «el país ansía algo nuevo para abrir el corazón a la esperanza», por encima de los partidos tradicionales; la Monarquía no podía dejar como herencia al nuevo Rey «monárquicos de dos castas: activos y pasivos, favorecidos y postergados». Ambos, pues, eran partidarios del Gobierno de concentración. También lo era Gamazo, un disidente liberal, para quien la acumulación de elecciones sería «funesto prólogo de un reinado» y «la pasión política y el interés de partido han agitado la cuestión religiosa», de modo que «la contienda electoral sería una lucha» entre el «abajo los frailes» y «abajo la masonería».

En cuanto a los liberales, su opinión se puede resumir con las palabras de Sagasta: la «manifiesta impotencia» para la labor parlamentaria de los conservadores obligaba a una «pacificación de los espíritus» que sólo los liberales podían imponer «destruyendo los peligrosos efectos producidos por cuestiones en mal momento suscitadas». Al final se impuso esta propuesta, pero lo peculiar de esta crisis había sido que la corona, dado lo particular de las circunstancias, había intentado un gobierno de concentración. Tal propósito fue juzgado muy positivamente por algunos de los dirigentes políticos. Para Sánchez de Toca, de esta manera había «desviado de sí la temerosa tormenta de opinión… y amansado las pasiones más peligrosas… quitándoles todo pretexto para suponerla bloqueada o secuestrada por confabulación de los partidos históricos». Maura dijo «congratularse por el carácter parlamentario y la noble publicidad, incluso de la unanimidad con que la opinión pública se ha determinado y manifestado». Pero, en definitiva, la corona había fracasado en su propósito de reeditar, quince años después, con ocasión de la llegada al Trono de Alfonso XIII, lo que había sido posible a la muerte de su padre. Quizá no era imprescindible una reedición del pacto del Pardo pero, además, el sistema de los partidos turnantes estaba demasiado consolidado para permitir fórmulas alternativas como los gobiernos de concentración.

REGENERACIONISMO, ANTICLERICALISMO Y LIBERALISMO

A falta de un gobierno de concentración el Gobierno Sagasta, formado en marzo de 1901 y presumiblemente destinado a mantenerse en él a la llegada al trono de Alfonso XIII, repetía la fórmula de 1885. Sagasta, informó el embajador francés, «pasa por no haber perdido nada de su autoridad sobre su partido». Moret sería «el hombre más importante del gabinete» y, en principio, parecía persona capaz de sustituirle, aunque le atribuyó «poca fijeza de opiniones» y «lagunas morales». Romanones era «el más joven y la figura más original» del ejecutivo por sus «opiniones ultraliberales» [70].

Pero el embajador no se dio cuenta de los interrogantes que pendían sobre este último gobierno de la Regencia. En él faltaban disidentes como Canalejas, Gamazo e incluso Montero Ríos. Además, había venido precedido de un grave enojo de uno de los principales dirigentes políticos con la corona. «Me han despedido sin la menor consideración, por miedo a las intemperancias de Romero», escribió Silvela a Sagasta; «si ahora no sirvo para defender a mis amigos como llueve sobre mojado …se acreditará más la idea de que aquí no sirven de nada la corrección ni la templanza y es preciso ser grosero o amenazar con improperios para ser respetado» [71]. El jefe del partido descubría en realidad que eran los propios conservadores quienes habían liquidado su gobierno; incluso algunos de ellos, como Sánchez de Toca, habían afirmado que el silvelismo podía llegar a convertirse en un peligro para la corona. Ésta —doña María Cristina— supo por Sagasta de la irritación del dirigente conservador. Fue el primero de una larga serie de enojos con los políticos que también protagonizaría su hijo, porque cualquier dirigente atribuía a mérito propio el acceso al poder y a demérito de la corona su salida de él.

Eso, sin embargo, no ponía en peligro a corto plazo el sistema político de la Restauración como tampoco el replanteamiento de la cuestión religiosa, la cual había reaparecido por la necesidad del partido liberal de acuñar un nuevo programa, pero sobre todo como reacción contra la política de Silvela y, aún más, por la existencia de problemas objetivos. A comienzos de marzo de 1901 el nuncio se entrevistaba una vez a la semana con el ministro de Estado; cualquier medida en relación con la situación religiosa, advirtió, sería inmediatamente interpretada como un acto unilateral y arbitrario del Gobierno. El embajador francés, que lo supo, se apresuró a recordar a París que «para ganarse el apoyo del Vaticano, que le es necesario en su lucha con el carlismo, la Corte está obligada a oír los consejos» de las autoridades eclesiásticas [72].

Éstos le llegaban de todas partes, también de la propia política del régimen. Pidal, el fundador de la Unión Católica, ahora conservador y embajador ante el Vaticano, trasladó a la regente un mensaje del pontífice: «Que no consienta que España venga a mezclarse a la conspiración masónica y anticristiana con que el infierno se ha propuesto amargar los últimos días de su pontificado… Que España no me aflija… que España me consuele» y «no se turbe la paz religiosa». Pero lo más interesante es lo que el mensaje añadía a continuación: «Que la Reina no olvide lo que yo vengo haciendo por ella para que todos los católicos españoles, el episcopado y el clero y las órdenes religiosas, prediquen la adhesión y practiquen la obediencia, contra carlistas y republicanos, al Rey y a la Reina». Hasta cierto punto se trataba de un «do ut des»: Roma apoyaba al régimen a cambio de la intangibilidad de las relaciones Iglesia-Estado. Cuando doña María Cristina consiguió evitar la publicación de una nota de protesta contra el programa liberal, el secretario de Estado vaticano le dijo al embajador español algo parecido: «La augusta señora ha de reconocer (que éste es)…. un testimonio elocuente del deseo que abriga la Santa Sede de no entibiar sus relaciones con el Gobierno de España. Siempre se ha prestado Su Santidad para aumentar fuerzas y simpatías a la Regencia de la Augusta Madre del Rey don Alfonso XIII y no ha de vacilar en prestar el mismo servicio a la dinastía en los albores ya próximos de un nuevo reinado». A cambio, «Su Santidad confía en que vaya a echar mano a su autoridad y al prestigio que le dan sus indiscutibles virtudes» para influir sobre la política de los liberales [73].

Ése fue un motivo de preocupación de doña María Cristina pero también hubo otros. No nacieron de las propagandas supuestamente desmesuradas de quien era considerado como la extrema izquierda de la Monarquía, Canalejas. Un seguidor de Moret informó a éste sobre la supuesta propaganda de quien, a fin de cuentas, era un rival peligroso para cualquier dirigente liberal. Según el informe, que recibió la regente, «llegó a decir que el primer holgazán de la nación es el Rey» y se definió como «monárquico de pura ocasión y meramente provisional». Pero aun si eso hubiera sido cierto, lo que es improbable, en Palacio el citado político decía otras cosas. A mediados de enero de 1902 doña María Cristina le dijo al marqués de la Vega de Armijo que «Canalejas está bien, me habló de todo y me parece que quiere ser el jefe del partido democrático». Lo que, en cambio, le preocupaba era la parsimonia del Gobierno: «Se han perdido diez meses y ni se ha entablado en buenas condiciones la reforma del Concordato, ni hecho nada para resolver la cuestión catalanista… Barcelona no puede seguir como está. Dicen que se ha conseguido que no se haga la huelga general… (pero) el principio de autoridad está por el suelo». Sobre la cuestión clerical añadió que «desde Roma la han puesto en condiciones que no se puede ir atrás ni adelante» pero, sobre todo, que «el pobre de González», el ministro de Gracia y Justicia, «no se atreve a nada». Adviértase que el propio contenido de las medidas del Gobierno le preocupaba menos que su inercia. Incluso se quejó de que «cuando para cosa insignificante ven los marroquíes que tenemos que contar con los principales (países) de Europa deben suponer que tenemos poco valer». Lo definitivamente importante, que conmocionó a Vega de Armijo, fue lo que doña María Cristina recordó a continuación: quedaban tan sólo cuatro meses para la proclamación y «el Rey en esas condiciones no ha de ir a jurar». «No he dejado de reflexionar sobre el dicho de la Reina», escribió luego el político liberal: «ya se puede V. figurar que en estas condiciones yo no puedo entregar a mi hijo». No llegaba su pensamiento a llamar a otro partido sino a buscar en otros hombres de más autoridad la fuerza que a éstos les falta». También el embajador italiano pensaba que había poca unión en el Gobierno y en la mayoría parlamentaria, que carecía por completo de dirección. Signo evidente de su perplejidad era que el ejecutivo había mantenido en la Embajada ante el Vaticano a uno de los más conocidos clericales, Alejandro Pidal, cuyas opiniones eran tan distintas de las del Gobierno que decía representar [74].

Doña María Cristina debió ser insistente, pues Vega de Armijo acabó contándole su conversación a Sagasta un par de meses después [75]. La regente había pedido «un gobierno de gran altura dentro del partido liberal para que su hijo siguiera con él porque quería que los primeros pasos del Rey fueran con los liberales y no exponerse a que lo pequeño o gastado del Ministerio» los liquidara como fórmula de gobierno. El presidente estuvo de acuerdo: estaba dispuesto a incorporar a Montero Ríos y sobre Canalejas dijo algo que merece la pena reseñar: «Él mismo me ha dicho que tiende a dispararse (y) creo que debe evitarse que lo haga». Dos días después habló de nuevo la regente con Vega de Armijo. Ambos (y Sagasta mismo en la distancia) parecían estar de acuerdo [76]. Para el comienzo del nuevo reinado era imprescindible la presencia de los liberales en el poder «con un ministerio de personas importantes», «un ministerio de la mayor altura posible». De nuevo parece que la regente quería un Gobierno de concentración en que entraran disidentes liberales y conservadores, como Tetuán y Maura. Pero Sagasta, como antes Silvela, dijo no estar de acuerdo porque «formar ministerios contra los partidos militantes es un gran peligro siempre pero mucho más cuando dentro de dos meses va a tomar posesión un nuevo Rey y un Rey con dieciséis años». La regente reconoció que entre los salvadores que aparecían, en medio del clima que vivía el país, con la pretensión de salvar a la Patria «se supone que el que tiene la Gaceta lo tiene todo, pero ése es un grande error». Sagasta insistió en que un gobierno al margen del turno «traería una inmensa perturbación en el país y cuando llegase el momento de pedir la disolución, si se le daba, los dos partidos conservador y liberal se coaligarían y el Ministerio sería derrotado con tanta mayor facilidad cuanto mayores fueran los atropellos por conseguir mayoría». Finalmente, Sagasta incorporó tan sólo a Canalejas y a Moret a su gabinete y con él inició su reinado Alfonso XIII.

Conviene recapitular con qué sistema político se iba a encontrar el monarca tras estos acontecimientos por la actuación de la corona en las cuestiones más importantes. De cuanto hasta este momento hemos visto se deduce que estaba muy distante de ser una Monarquía democrática. Era, sin embargo, liberal no sólo porque las libertades formales fueran respetadas sino también porque el poder estaba compartido. Desde un principio el poder del monarca había resultado limitado a la vez por la Constitución y por determinadas prácticas. Los poderes del Rey se contenían principalmente en el título VI de la Constitución de 1876; otros preceptos revestían mucha menor importancia. En teoría, la carta magna prescribía que la potestad de hacer las leyes, como la propia soberanía, residía en las Cortes con el Rey pero éste no jugó ningún papel en la elaboración del cuerpo legal y ello desde el principio de la Restauración. El título citado del texto constitucional le daba grandes poderes: «sancionar» las leyes, a las que podía, por ejemplo, presentar reparos; «el mando supremo» del ejército y la concesión de grados, ascensos y recompensas; los indultos o la dirección de las relaciones diplomáticas. Todos éstos hubieran sido terrenos susceptibles a interpretaciones o cambios de acuerdo con las circunstancias; eran aquellos en los que se hubiera podido pasar de una Monarquía liberal a otra democrática si los poderes del Rey hubieran sido progresivamente recortados. Pero, por el momento, eran muy grandes: la Monarquía de la Restauración, antes del reinado de Alfonso XIII, distaba mucho de ser un poder inerte, pasivo o puramente moderador.

Hasta qué punto acabara siéndolo dependía de la política parlamentaria o, por decirlo de forma más precisa, de los partidos políticos, que habían logrado, desde un principio, limitar el poder de la Monarquía: no podía ésta ser de un único partido ni despedir a quien tuviera una mayoría parlamentaria compacta; había normas no escritas para evitar posibles favoritismos y, sobre todo, había turno, es decir, rotación en el poder. Lo que la política de los partidos no consiguió nunca tener tras de sí fue un apoyo social mensurable y sólido, porque las elecciones siempre daban el poder a quien había llegado a él. Por eso el Rey quedaba reducido a la hora de nombrar gobierno a la condición de «piloto sin brújula» (la que le hubieran podido proporcionar elecciones veraces con un electorado ejerciente) y por eso también los partidos quedaban sometidos al inevitable régimen de «doble confianza». Si de verdad hubieran tenido la fuerza popular, habrían podido imponerse a la Jefatura del Estado e ir reduciendo sus poderes. Además, el vigor de los partidos quedaba recortada por su propia y persistente desunión. Nacía de que, carentes de apoyo popular, consistían en sendas agrupaciones de clientelas cuya voracidad de poder carecía de los límites que pudiera haber marcado una política regida por la ideología. La fragmentación, sin embargo, tenía como límite la solidaridad de la clase política en la permanencia de un sistema que le garantizaba el reparto del poder. Esto era lo que le daba fuerza frente a los adversarios situados en los extremos que, como había dicho y escrito Gamazo, hubieran acudido a la batalla política con la bandera de «abajo los frailes» o «abajo la masonería» (Maeztu luego sustituyó esas divisas por las de «viva Cristo Rey» o «viva la revolución»). Unos y otros fueron perdiendo fuerza a medida que transcurría el tiempo; los primeros, en especial, parecían domeñados a comienzos de siglo, cuando por última vez aparecieron minúsculas partidas carlistas. El régimen, no obstante, tuvo siempre consciencia de fragilidad porque la clase política ansiaba la estabilidad pero sabía, además, que podía ser arrastrada con aparente facilidad hacia los extremos.

Un rasgo característico de la Monarquía de la Restauración fue la existencia de dos campos relativamente autónomos en los que la acción de la Jefatura del Estado tenía especial importancia. El sistema político de la Restauración se apoyaba en el ejército y en la Iglesia porque era frágil y, al mismo tiempo, la autonomía de que gozaban ambas instituciones incrementaba la fragilidad del sistema. El ejército ejercía una función tutelar de carácter general que aparece representada en la estatua de Martínez Campos en el Retiro. Éste jugó un papel decisivo en la política hasta el momento de su muerte lubricando cualquier cambio político; al mismo tiempo, fue uno de los padres del régimen y estuvo en perpetua tensión con el otro, Cánovas. Azcárraga, a continuación, desempeñó un papel semejante pero mucho más limitado y relativo tan sólo al partido conservador. De cualquier modo, la Restauración alejó a los militares de la política pero sólo hasta cierto punto. Durante mucho tiempo fueron consultados individual y colectivamente, incluso en las crisis políticas. Reivindicaban su autonomía y a menudo trataban de invadir otros campos, como el control de la prensa; con frecuencia tenían relaciones muy tensas con la clase política. La relación con la Jefatura del Estado resultó siempre más cordial, por el interés que siempre puso ésta, aceptando un papel que incluía el arbitraje entre las diversas tendencias militares. En efecto, los militares podían estar ocasionalmente unidos contra un adversario (la prensa o la política profesionales) pero su tendencia natural era a la confrontación interna o a la dispersión en una pluralidad de caudillajes.

La Iglesia disponía de un campo relativamente autónomo pues el Vaticano, en definitiva, había contribuido poderosamente a asentar el régimen. Siempre lo hizo con una especie de trueque de favores: el Estado, a cambio, no debía modificar el sistema de relaciones establecidas desde el momento fundacional de la Restauración. La relación con Roma fue, en buena medida, obra directa de la regente, que utilizó para anudarla la fragilidad de un régimen confesional y su propia condición de miembro de la familia real predilecta del Vaticano y de joven viuda al frente de una Monarquía en peligro. En esta cuestión doña María Cristina tuvo un protagonismo importante, como también en cualquiera que se refiriera a la política exterior de un régimen que siempre necesitó reconocimiento y apoyo entre las principales naciones europeas.

En esta materia, como en tantas otras, el balance de quien había estado ejerciendo la Jefatura del Estado era netamente positivo. En 1902 nadie se acordaba ya de lo que se había pensado en 1885 sobre la inminencia de una recaída en un régimen parecido al isabelino; parecía también alejada la posibilidad de una catástrofe como consecuencia de la pérdida de las colonias. Comparado el caso español con el del resto de las naciones latinas, hay que concluir que aquí no había habido ni cambio de la legalidad en sentido reaccionario, ni dictadura, ni populismo nacionalista. El régimen había mostrado incluso su porosidad frente a la innovación integrando una parte del regeneracionismo político. La regente gozó de fama liberal —merecida, pues respondía a sus inclinaciones— por más que su pensamiento íntimo pudiera ser clerical. Pero eso nunca quiso decir pasividad en el ejercicio de sus funciones: en el régimen de la «doble confianza» siempre actuó buscando gobiernos que por ser estables prometieran que su hijo recibiría una herencia segura. Eso significaba que los partidos estuvieran unidos, pero durante la Regencia sólo lo consiguió Sagasta, lo que explica su larga permanencia en el poder. Cuando aparecieron disidencias en cada uno de los partidos, doña María Cristina tuvo que darles beligerancia, aunque esto no gustara a las jefaturas tradicionales, lo que le acarreó críticas de los partidos políticos clásicos del turno. La corona, además, dio la sensación de querer partidos no sólo fuertes sino también renovados, es decir, capaces de sumar una parte de los regeneracionismos que habían surgido. Con ello, de forma imperceptible, tendía a intervenir mucho más en la política diaria que en tiempos anteriores, probablemente sin ningún especial deseo de hacerlo. Esta situación incrementó el peligro de críticas, de momento limitadas al «enojo» de Silvela. En otros terrenos también el balance resultó positivo: a base de una habilidad que consistía en pedir ayuda mostrando fragilidad, incluso adulando, reforzó su régimen en el trato con los generales y con los obispos. Prudente siempre, tuvo en cuenta los intereses del Trono que debía heredar su hijo y no se dejó arrastrar por los numerosos salvadores que florecieron en aquellos años. Inocente del desprestigio en que había caído el sistema político, evitó agravar sus males porque se daba cuenta de que no había una fórmula de repuesto. En realidad, la política del pacto seguía firmemente asentada. En lo relativo a las elecciones incluso se había llegado al virtuosismo. Durante la primera elección del reinado de Alfonso XIII, Vega de Armijo entregó una lista de ocho candidatos liberales para cubrir las senadurías vitalicias y listas completas de un candidato por provincia para las elecciones senatoriales; si en Valencia y Madrid se presentaban dos era porque en Álava y Guipúzcoa no figuraba ninguno. Esperaba que Silvela les hiciera presente «a los gobernadores la razón por la que el Gobierno no disputará, obedeciendo al espíritu de la ley, esos terceros lugares» [77]. En beneficio de la estabilidad y en perjuicio de la participación popular, todo estaba pactado antes de que se celebraran las elecciones.

Éste fue el panorama que se encontró Alfonso XIII. Vivió el clima del regeneracionismo y pasó por pruebas muy semejantes a las que había vivido su madre, sobre todo durante los últimos años de la Regencia. Pero también contó con su experiencia hasta tal punto que ella, la mujer más importante en su vida, fue siempre, como se dijo en la época, su «ángel custodio» pero de forma especial en la primera etapa. Cuando se acercaba la fecha de la proclamación de Alfonso XIII un comunicante anónimo, pero persona que mantenía cierta intimidad con doña María Cristina, la comparó en una carta dirigida a ella con la Reina Victoria, la emperatriz británica. Así como la obra de esta última era «la única que podía seguir» la primera había tenido que reinar en «una Nación más propensa a romper moldes que a moldearse suavemente en los ya admitidos». «Para España, al contrario, esas instituciones (liberales) son todavía una página oscura y V. M., que se encontraba en un país nuevo y como en mares nunca recorridos, necesitó doble tacto para no herir involuntariamente intereses y sentimientos». Pero la tarea «no debía considerarse terminada» pues «en cualquier nación parece bien grave el problema de guiarse sólo en tan tiernos años el Rey» [78]. La propia doña María Cristina debía de ser consciente de ello y actuó en consecuencia.

LA FORMACIÓN DE UN NUEVO MONARCA

Una parte, aunque pequeña, de la leyenda negra de Alfonso XIII se refiere a su formación, que habría sido clerical y autoritaria, contribuyendo a un carácter caprichoso, infantil y voluble. Conviene, pues, examinarla procurando acercarse a las fuentes más directas.

Todo hace pensar que la Corte española de la época estaba anclada en el pasado. «El fondo y la base de la etiqueta de los últimos Reyes de España era la misma que sus antepasados —Austrias y Borbones— dictaran para la Corte», escribió un cortesano. Los mismos personajes de la familia real, como la infanta Eulalia, tía del Rey, constataron que se trataba de la Corte más hermética de Europa, con la excepción de la austriaca, de la que procedía doña María Cristina [79].

Pero no basta esta descripción para caracterizar la formación de Alfonso XIII: a fin de cuentas, la propia infanta testimonia que se produjeron cambios con el matrimonio del Rey a la llegada de la I Guerra Mundial, tras la cual el ambiente religioso y monástico de la Corte se transfiguró en otro más moderno y deportivo. Además y, sobre todo, la procedencia de la Reina madre no impidió que durante la Regencia se apoyara predominantemente en los liberales.

Es preciso, pues, adentrarse en la formación propiamente dicha del monarca. En 1920 se debió intentar escribir una biografía sobre su infancia y en este momento se recopilaron en Palacio numerosas informaciones, muchas carentes de todo interés, como por ejemplo las remuneraciones percibidas por Maximina Pedraja, ama de cámara que había alimentado al Rey en sus primeros meses [80]. Otras, no obstante, revisten más interés, como, por ejemplo, las que se refieren a su profesorado y a los planes de estudio y trabajo [81].

La educación del Rey comenzó poco antes de que cumpliera los ocho años. Lo primero que llama la atención es que la misión educadora fue encomendada principalmente, casi de forma exclusiva, a militares: estuvieron al frente de ella un general de Artillería, José Sanchiz, y otro de Marina, Patricio Aguirre de Tejada y, como segundo escalón, dos comandantes, Juan Loriga, de Artillería, y Miguel González de Castejón, del Estado Mayor. Los dos primeros figuraban como jefes de estudios y los dos siguientes como profesores de matemáticas y estudios generales. Esto era habitual en la Europa de la época y lo siguió siendo incluso para el nieto de Alfonso XIII. Claro está que los profesores de materias específicas no pertenecían a la milicia.

El Rey se levantaba invariablemente a las siete y media, cualquiera que fuera la estación del año, empleando las mañanas en clases. Tras el almuerzo practicaba la equitación en el monte del Pardo o «daba grandes paseos respirando los puros aires de montaña». Volvía a Palacio «para la hora del té», signo evidente de que la influencia británica en la Corte fue anterior a su matrimonio, y reanudaba los estudios hasta la noche. A partir de los doce años, cuando sus estudios se extendieron a las materias de la segunda enseñanza, se observa un incremento en el número de profesores que ya no vivieron en Palacio, como los antes citados. También se produjeron algunos cambios en el horario: antes de comer hacía ejercicios de gimnasia y tres veces a la semana daba lecciones de esgrima o llevaba a cabo prácticas de instrucción militar con niños de su edad, todos ellos hijos de aristócratas aunque sus títulos no fueran de especial alcurnia. Utilizaban para ella fusiles de menor tamaño que los reglamentarios en el ejército; como todos los chicos de su época, el Rey jugaba con soldados de plomo en una mesa a la que se le habían serrado las patas. La formación militar tuvo sus inicios a finales de 1898, es decir, en un momento en que se estaba discutiendo la paz de París que liquidó el Imperio colonial español. Alguno de sus más tempranos biógrafos dijo que «la catástrofe ha hecho madurar el carácter de Alfonso XIII», una afirmación quizá exagerada, por más que el ambiente del momento le influyera mucho [82]. Por parecidas fechas inició nuevas enseñanzas, las de lenguas extranjeras, o aficiones, como el billar. Mostró también un interés por la mecánica y la agricultura que heredaría su hijo primogénito.

Como se conservan los cuadernos infantiles del futuro monarca, es posible juzgar la formación recibida, que merece el calificativo más oportuno de convencional. En su cuaderno de Historia Universal se encuentran, por ejemplo, anotaciones muy elementales como la siguiente: «El Estado es la sociedad de individuos que viven bajo un mismo gobierno pero entre los cuales falta muchas veces la comunidad de origen, de tradiciones, de costumbres y de ideales que no puede faltar nunca en la Nación ni en la Patria» [83]. No hay aspectos especialmente reaccionarios en ella. La misma formación religiosa que, como veremos, provocó un incidente político de importancia, en su mayor parte no debió de tener ningún contenido político. Se conservan, por ejemplo, las homilías pronunciadas por Luis Coloma durante unos ejercicios dados al monarca en 1902, el año en que se convirtió en Rey. Era todavía un chico y no es extraño que el predicador, conociendo a la familia, comenzara su argumentación con el amor a la madre: «De la misma manera que ama V. M. a su madre», aseguró, «debe el hombre amar a Dios». Coloma, predicador de éxito, no tuvo inconveniente en señalar su respeto por «todos los adelantos y libertades legítimas» y encauzó sus intervenciones por el camino tradicional de los consejos al Príncipe. Debía dar ejemplo en el trabajo, el valor y la relación con los iguales, como la Reina, pero también en la benevolencia con los inferiores. Coloma le previno respecto de los cortesanos e hizo la inevitable referencia final a que también a los Reyes les llegaba la hora de la muerte [84]. La convencionalidad de la educación no contradice un contenido conservador en muchos aspectos. Al margen de la controversia sobre su educación religiosa, hay que recordar que su profesor de Inglés, Merry del Val, luego embajador en Inglaterra, pertenecía también a una familia muy conservadora y católica, uno de cuyos miembros fue secretario de Estado del Vaticano.

Pero parece necesario tener en cuenta también que la formación política fue impartida por el catedrático Vicente Santamaría de Paredes, descrito como «erudito» y «senador liberal» en las biografías del monarca. Fue la propia regente quien lo eligió durante una etapa de gobierno liberal, convocándole a Palacio tras una visita del jefe de estudios. Luego, con el paso del tiempo, el profesor explicó el contenido de sus lecciones, que se prolongaron desde 1902 hasta 1904, y no se detuvieron ante las controvertidas figuras de Fernando VII e Isabel II, según recordó. Santamaría, primero, hizo aprender de memoria a su discípulo la Constitución, y luego abordó cuestiones de contenido más teórico. Siempre lo hizo a partir de «las doctrinas políticas que yo he explicado que son las mismas que he sostenido siempre en los libros y en la cátedra», por lo que merece la pena hacer una breve referencia a ellas. Su visión del papel de la Monarquía difería de la de quienes, como Sánchez de Toca y García Alix, defendían en la época una recuperación de los poderes de la realeza. Para Santamaría, al contrario, a la Monarquía le correspondía una función fundamentalmente arbitral y moderadora. No cabe la menor duda de que Santamaría de Paredes tuvo una relación estrecha y afectuosa con el Rey, lo cual es lógico teniendo en cuenta que aprendió lo esencial de su tarea como Jefe del Estado (a fin de cuentas, algo parecido se produciría en el caso de su nieto). Alfonso XIII le testimonió esa predilección al convertirle en el único de sus profesores que recibió una extensa carta de agradecimiento de su parte y una foto con su dedicatoria, «en prueba de cariño de su discípulo constitucional». Con él fue a la Universidad central el 9 de febrero de 1904, única ocasión en que estuvo allí durante su periodo formativo, y durante la visita le presentó a otros profesores, como Gumersindo de Azcárate, uno de los principales dirigentes republicanos [85].

A estas alturas Alfonso XIII era un joven feúcho, más bien cabezón, de mirada triste y aspecto enclenque, reconcentrado en sí mismo como si le hubiera caído encima un peso muy grande; sin duda éste no era otro que el de ser Rey desde el momento de su nacimiento. De la descripción nos interesan dos aspectos primordiales: el físico y el espiritual.

Don Alfonso fue objeto de expectación antes de nacer, dada la preferencia por la sucesión masculina de la Monarquía española. En consecuencia, se le dedicaron especiales cuidados; en enero de 1890 parece haber estado gravemente enfermo, aunque las biografías más oficiales tiendan a negarlo. Luego, no obstante, se pudo decir de él que era «un hombre fuerte en toda la extensión de la palabra» [86]. Pero si fue así se debió, al menos parcialmente, al fomento de unas aficiones que inducían al aire libre y al sport, como se decía entonces, y que podían tener un origen remoto pero también muy característicamente finisecular, incluso regeneracionista.

Su afición cinegética fue heredada del padre. Alfonso XIII mató su primer conejo a finales de 1901 y pronto dedicó una parte del día a la caza; como buena parte de las clases aristocráticas, llevó una especie de diario en que anotó el número de piezas cobradas en los diez primeros años del siglo XX. El Rey cazaba en la Casa de Campo, El Pardo, la Zarzuela y a orillas del Manzanares, es decir, en todos aquellos lugares patrimonio de la corona que con el paso del tiempo han dejado de estar, en su mayoría, cerrados al público. En la época debían de guardar una espectacular riqueza biológica, como se deduce por el número de piezas conseguidas por el Rey, de las que al principio aproximadamente la mitad eran conejos. El incremento del número de piezas cobradas fue espectacular. En la temporada 1901-1902 cazó 180 piezas, pero ya en 1903-1904 superó las mil y en 1906-1907 llegaba a las cinco mil; en la temporada siguiente se acercó a las ocho mil y luego ya disminuyeron. En los años de mayor número de piezas conseguidas todo hace pensar que ésa era la ocupación que le llevaba más tiempo; como consecuencia, hubo críticas, más o menos directas, en la prensa diaria, a su poca dedicación a los asuntos de Estado [87].

La novedad fue la práctica a los deportes como el tenis, una práctica temprana, desde su primer verano en San Sebastián, y persistente. Al polo, al cual le pudo llevar la afición hípica, empezó a jugar más tarde, poco antes de la I Guerra Mundial. Lo hizo principalmente en la Casa de Campo, aunque también en el Hipódromo o La Granja o incluso en fincas dedicadas a la caza, como Moratalla. Sus contrincantes fueron, sobre todo, británicos (uno de ellos un joven oficial llamado Winston S. Churchill); el resto eran aristócratas españoles, como el marqués de Viana. Llegó a jugar hasta cinco veces al mes, principalmente a mediodía. No obtenía tan buenos resultados: entre finales de 1913 y durante 1914 jugó 48 partidos y sólo ganó 18 [88].

Estas aficiones —a las que habría que añadir el automovilismo y los deportes náuticos— ofrecen una imagen de modernidad pero no conviene exagerarla: la aristocracia española y europea en nada difirió de ellas; el primer automóvil que vio el monarca fue el de los duques de Alba. De mayor importancia para el objeto de este libro es tratar de penetrar en el carácter del personaje. Fue, desde luego, en estos años un niño rodeado de mujeres, con muy acusada conciencia del papel que tendría que desempeñar con el paso del tiempo. Algunas anécdotas infantiles, como obligar a su tía Eulalia a comer coliflor o permitir que su madre le llamara bubi —«nene» en alemán—, pero no otras personas, pueden hacer pensar en un ser arbitrario, fatuo e insoportable de cuyos rasgos derivarían sus inconvenientes como Rey [89]. Pero hay una explicación más sencilla: era un niño y, al mismo tiempo, un monarca.

Cuando niño, recibía un estipendio más bien modesto (veinticinco pesetas mensuales en 1898) y anotaba con todo cuidado sus gastos. Algunos eran obvios: cerillas o minúsculas apuestas en juego de cartas con sus hermanas (una de ellas era quien le entregaba la asignación). Otros se referían a aficiones muy novedosas para la época: placas fotográficas o cilindros para fonógrafo; ocasionalmente, la compra de la Revista Moderna. Hasta julio de 1902, siendo ya Rey, Alfonso XIII no recibió una cantidad importante —mil pesetas— de la Intendencia de su Real casa [90].

Pero al mismo tiempo era Rey. Su diario [91], iniciado en abril de 1900, testimonia la abrumadora conciencia de serlo, frente a su imagen campechana posterior, producto tenaz de una voluntad de crearla. Es uno de esos diarios que da la sensación de haber sido escritos para que lo lean otros. Testimonia, desde luego, la absorbente presencia de lo militar en su vida: aunque también iba a las exposiciones de pintura, una anotación interesante revela que un día mientras «mamá y yo (vamos) al Laboratorio de Material de Ingenieros», «las hermanas (van) al Museo Arqueológico». Desde niño Alfonso XIII presenció, con su madre y sin ella, revistas de unidades militares y «simulacros»; el diario registra su emoción al tomar el mando de una compañía. Una anotación directamente relacionada con el ejército es la siguiente: «Las deudas que tiene el Estado son muchas pero en este siglo si todos, desde el Rey al último español, trabajan, entonces… ¡quién sabe si al terminar este siglo no tiene el Estado deudas! Es preciso tener ejército y Marina cueste lo que cueste y a quien cueste, porque sin esas dos manos, por decirlo así, que sostienen a España, caería como una pelota que disputarían Inglaterra, Alemania y Estados Unidos de América». Esta anotación recuerda ya el Desastre en la guerra colonial y otra expresa una profunda desconfianza ante la falta de modernidad del país: «El servicio de trenes estaba tan mal que tuvimos que parar en tres estaciones en que no debíamos haber parado para cruzarnos con trenes que llevaban retraso». Son afirmaciones simples que suenan pretenciosas en boca de quien no tenía más que catorce o quince años. Pero recuérdese la frecuencia con que presidía actos públicos, a veces con desfiles ante él de dos mil personas, cuando tenía menos de diez años. Ya en 1887 estuvo presente en la inauguración de las Cortes y al año siguiente en la Exposición de Barcelona. En el viaje veraniego de 1901 a San Sebastián constató que «no hubo más novedad de que al pueblo no le dejaban acercarse en las estaciones». Tan interesante en este diario es lo que aparece como lo que no aparece. No hay indicios de preocupaciones intelectuales (a lo sumo asombro ante exhibiciones mecánicas) o de lecturas; el Rey siempre recordó, años después, que al final de jornadas sobrecargadas le tocaba una clase de música que le resultaba insufrible.

Llegados a este momento cronológico hay que volver a la polémica causada con motivo de la educación recibida por Alfonso XIII. Después del 98 y hasta mayo de 1900, según el embajador francés, la regente había estado muy poco presente en público. Reapareció en mayo de 1900 y a finales de año hubo rumores de la boda de la princesa de Asturias con don Carlos de Borbón-Parma, que había tomado parte en las tropas facciosas durante la Guerra Carlista bombardeando Pamplona y saqueando Cuenca. El 4 de diciembre, Romero Robledo criticó tanto este matrimonio como la educación del Rey. Ésta no sería una cuestión familiar sino misión de los gobiernos constitucionales. «En vez de llevarle a los cuarteles», dijo el inquieto político conservador, «se le debía haber llevado a las escuelas». Alfonso XII, en cambio, habría convertido en «gloriosa» la Restauración gracias a su educación. Pronto otras personas se sumaron a la polémica. Si Silvela interpretó que las Cortes no tenían otra misión que la de registrar los matrimonios reales, Sagasta criticó la boda y Canalejas llegó a pedir la renuncia de la princesa de Asturias a sus derechos. «A nuevos reinados… nuevas ideas y nuevos usos de reinar», pidió El Heraldo de Madrid; el modelo de Monarquía debía ser, para él, el italiano [92].

El matrimonio se llevó a cabo y don Carlos, al que el Rey llamaba en su diario «Nino», no ofreció reproche político alguno, pero sobre esta cuestión se planteó la relativa a la educación del monarca. El sacerdote Fernández Montaña, auditor de la Rota, era confesor de la Reina regente desde hacía más de veinte años y profesor de latín y de religión del Rey. Por esos días publicó un artículo en el diario de Nocedal El Siglo Futuro, del que parece haber sido un colaborador habitual; sus artículos solían referirse a las «llamadas libertades modernas». En el que llamó la atención del público y de los políticos aseguró, refiriéndose a Canalejas, que «todas las libertades liberales están reprobadas y en principio condenadas por la autoridad suprema de la misma Iglesia de Dios». Lo más grave fue su afirmación de que «la gobernación de los pueblos con las libertades… (es) política liberal, vitanda, no católica ni española vieja y rancia» [93]. Al instante la prensa de izquierdas mostró su airado rechazo de esta actitud, en especial teniendo en cuenta el puesto de quien la había expresado.

El propio nuncio escribió a Roma asegurando que le «producía asombro la inoportunidad» del sacerdote en cuestión, pues si, en general, era necesaria «una prudente reserva» respecto de las cuestiones político-religiosas que agitan a este país», mucho más necesaria era esta actitud en su caso. Doña María Cristina se alarmó de forma inmediata y planteó al ministro de Justicia la posibilidad de que Montaña perdiera su puesto. El marqués de Vadillo trató de aplazarlo pero el mayordomo de Palacio, duque de Sotomayor, rogó al nuncio que impidiera al sacerdote volver a escribir este tipo de artículos. Era, según el diplomático, «persona respetabilísima» y aceptó no volver a publicar mientras no le diera permiso. Finalmente, en una reunión con doña María Cristina se decidió su cese como preceptor del monarca; habían transcurrido tan sólo 48 horas desde la publicación del artículo. Rampolla, el secretario de Estado vaticano, consideró que el de Nocedal era «un partido que deja que desear en cuanto a la docilidad y al respeto que debe haber respecto de la Iglesia y la Santa Sede»; además, el propio cargo en la Rota le debiera impedir a Montaña dedicarse a ese tipo de actividades [94].

La narración precedente sitúa en sus términos el incidente, cuya importancia quizá se haya exagerado. Su efecto, sin embargo, tardó en disiparse y se supuso durante algún tiempo que «en elevadas esferas había resistencia a todo lo que era liberal». Por eso en la prensa se dejó claro que la iniciativa de la destitución había partido de la propia Reina. El cese se ordenó de forma abrupta, mediante el envío desde Palacio de un comandante con un oficio en que se preguntaba al sacerdote si era autor del artículo; cuando respondió afirmativamente, le entregó otro con el cese. En las Cortes todavía la cuestión coleó algunos días más: se debatió si el cese provenía de la regente o del Gobierno, cuestión juzgada esencial desde el punto de vista político. Un conservador, Sánchez de Toca, tildó de «loco» al sacerdote y Sagasta recordó que, cuando gobernaron los liberales, otra persona desempeñaba su función. Pocos días después fue nombrado profesor de Historia del futuro Rey Fernando Brieva, catedrático de la Universidad Central. La prensa liberal, en especial El Imparcial, criticó sus ideas reaccionarias. Tenía razón: era un defensor de las bondades de la Inquisición, tal como ha señalado Jover. Mantuvo esa opinión en una apertura de curso y logró una sonada pita de los estudiantes [95].

Como se puede ver, hay una evidente contradicción en el tipo de formación recibida por el Rey entre el campo estrictamente político y el religioso. Pero eso era habitual en la época: el propio Romanones recuerda que sus medidas, supuestamente anticlericales, tenían poco que ver con la actitud de su mujer; incluso la regente, clerical y proclive a Sagasta, era una buena expresión de esa contradicción. Partiendo de esa base, podemos avanzar un paso más en otros dos aspectos de la vida de Alfonso XIII.

Un dato importante en la vida del que iba a ser joven Rey fue el hecho de que muchas de las personas que estuvieron a su alrededor en estos primeros años permanecieron luego cerca de él hasta fechas muy avanzadas. La propia doña María Cristina, a quien el Rey debía incluso su nombre, es el caso más obvio pero hay muchos otros. Por ejemplo, el general Patricio Aguirre de Tejada había sido segundo jefe de estudios del Rey y desde enero de 1901, con la muerte del general de Artillería José Sanchiz, conde de Casa Saltillo, asumió la responsabilidad de ser el primero. Había servido en la Armada y desempeñado dos gobiernos civiles y, tras recibir el título de conde de Andino, fue secretario particular del Rey hasta su fallecimiento a comienzos de 1908; un hermano suyo, también título nobiliario, fue presidente del Senado bajo el Gobierno del conservador Silvela [96]. No parece, sin embargo, haber jugado ningún papel de asesor o secretario en materias políticas como, en cambio, hizo Juan Loriga, conde de Grove, comandante de Artillería, quien fue profesor del Rey antes de recibir el título y luego estuvo a su lado desempeñando papeles palatinos de importancia al menos hasta 1917; a continuación se le nombró, ya en 1918, preceptor del Príncipe de Asturias. Miguel González Castejón también había desempeñado el puesto de profesor del monarca y, convertido en conde de Aybar, en 1918 fue nombrado intendente de la Real Casa; también se le utilizó a menudo como transmisor de noticias o instrucciones políticas [97]. Eso quiere decir que se trató de personas que, en definitiva, habían sido seleccionadas por su madre; de nuevo nos encontramos, por tanto, con la prueba del influjo de la madre sobre el hijo. Aybar y Grove fueron las personas más cercanas al joven monarca hasta 1917 en que su influencia quedó restringida por razones que se descubrirán más adelante; eso no hizo, sin embargo, que desaparecieran por completo del entorno real.

Un aspecto más de la formación de don Alfonso XIII se refiere al ambiente en que tuvo lugar su llegada al trono y es, quizá, más importante incluso que aquélla. Este clima, regeneracionista, apelaba a un salvador individual y concreto que asumiera poderes extraordinarios. En los meses en que se aproximaba su proclamación don Alfonso recibió dos exhortaciones en este sentido.

El conde de Torres Cabrera, grande de España y senador del Reino, que se definía como «siempre el último de los cortesanos en la prosperidad y el primero en las adversidades», propuso al Rey «realizar en la plenitud de su pureza la Constitución vigente». Se decía contrario a cualquier tipo de tolerancia religiosa pero también discrepaba de los «desmanes del personalismo» repudiando que el presidente nombrara los ministros o diera cuenta de las crisis parciales a la opinión pública; para él eso era «completamente absurdo». A aquellos los debía nombrar, de acuerdo con la Constitución, el propio Rey, aunque «este precepto constitucional ha sido infringido y desconocido constantemente en el antiguo régimen». De esa manera, era una «corruptela» que los ministros dependieran de las Cortes y «bastará con que V. M. recabe para sí el ejercicio de esta facultad» para lograr «la concentración de las fuerzas políticas»: así se podría lograr un gobierno de prestigio de modo que, al mismo tiempo, «la vida ministerial no dependa de las resoluciones que puedan adoptar las Cortes». El escrito concluía con unas líneas que revelan que el firmante distaba de ser una persona carente de importancia: «Las confianzas inmerecidas con que me honraba el inolvidable Padre de V. M. me alientan hoy, en descargo de mi conciencia, a exponer a la consideración de mi nuevo monarca» esa propuesta [98].

Algunos meses después, cuando ya Alfonso XIII había sido proclamado, un diplomático que durante ocho años había representado a España en la legación de Tánger hizo otra observación «en obediencia al mandato de V. M. y a la promesa que asimismo hice a Vuestra Augusta Madre». Se refería al que sería el principal problema de la política exterior española del periodo. Marruecos, para él, no despertaría concupiscencias de no ser porque equivalía al dominio del Estrecho. La posición británica era defensiva, de modo que «se limita a reforzar por todos los medios a su alcance su posición en Gibraltar (pero) no aspira a la posesión de Marruecos». Francia, en cambio, tenía «tendencias expansivas». «El único peligro real para España», escribió este diplomático, «consistiría en una inteligencia entre los dos poderosos…, Inglaterra y Francia, sobre la base de una avenencia que prescindiese en absoluto de (nuestras) aspiraciones o conveniencias». A continuación trataba de la política que debía corresponder a ésta. Le parecía positivo «que el patriotismo español vuelva sus ojos… hacia la realización de lo que considera como legítimo patrimonio de su raza», pero reconocía la «inmensa desproporción entre nuestras aspiraciones y nuestros recursos». Sólo «sacándola (a España) de los sumideros en que se agitan nuestros partidos» y con la restauración de la Hacienda y las fuerzas armadas se podría conseguir el citado objetivo. Además, a España, debido a sus limitaciones, le convenía «prolongar la existencia del Imperio sherifiano y unirnos a las naciones que la apoyan», es decir, Gran Bretaña. De hecho en eso consistió la política exterior española de la época. Los consejos del diplomático llegaban hasta pretender que se sometiera el Rif a base tan sólo de fuerzas indígenas, dado que «constituye un baluarte donde se ha refugiado una fracción de la raza autóctona, independiente, bizarra, tenaz en grado superlativo». Ésa hubiera podido ser una buena política, pero lo que nos interesa ahora es que el diplomático concluía «implorando y exhortando a V. M. a que reasuma en Su Persona la dirección exclusiva y permanente de nuestra política internacional (y) vaya eliminando de ella el espíritu de partido que la oscurece y atrofia» [99].

Mientras que Costa predicaba el advenimiento del «cirujano de hierro», el joven de catorce o dieciséis años que se iba a convertir en Rey recibía estas exhortaciones a la acción. En ese ambiente redactó dos páginas de su diario que han sido muchas veces citadas; no se ha tenido en cuenta, sin embargo, cómo fueron escritas. No se trata de un apunte rápido, sino que están copiadas con todo detenimiento como para que un día fueran leídas por la posteridad. Dicen así:

En este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de suma trascendencia tal y como están las cosas, porque de mí depende si ha de quedar en España la Monarquía Borbónica o la República. Porque yo me encuentro al país quebrantado por nuestras pasadas guerras, que anhela por un alguien que le saque de esa situación; la reforma social en favor de las clases necesitadas; el ejército con una organización retrasada a los adelantos modernos; la marina sin barcos; la bandera ultrajada; los gobernadores y alcaldes que no cumplen las leyes, etcétera.

En fin, todos los servicios desorganizados y mal atendidos. Yo puedo ser un Rey que se llene de gloria regenerando la Patria, cuyo nombre pase a la Historia como recuerdo imperecedero de su reinado; pero también puedo ser un Rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y, por fin, puesto en la frontera. Yo tendré siempre, a manera de ángel custodio, a mi Madre. Segundo ejemplar que nuestra Historia presenta: el primero, doña María de Molina: el segundo, doña María Cristina de Austria. don Fernando IV pidió cuentas a su madre; mas eso yo nunca lo haré.

Yo espero reinar España como Rey justo. Espero, al mismo tiempo, regenerar a la Patria y hacerla, si no poderosa, al menos buscada, o sea, que la busquen como aliada.

Si Dios quiere, para bien de España [100].

Es difícil imaginar una imagen más precisa del ambiente regeneracionista y de propensión autoritaria en que este joven que no había cumplido dieciséis años se iba a convertir en Rey.

LOS PRIMEROS PASOS DE UN REY

Casi cuarenta países estuvieron representados en el acto de proclamación de Alfonso XIII, la mayor parte de ellos por personajes de sangre real. Hubo, en la ocasión, problemas que no eran tan sólo protocolarios sino también estratégicos entre las varias alianzas europeas. Cuando Alemania concedió la dirección honoraria de un regimiento al Rey español se pensó compensarlo con un paralelo nombramiento para un regimiento ruso. El alojamiento de las personalidades francesas provocó conflictos al sentirse éstas preteridas respecto de otros países [101].

La proclamación tuvo lugar el 17 de mayo de 1902 y fue precedida por «un pequeño incidente» al salir de Palacio. Un hombre se subió a la portezuela del carruaje. «Yo», contó el Rey en su diario, «no sabía sus intenciones, así que le metí un puñetazo tremendo en la cara; eso y que lo agarraron por detrás, le obligó a ceder y cayó de espaldas». Informes posteriores aseguraron que se trataba de un loco que se decía enamorado de la infanta María Teresa. Menos de medio año después, en enero de 1903, tuvo lugar un parecido atentado contra el Rey. Su autor fue de nuevo un desequilibrado que disparó contra el duque de Sotomayor por no haber conseguido de él un trabajo como camarero; había dirigido escritos con ese propósito a todo tipo de Jefes de Estado del mundo [102].

El discurso de Alfonso XIII en el acto fue breve y humilde: «Fáltanme», aseguró, «para la grave misión que me está confiada, las lecciones de la experiencia», pero del pueblo español esperaba «recibir de su inspiración lo que el tiempo habría de tardar en enseñarme». Prometió, en fin, un porvenir envidiable «si el pueblo español mantiene la adhesión que ha acompañado a mi Augusta Madre durante la Regencia». El borrador de este primer discurso, que se encuentra en la actualidad en el Palacio Real, parece revelar que el joven monarca, aunque ayudado, no estuvo por completo ausente de la redacción del discurso. De acuerdo con la etiqueta, no era preceptivo que estuviera presente la regente, pero lo estuvo, quizá por deseo del proclamado y fue objeto de muestras de entusiasmo. «Yo», escribió en su diario quien ya era Rey, «no pensé en que me podía azarar, así es que lo dije sin ningún tropezón».

La primera disposición del joven monarca no pudo ser más significativa. El primer decreto que firmó fue el de concesión de prerrogativas y honores de soberana consorte a su madre. Además, el 16 de mayo de 1903, cuando se cumplía el primer aniversario de su acceso al trono, gobernando ya Silvela, firmó una disposición por la que se creaba una medalla palatina para quienes hubieran ocupado puestos ministeriales o internos de Palacio durante la Regencia de su madre. Todo ello tiene un significado histórico porque revela que la voluntad de los dirigentes de la España de entonces era prolongar la estabilidad de la Restauración y la Regencia. El 18 de mayo de 1902 el Rey inauguró el monumento a Alfonso XII en el Retiro y pronunció su primer discurso. Esa noche, en las celebraciones, se tocó el Don Juan de Mozart y no tuvo reparo en juzgarlo «insoportable» en su diario; en cambio, al día siguiente copió cuidadosamente los nombres de las unidades que participaron en la revista militar.

Los diplomáticos presentes hicieron comentarios positivos sobre lo ocurrido. El embajador italiano aseguró que habiéndose pronunciado el Rey «en términos modestos, fue objeto de general aprobación». «Educado por la Reina regente en una reclusión casi absoluta», añadió el francés, «Alfonso XIII era casi desconocido fuera del círculo muy estrecho de los profesores y de los habituales en Palacio», pero «ha disipado las inquietudes que había podido hacer nacer entre algunos amigos de la Monarquía por la dirección demasiado exclusivamente femenina a la que habría sido sometido por una madre deseosa de sustraerle a cualquier influencia distinta de la suya». Esa «excelente impresión» permitía decir que «el reinado se abre en condiciones que permiten esperar que la Monarquía no sufrirá un cambio de dirección» [103].

Como cabía esperar, el nuevo monarca envió un mensaje al Papa León XIII proclamándose «Rey de una nación en donde la fe religiosa no ha vacilado nunca un solo instante». Recordaba también ser «vuestro ahijado en la pila bautismal; es el Hijo de la insigne Reina que por espacio de más de dieciséis años ha sabido mantener a su Pueblo en la más perfecta y cabal armonía con la Iglesia en cuya sublime creencia queremos vivir y morir los españoles» [104]. Frases como éstas no se deben poner en relación con las enseñanzas de Fernández Montaña, sino con la persistente necesidad, sentida por su madre, de conseguir el apoyo vaticano para la estabilidad del régimen.

Otra cosa debe decirse del interés por los temas militares. En los viajes que hizo Alfonso XIII después de su proclamación, con dieciséis años, ya opinaba sobre estas materias: así, describió unos cuarteles «bien de policía pero mal de instrucción» o haber ordenado «tocar atención y generala tardando bastante en formar y además mal». Luego, ante los ministros, en el primer Consejo celebrado en su reinado (había acompañado en algunos otros a su madre) tuvo una intervención acerca de la apertura de las academias militares en que su criterio se impuso, gracias a Sagasta, al del general Weyler, ministro de la Guerra. Si bien no hizo caso al conde de Torres Cabrera ni a Ojeda que le instaban a que ejerciera de forma estricta sus poderes constitucionales en materia de nombramientos ministeriales y de política exterior, en este terreno militar, en cambio, dejó clara su voluntad desde un principio. Era la consecuencia de su formación y del ambiente del momento. Ya se verá más adelante cómo fue plasmándose esta voluntad. De momento, hay que advertir que suponía un cambio con respecto a la política de su madre en un sentido más intervencionista, pero también limitaba la autonomía del ejército cuyo papel político, ejercido de forma institucional, había sido tan importante en la Regencia [105].

Esta actitud severa de cara a los ministros contrasta con la imagen que iba labrándose el Rey en los periplos veraniegos en los que parecía, al decir de la prensa, «simpático y expansivo con todo el mundo». Todo induce a pensar que seguía habiendo una actitud popular muy receptiva con respecto a las personas de la familia real. Los únicos incidentes que se produjeron se debieron a medidas de protección impuestas por los palatinos o por el Ministerio de la Gobernación. El diario (que, por desgracia, se interrumpió pronto) recogió estos primeros pasos en la elaboración de una imagen propia. También, de nuevo, testimonia la profundidad de la relación entre madre e hijo. La primera separación fue, para el segundo, «como una espada en el corazón». En realidad, era lógico, porque doña María Cristina quería volver a su país de nacimiento que había abandonado hacía veinte años. Y, una vez más, permite apreciar cómo vivió el monarca la circunstancia histórica del 98. Cuando desde el buque real vieron otro norteamericano «naturalmente», contó el joven monarca, «por la bandera que llevaba no entramos a bordo y nos contentamos con darle la vuelta» [106].

Apenas hay noticias políticas en el diario del Alfonso XIII joven, quizá porque, como se observará, era su madre quien se seguía ocupando de estas cuestiones, pero es necesario hacer mención a ellas. Se centraba la política del Gobierno liberal sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, por lo que las informaciones del nuncio nos resultan especialmente interesantes. El fondo de la cuestión era la presencia en España de un número de órdenes religiosas superior al previsto por el Concordato, número que se había alcanzado mediante sucesivas autorizaciones gubernamentales. Con respecto a esta cuestión fueron dos las tendencias que se dibujaron entre los liberales: mientras que Canalejas quería la aplicación de un programa anticlerical, Moret, presunto heredero de Sagasta, era partidario en la práctica de desdibujar el proyecto de los liberales en este aspecto, de acuerdo con la política que había mantenido con el Vaticano desde el Ministerio de Estado en el pasado [107].

Fue Moret quien desde el Gobierno mantuvo más contacto con el joven monarca, mucho más incluso que un Sagasta declinante que falleció al abandonar el poder. Las notas del entonces ministro de la Gobernación a Alfonso XIII fueron frecuentes y a menudo banales; da la sensación, por tanto, de que quería establecer con el hijo la misma relación que había tenido con su madre. Pero esto no excluía que sus notas a veces fueran críticas. Mes y medio después de la jura del Rey, le aseguró que se había producido «un cambio radical» en el clima político y que «los enemigos de la Monarquía, que parecían vencidos, han recobrado sus esperanzas y renovado sus ataques». El cambio provenía «de los actos y de las intenciones que se atribuyen al Rey», en concreto, de que «había impuesto ciertos nombramientos, se había opuesto a otros y se mostraba hostil a ciertos ministros». Los primeros serían, sobre todo, militares y denotarían, aparte de intervencionismo en esta materia, mayor aprecio por los mandos conservadores que por los liberales. Habría también reticencias por parte del jefe superior de Palacio, el duque de Sotomayor, a que Pérez Galdós recibiera una condecoración [108].

Cabe la posibilidad de que la destinataria de este escrito fuera la propia regente y no su hijo, pero el resto de las numerosas notas dirigidas a Palacio por Moret tuvieron como inequívoco destinatario al Rey. Entre ellas se encuentra una curiosa carta dirigida al cardenal de Toledo, que tenía como objeto proponerle mejorar en los seminarios los conocimientos del clero sobre materias sociales, de acuerdo con las enseñanzas de León XIII, para que luego pudieran combatir las doctrinas anarquistas en el medio rural; este propósito contradecía por completo el calificativo anticlerical que se había aplicado al Gobierno. Otra cuestión que motivó la correspondencia del ministro al Rey fue la situación social en Barcelona. Moret propuso, por tanto, una nueva ley de seguridad, válida tanto para el anarquismo como para el catalanismo, a los que equiparaba. En la capital catalana fue levantado el estado de guerra pero la nueva ley, que se pretendía semejante a la italiana, no llegó a ver la luz. Otras comunicaciones de Moret se refirieron a las conspiraciones revolucionarias en gestación, cuya dirección atribuyó de modo principal a Lerroux. Un dato más merece la pena recordar en relación con ellas: no dieron lugar a respuesta alguna por parte del monarca [109]. Da la sensación, pues, de que el político inició una maniobra de seducción que resultó fallida.

Muy pronto, abiertas las Cortes, se planteó la cuestión de la falta de coherencia interna del partido liberal, convertida en motivo de descalificación por parte de las minorías mientras que parecía quedar neutralizada la reconocida capacidad de Sagasta para dirigir el partido. A mediados de noviembre de 1902 el jefe liberal trató de obtener lo que, en palabras del nuncio, era un «voto de confianza de la corona», pero, al parecer, actuó con «jactancia inadecuada». Al formar un nuevo gobierno las minorías (Canalejas, Romero Robledo…) pedían demasiado o preferían inclinarse por los conservadores, mientras dirigentes liberales, como Moret, se negaban a compartir el poder con ellas. Al final se formó un gobierno exclusivamente liberal pero, según los observadores internacionales, «la profunda descomposición existente en el partido fusionista» acabó con él; se formó, en consecuencia, uno conservador presidido por Silvela, cuya presidencia el Rey procuró que jurara cuanto antes [110].

La crisis, pues, había correspondido a un modelo habitual en la Restauración española: el abandono del poder por parte de un partido que se había autodestruido por el procedimiento de dividirse. Lo que nos interesa de ella es el juicio que entre los observadores diplomáticos había logrado el comportamiento del monarca. Quizá el más interesado en la política interna española fuera el embajador francés. Constató que la regente parecía haberse retirado por completo del escenario público, lo que resultó falso, y, en cambio, llamó la atención respecto del papel político asumido por el joven monarca. Desde un principio habían existido dificultades entre el Rey y sus ministros en aspectos concretos. Habían surgido, como sabemos, cuando el monarca puso dificultades a la concesión por parte del Gobierno de la Orden de Alfonso XII al escritor Benito Pérez Galdós, notorio republicano. El Rey, además, había retrasado la concesión de la grandeza de España a dos títulos nobiliarios propuestos por los liberales y en cuanto al gobierno militar de Madrid, había acabado por pactar con el ejecutivo un segundo candidato después de un desacuerdo inicial. En suma, estos actos de voluntad propia, «manifestados por el joven Rey bajo influencias que no se han determinado de forma neta, indican que se entiende contentarse con un papel puramente contemplativo al que se suponía que fácilmente se habría resignado». Pero, a fin de cuentas, el juicio del embajador francés sobre esta cuestión era benevolente: dichos actos apenas tenían trascendencia. Tampoco se la atribuyó a la acusación, planteada en una intervención parlamentaria de Romero Robledo, de que en una ocasión hubiera tenido que firmar varios decretos pero se había ido a cazar. Un diputado republicano, Muro, llegó a presentar otra interpelación acerca del comportamiento del Rey en materias militares sin que el decrépito Sagasta le respondiera. En suma, el embajador francés juzgó que en la primera crisis de gobierno el monarca había tenido un comportamiento poco reprochable. Sagasta «se había hecho la ilusión hasta el último momento de mantenerse en el poder» y «ha sido necesaria la intervención del Rey para que el jefe de los liberales se diera cuenta y se resignara a dimitir» [111]. Aun así, pudo perdurar la idea de que el monarca pretendía intervenir en exceso en la política.

Mientras tanto, había tenido un primer contacto con los movimientos regeneracionistas. Pocos días antes de la jura del Rey recibió éste una comunicación de la Unión Nacional en la que se exponían sus propuestas; le llegó a través de un diputado por Madrid del que le informaron que era «muy adicto». No era la primera ocasión en que llegaba a Palacio un escrito de esta procedencia: ya hubo otro en el momento en que se gestaba esta entidad. El interés de ambos radica en que demuestran que, como Cascajares, quienes intentaban modificar el régimen político en realidad siempre tenían la pretensión de hacerlo desde el poder y no merced a un impulso surgido de la sociedad. En este caso, quien tomó nota de la exposición de la Unión Nacional llegó a la conclusión de que «no contiene soluciones concretas que puedan traducirse en proyecto de ley o en medidas de Gobierno». La propuesta no pasaría de «un embrión de ideas, algunas aceptables, muchas impracticables y otras contradictorias». A pesar de ello, el consejero del monarca recomendó que fuera remitida al presidente del Consejo para que convocara a los dirigentes de la Unión Nacional, dispuesto a oír las medidas concretas que pudieran llevarse a efecto [112].

UN REY TUTELADO Y EN APRENDIZAJE

Como hemos visto en la primera crisis acontecida, el embajador francés tuvo la sensación de que doña María Cristina se había retirado del escenario político. Todo hace pensar, no obstante, que esa impresión era errónea y que la antigua regente siguió desempeñando durante algún tiempo, principalmente hasta 1905, un papel esencial en la política española, quizá mayor aún que el Rey. El diagnóstico realizado algún tiempo después por el embajador italiano resulta más convincente. «La Reina madre», escribió, «a pesar de evitar la apariencia de ingerirse, (sic) en especial en las cuestiones de gobierno, tiene gran influencia sobre su hijo y busca retrasar en su ventaja la emancipación del soberano, sancionada muy prematuramente por la Constitución. El Rey preside el Consejo de Ministros y concede audiencias pero no manifiesta, por su carácter todavía juvenil, iniciativas personales. En los primeros momentos daba la sensación de quererse poner muy en contacto con el ejército, pero ahora se abstiene de intervenir en revistas o ejercicios manifestando, sin embargo, interés (por estas cuestiones), de acuerdo con lo que se dice en las Cortes» [113]. Este último juicio sobre los intereses del monarca parece más digno de dudas; en cambio da la sensación que, en efecto, la Reina mantuvo en sus manos con firmeza las riendas políticas durante lo que de hecho era la última fase de la formación del monarca. En octubre de 1904 murió su primera hija. Tenía ya un hijo de tres años y estaba embarazada; dio a luz de forma prematura y los médicos fueron los más probables causantes de su muerte. El embajador francés hizo una descripción de su resolución ante la desgracia que merece la pena recordar porque describe un carácter: había hecho gala de «una energía sombría, silenciosa y sin lágrimas que casi ha dado miedo a su entorno» [114].

La primera cuestión en que doña María Cristina actuó fue al mantenerse informada respecto del partido liberal, una vez desaparecido Sagasta. Estaba, al decir del embajador francés, «en completa desunión y no parece llegar a recuperarse». Fue Moret quien proporcionó noticias sobre el particular en cuartillas mecanografiadas, habitualmente carentes de firma y remitidas por conducto de la secretaría particular. Como es lógico, el político liberal, habituado a actitudes de adulación cortesana, se encargó de multiplicar cuanto pudo su propia relevancia en el seno del partido frente a su principal adversario, Montero Ríos. Se presentó como la persona que se identificaba con la innovación y contaba con mayores apoyos, a pesar de lo cual mostraba siempre una generosa voluntad de acuerdo con el adversario. Lo sucedido denota que muy a menudo políticos que luego criticaron el comportamiento de personas reales intentaron prosperar en su carrera política procurando establecer una relación directa con ellas, lo que dice muy poco de la capacidad autónoma de los partidos. Algunas de estas notas iban dirigidas al Rey, aunque le llegaran por intermedio de su madre [115].

De cualquier modo, la situación no era mucho mejor en el partido conservador. En marzo de 1903 abandonó el poder Villaverde, el ministro de Hacienda del Gobierno Silvela. En esta ocasión el embajador francés —no, en cambio, el nuncio— juzgó que «se habían puesto en cuestión las veleidades militares del joven Rey que nunca supo nada» de cuestiones de Hacienda. «Es seguro», prosiguió, «que el Rey había manifestado a Villaverde su deseo personal de no ver reducidos los efectivos (militares) pero, incluso en los medios adversarios al Gobierno, se estima que esto no ha sido para el antiguo ministro de Hacienda más que una ocasión y se le ha reprochado haber tomado un pretexto tan peligroso» [116]. Ésas, en definitiva, eran las consecuencias de un intervencionismo inoportuno e inexperto.

En las elecciones generales celebradas en este mismo año hubo novedades que pueden parecer minúsculas de cara al progreso de las costumbres políticas. Maura, el ministro de la Gobernación, no hizo, ni mucho menos, desaparecer el encasillado ni convirtió a los gobernadores civiles en funcionarios independientes, al margen de influencias partidistas. En cambio, se evitó conceder a los caciques locales todo lo que pedían, en especial en lo que hacía referencia a la actuación de delegados gubernativos. Podemos comprobar, incluso desde el punto de vista del propio Palacio Real, lo limitado del progreso en los procedimientos electorales. Con el inicio de un nuevo reinado que se definía por su regeneracionismo hubo frecuentes protestas dirigidas al monarca en contra del caciquismo. Al mismo tiempo, no obstante, las propias autoridades presionaron a los empleados de Palacio para que votaran a favor de la candidatura ministerial, quizá porque se creía, como resultó cierto, que el voto republicano iba a crecer de forma considerable. De una dependencia de Palacio se comunicó al intendente general que «entre nosotros existe, como es natural, un celo grande para cumplir con nuestro deber de monárquicos», de modo que aportaban «un contingente de unos 30 electores» [117].

El embajador francés recibió noticias abundantes acerca de la reacción de la Corte ante los resultados electorales desfavorables. En ella, comentó, «se está bastante descontento al haber dado Maura seguridades que los hechos no han confirmado». Dado el crecimiento del voto republicano, el propio régimen reanudaba una sensación de fragilidad de la que sabemos que tenía una amplia tradición. De todos modos, «si el Rey mantiene las promesas que su juventud parece ofrecer», añadió, «su popularidad personal hará de estas elecciones un simple accidente». Antes al contrario, con el paso del tiempo las quejas de la familia real arreciaron. Doña María Cristina habría comentado, refiriéndose a Maura, que «la institución monárquica era más importante que la reputación de un Catón» y el propio Rey le había dicho que esperaba que el resultado de las elecciones municipales fuera más propicio que el de las generales. Aun así, la «tenacidad y audacia de los republicanos, unida a la limitada libertad electoral dada por el Gobierno y a la apatía y despreocupación de los católicos» explicarían los resultados, de acuerdo con el nuncio [118].

Tras las elecciones, Alfonso XIII recibió al marqués de la Vega de Armijo, quien le transmitió la petición de los liberales de que «no se coloque al Senado en condiciones que no pueda el partido liberal gobernar» en un futuro. Según le explicó, «si la mitad permanente —es decir nombrada, no elegida— pertenece a un solo partido político», los conservadores siempre tendrían mayoría en esa Cámara. Era, por tanto, necesaria «una prudente proporción entre los senadores vitalicios» de los dos partidos. En aquel momento había dos conservadores por cada liberal en esa parte no electiva, por lo que proponía que no se cubrieran las vacantes por el momento o sustituirlos por sus homólogos políticos y no por personas del Gobierno. El Rey estudió la cuestión, reflejada en unos documentos, y mostró su conformidad preguntando «si tenía inconveniente en dárselos para enseñárselos a sus ministros». Es posible que también los mostrara a su madre. El jefe conservador, cuando leyó esa información, repuso que «aun con los senadores vitalicios que hoy tienen los liberales podrían gobernar, pues con 57 de la parte permanente, más 147 que pueden tener de la parte electiva, que eran los que tenían en las Cortes últimas», podían alcanzar la mayoría necesaria. Silvela dio la sensación de que tenía el propósito de «mantener el equilibrio», pero también de que estaba obligado a satisfacer las ambiciones de sus seguidores pues «las aspiraciones son infinitas» [119]. Lo que revela este incidente es que, a pesar de su corta edad, el Rey debió de intervenir en el arbitraje entre los partidos. En estas condiciones resultaba muy improbable que autolimitara de forma espontánea sus poderes.

Si hemos señalado que en esta cuestión pudo intervenir también doña María Cristina, hubo otras en las que su papel fue aún más importante. Tras las elecciones de 1903, Alba escribió al secretario de la Reina madre rindiéndole «el tributo de mi gratitud por todo su generoso interés». Llamaba la atención sobre «el creciente movimiento de las llamadas clases neutras hacia el republicanismo, impulsadas por el desengaño o abatidas por los desdenes de que han venido siendo objeto por parte de los partidos históricos». Alba había sido uno de los inspiradores de la movilización de esas «clases neutras» y, después de abandonar a Costa y Paraíso, que ingresaron en el republicanismo, había predicado «resueltamente la compatibilidad de la Monarquía de don Alfonso XIII con aquellas patrióticas aspiraciones». Ahora pidió audiencia para exponerle lo que creía que debía ser la política a desarrollar [120]. El acercamiento a la Monarquía de un posible disidente pasaba, pues, por doña María Cristina y no por el Rey.

También el presidente conservador trató con la Reina madre y no con un monarca que, a fin de cuentas, no tenía más que diecisiete años, el problema surgido por la presencia de Isabel II, abuela del Rey, en San Sebastián, acompañada de un individuo que había sido «separado del ejército austriaco por motivos deplorables». Pero, sobre todo, le planteó un problema más decisivo. Silvela le escribió en junio de 1903 narrándole «una aflicción grave en que me encuentro». Le explicó que había pactado con el embajador francés que la flota de ese país podía rendir homenaje al Rey español en Cartagena. Sin embargo, tanto una como otro habían llegado a la conclusión después de que no debía acudir el monarca. Al embajador galo, explicó Silvela, «yo no puedo decirle que el Rey ha vuelto sobre su acuerdo, pues cualquier pretexto que para ello se diese no podría atenuar el desaire». En consecuencia, «no tiene esto más solución para mí, si S. M. el Rey no quiere ir a Cartagena, que dejar el ministerio y decírselo así mañana mismo al embajador aunque busque otro motivo cualquiera para quitar a la crisis el carácter gravísimo de una mala inteligencia con Francia». Además, el cambio en la decisión testimoniaría que «S. M. no tiene en mi dirección de la política exterior la confianza que yo necesito para desenvolverla en la situación delicadísima en que se encuentra España con Francia, a la que le es tan fácil aumentarnos dificultades a toda hora con carlistas, catalanistas, republicanos y marroquíes; un agravio en estos momentos puede ser origen de complicaciones que no puedo tomar sobre mí la responsabilidad de haber provocado» [121]. Como su resolución era irrevocable, indicaba la inminencia de una crisis que hasta ahora se había atribuido a los malos resultados conseguidos por los partidos del turno en las elecciones. Así empezó a fraguarse el abandono de la política por parte de Silvela.

De ahí la crisis gubernamental de julio de 1903, a la que siguieron la retirada política de Silvela y la formación del Gobierno Villaverde, acontecimientos ambos objeto de repetidas acusaciones de intervencionismo contra Palacio. El Correo no tuvo empacho en afirmar que la crisis recordaba a «algunas semejantes de los días de la Reina Isabel», por «caprichosa e innecesaria», mientras que El Heraldo de Madrid hizo todavía un juicio más duro: «Diríase que hay el propósito de demostrar que en España no existe más poder que el de la voluntad regia, que hoy se inclina a la izquierda y mañana a la derecha, no según los resultados de los debates parlamentarios… sino según los consejos que se dan y los vientos que corren en esferas que no son las estrictamente constitucionales y parlamentarias».

Sin embargo, la información diplomática de que disponemos no atribuye a Palacio la responsabilidad de lo ocurrido. El habitualmente bien enterado embajador francés informó a París de que, a pesar de su coincidencia en lo fundamental, Silvela y Maura, pivotes del Gobierno saliente, tenían algunas diferencias importantes. Si la defección de Villaverde hacía problemática la permanencia del gabinete Silvela, la cuestión de política exterior, que ya ha sido narrada, multiplicó las diferencias internas del gabinete. El abandono del poder por parte de Silvela había sido, de acuerdo con esas fuentes, voluntario y no inducido por Palacio. De creer los despachos del embajador francés, Alfonso XIII habría suplicado «con lágrimas en los ojos» a Silvela que se quedara pero también «le reprochó con violencia su abandono»; la Reina madre «hasta cinco veces» trató de evitar la dimisión. El citado embajador llegó a la conclusión de que Silvela «carecía de la capacidad de Cánovas para hacerse temer y de la de Sagasta para hacerse amar» [122]. De cualquier forma, la distancia de los resultados electorales y la intervención de la Reina y la propia incapacidad de dirección de Silvela prueban que el Rey no tuvo participación exclusiva en esta crisis; las notas íntimas de Maura prueban que no le hizo al monarca reproche alguno por ella [123].

Pero a todo esto, a finales de 1903, la gestión de la corona empezaba a ser objeto de unas críticas que desbordaban las ocasiones de crisis gubernamental. En el verano se publicó en El Nacional un artículo en el que se decía que «la Monarquía necesita propagandistas y defensores». El republicano Salmerón se quejó en el Parlamento, jaleado por los liberales, de una felicitación del Rey al general Zapino por su intervención en la huelga de Bilbao. Los liberales opinaron que el Gobierno debía haber asumido la responsabilidad de lo ocurrido. De hecho hay pruebas de que a Palacio Real llegaron las comunicaciones cruzadas entre el ministro de la Guerra y el gobernador militar. En ellas aparece claro que la protesta era socialista y no contaba con la participación de elementos republicanos. No debe extrañar que el orden público apareciera en esta ocasión resguardado por la fuerza militar porque eso sucedía casi siempre, en especial en el Bilbao de principios de siglo. Durante esta época sólo se recibió en Palacio alguna recomendación genérica más, tanto en materia de orden público como de reforma social, relativa a los problemas del campo andaluz [124].

La situación cambió en noviembre de 1903 cuando, según el embajador francés, se llamó a Maura a Palacio «de donde puede concluirse que se piensa para altos lugares en nuevas combinaciones». A principios del mes siguiente llegó, en efecto, al poder. Lo acontecido prueba que no existía ninguna prevención en Palacio con respecto al político conservador. Pero además, sin duda, Maura conquistó la dirección del conservadurismo estableciendo el vínculo con Silvela y triunfando desde el punto de vista oratorio. El suficiente embajador francés se refirió a que a los españoles «nada les divertía tanto» como las crisis de gobierno y a que «la anarquía que Reina en el partido conservador» explicaba «que la Monarquía, en este país tan… indisciplinado y desorientado, es la única institución que representa algo sólido». Los republicanos, en cambio, hablaron de que Maura llegaba al poder gracias a una nueva crisis «oriental», por el nombre del Palacio Real, y con toques «femeninos» por haber mantenido «ciertas conferencias», sin duda con doña María Cristina [125].

Así como en 1903 Alfonso XIII fue todavía un Rey tutelado por su madre, en 1904 actuó ya dentro de sus competencias, aún sin perfilar definitivamente un estilo del ejercicio de su función. Hay que recordar, antes que nada, que el monarca fue durante ese año un Rey viajero, ausente de Madrid y de la toma de grandes decisiones. Llama la atención, sin embargo, que ya fuera él (y no su madre) el destinatario de las anónimas notas en que Moret describía, en beneficio propio, la situación interna del partido liberal. Lo que ahora intentó éste fue subrayar las dificultades internas de los conservadores y, al mismo tiempo, ofrecer posibles perspectivas de unidad entre los liberales. Sin embargo, en este último punto, lo más que pudo hacer fue llamar la atención acerca de la necesidad de «dejar libre la prerrogativa real», es decir, permitir que el Rey abriera el camino a los liberales. Éstos, sin embargo, admitió, tenían «una plana mayor excesiva, compuesta en su mayor parte de hombres gastados, viejos y desautorizados» que podían tener como consecuencia «un gabinete impotente» [126]. Eso, en efecto, fue lo sucedido en el periodo 1905-1907. Por lo demás, la correspondencia recibida en Palacio a lo largo de 1904 sobre materias políticas fue muy escasa. Se limitó a algún informe sobre temas económicos o a noticias sobre intentos de atentado personal contra el monarca; parte de esa correspondencia llegaba a través del secretario de la Reina [127].

La siguiente crisis de Gobierno tuvo lugar a la caída de Maura en diciembre de 1904. La carta remitida al Rey para comunicársela fue escueta y precisa respecto de los motivos por los que el presidente llegaba a esa decisión. «La dificultad que ha surgido con ocasión del nombramiento de jefe del Estado Mayor Central del ejército, apreciada unánimemente por el Consejo de Ministros, me impone la dolorosa obligación de poner en manos de V. M. la dimisión del Gobierno» [128]. Poca explicación necesitan estas frases: el candidato elegido para ocupar este puesto por el ministro de la Guerra, Linares, era el general Loño, pero el parecer del monarca se inclinó por el marqués de Polavieja. Maura intentó convencer al Rey de que modificara su criterio pero no lo logró; presentó la cuestión al Consejo de Ministros y, obtenida la unanimidad, volvió a llevársela a Alfonso XIII, quien se ratificó en su decisión y provocó, por tanto, la crisis. La dimisión quebró una etapa de gobierno coherente y productiva y amenazó con hacer renacer la división del partido conservador. Las consultas que el monarca hizo entre los dirigentes políticos testimoniaron que el enfrentamiento entre el ex presidente y el Rey era profundo, pues el primero manifestó su «decisión absoluta de no formar nuevo ministerio» [129]. No quería, por tanto, aceptar una vuelta al poder que hubiera supuesto maquillar la discrepancia en el principio de que el Rey podía nombrar a los altos cargos militares sin la anuencia del Gobierno. Pronto aparecieron las divergencias entre los conservadores. Del resto de los dirigentes del partido, Romero Robledo recomendó un gobierno con apoyo en el Parlamento, sin duda porque todavía tenía la esperanza de que, de rebote, le llegara el poder; el general Azcárraga, proclive a aceptar la posición real, sugirió a los otros dos dirigentes más destacados de los conservadores, Villaverde o Dato. Al final ese militar, al que ya se había recurrido en otras ocasiones (a la muerte de Cánovas y en el momento de la retirada de Silvela), acabó aceptando formar un gobierno de transición que duró tan sólo unas semanas, pero lo hizo, según la documentación de Palacio, «con grandes resistencias». Transcurrido el paréntesis, hubo una nueva crisis a finales de enero de 1905 y, aunque los personajes consultados fueron numerosos, quedó demostrado que no había otra solución que la entrega del poder a los liberales. De hecho eso fue lo que sugirió Maura, «no conviniendo otras soluciones», aclaró al Rey, «porque descomponen los partidos». No estaba dispuesto, pues, Maura a que el monarca eligiera un presidente conservador manejable. Otros miembros del partido fueron más flexibles. Romero Robledo propuso como presidente a Villaverde, quizá con el principal motivo de incordiar a Maura; Pidal ofreció nada menos que cuatro nombres, lo que equivalía a entregar el partido a los deseos del Rey. Al final, en contradicción con lo sugerido por Maura, el poder le llegó a Villaverde, que no pudo conservarlo en sus manos más que manteniendo cerradas las Cortes y durante menos de medio año.

La crisis de diciembre de 1904 merece una explicación más extensa que las anteriores porque fue importante en la vida política española y en la de Alfonso XIII. De entrada hay que llamar la atención sobre el hecho de que fue mal recibida por buena parte de la prensa de todas las significaciones. El liberal Heraldo de Madrid afirmó que «no hay nadie en el partido liberal español… capaz de asentir a la doctrina inconstitucional de que el Rey, en materia de ascensos y nombramientos para cargos militares, puede prescindir del concurso… de sus ministros». En el otro extremo del espectro político, El Siglo Futuro aseguró que la crisis era un testimonio claro de que no se «desborbonizaba la Monarquía». El País, republicano, describió lo sucedido como una «insurrección de lacayos». Sólo el órgano oficial del liberalismo, El Imparcial, pareció defender la tesis de que la competencia sobre ese nombramiento le correspondía a la Monarquía; en realidad, lo que quería es hacer inviable el Gobierno Maura [130].

La reacción de los diplomáticos extranjeros en España fue de sorpresa: todos concluyeron que, como casi siempre, las crisis políticas en España no eran parlamentarias. Alguno aseguró que los dos presidentes de las Cámaras habían apoyado a Maura pero las anotaciones citadas, encontradas en Palacio, parecen desmentirlo; tampoco La Época, el diario conservador, lo apoyó con decisión. El inteligente embajador francés, que llegaría a ministro, hizo una aguda interpretación que merece reseñar con mayor extensión. Partía de que en la Corte madrileña, tanto por parte de la Reina como del Rey, había una «tendencia marcada» hacia el partido liberal: una crisis como la que había tenido lugar favorecía, sin duda, la llegada de este partido al poder. Además, había otros factores: el ministro Linares, según el propio Rey había dicho al embajador galo, evocaba demasiado un pasado de derrota en las colonias y Loño carecía de la trayectoria de Polavieja. Pero sobre todo en lo sucedido había un factor de enfrentamiento personal. «Es un defecto de todos los príncipes», añadía el diplomático, «temer el talento y mostrarse un poco olvidadizos de los servicios de aquellos cuyo sentimiento monárquico no se disputa». Maura, a quien le faltaba «un poco de mundo», había hecho «ofuscarse» al joven Rey a base de «tratarle demasiado como a un niño». En suma, había ocurrido un choque personal en que «ni el Rey ni Maura han dado tiempo a la reflexión». La situación podría solucionarse si Maura procuraba no «chocar» con la juventud del monarca sino «dirigirla». Pero también apreció en el Rey un deseo de estar al frente del Estado Mayor a la manera del káiser alemán [131].

Para juzgar lo sucedido hay que partir, ante todo, de que al atribuirse el Rey la capacidad de realizar los altos nombramientos militares no estaba actuando en contra de la Constitución, por más que necesitara el refrendo ministerial. El embajador francés recordó que para los nombramientos militares no bastaba su firma sino que era necesario su asentimiento. Lo que en ese momento estaba en juego era, en realidad, una interpretación que hiciera posible que tales nombramientos exigieran el acuerdo del Consejo de Ministros. Alfonso XIII, regeneracionista como la totalidad de los españoles de su época, manifestó en su actitud ante la cuestión una vertiente de este talante. Su deseo de contribuir a lo que consideraba el bien del país le llevaba a reclamar los poderes que le otorgaba el texto fundamental, aunque eso chocara con una interpretación de la Constitución de 1876 que, en su práctica habitual, disminuía esos poderes. En esa situación, hasta 1907 el monarca, a fin de cuentas un joven de pocos años, favoreció la inestabilidad gubernamental. Pero conviene no exagerar su responsabilidad porque mucho más contribuyó a ella la división de los partidos. No hay que olvidar, además, que las razones de Alfonso XIII en relación con el nombramiento eran poderosas: no se le había propuesto un candidato cualquiera para el puesto, sino el marqués de Polavieja, que había jugado un papel decisivo en el primer gobierno de Silvela y tenía tras de sí una larga trayectoria avalada por su madre. Hubo un pugilato de tres semanas hasta que quedó planteada la crisis, lo que prueba la firmeza de posturas de cada parte.

Según uno de los dirigentes conservadores, Maura había sufrido las consecuencias de hacer «pedagogía sobre la corona» pero el indignado dirigente conservador tendió a opinar que era «fantástico» pensar que podía volver al poder pues «nada, nada, nada» tenía que hacer en adelante en el Gobierno. Para Maura la crisis fue, en efecto, un trago muy duro, lo que explica la acritud de su reacción: se declaró «presidente relevado» y no «dimisionario» y agregó que «lo haría constar donde sea preciso» [132]. Llegó a decir, en términos taxativos, que su porvenir político era nulo.

Eso explica que redactara, con la indicación de «Reservado», un testimonio sobre sus relaciones con Alfonso XIII durante estos meses de su vida política, «antecedentes» de la crisis que tuvo lugar en diciembre de 1904. El ex presidente intentó una narración escueta sin emitir juicio alguno «para el cual ni soy imparcial ni ha corrido tiempo suficiente». Lo interesante de la misma es que nos ofrece una visión, muy personal pero de primera mano y procedente del primer político de su época, acerca de la manera de comportarse el monarca durante los meses iniciales de su reinado.

Una parte de la complicada relación entre los dos personajes derivó de lo que Maura escribió en el primer párrafo de su narración. La edad del Rey, que hay que recordar que no cumplió los dieciocho años hasta mayo de 1904, había «complicado sus obligaciones de primer ministro con los cuidados y advertencias de índole tutelar» porque «en el comienzo del reinado, cualquier mala práctica se me representaba agravadísima en el orden de mis responsabilidades morales». Esta tutela no tenía por qué ser bien recibida por su destinatario pero hasta cierto punto resultaba, al mismo tiempo, inevitable. Lo que Maura intentó fue hacer compatible «oficio tan amovible como es, por voluntad del Rey, el ministerial y funciones tan enojosas como aquellas otras».

En la relación que tuvieron durante estos meses al principio «mostróse el Rey dócil a las indicaciones (de Maura), aunque no tanto que adelantase mucho mi designio de que se pusiese en frecuente comunicación con la vida civil de sus pueblos y modificase su costumbre de vestir a toda hora el uniforme militar». Las dificultades empezaron a producirse en un segundo momento con ocasión de los viajes que Alfonso XIII hizo por toda la Península. Da la sensación de que los motivos fueron mínimos (cuestiones relativas a duración de las estancias o semejantes) pero en Sevilla surgió el primer conato de dimisión del presidente cuando —según narró— «necesité causar al Rey alguna contrariedad en sus personales deseos no por ser éstos intrínsecamente reprensibles sino por miramientos de prudencia política que era natural a su edad desconocer o desdeñar». Hubo «alguna manifestación de transitorio desagrado» y, en consecuencia, Maura llegó a decirle que «si en el punto concreto de mi advertencia que la había motivado no seguía mi consejo me vería obligado a formalizar la dimisión de todo el Gobierno cuando llegásemos a Madrid». Lo que estaba en discusión eran cuestiones tan poco trascendentes como la duración del viaje en Sevilla o un descanso de un par de días en la finca de un notable local. El propio Maura se decía a sí mismo que «causa maravilla que no haya sido más frecuente y escabrosa la resistencia a mis consejos».

Una cuestión de mayor enjundia entre el Rey y su primer ministro fue la relativa a los temas militares y ello por el deseo del monarca de intervenir. «Aplica S. M. a los asuntos militares atención singular», escribió Maura; «sus aficiones, sus estudios, el cotidiano e incesante trato con generales, jefes y oficiales y el intrincado concepto de la autoridad personal de un Rey constitucional en el ejército habrían de sugerirle necesariamente frecuentísimas indicaciones y aun cuando el ministro responsable atendiese todas cuantas pudiesen ser secundadas, quedaban demasiadas imposibilidades para poner a prueba el tacto y la discreción de todos». Como a Alfonso XIII le llegaban indicaciones de muy variada procedencia (no sólo relativas a disposiciones legales sino también simples recomendaciones), era lógico que existiera un roce permanente con el ministro de la Guerra. No faltan pruebas de esa intromisión del Rey en minucias relativas a estas materias: llegó a modificar, a los seis días de haberlos recibido, dos artículos de un decreto sobre la reorganización militar de las Baleares en unos aspectos tan poco importantes que de seguro fueron inducidos por terceras personas [133]. Pero lo peor debió de ser que quienes le rodeaban se convirtieron en receptores de todo tipo de recomendaciones pues, en definitiva, esa cultura del «favor», característica de la España de la Restauración, también llegaba hasta el Palacio Real. Maura narró en este escrito cómo el Rey había intercedido, en un momento en que era patente el número exagerado de oficiales, para que se ampliara con aquellos que ingresaban en las Academias militares beneficiarias de más recomendaciones todavía. Maura cortó estas intervenciones aunque fue muy consciente de que eso creaba en el joven monarca una «contrariedad personal».

Pero, como indica el texto, «también sobre otros asuntos hubo necesidad de contrariarle». El Rey recibió una invitación para visitar la Inglaterra de Eduardo VII, y aceptó sin oír al Gobierno entendiendo, según dijo, «ser acto personal en que no había de ingerirse (sic) éste». El ejecutivo juzgó que se requería su decisión por afectar la visita a uno de los países europeos con los que España mantenía unas relaciones más estrechas y acabó provocando el aplazamiento de la visita real y, por tanto, imponiéndose. La última cuestión, en fin, que causó roces al presidente del Gobierno con el Rey puede parecer ridícula en la actualidad. Los automóviles empezaban a aparecer en España por aquellos momentos y eran una novedad considerada muy peligrosa por los posibles accidentes. Poco antes del verano de 1904 el Rey encargó un automóvil a un fabricante, «sin haberme indicado jamás la idea», cuenta Maura, y cuando éste, ya en la estancia veraniega en San Sebastián, le planteó la cuestión al monarca se produjo la más áspera conversación entre ambos, explicable teniendo en cuenta que un accidente podía suponer la pura y simple ruptura de la línea dinástica. «Duró aquella entrevista más de una hora», dice el texto de Maura, «y en ella fue visible la gran contrariedad del Rey, no obstante mis esfuerzos por hacerle conocer que solamente en interés por el bien público, por la Monarquía y por su propia persona podía formalizar la oposición del Gobierno a un acto que sería indiferente y natural si se tratara de cualquiera otra persona… (pero) no conseguí promesa alguna favorable a su desistimiento y aquella entrevista acabó dejándole al Rey informado de que necesitaría cambiar el Gobierno para usar el automóvil» [134].

La narración de Maura sugiere la existencia de algún motivo más de divergencia, sobre todo en materia de política exterior, pero se interrumpe bruscamente y es necesario llegar a algunas conclusiones tanto sobre el mismo como acerca de la crisis a que hace referencia. Si se recuerda la interpretación que hizo el embajador francés, se podrá comprobar hasta qué punto su juicio nos parece ahora acertado. El contenido de las discrepancias versó sobre cuestiones, en general, de escasa trascendencia, que no indican voluntad del Rey de intervenir de forma autocrática en la política diaria, aunque descubran un deseo de jugar un papel importante en cuestiones militares, lo que resulta lógico, dadas sus atribuciones y la mentalidad regeneracionista. Por otro lado, aunque la crisis resulte inconcebible desde los criterios de una Monarquía democrática, en todas las otras cuestiones mencionadas, tras optar por una posición de dureza, el presidente del Gobierno acabó triunfando. Por eso se puede decir que existió esa «pedagogía de la corona» de la que escribió Pidal. Es preciso, en fin, tener muy en cuenta que lo sucedido en esta ocasión moldeó de forma perdurable la relación entre los dos personajes. Como previó el embajador francés, ésta se recompuso pero siempre estuvo presidida por una cierta distancia y frialdad que tenía también la contrapartida del respeto mutuo. Alfonso XIII nunca trató de «tú» a Maura, como hizo con tantos otros políticos que llegaron a la Presidencia; tampoco mantuvo esa especie de complicidad que caracterizó su relación con éstos. Maura, por cuestión de principios, nunca puso en duda su monarquismo; probablemente, durante toda su vida mantuvo una opinión acerca del monarca sabedora de sus inconsistencias e indiscreciones. Pero también debió de mejorar su juicio sobre él puesto que no volvió a redactar un escrito íntimo parecido ni tampoco los sucesos de 1909 acabaron en una ruptura con Alfonso XIII.

Un último aspecto se refiere a la persona de quien fue el elegido por el Rey para el nombramiento como jefe del Estado Mayor. Sabemos que Polavieja había mantenido una relación estrecha con la regente, como queda patente en su correspondencia desde que volvió de Filipinas y que colaboró en los programas regeneracionistas de comienzos de siglo. Era respetado por casi todos aunque pareciera que su propia trayectoria le vedaba un puesto como el que estaba en discusión. Su significación católica debe haberle dotado de un papel peculiar entre el generalato; fue luego, desde 1904, jefe del cuarto militar del Rey; cabe, pues, atribuirle al menos una parte del intervencionismo del joven monarca en materia militar. En cuanto a su pensamiento más íntimo acerca de la política exterior, se revela en un documento entregado al monarca tiempo después, cuando ya gobernaban los liberales. En un extenso informe en que hacía una larga interpretación de la Historia del Imperio español, se decantaba de forma clara en contra de la alianza franco-inglesa que fundamentó las relaciones internacionales españolas durante el reinado de Alfonso XIII. En su opinión, tanto Gran Bretaña como Francia trataban a España como si fuera una especie de Corea, es decir, un país impotente y controlado por potencias mayores. La segunda se había limitado a ceder en Marruecos «el montuoso y pobre Rif, de difícil y caro dominio» reservándose las zonas más productivas; Alemania, por el contrario, necesitaba una España que fuera fuerte y rica. Mientras que la alianza con Francia e Inglaterra «nos necesita débiles y supone servidumbre si no somos hábiles», la de Alemania «nos quiere poderosos y nos exige ser hombres» [135]. Como puede imaginarse, Polavieja se inclinaba por esta segunda solución. ¿Cabría deducir de esta posición alguna relación con el hecho de que doña María Cristina era austriaca? No hay datos para afirmarlo y, de cualquier modo, los consejos de Polavieja no fueron seguidos.

La dimisión del Gobierno Maura tuvo como consecuencia la formación de otro nuevo, presidido por Azcárraga. Se trató de un Gabinete palatino no sólo porque como tales fueron calificados algunos de los ministros sino también por el hecho de que el propio presidente debió pedirle a doña María Cristina (no a Alfonso XIII) su intervención para que Cobián aceptara la cartera de Marina. Fue precisamente la dimisión de éste, motivada por creer que el Gobierno no debía acudir a las Cortes, lo que provocó una nueva crisis en el plazo de un mes [136]. En ella fueron consultados los presidentes de las Cámaras y los tres principales dirigentes del partido conservador: Silvela, Maura y Villaverde. De ellos, el primero recomendó al segundo (y, como posible alternativa, a Dato), mientras que Maura se pronunció por ceder el paso a los liberales. Según el embajador francés, el Rey había vuelto a llamar a Maura pero éste, «con tanta frialdad como respeto», se ratificó en que no podía aceptar un nombramiento militar sin su acuerdo; cabía pensar que Alfonso XIII «personalmente pague y pagará aún más las maneras un poco autoritarias que ha utilizado con los jefes de partido» [137]. Además, los presidentes de las Cámaras, con ocasión de la onomástica del Rey, habían llamado la atención acerca de que la Monarquía debía estar alejada de la lucha política. Por estos días el monarca recibió una petición en protesta contra la inestabilidad gubernamental en la que no se le hacía ningún reproche; tan sólo se le pedía que convocara unas elecciones con un gobierno formado por hombres políticos pero presidido por persona de «formalidad absoluta», como podía ser Ramón y Cajal, de cuyos comicios pudieran salir las personalidades capaces de ejercer el poder. El propio diario conservador La Época auguró que poco tiempo duraría el Gobierno Villaverde, formado en enero de 1905. La prensa de significación más liberal se quejó del «espectáculo lastimoso y comprometedor de este trasiego incesante de hombres que pasan por el Poder sin dejar huella de su tránsito», añadiendo que «la función pública de gobernante no se asemeja al cargo palatino» [138]. Fueron estos meses pródigos en referencias poco favorables al Rey. Sabemos de los temores de Maura respecto de las aficiones automovilísticas del monarca: en marzo de 1905 el periódico maurista España alabó «la impetuosidad noble, generosa, admirable, de una juventud sana», pero señaló también los peligros de la afición a los deportes ecuestres. En mayo de 1905, uno de los órganos de la prensa militar tuvo que rechazar los rumores que afirmaban que «entre la corona y el ejército hubiera inteligencias para que por medio de un golpe de Estado quede efectivo y práctico el Gobierno personal del Rey», cuando «ni el Rey ni el ejército han caído en la abyección ni perdieron el sentido» [139].

Las posibilidades de Villaverde de mantenerse en el poder eran nulas al haber quedado decantado la mayor parte del partido conservador a favor de Maura mientras que a su Gobierno se le achacaba ser producto de la voluntad real. Hay indicios de que los liberales (posiblemente Moret) bombardearon Palacio con notas en las que dejaban clara su actitud contraria a que siguiera. La situación de desunión entre los conservadores era tal que el nuncio consideró posible la creación de un nuevo partido «católico» con Maura como líder mientras que otros elementos se sumarían a Moret. En junio, la crisis estalló definitivamente cuando, en las Cortes, el Gobierno quedó en minoría en varias ocasiones. De las notas conservadas en Palacio sobre las opiniones de los líderes políticos se deduce que el Rey trató ahora de hacer perdurar las Cortes y buscó que Maura volviera a aceptar el poder; éste, sin embargo, se negó tanto a esa solución como a cualquier otra que supusiera un gobierno temporal y en precario. Parecía, por tanto, favorable a recomponer su propio partido en la oposición como en otras ocasiones hicieron los políticos de la Restauración. Salvo Romero Robledo, todos los principales dirigentes del conservadurismo fueron de parecida opinión; ni siquiera Villaverde se opuso de forma rotunda. Los liberales fueron todos partidarios de la vuelta al poder de su propio partido, lo que acabó por producirse [140]. Hay detalles en relación con esta crisis que merece la pena recordar. En primer lugar, da la sensación de haber sido gestionada sin la regente pero desde el Cuarto Militar del Rey, pues las opiniones de los políticos aparecen recogidas en un papel membretado con esa referencia. Por otro lado, quien lo hizo se sirvió, además, de un periodista para filtrar las actitudes de los dirigentes políticos.

Con esta crisis concluyó la primera singladura de Alfonso XIII como Rey. Sin duda, no había sido afortunada. Pese a la tutela de su madre y al hecho de que la política de los partidos fue en buena parte culpable de la inestabilidad, el joven monarca había cometido errores graves por su intervencionismo en materias políticas. Pero luego se demostró que también había aprendido. Si fue por completo culpable del error de prescindir de Maura desde finales de 1904, como veremos, no hubo una crisis en la que actuara de una forma que merezca un juicio tan severo como el indicado. Su intervención en materias militares hasta el momento había sido inquieta y detallista; en adelante fue más genérica, principalmente ceñida a los nombramientos y, aunque fluctuante, en general acorde con lo propuesto por los gobiernos (o sus ministros respectivos). Nunca se produjo otra crisis gubernamental como consecuencia de un nombramiento militar.

LA INVENCIÓN DE UN ESTILO: EL REY VIAJERO

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que en estos meses iniciales del reinado en que se cometieron errores políticos se acuñó un estilo que debió nacer de forma espontánea pero que fue consecuencia de un propósito inicial muy consciente. El Rey viajó, de forma sistemática, por todas las regiones de España dándose a conocer y entablando contacto no sólo con las autoridades sino también, hasta cierto punto, con el público. Era una novedad con respecto al pasado, por más que Alfonso XII también fuera un Rey viajero, y parece que el plan de darse a conocer surgió más de la Reina madre que de cualquier otra persona. Cuando tuvo lugar el viaje a Barcelona, un embajador apuntó que «la madre en el triunfo ha recibido mayor recompensa que la Reina» [141].

Doña María Cristina había sido también responsable de otra iniciativa novedosa y perdurable: la creación de un «servicio de prensa» adscrito a la secretaría política del Rey. Llama la atención en la lectura del documento en que se hacía la propuesta una profunda desconfianza con respecto a los medios de información, como si fuera necesario justificar que se les prestara atención. La prensa no era otra cosa que «una serie de empresas particulares entregadas en su inmensa mayoría al «comercio» de las noticias que, aguijonadas por un absorbente afán de lucro, se muestran dispuestas a todas las bajezas y a todos los crímenes intelectuales si en ellos vislumbran beneficio». A pesar de ello y de tener, para un Jefe de Estado, «un valor secundario sin garantías de autenticidad», al disponer el Rey de una información obtenida de los labios de los dirigentes políticos parecía necesario contar con ella. El informe insistía en la urgencia de tener en cuenta la prensa extranjera y lo hacía en virtud de las responsabilidades que le competían al monarca en materia de política internacional, tanto respecto de la «unidad de mando» como de «la unidad en el tiempo que toma el nombre de continuidad». No cabe la menor duda de que Alfonso XIII vivió en contacto directo con la prensa, gracias no sólo a ese servicio sino también a la lectura cotidiana e incluso a la filtración de noticias. Siempre leía lo que en ella se publicaba acerca de él; aparecían en ella, además, sus discursos protocolarios y también anécdotas a veces significativas de su personalidad y juicios en ocasiones críticos acerca de su persona [142]. Siempre estuvo, en fin, abierto a ser escudriñado por ella y de él puede decirse, por tanto, que fue el primer Rey español que vivió en un régimen de publicidad. Los viajes y el contacto con la prensa crearon las condiciones para acuñar un estilo de ejercer su magistratura.

Narrar de forma detallada estos viajes no tendría sentido, pero resulta interesante señalar sus rasgos generales para luego detenerse en sus aspectos más concretos [143]. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la exhibición del monarca se inició antes de que llegara a serlo tomando como punto de partida los veraneos en San Sebastián, aunque sólo a partir de mayo de 1902 adquirieron ese carácter sistemático que queda citado. Casi siempre las visitas, anunciadas previamente, comenzaban con un tedéum y seguían por contactos con las autoridades pero también abiertos a la presencia popular. Había exhibiciones folclóricas y exposición de problemas o de reivindicaciones; excepcionalmente, la familia real atendía, mediante una ayuda, a alguna necesidad local. Con el paso del tiempo, las prevenciones frente a un posible atentado fueron sustituidas por una accesibilidad manifiesta a la persona real. No había discursos ni promesas ni tampoco se evitaba el contacto con personalidades en apariencia conflictivas, como podían ser los republicanos. Se procuraba que el joven monarca estuviera en relación con los medios más diversos: desde las Academias militares a la Universidad. El Rey no hacía declaraciones pero dejaba caer frases que denotaban sus preocupaciones y el ambiente en que se había educado. Se manifestó, al mismo tiempo, «el primer soldado» y «el primer agricultor» de España y dijo de ella en 1902 que estaba enferma «hace cuatro años pero hoy se encuentra restablecida y aun lo estará más con la ayuda de Dios» [144].

Tras estos rasgos generales podemos recordar algunas ocasiones singulares. En agosto de 1903 estuvo en Estella, la antigua capital carlista, en donde fue recibido por unas cinco mil personas; también permaneció al pie de Montejurra, donde en otro tiempo don Carlos había revistado a decenas de miles de combatientes carlistas [145]. De ahí pasó a Navarra y Aragón, haciendo una de sus primeras declaraciones a la prensa: pensaba que en un plazo corto de tiempo y con la inversión de «unos cuantos millones» podría ponerse el litoral español en condiciones de defensa que permitirían rechazar cualquier intento de agresión enemiga. Luego en Castilla hizo afirmaciones que tenían que ver con el desarrollo de la agricultura: «Aspiraba a ser el primer agricultor de España» y por eso había montado una granja experimental en El Pardo [146].

Vuelto a Madrid, el Rey visitó la Universidad a mediados de febrero de 1904 sin nada previsto de antemano y en compañía de una sola persona, y se sentó en las clases de Azcárate. Ese año fue especialmente movido. En marzo se anunció el viaje a Cataluña, que la oposición liberal más centralista inmediatamente criticó. En esta ocasión, según el testimonio de un embajador, hubo signos de viva oposición «en altos lugares», es decir, en el propio Palacio y quizá por parte de la Reina madre. El Ayuntamiento de Barcelona, de mayoría republicana, acordó no ir como corporación a la recepción; uno de los concejales afirmó que el partido republicano «no consentiría en Barcelona las mojigangas de Zaragoza y Valladolid». Aun así, el viaje se inició el 5 de abril siendo despedido el Rey en la estación de ferrocarril madrileña por un elevado número de personas, porque se preveía que se produjeran incidentes. El Imparcial, principal diario liberal, publicó un editorial en donde afirmó que el Rey no podía dejar de visitar Barcelona pues «su retraimiento tendría el alcance de una abdicación que ni siquiera le agradecerían los mayores adversarios de la integridad nacional». Después, las fuentes periodísticas constatarían «un éxito grandioso» debido a «la simpatía personal del Rey, su juventud y su confianza en las multitudes». Sólo hubo ligeros incidentes con grupos republicanos. Representando a los catalanistas en la recepción del Ayuntamiento, Cambó pidió autonomía y el Rey le respondió que «uno de mis más fervientes deseos es conocer con puntualidad los deseos de mis súbditos; si de mí dependiera, muy luego tendríais concedido cuanto pedís».

El éxito en Cataluña fue tan inesperado que hizo cambiar de juicio a El Imparcial acerca de la propia persona de Maura. El programa de viaje no fue interrumpido ni siquiera tras el fallecimiento de Isabel II, abuela del monarca. En el Instituto Agrícola el presidente, Girona, pronunció en catalán parte del discurso. El Rey dijo que le parecía bien que se le hablara en esta lengua pues «es parte integrante del idioma español». «Yo», añadió, «siento no haberlo aprendido antes de venir a visitaros, pero os prometo aprenderla para entenderme mejor con vosotros cuando venga a Barcelona». El viaje, aun criticado, concluyó de forma beneficiosa a la vez para la Monarquía y para Maura, el presidente del Gobierno, quien, en una carta al embajador español en Londres, llegó a manifestar «la memoria tiene que remontar muchos años para evocar manifestación monárquica comparable». El periplo siguió por Baleares, Ceuta, Melilla y Andalucía. En el verano se reanudó con visitas a Galicia, País Vasco, Santander y Castilla. Sólo la muerte de la princesa de Asturias en octubre detuvo los viajes que se reanudaron hacia Levante, La Mancha y Extremadura en 1905. En abril el Rey estuvo con Villaverde en la republicana Valencia, logrando una gran éxito personal. Se trataba, según escribió el cronista de la época, de «un reducto más inconquistable» que Barcelona y aun así la recepción había sido positiva; Villaverde se permitió atribuirse, por tanto, un éxito semejante al que Maura había tenido en Barcelona [147]. En marzo de 1906, cuando faltaban sólo semanas para su boda, el monarca marchó a Canarias; fue la primera vez que un Rey de España visitaba las islas. Un embajador señaló que el monarca conocía la mayor parte de las provincias españolas y que sus viajes se habían hecho olvidando la «compleja y severa» etiqueta de la Corte y sustituyéndola con celebraciones religiosas y con fiestas populares [148].

De esta manera se generó un estilo de desempeño de la función de monarca que aparecía descrito habitualmente con el término «simpatía» y sus derivados. Indicaba, en realidad, llaneza, proximidad, espontaneidad y carencia de afectación y prosiguió con el transcurso del tiempo. En el verano de 1905, ya acabado la mayor parte del periplo, el Rey hacía una nueva excursión por el Pirineo que fue descrita como «democrática, sin uniforme ni séquito» [149]. Nunca perdió Alfonso XIII los rasgos indicados que hasta bien entrado su reinado fueron considerados positivos y, por tanto, un activo de la institución y de quien la personificaba.

EL HORIZONTE EXTERIOR

El final de los viajes del Rey por el interior de España coincidió con el comienzo de los que hizo al extranjero, los cuales, en cierta manera, sentaron las bases definitorias de la política exterior del reinado con las grandes potencias. Pero primeramente se debe hacer mención al papel que desempeñó Alfonso XIII en la relación con el Vaticano y el vecino Portugal.

Poco después de iniciar su reinado, el Rey envió al Papa Pío X desde el palacio de Miramar en San Sebastián una carta muy expresiva en la que le recordaba que su antecesor, León XIII, fue «mi padrino en la pila bautismal: durante todo el tiempo de su glorioso pontificado no dejó un solo instante de demostrar las más vivas simpatías por mi amadísima madre, por mi Real Familia, por mí y por la noble Nación cuyo gobierno Dios me ha confiado». Le decía también que «si Vuestra Santidad nos ampara y bendice, todos nos sentiremos más fuertes en la práctica de las virtudes cristianas» [150]. En realidad, lo que se pretendía con un texto como éste era mantener aquella especie de alto patrocinio que, contra la actitud de parte de la propia Iglesia española, había mantenido el papado respecto de la dinastía reinante en España y el sistema de la Restauración. En un documento de esta época se llegaba a afirmar que las autoridades pontificias «tan lejos iban en su celo que pedían al Gobierno les señalara ocasiones para reprimir y encauzar las tendencias del clero». A partir del reinado de Alfonso XIII el peligro de subversión de la derecha católica parecía mucho más limitado aunque subsistiera en Vizcaya, por ejemplo [151]. En realidad no fue necesaria presión alguna sobre el Vaticano para que evitara que sectores de la Iglesia española se situaran en las opciones políticas antidinásticas. Cuando se plantearon cuestiones graves como, por ejemplo, el cambio de legislación acerca de las órdenes religiosas, el Vaticano se limitó a esperar que la tradicional inestabilidad gubernamental lo hiciera imposible. Por ello, Roma no se empleó a fondo para movilizar a los católicos españoles [152].

El comienzo del reinado de Alfonso XIII significó de forma inmediata el estrechamiento de las relaciones con Portugal, al menos en lo que respecta a la relación personal entre ambos monarcas. Alfonso XIII viajó por vez primera a Portugal a fines de 1903 en devolución de la anterior visita del monarca portugués. Aunque todo transcurrió de forma normal, parece que pudo haber dificultades con algunos de los acompañantes del monarca español. De cualquier modo, a partir de este momento, Alfonso XIII mantuvo una relación estrecha con Carlos I, sin duda más íntima que con cualquier otro individuo de familia real europea. Con posterioridad a la visita, el embajador español fue convocado por el presidente del Gobierno portugués. Aparte de las consabidas y protocolarias alabanzas a la «cultura, vivacidad y hermosa juventud» del Rey, se refirió el jefe de Gobierno luso a las posibilidades de una relación política más estrecha basada por ambas partes en la coincidente amistad con Gran Bretaña; ello requeriría una política «paralela» entre los partidos monárquicos de los dos países [153].

No parece que se negociara nada semejante, por más que Gran Bretaña fue punto de referencia decisivo para ambas naciones. Se multiplicaron, no obstante, los signos de simpatía mutua. Cuando en el verano de 1904 Alfonso XIII visitó Andalucía, un barco portugués bautizado con el nombre del monarca de su país saludó al español [154]. En noviembre de 1904, el Rey de Portugal quiso visitar de nuevo España pero lo impidió el luto de la Corte como consecuencia de la muerte de la princesa de Asturias [155]. A finales de 1905 hubo un nuevo intercambio de cartas entre los dos Reyes cuando el portugués pasó por tierra española en dirección a París. Alfonso XIII pidió a Carlos I que viniera a España pues «no os podré pagar tantas bondades como entonces me prodigasteis pero sí quisiera demostraros hasta donde pueda mi agradecimiento aquí en medio de mi pueblo que os quiere». En un castellano deficiente el Rey portugués respondió aplazando el viaje para poderlo planear de una manera que tuviera «la importancia política» que le debía corresponder [156].

El contenido de la carta parece sincero porque en enero de 1906 el Rey portugués escribió al español acerca de un proyecto de viaje oficial en que sería acompañado por su mujer. La situación política de la Monarquía portuguesa era ya complicada; el Rey tuvo que retrasar su viaje por motivos relacionados con la situación parlamentaria de su país. Por la correspondencia diplomática cruzada en esta ocasión da la impresión de que Francia e Inglaterra sintieron un «infundado sobresalto» en relación con este viaje [157]. Esos términos deben ser considerados como excesivos aunque quizá estos dos últimos países, en cuya órbita se situaba la política exterior de los dos peninsulares, juzgaran que estos subordinados habían tomado alguna iniciativa de excesiva autonomía.

Cuando el viaje de los Reyes de Portugal tuvo lugar, a comienzos de 1906, el embajador italiano hizo un comentario que puede ser transcrito como resumen fiel de las relaciones existentes entre los dos países y sus respectivas casas reinantes. Entre ellos, afirmó, no había alianzas pero las relaciones eran «óptimas»; además, así seguiría sucediendo siempre que España permaneciera «en la órbita franco-inglesa». Durante el viaje en sí, como sabemos también por la correspondencia que lo hizo posible, no se planteó llegar a ningún tipo de acuerdo especial, dada la ausencia de los respectivos ministros de Asuntos Exteriores [158], pero se significaba que la relación entre los dos países en gran medida estaba centrada en los Reyes.

Todo se complicó a comienzos de 1908, cuando don Carlos I fue asesinado en Lisboa junto con su hijo y heredero, don Luis. Desde finales del año anterior, el Rey portugués había cometido el error de identificarse con la dictadura conservadora de João Franco, lo que sin duda alimentó las conspiraciones revolucionarias. Alfonso XIII recibió la noticia cuando estaba cazando, probablemente con el marqués de Viana. La información llegada de Lisboa decía que la Reina Amelia y el segundo hijo habían presenciado la agonía junto al embajador español. Éste informó en la madrugada del 2 de febrero de 1908 de que los agresores estaban dirigidos por un francés y habían recibido importantes cantidades de dinero como «precio del asesinato». Por la tarde el Rey español hizo telegrafiar a Lisboa preguntando al embajador por el «estado actual de la situación, espíritu que anima al ejército y marina portugueses y probabilidades que pueda haber de dominar el conflicto o temores de cambio de régimen». Sin duda temía que pudiera haber algún contagio en España. El último decreto de João Franco hacía alusión a que «el Gobierno de la nación vecina» había presentado un proyecto de ley que autorizaba a hacer salir del Reino a los miembros de asociaciones hostiles al orden social. Se refería con ello a la ley antiterrorista, propuesta por Maura, que debió retirar por la protesta surgida en los medios liberales.

Conocida la noticia, el presidente español se trasladó inmediatamente a Sevilla a conferenciar con el Rey. Se envió un barco de guerra a Lisboa pero otras medidas en algún momento consideradas, como el envío de tropas a la frontera, fueron descartadas. Fue Alfonso XIII quien tomó la iniciativa de enviar el buque de guerra a Lisboa. Lo hizo para dar especial relevancia a la presencia española en la capital portuguesa en esos momentos. «Creo», escribió el Rey a Maura, «(que el) barco no está de más puesto puede prestar honores funerales y entierro y dar más carácter a misión y representación española» [159]. En la práctica suponía también la demostración del interés que ponía en el futuro de Portugal. Alfonso XIII ordenó, además, que se trasladara a Lisboa una misión presidida por el infante don Fernando y alguno de sus ayudantes. Fue portadora de una carta a la viuda, doña Amelia. El Rey español pedía perdón por no expresarse en francés, lengua en que se debían entender habitualmente, «por la impresión que tengo de lo que acaba de suceder». A Luis, el heredero de la corona, lo describía «no sólo como mi mejor amigo sino (como) un hermano para mí». Aseguró que había dado orden de que partiera un barco de guerra «por si os hiciera falta» y «además hay también tropas para marchar al primer aviso» con destino a Portugal. Prometió, además, toda la ayuda material y moral para la integridad de la Monarquía portuguesa y la defensa del «joven nuevo Rey». Éste se llamaba Manuel y, aunque tenía dos años más que Alfonso XIII en el momento de acceder al trono, carecía de cualquier preparación para gobernar. El Rey español le escribió también a él. «Amargos son los trances que te han traído al trono», le decía, «pero no dudo que al aceptar, contra todo tu deseo… no ha de faltarte la ayuda de Dios». Le prometía «todo el afecto, todo el apoyo y hasta la cooperación material, si fuera precisa», pues «miré en tu padre mi mejor amigo, considero a tu madre casi como a una segunda madre, quise a tu hermano como a mi verdadero hermano; en ti condenso ahora todo el cariño que a todos profesé». El nuevo monarca portugués también empleó el término «hermano» para referirse al Rey español [160].

Carlos Seco, que en este punto, como en tantos otros, ha hecho importantes aportaciones al conocimiento del reinado, ha señalado que desde este momento existió una indudable solidaridad dinástica y política entre los dos reyes. Alfonso XIII ejerció como una especie de protector fraterno del monarca del país vecino; eso tuvo el inconveniente de generar una voluntad intervencionista en los asuntos portugueses. Ofrece, asimismo, la oportunidad de percibir cómo interpretaba el propio Alfonso XIII su papel de Rey. En el plazo de un año le escribió hasta cuatro cartas personales, en castellano o francés, al monarca portugués, «no como de Rey a Rey sino como de hermano a hermano». Hizo mención al «inmenso cariño que te profeso» y a que «si hay alguien en este mundo que desinteresadamente te sirva soy yo» y planeó con él posibles encuentros en Portugal o en Inglaterra. En realidad, el correlato que debe establecerse entre el Gobierno portugués de ese momento y la historia española es el de la fase final de la Monarquía, es decir, los gobiernos de Berenguer o Aznar. Alfonso XIII, no obstante, hizo la interpretación más optimista que pudo de la situación portuguesa. Los republicanos eran «más osados que numerosos» y si se conseguía superar «la apatía y divisiones de los monárquicos» la situación política acabaría por encauzarse. Acerca del papel del ejército hizo una afirmación que él mismo debía considerar valedera para la Monarquía española:

Veo además un síntoma muy favorable en el buen espíritu que parece reinar en el ejército. Si tú cuidas de mantenerlo y fomentarlo, mostrándole tu cariño e interesándote por cuanto pueda serle beneficioso, procurando, en una palabra, darle pruebas de tu confianza y que cada día esté más unido contigo puedes tener la seguridad de que cualquier perturbación que los revolucionarios intenten, tendrá que fracasar porque sin el ejército nada pueden.

Los consejos de Alfonso XIII no se detuvieron en recomendar tener contento al ejército, sino que se refirieron también al estilo que el monarca español había adoptado en relación con los españoles desde sus primeros viajes por provincia:

Veo que te mueves y que vas de un lado a otro; bien hecho. Así se hace. Verás cómo te metes en el bolsillo a todos los portugueses cuando conozcan a su Rey. Desgraciadamente, en nuestros Reinos no se Reina por la tradición sino por la simpatía y actos personales del Soberano.

En ocasiones incluyó recomendaciones más explícitas. El discurso de la Corona había sido «muy bonito» pero «la experiencia me ha demostrado que cuanto más se ofrece menos se da» y «encuentro que el discurso se presta a una muy larga discusión, lo que retrasará la marcha de los asuntos parlamentarios». Alfonso XIII tenía sólo veintidós años pero se sentía ya lo bastante experto como para hacer recomendaciones tan precisas. A lo largo de 1908 invitó a venir a España al Rey portugués: «Tengo un pequeño yacht nuevo», le decía, «con el que he ganado 15 premios de 18 regatas que he corrido». La relación entre los dos monarcas siempre fue personal, probablemente ni siquiera informada a los gobiernos respectivos. Las cartas de Alfonso XIII le llegaron al Rey portugués a través de algunos de los servidores de Palacio, como el conde de Aviar [161]. Finalmente, ambos monarcas se entrevistaron en febrero de 1909 en Vila Viçosa, cerca de la frontera portuguesa. Se ignora de qué trataron pero bien puede intuirse. No debieron hacer pacto explícito alguno, pero se comprometieron a ayudarse desde el punto de vista político —lo que implicaba sobre todo que Alfonso XIII prestara colaboración a Manuel II— y a fomentar el estrechamiento de relaciones entre ambos países. Todo quedó secreto, principalmente por deseo de don Manuel, que debía de considerar peligroso que se le identificara con España. Semanas después estuvo en Portugal el infante don Carlos. Lo que escribió a Madrid denota que en el Palacio de Oriente se observaba con mucha preocupación la evolución portuguesa: «Aquí parece que hay tranquilidad. ¿Aparente o real…? Hacen la impresión de estar algo achicados o preocupados por los sucesos» [162]. Todos, en Madrid y Lisboa, tenían motivos para estarlo. De cualquier modo, a estas alturas resulta evidente que la relación con Portugal era ya en buena medida el resultado de una política personal del monarca y lo seguiría siendo.

En diciembre de 1903, cuando era patente que, por el momento, en el nuevo reinado sólo habían existido iniciativas con respecto a Portugal, se hizo eco la prensa de que España no había tenido ninguna iniciativa en relación a la política exterior con las grandes potencias. Pronto, sin embargo, hubo varias y en ellas jugó un papel importante el joven monarca. En marzo de 1904 estuvo el káiser en Vigo y se entrevistó media hora con Alfonso XIII sin que la conversación parezca haber tenido especial significación [163]. Recuérdese, sin embargo, cuál era la postura de Polavieja sobre alianzas exteriores. Quizá, por otro lado, el emperador alemán quisiera perturbar el reparto del norte de África en que estaban embarcadas otras potencias.

La situación geográfica de España favorecía, en efecto, una relación preferente con Francia y Gran Bretaña, a la que tendían también los partidos del turno, en especial los liberales. Cuando ellas dos llegaron en abril a un acuerdo, en la prensa española aparecieron artículos que eran auténticos bramidos por lo que se consideraba como una humillación: «Arrojados de África», «El despojo de Marruecos» o «Tocando el violón» fueron algunos de los títulos. Se juzgó especialmente ofensivo el hecho de que estaba cercana la visita a Ceuta y Melilla del monarca español. No faltó quien recordara que Silvela había intentado un acuerdo con Francia antes de abandonar el poder [164]. Ya sabemos la razón que lo convirtió en imposible.

En realidad, la coincidencia de los dos partidos en este tipo de acuerdo y el interés británico en tener frente a Gibraltar a otra potencia de menos envergadura que Francia explican el tratado internacional suscrito por España con esta última en octubre de 1904. Por él se delimitaban las fronteras de la zona española entre el Muluya y Larache, con exclusión de Tánger en la zona occidental, y se impedía la fortificación de Melilla. El tratado tuvo el carácter de secreto y no se hizo público hasta 1911. Llama la atención que Maura, entonces presidente, manifestara en escritos íntimos su prevención a cualquier actuación militar en la zona que le había correspondido o a herir susceptibilidades de otras potencias [165]. «La penetración pacífica, posible y verdadera para ellos (los franceses), es para España, en el decenio, letra muerta», escribió. Quería, pues, concentrarse en la política interna. También resulta interesante otra frase que salió de su pluma en aquellos momentos: «Si la principal útil conveniencia del convenio es afirmar y dejar reconocida para días mejores nuestra personalidad en Marruecos, forma parte tan sustantiva y esencial el contacto con Inglaterra como el francés».

De esta manera la política exterior española quedaba establecida en relación preferente con estas dos grandes potencias, lo que explica que los dos primeros viajes de Alfonso XIII, aparte del ya mencionado a Portugal, fueran a ellas. Los llevó a cabo después de haber concluido prácticamente su recorrido sobre el territorio español y fueron también una novedad, ya que los recientes monarcas españoles habían viajado poco; se puede añadir, incluso, que constituyeron una parte de su formación. El viaje a Francia dio lugar en este país a la aparición de algunos folletos y libros de circunstancias y no exentos de la habitual cursilería monárquica. Merece, sin embargo, la pena tomar nota de la imagen que de Alfonso XIII se quería dar en uno de ellos, escrito por Jean d'Yvelet: el «benjamín de los soberanos de Europa» habría sido capaz de iniciar a su país en el camino de la transformación económica modernizadora y de olvidar el patriotismo proclive a la belicosidad. Era una visión que por el momento distaba de ser una realidad pero que expresaba un bienintencionado deseo [166]. Durante su estancia parisina, el Rey fue objeto de un atentado cuando pasaba con el presidente galo, Loubet, en la rue de Rivoli. Luego el monarca afirmó que, aunque dijo en un principio que se había tratado de un petardo, fue «una bomba y buena», pero el «chupinazo» nacía de los «gajes del oficio». Fue, quizá, la primera de las muchas frases castizas que se le atribuyeron. Desde París se trasladó a Londres antes de volver a España. Durante el viaje a la capital británica ya se empezó a especular en Madrid con la posibilidad de una boda con una joven perteneciente a la familia real británica. Conviene señalar, aunque volveremos sobre la cuestión, cuáles fueron las razones. La propuesta nació en medios liberales de izquierda (adictos a Canalejas) y se justificó porque suponía un apoyo internacional poderoso que no chocaba con Francia y una ruptura con el «fanatismo tradicional, causante de todas nuestras desdichas» [167]. No tenemos prueba escrita de que el Rey empezara a jugar un papel determinado y preciso en la política exterior con ocasión de estos viajes. De todos modos, él era un obligado pivote de la misma. En octubre de 1905 recibió al presidente francés en Madrid y, como para compensar con la otra alianza de la Europa de la época, en noviembre viajó a Alemania y Austria.

Debió ser a comienzos de 1906 cuando, con ocasión de la conferencia de Algeciras, Alfonso XIII empezó a intervenir más activamente en la política exterior. Durante el transcurso de esta conferencia el ministro de Estado comunicó telegráficamente a Madrid, casi a diario, las novedades que se iban produciendo; una copia siempre iba a parar al Palacio Real. Desde Algeciras la posición que transmitían los representantes españoles, presididos por el duque de Almodóvar del Río, era la necesidad de un pronto acuerdo entre franceses y alemanes; estos últimos querían una neutralización de Marruecos que les permitiera una intervención mayor. En las conversaciones se mantuvo por parte española una actitud de apoyarse en Francia e Inglaterra, superando las incitaciones alemanas que decían fundamentarse en «impedir que Francia predominara en Marruecos defendiendo de esta manera los intereses de España». Lo que nos interesa de forma particular es que se sugirió que el Rey interviniera de forma mucho más activa en la Conferencia, lo cual hizo, a través del Cuarto Militar del Rey, una persona que trató de que se mantuviera una actitud de confrontación con Francia y, por tanto, proclive a Alemania. «Se me figura», escribió, «que va a llegar un momento en que S. M. el Rey, de igual modo que intervino por medio del jefe de su Cuarto Militar en las cuestiones por los sucesos de los militares, tenga que intervenir en las conferencias de Algeciras» [168]. Pero no llegó a hacerlo, sino que las conversaciones se desarrollaron exclusivamente dentro de la competencia del ministro de Estado. Casi siempre (la excepción sería en el comienzo de la I Guerra Mundial) en la relación con estas dos potencias la posición del monarca fue coincidente con la de sus gobiernos y, si bien amistosa con ambas, más proclive a Gran Bretaña. Incluso en los viajes reales se hacía palpable esta realidad. En marzo de 1906 Eduardo VII, el Rey inglés, estuvo en San Sebastián y a comienzos de 1907 fue pospuesta una visita del káiser, pero Alfonso XIII pidió al emperador alemán que fuera testigo del bautizo de su segundo hijo y se despidió de él con un expresivo «su devoto hermano» [169].

La entrevista de Cartagena —abril de 1907— entre los Reyes británico y español en presencia de Maura y del subsecretario del Foreign Office, ratificó la orientación de la política exterior española. No conocemos de manera precisa la posición del Rey español, pero en la nota íntima que redactó el presidente se emplea un plural que indica coincidencia. Maura apreció la actitud amistosa del monarca británico y se mostró partidario de la «equidistancia» con respecto a Francia y Gran Bretaña; entre una y otra no podía haber «no ya agravio, ni recelo ni tibieza pero ni siquiera gradación descendente en la cordial inteligencia». Tampoco quería ninguno de los dos ofender a Alemania, pero quedaba claro que el alineamiento de la política exterior española tenía que ver con el aplazamiento de la visita del emperador. La nota publicada en la prensa conservadora con ocasión de esta visita recalcó que de ella no se deducía ningún acuerdo especial sino la identidad general en las posiciones de ambos países [170]. Poco después de esta visita se habló de la posibilidad de que el Rey inglés y el español tuvieran sendas residencias en la costa gallega, concretamente en la ría de Arosa, sin que estos rumores, que aparecieron en muchos diarios, se confirmaran.

Luego, a finales de 1907, estuvo don Alfonso en París y Londres acompañado por el ministro de Estado, Allendesalazar. Como desde Gran Bretaña le escribió a Maura explicándole sus gestiones, podemos conocer cómo iba definiéndose en la práctica la delimitación de funciones entre presidente y Jefe del Estado. «El viaje a París», contó el Rey, «resultó bien y sobre todo se han suprimido los pequeños rozamientos y asperezas que había este verano y he podido comprobar que hay de parte del Gobierno francés buena disposición para nosotros, repetida no una vez sino a cientos durante mi estancia en aquella capital». Explicaba, a continuación, «una idea que les di y que les pareció muy bien, a saber, que dentro de unos meses venga M. Pichon a Madrid lo mismo que ahora nuestro ministro de Estado lo ha hecho. Esto tiene la ventaja, a mi juicio, de establecer una relación aún más firme entre España y Francia y evitar los embajadores, que no pueden hablar por sí como lo hace un ministro». Una iniciativa de este tipo no parece propia de un jefe de Estado de una Monarquía democrática pero, en realidad, Alfonso XIII tenía poderes sobre política exterior (y lo que hizo tampoco contradecía la política del Gobierno). Resulta significativo que el tono empleado por el Rey con respecto a Gran Bretaña fuera mucho más breve y cordial: «En Inglaterra no hay nada que hablar pues tanto el Rey como sir Edward Grey no desean otra cosa que estar a bien con nosotros» [171].

Como había concertado Alfonso XIII, en enero de 1908 estuvo en España el ministro de Asuntos Exteriores galo, Pichon, con lo que se completó el conjunto de sintonías de la política exterior española. Los británicos habían tomado nota de la importancia atribuida por las autoridades españolas a esta ocasión. La información que recogió entonces el embajador italiano parece corresponder a la realidad: Francia no deseaba que España se comprometiera a «una cooperación militar» sino tan sólo que no creara dificultad alguna en cada momento en que ella tomaba una iniciativa. Maura, por su parte, dejó claro que quería mantener la actuación española en el norte de África lo más limitada posible. A todos los observadores les llamó la atención que a las recepciones celebradas en esta ocasión acudieran los representantes de Gran Bretaña y Rusia y no los de las demás potencias [172]. España parecía alinearse con una de las alianzas existentes en la Europa de la época.

Con ello se dibujó de forma definitiva el perfil de la política exterior española durante el reinado. España, en lo esencial, aunque sin compromisos de carácter general, se incardinaba en el área de influencia franco-británica. La relación con estos dos países resultaba, sin embargo, muy distinta. La existente con Francia era y siguió siendo siempre conflictiva, no sólo porque existían perpetuos roces en Marruecos, sino también por la sensación española de que su vecina siempre le trataba con prepotencia. Gran Bretaña, en cambio, era un país que podía recortar las pretensiones francesas y a quien, por tanto, se podía acudir en caso de conflicto.

Todo inducía a que la cercanía fuera mayor con este último país y a ello ayudaron también realidades tan distintas como el ambiente de los medios intelectuales liberales españoles y las aficiones deportivas y el matrimonio del monarca. A lo largo de 1908 hubo pruebas de la anglofilia de Alfonso XIII: en marzo, durante una conmemoración de la guerra de la Independencia que alejaba de Francia, el duque de Wellington fue nombrado grande de España. Ese verano el monarca español escribió a su homólogo británico acerca de una estancia en las islas que repetiría cada vez con mayor frecuencia: «Ena», le indicaba, aludiendo a su mujer, «desde hace mucho tiempo quiere pasar algunas semanas con su madre en la isla de Wight. Me gustaría mucho acompañarla durante su estancia en este bello lugar, tanto más cuanto que mi Gobierno no se opondría y mi pueblo, estoy feliz de constatarlo, ve con simpatía los viajes a Inglaterra, como por otro lado todo lo que contribuye a estrechar los lazos de amistad entre Gran Bretaña y España» [173]. El Rey británico debía de considerar parte de sus obligaciones una actitud amistosa respecto de un país no tan relevante pero que desempeñaba un papel en los planes estratégicos británicos. Cuando recibía atenciones de él, la Embajada española lo atribuía a una deferencia personal respecto de Alfonso XIII [174].

Gran Bretaña constituía en ese momento el ejemplo de una Monarquía democrática, pero para los liberales españoles también lo era Italia. La posibilidad de un viaje de los Reyes españoles allí se debió de plantear en octubre de 1907, pero siempre estuvo pendiente de una realidad diplomática insoslayable, la de que una visita a Roma planteaba la cuestión de las relaciones entre Italia y el Vaticano. La presencia de Alfonso XIII en Roma obligaba a una audiencia con el Papa, pero éste no aceptaba compatibilizar un viaje de un Jefe de Estado de una nación católica a la Santa Sede si al mismo tiempo se establecía contacto con el Gobierno de quienes habían ocupado los Estados Pontificios. A finales de 1908, el embajador italiano tuvo una conversación con el monarca español, quien se mostró dispuesto incluso a que la entrevista tuviera lugar fuera de España y explicó las razones por las que tenía interés en mantener ese contacto personal. Él y el monarca italiano eran los Reyes más jóvenes de Europa y se encontraban al frente de naciones liberales [175]. El hecho de que la entrevista no se realizara por el momento testimonia, no obstante, que aún no se había desvanecido el recuerdo de la España de la Regencia cuando se dependía tanto del apoyo del Vaticano.

VIDA OFICIAL Y PRIVADA: UNA NOVIA PARA EL REY

Tal y como se ha indicado, los viajes reales suponían la apertura al mundo internacional, la incardinación en él y el establecimiento de unos lazos que no eran únicamente personales sino también políticos y que, en una situación de tensión como la que vivía Europa antes de la I Guerra Mundial, tenían que estar sabiamente contrapesados. Algo parecido sucedía con los honores. El emperador de Alemania nombró, por ejemplo, al Rey español almirante de su flota, general de su ejército y coronel de un regimiento; y el monarca español se lo agradeció prometiendo utilizar los uniformes con ocasión de una eventual visita a Alemania. Pero también admitió otros de naciones enemigas de Alemania [176].

El matrimonio de una persona perteneciente a la realeza establecía una relación más profunda y definitiva, casi una alianza. Dado que en la Europa de la época había dos centros de poder —imperios centrales y alianza franco-británica, con su apéndice ruso—, también hubo dos posibles candidaturas de novia para el Rey [177]. Ya se ha señalado que en junio de 1905 la tesis de un matrimonio británico había adquirido consistencia definitiva. Pero la cuestión había empezado a ser tratada en los medios gubernamentales en fecha mucho más temprana. Da la sensación de que el matrimonio de Alfonso XIII se abordó por vez primera en torno a abril de 1904, es decir, durante la etapa del primer Gobierno Maura. En ese momento se mencionó la posibilidad de un matrimonio portugués, con la hermana de la Reina de Portugal, perteneciente a la familia de Saboya, de clara raigambre liberal. Hubo también varias candidatas pertenecientes a familias reales alemanas, atribuidas a los deseos de doña María Cristina. Se habló de la archiduquesa María Gabriela, hija del archiduque austriaco Federico y, por tanto, pariente consanguínea del monarca; de Victoria Luisa, la hija del káiser, princesa de Mecklemburgo; de Pilar de Baviera, hija de la infanta Paz, y la princesa Sofía de Sajonia. Pero, como veremos, pronto se impuso en los medios gubernamentales la idea de una boda británica. Como éstos no la argumentaron, de puro sabido, hay que recurrir a la interpretación del embajador francés. «Si España se muestra desafiante y envidiosa de nosotros de forma insoportable», escribió, «tiene miedo de Inglaterra». Aun así, una boda con una princesa británica consolidaría la Monarquía y «desde otro punto de vista, una joven princesa inglesa aportaría aquí las formas de vida y la independencia de espíritu que modificarían las costumbres de una Corte un poco pasada de moda». A finales de 1904 ya constataba el mismo diplomático que «el matrimonio inglés parece gozar de la unanimidad». Sólo entonces empezaron las especulaciones en la prensa, en donde se titubeaba aún con la posibilidad germánica [178].

Pero los dirigentes políticos ya habían optado. Maura abordó por vez primera la cuestión en mayo de 1904 con la decisión tomada en cuanto a la procedencia geográfica. «Aunque todavía sea pronto», escribió al duque de Mandas, embajador español en Londres, «ya se avecina el tiempo en que habremos de pensar (en el matrimonio), pues razones de Estado y circunstancias de familia tan conocidas por V. como por mí…, recomiendan la presteza y aun hacen sobresaltada y penosa la espera». Decía saber de la «favorable disposición» del duque de Connaught, que había representado a la familia real inglesa en la proclamación del Rey español y tenía dos hijas en edad propicia para el matrimonio. Al parecer, ellas, sobrinas del Rey de Inglaterra, estarían dispuestas a la conversión al catolicismo de la que fuera Reina de España. Maura, en consecuencia, pidió «noticia cabal de la familia y de la protagonista». Se le respondió con un juicio positivo de la familia y de las hijas, descritas como «no bellezas deslumbradoras pero sí muy graciosas, guapas», en especial la más joven; luego, tras haber pasado algún tiempo, el embajador dijo que tenían «aire muy de princesas y, sin embargo, modesto». Ya en una carta posterior apareció la que sería elegida: «Hace unos días oí en un almuerzo que la princesa Victoria Eugenia, hija de la princesa Beatriz (princesa Henry of Battenberg), hermana del Rey, es más bonita y más simpática todavía que las hijas de Connaught…. (pero) su madre la hace ver poco aún en el mundo». «Mi mujer completará su colección de fotografías de princesas en todo lo posible (y) no sabrá para qué», añadió el diplomático [179]. Maura influyó hasta tal punto en la vida personal del Rey que contribuyó a buscarle novia; se comprenden los problemas entre ambos.

Sabemos ya el momento en que Alfonso XIII visitó Gran Bretaña, tras haber estado en París. Mucho antes, en agosto de 1904, el Rey español escribió al británico aceptando una invitación al viaje de un modo que hacía prever la posibilidad de la boda, pues decía querer conocer a «su augusta familia». Aun así, había un factor de mucha trascendencia que derivaba de una confesada anglofilia pues se decía interesado en «el funcionamiento de sus principales instituciones políticas y algunos ejemplos del maravilloso desarrollo industrial y comercial que hacen de su reino el objeto de admiración universal». El viaje se retrasó por la ya citada muerte de la princesa de Asturias [180]. En el ínterin, a comienzos de 1905, cuando ya había rumores en la prensa española que hablaban abiertamente de la «novia» del Rey, el duque de Connaught y sus hijas, Patricia y Victoria, estuvieron en Cádiz, levantando cierta expectación, aunque el embajador británico acabara desmintiendo que se estuviera planeando la boda con alguna de ellas. «En el fondo», comentó el embajador francés, «esta unión encanta a la vanidad nacional». Cuando un nuevo embajador británico presentó sus cartas credenciales en febrero de 1905, los observadores detectaron «palabras excepcionalmente afectuosas del soberano» que se atribuyeron a un «reconocimiento» del Gobierno español por la influencia conseguida en Marruecos y se interpretaron como un indicio acerca de la posible boda [181].

Los futuros esposos se conocieron con motivo del viaje de Alfonso XIII a Gran Bretaña en junio de 1905. Fue una ocasión singular, puesto que era la primera vez en tres siglos y medio que un monarca español visitaba Gran Bretaña. Aunque el viaje tuviera los motivos de política exterior que ya han sido señalados, el matrimonio real era el principal objetivo. La princesa Patricia era considerada entonces como la candidata, incluso por la luego elegida, pero tenía ya su propia elección masculina. Victoria Eugenia de Battenberg, por su parte, ya había «casi apalabrado», como contó luego, el compromiso con el gran duque Borís de Rusia. Todas las fuentes (y disponemos de varias, porque la cuestión, al ser política, debía ser tratada por los medios diplomáticos) indican el enamoramiento del Rey. La propia futura Reina comentó mucho tiempo después que «se veía que yo le había gustado».

Denominada familiarmente como Ena, la novia era rubia, delgada, con ojos azules y tez rosada, alegre y tímida. Hija, como sabemos, del príncipe Enrique de Battenberg y de la princesa Beatriz de Gran Bretaña, era la trigésima segunda y más joven nieta de la Reina Victoria y el primer miembro de la familia real que nació en el Palacio de Balmoral, en Escocia (1887). Pertenecía, en realidad, a un rango segundón en el seno de la familia real británica, de modo que su título era alteza pero no alteza real. En cuanto a sus rasgos de personalidad, el embajador la describió, de acuerdo con las informaciones que había podido recoger, como «cultivada, en especial en materias pictóricas y musicales, inteligente y carente de ambición».

Sus padres se habían casado en contra de la voluntad de la Reina Victoria quien los obligó a permanecer en Gran Bretaña. Había vivido durante mucho tiempo en la isla de Wight, muy en contacto con la naturaleza, y eso había fomentado un carácter retraído, amigo de los animales y de las flores, no muy predispuesto para la vida social, reservado y propicio para las virtudes caseras. Así se explica que sus preferencias en cuanto a lugares de residencia en España fueran La Granja, el Palacio de la Magdalena en Santander y quizá Miramar y Sevilla. Su formación había sido rígidamente victoriana y sin duda nada más oportuno para ella que ese calificativo. No había tenido contacto alguno con España como no sea el que la emperatriz francesa Eugenia de Montijo había sido su madrina [182].

La opinión española pronto supo de las candidatas y, lo que resulta más curioso, estableció sus preferencias. Una encuesta, realizada por el diario ABC en septiembre de 1905 y que luego publicaron el resto de los diarios españoles, la colocó por delante de su prima Patricia; entre ambas reunieron casi la mitad de los votos emitidos, muy por delante de las candidatas germánicas. Los políticos se habían adelantado, pues, al juicio de los ciudadanos. Pero, como para llevar a cabo un movimiento de compensación en materia que en esos tiempos era delicada cuestión de Estado, la familia real española emparentó al tiempo con una de las alemanas. En octubre de 1905 Alfonso XIII, como jefe de su casa, debió autorizar la boda de su hermana María Teresa con el infante Fernando de Baviera, con la condición de que permaneciera en España a sus órdenes como oficial del ejército y adquiriendo la nacionalidad española [183].

En realidad, la boda ya estaba decidida pero a finales de 1905 y comienzos de 1906 hubo todavía algunas dificultades en España, por la oposición de la extrema derecha. Mientras tanto, la pareja intercambió postales; las de la futura Reina han sido publicadas y demuestran una rápida transición desde autodefinirse como «amiga» hasta el empleo de la palabra «amor». Aquélla fue una «corte rápida» como la definiría luego la Reina. Mucho tiempo después diría que cuando conoció a su esposo le había parecido «muy delgado, muy meridional, muy alegre, muy simpático; guapo no era en aquella época». No se conservan las postales del Rey pero sí su última carta, escrita cuando estaba haciendo el último de sus viajes por la geografía española en las islas Canarias. Le contó a su novia que «a pesar de ser una provincia española» nunca un Rey las había visitado. En la carta, escrita en inglés y como «privada y confidencial», el monarca se declaraba «muy agradecido por tus amables deseos sabiendo, como sé, que me los envías desde el fondo de tu corazón». «Gracias mil veces por tus oraciones, que espero que continuarás por mi felicidad en mi vida de casado», añadía. «Estoy muy agradecido a Dios por haberme ayudado a encontrar una buena y amante esposa. Puedes estar segura que nunca te olvido y te envío mi amor» [184].

Ya por entonces la relación se había convertido en oficial. En enero la pareja se entrevistó en Villa Mouriscot, en Biarritz, donde se produjo la petición de mano. Al Rey le acompañaba, entre otros, el marqués de Viana, que pronto iba a ocupar el puesto de primer caballerizo y montero mayor en Palacio; la Reina le acusó después de ejercer una influencia detestable sobre el monarca en el comportamiento íntimo [185]. La pareja se volvió a encontrar luego en la isla de Wight, en donde ella le inició en el golf. En marzo se informó a las Cortes del propósito del Rey. Antes, sin embargo, había tenido lugar la conversión al catolicismo de la princesa, celebrada en San Sebastián; según algunas fuentes, se llevó a cabo con especial discreción, pues de lo contrario hubiera podido dar lugar a manifestaciones clericales o anticlericales. «Después he sido muy feliz en la religión católica, pero la entrada fue dura, muy dura», contó mucho tiempo después; «me lo hicieron lo más antipático que pudieron». Poco antes el Rey dirigió una carta al Papa en que aparecía un párrafo significativo que nada tenía que ver con la experiencia de la conversa. «Nacida fuera de la Religión Católica», decía con respecto a su futura cónyuge, «no ha podido aún ser instruida en los misterios y preceptos de la verdadera fe pero muy pronto su conversión será un hecho y nuestra Santa Madre la Iglesia Católica contará en su seno con una hija más. Hija fiel y amantísima porque no sólo su afecto a mi persona, ni mucho menos violenta coacción o razón de Estado, son los móviles que la obligan a abandonar el error. Indúcenle muy principalmente a ello seguro instinto del corazón nacido y una decidida voluntad para llevar a término tan hermoso propósito». El Papa aprobó que la conversión revistiera «una importancia capital» para la princesa. Desde el punto de vista ideológico, el matrimonio parecía más cercano a los intereses del mundo liberal, pero la carta del Papa proporcionaba un seguro frente a los sectores clericales o reaccionarios [186].

En abril de 1906 la futura Reina llegó a España. El matrimonio había requerido la firma de un tratado entre España y Gran Bretaña, de acuerdo con el cual quedaban previstas las cantidades que le corresponderían a la Reina dentro del Presupuesto de la Casa Real y también en caso de virtual viudez. El día anterior a la boda tanto ella como el Rey recibieron a la prensa, que le entregaron una pluma de oro y pidieron al Rey que fuera utilizada para la firma en los esponsales. El Rey presentó a la futura Reina a los periodistas. Uno de ellos, republicano, dijo asociarse con gusto al homenaje de sus compañeros. «Eso es igual, da lo mismo», repuso el Rey. Luego añadió que «no han contado ustedes más que la verdad y en forma tal que no me explico ni cómo podían enterarse de algunas cosas. Y ha estado tanto mejor cuanto que todo eso lo han hecho ustedes sin causar la menor molestia» [187]. Ésa debió ser la iniciación de la Reina al estilo de su marido como monarca, muy distinto, por menos protocolario, del que había conocido en Gran Bretaña.

La boda se celebró el 31 de mayo en la iglesia de los Jerónimos. De acuerdo con los cronistas oficiales de aquella Monarquía, se había convertido en un «gran suceso nacional» y parece que la descripción es apropiada, al menos para una parte de la sociedad española. El acontecimiento quedó marcado, no obstante, por el atentado ocurrido en la calle Mayor, enfrente de la entonces Embajada de Italia, al arrojar un individuo un ramo de flores desde un balcón de la casa situada en la esquina con la calle de San Nicolás. El estallido produjo de forma inmediata la muerte de personas y animales y sembró una gran confusión. «Por las junturas de los adoquines», contaron los periodistas, «corrían hilillos de sangre y su púrpura trágica manchaba el estribo de la carroza regia, los trajes, las paredes». El Rey inmediatamente hizo señas a su séquito y al público de que no había quedado herido, como tampoco la Reina. De acuerdo con la narración del embajador francés, le habría preguntado a la Reina si la habían herido y, al recibir la respuesta negativa, le recomendó «entonces muéstrate serena ante la gente». Tuvo, no obstante, que cambiar de vehículo mientras que una parte del séquito se adelantaba al Palacio de Oriente, donde estaba doña María Cristina, para explicar que los Reyes estaban bien. La madre del Rey recibió en meses sucesivos algunos anónimos relativos al atentado y ese mismo día ya había tenido que leer otro en el que se prometía que doña Victoria Eugenia no se sentaría nunca en el trono. «El Rey», contó al poco a sus superiores el representante galo, «ha demostrado su sangre fría habitual ante el peligro y ha intentado calmar a la muchedumbre con sus gestos. La joven Reina, sentada a su lado, ha demostrado una valentía parecida; no se ha abandonado a la emoción sino al entrar en Palacio». Tras el atentado recorrieron la ciudad varios rumores sucesivos de que iba a estallar una nueva bomba y para calmar este estado de ansiedad se mantuvieron las fiestas de celebración de los esponsales. El Rey quiso salir inmediatamente de Palacio para demostrar que el atentado no había tenido éxito, pero los médicos no le dejaron. Lo hizo al día siguiente recorriendo la plaza de Oriente. Inmediatamente hubo exigencias de posibles responsabilidades: se dijo que se habían tomado muy pocas precauciones en el recorrido de la comitiva real y se reprochó a las autoridades de otras latitudes la escasa colaboración en la persecución de terroristas [188].

Aunque Alfonso XIII fue objeto de otros dos atentados graves (el de 1905 en París y el de 1913 en Madrid) junto con otros dos (en 1902 y 1903) de menor trascendencia, obra probable de desequilibrados, fue éste el más espectacular y el que debió de tener más impacto en su vida. Fue también para doña Victoria Eugenia una ruda iniciación a lo que le podía esperar como Reina de España. Por su parte, doña María Cristina recibió informes puntualmente de su secretario en los meses sucesivos de lo que las autoridades policiales pensaban sobre la repetición de un atentado contra su hijo. El secretario recabó información directa de los gobernadores de Barcelona acerca de cuál era el estado de las investigaciones policiales. Le informaron de que los principales anarquistas aquel día habían estado atentos a las noticias, como si supieran que algo iba a pasar. Desde luego esas autoridades estuvieron convencidas de que Ferrer había sido el inductor y el recaudador de la financiación para preparar el atentado. Más tarde la investigación demostraría que en efecto Morral, el autor, que se suicidó después, había estado cercano a Ferrer. Esta correspondencia testimonia, de cualquier manera, el ruinoso estado de la policía española. «Es preciso», clamaba el gobernador, «que, prescindiendo de la política, se forme un cuerpo de policía idóneo, activo, honrado y bien retribuido». De momento no hizo otra cosa que enviar fotografías de sospechosos e incautarse de la correspondencia de quien consideraba principal culpable, «amigo de Morral, coautor del atentado, mantenedor del subsistente complot, no castigado aún por lenidad de todos y otras causas políticas». «El complot está (vivo) en toda su integridad», añadía, «y si no se prende a la concubina de Ferrer y se pone en libertad a este criminal no tendremos garantías»[189]. Aun después de ejecutado Ferrer en 1909, sobre los años siguientes planeó la posibilidad de una repetición del atentado, lo cual en 1913 se demostraría que no era imposible.

En la España a la que llegó doña Victoria Eugenia ya ha se había acuñado una forma especial de desempeñar la condición de monarca. Se basaba en esa «simpatía» que habían experimentado quienes habían contemplado los viajes del joven Rey; la misma de la que éste le había hablado a don Manuel de Portugal. Un monarca que recordaba por su prognatismo a los Austrias, hablaba sueltamente con acento madrileño y palabras populares, a veces castizas y con la mayoría de las personas practicaba el tuteo confianzudo. Los ejercicios físicos, quizá recomendados a la madre por sus médicos para combatir la supuesta tendencia a la tisis, se habían convertido en muestras de aparente europeización al transfigurarse en deportes. Llegó a aparecer en informaciones diplomáticas la afirmación de que en realidad a Alfonso XIII no le gustaban los deportes, pero lo simulaba para impulsar su uso por razones patrióticas o regeneracionistas. En su práctica, a veces criticada en la prensa por excesiva, también se comportaba con llaneza. En una ocasión, cuando cazaba con el embajador alemán y éste era incapaz de encontrar las piezas cobradas, le dijo: «Bien, amigo Radowitz, pero debe de ser francés el pájaro; se le ha escapado» [190]. Hubo un momento en que se había hecho tan habitual en la prensa que apareciera el Rey haciendo deporte que el marqués de Viana prohibió que, en adelante, aparecieran fotografías del Rey de ese modo, y se obligó a la prensa ilustrada a que entregara los reportajes antes de su publicación [191].

La Monarquía era bastante transparente a la publicidad y a las críticas, sin duda en mucho mayor grado que en épocas precedentes. En los primeros meses de 1907 hubo polémicas sobre la fortuna que había dejado el padre del Rey e incluso acerca de sus hermanos bastardos. Se habló, por ejemplo, de la supuesta pérdida de la herencia de don Alfonso XII como si hubiera sido muy considerable y para culpar de ello a la regente. Pero ni era así ni tampoco la cuestión duró mucho tiempo en la prensa. Se utilizó para desmentir ese supuesto el principal diario conservador [192]. Otra cuestión relativa a la Monarquía se refirió a la existencia de dos supuestos hijos naturales de Alfonso XII como consecuencia de sus amores con Elena Sanz. Un diario republicano, España Nueva, publicó sus fotos e hizo un reportaje acerca de su presencia en Madrid con muchas alusiones a su condición de hermanastros del Rey. A él se aludía como un pariente que «no está del todo mal instalado y hasta tiene algunas posesiones; hace poco que se casó y ahora, como su mujer va a dar a luz, necesitará algún dinero, pero siempre le quedará para pasar el verano en San Sebastián». Las fotografías testimonian que uno de ellos tenía evidente parecido con el Rey. Esos dos supuestos hijos bastardos, residentes en Francia, pleitearon para ser reconocidos y recuperar unas cantidades que supuestamente les habían desaparecido. Actuaron como defensores de la casa real Montero Ríos y Cobián, ambos abogados y políticos. Fracasaron los demandantes pero el inspirador de España Nueva, Rodrigo Soriano, el diputado más proclive a producir escándalos en las Cortes españolas del momento, consiguió durante un tiempo estar bien nutrido de motivos para importunar a la Corona [193].

Parece evidente que las bodas reales fueron un primer paso para que en la vida de la Corte y en el mundo oficial se introdujeran novedades modernizadoras y anglófilas. Mucho tiempo después la Reina confesó que había encontrado la Corte «muy cerrada», asombrándose también de testimonios de atraso como la ausencia de hoteles en donde alojar a sus invitados (tuvieron que residir en residencias de grandes de España) o de calefacción central en Palacio. El secretario del Rey le pareció un tipo grotescamente bajo que no tenía reparo en escupir en el suelo. No lo dijo, pero también debió encontrar algunas modas simplemente bárbaras: veía los toros o bien con gafas que le permitían desviar la vista o con unos prismáticos al revés. Pronto hubo cambios: en Palacio la comida no fue nunca española y las mujeres empezaron a poder fumar en público; celosos predicadores no se recataron en criticar nuevas formas de vestir las mujeres. El cambio afectó también a las vacaciones. En abril de 1908 se hizo público que el Rey aceptaba el regalo, realizado por suscripción pública, de la península de la Magdalena en Santander, donde se construiría una residencia veraniega. Lo que interesa es que se trató de un palacio inglés, proyectado y construido por arquitectos de esa nacionalidad unos años después. El duque de Santo Mauro, que estaba en casa de la Reina madre, proporcionó el modelo tomado de una residencia anterior [194].

Otra cuestión es la de si esos cambios se tradujeron también en actitudes más de fondo. Quizá se hubiera podido pensar que se modificaran, por ejemplo, las relativas a la cuestión religiosa. Llama la atención la caracterización que la Reina hizo del Rey en este terreno: así como «le encantaba tomar la palabra para hablar de cuestiones militares», era católico pero «no muy exagerado». No fue nunca un clerical pero, por ejemplo, a doña Victoria Eugenia, lectora convencional y poco imaginativa, él —que dio siempre la sensación de leer muy poco— le permitió la literatura española o la inglesa, pero no la francesa, «porque era muy severo».

Todos estos testimonios proceden de los recuerdos de la Reina, pero en la época se habló de que la Corte española se había dividido en dos, alineándose en un bando doña María Cristina, la infanta María Teresa y el infante don Carlos, ya viudo y próximo marido de María Luisa de Orleans, y en otro la Reina Victoria Eugenia. Este supuesto enfrentamiento probablemente no fue más allá de una diferencia de sensibilidades, pero pudo enlazar con las disputas clericales que vivía la España de entonces. Se dijo que estaba planteada la posibilidad de que hubiera una capilla protestante en el Palacio Real de Madrid en donde la princesa Beatriz, madre de la Reina, pudiera cumplir sus deberes religiosos. Esta eventualidad resulta muy improbable, dado el ambiente de la época, si bien la existencia de ambos grupos resulta mucho más posible. Cuando, con ocasión de la boda, vino a Madrid la madre de la futura Reina de España para acompañarla, asistió en la calle Leganitos a una celebración anglicana, acontecimiento que bastó al diario El Liberal para calificar como «genial» el día [195].

De cualquier manera, da la sensación de que al poco tiempo pudo empeorar la imagen pública de la Reina, al principio admirada por su belleza. Cuando se aproximaba el otoño de 1908, es decir, algo más de dos años después de la boda, el embajador italiano detectó algunos de los inconvenientes percibidos por los españoles acerca de ella. No se había hecho a las costumbres españolas ni aprendido todavía la lengua; no disfrutaba de su estancia en Madrid ni tampoco en San Sebastián, cuya prensa había mostrado su malhumor por este desvío. En cambio, prefería «la vida tranquila y campestre» de La Granja, en donde había pasado la luna de miel y nació el infante don Jaime en 1908. Se decía incluso —éste puede haber sido un rumor nacido en círculos de extrema derecha— que durante su estancia en Gran Bretaña frecuentaba capillas protestantes. Por dos veces la había visitado en España su madre, la princesa Beatriz, y las relaciones de don Alfonso con ella nunca parecieron buenas. Crecía, en cambio, el aprecio popular por doña María Cristina, quien había desaparecido del primer plano desde el matrimonio. El papel de la madre terminó siendo decreciente en el terreno político y el de doña Victoria Eugenia nulo, por lo menos hasta después de la I Guerra Mundial.

LOS LIBERALES EN EL PODER (1905-1907)

Debemos volver ahora a la narración de la evolución política española tras el paréntesis en que hemos tratado de las relaciones exteriores y de la vida íntima del monarca. Si el partido conservador estuvo poco unido en los tres años iniciales del reinado, que presenciaron la sucesión de seis gobiernos, los liberales aún empeoraron la inestabilidad con cinco en tan sólo un año y medio.

Desde un principio el Gobierno de Montero Ríos se vio amenazado por la discordia interna. Canalejas y Moret, que aspiraban a ser presidentes —y lo fueron después— habían quedado excluidos de él y una nota del segundo (quizá dirigida a doña María Cristina más que al Rey) se quejó del «exclusivismo» de un Montero Ríos, no sólo en lo que hacía referencia a la distribución de los puestos ministeriales sino también a los escaños parlamentarios. El nombramiento de García Prieto, su yerno, como ministro de la Gobernación demostraba, según Moret, que el presidente deseaba que la mayoría liberal le fuera muy afecta. En la nota citada se hacía mención del «desaliento y perplejidad» sentido por ambos dirigentes, indicio evidente del peligro que corría la estabilidad del Gobierno. Luego estas reticencias se le hicieron llegar al Rey directamente en el momento en que Montero Ríos empezó a redactar un manifiesto programático [196]. El contenido acentuaba los aspectos más definitorios de la política liberal, principalmente en el terreno religioso, como para responder a las dificultades existentes con núcleos disidentes del partido.

Uno de los nuevos ministros del Gobierno de Montero Ríos fue el conde de Romanones, pronto muy activo en todos los aspectos. Fue él quien mostró una especial preocupación por la trágica situación en el campo andaluz provocada por la sequía y reclamó financiación pública para efectuar algún tipo de obras que satisficieran el problema del paro. Como hacía Moret, también actuó con frecuencia en el entorno del monarca: a él se dirigió, por ejemplo, narrándole las dificultades del ejecutivo con la nunciatura por la cuestión clerical. Debió ser él, además, quien le propuso una firme actitud respecto de la situación en Andalucía, que sería beneficiosa para la Monarquía. «Es el momento», escribió, «que el Rey prosiga su generosa obra y sobre todo de que sepa Andalucía cuánto se interesa por ella y cuánto le deberá». «(Conviene) que el monarca llame directamente a su ministro y que luego en Consejo presidido por el Rey se decidan los remedios y se determinen los recursos y los métodos con que han de aplicarse. Ésa será obra de Soberano y enseñanza bienhechora; así se ejercerá con aplauso universal la iniciativa y vigilancia del monarca». El ascenso de Romanones, constatado por el embajador británico, partía también de la posición adoptada por él con anterioridad en relación con la cuestión clerical. Necesitó, sin embargo, de una permanente obsequiosidad respecto del monarca. Con el transcurso del tiempo, el protagonismo político de Romanones se fue incrementando y con él también la cercanía a la persona del monarca. Pasó a desempeñar la cartera de Gobernación, que venía a ser el segundo puesto en cualquier gabinete, durante el Gobierno Moret y desde este puesto siguió informando detenidamente de cuanto hacía a Alfonso XIII: sus reseñas se refirieron de forma especial a la agitación clerical que constituyó uno de los centros de la vida política española. Cuando visitó Barcelona para estudiar la situación allí existente, anunció al Rey que le escribiría diariamente [197]. Así nació una intimidad política nunca desmentida y que quizá fue más grande que la que pudiera tener con cualquier otro político de la época.

Montero Ríos padeció crisis parciales pero sobre todo acabó con él la tensión entre política civil y la milicia. No hay que olvidar que se mantuvo la situación de partida: el ejército reivindicaba un campo de autonomía propia y a menudo invadía la competencia civil. La prensa militar defendió siempre, por ejemplo, una relación inmediata con el Rey y que fuera él quien interviniera «directamente en las cosas militares porque él no puede ser político»; no debe extrañar, así, que apoyara la presencia de Polavieja al frente de la Jefatura del Estado Mayor [198]. En estas condiciones, el 25 de noviembre de 1905 se produjo el asalto por parte de oficiales de la guarnición barcelonesa a la redacción del periódico catalanista Cu-Cut, significado por sus sarcasmos a la oficialidad y el primero de diciembre ocupaba el poder como presidente del Gobierno Segismundo Moret. Uno de sus ministros fue Agustín Luque, que, siendo capitán general de Andalucía, no había tenido el menor reparo en manifestarse a favor de la toma de postura de la guarnición de Barcelona. El paso de un gobierno al otro fue interpretado como una especie de golpe de Estado militar en que el Rey habría jugado el papel de líder de la oficialidad, desplazando a unos liberales resistentes a la reaparición del ejército en la política por otros dispuestos a aceptarla.

Esta explicación simplifica lo ocurrido por más que las memorias de Romanones parezcan confirmarla. En realidad, nadie en la política civil era partidario de ceder ante la intromisión de los oficiales, pero tampoco nadie se sentía capaz de tolerarla hasta cierto punto, incluso cediendo a los militares parte de la competencia sobre ataques a la Patria y las relativas al ejército mediante una «ley de jurisdicciones». No hubo distinciones entre los dirigentes liberales. El ministro de la Guerra con Montero Ríos, Weyler, nada hizo por imponerse a los oficiales porque hubo una actitud generalizada entre las guarniciones a favor de tal medida. Romanones votó la posterior ley de jurisdicciones que fue redactada por García Prieto, el yerno de Montero Ríos. A lo sumo El Heraldo de Madrid, el diario de Canalejas, expresó su oposición; los conservadores, en cambio, la admitieron como mal menor [199].

La intervención del Rey se produjo una vez probada la inicial incapacidad del Gobierno para imponerse; hizo entonces que el general Bascarán, el segundo jefe del Cuarto Militar, acudiera a los cuarteles de Madrid, calmara las actitudes apasionadas y prometiera en nombre del monarca una modificación de la legislación en aquel sentido. Eso explica que el cambio de gobierno fuera acogido con un «¡Viva el Rey!» en la prensa militar que se completaba con la afirmación de que «el Rey está con el ejército, piensa y siente como él, que es pensar y sentir como todos los españoles honrados». En adelante esta prensa, sin expresar preferencias políticas precisas, aunque siempre un tanto despectiva con los políticos, impulsó la aprobación de la disposición. Esta interpretación se confirma por una nota incluida en los resúmenes de prensa que Alfonso XIII recibía por aquellos días. Se decía en ella que «la intervención habilísima de Moret» había quitado a la cuestión (entre los políticos y el ejército) sus caracteres más peligrosos y ya son muchos los que vislumbran posibilidad de una avenencia definitiva» [200].

El papel del Rey puede ser descrito de forma mucho más oportuna como la de un intermediario entre el poder civil y el militar en un marco institucional no democrático en que, si el primero tomaba las decisiones principales, el segundo, cuando era capaz de actuar con unanimidad, lograba autonomía e incluso deferencia. Basta la sola mención de un hecho un poco posterior para probar lo peculiar de la situación y su alejamiento de la democracia. En 1908, Maura empleó una parte de los gastos reservados de que disponía en subvencionar a la prensa, buena parte de la cual estaba dirigida a militares y escrita por ellos. Ejército español recibía mil pesetas mensuales, cantidad que puede parecer pequeña pero que era la mitad de la que le correspondió a Época, el órgano oficial del partido conservador. Ejército español, otro beneficiario, no tenía el menor inconveniente en congratularse de las victorias electorales de los anticatalanistas [201].

Hay que tener en cuenta que la presencia del joven Rey en temas militares siguió siendo permanente, de modo que era la única materia en que cabe constatar, por parte de los ministros del ramo, una consulta constante y una referencia obligada al juicio del monarca. Cuando en 1905 hubo una huelga ferroviaria con especial incidencia en Barcelona, Luque le informó de las disposiciones tomadas en cuanto al despliegue de batallones que podían intervenir en dicha capital. Luego el mismo general, ejemplo de rudeza a menudo ligada con cursilerías de expresión, «interrumpiendo el más simpático de los augustos idilios amorosos que ha existido desde que en la tierra existen reyes», remitió al monarca «un vastísimo proyecto de reformas que llamo yo de esencia porque afectan al alma del ejército» [202]. La intervención del Rey en materias militares quedaba así convertida en permanente. Se basaba en el acuerdo con el ministro, variando en el contenido según quién fuera éste. Nacía de las aficiones del monarca pero también de las necesidades de un régimen civil débil, el cual no había retrocedido frente al ejército porque éste siempre jugó un papel en el sistema político de la Restauración. A fin de cuentas, ahora no se consultaba a los generales a la hora de los cambios de gobierno como durante la Regencia.

A lo largo de su gobierno Moret envió al Rey casi diariamente notas, que en ocasiones eran largas, acerca de la situación política, basadas sobre todo en el desarrollo de la sesión parlamentaria. Eran de contenido sesgado y adulatorias respecto a la persona del monarca. Lo esencial era, en muchas ocasiones, demostrar que el presidente tenía el apoyo de la mayoría liberal, que le seguía en cualquier ocasión en que lo reclamara; incluso pretendía ampliarlo a los militares del partido conservador por su actitud en torno a la ley de jurisdicciones. Moret dio la sensación de querer quitar trascendencia a la legislación que justificaba su ascenso al poder, puesto que para él sólo había sido un medio para ese fin. Pero la ley estaba en el centro del debate político. Montero Ríos reaccionó indignado ante el hecho de que el nuevo ministro de la Guerra le atribuyera la iniciativa de la ya citada gestión del Rey con las guarniciones. Moret trató entonces de evitar que prosperara la indignación del antiguo presidente. La cuestión afectaba al propio monarca, porque se podía interpretar que había fomentado la actitud de indisciplina de la oficialidad. Ésos eran los inconvenientes del papel de intermediario, desempeñado por el monarca, entre ejército y política civil [203].

El más grave problema de los liberales siguió siendo su manifiesta desunión. Moret en sus notas al Rey admitía que el ministro de la Guerra intervenía en el Parlamento expresando un criterio propio y no de carácter colectivo. Luque acostumbró a hablar ante el Congreso de forma muy poco afortunada, llegando incluso a atribuirse la condición de representante único del ejército. En la discusión parlamentaria, otros militares como el marqués de Estella y Weyler se mostraron partidarios de la ley de jurisdicciones. Moret, por su parte, no intervino apenas en la discusión aludiendo en vagos términos a unas razones de Estado que no eran otras que las derivadas de la intromisión militar y de su incapacidad para enfrentarse con ella. Sólo lo hizo en relación con un discurso de Melquíades Álvarez que había atribuido la ley de jurisdicciones a la adulación cortesana o a la cesión ante el ejército. En la Embajada británica percibieron su perplejidad y el mal momento en que le había tocado llegar al poder. «El Rey», aseguró, «le estaba dando completo y útil apoyo (pero) lamentó que el Gobierno anterior hubiera hecho intervenir al Rey durante la reciente agitación militar pues los oficiales dijeron haber recibido de él la promesa de que se haría justicia a sus peticiones»[204]. Culpaba a los demás cuando él mismo se había servido de las circunstancias para acceder al poder [205].

A partir de abril de 1906, quizá porque arreciaban las dificultades del Gobierno, Moret multiplicó sus notas al Rey y las redactó en alguna ocasión de su puño y letra, aunque no las firmara. Cuando envió a Romanones a Barcelona pretendió que se había producido una «reconciliación» con la capital catalana y que la comparación con el viaje de Dato en otro tiempo era «altamente consoladora» para los liberales. Aseguró, entonces, que «el regionalismo tiene una fuerza política más aparente que real y más extensa que profunda» y que Solidaridad Catalana, el movimiento surgido en protesta contra la ley de jurisdicciones, era «antipática» a la mayoría de los catalanes. A veces, quizá precisamente por sus crecientes dificultades, Moret no dudó en rozar el resbaladizo terreno de acusar a sus adversarios políticos de actitudes que, estando dirigidas contra él, afectaban también a la Monarquía. De Maura aseguró que pensaba que «el Rey en la Constitución es una fuerza inerte que sólo entra en acción en momentos de crisis»; a Urzaiz le atribuyó la invención de las llamadas «crisis orientales» [206].

En mayo la prensa más cercana a Moret empezó a asegurar que, de obtener éste la disolución de las Cortes, llevaría a cabo un amplio programa que contendría el matrimonio civil y la secularización de los cementerios; incluso sugirió que iba a tener lugar la entrada en el partido liberal de algunos prohombres importantes del republicanismo. Tras haber sorteado el problema de la ley de jurisdicciones, ahora quería reafirmar su poder por el procedimiento de hacer unas elecciones a su imagen y semejanza. Para ello formó un gobierno, convenientemente situado a la izquierda, con dos canalejistas; al mismo tiempo prescindió de Romanones, lógicamente afectado por el atentado de que había sido objeto el Rey en el día de su boda. Quizá se sentía capacitado para obtener todo esto en virtud de que, según el nuncio, el propio monarca «había comprometido su palabra con el elemento militar» y ahora tenía que concederle esas facilidades. Como Moret había convertido ese programa en propio, para «gran satisfacción del joven Rey», había llegado a tener la esperanza de que conseguiría esta segunda disolución. El nuncio consideraba el programa liberal de Moret «verdaderamente funesto» e informó al Vaticano de que «no había dejado de dar a conocer en las altas esferas cuán peligroso y dañoso este camino sería al Trono y al Altar» [207].

Consultado Maura por el Rey acerca de la posibilidad de aceptar esta segunda disolución del Parlamento en beneficio del partido liberal, emitió por escrito un juicio muy negativo. Las notas de que se sirvió el jefe de los conservadores resultan, sin embargo, todavía más expresivas que la entregada al monarca, aunque su sentido sea idéntico. Para Maura no era lícito «fingir que las Cortes actuales obstaran para obra política alguna, hasta ahora no intentada, ni siquiera definida». La concesión de una segunda disolución a los liberales (o, mejor dicho, a uno de sus dirigentes) sería una «injerencia (del Rey) en las discordias internas de partido» y «nada tan subversivo como erigir la debilidad o el desconcierto de un partido en motivo para confiarle… una segunda convocatoria electoral»; una cosa era «el alto y noble influjo» del Rey en la política y otra este tipo de intervención [208]. Tenía por completo la razón el jefe conservador, pues si el monarca hubiera concedido a Moret la segunda disolución habría roto una regla no escrita de la Restauración y quedado inevitablemente enfeudado con él. Moret, sin embargo, afirmó ante sus ministros, pocas horas antes de ser sustituido, que el culpable de que no le hubiera sido concedida la disolución era Maura, quien habría amenazado con el «retraimiento» de las labores parlamentarias. Desde su estancia veraniega en Valldemosa negó el jefe conservador, a través de una carta, que hubiera hecho una amenaza de este género. En ella aseguró Maura que en ningún momento había indicado cuál sería la actitud del partido conservador en caso de disolución, pero señaló que tenía decidida su conducta personal «tan firme como meditada». La explicó en una intervención posterior en las Cortes: la renuncia a la jefatura del partido conservador porque esa decisión hubiera supuesto la desaparición de la Monarquía constitucional.

Si ya esta intervención explica con toda crudeza la justificada posición del jefe conservador, sus notas íntimas revelan mejor su indignación [209]. En realidad, el jefe liberal pedía la disolución del Parlamento «contra los demás elementos» de su propio partido y contra «las convicciones declaradas de insignes autoridades vivas en él» respecto de la cuestión religiosa. La máxima irritación de Maura se dirigía en contra de ese «injustificado uso de la prerrogativa regia»: «todo, todo les parece bien a los que se consideran y se llaman demócratas y progresivos y europeizadores y dignificadores nacionales con tal de que favorezca sus intereses de bandería». Pero esos medios eran «ilegítimos y facciosos». Lo que se había intentado en junio era «sencillamente destruir el régimen constitucional, al cifrar toda la política en las determinaciones de la voluntad regia». «Yo», concluyó, «para esa política, para esos procedimientos, carezco de aptitud y de vocación». El Rey no parece haber dudado mucho en aceptar la opinión de Maura, que era también la de gran parte de los dirigentes liberales. Nada influyó en su decisión la intervención del nuncio. Las palabras que en la prensa se atribuyeron al monarca fueron las siguientes: «Yo concedería ese decreto en bien de la política liberal si todo el partido me dijera que era necesario o siquiera conveniente, pero si los presidentes de las Cámaras, que son los más auténticos representantes de ellas, me dicen lo contrario, ¿cómo he de concederle?» [210]. Adviértase que Alfonso XIII se identificaba con la política liberal y que no hay indicios de que en esta decisión influyera su madre.

La crisis constituyó, a decir del embajador francés, una auténtica «revolución» que «había cogido a todo el mundo por sorpresa, incluso a Moret, cuya imaginación se había creado promesas quiméricas». El presidente dimitido prometió, según el citado diplomático, un programa radical, pero «es una cosa curiosa que nadie durante la duración de este ministerio haya hablado de estos grandes proyectos» [211]. López Domínguez, que formó gobierno en julio de 1906, también pretendió falsamente que tenía el apoyo de todos los grupos liberales. Cuando se produjo una nueva crisis, en noviembre de 1906, los diplomáticos residentes en España la juzgaron como «ya prevista» y la atribuyeron a la división del partido liberal. Factor adicional en ella fue que uno de los dirigentes del partido atribuyó al Rey un papel decisivo en lo que debieran haber sido cuestiones a solventar por sus miembros. Moret dirigió al Rey una carta a la que dio lectura en una sesión del Senado; en ella dejó constancia de la división de la mayoría acudiendo «al Poder moderador de la vida política para declinar la responsabilidad de lo que puede ocurrir». Lo lógico, en cualquier caso, hubiera sido que esta invocación se dirigiera a la opinión pública o a sus simpatizantes y no al Rey. Colaboraron a la caída del Gobierno las dimisiones de Canalejas y Montero Ríos de sus respectivos puestos al frente de las Cámaras. La Correspondencia de España afirmó que «ha hecho la Corona lo único que podía hacer: caer del lado de quienes representaban la mayoría de la mayoría». Por esos días, no obstante, se atribuía a Alfonso XIII una declaración parecida a la que en su día su padre había confiado a su diario íntimo: era «tan sinceramente partidario de las libertades verdaderamente sensatas» que la Santa Inquisición le hubiera considerado «sospechoso». Pero fue ya imposible mantener en el poder al partido liberal. Los observadores extranjeros consideraron que el sostenimiento de un nuevo gobierno Moret era «casi imposible» y quien le sustituyó en los primeros días de diciembre, el marqués de la Vega de Armijo, no pasó de ser un gobierno «de gestión» dedicado a la aprobación de los presupuestos y de los acuerdos de Algeciras [212]. Cuando este gabinete pretendió sobrevivir, uno de sus principales miembros, el conde de Romanones, informó al Rey de su manifiesta falta de cohesión. Tanto el presidente como él mismo, como ministro de la Gobernación, querían evitar acudir a las Cortes y suspender la tramitación de la ley de Asociaciones pero los seguidores de Canalejas que había en el ministerio se negaron. De nuevo un dirigente liberal no parecía tener inconveniente en dirigirse al Rey sin mantener un mínimo de solidaridad con los suyos [213]. A finales de enero de 1907 volvía al poder Antonio Maura, el dirigente del partido conservador.

«Generalmente se admite… que las divisiones internas de los liberales no le han dejado al Rey otra solución que apelar a los conservadores», se comentó entonces. En el intervalo de diecinueve meses hubo cinco presidentes liberales; aquélla era la novena crisis, contando también las parciales, en tan sólo un año y medio [214]. En esa inestabilidad patológica ninguna responsabilidad cabía atribuirle al monarca, que parecía desenvolverse con mayor soltura e imparcialidad en el juego político y había asumido el papel intermediario citado entre ejército y poder civil.

EL GOBIERNO LARGO DE MAURA

La primera presidencia de Maura había concluido, como sabemos, con un choque con el Rey por motivos relacionados con un nombramiento militar; como consecuencia de ello, el político había pensado que su carrera política estaba definitivamente arruinada. Resulta, pues, necesario hacer referencia de una manera global a las relaciones entre el presidente y el monarca durante esta nueva etapa pues poco sentido tendría mencionarlas de modo puntual y fragmentario en una biografía del Rey. Afortunadamente, disponemos de la correspondencia cruzada entre ambos, aunque parte de ella se haya perdido [215].

Es muy fácil advertir a través de los dos personajes un deseo de evitar enfrentamientos y una voluntad clara de estar cada uno en su sitio. No tenemos testimonios acerca de la relación verbal entre ambos, pero ésta es la impresión que parece deducirse de las cartas cruzadas en aquellos periodos del año en que, debido al veraneo, eran obligadas las relaciones epistolares. Las cartas de Maura al Rey contienen información prolija sobre asuntos políticos sin dar en ningún momento la sensación de que esperara una indicación de él. A veces el presidente hizo alguna sugerencia acerca de la manera en que una visita o un acto protocolario del monarca podía influir en las relaciones exteriores de España. Las cartas de Alfonso XIII, que suelen ser mucho más breves, informan sobre los viajes al extranjero y sólo tratan de dos cuestiones que tengan que ver con la política: las relaciones internacionales y las militares. Con el paso del tiempo parece haber crecido entre los corresponsales el mutuo respeto, en especial el del Rey por su presidente, pues el de éste por aquél siempre resulta claro y meridiano. Lo que no da la sensación de haber existido, ni en ese momento ni en posteriores, es esa sensación de intimidad, que bordea incluso la complicidad, que se desprende de las cartas entre el monarca y Romanones.

Algún ejemplo servirá para precisar lo indicado. El único caso que sugiere cierta conflictividad en torno a materias militares se produjo en enero de 1909. El Rey firmó un decreto que se le había presentado pero llamó la atención a Maura acerca de la forma en que iba redactado; al hacerlo dijo «desfogarse» pero evitó un posible conflicto con el ministro de la Guerra, Fernando Primo de Rivera, tío del futuro dictador. En la carta, Alfonso XIII aparece como celoso guardián de la disciplina militar y decididamente interesado en estas cuestiones. Un ejemplo típico de las misivas remitidas por el primero puede ser la enviada a finales del primer año de Gobierno de Maura, en el momento de concluir una estancia en Francia e Inglaterra. Ya hemos visto que tomó una iniciativa —la visita del ministro de Asuntos Exteriores francés— que no hubiera sido aceptable como decisión de un monarca de una democracia, pero no pasó de ahí. Cuando fue asesinado el Rey portugués, como se ha señalado con anterioridad, Alfonso XIII tomó la decisión de enviar un buque de guerra a Lisboa, cuestión sobre cuya oportunidad Maura dudó, para acabar cediendo.

Un ejemplo de lo que solían ser las cartas de Maura al Rey lo tenemos en una muy larga escrita en otoño de 1908, en un momento en que el monarca volvía del extranjero. El presidente le puso al día de cuantas cuestiones de cierta trascendencia habían sido abordadas por el Gobierno en su ausencia, desde la elaboración de los presupuestos hasta la inestable situación en Marruecos por la ausencia de autoridad efectiva del sultán, cuyos efectos conoceremos al final del presente capítulo. En toda la carta no había más intención que actualizar asuntos, sin petición de consejo ni de sugerencia de actuación.

En suma, de cuanto antecede parece deducirse que no sólo se habían normalizado las relaciones entre el Rey y el presidente sino que, además, estaban delimitadas por la existencia de unas áreas de competencia bastante precisas y, con excepción de las cuestiones militares y alguna de carácter exterior, muy semejantes al comportamiento previsible en una Monarquía no ya liberal sino democrática. Sobre política, el Rey, en ese momento (otra cosa fue en la fase final de la Monarquía parlamentaria), no tenía una intervención clara y decidida pues no había conflictos graves. En alguna de sus cartas a otros monarcas europeos Alfonso XIII dio una importancia muy considerable a la Ley de Administración Local que se discutía en las Cortes, pero esto era lógico dada la actitud del Gobierno. Maura le escribió con entusiasmo acerca de ella, a menudo denigrando a sus adversarios, pero las ópticas respectivas siempre estuvieron en planos muy distintos. Las cartas del Rey contienen tan sólo alguna alabanza cortés y genérica en materias poco discutibles. «Con gobiernos estables es como el país mejora y se desarrolla, que es lo que los españoles deseamos», escribió Alfonso XIII a comienzos de 1909 [216]. «Sea enhorabuena por la solución tan rápida e inesperada, pues aunque Vd. me dijo que tenía buen cariz esto a (sic, con falta de ortografía) sido que ni visto ni oído», indicó en otra, quizá relativa a una crisis parcial de Gobierno. La única posible estridencia que hemos encontrado en esta correspondencia entre los dos personajes se refiere a la primavera de 1908 y quizá haga alusión a la campaña de las izquierdas republicanas sobre la ley de terrorismo. «Su carta», escribió entonces el Rey, «me sorprende y es una fase completamente nueva del asunto pues nunca había oído hablar en ese tono. Mañana hablaré con Vd. y nos pondremos de acuerdo para contestar a la declaración de guerra a cañonazos, como creo debemos proceder». Tampoco este texto indica discrepancia frontal, aunque su tono sea diferente del resto y resulte también muy revelador del carácter directo y campechano del monarca. La relación que Maura tuvo con Alfonso XIII durante este Gobierno no adoleció de ninguna aspereza; quizá eso aumentó la amargura del político cuando se produjeron los acontecimientos que más adelante narraremos en octubre de 1909.

Merece la pena llamar la atención acerca del papel que Maura atribuyó a la presencia del Rey en Cataluña. Ésta tuvo, en primer lugar, consecuencias para el monarca, pues quizá se pueda decir que en este periodo hizo el descubrimiento de la pluralidad de España. Como veremos, el lenguaje y el enfoque empleados de cara al catalanismo fueron muy distintos en esta época de los habituales durante la Regencia. Se puede interpretar que el origen de esta nueva y más normal relación con Cataluña fue tan sólo circunstancial, pero en manos de Maura acabó por convertirse en un propósito político.

Las inundaciones que se produjeron en Cataluña y Andalucía llevaron en octubre de 1907 a que el Rey se desplazara allí, pero la primera en instarle a hacerlo fue la prensa situada más a la izquierda de la Monarquía. Con ocasión de su estancia en Barcelona el alcalde de la ciudad le dirigió unas palabras en catalán; el Rey mostró su satisfacción por oírle «pues la lengua catalana no puede sonar mal en oídos españoles, por ser uno de los idiomas que se hablan en la Patria» [217]. Luego, en enero de 1908, ausente el titular del Ayuntamiento de Barcelona, fue sustituido por un republicano y el día del santo del Rey no fueron engalanados los edificios públicos con banderas españolas, como era habitual. En consecuencia, se aprobó un decreto por el cual se obligaba a que fuera colocada la enseña nacional en esas ocasiones festivas [218].

En marzo estaba previsto de nuevo que el monarca viajara a Barcelona. Se habló de que en el propio Consejo de ministros había opiniones encontradas al respecto, atribuyéndose a Maura la insistencia en que se efectuase el viaje. Antes de que éste tuviera lugar, uno de los ayudantes del Rey, el entonces coronel Joaquín Milans del Bosch, quien reaparecerá de nuevo en esta biografía, recibió una carta de un antiguo subordinado. En ella le adelantaba que si Maura aparecía acompañando al Rey recibiría «una enorme silva (sic) y, al suceder esto, nosotros procuraremos evitarla teniendo que hacer uso de algún estacazo», lo que provocaría un escándalo. Si el monarca aparecía antes y solo «con sus rasgos simpáticos», ya habría «apagado el fuego»; debía, además, «examinar la situación de la clase trabajadora» con lo que tendría ganada «la parte baja». «Los catalanistas», añadía, «hoy son los que más mal les sabe la venida del Rey pero la tendrán que tragar y rebentar (sic)». Otros, pertenecientes a un mundo social bastante diferente, escribieron de forma directa al monarca. Eran los miembros de las clases altas de la capital catalana, presididos por el marqués de Comillas, que expresaron su protesta por la falta de seguridad a causa de «una turba de fanatizados por la impiedad y el desenfreno social» (los anarquistas). Lo significativo de estos sectores es que, siendo monárquicos y conservadores, no dudaban, sin embargo, en mostrar cierta reticencia respecto del Gobierno pues, según aseguraban, «la autoridad más celosa (cual la que ahora rige) no basta con su esfuerzo a impedir tan funesta propaganda» [219].

Los cronistas de la época interpretaron que el viaje obtuvo el claro apoyo de la clase media y burguesa. El cónsul italiano afirmó que el Rey había sido recibido en algunos sitios «con calurosas ovaciones sin que se pueda decir que fueran entusiásticas», mientras que en otras partes se apreció «cierta reserva», quizá debida a las rigurosas medidas policiacas existentes. Donde resultó «grandiosa» fue, en cambio, en el Liceo; en general en las clases altas se deploró que los Reyes no residieran en Barcelona durante largos periodos de tiempo o no la visitaran con mayor asiduidad. Hasta tres bombas estallaron en la zona portuaria, aunque la prensa no se hizo eco de lo sucedido por culpa de la censura. Cuando nació el segundogénito de la pareja real se atribuyó la elección del nombre, don Jaime, a una concesión a los catalanistas [220].

Claro está que todo lo indicado se explica, en parte, por la buena relación entre Maura y el catalanismo mientras se discutía la Ley de Administración Local. En julio de 1908 el Rey le preguntó al nacionalista Ventosa sobre la actitud de Cataluña con respecto a la ley y éste respondió que «la inmensa mayoría de Cataluña» estaba a favor del proyecto que permitiría una cierta regionalización. El Rey aconsejó que no se extremara la nota al discutir la cuestión de las mancomunidades, pues «sería una lástima que por exceso de pasión oratoria se pudiese creer por algunos que se discutían privilegios y sería, en cambio, muy grato el que todos alejen recelos y abandonen suspicacias». Palabras parecidas hubieran sido impensables en la Regencia, pero algunos interpretaron lo sucedido como si el Rey hubiera suscrito el contenido del proyecto en todos sus puntos, lo que se apresuró a desmentir el diario conservador La Correspondencia de España [221]. Éste parece haber sido un procedimiento habitual utilizado por Palacio para dar las noticias que consideraba oportunas.

No se limitó el monarca a acercarse a Cataluña y el catalanismo. En agosto de 1908 visitó la sociedad Euskalduna, cuyo presidente era el nacionalista vasco Ramón de la Sota. Los talleres estaban, en la ocasión, adornados con más banderas españolas que vascas. Se llegó a decir en la prensa liberal que el Rey, al pasar por un batzoki, había saludado a la bandera vasca con un saludo militar, pero la prensa nacionalista no dio sensación de acercamiento definitivo a la Monarquía. La sociedad liberal El Sitio se quejó de que, a pesar de que había invitado al Rey a que acudiera a su sede, éste no había asistido [222].

Con el paso del tiempo lo que quizá nació de forma espontánea se convirtió también en un programa político de Maura del que, según afirmó, «estaba persuadido firmemente». «Hay gran interés de sana política», escribió Maura al Rey, «en fomentar la directa afección de la Cataluña que no es Barcelona a la persona de V. M. y, aunque siento que V. M. soporte enfadosas y monótonas ceremonias y fatigosas jornadas, estimo que debe extremar en ello su paciencia y considerarlo como su provechoso deber». «En Barcelona», añadía, «las muestras de afectuosa adhesión llegan a zonas sociales que solían permanecer menos expansivas, comenzando porque ahora organizan la función de gala en el Liceo los accionistas propietarios del teatro, que son las familias principales». Y concluyó: «Aun en el caso de que (las amenazas) llegaran a cumplirse por medio de alguna manifestación desagradable que turbase la expansión afectuosa de la generalidad no podríamos a derechas arrepentirnos de persistir en la línea constante por virtud de la cual se consigue la feliz mudanza del ánimo de Cataluña» [223]. Ése era el objetivo, más que entender el catalanismo.

Pero por parte de este último hubo una actitud de acercamiento. En octubre de 1908, con ocasión de esta visita, Cambó escribió el artículo titulado «Lo que yo diría al Rey», en que le pedía que fuera el «alto defensor de Cataluña» y le recordaba su promesa de hablar en catalán. El monarca en esta ocasión viajó con la Reina y de nuevo el alcalde se dirigió a él en catalán pero Prat de la Riba, presidente de la Diputación, hizo su discurso ante él en castellano. Cuando, en el primer caso, el Rey dijo haber entendido el discurso en catalán, el alcalde le contestó que sólo faltaba que lo hablara. Esta anécdota se consideró «mitad irrespetuosa, mitad ridícula» e incluso el diario liberal El Imparcial juzgó que Maura ponía en peligro «la integridad moral de España y los prestigios de la Monarquía»; se dijo en la prensa de oposición que Maura quería que el Rey residiera el menor tiempo posible en Madrid. A pesar de todas estas resistencias, parece indudable que habían desaparecido parte de las incomprensiones entre Madrid y Barcelona. Cambó, requerido para que explicara su propia posición en relación con la Monarquía, afirmó su «respeto que no queremos que signifique (de momento) adhesión ferviente y entusiasta; y no depende de nosotros sino de los hombres de la actual Monarquía el que eso suceda y la rapidez y la fuerza con que eso se produzca» [224].

Para concluir esta etapa del Gobierno, estable para lo que era habitual en la España de la época, bueno será hacer alguna breve alusión al estado de la oposición y a su actitud. Ambos nos resultan imprescindibles para entender luego el comportamiento del Rey en la crisis de 1909. Con respecto a los liberales, los diplomáticos franceses —que, por razones ideológicas, acostumbraban a alinearse con ellos— fueron conscientes a lo largo de 1908 de que no eran «un contrapeso útil» para enfrentarse con un gobierno conservador. A menudo eran exagerados en su protesta, identificando el Gobierno de Maura con la dictadura de João Franco en Portugal, y al mismo tiempo, por su deseo de atraerse al conjunto de las izquierdas con un programa anticlerical, producían el espanto del nuncio, dispuesto a ver en su acceso al poder el peligro de un programa «absolutamente laicista y anticatólico». Nadie consideraba probable un cambio de gobierno a la altura de comienzos de 1909, pues «la principal fuerza del Gobierno actual reside… en la debilidad de sus adversarios» [225].

Sin embargo, también los observadores extranjeros percibían serios inconvenientes en Maura. Orador ardiente y hombre de convicciones, noble y soberbio, trabajador y metódico, según el embajador francés, hubiera utilizado mejor su tiempo consagrándose a una reforma práctica de las costumbres administrativas en vez de embarcarse en una ley de tramitación tan complicada como la de Administración Local. Buen jurista, confiaba demasiado en las leyes y bien podía pensarse que la citada no servía para otra cosa que para lanzar semillas en un terreno que todavía no era laborable [226]. En condiciones como las descritas, da la sensación de que la caída del Gobierno Maura sólo se podía producir como consecuencia de la súbita irrupción en la política española de un grave acontecimiento inesperado. Y eso fue lo que sucedió en el verano de 1909.

VERANO DE 1909

La preocupación de Maura en el verano de 1909 no era Marruecos sino quizá el orden público en Barcelona y nada hace pensar que fuera grave; eso explica su ausencia de Madrid por esas fechas. Sus ideas acerca de la presencia española en Marruecos eran coincidentes con las de la mayoría de la clase dirigente española, en la que los interesados en la penetración en el Rif eran pocos y los abstencionistas por completo, más escasos todavía. Si España estaba en Marruecos era porque se sentía obligada a ello para tener un mínimo de presencia en el escenario internacional. En un momento cercano a los acontecimientos de la Semana Trágica, Maura resumió en una frase el que puede haber sido juicio generalizado de todos los políticos españoles. La ausencia de España «mutilaría nuestra personalidad, incapacitándola para toda la vida externa y dejándonos calificados como indefenso botín …Hay suicidios que no sólo aniquilan al desdichado, sino que desbaratan la familia y a éstos se asemejaría el anonadamiento de España». La impopularidad con que fue recibida la campaña por parte de la opinión pública española se debió a «la sugestión de atribuirla a intereses pecuniarios y particulares y a la propaganda antimilitarista» [227]. No obstante, nada induce a pensar que las operaciones en Marruecos en el verano de 1909 fueran la consecuencia de un deseo expansivo motivado en intereses económicos de carácter privado. Maura escribió que la explotación de las minas se había producido «por fuera de todo plan y toda iniciativa de los gobiernos españoles», lo que parece cierto; otra cosa es que, establecidas estas explotaciones, el presidente considerara obligación protegerlas. Finalmente, en absoluto intervino Alfonso XIII en inspirar o conducir la acción española en Marruecos. La abundante correspondencia cruzada entre Maura y el ministro de Estado, Allendesalazar, en ocasiones le era mostrada al Rey, pero no hay pruebas de que lo fuera siempre [228]. Como veremos, Alfonso XIII lo haría luego, pero en aquel momento no hay en absoluto ningún testimonio escrito que pruebe su intervención en esta cuestión. De cualquier modo, el contenido de la política oficial fue, por el instante, evitar que España se embarcara en una penetración superior a sus fuerzas como respuesta a la que hicieran los franceses.

Desde finales de 1908 había una cierta agitación indígena en la zona próxima a Melilla y no se podía trabajar en las minas. Ya en junio de 1909 se aprobó una «operación de policía» que, por los medios a emplear, se puede calificar de modesta. En la primera semana de julio Maura estuvo en el norte, primero en Bilbao y luego en Santander. En ese periodo de tiempo escribió hasta cuatro veces al Rey, lo que nos proporciona una información preciosa acerca de la actitud de ambos [229]. De ninguna manera Marruecos fue el tema crucial en esta comunicación epistolar. La cuestión central nos retrotrae al incidente entre el monarca y el político en 1904, porque se trataba de una visita de Alfonso XIII a Gran Bretaña y de la posibilidad de que participara en una recepción oficial con el Rey de Inglaterra y el Zar ruso. Como siempre, resalta en ambos el deseo de evitar un conflicto: el Rey dedicó la única comunicación que escribió en aquella semana a preguntar al presidente su opinión sobre ese punto. Maura, dejando claro que consideraba esta cuestión de competencia parcial del Gobierno, escribió que previamente «no me enteré, quizá por torpeza mía»; había creído originariamente que se trataba de una fiesta «esportiva» (así se escribía entonces) y por ello no había presentado reparo alguno. Barcelona no fue mencionada en esta correspondencia y sobre Marruecos las noticias eran buenas. Maura aseguró haber conversado con Moret y le halló «enteramente y aún calurosamente conforme con los juicios y propósitos del Gobierno». Como él, parecía criticar de igual modo las «apariencias falaces», es decir, los juicios negativos surgidos por la cuestión marroquí y los supuestos intereses económicos. Las «peripecias africanas», descritas nada más que como «incidencias», «muestras esporádicas de la malquerencia de una parte de los kabileños comarcanos», se convirtieron en tema de información en esas cartas, pero sin carácter relevante. Se trataba de evitar verdaderos enfrentamientos militares limitando la acción propia a «la necesidad estricta de reprimir desmanes anárquicos, no dando nosotros paso que pueda ser tachado de agresión o ambición conquistadora». En absoluto dio la sensación Maura de pensar en volver a Madrid. «El sosiego público permanece firme en todas partes», escribió al Rey; de ahí la sorpresa que causaría luego la revuelta barcelonesa. Por esos días a Maura le preocupaba más que la prohibición de bárbaras capeas en Haro pudiera producir incidentes en esa villa riojana. A comienzos de julio se iniciaron en Madrid negociaciones con una delegación del sultán de Marruecos acerca de los incidentes ocurridos en torno a Melilla. Por entonces todavía Maura juzgaba «inverosímil un alzamiento súbito y general». Pero a continuación se produjeron sucesos graves con asesinatos de cuatro obreros del ferrocarril y posteriores enfrentamientos entre tropas españolas y cabileños. Fue en este instante cuando se pidieron, desde Marruecos, refuerzos importantes, en lugar de los modestos previstos con anterioridad, pero sólo el 23 de julio Maura decidió adelantar la vuelta de sus vacaciones. Lo hizo con un gesto de fastidio y sin prisa.

Entonces, de forma súbita, todo comenzó a empeorar. En Barcelona dimitió el gobernador civil, Ossorio, por discrepancias con Cierva, el ministro de la Gobernación. Aunque no se le aceptó la dimisión, en cuanto se produjeron incidentes la autoridad militar adquirió todas las competencias. Pronto se hizo palpable también la oposición popular a la guerra marroquí. A comienzos de junio de 1909 Leopoldo Romeo, director de La Correspondencia de España, había escrito un artículo afirmando que «para Marruecos no debemos gastar ni una peseta ni aventurar un hombre», porque «ir a Marruecos es ir a la revolución» y en aquellos momentos se estaba «haciendo todo lo posible para que nos agravien para luego sacar el argumento del honor nacional y decirle al país que no hubo más remedio que defenderse» [230]. Así se vio, en efecto, la situación por la mayor parte de los barceloneses de todas las clases, cuya protesta fue unánime y espontánea a partir del 26 de julio, pues los convocados a combatir a Marruecos eran reservistas catalanes, muchos de ellos casados. Luego, como es sabido, la protesta degeneró en tumultos anticlericales con incendios de iglesias y conventos y decenas de muertos.

Pese a ello, a la altura de comienzos de agosto la que pronto sería denominada «semana trágica» barcelonesa no produjo ninguna conmoción política. En agosto los representantes diplomáticos extranjeros miniminizaban el impacto causado en la opinión pública española, tanto por los combates de Melilla como por los sucesos de Barcelona, calificando de exageradas la noticias aparecidas en la prensa francesa. El Rey en absoluto parecía predispuesto en contra del Gobierno por lo sucedido sino, por el contrario, propicio a apoyarle. Doña María Cristina le dijo a Dato, presidente del Congreso, que «estaba muy satisfecho de los esfuerzos (de Maura), de su serenidad y de la rapidez con que había acudido a todas partes». A mediados de agosto, sin embargo, empezaron los rumores políticos: según informó el embajador italiano, se hablaba de la posibilidad de gobiernos tan dispares como los de Dato y de Weyler, un conservador más moderado que Maura y un general liberal, respectivamente. Aunque a principios de septiembre Moret volvió de vacaciones con un espíritu batallador, el propio Maura estuvo ausente en Santander la mayor parte del mes [231].

Entonces pudieron empezar a cambiar las percepciones del Rey. A mediados de septiembre recibió a una comisión representante de la prensa que protestaba del régimen de censura al que estaba sometida. Afirmaban que «sintiendo la legítima ansia de defender a la Patria de las calumnias que circulan en algunos periódicos extranjeros carecen de medios para ello». Las órdenes prohibitivas carecían incluso de rigor formal y de garantías de autenticidad y «sistema semejante, Señor, no ha sido empleado nunca en ningún país constitucional» ni tampoco en España. Suscribió la protesta la totalidad de la prensa liberal, pero no así la católica. «Espero que esto no sea una acusación al Gobierno de haber faltado a la Constitución», replicó el Rey; «por consiguiente, al Gobierno le daré cuenta de él» [232]. A lo largo de aquellas semanas un oficial de Artillería llamado Perico Almodóvar narró al monarca, por escrito e incluso con la ayuda de un croquis, las operaciones, tal como le había pedido. «Saben más estos bárbaros que Lepe, Lepijo y su hijo», escribió. «En casos como el de hoy», añadió, en referencia a la toma de Nador, «se siente uno más que nunca orgulloso de ser español y de llevar bombas en el cuello; créame, Señor, esta tarde le he echado verdaderamente de menos y hubiera dado media vida porque hubiera estado a mi lado». Pero no sólo transmitió informaciones de victoria sino también otras que recordaban la barbarie de aquella guerra pues «enemigos tan sanguinarios como los moros no creo que existan». Para el Rey debió ser traumática sobre todo la descripción del centenar de cadáveres de soldados españoles descubiertos en el barranco del Lobo: «Todos ellos estaban insepultos (porque) esos salvajes prefirieron el vivir con el olor de los cadáveres descompuestos antes que enterrar a nuestros pobres soldados… Muchos de ellos debían de ser… heridos a quienes después de hacerles sufrir horrorosamente quitaron la vida (y) me produjeron un efecto tristísimo. Había uno boca abajo, las manos atadas en la espalda y los ojos vendados con el pantalón roto por donde se puede figurar… ¡Qué no sufriría! Otro, a quien le habían cortado las orejas y todos mutilados y con ciertas partes del cuerpo en la boca. ¡Un horror!». Uno de los localizados, un capitán, debía de ser conocido del Rey pues aparecía descrito como ayudante suyo [233]. No es extraño que el monarca se indignara cuando, al mismo tiempo que leía descripciones como la transcrita, tenía que enfrentarse a lamentaciones de alguna de las familias reales alemanas acerca de la suerte que podía correr el infante de Baviera en Marruecos. Respondió a ellas con aspereza [234]. Es posible que para Alfonso XIII el norte de África no fuera una preocupación apremiante, pero desde entonces comenzó a serlo. La prueba es que empezó a ser informado de las operaciones militares. Los ataques tenían como inevitable consecuencia que se buscaran nuevas posiciones para resguardar mejor las posiciones propias, lo que, a su vez, provocaba una nueva expansión. Una nota del general jefe del Estado Mayor Central, que le llegó al Rey en noviembre de 1909, aconsejó la ocupación de determinados puntos frente al peñón de Vélez de Gomera y Alhucemas, al ser estas posiciones inevitablemente batidas por el adversario [235].

LA CRISIS DE OCTUBRE DE 1909

La situación política empezó a modificarse en sentido desfavorable al Gobierno a partir de mediados de septiembre, pero no por la represión que llevó a cabo como consecuencia de los sucesos de Barcelona. Las primeras ejecuciones se produjeron en la segunda mitad de agosto y no parecen haber causado especial conmoción interior o exterior. El problema pronto fue la figura de Francisco Ferrer. Cierva, el ministro de la Gobernación (y sin duda muchos otros) daban por supuesto que era culpable. Ferrer tenía en contra toda su trayectoria anterior que, sin embargo, nada tenía que ver con la causa por la que ahora se le juzgaba, y también los testimonios de testigos y, sobre todo, de encausados. Maura, por su parte, nunca dio por supuesta la culpabilidad de Ferrer, al que sólo calificaba de «procesado». Aunque se asombrara de las protestas que en el extranjero le dedicaban «sus amigos y congéneres», le preocupaban otras cuestiones y no ésta; le irritaba la duración de la campaña marroquí y pronto quiso presentarse ante las Cortes. Su hijo, en Francia, pudo comprobar la magnitud de la protesta en contra de la ejecución de Ferrer y propuso el indulto cuando aún no se había dictado sentencia [236].

Maura no volvió a Madrid hasta comienzos de octubre; y al poco, el día 13, fue ejecutado Ferrer sin que el Gobierno interviniera para decidir el indulto. En la sentencia llama la atención que parecía juzgarse toda la vida de Ferrer, dedicada «al triunfo de la revolución», y que se le atribuía utilizar «el antifaz de la educación científica y racional». Las pruebas eran escasas y deficientes, en especial para considerarlo jefe de los anarquistas españoles. Era una persona que carecía de las capacidades intelectuales que le atribuyeron sus propagandistas y que debió de participar en la preparación de actos terroristas, como el atentado de Morral, pero que en esta ocasión, aunque no por falta de ganas, no había participado en la revuelta como dirigente. Maura, sorprendido por la protesta revolucionaria y partidario de la pena de muerte, ni siquiera se planteó la posibilidad de un indulto cuando ya habían sido ejecutadas cuatro personas. Ante la crítica, sobre todo si carecía de razones (y, sin duda, no las había para considerar a Ferrer un intelectual de primera fila), Maura tendió siempre a la confrontación. Además, no previó lo que iba a suceder ni en el exterior ni en el interior.

La conmoción en los medios de comunicación y en la opinión pública de todo el mundo fue inmensa, en parte porque la propia lejanía daba de Ferrer una imagen que no se correspondía con la realidad y por estereotipo de la «España negra» que se venía difundiendo desde el final del siglo XIX. La correspondencia contraria a la ejecución fue abrumadora e inundatoria y el principal receptor de la misma fue el Palacio Real. Aquí habían llegado informes de la Guardia civil de Premiá de Mar y Masnou, donde Ferrer estuvo en el momento de la revuelta, asegurando que había recomendado quemar iglesias; las pruebas eran, sin embargo, paupérrimas, pues del relato podía deducirse la espontaneidad del estallido [237]. Una de las primeras peticiones de clemencia recibidas por Alfonso XIII fue la de la propia hija del condenado quien, en un castellano macarrónico, envió un telegrama que decía: «Rey muy cristiano que para un pueblo caballeroso simboliza la generosidad y la omnipotencia, no rechazad (sic) la humilde y ardiente súplica de la hija de Ferrer. Oh Rey que, como Dios mismo, podéis disponer de la vida o de la muerte, disipad por un arranque de vuestro noble corazón la amargura de mi alma y escuchad la humilde y ardiente súplica» [238]. Tras la ejecución cayó sobre la secretaría del Rey una auténtica barahúnda de cartas de protesta e informaciones diplomáticas acerca de manifestaciones en las principales capitales europeas y también en alguna americana. Durante meses la prensa mundial tuvo un motivo permanente de atención en las cosas de España, casi siempre para transmitir de ella una imagen de un país atrasado y bárbaro dominado por la Inquisición religiosa y por una Monarquía retrógrada. En París hubo banderas españolas con crespones negros o quemas de símbolos nacionales. En Suiza los manifestantes gritaban contra «España y los curas». En Roma los protestatarios llegaron a entrevistarse con el presidente del Gobierno. También en Lisboa se produjeron actos parecidos y en Buenos Aires se lanzaron bombas contra el consulado español. Hubo mítines en Salónica, y en Génova los descargadores de muelles se negaron a descargar buques españoles. En Pterópolis, una ciudad de Brasil, se quemó una efigie del Rey. En Gran Bretaña, las protestas por el «asesinato» de Ferrer fueron frecuentes en medios religiosos como, por ejemplo, en círculos metodistas; muchas organizaciones religiosas no conformistas y clubes socialdemócratas se pronunciaron de parecida forma. En octubre tuvo lugar un debate parlamentario en los Comunes con un perfil de confrontación religiosa que ya resultaba muy infrecuente en ese país. La diplomacia británica se hizo eco de las manifestaciones en toda Europa y las consideró «deplorables». El Foreign Office siempre apreció una diferencia considerable entre la visión que se tenía de Ferrer y la Monarquía española y el juicio de la propia izquierda española, uno de cuyos elementos más respetados, Azcárate, era asesor jurídico de la Embajada en Madrid. Aun así, el embajador español se quejó de que Ferrer «no era la primera persona en fundar escuelas en España». En todo el viejo continente los diplomáticos españoles no cesaron de enviar en sus comunicaciones juicios como los de que la protesta había alcanzado «inconcebibles e inexplicables proporciones». Se quejaron, sobre todo, de las protestas surgidas en Italia y de que en los diarios del Vaticano no había habido una palabra de defensa de la Monarquía española cuando, en realidad, apenas existía en la Península la cuestión Ferrer. La protesta acabó trasladándose a España y no sólo a las grandes capitales [239]. Todo ese panorama influyó de manera decisiva sobre el Rey.

El deseo de Maura de llevar la cuestión a las Cortes se no quebró a pesar de estas circunstancias, pero más le hubiera valido dilatar la reunión del Parlamento porque cuando se reanudaron las sesiones, el 15 de octubre, hacía tan sólo dos días de la sonada ejecución. Hay pruebas de que el monarca siguió las discusiones con todo interés, como se prueba por el volumen de la información recogida en su secretaría y ello sin duda jugó un papel de primera importancia en su posición posterior. Debieron ser personajes palatinos quienes la recogieron. Ya el día 16 parece que el monarca tenía formada una opinión. Ese día Moret habló con el embajador francés deplorando la imagen que de España se estaba dando en el mundo. Eso estaba influyendo «vivamente» sobre el Rey, «cuyas intenciones eran excelentes pero que era muy mal informado por Maura». Alfonso XIII, explicó, estaba rodeado por un ambiente muy clerical y militarista pero, a pesar de ello, él esperaba que adoptara una postura favorable a los liberales; además, detectó en el partido conservador un repudio a caminar por la senda de la reacción [240]. Aun así, no parecía que se fuera a producir ningún suceso político inmediato.

Empleadas las primeras sesiones parlamentarias en cuestiones menores, el 18 se produjo el enfrentamiento entre el jefe liberal, Moret, y Maura. El primero concluyó pidiendo la dimisión del Gobierno, apoyado por una mayoría modélica pero que debía saber que había llegado el momento de retirarse. Si la sesión del 18 fue dura, todavía lo resultó más la del 19 en que Moret, jaleado por los republicanos, añadió dos datos más para perfilar su postura: estaba dispuesto a utilizar todos los medios reglamentarios para evitar la continuación del Gobierno y apeló al Rey al decir que «alguien» haría entender a los conservadores que debían irse.

El día 20 hubo Consejo de Ministros y, tras él, el presidente explicó su postura al monarca, quien se limitó a escuchar. Maura, que no parecía pensar en la dimisión, a la salida de Palacio declaró a la prensa que «no había vacante». Pero las cosas cambiaron por completo al reanudarse la sesión parlamentaria en que Cierva se pronunció en términos de enorme violencia verbal, de fondo y de forma; a Moret llegó a acusarle de haber sido autor de una política que había terminado con el atentado contra el Rey y luego reiteró esta afirmación. El escándalo alcanzó el paroxismo cuando Maura tendió la mano al ministro de la Gobernación. No ya un diputado sino un futuro presidente, el conde de Romanones, afirmó que, si la Monarquía buscaba defensores como Cierva, mañana hablaría por última vez como monárquico. El 21 de octubre amaneció con un editorial de El Imparcial que declaraba que la situación era «gravísima» porque los liberales habían sido acusados de «contactos siniestros con los anarquistas». Su texto se titulaba «¿Pueden ser monárquicos los liberales?» y afirmaba que «sin Sagasta y sin Castelar la Monarquía española no existiría». «Después de la sesión que ayer celebró el Congreso», añadía, «hace falta un acto que acredite que la Monarquía no ha prescindido del partido liberal. Esa declaración es inminente y ha de ser tan categórica que no ofrezca dudas». El Diario Universal, propiedad de Romanones, afirmó que el Gobierno no podía durar «ni un día más» [241]. Dato, como presidente del Congreso, hizo gestiones con los liberales hasta en dos ocasiones sucesivas, pero se le informó que, «después del discurso de Cierva», se había hecho imposible la convivencia normal entre el Gobierno y la oposición turnante. Ese mismo día, por la tarde, el embajador francés envió un telegrama a París: Moret habría ejercido una fuerte presión sobre Palacio, citando de forma especial a doña María Cristina. Pensaba que la retirada de Maura era inevitable y aconsejó que la prensa francesa acogiera bien al nuevo gobierno que se formara. La preocupación de la antigua regente parecía cierta. En su archivo se contiene una nota de una dama a su servicio en la que le informaba de la inminencia de la crisis, prevista en la prensa y confirmada por el propio Maura; aunque ésta no afectaría a la «Regia Persona» y «los militares no están tan soliviantados como quiere aparentarse». Esa dama incluso había llegado a ver a Pablo Iglesias para informarse sobre la situación [242].

Al día siguiente Maura se reunió con sus colaboradores en su casa de la calle de la Lealtad y les explicó que iba a acudir a Palacio para plantear una cuestión de confianza pero llevaría redactada la nota de dimisión, argumentándola en la actitud de dureza adoptada de forma cerrada por las oposiciones, señal obvia de que ésta parecía la solución más probable. El Rey ya no tenía sólo información escrita de lo ocurrido, sino también oral, pues había enviado al Congreso al teniente general Echagüe, conde del Serrallo, su jefe del Cuarto Militar y, cuando Maura acudió a verle, admitió una dimisión presentada con la idea de que quizá no sería aceptada. Gabriel Maura narró, mucho tiempo después, el impacto causado en su padre por la conversación: su llanto, irreprimible pero manso, largo y tan dolido como despechado, testimonio de una herida que se abría en la política española. Alfonso XIII ratificó años después al primogénito de Maura la versión de su padre asegurando que, si lo hubiera mantenido como presidente, lo habrían asesinado, lo que nada añade a lo esencial y sólo puede interpretarse como un gesto de cortesía retrospectiva sin aludir a las verdaderas razones de su actitud. Todos los consultados por el monarca recomendaron la formación de un nuevo gobierno liberal si la dimisión de Maura se consideraba irrevocable y debió de ser así porque el propio día 21 estaba formado el nuevo ejecutivo. Muy pocos días después Moret explicaba al embajador francés cuán satisfecho estaba de que la persona del Rey no hubiera quedado afectada por la crisis y de la buena recepción que el resultado de ésta había tenido en la Embajada francesa. El diplomático francés estuvo de acuerdo con él: Maura no había sido previsor en los asuntos marroquíes; en este momento, doctrinario entregado a una derecha a la que nada le interesaba la lealtad a la Monarquía, «desdeñaba sus auténticas tradiciones y exponía al régimen a los peores peligros y al país a las peores convulsiones». Pero ni siquiera todos los liberales pensaban de igual modo: el embajador español en Alemania, perteneciente a este partido, consideró lo sucedido como un «golpe de Estado». Para el nuncio la situación política española era mucho más grave: la «francmasonería internacional» había logrado «un primer triunfo» contra España, la Monarquía y, sobre todo, la Iglesia. En consecuencia, estaba en juego «la ruina o la resurrección del país» [243]. El citado diplomático alineaba a la Monarquía del lado de los perdedores, cuando resultaba bien obvio que sin su intervención Maura no hubiera abandonado el poder.

Nos hemos detenido mucho tiempo en la narración del cambio de gobierno debido a que no llega a entenderse sin tener en cuenta de manera minuciosa la sucesión encadenada de los acontecimientos. Adelantemos que fue una crisis que no tuvo nada de extraordinario dentro del régimen de la Restauración. Habría sido excepcional si la juzgáramos desde los parámetros de una Monarquía democrática: la falta de confianza del Rey hubiera carecido de toda eficacia frente a un Parlamento con una mayoría clara y unida. Pero la Monarquía de la Restauración no era democrática sino tan sólo liberal; las elecciones no daban como resultado una mayoría que reflejara el estado de opinión, sino que la victoria la lograba quien estaba en el poder y este puesto se obtenía por decisión del Rey. No debe pensarse que éste otorgara la confianza sin sujetarse a ninguna regla sino que lo hacía de acuerdo a un triple criterio señalado con precisión y agudeza por el propio Maura en 1906, durante la crisis del Gobierno Moret. La división de los partidos del turno, el áspero conflicto entre ellos o, simplemente, «perturbaciones políticas» graves podían tener como consecuencia que la confianza le fuera concedida al otro partido.

En esta ocasión los conservadores estaban sólo aparentemente unidos pero se daban los otros dos casos. En realidad, las tensiones latentes en el conservadurismo se hicieron patentes en el disgusto de muchos por la intervención de Cierva y en los posteriores acontecimientos, pero el factor fundamental en el desarrollo de la crisis fue la aspereza de las relaciones entre los dos partidos turnantes. La Restauración sólo podía funcionar con ambos; la exigencia del poder se hacía siempre, por tanto, amenazando con romper la baraja. En este caso la iniciativa la tuvo Moret, cuya posición resulta criticable porque había coincidido en lo esencial con el Gobierno en el pasado; si cambió de posición no hay que atribuirlo a razones extravagantes (el influjo masónico, como pensaba el nuncio) sino a la presión de los propios dirigentes liberales, la dureza de la represión y al espectáculo de la protesta exterior. Ya durante el primer lustro del reinado había dado Moret muestras de incorrección constitucional mezclada con adulación, en el trato con la Corona; con esta nueva actitud no hacía otra cosa que prolongar una línea de actuación. Por su parte, Maura se equivocó por imprevisión en los acontecimientos de Marruecos; erró al llamar a los reservistas catalanes y al recurrir al ejército para enfrentarse con la revuelta, aunque no tuviera otros medios. Su dureza en la represión fue injustificable, sobre todo en lo que respecta al proceso y condena de Ferrer. Pero el mayor error político de Maura residió en algo que le reprocha Cambó en sus memorias y que, en realidad, era evitable: fue su identificación con Cierva, verdadero enemigo del espíritu de convivencia de la Restauración. Hubiera, pues, bastado con prescindir de él para evitar la crisis. En vez de hacerlo, describió a sus enemigos, «apiñados y revueltos los anarquistas y radicales con los ex ministros del Rey y los ex presidentes del Consejo» y prometió una «implacable hostilidad» contra el Gobierno liberal. Con ello esbozó la política que habría de mantener hasta el estallido de la guerra mundial, que fracturó al conservadurismo y le impidió volver al poder hasta 1918 [244].

¿Y el Rey? Antes que nada, es preciso recordar que su intervención en la crisis empieza a entenderse desde el punto de vista de la edad que había alcanzado. Tenía ya veintitrés años, época en que en España se alcanzaba la mayoría legal y se podía ser elector. En todas las crisis de gobierno anteriores resulta muy probable que interviniera, incluso de manera muy decisiva pero decreciente, su madre; también lo debió hacer en ésta, aunque en mucho menor grado. Era ya, en definitiva, un padre que, en compañía de sus colaboradores más íntimos, como el conde de Grove y el presidente del Consejo, Maura, que tan importante papel había jugado en su noviazgo, planeaba ya la educación de su primogénito [245]. Quienes le rodeaban eran personas que, por más que procedieran casi sin excepción de la Corte de su madre, estaban directamente vinculadas con él. En 1909 murió Martínez de Irujo, duque de Sotomayor, que había sido mayordomo y jefe superior de Palacio y fue sustituido por el marqués de Torrecilla, que desempeñaría ese cargo durante largos años. En ese momento ya estaban junto a él las dos personas que en adelante le sirvieron de punto de contacto con el mundo político, civil o incluso intelectual. José de Saavedra y Salamanca, marqués de Viana, fue nombrado en el comienzo del reinado gentilhombre de cámara con ejercicio y cuatro años después pasó a ser caballerizo y montero mayor. De aficiones semejantes a las del Rey, cazó a menudo con él en sus extensas posesiones cordobesas. Elevado a la grandeza al comienzo del reinado de Alfonso XIII, en 1925, ya más lejano a las responsabilidades de Palacio, fue nombrado sumiller de corps. En cuanto a Emilio de Torres y González Arnao, perteneció a la carrera diplomática, habiendo desempeñado puestos en Berlín y La Haya en la década final del siglo XIX, pero en 1901 estaba ya en la secretaría de la Reina regente y desde 1902 pasó a la del Rey. En marzo de 1908 se convirtió en jefe de la misma, con la frecuente colaboración de otros miembros de la carrera diplomática. En febrero de 1924 recibió el título de marqués de Torres de Mendoza, permaneciendo al lado del Rey hasta su muerte, en que le precedió por muy poco. No sólo se ocupó, a partir de ese momento, de la mayor parte de la correspondencia política del monarca, sino también de la gestión de sus intereses económicos [246].

Estaba, pues, en condiciones Alfonso XIII de actuar en esta crisis de Gobierno con una voluntad ya formada. Sus viajes al exterior y la información adquirida en la lectura de la prensa extranjera le hicieron darse cuenta del peligro que corría en 1909 la Monarquía de la Restauración. Conocía los registros de la política del régimen y sabía de sobra que por más que se reservara para sí la relación con el ejército, no podía sobrevivir tan sólo con ella. Si se hubiera decidido por Maura, habría hecho algo parecido a lo que Carlos I de Portugal con João Franco y el resultado hubiera sido semejante: si no el asesinato, al menos la identificación de la Monarquía con una única fórmula política. Desde el punto de vista de un régimen de «doble confianza», como el de la Restauración, hizo en 1909 lo que debía. Incluso, si se apura, puede decirse algo parecido desde otras ópticas: la imagen exterior de España o la buena relación entre los partidos a medio plazo exigían el abandono del poder por parte de Maura en ese momento.

El Rey, por otro lado, inauguró una forma de comportamiento que mantuvo luego en ocasiones excepcionales pero que en aquel momento constituía toda una novedad: explicó la crisis por la que había pasado España. Lo hizo, en primer lugar, en unas declaraciones al diario francés Le Journal, a principios de noviembre. Lamentó «una interpretación tan falsa» de los sucesos de Barcelona y afirmó, sobre todo, que «lo que no podía concebir es que entre los protestatarios haya podido haber hombres de esos a quien se llama intelectuales» para quienes debería ser esencial probar cualquier cosa antes de emitir un juicio. Estaba especialmente dolido por el daño a la imagen de España. «De dar oídos a ciertos franceses, parecería que éramos de un país de salvajes», dijo, denunciando la visión surgida de la «España negra». «Yo», añadió, refiriéndose a Ferrer, «soy un monarca constitucional, tan constitucional que ni siquiera tengo la iniciativa del indulto»; la misma modernidad cabía atribuir a España. «¿No habéis tenido vosotros en vuestra casa una cuestión Dreyfus? ¿Nos hemos mezclado nosotros en ella?», preguntó. Y concluyó recordando que había hecho sus primeras armas como soberano en 1905 al lado de un Jefe de Estado francés «a quien tuve el dolor de ocasionar un peligro» [247].

Además, al embajador británico le dio, en privado, una explicación más directamente relacionada con la política de los partidos españoles. No fue la única ocasión: repitió algo parecido en 1923, tras el golpe de Estado, lo que es buena prueba que se creía obligado a informar de sus razones a los representantes de las naciones con las que España estaba más relacionada, Gran Bretaña y Francia. Los diplomáticos británicos veían un indudable peligro revolucionario en la situación española. «El Rey Alfonso», escribió uno de ellos, «como monarca constitucional coopera lealmente con el señor Moret, pero no puede ignorar que el ejército está profundamente irritado contra sus aliados republicanos». Para dar explicaciones y alejar esos temores, el 12 de diciembre el Rey recibió a Bunsen, representante de Gran Bretaña. Empezó diciéndole que «estaba encantado de hablarme con libertad de la situación política de la que piensa que está llena de incertidumbre», pues, aun admitiendo que el cambio de Gobierno en octubre había hecho disminuir la tensión, lamentaba tener que haber obligado a Maura a abandonar el poder. Éste «siempre le había sido leal y había demostrado el mayor patriotismo y abnegación al dimitir y señalar como su sucesor al Sr. Moret cuando tenía una enorme mayoría en la Cámara y no se había votado en contra en ningún momento». Llama la atención que ni por un momento admitiera haber presionado a Maura. «Los liberales ahora en el poder», añadió, «no habían obrado bien en la oposición creando problemas al Gobierno en vez de apoyarle en un momento de emergencia nacional». Aquél había sido «un mal año» para España, pero ahora se entendía mucho mejor fuera de ella lo sucedido en Barcelona. Señaló, sobre todo, como había hecho con don Manuel, el Rey portugués, cuál era su principal apoyo: el ejército era «fiable y leal» a pesar de la agitación republicana. Él, por su parte, «quería al ejército y su vida entera estaba volcada a su mejora». «Verdaderamente, si no fuera por el ejército», concluyó, «sentiría su situación lejos de ser segura pero su apoyo le había dado fuerzas para perseverar» [248].

La cuestión Ferrer se prolongó durante varios meses hasta acabar por diluirse tanto en España como en el extranjero. De vez en cuando llegaban a Palacio escritos de confidentes policiales que narraban nuevos intentos de magnicidios en venganza por la ejecución de Ferrer, ahora dirigidos contra políticos y no contra el Rey [249]. Prensa Española, la empresa de los Luca de Tena, editó folletos en Alemania reivindicando a España, la Monarquía y el resto de sus instituciones y se los dio a conocer al Rey, quien, al parecer, no tuvo ningún papel en la promoción de dicho tipo de información. A Palacio llegaron también una larga lista de adhesiones de más de veinte mil franceses suscrita, en primer lugar, por un ex ministro de Asuntos Exteriores de la República. La carta se dirigía de forma específica al monarca, pero quedaba claro a través de su contenido que aglutinaba a los firmantes la religión católica y el repudio «de las sectas anarquistas, masónicas y ateas». En todo el orbe los defensores de la España monárquica y de su Rey fueron siempre los mismos: también en el mundo anglosajón los que adoptaron esa actitud fueron medios católicos que consideraban que en la defensa de Ferrer estaba implícita una condenación del catolicismo. A ellos hubo, en fin, que sumar los espontáneos que editaron publicaciones efímeras con el único objeto de pedir de forma inmediata una subvención [250]. Lo sucedido, en suma, antecedió de forma clara a lo que tendría lugar luego durante la Guerra Civil española.

Pero a pesar de que, en efecto, éstos fueron los apoyos de Alfonso XIII y la Monarquía durante el crucial otoño de 1909, los años siguientes, en especial los más inmediatos, fueron de inequívoca significación liberal en la política seguida por la Corona.

CAPÍTULO II

EL REY LIBERAL

En 1914 se publicó en Francia un extenso libro acerca de Alfonso XIII; su autor era un importante cronista político y parlamentario llamado Meynadier. Llama la atención en este volumen hasta qué punto da la sensación de que el monarca había superado los problemas iniciales de su reinado; para el autor resultaba, incluso, ejemplar en el marco de las monarquías constitucionales europeas de la época. Más curioso es que esta publicación, aparecida fuera de España, coincidiera con otra editada dentro del país, aunque incluía textos en varios idiomas para que lo pudieran leer tanto nacionales como extranjeros. También en ella el Rey era presentado como un hombre de su tiempo y modelo de liberalismo. Quizá lo que más sorprende en este segundo volumen es que aparecen frases muy laudatorias de personalidades nada significadas por su apego a la institución monárquica. Cambó lo describe como «el primer ciudadano del Estado» y «el más ardiente patriota de la nación». En ambos libros se recordaba el entonces reciente apoyo logrado en los medios liberales, intelectuales y republicanos; se aportaba, en este sentido, el testimonio de Galdós, Melquíades Álvarez y Azcárate. Pero, con la vista puesta en lo que acabaría sucediendo, merece la pena sobre todo transcribir el testimonio de Unamuno.«Lo más europeo —afirmaba—, es decir, lo más internacional que tenemos en España es el Estado y el Rey lo encarna y lo representa». El escritor se autodefinía como«un español que nada más que por ser patriota y sincero ha merecido que (Alfonso XIII) lo tenga como amigo» y del Rey aseguraba que era una persona que «quiere que se le hable todo lo alto preciso para que se le pueda oír bien»[1].

En los próximos capítulos podremos comprobar hasta qué punto llegaron a cambiar los juicios de estos personajes, en especial el último, a partir de la conclusión de la I Guerra Mundial. Pero para hacerse una imagen total y cumplida del Rey es preciso tener en cuenta que antes había sido objeto de alabanzas tan entusiastas como las transcritas. Los años inmediatamente anteriores a la Gran Guerra pueden considerarse como el punto culminante del reinado, aquél en que dio la impresión de que la Monarquía se identificaba con el camino hacia la democracia y tenía apoyos más amplios y profundos. Cabe pensar que al emprender este rumbo la Monarquía perdió una parte de sus apoyos en la derecha, pero todo indica que con los que contó la postura de Maura fueron minoritarios desde 1909, incluso en el propio partido conservador. Sin embargo, estos años fueron también, como veremos, de los más discutibles en determinados aspectos de la actuación del monarca.

EL PARÉNTESIS MORET

La situación política no podía considerarse totalmente encauzada tras el abandono del poder por Maura: en enero de 1910 el embajador francés estimaba que todavía era «confusa». Por un lado, Moret, el presidente liberal, trataba de atraerse a parte de los conservadores, como Dato y González Besada, otorgándoles determinados honores correspondientes a su condición de ex ministros y con la perspectiva de tratarles bien a la hora de llevar a cabo el encasillado. Este grupo conservador intentaba al parecer que su partido mostrara una actitud más conciliadora que la de Maura con respecto a sus adversarios del turno. Era posible que consiguiera que tal actitud predominase antes de las elecciones, porque nadie en el partido quería acudir a ellas con una postura de absoluto antagonismo con respecto a los liberales; lo previsible sería, en ese caso, que se les reservaran pocos escaños. El embajador francés atribuía la responsabilidad de lo sucedido al partido conservador en exclusiva. «Todos los espíritus sensatos —aseguró— están de acuerdo en que en el momento actual la vuelta de Maura y de Cierva sería la señal de una revolución». Los liberales en el poder llegaron a preguntarse si, a medio plazo, la posición de Maura no habría de tener como consecuencia la creación de un partido católico, agitador y movilizador de las masas de esta significación. Pronto, no obstante, durante las elecciones provinciales constataron que los comportamientos del conservadurismo eran idénticos a los que les habían caracterizado en el pasado. Aunque dominaban en las Diputaciones, no tuvieron inconveniente en ceder las presidencias a sus adversarios, como acostumbraba a hacerse cada vez que tenía lugar un relevo en el poder central[2]. Desde una actitud muy distinta, el nuncio admitía que la política de Moret estaba pensada para favorecer a la Monarquía fomentando la adhesión de personas que le eran hostiles; en su opinión, esta política resultaba, sin embargo, utópica y los conservadores hacían bien en desconfiar de ella. Llama la atención, como posible cambio en la política de la Restauración, el hecho de que Maura consultase al representante del Papa acerca de la posibilidad de retirarse de la vida política; sin embargo, fue convencido inmediatamente de no hacerlo[3].

Los problemas del Gobierno no procederían de este punto del espectro político. Desde el principio de la llegada al poder de Moret quedó claro que los diferentes dirigentes del liberalismo no pensaban en absoluto prescindir de sus grupos clientelares; tal fue el caso, por ejemplo, de Romanones. La pluralidad existente dentro del liberalismo tuvo pronto como consecuencia que, incluso ante el subsecretario de presidencia, Natalio Rivas, se pusiera en duda que Moret pudiera llegar como presidente hasta las elecciones generales. Los más afines a él consideraban imprescindible conseguir 170 diputados moretistas incondicionales para que no tuviera lugar una disolución de la mayoría, como en el periodo 1905-1907. La política estaba, pues, dominada por la cuestión electoral. En febrero varios artículos de El Imparcial crucificaron a unos supuestos seudoliberales que desde sus posiciones en el Gobierno aceptaban que saliera elegida una minoría conservadora muy importante. «Si el jefe de Gobierno», se decía contra ellos, «no quiere, no sabe o no puede convertir en una afirmación de su predominio cuanto hay de noble y eficaz para la Monarquía española en el estallido generoso de la democracia, mejor será que renuncie al poder». Pero otra acusación contra el Gobierno, contradictoria con la anterior, era que podía llevar a las Cortes a una importante minoría republicana. Durante la negociación de los pactos electorales que precedieron a la elaboración del encasillado, se entablaron desde el Gobierno conversaciones con Lerroux e incluso Melquíades Álvarez, deseosos ambos de verse beneficiados por la llegada al poder de quienes hasta entonces habían sido sus aliados[4]. Mientras tanto la inquietud de los liberales que se sentían preteridos en sus aspiraciones, como Alba, les hacía acudir nerviosamente al Rey a través de los palatinos. Entre los numerosos dirigentes que se movían en la expectativa de la formación de un Gobierno liberal parece haber estado, por ejemplo, el general Weyler[5].

Pero lo que nos interesa es la actitud del monarca en estos momentos. Según el embajador francés «no se dejaba llevar por el espíritu reaccionario que caracterizaba a muchos de los que le rodeaban, principalmente los grandes». «Sinceramente liberal, aunque de temperamento autoritario», parecía, de acuerdo con el diplomático, desconcertado por las crecientes intrigas dentro de los partidos. Al representante galo había llegado lo que ya sabemos que el Rey le había dicho recientemente al embajador británico: «sin la fidelidad del ejército su tarea le resultaría muy complicada». Era consciente de que tanto la campaña marroquí como la etapa final del Gobierno de Maura habían afectado de forma seria a su popularidad de otros tiempos[6]. Su actitud era de neto apoyo al Gobierno liberal, incluso en sus relaciones con la Iglesia, pues conferenció con el nuncio y le hizo saber que, si reverenciaba al pontífice, no podía aceptar que se maltratara a su nación. «El partido liberal —dijo a comienzos de febrero— tiene que decidirse a gobernar en España, entendiendo por gobernar no sólo ocupar el poder sino acreditar con actos y reformas la significación que le es propia. El partido liberal tiene necesidad de estar unido, de suerte que queden en él ponderados todos sus matices y tendencias y yo deseo para él una vida larga y fecunda. Dentro de mis funciones como Rey constitucional, estoy dispuesto a aceptar íntegramente la obra del partido liberal y a secundarle para que esta obra responda a un alto sentido de Gobierno y a las exigencias del país». Lo significativo de estas palabras fue que hacían alusión sólo al partido liberal; y no de forma directa a la persona que lo dirigía y ocupaba la presidencia del Gobierno, tal como inmediatamente recalcaron los observadores diplomáticos extranjeros. El Rey sabía que el Gobierno liberal dirigido por una persona de más de setenta años tenía el grave inconveniente de estar minado por la desunión y de carecer de un liderazgo bien definido. Con esas palabras dejó claro que no necesariamente respaldaba con su confianza a Moret, aunque sí al partido liberal[7]. Caso de que aquél mostrara su insumisión al presidente, las posibilidades que tenía de perdurar eran escasas.

Ya en febrero de 1910 Romanones aconsejaba a Lerroux que pactara con él y no con Moret, que acabaría por perder el poder. Sin embargo sólo en las últimas horas se dio cuenta Moret del peligro que corría como consecuencia de no controlar sus propias filas. Creía que no tendría problemas para conseguir el decreto de disolución de las Cortes, pero cuando se lo propuso al Rey quedó inmediatamente planteada la crisis. Al salir de Palacio fue consciente de la magnitud de lo tramado contra él, pues al mismo tiempo entraba Montero Ríos, otro de los dirigentes liberales, con quien se iniciaron las consultas. Ante los más cercanos a él, Moret se mostró «dolido y amargado con la conducta del Rey para con él»; los ministros estaban «indignados». Al nuevo presidente, Canalejas, le dijo tan sólo que suponía que gobernaría en el mismo sentido en que él lo había intentado, como si pensara que no le dejarían[8].

En un primer momento, todavía sin conocer el resultado de la crisis, la prensa liberal se refirió de forma airada a la posibilidad de una vuelta de la derecha: «¿Es que la Corona no acepta como servidores dignos sino a los que la comprometen?… ¿Es que ahora se quiere resucitar la historia vieja y ya olvidada de Fernando VII?», se preguntó El Imparcial. Parecida actitud fue la de El Liberal y la de Heraldo de Madrid. En cambio la prensa de la derecha creyó que se había producido una rectificación de la Corona en sentido favorable a los conservadores. Pero «unos y otros procedían con exageración», contó el principal cronista político.

¿Qué había sucedido en realidad? Como es lógico, la interpretación del nuncio fue que la situación política liberal no sólo se consolidaba sino que avanzaba en radicalidad; el embajador británico recordó que el Rey había estado muy disconforme con la colaboración de los liberales con las extremas izquierdas, pero también recordó que los dirigentes del partido estaban sublevados contra Moret[9]. Quien tuvo mejor y más directa información fue, sin embargo, otro diplomático. Para el embajador francés la caída del Gobierno Moret resultaba previsible desde hacía tiempo, pues el propio Rey le había explicado, pidiéndole discreción, sus relaciones con el presidente antes de que la crisis tuviera lugar. Moret se hallaba, según Alfonso XIII, en una «situación falsa», al estar a la vez en desacuerdo con los dirigentes del partido liberal y ser demasiado complaciente con respecto a los republicanos. No podía —aseguró— gobernar rodeado tan sólo de «amigos personales», esperando mantenerse en el poder para luego ser objeto en las Cortes de las intrigas de los dirigentes de su propio partido. Además, debilitado por la edad y por su enfermedad del corazón, Moret podía desaparecer en cualquier momento y la Corona se encontraría con un partido liberal y una mayoría parlamentaria sin jefe y con la necesidad de una nueva disolución; hubiera podido añadir, además, que en ese momento el partido conservador daría menos facilidades todavía. Asombrado por las confidencias que recibía, el embajador apuntó una leve defensa de quien por el momento seguía siendo presidente del Consejo. Aun así, con total indiscreción pero también con notable perspicacia, Alfonso XIII siguió calificando la política de Moret como «indecisa», «conservadora en ciertos aspectos y en otros no resueltamente democrática». A la pregunta del diplomático sobre qué otra personalidad podía desempeñar el papel de jefe de los liberales el Rey aseguró con decisión que «una sola, Canalejas…, del que se dice que no se le quiere en Palacio (pero) yo le conozco y aprecio». «Cada día —añadió— está más cercano a ocupar el poder», ratificó, «quizá más cercano de lo que él mismo piensa. Tiene ideas avanzadas pero es inteligente y activo; sabrá imponer su autoridad». La política francesa le proporcionó a Alfonso XIII excelentes ejemplos recientes de posibilismo de personas consideradas como radicales, Clemenceau y Briand. Sobre las reformas necesarias en España, el Rey le hizo al embajador las «declaraciones más netamente liberales y progresistas». Maura, le dijo, tiene «una capacidad de trabajo formidable, es el hombre político más notable de este país pero se sitúa demasiado lejos de las realidades… No conoce casi nada más allá de los Pirineos, ni se da cuenta de la necesidad de tener en cuenta la opinión y el sentimiento del extranjero» y «ha viajado poco». De nuevo el juicio era tan acertado como indiscreto era el emitirlo ante un embajador. Como de pasada aseguró también el Rey que en Francia era necesario tener contacto con las personas más relevantes del mundo intelectual parisino. Y vino luego una declaración sorprendente: «Yo he sido muy reaccionario, quizá más absolutista que ninguno de mis abuelos en el momento en que mis ideas se formaban, pero después he viajado, he visto las cosas de mi tiempo y estoy convencido de que (debo) cumplir en España una obra de progreso en el orden civil y social». Habría sido «el retraso» en esta tarea reformista lo que causó a España todos los recientes problemas de hostilidad e incomprensión europeas.

Al tratar extensamente de otra cuestión, Alfonso XIII demostró que no podía ser considerado un clerical. Hablando del Vaticano, se quejó de la singular actitud de Roma, que no respondía a las propuestas razonables de España sino mediante unas notas que no osaría enviar «al más minúsculo o menos considerado de los Estados de Europa». Llegó a decir que «si no considerara que una ruptura con la Santa Sede podía abrir una era de grandes desgracias para su país, la única respuesta que merecería la correspondencia del Vaticano sería la expulsión del nuncio». Cuando éste le había dicho que los católicos estaban dispuestos a demostrar mediante manifestaciones que eran mayoría en el país, él le había respondido con una pregunta sobre cuántos de los 400.000 católicos de Barcelona se habían alzado para defender los conventos. Había, dijo, que hacer en materia religiosa «reformas razonables, conformes con las ideas modernas». Llegó a recordar incluso que uno de sus antepasados había encerrado al Papa en Sant'Angelo en Roma por cuestiones relativas a los derechos del Estado. La Iglesia solía afirmar que sus bienes le fueron expropiados hacía setenta años, pero ahora tenía muchas más riquezas.

El embajador reconoció que su conversación con el monarca le había dejado «un poco sorprendido». Quizá quería demostrar su liberalismo y, al mismo tiempo, justificar un cambio de Gobierno que todavía no se había producido. Pero se preguntaba, con toda la razón, si una persona que hacía este género de revelaciones, aparte de demostrar buen sentido y listeza, no sería «ligero y fácilmente accesible a dudosas influencias».

Ya producida la crisis, el embajador galo también habló con Moret, amargado por la pérdida del poder. El ex presidente le aseguró que el Rey no había mostrado ninguna prevención contra él y su programa durante los tres meses de Gobierno; por su parte había dado 50 años de su vida política por la Monarquía y bruscamente el monarca, atendiendo a un grupo de conjurados, había prescindido de él. «Le he dicho al Rey», afirmó quejoso, «que da un golpe fatal al partido liberal y que antes de tres meses tendrá que lanzarse en los brazos de Maura». Según Moret a él le hubiera bastado con eliminar a Romanones para llevar al partido liberal a la armonía interna y, en su indignación, llegó a calificar la crisis de «inconstitucional». Eso mismo le había dicho a Canalejas, según él, más temeroso que confiado en su tarea. Se apresuró a dictaminar que el Gobierno de su rival encubriría con una vestidura democrática una mercancía en realidad reaccionaria. Él, en cambio, estaba convencido de haber sido capaz de liquidar todas las barreras entre el verdadero liberalismo y la Monarquía. El embajador galo no tuvo inconveniente en considerar muy natural la amargura de este hombre de Estado anciano y humillado[10].

Nada más llegar al poder, Canalejas dio señales equívocas de reconocer hasta qué punto debía su puesto al monarca: «El Rey —habría dicho— me ha hecho jefe del Gobierno y yo al mismo tiempo me he convertido en jefe del partido al que el Rey llama el Gobierno; no rechazo ningún concurso pero no acepto ninguna tutela»[11]. La segunda parte de la frase testimoniaba que estaba dispuesto, como luego demostró, a ejercer como líder de los liberales.

Como resulta lógico, la relación entre Moret y el Rey se resintió fuertemente por lo sucedido, aunque el desvío no duró tanto y no provocó una ruptura como la de Maura. Como ya había sucedido entre Silvela y doña María Cristina, el político atribuyó al jefe del Estado una responsabilidad absoluta en su abandono del poder que no tenía en cuenta su propia y evidente fragilidad. Según una narración de uno de sus más estrechos colaboradores, Moret habría tenido, en el momento de despedirse del Rey, una conversación «muy agria» que él mismo describió como «en extremo desagradable» y de la que dijo que «me aparta de él, acaso para siempre». Sin embargo la relación se recompuso con el transcurso del tiempo a través de un intermediario inesperado. Colaboradores del político lograron que el monarca enviara un expresivo telegrama a Moret con motivo de la muerte de su hijo político. El antiguo dirigente liberal atendió entonces a la sugerencia de consultar a quien habitualmente solía hacerlo, porque era «siempre ecuánime, imparcial y desinteresado de todo prejuicio»: nada menos que Francisco Giner de los Ríos. Éste aconsejó que acudiera a Palacio a ver al Rey y Moret lo hizo evitando comentar aspecto alguno de la política española anterior o conflictivo[12]. Sin duda influyó sobre el político liberal el peso de la edad, un tardío reconocimiento de que no tuvo el apoyo de todos los que decían seguirle y la conciencia de que había perdido ya la posibilidad de dirigir a su partido. En su decisión el Rey pudo tener en cuenta que, como hemos visto, Moret siempre había sido, con su madre y con él mismo, un personaje de propensiones cortesanas y aduladoras, con las que pretendía compensar sus limitaciones como dirigente político de un partido. De cualquier modo la decisión de Alfonso XIII abría una nueva etapa política. Probablemente, dada la desunión de los liberales, Moret no habría llegado en ningún caso a estabilizar la dirección del partido. Su propia actitud al no contar con parte de sus dirigentes y provocar el pánico en ellos al ver con temor su influencia destruida contribuyó a la insubordinación contra el presidente. Sin embargo fue el Rey quien, al encargar a Canalejas el poder, le convirtió en jefe del liberalismo; resulta al menos dudoso que a corto plazo él, por sus propios medios, lo hubiera logrado. Nunca Alfonso XIII había hecho nada parecido ni tampoco lo haría en el futuro. Pero se debe tener en cuenta también que él suscribía, en ese momento, los principios fundamentales de la política liberal, tal como dijo al embajador francés. No tiene sentido, pues, atribuirle, como hace Romanones, estar «contrariado» por el hecho de que Maura hubiera abandonado el poder[13].

EL GOBIERNO CANALEJAS

La obra política de José Canalejas desde el poder merece una consideración previa que tenga en cuenta su relación con la Monarquía. En 1906 Canalejas fue autor de un largo memorándum sobre «Política liberal» que Romanones conservó entre sus papeles[14]. De sus cuarenta y una páginas nada menos que treinta y cuatro estaban dedicadas a la cuestión religiosa o, por decirlo de forma más apropiada, a la clerical; en cambio, apenas seis líneas se referían a la reforma agraria. En el espacio dedicado a aquélla había una referencia a un cierto complejo de inferioridad nacional y, lo que resulta más interesante, una alusión poco grata a la familia real: «Ni hablemos —afirmaba— de cómo la natural y legítima protección de la Real familia y altos dignatarios palatinos a Institutos y fiestas religiosas degeneran en obsequiosidades que comenta burlona o airadamente la prensa extranjera. España es, para toda la escuela radical europea y aun para los más de los liberales en el mundo, la España negra». Canalejas afirmaba haberse sentido, en el pasado, «desterrado de la simpatías regias» y no tenía el menor reparo en reconocer que lo característico del partido liberal había sido hablar mucho de esta necesaria modificación de las relaciones entre Iglesia y Estado pero no llevarla a cabo. En 1906 consideraba el Concordato como virtualmente inexistente y aseguraba que la reforma se debía hacer notificándola y no pactándola con el Vaticano. Para la época era, en definitiva, de acuerdo con la óptica de muchos, un político radical, fronterizo con el republicanismo anticlerical y objeto de murmuraciones y rumores por sus propagandas encendidas. Es muy posible que, como hemos visto que él mismo decía, fuera considerado por todo ello peligroso en algún momento. Sabemos también, sin embargo, que ya doña María Cristina, que tenía fama de clerical, habló en público de su respeto por el político liberal. Ahora, en 1910, el Rey afirmaba no sólo eso sino su fundamental concordancia con él. En Canalejas hubo, además, un fundamental proyecto con respecto a la Monarquía que todo hace pensar que fue compartido por Alfonso XIII. Carlos Seco ha señalado, con toda razón, que su propósito fundamental fue la «nacionalización de la Monarquía», en el sentido de intentar que cualquier propósito colectivo valioso no quedara al margen de ella y, como se comprobará, eso fue lo que principalmente guió al Rey durante estos años. Finalmente otro rasgo esencial de Canalejas como político fue haber sido no sólo un auténtico líder del liberalismo sino, probablemente, el único verdadero durante el reinado de Alfonso XIII[15]. En las páginas que siguen, como en el caso de Maura, trataremos tan sólo de aquellos aspectos del Gobierno Canalejas que hacen más directa referencia a la persona del Rey. El mero hecho de que no se aborden otros testimonia que en ellos la competencia exclusiva fue del presidente, como había sucedido con Maura y su Ley de Reforma Local.

La gran cuestión para Canalejas fue siempre la clerical. En una temprana conversación con el nuncio hizo una declaración de «catolicismo práctico» y de «quererle explicar con toda lealtad y claridad sus ideas sobre el problema religioso». Para él la situación del catolicismo español no era «brillante» por la «incontestable inferioridad intelectual del clero». Católico pero no clerical, estaba «dispuesto a llevar a cabo la política radical de Waldeck Rousseau» en Francia «con el consentimiento del Rey… y esto para él era el punto más importante de su política del cual no puede prescindir». Afirmó su disponibilidad para aumentar la dotación de los párrocos y contribuir a mejorar la enseñanza de los seminarios e incluso, en este punto en plena contradicción con sus propósitos de 1906, a «no dar paso alguno sin el previo conocimiento de la Santa Sede». A lo largo de los meses siguientes, Canalejas mantuvo largas conversaciones con el nuncio, con el propósito de convencerle de la oportunidad y viabilidad de sus medidas; este solo hecho tuvo como consecuencia que el nuncio, en contra de lo que fue la actitud de muchos católicos españoles, se mostrara comprensivo. Además el político pareció haberse arrepentido de la identificación de su propia postura y la del Rey con el político francés; por su parte el nuncio tomó nota de que Canalejas consideraba la religión cristiana como base de cualquier política democrática[16].

El contenido discurso de la Corona en junio de 1910 expresó una actitud firme respecto del problema religioso y fue alabado por la prensa liberal; a finales de ese mismo mes, Canalejas tuvo ocasión de repetir esta actitud ante el propio Rey. Entonces le recordó al monarca «la entrevista que tuvo con él cuando, sin merecerlo ni pretenderlo, me hizo el honor de encargarme del Gobierno». Declaró que la reforma de las relaciones entre Iglesia y Estado era «un compromiso de honor del Gobierno, sujeto sólo a la derrota del Gobierno en las Cortes o a la falta de confianza de la Corona». Explicó los avatares del proceso de negociación con Roma de un modo en que quedaba implícita la cuestión de la confianza y también, por la respuesta del Rey, su resolución a favor del Gobierno y de su presidente. A uno de sus colaboradores Canalejas le explicó después que «si mi figura destaca algo más de lo que merece es porque estoy resuelto a poner término a la abulia que tenía dominado el poder público. Muy liberal, muy demócrata, radical, a S. M. he dicho hasta dónde voy y voy a ir muy lejos, pero con energía, con resolución»[17]. De ello hubo pruebas principalmente en los primeros meses de su presidencia.

La relación entre el monarca y el presidente durante 1910 parece haber sido muy estrecha y de confianza mutua. Alfonso XIII, por ejemplo, da la sensación de no haber aceptado otra información acerca de la situación interna del partido liberal que la recibida a través de Canalejas, aunque hubo algún personaje extravagante dentro del mismo que se autopropuso como ministro al monarca. Tampoco resulta atribuible al Rey ninguna iniciativa especial en lo que respecta al restablecimiento de la unidad del partido liberal: se limitó a tomar la iniciativa para una mejora de sus relaciones personales con Moret. Por otro lado acompasó sus viajes a las necesidades políticas del presidente de modo que en ningún momento diera la impresión de que éste, por las circunstancias que fueran, carecía de la confianza real[18]. Una cuestión que podía haber causado problemas a Canalejas con la Monarquía fue la acusación que dirigió contra él Vázquez de Mella por su participación en la operación política del cardenal Cascajares a finales del siglo precedente; esas relaciones podían involucrarle en una maniobra de carácter clerical, poco asumible por un político que se decía radical. Romanones, como presidente del Congreso, informó a doña María Cristina del debate parlamentario en que se produjo dicha acusación, refiriéndose de manera especial a las alusiones que de ella se hicieron y con la indicación de que «terminaría sin éxito» para el político tradicionalista. Canalejas, en suma, salió reforzado porque, en definitiva, cualquiera que hubiera sido el propósito de Cascajares tenía como objetivo final la consolidación de la Restauración. Además, esos primeros tiempos del regeneracionismo resultaban lo bastante ambiguos, en el recuerdo de los diputados, como para que se perdonaran las actitudes adoptadas en el pasado. Por si fuera poco, Vázquez de Mella le acusó de ser un «ecléctico y doctrinario» y no un radical en materia religiosa, con lo que de forma indirecta llegó a hacerle el favor de transmitir una imagen más moderada que la que le atribuía la derecha católica[19]. En las conversaciones de carácter más reservado entre políticos no canalejistas lo máximo que llegó a decirse respecto del apoyo del Rey a Canalejas era que le recomendaba avanzar con lentitud y prudencia en materia de relaciones con la Iglesia[20].

Cabría plantearse la cuestión de si cambió algo la situación en 1911. En realidad, al margen de lo que hiciera el Gobierno, parece evidente que el político liberal siempre tuvo a su favor la virtual desunión del partido conservador que, de acuerdo con las prácticas no escritas de la Restauración, lo inhabilitaba como alternativa. Algún rumor hubo en los mentideros —siempre procedente de fuentes conservadoras y sin duda interesadas— de que el Rey consideraba que Canalejas no servía para dirigente del partido liberal. En cambio, a menudo los disidentes de este partido acusaron a Canalejas de plegarse a los deseos del monarca de intervenir en Portugal o dijeron ver graves peligros en la penetración en Marruecos; en realidad ni lo primero se llevó a cabo ni lo segundo resultó evitable[21]. En principio los juicios más antagónicos en relación con la política del Gobierno cabría encontrarlos en las informaciones del nuncio al Vaticano. Sin embargo lo que éste percibió fue un incremento del poder de Canalejas en cada crisis parcial que tenía lugar, porque, cuando necesitaba la confianza de la Corona, demostraba tenerla y veía crecer su fuerza en el seno del partido liberal y también en la prensa. A comienzos de 1911 el nuncio preveía ya que la situación española se encaminaba definitivamente hacia la libertad de cultos de la que tanto discrepaba[22]. Los intentos de crear una coalición electoral antiliberal fracasaron en poco tiempo e incluso acabaron con uno de esos cruces de reproches tan habituales en las querellas dentro del catolicismo español, incapaz de conseguir un mínimo de unidad. Hubo también por parte de la derecha conflictos menores, como las protestas en contra del nombramiento del Rey como coronel honorario del regimiento de Saboya, que se resolvían a favor del Gobierno. Los diputados tradicionalistas reivindicaron por estos días en las Cortes la soberanía temporal del Papa, una actitud tan desmesurada que resultaba autodestructiva. La aceptación por el monarca de un cargo honorífico como éste en aquellos momentos constituye, por otro lado, una buena prueba de su identificación con Canalejas. Según el embajador italiano, un nombramiento como el citado no habría sido aceptado en condiciones normales por un Gobierno conservador[23]. En la crisis parcial planteada en abril de 1911, tras el debate del asunto Ferrer en el Congreso en que se apreció la inquietud militar al respecto, el Rey de nuevo apoyó a Canalejas. «Yo —dijo— he deseado desde el primer momento muy sinceramente que se desenvuelva la política liberal». El presidente luego declaró que, al renovarle la confianza, el monarca lo hizo sin limitación ni recomendación de ninguna clase[24].

En realidad la mayor parte de las dificultades de Canalejas (y no fueron tantas) procedieron de los propios liberales. A comienzos de mayo de 1911 admitía ante el nuncio que su proyecto no le gustaba a nadie porque por un lado los republicanos y la prensa laica como El País y El Liberal lo repudiaban, pero, por otro, también lo hacía la prensa clerical como El Universo. El nuncio le repuso que tal resultado se debía a no haber deseado llegar a un acuerdo previo con la Santa Sede. El presidente declaró que de ninguna manera quería romper con Roma y se manifestó dispuesto a modificar su proyecto de «ley del candado» que ponía obstáculos a la instalación de nuevas órdenes de acuerdo con ella. El Concordato vigente debía ser sustituido por «un concordato moral» más apropiado para la armonía en las relaciones entre los dos poderes en los tiempos actuales. Manifestó también ante el nuncio que el Rey le había recomendado muchísimas veces —concretó diciendo que lo había hecho unas veinte o treinta— no sólo que no rompiera con Roma sino que enviara un embajador para llegar a un acuerdo; algo parecido le habrían pedido la Reina Madre, la Infanta María Teresa y la Infanta Isabel. Esta petición se explica porque la embajada española ante el Vaticano había quedado sin desempeñar por más que el nuncio siguiera en Madrid. Una de las personas en las que se pensó en estos momentos para esta misión diplomática fue en Santamaría de Paredes, a pesar de que resultaba en cierta manera inconveniente, pues por su condición de antiguo profesor del Rey le implicaría en exceso. Pero mientras todo esto sucedía, Moret le decía al nuncio que en realidad el proyecto de ley de asociaciones de Canalejas había roto con la doctrina establecida tradicionalmente por el partido liberal al no tratar con Roma con carácter previo[25]. Después de atribuirle debilidad, antes siquiera de haber empezado a gobernar, ahora le caracterizaba por un radicalismo que tampoco le cuadraba a Canalejas.

Es posible, en fin, que con el paso del tiempo en los medios de la Corte creciera la preocupación por las actitudes de los medios católicos. A finales de junio de 1911 el Rey, viniendo de La Granja, participó inesperadamente en la clausura del Congreso Eucarístico. De acuerdo con Romanones había pensado hacerlo en la inauguración, pero Canalejas le había disuadido. En el telegrama enviado por el Papa a los reunidos se hacía alusión al Portugal republicano y a la presunta persecución en este país contra los obispos. La representación de la familia real le había sido atribuida precedentemente al infante don Carlos, que podía al mismo tiempo representar a su sector, considerado como más vinculado con el mundo clerical. La prensa radical acusó, entonces, a Canalejas de haber tolerado que el Rey tomara esta decisión por su cuenta, sin consultarle y sin someter a su aprobación el discurso que pronunció, pero el presidente aseguró haber sido consultado. El acto fundamental del Congreso Eucarístico consistió en una consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, lo que según El Liberal identificaba a España con el máximo de clericalismo; en Palacio se celebró un banquete para 55 prelados. Pero no hubo incidentes ni tampoco ataques directos, de tal forma que el acto pudo ser considerado un triunfo temporal del Gobierno. Sin embargo, lo ocurrido revelaba, sin duda, una actitud de cesión ante Roma. Nada hace pensar, en cambio, que se hubiera planteado a estas alturas aquel factor más determinante del abandono del poder durante la Restauración, es decir, la división del partido gobernante. Una nota encontrada en Palacio, quizá comunicación de un periodista a un alto cargo palatino, así lo revela: «Murmuran… de la debilidad de Canalejas pero de eso a querer derribarle hay una distancia inmensa. No creo en las conjuras; si las hubiese en estos instantes serían unos infames los conjurados»[26].

A medida que transcurría el tiempo, el centro de gravedad de la labor gubernamental de Canalejas quizá se trasladó desde las cuestiones relativas a las relaciones entre Iglesia y Estado hasta las de orden público. Un rasgo muy característico del político liberal fue mantener en esta materia una actitud inequívoca de firmeza dentro de los presupuestos del liberalismo, en un momento en que la protesta social y política experimentaba un incremento sin parangón. En una carta a Weyler, capitán general de Cataluña, en donde había surgido la CNT, le decía: «Yo le he ofrecido al Rey y al país que el domingo (día de la huelga general) disfrutarán los españoles de tranquilidad, seguros de que no hay huelga ferroviaria, que, tratándose de conflictos aislados entre el capital y el trabajo, es perfectamente lícita y algunas veces justa, pero que tratándose de una conflagración general para suspender la vida de la nación, tratándose de imponerse brutalmente, inicuamente a la sociedad y al poder público, es un acto evidente de rebelión». En otra ocasión a ese mismo corresponsal le escribió: «Excepto la pena de muerte, que repugna mucho a mi conciencia (y) que yo desearía no se aplicara en ningún caso mientras yo gobernara, las severas penas del Código, los más severos castigos me parecen poco para este delito de lesa patria» que era la huelga revolucionaria[27]. Recomendaba, no obstante, más la paciencia y perseverancia que «pegar». En eso había una notoria distancia entre la forma de actuación propuesta por el jefe de Gobierno y algunos mensajes recibidos en Palacio. Comentando informaciones de prensa sobre acontecimientos de orden público, una nota anónima afirmaba que «habla el telegrama de cargas duras (de la policía) y miente. Han sido blandas, de guardarropía. ¿Dónde están los heridos y los contusos?»[28].

La preocupación de los miembros de la familia real en relación con el orden público fue especialmente acentuada en torno a la segunda mitad de 1911. Hubo palatinos que recibieron noticias, proporcionadas por periodistas conocidos, de la celebración en Barcelona de un homenaje a Ferrer a los dos años de su ejecución. Aquel mismo verano la policía informó al Rey de los peligros que corría en sus excursiones al sur de Francia por la actitud subversiva de los obreros españoles que trabajaban en poblaciones como Biarritz. La propia Reina Madre escribió a Román Echagüe, el capitán general de Valencia, cuando en esa ciudad tuvieron lugar movimientos revolucionarios de carácter republicano. «Sólo el temor de molestarle y de distraerle en momentos tan serios —le indicaba— me ha detenido pero hoy, animada por el Rey, quién sabe con cuánto interés he seguido paso a paso toda esta triste campaña, lo hago con el mayor gusto para felicitarle muy sinceramente por el tacto y la energía que ha tenido evitando con ellas días que hubieran sido de luto para todos. No olvido que en Valencia fue en donde V. hizo sus primeras armas al servicio de la nación. Ahora como Capitán General ha podido V. salvar a Valencia de la anarquía. ¿Qué mayor satisfacción puede V. tener?»[29]. Como se puede constatar la Reina Madre mantenía unas relaciones con los mandos militares muy semejantes a las que protagonizaba su hijo.

Cuando, a finales de 1911, fueron juzgados los responsables de la sublevación del buque de guerra Numancia, hubo, en primer lugar, quejas en contra del monarca por estar fuera de España y de vacaciones en aquel momento dramático; estaba, en efecto, regateando en Gran Bretaña. Luego, en enero de 1912, el Rey expresó ante el presidente el deseo de que el Gobierno indultara al único detenido que permanecía condenado a muerte por aquellos acontecimientos. Canalejas, entonces, afirmó que no tenía inconveniente en refrendar el indulto pero, al mismo tiempo, dimitió inmediatamente junto con todo su Gobierno. La crisis no duró más allá de una tarde y el Rey le ratificó sus poderes, como por otro lado habían aconsejado todos los consultados. «No olvide usted —dijo Alfonso XIII— que en cierta ocasión le dije que quería permaneciésemos juntos mucho tiempo y se lo repito ahora porque anhelo que los liberales realicen su obra y nadie mejor que usted para llevarla a cabo». Canalejas no modificó el Gobierno, a pesar de aparentar estar cansado y dispuesto a ser relevado por alguien más joven en el seno del partido liberal. En realidad, como revelan las memorias de Romanones, aquello no había sido más que un amago de crisis, un subterfugio para que no se cumpliera la pena, a la que por principio Canalejas era opuesto, y para ratificar la confianza del Rey en el ejecutivo liberal. El embajador británico se dio cuenta, finalmente, de que el indulto había sido una maniobra de Canalejas, a pesar de que en un momento inicial no captó lo ocurrido. Lo sucedido llegó a tener consecuencias para la Monarquía, pues, como escribió el embajador, «ha proporcionado gran popularidad al Rey cuyo acto de clemencia es alabado por toda la prensa». Todos los diplomáticos extranjeros estuvieron de acuerdo con esta interpretación. Una nueva ejecución habría supuesto, señaló el embajador italiano, una repetición del caso Ferrer; Alfonso XIII había tenido en cuenta, por tanto, la tranquilidad del país y la propia popularidad. De hecho diarios de significación republicana como El Liberal o España Nueva, entre los más antagónicos a la Monarquía, no dudaron un momento en alabar sin reparos la decisión del monarca. Cuando, unos días después, se rumoreó la posibilidad de una crisis gubernamental, Alfonso XIII no tuvo inconveniente en recalcar, al pronunciarlo, un párrafo de su tradicional discurso de recepción en el día de su santo, en que señalaba lo mucho que esperaba del Gobierno en el poder. «Espero que muy pronto vengan ustedes a traerme a la firma, para sancionarlas, todas estas leyes: hay que trabajar mucho», añadió[30]. Lo sucedido, como la utilización que Canalejas hizo del temor a Maura, fue considerado como una prueba más de su habilidad y, como es lógico, indignó a los conservadores.

A pesar de este buen resultado de las medidas de clemencia, con el paso del tiempo arreciaron entre los palatinos actitudes de reticencia ante la supuesta o real lenidad de Canalejas en la represión. «Creo —escribió uno— que nunca se ha visto un Gobierno con situación tan difícil como la que hoy se encuentra Canalejas». En su opinión los diputados disidentes habían «explicado con pruebas la falsedad de las afirmaciones que ha hecho (Canalejas) y la existencia del pacto que ha negado»… «Creo que vamos a una crisis y lo terrible es sin presupuestos¡¡ (sic)»[31]. En estas líneas había incluso una asunción absurda de que Canalejas estaba de acuerdo con los movimientos subversivos.

Estas palabras dan pie a establecer algunas conclusiones respecto de Canalejas y su papel durante la Monarquía de Alfonso XIII. Con cierta mala intención, Romanones en sus memorias establece el contraste entre el Canalejas inicial, recién llegado al poder, lleno de «optimismo, sinceridad y energía», y el posterior, ya seducido por los círculos aristocráticos e incluso por un monarca que limaba la posible aspereza de sus programas radicales. Es cierto que, como todos los políticos del régimen de la Restauración, Canalejas debió adaptar la realización de su proyecto a las condiciones limitadas nacidas de un Estado débil y con poco apoyo social. Sin embargo no cabe la menor duda de que el volumen de su obra legislativa fue importante, desde la supresión del impuesto de consumos hasta la obligatoriedad del servicio militar, pasando por el intento de aprobación de las mancomunidades que hubieran podido satisfacer, al menos parcialmente, los deseos de los nacionalistas catalanes. A esto se debe añadir que, según todo indica, las reformas de Canalejas estaban mejor dirigidas en sus propósitos fundamentales que las de Maura. Pese a las claras reticencias que, una y otra vez, mostraron los medios de la Corte con respecto a su persona, no cabe la menor duda de que siempre tuvo el decidido apoyo de Alfonso XIII. Incluso en el trámite de cada disposición concreta se puede rastrear ese alineamiento: los senadores vitalicios, cuyo voto contaba siempre de forma decisiva en el juicio del monarca, no dudaron en pronunciarse a favor de la supresión del impuesto de consumos. Otra cosa es que, sobre todo en las materias vinculadas con las relaciones entre la Iglesia y el Estado, Alfonso XIII, que se pronunciaba en privado de la manera que hemos visto en su conversación con el embajador francés, mostrara una actitud tendente a evitar cualquier choque con el Vaticano.

Un buen argumento para apoyar esta interpretación puede ser el juicio que hicieron los diplomáticos británicos sobre su estancia en el poder, pues, a fin de cuentas, Canalejas venía a ser el correlato español de los liberales británicos. En 1911 el embajador pensaba que el monarca, «muy criticado por la rapidez con la que resolvió la crisis de febrero de 1910», había «encontrado en Canalejas un consejero en quien consideró que podía confiar para poner en marcha un programa democrático con la debida precaución respecto de la Monarquía» y le había dado su «completo apoyo… sin sentirse afectado por los temores de la Corte y de la sociedad opuestos a la menor ruptura con la tradición». Gracias a ello «su popularidad personal se mantenía a pesar de las crecientes dificultades por las que pasaba la Monarquía española» y, además, la imagen creada en todo el mundo por el juicio de Ferrer se había ido diluyendo[32].

Aun así el asesinato de Canalejas, en noviembre de 1912, matizó ese juicio en lo que al político liberal se refiere. Éste había logrado la más completa unanimidad en el juicio laudatorio una vez desaparecido, pero el embajador británico no dejó de advertir que había cosechado un «fracaso completo» en aquella cuestión en que el interés de su Gobierno era mayor, es decir, el asociacionismo religioso. Cuestión que, como sabemos, había centrado también de forma principal la propia óptica del Rey, de acuerdo con la conversación que había tenido el monarca con el representante de Francia. En este sentido el balance de su obra quedó lastrada no ya de una limitación sino de un fracaso esencial[33].

La desaparición del presidente implicó, como es lógico, una crisis gubernamental. Fue el Rey quien propuso que siguiera una presidencia interina hasta la aprobación de los presupuestos y el tratado con Francia. Alba, no obstante, consideró que era necesario abrir las consultas y así se acordó. La solución transaccional consistió en la formación de un Gobierno García Prieto tan sólo hasta el entierro de Canalejas[34].

Las noticias relativas a la solución política que se podía dar a la inesperada situación resultaron mayoritariamente erradas. El Rey quería, según las informaciones diplomáticas, que ocupara el poder Moret —alguno citó incluso a Montero Ríos— y que se reanudara el turno con los conservadores; debía aprobar los presupuestos y suscribir el tratado con Francia. La llegada del anciano estadista al gobierno —se especuló— permitiría restablecer la buena relación de la Monarquía con un político que se había mostrado muy ofendido por su pérdida del poder. Sin embargo Alfonso XIII, que quiso una resolución muy rápida de la crisis, no pensó en la vieja generación de dirigentes sino en la nueva. Romanones afirma que en principio se inclinaba por García Prieto, impresión que puede quedar confirmada por la conversación que tuvo ante el Consejo de ministros; luego, de acuerdo con las memorias del citado político, tuvo que optar por él, pues era presidente del Congreso. De cualquier modo el interrogante más grave que plantea esta crisis reside en la afirmación de Romanones según la cual el Rey, «equivocándose, creyó que su fuerza se robustecería aplicando la conocida máxima «Divide et impera»: él habría sido, por tanto, culpable principal de la división de los partidos. No parece, sin embargo, que esto fuera cierto. Por más que durante su gestión como ministro de Estado García Prieto hubiera dado la sensación de ser dúctil y sumiso frente al monarca, de ninguna manera éste repitió con él lo que había hecho con Canalejas. Fueron, en realidad, los liberales quienes, con posterioridad, se dividieron. Romanones tenía en este momento un claro predominio en el partido liberal y eso explica que acabara al frente del Gobierno, pasado el funeral de Canalejas[35].

No obstante, a finales de 1912, La Época, el diario conservador, planteó un auténtico ultimátum dirigido a la propia Jefatura del Estado: «acudimos al trono y esperamos confiados», llegó a proclamar. Romanones repuso, sin embargo, que habían sido aprobados los presupuestos y el tratado con Francia y que la mayoría estaba «compacta y unida» a su lado. El Gobierno, pues, continuó y ni siquiera se celebraron consultas, lo que motivó las airadas protestas de los conservadores. Los medios de comunicación liberales, en cambio, llamaron la atención sobre una reciente declaración del monarca: «No olvido las lecciones de Santamaría de Paredes», habría dicho. «Sé que la opinión pública es el principal factor en que he de inspirarme en mis resoluciones. Disto de querer “crisis orientales“; deseo que se produzcan en el Parlamento, donde los juicios se contrastan y la opinión se entera… Quiero vivir alejado de las luchas políticas, ciñéndome a mis obligaciones constitucionales exclusivamente». Lo más probable es que esta nota saliera de Palacio redactada por alguien muy cercano al Rey o por él mismo, pues existe algún borrador en su archivo que así lo hace pensar[36].

Fue a partir de este momento y no desde la anterior crisis, como pretendió, Romanones, cuando tuvo lugar la división irreversible del partido liberal y con ello se inició un nuevo rumbo en la política española. En la tradicional división del partido liberal el liderazgo de Canalejas, auspiciado por el Rey pero confirmado por el propio partido, había sido tan sólo un paréntesis. Se volvía de este modo a una situación semejante a la que se había producido cuando Sagasta dejó la presidencia.

REVOLUCIÓN EN PORTUGAL

Durante el Gobierno de Canalejas, como sabemos, ocupó el centro de gravedad de la política española la cuestión de las relaciones entre Iglesia y Estado, que tenía una dimensión interna pero también internacional. Otras dos realidades de este último tipo revistieron así mismo gran importancia: las relaciones con el Portugal republicano y revolucionario y la expansión territorial en Marruecos. En ambas, a diferencia de lo sucedido en la cuestión clerical, el monarca desempeñó un papel importante. Parece oportuno, para no romper el hilo de la narración, tratar ahora de estas cuestiones, que tuvieron su origen en este momento, avanzando hasta el final del periodo del que se trata en este capítulo.

Los deseos de Alfonso XIII de que la Monarquía de don Manuel se consolidara en Portugal fracasaron; el monarca luso había estado en España a finales de 1909 y pudo tener por un momento la sensación de que aquí la Monarquía corría mayor peligro que en su país. Pero, aunque los republicanos sólo lograban victorias electorales masivas en Lisboa, el régimen monárquico entró pronto en una crisis que no consiguieron detener las abundantes concesiones a los revolucionarios. El 4 de octubre de 1910 tuvo lugar una sublevación de la marinería de dos buques de guerra y la lealtad titubeante y al final fallida de las unidades militares a la Monarquía acabó dando la victoria a los sublevados[37]. Don Manuel llegó en barco a Gibraltar el 10 de octubre e inmediatamente recibió un telegrama del monarca español. «Mucho he pensado en ti estos últimos días», aseguraba Alfonso XIII, pues «incomunicado con Lisboa no he logrado saber con certeza de vosotros ni lo que pasaba por más medios que para lograrlo he puesto»; firmaba como «tu amigo de siempre». A estas líneas respondió el Rey destronado con otro telegrama de agradecimiento. De momento parecía que su mayor preocupación era transmitir la sensación de que había tratado de resistir, y declarar que no había renunciado al trono. Explicó que en un principio había permanecido en el Palacio das Necessidades en compañía del embajador español, Villalobar, pero que de allí pasó a Mafra y luego a Ericeira, desde donde embarcó para Gibraltar. Ahora, según afirmó, pensaba dirigirse a Inglaterra con su madre. Daba la sensación de absoluto desamparo y de carencia de posibilidades de recuperar el trono; ni había sido un buen Rey ni tampoco un mediocre conspirador contra la República. Desde un principio pidió que España interviniera en relación con la posible recuperación de sus propiedades particulares[38].

En una carta posterior, «muy confidencial», don Manuel, que trataba como «amigo y hermano» al Rey español, se apresuró a contarle que si no se producía esa restitución él y su madre se quedaban «sin nada, sin absolutamente nada». Ya habían tomado los revolucionarios portugueses alguna medida relativa a la incautación de obras de arte de la Corona. Durante la difícil experiencia vivida, don Manuel decía haber quedado mucho más satisfecho del embajador español que del británico; ahora Villalobar creía que Gran Bretaña y España debían presionar concertadas sobre los republicanos para conseguir que el Rey destronado recuperara sus bienes. Por lo tanto imploraba al Rey español, como «única persona» que podía hacerlo, que reclamara una intervención de las potencias a favor de esa medida. El total desvalimiento del ex monarca, sin duda una persona inepta para la política, le llevaría en una época posterior a pedir incluso que Don Alfonso le informara sobre lo que sucedía en Portugal o le indicara cómo podía hacer llegar cartas a ese país. Don Manuel siempre suplicó al Rey español indicando que no sólo él sino también su madre se lo agradecerían[39].

A ella también le escribió Alfonso XIII. Su carta contenía promesas de ayuda pues «si los portugueses han faltado a sus deberes, nosotros no os fallaremos; yo estoy con mis amigos tanto en la felicidad como en la desgracia». También contenía, sin embargo, veladas críticas. Ya sabemos que don Alfonso había recomendado a don Manuel apoyarse en el ejército. Ahora aseguró «saber que había personas verdaderamente leales, sobre todo en Palacio; por desgracia esto sirve de poco en circunstancias parecidas, pero nunca hubiera pensado que el ejército abandonara a su Rey como lo ha hecho». A madre e hijo les recomendó que desmintieran haber renunciado al trono pues «hacer desaparecer esta idea falsa es desde mi punto de vista aquello a lo que hay que dedicarse de forma primordial, antes incluso de trabajar para hacer una Restauración que por el momento no parece posible». De hecho pensaba que las provincias portuguesas, a diferencia de Lisboa, «se ve que han estado indecisas del resultado de la revolución porque ellas han esperado antes de decidirse»[40]. Esa parte de la sociedad portuguesa seguiría siendo el principal apoyo de los monárquicos.

Convertido en protector de la dinastía destronada, Alfonso XIII recibió correspondencia también de una persona relacionada con el «miguelismo», la línea dinástica equivalente a nuestro carlismo, con la que parece haber tenido mucha menor confianza y compromiso. «Estando muy bien informado acerca de lo que pasa en Portugal, puesto que esto me toca de cerca, comprendo muy bien lo que me dice», respondió. Y añadió: «Me es muy difícil responder a las cuestiones que V. A. me hace y esto seguramente lo comprenderá, pues, Rey constitucional, no puedo precisar ni concretar nada pero ¿sería útil que le diga de qué lado están mis afectos y van mis votos?». «Su país —concluía— atraviesa una crisis bien penosa y bien profunda y sería de desear que, olvidando sus querellas interiores, los miguelistas y los manuelistas se entendieran por el bien y por el porvenir de Portugal. ¡La unión hace la fuerza! ¿Es posible? ¿Por qué no? Os debéis ambos a vuestro país y haciendo esto y combatiendo juntos facilitaríais muchas cosas… Yo soy el primer interesado en ver a vuestro país fuerte, próspero y sobre todo con el orden que deseo»[41].

De acuerdo con esta carta parece que don Alfonso patrocinaba una alianza que rompería la tradicional distinción entre dos campos, heterogéneos desde el punto de vista político. Esto era indicio de lo mucho que los sucesos de Portugal le interesaban. Los propios republicanos provocaban este interés pues después de la revolución parecen haber sido muy frecuentes en Lisboa los casos de ataques a dirigentes españoles e incluso a los miembros de la familia real, incluida la Reina Madre. Villalobar telegrafió a fin de año a Palacio narrando una «enérgica discusión» que había con el titular portugués de Negocios Extranjeros, en la que éste «terminó… diciéndome que tanta razón me asistía en cuanto había manifestado que si presentaba yo mi dimisión él daría la suya». En esta carta, remitida a Palacio y no al Ministerio de Estado, señal del interés que el monarca tenía por lo que sucedía tras la frontera, se contiene una enigmática frase: «Creo haber conseguido rescatar papeles que interesan al Rey»[42].

El inmediato impacto de la revolución portuguesa sobre España fue descrito en términos convincentes por los diplomáticos británicos. La actitud oficial ante la revolución portuguesa fue de una profunda «conmoción», pero en realidad la proclamación de la República en el vecino país no aumentó las posibilidades de los republicanos españoles, que seguían divididos. El Gobierno español estaba convencido de que existía una correspondencia y concertación política entre Costa, el principal dirigente de los «demócratas» lusos, y Soriano, cuyo virulento antialfonsismo conocemos. Por otro lado todo hace pensar que Alfonso XIII pudo reaccionar ante los acontecimientos incrementando de cara a España la medicina que había recomendado a don Manuel en otro tiempo. «Los acontecimientos en Portugal han confirmado a S. M. en su natural disposición a mejorar la situación de las diversas escalas militares», aseguraron los diplomáticos británicos. Pero, en realidad, ni siquiera parece haber sido muy necesario, pues el ejército español era contrario a una solución parecida a la República portuguesa. De cualquier modo los británicos recomendaron el reconocimiento del Gobierno republicano portugués, como acabó haciendo la España monárquica[43].

Sin embargo al cabo de pocos meses las autoridades españolas manifestaban una «grave preocupación» por Portugal y se mostraban propicias a actuar. A comienzos de enero de 1911 Canalejas pidió hablar con el embajador británico llamándole la atención acerca de que la situación anárquica podía convertir en necesaria una intervención militar española; de cualquier modo nada se haría sin los británicos. Canalejas, según esa fuente, llegó a proponer que existiera una especie de unión entre los dos países, sin tan siquiera aduanas entre ellos, aunque con sus propias peculiaridades desde el punto de vista institucional. Los británicos, como es lógico, desaconsejaron por completo esta posibilidad, lo que equivalía a vetarla. En realidad todo hace pensar que si el presidente del Gobierno exhibió estos propósitos fue porque había sido presionado para hacerlo. En una carta a Maura le había indicado que la intervención en Portugal había logrado apoyos «en más de una región elevada y hasta un cierto día a punto estuve de retirarme del Gobierno». Parece que, como en ocasión del asesinato de don Carlos, la reacción de Palacio era muy interesada y más propicia a la solidaridad dinástica y política que a la de los Gobiernos. En realidad la propuesta de Canalejas puede haber provocado, por el solo hecho de ser enunciada, la imposibilidad de que la intervención española se produjera. De cualquier manera los portugueses utilizaron a los británicos para conseguir que España cumpliera con sus obligaciones de buena vecindad.

Sin embargo, de acuerdo con la documentación británica, la intervención en Portugal tenía el apoyo de la Corte y de algunos políticos. Tratemos de profundizar en lo posible en estas informaciones. Entre los papeles de doña María Cristina se encuentra alguna referencia poco clara acerca de la posición adoptada en distintos medios por parte de la clase dirigente española. Canalejas parece que era contrario a la intervención, como conocemos por otras fuentes, pero sin duda había otras actitudes más complacientes en el seno del Gobierno. Éste puede ser el sentido de la frase siguiente, contenida en un documento: «García Prieto propició la Restauración pero, ministro de Canalejas, no puede hacer mucho». La actitud de García Prieto, el ministro de Estado, aparece confirmada también en las fuentes británicas. La de Montero Ríos, su suegro, cacique gallego, y de otros notables de la región, como el marqués de Riestra, propicia igualmente a ayudar a los emigrados monárquicos, parecen así mismo atestiguadas. Era precisamente en Galicia donde se habían concentrado los exiliados portugueses, en la cercanía del norte conservador del país.

También el propio nuncio se hizo eco de que Alfonso XIII con frecuencia soñaba con la unión ibérica y que la «tristísima situación» portuguesa le había hecho pensar que ésta era la ocasión para intentarla. Según su información tuvo que ponerse de acuerdo con Canalejas para hacerlo; se habría preparado un ejército de 20.000 hombres y tanteado a los embajadores de Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y Austria respecto de una intervención individual o colectiva en Portugal. Sin embargo todos esos diplomáticos habían considerado el propósito como inoportuno. Parte de las respuestas negativas ya eran conocidas por el nuncio y las otras las esperaba, en lo esencial, idénticas.

Nada de todo esto traslució en la prensa aunque circularon rumores, muy exagerados en buena parte de la prensa radical, acerca de la eventualidad de una intervención. Canalejas los desmintió en público, probablemente porque sabía que contaba con el veto de Gran Bretaña que la imposibilitaba. Gabriel Maura, por su parte, publicó un artículo cuya tesis se resumía en la frase de que «la sola hipótesis de nuestra inmediata intervención militar en Portugal equivale a suponer presa de un ataque de vesania a todos los ministros españoles». Sin embargo, tras afirmar que en Portugal no existía un régimen en absoluto normal, afirmaba que si allí estallara una guerra civil o si las potencias europeas delegaran en España la condición de encargada de mantener el orden en su vecino país, la situación podía cambiar[44].

Descartada esa posibilidad intervencionista, no hay duda de que determinados círculos españoles siguieron alimentando otras, tentados por la inestabilidad del régimen en el vecino país. En el verano de 1911 se decía en Madrid que García Prieto había favorecido la introducción de armas en Portugal por expreso deseo del monarca. Es posible que corresponda a estas fechas un telegrama cifrado enviado desde la embajada española en Lisboa, cuyo contenido resulta muy revelador porque certifica la complicidad de Palacio en la intromisión española a favor de una solución monárquica en Portugal y, además, demuestra que el juicio de Canalejas era decididamente contrario a ella. El telegrama, enviado por Villalobar, decía: «Me avisan que monárquicos desdeñan entrar inmediatamente Portugal hallando tropiezos en vigilancia organizada para impedir la entrada por presidente Consejo. Imploran allanen»[45]. No sabemos hasta qué punto este telegrama tuvo éxito, pero quizá la verdad fuera que ya entonces Portugal había dejado de ser una oportunidad para la intromisión monárquica o española y constituía un peligro para la España de Alfonso XIII. Llama la atención el hecho de que los informes policiacos remitidos a Palacio sobre supuestos peligros revolucionarios se referían mucho más a posibles movimientos republicanos, protagonizados por Lerroux o Sol y Ortega, que a los ácratas o socialistas. Se recibía también en Palacio una información detenida de las actividades del representante diplomático portugués en Madrid, de quien se temía su participación en acciones de carácter más o menos revolucionario[46]. Si hubo intromisión, en alguna proporción al menos, ésta se produjo por ambas partes.

Los exiliados monárquicos intentaron en dos ocasiones, en los sucesivos otoños de 1911 y 1912, infiltrarse desde España a Portugal promoviendo una sublevación, pero fracasaron. Desde junio de 1912 las autoridades españolas dieron seguridades de que los exiliados portugueses habían sido obligados a abandonar la frontera de Galicia y de que los gobernadores civiles de esas provincias habían dejado de protegerlos[47].

No obstante Alfonso XIII siguió manteniendo relaciones estrechas con la exiliada familia real portuguesa. En mayo de 1913 rehusó una petición de figurar como padrino de boda de don Manuel en unos términos amables pero que denotaban ya un prudente deseo de no comprometerse de manera excesiva. «No te debe extrañar mi demora en contestar —decía—, pues de sobra sabías cuan inútil era mi carta, pues mi contestación no podía ser otra que afirmativa, ya sabes que me tienes enteramente a tus órdenes y cuánto te agradezco te hayas acordado de mí». Aun así inmediatamente añadía: «Yo deseo ir pero desgraciadamente con lo mucho que tengo que hacer y los líos interiores y diplomáticos dudo me sea posible». Propuso, pues, como sustituto y representante, a dos personas pertenecientes a su familia, uno de ellos don Carlos de Borbón. «Ya sabes», concluía, «que mi divisa es siempre la claridad y por eso te hablo de esta manera franca, como se hace entre amigos… Éstos son momentos en que sólo se piensa en el amor y en los cuales todos están obligados a respetarlos y yo quiero ser el primero en no distraerte con una soporífera carta»[48].

A la altura de este año, desaparecido Canalejas, Portugal había dejado de ser un motivo de posible discrepancia entre el presidente del Consejo y el Rey, y mucho menos el posible objetivo de una unificación, porque no la aceptarían las potencias europeas, en especial Inglaterra. Seguía, sin embargo, suponiendo el peligro de una inestabilidad política transmitida de uno a otro lado de la frontera. Este argumento podía llevar a alguna intervención en el caso de que las potencias la aceptaran y ninguna situación más propicia para que esto ocurriera que la inminencia, primero, y el estallido, después, de una crisis mundial. El lenguaje con el que el nuevo presidente del Gobierno liberal español trató por escrito de la cuestión testimonia una identidad que no hubiera suscrito, al menos en esos términos, su predecesor. «La situación en Portugal —escribió Romanones al Rey— requiere por parte de España cada día atención mayor. Si S. M., en su viaje y entrevistas con el Rey de Inglaterra y el presidente de la República, pudiera llevar la conversación sobre este asunto y descubrir sus pensamientos acerca de las soluciones internacionales que se pudieran dar el día que la actual situación del vecino Estado no pudiera continuar, nos serviría de mucho prepararnos y estar dispuestos a tomar el camino más conveniente para España»[49]. En realidad Alfonso XIII no sólo habló en esos términos con los dirigentes de la Entente sino también con los austriacos. Siempre partió de la «ineptitud y la anarquía» reinantes en el vecino país pero nunca obtuvo promesas antes de que se produjera el estallido de la guerra.

En cambio, cuando éste tuvo lugar en octubre de 1914, el embajador alemán se mostró dispuesto a aceptar esa intervención española en Portugal y los germanófilos, que consideraban a la nación vecina poco más que una especie de Gibraltar elevado al cubo, jalearon esa posibilidad. Los gobiernos del momento, como veremos, se negaron a tomarla en cuenta y la posición del monarca fue idéntica: al margen de la cuestión de principios y de la capacidad española para realizar la operación no hay duda de que implicaba gravísimos riesgos. Aun así, en la primavera de 1915 el embajador portugués en Madrid se quejaba a los británicos de que elementos del cuarto militar del Rey y el marqués de Viana, cuya estrecha relación con el monarca conocemos, especulaban en los medios cortesanos la idea de una invasión de Portugal. Al parecer Viana había sido muy partidario de Alemania, aunque luego se convirtiera en cercano a franceses e ingleses tras una visita al frente del norte. Sin duda para neutralizar estas posibles tentaciones nació el proyecto de un acuerdo defensivo entre España y Portugal que protegería a ambos países de agresiones externas y que evitaría cualquier intromisión de la primera[50]. La intervención de Portugal en la guerra mundial, en 1916, alejó cualquier posibilidad de que tuviera lugar algo parecido.

En esta materia Alfonso XIII y, hasta cierto punto, la política exterior española siempre jugaron a dos cartas. Por un lado el Rey mantuvo su estrecha relación con la dinastía en otro tiempo reinante en Portugal. Así, siguiendo recomendaciones de don Manuel, visitó una exposición en el Hotel Palace madrileño de un artista portugués. «Estaban allí casualmente», contó luego, «muchos portugueses refugiados en España; todos se manifestaron muy leales a tu persona y calificaban la situación de Portugal como crítica. Comprenderás lo difícil que era para mí el contestar en estas circunstancias donde por respirar le sacan punto (sic) en sentido alemán o aliado. Yo les dije, sin embargo, que esperaba que el orden se restableciera y que reinara la libertad que haría posible tu regreso a tu patria y que te transmitiría sus votos». Parecía, pues, mantener su identificación con la causa monárquica portuguesa pero, al mismo tiempo, recibió, meses después, una salutación del nuevo presidente portugués y le respondió prometiendo «contribuir en cuanto de mí dependa y con la cooperación de mi Gobierno a que se afiancen y estrechen los lazos de secular y fraternal afecto que deben existir entre la noble nación portuguesa y mi patria»[51].

Durante el resto de la Guerra Mundial las relaciones hispanolusas carecieron de conflictividad, dada la condición de beligerante a favor de la Entente de Portugal y la neutralidad, proclive a la coincidencia con ella, de España. A comienzos de marzo de 1917 la prensa española, como en tantas otras ocasiones, publicó repetidos artículos acerca de la necesidad de una «armonía ibérica». En algún caso la propuesta incluyó una mención a la unión aduanera, una posibilidad que el propio Rey esbozó en sus conversaciones con don Manuel en 1909 y Canalejas repitió luego. No obstante, la diplomacia italiana consideró estos propósitos absurdos porque existía falta de complementariedad comercial y oposición en sectores sociales muy amplios de ambos países. En los medios aliadófilos españoles se decía que Portugal estaría mejor situado en el panorama internacional en el momento en que tuviera lugar la paz, por haber sido aliado fiel de Francia y Gran Bretaña y por disponer de un Imperio colonial[52].

A finales de marzo de 1917 tuvo lugar la visita de Alfonso Costa a Madrid, que provocó desconcierto entre los monárquicos portugueses, lo que no deja de ser lógico, pues el político portugués era objeto habitual de las más duras acusaciones de anticlericalismo cuando la tradicional denominación del monarca español era Su Majestad Católica. Como resultaba previsible los republicanos fueron acusados en esta ocasión por los monárquicos de fomentar una «federación ibérica» sin que en las propias filas republicanas portuguesas este movimiento de política exterior recibiera verdaderas muestras de entusiasmo[53].

La situación parecía normalizada entre los dos países pero ello dependió de las circunstancias que se vivían. Los problemas de estabilidad de la República portuguesa seguirían incitando a una posible intervención por parte española en la posguerra, por temor al contagio revolucionario pero también por una actitud iberista demasiado teñida de imperialismo. Pero lo que nos interesa es que en esta materia, hasta unos límites que es muy difícil precisar, existió, en parte desde una etapa anterior pero sobre todo a partir de estos momentos, una notoria distancia en los matices entre la política de los Gobiernos españoles y la del Rey. Hasta cierto punto al menos Alfonso XIII tuvo una posición propia. Esta situación, que ya dio lugar a discrepancias, perduraría en el futuro.

EL HORIZONTE DE MARRUECOS

Hasta 1909 y, si se apura, incluso hasta 1910, la cuestión marroquí no había figurado entre aquellas a las que dedicó tiempo Alfonso XIII y, por lo tanto, tampoco había tenido responsabilidad sobre cuanto sucedió. La situación cambió de forma sustancial a partir del momento en que, durante el Gobierno Canalejas, empezó a producirse la ocupación de una parte del norte de Marruecos por España y quedó definida el área del protectorado propio. Como veremos, en adelante una parte sustancial del tiempo que el monarca dedicaba a los asuntos de Estado se centraría en Marruecos; consiguientemente también la documentación del archivo de Palacio o el contenido de las conversaciones que el Rey tuvo con los embajadores extranjeros se centraron en esta cuestión. Dedicación estuvo unida a responsabilidad. Con el paso del tiempo un funcionario español africanista que acabó enfrentado con el resto de los establecidos en Marruecos y que había creado unas escuelas con el nombre del Rey acabó culpándole, sin razón, de todo lo sucedido no sólo en el periodo de Canalejas sino también en el posterior hasta el momento en que se produjo el desastre de Annual[54]. No era el culpable, pero el hecho de que se hubiera involucrado tanto tenía ese riesgo.

En páginas anteriores se ha hablado sobre el impacto de las operaciones militares de 1909 en la política interior española. Ahora, con brevedad, trataremos de explicar brevemente sus antecedentes para analizar las razones del cambio acontecido durante el periodo gubernamental de Canalejas. Lo haremos procurando también abordar algunos grandes parámetros de la actuación de los que, por otro lado, ya hemos tenido alguna prueba[55].

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que ni el tratado secreto de 1904 ni la conferencia de Algeciras (1906) ni tampoco el encuentro de Cartagena (1907) establecieron nada parecido a un protectorado formal sino tan sólo unas premisas de carácter muy general y siempre abiertas a todas las potencias, desde la citada conferencia, en relación con el comercio y la inversión en el Imperio cherifiano. La actitud de la clase política dirigente española resultó siempre renuente a embarcarse en cualquier tarea colectiva más allá del Estrecho. Ya hemos visto que Maura expresó una óptica muy generalizada de acuerdo con la cual lo más urgente era la regeneración interna. Sin embargo, como ha escrito Allendesalazar, la actitud española ante Marruecos se movió siempre entre el deseo de no quedar detrás de los demás y la necesidad de no embarcarse en aventuras. Cuando surgieron éstas, se debieron a la iniciativa agresora de los indígenas y trataron de encauzarse en respuestas de mera policía, no en campañas militares, porque éstas eran costosísimas y, como dijo Canalejas y sabían todos, no resultaban sostenibles para el presupuesto español. Por otro lado tampoco lo eran desde el punto de vista político: como en Cuba, para los soldados españoles las enfermedades eran peor enemigo que los indígenas y las campañas llevaban a multiplicar de forma exponencial el número de prófugos y desertores. Al mismo tiempo, los compromisos internacionales obligaban a la presencia española en Marruecos, pues era una carga penosa más que una colonia que diera satisfacciones de cualquier tipo. El general Primo de Rivera comparó el caso de España con el de un viudo que hubiera perdido a una mujer rica y bella (Cuba), se hubiera casado con otra fea e inaguantable (Marruecos) y, además, este segundo matrimonio le hubiera sido impuesto por los amantes de esta última (Francia e Inglaterra). Pero todavía la situación tenía otro inconveniente: los militares obligados a pequeñas operaciones no resolutivas acabaron indignados contra una política civil que se les imponía sin darles siquiera medios ni instrucciones estables y hacederas.

Si en 1909 se habían producido incidentes fue porque las modestas inversiones en el entorno de Melilla, conseguidas de un dirigente indígena local, El Roghi, fueron puestas en peligro no sólo por ataques de los indígenas sino por el temor a que hicieran acto de presencia inversionistas extranjeros. La Compañía de las Minas del Rif tenía capital del marqués de Comillas, el Conde de Güell y los políticos liberales Romanones y Villanueva, quienes trataron de construir un ferrocarril para su mejor explotación. De ahí surgieron los incidentes que dieron lugar a aquellas bárbaras acciones de guerra de las que el Rey tuvo noticia directa. Esa imagen le debió de quedar grabada en sus recuerdos. En adelante Alfonso XIII, único factor de estabilidad en una política interna muy inestable, mantuvo relación directa con las autoridades españolas del norte de África. A veces personas con las que tenía comunicación estrecha, como Alfonso Merry del Val, su profesor de inglés cuando niño, ocuparon puestos importantes, en este caso al frente de la legación española en Tánger. En otras ocasiones descubrió personalidades, sobre todo militares, con las que anudó relaciones estrechas. Pronto para los observadores extranjeros, en especial los franceses, se convirtió en el interlocutor más fiable, incluso el único, para tratar de Marruecos.

Ya en 1910 la paz parecía conseguida en la zona de influencia española, consistente en dos núcleos, Ceuta y Melilla, separados por muchos kilómetros. En una fecha indeterminada la suprema autoridad militar, García Aldave, explicó al general Luque, ministro de la Guerra, las ventajas y las limitaciones acerca de cómo se había conseguido. Existía ya, explicó, «una paz valiosísima lograda hasta ahora con muy escasos sacrificios pecuniarios, por virtud de una política que no puedo ni debo calificar». En efecto, lo que en realidad se había hecho era simplemente comprar a los jefes de las cabilas para que éstos no propugnaran la guerra sistemática contra el español y «para que con su silencio nos ayuden a llevar a cabo con toda la rapidez posible la misión educadora… y la atracción de la masa popular». Así había tenido lugar la repatriación de unos millares de soldados a la Península. Sin embargo da la sensación de que este militar no estaba por completo convencido de la estabilidad de la situación porque «la paz oficial es difícil y peligroso alcanzarla si no va precedida de la sumisión de la masa, que ha de ser fruto de la política y del tiempo»[56]. Como se ve ni siquiera se proponía que lo fuera como consecuencia del uso de las armas. De cualquier modo la situación potencial distaba de ser estable y ello lo tenía que saber el Rey, a quien esta carta le fue entregada.

Otra realidad nueva era la existencia de inversiones mineras españolas en el entorno de Melilla. La correspondencia del secretario del monarca, Torres, con Juan Antonio Güell, Conde de Güell, revela la conexión entre los aspectos económicos y los políticos, pues, como escribió el primero, «el Rey deseaba estar al tanto de los asuntos de las sociedades establecidas en Melilla por sus conexiones y sus consecuencias políticas». El citado capitalista catalán, por su parte, anunció que «si el Gobierno no toma de una manera resuelta y definitiva una actitud definida en este asunto no hará más que preparar disgustos». Uno de los directivos de la Compañía minera hizo llegar al secretario del Rey una descripción de los trabajos en curso. En la construcción del ferrocarril trabajaban hasta 1.500 indígenas y en la mina había un centenar de españoles. Pensaban extraer cantidades importantes de mineral pero temían el enfrentamiento con una supuesta compañía española, denominada del «Norte Africano», en realidad dominada por capital francés. «No es justo —se quejó— que ahora vengan unos mal aconsejados franceses y argelinos a querer usurpar lo que no les pertenece y de lo que no tienen título alguno bajo ningún punto de vista». Minas del Rif pensaba hacer inversiones importantes para construir «un embarcadero por el estilo de los de Huelva, Rio Tinto y Almería» pero abominaba del «expedienteo» burocrático de la Administración española. «Lo que queremos», aseguraba el citado personaje, «es demostrar ante el mundo que los españoles nos vamos espabilando y que lo que hacen otras naciones también lo podemos hacer nosotros». Había, pues, entre los motores que guiaban la empresa no sólo un propósito de lucro sino incluso un cierto regeneracionismo económico nacional; eso explica que se quisiera dar a las minas más importantes los nombres de personas de la familia real y a los caminos los de generales y políticos. Pero de esta manera establecía una conexión muy peligrosa. El Rey fue puntualmente informado por los propietarios de las Minas del Rif de las dificultades existentes en la explotación por los frecuentes ataques de indígenas. Cuando las cosas se complicaban esos informes eran diarios y hacían referencia a la necesidad de intervención del ejército español. Con lo que se involucraban intereses económicos legítimos pero particulares, la Jefatura del Estado y una aventura colonial que tenía nulo apoyo por parte de la opinión pública española. Todavía hay que añadir más: Güell recibió su título del Rey, de quien fue socio en al menos cinco empresas de la más variada dedicación (bancos, automóviles, navieras, etcétera)[57]. A pesar de ello, como veremos más adelante, no hay razón para dudar del predominio del citado propósito regeneracionista sobre los intereses materiales.

En enero de 1911 Alfonso XIII viajó a Melilla, acompañado por Canalejas y por los ministros de Guerra y Marina. El viaje se celebró en medio de un clima detestable pero durante él hubo revistas militares, parte de las cuales fueron contempladas por los altos mandos franceses de guarnición en Argelia, y actos de homenaje a las víctimas de la campaña. Participaron indígenas que se habían sometido a las autoridades españolas. El Rey estuvo en Nador y visitó las Minas del Rif. Con ocasión de este viaje se publicaron artículos elogiosos para Alfonso XIII. «La fuerza de los Reyes modernos —se decía en uno de ellos— se funda en su acción personal», pues el Rey «debía ser el primer propagandista de la Monarquía»[58]. De momento, pues, no hubo, salvo en la izquierda republicana o socialista, críticas a aquel tipo de conexiones entre política y colonialismo que, por otro lado, ni siquiera se ocultaban.

En años sucesivos Alfonso XIII desempeñó un papel muy importante en la determinación de la extensión territorial de la zona de influencia española en Marruecos. Incluso recibió propuestas relativas a la espinosa cuestión de Tánger que, para desgracia de los intereses de España, distaron mucho de convertirse en realidad como, por ejemplo, que la plaza quedara bajo control internacional pero con la soberanía nominal de un Príncipe de Borbón español[59].

Ya en 1911 el Rey siguió de forma muy directa la discusión de los límites de los respectivos protectorados entre el Gobierno francés y el español. En marzo Francia se negó a aceptar siquiera debatir con España, dada la que consideraba «excesiva distancia» entre los deseos expresados por ambos países. Ya en ese momento España había hecho gestiones con respecto a Gran Bretaña para que apoyara la posición española consistente en no ceder la orilla derecha del río Uarga; de esta manera conservaría una parte de la zona más feraz y llana del Marruecos actual. Los británicos, sin embargo, proponían que España diera «una amplia, muy amplia compensación en el sur, con gran extensión de costa diciendo que de otra manera sería muy difícil el arreglo». España, en este momento, decía estar dispuesta a una ruptura de las negociaciones y a recurrir a un arbitraje; luego, sin embargo, acabó dibujándose una posición más flexible que terminaría dando a los franceses esa compensación sin siquiera conservar la zona indicada. El conocimiento de lo tratado entre los diplomáticos le llegó al Rey a través de contactos directos con García Prieto, el ministro de Estado. Éste, sin embargo, aunque comunicaba puntualmente el curso de la negociación, tenía un cierto reparo a hacer demasiado patente la participación del monarca: «No voy personalmente (a Palacio) —escribió— por evitar comentarios mezclando la Augusta personalidad de V. M. con la negociación en un momento difícil en que todas las responsabilidades deben ser para mí»[60].

La intervención del Rey no quedó tan sólo en ser informado de los avatares del debate entre los diplomáticos. Luego, cuando llegó el momento de ocupar militarmente una parte del protectorado, participó en el planeamiento de la operación con el ministro de la Guerra y el de la Marina e incluso envió allí como emisario a un militar, el general Emilio Barrera, personaje significado en el entorno de la Corte que con posterioridad sería colaborador de la Dictadura y conspirador en agosto de 1932 en contra de la República. Barrera debía consultar a Alfau acerca de la viabilidad de la operación de ocupación de Tetuán. Tras el examen de la situación, escribió directamente al Rey que era «perfectamente factible y se podía hacer con suma facilidad efectuándola por sorpresa» pues de lo contrario los indígenas pronto reunirían «un fuerte contingente en poquísimo tiempo» y de esta manera «la operación se dificultaría muchísimo y exigiría mayores sacrificios». También propuso que después de la ocupación de la ciudad se construyeran una vía de ferrocarril y una carretera para unir Tetuán con Ceuta [61].

La operación no se llevó a cabo pero, en cambio, poco después, tuvo lugar la ocupación de Arcila, Larache y Alcazarquivir, siempre como respuesta a la de Fez por los franceses. El Rey fue informado, entonces, del juicio positivo del embajador español en París. Se habían llevado a cabo las cosas «de forma verdaderamente admirable», aunque hubiera sido mejor que la operación hubiese surgido de la iniciativa de autoridades locales, notables indígenas o colonos españoles. En realidad Francia, al ocupar zonas de Marruecos, lo hacía prevaliéndose de su influencia directa sobre el Sultán, pero éste no podía actuar dirigiéndose a una sola de las potencias que ejercían el protectorado. España se habría visto, pues, obligada «a actuar por su cuenta para restablecer el equilibrio»[62]. La situación no debía de estar tan clara desde el punto de vista de los franceses, que argüían que la operación no había tenido la aceptación del Sultán. Hay testimonios de una negociación complicada en Madrid entre el embajador francés y el Ministerio de Estado español con especificación de los comportamientos mutuos y mención a los derechos respectivos sobre las explotaciones mineras[63].

La toma de Larache y Alcazarquivir, en mayo de 1911, hizo aparecer en el horizonte del protectorado español en Marruecos y en el de la Monarquía una personalidad al que luego las circunstancias y su propio comportamiento vincularían con el desastre de Annual, el entonces teniente coronel Fernández Silvestre. Había sido nombrado por el Rey en febrero de 1910 gentilhombre de cámara con ejercicio cuando era jefe de la policía de Melilla. Fue él quien, en la primera fecha indicada, protagonizó la operación y, además, a los pocos meses redactó una memoria acerca de los aspectos no sólo militares sino también relativos a la colonización de la zona ocupada. Este documento le llegó al Rey, aunque no es posible saber si su autor se la envió directamente o le llegó por el intermedio de las autoridades del Ministerio de la Guerra. La impresión que se desprende acerca de quien lo redactó, después de leerlo, se corresponde mal con la de un militar arrojado pero ignorante. Más bien la personalidad que se descubre es la de un buen conocedor de la realidad del norte de Marruecos, muy activo, capaz de hacer sugerencias importantes y notablemente despreciativo respecto a lo indígena. Silvestre afirmaba, por ejemplo, que era «un problema de trascendental importancia para nuestra personalidad como Nación europea el dar cima a la empresa confiada de transformar un pueblo de las condiciones de Marruecos». Algo parecido debía de pensar el Rey y, con él, la mayor parte de la clase política española. Describía Alcazarquivir como «modelo de población sucia, rodeada de verdaderas montañas de estiércol que la desidia e indolencia de sus habitantes ha ido depositando durante siglos». Proponía, en fin, la creación de fuerzas indígenas, «convencido hasta la evidencia de que la única desventaja que alegan de tan radical como útil reforma por el peligro de rebelión o defección no existe»[64]. Diez años después Silvestre comprobaría en sus propias carnes cómo sus juicios a este respecto habían sido demasiado optimistas. Las «mías», término con el que se designaba a las compañías formadas por estas tropas, se convirtieron, de acuerdo con un juego de palabras acuñado en la época, en suyas (del enemigo) y éste fue un factor decisivo en el desastre de Annual.

Pero para ello faltaba una década. Volviendo a la narración de lo sucedido hay que decir que, al poco tiempo, la actitud, hasta cierto punto arriesgada, del Gobierno español de tomar las citadas ciudades marroquíes, pronto fue sustituida por otra, mucho más pacata, cuando la prensa francesa atacó esta decisión olvidando que las iniciativas de Francia a este respecto nunca habían sido consultadas. Entonces, como siempre sucedía, España hubo de recurrir a Gran Bretaña, y quien lo hizo fue el propio Rey mediante una carta que debe ser transcrita en su totalidad:

Querido Jorge:

Te ruego que me perdones por no escribirte en inglés pero temo no poder exponerte bastante bien mis ideas en esta lengua en un momento en que la cuestión que me interesa es de las más delicadas para mí. Creo preferible dirigirte mi carta en francés.

De acuerdo con las informaciones que recibo de varios lados, hay fundamento para pensar que el fin de la campaña que lleva a cabo la prensa francesa en este momento es preparar el terreno para exigir al Gobierno de la República el abandono de Larache y Alcazarquivir por parte de España en las próximas negociaciones.

Tú sabes bien hasta qué punto yo concedo importancia al acuerdo con Francia y me he esforzado en conducir a mi Gobierno a ideas de acuerdo con estos sentimientos. No escapará a tu clarividencia y a tu alta actitud de imparcialidad la imposibilidad en que me encontraría de aceptar una pretensión tan contraria a los derechos, a los intereses y a los sentimientos de mi pueblo. Ningún Gobierno querría tomar la responsabilidad, sabiendo de antemano el vivo resentimiento que la decisión habría de tener en la opinión pública.

Fundado en la amistad que tú siempre me has testimoniado así como en tu preocupación por el buen entendimiento entre las tres potencias occidentales, no dudo en exponerte a título privado y confidencial lo que precede.

Me complacería esperar que si tú estimas, como yo, que existe una gran oportunidad en que el Gobierno de la República se dé bien cuenta de la situación, no dejarás, antes de que Francia pueda tomar una decisión, de querer utilizar los medios que te proporciona la amistad y el respeto del Gobierno de París hacia tu persona.

Apenas tengo que darte seguridades de hasta qué punto te agradecería todo lo que seas capaz de hacer para obtener, por el intermedio de tu Gobierno que el de la República no comience las conversaciones, ya próximas, con un punto de partida cuyo solo enunciado oficial tendría la más lamentable de las repercusiones en la opinión pública española.

El Rey utilizaba para dirigirse al monarca británico el término Georgie, es decir, literalmente, «Jorgito». El texto revela por otro lado las constantes de la política exterior española en torno a Marruecos: pasividad inicial de modo que las decisiones solían ser el resultado de una previa acción francesa, temor al maltrato de una Francia despectiva e imbuida de su superioridad, y confianza, al menos hasta cierto punto, en Gran Bretaña. Por otro lado deja claro que la clase dirigente, en especial el Rey, consideraba Marruecos como una demostración de que España era lo bastante moderna como para poder desempeñar una función colonizadora. La gestión real fue privada pero debió de realizarse de acuerdo con el titular del Ministerio de Estado y obtuvo al menos un cierto éxito inicial. Cuando hubo sido entregada la carta de Alfonso XIII, el embajador español no tardó en detectar el malestar del monarca británico respecto de las exigencias de Francia de cara a la otra potencia colonizadora. Pensaba que eso no era «una mera expresión de un buen deseo, sino un acto de eficaz apoyo… aunque no sé si ha de ser tan eficaz como nosotros desearíamos y necesitamos»[65]. De hecho las noticias publicadas por la prensa internacional al final del verano, tras la visita del monarca a la Gran Bretaña, permitían presagiar que España había obtenido ya la seguridad de no perder el protectorado que le correspondía y de no tener nada que temer de la prepotente Francia[66].

Por lo demás en meses sucesivos el Rey no dejó de estar atento a los acontecimientos marroquíes. Si el protagonismo del monarca respecto de Marruecos encerraba peligros para la Monarquía, más todavía podían nacer del hecho de que a partir de un determinado momento el Rey empezó a recibir proyectos, sólo remitidos a él, que contenían iniciativas sobre cómo actuar en la zona norte. A finales de año Ricardo Burguete propuso al monarca la ocupación de un punto en la costa como preliminar para la toma de Ifni. Su argumentación no carecía de fundamento: si España no lo hacía, Francia actuaría ocupando la costa africana que al otro lado del mar correspondía a las islas Canarias. La situación era por tanto propicia para que España llevara a cabo lo que no era otra cosa que el cumplimiento de sus derechos y de las previsiones comunes, pues había entre los indígenas un «sordo rencor» contra Francia[67]. Si el Rey aceptaba iniciativas como éstas, sin duda el protectorado en Marruecos se iría identificando cada vez más con su persona, con lo que cuanto sucediera al otro lado del Estrecho, también lo ingrato, le sería atribuido de modo inevitable.

En diciembre de 1911 comenzaron las negociaciones entre España y Francia sobre Marruecos. A ellas asistió, desde el primer momento, un representante de Gran Bretaña; obviamente esta intervención estaba justificada por el deseo de que los franceses mostraran mayor flexibilidad de la que en ellos era habitual con respecto a las peticiones españolas. Un embajador francés, expresándose de forma muy despreciativa, que parece haber sido muy frecuente con respecto a los vecinos, aseguró por estas fechas que «la ineptitud colonizadora y la impotencia económica de España» no sólo tenían como consecuencia que España misma no sacara el partido que debía de su acción en Marruecos sino que además tampoco lo podían hacer las otras naciones[68].

Mientras tanto proseguían las operaciones militares que Alfonso XIII siguió de forma detenida. En enero de 1912 Barrera estaba en Melilla y, respondiendo a deseos expresados con anterioridad por el monarca, le narró minuciosamente la ocupación de una posición clave que luego, por desgracia, habría de convertirse en famosa tras el desastre de Annual: Monte Arruit. Lamentó, entonces, que no se hubiera dispuesto de «elementos de transporte» para completar la operación «apoderándonos y arrasando cuanto hay en aquella llanura»; así se hubiera podido hacer de disponer de un ferrocarril. También se refirió a que «de moralidad anda esto muy mal»; luego con el paso del tiempo Prieto fundamentaría gran parte de sus invectivas por el desastre de Marruecos en esta realidad. Todas estas noticias, aun sin involucrar directamente al Rey en operaciones militares, le proporcionaban información que no llegaba a él a través del conducto oficial y obligado. Más discutible aún que eso es el hecho de que por el mismo camino el Rey supo de la petición informativa que el ministro de Estado había hecho a las autoridades militares sobre la posible delimitación de las zonas de influencia francesa y española. Al parecer el mayor interés de los mandos recaía en el logro para España del valle del Uarga, aspecto en que coincidía con la diplomacia española y con los acuerdos suscritos en el pasado, pero zona muy difícil de conseguir ante la actitud francesa. Barrera informó también detenidamente de las operaciones que se iban a llevar a cabo en el próximo futuro, así como del estado de ánimo de la oficialidad[69].

Mientras tanto, como ya ha sido indicado, proseguían las negociaciones entre Francia y España con el consabido papel intermediario británico. En realidad el mediador estaba únicamente interesado en que no hubiera un poder fuerte al otro lado del Estrecho de modo que muy a menudo no hacía otra cosa que contribuir a que España aceptara aquello que estaba lejos de sus conveniencias y pretensiones. El secretario del Foreign Office, por ejemplo, consideraba que España podía ceder Ifni porque con ello no hacía nacer peligro alguno para las Canarias. El embajador español en Londres, Villaurrutia, aun calificando las pretensiones francesas de «exorbitantes», imploró «un arreglo por lo menos decoroso» y lo hizo argumentando con la estabilidad del régimen español, pues el Rey «no hallaría hombres públicos que aceptaran el poder con la condición de prestarse a las exigencias francesas»[70]. Un argumento como éste probablemente se lo había oído al monarca y era bien expresivo de la irrelevancia española en la política internacional.

En París, mientras tanto, las actitudes eran muy poco complacientes respecto a los deseos españoles. Los diplomáticos franceses sabían que el Rey participaba en las conversaciones al menos de forma indirecta; a él se le atribuía una parte esencial de las propuestas surgidas del lado español. A comienzos de 1912 Francia parece haber renunciado a cualquier pretensión sobre Ifni por consideración hacia Alfonso XIII quien, a su vez, afirmaba estar intentando que la política exterior española adquiriera una tendencia francófila pidiendo al mismo tiempo una compensación en forma de concesiones por parte de este país. Con García Prieto, el ministro de Estado, había, en cambio, por parte francesa una manifiesta incapacidad para entenderse. «La discusión con él», llegó a escribir el embajador francés, «es particularmente penosa porque no formula ninguna respuesta, ni incluso ninguna opinión precisa»[71]. El embajador italiano durante este periodo de negociación advirtió, conversando con el Rey, que éste parecía muy impresionado por la aparente unanimidad con la que Italia llevaba a cabo la penetración en Libia, a diferencia de lo que sucedía en España[72].

La negociación también tuvo un escenario parisino. En marzo el embajador español Pérez Caballero tuvo una conversación con Poincaré, el presidente francés, descubriendo que éste quería retrasar cualquier acuerdo con España achacándole la responsabilidad por presentar unas contrapropuestas que consideraba inaceptables. Cuando habló con las autoridades inferiores, se encontró con que sus argumentos de que España se iba a ver desprovista de la «parte mejor de su zona» chocaban con la afirmación de que los argumentos que ofrecía España eran «puramente jurídicos», como si con esto fueran rechazables. Las exigencias francesas derivaban de que sus militares creían imprescindible cesiones españolas, tanto en la zona norte como en la sur del protectorado, por razones estratégicas. A cambio no se ofrecía a la otra potencia occidental más que «una verdadera autonomía» para actuar en su zona de la forma que quisiera. Francia no dudaba de que, en el fondo, tenía a Gran Bretaña a su favor una vez que ésta había logrado la internacionalización de Tánger. El embajador tuvo la sensación, entonces, de que Francia establecería su protectorado sin contar con España en el caso de que la negociación se dilatara y llegó a la conclusión de que si el establecimiento del protectorado francés en Marruecos no se hacía «con nosotros» se llegaría a él «contra nosotros».

En suma, lo que recomendó el embajador fue ceder ante Francia; si tan sólo lo dejó caer ante el ministro de Estado, lo expresó en cambio con absoluta claridad ante el Rey. Debía saber que lo esencial en la negociación dependía de él; incluso quizá había percibido ya hasta qué punto la posición dubitativa de García Prieto dilataba el acuerdo. En estas condiciones le escribió al secretario del monarca exponiendo la gravedad de una situación diplomática que podía afectar pesadamente a los intereses españoles. Francia, aseguró, exigía tener en sus manos el valle del Uarga por necesidad estratégica pero, además, la ocupación de esta región era para ella una operación relativamente sencilla, mientras que España tardaría «mucho tiempo» y le supondría «un extraordinario esfuerzo militar y financiero». El inconveniente que se planteaba entonces era «si dejamos nuestra zona norte con escasa extensión territorial y tal vez con no suficientes recursos de riqueza para bastarse a sí misma ni de presente ni quién sabe si también en el porvenir». Pero a cambio de concesiones se podría lograr la absoluta libertad de actuación en la zona concedida a España[73].

Muy poco tardó en llegarle al embajador español la respuesta del secretario del Rey. Alfonso XIII había leído sus cartas y estaba de acuerdo con el embajador, incluso añadiendo otros argumentos. Había, en efecto, razones para ceder ante Francia «aunque naturalmente no son para que trasciendan a los extraños». El propio Rey habría indicado al Gobierno su preocupación en relación con el valle citado por estar situado tras «un macizo de abruptas montañas apenas conocido o explorado y sin comunicación fácil con las regiones de Melilla y Ceuta sometidas a nuestra influencia». «Esta topografía del terreno», añadió, «implica, si se quiere llevar allí una colonización, gastos y sacrificios inmensos y, al ver lo tímidos que se muestran los capitales españoles, da lugar a temer que no pudieran encontrarse compañías o entidades dispuestas a facilitar el establecimiento de colonias en estas regiones… Ante estos inconvenientes se pregunta S. M. ¿tiene España energías suficientes y cuenta con los elementos necesarios para empeñarse en una ocupación militar muy costosa para pretender luego la colonización de esas comarcas?». Melilla suponía la necesidad de emplear un ejército de 80.000 hombres y probablemente serían necesarios más en el caso de establecerse en aquellas regiones. En consecuencia «cree el Rey firmemente que sabremos cumplir y cumpliremos nuestra misión civilizadora en Marruecos pero estima también que ésta debe hacerse sin perjudicar en lo más mínimo el desarrollo de la riqueza y las fuerzas económicas de la nación y que iremos mejor y más sobre seguro si limitamos nuestra acción a lo que buenamente podemos»[74]. Adviértase que el Rey, como toda la clase dirigente española, estaba dispuesto a reclamar en caso de preterición pero era muy consciente de la limitación de las propias capacidades.

La actitud de Alfonso XIII indicaba una voluntad de acuerdo que necesariamente tenía que acabar por plasmarse en la realidad. Da la sensación de que en alguna ocasión posterior, durante el verano, el Rey volvió a intervenir en la negociación de forma directa pues en Palacio se encuentran papeles membreteados en «Miramar» con detalles menores sobre el particular. Mientras tanto, se pronunciaba en los términos más francófilos: incluso se mencionó la posibilidad de que concediera el Toisón de oro al presidente francés cuando se llegara al acuerdo entre los dos países. Aunque ése fue el resultado, conviene conocer también la opinión de la otra parte. El embajador galo tenía una opinión pésima de las capacidades militares de España que, para su vecino, sólo tenía interés desde el punto de vista estratégico por su situación geográfica. Al embajador de Italia le preguntó si su país no iba a pasar al lado de la alianza «nuestra», como si España estuviera en todo alineada, en un plano subordinado, con Francia y Gran Bretaña. Todos los diplomáticos de potencias importantes sabían, no obstante, que ni España tenía verdadero interés en figurar al lado de ninguna alianza ni tampoco ellas tenían interés en atraer a España. Según el diplomático, al Rey le caracterizaba una capacidad para fantasear alianzas poco fundamentadas y una voluntad, poco capaz de traducirse en realidades, de que España desempeñara un papel de alguna importancia en el teatro mediterráneo[75]. En octubre Alfonso XIII llegó a hacer una propuesta formal de entrada de España en la Triple Alianza al presidente francés Poincaré pero el embajador galo, preguntado al respecto, afirmó que no tenía interés alguno para Francia comprometerse con un país «imprudente y carente de circunspección» que podía provocar enfrentamientos inconvenientes y gratuitos con adversarios demasiado poderosos[76].

Sólo en noviembre de 1912 se llegó a un acuerdo definitivo. En este momento el ministro de Estado, que tan mediocre papel había desempeñado en la negociación, escribió al Rey, «húmeda aún la pluma con que acabo de firmar el Tratado con Francia», que durante aquélla «mi recuerdo constante ha sido para el monarca que se sirvió dirigirme con sus inspiraciones, fortificarme con sus alientos y ayudarme grandemente con sus valiosas gestiones en el trance de mayor apuro. Por eso, Señor, en el momento mismo de firmar decía en mi interior “Viva el Rey” y me permito la libertad de exteriorizarlo en esta carta porque no me cabe dentro del pecho». A estas líneas, que encerraban un porcentaje elevado de verdad pues, como hemos visto, Alfonso XIII desempeñó un papel decisivo a la hora de llegar a un acuerdo, respondió este último con generosidad:

Querido Manolo:

Tan grande como es mi satisfacción al saber por tu carta que nuestros desvelos y amarguras se ven coronados por el éxito en pro de la Patria, es mi agradecimiento al ministro de Estado que ha tenido la gloria de llevar a feliz término unas negociaciones tan delicadas.

Al grito de «Viva el Rey» que tú has pronunciado en momento tan solemne correspondo yo con el de «Viva España» y enviándote un estrecho y cariñoso abrazo[77].

Pero con el tratado no quedaron solucionados todos los problemas pendientes con Francia. Ya al final del verano de 1912 el embajador español, que tenía responsabilidades en una sociedad financiera gala, se vio obligado a la dimisión después de que ésta tuviera problemas económicos. Eso incrementó la inveterada tendencia francesa a considerar a España como un país del que no cabía fiarse. En torno a Marruecos los diplomáticos españoles descubrieron, tras el acuerdo, la nula simpatía que despertaba España en quien había sido principal autor de la colonización francesa en Marruecos, Lyautey. En una cena en la embajada española propició «una discusión de lo más borrascosa», descubriendo «la hostilidad más violenta» con respecto a España por su experiencia en Marruecos, hasta el extremo de provocar escenas «de un paroxismo inaudito». Según el general francés, tanto los colonos como los cónsules españoles le habían amargado y entorpecido su gestión. Llegó a decir (¡invitado en la embajada española!) que cuando dos naciones pasaban por este tipo de experiencia en sus relaciones era preferible, como dos caballeros, «batirse primero y arreglar cuentas después». Estas palabras, transcritas al Rey, no eran sino una manifestación más de la propensión despectiva de los franceses hacia el colonialismo español. Lo que nos interesa es que se atribuyó tan sólo a Alfonso XIII la posibilidad y capacidad de modificar la posición del general francés en un momento en que se iniciaba la labor conjunta de ambas naciones en Marruecos[78].

Mientras tanto, desde hacía tiempo el Rey había intensificado su relación con los empresarios españoles que explotaban Marruecos, los cuales previeron «una actividad inusitada» en el momento en que se llegara a un acuerdo definitivo. A partir de ese instante habría que romper con la «inacción», la «mala impresión y la falsa creencia» de que España era incapaz de llevar a cabo una obra de colonización. De nuevo afloraba, pues, el regeneracionismo económico. Para ello consideraron necesario constituir una sociedad destinada a la construcción de los ferrocarriles de la zona norte del protectorado, empresa que debería tener un carácter mixto entre el Estado y el capital privado. Pero no dejaban de plantearse interrogantes. Al parecer la compañía minera «ha tenido necesidad para un capital de 1.000.000 de pesetas de que una Alta personalidad, llevada de su patriotismo y cariño desinteresado por la nación, salga garante de un 5 por ciento del capital para poder encontrar a quien se arriesgue a suscribirlo siendo un negocio de importación que, bien llevado, debe ser también matemáticamente productivo». ¿Quiere esta frase decir que el Rey tenía esa participación en Minas del Rif? Bien pudiera ser (la mayúscula parece indicarlo) y quizá, en este caso, el origen debe haber sido el deseo de estimular actividades económicas al otro lado del Estrecho. Esta inversión, sin embargo, no figura entre las contabilizadas dentro de la fortuna del monarca y, de ser conocida, hubiera motivado las más severas censuras[79]. En el fondo desde una óptica actual ya las merece el hecho de que la misma persona perteneciente a la casa Real que trataba con los empresarios mineros del Rif era el secretario particular político del monarca, por cuyas manos pasaban numerosas gestiones y propuestas de decisión de este tipo. Poco después de suscrito el acuerdo con Francia, Torres redactó una nota, quizá inspirada por esos empresarios, en que se aseguraba que las inversiones en Marruecos eran «reproductivas» y que resultaba viable que el protectorado se autofinanciara. Es posible que lo creyera con sinceridad pero el juicio resultó un error mayúsculo[80].

En otro terreno de la gestión en Marruecos se alimentaron nuevos nubarrones sobre la Monarquía. Durante el periodo inmediatamente posterior al establecimiento del protectorado, debió asentarse la especial intimidad entre Alfonso XIII y Fernández Silvestre. Siendo éste, como coronel, responsable de la zona de Larache, Alcazarquivir y Arcila, propuso en una memoria, partiendo del modelo de la «fructífera labor francesa», la futura forma de actuar en zona española. El texto da la sensación de haber sido redactado exclusivamente para el Rey, por el lenguaje utilizado y las explicaciones dadas, que serían innecesarias para un buen conocedor del norte de Marruecos. Como en escritos anteriores Silvestre proporcionaba una palmaria impresión de conocimiento y de activismo, protagonizado siempre por la autoridad militar[81].

Todo hace pensar, sin embargo, que en este tiempo se engendraron diferencias de criterio y problemas que acabarían por tener impacto en el futuro. En febrero de 1913 fue tomado Tetuán por el ejército español sin dificultades, pero también sin que la operación tuviera ninguna repercusión sobre la opinión pública española. En abril de 1913 el ministro de Estado, siempre la principal autoridad en materia marroquí, informó al Rey de que, pese a las «noticias tendenciosas» que se publicaban en Francia acerca de presuntas tensiones en torno a Larache, quien supuestamente las inspiraba lo desmentía con los hechos. Era una autoridad local, llamada El Raisuli, quien se dirigía a Madrid «para rendir a V. M. pleitesía y ofrecerle, sin reservas, sus influencias, sus medios y su decidido concurso para la empresa civilizadora confiada a V. M. por las Naciones de Europa». Lo importante es que detrás de este hecho se situaba toda una política que se atribuía al monarca y que se basaba en la gran ilusión de los civiles con respecto a la zona, es decir, la penetración pacífica. Como en tantas otras ocasiones el ministro se desbordó en frases idílicas en torno a Marruecos: «Tetuán en nuestro poder; organizados los servicios del protectorado; el convenio ratificado y firme; el Jalifa (autoridad marroquí para la zona española) en Alcázar, Francia benévola y todo ello conseguido sin derramar una sola gota de sangre, sin ostentación y sin alarde, fruto de aquella política pacificadora que debe seguir a la exclusivamente militar y en ésta debe apoyarse»[82].

Pero, como ya se ha indicado, las cosas no presentaban ni mucho menos perfiles tan claros y optimistas. Nombrado Alto Comisario, el general Alfau muy pronto estuvo dispuesto a dimitir por considerar que a sus subordinados, los tres comandantes generales, se les daban unas atribuciones en relación directa con Madrid que hacían imposible la unidad de criterio y de dirección. Juzgaba que su autoridad militar era «casi nula» y se quejaba de que, habiéndose partido de un manifiesto deseo de copiar el modelo de administración colonial francesa, no se hubiera actuado como en el protectorado de esta nación en que Lyautey ejercía con plenitud el mando aceptando una autonomía de los militares subordinados sólo en tanto que había sido concedida por él mismo[83]. De esta realidad nació el enfrentamiento entre Fernández Silvestre, partidario de liquidar a El Raisuli con las armas, y su superior, el Alto Comisario.

Pero, además, muy pronto, siguiendo una tendencia habitual en la presencia española en Marruecos, a los momentos optimistas en los que la labor de colonización y penetración pacífica parecía factible les sucedieron otros en que se hizo imprescindible el uso de las armas y, además, el envío de nuevas tropas. Desde mayo hubo en el entorno de Tetuán lo que Alfau denominó como «actos de bandidaje». En realidad eran «actos de provocación» de los que fue autor El Raisuli sirviéndose de sus colaboradores y al mismo tiempo culpando de lo ocurrido a indígenas sometidos a España. Alfau, además, llevó a cabo, al parecer sin consulta previa, el adelanto de sus líneas y acabó pidiendo refuerzos. El Rey tuvo constancia de una circular remitida por Romanones a todos los gobernadores civiles sobre posible agitación revolucionaria en relación con la situación en Marruecos y con los embarques de tropas en tal dirección[84].

Parece indudable que, en torno a esta situación, el Rey mantuvo una opinión propia y una actuación sesgada, y que de ella fue beneficiario, al menos en un primer momento, Silvestre. Lo demuestra una carta, fechada en el verano de 1913, que revela una intimidad muy grande, quizá superior a la que Alfonso XIII tuvo con ningún otro militar. Para apreciarla basta transcribirla en sus párrafos esenciales:

Acabo de recibir tu carta y me apresuro a contestarte para decirte:

1° Que mis bondades para contigo no son más que justo premio a tus trabajos y éxitos en tu gestión, luego eres tú el que se los concede.

2° Que estoy encantado con la marcha que has dado a las operaciones evitando degenere en guerra una acción de policía, que es el carácter de la ficción internacional.

3° Que lamento, como tú, ciertos errores cuyos resultados estamos tocando, principalmente Zinat y Raisuli.

4° Que directamente me sigas diciendo la verdad y dando cuenta de las operaciones así como si crees en algún momento puedo apretar por arriba, que ya sabes puedes contar conmigo.

Adopto este sistema más corto y que me permite no olvidar los puntos de que quería darte cuenta. Del territorio de tu mando no pienso sacar fuerzas y menos los dos batallones de cazadores que están haciendo lo que esperaba hicieran. Quién sabe si no se te reforzará para que puedas repasar Tánger y evitar cualquier lío en la zona internacional.

Raisuli no es protegido alemán y, aunque lo fuera, tiene que responder de su gestión en el bajalato, luego si cae o lo cogemos las reclamaciones no serían muy fuertes.

¿No crees tú que sería mejor después de la ocupación de Zinat ocupar el Fondak desde este último punto y evitar así el paso desde Lauzien, 12 km, por un desfiladero que si hay 200 moros nos cuesta lo menos 500 bajas? Contesta a este punto para poder formar juicio y saber a qué atenerse en el futuro.

Sabes que te quiere de veras y abraza tu afmo. amigo y Rey

Alfonso R. H. [85]

Al margen de la intimidad que esta carta demuestra, es de señalar el hecho de que revela que debieron de existir otras muestras escritas o verbales de la misma que no han llegado hasta nosotros. Esa relación personal se alimentaba, muy de acuerdo con lo que sucedía en la política de la época, de «favores» del más poderoso respecto del subordinado devoto. Lo que desvelan, de cara a lo que sucedió más adelante en 1921, no es que el monarca imaginara operaciones militares, las propulsara o pretendiera que se llevaran a cabo. Como siempre la pretensión de la clase dirigente española, incluido Alfonso XIII, era someter militarmente a los indígenas con el menor número de bajas posible. Sin embargo tenía auténtica afición, más propia de un amateur que de un militar profesional, por la planificación militar e incluso pretendía dirigir desde Madrid la distribución de las tropas en Marruecos (cosa que es improbable que hiciera en la práctica). Pero, sobre todo, por su gusto y voluntad de estar informado directamente e intervenir en una cuestión que creía de su competencia (por relativa a la política exterior y al ejército) rompía la cadena de mando perturbando, como mínimo, el normal desarrollo de las operaciones y la jerarquía militar.

Pero al final el Rey, por más que su actitud respecto de Marruecos fuera siempre la de intervenir, acababa sometiéndose a la política del Gobierno si ésta era clara y decidida. Al mismo tiempo que escribió la carta citada a Silvestre recibió otra de Romanones, el presidente del Consejo. En ella, a título no tanto de decisión ya tomada sino de consulta pero derivada de una opinión firme, se proponía, en primer lugar, el relevo de Alfau. Romanones pensaba que no había estado afortunado y, en cambio, deseaba mantener a Silvestre y Gómez Jordana en Larache y Melilla respectivamente, pues habían conseguido estabilizar la situación en sus comandancias sin necesidad de reclamar refuerzos ni de causar bajas. Pero, sobre todo, Romanones insistió en lo que siempre fue una obsesión para los políticos civiles, en especial los liberales: al margen de las bajas humanas, Marruecos era muy costoso y lo ideal era sustituir la presencia militar por la civil convirtiendo en realidad lo previsto en el propio tratado con Francia. «Si las naciones se movieran tan sólo por el estímulo de la conveniencia en el orden material —afirmaba el Conde— desde luego pudiera afirmarse que el negocio de Marruecos era un negocio ruinoso pero las naciones se mueven por más altos estímulos; hoy es no solamente nuestro honor, es nuestra propia personalidad ante el mundo lo que se debate al otro lado del Estrecho»[86]. Nunca se expresó mejor lo que Marruecos era para los políticos españoles, pero también, en última instancia, para el propio Rey, porque sabemos que aceptó sin titubeos esta política.

A Alfau le sustituyó como Alto Comisario el general Marina, que prolongaría su mandato hasta el verano de 1915. Durante esta etapa, muy lejos de convertirse en realidad el panorama idílico en que algunos habían pensado, subsistieron los problemas, lo que tuvo como consecuencia mantener la atención del monarca en Marruecos. Alfonso XIII recibió innumerables informes sobre el particular alguno de los cuales llevaba la mención explícita de «Informe para S. M.»[87]. En general versaban sobre minucias pero testimonian el interés del monarca acerca de lo que iba sucediendo en la zona.

La incógnita principal que planeó sobre los españoles en este momento (y en otros anteriores y posteriores) fue hasta qué punto, en las relaciones con los indígenas, había que valerse del poder militar y de una atracción que era el producto de la política y de la corrupción. De acuerdo con unos informes de la legación española en Tánger en mayo de 1914, «la derrota personal de Raisuli ha causado mucha impresión», pero quien lo redactó se declaró partidario de que se le diera «un buen sueldo (miles de duros)» y, a continuación, «pasar la esponja sobre todo lo que ha hecho».

En una línea menos proclive a la templanza se mantuvo siempre Silvestre, que seguía en óptimas relaciones con el Rey. «De todo corazón —le escribió éste— te agradezco tu carta en la que me anuncias el envío de un trofeo de la acción para ocupar la posición de Queriva. El buen recuerdo tuyo lo aprecio tanto más cuanto que en ello me demuestras que comprendes perfectamente el interés que me inspira cuanto se relaciona con los movimientos de nuestras tropas en esas regiones y que mi espíritu no se aparta de mis soldados que tan valientemente pelean en África. Reiterándote mil gracias por tu delicada atención te envía un cariñoso saludo y un buen abrazo»[88]. No era el único militar que le dirigía cartas parecidas. Un compañero en el juego de polo le envió fotos de escenas de la vida campamental «recordando todo lo que Vuestra Majestad se interesa aún por los más pequeños detalles de la campaña»[89].

Cuando abandonó el poder, Romanones viajó a Marruecos e informó de ello a su amigo el marqués de Viana, uno de los más relevantes palatinos, sin duda con el propósito de que fuera el propio Rey quien leyera sus cartas. «Voy a Marruecos —le explicó— a estudiar primero el protectorado francés y después la forma en que se desarrolla nuestra acción político-militar; voy a comenzar por Argel y terminaré en Ifni. El problema de Marruecos me ha dado mientras goberné tales pesadumbres que quiero enterarme directamente; la visión de las cosas… no es comparable con ningún otro medio de información»[90]. Quizá pensaba, también, que de esta voluntad de interesarse directamente en Marruecos podía derivar algún beneficio político personal de cara a Palacio. En principio su actitud respecto al protectorado se alineaba con los que deseaban mayor actividad militar: «Entiendo —afirmaba— que es imposible continuar por más tiempo en la situación de inactividad en la que hoy se halla nuestro ejército. El quietismo frente al enemigo deprime la moral del soldado y acrecienta, sobre todo si se trata de mentalidades inferiores, la del enemigo. La situación de Ceuta y de Tetuán es de todo punto insostenible; es necesario operar sin perder un solo momento pues no se debe olvidar que, además de ser ésta la estación más favorable, una vez abiertas las Cortes sería peligroso hacerlo». De nuevo en esta última frase reaparecía el temor a la actitud de la opinión pública.

Las cartas de Romanones resultan interesantes por ser un excelente ejemplo del enfoque de la clase dirigente española, admiradora, por un lado, de la obra de colonización francesa y esperanzada de poderla copiar, y consciente, por otro, de las dificultades de penetrar en un medio tan hostil y deseosa de hacerlo por procedimientos pacíficos. En Argelia, escribió, «la obra de los franceses es tal que hasta el paisaje lo han hecho francés» pero la abundancia de españoles revelaba de lo que «es capaz el trabajo español cuando está bien encauzado y dirigido». Melilla le produjo «excelente efecto» e hizo una gran alabanza del general Jordana y su mando militar porque «su ascendiente entre moros y cristianos es por todos reconocido». «El día en que sean cultivadas (estas tierras) —aseguró—, nada tendrán que envidiar a los campos argelinos, lo que hace falta es que sean atravesados por carreteras y ferrocarriles». Pero, al mismo tiempo, juzgó que no se podría «en bastante tiempo… pensar en retirar fuerzas de esta región (pues) sería perder lo ganado». En la zona de Alhucemas, añadió, «todos los rifeños con los que se hallaban trabajando llevaban a la espalda el fusil» y «frente a tales gentes no hay más procedimiento que la pacificación militar, que todo lo que se diga frente a esto sólo son palabras vanas que pugnan con la realidad»[91]. Buenos deseos se mezclaron, pues, en esta carta con contradictorias realidades. El hecho de que por el momento no hubiera problemas graves hizo que en la balanza parecieran de más peso los aspectos positivos.

En este panorama el Rey no se enfrentó, por el momento, a ninguna crítica surgida de quienes pensaran que tenía un exceso de influencia en los asuntos de Marruecos. Desde un principio algunos interpretaron que el monarca se había autoatribuido un cierto papel demasiado relevante en todo lo relativo al otro lado del Estrecho. Las críticas al Rey surgidas en las filas del maurismo, por lo demás un tanto elípticas, hicieron alusión a ello pero no pasaron de algún pequeño aguijonazo, demasiado circunstancial y, a la postre, anecdótico. El debate sobre Marruecos en las Cortes durante el verano de 1914 duró más de veinte días pero eludió esta cuestión. Gabriel Maura presentó una enmienda al mensaje de la Corona en relación con ello pero acabó retirándola[92]. Perduraron mientras tanto las incertidumbres de la política española. En julio de 1915 Silvestre y Marina entraron en conflicto por discrepar de la acción a seguir, mucho menos complaciente la del primero con los dirigentes de las cabilas. Hubo incluso un asesinato de uno de los colaboradores de El Raisuli en que colaboraron oficiales españoles. Ambos mandos militares fueron sustituidos y pasó a desempeñar la Alta Comisaría Gómez Jordana, de quien tantas alabanzas había escrito Romanones. Pero, con el paso del tiempo, tuvo que plantearse de nuevo el mantenimiento o no de una política de dureza con El Raisuli. Silvestre, una vez relevado, pasó por el Cuarto militar del Rey.

Con el paso del tiempo, cuando estalló la Guerra Mundial, a pesar de que se intentó paralizar cualquier iniciativa hasta el final del conflicto, los problemas en Marruecos se multiplicaron por dos razones fundamentales y nuevas. En primer lugar, una parte considerable de los medios de prensa se convirtieron en venales y, por tanto, optaron por adoptar una posición u otra al ritmo de las subvenciones que recibían de cada uno de los beligerantes. El secretario del Rey recibió pruebas de que empresas con intereses económicos en la zona del protectorado, como la Compañía de las Minas del Rif, sufrían chantajes por parte de periódicos de los que siempre se había conocido en Madrid su proclividad a venderse al mejor postor (La Tribuna, El Mundo, El Parlamentario…). Lo curioso es que a esta lista hubo pronto que sumar también alguna revista intelectual (nada menos que España), un órgano dedicado en exclusiva a la defensa de la Monarquía (como La Monarquía, patrocinado por Benigno Varela) y un diario de extrema izquierda (España Nueva). Las empresas situadas en Marruecos se quejaron de que se tenían que bandear en esta situación al mismo tiempo que hacían frente a aquéllas, más políticas, en las que también se veían involucradas las autoridades y las que realizaban en contra de ella los periódicos republicanos y socialistas. Lo sucedido es una buena prueba de hasta qué punto resultaba controvertida la presencia española en el norte de África dando lugar al mismo tiempo a pocas compensaciones, a no ser las económicas[93].

Pero más grave fue la actuación directa en Marruecos de agentes de las potencias beligerantes durante este mismo periodo. De acuerdo con una carta del Alto Comisario español, que el propio Rey subrayó, los alemanes, que contaban «con la masa general del país», mantenían a través de su consulado en Tetuán contactos estrechos con los dirigentes de las cabilas sin que, a pesar de que se les hubiera puesto vigilancia y de que se le controlaba la correspondencia, fuera posible llegar a saber en qué quedaban esas relaciones. Gómez Jordana creía que no había otro procedimiento de actuación que «gastar dinero con la misma abundancia que alemanes y franceses», pero no siendo eso posible se debería intentar alejar del protectorado a los diplomáticos que actuaran de esa forma. Una de las personas mencionadas como dirigentes cabileños fue el padre de Abd-el Krim, que tantos problemas acabó causando a la penetración española[94]. El Rey, del que ya sabemos que especulaba con la posibilidad de otorgar a algunos dirigentes cabileños el calificativo de proalemanes, estuvo puntualmente informado de todo ello. Marruecos era la cuestión de Estado que más directa y completamente le atañía.

EL REY, LA INTELECTUALIDAD LIBERAL Y LOS REFORMISTAS

Uno de los aspectos de la mala imagen que ha perdurado de Alfonso XIII se refiere a su condición de antagonista del mundo intelectual. Sin duda esa vertiente no resulta en absoluto gratuita, pues, como veremos, a lo largo de la Dictadura de Primo de Rivera encontró motivos sobrados para justificarse. Pero, al mismo tiempo, es incompleta y sesgada. Así es porque cuando, tras la crisis de 1909, Alfonso XIII inició su etapa más vinculada al liberalismo, se hizo muy frecuente esa adhesión, incluso excepcional en la Europa de la época.

De ella se suele tomar como ejemplo la visita de los intelectuales a Palacio en 1913, siendo presidente del Consejo de ministros Romanones, pero en realidad fue anterior: se produjo durante el Gobierno de Canalejas y, sin duda, ha de ponerse en relación con la actitud adoptada por el Rey en la crisis de octubre de 1909. Ya en abril de 1910 el historiador Rafael Altamira, que pertenecía al mundo liberal (se decía representante de la extrema izquierda de la Institución Libre de Enseñanza) y militaba en el republicanismo, visitó al Rey después de haber hecho una larga excursión por Hispanoamérica pronunciando centenares de conferencias. Estuvo una hora y media con él y le presentó planes para la organización de las relaciones entre España y la América hispana. El monarca le concedió la gran cruz de Alfonso XII y alabó de forma muy laudatoria al claustro de la Universidad de Oviedo de donde procedía Altamira y del que recordó que era la primera Universidad que había visitado siendo joven. También el jurista de la misma procedencia Odón de Buen visitó al Rey, mientras que el periodista e intelectual republicano Luis Morote se hacía monárquico del partido liberal. En Palacio se conserva una carta de este último en la que, quizá en relación con el indulto por los sucesos de Cullera, lamentaba haberse pronunciado de forma vehemente ante el Rey. Hay que recordar que Canalejas atribuyó a la educación un papel fundamental en su programa político y que 1910 presenció una eclosión de disposiciones sobre esta materia, como la creación de la Residencia de Estudiantes y un largo etcétera. Sin embargo hubo también actitudes de oposición ante esta aproximación entre el mundo liberal intelectual, que Giner patrocinaba. Éste fue el caso inicial del dirigente republicano Melquíades Álvarez. El Imparcial, principal diario liberal de la época, se quejó de que se plantearan este género de vetos con promesa de venganza por parte de quienes se decían ejemplo de tolerancia[95].

Sin embargo el republicanismo moderado, como se sabe, acabó cambiando de opinión y convirtiéndose en reformismo posibilista. Sucedió así, sin duda, porque fueron muchas las pruebas de apertura de la Monarquía ante el mundo liberal intelectual. Desde 1911 hasta 1913 desempeñó la Dirección General de primera enseñanza Rafael Altamira; el cargo fue creado con el carácter de técnico y en la aceptación del mismo desempeñó un papel de primera importancia Francisco Giner. Luego este conocido historiador escribió que sus «dos errores» habían sido «creer a Morote y a Romanones en cuanto a la posibilidad de realizar mi ideal pedagógico» y «creer que don Alfonso era capaz de ejecutar lo que decía en 1910; esto segundo me duró poquísimo pero quizá influyó en Azcárate y Cossío». En realidad estas palabras, escritas mucho después del desempeño del puesto, pueden no traslucir la verdad, pues de lo contrario no se explicaría que hubiera ocupado el cargo tanto tiempo. El historiador mantuvo durante su gestión un contacto muy estrecho con Palacio y se sintió obligado a dar cuenta de lo que había sucedido cuando la abandonó. Lo hizo por una de esas cuestiones de competencias burocráticas que suelen envenenar la vida de la Administración española: la dependencia sobre las escuelas de Madrid le había sido sustraída a su Dirección General. Al secretario del Rey le escribió que sobre todo lo que le importaba era que «S. M. no crea ni por un minuto, que he procedido de ligero» pues «era demasiado grave la responsabilidad que la Dirección ponía sobre mí, por lo que ella misma significa y por las deferencias que en ella y por ella he recibido de S. M. para que yo no meditase fríamente antes de abandonarla». Salvaba la buena voluntad de Romanones, entonces presidente, pero creía que el ministro de Instrucción, Ruiz Jiménez, había cometido un error al volver a entregar la competencia sobre la enseñanza primaria a un municipio cuando, gracias a una disposición del primero a comienzos del reinado, había pasado al Estado. Por otro lado con el abandono del cargo no se interrumpieron las relaciones entre el intelectual y Alfonso XIII. Altamira, que le había propuesto la presidencia honoraria de la Liga Cervantina universal, también le informó de un intento de celebrar en Madrid un primer congreso internacional de hispanistas[96].

El caso de Altamira no fue ni mucho menos el único. Probablemente la persona del mundo de la cultura con la que Alfonso XIII tuvo una relación más estrecha fue el pintor Joaquín Sorolla. En sus años mozos parece que Sorolla fue republicano blasquista, como también el escultor Mariano Benlliure, autor de los principales monumentos conmemorativos de la España del reinado de Alfonso XII, la Regencia y la época de Alfonso XIII. Con el paso del tiempo, no obstante, se carteó con algún político importante del partido liberal a partir principalmente del comienzo de la segunda década del siglo XX, en especial con Romanones. Desde principios de siglo ambos se habían relacionado pero la intensidad de la amistad fue mayor a partir del periodo indicado: en 1910 Sorolla fue nombrado por Romanones vocal del Museo del Greco, recién creado, y, en el verano de 1915, el artista afirmó por escrito apoyar a su partido. Da la sensación, por tanto, de que el pintor trasladó su significación política desde el republicanismo a un cierto liberalismo monárquico. Prueba complementaria de ello la ofrecen los retratos de políticos liberales que pintó, como Amalio Gimeno, Amós Salvador o Francos Rodríguez, todos ellos canalejistas o romanonistas. No debe dejar de señalarse el peculiar momento en la trayectoria del artista en que se produjeron estos cambios en su significación política. Sorolla era un pintor que había obtenido grandes éxitos, también internacionales, que se confirmaron y acrecentaron durante la primera década del siglo XX. Por otro lado fue en esta época cuando la Monarquía siguió una política de acercamiento al liberalismo intelectual. En ellos se movió siempre Sorolla. Otro pintor, Beruete, emparentado con Moret, le había escrito una carta fechada en 1909 —época del Gobierno Maura— con indignación ante las «debilidades insensatas de nuestros gobernantes por halagar al militarismo». Giner, por su parte, se había convertido en decidido impulsor del paisajismo nacional y, como tal, influyó en el pintor, con el que tenía contacto epistolar[97].

Sorolla y Alfonso XIII debieron de tener un primer contacto a través del marqués de Viana, cargo palatino y amigo del monarca que a lo largo de sus relaciones desempeñó siempre un papel intermediario entre ambos. Fue Viana quien le hizo al artista los primeros encargos de retratos reales y quien llevó al Rey a la exposición que el pintor valenciano celebró en Londres en 1908. Fue también quien le informó acerca de Huntington, un admirador del Patrimonio Histórico español y fundador de la Hispanic Society de Nueva York, donde expuso Sorolla en 1909. Sin embargo, a pesar de que con este motivo el pintor y el Rey se conocieron, el patrocinio que Alfonso XIII hizo de esta exposición fue en un principio dubitativo[98]. A partir de entonces, tras el gran éxito de Sorolla en la capital norteamericana, la amistad entre el pintor y Alfonso XIII fue estrecha y frecuente.

«A D. Joaquín Sorolla suponiendo que le guste el contraste de luz», dice la dedicatoria de una foto conservada en el que fue hogar del pintor. Las pruebas de esa relación afectuosa se reprodujeron de manera especial durante los años que precedieron a la I Guerra Mundial. En ocasiones se referían incluso a acontecimientos de duelo familiar, como, por ejemplo, en la muerte de la Infanta María Teresa, hermana del monarca. Respondiendo al pésame de Sorolla, Alfonso XIII escribió: «Muchas gracias por su pésame; éramos tres y yo solo quedo y lo que es peor con María Teresa se ha ido un pedazo de España. De mi generación netamente español ya no quedo más que yo… Era la única persona de mi familia que me podía hacer bailar de coronilla…»[99]. La amistad superaba el abismo previsible en quienes partían de una distancia política apreciable. El Rey era sin duda consciente de la procedencia republicana de Sorolla. Cuando el marqués de Viana recibió determinada petición del pintor, quizá relativa a un nombramiento eclesiástico, no dejó de comentarle la apostilla circunstancial del monarca: «Hoy, de orden del Rey —escribió—, hago la recomendación: mucha gracia le ha hecho verle a Vd. clericalote circunstancial»[100].

Sin embargo la carta de carácter político más importante cruzada entre Alfonso XIII y Sorolla fue otra posterior como consecuencia de dos previas remitidas por el pintor de las que el monarca aseguró haber tomado nota. En septiembre de 1913 —recuérdese que se trata del año del enfrentamiento de Maura con el Rey, de la fundación del partido reformista y de la Liga de Acción política de Ortega— Alfonso XIII escribió a Sorolla un texto cuyo contenido resulta enigmático para una interpretación completa pero es bastante expresivo y revela la actitud de ambos. El pintor había enviado con sus dos cartas un escrito, redactado por terceros, y el Rey le respondió como sigue:

El memorándum está admirablemente hecho, sobre todo en la primera parte por lo imparcialmente que está redactado; la segunda la suscribo y eso es lo que tengo entre manos y la tercera parte, es decir lo que se refiere ya a las personas (esto entre los dos) ¿no crees que quizá se arrima el ascua a su sardina en perjuicio de lo mismo que se defiende? ¿No crees que podría venir una desilusión si alguien medrase demasiado…? Piénsalo y, como no eres tonto, tengo la seguridad de que me entenderás. Y, como final, di a los autores que agradezco mucho su interés y consejo que coinciden casi por completo con los míos, que sigo siendo el de siempre, l'enfant terrible que no ha variado y que me alegro mucho de que cada día se afirmen más y más los vínculos que nos unen y que se resumen en dos palabras «Viva España»[101].

¿Se puede interpretar lo sucedido como una petición de Sorolla para que el Rey se volcara en apoyo de una cierta tendencia política? Parece indudable y, de ser así, el memorándum debe de haber sido redactado por los reformistas, a fin de cuentas no tan lejanos a Giner. Pero no es posible confirmarlo. El escrito fue devuelto por el Rey al remitente y no resulta localizable en la actualidad. De cualquier modo este hecho revela, una vez más, la estrecha intimidad, facilitada por la coincidencia política, entre el pintor y el monarca. De él se encuentran más cartas en el archivo de Sorolla que entre los papeles de algunos de los más importantes políticos profesionales de la época, Maura incluido. No cabe la menor duda, en fin, de que el pintor, cuyos orígenes republicanos ya hemos mencionado, se convirtió con el paso del tiempo en un inequívoco monárquico. Cuando se produjo la ocasión revolucionaria del verano de 1917 escribió al monarca en términos de adhesión personal y política. «La verdad —le respondió el marqués de Viana— es que hemos pasado muy malos ratos ante la posibilidad de que malos patriotas y criminales nos hubieran llevado a una anarquía que nos hubiera hecho débiles para provecho ajeno y no propio»[102].

Al tratar de Sorolla nos hemos tenido que adelantar en el tiempo por razones obvias de coherencia. También lo debemos hacer para referirnos a otro aspecto de la conexión entre Alfonso XIII y el liberalismo intelectual y cultural. Como sabemos, Sorolla había sido nombrado vocal del patronato del Museo del Greco; de él también formó parte Huntington, el millonario hispanista que ha sido citado, quien mantuvo relación directa con el Rey y le hizo objeto de un homenaje[103]. A todos ellos trató con frecuencia Benigno Varela, marqués de la Vega Inclán, un personaje esencial para comprender la relación entre el monarca y el mundo de la cultura liberal. Varela, nacido en 1858, fue militar del Arma de Caballería pero, sobre todo, resultó un gran conocedor y divulgador del Patrimonio Histórico español. Fue el creador del Museo del Greco, que donó al Estado en 1910, de la Casa de Cervantes de Valladolid (1916) y del Museo Romántico (1924) y el primer Comisario regio de Turismo, puesto que ocupó desde 1911 hasta 1928. Varela era un monárquico fervoroso de los que a menudo se pronunciaban de una manera que parecía partir de la impecabilidad de la institución y de quienes la encarnaban. Cuando comenzaron las críticas a ella en España, editó a sus expensas un periódico titulado La Monarquía, destinado a defenderla. Pero sus conexiones con el mundo intelectual liberal fueron estrechas y profundas. No se entiende su obra como mecenas sin tener en cuenta la influencia que sobre él pudieron tener personas como Cossío, recuperador del Greco, o Giner, reivindicador del redescubrimiento de España a través de sus pequeños pueblos y de su cultura popular. Alfonso XIII no inspiró, desde luego, la tarea de mecenas del marqués, pero estuvo en contacto con él, conoció sus propósitos y los propulsó, y debió de ver en ellos una expresión del patriotismo regeneracionista. No escatimó, pues, su ayuda. En 1913, en un momento en que el citado personaje estaba en Nueva York, «tratando de obtener para nuestro comercio y nuestra producción artística los mayores beneficios y procurando aumentar… nuestro prestigio por todos los medios a tu alcance» le escribió el Rey animándole en la tarea y celebrando que para ella estuviera en contacto con Huntington[104].

De todos modos, el momento más decisivo en lo que respecta a la relación entre la Monarquía y los intelectuales liberales fue la visita a Palacio de algunas de las más señeras figuras pertenecientes a este medio en enero de 1913. Sin duda contribuyen a explicarla las circunstancias políticas que en este momento se estaban dando en España, como la repetición de la confrontación que había tenido lugar ya antes entre el Rey y Maura. A mediados de enero de 1913 en un mitin celebrado en Murcia Melquíades Álvarez, que ya había modificado su postura desde 1910, aseguró que el Rey no había querido ser cómplice del dirigente conservador sino que había seguido los requerimientos de la opinión pública y los preceptos constitucionales; en consecuencia pidió y obtuvo el aplauso de los asistentes «para nuestro enemigo».

El 14 de enero tuvo lugar lo que un cronista político describió como «un acontecimiento verdaderamente extraordinario», la visita de personalidades republicanas al Rey en Palacio. Quienes acudieron lo hicieron no tanto en su significación de política precisa como de personas que estaban al frente de importantes y prestigiosas instituciones regidas con autonomía. Fueron Cossío, Director del Museo Pedagógico, Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, y Azcárate, presidente del Instituto de Reformas Sociales, siendo este último la personalidad más destacada por representar la dirección del republicanismo más valioso desde cualquier punto de vista. De acuerdo con lo que era su concepción del papel que le había de corresponder a la Monarquía, Azcárate pidió que la iniciativa del Rey fuera cubierta por la responsabilidad ministerial, cosa que Romanones hizo, como es natural, y con entusiasmo. Fue el político liberal quien propuso a Alfonso XIII la entrevista que, sin duda, al margen de su significación trascendente, puede ser considerada como una suprema muestra de habilidad en un momento en que la actitud de Maura respecto del monarca volvía a ser pugnaz. A su salida Azcárate declaró que su impresión había sido «extraordinariamente agradable»: habló con el monarca de legislación social y su interlocutor parece haberse expresado en sentido liberal en materia religiosa y de enseñanza. Sobre Marruecos el Rey le había dicho que hubiera preferido que España interviniera una vez lograda la regeneración interna; aseguró, además, estar dispuesto a consultar a los no dinásticos en períodos de crisis gubernamentales. Con Cossío charló de materias educativas: afirmó que los viajes al extranjero le habían enseñado muchas cosas y que, aunque las reformas educativas exigieran mucho tiempo, él quería dar en ellas los primeros pasos. Ramón y Cajal era el gran prestigio científico en la España de la época; su significación no había sido tan ajena al régimen como en los otros casos.

Tras la visita Romanones escribió al Rey que «todos lo aplauden sin reservas (y) los mismos conservadores se han quedado atónitos y no saben qué actitud adoptar»; el juicio de Azcárate «no puede ser más halagüeño». A la prensa le señaló que el acto realizado había sido de alcance político pues «hasta ahora no se ha verificado otro igual ni parecido en España». El Rey sin duda quedó muy contento de lo sucedido. Semanas después un diplomático italiano destacado en Lisboa contaba lo que a su vez le había narrado el embajador español, Villalobar. Alfonso XIII, a quien había visto recientemente, era consciente de haber sido severamente criticado en ciertos ambientes monárquicos, incluso con sarcasmos y burlas, pero había concluido la conversación con una frase muy característica de su estilo: «Quien ría el último reirá mejor»[105]. Esta frase denota la inequívoca existencia de una política de la que se esperaba obtener buenos resultados.

El suceso tuvo una notable repercusión tanto en el interior como en el exterior de España en donde logró impacto a través de las informaciones de los embajadores. El italiano afirmó que el «joven Rey» se daba cuenta perfectamente del peligro que las instituciones corrían con la posible aplicación del «reaccionario» programa de Maura. El Rey habría dado pruebas de «mucha fuerza de carácter y de ideas verdaderamente amplias y modernas». Sólo algunos disidentes del liberalismo mostraron sus reticencias ante lo sucedido, pero eran aquéllos que envidiaban no haber podido o sabido hacer algo semejante. Por más que fuera una «digna respuesta» a Maura, la conversación señalaba, además, nada menos que una fecha crucial en la Historia de España[106].

También los principales diarios de Madrid emitieron un juicio positivo. Los situados más a la izquierda consideraron la actitud del Rey una condena de las posiciones de Maura. «España Nueva» vio en ello una prueba de instinto de conservación de la Monarquía pero también un cumplimiento del deber constitucional. Pablo Iglesias lo aplaudió sin reparo, aun resistiéndose en principio a emitir un juicio. El País señaló que Azcárate había dicho ser tan republicano cuando salió como cuando entró, pero alabó que el Rey le hubiera llamado y preguntado si creía que debía convocar a los grupos no monárquicos a las consultas en momentos de crisis política. Entre los periódicos liberales el más entusiasta, como es lógico, fue el Diario Universal, del que era propietario el Conde de Romanones, quien describió lo sucedido como «un acto magno que puede servir para caracterizar un reinado». El Mundo afirmó que el monarca había demostrado ser «Rey hasta de sus enemigos, mucho más de sus adversarios»; no se trataba de que los republicanos dejaran de serlo sino de que ilustraran al monarca con sus conocimientos. Las alabanzas también se pueden encontrar en la prensa conservadora. La Correspondencia de España calificó el día como «histórico». Sólo el órgano oficial del partido conservador describió lo ocurrido como «la azcaratada» y, tras calificar a Romanones de habilidoso, llegó a la conclusión, más admirativa que sarcástica, de que «la cosa ha estado muy bien traída»[107].

Si la presencia de las personalidades indicadas en Palacio fue un acontecimiento importante, la influencia que parece haber tenido el partido reformista, del que era miembro Azcárate y con el que sintonizaba Cossío, no lo fue menos, sobre todo en lo que respecta a vetar la llegada al poder de opciones de derechas. En una fecha indeterminada de mediados de 1913 sus dirigentes enviaron al Rey un extenso informe destinado a impedir el intento de Maura de ocupar de nuevo la presidencia. El redactor tomaba carrerilla histórica: los Borbones en España habían cumplido durante el siglo XVIII la misión histórica de «allanar los Pirineos»; durante el XIX España había presenciado el combate entre la España vieja y la nueva. Ahora la Monarquía, como en Inglaterra e Italia, estaba en situación de ser «capaz de facilitar la necesaria e inexcusable evolución política». El monarca habría de enfrentarse en el futuro mes de octubre con «el más importante y grave problema del reinado», es decir, la posible vuelta de Maura al poder. Los reformistas decían representar a la «burguesía intelectual y trabajadora» y a «la juventud educada en las modernas ideas» y reclamaban ser consultados en ocasión de esta posible crisis de Gobierno. No iban, sin embargo, a unirse a los liberales porque eso supondría verter vino nuevo en odres viejos. Su actitud era, no obstante, de veto absoluto a Maura: «Si el jefe conservador persistiese en imponer condiciones al trono, en someter a su beneplácito la organización y la política del partido liberal y poner un obstáculo infranqueable a la aproximación al trono y a la legalidad constitucional» de la izquierda, el Rey tenía que meditar la posibilidad de optar por otra figura dentro del partido conservador para que accediera al poder[108]. Eso fue exactamente lo que el monarca hizo.

En octubre de 1913, tras lo anteriormente comentado, tanto Azcárate como Álvarez se pronunciaron, durante un mitin, de una forma muy laudatoria con respecto al monarca. El primero dijo haberle oído, durante la entrevista en Palacio, que «si mañana viniera a España la República, yo ofrecería a la República mi espada». Álvarez todavía resultó más expresivo al decir que desde enero de 1913 se «había iniciado una metamorfosis en la política nacional apareciendo en el horizonte una luz de esperanza». Según él «los hechos parecían indicar que ya no existían los obstáculos tradicionales». El Rey daba la sensación de poder percibir las actitudes de la opinión favorables a las reformas y abrirles una vía para su realización; de lo contrario en algún momento se impondría la revolución. Esta intervención fue objeto de grandes alabanzas por parte de los liberales y de ataques encendidos por parte de los conservadores[109].

Ésas eran las opiniones de la generación intelectual liberal de más edad pero se debe tener en cuenta que la más joven mantuvo una actitud muy parecida. Cualquier lector de Vieja y nueva política de Ortega lo sabe perfectamente. En esta conferencia, durante la que surgió la «Liga de Educación Política», no sólo se mostraba un marcado interés por el reformismo sino también por la tarea de «nacionalizar la Monarquía». Todavía, sin embargo, la opinión de Ortega se percibe mejor en la lectura de sus artículos. En enero de 1913 escribía que «hay que hacer la experiencia monárquica porque hasta ahora no se ha hecho» pues «frente al zigzag caprichoso y desorientador de los hombres públicos… la única intervención que, mala o buena, ha mostrado cierta continuidad ha sido la psicología palatina». La nueva generación, la de la «competencia» europeizadora, estaba especialmente obligada a llevarla a cabo[110].

En estas circunstancias no puede extrañar que Alfonso XIII tuviera gran interés por los avatares del movimiento reformista durante largo tiempo. Ya hemos visto hasta qué punto le impresionó por la propuesta que le hizo Sorolla, aunque declinara seguir sus consejos. Un informe llegado al monarca en fecha posterior a la celebración de las elecciones de 1914 llamaba la atención sobre el hecho de que de los treinta y dos escaños republicanos casi la mitad (catorce) podían considerarse reformistas. Esos escaños habrían sido conseguidos, además, «por la fuerza de la verdadera opinión y contra las artimañas del encasillado y de la presión gubernamental». Otro informe relativo a esta misma elección en Barcelona llegaba a la conclusión de que el voto republicano disminuía en esta capital, antaño considerada «La rosa de fuego» y por lo tanto la más proclive a manifestaciones revolucionarias en toda la península. Esta visión optimista desde el punto de vista de la Monarquía se completaba con la idea de que en realidad sucedía algo parecido con los regionalistas[111]. Cuando se cumplían los doce años del comienzo del reinado, daba la sensación de que el alineamiento de la Monarquía con el liberalismo había dejado exangüe a la oposición.

No puede extrañar, por tanto, que el monarca persistiera en esa política de atracción al mundo intelectual. En realidad no la abandonó hasta los años veinte, aunque fuera diluyéndose. A comienzos de 1914 un gesto muy característico y comentado fue la asistencia de la pareja real a un estreno de una obra dramática de Pérez Galdós, Celia en los infiernos. El embajador francés recordó a París que el autor era «uno de los dirigentes, si no de los más activos si de los más respetados, del partido republicano» aunque en este momento apareciera adscrito a las filas reformistas. El escritor tuvo una amplia conversación con el monarca y se expresó en términos de gran admiración respecto a la familia real; según declaró luego a El Liberal, en un principio había temido no poder abandonar el «usted» ante el Rey. La Reina le habló con entusiasmo de los veranos en Santander, donde coincidían. Cuando Pérez Galdós alabó la corrección del castellano de la Reina, Alfonso XIII dijo una frase muy propia de su estilo pero que no era precisamente una galantería: «A la fuerza ahorcan». Al verano siguiente Pérez Galdós visitó a los Reyes en el Palacio de la Magdalena de Santander. Lo que se traslució en la conversación en la prensa tuvo un contenido tan liberal —parece haber dicho que los reformistas no estaban lejanos al poder— que el presidente del Gobierno tuvo que afirmar que de ninguna manera España iba a abandonar su neutralidad en el conflicto bélico que por entonces se vivía[112]. Todavía en 1916 el Rey mantenía la suficiente complicidad con el mundo intelectual liberal para que fuera posible un discreto encargo a Altamira, cuyo contenido ignoramos. El historiador afirmó haberlo realizado «en aquellas condiciones de reserva que el caso exigía, es decir, sin que pudiera traslucirse en manera alguna el origen» pero también «sin lograr el resultado apetecido»[113]. Es probable que se refiriera a un intelectual de significación semejante a la suya.

La política seguida por Alfonso XIII con los medios intelectuales fue, pues, persistente y, lo que debe recalcarse más, consiguió triunfar al menos durante una década. Si, en cambio, no se avanzó más en la relación con los reformistas fue por una combinación de factores entre los que cuentan la debilidad de este grupo político, su tendencia hacia un exceso de posibilismo que les hizo, según escribió Ortega refiriéndose a Romanones, «meterse en la boca del zorro», así como el temor del Rey a involucrarse en exceso con un partido. Pero hubo, además, una razón complementaria que dependió de la evolución política. Debemos, pues, volver a los partidos del turno, sus principales protagonistas durante todo el reinado.

LA CRISIS DE LOS PARTIDOS

Resulta necesario empezar por el partido conservador, una parte del cual se había sentido desplazada abruptamente del poder en 1909. Maura redactó a finales de 1911 un largo memorándum sobre su postura que le llegó al monarca a través del Conde de Aybar. En él lo que ponía en cuestión era el propio sistema de la Restauración pues insistía en que el régimen había mantenido inaceptables «miramientos» con los liberales hasta octubre de 1909. El retorno al poder del partido conservador supondría, por tanto, volver a la política conservadora posterior a los sucesos de 1909. A Canalejas no le reputaba más que como un político oportunista, en ocasiones anticlerical y revolucionario y en otras autoritario, pero siempre carente de verdadera sustancia. Muchos dirigentes de su partido, sin embargo, estaban muy lejanos de desear cualquier tipo de quiebra del sistema de la Restauración. La actitud de Dato no sólo no fue la única en este sentido sino que era la de la mayor parte de los dirigentes del partido, claramente contrario a esa especie de enmienda a la totalidad del régimen de la Restauración.

Cuando Canalejas fue asesinado, en la actitud de Maura jugaron, a comienzos de 1913, factores diversos y contradictorios, desde su deseo de ver rectificada la política liberal seguida hasta el de mantener su liderazgo en el partido, pasando por la tentación del abandono de la política que, hombre de principios y humillado, sentía como una tentación, según consta en sus escritos íntimos[114]. Así nació una nota en que anunciaba su renuncia de la dirección del partido conservador y de su acta de diputado. Fue ese texto el que irritó a liberales y reformistas; en él criticó, además, de forma poco velada a la Corona. El tradicionalista Vázquez de Mella interpretó que lo sucedido era algo así como la ruptura de un carro de dos ruedas al que le quedara ahora tan sólo una. En realidad, aún era peor porque Maura daba la sensación de considerar que el conductor —el Rey— había perdido el juicio.

Interesa de forma especialísima conocer la reacción de Alfonso XIII. A pesar de que tenía motivos y fuentes para tenerla prevista, la actitud de Maura le cogió por sorpresa; su secretario anotó que le había causado «gran contrariedad y profundo disgusto». Quizá pensó que no se manifestaría de forma tan áspera porque, en definitiva, lo que él había hecho tras la desaparición de Canalejas no era más que dar una respuesta temporal a una situación política que podría cambiar más adelante. Aquella mañana del 1 de enero de 1913 había hablado con Romanones y éste nada le había dicho; tampoco le había informado con carácter previo el propio Maura. Por la tarde envió a uno de sus colaboradores, el Conde de Aybar, a hablar con el dirigente conservador para tratar de descubrir «en qué agravios fundaba su actitud». Para la gestión de la crisis con el dirigente conservador habló sobre todo con Romanones, quien sin duda a partir de este momento vio crecer su intimidad con el monarca. Le recibió aquella misma tarde y le utilizó como instrumento para enterarse de lo sucedido. Él, en efecto, le informó, por ejemplo, de que había hablado con Dato, quien «quedó convencido de cuál es su deber y lo cumplirá por encima de cualquier otro estímulo»; eso equivalía a decir que estaba dispuesto a hacerse cargo de la dirección de los conservadores. «Azcárraga se halla en igual sentido» y «tengo la seguridad de que no sucederá nada extraordinario», añadió el político liberal. El Rey recibió a Dato el 2 de enero, dos días antes de que Maura acudiera a Palacio. Sin duda Alfonso XIII no era cerradamente hostil al jefe conservador dimisionario, pero deseaba tener a mano un instrumento de Gobierno conservador como el que Dato le proporcionaba en el caso de que Maura insistiera en la dimisión. De cualquier manera desde el primer momento en que se planteó la crisis quedó claro que los seguidores del jefe conservador no pasaban de ser una minoría en el seno del conservadurismo. Los primeros cómputos no advertían que fueran más de una veintena y, en efecto, la cifra fue aproximadamente ésa. Entre los conservadores, aunque sólo uno de los más señalados, González Besada, discrepó en público de Maura, había no pocos indignados. Leopoldo Romeo, director del diario conservador más importante, La Correspondencia de España, escribió a uno de los personajes palatinos dispuesto a manifestarse en sintonía con lo que se opinara en Palacio. «¡Qué cochinos son los políticos!», le dijo. «¡Los más limpios tienen el alma llena de egoísmos!». Al Rey le sobraron en aquellos días las informaciones acerca de lo que sucedía en el seno del partido. Pidal, un ultraconservador que era confidente habitual de Maura, le informó de que en las reuniones de los conservadores la fidelidad a la Monarquía resultaba indudable. Luego le dio cuenta, a través de Romanones, de que se pensaba dejar vacante la jefatura del partido y, en fin, le envió la información procedente de la prensa parisina que fue siempre favorable a la política seguida por el Rey. Fue precisamente Pidal quien propuso redactar una carta a Maura, que fue aprobada por toda la dirección. Durante una reunión de los conservadores en que se tomó esa decisión, Dato concluyó su intervención con sendos vivas al Rey y a Maura. Éste retiró su dimisión pero la cuestión quedó pendiente: seguía diciendo que la voluntad de la Corona estaba «secuestrada»[115].

Con todo lo indicado se explica la actitud pública del Rey, muy clara aunque sólo se manifestara a través de frases que se le atribuyeron. «Cien veces que durante mi reinado se me presenten crisis como la de anteayer —parece que dijo—, cien veces las resolveré de igual forma». Puede haber añadido que se debía desarrollar el programa liberal pese a que, en Consejo de ministros, pronunció también «frases de gran consideración para el Sr. Maura». La prensa liberal española estuvo por completo de acuerdo con la posición del Rey: lo que pretendía Maura era «una locura», señaló El Imparcial. En la prensa conservadora hubo quien se alineó con Maura (ABC), pero nadie se expresó contra el monarca. De cualquier modo el Rey, que no parece haberse visto afectado por la airada reacción del político conservador, le recibió al poco, le explicó que había actuado según los criterios que en su momento le enseñó Santamaría de Paredes y que Maura había expuesto en repetidas ocasiones, y debió de hacer grandes alabanzas de su persona. El dirigente conservador pronto dejó traslucir que su amenaza de abandonar la política no se iba a traducir, por el momento, en actos[116].

La crisis revistió la suficiente importancia como para que la examinemos detenidamente, en especial desde el punto de vista más imparcial que cabe pensar que es el de los representantes diplomáticos extranjeros. Se puede adelantar que, como en el caso de 1909, aun con matices individuales, los embajadores de los países de significación liberal estuvieron de acuerdo con la decisión adoptada por Alfonso XIII. En ello coincidieron con la prensa liberal española en un momento en que tenía lugar la ya narrada visita de Azcárate a Palacio.

El embajador británico aseguró que el Rey al encargar a Romanones la formación del Gobierno le puso como condición que debía procurar que su gabinete obtuviera la aprobación de todos los sectores del liberalismo. La consiguió pero «la aparente unidad del partido de cara a no ser privado del poder es sin duda una pura ficción». Lo sucedido a continuación con Maura era «una extraña secuela». Su documento estaba «oscuramente fraseado» y había causado mucha impresión, pero «por las conversaciones que he tenido con las personas pertenecientes a ambos partidos tiendo a pensar que la opinión pública está claramente a favor del Rey, de quien cree que ha actuado de una forma perfectamente constitucional». Todavía más, añadió al poco tiempo: la posición del dirigente conservador había causado «intensa irritación». Muchos, aseguró, «describen (lo sucedido) como un nuevo punto de partida tendente a colocar a España entre los grandes poderes progresistas (y) como una advertencia a los conservadores de que tienen que poner su casa en orden si quieren volver al poder». «No creo —concluyó el diplomático— que el Rey, como monarca constitucional, desee favorecer a un solo partido en el Estado más que a otro, pero no es demasiado pensar que ha considerado oportuno señalar por un acto muy marcado su desaprobación del acto petulante y desconsiderado del jefe conservador»[117].

El embajador francés consideró que el propio Maura se había organizado «unos funerales de primera clase». El Rey hubiera incumplido su función constitucional en el caso de haber actuado de otra forma; además la dimisión fallida de Maura fue un éxito para la Monarquía que se incrementó aún más cuando al recibir a Azcárate quedaron manifiestas «las tendencias liberales del soberano». El italiano llegó a la conclusión de que Maura había cometido, en materia grave, una ligereza y que la mayor parte de los dirigentes de su partido hubieran preferido que no dimitiera de su cargo pero, caso de hacerlo, se habrían desligado de su decisión. Había debilitado a su partido y empeorado la situación mientras que el monarca, de ideas modernas, había actuado de una forma escrupulosamente constitucional»[118].

Establecido en el poder Romanones, poco pudo adelantar su Gobierno en materia religiosa. La negociación con el Vaticano prosiguió, pero sin llegar al resultado deseable contenido en el programa liberal. El presidente se encontró con problemas en esta materia pero, como en la etapa anterior, no procedieron del monarca. Otra cosa hay que decir, sin embargo, de las damas de la Corte que le visitaron indignadas. Cuando incluso las órdenes militares llegaron a hacer pública una nota de protesta, el Rey se puso al lado del jefe de Gobierno de forma pública. Una nota redactada por el mismo Romanones le atribuyó «haber visto con disgusto y extrañeza el documento», no sólo por considerarlo «injustificado y extemporáneo» sino también impropio de las órdenes militares a cuyo frente él estaba[119].

A finales de mayo de 1913 volvió a hacer acto de presencia en las Cortes la situación de tensión existente entre conservadores y liberales. Maura había vuelto a hablar con el Rey y recibía presiones de otros dirigentes conservadores para volver a la política. Su intervención parlamentaria, no obstante, le alejó del poder. Fue aquélla en que distinguió los uniformes ministeriales de las casacas, «muy honrosas pero distintas, de la servidumbre palatina». En realidad no hizo largas alusiones al Rey sino que, sobre todo, atacó a los liberales cuya llegada al poder había sido un «asalto». La intervención causó tanta impresión que Romanones presentó la dimisión, momento en que el propio Maura aprovechó para desasirse de cualquier responsabilidad respecto de lo que acababa de decir. En estas condiciones, siguiendo las reglas admitidas durante la Restauración, el Rey no le podía encargar el poder pero tenía la seguridad de que se quejaría si se lo entregaba a otro dentro del mismo partido. Tiene razón Romanones al afirmar que tras lo sucedido en este momento no se puede decir que fuera el monarca quien rompió con Maura. Tampoco sería por completo correcto presentar la relación entre ambos como si la ruptura hubiera sido decisión del político, pero éste, por propia voluntad, se alejó, a la vez, del poder y de la dirección de su propio partido. Por lo demás la crisis se resolvió en el único sentido en que era posible. El presidente del Congreso afirmó que un discurso como el de Maura «carece de eficacia para influir en la existencia del Gobierno»; incluso no representaba «nada» desde el punto de vista parlamentario. Maura, según Montero Ríos, presidente del Senado, «no quería desempeñar cerca de este Gobierno las funciones que son propias de una oposición monárquica» pero ésta era una cuestión que la tenía que resolver el partido conservador. El embajador francés escribió que, como los «ultras» de la Restauración, Maura parecía preferir que pereciera la dinastía y no los principios y que estaba creando las condiciones para acabar por ser excluido de modo definitivo del ejercicio del poder[120].

La ocasión parece oportuna para plantear, a título de contraste, la diferente forma de comportarse Maura y Romanones con respecto al Rey. Uno de los embajadores extranjeros encontró una clave psicológica a la que cabe atribuir una importancia objetiva para interpretar la relación entre Alfonso XIII y el primero. Habría una «antonimia entre el carácter de Su Majestad y el del jefe del partido conservador», pues «el Rey, muy respetuoso de las formas y de las reglas del régimen constitucional, cree sin embargo que no tiene que ser marginado de los actos del Gobierno: exige mantener el contacto con el jefe de Gobierno, charlar con él de los problemas, examinarlos y pensar con él las soluciones por más que se tienda a inclinar ante la opinión del jefe del Gobierno». Pero «el carácter de Maura no resultaba propicio a este tipo de trato, por ser muy firme… y no soportar fácilmente la contradicción». «Además —añadió el embajador— ha sido presidente del consejo en una época en que el soberano era más joven… y en sus conversaciones con el Rey había seguido tratándole como un niño. Pero ser considerado como un jefe de Estado con todos sus derechos y prerrogativas es algo que Alfonso XIII no puede soportar». Esta divergencia de caracteres sería creciente con el transcurso del tiempo. Romanones escribió en sus memorias que «Maura se murió sin llegar a conocer al Rey y puede ser que lo mismo aconteciera a éste en relación con Maura», lo que viene a ser algo muy parecido a lo que decía el embajador francés[121].

El político liberal trató siempre a Alfonso XIII de manera muy distinta. No era exactamente una persona cortesana que se plegara en todo a la voluntad del monarca. En su relación, no obstante, dejaba bien claro que había decisiones que a él le correspondían y, si expresaba su opinión sobre otras, lo hacía con reserva sobre los poderes del monarca. En una ocasión, cuando los seguidores de otra tendencia en el liberalismo pretendieron nombrar senadores vitalicios, le aseguró que, si llevaban «la firma de V. M., para mí sagrada, no serán discutidos», pero que esos nombramientos debían hacerse por consenso[122]. Conocedor de que el Rey gustaba de estar informado hasta de cuestiones menores, le bombardeaba con información; en cada ocasión en que tenía que tomar una decisión grave le adelantaba su juicio por escrito para que lo meditara previamente y discutirlo luego. El Rey, por otro lado, se expresaba con un cierto tono de complicidad con él pero también influía en el reparto de las carteras ministeriales: a mediados de junio de 1913, con ocasión de una remodelación gubernamental, sugirió un cambio en las responsabilidades de dos ministros (Ruiz Giménez y Borbolla) y se cumplieron sus consejos. La complicidad se extendía a la hora de comunicar al presidente las conversaciones con otros monarcas (como, por ejemplo, el decisivo Rey de Gran Bretaña). También se refería a los grupos políticos distintos del liberal que estaba en el poder. «Ha venido a almorzar Maura con quien he conferenciado encontrándolo misma actitud ya conocemos», telegrafió Alfonso XIII a mediados de agosto de ese año[123]. En suma la actitud de Maura hubiera facilitado, caso de existir un electorado no controlable desde el Ministerio de Gobernación, que el régimen de la doble confianza se transformara, a través de la costumbre, en democrático, pero el tipo de comportamiento de Romanones era el más propio del sistema político de la Restauración.

Lo peculiar de la situación abierta en 1913 era que la división de los partidos tendía a multiplicar la posibilidad o incluso la probabilidad de la intervención del Rey. Romanones le atribuyó un propósito de dividir el partido liberal, pero sin más argumento que los dos días en que García Prieto fue presidente antes de serlo él. En cambio no reconoció ni las facilidades que Alfonso XIII le dio firmando el decreto por el que se admitía la dimisión de alguno de sus adversarios de cargos importantes, volcando así su apoyo sobre su opción dentro del liberalismo. Tampoco tuvo en cuenta que a partir de un determinado momento, cuando se hizo palmaria la división del partido liberal en dos tendencias, acaudillada la adversaria por García Prieto, de hecho convirtió al Rey en una especie de árbitro entre ellas. En última instancia Alfonso XIII hubo de actuar como tal a la hora de determinar si el peso de cada tendencia liberal en el Gobierno era suficiente para la estabilidad gubernamental. En los escritos de Romanones se presentaba una división aritmética de la mayoría liberal que podía ser subjetiva, sobre todo teniendo en cuenta que a los partidarios de García Prieto los consideraba como «una amalgama de negaciones, una suma de las pasiones más míseras que siempre han dominado en la política»[124]. No puede extrañar en estas condiciones que, estando de vacaciones el monarca, recabara a los palatinos que habían quedado en Madrid noticias acerca de la evolución interna de cada uno de los grupos en que se dividían los liberales. Debió también impedir que dimitieran los cargos ministeriales de segunda fila, como subsecretarios, cuando creía que su permanencia en el puesto resultaba imprescindible[125].

En lo que no parece que hubiera un cambio sustancial por más que se produjera la crisis de los partidos fue en lo relativo a la cartera de Guerra y los nombramientos militares. Desempeñó esta responsabilidad ministerial durante el periodo de Gobierno de Romanones el general Agustín Luque, una de las figuras más destacadas del generalato liberal. Era una persona de carácter fuerte que no pedía consejo ni tampoco daba la sensación de ser muy receptivo para recibirlos. No dudaba en calificar a generales como «inconscientes» o «ciegos» cuando se lo parecían. Pero aun así en materia de nombramientos militares concedía hasta tal punto que la responsabilidad le correspondía al Rey, que después de hacer una propuesta le ofrecía una alternativa y le enviaba los dos decretos para que el monarca firmara el que le pareciera. En otras ocasiones le ofreció decretos de nombramiento con los nombres en blanco para que fuera él quien los rellenara. Cuando hacía una propuesta siempre era «salvo el más ilustrado parecer de V. M.». Descendía, además, a las cuestiones más de detalle de la Administración militar como comunicarle la repatriación de un batallón a pesar de que «por las marrullerías de los moros» el camino hacia la paz definitiva en la zona de Melilla no se presentaba fácil o que había «arañado unas pesetejas para que la guarnición de Madrid se ejercite haciendo modestos simulacros». Incluso las recompensas de los suboficiales pasaban por las manos del Rey. Aun así se establecía al menos una diferencia entre las medidas de menor y las de mayor importancia, de modo que sólo éstas quedaban por completo al arbitrio del Rey[126].

La crisis interna del liberalismo se debió a motivos en parte programáticos, como la aprobación de las Mancomunidades, pero también a puro faccionalismo. La de los conservadores quizá estuvo más influida por el primer factor, pero el segundo también era una realidad en el partido. La mayor parte de sus dirigentes ya habían expresado una posición que suponía mantener el respeto por Maura pero no seguirle en su postura en relación con el partido liberal y con el sistema político de la Restauración. Cuando se produjo la crisis del Gobierno liberal a finales de octubre de 1913, todos los protagonistas —Alfonso XIII, Maura, Romanones y Dato— conocían cuál iba a ser el desenlace. No hubo conspiración contra Maura ni tampoco éste se mostró inconsecuente, pues mantuvo lo que siempre había dicho. El resultado no podría ser otro que el encargo del poder a Dato. Maura se ausentó de Madrid para evitar comprometerse de cualquier modo[127].

La crisis de octubre de 1913, prevista desde hacía tiempo tanto en su desarrollo como en sus resultados, no fue objeto de comentarios tan apasionados y contradictorios como la de comienzos de año. Se ironizó entre los embajadores extranjeros acerca del curioso final que había tenido la insurrección de los garciaprietistas con Romanones, pues no habían hecho otra cosa que abrir el camino a los conservadores. De nuevo se consideró triunfante al Rey, mientras —contó el embajador italiano— Maura había tenido que ser protegido cuando acudió a Palacio a dar cuenta de su opinión. El británico juzgó que Maura había exigido poco menos que un cheque en blanco. «El Rey —añadió— sabiamente se negó a dárselo sabiendo bien que al colocarse como sometido a un hombre de Estado mirado con particular antipatía por los elementos liberales avanzados sería tan peligroso para la Monarquía como para el país»[128].

Por más que la solución pareciera obvia, la ocasión era decisiva en la Historia de la Restauración. La propia Reina María Cristina guardó entre sus papeles un artículo publicado por el diario oficial del partido conservador en el que se aseguraba que nadie había derribado a Maura; es una de las escasas pruebas de que interviniera o se interesara siquiera por la política una vez que concluyó la Regencia. Otro personaje de la familia real se expresó despectivamente con respecto al «cadete» Maura. Según el nuncio los resultados de la crisis hacían pensar que pronto se formarían dos nuevos partidos: uno, católico, que dirigiría Maura, y otro anticlerical. Se iba a producir, pues, un cambio decisivo en el sistema político español. Maura se entrevistó con él a finales de 1913: le dijo que al Gobierno Dato «podía derribarlo cuando quisiera» pero el nuncio pensó que la vida del ejecutivo no sería muy corta. Constató, además, que los elementos católicos, que en otro momento no estaban de acuerdo con él por resultar demasiado liberal, ahora, en cambio, se sumaban a sus filas. Sin embargo, lo que llama más la atención es que, espectáculo inédito, el representante del Papa se había convertido en crítico del Rey. Alfonso XIII habría dicho sobre el dirigente político que «Maura vive en el cielo y yo debo gobernar en la tierra». Pero para el nuncio Alfonso XIII, aunque Rey constitucional, quería mantener al Gobierno estrechamente controlado y, además, sería partidario de «engañar a la revolución más que de enfrentarse con ella»[129]. Aquélla era, ciertamente, una «extraña situación», como escribió el embajador italiano en España, señalando que el hijo del antiguo dirigente del partido conservador atacaba con dureza a un Gobierno que se atribuía tal significación. La interpretación que dio es que el monarca persistía —«y no es pequeño mérito dadas las influencias que lo rodean», añadió— «en sus tendencias liberales»[130].

¿Cuál era, a todo esto, la postura del Rey? Los indicios de que disponemos hacen pensar que trató de reconstruir la unidad de los conservadores. Recibió, por ejemplo, reiteradas informaciones de elementos independientes en el seno de esta opción política que transmiten esta sensación. En abril de 1914 escribió a uno de los personajes palatinos, Marín Lázaro, un diputado clerical por Madrid que describía su propia postura como la de quien «no tenía más interés que el de nuestras creencias y nuestra patria». Llegaba a la conclusión de que «sería muy probable» la realización del pensamiento de su corresponsal, «esto es que la solución más conveniente para el bien público surgiere como cosa espontánea de los acontecimientos mismos, sin necesidad de que arriba hiciesen violencia alguna». En su opinión los otros candidatos a la dirección del partido estaban desapareciendo como alternativa y Maura podría volver a imponerse[131]. Por esa misma época un informe, en esta ocasión anónimo, llamaba la atención sobre que el maurismo desde un principio aparecía dividido en tendencias; en él se le atribuía al Rey un «papel esencialísimo» en la reconstrucción de la unidad del conservadurismo[132].

Quien acertó en lo que respecta al protagonismo de Maura en la política española fue, sin duda, Romanones, que se la describió de forma indirecta al propio monarca, a través del marqués de Viana: «Su actitud —indicó— es hoy el peligro mayor lo mismo para este Gobierno que para todo otro que se formara porque Maura, quedándose de verbo suelto sin las responsabilidades de un partido y sin aquellas que trae consigo el volver a ser Gobierno, será para todos una amenaza y un estorbo pues tendrá una libertad de movimientos que, unida a su fuerza natural como orador, no dejará a los que se sientan en el banco azul un día tranquilo». Además «como el hombre entre sus virtudes no tiene la modestia a estas horas es seguro que se considerará como un ser sobrenatural que no admite comparación ni alternativa con ningún humano»[133].

Mientras tanto a la altura de 1914 se habían hecho presentes también y de forma inequívoca los inconvenientes que para el Rey y para el sistema político tenía la división de los partidos. Su fragilidad y división arrojaba sobre él unas responsabilidades que antes no habían existido, eran inventadas o de las que por lo menos se podía pensar que resultaran decrecientes con el transcurso del tiempo. A este respecto pueden citarse algunos ejemplos. Es posible, en primer lugar, que en las nuevas circunstancias se atribuyeran al monarca decisiones que en absoluto eran suyas. Con ocasión de las elecciones de 1914 un presidente de sala del Tribunal Supremo que se presentaba como candidato preguntó a un palatino si, como se le había dicho, un aristócrata contrincante por su escaño había adquirido tal carácter a propuesta del Rey[134]. Pero sobre todo, quizá por las circunstancias coincidentes de la debilidad de la política de los partidos y de las operaciones de Marruecos, el monarca ratificó su papel, ya muy relevante, de cara al ejército. Pronto empezó a recibir propuestas sobre la organización militar que ni siquiera figuraban en los programas gubernamentales ni tampoco en los partidistas[135]. Podían ser más o menos acertadas pero sin duda lo sensato hubiera sido que no fueran remitidas de forma directa al Rey. Todavía hubo algo peor. Un decreto del Ministerio de la Guerra permitió a comienzos de 1914 a todos los oficiales dirigirse al Rey «sin intervención de persona alguna». El decreto, obra de Echagüe, muy adicto a doña María Cristina, describía la relación del Rey con el ejército de un modo que reflejaba de forma estricta la realidad: el decreto partía de que el Rey intervenía «directa y constantemente… en la concesión de mandos y ascensos». Los romanonistas, a través del Diario Universal, señalaron que aunque la Constitución lo prescribiera de esa forma también para cualquier nombramiento resultaba imprescindible el refrendo de un ministro; su jefe, sin embargo, había actuado de manera muy parecida a como les atribuía a otros. Los conservadores arguyeron que el decreto proporcionaba una forma de convertir en más frecuente y, por lo tanto, más cordial la relación entre la Corona y el ejército. El papel del Rey en la promoción de la oficialidad era ya «grandísimo y absorbente», pero no iba a crecer más por el decreto. La «gran popularidad» de la dinastía entre la oficialidad era «un elemento de fuerza» para el sistema[136]. Pero con ello el Rey dejaba de ser intermediario entre la política civil y los militares, lo que implicaba que su actuación podía ser controvertida, con las consecuencias previsibles para el propio sistema político.

Hay muchas pruebas de ese desbordamiento de la función atribuida al monarca respecto del mundo militar. En 1916 escribió al Rey quien habría de desempeñar un importante papel político, del que todavía estaba muy distante: nada menos que Miguel Primo de Rivera. Éste le transmitió al monarca un trabajo y el Rey le respondió con unas amables palabras: «Sabes la atención que presto a estas materias de vital importancia para la Patria y me complazco en felicitarte muy de corazón por la inteligente cooperación que prestas poniendo tu pluma al servicio de lo que más puede importar a todo español y buen soldado»[137]. Más adelante Alfonso XIII mantuvo correspondencia con el general Barrera, felicitándole por sus iniciativas relacionadas con la vida militar pero también por alguna acción que tenía que ver con el empleo de los reclutas en tareas civiles relativas a la agricultura[138]. Eran frases amables, pero que denotaban que el Rey iba siendo absorbido por la dedicación a las cuestiones militares cuando la Monarquía se enfrentaba a graves críticas por razones que derivaban de su gestión de estos asuntos.

LA VIDA COTIDIANA DE LA CORTE

Conviene ahora detenerse, antes de abordar la Guerra Mundial, que supuso un giro histórico para la España de la época, en la vida del monarca y en la descripción de su entorno, en unos años en que el carácter del Rey y el ambiente en que se desenvolvía terminaban de perfilarse.

Sin duda lo primero que se debe recalcar es la popularidad del monarca. Según los testimonios británicos los acontecimientos de 1909 le causaron una profunda conmoción; durante meses se abstuvo de jugar al polo y de practicar lo que entonces se denominaba yatching. Se comentó incluso que había querido ir a Melilla durante la campaña y, aunque no lo hizo, acabó por visitarla en 1911. A diferencia de lo sucedido durante el Gobierno Maura, las controversias ocurridas en torno a Canalejas no le afectaron de forma directa. De este modo el bache por el que pasó la institución monárquica fue superado: los observadores extranjeros afirmaban que los viajes por provincias multiplicaban la popularidad de los Reyes. Hubo, en cambio, rumores de empeoramiento del estado de salud de Alfonso XIII en torno a 1910, pero los informes diplomáticos los desmintieron, pues «si Alfonso XIII sufriera una enfermedad cualquiera no llevaría una vida tan activa, necesaria para su temperamento y para su salud». En realidad sólo tuvo que viajar a Burdeos a visitar a un especialista del oído en tres ocasiones; se dijo que padeció una afección como consecuencia de un petardo que le cayó cerca durante una visita a Valencia. Parece que también la popularidad de doña Victoria Eugenia mejoró durante estos años. La cuestión interesó de forma especial a los diplomáticos británicos, quienes atribuyeron el hecho al desempeño por parte de la Reina de tareas caritativas mientras duró la guerra de Marruecos y a su posterior labor de apoyo a los necesitados. Tuvo, en efecto, un protagonismo muy activo durante el resto de sus días en la promoción de la Cruz Roja o la Liga antituberculosa. Practicaba, de acuerdo con esas mismas fuentes, una «abstinencia llena de tacto» en materias políticas, quizá debido a que no le interesaban en absoluto. De hecho, excepto durante la Dictadura, no cabe atribuirle ninguna intervención en estos temas e incluso entonces fueron muy contadas. En cambio, aunque alejada del primer plano, la Reina Madre, como reflejan los testimonios que se pueden rastrear entre sus papeles, tuvo muy en cuenta estas cuestiones, en las que probablemente aconsejó a su hijo. Caracterizaba también a doña Victoria Eugenia una «ejemplar vida doméstica» que, como comprobaremos, su marido abandonaría a partir de un determinado momento[139].

La Reina tuvo hasta siete embarazos en siete años. Éstos se sucedieron como sigue: Alfonso nació en 1907, Jaime en 1908, en 1909 lo hizo Beatriz, en 1910 nació un niño muerto, en 1911 nació Cristina, en 1913 Juan y en 1914 Gonzalo. Según una fuente dudosa, obra de un historiador no profesional inspirado en las involuntarias revelaciones de la Reina a una periodista sensacionalista, fue en 1911 cuando empezaron a producirse dificultades en el matrimonio. Sin duda desempeñó en ellas un papel importante la enfermedad —hemofilia— que afectó a dos de los varones, de la que el Rey culpó a su mujer. Durante mucho tiempo corrieron rumores sobre el tema, pero en los libros oficiosos escritos durante el periodo se dijo que los vástagos de la familia real eran «perfectamente normales». En cuanto a la vida amorosa del monarca es poco lo que se puede decir y probablemente tiene un escaso interés desde el punto de vista de la Historia política. Resulta verosímil la afirmación de quien le conoció: mientras que a su padre se le señalaron muchas aventuras amorosas a Alfonso XIII se le atribuyeron pocas y la mayor parte de ellas apócrifas. La relación más duradera fue la que mantuvo con la actriz Carmen Ruiz Moragas, a la que retrató a lápiz Daniel Vázquez Díaz, y con la que tuvo dos hijos llamados Leandro y Teresa. Quien pudo leer la correspondencia entre ambos ha escrito que en ella nada había de escandaloso y sí algunas preocupaciones políticas del Rey. También parece haber tenido una amante francesa apellidada Villmorin.

A raíz de estas cuestiones, el trato en la pareja real se hizo desconsiderado y abrupto por parte del monarca. Con el paso del tiempo, ya en la I Guerra Mundial, la separación de los cónyuges se acentuó: no se veían apenas y casi siempre lo hacían en público. La Reina emprendía a solas frecuentes viajes a Inglaterra; en otras ocasiones partía a Málaga en compañía de sus hijos junto a la princesa Beatriz, su madre. Es posible que, como en muchos casos de esposas desgraciadas, tratara de compensar la carencia de afecto con la vuelta al amor materno[140].

Del resto de la familia real conviene también ofrecer alguna información que completa el retrato del ambiente cortesano. Ya sabemos de la temprana muerte de las dos hermanas del Rey e incluso de los sentimientos que le expresó en el segundo de los casos al pintor Sorolla. Don Carlos, llamado «Nino», se casó, tres años después de enviudar de la Infanta Mercedes, con la Princesa Luisa de Francia; le veremos reaparecer en esta biografía como autoridad militar y hasta cierto punto política. La Infanta María Teresa se casó con Fernando de Baviera y también murió a una edad temprana. El primo hermano del Rey, el Infante Alfonso de Orleans y Borbón, llamado «Ali», nieto de la hermana de Isabel II, Infanta María Luisa de Borbón, y casado con la Princesa Beatriz, hija menor del Duque de Edimburgo, hubiera podido desempeñar un papel semejante al de don Carlos, como prueba el hecho de que el Rey pensara en él para representarle en la boda de don Manuel II, el Rey exiliado de Portugal. Militar y artífice de la aviación española, por un enfrentamiento que no hemos podido aclarar en 1919 se quejaba de haber sido obligado a abandonar Madrid hacía tres años; según escribió, sólo cuarenta días al año podía vivir en un hotel en St. Moritz como exigía su categoría, pero recibía cantidades procedentes de la «lista civil» del monarca[141].

No fue éste el único conflicto familiar que padeció Alfonso XIII. En 1911 tuvo lugar la ruptura de la Infanta doña Eulalia, tía del monarca, con la familia real. Fue el propio Rey quien ordenó dar a la publicidad la correspondencia cruzada con la Infanta. La prensa se quejó de que, en unas memorias que fueron publicadas en un periódico británico, se pronunciaba en términos muy poco gratos para el orgullo nacional: en realidad insistía en esa imagen de la «España negra» que había hecho furor desde principios de siglo y, sobre todo, en torno a 1909. Lo peregrino del caso era que, al mismo tiempo, recibía una dotación del Estado como miembro de la familia real y pedía que a su hijo, oficial del ejército, se le otorgara una recompensa como consecuencia de su participación en la campaña de Melilla. La Infanta, que acabó sometiéndose a la autoridad del jefe de la familia, era un personaje curioso que había tenido la valentía de separarse de su marido; sus memorias dejan, sin embargo, una sensación de ambigüedad, pues revelan una mente femenina excepcionalmente abierta para la época y para su rango, y, al mismo tiempo, una gran frivolidad. Afirma que en la Corte española los nobles fueron alzando una muralla entre la Monarquía y los intelectuales y ambos fueron extraños, primero, y enemigos más tarde, lo que no deja de ser cierto, al menos en parte y desde un momento concreto.También trata de sus amistades liberales, como Altamira, y su visión del Portugal cercano a la revolución, pero, al mismo tiempo, su libro contiene alabanzas a Mussolini, a quien ponía como modelo para España[142].

Éste es un buen momento para analizar hasta qué punto se consolidó la modernización de la Corte que había supuesto la llegada a Madrid de doña Victoria Eugenia. Precisamente la citada Infanta cuenta en sus memorias que hacia estos años se desató «un verdadero frenesí» por todo tipo de deportes entre las clases altas. La modernidad de la Corte se pudo apreciar también en la aparición del cine como medio de distracción; se mantuvo asimismo la anglofilia[143]. Ausentarse de España para los Reyes quería decir casi inevitablemente estar en Gran Bretaña (o en las pequeñas poblaciones vascas de la costa francesa). El embajador británico encontró a Alfonso XIII muy afectado por la muerte de Eduardo VII, a quien profesaba una gran simpatía y pedía consejo. En ocasiones la Corte española, en la que había un ambiente dominado por el tradicionalismo, proporcionaba también sorpresas como el nombramiento de condesa en favor de Emilia Pardo Bazán, título que no hubiera recibido en la Gran Bretaña de entonces.

Quizá lo más característico de este periodo fue la voluntad de aparecer o ser una Monarquía cercana a la izquierda de la época. Era, por supuesto, un estilo y una estrategia política de Alfonso XIII. En septiembre de 1911 la prensa publicó que el Rey, buen fisonomista siempre, había saludado a una persona de significación republicana y le había dicho: «Tengo satisfacción en saludar un republicano como usted. Usted aboga por la libertad y ¡crea Usted que yo soy bastante liberal!». Pero se trataba también de toda una actitud de la Corte. Dos meses después la Infanta Paz publicaba un artículo en la prensa en el que se hacía alusión a las ideas republicanas y se las combatía. El mero hecho de que lo hubiera manifestado en los periódicos le valió los elogios de El Liberal, un periódico mucho más cercano a la República que a la Monarquía[144]. Claro está que esta actitud no se prolongó después de la I Guerra Mundial.

¿Cuál era la vida cotidiana de Alfonso XIII? La conocemos con toda minucia pues se llevaban diarios detallados de ella[145]. Era la de un burócrata que en determinados momentos se convertía en deportista. Se levantaba pronto y recibía al presidente del Consejo por la mañana a primera hora; parece que la iniciativa sobre tan temprano contacto la tomó Maura cuando ocupaba el cargo. Luego recibía a los ministros siguiendo un orden preestablecido y siempre por parejas excepto los jueves, en que tenía lugar el Consejo de Ministros, presidido por él mismo. El lunes recibía a los ministros de Estado y Gracia y Justicia, el martes a los de Guerra y Marina, el miércoles a los de Hacienda y Gobernación, el viernes a los de Instrucción Pública, Fomento y Trabajo (cuando existió esta cartera). Tanta asiduidad con el ejecutivo indica que estaba informado y hasta cierto punto era copartícipe de toda la tarea gubernamental aunque su actividad se ciñera a determinados aspectos. Romanones explicó en 1913 que el Rey no daba «orientaciones», pero sí «insinuaciones». Luego venían las audiencias por un espacio de dos horas: los lunes, miércoles y viernes tenían lugar las militares, y los martes y jueves, las civiles. Resulta muy significativo que fueran más numerosas las primeras que las segundas. Tras la comida, a la una y media, hora un tanto sorprendente, el Rey empleaba su tiempo en un partido de polo, una partida de caza y el paseo a caballo o en automóvil por El Pardo, donde visitaba las explotaciones agrícolas experimentales. Regresaba a la hora del té, a las cinco, en que se solía reunir la familia, como para el desayuno y la comida. Luego, aunque en ocasiones podía dedicar la tarde al deporte, recibía a los personajes palatinos como Torres, su secretario personal, y después de la cena, a las nueve o nueve y media, iba al teatro o jugaba al bridge o al billar, oía la radio o tenía una sesión de cinematógrafo[146]. A pesar de la inmensidad de Palacio, cuyo exterior agradable contrasta en el interior con unos patios muy lóbregos, Alfonso XIII tenía como habitaciones privadas tan sólo cuatro situadas de cara a la calle de Bailén.

Como es natural a lo largo del año el reparto del tiempo variaba. Aparte de los larguísimos veranos, que habitualmente incluían un viaje a Gran Bretaña, la familia real acostumbraba a estar en Sevilla durante la semana de Resurrección. Lo que no cambiaba era, por el contrario, el hecho de que el Rey hablaba muy poco en público. Estuvo dotado de facilidad de palabra y en ocasiones improvisó intervenciones, pero éstas solían ser protocolarias y muy generales. A los discursos de la Corona o a sus parlamentos en la recepción del día de su santo en enero no cabe atribuirles significación especial[147]. En cambio fue el primer monarca español que concedió entrevistas y sus frases anecdóticas resultaron imprescindibles para acuñar un estilo.

Un aspecto interesante de la biografía de Alfonso XIII es el de su fortuna, en tanto que revela aspectos de la concepción y la realidad de la Monarquía. La Casa Real tenía en los presupuestos españoles mayor dotación que los Cuerpos colegisladores, pero representaba un porcentaje semejante al de la Monarquía italiana. Como es natural con esos fondos el Rey debía atender a las obras de reparación y mantenimiento del Patrimonio Real y de las 3.200 personas que trabajaban para él, pero le quedaba un remanente con el que pudo crearse una fortuna. Aparte de la personal de doña María Cristina, el Rey, dadas las circunstancias de su vida, como monarca desde su mismo nacimiento, llegó a tener unos 41 millones de pesetas de patrimonio personal, cifra que equivaldría a unos 8.200 de mediados de los años ochenta del siglo XX. A lo largo de su vida había triplicado la cantidad inicial no gastada por su madre: lo logró a través de inversiones en sesenta empresas industriales y comerciales de todo tipo. Estas colocaciones de capital se exhibían y no se ocultaban. El monarca actuaba como promotor de determinados tipos de proyectos que consideraba útiles: la iniciativa de construir el ferrocarril metropolitano de Madrid, el metro, no hubiera sido posible sin él[148]. El Rey no recibió acciones liberadas ni hizo negocios dudosos; ninguna señal de ello pudieron encontrar los republicanos a partir de 1931.

Se ha asegurado que las inversiones del Rey testimonian la modernidad de la Monarquía, pero ésa es una conclusión excesiva. Lo que puede probarla es el estilo del monarca o ese basarse en la «simpatía y actos propios» que le mencionó al Rey de Portugal. Aparte de las que considerara de interés nacional, Alfonso XIII hacía las inversiones que le daban mayor rentabilidad y eso no reviste ningún rasgo de especial modernidad sino de simple racionalidad; algo parecido realizaban los nobles españoles del XVI o del XVIII. La Monarquía, por el contrario, mantenía aspectos patrimoniales que la ligaban al pasado. Funcionarios palatinos que al mismo tiempo llevaban a cabo misiones políticas administraban esas inversiones de carácter privado con el peligro consiguiente de caer en concomitancias vidriosas. A veces la visión de la institución de la Corona como una propiedad privada llevaba hasta extremos inesperados pues se trasladaba al Estado. Cuando se le ofreció al monarca la posibilidad de adquirir propiedades en Florida para sus hijos, quien dio la información fue la embajada española en Washington, que hubo también de aprovisionar al monarca de cartuchos de caza[149]. Llama la atención cómo, en el Archivo de Palacio, se mezcla la documentación de carácter público con la que es en realidad estrictamente privada. Hay que tener en cuenta que, como en toda la vida social y política española del momento, la Monarquía practicaba tambien el clientelismo. Ya sabemos que a principios de siglo los empleados palatinos eran presionados de cara a las elecciones y que el Rey intervenía en los nombramientos militares, pero además se recibieron en Palacio peticiones de que los gobernadores ayudaran en las elecciones a los candidatos monárquicos contra los antimonárquicos[150].

En relación con la fortuna de Alfonso XIII es necesario igualmente hacer mención de sus amistades personales. Aunque siguieron siendo los círculos aristocráticos, militares y palatinos también lo fueron los nuevos ricos, en especial vascos y catalanes, como el ya citado Güell, que surgieron en el momento del estallido de la Guerra Mundial. Resultaron un descubrimiento para él que, en sus años más jóvenes, reconocía ignorar el mundo de las grandes fortunas industriales contemporáneas, y con ellos acabó anudando estrecha amistad y compañerismo en los deportes náuticos, en especial a partir de estos momentos.

Véase, por ejemplo, lo que le escribió a uno de ellos, Enrique Careaga:

Cansados mis pobres ojos del esfuerzo necesario para descifrar tu engañosa letra y temiendo que llegue el día en que no pudiera leerla me he decidido a regalarte una máquina de escribir marca «Corona» de dimensiones apropiadas para que no tengas nunca que separarte de ella. Espero, mi querido gabarrero, que la utilices en toda ocasión y momento lo que me retrasará por unos años el uso de anteojos. Confiando en que pronto manejarás la máquina con tanta soltura como un (yate de) seis metros recibe un abrazo[151].

Representaban a una porción emergente de la sociedad vasca pero también suponían la exclusión de otro sector. Eran muy contrarios al nacionalismo: alguno de ellos, refiriéndose a su adversario electoral, añadió al apellido Sota, de uno de sus dirigentes, un «de oros», entre despectivo e irónico: todos trataban de influir en que los puestos eclesiásticos fueran ocupados por personas de «ideas patrióticas». Algunos obtuvieron títulos nobiliarios. En el de Víctor Chávarri —Marqués de Triano— influyó la «labor favorable para el desarrollo de la riqueza industrial y mercantil de Vizcaya», pero también la Liga Monárquica de Vizcaya; hizo incluso, a sugerencia de Palacio, un donativo de 300.000 francos para adquirir un edificio destinado a convertirse en el Hospital español en la capital gala[152].

Con el comienzo de la I Guerra Mundial concluyó la etapa de la vida de Alfonso XIII en que estuvo en más inmediato peligro de morir como consecuencia de un atentado. En abril de 1913 el Rey sufrió el tercero importante (y quinto en total). El suceso se produjo en un momento en que presidía la jura de la bandera, que ese año revestía una especial importancia. Dada la nueva ordenación legal, por vez primera los hijos de familias acomodadas prestaban el juramento; además habían venido a tomar parte en el acto, también por vez primera, las fuerzas indígenas marroquíes. Había habido rumores previos de que el Rey podía ser objeto de un atentado. Tras haber pasado revista el monarca a las tropas en la calle de Alcalá, un individuo, del que luego se descubrió que se llamaba Sancho Alegre y era un anarquista barcelonés, le disparó tres veces con un revólver. El Rey hizo que el caballo levantara las patas delanteras y con ello evitó ser alcanzado. Luego, mientras era reducido el terrorista, al que la multitud quiso linchar según alguno de los testigos presentes, tras comprobar el estado de su caballo, volvió a montarlo y continuó hasta Palacio en medio de los aplausos del público. Allí le enseñaría al embajador italiano el guante izquierdo, todavía chamuscado por la bala que había rozado al animal. De los presentes era el único que no aparentaba emoción mientras que las Reinas y, en especial, la Reina Madre la mostraban vivísima. Cuando el diplomático italiano le expresó su admiración se limitó a responderle que no hacía nada distinto que su Rey. Con ocasión del intento de regicidio Alfonso XIII recibió testimonios de condolencia de personas tan distintas como D. Jaime de Borbón, el pretendiente dinástico de los tradicionalistas, y Azcárate. Aunque profirió gritos anarquistas parece que el aspirante a regicida era también una persona con problemás mentales[153].

El Rey no volvería a ser objeto de un atentado personal anarquista. Un informe que le fue entregado a comienzos de 1914 confirmó que el asesino de Canalejas, dos años antes, le había tenido a él como objetivo porque «España estaba desacreditada en Europa y sus gobernantes desprestigiados y (eran) odiados por el elemento revolucionario». En el documento se preveía que los anarquistas perderían fuerza en los próximos años. No fue así, pero del magnicidio pasaron a otras formas de actuación y ello alejó de Alfonso XIII el peligro inmediato[154].

LA GUERRA MUNDIAL

Poco después del último atentado, en mayo de 1913, España entró en los prolegómenos de la definición de su actitud ante un conflicto europeo que parecía inevitable. En ello desempeñó un papel muy importante el monarca. En aquella fecha Alfonso XIII viajó a la capital francesa, siendo objeto de discusión en la prensa la posibilidad de que España se inclinara en exceso a favor de ese país y de este modo pusiera en peligro su posible colaboración con otros. La información diplomática británica recogió el hecho de que la cuestión había sido largamente debatida y que los españoles temían dar la sensación de que se alejaban en exceso de Alemania. Había sido Romanones, entonces presidente, el principal impulsor del viaje y quien le dio un contenido más ideológico: fue partidario ya antes de que un Rey «tan liberal, tan enamorado del progreso» acudiera a ese país al objeto de conseguir llegar a tener con ella «una completa entente». Pasados unos meses, ya en septiembre, el Rey insistió en la necesidad de que España y Francia estuvieran de acuerdo en Marruecos y en octubre vino a España Poincaré, el presidente de la República francesa; su estancia no parece haber tenido otro propósito que el de ratificar la buena amistad existente entre los dos países. Quizá, no obstante, por parte de Alfonso XIII se pudo dar seguridades, que luego recordaría durante la Guerra Mundial, de que Francia podía tener desguarnecida la frontera de los Pirineos en caso de conflicto[155]. Es concebible que también se hiciera mención de las reivindicaciones españolas en Marruecos (Tánger, principalmente) o, en términos vagos, sobre Portugal. No debió de ser más que un tanteo protagonizado por el Rey pero del que no parece que pudiera ser por completo ajeno el Gobierno.

Las posibilidades de que se atendieran por Francia e Inglaterra estas peticiones eran remotas porque no sólo afectaban a intereses propios sino que la contrapartida de colaboración bélica española les parecía carente de interés. El embajador francés presentó a Alfonso XIII en el verano de 1913 como «el más francés de los españoles». Francia, no obstante, con respecto a España no estaba interesada en otra cosa que en la benevolencia ante un posible transporte rápido de las tropas coloniales francesas por sus aguas. Un documento secreto de la Marina británica sobre «España y la Triple Entente» afirmaba que si esta última contara con 50.000 hombres más en el Mediterráneo, eso constituiría una ayuda considerable en caso de alinearse Italia con las potencias centrales. Sin embargo la marina española no se había recuperado del desastre del 98, de modo que sólo la utilización de los puertos sería de interés para Gran Bretaña[156].

Además de estos contactos con Francia, Alfonso XIII también los mantuvo con los Imperios centrales. A finales de 1913, en un momento en que, como en otras ocasiones, se rumoreaba acerca de sus supuestas enfermedades, estuvo en Austria para asistir a una cacería y con este motivo se entrevistó con el Emperador austriaco y otras autoridades. No hubo más que especulaciones vagas acerca del contenido de la conversación, admitiéndose a lo sumo que el monarca podía haber tratado de dar satisfacciones a los Imperios centrales tras haber testimoniado tanta cercanía con los países de la «Entente». Al presidente de entonces, Dato, le escribió el Rey molesto porque en Austria se hubiera dado por supuesto que España debía estar con las monarquías; repuso que de nada le había servido a España ese apoyo en 1898[157]. Ya entonces estaba decantado a favor de la Entente.

Los contactos que el Rey tuvo a lo largo de los primeros meses de 1914 confirman definitivamente que se inclinaba hacia Francia y Gran Bretaña como, por otro lado, correspondía a la tradición de la política exterior española. Al embajador francés le alabó el esfuerzo de preparación militar de su país mientras le hablaba con cierta severidad respecto de la británica. Mucho más agriamente se expresó en relación con los alemanes. «Estas gentes —le dijo al agregado militar francés— se infiltran por todas partes con su pesadez acostumbrada». Al mismo tiempo le presentaba reivindicaciones como, por ejemplo, la igualdad de ambos países en Tánger. En marzo de 1914 estuvo en Madrid el general Lyautey, admirado en nuestro país pero tan poco propicio hacia España como ya sabemos. Hasta cuatro veces se entrevistó el militar francés con el Rey. La embajada francesa pensó que los españoles, «oyentes desconfiados», habían quedado, al fin, satisfechos en su amor propio[158].

Como es lógico hubo nerviosismo en la prensa española durante las semanas precedentes al conflicto. Se le reprocharon al Rey, por parte de los socialistas, declaraciones de tono belicista o el hecho de permanecer demasiado tiempo a la expectativa en Santander. Pero su decisión, que fue la de toda la clase dirigente española, estaba ya tomada. En la propia familia real resultaba imprescindible la neutralidad: los diplomáticos franceses constataron pronto que la regente era «observadora rigurosa» de la misma». También ella se vio obligada por la debilidad militar, y por ello fue igualmente un acierto el pronunciamiento en esos términos[159].

El papel del Rey en la política internacional durante el periodo bélico resultó desde un principio muy importante. Lo prueban los antecedentes señalados pero también alguna anécdota lo complementa. El embajador en París fue cesado fulminantemente en septiembre de 1914 y se lo atribuyó al Rey acudiendo a él «como el perro fiel que lame la mano que con razón o sin ella le castiga» y «besando sus reales pies»; en realidad parece que había querido ausentarse de París durante el conflicto[160]. El examen de la correspondencia cruzada entre el ministro de Estado del Gobierno Dato, el marqués de Lema, permite constatar que el monarca estuvo siempre muy puntualmente informado. A veces le escribía tres cartas en un mes y todas ellas iban acompañadas por un elevado número de despachos de las distintas embajadas españolas. Abordaban las cuestiones banales, como los alquileres de las embajadas, pero también las acusaciones por asuntos de espionaje llevados a cabo por cada uno de los beligerantes. «Vamos tratando de salir de ello como se puede», escribió el ministro[161].

La dedicación de Alfonso XIII a estas materias se sumó a su locuacidad, a menudo excesiva. Si antes había asegurado a Francia que podía desguarnecer la frontera pirenaica, una vez estallada la guerra fue todavía más explícito. Según el embajador galo «me manifestó muy vivamente hasta qué punto sus simpatías estaban del lado francés añadiendo que lamentaba estar al frente de un país demasiado débil para implicarse en la lucha». Insistió en que la neutralidad española sería benévola respecto de su vecina del norte, por la que sentía admiración, pero también dejó caer la posibilidad de una mediación personal para impedir la difusión del conflicto[162]. Con el paso del tiempo concretó la benevolencia (y también la propia contrapartida francesa ante ella) en la compra de aprovisionamientos en territorio español.

Pero, al mismo tiempo, Alfonso XIII y la clase política española fueron tentados por la otra parte. Hubo una «gran proposición de Ratibor» (el embajador alemán), cuyos términos territoriales sólo se pueden adivinar por lo que luego ocurrió. «Hay que ver un poco más la labor de los submarinos y zeppelines y aun entonces permítame V. M. que insista en mi constante punto de vista», le recomendó Lema, que debía de ser muy neutralista, al Rey. Hubo, sin embargo, un cuestionario remitido a Berlín por las autoridades españolas acerca de la oferta, pero de todo ello es muy difícil saber algo más concreto, pues el ministro pidió al monarca que los telegramas reservados de Berlín fueran rotos en muchos pedazos para evitar que alguien descubriera «materia tan reservada». Lo que nos importa es que el cuestionario fue una «augusta iniciativa», lo que equivale a decir que fue Alfonso XIII quien pidió esas concreciones[163]. La promesa alemana, en realidad, se podía dar por descontada. Por eso no debe extrañar que se especulara tan sólo acerca de su contenido: fuentes italianas aseguraron que Alemania había prometido la instalación frente a Gibraltar de cañones que permitieran disparar sobre el Peñón; éste sería ocupado por los alemanes sólo temporalmente y luego cedido a España al final de la guerra a cambio de una base en Menorca[164]. Pero ya veremos que se ofreció bastante más que eso.

¿Qué pasó por la cabeza de Alfonso XIII y qué explica la remisión de ese cuestionario a Berlín? A finales de año el embajador francés, un diplomático inteligente y capaz, que como es lógico ignoraba esa gestión, hizo un juicio sobre la actitud del monarca. Lo describió como una persona «muy joven y muy impresionable», deprimido por las divergencias políticas existentes entre los partidos españoles pero con un mundo cortesano valioso en el que incluyó a Quiñones, el embajador en París, Grove y Torres. Aun sin saber de las ofertas alemanas, consideró el diplomático francés «seguro» que Alfonso XIII había intentado entrar en la guerra (creía que tan sólo a favor de la Entente). Le daba la sensación de tener marcados sentimientos francófilos pero sobre todo de desear «dejar un nombre en la Historia de su país y volver a colocar a España entre las grandes potencias»; su «gran esperanza» invariable era la «unión ibérica». Sin embargo, había descubierto que España tenía «un deseo muy neto, incluso violento», de no entrar en la guerra. Eso le tendría «irritado» y de ahí la manifestación «muy franca y muy viva de este sentimiento en sus conversaciones donde se explica, según su costumbre, con una gran libertad». Provocaba su «indignación» el hecho de que la neutralidad era algo a lo que no le quedaba «más remedio». Menos interesante, la conversación que tuvo con el embajador italiano unos días después ratifica en sus líneas fundamentales la posición del monarca. Se alegró de que Italia mantuviera una estricta neutralidad y lo atribuyó a que hubiera adoptado una posición basada en los propios intereses. Reconoció que la neutralidad española no tenía otra razón de ser que la impotencia: con 110.000 hombres en Marruecos no podía hacer otra cosa. Creía que la política del emperador de Alemania era una completa locura y fantaseó —un defecto que se le reprocharía a menudo durante el conflicto— acerca de que los alemanes pronto llegarían a París, aunque dijo luego que acto seguido los rusos entrarían en Berlín. El embajador llegó a la conclusión de que Alfonso XIII era proclive a Francia aunque nunca haría pública su posición. Además la postura del mundo clerical, al alinearse con Alemania, tenía como resultado que España no pudiera abandonar la neutralidad. Tomó nota, además, de una propuesta del monarca: España e Italia podrían colaborar en caso de una mediación entre los beligerantes[165].

El juicio del embajador francés sobre el estado de ánimo de Alfonso XIII parece correcto y explica su nerviosismo. Al frente de un país humillado y mal considerado, veía desaprovecharse una ocasión para obtener reivindicaciones, lo que era, para él en una época muy lejana a la nuestra, lo mismo que recuperar una antigua grandeza. Cuando Alfonso XIII descubrió que algunas personalidades francesas mantenían cierta prevención en su contra, llamó al diplomático galo y se quejó. Podía admitir que hubiera personas de su entorno cortesano que no estuvieran de acuerdo con la posición que él había adoptado, pero se definió como «no clerical» y, por tanto, alejado de la derecha. Lo peor de cuanto dijo en esta conversación vino a continuación. Aseguró, por una parte, que Alemania le ofrecía Gibraltar, Portugal y Tánger y, como contrapartida, solicitó a Francia «alguna satisfacción tangible». La alemana debió de ser «la gran proposición» de Ratibor que ahora revelaba con toda indiscreción. «No pido —añadió— ni grandes precisiones, ni acuerdos diplomáticos, ni declaraciones oficiales». Sobre todo, descubrió su nerviosismo y el fondo de su actitud con una frase lamentablemente denigradora para los propios españoles: se quejó de que se hallaba rodeado de «cerebros de gallina» —debía de querer decir que pensaban como cobardes— y que él «estaba en una situación muy difícil». Años después se le atribuyó, sin ninguna prueba, haber dicho, al negarse a pagar rescate por los prisioneros españoles en Marruecos, que la carne de gallina era demasiado cara. El propio embajador describió lo que acababa de oír como «grave e imprudente». Lo resulta aún más desde una óptica actual porque da la sensación de haber podido suponer la intervención española en el conflicto, con el consiguiente derramamiento de sangre, caso de que hubiera promesas territoriales tangibles. El embajador se limitó a culpar a los británicos de la imposibilidad de atender esas demandas y a prometer un mero «redondeo» de la Guinea Ecuatorial para evitar que el monarca pensara que se le negaba todo. Probablemente el Rey no imaginó en ningún momento obtener tan importantes compensaciones como consecuencia de la posición española, pero Quiñones por la misma época pedía una mejora de las responsabilidades españolas en Tánger[166].

En realidad en algo similar parecen haberse centrado los más realistas deseos españoles, no tan sólo los del monarca sino también los del conjunto de la clase dirigente. Lema, por ejemplo, pidió al Rey que en una conversación con Geoffray, el embajador citado, le hiciera presente el interés de los españoles por esta ciudad desde la que se agitaba a su zona de protectorado. Además el monarca debía insistir en que una inteligencia demasiado visible entre Francia y España alarmaría «a los elementos carlistas y germanófilos». Si los franceses temían la influencia subversiva de El Raisuli, España, por su parte, no había negociado con él por la «hostilidad de Silvestre»[167].

Aunque no volvió a hacer afirmaciones como las oídas por el embajador galo, otras fuentes confirman las apetencias territoriales del Rey español. En noviembre de 1914 le propuso al embajador italiano que ambos países y Rumania constituyeran una fuerza capaz no sólo de imponer la paz sino también las aspiraciones de los tres países; las españolas se referían a Gibraltar y Portugal. En general, no obstante, el diplomático opinó que lo que caracterizaba al monarca español de cara al conflicto europeo eran los «vuelos de fantasía». En esta categoría incluyó unos supuestos deseos de mediación expresados por el Rey y que recorrieron las Cortes europeas durante las últimas semanas del año[168]

Las posibilidades de que los «vuelos de fantasía» se convirtieran en realidad eran mínimas. A comienzos de 1915 se decía que un posible Gobierno liberal de Romanones se inclinaría por una neutralidad favorable a los aliados a cambio de Tánger; esta política sería bien recibida por el Rey. Pero el embajador británico prefería que siguiera en el poder Dato, con el que ya tenía convenientemente aclarada la posición de su país en torno a esa ciudad, mientras que con otro ministro de Estado debería tratarla de nuevo. Al embajador español en Londres no se le dio ninguna sensación apremiante con respecto a un cambio de la neutralidad hacia una posición más aliadófila. Un alto cargo del Foreign Office le dijo que consideraba «natural que la masa de la opinión española se identifique con la neutralidad y no ve por qué España ha de salir de ella ni ahora ni más tarde». «Los neutrales —comunicó al Rey el embajador, que había sido su profesor de inglés en tiempos juveniles— poco o nada podemos pedir con relación a la guerra» a los británicos y, por otro lado, «Alemania nos prometerá todo y con la sana intención de utilizarnos para sus fines y abandonarnos cínicamente cuando le convenga sin cubrir apenas las formas»[169]. Así fue, en efecto.

Cuando Italia estaba a punto de decidir su intervención en la guerra, el Rey, en la primavera de 1915, expresó sus simpatías por los aliados, pero pareció mostrarse contrario a esa opción aduciendo que cualquier interés que Italia tuviera en la participación en la guerra no compensaría el abandono de la neutralidad. Trató, además, de aducir como argumento que Alemania concentraría todo su esfuerzo militar contra Italia y que ésta hubiera podido llevar a cabo una labor de mediación junto con España. Afirmó también que los intereses italianos residían en tener una Austria-Hungría debilitada, pero no destruida, y que él estaba seguro de que el Imperio austrohúngaro estaría dispuesto a hacer a Italia grandes concesiones. En suma, «con la vivacidad de espíritu» que le caracterizaba defendió la tesis de la neutralidad hasta el final. Según el embajador italiano, las razones para hacerlo nacían de la influencia de la Reina Madre, cuyo hermano era alto cargo militar austriaco, pero sobre todo de los intereses españoles. En efecto, España sola no podría desempeñar una función mediadora y quedaría rodeada por completo por naciones participantes en la guerra. Perdería, además, «la esperanza secretamente acariciada» de obtener compensaciones en Tánger[170].

Cuando esa participación en el conflicto quedó confirmada, el monarca español tuvo la iniciativa personal de invitar al Papa a instalarse en España. Da la sensación de que el Gobierno no tuvo un interés especial en que la iniciativa fuera acogida de un modo satisfactorio, pero la recibieron bien los medios reaccionarios. El embajador italiano, por su parte, no dudó en calificarla de «inoportuna». Alfonso XIII alabó, ante el diplomático, el comportamiento del ejército e incluso, «con la cuidadosa preocupación de exactitud con la que suele tratar de los temas militares», intentó calcular lo que le costaba a Italia cada día de guerra. Pero los diplomáticos italianos no tardaron en saber que ante los franceses el Rey se expresaba en términos menos complacientes acerca del ejército italiano. En adelante siempre quiso dar la sensación de que tenía fuentes de información, hecho que inevitablemente los embajadores aliados atribuían a su vinculación con la familia real austriaca[171]. No era así: en realidad la información que tenía era escasa y a menudo fantaseaba. Por otro lado decía a su interlocutor, cualquiera que fuera, aquello que quería oír, pero lo hacía de tal modo que su juicio terminaba por llegar a aquellos a los que maltrataba de palabra.

Establecía, por ejemplo, distinciones entre los miembros de una misma alianza. En una conversación con el agregado militar británico le llegó a decir: «No debería decir esto pero me veo como un inglés». Confiaba en que los franceses aguantaran el ataque alemán sobre Verdún pero consideraba que la situación era «crítica»; en realidad se mostraba «extremadamente dubitativo» respecto de los franceses porque, según dijo, no estaban acostumbrados, como los ingleses, al boxeo y al fútbol y otros deportes de sufrimiento (como los que él practicaba); por eso si los alemanes obtuvieran una victoria en la ciudad citada les impresionaría mucho más a los franceses que a los ingleses. Abundó, por tanto, en minucias: se quejó de la forma de obrar de los espías británicos que actuaban a ojos vistas. «Como persona joven —añadió— mis amigos personales son capitanes y comandantes y oigo todo el cotilleo» acerca de esos espías. Una cierta ambigüedad de su postura se aprecia en que no hizo a Gran Bretaña, a lo largo de la guerra, ninguna reclamación con respecto a Gibraltar pero, en cambio, desde Palacio se pidió en la primavera de 1915 una memoria relativa a las reivindicaciones mantenidas por España sobre la colonia en el transcurso del tiempo[172].

A esa locuacidad ambivalente del Rey hay que sumar una nerviosa y poco fructífera tendencia a promover iniciativas. A comienzos de 1916 se le atribuyó la de abrir contactos entre Montenegro y Austria-Hungría para negociar una posible paz en París. El embajador español en dicha capital apuntó, sin embargo, que eso no podía hacerse sin conocimiento del Gobierno francés. De nuevo da la sensación de que el español no tenía un especial interés en la cuestión. Don Alfonso, sin embargo, según el embajador italiano, «anhelaba constantemente desempeñar un papel activo en los gravísimos acontecimientos a los que asistía»[173].

Pero, a pesar de todas estas deficiencias en la ejecución concreta, la política personal del monarca, que no difería en nada esencial de la gubernamental, estuvo bien encaminada. Se basaba en intereses nacionales cuando las presiones ideológicas o venales habían convertido a España en un campo de batalla, aunque no fuera sangriento. A finales de 1915 un periodista, autor de un libro adulatorio sobre el monarca, lanzó una campaña virulentamente germanófila y, al parecer, involucró en ella al Rey. Lo hizo, sin duda, por dinero y casi ni lo ocultó. Ante la queja del secretario del monarca replicó que «yo no discuto jamás con quien es para todos los españoles la garantía y la esperanza más grandes». «Yo podré estar hoy con un político y mañana con otro», afirmaba con toda desvergüenza, pero «volver a la gracia del Rey es mi aspiración». Ya a estas alturas, en el verano de 1915 había convertido su labor humanitaria en sistemática y organizada[174]. De ella, el balance más positivo de índole no material que España tuvo como consecuencia de la guerra, se tratará más adelante.

Tenemos ahora que referirnos de nuevo a la política interior, tan ligada a la exterior durante esta etapa. En diciembre de 1915 volvieron al poder los liberales con Romanones al frente. En abril siguiente el presidente escribió una extensa nota al Rey muy reveladora acerca de la relación que había entre ambos, mucho más íntima que la de la mayoría de los políticos españoles de la época. Le resultaba necesario remodelar la composición del Ministerio y sobre el particular hizo un adelanto al monarca de sus propósitos consultándole una parte de su contenido. Cuando, por ejemplo, le previno que quería nombrar a Alba ministro de Hacienda añadió que «quizá tendré la necesidad de acudir a V. M. para que me ayude a convencerle». «Hasta ahora —añadió—, ni mis propios amigos más íntimos saben cuál es mi pensamiento porque he guardado con ellos la más absoluta reserva». Los telegramas de Alfonso XIII a su presidente confirman esa sensación de intimidad: «pienso salir martes mañana si no mandas o deseas otra cosa», le telegrafió en una ocasión[175].

La formación del Gobierno liberal no coincidió con ningún giro decisivo en la política exterior. A lo largo de 1915 el Rey había ido repitiendo las inequívocas declaraciones de neutralidad en todo tipo de discursos y entrevistas; de mencionar el término «amistad», siempre se refería a las naciones de la Entente. Romanones le explicó al Rey sus planes en abril de 1916, de acuerdo con los cuales él mismo desempeñaría el grueso de las responsabilidades en materia de política exterior. Consideraba que debía ahora, para sustituirle, proponer como ministro a otra persona que «en realidad ha de ser un subsecretario porque la dirección de la política internacional me la reservo yo, que la llevaré directamente con los embajadores de las grandes potencias, lo mismo que lo que se refiere a Marruecos y sabiendo también que la jornada del verano (es decir, el periodo estival en que el monarca permanecía en Santander y San Sebastián) no tendrá lugar como otras veces porque si la hay en la forma que V. M. determine, la realizaré yo». Esto, sin constituir un giro, suponía, sin embargo, una matización de la posición española porque nadie dentro de la política monárquica había sido tan aliadófilo como Romanones[176].

En la primavera de 1916 hubo rumores de paz procedentes de Berlín de los que se transmitieron ecos en Madrid, pues en el discurso de la Corona, para irritación francesa, el Rey habló del deseo español de «contribuir a apresurar la hora de la paz». El embajador italiano lo achacó al vivísimo deseo» de Alfonso XIII «de representar un papel importante en el momento en que se pueda seriamente hablar de aquélla». Son, en efecto, las noticias procedentes de la documentación diplomática italiana las más abundantes para perfilar la posición española y del monarca a partir de 1915 en torno a los avatares del conflicto, dado que este país ha publicado la totalidad de sus fuentes. En lo esencial los juicios acerca de la posición del monarca no cambiaron. Para el embajador italiano las noticias que proporcionaba debían ser tomadas «a beneficio de inventario» por su imprecisión y por las deficiencias de sus fuentes. También acostumbró a reprocharle cierta duplicidad: aseguraba que los aliados triunfarían al final, pero en la Corte se seguía recibiendo a personalidades de la embajada alemana, aunque no fueran de primera fila. Esta acusación, desde luego, carece de sentido porque España era neutral. Más fundamento tiene la crítica al hecho de que si el monarca manifestaba una actitud propicia a los aliados eso no le impedía la maledicencia. En otoño de 1916 hablaba mal sobre todo de los británicos. Esta postura aparentemente contradictoria se explicaba por la influencia de los sectores ultraconservadores en la Corte; aun así el diplomático italiano detectó una actitud muy irritada de la madre del Rey con respecto a Alemania por su prepotencia ante Austria. La de Alfonso XIII se debía también en parte a su cercanía a los medios militares más jóvenes[177].

La actitud reticente con respecto a los británicos quizá se pueda explicar por la vehemencia ofensiva con la que este Gobierno se expresó ante el español al abordar algunas cuestiones relativas a la guerra submarina. Para ellos la presencia de un submarino alemán en Cartagena era taxativamente «un abandono de la neutralidad». El Gobierno español no parece en absoluto haber pensado de esta manera; simplemente la guerra submarina establecía nuevas reglas a la neutralidad y por eso consideró que la nota británica estaba escrita en ese tono. Romanones, no obstante, cuenta que el submarino fue portador de una carta a Alfonso XIII, «cuyo contenido ignoré», lo que ratifica que hasta cierto punto hubo una política propia del monarca en torno a la guerra. La recepción de esta carta sería, pues, la continuación de la remisión de aquel cuestionario a Berlín; sin duda Alemania consideraba más accesible a sus insinuaciones a Alfonso XIII que a los políticos españoles. Sin embargo, el monarca, fueran cuáles fueran las presiones de Alemania, mantuvo la actitud neutral en los términos recomendados por el jefe de Gobierno, Conde de Romanones[178]. Además la hizo pública con asiduidad.

Fue precisamente la guerra submarina la que obligó al político liberal a adoptar una línea más dura frente a Alemania. Lo hizo previa nota dirigida al Rey. Le describía su personal situación en términos dramáticos: «Pocas veces he sentido con mayor pesadumbre las responsabilidades del poder, pocas veces mi espíritu ha sentido vacilaciones mayores; momentos ha habido en que he estado a punto de dirigirme a V. M. y no lo he hecho porque al Rey no se le puede importunar con dudas sino que hay que exponerle resoluciones razonadas y hasta hoy en mi ánimo la resolución no estaba formada»[179]. Le explicaba, además, al monarca que era imprescindible dar una respuesta a la petición francesa de que España, como encargada de los intereses franceses en Alemania, interviniera en relación con la forma de actuar de las autoridades de este último país en los departamentos ocupados del norte de Francia. Pero el problema esencial radicaba en la guerra submarina: los aliados no estaban dispuestos a aceptar la repetición de sucesos como el ya mencionado de la visita de un submarino a Cartagena. Tanto el embajador español en París como el de Londres habían recomendado que se diera una respuesta positiva a la nota de los aliados.

«Si la política interior necesita siempre la compenetración del Rey con su Gobierno», añadía Romanones, «la política internacional se hace imposible si esta compenetración no es absoluta y completa». No podía ser objeto de «simpatías o antipatías» sino que debía basarse en el «interés de la nación» y éste se cifraba en que «Alemania será vencida en plazo más o menos largo», pues «desde hace meses desea la paz, hoy mismo reitera esos deseos» y, por tanto, «hace ya tiempo (que) España debió hacer el ademán, el gesto que de tantos y tan directos modos están demandando de nosotros Inglaterra y Francia… no ciertamente para salir de la neutralidad, que este caso ni en hipótesis puede ser admitido, (pero) sí para… afirmar una política internacional que nos coloca dentro del grupo diplomático de las potencias aliadas». El peligro para el día en que la paz llegara radicaba en mantener una neutralidad equidistante de unas y otras naciones en guerra. La influencia de Francia de cara a España sería tal que «la tranquilidad de nuestra vida en la política interior depende de ella», pues carlistas y republicanos sólo tuvieron posibilidades cuando fueron apoyados desde allí. Mayor era aún la dependencia británica, principalmente por razones comerciales: era imprescindible el carbón británico y lo era también la exportación de cítricos.

En cambio «no nos queda hoy más vínculo de relación con el Imperio alemán que la telegrafía sin hilos». Romanones recordaba entonces la magnitud del ofrecimiento alemán que sin duda el Rey en algún momento le había contado. Se había tratado de Gibraltar, Tánger y Portugal pero la tentación carecía de «vislumbre de realidad» y no pasaba de «un canto de sirena». Y Romanones concluía: «Pongamos, pues, en los dos platillos de la balanza los intereses contrarios de los aliados y de los Imperios centrales y véase a qué lado se inclina; para mí ni la duda existe». Por descontado llama la atención el hecho de que, por más que la propuesta fuera del Gobierno, la decisión le correspondía al Rey; por eso Romanones «pedía a Dios que, al resolver V. M., Él le ilumine».

Éste puede haber sido el momento más decisivo en la posición española a lo largo de la I Guerra Mundial. Durante septiembre y octubre de 1916 los germanófilos desarrollaron una gran presión ante la opinión pública. Es probable incluso que Alemania hiciera nuevas ofertas (se llegó a hablar de la posibilidad de una cesión a España de Argelia). Todo, según el embajador italiano en España, iba dirigido a impedir «la tímida conversión hacia los aliados», atribuida a Romanones. Ésta resultaba coincidente con la voluntad del monarca, que se había ido dando cuenta de que sus propósitos de cara a que España desempeñara un papel muy importante en la configuración del futuro mundial se habían quedado convertidos en «simples proyectos»; por eso querría ahora «dar a la neutralidad misma un carácter menos pasivo y más benévolo de cara a los aliados»[180]. Maura, que podía haber encabezado una actitud germanófila, coincidió, tras una entrevista con el monarca y Romanones, en la imposibilidad de que España adoptara una posición distinta de aquélla en que se había colocado. Pero, por otra parte, no podía permanecer «encastillada en aislamiento» sino que debía mantenerse con las «naturales conexiones» que la ligaban al «grupo occidental europeo» aunque, eso sí, con «un cambio en la estimación y el trato» por parte de Francia y Gran Bretaña. Fueron ésos los principios que guiaron la intervención pública que hizo Maura y que, aunque calificados por el nuncio de «vagos y oscuros», en realidad eran todo lo contrario. Bien pudo decir Romanones que «en lo relativo a la política internacional Maura estaba con él y yo estoy con él». Todavía hubiera podido añadirse una tercera persona coincidente, que era el Rey[181].

En este momento la neutralidad española se podría haber convertido en benévola para Francia y Gran Bretaña si éstas hubieran hecho alguna mínima cesión, pero ni siquiera estas coincidencias consiguieron rectificar la posición de los aliados. Cuenta en sus memorias Romanones que tanto él como el monarca recibieron en secreto al embajador y al ministro de Asuntos Exteriores francés; de ambos trataron de obtener ventajas territoriales sin conseguir una contestación concreta. Sobre Gibraltar respondían que ésa era una competencia británica mientras que sobre Tánger no pasaron de ofrecer otra cosa que «una esperanza difusa». Es posible que a finales de 1916 hubiera todavía alguna oferta por a España parte de los alemanes, pero las notas de Romanones que se conservan resultan demasiado confusas como para poder ser interpretadas. De cualquier modo hubieran sido dirigidas al Rey y no al político liberal, pues el embajador alemán, cuando tenía un incidente con Romanones, no dudaba en acudir al secretario del monarca. El presidente, en cambio, le recomendó con vehemencia que evitara aparecer en un funeral con motivo de la muerte del Emperador de Austria con el uniforme militar alemán, como parece haber pensado[182]. La hostilidad creciente de los sectores germanófilos contra Romanones a comienzos del año 1917 explica que se sintiera necesitado de ratificación de sus poderes por parte del Rey, por más que la crisis parcial que se produjo fuera calificada por el nuncio como una «verdadera farsa o un espectáculo»[183]. A todas estas dificultades se sumaban las nacidas del incremento de la guerra submarina alemana. No hubo cesión por parte de Francia o Gran Bretaña y el solo anuncio de que España podía parecer más cercana a los aliados provocó las agudas tensiones internas descritas.

Aun así mantuvo el Rey la pretensión de jugar un papel protagonista en el momento del advenimiento de la paz. Cuando, a comienzos de 1917, los Estados Unidos tuvieron una iniciativa y pidieron que España se sumara fue Alfonso XIII quien se negó a hacerlo porque no había sido previamente consultada. En el momento en que estalló la revolución en Rusia volvió a manifestar su propósito, que fue juzgado como la consecuencia de «su vivo deseo de convertirse en mediador, lo que lo induce a exagerar las circunstancias que, según su modo de ver, deberían convencer a su interlocutor de la oportunidad de una pronta paz»[184]. En esta ocasión, como es lógico, el Rey tenía toda la razón.

No logrado su propósito, pronto —abril de 1917— cayó el Gobierno Romanones. Claro está que en su destino final desempeñaron también un papel destacado las tensiones sociales, cada vez más importantes. A finales de marzo suspendió las garantías constitucionales y clausuró la Casa del Pueblo de Madrid. La decisión se tomó en un consejo de Ministros al que no asistió el Rey. «Ya no se puede retroceder», le escribió el Conde, «el tiempo dirá si nos hemos equivocado. Esté seguro Señor que no será por falta de voluntad». En realidad la dureza represora del Conde no duró mucho. Con objeto de evitar una huelga general liberó a los detenidos, que, contó, «no serán más temibles en libertad que en la cárcel tanto más cuanto que en la cárcel no podrían sin grave peligro continuar de un modo indefinido y ya hemos conseguido lo principal: tenerlos en la mano con el procesamiento». En este momento, sin embargo, el político liberal ya percibía un titubeo en el monarca que arroja luz sobre sus relaciones personales e institucionales. «Al hablar a V. M. de este asunto», anotó, «he creído notar que mis palabras no producían en su ánimo total convencimiento: por ello he considerado indispensable anticiparme con estas líneas a mi visita de mañana». Así quedaba abierta la posibilidad de una crisis[185].

En abril de 1917 Romanones dirigió dos notas sucesivas al Rey en relación con la evolución de la posición española respecto del conflicto que desencadenaron de forma definitiva el cambio de gobierno. La primera todavía testimoniaba voluntad de resistencia a pesar de que con los alemanes decía haber llegado «a los más extremados límites de la paciencia». Parte de ella se había agotado por la hostilidad que creía percibir «en las personas que rodean a V. M.: de todo me doy cuenta al ver las caras arrugadas, los saludos salidos (sic) con esfuerzo, los periódicos que veo en manos de unos y otros; claro es que la confianza que V. M. me dispensa borra por completo esta atmósfera y me compensa sobradamente de todo lo que veo en los demás». Sin embargo, entre este escrito y la definitiva dimisión sólo mediaron cuatro días. Cuando se produjo ésta, la explicó por escrito. Para el político liberal la única política internacional viable para España sería la que continuara la línea emprendida en 1902, en especial a partir de un momento en que por la guerra submarina «la vida de España corre el peligro de interrumpirse». Admitía la resistencia existente contra su política y decía «no compartir esa opinión pero ante ella me rindo». En definitiva, su dimisión fue irrevocable aunque estuviera justificada por un largo memorándum en que explicaba que había sido partidario de la integración española en el grupo de las potencias aliadas, pero que había seguido una política de neutralidad a la que Alemania había respondido con actos hostiles como la permanente agitación en Marruecos y el hundimiento de una treintena de buques españoles[186].

En los círculos diplomáticos aliados el nuevo Gobierno español, también liberal pero presidido por García Prieto, fue considerado como más cercano a los Imperios centrales. El propio Romanones aseguró que la crisis se había producido tras una conversación del monarca durante dos horas con el agregado militar alemán, pero en sus memorias sólo se volvió a hacer eco de la actitud muy germanófila de los sectores cortesanos. El nuncio no culpó de la crisis a la intervención del monarca, sino que atribuyó lo sucedido a la «impopularidad» del Gobierno Romanones, acusado de querer vincular en exceso a España con los países aliados mediante procedimientos tortuosos[187]. Los británicos estaban convencidos de que el nuevo Gobierno era decididamente neutral pero estaba incapacitado para tomar alguna medida verdaderamente firme. Percibieron en el monarca temores a procesos revolucionarios en las naciones europeas, en especial en Rusia e Italia, que eran excitados por los círculos germanófilos. Alfonso XIII parece haber temido también la actitud adoptada por una parte de la clase política francesa a la que consideraba, desde el asunto Ferrer, ligada a propósitos revolucionarios en España. El nuevo Gobierno, que estaba lejos de suponer una completa satisfacción para los germanófilos, muy pronto tuvo dificultades internas acrecentadas por la actitud protestataria de las izquierdas. De cualquier modo, en los gabinetes siguientes al de Romanones, el de García Prieto y el posterior de Dato, el Rey pudo haber desempeñado un papel mucho más importante en una política que seguía siendo neutral. Fue él, por ejemplo, quien presentó una protesta por los supuestos contactos existentes entre elementos subversivos españoles y británicos y a él mismo (y no al Ministerio de Estado) le fue dirigida la respuesta de la diplomacia británica[188].

En el Gobierno Dato, a partir de junio de 1917, los aliados descubrieron una aliadofilia más patente que en los anteriores: el ministro de Estado, Lema, era denominado por los alemanes «Lord Lema». En ese momento, no obstante, el embajador británico vio peligro en la actitud del Rey, al que creía patriota y valioso pero también mudable de carácter y fácilmente influenciable. De cualquier modo durante los acontecimientos de agosto la posición de los aliados fue claramente favorable al Gobierno Dato, mientras se temía que los círculos militares palatinos lograran que fuera exonerado y sustituido por un Gobierno Alba. Éste, según el juicio de los diplomáticos extranjeros en España, habría tenido una actitud ante la guerra «equívoca, hasta el punto de que muchos lo consideraban germanófilo»[189].

Todavía en el verano de 1917 hubo rumores de una iniciativa de paz alemana de la que se hizo eco el Rey sin que fuera recogida, pues «siempre piensa aparecer como mediador y habla a la ligera», escribió el embajador italiano. Lo cierto es, sin embargo, que en esta ocasión tenía más razón que nunca. Por más que las suyas fueran iniciativas fantasiosas y poco viables, ahora resultaban bastante más creíbles por el simple hecho de que existía un profundo cansancio entre los beligerantes[190]. Pero, sobre todo, en este momento Alfonso XIII tenía a su favor una gestión humanitaria nacida de una iniciativa personal y difícilmente comparable en su magnitud a cualquier otra de la que fuera protagonista un jefe del Estado durante el periodo.

Cuando concluyó la Guerra Mundial, Alfonso XIII empezaba ya a ser objeto de ataques como nunca lo había sido con anterioridad. Unamuno, por ejemplo, se refería al final del Imperio austrohúngaro para temer que la herencia de los Habsburgo se endosara ahora a los españoles a través de su monarca. Pero al Rey le quedaba el resultado de su acción humanitaria en años precedentes. Tiempo después, preguntado por Cortés Cavanillas acerca del «acontecimiento de más trascendental importancia y de mayor beneficio en la vida política, social y económica» de España durante su Reinado, su respuesta fue «la neutralidad en la gran guerra». Quien recibió esta contestación con el paso del tiempo acabó escribiendo un libro sobre el particular; no añade mucho a los publicados durante la guerra, cuyo contenido fue propagandístico, pero resulta absolutamente incontrovertible[191].

Se ha de tener en cuenta que la propia familia real quedó dividida durante la contienda. Parece que doña María Cristina, la Reina Madre, informó en una ocasión de la desaparición de Lord Kitchener a quien la Reina Victoria Eugenia conocía desde niña. Como consecuencia de la guerra la familia Habsburgo resultó deshecha y dispersa, perdiendo gran parte de sus propiedades, pero Mauricio, el hermano predilecto de la Reina Victoria Eugenia, murió en el campo de combate en el norte de Francia.

Fue un acontecimiento de aparente menor cuantía el que llevó a la creación en el propio Palacio Real de un departamento dedicado a la gestión humanitaria entre ambos bandos. En agosto de 1915, es decir, en una fecha bastante avanzada, una francesa de la Gironde le pidió al Rey que hiciera gestiones acerca del paradero de su marido y éste acabó apareciendo en un campo de prisioneros en Alemania. Con el paso del tiempo hubo que crear una oficina, dependiente de la Secretaría del monarca, que llegó a dar trabajo a cuarenta personas. El propio Rey solía escribir una parte de las respuestas, como lo hizo en el caso indicado, y también redactó los borradores de las cartas normalizadas ante las peticiones de diverso género.

La gestión humanitaria abarcó los más distintos aspectos. Hubo hasta diez secciones que versaban sobre cuestiones como desaparecidos, prisioneros, repatriaciones de civiles y de militares, indultos y conmutaciones de penas, visitas de inspección a campos de prisioneros, etcétera. Se logró más de un centenar de indultos de penas de muerte contra reos, algunos de ellos españoles, que habían sido acusados de espionaje. Se medió para evitar las represalias en campos de prisioneros, evitar que se perdieran los paquetes de alimentos enviados por sus familiares, canjear heridos o enfermos, repatriar a la población internada y, en ocasiones (unas tres mil quinientas), se enviaron pequeñas cantidades de dinero. Hubo llamamientos fallidos del monarca en contra de la guerra submarina y por la supresión de los bombardeos sobre poblaciones civiles, dos trágicas novedades de este conflicto.

Las gestiones beneficiaron principalmente a los aliados: de unos 75.000 casos planteados resultaría que 60.000 se referían a franceses y belgas en los primeros años de la guerra. Una estadística posterior sumó unos 111.000 relativos a militares franceses y belgas de un total cuyo monto no se precisaba. Eso, como es natural, situaba al Rey y a España en una posición muy confortable en el mundo de la posguerra. Durante los años 1915 y 1916, en los que el Departamento tuvo mayor actividad, hubo hasta 20.000 cartas al mes en demanda de ayuda. Hasta medio millón de documentos fueron recibidos o enviados desde el Palacio de Oriente. Parte de las gestiones beneficiaron a figuras muy conocidas del mundo cultural e intelectual, como el bailarín Nijinski, el historiador Pirenne, el filósofo Chevalier o el pianista Rubinstein.

La gestión humanitaria fue obra del Rey, financiada a su cargo, lo que le supuso un desembolso de más de un millón de pesetas, cifra que debe ser puesta en relación con el monto de su fortuna, cuyo volumen ya ha sido indicado. Pero por otra parte fue también una tarea colectiva del conjunto del Estado y el pueblo españoles. Fueron, por ejemplo, oficiales españoles quienes actuaron como inspectores en barcos hospitales y en millar y medio de campos de prisioneros, y gracias a otras colaboraciones fue posible el envío de libros españoles a quienes conocieran la lengua, con un total de más de cuarenta mil.

Como él mismo pensaba, no hay un aspecto más satisfactorio que éste en la biografía de Alfonso XIII. En la historia del reinado, por otro lado, aparecen sobrados motivos para criticar a la clase dirigente en su conjunto, pero en este aspecto el balance fue muy positivo. Con las dudas, afanes de protagonismo y voluntad de obtener reivindicaciones territoriales que se han descrito, uno y otra supieron mantener a España al margen del conflicto. La comparación entre esta neutralidad y el resultado que tuvo para Portugal e Italia la participación en la guerra siempre deberá ser tenida en cuenta a la hora de emitir un juicio global sobre el periodo y sus dirigentes.

LA INTENTONA DE AGOSTO DE 1917

Para comprender la evolución de los acontecimientos subsiguientes resulta preciso volver a la política interior. En la crisis de diciembre de 1915, en que llegaron al poder los liberales, fue consultado Melquíades Álvarez, lo que suscitó la prevención del nuncio. Semanas después el Rey, además, lamentó por telegrama que Azcárate no resultara elegido en su escaño. Seguía pues vigente la política de apertura liberal de la etapa de Canalejas. Incluso había quienes, como Cambó, se quejaban en su correspondencia privada de que el monarca apoyara al dirigente más izquierdista del liberalismo, Alba, a quien presionaba, además, para que no abandonara el Gobierno, mostrando incluso su acuerdo en que presidiera un Gobierno de autoridad (una «dictadura», decía Cambó). Según el ácido dirigente catalanista, el Rey, con la mayor recaudación obtenida con los proyectos hacendísticos del ministro, no querría otra cosa que fondos para mejorar el artillado de la costa española[192].

Pero con el paso del tiempo la situación política se había ido agravando y Cataluña centró buena parte de las tensiones. Al Rey le llegó entonces un informe acerca de la política catalana realizado por un liberal de aquella procedencia. En su opinión en las elecciones pasadas (1916) se había mantenido por el Gobierno una actitud «de persecución vejatoria…, en vez de ser de abstención, como tuve el honor de aconsejar». De esta manera el catalanismo se había convertido en «la única oposición que actúa con vigor en el Parlamento perturbando la marcha desembarazada del partido liberal» y fortificando la voluntad autonomista. «Es arraigado y firmísimo —añadía el anónimo comunicante— mi convencimiento de que nada puede contribuir con mayor eficacia a la pacificación de los espíritus en Cataluña como las visitas frecuentes y prolongadas permanencias de S. M. el Rey»[193].

De momento no hubo nada de esto y, sin más preámbulos, en el verano de 1917 se planteó de una manera un tanto súbita la posibilidad de que en España surgiera un movimiento que en Palacio no se dudó en calificar de revolucionario. El embajador portugués, que no tenía inconveniente en relacionarse con los elementos de extrema izquierda que podían estar planteándolo, vio una cierta semejanza con la situación que en 1910 llevó al cambio de régimen. El propio Rey debe haber estado preocupadamente consciente de esta posibilidad puesto que, al comienzo del verano, llamó a Palacio a consultas a Gumersindo de Azcárate. Éste puede haber confirmado la posibilidad de un inminente movimiento político subversivo. El dirigente republicano explicó después que Alfonso XIII le había pedido su opinión sobre la situación política. Azcárate lamentó los errores y desaciertos pasados de los que era culpable la Monarquía, incluido el no haber facilitado la evolución de los reformistas hacia ella. El Rey preguntó si la agitación obrera se podría contener con reformas sociales, como la creación del seguro de retiro. Azcárate replicó que no podía ya evitarse ni siquiera acudiendo a grandes medidas de este tipo como las que el monarca le dijo que estaba dispuesto a aceptar; además medidas como ésas no podían imponerse por decreto. «Don Gumersindo», repuso entonces el Rey, «yo soy un español ante todo y sobre todo y yo le aseguro que no tengo deseo alguno de que mi persona sea la causa de un conflicto que ponga en peligro la existencia de la Nación». Dejó caer, en consecuencia, que estaba dispuesto a abdicar como, en adelante, haría otras veces. Por sorprendente que pueda resultar esta conversación existen dos testimonios coincidentes e inequívocos que la confirman[194].

Lo más grave para Alfonso XIII fue que a todo ello se sumó el descubrimiento de una inquietud militar semejante, al menos, a la de 1905-1906, que recordaba los momentos de la Regencia, en que la intervención del ejército en la política era un peligro permanente. Según Romanones desde 1916 el Rey tenía conocimiento de la existencia de un sindicalismo militar, mientras que él lo ignoró por completo a pesar de ser presidente del Consejo. No hemos podido encontrar un testimonio escrito de ello con tal fecha, pero antes del verano de 1917 recibió informaciones procedentes nada menos que de Francisco de Borbón, su primo, que era comandante del Regimiento Inmemorial del Rey. Según comunicó a un personaje palatino, las Juntas, que no habían hecho, por el momento, acto público de aparición en su unidad, afirmaban que «S. M. simpatizaba y patrocinaba» el movimiento y la Junta central de Barcelona añadía que, además, «estaba autorizada para decirlo». Lo importante es que esta declaración fue luego repetida por las izquierdas en el Parlamento para culpar al monarca como principal responsable del sindicalismo militar. Sin embargo este comunicante, tan vinculado con el Rey, de entrada parecía repudiar la actitud de las Juntas, pues «aunque nada se sabe ni nada se ve, se nota una campaña encubierta y la sombra de un falso ideal que no puede adivinarse el fin que se persigue».

Lo que resulta de mayor interés es que una carta tan apremiante como ésta no recibiera respuesta en nada menos que un mes y medio. El citado personaje la repitió cuando se cumplía tal plazo, «pues estamos en una situación apurada e insostenible». Todo hace pensar, en efecto, que con el transcurso del tiempo, el movimiento sindical militar se había ido extendiendo de manera que quienes pretendieron marginarse en un primer momento se sintieron luego crecientemente presionados a integrarse. El citado comandante, en efecto, aseguró en una carta dirigida al propio Rey que a los mandos del regimiento se les tachaba ya de «poco compañeros», toda vez que «argullen (sic) que la Junta es por defensa del arma y amor al Rey y a la Patria»; su regimiento era «esclavo de la disciplina y amor a su Rey» pero permanecía «sin saber en qué campo está la razón». Tan curiosa como esta segunda carta resulta la respuesta que recibió el primo del monarca. «Le anticipo —contestó en nombre del Rey, el Conde de Aybar— que no espere de él consejo alguno pues entiendo que no debe darlo en asunto tan delicado, sometido a la actuación del Gobierno»; le recomendaba, por tanto, que siguiera las indicaciones de su coronel. El destinatario de la carta respondió agradeciendo la enviada desde Palacio y reiterando «la adhesión más terminante».

Tras este consejo lo que quedaba claro no era otra cosa que la impotencia, de nuevo manifiesta, del Estado de la Restauración para controlar la protesta militar. En efecto, tras haber tratado de enfrentarse a ella mediante medidas represivas tomadas por dos sucesivos capitanes generales en Barcelona, las Juntas acabaron haciendo público un manifiesto en que exponían unas vagas pero perentorias reclamaciones. Lo grave, sin embargo, no era lo que aparecía cada día a ojos del público en la prensa sino las actitudes de fondo de la guarnición barcelonesa. A Palacio llegó un nuevo escrito, probablemente de un militar, que informó a uno de los altos cargos palatinos de que «por muy raro que te parezca yo no veo más solución que transigir con las Juntas por ahora y otra cosa que aun te parecerá más rara y más expuesta: que sea el Rey el que venga personalmente a resolver el conflicto. El Rey ha perdido aquí y en otras guarniciones muchas simpatías porque le atribuyen intervención directa en los destinos y recompensas, sobre todo en los de África, asunto este que es una de las principales causas de descontento… Si esto no se contiene puede ser el principio del fin»[195]. Leída esta correspondencia resulta insostenible la afirmación de que el Rey fue el causante de las Juntas: fueron para él un motivo de profunda preocupación y, en principio, no supo cómo enfrentarse a ellas. Entraba en crisis su papel de intermediario entre ejército y política civil y de promotor de los ascensos militares.

La cuestión de las Juntas despertó el mayor interés en la diplomacia aliada, propicia a ver una conspiración germanófila en cualquier acontecimiento que se produjera en España. Cuando, a comienzos de junio, se planteó el enfrentamiento de las Juntas con el mando militar barcelonés, se responsabilizó al Rey de la liberación de los detenidos pertenecientes a aquéllas, pero también de la enemiga de las Juntas por su favoritismo a la hora de los ascensos militares. El embajador italiano juzgó que si las Juntas no tenían apoyo en Madrid era porque allí a los militares les resultaba más accesible beneficiarse de los favores del monarca. El nuncio llegó a la conclusión de que el ejército no quería un cambio de régimen pero se había colocado en una posición que resultaba gravemente peligrosa para el Estado. Incluso afloró el rumor de que el Rey estaba tan deprimido que había pensado en una posible abdicación. De cualquier manera, concluyó el embajador italiano, ningún Gobierno podía decirse estable en España mientras estuviera amenazado por agitaciones militares[196].

Esta situación contribuye a explicar la evolución de los acontecimientos a mediados de junio. Hubo, en primer lugar, un cambio en la Casa militar del monarca sobre la que recaían aquellas acusaciones de favoritismo y, quizá también, de carencia de información. El cese del Conde de Grove fue, según uno de los hijos de Maura, «criticadísimo por todo el mundo porque era, al fin y al cabo, lo más leal y más antiguo que tenía a su lado; la escena entre Grove y el Señor creo que fue espantosa y acabó de mala manera». Grove, sin embargo, seguiría en Palacio con otro cargo. El procedimiento por el que se hizo el relevo fue retornar una disposición previa de acuerdo con la cual las personas que desempeñaran el papel de ayudantes de campo del Rey no podrían ocupar este cargo por más de cuatro años. Así, Alfonso XIII prescindió de unos oficiales que había tenido muy cerca durante muchos años; lo hizo, sin duda, con «verdadero sacrificio personal» y «sorprendido» por la «oleada de impopularidad» que le había alcanzado[197]. Ambos, no obstante, permanecieron en Palacio.

La segunda consecuencia fue la caída del Gobierno García Prieto. En la alternativa de enfrentarse a las Juntas, lo que en la política de la Restauración podía ser considerado como una «temeridad», o de aceptar la «flaqueza» de someterse a ellas, el gobierno optó por dimitir. Los términos en los que hemos explicado el proceso de la crisis proceden de las memorias de Romanones, quien recomendó el mantenimiento en el Gobierno del otro jefe liberal, pues «no se puede llegar más allá sin un desprestigio del poder público» ante la intromisión militar. Debió de hacerlo con poquísima convicción, como se deduce de la lectura de sus memorias[198].

Como consecuencia se formó un Gobierno, presidido por el conservador Dato, que tuvo como ministro más relevante al general Fernando Primo de Rivera, Marqués de Estella, uno de los artífices de la Restauración, ya con 86 años. Desempeñaba en el seno del conservadurismo un papel semejante al que le podía corresponder a Weyler en el liberal, es decir, el de máximo prestigio y supremo recurso para evitar la indisciplina militar. Aun así, a los muy pocos días se suspendieron las garantías constitucionales y el ministro de la Gobernación, Sánchez Guerra, afirmó que España no había pasado por situación tan delicada desde 1876. Dos datos sirven para argüir que el ministro no erraba. Ante todo en el primer Consejo de ministros del nuevo Gobierno, celebrado el 12 de junio, el ministro de la Guerra logró aprobar el reglamento de las Juntas; en una conversación telegráfica posterior hizo valer su condición de «viejo soldado» que desde hacía 73 años vestía el uniforme de infantería para imponerse. Pero si pretendía con todo eso conseguir disciplina, pronto se confirmó que no lo había logrado. Un día después se comunicó que la guarnición de Melilla se adhería muy mayoritariamente al movimiento juntero, quizá, en parte, «para no exponerse a represalias» y manteniendo, en todo caso, una actitud «correctísima». Lo grave era, no obstante, que este hecho, del que fue informado el Rey, revelaba una en principio impensable unidad del ejército peninsular y el de África sin que las concesiones sirvieran para detener la expansión de las Juntas. Además, por los mismos días Maura empezaba a recibir indicaciones de que una parte de las Juntas le apoyaba, lo que parecía indicar el comienzo una politización partidista del Ejército[199]. Desde el punto de vista de Alfonso XIII, resultó también grave que la última crisis gubernamental diera lugar a que de nuevo algún afiliado al maurismo hiciera gala de su antialfonsismo. El presidente de las Juventudes mauristas envió al secretario del Rey una carta de un afiliado que, descontento por la solución adoptada en favor de Dato, reconoció haber propinado un bastonazo a un retrato del monarca(y de paso al ojo de un correligionario), lo que no le impedía declarar que «no se ha entibiado lo más mínimo mi fe monárquica y mi adhesión a las instituciones». Estos signos de antialfonsismo no fueron, sin embargo, ni mucho menos generales: a mediados de junio el Rey recibió una gran ovación en el Teatro Real[200].

¿Qué pensaba realmente Alfonso XIII en estos momentos? Para saberlo hay que recurrir a lo que dijo en público y en privado. A mediados de julio hizo unas declaraciones a un diario inglés en que, después de ratificarse en la neutralidad, trató de explicar la crisis que vivía España. Lo hizo de forma que evitaba enfrentarse con nadie y que trataba de que todo transcurriera en el seno de la legalidad constitucional. Aseguró que como consecuencia de la guerra una parte de los españoles había prosperado y otra, en cambio, no; por tanto se había producido lo que, con optimismo, denominó «un cierto malestar industrial». La situación se había complicado «por el movimiento patriótico del ejército» y por «el movimiento de Cataluña». Sobre este último dijo que el Gobierno estaba dispuesto a discutir «de un modo amistoso» esa reivindicación. Lamentó, en fin, que los reformistas se alejaran del campo monárquico.

Pero, al mismo tiempo, el Rey hablaba en privado. Hay que tener en cuenta que a la llamada Asamblea de Parlamentarios, realizada a mediados de agosto en Barcelona, se le ha atribuido un efecto casi milagroso como si hubiera podido producir una transformación política definitiva e instantánea del país. En realidad no fue más que un procedimiento de las oposiciones catalanista y de izquierda para protestar porque el Parlamento estuviera cerrado, y toda ella estuvo precedida y acompañada de conversaciones subterráneas. Se explica que fuera así por la propia heterogeneidad de sus componentes. El caso de Cambó resulta característico. A uno de sus colaboradores le había explicado el dilema en que se encontraba: lanzados a la protesta, «la revolución ganaría y nosotros no podemos dirigirla o bien si triunfamos, adquiriríamos prestigio… pero consolidaríamos el statu quo y retrasaríamos la solución del pleito nacional». Por eso, por un lado impulsó la Asamblea de Parlamentarios y, por otro, mantuvo contacto indirecto con el Rey a través de Güell; también los mauristas, muchos de los cuales querían ir a la Asamblea, estuvieron en contacto con Alfonso XIII. No existe ninguna contradicción entre sus declaraciones públicas y las privadas. Permanecía en una actitud preocupada intentando poner en contacto a las dos partes. Como el ejecutivo, al que no ahorraba críticas, estaba «encampanado con su actitud», dijo «que no veía en estos instantes solución al conflicto pues comprendía que ni el Gobierno ni los parlamentarios pueden volverse atrás». Habló de la posibilidad de «infiltrar» los diversos grupos políticos actuantes en España con personas de otra significación, con lo que la calidad de los gabinetes mejoraría; eso puede considerarse un antecedente de los Gobiernos nacionales. «El Rey —escribió como conclusión uno de los dirigentes mauristas— sigue sin saber una palabra del problema catalán y fiando en su listeza para engañar a todo el mundo»[201]. Pero Alfonso XIII, en realidad, poco reproche merece en esta ocasión, sobre todo teniendo en cuenta que buena parte de los protestatarios acabaron figurando en uno de los Gobiernos siguientes.

Tampoco es cierto que el Gobierno Dato provocara la huelga obrera para enfrentar a los sindicatos y obreros con el ejército. Al Rey le comunicó su convocatoria Lema en términos inequívocos: «El presidente me ha comunicado por teléfono que cree inevitable el comienzo de la huelga mañana», aunque, de acuerdo con su información, opinaba que «quizá no sea tan general e intensa como podía pensarse; es claro que empezadas estas cosas nunca puede calcularse exactamente su extensión y repercusiones». Dato estaba dispuesto a aplicar el estado de guerra, pero no sabía bien en qué provincias; de cualquier modo, sus esperanzas habían estado en que la huelga no estallara y no al contrario: «En un momento creyó el presidente que, al desear los obreros hablar con la Compañía sobre los despedidos, era tan sólo para tratar de probar algún error cometido en caso concreto pero después ha visto que realmente querían discutir la facultad disciplinaria de aquélla, lo que no es admisible»[202].

La Asamblea de Parlamentarios tuvo mucho de escenificación inocua. La huelga, en cambio, tuvo un contenido revolucionario, más relacionado con una voluntad de subversión militar y republicana que social, como se demuestra por los panfletos repartidos, algunos de los cuales conservó doña María Cristina, la madre del Rey. Marcelino Domingo se refería, por ejemplo, en ellos a «un Cuarto militar no formado por los mejores protegía sin mesura al que se decidía arrastrarse y abandonaba sin piedad al que se ceñía al cumplimiento estricto del poder». Las autoridades militares de Barcelona habrían recibido la orden «de fusilar a los militares detenidos en Montjuich, de volarles la cabeza a tiro limpio». «Unos militares —añadía— se han pronunciado francamente por la República y otros han votado por el hijo del Infante don Carlos. Y ni uno solo ha propuesto la continuación de don Alfonso de Borbón». «Otras clases sociales», aparte de los militares, estarían a punto de pedir que «abandone el más alto poder del Estado el hombre que no ha sabido ejercerlo (y) que caiga de una vez la Dinastía que ha visto deshacer y arruinar en sus manos toda la gloria y toda la riqueza de este pobre país». «Alfonso XIII —concluía— no tiene fuera de aquí nadie a su lado. Francia le ha cerrado las puertas. Inglaterra no quiere oírle… Los militares que le rodean son los peores». El manifiesto en sus últimas líneas preguntaba a los soldados si acabarían por disparar en favor de las oligarquías en vez de enfrentarse a ellas. El doble error de una propaganda como ésta consistía, ante todo, en presentar la actitud de la oficialidad como antimonárquica cuando no lo era, pues hemos visto que las Juntas, aun críticas con respecto al favoritismo, se atribuían la condición de aceptadas por el monarca. Pero, además, se proponía en este manifiesto una especie de sindicalismo de los soldados que difícilmente podía ser aceptable para los oficiales. Luego, en la descripción que un oficial de guarnición en Barcelona hizo a Maura, las tropas «tuvieron que castigar de duro desde un principio y gracias a esto se terminó pronto pues los revolucionarios se creían que el ejército estaba con ellos»[203]. Así acabó el movimiento.

Concluidos los sucesos, el interrogante era la salida política que tendrían. A Palacio fueron dirigidos escritos anónimos previniendo a la Reina María Cristina contra la posible entrada de los reformistas en el poder. Otras informaciones reservadas que llegaron a Palacio durante el mes de septiembre revelaron que las Juntas no estaban dispuestas a aceptar que sobre sus espaldas recayeran las culpas de una represión muy dura en contra de republicanos como Domingo. Pronto se lanzaron por la pendiente de una directa y decidida intervención en la política en una circular que Miguel Maura calificó de «tremenda». Dato parece haber pensado por un momento enfrentarse con ellas. El ministro más decidido era Sánchez Guerra, que había recibido una alta condecoración por su actuación durante los sucesos revolucionarios, sin otro resultado que el de que muchos militares renunciaran a la que a ellos mismos les fue otorgada[204]. En cuanto a Alfonso XIII, los sucesos de agosto de 1917 no incrementaron su popularidad entre los militares porque no se movió de Santander durante los desórdenes. Según el embajador italiano, estaba indignado de la participación de extranjeros en los sucesos de Barcelona. En él, como siempre, residía la decisión respecto de una alternativa gubernamental «dado el hecho que las crisis se preparan (en España) más en las antecámaras de Palacio que en los pasillos del Parlamento». El hecho decisivo era que Maura, a pesar de que representaba una fuerza parlamentaria diminuta, tenía tras de sí el apoyo de los militares para la formación de un Gobierno. Ahora el político conservador «no pronunciaba un discurso sin dar (al Rey) lecciones no pedidas sobre los derechos y los deberes de la Corona». También los británicos atribuyeron a las Juntas la posibilidad de formación de un Gobierno nacional presidido por Maura. Éste era el destinatario de los entusiasmos de una parte considerable de la oficialidad que, tras su victoria, se consideraba capacitada para situar a toda una serie de generales (Luque, Echagüe, Marina, Jordana, Aguilera y Alfau) entre quienes «desde el año nueve se han venido repartiendo entre sus parientes, adictos y paniaguados el botín de ascensos, destinos, recompensas…»[205]. Pero el político conservador no quería llegar al poder aupado por militares; fue eso y su respetabilidad moral lo que le permitió cambiar por completo su imagen respecto a 1909.

De entrada el Gobierno Dato perdió a Primo de Rivera como ministro, pero su agonía se prolongó hasta el final del mes de octubre, momento en que Cambó le facilitó una salida tras proponer al Rey un Gobierno de amplísima concentración en el que el ministerio de la Gobernación no sería desempeñado por una persona sin significación partidista. Los observadores diplomáticos en Madrid interpretaron que aquélla fue «la crisis más grave entre las muchas sobrevenidas desde la Restauración de la Monarquía hasta el presente». El Rey, fuertemente impresionado por la coincidencia de sectores muy diversos en contra del Gobierno Dato y por una nota hecha pública por la Junta de Defensa en Barcelona, dirigida a él mismo, aceptó la idea de Cambó. El intento de un Gobierno de concentración pasó por las manos de Sánchez de Toca y de Maura antes de ser encargado definitivamente a García Prieto. Parece, según la narración del nuncio, que por segunda vez el monarca llegó a amenazar con la posibilidad de abdicar. Cierva habría ocupado la cartera de Guerra por expreso designio del Rey, que, con su energía, pensaba lograr imponerse a las Juntas[206].

Como es lógico, la crisis tuvo también una dimensión exterior. Cuando se produjo la dimisión del Gobierno Dato, el Rey informó con carácter previo a los italianos asegurando que no cambiaría la política de neutralidad. Sin embargo el embajador no acabó de creerlo porque veía en las Juntas tendencias germanófilas y no consideraba posible una política más aliadófila que la llevada a cabo por Dato. El resultado de la crisis se atribuyó al deseo del Rey de calmar a los militares. Pero la idea de un Gobierno nacional parecía en su caso susceptible de varias interpretaciones porque, si por una parte podía incluir hasta los reformistas, por otra también podía estar formado por Maura y los sectores más caracterizados del partido conservador proclives a la germanofilia[207]. Finalmente la fórmula a la que se llegó, atenta a la política interior, no significaba nada especial en la exterior en un momento en que ya se aproximaba la recta final de la Guerra Mundial.

LOS PRIMEROS GOBIERNOS NACIONALES

La situación había sido dramática para Alfonso XIII durante las semanas precedentes por el inesperado desvío de la oficialidad militar. Dos generales españoles que habrían de desempeñar un papel de primera importancia en el futuro fueron testigos y protagonistas de las relaciones entre la Corona, el Ministerio y las Juntas. Mientras Miguel Primo de Rivera colaboró con su tío, el ministro de la Guerra, Silvestre, desde el Cuarto militar del Rey, quiso, sin éxito, ser instrumento de enlace con las Juntas de Barcelona y la Corona.

La solución propuesta por Cambó significaba no sólo un cambio ministerial sino programático y esencial. El Gobierno García Prieto, formado en noviembre de 1917 con conservadores y catalanistas, pretendió ser neutral en una contienda electoral que quería suponer la renovación política. En la práctica, sin embargo, muy pronto se convirtió en evidente la frustración de un intento que, por lo menos, algunos promovieron con toda sinceridad. Cambó, que había propuesto esta fórmula, aseguraba que su actitud era «la más gubernamental de mi vida». Durante algún tiempo pudo pensar que se le haría caso: pidió que en la subsecretaría de Gobernación hubiera un funcionario de la carrera judicial y lo fue el ministro. No logró, en cambio, una campaña larga sino que le obligaron a una corta que, según escribió a uno de sus colaboradores, es «nuestro fracaso electoral y el triunfo de las viejas organizaciones» o, lo que era lo mismo, una «caída ridícula». Ya en enero de 1918 llegó a una conclusión irremediable: «Es evidente que (García) Prieto se ha puesto de acuerdo con Dato y Romanones entrando Cierva en la combinación en algunas provincias»; como también participaba algún maurista, se había llegado a «un encasillado completo». El aparentemente inocuo García Prieto, elegido en tal condición, le apareció ahora «administrando admirablemente su ingenuidad y su aparente tontería». El resultado fue «un desastre», «nuestra deshonra» y la demostración de que con los partidos del turno era imposible «crear un poder parlamentario fuerte y prestigioso que fuera base y fundamento de todos los restantes poderes constitucionales». Ésa y no otra era la solución regeneradora, ahora convertida en inviable. Pero lo que nos interesa más es lo que escribió Cambó a continuación, pues se refiere a nuestro biografiado: «Ya no veo más solución a la crisis de la política española que un golpe de Estado: que un Gobierno, apoyado en el Rey y en las bayonetas, haga lo que no podrá hacer el Parlamento»[208]. Tardó cinco años, pero a muchos les dio entonces la sensación de que algo parecido fue la Dictadura de Primo de Rivera. El monarca, que no se opuso sino facilitó la solución Cambó en 1917, se vio inevitablemente arrastrado por esa evolución de los acontecimientos. La clase política, que merece juicios tan positivos en relación con la Guerra Mundial, sólo debe recibirlos negativos en lo que se refiere a esta ocasión perdida.

Conviene recordar, no obstante, que no fue ella la única culpable. «Quizá —escribió el nuncio— en ninguna otra época desde el comienzo de la Restauración se habían ido preparando los ánimos de los buenos católicos para concurrir a las elecciones unidos y compactos». De ello se habló entre sus principales líderes y el propio representante del Papa «pero cuando se trató traducir en hechos tantas buenas disposiciones se encontraron dificultades insuperables» por parte, principalmente, de Maura. Según la interpretación del citado diplomático las elecciones habrían supuesto la victoria de la Monarquía y la derrota de la extrema izquierda, pero «parece que el electorado no deseaba la renovación». Ésta es también una evidencia que se impone porque, a fin de cuentas, el encasillado oficial hubiera podido ser derrotado en las urnas[209].

Además el llamado «Gobierno de la renovación» no sólo constituyó un fraude en las elecciones sino también en la crucial cuestión militar. Cierva, a quien el propio Rey insistió por su fama de firmeza para que ocupara el Ministerio de la Guerra, inutilizó a las Juntas pero al mismo tiempo las utilizó en su provecho; al poco tiempo se rumoreaba que estaba dispuesto a presidir un Gobierno dictatorial con ocho coroneles. Además, pronto el sindicalismo de los funcionarios dio la sensación de poder paralizar el Estado. En este punto, si Cierva se alineó en la confrontación, Alfonso XIII estuvo por la mediación. En cambio resulta muy posible que ambos coincidieran en la pretensión de que las reformas militares se aprobaran por decreto, sin la colaboración del Parlamento. Alba, consultado por García Prieto en aquellos días, se preguntó si «vamos a iniciar así la nueva vida constitucional» y concluyó: «hay que contrariar al Rey en su propio bien; aceptar las reformas sin examinarlas es imposible»[210]. Esto fue lo que provocó la crisis y motivó la creación del primer Gobierno denominado como nacional.

La gestación del mismo es conocida y cualquier nueva fuente, aun precisándola, la confirma en lo fundamental. Los intentos por llegar a un Gobierno fueron repetidos hasta convertir la situación en «angustiosa», como la describió un diplomático. La solución se debió a la sugerencia de Romanones pero el elemento esencial fue una sorprendente convocatoria de los dirigentes políticos por el monarca en Palacio. De acuerdo con lo publicado en la época les habría dicho: «Antes que Rey soy español; nada me importa la corona ante el bien de mi pueblo y, como éste parece imposible por diferencias de unos y otros, yo les afirmo que no he de presenciar su ruina». Por lo tanto les afirmaba que, de no formar Gobierno, «las primeras horas de mañana me cogerán fuera de la frontera». Gracias a ello se constituyó el Gobierno, presidido por Maura, tomando Alfonso XIII los nombres de los ministros de su propia mano. Los observadores diplomáticos coincidieron por completo: la solución constituía «un acontecimiento extraordinario en la historia contemporánea de la política española» y sólo había sido posible gracias al Rey, quien «con acentos de profundo dolor y de soberana energía llamó al patriotismo de todos para que todos unidos salvaran a la nación». Así se explica la resurrección de un ambiente de mesianismo y la brusca popularidad de la clase dirigente, en especial el Rey, aplaudido con frecuencia por estos días. «Nosotros —contó el cronista— le vimos a la entrada de la calle del Arenal, por la Puerta del Sol y puede decirse que la multitud llevaba en vilo el coche en que iba».

Lo decisivo de la crisis fue una victoria del poder civil sobre el pretoriano. Maura se había declarado contrario a aceptar el Gobierno mientras que el ejército no dejara gobernar. El Rey, en principio, hizo todo lo posible para evitar que Cierva abandonara la cartera de Guerra; sin duda temía que descarrilara toda la política de contención de las Juntas. Como sucedía siempre que había una actitud civil clara, decidida, apoyada por la mayoría y dirigida con tenacidad, Maura se impuso. La conversación que tuvo con Cierva acabó «con caracteres de extrema violencia». «Usted ha venido a suplantarme en este momento, que es el mío», dijo el segundo; «conste que se me echa, que yo no me quería marchar de aquí». Formado el Gobierno el 22 de marzo de 1918, pronto Quiñones de León, el embajador español en París, aseguró que era netamente francófilo por la presencia de Dato en la cartera de Estado[211].

Los franceses llegaron a la irónica conclusión de que, en realidad, el programa que tenía el Gobierno no era más que «permanecer unidos». Sin embargo es también cierto que supo mantener con firmeza la neutralidad española en el último tramo de la guerra. Lo hizo, en ocasiones, con medidas vistas con aprensión por los aliados. Estaban, sin embargo, destinadas a impedir la actuación de espías o las subvenciones de los beligerantes en la prensa nacional de tal modo que transmitieran la confrontación de más allá de la frontera[212].

Durante el intervalo de Gobierno —menos de ocho meses, hasta noviembre— la relación entre el presidente y el Rey fue muy cordial. El primero, sin duda satisfecho por su vuelta al ejecutivo en unas condiciones que le situaban por encima del resto de los dirigentes políticos, le dio cuenta de forma puntual de cuanto ocurría. Lo hizo evitando, al mismo tiempo, señalar una única posible solución cuando se planteaba un problema. A mediados de julio aludió, por ejemplo, a la posibilidad de conflictos sociales y «claro está que si tuviésemos la fortuna de que en Asturias la huelga abortase disminuiría considerablemente el peligro que amaga en las zonas de Cartagena y Peñarroya». Otro Consejo se ocupó de cuestiones militares, materia sobre la que «decidió que nada se debía acordar sino sostener con firmeza la orden dictada y publicada por el ministro, a todo trance». También el Gobierno se manifestó a favor de suspender las sesiones de Cortes[213].

El Rey le respondió demostrando su habitual interés predominante por el ejército, en que exhibió conocimientos minuciosos, desde luego muy superiores a los de Maura y el propio Consejo de Ministros. Los consejos que dio, por otro lado, tenían coherencia y testimoniaban buen sentido político, pero sobre todo revelaban una actitud de colaboración estrecha y cordial:

Mi querido presidente:

[…]

Del disgusto de los capitanes tenía conocimiento pues ya en tiempo de Cierva lo hubo por creer se suprimía la gratificación de mando a capitanes de Compañía. Se aclaró entonces y lo actual me parece que, con un poco de tacto y claridad, no pasará nada. La gente está muy bien dispuesta pero creyó sacaba más de lo que va a recibir. Lo que puede tener más importancia es lo de los maquinistas pues parece que artillería está para unirse a ellos y creo será bueno se informe Vd. por fuera del ministro. La solución será el que el oficial maquinista sea de carrera y más ingeniero que el que sale de fogonero actualmente.

La huelga de Asturias no presenta mal aspecto y creo no sería total: no hay ambiente para revueltas y la gente está desilusionada de sus jefes.

Excuso decirle que en todo momento estoy a sus órdenes y con un simple telegrama diciendo «venga», sin más explicación, me pongo en camino, de día o de noche, es igual. De no ser urgente mi presencia pasaría el día 23 por Madrid saliendo por la noche para San Sebastián. Si desea vaya antes podría ir de aquí para recalar con mi madre el 21 Domingo. Estoy a sus órdenes y haré lo que crea mejor. El cerrojazo se impone cuando pare el peligro de la huelga, pues es mejor discutir en las Cortes y es una válvula de seguridad y apoyo al Gobierno. No tiene idea el ambiente que tiene el Gobierno en provincias: da gusto y anima a trabajar.

Un fuerte abrazo y deseando se conserve bueno sabe que le quiere su afmo.

Alfonso R. H.

Telegrafíe lo que quiera que haga[214].

En estas líneas da la sensación, al margen del clima optimista, de que Alfonso XIII había recuperado su función de intermediario entre el poder civil y militar. Esta situación se complementaba con el hecho de que Maura siempre se negó a intervenir en las recomendaciones de personal de Guerra[215].

La gran cuestión de la política española durante el Gobierno Nacional fue, una vez más, la posición ante la Guerra Mundial. Romanones, el más aliadófilo de los ministros, la definió como de «suma neutralidad», pero los sucesivos hundimientos de buques españoles por los submarinos alemanes y la carencia absoluta de cualquier tipo de consideración por parte de los agresores le llenaban de indignación, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno tenía ahora una autoridad excepcional por sus propias características. El propio Maura admitía que «ya se ha colmado la medida», sobre todo después de que alguno de los torpedeamientos hubiera hecho gala de un grado excepcional de «desconsideración y brutalidad»[216]. Franceses y británicos, por su parte, poco interesados en la intervención española en el conflicto, procuraron evitar declaraciones que pudieran provocar choques con las autoridades españolas. Los diplomáticos británicos desaconsejaron, por ejemplo, críticas demasiado acerbas respecto de Alfonso XIII, dados sus poderes constitucionales en política exterior. También el embajador francés, consciente de que la figura del Rey no tenía la popularidad de otro tiempo, recomendó que la prensa francófila española no atacara al monarca por un mal enfocado prurito democrático[217].

Otras cuestiones aparecieron en el horizonte de la finalización del conflicto. Una iniciativa española en torno a la salvación de la familia imperial rusa tuvo su origen en Dato pero estuvo también apoyada por Maura, que consideró que la neutralidad española la hacía viable. El mismo Alfonso XIII a principios de agosto de 1918 hizo alguna gestión ante representantes de los países aliados. Eran unos momentos en que la situación de Alemania parecía hacer posible una mediación y hubo noticias confusas en torno a ello en el Palacio Real de Madrid. Ya era inviable, dada la inminente derrota de los Imperios centrales, pero ahora el Rey español hubiera estado en óptimas condiciones, de ser otras las circunstancias, para desempeñar el papel que siempre anheló. De forma discreta la Reina María Cristina expresó ante el embajador italiano, ya en septiembre de 1918, su deseo de que la contienda concluyera pronto[218].

Es preciso volver a la cuestión de los torpedeamientos. Fue tratada en sucesivos Consejos de ministros a comienzos de agosto y, tras un amago de dimisión de Romanones, se llegó a la decisión de notificar a Alemania que, si tenían lugar nuevos hundimientos, se procedería a la incautación temporal de buques alemanes en puertos españoles. La nota sobre el particular, entregada en Berlín, tuvo como sorprendente consecuencia que el propio embajador español replicara a su ministro que consideraba «funestísimo» el cambio en la política española; preveía además que España iniciaría una pendiente destinada a concluir con la caída de la Monarquía. Lo interesante es que esa misma comunicación fuera remitida por el embajador al Palacio de la Magdalena en Santander donde estaba el monarca, supremo responsable de la política exterior[219]. La actitud inicial de los alemanes fue menos dura que ésa, puesto que el embajador trató de lograr un aplazamiento arguyendo que no había plazo para informar a los submarinos de las nuevas condiciones de la guerra marítima. El Gobierno se sentía justificado por el hecho de que hasta el momento este país había hundido una quinta parte de la flota española, causando un centenar de muertos[220]. Pero la definitiva respuesta alemana, a comienzos de septiembre, fue brutal: consideraría que la incautación de un solo buque alemán sería un acto hostil con todas sus consecuencias aunque estaba dispuesta a conceder compensaciones por los daños causados.

La dureza de la nota encerraba, no obstante, una posibilidad de negociación. Tampoco en esta ocasión estaba Maura decidido a una ruptura con Alemania y la posición del Rey fue semejante, aunque con matices. En una conversación con Dato, que luego éste narró a Maura, le hizo presente que «su decisión de no ir en ningún caso a una ruptura con Alemania es resuelta y así me lo ha manifestado de una manera explícita, terminante, categórica». Alfonso XIII mantenía, por tanto, sus poderes en materia de política exterior, aun coincidentes con los de su Gobierno. Con una leve diferencia en el tono ésa fue la posición de la clase política, con la excepción de Romanones. Dato hubo de aceptar ante los franceses que mantenía «conversaciones» con Alemania para la aplicación de las medidas decididas[221].

A lo largo de los meses de septiembre y octubre la posición española siguió siendo de un muy difícil equilibrio. Maura llegó a plantear ante el embajador alemán algo parecido a un ultimátum al indicarle que si en un determinado plazo su Gobierno no señalaba qué buques podían ser incautados, lo decidiría el español. La incautación se llevó a efecto, aunque en un momento en que ya se aproximaba el final de la Guerra Mundial en Europa y del Gobierno nacional en España[222]. Maura comunicó el acuerdo al Rey que, en toda esta negociación, no parece haber desempeñado papel alguno, una vez determinada su postura. Tampoco finalmente desempeñó ningún papel en el planteamiento de una gestión mediadora para conseguir la paz a mediados de septiembre de 1918, aun a pesar de que la iniciativa la tuvo en este caso Austria-Hungría, a cuya familia imperial pertenecía doña María Cristina[223].

Esta carencia de iniciativa del monarca en parte se puede explicar por su mal estado de salud que todas las fuentes constatan (tuvo escarlatina en un momento en que España pasaba por la última gran epidemia de su Historia, la gripe). Pero, al mismo tiempo, se debe tener también en cuenta que un Gobierno con apoyo social y con unidad tendía inevitablemente a reducir su intervencionismo en cualquier acción del ejecutivo. No tenemos noticias de que representara ningún papel en otras materias, al margen de la política exterior. Cambó le remitió los gruesos volúmenes que mandó publicar con sus proyectos sobre ferrocarriles y lo hizo con unas líneas que contenían una frase («Puedo asegurar a V. M. que su constante estímulo tiene parte principal en la obra que tengo la honra de ofrecerle») que debe haber sido puramente protocolaria[224].

Aun así algunos observadores atribuyeron a la voluntad del Rey la crisis que concluyó con el Gobierno Nacional. Así lo hizo, en concreto, la Embajada francesa, informando en este sentido a París. Según esta interpretación, resultaría que el monarca habría deseado un ejecutivo más dócil para que, dirigido por él mismo, le hubiese permitido desempeñar un papel en el escenario internacional. Pero esa afirmación no se correspondía con la verdad. Todo hace pensar que Alfonso XIII estaba satisfecho con el Gobierno Nacional, como revela su carta a Maura, y que la propia heterogeneidad de dicho ejecutivo bastó para explicar su descomposición. «En el momento en que todas las miradas se dirigen hacia el horizonte en que se deciden los destinos del mundo —se escribió también desde la embajada francesa— los españoles continúan dedicándose a sus pequeñas querellas intestinas». Fueron, en efecto, los desacuerdos en el seno del ejecutivo en materia de ferrocarriles, cuestión suscitada por Cambó, y el deseo de Dato de volver a ejercer como líder conservador, pero sobre todo los planes de Alba relativos a la instrucción los que provocaron el colapso del Gobierno Nacional. Un político le escribió, entonces, al secretario del Rey que, en el gabinete fenecido, «Maura pudo ser acicate y prefirió ser espectador disgustado (y) los demás, suponiendo que la situación era transitoria, pensaron más en ellos mismos»; resultaba preciso, pues, «dar la sensación de que lo que (le) sustituye no tiene carácter interino».

Eso era tan fácil de decir como difícil de hacer. Ante Palacio una manifestación de unas 2.000 personas vitoreó al Rey cuando se conoció el final de un Gobierno que había despertado tanto entusiasmo. En la nueva etapa, sin embargo, las dificultades serían mucho mayores para el monarca, culpado por españoles y extranjeros de defectos propios pero también inventados[225].

CAPÍTULO III

EL REY Y LA CRISIS DEL LIBERALISMO

«El año de 1921 es el más triste de mi reinado, sólo comparable al 1931 y en definitiva el que quizá más contribuyó a acelerar el proceso que me obligó a abandonar España», declaró Alfonso XIII cuando estaba ya en el exilio. Se refería principalmente al desastre de Annual pero inmediatamente después aludió a otras cuestiones. Lo hizo de un modo característico de su personalidad y de su circunstancia, es decir, alegando unas causas que no siempre eran las más decisivas y desde la óptica de un monarca que necesitaba exculparse y cuyos partidarios habían quedado reducidos a los miembros de la extrema derecha. «De 1921 a 1923 es evidente que a la autoridad del Estado la había sustituido una feroz anarquía», explicó. E inmediatamente encontró en el liberalismo de la etapa precedente de su reinado el mejor descargo de las acusaciones de que había sido objeto: «Si el régimen parlamentario y el sistema democrático eran incapaces de poner un freno a la cabalgata revolucionaria ¿…qué podía hacer un Rey al que obligaba la ley fundamental a mantenerse en silencio y a estar pendiente de las votaciones del Parlamento?» [1].

Como es lógico, al margen de sentimientos personales, son distintas las interpretaciones que la Historia debe hacer, incluso en contra del testimonio de sus protagonistas. De entrada, ni Alfonso XIII permaneció callado ni tampoco durante esos años había culpado al liberalismo de todos esos males. Para empezar, es preciso integrar lo sucedido en la España de la época en un contexto de Historia universal.

En torno a la I Guerra Mundial y a la primera posguerra se produjo en todo el mundo una segunda oleada de democratizaciones. Muy pronto, sin embargo, el proceso iniciado concluyó en muchos países con un fracaso. Las tensiones sociales, los conflictos de identidad cultural en Estados plurales y los propios problemas de estabilidad en el funcionamiento de un sistema democrático que tan sólo estaba dando los primeros pasos contribuyeron a ello.

Como término de comparación para el caso español nos interesa lo sucedido en Italia, una Monarquía cuyos rasgos políticos, sociales y culturales eran relativamente semejantes [2]. El camino hacia la democratización se inició en 1913, cuando una nueva ley electoral casi triplicó el número de ciudadanos con derecho a voto. El político que la hizo aprobar, Giolitti, cuenta en sus memorias que sus razones fueron tanto la justicia como la conveniencia de incorporar las masas al Estado. No cabe la menor duda de que hubo una previa demanda social para esta medida: la economía italiana había crecido mucho en los primeros años del siglo y la sociedad se había transformado (el número de afiliados a los sindicatos había crecido en un 50 por ciento hasta llegar a casi un millón de personas). No hubo apenas oposición a la nueva ley electoral. En los meses inmediatamente anteriores a la I Guerra Mundial Italia estaba, pues, en el umbral de ser una democracia. El sistema era más auténtico y participativo y, al mismo tiempo, no había perdido legitimidad ni estabilidad (cambiaban los gobiernos pero siempre eran liberales). Incluso se sintió con fuerzas para emprender una acción de modesto imperialismo en Libia que compensaba el sentimiento de frustración experimentado como consecuencia de juzgar la unificación como un proceso histórico fallido (rivoluzione mancata). Sin embargo, bajo esa superficie optimista había realidades preocupantes. De momento, el sistema de partidos apenas experimentó cambios. Las izquierdas crecieron —se duplicaron los socialistas y aumentaron en un 50 por ciento los radicales— pero los liberales se mantuvieron (pasaron de 382 a 310 escaños) y Giolitti, con esa fuerza, mantuvo una decidida voluntad de integración de los socialistas. Ahora bien, éstos podían evolucionar en un sentido contrario y el mundo católico no acababa de convertirse en un apoyo del sistema sino que actuaba de forma muy peculiar vetando, en el momento de las elecciones, a los candidatos liberales anticlericales. Además, la empresa colonial de Libia produjo dos procesos contradictorios pero igualmente desfavorables para la democracia: hubo socialistas violentamente contrarios al imperialismo (Mussolini fue uno de ellos) y surgió un nacionalismo antiliberal que obtuvo apoyo en las clases medias urbanas.

Las secuelas de la guerra mundial fueron decisivas para la sociedad italiana. La grave frustración sentida como consecuencia de las escasas ventajas obtenidas de la victoria después de haber padecido 600.000 muertes engendró un nacionalismo exaltado mientras que la protesta social creció de modo exponencial. No obstante, en un principio esa situación no provocó una detención en el proceso evolutivo desde el liberalismo a la democracia sino que, por el contrario, empezó a vivirse plenamente la experiencia de ésta; coadyuvó a ello la aprobación en 1919 de una nueva ley electoral proporcional que definitivamente trajo consigo el advenimiento de una política de masas.

Pero eso mismo contribuyó a que la experiencia democrática se frustrara en 1922. Con la nueva ley los católicos —popolari— llegaron al centenar de diputados; los socialistas, que habían visto cuadruplicar sus afiliados, llegaron a 126. Su fuerza parlamentaria ocultaba, no obstante, una tremenda carencia de unidad. Había católicos dispuestos a pactar con los socialistas y otros capaces de añorar una vuelta a la alianza entre el Trono y el Altar; la frecuente violencia verbal de los socialistas velaba su incertidumbre estratégica y táctica. La crecida de estas dos fuerzas tuvo como consecuencia, según Giolitti, que el Gobierno liberal se convirtiera en difícil y precario. La desunión de los dirigentes de esta significación hizo el resto permitiendo el acceso al poder de una extrema derecha cuya fuerza social y política no era, en definitiva, tan grande.

Las enseñanzas del caso italiano resultan obvias. En primer lugar, para que se inicie un proceso de democratización resulta imprescindible alcanzar un determinado umbral del que dependen factores diversos, no sólo políticos sino también sociales. Una vez atravesado este umbral, no existe la garantía de estabilidad si no se dan circunstancias favorables, en este caso más políticas que sociales. Finalmente, en este proceso las decisiones individuales tienen un papel modesto. Sin duda la aprobación de las dos sucesivas leyes electorales contradice esta regla pero, por ejemplo, el papel del jefe del Estado no fue decisivo en Italia sino durante 1922 cuando admitió la marcha sobre Roma. Ni siquiera a su posición en torno a la entrada italiana en la guerra cabe atribuirle una importancia semejante.

No se trata ahora de examinar la crisis del liberalismo parlamentario en España, como haremos en un epígrafe posterior. Por el momento nos basta con preguntarnos si se puede considerar que España había llegado a ese umbral de la democracia que Italia alcanzó alrededor de 1913 y si se encontró con parecidas dificultades que ella en la primera posguerra mundial. En cuanto a lo primero, los indicadores de desarrollo de que disponemos [3] revelan una distancia considerable entre España e Italia. A comienzos de los años treinta en España la producción de acero y el consumo de energía por habitante eran inferiores en un quinto a los italianos. España consumía poco más de la mitad de algodón y estaba por debajo en un tercio en desarrollo bancario y en un cuarto en número de cartas postales por habitante. Pero todavía los índices de desarrollo político mostraban mayor distancia. El socialismo italiano ya tenía cinco diputados en 1892 y llegó a 52 en 1913. En España el primer diputado socialista data de 1910; en 1923, apenas había media docena (de los que cinco eran elegidos por Madrid pero representando a sólo el 15 por ciento del electorado). Cuando ya el Partido Popular italiano estaba en trance de desaparecer (1923) surgió una imitación española que ni siquiera se presentó a las elecciones.

Con estos datos se puede concluir que, fuera cual fuera la actitud del monarca, España en esta etapa no había llegado al umbral de la democracia. Pero, por otro lado, sus problemas eran parecidos o incluso mayores. Las doctrinas nacionalistas de extrema derecha habían llegado a alcanzar alguna influencia, a través principalmente del maurismo, pero muy inferior a la de Italia; en cambio, como en el este de Europa, hubo un problema grave de nacionalismos periféricos. Se produjo, además, una derrota exterior, factor inexistente en Italia, y una reaparición del ejército en la política, en parte por esa causa pero, antes y quizá con igual fuerza, por problemas de orden público y de carácter profesional. En suma, incluso si se hubiera llegado al umbral de la democracia resulta muy improbable que ésta hubiera podido conseguir la estabilidad. En realidad, un momento parecido al 1919 italiano no se produjo en España sino en 1931, pero entonces probablemente puede decirse que alcanzó más profundidad y apoyo social.

Alfonso XIII, sin duda, tuvo que enfrentarse a estos problemas. Sabemos que sólo después emitió un juicio acerca del periodo, cuyo sentido conocemos; no dijo ni escribió, en cambio, un juicio global mientras ocurrían los acontecimientos. No obstante, es evidente que en esta etapa se situó claramente a la defensiva. En los años veinte todavía hubo libros que presentaban a Alfonso XIII como «un Rey liberal y mundano, dotado de un espíritu abierto» y capaz de hacer posible la colaboración en el poder de los socialistas, como se intentó en la Monarquía italiana de los Saboya. Pero, en la intimidad, sabía que la situación estaba tan complicada para él como para cualquier otro monarca y lo decía. Con su lenguaje característico le expresó a una dama aristocrática sus preocupaciones: «La cuestión social sí que está muy mal… Estamos en un momento malo mundial y donde se mire, lío y gordo». Sabía que lo era especialmente para los reyes «aunque el de Castilla se dejará los riñones antes de abdicar; no sigue el ejemplo malo que le han dado». Con el paso del tiempo le llegó un documento que da idea de hasta qué punto debió vivir circunstancias críticas. Se contiene en una nota, fechada en el verano de 1919, que se encuentra en el Palacio de Oriente.

No es posible saber quién escribió esa nota aunque se encuentra en una carpetilla que contiene exclusivamente correspondencia con el conde de Romanones. ¿Sería posible pensar que se trata de uno de esos intelectuales que el político liberal intentó atraer a la Monarquía? No es posible saberlo pero de entrada, desde sus primeras líneas, presentaba un panorama dramático: «España se encuentra en los momentos más graves, difíciles y decisivos de su historia moderna. La guerra ha transformado el estado de conciencia universal: unos pueblos se han adaptado o se están adaptando al nuevo estado; otros permanecen extraños a la transformación o se resisten a ella. España es de los últimos. En esta resistencia suicida agota sus energías y pone en riesgo de muerte hasta su independencia integral».

El anónimo autor pasaba revista a algunos de los principales problemas políticos existentes, incluido el de régimen: «Está en pleito su Constitución, que tiene abiertos los flancos de Vizcaya y Cataluña… Está en pleito la forma de Gobierno porque la Monarquía no sólo no cumple ya su misión histórica y social en España sino que bajo su cetro se ha consumado la ruina de todas nuestras grandezas materiales y morales sin que haya logrado evolucionar para adaptarse, crear un nuevo ideal nacional y hacerse órgano de su realización… La Monarquía se encuentra falta de partidos, falta de hombres, falta de programas y falta de las fuerzas que necesita una voluntad que ha de imponerse desde arriba porque carece de crédito abajo… Ningún hombre público de filiación monárquica podría hoy acometer esa empresa». Adviértase que, de momento, el problema social sólo había empezado a manifestarse en toda su gravedad. Aun así, el escrito reclamaba medidas sociales aparte de las políticas: «La base de la renovación nacional habría de ser en lo económico la transformación jurídica del régimen de la propiedad de la tierra; en lo social, la difusión urgentísima de la instrucción pública, la organización de los gremios de trabajadores en asociaciones sindicadas y el encauzamiento de la democracia hacia la intervención en la vida pública; y en lo político, el ostracismo para las tribus y los caudillos que han gobernado desde 1898, el gobierno en manos de hombres nuevos, un orden de garantías para que, por medio del sufragio independiente, se exprese en unas elecciones la voluntad del país y convocatoria de unas Cortes autorizadas para reformar la Constitución».

Sin todo eso, pensaba el anónimo comunicante, a la Monarquía no le quedaría otra opción que la de resistir por resistir. Pero además no tendría con qué. «La indisciplina», añadía, «nació con las Juntas de Defensa el 1 de junio de 1917 y no ha vuelto a restablecerse. No hay hoy un solo general que pueda responder de su brigada, ni coronel que disponga de su regimiento». De nuevo hay que tener en cuenta que aún no se había producido la reintroducción del ejército en la política o el desastre marroquí y, sin embargo, ésa era la situación que presentaba el documento.

Las soluciones propuestas pasaban, a juicio del redactor, por una especie de reformismo radical: «El instinto de conservación, cuando no un ideal bien sentido de justicia social y una concepción acertada de la nueva vida de la Humanidad, deben imponer a los directores de los pueblos la obligación previsora de preparar la transformación, de encauzar las energías sociales para que la revolución no signifique violencia y venganza sino evolución, que suprime plazos y abrevia términos mediante sucesivas soluciones jurídicas, en las cuales encontrará satisfacción la necesidad humana y espiritual y dique o acequia de derivación la injusticia colectiva». «No hay salvación para la Monarquía», concluía, «pero al Rey le queda aún una sola esperanza de salvación, a saber: hablar de corazón a corazón con el pueblo y entregarse a él… Si, devolviendo su íntegra soberanía al pueblo en unas Cortes constituyentes, libremente elegidas, y no como quien abdica y renuncia sino como quien pide renovación y rectificación de poderes, quizá no salvaría el trono pero habría dado un ejemplo único en la Historia y conquistaría a perpetuidad el título efectivo de primer ciudadano español» [4].

Se trataría, en suma, de llevar a cabo una especie de refundación de la Monarquía que la convirtiera en democrática: aunque literalmente el texto dijera otra cosa, se trataba en realidad de darle nueva savia. Como veremos, hubo más propuestas en sentido parecido durante aquella época, nacidas sobre todo en las filas del reformismo. No se llevaron a cabo y, al margen de la voluntad real o del peso de cada una de las fuerzas políticas, hay que atribuirlo al hecho de que España no hubiera alcanzado el mencionado umbral de la democracia. Lo extraordinario y, al mismo tiempo, revelador es que un escrito de este contenido le llegara al Rey. Sería difícil encontrar una prueba más patente de las gravísimas dificultades del periodo.

EL FINAL DE LA I GUERRA MUNDIAL

De entrada, no obstante, el final de la guerra mundial pudo suponer algún tipo de ventaja para la política exterior española en la cual, como sabemos, jugaba un papel tan importante Alfonso XIII. Desde un principio del conflicto hubo esperanza de obtener una parte de las reivindicaciones históricas propias y nacionales o de tomar parte activa en la remodelación del mundo y esta perspectiva se incrementó en el momento final del conflicto. Una nota en francés que se encuentra entre sus papeles le atribuyó haber tenido una actuación decisiva de cara al Emperador de Austria-Hungría, Carlos I, en su propósito de desengancharse de la Alemania prusiana para procurar adaptarse a la democracia triunfante como medio de evitar la revolución [5]. Hubo, al mismo tiempo, medios diplomáticos que le atribuyeron haberse opuesto a cualquier toma de posición española que pudiera suponer un alejamiento total de los Imperios centrales sin recibir a cambio compensación alguna, como la posesión de Tánger o la celebración de un Congreso o reunión semejante en Madrid para concertar la paz [6].

Todo esto no fueron más que especulaciones. Cuando llegó la paz, como en principio cabía esperar dada su formación y sus antecedentes, Alfonso XIII no estuvo fervorosamente impregnado del pacifismo de la posguerra o del espíritu que guió la constitución de la Sociedad de Naciones, pero recibió a Madariaga y se carteó con los inspiradores de dicho organismo a los que agradeció que el español se utilizara como idioma oficial [7]. Al mismo tiempo, hasta cierto punto actuó como protector de buena parte de las familias reales destronadas de la Europa central. Como ha revelado Carlos Seco, ya había intentado acoger a la familia imperial cuando se produjo la Revolución rusa [8]. Luego auxilió a otros personajes reales, por parentesco, por prolongación de su labor humanitaria durante la guerra o porque fuera difícil que otros lo hicieran. Ayudó, por ejemplo, al Rey de Montenegro, Danilo, que le solicitaba 100.000 francos; Alfonso XIII le acabó enviando a finales de 1921 la mitad de esta suma «por los gastos enormes que he tenido últimamente, aumentados por las atenciones de la guerra de África»; le sería reintegrada con sus intereses con el transcurso del tiempo [9]. Más importante fue el caso de la Emperatriz Zita de Austria-Hungría, expulsada de Viena, una vez desmantelado el Imperio. El monarca español tuvo que ocuparse de su alojamiento (por ejemplo, en el Palacio del Pardo), impedir que tuviera cualquier tipo de actuación política o de que tratara de sacar sus propiedades o las de la Corona del antiguo Imperio e intentó que las grandes potencias consideraran su caso como algo que debía ser solucionado por todas ellas. El Rey se sentía obligado a ocuparse de estos «augustos desterrados» pero todo hace pensar que sobre las espaldas de los políticos españoles del momento recayó además un océano de problemas como consecuencia de ello. La Emperatriz, que se desplazaba con un servicio de treinta y dos personas, a menudo no estaba de acuerdo con la residencia que se le conseguía y la Administración española carecía de capítulos presupuestarios para estas atenciones, nacidas de la voluntad personal del monarca. Claro está que también el Rey hubo de padecer los inconvenientes derivados del carácter de la Emperatriz y de lo que parece haber sido su escaso sentido de la realidad una vez perdido su trono. Alfonso XIII le describió los «esfuerzos titánicos» que había hecho para evitar que sus propiedades fueran confiscadas por algunos de los Estados de Europa central y sobre todo por Italia. A cambio pidió a la ex Emperatriz que entregara algunas de las piezas del tesoro imperial que consideraba suyas pero que, para países como Italia, resultaban una parte de su patrimonio histórico más preciado [10].

Lo esencial para el Rey fue, no obstante, como ya se ha señalado, obtener rentabilidad de la posición española durante la guerra: un activo importante, a este respecto, era su actividad humanitaria durante el conflicto. Cuando, en diciembre de 1918, llegó a España el nuevo embajador francés, Alapetite, entregó a Alfonso XIII una medalla conmemorativa en señal de agradecimiento de los franceses por su labor durante la guerra. Aun así, al mismo tiempo, tanto en el Parlamento francés como en la prensa británica se especulaba acerca de si no habría demostrado ya España su incapacidad para la labor colonizadora al ocupar sólo una parte mínima de cuanto le correspondía en Marruecos mientras que la administración tangerina parecía haber tenido como resultado la inevitable decadencia de la ciudad [11]. Por razones parecidas derivadas de la actividad humanitaria del monarca español, en febrero de 1921 visitaron España los Reyes de Bélgica y más adelante viajaron a Bélgica los de España. Este país, sin embargo, estaba muy lejos de poder influir en que se diera satisfacción a los intereses españoles.

Si la labor humanitaria del Rey fue reconocida, sólo en alguna ocasión se le reprocharon las declaraciones contradictorias, pero siempre gratas para los oídos de quien le escuchaba, que había hecho en el transcurso de la guerra. En agosto de 1920 el diario Le Matin, uno de los de mayor difusión en París, publicó durante cuatro días sucesivos una supuesta conversación de Alfonso XIII con un francés cuyo contenido habría sido denigrante para el antiguo Emperador de Alemania y para los italianos. El presidente del Gobierno español y la prensa conservadora desmintieron la veracidad de la entrevista que, sin embargo, pudo haber sido perfectamente cierta, dados los antecedentes. De lo sucedido apenas se ocupó la prensa española pero llegó a motivar alguna protesta diplomática italiana [12].

Pero lo que le interesaba a Alfonso XIII (y al conjunto de la política exterior española) era obtener satisfacción a sus objetivos, principalmente en Marruecos y de cara a Tánger. Cuando aún no había concluido el año 1918 el Rey hizo alguna primera incursión en materia de política exterior. Con el embajador británico tuvo una extensa conversación en la que, como en él era habitual, pasó rápidamente de unos temas a otros. Hizo alusión a las reivindicaciones españolas, como siempre contrarias al expansionismo de la política francesa. Acusó al país vecino de intentar que España abandonara Marruecos y, al mismo tiempo, se mostró propicio a ceder Tánger a Gran Bretaña a cambio de Gibraltar, un trueque intentado en varias ocasiones por políticos españoles que demuestra que no resulta muy apropiado asimilar el caso español al de un imperialismo colonial al uso [13].

Luego, al concluir la guerra mundial en junio de 1919, trató, no obstante, de seducir al país vecino del Norte. «Nosotros, que figurábamos entre los pueblos a los que las circunstancias no nos habían impuesto la obligación de compartir vuestros dolores», dijo en unas declaraciones al diario francés Le Temps, «sabíamos que… las vidas que conseguíamos salvar del desastre no significaban sino muy poco en la suma del dolor universal». Pero, al mismo tiempo, «cuando vuestro gobierno, insuficientemente preparado para una agresión, luchaba con las dificultades de la movilización, le di a conocer que la frontera de los Pirineos no le daría, en ninguna ocasión, motivo alguno de inquietudes». En suma, Alfonso XIII consideraba que Francia surgía de la guerra «con grandes heridas pero con gran prestigio moral en el mundo» [14]. Nada consiguió, no obstante, con ese lenguaje.

En relación con las expectativas despertadas por la paz hay que hacer mención del viaje del Rey a Francia e Inglaterra a fines de ese mismo año. Fue acogido con grandes esperanzas por la opinión pública española que le tributó una «despedida extraordinaria». Todos los periódicos se identificaron entonces con el jefe del Estado en su misión defensora de intereses que eran considerados como colectivos. El liberal El Sol escribió que «el Rey sabe que es necesario dar al mundo la impresión de que España es algo más que unas tertulias de cortesanos». El romanonista Diario Universal aseguró que el Rey viajaba a Europa en «una hora delicada y oportuna» para probar «la más íntima amistad» con Francia y disipar «la desconfianza que pudo engendrar una equivocación del pasado». Incluso el republicano El Liberal coincidió en apoyar el fruto previsible de las gestiones reales, la posesión de Tánger, y la prensa tradicionalista le acompañó con «el mayor respeto y extraordinario afecto» [15]. Según el nuncio, el viaje tenía un «carácter político internacional a pesar de que el Rey constitucional visita naciones extranjeras sin ser acompañado por ninguno de sus ministros». Merece la pena recalcar esta cita porque resulta reveladora de cómo funcionaba el sistema político español en estas cuestiones. También afirmó que cabía prever resultados positivos para España en relación con Marruecos y en concreto respecto de Tánger [16].

Pero lo cierto es que antes de salir el Rey de Madrid ya el embajador británico había dejado bien claro que el estatuto de esta ciudad implicaba «el mantenimiento de cierto carácter internacional»; aun así, la actitud británica en esta ocasión, como casi siempre, resultaba mucho más grata a los políticos españoles que la francesa. Durante el viaje mismo el entonces presidente del Gobierno, Joaquín Sánchez de Toca, alabó «los grandes éxitos ya alcanzados» por el Rey. «Nos precisaba producir una rápida soldadura eléctrica» entre la fecha del primer viaje en 1913 y la del segundo, aseguró, «para satisfacer nuestros deseos de intensificar a su grado máximo la intensidad de la cordialidad indispensable a las relaciones entre España y Francia». «Confieso», concluyó, «que el resultado ha superado cuanto podía imaginar» [17].

Pero todas las expectativas de la prensa no tardaron en desvanecerse y la reivindicación española se esfumó al poco tiempo. «No se supo nada», comenta el autor del anuario político. Muy pronto, en efecto, vinieron las decepciones. Como acostumbraban, los británicos se mostraron más receptivos, aunque nada complacientes en el fondo, pero los franceses no estuvieron en ningún momento dispuestos a adoptar una posición flexible respecto de la petición española. Incluso pretendieron a principios de 1920 que España debía comprender que era mejor para ella que Tánger fuera internacional. Un diplomático galo llegó a describir la posición española sobre Marruecos como propia de la «obstinación de un niño o de un viejo». En realidad, a esa obsesión se limitaba, según él, el conjunto de la política exterior española [18]. Durante el verano de 1920, al mismo tiempo que el Parlamento belga rendía un homenaje al Rey por su labor humanitaria, se hizo definitivamente patente la actitud nada grata de Francia para los intereses españoles en el norte de África. A fines de 1920 un nuevo viaje del monarca a Gran Bretaña fue interpretado otra vez por su deseo de lograr el apoyo de este país de cara a mejorar la posición española en Tánger [19].

Quizá por eso ya desde entonces se pudo empezar a pensar en que el centro de gravedad de la política exterior española podía experimentar cierto cambio. En ello desempeñó un papel el propio Alfonso XIII. A comienzos de 1920, el embajador italiano constató en parte de la prensa militar española un interés por el acercamiento a Italia de cara al equilibrio en el Mediterráneo; otros círculos, como los palatinos y los eclesiásticos, si eran menos propicios, al mismo tiempo parecían modificar su postura hacia una actitud menos cerrada a la colaboración con el otro país mediterráneo. El embajador italiano entregó a comienzos de agosto una carta del soberano italiano a Alfonso XIII. Éste se expresó en términos de gran amistad acerca de Italia; apareció ya como posibilidad un futuro viaje del Rey español a este país [20]. Más adelante, en enero de 1921, el monarca, acompañado por su madre, recibió de nuevo al embajador citado: en el transcurso de la conversación se constató que se habían superado ciertas dificultades existentes para el viaje, como la oposición del Vaticano, pero no parecía aún inmediato. Como era su costumbre, el monarca español hizo grandes y poco fundamentados planteamientos de política exterior: se refirió, por ejemplo, a la inminencia de una guerra entre Estados Unidos y Japón [21]. Todavía en el verano de 1922 el viaje estaba sobre el tapete: la conflictiva situación española tuvo como consecuencia que se retrasara cualquier desplazamiento del monarca fuera de España [22]. Finalmente, a comienzos de 1923 el viaje de Alfonso XIII se presentaba ya, en las conversaciones entre los representantes de los dos países, como «una cuestión decidida» pendiente tan sólo de que se aclarara algo la situación en Marruecos, quizá a fin de año [23]. Todo lo que antecede parece demostrar que el viaje realizado por el Rey a Italia en esa fecha no obedeció a un contenido político partidista como podría hacer pensar la existencia en los dos países de sendas dictaduras sino al simple contrapeso que dos potencias menores —Italia y España— querían conseguir, mediante su colaboración, frente a las dos predominantes en el Mediterráneo occidental, Francia y Gran Bretaña.

En todo lo indicado el Rey estuvo perfectamente identificado con los que entonces eran considerados como intereses nacionales. Si tanto él como estos últimos fracasaron, la razón reside en la propia debilidad española. El intento de ocupar el conjunto del protectorado español a partir de 1919 se entiende teniendo en cuenta todos estos antecedentes.

Pero Alfonso XIII intentó seguir, aun por poco tiempo, otra línea de política exterior mucho más puramente personal. El nuevo panorama internacional y la inestabilidad característica de la posguerra facilitaron que se replanteara un propósito recurrente del monarca, la intervención en Portugal. Ya a fines de 1918 el conde de Romanones dejó caer durante un viaje a París que, en caso de «perturbación», en el vecino país se debía contar con España para resolverla [24]. A comienzos de febrero de 1919 el embajador español en Lisboa describió, en una carta dirigida al secretario del Rey, la situación allí existente. El contenido resulta muy interesante porque revela hasta dónde llegaban unas esperanzas, probablemente poco fundamentadas, y porque también señala los límites en la capacidad de acción del monarca en política exterior. Según el representante diplomático español, el previsto levantamiento monárquico se había adelantado «y de ello nada bueno vendrá» pues, aunque en el norte los sublevados dominaran por completo, las tropas gubernamentales iban a recibir prontos refuerzos de material. Probablemente, tenía una buena parte de razón al afirmar que «descontada Lisboa, francamente republicana, la población del resto del país es en su generalidad monárquica y sobre todo contraria a los jacobinos». Fragmentado el panorama político portugués y reanudada una auténtica guerra civil, las perspectivas desde el punto de vista español no podían ser más antitéticas: o la victoria de los democráticos «con todas sus malas consecuencias para nosotros» —se debía referir a una supuesta acción subversiva desde el vecino país hacia España— o la de los monárquicos, «con los cuales nos podríamos entender muy bien». Era en este punto donde residían las mejores esperanzas del embajador y del monarca, que seguían una política paralela, no contraria pero tampoco idéntica, a la del Gobierno de la nación. En el caso de que los monárquicos se impusieran, sus dirigentes, al parecer, «dan por descontado el que don Manuel no acepte, con lo que se planteará el asunto del que le hablé y del que está enterado S. M., secreto que hay que guardar hasta que madure el fruto y que parta de ellos, (pues) suponen que sólo están enterados Nuestro Soberano, V. y yo». Sin duda lo que este texto quiere decir es que, en opinión del embajador, los monárquicos portugueses pensaban en la posibilidad de recurrir a don Alfonso como monarca. Pero a continuación se señalaban también los límites de la capacidad de actuación autónoma de Alfonso XIII en esta materia: «Es una lástima que no se les pueda ayudar pues entonces sería seguro su triunfo con gran beneficio para la causa del orden y de nuestra tranquilidad». Hay, pues, una fundamental diferencia entre lo que había dicho Romanones en París y lo que deseaba el embajador en Lisboa. En la carta del embajador no faltaba, además, una de esas muestras de complejo de superioridad como español que tan lamentable papel han jugado siempre en las relaciones con los portugueses. En el caso de que ganaran los republicanos, auguró que habría una dura represión «como si fueran fieras» [25].

Muy significativo resulta que después de recibida esta información desde el Palacio de Oriente se hicieran algunas gestiones con las potencias anglosajonas. Eran los Estados Unidos del presidente Woodrow Wilson la potencia determinante en el nuevo panorama mundial; como tal había sido invitado a pasar por España con ocasión de su viaje al viejo continente. Alfonso XIII dirigió al embajador norteamericano en España un escrito expresando el deseo del Gobierno español —no hablaba, por tanto, sólo de sí mismo, aunque cabe achacarle la iniciativa— para mantener consultas relativas a «los planes tomados en consideración sobre la situación política presente de Portugal». La cuestión le fue respondida por un colaborador del presidente. De forma cortés pero seca declinó cualquier posibilidad de mantener conversaciones sobre esa cuestión en el contexto de la tradicional actitud de no interferencia norteamericana en la política interna de otros países [26]. Otra gestión fue llevada a cabo por el embajador español ante Gran Bretaña, Merry del Val, quien podía ponerse en contacto con el Rey portugués, don Manuel, residente en la capital de aquel país. Todo hace pensar que la impresión transmitida desde Lisboa fue demasiado optimista de cara a los propósitos albergados por el Rey español. No había siquiera indicios de que don Manuel pensara renunciar al trono; ni siquiera había querido recibir al embajador español en el momento del estallido de la conspiración monárquica. El movimiento —contó luego, cuando al final el diplomático pudo entrevistarse con él— había sido «prematuro y contraproducente». Su plan, que testimonia que no pensaba en absoluto abandonar sus aspiraciones a ocupar el trono, era, por el contrario, inspirarse «en el ejemplo de Cánovas para la restauración en España». Pensaba, pues, en conseguir el apoyo de republicanos conservadores y hacer una transición pacífica. Además, señaló don Manuel que al movimiento monárquico le faltaba «la aprobación de aquel sin el que no puede hacerse nada importante o estable en Portugal», es decir, Gran Bretaña. En el mes de septiembre acabó por denunciar la supuesta tentativa española de lograr un mandato de intervención en Portugal de la Sociedad de Naciones [27].

Los dos grandes propósitos de la política exterior de Alfonso XIII acabaron, pues, en sendos fiascos. El primero —Marruecos, más en concreto, Tánger— era de carácter nacional; el fracaso se debió, como hemos visto, a la negativa francesa de ceder mínimamente. El segundo probablemente fue más personal que otra cosa y duró muy poco. De cualquier manera, ambos revelan hasta qué punto el monarca seguía desempeñando un papel crucial en la política exterior española. En adelante, sin embargo, este papel tendió a desvanecerse un tanto, sobre todo durante la Dictadura de Primo de Rivera y, en cualquier caso, nunca más reapareció la tentación portuguesa. Ambos fracasos coincidieron no sólo con una erupción de problemas graves sino también con la revelación de otra realidad parecida y aún más grave en la vida del Rey. Se refería a su vida íntima.

EL FRACASO DE LA VIDA FAMILIAR

«El Rey Alfonso y la Reina Victoria han tenido la satisfacción de tener seis hijos y el amor, la unión y felicidad de su vida de familia es algo digno de admiración», se escribió en un libro cuyo autor estuvo en España en 1930-1931 y se entrevistó con ambos [28]. Pero si esta afirmación no era cierta con respecto a la pareja misma tampoco resultaba exacta en relación con los hijos.

Ese biógrafo del Rey presentaba al príncipe de Asturias en la fecha indicada como una persona que «padecía una molesta debilidad hereditaria» de la que se habría dado cuenta no su madre sino su abuela, la Reina María Cristina, al descubrir que, tras un leve accidente, teniendo el príncipe tan sólo dos o tres años, la herida tardó mucho en curarse. Otras fuentes afirman que fue en el mismo momento de nacer, al operarse de fimosis cuando se constató la enfermedad. Desconocedor de sus características terribles, el biógrafo citado afirmaba que «si hubiera recibido tratamiento durante su primera niñez, probablemente, con el tiempo, se hubiera curado del todo». Aseguraba, no obstante, que «los recursos de la ciencia moderna y de la medicina» le habían permitido reponerse «de manera notable» y llevar una activa vida deportiva.

En apariencia, así era. Don Alfonso juró bandera en junio de 1920 ante el Rey y la Reina durante un acto celebrado con toda la solemnidad requerida [29]. Pero, en realidad, era hemofílico y a menudo sus condiciones de vida resultaban muy penosas. Ya a comienzos de los años veinte empezaron a menudear en los medios diplomáticos extranjeros en Madrid las noticias en torno a la enfermedad padecida por los jóvenes vástagos varones de la familia real, en especial el príncipe de Asturias. Las primeras aparecidas datan de fines de 1921 y procedían de la propia familia real: la infanta Eulalia habría afirmado que el príncipe de Asturias no podía siquiera montar a caballo al paso [30]. «Si todo el mundo», escribió el embajador italiano, «sabe que el infante don Jaime, segundogénito del Rey Alfonso y de la Reina, es sordomudo de nacimiento y que como tal permanece hasta el momento sin que hayan servido de nada las tentativas de cura de los más ilustres especialistas… pocos son conscientes de que su hermano mayor, el heredero del trono, ya de mala salud desde su nacimiento, en vez de mejorar con los años ha ido perdiendo fuerzas». «Se trata», añadía, «de la misma terrible enfermedad que había golpeado al último zarevitch, la hemofilia». Por más que se intentaba ocultar la situación, el hecho era que la enfermedad seguía una «continua progresión». «Parece que hace pocos meses, en una pelea de broma con el hermano menor, don Juan, más ágil y más fuerte que él, el príncipe de Asturias se cayó produciéndose una herida aparentemente leve en la rodilla de la cual no se ha recuperado». De ser así, resultaría que, años después, un accidente parecido en los descendientes de don Juan concluyó de forma más luctuosa y trágica. En las siguientes semanas del citado suceso sólo se vio en público al príncipe de Asturias sentado y en las escasísimas ocasiones en que los médicos le autorizaron a salir en coche de caballos por la ciudad. El embajador francés, que llamó la atención acerca del origen de la enfermedad señalando que el hijo de Nicolás II también la padecía así como el duque de Albany, uno de los hermanos de la Reina, aseguró que apenas si se podía mover de la cama.

Incluso el nuncio estaba enterado de que cuando se trató de realizarle una operación quirúrgica tan elemental como la extracción de un diente se produjo una «alarma vivísima» porque parecía imposible detener la hemorragia que se produjo. En el verano de 1923, año del golpe de Estado de Primo de Rivera, la Reina partió de veraneo con sus hijos pero lo hizo sin el heredero del trono. Éste hubiera podido ser trasladado en brazos —se comentó— pero se quiso evitar el espectáculo de hacerlo de esta manera. Al final lo llevó el propio Rey en automóvil saliendo a una hora poco habitual y así se guardaron las apariencias. Según el embajador francés, favorecía la voluntad de mantener el secreto acerca de la enfermedad «la gran confianza que mantenían los padres, contra el parecer de los médicos, en la curación, más o menos lenta, del enfermo». Algo parecido le sucedió a Nicolás II y la zarina, lo que contribuye a explicar el ascenso de Rasputín; la Reina española parece incluso haber aludido a la posibilidad de un «milagro». Por vez primera en aquellos momentos la prensa (La Voz y Época), «aun de una forma más que discreta», se hizo eco de los problemas de salud de los príncipes. Pero entonces un comunicado inspirado por la Corte tuvo como consecuencia cortar «todos los rumores dando seguridades de que el Príncipe gozaba de perfecta salud». Aun así, el propio gobierno no compartía estas seguridades: en el propio Consejo de Ministros se habría hablado de la cuestión. No siendo posible pensar en don Jaime como príncipe de Asturias se habría sopesado la persona de don Juan, «que parece al mismo tiempo el hijo favorito». Sería, según esta información, como luego, además, confirmó su trayectoria, persona «de mayor inteligencia y más fuerte de salud» [31].

En cambio, las capacidades intelectuales del príncipe de Asturias parecen haber sido muy limitadas. Desde los veintiún años (1928) tuvo su Casa civil y militar propias siendo ya desde antes su residencia predilecta La Quinta, el pabellón de caza a medio camino entre Madrid y El Pardo. Según escribió el citado biógrafo de Alfonso XIII, «le gusta al Príncipe diseñar, dirigir y aun ayudar en la erección de pabellones y gallineros», especialmente destinados a la avicultura; también se dedicaba a la cría de cerdos. Las instalaciones de que disponía en su ya citada residencia podían ser consideradas como muy modernas para la España de su tiempo. Pero resulta obvio que este tipo de aficiones tenían poco que ver con el futuro al que, en principio, estaba destinado.

El diario que escribió el príncipe de Asturias en 1922 ofrece buenas muestras de sus insuficiencias, sus problemas de salud y su vida personal y familiar [32]. Había en él mucho de infantil pese a que ya había alcanzado los quince años. «Hoy empiezo mi diario, sabe Dios cómo acabará», comenzó escribiendo para contar a continuación una travesura: «Después de una mañana aciaga» en Riofrío (¿por motivos de salud?) «quise sisar una ristra de chorizos, uno de los encargados me preguntó si los había pagado y yo dije que no y me los quitó. ¡Vaya tío con toda la barba y por cierto que era de Manzanares!». De la vida oficial en ese diario casi todo se refería a cuestiones militares: «El general Saro recién ascendido vino a verme hoy y yo tuve el gusto de ofrecerle una faja»… «Hoy tomó posesión el nuevo coronel de mi regimiento he ido al cuartel»… «Inauguración del monumento de Alfonso XII en el Retiro. Formé en la compañía del regimiento del Rey (y) llevé el fusil reglamentario». En alguna ocasión aparecían, como signo de modernidad, los deportes: «Hoy vino una comisión del Madrid foot-ball que habían ganado me dijeron que se hiban (sic) a Bilbao»… «Mi caballo Antifaz ganó en Aranjuez». Pero lo que verdaderamente le interesaba era su granja y las ciencias experimentales: «Fui a pasar el día al campo, o sea a la Quinta»… «En la Quinta nacieron 7 conejitos pero la coneja se los comió»… «Lección en el Museo de Ciencias Naturales»… «Estudié en el gabinete de Torres Quevedo que me enseñó la máquina de jugar al ajedrez…». «Vimos el gabinete de análisis espectral que dirige Campos, catedrático de la ampliación de estudios»… «El capitán Santamaría, de infantería, vino a visitarme y a tomar datos sobre la alimentación y cría de gallinas». La vida familiar aparece en el diario como un tanto envarada y solemne: «Almuerzo con papá los cuatro hermanos y profesores. Pronuncié mi primer discurso de felicitación en nombre de todos». Resulta curioso que en el diario la madre fue alternativamente citada como «mamá» y «la Reina», lo que nunca sucedía con el padre. La abuela —designada como «Abama»— debía estar en el día a día muy próxima a sus nietos y nietas, tal como parece mostrarse en este diario. Los testimonios de la enfermedad aparecen en anotaciones como «Tarde aciaga», «Esta tarde me duele el brazo», «Hoy no estuve bueno»…

Tan interesante como lo anotado es aquello sobre lo que don Alfonso no escribió. No hay en este diario ninguna referencia a la política o la agitación social y Marruecos sólo es mencionado cuando el Rey invitó a almorzar a un comandante y capitanes heridos en Marruecos. En cambio sí aparece la partida de la expedición hacia Las Hurdes.

Lo más patético del caso de este príncipe es que, como ya se ha visto que indicaban los representantes diplomáticos extranjeros, no se quiso aceptar en el mundo oficial que ese conjunto de limitaciones hacían inviable la posibilidad de que se convirtiera en sucesor de su padre. Quizá lo que esto revela es la negativa de los padres a aceptar la realidad del estado de salud de su hijo. En el verano de 1930 un diario argentino publicó la noticia de una próxima visita del heredero del trono español a América. Según el doctor Bartrina, aun entonces, en que ya se debía conocer de sobra el mal, incluso su imposible curación, el príncipe gozaría de una salud a toda prueba. En la fecha para la que estaba preparada esta visita —mayo de 1931— ya había sido proclamada la República pero lo verdaderamente significativo es que el político personalmente más allegado al monarca, el conde de Romanones, guardara entre sus papeles esta noticia, sin duda porque sabía que había detrás de ella una tragedia de la familia real española [33]. Sólo en los años treinta, en plena República, apareció en España la noticia de la trágica enfermedad de los hijos varones de Alfonso XIII.

A esta desgracia, repetida en el caso del último varón de la familia, don Gonzalo, hay que sumar la del segundogénito. Sordo de nacimiento, o quizá de una operación cuando era muy joven, fue adiestrado en la lectura labial para comprender por ese procedimiento las intervenciones verbales de otras personas, incluso en varios idiomas. Obviamente, su condición le impedía ser heredero de la Corona pero, sin embargo, como para ratificar el deseo de los padres de rechazar el triste destino que le había tocado a sus dos primeros hijos, participó con cierta frecuencia en actos oficiales. Las intervenciones que de él se conservan en Palacio, sin duda escritas por otro y memorizadas para ser repetidas luego, se refieren a actos intrascendentes. El primero en que tomó parte, signo de los tiempos, fue una entrega de trofeos del Campeonato de Football de España, como entonces se denominaba. «El Estadium y la escuela», dijo, «son los centros que harán la nueva España que mi padre, el Rey, quiere llegar a ver renacer» [34]. Su madre aseguraba de él que era «un ejemplar perfecto de la felicidad», pero su trayectoria posterior denota un carácter manejable por parte del entorno e incluso una manifiesta voluntad de autoafirmación, como si sintiera resquemor por sus limitaciones personales.

Otra cuestión relativa a la vida íntima de la familia real que empezó a transparentarse tímidamente a comienzos de los años veinte se refiere al comportamiento del monarca más allá de las fronteras en tiempo de vacaciones. Ya en el verano de 1918 un político liberal se refirió genéricamente en su diario a las diversiones de las clases altas, citando de forma expresa al Rey, en un momento en que en el mundo todavía se vivían circunstancias bélicas [35]. Luego, las informaciones, sobre todo de procedencia diplomática, se hicieron más precisas. Un documento de la prefectura francesa de Basses Pyrenées se hizo eco de la presencia del Rey en el baile de Ciboure durante el verano de 1920 y de la existencia de protestas en relación con su comportamiento, sin mayores precisiones [36].

Más conmoción causó lo sucedido durante el verano de 1922. De la información recogida por los embajadores extranjeros en España resulta que don Alfonso, junto con el marqués de Viana y el hijo de este último, guardamarina, partió para Deauville para asistir y tomar parte en los acontecimientos deportivos de esa «elegante estación balnearia» [37]. Las autoridades francesas le habrían cedido como residencia un castillo en el que se reuniría con lo que en la época se designaba como sportmen españoles, como el conde de la Maza y el marqués de Villabrágima, hijo de Romanones. La ausencia de España del monarca sólo se prolongó durante quince días pero, a pesar de ello, la decisión habría causado «un general descontento» incluso en los círculos más próximos al monarca. Según algunas informaciones, tanto la Reina madre —ella de forma especial, según el embajador francés— como doña Victoria Eugenia habrían desaprobado este viaje; a la oposición de la segunda contribuyeron «motivos íntimos y consideraciones de carácter político y patriótico». Con estas palabras se aludía a supuestas infidelidades conyugales cuya existencia ya conocemos.

La cuestión llegó a tener repercusiones en España. El diario El Pueblo Vasco publicó unos «Diálogos insustanciales», firmados por «Alcíbar», que en realidad habían sido escritos por el propio director del rotativo [38]. Se describía en este artículo a un príncipe del que se decía que era tan «vivaz en el pensamiento como ágil y audaz al volante». Los príncipes, añadía el texto, son «de carne y hueso» y por eso «necesitan distracciones y reposo». Pero «los súbditos están profundamente preocupados: sus hijos van por las tierras africanas embarcados en una guerra que detestan profundamente» mientras el príncipe se divertía. Eso podía tener como consecuencia el «peligro» de que los súbditos le convirtieran en pararrayos de su indignación ante las catástrofes españolas: no sólo se trataba de la cuestión marroquí, sino la agitación social, la reivindicación de Tánger o la situación económica y la inestabilidad gubernamental. Los últimos párrafos del artículo resultaban muy transparentes: «Será difícil poner al Príncipe de acuerdo con el pueblo si el Príncipe todavía quiere, con los tiempos que corren, irse a Deauville… porque en Deauville hasta ahora no hemos perdido nada mientras que perdemos todo en Marruecos… Cuando los súbditos lloran, los príncipes no se deben poner a jugar al polo. Así hablaba Zaratustra y así deben hablar aquellos que aman verdaderamente al Príncipe». Al parecer, el director del citado diario donostiarra era una persona de significación monárquica y cabe preguntarse si su artículo no sería una filtración de alguien del entorno cortesano. Otras informaciones indicaron que, con su viaje, el Rey habría hecho perder un día al presidente del Gobierno. El representante diplomático italiano aseguró que Alfonso XIII, «animado de un sincero deseo de comportarse bien», estaba rodeado de consejeros que anteponían «los placeres del Príncipe al interés superior del Estado».

Fueran los que fueran esos «placeres» —entra dentro de lo posible que fueran tan sólo deportivos—, el comportamiento del monarca parece profundamente irresponsable en un momento en que España vivía circunstancias tan trágicas como la secuela de Annual. Lo peor del caso fue que los rumores prosiguieron durante mucho tiempo multiplicándose y presentando otros aspectos. La prensa francesa recogió, por ejemplo, el estreno en París, hacia fin de ese año, de una obra, exhibida en los populares teatros de Montmartre, titulada La lección de Historia de Alfonso XIV. El numeral del regio personaje central había sido modificado para evitar la directa alusión al monarca español, lo que hubiera permitido la intervención censora de las autoridades francesas. En la obra aparecía ridiculizado el jefe del Estado español, al que ahora se le atribuían no sólo diversiones deportivas sino también eróticas [39]. A comienzos del nuevo año la propia Reina se quejó ante el embajador francés de las bromas que en la prensa francesa se hacían acerca de la estancia en Deauville del Rey durante el verano pasado. A su marido, aseguró, «no le interesan las mujeres» [40].

Hasta aquí las informaciones que pueden recogerse sobre esta cuestión. Lo que de ella nos interesa, porque tuvo repercusión política, es que existió ese comportamiento irresponsable de Alfonso XIII. En la época se le achacó de forma más repetida que tener pretensiones dictatoriales o haber sido responsable, por sus relaciones con Silvestre, del desastre marroquí. Cabe especular sobre la relación entre él y los motivos para una profunda tristeza que tenía la pareja real, dada la enfermedad de los hijos. Por muy injustificable que fuera, sin duda había razones psicológicas para la huida. Otro dato paralelo respecto de la vida íntima de la pareja real aparece en una información recogida por el embajador italiano. Se refiere a la relación entre madre e hijos. Según ella, resultaría que la Reina madre prestaba mucha mayor atención a sus nietos que doña Victoria Eugenia, juicio que hasta cierto punto parece confirmarse en el diario del príncipe de Asturias. De ser así, quizá se podría interpretar como otro modo de huida personal, en este caso de la Reina. Pero con esta alusión nos encontramos en la pura especulación y es necesario volver a la Historia y a la política.

LAS ALTERNATIVAS DE LA POLÍTICA

Carlos Seco ha señalado con razón que en los años posteriores a la I Guerra Mundial todo en la política española dio sensación de «provisionalidad». En efecto, el sistema político se debió enfrentar, una tras otra, con dificultades a las que fue sobreviviendo malamente sin dar respuesta definitiva a ninguna. Durante el periodo que transcurrió entre 1918 y 1923 fueron tantos los problemas a los que debió hacer frente la Monarquía de la Restauración que obligan a tratar de ellos de forma separada y sucesiva sin seguir de modo estricto la sucesión cronológica de los acontecimientos. Así se hará en las páginas siguientes hasta el momento final, con la constitución del gobierno de concentración liberal que nos sitúa ya en la antesala del golpe de Estado de Primo de Rivera.

La primera dificultad a la que hubo de enfrentarse el sistema político fue el de su propia veracidad y eficiencia. Frente a lo que se suele decir, lo cierto es que en ambos aspectos se produjeron cambios pero parciales y muy tímidos, incapaces por completo de dotar de estabilidad a quien se tenía que enfrentar a una catarata de conflictos. Las elecciones a partir de 1918 no dieron las victorias abrumadoras del Gobierno que en otros tiempos eran habituales: de hecho, en 1919 quien estaba en el poder las perdió y en los años siguientes no era necesario que la mayoría parlamentaria se descompusiera porque en realidad desde los comicios venía fragmentada en grupos personalistas. Éstos estaban cada vez más arraigados y eran más difíciles de desplazar por el Ministerio de la Gobernación mientras que en los medios urbanos los sectores contrarios al régimen, lejos de incrementar su fuerza, la veían disminuir. En definitiva, las elecciones se habían hecho algo más veraces y menos controlables pero seguían muy lejanas de representar a una activa y movilizada sociedad respaldando a una clase política, como en el caso de las democracias. Observadores diplomáticos extranjeros llegaron a la conclusión de que en esa situación «no hay ya grandes partidos de gobierno porque una polvareda de partidos los ha reemplazado». Así resultaba inevitable la crisis del Parlamento: ya en 1914, aseguró el embajador británico, había tenido tan sólo 22 sesiones mientras que el elegido en 1920 no había pasado de 42; desde 1914 ningún presupuesto pudo ser aprobado por no haber mayoría dispuesta a ello [41]. Lo curioso es que en cierto sentido también había mejorado el funcionamiento del legislativo: se modificó el reglamento y se profesionalizó su función introduciendo las dietas. El Parlamento, como veremos, no sólo fiscalizó al Gobierno sino que criticó al Rey pero no produjo apenas leyes o fueron intrascendentes. Fragmentado el espacio político e incapaz el legislativo de proponer fórmulas duraderas, las crisis gubernamentales, parlamentarias o no (de estas últimas, la mayor parte debidas al intervencionismo militar), se repitieron en cortísimo espacio de tiempo. Con sólo la excepción de Portugal y Yugoslavia, España tuvo el ejecutivo más inestable del periodo de entreguerras anterior a la crisis económica de 1929.

Lo que nos interesa ahora es descubrir el papel que en esa situación le correspondió a Alfonso XIII, es decir, hasta qué punto contribuyó a esa inestabilidad o se decantó por una determinada opción política. Se puede intentar resumir la vertiginosa sucesión de gobiernos entre 1918 y 1922 aludiendo a aquellos que fueron, en realidad, interinos y aquellos otros que tuvieron un perfil más definido. Tras la caída del Gobierno nacional de 1918 hubo dos situaciones de interinidad liberales hasta que en abril de 1919 llegó el Gobierno Maura con un perfil muy derechista. Incapaz de obtener la mayoría, debió abandonar el poder sustituido por dos sucesivos gabinetes interinos conservadores hasta la llegada de Dato al poder (mayo de 1920). Su asesinato provocó otras dos etapas interinas hasta que el desastre de Marruecos trajo de nuevo al poder a Maura con un gobierno de concentración. Superada la gravedad de la situación y quedando el citado político a la reserva para otro posible gobierno nacional, figuras de segundo rango (Sánchez Guerra y García Prieto) parecieron reanudar un turno perennemente amenazado por la inestabilidad dada la división existente en los dos grandes partidos.

La caída del Gobierno nacional (noviembre de 1918) fue interpretada por algunos observadores diplomáticos extranjeros tan sólo como la consecuencia de una actitud demasiado conformista por parte de Maura hacia los ataques de la oposición de izquierdas. En realidad, lo sucedido era mucho más grave: ya por entonces no sólo políticos de segunda fila como Natalio Rivas sino también el propio Maura percibían la posibilidad de una dictadura, a pesar de las dificultades para determinar la persona que la podía encarnar [42].

Prueba de la incertidumbre y la tensión en el rumbo de la política española la encontramos en los juicios contradictorios en torno a los gobiernos que sucedieron al nacional presidido por Maura. Muy a menudo se criticó al Rey por su papel determinante en la solución dada cuando, en realidad, las circunstancias la predeterminaban. Cuando Alhucemas pidió el poder para realizar un programa liberal, el socialista Prieto llegó a decir en las Cortes que esa intervención equivalía a un «mensaje de la Corona». Según el nuncio, «en el campo de las izquierdas iba creciendo el entusiasmo hacia los aliados victoriosos como si su triunfo fuera su propio triunfo». El Rey, según este mismo testimonio, tras repetidas conversaciones con los dirigentes liberales, llamó a consultas al reformista Álvarez, «cosa que en el ánimo de muchos produjo asombro por la poca importancia de su partido», aseguró malintencionadamente el enviado del Papa. En realidad, la única opción era un gobierno liberal por la composición de las Cortes y por adecuarse al panorama internacional de la posguerra. En un primer momento el Gobierno le correspondió a García Prieto, decisión que fue muy criticada por el embajador francés. Para él tenía Alfonso XIII una «incomprensible confianza» hacia el marqués de Alhucemas, al que veía como «su hombre» pero «no se había dado cuenta de que su protegido, a quien no se le puede negar una cierta estrategia de pasillos y táctica parlamentaria, no es un hombre de gobierno» y siempre había dejado peor la situación que en su momento recibió [43].

Pero la proclividad del monarca hacia García Prieto era menor de la que se le atribuyó: su gobierno fue un paréntesis hasta la constitución de un gobierno Romanones a comienzos de diciembre de 1918. Conocemos la gestación del mismo por las notas que redactó el conde para entregar a los periodistas y por las que cruzó con el Rey. Éste parece haber hecho todo lo posible por lograr un gobierno lo más amplio posible, reuniendo a los dirigentes liberales o intentando otra fórmula mixta o de concentración; ésta sería su preocupación básica en los años siguientes. En una nota enviada por Romanones al Rey le indicó que «habían sido inútiles todas las reflexiones que le he hecho para buscar la combinación objeto de nuestra conversación de esta mañana» [44]. El propio político liberal admite, no obstante, en sus memorias que la fórmula de concentración no le complacía pero su opción por un gabinete formado sólo por sus amigos lo convertía en aparentemente frágil. Aun así, la entrega del poder a los liberales fue juzgada por el nuncio como el producto de «una conjura planeada en el Palacio Real» con la colaboración de su inquilino. Según el citado representante diplomático, los mauristas afirmaban que «es la tercera vez que su jefe, por iniciativa del Rey, ha tenido que abandonar el gobierno sin motivos justos», mientras que Dato habría dicho que «si el Rey me llamara de nuevo para ofrecerme el poder afirmando que tiene confianza en mí, le respondería que yo no tengo confianza en él». Incluso algunos militares habrían dicho que «si es necesario, intervendremos contra la revolución pero para conservar el orden social y no para defender al Rey». Todas estas frases resultan sin duda exageradas. En cambio, parece veraz, porque el propio Rey se lo dijo al nuncio, que él estaba en esos momentos dispuesto a «conceder la libertad de cultos» [45].

Cuando la imposibilidad de solucionar el problema catalán y sobre todo el intervencionismo militar ante el desorden público provocaron la caída de Romanones, la formación del Gobierno Maura también dio lugar a interpretaciones contradictorias por parte de los diplomáticos extranjeros. El nuncio consideró que el Gobierno de Romanones había actuado con «condescendencia» ante la inestabilidad social y que el Gobierno Maura «fue saludado por una gran parte de la nación como una esperanza para la Patria»; luego atribuyó al nuevo gabinete el abandono del «sistema de condescendencias, de transacciones y de debilidades» y acusó a todas las oposiciones de propósitos «revolucionarios». Para el Vaticano, el ideal de gobierno para España era uno de derechas presidido por Maura. A éste, sin embargo, le faltaba el apoyo parlamentario suficiente y a conseguírselo parece haber contribuido el propio representante del Papa. Comunicó a Roma, en efecto, que había intentado apuntalarlo «con prudencia y circunspección en cuanto le había sido posible, sea directamente hablando con los principales dirigentes políticos del partido datista, sea indirectamente por medio de personas discretas»… «Una gran dama católica de esta capital, particularmente devota de la Santa Sede y bastante deferente con respecto a mí, ha cooperado con la mayor eficacia por la unión; tanto que Su Majestad el Rey se ha alegrado profundamente» [46].

Ahora, pues, veía el papel de éste como de absoluto apoyo a las derechas. De acuerdo con el embajador británico, el Rey habría tratado de conseguir para el Gobierno Maura el apoyo suficiente de los partidos constitucionales para que llegara a aprobarse el presupuesto [47]. La interpretación del embajador francés, por completo antitética a la del nuncio, insistió de forma decidida en la intervención del Rey en la crisis en un sentido reaccionario. En su opinión, «dando el decreto de disolución a Maura, que no cuenta en las Cortes más que con una minoría ínfima y cuyo principal colaborador, el Sr. La Cierva, es casi universalmente odiado, el Rey acaba de realizar un verdadero golpe de Estado». Con ello daba la sensación de cambiar por completo de rumbo pues al acabar la guerra mundial se había mostrado dispuesto «a gobernar a fondo con la izquierda». La conclusión del embajador fue pesimista: «Es imposible evitar las inquietudes al ver al Rey, muy desamparado y desanimado, según se me dice, confiar el poder así de forma ilegal y al día después de la derrota alemana, a germanófilos declarados» [48].

El desamparo y el desánimo reales podían ser ciertos pero la interpretación del nuncio y el embajador francés carecían de fundamento. La predisposición del Rey a que gobernaran las izquierdas monárquicas existió pero las circunstancias agotaron la posibilidad. Maura, cuyo regreso fue apoyado por el propio Romanones, interpretó su vuelta al poder como «un sacrificio personal» y exigió el más decidido apoyo, incluida la posibilidad de disolver el Parlamento. Aunque a esto el Rey opuso una resistencia inicial, acabó concediéndolo. Como a lo largo de todo el periodo una vez formado el Gobierno procuró que tuviera los máximos apoyos posibles (y en ese sentido, podría ser parcialmente cierto lo indicado por el nuncio) [49].

En la práctica, no obstante, el Gobierno muy pronto pareció demasiado dependiente del Rey e involucrado en una política derechista. En abril de 1919 Maura dijo, al iniciarse un consejo de ministros, que «S. M., mejor que nadie, era sabedor de que se veía encargado del Gobierno sin haberlo procurado, pretendido ni deseado». Peor aún fue hacerle decir al monarca en un consejo celebrado al mes siguiente que, «por la persona del presidente», el Gobierno no sería «aventajado» a ningún otro en lo que respecta a la imparcialidad electoral. No tiene nada de particular que esta afirmación causara «verdadero estupor» [50]. Algo parecido ocurrió con la consagración de España al Corazón de Jesús. Alfonso XIII habló en esta ocasión de «la tradición católica de la realeza española» y del origen divino del poder político. Para la prensa republicana, España se habría convertido en «el Paraguay de Europa», es decir, el país más clerical del Viejo Continente por culpa de «la España oficial». El diario romanonista aseguró que aquel discurso de la Corona parecía, más bien, una pastoral [51]. Como en el caso anterior, el culpable era el Gobierno y no el Rey.

En las elecciones, llevadas a cabo con las garantías constitucionales suspendidas, el Gobierno Maura no logró la mayoría quedando al arbitrio de los conservadores. Parece que el Rey trató, entonces, de que los conservadores datistas apoyaran al Gobierno, que de esta manera dispondría de más fuerza parlamentaria. En junio se reunió con algunos de los principales dirigentes datistas en casa de la condesa viuda de Casa Valencia y les expuso la necesidad de que todo el conservadurismo se uniera «en defensa de la Monarquía y el orden», al lado del Gobierno; sugirió incluso que Dato podía presidir el Congreso y Sánchez de Toca el Senado. Muy en su estilo, apeló «no al jefe del partido conservador sino a mi buen amigo Eduardo». Éste, sin embargo, se limitó a confirmar que el partido en absoluto quería la jefatura de Maura [52].

Finalmente, cuando el Gobierno cayó (julio de 1919), Alfonso XIII propuso como presidente a un supuesto neutral entre las tribus conservadoras, el almirante Miranda, una solución que no fue aceptada por la mayor parte del Parlamento y que, fracasada, fue la única verdaderamente personal suya en todo el periodo. Mientras tanto, el Gobierno Maura le dejó a éste un pésimo sabor de boca que se prolongó durante mucho tiempo. A fines de 1919, con ocasión de una nueva crisis ministerial, le pidió al Rey no ser incluido en las consultas. En una nota de la que cabe pensar que fue largamente meditada, pues tuvo varias redacciones, le recordó al Rey que «sabe V. M. más que nadie la violencia que para aquellas prestaciones —las de presidir el Gobierno— tuve que usar conmigo mismo» [53]. Mantuvo sobre todo el resquemor contra los dirigentes de otros grupos conservadores pero tampoco se libró de ella el Rey. Cuando en octubre de 1919 uno de sus sucesores le pidió colaboración se encontró con la dura respuesta de que «después de lo ocurrido en el mes de julio estimo, al menos en parte mía, que nada tenemos que tratar», información que llegó al propio Alfonso XIII [54]. Pasados los meses, en una nota íntima Maura dio testimonio de su profundo malestar. Se presentaba en ella como todo lo contrario a un «competidor entre los que se disputan la predilección regia», mientras la Corona estaría empeñada en sostener el «artificio» del turno entre los partidos cuando lo único aceptable era una alianza de todos los grupos contrarrevolucionarios (que, desde luego, no podía tener a su frente nada más que a él mismo) [55]. No mucho después, consultado en una época de nueva crisis, quien, como Alba, se hallaba en el otro extremo del espectro político monárquico, propuso, en relación con el enfrentamiento entre política civil y Ejército, «el planteamiento a fondo de todas las cuestiones con el conflicto relacionadas buscando el concurso activo de la opinión y en comunión patriótica con el mismo Ejército». El objetivo sería la «transformación radical de la vida de la Nación y del Estado». Por el contexto daba la sensación de que se le reprochaba al Rey el no hacerlo; además, se dejaba caer que Alfonso XIII no había querido consultar a Alba, a fin de cuentas tan sólo el líder de una facción del liberalismo y a Álvarez, que desde 1917 había vuelto hacia el republicanismo. Éste era el género de conflictos con que el Rey se enfrentaba a estas alturas.

Si estas actitudes demuestran hasta dónde podían llegar las dificultades del Rey con la división de los partidos, lo sucedido a continuación las ratifica. Después de dos gobiernos de circunstancias, en mayo de 1920 llegó al poder Dato, quien tenía tras de sí el grupo parlamentario más numeroso en las Cortes. La interpretación del embajador francés acerca de lo sucedido fue que el propio «exceso de mal» había producido la solución: el Rey, dando por supuesto que los dos grandes partidos del Gobierno se habían reconstruido, había confiado el poder a aquel que tenía más fuerza en el legislativo. La interpretación del diplomático galo cambió, sin embargo, cuando el Rey le concedió a Dato la disolución. «Sería ocioso», escribió entonces, «buscar las razones de esta decisión poco razonable porque constituye un desafío audaz a lo que suele llamar la opinión española y no ha sido tomada según los ritos hasta ahora obligatorios en tal materia», por no haber sido consultada a los otros grupos. En consecuencia, el Gobierno estaría mantenido «por la gracia del Rey» [56]. En realidad, como ha señalado Carlos Seco, la concesión del decreto de disolución vino precedida de una etapa de tensión entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno. Ante uno de los ministros, Alfonso XIII se pronunció de una inconveniente forma despectiva respecto de otro e incluso empleó el coloquial término «espantá» para describir la actitud de Dato en el pasado. Éste se indignó y juzgó que el monarca «no tiene confianza en mis aptitudes de jefe de partido y gobernante». Daba la sensación de iniciarse así un nuevo enojo entre un dirigente político, no habituado a mostrarlos, y el Rey. En esta situación no es extraño que el monarca se decantara hacia la concesión de la disolución. Simultáneamente, Maura se lamentaba en privado de que el Rey no le consideraba más que «un retal» del partido conservador; la verdad es que lo era (y el más pequeño, además). Afortunadamente, con el paso del tiempo Maura, que por un momento esperó recibir en su día la herencia de Dato, acabó por optar como solución política preferida por la «agrupación» o «el apiñamiento patriótico», una fórmula que desde luego le potenciaba a él mismo, pues era el único que podía presidirla [57].

Merece la pena tratar de detenerse en este punto, a medio camino entre el final de la guerra mundial y el golpe de Estado, para preguntarse sobre los cambios producidos en la forma de actuación del Rey durante este complicado periodo. Según el representante de Francia, el Rey trataba de que en el ejecutivo hubiera personas competentes aunque no formaran parte de los partidos; este punto de vista bien puede ser cierto pues, en efecto, cada vez abundaron más este tipo de personas en los gobiernos españoles. También parece exacta la afirmación de que intentó que hubiera toda la colaboración interna posible en el seno de las grandes tendencias de la política española aunque, según el citado diplomático, «no había conseguido que los partidos cumplieran con los compromisos que ellos mismos habían establecido». Parecía, al mismo tiempo, «deseoso de limitar su poder a designar a los presidentes del Consejo sucesivos y a elegir de entre ellos a los que concederá el decreto de disolución». No parece, en efecto, que interviniera en la pequeña política como en anteriores ocasiones, excepto en un aspecto concreto: «Se ocupa personalmente mucho del ejército», aseguraba el representante galo. Y el embajador añadía algo más: «Le parece menos peligroso asistir a la acción impotente de los ministerios que se forman… que asumir para la Corona la responsabilidad de una acción reformadora continuada y coordinada en la que, sin embargo, el monarca no sería refrendado por ministros surgidos del Parlamento» [58].

En esta frase se encierra el dilema expresado por la nota anónima que hemos citado al comienzo de este capítulo. ¿Era posible, en efecto, que el monarca optara por protagonizar esta acción reformadora? Como se ve, para el embajador francés era patente que en el Parlamento podría encontrar oposición esa acción del Rey. A comienzos de 1920 hubo un debate parlamentario en el que aparecieron las actitudes contrapuestas de Álvarez, el jefe de los reformistas, y de Cierva, el representante del sector más reaccionario del partido conservador. Según el primero, la Monarquía debía adaptarse a las circunstancias del mundo civilizado y, tras una reforma constitucional, transformarse en democrática. Cierva, en cambio, opinó en contra de cualquier reforma [59].

Pero la cuestión decisiva en aquel momento era, en realidad, hasta qué punto existía una demanda de la sociedad para que la citada reforma tuviera lugar. Una nota anónima del archivo de Romanones, probablemente no escrita por él mismo, describe la situación en unos términos que permiten juzgarlo improbable. «La izquierda del republicanismo, que debía ser un acicate al propio tiempo que un sostén del liberalismo, ha desaparecido por completo», afirmaba. Los mauristas y ciervistas vivían en «franco antagonismo» mientras que los conservadores de Dato «no representaban fuerzas conservadoras de la opinión y sí solo las antiguas oligarquías de este partido». Por su parte, los reformistas «no tienen ni en el Parlamento ni fuera de él organización ni fuerza». En consecuencia, no había otra opción que prolongar los gobiernos de transición y, ante la presión provocada por el intervencionismo militar, el autor de esta nota pensaba ya en la posibilidad de un general, «cuyos prestigios fueran reconocidos» por aquello de similia similibus curantur [60].

Según el embajador francés, el Rey trató durante el Gobierno Dato de que se sumaran otros apoyos políticos distintos a los que tenía, como había hecho en anteriores ocasiones [61]. Cuando fue asesinado en marzo de 1921, en la ceremonia fúnebre el Rey caminó inmediatamente detrás del ataúd del presidente, recibiendo los aplausos de la muchedumbre. El embajador francés percibió entonces la «impaciencia» de Maura por recuperar la dirección del conjunto conservador. En cambio el italiano, tras haber conversado con Romanones, llegó a una conclusión diferente y más acertada. Tanto el político liberal como Maura creían que, ante la grave situación, era imprescindible la existencia de gobiernos de concentración [62]. Merece la pena llamar la atención sobre lo que le recomendó un político que se llevaba especialmente bien con él. Cambó trató de influir para que aceptara formar un gobierno «que actuara dictatorialmente». Hasta tales extremos llegaba la situación para que se pronunciaran de esta forma políticos que eran inequívocamente liberales.

Finalmente, de marzo a agosto hubo dos gobiernos interinos, presididos por Bugallal y Allendesalazar, hasta que el desastre de Marruecos impuso la vuelta al poder de Maura con un Gobierno nacional. Cuando se formó, quizá el diagnóstico más acertado fue el del embajador francés. De acuerdo con su interpretación, resultaría que todos los grupos políticos formaban parte del Gobierno sin que éste fuera propiamente un gobierno nacional. Con la excepción de algunos, se trataba de personas que no eran primeras figuras; nada hacía pensar que el gabinete pudiera durar mucho. Al menos, en Estado, la cartera de la que dependía Marruecos, estaba González Hontoria, the right man in the right place [63].

Como previó el diplomático galo, el Gobierno Maura no podía durar mucho. Era imposible la estabilidad cuando una figura tan importante en su seno como el catalanista Cambó le confesaba a Ventosa, su principal colaborador parlamentario, «tener unos deseos casi frenéticos de dimitir». Liberadas las posiciones españolas en Marruecos de la presión adversaria, en marzo de 1922 se formó un gobierno que sólo podía ser conservador, dada la composición de las Cortes. Lo presidió Sánchez Guerra, un político de nivel menor que, sin embargo, en muchas de sus actitudes testimonia que el conservadurismo de la Restauración era verdaderamente liberal. La ausencia del Rey de Madrid durante el periodo estival y la obligación de los presidentes del Consejo de mantenerle informado de cuanto acontecía proporcionan las oportunidad de conocer la peculiaridad de sus relaciones. En el verano de 1922 Sánchez Guerra le explicó al Rey sus preocupaciones y sus propósitos. Consideraba que el periodo parlamentario había sido «muy intenso y muy vivo» y estaba satisfecho de haber mantenido la «confianza» en el Parlamento, evitando los enfrentamientos estériles. Pero veía también problemas. Alguno de ellos derivaba de que el conservadurismo oficial de la época a menudo era superado por actitudes espontáneas más radicales. En el Senado, por ejemplo, el presidente percibió la existencia de un grupo «aristocrático y ultracatólico», «muy irritado con los señores de la Institución (Libre de Enseñanza) y (que) han puesto los puntos principalmente a la Residencia de Estudiantes». Todo hace pensar que Alfonso XIII estaba más cercano a la posición del presidente de entonces que a ese sector. Otro dato interesante es el de la persistencia de un tipo de complicadas relaciones personales en el más alto estrato de la política española. Cierva se quejó ante Sánchez Guerra de que, después de haber jugado un papel importante de cara a la disciplina militar, el Rey «no le ha enviado el más pequeño recado al verle ahora zaherido y hasta acosado con ocasión de ello» [64]. El final del Gobierno Sánchez Guerra, provocado por la persistente desunión de los conservadores, desembocó en el Gobierno de concentración liberal, pero esta solución no estaba ni mucho menos prescrita de antemano. Se podía, por ejemplo, haber pensado en la renovación de un liderazgo anterior del partido conservador o en la inauguración de uno totalmente nuevo. Ambas soluciones pasaron por la cabeza de Alfonso XIII y testimonian el papel que aún podía desempeñar en la política. Pensó, en efecto, en Maura y, como veremos, hizo una propuesta a Cambó, pero si lo segundo fue rechazado por el beneficiario, lo primero se hizo imposible porque la mayor parte de los conservadores no lo hubieran aceptado. Deseoso de reanudar lo que no hubiera sido más que una caricatura del turno entre Cánovas y Sagasta, fue Sánchez Guerra quien indujo a pensar en los liberales; así quedaba claro que el poder del Rey era menor del que a veces se le ha atribuido [65].

Antes de llegar a unas conclusiones sobre el papel del Rey en las crisis políticas del periodo hay que preguntarse: ¿hubo, como en materia de relaciones exteriores, una política que pueda ser definida como propia y exclusiva de Alfonso XIII? Quizá se pueda considerar como tal el intento de acercamiento a los sectores más derechistas del panorama español. En una coyuntura en que los temores revolucionarios parecían jugar un papel decisivo, el Rey mantuvo contactos repetidos con este sector. Las cartas cruzadas entre Alfonso XIII y el senador ultracatólico Pedro Pidal, miembro del partido conservador, revelan, por ejemplo, una cierta complicidad política, al menos por parte del último. También se carteó el Rey con el integrista Senante: aunque el motivo fuera protocolario, parecía traducir la impresión de que bastaba ser «buenos y leales españoles» para superar otro tipo de discrepancias políticas [66]. Consciente de la debilidad a estas alturas del tradicionalismo, el propio pretendiente carlista le ofreció a don Alfonso el testimonio de su solidaridad en el momento en que tuvo lugar el desastre de Marruecos. Alfonso XIII respondió reconociendo que «siempre he notado en ti y en tus amigos (se expresaba como lo hacían los políticos respecto de sus seguidores políticos), cuando se trata de algún hecho que afecta al honor de España, los mismos elevados sentimientos únicamente encaminados a mantener el prestigio de nuestra bandera» [67].

Los casos que se pueden citar de acercamiento a la Monarquía establecida por parte de elementos de extrema derecha son, por tanto, muchos. Manuel María de Sivatte fue otro político procedente del mundo tradicionalista. En la primavera de 1922 había llegado a la conclusión de que le correspondía a don Alfonso la condición de príncipe de Asturias, de acuerdo con la sucesión carlista, pero también de que tenía «aquellas precisas cualidades personales» que los tradicionalistas consideraban imprescindibles para los reyes. Tras haber intentado «un cambio radical de política» por parte de don Jaime, que pensaba que había traicionado sus principios al hacerse aliadófilo, ante la posibilidad del desmoronamiento de «la única fuerza política organizada y con arrestos para poder luchar contra la revolución» se entrevistó con un amplio sector de dirigentes del mundo católico o específicamente tradicionalista para atraerlos a lo que de hecho era una fusión de las líneas dinásticas. Merece la pena recalcar que Sivatte decía controlar los «batalladores elementos que, como mejor que nadie lo sabe el gobernador de Barcelona, constituyen organizada fuerza popular con la que espero llegaremos a formar leal y valerosa legión» [68]. Se trataba de los sindicatos libres, que combatían por idénticos procedimientos el pistolerismo anarquista.

Esta política de ampliación de la base de la Monarquía hacia la extrema derecha fue, sin embargo, más una consecuencia de la evolución de ésta que de una actitud del Rey basada en un cambio de sesgo ideológico que no resulta fácil detectar. Si personajes como los citados se acercaban a Alfonso XIII era porque desde la I Guerra Mundial el tradicionalismo, empeñado en una sucesión de disputas, se había suicidado ya. Resulta muy digno de atención que esta apertura a la extrema derecha no fuera en absoluto incompatible con la ampliación del área de aceptación de la Monarquía hacia la izquierda.

En noviembre de 1918 el embajador francés informó a París de que el Rey había tenido una conversación con Lerroux, que nadie conocía y de la que él mismo no había querido dar noticia a través de la correspondencia oficial para que no fuera posible saber de forma indirecta el nombre de su informador. La conversación no había sido casual: el Rey la había querido y demostraba que no era imposible que un día Lerroux pudiera figurar en las filas de la Monarquía. En la narración que le hizo de forma inmediata a un amigo monárquico Lerroux dijo que había aceptado con la única reserva de secreto y que había sido «gratísima»: el Rey le había parecido un «hombre extremadamente simpático y atrayente, inteligentísimo y enterado de todo, aunque sin profundidad». En cambio, en sus imprecisas y desordenadas memorias, Lerroux confirma la celebración de la misma pero la describe como «un tanteo» cuyo objeto no le resultó claro [69].

Pero todo hace pensar que fue más que eso. A Maura le llegó una nota de un anónimo comunicante en la que se describía la política de Lerroux. De acuerdo con ella, el dirigente republicano «cuando piensa en gobernar se siente inquieto por la inconstancia del poder moderador» porque «para hacer un cuarto de conversión es precisa la garantía de que ella sirva para algo eficaz al país y no sea una burla» pero «con las tradiciones del poder moderador no existe esta garantía» [70]. Lerroux estaba, pues, dispuesto a abandonar el bando republicano pero no sin obtener rendimientos por ello. La relación entre el Rey y el que en la época era, con mucho, el principal dirigente republicano puede ser descrita como un idilio político, aunque fuera a distancia. A pesar de que, a través de un palatino, el Rey se quejó de algunos ataques, muy moderados por otro lado, de Lerroux en octubre de 1922, durante un viaje a Salamanca le dijo a su alcalde radical que «Lerroux está muy enterado y muy bien orientado en cuestiones de política internacional» y añadió «tiene inmejorables condiciones de gobernante (y) no hay más que un paso, que no mermaría su prestigio (para convertirlas en realidad)» [71]. Luego, ya en 1923, a través de terceras personas Alfonso XIII le hizo saber al dirigente republicano que «se dejaría arrancar los dientes por España». Los gobernantes liberales de entonces juzgaban ya que en las elecciones había que tratarle con «benevolencia»; estaba, de hecho, cercano a integrarse en el liberalismo.

El caso de Melquíades Álvarez fue parecido, sólo que el grado de integración entre las fuerzas políticas del régimen fue todavía mayor. El propio Lerroux revela que hubo, antes de la suya, conversaciones entre el Rey y el líder reformista. Desde 1919 existió la posibilidad de que entrara en el Gobierno. Ya en 1920 el Rey aseguró a algunos monárquicos que pronto Álvarez pronunciaría discursos desde la cabecera del banco azul; parece que el supuesto hecho de que mantuviera contactos con el Sindicato Libre le cerró el paso al poder durante algún tiempo. En mayo de 1921 acudió a Palacio a firmar en el álbum en que los políticos monárquicos hacían constar su adhesión al jefe del Estado. El comentario del periódico conservador fue muy significativo: «El criterio constante nuestro ha sido el de que es tan amplia la base sobre la que descansa la Monarquía española y se halla tan consustancializada con el país entero que en ella caben todos los ideales de orden fundamental por radicales que sean». Hubo, no obstante, sus problemas en esta ocasión: parece que mientras Álvarez quería llegar al monarca a través del conde de Grove, otros palatinos consideraban un error llamarle a consultas. En definitiva, el reformismo estaba sobradamente integrado en el sistema de la Restauración antes de que llegara al poder la Concentración Liberal. Otra cosa es que perdiera fuerza social a medida que se acercaba al poder o que confiara en exceso en el apoyo del monarca (como cualquier otro partido) [72]. Así como Lerroux adelgazó hasta casi la transparencia sus críticas a la Monarquía, Álvarez siempre postuló una versión alternativa de la existente, inequívocamente democrática.

Esta voluntad de atracción de las izquierdas formaba parte de la tradición de la Monarquía de la Restauración y, en el caso de Alfonso XIII, se vinculaba con una actitud suya cercana al mundo intelectual liberal y modernizador de que había hecho gala principalmente entre 1909 y 1914. A fin de cuentas, la excursión a Las Hurdes en 1922, aunque surgió como consecuencia de una intervención parlamentaria del marqués de Romilla, diputado del distrito de Hoyos, en donde estaba la comarca, se llevó a cabo con el patrocinio y la colaboración de personas de esa procedencia, como Marañón. Se trataba de una región cerrada sobre sí misma, que habitaban quienes, según la prensa de la época, no eran más que «caricaturas de hombres» y dominada por el hambre y las enfermedades. Tenía fama desde antaño por sus muchas peculiaridades antropológicas pero, en realidad, no era otra cosa que un ejemplo singular y especialmente lacerante del retraso del mundo agrario español. El viaje del Rey, durante una semana de julio de 1922, le permitió comprobar la lamentable vida de aquella porción de sus conciudadanos que le recibían llamándole «Su Divina Majestad» y que apenas si amasaban el pan (de ahí derivó luego el título del famoso documental de Buñuel).«Es imposible mejorar la vida que arrastran las gentes de las Hurdes Altas; hay que destruir las viviendas y trasladar a sus moradores a otros puntos», dijo el monarca a su vuelta [73].

De este rápido recorrido por las crisis políticas producidas entre 1918 y 1922 deriva, ante todo, la sensación de inevitabilidad, tanto en la frecuencia de los cambios de Gobierno como en el contenido de los mismos. No se aprecia en el Rey ningún marcado sesgo político, dentro, como es natural, de las coordenadas de la política de la época; tampoco se le reprochaba una actitud parecida.

Alfonso XIII intentó conservar las reglas no escritas habituales en la Restauración e incluso añadió otras nuevas que no fueron negativas: trató, por ejemplo, de mantener el principio de que no se concedía la disolución a un mismo partido dos veces seguidas y favoreció, en lo que pudo, la unidad de las grandes opciones del turno o el recurso a los gobiernos nacionales en situaciones críticas. En esta materia (por supuesto, no en otras) su forma de actuar no estuvo sujeta a controversia pública y permitió seguir ensanchando la base de apoyo de la Monarquía. Sin embargo, muchos de los políticos del régimen vieron nacer o multiplicaron, como hemos visto, sus resquemores contra el monarca sin reconocer que muchas de las culpas eran suyas o nacían de las circunstancias.

El conde de Romanones escribió en sus memorias que a esas alturas Alfonso XIII se había «arrepentido» de su excesivo intervencionismo en la política partidista. La tesis liberal siempre ha sido la de Ortega y Gasset: a Alfonso XIII «se le fue la mano en la moderación» y acabó moderando inmoderadamente. Pero, sin adelantar conclusiones válidas para otros terrenos, se puede decir que, en lo relativo a la inestabilidad gubernamental del sistema político, resulta más cierta la tesis de Gabriel Maura: el Rey se veía obligado a «intervenir personalmente con objeto de…hilvanar descosidos, zurcir rotos, estimular abnegaciones, aunar voluntades». Aunque distara de conseguir esto último, al menos no multiplicó ni los rotos ni los descosidos.

LAS REIVINDICACIONES NACIONALISTAS

En el mismo momento en que concluía la I Guerra Mundial, a mediados de noviembre de 1918, Cambó, el líder catalanista, convocado al Palacio Real, mantuvo una entrevista con Alfonso XIII. El Rey le mostró diversos telegramas procedentes de Europa que hacían alusión a los procesos revolucionarios en curso. Le dijo que durante su presencia en el Gobierno nacional se había ganado la confianza del resto de los españoles, que estaba dispuesto a que Cataluña consiguiera la autonomía y que, para evitar que existieran allí peligros revolucionarios, era «necesario que fuera a Barcelona en seguida para provocar un movimiento que distrajera a las masas» [74]. La narración, que se contiene en las memorias del político, está hecha por alguien que no era monárquico desde el punto de vista sentimental, apenas sintonizaba personalmente con el Rey y que además quedó insatisfecho de su propia actuación en aquellos momentos. Conviene destacar, sin embargo, que Alfonso XIII no tenía inconveniente en que se concediera el Estatuto (tampoco en hacer una política de izquierdas en ese momento) pero, al mismo tiempo, esta especie de compadreo, con petición de silencio sobre el contenido de la conversación, podía concluir en que el otro interlocutor se sintiera traicionado si el resultado final se frustraba. Aun así, la disposición inicial del Rey fue mucho más positiva que la de la mayor parte de la clase política. Como quiera que sea el estilo del monarca en la entrevista, resulta muy característico (y también constituye un buen indicio de los peligros que solía acarrear).

Desde luego la eclosión nacionalista en la posguerra no se explica por acciones individuales: fue un acontecimiento europeo y provocó enfervorizadas esperanzas en Cataluña y el País Vasco. Pero también engendró reacciones desde el principio. Pocas semanas después de la conversación citada se hizo habitual, allí donde se habían desarrollado movimientos políticos nacionalistas, la identificación entre el monarquismo y la extrema derecha política del arco constitucional, especialmente el maurismo. A comienzos de 1919 se publicó en Barcelona un manifiesto, suscrito principalmente por aristócratas, en el que se afirmaba que Cataluña sólo podía ser próspera con la Monarquía. La onomástica del Rey se celebró también con la publicación de otro escrito semejante en que ya figuraban la totalidad de los títulos más importantes de Cataluña [75]. En Barcelona, el maurismo organizó en esta ocasión el «día de afirmación monárquica» y sus dirigentes trataron de «aprovechar patrióticamente el cuarteamiento que se advierte en los pedestales de las primeras figuras del catalanismo» [76].

Esta actitud nació de forma espontánea pero de ella se dio conocimiento al Rey. El principal dirigente del maurismo barcelonés se presentó con sus seguidores ante el secretario del monarca. En su interpretación, «el problema de la autonomía tan arteramente planteado por los catalanistas (no por Cataluña) en momentos de extremada gravedad no es pavoroso si los gobernantes se deciden de una vez a no frecuentar más la repostería política a la que se han mostrado tan aficionados». Hizo a continuación un indignado ataque contra el catalanismo que, en labios del propio Cambó, trataría con «despego» a la Monarquía y, en los de Ventosa, pronunciaría «intemperancias saturadas de odio a España, al Trono y al ejército». Describió la política propia como «españolista, monárquica y militarista» mientras que la seguida en Madrid sería producto de las «componendas con los alborotadores y profesionales de la estridencia separatista» [77].

El Rey se movió, pues, entre estas dos realidades contradictorias: una actitud de apertura, en principio, a las peticiones catalanas pero una indudable atención a los sectores monárquicos centralistas en Cataluña (y luego en el País Vasco). En un principio, lo segundo no pareció ser incompatible con lo primero. Cuando, en diciembre de 1918, tras una sonada intervención de Maura, se produjo la retirada de los catalanistas de las Cortes, el cronista político se hizo eco de los aplausos, mezclados con «vivas al Rey», que lograron por las calles de Madrid unas unidades militares cuando volvían de maniobras [78]. Pero el dirigente catalanista no rompió por ello con la Monarquía ni se sintió traicionado por Alfonso XIII sino que le escribió. «El resultado de la sesión de ayer», decía la carta, «significa el fracaso de toda nuestra actuación en la política española y el abandono de toda esperanza de que el problema catalán pueda tener la solución en que había cifrado todas mis ilusiones; un deber de lealtad política me obliga a proclamarlo así en el Parlamento antes de salir para Cataluña». «Crea V. M.», añadía, «que al escribirle estas líneas paso por el trance más amargo de mi vida». Pero este estado de ánimo no significaba desvío. «Hoy», concluyó, «al despedirme de V. M., no quiero dejar de expresarle mi profundo reconocimiento por todas las atenciones que me ha prodigado, como prefiero decirle que, cualesquiera que sean las eventualidades que el porvenir nos reserve, conservaré siempre el mayor respeto y la mayor estima para la persona de V. M.» [79]. También Ventosa, su habitual emisario en Madrid, compartía sus sentimientos.

En sus memorias, Cambó sugiere que sintió insatisfacción por su propia postura en este periodo aunque si hubiera actuado de otra manera tampoco habría logrado la autonomía para Cataluña. Él hubiera preferido mantener su posibilismo en el Parlamento no sólo en ese momento concreto sino siempre pero las circunstancias de la política catalana se lo impidieron [80]. La propia aspereza del debate hizo que la lucha política en Cataluña se planteara, en adelante, de otra forma. El Rey tenía que aceptar que se organizaran los elementos de la derecha catalana no nacionalistas y vinculados a la Monarquía; Cambó, por su parte, debía conseguir tras de sí esa derecha que en ningún caso dejaría de ser monárquica. El inevitable resultado tenía que ser la, al menos relativa, frialdad entre la Lliga y el monarca.

Pocos días después de la partida de Cambó de Madrid el secretario del Rey recibió una carta de una persona muy significada de la «buena sociedad catalana», en la que se afirmaba que en el caso de que Cambó acabara decantándose a favor de una República federal, los monárquicos podrían organizarse como grupo, pero «sin poder apoyar peticiones inferiores a las que formula la representación parlamentaria de Cataluña», porque de no hacerlo se encontrarían con «un estado de opinión formidable» en contra. El ideal era que el pleito catalán fuera resuelto dentro de la Monarquía en los términos en que hubiera querido Cambó, porque «si se llega a un acuerdo con los parlamentarios será el momento de que el Rey venga a Cataluña y creo firmemente que entonces será Cataluña el más entusiasta sostén que tenga la Monarquía» [81]. En realidad, Cambó en absoluto evolucionó hacia una posición republicana. Los elementos más específicamente monárquicos del entorno de la Lliga organizaron una Federación Monárquica autonomista que a comienzos de 1919 dirigía un manifiesto al Rey negando la incompatibilidad entre la reivindicación autonómica y «las normas altísimas del régimen». «El pueblo catalán», decía el manifiesto con un lenguaje muy característico del Cambó de entonces, «considera su organización autonómica como algo esencial a su vida y a su desenvolvimiento y como el instrumento más poderoso para la reconstitución de aquella España grande que ayer fue una epopeya, es hoy un sueño y será una realidad mañana» [82].

Nadie contestó el monarquismo de este sector político pero tampoco el de la Unión Monárquica Nacional que agrupó a los sectores contrarios al nacionalismo catalán. En sus memorias, Cambó asegura que, a pesar de que el Rey mantuvo buenas relaciones, no era ajeno a la constitución de este nuevo grupo político [83]. No hay, sin embargo, pruebas escritas de ello en el Palacio Real. Por el momento, y hasta el desastre de Marruecos, el catalanismo se automarginó del Gobierno. «Yo», escribió Cambó a un periodista, «no entraré en ningún gobierno en el cual yo no pueda desenvolver íntegramente mi pensamiento… sin un acuerdo completo con respecto a lo que se va a hacer y a cómo se va a hacer» [84]. Con ello quedaban cerradas las posibilidades de que el catalanismo jugara un papel relevante en el conjunto de la política española.

Pero además se establecía una distancia entre la España oficial y la fuerza política predominante en Cataluña. A fines de junio de 1920, casi por sorpresa, el Rey viajó a Cataluña, donde hacía poco la presencia del general Joffre había dado lugar a tomas de posición estridentes por parte de algunos elementos nacionalistas. En plena histeria reactiva se llegó a sugerir en la prensa madrileña que el embajador francés había informado a París que Francia hubiera podido ocupar Cataluña de haber querido, tal era entonces el sentimiento antiespañol. Alfonso XIII no había estado allí desde 1908. Al parecer, el viaje fue inspirado por el presidente del Gobierno, Dato, que utilizó como excusa una invitación cursada al monarca por una sociedad de beneficencia y consiguió superar los timoratos inconvenientes sugeridos en los medios cortesanos.

De esta manera pareció desaparecer por un momento esa renaciente distancia. El monarca se pronunció en unos términos gratos para oídos catalanistas. «Yo amo por igual a todas las regiones de España», declaró el visitante en uno de sus discursos. «Cataluña ha tenido más suerte que las demás» y por eso podía ser considerada como «la más bella joya de la Corona»; fue, además, «la región en la cual me he apoyado durante la guerra para mantener la neutralidad». Si «había algunos que querían poner fronteras entre Cataluña y España», el Rey afirmó que su ausencia suponía que Cataluña podía «expandirse sin límites».

Todos los observadores diplomáticos constataron el calor con que fue recibido el ilustre visitante. La conclusión que extrajo el embajador francés fue que «la acción personal del Rey puede convertirse en muy importante en la política española». El cónsul italiano llamó la atención acerca de que a su lado, como jefe de la Casa Militar, estaba Milans del Bosch, cuyo paso por la ciudad condal todavía era recordado (y de manera divergente, según los sectores). Según este mismo testigo, la Lliga se había visto sorprendida por una visita que careció de carácter oficial y pretendió tan sólo que banderas catalanas acompañaran a la española en los edificios: el cónsul francés, por su parte, interpretó que la posición de la Lliga no había sido «ni hostil ni entusiasmada» [85].

Aun así, carente la peculiaridad catalana de otra articulación que la muy limitada que suponía la Mancomunidad, la frialdad entre el Palacio Real de Madrid y Barcelona perduró. El Rey recibió informes acerca de la evolución de aquella porción del catalanismo, especialmente la juvenil, que se inclinaba hacia soluciones separatistas [86] y en la relación con el cardenal Vidal i Barraquer a menudo deslizó la referencia a su «acendrado amor a nuestra patria» que pudo tener algún sentido debido a la condición proclive hacia el nacionalismo del citado prelado [87]. Un incidente característico ocurrió en el mes de octubre de 1922. Una entidad automovilística catalana, la Penya Rhin, organizadora de una carrera muy importante a la que Alfonso XIII había acudido en una pasada edición, solicitó el alto patrocinio del monarca para una nueva; y que él mismo donara la copa que debía entregarse al vencedor. Pero la llegada del trofeo se dilató y acabó por demostrarse con el transcurso del tiempo que este hecho no se debía tan sólo a las ocupaciones del monarca. Su secretario acabó reconociendo al presidente de la sociedad peticionaria que en la edición anterior «se había dado una nota disonante negándose algunos elementos a que se tocase la Marcha Real cuando terminaron las carreras en que se disputaba el premio entonándose, en cambio, Els segadors». Ésa fue, pues, la causa de que no se aceptara el patrocinio del Rey [88]. Casi al mismo tiempo, sin embargo, el Rey acudió al Congreso de Estudios Vascos en Guernica, como había hecho en los dos congresos anteriores. Allí se limitó a pedir que no se abandonara el estudio del castellano porque «ni España puede vivir sin Vasconia ni Vasconia sin España». El cronista político comentó, sin embargo, que «por tolerancia excesiva, por inconsciencia de los Gobiernos, se iba fomentando otro centro de desunión de España» [89].

En suma, a la altura de estas fechas no se había producido una ruptura de los nacionalismos periféricos con la Monarquía, salvo en sus sectores juveniles, aunque éstos se enfrentaran también al posibilismo de la generación precedente. Pero se había disipado por completo aquel clima que en 1919 parecía hacer posible la aceptación de la autonomía. Todavía se demostró algo peor, la incomprensión del Rey, por otra parte habitual en el conjunto de la clase dirigente madrileña, de lo que realmente era el nacionalismo catalán.

Ésa es la conclusión que se deduce de la conversación que mantuvo Cambó con el Rey el 30 de noviembre de 1922. El monarca, que se enfrentaba con la inminente crisis del Gobierno conservador de Sánchez Guerra y sentía la falta de liderazgo de la derecha, le dijo que había percibido sus cualidades en el pasado y le prometió darle el poder político total, con Cortes o sin ellas (o lo que resultaba más deseable, con la posibilidad de disolverlas). La única contrapartida sería actuar estrictamente como un político español, al margen por completo de Cataluña, lo que Cambó pensaba que no debía considerar rechazable pues, en definitiva, allí no recibía más que agravios y no la valoración que merecía mientras que en el resto de España se le repudiaba por ser catalán. Estas palabras se las dijo Alfonso XIII al dirigente catalanista tomando sus manos entre las suyas. La descripción de la conversación es un buen ejemplo del estilo del monarca y de su intervencionismo en la política. «Tanto o más que el fondo, la forma en que se hizo la propuesta me ofendió», cuenta Cambó en sus memorias. Las palabras del monarca le habían herido «como bofetadas», a pesar de juzgar que quizá habían sido pronunciadas con sinceridad y buena intención. Encerraban, al margen de los modos, la pretensión de que el interlocutor abandonaba la razón única de estar en política. Cambó llegó a considerar que, de nuevo, como en 1918, el Rey le quería engañar [90]. Pero tanto él como su partido siguieron siendo, en la práctica, sólidos puntales de la Monarquía hasta su definitiva caída.

LA PROTESTA SOCIAL Y LOS MILITARES

Incluso más aún que la reivindicación nacionalista, los años de la posguerra estuvieron marcados por la protesta social y la reaparición del ejército en la política. La primera derivó de la crisis que trajeron consigo la desaparición de las condiciones de prosperidad precedentes y el auge del anarcosindicalismo. En cuanto a la segunda, se debió, aparte del siempre relevante papel desempeñado por el ejército en el sistema político de la Restauración con la consiguiente debilidad del poder civil, al asociacionismo reivindicativo militar. Sin embargo, fue la protesta social la que desempeñó un papel inicial y más determinante en el intervencionismo militar. Ya en el pasado, el Estado se había declarado impotente para resolver los problemas de orden público pero ahora se hizo todavía más patente la ineficacia policial. El mando militar quizá hubiera preferido no intervenir pero exigió, en caso de hacerlo (si fuera proclamado el estado de guerra), la más absoluta autonomía en su forma de actuar. De ahí resultó un inevitable enfrentamiento entre el poder civil y el militar. Como sabemos, en la Monarquía de la Restauración al Rey le correspondía, al margen de sus funciones constitucionales, hacer de intermediario entre ambos poderes. El interrogante que se plantea se refiere a las condiciones en que desempeñó ese papel durante el periodo [91].

Ante todo, hay que tener en cuenta las incitaciones que el monarca recibió, representativas del estado de ánimo de las clases altas, en torno a la posibilidad de un movimiento revolucionario. Procedieron principalmente de Barcelona, convertida en principal foco de la queja social. Ya en febrero de 1919, recibió un escrito que proponía que los sindicatos obreros y los patronales quedaran organizados como «corporaciones oficiales dependientes del Ministerio del Trabajo»; la afiliación sería obligatoria incluso en los casos de dependientes de comercio o trabajadores administrativos. Este tipo de propuesta fue muy habitual entre los medios patronales y Maura, con posterioridad, llegó a tener redactada una disposición sobre esta materia de su propia mano [92].

Más interesante resulta el hecho de que el Rey recibiera en marzo de 1919 un proyecto del marqués de Castelldosrius, figura de primera fila en la aristocracia catalana, relativo a la creación de un denominado Real Cuerpo de la Nobleza de Barcelona. La iniciativa nació de la situación social existente en la capital catalana; la labor que quería iniciar tal entidad, sin duda olvidada en el pasado, se limitaba al papel paternalista que no solían superar este tipo de entidades. El Rey, no obstante, prestó su colaboración al proyecto: «Puedes creer», respondió, «que con verdadera simpatía acojo la idea de dar nuevo vigor a una Agrupación que coreando (sic) gloriosas tradiciones y recordando privilegios concedidos por antecesores míos, se aprestan a emprender hoy una labor social intensa y provechosa, de conformidad con las exigencias de la presente época buscando en todo el engrandecimiento de la amada Patria y la prosperidad de Cataluña». No sólo aceptó la «jefatura suprema» de esta entidad sino que, además, asoció a ella a la persona del príncipe de Asturias [93]. En qué quedó la nueva asociación resulta muy evidente con sólo tener en cuenta la única iniciativa suya que parece haberle llegado a Alfonso XIII. Arguyó que tenía que «velar por el prestigio de la clase nobiliaria y por su enaltecimiento» y que nada afectaría tanto a éste como el «otorgamiento de nuevas mercedes» en el caso de que «éstas estén basadas en el mérito real y probados servicios a la Patria». Por eso, teniendo en cuenta la «formidable y organizada amenaza revolucionaria» existente y el hecho de que Milans del Bosch había tenido una gestión «felicísima» como capitán general en Barcelona, propuso para él la concesión de un título nobiliario. «En corto espacio de tiempo», aseguraba la petición, «ha quedado restablecida la normalidad quedando en el más elevado concepto el prestigio del ejército y rodeado éste de popularidad en Cataluña… abriéndose una era de paz para esta Región» [94]. No fue ésta la única organización de «reacción social» que apoyó el monarca: también patrocinó en parecidas condiciones una Liga de terratenientes andaluces relacionada con el mundo católico [95].

A Milans del Bosch no le fue concedido el título pero lo más significativo es que la petición le llegó a Alfonso XIII inmediatamente después del grave conflicto que dicha autoridad militar tuvo con el poder civil. Decidido el citado general a actuar con absoluta autonomía, pasó por encima de las autoridades civiles. Romanones, entonces presidente, acudió a Palacio y el Rey le prometió que conseguiría de Milans una «solución armónica». Sin embargo, el poder civil no recuperó sus prerrogativas y Romanones acabó dimitiendo. Cambó, representante de la principal fuerza política barcelonesa, pensaba que lo ocurrido en la ciudad era penoso: «Lo de menos es la solución; lo más grave es la serie de vergüenzas que han precedido y acompañado la solución» [96]. Sería difícil encontrar una mejor descripción, pues el resultado era lesivo incluso para la Monarquía.

Aun así, Milans permaneció mucho tiempo al frente de la capitanía general de Barcelona. Romanones había dado por supuesta «la influencia del elemento patronal sobre el ánimo del general Milans del Bosch y la coincidencia entre éste y los elementos directivos de la Federación Patronal» y, como probable, que utilizara a Bravo Portillo al frente de una irregular banda policial [97]. Milans, por otro lado, no dejó de crear conflictos en el gobierno posterior, encabezado por Maura. Cuando organizó los somatenes siempre se le advirtió de forma cautelar que éstos no tenían que tener otro carácter que el local estando sometidos en el empleo de las armas a la autoridad militar [98].

A lo largo de los meses siguientes don Alfonso debió seguir puntualmente lo que venía sucediendo en Barcelona. El ministro de la Gobernación despachaba con él las incidencias diarias, pero a título puramente informativo. De las disposiciones que, como consecuencia del acuerdo entre patronos y obreros, tuvieran que plasmarse en la Gaceta, el ministro de la Gobernación daba por supuesta la aceptación del monarca («claro es que con la venia de V. M.»). Pero el Rey no recibía sólo informaciones de signo oficial sino también privado; estas últimas solían ser extremadamente reaccionarias. Entre otras hay una, con una anotación de haber sido leída por el monarca, que proponía «extirpar el mal de raíz sin contemplaciones ni sensiblerías» y «deportar a las cabezas visibles del sindicalismo a Fernando Poo». En definitiva, «limpiar aprovechando un estado de guerra que dure lo necesario» [99].

Por supuesto nada de eso se hizo, pero lo grave siguió siendo que la crisis social barcelonesa tenía al sistema político en una situación insostenible. A tal extremo se llegó cuando Milans empezó a entenderse directamente con el Palacio Real en relación con las competencias de orden público que tenía asumidas. Al secretario del Rey le envió, a mediados de noviembre de 1919, una carta en los siguientes términos:

Aunque estoy persuadido de que S. M. el Rey tendrá referencias exactas de la actitud de la Confederación Patronal, me creo obligado a comunicarle a Vd. que la Federación de Barcelona se propone declarar el lock-out industrial sin previo aviso el lunes próximo fijando en las fábricas, talleres y almacenes un cartel que pondrán en las primeras horas de la mañana declarándolos cerrados sin más excepción que el ramo de la alimentación.

Tienen esperanzas, al parecer fundadas, que, sin esperar al día seis, secundará Madrid su actitud. La unión no es absoluta pero es probable que la mayoría arrastre a los dudosos. Como por estar avisados no se pierde nada, me he decidido a participarle esta impresión que procede de buen origen. No necesito decirle si celebraré que no se confirmen mis referencias pero conviene que estemos muy preparados. Ruego a Vd. que ahora más que nunca, si cupiera, reitere a nuestro Señor mi inquebrantable y resuelta adhesión [100].

La comunicación deja clara la conexión existente entre Milans y la patronal. En efecto, el cierre auspiciado por ella tuvo lugar, aunque sólo en la capital catalana, y provocó la derrota de los sindicatos. Pero ésta, a su vez, hizo menos necesaria la presencia de Milans en Barcelona y supuso el fin de su especie de virreinato.

A comienzos de 1920 empezaron a correr rumores acerca de la posibilidad de que fuera relevado y desde un principio pareció que el Rey era partícipe. El 9 de enero, con ocasión de una visita a Madrid, el general se entrevistó durante casi dos horas con el monarca. Unos días después representantes patronales acudieron a Palacio en demanda de orden público y de mayor actividad policial por parte del Gobierno. La respuesta del Rey fue prudente y medida: «Los gobiernos son como son porque no pueden ser mejores. Yo cumplo mis deberes constitucionales gobernando con los hombres que me da el Parlamento. Manden las fuerzas vivas otros representantes a las Cortes que renueven la política y actúen con virilidad y yo escogeré, cuando sea llegada la ocasión, los mejores de esos hombres para que gobiernen». En realidad, Milans fue defendido hasta el final por la patronal, la cual no dejó de remitir telegramas a Palacio en su defensa. Finalmente, el relevo tuvo lugar el 10 de febrero. Informaciones posteriores permiten constatar que fue el propio Rey quien obtuvo la dimisión de Milans del Bosch (aquella se habría producido «por indicación» suya); además, sirvió de parachoques cuando la guarnición de Barcelona quiso expresar sus quejas por el relevo. Pero el triunfo del poder civil resultó mucho más aparente que real. Según cuenta en sus notas íntimas uno de los ministros del Gobierno, el cese tuvo lugar sólo por la acción conjunta de los generales más liberales (Aguilera, Luque….), además, el anciano militar civilista Weyler fue enviado a Barcelona, donde poco a poco se hizo con las riendas de la guarnición. Por su parte, Milans del Bosch no recibió castigo alguno sino un premio al pasar a desempeñar la jefatura de la Casa Militar del monarca, puesto en el que permaneció muchos años [101].

Si bien se mira, lo sucedido tiempo después con otra autoridad militar en Barcelona, el general Martínez Anido, fue la reproducción empeorada del caso de Milans. Por un lado, no cabe duda de que sus contactos con el Sindicato Libre, autor de un contraterrorismo de extrema derecha, fueron estrechos, pero la ineficacia de la acción policial había quedado incluso más patente que antes. Cambó, cuya posición sobre la etapa de Milans conocemos —a pesar de ella, no dudó en convertirse en somatenista—, ahora, al parecer, consideraba «indispensable» la actuación de Martínez Anido. No obstante, el diputado catalán escribió a su principal colaborador y le dijo que si dimitía, «todo el problema está en que su sustituto sea una persona que ofrezca garantías de llevar bien el problema social». Su cese, siendo presidente del Gobierno Sánchez Guerra, se hizo de nuevo con la intervención del monarca. Después de haber mantenido una tensa conversación telegráfica con el general, el dirigente conservador llevó su cese al Rey. «¿Lo has pensado bien?», le preguntó el monarca. Cuando el presidente volvió a expresar sus argumentos, el monarca acabó aceptando y lo hizo de un modo muy característico: «Está bien», dijo, «voy a firmar, pero hay que convenir que tienes unos… como la catedral de Toledo» [102].

Este hecho se refiere a un acontecimiento producido ya al final del periodo que estudiamos, lo que supone una victoria del elemento civil que, como veremos, coincidió con alguna otra. Resulta muy característica de la posición intermediaria del Rey entre los dos poderes y ratifica la impresión de que habitualmente una postura firme del poder civil obtenía el apoyo del monarca. Claro está que, de no serlo, podía suceder que tampoco la lograra en absoluto.

Hasta aquí hemos examinado el papel del monarca de cara a las tensiones sociales en Barcelona y la actuación autónoma de sus autoridades militares. Veamos ahora si la crisis social indujo en algún momento a un intervencionismo político militar más decidido mediante un golpe de Estado. A los mandos militares, el temor a que las doctrinas revolucionarias penetraran en los cuarteles les causó una fuerte preocupación. En pura teoría, su actitud estaba muy clara: «No somos los militares los llamados a resolver por medios jurídicos los problemas sociales», rezaban unas instrucciones redactadas por el ministro de la Guerra en 1920, de las que tuvo puntual noticia el monarca. Pero también se indicaba en ese mismo momento que «en nosotros, en nuestras tropas, está la suerte de España en estos solemnes y decisivos días de su historia»; por ello, era precisa una «actuación vigorosa, constante, incansable, tenaz, inflexible» en la lucha contra esas doctrinas subversivas [103]. De ahí a la intervención política podía haber un paso.

La pregunta de si eso pudo suponer en algún momento un golpe militar nos remite a la persona de su posible protagonista. Ya hemos visto que en los medios civiles se hablaba de esa eventualidad ya en 1918. Entre los militares, el general Francisco Aguilera, ex ministro de la Guerra liberal y senador vitalicio, por entonces capitán general de Madrid, abandonó el partido demócrata en mayo de 1919. Hizo público entonces que no veía en los políticos «la suficiente abnegación, desinterés y altruismo». La declaración fue interpretada como «una amenaza con la indicación del intervencionismo en el Gobierno de determinados elementos», pero ni siquiera le costó el puesto. Ya veremos que de él se hablaría de nuevo en 1923 como posible protagonista de un golpe [104]. Otro apellido figuró al frente del que concluyó con el parlamentarismo liberal y a él hay que dedicarle algún espacio más.

El general Fernando Primo de Rivera fue uno de los grandes personajes militares de la Restauración. Si había sido Martínez Campos el sublevado en Sagunto que prendió la mecha del golpe de Estado que llevaría a la proclamación de la Restauración, aquél, al haber optado por una actitud de pronunciamiento pasivo como capitán general de Madrid, hizo posible que el intento triunfara. En 1887, es decir, a comienzos de la regencia, era director de Infantería y preparó entonces para la regente María Cristina un amplio estudio sobre los coroneles y tenientes coroneles pertenecientes a tal arma con informaciones de carácter político, disciplinario y de conducta en materias como el juego [105]. Pues bien, tan importante personaje mantuvo en esos difíciles años una correspondencia con el Rey que reviste el máximo interés tanto por la persona que la enviaba como por quien la recibía.

Su primera carta a Alfonso XIII data de finales de 1918, al iniciarse la posguerra [106]. Ya entonces el anciano general partía de considerar la situación como «delicadísima», pero sólo porque los monárquicos habían caído en un «desfallecimiento o por lo menos en la indiferencia». En su opinión, a diferencia de otros países, ni España había entrado en guerra, ni el problema de las subsistencias era tan grave como en otras latitudes, ni tampoco «aquí necesitamos ampliar el sentido liberal y democrático de nuestras instituciones y leyes porque están inspiradas en el más amplio que registran los pueblos de Europa». «Aquí no hay más que la audacia de unos cuantos», era su diagnóstico, pero eso no impedía que apareciera la «maldita planta» del bolcheviquismo. Era, pues, imprescindible que fueran personas de «completa confianza» los ministros de Gobernación, Guerra y Marina. No pretendía que el ejército interviniera en las cuestiones sociales pero «deben, en cambio, desarrollarse los cuerpos llamados a mantener el orden público, como primer escalón, como son los de Seguridad y Guardia Civil». De cualquier modo, por más que «V. M. sabe que al ejército le agitan aún luchas internas que van en camino de curación», «la opinión de la oficialidad es firme y unánime» acerca de la subversión y con su apoyo completo se podía contar. El general no repudiaba posibles reformas políticas: «No hay que asustarse de la idea descentralizadora, ni siquiera federativa, con el reconocimiento de la personalidad de las regiones españolas» pues era posible «una corona con varios florones en noble emulación de florecimiento y patriotismo».

Pasado poco más de un año su opinión se había radicalizado. A comienzos de 1920 dirigió un nuevo escrito al Rey que testimonia que ya estaba en peligro la normalidad constitucional [107]. «Vuestra Majestad», decía, «me ratificó la honrosa licencia que de vuestro padre tuve para escribirle directamente cuando las circunstancias nacionales, que eran su gran preocupación y lo son igualmente para S. M., acusaran gravedad». Da la sensación, por tanto, de que ambos personajes habían hablado, quizá en relación con la primera misiva. La fecha de la segunda resulta relevante porque acababa de tener lugar el cese de Milans del Bosch. El general la interpretaba de la siguiente manera: «Una intriga o un apasionamiento político acaba de dar al traste con un alto funcionario militar que había acertado a rodear su persona y cargo de todos los prestigios y de todos los aciertos en el momento mismo en que los frutos de su labor comenzaban a recogerse en tranquilidad y normalidad del orden público».

Pero lo decisivo era que sacaba consecuencias políticas de lo sucedido. Ahora la situación era mucho más grave. El ejército mismo, «nunca tomado en labios políticos sino para agraviarlo… se ha salido del cauce de toda disciplina». Hizo mención de la posibilidad de «poner vetos a ciertos políticos y aun a todos ellos y de suspender un sistema que sólo males y perturbaciones proporciona», pues la inmensa mayoría del país tenía el deseo de su «apartamiento temporal, y aún mejor permanente, de estos hombres de toda función directiva». De esta manera, «sin variar el régimen constitucional de España, pero suspendiéndolo totalmente por algún tiempo, podría intentarse la formación de un gobierno de técnicos que bajo la presidencia de un hombre de entereza y carácter, acometiera la obra, por medio de decretos que tuvieran fuerza de leyes, de encauzar en España cuanto está fuera de cauce: disciplinas, empezando por la militar, problema social, económico y cultural». Proponía, por tanto, una dictadura temporal que el ejército apoyaría; de esta manera se lograría, tras un plazo de al menos dos años, una vuelta a la normalidad mediante unas elecciones generales en las que se vedaría la participación de los políticos de la etapa anterior. El gobierno sería, pues, «de marcado carácter civil pero apoyado en la fuerza militar» porque «hay que acudir a algo nuevo, radical, que no sea entregar una vez a la política la suerte de España». «Los políticos», añadió, «han dicho ‘que gobiernen los que no dejan gobernar’; yo me permito decir a V. M. ‘que gobiernen los que aún no han gobernado». Pero lo curioso del caso es que, en contraposición a la frase de Maura, no pretendía que gobernara el ejército sino «el país no político». Ahora bien, lo perentorio de la petición no parecía obligarle a la precisión en el programa: «Ni enunciar se puede, en fuerza de ser tanta, la obra que habría que realizar». «Postrado en el lecho, agobiado de años, contristado de espíritu», creía el general cumplir con la obligación al hacer esta propuesta que, si bien se mira, debe considerarse en muchos sentidos como el precedente del golpe de septiembre de 1923.

Quien lo dio, su sobrino Miguel, alimentó el intervencionismo político del viejo general. Cuando escribía a su tío solía mostrar su desprecio por los «delirios sociales» de conservadores ilustrados como Burgos y como Osorio, a los que consideraba «calamitosos». Luego, pasado el tiempo, no dudó en recomendar al propio presidente del Gobierno (Dato) la aplicación de la «ley de fugas» para combatir el pistolerismo sindical. En su opinión, a comienzos de 1921, cuando le quedaba poco tiempo de vida a su tío, los conservadores debían gobernar durante largo tiempo. Entre ellos, Maura, «con todos sus delirios destacaba sobre los demás», pero no dudó en proponer un directorio de los cinco prohombres conservadores más conocidos presididos por su propio tío. «Yo creo que así se formaría un partido de doscientos diez a doscientos veinte diputados y sería posible gobernar tres años para desarrollar una labor precisa y sobre todo para extirpar el obrerismo revolucionario que arruinará España y el terrorismo que la deshonrará». Resulta muy improbable que esos propósitos pudieran triunfar pero la muerte del tío, de cualquier manera, los arruinó. Miguel Primo de Rivera pudo haber sido ministro de la Guerra en el gobierno conservador de Sánchez Guerra (1922). El presidente describía entonces su trayectoria política con términos chocantes: «Le ocurre lo que a una muchacha guapa, virtuosa y rica que aún no ha tenido pretendiente y, sin embargo, otras en condiciones menos favorables han hecho buenas bodas». Podía aspirar, pues, a ser ministro pero posturas intemperantes o poco diplomáticas, como su deseo de abandonar Marruecos, le vedaron el triunfo político. Parece que fue el Rey, que le consideraba «inteligente» pero «ligero», quien convenció a Sánchez Guerra de que no le nombrara [108]. Pero el sobrino acabó por intentar llevar a cabo lo que el tío por vez primera había pensado.

Si se tiene en cuenta que los escritos de Fernando Primo de Rivera llevaban como destinatario al Rey, se puede deducir que requerían su aprobación y que éste no la dio, aunque la incitación fuera insistente. Si Alfonso XIII no había colaborado más que a hacer factible el cese de los mandos militares que habían logrado un poder autónomo en Barcelona, al menos pudo controlar y retrasar una posible conspiración militar.

Claro está que ésta también se veía dificultada por la inexistencia de unidad en el ejército, cada vez más dividido. Las Juntas, por ejemplo, no constituían más que una parte de él, con intereses y posiciones precisos que también ponían en peligro la supremacía civil. En los despachos de los embajadores extranjeros aparecía con claridad que el sistema político estaba amenazado no sólo por el sindicalismo ferroviario sino también por el de los oficiales. En ellos también se describió como difícil de definir la actitud del Rey respecto de ellas: de entrada, en absoluto quería enfrentarse a las Juntas al ser consciente de que el ejército era uno de los apoyos esenciales de la Corona [109].

Sin embargo, con el paso del tiempo, el desastre marroquí, al situar el mayor peso del estamento militar en el ejército de África, les quitó importancia a las Juntas. Cuando se formó el Gobierno Maura, el Ministerio de la Guerra lo ocupó Cierva, a la vez por su antigua relación con ellas y por su fama de enérgico. A lo largo de los primeros meses de su mandato, por un lado siguió utilizando al Rey como intermediario entre el poder civil y el militar (potenciaba el papel de aquél atribuyéndole los nombramientos) y, al mismo tiempo, evitó prestar mucha atención al sindicalismo militar.

En enero de 1922 tuvo lugar un choque frontal entre el poder civil y las Juntas. Cierva, que las quiso convertir en meras comisiones informativas mediante Real Decreto, aseguró que no estaba dispuesto en absoluto a abandonar la cartera de Guerra sino por la violencia. El Rey, sin embargo, presentó dificultades a la firma de la disposición hasta el punto de que el ministro se ofreció a convertirla en otra de rango inferior para evitar que fuera necesaria la aceptación real. Según apareció en la prensa, Alfonso XIII «no se había negado a firmar el decreto sino que hizo unas observaciones acerca de su oportunidad». Pero el embajador francés le atribuyó «dudas», por otra parte lógicas: las Juntas habían acudido a él y debía, una vez más, actuar como intermediario entre los dos poderes. Las críticas del diplomático francés fueron, no obstante, muy duras: «El principal responsable directo es el Rey (que)…por temor a un pronunciamiento ha retrasado la sanción a pesar de lo necesaria que era para disciplinar a las Juntas… Ha buscado ganar tiempo, ha jugado doble (y) ha agravado las dificultades y las incertidumbres de la hora presente y creado una situación muy difícil de superar». El resultado habría sido un «nuevo y terrible golpe a la Corona». Pero en realidad, el titubeo del Rey fue poco duradero. Como solía suceder siempre que un gobierno civil fuerte apoyaba una disposición, ésta acababa imponiéndose. Maura presentó la dimisión del Gobierno, unánime tras la medida, y en tan sólo cinco días la disposición fue sancionada. Aunque hubo algunas protestas de los jóvenes mauristas contra el Rey, da la impresión de que el propio Maura y Cierva creyeron en todo momento que Alfonso XIII era, en el fondo y desde antes, partidario de la medida por más que temiera que provocara una reacción airada en los cuarteles [110]. El propio monarca se lo confirmó al embajador francés en una conversación actuando de un modo que sólo hacía en ocasiones excepcionales durante este periodo (en el pasado había sido mucho más indiscreto). Según afirmó a Cierva tan sólo le había pedido tiempo y se había quedado sorprendido, al cabo de unas horas, con la dimisión del Gobierno. Cuando habló con Maura, quien le transmitió esta decisión, le dijo que estaba dispuesto a firmar el decreto pero que era demasiado tarde porque ya se había difundido la noticia de que el Gobierno estaba cesante. En la conversación Maura y el Rey estuvieron de acuerdo en que la medida siguiera adelante y que cualquier indisciplina militar, a partir de este momento, fuera sancionada con la severidad prescrita por el Código. Alfonso XIII añadió al embajador francés que si había conversado con los coroneles que estaban al frente de las Juntas durante estos días lo había hecho siempre informando con carácter previo al Gobierno. Seguía actuando, por tanto, como intermediario entre el poder civil y el militar pero cada vez con mayores dificultades.

En adelante, y durante todo el año 1922, el Rey hizo repetidas apelaciones a la disciplina militar que se interpretó que iban destinadas a eliminar cualquier vestigio subsistente de las Juntas. En febrero, por ejemplo, en una ceremonia de los diplomados de Estado Mayor, pidió que éstos se mantuvieran «dentro de los límites que marcan vuestros juramentos y la promesa hecha a vuestro Rey» [111]. En junio, durante una estancia en Barcelona, ante el capitán general, Primo de Rivera, y Milans del Bosch, quien lo había sido en el pasado y ahora estaba al frente de la Casa Militar, ambos muy poco ejemplares en su respeto al poder civil, afirmó que cuando se perdía la disciplina «el ejército, representante de la Patria, se convertía en guardias pretorianas, que son odiadas en todo el país». «A mí», añadió, «nadie me consultó cuando nací para que fuera Rey; pero ya que me he encontrado así, he de cumplir con mi deber, como vosotros debéis cumplir con el vuestro… Hay que olvidar primero y rechazar luego los movimientos de opinión que realmente no obedecen al sentir general». El ejército español «había sido sometido a muchas pruebas, algunas muy dolorosas y lo mismo en sus triunfos que en sus fracasos ha sabido soportar noblemente y sólo por puro patriotismo». Don Alfonso exaltó también la disciplina del ejército alemán «siempre con un solo ideal lleno de patriotismo». Afirmó también que «actualmente asusta notar en nuestro ejército agrupaciones que, aunque las motivó un deseo tal vez nobilísimo, están francamente fuera de lo que aconseja la obediencia más elemental y la disciplina fundamental». «El oficial», concluyó, no puede ni debe meterse en política» y por eso había que «dar por terminados todos los incidentes» relacionados con el asociacionismo militar [112]. A partir de este momento, comentó el embajador británico, las Juntas consideraron al Rey como su adversario, algo que Alfonso XIII había temido a comienzos de año mientras que los militares africanistas transmitieron la impresión de que la Monarquía estaba con ellos. La Legión, por ejemplo, envió a la Reina una joya comprada mediante suscripción pública.

A todo esto, lo sucedido en Barcelona dio lugar a una interesante sesión parlamentaria. El diputado independiente Augusto Barcia planteó una interpelación en la que preguntaba si el gobierno refrendaba las palabras del monarca en Barcelona. Sánchez Guerra replicó que tenían «el refrendo constitucional más absoluto». Barcia afirmó, entonces, que el viaje a Barcelona no había tenido otro sentido que pronunciar este discurso. Se hizo eco, además, de que, según una parte de la prensa, que le había alabado, el Rey habría dicho, al volver a Madrid, que «había que poner el cascabel al gato y lo he puesto». Para Barcia resultaba entonces que el monarca viajó para dar «el golpe de gracia a las Juntas» a las que, en el pasado, había «alentado, servido, creado», opinión ésta que no se correspondía con la realidad. «El Rey», aseguró, por otro lado, el diputado, «debe estar siempre apartado de esta clase de cosas» pues la responsabilidad le correspondía al Gobierno; al mismo tiempo aseguró que se había de proceder de forma instantánea a disolver las Juntas. Sánchez Guerra replicó que «jamás he aplaudido ni he encontrado acertado, en lo que ha tenido de ilegítima, la actuación de esas llamadas Juntas; ni antes, ni después, ni ahora» y aseguró que cuando se salieran de la legalidad las sancionaría. Pero la cuestión primordial no era ésta sino que para la izquierda no era aceptable la función mediadora del Rey entre el poder civil y el militar. «No continuéis haciendo esta exaltación diaria del poder personal», replicó Barcia, «que si momentáneamente puede halagar… en definitiva dañará a todos y (al Rey) el primero y sobre todo dañará al país, que es lo que importa». Sánchez Guerra respondió que en el caso de que se planteara una reivindicación del poder personal, todos los parlamentarios estarían en su contra.

El debate amplió, entonces, el espectro de los intervinientes. Besteiro recalcó el aspecto grotesco de lo sucedido. Se refirió a las carcajadas que provocaban en otro tiempo los discursos del Káiser y sugirió que también las intervenciones del Rey estaban provocando «la carcajada» y «que se hunda una Monarquía histórica en medio de la carcajada general, eso es demasiado». En ese momento fue interrumpido por el presidente, que le llamó la atención por «herir sentimientos legítimos de la Cámara». Pero Besteiro siguió reprochando al monarca haberse referido «al más complicado problema de la política española desde 1917» y, al mismo tiempo, que en su discurso «no hubiera resuelto nada». Oradores monárquicos le acusaron, entonces y no sin fundamento, de haber tratado de servirse de los militares durante la huelga de agosto de 1917. La posición de Melquíades Álvarez insistió en el deseo de los reformistas de transformar la Monarquía de la Restauración en democrática: «Lo hecho (en Barcelona) no se acomodaba escrupulosamente» a la Constitución porque el Rey no podía tomar iniciativas y en sus palabras «se trazaba una conducta al Gobierno». Pero además, de manera implícita, el Rey había señalado que en un momento precedente él mismo y las Juntas no habían cumplido con el deber de la disciplina y eso no podía admitirse. «Que no se vuelva a repetir el espectáculo», recomendó. Sánchez Guerra dio la sensación de tomar nota: «No se juzga a los Gobiernos ni se les fiscaliza por propósitos; se les juzga por sus actos. Dispuesto a cumplir sus deberes todos está el Gobierno. Espere S. S. sus actos y júzguelos después». Parecía, pues, que del debate se deducía que incluso las comisiones informativas estaban destinadas a desaparecer, cosa que al gobierno conservador no le dio tiempo a hacer. Todavía hubo dos intervenciones más. Cierva opinó que el Rey debía tener en temas militares «una intensa intervención», siguiendo el propio texto constitucional, y aseguró que el discurso del Rey había consistido en «palabras nobilísimas que todo patriota, a mi juicio, debe aplaudir». Lerroux, en cambio, se quejó de que el Gobierno se había tenido que amparar en el Rey para expresar su opinión y que, por tanto, había abandonado sus prerrogativas; también criticó que el monarca se hubiera pronunciado en términos laudatorios para el ejército alemán [113].

La lectura de este debate proporciona una impresión curiosa. Da la sensación de que el Rey y Sánchez Guerra estaban orgullosos de la intervención del primero, probablemente no tan planeada. Alfonso XIII luego, ya en el exilio, diría que el origen de las Juntas había sido legítimo pero que luego rompieron la disciplina y él se enfrentó «resueltamente» con ellas, una declaración claramente excesiva [114]. Sin embargo, en el Parlamento, esa posición intermediaria del Rey entre el poder civil y el militar ya no era aceptada por amplios sectores, algunos de los cuales iban de camino a integrarse en el régimen. El propio modelo de «Monarquía militar» sonaba inaceptable o incluso ridículo; en realidad, pasaba por una profunda crisis. El Rey podía contribuir a parar un golpe siempre que le fuera comunicado con carácter previo o podía hacer que se diera el relevo de una autoridad militar que antes había hecho caso omiso del Gobierno o de él mismo. Pero todo eso no se le agradecía por la izquierda, mientras su margen de maniobra respecto de los militares se hacía cada vez más pequeño.

¿UNA DERIVA HACIA EL AUTORITARISMO?

Algunas de las palabras pronunciadas con ocasión de la intervención del Rey en Barcelona plantean la cuestión de si Alfonso XIII habría evolucionado hacia una actitud crecientemente proclive al poder personal. Pero la acusación más firme en este sentido se refiere a un incidente anterior en el tiempo que luego el desarrollo de los acontecimientos magnificó: se trata del discurso real pronunciado el 23 de mayo de 1921 en el Casino de la Amistad de Córdoba. Algún historiador liberal llegó a escribir de él que era la demostración de que el Rey «se sentía dueño de la situación» [115].

El discurso del Rey no estaba previsto ni preparado; había venido precedido de la presentación de determinadas demandas por parte de los olivareros de la provincia en una reunión previa en casa del marqués de Viana. Según el ministro que acompañaba al Rey —Cierva—, don Alfonso se dejó captar por el ambiente. Respondiendo al alcalde, que había previsto un futuro refulgente para la capital, aseguró que su resurgimiento estaba más próximo de lo que se pensaba. El monarca dijo tener «la chifladura, si así puede llamarse, de estudiar constantemente los problemas que interesan a mi país». Uno de los más decisivos sería el de las comunicaciones y «éste es muy importante porque se refleja en el estómago; porque todos, pobres y ricos, somos mortales y tenemos que comer». Tras estas palabras definitorias de un estilo vinieron luego otras mucho más polémicas:

En este momento, mi Gobierno tiene presentado un proyecto muy importante. ¿De importancia? ¡De importancia! Ahora bien, el Rey no puede hacer más sino firmar proyectos que vayan al Parlamento, pero nada puede hacer porque esos mismos proyectos salgan de allí. Yo soy (sic) muy satisfecho de no contraer responsabilidades. Prefiero a esas responsabilidades, ofrecer mi vida al país. Esas responsabilidades que fueron quitadas a la Corona para entregarlas al Parlamento. Pero es muy duro, señores, que no pueda prosperar lo que interesa a todos por maquinaciones y mezquindades políticas y ocurren casos tristes de esta naturaleza. Presenta un proyecto mi Gobierno, lo combaten y se hace una crisis y como consecuencia cae el Gobierno. Se forma uno nuevo y tampoco puede sacar nada adelante porque los mismos que cayeron se convierten entonces en oposición de su propio proyecto. Porque ¡cómo habían de ayudar a aquellos mismos que le habían matado!

En el párrafo siguiente el Rey pareció demostrar que era perfectamente consciente de lo que decía: «Algunos dirán que me estoy saliendo de mis deberes constitucionales pero llevo diecinueve años de Rey constitucional y me he jugado la vida muchas veces para que me vengan ahora a coger en una falta constitucional». Lo verdaderamente grave vino a continuación: «Yo creo que las provincias deben comenzar un movimiento de apoyo a vuestro Rey y a los proyectos beneficiosos y entonces el Parlamento se acordará de que es mandatario del pueblo, pues no otra cosa significa el voto que le dais en las urnas. Entonces la firma del Rey será una ejecutoria y una garantía de que se harán proyectos beneficiosos para España» [116]. Como veremos, el contenido preciso de lo dicho por el monarca fue objeto de controversia. La versión que ofrecemos es la que fue efectivamente pronunciada, de acuerdo con la documentación localizada en archivos privados y diplomáticos.

Mucho tiempo después, el Rey diría a quien recibió sus confesiones íntimas: «Hay que ver la que se armó por mi discurso de Córdoba» porque «censuré con hartas razones al Congreso de los Diputados». Hizo alusión entonces (ésa era su mentalidad del exilio) sobre todo al desorden social existente en aquella fecha pero añadió también que «los mejores hombres políticos aparecían como hipnotizados por el bizantinismo parlamentario y paralizados por un estupor miedoso». Nadie en el Gobierno o en la oposición daba la sensación de «vislumbrar una solución a tanta desdicha» [117]. Con esta interpretación él mismo facilitó que se pudiera dar a sus palabras una mayor significación de la que tuvieron. Cabe añadir que el propio Cierva contribuyó a ello: facilitó a los periodistas una versión edulcorada que todo el mundo supo que no era veraz. Ésa fue, por ejemplo, la interpretación del embajador italiano.

Para juzgar el contenido del discurso nos interesa, en primer lugar, el efecto que tuvo sobre los representantes diplomáticos extranjeros [118]. Como sucedió en la política española, el discurso fue objeto de interpretaciones tan apasionadas como antagónicas. Para el representante francés había sido «una afirmación de poder personal a la vez marcada e imprudente»; aun así, sólo le dedicó una cuarta parte de un informe, lo que parece excluir que le diera particular relevancia. El italiano se limitó a comentar que se trató de «un discurso que suscitó vivos comentarios por algunos juicios sobre la presente crisis del parlamentarismo español»; tampoco le dedicó tanto espacio en sus despachos. Nadie parece haber comentado la noticia en la prensa extranjera: el único motivo por el que se hablaba de Alfonso XIII era porque se había convertido en destinatario de la herencia de un monárquico francés que no llegaría a sus manos por haber pleiteado la familia del finado contra su decisión [119].

En las Cortes lo que había dicho el Rey se discutió en la sesión del 27 de mayo. El día anterior, el socialista Julián Besteiro negó que pensara plantear un debate sobre esta cuestión. No lo hizo, en efecto, pero en su intervención del día citado, como de pasada, dejó caer una alusión sobre el particular indicando que el monarca habría tenido palabras de «desprecio» para el Parlamento. Cierva, entonces, interrumpió asegurando que era «inexacto» (más lo era, no obstante, la versión que él había proporcionado). Prieto gritó: «¡Eso es exacto! ¡El Parlamento tiene más dignidad que el Rey!». Besteiro añadió: «Declarad aquí, señores diputados, que el Rey tiene más dignidad que el Parlamento, que es lo que parece que queréis indicar». El presidente a continuación cortó lo que amenazaba con convertirse en un debate [120]. Otros diputados de significación liberal —Alba, Pedregal…— se limitaron, en los pasillos o de forma ocasional, a hacer una alabanza del parlamentarismo. El relato de lo sucedido no permite describirlo sino como un mero incidente parlamentario.

Por otro lado, según el embajador italiano, «la mayor parte de los diarios, refiriendo de maneras distintas las palabras del Rey, las comentaron favorablemente». El sesgo favorable fue, no obstante, especialmente acentuado en la prensa de derechas. La Acción, el diario maurista, después de transcribir de forma incorrecta lo que dijo el Rey, afirmó que «lo que se atribuye a S. M. El Rey lo piensan todos los españoles»; lo que pudo resultar más inconveniente es que aprovechara la ocasión para describir la oratoria del monarca como «cortante, clara, serena». El Debate también lo apoyó en unos términos tan ditirámbicos que fueron considerados por La Libertad como una auténtica «provocación». Según el citado periódico católico, las palabras del Rey, de una «extraordinaria oportunidad», serían «fervorosamente aplaudidas» por las «gentes desligadas de la política», a pesar de haber sido «objeto de alusiones irrespetuosas e injustas en el Parlamento». Pero no se crea que ésos fueron los únicos juicios positivos. El republicano Lerroux afirmó que el Rey había tenido completa razón al expresarse como lo había hecho: «Ocurre», dijo, «que todos y cada uno de los diputados seremos honorables, inteligentes, patriotas y bienintencionados pero eso», añadió, señalando el salón de sesiones, «no sirve para nada». Para juzgar esta declaración no se debe tener la visión de Lerroux surgida de la época republicana; era, en aquel momento, el más importante de los líderes de esta tendencia. Aunque parece que en el Congreso reformista celebrado por esos mismos días hubo alguna protesta por las declaraciones del Rey, Melquíades Álvarez, el jefe del partido, hizo mención a una posible revisión de la Constitución, «un anhelo que por vez primera se va a traducir en realidad bajo el influjo de esta Monarquía» [121].

A pesar de este juicio, no cabe la menor duda de que lo ocurrido alimentó el antiparlamentarismo de derechas; lo que sucede es que hubo quienes contribuyeron todavía más imprudentemente a él. Maura, unos días después, tuvo una intervención pública en la que volvió a emplear su conocido lenguaje regeneracionista. Dijo que España se había convertido en una «confederación de cacicatos que se sostienen recíprocamente para mantener una recíproca dominación». Ante esta situación, «el desengaño, que cubre las planicies y rebasa los valles, desborda ya por las cumbres. Palabras pronunciadas por labios augustos en Córdoba, palabras que han recibido con igual aplauso que vosotros toda la España sensata, nos dan la esperanza cierta de que ha terminado la rotación de fingimientos escarnecedores de la voluntad nacional». Estas palabras fueron pronunciadas señalando el retrato del Rey y ante entusiastas aplausos de los asistentes [122]. Un dato final de importancia es que las palabras del monarca se interpretaron también como una especie de queja al obstruccionismo llevado a cabo en el pasado por Cierva en contra de Gasset y Sánchez de Toca y ello a pesar de la interpretación que el propio ministro hizo en sus memorias. Se debe tener en cuenta que la prensa de esos días incluía entre las cuestiones más debatidas todas las relativas al problema ferroviario y a la elevación de las tarifas.

En suma, el discurso del Rey en Córdoba fue impropio de un monarca constitucional y nada prudente pero su importancia tampoco debe ser magnificada extrayéndola del momento y pretendiendo que detrás de él hubiera un pensamiento. Producto de una situación y de un momento el propio Rey, según Cierva, se arrepintió de sus palabras al poco de pronunciarlas. Lo más grave de ellas no residió en la crítica al funcionamiento del parlamentarismo español del momento. En este punto —la eficacia del sistema— el monarca tenía por completo la razón aunque nunca hubiera debido hacer esas declaraciones. Lo peor era tratar de establecer un vínculo directo entre su persona y el pueblo español aunque tampoco hubiera dicho que deseaba suprimir el Parlamento. Un diario madrileño tituló «Esto se va» o «Pronto veremos cosas» en sus primeras páginas pero lo sucedido se olvidó al poco [123]: ni siquiera en ocasión de otras sonadas intervenciones del monarca, como la de 1922 en Barcelona, se trajo de nuevo a colación. Pero cualquier cosa que pasara a partir de este momento en detrimento del régimen liberal podía considerarse que tenía este acontecimiento como precedente.

Como veremos al tratar del Gobierno de la Concentración Liberal, hubo un momento en que el monarca tuvo tentaciones autoritarias en circunstancias y con características que ya serán mencionadas. Fueron independientes del golpe de septiembre de 1923 pero, tras éste, algunos opositores del régimen y de la Monarquía creyeron ver un antecedente del autoritarismo del monarca o, más bien, de su propensión clerical o teocrática en la llamada «Gran Campaña Social» intentada por los medios católicos, que había tenido su origen nada menos que en enero de 1920 cuando Ángel Herrera dirigió, con membrete del diario católico El Debate, una carta a un propagandista argentino, Luis Daniel, que le había recomendado Gabriel Palau, una de las personas más destacadas del mundo social católico barcelonés, entonces residente en ese país. Al parecer, Daniel consiguió éxitos importantes en campañas destinadas a lograr colaboración económica para determinadas actividades de la Iglesia católica en Argentina. Era, no obstante, un profesional, que cobraba por sus servicios no sólo los desplazamientos sino también una cantidad global e incluso un porcentaje, tanto de lo recaudado en campañas directamente organizadas por él como en las que se hicieran empleando los métodos de los que él se servía. Como tal profesional, dejó claramente señalado que la campaña que se realizara tenía que partir de la «condición sine qua non de conformarse plenamente con sus instrucciones»; su convicción era tan absoluta respecto de la bondad de sus procedimientos que, aseguró, «no podían fallar nunca». En realidad, de la lectura de la correspondencia que mantuvo con Herrera parece deducirse que estaba mucho más interesado en la obtención de listas de personas que pudieran contribuir a la colecta que en la determinación de cuál habría de ser el destino dado al dinero obtenido tras ella. Aunque no fuera ésa su preocupación fundamental, parece evidente que una campaña como la descrita de forma necesaria tenía que repercutir sobre el clima de convivencia del país en que se realizara. «El ambiente se está preparando admirablemente para nuestros propósitos», escribió en mayo de 1921, «y el movimiento político y social que se está operando nos será de gran ayuda» [124]. Se debía referir a la crispación social existente.

La llamada «Gran Campaña Social» no se inició definitivamente hasta comienzos de marzo de 1922. En la prensa se hizo pública la iniciativa mediante un extenso manifiesto en que se señalaban los graves inconvenientes de la situación social española en aquel momento y se indicaba que los organizadores contaban con la aprobación del fallecido pontífice Benedicto XV, con quien se habían entrevistado poco antes, así como la colaboración del Rey. Fue un monseñor argentino quien parece haber sido el encargado de llevarla a cabo como principal directivo, aunque sectores importantes del catolicismo español (Ángel Herrera y sus propagandistas) se ocuparon de tareas importantes para su realización. Los obispos españoles lanzaron un gran manifiesto y visitaron al Rey el día 10 del citado mes. Al día siguiente, en el local que ocupaban las oficinas destinadas a preparar la celebración del acontecimiento, se llevó a cabo la entronización del Sagrado Corazón, acto al que asistió un teniente coronel en representación del Rey. Ese mismo día se inició la campaña con una intervención en un teatro de un obispo; pronto, sin embargo, aparecieron también en los actos personajes de inequívoca significación política derechista, como Goicochea, un dirigente maurista. A finales de mes, sin embargo, el Obispado decidió la interrupción de la «Gran Campaña Social»; entre quienes lamentaron dicha suspensión estuvo el dirigente tradicionalista Vázquez de Mella. En teoría, habría sido para recabar una mejor preparación de los actos organizados pero, de hecho, por las informaciones publicadas en la época, fue escaso el dinero recogido; además, parece que se produjo algún tipo de conflicto entre los obispos españoles al estar vacante el Arzobispado de Toledo y siendo varios los pretendientes a ocuparlo [125].

Lo que nos interesa es el papel que pudo tener en la decisión mencionada la intervención del Rey. A Alfonso XIII le fue solicitado, como se ha indicado, el regio patronato para la «Gran Campaña Social», primero por parte del obispo de Madrid, que acudió acompañado de Herrera y Daniel, y luego por el cardenal arzobispo de Tarragona, máxima autoridad de la Iglesia católica española en un momento en que estaba vacante la sede de Toledo. En principio, no tuvo el menor inconveniente en aceptarlo, pero pronto surgieron testimonios de discrepancia entre los organizadores. Algunos obispos, el dirigente del partido integrista, Senante; algunos nobles, como el duque del Infantado, o personas pertenecientes al movimiento social, como el general Marvá, acabaron por segregarse de la organización en la que habían desempeñado un papel de apoyo [126].

De cualquier manera, parece evidente que fue la propia intervención del Rey la que provocó la renuncia a que la «Gran Campaña Social» siguiera adelante. Dos textos de Alfonso XIII en que retiraba el patrocinio previsto tuvieron como consecuencia que se suspendiera la campaña. Al obispo de Madrid, en carta reservada, le aseguró que desde un principio no había tenido inconveniente en prestar apoyo a la alternativa «pero a reserva de retirar o rectificar en la protección que de mí se solicitaba si circunstancias especiales así lo aconsejaban». «Comprenderá, Sr. Obispo perfectamente», prosiguió, «que las consideraciones a que aludo me obligan hoy a permanecer en una actitud de prudente abstención en toda obra y en toda campaña en que no se hayan podido manifestar claramente todavía los fines que se persiguen, ni se haya podido tampoco apreciar cumplidamente si los procedimientos que se proponen seguir para la realización de su programa tienen aplicación adecuada en nuestro país. A más de esto juzgo que no puedo prestar mi apoyo a la obra de que se trata sin conocer con mayor exactitud y precisión cuál es el criterio que tienen los Sres. Obispos». Hacía también alusión a la necesidad de una campaña de estas características tuviera «la confianza de mi Gobierno» y «contara con la aquiescencia de todos los hombres de buena fe». En consecuencia, le pidió que «de la forma discreta que ha de sugerirle su buen talento» hiciera saber que la iniciativa había perdido su personal patrocinio [127]. Con el cardenal Vidal i Barraquer el Rey fue todavía más explícito y taxativo indicándole que no quería «figurar en lo sucesivo como patrocinador de la llamada Gran Campaña Social». Sabía que el intento «perseguía fines loables sin tendencias políticas» pero expuso la opinión de que «ha de ser beneficioso para los intereses de la Religión y de la Patria que el Episcopado español procure encontrar una fórmula para que cese una campaña que, contra lo que determinados elementos creen, no ha de encontrar ambiente en nuestro país por razones especiales que no se ocultarán a su buen juicio y que, en cambio, puede provocar la división entre los católicos y dar lugar a controversias e incidentes lamentables» [128]. Los dos prelados aceptaron lo indicado por el Rey. Vidal i Barraquer le escribió asegurando que los obispos buscaban «una fórmula que, armonizando los elevados prestigios que juegan en dicho asunto y dejando a todos en buen lugar, complazca completamente a V. M.» y otro obispo le remitió la que finalmente se hizo pública [129]. En privado, Alfonso XIII todavía fue más brusco y tajante: «Están ustedes haciendo el buey», parece haberles dicho a los organizadores.

Los medios católicos siempre reprocharon al monarca esta intervención en sentido negativo ante lo que hubiera sido una gran movilización de masas. Las razones que tuvo el Rey para actuar como lo hizo pueden haber radicado no sólo en el carácter turbio de alguno de los organizadores o en la desunión de los católicos, incluidos los obispos, sino también en la interpretación política que se pudiera dar a aquellos propósitos involucrando la persona del Rey y los políticos de derecha. Lo peor del caso podía ser, a medio plazo, la reacción a que diera lugar una movilización que, siendo moderna en el procedimiento, tenía un contenido que se podía calificar de reaccionario. Por más que los discursos oficiales en ocasiones identificaran el Trono y el Altar, Alfonso XIII estaba lejos de responder al paradigma del clerical de la época.

EL DESASTRE DE ANNUAL

En realidad, las críticas de fondo acerca de la actuación del Rey no se produjeron sino a partir del desastre de Annual. Nacieron, más que por atribuciones de responsabilidades concretas, de la propia crisis de un sistema político débil, fragmentado y ahora dividido como consecuencia de lo sucedido en Annual, a quien, además, le salió como competidor un poder militar que, desde el momento en que estuvo unido contra la clase política, debía imponerse de forma necesaria.

Ya hemos visto que Alfonso XIII no siempre explicó verazmente con el paso del tiempo su pasado como Rey. Esa afirmación vale, sobre todo, para lo acontecido en Marruecos. «Mi lucha… con los ministros y en los consejos», dijo a quien recogió sus recuerdos, «para que operaran con un Parlamento que obstruía y negaba los créditos militares necesarios para la campaña marroquí era constantemente tenaz (sic). Los generales… acudían a su Rey y Jefe supremo angustiosamente indignados por la falta de armamento eficiente para poder acabar con aquella sangría ininterrumpida y someter de una vez las cabilas rebeldes». Por tanto, «la verdadera responsabilidad de aquel desastre adjudíquensela los que se negaron a votar los créditos militares imprescindibles en aquellas circunstancias». Y añadió: «No me arrepentiré nunca de mi obstinación de mantener el honor y la presencia de España en aquel pedazo africano… Acaso de lo único que tengo que arrepentirme es de haber observado escrupulosamente los artículos de la Constitución en aquellos años. Si hubiera dejado de ser Rey constitucional para ser Rey a secas, es posible que hubiera evitado el desastre de Annual». Respondiendo de forma más concreta a las acusaciones de que fue objeto aseguró que a Silvestre le «había distinguido con mi aprecio», pero sólo «como a todos los demás» y que era una «burda leyenda» que le hubiera animado a emprender acciones bélicas de las que nació la catástrofe [130].

En realidad no fue tanto la carencia de medios quien la provocó, pues casi triplicaron los presupuestos de guerra. Tampoco fue esa carencia la que llevó a una reacción autoritaria del Rey. Como veremos, cuando se produjo estuvo provocada por la falta de decisión del Gobierno civil, no por la ausencia de medios militares. Sabemos, por otro lado, que la presencia española en Marruecos se explica por el deseo de cumplir el papel asignado en los tratados internacionales; de ahí derivaba la actitud del Rey, nunca tentado por el abandonismo que, en grado mayor o menor, tuvieron muchos de los políticos de la época. Annual fue un incidente característico de una guerra colonial en la que la penetración podía hacerse sin costes humanos y materiales excesivos —de haberse previsto que serían mayores, quizá se hubiera desistido—; por eso se llevó a cabo sin inquietud alguna. Pero unos súbitos ardores bélicos, en los que quizá jugó un papel más importante el ansia de botín que el protonacionalismo, provocaron una ofensiva que se tradujo en el pánico del ejército regular español. Silvestre, de natural activo, se derrumbó, entonces, en la abulia y acentuó los males de la situación. Aparecieron a continuación todos los inconvenientes de ese ejército y del propio planteamiento de la campaña y fueron juzgados tan abrumadores que incluso llegó a olvidarse que era discutible la propia justificación de esta última [131].

Pero lo que nos interesa es la posición de Alfonso XIII respecto del ejército y Marruecos. Hay que empezar examinando el papel real en los nombramientos de altos mandos militares que, como sabemos, el monarca tenía atribuidos por la Constitución. Leyendo la correspondencia de los ministros de la Guerra y de la Marina con el monarca se saca la impresión de que si, por una parte, se le planteaban todos los nombramientos militares, no parecen haber existido discrepancias graves en esta materia. Pero, claro está, que ello dependió en gran medida del talante y de la personalidad de cada titular de la cartera ministerial en cuestión. En noviembre de 1919 el ministro de la Marina expresó discrepancias respecto del nombramiento de ciertas personas pero, dijo, «expuesta mi sincera y leal opinión, sería del todo superfluo el indicar siquiera que la subordino respetuoso a la que puedan dictar a V. M. su probada sabiduría y su alto espíritu de imparcialidad y de justicia y que refrendo en blanco la resolución de V. M.». Consideraba este militar la cuestión de los nombramientos perteneciente a la relación «íntima» existente entre él y el monarca [132]. Otros ministros, en cambio, se limitaban a enviar la lista de nombramientos «para su aprobación o rectificación en su caso». No hubo a esas alturas discrepancias graves respecto de los nombramientos en Marruecos: ya hemos visto que Silvestre era un militar generalmente considerado en términos positivos y lo mismo (y en mayor grado) cabe decir de Berenguer.

El Rey, por otra parte, era informado puntualmente de las operaciones en curso en Marruecos pero no hay prueba alguna de que hiciera sugerencias articuladas sobre ellas; en cambio intervenía en cuestiones de material, como, por ejemplo, la sustitución de las ametralladoras utilizadas por el ejército más allá del estrecho. Sus únicas iniciativas que constan por escrito fueron de este tipo. En el verano de 1919, por ejemplo, el ministro del ejército, Tovar, informó al monarca de las gestiones realizadas para mejorar la dotación de ametralladoras del ejército de África en un plazo corto de tiempo. El Rey había hecho sugerencias en torno a la forma y al lugar donde adquirirlas; como es lógico, tal información sólo podía haber nacido de alguno de los numerosos informes que recibía de procedencia militar. Al mismo tiempo se hizo mención en esta correspondencia a las operaciones militares en curso por parte del general Berenguer en la zona occidental del protectorado. La clara iniciativa era del general Berenguer, que se limitaba a dar cuenta de ellas al monarca por intermedio del ministro de la Guerra [133]. Muchas otras cuestiones pasaron por las manos del Rey sin que conste otra cosa que el deseo de estar informado pero no que hiciera sugerencias. Sobre la creación de la Legión Extranjera, por ejemplo, recibió amplia documentación. De acuerdo con una nota que le fue entregada, quizá en el curso de una audiencia personal, cada unidad de legionarios permitiría la repatriación de otras tres españolas no voluntarias, lo que parecía el motivo principal del proyecto. La cuestión era que, para lograrlo, existían problemas no desdeñables. Hasta el momento los indígenas que habían militado en los Regulares procedían principalmente de la zona francesa pero la obra de colonización, al facilitar la prosperidad, había tenido también como consecuencia la disminución de la recluta. El anónimo comunicante recomendó la promoción de la misma mediante estímulos económicos en las grandes capitales españolas pero también en Europa y América [134].

No hay en el Palacio Real ningún documento que demuestre que el monarca mantuviera relación escrita o telegráfica con el general Silvestre en este momento. Consta, en cambio, su opinión acerca de las operaciones militares protagonizadas por el general Berenguer que llevaron a la sumisión de la Yebala. «No quiero dejar pasar más tiempo», le escribió el Rey, «sin reiterarte las felicitaciones muy sinceras que te he enviado ya por conducto de mi Gobierno por el éxito de las últimas operaciones que tan bien has dirigido y principalmente por la ocupación de Alcazarquivir, conseguida sin ocasionar bajas en nuestras tropas. Puedes comprender el buen efecto que aquí ha causado esto y lo que significa para nuestra política interior y exterior. Los problemas en España presentan, gracias a Dios, mejor aspecto y espero que los conflictos se irán solucionando y pronto iremos a la normalidad; en lo que respecta a la política internacional relacionada con Marruecos no tengo malas impresiones». Llama la atención en estas líneas que lo que parecía importarle más al monarca era la ausencia de bajas y la repercusión favorable sobre el ánimo público. Sin entrometerse en las operaciones militares, siguió interviniendo, en cambio, en las cuestiones logísticas. Le mencionó los aeroplanos que había solicitado, lamentando que no se enviaran otros «pues por el momento no había nada mejor» y le pidió planos del establecimiento de un ferrocarril o tranvía entre Ceuta y Tánger. En estas materias daba la sensación de estar muy informado pero no de tener una política propia o de impulsar un determinado modo de actuar en el terreno militar [135].

Entre los papeles que pasaron por las manos del Rey hay un documento que revela el grado de sorpresa que debió causar a la clase dirigente española lo que acabó ocurriendo en Marruecos. Posiblemente fue redactado por el vizconde de Eza, ministro de la Guerra, que viajó allí en el mes de julio de 1920, y ofrece un abismal contraste con lo que sucedió en el transcurso de tan sólo un año [136]. Un dato importante es que el documento, excepcionalmente, tiene un «visto» de mano del propio Alfonso XIII. Su autor visitó entonces por vez primera la zona de protectorado español y la descubrió no como esa «carga pesada» que los españoles solían pensar que era sino como una región cuyas «ciudades tienen cuanto cabe apetecer y se hallan en una situación de pleno crecimiento». Eso le hacía pensar que Marruecos se podía convertir en poco tiempo en «zona natural de expansión (migratoria) de España». Recordaba, sin embargo, la verdadera razón de la presencia española al otro lado del estrecho al indicar que «es evidente que para que España disfrute en el orden internacional de una personalidad siempre sencilla y modesta pero decorosa y digna necesita prestar una atención solícita a Marruecos».

Pero todo eso no significaba ningún peligro ni problema especial porque ahora ya se percibía, por fin, «que se ha dado con la orientación apetecible para que la política de España tenga un carácter de fijeza, de continuidad y de acertado objetivo». La situación, de acuerdo con el redactor del informe, no podía ser más idílica. El alto comisario seguía una línea «acertadísima», «los homenajes de las tribus sometidas (eran) leales y sinceros, la sumisión (resultaba ya) completa y la confianza en España absoluta». Tan era así que gran parte de este informe estuvo dedicado a la acción colonizadora y explotadora que vendría a continuación.

Para la conclusión de las operaciones militares se concedía un plazo de tan sólo dos o tres años, dándose ya por supuesta la sumisión de la Yebala y se preveía que «el interés de la parte militar» se concentraría en el camino de Alhucemas sin que allí resultaran imaginables dificultades insuperables. Sobre el particular se decía en este informe que «no es exagerado aventurar la esperanza de que la conquista de este recorrido no sea tan difícil ni tan largo como a primera vista parece, ya que se va recorriendo por todo Marruecos el éxito de España y su acción civilizadora». Es difícil imaginar un párrafo más propicio a provocar sarcasmos que éste teniendo en cuenta cuanto vino a continuación.

Esta confiada visión daba lugar a que fuera posible pensar en la reducción de los efectivos militares, cuestión sobre la que Berenguer, el alto comisario, le había prometido a Eza un proyecto. «Es muy satisfactorio para el ministro de la Guerra», concluía, «declarar el estado de perfecta disciplina y de organización en que se encuentra el ejército de África». Todo lo demás era pura descripción de excelencias en las instalaciones militares al mismo tiempo que proyectos de colonización y promesas de puesta en explotación de riquezas sin cuento.

Un año después de este documento tan optimista se produjo la catástrofe. Resulta evidente que Silvestre y Berenguer no actuaron de forma coordinada, casi seguro por culpa del primero. Incluso si su avance no hubiera sido imprudente habría sido culpable por su incapacidad de reacción ante la derrota.

Lo curioso es que, en ese momento, le llegó a Alfonso XIII un diagnóstico de lo sucedido que parece corresponderse acertadamente con la realidad. Al mismo tiempo que tenía lugar el desastre, el general Villalba, que había desempeñado la cartera de Guerra en el gobierno Allendesalazar de 1919, ofreció una explicación que sorprende por su lucidez y revela que las clases dirigentes españolas eran capaces de dar un diagnóstico sereno y objetivo aunque antes se hubieran demostrado poco decididas a sacar las consecuencias. Aseguraba el general que durante años España había defendido la idea de que su cometido en el norte de Marruecos debía ser «la civilización del indígena»; ésa, además, era la tesis que tendían a proponer «las clases cultas de la Nación». No obstante, la realidad era que, tras cuatro siglos en Melilla, la penetración hacia el interior no se llevó a cabo sino con las armas porque «el moro rifeño es completamente irreductible e incivilizable» con el agravante de que «no nos respeta ni nos teme». Además, España carecía de capacidad económica para realizar una labor colonizadora como la francesa y el soldado español iba a la guerra «por temor al castigo pero sin ningún entusiasmo; no siente odio al enemigo, desconoce las causas por las cuales se le obliga a hacer la guerra, no puede penetrar en las razones de orden político internacional que obligan a ella ni ve que él ni sus compatriotas obtenga ventaja alguna». Tras esta explicación hubiera sido imaginable que se propusiera una retirada pero ello, como sabemos, era inconcebible para la clase dirigente de la Restauración atendiendo, a la vez, a la superación de un complejo de inferioridad y a la necesidad de cumplir el papel que le había sido impuesto en el orden europeo.

Sólo tras este planteamiento el general Villalba hacía mención a causas más específicas de Annual. Eran éstas las que luego la historiografía ha juzgado como evidentes: el empleo de un sistema de pequeñas posiciones ocupadas por fuerzas reducidas y, por tanto, aislables y sometibles una a una; el mantenimiento del indígena armado y, hasta cierto punto, la falta de material adecuado, en especial la carencia de una fuerza aérea adecuada. Latía también, en su explicación, la falta de acuerdo entre el mando militar y el político. En términos generales se quejaba Villalba de que, incluso durante la época en que a él le había tocado desempeñar el Ministerio de la la Guerra, la iniciativa de cualquier operación en Marruecos le había correspondido al ministro de Estado. Esto hacía recaer sobre las espaldas de civiles las supuestas responsabilidades por lo sucedido que consideraba como objetivamente existentes, aunque también las extendiera al Ministerio de la Guerra a partir del nombramiento de Berenguer. En cuanto a las medidas inmediatas a tomar, Villalba recomendaba hacer algún tipo de demostración ante Alhucemas, el foco principal de la resistencia a la penetración española por ubicarse allí los Beni Urriaguel que capitaneaba Abd-el-Krim [137].

En una fecha difícil de precisar pero sin duda más tardía, un personaje militar destinado a tener un importantísimo papel en los destinos de España, el entonces teniente coronel Francisco Franco, hizo llegar al Rey un proyecto de ocupación de Alhucemas. Fue el primero de acción militar que éste pudo leer durante ese periodo y resulta significativo que no se llevara a cabo por el momento. Extenso y detallado, este documento retrata a quien lo redactó como buen organizador militar, conocedor de las peculiaridades de la guerra marroquí y poco propicio a disminuir cualquier rasgo de brutalidad de la misma. Franco no hacía ningún diagnóstico de lo sucedido en Annual; se limitaba a partir de la base de que «la marcha por la fuerza de las armas por tierra sobre Beni Urriaguel es punto menos que imposible». En consecuencia, proponía la citada operación anfibia: para la preparación de la misma consideraba imprescindible asegurarse la actitud de las cabilas que se dijeran adictas mediante la obtención por su parte de «serios rehenes», mientras que contra el adversario armado se emplearían masivamente los medios bélicos, incluidas las bombas de gases [138]. Estos procedimientos fueron utilizados con posterioridad sin que nadie en el ejército español opusiera resistencia a los mismos.

Cabe en este momento intentar alguna conclusión sobre las responsabilidades del Rey en lo acontecido en Annual. La acusación que se hizo contra el monarca fue que habría estimulado la acción imprudente de Silvestre. De ello no existe ninguna prueba por más que mantuviera unas relaciones estrechas con él, por otro lado no muy diferentes de las que le unían a otros militares. No se puede probar que no existió algo que, en realidad, no se produjo, de tal modo que cabe sólo pronunciarse en términos de probabilidad. Como hemos visto, el Rey no intervenía en las operaciones en curso ni pareció tener una política militar propia. Todo hacía pensar que se esperaba la sumisión de la zona oriental del protectorado en un plazo no inmediato y sin muchas bajas. En estas circunstancias resulta muy improbable que tuviera la iniciativa que se le atribuyó. Pero el propio sistema de relación entre el monarca y los altos mandos militares inducía, dada la magnitud de la catástrofe, a que se le señalara como responsable, al menos parcial.

Al tratar del discurso de Córdoba se ha señalado que el impacto que tuvo fue menor que el que luego se le ha atribuido. Durante el propio reinado hubo que esperar hasta finales de los años veinte para que uno de los personajes políticos del momento, Romanones, le asignara esa significación crucial [139]. En cambio, desde un principio apareció, incluso en el anuario político, el rumor de que Silvestre, «amparado por altas influencias», había obrado por su cuenta sin consultar al alto comisario. El embajador francés percibió la dificultad que tendría cualquier intento de esclarecimiento de lo ocurrido pues habían desaparecido todos los posibles testigos. Consideró a Silvestre «instigador directo, autor y ejecutante»; al agregado militar de su país le había causado buena impresión por su «aire de autoridad, buen sentido y lógica», pero también mereció su «carácter aventurero y espíritu ligero», «muy dado a los excesos y sobre todo a los excesos femeninos». Constató que, «nombrado gracias al favor real», estaba celoso de Berenguer, de modo que «las responsabilidades del Rey, menos visibles, parecen, sin embargo, evidentes»; incluso si fuera inocente sería muy grave que se pudiera afirmar su culpabilidad. Lo achacó, en parte, a que hablaba demasiado, un defecto obvio que tuvo como consecuencia que, como veremos, una frase pronunciada en 1914 se le achacara ahora en circunstancias más graves para él y para la Monarquía. Lo único que el representante galo pudo argüir sobre la supuesta responsabilidad del monarca es que había preguntado por Melilla en un momento en que de allí no se esperaban noticias [140]. No hemos encontrado en la correspondencia de los restantes embajadores informaciones semejantes. Tampoco aparecen en los archivos privados de los políticos civiles de la época. Maura hizo una genérica alusión a la responsabilidad de la Corona, «entretejida» a la de todos los partidos, por la política seguida en Marruecos pero luego, siendo ya presidente de un gobierno de concentración, redactó extensas notas íntimas sobre la cuestión y en ellas no se contiene una sola palabra sobre el particular [141].

La correspondencia recibida por el monarca tras el desastre permite reconstruir parcialmente su estado de ánimo. Le llegó, por ejemplo, un informe del secretario general de la Alta Comisaría. Es significativo que lo redactara a consecuencia de la propia sugerencia del monarca, del que parece haberse despedido en el momento de ir a ocupar el importante cargo. El hecho resulta revelador de esa vía directa que el Rey pedía y obtenía para tratar de las cuestiones marroquíes. El citado personaje dio cuenta de la situación en el protectorado pasados ya unos cuantos meses. Se había producido «un cambio absoluto respecto de aquel sentimiento de respeto y acatamiento que antes inspiraban» (a los indígenas) pues «moralmente hemos perdido aquí mucho». En el fondo este civil pensaba, como el general Villalba, en la imprescindible acción militar si realmente se deseaba mantener la presencia española en Marruecos: «Yo creo que el ejército sólo debe actuar con las armas. Eso de someter cabilas a las cuales no se las desarma y además se las entrega dinero es jugar con fuego. Claro es que de ese modo fácilmente se obtienen victorias que en España parecen militares» pero que en realidad no lo eran. Su conclusión era muy amarga pero, decía, «ante el titánico esfuerzo que acaba de realizar España y ante el ardiente deseo de acertar de nuestro Augusto Soberano no debemos ocultar ni disfrazar nuestro pensamiento» [142].

El estado de ánimo del Rey debía ser muy parecido al de su corresponsal. De nuevo las cartas que de él se conservan no prueban que se inclinara por ningún tipo de operaciones. Revelan, como no podía menos de suceder, el deseo de que concluyera una guerra que, por el momento, tan desastrosos resultados había tenido. A Berenguer el Rey le transmitió el saludo destinado a quienes defendían «el Honor de la Patria y la causa de la civilización» —no hacía mención al supuesto carácter religioso de la guerra, como luego le achacaría Unamuno— confiando en la «pronta y total victoria que anhelamos» [143]. En días sucesivos envió telegramas de felicitación a los oficiales que se habían destacado en las acciones contra los indígenas. Como las Juntas de Defensa se oponían a los ascensos por méritos de guerra, nombró gentileshombres de cámara, un cargo de Corte, a Millán Astray y González Tablas, ambos tenientes coroneles y jefes respectivamente de la Legión y de los Regulares. Hasta finales de septiembre de 1921 no hizo declaraciones y entonces describió lo padecido como «el gran dolor de mi vida». «Sufrí entonces», dijo, «el dolor de toda España, como me correspondía. Vi desmoronarse en horas la labor, tan difícil y costosa, de muchos años» [144].

En ella había tenido un protagonismo importante pues significaba la asunción del puesto que le correspondía a España en el concierto europeo y en su área geográfica. Pero todo esto era ahora cuestionado e incluso en los medios diplomáticos se especulaba con la posibilidad de que España acabara renunciando a su presencia en Marruecos. Los británicos, por ejemplo, pensaban que la Administración española se caracterizaba por la «crueldad, incompetencia y corrupción» pero que Gran Bretaña nunca debía reconocer la presencia de tan sólo Francia al otro lado del estrecho. El interés británico —llegó a escribir con cinismo el representante de este país— no era que la zona española tuviera una organización eficiente sino que perdurara la apertura a todas las naciones de la entrada al estrecho [145]. Aunque los propósitos del Rey, y de la clase dirigente española en general, acerca de la permanencia en Marruecos hoy nos puedan resultar carentes de justificación e incluso ridículos, no cabe la menor duda de que uno y otra debieron sentir, tras Annual, un acusado complejo de inferioridad y un sentimiento de impotencia.

Tras el desastre vino el largo proceso de responsabilidades, el cual constituye la prueba de que el sistema político era liberal parlamentario pero contribuyó, sin duda, a destruirlo [146]. Fueron pocos, principalmente las izquierdas catalanistas, quienes defendieron el abandonismo; tampoco resultaron numerosos los que propugnaron la conquista militar de todo el territorio del protectorado (ni siquiera el maurismo sino sólo Cierva). Pero la política civil dio la sensación de falta de liderazgo y de titubeos acerca de hasta qué punto era necesario el castigo al adversario. La cuestión se agravó con las responsabilidades porque afectaban gravemente al partido conservador hasta el punto de dividirlo e inhabilitarlo para el poder. Además, una cuestión como la citada propendía a la condenación global sin alusión a personas concretas y a actos ciertos, como hubiera deseado Maura. Entre los militares se mantuvo la tradicional división en facciones: aunque los africanistas fueron potenciados por las circunstancias siempre hubo otras tendencias en la oficialidad. En el generalato se multiplicaron las tomas de postura: hubo abandonistas (Primo de Rivera), poco partidarios de la expansión militar (Burguete) y personas dispuestas a llegar a condenar a Berenguer (Aguilera, que controlaba el Consejo Supremo de Justicia Militar).

Da la sensación de que el Rey consideró injusta e inoportuna la acusación de que fue objeto Berenguer con independencia de cualquier posible temor sentido porque la inculpación pudiera llegar hasta él. De hecho abundan testimonios de políticos de la época, como Maura y Romanones, que consideraron que la acusación que recaía sobre el general era manifiestamente sesgada al hacerle responsable de toda la política militar en Marruecos [147]. Quizá Alfonso XIII pensara en los peligros que acechaban al sistema político o a la unidad del ejército más que en él mismo: hay que tener en cuenta que las noticias llegadas a Madrid acerca de la ejecución de militares griegos como consecuencia de la derrota ante Turquía causaron un profunda impresión [148]. En cambio, la idea de que temía la llegada del expediente Picasso a las Cortes porque le afectaría de un modo personal resulta una elaboración posterior: más correcta parece en cambio la idea de Romanones de que lo juzgaba una «temeridad» para la estabilidad política [149]. Por su parte, la oposición de extrema izquierda no ocultó su propósito de explotar al máximo lo sucedido en Marruecos en contra del vigente sistema político. Prieto pidió la separación del ejército de Berenguer y la de todos los coroneles de la comandancia de Melilla; y pretendió acusar de prevaricación, no sólo a los ministros que estaban en el poder cuando se produjo el desastre, sino también a aquéllos que les sustituyeron [150].

Cuando, en noviembre de 1921, regresó Berenguer a Madrid fue recibido por el propio Rey. El general ignoraba que fuera a ser objeto de tal acogida y por ello llegó de paisano; quizá el propio Gobierno lo ignoraba también. Se comentó entonces que «una parte de la opinión discutía la gestión del Alto Comisario en términos que aconsejaban reservar para momento más oportuno el homenaje» que suponía esa recepción [151]. Más adelante, con ocasión de su santo, le envió al ayudante de servicio en coche de la Casa Real para testimoniarle lo que le recordaba. El hecho motivó una reacción contraria de una parte de la prensa. García Prieto, presidente entonces del Gobierno de Concentración liberal, debió explicar que lo que el monarca había hecho con Berenguer no sobrepasaba los márgenes normales de la cortesía; de haber actuado de otra manera se habría adelantado a los tribunales de justicia [152]. Pero todo hace pensar que la atención que el monarca tuvo con el general fue por completo excepcional.

El problema de Marruecos, mientras tanto, siguió pendiente como una espada de Damocles sobre la política española. A mediados de 1922 un prestigioso militar de inequívoca significación monárquica, Alfredo Kindelán, entregó un informe al Rey que describía de un modo convincente los inconvenientes principales de la política española. Para el citado militar, que aceptaba que la responsabilidad superior en Marruecos fuera civil, «el más fundamental defecto de nuestra acción hasta el momento actual radica en la falta de plan fijo y constante, en la variedad de criterios, métodos y personas» que habían sido empleados. El resultado no había sido otro que «la desorientación del elemento indígena que desearía cooperar a nuestra obra civilizadora». De forma curiosa, Kindelán coincidía con los juicios de los observadores extranjeros que veían en los titubeos de la acción colonizadora española la razón principal por la que ésta acabó en fracaso. España tenía mermado su prestigio no sólo por sus derrotas sino también por su propensión a comprar apoyos de quienes en realidad eran muy proclives a traicionar, como El Raisuni en la zona occidental. En ella, según Kindelán, la situación sería «delicada aunque no resueltamente mala»; en cambio en la oriental «el problema principal ha de resolverse por las armas». Como tantos otros militares —ya veremos que en términos más gruesos se expresó igualmente Martínez Anido— Kindelán juzgaba que en esta acción militar se jugaba no sólo el destino del protectorado sino el de la propia nación española porque «ejército sin prestigio no es ejército, es mesnada y nación con el ejército desprestigiado es nación que se descompone y muere» [153]. Sólo faltaba que los políticos civiles mantuvieran su mal ejemplo para que la totalidad del ejército se uniera y actuara como «un puño unido» contra el sistema.

DOS ENEMIGOS DEL REY

Como ya se ha indicado, fue a partir del desastre de Annual cuando la persona y la acción de Alfonso XIII aparecieron claramente controvertidas de cara a una parte del mundo político. Tenía su lógica que así hubiera sido antes, dado el declive de las monarquías en toda Europa occidental a partir de la guerra de 1914, pero, en la práctica, no fue así. Ya hemos visto que apenas se trató en las Cortes del discurso de Córdoba; sin contar la cuestión de Marruecos, el monarca resultó aludido en 1922, sobre todo en relación con las Juntas de Defensa. Durante el periodo de la posguerra, como ya hemos podido comprobar, las interpretaciones de los teóricos acerca de las prerrogativas del Rey tendieron a acentuar la definición más democrática y fue con la llegada al poder del Gobierno de la Concentración Liberal cuando pareció que tenía algunos visos de viabilidad. Los reformistas la defendieron con insistencia de cara no sólo a una reforma constitucional sino a la práctica cotidiana. El propio Melquíades Álvarez intervino en repetidas ocasiones en las Cortes en este sentido y el también reformista Pedregal centró su vida política en este punto. «Con el régimen actual», aseguró, «el Rey lo es todo. La amplitud de las facultades regias en la Constitución española es tan grande que ningún jefe de Estado puede ufanarse de tener tantas en la realidad, aunque no las expresen los textos constitucionales». Pretendía, en cambio, que al monarca sólo le quedara la capacidad de moderar. Frente a esta actitud posibilista los autotitulados republicanos apenas exhibían lo específicamente distintivo de su ideología. Las manifestaciones de antimonarquismo (o de antialfonsismo), aun ácidas, se limitaron a la extrema izquierda parlamentaria, es decir, al Partido Socialista. «Nosotros somos absolutamente incompatibles con la Monarquía», aseguró Besteiro, cuando se le preguntó por la compatibilidad entre Monarquía y socialismo que ya se venía planteando en otras latitudes [154]. En realidad, no era tanto la consecuencia de una actitud radical como de la inexistencia de un régimen democrático y de la propia debilidad del socialismo español que impedía el desarrollo del posibilismo reformista.

Fueron dos los grandes propagandistas antialfonsinos del periodo y ambos estuvieron relacionados con el socialismo. El primero, Unamuno, puede llamar la atención en una primera impresión pues hacía tiempo que había abandonado el socialismo. Más tarde volvió a escribir más de ochenta artículos en El Socialista, por lo que, al margen de su heterodoxia respecto de cualquier doctrina, bien se le puede calificar como tal [155].

Hostil a la Monarquía desde su cese en el rectorado de la Universidad de Salamanca, Unamuno no empezó a mostrar su decidido antialfonsismo hasta otoño de 1920. Lo hizo con un artículo en que comentaba una supuesta frase del Rey —habría dicho que él podría ser un Rey «destronado pero no tronado»— con un retruécano parecido: «Tronaría ahora sobre el trono» español como sobre los restantes europeos. Tal artículo y alguno posterior le valieron elevadísimas penas de cárcel que, a su vez, motivaron la solidaridad del mundo intelectual y que, como era habitual, no cumplió.

Pero fue la situación en Marruecos lo que elevó al cubo su indignación profética contra el Rey. En una carta que le llegó a Maura, quizá a través de Lequerica, le pidió al político conservador que asumiera un papel de demandante de las más altas responsabilidades. «Puede ser el día decisivo de su historia y uno de los que decidan el provenir moral de España», aseguraba; «no le es lícito ni sacudirse el polvo de la refriega ni acusar en globo a los matadores de Meco; no cabe redención de culpa sin confesión de ella y atrición siguiente y el cuajo y nervio de lo que diga a España, no al Parlamento, está en lo de la responsabilidad». Pero con esta petición aparecía también el juicio de valor condenatorio del Rey: «La Historia alcanza también y aun más a los constitucionalmente irresponsables. Él (Maura) ha pecado como todos —el más justo siete veces al día— (pero) no ha sido de servilidad. Que se deje de retórica forense y hable con el dolorido corazón de español en la mano y piense que un pueblo no puede vivir con el sistema de borrón y cuenta nueva. No puede borrarse la silvestrada ni cabe cargar el peso al muerto». «Lo que él diga —y cómo lo diga—», concluyó, «puede marcar un punto de conversión en este hórrido ámbito de frivolidad, esto es, de irreligiosidad. Porque la frivolidad no es otra cosa que irreligiosidad… No se puede sacrificar la verdad en provecho de la dinastía». Como siempre, si las actitudes de Unamuno podían parecer carentes de argumentación, aparecían rodeadas de la más encendida de las convicciones, visible en la alusión a la religión. «Sigo aquí, en esta Salamanca, en mi soledad civil», concluía, «rumiando el pasto amargo de las vergüenzas públicas. Hasta que pueda evadirme de este triste Reino de España y no volver a él hasta que luzca luz de verdad, de libertad y de justicia» [156].

Nada consiguió Unamuno de Maura, cuya posición era muy distinta, de modo que emprendió su campaña a solas. En febrero de 1922 pronunció un discurso en el Ateneo en contra de la suspensión de garantías constitucionales pero en realidad muy claramente dirigido contra el Rey. «Al dirigiros la palabra», comenzó, «no lo hago con la intención de que me oigáis vosotros sino de que me oiga él», pues «la primera persona del Estado es quien tiene la culpa de todo lo bochornoso e ilegal que ocurre en nuestra Patria». Claro está que siendo aún Maura presidente lo lógico hubiera sido hacerle esa recriminación. Pero, con valentía y desgarro, eligió al jefe del Estado: «Aquí nos conduce políticamente un hombre que cree que conducir un país es como conducir como chófer un automóvil» [157]. Ya con anterioridad Unamuno había ridiculizado en El Mercantil Valenciano la supuesta «sabiduría de la Corona», a la que había denominado «chirimbolo» y se había referido en tono despectivo al «discursete» de Córdoba. Si la legalidad era muy dura en lo relativo a las ofensas al Rey, como se ve, se podía sortear sin demasiadas dificultades. Volvió Unamuno a la carga en una nueva intervención en el Ateneo en marzo de 1922. Se refirió al expediente Picasso anunciando que «ya se disolverá eso con cualquier pretexto; yo, sin embargo, me alegraría que se discutiese (pues) tengo ganas de ver en qué queda eso que yo llamo la «santiagada»». No evitó las más directas alusiones personales al mencionar que «la sangre fisiológicamente pura no da ya más que idiotas» [158]. Para una familia como la real, dos de cuyos varones padecían hemofilia, estas palabras, de ser conocidas, debieron resultar muy crueles.

Lo extraordinario fue lo que sucedió a continuación. Sánchez Guerra, nuevo jefe de Gobierno, trató de conseguir que los violentos ataques del escritor contra el Rey cesaran y le recomendó a éste que concediera una audiencia, solicitada ya en 1915. También le pidió a Romanones que acompañara a Unamuno a la visita a Palacio. Según el político liberal, el escritor, llegado el momento, «intentó esquivarse y hurtando el cuerpo no se le encontraba en parte alguna». Al final fue vestido de cualquier manera y tocado con boina y «al entrar en el gabinete del Rey, éste llevaba una hora de espera». Sabemos de la conversación que tuvo lugar entonces gracias a la narración de la misma que hace Romanones en sus memorias y, sobre todo, a la transcripción que guardó de una intervención posterior del escritor en el Ateneo de Madrid en la que dio cuenta de lo sucedido [159]. Los artículos que luego escribió Unamuno para explicarla fueron más breves y menos punzantes.

Unamuno se remontó nada menos que a 1914, pero sobre todo se refirió a sus más recientes artículos e intervenciones públicas. Afirmó, ante el auditorio de ateneístas, muchos de ellos indignados con su aparente cambio de postura, que la razón de su visita era que le habían llegado mensajes de Palacio que afirmaban que don Alfonso «había sido atacado en un sitio de donde era socio (el propio Ateneo) y donde no podía defenderse». «¿Iba yo», se preguntó, «a un hombre que se quejaba de quedar indefenso, iba yo a no oír la defensa que de sus actos pudiera hacer?». La conversación, en la que el Rey iba vestido con uniforme de general, habría tenido lugar, aseguró, con «la apariencia de un duelo entre caballeros».

El escritor dijo entonces que no rectificaba ninguno de los conceptos que había dirigido al Rey y a su madre. «No me duelen tanto los ataques a mí, que soy hombre público; me duelen más los ataques a mi madre», habría respondido el Rey. Según Romanones «se esforzó para no darle una réplica contundente, sobre todo al oír lo de su madre». Luego Unamuno pareció suavizar sus palabras pero no dejó de referirse a la huelga revolucionaria de 1917 como ejemplo de cuestión todavía no resuelta. «Don Alfonso», según el político liberal, «explicó el concepto que tenía de sus funciones, de su responsabilidad y de los gobiernos, surgiendo con este motivo un diálogo vivo e interesante». Ante el auditorio del Ateneo luego dijo Unamuno que «es natural que en este régimen de camarilla y de politiquillos que andan alrededor de Palacio se pueda quejar un soberano de que si sale una cosa mal se atribuya a iniciativa de S. M. y si sale bien se atribuyan los consejeros la iniciativa». El escritor llegó en este momento a afirmar que era mejor que no tuviera ninguna iniciativa; en ello coincidía, de hecho, con la postura de los reformistas. El Rey replicó entonces que «no nos podíamos quejar de la libertad de que se goza en España cuando había podido tan libremente atacarle: se puede decir que no hay nada intangible». Hubo, a continuación, una explicación por parte del monarca de lo sucedido en Córdoba con motivo de su discurso y de la «Gran Campaña Social». Romanones seguía la conversación con inquietud, por lo que le pareció muy bien que se concentrara en la fase final en la relación entre religión y política, tema predilecto de Unamuno.

Éste, «al despedirse, tuvo para el monarca frases de alta consideración», cuenta el político liberal. Luego, sin embargo, en el Ateneo dijo que había salido de Palacio «con el sentimiento de haber cumplido un penoso deber para mi Patria». En un artículo afirmó que se había pronunciado en los mismos términos que en sus artículos pero con otras formas de expresión. Concluyó su explicación en el Ateneo con una apelación a la conciencia liberal española y recordó que los republicanos podían tener los mismos inconvenientes que los monárquicos. También citó de forma algo confusa a Cromwell, autor de una ejecución de un monarca, como para satisfacer al auditorio. «Las circunstancias no estaban ya para tales visitas», comenta Romanones en sus memorias, aludiendo a que el Rey había abandonado el liberalismo de otros tiempos. Pero la lectura de lo que Unamuno contó revela un grado de tolerancia que sería impensable en un monarca absolutista o incluso en cualquier otro jefe del Estado del siglo XX.

Lo que no consiguió Sánchez Guerra fue que cambiara la actitud del escritor pues quizá éste pensó que la visita podía dar la sensación de haber reblandecido su postura y reanudó su campaña con mayor fervor. No había tratado ante el Rey su supuesta responsabilidad por el desastre de Annual, dato significativo, pero después abordó la cuestión en sus artículos en El Socialista. No mencionó al Rey pero sí al «reino»; aseguró que no había tenido pretensiones civilizadoras sino conquistadoras. Era un régimen «carlista» porque se regía por unos propósitos religiosos en lo relativo a Marruecos. Era ésta una ocasión que obsesionaba al escritor y que no encontraba otra justificación que las alusiones genéricas y convencionales que hacia Alfonso XIII, en actos ante autoridades eclesiásticas, sobre la importancia del catolicismo para España. Desde el verano de 1922 no hubo cuestión en que apareciera citado el Rey que no motivara las más encendidas diatribas de Unamuno, cayendo éstas sobre la cesión temporal de El Pardo a la emperatriz Zita o sobre Lerroux, por mostrarse cada día más próximo a la Monarquía.

El otro gran propagandista antialfosino fue Indalecio Prieto. De carácter muy distinto al de Unamuno, sus intervenciones, tan valientes como aquéllas, se desarrollaron en su mayor parte en las Cortes, reanudando una tradición de oratoria tan desgarrada como eficaz. La más sonada, en torno a las responsabilidades en Marruecos, transcurrió entre constantes rumores y tan sólo un modesto aplauso cuando hizo alusión a la Cruz Roja. Frente a la supuesta incapacidad del Gobierno para facilitarlas, Prieto dio las cifras de víctimas que se habían producido como consecuencia del desastre y de ahí concluyó en el rechazo de sus pretendidas causas según los gobiernos monárquicos: «Para el Sr. Maura, el remedio está en la Providencia; para el Sr. Vizconde de Eza, las causas están en la fatalidad». Frente a esas actitudes Prieto ofreció un retablo esperpéntico de lo que era la guerra de África: Melilla era «un lupanar y una ladronera», había capitanes capaces de cometer medio centenar de violaciones y la barbarie era semejante en los indígenas y en las tropas españolas.

Pero, sobre todo, Prieto lanzó, una tras otra, acusaciones directísimas contra el monarca. Al tratar de Eza aseguró que en su intervención «no cabía acentuar más finamente la gallardía de una responsabilidad ministerial para cubrir responsabilidades ajenas de un orden muy superior». Cuando se abordó la cuestión del rescate de los prisioneros dijo que «hay quien atribuye esta actitud del gobierno a una frase altísima, según la cual resulta cara la carne de gallina». Como sabemos, esos términos fueron empleados por el Rey en 1914; ahora reaparecían para serle atribuidos en una ocasión mucho más grave para la Monarquía. Cierva le interrumpió afirmando que «eso no lo ha dicho nadie», pero como Prieto insistiera, le interrumpió entonces el presidente advirtiéndole que, si sus palabras encerraban una censura a una determinada personalidad, «ni tendría derecho a proferir por su cuenta, ni a atribuir a nadie y menos infiriendo con tal supuesto a persona que, por su prerrogativa, está aquí fuera de toda crítica». Pero Prieto persistió: si Berenguer había sido nombrado fue por «su gran influencia sobre el ánimo de cierta personalidad»; si Silvestre había actuado era diciendo que el Rey habría autorizado sus operaciones militares. Cuando se refirió a «este desdichadísimo reinado» de nuevo fue interrumpido por el presidente. «No tiene derecho usía a decir esto», le indicó, «podría citar muchos casos de Parlamentos extranjeros en que cosas más leves que ésa no se han consentido decir o, al decirlas, han dado lugar a severísimas sanciones». Pero Prieto siguió en parecidos términos: un palatino le habría dicho al Rey que en Marruecos por vez primera desde el reinado de Felipe II un monarca español pisaba terreno conquistado por sus armas. Gracias a frases como ésas, concluyó Prieto, «aquellos campos de dominio son hoy campos de muerte: ocho mil cadáveres parece que se agrupan en torno de las gradas del trono en demanda de justicia». Los rumores entre los diputados hicieron que en ese momento los taquígrafos no fueran capaces de oír el final del discurso o quizá su discreción o la del presidente de la Cámara les indujo a no transcribirla [160].

Una intervención parlamentaria como la de Prieto, que prueba hasta qué punto el parlamentarismo de la época no puede ser considerado ficticio, se comprende desde la perspectiva, muy distinta de la unamuniana, de la explotación partidista. Él mismo no la ocultaba puesto que en un discurso posterior no parlamentario defendió que «una catástrofe como la de Annual en los pueblos que tienen vitalidad se liquida con una revolución que derriba al causante de la misma» [161]. Su objetivo era, pues, la personalización en el monarca de todos los males de la actuación española en Marruecos y eso, como es natural, es lo que le llevaba a considerarlo tan desprestigiado como el Sha de Persia o el Emperador de Annam. Desde el punto de vista histórico, puede ser muy cierto que el abandono fuera un «ansia genuinamente española» e incluso muchas de las afirmaciones que el político socialista hizo deben ser consideradas como, al menos, verosímiles pero, en cambio, resulta inaceptable esa personificación. Melquíades Álvarez empleó en el Parlamento el término «leyenda» para describirla y no parece correcto juzgarla de diferente manera [162]. Al mismo tiempo resulta indudable la valentía de Prieto que fue objeto de un auto de procesamiento.

Una última cuestión que debe tenerse en cuenta es el peso relativo de estas posiciones antialfonsinas. La tendencia a considerarlas precursoras de la posterior caída de la Monarquía resulta muy natural y lógica. Aun así, hay que tener en cuenta que Unamuno no tenía, ni mucho menos, tras de sí a todos los sectores del mundo intelectual. Aunque, como hemos visto, la actitud de Prieto fuera también la del PSOE en su totalidad, tenía una vertiente personal indudable. En los últimos meses de 1922 la Monarquía era objeto de más ataques que nunca pero tampoco podía decirse que estuviera en un inminente peligro de desaparición.

EL GOBIERNO DE LA CONCENTRACIÓN LIBERAL.
LA TENTACIÓN AUTORITARIA DE ALFONSO XIII

Cuando nos aproximamos al momento en que el Rey hubo de tomar una decisión crucial en su vida, resulta conveniente retomar la narración cronológica de los acontecimientos. Con carácter previo tiene sentido, sin embargo, volver a preguntarse hasta qué punto en 1923 se interrumpió una evolución en sentido liberal o, por el contrario, fue desplazada del poder a una solución inane o que se había arruinado a sí misma. En el fondo la pregunta está muy relacionada con la inicial de este capítulo sobre si España había llegado al umbral de la democracia, como Italia en 1919.

Es posible que en algún momento el Rey tuviera reticencias acerca de la llegada al poder de los liberales pero a finales de 1922 ésta tuvo lugar sin problemas. Presidida por García Prieto y con la colaboración de todos los grupos de esta tendencia, la Concentración Liberal había suscrito un programa de enjundia que incluía la reforma de la Constitución en lo que respecta a la libertad de cultos y a su componente liberal-democrático (suspensión de las garantías constitucionales, composición del Senado y mantenimiento de las Cortes abiertas durante un periodo más amplio de tiempo). Llama la atención, no obstante, hasta qué punto los dirigentes liberales erraban en la determinación de las verdaderas reformas necesarias para una transformación democratizadora del sistema político. Habría resultado, por ejemplo, mucho más decisivo un cambio de la ley electoral (introduciendo el recuento proporcional o convirtiendo a la provincia en circunscripción electoral) que cualquier modificación de las citadas. El estado de la sociedad española distaba de ese umbral democrático. Cuando llegaron las elecciones resultó que el 35 por ciento del electorado fue privado del ejercicio del voto por la existencia de un único candidato, con lo que si a ese porcentaje se suma la abstención teórica del 23 por ciento resulta que sólo el 42 por ciento de los españoles participaron en la elección. En realidad, lo hizo una cifra mucho menor por las habituales falsificaciones del sufragio. Eso no quiere decir que en el comportamiento político y electoral de los españoles no se hubiera producido ningún cambio, pero fueron tan insuficientes y lentos que en nada hacían prever una variabilidad a la que no ayudaba la propia acción del Gobierno y la inanidad de la oposición. Como escribió Pérez de Ayala, había en 1923 «una anchurosa ruptura y solución de continuidad» entre el régimen y la sociedad que permitió el triunfo de un golpe militar.

Además, muy pronto los políticos de la Concentración Liberal demostraron escasa firmeza y capacidad de unión para cumplir su programa. La falta de solidaridad de la coalición gobernante se aprecia en las tres crisis gubernamentales entre abril y septiembre de 1923. De ellas tan sólo una tuvo contenido ideológico, la primera, que provocó la dimisión del representante de los reformistas, Pedregal, suponiendo la desaparición del programa de desconfesionalización religiosa. El Rey nada tuvo que ver con ello: visitó al dimisionario y no expresó una actitud cerrada ante cualquier modificación del régimen.

Se ha descrito la ejecutoria de los liberales como un caso de «patología política» y es difícil encontrar un diagnóstico más adecuado porque al problema del error en el diagnóstico, a las disidencias internas de carácter personalista y a la carencia de deseos efectivos de llevar a cabo el programa hubo que sumar la incapacidad del Gobierno para enfrentarse con agudos problemas nacionales. En suma, se trataba de que por un lado permanecía viva y latente la cuestión de Marruecos, con su repercusión inmediata e insistente en el estado de ánimo del ejército, mientras que Barcelona presenciaba una situación de grave desorden público ante la que el Gobierno se mostró incapaz de actuar con decisión. Los acontecimientos habían convertido el problema marroquí en el eje cardinal de la política española; como escribió Azaña, el problema «nos domina más que nosotros lo dominamos» a él. La razón estribaba en la situación peregrina en que se dejaba al ejército, obligado a permanecer en Marruecos por los compromisos de política exterior, pero, conscientes las autoridades civiles de la impopularidad de la campaña en el norte de África, incapacitado también para cualquier actuación, a pesar de que desde el punto de vista estrictamente militar fuera imprescindible por la insumisión de los rifeños. Baste un ejemplo para apreciar la dificultad de la situación. A comienzos de febrero de 1923 el comandante general de Melilla pidió al ministro de la Guerra «una actuación enérgica e inmediata» hacia Alhucemas y señaló que había entre sus oficiales quienes pensaban en «las más temerarias y quizá ilegales empresas»; se quejó, además, de lo que publicaba la prensa. Lo curioso del caso es que el ministro —Alcalá Zamora— le respondiera alabando «tan sincero telegrama». El ejército, aseguró aquella autoridad, no tenía inconveniente en buscar a los culpables de los desastres, pero repudiaba a «aquellos que les pusieron en trance de pasar por tantas vergüenzas», es decir, los políticos [163]. El problema de las responsabilidades envenenaba, por otra parte, las relaciones en el seno de la clase política y mantenía la desunión entre los altos mandos militares embarcados en inagotables querellas internas.

¿Cuál fue la posición de Alfonso XIII en relación con este Gobierno? Los rumores que se oyeron en los medios políticos testimoniaban una actitud muy preocupada del Rey. Por un lado parecía que «su situación… con respecto al ejército… no puede ser peor», se decía, quizá porque no se sintiera este último lo bastante respaldado por el monarca como deseaba. Los coroneles de guarnición en Madrid querían presionar para que se llevara a cabo un ataque sobre Alhucemas y el Rey daba la sensación de estar de acuerdo con esta idea, calificada de «verdadera locura» por parte de Alba, principal inspirador del Gobierno. Había prohombres liberales que temían, ya a comienzos de año, que el monarca, de acuerdo con el ejército, les diera «un puntapié». Lo curioso del caso es que parece que el Gobierno era tan débil que decidió que sólo si el Rey estaba con el Gobierno «se iría a cuanto fuera preciso mientras los militares no resistieran con la violencia, pero si el Rey se ponía al lado del ejército, como es natural, se marcharían del poder». Llama la atención, sobre todo, ese «como es natural» que resulta el antecedente de lo que sucedió en septiembre de 1923. Pero el monarca, además, parecía tener dudas sobre sí mismo. Según Sánchez Guerra, quería hacer un referéndum el 11 de mayo, aniversario de su llegada al trono, acerca de su continuidad; en el caso de que tuviera apoyo se plantearía la posibilidad de convertirse en Rey absoluto [164].

Todo ello no eran más que rumores, aunque muy inquietantes; veamos a continuación los hechos. El rescate de los prisioneros españoles, negociado y realizado a finales de enero de 1923 por civiles y con plena información de prensa ante la impotencia de un ejército humillado por la derrota, pudo ofender a éste pero fue visto en términos positivos por el monarca. No sólo Alfonso XIII adoptó esa actitud sino que, a comienzos de febrero de 1923, estando en una representación de ópera en el Teatro Real, cuando supo que se hallaba presente el negociador, el diputado republicano Horacio Echevarrieta, le llamó al antepalco real y departió con él tras felicitarle por el papel que había desempeñado en los tratos con los indígenas [165].

Este hecho viene a demostrar que el alineamiento del monarca con los militares no era tan claro ni decidido. Tampoco parece probable que el Rey pensara, como se decía en los mentideros políticos, en la posibilidad de una abdicación o, por el momento, en ceder a una tentación autoritaria. Hubo, sin embargo, noticias en la prensa acerca de esta posibilidad pero un examen de las mismas revela que no tenían otro sentido que el partidismo antiliberal de la extrema derecha. En el diario La Acción, su director, el periodista Delgado Barreto, afirmó, bajo seudónimo, que «por la mente del Rey ha pasado la abdicación y la idea ha tenido reiteradas exteriorizaciones». Los motivos de tal decisión serían, en primer lugar, que el monarca debía «sentirse indefenso» porque los políticos no le apoyaban y por el «panorama tristísimo de nuestra vida nacional». «La poca tranquilidad que España disfruta», añadía el articulista, «al Rey se la debemos»; tendría, por tanto, sentido que hiciera una «invitación plebiscitaria». En realidad, La Acción vino a proponer con este artículo una especie de llamamiento al golpe de Estado, infinitamente más directo que el discurso real en Córdoba. García Prieto, el presidente del Gobierno, se apresuró a calificar la especulación de «fantasía» que dejaba malparada la «seriedad del Rey», pero, además, el propio monarca, con ocasión de un acto público, afirmó que «yo no soy un desertor» y «en mi puesto perecería, si fuese necesario, y en él estoy, firme y resuelto». Consciente del significado real de la mencionada especulación, añadió que se le hacía «muy poco honor al atribuirle una actitud incompatible con la condición de Rey de España». Con ello liquidó por el momento la cuestión y recibió los plácemes del presidente del Gobierno, con quien sin duda había tratado de la cuestión previamente, como correspondía a la práctica constitucional. «Permítame V. M.», le escribió éste, «que le felicite efusivamente por las acertadísimas y sentidas palabras que pronunció esta mañana y que han conmovido a la opinión pública. Ha sido un verdadero acierto que en vez de mañana (como V. M. se sirvió indicarme en nuestra conversación) las haya pronunciado hoy, pues además de no ser ante extranjeros sino entre españoles que es lo apropiado, las puede recoger la prensa en caliente mientras que mañana no hay periódicos y en la noche del lunes ya sería tardía la referencia. La misma sobriedad de esas palabras, propias de un Rey, hace innecesaria su repetición en otras ocasiones» [166].

Como testimonio de lo complicada que se había convertido la actuación del monarca a estas alturas hay que añadir que para terminar de aclarar su actitud recibió a Delgado Barreto, lo cual, a su vez, irritó a Alba, habitual destinatario de las diatribas furiosas de ese periódico de extrema derecha, y don Alfonso, por tanto, tuvo que invitar a su vez al ministro de Estado a tomar el té. La cuestión venía de lejos porque en 1917 Alba ya se había quejado al Rey de las informaciones de «La Acción». El secretario del Rey le respondió que el monarca no daba crédito a «calumnias sobre todo cuando la campaña de injurias va dirigida contra personas como Vd., a quien Su Majestad tan bien conoce y que por conocerlas tan perfectamente tiene en especial aprecio y tanto estima». No puede extrañar que el político liberal viera en el Rey en ese momento «desfallecimiento moral, desencanto y cosas raras». De momento no era más que eso, pese a los rumores; sólo luego, como veremos, se convertiría en una auténtica tentación autoritaria. El testimonio de dos ministros que lo eran por vez primera, Alcalá Zamora y Portela Valladares, destinados ambos a ser luego republicanos, resulta coincidente en lo que atañe a la sensación de preocupada incertidumbre que daba a esas alturas. A ambos les pareció agradable y simpático en primera apariencia, pero entrometido hasta donde se le dejara, voluble y maldiciente con respecto a sus colaboradores [167].

Pero estos ministros tuvieron mucho menos en cuenta su propio ejemplo deplorable de cara al país. Cuando, en marzo, hubo que aprobar unas reformas militares García Prieto envió una nota al Rey indicando que «había costado cinco horas de deliberaciones y no pocos disgustos teniendo que emplear la energía unas veces y la suavidad otras»; añadió, además, que «la fórmula significa para mí un enorme sacrificio para el cual he tenido que poner a contribución más que nunca mi amor a la Patria y mi devoción a V. M.». Poco conscientes de la actitud de la opinión pública, los ministros no se daban cuenta de que incluso no pocos correligionarios liberales presagiaban que el Gobierno podía acabar mal. Cuando el 23 de mayo fue leído el mensaje de la Corona, con ocasión de la apertura de las Cortes, los representantes diplomáticos extranjeros tomaron nota de que por vez primera las responsabilidades eran mencionadas en una intervención de esa naturaleza, mientras que en el párrafo final el monarca especulaba sobre la posibilidad de que a los parlamentarios les parecieran «difíciles las cuestiones y sombríos los aspectos» acerca de los cuales tenían que deliberar [168].

Nada hace pensar que hasta finales de julio o comienzos de agosto apareciera nítida en el Rey la tentación autoritaria. A comienzos de mayo recibió a Martínez Anido, quien había pasado mucho tiempo sin mando después de cesar en Barcelona. El Rey le había llamado para tratar de su posible destino militar en Ceuta «pero», contó el general, «después de decirle que acataría sus órdenes, tales fueron las razones que aduje que rotundamente me dijo que iría destinado a La Coruña». El militar habló también con Alba, que llegó a la conclusión de que la política que preconizaba era «muy distinta» de la del Gobierno [169]. Esa doble conversación testimonia que el nombramiento fue una cuestión decidida por más de una persona.

Lo que más llama la atención, vistas las discrepancias con la política gubernamental, es que finalmente Martínez Anido fuera nombrado en junio de 1923 comandante general de Melilla; quizá se debiera a esa obsesiva preocupación por satisfacer a todos en Marruecos sobre la que escribió un ministro [170]. A continuación, a mediados del mes de julio, el nuevo mando militar presentó dos proyectos, de desembarco y ataque por tierra a Alhucemas, destinados a resolver los problemas militares en el protectorado. Ambos llegaron a manos del monarca; no es cuestión de examinarlos aquí detenidamente pero sí de aludir a la actitud de fondo que demostraban. Partía el general —que aseguraba «no haber solicitado el puesto para el que el Gobierno le había designado» y se demostraba dispuesto a «saldar de una vez la deuda de dignidad profesional y nacional que tenemos pendiente con Beni Urriaguel»—, de que «la moral enemiga es elevada (y) la nuestra de menor cuantía». Esto le llevaba a considerar que «si permanecemos en la inacción, si a estas sufridas tropas se las condena a perpetuidad a una defensiva que enerva y aniquila paulatinamente» acabarían por merecer «el desprecio del enemigo» [171]. En suma, Martínez Anido se enfrentó con la política defendida por el Gobierno que le había nombrado y lo hizo de modo tan absoluto que empezó por anunciar su dimisión en caso de que no se aceptaran sus planes que, en esencia, consistían en un ataque combinado por tierra y por mar sobre Alhucemas con 50.000 hombres, siendo necesario para ello traer 25.000 más desde la Península. Luis Silvela, el alto comisario, señaló, a comienzos de agosto, que el plan «sería muy mal recibido por la opinión y quizá rechazado». Eso no le importó nada al general, quien dio la sensación de estar dispuesto a la pura provocación de los gobernantes civiles. «Tuve que mandar al cuerno a toda la gentuza que nos gobierna», le escribió luego a Primo de Rivera [172].

La posición de Martínez Anido pudo ser la de una parte del ejército, pero no de la totalidad. En la propia zona occidental del protectorado hubo quienes criticaron esa posición en los medios militares; lo hicieron desde la conciencia de que la política gubernamental era muy distinta de la que caracterizaba a Martínez Anido. Un coronel de Estado Mayor de la zona occidental consideró improbable que el Gobierno se decidiera a «demandar al país, sin una larga y previa preparación por campañas de prensa, más sacrificios en hombres y dinero para la empresa africana», por lo que «hoy debe renunciarse a la sugestiva visión de un avance brioso y arrollador a sangre y fuego». En cambio, defendió un empleo masivo de «bombas de gases asfixiantes lanzadas por la aviación» en forma de verdadero «diluvio» capaz de eliminar la vida humana en ochenta o cien kilómetros cuadrados alrededor de la zona poblada por Beni Urriaguel; esta estrategia militar fue empleada por los atacantes en aquel momento o, sobre todo, en otros posteriores. El propio Alba, el político más caracterizado por su defensa del protectorado civil, tuvo entre sus papeles un informe de la junta creado por el Estado Mayor de la Armada en el que se mostraba de acuerdo con la operación sobre Alhucemas. Pero como decía que «ha de meditarse mucho antes de emprenderla» y «es condición indispensable acopiar unos elementos materiales y una práctica personal que en el actual momento… no posee la Marina» en realidad la obstaculizaba [173]. Antes o después todos estos informes le llegaron al monarca.

Fue en ese ambiente de debilidades gubernamentales y de incertidumbres y actitudes imperiosas en el estamento militar donde se engendró la tentación autoritaria de Alfonso XIII. Señalemos, en primer lugar, que esa actitud no tuvo que ver con la conspiración militar ya iniciada. Del posible contacto entre el monarca y los conspiradores en Madrid sólo existe el testimonio de un alabardero llamado Juan Roncero, hombre de izquierdas, quien testificó ante la Comisión de Responsabilidades de las Cortes Constituyentes republicanas en 1931 que se había producido una visita de esos generales a Palacio, que él había sabido por un ayuda de cámara que pronto tendría lugar un golpe y que el Gobierno sería «arrastrado». Esta información resulta más que dudosa. El propio Rey, no obstante, bien entrada la Dictadura y luego en torno a 1936, informó al embajador británico y a un historiador de la misma nacionalidad de que los dos generales le habían visitado en Santander e informado del malestar existente en el ejército. Él habría recomendado que no cometieran «ningún acto de locura» y habría narrado la conversación al propio presidente del Gobierno. De cualquier forma, el contacto habría sido tardío (si bien hizo una gran alabanza de uno de estos generales) y, por otro lado, toda su vida había recibido el monarca noticias de inminentes conspiraciones o de desastrosas tensiones en el mundo militar como para sentirse tan directamente concernido [174].

Su tentación autoritaria fue autónoma y nada discreta, incluso de cara a la clase política liberal. Preocupado, voluble y poco prudente, el Rey habló con más de una persona acerca de un posible gobierno militar, una eventualidad que, por otro lado, estaba diariamente en la prensa. Lo hizo, por ejemplo, en julio de 1923 con el ministro Salvatella, el cual luego (nada menos que siete años después) lo empleó como argumento para evolucionar de nuevo hacia el republicanismo, al que había estado adscrito para luego ser liberal. Le contó que le parecía necesario «un gobierno militar que, pudiendo prescindir de las trabas del régimen constitucional y parlamentario, resolviera» los problemas, incluido «eso de las responsabilidades». Añadió que ésa «ya era la única solución posible y no se realizarían todos los temores que Salvatella tenía».

Pero conocemos mucho mejor sus propósitos por lo que le dijo a Gabriel Maura, muy a comienzos de agosto, a quien encontró en Reinosa. Encerraba un mensaje para su padre, el político más significativo del reinado. La importancia del texto obliga a transcribir buena parte de lo que el hijo comunicó al ya anciano estadista:

Me llevó aparte y comenzó diciéndome que deseaba verte…

Saltó luego el tema de Marruecos y le dije cuánto me preocupaba que por motivos políticos se desaprovechara una ocasión tal vez muy favorable para dar un golpe a los rebeldes que, de todos modos, nos obligarán a pelear. Asintió a esto añadiendo que era la vergüenza dentro y fuera y que él se jugaba la Corona y no estaba dispuesto a perderla por egoísmo y por torpezas de los políticos. Me añadió…que ésta era también la actitud de Romanones y me preguntó si creías que ahora se debía ir a Alhucemas. Le contesté que la medida y la hora del avance era problema de los técnicos, en la cual no podía entrar en este instante pero que siempre habías opinado que no se podía cesar en la acción militar sino cuando fuese oportuno y eficaz.

Disertó luego sobre la conveniencia de ocupar Alhucemas, insistiendo en que esto no era una ocupación más sino la posibilidad de suprimir las líneas, hoy tan costosamente mantenidas, de repatriar gente y de variar de política. Luego añadió que, según sus últimas noticias, el Gobierno se inclinaba a retroceder a la línea del Kert. Que Villanueva había llegado hasta negar un crédito para bombas de mano y gasolina pero que él había ordenado al ministro de la Guerra (de quien me hizo un breve elogio) que reclamase por escrito la negativa del Consejo para que fuera posible exigir responsabilidades cuando nuestros soldados quedaran inermes por su culpa.

Añadió que hasta hoy no había podido conocer el plan de Martínez Anido porque el Gobierno se lo ocultaba y no se lo había enviado sino después de un telegrama en el que reclamó su derecho a ser tratado «como un ministro». Dijo que apenas había tenido tiempo de ojearlo, pero que había visto una petición de refuerzos peninsulares que creía innecesaria.

Por último, y esto es lo fundamental, insistió en que no estaba dispuesto a ceder al Gobierno; y como los liberales quedaban deshechos, los conservadores no servían para nada y los demás partidos solos tampoco podían encargarse del poder, se proponía valerse de la Junta de Defensa del Reino. Su plan es muy semejante al de los Soviets. Allí hay un Consejo Supremo, donde están Lenin, Trotsky, etc., y luego, un gobierno, que es un mero brazo ejecutivo. Así lo hará aquí él, valiéndose de la Junta como Consejo Supremo y de un Consejo ejecutor. Al cabo de dos años convocará Cortes para que ratifiquen todo lo que haya hecho o exijan la responsabilidad.

No dirás que soy un impulsivo. Sé muy bien que toda la gente está a mi lado, porque lo que está contra mí no vale nada; pero si yo me decidiera a ejercer la dictadura por mi cuenta, en el acto tendría enfrente a todo el mundo. He meditado mucho en lo que puedo hacer y no veo otro camino…

…Me ha parecido que valía la pena que conocieras pronto el estado de opinión en que te lo vas a encontrar… si para entonces no ha soplado el viento de otro cuadrante[175].

En suma, el Rey estaba nervioso. Le irritaba la situación en que se encontraba el ejército en África y, sobre todo, que el Gobierno, no siendo partidario del abandono, tampoco quisiera emprender operación militar alguna. Entrometido en las materias militares, él mismo daba buena prueba de las incongruencias de la política española al querer Alhucemas pero sin nuevas tropas y con la justificación de una retirada posterior. En aquellos días debieron gestarse esos reproches a la clase política sobre Marruecos que luego figurarían en sus Confesiones a un periodista. Su opción personal era, pues, una dictadura temporal cívico-militar (en la Junta había esa doble procedencia) sujeta a ratificación posterior. Pero el propio Gabriel Maura no dio por segura la constancia en su propósito.

Por lo demás, la respuesta de Maura padre a lo que parecía una petición de consejo fue negativa. Coincidía con el Rey en que «el trance actual no tiene salida» y «así hay que admitirlo». No podían gobernar los partidos del turno ni tampoco los gabinetes de carácter nacional como los que él mismo había presidido pues esa experiencia se había liquidado con «claro desengaño». Además, el propósito del Rey tendría un resultado final negativo. La Junta de Defensa Nacional reproduciría el enfrentamiento partidista entre los componentes civiles y los militares, al margen de su específica dedicación a estas materias, no harían otra cosa que complicar la situación, sobre todo teniendo en cuenta esa duplicidad del ejecutivo. «Sería menos nocivo», concluyó Maura, «que quienes vienen imponiéndose en trances críticos asumiesen la función rectora bajo su responsabilidad». Ello equivalía a recomendar la espera a un inevitable golpe militar y no ofrecerle resistencia.

Pero, con ser ésa la recomendación de quien había presidido dos gobiernos nacionales en momentos críticos, quizá hubo un factor que influyó más en el ánimo real para detener su iniciativa. La incertidumbre gubernamental llegó a su ápice pero pronto empezó a diluirse sobre todo en aquel aspecto que al monarca más le preocupaba.

Tras un consejo de ministros que duró cinco horas el Gobierno llegó a un acuerdo final en materia de estrategia a seguir en Marruecos. Por esos mismos días, el presidente escribió:

Todos estuvimos conformes, de acuerdo, además, con el Estado Mayor Central, en rechazar la operación sobre Alhucemas, y conformes también en que las cosas no pueden continuar como están, pues el país se desangra y la hacienda no resiste más tiempo esta situación. Se dibujaron discrepancias sobre la conveniencia de rectificar la línea de posiciones en forma que permita una seria repatriación de tropas, discrepancias que seguiremos examinando en el Consejo de esta tarde y que me temo mucho que no puedan solucionarse satisfactoriamente. Hemos llamado al Alto Comisario, quien llegará mañana y conferenciará conmigo primeramente y después con los ministros de Estado, Guerra y Marina conjuntamente. En previsión de lo que ocurra, yo diré hoy a los periodistas que V. M. se propone venir un par de días en esta semana a Madrid para regresar en seguida a Santander. Si V. M. prefiere que yo vaya a ésa estoy, como siempre, a su disposición con mucho gusto, pero parece más conveniente, aun imponiéndose esa molestia, que venga V. M. pues así podrá oír al Sr. Silvela (el Alto Comisario), al ministro de la Guerra y a las demás personas que juzgue conveniente escuchar después de oír mi informe. Los momentos son difíciles y críticos y en esta semana habrá que dejar resuelto lo que haya de hacerse pues las cosas no admiten espera[176].

Aun existiendo una coincidencia inicial en rechazar la propuesta de Martínez Anido, todo hacía pensar que las discrepancias subsistentes harían inevitable una crisis.

Pero ésta pareció finalmente conjurada respecto de ese punto. Tan sólo una semana después García Prieto comunicaba al Rey lo siguiente:

… se celebró el Consejo de Ministros y en él se acordaron las conclusiones que se consignan en la adjunta nota estando también conformes con ellas el general Weyler y Luis Silvela, habiéndome manifestado este último que le satisfacen por completo y que saldrá enseguida para Tetuán con el fin de darle cumplimiento. El general Weyler se propone marchar mañana a Melilla y de su conversación deduzco que espera poder dar satisfacción al Gobierno en la obra que se le encomienda. El Ministro de la Guerra se muestra también bastante optimista y por mi parte no he de ocultar a V. M. que hemos resuelto el grave conflicto que se nos ofrecía de la mejor manera posible y que las opiniones que oigo nos son favorables. Martínez Anido insiste en su dimisión, no obstante el telegrama que le puso el Gobierno ratificándole la confianza y en el Consejo de mañana nos ocuparemos de ella proponiendo Aizpuru que se le admita y que por ahora no se provea mientras Weyler no regrese y ésta es también la opinión de Silvela [177].

Los acuerdos del Gobierno, también remitidos al Rey, se contenían en un par de hojas: suponían, en primer lugar, prescindir de los planes de actuación en Alhucemas, pero al mismo tiempo modificar la línea en la zona oriental justificándolo por la parcial retirada posterior de soldados, reducir los gastos a los realizados en 1920-1921 y utilizar exclusivamente la acción política o la aviación absteniéndose del empleo de la ofensiva sistemática. Se añadía, no obstante, que de esa manera no se pretendía cerrar el paso en su momento, de acuerdo con las circunstancias, para que pudiera producirse la ampliación de la zona controlada por España en el protectorado.

En realidad, subsistían las incongruencias entre el propio elemento militar. Un estudio realizado por una ponencia dependiente del Estado Mayor Central llegó, un par de semanas después, a la conclusión de que «no (se) encuentra medio de reducir tales aumentos en plazo breve y…la disminución de fuerzas sólo podrá conseguirse mediante el desarme efectivo de las kábilas sometidas y la acción política persistente e intensa con las insumisas». Aun así, otro proyecto suscrito por el capitán Fidel de la Cuerda pretendió reducir los efectivos de la zona oriental al nivel que tenían en 1920-1921 sin disminuir la zona ocupada [178]. Pero el acuerdo permitía, aun rechazando lo propuesto por Martínez Anido y dentro de la mayor vaguedad, un tipo de respuesta militar graduada que podía satisfacer al conjunto del ejército pero sin resolver nada de forma definitiva. Claro está que el Gobierno había rectificado su posición inicial —lo había hecho, sobre todo, Alba— y eso acabó provocando una nueva recomposición del gabinete realizada en medio de minúsculas disputas personalistas.

Desde el punto de vista que más nos interesa resulta, por otro lado, que si bien el Rey estuvo puntualmente informado de todas las propuestas militares no parece haber tenido ningún papel en la determinación acerca de cuál se debiera seguir pues ésta fue tomada en exclusiva por el Gobierno. Es más, éste, que en el momento de crisis inminente había solicitado la presencia real, ahora, a finales de agosto, la consideró inconveniente. Tras haber mantenido con el Rey una conversación telegráfica, García Prieto le escribió una carta que testimonia, a la vez, la disponibilidad del Gobierno para acciones militares limitadas y el temor a que se achacaran al monarca.

Me considero en el deber de llamar la atención a V. M. sobre los comentarios a que pudiera prestarse el viaje a ésta que V. M. proyecta, secundando impulsos generosos de su noble corazón. El Gobierno ha accedido al envío de hombres que pide Silvela y le ha autorizado a que los emplee sobre Beni Urriaguel y también a que se aprovechen las circunstancias favorables para la modificación de línea pero cree que todo esto debe hacerse sin que V. M. esté en Madrid para que la responsabilidad sea nuestra exclusivamente y nadie pueda atribuirla a más altas iniciativas y por ello preferiría que V. M. no viniese por ahora, sin perjuicio de hacerlo en los primeros días de septiembre, por ejemplo, en que las cosas estarán más claras. El viaje del Rey en estos momentos no conduciría a nada práctico y se prestaría a muchos comentarios, por lo que me permito rogar a V. M. se sirva meditar acerca de la conveniencia de no realizarlo por ahora a menos de que surja algo grave o imprevisto que lo justificaría ante la opinión que el día de hoy se muestra tranquila y satisfecha [179].

No era así, en absoluto. Un político liberal albista escribió en su diario que «los rumores de sublevación militar eran cada día más acentuados y la enemiga de los militares a Alba había llegado a su colmo. Y él no se quería enterar». Incluso Franco le contó que las tropas, al tomar posiciones adversarias en Marruecos, lo hacían con «mueras» al ministro de Estado [180]. Sin embargo, en las vísperas del golpe de Estado, el Rey se declaró ante un diplomático británico «en conjunto satisfecho» con la gestión del Gobierno liberal pues «aunque quedaban por solventar muchos problemas de entidad, la situación general del país había mejorado». Hizo estas declaraciones con su característica imprudencia calificando a los partidos de «cobardes» a la hora de enfrentarse con las cuestiones más importantes y atribuyéndose él mismo la capacidad de percibir supuestas inmoralidades. Parecía incluso lamentar que carecía ya de poder para determinar los nombramientos militares como en otros tiempos, pues repartió con generosidad calificativos sobre las supuestas capacidades de aquellos que iban a ser promovidos [181]. Pero el lenguaje que empleó no hace pensar en absoluto que siguiera con aquellos propósitos autoritarios que había demostrado, a comienzos de mes, en Reinosa. Los había olvidado o reservado por el momento; quizá simplemente había mostrado una inconstancia que le reprocharon quienes le conocieron. La reacción autoritaria vendría de otro lado.

LA CONSPIRACIÓN Y EL GOLPE DE ESTADO (SEPTIEMBRE DE 1923)

El golpe de Estado es, en la historia de España, uno de esos «acontecimientos monstruo», como los llaman los historiadores franceses, por su trascendencia colectiva de cara el futuro. Eso contribuye a explicar que hasta el momento no exista una coincidencia completa en su interpretación; subsiste una discrepancia que se refiere principalmente al papel del Rey en el golpe de Estado y, como cuestión conexa, a la evitabilidad o no del mismo [182]. Hasta tiempos recientes se ha recurrido con frecuencia a fuentes impresas de carácter polémico aparecidas en los años treinta y a explicaciones supuestamente estructurales que pretenden remitirse a los factores fundamentales, pero que no tienen en cuenta la estricta sucesión de los acontecimientos, su encadenamiento y la manera en que acabaron determinándose los unos por los otros. Es preciso reivindicar una explicación histórica, atenta a la cronología y consciente de que el proceso que llevó a la Dictadura de Primo de Rivera pudiera haber sido evitado y el contenido mismo del golpe hubiera podido ser distinto de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos. Todo ello tiene especial sentido en una biografía del monarca, enfrentado en ese momento a la decisión más grave y complicada de su reinado.

Una descripción rápida de la personalidad de Miguel Primo de Rivera debe insistir en su condición de militar valiente, favorecido por el peso de su tío en la Historia de la Restauración, pero, al mismo tiempo bronco y conflictivo y siempre dominado por preocupaciones políticas de inequívoco carácter regeneracionista. En esas condiciones no puede extrañar que desempeñara un papel de cierta relevancia de cara a las Juntas de Defensa y que se viera fuertemente influido por la situación social de la posguerra. Su correspondencia con Martínez Anido revela que si éste admitía fusilamientos sumarios de los supuestos terroristas, él, por su parte, en la capitanía general de Valencia estuvo dispuesto a justificar la llamada «ley de fugas». Sus tomas de posición en contra de la presencia de España en Marruecos le convertían en un elemento polémico de cara al ejército de África; aunque inequívocamente monárquico, nada permite describirle como palatino. Resulta probable, como veremos, que Alfonso XIII no le tomara muy en serio.

Lo que a Primo de Rivera empezó por darle un papel relevante en la vida pública española fue la situación de Barcelona, donde era capitán general desde 1922. Allí las tensiones sociales habían hecho nacer una extrema derecha que si calificaba al Gobierno de «canalla» presentaba al Rey como «un imbécil monarca de opereta… el idiota mayor del Reino». Había, no obstante, factores más decisivos todavía: la aparición del separatismo entre las juventudes catalanistas y, sobre todo, un desorden social persistente que provocó en las tres semanas posteriores al 29 de mayo nueve asesinatos, mientras que las calles permanecían cubiertas de basura por la huelga de transportes. En este panorama, el poder civil pareció haberse esfumado pues los gobernadores se sucedían de forma meteórica o apenas actuaban y, como consecuencia, hubo un tutelaje del poder militar ardientemente aceptado por las clases medias. Pero las ambiciones de Primo de Rivera no se detuvieron en esto.

Parece que la conspiración, que habría de traducirse en un golpe militar, se inició durante los días centrales del mes de junio de 1923. En esa fecha permanecía retenido en Madrid Primo de Rivera, al que las autoridades gubernamentales habían alejado de Barcelona, conscientes de que allí iba adquiriendo una preponderancia desmesurada. Su permanencia en la capital era una clara muestra del peligro que el Gobierno veía en él, pero también de su falta de decisión para relevarlo. Cuando el general volvió a Barcelona fue recibido con gritos de entusiasmo e insultos al Gobierno «farsante».

Esos días le habían servido a Primo para anudar unos contactos que tendrían efectos directos sobre los sucesos de septiembre. En primer lugar, tuvo conversaciones con el general Aguilera, persona que atraía en aquellos momentos el interés de cierta izquierda responsabilista, hasta el punto de que el embajador británico atribuyó al golpe que quiso dar un carácter «socialista». Pero Primo de Rivera se decepcionó muy pronto de él, en parte por su falta de decisión pero también porque su punto de partida respecto del sistema político vigente debía ser muy distinto. También habló con el Rey, sin que exista testimonio de que le transmitiera otros aspectos que una genérica preocupación por la situación barcelonesa; la prensa se hizo eco de que podía ocupar la jefatura de la Casa Militar, reproduciendo el caso de Milans del Bosch, como medio para evitar que siguiera al frente de su mando militar barcelonés. Un último contacto de Primo de Rivera en Madrid tuvo una influencia más directa en los acontecimientos de septiembre. Se entrevistó con los generales Cavalcanti, Berenguer, Saro y Dabán, que se mostraron dispuestos a un golpe de fuerza inmediato. Tal como lo pensaron en ese primer momento, se trataba de desplazar al gobierno de los profesionales de la política y sustituirlos por un equipo de prestigiosos técnicos civiles. Los sublevados eran monárquicos y por eso el momento final del golpe consistiría en «dar cuenta a S. M.», pero no partían de su anuencia ni tampoco de su colaboración previa por más que le reivindicaran como «nuestro jefe» por estar al frente de la institución militar.

Pero ni el propósito fraguaría en esos términos, ni menos aún en un plazo inmediato. Dos acontecimientos ocurridos a comienzos de julio modificaron la situación. El procesamiento de Cavalcanti por responsabilidades rompió los posibles vínculos entre la conspiración militar monárquica y la de proclividades izquierdistas de Aguilera. Esta última, además, se desvaneció por completo como consecuencia de un sonado incidente del que fue protagonista y sujeto paciente el general. Una destemplada carta suya, que quería ser una condena de toda la clase política, concluyó en un incidente personal entre el militar y Sánchez Guerra. En adelante Aguilera, al que no pocos denominaron «Mulolini», quedó arrumbado como protagonista de cualquier acción política por su rudeza y por haber permitido que le abofeteara un civil.

Sin duda, una decidida actuación gubernamental hubiera podido cortar cualquier conato de pronunciamiento pues lo decisivo en septiembre fue el desprecio de los conspiradores por la capacidad de reacción del ejecutivo. Sólo se produjo en Barcelona, adonde fue enviado como gobernador civil Manuel Portela Valladares, que a mediados del mes de julio había conseguido que desapareciera la huelga del transporte dando una sensación casi inédita de autoridad [183]. Eso, no obstante, provocó que fuera nombrado ministro y, por tanto, que de nuevo la autoridad civil se viera desamparada en la capital catalana. Mientras tanto, Primo de Rivera amplió su círculo de colaboradores con Martínez Anido, pero el periodo veraniego alejó la posibilidad inmediata de la conspiración y alguna intervención desgraciada que tuvo en Madrid le restó partidarios. Sin embargo, se había adecuado ya a la actitud militar predominante ante Marruecos: «Malo fue ir allí», dijo ahora, «pero en este momento retroceder es difícil». A pesar del estancamiento de la conspiración, algunos de los personajes políticos del momento eran conscientes de que algo se estaba gestando pero Primo escribió una carta a Alhucemas que transmitía la duda sobre la posibilidad de que fuera capaz de conspirar y el propio carácter extrovertido y en apariencia inocuo del general podía hacer pensar que, al final, no traspasaría la línea de la legalidad. Un político liberal de la época, Luis de Armiñán, aseguró que los rumores no eran otra cosa que puro «jarabe de pico», como había sucedido tan repetidamente a lo largo de toda la Restauración.

Las circunstancias cambiaron de manera sustancial en semana y media, de modo que, sobre un telón de fondo muy problemático, actuaron detonantes que movieron a la acción a los conspiradores y deterioraron definitivamente la imagen de la política liberal. En la última semana de agosto los incidentes producidos en Málaga con las tropas preparadas para embarcarse hacia Marruecos demostraron, una vez más, la impopularidad de la presencia española allí provocando un nuevo motivo de irritación entre los militares contra una política que contribuía a prolongar una situación sin esperanzas de pronta resolución. En esas condiciones, la conspiración se reactivó inmediatamente a pesar de que ahora el Gobierno estaba dispuesto a autorizar operaciones militares mientras se hibernaba la tentación autoritaria del Rey. Primo de Rivera actuó ya como líder no sólo de la guarnición barcelonesa, que envió un escrito colectivo de protesta por esos incidentes, sino también de los ya citados generales madrileños con los que estuvo en los primeros días de septiembre. En la capital, además, pudo ser testigo de la última crisis del Gobierno de la Concentración Liberal, que resultó ser todo un espectáculo de perplejidad respecto de la política a seguir en Marruecos y de insolidaridad de los gobernantes entre sí. Ese factor fue decisivo para los conspiradores: los documentos secretos que redactaron testimonian que no querían eludir las responsabilidades, suyas o del Rey, por lo sucedido en Marruecos sino «exigirlas pronto» y, sobre todo, desplazar a los políticos.

Ya en esta recta final de la conspiración es necesario aludir al posible papel del monarca en la misma. Como sabemos, los conspiradores desde el principio concibieron el momento final de su golpe como «dar cuenta al Rey» que implicaba que fuera éste quien decidiera acerca de una eventual separación de los que estaban en el poder. Sin embargo, la consulta a una documentación tan extremadamente espontánea y de primera mano como la que se encuentra en el archivo privado de Primo de Rivera no permite concluir, en absoluto, que los conspiradores dieran por supuesta una inclinación adquirida e irrevocable del monarca hacia ellos, ni menos aún que éste fuera el promotor de la conspiración contra el régimen liberal. De nuevo es imposible probar la existencia de algo que, en efecto, no existió. Pero resulta extremadamente improbable que unos conspiradores que en la planificación de la conjura escribían acerca de la necesidad de «incorporar» o «asociar» al Rey, como «ciudadano y soldado», estuvieran en connivencia previa con él.

Un nuevo incidente, el 11 de septiembre, en Barcelona, vino en ayuda de la conspiración cuando los jóvenes radicales del catalanismo promovieron un acto que acabó con incidentes graves. Fue en ese momento cuando Primo de Rivera se destacó claramente respecto del resto de los generales, anunciando su posterior condición de dictador único. Un acierto suyo, para los fines que perseguía, fue no hacer explícito ningún plan programático preciso: su ambigüedad respecto de las reivindicaciones de Cataluña podía ser considerada como un testimonio de simpatía hacia ellas o, por el contrario, de centralismo impenitente. No le faltaba, en cambio, esa decisión que siempre le caracterizó y ahora de manera especial: «Prim y O'Donnell, cuando contaban con una compañía, ya estaban en la calle», escribió a sus compañeros de conspiración en Madrid. Éstos estaban, en cambio, mucho más inseguros; después de tantear a la guarnición, afirmaron que todo dependía de Barcelona.

El golpe de Estado había sido preparado para el l3 de septiembre por la noche. La situación política española era grave, pero el resultado de la misma no tenía por qué ser, necesariamente, el triunfo del golpe. El Gobierno había demostrado una característica ceguera y una preocupante indecisión, pero las fuerzas que contra él se habían confabulado no necesariamente tenían vigor bastante para triunfar. Como en el caso de cualquier pronunciamiento, el resultado final dependía del pugilato psicológico entre los diversos agentes de la vida política. En tan sólo cuatro días de septiembre de 1923 se planteó y desarrolló un drama que habría de tener una importancia decisiva en el destino político de los españoles.

En la mañana del l2 de septiembre empezaron a producirse los acontecimientos. En San Sebastián, el Rey se entrevistó con Alba, al que invitó a pasear en un automóvil español que acababa de estrenar y luego acabó marchándose a Biarritz a jugar al polo. En otros lugares, en cambio, los acontecimientos se precipitaron. En Zaragoza, la presencia del emisario de los conspiradores sirvió para que la conjura, hasta el momento apenas preparada por el general Sanjurjo, se pusiera en marcha, ante la pasividad del capitán general. A media mañana los generales implicados en el golpe en Madrid visitaron a las autoridades: consiguieron la colaboración del gobernador militar, duque de Tetuán; el capitán general, Muñoz Cobos, optó por una actitud oportunista, consistente en navegar entre unos y otros. Las noticias acerca de lo que iba sucediendo acabaron llegando al Gobierno, pero su reacción fue poco decidida: especialmente desconcertado e ingenuo resultó el ministro de la Guerra, Aizpuru. El Gobierno decidió enviar al ministro Portela Valladares a Barcelona para controlar la situación, pero esta acertada medida resultó demasiado tardía como para tener efecto. Sólo muy al final del día el Gobierno optó por encararse con los acontecimientos. Aizpuru envió un telegrama preguntando a Primo de Rivera por su posición. Éste primero dilató su respuesta y decidió luego adelantar el golpe. En la madrugada, cuando mantenía una conversación telegráfica con el ministro, acabó interrumpiéndola y proclamándose sublevado. A esas alturas, ya la totalidad de los capitanes generales, con excepción del de Madrid, habían recibido comunicaciones crípticas pero bien expresivas, relativas a sus propósitos. Tan sólo el general Zabalza, de guarnición en Valencia, respondió inmediatamente oponiéndose a sus propósitos. No lo hizo porque apoyara al Gobierno sino señalando los posibles peligros para la Corona y el ejército que se podían derivar de esta vuelta a los pronunciamientos. Ésa fue una preocupación generalizada durante aquellos días en los militares de mayor edad, como el capitán general de Zaragoza o Muñoz Cobos. Sin embargo, todo hace pensar que tampoco estaban dispuestos a defender al Gobierno de la Concentración Liberal.

El Rey debió enterarse de que sucedía algo extraño el 12 de septiembre, por la tarde, al volver de Biarritz. Su información era insuficiente y mientras que se retiraba a descansar durante cuatro horas recabó de Milans del Bosch, jefe de su Casa militar, que se pusiera en contacto con los capitanes generales. La principal figura del Gobierno, Alba, anunció su dimisión ante el propio Rey y sus compañeros esa misma noche. En el texto que redactó con ese motivo no había invocación alguna a la resistencia; sin duda pensaba que con su desaparición el Gobierno quedaba en mejores condiciones para negociar una solución transaccional con los sublevados. Ésta debe haber sido la máxima esperanza del ejecutivo, pues su reacción fue siempre desangelada y débil: más que asegurar que defendería las instituciones parlamentarias proclamó que sólo «abandonaría el poder ante la fuerza» como si la pura exhibición de ésta valiera para justificar la rendición. Pero, al mismo tiempo, ni siquiera en ese momento los conspiradores estaban seguros de la actitud del Rey. Los generales de Madrid especularon sobre si Muñoz Cobos quería hacer «una maniobra» con Alfonso XIII, el cual seguía apareciendo como «una incógnita», por lo que recomendaron a Primo de Rivera que le telegrafiara «directamente, demostrándole que tu actitud es hermosa, gallarda y patrióticamente desinteresada».

En las primeras horas del día l3, mientras Primo de Rivera ocupaba los edificios clave de Barcelona, se inició el pugilato psicológico entre el poder y los sublevados. A los suyos el capitán general de Cataluña les dio como consigna «esperar y resistir» y se dedicó a hacer declaraciones cuyo efecto resultó tranquilizador para la opinión pública: eludió todas las cuestiones espinosas y, sobre todo, arremetió contra la clase política en general. Su manifiesto puede dar la sensación de ser un prodigio de vaciedad programática (él mismo luego le definió como «una improvisación»), pero era muy característico, tanto en sus condenas genéricas como en su carencia de soluciones, de la mentalidad regeneracionista. Mientras tanto, en toda España, como escribió Cavalcanti, permanecían «observando muchos» militares pero, sobre todo, no había «nadie dispuesto a combatir» al general sublevado.

De ello debió darse cuenta el Rey en el transcurso de aquella madrugada y primeras horas del nuevo día. Habló con García Prieto y recibió de Barcelona un telegrama de Primo de Rivera que le pudo resultar sorprendente: «Señor: En solemne momento para la Patria decidimos pedir a V. M. aparte de su lado a los políticos corrompidos o transigentes con la corrupción que dañan honor e interés de España. Ofrecemos una vez más nuestra condicional adhesión». El movimiento subversivo no parecía, pues, contra su persona. Una acusación frecuente respecto de su actuación en aquellos momentos consiste en afirmar que dilató su presencia en Madrid y, con ello, privó al Gobierno de su apoyo. Pero ni siquiera sabía si encontraría problemas en el camino, caso de viajar con coche. Luego comentaría al embajador británico que los altos mandos militares le habían ofrecido su testimonio de identificación personal y su deseo de alejamiento de los políticos; las dos únicas excepciones parecen haber sido el capitán general de Sevilla (el infante don Carlos) y el de Valencia.

Durante la mañana del 13 el Rey se volvió a entrevistar con Alba, quien se despidió de él; no hubo reproches entre ambos en ese momento ni en los inmediatamente posteriores. Sobre Primo de Rivera Alfonso XIII le dijo que «la mayor tortura para él sería tener que despachar cada mañana con semejante pavo real». El ministro no informó al monarca de que pensaba abandonar España, lo cual haría después por razones derivadas, con razón o sin ella, del temor por su seguridad personal. De momento, en San Sebastián, el monarca no tomó otra decisión que la de pedir telegráficamente al futuro dictador que mantuviera el orden en Barcelona. No era mucho, pero Primo de Rivera pudo estar satisfecho de lograr esa primera respuesta. El pintoresco embajador norteamericano se ofreció al Rey para acompañarle a Madrid y, en efecto, acabó haciéndolo armado.

Mientras tanto, el Gobierno estaba en una situación crítica. En primer lugar, se hizo evidente que carecía de unidad. Los más decididos opositores del golpe, partidarios de la resistencia a ultranza, parecen haber sido Portela Valladares y el almirante Aznar (lo que contribuye a explicar su posterior condición de presidente del Consejo de Ministros en 1931), pero incluso quienes, como Salvatella, habían sido republicanos hasta época reciente se mantuvieron en una posición más titubeante. Tan sólo hubo un intento para enviar desde Mallorca, donde estaba, hasta Barcelona al general Weyler, máximo prestigio militar, pero esta medida fue también tardía. La prensa, como veremos, estaba a favor de los sublevados, esperaba los acontecimientos o denunciaba una posible impunidad respecto de Marruecos pero, desde luego, no apoyaba al Gobierno. Los generales implicados en la conspiración aparecían en sus páginas ofreciendo entrevistas sin que nadie lo impidiera o lo denunciara. En el Ministerio de la Guerra el subsecretario, Bermúdez de Castro, llegó a las mismas conclusiones que el Rey respecto del balance de la situación. Luego, ante una comisión de investigación de las Cortes Constituyentes republicanas, declaró que todas las autoridades militares respondieron de la disciplina de sus guarniciones pero que nadie se ofreció al Gobierno, cuyo apoyo se debilitaba a pasos agigantados. En Valencia, Zabalza, reticente ante Primo de Rivera más que partidario de los liberales, se vio desplazado por la guarnición. Mientras tanto, el dictador en ciernes, en plena aparente normalidad, presidía actos oficiales civiles en Barcelona.

El 14 por la mañana llegó el Rey a Madrid, donde fue recibido por las autoridades. Inmediatamente se trasladó a Palacio, donde se entrevistó con el presidente del Gobierno. Por tres veces le aseguró que él no sabía nada de la conspiración. Alhucemas le propuso la destitución de los mandos militares rebeldes pero no mencionó siquiera a los que apoyaban el golpe en Madrid. A las preguntas del Rey indicó al mismo tiempo que no sabía si tendría apoyos suficientes para llevar a cabo esa medida. Alfonso XIII, que luego describió la propuesta de García Prieto como «un Numancia político» [184], repuso que necesitaba pensar la solución, lo que en un régimen como el de la Restauración, basado en la doble confianza, equivalía a inducir a la dimisión. Ésta se produjo, pero el presidente, por el momento, no tuvo nada que reprochar, desde el punto de vista constitucional, al Rey porque de él dependía el nombramiento de un nuevo presidente. Su sensación dominante fue el alivio por librarse de las responsabilidades del poder y de ahí que dijera que tenía un nuevo santo a quien encomendarse, San Miguel Primo de Rivera. Pero éste ni siquiera ahora las tenía todas consigo ni mucho menos. En el transcurso de aquella mañana envió al Rey, a través del capitán general de Madrid, un telegrama en el que le urgía, con un tono no exento de una cierta amenaza, a que tomara una decisión:

Ruego a V. E. haga presente respetuosamente S. M. el Rey urgencia de dar resolución cuestión planteada respecto de la cual recibo continuadas y valiosas adhesiones. Tenemos razón y por eso tenemos la fuerza que hemos empleado con moderación hasta ahora. Si por una habilidad se nos quiere conducir a transigencias que nos deshonrarían ante nuestras propias conciencias, extremaríamos petición sanciones y las impondríamos. Ni yo ni mis guarniciones ni las de Aragón, que acabo de recibir comunicación en ese sentido, transigimos con nada que no sea lo pedido. Si los políticos, en defensa de clase, forman frente único, nosotros lo formaríamos con pueblo sano que almacena tantas energías contra ellos y a esta resolución hoy moderada le daríamos carácter sangriento.

El conde de Romanones leyó una copia de este telegrama ante las Cortes Constituyentes republicanas. Ratifica la decisión de Primo de Rivera otro escrito, que no llegó a enviar pero que se encuentra en su archivo, cuyo tono resultaba más duro todavía. La vía de la conspiración, decía en él, no se había tomado «para ir a una transacción». Para el general sublevado, «la mitad de los hombres que figuran en la política son ladrones y venales» y, en consecuencia, amenazaba con llegar «a lo más inconcebible» (¿enfrentarse con la institución monárquica?) y, en tono exigente —«Perdonad la rudeza del lenguaje»— recordaba que «S. M. debe ser el primer español». No es posible saber si este telegrama se llegó a enviar pero describe de modo veraz la actitud del general quien, al mismo tiempo, decía en rueda de prensa en Barcelona que estaba dispuesto a «llegar al fin, cueste lo que cueste». Es muy posible que esta poco velada alusión a la violencia no resultara necesaria porque la decisión del monarca tuvo su lógica aunque, por supuesto, sólo en el marco de las reglas no escritas de funcionamiento de la vida política de la Restauración. Lo más habitual en ella era que quien provocaba un conflicto fuera el encargado de darle solución; esto era lo que le había sucedido a Moret en 1909. En teoría, el Rey hubiera podido recurrir también a otro político, pero todos ellos, incluyendo los conservadores Maura y Sánchez Guerra, eran partidarios de que asumieran las responsabilidades de gobierno los militares y tampoco existía un prestigio militar indisputado que pudiera en aquel momento reemplazar a Primo de Rivera. Sin embargo, cuando el monarca le llamó a Madrid para encargarle el desempeño del poder, el capitán general de Cataluña simuló sorprenderse: en definitiva, él no había pedido sino tan sólo el desplazamiento de la clase política.

Poco antes Alfonso XIII se había entrevistado ya con los generales madrileños confirmando el estado de ánimo de la guarnición de la capital. En la conversación con Muñoz Cobos se planteó una cuestión peliaguda para el monarca, que se convirtió en apremiante cuando Primo de Rivera llegó a Madrid. Por mucho que éste hubiera pensado en un gobierno civil aun con tutela militar, con una característica versatilidad que nunca le abandonaría, durante el viaje hacia Madrid decidió convertirse en dictador militar único y en ese sentido hizo declaraciones nada más llegar a la capital. Los acontecimientos le habían dado una preeminencia a la que resultaba difícil renunciar; su entrevista con los conspiradores madrileños fue el último acto político importante de éstos. A ella asistió también Muñoz Cobos, quien se apresuró a acudir al Palacio Real para informar a Alfonso XIII de que Primo de Rivera quería pedir para sí el poder mediante un procedimiento anticonstitucional. Pero el monarca estaba dispuesto a resguardarse mínimamente las espaldas. En la entrevista que mantuvieron durante la mañana del día 15 el jefe del Estado y el conspirador llegaron a una especie de fórmula intermedia. Primo de Rivera juró como presidente y ministro universal ante el titular de la cartera de Justicia del Gobierno de la Concentración Liberal, siguiendo, por tanto, una fórmula que era por completo constitucional.

Hay argumentos suficientes, pues, para considerar que la violación de la Constitución por parte del monarca no se produjo en ese momento, gracias a la fórmula adoptada, sino más adelante cuando evitó la reunión del Parlamento. Al mismo tiempo anunció que se vería asistido por un Directorio militar formado por generales de brigada de cada región militar. Desde el primer momento se dijo que el nuevo régimen sería «un breve paréntesis» o un «puente muy rápido». Hasta aquí los hechos tal como se produjeron día a día, hora a hora, pero es necesario añadir algún análisis más. Sin duda el advenimiento de una dictadura hubiera podido evitarse. Desde hacía mucho tiempo se planteaba como posibilidad, pero tenía en su contra la división del ejército y la carencia de un programa alternativo. Lo sucedido con el general Aguilera y en Barcelona durante el gobierno civil de Portela Valladares demuestra que el poder civil hubiera podido imponerse con mayor autoridad en el momento decisivo y mejor ejemplaridad en las semanas precedentes. Si el golpe de Estado triunfó, la razón estriba a que a la audacia de los conspiradores sólo se contrapuso un vacío de poder. Cuando estalló el golpe, al Gobierno le faltó ánimo político pero también apoyo social y, sobre todo, autoridad en el ejército.

Todo eso hubiera debido ser previsto y encauzado antes pero la conspiración, en realidad, no logró apoyos generalizados en todas las guarniciones sino que la mayoría se pronunció negativamente dejando inerme al Gobierno.En cuanto a la responsabilidad del monarca en los acontecimientos, a estas alturas resulta ya evidente, de acuerdo con la frase de Seco, que «ni estimuló, ni organizó» el golpe. Alfonso XIII fue imprudente y ligero, como toda su vida, en sus conversaciones de esas semanas; tuvo su propia tentación autoritaria, siempre temporal y con el apoyo del ejército y la clase política, pero abortó apenas nacida. Los testimonios de que conocía con precisión lo que iba a suceder son demasiado indirectos y frágiles. No hay razones para poner en duda la autenticidad de su reacción de sorpresa, incluso si tuviera alguna noticia previa del golpe en gestación. Tanto Primo de Rivera como Cavalcanti y Saro declararon inmediatamente después del golpe, cuando éste era muy popular, que el Rey no había colaborado en él. Hubiera sido muy sencillo para el monarca reclamar un papel en el golpe en el momento inmediatamente posterior a su triunfo, pero no sólo no lo hizo sino que advirtió inmediatamente a los embajadores inglés y francés de que no había jugado papel alguno en la gestación de la conspiración. Éste es el mejor testimonio no sólo de hasta qué punto estos dos países mediatizaban la política exterior española sino también eran un modelo para la interna. En otra ocasión decisiva (1909) ya Alfonso XIII hizo algo parecido. Al embajador británico le convocó y le «declaró con todo énfasis que no tenía conocimiento previo del golpe militar» porque «los generales que lo lideraban le mantuvieron ignorante para que pudiera sentirse en libertad para aceptar cualquier castigo que, caso de haber fracasado, hubiera podido caerles encima». Estaba «particularmente ansioso de que lo supieran» las autoridades británicas y el Rey de este país. Aseguró que la depuración de la vida pública debería durar tan sólo un mes o dos y luego se «restablecería el gobierno constitucional bajo unas bases más firmes». Estaba sorprendido —aseguró— porque nunca pudo imaginar que el ejército hubiera podido ser «tan entusiásticamente aplaudido».

Los propósitos de los gobernantes o los suyos mismos eran poco precisos: habló tan sólo de cambiar la ley electoral. Al francés le indicó la provisionalidad de la situación señalándole que Primo de Rivera no había querido dejar vacante la capitanía general de Barcelona para volverse allí al poco tiempo. Le dio la sensación de encontrarse «alegre, animado y de buen humor» cuando en los meses anteriores había estado en muy distinta actitud. Prometió una «asamblea constituyente» cuando acabara la Dictadura pues «debo dar cuenta a mi país de mis actos». Y explicó: «Soy, por el momento, un dictador pero, en realidad, permanezco muy constitucional y demócrata». El embajador francés, habitualmente crítico del monarca desde una perspectiva democrática, descubrió pronto «analogías entre los respectivos caracteres» del Rey y el dictador; ambos, «sin profundizar apenas las cuestiones, tienden a hacerse una opinión apresurada y a menudo errónea y a tomar decisiones poco estudiadas» [185]. Coincidente en lo fundamental lo explicado a ambos diplomáticos, ésa fue la única versión que el monarca ofreció acerca de su relación con los dirigentes del golpe de Estado. Luego añadió que había recibido a dos generales en Santander y les recomendó prudencia pero también le dijo al presidente del Gobierno que debía entrevistarse con ellos, pero no fue más que una apostilla. Las críticas a la actuación del Rey se han centrado, sin embargo, no sólo en lo que hizo sino en cómo debió actuar. Se ha señalado que obstaculizó la labor del Gobierno en el problemático momento del golpe pero no hay ningún testimonio de que éste le urgiera a volver rápidamente a Madrid y resulta coherente que él pretendiera pulsar la actitud del elemento militar antes de enfrentarse a la situación política más difícil de toda su vida. Otra crítica consiste en afirmar que hubiera podido convertirse en un ejemplo de resistencia al golpe y, de este modo, habría conseguido establecer las bases para una regeneración liberal del sistema. Pero no hubo un auténtico apoyo social frente al golpe ni tan siquiera existió un deseo por parte del propio Gobierno de mantenerse en el poder. La opinión de que hubiera bastado la resistencia del monarca sobrevalora el papel que pudieron desempeñar las posiciones individuales, un error muy característico de la etapa regeneracionista, pero inaceptable en la visión histórica retrospectiva.

Una comparación con lo sucedido una docena de años antes en Gran Bretaña resulta muy expresiva. Jorge V, en 1911, optó por los liberales frente a los conservadores, pero en realidad no hizo otra cosa que ratificar el predominio de la Cámara de los Comunes sobre la de los Lores en un país en que esa tendencia se había dibujado desde hacía tiempo y donde las elecciones eran veraces. La elección de Alfonso XIII fue mucho más complicada, dadas las características del sistema político en que ejercía su magistratura. A las pocas semanas del golpe estaba entusiasmado por la decisión que había tomado y convencido de que podría llevar a cabo la regeneración de España. Pero sabía, también, lo que se jugaba. Durante las horas decisivas había procurado mantener la apariencia de legalidad constitucional al nombrar a Primo de Rivera, pero era consciente de que, por muy popular que fuera el golpe, desde aquel momento quedaba planteada la cuestión de régimen. Eso explica lo que le dijo al embajador francés. Pero aún se estaba muy lejos del cuestionamiento frontal de la Monarquía. La opinión pública de modo claramente mayoritario estuvo con los golpistas. Claro está que desde un principio sectores de izquierda vieron, en lo sucedido, la victoria de la impunidad, pero el embajador británico calificó el manifiesto del PSOE como puramente «formal». El liberal El Sol acogió el golpe con una «benévola expectativa»; el católico El Debate se manifestó «decididamente favorable». Si de estos testimonios pasamos a los de quienes estuvieron en contra de la Dictadura encontramos la confirmación de la buena recepción generalizada del golpe de Estado. Azaña aseguró que «gentes honradas que forman la masa neutra… han acogido con júbilo este escobazo» porque «el país no podía más». Los mismos dirigentes de los partidos del turno dieron la sensación de no tener mucho en contra del establecimiento de un régimen excepcional. Un recorrido por las posiciones de los más relevantes demuestra que esta actitud estaba generalizada. Los liberales (de Romanones a Alcalá Zamora) aseguraron que la Dictadura estaba llevando a cabo sus propósitos. Romanones, por ejemplo, aseguró que lo sucedido era «algo que se explica aunque no se justifique» y que «los militares debían gobernar solos, sin dificultades, pero sin ayudas de los políticos». No hubo una declaración más significativa que la de Melquíades Álvarez, la extrema izquierda del liberalismo en ese momento. «Yo hubiese realizado por la forma legal cuanto él ha hecho», aseguró unas semanas después del golpe. De los conservadores poco cabe decir. Conocemos la postura de Maura y el Rey parece haber consultado a Sánchez Guerra como jefe de los conservadores; éste propuso un ministerio «con los generales de más prestigio y que aunque en el fondo sea dictadura tenga vestiduras y apariencias constitucionales» [186]. Tampoco en este sector hubo verdadera resistencia. En el momento de iniciar su singladura, la Dictadura tenía al país a su lado.

CAPÍTULO IV

EL REY Y LA DICTADURA

Establecido el régimen dictatorial de la forma descrita, conviene aclarar que la convivencia entre un sistema político como el citado y una Monarquía no fue un acontecimiento tan infrecuente en la Europa de la época.

Las comparaciones que deben hacerse en el caso de la Dictadura española remiten a la Europa periférica, del Este, balcánica o central del mismo periodo. Esos regímenes fueron el producto de la existencia de una fuerte inestabilidad parlamentaria y de una espiral de graves conflictos irresueltos e incluso aparentemente insolubles. Un liberalismo mucho más teórico que real, acompañado por problemas de corrupción y, a menudo, por la carencia de integración nacional o la existencia de un grave problema exterior contribuyeron al nacimiento del régimen dictatorial. En Italia, en cambio, existió no sólo una derecha revolucionaria sino también una experiencia democrática previa aunque no fuera más que germinal a partir de 1913 y, sobre todo, de 1919. A diferencia de lo sucedido en Italia, las dictaduras de Europa del Este o las balcánicas no fueron el producto de la conquista del poder por parte de un partido político sino que quien tomó el rumbo trató luego de apoyarse en algún tipo de organización popular cuya entidad y grado de movilización no fueron muy significativos. Cuando hubo esa organización —lo que no se produjo en todas las ocasiones— se trató de un apoyo social desmedulado y poco vertebrado que no llegó a convertirse en verdadera organización partidista; en muchos casos no se pasó de regímenes militares burocráticos. Esos grupos políticos de apoyo a la dictadura resultaron ocasionales y efímeros. Tal fue el caso del BBWR polaco, nombre que nacía de unas siglas que corresponden en polaco a «Bloque no partidista de apoyo al Gobierno».

En su origen, las mayores similitudes entre la Dictadura de Primo de Rivera y las de los países del Este o balcánicos se produjeron en los casos de Grecia y de Polonia. En Grecia, el golpe de Estado fue consecuencia de un grave desastre militar en una operación, aún mucho más contestada desde un principio que la guerra de Marruecos en el caso español. Uno de los generales más relevantes, Metaxas, había criticado en público desde un principio el intento de ocupar Asia Menor desplazando a los turcos. La reacción política tras el desastre en agosto de 1922 llevó a la abdicación del Rey Constantino y al juicio de ocho de los ministros y principales asesores militares del Rey que habían sido impuestos al frente de la operación de mando; de ellos seis fueron ejecutados. En Polonia, el golpe de Estado fue obra de un militar que era mucho más indisputado que Primo de Rivera —y también estaba menos interesado en la política— pero que, como él, partía de una sedicente voluntad de regeneración (en su caso, denominada sanacija). La conspiración trató de evitar el derramamiento de sangre hasta el punto de que el general conspirador —Pilsudski— anunció a su mujer que volvería a casa a comer el día en que estaba previsto el golpe.

Pero lo que principalmente nos interesa es que también en esta región del mundo se produjo la existencia de dos poderes potencialmente antagónicos al frente de una situación autoritaria. Hubo dictaduras políticas o militares y también monárquicas; a veces coincidieron y el balance de esta diarquía resultó frecuentemente muy peligroso para los regímenes. En Yugoslavia, el Rey Alejandro, tras conminar a las fuerzas políticas, inició una etapa dictatorial que duró hasta 1931, momento en que, quizá por influencia de lo sucedido en España, se abrió a una reforma que permitía las elecciones pero con un sistema mayoritario que representaba muy mal a un país tan plural como éste. En 1934, el Rey fue asesinado sin haber conseguido crear un sentimiento de patria común yugoslava. La regencia posterior del príncipe Pablo mantuvo idénticas características políticas. En Bulgaria, la dictadura tardó en llegar hasta mayo de 1934, propiciada por la existencia de terrorismo y por la crisis económica. En realidad fue un militar, Velchev, quien se adelantó al Rey Boris, que tenía propósitos semejantes. Ya en abril de 1935 el Rey acabó imponiendo su propia dictadura aunque tolerara cierta participación política popular. En Grecia, los oficiales republicanos triunfantes después del desastre de Asia Menor no se conformaron con la abdicación del Rey; en 1924, un referéndum dio la victoria a la República pero ésta concluyó en una dictadura presidida por el general Pangalos (1926), en cierta medida semejante a Primo de Rivera en algunas de sus medidas un tanto arbitrarias, pero de pretensiones regeneracionistas: si Primo de Rivera hacía recomendaciones dietéticas a los españoles, Pangalos indicó a las griegas el número de centímetros de longitud de las faldas femeninas. La política griega tuvo como adicional componente de complicación el hecho de que una de las fuerzas políticas más destacadas fuera la dirigida por Venizelos, quien osciló entre Monarquía y República. La restauración de la primera mantuvo una apariencia de normalidad tan sólo unos meses, entre 1935 y 1936, para ser relevada finalmente por otra dictadura presidida por el general Metaxas. En Rumania, la dictadura del Rey Carol se impuso en febrero de 1938. Brillante y enérgico pero ignorante y demagogo, Carol se dedicó a dividir a los dos grandes partidos —el campesino y el liberal— desde 1930 en que llegó al trono. Al final justificó su dictadura afirmando que el gobierno parlamentario se había hecho imposible, cuando él había contribuido en una elevadísima proporción a este resultado.

Todos estos casos testimonian que en una situación de escaso arraigo del parlamentarismo o de su adulteración, la Monarquía se convirtió en un posible protagonista de una alternativa política autoritaria. No fue, sin embargo, la única porque también hubo otras de carácter militar. En realidad, ambas posibilidades convivieron siempre en tensión resultando a medio plazo incompatibles. La Monarquía predominó en la mayor parte de los casos, al menos a corto plazo.

Si bien se mira, todos estos ejemplos de países del este de Europa o balcánicos plantean una situación como la que hubiera podido producirse en España en el caso de que el Rey, como pensó en algún momento, hubiera tomado el poder con el apoyo del ejército como institución. Merece la pena, sin embargo, referirse también a lo sucedido en Italia en donde, aunque el ascenso al poder fuera llevado a cabo por un partido y no por un militar, la relación entre el Rey y la Dictadura fascista reviste un especial interés.

En realidad, la marcha sobre Roma fue mucho más una maniobra psicológica que una toma del poder por la fuerza. En este sentido, si bien Víctor Manuel III no consultó prácticamente a nadie a la hora de decidir la entrega de poder a Mussolini y tampoco optó por movilizar al ejército cuando desde el punto de vista constitucional le correspondía el mando, la primera etapa del mandato de Mussolini se adecuó a la legalidad mucho más que en el caso de Primo de Rivera. El «transformismo» hizo que una parte de las fuerzas políticas acabaran por aceptar el gobierno mussoliniano adaptándose a él. Por su parte, Mussolini mantuvo las costumbres hasta entonces existentes en el sistema liberal: despachaba, por ejemplo, dos veces a la semana con el Rey.

Puede decirse que la subida al poder de Mussolini se realizó en dos momentos sucesivos, siendo el segundo el que tuvo lugar a partir del asesinato del diputado socialista Matteotti. Entonces la dictadura estableció un sistema político distinto del liberal y de ninguna manera se concibió a sí misma como un paréntesis, algo que caracterizó a la española. El Rey italiano dio la sensación de haber renunciado a sus poderes o de no ejercerlos; ni siquiera hablaba con los embajadores extranjeros y se dedicaba a sus ocupaciones privadas sin que los observadores extranjeros percibieran las tensiones que, como veremos, fueron habituales entre Alfonso XIII y Primo de Rivera. Poco a poco las diferencias entre la Monarquía y el régimen fascista se difuminaron. Víctor Manuel III aceptó una disposición que preveía su firma en el nombramiento del secretario general del partido fascista, encendió la lámpara votiva dedicada a los mártires fascistas, peregrinó al lugar de nacimiento de Mussolini y cedió su anillo de boda a una suscripción pública cuando Italia fue sancionada por la Sociedad de Naciones. Mussolini controló los nombramientos (y los teléfonos) de la Casa Real. El Rey no hubiera deseado la introducción de la legislación racista pero pareció sobre todo interesado en la conservación de sus poderes militares.

Algo de eso le sucedió cuando estalló la guerra mundial en 1939. Como tantos otros, el Rey se vio sorprendido y conmocionado con la derrota francesa del verano de 1940. Cuando Mussolini decidió entrar en guerra, quiso convertirse en el supremo mando militar pero no se atrevía apenas a proponérselo. Al final optó por una delegación temporal de sus poderes por parte del Rey, argumentando que debía evitarse que un mal resultado bélico perjudicara a la Monarquía. Desde el principio el monarca sabía que una estabilización de la guerra sería desastrosa y que una guerra larga constituiría una catástrofe para Italia. Al mismo tiempo, sin embargo, consideraba como un propósito nacional la conquista de Niza y Córcega sin las cuales Italia estaría «inacabada», de modo que la participación italiana en el conflicto no supuso un cambio profundo en la relación entre el fascismo y la Monarquía. En lo que difirieron el Rey y Mussolini fue, sobre todo, en la perpetua y profunda desconfianza del monarca respecto de los alemanes. Afirmaba que la alianza establecida con ellos se había hecho a sus espaldas, de tal manera que sólo llegó a enterarse cuando un rechazo de ella por su parte habría tenido un resultado aún peor.

Las iniciales victorias del Eje le hicieron confiar en haber acertado pero, por ejemplo, pese a la «impenetrabilidad» de la que hacía gala, estuvo en contra de la invasión de Grecia. Cuando se produjeron los desastres en esta campaña estuvo al lado de los militares y en contra de los propósitos del Ministerio de Cultura Popular de culparlos por lo sucedido. Pero él mismo supo muy poco de los nombramientos más importantes de carácter militar o político y del desarrollo de las operaciones, pese a sus poderes constitucionales. Cuando las cosas empeoraron, comenzó a tratar a los fascistas como «esta gente» y a atribuir su aceptación del golpe de Estado de 1922 al hecho de que le «habían dejado solo». Con el paso del tiempo arreciaron sus motivos de discrepancia: sintió una fuerte irritación por el hecho de que no se hubieran cumplido las promesas hechas a los montenegrinos; al parecer, tampoco fue partidario de la intervención en la guerra contra Estados Unidos y desde finales de 1942 insistió en que las tropas enviadas a Rusia volvieran a Italia.

«Todos miran a la Monarquía como un ancla de salvación para el caso de que la guerra se resuelva en una derrota», escribió en su diario el militar más cercano al Rey a finales de 1942. Pero el monarca no quiso fiarse de nadie y, por tanto, se siguió manifestando impenetrable. A los más cercanos, ya en marzo de 1943, les admitió, a lo sumo, que buscaba el momento más oportuno para desplazar a Mussolini pues una decisión prematura supondría un desastre. Seguía afirmando que éste tenía «una gran cabeza» mientras que daba la sensación de querer librarse del fascismo sólo mediante pequeños y tímidos pasos sucesivos. Únicamente en las semanas finales el Rey llegó a decir a sus próximos que cuando hablaba a Mussolini tenía la impresión de que «no entendía o no quería entender». La conversación final que mantuvo con él en julio de 1943 daba la sensación, sin embargo, de que el líder fascista era incapaz de enfrentarse al monarca; la insurrección de los suyos y la acumulación de desastres le habían reducido a la impotencia. Pero la tardía decisión de Víctor Manuel hizo todavía más complicada la perduración de una Monarquía que había estado siempre estrechamente enlazada con el fascismo. Al producirse la caída de éste, la propia impenetrabilidad del Rey hizo que no utilizara otro procedimiento para justificar su actitud previa que las memorias de Ciano, yerno de Mussolini, que de ninguna manera permitían apreciar tanta diferencia entre el monarca y el dictador. El propio gobierno que formó pretendió que estuviera libre a la vez de fascistas y de opositores en una posición que complicaba aún más la posible perduración de la Monarquía [1].

Cuando cayó la Monarquía italiana ya habían pasado tres lustros del final de la española. En ambos casos la relación mantenida con un régimen dictatorial fue determinante para su final. Tendremos ocasión de comprobarlo en las páginas que siguen.

PRIMEROS PASOS: UNA DICTADURA REGENERACIONISTA

Como sabemos, la fórmula por la que se llegó al establecimiento de la Dictadura fue el producto de una especie de componenda entre los deseos de Primo de Rivera de establecer un régimen militar de gobierno y los del Rey de evitar una violación demasiado frontal de la Constitución. De ahí que en el decreto del 15 de septiembre de 1923 se otorgara al dictador la condición de ministro único que, por tanto, debería tan sólo asesorarse con el concurso de los restantes miembros del Directorio militar, nombrados todos ellos de forma automática. En su condición de tal, Primo de Rivera se encargaba de la «gobernación del Estado» —una fórmula imprecisa semejante a la que luego utilizaría Franco— «con poderes para proponer al Rey cuantos decretos convengan a la salud pública, que tendrán fuerza de ley ínterin en su día no sean modificados por leyes aprobadas por las Cortes del Reino». En el preámbulo de la disposición se daba una explicación de por qué se había recurrido a tal fórmula, que pretendía ofrecer una imagen, a la vez, de modestia y de temporalidad de la opción dictatorial. El dictador afirmaba, en efecto, que quienes habían impuesto el nuevo régimen «no se sentían capacitados para el desempeño de carteras ministeriales» —el decreto suprimía los cargos de presidente y de ministro— y que tenían el propósito inmediato de restablecer la Constitución. Todo ello no se entiende sino teniendo en cuenta los fervores regeneracionistas del momento que imaginaban posible establecer un régimen liberal auténtico y libre de sus inconvenientes pasados mediante el ejercicio del poder durante un periodo corto de tiempo por parte de unos militares que no eran políticos profesionales. Este juicio sobre la situación política puede parecer todo lo simple que se quiera pero fue enormemente popular en gran parte debido al desprestigio del sistema político de la Restauración [2]. No ya la opinión pública urbana sino incluso buena parte de los intelectuales se adscribieron a él. Resulta lógico que también el monarca se viera influido por este ambiente.

No puede extrañar, en consecuencia, lo sucedido dos meses después del golpe. El 12 de noviembre la prensa anunció la visita de los presidentes del Congreso, Melquíades Álvarez, y del Senado, Romanones, al Rey para entregarle un documento en el que se le recordaba que, de acuerdo con el artículo 32 de la Constitución, debía convocar las Cortes en el plazo de tres meses desde el momento de su disolución; este precepto, decía el texto del documento, había sido olvidado también por el Gobierno. El Rey se limitó a darse por enterado. Ese mismo día la prensa publicó la réplica del Directorio, en la que se decía confiado en que el pueblo español, que apreciaba en su justo valor las Cortes, no lamentaba la desaparición del sistema político anterior ni tampoco deseaba su retorno. El propósito de recuperar unas Cortes «que se reúnen poco y para una labor ineficaz» no era otra cosa, según el Directorio, más que el pretexto para una «inocente acometida» del sistema político anterior. «El país no se impresiona ya con películas de esencias liberales y parlamentarias», añadía. No se podía pedir que en cincuenta y cinco días el Directorio solucionara el caos producido en los últimos años, aseguraba. Primo de Rivera procedió ese mismo día a destituir a ambos presidentes y a disolver las comisiones de régimen interior de las Cortes.

La importancia del hecho es enorme porque de este momento data la verdadera violación de la Constitución y el perjurio del monarca, por mucho que el propio Rey considerara ya en peligro su Corona desde el mes de septiembre. No sólo se incumplía así de forma explícita su texto sino que además se toleraba la destitución al presidente del Congreso que, a diferencia de lo que sucedía en el Senado, era nombrado por dicha Cámara y no por el Rey. Había, por tanto, violación de la Constitución pero también escarnio. Merece la pena, no obstante, tomar nota de que la reacción ante lo sucedido fue mínima. Ortega y Gasset mismo se limitó a dar por descontado que «a nadie le aprovecharía el retorno de las instituciones parlamentarias». El propio conde de Romanones narra en sus memorias que el Rey les recibió junto al quicio de una puerta y que la entrevista fue tan breve como poco cordial, pero admite también que habiendo cumplido con lo que creían un deber se encontraron en una «completa soledad». Prácticamente sólo el Diario Universal, propiedad del conde, expresó su identificación con ambos presidentes; el resto de la prensa, en pleno fervor anticaciquil, ironizó ante lo que creía una maniobra política más de los políticos de la etapa anterior. «Se hubiera podido pensar», escribió el embajador británico, «que una medida de este tipo, que iba contra la esencia misma de la Constitución, motivara una protesta tal que incluso la censura hubiera sido incapaz de suprimirla». Pero no fue así y la razón estriba en que la peculiaridad de la vida política española había dejado totalmente en precario al género de liberalismo hasta entonces existente y había hecho confiar de forma generalizada en un regeneracionismo tan elemental como el del general Primo de Rivera [3].

Como es lógico, nos interesa de forma especial la posición de Alfonso XIII en este momento decisivo. De acuerdo con la narración de Romanones parece evidente que la entrevista que el Rey tuvo con los presidentes de las Cámaras fue breve; tanto, que ni siquiera leyó ante ellos la carta que se le entregaba. Cuando, por fin, lo hizo, su contenido le debió indignar y escribió a Romanones, con quien le unía una estrecha intimidad personal, una respuesta airada:

Querido Álvaro: Esta mañana, cuando recibí al ex presidente del Congreso y a ti no creí que vuestro documento tuviese frases tan duras como la de suponerme perjuro al decir que, habiendo jurado sobre los Santos Evangelios la Constitución, faltaba a ella.

Por España y por Dios ciño mi espada y, a fuer de honrado, si creo que debo seguir un camino lo sigo, bien entendido que no me guía más norte que un acendrado patriotismo y el deseo de legar a la historia sobre mi cadáver esta corta inscripción pero claro resumen de mi vida: «Fue siempre Español».

No te puedo ocultar que ver tu firma al pie de ese documento me causó sorpresa suscribiendo frases que me ofendieron como particular pero que me honran como Rey de España pues prueban que cumplo el artículo tácito de toda Constitución: «Salvar a la Patria».

El resultado de vuestro sistema España lo proclama y yo, que al deseo de mi Pueblo me uno a él, al grito que nos une a todos y espero que tus ideales liberales no te impidan el unirte a mí para gritar «Viva España» y unidos todos tratar de dar a la Patria lo que ella se merece.

Más adelante hablaremos de Constitución y Cortes, hoy decimos Paz y Orden al país. Espero tu rectificación y quedo tuyo affmo. [4]

Lo peculiar de esta carta no sólo reside en lo entrecortado de la redacción ni en lo muy explícito del contenido sino también en el hecho de que el Rey se pronunciara de una forma tan nítida en una cuestión política muy espinosa. Fue, sin duda, una reacción visceral (en el libro copiador de correspondencia del Palacio Real se indica que toda la carta fue escrita «de regia mano» pero no figura en el archivo de Romanones). El monarca estaba sin duda poseído por los fervores regeneracionistas del momento; le habían capturado exactamente igual que al resto de la opinión. Y, como así había sucedido, proporcionaba a los opositores del régimen el mejor documento probatorio de su admitida falta de fidelidad a la Constitución. Pero en él quedaba también claro que la dictadura era concebida como un régimen tan sólo temporal y como un paréntesis autoritario para volver a una solución liberal. Por entonces un político del viejo régimen, Miguel Maura, que decía haber llegado a Madrid «asustado» por las perspectivas del golpe, a pesar de juzgar que (los militares) «han sentado un precedente que puede resultar funesto», reconocía estar por el momento «encantado» [5]. Con el paso del tiempo, como se sabe, se convertiría en ministro del Gobierno provisional republicano que hizo abdicar a quien había coincidido con su pensamiento en las primeras semanas del golpe.

Lo que nos interesa no es tanto hasta qué punto estaba el Rey impregnado de la furia regeneracionista sino si fue protagonista del rumbo político marcado desde el Gobierno. Todo hace pensar que no fue así.

Hacia finales del año 1923 se produjo el viaje del presidente del Directorio y el monarca a Italia en un momento en que la Dictadura tenía adquirida de forma clara su aceptación de cara a la opinión pública. Se ha señalado frecuentemente como consecuencia de este viaje una identificación con la Italia mussoliniana, pero ni ésta había adquirido por el momento sus perfiles totalitarios ni, además, Primo de Rivera insistió en las semejanzas. Para él éstas consistían —según dijo luego— en algo tan genérico como que en ambos países pueblo, Rey y ejército se habían unido contra los profesionales de la política [6]. El viaje, además, había sido preparado durante la etapa del Gobierno de Concentración Liberal por Santiago Alba y tenía como objeto compensar el excesivo peso sobre la política exterior española de Francia y Gran Bretaña [7]. Otra cosa es lo que se percibiera desde el punto de vista internacional. Mussolini, inmediatamente después del golpe de Estado, encomendó a su embajador que se entrevistara con el dictador y le sugiriera la posibilidad de acuerdos de carácter político-militar. Tanto los británicos como los franceses juzgaron que el viaje de forma necesaria debía tener ese contenido. En la prensa francesa Alfonso XIII fue descrito como «el Rey con camisa negra» [8].

Pero ni el Rey merecía esta descripción ni las consecuencias del viaje fueron lo importantes que en algún momento se llegó a pensar. De la presencia del monarca en Italia las narraciones periodísticas retuvieron dos anécdotas a las que se ha dado con posterioridad una importancia exagerada por parte de algunos historiadores. La primera se refirió a la mención que hizo acerca de su relación con el dictador asemejándola a la que el Rey italiano podía tener con Mussolini (al presentar al primero como secondo del dictador italiano). Pero, como ya se ha advertido, ni el régimen italiano había adquirido sus características ni el deseo de imitación pasaba de lo genérico. La segunda declaración le fue criticada al monarca pero no tenía nada que ver con el régimen vigente en Italia; se refirió a la respuesta que dio al Papa con ocasión de haber recibido la máxima condecoración pontificia. El contenido de su discurso resultó coincidente con una peculiar versión de la historia española que la identificaba con el catolicismo y que, además, venía a asimilar la guerra de Marruecos con el espíritu de la Reconquista y de las Cruzadas. Lo cierto es, sin embargo, que este tipo de discurso del Rey no puede ser imaginado sino en presencia de quien lo oyó. La responsabilidad del mismo cabe atribuirla al redactor más que al propio Alfonso XIII quien, por sí mismo o por consejo de alguien, moderó sus aristas más estridentes en el momento de pronunciarlo. Hizo desaparecer, por ejemplo, la mención a la lucha en Marruecos «contra el secular enemigo de nuestra Patria y nuestras creencias» y la promesa de que los españoles, si preciso fuera, «formarían como en pasados siglos a la vanguardia de los cruzados y pelearían y morirían» [9].

Con ocasión del viaje a Italia meditó Primo de Rivera una reorganización del trabajo del Directorio Militar que se produjo mediante un decreto ley fechado el 21 de diciembre y publicado al día siguiente. Se esperaba más de él cuando contuvo, en realidad, modificaciones menores. En su preámbulo se disponía por un lado la continuación del estado de anormalidad «para consolidar la labor iniciada» y resolver los problemas más apremiantes, pero se señalaba también, sorprendentemente, que no existía por parte del dictador el deseo de impedir que el Rey acudiera a requerir a la persona que pensara que mejor podía servir a los intereses públicos. El desbocado regeneracionismo era compatible, por tanto, con una acusada conciencia de temporalidad.

Ya sabemos que Alfonso XIII partía de ella. Una vez obtenido el triunfo del golpe el Rey ratificó siempre las primeras declaraciones que había hecho a los embajadores de las principales potencias: él no había participado en la conspiración, ni la había conocido. Reconocía haber violado la Constitución al haber permitido el acceso al poder de Primo de Rivera y dejaba entrever su preocupación por una futura exigencia de responsabilidades respecto de su persona, pero aseguraba que su primera misión era «servir al país». Resulta lógico, en el clima del momento que, como tantos otros españoles de la época, sintiera a la vez una sensación de alivio ante la superación de la situación inestable inmediatamente precedente. Los embajadores francés e inglés fueron testigos de este cambio de actitud del Rey, muy pesimista en las semanas anteriores al golpe y ahora impulsado por un idéntico ánimo regeneracionista que se percibía en toda la vida nacional, lo que le llevaba a un mayor optimismo en ella; el francés, sin embargo, apreciaba la dificultad de que un régimen dictatorial como el español funcionara adecuadamente con dos cabezas, como sucedía en España. Carlos Seco ha recordado que el monarca se expresaba en su correspondencia con su familia con un optimismo infrecuente: aquélla era una «España nueva» donde «da gusto trabajar».

Esa combinación entre una identidad esencial (y entusiasta) entre Alfonso XIII y el dictador y una preocupación por la institución monárquica o un potencial enfrentamiento futurible resulta confirmada también por otras fuentes. Precisamente con ocasión del viaje realizado a finales de año a Italia por uno y otro se pudo apreciar y de ello nos ha dejado testimonio Lequerica en una carta dirigida a Maura. Estaba destinada a explicarle lo sucedido por indicación del monarca, posible prueba de que éste no descartaba la posibilidad de recurrir a él en un futuro. En ella el político vasco de filiación conservadora no dudó en introducir juicios propios. «Realmente», escribió, «el Rey se ha dado buena maña para ser él la figura central en el viaje y oscurecer a su «piccolo Mussolini». El político y el ministro de Negocios Extranjeros han sido, según parece, el propio don Alfonso. La Dictadura le concede, al menos fuera de España, una libertad de movimientos y de palabras que difícilmente hubiera tenido en otras épocas. De sus muchos discursos, he oído el de la Academia de Pintura. Dijo, en un tono de sorna melancólica muy pronunciado, lo de que estaba fuera de la Constitución. Lo dijo, además, en sus primeras palabras… Chocó un poco la frase además pronunciada (sic) en aquella apacible casa llena de obras de arte. Era salirse incluso de la Constitución provisional que «ahora, según parece, rige en España». En realidad buena parte del éxito del monarca se debió a que Primo de Rivera, de quien los dirigentes fascistas italianos habían esperado un homólogo, decepcionó muy pronto porque carecía de ese aspecto heroico y revolucionario que los fascistas atribuían a su propio movimiento. En la práctica cuando, en marzo de 1924, la familia real italiana devolvió la visita fue al Rey español a quien se dirigió la correspondencia al efecto. Maura no sólo recibió esta información respecto de la estancia del monarca en Italia sino también otra de su propio hijo primogénito, Gabriel, quien constató, entre Víctor Manuel III y Mussolini, una «convivencia cotidianamente incómoda, todavía más que, por confidencias de Alfonso XIII, sé que lo es la suya con Primo de Rivera». Había, pues, empezado a aparecer un posible enfrentamiento entre el jefe del Estado y el dictador. Una importante razón por la que distaba mucho de traducirse en la práctica era que a esas alturas no existía realmente una oposición digna de ese nombre entre los políticos del liberalismo oligárquico. Pero cuando comenzaron a surgir dificultades en lo que respecta a una cuestión decisiva como era el problema de Marruecos, el Rey empezó a mostrarse inquieto y a preguntarse por una posible solución alternativa a Primo de Rivera. Lo veremos, páginas más adelante, al tratar de la retirada en la zona occidental del protectorado marroquí durante 1924 y de la posibilidad del desembarco en Alhucemas en 1925. No sería una única ocasión, a lo largo del régimen, en que se convirtió en patente y conflictiva esta bipolaridad del poder político [10].

Por lo demás, durante los primeros meses de existencia de la dictadura, uno de los aspectos más característicos de la actuación gubernamental fue el relativo a las persecución de las inmoralidades administrativas que tenían fama de ser una constante de la vida cotidiana española durante el periodo. En nada de ello participó el Rey aunque resulte probable que coincidiera en buena parte de los juicios sobre el grado de corrupción existente; es lógico que así fuera por estar impregnado del característico regeneracionismo del momento. Tan sólo hemos encontrado una prueba —y no pública— de identificación del Rey con las persecuciones moralizadoras emprendidas por la dictadura de Primo de Rivera. Consta en un documento de la Compañía Arrendataria de Tabacos suscrito por su director, Bastos Ansart, en que se afirmaba que dicha entidad había ganado unos 118 millones más durante el periodo de gestión del citado personaje como consecuencia de la persecución del contrabando del tabaco. De los 38 barcos aprehendidos dedicados a esta actividad, 21 llevaban cargamentos fabricados por Juan March quien, como se sabe, no sólo tenía un importante papel en la vida económica de las islas Baleares sino que también ejercía allí una hegemonía aplastante en su política al final del parlamentarismo liberal. El Rey escribió en el citado informe un expresivo «¡Muy bien Bastos!» firmando con sus iniciales [11]. Aunque algunos políticos de la etapa del parlamentarismo liberal acabaron por abandonar el campo monárquico debido, al menos en parte, a la persecución de sus clientelas políticas, todo hace pensar, sin que tengamos testimonios probatorios, que el Rey procuró evitarla y, por supuesto, verse implicado en ella.

Al propósito de regeneración liberal de la primera etapa de la Dictadura cabe atribuir también el intento efímero de modificar la composición del Senado. Como se sabe, la Constitución de 1876 no exigía la reforma constitucional para producir este cambio y desde hacía bastante tiempo tanto los tratadistas de derecho político como los partidos de izquierda habían defendido esta reforma. Un proyecto redactado por Primo de Rivera en este sentido pretendía la supresión de los nombramientos vitalicios de senadores partiendo de que éstos, «basados en razones políticas», convertían a la Cámara alta, donde debían estar «los príncipes de la intelectualidad española», en «refugio de las viejas oligarquías». En adelante los senadores vitalicios serían sustituidos por otros de nombramiento real prorrogable, pero que sólo duraría cinco años en un primer nombramiento. También el estatus de los senadores nobles o por derecho propio experimentaría cambios: no podrían ser más de treinta y tampoco tendrían carácter vitalicio, sino que serían nombrados por un periodo de cinco años. Finalmente, el proyecto introducía también la representación corporativa de las asociaciones patronales y obreras con el propósito de facilitar la «armonía social». El proyecto tenía, por tanto, un contenido liberal. Era, sin embargo, obvia la dificultad para llevar a la práctica una medida como esa que equivalía a la disolución de la porción permanente del Senado mediante una disposición que no tendría el rango de decreto. Parece evidente, en fin, que podía atraer las quejas de no pocos miembros de las clases altas y del propio Rey, cuyo agravio a la Constitución se haría, de esta manera, más patente. Todo este conjunto de razones, junto con la ausencia de necesidad de una rápida vuelta a la normalidad, pueden explicar que la disposición no se llevara a la práctica [12].

De todo cuanto antecede se deduce el limitado papel desempeñado por Alfonso XIII en la política durante esta primera etapa dictatorial. Pero su decisión de aceptar el golpe de Estado le hizo destinatario inmediato de fortísimos ataques. Fueron los primeros que tuvieron lugar de una forma que pareció sistemática al mismo tiempo que profundamente descalificadora. Nacieron entre elementos intelectuales y políticos y requirieron la respuesta del entorno del monarca.

LOS ATAQUES AL REY

La embestida en contra del Rey, inseparablemente unida al repudio de la Dictadura, se inició en los medios intelectuales. Por descontado, la figura primera y más conocida dentro de ellos fue Miguel de Unamuno. Para el escritor vasco, el golpe de Estado era la expresión grotesca de las peores lacras de la vida nacional. Obra de «adultos señoritos, sin meollo en la sesera, obsesionados por la masculinidad física», capaces de redactar textos de trivialidad castrense y de psicología de casino tras una noche de crápula, la Dictadura era lo mismo que la opresión reaccionaria, la «lepra carlista», en la que se daban la mano el Rey y el general que la presidía. Frente a ella él tenía «el deber del profeta», es decir, del denunciador impenitente. Como casi siempre, la valentía de Unamuno en la expresión no tenía, sin embargo, a su favor la enunciación de un programa político articulado sino que concluía en la descalificación personal tanto del monarca (calificado de «habsbúrgico» para ratificar su condición reaccionaria) como de Primo de Rivera, designado como el «ganso real». Acusado en 1922 en los medios izquierdistas por visitar al Rey aun siendo republicano, Unamuno llegó ahora a la conclusión de que la alternativa era «o liberales o dinásticos»: ambas posturas eran incompatibles. El monarca, descrito como «un monstruo de doblez y de perversidad», habría utilizado el pronunciamiento como «otro medio para encubrir la vergüenza de la campaña marroquí». Por tanto, no consideró ni por un momento aceptable el programa regeneracionista del general, a pesar de la sintonía con Costa que había expresado en otros momentos; en cambio resultó ser uno de los escasísimos defensores de la vieja política que quedaban en España y no tuvo inconveniente en cartearse con Santiago Alba. Parte de la violencia de su actitud derivó de su antagonismo con otros sectores intelectuales, no tanto de la derecha, como Benavente, D'Ors o Azorín, sino con la posición de expectativa benévola de que fue ejemplo Ortega y El Sol, en su esperanza de una transformación en sentido liberal de la política española. Solitaria y valiente, la postura unamuniana al poco tiempo había atraído hacia sí la admiración de no pocos intelectuales [13]. Interesa, por ejemplo, señalar que una posición parecida a la de Unamuno se puede percibir también en Antonio Machado. En su caso encontramos un pesimismo mucho más radical acerca de la presumible evolución de la política española. Por una sola vez en su vida durante los años 1923 y 1924 pareció interesarse por las pequeñas incidencias de la política. En sus diarios íntimos se acusa de forma directa al Rey del golpe de Estado: «Pintan espadas porque pintan cuando son pintadas», dice una de sus sentenciosas reflexiones [14].

Otros dos intelectuales, pertenecientes a la generación posterior, Ramón Pérez de Ayala y Manuel Azaña, adoptaron también desde los momentos iniciales del régimen dictatorial una actitud de clara oposición contra Primo de Rivera y contra Alfonso XIII. La posición del primero se basó en una reflexión sobre el militarismo que había estado presente en toda su obra. La del segundo fue más completa, radical y articulada. Frente a la actitud de benevolencia o de colaboración con un régimen inadmisible, Azaña levantó la bandera de la Inteligencia y de la Democracia, incompatible ya, para él, con la Monarquía. De cualquier modo, en ninguno de ellos existió la exasperada actitud de agresividad personal contra el monarca que caracterizó a Unamuno ni tampoco especularon sobre supuestos o reales actos suyos en relación con el golpe de Estado. Su posición era una derivación lógica de su liberalismo de izquierdas ante la circunstancia dictatorial.

De todos modos, los intelectuales disidentes eran una minoría a finales de 1923. Incluso las medidas que en esos momentos tomó el Directorio contra ellos distaron de provocar una respuesta unánime y solidaria de este sector en contra del régimen. El 22 de febrero de 1924 el dictador decidió clausurar el Ateneo, suspender de empleo y sueldo a Unamuno y deportarle a él y al periodista republicano Rodrigo Soriano a la isla de Fuerteventura [15]. Con los dos personajes citados había tenido Primo de Rivera incidentes previos; el segundo se refirió a sus relaciones con una supuesta prostituta. Mucha más trascendencia tuvo la sanción contra Unamuno. Es muy posible que estuviera motivada por intervenciones anteriores suyas pero suele afirmarse que el factor desencadenante fue una carta enviada a Américo Castro. Su texto testimonia la auténtica angustia que experimentó el escritor que, si embestía contra el Rey y el dictador, al mismo tiempo calificaba de «miserables» a quienes desde El Sol aceptaban hacer de consejeros del régimen y contra la «beocia encanallada» en que se había convertido la propia sociedad española. Con la excepción de Maeztu, todos los intelectuales que escribieron sobre la sanción a Unamuno (Azorín, Pérez de Ayala…) lo hicieron a favor del sancionado pero no se recataron en decir que en sus posturas políticas el escritor vasco merecía respeto pero no debía ser seguido por completo, dado el carácter personal de su enfrentamiento con el monarca. El eco de las diatribas de Unamuno en contra del Rey fue, en realidad, menor de lo que podía pensarse no sólo por su vehemencia y por ese carácter personal sino porque se perdió en diarios franceses que no siempre eran accesibles a los lectores españoles. Pero no cabe la menor duda de que la estrecha vinculación que el propio régimen político vigente en España establecía entre sí mismo y la Monarquía perjudicó de forma grave a ésta. Unamuno, confinado en Fuerteventura, pasó después a Francia y allí escribió sus virulentos artículos en Le Quotidien. El propio Primo de Rivera acabó polemizando con ellos en un tono relativamente moderado pero del que sobre todo hay que recalcar que aparecía como defensor del monarca con lo que, de modo inevitable, vinculaba los destinos de su régimen y los de la Monarquía. Hacía, además, dos afirmaciones de dudosa veracidad: «Es falso que el Rey de España haya presentado nunca la menor objeción a todas las iniciativas que los diversos gobiernos le han presentado acerca de Marruecos… (y) que haya perdido un solo átomo de la confianza y del amor de su pueblo, que no cesa de aclamarle en todos sus viajes, incluso los que carecen de todo carácter oficial». La respuesta del escritor se produjo con el contenido y la rotundidad previsibles: «Es un hecho que él llevó la cruzada marroquí por encima de los gobiernos, que se entendía directamente con el triste autor del desastre de Annual, en ocasiones con despachos redactados en una jerga convenida». Esa alusión a Marruecos estaba relacionada con el repudio radical del escritor a otorgar a una guerra colonial un contenido religioso. Unamuno afirmaba, además, haberle oído pronunciar una frase que bien puede haber sido cierta pero que posiblemente no tenía el sentido que quería atribuirle: «Si la iniciativa triunfa, son los ministros quienes reciben los honores; si fracasa, sobre mí recae la queja». Por lo demás, le atribuía al Rey haber conspirado contra el dictador en un momento en que, en efecto, la situación política era complicada. Y, en fin, sobre la popularidad del monarca decía que también era objeto de aplausos en Deauville y que «si vuelve a Fuerteventura sería aclamado por los camellos, estoy seguro». Encerraban estas palabras un agrio y profundo pesimismo acerca de los españoles convertidos en observadores pasivos de la vida política [16].

Las últimas semanas de 1924 y las primeras de 1925 presenciaron la irrupción de un nuevo opositor al régimen en el campo intelectual quien, además, habría de tener mucha mayor influencia en el exterior que Unamuno. Vicente Blasco Ibáñez era, sin duda, el novelista español más conocido en el mundo. Las generaciones intelectuales españolas más jóvenes se sentían, no obstante, un tanto lejanas respecto a su persona: Azaña lo describió, poco después del golpe de Estado, como un personaje romántico, anclado en tiempos remotos. En su decisión de enfrentarse con la Monarquía, más que con el régimen, y de editar contra ella dos folletos influyeron factores diversos, desde su republicanismo primigenio hasta su aburrimiento por la inactividad en su residencia en la Costa Azul francesa, pasando por un indudable oportunismo que le llevó a querer aparecer ante la prensa internacional como el héroe de la oposición frente a Primo de Rivera y, más aún, frente a Alfonso XIII. De su correspondencia con Santiago Alba, que parece haberle proporcionado gran parte de la maledicencia que luego destiló contra el monarca, puede deducirse que carecía de información concreta sobre España pues —aseguró, con su lenguaje característico— «sólo veo los diarios, que es algo así como verle el culo a Miguelito». Sabía, además, que Alba estaba ofendido por el comportamiento del monarca: «Varios soplapollas españoles» (sic) se lo habían dejado entrever. Resulta también claro que lo que le pedían sus editores y las grandes empresas periodísticas con las que trabajaba era que «tirara alto y lejos», es decir, contra el Rey y no tanto contra la Dictadura, al margen de que con los textos que escribiera Blasco se sintiera rejuvenecer en sus juveniles entusiasmos republicanos.

Tras haber estado en España y en París con Alba durante el verano de 1924 el escritor valenciano escenificó de forma meticulosa lo que describió como un «bombazo». En septiembre empezaron a aparecer las primeras informaciones que aseguraban que el novelista se había decidido a «bajar a la calle» en contra del monarca, al que describía como un «fantoche cruel y falso», antiguo germanófilo de quien el dictador era compañero de aventuras sexuales. Ya a mediados de octubre la Embajada de España en París anunció la inminencia de la aparición del folleto cuya edición figuró en la primera página de algunos de los diarios en castellano de mayor circulación en todo el mundo [17].

De ninguna manera esos folletos deben ser tomados como documentos de valor histórico probatorio pues el mismo escritor reconoció, como hemos visto, que sabía poco de España y de su política. Para comprenderlos es necesario enmarcarlos en la tradición literaria del libelo o del folleto denigratorio de combate político. En ellos, en efecto, no se puede encontrar ni pruebas de lo que Blasco afirmaba ni tan siquiera un propósito de convencer racionalmente al lector de las afirmaciones que en ellos se hacían. El tono empleado por Unamuno era el de quien sufría una grave crisis personal, incluso de carácter religioso, y añoraba su patria. Blasco Ibáñez, en cambio, era todo extroversión, agresividad verbal y voluntad de abrumar al lector con las pruebas irrefutables de la propia importancia.

El primer folleto de Blasco Ibáñez, dividido en seis capítulos, empezaba por presentar al escritor como un triunfador que se veía obligado en la fase final de su trayectoria a volver al campo de batalla en la defensa de su país frente a un régimen. A continuación venían los ataques al monarca porque el «casco» del navío en que España estaba embarcada era el Rey, mientras a los generales del Directorio no les correspondía más que la más modesta condición de «arboladura». Según el escritor valenciano, Alfonso XIII sería un amante del despotismo en la mejor tradición de Fernando VII y un imitador del Káiser alemán aunque su doblez le permitiera ocultarlo. Durante la guerra mundial en realidad había sido germanófilo y había permitido que los submarinos alemanes se abastecieran en la península. Tras la guerra fue él mismo el responsable de la organización de alguna de las bandas de pistoleros que actuaron en Barcelona. Lo que contribuía a dar alguna verosimilitud al texto de Blasco era la narración de supuestas anécdotas o sucedidos contados de forma pormenorizada.

La participación del Rey en el golpe de Estado se fundamentaba en el deseo de ocultar sus negocios personales, que incluirían la colaboración con aventureros dedicados al juego y las estafas en las apuestas de caballos, incluso cuando corrían los de su propia cuadra. Pero también el monarca habría sido culpable de aparecer como «gran caudillo» de la empresa marroquí, «la más incomprensible y absurda guerra que se conoce en la Historia». En definitiva, la Monarquía era la gran culpable de «la enfermedad nacional que ha pretendido curar luego por medio de la brutalidad militarista». Sólo en este momento descargaba Blasco sus iras en contra de Primo de Rivera pero si lo hacía era para volver finalmente al origen de todos los males. En ese momento el monarca español aparecía «a sueldo de la casa Krupp y de todas las casas alemanas que quieran darle una propina». Lo desgarrado del lenguaje no obstaba para que en realidad la propuesta política del dirigente republicano fuera moderada y convencional. En un folleto posterior propuso, en efecto, una república democrática sin otro contenido social que una muy genérica invocación a la reforma agraria. A menudo en los actos de propaganda en los que participó en París y Bruselas a finales de 1924 decepcionaba a un auditorio propicio a apoyar posiciones situadas más a la izquierda. Pero eso no disminuyó el colorismo de sus declaraciones: afirmó que utilizaría dos aviones para lanzar sus folletos por España e incluso no tuvo inconveniente en cuantificar de forma pública los gastos en que había incurrido en sus empresas de propaganda de las que él mismo aseguraba que le habían convertido en una especie de don Quijote. Por supuesto la policía trató de evitar que pudieran llegar a España sus folletos, pero con escaso éxito porque no sólo es posible encontrarlos en los archivos de los políticos profesionales de entonces sino también en alguna institución pública como el Ateneo de Madrid [18].

Como se acaba de comprobar, los intelectuales no constituyeron un peligro tan grave para el régimen durante los primeros meses de su existencia. Luego, en 1929, ese peligro fue real y además afectó sobre todo a la propia Monarquía, pero por el momento todo se reducía a gestos la mayor parte de los cuales eran inocuos y que, además, una Dictadura militar podía desbaratar con facilidad. A un intento, por las mismas fechas en que tenía lugar la difusión del folleto de Blasco Ibáñez, de realizar representaciones de Electra, atribuido a la iniciativa de «unos cuantos de los que a sí mismos se llaman intelectuales», se negó el permiso porque, al decir de Magaz, «sólo se trataba de perturbar el orden público, único entretenimiento de esa clase de intelectuales» [19]. Más tarde, la Monarquía misma tuvo razones sobradas de lamentar este tipo de actitud en relación con estos medios.

Más adelante nos referiremos a la respuesta, en forma de contracampaña, a la emprendida por Blasco Ibáñez pero ahora es preciso hacer mención a la actitud del único político del antiguo régimen que, por el momento, se había exiliado, Santiago Alba. Como hemos podido comprobar, es muy posible que fuera él quien proporcionara a Blasco Ibáñez una parte de los contenidos de sus folletos.

Los antecedentes de esto último hay que situarlos en los ataques, carentes de cualquier justificación pero muy tempranos y persistentes, que Primo de Rivera llevó a cabo contra el político liberal acusándole, sin pruebas ni siquiera indicio de ellas, de corrupción, al margen de cuál hubiera sido su política en torno a Marruecos, sin duda impopular entre buena parte de los elementos militares. No cabe duda de que estos ataques dolieron profundamente al ex ministro de Estado, motivaron su postura política durante la Dictadura y le alejaron de la Monarquía o, más concretamente de don Alfonso. En fecha muy temprana Alba envió desde Bruselas, una irritada y ofendida exposición al Rey en la que, sin embargo, no había, por el momento, señal alguna de antimonarquismo. Por el contrario, el ex ministro rendía «ferviente homenaje de gratitud» al monarca por un telegrama en el que leía «todo lo que su deber y las circunstancias permiten decir al Rey», a quien —es interesante recalcarlo— ni siquiera le hacía reproche alguno por su actuación en el momento del golpe. Alba negaba, por supuesto, «huir de la Ley» pero afirmaba «colocarse fuera del alcance de la fuerza». Frente a las acusaciones de inmoralidad de que había sido objeto que consideraba, con razón, «puerilidades odiosas y persecuciones inicuas», explicaba que su fortuna era el exclusivo producto de la dedicación a la abogacía y manifestaba confiar en que, «bajo la Monarquía de S. M.», le resultara posible defenderse.

Era una reacción lógica y natural, pero, al mismo tiempo resultaba difícil para Alfonso XIII dar una respuesta que le fuera grata a Alba. No hizo otra cosa que transmitir la queja a Primo de Rivera y éste respondió al político liberal de un modo que al último le debió resultar por completo inaceptable. Encontraba «legítima su aspiración de defenderse» pero la remitía al futuro pues «no sería posible autorizar ahora polémica periodística ni distraerse por ella el Directorio en sus apremiantes deberes». Un texto como éste demuestra, una vez más, que el dictador no era persistente ni cruel en sus odios, pero que podía resultar, a pesar de ello, especialmente hiriente. Un aplazamiento en la defensa después de las acusaciones de que había sido objeto, mientras que los textos de Alba no podían pasar la censura y su casa era invadida por la policía, constituía para éste un modo de escarnio complementario. Además, hay que comprender que la situación en que se encontraba Alba era especialmente frágil desde el punto de vista político: había miembros de su propio partido que se negaban a solidarizarse con él y tenía que acudir a personas como Sánchez Guerra, jefe del partido antagónico al suyo en el seno del sistema del turno, en demanda de apoyo [20].

Más adelante Alba intentó conseguir la rectificación de la política del Directorio con respecto a su persona pero le resultó todavía más difícil que haberlo intentado por conducto del Rey. A medida que las dificultades del Directorio, en especial en Marruecos, se hacían más graves su vehemencia contra quienes denominaba «los tiranuelos» fue creciendo. Pero en el verano de 1924 todavía no se refería en términos agresivos a la Monarquía en su correspondencia privada [21].

Ya en noviembre de 1924 el político liberal hizo unas explosivas declaraciones en la prensa argentina en las que se refirió a Alfonso XIII. Para él los recientes sucesos de Vera no eran otra cosa que una «sangrienta comedia» auspiciada por la Dictadura. Ésta, además, demasiado tardíamente había querido seguir en Marruecos la política defendida por el propio Alba y había envenenado la cuestión catalana atropellando en esta región incluso a «aquellos que mantenían antes más exaltado el sentimiento de la unidad española». Los citados, como veremos, eran problemas políticos que la Dictadura había agravado a esas alturas. Lo más grave, en términos políticos, de estas declaraciones era, no obstante, la invectiva dirigida contra el Rey que ahora estaría sufriendo «el castigo expiatorio por la participación notoria que tuvo en el golpe de Estado»; en adelante no habría un político en España «tan indigno que se atreviera a recibir tranquilamente y sin sonrojarse, de manos del Rey Alfonso, el encargo de formar un gobierno constitucional». Hay que recordar que Alba no había hecho estas acusaciones antes (tampoco las hizo en 1930) y advertir que no se declaraba republicano por el momento, pero, al mismo tiempo, esta postura contribuye a explicar el indudable papel que desempeñó cerca de Blasco Ibáñez para crear una imagen detestable del monarca español [22].

Pero ¿cuál fue la posición del Rey en relación con Alba? A finales de 1924 el secretario de Alfonso XIII, conde de Torres de Mendoza, recibió una copia de la carta que Alba había dirigido al marqués de Magaz en reivindicación de su honor personal con otra que tenía un claro tono amenazador. Alba nada rogaba, esperaba o pedía del Rey pero «sin intemperancia alguna… quiero que tenga noticia directa de aquel documento, para que no pueda, como en alguna otra ocasión, alegar ignorancia de los hechos»; «quien así lo hace o tolera», añadía, refiriéndose a la persecución de que era objeto, «será responsable de la iniciativa que yo adopte y de todas sus consecuencias».

A esta carta sí recibió respuesta Alba. El contenido de la enviada por el ex ministro liberal se explica por la difícil coyuntura que en esos momentos vivía la Dictadura, de la que, en los mentideros políticos, se anunciaba su desaparición inmediata. Por su parte la de Torres se explica por el deseo del Rey de no romper con los políticos de la Monarquía parlamentaria. En un principio la redacción por la que optó el secretario de Alfonso XIII fue más extensa y expresiva. Lamentaba que en la carta de Alba se pudiera «haber deslizado alguna expresión que pudiera interpretarse torcidamente» y decía confiar que en ella «no debía verse ninguna animosidad hacia el Augusto monarca, ya que no ignora cuál es su manera de ser y de proceder y sabe cuán ajeno ha sido a lo que para Vd. es motivo justificado de contrariedad». «Bien sabe», añadía,«que el Rey no ha tenido la menor intervención ni aun remotamente en las determinaciones del Directorio respecto a Vd., antes al contrario, hubiera deseado ver iniciadas gestiones para acabar con lamentables equívocos y con campañas no menos deplorables». De acuerdo con esta primera redacción el monarca habría recibido «una satisfacción al conocer el fallo favorable a Vd. del Tribunal Supremo de Justicia y hoy es uno de sus mayores anhelos el que desaparezcan los obstáculos y rémoras para que cuantos puedan continuar empleándose en el servicio de la Patria y de la Monarquía consagren a ello todas sus energías y capacidades».

Todo hace pensar que las frases transcritas correspondían a la estricta verdad. Si Alba hubiera recibido esta carta quizá se hubiera declarado satisfecho. Su contenido era, sin embargo, demasiado explícito e inevitablemente le habría causado problemas al Rey con el Directorio, de haberse hecho público por el interesado. Al final la carta de Torres de Mendoza, mucho más breve, tan sólo indicaba que el Rey le encargó en su momento que tratara con Magaz de la cuestión que motivaba la queja de Alba. Por su parte, el vicepresidente del Directorio militar dio por supuesto que todavía estaba pendiente ante los tribunales algún aspecto de la pasada vida política de Alba. Esto —y el hecho de que Magaz apareciera en una correspondencia dirigida al jefe del Estado a través de su secretario— fue lo que le debió indignar más al ex ministro. Aunque el vicepresidente del Directorio pretendiera que las cuestiones de las que se quejaba estaban sometidas al fallo de la justicia, el político liberal repuso que «yo no estoy procesado por ningún tribunal cuya sentencia deba aguardar», recordando puntualmente la persecución de que había sido objeto a partir de las calumniosas afirmaciones del dictador respecto a su persona. No es cuestión de enumerar de manera detallada el contenido de las acusaciones y la respuesta de Alba, por completo fundamentada, como bien sabemos. Lo que nos interesa es, sobre todo, apreciar el resultado político de la indignación sentida por el inspirador de la Concentración Liberal. Insistiendo en su desvío contra el monarca le pedía a Torres de Mendoza «la lealtad recíproca que se debe en la relación entre los soberanos y los que son o han sido sus ministros» pues, de lo contrario, «tendríamos que envidiar a los antiguos bufones que, al menos, sabían ganar el afecto y la protección de los Reyes» [23].

Estas palabras ya eran muy duras para ser empleadas con el secretario del monarca, pero el lenguaje con el que se expresaba Alba en su correspondencia privada con sus seguidores por esas mismas fechas todavía lo fue más. A uno de ellos le dijo tener «el profundo convencimiento de que todo lo que se haga ya al servicio del Rey será escribir en el agua» porque «el Rey… está perdido, definitiva e irremisiblemente perdido y no hay quien lo salve». «No es fácil predecir lo que va a suceder ahí», añadía, «ni sería discreto que yo lo escribiera si por ventura lo supiese; pero lo único cierto, fatal, ineludible, es que lo primero que se discutirá y se condenará son la persona y la política del Rey» de quien genéricamente mencionaba «las traiciones y bellaquerías». Como podía preverse, Alba aseguraba a su corresponsal que «el folleto de Blasco ha sido un éxito formidable y su impresión ha llegado a todas partes»; ya sabemos que él había jugado un papel importante en su gestación. Pero no debe pensarse que la posición pública del dirigente liberal fuera tan áspera como se revelaba en privado; no hizo declaraciones semejantes a la prensa.

Además, los albistas no siempre mantenían posiciones parecidas. Su propio corresponsal en esta ocasión escribió al secretario del Rey afirmando que «atajar la inicua campaña (contra este último) es obligación inexcusable de los leales» porque a él había que separarle «de aquellas realidades circunstanciales, pasajeras y discutibles a las que no todos podemos prestar conformidad». No fue el único que, en el seno del albismo, se expresó en parecidos términos. También lo debió hacer un aristócrata sevillano, el marqués de Alventos. En este caso fue el propio Rey quien le escribió: «Puedes creer», le decía, «que he agradecido muy de veras tu carta y los sentimientos de lealtad y de afecto hacia mí que son tan sinceros… Puedes figurarte lo que me complace el ver que cuantos como tú saben amar a su patria están a mi lado para trabajar, cada cual en la medida de sus fuerzas, para su engrandecimiento».

Con todas las reservas, esta correspondencia parece testimoniar la existencia ya de un abismo entre Alba y Alfonso XIII que nada llenaría en el futuro; en última instancia, si en 1930, cuando la Monarquía vivía su peor momento, nada hizo el primero por ayudarla a superar esas circunstancias fue, quizá, en buena parte por el recuerdo de este aparente mal trato. Pero hay que recordar también la difícil situación en que se encontraba el Rey que si deseaba evitar conflictos con sus antiguos colaboradores liberales no podía enfrentarse tampoco con un gobierno dictatorial al que daba su apoyo. En última instancia, todo derivaba de este último. Por su parte, Alba, que tenía la razón en sus quejas, fue llevado por su explicable vehemencia a modificar su juicio objetivo sobre acontecimientos (el golpe de Estado) y personas (el Rey) [24]. No obstante, siguió manteniendo relación con allegados del Rey como el embajador Quiñones o el marqués de Viana. La ruptura entre el político y el monarca no era, pues, definitiva.

El caso del conde de Romanones fue muy distinto del de Alba. Como sabemos, su proximidad a Alfonso XIII era muy grande desde hacía mucho tiempo pero esta relación se había resentido en el momento en que acudió a Palacio para recordar la obligación de que el monarca convocara el Parlamento. En los textos de Unamuno acerca de la situación política española se le habían atribuido términos despectivos respecto al Rey. Fue su secretario quien se lo hizo saber y el conde respondió negándolos por completo: «Muy mucho le agradezco», decía, «a V. su carta. Sin ella es posible que no hubiera conocido la publicación de las palabras que Unamuno me atribuye. Mi respeto hacia las personas reales, nacido de un sentimiento afectuoso muy sincero y antiguo, mi propia educación me impediría expresarme en tales términos. No hay pasión política, por vehemente que sea, capaz de impulsarme a hablar en tal forma. Mañana escribiré (al periódico) pidiendo una rectificación… No lo hago a Unamuno porque sería perder el tiempo. Aprovecharé la oportunidad para decir algo sobre el caso en algún periódico de gran circulación mundial» [25]. Romanones, en definitiva, a pesar de la postura del Rey, no había roto con la Monarquía. Como veremos que sucedía con tantos otros políticos del régimen parlamentario, probablemente confiaba en que un cambio de Alfonso XIII diera paso a un vuelta al sistema liberal. Pero no se puede descartar que alguna maledicencia suya contra el Rey (o alguna frase mal interpretada) pueda haber alimentado los argumentos de Unamuno, aunque él poco necesitara de influencias ajenas.

La reacción en el interior contra el escrito de Blasco Ibáñez fue espontánea e inmediata en muchos casos, como por ejemplo en el diario ABC. En noviembre de 1924, antes incluso de que el folleto hubiera llegado a sus manos, hablaba de sus «informaciones incompletas y erróneas a más de desprovistas de realidad». Muy pronto las calificó de «antipatrióticas» [26]. También resultó inmediata en los militares del Directorio más cercanos a Palacio y, en especial, en Magaz, que ya había calificado a Blasco y a Unamuno como «ese par de fieras» en sus cartas a Primo de Rivera. Sin embargo, la reacción que se orquestó por parte del Directorio y de los medios de opinión caracterizadamente monárquicos tuvo el inconveniente para Alfonso XIII de identificarle con el régimen dictatorial y con la extrema derecha, pues fue la UP quien convocó los actos en desagravio. Víctor Pradera, tradicionalista y partidario de la Dictadura, lo atribuyó, por ejemplo, a razones «crematísticas» y a imprecisados intereses extranjeros. Pero sobre todo a partir de la tercera semana de diciembre la reacción adquirió un marcado carácter oficial. El día 22, cuando ya el Ayuntamiento de la ciudad había privado del nombre del escritor valenciano a una calle de la capital, se celebró un mitin en el que intervinieron el alcalde, Conde de Vallellano, que atacó a los políticos del antiguo régimen, el sindicalista católico Pérez Sommer y uno de los hermanos de Costa. Pocos días después el almirante Magaz asoció la institución monárquica con la tranquilidad y el orden público. También Vázquez de Mella, otro dirigente bien conocido del tradicionalismo, se pronunció en parecidos términos a los de Pradera. Pero la identificación entre Monarquía y Dictadura se hizo todavía más patente en enero de 1925 cuando las principales ciudades españolas —cuyos alcaldes eran de nombramiento gubernativo— eligieron como alcalde honorario al Rey.

Lo curioso del caso es que dicho homenaje se llevó a cabo en el preciso momento en que las relaciones entre Primo de Rivera y el monarca, como veremos más adelante, parecían estar dominadas por las tensiones derivadas de la situación en Marruecos. Según la Embajada británica, la permanencia del régimen dictatorial tenía como consecuencia que las acusaciones en contra del comportamiento anticonstitucional del Rey arreciaran, incrementadas por la tendencia de Primo de Rivera a exhibir en exceso el apoyo del monarca. Recogió un rumor, un tanto increíble, de que había antiguos políticos que pretendían que el Rey se fuera y la Reina permaneciera como regente; lo único que puede tener fundamento es la posibilidad de que la Reina, quizá por sugerencia de su cónyuge, mantuviera una relación mejor con los antiguos políticos que la que pudiera tener el Rey, dadas las circunstancias [27]. Otra fuente, la Embajada francesa, detectó conversaciones del monarca con algunos generales que empezaban a mostrar su reticencia contra el dictador y se hizo eco de que en Córdoba, pocos días antes del homenaje de que iba a ser objeto, había asegurado que lamentaba ser centro de ataques él mismo al tiempo que el ejército en un momento en que se derramaba sangre española en Marruecos y también que la Dictadura era transitoria, que si el antiguo régimen había cometido errores el presente no estaba tampoco libre de reproches y que él había nacido Rey constitucional y moriría como tal [28]. No parece probable que el monarca fuera tan explícito, pero esas declaraciones fueron censuradas y hay pruebas de que en esos momentos y en otros inmediatamente posteriores explicaba a políticos y militares opositores a la situación política vigente que no podía tomar ninguna iniciativa para la remoción de Primo de Rivera, ni siquiera acaudillando a una porción mayoritaria del ejército «por la trascendencia que pudiera tener para España» o, lo que es lo mismo, por temor a una guerra civil. En alguna ocasión parece haber dicho que para que el cambio se produjera debía tener a Berenguer de capitán general de Madrid y a Aguilera de director general de la Guardia Civil [29].

Sean verídicos o no todos estos rumores, lo que parece evidente es que el tratamiento que le dio a la situación Primo de Rivera, temporalmente presente en la Península para asistir al homenaje, consistió en recalcar que no abandonaría el poder y que tenía el total apoyo del monarca. El 19 de enero aseguró que lo primero sería cometer un delito de lesa patria y el 20 llegó a decir que el único «defecto del Rey, si tiene alguno, es el interés apasionado que se toma en las cuestiones políticas» y que sólo había recibido de él «ánimos» para la empresa emprendida. El embajador francés comentó a sus superiores que el monarca parecía recibir del dictador una especie de «certificado de buena conducta» a cambio de perseverar en su apoyo.

El acto de homenaje al Rey consistió en la entrega de su nombramiento como alcalde honorario de Madrid y de todos los ayuntamientos de España. Afortunadamente para la institución monárquica, se evitó en él la polémica con Blasco Ibáñez, el exceso de adulación o la participación misma del dictador. Pero Primo de Rivera intervino al día siguiente, el 24 de enero, en un mitin en un cine madrileño. Se refirió, entonces, a la situación con que se había encontrado al llegar al poder y, en especial, a Marruecos, que seguía centrando sus preocupaciones. Pero la verdadera significación política de su intervención vino inmediatamente a continuación cuando, dirigiéndose a los alcaldes asistentes a la reunión, les preguntó si «quiere el pueblo que continúe al frente del Gobierno». Como se puede imaginar, la respuesta no sólo fue positiva sino que reclamó para el dictador un número de años en el poder muy superior al que él hubiera pensado. Por si fuera poco, el dictador aprovechó la ocasión para embestir contra «esos filósofos» que «quieren enseñar con sus extravagancias». También lo hizo contra los políticos en unos términos que, si bien incluían salvedades, entre las que había la de que «eran sus amigos», suponía que había entre ellos «hombres de ruin entendimiento que se dedicaban a su medro y hacían compatibles funciones de gobierno y profesiones lucrativas». Con todo, lo que causó mayor conmoción en las filas de la vieja política fue el calificativo de «maquiavélicas» y «mefistofélicas» aplicado a las últimas crisis de la Concentración Liberal [30]. El acto de Madrid se reprodujo en Barcelona a comienzos de febrero con alusiones al catalanismo y repetidas mezclas entre lo que eran los intereses de la Monarquía y los de la Dictadura. Hizo entonces una promesa Primo de Rivera que quedaría muy pronto desmentida: no pedir el voto cuando se reintegrara a la vida profesional militar y no fundar ningún partido político [31].

No existen indicios de que los folletos de Blasco fueran tomados muy en serio: incluso las nuevas generaciones republicanas, representadas por Azaña, ironizaron acerca de la decisión del escritor valenciano de volver a la vida pública. Desmesurado y superficial, Blasco era la perfecta antítesis de Unamuno; su nombre fue borrado de las plazas y calles de España y las películas basadas en sus novelas quedaron prohibidas. Pero tampoco consiguió producir un gran escándalo, como había sido su intención. El resultado más evidente y perdurable de lo sucedido fue la identificación entre la Monarquía y el régimen dictatorial. El diario liberal El Sol intentó publicar, por entonces, un recuadro afirmando que era mejor mantener un silencio digno que recoger adhesiones de ayuntamientos y repudiando a la «batida mosqueteril acaparadora de los últimos restos de la hidalguía nacional», pero la censura se lo impidió [32].

Un aspecto complementario del comienzo de la ofensiva contra el monarca, que a éste le debió resultar especialmente doloroso, fue el deterioro de su imagen más allá de las fronteras. Hay que tener en cuenta que la de Alfonso XIII por su labor durante la guerra mundial era muy buena y que las referencias negativas aparecidas en relación con su persona al comienzo de los años veinte no habían tenido nada más que un efecto reducido en un tipo de prensa sensacionalista con escasa influencia en la opinión pública ilustrada. Ahora, sobre todo en Francia, al aparecer enfrentado el Rey con personalidades muy conocidas del mundo intelectual, inevitablemente quedaba afectado el concepto que de él se tenía en el exterior. Por más que las acusaciones fueran demasiado genéricas o por completo inverosímiles tuvieron un impacto que, como mínimo, tardó en disiparse. El propio Alfonso XIII recibió en Palacio un ejemplar de uno de los textos de Blasco con una dedicatoria agresiva: «Señor, no se deje tomar el pelo por esos de la flexibilidad dorsal, abdique porque le bamos (sic) a echar a patadas». El secretario particular del monarca dejó entrever la dolorida actitud del Rey cuando aseguró al embajador español en París su pesar ante la realidad de que «una parte de la prensa (francesa), precisamente la que se señala como oficiosa del presidente del Consejo, haya dado acogida en sus columnas a burlas, injurias y patrañas calumniosas contra el Soberano de una nación hermana que tanto tiene conservar las relaciones de cordial amistad que hoy nos unen… (y a la que) ha profesado singular cariño» [33].

Pero en el resultado final de lo acontecido como consecuencia del folleto de Blasco jugaron también un papel importante los errores cometidos en el entorno del monarca o por él mismo. Ayudó a ello el hecho de que la respuesta que se dio a los ataques fue desafortunada, no sólo por aceptar el protagonismo de UP sino por salir del propio Palacio de Oriente en conexión directa con los servicios diplomáticos en embajadas españolas en el extranjero, abundando a menudo en desmesuras y en procedimientos poco adecuados.

En defensa de la persona de Alfonso XIII se publicaron a finales de 1924 y comienzos de 1925 diversos folletos, tanto en España como en el extranjero. Sobre ellos lo primero que cabe preguntarse es hasta qué punto fueron inspirados desde el Palacio de Oriente, de instancias oficiales de la Dictadura o resultaron, por el contrario, espontáneos. La información de que disponemos permite precisar que, al menos uno de ellos, el del marqués de Lambertye, fue conocido previamente por el secretario particular del monarca. Cabe presumir que también estuvo patrocinado por Palacio otro libro titulado Campaña justiciera de la Monarquía que editó Benigno Varela, cuyas buenas relaciones con el monarca conocemos. Al parecer, actuó de intermediario en la redacción del primero el periodista Manuel Bueno, bien conocido pero con frecuencia acusado de venal (Blasco aseguró haber recibido su ofrecimiento para colaborar en la prensa antidictatorial). Incluso pensó hacer una consulta al propio Rey pues, en un determinado momento, cuando ya los cambios resultaban imposibles, le escribió al personaje citado indicando que «he de apresurarme a conocer el criterio del monarca para evitar ulteriores y más o menos posibles contingencias» [34]. De cualquier modo, los folletos, nacieran o no de forma espontánea, fueron repartidos a las representaciones diplomáticas españolas a través de la secretaría particular del monarca. Sabemos, por otro lado, cuál fue la actitud del Rey respecto al tono en que debía estar redactada la respuesta. Al embajador en Londres el secretario de don Alfonso le aconsejó que fuera «lo que realmente debe ser en los tiempos modernos, sobre todo razonada, breve y precisa, sin necesidad de emplear epítetos y calificativos de los que algunos no saben prescindir viniendo con esto a producir efectos contrarios a los que se proponen» [35]. De hecho, los folletos repartidos desde Palacio a las embajadas fueron de un contenido más parecido a lo descrito con las palabras citadas.

Pero los hubo también de tono incendiario, tan panfletario en su contenido como el libro de Blasco Ibáñez. El periodista José María Carretero, que publicaba con el seudónimo de El Caballero Audaz, describió a Blasco como «un caso patológico», como un «novelista que vendió a su patria», «charlatán y pobre rapsoda» al que no le interesaban otras cosas que su propia vanidad pueril y el dinero y que pretendía escribir libros serios al mismo tiempo que decía ser capaz de dictar a la vez a cinco secretarias otras tantas novelas. No era tan sólo denigrada su trayectoria política y literaria sino también su aspecto físico de «sexagenario desdentado y tripudo». El libro de Alfonso R. de Grijalba, un abogado que había sido diputado romanonista y que tenía sólidos vínculos con el hispanoamericanismo, fue prologado por Manuel Bueno, quien, como se ha señalado, estuvo involucrado en acciones de respuesta ante los ataques contra el Rey, pero puede haber sido espontáneo. En él los que atacaban al monarca eran despachados con argumentos personales denigratorios: Unamuno querría ser ministro, Soriano «desearía un acta de diputado y la gerencia de un periódico revolucionario subvencionado por el Káiser» y Blasco «la presidencia de una República federal y la propiedad plena, absoluta, de todas las cajas de caudales». Los tres serían una muestra de «la España que agoniza» y de ellos señalaba sus contradicciones. La más evidente era la de Unamuno, quien en el pasado habría dicho del Rey que «todo español que se sienta con deseos y ánimos de trabajar desinteresadamente por su patria» le apreciaría como «un amigo» y, por tanto, «hay que buscar en otra parte el obstáculo a ciertas reformas necesarias». En este libro, tanto prologuista como autor concedían a la Dictadura un periodo de tiempo para cumplir su misión, con lo que de forma indirecta involucraban al Rey con ella. En España y la Monarquía, Manuel Bueno hizo una defensa de la Dictadura a base de considerarla como un periodo de «interinidad gubernamental» y contraponerla a los tiempos anteriores; por su parte, el monarca no podía ser «un autómata que ha dejado de pensar por su cuenta», lo que justificaría su apoyo, en todo caso limitado en el tiempo. Mucho más ponderado fue el contenido del folleto escrito por el periodista albista Federico Santander, quien lo financió por sí mismo aunque acabaría siendo enviado al exterior por la secretaría del monarca. Santander en sus páginas pretendió desmentir las afirmaciones históricas realizadas en el suyo por Blasco. Alfonso XIII no fue germanófilo y no había sido culpable de la disgregación de los partidos. Cuando en el verano de 1922 hizo en Córdoba unas declaraciones polémicas sobre el funcionamiento del parlamentarismo, «lo malo no fue que dijera eso sino lo peor para el prestigio de las Cortes fue que toda España dijera que el Rey tenía razón». Si en el verano de 1921 Silvestre aseguró, como el autor decía haberle oído, que «yo con cuatro hombres y un cabo» estaba dispuesto a avanzar hasta Alhucemas, el Rey nada había tenido que ver con ello pues, por entonces, pues no pensaba más que en la misión civilizadora de España en Marruecos y no en conquistas. También desechaba los argumentos acerca de la supuesta rapacidad del Rey y de su papel en el golpe de Estado. Pero lo más característico de este folleto era que negaba a quienes vilipendiaban al Rey la condición de «antipatriotas». Por el contrario, consideraba que había que «excluir toda exclusión» y por consiguiente contar con ellos para cualquier empresa colectiva. Citaba, además, al propio Rey en apoyo de su posición: «(a Blasco) hemos de perdonarle», habría dicho el monarca, esperando que, en lo sucesivo, en vez de escribir libelos vuelva a escribir novelas interesantes». Santander era un autor liberal que abundaba en citas de Romanones y de Ortega [36].

Aunque el contenido de todos los folletos hubiera sido semejante al de Santander, que parece el más apropiado, es probable que ni remotamente se hubieran disipado las consecuencias de la campaña sufrida por Alfonso XIII. Tras su aceptación de la dictadura de Primo de Rivera resultaba lógico que fuera objeto de ataques; lo que en realidad sorprende es que los padeciera con mayor acritud y truculencia que el dictador. Al margen de las equivocaciones en la respuesta del Directorio —si las de éste se pueden reputar como tales—, de Palacio hubo otra a la que es preciso hacer mención con cierto detalle.

Cuando apareció el primer folleto de Blasco Ibáñez el embajador en París, Quiñones de León, se limitó a informar al Rey de que había sido un «total fracaso» por su «ridículo contenido». Fue, sin embargo, el almirante Magaz, presidente interino del Directorio mientras Primo de Rivera estaba en Marruecos, quien impuso el nombramiento de un abogado destinado a querellarse en contra del folleto, tarea que fue encomendada al decano del Colegio de Abogados de París. Además, se pretendió que nuestro representante diplomático presentara una protesta formal en términos muy duros ante las autoridades galas. Decisiones como éstas de forma necesaria debían incrementar el impacto ante la opinión pública francesa de lo sucedido. Quiñones, por su parte, trató de llevar la cuestión con la máxima prudencia y discreción pero, al hacerlo, parece haberse enfrentado con sus superiores. Según la prensa francesa, esta tensión entre embajador y vicepresidente acabó por provocar en Magaz un deseo de relevarle; de acuerdo con la misma fuente, el propio Rey lo habría evitado advirtiendo el mal efecto que tal medida tendría en toda Europa (Quiñones también representaba a España ante la Sociedad de Naciones). El secretario del monarca escribió al embajador en una poco velada muestra de solidaridad y haciéndole recomendaciones de que procurara, en lo posible, conseguir el apoyo al Rey de figuras relevantes de la política francesa. Quiñones ya había pensado en hacer gestiones con Briand y además propuso luego —y fue visto con complacencia— que el Consejo de la Sociedad de Naciones se reuniera en Madrid. Pero era perfectamente consciente de que «el actual régimen de Gobierno (español), que no juzgo ni tengo para qué juzgar, no cuenta con simpatías fuera de España y es contrario, en absoluto, a las doctrinas e ideas que actualmente dominan en el gobierno francés y en las fuerzas políticas que lo apoyan, cuando no lo inspiran o lo dirigen». Esta evidencia, de la que pensaba que debía ser conocida en Madrid, le hacía ver con amargura que se le achacara una cierta actitud pasiva ante los ataques contra el monarca. Fue él, por otra parte, quien, aparte de contribuir a promover alguno de los folletos de respuesta, no sólo movilizó a Briand en contra de las opiniones de Blasco sobre la supuesta germanofilia del monarca sino también quien hizo lo propio con Poincaré. De esta manera las dos figuras más importantes de la política francesa durante el periodo bélico y posbélico desmentían las afirmaciones del escritor español sobre la germanofilia del Rey [37].

Por otro lado, la propia legislación vigente en el vecino país daba poco pie a que se pudiera establecer un proceso en contra de quienes, en definitiva, podían ser considerados como opositores políticos aunque sus afirmaciones acerca de la persona del monarca carecieran de fundamento. La misma aparición en la prensa de noticias presentando al Rey como una personalidad controvertida afectaba de forma irreversible a su imagen. Se ha de tener en cuenta también que, como es lógico, lo que apareciera suscrito por intelectuales conocidos quedaba inmediatamente multiplicado hasta el infinito en la prensa de extrema izquierda de oposición exiliada (alguno de cuyos articulistas llegó a hablar de la «perversión sodomítica» de Alfonso XIII). Blasco Ibáñez no sólo se manifestó encantado de ser procesado por estas razones sino que incluso lo hizo público en España con honra, un periódico de propaganda que empezó a editar, prometiendo un «juicio sensacional».

El escritor español finalmente fue acusado ante los tribunales en virtud de la Ley de Prensa vigente en Francia, en la que se vedaban los insultos a jefes de Estado. Este hecho aumentó y prolongó la controversia política interna porque la izquierda francesa inmediatamente propuso la supresión de los citados artículos. Herriot, el presidente del Consejo francés, manifestó su personal amistad con el escritor por su actitud francófila durante la guerra mundial. Los diplomáticos del Quai d'Orsay, mientras tanto, intentaban convencer —poca falta hacía— al embajador español Quiñones de León de que abandonara la pretensión de dar a la cuestión un tratamiento judicial. En el Parlamento francés hubo diputados de derechas que se manifestaron a favor de Alfonso XIII pero ninguno se pronunció en términos favorables al Gobierno español por haber recurrido a la vía judicial [38].

Al final el almirante Magaz, que trató del asunto en ausencia de Primo de Rivera, acabó por retirar la acción penal interpuesta ante los tribunales franceses. Las razones en que se basó Magaz fueron que «la penalidad que podría imponerse (a Blasco) sería muy pequeña» y «que Monsieur Herriot ha manifestado a nuestro embajador Quiñones de León que creía, deseando que los supiéramos, que sería acto de buena política que retirásemos la queja, dada la actitud de la Cámara, de la prensa y de la opinión». Al parecer no hubo problemas para hacerlo con el Rey pues en la carta se menciona también su «magnanimidad» [39]. Herriot, en plena sesión parlamentaria del 20 de enero, recibió la comunicación de la Embajada española informando de que Alfonso XIII renunciaba a la querella. El jefe del Gobierno francés le dio las gracias en público «por esta prueba personal que acaba de dar de su liberalismo». Fue esto lo que hizo, con el decidido asentimiento de Palacio, que, a comienzos de 1925, el Rey recuperara parte de su popularidad en el vecino país, al decir de los observadores franceses [40]. Ahora, los dos políticos franceses ya mencionados no tuvieron inconveniente en pronunciarse en los tonos más laudatorios respecto de Alfonso XIII.

Como es lógico, éste se expresó en términos de reconocimiento respecto de ambos. «Con verdadera satisfacción», le escribió a Briand, «me he enterado de todo lo que le ha querido expresar de una forma tan delicada y tan generosa a propósito de la publicación del libelo de Blasco Ibáñez. Me ha llegado al corazón y profundamente conmovido con este precioso testimonio que sé apreciar en todo su valor de afecto y simpatía respecto de España y su Rey. Debo añadir que le estoy particularmente agradecido de haberme hecho justicia en lo que se refiere a los sentimientos que siempre he tenido por su noble y valiente Patria». Todavía fue más expresivo con Henri Poincaré, el presidente del Gobierno francés, que hizo declaraciones e incluso escribió un artículo en La Nación de Buenos Aires defendiendo la persona del monarca. Le declaró su «agradecimiento más vivo y más profundo» y le aseguró que cuanto «había manifestado haciendo justicia a la causa de la verdad y a sus sentimientos de amistad constante y sincera por su noble Patria había encontrado un eco de la mayor simpatía dentro de España». Los párrafos finales de la carta eran, por otro lado, el mejor testimonio de hasta qué punto el Rey se había visto personalmente afectado por los ataques. «En cuanto a mí», aseguró, «puede estar seguro, este homenaje que me ha dirigido tan generosamente ha ido directamente a mi corazón y no olvidaré jamás las circunstancias en las que ha querido, con su gran autoridad, dar la interpretación exacta de mi intervención durante la Gran Guerra en favor de sus compatriotas» [41].

Aunque la polémica concluyera de esta manera relativamente satisfactoria, no cabe la menor duda de que deterioró la imagen de don Alfonso. Pero si así sucedió en el caso de Francia, en otros casos la falta de habilidad de los diplomáticos españoles o de los que se consideraban monárquicos pudo también contribuir a multiplicar un inevitable deterioro de la imagen real provocado por su convivencia con un régimen de dictadura. En Gran Bretaña el embajador Merry del Val, que consiguió la publicación de algunas reseñas de defensores del monarca, interpretó lo sucedido en términos de una especie de conjura antiespañola a la que comparó con la ocurrida tras el fusilamiento de Ferrer. Además, trató de presentar lo sucedido ante el Centro Español de Londres como «un movimiento nacional superior a la política propiamente dicha»; al hacerlo quería evitar que se interpretara la solidaridad con el Rey como una toma de posición política pero no lo logró y probablemente con ello se enajenó a una parte de la emigración española. El embajador en Estados Unidos, más discreto, dictaminó que el folleto de Blasco había resultado un «absoluto fracaso». Todo hace pensar, no obstante, que esa visión era muy optimista: así parece, vista la correspondencia espontánea recibida por el propio monarca de ciudadanos norteamericanos. No pocos diarios reprodujeron en esta ocasión las fotografías del Rey en su estancia veraniega en Deauville durante 1922 [42].

A pesar de las reconfortantes muestras de solidaridad por parte de dirigentes franceses no cabe la menor duda, pues, de que el balance de todas estas críticas se cerró con unos términos netamente negativos para Alfonso XIII de cara al exterior y se puede decir lo mismo en lo que respecta a la política interna. Quienes pretendieron la defensa del Rey en el interior de España, incluso los más cercanos y más alejados de la política o incluso en otro tiempo próximos al liberalismo, acostumbraron a cometer errores cuyas consecuencias fueron graves, aunque así no se percibiera por el momento. Uno de ellos fue una persona de la absoluta confianza del monarca. Benigno Varela, editor de La Monarquía y propulsor de la recuperación del patrimonio histórico, recopiló en su diario los testimonios favorables a él después del ataque de que había sido objeto por parte de Blasco Ibáñez. Algunos de ellos —el general Picasso, autor del dictamen sobre los sucesos de Annual, Santiago Ramón y Cajal…— podían resultar muy respetables para la opinión liberal pero incluso ellos mismos daban la sensación de confundir la vinculación a la Monarquía con el apoyo, aunque fuera tan sólo circunstancial, a la Dictadura de Primo de Rivera. Además, Varela aprovechó la ocasión para dirigir una carta pública de protesta a Sánchez Guerra y Romanones, es decir, dos de los principales políticos de la época parlamentaria, por no sumarse a la iniciativa. Si no lo hicieron fue probablemente porque debieron acoger con un cierto regocijo los ataques a un Rey al que reprochaban que no prescindiera del dictador o porque pensaban que esa solidaridad contribuía a complicar la definición de su propia postura. De cualquier modo, la defensa del monarca en las páginas de este periódico se volvió muy contraproducente. Blasco aparecía como «ese “ché”; convertido en un “musiú” que cobra de los rusos y de Abd-el Krim, un Judas al que habrá que barrer de España para toda la vida». Nada quedaba, pues, del respeto a los valores objetivos del escritor. Por si fuera poco, en este periódico se protestaba al mismo tiempo en contra de la campaña anti-Alfonsina y de la campaña antifascista contra el Duce «tan estimado por la sana opinión del país, tan respetado por sus muchos partidarios» [43]. Palabras como éstas, si querían provocar la adhesión del liberalismo, conseguían el efecto completamente contrario. En el libro promovido por Varela sólo figuraron los testimonios de apoyo de personajes de extrema derecha como Cierva y Goicoechea.

Un personaje, cuyo nombre ignoramos pero que quizá fuera Gabriel Maura, hizo, a finales de 1924, un balance escrito para el Rey acerca de los ataques aparecidos contra él en la prensa extranjera llegando a la conclusión de que «atravesamos en el orden político por momentos de seria dificultad que lealmente hemos de exponer». Según el redactor, no eran la consecuencia de una actitud del Rey, examinada desde un punto de vista netamente exculpatorio. Para el autor, el advenimiento de la Dictadura se explicaría principalmente por el deseo de dar una solución al problema de Marruecos, en la idea equivocada de que un gobierno de esas características sería mejor para enfrentarse con esta cuestión que había sido abordada por los gobiernos constitucionales con «un continuo tejer y destejer» y «una versatilidad lastimosa en el trato con los indígenas». Al monarca no se le podía atribuir una culpabilidad en lo sucedido por haberse convertido en defensor de una política pretoriana. Al comienzo de su reinado se había encontrado «sin sólidos instrumentos de gobierno» por la crisis de los partidos. En 1909, «la crisis fue resuelta en la forma que de sumo acierto calificaron los que ahora niegan el espíritu constitucional del Rey» y algo parecido sucedió en 1917. En esta última ocasión se produjo, además, una aparición del ejército en la política y «no es honrado haber pretendido aprovecharse del militarismo en su alboreo dentro de nuestra política contemporánea y abominar de él ahora achacándolo al Rey». Esto debiera ser muy tenido en cuenta «por aquella parte del público europeo que presta atención a las propagandas que acerca de él se hacen ahora por hombres de izquierda y por intelectuales metidos a políticos». Si el Rey había cedido el paso a los militares, la razón estribaba en una situación que los propios políticos del antiguo régimen habían tenido muy en cuenta. Cuando aceptaban que «gobiernen los que no dejan gobernar» lo hacían «porque no tenían en el país fuerza que oponer» o porque «consideraban que al intentar frenar aquella subversión se produciría una perturbación mucho más honda y de más desastrosas y radicales consecuencias». El anónimo redactor añadía que la Corona había tratado de «sustituir al Gobierno del Marqués de Alhucemas con otro al cual se sometiera unánimemente el ejército», afirmación, como sabemos, que sólo cabe imaginar en Gabriel Maura o persona muy cercana a él. El escrito concluía, de una forma muy característicamente maurista, con la afirmación de que los males de España radicaban en la ausencia de gobernantes y escaso espíritu cívico de los gobernados; en una situación como ésa la Monarquía se convertía, a su parecer, en una necesidad política para el país [44]. El contenido de este escrito parece muy sostenible desde el punto de vista histórico; lo es, al menos, mucho más que las acusaciones de Blasco Ibáñez. Remite también a una situación peculiar, en pleno impasse marroquí y con una oposición que por vez primera arreciaba. Pero la solución del problema de Marruecos iba a hacer desaparecer todo este panorama difícil para Primo de Rivera y ello mismo acabó imponiéndose como una realidad al Rey.

CATALUÑA, MARRUECOS Y LA OPOSICIÓN
EN EL HORIZONTE POLÍTICO

Con lo expuesto en el anterior epígrafe hemos avanzado hasta comienzos de 1925. A estas alturas se empezaban a dibujar en la política de la Dictadura dos cuestiones de primera magnitud que tuvieron una importancia considerable también en los destinos de la Monarquía. En ninguna de las dos Alfonso XIII jugó un papel determinante; a menudo, además, discrepó del dictador. Ambas fueron esenciales para la institución que encarnaba: la política catalana de Primo de Rivera, por ejemplo, acabó por enajenar a la Monarquía buena parte de sus apoyos en esta región. En cuanto a la política seguida en Marruecos tuvo como resultado algo más decisivo: la victoria militar sobre Abd-el-Krim fue el activo que permitió a Primo de Rivera mantener su régimen y eso multiplicó su identificación con la Monarquía con desastrosas consecuencias para ésta.

Primo de Rivera hizo repetidas promesas de seguir una política regionalista en las primeras semanas del Directorio militar y todo hace pensar que fue sincero en sus intenciones. Pero, como también era impetuoso e inconstante, no tardó en cambiar sus planteamientos. A finales de 1923, a la vuelta del viaje a Italia de los Reyes, cuando ya algún gobernador civil había empezado a prohibir en Cataluña el escudo de la Mancomunitat, Primo mantuvo unas tensas conversaciones con su presidente. Pretendía éste mostrarle que «la interinidad» respecto de la «ley de regiones» causaba grandes prejuicios, pero se encontró con una posición cerrada y durísima: ante el arzobispo de Tarragona, el dictador le dijo que el catalanismo era un «fantasma» y el uso del catalán debía reducirse a la vida privada mientras prometía exigir a Roma que prohibiera la predicación en catalán. El hecho de que en esta ocasión se hiciera llegar al Rey un escrito, nutrido de firmas, en protesta contra un decreto prohibiendo la bandera y el uso del catalán en actos oficiales no debió tener otro resultado que aumentar su indignación. Según algún autor, ya don Alfonso habría llamado la atención a Primo de Rivera sobre el desvío de la sociedad catalana no sólo respecto del régimen dictatorial sino también de la Monarquía [45]. Quizá no fue así, pero lo importante es que desde un principio hubo una evidente tensión entre las visiones de ambos personajes acerca de la realidad catalana.

Muy pronto se hizo patente, en efecto, una diferencia de criterios, al menos en los matices, entre el monarca y Primo de Rivera al tratar de estas cuestiones. Unos días después de que abandonara Barcelona el catalanista Puig i Cadafalch dimitió de la Presidencia de la Mancomunitat con la esperanza de que su sucesor consiguiera llevarse mejor con el régimen dictatorial. Pero el elegido fue Alfonso Sala, representante de la política de los partidos del turno agrupada en torno a la Unión Monárquica Nacional, muy poco propicia a cualquier tipo de catalanismo.

Era éste, no obstante, regionalista y creía en la Mancomunitat y pronto sus relaciones con Primo de Rivera se agriaron. En abril de 1924 el dictador estuvo de nuevo en Barcelona acompañando al Rey, que iba a ser objeto de un homenaje de los alcaldes de la región. Semanas antes había dado la sensación de desear una política «de transigencia y armonía»: parecía descontento con la intemperancia del general Losada, gobernador de Barcelona, y en cambio se mostraba mucho más dispuesto a identificarse con su alcalde, el tibiamente catalanista Álvarez de la Campa. El Rey, por su parte, dijo en público que «le cabían holgadamente en el corazón todas las regiones de España». De cualquier modo, parece que la ocasión dio lugar a un giro hacia la dureza centralista. Primo de Rivera dijo haber acudido a Barcelona «animado del más amplio espíritu y creyendo de buena fe conciliables todas las ideas», pero la realidad le había hecho cambiar pues «tras unas tibias muestras de españolismo», algunas personas iban «matando el amor a España». En junio, ya desde «el maldito Marruecos», como él mismo escribía, su posición había cambiado totalmente y de modo definitivo. Ahora mostró una clara reticencia respecto de la propia Mancomunitat, a la que tenía «un poco de miedo», incluso aunque en esos momentos estaba dirigida y presidida por quien había sido nombrado por él mismo. Ya definitivamente el general se decía partidario de «un régimen provincial robustecido y facultado de atribuciones», postura que no haría sino ratificar con el paso del tiempo. A estas alturas, cuando Primo de Rivera permanecía en Marruecos padeciendo los peores momentos de la ofensiva indígena, sus colaboradores catalanes sólo tenían a su favor la escasa dedicación del dictador a los problemas de política interior española.

Pero en cuanto tenía la posibilidad de un paréntesis en su dedicación a las cuestiones marroquíes, Primo de Rivera dejaba meridianamente claro ante el Rey que su decisión respecto de Cataluña ya estaba tomada, sin dejar resquicio como para que un titubeo le diera pie a su corresponsal para pedir una reconsideración de sus propósitos. A mediados de agosto de 1924 escribió, en efecto, a Alfonso XIII indicándole que «sería muy conveniente que… fuese yo a Barcelona donde sobre la cuestión de Alcalde y Exposición y otras minucias políticas y conveniencia de visitar aquella guarnición hay que abordar el arduo problema de suprimir la Mancomunidad, por lo cual he citado a una reunión el 23 a Barrera, Losada, Sala, Viver y puede que alguna otra persona. No desconozco la difícil lidia que requiere este torito pero para esos problemas es nuestra clase de gobierno, si en resolverlos vemos el mejor servicio de España. Aquí ya no se chismorrea porque, como contra la murmuración salgo con mis notas desvirtuándola, se van desacreditando los inventores» [46]. Estas frases resultan muy expresivas de la mezcla entre dureza de fondo, ligereza de expresión y absoluta imprevisión respecto de las consecuencias de su acción que caracterizó a la manera de enfrentarse de Primo de Rivera con la cuestión catalana.

Hubo, no obstante, algún intento de moderar esta posición del dictador respecto de Cataluña, nacido entre sus propios colaboradores. En septiembre de 1924, respondiendo a «altas indicaciones», que no podían sino ser de Alfonso XIII, Magaz le sugirió sustituir al general Losada por Milans del Bosch como gobernador civil de Barcelona. Primo aceptó, pero la mejor prueba de su estado de ánimo respecto a Cataluña es que calificara a Barcelona de «ciudad arisca, consentida, tendenciosa y agitada»; mucho tiempo había pasado ya desde la inicial luna de miel con el catalanismo. No parecía ni tan siquiera moderar su postura por el hecho de que alguno de sus más importantes colaboradores discrepara de ella. Magaz, que no cesaba de hacerse eco de la posición quejosa de Alfonso Sala, no tuvo empacho en decirle, suavemente, que «no quiero olvidarme ni un momento de que es Vd. el único directivo de la marcha política de este Directorio» [47].

Nada más revelador para describir la situación catalana y la política dictatorial a finales de 1924 y principios de 1925 que la correspondencia cruzada en esas fechas entre Primo de Rivera y Calvo Sotelo, directo responsable de la legislación dictatorial sobre esa cuestión. Este último publicó en sus memorias, aunque sólo de modo parcial, una carta, no exenta de patetismo, en la que le imploraba una rectificación de lo que ya parecía una postura condenada al irremediable enfrentamiento no sólo con los catalanistas sino también con los catalanes. La opinión de Calvo Sotelo, que no tuvo empacho de hacer pública en los años treinta, era que la situación de Cataluña era «grave, gravísima» y que «hoy hay allí mucho más separatismo que nunca»; lo atribuía a la gestión de determinadas autoridades pero quedaba implícito en su carta que era la propia actitud de Primo de Rivera la que contribuía a que el resultado mencionado se produjera. Sobre la Mancomunitat decía Calvo Sotelo —en la parte no publicada de su carta— que «cualquier leve atentado contra los fueros de ésta —son palabras del marqués de Magaz, que hago mías— ahondaría el encono en términos irremediables». Todavía añadía más en una frase que se convirtió en profética: «Si hoy se celebrase un plebiscito en Cataluña, el 90 por ciento de los votantes fulminaría una franca repulsa contra la política del Directorio» y «en las primeras elecciones, si las preside un gobierno continuador del actual, arrojarán las urnas un resultado análogo». A estas alturas, Calvo Sotelo, que acabaría diciendo aquello de que prefería una «España roja a una España rota», le recomendaba a Primo de Rivera que procurara inspirarse para su política en el proyecto de reforma regional de la Comisión extraparlamentaria de 1919. En otra carta posterior, Calvo Sotelo aseguró al presidente del Directorio que el «sector catalán adicto constituye minoría aún de no mucha importancia» y sugirió que «podría ser útil una atracción de los regionalistas moderados… a base de cotizar la no disolución airada de la Mancomunidad…, despojándola de su carácter político y convirtiéndola en mera unión para servicios administrativos». La insistencia de Magaz fue, desde luego, por el mismo camino: «Cualquier cosa que hoy perturbase aquella región podría sernos sumamente perjudicial y por ello creo de la mayor conveniencia seguir en el statu quo actual, aunque esto pueda ser contrario a sus deseos y a su convencimiento» [48].

Pero fue por completo inútil convencer al dictador, encastillado en una postura cerrada que encuentra su más ruda expresión en la correspondencia personal. La Mancomunitat, decía al final de 1924, debía ser tan sólo «un mero organismo administrativo», «aunque yo tengo tanto recelo respecto al fondo del carácter catalán y su poco constante patriotismo que su sola presencia la reputo peligrosa, ya que los catalanes se agarrarán siempre al clavo ardiendo de poseer una institución especial para considerarse ellos también algo especiales y no completamente ligados a España». La Mancomunitat no servía más que para que algunos salvasen su amor propio y los otros guardaran «todavía alguna trinchera en el combate entablado y que afortunadamente van perdiendo». Hay que recordar que con tan duras palabras Primo de Rivera hacía alusión a quienes, en Cataluña, no habían tenido reparo en colaborar con él desde un principio. A finales de 1924 la tensión entre el régimen y Cataluña se había hecho insostenible. Los diplomáticos franceses, que habían puesto no pocas dificultades a los catalanistas seguidores de Maciá en Francia, reconocían que el sentimiento separatista estaba ya generalizado [49].

¿Qué podía hacer el Rey ante esta deriva conflictiva? Ya hemos visto que al menos intentó evitar que concluyera en un mayor grado de confrontación en directo perjuicio para la Corona: el texto de la citada carta de Magaz lo prueba. Pero de que ése era su deseo hay una prueba más en otra carta remitida al cardenal Vidal i Barraquer, cuya significación catalanista (y liberal) no admite dudas. Por más que en su texto se haga alusión a cuestiones relativas a la relación entre Iglesia y Estado, aparecen también muy claras las relativas a la política regional. «No dude, señor cardenal», decía el Rey, «que, recordando lo que en tantas ocasiones he tenido el gusto de manifestarle, no he de olvidar cuáles son mis anhelos continuando la labor iniciada de armonizar los intereses de mi sacrosanta Religión con los de mi amada Patria y seguro estoy, señor cardenal, de que a su regreso a la Sede Tarraconense procurará que los señores obispos sufragáneos y el clero tanto secular como regular de Cataluña trabajen con el más decidido empeño y con el más santo celo en la obra de amor y de concordia de la que han de derivarse tantos beneficios para la Iglesia de engrandecimiento de la Patria y consiguientemente de Cataluña, a la que, como sabe, profeso tan singular afecto» [50].

Todavía hizo más en directa relación con aquella institución, leve germen de una vertebración autonómica, que a Primo de Rivera le resultaba crecientemente insoportable. Cuando, en enero de 1925, la Mancomunitat de Cataluña le dirigió «un entusiasta mensaje de adhesión», quizá en relación con los ataques de que había sido objeto, respondió en unos términos que rebasaban los habituales en cruces de correspondencia protocolaria. Lo hizo, en efecto, renovando «los votos más fervientes para que, respondiendo a sus gloriosas tradiciones pueda continuar Cataluña, a la que tan singular afecto profeso, su hermosa y progresiva tarea contribuyendo a su prosperidad y al engrandecimiento de nuestra amada Patria española» [51].

La situación llegó a su previsible desenlace en junio de 1925 con ocasión de un viaje del monarca y del dictador a Barcelona. Entonces fue cuando se produjo una anécdota que ha sido narrada en numerosas ocasiones y que ahora podemos situar en su exacto contexto cronológico gracias a aparecer en el relato de un corresponsal del conde de Romanones. Un militante liberal, seguidor suyo, afirmó que a la descripción de la anterior estancia del monarca había que sumarle ahora «unos cuantos trazos más negros». Según aseguró, se decía que en el momento de entrar en la capital catalana el monarca habría dicho a su acompañante:

—Primo, ¡cuántas banderas catalanas veo!

El general, algo extrañado y mirando por todas partes, contestó a Su Majestad:

—Señor, no veo ninguna.

—Todos estos balcones cerrados y sin gente son otras tantas banderas catalanas.

«Y razón tenía S. M.», comentaba el citado político liberal, «pues los balcones no adornados eran inmensamente en mayor número que los que ostentaban colgaduras» [52].

Esta actitud de la sociedad catalana no cambió sino que se acentuó a medida que pasaba el tiempo; su desvío pasó de ser antidictatorial a resultar antialfonsino y antimonárquico. Lo más paradójico es que en el momento decisivo, concluido el régimen dictatorial, el Rey debió acudir como posible salvación al líder del catalanismo político. Pues bien, éste había sido objeto de una persecución poco cruel pero arbitraria durante la Dictadura. En octubre de 1928, el embajador español en París recibió la visita de Cambó para comunicarle que, enterado de que en dos ocasiones había acudido la Policía a su casa de Barcelona, iba a viajar allí y estaría muy pronto a disposición de la autoridad. Primo de Rivera, entonces, de su propio puño y letra, transmitió instrucciones a su ministro de la Gobernación y vicepresidente, Martínez Anido, diciéndole «que no creía que procediera detenerle… pero si hay alguna acusación o referencia a su persona se le debe interrogar por la Policía o por el juez, aunque no sea más que porque no se le juzgue invulnerable y luego sobreseer y dejarle en paz, pues ya esta presentación al embajador es un éxito para nosotros» [53]. Unos meses después se produjo un hecho parecido tras un debate acerca de la valoración de la peseta entre el catalanista y Primo de Rivera. El primero se querelló con un periodista económico que, según el dictador, había estado «inspirado en altos sentimientos patrióticos y circunscrito a revelar los errores técnicos y financieros» de su oponente. Lo peculiar de la reacción de Primo de Rivera es que, en privado, no vio en esa querella otra cosa que «la intención de buscar una situación propicia para realizar una labor negativa» y por ello instruyó al ministro de Justicia para que influyera sobre el juez encargado del asunto [54].

Una anécdota, que puede tener carácter de categoría, resume la situación en Cataluña al final de la época dictatorial. En agosto de 1929 apareció en La Vanguardia una esquela de defunción en catalán; las mayúsculas del nombre del finado decían, en acróstico, «Mori el Directori». El ministro de la Gobernación, que se apresuró a investigar el hecho, llegó a la conclusión de que se trataba de «un prójimo» que, al recibir una previa comunicación en castellano había pedido que se le tradujera al catalán y al que «mandé desterrar a Alcañiz a fin de que aprendiera el castellano» [55]. Entre infantil y trágica, nada mejor que una anécdota como ésta para revelar el abismo que se había abierto entre el catalanismo y la Dictadura en los momentos de los estertores de ésta. Las consecuencias las padecería, sin duda, la Monarquía cuya resistencia a esta política parece tan tibia como también evidente.

En lo que respecta a Marruecos cabe adelantar, ante todo, que tuvo un efecto más inmediato y decisivo en la política española; en esta materia, además, aunque hubo discrepancias entre el monarca y el dictador, debieron ser más circunstanciales pero cimentadas en una coincidencia fundamental de propósitos. Eso no quiere decir que Primo de Rivera tuviera una política clara e inequívoca ante la cuestión de Marruecos. En realidad fue todo lo contrario: de un abandonismo teórico pasó a un semiabandonismo práctico para luego acabar, tras el pacto con los franceses, liquidando el problema una vez producido el desembarco de Alhucemas. Pero el camino hasta este resultado fue muy complicado y titubeante y, en el ínterin, en más de una ocasión pudo acabar no sólo en una grave derrota del ejército español sino también en la caída del régimen de Primo de Rivera.

Desde un principio éste coincidió plenamente con el Rey en lo relativo a la defensa del papel español en Marruecos y, más aún, en las quejas en contra de Francia por desmerecer el papel de España en su protectorado. Así sucedió con la discusión del Estatuto de Tánger, mediante el cual finalmente el gobierno español acabó aceptando las pretensiones francesas aunque lo hiciera con grandes quejas de Primo de Rivera. La actitud de Alfonso XIII parece haber sido incluso más irritada pues calificó a la postura francesa de «despiadada» y llegó a decir que en los tratos con los dos países presuntamente amigos era preferible «comportarse como un cerdo». Al agregado militar francés le aseguró que consideraba el Estatuto de Tánger como «una ofensa personal» recordando los servicios que había prestado durante la guerra mundial a Francia: hubiera podido hacer que las tropas españolas tomaran esta ciudad en el momento de la batalla de Verdún. A cambio el papel que se le había otorgado a España en Tánger había sido secundario e incluso ridículo: «Sólo se le concede la vigilancia de la prostitución», llegó a decir. Por su parte, a él lo único que le interesaba, aseguró, era dar satisfacción al amor propio de los españoles [56].

En este contexto se produjo la mejora de las relaciones hispano-italianas. Tanto Primo de Rivera como el Rey interpretaron, en adelante, cualquier riesgo en este sentido como producto de maniobras francesas. Fue, en realidad, Italia quien tomó la iniciativa en el acercamiento entre las dos potencias y, como ya se ha dicho, lo hizo antes de que se produjera el advenimiento del régimen dictatorial. No repetiremos aquí el limitado significado que tuvo esta aproximación que ni aumentó la capacidad de maniobra diplomática de los dos países ni les reportó ventajas concretas porque ninguna de las dos grandes potencias mediterráneas —Gran Bretaña y Francia— llegaron a tomar en serio que las dos penínsulas fueran a retar a fondo al orden vigente.

Muy pronto, en todo caso, las circunstancias impusieron un nuevo rumbo a la política española en torno a Marruecos, su centro de gravedad de cara al exterior. La voluntad de reducir los puestos militares y limitar los gastos en que empezó por manifestarse la actitud de Primo de Rivera frente al protectorado, motivó quejas en el ejército africanista y acabó por provocar la ofensiva general de los rifeños. La situación se convirtió en francamente peligrosa a comienzos de agosto de 1924, momento en que el dictador y el monarca debieron suspender sus vacaciones y acudir a Madrid.

Nos interesa, antes que nada, señalar el protagonismo de Alfonso XIII en la toma de decisiones sobre esta cuestión. Al Rey no se le puede achacar haber jugado un papel en la política relativa a Marruecos aunque sí haber estado informado de lo sucedido allí y haber expresado su opinión que, no obstante, no resulta siempre fácil de conocer pues tan sólo se trasluce de forma indirecta en los textos salidos de otras manos. La información tenía la más diversa procedencia. El periodista Víctor Ruiz Albéniz, habitual en las páginas de la prensa acerca de cuestiones marroquíes, le envió, por ejemplo, tras una estancia en la zona francesa de Marruecos, una información que revela dos noticias poco gratas para los intereses españoles. Buen conocedor de lo que sucedía al otro lado del estrecho, detectó que «el ambiente se siente de día en día más favorable a un alzamiento general», algo que, en efecto, se produjo y concluiría convirtiendo en posible la colaboración entre España y Francia. Pero también oyó reproches de nada menos que el mariscal Lyautey en contra de la actitud de los españoles con respecto a la acción de Francia en Marruecos: «Ustedes nunca están contentos y desde el Rey (a quien aprecio sobremanera) hasta el último de los españoles prestan Vdes. con demasiada facilidad oído a cuanto les dicen en contra nuestra y esto me tiene ya en extremo fatigado y disgustado. En realidad, no hay manera de saber qué es lo que Vdes. quieren» [57]. Con este malhumor e imposibilidad de colaboración concluyó el propio Abd-el-Krim por el procedimiento de atacar a los franceses en medio de una sublevación general como la que había previsto Ruiz Albéniz. Lo curioso del caso es que el periodista acabó siendo detenido en el verano de ese mismo año, quizá porque el Directorio creía que difundía noticias derrotistas; el propio secretario del monarca debió interesarse en su liberación [58].

Las malas noticias en Marruecos trajeron como consecuencia una difícil situación política interna. El clima, en efecto, se había empezado a complicar para Primo de Rivera durante su estancia en Marruecos como consecuencia de las tensiones producidas en el ejército africanista por su política de abandono, protesta en la que Franco adquirió un notorio protagonismo. Los embajadores francés e inglés explicaron a sus superiores jerárquicos en París y Londres lo sucedido. A principios de año todo el ejército, aun estando dividido, se mantenía en una actitud de oposición a cualquier intento de vuelta de los políticos civiles al poder. Ahora, sin embargo, los africanistas, a quienes se atribuía estrecha vinculación con Berenguer, podían coincidir con algunos de los generales del primer Directorio militar, como Cavalcanti, presionando unos y otros ante el Rey para que desplazara del poder a la Dictadura. En el curso del mes de julio de 1924 sus compañeros de Directorio en Madrid avisaron a Primo de Rivera, viajero por el norte de España, de la acumulación de nubarrones en contra cuyo y del régimen. «Conviene sepa usted y lo sepa lo antes posible», le escribió Magaz, «que la campaña iniciada durante su estancia en África ha llegado a tomar vuelos inconcebibles. Se habla del fracaso…de su política africana y se citan, con pelos y señales, verdaderas monstruosidades y actos de indisciplina… Esta propaganda… es inatacable por lo indeterminado de su origen y por la extensión del mal. Si quisiéramos hoy detener a cuantos comentan poco favorablemente los asuntos de África, tendríamos que meter en la cárcel a las nueve décimas partes de la población». Fue el primer momento en que dio la sensación de que el Directorio estaba en peligro y por eso Magaz no dudó en emplear un tono dramático para referirse a esta ocasión: «La importancia, el alcance, las afinidades que los protestatarios puedan tener, su influencia en ciertas esferas, esto es lo que conviene saber y medir con exactitud para no ir a un desastre, cien veces sensible por nosotros, pero sensible sobre todo por el país, que es posible diera al traste con unos y con otros en una suprema convulsión» [59]. Sin duda, esas «esferas» a las que aludía Magaz eran las palatinas. A ellas debían llegar las inquietudes de los viejos políticos que eran en parte sinceras pero también interesadas. De julio de 1924 data un informe remitido al conde de Romanones en el que se presentaba la situación en Marruecos tan sólo soluble mediante dos fórmulas contrapuestas: «Ocupación total o abandono». «Yo», escribía por entonces Gabriel Maura, «no veo más solución que Berenguer para encauzar lo de Marruecos y para volver a los militares a los cuarteles mientras él realiza esa tarea que no parece corta ni fácil» [60]. El espectro no sólo de otra derrota en Marruecos sino también de la división del ejército, la más angustiosa crisis imaginable en la Restauración, aparecía amenazante en el horizonte político.

Primo de Rivera reaccionó con rapidez y lo hizo apelando a quien podía poner en peligro su permanencia en el Gobierno, es decir, el propio Alfonso XIII. Merece la pena citar el grueso de su carta porque en 1923 daba la sensación de que cualquier posible intento de desplazarle equivaldría a derramamiento de sangre:

No por descansar, aunque bien lo preciso, sino por deshacer, cosa fácil en un par de días, la atmósfera densa de enredos e intrigas que se ha procurado crear estos días como nubarrón de verano, es indispensable que de León vaya a Madrid siquiera tres días y luego iré a Santander a dar cuenta a V. M. de mi viaje de que saco mucha más fuerza y vigor patriótico que me animó nunca. Ni los enredos ni las intrigas de unos políticos que pierden la esperanza y de unos periodistillas sin campo de acción para su influencia y medro, ni siquiera de media docena de militares disidentes me preocupan nada. Eso es polvo que barre el vendaval de la opinión que me asiste y asiste al Directorio, en lo militar más consciente y firme que hace diez meses y más resuelta a defender sus ideas. Puede V. M. estar tranquilo de que en España no se moverá nadie y de que quien lo intente será aplastado. ¡Es muy clara y muy fuerte la opinión nacional! Señor: deseo a V. M. tranquilidad y le reitero el testimonio de mi más firme adhesión [61].

Primo de Rivera, por tanto, reaccionó de forma rápida y decidida. Por un lado, reconfortó a los miembros de su propio Directorio, que parecían haber pasado por la tentación del abandono del poder y además tuvo una entrevista con el Rey, cuyo contenido ignoramos pero que debió ser semejante a la carta transcrita. El monarca, por el momento, consciente de lo que se jugaba, apoyó al dictador. Según el embajador británico, no sólo estaba de acuerdo con él en torno a la cuestión marroquí sino incluso en el limitado papel de la oposición. El dictador, por otro lado, hizo también unas declaraciones en las que previno a aquellos militares que se servían de su prestigio para reunir en torno suyo a quienes podían encabezar una protesta política; se refería, claro está, a Cavalcanti, quien ya en ese momento había sido censurado al hacer unas declaraciones a la prensa. Evidentemente, este general no podía tener una posición política marcada por el puesto que ocupaba al frente de la Casa Militar del Rey. Magaz, autor de la medida, explicó a Primo de Rivera que, si lo que decía Cavalcanti «no tiene gran malicia» el periodista que le había preguntado «no me parece de intención muy católica» y que, en cualquier caso, dado el puesto que el general ocupaba junto al Rey, «lo más discreto… es callar» [62].

Solucionada esta primera amenaza, Primo de Rivera pudo dedicarse a las operaciones militares. Los generales del Directorio le habían aconsejado que se iniciara la retirada en Marruecos pero para ello resultaba preciso relevar al alto comisario Aizpuru, al que sustituyó el propio dictador. Pero antes de que pudiera ponerse en marcha este programa se produjo la ofensiva de los rifeños, que a comienzos de agosto ya equivalía a una insurrección general.

El hecho de que a partir de entonces el Directorio permaneciera dividido entre Madrid y Tetuán y sus miembros debieran por ello comunicarse por escrito nos permite seguir muy detenidamente la evolución del pensamiento de quienes lo componían en ese momento, así como de sus relaciones con el Rey. Primo de Rivera se dedicaba fundamentalmente a las operaciones militares en curso, pero tenía que prestar la máxima atención a lo que sucedía en España en donde, durante esas semanas, seguían menudeando las conspiraciones en su contra y además el Rey podía tomar la decisión de hacerle abandonar el poder si las operaciones militares iban mal. Por su parte, el marqués de Magaz tuvo la responsabilidad política principal en España pero no dejó de aconsejar a Primo en temas marroquíes.

«España está ahora tranquila y sólo pendiente de los sucesos de África», escribió Magaz al dictador aunque en estos momentos arreciaran los signos de disidencia. Dejando para más adelante las muestras de actividad de esa oposición hay que llamar la atención sobre el cuidado de Primo de Rivera en esos momentos acerca de la posible intervención del Rey en la política; no hay que olvidar que de lo que sucediera en Marruecos de manera muy clara dependía también el destino del Directorio. En la correspondencia del duque de Tetuán con Primo de Rivera el monarca aparece como «muy cariñoso» y con «mucha confianza en tu gestión», pero mucho más sagaz en materia política parece el vicepresidente del Directorio que enumeraba las frecuentes iniciativas del Rey. Éste, por ejemplo, aparece en esta correspondencia sugiriendo la posibilidad de un desembarco en Alhucemas, criticando la dilación en el socorro a Xauen y mal impresionado, en general, por el desarrollo inicial de las operaciones. En ese momento parece haber intervenido de forma directa en todas las cuestiones militares, incluyendo en ellas la sanción a Queipo de Llano, en este caso a favor del citado general. Pero los miembros del Directorio dieron la sensación de procurar no prestar mucha atención a los requerimientos reales. Quizá quien tenía más reticencias frente a este intervencionismo fue el propio Primo de Rivera, que no dudó escribirle a Magaz respecto a una cuestión militar de menor importancia que, en realidad, formaba parte «de la maniobra que se preparaba para buscarme alguna dificultad» y que la «persona que diversas veces ha insistido en esto dejará de hacerlo ante la firmeza de un juicio y una convicción que de flaquear no podría ser más que a costa del prestigio del Directorio». La frase, sin duda, constituye un buen testimonio de que, en la Dictadura o en la etapa constitucional, el activismo del Rey podía ser limitado por una actitud decidida de quien ejerciera las responsabilidades gubernamentales. La inquietud por la postura del monarca no desembocó, no obstante, en un cambio de Gobierno ni de régimen y ello por razones derivadas de la propia carencia de ganas de la oposición por acceder al poder, pero también por las expresadas por Magaz en una de sus cartas al dictador ausente. «La suerte del Directorio o la de usted, para hablar con perfecta claridad», escribió, «está tan íntimamente unida a Marruecos… En caso de una desgracia me parece perfectamente inocente pensar en reemplazar la actual situación por otra del mismo carácter que ni siquiera podría ostentar la de sumar las fuerzas del ejército y la Marina y, si como todo hace suponer, el problema se resuelve no hay quien pueda ni pensar en laborar contra usted». «Así», concluía, «se lo he manifestado también, con absoluta claridad, al monarca, pues considero un deber ponerle en guardia contra pretendidas situaciones militares en sustitución de la actual» [63]. Una vez más es preciso recordar que Magaz era considerado como un militar palatino.

En estas circunstancias no puede extrañar que el dictador informara de manera bastante detenida al Rey acerca del desarrollo de las operaciones militares, en ocasiones con una carta diaria. Prueba de la dificultad de la situación es que le comunicara al monarca que «las instrucciones dadas… son de continuidad y dureza en la actuación y que deje a las harkas amigas desarrollar todas sus características del poscombate, a ver si queda recuerdo entre los desleales que tan fácil acogida han dado en esta ocasión a los rebeldes». La ofensiva indígena fue, pues, respondida con crueldad pues «sólo un escarmiento cuya noticia corra por todo Marruecos puede darnos ocasión, ya que otras se perdieron, de replantear el problema…, aventura macabra y temeraria en que la inconsciencia ha metido al país». Lo que le interesaba a Primo de Rivera de forma primordial era «ahorrar sangre española» en una política que seguía siendo semiabandonista. Menudearon, mientras tanto, en sus cartas al Rey las referencias a la dificultad de la situación militar. A finales de agosto le comunicó que «los muchos días» de combate habían reducido los efectivos de las tropas de choque «de modo alarmante» por lo cual había que enviar más, lo que le parecía de «suma gravedad». Al mismo tiempo que no dejó en ninguna ocasión de advertir que lo que acontecía no podía ser un motivo para desplazarle a él del poder. «Este pueblo español», escribió, «digno de que lo hubieran precavido de estos riegos y quimeras, tiene fe en sus destinos aún y la paz interior parece asegurada». Todavía a mediados de septiembre Primo de Rivera narró a Alfonso XIII unos combates ásperos con el enemigo en posiciones «ventajosísimas» y las tropas propias instaladas en «tantas docenas de inútiles puestos y líneas fantásticas que vengo pugnando por suprimir hace tiempo». «Comprenderá V. M.», llegó a afirmar el dictador, «que la situación es dificilísima» y «sólo algún sonado y brillante éxito puede iniciar su mejora». «Dios ha querido», concluía en términos trágicos, «que al que primero vio y anunció esta tragedia enorme (el 13 en mis cartas a Dato, el 17 en Cádiz y el 21 en el Senado) sea el llamado como gobierno y como general a intervenir en este último acto al que todo lo más que se puede aspirar es a que le reste un epílogo» [64].

Mientras tanto, en la Península quienes estaban en la oposición centraban en cuanto sucedía en Marruecos las esperanzas de que por la presión del monarca se produjera un cambio político que acabara con el Directorio militar y permitiera un relevo. De los opositores el más caracterizado por su conocimiento de la situación del protectorado, por su inequívoca oposición al régimen y por su buena información acerca de la política interna fue el conde de Romanones. Todo hace pensar que su planteamiento era coincidente con el del dictador en la percepción de las circunstancias por las que se pasaba más allá del estrecho; en lo que difería por completo era en los medios políticos a recurrir para solucionar el problema.

En agosto recibió el político liberal la visita de la policía, que rebuscó en su archivo las supuestas pruebas de la comisión de algún delito. A las pocas semanas el conde envió a Alfonso XIII un extenso informe sobre lo sucedido en Marruecos. Lo acompañó de unas líneas a uno de los más estrechos colaboradores del monarca, el duque de Miranda: «Te ruego hagas llegar a manos de S. M. el adjunto documento. Si S. M. se digna leerlo y cree que puede ser de utilidad algún comentario o ampliación verbal, a sus órdenes quedo» [65]. No parece que la conversación tuviera lugar pero da la sensación, en cambio, de que el Rey debió leer el informe, que le causó impacto y que probablemente hubiera tenido consecuencias políticas en el caso de que la situación en Marruecos hubiera seguido deteriorándose.

El extenso texto comenzaba con una queja ante el monarca por la situación dictatorial que, sin embargo, no alejaba a su autor de las instituciones a las que había servido en el pasado. La policía —aseguró— podía haber encontrado entre sus papeles pruebas de la lealtad con la que el conde había servido a la Monarquía durante treinta y cinco años. Contra el régimen —«el Parlamento disuelto, la prensa amordazada y la Constitución abolida de hecho»— ni siquiera protestaba, pero ante el Rey se quejaba de que el Directorio, dedicado a «las reformas más ajenas a su condición militar» haciendo de paso «tabla rasa de las leyes», había fracasado rotundamente en Marruecos. Lejos estaban ya los tiempos de la Concentración Liberal en que se había pensado en la toma de Alhucemas, «que tan noble entusiasmo producía en el ánimo de V. M.». Con la negociación acerca del Estatuto de Tánger se había perdido «hasta la esperanza, no digo ya de dominio sino de tener la menor preponderancia en aquella ciudad». Luego Primo de Rivera habría desorganizado con su intervención algunos aspectos cruciales de la Administración militar española en el protectorado. De esta manera se habría creado «un estado de efervescencia, de desaliento, de desprestigio», consecuencia «no de la fatalidad sino de la incapacidad» del dictador. En efecto, lo sucedido no podía interpretarse como «un levantamiento general islámico que ha surgido de modo inesperado por generación espontánea» sino como un «movimiento de incubación lenta y siguiendo su desarrollo paso a paso a las declaraciones repetidas de repliegue» hechas por Primo de Rivera. Los sucesivos «movimientos epilépticos» de éste no tenían otro resultado que acrecentar y hacer arreciar la sublevación. Romanones se demostraba, en suma, a lo largo de estas páginas como un perfecto conocedor de los sucesivos enfrentamientos del dictador con los mandos militares, entre ellos Queipo de Llano y Franco. En conclusión, aseguraba que «día en día la situación en la zona occidental se agrava y la labor de doce años de continuados sacrificios se va desmoronando». «De lo que ocurre», proseguía, «no se dan detalles a pesar de que la prosa del presidente sigue manando fluente pero mana más que para hablar del problema de Marruecos para dirigir amenazas apocalípticas a unos y a otros». En efecto, «la lectura de las notas oficiosas que, sin dar paz a la mano o a la lengua, lanza el general presidente… constituye la prueba más concluyente de que la vacilación, la incomprensión y la incapacidad son las características de la labor que durante un año ha realizado el Directorio en Marruecos y que V. M. juzgará por los resultados». Venía, en fin, la conclusión que constituía una apelación a la intervención política de Alfonso XIII: «De la solución de este problema, Señor, a la hora presente penden tres cosas: el ejército, la Monarquía y el porvenir de España. Que Dios ilumine a V. M.» [66].

¿Era la descripción de Romanones fiel a la realidad y capaz, por tanto, de movilizar a aquel a quien se dirigía? Por lo menos estaba sólidamente justificada y hubiera sido suscrita por muchos, militares o no, en aquellos momentos. Con ocasión del aniversario del régimen otro sector liberal, del que era portavoz el abogado Tomás Benet, preparó un escrito también dirigido al Rey. En él se hacía una profunda crítica de todos los aspectos de la gestión gubernamental para concluir que «el criterio expuesto lo comparten, y fácil le será a V. M. comprobarlo, prestigiosos generales, jefes y oficiales de nuestro ejército y la Marina». El redactor de este texto le aseguró a Romanones que «tenía motivos para creer que el Poder Moderador es el primer convencido para un cambio de sistema» pues se lamentaba de que los antiguos presidentes no parecían prestarle la ayuda que la ocasión requería [67]. Incluso el propio Romanones parece haber pensado en algún momento en la redacción de un escrito o «protesta civil» dirigido al monarca con ocasión del aniversario del golpe de Estado (un borrador en este sentido hacía por vez primera alusión a la posibilidad de unas Cortes Constituyentes aun manifestando un inequívoco sentimiento monárquico). Al mismo procedimiento pensaba recurrir el general Agustín Luque, que había sido ministro y ahora estaba dispuesto a «echar y después pulverizar (y) no dejar hueso sano» al dictador [68]. En suma, ante los problemas de Marruecos muchos estaban dispuestos a recurrir al Rey para volver a una situación liberal. Pero esta iniciativa se fundamentaba en una realidad que los acontecimientos acabaron por desmentir. La inicial política marroquí de Primo de Rivera pudo ser tan caótica como los opositores liberales aseguraban pero no concluyó en los desastres que previeron.

Por el momento cuando, a mediados de septiembre, arreció la inquietud política el Directorio militar consiguió imponerse. Cabanellas, Berenguer y Weyler eran citados por las fuentes diplomáticas francesas como los jefes militares más reticentes frente a Primo de Rivera, pero a ellos se habían sumado ahora otros. El 23 de septiembre Magaz recibió a varios generales, algunos de los cuales desempeñaban puestos tan importantes como la Dirección de la Guardia civil o la Capitanía general de Madrid; además, también tuvo en su despacho a los principales dirigentes del golpe del 13 de septiembre en Madrid (Saro, Dabán y Cavalcanti). Tras una larga conversación con el último, finalmente consiguió que desmintiera públicamente sus actividades políticas y, para evitarlas en adelante, se anunció que partiría en misión militar a los Balcanes. Como interpretaron todas las fuentes que pudieron hacerlo con libertad, lo que sucedió es que un nuevo pronunciamiento quedó cortado de raíz; según alguna de esas fuentes, parece haber tenido como objetivo colocar a Weyler al frente del Directorio.

Resulta posible, como señalan algunas de estas interpretaciones, que, alertado por Martínez Anido, Magaz se enfrentara con los disidentes, una vez ratificada la lealtad de quienes tenían mando más directo en Madrid. La gravedad de lo sucedido radicaba en que la condición de Cavalcanti como jefe de la casa militar del monarca habría podido implicar a éste en lo sucedido. Pero, a pesar de que había entre él y el dictador divergencias, por el momento Alfonso XIII le mantuvo la confianza. Magaz, de quien fue la decisión de alejar a Cavalcanti, contó a Primo de Rivera que «no juega completamente claro con nosotros el tal general y el alejarlo no sólo no puede perjudicarnos sino que acrecienta la fuerza del Directorio». Como siempre, Magaz, que tenía relación estrecha con el monarca, se apresuró a señalar que éste «había dado para el asunto todo género de facilidades»; una carta posterior descubre «ciertos disgustos que con él existían en la Real Casa». Por su parte, el duque Tetuán sugirió al dictador un factor personal que pudo tener también importancia en lo sucedido: los antiguos conspiradores se sentían preteridos. La interpretación de los generales del Directorio parece probar la inanidad de la conspiración. El propio Primo de Rivera reputó lo sucedido como producto de la «ambición y pedantería» del general Cavalcanti, al que ahora le reprochaba no haberse atrevido a asumir responsabilidades políticas en la dirección del país [69].

A finales de octubre había desaparecido ya en los medios del Directorio la sensación de un posible desvío por parte del Rey. Primo de Rivera empezó a asegurar que el monarca estaba en contra de la política antigua «ahora más que antes»; al mismo tiempo, sus sugerencias en temas militares o políticos disminuyeron en intensidad y frecuencia. El duque de Tetuán, íntimo del dictador y encargado por él de averiguar el estado de ánimo real, empezó a calificarlo de «muy satisfecho» en cuanto la situación marroquí se normalizó. Resulta más que probable que esta identificación entre el monarca y el dictador fuera un tanto forzada por la propia posición de este último. Primo de Rivera debió sugerir en carta al Rey la posibilidad de una retirada suya a mediados de octubre, pero tal eventualidad fue rechazada por este último inmediatamente. Tetuán, al que Alfonso XIII le leyó la carta, que se ha perdido, la calificó de «fantasía morisca», porque «el Directorio eres tú» y «lo patriótico y gallardo» era, en consecuencia, que no sólo siguiera al frente del régimen sino también presidiera el primer gobierno civil, hiciera las elecciones y «dejara el poder en el Parlamento». Aparte de proporcionar información acerca de la peculiaridad de la relación entre el dictador y el monarca esta correspondencia deja claros cuáles eran, por el momento, los propósitos políticos de la Dictadura [70].

Si se recapacita acerca de lo sucedido en esta ocasión quedará claro que Marruecos fue un motivo determinante para mantenerse en el poder cuando el problema era grave, antes de convertirse en el principal activo del régimen dictatorial. Alfonso XIII, aunque arreciara la oposición, no podía permitir que Primo de Rivera abandonara el poder en aquellos momentos. Su intervención en la campaña marroquí siguió siendo mínima, con la excepción del desembarco en Alhucemas que mencionaremos a continuación. Los rastros de ella que se han conservado entre sus papeles se refieren a cuestiones menores como, por ejemplo, preguntar acerca del material de guerra comprado en Francia o de las posibilidades de que se hubiera podido fabricar en España [71]. Después de la retirada en la zona occidental del protectorado debió ser consciente de que se había rondado un nuevo Annual, posibilidad que compartieron (e incluso mencionaron de forma explícita) los propios generales del Directorio. Manteniendo, como siempre, esa peculiar vinculación personal con la oficialidad, cuando el coronel Millán Astray perdió un brazo en combate se interesó por su estado de un modo muy característico de su estilo. El telegrama que envió a su superior jerárquico decía, en efecto: «Muy interesado estado Pepe Millán anímale y dile que con un brazo menos me sirve igual que con los dos. Abrazos, Alfonso». El coronel, en efecto, había pedido permanecer en el ejército a pesar de haber quedado mutilado. La campaña en la zona occidental del protectorado le debió, sin embargo, avisar de los peligros objetivos que se podían correr todavía en África. Un informe que le llegó sobre la situación en la zona oriental advertía que era imprescindible que «se deje de hablar de repliegues» puesto que era «preferible decir que se va a hacer la guerra hasta llegar a batir al enemigo en su guarida, aunque en ello no se piense, que dejar entrever lo contrario». Además, se le informó también desde el consulado español en Rabat que en los medios del protectorado francés en el pasado se le atribuía «extremada benevolencia» respecto de Silvestre y «frialdad cuando no desaprobación» hacia Berenguer. En aquel momento se le achacaba la principal «responsabilidad moral en el giro de nuestra política marroquí que con el transcurso del tiempo ha derivado a sus actuales derroteros». Sabemos, sin embargo, que el responsable de esa política en cuanto a la planificación fue exclusivamente Primo de Rivera y en lo que respecta a su ejecución Aizpuru, y que ningún papel le correspondió en su gestación al propio Rey [72].

Tampoco puso la menor dificultad a que el régimen procurara liquidar los signos de oposición. Destinatario de la represión resultó, por ejemplo, el general Berenguer, quien fue enviado durante seis meses a prisión en Fuenterrabía. En este caso, como en otros, Primo de Rivera cargó con la presunta culpa de una severidad que no le tuvo a él como principal motivo de ser. «No puedo comprender qué orientación lleva ese general, a quien hemos ayudado tanto a que saliera de su difícil situación», escribió, refiriéndose a Berenguer, «porque permanecer unido a la antigua política no puede ser para él ni siquiera una habilidad, ya que ésa me parece que ha muerto en España definitivamente por la voluntad del pueblo y, ahora más que antes, por la voluntad real». Primo, por tanto, no escatimaba en privado alguna crítica contra el monarca, pero estaba dispuesto a no sancionar al palatino Berenguer sino simplemente a dejarle sin destino. Fueron los generales del Directorio, en especial Magaz, los que optaron por lo primero. Primo de Rivera mantuvo una posición comprensiva respecto de quien, pasado el tiempo, resultaría ser su sucesor hasta el punto de que, como el mismo monarca, pareció dispuesto a interceder por él [73].

A finales del año 1924 la situación política interna siguió siendo inquietante. La evolución militar en Marruecos era mala y eso favorecía el malestar en los medios militares y políticos. La prensa argentina se hacía eco de una gestión de Burgos y Mazo para reunir firmas pidiendo el regreso a la normalidad constitucional. La gestión pareció haber fracasado, pero los miembros del Directorio debieron tener vagas noticias acerca de ella puesto que Magaz la mencionó en su correspondencia a Primo de Rivera. Nos ha llegado una redacción del texto que, a pesar de no haber sido entregado, merece una somera mención porque revela el tipo de argumentación habitual en la oposición nacida en los medios de los viejos partidos. Dirigido al Rey, el manifiesto pretendía su intervención para hacer desaparecer del poder a Primo de Rivera. La Dictadura habría obtenido un apoyo popular enorme en el momento inicial, pero ahora se demostraba incapaz de resolver el problema de Marruecos a pesar de disponer de todos los elementos para encontrar una solución. Según el redactor de este texto, el país aspiraba a «un inmediato régimen de normalidad»; el Rey podría comprobarlo consultando a los altos mandos militares que permanecían en silencio. No había en el texto el menor signo de antimonarquismo pero sí denuncia de la tendencia del Directorio a aparecer protegido por el apoyo real. En consecuencia, pedía la «inmediata y urgente liquidación de un régimen impopular e insostenible» y «la entrega del Gobierno a los que la opinión democrática señala», para salvar a España, al Rey y al ejército. Otro manifiesto de oposición, dirigido a los militares de Infantería, se proponía «acabar de una vez con la pesadilla deshonrosa de tan depravado chulo nocturno», encabezado con un expresivo «¡Salvemos al Rey!». Como se puede imaginar, ambos manifiestos estuvieron en absoluta contraposición con el redactado por el dictador con ocasión del aniversario del golpe de Estado. Este último concluía con un «viva» al Rey que suponía la absoluta vinculación entre el régimen y la Monarquía, en evidente peligro para ésta [74].

«Creo firmemente», decía a finales de año Romanones, «que el Directorio ha entrado en fase de liquidación», agregando que «para defender al Rey, yo pido con insistencia que haya un gobierno responsable, que haya libertad, que haya Parlamento». El último día del año 1924 el nuevo embajador francés seguía considerando «inminente» el fin del Directorio y aseguró a París que el Rey estaba de acuerdo en la vuelta a la normalidad [75]. Pero, curiosamente, la misma razón que provocaba el debilitamiento ante la opinión del régimen dictatorial era el factor más favorable para su estabilidad. Los hombres de los partidos políticos del turno no querían recibir la herencia envenenada de Marruecos sino que deseaban que Primo de Rivera solventara la cuestión mediante el abandono del protectorado. Otra cosa es que, al mismo tiempo, presionaran al Rey con el objeto de volver al régimen parlamentario. El único que no lo hizo fue Maura, en quien la prensa argentina aseguró que se encarnaba «la esperanza de que España vuelva a regirse constitucionalmente», pero su dureza en contra de Primo no era comprendida ni siquiera por sus propios hijos [76]. Fueron los generales del Directorio los que acabaron convenciendo a Primo de Rivera de que tenía que mantenerse en su puesto y no abandonarlo como al parecer pudo haber sido su tentación —o quizá una manifestación de su habilidad política— en un momento en que la situación de Marruecos podía considerarse relativamente estabilizada.

Ese mantenimiento en el poder tuvo como consecuencia a medio plazo que se pactara un acuerdo con Francia y que se tomara la decisión del desembarco de Alhucemas, que fue el principio del final de la guerra de Marruecos. Inmediatamente después de concluida la negociación franco-española, en círculos liberales hubo quejas porque pareció que lo pactado obligaba a España a una guerra que para Francia era inevitable, dado el Imperio colonial del que disponía, pero que para los españoles no tenía sentido. Como siempre, esta posición fue transmitida por escrito al Rey (o, al menos, se pensó en remitirla por este procedimiento); encerraba un profundo escepticismo sobre el ejército español y sobre nuestro colonialismo. Alfonso XIII, quizá más impresionado por lo sucedido a lo largo de 1924 en la zona occidental del protectorado que por este escrito, decidió por entonces adoptar una posición conservadora en cuanto a las operaciones militares al otro lado del estrecho.

Hemos podido constatar que, con anterioridad, el monarca había apoyado la operación sobre Alhucemas. Si al principio todo el Directorio parecía estar de acuerdo en hacer el desembarco ahora, en cambio, dos de sus generales, Magaz y Vallespinosa, optaron por una postura «en el fondo abandonista, porque no quieren hablar de operar en Alhucemas y con ellos está Su Majestad». Jordana, en el Directorio, capitaneó una postura contraria, dispuesta a hacer esa operación militar, aun sin dejar de «pactar a ser posible con Abd-el Krim» [77]. Las reticencias por parte del Rey han sido narradas de manera somera por el general Jordana. En una fecha que éste no indica pero que debe situarse al comienzo de la segunda quincena de julio de 1925 hubo un Consejo del Directorio en que el monarca, apoyado por los dos generales citados, expresó sus reticencias ante la operación. En el Palacio Real se encuentran depositados los planes para el desembarco preparados por el citado general, prueba de que el Rey había podido examinar con detalle la cuestión. Ausente todavía Primo de Rivera de la reunión, fue Jordana el que la defendió hasta que la llegada del dictador decantó la cuestión de manera definitiva. Estos titubeos muestran a las claras las dudas pero también que cuando un presidente tenía un programa no dejaba de imponerlo al monarca. De cualquier modo, un fracaso, aun parcial, hubiera supuesto sin duda el abandono del poder por parte de Primo de Rivera [78].

La operación se llevó a cabo a comienzos de septiembre de 1925, obtuvo un gran éxito y a partir de este momento, con la colaboración francesa, se abrió camino a una solución definitiva del problema marroquí. Pocos días después Primo de Rivera se hizo eco en una carta enviada al resto del Directorio de la impresión que ese triunfo había tenido en don Alfonso: «El Rey, muy bondadoso y noblemente, me llamó al teléfono para felicitarme y decirme que por esta vez se había equivocado y que reconocía mi acierto al defender tan tenazmente el que se hiciera la operación. Yo sé que hay muchos defraudados en sus ilusiones de que ello fuera algo catastrófico: unos por odio y otros, como los periodistas, por mero afán informativo, que no satisfacen ante la tranquilidad y la normalidad de los sucesos» [79]. Sabía de sobra el dictador, por tanto, que el fracaso de la operación hubiera acabado con su régimen.

Al poco tiempo respondió al monarca agradeciéndole su actitud y, sobre todo, sacando las consecuencias políticas de su victoria. «En efecto», le decía, «la suerte me ha acompañado una vez más en esta importante ocasión en que tanto se jugaba España siendo, gracias a Dios, favorables todas las circunstancias». Su propósito respecto de Marruecos seguía siendo «sostener todo el territorio del protectorado con el tercio y fuerzas indígenas sin un solo soldado peninsular de infantería». Pero el cambio esencial que el triunfo de Alhucemas había supuesto para sus planes era de carácter político. Manifestó su propósito de «volver yo a España por si puedo ser útil, como sinceramente creo, al frente del gobierno de V. M., que una vez desenvuelto esto, acaso convenga cambiar de estructura, para abrir una esperanza a un mundo político nuevo de ética y con ideales patrióticos que atienda a los cien importantes y apremiantes problemas que España tiene pendientes. Y no es que no lo haya hecho el Directorio con estudio y acierto en los asuntos que harán difícil encontrar gobierno que lo sustituya, sino que no podemos someter a la representación del ejército y la Marina a un desgaste excesivo que hasta ahora no ha habido, merced a que su activo es enorme, contra un pequeño pasivo de errores». Más adelante aprovechó la buena marcha de las operaciones posteriores al desembarco para, en nueva carta al Rey, arremeter otra vez contra los políticos del pasado que «en empresas insensatas u por caminos indirectos malgastaron tanto oro y heroísmo español que hubieran bastado, sobre todo a partir del 21, para herir al enemigo en el corazón». Frente a este recuerdo, en el momento presente «el país parece bien confiado en su gobierno que vela por el orden y la justicia en los contados casos en que algunos quieren alterarla» [80]. A este propósito de cambiar la estructura del gobierno y de dedicarse a la reforma política coadyuvó también la sensación de plenitud que le había otorgado la victoria. Se sentía «como un toro» y, por tanto, capaz de las mayores empresas.

Como Primo de Rivera, también el Rey, del que sabemos sus tentaciones abandonistas, hizo declaraciones por completo contrarias a dejar Marruecos por estas mismas fechas, partiendo de la base de que el abandono fomentaría el impulso independentista de otras colonias [81]. El triunfo militar había cambiado por completo las perspectivas políticas de un régimen siempre considerado como temporal. Antes de esa victoria hubiera podido ser liquidado en la adversidad o sin ni siquiera necesidad de ella. Si, por un momento, imaginamos lo que podría haber sucedido en el caso de una derrota o de una situación de impasse, fácilmente podremos llegar a la conclusión que no sólo se hubiera vuelto de nuevo a la Constitución sino que es muy probable que las protestas en contra de la violación de la legalidad constitucional por parte del Rey hubieran sido relativamente moderadas. Marruecos fue el primer activo importante de Primo de Rivera. Luego, ya en el exilio, don Alfonso se refirió al periodo dictatorial como una etapa en la que España había avanzado más que en los veinte años precedentes [82]. Pero ni siquiera hubiera llegado a beneficiarse de la coyuntura económica internacional de no ser por el impulso que dio para su perduración el desembarco en Alhucemas. Éste empezó por justificar la configuración del Directorio civil como nueva forma de gobierno.

EL DIRECTORIO CIVIL

Para entender el camino que llevó a su gestación hay que remontarse a comienzos de 1925. Por entonces, despertado del letargo por el folleto de Blasco Ibáñez, el viejo dirigente republicano Alejandro Lerroux hizo circular una carta de la que nos interesa la descripción que hacía de las relaciones entre el Rey y el dictador. «Primo de Rivera», decía Lerroux, «no habiendo querido someter al Rey, ni sabido someterse constitucionalmente al Rey, viven hoy recíprocamente encadenados e impotentes ambos para gobernar» (sic). Lo curioso del caso es que no cabe atribuir esta opinión tan sólo a un dirigente republicano por el hecho de serlo sino que esta dualidad del poder político aparecía a los ojos de todos los observadores, nacionales o extranjeros [83].

En relación con lo descrito aquí hay que hacer mención también a la controversia que tuvo lugar en los medios intelectuales y políticos madrileños durante todo el primer trimestre de 1925 acerca de cuestiones como la vigencia del sufragio universal y el mantenimiento de la Constitución de 1876. Toda esta polémica es necesario abordarla desde sus aspectos políticos pues revela la peculiaridad del momento y lo poco explícita que resultaba la salida de un régimen dictatorial. El mismo hecho de que existiera la polémica testimonia que la Dictadura en absoluto era considerada como una solución definitiva y la pluralidad de opiniones expuestas demuestra, junto a la relativa libertad de expresión en este tiempo dictatorial, una incertidumbre sobre el inmediato futuro en que el Rey debía tomar su decisión.

Ya desde finales de 1924 el interrogante sobre el futuro había planeado sobre las reflexiones de algunos intelectuales de derecha como Azorín, D'Ors y Maeztu, que habían hecho explícita confesión de fe antiliberal, opuesta a la práctica del sufragio universal, contra el que invocaron cuál había sido su ejercicio en España. Fue, sin embargo, ABC quien dio a la polémica un carácter más general al trasladarla al terreno de la política práctica interrogando primero a Vázquez de Mella, decidido opositor a todo lo que recordara al liberalismo. Aunque el diario interrogó a otras opciones políticas, quien mejor expresó la oposición a lo afirmado por el dirigente tradicionalista fue el conde de Romanones, el cual había publicado un reciente libro sobre Las responsabilidades políticas del Antiguo Régimen de 1875 a 1923, en el que se hacía una defensa de la Restauración y, al mismo tiempo, de las numerosas novedades reformadoras que había supuesto para España. El texto, como es lógico, chocaba con una vertiente esencial de la propaganda dictatorial como era la condenación de la vieja política, mientras que para el conde de Romanones los políticos que gobernaron en la etapa precedente habían tenido una respetable ejecutoria. Así se explica que aparecieran otros folletos, sin duda nacidos en los aledaños del poder, en que el atacado fue el propio conde. Para sus autores resultaría que durante la época, España habría hecho progresos pero a pesar de la política vigente y no merced a ella. En esas réplicas apareció el repudio al sufragio universal, la voluntad de que a la Monarquía no le correspondiera una función meramente decorativa y algún deseo de que el Parlamento fuera sustituido por un organismo semejante a «nuestras antiguas Cortes». En cambio, Romanones defendía la vuelta a la Constitución de 1876 y las elecciones por sufragio universal; ésa sería la única fórmula viable para volver a un régimen de libertades. Pero si los intelectuales pedían más cambios, parte de los conservadores ansiaban unas instituciones más autoritarias. En suma, durante este primer trimestre de 1925 hubo una auténtica efervescencia de especulaciones sobre el futuro político en un momento en que era también patente la fragilidad del régimen dictatorial, lejos de resolver la situación de Marruecos, sin que al mismo tiempo pareciera claro quién podía ser la alternativa [84].

En este ambiente se explica lo sucedido en torno al homenaje a Dato en los primeros días de marzo. Pero esto, a su vez, requiere una explicación acerca de la situación interna del partido conservador. Desde septiembre de 1923 se habían venido apreciando dos sensibilidades distintas respecto del régimen dictatorial, más hosca la representada por Sánchez Guerra y más complaciente con ella la acaudillada por Bugallal. Había otros dirigentes conservadores, entre ellos el propio Maura, pero el político mallorquín, al que le quedaban tan sólo unos meses de vida, estaba ya, después de lo sucedido en los meses anteriores, en un estado de creciente irritación en contra del monarca del que decía que «con él no se podía ir a ninguna parte» mientras que su edad y el hecho de haber perdido a buena parte de sus seguidores, ingresados en la Unión Patriótica, le impedían un protagonismo como el que había tenido en otros tiempos. Su última carta al monarca, escrita por entonces, revela una creciente preocupación por la «perspectiva enigmática» que se planteaba inmediatamente a continuación del régimen dictatorial y por la ausencia de civismo que apreciaba en la sociedad española. Sánchez Guerra, en cambio, representaba una posición más comprensiva en su interpretación acerca de la postura real, pues afirmaba que el Rey «no tenía opción alguna para obrar». Quizá por eso fue el propio monarca quien le insistió por vías indirectas en que asistiera al homenaje a Eduardo Dato; no fue esa su única gestión pues según la Embajada británica, de los siete presidentes o ministros que asistieron al acto al menos dos habían tenido un previo contacto con Alfonso XIII. Eso, en definitiva, indica que el Rey pensaba en que la alternativa a la Dictadura vigente era una opción liberal.

El homenaje a la memoria de Dato, celebrado en Vitoria en marzo de 1925, mereció los honores de la presencia no sólo de Sánchez Guerra sino también del vicepresidente del Directorio, Magaz. La ocasión no era propicia para un enfrentamiento entre partidarios y adversarios de la Dictadura, pero en las intervenciones de unos y de otros hubo significativas diferencias. Sánchez Guerra recalcó que el Rey cumplía con un deber de justicia con su asistencia, recordó la significación de «monárquico constitucional» de Dato y afirmó que si a los militares se les concedían honores por la muerte en el campo de batalla de algo parecido era merecedor Dato. Magaz admitió que a los asistentes les separaban «idearios completamente diversos», pero aseguró que la personalidad de Dato estaba por encima de estas divergencias. El Rey, cuya intervención directa pudo haber sido vedada por el Directorio, se mostró satisfecho por el discurso de Sánchez Guerra, al que felicitó, y, al mismo tiempo, dirigiéndose a Magaz le dijo: «Ya habrás visto que no es tan fiero el león como lo pintan» [85]. Merece la pena reseñar la actitud de Primo de Rivera ante lo sucedido. Previamente intentó evitar que el acto se produjera, procuró que no tuviera demasiada repercusión en la prensa y, por supuesto, no quiso estar presente. Sin embargo, una vez realizado, pudo inducirle a tomar en consideración la posibilidad de un retorno a la normalidad. Al duque de Tetuán le escribió precisamente en estos términos que no hay por qué dudar de que traducían sinceramente lo que en este momento pensaba:

Carezco aún de referencias exactas del acto verificado ayer en Vitoria pero un telegrama de Su Majestad me hace grandes elogios de la discreción, oportunidad y elocuencia de las palabras pronunciadas por Magaz, cosa que no me extraña pues tengo de él el mejor concepto. Veo una inclinación a suavizar las relaciones con los antiguos políticos, lo cual no quiere decir que sea con los antiguos partidos, y me parece que será posible para nuestro segundo aniversario hacer una transformación que sirva de puente al restablecimiento de la normalidad política, cosa que veo sin contrariedad porque bien se me alcanza que el gobernar de un modo excepcional y a nombre del ejército y la Marina no puede ser una cosa eterna. Si nuestra presencia y actuación en el poder ha servido para escarmiento y purificación de las costumbres políticas futuras y además marca los jalones dentro de los cuales han de moverse los futuros, nosotros habremos prestado un gran servicio nacional y dado vida a una emulación por servir cada uno mejor al país, que será cosecha próspera que éste recogerá [86].

Nunca expresó mejor que con estas palabras Primo de Rivera su ausencia de deseo de permanecer en el poder, pero nunca tampoco duraron menos sus juicios y propósitos. A finales de año se había enfrentado con Magaz y ya pensaba en un tránsito a la normalidad sólo a través del intermedio de una cierta institucionalización, basada en la potenciación de la Unión Patriótica y la creación de un órgano periodístico oficial del régimen. Sin duda, la victoria de Alhucemas ahuyentó la razón más poderosa para el abandono del poder e incluso cambió el panorama general de la política española. A partir de ese momento la vuelta a la normalidad tuvo siempre, para el dictador, el complemento de una paralela institucionalización que en la práctica la acababa alejando.

Por lo menos hasta finales del mes de abril el Rey mantuvo una postura de mano tendida a muchos de quienes habían protagonizado el sistema liberal parlamentario. A Almodóvar del Valle, que había tenido el duro enfrentamiento con Primo de Rivera, le aseguró que los ataques del dictador contra la vieja política se llevaban a cabo «contra su consejo y su dictamen». El propio generalato significado por su oposición al dictador (Aguilera, Weyler, Berenguer) estaba convencido de que existía una diferencia de criterio marcada entre el dictador y el monarca y que el segundo podría imponerse porque la mayor parte del ejército estaba a su lado. Un antiguo colaborador del dictador como Cavalcanti consideraba que Primo podía caer bien porque hubiera «una catástrofe muy grande en Marruecos» o «si el Rey se decide a cambiar de régimen, pero eso es muy delicado» porque, según creía, el dictador se resistiría. Por el momento tan sólo Alba entre los políticos del antiguo régimen parecía creer en la absoluta identidad entre el monarca y Primo [87]. Pero la situación dio un brusco giro en los días finales de abril.

Entonces el diario El Sol publicó parte de una entrevista que el Rey había concedido a los hermanos Tharaud en el diario francés Paris-Midi. En ella Alfonso XIII se expresaba en unos términos que difícilmente podían ser aceptados por los políticos que habían gobernado durante la etapa constitucional. Muy preocupado por la existencia de un supuesto peligro comunista, el monarca sacaba la conclusión de que el sistema parlamentario no estaba preparado para enfrentarse con él. Determinados países como Italia y España, aseguró, habían reaccionado contra él, postura con la que parecía estar de acuerdo porque el parlamentarismo era sólo «un ideal intangible para los que viven de él» e incluso la Constitución se convertía en «una palabra ligera ante la seguridad y la calma que vuelven a ser restituidos al pueblo». Tras el golpe de Estado frente a los intereses de los veinte millones de españoles se habían elevado los de las seis mil personas pertenecientes a la clase política. Las declaraciones eran, desde luego, imprudentes y además contradecían por completo lo que había sido la política del Rey hasta entonces, en especial durante los últimos meses. «Se le ha ido la burra al monarca», comentó Quiñones de León, el embajador español en París, y esa interpretación (es decir, que se trataba de una muestra más de la ligereza verbal del monarca) es bien posible. El temor a la revolución parece haber sido sincero en él y en este terreno la Dictadura podía tener un balance positivo. La crítica a la clase política que había aparecido en sus labios era la habitual en el ambiente regeneracionista en que había vivido desde el comienzo de su reinado y no carecía de fundamento, aunque el parlamentarismo no era ni mucho menos tan sólo lo que había indicado.

Si las declaraciones eran imprudentes, la forma en que aparecieron ante la opinión pública española resultó lamentable para quien las había hecho. Ya es significativo que la entrevista no tuviera problemas con la censura, cosa que asombró a muchos, pero peor fue para el monarca que motivara polémica, cosa que ni él ni el almirante Magaz querían. En la clase política desplazada del poder hubo una generalizada amargura por las declaraciones del Rey y de ella se hizo eco Sánchez Guerra que, no sin meditarlo mucho, acabó por publicar unas cuartillas en la prensa. Para ello tuvo que negociar, a través del duque de Alba, con el propio dictador, que aceptó su aparición siempre que fueran acompañadas por otras suyas. Ambos textos se publicaron pasados unos días porque la redacción que les había dado Primo de Rivera a sus juicios había resultado, según declaraciones propias, «algo ampulosa».

Lo que afirmaba Sánchez Guerra es muy fácilmente resumible. Por un lado aseguraba que «ni soy, ni quiero, ni puedo ser monárquico de la Monarquía absoluta»; por otro, esa declaración no quería decir que abandonara la política. Se trataba, pues, de una toma de postura que implicaba una seria advertencia al monarca. Hubiera sido lo óptimo, por tanto, desde el punto de vista de la Monarquía, que quedara sin comentario de respuesta y lo peor que a ésta podía sucederle es que, de existir, lo hiciera el dictador, exactamente como sucedió. Primo de Rivera aseguró que era totalmente «arbitrario» hacer esa referencia a la Monarquía absoluta porque el Rey no hacía otra cosa que refrendar lo que le proponían sus consejeros. Como es lógico, esas palabras indicaban la identificación entre Monarquía y Dictadura, olvidando además la excepcionalidad de la situación. Pero, además, a continuación, empleando el lenguaje en él habitual, el dictador arremetió contra los políticos del viejo régimen que, según dijo, no podían ser absueltos por la opinión y eran culpables de todo tipo de calamidades. De esta manera Primo de Rivera contribuyó a ahondar el abismo entre el Rey y sus anteriores consejeros y ministros. No se permitió a la prensa liberal aludir a la polémica y el entonces gubernamental El Debate se permitió comentar despectivamente la indiferencia de la opinión pública ante las afirmaciones de Sánchez Guerra. La verdad es que la oposición por el momento tenía escasa fuerza y buena prueba de ello es que el 17 de mayo fuera posible levantar el estado de sitio en la Península. El Rey, muy tardíamente, cuando ya había concluido la polémica, hizo una rectificación que ni siquiera fue total pues consistía en afirmar que se había pronunciado en «tono familiar». Cuando hubiera tenido sentido decir esto habría sido antes del texto de Primo de Rivera y preferiblemente en vez de él y, en cualquier caso, no exculpaba al monarca de una grave imprudencia.

Sin embargo, esas declaraciones no fueron indicio de un cambio radical en la postura del monarca aunque, como consecuencia, empezara a apuntar una actitud de más grave disidencia por parte de los viejos políticos. El Rey trató con cierta insistencia de dar muestras de su deseo de tener trato cordial, aunque indirecto, con Sánchez Guerra a través, por ejemplo, de gestos de la Reina o de atenciones protocolarias. A mediados del mes de junio Alfonso XIII recibió a Natalio Rivas, quien hizo en su diario una narración detallada de la entrevista, que no hay razones para juzgar que no fuera, además, fiel. «La situación actual», le dijo el monarca, «tiene que cambiar pero tiene que desaparecer evolutivamente». Antes, pensaba, debía ser resuelto el problema de Marruecos y el del comunismo (Rivas le repuso que éste en realidad no existía en España, en lo cual tenía razón). Pero aún más interesante es lo que añadió a continuación don Alfonso: lo previsible era «un gobierno de hombres civiles presidido por Primo de Rivera que prepare unas Cortes y de esas Cortes salga la normalidad». No consideraba pues, el monarca, que en ese camino fuera precisa ningún género de institucionalización del régimen, tal como la que Primo de Rivera intentó con la colaboración de la Unión Patriótica. A lo largo de todo el verano de ese año fueron frecuentes sus quejas de que los políticos del viejo régimen no actuaran al unísono lo que, según él, habría hecho más viable un virtual cambio de régimen [88].

No dejaba de tener razón pero tampoco les faltaba a esos viejos políticos, cada vez más impacientes por la situación pues no podían defenderse de los ataques que Primo de Rivera les prodigaba. En ese verano, al menos en conversaciones de carácter íntimo, empezó a especularse, entre ellos y en algunos círculos militares, acerca de la posibilidad de una república conservadora. Parece que Aguilera y Gasset hablaron de esta posibilidad, mientras que Romanones mencionaba una posible abdicación del Rey y Sánchez Guerra apelaba a una solución Pavía (es decir, la toma del poder por unos militares que se lo entregarían inmediatamente a los civiles). El problema con la república conservadora era, para todos estos políticos protagonistas de la Restauración, que ambos términos les parecían incompatibles, dada la experiencia de 1873. De ahí que, por el momento, la posibilidad de vincularse a una solución como ésa fuera remota.

A menudo la mayor irritación por la situación dictatorial apareció más en los medios militares que en los políticos. Weyler, enojado por no ser tomado en consideración, estaba «descontentísimo» y no dudaba en emplear el término «perjuro» para referirse al Rey; militar de raigambre liberal, estaba «escandalizado» por el hecho de que la UP nutriera sus filas de antiguos carlistas. Castro Girona, en el verano de 1925, se dedicó a comentarle al representante más caracterizado de la oposición al régimen, Santiago Alba, las «amarguras y sinsabores» por las que había pasado durante la etapa de mando de Aizpuru mientras que se oponía a un posible desembarco en Alhucemas. Cavalcanti, que indignaba crecientemente a Primo de Rivera por su posición cada vez más opositora, no tuvo inconveniente en entrevistarse con Sánchez Guerra en fechas próximas al segundo aniversario del golpe de Estado: le aseguró, entonces, que «Primo de Rivera hizo todo lo contrario a lo que convinimos» y que el Rey «unas veces cree que está conforme con lo que ocurre y otras estima que quiere concluir con esto» [89]. En general, para los militares disconformes la operación sobre Alhucemas iba a ser un desastre; como aseguró Núñez de Prado, todo dependía de cuanto sucediera en Marruecos. Por lo demás, al margen de los sectores militares y de los viejos políticos, se movían en la oposición también los estudiantes —una de las primeras protestas de Sbert, su líder, tuvo lugar ante el Rey— y los revolucionarios, que en mayo de 1925 intentaron un atentado contra los monarcas en la costa de Garraf. Algunos de los políticos del viejo régimen aseguraban que la política que en Cataluña se estaba siguiendo obligaría a una autonomía muy amplia o una «represión durísima y verdaderamente sangrienta». El propio Alfonso XIII parece haber dicho que Cataluña podía llegar a suponer mayor número de muertos que Marruecos [90].

Si quisiéramos resumir la situación política española en el otoño de 1925, inmediatamente después del desembarco de Alhucemas, el término a emplear sería, probablemente, expectación. Por un lado la posición del Rey no se había traducido en una ruptura total con la vieja política ni siquiera después de sus desafortunadas declaraciones del pasado abril. Por otro, el Rey pensaba en un cambio de situación política hacia la normalidad, pero el éxito de Primo de Rivera en Alhucemas, en el que el monarca no había creído, como ya sabemos, le hacía tomar en consideración el modo que el dictador prefiriera para llevarlo a cabo. La oposición, por su parte, no había superado su estado de impotencia por más que en algunas declaraciones íntimas los quejosos parecieran romper sus ataduras con la Monarquía. En realidad, a quien le tocaba tomar la iniciativa era al general Primo de Rivera, no sólo en su condición de presidente sino de vencedor en Marruecos.

El cambio en el sistema de Gobierno fue, pues, una consecuencia directa e inmediata del éxito de Alhucemas. Ésta no sólo alejó cualquier posibilidad de vuelta inmediata a una situación constitucional mediante destitución del dictador sino que, además, tuvo como consecuencia la transformación del Directorio militar en civil y supuso entregar a éste, presidido por Primo, la dirección de la vuelta a la normalidad; un objetivo, por el momento, considerado por todos como de plazo no muy largo.

Siempre se había pensado —por el Rey, el dictador e incluso la oposición— que un retorno a la normalidad debía ser protagonizado por el mismo que la había violado. El duque de Tetuán, el general más próximo a Primo entre los miembros del Directorio, le recomendó en marzo de 1925 la formación de un gobierno civil, un «bill de indemnidad», hacer unas elecciones y retirarse. Nada pensó, por tanto, respecto de un cambio en las instituciones, ni quería que su amigo presidiera un grupo político; aconsejó, eso sí, que entre los nuevos ministros hubiera jóvenes segundas filas de los partidos del turno, como en efecto sucedió [91]. Cuando el periodista Manuel Bueno, al que ya hemos visto desempeñando papeles de propagandista de la Monarquía, viajó a Italia, trajo —del propio Mussolini— el consejo de organizar unas elecciones para obtener con ellas la victoria [92].

En la decisión concreta de cómo pasar a un Directorio civil en el camino hacia la normalidad jugó un papel decisivo la victoria de Alhucemas. Merece la pena tener en cuenta el modo como acogieron los viejos políticos las noticias sobre esa operación. Todos ellos decían no tener inconveniente en la perduración de la Dictadura siempre que solucionara el problema de Marruecos pero eran también muy pesimistas respecto de las operaciones militares y secretamente esperaban que se recurriera a ellos si tenía lugar un desastre. En junio Primo de Rivera decía a sus comunicantes más íntimos que una vez superado el problema de Marruecos volvería a España «para emprender la verdadera reorganización del país, que será obra de otro par de años», periodo semejante al que pensaba el monarca durante el cual no parecía necesaria la introducción de reformas constitucionales. Un mes después el embajador francés consideraba que para el Rey y el almirante Magaz el ideal sería una pura y simple vuelta a la normalidad. Pero llegó el aniversario del golpe de Estado y éste se celebró ya bajo el impacto directo de Alhucemas, una victoria tanto más brillante cuanto que no pocos dudaban de ella. No hubo grandes conmemoraciones, pero sí un dato muy significativo: el Rey almorzó con Magaz y los generales del Directorio, que intercambiaron mensajes telegráficos con Primo de Rivera. Los viejos políticos se hicieron eco airadamente de lo que significaba ese acontecimiento: para Natalio Rivas, fue «una sorpresa grandísima» porque, por vez primera, daba la sensación de que el monarca no era ya un «prisionero de guerra» del Directorio sino que mostraba su «solidaridad» con él: se trataría del acto real de mayor importancia desde el 13 de septiembre. El Rey debía encontrar justificado este enfeudamiento al régimen dictatorial por la victoria militar: al embajador británico le habló, en términos admirativos, de la «buena suerte» de Primo de Rivera. La expresión merece ser retenida porque no demuestra mucho entusiasmo por las capacidades estratégicas del general y, por ello, fue recordada con resquemor por el hijo de éste [93].

Hubo coincidencia entre los generales del Directorio y Primo de Rivera respecto de la necesidad de un cambio pero no en torno a su contenido. Llama la atención el carácter perentorio del deseo de Magaz y los restantes miembros del Directorio de abandonar sus puestos; no pensaban en absoluto en lo imperativo de cambios de carácter constitucional o políticos sino en razones de funcionalidad. Primo de Rivera, en cambio, aparte de tender a darse un plazo más largo, pensaba en reformas políticas, aunque fuera incapaz de precisarlas, y otorgaba un papel importante en ellas a la Unión Patriótica.

Cabría preguntarse si en una ocasión como ésta existieron diferencias de criterio entre los entonces máximos dirigentes de la vida pública española, el Rey y el dictador. Parece, desde luego, que coincidían en lo esencial. «Este limón», parece haber dicho el monarca, refiriéndose al Directorio, «ya no da zumo; está muy exprimido», pero eso no indicaba que pretendiera hacer desaparecer de las máximas responsabilidades a Primo de Rivera, pues como ya había indicado a Natalio Rivas en junio, el procedimiento por el que la transformación debía llevarse a cabo habría de ser evolutivo [94]. En cuanto a Primo de Rivera, no sólo dejó claro que iba a mantenerse en el poder sino que indicó algunas de las reformas políticas que pensaba llevar a cabo (la Cámara única, por ejemplo) y, además, se reafirmó frente a la oposición ordenando detenciones de militares opositores. Con eso confirmó su decisión de estar en el poder, alimentada por la inesperada victoria de Alhucemas.

En pura teoría, aquélla pudo ser una ocasión en la que el Rey decidiera la sustitución de Primo de Rivera y una vuelta rápida y clara a la normalidad constitucional realizada por Magaz. En los mentideros madrileños se sabía la diferencia existente entre Primo y Magaz y por entonces hubo el rumor de que el segundo tenía preparado un gobierno presidido por él, con el apoyo del monarca y formado exclusivamente por civiles [95]. Es, sin embargo, improbable que Magaz tuviera estas pretensiones que de todos modos Primo de Rivera hubiera convertido en imposibles.

El 30 de noviembre regresó de Marruecos el dictador en un ambiente de expectación provocado por los anuncios de cambio político y los rumores de los últimos meses. La primera entrevista que tuvo fue con Magaz. En los dos días siguientes mantuvo largas conversaciones con el monarca; el 2 de diciembre recibió a los que habrían de ser ministros del nuevo gobierno y ese mismo día a las doce de la noche hizo público un intercambio de cartas con el Rey que dio forma definitiva al cambio político. En realidad, las dos cartas citadas habían sido escritas por el propio Primo de Rivera. «Únicamente así puede tener disculpa», comentó Rivas, «porque de lo contrario la identificación entre Dictadura y Monarquía sería total».

La carta de Primo de Rivera al Rey partía del reconocimiento de la labor del Directorio militar y de su insistencia en desear abandonar el poder que se había dilatado hasta el momento en que estaba encauzado el problema de Marruecos. Proponía ahora «la sustitución de una dictadura militar por otra civil y económica y de organización más adecuada pero no menos vigorosa». El Gobierno sería «radical, muy radical» y tendría como eje esa liga de ciudadanos en que consistía la Unión Patriótica; su valía se contraponía a la de los partidos políticos del turno. La respuesta del monarca concedió al dictador el poder para que formara el Gobierno que dentro de un plazo, «que deseo breve», permitiera a España «contar con leyes que constituyan y fundamenten su normalidad». Es de recalcar la brevedad que Alfonso XIII atribuía al gobierno, pero no lo es menos que parecían concedérsele unos poderes constituyentes que resultaban gravísimos desde el punto de vista político [96]. Como es lógico, la posición de los políticos del antiguo sistema se endureció en contra del régimen pero al mismo tiempo estaba abierta todavía a un nuevo cambio propiciado por el Rey.

Las fuentes diplomáticas nos descubren la posición del monarca con quien se entrevistó el encargado de negocios británico a primeros de diciembre de ese año [97]. Alfonso XIII dio la sensación de estar confortablemente instalado en el apoyo al dictador, principalmente por la liquidación del problema de Marruecos. Por vez primera admitió ante un representante extranjero que había tenido noticias del golpe de Estado antes de que tuviera lugar, pero no añadió nada a este respecto a lo que ya conocemos; dijo que a sus informadores les había recomendado posponerlo. Más interesante fue el juicio que dio acerca de la situación política. Consideraba que el Gobierno era popular y que no había un general que pudiera desplazarlo. Eso no quería decir que tomara muy en serio a las nuevas instituciones creadas por el Directorio pues habló «despreciativamente» de la Unión Patriótica. Pero debía pensar que no tenía otra alternativa que apoyar a Primo de Rivera. Tampoco preveía una posible institucionalización inmediata del régimen. El Directorio civil sería «meramente una etapa transicional», que duraría algo así como un año y medio y se dedicaría principalmente a los problemas económicos [98]. Había, pues, diferencias de importancia entre su punto de vista y el que tenía el general Primo de Rivera. Éste consideraba que el Directorio civil venía a ser algo así como un primer paso en la institucionalización del régimen: no tiene, pues, nada de particular que a partir de entonces centrara gran parte de su labor en procurar disponer de un diario y propulsar la formación de una organización política propia, la Unión Patriótica. Por lo demás, declaró que el Rey «le asistía cada vez más con su confianza» y que el nuevo gabinete, formado por técnicos, «lo mismo puede tener de vida unos meses que muchos años». La autosatisfacción del dictador era, entonces, suficiente como para describirse a sí mismo acosado por «jóvenes y alegres modistillas que vienen a tirarme de los pliegues de la capa para ver si efectivamente soy el General Primo de Rivera» [99].

CONFLICTOS MILITARES: LA «SANJUANADA» Y LOS ARTILLEROS

En paralelo con este intento de consolidar el régimen dictatorial hay que tratar de la aparición de las primeras conspiraciones militares, haciendo mención especial sobre el particular papel que atribuyeron al Rey. Como advertía el embajador francés, «hasta el momento, la Dictadura militar no ha experimentado resistencia seria en España» [100]. En cambio, desde el mismo mes de diciembre de 1925, con la formación del Directorio civil, hubo en Madrid rumores de una posible conspiración en contra del régimen auspiciada por elementos cívicos y militares. Como suele ser habitual, los datos que tenemos acerca de ella son indirectos y tienen el inconveniente de que pueden haber sido alterados por quien los recogió. Sin embargo, se puede llegar a algunas conclusiones respecto de quienes querían un cambio en la situación política. Entre los militares contrarios a Primo de Rivera había dos tendencias. Los considerados como más próximos al Rey eran Magaz, Berenguer y Cavalcanti. Todavía se hablaba en Madrid de la posibilidad de un gobierno del primero, pero el nombramiento de Magaz como embajador ante el Vaticano le privó de capacidad para poder desempeñar cualquier papel en la política española. Sobre Berenguer los diplomáticos británicos decían que había escrito una carta al monarca pidiéndole el retorno a la Constitución. En cuanto a Cavalcanti, se mostró «muy liberal, muy demócrata, muy partidario de la Constitución y muy fiel al Rey». Bien puede haber sucedido que éste mantuviera voluntariamente no muy lejos de sí a estos generales, lo que explicaría el nombramiento de Berenguer como jefe de su Cuarto Militar en la primavera siguiente. El embajador francés escribió, en relación con este grupo, que «estas intrigas demuestran la preocupación que conserva el Rey de…salvaguardar las apariencias constitucionales». Las esperanzas de este grupo seguían situadas en una decisión del monarca que separara del poder a Primo de Rivera si bien Sánchez Guerra, cercano a él como Alcalá Zamora, procurara no desaprovechar las ocasiones para demostrar su alejamiento del monarca.

En una posición mucho más activa estaba otro grupo de militares de tendencia liberal. Lo que entonces se denominó como la «solución Weyler» debió adquirir sus definitivos perfiles antes de acabar el mes de diciembre y consistía en dar un golpe «por el estilo de Pavía», es decir, traspasando el poder de modo inmediato a un gobierno civil. Los relacionados con esta actitud tenían mucha menor confianza en el Rey, aunque tampoco fueran antimonárquicos: el general Aguilera, por ejemplo, decía desear Cortes Constituyentes. Interesa señalar también qué políticos participaban de esta actitud. Desde París, Alba se quejaba de que el Rey quería que «se lo den todo hecho»; en Madrid, el más identificado con esta postura era Romanones, quien al parecer afirmó que «el Rey no hace nada por sí y no habrá más remedio que proceder por la violencia». Romanones, muy activo durante 1925, había tenido un enfrentamiento personal con el dictador. A Primo de Rivera se le puede achacar una especial inquina contra el político liberal pues entre sus papeles se encuentra una nota relativa a esta ocasión en la que recomienda a uno de sus colaboradores un ataque en la prensa contra él «para que la gente vea el juego indelicado y antipatriótico que se trae el Cojo» [101].

Importa señalar que los planteamientos de este último grupo constituyeron el lógico precedente de la que recibe el nombre de «sanjuanada». A lo largo del mes de enero de 1926 hubo diversos rumores de «efervescencia» en los medios militares que se repitió a comienzos de marzo. Durante este mes Melquíades Álvarez se unió a los conspiradores desempeñando un papel cada vez más importante; era el candidato por excelencia a ocupar el poder en caso de que el Gobierno recayera sobre un civil. Pero de momento la responsabilidad de la conspiración recaía en los militares. De ellos el más activo fue Aguilera, aunque Weyler, por jerarquía y edad, estuviera al frente.

Es importante advertir que al tiempo que adelantaba esta conjura seguía actuando también el primer grupo político-militar ya mencionado. Como dichos sectores mantenían contacto con el Rey y con los de la «sanjuanada», constituían un puente de enlace entre ambos. Cavalcanti, por ejemplo, aseguraba que si no se producía la sustitución de Primo de Rivera era porque el monarca temía que resistiera por la fuerza. A finales de abril circuló un manifiesto «por España, por el Rey y por el honor militar» en el que se describía la «lucha» entre el monarca y el dictador concluyendo que «la voluntad real no puede manifestarse libremente», pues su «noble y patriótica actitud» contaba con la mordaza de «ese vejestorio ridículo», al que ni siquiera prestaban atención las mujeres. Políticos como Sánchez Guerra recibían periódicas peticiones de paciencia por parte del Rey a través de terceras personas como el duque de Alba [102].

El origen de la «sanjuanada» hay que remontarlo a comienzos del año 1926: los inspiradores principales fueron Melquíades Álvarez y Romanones, entre los políticos, y Weyler y Aguilera, entre los altos cargos militares. La idea de la que se partía era, como antes, un golpe «a la Pavía», es decir, destinado a entregar inmediatamente el poder a políticos civiles para que empezara a regir de nuevo la legalidad constitucional. El manifiesto en que debía fundamentarse el pronunciamiento recordaba la función del ejército y remitía a la necesidad del Parlamento. Su párrafo final puede constituir un buen resumen de los propósitos perseguidos: «Nuestro programa puede, pues, reducirse a estos términos: restablecimiento de la legalidad constitucional y reintegración del ejército para la mejor defensa de su prestigio a sus peculiares fines». En definitiva, el ejército liberal, protagonista de una conspiración como ésta, no había roto de modo total con la Monarquía; sus inspiradores políticos, incluso los que no hacía tanto tiempo habían sido republicanos, tampoco lo habían hecho.

El Gobierno dio cuenta del descubrimiento de la conspiración el 26 de junio y Primo de Rivera insistió en lo «abigarrado y grotesco» del mosaico de sus componentes. Lo más probable es, sin embargo, que dicho carácter fue el producto de la voluntad del dictador de agrupar a sus adversarios aunque no tuvieran nada que ver con aquellos propósitos. Eso sería lo que explicaría que detuviera a intelectuales como Marañón, a republicanos como Domingo o a periodistas. Debió existir algún contacto con los sindicalistas pero en realidad el propósito de la intentona fue constitucionalista, incluso conservador. En los días posteriores al descubrimiento de la conspiración el propio general Primo de Rivera empleó la expresión «sainete bufo» para referirse a ella; los diplomáticos británicos y los historiadores que presenciaron los acontecimientos, como Gabriel Maura, emplearon el término «conato». Todos ellos, en definitiva, resultan coincidentes en la inanidad de lo ocurrido: el régimen no estuvo en verdadero peligro.

Pero lo acontecido, sin embargo, tuvo profundas repercusiones políticas. Por vez primera se hacía manifiesta la división del ejército y la viabilidad del recurso a la violencia para modificar la situación política existente. En la oposición, que hasta entonces había confiado en que el Rey sería quien despidiera al dictador, se ratificó la necesidad del recurso a la estrategia conspiratoria y al mismo tiempo se acentuó el desvío respecto de Alfonso XIII. En una narración de los acontecimientos que figura entre los papeles del conde de Romanones se hace mención a la posición del Rey en torno a este intento. Al parecer, Primo de Rivera presentó la dimisión ante los rumores del intento de golpe y don Alfonso reaccionó diciendo que «si, como parece, atribuyes a este gobierno alguna gravedad no me parece éste el momento más oportuno para que dimitas; espera cuando menos a ver si la cosa tiene en efecto importancia». Ese «esperar y ver» era la actitud más cómoda —la misma de 1923— y no dejaba de tener fundamento. Pero, como es lógico, al mantenerle en posición pasiva multiplicaba su responsabilidad de cara a la oposición. «Yo también voy a empezar a sentir debilidades (antialfonsinas)», escribió Natalio Rivas en su diario. Romanones, que había huido de España e intentó vanamente entrevistarse con el Rey en Londres, también se manifestaba «indignadísimo» y Sánchez Guerra, que hasta el momento no había querido saber nada de conspiraciones militares (y que además declaraba por entonces que Primo de Rivera «no es un general a la mejicana») estaba «cada vez más pesimista y, sobre todo, más desconfiado del Rey» [103].

Pero, además, la «sanjuanada» tuvo también repercusiones sobre el dictador. Acostumbró siempre éste a reafirmarse en contra de sus enemigos: por eso se apresuró a proclamar la fuerza de la Unión Patriótica. Además, durante esos días insinuó por vez primera en público la posibilidad de una reforma constitucional y de la convocatoria de una «Asamblea deliberante o Cortes» con unas atribuciones que no se indicaban. Esta idea tenía antecedentes en lo que había venido meditando desde su estancia en Marruecos, pero, además, constituyó un permanente caballo de batalla en las relaciones entre el monarca y el dictador durante los primeros meses de 1927. Sólo se entiende que Primo de Rivera planteara esta cuestión partiendo de la autosatisfacción producida por la nueva victoria. No hay mejor testimonio de ella que lo que escribió en julio de 1926 a Sanjurjo, colaborador suyo durante el golpe de Estado y ahora principal responsable de la política marroquí. «Yo me encuentro con una salud como un toro y con un ánimo a cien atmósferas, estoy dispuesto a defender el ideal que perseguimos el 13 de septiembre, mucho más ahora que lo tengo consolidado y en vías de realizar el sueño de ver feliz y grande a mi patria; al que no les guste así, que rabie… Creo», añadió, «que no estoy solo, pero si lo estuviera, moriría matando». Esta combatividad explica toda la actuación del dictador a lo largo de 1927 pero, de entrada, ofrece también una posibilidad de interpretar por qué, después de una inicial timidez al enfrentarse con el problema artillero, acabara por liquidarlo con el aplastamiento de sus oponentes [104].

La cuestión artillera revistió todavía mayor importancia de cara al porvenir de la Monarquía que la «sanjuanada», puesto que le enajenó para siempre el apoyo de un sector de la milicia por motivos exclusivamente profesionales. Como acaba de indicarse, se planteó y desarrolló al mismo tiempo que el descubrimiento y derrota de la primera conspiración grave contra el régimen dictatorial. La victoria sobre la «sanjuanada» y las sanciones a intelectuales y periodistas tuvo lugar en un momento cardinal en la Historia de la Dictadura de Primo de Rivera y supuso un giro en el terreno político de tanta importancia como el producido gracias a la victoria en Marruecos [105]. Llama la atención que el dictador conservara entre sus papeles una abundante información sobre esta cuestión, prueba de cuanto le interesó; en cambio, no la hay entre los del Rey, que sufrió las consecuencias más graves del planteamiento y resolución del conflicto.

Desde siempre Primo de Rivera había sido partidario de modificar el sistema de ascensos como estímulo en la carrera militar. El arma de Artillería, sin embargo, había sido tradicionalmente opuesta a ellos hasta el punto de juramentarse sus oficiales a no aceptarlos. En junio de 1926 un decreto relevó a los oficiales de Artillería del cumplimiento de aquellas promesas que hubieran contraído. La disposición llevaba, como es lógico, la firma del Rey. En una Monarquía con relaciones especiales en el mundo militar inmediatamente los palatinos detectaron el peligro derivado de lo sucedido. El conde de Grove, al parecer, dijo al Rey que «se había privado de muchos amigos y provocado sucesos de trascendencia» [106].

El Gobierno empezó manifestando una máxima firmeza. Exigió de los artilleros la aceptación de la norma y lo hizo aludiendo a que la «potestad real» les podía relevar de la obligación que habían contraído. Dado el conflicto existente intervino, entonces, el monarca. El 14 de junio por la mañana Alfonso XIII recibió al general Arzadun, representante del arma de Artillería, y le expresó, según afirmaron luego los escritos de los artilleros, «el más firme apoyo». En la conversación que luego dicho general tuvo con Primo de Rivera le acompañó «menor fortuna» o más bien nula porque el dictador mantuvo una aparente actitud de firmeza. No obstante, el 15 de junio el dictador cambió el rumbo porque percibió que la resistencia al decreto era mucho mayor de lo que había pensado, porque el Rey interviniera para hacerle comprender la necesidad de llegar a un acuerdo o por el temor de que se acumularan en su contra las oposiciones militares en un momento en que, como sabemos, se acercaba la «sanjuanada». Pareció en ese momento que se había producido la victoria de los artilleros sobre Primo. Los primeros, en la tarde del propio día 15 de junio, habían llegado a un conjunto de acuerdos que incluía estar dispuestos a abandonar el servicio activo caso de querer el Gobierno imponerles el ascenso por méritos. De nuevo intervino el Rey, quien consiguió que se llegara a un pacto que los artilleros resumirían en un acta redactada el 18 de junio. Por ella el Gobierno hacía una alabanza al espíritu con que habían abordado la cuestión, se comprometía a que los ascendidos no actuaran como mandos de los de mayor antigüedad y a no hacer más ascensos en adelante y además arbitraba la posibilidad de que quienes se sintieran preteridos por la disposición recurrieran al Tribunal Supremo; antes del 1 de octubre habría un reglamento de recompensas, redactado de acuerdo con el Arma. Una vez más, como había sucedido a lo largo de su reinado, don Alfonso hizo el papel de mediador entre el Gobierno y los mandos militares obteniendo un resultado positivo. Los artilleros conocían la intervención de Alfonso XIII en el conflicto y en los documentos que hicieron circular aludían a él en términos elogiosos. El general Correa, uno de los líderes del movimiento artillero, manifestó «la más profunda y rendida gratitud» a Alfonso XIII por su intervención [107].

El nuevo y definitivo enfrentamiento se fraguó en los primeros días de agosto y la iniciativa partió de los propios artilleros. Éstos presentaron lo sucedido hasta este momento como un acuerdo entre el gobierno y ellos, pero Primo de Rivera respondió manifestando la «dolorosísima impresión» y el «asombro» que le causaba esta interpretación. Reafirmado en el poder por su triunfo ante la «sanjuanada» volvió a la posición de firmeza repudiando cualquier idea de pacto: «El Gobierno», aseguró, «reitera que no ha pactado, tratado ni convenido nada, ni con nadie, a cambio de actitudes de disciplina y acatamiento que son obligatorias e inexcusables para todos los militares y mucho más para un Cuerpo de Oficiales de tan brillante historia y notoria distinción» [108].

Ya antes había recurrido al Rey, hasta ahora considerado por los artilleros como mediador entre el Gobierno y sus intereses, y ahora lo hizo de nuevo. Le anunció en una carta que «la cuestión con los artilleros es posible que se irrite algo» pues su actitud «contiene tales inexactitudes y se inspira en un espíritu tan distinto del que mostraban en sus conversaciones, empleando un lenguaje tan altanero», que daba la impresión de que el enfrentamiento era inevitable. «Supongo», añadía, «que se armará un revuelo pero haremos frente a él con la fe y la fuerza de la razón y el convencimiento». La carta demuestra no sólo que Primo de Rivera estaba dispuesto al enfrentamiento con los artilleros sino que imponía al Rey su propia posición [109].

No podemos conocer la actitud de don Alfonso más que de modo indirecto. A finales de agosto le hizo partícipe al agregado militar británico de su preocupación diciéndole que los artilleros le pedían la dimisión de Primo de Rivera y le amenazaban con pedir el retiro de no producirse. Colocado en esta disyuntiva, consideraba la posibilidad de disolver el Cuerpo, pero parecía todavía confiado en la posibilidad de un acuerdo, al menos temporal, durante el mes de septiembre [110]. Ya había mediado en una primera ocasión entre los artilleros y Primo de Rivera, pero el conflicto se reproducía de nuevo y su desarrollo testimoniaba la incompatibilidad de posiciones entre unos y otro. Tratándose de una reivindicación exclusivamente corporativa de un arma del ejército y basada en razones muy atendibles es lógico que en última instancia el monarca se decantara a favor del Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta lo lógico de las razones que le apoyaban.

Fue Primo de Rivera quien tomó la iniciativa para provocar el definitivo enfrentamiento con los artilleros mientras que éstos permanecían en una actitud de resistencia pasiva. Producidos los primeros ascensos de forma inmediata a comienzos de septiembre empezaron las dimisiones. La reacción de Primo de Rivera fue, entonces, inmediata: pidió la presencia de Alfonso XIII en la capital y lo hizo con palabras tales que testimonian la imposibilidad de cualquier tipo de pacto con los artilleros.

Escribió lo siguiente de manera apresurada y caótica:

Realmente, es poco comprensible que, pasados dos meses de templanza, personas serenas no se acojan a cables tendidos con el ánimo de salvar sus resquemores de dignidad. Como dice muy bien uno de los capitanes generales, en vibrante carta, no miran más que a vencer, imponiéndose otra vez al poder público, según costumbre de medio siglo. Ha habido jefe de Artillería que ha dicho que antes que monárquico y aun español es artillero y que sólo la dignidad del cuerpo le importa. ¡Están locos! ¿Puede dignamente el Estado tener servidores en este plan de rebeldía? Los alientan los cuatro cientos de rufianes y perturbadores de oficio, pero los condena toda la opinión sana y patriótica. En consecuencia, se revela una actitud indisciplinada, el castigo será inmediato y puestos en el plan que están no sé si lo querrán impedir y entonces la medida de carácter general y rigurosísima es inaplazable [111].

Los artilleros optaron entonces por «un pronunciamiento negativo» encerrándose, a partir del 4 de septiembre, en sus cuarteles. Aquella misma noche la intervención del Rey se hizo inevitable. En la madrugada del día 5 firmó dos reales decretos presentados por el Gobierno por los que se declaraba el estado de guerra y se suspendía de empleo a todos los jefes y oficiales de Artillería. Tras firmar estos dos decretos el Rey, que estaba en Santander, hizo lo mismo que tres años antes durante el golpe de Estado: viajó a Madrid conduciendo él mismo su automóvil. El día 5, nada más llegar a la capital, firmó un tercer decreto que habría de ser, por su lenguaje, el que estaba destinado a privarle de mayor apoyo entre los artilleros y a crear un auténtico abismo entre buena parte de ellos y la Monarquía. Resulta posible que a estas alturas quisiera, aun apoyando al Gobierno, mantener alguna posibilidad de contacto mediador con el arma de Artillería. Parece, no obstante, que en una situación como la descrita no tenía posibilidades ni oportunidad de recabar información, como lo había intentado en septiembre de 1923. El decreto que le presentó Primo de Rivera a su consideración describía lo sucedido como «un verdadero complot» (cosa que no había sido), lo que prueba la verdadera obsesión sentida por el dictador [112].

A diferencia de la «sanjuanada», liquidada sin derramamiento de sangre, el conflicto artillero produjo dos muertos en Pamplona, uno de ellos un joven oficial. El Gobierno actuó en las sanciones con arbitrariedad y tenaz voluntad vejatoria contra los sancionados; llegó incluso a subastar una cuarta parte del ganado de los regimientos de Artillería. En sus manifiestos posteriores los artilleros parecieron no sólo arrepentirse de no haber participado en la «sanjuanada» sino ansiosos de repetirla para «derribar lo que representa principios que no pueden tener ya para nosotros virtualidad alguna». Aunque no se hiciera expresa exhibición de sentimientos antimonárquicos, los artilleros decían ahora sentirse desligados del compromiso de su promesa en unos tiempos «de ética tan especial en que no tienen valor los juramentos prestados en las más solemnes ocasiones de la vida de un Rey». Afirmaban además que hubieran triunfado en el caso si, en vez de recurrir a sus reivindicaciones profesionales, se hubieran rebelado «contra un Gobierno que ilegalmente se constituyó e ilegalmente rige los destinos de la Patria». Esta afirmación testimoniaba el paso de aquellas reivindicaciones a la protesta política.

El tiempo no contribuyó a cicatrizar las heridas sino a ahondarlas. Dos meses después de los sucesos acudió el conde de Villares, «íntimo amigo del Rey», a una reunión secreta de la oficialidad artillera en Madrid para proponer, en nombre del Gobierno, que se aceptara una inmediata amnistía y se encontró con la respuesta de que los reunidos «no creían obtener una solución favorable mientras estuviera en el poder el actual Gobierno». Este testimonio nos revela el papel que tuvo el Rey en la fase final del conflicto. No tenemos fuentes directas acerca de ella pero son abundantes las indirectas que nos confirman que trató de mediar para evitar que prosiguiera un enconamiento que sólo podía desembocar en perjuicios para la Corona. Cuando se produjo el encierro de los artilleros en sus cuarteles, las noticias recogidas por Natalio Rivas presentan al Rey lleno de «amargura y desesperación», porque «ya se había envuelto con Primo de Rivera y con él tenía que rematar bien o mal». Más directa (y también más fiable) resulta la narración de la decisiva conversación entre Sánchez Guerra y Alfonso XIII en San Sebastián a finales de septiembre. El ex presidente conservador dijo al Rey que el lenguaje de los artilleros era «más hostil para Vuestra Majestad que para el mismo Primo de Rivera», afirmación de la que hay pruebas. Las razones del monarca para haber apoyado al dictador en el momento crucial de su enfrentamiento con los artilleros no parecen tampoco en absoluto desdeñables. Dijo que «yo no podía negar a este Gobierno, como no negué a ningún otro, los medios para mantener el principio de autoridad». Él no había hecho otra cosa que recomendar a los artilleros «estar unidos pero sin rebelarse y esperando soluciones de concordia». Si ésta fue su posición, como parece, no puede negársele coherencia interna.

Quizá influido por Alfonso XIII, Primo de Rivera acabó por optar por una fórmula moderada para conseguir llegar a la solución del problema. Su propio carácter poco cruel y poco persistente en los odios y lo absurdo de la situación, al haber disuelto un arma del ejército español, contribuyeron a este resultado. A la salida del Consejo de ministros del 6 de noviembre anunció una serie de medidas que permitirían el «escalonado arribo a la normalidad» con tal de que los artilleros aceptaran «someterse a la soberanía del poder». El día 17 aparecieron tres decretos, debidos en su mayor parte a la mano del propio Primo de Rivera, que permitían el reingreso de los oficiales del arma [113].

Impuesta la disciplina, el Gobierno y el propio Primo de Rivera, sin duda por presión del Rey, estaban interesados en la reincorporación de los artilleros y esperaron ansiosamente a ver cuál era el resultado de sus medidas. En ese momento volvió a intervenir Alfonso XIII. Cuatro coroneles del Arma se entrevistaron con él con ocasión de una cacería en Moratalla. Las noticias que tenemos acerca de la reunión parecen hacer pensar que un militar palatino, el marqués de Someruelos, él mismo artillero, indujo a esos cuatro coroneles a que charlaran con don Alfonso en una conversación que no dejó de tener momentos de tensión pues alguno de esos coroneles se declaró «artillero antes que monárquico». Lo que pidieron al Rey fue que sus compañeros de armas que estaban encarcelados fueran amnistiados. El monarca se empleó a fondo para convencer a los artilleros del reingreso prometiendo «una gran sorpresa» si lo hacían. En los mentideros políticos madrileños se especuló ampliamente acerca de cuál podía ser ésta; Sánchez Guerra la denominó «el secreto de Perico», pues éste era el nombre del citado marqués de Someruelos. Don Alfonso había logrado que el dictador aceptara el perdón de las sanciones, una vez que hubieran sido confirmadas por la celebración de un juicio. A fin de año, como para agradecerle los servicios prestados, Someruelos fue nombrado ayudante del Rey. Por esas mismas fechas los artilleros, aún condenados a graves penas, se reincorporaron a sus puestos. El Gobierno pareció sentirse aliviado por lo ocurrido [114].

Como muy bien ha escrito Carlos Seco, lo sucedido daba la sensación de ser un «final feliz» pero, en realidad, ni remotamente lo era. La mezcla entre la incontinencia de Primo de Rivera a la hora de hacer declaraciones, sus arrebatos de autoritarismo y su benevolencia de fondo produjo, en esa ocasión como en otras, heridas difíciles de cerrar que, en ese caso, por la prolongación del conflicto, no afectó tan sólo a su régimen sino también a la Monarquía. Las notas oficiales publicadas por aquellos días finales del conflicto hicieron alusión a la «constante inclinación del ánimo real» hacia la pacificación y en la que se hizo pública la amnistía se dejó bien clara la «expresa insistencia» del Rey, quien sin duda indujo a los artilleros a tener en cuenta la situación de sus presos a la hora de solicitar el reingreso en el ejército. Los diplomáticos británicos llegaron a decir en sus informes que en esta fase el Rey «intervino más y más activamente», llegando a prometer que en la Artillería los ascensos seguirían siendo por antigüedad.

Pero esa actuación en la etapa final no libró al monarca de críticas sino que las hizo crecer. A partir de ese momento en no pocos cuarteles de Artillería la imagen de Alfonso XIII se sustituyó por la del teniente Tordesillas, muerto en Pamplona. Hay una prueba concreta de esa creciente irritación entre la oficialidad artillera. Cuando Primo de Rivera inició el proceso de resolución aparente del conflicto fue redactado un nuevo manifiesto de los artilleros. La actitud de Primo era descrita como «incomprensiblemente provocadora y más todavía si se tiene en cuenta que quien así habla es uno de los más caracterizados beneficiarios del régimen de francachela». Pero lo peor, desde el punto de vista político, era lo que venía a continuación. Si los artilleros habían perdido el 5 de septiembre había sido «por excesivamente cándidos, por excesivamente caballeros, por excesivamente monárquicos». «Nosotros», añadía, «sólo pretendimos hacer un gesto pacífico, que entendimos bastaba (y ésta fue la razón de no pedir auxilio a nadie) para hacer ver a Su Majestad el Rey, a quien hasta ese día todos adorábamos, que el lealísimo Cuerpo de Artillería estaba siendo vejado y atropellado contra toda razón y justicia por su Valido. No dudábamos de que el Rey habría de resolver en nuestro favor. Y ésta fue nuestra lamentable equivocación». Ahora, en cambio, los artilleros habían llegado a la conclusión de que el Rey y «su Valido» no eran más que una misma persona bajo dos disfraces y que colectividades y personas «sólo pueden encontrar garantidos y amparados sus legítimos derechos y aspiraciones dentro de un régimen político liberal, constitucional y parlamentario». Si no una expresa declaración de republicanismo había en los promotores de este manifiesto un antialfonsismo manifiesto debido a la supuesta doblez del monarca: «Todo el país ha podido apreciar cómo paga ALGUIEN a quienes individual y colectivamente le han servido siempre con fe y entusiasmo».

La cierto es que en esa materia no tuvo el Rey ninguna iniciativa y su poder de mediación estuvo siempre coartado por la amenaza del dictador de no abandonar el poder y la posibilidad de resistirse con violencia. Pero, sobre todo, para los más jóvenes entre la oficialidad artillera, como ya había descubierto la policía, la Monarquía dejó de ser una opción política a tomar en consideración. Las memorias de Cordón testimonian el caso de quien, rechazando un régimen al que calificaba de «más grotesco que trágico», inició una senda de repudio a la Monarquía que no fue puramente individual sino de todo un sector de la oficialidad [115].

Por su parte, Primo de Rivera tenía razón en el deseo de introducir los méritos en los ascensos y supo disociar a los militares liberales y la causa artillera para evitar una coincidencia peligrosa, pero también resultó en este conflicto provocativo, nada diplomático y, sobre todo, desleal en un segundo momento e hizo coincidir esos rasgos con una carencia de crueldad que le hacían parecer inocuo. Con todo, como sucedió con la «sanjuanada», a corto plazo la cuestión artillera pareció saldarse con una victoria y en ese sentido contribuyó a que el dictador se planteara la posibilidad de una institucionalización estabilizadora de su régimen en los meses siguientes.

EL LARGO Y COMPLICADO CAMINO HACIA LA ASAMBLEA NACIONAL

A la altura de 1927 nos encontramos, por tanto, a Primo de Rivera en el ápice de su poder y de la estabilidad de su régimen, que todavía tardaría en experimentar un declive hasta los últimos meses de 1928. Pero, en ese mismo momento, se planteó también un problema que no dejaría de agravarse con el transcurso del tiempo. El régimen de Primo de Rivera se definió siempre en la contradicción con sus adversarios pero eso no le proporcionó un rumbo respecto del futuro. Victorioso en esos momentos, trató de elegir un camino de vuelta a la normalidad, pero de un modo que definitivamente se enfrentaba con la legalidad constitucional y dejaba malparado al monarca. De esta situación derivó un proceso incierto que está en el origen del desastrado final de la experiencia dictatorial. En 1927, cuando el general Primo de Rivera consiguió del Rey la convocatoria de la Asamblea Nacional, todavía parecía lejana la posibilidad de que ese intento concluyera con la institución multisecular, pero no puede caber la menor duda de que así fue.

Antes de tratar del intento constituyente es preciso, sin embargo, referir otras cuestiones, la primera de las cuales debe ser el planteamiento de una política internacional de mayores pretensiones, cuestión, como otras, en la que Rey y dictador resultaron coincidentes. La entrada de Alemania en la Sociedad de Naciones (1926) supuso la posibilidad de que España adquiriera la condición de miembro permanente de su consejo, en donde en realidad era reelegida año tras año. Muy pronto los principales dirigentes españoles empezaron a poner en relación esta reivindicación con otras en el norte de África. En marzo de 1926 Primo de Rivera aseguró ante el embajador británico que España carecía del «incentivo» necesario para su presencia en la Sociedad de Naciones y Alfonso XIII afirmó que se sentía «insultada» por el cambio acontecido en esta institución que no la había tenido en cuenta. Ambos aludieron a la posibilidad de modificar su actitud en el caso de recibir compensaciones respecto a Tánger. La respuesta a esta petición por parte británica fue negativa desde un principio, porque estimaba esencial el mantenimiento del Estatuto vigente sin conceder a España un más amplio mandato en la zona internacional. Madariaga ha narrado una conversación que tuvo con el Rey para tratar de convencerle, siguiendo instrucciones de Quiñones de León, del interés que para España tenía la presencia, en situación confortable y prestigiosa, en la Sociedad de Naciones. Pero el monarca, como parece haber sido también el caso de Primo, juzgaba que un «distanciamiento» podía servir de arma de presión. Es muy posible que la totalidad de la clase dirigente española pensara en parecidos términos [116].

Así se explica la posición negativa adoptada por las autoridades españolas cuando tanto el Rey como el primer ministro británicos se dirigieron a sus homólogos españoles pidiéndoles que reconsideraran la posibilidad de una retirada de la Sociedad de Naciones con la que habían amenazado de no atenderse a sus pretensiones. Alfonso XIII respondió entonces que no podía aceptar una presencia española «precaria y menos aún de carácter intermitente», mientras que Primo de Rivera sugirió compensaciones «de otra índole». De nuevo el Rey durante ese mismo verano en Londres sugirió «por vía de ensayo», diversas fórmulas centradas siempre en el norte de África y, más concretamente, en Tánger.

Pero siempre los segundos escalones de la diplomacia británica o francesa se expresaron muy despectivamente respecto a España, de la que esperaban corrupción e ineficiencia caso de hacerse cargo de la administración tangerina, mientras que «poco perdería» la Sociedad de Naciones con su ausencia. Británicos y franceses creyeron que una simple gestión diplomática que pareciera subrayar la importancia internacional de España bastaría para que ésta aceptara permanecer en la Sociedad desdiciéndose de sus amenazas. Se propuso, por ejemplo, crear una categoría intermedia de miembros semipermanentes en el Consejo, sujetos a reelegibilidad, y a España se le ofreció un puesto en esta categoría. Un llamamiento de Briand y Chamberlain, principales responsables de la política exterior francesa y británica respectivamente, fue recibido con amabilidad por la parte española pero con respuesta negativa.

Antes de proseguir la narración sobre el conflicto entre España y la Dictadura con la Sociedad de Naciones es preciso referirse a otro aspecto de la política internacional española. Desde principios de 1926 tuvo lugar un acercamiento entre España e Italia que no se entiende sin tener en cuenta el panorama anteriormente descrito. En el mes de marzo, Alfonso XIII recibió al embajador italiano y le habló en términos que debieron resultarle satisfactorios: la Sociedad de Naciones era un organismo «fundado sobre la masonería» y necesitaría ser sustituido por otro, «más serio y más justo», fundado sobre la Cruz cristiana. Los dirigentes españoles afirmaron entonces que lo único que podía evitar su abandono del organismo internacional eran las concesiones respecto a Tánger. Con ocasión de un viaje de Aunós, el ministro de Trabajo, a Roma se planteó por parte italiana la eventualidad de un acuerdo que incluyera alguna cláusula relativa a la neutralidad entre ambos países en caso de conflicto generalizado. Los italianos presentaron su propuesta como un mínimo que nada podía ofender a terceras potencias y los españoles, que sentían por aquellos días de un modo muy especial la prepotencia de la «hermana latina del Norte», no tuvieron empacho en suscribir el acuerdo. Todo induce a pensar que este tratado tenía poco que ver con el pensado originariamente después del viaje en 1923 de Alfonso XIII a Roma, mucho más comprometido.

Aun así, Primo de Rivera, inmediatamente después de ratificar el tratado, pareció arrepentirse de lo que estimaba una audacia de su parte, al retar, si bien mínimamente, a Francia y Gran Bretaña. En realidad más que el contenido mismo a los dos países les interesaba la apariencia que tuviera a los ojos de la prensa internacional. Ambos quisieron dar la sensación de que nacía un nuevo eje político en el Mediterráneo. En estas circunstancias planteó España de manera pública su reivindicación sobre Tánger. Primo de Rivera lo hizo aludiendo, desde luego, a los méritos de España como nación de primer orden y a los sacrificios que había hecho en Marruecos durante los años pasados.

De esta manera la doble cuestión de la permanencia en la Sociedad de Naciones y de la reivindicación sobre Tánger se prolongó, como tema fundamental de la política exterior española, hasta febrero de 1928. Italia jugó un papel instrumental de primera importancia para que la parte española consiguiera sus fines al mismo tiempo que los italianos pretendían algo semejante con ella. Pero este juego de mutuos engaños acabó decepcionantemente para los italianos. Hubo incluso momentos de indignación por parte de Mussolini («la cosa es verdaderamente enorme», le escribió a su embajador en Madrid acerca de la postura española) y el Duce concluyó pensando que existía «una perdurable debilidad española respecto de la francesa», aunque lo cierto es que en el curso de las negociaciones Italia logró, sirviéndose de España como elemento instrumental, mejorar su posición en Tánger.

Un papel fundamental en esta voluntad de mostrar, tanto por la parte italiana como por la española, una mayor identidad de la que realmente existía lo tuvieron los viajes oficiales que realizaron personalidades de primera importancia entre ambos países. El monarca español acudió en noviembre de 1927 a Nápoles para una boda de personajes relacionados con la familia real italiana; su parentesco con los nuevos cónyuges era remoto, por lo que hay que atribuir al viaje una significación parcialmente política (aun así, también recaló en esta ocasión en un puerto británico y otro francés, como para compensar). Pero la relación hispano-italiana durante los años centrales de la Dictadura no fue más que un coqueteo circunstancial destinado a tratar de atemorizar con la promesa de inestabilidad a los países garantes del statu quo; cada uno pensó en sus propios intereses y éstos fueron de carácter territorial y no ideológico. Ni siquiera los franceses o los británicos creyeron en serio que existiera ese acercamiento de España a Italia. El embajador francés decía que las «gentilezas» entre españoles e italianos eran sólo «intermitentes» y se multiplicaban únicamente cuando se trataba del problema de Tánger.

Todo se resolvió en el verano de 1927 merced a la habilidad de la diplomacia británica. Las dificultades fueron, no obstante, grandes. La actitud de Primo de Rivera llegó a ser tan indignada respecto de Francia que sugirió la posibilidad de interrumpir las negociaciones, abandonar por completo Tánger, retirar el personal de la Embajada española en París e incluso hacerlo del propio Marruecos, «con lo que España nada perdería». Pero todo se resolvió con la entrevista celebrada por Primo de Rivera y el responsable de la política exterior británica, Austin Chamberlain, en aguas mediterráneas, a finales de septiembre de 1927. En cuanto el dictador vio un mínimo de receptividad en Gran Bretaña, confió en ella para conseguir unas reivindicaciones que se habían convertido ya en mínimas. No hay que desdeñar por completo el juicio del diario oficial de la Dictadura al respecto: «Todos los españoles, sea cual sea su ideología, otorgan, en estos instantes, su confianza al Gobierno». Aunque los españoles exageraran a la hora de referirse a los peligros que para el orden público en el protectorado español suponía la zona internacional, tenían al menos parcial razón. Lo prueba el hecho de existir nada menos que ciento cuarenta y seis puestos españoles en torno a ella, como se apresuró a recordar Alfonso XIII a los diplomáticos franceses y británicos. Durante el proceso negociador Primo de Rivera, desordenado y obsesivo, acabó enfrentándose a Yanguas, que desempeñaba el Ministerio de Estado. Sus procedimientos diplomáticos sólo podían asombrar a cualquiera que tuviera conocimiento de las relaciones internacionales. Fue su activismo desenfrenado lo que le hizo chocar con su subordinado y la dimisión le sorprendió en pleno transcurso de las negociaciones.

Finalmente, sobre la cuestión de Tánger España consiguió unas reivindicaciones mínimas y volvió a aceptar el statu quo existente. Se había demostrado, una vez más, que, como aseguró Alfonso XIII al embajador italiano, «las circunstancias imponen a España una política de prudencia y contemporización». Aunque lo más probable es que Primo de Rivera no pretendiera nunca desafiar a fondo el statu quo, desde el final del verano de 1927 España aceptó una situación que para ella era inevitable y que sólo levísimamente había logrado modificar a su favor con sus intemperantes actitudes. Con la Sociedad de Naciones sucedió algo parecido. En septiembre de 1928, España fue reelegida para dicho organismo ejecutivo por cuarenta y seis votos de los cincuenta posibles.

En suma, a Primo de Rivera cabe achacarle todo tipo de errores en el modo de plantear y, sobre todo, en el de gestionar las reivindicaciones españolas acerca de la Sociedad de Naciones y de Tánger. Resultó imprudente y precipitado y, si hay un comportamiento que pueda ser calificado como poco diplomático, fue el que tuvo durante todos estos meses. Sin embargo, sería injusto establecer una relación de causa a efecto entre el modo de su comportamiento y los resultados obtenidos, porque lo más probable es que de cualquier forma que hubiera actuado el resultado habría sido idéntico. Tan sólo se le puede achacar haber contribuido, con la forma de exponer sus demandas, a deteriorar la imagen española en el exterior, en especial por el modo de presentar su reivindicación acerca de la permanencia en la Sociedad de Naciones. En el contenido mismo de las reivindicaciones existía una total coincidencia entre todos los sectores de la política española, incluido el monarca. Éste no discrepó, por tanto, en nada de la posición de Primo de Rivera; incluso en alguna ocasión se quejó más agriamente de la posición de Francia y Gran Bretaña ante los respectivos embajadores. Pero su papel en la tramitación de esta crisis internacional parece haber sido algo menor que en otras ocasiones. A finales de junio de 1927 llegó el dictador a sugerir a Alfonso XIII, presente entonces en Londres, que no interviniera por sí mismo en la negociación para evitar que se jugara en ello el prestigio de la Monarquía. Era inevitable que un régimen como el dictatorial, aun en una cuestión en la que existía coincidencia, quitara relevancia al Rey.

Un último aspecto de este intento de mayor papel en la política exterior se refiere a su relación con la evolución de la política interna. Merece la pena, en efecto, tener en cuenta algunos paralelismos importantes. El comienzo de la reivindicación de un puesto permanente en el consejo de la Sociedad de Naciones se produjo cuando Primo de Rivera había ya encarrilado la cuestión marroquí y después de derrotar la conspiración de la noche de San Juan. La entrevista de Primo de Rivera con Chamberlain, presentada como un éxito por la prensa adicta al Directorio, coincidió, como veremos, con la definitiva convocatoria de la Asamblea Nacional. Las concesiones mínimas de Francia también pudieron ser presentadas como un éxito en el momento en que se planteaba la consolidación del régimen mediante la elaboración de un anteproyecto constitucional en la Asamblea.

El entorno internacional fue, por tanto, propicio para Primo de Rivera, como lo fue el económico; tampoco la oposición tenía posibilidades de poner en peligro la vigencia del régimen. En esas circunstancias las victorias de Primo de Rivera vinieron acompañadas de actos de reafirmación en la política interna siguiendo una pauta que se convirtió en habitual en el dictador.

Durante 1926, el momento de máximo esplendor del régimen dictatorial, Primo de Rivera llevó a cabo por dos veces ese género de actuación que veremos repetida en los meses finales de su Dictadura, aunque en este caso con muy poco éxito. Uno de ellos fue la recepción del doctorado honoris causa de la Universidad de Salamanca, de la que había sido catedrático y rector Unamuno. Se pudo considerar tal acto como una provocación al mundo intelectual, cada vez más alejado de la Dictadura y la Monarquía. El segundo acto de reafirmación consistió en reclamar el apoyo popular a través de un peregrino plebiscito. Éste ha de ponerse en relación con un rasgo muy peculiar del régimen. El empleo del término «dictadura» fue siempre considerado por quien la ejercía como «exagerado… porque ella parece envolver el concepto de un poder personal y arbitrario que ni por un momento ha existido por parte del Rey ni del Gobierno» [117]. Con estas palabras, que involucraban directamente a Alfonso XIII con su régimen, Primo de Rivera justificó una apelación a la demostración del apoyo popular a su Gobierno.

El procedimiento para lograr la prueba de adhesión popular, como cabía esperar, no reunió unas mínimas garantías. Inexistente la libertad de prensa, tampoco hubo ninguna formalidad para probar la autenticidad de la expresión de la voluntad del pueblo. La adhesión al Gobierno debía llevarse a cabo mediante la firma en pliegos que se recogieron, durante los cuatro días que precedieron al 13 de septiembre de 1926, en las mesas habilitadas al respecto. Las noticias de la prensa prueban la irregularidad de esas mesas a las que podían acudir las mujeres (a pesar de que no existía un censo de las mismas); además, quienes fueran analfabetos tuvieron la posibilidad de expresar su opinión «mediante testigos». Como en las elecciones de la Restauración, el plebiscito fue precedido por la convocatoria de todos los alcaldes en el Gobierno civil para impartirles instrucciones acerca de cuáles debían ser los resultados. Las cifras relativas al número de firmas recogidas contienen todo tipo de inverosimilitudes como datos concluidos en tres ceros. Ni remotamente podría hacerse un análisis de esos resultados, como si correspondiera a unas elecciones en un régimen liberal. El procedimiento seguido debió ser tan poco digno de respeto que el dictador no volvió a emplearlo. En adelante, cuando se produjeron otros casos en los que le pareció necesario recurrir a una reafirmación propia con el apoyo popular convocó actos políticos, manifestaciones o desfiles, es decir, liturgias que trataban de demostrar el apoyo que poseía y tenían idéntico resultado con mucho menos trabajo.

El problema de Primo de Rivera a la altura de 1927 no era que sus adversarios tuvieran fuerza suficiente para desplazarle del poder ni la ausencia de apoyo de, al menos, una parte de la sociedad sino su capacidad misma para definir un régimen político viable. La gestación de la Asamblea Nacional tuvo ese propósito fundamental y a él, por consiguiente, habrá que dedicarle el suficiente espacio en este libro atendiendo a lo que eso supuso para sus relaciones con el Rey y para el futuro de la Monarquía. Antes, sin embargo, es preciso detenerse en la propia persona del dictador en ese momento. Lo que ahora nos interesa es constatar hasta qué punto era el motor esencial de su régimen. A finales de 1927, recordó el embajador británico, el general jerezano tenía a la vista batir el récord de permanencia en el poder que había logrado Sagasta en España en 1885. Nada hacía pensar que fuera previsible su abandono en un plazo corto de tiempo pero su Gobierno, que era en realidad de tan sólo una persona, tenía el inconveniente de «la incertidumbre nacida de qué podía suceder si él desaparecía». Con cincuenta y ocho años de edad, a pesar de cuatro años y medio de ejercicio del poder, por el momento no se había percibido una disminución en su capacidad de trabajo; al citado observador le sorprendía no sólo su inquieta actividad política en toda la geografía peninsular sino que la hiciera compatible con una activa vida social y con el poco sueño [118].

De esa condición de Primo de Rivera como animador de la acción gubernamental no puede haber la menor duda. Todas las decisiones de su régimen las tomó él mismo a pesar de no tener preparación previa en tantas materias. Esa dependencia tan estrecha de su persona implicaba, para el diplomático británico, que ésta tenía los rasgos de su carácter: la ingenuidad, un cierto sentido común, elemental pero sólido, y una impulsividad que, si le hacía multiplicar las iniciativas, tenía como consecuencia a menudo que concluyeran en una marcha atrás. Pero el inconveniente principal de este ambivalente balance era que, en realidad, todo en el régimen primorriverista dependía de una sola y única persona.

El resultado de esta situación acabó por hacerse patente con el tiempo. El inevitable cansancio tuvo sobre el dictador el efecto previsible: desorientación, irritabilidad, incluso desgana por el poder y reacciones airadas e intemperantes cuando se lo querían arrebatar mediante presión adversa. De todo ello resultaría sujeto paciente el monarca. Pero al mismo tiempo tampoco tenía tras de sí Primo de Rivera un auténtico régimen político en que apoyarse. Seguía, por ejemplo, siendo «superficial» el paralelismo entre España e Italia, tal como indicó el embajador británico en su momento. «Italia, que vio el peligro cercano, ansiosa de salvarse», afirmó el dictador, «organiza bajo la dirección de un hombre extraordinario un Estado fascista y España, más modesta y menos personalmente gobernada… ha abierto un periodo excepcional en su vida». Aunque el dictador indicara también su propósito de crear un nuevo Estado, cifraba su originalidad al desarrollo de una «sana y robusta ciudadanía», lo que nos remite a la perduración, en definitiva, del ideal regeneracionista [119]. Pero poco había cambiado la vida política española respecto del pasado caciquil. Con censura de prensa, represión selectiva y utilización del clientelismo bastaba para controlar políticamente España.

El inconveniente del régimen de Primo de Rivera para su propia perduración no era que la oposición fuera fuerte o capaz de desplazarle. Su verdadero peligro nacía de que, habiendo sido el producto de una peculiar situación sin aparente salida no hacía otra cosa que prolongarla. No podía volver atrás, porque había condenado al pasado, ni prolongarse hasta el infinito, porque se había autodefinido como temporal, ni, sobre todo, inventar un sistema político nuevo, porque no había nacido de una auténtica revolución ni había dejado de pertenecer al mundo liberal. En esas circunstancias, la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva, un propósito de larguísima gestación y que motivó un largo forcejeo con el Rey, trató de dar una respuesta a la peculiar situación en que se encontró el dictador a finales de 1926.

Fue esta cuestión la más importante, con mucho, de la política interna española durante el periodo que transcurre desde septiembre de 1926 hasta el mismo mes del año siguiente. El propósito del dictador al crear esa Asamblea no puede desvincularse de su voluntad simultánea de volver a una cierta normalidad y de hacerlo sobre unos presupuestos en parte nuevos que supusieran una modificación de los fundamentos de la vida política de la Restauración. De entrada, por tanto, la convocatoria de la Asamblea significaba dos cosas: que Primo de Rivera, pese a considerar su papel como temporal, no se iba del poder y que no se trataba de modificar la legalidad constitucional vigente a partir de ella misma sino con otros presupuestos parcialmente nuevos.

La idea de una Asamblea o cuerpo consultivo estuvo latente desde momentos tempranos de la Dictadura como posibilidad de salida de la misma. Igual que en muchas otras cosas, no era en esto el dictador original, pues una fórmula como ésa fue sugerida en España por personas tan distintas como Antonio Maura o José Ortega y Gasset. Más allá de nuestras fronteras Mussolini de manera más o menos indirecta sugirió la posibilidad de una asamblea de este tipo. Calvo Sotelo diría más adelante que el dictador italiano había aconsejado al español dotarse de una institución de tipo parlamentario porque esas asambleas eran «el traje que hay que lucir en la soirée internacional» [120].

Lo que importa no es que la idea estuviera en el ambiente o que tuviera una procedencia u otra sino el momento en que el dictador trató de llevarla a la práctica y en relación con qué otros proyectos. La constitución del Directorio civil hizo prever posibles innovaciones de carácter político, aunque por el momento no recibieran publicidad. La gestación de esta fórmula se puso en relación desde el primer momento con la organización de la Unión Patriótica; de hecho, casi siempre que Primo de Rivera se refirió a la Asamblea fue con ocasión de reuniones de la UP o bien hizo aparecer a ésta como autora de la iniciativa de crearla. Más que la labor efectivamente realizada por la Asamblea, que como tendremos ocasión de comprobar fue parca, interesa el propósito de quién la creó.

Todavía resulta más importante tener en cuenta que entre la enunciación del propósito y su realización transcurrió todo el plazo de un año. Tal paréntesis sólo alcanza explicación por la inicial y decidida oposición del monarca, que luego remitiría. Fue esta cuestión, según señaló en sus memorias Calvo Sotelo, la única que enfrentó al monarca y al dictador. Alfonso XIII no puso traba alguna a Primo de Rivera en la diaria tarea de gobierno, a pesar de que mantuviera frente a él posturas reticentes en algunos puntos. Debía ser muy consciente de que tenía razón el dictador cuando aseguraba que «la primera crisis, si no nace de nosotros mismos, será de régimen, no de Gobierno» [121]. Todo hace pensar que el Rey sabía, además, que con la convocatoria de la Asamblea se jugaba mucho. Su aprobación constituye, por tanto, una fecha clave en la evolución política del régimen. Es muy posible que pensara que ése era el límite máximo al que podía llegar.

El más remoto antecedente de la Asamblea se puede encontrar en el Congreso celebrado por la Unión Patriótica en el mes de julio de 1926. A pesar de que tan sólo unos meses antes Primo de Rivera había dicho que era prematura la posible modificación de la Constitución, la organización política dictatorial se pronunció por una reforma que aumentara el papel del elemento corporativo y redujera las atribuciones del Parlamento; como medida transicional se sugirió la creación de una asamblea corporativa destinada a servir de cuerpo consultivo al Gobierno [122].

Los propósitos de Primo de Rivera quedaron perfilados todavía de manera más clara durante la convocatoria del plebiscito nacional. Al ligar su resultado con posibles evoluciones futuras, lo que se estaba haciendo era presionar al Rey para que las aceptara. No se hizo, además, ningún secreto de ello, pues los dirigentes de la UP presentaron el plebiscito como «un voto de confianza» para la convocatoria de la Asamblea. Primo de Rivera, en el manifiesto explicativo de sus propósitos, tras hacer un balance de su etapa de permanencia en el poder, decretó «fracasado» el sistema parlamentario en todo el mundo. Sin embargo, añadía, «no es prudente carecer de una Asamblea Nacional, temporal, pero permanente en su función, en que estén representados con debida ponderación todas las clases e intereses». Dicha institución habría de servir para proporcionar al Rey los nombres de eventuales futuros gobernantes que sustituyeran a la Dictadura. Además, «el Gobierno y la Unión Patriótica», añadió, «tienen la concepción de un Estado de nueva estructura, fuerte, real, práctica, democrática, libre de enrevesadas filosofías y humillantes imitaciones» y que ésta sería sometida a la consideración de la Asamblea [123].

El tono áspero y desabrido que sólo de modo esporádico caracterizaba al dictador o el recrudecimiento de la censura durante esos días se explica por los problemas que tuvo para ver aprobada la Asamblea por el Rey y que concluyó con un primer fracaso del que fue principal responsable Sánchez Guerra. Gracias a los diarios de Natalio Rivas conocemos lo sucedido en la capital guipuzcoana. Sánchez Guerra había ido a San Sebastián por motivos particulares pero allí supo que la Asamblea podía ser aprobada inmediatamente. Tuvo una conversación con Romanones, quien al parecer le sugirió redactar un texto de protesta colectivo, a lo que se negó. En cambio, envió un mensaje al Rey, en términos decididamente opuestos al proyecto, a través del duque de Miranda. Al poco tiempo el mensaje surtió su efecto. La condesa de Casa Valencia, que actuó de manera repetida como punto de enlace entre la oposición liberal y Palacio, invitó a Sánchez Guerra a una fiesta a la que iba a ir el monarca.

De esta manera tuvo lugar una conversación que resultó decisiva, por el momento, para detener la Asamblea. El político, en la conversación, declaró desear ver al Rey «en plenitud de su autoridad» y anunció que de convocarse la Asamblea emigraría o iría a la cárcel. El monarca le repuso que «quién sabe si puede ser un camino para llegar a la normalidad». Lo que tiene mayor interés de esta conversación es, sin embargo, que había sido precedida por la entrega de una nota del dirigente conservador al citado palatino que el Rey, por tanto, conocía previamente. Su contenido era taxativo en su oposición al proyecto dictatorial que descalificó con toda firmeza. Empezaba por constatar el estado de ánimo del ejército, en el que, tras la «sanjuanada» y la cuestión artillera, menudeaban las protestas contra el Rey, condenaba el plebiscito y llegaba a la siguiente conclusión: «Considero el intento de tal gravedad e importancia que, si llegara a realizarse creo que él traería consigo la ruptura definitiva y el apartamiento inmediato del monarca, cuando no de la Monarquía, de todos los hombres monárquicos constitucionales de España». En cuanto a él mismo, consideraría la convocatoria de la Asamblea como «un acto ilegítimo y faccioso» juzgando que si el Rey suscribía el texto de convocatoria haría nacer una Monarquía personal y patrimonial, es decir, absolutista. Para volver a la normalidad constitucional se debiera hacer, como en el caso de Cánovas en 1875, siguiendo la legalidad vigente. El Rey debía negar la firma al decreto y constituir un gobierno, presidido a ser posible por el general Berenguer, destinado a «apaciguar los espíritus en el ejército e iniciar reposadamente, con el concurso de algunos hombres civiles y la asistencia benévola obligada de todos, la vuelta a la normalidad» [124]. Sería esa la fórmula intentada por el monarca tres años después, cuando las dificultades eran mucho mayores. No existe prueba de que el Rey consultara a otros dirigentes políticos, pero quienes estaban en el área de la Monarquía constitucional hubieran suscrito lo expuesto por Sánchez Guerra. Éste había conseguido ya un prestigio que dio un especial significado a su entrevista con el monarca.

La nota y la conversación del antiguo presidente tuvieron un efecto instantáneo. En el mismo mes de septiembre, Alfonso XIII aseguró al marqués de Villabrágima, hijo de Romanones, que «a lo de la Asamblea, por lo pronto ya le he dado un parón». El Rey, que con frecuencia se expresaba contra el parlamentarismo ante interlocutores españoles y extranjeros y, con notoria imprudencia, solía despreciar a los dirigentes políticos de la etapa constitucional, fue consciente de forma repentina de lo que se jugaba. Primo de Rivera también y eso explica su reacción inmediata. Muy pocas horas después de la entrevista entre Sánchez Guerra y Alfonso XIII la prensa oficial del régimen aseguró que «los que destrozaron el país no pueden alegar ningún derecho para intervenir nuevamente en la gobernación del país» [125]. En los días sucesivos el dictador hizo abundantes y a menudo muy contradictorias declaraciones acerca de la Asamblea. De ella aseguraba que no compartiría la soberanía nacional, pero le atribuía un importante carácter legislativo. Afirmaba que habría de servir para el retorno a la normalidad, pero daba la sensación de que ésta no sería ya la de la Constitución de 1876, sino otra nueva de la que la propia Asamblea sería fundadora. Por una parte, atacaba a los políticos del antiguo régimen y prometía que los partidos situados al margen del turno como los socialistas tendrían adecuada representación en la Asamblea; sin embargo, en otros momentos afirmaba que eran los propios políticos del pasado los que deseaban acudir a la Asamblea. Su propia imprecisión causaba la irritación entre sus opositores: decía que permanecería tres meses, pero a continuación hablaba de tres años o tres veces tres años. Al asegurar que el Rey se había embarcado en la empresa de salvar a España, identificaba a la Monarquía con su persona en los momentos en que las mayores dificultades para llevar a cabo sus propósitos nacían en Palacio [126].

No hay por qué pensar que el proyecto del dictador fuera único e inmutable; sus ideas no se caracterizaban precisamente por la fijeza y, además, en esta cuestión tuvo motivos de divergencia importantes y duraderos con Alfonso XIII, que le hicieron cambiar. Afortunadamente, disponemos de algunos borradores destinados a perfilar lo que fuera la Asamblea, en los que se percibe la mano y la mente del dictador, que pueden servir para conocer el proceso mental que le llevó a la creación de la institución, las ideas con que la justificaba y el grado en que ellas perduraron en la fórmula que finalmente vio la luz [127].

El primero de estos borradores debe datar de finales de 1926. Se trata de un decreto convocando una Asamblea a la que parece haberse pensado en algún momento otorgar la condición de constituyente puesto que tal término figura, aunque sea tachado. El preámbulo tiene un contenido netamente regeneracionista con mención, en las primeras líneas, de «patricios tan ilustres como Joaquín Costa, Macías Picavea y otros hombres igualmente preclaros que de seguro nadie tachará de reaccionarios ni de oscurantistas». Para el redactor de este texto el caciquismo tenía su raíz más honda en el Parlamento que, si en todo el mundo atravesaba una grave crisis, «mayores inconvenientes» revestía en España. El Gobierno dictatorial quería ponerse en contacto «con la representación nacional»; para ello hubiera sido «una candidez» convocar elecciones generales al «estilo de las anteriores». Para conciliar esos deseos y temores había nacido la idea de convocar una Asamblea Nacional a la que concurrieran «las fuerzas que se hallen en el país debidamente organizadas». La única exclusión sería la de los políticos profesionales, respecto a los cuales el Directorio se proclamaba «inexorable» para «corresponder a la confianza que le dispensa la opinión». La tarea que se atribuía a la Asamblea debía ser de «excepcional importancia». «La Constitución debe ser reformada en algunos de sus extremos que se han hecho viejos», empezaba por decir. La divisa sobre la que se reuniría la Asamblea sería esa «escuela y despensa» enunciada por Costa, dos términos que, según Primo de Rivera, «siguen encerrando los magnos problemas que debemos afrontar y resolver para que España se incorpore rápidamente a otros pueblos de Europa».

Este proyecto dibujaba una Asamblea de composición distinta a la finalmente aprobada, pues no sería de nombramiento gubernativo. España quedaría dividida en tres zonas (occidental, oriental y central) que enviarían representantes elegidos libremente por asociaciones, colegios, cámaras, entidades obreras y patronales. Otro cupo estaría formado por representantes de entidades (academias, ateneos, Consejos, cuerpos, institutos, tribunales y bancos). También las diputaciones nombrarían un miembro cada una y figurarían, asimismo, en la institución, los altos cargos del Gobierno, eclesiásticos y militares. Cualquier entidad podía reclamar su presencia y el derecho a nombrar su representante. Los puestos serían obligatorios y gratuitos y gozarían de inmunidad. La única incompatibilidad existente era la de diputado o senador en los cinco años precedentes. El proyecto de Asamblea que hemos citado figura acompañado de una «instrucción electoral», quizá redactada con posterioridad, en la que se precisaba la forma de elección, mediante compromisarios y de segundo grado. Otro texto, también de mano de Primo de Rivera, pretendía reglamentar el funcionamiento de la futura Asamblea. Aun tachada, figuraba en el preámbulo del decreto una frase muy característica de Primo de Rivera: «Sí, el Parlamento español ha sucumbido generalmente por un empacho de parla».

Si procuramos trascender el peculiar lenguaje del dictador, comprobaremos que entre este proyecto de Asamblea y el realmente aprobado hubo dos diferencias esenciales. En primer lugar, en éste hubo una voluntad constituyente más manifiesta que en el aprobado en septiembre de 1927. Por otro lado, la Asamblea que se reunió en esa fecha tuvo un carácter mucho más gubernativo. La pensada con anterioridad hubiera sido mucho menos controlable desde el poder que la aprobada luego; hay que tener en cuenta que en parte de las asociaciones (por ejemplo, el Ateneo de Madrid) figuraban opositores caracterizados del régimen. Queda, en fin, por mencionar también una cuestión de lenguaje: el recuerdo del regeneracionismo liberal resulta mucho más patente en este primer caso que en el posterior. En ambos, sin embargo, la Asamblea era un medio para llegar a la normalidad, como si el régimen dictatorial fuera excepcional y circunstancial y no engendrara una legalidad radicalmente nueva.

Esos eran los proyectos de Primo de Rivera en el otoño de 1926. Más interesante aún que su contenido resultan las alternativas a que quedaron sometidos, tanto ante la oposición como en el ánimo de Alfonso XIII. De entrada cabe decir que a lo largo del último trimestre de 1926 la cuestión se resolvió en un sentido por completo contrario a lo que deseaba el dictador.

Hay que recordar de nuevo que en estos momentos se estaba liquidando la cuestión artillera, consiguiendo el Rey que, a cambio de la amnistía, volviera a sus puestos la oficialidad que había decidido pasar a la reserva. En esas circunstancias tan delicadas el monarca debía pensar que sería «una catástrofe nacional» el abandono del poder por Primo de Rivera. Por otro lado, sin embargo, estaba muy influido por la conversación con Sánchez Guerra y era consciente de la situación de desafección de parte del ejército que él mismo estaba comprobando. Las mismas razones explican que la totalidad de los personajes palatinos de absoluta confianza del monarca (el conde de Grove o de Torres de Mendoza) se expresaran en sentido muy contrario a la Asamblea [128]. Pero, sobre todo, las reticencias de Palacio respecto del proyecto de Asamblea de Primo de Rivera se expresaron en ABC, un diario que se había significado por su posición cercana a Palacio y por su actitud benevolente hasta entonces respecto de la Dictadura.

Tres semanas después de la conversación entre el Rey y Sánchez Guerra ABC publicó un editorial que el embajador francés juzgó «lleno de perfidia y de sobreentendidos» [129]. El artículo consideraba que «está cumplidamente realizado todo lo que se puede pedir a una dictadura» y era preciso «recurrir a la voluntad nacional, representada legítimamente, para poner término al régimen de excepción». Quedaba claro que el diario estaba a favor de la Asamblea sólo para que supusiera el final de la Dictadura y, además, propiciaba una consulta a la opinión mediante unas elecciones por sufragio universal. Además, ABC, a lo largo de octubre y noviembre publicó una encuesta acerca de la Asamblea entre dirigentes de la política española. De las respuestas nos interesa más recoger las de los políticos conservadores: Bugallal la repudió, con citas de Cánovas, y Bergamín juzgó que la Asamblea no podía tener otro papel que el puramente consultivo. A mediados de noviembre las espadas parecían todavía en alto respecto de la Asamblea, pues si ABC describía un régimen sin libertades como «incivil y contra la naturaleza», La Nación, el diario dictatorial, publicó una carta de Primo de Rivera previendo la pronta convocatoria de la Asamblea. ABC, interpretó el embajador francés, se había situado ya en una actitud de «oposición constitucional»; la gestación de la Asamblea parecía haber sumido en un impasse al dictador [130].

Una situación como ésa no podía ser descrita, a finales de 1926, como una especie de empate entre la convocatoria o el repudio de la Asamblea, sino que, por el momento, se liquidaba en pérdida para el dictador. Éste fue espaciando sus declaraciones a medida que pasaba el tiempo y retrasando una y otra vez la fecha de la creación de la Asamblea. Cuando, a finales de año, ABC le pidió un balance del primer año de Dictadura civil, se refirió a las obras públicas, la victoria en Marruecos o las reivindicaciones en materia de política internacional, pero no hizo mención a ella. Ni siquiera parecía existir confianza en que el propósito triunfara entre los colaboradores del régimen. Calvo Sotelo que, a sus visitantes, les decía que la Asamblea la llevaba directamente Primo de Rivera y dejaba caer que él hubiera preferido unas elecciones a Cortes por sufragio universal, llegó a escribir a Primo de Rivera preguntándole si en la elaboración del presupuesto relativo al año 1927 debía intervenir la Asamblea Nacional o no. El mismo «ojalá» con que acompañaba sus deseos era un obvio testimonio de incertidumbre [131].

Los primeros días de 1927 presenciaron dudas semejantes, con un Primo de Rivera prometiendo una inmediata reunión de la Asamblea e incluso dando algunas ideas acerca de su composición pero sin dejar de posponerla [132]. A veces aparecieron noticias tan contradictorias como la de que la Asamblea, según el presidente, era «indispensable pero no urgentísima». ABC inauguró el año 1927 con un significativo artículo de Cuartero en el que se aludía a la urgencia de que se produjera un cambio. La Asamblea sería un «gran avance» de ser el producto de una consulta auténtica y veraz, pero, con la composición que de ella se presagiaba, iba a resultar «un tren de tercera». El artículo, que tuvo una enorme repercusión, fue publicado con una nota de la censura en la que se decía que la Asamblea «representará más y mejor al país y hará más por su bien que ninguna de las hasta ahora convocadas» [132]. Toda esta polémica pública era expresión, sin duda, de la diferencia de criterios existente entre el Rey y el dictador.

A continuación durante casi tres meses la Asamblea desapareció de la prensa. La razón estriba en ese impasse irresolutivo cuyas causas ya conocemos: la oposición del Rey a firmar el decreto de convocatoria. Parece, en este sentido, que tenía razón Natalio Rivas cuando afirmaba que «está en crisis su convocatoria y debe haber grandes y trascendentales dudas». De creer cuanto dejó escrito en su diario, parecía existir la posibilidad de que se convocaran unas Cortes por los procedimientos previstos en la Constitución de 1876. Esta era la preferencia de personajes de significación palatina como, por ejemplo, Quiñones de León, el conde de Grove o el general Berenguer, para quien «hablar en Palacio de lo de la Asamblea es peor que nombrar a la bicha». Es posible que el propio Gobierno estuviera dividido al respecto, pues sobre esta cuestión sólo hacía declaraciones Primo de Rivera y es verosímil que Guadalhorce y Yanguas tuvieran reparos idénticos a los de Calvo Sotelo. El segundo reveló que el Rey no había negado la firma al decreto de convocatoria de la Asamblea sino que la habría aplazado. De haberse producido la negativa, la consecuencia habría sido la dimisión del dictador o su enfrentamiento con el monarca [133].

La polémica se reabrió entonces en un momento en que acababa ya de concluir el juicio de los promotores de la «sanjuanada». Fue el diario oficial de la Dictadura quien tomó la ofensiva con un artículo en el que se manifestaba partidario de la apertura de una etapa constituyente destinada a ser encauzada por la Asamblea. El escrito produjo una profunda conmoción y desencadenó las tomas de postura del resto de los diarios madrileños. El órgano conservador respondió inmediatamente que era preciso volver a la Constitución y que no existía otro procedimiento que recurrir a la legalidad vigente en el momento del golpe de Estado. ABC propugnó «la restitución de la normalidad», devolviendo a la nación su soberanía mediante «los órganos normales». La Nación contraatacó afirmando que «el país quiere que prosiga la normalidad y no que volvamos a la anormalidad»; la segunda sería la representada por la vieja política anterior. Al indicar su deseo de «calmar impaciencias y evitar desasosiegos» trataba, de hecho, de retirarse de la polémica que ella misma había iniciado». De los diarios madrileños tan sólo el católico El Debate mostró una relativa sintonía con lo pretendido por el diario oficial [134].

Era ya imposible cerrar la polémica, como si nada hubiera ocurrido, y dos hechos contribuyeron a atizarla. En primer lugar, a mediados de mayo se conmemoró el vigésimo quinto aniversario del inicio del reinado de Alfonso XIII. Aquel acto había consistido en el juramento, prestado por el monarca ante las Cortes, de cumplir la Constitución; obviamente, las condiciones políticas de entonces parecían las menos oportunas para que se conmemorara ese acontecimiento. El monarca redujo al mínimo la celebración del aniversario y no autorizó que se diera su nombre a las calles por parte de los ayuntamientos. Primo de Rivera tuvo la idea de que el Rey podría recibir el doctorado honoris causa de la totalidad de las universidades españolas pero en la Universidad Central, cuando se sometió a votación la propuesta, consiguió el asentimiento mayoritario por cuarenta votos contra catorce con setenta ausentes. Al final, el monarca renunció a cualquier honor de este tipo remitiéndolo al momento en que se hubieran concluido las obras de la nueva Ciudad Universitaria madrileña. Las publicaciones destinadas a celebrar la conmemoración como «veinticinco años de paz, cultura y progreso» no revistieron nunca carácter oficial, sin duda, por expreso deseo del monarca [135]. El día de la conmemoración, 17 de mayo, sólo nueve ex ministros fueron a firmar a Palacio como acto de cortesía y adhesión al Rey [136]. Todos estos hechos eran el producto de las contradicciones en que se desenvolvía el monarca. Quería, según el embajador francés, volver a «la legalidad pero sin riesgos» y, como resultado, se encontraba en una interminable situación confusa.

¿Hizo Alfonso XIII alguna gestión para salir de este impasse? Es muy probable que así fuera y lo demuestran las posiciones adoptadas por dos políticos conocidos pertenecientes al partido conservador y liberal [137].

El primero de ellos fue Gabriel Maura, conde de Mortera, hijo primogénito del que fue principal dirigente del conservadurismo español, quien se demostró dispuesto a «colaborar en la mudanza», es decir, a ir a la Asamblea siempre que ésta sirviera de camino hacia la normalidad. Muchos de quienes habían tomado parte en la antigua política juzgaron un «padrón de ignominia» esta toma de postura, dados los ataques que el dictador había hecho al maurismo. El factor que parece haber resultado verdaderamente decisivo puede ser una conversación con el Rey, quien le dijo que necesitaba la ayuda de una persona vinculada a la vieja política, pero joven de edad y que estuviera bien visto en los medios académicos, haciendo lo que parecía un retrato perfecto de su persona. En sus declaraciones a la prensa Primo de Rivera dio la sensación de que Maura se le había ofrecido pero, en realidad, sólo había mostrado su disposición a la colaboración para el retorno a la normalidad constitucional. Maura acudió a la Asamblea y de esta manera se inutilizó como relevo, un papel que, de modo sibilino, el Rey pudo haberle ofrecido. Hay pruebas de la invariable antipatía sentida entre Gabriel Maura y Primo de Rivera; parece, en cambio, que con el paso del tiempo, Romanones también mantuvo una actitud favorable a una «situación intermedia»; pensaba que esa postura sería la «más eficaz» para una evolución. Esta toma de postura del dirigente del liberalismo había venido precedida por un cambio en sus relaciones con el Rey, que ahora le felicitaba por su santo. En una nota íntima, Romanones recordó que no se podían conmemorar los veinticinco años del reinado porque éste desde el punto de vista constitucional había quedado interrumpido en 1923. Además, en el mes de abril el ex presidente dirigió al Rey una carta solicitándole su juicio acerca de la petición que había hecho para que se le condonara la multa impuesta por la «sanjuanada». Quería saber «si el juicio que V. M. tuvo de mí en otros tiempos se ha modificado, si cree que he sido capaz de colaborar en una acción delictiva cuya finalidad era derrocar la Monarquía y producir grave daño a la Nación» o si, por el contrario, reconocía que durante veintiún años había servido fielmente a la Monarquía y la Constitución [138].

En lo que vino a continuación se aprecia, sin duda, la intervención del Rey, que respondió por medio del dictador. Hubo, en efecto, un público intercambio epistolar entre el conde y Primo de Rivera en unos tonos inéditos entre quienes se profesaban una profunda antipatía. El dictador mantuvo la multa pero afirmó que la actitud de su opositor no significaba «falta a sus deberes con la Patria ni con el Rey». Romanones señaló que la verdadera cuestión no era, en aquellos momentos, la reforma de la Constitución sino «poner ésta de nuevo en vigor»; la vuelta a la legalidad implicaría «el retorno al lado del Rey de los elementos que largo tiempo han permanecido forzosamente alejados de él» y «el olvido, la total amnistía de lo pasado y no es poco». Esta posición fue juzgada como «cándida» en un primer momento entre los medios de oposición. Pero no lo era: fue interpretada por personas tan distintas como Natalio Rivas y Manuel Azaña a modo de intento, inducido por el monarca, de conducir la situación política hacia la normalidad previa una breve colaboración con la Dictadura. Para confirmar esta actitud del Rey conviene señalar que por esos mismos días, en fin, el conde de Torres Mendoza se aproximó a Sánchez Guerra sugiriéndole que el régimen dictatorial iba a desaparecer y que debía tener una conversación con el monarca. El dirigente conservador no consideró oportuno el contacto pero a comienzos de junio envió al Rey, por ese intermedio, un artículo publicado en La Época en donde pedía una inmediata resolución del contencioso existente para saber en qué posición estaba cada uno [139].

En este momento Primo de Rivera se dio cuenta de por dónde iban las cosas y reaccionó de forma durísima contra Romanones publicando una nota en La Nación en la que negó cualquier posibilidad de iniciar un proceso responsabilista contra los colaboradores de la Dictadura. Una afirmación como ésta le parecía «rayana en lo intolerable» puesto que eran «merecedores de una glorificación que supere a todo cuanto hasta ahora se ha podido hacer en ningún país del mundo en exaltación de sus mejores gobernantes». Debían estudiarse, al contrario, por un alto tribunal, las responsabilidades de quienes habían ejercido el poder desde 1918 hasta 1923, lo que suponía que antiguos ministros del Rey serían puestos a la disposición de aquel. De toda esta respuesta intemperante el monarca tuvo noticia por la prensa. La reacción del dictador, además, no concluyó ahí. El 29 de mayo se celebró un acto de la Unión Patriótica en Medina del Campo y en él se expresó con su sinceridad habitual. Tuvieron lugar tormentas en la región y él admitió haber padecido también «nubes políticas». «Me sentí influido (por ellas)», añadió, «pero al llegar a Castilla, confortado por la acogida que me dispensáis, no me dejo llevar de la impresión de aquel momento y estoy firme y decidido a reanudar la labor emprendida y no cejar hasta darla por terminada». Se refería a la Asamblea y a la posible vertebración de una nueva legalidad a partir de ella. Así lo ratificó inmediatamente al decir que «yo os aseguro su próxima creación». Además, cambió de forma significativa su composición. Ahora ya no se trataría de una entidad elegida sino nombrada por el Gobierno «y el que no quiera venir, que no venga». Bien claro estaba, por tanto, el repudio de la vieja política [140].

Tras repetir en el castillo de La Mota sus declaraciones el dictador precisó algo en días sucesivos el contenido de la Asamblea. Estaría compuesta por unas trescientas personas, sería nombrada por el Gobierno y su papel sería consultivo, pero intervendría en la elaboración de los presupuestos y en el dictamen de responsabilidades sobre el periodo 1918-1923. El diario oficial presentó a la Asamblea como «el camino certero para trazar la verdadera normalidad» y Primo de Rivera ratificó que con ella quedaría prevenido el peligro «de que pretenda gobernarla el más audaz, el más hábil o el más ambicioso». En el resto de la prensa monárquica hubo serias reticencias en las que cabe adivinar un eco de las dudas del monarca. ABC dijo que la Asamblea «no era un paso hacia la legalidad» sino sólo un «plazo más» y afirmó preferir la Dictadura de Primo de Rivera sola que con Asamblea. Pero la decisión de convocarla estaba ya tomada y el 10 de junio Primo de Rivera anunció que se aprobaría en el próximo aniversario del golpe (lo que añadía mayor identificación de la Monarquía con el régimen). Dos días antes el dictador había conseguido que el monarca fuera a tomar el té a casa de Manuel Delgado Barreto, el director de La Nación, que no era un periodista de buena fama y se pronunciaba con una dureza singular en contra de los viejos políticos. «No se puede llevar a la Monarquía a una situación más depresiva», comentó Natalio Rivas en sus diarios [141].

La decisión de reunir la Asamblea fue tomada, pues, en la fecha indicada sin que el Rey, a partir de este momento, presentara más resistencia a las presiones del dictador. Después del discurso de Medina del Campo no le cabía a Primo de Rivera echarse atrás en sus propósitos. El comentario en los medios de la vieja política fue que el dictador iba a quedar con el Rey de modo definitivo «completamente sometido o riñendo». «Me inclino a creer que Primo de Rivera vencerá al Rey», escribió Rivas, que no entendía «cómo el Rey impidió una Asamblea de mucha menos extensión y trascendencia que ésta y ahora ha pasado por ella» [142]. Resulta posible, sin embargo, ensayar una interpretación coherente a partir de lo que sabemos. El monarca y Primo de Rivera seguían teniendo concepciones e intereses distintos, lo que resultaba inevitable en un régimen monárquico y dictatorial. El primero intentó una fórmula de componenda entre los viejos políticos pero se encontró con la airada reacción del segundo. Es posible que factores de índole psicológica influyeran de modo importante en la toma de postura de Primo de Rivera. La Asamblea se había ido diluyendo e incluso puede que el mismo dictador la considerara como una idea abandonada. Pero las noticias del acercamiento de antiguos políticos a los círculos palatinos le hicieron reaccionar con esa dureza. Fue una actitud típica del dictador a quien hemos visto en otras ocasiones reafirmarse de cara a las dificultades existentes.

Resultó ésta una ocasión crucial en la historia política de la Dictadura. A partir de ese momento, en que se había decidido ya de modo definitivo la reunión de la Asamblea, el monarca careció de la posibilidad de argumentar ante la oposición liberal monárquica que era prisionero del dictador o que quería volver a la legalidad precedente. Éste último, por otro lado, aunque no abandonara definitivamente su regeneracionismo liberal, pareció olvidar sus promesas de ser nada más que un paréntesis circunstancial. A los viejos políticos, en fin, les quedaba planteado el dilema de elegir la oposición radical, que llevaba incluso a la emigración, o un colaboracionismo que parecía sumisión.

De las actitudes de los diferentes protagonistas de la vida política nos interesan sobre todo las del Rey y el dictador. El primero había cedido ya en lo esencial, pero le quedaba una última línea de resistencia de la que se dio cuenta el embajador francés. Así como el dictador insistía cada vez más en que la Asamblea estuviera compuesta por seguidores suyos, Alfonso XIII consideró, en cambio, que la UP no era «un partido sino la suma de un cierto número de oportunistas sin prestigio y preferiría que acudieran a la Asamblea personalidades más relevantes y, al mismo tiempo, más devotas a su persona» [143]. Primo de Rivera, por su parte, sintió la necesidad de organizar su propio movimiento político antes de que se reuniera la Asamblea. Lo hizo de una manera muy característica suya, con definiciones imprecisas o contradictorias e imponiendo obligaciones a los comités provinciales de la UP como si con esto creara un arraigo que, en realidad, no existía. En los últimos días antes de la firma del decreto de convocatoria, el embajador británico percibió en Primo de Rivera signos de nerviosismo y de presión sobre el jefe del Estado. «Doy por hecho», dijo a la prensa, «que Su Majestad el Rey, siempre propicio a firmar y aprobar las determinaciones y propuestas gubernamentales, cuando llega a su convicción que han de ser útiles al país…, también dará su firma en esta circunstancia» [144]. En efecto, tuvo lugar, para mayor indignación de los monárquicos liberales, en la fecha del aniversario de la Dictadura. Primo de Rivera dijo entonces que uno de los peligros al ejercer el poder era padecer el «virus envenenador de las claudicaciones». Debía pensar, a esas alturas, que una de ellas podía ser no convocar la Asamblea.

El decreto comenzaba con toda una historia de la gestación del nuevo órgano justificándolo, sobre todo, por el resultado del plebiscito al que se atribuía un «alto valor histórico». Resultaba casi un sarcasmo para cualquiera que conociera la complicada gestación del proyecto gubernamental el hecho de que se dijera en su prólogo que, para el Rey, su contenido no constituía «novedad completa». El párrafo decisivo del preámbulo del decreto era aquel en el que se determinaban las funciones de la Asamblea. Ésta no sería representativa y por eso «no legislaría y no compartiría soberanías». Su función sería «intervenir la actualidad», es decir, inspeccionar el funcionamiento de la Administración y el Gobierno con «prudente restricción», y preparar «amplia labor que someter en su día a la aprobación del órgano que la suceda, que, por fuerza, ha de tener carácter legislativo».

Merece la pena glosar brevemente estas frases porque fueron para los contemporáneos una sorpresa ya que nada de esto había aparecido por el momento en la prensa. En el transcurso de la elaboración del proyecto de Asamblea su significación había cambiado de forma fundamental. Era ahora mucho más un órgano consultivo que una auténtica cámara: no sustituía al Parlamento, ni cambiaba la forma de representación prevista en la Constitución de 1876 pasando al corporativismo. No tenía tampoco una función explícitamente constituyente, ni debía aprobar, por sí sola, lo que se preparara en su seno sobre esta trascendental cuestión, ni redactar la ley electoral. Todo esto quedaba remitido al «órgano» que la sucediera o al contraste con la opinión, con lo que parecía que serían unas Cortes, más que un plebiscito, quienes determinarían el futuro institucional [145]. Es evidente en todos estos cambios el papel desempeñado por el antagonismo entre el dictador y el monarca durante la larga gestación de la Asamblea. En cierto sentido ésta era peor, como decía Rivas, pues resultaba menos auténtica que la primera versión que había previsto el dictador. Pero, al no haber resultado ni constituyente ni con pretensiones de representatividad, testimoniaba la resistencia de Alfonso XIII a una modificación de la Ley fundamental con el concurso de la sola voluntad del Gobierno. Todas esas limitaciones servían más que nada al poder de la Asamblea ante la imagen en los periódicos de unos operarios privando al edificio de la calle de San Jerónimo de la tradicional denominación de Cortes para sustituirlo por la de «Asamblea Nacional».

En cuanto a la composición de la misma la única posible independencia podría darse en el caso de quienes, habiendo sido nombrados en virtud de su actividad en la sociedad española, acabaran aceptando figurar en ella. También en este punto se constata el papel que desempeñó el monarca. De aquellos políticos a los que, en la primavera, Alfonso XIII había tratado de inducir a que adoptaran una actitud posibilista para el retorno a una cierta legalidad, Gabriel Maura aceptó el escaño de asambleísta como «deber patriótico». Quizá pensaba en convertirse en alternativa para el momento en que se abriera la sucesión. Otro caso de colaboracionismo poco esperado fue el de Pedro Sáinz Rodríguez, uno de los opositores del régimen primorriverista en el mundo intelectual; como en el caso de Maura, cabe atribuir un papel decisivo en su presencia en la Asamblea al Rey. En cambio, Romanones recomendó ya a sus seguidores, en privado, que se prepararan para «un porvenir republicano». Su malestar respecto al monarca se pudo percibir al año siguiente cuando apareció el primer tomo de sus memorias que desde sus primeras páginas daban del Rey una imagen de persona de proclividad autoritaria y militarista.

Pero el político decisivo en el mundo monárquico liberal era, a esas alturas, José Sánchez Guerra. Su decisión estaba tomada hacía tiempo: se iría en el momento en que el Rey firmara el decreto de convocatoria de la Asamblea y tan sólo dudó en las últimas semanas acerca de la posibilidad de una entrevista previa con el monarca. Hizo público, al tiempo que emigraba, un manifiesto que incluía el que había hecho llegar al monarca un año antes y que no pudo aparecer en la prensa por el momento [146]. El diario ABC se negó a publicar la respuesta de Primo de Rivera precisamente por no poder dar a la luz también la del ex presidente. El texto de Sánchez Guerra apelaba a los patriarcas del pensamiento conservador, fuera y dentro de España: Blackstone, Cánovas, Ríos Rosas y Dato. No era una declaración de republicanismo pero contenía una irritada referencia al Rey, al que describía situado en la «hipótesis indecorosa» de faltar a su juramento constitucional. Ya no había lugar a diferencias entre liberales y conservadores sino entre quienes eran constitucionales y quienes no. La Asamblea era, para el ex presidente, «la abolición definitiva en España del régimen constitucional y del Parlamento» y convertía en permanente una situación que sólo cabía aceptar como transitoria. Un tercio del manifiesto estaba dedicado a repudiar las embestidas de Primo de Rivera contra la vieja política, comparada con ventaja a quienes ahora ejercían el poder.

Sánchez Guerra abandonó España el mismo 13 de septiembre de 1927. Su gesto revistió una cierta grandeza, pues, contradiciendo todo lo que había asegurado el dictador, era uno de esos numerosos hombres públicos de modesta fortuna en la España de la Restauración. Los ecos de su despedida rememoraron de forma voluntaria otra ocasión anterior, la de 1868, que no concluyó con una Monarquía pero sí con quien la ejercía como Reina. El ex presidente conservador dijo, en efecto, que se hospedaría inicialmente en el hotel del Comercio de Bayona, donde lo hicieron «Olózaga, Sagasta, Ruiz Zorrilla y todos los hombres gloriosos de la revolución (de 1868)» [147].

¿Qué pensó de este hecho Primo de Rivera? Su reacción puede resultar sorprendente pues afirmó que el exiliado podría de nuevo servir a la Monarquía, «tan pronto se vea libre de la ofuscación que en estos momentos lo domina». Da la sensación sincera de que no consideraba incompatible la Asamblea con el régimen constitucional. Añadió, además, que con una medida como su convocatoria «la Dictadura… empieza casi a marcar límite de tiempo a su actuación» [148]. Se puede pensar que este propósito de abandonar el poder era un cínico modo de ocultar el deseo de prolongarse indefinidamente en el mismo. Pero, si así fuera, estaría en contradicción con lo que, en privado, afirmaba a los embajadores. Con la Asamblea, aseguró, pensaba «legalizar para España un nuevo Estado de derecho político que nadie discuta». Ese proceso duraría tres años, tras los cuales, «yo podré desprenderme de esta pesada carga que influye… y contemplar, desde un apartado rincón, el desenvolvimiento del país… dentro de un régimen de cultura, paz, trabajo y orden». Pero, si acertó al asegurar que «para el año 1931 España inauguraría un nuevo régimen constitucional», erró por completo al indicar que él sería su autor. La duda que entonces tenía —«no sé si a fuerza de cuidados lograré llegar con cuerda hasta tal momento»— estaba ya despejada a esas alturas en sentido negativo [149].

La convocatoria de la Asamblea marcó un corte profundo con el pasado. Este acontecimiento puso en cuestión de modo definitivo a la Monarquía entre quienes, a pesar de ser liberales, habían seguido fieles a ella en la idea de que el régimen dictatorial era temporal tan sólo y volvería al punto de partida inicial.

Entre Alfonso XIII y el dictador se había mantenido desde 1923 hasta 1927 una perpetua pero habitualmente no tan grave tensión permanente, pues diferentes eran los intereses y las concepciones de cada uno. La situación entre ambos, en definitiva, de ningún modo puede considerarse igual o siquiera semejante a la que tuvo lugar entre Mussolini y el Rey italiano, como bien vieron los contemporáneos [150]. El Rey siempre consideró que había otros sectores políticos a los que la corona acogía con independencia del régimen dictatorial. A pesar de la propensión de Primo de Rivera a identificarse con la Monarquía él nunca aceptó que eso pudiera convertirse en una realidad. Se le enviaron, por ejemplo, tarjetas postales para proponerle que el 13 de septiembre fuera convertido en fiesta nacional pero esta posibilidad ni siquiera se planteó en serio [151]. Entre otros motivos, la renuencia de Alfonso XIII a identificarse con el régimen dictatorial se explica por el hecho de que la toma del poder por parte de Primo de Rivera no había sido propiamente un acto revolucionario protagonizado por un partido ni tampoco, una vez creado éste por el régimen, tuvo auténtica fuerza. El juicio del monarca sobre la UP siempre fue despreciativo y sin duda también justo.

El problema fundamental de Alfonso XIII fue que siempre —o, por lo menos, hasta 1927— tuvo la idea de que la oposición monárquica al régimen era débil y no constituía una verdadera alternativa. En parte tenía razón porque estaba formada por políticos que no tenían tras de sí organizaciones ni apoyos sociales y por militares buena parte de los cuales pensaban más en intereses personales que en otra cosa. Algo así debió pensar en 1924, cuando hubo problemas en Marruecos; en 1925, en el momento del Directorio civil, o en 1927, con la convocatoria de la Asamblea. Pero el Rey careció de una estrategia que fuera algo más que resistirse a la plena identificación entre la Monarquía y la Dictadura. Aplazó hasta un año la convocatoria de la Asamblea y cambió su contenido pero no impuso por sí mismo un rumbo claro hacia la normalidad. Sus esfuerzos para satisfacer a los políticos liberales y a los artilleros sin enfrentarse con firmeza con el dictador, acabaron por ser vistos por los primeros como una muestra de ambigüedad cuando no de doblez. Además, con el paso del tiempo se vio crecientemente dominado por los acontecimientos. Por si fuera poco, el dictador no le proporcionó ninguna ayuda para cualquier tipo de evolución pues, empecinado al principio en permanecer en el poder y dirigir el cambio hacia una normalidad nueva, al final, tras infinitas incertidumbres, sin haber definido aquélla ni ser tampoco capaz de imponerla, tiró por la borda su propio régimen.

¿UNA NUEVA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL?

Tras su abandono del poder, en 1930, cuando hacía balance de lo que fue su presencia en el Gobierno, el dictador escribió que la política exterior había sido «la parte que más personalmente me ha tocado dirigir», lo que parece cierto y vale no sólo para el periodo en que la responsabilidad fue única y exclusivamente suya sino también para el anterior [152]. Esta afirmación vale sobre todo para los años finales del régimen dictatorial en que se dibujaron nuevos campos para la política internacional española como el hispanoamericanismo o el acercamiento a Portugal. Pese a su tradicional influencia en este tipo de cuestiones fue escaso el papel jugado por el Rey en ellas. Alfonso XIII, por ejemplo, se identificó con la versión más conservadora del hispanoamericanismo al pedirle al Papa más cardenales de lengua española, tuvo una actuación importante en la promoción de la Exposición de Sevilla y continuó manteniendo la promesa de un próximo viaje a América. En relación con Portugal, culpó a los británicos de las malas relaciones existentes en otro tiempo con España. Pero su papel fue desdibujado y poco preciso, al menos en comparación con otras épocas.

Este rasgo del comportamiento del Rey además parece general en los años finales de la Dictadura: da la sensación de que, vencida su resistencia a la Asamblea Consultiva, hubiera concluido por desentenderse de la evolución de la política interna cuando en ella se debatían cuestiones decisivas acerca tanto de la Monarquía como de sus poderes y su propia viabilidad en el futuro. Como es lógico, de todo esto trataba el proyecto constituyente.

La Asamblea Nacional se reunió por vez primera el 12 de octubre de 1927, día de la Fiesta nacional. Los medios de comunicación vinculados con el liberalismo procuraron ignorarla; alguno de ellos dedicó la primera página de su edición de ese día a una corrida de toros. Primo de Rivera pronunció un discurso ante el Rey que presidió la reunión. El monarca hizo acto de presencia a la media hora después de constituida y no abrió la boca ante ella. Yanguas, su presidente, hizo una alabanza a los miembros de la «vieja política» que habían intervenido en otro tiempo en el Parlamento.

De acuerdo con la disposición creadora de la Asamblea Nacional podría ésta actuar en pleno pero sobre todo lo haría mediante secciones de las cuales la más importante fue la primera, dedicada al proyecto de leyes constituyentes. Yanguas, presidente también de la sección, reunió en ella a un elenco de figuras que representaban a las distintas familias de la derecha española. Junto a un tradicionalista (Pradera) y dos personajes que habían iniciado su actuación política de la mano de la dictadura (Pemán y Maeztu) había un sindicalista católico (Puyuelo), un personaje político del españolismo catalán (Sala), algunos especialistas en derecho político (García Oviedo, Díaz Canseco) y, sobre todo, un buen número de antiguos mauristas (Gabriel Maura, Antonio Goicochea y César Silió) o personalidades que habían colaborado con el político mallorquín, como su antiguo ministro de la Gobernación Juan de la Cierva. En suma, la proporción de personas procedentes del antiguo régimen era, en esa sección, superior a la de otras: por ejemplo, en la relativa a leyes políticas de los asambleístas que la formaban cuatro eran presidentes provinciales de la UP y otros dos miembros de comités provinciales, mientras que sólo dos personas podían considerarse como procedentes de la política del antiguo régimen. Las dos personalidades más fuertes de la sección primera fueron, sin lugar a dudas, Cierva y Maura, que pugnaron por la presidencia, la cual como ya se ha dicho, acabó correspondiendo a Yanguas. Sus posiciones, al menos en lo que respecta al talante, eran bastante distintas puesto que si Cierva fue siempre un decidido colaborador del régimen dictatorial, Gabriel Maura, en cambio, tenía como propósito encontrarle una salida encaminándole por la senda de la normalidad [153].

Desde un principio se percibió entre los miembros de la comisión una apreciable diferencia de criterios pues si había quien, como Cierva, deseaba el mínimo cambio en la Constitución de 1876, el tradicionalista Pradera se opuso cerradamente al mantenimiento de la misma. Esos juicios contrapuestos explican el tiempo que se dedicó al debate que ocupó desde octubre de 1927 hasta comienzos de julio de 1929, fecha de publicación del anteproyecto que fue redactado. No cabe la menor duda de la independencia con la que se llevó a cabo el debate. En realidad, el presidente del Consejo no intervino en la discusión: como en tantas otras cosas, tenía escasas ideas pero muy firmes, aunque no siempre pretendiera imponerlas. Quizá la más clara de todas ellas se refería a la necesidad de que existiera una única cámara en el futuro Parlamento. Era partidario, además, de no proscribir el sufragio universal y de que los poderes de la Monarquía estuvieran tasados; quería, en fin, que la Constitución incluyera algunas disposiciones relativas a reformas concretas como, por ejemplo, las de instrucción pública. Pero Primo de Rivera de ninguna manera puede ser definido como el inspirador ni siquiera el principal artífice del proyecto. Tampoco el Rey lo hizo ni de forma directa o indirecta: ninguno de los ponentes ni los grupos de oposición lo afirmaron. Las propias dificultades que puso más adelante para que el proyecto elaborado fuera aprobado por plebiscito ratifican la sensación de que el Rey no estaba interesado en una fórmula u otra, a pesar del incremento de sus poderes que representaba el anteproyecto. En su archivo tan sólo constan los documentos elaborados por la Asamblea Nacional una vez que adquirieron su forma definitiva [154].

Si hubiera que explicar escuetamente el sentido político e ideológico de este debate constituyente habría que limitarse a indicar que resultó el testimonio de las perplejidades de una derecha que no había dejado por completo de ser liberal, pero que ya había elegido una senda hacia el autoritarismo. No se puede decir de ninguna manera que esa derecha española resultara imitadora del fascismo y si observamos la posición de la prensa respecto de los proyectos cabe decir que el catolicismo de El Debate, con sus influencias de raigambre tradicionalista, estuvo mucho más cercano al anteproyecto constitucional que un ABC que mantenía su significación liberal.

El proyecto finalmente redactado partía de una concepción unitaria, aunque existía en su contenido un potencial componente regionalista derivado del hecho de la posible existencia de las mancomunidades. La declaración de derechos y deberes no introducía novedades especiales, pero fue muy criticada la posibilidad de violación de la correspondencia y el sistema para llegar a la suspensión del régimen de libertades. Estas cuestiones resultaban menores en relación con otras relativas a la Monarquía, el tema central que aquí nos interesa. La mejor prueba de la perplejidad de los miembros de la sección a la hora de intentar imaginar una nueva fórmula constitucional la tenemos en el cambio de postura en el transcurso de la discusión. Gabriel Maura, por ejemplo, empezó por propugnar una Monarquía en que los poderes del Rey estuvieran limitados, pero al final acabó por multiplicarlos al proponer un Consejo del Reino como el que fue introducido finalmente. Tal organismo tuvo su origen en la cerrada negativa de Primo de Rivera respecto de una posible constitución bicameral con lo que cabe decir que nació como producto de una cierta carambola. En principio se trataba de un órgano de puro asesoramiento, pero sus poderes se fueron haciendo más amplios hasta convertirse en un instrumento fundamental no sólo para que el monarca decidiera el nombramiento del Gobierno sino también de todo tipo de autoridades, incluidas las judiciales. El Consejo del Reino tendría, además, la función equivalente a un Tribunal de Garantías Constitucionales, estando formado por miembros de nombramiento real, natos y electivos. En definitiva, la fórmula a la que se llegó puede inscribirse dentro de lo que podríamos denominar como «autoritarismo monárquico». Paradójicamente, Gabriel Maura, con objeto de evitarlo, muy de acuerdo con lo que había representado en la política española su padre, había sugerido inicialmente una fórmula presidencialista para el presidente del Gobierno.

El resto del proyecto nos interesa menos. Acordado el unicameralismo como consecuencia de la decidida posición de Primo de Rivera, el problema consistió en cómo articularlo. Sólo dos de los miembros de la sección (Maeztu y Pradera) se dijeron opositores del sufragio universal, mientras que otros sugerían procedimientos complementarios para hacerle perder su supuesta peligrosidad y finalmente se llegó a una fórmula consistente en complementar el sufragio universal con el de carácter corporativo o el nombramiento real. La mejor prueba de ese incierto camino hacia el autoritarismo que siguió la derecha identificada con ese modelo constitucional la tenemos no sólo en el solapamiento de principios de legitimidad sino en el hecho de que quienes contribuyeron a la redacción del proyecto tuvieron muy profundas dudas respecto de su contenido. Cabría decir incluso que vieron muy claro lo que querían evitar pero mucho menos los medios mediante los cuales conseguirlo. El caso de Gabriel Maura y de Antonio Goicochea permite resaltar esa incertidumbre respecto de los contenidos de la reforma constitucional teniendo en cuenta que ambos habían pertenecido a un mismo grupo político. Dos textos de ambos en pleno transcurso de la elaboración de la Constitución prueban sus dudas. Llama la atención, por ejemplo, que Maura de ninguna manera condenaba la Constitución de 1876, a la que consideraba «un programa de transacción». Para mejorarla, sin embargo, era partidario de un Consejo del Reino formado por las «grandes capacidades políticas» para «asesorar al Rey en las crisis, para hacer positiva la independencia del Gobierno respecto de las Cortes sin caer en el régimen de valido o favorito» y para «coordinar la vida nacional no en el espacio sino en el tiempo, a través de los Gobiernos sucesivos». Como sabemos, esta fórmula acabó plasmándose en el texto del proyecto. En cuanto a Goicochea, rechazó la fórmula de elección directa del presidente del Consejo, introducida al principio por Maura, pues la juzgaba al mismo tiempo lesiva para el prestigio de la Monarquía y peligrosa porque hubiera favorecido a una tendencia política partidista [155].

Con todo lo antedicho parece evidente que el más acusado rasgo definitorio del proyecto constitucional de la Dictadura fue ese carácter de tanteo autoritario poco resuelto de manera definitiva. Todavía hay un argumento accesorio para que podamos demostrarlo. Cuando, por fin, se hizo público el proyecto constitucional del régimen dictatorial hubo algún escritor vinculado con el régimen, como el ex ministro liberal Baldomero Argente, que estableció una diferencia entre el fascismo italiano y el régimen del general Primo de Rivera en España. El primero habría intentado crear un nuevo tipo de civilización y de Estado mientras que el segundo tendría unos propósitos más modestos pero también mucho más viables. El propio Primo de Rivera hizo una declaración en sentido semejante: «Yo no creo un Estado nuevo como vuestro Mussolini», le indicó a un órgano de prensa italiano; «las condiciones de España e Italia eran diversas y aquí no había que hacer nada más que establecer la moral pública y curar al país de la enfermedad de la política». Adviértase que, en la posición de Primo, había una mezcla de distancia y admiración con respecto a Mussolini.

Así se explica que antes incluso de que la Asamblea Nacional viera publicados los resultados de las deliberaciones de la sección primera, el dictador español diera a conocer el proyecto constitucional al embajador italiano para que se lo trasladara al Duce y éste emitiera su opinión al respecto. Primo de Rivera añadió que el Consejo del Reino venía a ser una especie de traducción española del Gran Consejo fascista, lo que deja claro su escaso conocimiento de lo que realmente era, pues, como se sabe, se trataba de un organismo del partido único. Mussolini no llegó a ver el contenido del proyecto de Constitución española, pero mandó que se hiciera un informe sobre él. La conclusión fue que el proyecto español quedaba «a medio camino» entre los principios fascistas y los democrático-electorales; por ello, quien hizo para Mussolini el informe acerca del texto constitucional español recomendó escribir a Primo de Rivera en términos vagos y poco comprometidos. Todavía en la fase final del régimen, a la altura de noviembre de 1929, el dictador volvió a tener una nueva conversación con el embajador italiano. En esa ocasión indicó que la sección primera le había malinterpretado y que el Consejo del Reino no debía existir debiendo imitar la UP al partido fascista. En uno de esos periódicos y bruscos cambios de opinión Primo de Rivera se revolvió contra un modelo de autoritarismo del monarca y propuso otro más cercano, en su deseo, al fascismo. Pero el embajador italiano dudaba de que esos propósitos pudieran mantenerse durante largo tiempo y los acontecimientos le dieron la razón [156].

Su perplejidad era también la de sus colaboradores y la de una derecha española que, habiendo elegido la senda autoritaria, no acababa de saber cómo vertebrarla. Cuando el proyecto fue publicado se descubrió que nadie lo apoyaba con verdadera decisión, a excepción de Yanguas, que no podía manifestarse en contra de un trabajo que había coordinado y dirigido durante un tan amplio periodo de tiempo. Los propios redactores del proyecto no lo defendieron de forma decidida, mientras que el deseo del dictador de animar una discusión amplia en la opinión pública facilitó que llegara a producirse una auténtica erupción de la prensa liberal en contra del proyecto. Eso, al final, acabó por multiplicar las reticencias del dictador respecto de un texto que, en realidad, nunca fue suyo ni tampoco del Rey. El resultado fue que en los últimos meses de 1929 el régimen estaba en estado de perplejidad absoluta.

De ella participaban también quienes, quizá siguiendo la iniciativa del monarca, se habían embarcado en el intento de favorecer la evolución del régimen dictatorial desde su interior. Todavía seguía planeando sobre la clase política de la Monarquía parlamentaria un interrogante estratégico grave que la Asamblea Nacional había dotado de especial relevancia y actualidad. Desde la óptica del conservadurismo se podía, en efecto, pensar, como Sánchez Guerra, que el organismo creado por Primo de Rivera constituía la definitiva transgresión de la Constitución o, como Gabriel Maura, concluir que su convocatoria hacía posible la vuelta al régimen de Monarquía parlamentaria. Precisamente entre estos dos políticos tuvo lugar a finales de enero una interesante polémica epistolar que no pudo ser pública y que merece la pena recoger porque tiene relación con la mencionada actitud del monarca.

Entre esos dos personajes existía un largo enfrentamiento que se remontaba a la crisis de 1913 a la que ambos aludieron en sus cartas. La esencia de la cuestión era, sin embargo, la vuelta a la Monarquía parlamentaria tras Primo de Rivera. Sintiéndose aludido por uno de los artículos del ex presidente, Gabriel Maura llegó a asegurar, incluso, que «si el presidente del Consejo se quisiera marchar habría que rogarle que se quedara y, si llegase a faltar inopinadamente, sólo otro general podía sucederle». La desembocadura de la dictadura sólo podían ser unas Cortes libres de los inconvenientes del pasado. Si el régimen no evolucionaba «a tiempo y con maña» el resultado sería, sin duda, una «revolución de tipo soviético» ante la que ambos se verían condenados a la emigración. La respuesta de Sánchez Guerra fue, aunque cortés, durísima: respecto de las divergencias políticas presentes le replicó que estaba acostumbrado a verle «desacertar como profeta». Aseguraba no tener especial prisa en que concluyera su exilio y de este modo venía a sugerir la imperiosa necesidad de mantener una honesta distancia de oposición respecto del régimen. Maura, como historiador, le repuso con una anécdota del pasado: a un militar que se había exiliado durante el periodo revolucionario de 1868 por fidelidad a su dinastía, Alfonso XII le había replicado que si todos hubieran hecho como él, «me luzco». En definitiva, trataba de justificar la colaboración para conseguir el tránsito hacia otra situación política. Maura concluyó que «afirmar que… la suerte de la Monarquía depende del éxito bueno o malo de la dictadura y que Vd. y yo, en la emigración o en la Asamblea, estamos solidarizados con la Monarquía para hundirnos o flotar con ella no es decir profecías sino perogrulladas». En relación con esta polémica privada ha de ponerse la interpelación que Maura hizo a Primo de Rivera en la Asamblea Nacional y cuyo sentido no parece haber sido comprendido en la época. En ella se declaró no comprometido con el régimen pero a éste lo calificó, al mismo tiempo, de legítimo y, para acabar de complicar la cuestión, preguntado por ABC, expresó su deseo de que se reunieran cuanto antes unas Cortes. Todos estos equilibrios resultan un buen testimonio de lo complicado de esa postura de colaboración para la vuelta a la Monarquía constitucional en la que se había situado Maura por sugerencia del Rey. De la frustración sentida, principalmente por la actitud del dictador deriva la indudable acidez que destila su libro acerca de la Dictadura [157].

Hasta el verano de 1928, sin embargo, la situación no revistió peligro para la dictadura y, por tanto, las amenazas para la Monarquía no parecían tampoco graves. El embajador francés en España comunicó a París que, aunque en Madrid se hablaba de un posible gobierno de transición, presidido por Gabriel Maura o por el conde de Guadalhorce, en realidad «la situación política del presidente del Consejo es más fuerte que nunca» y «la oposición está reducida al silencio» [158]. Pero a finales de año ya se decía en Madrid que el Rey, molesto con el dictador y preocupado por el restablecimiento de la normalidad, llevaba meses queriendo incorporar a alguna persona adicta al ministerio [159]. Por esas fechas, la oposición empezaba a mostrarse más activa que nunca mientras que Primo de Rivera embestía con muy poco tino contra la judicatura.

Entonces comenzó a fallarle a la Dictadura y a la Monarquía un factor esencial, el propio Primo de Rivera. En el momento en que se iniciaba 1929 los más influyentes embajadores extranjeros en España, el británico y el francés, elevaron informes políticos acerca de la evolución del régimen a las autoridades de sus respectivos países. Grahame, el británico, recordó que el último año había sido, desde el punto de vista político, el más estable de todo el régimen pero también que «el Gobierno español es exclusivamente una cuestión de una sola persona y nada puede entenderse sin referencia a esta realidad». Peretti, el francés, se dio cuenta de que la apariencia de calma encerraba presagios de peligros y que éstos dependían del propio dictador. Si «el país estaba tranquilo… la incertidumbre Reina acerca del porvenir». Hubiera aumentado de saber los españoles que «el presidente está cansado física y moralmente», como el embajador sabía. «Me decía», añadió, «hace algunas semanas…: “Estoy cansado de mantener a España con el extremo de mi brazo. Me gustaría que esto acabara”» [160].

No se pueden entender los acontecimientos de 1929 sin esta sensación de agotamiento del dictador que fue siempre compatible con súbitos momentos de reafirmación en los que daba la sensación de desear mantenerse contra viento y marea. Incluso puede añadirse que sólo cuando arreciaba la oposición tenía verdadero espíritu de combate. Pero ello no aumentó su claridad con respecto a los propósitos finales sino que tan sólo multiplicó sus contradicciones. El cansancio era producto, en parte, de la propia duración del régimen y de un sistema de gobierno muy personal que concentraba en él todas las decisiones. En esos momentos a Primo de Rivera le pedían sus amigos que moderara su ritmo de vida; le recomendaban, por ejemplo, «por el profundo afecto que te profeso, no exageres el esfuerzo que estás llevando a cabo, que es realmente sobrehumano» [161]. Al desgaste vital impuesto por la concentración del trabajo en sus manos se unió la enfermedad —diabetes— que explica algunas de sus actuaciones intemperantes. Pero el tercer factor quizá sea el más decisivo: la perplejidad con respecto al futuro había llegado a convertirse en un rasgo característico y determinante del régimen y después de haber presionado en varias ocasiones decisivas al monarca le había dejado a la intemperie de los más graves problemas políticos.

CAPÍTULO V

LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA

La solidez de una dictadura depende siempre de quien la ejerce y también del estado de ánimo o de salud del dictador. Vencedor de movimientos subversivos y capaz de presionar al Rey para que optara por soluciones que originariamente no le eran gratas, ya en el verano de 1928 Miguel Primo de Rivera ofrecía por un lado la imagen contradictoria de un optimismo superficial ante las circunstancias políticas y sobre el porvenir del régimen; y por el otro, de una creciente sensación de agobio ante la acumulación de problemas pendientes y por un deficiente estado de salud que le impedía darles respuesta. El Rey pudo tener esa sensación cuando el dictador le envió unas líneas describiendo un panorama casi idílico respecto del funcionamiento de la institución que estaba destinada a pilotar el camino hacia la normalidad y la forma de comportarse uno de los grupos políticos más importantes del país. «La Asamblea», decía, «ha puesto fin a su primera legislatura en un gran ambiente aunque con la significada e insignificante ausencia de G. Maura. Mis palabras de despedida fueron acogidas con triple salva de aplausos generales. El Congreso socialista se desenvuelve bien pero con enconadas tendencias entre el grupo gubernamental y el rebelde que supongo determinarán una división, que no es de lamentar por nuestra parte». En realidad, la Asamblea constituyó un ejemplo de inanidad y, aparte de aplausos, poca iniciativa podía esperarse de quienes, en definitiva, habían sido nombrados a dedo. El PSOE, de hecho, había iniciado el camino que le llevaría a la oposición; pronto la práctica totalidad de sus dirigentes figuraban entre esos «rebeldes». Por si fuera poco, el Rey hubiera debido tener muy en cuenta lo que a continuación le añadía también el dictador: «Estoy cada día más agotado y sólo V. M. me tiene compasión; los demás lo dicen alguna vez y me agobian con sus constantes discos» [1]. Aquel día, con un calor sofocante, Primo de Rivera había tenido que desplazarse 80 kilómetros para hacer de testigo en una boda. Era un acto social obligado pero su cansancio no derivaba tan sólo de asistir a él, sino también de su diabetes, que explica, además, su exasperación y su cambiante estado de ánimo, tan visibles en la etapa final de su presencia en el Gobierno.

Lo nuevo de esta situación personal fue el resultado que tendía a producir en el dictador, un deseo casi físico de abandonar el poder. En noviembre de ese mismo año, ante una resolución del Tribunal Supremo, Primo de Rivera, indignado, proclamó que éste era «una compuerta abierta a todos los desenfrenos». Galo Ponte, el ministro de Justicia, optó, entonces, por la única decisión lógica: se consideró el principal responsable de la situación de la Justicia y se apresuró a dimitir. Lo curioso del caso fue que también Primo de Rivera decidió hacer lo propio. «Con la Justicia», escribió, con una letra descoyuntada que testimonia su nerviosismo, «tuve el primer tropiezo y con ella tengo el último». «Yo», añadió, «dejo el Gobierno irrevocablemente y aconsejaré a S. M., por si se digna aceptarla, la resolución que juzgue menos mala para la Patria, a la que creo haber rendido el máximo de que es capaz mi espíritu, ya agobiado por la impotencia» [2]. Todo quedó en nada pero el incidente resulta muy significativo; viene a ser, incluso, un antecedente del posterior suicidio político del dictador.

Mientras tanto, arreciaba la oposición que, además de antidictatorial, pasaba a ser antimonárquica en aquel sector que más peligroso resultaba. Con el paso del tiempo nada había mejorado en el estado de brutal confrontación entre el Gobierno y el Arma artillera. Quien en aquellos momentos era un joven oficial de Artillería escribió en sus memorias acerca de la «atmósfera de desconfianza y delación» existente entre los artilleros, que la documentación en poder de Primo de Rivera prueba de manera irrebatible. Lo que más nos interesa de esta documentación es que testimonia hasta qué punto Primo de Rivera había contribuido a alejar a los artilleros del régimen monárquico. Ya a comienzos de 1927, el lenguaje empleado en estos medios de oposición rebasaba con mucho aquel que utilizaban en sus maledicientes tertulias los personajes políticos del antiguo régimen o incluso los intelectuales. Un manifiesto que circuló en aquellos medios militares presentaba al monarca y al dictador como los dos personajes principales de Los intereses creados de Benavente, pero maltratando mucho más al primero, calificado de «Rey déspota», que al segundo, respecto del que ni siquiera se empleaban duros epítetos. El manifiesto se dirigía también a los funcionarios dedicados a «la augusta función de administrar justicia» e, inmediatamente a continuación, a los «egregios trabajadores de la inteligencia», con lo que se establecía en él un elenco de los opositores principales del régimen. Por entonces, los más significados jefes artilleros eran objeto de vigilancia policíaca y la situación del Arma era tan desafecta al régimen que había unidades enteras como, por ejemplo, todas las de la Capitanía General de Zaragoza, en las que no se encontraba oficial alguno que fuera susceptible de recibir un ascenso; también en Valencia sucedía algo parecido y tendremos ocasión de comprobar la consecuencia de ello [3]. En definitiva, el arma de Artillería permanecía en una situación de indisciplina que la hacía propicia a embarcarse en la preparación de un golpe de Estado.

Fue la Artillería la principal protagonista del intento de golpe de Estado perpetrado, a comienzos de 1929, en Ciudad Real y Valencia. Este movimiento militar tuvo como cabecillas políticos a hombres de la vieja política y, en este sentido, no puede decirse que supusiera un cambio radical con respecto al pasado. La dirección del movimiento no estaba en las manos de políticos liberales como Romanones, Villanueva o Álvarez sino que, desempeñando un papel todavía más importante, aparecieron antiguos conservadores como Burgos y Mazo, Lema y, sobre todo, José Sánchez Guerra, convertido en símbolo del mantenimiento de los principios constitucionales hollados por el dictador militar con la complicidad del Rey. En este caso se recurrió a militares que ya habían expresado su antagonismo respecto del régimen dictatorial, como Aguilera o Cavalcanti, pero lo auténticamente novedoso fue la concordancia entre los conspiradores políticos y el arma de Artillería, al margen de que se confiara en algún mando importante como fue el caso de Castro Girona. En cuanto al contenido mismo de la conspiración, desde el punto de vista político tampoco parece haber supuesto una radical innovación con relación a la de 1926. Sólo algún participante afirma que la conspiración tuvo un carácter republicano o constituyente, mientras que la propia composición de la dirección política del golpe proporciona una impresión distinta. Aunque hubo alguna huelga parcial en lugares de sentimientos republicanos, fue de efecto limitado. Lo decisivo fue, en ese momento, como escribe Burgos y Mazo, uno de los políticos conspiradores, «sacar compañías del ejército a la calle» y esto no estaban en condiciones de conseguirlo los republicanos. Otra cosa es que en medios tradicionalmente monárquicos, como eran los militares, se hubiera producido una evolución en un sentido antagónico a Alfonso XIII. En los cuartos de banderas de las unidades de Artillería que estuvieron implicadas en el intento de golpe de Valencia, los retratos del Rey y el dictador habían sido sustituidos, como ya se dijo, por el del teniente Tordesillas, muerto en los sucesos de Pamplona [4].

La narración de lo acontecido en el intento de golpe de Estado de finales de enero de 1929 se puede resumir con brevedad. En Ciudad Real se sublevaron las unidades artilleras, pero se rindieron en cuanto advirtieron que otras guarniciones no les seguían. Mayor trascendencia tuvo la presencia de Sánchez Guerra en Valencia. El antiguo presidente del Gobierno conservador pasó la noche con la oficialidad, a la que arengó con frases que testimonian que sus propósitos estaban lejos del republicanismo, pues se expresó en contra de la Monarquía absoluta y gritó el «Viva España con honra» de la revolución de 1868, que había sido también su punto de referencia político al abandonar el país cuando fue creada la Asamblea Consultiva. Al parecer, la oficialidad joven estuvo con él mientras que el coronel del regimiento comprometido acabó por controlar la situación; aun así, la conclusión a la que llegó Primo de Rivera, en un informe dirigido al ministro del ejército que él mismo redactó, fue que la «inmensa mayoría de los Jefes y Oficiales estaban comprometidos para sublevarse» [5]. La posterior conversación de Sánchez Guerra con el capitán general Castro Girona testimonia que también éste podía estar comprometido. En Madrid, donde los acontecimientos de Ciudad Real no habían sido considerados tan trascendentes, lo sucedido en Valencia causó fuerte impresión. El embajador francés percibió «efervescencia e inquietud», describió a Primo de Rivera como «enfermo y desanimado» e informó que la Reina se había quejado de que el Rey no había sido informado convenientemente por el dictador de lo sucedido [6]. Éste, por su parte, tuvo una reacción tan cambiante como, al final, desatentada. Al principio pareció dar una importancia limitada a lo sucedido, atribuyendo a los valencianos estar más interesados en el papel de una belleza femenina local en un concurso que en lo sucedido. Luego, en cambio, optó por la exasperación. Al Somatén le impuso una función parapolicial y a mediados de febrero acabó por disolver de nuevo el cuerpo de Artillería. Los casi 2.000 oficiales existentes del Arma disponían de un plazo de tiempo hasta junio para pedir ser readmitidos en él, pero para conseguirlo tenían que prometer fidelidad a las instituciones y al Gobierno constituido; ahora se les pedía, además, que lo hicieran «de un modo concreto al actual» que, por sus propias características, era contrario a la legalidad constitucional. En realidad, un tipo de represión como ésta era lo bastante blanda como para que el arma de Artillería siguiera poblada de desafectos y lo bastante dura como para convertirlos en antimonárquicos en vez de antidictatoriales. Las memorias de algunos de los generales del Frente Popular durante la Guerra Civil prueban que así sucedió en muchos casos (Cordón, Tagüeña…).

Aprobar una decisión como ésta debió de ser duro para el Rey, que el 6 de febrero, inmediatamente después del intento de golpe de Estado, había perdido a su madre. Como se ha señalado en repetidas ocasiones a lo largo de este libro, doña María Cristina, totalmente dedicada a él durante tantos años, influía de manera destacada en su forma de actuar y en decisiones políticas concretas; había sido para él un consejero, en ocasiones el principal. Como en el caso del dictador, el intento de golpe de Estado de Ciudad Real y Valencia constituyó un momento decisivo en la vida del Rey y también lo fue en las relaciones entre ambos. A Alfonso XIII le dio, en efecto, la definitiva sensación de que la debilidad del régimen era patente y de que se abrían importantes interrogantes respecto del futuro. El dictador podía jugarse su destino político, pero el Rey tuvo todas las razones para ver confirmados a partir de ese momento los peligros inminentes que atravesaba su Corona. Además, tenía que sobrellevar esta situación en las peores condiciones posibles de ánimo personal, precisamente por la desaparición de su madre.

Doña María Cristina murió durante la noche, de una angina de pecho. Fue el mismo Rey quien la atendió en sus minutos finales sin poder reanimarla, de acuerdo con la narración que se hizo en la prensa y la que remitieron los servicios diplomáticos existentes en España a sus respectivos países. El embajador francés recordó en esta ocasión que el monarca español «debía todo a su madre y la amaba profundamente». Según narró, ya a los dieciséis años había dado la orden de que no perdiera nunca el título real; y presentó como prueba de la relevancia que le atribuía el lugar que ocupaba en el protocolo de la Corte española, en el que venía inmediatamente después de la Reina Victoria Eugenia y antes del príncipe de Asturias. Pero no son ésos los únicos testimonios que poseemos acerca del estado de ánimo del Rey. La correspondencia de respuesta a los pésames recibidos por Alfonso XIII testimonia, al margen de lo convencional que acostumbre a ser este tipo de cartas, el dolor y la sensación de pérdida irreparable que padecía, pese a la edad de la finada. Se refirió a ella como «amadísima Madre» y «modelo de Reina y de Madre» en sus textos dirigidos a personajes políticos, cada vez más exclusivamente vinculados con el régimen dictatorial. Pero todavía resultó más expresiva aquella que dirigió a las autoridades religiosas. Al nuncio Tedeschini la describió como «modelo excelso de Reina y de Madre, que en su glorioso reinado dio tan preclaros ejemplos de todas las virtudes y tanto se distinguió por su acendrada piedad, sólida Fe y devoción a la Sede Apostólica». Al cardenal primado, Pedro Segura, le habló de amor a España, «cuya felicidad procuró siempre imponiéndose los mayores sacrificios» y de «su vida ejemplar (que) nos presenta tantos y tan saludables ejemplos de arraigada Fe, sólida Piedad y abnegada Caridad cristiana» [7].

Pero quizá la expresión más caracterizada del dolor padecido la encontramos en una carta dirigida a la princesa rumana Isabel Bibesco, a la que había conocido cuando ambos eran niños en Biarritz. «Realmente», escribió de su propia mano, «estoy pasando muy malos momentos, pues mi querida madre era todo para mí; desde que nací sólo vivió preocupándose de mi salud y de mi vida». La princesa le visitó semanas después. El 14 de abril de 1929, dos años exactamente antes de que tuviera lugar su destronamiento, estuvieron paseando por El Pardo. Alfonso XIII le habló de hasta qué punto España «había cambiado y había cambiado a mejor» durante su reinado. Ella asintió afirmando que «el maravilloso pasado español todavía está intocado pero las carreteras que llevan a Granada, Sevilla, Toledo y Burgos son tan excelentes como las de Inglaterra». Sin embargo la conversación pronto quedó rodeada de un tono melancólico. La princesa mecanografió luego sus impresiones sobre la entrevista y se las acabó enviando al Rey. De él decía que «todavía muy joven en apariencia lleva un bastón en su mano y está vestido de luto. Ha superado tantas dificultades desde que inició su reinado, ha evitado tantos peligros, sobrevivido a tantos trágicos acontecimientos que ahora parece invulnerable, por encima de las vicisitudes comunes de la Humanidad. Pero la pérdida de su madre parece haber arrojado una sombra sobre el brillo de sus ojos… Con ella ha perdido su amigo más íntimo, la madre que fue, al mismo tiempo, su mentor y su confidente». Como cualquier ser humano que pasara por esa prueba, el Rey le pareció ahora «pequeño y débil», una persona que hacía un auténtico esfuerzo para sacudirse la tristeza y que recordaba, desgranándolos ante ella, los años infantiles en los que la presencia de su madre junto a él había sido insistente y decisiva. Desde que cumplió diez años hasta que ocupó el Trono había recibido una educación «terriblemente dura» que sólo había podido superar gracias a su ayuda constante. Recordó, incluso, como una tortura la clase de música que recibía al final de las sobrecargadísimas jornadas [8].

En un estado de ánimo muy depresivo, aparte del desconcierto que pudiera nacer de una situación política complicadísima, se encontraba, pues, Alfonso XIII en el último año de la Dictadura. Ya hemos visto que tuvo sobre él una influencia muy grande la conspiración de comienzos de 1929. Siempre atento a los problemas militares, el Rey se debió dar cuenta de que se había producido ya el deslizamiento de la oposición de carácter liberal y constitucional hacia la manifiestamente antimonárquica o, al menos, antialfonsina. Cuando murió doña María Cristina, El Sol recordó que si la Constitución de 1876 no había desaparecido en su día se debía a ella (lo cual era una forma de recordar lo que había hecho el hijo en septiembre de 1923). Mientras tanto, por las mismas fechas, al propio palacio de Oriente llegaban testimonios de una encendida literatura panfletaria dedicada a vilipendiarle. Era especialmente virulenta la que compensaba la falta de contenido programático-político con una agresiva inquina personal, como solió ser el caso de la redactada por los jóvenes oficiales artilleros. Las autotituladas «Juntas de Defensa» del arma de Artillería describían la casa reinante en España como «una familia de degenerados ya expulsada de toda Europa». Incluso se llegó a augurar que la muerte de la madre podía ser el antecedente de la venidera del hijo. Otro panfleto afirmaba que el Rey también había sufrido dos amagos de angina de pecho que atribuía al deporte, la herencia genética y el alcohol: «Puede ocurrir que (el Rey) haga a España el mejor y único servicio de desaparecer rápidamente». Asimismo, los políticos monárquicos recibían otras muestras de maledicencia personal contra el Rey como los que aparecen en los siguientes versos: «Por la corona de un diente / está en cama el presidente / víctima de una fluxión; / y en el Palacio de Oriente, / otra corona igualmente / atormenta a la nación». No puede extrañar que en un ambiente como éste el embajador francés viera en la desaparición de la Reina madre una especie de presagio del final de la dinastía [9].

Lo más peligroso de la situación para la Dictadura y la Monarquía era la actitud del ejército. El juicio de los encausados por los sucesos de Ciudad Real y Valencia, aparte de potenciar de cara a la opinión pública a los políticos liberales críticos con ambas (Sánchez Guerra fue defendido por Bergamín y Alcalá Zamora), demostró la lenidad de los propios tribunales militares, pues tan sólo tres oficiales fueron condenados a penas mínimas. Dio la sensación de que quienes habían alzado al poder a Primo de Rivera —los generales— admitían de hecho la inconstitucionalidad del régimen. No sería la última ocasión en que se produjera esa situación.

Además, en meses sucesivos persistió el ambiente de inquietud en los medios militares centrado principalmente en Andalucía. Si siempre resulta difícil definir cuándo la maledicencia se convierte en conspiración y cuáles pueden ser los propósitos de ésta, el caso resulta especialmente grave al no haber llegado a traducirse en una sublevación. La afirmación de que el contenido de la sublevación era republicano se encuentra entre quienes lo fueron luego o eran ya muy radicales del antialfonsismo, pero lo cierto es que la participación en ella de un número elevado de viejos políticos liberales, que en ese momento todavía no eran republicanos, hace pensar que se trataba de un movimiento «constitucionalista», es decir, dispuesto a la colaboración con los republicanos (como, por ejemplo, Martínez Barrio) y a la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, pero todavía no radicalmente contrario a la Monarquía. En cuanto a la influencia que la conspiración pudo tener en el desarrollo de los acontecimientos, lo más probable es que no resultara más que ambiental. La interpretación posterior de algunos republicanos en el sentido de que hubo una especie de carrera entre el Rey y el pueblo para evitar que triunfara una sublevación republicana no parece aceptable, en especial teniendo en cuenta que el abandono del poder por Primo de Rivera sólo puede entenderse como una especie de autoinmolación [10]. Resulta probable, en fin, que fuera la propia persecución de los conspiradores la que provocara una actitud reactiva en contra del régimen dictatorial. De acuerdo con la información recogida por la Embajada francesa, el envío desde Madrid de policía destinada a inspeccionar a la guarnición sevillana, con el resultado de que tres oficiales fueron detenidos, provocó fuertes protestas en esos medios. El capitán general Carlos de Borbón, tío del Rey, habría asumido esa queja y expuesto al monarca que, habiendo perdido su autoridad como militar, no quería perder la de infante de España. Recomendó, por tanto, que se prescindiera de Primo de Rivera; se atribuyó también a Romanones haber actuado en idéntico sentido [11]. Lo que esta descripción revela es que el Rey tenía crecientes problemas en los medios militares pero aún podía controlarlos.

Situación muy diferente era la que se daba en otros sectores de la oposición. Durante el curso 1929-1930 la protesta estudiantil universitaria arreció convirtiéndose en un espectáculo permanente en las calles y su beligerancia fue adquiriendo un tono cada vez más contrario no ya a la Dictadura sino a la propia Monarquía [12]. Uno de los últimos incidentes producidos antes del fin del curso 1929 consistió en el descubrimiento de una estatua del Rey decapitada y manchada con pintura roja con la apariencia de sangre. Cuando en otoño se reanudó el curso, los intentos de Primo de Rivera por ampliar la Asamblea Nacional recibieron la previsible respuesta de los medios universitarios: Unamuno, por ejemplo, fue elegido representante por la Universidad de Valladolid. En enero de 1930 una prueba del creciente entusiasmo republicano de los estudiantes fue que en el Palacio Real aparecieran carteles con un expresivo «Se alquila».

EL SUICIDIO POLÍTICO DE PRIMO DE RIVERA

En una dictadura como la española de los años veinte la labor de la oposición testimonió la fragilidad del régimen y contribuyó a su incertidumbre. El propio Primo de Rivera así lo admitió en los artículos publicados nada más abandonar el poder. Los sucesos de Ciudad Real y Valencia, aseguró, le impresionaron a él y también al Rey y, como consecuencia, «empecé a anunciar que la Dictadura había fijado límite a su vida… pero en política anunciar la muerte es ya morir» pues entonces «los ánimos se agitan, las impaciencias se ponen de relieve y se crea un estado de ánimo difícil de mantener». Respecto de las muestras de oposición singularizó Primo de manera especial en esos artículos varios «combates muy duros y prolongados». «El más importante» fue el conflicto con los artilleros; trascendencia menor fue la que atribuyó a la «batalla» contra las «clases escolares», pero admitió que «las pasiones juveniles y las soberbias intelectuales hacen una mezcla detonante de la que sólo pueden esperarse explosiones» [13]. Pero ni esas dos muestras de oposición ni aun la situación económica hubieran tenido un efecto desastroso sobre el régimen de no ser porque la propia perplejidad del dictador multiplicaba sus efectos.

Desde otoño de 1928 se pudo percibir que Primo de Rivera, sin un rumbo claro, se reafirmaba ante la crecida de la oposición y daba la sensación de no querer abandonar el poder para, a continuación, estar dispuesto a hacerlo pero ignorando por completo el procedimiento para conseguirlo. De esta manera organizó, en el quinto aniversario de la Dictadura, un acto de masas en su apoyo, pero el reverso de esa ocasión conmemorativa se puede apreciar, sin embargo, en informaciones complementarias. Por vez primera, en septiembre de 1928, el informe del encargado de negocios francés dio la sensación de que el régimen estaba en una fase declinante. Una dictadura que sentía necesidades de reafirmarse empezaba a parecer a los observadores independientes poco menos que ridícula. Los tres meses iniciales se habían convertido en cinco años, pero su programa ya no era más que «durar para el bien del país y de la Monarquía». En un retrato que testimonia una agudeza infrecuente, decía el diplomático galo que Primo «se deja guiar por las circunstancias más que por los principios, por su instinto más que por su genio y las ideas más simples le parecen generalmente las mejores» [14]. A mediados de marzo de 1929, tras el intento militar, el servicio diplomático francés distribuyó a todas sus embajadas una información relativa a España en la que se daba cuenta del empeoramiento de la situación política. A estas alturas, tanto el Rey como el principio monárquico estaban ya en peligro, juzgaba el embajador. Una dictadura en cuya trilogía ideológica figuraba la Monarquía bien podría llevar a España hacia la República si no actuaba pronto y con buen tino [15]. Incapaz de percibir el desgaste de su gobierno, Primo de Rivera reaccionaba por el procedimiento de golpear hacia los más diversos sectores atribuyendo a teorías conspiratorias unos males que derivaban de su propia perplejidad. Todo ello afectaba de forma directa a la Monarquía. El Rey —pensaba el embajador— siempre cedía ante Primo de Rivera, cuyas exigencias eran cada vez mayores. No era así ni tampoco la Dictadura tenía voluntad de permanencia, pero ésa era la sensación que se daba a menudo y en política la impresión es lo mismo que la realidad [16].

Así se pudo apreciar cuando, a finales de julio de 1929, se hizo público el anteproyecto constitucional ya elaborado en los términos que conocemos. Para el dictador con ello se iniciaba el camino hacia una normalidad nueva, pero nada tuvo que ver esa interpretación con la que hizo, no ya la oposición, sino quienes mantenían una posición independiente incluso desde un punto de vista derechista. No siendo un proyecto que respondiera a los deseos del dictador y pareciendo destinada a ser impuesto (de otro modo, no tenía sentido que se hubiera hecho público) tenía el gravísimo inconveniente, desde el punto de vista de la Monarquía, de conceder a ésta unos poderes muy superiores a los que tenía en la Constitución de 1876, con lo que su contenido podía ser atribuido a la intervención real. El embajador francés definió la Constitución como «netamente reaccionaria» y la comparó con la del Segundo Imperio porque convertía al Rey en la «clave de la bóveda». Éste fue también el juicio de la prensa liberal, en donde el proyecto, considerado como absolutista, se enfrentó con una «discrepancia radical» hasta el extremo de comparar el procedimiento de su discusión con la Asamblea de notables reunida por Napoleón en Bayona. Pero el proyecto no tuvo tampoco el apoyo de la derecha católica: la actitud de El Debate a lo sumo puede calificarse de ambigua. Tan sólo los propios miembros de la comisión redactora del anteproyecto salieron a la palestra en defensa del mismo; se sintieron obligados a hacerlo por motivos obvios, pero eso no quiere decir que no tuvieran profundas dudas acerca de su contenido. Gabriel Maura, por ejemplo, señaló en un escrito íntimo —y que, por tanto, no tuvo divulgación— que el problema político español era tan complicado como el de la cuadratura del círculo, pues consistía en «resolver un problema de ciudadanía sin ciudadanos». De ahí, según él, la necesidad de acudir a un Consejo del Reino y también a una limitación del derecho de sufragio, medidas éstas que resultaban antiliberales y parecían hacer responsable al monarca de ese contenido. Incluso el decano de la grandeza de España expresó su disconformidad con el anteproyecto [17].

El planteamiento de éste ante la opinión provocó un realineamiento de la antigua clase política al quedar abierta la posibilidad de intervenir en la discusión acerca del texto elaborado por la Asamblea, aunque fuera para oponerse a él. Entre quienes, de una manera u otra, testimoniaron su voluntad de participar en el debate hay que hacer mención, sobre todo, a dos personas: el conde de Romanones y Cambó. Si ésa fue su opinión, la razón no estribó en que fueran partidarios de la Dictadura sino en que querían dar facilidades para salir de ella. El primero llegó a entrevistarse con Primo de Rivera a finales de septiembre e incluso pensó en la posibilidad de celebrar una reunión de los ex presidentes del Gobierno en el cañonero Dato, en el que permanecía encerrado Sánchez Guerra. Preguntó además a los seguidores de éste sobre la posibilidad de que acudiera a la Asamblea si así se le solicitaba y obtuvo la previsible respuesta positiva [18]. Pero Alcalá Zamora, Álvarez, Osorio, Villanueva o el propio Sánchez Guerra mantuvieron una posición mucho más arriscada en contra de los proyectos gubernamentales. Este último, por ejemplo, hizo circular una carta en la que se remitía al «pacto constitucional» entre la Corona y el pueblo y Ossorio declaró que «si la Constitución es un freno, la de 1876 es un freno roto en mil pedazos y no hay soldadura que lo arregle, por muy autógena que sea». Eran afirmaciones que, si rondaban la descalificación de Alfonso XIII como monarca constitucional, todavía no venían a resultar una absoluta condena del mismo ni de la Monarquía pues podían interpretarse como un modo de presionarle. Ossorio, por ejemplo, no dudó en enviar al Rey un estudio suscrito por la Sociedad de Estudios que inspiraba. En él aseguraba que la Constitución de 1876 había «consentido que a su amparo convivieran los idearios más opuestos» e incluso la incorporación del republicanismo posibilista; por ello, «cuanto España necesita hoy en el orden político y social… puede intentarse sin tocar la Constitución». Pero, caso de hacerlo, «la única vía jurídicamente aceptable era la de convocar Cortes Constituyentes, elegirlas sinceramente… y dejarlas actuar libérrimamente, rindiéndose de buena fe todos los poderes ante la voluntad nacional». En definitiva, para el antiguo político maurista lo inaceptable era «el conato» propuesto por el dictador [19].

Pero ¿cuál era la posición de Alfonso XIII? La correspondencia entre Martínez Anido y Primo de Rivera, en donde se revela el contenido de lo que el primero, en ausencia del segundo, hablaba con el Rey no explicita lo que el monarca le decía de forma literal. El hecho de que, como él transcribió, le hablara «sólo» de cuestiones menores y de trámite indica un cierto despego, reserva o no identificación con el programa político fundamental del dictador: no había jugado ningún papel en la elaboración del anteproyecto y tampoco ahora lo asumía como propio. Cuando, con ocasión del aniversario de la implantación de la Dictadura en 1929, el monarca envió a Primo de Rivera un telegrama de felicitación, el comentario del embajador francés testimonia que no ignoraba las divergencias existentes entre ambos. «Cuando se conocen ciertas declaraciones de Alfonso XIII respecto al dictador», escribió, «se puede dudar de la sinceridad de este sentimiento» [20]. Siempre hubo discrepancias entre el monarca y el general con el grave inconveniente para el primero de que no eran muchos los que se daban cuenta de ello. Ahora, en esta fase final del régimen, no cabe la menor duda de que el Rey debió intervenir para que la forma de abordar el anteproyecto constitucional de 1929 tuviera mayor amplitud que la que podía prestarle solo el debate sobre su contenido en el seno de la Asamblea Nacional. Ése, sin embargo, había sido el propósito manifestado siempre por el dictador para excluir de cualquier posibilidad de intervención a la vieja clase política en el proceso.

La rectificación, de cuya paternidad no cabe pensar que fuera responsable persona distinta del monarca, se llevó a cabo a través de un decreto el 26 de julio que suponía un cambio en la trayectoria dictatorial, el quinto según el cómputo de Gabriel Maura. El Gobierno amplió ahora la Asamblea Nacional con 49 nuevos puestos, mediante la convocatoria a su seno de los ocho ex presidentes vivos del Consejo o de las Cámaras sin que ello, según advirtió la disposición, significara desdoro ni para el régimen pasado ni para los convocados. Al mismo tiempo, con el propósito de llegar a «una mayor participación de las Corporaciones en la vida parlamentaria», se atribuyó a academias, universidades, colegios, sindicatos y asociaciones la posibilidad de designar sus representantes en la Asamblea nombrada por el dictador. Se daba la paradoja adicional de que, por un lado, el Gobierno decía acudir a esta discusión constitucional sin un criterio cerrado pero al mismo tiempo aseguraba que la decisión definitiva habría de tomarse mediante plebiscito, una fórmula inconstitucional que era de imposible aceptación para la oposición. En definitiva, de forma inevitable se dio la sensación de que la oposición sería tomada en consideración pero tan sólo como comparsa y así se propició que actuara de la forma que resultara más dañina contra el régimen. Además, el procedimiento para llegar a la selección de los representantes de entidades tuvo el inconveniente de que sometió al régimen al contraste con sectores de opinión en los que tenía pocos partidarios. El hecho de que transcurriera un plazo entre el decreto y las elecciones y la sucesión de las mismas durante un periodo de tiempo amplio contribuyó a deteriorar de manera progresiva al régimen, sobre todo teniendo en cuenta que, a partir de este momento, para que los convocados no pudieran quejarse de «estar amordazados» hubo que moderar la censura. En definitiva, como acabó concluyendo Primo de Rivera después de abandonar el poder, al recurrir a este procedimiento cometió un craso error cuyas consecuencias acabó pagando. Tampoco Alfonso XIII había logrado nada con la ampliación del número de quienes debían opinar sobre el anteproyecto constitucional: con su intervención, la cual probablemente sólo consiguió convencer a medias a Primo de Rivera, no logró más apoyo para una salida de la Dictadura sino más exasperación en el dictador y sin lograr tampoco que la ampliación de los consultados satisficiera a nadie. No tiene sentido exponer aquí el resultado pormenorizado de ese intento de ampliación de la Asamblea. Baste con recordar que muchos (todos los ex presidentes del Consejo, por ejemplo) se negaron a estar en ella por más que Romanones, dispuesto a ayudar al Rey, hiciera fintas a favor de la aceptación. Tan caracterizados representantes del antialfonsismo como Unamuno y Eduardo Ortega y Gasset, redactores de Hojas Libres, fueron elegidos por la Universidad de Valladolid o el Colegio de Abogados respectivamente.

De todos modos, por muy fuerte que resultara la crecida de las oposiciones, todo hace pensar que no se habría producido el colapso de la Dictadura de no mediar su propio desconcierto estratégico al que se sumó, en la recta final, el puro y simple deseo, casi físico, de Primo de Rivera de abandonar el poder como fuera. Esta última afirmación, que resulta esencial para explicar lo sucedido en enero de 1930, parece discutible desde el punto de vista de la historiografía pues hay abundantes interpretaciones muy distantes de ella. Ha sido habitual pensar que la iniciativa del final de la Dictadura la tuvo el Rey que, por decirlo con los términos utilizados en la época, habría «borboneado» al dictador. Esta interpretación nació entre periodistas liberales y republicanos durante la etapa del general Berenguer y de ella puede decirse, desde luego, que no era inocua porque pretendía no sólo proporcionar una imagen un tanto ridícula del dictador sino también ofrecer una visión del monarca como entrometido y traidor a quien le habría prestado servicios anteriores. Como suele ser habitual este juicio acerca de Alfonso XIII, se mezcló con anécdotas incomprobables: hubo quien dio pelos y señales de la cacería en Navalperal donde supuestamente se planeó toda la operación del «borboneo». Por supuesto este tipo de «color local» es muy característico del momento en el que se narraron estos acontecimientos y nos remite, en definitiva, a los esperpentos de Valle-Inclán, suprema expresión literaria de una sensibilidad pero en absoluto documentos históricos fiables. Interpretaciones posteriores, de profesionales de la historia, se han basado en fuentes periodísticas de entonces sin someterlas a crítica y han esbozado, además, una versión complementaria anclada en que los intereses de las clases conservadoras distaban de un régimen cuya política estaba en crisis. Esto puede ser cierto pero resulta demasiado genérico. No es, en cambio, admisible la afirmación de que el régimen se radicalizó en su fase final convirtiéndose en una especie de Estado-policía con un partido único semifascista. El rasgo determinante en la situación política de la segunda mitad de 1929 era el puro y simple desconcierto unido a un deseo, por parte del dictador, de abandonar el poder que ni siquiera era creído [21].

El declive final del régimen dictatorial se remonta al verano de 1929. En los meses siguientes arreció la oposición y frente a ella en alguna ocasión se produjo una reacción intemperante del dictador pero éste no dejó un momento de indicar su voluntad de volver a una situación de normalidad; nada más lejano a sus deseos que la resistencia. Por su parte, quien más nos interesa, el Rey, tuvo una actitud que era muy coherente partiendo de las circunstancias en las que se encontraba. Ahora se planteaba de nuevo el dilema que se le había hecho presente en septiembre de 1923 y había estado latente durante estos años. Todo hace pensar que no deseaba que se produjera la sustitución de la Constitución de 1876 por una nueva sin mediar consulta lo bastante amplia como para ser aceptada, pero también temía —con razones poderosas— que Primo de Rivera se limitara a arrojar el poder por la borda, como en efecto acabó haciendo. Sabía que eso representaba un peligro gravísimo para la institución monárquica. No puede extrañar, por tanto, que tratara de conseguir del dictador claridad en el rumbo y más bien tendiera a intentar el aplazamiento de la decisión del militar hasta ver una perspectiva política clara. Así como en otras ocasiones —por ejemplo, de no encontrarse una solución al problema marroquí en 1924— pudo haber empujado a Primo de Rivera hacia el abandono del poder, ahora no quería hacerlo pues pensaba que lo mejor era que desanduviera el camino quien lo había iniciado en 1923. Factor esencial para interpretar lo acontecido en 1930, como en 1923, es, pues, la relación entre el monarca y el dictador.

Esta interpretación que acabamos de esbozar se podría imaginar fundamentada tan sólo en el puro desarrollo de los acontecimientos. No es, sin embargo, así sino que las fuentes la corroboran. Cuando, a finales de 1929, se despidió el embajador francés mantuvo conversaciones con ambos protagonistas políticos que se apresuró a transmitir a sus superiores en París. El general «no me ocultó su deseo de retirarse en el curso de 1930;» en realidad venía haciéndolo, una y otra vez, en los últimos tiempos con una insistencia que explica su pirueta final. El Rey, por su parte, le habló de multitud de cuestiones, «saltando de la una a la otra, según su costumbre». Le aseguró que se mantenía en todo por completo de acuerdo con Primo de Rivera, pero lo desmintió de manera inmediata en el momento de tratar de aquella única cuestión que resumía lo fundamental de la política española. «Sobre un punto, sin embargo», añadió, «somos divergentes porque el General quiere volver demasiado bruscamente al orden de cosas normal». «Yo», concluyó, «por el contrario, opino que un orden de cosas provisional debe, al menos durante dos años, preceder a este restablecimiento». No dudó en hablar de la necesidad de controlar la prensa y se mostró, por si fuera poco, entusiasmado con la decisión del Rey de Inglaterra de no recibir al embajador soviético [22]. Tenía, pues, miedo a un porvenir revolucionario; quizá era excesivo pero tampoco carecía por completo de fundamento. No es ése el único testimonio que permite hacer la interpretación que aquí exponemos: Calvo Sotelo y Gabriel Maura también parecen coincidentes y algo parecido cabe decir del propio dictador que, nada más abandonar el poder, escribió que el ambiente «le tenía excitado y sin la seriedad y el equilibrio que durante más de seis años no había perdido ni una vez» [23]. Fomentaba esta situación crítica el hecho de que, por vez primera, se pudieron apreciar signos de desunión en el gobierno. En el verano de 1929 el ministro de la Marina, «un hombre del Rey», al decir del embajador francés, quiso dimitir y, transcurrido aquel, Calvo Sotelo se enfrentó con Guadalhorce. Hasta octubre todas las declaraciones de Primo de Rivera insistieron en la inminencia de una vuelta a la normalidad, aunque no se aclarara el contenido de la misma ni el modo de llegar a ella.

Pero de nuevo una muestra de protesta tuvo como consecuencia que el dictador rectificara. La sentencia que exoneró a Sánchez Guerra de cualquier responsabilidad por su sublevación convertía en ilegítimo al régimen. No puede extrañar, por tanto, que la noticia se ocultara durante varios días por la censura de prensa y que hubiera rumores de inmediata crisis de gobierno. Un desnortado Primo de Rivera, que había publicado por aquellos días la más peregrina de sus notas oficiosas, aquella en la que recomendaba a los españoles un régimen dietético, reaccionó por el procedimiento de tratar de dar marcha atrás y negarse a cualquier tipo de temporalidad en el ejercicio del poder. Intervino en un homenaje a Pemán y dio, al mismo tiempo, a luz una nota con el respaldo de haber sido aprobada por el Consejo de Ministros. En ella se hacía eco de que «personas imparciales» (el Rey, sin duda) opinaban que la rapidez en el tránsito hacia la normalidad podía poner en peligro «sagrados intereses patrios», por lo que concluía de una manera taxativa: «Nada, pues, de fijación de plazos y, por el momento, un alto en la marcha hacia la normalización». Ni siquiera estos propósitos duraron mucho. Menos de un mes después el dictador indultó al general Castro Girona sin que la cuestión fuera tratada por el Consejo de Ministros ni consultada al Rey. El gesto presuponía su voluntad de irse [24].

A principios de diciembre el dictador tenía la idea de cederle el poder a Guadalhorce, tal como se lo anunció a sus ministros en un almuerzo. Parece haber sido Calvo Sotelo quien le indujo a celebrar, antes de dar el paso definitivo, alguna consulta popular empezando por unas elecciones municipales. A estas alturas la posibilidad de un cambio constitucional previo, mediante la aprobación del proyecto elaborado en la Asamblea Nacional, estaba ya desechado en parte porque el propio presidente del Gobierno estaba en desacuerdo pero también porque era consciente de que el Rey no estaba dispuesto a la aprobación de una reforma constitucional sin la previa convocatoria de algún tipo de consulta popular. A mediados de mes Primo de Rivera hizo unas declaraciones en las que de manera muy vaga dio cuenta de sus planes. El hecho de que dijera que no podía irse mediante «una espantá» sino a través de un «escalonamiento suave» revela una indudable influencia de la actitud de Alfonso XIII. Por estas mismas fechas tenía ya redactado un proyecto de camino hacia la normalidad que fue repartido a los ministros el 19 y habría de servir de base para una discusión en Consejo ante el Rey en los próximos días. El texto probaba el deseo de Primo de Rivera de abandonar el poder y confirmaba que la posición del monarca le había hecho imposible la reforma constitucional por decreto. Como advirtió el embajador británico, el proyecto era el «anticlímax»: la renovación de ayuntamientos y de diputaciones sería sólo parcial (el 25 por ciento), en las grandes ciudades existiría voto corporativo y una parte de la Asamblea Nacional sería corporativa. La prueba de que Primo de Rivera quería abandonar el poder reside en el hecho de que pidiera a sus ministros un resumen de la obra realizada [25].

El problema residía, como siempre, en cómo hacerlo y sobre el particular la perplejidad del dictador no había disminuido. El 30 de diciembre celebró un Consejo de Ministros antes de la reunión con el Rey y en él Calvo Sotelo recordó que la fórmula de la Cámara única, en la que Primo de Rivera estaba obsesionado, era inconstitucional. Las relaciones entre el dictador y su ministro de Hacienda eran mucho menos cordiales de lo que éste asegura en sus memorias y la situación económica hizo poco por mejorarlas. Cuando tuvo lugar el debate sobre la posible salida del régimen, en presencia del propio monarca no hubo, por supuesto, discrepancia entre los ministros pero tampoco verdadera convicción en Primo de Rivera. El Rey dilató su respuesta y esto fue considerado por Calvo Sotelo como un testimonio de que por vez primera le faltaba al dictador la confianza regia. A la salida del Consejo de Ministros celebrado en palacio Primo de Rivera se limitó a decir a los periodistas que no había existido cuestión de confianza porque ésta no estaba planteada e, inmediatamente, rebajó la significación que había atribuido a la creación de una nueva Asamblea, a la que se oponía el Rey, mientras que anunciaba la renovación de ayuntamientos y diputaciones en las condiciones mínimas que ya han sido descritas. A comienzos de año envió a los ministros una breve reformulación de su programa político inmediato con la mención a esa renovación de la administración local y la prolongación de la Asamblea existente hasta el cumplimiento de su plazo legal. «Entonces», continuó, «será el momento de decidir si se prorroga su vida, se sustituye por otro organismo semejante, aunque naturalmente de composición y origen distintos o se opta por restablecer la vida parlamentaria por medio de raíz más constitucional», aun con una parcial modificación de la ley electoral [26]. De esta manera, se autoconcedía medio año más y, al mismo tiempo, parecía prescindir de las reservas que el Rey acababa de expresar.

Pero, en pleno caos, ni siquiera de esta manera consiguió definir un plan de actuación aceptado por sus colaboradores más estrechos. Guadalhorce le escribió afirmando que no se sentía capacitado para presidir la transición; junto con él, Calvo Sotelo y Andes le pidieron que dilatara los plazos y que presidiera él mismo el camino hacia la normalidad. Pero Primo de Rivera se negó. «Tengo derecho a estar rendido de fatiga», les dijo por escrito; sólo en el caso de que «el poder moderador o núcleos rebeldes aconsejaran la reacción» cambiaría de idea. En realidad, pese a lo que había dicho, estaba a punto de iniciar su «espantá». No quería seguir en el poder y menos aún en una situación de vuelta a la normalidad; se quejó con amargura de que sus propios ministros no le hubieran apoyado en sus propósitos de retorno expeditivo a la normalidad ni en la construcción de la UP [27]. En plena descomposición del gobierno, el 20 de enero acabó dimitiendo Calvo Sotelo, en gran medida como consecuencia de la situación económica pero también por las discrepancias en torno a la salida del régimen dictatorial.

Sólo teniendo en cuenta estos antecedentes previos es posible entender lo que el dictador hizo en aquellos momentos. El 26 de enero, cuatro días después de llevado a cabo el relevo de Calvo Sotelo, Primo de Rivera, modificando sus planes como no había querido hacerlo a sugerencias de sus ministros, pidió a los mandos militares, en una nota escrita a las cuatro de la madrugada, que le comunicaran si continuaba teniendo su apoyo. Solo, desconcertado, cansado y enfermo, no tenía otro deseo que abandonar el poder. Los rumores de conspiración militar le pudieron inducir parcialmente a hacer esta extraña consulta que dejaba malparado al Rey, al Consejo de Ministros y a él mismo porque aparecía contradiciéndose en un cortísimo espacio de tiempo. Luego la explicaría como una decisión absolutamente individual, más que derivada de su condición de presidente y la justificaría por el cansancio, la enfermedad y, en su redacción concreta, por la premura misma de acudir a los periódicos a hora tan tardía. Todas las fuentes indican que la reacción del monarca fue airada («altamente indignada», según escribió el embajador británico); se debe tener en cuenta que todavía estaba pendiente el periodo de reflexión abierto el 31 de diciembre pasado. El embajador francés constató la «fuerte emoción» producida y aludió al «descontento» del Rey indicando que el desacuerdo entre Alfonso XIII y el dictador se había «acentuado». Según la narración de Gabriel Maura, sólo se atenuó la ira del monarca cuando descubrió que en la actitud de quien había hecho tan extraordinaria consulta no había doblez alguna ni pretendía siquiera mantenerse en el poder gracias a ella. Aun así, el dictador tuvo «una explicación muy viva con el soberano». No conocemos más que una de las respuestas de los mandos militares enviadas a Primo de Rivera, que transcribe Berenguer en sus memorias, pero su contenido no podía ser más desalentador para el primero pues remitía la posibilidad de respuesta a la anuencia del Rey. Según el embajador francés, excepto el capitán general de Canarias, que había respondido que «no se atrevía a pronunciarse de forma neta», todos los demás, empezando por el de Zaragoza, habían declarado que estaban a las órdenes del Rey. Se dijo luego que los «amigos» de éste habían influido en la posición adoptada por los mandos militares, pero es posible que ni siquiera eso fuera necesario para que adoptaran la postura reseñada porque también en el ejército se había producido el desvío contra el dictador [28].

El 28 de enero Primo de Rivera acudió al Palacio Real en compañía de Martínez Anido; el monarca estaba despachando con Andes. En el momento de presentar la dimisión estaban en palacio aquellos dos ministros más identificados con su persona, por amistad anterior a la política, y a los que trataba de tú. En su comportamiento en esos momentos dio la sensación de que de ninguna de las maneras quería causar problemas a la pacífica transmisión de los poderes a otro gobierno. En su nota final a la prensa, en la que explicó la gestación de su consulta a los militares, «se excusó y acusó», compungido, de lo sucedido. Da la sensación de que sentía alivio pues había conseguido lo que había deseado durante tiempo atrás, el abandono del poder: aquello había sido, como diagnosticó el embajador británico, un «suicidio político». No era tan sólo ésa la actitud del dictador sino también la de la mayoría de sus seguidores, incluso los más estrechos. Aquel en quien había confiado como posible sucesor, el conde de Guadalhorce, le envió unas líneas horas después de la dimisión, muy características del ambiente vivido entonces, aunque sólo durante muy pocos días. Los colaboradores de la Dictadura, como Primo de Rivera, debían pensar que el balance de su régimen era netamente positivo y que el pueblo español les iba a otorgar la «justa gratitud» de la que se sentían merecedores. «Ni sindicalismo, ni separatismo, ni déficit, ni guerra pavorosa tienen que combatir los que vengan», aseguraba Guadalhorce [29].

Pero no hubo benevolencia para el dictador por parte de una opinión pública aherrojada durante esos seis años, ni tampoco éste viviría mucho para comprobarlo. Pronto lo pudo percibir Primo de Rivera. El día 29 de enero ya dio una cierta sensación de arrepentirse del súbito abandono de todo el poder por parte de sí mismo y de los suyos cuando recomendó con viveza a Berenguer que mantuviera a alguno de sus antiguos ministros en su puesto. El último día de enero, ya con un nuevo gobierno pero mientras todavía el general jerezano permanecía en su despacho oficial, tuvo el testimonio de que quienes se habían sentido ofendidos por él no perdonaban fácilmente: dos antiguos políticos a quienes había insultado le retaron a duelo.

Estas cartas que aludían a una práctica que ya iba desapareciendo eran tan sólo indicio de un fenómeno más amplio que Berenguer describió en sus memorias con una imagen afortunada. Como resultaba previsible, a la caída del dictador le sucedió un fenómeno semejante al descorche de una botella de champán: fue un estallido desbordado que se volvió en contra de quienes en el periodo anterior habían ejercido el poder en régimen de monopolio y especialmente contra el propio Primo de Rivera. Muy pronto la prensa liberal le atacó con dureza y este hecho tuvo sobre él el resultado habitual en un hiperactivo y ciclotímico. Había deseado con toda sinceridad abandonar el poder pero ahora los ataques adversarios le indujeron a la contraofensiva. Pronto organizó réplicas en el diario dictatorial y por un momento trató de poner en marcha un partido con un grupo de ex ministros que habían formado parte de la Asamblea Nacional con la asistencia de la Unión Patriótica. Al poco decidió abandonar Madrid y Berenguer creyó firmemente que su antecesor, de paso por Barcelona camino a París, había pretendido «algo extraordinario y absurdo». Otros testimonios indican que el general Barrera, capitán general allí, le dijo que era entonces demasiado pronto para realizar un golpe de Estado desde la oposición y demasiado tarde para ejecutarlo desde el poder. Resulta también muy significativo que dirigiera un entusiasta mensaje a Mussolini, en el que manifestaba su admiración por el «alto valor histórico de una experiencia que está destinada a triunfar sobre la disolución actual» [30]. Pero la prensa italiana apenas dio difusión a esta misiva: le consideraban un derrotado de forma irreversible.

Ya en la capital francesa, percibió un rápido declive de su salud que le llevaría a una muerte súbita e inesperada. Sus últimos artículos los escribió «padeciendo fiebre, encerrado en el cuarto del hotel en que habito». «Creo», escribió, con su sinceridad tan a flor de piel, «que habré de recogerme más para devolver a mis nervios el equilibrio perdido y a mi salud los serios quebrantos sufridos (porque)… aparento fortaleza y, sin embargo, yo, que puedo establecer comparaciones, sé bien que la he perdido» [31]. A mediados de marzo murió en París, donde había llevado una vida modesta y retirada. La noticia del suceso conmocionó, intensa pero brevemente, a la opinión pública española, ahora agobiada por preocupaciones más inmediatas.

El Rey era quien tenía más razones para estar preocupado. Durante toda la Dictadura había mantenido frecuentes discrepancias con Primo de Rivera, a quien pudo empujar hacia el abandono del poder en más de una ocasión. Su actitud había sido de resistencia —ante la Asamblea, por ejemplo— aunque luego cediera; en cambio, es mucho más dudoso que hiciera propuestas acerca de cuál debía ser el rumbo político. En la etapa final de la Dictadura actuó de idéntica manera. En los meses que siguieron, alguno de los nuevos ministros, como el duque de Alba, le atribuyeron un papel decisivo en la retirada de Primo de Rivera; un diplomático francés juzgó que quería el poder absoluto para él mismo [32]. Pero ninguna de las dos afirmaciones se sostiene. En realidad, no consiguió retener algún tiempo más al dictador ni que éste abriera el camino hacia su sustitución y algún tipo de normalidad. También desconcertado, vio la caída del régimen dictatorial como un abismo peligroso para él mismo y para la Monarquía. Si antes se había limitado a resistir ahora tampoco tenía nada parecido a un plan de actuación claro y factible. Pero trató con sinceridad de volver a la situación liberal de 1923; lo malo fue, para él, que esta posibilidad tampoco era viable a esas alturas.

BERENGUER: UNA SOLUCIÓN Y UN ERROR

La historia de la Dictadura ha permanecido oculta durante mucho tiempo; la de la etapa posterior dio lugar a muchos libros pero conviene no equivocarse sobre su valía porque abundancia no es lo mismo que calidad. La nutrida publicística del momento está lastrada por el peso de las circunstancias y en cuanto a las memorias posteriores en su mayor parte tuvieron como principal razón de ser el reparto de culpabilidades como consecuencia de la caída de un régimen. Unas y otras resultan anacrónicas en la interpretación aunque proporcionen información abundante. Por otro lado, es preciso recordar que aunque la efervescencia de la opinión pública fuera muy grande en las decisiones en esta etapa histórica permaneció un rasgo de la etapa dictatorial: «El área en que se debatió el problema (político) fue reducida», escribió Pabón [33]. La solución al mismo estuvo en las manos de un grupo limitado de personas, lo que a menudo no facilita la comprensión de lo sucedido.

El Gobierno Berenguer fue originariamente una salida al régimen dictatorial que había sido pedida por casi todos y que, sin embargo, ha quedado en la historia de España con el estigma del artículo condenatorio y denigratorio escrito por Ortega y Gasset. Nada puede resultar más anacrónico que juzgar al gobierno destinado a llevar a cabo la transición de una dictadura a un régimen liberal a partir del contenido de dicho artículo. A finales de enero de 1930 el Gobierno Berenguer fue, ante todo, una solución y como tal fue considerado por los observadores nacionales y extranjeros. No significaba, en primer lugar, una radical ruptura con el pasado dictatorial puesto que su presidente formaba parte de la terna recomendada por Primo de Rivera al Rey. El dictador, además, en el momento de abandonar el poder declaró «celebrar mucho la designación de Berenguer». Éste era una persona de la que se sabía su carencia de auténtica ambición política, su calidad humana y su posición precedente. Nacido en 1878, había participado en las campañas marroquíes en 1909 y fue un muy joven ministro de la Guerra en 1918. Como alto comisario en Marruecos había logrado la ampliación de la zona de influencia española en la porción occidental del protectorado merced a una política hábil y prudente, exactamente la antítesis de la que caracterizó a Silvestre en la oriental. Su posición había sido contraria a la Dictadura pero expresada con discreción, de modo que si fue objeto de una sanción estuvo motivada tan sólo porque en un banquete en que él participaba otros profirieron gritos subversivos. La carta que recibió de Romanones en un momento en que se había producido la consulta de Primo de Rivera a los militares prueba que en Berenguer se centraban las esperanzas de los liberales y revela, quizá, una parte de los motivos de su promoción (el conde se movió mucho y con no poca inteligencia en aquellos meses). En realidad, las esperanzas puestas en él venían de lejos, como se prueba por la correspondencia entre los políticos del régimen liberal. En una fecha imprecisa del primer periodo dictatorial, Melquíades Álvarez había escrito al conde de Romanones —la relación de éste con el general venía, pues, de lejos— tras una entrevista entre ambos que «por su prestigio y por el número de adeptos con que cuenta en el ejército» era la persona que podía convertirse en relevo del régimen existente y que «todo dependía de que en realidad se decidiera a actuar». Sin embargo, prudente y discreto, sólo estaba dispuesto a hacerlo en unas condiciones que hacían improbable que llegara a cumplir este deseo. Pretendía que los políticos del régimen constitucional pidieran colectivamente el regreso a «la normalidad y que él, con los elementos de que dispone, apoyaría la decisión de los políticos y daría seguridades al monarca de que podría deshacerse sin peligro del Directorio» [34]. Sabemos que no se produjo este relevo pero hubiera sido posible si se hubieran dado las condiciones, como por ejemplo una derrota en Marruecos que habría producido la correspondiente conmoción militar y política.

Berenguer había estado durante todo el periodo dictatorial, a partir de 1924, fecha en que fue amnistiado por el desastre de Annual, al frente de la Casa Militar del Rey, lo cual testimonia una identidad y una confianza entre ambos que nunca fue desmentida. En sus memorias, un libro que testimonia la calidad intelectual y moral del personaje [35], el general indica que no habló en los años dictatoriales con el Rey acerca de política pero que trató de inducirle a que fuera el propio dictador quien protagonizara el regreso a la normalidad, lo cual se había demostrado ya imposible por la misma actuación de Primo de Rivera. Fue preciso, por tanto, recurrir a un mayor grado de ruptura con el pasado en la composición del nuevo gobierno eludiendo los consejos de su antecesor respecto de la manera de cubrir los ministerios. Hubo algún nombre coincidente con los deseos de Primo de Rivera pero, en ese caso, no ocupó la cartera que había sugerido. No habiendo logrado el apoyo de Cambó ni de Gabriel Maura, quienes lo formaron fueron, sobre todo, antiguos conservadores, seguidores del conde de Bugallal.

Un examen de su composición revela, en primer lugar, que se trataba de un gobierno esencialmente palatino. Lo eligió el Rey para la circunstancia crítica que le tocaba sortear en esos momentos y Berenguer no ocultó hasta qué punto fue consultando su composición en cada momento con el propio monarca. El duque de Alba, por ejemplo, admitió ante el embajador francés que aunque él estaba preconizado por el Rey para la cartera de Estado antes debía ocuparse de pacificar la Universidad; lo hizo y ocupó la cartera prevista a las pocas semanas anunciando que proseguiría la política de colaboración con Francia y Gran Bretaña habitual en los gobiernos constitucionales. El resto de los diplomáticos extranjeros tuvieron informaciones semejantes: como persona «de la absoluta confianza del monarca» describió el embajador italiano a Berenguer [36]. Los malintencionados, como Ossorio, recordaron luego que Matos, otro ministro, era el abogado de la Casa Real. Esa condición palatina del Gobierno se aprecia en la actitud que habían mantenido sus miembros en la etapa dictatorial: con la excepción de Estrada, habían estado al margen del gobierno de Primo de Rivera pero no se habían significado en la oposición y, sobre todo, no mostraron reticencia hacia el monarca como tantos otros.

La misma composición del Gobierno nos lleva a plantear la peculiar situación en que quedaba la Monarquía después de la Dictadura. Desde el momento del golpe de Estado había sido consciente Alfonso XIII de lo que se jugaba a medio plazo y en las últimas semanas del régimen dictatorial su preocupación se había acentuado. Para él las circunstancias eran dramáticas porque, por vez primera en su reinado, la Monarquía estaba en peligro. A todas las protestas en contra de su actuación en el pasado se sumaron enojos nuevos y, sobre todo, el gravísimo inconveniente de que la Monarquía de la Restauración pareció por completo identificada con un modo de vida política ya declinante de forma irreversible. Alguno de los personajes políticos del momento, como Miguel Maura, ha escrito que el monarca permaneció confiado en su popularidad pero todo hace pensar que no fue así [37]. Otra cosa es que lo afirmara ante un político monárquico que había dado el salto ante la República. Cuestión diferente es también que pensara que el sistema caciquil vigente estuviera a punto de quebrar; eso no lo creían ni buena parte de las izquierdas por el momento. Tampoco los representantes diplomáticos extranjeros veían verdadero peligro para la Monarquía nada más formado el nuevo Gobierno.

¿Cuál era el verdadero estado de ánimo del Rey? Como siempre, es difícil adivinarlo pero algunos indicios tenemos. Recordemos que en los días inmediatamente posteriores a la formación del Gobierno Berenguer se conmemoró el aniversario de la desaparición de doña María Cristina: la correspondencia recibida y enviada fue abundante y sentida, buen testimonio de que la herida no estaba cicatrizada. La depresión del ánimo real proseguía pero, además, las muestras de adhesión que recibió fueron pronto escasas y sesgadas: cuando empezaron a hacerse presentes los desvíos de antiguos monárquicos casi no recibió «adhesiones inquebrantables» y quejas contra el «inexplicable apasionamiento político» que las procedentes de jerarquías eclesiásticas, como constataron los embajadores extranjeros. Recibía, en cambio, largas misivas anunciándole que lo sucedido en Portugal años antes tendría su repetición en España (hay que recordar que allí había habido asesinatos de personas de la familia real) [38].

Pero lo fundamental reside en descubrir los propósitos políticos que animaban al monarca. Resulta interesante, por ejemplo, preguntarse sobre cuál era la imagen que desde el Palacio de Oriente se quería transmitir acerca del Rey cuando se aproximaba la fecha en que la Monarquía borbónica tocaba a su fin. Hay dos procedimientos para lograrlo: en primer lugar, a través de los libros autorizados que se publicaron durante estos años finales del régimen y, en segundo, gracias a la información enviada desde la secretaría particular del monarca en relación con biografías de éste.

Con respecto a los libros apenas merece la pena citar uno del que fue autora Evelyn Graham: versaba sobre la Reina y, aunque escrito en 1928, apareció en 1930 sin contener otra cosa que referencias a sus tareas humanitarias, en especial relacionadas con la Cruz Roja [39]. Lo que nos interesa de este libro es, sin embargo, que apareció impreso después de haber sido leído y sometido a aprobación de Palacio; a cambio de cumplir con este requisito recibió información y ayuda. De gran interés político y de mayor vuelo fue sin duda el libro de Pilar de Baviera y Chapman-Huston acerca del monarca. No resultó una iniciativa ni del Rey ni tampoco de personas de su entorno como podrían ser los miembros de su secretaría. Incluso la propuesta, que parece haber nacido de una editorial, fue recibida con «cautela» en el Palacio de Oriente. No obstante, los autores recabaron y recibieron ayuda. Ambos estuvieron en España a comienzos de 1931 y mantuvieron entrevistas con personas del entorno real y también establecieron contacto directo con el monarca, al menos Chapman-Huston, quien fue el redactor de la obra, mientras que la princesa de Baviera tan sólo había asumido la obligación de proporcionar material informativo sobre los primeros años del Rey. Al menos un capítulo fue corregido por el propio secretario del monarca quien, al decir de un aristócrata que también recibió al británico, conocía al Rey «como si lo hubiera parido» [40]. El libro fue comenzado en julio de 1930 y terminado en agosto de 1931, de modo que bien se puede decir de él que su elaboración coincidió con el periodo crítico del cambio de régimen. Libro redactado en la estela de los fervores monárquicos de la Gran Bretaña de comienzos de siglo, no tiene especiales pretensiones; aparecido tras la proclamación de la República en España, no fue traducido sino después de la II Guerra Mundial.

De acuerdo con la versión de los autores, el Rey sería «el hombre más conocido y menos comprendido en el mundo actual». En el momento en que el libro fue escrito, «los que han podido observarlo durante su vida dicen que nunca, ni siquiera en las peores crisis del país, le vieron tan hondamente conmovido», como consecuencia de la muerte de su madre. La Dictadura, inevitable, habría arrancado de la derrota de España en Marruecos y de la «firme voluntad de poner fin a una situación imposible»; el juicio sobre ella sería netamente positivo. Pero de ninguna manera el monarca habría considerado que era una forma de gobierno aceptable de forma permanente. A partir de 1929 el Rey «no ignoraba que los días de la Dictadura habían terminado, que España estaba cansada de ella, que la tardanza, por inevitable que fuese, en volver a cualquier clase de régimen parlamentario había causado hondo resentimiento entre los descontentos y frustrados políticos de todas las opiniones». De este modo, «al liquidar a la Dictadura sin conflicto civil, e incluso sin roce de ninguna clase, hizo alarde el Rey de extraordinarias dotes de estadista». Frente a esos méritos, los autores del libro que venimos glosando se hacían eco de las acusaciones de corrupción contra el monarca y las despachaban con una sola frase: «¡Que los viles imputen motivos viles!». Ya que pudieron contemplar el final del intento de Berenguer merece la pena también, aunque sea adelantar acontecimientos, hacer mención al juicio que dieron sobre su gobierno. Dos fueron las principales críticas que le hicieron: si Primo de Rivera había utilizado mano de hierro con guante de terciopelo, ahora Berenguer usó una mano de terciopelo con guante de hierro; además, este último habría anunciado constantemente su muerte pero siempre aplazó el entierro [41]. Como veremos, ambas estuvieron justificadas.

Una parte de los datos y juicios que debieron recibir Chapman-Huston y la princesa de Baviera fueron sin duda empleados también para satisfacer los deseos de información de la Enciclopedia Espasa, la cual empezaba en 1930 a publicar unos suplementos anuales. Una parte de unos y de otros se refería al momento del golpe de Estado que, como es natural, centraba la oleada responsabilista en contra de la persona del monarca. El suplemento fue publicado cuando ya se había producido el cambio de régimen y, como es lógico, resultó desdibujado hasta la asepsia: el Rey habría «sancionado» el golpe de Estado que «en su primer momento» fue recibido con «general aplauso» por parte del país para concluir afirmando que «no es éste el lugar de hacer el juicio de la labor de la Dictadura, elogiada por unos y acremente censurada por otros». Lo que nos interesa, sin embargo, es la información que acerca de la posición del Rey ante el golpe de Estado le proporcionó la secretaría del monarca. Ésta no dio testimonio de ningún alineamiento con Primo de Rivera pero sí con el entusiasmo popular a su favor en el momento en que se produjo el golpe de Estado. Alfonso XIII, según el texto, «no hizo más que seguir cuidadosamente el movimiento y (aceptarlo) después de estar plenamente convencido de que las aspiraciones del país eran las de que se formase un Ministerio cual lo había constituido el Directorio militar». Bastante vulnerable parecía la posición del monarca partiendo de estas premisas en un ambiente como el que se vivía en España a la altura de 1931; en buena parte cabe atribuirlo a la ausencia de consejeros políticos capaces de hacer un diagnóstico adecuado de la realidad de la situación. Más defendible parece, en cambio, el contenido de algún artículo publicado con posible inspiración oficial. El Rey habría sido en el momento de la dictadura «un regulador de la ilegalidad» porque, sin él, «la anarquía habría sido inevitable»; ahora supondría el «beneficio sólido de la evolución paulatina y de la reforma moderada» [42].

Si recapitulamos todas estas informaciones llegaremos a la conclusión de que en esos momentos desde el Palacio de Oriente se intentaba dejar claro que el monarca quería la vuelta a la Constitución pero sin ignorar que la Dictadura había tenido apoyo popular. Se le atribuía, además, de forma imprecisa el desplazamiento de la Dictadura, lo que, como sabemos, no era cierto en términos estrictos (otra cosa era que el Rey considerara «disparatada» la consulta final a los capitanes generales). Se explica así que Berenguer no dudara en hacer ocasionales elogios a algunos aspectos de la Dictadura, como la creación de los comités paritarios o la política de obras públicas. En definitiva, los del Rey eran propósitos que sonaban a contradictorios en una España en plena efervescencia política.

Hay que tener en cuenta que a la espiral de enojos sucesivos que había padecido hasta entonces muy pronto hubo de sumar Alfonso XIII el de los primorriveristas, a pesar de que quien les dio nombre en un primer momento pareció satisfecho del abandono del poder. Una de las primeras medidas que tomó el nuevo Gobierno fue relevar a los principales cargos militares para evitar que hubiera un peligro de golpe. Militares poco adictos a la Dictadura (e identificados con el Rey) ocuparon las capitanías decisivas: Federico Berenguer la de Madrid, Cavalcanti la de Sevilla y don Carlos de Borbón la de Barcelona, en donde Barrera dejó claro que él no había dimitido sino que le habían relevado [43]. Los partidarios de la Dictadura eran, por tanto, potenciales enemigos. Cuando comenzó la campaña electoral tuvieron mayor interés en vilipendiar a los liberales que en defender al monarca.

Así, en los meses sucesivos Alfonso XIII fue considerado como responsable de todo, incluso de cosas tan contradictorias como haber sido el autor de la Dictadura y quien la había hecho desaparecer. Fue objeto de una «inmensa hostilidad» que se vio inmediatamente multiplicada por ese afán posterior a todas las dictaduras de mitificar en culpables concretos y únicos lo que tenía causas complejas. La opinión de Berenguer de acuerdo con la cual el Rey habría aceptado el golpe de Estado pero luego se habría convertido en prisionero de quien lo había dado resulta demasiado benevolente pero, sin embargo, tiene bastante más que ver con la realidad histórica que las interpretaciones que se hicieron en el momento acerca de lo realmente sucedido. El discurso de Prieto en el Ateneo madrileño en abril de 1930 dio una explicación, calificada de «simplicísima» por Pabón, en la que muy probablemente no creía su propio autor y que con el transcurso del tiempo ni remotamente ha podido ser probada. De acuerdo con lo que expuso en esa tribuna, toda la etapa dictatorial no habría sido otra cosa que una sucesión de negocios sucios de los que se habría beneficiado el monarca. Lo peor del caso para ella no era tanto que estas precisas actitudes denigratorias fueran propaladas sino el hecho de que, en una versión más suave y siempre mitificadora de un modo fantasioso de la actitud del monarca, alcanzaron una divulgación extraordinaria. La enorme publicística de la época —que ha sido utilizada en exceso por parte de los historiadores como si se tratara de una fuente primaria— así lo prueba [44].

Conocedor de lo que sucedía el Rey tenía, al mismo tiempo, muy pocas salidas para resolverla. Si le resulta difícil a un monarca constitucional defenderse de los ataques de que es objeto, en aquellos días Alfonso XIII padecía, además, unas circunstancias especialmente graves que le dificultaban las opciones de defensa de la Monarquía. La enfermedad del príncipe de Asturias, hemofílico, vedaba la abdicación, la convocatoria de un plebiscito acerca de la persona del Rey o las Cortes Constituyentes. Sabemos, sin embargo, que de estas tres opciones la que resultaba más arriesgada —el plebiscito acerca de su propia persona— fue seriamente considerada por el monarca que no renunció a la idea sino por indicación de Cambó. Al mismo tiempo, el monarca estaba condenado a oír los consejos contradictorios de los políticos de la época que solían ser excluyentes entre sí, mientras el riesgo a la hora de tomar una decisión era sólo suyo porque lo que estaba en juego no era una fórmula de Gobierno sino la propia Corona. El hecho de que el Gobierno hubiera sido configurado con carácter palatino aumentaba la peligrosidad de la situación para las instituciones [45].

Hasta ahora hemos tratado ese rasgo del gabinete pero, además, se vio acompañado por otros, semejantes en sus efectos negativos. Da la impresión —recuérdese lo afirmado por Chapman-Huston— que por una mezcla de optimismo y falta de perspicacia política Berenguer practicó la vuelta a la normalidad constitucional de un modo que parecía dejarse arrebatar por la oposición cada libertad recuperada, sin dar en ningún momento la sensación de que él mismo lideraba un proceso de transición. El optimismo de fondo de Berenguer puede ser constatado por lo que le dijo a uno de sus colaboradores, el general Mola, responsable de materia tan importante como era el orden público: «España», le dijo, «aunque usted lo dude, es monárquica…; antes de un año podrá usted volver a sus soldados y yo a mis estudios de arte». En realidad la efervescencia que siguió a la caída del régimen dictatorial fue semejante a la de una botella de champán al descorcharla y llama la atención cómo lo primero que hizo el Gobierno fue procurar reforzar el tapón de la botella en vez de dejar que el gas se expandiera. Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno consistió en prohibir los actos y manifestaciones políticos. Nada resulta más expresivo que el contenido de un telegrama circular a los gobernadores civiles cuando el Gobierno llevaba apenas un par de semanas en el poder: «En suspenso todavía las garantías constitucionales es criterio imperativo del Gobierno y como norma general que en modo alguno deben autorizarse actos ni propagandas de carácter republicano y mucho menos de índole disolvente o sea sindicalista y anarquista». Como a ellas se sumaron también a «los partidarios del último régimen dictatorial» ya puede imaginarse que el margen de ejercicio de las libertades resultó muy escaso. Con el transcurso del tiempo, la amplitud de la libertad de expresión fue casi total pero entonces dio la sensación de que se trataba de una conquista popular. Los primeros meses del Gobierno Berenguer vieron una serie sucesiva de tomas de postura de dirigentes políticos en una situación de incompleta libertad que por ello tendía a elevar el tono de la queja. Para los historiadores, la denominación «dictablanda» aplicada a esta etapa supone que no puede ser comparada con regímenes dictatoriales posteriores, pero en la época tal expresión fue utilizada en un sentido denigratorio y sarcástico. A la altura del verano de 1930 la buena recepción de que fue objeto en su momento el Gobierno Berenguer se había esfumado ya y parecía una fórmula caduca y sin futuro [46].

Este resultado tiene también mucho que ver con otro inconveniente atribuido al Gobierno, la lentitud de la que dice Pabón que fue «advertida muy pronto y censurada siempre». En gran parte era una cuestión de carácter de quien presidía el Gobierno y, como tal, resultaba muy difícil, por no decir imposible de evitar. Cuenta Cambó en sus memorias que le preguntaron a Berenguer si no tenía otro ritmo para llevar a cabo su tarea y su respuesta fue positiva pero añadió que éste era todavía más lento. Como escribió el político catalanista, «sólo una actuación rapidísima y una energía tan grande como la prudencia podía presidir aquel tránsito» de la Dictadura a la normalidad constitucional [47]. Es muy posible que, de haberse procedido con mayor rapidez y firmeza, se habría podido estabilizar la Monarquía amenazada aunque, como es lógico, nada permite asegurarlo con certeza y rotundidad.

Pero el error mayor no fue ése ni ningún otro de los ya mencionados sino el propósito que le atribuyó Ortega en un momento, a finales de año, cuando ya se había hecho patente, aunque no lo fuera en los albores de la actuación gubernamental ni tampoco resultara inevitable. El propio Berenguer no hace otra cosa que referirse a esta cuestión cuando, en el momento mismo de tratar del desarrollo de la crisis que le convirtió en presidente, se refiere en sus memorias a los viejos grupos caciquiles en que consistían los partidos del turno y advierte acerca de ellos: «Interesaba a la defensa del régimen, en primer término, la reconstrucción de las organizaciones monárquicas que lo habían representado hasta el advenimiento de la Dictadura, organizaciones que, desintegradas, arrastraban una vida lánguida y casi clandestina, acumulando agravios y rencores, reducidas al mantenimiento de sus cuadros en concentrada y airada actitud de protesta». Llama la atención la espontaneidad de la declaración que revela hasta qué punto le parecía normal y viable a Berenguer este propósito; da la sensación de que, en lo esencial, pensaba que esa reconstrucción había de ser factible y positiva. Eso nos revela el rasgo más característico de quien era presidente de Gobierno en España en aquella complicada coyuntura. No era un político e incluso carecía de sensibilidad para percibir el ambiente público del momento, lo que explica no sólo los errores de diagnóstico y en la actuación. Pabón lo señaló también: «Tratábase de volver atrás como si nada hubiera ocurrido» y «suprimir la Dictadura… histórica y moralmente un imposible». Este juicio aparece en el famoso artículo de Ortega y Gasset publicado en El Sol el 15 de noviembre de 1930 bajo el título «El error Berenguer». Para el filósofo, la «vuelta a la normalidad con medios normales» que pretendía Berenguer resultaba injustificable tras la experiencia dictatorial precedente. En su opinión, la Dictadura había sido de todo punto inaceptable incluso eligiendo como término posible de comparación los pueblos salvajes. Eso invalidaba el propósito de Berenguer, consistente, según Ortega, en un «hagamos como si aquí no hubiera pasado nada radicalmente nuevo, sustancialmente anormal». Lo más grave no era que lo hiciera sino el motivo por el que se sentía autorizado. La Monarquía de la Restauración se fundamentaba en la idea de que los españoles «pertenecen a la familia de los óvidos, que en política son gente mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin rechistar, que no tienen sentido de los derechos civiles, que son informales, que a las cuestiones de derecho y, en general públicas, presentan una epidermis córnea». Durante mucho tiempo había sido así y la Monarquía de la Restauración se había prevalido de ello: el Estado no había sido «inexorable educador de nuestra raza desmoralizada» sino que se había «arrellanado en la indecencia nacional». Ahora habían cambiado las cosas porque la opinión pública estaba cada vez menos resuelta a olvidar el periodo dictatorial y no estaba dispuesta a aceptar un Estado que no parecía querer otra cosa que «salir del paso». De todo este panorama extraía Ortega como conclusión la existencia de un culpable al que no mencionaba pero que quedaba aludido de forma meridianamente clara, tanto al principio de su artículo como en su final. El Delenda est Monarchia indicaba que Alfonso XIII era culpable de una situación como la descrita pero, además, en las líneas iniciales el filósofo había descrito a Berenguer no como el sujeto de un error sino como el objeto del mismo. Quien lo había nombrado fallaba en lo esencial al pretender que no era posible otra vida política de los españoles que aquella que había caracterizado hasta el momento al régimen de la Restauración [48].

Como consecuencia de todo lo indicado puede decirse que el Gobierno Berenguer hizo, en el periodo de un año, que se alejara de la Monarquía cualquier esperanza de renovación política en aquellos momentos en que eran mayores los indicios de que resultaba obligada. Anclado en unos procedimientos anquilosados sin otra idea que la de la resurrección de la vieja política, actuando con una parsimonia que a la mayoría de los españoles les debió resultar exasperante, el Gobierno Berenguer, bienintencionado pero gobernado por los acontecimientos y condenado a aparecer como un género político híbrido («dictablanda»), hizo crecer de manera exponencial las dificultades de un régimen político que pasaba en aquellos momentos por las peores dificultades de su historia. Pero conviene ser justos con la rectitud del propósito y con quien fue autor y protagonista principal del mismo. Como tantos otros personajes relevantes de la historia española del siglo XX, también el general Berenguer recibió el fuego entrecruzado de opciones distintas. Desde la derecha, que añoraba la Dictadura, Berenguer fue acusado de mediocridad e insignificancia. La izquierda interpretó el nuevo Gobierno como la consecuencia de una «carrera entre el Rey y el pueblo» en donde el primero trató de evitar el pronunciamiento del segundo a favor de un cambio de régimen [49]. Estas interpretaciones, aparte de ideológicamente sesgadas, resultan anacrónicas. La realidad es que cuando se formó el Gobierno Berenguer la solución de retornar a la Constitución, con modificación o no de una parte de su articulado, fue considerada positiva y posible incluso por aquellos que acabarían alejándose hacia el republicanismo al cabo de unos meses.

Resulta relativamente sencillo percibir dos etapas desde el punto de vista cronológico en la trayectoria seguida por el proyecto del general Berenguer. En la primera de ellas, hasta el verano de 1930, el propósito gubernamental permaneció todavía viable aunque se produjera una eclosión de la opinión pública largo tiempo controlada y ahora crecientemente agitada por las declaraciones sucesivas de los principales responsables políticos. Luego, ya en el otoño, el Gobierno Berenguer entró en crisis en parte por sus propias incertidumbres pero también por la actitud de aquellas fuerzas políticas que resultaban imprescindibles para que subsistiera. En el ínterin, además, se había convertido en imposible la apelación a las dos personalidades más brillantes con las que todavía contaba la Monarquía.

CAMBÓ Y ALBA COMO OPCIONES DE ALFONSO XIII

El Gobierno Berenguer tuvo, desde el primer momento y de una forma inequívoca, un carácter circunstancial, lo que permitía recurrir a otra fórmula caso de considerarse necesario. Los historiadores coinciden en que los dos personajes políticos de mayor altura que, sin ser incondicionales de la Monarquía, hubieran podido guiarla por la senda de la renovación que le hubiera permitido subsistir fueron en ese momento dos rivales del pasado, Francisco Cambó y Santiago Alba. De edad parecida, ambos habían mantenido una actitud de alejamiento durante el periodo dictatorial, aunque el segundo hubiera sido perseguido y apenas lo fuera el primero. Si estaban en la antítesis misma de lo que había sido el régimen de Primo de Rivera y eso les proporcionaba una primera base para actuar en aquellos momentos críticos también tenían la inteligencia y la capacidad de la acción para superar esas circunstancias.

Quizá sea preciso citar en primer lugar a Cambó, ya que desde antes que hubiera concluido la Dictadura había previsto las difíciles condiciones para salir de ella e incluso en Las Dictaduras había escrito un manual sobre ello [50]. «Evidentemente, aquélla era mi hora», escribió luego en sus memorias, «y la tarea a hacer era mi tarea, aquella para la que me había dotado Dios y yo me había ido preparando desde la infancia». Pero su caso resulta un buen testimonio de hasta qué punto lo individual —las circunstancias de un personaje en un momento concreto— puede jugar un papel decisivo en la historia de los seres humanos. A Cambó se le cruzó en ese momento de su vida la enfermedad y eso evitó que su protagonismo pudiera ser lo importante que hubiera sido deseable. Un cáncer de difícil tratamiento y que puso en peligro su vida aparece como protagonista constante en su correspondencia política de aquellos momentos, limitando todas sus posibilidades.

Cambó estuvo decididamente con la Monarquía en ese momento, a pesar de no haber sido nunca ni doctrinal ni sentimentalmente monárquico, tal como nos recuerda Pabón. El motivo de esta opción hay que encontrarlo en su propia experiencia personal durante la etapa revolucionaria posterior a la I Guerra Mundial. Lo cierto es que a Cambó le producía auténtico terror la proclamación de la República a la que identificaba con la Revolución; en ese sentido, se puede decir que era un político típico de la Restauración. Sin embargo, tanto él, en lo personal, como en lo colectivo el catalanismo había supuesto un regeneracionismo práctico que les podía convertir en ese momento en adalides de la renovación.

Cuando Cambó escribió en sus memorias que, para una ocasión como la que se produjo en España durante 1930, se había venido preparando durante toda su vida no estaba atribuyéndose una importancia superior a la que le correspondía sino describiendo una realidad que además puede ser certificada gracias a los libros que fue escribiendo en los momentos anteriores al cambio de régimen. Su libro Las Dictaduras era la antítesis de cuanto había expuesto en su programa Berenguer. Lo que no podía hacerse, en el momento final de un régimen dictatorial era, según el político catalanista, tratar de volver a la situación precedente como si todo pudiera ser igual. Idéntico juicio se encuentra también en otro escrito suyo, Por la concordia, que tuvo su origen en una conferencia pronunciada en 1923 alabada en su día por el propio Primo de Rivera; tras ser reformada a finales de 1927 circuló de nuevo en 1929. En este libro el dirigente catalanista, al asegurar que «el golpe de Estado significa, por lo menos, la total condenación de toda la obra política de la Restauración», descalificaba de nuevo el puro intento de volver hacia atrás. Para él, además, la cuestión se convertía en decisiva puesto que era consciente de que tras el periodo dictatorial el catalanismo estaba destinado a convertirse en más intenso y amplio que nunca. La única ventaja con respecto a la situación anterior radicaba en que ahora el movimiento de los intelectuales castellanos respecto de la persecución de la lengua catalana había sido capaz en términos prácticos de testimoniar, desde la vertiente del mundo cultural, hasta qué punto era posible una concordia entre Cataluña y el resto de España. También apareció en 1929 otra obra de Cambó bajo el título España, Cataluña y la nueva Constitución que había sido escrita a finales del año anterior y prohibida por el dictador pero que circuló en copias mecanografiadas por toda España. Uno de los admiradores de Cambó, Junoy, consciente del papel relevante que habría de corresponderle en la política española al político catalán al final del régimen dictatorial, le hizo llegar una parte del texto al secretario del Rey, sin duda para que éste lo tuviera en cuenta (el remitente aludió a su «carácter rígido aunque fundamentalmente bueno»). El contenido de la misma resulta coincidente con lo ya transcrito y viene a ser la prueba de la solidez y la invariabilidad del pensamiento de Cambó. Cuando la Dictadura concluyó se demostró, en efecto, que la política de radical asimilacionismo seguido hasta el momento en Cataluña había fracasado por completo, sin que al mismo tiempo se hubiera contenido la desembocadura por reacción de la misma en los límites de un catalanismo colaboracionista como el representado por la Lliga [51]. Berenguer había tratado de inducir a Cambó a participar en su gobierno, lo que no logró.

El dirigente catalanista, a lo largo de todos estos meses, estuvo siempre en aparente segundo plano pero muy próximo a las fuentes de información acerca de las cuestiones esenciales que le tocó vivir a la España del momento. Sus juicios revistieron siempre la meridiana claridad que caracterizó a toda su trayectoria como político aunque su capacidad de acción estuviera mermada por su salud. Fue para él, sin duda, «un tiempo sombrío» acerca del cual meditaría después de la Guerra Civil, que consideró como una final derivación de su impotencia en estas cruciales semanas. «Su vida verdadera», ha escrito Pabón, «transcurrió en la sombra donde alternan la lucha con la enfermedad y la ilusión» ante las posibilidades que creaban las nuevas circunstancias y un cierto acuerdo con quien había sido uno de sus principales rivales políticos, Santiago Alba [52]. Al final, como veremos, acabó dependiendo en exceso de él y consideró que no le había respondido en los términos en que le hubiera resultado preciso a él mismo, a la Monarquía y a España. No parece que errara cuando escribió que si le hubiera tocado desempeñar un papel más importante es posible que el resultado final hubiera sido idéntico en lo que respecta a la proclamación de la República, pero todo habría resultado distinto.

Se debe tener muy en cuenta que las circunstancias mismas, en los propios planteamientos de Cambó, aun otorgándole un posible papel de primera importancia, siempre proporcionaban, como reacción a la etapa dictatorial precedente, un protagonismo más singular a quien tuviera una significación situada más a la izquierda. A él, en cambio, le tocaba organizar una nueva política de derechas que estuviera a la vez lejana de las nostalgias dictatoriales y de la pura vuelta al pasado caciquil de la Restauración. Esta fórmula tuvo un nombre preciso que, además, resultó apropiado, el Centro Constitucional. En realidad Cambó había tenido algunos afines en la política española desde 1918 pero ahora podía verlos acrecentarse por la simple razón de que habían desaparecido o cambiado de campo la mayor parte de las figuras directivas del conservadurismo (no así las del liberalismo). La conexión que Cambó intentó en esos momentos y llegó a plasmar en un grupo político con esa denominación resucitó la sintonía existente entre Cambó y Maura en 1907, pues consistía en que el primogénito del segundo se incorporó a sus filas. Lo cierto es, sin embargo, que la enfermedad del líder catalanista y la primacía que, en su óptica, debía tener una fórmula situada más a la izquierda dilataron el lanzamiento del nuevo partido que, si no cabe dudar que tendría residuos caciquiles, hay que atribuirle también una posible vertiente renovadora, al menos respecto de lo que había sido hasta entonces la España de la Restauración.

Cuando Gabriel Maura fue preguntado por la prensa en relación con el nuevo partido lo describió como «una gran coalición de derechas» o una «derecha nacional» y le atribuyó haber tenido su origen en toda una trayectoria anterior propia. En realidad, pretendía con él recuperar una línea que tenía su origen en la posición política de su padre y que pretendía renovar los partidos monárquicos. Como Cambó, también Maura debía temer una decidida oscilación hacia la izquierda en aquellos momentos; no había sido beligerante contra la Dictadura y ahora quería despejar el camino hacia una Monarquía constitucional renovada. De hecho, así había actuado en tiempos dictatoriales, en los que pareció un colaboracionista. Ahora su nuevo aliado le imponía decir que había que «devolver a Cataluña la interior satisfacción» [53], pero eso podía dar la impresión de reducirle a la condición de apéndice del catalanismo. Como Cambó, en fin, resulta muy posible que temiera ante todo el advenimiento de las masas a la vida política. De cualquier modo, no era un mal aliado: culto y buen conocedor del panorama público español, el hecho de que publicara por entonces una interpretación histórica del periodo dictatorial que mereció los juicios laudatorios de Marañón revela su actitud liberal, aun dentro del conservadurismo.

La dificultad esencial para la actuación de Cambó estuvo constituida por su enfermedad. Fue ésta y su convicción de que por el momento el protagonismo le correspondía a la izquierda monárquica quienes explican que se retrajera de la actividad que le caracterizaba desde junio de 1930, en que puso en marcha su acuerdo con Maura, hasta finales de año. En este último momento su reaparición por Madrid fue considerada por los diplomáticos italianos como «casi una resurrección». Llegado a Madrid a comienzos de diciembre no dejó de alabar a Berenguer por haber solucionado alguno de los problemas más graves engendrados por la Dictadura, pero le parecía que su forma de actuar daba la impresión de que «deseaba restablecer un pasado que no debía volver». Declaró también que la reunión de unas Cortes ordinarias permitiría un cambio de la Constitución mientras que unas Constituyentes estarían condenadas a perderse en todo tipo de cuestiones previas. Quería que un gran partido dinástico hiciera posible ese cambio; por el contrario, la proclamación de la República sólo podría producirse gracias a un golpe de Estado en cuyo caso sería idéntica a la dictadura de un militar o el predominio de un grupo anárquico [54].

Las dos importantes polémicas que el líder catalanista mantuvo en la prensa por esos mismos días incidieron en parecidas cuestiones; debe advertirse que en esos momentos ya el clima ambiental propendía al republicanismo. Ortega y Gasset le reprochó a Cambó (y también a Gabriel Maura, que terció en la polémica) el poner por delante los «problemas concretos» en vez de la construcción de un nuevo Estado, lo que para él resultaba fundamental. En realidad, en ese debate, sobre el que planeaba la cuestión de la Monarquía, a pesar de la aspereza que tuvo, no había una discrepancia tan fundamental porque Cambó también deseaba una renovación del Estado español aunque juzgara peligrosa la desaparición de la Monarquía, de modo que el tono con que se desarrolló debe ser atribuido principalmente a las circunstancias políticas que se vivían en un momento en que ya había tenido lugar el deslizamiento de Ortega hacia el campo republicano. Lo que testimonia esa voluntad renovadora del líder catalanista es su debate con Bugallal, heredero del partido conservador de la Restauración, temeroso de cualquier regionalismo por su condición de gallego y autor de una frase que revela una particular ceguera: «Aquí no ha pasado nada; estamos como en 1923». Cambó no podía aceptar el planteamiento de la política española en esos términos porque no sólo estaba alejadísima de su apreciación de las circunstancias sino que contrastaba por completo con su actitud regeneracionista. Su juicio acerca del sistema del turno revistió especial dureza al citar a quien era el adversario principal de Bugallal en las filas conservadoras: «Sin ideales, sin entusiasmo, con dificultades para reclutar una mayoría, reducidos al usufructo cada vez más precario y menos provechoso del Poder, los partidos gubernamentales pasaron a ser los artificios de que nos habla el señor Sánchez Guerra». Los límites del regeneracionismo de Cambó se aprecian en el hecho de que durante su estancia en Madrid conversara privadamente con Alhucemas y Romanones: se quejó de que el Gobierno Berenguer mantuviera las alcaldías de Real Orden haciéndolas recaer en antiguos caciques. Si eso era evidente y legítimo al mismo tiempo el líder catalanista, por el procedimiento adoptado (la queja a través de dos políticos de viejo cuño) o los relevos propuestos en el Ministerio de la Gobernación, testimoniaba que de momento no creía inmediato el advenimiento de una política democrática [55]. Pocos, en realidad, pensaban en ella como una posibilidad inmediata.

Desde muy pronto, como ya ha sido señalado, Cambó juzgó que en el propósito de transición le debía corresponder un papel decisivo a Santiago Alba. En una nota reservada que figura entre los papeles de Leopoldo Matos y que debe datar de las primeras semanas del Gobierno Berenguer se indica que, para él, la situación ideal sería un gobierno presidido por Alba «pero comprende que ni está muy dispuesto a aceptar la responsabilidad del Gobierno ni siquiera cuenta con los elementos indispensables para poderlo realizar». De la desgana de poder de Alba tendremos pruebas más adelante y respecto a la carencia de apoyos es muy evidente también pues, por ejemplo, no sólo su antiguo grupo político se desparramó en adscripciones muy variadas sino que su persona perdió apoyos periodísticos directos (como, por ejemplo, el de March y La Libertad) e incluso su imagen se veía perjudicada a la vez por los ataques dictatoriales. Cambó coincidía con él en el diagnóstico de que de la situación política no se podía salir con la pura vuelta atrás y con la idea de que nada podía ser peor que el restablecimiento de las «capillitas» tradicionales en la Restauración. Ambos tenían motivos de queja con respecto al Rey y ninguno de los dos puede ser calificado de sentimentalmente monárquico. Había, sin embargo, al mismo tiempo, singulares e importantes divergencias entre ambos, por ejemplo, en el papel concedido a las izquierdas republicanas o los constitucionalistas que eran para Alba un posible o seguro punto de apoyo propio mientras que para Cambó debían ser más bien el adversario fundamental, en el primer caso, y un factor político menor en el segundo. Sólo después, en sus memorias, Cambó acabaría por mencionar el motivo de la actitud del dirigente liberal, su adversario en otro tiempo: «Empecé a verle un defecto que hasta entonces no le había conocido, la cobardía» [56]. Este juicio retrospectivo parece injusto y resulta, en cambio, más apropiado el realizado en el pasado, cuando se desarrollaban los acontecimientos.

«Había llegado la hora de Santiago Alba», escribe su biógrafo en una frase que resume muy apropiadamente una situación política evidente para la mayoría de los personajes políticos en aquel momento [57]. Era así porque no había experimentado las dudas en la oposición al régimen dictatorial que tuvieron otros y porque el dictador había singularizado en su persona la persecución contra la vieja política. Por otro lado, aunque sin duda el papel de Sánchez Guerra se hubiera visto considerablemente realzado como consecuencia de su participación en la intentona de 1929, de sobra se sabía que Santiago Alba estaba muy por encima en cuanto a capacidades políticas del antiguo jefe del partido conservador al que superaba, además, sin duda, en juventud y ánimo.

No debe olvidarse, sin embargo, el estado psicológico del que partía el antiguo ministro de Estado, sin cuya comprensión no puede entenderse la actitud adoptada en esos momentos. En el verano de 1929 Alba era un hombre herido para quien la reivindicación de su propia persona resultaba de mayor importancia que cualquier apetito de poder. En esos meses tuvo con García Prieto un intercambio epistolar que lo demuestra. Se quejó, entonces, al antiguo presidente de la Concentración Liberal de que no le hubiera defendido a pesar de que las críticas de que había sido objeto se referían a su etapa de gestión ministerial con él y añadió que «no me importa nada la política española ni sus mercedes ni sus halagos». También la correspondencia de éste con Romanones testimonia su indignación por el trato que había recibido por parte de Primo de Rivera.

Lo curioso es que la actitud de Alba era, en el momento en que concluyó la Dictadura, no tan lejana del Gobierno Berenguer. El último día de 1929, cuando ya era patente la agonía del régimen dictatorial, redactó una nota, quizá dirigida a Cambó, aunque resulta imposible saberlo, en la que describía su posición. A estas alturas, repudiando por completo una «salida», política y ministerial, pretendía un Gobierno «Berenguer u otro general semejante» sin que hubiera otro matiz que el de la colaboración de algún opositor reconocido, como Ossorio. Tal gabinete habría de ser «neutral» y prometer elecciones sinceras sin otra diferencia con respecto al proyecto gubernamental que celebrarlas «dentro de un plazo relativamente breve». No pidió Cortes Constituyentes sino tan sólo «soberanas», en las que se pudiera tratar del problema político español, con inclusión de la temática regionalista en toda su amplitud; estaba, por tanto, muy lejos de haber iniciado el camino hacia la República como otros antiguos liberales monárquicos. Esto es precisamente lo que le hubiera convertido en inapreciable para el régimen. Pero en la última página de su nota testimoniaba en qué consistía en ese momento el eje fundamental de toda su posición. Después de una larguísima enunciación de muy variadas medidas de «pacificación moral» concluyó con una que se refería de manera exclusiva a él mismo. «Me refiero», decía, «a proclamar en la Gaceta mi perfecta y depurada honorabilidad como ciudadano y como gobernante, resultado de las actuaciones judiciales y gubernativas practicadas contra mí con odiosa tenacidad y arbitrariedad» [58].

Lo que sucedió en los meses siguientes confirmó esta actitud pasiva de Alba, quien permaneció en el más patente retraimiento. El Gobierno Berenguer declaró simplemente que no había en los Ministerios ni en Presidencia ningún expediente que pudiera arrojar la menor culpa o responsabilidad sobre el político liberal, pero eso no resultó tampoco lo cordial que hubiera sido necesario tratándose de un caso como el indicado. Tampoco la presión de Cambó sirvió para sacarle de esa actitud. El líder catalanista le escribió en marzo calificando de «evidente» el intento de «restauración de las viejas capillitas políticas» e indicando que ese propósito estaba destinado a fracasar si ambos se oponían. Cuando un seguidor fue nombrado para desempeñar la alcaldía de Valladolid, un albista, su antiguo jefe político se apresuró a declarar que esta decisión no le comprometía a él.

Cabe preguntarse entonces cuál fue el sentido que tuvo para Alba la publicación de una serie de artículos en La Nación de Buenos Aires durante abril de 1930 que luego reaparecieron en España en El Sol a lo largo del mes de mayo [59]. En realidad, en esos artículos no había otra cosa que una crítica muy dura contra el régimen dictatorial. Tampoco Alba parecía muy contento con la situación existente durante el Gobierno Berenguer pues se quejaba del espectáculo de «los últimos días subiendo los prohombres las escaleras de Palacio sin obtener siquiera la menor garantía pública y corriendo sus amigos, en provincias y distritos, como en los peores tiempos, detrás de alcaldías y organizaciones regaladas por el Poder Central». En un artículo publicado en El Sol que sirvió de epílogo a los anteriores hizo alguna alusión más a la política española, pero no pasó de vaguedades ni tampoco dio la sensación de enarbolar un banderín de enganche o de ir a descender a la arena política. Decía querer para España una «nueva democracia», indicaba la necesidad de una «política de realidades» y advertía que una posible revolución llevaría de modo necesario hacia una nueva dictadura. En todo ello parecía, por supuesto, mucho más cercano de Cambó que de cualquier otro dirigente político del momento. Al mismo tiempo mantenía sus relaciones con los dirigentes liberales monárquicos y con los antiguos opositores a la Dictadura de procedencia conservadora pero no acababa de decidirse a la acción concreta. A García Prieto le criticó la tendencia de Romanones y de otros de aproximarse demasiado deprisa al monarca. Así se lo hizo ver al duque de Alba quien, como sabemos, formaba parte del Gobierno. Respecto de éste dio la sensación de no tener excesiva confianza en la transformación política española al dar por supuesto que ganaría las elecciones pero de ellas no saldría otra cosa que un Parlamento ingobernable y, por tanto, destinado a ser disuelto de manera inmediata.

Lo que en la situación política que él mismo describía carecía de sentido es que Alba no reclamara el poder presidiendo un gobierno de concentración liberal. Romanones, que declaraba estar con la Monarquía por puro «instinto de conservación», le hizo precisamente ese reproche. Eran necesarios hombres nuevos o «seminuevos» y en esta segunda categoría podía entrar Alba; su antiguo jefe estaba dispuesto a dar «todas las facilidades», indicación que sin duda quería decir que admitía su liderazgo pero, añadía, «para esto se necesita que esté usted decidido». Para lograr una reacción que permitiera conservar la Monarquía era preciso actuar sin dejar pasar un día y, aun así, no era seguro conseguir ese propósito en el que de manera indirecta consideraba que estaban embarcados ambos. Todavía insistió a comienzos de junio sugiriendo la posibilidad de reclamar la reunión de las Cortes elegidas en 1923; con un Parlamento de esas características era obvio que la Presidencia del Gobierno debería lógicamente recaer en una persona como Alba. La insinuación acerca de ello fue meridianamente clara en la carta de Romanones: «Si el Rey se decidiera por ese camino y le llamara a usted», indicaba, «¿qué más podría pedírsele?». Alba, sin embargo, no aceptó esta posibilidad a la que a veces se ha atribuido un valor de pura distracción, lo que no parece una interpretación adecuada. Cabía pensar que Romanones, como siempre, actuaba en sintonía con el Rey y sin duda un gobierno liberal con la presidencia de Alba hubiera podido jugar un papel mucho más positivo de cara a la Monarquía en aquel momento que el de Berenguer de mayoría conservadora. Pero la actitud de Alba siguió consistiendo en mantenerse como observador dejando en reserva la posibilidad de intervenir en política y procurando colocarse al margen de cualquier combinación que le supusiera una posición comprometida. A Sánchez Guerra le escribió que «no se allanaba a que ahora en ningún sentido se me interprete por actos ajenos» pero esto no significaba que renunciara a la actividad política. «Una emigración a la que no se asociaron ni de lejos muchos de los que ahora presumen de terribles revolucionarios» le daba derecho a un protagonismo que no acababa de ejercer. En el mes de junio de 1930 hizo público en un folleto sus artículos en la prensa argentina con un prólogo de Francesco Nitti y un epílogo suyo en el que postulaba la renovación y no la revolución. En todos estos meses, además, no dudó en mencionar a Cambó un número elevado de nombres (Goded, Hurtado, Carner, Marañón, Sánchez Guerra…) como posibles miembros de un gobierno con la peculiaridad de que sus antiguos seguidores apenas si eran citados, con la excepción de Chapaprieta [60].

Da la impresión que Alba nunca pensó abandonar el campo monárquico: su inconveniente desde el punto de vista de Alfonso XIII residió en el hecho de que su indecisión vedaba cualquier acción e impedía además la alternativa de quienes podían desempeñar un papel semejante. De cualquier modo, la gran oportunidad de Alba o de lo que él representaba como posible salvación para la Monarquía se desbarató en torno a mediados de junio de 1930, cuando tuvo su entrevista con el Rey de la que se venía hablando repetidamente en los medios políticos y que todo indica que fue sugerida al monarca por Romanones (al menos así lo aseguró el habitualmente bien informado embajador francés). Como quiera que sea, el ambiente previo en que tuvo lugar la citada entrevista merece ser descrito aunque proceda de especulaciones que no pueden ser probadas más que de la constatación de hechos. Según los diplomáticos italianos destacados en España, los propósitos del Gobierno pasaban por convocar rápidamente las elecciones generales. Tras ellas Berenguer les solicitaría la creación de una comisión destinada a depurar las responsabilidades en las que se hubiera incurrido durante la Dictadura, para inmediatamente abrir el camino a un gobierno liberal de significación netamente democrática que daría paso a una reforma constitucional. Esta información procedería de uno de los ministros del Gobierno, Wais, amigo personal de Alba, con el que se había entrevistado en un reciente viaje para manifestar a la prensa después que no sólo era probable sino muy posible la llegada al poder del antiguo dirigente liberal. La información daba cuenta, además, de que el Rey había tenido una entrevista secreta en Palacio con Álvarez, el dirigente reformista, y que mantendría una conversación en el extranjero con Alba, rodeado del prestigio «que le daba su condición de incorruptible». A los italianos, como es natural, la posibilidad de que Alba llegara al poder les parecía «desagradable»; pues para ellos era nada más que la continuación, llevada a sus últimos extremos, de un retorno al liberalismo constitucional que consideraban, de acuerdo con su ideario fascista, detestable [61].

Alfonso XIII aceptó en el momento de la celebración de esta entrevista con su antiguo ministro liberal, realizada el 23 de junio, todas las condiciones que Santiago Alba le puso. La entrevista, por ejemplo, se celebró en el hotel en donde residía el monarca y no en la Embajada española, lo que para el político hubiera equivalido a una visita al Palacio Real. En los días anteriores a su celebración, la prensa de todo el mundo especuló con respecto a su posible contenido puesto que el fondo de la posición de Alba se ignoraba por el momento y las relaciones que había mantenido con personas como Marañón, tan caracterizadas por su oposición a Primo de Rivera, hacían posible pensar en una deriva republicana como la que enunciaron muchos otros antiguos dirigentes monárquicos. La nota en la que se dio cuenta de dicha entrevista fue redactada por el antiguo ministro de Estado y le dejaba, como es lógico, en una situación óptima. El Rey —se indicaba en ella— le había felicitado por sus artículos publicados en la prensa argentina y el político había respondido con una explicación acerca de lo que creía debía ser el futuro político del país. No pedía más que la convocatoria de unas Cortes, sin exigir que fueran constituyentes, y a partir de ellas la puesta en marcha de una revisión constitucional que convirtiera a la Monarquía en «sustantivamente democrática y parlamentaria, como la inglesa o la belga, a cubierto de cualquier peligro de poder personal o de dictadura». El Rey, además, debería dar garantías y corroborar su aceptación de convertirse en «mero poder moderador». Además, Alba insistió en la exigencia de responsabilidades e indirectamente no dejó de señalarse a sí mismo como sujeto paciente principal de cuanto había ocurrido durante la Dictadura. En una nota que luego se publicó, y que tuvo su origen en él mismo, quiso dejar bien claro que la iniciativa de la entrevista había sido del Rey y que su petición había llegado hasta pedirle al monarca que aceptara convertirse en «un presidente vitalicio de la Monarquía española». Alfonso XIII, además, habría tenido espontáneas frases de gratitud y elogio para sus antiguos ministros constitucionales. Quizá son, sin embargo, las últimas frases de esta nota las que dan la clave de la subsiguiente actuación de Alba. Tras asegurar que en España no existían fuertes organizaciones partidistas, ni en el campo monárquico ni en el republicano, declaró no estar dispuesto a gobernar mientras subsistiera la incoherencia y la confusión reinantes y no pudiera obtener los apoyos amplios que creía necesitar [62]. En el fondo quería que le llamaran no sólo los liberales sino también las izquierdas. Lo primero era cierto pero lo segundo resultaba incongruente porque parecía lógico esperar que un político, tras describir esa situación, se dedicara a remediarla.

En un primer momento la noticia de la entrevista causó impresión en todos los medios. El embajador francés describió esta «reconciliación» como «el acontecimiento más significativo» desde que Berenguer había llegado al poder. Alba, en una carta a los dos dirigentes liberales más caracterizados (Alhucemas y Romanones), juzgó que la entrevista había sido «absolutamente satisfactoria» para sus propósitos e incluso indicó que había recalcado ante el Rey los sacrificios que la institución que representaba debía hacer. Sin embargo, frente a lo que podía haber sido el deseo del monarca en ese momento (y era, por descontado, el de los dirigentes liberales), Alba no demostró ningún interés inmediato en hacerse con el poder. Por el contrario, se mostró «resueltamente favorable», de acuerdo con sus propias palabras, con el mantenimiento del Gobierno Berenguer durante el mayor tiempo posible; este mismo parecía más interesado que el político liberal en el relevo. La posición de Alba con respecto a la política española consistía en dar por adquirido el liderazgo de los sectores liberales monárquicos pero no parecía en absoluto dispuesto, por el momento, a avanzar un paso más. En una nota filtrada a un diario francés añadió que quería contar con ministros republicanos y socialistas en un gobierno presidido por él. En el verano de 1930 adelantaba, por tanto, lo que luego fue el propósito de Sánchez Guerra en febrero de 1931. Pero esa fórmula no tenía nada de provocativo en términos políticos. El título del artículo que publicó a finales del mes de junio de 1930 en ABC —«Renovación sí; Revolución no»— ratifica la sensación de que su propósito era de transformación de la Monarquía. En dicho artículo, en efecto, se negó taxativamente a una declaración de republicanismo aunque diera por supuesto que, de haberla hecho, hubiera logrado una espectacular e instantánea popularidad. Para él, como para Cambó, que se declaraba «monárquico de razón», la República y la revolución resultaban sinónimos. En un artículo posterior, del 1 de julio, ratificó su petición de unas Cortes que no tenían por qué ser constituyentes pero cuya función resultaría equivalente a la de las que merecieran ese nombre. Ese parlamento debía dar lugar a un gobierno en el que habría miembros de la intelectualidad y de las «extremas izquierdas», con lo que la veracidad de los resultados no podría ser puesta en duda.

A partir de este momento a Alba empezaron a fallarle incluso aquellos apoyos que había dado por supuestos. Ya podía preverse que los diarios de derecha estarían en su contra pero lo hicieron, además, de forma agria (El Debate calificó la entrevista con el Rey de «episodio lamentable»). Los liberales como El Sol no entendieron que Alba pontificara desde París sobre la política española sin reintegrarse a su país. Un diario liberal vasco llegó a describir la posición adoptada por Alba como producto de «maniobras de proxeneta». Los tiempos eran cada vez más propicios a la adopción de posiciones netas y taxativas: el ex ministro liberal Salvatella no tardaría mucho en «revelar» que el Rey, en 1923, le había hecho mención de un posible gobierno militar [63]. Hasta quienes habían acudido a Alba como jefe se sintieron ahora decepcionados. Romanones, siempre inquieto ante la inminencia de unas elecciones, lanzó la idea de una especie de coalición de centro-izquierda monárquica en la que no se planteaba ya una ampliación hacia la izquierda como aquella que había pensado Alba. A éste le escribió que «en España no existe sentido político ni conciencia de ciudadanía que permitan soltar las riendas y dejar al país libre» porque «si esto se hiciera no habría gobierno posible». García Prieto en el fondo pensaba algo parecido al indicar a Alba que «no somos tan pocos ni tan malos que no podamos constituir una robusta mayoría». Además, reprochó a Alba que los «liberales impacientes» acabarían por desligarse de él si no se pronunciaba pronto y no se trasladaba a Madrid a la vuelta del verano. Ni uno ni otro habían abandonado el mundo de la vieja política caciquil. La actitud de Alba fue diametralmente distinta. Pensaba, después de la visita del Rey y de sus artículos en la prensa madrileña, dejar un paréntesis en su actuación para que tuviera lugar «una cura de reposo» de la opinión pública. En el fondo es muy probable que tuviera confianza en que el desarrollo de los acontecimientos concentrara en él el liderazgo de esa renovación. «Me parece indispensable», escribió, «que la realidad muestre por sí misma lo que los exaltados más o menos sinceros se han negado a suscribir en mis palabras» [64]. Pero los acontecimientos incrementaron las posibilidades de los republicanos en vez de disminuirlas.

Los propósitos de Alba de retirarse del primer plano de la vida política siguieron chocando con la voluntad de sus antiguos compañeros de Gobierno de convertirle en el estandarte de una opción liberal monárquica. Los liberales se reunieron en Hendaya el 24 de septiembre, en casa de García Prieto, que desde 1923 venía a ser el único en el cual, por razones más derivadas de sus insuficiencias que de sus capacidades, confiaban todos. En este caso parecieron coincidir, con la única discrepancia de Melquíades Álvarez, obligado a otra postura por su definición constitucionalista, en la necesidad de un gobierno presidido por Alba. El problema era que éste seguía prefiriendo un gabinete más amplio y, a medida que pasaba el tiempo, desconfiaba cada vez más de la aparente unidad del liberalismo monárquico. Cuando tuvo la impresión, ya en noviembre, de que Romanones daba por supuesto que, reunidas las Cortes, cada grupo liberal actuaría por su cuenta y riesgo se apresuró a indicarle que «prefiero no asistir al espectáculo ni mucho menos tomar parte en él». Todavía en ese mismo mes recibió Alba nuevas excitaciones de García Prieto para volver a España y tomar parte en la campaña electoral en las mismas condiciones que los restantes grupos políticos. «La política», aseguró, «querido Santiago, hay que hacerla con hombres, y nuestros hombres, los únicos dispuestos por ahora a apoyarle, se sienten perplejos y sin saber qué hacer, mientras V. no los oriente». Pero Alba de ninguna manera quería resucitar la Concentración Liberal. Se tiene la sensación de que si la enfermedad vedó la actuación de Cambó, en el caso de Alba fueron sus dudas, su desconfianza en sus propios seguidores o quienes se sumaban a ellos y una incorrecta percepción de que aumentaba sus posibilidades con el paso del tiempo. «España es un manicomio, querido Manolo», acabó asegurando a García Prieto; «y se necesita una idea del deber muy estricta para decidirse a entrar en el patio de los locos» [65].

Cambó y Alba fueron los dos políticos de la época que podían haber sido protagonistas esenciales de la vida pública en ese momento en beneficio del mantenimiento de la Monarquía. Éste es, sin embargo, un juicio de historiador que conoce la evolución posterior de los acontecimientos o que pone en relación las capacidades objetivas con las circunstancias políticas vividas en aquellos momentos. Interesa recalcar que ambos tenían sus evidentes limitaciones: aunque fueran superiores a los políticos tradicionales del régimen no acababan, por ejemplo, de creer que alboreaban unos tiempos democráticos que exigían formas de actuación radicalmente distintas. Pero sobre todo es preciso señalar que Alfonso XIII de ningún modo cerró el paso a lo que podían significar las opciones políticas de estos dos personajes. El Gobierno Berenguer, nombrado por él, siempre actuó como provisional; quiso incorporar a Cambó y ser sustituido por Alba. Si hubieran recibido el poder en su plenitud hubiera supuesto una transformación política muy importante. Durante estos meses los embajadores extranjeros describieron la actitud del monarca como de queja ante los ataques de que era objeto pero también de aparente indiferencia; procuraba, eso sí, mostrarse mucho más en público y de manera especial visitar establecimientos militares [66]. Pero todo hace pensar que en ese momento deseaba la vuelta a la Constitución liberal e incluso estaba dispuesto a aceptar un proyecto político como el de Alba, que implicaba una democratización completa, o como el de Cambó, que suponía una descentralización muy amplia. El Archivo de Palacio prueba que sabía de sobra que la posición del dirigente liberal había sido muy crítica contra su persona, incluso alimentando la maledicencia de otros. Pero también debía tener la impresión de que no tenía otro camino que el indicado por esos dos dirigentes políticos u otros semejantes.

En realidad hubo otras opciones políticas, excluidos el republicanismo o el socialismo, que en aquel momento parecían tener coherencia y estar destinadas a desempeñar un papel importantísimo pero que luego se demostró imposible por la incapacidad propia y por las circunstancias. Este fue el caso de los constitucionalistas y sus asimilados o afines. Eran políticos pertenecientes al partido liberal o, sobre todo, al conservador que durante la Dictadura habían manifestado una actitud muy crítica, más que contra políticas concretas de Primo de Rivera, contra su repudio de la vieja política y la persecución de sus organizaciones locales. Su crítica a la posición del Rey era una muestra de esa espiral de políticos ofendidos que caracterizó la vida pública durante el reinado de Alfonso XIII. Conspiradores con los militares durante los meses anteriores a la caída de la Dictadura, el hecho de que recurrieran a este procedimiento era un testimonio de sus propias debilidades pues certificaba que, habiendo perdido sus cacicatos, no tenían fácil tampoco acceder a las masas por el tipo de política que llevaban a cabo. Su posición tenía plena coherencia porque el pecado de la Dictadura podía ser borrado mediante una convocatoria constituyente, pero sólo tenían alguna posibilidad de protagonismo en la política española si el Rey les otorgaba el poder de forma inmediata. Aun así, resulta dudoso que hubieran sido capaces de una acción brillante, eficaz y decidida para enderezar los problemas políticos que aparecían en esos momentos en el horizonte español.

Los juicios a los que ha dado lugar la actuación de los constitucionalistas son muy variados, desde despectivos en la extrema derecha hasta laudatorios en algunas personalidades intelectuales, como Marañón. No obstante, hay en ellos, dos elementos que deben reputarse como evidentes. Sin duda los constitucionalistas representaban una política antigua y por eso formaban un grupo de personalidades que, si bien eran respetadas, tenían un apoyo social dudoso. Sus acciones y, sobre todo, sus gestos en esos momentos contribuyeron a deteriorar la imagen del Rey y de la institución que personificaba. Sus declaraciones supusieron tan sólo incrementar la ola republicana sin llegar nunca a crear una alternativa política propia.

La intervención más resonante de un líder constitucionalista se produjo el 27 de febrero de 1930, un mes después de la caída de la Dictadura. Se trató del discurso de Sánchez Guerra en el teatro de la Zarzuela; aunque precedido de una enorme expectación en su momento, leído ahora resulta vacío de contenido. El antiguo dirigente conservador fue recibido con un aplauso entusiasta pero su discurso no contuvo más que algunas referencias venenosas al Rey. Cuando explicó el origen de la Dictadura citó el verso sobre la muerte del conde de Villamediana («el impulso fue soberano») y añadió luego, acudiendo ahora al duque de Rivas, que no estaba dispuesto a «servir a señores que en gusanos se conviertan». En realidad, en sus palabras no hubo análisis ni tampoco propuestas sino un género de antialfonsismo más propio de la oposición antidictatorial que de la mente de un estadista capaz de conducir a España en unas circunstancias difíciles, fuera cual fuera el régimen. Ni siquiera mantuvo con claridad la necesidad de Cortes Constituyentes, que parecía el punto más definitorio del programa de su grupo político. No es de extrañar, por tanto, que la reacción en los medios de prensa, incluso la liberal, fuera negativa. A partir de ese momento Sánchez Guerra se convirtió en un tipo de político muy característico de momentos de transición como aquéllos: alguien que mantenía cierto respeto en la opinión pero que se había desinflado como posible alternativa viable. La dureza de los juicios de los espectadores u observadores, como de los historiadores, acerca del discurso de la Zarzuela resulta tan grande como para que Azaña lo calificara de «una mamarrachada» y, según Pabón, «no merece una más benévola calificación». El propio Marañón, amigo y prologuista del autor del discurso, lo calificó de «desconcertante» y aseguró que había supuesto el sacrificio de su popularidad [67]. Igual juicio mereció a los ojos de los observadores extranjeros: para el embajador británico se trató de «una diatriba de un indomable anciano» y desde la representación diplomática francesa se indicó que «se esperaba un programa y los medios para llevarlo a cabo pero el líder conservador sólo expresó su descontento personal» [68]. Sánchez Guerra resultó decepcionante incluso para aquellos que tenía más cercanos. El director de ABC, su pariente y amigo, escribió, en carta privada, que «su personalidad es inferior a la categoría en que las circunstancias le han colocado. Pero algún antiguo conservador aconsejó al Rey que hiciera lo posible por conseguir que llegara a la Presidencia dirigiendo ese partido» [69]. Otros antiguos políticos también actuaron en un sentido que suponía el inevitable deterioro de la Monarquía sin ventaja propia. Ángel Ossorio hizo en un principio unas declaraciones en las que recomendó la celebración de unas elecciones «bárbaramente sinceras», pero a comienzos de mayo pronunció una conferencia en Zaragoza en la que se declaró «monárquico sin Rey» y propuso como fórmula la abdicación del monarca, una alternativa imposible dada la enfermedad del heredero [70]. Aunque el papel de los constitucionalistas estuvo destinado a tener una apariencia de resurrección, cuando se produjo la crisis del Gobierno Berenguer a mediados del año 1930 la fórmula constitucionalista había desaparecido en la práctica como alternativa viable. De todos modos, Alfonso XIII, como veremos, no se opuso a esta fórmula.

Las circunstancias habían colocado a los dirigentes acogidos a la divisa constitucionalista en una situación política envidiable a pesar de que de aprovecharla, estuviera destinada a durar muy poco. En el caso de los partidos del turno su situación era la contraria. Para ellos, las perspectivas eran complicadas porque durante la Dictadura la propaganda desde el poder les había hecho objeto de duras críticas sin que, además, pudieran mantener la maquinaria clientelista que constituyó hasta 1923 la base esencial de su poder. Ahora la vuelta a la normalidad en la política nacional les hacía pensar en la posibilidad de reconstruir sus organizaciones de antaño y su escepticismo acerca de la transformación de la vida política española les hacía mantenerse convencidos de que las cosas no cambiarían de una forma sustancial. Como se daban cuenta de las circunstancias políticas especiales, no se sintieron capaces de tener iniciativas propias. Miguel Maura, al referirse a los principales dirigentes liberales del momento, Romanones y Alhucemas, afirmó que «los únicos puntales de la Monarquía eran el conde y el marqués…; es increíble semejante ceguera pero era evidente». Automarginado Alba, enfermo Cambó y reticentes los constitucionalistas, a Alfonso XIII, en realidad, no le cabían otros apoyos claros que los de este género, lo que explica la posterior configuración del gobierno Aznar. Romanones se movió mucho durante estos meses y siempre con esa habilidad ratonil que le caracterizaba, pero también con las limitaciones que le eran propias. «Quería», como indica Pabón, «resolver tácticamente lo que correspondía a una gran estrategia». El caso de Alhucemas resulta todavía peor porque todo en él fue desmedulado, sin que ni siquiera diera la sensación de que fuera capaz de percibir los graves peligros que corría el régimen. Si este juicio resulta válido para los liberales, puede decirse algo parecido y aún peor de los conservadores: «¿Partido conservzador? ¿De veras hay alguien que todavía cree en su existencia?», se preguntaba el hijo de Sánchez Guerra, futuro subsecretario de la Presidencia, ya en tiempos republicanos. Cuanto se ha dicho acerca del error de Berenguer al tratar de volver a un pasado ya imposible vale para los conservadores [71].

Este género de derecha de la Restauración declinaba al mismo tiempo que aparecía una derecha nueva que presagiaba la que durante los años treinta combatiría las instituciones republicanas. En el momento de abandonar el poder, el dictador no dio por licenciada a la Unión Patriótica sino que quiso convertirla en un instrumento reivindicativo de su régimen. Aunque tuviera lugar una dispersión casi instantánea de los efectivos de apoyo del régimen dictatorial, en el medio rural pronto hubo intentos de organizar grupos políticos con diversas denominaciones con la coincidencia de decirse procedentes del primorriverismo. De este conjunto de esfuerzos surgió la Unión Monárquica Nacional, creada en marzo de 1930, tan sólo unos días después de la muerte de Primo de Rivera. Al frente de la misma figuró Guadalhorce, en quien el dictador había depositado siempre sus esperanzas como un posible sucesor. En un primer momento pudo pensarse que su personalidad prestigiosa lograría evitar la dispersión del primorriverismo, sobre todo al contar con la totalidad de los ex ministros y, además, con la colaboración en las tareas directivas de José Antonio, el primogénito del dictador. Pronto, sin embargo, hubo discrepancias. Parte de las personalidades del mundo católico que habían militado en la UP ahora desaparecieron de la Unión Monárquica Nacional y también se automarginaron Aunós y Andes por razones diferentes. Un estudio de la geografía del movimiento político y su composición social permite demostrar que la nueva UMN tuvo su centro de gravedad en Castilla, Andalucía, Barcelona y Madrid; más de un tercio de los firmantes de su manifiesto inicial pertenecían a la nobleza.

Lo que nos interesa es el papel que en esos meses de transición pudo desempeñar este grupo político, aun destinado a ser efímero. La muerte de Primo de Rivera acentuó la enemistad hacia el Rey de buen número de sus partidarios y la consecuencia fue que en todas las actuaciones públicas del nuevo partido hubo tendencia a hacer una mención vaga pero expresiva acerca de la falta de colaboración que había tenido aquel régimen. Cuando sus miembros se presentaban como «víctimas de una desasistencia poderosa» no hacían otra cosa que prolongar, multiplicándola, la tendencia de Maura y el resto de los políticos del reinado de Alfonso XIII a culpar al monarca de su salida del poder. El planteamiento de este género de queja revistió ahora una especial gravedad. Mucho más aún que el maurismo callejero, la UMN llevó a cabo una labor de propaganda activa que suponía una especie de enmienda a la totalidad al intento de vuelta a la normalidad auspiciado por Berenguer y apoyado por el monarca, e incluso al propio régimen de la Restauración. Los oradores de la UMN criticaron «los males del idoneísmo» o «las vestales del sufragio», aseguraron «el fracaso de la democracia» y se indignaron contra la «reconstrucción arqueológica» de los partidos del turno. Este ideario de derecha radical rompía con el conservadurismo de Cánovas del Castillo y en las páginas de un diario como La Nación empezaba ya a aproximarse al fascismo. La indudable modernidad de la propaganda de la UMN —recurso al mitin y a las reuniones de masas— explica su influencia en la opinión pública [72]. Pero ésta resultó, sobre todo, reactiva en los medios liberales. Quienes principalmente hacían propaganda pública en esos momentos exhibiendo la bandera monárquica la identificaban con una fórmula política reaccionaria que iba directamente en contra de las tendencias de la opinión pública.

Un dato esencial, en efecto, para comprender la situación parte de considerar que se estaba produciendo el advenimiento de las masas a la movilización política y que de él se benefició casi exclusivamente un republicanismo nuevo. Éste ofreció, además, como novedad, el espectáculo poco frecuente de su unión y de la incorporación a sus filas de antiguos monárquicos como Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora; incluso a la izquierda le fue perdonado el intento de sublevación militar que tuvo lugar en Madrid y en Jaca a finales de año. Cuando fue vencida, condenados sus dirigentes y ejecutados, ni Berenguer recomendó el indulto ni el Rey pareció dispuesto a concederlo. En un clima como el descrito nada podía resultar más inoportuno que la propaganda de la UMD. Pero ésta, además, iba contra los propósitos de Alfonso XIII en ese momento sin que el monarca pudiera manifestarlo, ya que era uno de los escasos apoyos que le quedaban. En realidad, el tono político de la UMN presagió el posterior conflicto que tuvo lugar entre el monarca ya destronado y la derecha monárquica y antiliberal durante la II República.

HACIA EL FINAL DEL RÉGIMEN

El 17 de diciembre de 1930, tan sólo horas después de concluido el intento militar republicano de Jaca y Cuatro Vientos, este acontecimiento se demostró determinante en la política española. Hemos visto cómo, lejos de presentar a la izquierda como revolucionaria, sirvió para caracterizar al Gobierno y al Rey como represores, pero tuvo también otro efecto. El desencadenante inicial del curso que seguirían los acontecimientos fue la actitud de los constitucionalistas. Tras un almuerzo celebrado en el hotel Ritz, los líderes de esta posición (Sánchez Guerra, Álvarez, Villanueva, Bergamín y Burgos y Mazo) hicieron pública una nota en la que llegaban a la conclusión de que sin elecciones constituyentes no iba a ser posible la exigencia de responsabilidades por la Dictadura ni que prevaleciera la soberanía nacional. En realidad, se veían obligados a esta postura no sólo porque la sublevación republicana daba la sensación de acelerar y radicalizar el proceso político sino también porque, estando ya elaborado un encasillado del que probablemente saldría un resultado no muy distinto del habitual, sus expectativas electorales eran mínimas. Los constitucionalistas, por su trayectoria durante el periodo dictatorial, resultaban un elemento determinante de la política española en estos momentos al tener una gran influencia sobre el sector más liberal de la Monarquía.

Así se demostró en el curso del mes de enero [73]. El 24 se levantó el estado de guerra y tan sólo cinco días después los constitucionalistas repitieron su declaración. La fórmula constituyente, según ellos, no sólo encarnaría la legitimidad democrática sino que, además, supondría la paz pública; caso de no acudirse a ella, añadieron, «nos está vedado acudir a las elecciones que se anuncian, ya que no podríamos sin agravio nuestro ni siquiera prestarnos a ser de ningún modo la oposición parlamentaria». Lo lógico hubiera sido que una posición como esa fuera la de los republicanos: como indicó Romanones, la convocatoria por un Rey de unas elecciones constituyentes hubiera sido una novedad absoluta en la Historia. Lo que sucedía en ese momento, como en el pasado, era que se daba por supuesto que quien ejerciera el poder tendría la mayoría parlamentaria garantizada. Quizá en ello confiaban muchos constitucionalistas.

De momento los liberales no les siguieron. Fue el siempre agudo y previsor Cambó, todavía presente en Madrid pero poco atendido por la prensa en lo que respecta a sus propuestas, quien tomó la iniciativa de preguntarles y el siempre hábil Romanones quien mantuvo una conversación con Berenguer para pedirle la mayor sinceridad electoral. Eran, quizá, puras formalidades pero el Gobierno escenificó su aceptación de las mismas sin problema. El 31 de enero los republicanos hicieron pública su abstención pero ese mismo día el Gobierno suspendió el artículo 29 de la ley electoral que solía identificarse, un tanto abusivamente, con el caciquismo. Se anunció también la revocación de los nombramientos gubernativos en todos los municipios. En ello había insistido, como sabemos, el dirigente catalanista.

El 3 de febrero los socialistas, como resultaba imaginable, optaron por idéntica actitud abstencionista. Al hacerlo aumentaron las dificultades del Gobierno, que se encontraba con una ausencia de colaboración de una fuerza que se la había prestado incluso a la Dictadura. De todos modos, nada esencial parecía haber cambiado. Las medidas que se sucedieron en los días siguientes confirmaron que el Gobierno Berenguer seguía con sus propósitos electorales. El 4 de febrero fueron suspendidas las clases en la Universidad durante treinta días y el 7 se celebró el Consejo de Ministros en el que se decidió la convocatoria electoral al mismo tiempo que se restablecían las garantías constitucionales y la censura de prensa.

Fue, entonces, la postura de Alba la que provocó la crisis definitiva. Fechada en París el día 8 se hizo pública una nota escrita en esa capital cuando ya las elecciones estaban convocadas. Alba había llegado a la conclusión de que en España no podía haber una auténtica paz sin que se pasara por un veredicto popular al final del periodo dictatorial. Su interpretación era que la izquierda renunciaría a la violencia en caso de que se celebraran unas elecciones sinceras pero ni mucho menos ese juicio parecía válido para toda ella. Las elecciones convocadas por Berenguer, en su opinión, no iban a suponer ningún paso en el camino de la pacificación porque en ellas no habría ninguna fuerza de oposición capaz de representar a los sectores políticos contrarios al régimen dictatorial. Terminaba la nota advirtiendo que lo sucedido no debía interpretarse como una especie de artimaña propia para conseguir el poder, al que decía renunciar. Era esto precisamente lo que agravaba su postura desde el punto de vista de la Monarquía. Si su interpretación potenciaba la actitud de quienes se habían pronunciado contra el régimen, su negativa a ejercer el poder cerraba una de las escasísimas soluciones que podía tener Alfonso XIII. Como en el caso de los constitucionalistas, conservaba Alba el prestigio de su actitud durante la Dictadura pero éste servía mucho más para deteriorar a la Monarquía, ligada con ella, que para ofrecerle una salida. Si la mayoría de los constitucionalistas en realidad tenían una inteligencia y capacidad de acción limitadas éste no era, sin embargo, el caso de Alba. El mismo día en que se publicó su nota apareció también en la prensa —signo de la aceleración del proceso político— el Manifiesto de la Agrupación al servicio de la República.

Todavía el 11 de febrero celebró el Gobierno un nuevo Consejo de Ministros sin que Berenguer pensara que fuera el último. En sus manifestaciones a la prensa se dijo contrariado por la ausencia de los grupos políticos abstenidos pero dispuesto a seguir el rumbo marcado. Sin embargo, se lo impidió la actitud adoptada por los liberales. Como último eslabón en la cadena de renuncias a participar en las elecciones, Romanones y García Prieto tomaron la decisión el día 13 de ir únicamente a las elecciones para, en las nuevas Cortes, «pedir la convocatoria de otras Constituyentes… por entender que los graves problemas políticos, jurídicos, sociales y económicos que hoy están planteados en España no pueden ser examinados y resueltos convenientemente y con tranquilidad para la Patria sin la intervención y el concurso» de los sectores políticos abstenidos. Romanones, en declaraciones a la prensa, todavía dijo más: en el Parlamento los liberales no harían otra cosa que presentar su propuesta y abandonarlo inmediatamente en el caso de que no fuera aprobada. La cadena de renuncias llegó finalmente a quienes apoyaban al Gobierno. Cambó muy a su pesar, concluyó que más valía «afrontar desde ahora resueltamente el problema político». Más que como consecuencia de la iniciativa de la izquierda, ésta dominaba el panorama político por la renuncia a ejercitarla por parte de los monárquicos.

En estas circunstancias, los planes de Berenguer se convertían en irrealizables. En sus memorias la responsabilidad de la crisis aparece vinculada con la persona de Romanones, quien además, ya en los momentos de su gestación, parece haber pensado en un gobierno Aznar como solución alternativa. Pero las posibilidades del Gobierno Berenguer se habían esfumado ya. Si nunca significó ninguna novedad política, cuando ésta era exigible, la tardanza en su camino hacia la normalidad constitucional había convertido en todavía más patente su anacronismo; como indicó el embajador francés, el Gobierno había muerto de «agotamiento». Si las elecciones se hubieran celebrado con tal cúmulo de fuerzas abstenidas el peligro de un pronunciamiento militar republicano, posiblemente con muy serios apoyos, hubiera sido bien patente.

Se abrió así la crisis en torno a la que muy pronto se dibujaron las posiciones respectivas de cada uno de los grupos políticos. Los conservadores de Bugallal se negaron a cualquier cesión para convertir en constituyentes a las elecciones. Los liberales —Romanones debió llevar la voz cantante— no ocultaron su preferencia por un gobierno de concentración monárquica presidido por Aznar. Los constitucionalistas insistieron en su fórmula y tres de ellos fueron recibidos por el monarca para defenderla ante él. Finalmente, se impuso la tesis de Romanones pero antes Alfonso XIII intentó la que Cambó, llegado a Madrid el 15 de febrero, le propuso. En Barcelona el líder del catalanismo había hecho pública una nota en la que se describía la situación española indicando que la «inmensísima mayoría del país ni quiere revolución, ni quiere dictadura, ni quiere que se vuelva al viejo régimen». El diagnóstico podía ser correcto pero, al margen de su condición de catalanista, la situación de su salud le impedía presidir el gobierno.

Como sabemos, su insistente propuesta había sido y seguía siendo que se hiciera cargo de esa responsabilidad Santiago Alba. De acuerdo con el consejo de Cambó, intentó el Rey, comunicándose con París por teléfono, que Alba formara gobierno, pero no lo logró; ni siquiera consiguió que viniera a Madrid. Despejada esta incógnita, Cambó no pudo hacer otra cosa que asistir como espectador al rumbo que tomaba la crisis, ya al margen de su voluntad; desde el principio de 1930 había sido partidario de un gobierno de izquierda monárquica y ahora lo había ratificado. La negativa de Alba reducía muchísimo la perspectiva de acción del Rey, que se encontraba carente de cualquier posibilidad de recurrir a una personalidad indisputada del tipo de la que en el pasado había sido un Antonio Maura. Pero no prescindió por completo del consejo de Cambó pues, fracasado su deseo de conseguir la colaboración de Alba, recurrió a uno de los nombres que éste le sugirió.

El antiguo dirigente liberal propuso a Álvarez o a Sánchez Guerra como alternativa suya y el monarca optó por este último. En la mañana del 16 de febrero el ex dirigente del partido conservador fue recibido durante dos horas por el monarca, que aceptó las condiciones que le puso para aceptar el encargo. Eran éstas de gran envergadura pues no sólo suponían que fueran convocadas Cortes Constituyentes sino incluso la suspensión temporal de toda prerrogativa regia y el hecho de que se jurara por los ministros lealtad a la Asamblea Constituyente al mismo tiempo que al Rey. Logrado esto, Sánchez Guerra tenía todavía que convencer a las fuerzas políticas de la viabilidad de su proyecto. Obtenido el apoyo del resto de los constitucionalistas —a Melquíades Álvarez le propuso ser vicepresidente del gobierno—, no sólo se entrevistó con los liberales y con Cambó sino que también trató de conseguir el apoyo de intelectuales (Marañón, Ortega) o de independientes como Ossorio. Pero lo más espectacular de su gestión de la crisis fue la visita que realizó a la cárcel Modelo para entrevistarse con el Comité republicano e intentar que ocupara dos puestos gubernamentales. La escena ha sido narrada por dos de los dirigentes encarcelados. Al parecer, mientras que Alcalá Zamora alargaba la conversación, fue Miguel Maura quien, con su característica impetuosidad, afirmó que el Comité nada tenía que hacer o hablar con el régimen monárquico. La escena no duró más allá de seis minutos y su origen puede haber radicado en una gestión de Rafael Sánchez Guerra, colaborador de los republicanos y futuro subsecretario de Presidencia, con su padre. Las consecuencias políticas de la visita eran decisivas porque perdía cualquier sentido la acusación como subversivos de aquellos que no habían aceptado el puesto ministerial y quedaba patente la debilidad de la Monarquía. Nacía ésta del lastre acumulado durante la etapa dictatorial y de la ausencia de colaboración de quienes podían haber contribuido a salvarla, no de la negativa de Alfonso XIII a aceptar las más arriesgadas fórmulas de solución. Nunca un Rey había aceptado algo como lo que el monarca español estuvo dispuesto a admitir en aquel momento; recuérdese la afirmación de Romanones en lo que respecta a la reunión de Cortes Constituyentes.

En relación con esta gestión de Sánchez Guerra alguno de los escritores de derecha que han escrito sobre estos momentos ha utilizado los términos «zarpazos desleales» para referirse a la posición del antiguo jefe del conservadurismo. Pero la interpretación más correcta no parece ésa. En realidad, la visita de Sánchez Guerra a la cárcel tuvo como motivo principal hacer un gesto que sabía que no prosperaría; a pesar de que Maura lo niegue, es posible que también tratara de evitar que el republicanismo se volviera a lanzar por la senda de la subversión. Pero el momento de Sánchez Guerra, como el de otros protagonistas de la vida política que se habían significado en la posición antidictatorial, había pasado ya. Estaba minado por los achaques y los años y se movió «mucho y apresuradamente»; Berenguer le describe como «muy nervioso al hablar, mezclando unos asuntos con otros». Su visita a los republicanos en la cárcel, por otro lado, según Pabón, fue «un gesto sin importancia» magnificado por lo que aconteció a continuación [74].

El 17 de febrero por la mañana no aparecía todavía en la prensa ningún indicio que permitiera prever el final de la crisis. Aquella mañana, tras todas las iniciativas fallidas, Sánchez Guerra propuso al monarca un gobierno formado en exclusiva por constitucionalistas como Álvarez, Burgos Mazo, Bergamín, Chapaprieta, Pedregal, el general Goded y el almirante Rivera. Alfonso XIII afirmó en el transcurso de la mañana ante Berenguer que no se había aceptado su sugerencia de que de ese gobierno formaran parte también los liberales inequívocamente monárquicos como Alhucemas y Romanones, lo que no dejaba de tener su lógica. Resulta posible, sin embargo, que también pensara que los constitucionalistas tenían muy poco apoyo social propio para enfrentarse a la situación política que vivía el país y que resultaban, además, demasiado ancianos e imprevisibles. Aun así, el monarca aceptó la fórmula alternativa propuesta por Sánchez Guerra consistente en hacer el encargo a Álvarez quien, por su parte, «debido a su inveterada desgana de poder», declinó. En el informe que el embajador de la República Francesa hizo a París se contienen alabanzas a la forma de comportarse el monarca en esta crisis. Según él, habría maniobrado como un «político experto… sin exponerse… al reproche de haber hecho fracasar la combinación de los constitucionalistas para salvar las prerrogativas de la Corona»; había sido «dócil» y sabido recibir sin protesta las reivindicaciones de este sector; algo parecido aseguró el embajador británico [75]. El propio Melquíades Álvarez aseguró que nunca se habían respetado tanto los principios constitucionales como en esta ocasión. Quizá la clave de que no prosperara una fórmula como la propuesta por Sánchez Guerra radicara, como expuso el diplomático francés, en que Sánchez Guerra fue «poco decidido». Hubiera bastado que aceptara a los liberales en su gabinete y en una posición subordinada a su programa para que su proyecto político se convirtiera en realidad.

Arruinadas esas posibilidades, no quedaba más que una, la de un gobierno de concentración con características peculiares pues ya no iba a estar presidido por una personalidad política relevante y comúnmente respetada. A la caída de la tarde, previo un contacto de Cierva y de Romanones con el Rey, se reunieron los jefes políticos de los partidos monárquicos en el Palacio de Buenavista de donde no podía salir, por enfermedad, Berenguer. Tras cinco horas de reunión, que se consumieron principalmente en obligarse los unos a los otros a permanecer en un gobierno de coalición y en debatir quién debería hacerse cargo de la cartera de Gobernación, se llegó finalmente a la fórmula que había sido imaginada por Romanones, verdadero factótum de las decisiones fundamentales de esas semanas. El 18 de febrero por la mañana Alfonso XIII llamó al almirante Aznar y una hora más tarde juraron sus cargos los ministros que se habían acordado la noche anterior. Romanones ocupó la cartera de Estado; García Prieto, Justicia; el marqués de Hoyos, Gobernación; Bugallal, Economía; Cierva, Fomento; Ventosa, Hacienda; Berenguer, Guerra; Rivera, Marina; Maura, Trabajo, y Gascón y Marín, Instrucción. «Era, en la ocasión», afirma Pabón, «el peor de los gobiernos posibles… porque no era ni siquiera un gobierno… (sino algo) heterogéneo, formado por personalidades discrepantes e independientes» y carecía de una pieza esencial como era un jefe. En realidad, de existir éste, fue Romanones pero guió el gobierno con el inconveniente de que, no siendo aceptado por todos, gran parte de su acción debió desarrollarla a espaldas del resto del gabinete. El propio embajador francés aseguró que «sólo Romanones tiene talla de hombre de Estado entre sus colegas» [76]. Por otro lado, al ser el gabinete de concentración monárquica, quedaba planteada de forma neta la alternativa de Monarquía o República. Muchos de los miembros del Gobierno estaban, en fin, muy a disgusto en él: este era el caso de Maura, Hoyos, Ventosa y Berenguer, al menos. Quienes se habían mantenido al margen, debido a sus circunstancias personales, tenían un exceso de crédito en los que estaban dentro del Gobierno. Cambó confiaba, por ejemplo, en Ventosa pero desde la economía no se podía gobernar la política y ésta era lo esencial en aquellos momentos. Un gobierno tan plural, finalmente, debido al entrecruzamiento de programas condenaba a la pasividad, es decir, a dejarse dominar por los acontecimientos más que a dirigirlos.

Dadas las características del ejecutivo, las dos personas más importantes en él fueron, por este orden, el ministro de la Gobernación y el presidente. Hoyos, en sus memorias, afirma haber ido al gobierno «sin estar ostensiblemente adherido a ningún partido político», lo que sin duda fue la razón primordial de su nombramiento. Fue Berenguer quien le tuvo que convencer, lográndolo por «fidelidad al Rey». El nombrado se daba cuenta de que su elección obedecía a que lo imponía la heterogeneidad misma del Gobierno y por eso mantuvo en su puesto al principal de sus subordinados, el director general de Seguridad, Mola [77]. Por su parte, el almirante Juan Bautista Aznar era ministro en el gabinete de Concentración Liberal presidido por García Prieto en 1923 y desde él se había opuesto al golpe de Estado de Primo de Rivera, aunque con idéntica carencia de convicción y firmeza que sus compañeros. Durante la Dictadura había mantenido una actitud opositora contra el régimen. Sobre ambos personajes se concentró la artillería de las interpretaciones de extrema derecha acerca del periodo. Estos juicios, sin embargo, atribuyen un exceso de responsabilidad a ambos personajes en lo que siguió. Por eso resulta necesario volver a la peculiaridad del gabinete presidido por el almirante.

Casi no es necesario, después de descrita la composición del Gobierno Aznar, recalcar las diferencias que le separaban del que presidió Berenguer. Éste gobernó con un gabinete homogéneo formado por las dos vertientes históricas del conservadurismo y tan sólo algún independiente, como el duque de Alba. Las figuras que componían el gobierno eran de segunda fila en el cursus honorum de la Monarquía de Alfonso XIII, como si de esta manera se hubiera querido recalcar el carácter tan sólo transitorio del proyecto gubernamental. Los propósitos de Berenguer podrían ser anacrónicos pero el Gobierno siempre resultó homogéneo y disciplinado. Tenía, además, una inequívoca ventaja para el monarca: no comprometía a la totalidad de las fuerzas monárquicas sino tan sólo a una parte. En cambio, el gabinete de Aznar reunía unas características diametralmente opuestas. Tanto Berenguer como Aznar eran militares y ambos se habían caracterizado por una actitud reticente, al menos, ante la Dictadura. La postura del almirante había sido incluso más caracterizada que la del general pues fue, en su día, padrino de quien quiso llevar a un duelo al dictador. El peso específico de ambos, sin embargo, era muy diverso. Berenguer proporcionaba una sensación de solidez que parecía imposible de emitir respecto de Aznar, quien pertenecía a ese género de personalidades cuya relevancia dependía de su decoloración. Romanones le reputó como un «presidente cómodo», calificación que suponía haber alcanzado su alto puesto con la condición imprescindible de no ejercerlo. Si se pudiera establecer una comparación con otro personaje político de la época de Alfonso XIII, quizá se podría decir que se trataba de una especie de García Prieto elevado al cubo. A pesar de todo ello el Gobierno Aznar tuvo una recepción positiva. Incluso aquellos que se significaron por una posición más derechista aceptaron inicialmente que el Gobierno nacía con «risueñas esperanzas» porque la solución a la que se había llegado era, en definitiva, «la mejor posible» [78].

Pero estos augurios satisfactorios se vieron muy pronto decepcionados y se produjo una inversión radical del juicio. La declaración ministerial incluyó unas frases relativas al «propósito decidido del Gobierno (de) proceder rápidamente a la renovación total de ayuntamientos y diputaciones eligiendo íntegramente las corporaciones municipales y provinciales por sufragio universal». Además, se procedería con las «máximas garantías en la contienda electoral». La declaración incluía también unas frases que asumían en la medida de lo posible una exigencia del ambiente: «No sólo por coincidir todos los miembros del Gobierno en que es necesario introducir modificaciones en la Constitución vigente sino con el propósito de abrir dentro de la legalidad un amplio cauce a todas las aspiraciones, las nuevas Cortes tendrán el carácter de Constituyentes». La petición constitucionalista aparecía, pues, recogida en la práctica. Finalmente, también se incluía la garantía de que se revisaría la obra legislativa de la Dictadura y que Cataluña lograría la satisfacción de sus aspiraciones autonómicas [79].

Todo lo intentado entonces por el Gobierno Aznar resultó anacrónico pero eso no fue sino la perduración de la situación anterior de manera que no cabe hacer un reproche excesivo a sus miembros. Al menos a partir de este momento hubo un calendario claro aunque fuera que las esperanzas de perduración de la Monarquía resultaran bien escasas. El 3 de marzo quedó anulada la convocatoria de elecciones generales. En tan sólo dos semanas el Consejo de Ministros, habiendo ya dado posesión a los nuevos gobernadores civiles, hizo público que las elecciones municipales se celebrarían el 12 de abril, el 3 de mayo las de diputados y las Cortes habrían de reunirse el 25 de junio. El 19 de marzo se restablecieron las garantías constitucionales.

Las novedades que se produjeron en las cortas semanas que llevaron desde la constitución del Gobierno a la realización de las elecciones fueron escasas y no cambiaron un clima político que seguía siendo muy favorable a los republicanos. A comienzos de marzo tuvo lugar la creación definitiva del partido de Centro Constitucional. Cambó tuvo una última entrevista con Alba y en ella éste pareció reconocer que estaba mal informado y se lamentó de su propia actitud durante las semanas anteriores. Pero a esas alturas él mismo había hecho imposible su protagonismo político. En cuanto a los republicanos, los dos procesos a que se vieron sometidos a lo largo del mes de marzo aumentaron su popularidad, sin que ello fuera en grave detrimento de la Monarquía dada la relativa lenidad de las penas impuestas. El juicio por los sucesos de Jaca acabó con tan sólo una pena de muerte que fue inmediatamente indultada. La vista seguida contra los firmantes del manifiesto republicano de diciembre concluyó con penas mínimas y los encausados fueron liberados a título condicional.

Por su parte, el marqués de Hoyos, a pesar de que no tuviera una específica significación política y menos aún partidista, intentó organizar las elecciones de tal modo que, sin excesivas presiones, fuera posible una victoria monárquica. Como inconveniente tuvo, sin duda, lo que él mismo denomina en sus memorias «el estado de descomposición en que se hallaban los organismos oficiales», indicio de que era ya muy difícil controlar las elecciones. Eso quizá explica el contenido de uno de los telegramas que publicó en sus memorias: «Próximas elecciones municipales interesa conocer si cuentan capital y principales ciudades esa provincia con elementos que aseguren mayoría monárquica dentro aplicación respetuosa de la ley»; las gestiones debían hacerse con «discreción suma y tacto exquisito». Aparte de conseguir la unión de los monárquicos, Hoyos afirmó también haber logrado transformar la actitud de dos periódicos antimonárquicos que tenían un accionariado conservador y eso fue «una de las pocas satisfacciones» que le produjo su estancia en el Ministerio. Se trataba de El Sol y La Voz, que, en efecto, pasaron de Urgoiti (y Ortega como principal inspirador intelectual) a sus accionistas monárquicos como Lequerica. Pero los inspiradores de esta actitud pronto encontraron unas nuevas tribunas donde realizarla. Finalmente, la política de orden público mantenida por el Gobierno siempre se basó en criterios de moderación. Los disturbios universitarios prosiguieron pero no hubo ya una especie de desdoblamiento entre la acción del Ministerio de Instrucción Pública y el de Gobernación. Mola recibió instrucciones para no entrar en los edificios universitarios a no ser que fuera permitido por las autoridades académicas. No lo hizo incluso cuando desde algunos edificios se emplearon armas de fuego contra las fuerzas de orden público provocando la muerte de un guardia civil. La propuesta de Cierva de que entrara la Guardia Civil en los edificios universitarios fue rechazada por el Consejo de Ministros [80].

El programa del Gobierno del almirante Aznar suponía la opción previa por la realización de unas elecciones municipales que tuvieron lugar el 12 de abril de 1931. Estas elecciones han sido consideradas durante largo tiempo como un momento culminante en la Historia política española, pero la explicación que de ellas se hizo partió en el pasado de una consideración que ya resulta un tanto anacrónica en términos historiográficos. Es muy característico, en efecto, de quienes escribieron en los años cincuenta, haber atribuido a los resultados electorales un significado que no permitía justificar el cambio de régimen, como si éste se hubiera llevado a cabo en contra de la voluntad de la mayoría de los españoles. Esta interpretación carece de justificación porque en la vida política de la Restauración y también del reinado de Alfonso XIII la diferencia en significación política entre el voto urbano y el rural era abismal y ello derivaba de las distintas realidades existentes en ambos. Por otro lado, lo decisivo del 12 de abril de 1931 no reside en que los resultados fueran muy poco favorables a los candidatos monárquicos sino en que presenciaron el alborear de una forma de vida política nueva, de tal manera que precisamente porque la vieja se había identificado con la Monarquía cayó ésta. Esta interpretación, que data de hace bastante tiempo, no ha sido discutida en lo esencial, de modo que los resultados de las elecciones de abril de 1931 no han sido objeto de ningún debate importante entre los historiadores durante los últimos tiempos [81].

Un somero examen de los resultados revela que el voto urbano se pronunció de forma abrumadora a favor de las izquierdas en una proporción de tres a uno en las grandes capitales; en las pequeñas ciudades castellanas, en cambio, la izquierda sólo triunfó por unos centenares o incluso docenas de votos. Hubo algún caso de triunfo monárquico en los grandes núcleos de población pero es posible que una parte fuera debido al fraude. En el medio rural hay que establecer de nuevo una distinción entre las poblaciones de más de 10.000 habitantes que siguieron dando la victoria a la izquierda y las entidades menores en las que siguió triunfando la Monarquía. En realidad, el grado de ruralidad (o, lo que es lo mismo, de caciquismo) equivalió al de monarquismo y constituye la prueba de la debilidad de éste en 1931. Esa forma de vida política antigua seguía teniendo en España sólidas raíces. En Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo, todos los ayuntamientos se adjudicaron sin lucha y en Soria la presenciaron menos de la décima parte de los ayuntamientos. Pero la vida política del país ya no podía ser decidida por la España pasiva e inerte del campo: la mejor prueba es que en cuanto se produjo la proclamación de la República esos municipios cambiaron de signo político.

En abril de 1931 lo derrotado fue el caciquismo como sistema de vida política. Pero no significaba que el clientelismo se hubiera desvanecido de manera radical, por la sencilla razón de que los cambios en la vida política son producto de procesos de «larga duración» y, por tanto, no pueden cambiar en tan sólo unas horas o en una única jornada. Pero en adelante no sería posible organizar los procesos electorales desde el poder y el volumen del fraude no pudo considerarse en ningún momento como determinante del resultado de una elección.

ÚLTIMAS HORAS DE LA MONARQUÍA

Los tres días de abril de 1931 en que se produjo la proclamación de la República y con ella la aparición del nuevo régimen republicano han sido objeto de enconadas disputas. Con el transcurso del tiempo, éstas han ido perdiendo sentido a partir del momento en que se ha considerado que la proclamación de la República no fue el comienzo de la pendiente hacia la Guerra Civil sino el inicio de una experiencia política atractiva y democrática aunque concluyera mal. Para un sector de la derecha española, no obstante, los tres días de abril no sólo testimoniaron traiciones sino que cuestionaron la esencia misma de la Monarquía. Goicoechea, un antiguo dirigente de las juventudes mauristas ahora convertido en expresión máxima de la extrema derecha monárquica, así lo indicó en el prólogo del libro escrito por el periodista Cortés Cavanillas: «Lo más importante del libro es su capítulo primero, en el que se exponen, no sobre la caída de Alfonso XIII sino precisamente sobre la Restauración, doctrinas que a algunos monárquicos les han parecido demasiado audaces». En un segundo prólogo del citado libro el conde de Santibáñez del Río presentó esas fechas, paradójicamente, como «aurora de la verdadera Monarquía española», pues la otra habría quedado sepultada por sus defectos derivados del liberalismo. El propio Cortés Cavanillas concluyó que los sucesos de esos tres días probaban de modo evidente que «la democracia es la muerte» [82]. Pero toda esa interpretación no fue otra cosa que una reelaboración posterior, útil a efectos políticos para justificar una postura propia. Si los republicanos dieron una interpretación sesgada del golpe de Estado de 1923, algo parecido puede decirse también de los sucesos de abril de 1931 en relación con este sector de la política española.

Examinada la actuación de los dirigentes monárquicos en esa etapa hay menos sorpresas de las que podrían esperarse. Su posición en aquellos momentos fue producto de las circunstancias previas y de lo que era la esencia misma de la Monarquía de la Restauración. El primer rasgo de su actitud de conjunto deriva de que no habían previsto nada especial. Todos los dirigentes monárquicos pertenecían a un mundo ideológico en el que resultaba sencillamente inconcebible un cambio decisivo en la forma de hacer política. Todos ellos, en definitiva, pensaban, como uno escribió, que «la España rural siempre será ministerial» [83]. Tan sólo podían juzgar las elecciones municipales como «un episodio de la lucha entablada», según las palabras de Berenguer, y, además, sin especial trascendencia. A la falta de advertencia acerca de lo que les podía venir encima muy pronto se sumó el «gran estupor y depresión» provocado por los resultados que contribuyó a acrecentar su parálisis. El segundo rasgo de los políticos del régimen en esa hora crucial fue que llevaron a cabo una actuación que tuvo muy poco de unánime pero eso no quiere decir que no existieran alineamientos, producto más de la sensibilidad que de la reflexión. Por un lado actuaron los que sabían lo que pasaba y por otro los que no lo sabían, porque fueron incapaces de interpretarlo. Más importante que este alineamiento fue el de quienes eran más liberales y quienes lo resultaban mucho menos; a menudo la miopía política coincidió con la limitación del liberalismo propio. Para la mayor parte de ellos, súbitamente despertados por la noticia de un vuelco en el comportamiento político de los españoles, la batalla por la Monarquía se había perdido y era preciso admitir la derrota. Por eso los dirigentes monárquicos acabaron por aceptar sin resistencia el sentido plebiscitario de las elecciones y su liberalismo de fondo, tan distinto de la mentalidad que animaba a la extrema derecha monárquica posterior, les llevó a dejar el campo abierto a quienes eran los vencedores objetivos. Algunos no tuvieron conocimiento de las posiciones de otros pero, sin embargo, su postura fue semejante aun sin necesidad de consultas; sólo después parecieron pensar de forma distinta como si estuvieran abrumados por lo sucedido. Hubo, en fin, un tercer elemento de diferenciación entre los políticos del momento: quienes se sintieron capacitados para actuar y quienes no. Los primeros fueron mucho menos numerosos, aunque les sumemos aquellos más que quisieron actuar pero al final no lo hicieron. Este fue el caso de Cierva, por ejemplo, cuya acción, de haberse traducido a los actos, hubiera tenido un resultado probablemente funesto y casi de seguro luctuoso. Romanones fue quien tomó la iniciativa como ya lo había hecho antes ejerciendo en la práctica la función de presidente. No parece que se pueda dudar que, al ser seguidos sus consejos, se evitara que una proclamación de la República, inevitable, tuviera lugar con derramamiento de sangre. Cabe, en fin, entender la postura del Rey de acuerdo con todas estas coordenadas de quienes figuraban a su lado, mucho más que de los cortesanos y los medios de la extrema derecha. A fin de cuentas, Romanones fue el político que debió tener mayor intimidad con él.

Conviene, cuando se trata de unos acontecimientos que hubieron de jugar un papel tan decisivo en la historia de España, desgranarlos con el examen metódico de lo acontecido día tras día e incluso hora tras hora, lo que facilitan las memorias de los principales personajes. El 12 de abril en que se celebraron las elecciones municipales acudieron al Ministerio de Gobernación, aparte de Hoyos, Romanones, Cierva y Maura y también estuvo el general Sanjurjo. Fue en ese momento cuando empezó a hacerse patente entre los dirigentes monárquicos el derrumbamiento de la vida política en la que se habían desenvuelto hasta entonces. Romanones, que había hecho su carrera política en la dirección del partido liberal madrileño, cuenta en uno de sus libros que «nadie dudaba que en (los distritos madrileños) de Palacio, Buenavista y Centro la mayoría monárquica resultaría aplastante». El hecho de que no fuera así empezó a provocar la sensación de que algo importante podía ocurrir; en el mismo colegio correspondiente al Palacio Real los monárquicos obtuvieron una «votación ridícula». Pero lo más decisivo lo cuenta a continuación: «Cuando oí Guadalajara (su cacicato) catorce (concejales) de la conjunción republicano-socialista, seis monárquicos, me quedé atónito» pues «cincuenta años de vida pública se desvanecían como el humo». Cierva, otro cacique con unas organizaciones clientelares sólidamente asentadas, padeció idéntica sorpresa en Murcia o aún mayor pues reclamó la presencia de su hermano en el teléfono para acabar de creerse los resultados. Otro hecho importante de aquellas horas fue que empezó a desmoronarse el apoyo a la Monarquía por parte de las fuerzas de orden público. Lo que dijo Sanjurjo, según los testigos que con posterioridad escribieron sus memorias, así lo testimonia: hasta aquella noche se había podido confiar en la Guardia Civil pero no más allá de ese momento porque «cosas como éstas impresionan a todo el mundo». De todas maneras, por el momento no se hizo presente a los dirigentes monárquicos la necesidad o la inminencia del cambio de régimen. Pasadas las diez, Romanones telegrafió a las embajadas en el siguiente sentido: «Los resultados de las elecciones municipales conocidos hasta el momento acusan una ventaja para los partidos de extrema izquierda en las principales capitales provinciales. Los resultados completos, de los que se espera la mayoría por la Monarquía, serán comunicados a V. E. con comentarios sobre la influencia posible del resultado definitivo desde el punto de vista político» [84]. Todavía parecía existir alguna posibilidad para que la Monarquía perdurara.

El 13 de abril no estaba prevista la reunión del Consejo de Ministros pero acabó por llevarse a cabo y uno de los que insistieron en que se celebrara fue el ex presidente Berenguer. Éste había tomado ya una decisión a la que se ha atribuido una importancia fundamental en el cambio de régimen. Avanzada la noche, cuando ya se conocían de forma suficiente los resultados electorales, según cuenta en sus memorias, tuvo miedo de que las informaciones pudieran llegar al ejército, «impresionarlo» y «dividirlo»; por eso envió un largo telegrama a las autoridades militares. Su contenido merece ser glosado porque revela de manera muy clara la actitud de quien lo redactó en aquellos momentos. El texto partía, en primer lugar, de la constatación de la derrota y la admisión de que ésta provocaba una «situación delicadísima». Al lado de estas afirmaciones la petición inmediata de «serenidad» no hacía sino multiplicar el efecto del superlativo citado y la apelación a los «sagrados intereses de la Patria», por su vaguedad, daba pie a esperar sucesos importantes. El penúltimo párrafo ordenaba que las autoridades militares mantuvieran la disciplina. Lo que desde la óptica de la derecha le fue reprochado al general Berenguer fueron, sin embargo, las últimas líneas en las que se decía que, de este modo, «los destinos de la Patria han de seguir sin trastornos que la dañen intensamente el curso lógico que les imponga la suprema voluntad nacional». El propio Romanones, al defenderse de los ataques de los que fue objeto por parte de Berenguer, le reprochó que esas líneas parecían una «invitación a la inhibición», pero éste recordó en sus memorias, sin embargo, que en el momento del golpe de Estado de Primo de Rivera las recomendaciones del Rey a los mandos militares fueron exactamente aquellas que él dio en esa ocasión [85]. De cualquier modo, lo esencial de aquella comunicación consiste en que revela que el Gobierno monárquico —o, al menos, su ministro de la Guerra— de ninguna manera pensaba que pudiera mantenerse mediante el empleo de la fuerza. La comunicación podía entenderse en el sentido de que se iba a producir una consulta política posterior que dirimiría la cuestión de régimen. Todo hace pensar que ésta fue la interpretación que le quiso dar Berenguer y que si se le reprochó mucho tiempo después la razón estriba en las interpretaciones hechas a partir de la Guerra Civil. Pero ése fue un planteamiento muy posterior mientras que la renuncia a la fuerza fue una actitud generalizada en el gobierno. Aznar, por su parte, no tuvo el menor reparo en considerar correcta la comunicación de su antecesor a los mandos militares. Igual juicio le mereció al marqués de Hoyos, como responsable que era del orden público: le pareció que por ese procedimiento podían evitarse intentonas revolucionarias en sectores militares.

Al mediodía, el Rey despachó con Aznar, Alhucemas y Romanones, lo que revela en quién confiaba más y dónde estaba el centro de gravedad del Gobierno. El último, que nunca llegó a enviar el análisis político prometido a las embajadas, luego explicaría cuál era su posición en aquellos momentos y cuál la del monarca. Consideraba la partida como perdida y tan sólo mantenía el interrogante de cómo se debían sacar las consecuencias de la derrota. El juicio de Alfonso XIII en ese momento resultaba coincidente con el del Gobierno en la apreciación de los resultados como una severa derrota, pero todavía mantenía una cierta apreciación de la posibilidad de otros caminos más que el simple cambio de régimen. «Yo», le dijo el monarca, «no seré obstáculo en el camino que haya que tomar pero creo que aún hay varios caminos».

Aunque no estaba previsto hasta el día siguiente, martes, las circunstancias y la presión de algunos de sus componentes provocaron la inmediata convocatoria del Consejo de Ministros que se reunió a las tres y media. Romanones lo describió como el Consejo de las «lamentaciones» y se hizo eco de la «viva impaciencia» de algunos de sus componentes «por verse libres de responsabilidades». En este punto coincide Berenguer que cifra en cuatro los ministros que no estaban dispuestos a mantenerse en el Gobierno de ninguna manera. Hubo un acuerdo de fondo en que era preciso olvidar las elecciones provinciales y proceder a unas elecciones generales de carácter político, en lo que Berenguer vio como una rectificación demasiado tardía del programa del Gobierno Aznar. Finalmente, la posición del Gobierno quedó resumida en una nota cuya iniciativa corrió de parte de Romanones, uno de los pocos que las tuvo en este momento y que había venido con el borrador de la misma a la reunión del Consejo. Como en el caso de la comunicación de Berenguer a las autoridades militares, se partía de que las elecciones habían constituido un fracaso político del Gobierno. No lo desvirtuaba el hecho de que el voto urbano se viera «contradicho y superado» por el voto rural. En consecuencia, se llegaba a la conclusión de que era preciso «facilitar a Su Majestad el Rey el que pueda oír otras opiniones y resolver con plena autoridad». Esta frase aludía sin duda a la sustitución del Gobierno. En cuanto al futuro político inmediato quedaba resuelto con la recomendación de que «en el plazo más breve posible» se ofreciera a la voluntad nacional la ocasión de pronunciarse con todas las garantías legales. En el momento en que el borrador fue definitivamente convertido en la posición colectiva surgió una discusión de fondo cuya aspereza fue recalcada por Cierva en sus memorias pero que el resto de los protagonistas no presentan de manera parecida. Según el político conservador, «con la natural vehemencia» (que, desde luego, resultaba habitual en él) se opuso a que se le pudiera considerar dimisionario como ministro y al contenido mismo de la nota. Sin embargo, consiguió que le apoyara tan sólo uno de los ministros, Bugallal, según su propia declaración, que no coincide con las del resto de los presentes. Hoyos, no obstante, parece no haber dado por supuesta la derrota de la Monarquía pero la opinión de otras personalidades de significación conservadora resultó contraria a la suya. Maura llegó a decir, según Cierva, que «después de las elecciones de ayer me parece ilegítima la Monarquía en España». De acuerdo con el mismo Cierva, la nota al Rey no fue aprobada sino que se encargó al presidente que se le comunicara al Rey el contenido del debate del Consejo con la apreciación de cada uno de sus miembros [86]. En realidad, no existe más que una pura diferencia de matiz en lo sucedido. La frase de Maura, que para Cierva era un símbolo de derrotismo, puede muy bien expresar la conciencia de la mayoría del Gobierno, aun con matices en la formulación.

No fue ésta la única cuestión tratada en la reunión del Consejo sino que también se abordaron otras. Hoyos propuso la suspensión de parte de las garantías constitucionales, propuesta en la que no le siguió nadie. Por su parte, Berenguer leyó el telegrama enviado a las autoridades militares, que no pareció despertar ninguna protesta o queja con la repetida excepción de Cierva cuya misma narración, sin embargo, no indica que insistiera en la cuestión. Ni Berenguer ni Hoyos, en sus respectivas memorias, dan la sensación de que la posición de Cierva fuera de enfrentamiento frontal con el ministro de la Guerra. Berenguer llega a añadir que, ofrecida una rectificación en el sentido de hacer una explícita mención al régimen monárquico, ni siquiera Cierva la consideró necesaria. El otro dirigente conservador de más peso en el Gobierno, Gabriel Maura, juzga en sus memorias que la comunicación de Berenguer a las autoridades militares no sólo fue «irreprochable» sino también «la única propia de un ministro constitucional» En una nota de su archivo añade algo más que nos interesa de forma especial: fue el propio Rey quien, «sin pedir ni recibir consejo de nadie», tomó la decisión de ausentarse sin abdicar.

A partir de este momento dos nuevos hechos políticos jugaron un papel decisivo en los acontecimientos. El primero fue la práctica desaparición del Gobierno como instrumento de acción política. Sus miembros se habían demostrado abrumados e incapaces de una acción conjunta. Este fue el caso, en especial, de su presidente, Aznar, quien ante los periodistas que le preguntaban acerca del posible planteamiento de una crisis gubernamental se limitó a replicar: «¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano?». No puede extrañar en esas circunstancias que proliferaran las iniciativas particulares. La primera de ellas, en realidad, aunque no se llevó a cabo de manera completa hasta una vez concluido el Consejo, se había iniciado antes de la celebración del mismo. Protagonista principal de ella fue el duque de Maura, que la había gestado con el comienzo del día tras recibir en el Ministerio del que era titular (Trabajo) a Ventosa, recién llegado de Barcelona. A ellos se unieron algunos de los dirigentes mauristas más conocidos. Si ya la frase que recoge en sus memorias Cierva es un buen testimonio de lo que pensaba el primogénito de la dinastía de los Maura sus propias memorias lo ratifican. Las elecciones demostraban que ya el electorado español no era manejable: desde la Puerta del Sol resultaba fácil deshonrar las elecciones pero no ganarlas. El escrutinio se imponía como una derrota de la institución monárquica de una manera tan abrumadora que «no se me ocurrió», cuenta Maura, «pedir a la Matemática argumentos contra la evidencia». Pensó que lo probable era que se formara un nuevo gobierno de significación constitucionalista que presidiría una consulta electoral constituyente mientras el Rey permanecía expatriado. De esta idea pasó a imaginar otra posible solución alternativa: la celebración de elecciones constituyentes de forma inmediata pero presididas por el mismo gobierno que había llevado a cabo las de carácter municipal. Para que esta solución resultara viable era imprescindible que la aceptaran tanto el Rey como las izquierdas. El primero no tuvo dudas, ya en ese momento. Recibida la propuesta a través de Honorio Maura, la aceptó pero, al mismo tiempo, «no ocultó», cuenta de nuevo Maura, «a mi hermano las fuertes presiones que sobre él se ejercían para que no se marchara añadiendo que si tuviese la debilidad de escucharlas, los mismos a quienes cediera entonces le reprocharían alguna vez no haber pensado únicamente en España». No fue la primera ni sería la última vez que sucediera algo parecido. A pesar de que Cierva así lo afirme en sus memorias, probablemente para dar salida a unos agravios personales largamente incubados, no hay el menor indicio de que Alfonso XIII fuera convencido por Maura para adoptar tal postura, sino que todo hace pensar que su juicio acerca de la situación resultó coincidente con el de Maura y Romanones sin necesidad de presión alguna. Lo que falló, en cambio, fue la aceptación del Comité republicano. Miguel Maura, ante la oferta de su propio hermano replicó, cuando era ya media noche, que, incluso si las izquierdas hubieran aceptado unánimemente la propuesta, ésta habría sido desechada por las masas republicanas [87].

Por otro lado, a esas alturas se hizo presente otro factor muy poco controlable por nadie pero que influyó sobre todos los protagonistas políticos. Por la noche comenzaron las manifestaciones populares. No parecían contener un carácter revolucionario ni tenían por qué concluir en la violencia; más bien se trató de una espontánea expresión de júbilo popular. Aunque existían instrucciones para disolver las manifestaciones no se cumplieron, quizá porque las autoridades mismas no controlaban ya a quienes debían hacerlo. Se trató de simple «barullo», en palabras del ministro de la Gobernación, que acabó por disolverse [88]. Hubo tiros en el entorno del Ministerio de la Guerra que preocuparon al Rey, todavía ignorante del contenido del Consejo de Ministros. Cuando preguntó a Berenguer sobre el particular éste no llegó a informarle de lo sucedido.

Alfonso XIII debió esperar hasta el día siguiente para que Aznar le explicara lo ocurrido. A primera hora del 14 de abril lo hizo el presidente y en ese momento se debió optar por lo único lógico, es decir, ya que existían discrepancias en la apreciación del momento por parte de los ministros, tratar de conocer con más detalle sus opiniones. Pero a estas alturas por un procedimiento indirecto ya un sector de los monárquicos había dado un diagnóstico que era todavía más pesimista que el de Gabriel Maura. Romanones, a través del conde de Casa Aguilar, había explicado su postura que no era otra que proceder a una «ordenada transmisión de poderes», porque la posibilidad constitucionalista, todavía viva en febrero de 1931, se había esfumado a esas alturas dado el ingreso de un político como Melquíades Álvarez en las filas del republicanismo. Entonces Romanones fue encargado por el monarca de establecer la relación con los dirigentes republicanos, lo que era lógico por su significación política y porque el contacto previo a través de Maura no había concluido en ninguna posibilidad de acuerdo.

Sólo en ese momento es necesario introducir en la narración a los dirigentes republicanos y socialistas cuya actitud, aunque muy satisfecha, no parecía por completo resuelta a la definitiva ocupación del poder. Es posible que el carácter de cada uno de ellos influyera en la decisión a la que entre todos llegaron pero resulta todavía más evidente que la situación de la calle constituyó para ellos todo un acicate para decidirse. Según declaración propia, Miguel Maura fue quien de un modo más impetuoso se inclinó por tomar un poder que podía ya considerarse vacante. Otros, sin embargo, pensaban que «el Rey, en una suprema reacción de defensa, decretaría el estado de guerra y echaría el ejército a la calle». Azaña, «hombre de inteligencia extraordinaria y de cualidades excelsas» pero que, según Maura, estaba «aquejado de un miedo físico insuperable», puede haber sido el más reticente. Alcalá Zamora le presenta, con toda mala intención, dispuesto a ocupar una cartera ministerial que, de acuerdo con su opinión, había hecho poco por merecer [89]. El resultado de lo que sucedía en la calle fue, de todos modos, para los dirigentes republicanos, la decisión de no exigir menos que la entrega del poder.

En estas condiciones se celebró, por la mañana del día 14, la entrevista entre Romanones y Alcalá Zamora (jefe y subordinado de un mismo grupo político en otro tiempo) en casa de Marañón. La interpretación que de ella ofrece Alcalá Zamora insiste en la presión del ambiente sobre los republicanos y en el evidente talante de derrota del dirigente monárquico: «La capitulación de la Monarquía en casa de Marañón», asegura, «fue ofrecida por aquélla sin darnos tiempo a exigirla cual ya habíamos decidido». Hubo, a lo sumo, un modesto intento de Romanones por proponer un gobierno de significación constitucionalista presidido por Villanueva pero fue pronto descartado. La sumisión de los dirigentes monárquicos a la nueva situación fue casi instantánea, hasta el extremo de que no tardaría en presentarse el propio Aznar en uniforme, como signo de acatamiento a los vencedores. Romanones, por una parte, expone sus propósitos con afán exculpatorio que se explica por el momento en que escribió su libro. Lo que le guiaba eran «sentimientos de humanidad y sentido de realidad», dos óptimos motivos para la acción en ese momento que sin duda le pueden ser atribuidos con plena justicia. Otra frase suya, inmediatamente a continuación, contribuye a ofrecernos un nuevo argumento exculpatorio y un juicio acerca del ambiente: «Cuando yo, por encargo del Rey, flameé en casa del doctor Marañón la bandera blanca todo había terminado y de la Monarquía sólo quedaba una cosa: el recuerdo». Pero, además, ofrece como argumento importante la constatación de que la otra parte con la que le había tocado dialogar también podía aparecer dando una imagen de hostilidad abrupta y de reclamación violenta del poder. Alcalá Zamora no sólo le habría comunicado que la República ya se había proclamado en Éibar y que gran parte de los gobernadores civiles aceptaban la emergente legalidad republicana sino que dio un plazo de tiempo para tomar una decisión «antes de que caiga el sol». Un argumento complementario para su posición fue que Sanjurjo también se decantaba por la aceptación de la legalidad republicana y eso convertía a la batalla en «irremisiblemente perdida» [90]. Tras esta entrevista las noticias circularon con rapidez por Madrid y fueron retransmitidas por los embajadores extranjeros a sus respectivos ministerios. A las tres de la tarde todavía parecía existir la posibilidad de que los constitucionalistas presidieran un gobierno encargado de celebrar las elecciones. Ya por la tarde el embajador francés, Corbin, telegrafió señalando el estado de ánimo desmoralizado de los ministros liberales, con quienes mantenía contacto principalmente. A las diez y media de la noche el subsecretario de Estado anunció que el Rey abanonaba el país [91].

A todo esto, Romanones, como es lógico, había informado de forma inmediata a Alfonso XIII de la conversación en casa de Marañón. Con ello volvemos en nuestra narración a Palacio en donde durante aquella mañana del 14 hubo una sucesión de escenas de las que fueron principales protagonistas quienes estaban desplazados por el desarrollo de los acontecimientos. Da la sensación de que las sucesivas entrevistas con el monarca habían sido preparadas de modo que aquellos que estaban más lejanos de lo que era su apreciación de las circunstancias (y la de Maura y Romanones) acudieran los últimos. Al entrar en Palacio Cierva con Bugallal recibió de Romanones la noticia de que el Rey había decidido ya ausentarse de España. Esa era, por el momento la principal novedad del día porque a nadie se le comunicó la gestión del jefe liberal con Alcalá Zamora. El Rey tuvo un detalle afectuoso con Berenguer, que creyó ver aceptada ahora por el monarca su tesis de que hubiera sido mejor convocar en primer lugar las elecciones generales. A Ventosa y sobre todo a Cierva Alfonso XIII les dejó bien claro que no quería recurrir al empleo de la fuerza para mantenerse como monarca de España. Cuando el político murciano le replicó arguyendo que debía mantenerse fiel a la Patria la reacción del Rey estuvo a punto de ser airada, actitud que se explica por la propia intemperancia de aquel: «Lo que pasa», dijo, «es que hay en España algunos que en estas materias no ven más allá de sus narices y no aprecian el problema de conjunto, no ven la lejanía, sólo ven el aspecto inmediato de la perspectiva. Yo no puedo consentir que con actos de fuerza para defenderme se derrame sangre y por eso me aparto de este país». Cuando Cierva trató de responderle, prácticamente el monarca le cortó la palabra [92]. En el transcurso de la mañana el Rey ya había decidido que su manifiesto al país para explicar su partida de España lo redactara Gabriel Maura. Al hablar con sus ministros dio la sensación de que, a pesar de esa decisión, seguía pensando todavía en la remota posibilidad de que un gobierno constitucionalista presidiera las elecciones. Fue la llegada de Romanones, tras la conversación con Alcalá Zamora, la que acabó por convencerle de que aquella opción era ya imposible. En el último momento parece, sin embargo, haberle pasado por la cabeza la posibilidad de una regencia presidida por don Carlos de Borbón, cuya actitud antidictatorial conocemos de sobra; quizá en las horas centrales del día todavía estaba pendiente la posibilidad de alguna solución con los constitucionalistas. Cuando recibió a su fiel Romanones para conocer la mala noticia de que esa fórmula era poco viable la tensión existente entre sus cortesanos se había hecho patente. El conde cuenta en sus memorias que tuvo que protegerse con las manos dada la actitud de algunos de aquellos al penetrar en los aposentos reales.

Alfonso XIII no varió ya su posición, de forma que es posible emitir un juicio acerca de su actitud en aquellos momentos. Los monárquicos liberales y los historiadores de significación parecida no han ahorrado frases de elogio por ello. No es necesario acumular las citas pero puede resultar útil espigar algunas. Seco argumenta que, porque estaba acostumbrado a tratar de ver «realidades vivas tras el tinglado constitucional» y su falseamiento caciquil, el Rey fue capaz de darse cuenta de que no tenía sentido intentar mantener a ultranza el régimen monárquico. Gabriel Maura escribió que Alfonso XIII «conquistó durante aquellas horas el homenaje de respeto admirativo que tributé siempre a la hidalga serenidad de ánimo y a la abnegación patriótica». Para Romanones, amigo del monarca pero también crítico suyo durante la Dictadura, la partida del Rey «fue la decisión de un gran patriota, de un insigne español y de un hombre de bien y cristiano que prestó a su patria y a su dinastía un gran servicio» [93]. Tampoco el resto de las posturas políticas del momento se cebaron en el monarca. Los monárquicos que evolucionaban hacia la extrema derecha tendieron más bien a atribuir la supuesta blandura en el manejo de la situación a los componentes del Gobierno. Los dirigentes republicanos a lo sumo son proclives en sus explicaciones a dar por supuesto que el Rey no tenía otro remedio que abandonar España. Lo que unos y otros aceptaron con mayor dificultad es que el final de la Monarquía fue también una prueba de lo que había sido en el pasado. El sistema político estaba presidido por el caciquismo y el Rey cometió, sin duda, no pocos errores. Pero aquélla fue hasta el final una Monarquía liberal, aun con todas las limitaciones de lo que el término quería decir en la época y con la propensión, típica del regeneracionismo, a considerar que por medios temporalmente autoritarios se podía llegar a un liberalismo más auténtico. Sin duda el Rey era muy consciente de que el repudio hacia su persona, alimentado por diatribas como las de Prieto, había causado un mal, irremediable por el momento, a la institución. A partir de estas premisas, el establecimiento de una comparación con casos históricos parecidos ofrece el juicio más imparcial acerca de la postura adoptada por Alfonso XIII en 1931. Trasladémonos en el tiempo y a otra área geográfica. En Italia, tras la abdicación, mucho tiempo postergada, de Víctor Manuel III, como consecuencia de su colaboración con el fascismo, su hijo Humberto II ocupó provisionalmente la Jefatura de Estado con el título de «lugarteniente». No dejó de tener algunos aciertos como, por ejemplo, evitar la formación de un partido monárquico y aceptar la revisión del Estatuto, ya muy superado. Pero cuando, en junio de 1946, se celebró un referéndum en el que la opción republicana se impuso por unos dos millones de votos, se negó a aceptar el cambio de régimen que llegó a describir como «un acto de violencia» y acusó de él a las oligarquías de los partidos. Por algunos días pareció que en Italia iba a producirse una grave crisis institucional pero el presidente del Consejo, De Gasperi, la evitó proclamando los resultados del referéndum. La actitud de Alfonso XIII tras una consulta de resultados más discutibles fue muy distinta [94].

Pero es necesario volver a la narración de los acontecimientos. En las horas centrales del día 14 se proclamó la República en Barcelona, signo evidente de hasta qué punto los acontecimientos se precipitaban y se arrastraban los unos a los otros. Lo previsible a esas alturas era ya que se produjera una declaración sucesiva y en cascada de cambio de régimen en las principales ciudades españolas, con o sin derramamiento de sangre. La llamada de Alcalá Zamora a la capital catalana sirvió para enmarcar el cambio de régimen dentro de un proceso global evitando disociar el sentimiento nacionalista y el republicanismo a pesar de que la vencedora en las elecciones municipales era Ezquerra, por el momento poco relacionada con la conjunción republicano-socialista. A las cinco de la tarde se celebró el último Consejo de Ministros de la Monarquía cuando ya el cambio de régimen era imparable y sólo cuestiones menores quedaban sobre el tapete. Hoyos había estado obsesionado con la posibilidad de declarar el estado de guerra porque temía el desorden público o el estallido revolucionario. Hasta entonces no había obtenido el apoyo del resto del gabinete y ahora ya había desaparecido cualquier sentido de esa medida. Pero, según Hoyos, Romanones pretendió ahora «curarse en salud implicando a los militares» y proponiendo, por tanto, la declaración del estado de guerra. Berenguer, por su parte, asegura haber dicho que ya no era el tiempo de hacerlo cuando se había pactado con el adversario. En realidad, eran cuestiones mínimas porque todos ellos estaban de acuerdo en la entrega del poder a los republicanos y en tratar de hacer todo lo posible para evitar cualquier derramamiento de sangre. Tan sólo en La Coruña y en Granada se llegó a tomar la medida citada. A la salida del Consejo de Ministros estalló la tensión hasta ahora larvada entre Romanones y Cierva, en quienes se puede haber identificado las dos posturas en el seno de la política monárquica aunque con claro predominio de la primera. Con el segundo ahora Alfonso XIII estuvo más cordial en contraste con la sequedad de momentos anteriores. «Juan, no me guardes rencor», le dijo. En el entorno cortesano arreciaron la protestas, ya inútiles, ante el inmediato fin de la Monarquía. De alguna manera se reprodujo el enfrentamiento entre las autoridades civiles ahora con los militares. Cavalcanti pretendió que era posible mantener la Monarquía con el apoyo del ejército y Berenguer le repuso que debía probar esa afirmación [95]. Si se hubiera intentado, todo hace pensar que se habría producido un inútil derramamiento de sangre sin ninguna esperanza de victoria.

Mientras tanto, comenzaba en Madrid la fiesta popular que concluiría con la proclamación del nuevo régimen cuando, a las siete, se ocupó el Ministerio de la Gobernación. Un inmenso gentío llenó la calle de Alcalá avanzando hacia la Puerta del Sol. «Tardamos», cuenta Miguel Maura, «cerca de dos horas en recorrer el trayecto de la calle de Alcalá que une la Plaza de la Cibeles con la Puerta del Sol, o sea, poco más de un kilómetro» [96]. El subsecretario de Gobernación no sólo no puso resistencia a la toma del edificio sino que se limitó a darse por enterado del hecho; el Comité republicano socialista pudo, por tanto, decir que el poder había sido tomado «sin tramitación y sin resistencia y oposición protocolaria alguna». Fueron antiguos monárquicos como Alcalá Zamora o Miguel Maura los que tuvieron un mayor protagonismo en esos momentos. Romanones, del otro lado, contempló con admiración el entusiasmo de unas masas que nunca había tenido tras de sí la política monárquica. Se había producido un acontecimiento totalmente inesperado para los dirigentes de los partidos del turno y, menos aún, que pudiera tener lugar sin venir acompañado de manifestaciones revolucionarias. Las masas habían ingresado en la vida pública y no la dejarían hasta el final de la Guerra Civil. Romanones que, aparte de haber asistido al último Consejo de la Monarquía, también había estado presente en el primero, era quien mejor se podía dar cuenta del cambio producido en la vida política española.

A las nueve partió el Rey de Madrid en dirección a Cartagena, camino del exilio. En el momento de abandonar Palacio, cuenta quien debió presenciar los acontecimientos, «el único momento en que dio señales de quebrarse la maravillosa calma de don Alfonso fue al pasar ante un retrato de su madre, la Reina María Cristina, saludándolo con la mano» [97]. El viaje no lo hizo hacia Portugal, como había sugerido Romanones, quizá para evitar posibles agresiones y desde el principio se había dado por supuesto que tampoco podía hacerlo por Irún, dada su significación republicana. En el manifiesto destinado a despedirse, cuya autoría ya conocemos, Alfonso XIII se declaraba consciente de que había perdido el «amor de su pueblo» pero expresaba su confianza en que este desvío no fuera definitivo. Admitía haberse equivocado «alguna vez», pero hacía también la declaración de que la buena voluntad había presidido todas su acciones. Aseguraba que creía que hubiera contado con medios de fuerza para imponer el ejercicio de la regia prerrogativa pero que no lo hizo porque ello supondría una «fratricida guerra civil». Las palabras entrecomilladas dieron sentido con el paso del tiempo a la pretensión de la Monarquía de aparecer como instrumento de reconciliación al final de la Guerra Civil. De momento, sin embargo, la «adecuada expresión de conciencia colectiva» que decía esperar no tendría en absoluto como resultado una restauración. En las palabras del monarca hubo también el testimonio de su conciencia de que algo decisivo cambiaba en la historia española en aquellos momentos. Al dejar a España como «única señora de sus destinos» de hecho liquidaba la soberanía compartida que había constituido uno de los ejes esenciales de la España de la Restauración y de la Constitución de 1876 y abría el paso a la democracia que caracterizaría a la experiencia republicana de 1931.

Apenas es necesario establecer unas conclusiones acerca de los acontecimientos vividos en esos momentos que tuvieron como consecuencia el paso de un régimen monárquico al republicano porque bien patentes habrán quedado a lo largo de las líneas que preceden. De todos modos, siempre resultará útil insistir en algún punto preciso. Sin duda es cierta la carencia de un gobierno efectivo. Es probable que con uno que reuniera esas características, con homogeneidad en los propósitos y firmeza en la dirección, quizá los acontecimientos hubieran tenido lugar de otro modo. Pero todo hace pensar que la proclamación de la República era inevitable después de los resultados de las elecciones municipales. No cabe la menor duda, por otro lado, de que el procedimiento por el que se llegó a ella fue el mejor que cabía imaginar. No sólo el Rey sino la mayor parte de los dirigentes monárquicos y también de los republicanos estuvieron a la altura de las circunstancias. A pesar de que hubiera discrepancias entre los ministros, que las multiplicaron a la hora de redactar sus memorias, también existió una esencial identidad de criterio que no llegó a quebrar por completo aunque algunos se sintieron marginados de la toma de decisiones fundamentales. Lo más importante, sin embargo, no fue tanto el cambio de régimen como el paso de un sistema político a otro. La gran cuestión dirimida el 12 de abril por los españoles fue ésa y por eso la gran vencida no fue la Monarquía sino el caciquismo. En este sentido se puede decir que lo ocurrido en esas elecciones no fue tanto una victoria de unos españoles sobre otros como el triunfo de todos ellos sobre las limitaciones de su comportamiento político previo. Además, la Monarquía cayó no tanto porque existiera un debate teórico con respecto a ella ni por los errores del Rey, a pesar de haber puesto en peligro su trono durante el periodo dictatorial, sino porque la Monarquía de la Restauración, que ya estaba vinculada al caciquismo antes de 1923, definitivamente lo estuvo de nuevo en 1930 al ponerse en marcha el programa de gobierno de Berenguer.

CAPÍTULO VI

UN AMARGO FINAL

«Desde la muerte de mi madre sentía una terrible crisis de ánimo», narró luego Alfonso XIII con ocasión de su abandono de la Península. El viaje de Madrid a Cartagena lo hizo acompañado por el almirante Rivera, ministro de la Marina, y durante el mismo tuvo la ocasión de comprobar cómo los españoles celebraban con una inesperada y vibrante alegría la llegada del nuevo régimen. Embarcado en el Príncipe Alfonso, el buque se dirigió hacia Marsella. Mientras tanto, en Madrid, el viaje de la Reina, del príncipe de Asturias y de los infantes el 15 de abril tuvo su inicio en tren desde El Escorial. Romanones se había puesto de nuevo en contacto con Marañón para que la Guardia Civil prestara protección a la familia real hasta la misma frontera; no hubo dificultades e incluso al pasar por provincias conservadoras de Castilla los viajeros fueron acogidos con muestras de afecto. La Reina, antes de partir, había recogido diversos objetos de Palacio pero parece que fueron tan sólo recuerdos y no papeles, lo que testimonia que de allí apenas pudieron desaparecer documentos políticos comprometedores. Fue Romanones —y no el propio don Alfonso— quien le comunicó la partida, lo que parece indicar la premura de las circunstancias y también el estado de las relaciones entre la pareja. Por su parte, el infante don Juan, que no tenía todavía dieciocho años, inició su exilio desde San Fernando; hasta el advenimiento de su hijo Juan Carlos al Trono español seguiría siendo un exiliado. En el transcurso del viaje hasta el puerto francés su padre había redactado dos manifiestos dedicados al Ejército y a la Marina, prueba de las especiales relaciones de aquella Monarquía y la milicia. El contenido de ambos no tenía nada, sin embargo, que pudiera hacer pensar en una voluntad de resistencia a lo sucedido sino que, por el contrario, aludía a la necesaria disciplina. Eso parecía indicar conformidad con la situación pero era ficticia. «Lo más terrible», contó luego; «fue cuando desde la cubierta del barco vi desaparecer en las brumas del alba la costa de España. Te confieso que entonces me desplomé en un tremendo desconsuelo y lloré como un niño», contó luego don Alfonso [1].

Durante el viaje, don Alfonso, que era Rey desde segundos después de su nacimiento, ya había empezado a pensar en el que habría de resultar su largo exilio. A Cambó, que le vio después, solo y carente hasta de la compañía de un libro o un periódico en el hotel Meurice de París, le narró cómo había podido presenciar en el Príncipe Alfonso la confección de la bandera republicana y la progresiva indiferencia de la tripulación hacia su persona. Habló además durante la travesía con el infante don Alfonso de Orleáns y Borbón, su primo hermano, quien le recomendó dos actitudes que revelan el estado de sus relaciones conyugales y el temor de sus allegados a un posible desvío de sus obligaciones. Acerca de la Reina le recomendó «que sea cariñoso con Ena en la común desgracia y no se vea discordia» pues «no debe olvidar que los nervios de Ena han sufrido mucho» y que «vivan juntos en una casa». Desde el punto de vista político, le sugirió la dedicación a la tarea de poner en marcha la restauración manteniendo todo tipo de entrevistas políticas con sus fieles y con personas que pudieran llegar a ser ministros, como si temiera que el monarca pudiera perderse en la ociosidad. Tres días después de la proclamación de la República, en los círculos monárquicos españoles exiliados en París se afirmaba que si las nuevas autoridades políticas en España dilataban tres meses la convocatoria de las Cortes Constituyentes, los grupos partidarios de la Monarquía obtendrían un gran éxito en dichas elecciones. De acuerdo con esas fuentes, bastaría para ello con que los partidos fieles a Alfonso XIII se limitaran a conseguir una unidad de la que por el momento habían carecido [2]. Pero esta opinión, anclada en una visión demasiado optimista, que para nada tenía en cuenta la dimensión de lo acontecido en España en las elecciones de abril, pronto quedó desmentida por la evolución de los acontecimientos.

La República, en efecto, se consolidó pese a que sus avatares muy pronto fueron conflictivos y el Rey destronado supo percibir esa realidad demostrando una mayor, aunque amarga, magnanimidad que buena parte de sus seguidores. Todavía a comienzos de mayo Alfonso XIII declaró al director del principal diario monárquico madrileño que «estaba decidido, absolutamente decidido, a no poner la menor dificultad a la actuación del Gobierno republicano que, para mí y por encima de todo, es en estos momentos el Gobierno de España. Quiero que lo digas, quiero que lo sepan todos, los monárquicos y los republicanos, cualesquiera que sean las interpretaciones torcidas que la pasión pueda dar a mis palabras». Era una reacción paralela a la «luna de miel» con las nuevas instituciones que parecía sentir el conjunto del país. Recordó, por otra parte, que al renunciar al ejercicio de su magistratura había «declinado los ofrecimientos que se le hicieron de quedarse y gobernar por la fuerza». Aceptó, además, haber cometido errores pero —añadió de forma inmediata— «en estos posibles errores yo sólo pensé en el bien de España». Afirmó que si había aceptado la Dictadura era porque «era un hecho consumado» en el momento en que lo hizo y declaró que esperaba que un día la «Historia le haría justicia». Esto último constituiría para él, como veremos, una auténtica obsesión hasta el momento de su muerte [3].

Pronto se hizo patente, no obstante, que el cambio de régimen no había restañado heridas previas sino que se mantenían abiertas y supuraban. El 12 de noviembre de 1931 se hizo público, en la prensa y en el Diario de Sesiones el dictamen de la Comisión de Responsabilidades de las Cortes Constituyentes españolas contra don Alfonso de Borbón [4]. Se le acusaba de haber mantenido una «tenaz desviación del Poder real al apartarse de las normas constitucionales» y de haber mantenido «desde sus albores una irrefrenable inclinación hacia el Poder absoluto». Su acatamiento a la Constitución siempre fue «formulario e ineficiente»; los ministros por él preferidos resultaron «los que se oponían más duramente a las aspiraciones populares» y él mismo otorgaba «por sí mismo los cargos militares, las mercedes y recompensas para suscitar una personal adhesión en el ejército». En cambio, al Parlamento «lo toleraba sólo a manera de ficción democrática» y los repetidos «decretos de disolución» destruían «ese débil vestigio del poder popular». «La intervención de nuestros gobiernos en África siempre fue contraria a la voluntad del pueblo», añadía el dictamen que, sobre Annual, indicaba que «directamente y a espalda del Consejo de Ministros había dispuesto esta operación militar». Acerca de la Dictadura señaló «el carácter palatino de los militares que fueron el núcleo de la sublevación». Refiriéndose a Salvatella consideró evidente la propensión «confesada a algunos de sus Consejeros de gobernar por él mismo». La participación del Rey en el golpe sería «un hecho histórico incontrovertible»; las guarniciones habrían estado a su lado y «este hecho le señalaría de modo notorio e incontrovertible» como «el esencial y primer responsable del triunfo de la sublevación». En el pasado y en ese momento no cabría «señalar la existencia de ministros responsables» verdaderos que exoneraran al Rey de la responsabilidad política.

En suma, Alfonso XIII habría cometido un «delito de lesa majestad por haber realizado tales desafueros contra la soberanía del pueblo» y sería «jefe de una rebelión militar encaminada a cambiar la forma de Gobierno representativo por la de su poder personal absoluto». Por tanto, debía ser «degradado solemnemente de todas sus dignidades, derechos y títulos». «Aunque la gravedad de sus culpas le harían merecedor de la pena de muerte», la negativa de los constituyentes a admitir esta pena llevaba a la Comisión a solicitar tan sólo «reclusión perpetua en el caso de que pise territorio nacional». Sólo le sería aplicable la pena de muerte «en el caso de que por continuar sus actos de rebeldía después de destronado por el pueblo por su personal actuación y la de sus secuaces pudiera constituir un peligro para el Estado republicano». En fin, «de todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en territorio nacional se incautaría en su beneficio el Estado», en especial para compensar los resultados de la inmoralidad administrativa existente durante el periodo dictatorial.

Dos miembros de la Comisión de Responsabilidades, Royo Villanova y José Centeno, representantes de la izquierda liberal durante la Monarquía, habían elaborado un voto particular, más moderado tanto en la descripción de los acontecimientos como en las penas pedidas. «La templanza y la generosidad del pueblo», recordaban, «ha servido para robustecer al régimen republicano» y por eso «nadie molestó en Portugal al joven monarca D. Manuel, privado de la corona con la sencillez con que se destituye a cualquier funcionario público». En Portugal, según los autores de la enmienda, nadie pensaría en el restablecimiento de la Monarquía a pesar de la levedad de las penas contra los miembros de la dinastía. En suma, opinaban que al Rey había que considerarle «responsable del delito de alta traición, cualificado moralmente por el perjurio y jurídicamente por el secuestro alevoso y reiterado de la soberanía nacional» y proponían condenarle a «extrañamiento perpetuo y a la accesoria de inhabilitación» para el ejercicio de todo cargo público.

El dictamen mayoritario de la Comisión era muy representativo del clima vivido en las Cortes Constituyentes. El fervor antimonárquico y la vehemencia, al modo de esos radical-socialistas a los que Ortega y Gasset describió como «jabalíes», predominaban sobre la voluntad de reconstrucción histórica, sobre las pruebas fehacientes (que no aparecían) y sobre la voluntad de utilizar un lenguaje estrictamente jurídico. Veremos que así lo señalaron algunos de quienes intervinieron con posterioridad en la discusión del dictamen pero hay un hecho más al que cabe aludir. De los firmantes del acta de acusación, su redactor, Eduardo Ortega y Gasset, y dos miembros más habían sido parlamentarios en las Cortes de la Monarquía; sucedía lo mismo con los dos firmantes del voto particular. Eso mismo quitaba sentido a la consideración del legislativo de la época como una ficción. Pero el juicio de uno de los grandes personajes republicanos todavía resulta más duro. Según cuenta Azaña, todo el mundo lo habría considerado «mal escrito, mal pensado, declamatorio, pueril». El propio Jiménez de Asúa, principal redactor de la Constitución, afirmó ante él que era «risible»; Prieto lo consideraba «una pamplina». El dirigente de Acción Republicana ni siquiera lo había leído y cuando lo hizo lo describió como «detestable» pero se negó a hacer una intervención particular y discreta para modificar el contenido [5]. Desde un principio la gestación del dictamen había estado rodeada de aspectos nada gratos, como la revelación de que uno de sus miembros filtraba información a March. Pero lo más lamentable era que los constituyentes habían demostrado estar muy lejos de la consideración del 14 de abril como una fecha histórica en la que se había producido un cambio sustancial en la vida política española y habían permanecido en el lenguaje de las «Hojas Libres» redactadas por quien había hecho el dictamen.

La discusión del acta de acusación se llevó a cabo una semana después [6]. Tras una cuestión incidental planteada por el futuro ministro Pita Romero, relativa a que el dictamen podía preestablecer la responsabilidad penal de los generales acusados de haber intervenido en la conspiración de septiembre de 1923, quien defendió al monarca fue Romanones. Cuenta en sus memorias que estuvo dispuesto a renunciar a ello si hubiera existido otro diputado que ocupara su lugar. No consultó al monarca pero supo que hubiera preferido ser condenado sin defensa; sin embargo, el recuerdo de doña María Cristina, a la que luego dedicó un libro, le impulsó a hacerlo. Fue, pues, el mundo del liberalismo de la Restauración quien con su intervención trató de reivindicarse a sí mismo. Lo hizo en una sesión nocturna que el orador describió como «un espectáculo digno de ser retenido». Azaña ratifica el ambiente de expectación y asegura su deseo inicial de no intervenir [7].

Romanones afirmó que lo hacía porque de lo contrario se juzgaría su actitud como una felonía. El dictamen —aseguró— mostraba un «absoluto olvido de lo que son requisitos esenciales de todo proceso»; en su réplica declaró que se ceñiría al dictamen y nada más que a él. Se pretendía que Alfonso XIII había tenido «inclinaciones de poder absoluto» pero «si juzgáramos por las inclinaciones, ¿quién sería el que estuviera libre de condena?». Se le acusaba de apoyarse en el ejército para imponerse pero «si se lo propuso, no lo consiguió» y buena prueba era lo sucedido el 14 de abril. Marruecos le sirvió para plantear la responsabilidad de los gobiernos de la Restauración. «Aquí», dijo, «hay algunos que fueron ministros con don Alfonso; yo les pregunto si alguna vez pusieron al pie de un decreto su firma contra su voluntad»; «yo ni lo concibo ni lo he conocido». Otra cosa era que Alfonso XIII, en efecto, «tenía iniciativas». Sobre Marruecos, más en concreto, recordó que, mientras que ahora se hacía recaer toda la culpabilidad en la persona del Rey en el expediente Picasso, «tan discutido, tan examinado», no había «pruebas fehacientes ni siquiera pruebas indiciarias» de la intervención de don Alfonso. Por otro lado, tras el desastre de Annual todos los gobiernos habían abordado la cuestión de Marruecos de una manera u otra.

«Nació la Dictadura; ésa es la causa principal por la cual se condena a don Alfonso», aseguró en la que fue la parte más decisiva de su discurso. Se definió como «un enemigo irreducible» de ella porque sabía que «la Dictadura traería como consecuencia inevitable el término de la Monarquía». Su argumentación consistió en decir que los capitanes generales que fueron preguntados por su posición mostraron su adhesión al monarca pero «diciendo que tenían viva, vivísima simpatía por la actitud y por las iniciativas del Marqués de Estella». Citó un documento, semejante a algunos de los que han aparecido en este libro al tratar del golpe de Estado, en que el dictador aludía al posible carácter «sangriento» de la sublevación si no alcanzaba el triunfo. Para él, en definitiva, Primo de Rivera había sido «un general que desde el primer momento se impuso al Rey de una manera clara, terminante y categórica». Romanones tuvo la más larga interrupción, en un discurso salpicado de réplicas, cuando aseguró que el Rey sólo hubiera podido resistir si la opinión hubiera estado en contra del golpe. «En Barcelona surgió el movimiento; los catalanes lo conocían y lo alentaron», añadió provocando airadas respuestas en los bancos de Esquerra. De él mismo afirmó haber quedado en «completa soledad» cuando acudió al Palacio de Oriente con Álvarez y se encontró con la negativa del Rey a convocar las Cortes. Se preguntó también sobre si el Rey hubiera podido derribar a la Dictadura. «Yo no sé si lo intentó, ni siquiera si pasó por su mente», respondió; «pero estoy seguro que de haber querido hacerlo el vencido hubiera sido él». Pero luego la situación cambió y «llegó un momento en que el dictador parecía menos inexpugnable y más a tono con lo que habían sido otros presidentes del Consejo» y entonces tuvo lugar el cambio; en este momento el Diario de Sesiones acotó «grandes risas». Se reprodujeron en el momento en que hablando de las penas pecuniarias sufridas por el monarca se refirió a ellas como «esas que duelen porque afectan al bolsillo». «Un hecho histórico de tanta trascendencia ha sido tratado por la Comisión con la sencillez con que se resuelven los juicios de faltas en los juzgados municipales», dijo sin darse cuenta de que él mismo estaba haciendo algo semejante. El momento de su intervención que tuvo mayor repercusión sobre el resto del debate fue cuando recordó la conversación con Alcalá Zamora sobre la partida del Rey. «Si el señor Alcalá Zamora», aseguró, «hubiera creído que sobre el Rey pesaban esas responsabilidades de que le acusa la comisión se hubiera negado en absoluto a que el entonces Rey saliera de España». Y, en fin, acerca de las compensaciones por las inmoralidades de la Dictadura se limitó a preguntar: «¿Se pueden saber esos nombres?». El dictamen sólo se refería de forma genérica a ellas.

Azaña comenta en sus diarios que el espectáculo de la defensa del Rey por Romanones le pareció de «una comicidad profunda». En algún momento lo fue, sin duda, pero es claro que causó también impresión a la audiencia. Estaba más cerca de la realidad histórica que el dictamen, aunque careciera casi siempre de grandeza histórica. «Romanones defendiendo al Rey destronado ante las Cortes republicanas es toda una conclusión de la historia de un tercio de siglo;…son tal para cual», añadió el dirigente republicano. La frase es cierta pero puede volverse contra quien la pensó: ambos, de alguna manera y con limitaciones obvias, fueron liberales.

La acidez de Azaña no se detuvo ante el conde, e incluso fue mayor con sus contradictores. Galarza, en su intervención dedicada a defender el dictamen, utilizó un argumento obvio al que le daba pie la persona del preopinante. Era Romanones, en sus propias memorias, quien había puesto sobre la mesa las propensiones autoritarias y militaristas del monarca. El 13 de septiembre habría sido «un grito lanzado en Miramar y recogido en el palacio de la Plaza de Oriente». Un Rey «coaccionado» por Primo de Rivera no hubiera cometido el «ultraje» de responder como lo hizo a la petición de que el Parlamento se reuniera. El «entusiasmo» habría caracterizado la actitud real con respecto al régimen dictatorial. Hasta ahí los argumentos de Galarza eran más o menos defendibles. Empezaron a dejar de serlo cuando dijo que «si nos fijamos en la letra y en el espíritu de los artículos del Código penal» la calificación del delito de lesa majestad y rebelión militar no eran aplicables. Pero «hay que pensar que los delitos que cometen los Reyes no están en los artículos de los Códigos», pues éstos «no prevén nunca en ningún país donde existe un Rey inviolable la posibilidad del delito porque sólo concebir o definir el delito sería injuriar a la majestad que se alza en el puesto más preeminente del Estado». El discurso de Galarza sólo fue acogido con ocasionales «rumores» y con unos aplausos modestos que desdecían de la ocasión y revelaban su fracaso en convencer a los diputados.

Ossorio intervino entonces. «Poca cantidad de ministro fui yo», dijo, pero no tuvo inconveniente en añadir que la condena del conjunto de la actuación del monarca desde el comienzo de su reinado afectaba a todos los que colaboraron en él. No podía, en absoluto, suscribirla; sobre el resto del reinado la situación variaba. «Yo no puedo decir que el Rey Alfonso trajera la Dictadura, sencillamente porque no lo sé», pero afirmó también haberse sentido en idéntica soledad que Romanones en el momento en que se manifestó contrario a ella. Lo que le resultaba definitivamente condenable en el Rey era su actitud posterior al mantener la Dictadura. Aun así, concluyó de forma devastadora, «votar este dictamen donde hay tales deficiencias procesales; donde se retuercen los textos legales para llamar delito de lesa majestad al cometido por el Rey, por el ex Rey, contra el pueblo, donde se habla de una rebelión militar sin decir en qué forma participó en ella; donde se establecen penas que no se aplican porque no se pueden aplicar y que se dejan latentes en lo futuro por si algún día conviene aplicarlas; dictamen en el que concurren todas esas cosas tiene un carácter de complicación… curialesca, de retorcimiento de textos legales, de cosa minúscula y detallada, que rebaja un poco el tono del debate y la magnitud de la prueba». Por consiguiente, pidió que la Cámara considerara lo sucedido «como un gran fenómeno histórico-político y que con unas palabras sobrias, enérgicas, sencillas, dicte la resolución que le parezca a las necesidades y a la historia de España».

Por el momento, el debate se enrevesó todavía más. González López, por la Comisión de Responsabilidades, respondió a Galarza con lo que Ossorio describió como «una disquisición jurídico penal». Pedro Rico y otros diputados del partido de Azaña, como Sánchez Albornoz y Mariano Ruiz Funes, propusieron una enmienda por la que se declara al Rey «culpable de alta traición como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria», prescindiendo de afirmaciones históricas y de invenciones jurídico-penales. La intervención de Gil Robles fue poco afortunada y de resultado conflictivo sin aportar otros argumentos que los ya esgrimidos por Romanones. Aludiendo al principio de la irresponsabilidad de los jefes de Estado, llegó a decir que «si en los actos de don Alfonso pudo existir un abuso de funciones o extralimitación ha de pasarse a la cuenta de la debilidad o de la pasión de los ministros». Cosechó fuertes rumores cuando insistió de nuevo en el argumento de la partida del Rey como testimonio de su impecabilidad. «¿Va a ser delito recordar al que entonces era Gobierno (provisional) de la República el que facilitó los medios necesarios para que la voluntad del pueblo se cumpliera?».

Rechazada la fórmula propuesta por Royo Villanova, en una intervención de Eduardo Ortega y Gasset la comisión aceptó el texto más sobrio de Pedro Rico aun insertándolo en el propio. Balbontín tomó la palabra entonces y pidió que se le respondiera a la pregunta acerca de si el gobierno provisional había pactado de algún modo la salida del Rey del país. De nuevo se produjo un tumulto y el debate pareció naufragar hasta que las dos últimas intervenciones le hicieron ganar altura.

Alcalá Zamora, que se había sentido aludido por Romanones, consiguió, en efecto, elevar un tanto el tono del debate. Lo hizo por el procedimiento de declarar que sobre la culpabilidad del Rey en el golpe de Estado tenía un convencimiento «profundo absoluto, inconmovible, rotundo, terminante» pero no pretendió glosar ni concretar esta afirmación. Sobre la partida del Rey dijo haberla facilitado porque «no podía querer que la República naciera deshonrada» pues «yo quería evitar la tragedia sangrienta de la revolución española». El Rey no podía ser un rehén precioso sino que resultaría, por el contrario, peligroso. «Sin conciertos ni pactos» de ningún tipo, el gobierno provisional republicano no fue «ni el obstáculo ni el amparo para la huida del ex Rey»; «el pueblo quedó en libertad y el Gobierno no azuzó la ira de la multitud» con lo que el resultado había podido ser pacífico. Con respecto a la Reina y los infantes añadió que «si se había necesitado una vida que amparara la suya, estaba la mía». Con la oratoria florida que le caracterizaba concluyó afirmando que «si hay que pedir una responsabilidad porque la revolución no se ensañó con una tragedia, aquí está el culpable».

Los gritos de «a votar» habían interrumpido el discurso final de Alcalá Zamora pero hubo todavía otra intervención, la de Azaña: un éxito indudable de esos que contribuyen a explicar por qué no tardaría en convertirse en presidente del Gobierno. Empezó por enlazar lo afirmado por Alcalá Zamora: «Todo cuanto se hizo el 14 de abril fue de común acuerdo, participando todos en la responsabilidad». Pero, sobre todo, elevó el nivel: «Lo más alto, lo más luminoso, lo que quedará como raro ejemplo en la historia de España —dijo— es que se haya podido derrocar un régimen en medio de la universal alegría de los españoles» pues «el defensor de la familia real aquella noche fue el pueblo de Madrid». «Éste», añadió, «es un proceso de orden político, de fundamento moral y de resonancia histórica… Si queréis que lo resuma en una fórmula diré que esta noche con esta votación se realiza una segunda proclamación de la República en España». No hizo mención siquiera a los errores o los delitos cometidos por el monarca y propuso la unanimidad en la votación aludiendo a los socialistas, con los que no tardaría en gobernar. El dictamen votado contenía la declaración de alta traición, la degradación del Rey de sus dignidades y la incautación de sus bienes pero sin expresa mención de los posibles beneficiarios de esa incautación. Por lo menos se habían evitado los mayores inconvenientes del primer texto preparado por la Comisión. Pero si hay algo que revela este debate parlamentario es que los problemas de España no quedaban resueltos por el hecho de haber cambiado el régimen. El radicalismo verbal y las posiciones de confrontación, sobre todo en materias que ni siquiera eran tan trascendentales, animaban a un importante sector de la política triunfante. Hoy, con perspectiva histórica, parece que lo que dijeron Romanones y Ossorio, antiguos colaboradores de la Monarquía, estaba más cerca de la verdad histórica que lo afirmado en el dictamen. Y es evidente, además, que lo mejor que tenía tras de sí la República era lo que señaló Azaña: un cambio de dimensión histórica, que trajo la democracia, llevado a cabo sin derramamiento de sangre.

Volvamos a la familia exiliada. Alfonso XIII (y el príncipe de Asturias) agradecieron por carta a Romanones su intervención «en estos momentos», decía el Rey, «de inmensas tribulaciones y hondas amarguras». Lamentó, sobre todo, que muchos que tuvieron ocasión para ser testigos de primera fila de los acontecimientos que habían sido juzgados no apreciaran su «pureza de intención» que intentó reivindicar, más que sus aciertos, hasta el final de sus días. Por otro lado, lo sucedido tuvo efectos sobre la vida que mantuvo en adelante la familia. La fortuna del ex Rey fue incautada. En diciembre de 1931 un oficio del antiguo Palacio Real informó que habían sido situados en el Banco de España 74 depósitos que importaban 6.810.575 pesetas nominales quedando a disposición del Ministerio de Hacienda [8]. En realidad, esa cantidad no venía a ser más que una séptima parte de la fortuna del monarca, según cálculos históricos muy posteriores. De cualquier modo, ni la actuación de los organismos republicanos descubrió fraudes o inmoralidades durante más de dos años de investigación sobre la fortuna de don Alfonso ni dejó de causar problemas a la familia real exiliada la pérdida de esa parte de su fortuna [9]. En cambio, como Alfonso XIII se apresuró a señalar a un periodista monárquico, tanto en Francia como en Portugal y en Alemania, los bienes de la familia real fueron respetados o incluso indemnizados [10].

Algo así hubiera sido, por supuesto, inconcebible en la España republicana por el posibilismo de la mayor parte de la derecha. Incluso, como veremos, en la extrema derecha monárquica surgieron reticencias contra el antiguo monarca que indicaban un deseo de ruptura con el pasado. Así se explica que don Alfonso pareciera desvanecerse durante largo tiempo de la primera fila de la actualidad española. En 1934 se publicó un libro de un antiguo panegirista en el que se glosaba su vida y se quería hacer un balance de su reinado [11]. En él aparecía una fotografía del Rey desnudo bañándose en un río con ocasión de su visita a las Hurdes acompañado por Marañón. Una copia de la misma estuvo en su día en poder de Azaña, a quien le fue incautada por la Gestapo y luego entregada a las autoridades franquistas. Uno de los autores de este libro la encontró en el archivo del general Varela en Cádiz. Don Alfonso comentó con alguna indignación el hecho: hasta los monárquicos parecían dejarle en una situación ridícula. Pero hubo algo peor para él que esa fotografía.

Esos primeros años del exilio estuvieron acompañados de muchos y muy duros sinsabores de tipo personal y familiar. Tras salir de España la familia real se reunió en París en el hotel Meurice, pero al cabo de unas semanas se fue a vivir a Fontainebleau. Hubo informaciones previas, sin embargo, que especularon acerca de la posibilidad de que don Alfonso se instalara en Irlanda; de hecho, por su amistad con el marqués de Londonderry, permaneció allí varias temporadas [12]. También estuvo en Austria y viajó a Egipto y a la India, donde se encontró con su hijo, don Juan. Algún biógrafo del Rey que parece haber tenido relación con él en estos años atribuye a la proclamación de la República la separación del Rey y la Reina, pero sabemos que las relaciones entre ellos habían sido malas al menos desde la I Guerra Mundial (en 1914 había nacido su último hijo) [13]. Ahora el mantenimiento de las apariencias carecía de sentido y el consejo del infante don Alfonso de Orleáns durante el viaje a Marsella no fue seguido. Por más que la ruptura de la convivencia fuera inevitable, se agravó con un cruce tormentoso de reproches. Don Alfonso se quejó de determinadas amistades de su cónyuge —los Lécera— y ella, según una narración de una revista de escándalo, le dijo: «No quiero ver tu fea cara jamás». En adelante vivirían separados y sólo a partir de 1937 volverían a coincidir en Roma, ya con unas relaciones menos ásperas pero lejos de la normalidad conyugal. En el ínterin habitaron en lugares lejanos y las ocasiones en que coincidieron, por ejemplo en Lausana, parecen haber sido, de nuevo, conflictivas. Doña Victoria Eugenia se instaló en Inglaterra y luego, al margen de un viaje a Estados Unidos para ver a su hijo primogénito, pasó a Lausana en Suiza por motivos fiscales pero más tarde acabó residiendo también en Roma durante algún tiempo, estableciéndose después de forma definitiva en la Confederación Helvética. Cuando la República incumplió el contrato matrimonial pactado en el momento de su matrimonio con respecto a la Reina, don Alfonso se hizo cargo de esas obligaciones económicas; con el paso del tiempo, en 1955, recibió una pensión del Gobierno de Franco. Don Alfonso viajó con frecuencia hasta que en 1933 se instaló en Roma, primero en una vivienda particular («Villa Titta Ruffo») y luego en el Gran Hotel. La explicación de esta residencia se encuentra en que el Gobierno italiano le trató muy bien desde el punto de vista fiscal pero, como es lógico, en ello cabe encontrar una razón política. A los monárquicos que le eran más cercanos les explicó que la Francia republicana oficial se había comportado con él «así, así» pero que en Italia se le había tratado «a tó meter» [14]. Razones de salud y de semejanza del clima con el español contribuyen a explicar la decisión; buena parte de sus hijos también se instalaron allí.

Gran parte de las peores amarguras del exilio se debieron a los avatares sufridos por ellos. La prensa española e internacional empezó, por fin, a hacer mención a la enfermedad de varios de los varones. Don Alfonso, príncipe de Asturias hasta entonces, se casó en junio de 1933 con una mujer cubana, Edelmira Sampedro-Ocejo y Robato. Al no tratarse de una persona de linaje real —«una persona dotada de todas las cualidades para hacerme dichoso, pero no perteneciente a aquella condición que las antiguas leyes españolas y la conveniencias de la causa monárquica» exigían— renunció a sus derechos de sucesión. Enfermo de hemofilia y desde 1920 sujeto a especiales cuidados después de una caída, muy limitado desde el punto de vista intelectual, no parece haber estado capacitado ni remotamente para desempeñar esa responsabilidad. Durante mucho tiempo, sin embargo, todo funcionó en la Corte española como si fuera a heredar el trono de su padre. Quien habló con el Rey en aquellos momentos le describió como dominado por «graves preocupaciones, unas de índole económica y las más dolorosas de tipo familiar por la sorda rebeldía del príncipe de Asturias que en el desvarío del amor y de la hemofilia había decidido tomar rumbos más en consonancia con la bohemia que con los deberes estrictos que impone la realeza» [15]. De cualquier manera, a su renuncia, en junio de 1933, le sucedió la de su hermano Jaime, sordomudo, en el plazo de tan sólo unos días. El matrimonio del primero fue disuelto a los cuatro años y quien entonces utilizaba el título de conde de Covadonga se volvió a casar, pero de nuevo el matrimonio fracasó en un plazo de tan sólo seis meses. El infortunado personaje murió en Miami como consecuencia de un accidente automovilístico en septiembre de 1938.

Don Jaime, a pesar de sus circunstancias personales, había participado en ceremonias oficiales durante el reinado de su padre. Sin embargo, sus limitaciones, que eran también de carácter intelectual, le vedaban cualquier posibilidad de desempeñar las responsabilidades de un heredero de la Corona. También en este caso su vida conyugal concluyó en dos sucesivos fracasos. De su primera mujer, Emanuela Dampierre, con quien se casó en marzo de 1935, tuvo dos hijos, Alfonso y Gonzalo, pero cuando nació este último ya el matrimonio había naufragado aunque la separación sólo tuvo lugar en 1946. Sus dificultades económicas hicieron que en repetidas ocasiones don Jaime intentara en el futuro, ya desaparecido su padre, reivindicar sus derechos arguyendo que su renuncia no se había producido ante las Cortes y que, de cualquier modo, no podía llevarla a cabo en nombre de sus descendientes. Sin embargo, en el testamento de Alfonso XIII se daba por descontada también la cesión de los derechos de éstos sin protesta del padre. De los restantes hijos del Rey, don Gonzalo, también hemofílico, murió en un accidente automovilístico —los hijos heredaron esta pasión del padre— y Beatriz renunció a sus derechos al casarse con el príncipe de Torlonia.

De esta manera, don Juan vino a convertirse en heredero de los derechos de sucesión en 1933 cuando, nacido en 1913, tenía tan sólo veinte años, lo que puede contribuir a explicar una parte de su comportamiento inicial, sin duda muy influido por los más jóvenes dirigentes de la causa monárquica. Don Alfonso siempre manifestó su confianza en él, pero da la sensación también de haberle considerado como ese hijo menor del que no se piensa que vaya a resultar sucesor en un plazo inmediato. Tras haberle visitado en la India dijo de él que «se ha hecho un hombre fuerte y además tiene un espíritu admirable y una inteligencia muy reflexiva. Estoy tan contento con él como con Gonzalo, que es un chico serio inteligentísimo y estudioso» [16]. Como ya se ha indicado, en el testamento dejó claro que la sucesión recaía en don Juan pero, al mismo tiempo, durante largo tiempo rechazó de forma contundente cualquier posibilidad de abdicación. Muy dolido por los juicios que de él se habían hecho desde que salió de España, consideraba aquélla «incompatible con la justicia que se me debe». «Yo», dijo a un periodista monárquico, «estoy guardando silencio… porque no quiero parecer un conspirador a quien mueve el resentimiento… Pero, aunque la Monarquía esté ausente, soy y seré mientras viva el Rey de España. Ni he hecho renuncia de mis derechos ni pienso hacerla porque quiero que en la hora de una reivindicación que espero se me reconozca que como Rey he cumplido siempre mi deber con la conciencia plena de no haber servido ningún otro interés que el superior de la Patria. En el destierro no abdicaré. Lo haría, en todo caso, cuando de nuevo en el Palacio de Oriente comprendiera que la nueva historia debía comenzarla mi sucesor» [17]. Esta fue su posición invariable casi hasta el final. Lo que llama la atención en ella no es que estuviera motivada por una megalómana reivindicación de sí mismo sino más bien por el dolido sufrimiento de quien se sentía profundamente incomprendido. Aunque admitiera de forma genérica los errores propios, no podía aceptar ser tratado como lo había sido cuando puso tan pocos obstáculos a la proclamación del régimen republicano. Como en tantos otros aspectos, también en éste ha sido Carlos Seco quien ha comprendido mejor al personaje [18].

Para entenderle en el conjunto de su vida y también en estos momentos del amargo final hay que tomar muy en cuenta su actitud ante la República. Hablando ante los periodistas monárquicos, utilizó en 1933 la dialéctica habitual en la derecha partiendo de considerarla como una conspiración de masones, marxistas y separatistas. Pero, por otro lado, no tuvo reparo en decir que «no le merecían el menor respeto» los aristócratas que se lamentaban de la reforma agraria [19]. Incluso alabó alguna de las reformas republicanas. Aunque irónico respecto al «dulce liberalismo» característico de la mayor parte de su reinado, su preocupación era entonces reivindicar haber sido, en el pasado, «el Rey de los españoles, pero nunca el de un grupo de españoles». Por eso en su momento había recibido a personajes situados en la izquierda, como Azcárate y el propio Lerroux. Su supuesta política personal en realidad había estado autorizada en todo momento por la Constitución; más bien remitía a las instituciones políticas existentes la imposibilidad de hacer otra cosa que «mantenerse en silencio y estar pendiente de las votaciones del Parlamento» [20]. Esta forma de expresarse difería de forma sustancial respecto de la inmensa mayoría de los que se declaraban en ese momento monárquicos.

La distancia era especialmente grande en lo que respecta al juicio sobre la experiencia posibilista del partido católico que agrupó a la mayor parte de la derecha española en los tiempos republicanos. Mientras que para los monárquicos la CEDA era el enemigo a batir, Alfonso XIII pensaba de otra manera, como se comprueba por el contenido de su entrevista con José María Gil Robles.

La conversación entre el dirigente de la CEDA y Alfonso XIII tuvo lugar en junio de 1933 en París, es decir, pocos meses antes de las elecciones que proporcionarían a este grupo político unos excelentes resultados convirtiéndolo en hegemónico en la derecha durante toda la etapa republicana [21]. Según la narración del jefe de la CEDA, habría sido preparada por dirigentes del grupo político católico que eran, al mismo tiempo, inequívocamente monárquicos. La entrevista tuvo lugar en París en casa del conde de Aybar, una de las personas más cercanas al monarca exiliado, con una explícita voluntad de reserva por parte de quienes intervinieron en ella. Alfonso XIII no se refirió a este encuentro durante toda la etapa republicana y ni siquiera se lo dio a conocer a su propio hijo, don Juan, lo que, por otra parte, revela hasta cierto punto el tipo de relación que mantuvo con él. De acuerdo con la narración del dirigente católico había temido que el monarca tuviera prevenciones con respecto a su persona o su política. No era así: entendió que Gil Robles colaborara con la República. Aunque las palabras de su interlocutor no lo dejaban tan claro y explícito debió aceptar que la experiencia del colaboracionismo era necesaria para una previa y posterior restauración. De alguna manera eso era lo que había sucedido en su momento con quienes tomaron parte en la revolución de 1868 y acabaron por participar en la Restauración de su padre. De acuerdo con las palabras de Gil Robles —está claro que no textuales, sino reelaboradas desde el recuerdo— habría afirmado que «si con la República puedes salvar a España, tienes la obligación de intentarlo». No desautorizaría a quienes se declaraban explícitamente monárquicos pero tampoco causaría problemas a la CEDA. «Por el bien de España yo también sería republicano», concluyó con un frase que parece, esta vez sí, propia de su personal estilo. La entrevista tuvo una segunda parte desarrollada quince días después sin que, de acuerdo con la narración, ofreciera novedad digna de ser recordada. La propia repetición, sin embargo, testimonia que los matices de la concordancia no eran ni mucho menos tan claros. El resto de las fuentes que tenemos acerca de posición política de Alfonso XIII —sus propias declaraciones a la prensa o el libro-entrevista que le dedicó Cortés Cavanillas— testimonian que, en efecto, su postura siempre consistió en no poner dificultades directas a la CEDA.

Hay otra prueba de esta actitud comprensiva de Alfonso XIII respecto de la política posibilista de la CEDA. José María Valiente, dirigente de las Juventudes de la CEDA, le había visitado después de la victoria electoral de este partido, según los medios monárquicos para pedirle «un último plazo» de seis meses para que este grupo político tratara de ver sus objetivos cumplidos sin ser desautorizado. En realidad no parece que ése fuera su propósito sino un simple contacto protocolario. Pues bien, a un periodista monárquico que le empujaba hacia esa desautorización, le negó cualquier indicio y oportunidad de que fuera a llevarla a cabo. «Acción Popular», le dijo, «representa una experiencia que no nos compromete y que si tiene éxito… estoy seguro de que dará a España la satisfacción de coronar el nuevo Estado que propugna con la Monarquía Católica que represento». «Si éstos», remachó, «con una mayoría suficiente y unos ministerios claves en la mano, no saben o no aciertan en momento oportuno a dar el ‘cambiazo’, ya nos podemos despedir de nuestras esperanzas para tiempo o para siempre» [22]. Esta posición era mucho más realista que la de sus interlocutores y ratifica la impresión de que en cuanto a talento político a veces estaba por encima de aquellos con los que trataba. Todavía en 1935 ratificó esta postura cuando ya no tenía empacho en calificar el régimen republicano español como «desastroso». «Yo sé perfectamente», volvió a decir, «cuáles son los defectos de la CEDA pero creo que es una experiencia política que debe realizarse aunque fracase». En enero de 1936 rechazó que apareciera con su firma un manifiesto en contra de la política colaboracionista de la CEDA [23].

Cabe preguntarse en relación con esta tolerancia de Alfonso XIII con la política colaboracionista de la CEDA cuál fue su actitud respecto de aquellos que durante la época se calificaban de monárquicos. ¿Cómo juzgaba la posición de quienes se declaraban explícitamente monárquicos y, además, defendían una opción netamente antiliberal y autoritaria?

La respuesta la dio él mismo en sus conversaciones con el periodista Cortés Cavanillas: «Yo estimo mucho la labor de Renovación Española, pero hay que convencerse de que un reducido y escogido grupo de monárquicos entusiastas, pero de salón, no podrán obtener grandes ventajas en el camino de una Restauración monárquica». Hay en estas palabras, en primer lugar, una constatación respecto del peso relativo de cada fuerza política que puede parecer incluso despectivo en relación con los más afines.

Pero sobre todo hay que tratar de descubrir qué pensaba de ellos desde el punto de vista ideológico. Probablemente, los consideraba como demasiado intransigentes, impetuosos e irrealistas pero tampoco hizo nada por evitar que ese sector se volcara en la conspiración militar en contra de las instituciones republicanas. No sólo recibió a unos dirigentes —Vigón, Eliseda, Vegas Latapié, Ansaldo…— que, por su procedencia y actitudes, se situaban en la extrema derecha sino que cuando le sugirieron una doble política, de conspiración militar y de propaganda ideológica en sentido antiliberal, no dudó en prestarles toda la ayuda material que pudo. Además, entregó la dirección del movimiento monárquico a una persona como Goicochea, el antiguo dirigente de las juventudes mauristas, cuya significación política en la extrema derecha no ofrecía dudas (pero tampoco fidelidad a su persona) [24]. Bien es verdad que, por el momento, no tenía otro remedio. Jugaba a dos barajas, que era probablemente el único procedimiento para llegar a una Restauración, como se demostraría mucho tiempo después en el caso de su nieto. Pero tenía una idea infinitamente menos clara de cuál debía ser el objetivo final respecto de la configuración del futuro Estado. Es cierto que las circunstancias, en plena crisis de la democracia liberal, no facilitaban que la tuviera.

Hay que tener en cuenta que entre los políticos monárquicos de ese momento y los anteriores mediaba un abismo. El talante que traslucían y el clima ambiental en que vivían distaba mucho del característico de la época en que había reinado Alfonso XIII. Basta recordar alguna anécdota personal, reveladora de la vida de aquellos dirigentes que publicaron memorias en una época posterior, para demostrarlo. Sáinz Rodríguez cuenta que a las Cortes acudía con un bastón en el que se ocultaba una pistola con un solo proyectil para defenderse en caso de agresión. Vegas Latapié, quien dice haberse entrevistado por vez primera con Alfonso XIII en 1930 sin que éste le escuchara más que como «quien oye llover», pensó en los momentos finales de la experiencia republicana no ya en la eliminación física del presidente de la República sino en atacar el Congreso con gases asfixiantes para provocar allí una hecatombe [25].

Estas citas son reveladoras no sólo del clima en el que se desenvolvía la política en los años treinta sino también del cambio producido en los sectores políticos monárquicos, equivalente a una auténtica revolución ideológica. Como «revolucionarios conservadores» ha descrito el mejor estudio histórico reciente a estos monárquicos [26]. Lo eran porque, tuvieran un pasado liberal-conservador o no (el mismo Goicochea lo tenía, como Sáinz Rodríguez; Vegas Latapié procedía del integrismo), rompieron con él y se instalaron en una actitud radicalmente antiliberal que pasó de considerar la Dictadura como un régimen ocasional a juzgarla como una solución permanente apoyada por un ideario. Su programa político, importado del reaccionarismo francés de la época, confiaba en la conspiración militar proporcionándole argumentos de carácter antiliberal o, como diría uno de estos dirigentes, «amueblando» la cabeza de los generales dispuestos a conspirar. De este modo todo lo que existía de autoritarismo germinal desde comienzos de siglo y que luego se plasmó en las juventudes mauristas, en las tesis de la dictadura regeneracionista y en el reaccionarismo de Unión Monárquica Nacional se convirtió en diversas variantes de extrema derecha antiliberal, aunque el espectáculo resultara un tanto abigarrado. Conviene, sin embargo, tener muy en cuenta la cronología. Por más que el órgano representativo de este mundo político fuera fundado en 1931, en realidad el verdadero impacto en la política española no lo adquirió hasta dos años después, cuando ya se había producido el primer intento de subversión militar en contra de las instituciones republicanas. Para entonces los monárquicos habían quedado reducidos a un grupo político pequeño, Renovación Española, arcaico de estructura, un tanto dividido y carente de masas, cuyas únicas posibilidades radicaban en influir en otros o en un golpe militar. Lo primero lo había intentado hasta enero de 1933 en el seno de Acción Nacional y, con respecto a lo segundo, durante años había resultado imposible. Claro está que tenía tras de sí el marchamo de la ortodoxia pero todas esas limitaciones explican la distancia de Alfonso XIII respecto de quienes se autodefinían como monárquicos. No es extraño que pensara que se trataba de un grupo de monárquicos «de salón» con quienes no se podía intentar seriamente una restauración.

La crisis de los años treinta produjo este género de transformación ideológica en grupos y personas pero el impacto varió un tanto de acuerdo con la edad de cada uno: consiguientemente, el experimentado por Alfonso XIII y su hijo y sucesor, don Juan, fue también diferente. El primero, sobre todo para la óptica de la mayor parte de los monárquicos que habían experimentado la evolución reseñada, permaneció anclado en el pasado, lo que hizo pensar a muchos dirigentes en la posibilidad de su abdicación en beneficio del hijo. La opinión del ex Rey acerca del fascismo, expresada con sincera espontaneidad en un momento en que era un punto de referencia para la extrema derecha, puede ser calificada como ambivalente. Habló acerca de sus éxitos materiales pero también de que «no he conseguido saber lo que es como doctrina social o política»; no era más que una «bella dictadura». Las «poses teatrales» de Mussolini le parecieron divertidas pero desconfió de sus «sueños de expansión» [27]. Resulta muy lógico, en cambio, que don Juan, nacido en 1913 y convertido en 1933 en heredero de la línea dinástica por renuncia de sus dos hermanos mayores, experimentara un mucho mayor impacto de las nuevas doctrinas antidemocráticas. Si bien su padre en ocasiones puntuales expresara un despego patente del liberalismo, no suscribió de forma clara las posiciones de su hijo [28].

Se podría decir que, como sucedería con la generación dinástica siguiente, hubo entre ambos un cierto desdoblamiento de posiciones. Desde luego los propios monárquicos de extrema derecha habían acabado por identificar su causa con don Juan. En La Época, conquistado por esos monárquicos de nuevo cuño, se celebró el aniversario de la proclamación de la República en 1934 con un homenaje a don Juan. Un mes después, a don Alfonso le fue dedicado un artículo pero con la adición de una frase evangélica nada diplomática: Fuit homo missus a Deo cui nomen erat Ioannne («Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan»). Además, en el texto del artículo se defendía la vuelta a la Monarquía no como una restauración sino como una instauración, es decir, partiendo de un punto de vista político radicalmente nuevo [29]. También este lenguaje presagiaba lo que habría de venir en la siguiente generación dinástica.

Más adelante, en octubre de 1935, poco antes de la boda de don Juan, se organizó un banquete de la revista Acción Española en honor suyo aunque finalmente no se celebró el acto; aun así, el homenajeado dirigió una carta a los reunidos. El acto tenía como razón de ser muy explícita la voluntad de promover la figura del príncipe de Asturias y presionar para que recibiera los derechos de su padre. En aquella ocasión intervino por vez primera Pemán, que ya a esas alturas se había convertido en el principal orador monárquico. Alfonso XIII cortó cualquier especulación a este respecto diciéndole a Calvo Sotelo: «Si tú has fundado el Bloque Nacional (ése era el nombre de su partido), conviene también que sepas que Juan y yo somos también un bloque». Según un testigo presencial, «lo dijo (don Alfonso) con elocuencia aunque con injusticia para ciertos hombres que le servían con lealtad irreprochable». «Yo no dudo de las buenas intenciones de los que exaltan al Príncipe», añadió después, «pero creo que antes deben pensar en sus deberes con el Rey y con la Justicia que creo merecer de España» [30]. De nuevo estas palabras nos remiten a la necesidad sentida por el monarca de lograr una reivindicación. Quizá por pura contraposición a Calvo Sotelo, cuya inteligencia y capacidad oratoria le iban proporcionando el liderazgo de la extrema derecha monárquica, don Alfonso mantuvo al frente de la causa monárquica, como delegado personal, a Goicochea, quien defendió una actitud de estricta observancia de fidelidad a la línea dinástica. Pero es cuando menos dudoso que existiera una identidad absoluta desde el punto de vista ideológico entre el ex Rey y quien le representaba.

En relación con esta cuestión es preciso también hacer mención a las relaciones entre alfonsinos y tradicionalistas. La proclamación de la República impuso la sensación de que resultaba, a la vez, posible e imprescindible la unión de las dos líneas dinásticas y que era tanto más viable cuanto que el abandono de las tesis liberales por parte de los alfonsinos parecía facilitarlo [31]. En fecha tan temprana como mayo de 1931 debió existir en el sur un primer contacto de Franco entre dirigentes de ambos sectores políticos, en el que se mencionó la posibilidad de una abdicación de Alfonso XIII en don Juan, el cual sería educado por don Jaime, el pretendiente carlista. Nada de esto parece, sin embargo, haber sido aceptado ni explícita ni implícitamente por el primero. En septiembre de 1931 tuvo lugar un primer contacto entre don Jaime y don Alfonso que ha sido objeto de intensa especulación. Quienes pretenden que realmente existió un acuerdo indican que consistió en que unas Cortes corporativas decidirían quién habría de ser el Rey. Lo más probable es que no pasara de ser otra cosa que una reunión de tanteo entre dos personas, sin que se concretara en ningún texto ni tampoco adquiriera ninguna virtualidad efectiva. Lo que sí resultaba a esas alturas patente era la voluntad de que todo ello se acabara plasmando en algún tipo de acuerdo para el futuro.

De cualquier modo, en octubre de 1931 murió don Jaime y como sucesor suyo fue proclamado don Alfonso Carlos, lo que permitía establecer, por su muy avanzada edad, una previsión de sucesión en la persona del ex Rey. La frase pronunciada por Goicochea por aquellos tiempos —«Respecto del tradicionalismo, ayer nos separaba mucho; hoy casi nada; nada en lo porvenir»— revela el acercamiento de posiciones. Pero lo cierto era que, si bien existía una coincidencia doctrinal creciente y una actuación política unitaria —desde abril de 1933, las siglas TYRE (Tradicionalistas y Renovación Española) relativas a una oficina electoral común la revelaban—, existía también una doble oposición. La representaban tanto núcleos tradicionalistas del sector más integrista, como alfonsinos liberales —el conde de Romanones— que impedían el acuerdo. Luego se produjo a finales de 1934 el intento del Bloque Nacional liderado por Calvo Sotelo, pero al que le faltó un apoyo esencial por parte carlista al no suscribirlo el principal dirigente tradicionalista, Fal Conde. En efecto, en abril de ese año don Alfonso Carlos había decidido la proclamación como regente de don Javier de Borbón Parma y al mismo tiempo procedió al nombramiento de Fal Conde como secretario general o delegado. Sin embargo, en ese momento también existían unas JUAN (Juventudes Unidas de Acción Nacionalista), nacidas en el mundo tradicionalista, que por su propia denominación aludían a un acercamiento al heredero de don Alfonso. En agosto de 1935 se produjeron nuevos contactos entre don Alfonso y don Alfonso Carlos pero tampoco llegaron a plasmarse en acuerdo alguno. Lo cierto es que las diferencias entre ambas tendencias dinásticas y políticas eran muchas a pesar de la deriva autoritaria de los antiguos liberales de la Monarquía de la Restauración. El tradicionalismo disponía de masas de partidarios, aunque las tuviera concentradas en sólo una parte de la geografía peninsular. La distancia en número de afiliados era, en efecto, de 700.000 frente a tan sólo 10.000. El tradicionalismo se había convertido en un movimiento de extrema derecha moderno y juvenil, organizado para la guerra, mientras que el monarquismo alfonsino, a la altura de 1936, seguía siendo un grupo de personas «de salón» cuyas esperanzas estaban en atraer a otras facciones políticas o en la conspiración militar.

En esta fecha ¿había evolucionado Alfonso XIII en idéntico sentido a las declaraciones que repetidamente hizo su hijo don Juan durante la República y luego se plasmaron en actuaciones concretas durante la Guerra Civil? Desde luego no realizó declaraciones estridentes ni tampoco se desdijo de nada de lo que hubiera sido protagonista en el pasado. Pero en conversaciones privadas pudo hacer declaraciones ocasionales e inoportunas que le asimilaban con la extrema derecha, tal como algunos de los libros aparecidos al comienzo del franquismo relativos a su hijo don Juan se encargaron de recordar. En uno de ellos se indicaba que su «mayor pecado» para el clima político de entonces había sido la Dictadura de Primo de Rivera, que, con el paso del tiempo, se había convertido en el «mayor acierto» de cara a la España posterior. En las páginas de ese libro Alfonso XIII aparecía ironizando, a finales de 1936, acerca de la afirmación del escritor González Ruano de que él tenía el carné número cinco de Falange. «Y yo el menos quinientos», habría dicho el monarca exiliado. «¡¡Mira tú éste!! ¿A ver si los primeros falangistas de España no fuimos el general Primo de Rivera y yo? Lo que pasa es que no siempre puede hacer uno lo que quiere ni aun siendo Rey». Alguna declaración ocasional que hizo a otro personaje situado en la extrema derecha —Vegas Latapié— tuvo parecido contenido: «Yo liberal no voy a ser, porque soy gato escaldado». Afirmaciones como éstas tuvieron el inconveniente de indignar a quien, como el que las recibió, fue siempre rotundamente opuesto al liberalismo y defensor de una concepción de la Monarquía basada en una ideología neotradicionalista [32]. Y, por supuesto, suponían una ruptura con el pasado liberal del ex Rey.

La identificación de don Juan de Borbón con los sublevados debe entenderse en el contexto de su alineamiento con Acción Española en la época de la II República y en el de una toma de posición de cara a un futuro monárquico en un momento en el que todavía la guerra daba la sensación de poder concluir de forma rápida. En julio de 1936 intentó sumarse a las tropas que, procedentes del norte, trataban de entrar en Madrid; hacía tan sólo unas horas que había tenido a su primera hija, Pilar. Fue acompañado por un aristócrata que había sido fundador de Falange —el marqués de la Eliseda— y por el principal inspirador de Acción Española, Vegas Latapié. El uniforme que pensó utilizar fue una especie de antecedente del que luego se convertiría en oficial para la Falange unificada, un mono azul con las flechas bordadas y la boina roja. Finalmente, parece que por intervención del conde de Rodezno, uno de los dirigentes carlistas partidarios de la colaboración entre las dos ramas monárquicas, renunció a la prenda de cabeza pues el efecto hubiera sido contraproducente ya que los propios carlistas habrían creído que iba a «aprovecharse de significaciones». En su camino hacia el frente los expedicionarios fueron detenidos y recibieron una severa reprimenda del general Mola. A finales de 1936 de nuevo don Juan trató de incorporarse a las filas de los combatientes pidiendo a Franco figurar en la tripulación del Baleares, aduciendo como argumento adicional a los que hasta el momento había manejado que de forma creciente la guerra se presentaba como un enfrentamiento entre españoles y extranjeros. La respuesta de Franco fue amable pero negativa, en parte por no dar facilidades a un rival pero también por librarse de un engorro. Tanto durante todo el transcurso de la Guerra Civil como hasta 1941 aproximadamente persistió la identificación entre don Juan y la idea de una Monarquía no sólo antidemocrática sino también antiliberal.

Frente a lo que fue el neto alineamiento de don Juan al lado de los sublevados la posición de Alfonso XIII fue menos explícita, sobre todo en un principio y, quizá, más discreta. El monarca nunca ocultó su alineamiento con los sublevados, a los que debió ayudar en lo que pudo. Aun así, las referencias a la colaboración concreta que prestó a Franco no son muy explícitas. Se le atribuyó haber jugado un papel en al apoyo aéreo de Mussolini a la sublevación, pero lo más probable es que fueran los propios dirigentes monárquicos quienes cumplieran la misión de poner en contacto a los sublevados con Mussolini [33]. Es bien sabido que algunos de los dirigentes monárquicos más destacados jugaron un papel muy importante tanto en la preparación del Alzamiento como en su financiación y en el logro del apoyo externo. Alfonso XIII nunca debió tener, siquiera, la ocurrencia de proponer una fórmula de mediación para evitar que perdurara la guerra que enfrentaba a los españoles. Pero el primer acto público en que se hizo explícito este alineamiento con Franco fue relativamente tardío: un telegrama enviado a mediados de febrero de 1937 cuando tuvo lugar la toma de Málaga. Por otro lado, por esas mismas fechas hizo afirmaciones acerca de Franco a diplomáticos y políticos italianos que estaban muy lejos de considerarle como una solución política estable una vez concluida la guerra. Era «un óptimo hombre de guerra, pero no se podía estar seguro de si sería capaz, después de la victoria, de gobernar el país, en especial si continuaban e incluso se acentuaban, como parecía verosímil, las actuales disensiones entre grupos y tendencias» [34]. Claramente se revela en estas palabras que la Monarquía, personificada en él, aparecía como una fórmula de estabilización política. Los generales monárquicos, promotores de la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado, pensaban lo mismo y también resultarían decepcionados con el paso del tiempo al ver, impotentes, cómo se configuraba una dictadura personal. No ha de olvidarse, además, que si don Alfonso llegó, en su correspondencia, a designar a Franco como jefe, al mismo tiempo siempre dejó bien claro que la restauración de la Monarquía significaba una situación muy distinta del régimen personificado por él. Suponía una «conciliación», superadora de la Guerra Civil, por más que en ese momento no identificara en absoluto esta palabra con la democracia. Todo ello puede parecer contradictorio pero no lo era en la óptica de 1939. Otra cosa es que resultara confuso, calificativo que le corresponde sin la menor duda.

Con bastante frecuencia en plena Guerra Civil española Alfonso XIII dio la sensación de haber perdido la conciencia de la realidad política. Su proclividad a hablar demasiado y a pretender tener informaciones sorprendentes pero, en el fondo, carentes de fundamento le hacía aparecer en la correspondencia diplomática de la época como divulgador de noticias sin fundamento. Este fue el juicio de Goering, por ejemplo, a quien dijo en un determinado momento que tenía noticias de un inminente ataque de Gran Bretaña y Francia a Alemania. Pero lo más grave para él (y lo que deterioró más aún su imagen) fue la tensión existente entre sus deseos de ser, al menos, parcialmente reivindicado y la actitud que tenían los dirigentes políticos nacionales y extranjeros respecto de su figura. Era ya una «persona que repele a todos», según el conde de Rodezno, un tradicionalista que, no obstante, estaba dispuesto a aceptar a su hijo en el trono de España. «Todo el mundo desconfiaba de él» no sólo por su pasado como monarca sino porque «encarnaba la idea de reacción», es decir, una vuelta a una Monarquía que en ese momento y en esos círculos suponía una vuelta al pasado. En la documentación diplomática se le presentaba a menudo como dispuesto a querer el restablecimiento de la Monarquía para obtener una satisfacción e inmediatamente dispuesto a renunciar al trono, pero no se apreciaba eso como un sacrificio personal sino como la pretensión ilusa de quien debía aceptar haber perdido cualquier protagonismo político [35]. Una situación como ésa debió profundizar la amargura sentida por don Alfonso.

Lo más grave para el destronado monarca fue que, mediada ya la Guerra Civil, pudo saber que Franco estaba muy poco dispuesto a servir de instrumento para una Restauración. Con ocasión del primer aniversario de la sublevación, Franco hizo unas declaraciones al ABC de Sevilla en las que respondió a una pregunta sobre un eventual restablecimiento de la Monarquía. Su respuesta testimonia la muy temprana y taxativa decisión respecto de ésta o, mejor dicho, respecto de su propia permanencia en el poder. La Monarquía era, para él, «una posibilidad más», que de cualquier manera resultaría distinta en contenido al que había tenido en el pasado; por el momento —y por mucho tiempo, dada la magnitud de la tarea a abordar— Franco permanecería en el poder pues era necesario «construir el Estado sobre bases firmes» y «entretanto, yo no puedo ser (un) poder interino». Pocos días después de estas declaraciones el embajador italiano le hizo saber a Franco que el antiguo monarca hablaba mal de él. Lo hiciera o no —parece que las frases anteriormente transcritas testimonian un juicio poco positivo en lo político del general—, no cabe la menor duda de que por su parte los italianos aprovecharon la ocasión para introducir, por si fuera precisa, una nueva cuña entre Franco y una Restauración. Poca falta hacía porque el dictador debía tener sus ideas bien claras al respecto: cuando se le preguntaba sobre la posibilidad de que se declarara regente en nombre de don Juan se limitaba a sonreír. Tras haber sido informado acerca de las opiniones de don Alfonso sobre él se mostró «dolido y sorprendido» y las achacó a la «ligereza» de quien las había pronunciado. A finales de 1937 escribió una carta en respuesta tardía a otra del ex Rey. Había debido expresar éste su extrañeza a Franco por las declaraciones citadas pero la respuesta sin duda le debió resultar mucho más descorazonadora. Sin hacer ninguna declaración concreta y específica sobre la Monarquía, Franco empezó por indicarle que carecía de «información real» sobre España. El Movimiento Nacional había tenido un contenido «esencialmente patriótico» (es decir, no monárquico en concreto); en la nueva España debería haber «menos grandes ricos y muchos menos pobres». Sin duda atribuía a la Monarquía alfonsina esas desigualdades. Aunque quería evitar «la menor crítica y molestia» a su persona, de hecho se refería en tono de apariencia nada laudatorio a «vuestra formación y las obligadas prácticas políticas de antaño». A pesar de su «falta de ambiciones y de voluntad» Franco decía de sí mismo que le había tocado ser «el Caudillo de la Cruzada» (así, con mayúsculas). Del texto de la carta fácilmente se deducía que él debía tener la responsabilidad política absoluta. Al monarca exiliado le remitía la obligación de «cuidar la formación del príncipe don Juan»; algo parecido le recomendaría a éste con respecto a su hijo hasta que esa educación la asumió él mismo. En definitiva, desde muy pronto Franco elaboró una estrategia propia respecto de la Monarquía que no le daba muchas posibilidades de convertirse en alternativa.

Se comprende el amargo despecho de Alfonso XIII al leer esta carta. A Vegas Latapié le dijo que parecía la carta de un «demócrata cristiano»: fue la descripción más agria que se le debió ocurrir para los oídos de quien siempre se había dedicado a combatir esa tendencia política [36]. La actitud del dictador le debió parecer propia de quien no se enfrentaba de cara sino que, con buenas formas, se permitía dar consejos y aplazar soluciones. Por el momento no hubo otra cosa que esta ducha fría que, pasada la primera impresión, no debió hacer cambiar de forma definitiva la manera de pensar del ex Rey. A fin de cuentas, en el primer gobierno que formó Franco el vicepresidente general Jordana era un monárquico fervoroso, dispuesto a reconocer los méritos de un monarca de quien en el presente poco bueno se decía en los medios oficiales; varios de los ministros lo eran también. La mala impresión producida por la carta podría quedar rectificada con posterioridad.

Sólo a finales de 1938 y comienzos de 1939 se volvió a hablar en los medios diplomáticos europeos acerca de Alfonso XIII: la inminencia del final de la guerra con la victoria de Franco planteaba el lógico interrogante sobre el régimen que habría de implantarse en España. Todavía no se había hecho patente que Franco en absoluto pensaba renunciar al poder de caudillaje que había conseguido de modo que, como alternativa, se imaginaba la posibilidad de que se estableciera una especie de dictadura militar colectiva o una regencia como en la Hungría de Horthy [37]. Por eso la solución monárquica parecía, a quienes todavía no eran conscientes de la avaricia de poder de Franco, la opción más probable. A fin de cuentas, un aliado como la Italia fascista era una Monarquía y también lo era la Gran Bretaña democrática, de modo que a los vencedores le proporcionaba una peculiar ambigüedad en el supuesto de que España quisiera permanecer en la neutralidad.

Dado ese contexto internacional, resulta posible que Alfonso XIII sintiera reverdecer su esperanza de reivindicación o de volver al trono a pesar de las decepciones que Franco ya le había proporcionado. Por eso en repetidas ocasiones dio la sensación de plegarse de forma inmediata a lo que pensaba que podían ser los deseos de quien mandaba en España. Por esas fechas, por ejemplo, don Alfonso no tuvo inconveniente en renunciar a una cacería con el Rey de Rumania porque, según Franco, eso eran «manejos de la francmasonería británica» para atraerle hacia este país. Cuando le visitó un grupo de monárquicos en Lausana (Suiza) pareció por vez primera más abierto a la posibilidad de abdicación, a la que siempre se había demostrado decididamente contrario con anterioridad. Sus interlocutores tuvieron la sensación de que tan sólo quería un cierto reconocimiento, tras haber sido condenado por alta traición en el Parlamento republicano y privado de sus derechos ciudadanos. Una vez restablecido en el trono, le resultaría posible abdicar finalmente en su hijo; también aludió Alfonso XIII a la dureza inicial que debía tener un régimen nacido de la Guerra Civil, que él parecía dispuesto a asumir en clara contradicción con sus palabras acerca del propósito conciliador que debía tener la Monarquía. Cuando concluía el año, el Gobierno de Franco le devolvió esos derechos de ciudadanía pero ello, en realidad, no implicaba una cercanía de la Restauración sino que era el testimonio de su alejamiento porque le convertía en un ciudadano más (y en un súbdito de Franco) [38].

Aun así, Alfonso XIII quizá seguía guardando una secreta esperanza. Por esas mismas fechas, aún por concluir la guerra, tuvo una conversación en Roma con el embajador francés ante la Santa Sede. Declaró creer en la victoria de Franco y desearla; añadió que España se mantendría independiente de cualquier país europeo. Pero, anclado en sus recuerdos del trato que había tenido en el pasado con el ya indisputado caudillo de la España vencedora, hizo profecías que el futuro desmintió de forma rotunda. Franco, aseguró, era monárquico; él mismo era el mejor testigo de estos sentimientos porque, en definitiva, había obtenido todos sus ascensos gracias a los méritos de guerra y en cada uno de ellos había acudido a visitarle. «Su intención es, desde luego, restablecer la Monarquía», añadió, «y su impresión era que lo haría después de su victoria, no en el plazo de varios años sino en un plazo más corto» [39].

¿Pensaba verdaderamente todo esto el monarca de una forma un tanto ilusa? ¿Creía, al menos, que todavía era posible una restauración en su persona que concluyera por entronizar a su hijo tras la proclamación de la Monarquía y su abdicación, a los pocos días? No lo sabemos a ciencia cierta pero que volviera él mismo al trono era una posibilidad que ni siquiera patrocinaban sus propios partidarios: apenas algún viejo aristócrata aparece en las fuentes haciendo manifestaciones de este contenido. Por entonces un Areilza, por ejemplo, en el momento de establecer contactos con las autoridades francesas, anunciaba una Restauración pero en la persona de don Juan. A medida que se fue aproximando el final de la guerra la actitud de Franco se hizo cada vez más transparente y las posibilidades de don Alfonso cada vez resultaron más remotas. Franco hablaba de un plazo de «años» para restablecer la Monarquía y consideraba que la mera especulación sobre este particular no era otra cosa que el producto de «intrigas». Todos los representantes diplomáticos extranjeros eran conscientes de que acerca de esta cuestión era el general quien tenía la única palabra. Alguno de ellos dio a sus superiores la clave de cómo habrían de desarrollarse los acontecimientos en el futuro: Pétain se sorprendió de que Franco, después de entrevistarse con él, no le acompañara hasta la puerta, como hacía en otros tiempos Alfonso XIII. No fue la única anécdota parecida que se produjo por aquellas fechas: conseguida la victoria, los monárquicos que participaron en un banquete en el Palacio Real para celebrarla vieron, perplejos, cómo se utilizaban los platos de la vajilla con las marcas del Rey destronado. El proceso de endiosamiento le había llevado ya al jefe del Estado español a la adopción de unas maneras protocolarias que le situaban por encima de los antiguos reyes españoles. Además, y sobre todo, la exaltación caudillista de que había sido objeto le había convencido de su propia capacidad para enfrentarse con los problemas más importantes y más alejados de su formación y capacidades. En suma, don Alfonso se equivocaba: Franco podía haber sido monárquico en el pasado pero ahora se sentía él mismo monarca carismático [40].

Así se pudo comprobar con el transcurso del tiempo. Poco después de la victoria de sus armas, Alfonso XIII escribió a Franco refiriéndose a la que en su momento le había remitido pero, sobre todo, para expresarle sus «calurosas felicitaciones» por un desenlace con el que por completo se identificaba. Alababa sus «dotes personales» que le habían dado desde un principio la seguridad de la victoria militar propia y le proponía la concesión de la Gran Cruz de San Fernando, como jefe nato de la Orden. Pero de esta carta lo que podía preocupar a Franco era que el ex Rey hacía mención a una «segunda campaña» a librar, que venía a ser la de la institucionalización política, para la que ponía sobre el tapete los peligros de la tradicional propensión al individualismo de los españoles. Se veía de forma clara que don Alfonso seguía considerando que la única posibilidad de estabilizar el régimen era a través del restablecimiento de la Monarquía [41]. Pero Franco a esta pretensión le respondió por la vía de hecho. No sólo no restauró la Monarquía sino que, sin agradecer la sugerencia acerca de una posible concesión de la condecoración, se la otorgó a sí mismo e hizo que el general Varela se la prendiera en el solemne desfile de la Victoria semanas después.

No se produjo un cambio sustancial en los meses que siguieron al final de la Guerra Civil y enlazaron con la mundial, de no ser las derivadas de que los monárquicos fueron cada vez más conscientes de que Franco no tenía en sus planes la inmediata restauración de la Monarquía. Alfonso XIII, que estaba en Suiza, su «segunda patria», en 1939, siguió haciendo declaraciones que le alineaban de forma inequívoca con el bando franquista, como decir a los representantes diplomáticos del Estado español que «lo están haciendo Vds. muy bien». La estrategia de los elementos más destacados del mundo monárquico, como Sáinz Rodríguez, consistió, no obstante, a esas alturas, en sugerir ya que no se produjera una «excesiva subordinación» de las figuras más destacadas de la dinastía al régimen. Al mismo tiempo iniciaron una presión sobre los elementos militares para que éstos a su vez indujeran a Franco a una institucionalización de su régimen personal. Pero lo que ellos mismos consideraban como el «endiosamiento» de Franco, fomentador de un auténtico «pugilato de servilismo», evitaba que por este procedimiento se pudiera llegar a una Restauración [42].

En junio de 1939 Serrano Suñer estuvo en Italia y se entrevistó con sus dirigentes políticos, pero también lo hizo con Alfonso XIII y con su hijo y heredero. Las noticias que tenemos acerca de esta entrevista, aunque indirectas, parecen testimoniar que la visita fue «agradecida» por los segundos. Hubo, sin embargo, problemas de protocolo con los roces consiguientes. Ante los dirigentes italianos, el cuñado de Franco, que, al decir de los propios alemanes, mostró una «galofobia» casi patológica, se manifestó dispuesto a aceptar a los Borbones «si éstos se portaban bien», pero los juicios positivos se detuvieron en el hijo pues del antiguo Rey habló «pésimamente». No era la primera vez que lo hacía: seis meses antes, cuando todavía no se había producido la victoria militar de Franco, había afirmado que la vuelta al trono de Alfonso XIII era «una imposibilidad física y metafísica» porque había cometido «errores y ligerezas». Luego repitió opiniones parecidas una y otra vez en Roma, porque también los dirigentes fascistas estaban en una posición muy poco propicia a la Restauración monárquica en España. Mussolini aseguró que ésta supondría promocionar un centro «de oportunismo y de intriga» y que lo que Franco y la Falange debían hacer era librarse de «todos los elementos desleales» [43]. En el fondo lo que Mussolini proponía y deseaba para España era la más completa fascistización posible; como es lógico, eso de manera implícita hubiera supuesto el alineamiento político e internacional con Italia. Resulta muy posible que el propio Duce hubiera hecho desaparecer la Monarquía en Italia en el caso de haber conseguido la victoria en la II Guerra Mundial. En estas circunstancias, se comprende que cuando Sáinz Rodríguez preparó una minuta para una posible conversación entre Alfonso XIII y Mussolini insistiera en que la Restauración en absoluto supondría «una tutela inglesa» que pusiera en peligro la amistad italiana o que contradijera los principios que habían animado al bando vencedor en la Guerra Civil [44].

Según uno de los varios libros de significación derechista y monárquica que se publicaron durante el franquismo acerca de don Juan de Borbón, a la altura de 1940 Alfonso XIII se sentía decepcionado porque algunos de los generales que habían participado en la sublevación de julio de 1936 no le daban el trato que le correspondía [45]. En estas palabras cabe encontrar el eco de la correspondencia de Franco de 1937, pero también el peso de los sucesivos desengaños experimentados por el monarca. Todo parecía confabularse en su contra: Franco era mucho menos monárquico de lo que él pensaba y su régimen parecía superar la prueba de no institucionalizarse, una vez victorioso en la Guerra Civil. Discrepaba en talante de los monárquicos más jóvenes, que no dudaban en proclamar su entusiasmo por una Monarquía antiliberal mientras que él lógicamente debía reivindicar su pasado. Su propia distancia, al menos en las manifestaciones externas, con respecto a su hijo y sucesor, don Juan, era considerable. Cuando, como mínimo, se decía que el futuro de España se dirigía hacia el corporativismo él era identificado con el parlamentarismo liberal. Los falangistas le reprochaban incluso su matrimonio inglés, como ya había hecho la prensa de derechas en 1906.

A comienzos de 1940 Vegas Latapié visitó a Alfonso XIII y a don Juan en Roma. El primero le debió irritar profundamente porque percibió en él lo que juzgó como una peligrosa indiferencia ideológica que contrastaba con su propia identificación de la Monarquía con fórmulas muy específicas de carácter tradicionalista y antiliberal; tampoco logró de él la creación de un organismo destinado a organizar una activa propaganda y acción política monárquica. También lo hizo, una vez más, el periodista Cortés Cavanillas. Ante éste don Alfonso aseguró que «hoy por hoy, todos y cada uno de los españoles debemos estar como un solo hombre a las órdenes (de Franco)», pero no dejó de hacer mención a «detalles de oficial desconsideración hacia mí». Serrano Suñer —contó— le había parecido «un hombre peligrosamente inteligente, con mucha fantasía y con sueños de grandeza bastante excesivos». «Le hice», añadió, «observaciones sobre el peligro de creer en una victoria que Alemania no obtendrá jamás»; también mostró su nulo deseo de que Italia entrara en la guerra pero el preocupado temor de que acabara por hacerlo [46]. Aunque todo ello se publicó mucho tiempo después es bien posible que estas declaraciones respondieran a su pensamiento, que era el de una persona perteneciente a otro mundo y otra época distinta de la que aparecía en el horizonte inmediato.

Con el paso de los meses, Alfonso XIII debió sentir sobre sus espaldas el peso de la presión de la práctica totalidad de los dirigentes de la causa monárquica para que abdicara. Es muy probable que, además, consultara a los generales monárquicos que, aunque menos explícitos que los políticos, debieron terminar pensando como ellos. Estas opiniones acabaron por decidirle a tomar una actitud que le debió costar mucho y ser para él un nuevo motivo de amargura. Sin duda hubiera deseado el mínimo de reivindicación personal que supondría una vuelta al trono, aunque fuera tan sólo por un plazo muy corto de tiempo. Pero sobre él debió pesar también el recuerdo de la obligación debida al puesto que había desempeñado o incluso la creencia en que sólo él podía darle el contenido que era exigible. En realidad, este tipo de sentimientos se reprodujeron en el caso de don Juan, su hijo y destinatario de esa abdicación, y quien le sucedió, el actual Rey don Juan Carlos I.

La abdicación de don Alfonso se produjo el 15 de enero de 1941. Según parece, se convenció, al fin, de que su persona podía ser un obstáculo «para el desarrollo de una España nueva» e incluso para la propia Restauración de la Monarquía. La ocasión obligaba a una declaración solemne o manifiesto que en efecto fue redactado y hecho público (pero no en España). Leído en la actualidad produce juicios encontrados. Por un lado el ex Rey recordaba que el 14 de abril de 1931 había suspendido el ejercicio del poder y que «gracias a ello, ninguno podrá afirmar hoy que se vertiera sangre española para defender los intereses de un régimen o de una dinastía» pero, al mismo tiempo, se identificaba como «la magnífica epopeya de la liberación de España». Declaraba haber procurado «siempre servir el interés de mi Patria» y esperar que «la posteridad hará justicia a la rectitud de mi intención» pero también se atribuía la prosperidad creciente de España conseguida durante su reinado que hubiera sido más lógico responsabilizar a la propia sociedad. La Monarquía —o, más en concreto, la persona que asumiría los derechos dinásticos— tenía que «esforzarse en que desaparecieran los últimos vestigios de las luchas civiles, que dividieron a los españoles en el siglo XIX». Pero no quedaba la menor duda de que la renuncia se hacía en beneficio de «una nueva organización de la sociedad y del Estado y a una equitativa participación de todos en la prosperidad general», términos todos ellos muy genéricos pero que se referían de forma inequívoca a la España vencedora en la Guerra Civil, incluso con un evidente sesgo en el propio lenguaje [47]. El general Juan Vigón y el conde de los Andes entregaron a Franco el acta de abdicación pero la noticia ni siquiera pudo atravesar la frontera porque fue censurada. A uno de los generales monárquicos Franco le dijo que el nombre de su sucesor lo tenía guardado en una «cajita sellada»: con eso vino a indicar que la decisión estaba en sus manos y no tenía nada de inmediata. La renuncia de don Alfonso no había cambiado sus planes[48].

La respuesta de don Juan de Borbón a la decisión de su padre merece ser recordada porque resultó definitoria de quien la había escrito —al menos desde el punto de vista de lo que era su actitud de entonces— y porque, además, no le debió resultar tan grata a quien la recibió. Era, en realidad, un documento político dirigido claramente a aquel sector de los vencedores en la Guerra Civil que hubiera podido ser su promotor en el interior del régimen de Franco. Don Juan empezaba por proclamar «la abnegación y el amor a la Patria» de su padre y enumeraba la larga serie de testimonios de prosperidad que habían ido apareciendo a lo largo del primer tercio del siglo en España. No obstante contraponía a esta situación «la infecundidad de formas estatales impuestas por los tiempos pero desviadas de nuestra mejor tradición». Añadía, además, que su padre había «luchado» contra esa situación de tal manera que daba de él la peor imagen posible desde la perspectiva liberal. Mencionaba, en fin, como testimonio de lo positivo del reinado, la permanencia en Marruecos «que tantas posibilidades ofrecen para el porvenir», frase también muy indicativa de los tiempos que corrían, propicios a un estridente imperialismo. Pero sobre todo don Juan de Borbón hizo una promesa acerca del futuro de la Monarquía restaurada en su persona que no ofrecía dudas sobre lo que sería su ruptura respecto de la etapa precedente. Cuando ciñera la Corona española el príncipe lo haría «con el propósito irrevocable de restaurar el sentido político y social de nuestra Monarquía tradicional». Todo, en el lenguaje empleado, recordaba la España política oficial de entonces, incluida la mención a la «unidad de destino»[49].

La muerte de Alfonso XIII tuvo lugar el 28 de febrero de 1941. Se le había diagnosticado «una vieja afección cardiaca levísima» en el Club Puerta de Hierro en 1930. Luego, tras la marcha de España, en París los médicos le descubrieron una miocarditis y le prohibieron los ejercicios físicos violentos y también las emociones fuertes como las que le proporcionaba el automovilismo[50]. No hizo, apenas, caso de las recomendaciones médicas. En parte, la residencia en Roma tenía su explicación en el hecho de que le había sido recomendada por los médicos. Durante sus padecimientos finales la familia real italiana tuvo con él especiales atenciones.

Cuando murió Alfonso XIII en la prensa estrechamente controlada de la España de la época se dio a lo sucedido la importancia que le correspondía, pero el régimen trató de evitar que se produjeran actos que pudieran dar la sensación de que existía un sentimiento monárquico extendido. Los funerales en Roma tuvieron un carácter puramente familiar aunque se reservó un puesto de honor al embajador de España en la ceremonia. Serrano Suñer obtuvo de Ciano que, en atención a las circunstancias bélicas, no se concediera un permiso colectivo a los españoles monárquicos para desplazarse a Roma. Probablemente, la decisión no fue suya sino del propio Franco o, al menos, consultada con él [51].

El cuerpo de don Alfonso recibió sepultura provisional en Roma en la iglesia española de Santa María de Montserrat, en via Giulia, cerca de los sarcófagos que contenían los restos de dos papas españoles, Calixto III y Alejandro VI. En su testamento, redactado en el verano anterior, había pedido que sus restos fueran depositados lo antes que fuera posible en el panteón de El Escorial.

Doña Victoria Eugenia estuvo al lado de su marido en el momento de su muerte. A partir de entonces residió en Lausana, en «Vieille Fontaine». Mantuvo contacto estrecho con sus nietos, en especial con don Juan Carlos, a quien llevó en 1946 a su primera visita a Inglaterra, y con los dos hijos del infante don Jaime, Alfonso y Gonzalo. En 1968 viajó a España, siendo huésped de los duques de Alba, con ocasión del bautizo de su bisnieto Felipe. Murió en 1969, poco antes de que don Juan Carlos fuera proclamado sucesor de Franco con el título de Príncipe de España.

EPÍLOGO

UN REY EN LA HISTORIA DE ESPAÑA

A lo largo del libro hemos podido comprobar que Alfonso XIII es uno de los grandes personajes de la historia española del siglo XX. En el pasado, sobre todo en el pasado más reciente, se suele dar el caso de que una persona cualquiera singulariza hechos decisivos («acontecimientos monstruo», los llamó un historiador francés) que suponen un giro decisivo en las vidas de las colectividades, de tal modo que, tras ellos, nada vuelve a ser igual. También existen personajes individuales a los que se puede atribuir, en un determinado momento o a lo largo de una trayectoria biográfica, una influencia semejante. Ellos tuvieron en sus manos, en cierta medida, el destino de la colectividad o influyeron en ella. Alfonso XIII —como, con posterioridad, Manuel Azaña, Francisco Franco, Juan Carlos de Borbón, Adolfo Suárez o Felipe González— fue uno de estos personajes.

A diferencia del resto, su figura resultó poco controvertida durante la mayor parte de su trayectoria, aunque esto cambió en la fase final de su vida, en la que sus responsabilidades pasarían a ser objeto de acusaciones, a veces precisas y justas; y otras, inconcretas y fabuladas. En este libro hemos pretendido reconstruir cuál fue su actuación a partir de los rastros escritos —en gran medida desconocidos hasta ahora— que fue dejando a lo largo de su reinado. Con cierta frecuencia esos rastros parecen insuficientes o indirectos, pero también muy a menudo bastan para recomponer su papel protagonista durante treinta años de la historia de España. Cualquiera que haya leído las páginas precedentes estará de acuerdo en que no se puede reconstruir la historia española del periodo prescindiendo de la figura del Rey; no obstante, pocas veces se ha intentado profundizar en ella y, en cambio, se han emitido juicios sobre su actuación llenos de vaguedades o valiéndose de unas fuentes de escasa calidad, como es el caso del publicismo de los años treinta. Sin embargo, en cualquier problema que se aborde de esas tres décadas parece necesario interrogarse sobre qué papel jugó el Rey.

Un personaje histórico no puede ni debe juzgarse en su actuación por su carácter o su modo de ser, pero es imprescindible tener este aspecto en cuenta para comprender cada uno de los momentos de su biografía. No se entiende la personalidad de Alfonso XIII sin tomar en consideración facetas que en su momento fueron señaladas por otros historiadores. Pabón se refirió, por ejemplo, a esa mordacidad que a menudo le hacía emitir juicios aparentemente devastadores acerca de sus colaboradores sin que fueran, en realidad, tan malintencionados. Pasar de un Gobierno Maura a otro de Sánchez Guerra, comentó en una ocasión, sería como mudarse del Hotel Ritz a la Posada del Peine. Carlos Seco ha escrito acerca de cómo la apariencia a menudo risueña del monarca ocultaba la tragedia de su vida, la enfermedad de sus hijos.

A lo largo de esta obra habrán aparecido muchos otros aspectos de la personalidad de quien fue Rey de España desde 1902 hasta 1931. Como se han ofrecido informaciones nuevas, el perfil del personaje ha podido ser precisado y cabe establecer un balance de rasgos positivos y negativos. Empecemos por los últimos.

Hay dos constantes en Alfonso XIII que asombran por la claridad meridiana con que aparecen, y porque se hubieran podido evitar fácilmente y no se evitaron. Una de ellas fue una indiscreción que en ciertos momentos parece incluso patológica. Era, quizá, un rasgo propio de un niño o de un joven que, con el paso del tiempo, fue atenuándose sin desaparecer nunca del todo. Alfonso XIII hablaba demasiado y da la sensación de que acostumbraba a hacerlo simplemente para demostrar ante su interlocutor que, en los asuntos internacionales, su información era mejor que la de cualquier otro o, ante interlocutores españoles, que tenía en sus manos las riendas de la situación de forma absoluta y total, cuando no era así en ninguno de los dos casos. Nada puede justificar, por ejemplo, que en 1910 le contara al embajador francés el desarrollo de una crisis que todavía no había tenido lugar y en la que él sería un factor determinante. Como toda persona indiscreta y que habla con más personas de las que le debería recomendar su propio juicio, tendía a identificarse camaleónicamente con su interlocutor, con lo que resultaba contradictorio; como estaba en el centro de la atención universal, ese rasgo se descubría pronto y era acerbamente criticado. Sus conversaciones con los embajadores extranjeros durante la I Guerra Mundial o la multitud de habladurías que recogió Natalio Rivas en sus memorias no le dejan nada bien parado.

Otro defecto de carácter que aparece en ocasiones puntuales fue la frivolidad. Como rasgo general le llevaba a ocuparse de cuestiones, principalmente militares, que tenían una importancia pequeña y, en cambio, a ser inconstante, superficial y entrometido en otras de mayor envergadura. Fue capaz de darse cuenta durante una parte de su vida del interés que tenía para la Monarquía atraerse a los intelectuales, pero todo hace pensar que el mundo de la cultura no le interesaba en absoluto. No prestó atención suficiente a algunas de las grandes reformas políticas que se plantearon durante su reinado. Su labor moderadora padeció siempre del grave inconveniente de la falta de conocimientos. Pero, sobre todo, la frivolidad adquirió en determinados momentos unos rasgos hirientes para los españoles que pudieron llegar a conocerlos. Sus juicios sobre sus propios conciudadanos al comienzo de la I Guerra Mundial o su aparición en centros de recreo franceses cuando estaba muy vivo el recuerdo de Annual resultan por completo injustificables.

Quizá, sin embargo, el rasgo negativo de mayor relevancia que cabe achacar al monarca sea la carencia de una idea global sobre hacia dónde debía contribuir a llevar a su país. Pudo tener intuiciones acerca de la dirección que debía imprimir a la vida española pero le faltaba ese pensamiento de fondo, derivado de una forma de ser. Por eso muy a menudo dio la sensación de tantear rumbos desconocidos. En parte se debía a su formación, a pesar de que probablemente en nada se diferenció de la que recibieron otros monarcas del momento. Hoy sabemos que la gran cuestión con la que se enfrentaron los españoles en la época fue la del tránsito del liberalismo a la democracia. Alfonso XIII no tenía una respuesta definida para ella. Pero hay que tener en cuenta que los procedimientos para recorrer ese proceso histórico no estaban entonces claros ni mucho menos. Es evidente, por ejemplo, que los políticos de mayor envergadura erraron a menudo en el diagnóstico: éste fue el caso de Maura, que concedió demasiada importancia a la Ley de Administración Local; incluso al propio Canalejas cabe achacarle, quizá, el haber establecido un elenco de prioridades discutible. También en otras latitudes sería difícil encontrar para tan arduo problema una solución clara y segura en cuanto a sus resultados.

A la hora de intentar resumir los aspectos positivos del carácter o el modo de ser del monarca hay que empezar por señalar que no era, en principio, opuesto a esta transición crucial que se planteaba en España durante las tres primeras décadas de su reinado en las que ejerció la Jefatura del Estado. Frente a las caracterizaciones que de él se hicieron durante la Dictadura, en los meses finales del régimen monárquico o durante la II República, de ninguna manera puede ser descrito como una persona que tendiera al poder absoluto o que fuera un clerical compulsivo. En esto erraron los intelectuales que se lo achacaron. Claro está que un juicio sobre estos puntos concretos se debe hacer con referencia a los criterios de la época y no a los actuales, pero incluso si se emplearan estos últimos se descubriría que, en justicia, no le son imputables.

En el lado positivo de la balanza hay que situar, además, otros rasgos del carácter y del modo de ser de Alfonso XIII. Fue, por ejemplo, un patriota guiado por un deseo muy auténtico de que su país mejorara a lo largo de su reinado y, en general, dedicado a esa tarea con asiduidad y deseo de acertar. Quizá a esa idea de la patria se le puedan oponer, desde una óptica actual, muchas adversativas. Para él significaba, por ejemplo, expansión territorial o reconocimiento por el resto de las potencias, algo muy alejado de nuestra sensibilidad. Pero se siguen considerando virtudes el afán y la contribución a que una colectividad ante la que se tiene una responsabilidad prospere. Muy a menudo ha quedado de este Rey la imagen de un tipo de vida muelle y despreocupada que recuerda la de monarcas de una antigüedad más remota, pero en cuanto se bucea en su vida diaria se descubre esta otra realidad mencionada.

Por otro lado Alfonso XIII fue un monarca moderno que creó un nuevo estilo que, hasta cierto punto, ha heredado su sucesor. Esto se comprueba si se le compara no ya con los reyes que conservaron más poderes que él sino también con aquellos que presenciaron una completa y definitiva democratización de las instituciones políticas de sus respectivos países. Alfonso XIII llegó, además, a este resultado desde un punto de partida que le situaba en las antípodas. La Corte en que se educó era de las más anquilosadas de Europa y su propia madre, que desempeñó un papel decisivo en su vida, incluida la política, no pudo guiarle por esa senda. Él mismo tuvo que inventarla y recorrerla cuando, a través de los viajes, descubrió un mundo nuevo y diferente. El primer Alfonso XIII, el que aparece en el diario juvenil y en sus primeras actuaciones, podía ser caprichoso (de ello hay algunos ejemplos que no sobrepasan 1904, cuando tenía dieciocho años), pero, sobre todo, destaca por sus inclinaciones reaccionarias. Él mismo acabó admitiéndolo. Fue el peso de una tarea abrumadora impuesta desde los primeros segundos de vida lo que le hizo cambiar hasta convertirse en menos hierático y más moderno que muchos de los reyes europeos de la época. Pero quizá eso mismo, unido a su centralidad en el panorama político y social del momento, le convertía en destinatario de las críticas. Se le reprochó una excesiva dedicación al deporte y el trato con personas que no reunían las condiciones habitualmente consideradas como las óptimas, al menos desde la perspectiva de la buena sociedad de entonces. En general esas críticas resultan desdeñables, aparte de que no se refieren a lo esencial de ese deseo de modernización. En aquellos años ni siquiera se empleaba este término, sino el de «regeneración», aunque ambos venían a significar lo mismo. Como toda la sociedad de su tiempo, el Rey quería que España se pusiera a la altura de las naciones más desarrolladas de Europa. Sus colaboradores en Palacio acostumbraron a ser mucho más conservadores y anclados en el pasado que él mismo.

El tercer rasgo del carácter y el modo de ser del monarca resultará más discutible para el lector pero los autores de este libro lo perciben con tanta claridad que se sienten obligados a explicarlo con detenimiento. Alfonso XIII fue un rey liberal. Liberal no quiere decir, desde luego, demócrata: este último calificativo en absoluto cuadra al rey español, tanto por su forma de ser como por el contexto en que actuó. Liberal debe entenderse, por supuesto, desde la perspectiva de la época. En ella suponía tener como modelo esencial a Gran Bretaña o Italia y no a Austria, Alemania o Rusia. El monarca, por otro lado, desde esta concepción, mantenía poderes amplios e incluso guardaba un rastro de la sacralidad heredada de antiguo. En el caso de la España de entonces ser liberal no resultaba incompatible con considerar imprescindible un paréntesis autoritario para construir una supuesta libertad nueva y un régimen liberal más auténtico. Si no se tiene en cuenta esta realidad no se comprende en absoluto la actitud de Alfonso XIII, en primer lugar respecto de la Dictadura y, en segundo, una vez finalizada ésta. Liberal, en fin, quería decir en la mentalidad de la época poder político limitado y ejercicio de determinados derechos, por muy recortados que hoy nos parezcan. Sin estudiar el momento histórico no puede entenderse la visión que, a partir de 1931, tuvieron los jóvenes falangistas —y bastantes monárquicos— del Rey como una especie de antigualla a la que era preciso sustituir cuanto antes. Hasta tal punto Alfonso XIII se daba cuenta de ello que trató vanamente de adecuarse al cambio que creía que las circunstancias le imponían. El hecho de que fracasara es prueba de ese liberalismo.

Los personajes históricos no se juzgan por la forma de ser sino por el resultado de su actuación. Con respecto a la de Alfonso XIII ha habido mitos de envergadura que simplemente no se sostienen con un examen detallado de la información disponible. El Rey no dirigió su actuación en las crisis de Gobierno de forma sistemática a multiplicar su poder. Tampoco tuvo una voluntad primariamente imperialista por expandirse al norte de África. No fue el causante del desastre de Annual al planear operaciones e impulsarlas al margen de los gobiernos. No tuvo como preocupación obsesiva incrementar su fortuna con negocios particulares. No dio el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923. Incluso no tuvo la cerrada pretensión en 1930 y 1931 de que todo volviera a ser como en 1922. Se puede explicar que todo ello le fuera reprochado, pero desde un punto de vista histórico resulta insostenible, al menos en los términos indicados.

Para empezar a juzgar la actuación del Rey hay que establecer una comparación con otros monarcas de la época y con la propia Monarquía española en el periodo inmediatamente precedente.

Alfonso XIII sale bien parado de la comparación con otros reyes europeos de la época. Dejemos a un lado aquellos casos en los que esta afirmación resulta más evidente: en España no se produjo una reacción autoritaria del ejecutivo, como en Alemania, ni, como en Portugal, el régimen se embarcó en exclusiva con una opción política derechista. Olvidemos también los casos de las monarquías —cuatro, la alemana incluida— que perecieron como consecuencia de la I Guerra Mundial. La comparación fundamental ha de hacerse con la Monarquía británica de comienzos de siglo y con la italiana. Incluso el caso de la británica reviste rasgos especiales que la distinguen de la española. De forma inequívoca la sociedad inglesa ya había emprendido el camino de la democratización y cuando se produjo la prueba de 1910 el Rey se inclinó a favor de ella porque la mayoría parlamentaria le señaló un rumbo inequívoco. No hizo, pues, nada más que consagrar una realidad que se había evidenciado previamente.

En el caso de la Monarquía italiana ya se han descrito los paralelismos con la española en actuaciones concretas; inmediatamente volveremos sobre ello. Pero antes es necesario recordar la estructura de ambas. En esto podemos incluso adentrarnos algo más de lo que se ha hecho en páginas precedentes, para descubrir que era muy considerable. Como en el caso de España, en la Monarquía de los Saboya el Rey fue siempre copartícipe de las decisiones más importantes, sobre todo en las crisis gubernamentales, y nunca resultó irrelevante en el resto. Los cargos de Corte, las declaraciones sujetas a determinadas formalidades o el papel de los viajes de Estado respondían también a idéntico modelo. Como en el caso de España, la distinción entre lo público y lo privado fue también tardía: hasta 1919 los funcionarios de la Casa Real italiana no fueron asimilados a la burocracia estatal y los supremos responsables de aquélla con frecuencia administraron las fortunas personales de los monarcas. Los Saboya no sólo se ocuparon de los asuntos militares sino que tardaron mucho en ceder la responsabilidad fundamental en el campo de batalla a generales o ministros. En política internacional tuvieron sus propios emisarios para tratar con otras potencias, lo cual no sucedió en el caso de la Monarquía española.

Los regímenes ofrecen paralelismos muy evidentes. Las circunstancias y coyunturas pudieron ser distintas y explican hasta cierto punto las actuaciones de los monarcas. Pero, aun así y con evidentes simplificaciones, puede concluirse que por un lado Víctor Manuel III no desempeñó papel alguno a favor de que emergiera tímidamente una democracia en Italia hacia 1913 ni, de modo más manifiesto, en 1919. Por su parte Alfonso XIII no contribuyó a que su país entrara en una guerra mundial, no hizo posible una experiencia dictatorial de vocación totalitaria como en Italia en 1922 y reaccionó de forma muy distinta en 1930-1931 a como lo hicieron Víctor Manuel y su hijo en 1943-1946.

Comparemos ahora la Monarquía de la Regencia de Doña María Cristina con el reinado de su hijo. Existe, por supuesto, una identidad esencial: los dos fueron regímenes liberales en los que era precisa la doble confianza para configurar el Gobierno, y el sufragio universal reproducía la composición del ejecutivo de modo que no proporcionaba a la Corona los elementos de juicio que tenía un rey inglés y, hasta cierto punto, un rey italiano. En ambos casos la Monarquía conservó poderes muy importantes en materia de política exterior y de carácter militar. En el caso de Doña María Cristina los primeros fueron ejercidos sobre todo de cara al Vaticano para lograr la consolidación del régimen frente al carlismo. En cuanto a los segundos, consistieron en una especie de coparticipación en el poder político a través de personalidades individuales como Martínez Campos, en estar siempre atenta a las reivindicaciones del Ejército o de sus figuras más destacadas (como Polavieja) y en mostrar perennemente la debilidad de un régimen que debía ser compensada con el papel guardián de la milicia.

Si se compara este régimen con el de Alfonso XIII en lo que se refiere al papel desempeñado en ambos casos por la Monarquía, se observa que hay similitudes fundamentales y también diferencias relevantes. Ante todo señalemos una divergencia de primera importancia y de carácter ambiental. La época de la primera Restauración estuvo dominada por una marcada conciencia de fragilidad, de que aquél era un régimen que por una parte proporcionaba un grado elevado de libertad y estabilidad pero que estaba amenazado de quiebra por la presión contrapuesta de carlistas y republicanos. El régimen de Alfonso XIII en su primera etapa supo liquidar esta situación de fragilidad: ni carlistas, primero, ni republicanos, después, constituían peligro alguno hacia 1914.

Pero en muchos otros aspectos el régimen siguió siendo igual. La similitud absolutamente fundamental se refería al sufragio. Se había dicho que el Rey era un «piloto sin brújula» y lo siguió siendo. Cánovas había afirmado que «el mayor de los males políticos de este país, el que tiene culpa de nuestros mayores desastres, es que el cuerpo electoral no puede servir de guía a la Corona para la dirección de los asuntos públicos». Algunas de las frases más amargas de Maura en relación con la necesidad de galvanizar a la «masa neutra» vinieron a ser idénticas a ésta. También habría escrito Sánchez de Toca, con su habitual estilo enrevesado, que la Monarquía podía y debía suponer «factores inapreciables de compensación para amparar aquella opinión pública cuyas notas no repercuten en nuestros comicios». Esa frase equivalía a atribuirle una intervención que, partiendo de la falta de veracidad del voto, concluía en el autoritarismo. Hubo quienes lo reivindicaron a partir de los años veinte, aunque no fueron mayoría.

No debemos tratar de plantearnos aquí las razones por las que el sufragio siguió sin proporcionar al Rey la brújula que necesitaba. Baste con señalar que, al margen de razones derivadas de determinadas coordenadas de carácter social y cultural, un régimen de esas características podía perdurar por una legislación, en especial de carácter electoral, que lo favoreciera, por el temor a la irrupción del desorden público, por el mal diagnóstico de determinados políticos o por ausencia de una presión suficiente por parte de la oposición. En España se dieron todos estos factores, alguno de ellos de forma abrumadora. Aun así se pudo constatar, como no podía ser menos, una mayor exigencia por parte de una opinión pública más activa, pero que no acababa de conseguir cauces parlamentarios y, menos aún, de transformar el sistema político.

No cabe pensar que una especie de bondad o impecabilidad personal del Rey pudiera producir su retirada de determinados campos en los que su poder de actuación venía de antaño. Tampoco se puede admitir que el hecho de que el texto constitucional partiera de la necesidad de la doble confianza, de la representación popular y del monarca, era la clave de que mantuviera sus poderes, pues éstos podían haber disminuido con el transcurso del tiempo a través de la práctica diaria. En realidad la limitación de poderes del Rey únicamente resulta imaginable en el caso de que el electorado se independizara —y debía hacerlo totalmente porque sólo así podría proporcionar una verdadera brújula u orientación— o de que la clase política estuviera muy unida. Lo primero, como ya se ha dicho, no sucedió y lo segundo aún menos. Por razones que ya han sido indicadas la tendencia en este último aspecto fue por completo contraria. Aun contando con que había factores objetivos que la fomentaban, el caso del parlamentarismo español hacia 1923 era de pura patología. Ni remotamente cabe culpar de ello al Rey, para quien fue un engorro y, por consiguiente, trató de hacerlo desaparecer. Es evidente que de esta manera Alfonso XIII veía crecer y no reducirse sus poderes. Por si fuera poco hay que tener en cuenta que el regeneracionismo fue una mentalidad modernizadora y se mantuvo, en general, dentro de los límites del liberalismo pero empujaba al activismo y a lo expeditivo, no necesariamente a la democracia.

En estas circunstancias Alfonso XIII siempre siguió una política propia, lo cual era inevitable, y debe ser juzgado por los contenidos de la misma, no por otras razones. Importa señalar, ante todo, que esta política siempre tuvo unos límites y unos campos de actuación variables que dependían no sólo de las materias sino también de las circunstancias. Aparte de la unidad de los partidos otro factor decisivo fue el talante de los políticos. En este sentido existió siempre un abismo entre la forma de tratarlo de Maura (que siempre recibió el «usted» y no el «tú» confianzudo) y la de los liberales, con la excepción de Canalejas. Se puede decir que los liberales resultaron menos propicios al fomento del cambio en el papel desempeñado por el monarca que los propios conservadores. El caso de Moret resulta sin duda el peor: fue adulador e intrigante y quiso anudar una relación personal, primero con la madre y luego con el hijo, para compensar sus deficiencias de apoyo social y de liderazgo en el partido liberal. Mérito de ambos es no haber sido seducidos. En realidad, a mayor apoyo social de una fuerza política le correspondía siempre una menor obsesión respecto de la necesidad de tener a favor al Rey o una menos compulsiva especulación acerca de cuál podría ser su postura. Basta con comparar la correspondencia de Cambó con las memorias de Natalio Rivas para comprobar la veracidad de esta afirmación.

Con estas premisas debemos juzgar el comportamiento de Alfonso XIII principalmente a partir del examen de las crisis gubernamentales, un momento en que nadie podía sustituirle en su papel. Lo primero que resulta evidente es que no tuvo el defecto de Isabel II, su abuela y antecesora, de modo que su Monarquía no fue nunca de un único partido. Incluso se puede añadir que intervino en las crisis sin imponer a los gobiernos que se formaban coaliciones que integraran a las fuerzas políticas emergentes, como hizo su madre. Si se examinan los motivos de queja de los políticos respecto a su persona se llega a la conclusión de que la mayor parte no fueron provocados por errores del monarca sino por el exclusivismo de aquéllos. Claro está que eso vale para el periodo posterior a 1905 y que cabe atribuir al monarca en ocasiones mejor visión a corto plazo que a largo. Eso, lo que Ortega denominaba miopía en el estricto sentido etimológico, le acerca a Romanones, el político con quien debió de tener más intimidad aunque también notorios conflictos. En realidad no eran tan distintos.

Durante la mayor parte del reinado de Alfonso XIII los embajadores procedentes de los países liberales consideraron correcto su comportamiento constitucional en las crisis. Acertó, en los parámetros de sus poderes y de la política de la época, en 1909 y volvió a actuar de forma oportuna en 1913. También actuó de forma correcta en 1918 cuando se formó el Gobierno Nacional e incluso en un primer momento en 1930. Si se le compara con Maura, ejemplo de político tan respetado que podía presidir gobiernos de concentración, sin duda acertó más que él. Erró de forma gravísima en 1923 pero no hay que olvidar que en la equivocación le acompañaron no sólo muchos políticos sino también intelectuales, como Ortega. Si siempre tuvo una política propia, en realidad ésta no distó tanto de los intereses nacionales. Y, sin embargo, a pesar de que no fue culpable de muchas cosas de las que se le acusó, tal era su papel central en el sistema político —dadas sus características— que resultaba inevitable que lo pareciera.

Al margen del papel desempeñado en las crisis gubernamentales, hay que referirse a la política que siguió en materia militar y exterior. En ambos terrenos la propia personalidad de Alfonso XIII introdujo cambios con respecto a lo que había sido habitual en tiempos de su madre. A diferencia de ella tenía afición, más que obligación, por lo militar; su propia condición de varón inducía a un enfoque diferente de su función. Rey joven de un régimen estable podía ser más activo en la política exterior a través de viajes de Estado y no dedicarse en exclusiva a enviar cartas al Papa (o a la emperatriz Victoria) pidiendo ayuda, como en el caso de su madre.

En un sistema político como el de la Restauración la función intermediaria del Rey entre el poder civil y el militar, siempre potencial e incluso actuante en determinados aspectos, era esencial. Por tanto lo criticable desde esos parámetros (que una vez más hay que recordar que no eran los de una democracia) no es que el Rey desempeñara esa tarea. Con ella impidió mayor intromisión militar en 1905 y, con más dificultades, en 1917; en el conflicto artillero ya se reveló incapaz de resolver el problema. En realidad, gracias a esa función el régimen no necesitó un Martínez Campos, ni tampoco consultar a generales en las crisis políticas ni nombrar ministerios en que el número de uniformes militares fuera desbordante. Todo eso sucedió en la Regencia. El Ejército se retiró un tanto de la política aunque reapareciera luego, y de forma mucho más desordenada. Lo más discutible —en el fondo un error completo— fue que Alfonso XIII interviniera de forma tan minuciosa en los nombramientos de la oficialidad, sobrepasando en esto claramente el papel desempeñado por su madre. Siempre estuvo refrendado por los sucesivos ministros, pero éstos, en la práctica y con variaciones según los casos, parecen haberse sometido a sus indicaciones. No hubo grandes controversias públicas acerca de las promociones y la distribución de destinos pero era inevitable que generaran malestar, como cada vez que el Rey se enfrentaba a una crisis gubernamental. Con este procedimiento se creaba un vínculo entre el Ejército y la Corona que, a medio plazo, resultaba suicida porque ese género de intervención llevaba necesariamente a la polémica. Así lo pudo constatar el Rey en 1917 pero, sobre todo, en 1921, cuando se le achacó la responsabilidad de aquello de lo que sólo Silvestre había sido culpable.

En relación con Marruecos hay que descartar que Alfonso XIII, como cualquier otro miembro de la clase dirigente de la época, partiera de una pasión enfervorizada por el imperialismo colonial. Para todos ellos era la forma de que España estuviera presente en el mundo cumpliendo con sus obligaciones internacionales, demostrando que no era una nación moribunda, como la había calificado Salisbury en 1898, y dando pruebas de que podía cumplir una labor civilizadora y, por tanto, regeneracionista. Sin duda todos hubieran preferido que los esfuerzos empleados al otro lado del Estrecho se hubieran centrado en la Península, pero acabaron por aceptar lo que era una imposición de las circunstancias. Por descontado que, desde una óptica actual, e incluso de entonces, si se hubiera prestado mayor atención a la opinión de las clases populares sería muy discutible la justificación de esa presencia, pero tampoco el sistema político tuvo el suficiente apoyo social como para imponer una retirada que hubiera sido un escándalo desde el punto de vista de la política exterior. En la clase política a lo sumo hubo actitudes tendentes a detener las operaciones militares sin llegar a promover la retirada de Marruecos. El Rey no fue nunca abandonista, como algunos políticos, pero permitió que en 1924 Primo de Rivera llevara a cabo una gran retirada en la zona occidental. De nuevo en este punto la dedicación de Alfonso XIII rebasó toda prudencia y, por eso, cuando sobrevino el desastre le culparon a él. No obstante, tampoco había tomado en absoluto la iniciativa en operaciones militares.

Con respecto a la política exterior, en contra de lo que se dijo durante la Dictadura de Primo de Rivera, en realidad Alfonso XIII no fue un germanófilo. Su visión de la política exterior coincidía también con la del resto de la clase dirigente española y tenía como principales centros de referencia Gran Bretaña y Francia, con las diferencias que se recordarán. Hubo, pues, una coincidencia entre la política nacional y la del Rey. La decisión de optar por la neutralidad en 1914 fue correcta. La tentación anterior de participar en el conflicto a cambio de compensaciones territoriales fue individual pero muy poco duradera; nada justifica, en cambio, las palabras que el Rey pronunció ante el embajador francés probablemente para conseguir unas compensaciones que otros le habían prometido. Con respecto a Portugal Alfonso XIII fluctuó entre diversas políticas: una especie de paternalismo protector con respecto a una Monarquía amenazada, el intervencionismo solapado a favor de los monárquicos en contra de la República, un deseo de ser apoyado por las potencias en caso de ser necesario el restablecimiento del orden y, en fin, ciertas esperanzas en que un día se acudiera a él incluso como monarca. Pero todo ello, que suponía sin duda una política personal, ciertamente criticable, al final no se concretó en nada.

En todas estas cuestiones, de política interna y externa, Alfonso XIII sufrió una espiral de reproches. Cada vez que nombraba a un Gobierno su presidente lo atribuía a méritos propios, pero cuando el Rey perdía su confianza en él provocaba el enojo de éste. A medio plazo esa espiral hubiera sido insoportable para cualquier personaje político por muchas virtudes que hubiera tenido. Algo parecido se puede decir del clientelismo a la hora de los nombramientos militares: como los recursos no eran infinitos y, además, el Ejército español estaba amenazado en la guerra de Marruecos por un percance grave, al final los reproches se podían acumular sobre él. Por si fuera poco Alfonso XIII padeció el inconveniente de que se le atribuyó una influencia mayor de la que en realidad ejercía. Los políticos españoles y también los embajadores extranjeros a partir de 1918 le supusieron un ascendente sobre los acontecimientos en los momentos decisivos que en verdad no tuvo. En ocasiones creyeron ver en sus decisiones unos propósitos que ocultaban la realidad de que no le quedaba más remedio que hacer lo que hizo. Eso vale para la parte final del reinado pero en general se puede presumir que en la tarea cotidiana el ejercicio de la función moderadora debió de ser, para él, debatir con cada presidente los programas políticos, aconsejar y asumirlos a continuación.

Cabe plantearse un interrogante más. ¿Pudo hacer algo más de lo que hizo? De hecho a lo largo de su reinado no sólo una sino varias opciones políticas demandaron su apoyo de forma apasionada y exclusiva; de ahí nació la irritación de éstas cuando no se les concedió. Uno de los primeros historiadores que estudió su forma de actuar como monarca —Calero— lo ha explicado de manera muy precisa: los políticos de la época combatían por su apoyo con la misma pasión con la que los de una democracia lo hacen por los votos. La razón era muy simple: el sufragio no servía como brújula, mientras que la confianza del Rey en un momento de crisis, sí. Pero, en primer lugar, Alfonso XIII no tenía poderes tan amplios. El sostén del régimen estaba constituido por aquella «simpatía y actos personales» que se atribuyó en una carta a Don Manuel II de Portugal y no en los recursos de una Monarquía tradicional. Además siempre consideró, como debía, que no tenía que entregarse a una única opción. De hecho las fuerzas políticas contrapuestas se neutralizaban e impedían tomar una decisión como ésa. Además consideraba, como le escribió a Sorolla, que ceder ante una de esas demandas supondría dejar al demandante «arrimar el ascua a su sardina» y hacerle «medrar demasiado» en perjuicio del propio régimen y la Monarquía. Incluso la recomendación de Azcárate o de Unamuno de que prescindiera de cualquier iniciativa, sin duda la actitud más defendible desde nuestra óptica actual, resultaba de difícil aplicación. El Rey hubiera podido entrometerse menos en el Ejército y en Marruecos; incluso hubiera debido. Pero lo más probable, en ese caso, es que se hubiera creado un vacío que quizá habría sido rellenado por generales deseosos de actuar con autonomía absoluta o por un partido dispuesto a concedérsela.

En resumen, si España no tuvo democracia no fue por Alfonso XIII, o no fue por él solo. Las culpas deben ser compartidas por los políticos —también los de oposición— y por la dificultad concreta que en la evolución histórica ha entrañado el tránsito del liberalismo a la democracia. El fracaso no fue de una persona sino de la sociedad española. Ni siquiera deberíamos emplear el término «fracaso», porque la descripción ajustada para la situación política de la España anterior a 1931 es la de «estadio predemocrático».

La Monarquía de Alfonso XIII resultó funcional durante los tres lustros iniciales del siglo. Entiéndase por tal calificativo que proporcionaba, dadas las condiciones sociales y culturales del momento, una cantidad razonable de libertad y, al mismo tiempo, resolvía, de una manera u otra, los conflictos existentes, por ejemplo entre poder militar y civil. Desde 1917 empezó a dejar de serlo. Se mantuvo entonces ante enemigos demasiado incoherentes como para unirse en un frente contra ella; incluso remató como adversarios a los republicanos y hasta cierto punto integró a los reformistas y catalanistas. Pero el nivel de conflictividad acabó siendo excesivo para ella. Aunque la ineficacia de la institución parlamentaria y la inestabilidad del ejecutivo contribuyeron a la crisis de legitimidad, esa falta de funcionalidad resultó también muy importante.

La mejor época del reinado, aquella de mayor consenso respecto de las instituciones, fue sin duda la inmediatamente anterior a la I Guerra Mundial. Resultó también la más prometedora e incluso, desde el punto de vista actual, la más fecunda (recuérdese, por ejemplo, la tarea desarrollada en el campo cultural y educativo). El momento decisivo fue el golpe de Estado de septiembre de 1923, en que Alfonso XIII tomó una decisión muy equivocada, aunque sin duda popular; se le puede reprochar a él, pero también a todos los que recibieron con entusiasmo la llegada al poder de Primo de Rivera. Aun así hubiera podido enderezar la situación si el camino de vuelta hacia el liberalismo se hubiera iniciado en 1925 o 1926. Pero Alfonso XIII tuvo, sin duda, el inconveniente de que Canalejas le duró poco y Primo de Rivera demasiado. El propio talante del monarca cambió: optimista y activo en 1913, fue pesimista y estuvo dominado por los acontecimientos en la segunda mitad de los años veinte. En 1930 le faltaron ayudas; sin embargo, tampoco fue capaz de entender hacia dónde iba España. En abril de 1931 hizo bien en tomar la decisión que tomó, pero resultó demasiado optimista al pensar que el cambio de régimen sería reversible. La Monarquía que él había personificado había dejado de ser funcional e incluso coherente con el estado social y cultural del país. Mencionar esas realidades no es exculpar a la Monarquía y a su clase política sino situar a la República inicial en su exacto y más valioso punto de partida. Las masas que se manifestaban en la calle con una alegría inmensa, justificada porque eran por vez primera protagonistas de su destino, no se dieron cuenta de que con el cambio de régimen no concluían los problemas sino que aparecían en toda su magnitud. El régimen precedente los había escamoteado, quizá, pero ahora emergían como realidades engendradoras de conflicto.

NOTAS

INTRODUCCIÓN
APROXIMACIÓN AL PERSONAJE

[1] Para esta explicación, véase el primer apartado de la bibliografía, al final de este libro.

[2] Véase principalmente Rohl.

[3] Véase el libro clásico de Bogdanor, pero también el de Williams.

[4] Véase principalmente Mack Smith, Colombo y Mazzonis.

[5] Marcuello, passim.

[6] AMVA, leg. 219.

[7] Véase el interesante artículo sobre este tema de Carlos Seco.

[8] BP, II, 4051 n.° 15.

[9] Estas notas sobre la Restauración deben mucho a Beck, Lario, Riquer y al trabajo colectivo editado por Tusell y Portero. Véase la bibliografía.

[10] «Combinación proyectada», AP, cajón 9/1.

[11] Sin fecha pero 1875, AP, cajón 5/E-1.

[12] Alfonso XII, 27-I-1875, AP, cajón 5/25 E-2.

[13] AMVA, leg. 220.

[14] Por ejemplo, AP, cajón 18/1.

[15] «La coalición 1885» en AMVA, leg. 215, y «La coalición en las elecciones municipales del 1885» en AMVA, leg. 216. Fernández Almagro, Historia política, I, 423.

[16] Ésta fue la interpretación que se hizo en la prensa inglesa. Véase AP, cajón 26/I-A.

[17] AMVA, leg. 225.

[18] Ortega Rubio, Historia de la Regencia, I, 199-204; Fernández Almagro, Historia política, I, 445-446.

[19] ASV, ANM, busta 533.

[20] AMVA, leg. 216.

[21] La editó Montaner y Simón (véase la bibliografía).

[22] En su ensayo España.

[23] Maura y Fernández Almagro, ¿Por qué cayó Alfonso XIII?

[24] Ambos aparecen citados en la bibliografía.

[25] Todos estos libros son citados en la bibliografía.

[26] Confesiones y muerte…

[27] Seco, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración…

[28] Gortázar, Alfonso XIII, hombre de negocios.

[29] Calero, véase la bibliografía.

[30] García Canales, véase la bibliografía.

[31] Hall.

CAPÍTULO I
EL REY REGENERACIONISTA

[1] AP, cajón 18/3. La mayor parte de estas comunicaciones son de 1880.

[2] Olmet-García Caraffa, Alfonso XIII, 71-74.

[3] Cortés Cavanillas, Confesiones…, 32-33; Croze, Alphonse XIII…, 139; Churchill, Grandes contemporáneos, 205-206.

[4] AP, cajón 8/15. La expectación ante Víctor Manuel III en Macksmith, I Savoia…

[5] «Crisis de 1885», AMVA, leg. 219; Fernández Almagro, Historia política, II, 917.

[6] Ayala, Romero Robledo, 167-169.

[7] Rampolla, 17-XII-1885, ASV, ANM, busta 533.

[8] Rampolla, 14-I-1886, ASV, ANM, busta 533. La noticia de la pertenencia a la masonería circuló en 1889. Véase ASV, ANM, busta 249/1.

[9] Vega de Armijo, 19-VII-1888, AP, cajón 5/29. La relación con Weyler en AP, 5/39A y 15/1.

[10] Conde de Xiquena, 8-VII-1890, AP, cajón 5/41.

[11] Cánovas, 25-VIII-1888, AP, cajón 15/15. Para las crisis de la Regencia resulta fundamental el libro de Lario citado en la bibliografía.

[12] Ortega Rubio, Historia de la Regencia, II, 8 y ss.; Fernández Almagro, Cánovas, 451-485.

[13] Martínez Campos, 22-VI-1890, cajón 4/20.

[14] «Instrucciones reservadas para la ocupación de Madrid», BP, II-4.043, n.° 19.

[15] Viana, 13-VII-1891, AP, cajón 5/32a.

[16] Ayala, Un político…, 184 y ss.; Fernández Almagro, Cánovas, 395.

[17] Pidal, 9-XI-1891; AP, cajón 9/1-I; Fernández Almagro, Historia política…, II, 161 y ss.

[18] Romero Robledo, 13-XII-1891, AP, cajón 9/7-B.

[19] María Cristina, 22-XI-1891, AP, 9/1-I.

[20] Cánovas, s. f., pero 1895, AP, cajón 15/15.

[21] «Conversación con la Reina el día 21-IX-1892», AMVA, leg. 215.

[22] Moret, 30-XI y 7-XII-1892, AP, cajón 9/4.

[23] «Notas de mi diario» de Antonio Alfau, 5 y 6-XII-1892, AP, cajón 9/4; Fernández Almagro, Historia política, II, 176-180.

[24] AP, cajón 5/1A.

[25] Moret, 1-VI-1893, ASV, ANM, busta 249.

[26] Rampolla, 5-VIII-1893, ASV, ANM, busta 245.1.

[27] «Papeles de 1894», BP, II/4043 (22).

[28] Merry del Val, octubre y noviembre de 1894, BP, II/4.043 (9). Véase sobre las peticiones de los dirigentes españoles, ASV, ANM, busta 249.1, especialmente Moret, 15-X-1894.

[29] Fernández Almagro, Cánovas, 515 y ss.; informe III-1895, AP, cajón 3/49.

[30] Sin fecha, pero 1896, AP, cajón 5/39A.

[31] Ortega Rubio, Historia de la Regencia, II, 303; Riquer, Epistolari Durán i Bas, 432-433.

[32] «Conferencia con Sagasta», II-1896, AMVA, leg. 216.

[33] Andrés Gallego, Regeneracionismo y política confesional… Véase también Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 21-XII-1910, 13-38.

[34] Cascajares, 24-XII-1891, AP, cajón 6/10-B.

[35] BP, II/4.043 (9).

[36] María Cristina, 3-V-1897, AP, cajón 5/57.

[37] Fernández Almagro, Historia política…, II, 398-400.

[38] Silvela, 20-VIII-1897, AP, cajón 9/10C; Fernández Almagro, Historia política, III, 16-18, 308-309.

[39] María Cristina, 21-VIII-1897, cajón 9/10-II.

[40] Sagasta, 21-VIII-1897, AP, cajón 9/10-VI. La tesis de que Sagasta se resistió a volver al poder en Romanones, María Cristina…, 92 y ss.

[41] Polavieja, 29-VIII-1897, AP, cajón 9/10-II.

[42] Fechado el 11-IX-1897, AP, cajón 9/10-XI.

[43] E. Cánovas, Cánovas…, passim.

[44] Archivo Maura, leg. 341 B.

[45] María Cristina, 16-I, y Weyler, 30-XII-1897, AP, cajón 5/39A.

[46] Romero Robledo, 22-IV-1898, AP, cajón 9/11; Silvela, 22-IV-1898, AP, cajón 5/11-A.

[47] María Cristina, 30-VIII-1896, AP, cajón 8/10; Reina Victoria, 17-IX-1898, AP, cajón 8/18.

[48] Moret, 25-II-1899, AP, cajón 4/28 y 15-III-1899, AP, cajón 8/10; Drummond, 17-III-1899, AP, cajón 8/10. Sobre esta cuestión, véase Torre, Inglaterra y España, y Jover, 1898.

[49] Telegrama del Ministerio de Estado en ASV, ANM, busta 249.1.

[50] Original, fechado el 10-IX-1898 en AP, cajón 8/8.

[51] Nota mecanográfica, sin firma, pero de Moret, IX-1898, AP, cajón 8/10.

[52] Correspondencia en torno a IX-1898, AP, cajón 18/8.

[53] Pasteur, 27-IX-1898, AMAE (París), cartón n.° 11.

[54] Pasteur, 1-X-1898, AMAE (París), cartón n.° 1; Nuncio, 25-XI-1898, ASV, ANM, busta 249.5; Patenotre, 24-XI-1898, AMAE (París), cartón n.° 1.

[55] Manifiesto mecanografiado, AP, cajón 18/7; nota mecanográfica de 30-XII1898, AP, cajón 18/7; nuncio, 8-VII-1898, ASV, ANM, busta 249.4.

[56] Polavieja, 6-X-1898, AP, cajón 4/57 bis.

[57] Las comunicaciones procedían, por ejemplo, de Granada. Véase ASV, ANM, busta 249.1; Pasteur, 17-IX-1898, AMAE (París), cartón n.° 1.

[58] Nuncio, 28-III-1898, ASV, ANM, busta 249.4; María Cristina, 25-XI-1898, AP, cajón 6/10-A.

[59] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 21-XII-1910, 13-38; Sergio, 6VIII-1900; Cascajares, 4-VIII, y Aguilar, 6-VIII-1900, AP, 13.131/8.

[60] Nuncio, 6-III y 8-VI-1899, ASV, ANM, busta 249.1; Patenotre, 4 y 18-III y 26IV-1899, AMAE (París) cartón n.° 1. Sobre Silvela véase el artículo de Portero.

[61] Cardenal Sancha, 8-VIII-1899, AP, cajón 6/31.

[62] Informes s. f., AP, cajón 18/4; Mozo a Silvela, 9-I-1899, AP, cajón 4/30; Lazaga a Silvela, 7-I-1899, AP, cajón 4/5.

[63] Conferencia telegráfica del jefe del Cuarto Militar con Martínez Campos el 24-IX-1899, AP, cajón 4/12; Pasteur, 24-X-1900, AMAE (París), 24-X-1900, cartón n.° 1.

[64] Villaverde, 26-IX-1899, y documento de Polavieja leído en el Consejo de Ministros, AP, cajón 9/13; Pasteur, 6-X-1899, AMAE (París), cartón n.° 1.

[65] Silvela, s. f., AP, cajón 5/11B; Patenotre, 1-VI-1900, AMAE (París), cartón n.° 1; nuncio, 1-VI-1900, ASV, ANM, busta n.° 249.2. Sobre esta crisis, Fernández Almagro, Historia política, III, 260.

[66] Sin fecha, AP, cajón 4/6; Delgado, 17-I-1900, y María Cristina, 30-I-1900, AP, cajón 15/5.

[67] Sancha, 30-V-1990, AP, cajón 6/27A; nuncio, 15-VI-1900, ASV, ANM, busta 249.2.

[68] Duran i Bas, 10 y 11-V-1900, AP, cajón 15/10.

[69] Toda la documentación sobre esta crisis en AP, cajón 9/15. Véase también Lario, El Rey…, 410 y ss., y Fernández Almagro, Historia política, III, 265-266.

[70] Patenotre, 7-III y 20-VII-1901, AMAE (París), cartón n.° 2.

[71] Silvela a Sagasta, 26-IV-1901, AP, cajón 5/11B.

[72] Nuncio, 23-III-1901, ASV, ANM, busta 249.2; Patenotre, 4-I-1901, 4-I-1901, AMAE (París), cartón n.° 1.

[73] Pidal, 6-VII-1901, AP, cajón 4/55 bis; Merry del Val, 15-X-1901, AP, cajón 4/22 bis.

[74] DDI, III serie, tomo VI, 50-51.

[75] «Conversación con Sagasta», 12-III-1906, AVMA, leg. 216.

[76] «Conversación con S. M.», AVMA, leg. 220.

[77] Vega de Armijo, 28-IV-1903, AVMA, leg. 216.

[78] Comunicación s. f., AP, cajón 4/51.

[79] Almagro, Crónica…, 121 y ss.; Eulalia de Borbón, Memorias, 146.

[80] BP, II/4055, n.° 14 (9).

[81] AP, 12.413, y BP/4055, n.° 16 (2.°). Véase también los libros de Navas y Croze.

[82] Croze, Alphonse XIII, 319.

[83] BP, II/4067 (10).

[84] BP, II/4192.

[85] Navas, La educación, esp. 67, 70, 71.

[86] Navas, La educación, esp. 20; Croze, Alphonse XIII, 191.

[87] BP, II/4051/20.

[88] BP, II/3852.

[89] E. de Borbón, Memorias, 103-104; Olmet y García Caraffa, Alfonso XIII, 103.

[90] BP, II/4051(19).

[91] Publicado por Castillo Puche.

[92] Patenotre, en especial 4, 14 y 21-XII-1900, AMAE, (París), cartón n.° 11.

[93] El Siglo Futuro, 24-XII-1900; Soldevilla, El año político. 1900, 438-444.

[94] Nuncio, 28-XII-1900, y Rampolla, 3-I-1901, ASV, ANM, busta 249.2.

[95] En el prólogo al tomo XXXVIII de la Historia de España de Menéndez Pidal, CCXXVIII.

[96] El Universo, 9-I-1908; AP, SP, prensa, caja 111.

[97] BP/4055 n.° 14, 10 y 11. Expedientes personales de Grove en AP, personal, expedientes 2633/4 y 1196/5.

[98] Sin fecha, AP, 15.601/8 y 15.622/3.

[99] Emilio de Ojeda, Memoria sobre los asuntos de Marruecos, 19-VI-1902, AP, 15.763/3.

[100] Diario…, 109-110.

[101] DDF, II serie, tomo II, 278-279; AP, 15.986/5.

[102] Soldevilla, El año político. 1903, 41-43. El primer atentado lo narró el Rey en su diario.

[103] Diario…, 151-154; Soldevilla, El año político. 1902, 207-208; el borrador del discurso en AP, 15.622/4; embajador italiano, 22-V-1902, AMAE, (Roma), busta n.° 73; Patenotre, 26-V-1902, AMAE, (París), cartón n.° 11.

[104] Alfonso XIII, 16-VI-1902, AP, SP, Reg. 698.

[105] Romanones, Notas, 161.

[106] Soldevilla, El año político. 1902, 305-306; embajador italiano, 6-VIII-1902, AMAE (Roma), busta n.° 73; Patenotre, 2-VIII-1902, AMAE (París), cartón n.° 2.

[107] Véase sobre todo ASV, ANM, busta 652/1.

[108] Moret, 29-VI-1902, AP, cajón 4/28.

[109] Toda esta correspondencia figura en AP, 15.622/2.

[110] Nuncio, 12 y 14-XI, 4 y 7-XII-1902, ASV, ANM, busta 652 y 249/1.

[111] Patenotre, 5-VII, 23-X y 7-XII-1902, AMAE, (París), cartón n.° 2. Para conocer la política del periodo, véase Fernández Almagro, Historia del reinado…, 26-28.

[112] José Palomo, s. f., BP, II-4052 n.° 3; duque de Sotomayor, 6-V-1902, AP, 15.776/16; nota s. f., AP, 15.622/2.

[113] Embajador italiano, 31-III-1903, AMAE (Roma), busta 74.

[114] Cambon, X-1904.

[115] Cambon, 16-I-1903, AMAE (París), cartón n.° 2. Las notas de Moret en AP, cajón 4/28.

[116] Cambon, 16 y 24-IV-1903, AMAE (París), cartón n.° 2; nuncio, 27-III-1903, ASV, ANM, busta 652.1.

[117] Tusell, Maura, 63-65; protestas contra el caciquismo del general Ochando en Casas Ibáñez (Albacete) en AP, 15.773/15; comunicación al marqués de Borja, 24-IV-1903, AP, 12.420/6.

[118] Jules Cambon, 28-IV y 21-VII-1903, AMAE, (París), cartón n.° 2; nuncio, 29IV y 6-V-1903, ASV, ANM, busta 653.2.

[119] «Visita a S. M. el Rey Alfonso XIII el día 8 de mayo de 1903», en AVMA, leg. 216; escrito en ibídem. y en AP, cajón 4/28. La respuesta de Silvela en AP, 15.622/1.

[120] Alba, 23-V-1903, AP, cajón 3/10.

[121] Nota procedente de la Embajada de París y tomada por Silvela, 28-VI-1903, AP, cajón 5/11B; Silvela, 7-VI-1903, AP, cajón 5/11A.

[122] Soldevilla, El año político. 1903, 281-283.

[123] Seco, Alfonso XIII, 72-73; «Ideas acopiadas para discutir la actitud ante el gabinete de julio de 1903», A. Maura, leg. 362.

[124] Soldevilla, El año político. 1903, 321-322, 416-417; «Conferencia telegráfica…», 29-X-1903, AP, 15.680/6; escrito de autor ilegible del 3-IV-1903, AP, 15.622/2; Fusi en Política obrera…, passim.

[125] Cambon, XI y 4, 5, 10 y 15-XII-1903, AMAE, (París), cartón n.° 2.

[126] Notas de Moret fechadas y sin fechar en AP, 15.622/6.

[127] informes económicos, AP, 15, 827/34; atentados contra el Rey, AP, 12.426/12 y 13.633.

[128] A. Maura, s. f., pero la dimisión tuvo lugar el 14-XII-1904.

[129] Las consultas realizadas por el Rey en diciembre de 1904 y enero de 1905 en AP, 15.622/5 y 7.

[130] Soldevilla, El año político. 1904, 520-521; Cambon, 10-XII-1904, AMAE (París), cartón n.° 11; AP, prensa, caja 46; El Imparcial, 14 y 16-XII-1904; El País, 17-XII-1904.

[131] Nuncio, 17-XII-1904, ASV, ANM, busta 652.2; embajador italiano, 15-XII-1904, AMAE (Roma), busta 74; Cambon, 17-XII-1904, AMAE (París), cartón n.° 2.

[132] Pidal, s. f., A. Maura, legajo 341B; Maura, 25-XII-1904, archivo Maura, leg. 83; Soldevilla, El año político. 1904, 514.

[133] Linares, 10-VIII-1904, BP, II/4252(1).

[134] Nota sin fecha ni título con la indicación «Reservado», probablemente inacabada, A. Maura, leg. 341B.

[135] Polavieja, 7-IX-1905, AP, 15.827/29. Sobre el personaje, la mejor interpretación es la de Romero Maura, La rosa…

[136] Azcárraga, 2-I-1905, AP, cajón 3/9-III; nuncio, 28-III-1905, ASV, ANM, busta 652.2.

[137] «Crisis del 25 de enero de 1905», AP, 15.622/6; Cambon, 28 y 29-I-1905, AMAE (París), cartón n.° 3.

[138] Súplica suscrita por «Un comité de Patriotas», AP, 15.359/35; Soldevilla, El año político. 1905, 34, 38-39.

[139] Soldevilla, El año político. 1905, 67-68, 166-167.

[140] Nuncio, 21-VI-1905, ASV, ANM, busta 652.2; nota de Moret en AP, 15.622/6; las consultas en ibídem. y en 15.601/3; nota del Cuarto Militar del Rey, AP, 15.622/6, y de un periodista, AP, 15.601/13.

[141] Cambon, 9-IV-1904, AMAE (París), cartón n.° 2.

[142] Texto facilitado por Carlos Mulas, alumno de doctorado de la UNED; véase también Olmet y García Caraffa, Alfonso XIII, 263.

[143] Para estos viajes las fuentes más apropiadas son el anuario de Soldevilla y el libro de Olmet y García Caraffa y la prensa.

[144] La Correspondencia Militar, 9-IX-1909; Olmet y García Caraffa, Alfonso XIII, 21 y 268.

[145] Soldevilla, El año político. 1903, 327-329.

[146] Soldevilla, El año político. 1903, 339-340, 347.

[147] Soldevilla, El año político. 1905, 114-115; Cambon, 14-IV-1905, AMAE (París), cartón n.° 3.

[148] Soldevilla, El año político. 1904, 133, 146-165, 170-171, 183-184, 230-232; embajador italiano, 8-IV y 30-VII-1904, AMAE (Roma), busta 74.

[149] Olmet y García Caraffa, Alfonso XIII, II, 55.

[150] Alfonso XIII, AP, SP, Reg. 852.

[151] Informe s. f., BP, II/4052 (27).

[152] ASV, ANM, busta 690 3.

[153] Telegrama s. f., AP, 15.583/1.

[154] Alfonso XIII, 10-XI-1903, AP, SP, Reg. 698; León y Castillo, 12-I-1904, AP, cajón 4/7; Alfonso XIII, 26-VI-1904, AP, SP, Reg. 698.

[155] Alfonso XIII, 17-XI-1904, AP, SP, Reg. 17-XI-1904.

[156] Alfonso XIII, 24-XI-1905, y Carlos, 28-XI-1905, AP, SP, Reg. 698 y 15.583/2.

[157] Don Carlos, 1 y 25-I-1906; Alfonso XIII, 18-I-1906, AP, 15.583/2, y AP, SP, Reg. 698.

[158] Embajador italiano, 16-III-1906, AMAE (Roma), busta 74.

[159] Soldevilla, El año político. 1908, 36-38; Alfonso XIII, 3-II-1908, leg. 341B.

[160] Toda la correspondencia sobre el atentado en AP, 15.583/3. Está fechada entre el 2 y el 4-II-1908. Véase también la correspondencia de Manuel II en AP, 12.799/20.

[161] Alfonso XIII, 7-V, 26-VII y 10-IX-1908, 13-III-1909, AP, SP, Reg. 698.

[162] Viaje de don Manuel, embajador español, s. f., AP, 15, 583/4; el viaje de don Carlos, 21-V-1909, AP, 12.943/1. Acerca de la relación entre los dos Reyes en ese momento, véase Seco, Estudios, 90 y ss., y Torre, Antagonismo, 140 y ss.

[163] Soldevilla, El año político. 1903, 509-510; Olmet y García Caraffa, Alfonso XIII, 357 y ss.; La Correspondencia Militar, 21-III-1904.

[164] El Heraldo de Madrid, 11-IV-1904; Diario Universal, 23-IV-1904; Diario Universal, 25-IV-1904.

[165] A. Maura, leg. 360 A/5.

[166] Aparte del libro citado, también los de Deschamps, Charriaut y Gaston Routier, citados en la bibliografía, hacen referencia a este viaje.

[167] El Heraldo de Madrid, 6-VI-1905; Olmet y García Caraffa, Alfonso XIII, II, 29 y ss.

[168] Las comunicaciones telegráficas en AP, 15.621/16;

[169] Informaciones en AMAE (París), cartón n.° 12.

[170] Nota de Maura, fechada en el Giralda, 9-IV-1907. A. Maura, leg. 391/4. Véase también AP, prensa, caja 98 y embajador italiano, 16-IV-1907, AMAE (Roma), busta 75.

[171] Alfonso XIII, 7-XI-1907. A. Maura, leg. 341/B.

[172] Embajador italiano, 7-I-1908, AMAE (Roma), busta 76; Bunsen, 31-XII-1907 y 11-I-1908, PRO, FO, 371/524.

[173] Alfonso XII, 25-VII-1908, AP, SP, Reg. 852.

[174] Villalobar, AP, cajón 5/43.

[175] Sobre las dificultades para el viaje a Roma, A. Maura, leg. 451; embajador italiano, 11-XII-1908, AMAE (Roma), 11-XII-1908.

[176] Alfonso XIII, 29-V-1904, AP, SP, Reg. 852.

[177] Almagro, Crónica…, 145 y ss.

[178] Cambon, 29-X y 3-XII-1904, AMAE (París), cartón n.° 11; El Heraldo de Madrid, 17-I-1905.

[179] Correspondencia mayo de 1904, archivo Maura, leg. 370/1.

[180] Alfonso XIII, 19-VIII-1904, AP, SP, Reg. 698.

[181] Para las informaciones del noviazgo de parte del embajador francés véase AMAE (París), cartón n.° 11 especialmente Chambón, 21-III y VI-1905; embajador italiano, 8-II-1905, AMAE (Roma), busta 74.

[182] Sobre Victoria Eugenia existe el libro de Gómez Santos, más fiable pero obligadamente superficial, y el de Noel, basado en entrevistas de un diario sensacionalista británico.

[183] La Época, 10-IX-1905; Alfonso XIII, 20-X-1905, AP, SP, Reg. 698.

[184] Gómez Santos, Victoria Eugenia, 41; Alfonso XIII, 30-IV-1906, AP, SP, Reg. 698.

[185] Embajador italiano, 6-II-1906, AMAE (Roma), busta 74.

[186] Alfonso XIII, 11-II-1906, AP, SP, Reg. 698; Gómez Santos, Victoria Eugenia, 67 y ss.; Cambon, 1 y 22-III-1906, AMAE (París), cartón n.° 12.

[187] Soldevilla, El año político. 1906, 274-282.

[188] Soldevilla, El año político. 1906, 288-295; Olmet y García Caraffa, Alfonso XIII, II, 141 y ss.; Cambon, 31-V y 2-VI-1906, AMAE (París), cartón n.° 12; anónimos a doña María Cristina en AP, cajón 8/6.

[189] Para esta correspondencia véase AP, 13.177 y 13.340/4.

[190] Embajador italiano, 11-VII-1905, AMAE (Roma), 11-VIII-1905; Cambon, 26-II-1906, AMAE (París), cartón n.° 12; Soldevilla, El año político. 1908, 447.

[191] Révoil, 7-III-1908, AMAE (París), cartón n.° 12.

[192] La Correspondencia de España, 7-III-1907 y El País, 8-III-1907.

[193] España Nueva, 3-IV-1907, y AP, cajón 4/24 y 12.428/5.

[194] Embajador italiano, 26-IV-1908, AMAE (Roma), busta 76; Soldevilla, El año político. 1908, 153. Las percepciones de la Reina sobre España en el libro de Gómez Santos.

[195] Embajador italiano, 22-II-1907, AMAE (Roma), busta 75; embajador italiano, 2-IX-1908, AMAE (Roma), busta 76; Soldevilla, El año político. 1906, 270-271.

[196] Nota 3-VII-1905, AP, cajón 4/28; véase también nuncio, 24-VI y 19-VIII-1905, ASV, ANM, busta 652.2 y nota, s. f., AP, 15.622/6.

[197] Notas de Romanones al Rey en ACR, BRAH, 69/42, 68/6 y 55/48; Romanones, 18-IV-1906, AP, 12.941/13 y AP, 15, 986/6; Acton, 24-IX-1906, PRO, FO, 371/134, 1906; Romanones, Notas, 201 y ss.

[198] La Correspondencia Militar, 17-XII-1904.

[199] Sobre el incidente del Cu-Cut y la ley de jurisdicciones, aparte de los libros generales de Seco, Payne y Boyd, véase Lezcano y Romero Maura; Romanones, Notas, 208-211; El Heraldo de Madrid, 22-II-1906.

[200] La Correspondencia Militar, 1-XII-1905; El ejército Español, 5-VII-1906; AP, SP, prensa, caja 72.

[201] Archivo Maura, leg. 370; El ejército Español, 17-XII-1908.

[202] Luque, s. f., AP, 16.232/68 y 24-IV-1906, AP, 12.941/13.

[203] Estas notas en AP, 15.765/13.

[204] PRO, FO, 371/134, 1906.

[205] Informes, I-II-1906, PRO, FO, 371/134, 1906.

[206] Estas notas en AP, 12.941/13.

[207] Soldevilla, El año político. 1906, 269; nuncio, 7-VII-1906, ASV, ANM, busta 652.2.

[208] Información sobre el programa de Moret en A. Maura, leg. 266/1; la nota al Rey en A. Maura, leg. 341 y AP, 15.601/13.

[209] A. Maura, leg. 370.

[210] Soldevilla, El año político. 1906, 336-337, 345.

[211] Cambon, 11-VII-1906, AMAE (París), cartón n.° 3.

[212] Soldevilla, El año político. 1906, 478-479; la nota de Moret y las dimisiones en A. Maura, leg. 341/1; nuncio, 29-XI, 1 y 5-XII-1906, ASV, ANM, busta 652.2.

[213] Romanones, s. f., AP, 15.680/3 y 15978/3.

[214] Bunsen, 26-I-1907, PRO, FO, 371/334; El Heraldo de Madrid, 25-I-1907.

[215] En el archivo de Maura, leg. 341/B y en AP, 15.622/10. Las cartas del Rey no están fechadas pero sí las de Maura.

[216] Copia mecanográfica de un original del 25-I-1909, en A. Maura, leg. 399.

[217] Soldevilla, El año político. 1907, 428-429, 437-438.

[218] Soldevilla, El año político. 1908, 15-17, 20-21.

[219] Saiz, s. f., AP, 15.622/6; escrito de dirigentes barceloneses, 10-III-1908, BP, II/3658.

[220] Soldevilla, El año político. 1908, 83-84, 89-91, 221; cónsul italiano, 12-III-1908, AMAE (Roma), busta 76.

[221] La Correspondencia de España, 16-VII-1908; Soldevilla, El año político. 1908, 248-249.

[222] Soldevilla, El año político. 1908, 283-284, 290-291.

[223] Maura, 10-X-1908, AP, 15.622/10.

[224] Soldevilla, El año político. 1909, 316, 349-350, 352-362, 376-377, 394 y ss.

[225] Despachos del embajador francés a lo largo de 1908, en AMAE (París), cartón n.° 4; nuncio, 25-XI-1908, ASV, ANM, busta 687.3.

[226] Révoil, 30-IV-1909, AMAE (París), cartón n.° 4.

[227] Escrito titulado «Melilla», s. f., A. Maura, leg. 405A.

[228] Un ejemplo en Maura, 27-VIII-1907, AP, 15.599/5.

[229] Cartas y telegramas de 1, 3, 4 y 6-VII-1907, en AP, 15.622/10.

[230] Soldevilla, El año político. 1909, 208, 212.

[231] Dato, 4-VIII-1909; A. Maura, leg. 151; embajador italiano, 1 y 18-VIII-1909, AMAE (Roma), busta 77.

[232] Soldevilla, El año político. 1909, 319.

[233] Almodóvar, 13, 25 y 30-IX-1909, AP, 15.599/8.

[234] Reclamación de la duquesa de Saxe Coburgo-Gotha, AP, 15.510/2.

[235] Informe de 4-XI-1909, AP, 15.599/10.

[236] Tusell, Maura, 115 y ss. para la posición de éste.

[237] Informe13-IX-1909, AP, 15.622/8

[238] Telegrama 11-X-1909, AP, 12.421.

[239] Protestas de fuera de España en AP, 15.601/1 y 2; dentro de España en 15.622/7. Protestas en Gran Bretaña en PRO, FO, 371/744 y 745.

[240] El seguimiento del Rey en AP, 15.601/1; Révoil, 16-X-1909, AMAE (París), cartón n.° 4.

[241] El Imparcial, 21-X-1909.

[242] Révoil, 21-X-1909, AMAE (París), cartón n.° 4; nota a doña María Cristina, s. f., AP, cajón 5/22; Soldevilla, El año político. 1909, 409.

[243] Révoil, 24-X y 30-1909, AMAE (París), cartón n.° 4; embajador francés en Berlín, 25-X-1909, ibídem. Véase también nuncio, especialmente 25-X-1909, ASV, ANM, busta 687.1.

[244] Pabón, Cambó, I, 330-362; Seco, Alfonso XIII, 94-96; Cambó, Memories, 174-176.

[245] Maura, s.f., A. Maura, leg. 401.

[246] Expedientes del marqués de Viana, AP, personal, 4431/17, y de Torres, AP, personal, 1040/4.

[247] Soldevilla, El año político. 1909, 425-427.

[248] Roberts, 15-XI, y Bunsen, 3 y 19-XII-1909, PRO, FO, 371/745.

[249] «Notas sobre el comité pro-revolución española», AP, 15.982/9.

[250] Luca de Tena, 28-I-1910, AP, 12.421/1; exposición encabezada por Flourens y testimonios de la prensa católica anglosajona en ibídem.

CAPÍTULO II
EL REY LIBERAL

[1] Véanse los libros de Meynadier y Así es nuestro Rey…, especialmente p. 184 del segundo, para conocer la opinión de Unamuno.

[2] Correspondencia diplomática, AMAE (París), 1910, cartón n.° 4; ANR, BRAH, 5 y 7-XII-1909, leg. 11/8894.

[3] Nuncio, 21-I-1910, ASV, ANM, busta 687.2.

[4] ANR, BRAH, 15-XII-1909, leg. 11/8895; ibídem, 19 y 18-XII-1909.

[5] ANR, BRAH, 5-I-1910, leg. 11/8896; ibídem, 22-I-1910, leg. 11/ 8897.

[6] Especialmente Révoil, 8-I-1910, AMAE (París), cartón n.° 4.

[7] Soldevilla, El año político. 1910, 35-36, 38-39; embajador italiano, 8-II-1910, AMAE (Roma), busta 78.

[8] ANR, BRAH, 1, 8 y 9-II-1910, leg. 11/8898.

[9] Soldevilla, El año político. 1910, 48-50; nuncio, 10-II-1910, ASV, ANM, busta 687.1; Bunsen, 10-II-1910, PRO, FO, 371/985.

[10] Révoil, 10-II-1910, AMAE (París), cartón n.° 4; nuncio, 25-II-1910, ASV, ANM, busta 687.2.

[11] Révoil, 17-II-1910, AMAE (París), cartón n.° 4.

[12] «El Rey y Moret», ANR, BRAH, 11/8910.

[13] Para toda esta etapa resultan fundamentales los capítulos XII y XIII del vol. II de Notas de una vida de Romanones, por más que sus juicios sean siempre discutibles.

[14] ACR, BRAH, leg. 77/3.

[15] La opinión de Seco principalmente en el tomo de la Historia de España de Menéndez Pidal; véase también el libro de Forner.

[16] Nuncio, 6 y 19-II y 3-III-1910, ASV, ANM, busta 687.2.

[17] Soldevilla, El año político. 1910, 237-238, 257-261; Canalejas, 20-II-1910, P. Canalejas BBM.

[18] Cortina, 15-XII-1910, 15.601/13; embajador italiano, 17-IV-1910, AMAE (Roma), busta 78; correspondencia telegráfica, II-1910. AP 15.622/7.

[19] La comunicación a la regente en AP cajón 6/10-C; el debate en DSC, 21-XII-1910, 13-38.

[20] ANR, BRAH, leg. 11/8893, conferencia entre el Rey y Canalejas del 15-IX-1910.

[21] Impresiones recogidas en ANR, BRAH, leg. 11/8899, 8900, 8901 y 8902.

[22] Nuncio 3-I-1911, ASV, ANM, busta 697.2.

[23] Nuncio, 26-II-1911, ASV, ANM, busta 696.1; Bonin, 21-III-1911, AMAE (Roma), busta 78.

[24] Soldevilla, El año político. 1911, 156-157.

[25] Vico (nuncio), 10 y 11-V-1911, ASV, ANM, busta 697.2.

[26] Soldevilla, El año político. 1911, 275-277, 280-281; nota s. f., AP 15.601/3.

[27] Sin fecha, P. Canalejas BBM; Canalejas, 28-IX-1912, P. Canalejas, BBM.

[28] Nota anónima 15-IX-1911, AP 15.601/3.

[29] Peris Mencheta a M. de Viana, 13-X-1911, AP 15.976/17; Informe policiaco 12-VII-1911, AP 15.680/4; María Cristina, 3-XI-1911, AP cajón 3/33.

[30] Soldevilla, El año político. 1911, 315, 325 y El año político.1912, 17-24, 3844; Bunsen, 19-I-1912, PRO, FO, 371/1475; Bonin, 16-I-1912, AMAE (Roma), busta 79.

[31] Sin fecha, pero 1912, AP 16.232/96.

[32] «Annual Report. 1910» y Bunsen, 18-III-1911, PRO, FO, 371/1223.

[33] Bunsen 18-XI-1912, PRO, FO, 371/1475.

[34] Soldevilla, El año político. 1912, 457-458, 552-565; Bunsen, 18-XI-1912, PRO, FO, 371/1475.

[35] Geoffray, 12 y 14-XI-1912, AMAE (París), cartón n.° 5; nuncio 13-XI-1912, ASV, ANM, busta 687.1; Romanones, Notas…, 308 y 310-311.

[36] Soldevilla, El año político. 1912, 552-565; AP 15.601/13 para ver el borrador.

[37] Sobre la relación entre España y Portugal en tiempos de la revolución portuguesa, véase el artículo de Seco en Estudios y Torre, Antagonismo y fractura…, especialmente 197 y ss. La actitud de Canalejas en Maura y Fernández Almagro, ¿Por qué…?, 188-189.

[38] Alfonso XIII, s. f. y Manuel, Rey de Portugal, 10-X-1910, AP 15.583 /6.

[39] Don Manuel, 8-XII-1910.

[40] Alfonso XIII, 17-X-1910, AP, SP, REG, 698. Correspondencia con los individuos de la familia real portuguesa también en AP 12.906/1.

[41] Alfonso XIII, s. f., redactado desde el Giralda, AP 16.299/20.

[42] Villalobar, 3-XII-1910, AP 15.583/6.

[43] «Annual Report. 1911», PRO, FO, 371/1475, especialmente 12-13.

[44] «Annual Report. 1911», PRO, FO, 371/1475; nuncio, 8-II-1911, ASV, ANM, busta 696.2; Soldevilla, El año político.1911, 17-19; documentación de doña María Cristina, sin fecha, AP, cajón 15/7V.

[45] ANR, BRAH, 11-VI y 7-VII-1911, leg. 11/8901; Villalobar, 14-IX-1911, AP 16.232/115.

[46] Jefe superior de policía de Madrid, 7-VII-1911, AP 15 680/4.

[47] «Annual Report. 1912», 12-13, 19, PRO, FO, 371/1753.

[48] Alfonso XIII, 14-V-1913, AP, SP, REG, 698.

[49] Romanones, 23-VII-1913, AP 15.978/3.

[50] Hardinge, 16-IV y 14-VII-1915, PRO, FO, 371/2468.

[51] Alfonso XIII, 7-VII y 21-XII-1915, AP, SP, REG 698.

[52] DDI, V serie, tomo VII, 313-315.

[53] DDI, V serie, tomo VII, 488-489, 555.

[54] Véase sobre este particular el libro de Gonzalo de Reparaz.

[55] Sobre la cuestión de Marruecos durante esta etapa, la bibliografía esencial, aparte de los libros de Seco, se encuentra en los de Bachoud, Allendesalazar, Rosario de la Torre y Morales. No los citamos de forma pormenorizada.

[56] García Aldave, s. f., AP 12.958/15.

[57] Güell, 2-III-1910, AP 12.954/5 y correspondencia con Marpherson en 1910 y 1911, AP 12.954/34.

[58] Soldevilla, El año político. 1911, 8-10, 12-15, 19, 66-67.

[59] Véase s. f. AP 15.955/28 y 29.

[60] AP 12.954/9, principalmente García Prieto 19 y 20-III-1911.

[61] Barrera, 10-IV-1911, AP 12.955/28.

[62] Pérez Caballero, 19-VI-1911, AP 15.510.

[63] Geoffray, 2-IX-1911, AP 12.954/9.

[64] Memoria…, 28-XI-1911, AP 12.956/11.

[65] Alfonso XIII, 29-X-1911 y Villaurrutia, 10-XI-1911, AP 15.599/16.

[66] Soldevilla, El año político. 1911, 354-355.

[67] Burguete, 12-XI-1911, AP 15.621/4.

[68] Soldevilla, El año político. 1911, 513; DDF, III serie, tomo I, 182.

[69] Barrera, 22-I y 17-III-1912, AP 12.955/28

[70] Villaurrutia, 18-III-1912, AP 12.954/9.

[71] DDF, III serie, Tomo II, 41-43, 277-278, 417-418.

[72] Bonin, 24-III-1912, AMAE (Roma), busta 79.

[73] Pérez Caballero, 24 y 26-III-1912, AP 15.599/16.

[74] Emilio de Torres, 30-III-1912, AP 15.599/16.

[75] Sin fecha, AP 12.954/9; DDF, III serie, tomo III, 336-337; Bonin, 1-IX-1912, AMAE (Roma), busta 79.

[76] DDF, III serie, tomo IV, 76, 118, 159.

[77] García Prieto, 24-XI-1912, AP 15.601/13 y Alfonso XIII, 24-XI-1912, AP, SP REG 698.

[78] Ataques contra el embajador español en AP 12.426/6; Echagüe, 2-XII-1912, AP 15.599/16.

[79] Macpherson, 9-IV-1912, AP 12.954/34. La fortuna del Rey en el libro de Gortázar.

[80] Nota s. f., AP 12.955/17.

[81] Fernández Silvestre, 6-II-1913, AP 12.954/18.

[82] Navarro Reverter, 19-IV-1913, AP 15.599/26.

[83] Alfau, 6-V-1913, AP 15.510/5.

[84] Romanones, 17-VI-1913, AP 15.601/13; Romanones, 7-VII-1913, ACR, leg. 6(1)/2(1).

[85] Alfonso XIII, 7-VII-1913, AP, SP, REG 698 y 15.979/2.

[86] Romanones, 7-VII-1913, ACR, legajo 6(1)/2(1) y 23-VII-1913, AP 15.978/3.

[87] AP 15.599/6 y 12.955/30.

[88] Alfonso XIII, 21-V-1914, AP 15.979/2 y AP, SP REG 698.

[89] AP 12.958/5.

[90] Romanones, 18-VI-1914, ACR, BRAH, leg. 99/39.

[91] Romanones, 7 y 26-VII-1914, AP 15.978/3. El original en ACR, BRAH, leg. 53/8.

[92] «Informe especial de “X”», 27-IV-1914, AP 15.643/30.

[93] Gandarias, 19-VIII-1916 y Roda, 20-VIII-1916, AP 12.100/77.

[94] Gómez Jordana, 17-III-1917, AP 15.978/3.

[95] Soldevilla, El año político. 1910, 130-131, 214; Morote, 21-I-1912, AP 15.601/13.

[96] Rafael Altamira, 133-138; Altamira, 23-IX-1913 y 17-VII-1914, AP 15.986/14.

[97] Sobre esta relación véase el artículo sobre Sorolla en Tusell, Arte, historia y política…

[98] Véase la correspondencia en AP 12.428/3.

[99] Alfonso XIII, s. f., A. Sorolla.

[100] Viana, 11-VII-1912, A. Sorolla.

[101] Alfonso XIII, 9-IX-1913, A. Sorolla.

[102] Viana, 23-VIII-1917, A. Sorolla.

[103] Sorolla, XII-1911, AP 12.428/3.

[104] Alfonso XIII, 5-I-1913, AP, SP, REG 698. Sobre esta cuestión véase el trabajo de investigación inédito de María Luisa Menéndez, Perfil de un mecenas en la España de Alfonso XIII: el marqués de la Vega Inclán.

[105] Romanones, AP 15.978/3; embajador italiano en Lisboa, 10-II-1913, AMAE (Roma), busta 79; Soldevilla, El año político.1913, 42-57.

[106] Bonin, 15 y 21-I-1913, AMAE (Roma), busta 79.

[107] Una selección de recortes de prensa en ACR, BRAH, leg. 4/3.

[108] Informe dado a S. M. Alfonso XIII por el partido reformista con motivo de una crisis de Gobierno, en BP Foll 4.° 171.

[109] Soldevilla, El año político. 1913, 435 y ss.

[110] Ortega y Gasset, Obras Completas, X, 214 y ss.

[111] Sin fecha, el informe lleva anotado el nombre de Simarro, de quien puede haber procedido, AP 15.601/11; el informe sobre Barcelona en AP 16.622/17.

[112] Bonin, 12-I-1914, AMAE (Roma), busta 79; Soldevilla, El año político. 1914, 7-10; El año político. 1915, 381-382.

[113] Altamira, 3-VII-1916, AP 15.986/14.

[114] Tusell, Maura…, 132-140.

[115] Nota para el diario de S. M. no copiada literalmente, redactada presumiblemente por Torres, AP 15.978/4; Romanones, s. f., AP 15.978/3; Tusell, Maura, 141-144.

[116] Soldevilla, El año político. 1913, 15-25.

[117] Bunsen, 1, 4 y 16-I-1913, PRO, FO, 371/1753.

[118] Embajador francés, 4, 11 y 15-I-1913, AMAE (París), cartón n.° 4; Bonin, 12I-1913, AMAE (Roma), busta 79.

[119] Romanones, Notas…, 340-343; la negociación con Roma en ASV, ANM, busta 713.2; ACR, BRAH, leg. 36/16.

[120] Romanones, Notas…, 360; Villanueva, 31-V-1913, ACR, BRAH, leg. 33/7(2); Montero, 31-V-1913, AP 15.978/4; Geoffray, 31-V-1913, AMAE (París), cartón n.° 5.

[121] Geoffray, 10-VI-1914, AMAE (París), cartón n.° 5; Romanones, Notas…, 326.

[122] Sin fecha, ACR, BRAH, leg. 99/83 (1).

[123] Véase principalmente ACR, BRAH, leg. 33/7(8) y 99/78.

[124] Véase ACR, BRAH, leg. 33/7(1) y notas al Rey, s. f., AP 15.680/3 y 99/83 (3); Romanones, Notas…, 361.

[125] Telegrama al Conde de Grove, s. f., AP 15.601/13; Alfonso XIII a González Hontoria, 23-IX-1913, AP 15.978/5.

[126] Luque, 13-IX-1912 y 7-VIII-1913, AP 12.956/10; 1-VIII-1913, AP 15.622/11 y 9-IX-1913, AP 12.956, 21-IX-1913, AP 15.978/8.

[127] Tusell, Maura…, 149-150; Geoffray, 28-X-1913, AMAE (París), cartón n.° 5; Bonin 20-X-1913, AMAE (Roma), busta 79.

[128] Bonin, 28-X-2001, AMAE (Roma), busta 79; Hardinge, 14-I-1914, PRO, FO, 371/2103.

[129] Nuncio, 28-X-1913 y 2-I-1914, ASV, ANM, busta 732.1; recorte de La Época de doña María Cristina en AP cajón 11/10; sin nombre, 27-X-1913, AP 15.601/3.

[130] Bonin, 12-I-1914, AMAE (Roma), busta 79.

[131] Ibídem.

[132] Marín Lázaro al Conde de Grove, 23-IV-1914, AP 12.954/21.

[133] «Informe especial de “X”», 27-IV-1914, AP 15.643/30.

[134] Romanones, 14-VI-1914, ACR, BRAH, leg. 99/39.

[135] Muñoz, 22-III-1914, AP 15.643/32.

[136] Ángel Aznar, 20-VIII-1914, BPII 4058 n.° 16.

[137] Bonin, 19-I-1914, AMAE (Roma), busta 79; Soldevilla, El año político.1914, 19-25.

[138] Alfonso XIII, 17-IX-1916, AP 15.979/2 y AP, SP, 699.

[139] Alfonso XIII, 3-II-1918, AP, SP, 699.

[140] «Annual Report. 1909», PRO, FO, 371/986, especialmente 27-28; «Annual Report. 1910», PRO, FO, 371/1223, 23; «Annual Report. 1911», PRO, FO, 371/1475, 26.

[141] Acerca de la vida de la Reina, véase el libro de Noel. Véase también Almagro, Crónica…, 182.

[142] Alfonso de Borbón y Orleans, 17-VIII-1919, AP 15.976/19.

[143] Soldevilla, El año político. 1911, 505-512 y El año político. 1914, 127; Eulalia de Borbón, Memorias, principalmente caps. XII y XIV.

[144] AP 15.828/6. Soldevilla, El año político. 1911, 475, 360.

[145] Para informarse sobre la vida cotidiana del monarca, véase especialmente el libro de Chapman-Huston y la princesa de Baviera, el de Olmet y García Caraffa y AP 12.413. Es posible que esta última documentación sirviera para la redacción del libro citado, dadas las coincidencias. Véase también el reportaje de Pérez Lugín en Heraldo de Madrid 1-VII-1918. Los diarios llevados por el secretario particular en AP SP 6024 a 6061.

[146] Soldevilla, El año político. 1910, 3-4.

[147] Recogidos en Gutiérrez Rave, Habla el Rey.

[148] Chapman-Huston y Baviera, Alfonso XIII, 248. Para conocer la fortuna del Rey, véase el libro de Gortázar.

[149] AP 12.428/17.

[150] AP 15.601/13.

[151] Alfonso XIII, 2-VII-1921, AP, SP, 700.

[152] AP 12.424/30 y AP 12.432 /37.

[153] Bonin, 14-IV-1913, AMAE (Roma), busta 79; Soldevilla, El año político. 1913, 140-147 y el folleto de Prado y Palacio que figura en la bibliografía.

[154] Historia y estudio del anarquismo en general y el de España en particular, 1-I-1914, BP II-4058, n.° 13.

[155] Bunsen, 4-IV-1913, PRO FO, 371/1753; Soldevilla, El año político. 1913, 169-182, 387-389. El impacto en la prensa francesa en ACR, BRAH, legajo 37/1 y 2.

[156] DDF, III serie, tomo VII, 450 y ss.; informe británico en PRO FO, 371/1753.

[157] SECO, La España de Alfonso XIII, 323-324; Soldevilla, El año político. 1913, 502, 510-511.

[158] DDF, III serie, tomo IX, 25-26, 30, 274-276, 608-609, tomo X, 69 y ss y 330 y ss.

[159] DDF, III serie, tomo XI, 145-147; Soldevilla, El año político. 1914, 189-190; 372-373, 439-440.

[160] Villaurrutia, 9-IX-1914, AP 15.982/3.

[161] Toda esa correspondencia en AP 15.600/15.

[162] Geoffray, conversaciones del 1 y 4-VIII-1914, DDF, III serie, tomo XI, 416 y 547.

[163] Lema, 10-X-1914 y 13-III-1915, AP 15.600/15.

[164] Informe del cónsul italiano en Gibraltar, IX-1915, DDI, V serie, tomo IV, 436-437.

[165] Conversación con Geoffray, 15-X-1914, DDF, VIII serie, tomo XII, 394-396; DDI, V serie, tomo I, 162-163, 508-510.

[166] Conversación con Geoffray, 17-XII-1914, DDF, VIII serie, tomo XII, 663-668.

[167] Lema, 7-V-1915, AP 15.600/15.

[168] DDI, V serie, tomo II, 99-100, 170, 253, 266, 274.

[169] Hardinge, 17-I-1915, PRO, FO, 371/2468; Merry del Val, 16-I-1915, AP 15.600/15.

[170] DDI, V serie, tomo III, 542; Bonin, 14-V-1915, AMAE (Roma), busta 74.

[171] DDI, V serie, tomo IV, 18-19, 23, 41, 256; Bonin, 22-IX-1915, AMAE (Roma), Archivio Ordinario e Cabinetto, 1915-1918, busta 189.

[172] Agregado militar británico, 29-II-1916, PRO, FO, 371/2760; borrador de telegrama, 19-IV-1915, AP15.600/5.

[173] DDI, V serie, tomo V, 341, 362-363.

[174] Luis A. del Olmet, 18-XII-1915, AP 15.986/16; Soldevilla, El año político. 1915, 361-363.

[175] Romanones, 25-IV-1916, ARC. BRAH, leg. 100/57 y ACR, BRAH, leg. 99/84.

[176] Romanones, 25-IV-1916, ARC. BRAH, leg. 100/57; Soldevilla, El año político. 1915, 423, 445-446, 479.

[177] Soldevilla, El año político. 1916, 155; DDI, V serie, tomo V, 600-602, 688-689, 691-693; véase también Bonin, 16-VI-1916, AMAE (Roma) Archivio Ordinario e Cabinetto, 1915-1918, busta 189.

[178] Cruce de notas VII-1916, AP 15.984/24; Romanones, Notas…, 392-393.

[179] Romanones, 1-IX-1916, AP 15.978/3; original en ACR, BRAH leg. 40/9(6).

[180] Bonin, 6-IX-1916, AMAE (Roma), busta 74; DDI, V serie, tomo VI, 393.

[181] Nota redactada para una conversación con el Rey, 4-IX-1916, A. Maura, leg. 259.5; nuncio, 18-IX-1916, ASV, ANM, busta 755.3.

[182] Incidente de II-1917, AP 15.983/1; Romanones, Notas…, 394; notas de difícil comprensión en ACR, BRAH, leg. 16/18; Romanones, 5-XII-1916, ACR, BRAH leg. 99/21.

[183] DDI, V serie, tomo VII, 51-53; nuncio, 20-I-1917, ASV, ANM, busta 713.1.

[184] DDI, V serie, tomo VII, 112-113.

[185] Romanones, 28-III-1917, AP 15.978/3; nuncio, 30-III-1917, ASV, ANM, busta 755.1; Romanones, IV-1917, ARC, BRAH, leg. 99/81.

[186] Romanones, 15 y 19-IV-1917, ACR, BRAH, leg. 99/81. El memorándum publicado en Romanones, Notas…, 395-397, 399-410. Original en ACR, BRAH, leg. 63/46.

[187] DDI, V serie, tomo VII, 569-570, 583, 613-615 y tomo VIII, 92-93. Ver también Bonin, 25-IV-1917, Archivio Ordinario e Cabinetto, 1915-1918, busta n.° 189 y nuncio, 20-IV-1917, ASV, ANM, busta 755.1.

[188] Hardinge, en PRO, FO 371/3033; Hardinge, 4-VII-1917, AP 15.982/25.

[189] Hardinge, 14-VI-1917, PRO, FO, 371/3033; DDI, V serie, tomo VIII, 400, 410; nuncio, 29-XI-1918, ASV, ANM, busta 765 F.1.

[190] DDI, V serie, tomo VIII, 584, 615; tomo IX, 66; Hardinge, 19-VI-1917, PRO, FO, 371/3033.

[191] Cortés Cavanillas, Confesiones…, 58-61. Véase también AP 12.413, que es el original de la documentación empleada por Espinós. En la bibliografía constan otros folletos de menos trascendencia.

[192] ASV, ANM, busta 732, 1; Cambó 12-X-1916 y mediados de abril 1917, Papeles Cambó.

[193] Informe sin fecha pero 1916, AP 12.943/9. Aparece titulado «Para pacificar los espíritus».

[194] Hardinge, 3-VII-1917, PRO, FO 371/3033; «El Rey quiere abdicar», AP cajón 15/7-III. Azcárate era abogado de la embajada inglesa en donde contó la conversación. Por otro lado los reformistas en el verano de 1917 hicieron circular panfletos dando cuenta de su contenido.

[195] Francisco de Borbón, 15-IV y 5-VI-1917; Conde de Aybar, s. f., y Jesús, 5-VI-1917, AP 15. 621/15.

[196] DDI, V serie, tomo VIII, 175-177 y 327; nuncio, 7-VI-1917, ASV, ANM, busta 755.1; Bonin, 11-VI-1917, Archivio Ordinario e Cabinetto, 1915-1918, busta 189.

[197] Hardinge, en PRO, FO 371/3034; DDI, V serie, tomo VIII, 497-498; Miguel Maura, 8-VI-1917, A. Maura, leg. 362; Bonin, 5-VII-1917, Archivio Ordinario e Cabinetto, 1915-1918, busta 189.

[198] Romanones, Notas…, 398; Romanones, 10-VI-1917, ACR, BRAH, leg. 1/1 (24).

[199] Nuncio, 16 y 29-VI-1917, ASV, ANM, busta 755.1; correspondencia telegráfica de Primo de Rivera en AP 15.621/15; A. Maura leg. 402.

[200] La carta en AP 12.100/72 y A. Maura, leg. 399; Soldevilla, El año político. 1917, 258.

[201] Soldevilla, El año político. 1917, 299-301 y el libro de Velasco Zazo; Archivo Maura, leg. 389; Ossorio13-VII-1917, A. Maura, leg. 61.

[202] Lema, 9-VIII-1917, AP 15.620/43.

[203] Manifiesto a los soldados, s. f., AP cajón 15/7; A. Maura, leg. 389.

[204] AP cajón 15/7I; notas de 18 y 11-IX-1917, AP cajón 15/7 IV y VI; Miguel Maura, 22-IX-1917, A Maura, leg. 113.

[205] DDI, V serie, tomo VIII, 670-672, tomo IX, 31-34; Bonin, 27-IX-1917, AMAE (Roma), Archivio Ordinario e Cabinetto, 1915-1918, busta 189; Kalle (embajada alemana), 3-II-1918, AP 156-983/1; carta colectiva de militares, 20-X-1917, A. Maura leg. 389.

[206] Nuncio, 7-XI-1917, ASV, ANM, busta 765.1.

[207] DDI, V serie, tomo IX, 209-210, 218-219; Hardinge, especialmente 8-IX-1917, PRO, FO, 371/3034.

[208] Correspondencia entre Cambó y Ventosa, noviembre de 1917 hasta febrero de 1918, esp. 14-I y 6-II-1918, Papeles Cambó.

[209] Nuncio 2-III-1918, ASV, ANM, busta 765.1.

[210] Fernández Almagro, Historia de Alfonso XIII, 259; Cierva, Notas…, 186 y ss.; nota de Alba, 28-II-1918, A. Alba BRAH, leg. 3/41-5.

[211] Nuncio, 11 y 26-III-1918, ASV, ANM, busta 765.1; Embajada francesa, 23-III1918, AMAE (París), cartón n.° 7; Soldevilla, El año político. 1918, 104-109.

[212] Informes de la Embajada francesa, en especial 12-VII-1918, AMAE (París), cartón n.° 31.

[213] Maura, 11-VII-1918, AP 15.622/10.

[214] Alfonso XIII, 13-VII-1918, A. Maura, leg. 443/27.

[215] Minuta de respuesta a Andes, 13-VII-1918, A. Maura, leg. 6.

[216] Romanones, 27-VII-1918, A. Maura, leg. 256; Maura, 28-VII-1918, A. Maura, leg. 304/1.

[217] Hardinge, 27-VII-1918, PRO, FO, 371/3371; embajada francesa, 31-VII-1918, AMAE (París) cartón n.° 8.

[218] Dato, 28-VII-1918, A. Maura 303/1; DDI, V serie, tomo XI, 263; telegrama del embajador francés en Suiza, AP 15.984/1; embajador italiano, 11-IX-1918, AMAE (Roma), Archivio Ordinario e Cabinetto, busta 189.

[219] Polo, 16-VIII-1917, A. Maura, leg. 255/4 y 17-VIII-1918, leg. 256/9.

[220] Maura, 18-VIII-1918, A. Maura, 272/1.

[221] Telegrama de Ratibor y nota de Maura, 2-IX-1918, A. Maura, leg. 272/1; correspondencia entre Dato y Maura en IX-1918, ibídem.

[222] Notas de Maura, IX-1918, A. Maura, leg. 255; Dato, 28-IX-1918, A. Maura, leg. 272/1; Maura 10 y 14-X-1918, A. Maura, leg. 256/10.

[223] Maura, 14-X-1918, AP 15.622/10; nota de 17-IX-1918, A. Maura, leg. 255/1.

[224] Cambó, 26-IX-1918, AP 15.622/10.

[225] Embajador francés, especialmente 8-X-1918, AMAE (París), cartón n.° 31; ilegible, s. f., AP 15.601/13; Soldevilla, El año político. 1918, 368-369.

CAPÍTULO III
EL REY Y LA CRISIS DEL LIBERALISMO

[1] Cortés Cavanillas, Confesiones, 62-63.

[2] Véase principalmente Gaeta y Seton Watson, citados en la bibliogafía.

[3] Carnero en su artículo en Recerques.

[4] Cola, «El Rey…», 21; ALMAGRO «Crónica» 193, escrito de 10-VI-1919, sin firma, AP, 15 580/3.

[5] AP, 15.984/1.

[6] PRO, FO 371/3371.

[7] Alfonso XIII, 9-XI-1922, AP, SP, 700.

[8] Seco, Viñetas históricas, 288 y ss.

[9] Alfonso XIII, 19-XII-1921 y 27-XII-1922, AP, SP, 700.

[10] Alfonso XIII, 22-V y 30-XII-1922, AP, SP, 700; Sánchez Guerra, 22-VII-1922, AP, 15.601/13.

[11] Soldevilla, El año político. 1918, 472, 459 y 475.

[12] Soldevilla, El año político. 1920, 179-181; representante italiano en Atenas, 10-VIII-1920; embajador italiano en París, 6-VIII-1920, AMAE (París), busta 1586.

[13] Hardinge, 20-XI-1918, PRO, FO 371/3371.

[14] Soldevilla, El año político. 1920, 219-220; embajador italiano, 29-VI-1919, AMAE (Roma), busta 1586.

[15] Soldevilla, El año político. 1920, 319-322.

[16] Nuncio, 4-XI-1919; ASV, ANM, busta 765, n.° 2.

[17] Sánchez de Toca, 25-X-1919, AP, 12941/13.

[18] DDF, 1920, I, 97-98 y 125-127; II, 515-517.

[19] Informe confidencial, XI-1920, AMAE (París), cartón n.° 8; Soldevilla, El año político. 1920, 134.

[20] Fasciotti, 29-II y 2-VIII-1920, AMAE (Roma), busta 1586.

[21] Fasciotti, 23-I-1921, AMAE (Roma), busta 1587.

[22] Fasciotti, 17-VI-1922, AMAE (Roma), busta 1587.

[23] DDI, VII serie, vol. I, 369, y vol. II, 51 y 66.

[24] De la Torre, Antagonismo y fractura peninsular, 370-371.

[25] Carlos R. de Rivera, 4-II-1919, AP, 15.583/6.

[26] House, 6-II-1919, AP, 15.583/6.

[27] Merry, 7 y 11-II-1919, AP, 15.583/6.

[28] Chapman-Huston y Baviera, Alfonso XIII, 241-245.

[29] Soldevilla, El año político. 1920, 138-140.

[30] Vienne, 11-XI-1921, AMAE (París), cartón n.° 8.

[31] Embajador italiano, 8-VIII-1923, AMAE (Roma), AP, busta 1588; Defrance, 13-IV-1923, AMAE (París), cartón n.° 8.

[32] BP, II-B992. El diario dura desde marzo a agosto del año citado.

[33] ACR, BRAH, leg. 37/37.

[34] BP, II-4050, n.° 15.

[35] ANR, BRAH, leg. 11-8906, 19-VIII-1918.

[36] Informe de 27-IX-1920, AMAE (París), cartón n.° 8.

[37] Falciotti, 12-VIII-1922, AMAE (Roma), AP, busta 1587; Vienne, 17-VIII-1922 AMAE (París), cartón n.° 9.

[38] El Pueblo Vasco, 11-VIII-1922.

[39] ABC, 21-XI-1922; véase también AMAE (París), 1922, cartón n.° 9.

[40] Defrance, 18-I-1923, AMAE (París), cartón n.° 8.

[41] Embajador francés, 16 y 22-VII-1919, AMAE (París), cartón n.° 32; Howard, 30-XII-1919, FO 371/4120. Sobre la crisis del parlamentarismo resulta esencial el libro de Cabrera.

[42] Para la crisis, véase PRO, FO 371/3371; las meditaciones de Maura en Archivo Maura, leg. 178, y en Romanones, 19-XI-1918, AP, 15.978/3; ANR, BRAH, leg. 11/8905; nuncio, 29-XI-1918, ASV, ANM, busta 765, F. 1.

[43] David, 6, 7 y 22-XI-1918, AMAE (París), cartón n.° 31.

[44] ACR, BRAH, leg. 5/37; Romanones, 19-XI-1918, AP, 15.978/3; Soldevilla, El año político, 403-405; Romanones, Notas, 430-431; Pabón, Cambó, II, 35.

[45] Nuncio, 29-XI-1918, ASV, ANM, busta 765, F. 1.

[46] Nuncio, 25-IV-1918, ASV, ANM, busta 765, F. 1.

[47] Informe, IV-1919, PRO, FO 371/4120.

[48] Embajador, 5-V-1919, AMAE (París), cartón n.° 32.

[49] Soldevilla, El año político. 1919, 122; Romanones, Notas, 449.

[50] Archivo Maura, legs. 266, n.° 6, y 407; Soldevilla, El año político. 1919, 143-144; Tusell, Maura, 199 y ss.

[51] Soldevilla, El año político. 1919, 175-180.

[52] ANR, BRAH, leg. 11/8911.

[53] Redacción de la nota en el Archivo Maura, legs. 390, 300 y 402; la versión llegada al Rey en BP, II-4045/18.

[54] Maura, 23-X-1919, AP, 12 1941/3.

[55] Nota 2-X-1920, Archivo Maura, leg. 178.

[56] Saint Aulaire, 7-V-1920, AMAE (París), cartón 7 y 32 y 7-X-1920, AMAE (París), cartón n.° 32; A. Alba, nota de 10-XII-1919 leg. 3/42.3.

[57] Seco, Alfonso XIII. El Estado y la política, 535-538; Tusell, Maura, 217, 220 y 224.

[58] Embajador francés, 9-I-1920, AMAE (París), cartón 8.

[59] Falciotti, 23-II-1920, AMAE (Roma), busta 1586.

[60] ACR, BRAH, leg. 62/5.

[61] Vienne, 27-I-1921, AMAE (París), cartón n.° 33.

[62] Vienne, 10-III-1921, AMAE (París), cartón n.° 33; Fasciotti, 15-III-1921, AEME (Roma), busta 1587.

[63] Cambó, s.f. Papeles Cambó, Vienne, 13-VIII-1921, AMAE (París), cartón n.° 7.

[64] Cambó, s.f. Papeles Cambó, Vienne, Sánchez Guerra, 23-VII-1922, AP, 15.601/13.

[65] ANR, BRAH, leg. 11/8908, 24-XI y 6-XII-1922.

[66] Pidal, 10-I-1919, AP, 15.601/13; Alfonso XIII, 2-X-1919, AP, SP, 699.

[67] Alfonso XIII, 7-VIII-1921, AP, SP, 700.

[68] Sivatte, 2-V-1922, AP, 12 428/8.

[69] Embajador francés, 16-XI-1918, AMAE (París), cartón n.° 32; narración a Rivas, en ANR, BRAH, leg. 11/8910; Lerroux, Memorias, 481-497.

[70] Archivo Maura, leg. 250, n.° 6, sin fecha.

[71] Soldevilla, El año político. 1921, 316-317.

[72] ANR, BRAH, leg. 11/8910; La Época, 18-V-1921; ANR, BRAH, leg. 11/8907, 27-VI y 16-VIII-1921; Suárez Cortina, El reformismo…, passim.

[73] Soldevilla, El año político. 1921, 218 y 222.

[74] Cambó, Memories, 298-299.

[75] Soldevilla, El año político. 1919, 3, 24-25.

[76] Nadal, 25-I-1919, Archivo Maura, leg. 74; Peyra, 5-I-1919; Archivo Maura, leg. 82

[77] Peyra, 20-I-1919, AP, 15.601/6.

[78] Soldevilla, El año político. 1918, 447-448.

[79] Cambó, 12-XII-1918, AP, 15.601/5.

[80] Cambó, Memories, 295 y 312.

[81] Juan Antonio Güell, 17-XII-1918, AP, 15.601/5.

[82] BP, II-1414, n.° 10.

[83] Cambó, Memories, 324-333.

[84] Cambó a Manuel Bueno, 22-III-1919, ACR, BRAH, leg. 96/38.

[85] Sobre este viaje, véase Soldevilla, El año político, 150-157; Saint Aulaire, 2-VII-1920, AMAE (París), 2-VII-1920, cónsul italiano en Barcelona, 26 y 30-VI-1920, AMAE (Roma), busta 1586; cónsul francés en Barcelona, 29-VI y 2-VII-1920; PRO, FO 371/5496.

[86] AP, 15.601/19.

[87] Alfonso XIII, 28-I-1922, AP, SP, 700.

[88] Torres de Mendoza, 19-X-1922, AP, 12.428/25; Archivo Maura, leg. 284, n.° 6.

[89] Soldevilla, El año político. 1922, 290-292.

[90] Cambó, Memories, 364; Pabón, Cambó, II, 357 y ss., para esta parte de la vida del líder catalanista.

[91] Para la evolución del elemento militar, véanse, sobre todo, los libros de Seco, Payne, Boyd y Ballbe. La agitación social principalmente en Barcelona, en Del Rey y Bengoechea.

[92] BP, II-4063, n.° 10.

[93] Alfonso XIII, 15-III-1919, AP, SP, 699.

[94] Castelldosrius, 27-IV-1919, BP, II-4063, n.° 9.

[95] AP, 15.601/10.

[96] Romanones, Notas, 436; Cambó, 22-III-1919, ACR, BRAH, leg. 96/38 (3).

[97] «Antecedentes y datos de las cuestiones de Barcelona…», ACR, BRAH, leg. 100/69. La explicación aparecida en la prensa de entonces, en Soldevilla, El año político, 103-104. Véase también A. Maura leg. 263/16.

[98] Para esta correspondencia, véase de forma especial Archivo Maura, leg. 229.

[99] Burgos y Mazo, 11-XI-1919, AP, 16.622/13.

[100] Milans, 19-XI-1919, AP, 15.601/6; Burgos y Mazo, El verano de 1919…, 499 y ss.

[101] Soldevilla, El año político. 1920, 8 y 19; nota sin autor, 14-II-1920, ARC, BRAH, leg. 96/38 (10).

[102] ANR, BRAH, leg. 11/8910; Cambó 12-II-1922, Papeles Cambó.

[103] Circular 20-I-1920, AP, 15.599/16.

[104] Soldevilla, El año político. 1919, 159-161.

[105] BP, II-3507.

[106] Fernando Primo de Rivera, 6-XI-1918, AP, 15.979/2.

[107] Fernando Primo de Rivera, 16-II-1920, BP, II-4047, n.° 19.

[108] Primo de Rivera, 14-III-1921, APR, sin clasificar; Seco, Eduardo Dato, 106-107, ANR, BRA, leg. 11/8910.

[109] PRO, FO 371/4120.

[110] Soldevilla, El año político. 1922, 19; Defrance, 12-I-1922, AMAE (París), cartón n.° 33 y anexo; Tusell, Maura, 233-235; Cierva, Notas, 267-271.

[111] Soldevilla, El año político. 1922, 67.

[112] El Noticiero Universal, 7-VI-1922; véase también ACR, BRAH, leg. 62/12.

[113] Soldevilla, El año político. 1922, 193-195, 201-207; DSC, 9-VI-1922, 2310-2343; embajador británico, 28-X-1922, PRO, FO 371/8389.

[114] Cortés Cavanillas, Confesiones, 64.

[115] Fernández Almagro, Historia del reinado…, 301; para la génesis del discurso, véase Cierva, Notas, 232-235.

[116] La versión en AR, BRAH, leg. 3/20.

[117] Cortés Cavanillas, Confesiones, 62-63.

[118] Defrance, 1-VI-1921, AMAE (París), cartón n.° 9; informe de la Embajada, 4-VI-1921, AMAE (Roma), busta 1587.

[119] BP, prensa, leg. 1051.

[120] Soldevilla, El año político. 1922, 166-167; DSC, 27-V-1921, 2999-3000.

[121] La Acción, 27-V-1921; El Debate, 28 y 29-V-1921; El Sol, 31-V-1921.

[122] Discurso de Maura, 20-VI-1921, Archivo Maura, leg. 399.

[123] El Día, 28-V-1921.

[124] Documentación, posiblemente de origen policiaco, sobre Luis Daniel, AP, 15.601/10.

[125] Soldevilla, El año político. 1922, 76-77, 103-104; Millán de Priego al marqués de Torres de Mendoza, 12-V-1925, AP, 15.601/13. Véase también García Escudero, El pensamiento de Ángel Herrera, 295-296.

[126] Nota elaborada en 1925 sobre esos acontecimientos en AP, 15.601/10 y 15.986/10.

[127] Alfonso XIII, 17-III-1922, AP, SP, 700.

[128] Alfonso XIII, 23-III-1922, AP, SP, 700.

[129] Vidal y Barraquer, 24-II-1922, y arzobispo de Valladolid, 27-III-1922, AP, 15.601/10.

[130] Cortés Cavanillas, Confesiones, 64-65.

[131] Resumimos en este párrafo algunas ideas elementales. Véanse entre los libros de testigos presenciales los de Berenguer y García Figueras y los más recientes de Ayache y Pando.

[132] Flórez, 27-XI-1919, AP, 16.622/13.

[133] Tovar, 31-VII y VIII-1919, AP, 15.510.

[134] «Nota reservada sobre Marruecos», s. f., AP, 15.765/5.

[135] Alfonso XIII, 1-IV-1919, AP, SP, 699.

[136] «Acción política», s. f., AP, 15.510/9.

[137] José Villalba, 21-VII-1921, AP, 15.599/16.

[138] BP, II-4059, n.° 13.

[139] Romanones, Notas, 458, señala que hubo dimisiones de ministros conservadores como consecuencia del discurso, circunstancia que el resto de las fuentes parece desmentir.

[140] Soldevilla, El año político. 1921, 247; Vienne, 5-VII-1921, AMAE (París), cartón n.° 3.

[141] Maura y Fernández Almagro, ¿Por qué…, 350; nota del 28-IX-1921, Archivo Maura, leg. 412.

[142] López Ferrer, 6-X-1921, AP, 15.510/4.

[143] Alfonso XIII, 14-X-1921, AP, SP, 700.

[144] Soldevilla, El año político. 1921, 289, 291-292.

[145] Howard, 30-XII-1921, y Villiers, 13-I-1922, PRO, FO 371/8381, 1922.

[146] Sobre la repercusión parlamentaria, véase Comalada; sobre la militar, principalmente Boyd. La posición de Maura en Tusell, Maura, 230 y ss.

[147] Por ejemplo, nota sin autor ni fecha en ACR, BRAH, leg. 58/32.

[148] Defrance, 1-XII-1922, AMAE (París), cartón n.° 33.

[149] Romanones, Notas, 465.

[150] Soldevilla, El año político. 1922, 360-361.

[151] Soldevilla, El año político. 1921, 386-387.

[152] El Sol, 13-XII-1922; El Liberal, 14-XII-1922; Soldevilla, El año político. 1922, 432-434.

[153] «Algunos aspectos, en el momento actual, del problema del Protectorado de España en Marruecos», en AP, 12.956/6.

[154] Soldevilla, El año político. 1919, 151 y 295.

[155] Sobre el Unamuno de ese momento, véase Salcedo, Vida…, 239-265, y los artículos publicados en Unamuno. Política y filosofía, por Núñez y Rivas.

[156] Carta de Unamuno, s. f., AM, leg. 399.

[157] Soldevilla, El año político. 1921, 58-62.

[158] ACR, BRAH, 62/23 (2).

[159] Romanones, Notas de una vida, III, 461-463; conferencia de Unamuno el 12-IV-1922, ACR, BRAH, leg. 62/63 (3); Soldevilla, El año político. 1921, 114-115, 129-134.

[160] Intervención del 27-X-1921, Soldevilla, El año político. 1921, 349-352; DSC, 27-X-1921, 3818-3832; también transcrita completa en Prieto, Con el Rey o contra el Rey, esp. 158.

[161] Prieto, Con el Rey…, 204; auto de procesamiento en ACR, BRAH leg. 70/29.

[162] Comalada, El ocaso…, 80.

[163] Gómez Jordana, La tramoya…, 115-117.

[164] ANR, BRAH, leg. 11/8909, especialmente 29-I, 5 y 10-II-1923.

[165] Soldevilla, El año político. 1923, 23.

[166] La Acción, 26-II-1923; Soldevilla, El año político. 1923, 50-52, 61-62; García Prieto, 3-II-1923, AP, 15.601/13. Véase también la información contenida en PRO, FO 371/9489.

[167] ANR, BRAH, leg. 11/8909, 8-III-1923; Portela Valladares, Memorias, 107-113; Alcalá Zamora, Memorias, 74-78.

[168] García Prieto, 6-III-1923, AP, 15.601/13; ANR, BRAH, leg. 11/8909, 1-IV-1923; Soldevilla, El año político. 1923, 158-161; Tosti, 24-V-1923, AMAE (Roma), busta 1588.

[169] Tusell, Radiografía, 58-59.

[170] Chapaprieta, Memorias, 130.

[171] Martínez Anido, 12-VII-1923, AP, 15.511/3. Los proyectos allí mismo y en ACR, BRAH, leg. 58/37 (1); también en el Archivo de Alba.

[172] Esta correspondencia en APR, legs. 19.1 y 19.2.

[173] Ignacio de Despujols, 28-VII-1923, AP, 15.511/3; informe de la Junta del Estado Mayor de la Armada, 6-VIII-1923, Archivo Alba, BRAH.

[174] Sobre este particular, como sobre la revelación de Salvatella, véanse las citas posteriores al tratar de la conspiración, y Tusell, Radiografía. El historiador británico era Petrie, Alfonso XIII…, 168 y ss.

[175] Gabriel Maura, 6-VIII-1923, Archivo Maura, leg. 259. En ibídem., los consejos de Maura. Véase también Tusell, Maura, 250-251: Tusell y Avilés, El maurismo, 288-292; Maura, Bosquejo…, II, 28-31, y Maura y Fernández Almagro, ¿Por qué…?, I, 28-31.

[176] García Prieto, 7-VIII-1923, AP, 15.601/13.

[177] García Prieto, 13-VIII-1923, AP, 15.601/13.

[178] El proyecto del Estado Mayor Central, 28-VIII-1923, AP, 15.511/2; el de Fidel de la Cuerda, de la misma fecha, en AP, 12.958/3.

[179] García Prieto, 23-VIII-1923, AP, 15.601/13.

[180] Soldevilla, El año político. 1923, 279-280; ANR, BRAH, leg. 11/8909, 1-IX-1923.

[181] Informe de Gurney, s. f., en PRO, FO 371/9490.

[182] Véase principalmente Carlos Seco, Militarismo y civilismo…, 303-315; Tusell, Radiografía…, a quien remito de forma especial, y González Calbet, La dictadura… Las fuentes esenciales que aquí se utilizan son los legs. 1 y 1 bis de 21, 14 y 19 de APR, los legs. 4/51-2 y 4/51-3 del A. Alba BRAH, y los 610 a 615 del Archivo de las Cortes utilizadas en el libro de Tusell, en donde se encontrarán más detenidamente pormenorizadas las restantes. Sólo excepcionalmente cifraremos las fuentes primarias a partir de este momento y hasta el final del capítulo.

[183] Portela Valladares, Memorias, 99-114.

[184] Cortés Cavanillas, Confesiones…, 67.

[185] Howard, 20 y 22-IX-1923, PRO, FO 371/9490; Defrance en AMAE (París), cartón n.° 34. También en Tusell, Alfonso XIII no instigó…

[186] ANR, BRAH, leg. 11/8909, 13-IX-1923.

CAPÍTULO IV
EL REY Y LA DICTADURA

[1] La bibliografía acerca de estos regímenes de Europa del Este figura al final del libro en el apartado correspondiente. Para el caso de Italia hemos utilizado de forma especial los libros de Mack Smith y Puntoni.

[2] A lo largo de este capítulo utilizaremos con frecuencia trabajos de investigación previos, en especial la colaboración de Tusell en el tomo XXXVIII (2) de la Historia de España de Menéndez Pidal y Jover y el libro Los intelectuales y la Dictadura de Primo de Rivera, de García Queipo de Llano.

[3] Romanones, Memorias, III, 215 y ss.; Carlos Seco, El cerco a la Monarquía, 192; «Annual Report. 1923», PRO FO, 10.795, 22.

[4] Alfonso XIII, 14-XI-1923, AGP, SP, 700 y 15.601/3.

[5] Miguel Maura, 19-IX-1923, AM, leg. 399.

[6] El Sol, 9-II-1924.

[7] Sobre el particular, véase Tusell y Saz, Mussolini y Primo de Rivera.

[8] Mussolini, 18-IX-1923, DDI, VII, t. 2, 149; Howard, 8-XII-1923, PRO, FO 8-XII-1923; AMAE (París), XII-1923, cartón n.° 9.

[9] AP, leg. 15.520/6.

[10] Howard, 20-X-1923, en PRO, FO 371-9.490 y Defrance, 14-X-1923 en AMAE (París), cartón n.° 34; Seco, El cerco de la Monarquía; Lequerica, 30-XI-1923, en Archivo Maura, leg. 55 y anotación de Gabriel Maura en unas «Reflexiones, confidencias y recuerdos» que se encuentran en el archivo familiar. Sobre la devolución del viaje, véase AP, 16232/94.

[11] «Contestación al documento notarial…», 5-X-1924, BP, II-4060, n.° 2.

[12] AHN, PG (DM), leg. 345.

[13] Genoveva García Queipo de Llano, Los intelectuales y la Dictadura…, 17-176; La Prensa (BA), 12-XII-1923, «Siete años sin ley», 79-81.

[14] Machado, Los complementarios, 180-181.

[15] Sobre el particular, véase, como información complementaria a la ofrecida por García Queipo de Llano, «Siete años sin ley», 96-102.

[16] Le Quotidien, 24-VIII-1924. Un ejemplar se encuentra en ACR, BRAH.

[17] Por ejemplo, en La Nación (Buenos Aires), 20-XI-1924.

[18] Véase la ficha de «Una nación secuestrada» en la bibliografía y el libro de García Queipo de Llano sobre la actitud de los intelectuales. También son apreciables algunos otros libros como el de Madrid acerca de Los desterrados de la Dictadura.

[19] Magaz, 8-XI-1924, APR., leg. 16.

[20] Alba, 1-X-1923, Archivo Alba, BRAH, legajo 5/59-1 y 8/8078; Rivas, 29-X-1923, BRAH, ANR, 11-8921; Alba, 22-X-1923, Archivo Alba, BRAH.

[21] Alba, 28-VII-1924, ACR, BRAH, leg. 63/81.

[22] La Nación (Buenos Aires), 18-XII-1924, y La Prensa (Buenos Aires), 19-XII-1924; Genoveva García Queipo de Llano, Los intelectuales y la Dictadura de Primo de Rivera, 147-164.

[23] «Siete años sin ley», 111-119; copia en Archivo Alba, BRAH. La preparación de las respuestas del Rey y la documentación completa en AP 15.589/10. La correspondencia se desarrolló en diciembre de 1924.

[24] Alba, 3-XII-1924, BP, caja II-4063; Santander, 16-XII-1924, AP, 1.589/10. Véanse las cartas a Quiñones y al marqués de Viana en Archivo Alba leg. 4/52-3 y 4/51-6.

[25] Romanones, 2-XII-1924, AP, 16.232/92.

[26] ABC, 26 y 28-XI-1924.

[27] «Annual Report. 1925», PRO, FO 71-11942, 10. Los diarios de Natalio Rivas en BRAH, 11-8916 parecen probar sin lugar a dudas esa actitud de la Reina, así como que el Rey solía indicar a los políticos que iniciaban delante de él una actitud crítica ante la situación política que hablaran con ella.

[28] Peretti, 21-I-1925, AMAE (París), cartón n.° 36.

[29] Diarios de Natalio Rivas, 26-II, 2 y 5-III-1925, ANR, BRAH, leg. 11-8916.

[30] «Siete años sin ley», 191-196.

[31] «Siete años sin ley», 202. Para el homenaje, véase ABC, diciembre y enero de 1925; Maura, Bosquejo histórico, I, 187-193.

[32] «Siete años sin ley», 191-192.

[33] La dedicatoria en AP, 15.508/1; el texto de Torres, 2-XII-1924, AP, 15.508/5.

[34] Bueno, 11-I-1925, AP, 15.506/1; «Campaña justiciera…» passim.

[35] Torres, 13-XII-1924, AP, 15.508/4.

[36] Todos los libros citados aparecen en la bibliografía.

[37] Correspondencia sobre esta cuestión en AP 15.508/, especialmente Quiñones, 17-XII-1924 y 14-I-1925.

[38] Madrid, Los desterrados…, 131-190; ABC, 21-I-1925, y El Sol, 25-I-1925.

[39] Testimonios de la recogida de panfletos de Blasco en la frontera en AHN; MG (A) leg. 42 A, n.° 10. Magaz dedicó mucho tiempo a la labor de contrapropaganda (véase APR, leg. 16). Sobre la renuncia a llevar a cabo acciones judiciales, véase Magaz 17-I-1925, AHN, PG (DM) leg. 252.

[40] Sobre este particular, véase AMAE (París), 1925, cartón n.° 9.

[41] Alfonso XIII, 21-XII-1924 y 26-I-1925, AP, SP, 701.

[42] Correspondencia con Londres y Washington en AP 15.508/4 y 15.506/1, respectivamente.

[43] La Monarquía, 10-I-1925.

[44] La situación de España, AP, 15.620/12.

[45] Jesús Pabón, Cambó, II, 464.

[46] Primo de Rivera, 18-VIII-1924, AP, 15.511/10.

[47] La correspondencia entre Magaz y Primo de Rivera procede de APR, leg. 16.

[48] Joaniquet, Alfonso Sala, 294 y ss.; Calvo Sotelo, Mis servicios al Estado, 55-57; Calvo Sotelo, y 16-XII-1924, APR, leg. 9; Magaz, principalmente 15-XI-1924, APR, leg. 16.

[49] Primo de Rivera, 21-XII-1924, APR, leg. 9; AMAE (París), Europe, Politique, leg. 45

[50] Alfonso XIII, 21-XI-1924, AP, REG, 701.

[51] Alfonso XIII, 24-I-1925, AP, SP, 701.

[52] F. Schwartz, 13-VI-1925, ACR, BRAH, leg. 28/35.

[53] Cuervo (secretario de Primo de Rivera), 11-X-1928, APR, leg. 19.1.

[54] Primo de Rivera, 27-II-1929, APR, leg. 19.3.

[55] Martínez Anido, 12-VIII-1929, APR, leg. 7.

[56] Corbin, 3-I-1924, AMAE (París), cartón n.° 9.

[57] Víctor Ruiz Albéniz, Memoria reservada, IV-1924, AP, 12.955/26.

[58] Magaz, 28-VII-1924, APR, leg. 16.

[59] Magaz, 28-VII-1924, APR, leg. 16.

[60] Informe de VII-1924, ACR, BRAH, leg. 23/10; G. Maura, 6-VIII-1924, ACR, BRAH, leg. 53/53.

[61] Primo de Rivera, 31-VII-1924, AP, 15.511/10.

[62] AMAE (París), 28-VII-1924, cartón n.° 36; Gurney, 2-VIII-1924, PRO, FO 371/10543; Magaz, 26-VII-1924, APR, leg. 16.

[63] Véase principalmente Magaz a Primo de Rivera, 9, 12, 14, 17, 22 y 17-IX-1924, APR, leg. 16, y Tetuán a Primo de Rivera, 10 y 30-IX-1924, APR, 19.5. La preocupación de Primo de Rivera por la posición del Rey en su carta a Magaz 15-IX-1924, APR, leg. 16.

[64] Primo de Rivera, VIII y 13-IX-1924, AP, 15.511/10.

[65] Romanones, 11-IX-1924, ACR, BRAH, leg. 58/11.

[66] Escrito sin fecha pero IX-1924, en ACR, BRAH, leg. 99/86.

[67] Sobre esta iniciativa véase ACR, BRAH, leg. 63/66.

[68] Véase ACR, BRAH, legs. 63/72, 63/31, y Luque, 21-IX-1924, leg. 58/14.

[69] La Nación (BA), 27-IX-1924; Fontenay, 25-IX-1924, AMAE (París), cartón n.° 35; Magaz, 25, 27 y 30-IX-1924, APR, leg. 16; Tetuán, 24-IX-1924, y Primo de Rivera a Tetuán, s. f., APR, leg. 19.5.

[70] Tetuán, 5, 10 y 22-X-1924, APR, leg. 19.5.

[71] Nota entregada hacia septiembre de 1925, AP, 15.511/9.

[72] Alfonso XIII, 29-X-1924, AP, 15.600/5; Urquiano, 8-X-1924, AP, 15.621/7; Ontiveros, 23-XI-1924, AP, 15.985.

[73] Magaz, 24-XI-1924, APR, leg. 16.

[74] Copia del manifiesto dirigido al Rey en APR, leg. 19.4; el manifiesto de Primo de Rivera en APR, 19.5. El segundo de los manifiestos de oposición procede de AM, sin clasificar.

[75] Peretti, 31-XII-1924, AMAE (París), cartón n.° 35.

[76] Fontenay, 20-IX-1924, AMAE (París), cartón n.° 35; La Nación (BA), 28-XII-1924.

[77] Jordana, 22-VI-1925, APR, leg. 11. Los planes en BP II/4183 (1) y (4).

[78] «Siete años sin ley», 242-243, y Jordana, La tramoya de nuestra intervención, 120-121.

[79] Primo de Rivera, 11-IX-1925, APR, leg. 19.2. La carta está también publicada en Armiñán, Epistolario del dictador, principalmente p. 277.

[80] Primo de Rivera, 11-IX y 12-IX-1925, AP, 15.511/10.

[81] «Siete años sin ley», 268-273 y 289-292.

[82] Cortés Cavanillas, Confesiones, 70-72.

[83] Archivo Maura, armario inferior F2; pruebas de la actitud de Lerroux en esos tiempos en AMAE (París), cartón n.° 36.

[84] Genoveva García Queipo de Llano, Intelectuales en la Dictadura de Primo de Rivera…; Romanones, Las responsabilidades del Antiguo Régimen, Un español neutral; Isidro del Campo, Lo que no ha dicho Romanones. Cartas abiertas al general Primo de Rivera.

[85] Para el homenaje a Dato véase «Siete años sin ley», 204-208; «Annual Report. 1925», PRO, FO 371-11942; Rivas en ANR, BRAH, III-1925; Peretti, 10-III-1925, AMAE (París), cartón 36.

[86] Primo de Rivera, 10-III-1925, APR, leg. 19.2.

[87] Carlos Seco, El cerco de la Monarquía, 203-215, ANR, BRAH, leg. 11-8916, marzo y abril de 1925.

[88] Sobre toda esta cuestión, «Siete años sin ley», 218-223; Peretti, 12-V-1925, AMAE (París), Politique, Europe, leg. n.° 36; ABC, 8-V-1925; El Debate, 9-V-1925; La Nación (BA), 28-V-1925, información de Julio Álvarez del Vayo; ANR, BRAH, 118-916, anotaciones 26-IV a 9-V, 23-VI, 28-VII y 11-VIII-1925.

[89] ANR, BRAH, 11-8916, anotaciones de 2, 3 y 17 y 30-VII, 8-IX-1925 para la posición de viejos políticos y militares. Véase también Primo de Rivera, 19-VI-1925, APR, leg. 19.5 sobre Cavalcanti y Castro Girona, 18-VI-1925, BRAH, Archivo Alba.

[90] ANR, BRAH, 11-8916, anotaciones de 4, 5 y 9-VI y 8-VII-1925; «Siete años sin ley», 228-232.

[91] Tetuán, 12-III-1925, APR, leg. 19.2.

[92] Bueno, 21-V-1925, APR, leg. 16.

[93] Primo a Tetuán, 4-VI-1925, APR, leg. 19.2; Peretti, 22-VII-1925, AMAE (París), cartón n.° 36; Rivas en BRAH, 11-8916, anotación de 14-IX-1925; «Annual Report. 1925», PRO, FO 371/11.942.

[94] «Siete años sin ley», 292.

[95] De ello se hacen eco Peretti, 1 y 3-XII-1925, AMAE (París), cartón n.° 36, «Siete años sin ley», 305 y ANR, BRAH, 11-8916, anotación de 2-XII-1925.

[96] La narración más detenida de este cambio de gobierno es la de «Siete años sin ley», 294-305, que se completa con algunos detalles adicionales procedentes de la documentación diplomática francesa y británica. Véase también APR, leg. 18, y ANR, BRAH, 11-8916, anotación 5-XII-1925.

[97] «Annual Report. 1925», PRO, FO 317/11942.

[98] ANR, BRAH, leg. 11-8916, XII-1925. «Annual Report. 1925», PRO, FO 317/11.942, 21.

[99] Noticiero del Lunes, 25-I-1926; Pérez, La Dictadura en sus notas oficiosas, 75.

[100] Peretti, 6-I-1925, AMAE (París), cartón n.° 37.

[101] APR, leg. 19.1.

[102] Resumo aquí los datos procedentes de ANR, BRAH, leg. 11-8916 y 11-8917; Peretti, 13-I-1926, AMAE (París), cartón 37, y «Annual Report. 1926», PRO, FO 371/12.718. Sobre los entresijos de la conspiración, véase también ANR, BRAH, 11-8917, de enero a mayo de 1926.

[103] ACR, BRAH, leg. 68/17; ANR, BRAH, 11-8917, anotaciones de 6, 16 y 30-VII-1926.

[104] ABC, 8, 30 y 31-VII-1926; Armiñán, Epistolario del dictador, 365-366.

[105] Sobre la cuestión artillera véase, principalmente, Carlos Seco, Militarismo y civilismo en la España contemporánea, 337-344. Véase también Stanley Payne, Ejército y sociedad en la España liberal, 341-346; Hernández Mir, La Dictadura ante la Historia, 266-271; «Siete años sin ley», 375-413, y el libro de Navajas. Hemos utilizado la abundante documentación existente en el APR.

[106] ANR, BRAH, 11/8917, 17-VI-1926.

[107] Sanjurjo, 27-VI-1926, APR, leg. 6 bis.

[108] Primo de Rivera, 10-VIII-1926, APR, leg. 5.

[109] Primo de Rivera, 12-VII-1926, APR, leg. 5.

[110] «Annual Report. 1926», PRO, FO 371/12.718, 25-26.

[111] Primo de Rivera al Rey, 2-IX-1926, APR, leg. 6 bis.

[112] La narración de los acontecimientos entre los días 3 al 8 de septiembre se ha hecho aquí a partir del libro de Carlos Seco citado en la nota 87, al que hemos añadido los datos complementarios procedentes del archivo de Primo de Rivera, legs. 6, 6 bis y 13.

[113] Informe policiaco, 31-X-1926, APR, leg. 6 bis; ANR, BRAH, leg. 11-8918, anotación 10 a 22-IX-1926.

[114] ANR, BRAH, leg. 11-8918, 20 y 27-XI-1926 y 4-XII-1926.

[115] «Annual Report. 1926», PRO, FO 371/12.718, 31; manifiesto del 24-XI-1926, APR, leg. 6 bis. Cordón, Trayectoria. Memorias de un militar republicano, 131-153.

[116] Madariaga, Memorias, 118-119; Tusell y García Queipo de Llano, El dictador y el mediador, passim, aborda esta cuestión respecto de la que no insistiremos en las citas.

[117] La Nación, 4-IX-1926.

[118] «Annual Report. 1927», PRO, FO 371/13439.

[119] PRO, FO 371/11098; La Nación, 28-I-1927 y declaraciones de Primo de Rivera el 10 de enero precedente en ANR, BRAH, leg. 11/8914.

[120] Sobre la Asamblea Nacional, véanse los trabajos de González Calbet y Gómez Navarro, principalmente, aunque discrepamos en bastante de ambos.

[121] Calvo Sotelo, Mis servicios al Estado, 116-118.

[122] «Annual Report. 1926», PRO, FO 317/12718.

[123] Pérez, La Dictadura a través de sus notas oficiosas, 94-109.

[124] La conversación en ANR, BRAH, leg. 1178-918, 22-IX-1926, anotación del 22-IX-1926; el texto de la nota entregada por Sánchez Guerra en Archivo Maura, armario inferior A2.

[125] ANR, BRAH, 11/8918, 2 8-IX-1926; La Nación, 23-IX-1926.

[126] «Siete años sin ley», 542-544; «Annual Report. 1926», PRO, FO 371/13.349.

[127] AHN, PG (DM), leg. 245, expte. 10.

[128] ANR, BRAH, leg. 11/8918, 19-XI y 11-X-1926.

[129] ABC, 12-X-1926; Peretti, 12-X-1926, AMAE (París), cartón n.° 37.

[130] ABC, 1 y 16-XI-1926; La Nación, 16-XI-1926; Peretti, 2 y 9-XI-1926, AMAE (París), cartón n.° 37.

[131] ANR, BRAH, 28-XI-1926, leg. 8918, 25-XI-1926, y nota a Primo de Rivera, APR, leg. 9.

[132] Noticiero del Lunes, 31-I-1927; ABC, 1-I-1927.

[133] ANR, BRAH, leg. 11-8919, 25-I y 28-II-1927.

[134] La Nación, 25-IV-21 y 23-V-1927; La Época, 3-V-1927; ABC, 7 y 20-V-1927.

[135] Véase España bajo el reinado de Alfonso XIII, citado en la bibliografía.

[136] Peretti, 25-V-1927, AMAE (París), cartón n.° 38; ANR, BRAH, leg. 11-8919, V-1927.

[137] Para lo sucedido en estos días de mayo de 1927, véase «Annual Report. 1927», PRO, FO 371/13.349; ANR, BRAH, leg. 11-8919, V-1927, y ABC y La Nación, 21-24-V-1927; «Siete años sin ley», 627-640.

[138] Véase ACR, BRAH, legs. 53/43, 20/28 y 28/9 (1) respectivamente.

[139] ANR, BRAH, leg. 11-8919, 20-V a 1-VI-1927.

[140] Noticiero del Lunes, 30-V-1927.

[141] La Voz, 31-V-1927; La Nación, 1 y 4-VI-1927; ABC, 3 y 7-VI-1927; ANR, BRAH, leg. 11-8919, 8-VI-1927.

[142] ANR, BRAH, leg. 11/8919, 30 y 31-V-1927.

[143] Montille, 18-VIII-1927, AMAE (París), cartón n.° 38.

[144] «Siete años sin ley», 604-610; «Annual Report. 1927», PRO, FO 371/13439.

[145] «Siete años sin ley», 610-612, 648-650 para el contenido de la disposición.

[146] Archivo Maura, armario inferior F2.

[147] ANR, BRAH, leg. 11/8920, 13-IX-1927.

[148] «Siete años sin ley», 613-614.

[149] Tusell y García Queipo de Llano, El dictador y el mediador, 112 y 126.

[150] Sobre este particular, véase Mack Smith, I Savoia….

[151] Esas postales en ACR, BRAH, leg. 54/15.

[152] Primo de Rivera, La obra…, 37.

[153] García Canales, en La teoría de la representación en la España del siglo XX y El problema constitucional en la Dictadura de Primo de Rivera ha tratado de la labor de esta sección. Para un examen crítico escrito en la época, véase Villanueva, El momento constitucional, segunda y tercera partes. Los originales de las actas de los debates de la sección primera están en el Archivo de las Cortes y en AHN (PG), DM.

[154] BP II/4064 (20).

[155] Sin fecha, Archivo Maura, armario inferior I 2 y leg. 45.

[156] La Nación (Madrid), 1 y 9-VIII-1929; Pérez, La Dictadura a través de sus notas…, 255. Tusell y Saz, Mussolini y Primo de Rivera…, 466-471.

[157] La polémica se encuentra en Archivo Maura, armario inferior I 2; «Siete años sin ley», 739-741.

[158] Peretti, 12-III y 25-V-1928, AMAE (París), cartón n.° 39.

[159] Peretti, 11-XI-1928, AMAE (París), cartón n.° 39.

[160] Grahame, 4-II-1929, PRO, FO 371/14164; Peretti, 7-I-1929, AMAE (París), cartón n.° 40.

[161] Quiñones, 13-VI-1928, AMAE, leg. 1304.

CAPÍTULO V
LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA

[1] Primo de Rivera, 30-VI-1928, AP, leg. 15.899/14.

[2] El cruce de cartas entre Primo y Ponte se produjo entre el 19 y el 23 de noviembre de 1928 y se encuentra en APR, leg. 15.

[3] Cordón, Trayectoria, 131 y ss.; información sobre las actitudes de los artilleros en APR, leg. 6.

[4] Navajas, Ejército, Estado y sociedad, 61-73; Burgos y Mazo, La Dictadura y los constitucionalistas, cap. IV.

[5] Primo de Rivera, 12-II-1929, APR, leg. 19, 3; ABC, 31-I-1929; Peretti, 3-II-1929, AMAE (París), leg. 39.

[6] Peretti, 3-II-1929, AMAE (París), leg. 39.

[7] Correspondencia de respuesta en APSP, Reg. 702, mediados de 1929; Peretti, 13-II-1929, AMAE (París), leg. 8.

[8] Alfonso XIII, 19-II-1929, AP, Reg. 702; texto de la princesa titulado Where dream meets reality, en BP, II/4061.

[9] Los panfletos en AP, 15.589/9, datan del verano de 1929. Los versos en Archivo Maura, leg. 382-12.

[10] Véase López Ochoa, De la Dictadura…, cap. XII, y Marco Miranda, Las conspiraciones…, 160; Burgos y Mazo, La Dictadura y los constitucionalistas, II, cap. V, 149 y ss.; Hernández Mir, La Dictadura ante la Historia, 356-360, y Alcalá Zamora, Memorias, 124.

[11] Thierry, 1-I y 3-II-1930, AMAE (París), leg. 149.

[12] Sobre el particular, véanse los artículos de García Queipo de Llano y de Ben Ami citados en la bibliografía.

[13] La obra de Primo de Rivera, 41-46.

[14] Thierry, 18-IX-1928, AMAE (París), leg. 39.

[15] Peretti, 18 y 27-III-1929, AMAE (París), leg. 40.

[16] Peretti, 10-IV-1929, AMAE (París), leg. 40.

[17] Peretti, 15 y 16-VII-1929, AMAE (París), leg. 40. La posición de Maura, en Archivo Maura, leg. 120/8.

[18] ACR, BRAH, leg. 54/27.

[19] Villanueva, El momento constitucional, 27 y ss.; Peretti, 7-VIII-1929, AMAE (París), leg. 40; Osorio, 23-VII-1929, AP, 15.601-616.

[20] Peretti, 16-IX-1929, AMAE (París), leg. 40.

[21] Esa es, por ejemplo, la interpretación de Ben Ami en su buen libro sobre la Dictadura.

[22] Peretti, 22-XII-1929, AMAE (París), leg. 40.

[23] Calvo Sotelo, Mis servicios, cap. X; Maura, Bosquejo histórico, II, 286 y ss.; La obra de Primo de Rivera, 45-46.

[24] La Nación, Madrid, 5-XI-1929; Maura, Bosquejo, 301.

[25] En APR, leg. 19, se contienen los documentos que lo prueban. Véase también PRO, FO 371/15.040.

[26] Primo de Rivera, APR, 2-I-1930, APR, leg. 19. 5.

[27] Calvo Sotelo, Mis servicios…, 238-239; los textos de Guadalhorce y Primo de Rivera en APR, leg. 19.

[28] Maura, Bosquejo, II, 335-336; Berenguer, De la Monarquía a la República, 24; Thierry, 3-II-1930, Europe, Politique Espagne, n.° 149.

[29] Thierry, 29-I-1930, AMAE (París), leg. 149; Guadalhorce, 29-I-1930, APR, leg. 19. 1.

[30] Berenguer, De la Monarquía…, 78-79; Il Popolo d'Italia, 8-II-1930; embajador francés en Roma, 10-II-1930, leg. 149.

[31] La obra de Primo de Rivera, 48.

[32] Thierry, 13-II y 3-III-1930, AMAE (París), leg. 149.

[33] Pabón, Cambó, III, 29.

[34] Álvarez, s. f., ACR, BRAH, leg. 53/53.

[35] Berenguer, De la Dictadura a la República.

[36] Thierry, 13 y 25-II-1930, AMAE (París), leg. 149; AMAE (Roma), informe 29I-1930, AP, busta 1593.

[37] Miguel Maura, Así cayó, 50.

[38] Duque del Infantado, 14-II-1930, y al cardenal Vidal i Barraquer, 25-III-1930, AP, Reg. 703; el informe sobre Portugal en AP, 15.601/21. Véase también Corbin, 2-III-1930, AMAE (París), cartón n.° 149.

[39] Evelyn Graham, The Queen of Spain.

[40] Noticias sobre la elaboración de este libro en AP, 12.432/440.

[41] Pilar de Baviera y Chapman-Huston, Alfonso XIII, principalmente pp. 252, 263-266.

[42] Término «Alfonso» en el suplemento de 1930 de la Enciclopedia Espasa; información destinada a ella en AP, 12.413; «Galicia», 24-VIII-1930, artículo del ex ministro mexicano García Naranjo.

[43] Embajada de Francia, 24 y 31-III-1930, AMAE (París), cartón n.° 149.

[44] Este es el caso de Ben Ami, Los orígenes…, que hace, no obstante, buen uso de la prensa.

[45] Pabón, Cambó, III, 32-33; Seco, Alfonso XIII, 210-212; Cortés Cavanillas, Confesiones, 72.

[46] Mola, Memorias, 5-15; circular 23-II-1930, AHN, MG (A), leg. 45 A/7.

[47] Cambó, Memories, 429.

[48] Berenguer, De la Dictadura…, 41; Pabón, Cambó, III, 13; Ortega y Gasset, Obras Completas, XI, 274 y ss.

[49] Véase, por ejemplo, Cortés Cavanillas, La caída…, 79, 86-89; López Ochoa, De la Dictadura…, 206.

[50] Cambó, Memories, cap. XXV, 427 y ss.; Pabón, Cambó, III, cap. VI. Véase también las recientes apreciaciones de Borja de Riquer en Identitats contemporanies.

[51] Junoy, 17-II-1929, AP, 15.601/9.

[52] Pabón, Cambó, III, 33.

[53] Declaraciones a la prensa en 9-VI-1930, Archivo Maura, leg. 120/8.

[54] La reaparición de Cambó en AMAE (Roma), 11-XII-1930, Affari Politici, busta 1593; AMAE (París), Corbin, 10 y 17-XII-1930, cartón n.° 150.

[55] La polémica con Ortega, en El Sol, 19, 21 y 24-III-1931; Ahora, 15-III-1931, y ABC, 18-III-1931. Véase también Ortega y Gasset, Obras Completas, XI, 159-171. La polémica con Bugallal en El Sol, 8-I-1931. Las conversaciones con Romanones y Alhucemas en ACR, BRAH, leg. 63/60.

[56] «Nota reservada», s. f., Archivo Matos, papeles Martínez Ballester, dossier 5; Cambó, Memories, 433.

[57] García Venero, Santiago Alba, 264 y ss. La biografía de Marín concluye en 1930.

[58] «Nota confidencial», 31-XII-1929, Archivo Alba, BRAH, leg. 4/54-3.

[59] Fueron publicados en forma de folleto con el título «Después de la Dictadura. El pensamiento político de Santiago Alba».

[60] Alba, 28-IV-1930; Sánchez Guerra, 5-V-1930; García Prieto, 13-VI-1930, Archivo Alba, BRAH.

[61] Encargado de negocios, 18-VI-1930, AMAE (Roma), Affari Politici, busta 1593.

[62] Acerca de la entrevista Archivo Alba, BRAH, 4/56-5; La Nación (Buenos Aires), 19-VI-1930; encargado de negocios italiano, 28-VI-1930, 26-VI-1930, AMAE (Roma), Affari Politici, busta 1593; Corbin, 25-VI y 9-VII-1930, AMAE (París), cartón n.° 149.

[63] La Voz de Guipúzcoa, 13-VII-1930; El Pueblo Vasco, 18-IX-1930. Salvatella había escrito a Romanones en un sentido que hacía prever su abandono del campo republicano (ACR, BRAH, leg. 63/8).

[64] García Prieto, 12-VII-1930, y Alba, 2-VIII-1930, Archivo Alba, BRAH; Moreno, Romanones, 417.

[65] García Prieto, 15-XI-1930, y Alba, 20-XI-1939, Archivo Alba, BRAH.

[66] Véase, por ejemplo, Grahame, PRO, FO 371-15.040.

[67] Guzmán, El año 1930, 172-183; Maura, Así cayó, 51-55; Pabón, Cambó, III, 17; Sánchez Guerra, El pan de la emigración, 25.

[68] Grahame en PRO, FO 371/15.040, y Thierry en AMAE (París), 28-II-1930, cartón n.° 149.

[69] Luca de Tena a Gabriel Maura, 21-II-1930, Archivo Maura, leg. 120/6; carta anónima, AP 15.601/13.

[70] Ossorio, Mis memorias, 151.

[71] Pabón, Cambó, III, 47; Maura, Así cayó, 118; Sánchez Guerra, Un año histórico, 14.

[72] Gil Pecharromán, Conservadores subversivos, 67-74; Unión Patriótica, 15-IV-1930; Berenguer, De la Dictadura…, cap. IX.

[73] Para la crisis resulta esencial Berenguer, De la Dictadura…, caps. XVI y XVII.

[74] Maura, Así cayó, 122-124; Alcalá Zamora, Memorias, 156; Pabón, Cambó, III, 86-89.

[75] Corbin, 18 y 25-II-1931, AMAE (París), cartón n.° 150; Grahame, 19-II-1931, PRO, FO 371-15.770.

[76] Corbin, 5-III-1931, AMAE (París), cartón n.° 151.

[77] Hoyos, Mi testimonio, 45-50.

[78] Pabón, Siete relatos de tres días es fundamental para las últimas semanas de la Monarquía. La posición de la extrema derecha en Alcalá Galiano, La caída…, 150-185.

[79] Gutiérrez Rave, Anuario, 43.

[80] Hoyos, Mi testimonio, 53, 66, 71-100.

[81] Sobre esta cuestión, véase Tusell, La crisis del caciquismo andaluz.

[82] Cortés Cavanillas, La caída de Alfonso XIII, X, XIX, 8.

[83] Natalio Rivas en ANR, BRAH, 11-8951.

[84] Romanones, …Y sucedió así, 21 y ss.; Hoyos, Mi testimonio, 122; circular 12-IV-1931 a las 10, 40 en AMAE (París), cartón n.° 151.

[85] Berenguer, De la Dictadura…, 319-320.

[86] Cierva, Notas de mi vida, 365-366; Berenguer, De la Dictadura…, 328-329.

[87] Maura, s. f. Archivo Maura, fondo G. Maura caja 83/10. G. Maura, Dolor de España…, 201-207.

[88] Hoyos, Mi testimonio, 147.

[89] Maura, Así cayó, 152-159.

[90] Alcalá Zamora, Memorias, 164-165; Romanones, …Y sucedió así, passim.

[91] Corbin, 14-IV-1931, AMAE (París), cartón n.° 151.

[92] Hoyos, Mi testimonio, 157; Cierva, Notas, 371-375.

[93] Seco, Alfonso XIII, 225; Maura, Dolor de España, 214; Romanones, …Y sucedió así, 20.

[94] Mack Smith, I Savoia…, passim.

[95] Berenguer, De la Dictadura…, 345-350; Cierva, Notas, 371-375.

[96] M. Maura, Así cayó, 170-171.

[97] Pilar de Baviera y Chapman-Huston, Alfonso XIII, 313.

CAPÍTULO VI
UN AMARGO FINAL

[1] Cortés Cavanillas, Confesiones, 75-77; Romanones, Obras Completas, III, 451-454; Gómez Santos, La Reina Victoria Eugenia, 282.

[2] Cambó, Memories, 453; Kindelán, La verdad de mis relaciones, 167-168; nota del 17-IV-1931, AMAE (París), n.° 151.

[3] ABC, Madrid, 5-V-1931.

[4] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 12-XI-1931, apéndice 9 al n.° 73.

[5] Azaña, Diarios completos, 370.

[6] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 19-XI-1931, 2, 502-2, 530.

[7] Romanones, Obras Completas, III, 455 y ss. El original de ACR, BRAH leg. 52/43

[8] Delegado administrativo, 3-XII-1931, AP, 15 827/18.

[9] Sobre el particular es esencial el libro de Gortázar.

[10] Cortés Cavanillas, Confesiones, 77.

[11] El de El caballero audaz, seudónimo de Carretero.

[12] Flériau (embajador británico en Londres), 8-V-1931, AMAE (París), 8-V-1931, Europe, Espagne, Politique, n.° 151.

[13] Me refiero al de Petrie. Para la vida privada de la familia real en el periodo posterior a su abandono de España sólo se puede contar con los libros superficiales y malintencionados de Noel y Alderete.

[14] Cortés Cavanillas, Confesiones, 45.

[15] Cortés Cavanillas, Confesiones, 44. El Heraldo de Caracas, 30. IV. 1932; véase también ACR, BRAH, leg. 36/12.

[16] Cortés Cavanillas, Confesiones, 50.

[17] Cortés Cavanillas, Confesiones, 51.

[18] Seco, Alfonso XIII, 237-238.

[19] Cortés Cavanillas, Confesiones, 52; Vallotton, «Alfonso XIII», 204.

[20] Cortés Cavanillas, Confesiones, 57, 62.

[21] Gil Robles, No fue posible la paz, 86-89.

[22] Cortés Cavanillas, Confesiones, 82-83.

[23] Cortés Cavanillas, Confesiones, 106; Gil Robles, No fue posible la paz, 408.

[24] Gil Robles, No fue posible la paz, 711.

[25] Sáinz Rodríguez, Testimonio y recuerdos, 214; Vegas Latapié, Memorias políticas, 315.

[26] El de Gil Pecharromán, citado en la bibliografía. Véase también el de González Cuevas sobre Acción Española.

[27] Cortés Cavanillas, Confesiones, 46-47.

[28] Tusell, Juan Carlos I, 40-43.

[29] Vegas Latapié, Memorias políticas, 201.

[30] Cortés Cavanillas, Confesiones, 120-121.

[31] Sobre estos contactos, aparte del libro de Gil Pecharromán, véase también el de Blinkhorn, citado como el anterior en la bibliografía.

[32] Bonmatí de Codecido, El príncipe Juan de España, 19-20; Tusell, Franco en la Guerra Civil, 320.

[33] Luca de Tena, Mis amigos muertos, 25-27.

[34] Tusell, Franco en la Guerra Civil, 88, a partir de fuentes italianas.

[35] DDF, 1936-1939, t. IV, 4-II-1937; Tusell, Franco en la Guerra Civil, 89; DDF, 1936-1939, t. VI, 533-536.

[36] ABC, Sevilla, 18-VII-1937; Tusell, Franco en la Guerra Civil, 161; DDF, 1936-1939, t. V, 18-III-1937; Vegas Latapié, Los caminos del desengaño, 515-516.

[37] DDF, 1936-1939, t. XII, 201-203.

[38] Tusell y García Queipo de Llano, Franco y Mussolini, 90; Tusell, Franco en la Guerra Civil, 321-322.

[39] DDF, 1936-1939, t. XIII, 27-I-1939, 800.

[40] DDF, 1936-1939, t. XVII, 3-VIII-1939, 695-698; Tusell, Franco en la Guerra Civil, 367.

[41] Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas, 24-25.

[42] Tusell, Don Juan Carlos I, 46-50.

[43] Viola, 10-I-1939, AMAE (Roma), AP, busta 53; Serrano, Entre Hendaya…, 91 y ss.; Ciano, Diario, 306-310. Hay disparidades entre estos dos libros que se explican por la evolución posterior de Serrano. Véase también DGFP, serie D, vol. III, 917 y DDF, 1936-1939, t. XVII, 58.

[44] Tusell, Juan Carlos I, 46-49.

[45] González Doria, Don Juan de España, 159.

[46] Cortés Cavanillas, Confesiones, 125-130.

[47] Sáinz Rodríguez, Un reinado…, 322-323.

[48] González Doria, Don Juan de España, 162 y ss.; Kindelán, La verdad…, 33, 191-192.

[49] Un ejemplar en ACR, BRAH, leg. 98/133 (26).

[50] Cortés Cavanillas, Confesiones, 100; Vallotton, Alfonso XIII, 221.

[51] Tusell y García Queipo de Llano, Franco y Mussolini, 128.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Para desarrollar este apartado hemos recurrido a una división funcional en estrecha relación con el contenido del libro, que quizá sería poco aceptable para cualquier otra obra.

FUENTES PRIMARIAS Y DE ARCHIVO

Constituyen el grueso de la información en que nos hemos basado pero hemos intentado no alargar las citas.

ARCHIVOS PÚBLICOS EXTRANJEROS

Como ya se ha indicado, en este libro se ha tratado de obtener información acerca de la personalidad de Alfonso XIII a través de sus relaciones con los diplomáticos extranjeros residentes en España. Se han utilizado los cuatros archivos siguientes:

—AMAE (París): Archives du Ministère des Affaires Étrangers, París. Se han utilizado tres series cronológicas, correspondientes a los periodos 1897-1918, 1918-1929 y 1929-1944, que no se citan específicamente. Los fondos corresponden siempre a la rúbrica Europe, Espagne, Politique intérieure.

—AMAE (Roma): Archivio del Ministero degli Affari Esteri, Roma. Se ha utilizado la serie Affari Politici, clasificada por periodos cronológicos separados por el año 1916, pero también, cuando se ha considerado necesario, se han empleado otras series. En este último caso se hace mención explícita de cuál se trata.

—PRO, FO: Public Record Office, Foreign Office, Kew. Correspondencia diplomática desde 1906. Han sido parcialmente publicados por Antonio Elorza, Marta Bizcarrondo y Mercedes Cabrera para la etapa posterior a 1917 en el artículo citado en la bibliografía y también en numerosos estudios acerca de la política internacional de la época. En este libro se ha utilizado la mayor parte de estos fondos de forma directa.

—ASV, ANM: Archivio Segreto Vaticano, Roma. La segunda sigla corresponde a Archivio della Nunziatura di Madrid. Resultan los más variables de calidad entre los incluidos en el presente epígrafe.

ARCHIVOS PÚBLICOS ESPAÑOLES

—Archivo del Palacio Real (Madrid), AP. Fuente primordial de este libro, aparece clasificada en varias series, como «Asuntos Políticos. Política exterior», «Política interna» o «Marruecos», pero como apenas difieren en contenido no se establece tampoco diferencia en las siglas. En cambio se menciona con las letras SP la documentación procedente de la Secretaría Particular que consta de los libros copiadores de cartas enviadas por el monarca, las enviadas a particulares (identificada con REG, «Registros») y otros apartados como «Diarios» o «Minutas», que recogen la documentación que sirve para reconstruir la actividad diaria del monarca.

—Biblioteca del Palacio Real (Madrid), BP. En realidad sus fondos son de archivo y apenas existe distinción con respecto a los citados con anterioridad, a los que completan. En la Biblioteca se conservan también los dossiers de prensa diarios que recibía el monarca. En las citas, en este caso, aparecen como «Prensa».

ARCHIVOS DE ORIGEN PRIVADO

Algunos, como se verá, permanecen en la actualidad en manos de entidades públicas.

—AA, BRAH: Archivo Alba, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid.

—ACR, BRAH: Archivo del Conde de Romanones, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid.

—AM: Archivo Maura, depositado en la Fundación Maura, Madrid.

—ANR, BRAH: Archivo Natalio Rivas, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid.

—APR: Archivo Primo de Rivera, Pozuelo, Madrid.

—AVM: Archivo del Marqués de la Vega de Armijo, Museo de Pontevedra.

—P. Cambó: Papeles de Francesc Cambó, Biblioteca de Catalunya, Fons Borrás.

—P. Canalejas: Papeles de José Canalejas, Biblioteca Bartolomé March, Palma de Mallorca.

—A. Sorolla: Archivo de Joaquín Sorolla, Archivo Casa-Museo Joaquín Sorolla, Madrid.

FUENTES PRIMARIAS PUBLICADAS

—DDF: Documents Diplomatiques Français.

—DDI: Documenti Diplomatici Italiani.

—DGFP: Documents on German Foreign Policy.

BIBLIOGRAFÍA

Los libros que se incluyen a continuación son los efectivamente empleados en la redacción de este libro. Hemos procurado limitar al máximo las referencias de modo que sólo se cita la página en que haya sido necesaria una utilización muy precisa para un aspecto concreto. Sin embargo, en ocasiones, sobre todo en los dos primeros capítulos, se alude a esos libros cuando han orientado la redacción de un epígrafe.

ESTUDIOS DE REFERENCIA SOBRE OTROS PAÍSES

Vernon BOGDANOR, The Monarchy and the Constitution, Oxford, Clarendon Press, 1995.

David CANNADINE, «The Context, performance and meaning of Ritual: The British Monarchy and the ‘Invention of Tradition’, 1820-1977», en Eric HOBSBAWM y Terence RANGER (eds.), The invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

Hélène CARRÈRE D’ENCAUSSE, Nicolas II. La transition interrompue. Une biographie politique, París, Fayard, 1996.

Paolo COLOMBO, Il re d'Italia. Prerrogative costituzionali e potere politico della Corona (1848-1922), Milano, Franco Angeli, 1999.

Franco GAETA, La crisi di fine secolo e l'etá giolittiana, Milán, TEA, 1992.

Joseph HELD, The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century, Nueva York, Columbia University Press, 1992.

Barbara JELAVICH, History of the Balkans, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

Denis MACK SMITH, I Savoia, Re d'Italia, Milán, Biblioteca Universale Rizzoli, 1994.

George Th. MAVROGORDATOS, Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-1936, University of California Press, 1983.

Arthur MAY, La Monarchia absburgica, 1876-1914, Bolonia, Il Mulino, 1991.

Filippo MAZZONIS; »Monarchia», en Bruno BONGIOVANI e Nicola TRANFAGLIA (eds.), Dizionario storico dell'Italia unita, Roma-Bari, Laterza, 1996.

— (ed.), «La Monarchia nella storia dell'Italia unita. Problematiche ed essemplificazioni», en Cheiron, Bulzoni Editore, XIII, 1996, n.° 25-26.

Anthony POLONSKY, The little dictators. The History of Eastern Europe since 1918, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1975.

Paolo PUNTONI, Parla Vittorio Emanuele III, Bolonia, Il Mulino, 1993.

John C. G. ROHL, The Kaiser and His Court. Wilhelm II and the Government of Germany, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

Joseph ROTHSCHILD, East Central Europe Between the Two World Wars, Seattle y Londres, University of Washington Press, 1974.

—, Pilsudski's Coup d’État, Nueva York, Columbia University Press, 1966.

Christopher SETON WATSON, L'Italia dal liberalismo al fascismo, 1870-1925, Roma-Bari, Laterza, 1973.

L. S. STAVRIANOS, The Balkans Since 1453, Londres, Hurst and Co., 2000.

Richard WILLIAMS, The Contentious Crown. Public Discussion of the British Monarchy in the Reign of Queen Victoria, Aldershot, Ashgate Publishing Company, 1997.

Philip ZIEGLER, King Edward VIII, Londres, Harper Collins, 1991.

LIBROS SOBRE EL REY Y LA POLÍTICA PUBLICADOS EN LA ÉPOCA

Se mencionan en este apartado los más directamente utilizados en este libro. El publicismo menor del reinado se puede localizar en la Biblioteca del Palacio Real.

Raoul A. AMADOR, Alphonse XIII. Son oeuvre humanitaire pendant la guerre 1914-1918 (s. l.) (s. a.).

Luis de ARMIÑÁN, Francia, el dictador y el moro, Madrid, Morata, 1930.

S. A. R. la princesa Pilar de BAVIERA y el comandante Desmond CHAPMAN-HUSTON, Alfonso XIII, Barcelona, Juventud, 1945.

Vicente BLASCO IBÁÑEZ, Alphonse XIII démasqué. La terreur militariste en Espagne, París, Flammarion, 1924. [Trad. esp.: Una nación secuestrada. El terror militarista en España, París, Juan Durá, 1924.]

Manuel BUENO, España y la Monarquía. Estudio político, Madrid, Minerva, 1925.

Manuel BURGOS Y MAZO, La Dictadura y los constitucionalistas, Madrid, Morata, 1934, 2 vols.

Albert Frederick CALVERT, Alfonso XIII in England, Taunton, Goodman and Son, 1905.

Emilio CÁNOVAS, Cánovas del Castillo. Juicio que mereció a sus contemporáneos españoles y extranjeros. Recopilación hecha por su hermano Emilio, Madrid, M. Romero, 1901.

«El caballero audaz» (José María CARRETERO),Tartarin révolutionnaire. La triste histoire actuelle de Blasco Ibáñez, París, (s. e.), 1925. [Trad. esp.: El novelista que vendió a su patria o Tartarín revolucionario. Triste historia de actualidad, Madrid, Renacimiento, 1924.]

—, ¿Alfonso XIII fue buen Rey? (Historia de un reinado), Madrid, Ediciones El caballero audaz, 1934.

Henri CHARRIAUT, Alphonse XIII intime, París, Societé de Édition et de Publications, 1908.

Winston S. CHURCHILL, Grandes contemporáneos, Barcelona, Plaza y Janés, 1944.

Julio COLA, El Rey y la política, Madrid, Ambos Mundos (s. a.).

Austin de CROZE, Alphonse XIII intime, París, Felix Juven (s. a.).

Philippe DESCHAMPS, Un roi bien aimé: Sa Majesté Alphonse XIII, roi d'Espagne, París, Lemerre (s. a.).

Diario íntimo de Alfonso XIII, recogido y comentado por J. L. CASTILLO PUCHE, Madrid, Biblioteca Nueva, 1960.

España bajo el reinado de Alfonso XIII, 1902-1927, Madrid, Lucas Argilés (s. a. pero 1927).

Vicente ESPINOS Y MOLTÓ, Alfonso XIII y la guerra. Espejo de neutrales, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (s. a.).

Evelyn GRAHAM, The Queen of Spain, Londres, Hutchinson, 1930.

—, Guía Victoria. Bodas reales. Programa oficial. Festejos de mayo y junio de 1906, Madrid, José Blas, 1906.

José GUTIÉRREZ RAVE, España en 1931. Anuario, Madrid, Sáez Hermanos, 1932.

—, Habla el Rey. Discursos de Don Alfonso XIII, recopilados y anotados, Madrid, Industrias Gráficas, 1955.

Francisco HERNÁNDEZ MIR, Un crimen de lesa patria. La Dictadura ante la Historia, Madrid, CIAPSA (s. a.).

—, La piedad de Alfonso XIII en aquellos días trágicos, Madrid, Peña Cruz, 1918.

Eugenio LÓPEZ, Desagravio a España y a su monarca Don Alfonso XIII, Melilla, Artes Gráficas, 1925.

Franciso MADRID, Los exiliados de la Dictadura, Madrid, España, 1930.

Vicente MARCO MIRANDA, Las conspiraciones contra la Dictadura, Madrid, Imprenta Hijos de T. Minerva Zeus, 1930.

Gabriel MAURA, Al servicio de la Historia. Bosquejo histórico de la Dictadura, 1923-1930, Madrid, Morata, 1930, 2 vols.

Robert MEYNADIER, Les étapes de la royauté d'Alphonse XIII, París, Perrim, 1914.

Conde de las NAVAS, La educación de un Rey «a nativitate», Madrid, Gráficas reunidas, 1921.

Luis Antón del OLMET y Arturo GARCÍA CARAFFA, Los grandes españoles. Alfonso XIII, Madrid, Imprenta Alrededor del Mundo, 1913.

Juan ORTEGA RUBIO, Historia de la regencia de María Cristina Habsbourg-Lorena, Madrid, González Rojas, 1905-1906.

Darío PÉREZ, La Dictadura a través de sus notas oficiosas, Madrid, CIAPSA, 1930.

Sir Charles PETRIE, Alfonso XIII y su tiempo, Barcelona, Dima Ediciones S. A., 1967.

José PRADO Y PALACIO, Recuerdo del atentado contra Don Alfonso XIII, Rey de España (s. l.) (s. a.).

Alfonso R. DE GRIJALBA, Los enemigos del rey. Al margen de una campaña, Madrid, Marineda, 1925.

Gonzalo de REPARAZ, Alfonso XIII y sus cómplices (Memorias de una de las víctimas), Madrid, Morata, 1931.

Fernando SANTANDER, Por la verdad y por el Rey, Madrid, Industrial Gráfica (s. a.).

Robert SENCOURT, Alfonso XIII, Barcelona, Tartessos, 1946.

«Siete años sin ley», folletín publicado por El Sol acerca de la Dictadura de Primo de Rivera en 1930-1931.

Fernando SOLDEVILLA, El año político, Madrid, Imprenta E. Fernández de Rojas, 1897-1928.

Henry VALLOTTON, Alfonso XIII, Madrid, Tesoro, 1945.

Benigno VARELA, Alfonso XIII. Campaña justiciera de la Monarquía, Madrid, (s. e.), 1925.

—, «La verdad sobre Alfonso XIII», por un francés modesto, traducción de un «modestísimo español», Madrid, (s. e.), 1925.

Antonio VELASCO ZAZO, El Madrid de Alfonso XIII. Memorias, Madrid, J. Palacios, 1918.

Francisco VILLANUEVA, El momento constitucional. Crónica de actuaciones públicas y privadas para salir de la Dictadura en España, Madrid, Javier Morata, 1929.

Jean d’YVELET, Étude sur Alphonse XIII, Roi d'Espagne, París, Imprimerie nouvelle, 1905.

MEMORIAS, DOCUMENTOS Y LIBROS DE RECUERDOS

Santiago ALBA, Para la Historia. Artículos publicados en mayo de 1930 por «El Sol», Madrid, Gráficas Diana, 1987.

Niceto ALCALÁ ZAMORA, Memorias, Barcelona, Planeta, 1977.

Ramón de ALDERETE, … Y estos Borbones nos quieren gobernar. Recuerdos de veinte años al servicio de S. A. R. don Jaime de Borbón, Asnières, Ed. del autor, 1974.

Dámaso BERENGUER, Campañas en el Rif y Yebala, 1919-1920, Madrid, Voluntad, 1925.

—, De la dictadura a la República, Madrid, Plus Ultra, 1935.

Eulalia de BORBÓN, Memorias, Madrid, Castalia-Instituto de la Mujer, 1991.

Manuel de BURGOS Y MAZO, El verano de 1919 en Gobernación, Cuenca, Pinós (s. a.).

José CALVO SOTELO, Mis servicios al Estado. Seis años de gestión. Apuntes para la Historia, Madrid, Instituto de Estudios de la Administración Local, 1974.

Francesc CAMBÓ, Memories (1876-1936), Barcelona, Alpha, 1981.

José Luis CASTILLO PUCHE, Diario íntimo de Alfonso XIII, Madrid, Biblioteca Nueva, 1960.

Joaquín CHAPAPRIETA, La paz fue posible. Memorias de un político, Barcelona, Ariel, 1971.

Juan de la CIERVA Y PEÑAFIEL, Notas de mi vida, Madrid, Reus, 1955.

Correspondencia epistolar de la princesa Victoria Eugenia de Battemberg al Rey Alfonso XIII, 1905-1906, Madrid, Patrimonio Nacional-Ministerio de Obras Públicas, 1993.

Francisco FRANCO SALGADO-ARAÚJO, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta, 1976.

Tomás GARCÍA FIGUERAS, La acción de España en África en torno al 98, Madrid, CSIC, 1966.

José María GIL ROBLES, No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 1968.

Francisco GÓMEZ JORDANA, Conde de JORDANA, La tramoya de nuestra actuación en Marruecos, Madrid, Editora Nacional, 1976.

Marino GÓMEZ SANTOS, La reina Victoria Eugenia de cerca, Madrid, Afrodisio Aguado, 1964.

Marqués de HOYOS, Mi testimonio, Madrid, Afrodisio Aguado, 1962.

Alfredo KINDELÁN, La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, Planeta, 1981.

Alejandro LERROUX, Memorias, Madrid, Afrodisio Aguado, 1963.

Eduardo LÓPEZ DE OCHOA, De la Dictadura a la República, Madrid, Zeus, 1930.

Juan Ignacio LUCA DE TENA, Mis amigos muertos, Barcelona, Planeta, 1971.

Gabriel MAURA, Dolor de España. Recuerdos de mi vida, Madrid, Tipografía de Archivos, 1932.

Miguel MAURA, Así cayó Alfonso XIII, Barcelona, Ariel, 1961.

Emilio MOLA, Memorias, Barcelona, Planeta, 1977.

Diego NÚÑEZ y Pedro RIVAS (eds.), Unamuno. Política y filosofía. Artículos recuperados, 1886-1924, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1992.

José ORTEGA Y GASSET, Obras Completas, Madrid, Revista de Occidente, 1963-1971.

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Pedro SÁINZ RODRÍGUEZ, Testimonio y recuerdos, Barcelona, Planeta, 1978.

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Rafael SÁNCHEZ GUERRA, Un año histórico. España 1931, Madrid, CIAP, 1932.

Eugenio VEGAS LATAPIÉ, Franco y Don Juan. La oposición monárquica al franquismo, Barcelona, Plaza y Janés, 1989.

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Viaje a Las Hurdes, (incluye cuaderno de notas de Gregorio Marañón), Madrid, El País-Aguilar, 1993.

ESTUDIOS HISTÓRICOS RECIENTES

No hemos establecido ninguna diferencia temática entre ellos.

Manuel ALLENDESALAZAR, La diplomacia española en Marruecos, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, 1990.

Rafael Altamira, 1866-1951, Instituto de Estudios Juan Gil Albert-Diputación Provincial de Alicante, 1987.

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Germain AYACHE, Les origines de la guerre du Riff, París, Sorbonne-Editeurs réunis, 1981.

José AYALA, Un político de la Restauración: Romero Robledo, Antequera (Málaga), Biblioteca antequerana, 1974.

Andrée BACHOUD, Los españoles ante las campañas de Marruecos, Madrid, Espasa Calpe, 1988.

Manuel BALLBÉ, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 1983.

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Shlomo BEN AMI, La Dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, Barcelona, Planeta, 1983.

—, The Origins of the Second Republic in Spain, Oxford, Oxford University Press, 1978.

Martin BLINKHORN, Carlism and crisis in Spain, 1931-1939, Cambridge, Cambridge University Press, 1975.

Carolyn BOYD, Praetorian politics in Liberal Spain, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1979.

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ÍNDICE DE NOMBRES

ABC, diario

Abd-el Krim

Acción Española, revista

Aguilar y Correa, Antonio (marqués de la Vega de Armijo)

Aguilera, Francisco

Aguirre de Tejada, Patricio

Aizpuru, Luis

Alapetite, embajador

Alba, duque/duques de

Alba, Santiago

Albany, duque de

Alberto de Inglaterra

Alcalá Zamora, Niceto

Alegre, Sancho

Alejandro de Yugoslavia

Alejandro VI, papa

Alfau, Antonio

Alfonso Carlos de Borbón, pretendiente

Alfonso de Borbón Battenberg, príncipe de Asturias

Alfonso de Borbón Dampierre

Alfonso de Orleans y Borbón, infante

Alfonso XII

Alfonso XIII

Alhucemas, marqués de (véase García Prieto, Manuel)

Allendesalazar, Manuel

Almodóvar del Río, duque de

Almodóvar del Valle, duque de

Almodóvar, Perico

Alonso Martínez, Manuel

Altamira, Rafael

Álvarez de la Campa

Álvarez, Melquíades

Alventos, marqués de

Amadeo de Saboya

Amelia de Portugal

Amós Salvador

Andes, conde de los

Andino, conde de (véase Aguirre de Tejada, Patricio)

Ansaldo, Juan Antonio

Areilza, José María de

Argente, Baldomero

Armiñán, Luis de

Arzadun, general

Asquith, lord

Aunós, Eduardo

Aviar, conde de

Aybar, conde de

Azaña, Manuel

Azcárate, Gumersindo de

Azcárraga, Marcelo

Aznar, Juan Bautista

Azorín, (seudónimo de José Martínez Ruiz)

Bagehot

Balbontín

Baleares, buque

Barcia, Augusto

Barrera, Emilio

Bartrina, doctor

Bascarán, general

Bastos Ansart

Beatriz de Borbón Battenberg, infanta

Beatriz de Gran Bretaña

Benavente, Jacinto

Benedicto XV, papa

Benet, Tomás

Beni Urriaguel, tribu de los

Benlliure, Mariano

Berenguer, Dámaso

Berenguer, Federico

Bergamín, José

Bermúdez de Castro

Beruete, Aureliano de

Besteiro, Julián

Bibesco, Isabel

Bismarck, canciller

Blackstone

Blasco Ibáñez, Vicente

Borbolla, ministro

Boris de Bulgaria

Boris de Rusia, gran duque

Bosch, general

Bottai

Boulanger, Georges, general

Bravo Murillo

Briand, Aristide

Brieva, Fernando

Buen, Odón de

Bueno, Manuel

Bugallal, Gabino

Bülow, canciller

Bunsen, embajador

Burgos y Mazo, Manuel de

Burguete, Ricardo

Cabanellas, Miguel, general

Calero, Antonio María

Calixto III, papa

Calvo Sotelo, José

Camacho, ministro

Cambó, Francisco

Campos, catedrático

Canalejas, José

Cánovas del Castillo, Antonio

Cánovas del Castillo, Emilio

Careaga, Enrique

Carlos Alberto de Saboya

Carlos de Borbón-Parma

Carlos I de Austria-Hungría

Carlos I de Portugal

Carner, José

Carol de Rumania

Carretero, José María

Casa Aguilar, conde de

Casa Saltillo, conde de (véase Sanchiz, José)

Casa Valencia, condesa viuda de

Casas, Ramón

Cascajares, cardenal

Caserta, conde de

Castelar, Emilio

Castelldosrius, marqués de

Castro, Américo

Castro Girona, general

Catón el Censor

Cavalcanti, general

Centeno, José

Chamberlain, Austin

Chapman-Huston, Desmond

Chapaprieta, Joaquín

Chávarri, Víctor

Chevalier, filósofo

Churchill, Winston

Ciano, Galeazzo, conde de Cortellazzo

Cierva, Juan de la

Claret, padre

Clemenceau, Georges

Cobián, Eduardo

Coloma, Luis

Comillas, marqués de

Connaught, duque de

Constantino de Grecia

Corbin, embajador

Cordón

Correa, general

Cortés Cavanillas, Julián

Cortezo, doctor

Cos Gayón

Cossío, Manuel Bartolomé

Costa, Alfonso

Costa, Joaquín

Covadonga, conde de

Crispi

Cristina de Borbón Battenberg, infanta

Cromwell, Oliver

Cu-Cut, periódico

Cuartero

Cuerda, Fidel de la

Dabán, general

Dampierre, Emanuela

Daniel, Luis

Danilo de Montenegro

Dato, Eduardo

Delgado Barreto

Delgado, general

Díaz Canseco

Dicey

Disraeli, Benjamín

Domingo, Marcelino

Dreyfus, affaire

Duce (véase Mussolini, Benito)

Durán i Bas, Manuel

D'Ors, Eugenio

d'Yvelet, Jean

Echagüe, Román

Echevarrieta, Horacio

Edimburgo, duque de

Eduardo Dato, cañonero

Eduardo VII de Inglaterra

El Correo, periódico

El Debate, periódico

El Diario Universal, periódico

El Ejército español, periódico

El Heraldo de Madrid, periódico

El Imparcial, periódico

El Liberal, periódico

El Mercantil Valenciano, periódico

El Mundo, periódico

El Nacional, periódico

El País, periódico

El Parlamentario, periódico

El Pueblo Vasco, diario

El Raisuli

El Roghi

El Siglo Futuro, periódico

El Sol, periódico

El Universo, periódico

Eliseda, marqués de la

Ena de Battenberg, (véase Victoria Eugenia, reina)

Enrique de Battenberg

Enrique IV de Inglaterra

Época, periódico

España Nueva, periódico

España, revista

Espartero, Baldomero

Esquerdo, doctor

Estella, marqués de (véase Primo de Rivera, Miguel)

Estrada, José

Eugenia de Montijo, emperatriz

Eulalia de Borbón, infanta

Eulenburg, príncipe de

Eza, vizconde de

Fal Conde

Federico, archiduque de Austria

Felipe de Borbón y Grecia

Felipe II

Fernández Almagro, Melchor

Fernández Montaña

Fernández Silvestre, Manuel

Fernández Villaverde, Raimundo

Fernando de Baviera

Fernando de Borbón, infante

Fernando IV

Fernando VII

Ferrer Guardia, Francisco

Francisco de Borbón

Franco Bahamonde, Francisco

Franco, João

Francos Rodríguez, José

Galarza

Gamazo

García Aldave

García Alix, Antonio

García Oviedo

García Prieto, Manuel

Gascón y Marín, José

Gasset, Rafael

Geoffray, embajador

Gil Robles, José María

Gimeno, Amalio

Giner de los Ríos, Francisco

Giolitti, Giovanni

Gladstone, William Ewart

Gobierno Alba

Gobierno Allendesalazar

Gobierno Azcárraga

Gobierno Aznar

Gobierno Berenguer

Gobierno Canalejas

Gobierno Dato

Gobierno de Franco

Gobierno García Prieto

Gobierno López

Gobierno Maura

Gobierno Montero Ríos

Gobierno Moret

Gobierno Sagasta

Gobierno Silvela

Gobierno Villaverde

Goded, general

Goering, Hermann

Goicochea, Antonio

Gómez Jordana, Francisco

González Besada, Augusto

González de Castejón, Miguel

González, Felipe

González Hontoria, Manuel

González López

González, ministro

González Ruano, César

González Tablas

Gonzalo de Borbón Battenberg, infante

Gonzalo de Borbón Dampierre

Graham, Evelyn

Grahame, embajador

Grey, Edward

Grijalba, Alfonso R. de

Grove, conde de (véase Loriga, Juan)

Guadalhorce, conde de

Güell, Juan Antonio, conde de

Guillermo II de Alemania

Habsburgo, casa de los

Hannover, casa de los

Harrington, lord

Henry of Battenberg, princesa

Herrera, Ángel

Herriot, Edouard

Horthy de Nagybanya, Miklós

Hoyos, marqués de

Humberto I de Italia

Humberto II de Italia

Huntington

Hurtado, Amadeu

Iglesias, Pablo

Infantado, duque del

Institución Libre de Enseñanza

Isabel de Austria

Isabel de Borbón, infanta

Isabel II

Jaime de Borbón Battenberg, infante

Jaime de Borbón, pretendiente

Javier de Borbón Parma, pretendiente

Jiménez de Asúa, Luis

Joffre, Joseph, general

Jorge I de Inglaterra

Jorge V de Inglaterra

Jovellar, general

Jover, José María

Juan Carlos de Borbón

Juan de Borbón Battenberg, príncipe de Asturias

Juan I de Francia

Junoy

Káiser de Alemania (véase Guillermo II)

Kindelán, Alfredo

King

Kitchener, lord

Krupp, casa

La Acción, diario

La Correspondencia de España, periódico

La Época, periódico

La Libertad, periódico

La Monarquía, revista

La Nación, periódico de Buenos Aires

La Tribuna, periódico

La Vanguardia, periódico

La Voz, periódico

Lambertye, marqués de

Le Journal, diario

Le Matin, diario

Le Quotidien, periódico

Le Temps, diario

Lécera, los

Lema, marqués de

Lenin, Vladimir Ilich

León XIII, papa

León y Castillo, embajador

Lequerica, José Félix María de

Lerroux, Alejandro

Linares, general

Londonderry, marqués de

Loño, general

López Domínguez, José

Loriga, Juan

Losada, general

Loubet, presidente

Luca de Tena, familia de los

Luis de Portugal

Luis XV de Francia

Luisa de Francia

Luque, Agustín

Lyautey, mariscal

Machado, Antonio

Maciá, Francesc

Macías Picavea

Madariaga, Salvador de

Maeztu, Ramiro de

Magaz, Antonio

Mandas, duque de

Manuel II de Portugal

Marañón, Gregorio

March, Juan

María Cristina de Austria

María Cristina de Borbón

María Cristina de Habsburgo Lorena

María de Molina

María Gabriela, archiduquesa

María Luisa de Borbón

María Luisa de Orleans

María Mercedes de Borbón, infanta

María Teresa de Borbón, infanta

Marín Lázaro

Marina, general

Martín, padre

Martínez Anido, Severiano

Martínez Barrio, Diego

Martínez Campos, Carlos

Martínez de Irujo

Martos, Cristino

Marvá, general

Matos, Leopoldo

Matteotti, diputado

Maura, dinastía de los

Maura, Antonio

Maura, Gabriel

Maura, Honorio

Maura, Miguel

Mauricio de Battenberg

Maza, conde de la

Mendizábal (Álvarez Méndez, Juan)

Mercedes de Orleans, reina

Merry del Val, Alfonso

Metaxas, Ioannis, general

Meynadier

Milans del Bosch, Joaquín

Miranda, almirante

Mola, Emilio

Montero Ríos, Eugenio

Moret, Segismundo

Morgades, obispo

Morote, Luis

Morral, Mateo

Mozart, Wolfgang Amadeus

Muñoz Cobos, Diego

Muro, diputado

Mussolini, Benito

Napoleón I Bonaparte

Nicolás II de Rusia

Nijinski, Vaslav Fomich, (bailarín)

Nitti, Francesco

Nocedal, Ramón

Numancia, buque

Núñez de Prado, Miguel

O'Donnell, Leopoldo

Ojeda, Germán

Okey

Olózaga, Salustiano

Ortega y Gasset, Eduardo

Ortega y Gasset, José

Ossorio, Ángel

O'Donnell, Leopoldo

Pablo de Yugoslavia

Pabón, Jesús

Palau, Gabriel

Pangalos, general

Paraíso, Basilio

Pardo Bazán, Emilia

Pareto, Wifredo

Paris-Midi, periódico

Patricia de Connaught

Patrocinio, sor

Pavía, general

Paz de Borbón, infanta

Pedraja, Maximina

Pedregal, José Manuel

Peel, Robert

Pelloux, general

Pemán, José María

Pérez Caballero, Juan

Pérez de Ayala, Ramón

Pérez Galdós, Benito

Pérez Sommer

Pétain, Philippe

Petrie, Charles

Picasso, general

Pichon, ministro

Pidal, Pedro

Pilar de Baviera

Pilar de Borbón y Borbón, infanta

Pilsudski, Jósef, general

Pío X, papa

Pirenne, Henri

Pita Romero, Leandro

Poincaré, Raymond

Polavieja, Camilo García de, general

Ponte, Galo

Portela Valladares, Manuel

Pradera, Víctor

Prat de la Riba, Enric

Prieto, Indalecio

Prim, Juan

Primo de Rivera, Miguel

Primo de Rivera, Fernando

Primo de Rivera, José Antonio

Princesa de Asturias (véase María Mercedes, infanta)

Príncipe Alfonso, buque

Príncipe de Asturias (véase Alfonso y Juan de Borbón Battenberg)

Puig i Cadafalch, Josep

Puyuelo

Queipo de Llano, Gonzalo, general

Quiñones de León, embajador

Radowitz, embajador

Ramón y Cajal, Santiago

Rampolla, nuncio

Rasputín, (Gregori Efimovich Novy, llamado)

Ratibor, embajador

Reina Madre (véase María Cristina de Habsburgo Lorena)

Residencia de Estudiantes

Ribeiro, Hintze

Rico, Pedro

Riestra, marqués de

Ríos Rosas

Rivas, duque de

Rivas, Natalio

Rivera, almirante

Rodezno, conde de

Romanones, conde de

Romeo, Leopoldo

Romero Robledo, Francisco

Romilla, marqués de

Roncero, Juan

Rousseau, Waldeck

Royo Villanova, Carlos

Rubinstein, Arturo

Ruiz Albéniz, Víctor

Ruiz Funes, Mariano

Ruiz Jiménez, Joaquín

Ruiz Moragas, Carmen

Ruiz Moragas, Leandro

Ruiz Moragas, Teresa

Ruiz Zorrilla, Manuel

Saavedra y Salamanca, José de

Saboya, casa de

Sagasta, Práxedes Mateo

Sáinz Rodríguez, Pedro

Sala, Alfonso

Salandra

Salazar, Oliveira

Salisbury, lord

Salmerón, Nicolás

Salvatella, Joaquín

Sampedro-Ocejo y Robato, Edelmira

Sancha, cardenal

Sánchez Albornoz, Claudio

Sánchez de Toca, Joaquín

Sánchez Guerra, José

Sánchez Guerra, Rafael

Sanjurjo, José, general

Santa Cruz, marqués de

Santamaría, capitán

Santamaría de Paredes, Vicente

Santander, Federico

Santibáñez del Río, conde de

Santillán, Ramón de

Santo Mauro, duque de

Sanz, Elena

Saro, general

Sbert, Antonio María

Seco Serrano, Carlos

Segura, Pedro

Senante

Sencourt, Robert

Sergio, Emilio

Serrallo, conde del (véase Echagüe, general)

Serrano Suñer, Ramón

Silió, César

Silvela, Francisco

Silvela, Luis

Silvestre, general, (véase Fernández Silvestre, Manuel)

Sivatte, Manuel María de

Sofía de Sajonia, princesa

Sol y Ortega

Someruelos, marqués de

Sonninno, Sidney

Soriano, Rodrigo

Sorolla, Joaquín

Sota, Ramón de la

Sotomayor, duque de

Spínola, cardenal

Suárez, Adolfo

Suárez Inclán, general

Tagüeña, Manuel

Tedeschini, nuncio

Tetuán, duque de

Tharaud, hermanos

Tittoni, ministro

Tordesillas, teniente

Torlonia, príncipe de

Torrecilla, marqués de

Torres Cabrera, conde de

Torres de Mendoza, marqués de

Torres Quevedo, Leonardo

Torres y González Arnao, Emilio de

Tovar, Antonio

Triano, marqués de

Trotsky

Ugarte, ministro

Unamuno, Miguel de

Urzáiz

Vadillo, marqués de

Valiente, José María

Valle-Inclán, Ramón María del

Vallellano, conde de

Vallespinosa, Adolfo

Valloton

Varela, Benigno

Varela, José Enrique, general

Vázquez de Mella, Juan

Vázquez Díaz, Daniel

Vega de Armijo, marqués de la (véase Aguilar y Correa)

Vega Inclán, marqués de la (véase Varela, Benigno)

Vegas Latapié, Eugenio

Velchev, general

Venizelos

Ventosa, Juan

Viana, marqués de

Víctor Manuel II de Italia

Víctor Manuel III de Italia

Victoria de Inglaterra

Victoria Eugenia de Battenberg

Victoria Luisa de Alemania, princesa

Vidal i Barraquer, cardenal

Vigón, Juan

Villabrágima, marqués de

Villalba, general

Villalobar, embajador

Villamediana, conde de

Villanueva, Miguel

Villares, conde de

Villaurrutia, embajador

Villmorin, mademoiselle

Viver, Carlos

Wais, Julio

Weber, Max

Wellington, duque de

Weyler, Valeriano

Wilson, Woodrow

Yanguas, José

Zabala, general

Zabalza, general

Zapino, general

Zita de Austria-Hungría

FOTOGRAFÍAS

Doña María Cristina y su hijo, proclamado Rey desde su nacimiento. Alfonso XIII fue un hijo muy deseado.

La Reina María Cristina con sus hijos en el Palacio de Miramar, en San Sebastián, 1900. Alfonso XIII fue un Rey criado entre mujeres.

Alfonso XIII y sus profesores, 1900. El conde de Aybar y el conde de Grover (a la derecha) estuvieron largos años con él en la Casa Real.

Alfonso XIII con algunos de los monarcas europeos de su tiempo. En muchos aspectos era más accesible y moderno que algunos de ellos.

Alfonso XIII con el presidente francés Émile Loubet en París el 31 de mayo de 1905. Poco después se produciría el primer atentado grave contra el Rey.

La foto oficial de los novios, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg en 1906. Fue un compromiso de Estado pero también una relación amorosa.

Atentado contra Alfonso XIII el día de su boda, el 31 de mayo de 1906. Fue el segundo intento de magnicidio que sufrió el Rey.

Alfonso XIII despachando con su primer ministro Canalejas, quizá el político más prometedor de la época, 1910.

Alfonso XIII con Eduardo Dato, ejemplo de gobernante conservador de la época, 1914.

La oficina en Palacio Real dedicada a gestiones humanitarias durante la I Guerra Mundial. Fue el aspecto más laudable de un reinado polémico.

El Gobierno de concentración, con algunos de los políticos más importantes de la época: Alba, Romanones, Maura, entonces presidente, Dato, García Prieto y Cambó (el único sin uniforme), 1918.

Foto de familia y política en el Palacio de la Magdalena, 1920. Sentados en el suelo están los infantes Gonzalo, Juan y Cristina, y el duque de Alba. En el centro vemos a Antonio Maura, la Reina, la infanta Beatriz y el príncipe de Asturias.

Alfonso XIII y su madre en 1920. Hasta fechas muy avanzadas fue su consejera política.

Alfonso XIII a la salida de la plaza de toros de Barcelona, acompañado de Eduardo Dato, en junio de 1920. El viaje fue un éxito. La foto ilustra bien la llaneza del monarca.

Alfonso XIII con el Gobierno del general Berenguer en Palacio, 1930.

Alfonso XIII y Gregorio Marañón en el pueblo de las Hurdes, en junio de 1922. Este viaje descubrió un mundo ignorado y ancestral y fue una expresión de regeneracionismo, contacto con los intelectuales y voluntad de modernización.

El Rey, vestido para jugar al polo, en las caballerizas del Palacio de la Magdalena.

Alfonso XIII y Primo de Rivera en los jardines del Campo del Moro, 1923.

Alfonso XIII, Primo de Rivera y el Gobierno del Directorio, 1923.

Alfonso XIII conversa con los miembros del Directorio militar, un equipo de gobierno temporal y heterogéneo.

Alfonso XIII despachando con el general Primo de Rivera, en septiembre de 1923. Tuvieron una relación mucho más complicada de lo que pudo parecer en la época.

La Reina Victoria Eugenia y la duquesa de Aosta en Nápoles, durante el viaje oficial de 1923.

El Rey y sus hijos a finales de los años veinte. Los infantes tuvieron un destino en ocasiones amargo después del exilio.

Discurso de Francisco Cambó ante los Reyes. El catalanismo, aun posibilista, se acabó integrando en las instituciones durante el reinado de Alfonso XIII.

Alfonso XIII, Primo de Rivera, Martínez Anido y Calleja en el patio interior del Palacio Real, 1926.

El Rey deportista: jugando al tenis, en 1927. Durante algún tiempo estas fotos fueron prohibidas por irreverentes.

El Rey deportista: cazando en Escocia, en 1928.

Alfonso XIII con Berenguer, el nuncio Tedeschini y otras autoridades

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Inauguración de la Exposición de Sevilla, 1929.

Acto de apertura de la Exposición Internacional de Barcelona, 1929.

Un monarca popular durante mucho tiempo, convertido en objeto de irrisión a partir de la Dictadura.

Alfonso XIII con uniforme de capitán general en 1931, año en el que abandonó España.

17 de abril de 1931. Manifiesto de despedida de Alfonso XIII: supone la aceptación de la voluntad popular.

Sobre los autores

Javier Tusell (1945-2005), catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), escribió más de setenta libros y obtuvo algunos de los galardones más importantes que se otorgan en España, como los Nacionales de Ensayo e Historia, el Espejo de España, el Espasa Calpe de Ensayo, el Comillas de Biografía, el Jovellanos de Ensayo o el Godó de Periodismo. En Taurus publicó Historia de España, con José-Luis Martín y Carlos Martínez Shaw, y Alfonso XIII, con Genoveva G. Queipo de Llano.

Genoveva G. Queipo de Llano es profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Está especializada en historia cultural y política del siglo XX español. Entre sus obras destaca Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera (1987).

© Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, 2001

© De esta edición:

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Este trabajo ha sido financiado en parte merced a los fondos del proyecto de investigación PB 1998 0002 del Ministerio de Educación.

ISBN ebook: 978-84-306-0879-9

Diseño de cubierta ebook: María Pérez-Aguilera

Conversión ebook: Kiwitech

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