Paredones de fusilamiento, fosas comunes, cárceles clandestinas o campos de concentración forman parte del paisaje que observamos cada vez que nos asomamos a la ventana de nuestro pasado reciente. Un pasado de violencia, de trauma y de terror que invade de polémicas el presente y que nutre las memorias colectivas de la Guerra Civil española. Pero precisamente por polémico y complejo, el análisis de esas violencias debe alejarse de simplificaciones y maniqueísmos, de martirologios alimentados por la mitificación y la propaganda. Debe apartarse de confusas cosmovisiones de la guerra en clave de equiparadora, determinista y cómoda «locura trágica», y de las violencias desplegadas durante la misma en términos de correlación, simetría y responsabilidades colectivas. Frente a esa visión desdibujada que habla de violencias coyunturales, espontáneas o irracionales, este libro plantea las asimetrías, las lógicas, los fines y los límites de unas políticas de terror y exterminio supraindividual que marcaron a fuego el siglo XX español.

Javier Rodrigo

Hasta la raíz

Violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista

ePub r1.1

Titivillus 08.09.17

Título original: Hasta la raíz

Javier Rodrigo, 2008

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

Per Ale,

e per Río.

Prólogo

PRÓLOGO

UN LIBRO RADICAL

Isaac Rosa

No es habitual que un historiador joven, que con sólo treinta años se encuentra al comienzo de su carrera, decida hacer un alto en el camino, aparcar sus investigaciones y dedicar un tiempo y unas páginas a la síntesis y a la reflexión. Parece este ejercicio algo más propio de historiadores veteranos que, al cabo de años e investigaciones, utilizan el saber acumulado para una reflexión más interpretativa. Claro que, puestos a señalar rarezas, tampoco es habitual que un novelista prologue a un historiador, pues suele ser más bien al contrario —somos los creadores de ficción quienes buscamos la legitimación científica de los historiadores—, pero esta anomalía en todo caso es responsabilidad de quien solicita el prólogo, no de quien acepta el encargo.

Es inusual, en efecto, que un historiador joven decida empeñar sus fuerzas en una reflexión teórica de fondo, y que además lo haga con el propósito, nada menos, de enfrentarse a un asunto tan controvertido como el de la violencia política, y no desde un enfoque descriptivo como es habitual: se trataría, nos dice, de abordar la «ecuación» cuya resolución debería explicar «la aberración moral» que supuso la violencia en la guerra y la posguerra. Pero nos engañaríamos si valorásemos las posibilidades de éxito o fracaso del empeño en función de la edad del autor. Antes bien, pese a su juventud, Javier Rodrigo no es un recién llegado, y para desafiar esa lógica académica que pone a investigar a los jóvenes y deja la síntesis y la especulación para los veteranos, se presenta con la garantía de sus investigaciones previas, reconocido como autor del primer gran estudio sobre los campos de concentración franquistas, que vino a llenar un hueco tan importante como escandaloso de la historiografía española.

Pero más que debatir sobre la capacidad de Rodrigo para hacer ese ejercicio de reflexión, deberíamos preguntarnos por la pertinencia del propio ejercicio, por su necesidad. Y convendremos en que había que hacerlo: resultaba necesario detenerse a pensar, hacer recuento de las investigaciones precedentes, y mirar de frente al complejo fenómeno de la violencia en guerra y dictadura. Es cierto que sabemos cada vez más y mejor sobre esa violencia. Las publicaciones de los últimos años, que completan, amplían o corrigen las ya existentes, nos permiten conocer con mayor certeza cuánto se mató, cómo se mató, dónde, cuándo, a quién y por quién. Pero sigue sin ser respondida, o al menos no de forma rotunda, la pregunta básica de toda investigación: por qué. Tan importante como conocer la magnitud de la violencia es comprender su carácter, su origen, sus fines. Es decir, la labor descriptiva debe completarse con la labor reflexiva. De lo contrario, seguiremos conformándonos con explicaciones tranquilizadoras que apelan a la locura colectiva, al cainismo hispano, a la venganza o incluso a la perversa naturaleza humana, o remitiendo lo sucedido en exclusiva a dinámicas históricas, sociales o políticas, de enfrentamiento. Explicaciones que no resuelven esa «ecuación», pero que nos ofrecen un sucedáneo de interpretación que consuela y nos convence de que aquello es lejano y ajeno, además de irrepetible; caso cerrado.

Para hacer ese trabajo de reflexión, Rodrigo comienza por recapitular lo que ya conocemos. Para preguntar por el terror, primero lo caracteriza, mediante una completa síntesis que repasa todas las formas que adoptó la violencia política en cada fase: los iniciales asesinatos en caliente, la posterior represión judicializada, la redención mediante campos de concentración, prisiones y trabajos forzados, el control de la disidencia mediante su persecución, exclusión, expolio y tortura, y la creación de una cultura del miedo que incluía una memoria oficial con aspecto de memoricidio total. Una síntesis de gran utilidad y que tiene valor educativo, civil y político, pues en tiempos de revisionismo, cuando algunos intentan negar, minimizar o justificar la violencia, este ensayo permite, en pocas páginas, adentrarse sin amortiguación en el terror de la guerra y la posguerra, desmintiendo la propaganda que aún considera aquella violencia proporcionada y correlativa a la ejercida desde el otro lado. Frente a esa falsificación de origen franquista, el historiador rechaza las equiparaciones y simetrías. No ahorra datos para mostrar la magnitud del terror en la retaguardia republicana, pero afirma la asimetría desde la muy diferente aplicación y alcance de ambas violencias. Paso previo para comprender el sentido y la extensión de la «pedagogía de la sangre» puesta en marcha por los militares sublevados.

Ahí tenemos la violencia como herramienta pedagógica, el terror ejemplarizante, cuyo mejor ejemplo tal vez sea esa inscripción de «garrote y prensa» añadido de propia mano del caudillo cuando firmaba una pena de muerte, y que vinculaba el terror (el garrote) a su función instructiva (la prensa, su publicidad que extendía y amplificaba ese terror en la población). Podemos hablar en términos de pedagogía o mejor aún, siguiendo el símil financiero que utiliza Rodrigo, en términos de inversión y rentabilidad: la violencia como una «inmensa inversión» que el franquismo hizo inicialmente, en la guerra y la posguerra, para luego vivir durante décadas con las rentas de esa inversión, que ya sólo requeriría periódicas inversiones de menor cuantía para mantener e incrementar la rentabilidad asegurada.

Ahí, en ese cálculo económico, estaría la explicación de la larga duración de la dictadura, pero también de su carácter. Una rentabilidad que duró cuarenta años a niveles gananciales altos, aunque podríamos añadir que ni siquiera con el cierre del negocio dejó de rentar: durante la transición, la violencia de la guerra y la posguerra, su memoria, tuvo un efecto coactivo sobre las pretensiones rupturistas. Es ya un lugar común el del «pacto de silencio», la «amnesia», que habrían operado durante la transición, pero basta acudir a una hemeroteca para comprobar cómo durante los años de la transición se habló, y mucho, sobre el pasado violento, de manera que el recuerdo de la Guerra Civil, evocado como error colectivo del que había que aprender lecciones para evitar su repetición, fue un factor determinante en las elecciones de muchos de los actores del proceso político. Incluso podríamos considerar si aquella inversión no seguiría todavía hoy rindiendo pequeñas cuantías, nada despreciables, que condicionan el debate público sobre la memoria colectiva (esos llamamientos a no reabrir heridas y no repetir «errores del pasado»), aparte de por supuesto pervivir en forma de miedo real, nada figurado, para miles de españoles que tienen memoria personal de aquel terror, y que todavía actúan marcados por su recuerdo. Lo saben bien los voluntarios que buscan fosas comunes en pequeños pueblos donde aún se encuentran con confidencias en voz baja, o incluso el silencio.

El franquismo aparece como un ejemplo evidente del clásico concepto de violencia fundadora de derecho. Siguiendo a Benjamin en su Para una crítica de la violencia, encontramos en el franquismo la violencia en sus dos formas básicas: fundadora de derecho, y conservadora de ese derecho fundado, que se legitima con su propia violencia fundadora. Sabemos desde Benjamin que «el derecho, una vez establecido, no renuncia a la violencia. Lejos de ello, sólo entonces se convierte verdaderamente en fundadora de derecho en sentido más estricto y directo, porque este derecho no será independiente y libre de toda violencia, sino que será, en nombre del poder, un fin íntima y necesariamente ligado a ella».

Sustitúyase, aplicado al franquismo, la palabra violencia por «terror», y entenderemos aún más la naturaleza terrorista de la dictadura. La Nueva España ponía sus cimientos —sus raíces— en el miedo, y ese mismo miedo sería el cemento para dar solidez al edificio durante años, echando de vez en cuando alguna paletada nueva para tapar las grietas que el paso del tiempo y la fatiga de los materiales dejaban en la obra.

La duración del régimen se apoyaba en la parálisis social a partir de esa pedagogía sangrienta, pero no sólo en ella. También en la inicial eliminación, física o civil, de miles de republicanos que dejaron de convertirse en una preocupación para el futuro de la dictadura. Ambos elementos se relacionaban estrechamente: cuanto mayor fuese la aniquilación, más eficaz sería su valor pedagógico para los no aniquilados, y al mismo tiempo la enseñanza del miedo funcionaría mejor sobre una población previamente depurada de los elementos más resistentes. Se trata de la «limpieza» que los militares golpistas realizaron durante la guerra, y para ello, como recuerda Rodrigo, se tomaron su tiempo. Frente a las extendidas historias militares que se limitan a una cronología de operaciones y batallas, podemos plantear la pregunta sobre la violencia en forma reversible: ¿fue tan grande la represión porque la guerra fue larga o, al revés, fue larga la guerra para que la represión fuese tan grande? Recordemos aquellas palabras transparentes de Franco:

En una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada de una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje el país infestado de adversarios.

Y por si no estaba claro, escribía al embajador italiano fascista:

No tomaré la capital ni siquiera una hora antes de lo necesario: primero debo tener la certeza de poder fundar un nuevo régimen.

Una declaración que hace casi redundantes muchas de las especulaciones de historiadores como Rodrigo, pues en pocas palabras el dictador reconoce, exige, el carácter violento de su régimen desde sus orígenes; es decir, la violencia fundadora de derecho, ese «nuevo régimen» para cuya fundación requería la certeza previa de haber llegado a la capital con el trabajo hecho.

Se trata de la «guerra por usura» de la que habla el capitán Alegría en uno de los relatos de Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez, y permítaseme que por unas líneas lleve la cuestión a mi terreno, al de la ficción, pues supongo que también para eso se le encarga un prólogo a un novelista. En el citado relato, el capitán desertor del ejército franquista, que se entrega al enemigo la víspera de tomar Madrid, lamenta: «Hace tiempo que luchamos por usura», y se refiere a la decisión del ejército sublevado de desviarse del camino hacia Madrid en su marcha victoriosa desde Extremadura, y no haber tomado la capital cuando ésta era más vulnerable, decisión que prolongó una guerra que podía haber sido cuestión de pocos meses: «no quisimos entonces ganar la guerra al Frente Popular […] Lo que queríamos era matarlos», dice Alegría al ser juzgado como traidor. Esa imagen de la guerra «por usura» enlaza bien con el vocabulario financiero elegido por Rodrigo para referirse a la violencia en términos de inversión y rentabilidad por parte de unos capitalistas del terror a los que ahora añadimos la condición de usureros, para que el negocio ya sea redondo.

En términos más elaborados lo expresó otro narrador de ficción, Juan Benet, quien en su breve ensayo ¿Qué fue la Guerra Civil? —uno de aquellos libros de educación ciudadana de La Gaya Ciencia—, calificó la española como una «guerra de atrición», en términos religiosos, de temor a Dios por la ofensa cometida. Para el novelista Benet, se trató de «una larga guerra de desgaste, atrición y aniquilamiento», tres términos que se ajustan bien al relato violento que leemos en la obra de Rodrigo. Y añadía: «la española fue una guerra de atrición, pensada para durar y dañar, y llevada a la práctica con la técnica de la apisonadora». Seguramente Benet se equivocaba en esta última consideración, pues el sistema de aplastamiento no fue tan uniforme ni tan fulminante, sino mucho más sofisticado. Salvo los episodios iniciales de terror masivo, no se mató a bulto ni se aplastó por aplastar, sino que parecía haber un cálculo inteligente de dónde convenía golpear y con qué intensidad, quién era ejecutado; quién, al presidio; quién, depurado laboral y civilmente; quién, excluido, y quién, atemorizado sin más. El franquismo midió bien sus golpes durante su larga vida, pues una violencia indiscriminada y a bulto nunca será tan eficaz como una violencia que responde a un programa. Y los militares golpistas, desde la famosa primera instrucción reservada de Mola, siguieron un programa de acción con el propósito contenido en esa misma instrucción: que fuese la suya una acción «en extremo violenta» para reducir al enemigo.

Una fórmula tan simple como eficaz, cuyo éxito aconsejó su vigencia durante muchos más años de los inicialmente previstos, mientras quedasen enemigos por reducir, o incluso a efectos preventivos. De ahí que la violencia política no cesase ni disminuyese con el fin de la guerra, sino que continuó al mismo nivel durante una década, y con menor intensidad, pero siempre presente, hasta el final de la dictadura, funcionando como elemento cohesionador de la sociedad franquista, tanto para los vencedores como para los vencidos. Éstos, sometidos por la violencia o por su memoria; los vencedores, amalgamados en su complicidad en esa violencia, y protagonistas de esa memoria permanente del horror de la guerra. Todos, vencedores y vencidos, a la sombra de la cultura del miedo.

Haciendo honor a su título, Hasta la raíz es un libro radical, y permítase el juego semántico. Lo es en tres de las acepciones que de «radical» recoge el Diccionario de la RAE. En primer lugar, radical en tanto que relativo a la raíz, o más bien a las raíces, pues son muchas las iluminadas en este libro. Las raíces violentas de la dictadura franquista, por supuesto, pero también las raíces de nuestro tiempo, del presente, que todavía hunde no pocos terminales en aquella tierra. Las raíces de la propia violencia, al ser mirada de frente y explicada con su contexto y sus motivaciones. Y también se perciben, como un rumor de fondo en todo el libro, las raíces de los republicanos, de las víctimas del franquismo, esa raigambre que la violencia militar quiso extirpar «hasta la última raíz», para después sembrar de sal el campo y que no volviera a crecer la mala hierba roja. El propio Franco afirmaba la necesidad de una «redención moral de las zonas ocupadas» que iba a ser «larga y difícil», pues las raíces a extirpar eran «antiguas y profundas». Lo que nos devuelve a este presente en el que comprobamos cómo, pese a la fractura —una más en una historia, como la española, marcada por la ruptura y la discontinuidad, según recuerda Eduardo Subirats—, pese a la inmensa inversión en violencia, no se consiguió arrancar «hasta la última raíz».

Es también un libro, siguiendo con el diccionario, radical en el sentido de «fundamental, de raíz». Ante un crecimiento en la bibliografía del período como se ha producido en los últimos años, con numerosas —e interesantísimas en muchos casos— investigaciones y monografías de todo tipo, de ámbito general o de mirada local, así como obras memorísticas y todo tipo de elaboraciones y reelaboraciones en torno a la Guerra Civil y la dictadura, resulta fundamental un libro que, como éste, se detiene y hace recuento para, a continuación, reflexionar, proponer el debate, adelantando algunas respuestas posibles.

Y por último es una obra radical en la acepción, más popular, de «extremoso, tajante, intransigente». Sin perder el rigor del historiador, Hasta la raíz es un libro político, que no se desentiende de la controversia en torno a las visiones y, revisiones del pasado, e interviene en ella afirmando la brutalidad represiva de la dictadura desde el golpe de Estado hasta su último día, convirtiendo ese carácter violento en su elemento definitorio.

Cuando todavía no nos hemos recuperado de la resaca del Año de la Memoria, y mientras la memoria (o las memorias) de la guerra y la dictadura siguen ocupando un lugar destacado en los discursos actuales, el ejercicio de interpretación de Javier Rodrigo evita que, abrumados por los numerosos relatos de aquella violencia, no sepamos ir más allá del cuánto y el cómo, para situar en el centro la pregunta central: por qué.

Introducción

INTRODUCCIÓN

LAS FUENTES DE LA MEMORIA

El 17 de marzo de 2005, los medios de comunicación españoles amanecieron con una noticia que causó gran alegría a muchos, enojó a no pocos, y sorprendió, en definitiva, a la mayoría. No por deseada y no por esperada, puesto que hacía meses que se venía hablando de ello en la prensa y la radio, dejó de llamar la atención que, durante la madrugada, se retirase la estatua ecuestre del general Francisco Franco que, desde 1959, presidía una céntrica plaza de Madrid.

La retirada de la estatua de Franco, obra del escultor José Caput, venía precedida por un largo debate en el que se vieron involucradas diferentes administraciones de Madrid y del Estado, ya que ninguna decía ser su titular y ninguna la responsable de su levantamiento o su mantenimiento. Su incómoda presencia era símbolo de la reminiscencia de un pasado cercano y espurio, de la proximidad cronológica y sentimental de una larga dictadura forjada en tres años de guerra civil que logró perpetuar su poder, el poder personal del dictador, hasta que las inexorables leyes de la naturaleza apagaron la vida de ambos, dictador y dictadura. Los cientos de kilogramos de hierro que daban forma al Caudillo de España simbolizaban el peso, el lastre de un pasado dictatorial en un presente de madurez democrática donde, sin embargo, pervivían y perviven muchos símbolos públicos del único fascismo, adaptado no obstante a las diferentes realidades nacionales e internacionales, que sobrevivió a la desfascistización de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Apenas se conoció la noticia y, aún de madrugada, se reunieron en los alrededores de los Nuevos Ministerios de Madrid grupos de personas alborozadas por la retirada de la estatua, así como otro grupo de ciudadanos que, brazo en alto al viejo modo fascista, demostraban su lealtad inquebrantable a la figura del dictador, portaban banderas preconstitucionales y cantaban el «Cara al Sol».

Foto 1. Retirada de la estatua ecuestre de Francisco Franco de la madrileña plaza de San Juan de la Cruz. Madrid, 16 de marzo de 2005.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El portavoz del principal partido de la oposición, fundado por el decano de la política española Manuel Fraga Iribarne —ministro de la dictadura franquista entre 1961 y 1969 y uno de los ponentes constitucionales—, acusó al gobierno de «abrir heridas y rencillas entre los españoles» con la retirada de la estatua para, acto seguido, acusarle de ser «el más radical de la historia democrática». Algo que ha venido repitiéndose cada vez que la Guerra Civil y sus narrativas han ocupado en los últimos años los espacios políticos y periodísticos. Al hilo de las recientes negociaciones para sacar adelante en sede parlamentaria la llamada ley de «memoria histórica», se ha recordado que el pasado traumático es traído a colación por revanchistas obsesionados con el pasado, que en vez de dejar a los muertos en paz desean «dividir» y no hacen sino mirar a lo «malo» del pasado (la guerra), en vez de acercar su mirada sobre lo «bueno» del pasado reciente de los españoles (la transición al sistema parlamentario constitucional).

Y es que algo tan básico en cualquier democracia, la condena pública de las dictaduras y la supresión de sus símbolos, sigue levantando ampollas, resquemores y exabruptos. Los restos simbólicos de la dictadura de Franco perviven aún en muchos lugares de la geografía española: nombres de calles, estatuas, monumentos referentes al imaginario de los vencedores en la Guerra Civil de 1936-1939 siguen en vigor y en pie en innumerables localidades, y en algunas ciudades, como Santander, presiden plazas públicas. Así, aparte de innumerables memoriales religiosos a los muertos en la guerra del lado franquista, algunos de ellos compensados en democracia con los nombres de los soldados muertos en las trincheras de la República y que en los últimos tiempos conviven con memoriales —muchos menos— civiles a las víctimas de izquierdas, perviven en el espacio público escudos anticonstitucionales sobre fachadas de cientos de edificios, o decenas de calles dedicadas a José Antonio, el fundador del partido fascista asesinado el 20 de noviembre de 1936 en la cárcel de Alicante; a José Calvo Sotelo, el protomártir de la sublevación y del Estado franquista, ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera y cabeza visible, desde 1934, de la oposición de derechas a la República, asesinado el 12 de julio de 1936; a Queipo de Llano, el general que sublevó Andalucía y la controló con mano de hierro, enterrado por otro lado en la basílica sevillana de la Macarena; a Emilio Mola, el director de la sublevación fallecido en accidente aéreo en 1937; al general Moscardó, cuya resistencia en el Alcázar de Toledo hasta la entrada en la ciudad de las tropas de Franco coadyuvó a la creación de uno de los mitos fundadores más perdurables de la dictadura; al general Juan Yagüe, quien «liberó» Badajoz a sangre y fuego en agosto de 1936; a Fidel Dávila, ministro del Ejército durante la Guerra Civil y mano derecha de Franco durante toda su vida; al general Sanjurjo, protagonista de un intento de golpe de Estado contra la República en 1932 y que, de no haber sido por el accidente que le costó la vida al trasladarse desde Portugal a España, habría sido la cabeza de la sublevación militar de julio de 1936; a Millán Astray, fundador junto a Franco de la Legión y uno de los símbolos predilectos de los sublevados por su temeridad en combate, su tendencia a la acción frente al intelecto y sus mutilaciones; o al propio general Franco, en sus más variadas formas: desde avenidas del Generalísimo a plazas del Caudillo. España está aún plagada de simbología alusiva a la Guerra Civil, pero ésta no es, ni mucho menos, equitativa. La enorme mayoría alude única y exclusivamente a los vencedores de la contienda.

A los vencedores, y a la sangre derramada en su victoria. Es decir, que tanto por los motivos que encumbraron a algunos a la victoria como por las razones que llevaron a otros a convertirse en caídos por Dios y España, es la violencia desplegada eminentemente durante la Guerra Civil (con excepciones protomartiriales relativas a la violencia durante la Segunda República) la que se erigió y se erige como punto de referencia y, en buena medida, como eje del relato victorioso del conflicto civil impuesto desde las políticas oficiales del recuerdo implantadas por la dictadura, de la cual todos esos símbolos, estatuas, inscripciones y callejeros son deudoras. Aunque esta pretérita centralidad de la violencia, de las víctimas y de su recuerdo e instrumentación, toda una cultura de culto a la muerte, al caído y a su memoria siga, con las convenientes actualizaciones, muy viva hoy en día. Los «mártires», como se decía al hilo de la masiva beatificación de octubre de 2007, muy probablemente están «por encima de las trágicas circunstancias que los han llevado a la muerte»[1]. Pero no se puede soslayar que sin trágica muerte, sin el asesinato y su conveniente reificación y empleo desde el presente, no habría ni víctima ni, en consecuencia, martirio. La violencia en retaguardia sigue siendo, y probablemente lo será también en el futuro, la fuente principal de la que manan los caudales de la memoria.

La cuestión de la centralidad de la violencia en los relatos sobre la Guerra Civil española y en sus memorias tiene, pues, hondas, sólidas, profundas y antiguas raíces. De hecho, de entre los aspectos que aún hoy hacen de la guerra del 36 un tiempo histórico abierto y polémico, un pasado controvertido sobre el que se vierten juicios y opiniones contrastadas de todo jaez, un pretérito constantemente declinado en el presente y la fuente más importante para lo que se conviene en llamar memoria colectiva, posiblemente el que prevalezca sobre todos sea, por tanto, el de la violencia ejercida en las retaguardias. Un pasado de sacas, paseos, fusilamientos, fosas comunes, cárceles legales o clandestinas, torturas, incendios, campos de concentración y trabajo que sobrevuela prácticamente todos los relatos sobre la contienda y que aún hoy es elemento primordial del interés público sobre el enfrentamiento civil. Y que para muchos constituye la sublimación, en dramática hipostatización, de la Guerra Civil.

Poco cabe sorprenderse. Al margen de la omnipresencia de la represión y sus víctimas en el debate público, al margen de los interesados usos políticos de ese pasado, la violencia, esa hija «necesaria» e «inevitable» de cualquier proceso bélico, es un elemento crucial a la hora de explicar la Guerra Civil por más que, en una escala global, ésta no sea tan relevante ni desde un punto de vista tecnológico ni en cuanto a pérdidas humanas como otros conflictos bélicos del corto siglo XX[2]. Y lo es, fundamentalmente, porque la violencia azul y la violencia roja —según los clásicos cánones cromáticos—, la franquista y la republicana —la terminología consuetudianariamente más aceptada—, la golpista y la revolucionaria, marcaron las vidas de miles de personas mucho más que las operaciones militares. De hecho, y como diría Antonio Bahamonde, durante los últimos seis meses de 1936 y, posiblemente, hasta bien entrado 1937, la causa de mortandad más importante en España no fue la guerra sino la represión, la limpieza política desencadenada en las retaguardias[3]. Tanto es así que para miles de personas la primera tuvo como única expresión la violencia (con sus múltiples adjetivaciones: política, social, religiosa, económica), el terror y la coerción. A fin de cuentas, estamos hablando de la cumbre de la violencia en la contemporaneidad española[4].

Pero precisamente por polémico, complejo y abierto, el análisis de las violencias en las retaguardias durante la guerra de 1936-1939 debe alejarse de simplificaciones y maniqueísmos, de martirologios alimentados por la mitificación y la propaganda. Debe apartarse de confusas cosmovisiones de la guerra en clave de equiparadora, determinista y cómoda «locura trágica», y de las de la violencia durante la misma desplegada en términos de correlación, simetría y responsabilidades colectivas. Y debe aislarse, en definitiva, de la reducción a bipolaridades y estandarizaciones que solamente dificultan el análisis de su complejidad y de su utilidad. Que reducen cárceles y asesinatos, juicios y fusilamientos a reacciones espasmódicas carentes de toda norma o lógica. Que al tildarla de «liberadora», «espontánea», «popular» o «incontrolada», al hablar de perpetradores y víctimas «anónimas», del «pueblo en armas», de «masas espontáneas», «turbas enfervorizadas» o de «delincuentes», no hacen sino diluir en el magma de la ira y el odio las responsabilidades concretas sus caras y sus perfiles. Y, en definitiva, que llevan irremediablemente a su incomprensión y deshistorización[5].

Y es que existe, resulta complicado negarlo, una cosmovisión —antes oficial, hoy más bien «nostálgica»— sobre la Guerra Civil y la dictadura de Franco que tienden a infravalorar o, al menos, relativizar, los procesos de violencia política desarrollados durante ambas, con el objetivo de no considerar la represión franquista como el basamento, o como uno de los más importantes, de la larga duración del régimen dictatorial. Ésa ha sido una percepción, heredera de la propagandística franquista, que ha llegado no intacta, pero sí con considerable salud, hasta nuestros días: la de una violencia proporcionada, correlativa a la violencia revolucionaria. La de una violencia, en definitiva, necesaria, sanadora y justificada. En una sola palabra, aceptable, y de más bien poco peso real en un régimen de paz duradera que habría puesto los jalones precisos para la consecución de la democracia. Una violencia que, gracias a la bendición eclesiástica que recibió durante la Guerra Civil, no sería cruel y desproporcionada, sino un elemento más de la definitiva lucha entre el Bien y el Mal, entre la Ciudad de Dios y los sin Dios, la anti España. Finalizado el ciclo de la violencia con la necesaria regeneración del enemigo, se habría abierto para siempre la puerta de la paz.

Ése sería, por tanto, el objetivo último de ese gran relato sobre el pasado reciente: hacer de la guerra (y sus terribles consecuencias) el final de un ciclo, el iniciado con la Segunda República (siendo ésta, por tanto, el origen de aquélla), y del franquismo el principio de otro, el que finalizaría con la transición a la democracia. Separar la guerra de la dictadura, como si ésta no fuese consecuencia de aquélla. E infravalorar el peso, por otro lado enorme, de la violencia política en los orígenes de la dictadura de Franco, puesto que en esa correlación de ciclos si algo encaja mal, o directamente no encaja, es la centralidad de la violencia, el inusitado número de víctimas y el peso de la represión en los años de paz dictatorial.

Pero de proporcionada, puntual o limitada, la violencia franquista tuvo más bien poco. Antes bien, la violencia fue un elemento no ya central, sino hasta consustancial a la dictadura de Franco. El análisis de esa violencia desmonta así prejuicios y presentismos, al mostrarnos con toda su crudeza a una dictadura que echó las bases de su omnímodo poder sobre unos cimientos regados de sangre y oprobio, humillación y exclusión. Franco fue el dictador que, en tiempos de paz, necesitó de más muertos para mantenerse en el poder. Y resulta altamente complicado encontrar dictaduras militares cercanas a sus parámetros, debiendo llevar la mirada hacia regímenes totalitarios como el nacionalsocialista para, al menos, atemperar el juicio mediante la siempre recurrente comparación relativista. Hoy, sin embargo, es ya imposible pensar en ella sin situar en el primer plano del análisis sus 30 000 desaparecidos entre los —se estima— 150 000 muertos por causas políticas, el medio millón de internos en campos de concentración, los miles de prisioneros de guerra y presos políticos empleados como mano de obra forzosa para trabajos de reconstrucción y obras públicas, las decenas de miles de personas empujadas al exilio, la absurda y desbordada constelación carcelaria de la posguerra española —con un mínimo de 300 000 internos— o la vergonzante represión de género desarrollada por la dictadura que, más allá de la reclusión de la mujer en el espacio privado, llegó a extremos de crueldad como el rapto, el robo de niñas y niños en las cárceles femeninas. Reconstruir y analizar esos fenómenos, así como la utilización de su recuerdo desde el presente, es lo que se va a hacer en este libro.

De tal modo, se analizan aquí tres fases fundamentales de la violencia franquista. Primero, la del golpe de Estado. Luego, la de la violencia paraestatal durante la Guerra Civil. Y, por fin, la represión de posguerra. Y en cada una de las fases se introducen elementos paradigmáticos para su análisis. En el primer caso, la existencia de asesinatos extrajudiciales, sacas, paseos y represalias directas a los disidentes políticos: sacas, paseos y asesinatos que llenaron la retaguardia franquista de fosas comunes. En el segundo caso, los campos de concentración, los juicios militares y el trabajo forzado son, entre otros, los paradigmas de una violencia paraestatal. Y en el tercer momento, las cárceles de Franco, las excluyentes políticas de la memoria del franquismo y las severas leyes represivas serán las que nos acerquen a un Estado de guerra civil sin combates militares: lo que oficialmente fue España entre 1939 y 1948. De tal modo, podrá observarse con detenimiento el carácter del castigo infligido a los vencidos por parte de los vencedores de la Guerra Civil: primero, la venganza y la represalia; luego, la intimidación y la paralización, y, por fin, el control de la disidencia.

La inversión en violencia realizada por Franco alargaría sus réditos durante toda la larga dictadura del militar, mediocre hombre de Estado y cruel asesino para unos, preclaro Caudillo de la victoria enviado por Dios para salvar España para otros, que dio nombre a la más extensa parte del siglo XX español. Un castigo y una violencia que, como podrá verse en el primer capítulo de este libro —una suerte de resumen analítico—, interpreto no como proporcional o reactiva ni como inútil. Aquí la violencia en retaguardia durante la Guerra Civil va a aparecer como desproporcionada, preventiva y estructural. Ni irracional, ni espontánea, ni incontrolada, sino, más bien, sujeta a necesidades, objetivos, utilidades y estrategias. No solamente, que muchas veces también, como un fin en sí misma. Sobre todo, como un canal de comunicación, de dialéctica: una violencia racional, articulada en una serie de repertorios y medios determinados y encaminada hacia unos objetivos concretos. El régimen franquista fue, así, paradigmático por tres motivos: por ser el único régimen europeo, autoritario con aspiraciones totalitarias, que necesitó en ese siglo del terror de una guerra civil para imponerse. Fue el que más carga de violencia política desplegó en tiempos de paz retórica, desde el final de las operaciones militares en abril de 1939 hasta el final de sus días, y sobre todo en los años 40. Y, por último, fue el que desplegó un aparato memoricida con mayor efectividad. Algo que, sin embargo, no hace sino situarlo como paradigmático dentro de las dictaduras fascistas de la Europa del siglo XX, así como paradigmático, por único en Europa, es el peso y las formas de su recuerdo colectivo y del agravio entre memorias que dejó tras de sí. Ésta es la triple excepcionalidad que quiere abordarse en este libro.

Ésta es una obra deudora de años de trabajo de decenas de investigadoras e investigadores. Un libro que quiere resumir, en poco más o menos 200 páginas, la larga trayectoria de violencia política empleada por el Estado franquista para suprimir primero, excluir después, y controlar por fin a su disidencia política, fuese ésta real, potencial o simplemente imaginaria. Un libro que surge como epílogo lógico de una larga investigación doctoral sobre el sistema de campos de concentración en la España de Franco, defendida a finales de 2004 en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y publicada en 2005 bajo el título de Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947, y como parte de un trabajo posdoctoral —y ahora también, como profesor contratado en mi ciudad, Zaragoza— en torno a las culturas políticas del fascismo español y, en particular, sus prácticas rememorativas. Y un libro, por fin, que nace de dos inquietudes personales. La primera tiene un carácter bibliográfico: en España, creemos, se publican muy pocos libros de ensayo breve en el ámbito historiográfico. No va a ser éste, por tanto, un libro descriptivo y reconstructor de pasado (y menos, de memoria) alguno. Antes bien, quiere tener un sesgo eminentemente interpretativo.

La segunda inquietud es de carácter personal. He trabajado en este ensayo, que tiene por origen remoto un breve libro que publiqué en Italia en 2006 con el título de Vencidos. Violenza e repressione política nella Spagna di Franco (Verona, Ombre Corte), movido por el deseo de volver a sentirme historiador, o aprendiz de ello, tras pasar por una dura enfermedad de la que mientras escribo estas líneas cumplo el primer año de remisión. El hachazo invisible y homicida que supuso esa noticia y el tiempo que nació después agotaron prácticamente las palabras: durante el largo e insufrible tratamiento no hacía sino añorar el volver a vivir. Volver a la vida, con normalidad. Y, para mí, parte de esa normalidad era, y es, poder dar forma a estas páginas. Sin la comprensión de Cristina Castrillo, en Alianza, no habría sido posible. Sin el apoyo de mis amigos y mis colegas, ni me lo habría planteado. Sin la descomunal fuerza de mi familia, no habría querido hacerlo. Sin el amor de Alessandra, no habría podido llegar hasta aquí.

Deseo, por fin, agradecerle a los doctores Manuel Sánchez y Luis Palomera, de los servicios, respectivamente, de Urología y Hematología del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, nada menos que el haberme regalado la vida.

Capítulo 1: Asimetrías, mitos y desproporciones

CAPÍTULO 1

ASIMETRÍAS, MITOS Y DESPROPORCIONES.

LA VIOLENCIA EN RETAGUARDIA DURANTE

LA GUERRA CIVIL, EN PERSPECTIVA

El asesinato en masa contemporáneo, ha escrito Bauman, se caracteriza por la práctica ausencia de toda espontaneidad. Destaca, ante todo, por su intencionalidad[1]. Y de la misma manera, el encarcelamiento, la tortura o el asesinato de sacerdotes o jornaleros, militares o «burgueses» en las retaguardias tuvieron su propia utilidad, sus propias normas, sus propias lógicas. En un contexto de guerra civil —expresión máxima de la violencia política y, a su vez, continente de multitud de gamas de violencia—, de enfrentamientos armados, de fragmentación de poderes y luchas por su recomposición, de inestabilidad territorial, conquistas y pérdidas, y con las armas ocupando los espacios públicos y de sociabilidad, la violencia fue el canal de comunicación utilizado por el poder, estatal o fragmentario, para relacionar, comprometer o imponerse a la población[2]. Entrañaba su uso, por tanto, una cuádruple funcionalidad: imponer, controlar, estabilizar y mantener la soberanía, el dominio y la autoridad. En definitiva: la violencia en las retaguardias, donde triunfó el golpe de Estado de 1936 y donde no, fue un factor, o mejor el factor, prevaleciente de poder. Aunque sea igualmente cierto que, fuese esa autoridad la de la «Nueva España», la de la efímera arcadia revolucionaria o, por fin, la del Estado, con la violencia se fue mucho más allá de lo necesario para el control de las retaguardias. Aunque ello, desde luego, no la convierte en «violencia inútil», irreflexiva y derivada de una «dejación de responsabilidad del juicio humano». El terror, además de para el presente, habría de ser también una apuesta de futuro[3], y eso ha quedado palmariamente claro desde que la historiografía sobre la Guerra Civil ha construido un nuevo «gran relato» sobre el período. Ni gesta heroica ni locura trágica: la lógica que explica la guerra es la de la aniquilación y el exterminio del enemigo.

Es, sin embargo, habitual encontrarse, sobre todo cuando los ecos del pasado se convierten como en los últimos años en estruendo, con interpretaciones de la violencia en guerra y dictadura que la revisten de inutilidad, y que la analizan desde monocausalidades. El último gran ejemplo de esto sería el de las beatificaciones en octubre de 2007, que convirtieron a víctimas y a verdugos, de manera reduccionista, respectivamente en mártires de la fe y en frustrados deicidas. Aunque haya muchos más ejemplos, y también de santificaciones laicas y de martirologios democráticos[4]: la violencia y sus empleos públicos dan para mucho. Sin embargo, estamos frente a una violencia poliédrica y todo menos monocausal: al igual que hubo muchas guerras dentro de la Guerra Civil, hubo también muchas violencias[5]. Una violencia que perseguía unos fines, que partía de unas premisas y era respuesta, exacerbada por el contexto bélico, a una serie de necesidades, que tuvo rostros y perfiles concretos, substrato cultural, revestimiento ético y sustento ideológico, y que explica el carácter y la naturaleza misma de la Guerra Civil. Una guerra que donde no hubo operaciones militares, conquistas u ocupaciones, y también donde sí las hubo, se hizo contra la población civil e implicando a civiles en la violencia[6]. Y esa sería, precisamente, una premisa clave para entender el calado de la «limpieza» en retaguardia. Al margen de los distintos tipos de violencia ejercidos entre dos ejércitos enfrentados entre sí, que fueron desde el fusilamiento de altos cargos militares o el asesinato in situ de prisioneros de guerra hasta su internamiento masivo en cárceles improvisadas y campos de concentración y trabajo (sin que una cosa excluyese a la otra), fueron mayoritariamente civiles los que sufrieron la persecución, el asesinato o la depuración[7]. Fueron sobre todo civiles los que soportaron bombardeos sobre pueblos y ciudades, fue su sangre la que regó las tapias de los cementerios y las cunetas de los caminos y fueron sus huesos los que mayoritariamente llenaron las fosas comunes de Teruel, Ávila o Madrid. En cada pueblo y cada ciudad, el asesinato de civiles, generalmente conocidos por buena parte de la comunidad, próximos y cercanos, ponía sobre la mesa su vulnerabilidad. Y con ella, la de la comunidad entera[8].

Y asimismo, además de por su carácter civil y por su empleo deliberado como canal de poder y control, la violencia en las retaguardias se caracterizó por tener un carácter relacional, comunicativo. Por primera vez en la historia contemporánea española y, más en particular, en la historia de sus guerras y conflictos, el golpe y la revolución se iniciaban con el asesinato y el tiro en la nuca. El exterminio del contrario fue masivo y pedagógico, y tuvo un carácter nuevo: no se eliminaba ni se juzgaba solamente por motivos individuales, ligados a la actuación concreta del «ajusticiado». Además, se eliminaba su identidad, en cuanto colectiva. Se acababa con la vida del otro por razones supraindividuales: por pertenecer al enemigo.

«Armas, armas, armas»

La violencia, sobre todo de primera hora, la golpista y la revolucionaria, tuvo pues un carácter eminentemente relacional. Se utilizó para limpiar y depurar, para acabar con personas generalmente conocidas por los miembros de la comunidad, pero también para aterrorizar y paralizar, para limar o acabar con las resistencias al modelo político triunfante en esas inestables jornadas del 36, para demostrar la supremacía sobre la vida y la muerte de quienes, con el poder de las armas, se erigían en pocos días en el nuevo poder triunfante. Muchos eran conscientes de que la guerra habría de venir preñada de sangre para que señalase una huella indeleble en la historia española. Muchos abrazaban la idea de «matar, matar y matar»[9] para que alguno de los proyectos de sociedad que habrían de alumbrarse tras la victoria fuese perdurable, eterno. De hecho, las evidentes connotaciones políticas e ideológicas de las represiones fueron del todo accesorias en la ejecución de cientos de personas, primando la imposición del poder mediante el terror sobre la población[10]. La guerra y la revolución impusieron la heterofobia, la homogeneización de la sociedad y, con ellas, las responsabilidades colectivas. Superados los tabúes sobre el empleo de la violencia, convertido con el fragor bélico el adversario político en enemigo delimitado y deshumanizado, embotada la empatía, se podía (y se debía) proceder a su eliminación masiva, a su exterminio profiláctico: a la violencia campesina u obrera contra el enemigo de clase o a la violencia falangista o caciquil contra el rojo, la anti España. En la España de poderes fragmentarios de 1936, cualquiera podría convertirse tanto en víctima como en verdugo, exacerbándose así las fracturas sociales, políticas y culturales previas, pues, como resulta evidente, el golpe de Estado «no creó ex novo a los enemigos, sino que acabaría de definirlos». El derechista y el propietario se convirtieron en fascistas; el sindicalista y el maestro republicano, en revolucionarios[11].

Ajuicio de García Oliver, pero también de muchos otros, la sublevación militar fue la que rompió todos los frenos sociales preexistentes. Y así, todas las partes en contienda se sintieron, con el poder que daban las armas, la cadena de transmisión del verdadero sentir popular. Las armas, utilizadas inicialmente para impedir o asegurar el triunfo del golpe de Estado castrense confirieron así, inmediata y casi podría decirse que irreversiblemente, la responsabilidad del orden público —e incluso la sustitución del Estado mismo— a grupos armados, militares o paramilitares. «Armas, armas y más armas», encontró Borkenau nada más llegar a Barcelona en agosto de 1936[12]. Armas que, aunque fuesen la Guardia Civil y las fuerzas del orden abortaran la sublevación de los cuarteles en Madrid, Barcelona, Badajoz o Valencia, fueron a parar a los sindicatos, a las milicias de partido o a los comités locales, por orden gubernamental del 19 de julio, para contribuir al fracaso del golpe en los cuarteles. El Estado perdió, de paso, el monopolio de ejercicio de la violencia. El «pueblo en armas» no abortó la sublevación salvo en los distritos rurales con pequeñas guarniciones de la Guardia Civil, pero en su fracaso parcial vio abierta la puerta a su tan ansiada revolución. Y armado, superó el umbral de la protesta para adentrarse en nuevas aguas: las de la construcción de la sociedad nueva[13].

Una sociedad que requería, primero, del derrumbamiento del viejo mundo, de sus representantes y de sus símbolos. Premeditada o no, con sustanciales diferencias por territorios, pero desde luego despertada por esa sublevación militar, la extensión de la violencia y la limpieza política y social donde el golpe fracasó —por inacción militar o porque se le hizo fracasar desde las calles y las barricadas— fue casi inmediata. Una violencia identificada primero con el atajamiento del golpe de Estado (las ocupaciones de los centros de la sublevación como los cuarteles de las Atarazanas y de la Montaña en Barcelona y Madrid y, al cabo, el asesinato de buena parte de los sitiados) y, tras la declaración de la huelga general, con la apertura de la espita revolucionaria, consecuencia de la virtual ausencia operativa de los órganos coercitivos del Estado[14]. Y una violencia, en definitiva, que con enorme rapidez y gran extensión pasó de ser defensiva a agresiva, empujada por las fuerzas arribadas al poder bajo el olor de la pólvora. Las milicias de partido y sindicato se enseñorearon de las ciudades, del campo y de un control cristalizado en los comités revolucionarios armados, grupos de «investigación y vigilancia» o «patrullas de control» que, además de sustituir a las fuerzas policiales de orden público, aseguraban y afianzaban con la argamasa de la sangre la repentina y tan largamente buscada victoria en una lucha política y social que contaba, al menos, con treinta años de antigüedad[15]. Una victoria que arrastró a la muerte a miles de personas, significados propietarios fabriles y trabajadores tibios en las ciudades, propietarios y jornaleros en el campo. Y al clero, objetivo primario de esa efímera revolución, que era visto como la representación máxima de unas relaciones de poder, un control cultural contrario a la «emancipación del pueblo» y una secular connivencia con los «opresores» de la que no podría quedar piedra sobre piedra.

Nada apunta, por tanto, a la espontaneidad de esa violencia, aunque tampoco a su premeditación. Nadie podría haber soñado jamás que la revolución llegase así, como un rayo repentino y purificador. A afianzar ese poder urgente se empeñaron siniestras fuerzas aun cuando casi ni había conciencia de lo que significaba el concepto de «retaguardia». Pero la cotidiana caricatura de grupos, patrullas y comités de «limpieza», con sus fantasmagóricos «coches de la muerte» y sus imaginativos nombres, no puede sobreponerse al hecho de que muchos de los asesinatos en la retaguardia republicana se realizaron bajo la tutela de las autoridades revolucionarias, ni a que la violencia, aunque no vehiculada por los canales y los actores clásicos del poder —el Estado, las fuerzas del orden—, fue todo menos incontrolada y espontánea. Antes bien, fue una violencia con unos aspectos normativos perfectamente diferenciables y con una clara funcionalidad, que explica entre otras cosas el hecho de que un mínimo de 6400 víctimas identificadas, del total de 8352 contabilizadas para la Cataluña republicana, fueran asesinadas o ejecutadas en 1936[16]. La multiplicación de poderes, el despojo de la autoridad estatal sobre la violencia, la necesidad de afianzar el poder y el deseo de aniquilamiento del viejo orden explicarían así, según José Luis Ledesma, la violencia que muchos actores desplegaron en esas jornadas revolucionarias. Y es que la descomposición del Estado implícita al golpe de 1936 y a las resistencias que encontró abrió la puerta a una ansiada revolución «en la que todos estaban forzados a elegir lealtades perentorias y sin matices»[17].

El de la premeditación y el de la unidad de mando son aspectos que también asaltan a la hora de explicar la aterradora ola de violencia desplegada allá donde triunfó el golpe militar, zonas en las que automáticamente se procedió a dar cuerpo a una íntima identificación entre orden público y eliminación, más que control, de la oposición: una depuración instigada desde los poderes locales y suprarregionales y ejecutada por civiles militarizados, «escuadrones de limpieza», cuando no por el mismo ejército sublevado[18]. Las armas, en el caso de los sublevados en julio de 1936, ya estaban en sus manos. Y aunque nada haga prejuzgar que el lenguaje extremista «incitara a cometer asesinatos generalizados», de manera súbita aparecieron en las retaguardias esos escuadrones de asesinos abocados a la «limpieza» de los «elementos subversivos» que cumplirían con creces las conocidas instrucciones de Mola, las de Franco para la sublevación en Marruecos, y hasta el bando de Gautier Atienza en Ceuta, cuando amenazaba con pasar «por las armas, sin previo juicio sumarísimo», a quien desobedeciese los bandos de declaración de guerra[19]. Las autoridades militares sublevadas tuvieron recursos para contener la violencia, «pues en su territorio no había habido un derrumbe de la policía o del orden público»[20], algo que sí sucedió donde al Estado le sustituyeron comités antifascistas y revolucionarios armados. Más o menos ruidoso y prolongado, y con evidentes matices según las áreas de la Península, el derrumbe estatal existió en ambas zonas. Pero mientras en una, la sublevada, esa suerte de plebiscito armado —más impopular en unas áreas que en otras— no implicó por entero la fragmentación de poderes políticos, fuerzas coercitivas y agentes violentos, en la otra su atajamiento y el colapso de los mecanismos de coerción del Estado trajeron aparejada no solo su extrema segmentación, sino además su explosiva multiplicación[21].

En ambas retaguardias, sin embargo, al menos hasta que empezaran los asesinatos y fusilamientos masivos desde finales de julio y en agosto de 1936, la de la violencia parecía una cuestión de «orden público», un trámite necesario. En las dos zonas se depusieron de sus mandos a los «tibios», los encerraron y procesaron sin garantías jurídicas, o los asesinaron para que no interfirieran en el triunfo del golpe o de la revolución. Se actuó con crueldad y sin reparos, acabándose con la vida de gobernadores civiles, jefes militares leales o desafectos a la República, políticos afines al proyecto frentepopulista o a la derecha católica. El triunfo o el fracaso del golpe militar dependían fundamentalmente del empleo de la violencia y, en consecuencia, los asesinatos y las encarcelaciones se sucedieron por toda la geografía nacional. La gélida faz de la muerte miró, de tal modo, a los objetivos más claramente reconocibles. Para quienes pretendían tomar el poder estatal y desarticular urgentemente las reformas políticas republicanas era fundamental quitar de en medio, acabar con cargos como Álvarez-Buylla, alto comisario en Marruecos; como los generales Molero Lobo y Batet; como los gobernadores civiles de Zaragoza o Ávila, Vera Coronel y Ciges Aparicio, o como Prieto Carrasco, alcalde de Salamanca. Y para quienes abortaron la sublevación, armaron a sindicatos y milicias de partido y vieron cómo el poder estatal se fragmentaba ante sus mismos ojos, era igualmente lógico y justo encarcelar, juzgar y matar a militares sublevados o a quienes habían instigado la sublevación: nombres como los de los generales Fanjul, Goded o Fernández Burriel, fusilados tras juicio por orden de la autoridad reinante. Por orden de un poder revolucionario que había de extirpar «hasta la raíz la planta de la traición»[22].

La parálisis y la limpieza

Sin embargo, a esa imagen de trámite que se desprende de los relatos de capturas, encarcelamientos, juicios sumarísimos, fusilamientos y asesinatos en julio, cirugía precisa a punta de bisturí plúmbeo, enseguida se superpuso otra mucho más estrepitosa, en los pueblos y las ciudades: la de las armas en la calle, las camionetas, los camiones y los automóviles requisados rondando las calles, «la llamada en el portal, las miradas que se esconden detrás de las ventanas, unas voces en las escaleras y la excusa de un interrogatorio» para iniciar un viaje sin vuelta[23]. Militares y políticos no fueron, ni mucho menos, los únicos en caer bajo las balas, sobre todo a partir de agosto. La «limpieza» de la retaguardia llevó a la tumba y a la fosa común, espacio físico preferencial de ese modelo de violencia muchas veces cavada por los propios finados, a miles de personas desde finales de julio y hasta finales de año. A la captura del «enemigo» interno, seguida o no del internamiento en una cárcel improvisada por rebelión militar o auxilio a la rebelión, le sobrevenía en las zonas sublevadas el asesinato impune, el tiro en la nuca, la exhibición del cadáver o el enterramiento ilegal.

El triunfo golpista en Galicia, Sevilla, Aragón o Castilla la Vieja llenó de tumbas improvisadas los alrededores de los cementerios, caminos, carreteras comarcales, extrarradios de las ciudades. Lugares tranquilos pero visibles a la luz del día, última parada de un viaje que comenzaba con el secuestro en la propia casa del finado (el paseo) o en una cárcel (la saca). Allí, o se les agrupaba frente a una tapia, o se les decía que quedaban en libertad para, automáticamente, descargar sobre ellos los fusiles y las pistolas. Según la jurisdicción militar, se permitía disparar contra el reo que tratase de huir en su traslado a un centro penitenciario. La ley de fugas, por tanto, sirvió para dar una pátina de falsa legalidad a lo que no eran sino asesinatos políticos señalados desde la autoridad militar o civil, una masacre revestida de lógica exterminadora. En «cumplimiento del Bando de Guerra», España se colmó de muertos abandonados, de civiles y militares asesinados extrajudicialmente, de desaparecidos inhumados muchas veces sin registrar. Jornaleros, obreros, sindicalistas, afines a alguno de los grupos políticos frentepopulistas o simplemente sospechosos de no secundar el golpe faccioso y de simpatizar con las culturas políticas de izquierdas fueron asesinados por las nuevas autoridades insurrectas durante el largo golpe de Estado y hasta el asentamiento de los frentes de guerra.

Un asentamiento que coincidiría con el «enfriamiento» y la legalización de los procesos de limpieza política y social en la retaguardia, y que tuvo por jalones insoslayables las ocupaciones de las columnas militares que, para imponer el triunfo de un golpe de Estado fracasado en Madrid —el mismo general Mola sabía que lo que ocurriese en la capital determinaría el éxito o el fracaso de la sublevación— y «limpiar» la retaguardia, dejaron en su carrera un imborrable reguero de sangre. Badajoz supuso el primer enfrentamiento armado de entidad producido en la guerra, concluido —al margen de bulos y propaganda— con la masacre de prisioneros de guerra tomados en la ciudad y en los pueblos ocupados con anterioridad. Pero ese mismo tratamiento, metódico y cruel, fue el empleado en todas las localidades alcanzadas por la «columna de la muerte»: listas negras, asesinatos, violaciones y vejaciones sexuales, mutilaciones, exhibición. Las columnas de milicianos que ocuparon el frente oriental aragonés asesinaban para imponer el nuevo poder revolucionario y dar un claro mensaje a los «tibios». La Columna Madrid lo hacía para acabar con las resistencias al golpe y para asegurar que nadie volvería a levantar la voz en su retaguardia[24]. Se trataba así, en retaguardia y en vanguardia, del poder mediante el terror, entendido como la eliminación física de adversarios políticos no para acabar con el grupo social, sino para imponer su poder mediante su paralización: una violencia unilateral y mucho más reglada de lo que pueda parecer. En los escenarios de conflictos políticos y laborales de mayor intensidad, el terror destrozó las aspiraciones políticas y sociales de cuantos se habían comprometido con el proyecto republicano. Y, desde luego, si observamos las cifras de la violencia franquista en las provincias andaluzas y extremeñas en manos sublevadas antes de la legalización de la violencia, semejante exigencia fue llevada a cabo con creces: más de 8000 asesinados en Sevilla, cerca de 10 000 en Córdoba y de 5000 en Granada, un mínimo de 1300 en Cádiz, de 5500 en Huelva, de 6600 en Badajoz y de 1600 en Cáceres, y cerca de 7000 en Málaga tras su ocupación en febrero de 1937[25].

La violencia fue, por tanto, el instrumento preferencial para el atajamiento de las resistencias al golpe de Estado y, sobre todo, para la «limpieza» política de la retaguardia. Pero igualmente fue, como hemos visto, un instrumento de la revolución que también fue canalizado mediante el encarcelamiento y la saca, el asesinato y la fosa común, la caza al hombre. La sociedad nueva exigía la expropiación de bienes, el aniquilamiento del enemigo de clase, la lucha, la «tea purificadora» contra el quintacolumnismo en las ciudades, la eliminación de fascistas, cedistas, falangistas, sacerdotes, «derechistas» —palabra que, en sí misma, no explica nada pero a su vez explica mucho: sobre la percepción de la política y sus representantes locales, ante todo— y propietarios rurales e industriales, militares y trabajadores corrientes. El marco, por tanto, fue el de la pugna abierta por el control del poder. El sincero antifascismo debía probarse mediante la implicación en los mecanismos de control político. Así, y tras una violencia «más o menos espontánea» derivada del «ambiente de impunidad» vigente, ésta no sería otra cosa que un «instrumento de la revolución y de los micropoderes surgidos del derrumbe del aparato estatal» que llevó a la tumba o a la fosa, muchas veces tras haber sido retenidas y torturadas en cárceles improvisadas de a veces exagerada evocación filosoviética (las checas), a un mínimo de 5800 personas en Madrid entre julio y octubre de 1936, y a unas 3000 más hasta final de año. Y a unas 4700 en el País Valenciano, cerca de 8123 en la Andalucía republicana, y unas 3100 entre Cuenca, Ciudad Real y Albacete[26]. Algo que, sin embargo y de rebote, podría crear una imagen más bien benigna de la violencia estatal o, al menos, de la encauzada y regulada por elementos supralocales y que, sin embargo, tampoco está tan cercana a la realidad. Tribunales populares los hubo ya desde agosto de 1936, desde el día siguiente de los asesinatos de presos políticos en la cárcel Modelo de Madrid; y violencia extrajudicial también la hubo cuando no quedaba revolución alguna por hacer. Las ejecuciones de penas sumarísimas no se suspenderían hasta mediados de agosto de 1938, dos años después de la flamígera revolución de 1946.

Y es que, señala Pedro Oliver, en medio de un proceso de fractura tan brutal, «la morfología de la pena capital» es difícil de precisar, pues, desmesurada y agigantada, se diluye como «concepto jurídico y como instrumento punitivo» y se integra en la más justificable categoría de las acciones de guerra y de la represión[27]. En una ciudad como Lérida, las «fuerzas revolucionarias» se repartieron el poder sobre el orden público en nombre «de la revolución, de la libertad y de la justicia», y se habrían cometido «pequeñas perturbaciones» de carácter exógeno durante las jornadas revolucionarias[28]. Nada menos que unos 250 asesinatos entre guardias civiles, seminaristas, curas y civiles. Y esa es una constante en los relatos sobre la violencia en la retaguardia republicana: su carácter exógeno a la comunidad. Tal visión es justificable en áreas como el Aragón oriental —con 742 muertes en la provincia de Zaragoza, 1777 en la de Huesca y 1702 en la de Teruel[29]— donde las columnas de milicianos venidas de Levante se hicieron rápidamente con el poder, constituyendo colectividades agrarias impuestas en muchas ocasiones con la violencia. Pero no lo es tanto si pensamos en casos extremos como el asesinato de al menos treinta presos políticos en la cárcel Modelo de Madrid a fines de agosto de 1936 —una de cuyas repercusiones más importantes estuvo en la creación, el 24 de agosto, de los tribunales populares—. Tampoco si pensamos en la tortura y el asesinato de presos políticos en las prisiones de partido, las terribles checas puestas en funcionamiento en las grandes capitales republicanas. Mucho menos, cuando hablamos de venganzas colectivas contra presos tras los raids aéreos. Y todavía menos si pensamos en las muertes masivas de presos «facciosos» en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz en noviembre de ese año, un alud de muertes, una saca masiva y criminal disfrazada de traslado de presos políticamente «peligrosos» para la República en el caso de hacerse efectiva la ocupación de Madrid, sobre el que aún penden aspectos no lo suficientemente aclarados[30]. En todos esos casos, el elemento fundamental que los explica no es el del terror, ni el de la venganza; es el de la voluntad estratégica de aniquilamiento de la alteridad política, aunque sin demasiadas sutilezas[31].

Se expliquen por causas endógenas o exógenas, lo cierto es que los relatos sobre la violencia revolucionaria se han visto impregnados de una espesa capa de ritualidad y morbosidad. Y a ello no poco ha contribuido el conocimiento de los detalles más escabrosos relacionados con la violencia sacrofóbica, con la muerte de los 6832 miembros del clero regular y secular, uno de los objetivos más diferenciables de la «santa ira popular» de 1936. Por más que el presidente de la República insistiese en que «ninguna política puede fundarse sobre la decisión de exterminar al adversario»[32], la religión católica, símbolo eterno de un viejo orden que querría derrumbarse, fue un objetivo crucial en las jornadas de «justicia humeante», de violencia obrera y campesina. Hasta el 65% de sus miembros en la diócesis de Lleida, y hasta el 88% de la de Barbastro, fueron pasados por las armas y, en ocasiones, mutilados sexualmente, vejados y «martirizados» sus cadáveres. Al margen, sin embargo, de esos vejámenes litúrgicos, dejando de lado el impacto que produjo tanto en la vida en la retaguardia republicana —la Iglesia fue, proporcionalmente, la institución más sistemáticamente perseguida— como su conocimiento en la franquista —algo que terminó de dar razones al apoyo de la jerarquía eclesiástica a la sublevación—, el asesinato metódico de sacerdotes tuvo de ritual tanto como de político: de disolución instantánea de los viejos poderes y de venganza contra quienes durante décadas se habían percibido como impulsores, legitimadores e instigadores de la «opresión»[33].

Una violencia asimétrica

Que la violencia apareciese de manera súbita, flamígera en esas jornadas de julio de 1936 no quiere decir, sin embargo, que las violencias fuesen iguales, equiparables o proporcionales. Antes bien, su asimetría se comprueba tanto en la forma de su ejecución como en su extensión territorial, temporal y cuantitativa. En ambas retaguardias, la violencia fue la representación máxima del poder político y del dominio sobre la vida y la muerte, la profilaxis contra las «malas hierbas» que había que arrancar «hasta las últimas raíces»[34]. Pero eso no da razón a cuantos opinan que las violencias fueron correlativas y simétricas; por otro lado, uno de los tópicos más asentados sobre la Guerra Civil. Conviene, pues, detenerse particularmente en esta cuestión: la de sus profundas asimetrías.

Las cifras exactas de la violencia sublevada durante esta primera fase bélica quedan aún muy lejos y las parciales que conocemos están sujetas a variaciones, ante la enorme dificultad de ser contrastadas. Y eso es así, fundamentalmente, porque, o bien las víctimas nunca fueron registradas, o bien lo fueron a posteriori. El análisis de las cifras de la violencia en la zona nacionalista depara, de hecho, tres problemas de difícil solución: el de la falta de inscripciones en los registros civiles de miles de víctimas asesinadas en 1936, el de su amplitud cronológica y territorial (los territorios conquistados durante la guerra también fueron «limpiados» por las autoridades del Nuevo Estado) y el de su continuidad en la inmediata posguerra. Siendo difícil establecer un porcentaje igual para todas las zonas sublevadas en 1936 o rápidamente ocupadas por las tropas insurrectas, los datos revelan, sin embargo, que la gran mayoría, en torno al 60-80% —un nada desdeñable margen de error— de los asesinatos y muertes por violencia política en la Andalucía occidental (Cádiz, Sevilla, Huelva y la Córdoba ocupada) y Granada, Navarra, el Aragón occidental, La Rioja, Soria, Segovia, Salamanca, León, Cáceres o Galicia (Ourense y Lugo) entre la guerra y la posguerra cayeron bajo las balas facciosas entre julio y diciembre de 1936 y, mayoritariamente, sin juicio ni condena en firme[35]. En los cinco municipios de La Rioja Alta estudiados por Gil Andrés, tan sólo seis de las 251 víctimas mortales de la violencia sublevada tuvieron sentencia en firme. De tal modo, a falta de investigaciones solventes para provincias como Ávila, e incompletas y basándose a veces en estimaciones las cifras de Burgos, Zamora (con un mínimo de 875 inhumados en el cementerio), Palencia, Valladolid, La Coruña o Pontevedra (provincia, sin embargo, en la que ya se han computado un mínimo de 2200 muertes), estaríamos hablando, dentro de ese margen de 60-80% de los globales, de unas 39 600-52 800 víctimas asesinadas en los meses del golpe y la guerra de columnas, de las mínimo 66 000 computadas para toda la guerra en las provincias donde triunfó el golpe militar[36].

Las que, gracias al macroproceso posbélico de la Causa General y tras ser contrastadas con la investigación de campo, sí fueron registradas fueron las víctimas de esa incompleta y fragmentaria revolución, en la que la violencia política formaba parte consustancial a la toma del poder y su utilización. Los estudios realizados sobre Cataluña, Aragón, el País Valenciano, Castilla-La Mancha, Jaén o Madrid ofrecen unos porcentajes que situarían en torno al 80-85% de los aproximadamente 55 000 muertos totales en la retaguardia republicana durante toda la guerra, entre los meses de julio y diciembre de 1936. De ese total de muertes, menos de un 10% estarían relacionadas con el control de la violencia ejercido por el Estado y canalizado en los tribunales populares desde finales de 1936. Así, con seguridad puede afirmarse que casi 38 000 personas cayeron bajo las armas entre el verano y el otoño de 1936 en las retaguardias republicanas.

Se trató, por tanto, de una violencia asimétrica: en la retaguardia sublevada se mató más en total, no solamente porque se alcanzasen cifras que superan de largo las 100 000 víctimas, muchas más que las de la retaguardia republicana, sino también porque durante el tiempo de mayor explosión violenta, la sublevación se llevó a la tumba y a la fosa común a más personas que la revolución.

Una primera asimetría, la cuantitativa, a la que hay que añadir otra no menos importante: la violencia golpista fue mayor numéricamente que la revolucionaria en cifras no solamente totales, sino también porcentuales respecto del territorio controlado, si tenemos en cuenta que, mientras se produjeron la enorme mayoría de las muertes en retaguardia, el 65% de la población estaba en territorio republicano y tan sólo el 35% en el sublevado[37]. En ese sentido, es completamente inexplicable, y carece de toda base, la conclusión a la que llega Bennassar, al decir que «la violencia asesina de la Revolución igualó a la de la reacción, lo cual por otra parte es lógico ya que, hasta finales de 1936, la España del Frente Popular era la más poblada», o que «las víctimas fueron (…) más numerosas en las zonas que habían permanecido leales a la República, sencillamente porque allí estaban las ciudades más grandes»[38]. A parecida conclusión, que pretendía hacerse pasar por definitiva, llegaba el sacerdote Martín Rubio cuando señalaba que «la represión republicana causó menos víctimas en números absolutos pero la cifra fue, proporcionalmente, mayor que la de la represión nacional [sic]». Martín Rubio defiende esa idea señalando que paulatinamente los territorios republicanos fueron menores con las conquistas territoriales franquistas, lo que incrementaría el porcentaje de víctimas en relación con la población total. Pero no tiene en cuenta que la gran mayoría de las muertes ocurrieron en los primeros meses de conflicto, antes de las grandes conquistas territoriales[39].

Igualmente desproporcionada fue la violencia en las zonas que cambiaron de manos durante los primeros compases de la guerra. Sobre la falsedad de la violencia sublevada como reacción a la revolucionaria cabe citar casos como los de Guipúzcoa, una provincia donde la violencia antes de la ocupación militar en septiembre de 1936 había acabado con la vida de 343 personas, y que fue después «liberada» a sangre y fuego y «purgada» por la notable presencia política del nacionalismo católico. Hasta 6000 personas, entre ellos casi 200 sacerdotes, cayeron bajo las balas ocupantes. Y, asimismo, cabe citar el caso de Huelva, donde la hidra de la revolución acabó con 145 personas y la supuesta violencia reactiva se llevó por delante a 5455 en toda la provincia. O el de Cáceres, una provincia donde las cifras son de 130 muertos a manos revolucionarias y 1680 a manos contrarrevolucionarias.

Cronológicamente asimétrico es, asimismo, el modo en que se pasó en ambas retaguardias de terror «caliente» a «fría» represión, o de «orden revolucionario» a «orden público». Desde finales de 1936 y paulatinamente en 1937, ante el fracaso del golpe de Estado y frente a la prevista larga duración para la Guerra Civil, la violencia revolucionaria y la golpista fueron paulatinamente reconvertidas en violencia estatal, reglada e institucionalizada, formalmente controlada —aunque siguió habiendo sacas y paseos, pero en menor medida y generalmente en las zonas conquistadas por las tropas franquistas entre 1937 y 1939— y supuestamente dotada de una doble pátina de legalidad y legitimidad. Tribunales Populares y Tribunales Militares, Auditorías, Comisiones de Clasificación, campos de concentración y de trabajos forzosos para prisioneros y detenidos políticos encauzaron de tal modo la limpieza política del enemigo, estableciendo un modelo de violencia cuyas formas, tras la victoria franquista, no mutarían hasta, cuando menos, mediada la década de 1940[40]. Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que con ese enfriamiento se acabase la violencia. Antes bien, lo que se constata es que el punto sangriento de no retorno ya había sido largamente superado, y que las retaguardias ya estaban «pacificadas».

Se diversificaron, por tanto, los repertorios de la violencia, pero de forma asimétrica y respondiendo a diferentes necesidades y objetivos de la política en retaguardia. Los asesinatos tras las trincheras republicanas prácticamente desaparecieron —aunque existiesen rebrotes tras las escasas ocupaciones y, sobre todo, durante las masivas retiradas militares, como en Cataluña— gracias a la recomposición de las formas estatales o paraestatales (caso del Consejo de Aragón) y a su recuperación del control sobre los mecanismos represivos y del orden público. Esa reunificación estatal de los mecanismos de coerción comportó también, empero, procesos de enfrentamiento violento, como en la disolución de las colectividades agrarias forzosas o en los «sucesos» de mayo de 1937, una pequeña guerra civil interna aprovechada por los cuadros políticos y militares prosoviéticos para llevar a la Península los procesos de purgas internas y cuya víctima más visible sería el POUM de Andreu Nin. Lo más destacable en este período es, sin embargo, que los avances y las retiradas de dos ejércitos sumidos en la guerra total tuvieron siempre como trágico corolario la violencia y la represión de las disidencias reales o potenciales. De hecho, tras las trincheras franquistas, aunque también disminuyese el número de muertes y éstas fuesen vehiculadas por unos juicios sumarísimos de más que dudosas garantías legales para los encausados y sobre cuyas penas debía anteponerse la decisión final de jefe del Estado, Francisco Franco —algo que sería habitual durante el resto de la Guerra Civil y hasta el final de la dictadura a la que daría nombre—, la saca, el asesinato impune y la limpieza política no desaparecieron. Conquistas franquistas como las de Málaga, Bilbao, Santander y Asturias acarrearon el despliegue de la misma lógica de exterminio, limpieza y purificación de la retaguardia. Asimismo, las tomas de Teruel, del Aragón occidental, de Lérida y de toda Cataluña[41].

Esa misma tendencia a la asimetría se encuentra en todas las provincias, ciudades y pueblos conquistados al enemigo tanto por un ejército como por el otro en contienda. Lo cual quiere decir, en abrumadora mayoría, en los territorios ganados para la «nueva España» por las tropas franquistas. Cierto es que los territorios ocupados por el Ejército Popular fueron «purgados» tras las conquistas militares, y de ello nos hablan ejemplos como los de Belchite, en la provincia de Zaragoza, o Teruel. Sin revolución por hacer, los asesinatos formaron parte de la implantación del poder y del control territorial. Pero casos como el de la provincia de Jaén hacen reflexionar en torno a la asimetría de las violencias y a la saña con que se emplearon los vencedores de la contienda: frente a las 1859 víctimas de la violencia revolucionaria (1368 para Cobo Romero, de las cuales 977 en 1936), la violencia franquista se llevó por delante 3278 vidas[42].

La cosa cambia, sin embargo, según una provincia estuviese más o menos tiempo bajo el control del gobierno republicano. Provincias como Alicante o Valencia, gubernativas hasta el final mismo de la contienda, dan cifras que sí inspiran cierta simetría, al menos numérica. Sin embargo, lo que contradice tal visión está, de nuevo, en el período de control. En Alicante, la violencia de primera hora, junto con las muertes derivadas de las causas en los Tribunales Populares, da una cifra de 840 muertes durante toda la Guerra Civil. Las 721 víctimas de la represión franquista reportadas por Ors Montenegro también se deben, en su mayoría, a la ejecución de sentencias en firme. Pero realizadas, en primer lugar, en tiempo de paz; y además, en un período de tiempo muy inferior al de la violencia bajo gobierno republicano[43]. Y parecida duda asalta a la hora de señalar las cifras aportadas hasta hoy para Madrid. El propio cronista de la Villa señala que, además de por la profusión de consejos de guerra sumarísimos con condenas a muerte —850 fusilados entre junio y noviembre de 1939— desarrollados a la par que se instalaban las instituciones estatales traídas desde Burgos, además de por las inhumaciones masivas en el cementerio de la Almudena —2663— y el hacinamiento en las cárceles, la capital se vio azotada por una ola de venganza directa en los barrios más representativos de la resistencia a la ocupación militar. Sin distinguir entre fusilamientos y homicidios y con la dificultad añadida de valorar cuántos fueron víctimas del «terror rojo» registradas tras la contienda —aunque cabe pensar que esas inscripciones se realizasen con celeridad, al compás marcado por la instrucción de la Causa General—, se pregunta: «¿A quién correspondieron los 8776 asesinatos registrados en el período 1939-1945?»[44].

¿A quién correspondieron, y por qué? En un golpe de Estado que se preparaba y suponía rápido y definitivo, en medio de la revolución que desencadenó y que iba a terminar con las relaciones de poder conocidas, y en una guerra, por fin, masiva, donde se jugaba «el todo por el todo» y el binarismo se impuso como única opción, donde la compasión era vista como un acto de cobardía y la misericordia como desafección, y donde la movilización y el control de las retaguardias eran aspectos cruciales para la victoria, el control de la población, el acceso al poder y su asentamiento se realizó, preferentemente, mediante el empleo de la violencia. Eliminando, aterrorizando y, en definitiva, excluyendo del cuerpo social de la nación. Y eso era mucho más de lo que las cosmovisiones al uso sobre la violencia en las retaguardias durante la Guerra Civil, esas que hablan de violencia de clase o que utilizan la ucrania para legitimar o, cuanto menos, relativizar la enorme tasa de represión sobre la que echó las bases de su poder la dictadura militar de Franco, puedan comprender. Hablar de violencia de «clase» supone olvidarse del eminente carácter horizontal que también tuvieron los procesos de violencia durante la guerra y la posguerra, así como la importancia de la implicación de los civiles en ella, mediante la delación, la acusación o la simple connivencia. Y hablar de «venganza» es, también, nombrar tan sólo una parte de la cuestión. La enorme tasa de fusilamientos en posguerra no puede explicarse por la ejecución de justicia proporcional alguna, pues como queda claro de los estudios de los sumarios cerrados con la pena capital del reo, los delitos juzgados tenían un primordial elemento político.

Como suele decirse, y en este caso no se trata de simple retórica, con la victoria no llegó la paz. Y si llegó, ésa fue la paz del cementerio. De hecho, la década de 1940 no puede explicarse en términos de paz, sino de pacificación. En muchos momentos de la Guerra Civil, y por su marcado carácter propagandístico y movilizador, es complicado distinguir entre hechos realmente ocurridos y propaganda difamatoria, entre violencia imaginada y proyectada sobre el enemigo, y violencia real. Pero eso no es así si hablamos de los años 40. La violencia franquista de posguerra no puede separarse de la realizada durante el período bélico, por varios motivos: el primero y más importante, por el mantenimiento oficial del Estado de guerra hasta bien entrado 1948, marco que auspició la puesta en funcionamiento de leyes, tribunales y jurisdicciones especiales específicamente represivas. El segundo, por suponer la inmediata posguerra la continuidad directa tanto del modelo de violencia estatal puesto en funcionamiento desde 1937, fundamentalmente cristalizado en los Tribunales Militares, como de los brotes de violencia anómica e ilegal que con tanta profusión halláramos en 1936 y que se mantendrían puntualmente durante el resto de la Guerra Civil. Y el tercero, porque la gran mayoría de los juicios, arrestos, encarcelamientos, sometimientos a trabajos forzosos y, por supuesto, fusilamientos estuvieron relacionados en posguerra con causas derivadas de la guerra, y no tanto con delitos posteriores al 1 de abril de 1939[45].

Si es cierto que un vencido solamente puede elegir entre la muerte y la obediencia, en la España de Franco hubo miles que no tuvieron la posibilidad siquiera de hacerlo[46]. Se estiman en 50 000 los muertos en ese tiempo de paz retórica, y también en miles los internos en campos de concentración y de trabajo forzoso (desde los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores hasta las Colonias Penitenciarias Militarizadas, pasando por los Destacamentos Penales o los tajos de Regiones Devastadas), cuya privación de libertad se suma a las desbordadas y absurdas cifras del sistema carcelario de la posguerra. Un castigo premeditado, una violencia represiva, preventiva y estructural, extendida por todos los rincones de una sociedad dividida a fuego entre vencedores y vencidos. Sin amenaza consistente al Estado de la Victoria, la dictadura hizo gala en tiempos de paz de una tasa de represión, coerción y sangre dentro de sus fronteras como ninguna otra dictadura o democracia[47]. Franco y sus soldados arrancaron las malas hierbas, y no sólo, como veremos, desde ahora. Las arrancaron, y sembraron con sal los campos. Llegaron, ellos sí, hasta la última raíz.

Capítulo 2: Fosas y desaparecidos

CAPÍTULO 2

FOSAS Y DESAPARECIDOS.

EL GOLPE DE ESTADO Y EL TERROR

El miedo nos convierte a todos en asesinos.

Carlos GIMÉNEZ[1].

Militares como Pinochet o Videla, dos de las cabezas más visibles de la oleada pretorianista que se instaló en América del Sur en la década de 1970, reconocieron sin tapujos en diferentes momentos tener gran respeto y admiración hacia el ya entonces anciano dictador Francisco Franco Bahamonde, hacia el régimen que éste había puesto en pie y que sobrevivió hasta su muerte en 1975. Es más, en diferentes momentos de los procesos golpistas y dictatoriales que llevaron a cabo reconocieron que España era para ellos un espejo donde reflejar sus ambiciones, aspiraciones y logros. Y, desde luego, una mirada a la superficie del pasado trae a la retina imágenes reconocibles a ambos lados del océano Atlántico: democracias cortadas de raíz por sables castrenses, resistencias, asesinatos extrajudiciales, centros de detención, campos de concentración, largas dictaduras, incautaciones del pasado, memorias derrotadas, reivindicaciones de verdad, justicia y resarcimiento.

Sin embargo, la dictadura franquista se diferenció de sus regímenes coetáneos, autoritarios o totalitarios de entreguerras, de los años 60 o 70, por el hecho fundamental de que necesitó para imponerse de una guerra civil, fruto de un sangriento y parcialmente fallido golpe de Estado[2]. Una guerra civil que no finalizó al dispararse la última bala, pues las balas siguieron volando por el aire de la España franquista muchos años después de 1939. Por ello, se hace necesario reflexionar en torno a los orígenes y, sobre todo, a las características y a las consecuencias de esa violencia. Daniel Feierstein, uno de los estudiosos más renombrados del genocidio durante la dictadura militar en Argentina, viene recalcando, al hilo de algunas críticas y sugerencias lanzadas por pensadores como Bauman o Todorov, que a la hora de afrontar el análisis de la violencia política, sea cual fuere la latitud y el tiempo en que se ha desarrollado, tan importante es poner de relieve los sufrimientos de las víctimas como las razones últimas de los verdugos. Que si reducimos las motivaciones para un politicidio o un genocidio, un asesinato o una tortura, a su recuento y su descripción, se perderán por el camino, dejando aparte retóricas justificadoras de perpetradores y damnificados, sus razones últimas y, por tanto, la racionalidad de esa violencia[3]. En cierta medida, simplemente describir es sencillamente des-historiar, y sólo del análisis en profundidad nacen, tal vez tímidamente, los frutos de la historia. Frutos amargos, en muchos casos, como el que aquí nos ocupa: el del oprobio, la sangre, la utilidad y la lógica del terror.

Amargas raíces

Entre el 17 y el 19 de julio de 1936, una sección del Ejército español se levantó en armas contra el Gobierno de la República, encabezado por el jefe de Estado Manuel Azaña y por el presidente del Gobierno Santiago Casares Quiroga, en el poder desde la victoria electoral de febrero del Frente Popular. La orden de sublevar los cuarteles venía preparándose desde hacía unos meses, coordinadas las diferentes Divisiones Orgánicas por Emilio Mola Vidal, entonces destacado en Pamplona. Y en teoría, debía derrocar rápidamente al Gobierno republicano, y llevar al poder a un grupo de militares encabezados por José Sanjurjo, quien ya había protagonizado una fallida intentona golpista en 1932, motivo por el cual se hallaba confinado en Portugal. Una combinación de factores como la muerte de Sanjurjo en accidente aéreo, la necesidad de un «mando único» militar, las resistencias al golpe de Estado y la violencia con las que se afrontaron llevarían, a la postre, al general Franco a la cabeza militar del llamado «Alzamiento». Franco, quien se sumó tarde a la sublevación cuartelera, que era conocido por su temeridad en las campañas españolas en África y por su estricta rigidez en la aplicación del mando, y que había conducido la represión de la huelga general minera de 1934 en Asturias, obtuvo el mayor de los réditos de la conflagración bélica. No solamente sería elevado al puesto de jefe supremo militar, sino también al de caudillo, al de jefe del Estado y, gracias al incondicional apoyo eclesiástico, al de enviado de Dios para encabezar la «Santa Cruzada» contra el enemigo rojo[4]. Sin embargo, nada de todo eso habría sido posible sin la arrolladora carga de violencia que acompañó al intento de golpe de Estado.

Para llegar a ese momento, el de la glorificación del líder político y militar, el de la cristalización práctica de la teoría del caudillaje tan arraigada en los fascismos europeos, hubieron de ocurrir por tanto muchas cosas. Pero, sobre todo, una insurrección militar y civil contra el Gobierno republicano y contra su política reformista, escudada retóricamente tras una supuesta revolución comunista preparada desde la llegada al poder del Frente Popular en febrero de 1936 —el argumento contrarrevolucionario—. Detrás se escondían, sin embargo, razones más profundas, conflictos laborales, políticos, sociales e identitarios relacionados con el modelo de desarrollo español durante la primera mitad del siglo XX y hábilmente instrumentados por los enemigos del sistema democrático representado por la Segunda República. Razones, odios, conflictos que, por otro lado, surgieron por doquier en la Europa de entreguerras. Como ha recordado Mark Mazower, la crisis de dominación de los poderes tradicionales tuvo diferentes salidas según las características políticas y de alianzas sociales de cada país. Los que optaron por salidas violentas, dictaduras autoritarias o, como en el caso español, guerras internas, compartían el deseo de cerrar la crisis de dominación «por la fuerza creando una “comunidad nacional” integrada, fuerte y compacta»[5].

Esa verdadera comunidad nacional española solamente avino, solamente se impuso a la anti España laica y republicana tras la rotunda exclusión del oponente cristalizada en la propia violencia franquista, que habría marcado el final de la acentuación de las fracturas sociales surgidas, entre otras causas, por la intensificación de los conflictos laborales y políticos y por la actuación de la «coalición reaccionaria». Y, ciertamente, la Segunda República, instaurada tras las elecciones municipales de abril de 1931, vivió inusitados ataques desde buena parte del espectro político y se vio atravesada, muchas veces sin capacidad de reacción ante los mismos, por multitud de conflictos en los que estuvo presente la violencia política. Conflictos muy ligados a los procesos de modernización social y a las demandas de emancipación política, y a la evolución de la economía agraria —sobre todo, en las amplias zonas latifundistas de Andalucía o Extremadura, que estuvieron, como se verá, entre las que más sufrieron la violencia franquista—. Ligados, en definitiva, a la resolución de la larga «crisis finisecular» propuesta por las políticas republicanas: laicización, reforma agraria, culturización de las masas, apertura hacia las demandas organizadas de obreros y campesinos, y cuestionamiento del status quo tradicional[6].

No era tarea sencilla. A finales de la década de 1930, lo raro en Europa era el régimen liberal democrático, y lo normal las dictaduras de corte fascista o autoritario, el régimen predominante en la violenta época de entreguerras: dictaduras dirigidas a aniquilar los derechos del hombre y del ciudadano para crear una «nueva civilización» basada en la militarización de la política, la sacralización del Estado y la primacía absoluta de la nación como comunidad étnicamente homogénea[7]. Dominado por lo que George Mosse denominó la «brutalización de la política», entre las dos guerras mundiales Europa vivió su mayor y más generalizada crisis de dominación, legitimidad y representatividad. Una crisis que trajo, fundamentalmente, violencia: de dicha crisis se nutrieron, por un lado, las derechas reaccionarias de principios de siglo para ampliar sus bases sociales e intentar el ascenso al poder. Y, por otro, fue la amalgama para la combinación de valores conservadores, de técnicas de la democracia de masas y de una ideología innovadora de violencia irracional, centrada fundamentalmente en el nacionalismo, que sustentaría al fascismo en su objetivo común, la destrucción de las políticas parlamentarias, y de las sociedades que los sustentaban, una vez caídas las barreras liberales al obrerismo con la Primera Guerra Mundial[8].

La contención, la subordinación tanto de las ortodoxias liberales como del cuestionamiento social y los cambios propugnados por el socialismo sería el fin último de la salida autoritaria duradera a la crisis de entreguerras y sus medios, la supresión de la representatividad, la intolerancia política, la movilización de bases fundamentada en el manejo de la opinión pública y la propaganda y la utilización indiscriminada de la violencia política. Además, una de las claves para entender la radicalización de las posturas políticas antes del advenimiento de la República radicaba en la progresiva capitalización de la economía agraria, el verdadero motor de la España de los años 30. La consolidación de la pequeña explotación y la hegemonía del mercado debilitaron, siguiendo el análisis de Cobo Romero, los alineamientos verticales que sostenían las relaciones de patronazgo con las hegemónicas medianas y grandes propiedades; las que provocaron la fragmentación interna del campesinado ante las desigualdades que comportaba el sistema capitalista de mercado. Así, tal y como teorizara Luebbert en su tratado sobre la configuración de los regímenes políticos en la Europa de entreguerras, fue el campesinado medio, el propietario de pequeñas explotaciones autosuficientes cuya propiedad y capitalización se explica precisamente por los cambios operados en la economía agraria en las dos primeras décadas del siglo XX, la bisagra para el asentamiento de regímenes democráticos o autoritarios. Donde ese estrato se alineó políticamente con el liberalismo reformista surgieron democracias asentadas; donde pasó a formar parte de la «coalición reaccionaria», supuso uno de los ejes vertebradores de dictaduras reaccionarias muchas veces con aspiraciones totalitarias[9].

Y a la larga, en ese estrato campesino español, con sus opciones y alianzas estratégicas o «de clase», fue donde fermentaron las sensibilidades profundamente antisocialistas, antidemocráticas y antirrepublicanas albergadas también entre los grandes terratenientes. Sensibilidades convenientemente instrumentadas y alentadas por lo que Hobsbawm llamó los «fantasmas de 1917», el miedo a la revolución, a la subversión de los valores tradicionales y del ordenamiento sociopolítico. Revolución que, paulatinamente, abrazaron muchos campesinos, jornaleros sin tierra, sindicalistas urbanos, mineros o intelectuales que asumieron el ideario de la insurrección contra el orden establecido. Los progresivamente más poderosos sindicatos agrarios, integrados por campesinos crecientemente politizados, plantaron cara durante el primer tercio del siglo XX a las desigualdades generadas por la especialización de los cultivos, su capitalización y la modernización limitada. Eso, sumado a la primero segmentación, y luego fragmentación, del campesinado, sus opciones políticas y sus reivindicaciones laborales, llevaron a unos a alinearse con la causa de la reacción, mientras que otros lo hacían con la de la revolución[10].

Revolución que, abierta la puerta a la esperanza para los sectores desfavorecidos de este nuevo ordenamiento económico agrícola con la venida de la Segunda República en 1931, pasó a formar parte del siempre inestable equilibro de intereses y renuncias, aspiraciones y realidades cotidianas que han venido a marcar las contradicciones del sistema progresista republicano. Ciertamente, la República introdujo legislaciones claramente tendentes a la igualdad o, al menos, a la no explotación campesina, como los proyectos de reforma agraria. De tal modo, los sectores campesinos agrupados en torno a los sindicatos agrícolas (ante todo, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra) y firmemente apoyados por los ayuntamientos de izquierdas dispusieron de la posibilidad de ejercer una constante labor de vigilancia en torno al cumplimiento de la legislación laboral reformista, hecho que tuvo su cristalización en el creciente número de huelgas agrarias en las provincias andaluzas. La conflictividad agraria se manifestó, sobre todo, en relación con las condiciones laborales y el control de los poderes locales, y derivó en progresivas protestas de corte anarquista, como las ocurridas en 1931, 1932 y 1933[11].

Durante el primer bienio de la República, recuerda Eduardo González Calleja, llegó a declararse el estado de guerra en Sevilla, y el sistema democrático hubo de afrontar los retos del pretorianismo (la fallida intentona golpista de Sanjurjo, en 1932) y del insurreccionalismo sindicalista. El mayor ejemplo de todo ello fue el levantamiento anarquista de finales de 1932 y principios de 1933 y la subsiguiente represión estatal, sobre todo en el pequeño poblado de Casas Viejas (Cádiz), saldado con la muerte de 21 sindicalistas y 3 guardias. El consiguiente desgaste de la coalición republicanosocialista y el de las vías tradicionales de intervención política de la «coalición reaccionaria» llevarían al poder por las urnas a la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) en 1933, a la vez que hacían su aparición los primeros grupos, luego partidos políticos, abiertamente fascistas: el 29 de octubre de 1933 se fundaba el Madrid la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, fusionada el año siguiente con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista de Ledesma Ramos y Onésimo Redondo para formar la FE-JONS.

Esos conflictos agrarios, resultados por tanto de las crecientes diferencias en el ámbito de las relaciones laborales entre los pequeños y medianos propietarios y arrendatarios y los favorecidos jornaleros y campesinos sin tierra, hicieron que progresivamente los primeros basculasen ideológicamente hacia la defensa de los mismos intereses que los grandes propietarios agrícolas: hacia la defensa del orden establecido, el antirrepublicanismo y la reacción patronal. Intereses que se verían acompañados por un discurso de racismo y violencia, hasta el punto de que cuando se asesinó a miles de jornaleros en 1936 al borde de las zanjas donde permanecerían muchos hasta la actualidad, se les dijera: «¿no queríais tierra? Pues tomad tierra». La reacción y el antirrepublicanismo, así, tomaron cuerpo y concreción en el segundo bienio de la República, aún hoy conocido como negro por la creciente labor de persecución política desarrollada por las patronales agrarias frente a los sindicalistas más reivindicativos, y ante la cual los ciclos de la protesta y la reacción se intensificaron, por lo menos hasta la huelga general campesina de 1934. Una protesta que se saldó con un alto balance de víctimas (trece, en todo el territorio estatal) y la definitiva desarticulación y desprestigio de los canales políticos para las reivindicaciones sociales del campesinado de izquierdas. La vez siguiente que la revolución hiciese su aparición en el campo vendría de la mano del colapso y el derrumbe estatal derivado del golpe de Estado de 1936. Revolución que, con las armas en el espacio público, dirimiría definitivamente las disputas políticas mediante el «necesario» baño de sangre, la «necesaria» limpieza social. Ciertamente, tanto las aspiraciones del pequeño campesinado organizado como la reacción patronal, latifundista y del campesinado medio alineado políticamente con él fueron mucho más allá en sus reivindicaciones y en sus ansias contrarrevolucionarias cuanto lo estrictamente establecido en el ordenamiento estatal republicano. De hecho, el Estado dejaría paulatinamente de ser el marco de la disputa política. Ésas habrían de dirimirse con las armas.

Fue, de todos modos, la violencia en las ciudades la que, a posteriori, más recurrentemente se utilizó, junto con los brotes de violencia sacrofóbica, para justificar el golpe de Estado de 1936. Una violencia poliédrica, compuesta de acciones y reacciones terroristas y pistoleristas entre facciones armadas de partidos políticos que, como reconocieran Azaña o Indalecio Prieto, el Estado no supo contener mediante sus garantes del orden público. Antes bien, la polarización política, el descrédito de las salidas institucionales a la crisis de dominación y la incapacidad de control de las tendencias insurreccionales hicieron a muchos percibir al Estado como ilegítimo[12]. De tal modo, durante el bienio negro el estado de alarma acabó por transformarse en la situación política habitual, ante lo cual el Estado, en vez de actuar preventivamente frente al uso de la violencia, colaboró a la situación mediante el creciente uso de prácticas represivas. De hecho, podría decirse que la espiral de violencia fue alentada tanto por parte de los insurrectos como por parte del Estado republicano. Tanto las insatisfacciones frente al reformismo moderado como el propio alineamiento político revolucionario llevaron, a la altura de 1934, a grupos políticos como el socialista a prepararse ante el uso «revolucionario» de la violencia, colaborando en una huelga general que, para muchos, tuvo carácter de golpe de Estado[13].

De hecho, ese año marcó lo que para algunos es el origen mismo de la Guerra Civil de 1936, fuese por la radical oposición demostrada al sistema republicano y su consiguiente represión con el uso de la fuerza militar, o fuese —según la aún hoy viva propagandística justificadora del golpe del 36— porque, como supuestamente quedaba demostrado, la revolución socialcomunista alentada desde Rusia y protagonizada por los desleales socialistas y separatistas catalanes era algo tan inevitable que se haría necesaria la firme intervención del salvador de España. Sin embargo, existe mucha mitología y poca historia en esa segunda explicación. Ciertamente, la radicalización política de algunos partidos, como el PSOE ante la victoria electoral en 1933 de la posibilista CEDA liderada por Gil Robles, les llevó a alentar la huelga general revolucionaria, cuyo detonante fue la entrada de miembros de la coalición de derechas en el gobierno presidido por el radical Alejandro Lerroux. Los republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas vieron en ese giro un acercamiento a posiciones fascistas, tan presentes en la Europa de los Mussolini, Dollfuss o Hitler, quien precisamente en 1933 alcanzó el título de canciller. Sin embargo, y al decir de Santos Juliá, los socialistas no preparaban la revolución: se preparaban para ella[14].

Y, de hecho, la huelga y la supuesta revolución de octubre de 1934 puede considerarse que fracasaron: solamente tuvo carácter revolucionario y masivo en Asturias, su relación —contra lo que se ha hecho creer desde la propagandística— con la declaración de la independencia del Estado catalán el 6 de octubre de 1934 no es tan evidente como pudiera parecer, y frente a ella las fuerzas represivas del Estado se aplicaron con pocas trabas, situándose así como punto de no retorno de la política republicana. Su balance real fue de unos 30 000 encarcelados y unos 1200 muertos. Pero, en el imaginario colectivo, supuso por un lado el resorte que movió a los partidos y sindicatos de izquierdas a unirse en torno al Frente Popular, vencedor en las elecciones de febrero de 1936. Y, por otro lado, fue el acicate final que necesitaba la reacción antirrepublicana para fraguar sus intereses, deslegitimar a la República y reclamar el orden frente a los revolucionarios y los separatistas.

Fue ésa la base del «gran miedo», la enorme campaña propagandística urdida desde febrero de 1936 para desestabilizar al régimen republicano, mostrado como radical, revolucionario, guerracivilista e ilegítimo, y la situación, como caótica, descontrolada y anárquica, como un paso previo a la toma del poder por parte del comunismo[15]. Ningún régimen, sin embargo, fue derrocado en Europa entre 1920 y 1945 por una revolución comunista o socialista, aunque su amenaza fantasmagórica fuese utilizada profusamente como encarnación misma del desastre, del apocalipsis, del fin de los tiempos y del mundo tal y como se había conocido. Y además, como ha recordado recientemente Rafael Cruz, la enorme mayoría de las muertes violentas entre la revolución de 1934 y el estallido de la Guerra Civil hay que apuntárselas no a los revolucionarios, no a los comunistas, a los socialistas o a los anarquistas, sino a las fuerzas del orden público y al ejército[16].

De hecho, si puede interpretarse la insurrección minera revolucionaria de 1934 como el primer asalto de la Guerra Civil no es tan sólo porque los socialistas rompieran el consenso democrático o porque el ideario de la revolución tomase cuerpo de manera concreta. En los años precedentes, si bien a diferente escala, la Segunda República había asistido a (y acabado con) diferentes procesos revolucionarios armados. La fallida revolución de 1934 habría sido el primer asalto de la guerra por el modo en que fue reprimida, anticipando tal vez lo que habría de suceder a partir de julio de 1936. De la mano de Franco, el Ejército resurgía, tras la fracasada asonada de 1932, como garante de la paz y el orden tanto en la opinión política antirrepublicana como en el interior del propio estrato castrense. Paz y orden rotos por el pistolerismo y el asesinato político, en una escalada de violencia que arrastró a la República hasta extremos de incapacidad para garantizar el orden público. Muchas ciudades, y sobre todas Madrid, fueron testigos de asesinatos en plena calle, entre fascistas —Falange fue por ello ilegalizada— y miembros de los grupos integrantes del Frente Popular. Uno de ellos, el del líder monárquico Calvo Sotelo, tras ser introducido en un camión de la Guardia de Asalto republicana, en respuesta por la muerte del teniente de Carabineros José Castillo a manos de pistoleros de Falange. Ese asesinato del 14 de julio sería, supuestamente, el desencadenante del golpe de Estado.

Supuestamente, porque en realidad el golpe se venía preparando desde hacía tiempo[17]. El conflicto de 1934, las huelgas agrarias, los asesinatos políticos fueron convenientemente instrumentados para pasar a formar parte de las «causas» de la Guerra Civil. También la sensación de privación que afectó a las élites militares[18]. Hoy, en cambio, sabemos que para planear el golpe de Estado de 1936 se echó mano de muchas justificaciones retóricas, de muchas supuestas causas, de muchos factores dinamitantes, como si todo ello hiciese inevitable la Guerra Civil, pero que en realidad hubo motivos concretos, responsabilidades directas. La Guerra Civil tuvo como antecedente directo, en realidad, un golpe de Estado fallido, cuya responsabilidad recae exclusivamente en los golpistas. Toda la retórica que lo rodeó, las supuestas políticas revolucionarias, la supuesta desintegración de España fueron motivos antes que causas del golpe y la guerra. Y, en consecuencia, el ejercicio del golpe de Estado no puede ser considerado un acto de represión sino de violencia, puesto que, por más que insistan algunos, el para Estado sublevado de julio de 1936 no disponía de legitimidad para el uso de la violencia contra el Estado al que debían juramento de fidelidad, y su poder, entendido con Max Weber como la «probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia», fue exclusivamente de carácter coercitivo[19]. La cuestión de la legalidad y la legitimidad de la sublevación, no obstante, será despachada de maneras diferentes según quién lo analice, puesto que resulta ser uno de los fundamentos de cualquier discusión en torno al golpe de Estado de 1936 y, por extensión, de toda la dictadura de Franco. La literatura justificadora del «alzamiento» intenta dejar claro que fue perfecta y justamente legal y legítimo, ante el desgobierno alcanzado por el sistema republicano. Resulta grave historiográficamente y aberrante moralmente, sin embargo, jugar a la ucronía cuando hay de por medio las historias de vida y muerte de miles de personas. Que «el alzamiento se estaba viendo venir», como afirma un serio historiador representante de nuestra todavía más seria Real Academia de la Historia, resulta una apreciación inadmisible. Quienes seguro lo veían venir eran los militares insurrectos, los que se levantaron contra la República traicionando su juramento de fidelidad. Achacar el golpe de Estado de julio de 1936 a las deficiencias políticas y a que «el régimen no conseguía traer paz y orden» (algo, por otro lado, bastante discutible) sin indicar absolutamente nada sobre la tendencia pretorianista —también una cultura, excluida de las apreciaciones del historiador en un artículo, precisamente, sobre la cultura y la guerra— de los sublevados resulta llevar a una falsa conclusión. Que, por otra parte coincide, sin que quepa sorprenderse demasiado, con la justificación de los insurrectos: que el golpe se legitimaba solo, ante la «insostenible» situación de la República[20].

Existían entre los golpistas motivaciones y objetivos comunes, pero sería arriesgado y hasta teleológico circunscribirlas al ámbito de lo causal, pues, en definitiva, al situar la situación de la República como causa, el golpe de Estado y la violencia de que se acompañó aparecerían como consecuencias de dicha situación. Y lo cierto es que la propia actuación de los sectores políticos, culturales y, sobre todo, militares antirrepublicanos contribuyó poderosamente a la tensión de la frontera que separa la lucha política pacífica del asesinato. Es decir, atribuyendo el golpe de Estado al «contexto», a las tensiones desencadenadas, a los odios desenfrenados no se hace sino diluir en ese magma los rostros, las responsabilidades y los objetivos que se perseguían con dicha sublevación. El primero de todos, el de acabar por las armas con el ordenamiento político republicano, con sus laicos valores políticos y sociales y con su supuesta «afrenta» al poder tradicional y sus valores de jerarquía, orden e inmovilismo[21]. El de ir a por la raíz del mal. El de acabar con los valores que inspiraron una Constitución, la republicana, que no sólo no impidió la alternancia política como algunos vocean hoy, sino que la aseguró —como demuestra la victoria electoral del Partido Republicano Radical y la CEDA en noviembre de 1933—. Que por primera vez en la historia española instauró y aseguró el sufragio universal, masculino y femenino, gracias al cual las mujeres pudieron elegir democráticamente a sus representantes en esas mismas elecciones. Que aseguró la separación efectiva de poderes, poniendo el judicial en manos exclusivamente de los tribunales. O, por poner ejemplos de los que hoy suele olvidarse su trascendencia en los años 30, que incluyó en su texto el derecho a la educación, la soberanía popular, y derechos civiles como el del divorcio o el de la libertad de credo y conciencia.

Y existía, además, una cosmovisión unificadora de los diferentes grupos políticos, ideológicos y de interés que se levantaron contra la República: considerarla la anti España, un magma identitario compuesto de prejuicios, retóricas y odios que deslegitimarían su acción en la vida política. Según podría leerse años después, en los cuadernos escolares de los años 50, «Nuestra Patria estaba llena de malezas. Hierbas malas crecían por todas partes. José Antonio y otros paladines abnegados y buenos sembraron rectas doctrinas y Franco y sus soldados arrancaron las malas hierbas». Y las arrancaron, o al menos trataron de hacerlo. Fueron soldados, militares, los que tomaron la decisión de extirpar de España el socialismo, el comunismo, la democracia o el parlamentarismo. El antiparlamentarismo, el miedo a la revolución, el militarismo de corte racista, la violencia fascista se dieron la mano para acompañar con sangre y oprobio el proceso de limpieza de España. Y de tal modo, a los cargos electos republicanos, a los sindicalistas, a las cabezas locales de la Institución Libre de Enseñanza, a los rojos, en definitiva, se les teorizó y se les trató como a infrahumanos. Como se trataba, ni más ni menos, a los «moros» durante las campañas españolas en el Rif durante las décadas de 1920 y 1930[22]. Fueron así los primeros en caer bajo las balas de los insurrectos, los salvadores de la patria, de la verdadera España.

A esa antiEspaña había que liquidarla con rapidez, mediante el uso de la violencia en un golpe de Estado veloz, irrevocable. Y esa fuerza, esa violencia fue, por tanto, desde el inicio de la sublevación contra el gobierno de la República uno de sus elementos fundamentales. Ya el 25 de mayo de 1936, en sus instrucciones reservadas preparatorias del golpe de Estado, el general Emilio Mola Vidal, conocido como el director de El Alzamiento, señalaría:

Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado.

Una carga de violencia retórica que destilarían muchas otras declaraciones públicas del antiguo director general de Seguridad:

¿Parlamentar? ¡Jamás! Esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España,

señaló cuando el ministro socialista Indalecio Prieto propuso, a finales de julio, parlamentar para acabar con el baño de sangre.

Hay que sembrar el terror. Hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros.

O, por fin:

En este trance de la guerra yo ya he decidido la guerra sin cuartel. A los militares que no se han sumado a nuestro Movimiento, echarlos y quitarles la paga. A los que han hecho armas contra nosotros, contra el Ejército, fusilarlos. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo.

No faltaron, por tanto, quienes dieran la orden, pusieran la palabra al servicio de la violencia, señalaran los objetivos. Retóricas violentas, adanistas, quirúrgicas, surgieron por doquier. Y todas esas palabras, esas intenciones, iban encaminadas a justificar y a incitar lo que vino poco después: el despliegue de violencia política más enervado, sangriento y cruel de la historia de España. La «limpieza de España», la cura a la «enfermedad» que representaba la Segunda República y el Gobierno frentepopulista. No se trataba solamente, al decir de Francisco Franco, de vencer una guerra, lograr la rendición de un enemigo, se trataba de lograr su permanente eliminación, acabar con el mal de España, arrancar sus raíces, para que jamás volviera a brotar la semilla del republicanismo, del socialismo, del laicismo. No importaba quién fuera el verdugo y tampoco se hacían demasiados miramientos hacia las víctimas. Era necesario vencer, costase lo que costase, como reconoció Franco a Jay Alien el 27 de julio de 1936, incluso si para ello había que acabar con «media España». Era necesario acabar con el mal y no dejar «rojos en retaguardia», como diría Juan Yagüe al periodista John T. Whitaker tras la sonada matanza en la plaza de toros de Badajoz en agosto de 1936[23]. Y es que el terror franquista fue, según Michael Richards, «programado, pensado e intencionado»[24], y pasó por diferentes fases: primero, una depuración en caliente, sin trámites judiciales, considerados éstos innecesarios; luego, un terror estatal, cristalizado en instituciones represivas, en espacios físicos de castigo como los campos de concentración, las cárceles o los trabajos forzados; y por fin, finalizada la guerra, un ejercicio de eliminación y depuración sin competencia en el ejercicio de la violencia. Cada fase debe explicarse por separado: en este capítulo nos centraremos en la primera, la de la violencia en caliente, los fusilamientos de primera hora. La de las fosas comunes sembradas de cadáveres en las retaguardias nacionales donde, como escribiría el dibujante gallego Castelao, no se enterraban cadáveres, sino que se enterraban semillas.

Golpe y revolución

Las fosas comunes en España plagadas de desaparecidos, sus campos de concentración, los trabajos forzados de miles de prisioneros y presos políticos, el exilio republicano fueron hijos directos la Guerra Civil española. Y ésta, a su vez, del fracaso del golpe de Estado de julio de 1936. Se trata, por tanto, de procesos interrelacionados, pero diferentes en muchos aspectos: tanto en su ejecución y los riesgos asumidos como en la tipología de la violencia política implicada en ellos. Y, asimismo, son procesos de diferente percepción colectiva, algo que determina asimismo la percepción de su legalidad, de su legitimidad y de sus consecuencias[25]. Dejando de lado la propaganda bélica y posbélica —tan determinante, por otra parte, de los estereotipos y mitos que a la guerra sobrevivieron—, lo cierto es que lo de julio de 1936, la sublevación en los cuarteles, no fue el inicio de la Guerra Civil, sino un golpe de Estado fracasado acompañado del intento de tomar de manera rápida los centros de poder, aun si para ello era necesario acabar de forma violenta y despiadada con cualquier resistencia a la autoridad militar o civil sublevada. Las ejecuciones al margen de la ley, el asesinato de prisioneros de guerra, las sacas de sus casas de políticos y personajes destacados del Frente Popular se convirtieron en algo cotidiano durante el verano sangriento de 1936. Galicia, Oviedo, Navarra, Aragón, Castilla la Vieja, el Protectorado de Marruecos, el norte de Extremadura, parte de Andalucía (Cádiz y Sevilla, así como las ciudades de Granada y Córdoba) y las islas Canarias, Mallorca e Ibiza fueron los primeros escenarios de la violencia política golpista, pues allí las armas se impusieron con facilidad. Rapidez y violencia: ésas eran las bases del golpe de julio[26].

La violencia política hizo muy pronto su aparición, en forma de asesinatos y encarcelaciones masivas. Los insurrectos de 1936, en las zonas de la Península donde triunfó su golpe de Estado, no tuvieron competidores en el ejercicio de la violencia. No tuvieron que pugnar por su control. Y, de tal modo, la violencia se empleó para descabezar y aterrorizar a la oposición al golpe. Pero también para demostrar su absoluta autoridad sobre la vida y la muerte y para ejercer, mediante su uso, la recién conquistada soberanía. Se trataba, así, de asentar su poder mediante el terror, entendido como la eliminación física de adversarios políticos no para acabar con el grupo social, sino para imponer el poder mediante su paralización[27]. La violencia sublevada dirigida a acabar con las resistencias al golpe y a dirimir las disputas políticas y sociales precedentes fue, por tanto, masiva y relacional, paralizadora y unilateral, y mucho más reglada de lo que pueda parecer. Acarreó, directamente y sin necesidad de ampararse tras otras violencias de signo revolucionario, gran cantidad de asesinatos de republicanos, cuya eliminación no fue un fin en sí mismo, sino que tuvo por finalidad tanto la venganza colectiva por la experiencia republicana como el sometimiento de ese grupo a la nueva autoridad. Y también la trajo, valga decirlo, allá donde no triunfó: fue el golpe de Estado y la consiguiente descomposición de las estructuras coercitivas del Estado lo que trajo la oportunidad para la tan ansiada Revolución que, como se ha señalado, también tiñó de sangre las páginas de la historia republicana. Pero, al contrario de lo dicho por la propagandística franquista pretérita y actual, la violencia sublevada no fue reactiva ante la revolucionaria. Ni hizo falta justificar los asesinatos en las retaguardias franquistas con los de las republicanas, ni las cifras de una y otra violencia son equiparables numérica ni cualitativamente. El golpe de Estado de julio de 1936 eliminó temporalmente los resortes coercitivos del Estado e hizo saltar por los aires la santabárbara social española[28].

En este contexto, las facciones militares y político-sociales que se enfrentaban desde ese momento, si no parejas sí capaces de resistir el embate del enemigo, lucharon por la hegemonía en el poder y por el monopolio de la violencia en retaguardia. Es decir, que por una serie de factores —resistencia republicana, empeño insurrecto—, el golpe devino en guerra civil. Pero, como era de esperar, ambas fases se diferenciaron por una serie de cuestiones. Una de ellas fue la de la maximización de recursos en aras de la victoria total sobre el enemigo. Y es que si en algo se diferenció la guerra de 1936-1939 de los anteriores conflictos civiles en España —las guerras carlistas del XIX— fue, primero, en que aquéllas no comenzaron, como la guerra de 1936, con la represalia política y el tiro en la nuca. Y segundo, que ésta se basó, desde su inicio, en la decisión irrevocable de no acabar con un pacto o con una rendición legitimadora o integradora. La de 1936 acabó con la victoria total, con la exclusión definitiva. No es de extrañar, por tanto, que fuese percibida por parte de los insurrectos como una oportunidad única de reajustar, a la «descarriada» sociedad española. El proyecto político republicano había «tergiversado» demasiado los códigos sociales como para permitir su integración en un proyecto común. Por ello, la imposición violenta del nuevo orden y la vuelta a los códigos identitarios tradicionalistas fue tan cruel, total y, sobre todo, masiva.

Tras la declaración de los Bandos de Guerra, los primeros en caer bajo las balas insurrectas fueron, en el ámbito urbano sobre todo pero también en el rural, gobernadores civiles, jefes militares leales a la República, políticos afines al proyecto frentepopulista, pensadores de izquierdas. A muchos se les iba a buscar a sus propias casas y se les daba el paseo. Se les subía, generalmente entrada la noche, a una camioneta con más rojos y se les llevaba, por ejemplo, a los alrededores del cementerio para ser asesinados. Después, o se dejaba allí los cadáveres para que, al día siguiente, quien pasase por allí y, al poco, toda la comunidad supiese del fin que habían tenido los rojos locales, o bien se les echaba al interior de una fosa común[29].

De esa forma fueron cayendo en Zaragoza, en Burgos, en Sevilla, en Pamplona, en Segovia o en Valladolid las cabezas locales del Frente Popular. Donde las armas se pusieron, en julio de 1936, al lado de la reacción antirrepublicana, no quedó un político ni un militar demócrata sin ser investigado, sin ser depurado. Y muchos acabaron sus días en las tapias de los cementerios, asesinados por pelotones de fusilamiento comandados por los militares insurrectos que se levantaban para salvar la patria. Para ellos, no servía el tratamiento del prisionero de guerra. De hecho, en estos casos denominarlos así resulta paradójico e incluso inexacto, ya que muchas veces las ejecuciones ilegales se realizaban antes de la declaración de los bandos de guerra. Esas veces las detenciones y las ejecuciones determinaban el poder declarar el estado bélico, puesto que hasta que no se destituía a los oficiales al frente de una plaza no había posibilidad de tomarla e incorporarla al levantamiento insurrecto. La violencia de ese golpe de Estado fue más bien urgente y de autoría dispersa, pero sobre todo de una magnitud masiva[30].

En los escenarios de conflictos sociales de mayor intensidad, el terror destrozó las aspiraciones políticas y sociales de cuantos se habían comprometido con el proyecto republicano, como ha recordado Julián Casanova. Los frustrados opositores al golpe tuvieron prácticamente asegurada la bala que les quitaría la vida. Ley de guerra: el Alzamiento se preveía rápido y las adhesiones de una parte del Ejército a la legalidad republicana no podrían detener el impulso de quienes empuñaban las armas para acabar con ella. Así, al margen de los nombres conocidos, de los cargos electos republicanos, el análisis de las cifras de la violencia política depara una conclusión más que evidente: la inmensa mayoría de las muertes violentas tuvieron lugar en los meses inmediatamente posteriores a la implantación del poder sublevado en cada territorio. La gran mayoría (más del 90%) de los más de 3000 asesinados en Navarra entre la guerra y la posguerra cayeron bajo las balas facciosas entre julio y diciembre de 1936. En la ciudad de Zaragoza, murieron entre julio del 1936 y abril de 1939 3096 personas asesinadas por los salvadores de la patria. De ellos, 2597 cayeron entre julio y diciembre de 1936: casi un 84% del total. Una masacre que, por meses, adquirió la mayor de las virulencias al poco de iniciarse la rebelión armada. Fue agosto de 1936, con 730 asesinatos, el mes más sangriento de la historia de la capital de Aragón: un mes donde los cadáveres se pudrían en el cementerio local, ya que era prácticamente imposible mantener los trámites legales referidos a un ajusticiamiento o a un levantamiento de cadáver.

De hecho, no fueron precisamente los cauces legales los que caracterizaron la violencia del golpe de Estado. Por continuar con el mismo ejemplo, en Zaragoza tan sólo 27 de las más de 3000 muertes tuvieron previamente un Consejo de Guerra, un juicio militar, si bien ése fuese «exigido» por las autoridades locales y nacionales desde septiembre de 1936. La realidad era bien otra: los paseos empezaban en el hogar del fusilado o en la galería de una cárcel provisional, pero casi siempre tenían un mismo final, la tapia del cementerio o la cuneta de la carretera, y casi siempre también tenían un procedimiento similar: el de la partida de falangistas, de expedicionarios «de castigo», asesinando a los «miembros enfermos», sindicalistas, rojos, sin más trámites que una denuncia y sin más excusas que la aparición de su nombre en un listado de un partido político o un sindicato obrero[31]. Hubo muchas muertes, sobre todo en los partidos judiciales de conflictividad y sindicalismo más intensos, a manos de las milicias y los voluntarios de Falange, apoyados por la Guardia Civil. Y muchas veces, con su carga de publicidad, humillación y amenaza; como ha señalado Ángela Cenarro, una calurosa tarde de finales de agosto de 1936 se asesinó a trece prisioneros mediante un disparo en la cabeza en la plaza principal de la ciudad de Teruel, tras hacerles desfilar uno a uno frente a un público que no se limitó a observar, sino que lanzó «aclamaciones, risas y burlas»[32].

Los procesos depurativos tuvieron lugar en las ciudades y en el campo, particularmente allá donde más fuertemente se había cuestionado en los años precedentes el reparto tradicional del poder y de los beneficios económicos. La temporal salida de los estereotipos sociales durante la República, particularmente agria en el sur peninsular, fue subvertida con creces en toda la zona controlada por los sublevados; y en particular, en Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz. La represión franquista, así, se convirtió en tierras andaluzas en el instrumento al servicio de las clases rurales tradicionalmente dominantes para doblegar la resistencia de los jornaleros y erradicar toda influencia sobre estos últimos de los partidos y los sindicatos de izquierda. Tanto fue así que la violencia del Nuevo Estado tuvo mayor intensidad allá donde el campesinado más integrado estaba por jornaleros, y donde la implantación política y sindical más conflictividad había traído aparejada. Su subordinación era algo exigido por el proceso de acumulación capitalista y, por tanto, uno de los pilares para la construcción de la futura dictadura[33]. Pero no fue, ni mucho menos, el único lugar donde el enseñoramiento de la muerte adquirió tintes de politicidio. Y tampoco fue el único lugar donde las identidades y las adscripciones sociopolíticas y laborales de los asesinados fueron, mayoritariamente, las de los jornaleros, empleados en fábricas, trabajadores del ferrocarril, mineros. El hecho de que los primeros blancos de las balas fuesen los cargos electos del Frente Popular o las personas con cargos y poderes destacados suficientes como para oponerse al triunfo del golpe de Estado no significa, ni mucho menos, que únicamente contra ellos se dirigiesen las iras y la hidra de la violencia. Abierta la espita de la venganza colectiva con el triunfo parcial del golpe de Estado, señalados los objetivos desde lo más alto del para Estado sublevado, situadas las armas en el centro del espacio público, alentados los odios por difusas noticias de inminentes victorias y de asesinatos en las zonas no controladas por los sublevados, todo se tornó sangre y oprobio contra quienes habían mantenido ideas y actitudes contrarias a la «unidad de España», a la «civilización cristiana».

Las resistencias iniciales al golpe de Estado, allá donde se encontraron, fueron duramente atajadas, pues no había voluntad que pudiese detener el deseo de acabar, cuanto antes, con la República de los sin Dios. Ésos sin Dios que acabarían en una cuneta o en una fosa común: cadáveres registrados —cuando se registraron— bajo el epígrafe de «herida por arma fuego» o el de «aplicación del Bando de Guerra». Era el destino que esperaba a quienes más se habían situado al lado de la República: civiles como el pintor sueco Jovinge, un caso flagrante de desaparición por la incomodidad que una voz y mirada críticas suponían en la Sevilla de Queipo de Llano. Desaparición enmascarada, como tantas otras veces, por un supuesto suicidio. O como Joaquín García-Hidalgo, exdiputado socialista, diabético, torturado en Córdoba y posiblemente asesinado a causa de haberle obligado a ingerir dulces[34]. Caían a puñados las voces incómodas, los afectos a la causa republicana, los gobernadores y los soldados que no se unieron a la sublevación.

En muchos lugares donde ésta triunfó sin paliativos —sobre todo, en los territorios españoles en África— se improvisaron lugares de internamiento de prisioneros civiles y militares, dentro de la dinámica de golpe de Estado. Algunos de estos primeros depósitos de prisioneros tuvieron continuidad hasta bien entrada la Guerra Civil e incluso hasta más allá de su final retórico, y de ellos se hablará en el capítulo siguiente. Otros simplemente jalonarían el periplo de sangre que, en su afán por depurar la nación de «elementos subversivos», caracterizó a la represión socio-política franquista. Un buen ejemplo lo tenemos en el campo de concentración del Mogote (Tetuán). En agosto de 1936, apenas iniciada la guerra y con los primeros centros de reclusión llenos de acusados de filiación republicana, el entonces general segundo jefe del Estado Mayor de las fuerzas militares de Marruecos, Luis Orgaz, informaba a su superior, Franco —a la sazón general jefe del Ejército de África y del Sur de España—, de los incidentes acaecidos en este campo de trabajos: mientras los prisioneros se dirigían a ellos, se advirtió «cierta excitación e indicios de complot con elementos extraños para evadirse». La realización de este supuesto intento de fuga acabó con la muerte de 36 de los internados, «en su mayoría de antecedentes peligrosos y muy significados como hombres de acción», puesto que «fue necesario proceder con esa energía a fin de imponer el orden en los elementos perturbadores»[35].

En Valladolid, los militares se alinearon al lado de la reacción desde el primer momento, y dejaron su cuota de sangre purificadora en el enrarecido ambiente del caluroso y sangriento verano de 1936. En la capital de la Séptima División Orgánica del Ejército y cuna del llamado fascismo agrario de Onésimo Redondo cuentan las crónicas que debieron prohibirse las exhibiciones públicas de los asesinatos. Una ciudad como ésa, con un alto índice de afiliación sindical por parte de los trabajadores ferroviarios, vio cómo desde el primer momento de la sublevación los enfrentamientos armados y las consiguientes represalias se hacían habituales por las calles. Sindicalistas y rojos utilizaron como sistema de defensa el paqueo, el asesinato de derechistas disparándoles desde anónimos balcones y tejados de los edificios. Y el modo en que los sublevados militares y fascistas contrarrestaron esas muertes fue mediante el asesinato masivo, público y a la luz del día. Entre la ciudad y la provincia, la violencia de los sublevados se llevó por delante un mínimo de 928 víctimas, aunque se trate de una cifra que debe ser convenientemente revisada al alza[36].

Pero es que lo que ocurría en Valladolid, en Zaragoza o en Sevilla ocurría también en Galicia, en Salamanca, en La Rioja (con más de 2000 asesinatos), en Extremadura. O incluso se ampliaba, como en el caso de esta última región, que no cayó en manos sublevadas al inicio del golpe de Estado, sino que fue «liberada», ocupada brutalmente por las tropas de Franco y «limpiada» después por sus acólitos civiles y militares. En la provincia de Huelva, esas mismas tropas dejaron para la posteridad una saña y una crueldad que desmonta cualquier propagandística de las que tanto eco se han hecho, por desgracia, estudios históricos posteriores. Esa propaganda mostraba la violencia franquista como reactiva, es decir, que respondía a posteriori a la ejercida previamente por los republicanos. Pues bien, como se ha dicho, en Huelva, la violencia revolucionaria acabó con 145 personas. La supuesta violencia reactiva se llevó por delante a 5455 en toda la provincia[37]. Las cifras, aquí, hablan por sí solas, pero conviene utilizarlas para desmontar ese mito: el de una violencia revolucionaria indiscriminada, inundatoria, espontánea, irracional, masiva e incontrolada que habría hecho «necesaria» y, por tanto, legítima, la violencia de los sublevados.

Y es que la descomposición del Estado implícita al golpe de 1936, en cuyo origen y justificación tuvo no poco peso el creciente cuestionamiento del orden realizado durante las tres primeras décadas del siglo XX, abrió la puerta a la tan ansiada revolución allá donde no triunfaron las armas sublevadas. En Cataluña, Levante, Madrid, La Mancha, el Aragón oriental, también la violencia extendió su negra mancha para, supuestamente, acabar con las relaciones sociales y laborales de explotación y desigualdad. Aunque, en realidad, también en la retaguardia republicana la violencia fue empleada como canal para la deseada victoria, para la limpieza social y para la revolución. El despojo de la autoridad estatal sobre la violencia ejercida desde el poder tras el golpe de Estado de julio de 1936 y una pugna abierta por su control como cauce para el control mismo del poder fueron, por tanto, el marco de una violencia que arrastró a la tumba a fascistas y sacerdotes, derechistas y propietarios rurales e industriales, militares y trabajadores corrientes. Con seguridad puede afirmarse que casi 38 000 personas cayeron bajo las armas de la revolución, no porque los revolucionarios fuesen pobres u oprimidos y su violencia fuese supuestamente legítima, sino porque la violencia política formaba parte consustancial a la toma del poder y su utilización por parte de los micropoderes surgidos en las retaguardias republicanas[38]. Sin embargo, nada demuestra que la violencia franquista fuese reactiva ante la revolucionaria. En Cáceres, una provincia —como Huelva— ocupada por las tropas «libertadoras» y que, por tanto, estuvo en manos republicanas antes de pasar al dominio sublevado en los meses del terror, la hidra de la revolución dejó 130 cadáveres. La contrarrevolución se llevó por delante 1680 vidas.

Sobre los avances territoriales de las tropas sublevadas en la llamada guerra de columnas y sobre la carga de violencia política que sustentó al para Estado franquista durante su «legalización» va a versar el siguiente capítulo. Antes es necesario, sin embargo, observar con detenimiento el espacio donde la violencia política de primera hora, el terror del verano de 1936, se detuvo y se enseñoreó del ambiente de manera más perdurable. Y es que, como se ha visto, la represión golpista se cebó particularmente en los cargos políticos republicanos, en los líderes sindicales y en las cabezas visibles locales del pensamiento progresista. Es decir, no puede negarse su carácter selectivo. Sin embargo, donde más profunda huella dejó la violencia del 36 fue en el campo, en las relaciones sociales y laborales agrarias, en las comunidades locales. Y allí, como también en las ciudades pero con mayor saña si cabe, la violencia franquista fue selectiva, pero también masiva.

Pueblos en los que los conatos de violencia relacionados con conflictos laborales durante el período republicano se habían saldado con poco más que huelgas y ocupaciones de fincas contemplaron la aniquilación de todo lo que sonase a subversivo, desde los maestros a los asistentes a las reuniones de los ateneos republicanos y las Casas del Pueblo, desde las mujeres de pensamiento progresista hasta campesinos sin tierra que se habían afiliado a un sindicato en la esperanza de obtener un mínimo de abastecimientos. Miles de personas cayeron asesinadas sin juicio, sin posibilidad de defenderse, y muchas veces sin tan siquiera saber por qué motivo eran sacadas de sus casas, subidas a un camión y fusiladas. Rencillas laborales y políticas pero también personales llevaron a las fosas comunes a jóvenes y a viejos, mujeres y niños, cuyo dramático final poco tenía que ver con el afianzamiento del poder local de los sublevados, señores de la vida y de la muerte en el caluroso verano sangriento de 1936.

Los ejemplos brotan a cientos. Valga empezar con lo ocurrido en Candeleda, en la provincia de Ávila: una zona de tradición política conservadora y no demasiados conflictos sociolaborales que pudiesen servir como explicación a la brutalidad y la saña con que las escuadras falangistas se emplearon contra tres mujeres, Pilar Espinosa, Virtudes de la Puente y Valeriana Granada. La primera era lectora del periódico El Socialista, la segunda era de credo protestante y la tercera cayó muerta por motivos pasionales y celos de una vecina del pueblo de al lado, bien situada en los círculos de Falange, que había visto cómo Valeriana supuestamente le había robado al marido. A finales de diciembre de 1936, las tres mujeres fueron llevadas «a declarar» ante un cierto «tribunal», pero aquello en realidad era un cruel paseo: las tres fueron asesinadas de madrugada en la cuneta de la carretera. Valeriana estaba embarazada, y los falangistas supuestamente le abrieron el vientre, le sacaron el feto y rellenaron el hueco con paja y hierba. Solamente la hija de Pilar, Obdulia Camacho, que contaba entonces con catorce años, y el primogénito de Valeriana, Heliodoro Martín, de tan sólo dos años, se salvaron al ser bajados del camión en el último instante. Los cuerpos de las tres rojas se exhibieron todo el día, hasta que un vecino se apiadó de ellas y las enterró en la cuneta. Seguramente, pensarían los asesinos, matando a las dos republicanas y a la que murió por celos, nadie en el pueblo se atrevería a abanderar nunca más sus ideas; y posiblemente no les faltara razón: nada como la pedagogía de la sangre para paralizar las resistencias[39].

La cuota de sangre y oprobio en los pueblos fue indeleble, y marcó el devenir de las relaciones sociales y vecinales hasta, posiblemente, la actualidad. Así lo aseveran en Teruel, la capital aragonesa adonde se trasladaban los «fusilables» sin juicio y sin condena de toda la región, para ser arrojados al pozo artesiano de la Venta de Caudé, a escasos kilómetros de la ciudad. Hasta 1005 mujeres y hombres fueron arrojados allí en los albores de la mañana entre agosto de 1936 y finales de 1937, cifra hoy conocida debido a que un pastor de la zona contaba los tiros de gracia que se disparaban contra los asesinados. 1005 historias de oprobio y brutalidad, en las que siempre había algún falangista que, antes de arrojar cal viva sobre los cadáveres (y sobre los que quedaban vivos dentro del pozo, cuyos gemidos se oían durante horas), les espetaba: «¿queríais tierra? Pues ya la tenéis».

Historias como las de los 86 fusilados de la cercana localidad de Celia, que habían organizado durante los años republicanos una sociedad cultural y económica en el pueblo. Su delito fue creer en el colectivismo y en la cultura; delito que llevó a la fosa de Caudé a Guadalupe Sánchez ya que en las representaciones teatrales alegóricas al golpe de Estado frustrado de 1931 en Jaca aparecía envuelta con la bandera tricolor. Cuando la fueron a buscar, su madre se empeñó en acompañarla, sin saber que el destino que los sublevados le reservaban era el asesinato extrajudicial y el enterramiento ilegal. Tomasa Lorente, madre de la republicana Guadalupe Sánchez, corrió la misma suerte que su hija. Otras dos de las inquilinas de Caudé son madre e hija, María Pérez y Pilar Sánchez. En realidad, a quien buscaban los patriotas era a su esposo y padre, Angel Sánchez, quien se mantuvo oculto durante toda la contienda civil. Pero, como no lo encontraban, primero fueron a por su compañera, el 6 de agosto de 1936, y un mes después a por su hija, de diecisiete años. La violencia no distinguía entre inocentes y no inocentes, entre menores de edad, ancianos, hombres o mujeres. Si no se encontraba al rojo, se acababa con su familia.

Foto 2. Pozos de Caudé, la mayor fosa común de la provincia de Teruel, a las afueras de la capital.

Ochenta y cuatro metros de profundidad tenía el pozo artesiano, pero no fueron suficientes para inhumar a todos los asesinados o, como decían entonces, ajusticiados. Hubieron de cavarse zanjas en los alrededores para poder seguir matando, ese deseo tan poco escondido del capitán Aguilera, oficial retirado del Ejército y terrateniente en Salamanca. Como relata Paul Preston, el mismo 18 de julio de 1936, Aguilera, quien después tendría a su cargo a un buen número de corresponsales extranjeros en la retaguardia franquista, había agrupado a los trabajadores de sus fincas, había elegido a seis de ellos y les había matado, sin más explicaciones. Aguilera era favorable a la eliminación sin más de los «elementos subversivos», pues de tal modo se acabaría con el desempleo. Es más, Aguilera consideraba que era necesario acabar con un tercio de la población masculina española, para limpiar el campo y acabar con el proletariado. Y si bien no se asesinó a toda esa población, la tasa de violencia en las retaguardias sí que fue suficiente para realizar esa limpieza y acabar con la subversión. Los «alborotadores» desaparecieron tras la Guerra Civil de la superficie de la tierra, porque encontraron su lugar varios metros por debajo de ella.

Nombrar la violencia

La cifra de desaparecidos en España, asesinados durante la oleada de violencia en caliente del verano de 1936 en la retaguardia franquista, se estima como se ha señalado en torno a 30-35 000 personas. Pero posiblemente sean más, y de todos modos no fueron los únicos en caer bajo las balas de la reacción antirrepublicana. Hubo cientos, miles de paseos y sacas, y también hubo violencia encauzada mediante consejos sumarísimos de guerra, tribunales militares que se apropiaron en el mismo julio de 1936 de la legalidad y la legitimidad. Hubo fusilamientos que se precedían de una pena judicial, cuya sentencia de muerte debía recibir el «Enterado» del jefe del Estado, Generalísimo Franco. Y hubo, en definitiva, cientos de asesinatos extrajudiciales que trascendieron la fase de violencia directa de julio-diciembre de 1936 y que ocurrieron durante la larga Guerra Civil y durante la ominosa posguerra. Tras el fracaso del golpe de Estado, la tasa de asesinatos, sangre y violencia acumulada entre julio y noviembre de 1936 fue un verdadero punto de no retorno para impulsar una guerra civil larga, exterminadora, perdurable en sus consecuencias y en su imborrable recuerdo.

La masacre colectiva del verano de 1936, los miles de fusilamientos extrajudiciales, los centenares de fosas comunes repartidas por las retaguardias suponen, sin embargo, un proceso tan complejo y tan aberrante, tan difícilmente aprehensible, que dificulta sobremanera exégesis alguna. El ejercicio, premeditado y consciente, de aplicar una política de eliminación física sobre el cuerpo social republicano, unido a la retórica contemporánea de la cultura de la víctima y de la sacralización universal de su memoria —que sustituye el tiempo histórico asimilándolo en el presente contemporáneo, un presente «saturado de memoria»[40]— han derivado así en una cierta incomprensión del fenómeno violento que estalló por doquier en el verano de 1936. Describiendo sus formas no alcanzamos a comprenderlo, y adoptando la perspectiva de las víctimas, sin tratar de aprehender la lógica de los verdugos, tampoco. Y así, desde este presente marcado por el debate político en torno a sus víctimas, se corre el riesgo de convertir ese pasado en un campo abonado de estereotipos y mitos. En un terreno, por tanto, desconocido[41].

No se trata de un debate nuevo. De hecho, los de la simplificación y el maniqueísmo categórico han sido, desde sus mismos orígenes, pesados lastres para el conocimiento, también en su registro historiográfico, de la Guerra Civil española. La mitificación, primero, y la propaganda, después, redujeron en muchas ocasiones la guerra a bipolaridades como las que se escuchaban antaño (la lucha de España contra la anti España) u otras cuyos ecos resuenan aún en nuestros días (la lucha del fascismo contra la democracia, la de la religión secular contra la civil, la del «pueblo» contra la opresión, etc.), muy vivas en determinada literatura «heroica». Esos «grandes relatos» están en serio retroceso en la investigación contemporánea sobre el conflicto. Pero están siendo sustituidos por otros relatos sobre la contienda, en los que la violencia desplegada en el verano de 1936 sigue siendo central. Aunque el grado de complejidad que en los últimos años ha adquirido el debate en torno a determinados aspectos de la Guerra Civil haya dejado, en muchos casos y casi definitivamente, atrás esas simplificaciones al uso en la historiografía «clásica» sobre la contienda, alguna de sus inercias (el moralismo, la deshistorización de ciertos temas como el de la violencia, la identificación del autor con el tema o, en su caso, la persona historiada, la estandarización narrativa) no solamente gozan aún de buena salud, sino que, en directa relación con los calurosos y vivos debates al margen de lo académico que la Guerra Civil en la actualidad despierta, se han visto moldeados y remodelados, adquiriendo una fuerza y unas dimensiones que no podían ni tan siquiera imaginarse hace tan sólo una década. El estruendo mediático en torno a ese pasado que no termina de pasar, además del necesario debate público en torno a sus lastres, sus «olvidos» y «falsas memorias», está así trayendo aparejada la pesada resurrección de mitos, maniqueísmos, mártires, héroes, hordas, nacionales y rojos. Del vértigo narrativo en torno a la Guerra Civil. El escritor Isaac Rosa alertaba hace no mucho sobre la posibilidad de estar creándose una sensación de cierre en torno al tema, de cerrojazo al debate, de quema de naves. Acabarán los aniversarios, y se habrá definitivamente saturado y embotado la capacidad de absorción[42]. Y lo que habrá quedado será de la retórica de los silencios, de las heridas que se abren, se cierran, se reabren o se cierran en falso. Del tirarse los muertos a la cabeza.

Ése es el signo de esta era de la memoria en la que tan presentes están las violencias de la década de 1930. Una era que necesita de lenguajes para aprehender y construir las identidades, y que utiliza las percepciones colectivas del pasado con enorme profusión. Y una época en la que, precisamente por ello, más nítidamente se pueden observar los límites, aristas y sombras del fenómeno memorístico. Así, por ejemplo, el signo de la memoria tiende a dar tanta presencia a la violencia que ésta pareciera ser el único aspecto a tener en cuenta de la Guerra Civil, transformando en un proceso de dramática hipostatización la violencia política en toda la Guerra Civil. Se vuelve así, de algún modo, a la antigua omnipresencia de las víctimas, y eso puede generar un sentimiento de vértigo, de multiplicación y consumo de los «discursos del trauma» que homogeneizan a las víctimas en sus mínimos comunes para hacerlas, además de referentes memorísticos monolíticos —todo lo contrario, por tanto, a la naturaleza misma de la memoria—, productos de consumo cotidiano que pueden embotar la empatía, por saturación[43].

Esta «nueva omnipresencia» de las víctimas acarrea, por tanto, la estandarización de las narrativas memorísticas, mostrándolas sin aristas ni sombras: haciendo, por tanto (y de nuevo), «héroes» a sus portadores y «mártires» a los caídos, cuando no identificándolas en un solo sujeto abstracto; es decir, no distinguiendo entre la víctima viva y la víctima muerta, unidas todas ellas por un carácter homogéneo, el de la lucha por la democracia, que resulta ser una simplificación reduccionista[44]. Como simplificador resulta el lenguaje cotidiano con el que se nombra la violencia de las retaguardias, también en la historiografía. El empleo de términos como «venganza de los sublevados» o «víctimas anónimas» no ayuda demasiado a aclarar algo tan tremendamente poliédrico como la violencia política del verano de 1936. Y denominar «represión de clase» o «represión fascista» al terror sublevado es, por otro lado, nombrar sólo una parte de la cuestión: la violencia franquista fue tremendamente clasista, pero no, o no solamente, una violencia de clase.

Ese signo de la memoria ha alcanzado también a la historiografía sobre la Guerra Civil y la ha golpeado en su misma línea de flotación, aunque aún esté por ver el balance real de los daños, y de los beneficios, que eso haya podido originar. Como resultados provisionales pueden señalarse unos pocos. En primer lugar, la emergencia de los estudios centrados, retóricamente o no, en la «memoria» de la guerra y en su estudio, con más o menos fortuna y más o menos espesor teórico y epistemológico. En segundo, la sensibilización de parte de la historiografía hacia las demandas sociológicas («verdad, justicia y reparación») del cada vez más engrosado grupo de, por así decirlo, usuarios públicos del pasado. Y en tercero, y más preocupante, la sustitución de los muertos por los libros como retórica arma arrojadiza para unas enconadas disputas sobre el pasado, sobre la «memoria» y su representación futura, tejidas en y pensadas para el presente. El nacimiento y la difusión global de lo que ha venido a denominarse «revisionismo a la española»[45] es, pues, una sombra de la sacralización memorística. Y aunque los apriorismos y las distorsiones y manipulaciones que definen a ese supuesto «fenómeno revisionista» y a sus correlatos sean tan flagrantes que por sí solos descalifiquen a sus autores —pues ni descubren, ni revelan, ni analizan nada—, lo cierto es que no solamente difunden versiones arraigadas sobre la violencia durante la Guerra Civil, sino que las reifican y adaptan para el público del presente. Pensadas para actuar en ese complejo teatro en el que se está convirtiendo el uso público (y político) del pasado, en la «batalla» cultural por el futuro de la «memoria», sus historias son de gran simpleza y maniqueísmo, pero, asimismo, de gran vigencia. Y su característica fundamental es la de tender hacia la equiparación, homogeneización, despolitización y reducción a los mínimos comunes denominadores tanto de víctimas como de verdugos. A cada Badajoz, un Paracuellos. A cada Castuera, una checa de Fomento. Y viceversa.

Hipostatización, homogeneización y estandarización son tres consecuencias casi insoslayables en cualquier proceso de «recuperación» de la memoria traumática, entendido como el legítimo y humanitario derecho de las víctimas y sus familiares a ser resarcidos públicamente. Pero, sin duda, son síntomas de una particular relación con el pasado en la que, a veces, éste se ha mezclado tanto con el presente, sus necesidades, sus condicionantes y también sus hipotecas, que resulta complicado trazar la necesaria línea de alejamiento, distancia y rigor que debe separar al pasado de su hacedor, de su historiador[46]. Sobre todo, cuando ese ruido mediático se convierte, como en los últimos años, en estruendo, y el uso público del pasado se transforma en una suerte de empatía, identificación y naturalización[47]. Y todo ello, a riesgo de que el relato histórico no establezca nuevos sujetos ni los relacione en nuevos contextos ni los someta a nuevos juicios determinados por nuevas necesidades epistemológicas, sino que simplemente establezca y estandarice relatos sentimentales, de corte maniqueo. Que eleve, de nuevo, el tiempo histórico al rango de «gesta heroica». Que ponga de nuevo en boga los grandes relatos preponderantes, bipolares, simplistas y conocidos sobre el conflicto (los de la «locura trágica» o la de la «lucha por las libertades contra el fascismo», por ejemplo). Y que someta a relecturas sentimentales no ya la Guerra Civil en bloque, sino sobre todo aspectos determinados de la misma, como el de la violencia y el de sus víctimas. Unas víctimas a las que, en la búsqueda de una relectura «alternativa» en clave memorística, se les ponen los rostros del presente.

En definitiva, y en cualquier caso, en este contexto, la mirada del historiador sobre el pasado traumático, como diría Enzo Traverso, vive hoy un período de revaloración, tanto en positivo como en negativo. Lo cual no hace sino confirmar, para un contexto completamente diferente, esa importante apreciación de John Berger en su celebérrimo Modos de ver, que la visión del hacedor de imágenes, de textos, y hasta de cosmovisiones, acaba formando parte sustancial del hecho en sí mismo; que el pasado tiene modos de uso, y que la guerra se construye, hoy, en torno a grandes relatos, viejos, nuevos o en construcción. Y eso tiene su traslación directa en el campo semántico, narrativo y epistemológico de la historiografía. Pues aquí, como en Italia respecto de su guerra civil o de los crímenes de colaboración con los nazis, o en Francia respecto de las depuraciones de posguerra, mentar la carga de violencia sobre la que se asentó el franquismo —así como caracterizarlo como un fascismo, aunque ése es otro debate— requiere no solamente de una profusa descripción en clave empírica, sino sobre todo de una amplia reflexión teórica. La historiografía sobre las violencias durante la Guerra Civil, aunque fundamentalmente sobre la franquista, ha alcanzado esa madurez que permite, aun sin existir trabajos empíricos para todo el territorio español, el siempre necesario ejercicio de síntesis. Desde la publicación de Víctimas de la Guerra Civil y de Morir, matar, sobrevivir ya no se apunta —o se apunta menos— a la necesidad de conocer las «cifras exactas» tan pregonadas por la historiografía profranquista y rebatidas sistemáticamente con otras cifras igualmente tenidas por exactas, con un cierto problema añadido de presunto objetivismo metodológico: lo que Pablo Sánchez y Jesús Izquierdo han denominado, tal vez sin demasiada fortuna en el término pero sí en el fondo, la «objetividad como ortodoxia». Cada vez más se tiende hacia el estudio cualitativo, sociológico, de las represiones física, moral, económica, cultural, así como de sus consecuencias. Un compromiso que ha guiado trabajos como los recientemente aparecidos sobre zonas territoriales determinadas, o sobre aspectos trasversales de esos procesos de violencia.

Y, sin embargo, sigue sin despejarse la ecuación que explique la aberración moral, el abismo abierto en el verano de 1936. Algo que puede explicarse en la misma clave con que lo hicieran Alan Moore y Eddie Campbell al finalizar su From Hell, sobre los asesinatos de 1888 en Whitechapel, Londres, utilizando la figura fractal conocida como el copo de nieve de Koch. Esta comienza con un triángulo equilátero contenido dentro de un círculo, para ir añadiéndole luego triángulos de la mitad de tamaño en las tres caras del triángulo original, y después añadir triángulos de un cuarto de tamaño en las doce caras de la nueva forma, etc. De tal modo, resulta que el perímetro de la figura, del copo de nieve, es tan complejo que su longitud es, teóricamente, infinita. Y, sin embargo, su área jamás excede el círculo inicial.

De igual forma, el conocimiento sobre el pasado reciente es acumulativo. Cada libro, cada artículo, cada investigación aporta mayor complejidad al conjunto, pero rara vez se rompen los límites cognitivos y epistemológicos que serían, en este caso, el perímetro del círculo original cuya área jamás excede el copo de nieve. Resulta complicado no caer en los tópicos explicativos y narrativos para nombrar la violencia de 1936, y casi siempre o se acaba concluyendo que es imposible aprehenderlo en toda su complejidad (atribuyéndolo a la locura, a la venganza o a la sed de sangre, a los incontrolados, a la espontaneidad; es decir, renunciando a su explicación), o se intenta, para no renunciar a la exégesis, sujetarlo dentro de categorías históricas hoy aprehensibles. Ése, y la empatía con el ambiente cultural propicio a la sacralización de la memoria de la víctima, sería el motivo principal por el que en los últimos años han adquirido rango de análisis historiográfico términos como los de «genocidio» u «holocausto español». De hecho, el genocidio se ha convertido en el deformante espejo donde se miran las violencias de cualquier tiempo y latitud, aunque sobre todo las europeas del siglo XX. Se ha convertido en un lugar lingüístico de la memoria. Y, como señala Enzo Traverso, el comparativismo se expone siempre a los abusos de la instrumentalización política. Cuando se señala a Paracuellos del Jarama y se le tilda de «genocidio de la izquierda», en realidad se está diciendo: dejad de mirar los asesinatos franquistas. Cuando es al revés, y lo que se denomina «genocidio» es el asesinato en masa en las retaguardias sublevadas, lo que se pretende es llamar la atención sobre ellos, pero no explicar nada[48]. Algunos de los principios fundamentales de los delitos a gran escala, según Raphael Lemkin (quien definió los límites legales del crimen de genocidio[49]), como el de la criminalidad colectiva del Estado, la existencia de un proyecto de destrucción masiva, la percepción de la víctima como indefensa y su muerte como aleatoria, o las implicaciones religiosas y de eliminación de las minorías nacionales no se hallan tan claramente como podría parecer en las diferentes tipologías de la violencia generada por el para Estado franquista. De hecho, ese carácter mismo de para estatalidad no concuerda con la imagen del delito de genocidio, donde un Estado programa y ejecuta la muerte de masas aprovechando los medios técnicos y burocráticos correspondientes a la más pura modernidad[50].

Tampoco concuerda, sin embargo, con la mucho más aceptada, extendida y utilizada noción de «represión», que aparentemente resulta más neutra, pero que también está atravesada por una importante carga semántica y valorativa. Mientras unos dicen no circunscribirla más que a la represión física, otros amplían sus connotaciones hasta considerarla instrumento del régimen en aras de su implantación y socialización mediante el castigo colectivo, ejemplar, eficaz para su larga duración[51]. Algunos autores tan siquiera se plantean la posibilidad de ampliar el concepto de represión a otros ámbitos que no sean la eliminación, la muerte física del contendiente adversario, y, sin embargo, también existen trabajos que amplían el concepto a la imposición, en todos los órdenes, de una dictadura militar sobre buena parte de una población no afecta a la misma. Pero, en realidad, ¿qué significa «represión»? Éste es un término usado en casi todos los trabajos dedicados al ejercicio de la coerción física o psicológica sobre la disidencia real o potencial a los valores del nuevo orden que se establecía sobre tierras españolas paralelamente a las victorias bélicas del ejército comandado por Franco. Y, sin embargo, su uso, tal vez por consuetudinario, no suele verse acompañado de una reflexión teórica, metodológica y epistemológica. Parece obvio que la noción de «represión» implica, en el orden subjetivo y simbólico, la aplicación de una legalidad o, al menos, de una legitimidad, y un carácter reactivo y a posteriori de algo. Implica, por tanto, la aplicación de una nueva legitimidad condicionada por el ejercicio constante de la violencia y por la reacción ante la carencia de legalidad[52]. Y ése, como estamos viendo, puede ser el caso de muchas de las actuaciones violentas de los sublevados; sobre todo, en el contexto de una guerra civil. Pero no en el de un golpe de Estado.

Para esta fase, últimamente han venido usándose nuevas denominaciones, nuevos modos de ver y nombrar la violencia. Fue la primera fase de estallido violento, de golpe de Estado —previa a la «economización» y «legalidad» de la violencia—, la que perfiló los rasgos del «genocidio» español. Con las armas en el espacio público, la gran mayoría de asesinatos ilegales, de sacas y alzamientos de cadáveres o enterramientos irregulares en fosas comunes pertenecen a los primeros meses de conflicto. Pero en esta primera fase no existía un Estado criminal, sino más bien una fragmentación de poderes —subordinados, eso sí, al poder militar— con plena capacidad para decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Tendiendo en cuenta que la violencia sublevada de los primeros meses se ejerce de forma unilateral (tomando a la víctima como vehículo para cubrir, mediante la paralización de la resistencia, la carencia de legitimidad del golpe de Estado), así como el hecho de que en buena parte de las zonas marcadas por esa violencia no hubo guerra civil alguna —por tanto, disputa de la soberanía—, sino el ejercicio de un golpe de Estado triunfante, nos encontramos ante un ejercicio de terror.

Hannah Arendt definió el terror, usado como arma política, como una forma extrema de gobierno que implica elementos de comunicación y de arbitrariedad en las formas[53]. Comunicación, porque se infringe sobre un sujeto —individual o social— para atemorizar y reprimir a un tercero, a un cuerpo social. Y arbitrariedad, porque la verdadera relación establecida así está entre quien infringe la violencia y quien es receptor subsidiario, no directo, de ella. Eso facilita, así, la comprensión de la ejemplaridad de la violencia política franquista[54]. El terror fue, por tanto, una forma social del miedo individual empleada racionalmente para limitar la actuación a causa de la posible represión estatal violenta y como sistema máximo de implantación y reafirmación del poder. Un terror racional, útil, relacional, con objetivos marcados. Y una violencia heterófoba revestida de una cultura desempatizadora y de unas formas de hacer política con las cuales el enemigo, el otro, se deshumanizaba, se convertía en enfermedad, en cáncer social. Eso a nivel interpretativo; a la ahora de aplicar un término jurídico, en el caso de eliminación de adversarios políticos lo correcto es hablar de crímenes contra la humanidad, o en el caso concreto del golpe de Estado, de politicidio, y no así de genocidio[55].

Tampoco en la retaguardia republicana. Si ya es de por sí complicado encontrar un término válido para nombrarla («revolucionaria» parece ser el más ajustado), lo es mas aún hacerlo para interpretarla. Pero eso tiene detrás una triste lógica: para muchas de las zonas y regiones estatales bajo el control del Gobierno republicano durante la Guerra Civil, las únicas cifras de la violencia (asesinatos extrajudiciales, internamientos en cárceles y centros de detención, depuraciones) siguen siendo las ofrecidas por la Causa General. La desproporción de estudios e interpretaciones historiográficas contribuye, así, al mantenimiento de mitos, anatemas y justificaciones y, por tanto, a que exista un conocimiento sesgado e insuficiente sobre las realidades de la violencia tras las trincheras republicanas. Se tiende así, por parte de algunos, a su magnificación interesada; y por parte de otros, a su relativización y banalización, también interesada y generalmente relacionada con la violencia sublevada: irregular e incompleta una, todo lo contrario la otra, se dice. Y se convierte, por tanto —como ha recordado su mejor investigador, José Luis Ledesma—, en un terreno demasiado abonado aún hoy de retórica y propaganda, sobre el que aún no ha pasado lo suficiente el trillo de la historiografía y la investigación, salvo valiosísimas excepciones. De hecho, es posible que tengan razón quienes achacan tamaña descompensación a que el estudio de la violencia franquista, tan desarrollado desde la década de 1980, haya engullido el de la republicana. Y eso es preocupante, porque de ese vacío, de esa retórica y propaganda se alimenta, y mucho, la para historiografía mal llamada «revisionista»[56].

Hubo, pues, muchos asesinos y muchos cómplices en la España sangrientamente fracturada de 1936. Pero, en definitiva, ¿qué lleva a una persona a asesinar impunemente, a disparar cobardemente y a bocajarro sobre un prisionero de guerra desarmado, a un menor de edad, a una mujer indefensa, a un seminarista, a un vecino? Tal vez sea ésa la pregunta más difícil de responder a la hora de afrontar el estudio de la ola de terror que inundó el país en su verano más sangriento. Pero aventurar unas respuestas es, precisamente, tratar de resolver la ecuación clave: la de los porqués de esa violencia. Una ecuación compuesta, fundamentalmente, de contexto y motivaciones. Del ambiente de impunidad, de ideologías alimentadas por una latente cultura de la violencia, la deshumanización y cosificación de enemigo, de movilización política y de la cobertura ética, moral y política del grupo, de la implantación del poder y la reducción a cenizas de la sociedad conocida y de las identidades colectivas sobre la que se sustentaba. Pero también de aspiraciones personales, de deseos de revancha y venganza, y de un elemento poco tenido en cuenta: la inseguridad y el miedo. Matar antes de que te maten: en esa España aterrorizada y ensordecida por el estruendo de las armas, quienes más seguros se encontraban en retaguardia eran, precisamente, los asesinos. Sobre todo, los que asesinaban sin piedad ni remordimiento, seguros de lo que hacían, pues lo que hacían, en definitiva, venía revestido de una pátina ética: era justo y necesario.

Capítulo 3: Prisioneros de guerra, justicia militar

CAPÍTULO 3

PRISIONEROS DE GUERRA, JUSTICIA MILITAR.

LA LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA

El golpe de Estado de julio de 1936 dejó la España sublevada sembrada de cadáveres. Sin embargo, el asesinato extrajudicial de republicanas y republicanos no fue, ni mucho menos, el único tipo de violencia política en ese verano sangriento de 1936 tras las trincheras sublevadas. Además de los casos relatados en el capítulo anterior, en el que se ha tratado fundamentalmente la violencia inmediata sobre las cabezas visibles del Frente Popular, la violencia golpista tuvo otros aspectos asimismo paradigmáticos. Entre ellos, el asesinato in situ de los prisioneros de guerra tomados en los frentes de batalla, las depuraciones de cualquier «elemento izquierdista» hallado en los lugares conquistados y la extensión de una inequívoca cultura de la violencia. Haber fallado en el objetivo principal no detuvo a los sublevados; el punto de no retorno se atravesó sobradamente con la extensión y la omnipresencia de la sangre y las armas en los territorios en los que, en puridad, no hubo una guerra civil sino un ejercicio de terror.

Tras el fracaso inicial del coup en la capital del Estado y en zonas tan importantes para el control del poder como Cataluña o el Levante, los sublevados no rindieron sus armas e iniciaron una carrera desenfrenada hacia el centro de la Península. Por el norte, las tropas de Emilio Mola. Por el sur, las de Francisco Franco. Y allá por donde pasaron, en particular los segundos, no volvió a crecer la hierba del izquierdismo. Como señalaría el mismo Franco en 1937, para él la victoria no significaba otra cosa que el aniquilamiento de grandes cantidades de republicanos y la humillación total de la población que sobreviviera[1]. Por eso, la guerra de España sería una campaña de conquista, de limpieza, lenta. El mismo general Yagüe, responsable de la matanza de Badajoz de la que aquí se va a hablar en breve, lo dejaría palmariamente claro:

El hecho de que la conquista de España por el ejército se produzca con tanta lentitud tiene esta ventaja: nos da tiempo para depurar completamente al país de todos los elementos rojos[2].

En este capítulo se va a mostrar cómo esas matanzas formaron parte de una política de «pacificación» y eliminación del adversario, a caballo entre el golpe de Estado y la violencia en guerra civil. Y, asimismo, cómo paulatinamente se fue convirtiendo, al calor de los acontecimientos y al socaire de sus necesidades, en una violencia para estatal, controlada por los militares y bendecida por los hisopos. Cómo se convirtió, ajuicio de los sublevados, en violencia «legal» y, apoyada por la Iglesia católica —aunque no fuese un apoyo estrictamente necesario fue tremendamente útil—, en violencia «legítima».

Las matanzas del sur

Sin trámites judiciales ni intervención de tribunal alguno, los prisioneros de guerra y los civiles que se iban tomando a medida que avanzaban las tropas sublevadas en su carrera hacia Madrid fueron internados, desplazados junto con ellos, o asesinados sin más. Mucho se conoce ya sobre estas terribles matanzas, gracias a los trabajos de historiadores que, con la fuente memorialística como arma, han desmontado mito a mito la propagandística franquista, que jamás reconoció, o incluso negó, que existieran. Como señala Paul Preston, al hilo de la que fue la campaña bélica de eliminación más importante de 1936,

Franco dirigió las primeras etapas […] contra la izquierda española como si fuera una guerra colonial contra un enemigo racialmente inferior. Los moros y los legionarios [al mando de Franco] implantaban el terror allí donde llegaban, saqueando los pueblos capturados, violando a las mujeres, matando a sus prisioneros y mutilando sexualmente sus cuerpos[3].

Era el sur de Queipo de Llano, por donde pasaban las tropas de los sublevados en África. Unas tropas jaleadas por el general, al decirles que se continuaría «nuestra buena obra hasta que no quede en España ni un solo marxista»[4]. Y desde luego, no se hacían prisioneros, a pesar de que el golpe de Estado conllevase la reclusión de miles de republicanos en todo tipo de centros, desde prisiones a cuarteles pasando por iglesias, cines, conventos, castillos o escuelas. Las directrices para la coordinación de sus acciones que desarrollaron los generales y mandos sediciosos contra el orden político republicano hablaban del encarcelamiento de los «no afectos al Movimiento»[5]. No existe, sin embargo, investigación sistemática alguna donde poder situarlos, pues los sublevados recluían sin más precepto legal que la aplicación del bando de guerra de la División Orgánica alzada y, desde luego, no consideraban la posibilidad de establecer un tratamiento regulado de los prisioneros de guerra[6].

Hasta noviembre, cuando se renunció a la toma rápida de Madrid poniéndose fin a la fase de golpe de Estado, las columnas del norte bajo el mando del general Emilio Mola y las africanas de Franco dirigieron sus fuerzas al acoso de la capital. Y en su carrera hacia el centro del país las columnas hacían prisioneros, siempre «numerosos» en la documentación oficial, pues rezaban haber «limpiado la zona de enemigos», o haber procedido «a la limpieza y ocupación de diversos pueblos». Ocupación y «limpieza», un continuum explícito en los partes sublevados que no se refería a los caídos en los frentes, pues de éstos se daba cuenta aparte, sino a los prisioneros, a los que se daba muerte in situ sin trámite alguno por el hecho de haberse resistido al triunfo de la ocupación militar y al éxito de las operaciones en Andalucía[7].

Operaciones que, como recuerda Francisco Espinosa, consistieron, fundamentalmente, en tardar doce días en recorrer los 250 kilómetros existentes entre Sevilla y Badajoz. Las columnas formadas en la capital andaluza actuaban siempre de la misma manera:

Antes de abandonar las poblaciones se lleva[ba]n consigo unas docenas de detenidos a los que [iban] dando muerte y abandonando sus cadáveres en las carreteras de salida, en los cruces y en los pozos y fuentes.

Tras la ocupación de la localidad de Zafra, el 7 de agosto, las tropas de Castejón se llevaron con ellos a una cincuentena de personas atadas que no habían encontrado quién les avalase en la localidad. Cada cierto tiempo, se seleccionaba a siete de ellos para ser, sin mayor trámite, asesinados[8]. De todo esto, ninguna noticia en los partes oficiales de guerra. Ocupaciones tan importantes como la de la ciudad de Mérida el 11 de agosto, realizada por la columna de tropas africanas que tomó la parte occidental de Extremadura en su carrera hacia la capital de España, tan sólo dejó una marginal anotación sobre los «muchos prisioneros» aprehendidos. La de Badajoz, sobre las «muchas bajas» causadas al enemigo. Causar esas bajas era un objetivo tanto o más importante como la ocupación territorial. No se hacían prisioneros, o cuando se hacían se llevaban maniatados tras las columnas militares. Es más, casi resultaban una molestia como, recordemos, habría declarado al poco el mismo Yagüe.

Tras la captura de Mérida —donde más tarde se instalaría un campo de concentración—, las tropas africanas se encaminaron hacia la represión de Badajoz, en la provincia que, según se nos ha recordado recientemente, más había anhelado la reforma agraria tan solicitada como prometida por la República y odiada por sus adversarios[9]. La ciudad de Badajoz sería así testigo y prueba de excepción de la violencia macabra, y no explicable por la asunción de poder alguno por parte de las víctimas, desarrollada en la Andalucía del fascismo agrario. Y es que la violencia política en el territorio de la Segunda División militar, la de Andalucía y Extremadura, tuvo características de ensañamiento particularmente virulentas. En primer lugar, por cómo el cuestionamiento del orden había sido llevado a cabo en los meses precedentes a la Guerra Civil: la violencia represiva fue especialmente cruel allá donde más intensas habían sido las propuestas —seguramente, por ser más necesarias— de cambio en la sociedad y los códigos culturales e identitarios. Y en segundo lugar, pero no por ello menos importante, por la presencia allí de las tropas de África mandadas por el aún general y al poco generalísimo Franco y guiadas por nombres tan identificados a la sangre, la muerte y la falta de escrúpulos, como Castejón, Asensio o Yagüe. El caso de Badajoz es el más claro y palmario de cómo pudo convertirse una ciudad en un auténtico matadero humano.

Badajoz fue «saneada» a sangre y fuego desde el día 14 de agosto. Hasta allí fueron trasladados muchos de los prisioneros y presos tomados entre el inicio del golpe y los días de la masacre por las columnas que se dirigían a Madrid desde Sevilla; esto es, en poco menos de un mes. Y muchos fueron asesinados. La mayoría de los cadáveres no fueron registrados o sus registros se hicieron con posterioridad, y sus cuerpos fueron (muchos de ellos) quemados a montones en el cementerio: hasta varios meses después de la ocupación se recogerían unos quinientos cadáveres de los fosos de las murallas, las calles y las plazas de la ciudad[10]. Y todo esto es algo que sabemos, en buena medida, gracias al relato del periodista portugués Mário Neves, en un testimonio tan cuestionado como impactante. El 17 de agosto, mientras se queman cadáveres en el cementerio de la ciudad, acude allí acompañado de un sacerdote. Tal y como escribiría[11]:

Hace diez horas que la hoguera arde. Un horrible hedor penetra por nuestras fosas nasales, hasta el punto de que casi nos revuelve el estómago. […] Sobre una superficie de más de cuarenta metros, más de trescientos cadáveres, en su mayoría carbonizados. Algunos cuerpos, colocados precipitadamente, están totalmente negros, pero hay otros cuyos brazos o piernas han escapado a las llamas provocadas por la gasolina derramada sobre ellos. El sacerdote que nos acompaña comprende que el espectáculo nos desagrada y trata de explicarnos:

—Merecían esto. Además, es una medida de higiene indispensable…

Tras la captura de Badajoz, las columnas de Yagüe alcanzaron Talavera, mientras en el norte las tropas carlistas de Mola tomaban Irún y San Sebastián, incrementando la cuota de sangre necesaria para limpiar el país de «elementos subversivos». Sin embargo, posiblemente no haya mejor ejemplo junto al de Badajoz que el de lo ocurrido en Toledo, para comprobar cómo hacían la guerra las tropas controladas por el futuro Generalísimo. En el Alcázar de la ciudad castellano-manchega se habían atrincherado falangistas y guardias civiles sublevados encabezados por Moscardó, llevando con ellos a un grupo de civiles. Ya en julio comenzó un durísimo asedio por parte de quienes acabaron con la sublevación en Toledo de los milicianos, así como por cuantos se acercaban desde Madrid, debido a su cercanía a la capital. Franco, en vez de lanzar sus tropas hacia la toma de la capital republicana, prefirió desviarlas hacia la «reconquista» de la ciudad, logrando romper el asedio del Alcázar en los últimos días de septiembre.

Foto 3. Entrevista entre Francisco Franco y el coronel José Moscardó en el Alcázar de Toledo, tras la captura de la ciudad. Septiembre de 1936.

De tal modo, obtuvo una victoria propagandística que, más que posiblemente, acabó convenciendo a los militares sublevados para otorgarle el rango de primus ínter pares, de jefe del Gobierno del Estado [sic], el primer día de octubre de 1936. Franco se convertía en el máximo mandatario militar y político de la España «nacional». Y lo hacía, aun cuando en sus espaldas recaía el peso de los asesinatos ocurridos en Baena, en Zafra, en Badajoz o en Toledo. Allí, justo después de que Moscardó fuese liberado, elevando a rango de héroe al Generalísimo, sus tropas castigaron a cuantos soldados pudieron, incluidos los heridos en el hospital militar de la ciudad, que eran asesinados en sus propias camas. El cementerio de la ciudad recoge a 659 asesinados en una sola semana, y posiblemente fuesen más los no inscritos en él. El poder y la sangre estaban, hacía ya tiempo, indisolublemente unidos: Franco y sus generales consiguieron darle la vuelta a la sentencia de Clausewitz, haciendo de la política la continuación de la guerra, con otros medios.

Una violencia controlada por los militares…

La conquista de Toledo marcó un hecho fundamental en el modo de hacer la guerra que Franco y sus generales decidieron adoptar tras el fracaso del golpe de Estado. Como quedó claro, ya no era tan importante conquistar rápidamente la capital como hacerlo despacio y con todo el país. El desvío de tropas hizo perder un tiempo valiosísimo a un ejército, el de Franco, que se enfrentaba a otro aún no profesionalizado, compuesto en su mayoría por milicias de partido y sindicato, sin demasiado sentido del orden ni la disciplina, y en muchas ocasiones más proclive a lograr objetivos políticos inmediatos que conquistas realmente útiles para detener el avance de los sublevados. En un ejercicio de pura historia-ficción, de ucronía, cabe preguntarse qué hubiera sucedido si las tropas de Franco hubiesen llegado a la capital a la vez que lo hicieron las de Mola provenientes del norte peninsular, cerrando el cerco en torno a la máxima representación del poder del Frente Popular, y no se hubiesen desviado a Toledo para rescatar a los sitiados del Alcázar. Tal vez se hubiesen ahorrado miles de vidas. Pero no fue así: Franco ya había decidido que la guerra habría de ser pueblo a pueblo, región a región. Como diría Yagüe, había más ventajas que inconvenientes en la visión colonial del arte de la guerra.

Ventajas, ante todo, para la tarea de «pacificar» y «limpiar» las retaguardias; no así tanto para el desarrollo de las conquistas territoriales. Enseñoreada la muerte en el espacio público, los asesinatos continuaron cuando las tropas ocupantes ya se hallaban a kilómetros de distancia. Si cabe, lo hicieron con más precisión, con más saña y con mayores índices de persecución política, cultural, ideológica y de clase. Cuando se retiraban los soldados, quedaban las escuadras de castigo, los falangistas e hijos de propietarios y terratenientes que iban a la caza del militante huido, del sindicalista desaparecido. Y si no lo encontraban, maltrataban a sus familias y, en particular, a sus mujeres. Las viudas y esposas de desaparecidos, asesinados o huidos aparecieron por doquier allá donde las tropas sublevadas habían realizado su primera matanza. Y fueron el blanco constante de esos agentes locales del terror, debiendo abrir las puertas de sus casas a quienes venían a buscar a sus seres queridos, siendo humilladas públicamente mediante el rapado del pelo al cero o la ingesta de aceite de ricino por ser familiar de un rojo, pagando con la dignidad sexual o con la vida sus silencios.

La persecución continuó y se hizo exhaustiva, entre otras cosas a causa del Decreto número 108 (13 de septiembre de 1936) de Responsabilidad Civil, que sirvió para iniciar procesos judiciales a los sospechosos de una «adhesión a la rebelión», que en realidad era defensa del orden republicano. Pero pocas disquisiciones legales hacían falta para la purga llevada a cabo antes del final de 1936, sobre todo en el ámbito rural. Ni sentencias, ni justicia: bastaba la denuncia de un vecino, la sospecha de haber pertenecido o simpatizado con los grupos políticos y sindicales de izquierdas para que los escuadrones que se encargaban de limpiar las retaguardias impusieran su ley en las casas de los rojos. «Para que la cosa fuera más sucia y los verdugos quedaran en el anonimato, en muchos casos los asesinatos no se realizaban en el pueblo de las víctimas», recuerda Casanova[12]. Y así sucedió en Teruel, en Cádiz, en Burgos. Familias enteras quedaron rotas, y las consecuencias de tamaño proceso represivo perviven aún hoy en España.

Pero desde noviembre de 1936 las cosas empezaron a cambiar, tras la frustrada ofensiva franquista sobre Madrid. La violencia de los primeros meses para con los republicanos, los presos y los prisioneros de guerra fue el medio para afianzar la victoria de la sublevación. Pero también es cierto que, tras su fracaso, paulatinamente las necesidades derivadas de una guerra total y de larga duración acarrearon exigencias nuevas y la búsqueda de sus soluciones. Una muy importante, la de dotar no solamente de legitimidad (aspecto del que, retóricamente, estaban sobrados los sublevados), sino también de legalidad, al proceso insurreccional. Las sacas de las cárceles, los «paseos», los grupos de «incontrolados» fueron en declive. Todo se supeditó a la justicia militar: no por ello se acabó con el asesinato impune ni con el castigo colectivo, pero al menos éste se encauzó en trámites que se quisieron legales y, además, legítimos. El verano de violencia «en caliente» de 1936 dio paso a una nueva fase en la que la violencia política cambió formas y, pocas veces, fondo, en aras de dotar al para Estado insurrecto de una estructura depuradora firme y de incontestable autoridad. No quiere decirse con esto que el monopolio de la violencia fuese indiscriminado en los primeros meses de conflicto, ya que como se ha venido señalando en la mayoría de los casos lo que había detrás de la supuesta violencia «espontánea» era una calculada venganza que, con las armas en el centro de la vida social, no necesitaba de trámites ni legitimaciones[13]. Pero las diferencias existen, sobre todo cuando el ejercicio de la violencia debe ser legitimado. En el caso de la Guerra Civil española, esa legitimidad fue encauzada por juicios sumarísimos, procesos de clasificación masiva y puniciones redentoras.

Y los preceptos ideológicos en los que se apoyaron no fueron otros que esa percepción del enemigo como «ser descarriado», «enfermo», que podía ser reintegrado a la «verdadera» España a través de su depuración y redención social. Con toda probabilidad, dos sean los hechos determinantes para tal cambio de percepción: uno endógeno al funcionamiento de la guerra que se había planteado, y otro, en cambio, derivado de la pátina de legitimidad que otorgó al levantamiento y al Movimiento el apoyo eclesiástico. La lucha fratricida partió de la disputa por el monopolio de la violencia, de la soberanía y de la legitimidad del poder sobre un mismo territorio. Derivó, por tanto, de una confrontación de solidaridades e identidades colectivas e implicó la expulsión de la legitimidad contraria. Y para disputar legítimamente el poder a la República, era necesario tanto otorgar a los sublevados una legitimidad explícita, cosa que vino de mano del apoyo de la Iglesia, como poner las bases para una guerra de larga duración y depuración. Los campos de concentración, como se verá más concretamente en el capítulo siguiente, fueron un jalón fundamental en aras de lo segundo.

De tal modo, la liquidación de la experiencia republicana tuvo un primer momento crucial en los innumerables asesinatos, en el terror, derivados del golpe de Estado de 1936. Y andando hacia la guerra fratricida, la eliminación de los «cuerpos enfermos» de la «comunidad nacional» tomó forma de exclusión social masiva[14]. La implantación del sistema penitenciario y concentracionario en todo el territorio controlado por los sublevados, reflejo de una racionalización de la violencia, tuvo específicamente que ver con el paso de la primera a la segunda fase. Es decir, del golpe de Estado a la guerra civil propiamente dicha, la guerra entre dos estados. Tuvo también que ver con los intentos por «legalizar» una violencia que se había enseñoreado de las prácticas políticas en la zona sublevada controlada por los militares de Franco. Y tuvo, finalmente, que ver con la construcción de un poder con aires de legítimo, en el que el escándalo de la ejecución sumaria del prisionero de guerra era cada vez menos tolerable.

Tal fue el origen de la famosa «justicia al revés», en palabras de Serrano Súñer, que enjuició con premisas de rapidez y rigor a los adheridos a la «rebelión»; esto es, a quienes defendieron el orden republicano[15]. Justicia al revés: se enjuiciaba a los defensores del orden constitucional por delitos de «rebelión» o de «auxilio a la rebelión», cuando en realidad se habían defendido ante ella. Pero la rebelión a la que aludían los juzgados castrenses no era, claro está, la de los sublevados en julio de 1936. Era otra supuesta rebelión, mucho más difusa y mucho más etérea, que la República habría puesto en marcha para acabar con el Estado, el orden, la tradición, la religión, las buenas costumbres, y que habría tenido su culminación en los procesos revolucionarios de las retaguardias republicanas, precisamente a causa, o favorecidos por, la descomposición del Estado y el orden público derivada del golpe de Estado militar. Pero esa otra rebelión, la de los patriotas que se levantaban en armas para salvar a la nación, jamás sería enjuiciada.

El rigor con el que la represión militar comenzó a infringirse con los encausados por rebelión, auxilio o ayuda a ésta estableció la supremacía del poder castrense en unas retaguardias, las «nacionales», compuestas por un, a veces, heterogéneo conglomerado de militares y civiles, de voluntarios y tropas regulares. Y, ante todo, supuso dotar de coherencia y homogeneidad a la extensión de este poder a toda la zona sublevada[16]. Si bien no se abandonó por entero, el paradigma represor, la lógica de la violencia implícita en los asesinatos y el politicidio desencadenado en 1936, sufrió variaciones hasta el punto de, al menos, no ser el único imperante en la España de Franco. La forma en que se impuso el golpe en 1936 no volvió a repetirse, por muy dura que fuese la represión efectuada en las regiones que irían cayendo en manos de Franco a partir de los primeros meses de 1937. Además, igualar el estilo de guerra colonial marcado por el ejército de África no sería nada fácil. Lo ocurrido en el suroeste, en Huelva, en Sevilla, en Zaragoza o en Cádiz era la misión «quirúrgica» de urgencia. Una vez hecha esa enorme inversión en terror, una vez pagada la cuota de sangre, bastaba con dejar la violencia en manos de quienes más y mejor sabían ejercerla, los aparatos jurídicos militares.

Esos aparatos, enormes como veremos y que abarcaban desde tribunales militares a comisiones clasificatorias de prisioneros de guerra, desde el último abogado castrense al propio jefe del Estado, serían los que aportasen el armazón judicial e ideológico al mantenimiento de la violencia. La jurisdicción militar como vehículo para la represión supuso un empleo reglado de un modelo estatal de violencia política, en contraposición a un empleo de la fuerza no reglada que caracterizó los primeros compases del conflicto armado en las retaguardias franquistas[17]. Y es que si miramos con detenimiento, en esos primeros meses de sacas, paseos y pelotones de fusilamiento no se imbricaba como lo haría después la articulación retórica de la represión y la exclusión social: la contraposición de identidades, de percepciones de la sociedad, de legitimidades. Eso, sin embargo, hubo de cambiar en el momento en que la fase de golpe de Estado dio paso a otra de guerra civil, larga, de exterminio, ante la defensa republicana. De tal modo, si bien los sublevados continuaron asesinando sin piedad en las ocupaciones progresivas, afrontada la guerra de larga duración ya no fue ése el único ejercicio posible de violencia. Y en cierto modo, volviendo al último punto del anterior capítulo, esa «economización» de la violencia contradice precisamente esa percepción de la violencia franquista como genocida.

A la postre, la enorme cantidad de bajas por la guerra y por la represión así como —sobre todo— la magnitud de la violencia política en posguerra acabaron por dar la razón a Franco cuando, tras la toma de Toledo y con las humeantes ruinas del Alcázar en las pupilas —tal vez ya ideando que habría de ser reconstruido por los presos políticos republicanos—, declaraba que no le «interesaba ya una victoria fulminante, sino que la victoria total en todos los terrenos viniese por la consunción del enemigo». Pero esa violencia, a cuyo uso efectivo jamás se renunció, pasaría desde finales de 1936 a través de cauces reglados. En lo político y lo militar, los sublevados centralizaron su poder en la figura de Franco. Y en el uso de la violencia, también. Desde ese momento, la mayoría de los asesinatos serían tras un juicio sumarísimo. Y las sentencias de muerte deberían ser, inexcusablemente, firmadas por el Generalísimo. Franco no sólo representó en su figura la vida, el renacimiento de la nación. También se convirtió en el símbolo del poder sobre la muerte.

A todo esto, al control y militarización de la violencia en retaguardia, hubo excepciones, y flagrantes. Excepciones como la de la conquista de Málaga, en febrero de 1937, que se acompañó de la ejecución sumaria y extrajudicial de un mínimo de 1500 personas, de las aproximadamente 7000 asesinadas en esa provincia entre ese año y el de 1940[18]. Fue el regreso del terror a la retaguardia franquista, no sólo en la ciudad: el doctor canadiense y comunista Norman Bethune, a quien el propio Mao Tse-Tung dedicó una glosa de su vida, calculó en torno a 3000 los muertos que quedaron en la carretera de Málaga a Almería, de entre los 40 000 que huyeron de la invasión nacional a partir del día 7. Y si bien su testimonio puede quedar desacreditado por su militancia, lo cierto es que en esos días sangrientos de febrero, numerosos civiles fueron bombardeados por la aviación militar y por los buques Baleares y Cervera tanto en la carretera de Málaga a Almería como en el puerto de esta segunda ciudad.

Tal vez la cifra no sea la exacta, pues resulta imposible saber cuántos partieron de Málaga, cuántos anduvieron esos 200 kilómetros para intentar salvarse, ni cuántos quedaron en el camino. Pero queda, de cualquier modo, el estremecedor relato del doctor que intentó salvar la vida de cuantos pudo. Como el propio Bethune escribiría:

Por entonces habíamos pasado al lado de tantas mujeres y niños afligidos que pensamos que lo mejor era volver y comenzar a poner a salvo los peores casos. Era difícil elegir cuáles llevarse, nuestro coche era asediado por una multitud de madres frenéticas y padres que con los brazos extendidos sujetaban hacia nosotros sus hijos, tenían los ojos y la cara hinchada y congestionada tras cuatro días bajo el sol y el polvo. «Llévense a éste», «miren a este niño», «éste está herido». Los niños, envueltos de brazos y piernas con harapos ensangrentados, sin zapatos, con los pies hinchados aumentados dos veces su tamaño, lloraban desconsoladamente de dolor, hambre y agotamiento. Doscientos kilómetros de miseria. Imagínense cuatro días y cuatro noches escondiéndose de día entre las colinas, ya que los bárbaros fascistas los perseguían con aviones; caminaban de noche agrupados en un sólido torrente hombres, mujeres, niños, mulos, burros, cabras, gritando los nombres de sus familiares desaparecidos, perdidos entre la multitud.

Y si de excepción hemos de tratar lo ocurrido en Málaga, creyendo al pie de la letra el que los sublevados trataron de racionalizar la violencia, de emplearla de manera útil para sus intereses, de limpiar la cara de un para Estado con un grado de violencia sorprendente hasta para los más preparados periodistas internacionales, de excepción hemos de hablar a la hora de observar cómo, realmente, esta violencia reglada se llevó a cabo en las retaguardias franquistas, pues lo cierto es que, en realidad, los únicos que en esos meses de transición entre la guerra rápida y la guerra de conquista fueron beneficiarios de la legalización de la represión fueron los militares. Mientras que en la otra zona, en la republicana, la violencia fue controlada y aplicada, con sumo rigor eso sí, desde noviembre de 1936, en el lado golpista fueron muy pocos los que tuvieron la posibilidad de defenderse ante un consejo de guerra o un tribunal militar. De las diecinueve víctimas de Álava en los primeros meses de 1937, tan sólo dos fueron condenadas a muerte por un juzgado militar. Los juicios en Huelva fueron rápidamente detenidos, ante la emergencia de acabar con los focos de resistencia. En Córdoba se seguía asesinando, después de que el jefe de Orden Público de la provincia firmase sin más las listas de obreros y campesinos «desafectos» que la oligarquía fascista rural le ponía delante. En Cáceres, la proporción de ejecutados con sentencia en firme, frente a los asesinados sin trámites judiciales, fue hasta mediados de 1937 de 1 a 10[19].

De tal modo, el control de las retaguardias, cuya consecuencia habría sido el encauzamiento de la violencia mediante canales legales reglados, se quedó en muchas ocasiones en el papel, no en la realidad. Y por fin, cuando efectivamente la violencia política fue controlada por las autoridades militares, los juicios sumarísimos en los que se encausaba a los presos acabarían convirtiéndose, tal y como relatan los supervivientes, en farsas jurídicas sin atención alguna a los mínimos reglamentarios. Los juicios castrenses se desarrollaban de manera rápida y expeditiva, con un solo defensor para grupos de incluso más de diez encausados a la vez, y con pocas posibilidades para ejercer una defensa efectiva. Las penas solían estar, por decirlo claramente, preestablecidas, con lo que la lectura de los cargos, los turnos de las acusaciones y defensas y la lectura de las sentencias eran más un formalismo estético, para limpiar la imagen de ese para Estado tremendamente implicado en la aplicación de la violencia. Si alguna ventaja, por decirlo de alguna manera, tuvieron los fusilados mediante pena judicial, fue que sus enterramientos fueron registrados en la documentación oficial, lo que ha hecho en el presente su búsqueda por parte de los familiares infinitamente más sencilla.

… Y bendecida por los hisopos

Aunque si de ventajas hablamos, ninguna fue mayor en los primeros meses de la contienda que la que los sublevados obtuvieron del apoyo explícito por parte de la Iglesia católica, imperante en España y cuya primacía se había visto amenazada por las políticas laicas de la República. Un apoyo que estuvo en todos los órdenes y se dejó sentir en todas las esferas del poder y la sociabilidad en la España de Franco. En la legitimación del «Alzamiento» de julio de 1936, en la limpieza de su imagen pública, en los apoyos internacionales que el para Estado sublevado paulatinamente obtendría, y en la percepción de la violencia como «santa y justa», como diría el obispo de Salamanca y posterior primado de la Iglesia en España, monseñor Pía y Deniel. La valía del rol perpetrado por la jerarquía eclesiástica en el proceso de represión sociopolítica, de hecho, no es tan escasa como a veces ha podido parecer; antes bien, constituye uno de los elementos centrales para su comprensión, así como para entender el carácter ultraclerical y ultraconservador del régimen que avino tras la Guerra Civil. Aunque la Iglesia española nunca haya aceptado ni hecho pública su implicación, por obra o por omisión, en el trabajo de limpieza social sobre el que la dictadura de Franco echó sus cimientos, y aunque no haya nunca pedido oficialmente disculpas por ello, el grado de comunión entre la causa sublevada y los intereses eclesiásticos fue prácticamente absoluto. Tanto en la Guerra Civil como en la posterior larga dictadura del general Franco[20].

Foto 4. Misa de campaña en el acto conmemorativo de la conquista y defensa del Alto de los Leones de Castilla en los primeros días del Movimiento. Madrid, 22 de julio de 1939.

Aunque eso, de todos modos, no fuese tan evidente al principio de la sublevación, en 1936. Si bien, al decir de Alfonso Botti, la Iglesia española no tuviese más posibilidad que la de alinearse con la causa de los sublevados, pues compartían ideología, intereses y sentimientos, también es cierto que no todos los participantes en ese levantamiento «definitivo» de los «verdaderos españoles» eran católicos declarados, y no todos consideraban como legítimos los privilegios históricos de la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, pronto fue la propia Iglesia la que acudió al encuentro de los sublevados, haciendo acto de presencia con su discurso legitimador del fratricidio, presentado como Cruzada contra el Anticristo.

Tenían razones para hacerlo: 6832 miembros del clero fueron asesinados en la zona republicana, víctimas de la violencia revolucionaria y su «limpieza» social. Por ello, al alineamiento de la Iglesia con la contrarrevolución se unió un deseo de venganza, que sirvió para legitimar una violencia que se hacía «lícitamente en beneficio del orden». La venganza de las víctimas del clero necesitaba de una violencia «necesaria», como diría el mismo Pía y Deniel, de una acción «providencial», según el cardenal Gomá. Y por eso, desde el mismo año de 1936, las declaraciones públicas y las acciones individuales y gremiales de los eclesiásticos tendieron cada vez más al apoyo explícito de la causa sublevada, incluida su oprobiosa violencia en retaguardia. El púlpito se convirtió en un altavoz de la propaganda franquista. El clero animó a la población de retaguardia para que se incorporase a la «verdadera» España, la que estaba en armas contra el Mal. Y apoyaron con su acción a las pistolas, bendiciéndolas y legitimando su uso. Como señala Julián Casanova, sin embargo, «el anticlericalismo y la violencia del contrario fueron siempre para la Iglesia la excusa perfecta para eludir su responsabilidad»[21]: responsabilidad en la justificación del golpe, la guerra y la violencia en la retaguardia; responsabilidad por su implicación, sin anticlericalismo que sirviese de coartada, en la violencia de posguerra.

De tal modo, la «guerra de liberación nacional», una expresión inequívocamente castrense, se transformó en Cruzada. Una cruzada contra el ajeno, contra la anti España. Nada mejor que alienar al enemigo para hacer su muerte menos doliente. Nada mejor que enseñarlo como extraño, como infrahumano, para ratificar la corrección de la actuación propia. Pía y Deniel hablaría, en su famosa pastoral de septiembre de 1936, de las «dos ciudades» enfrentadas, donde solamente una era la de Dios, la correcta, la verdadera. La otra era la de los «sin Dios», a la que había que combatir en santa «cruzada por la religión, por la patria y por la civilización». De tal modo, las altas jerarquías eclesiásticas favorecerían la implicación tanto en la justificación como en la acción de la violencia de su clero. Las tropas serían bendecidas, las limpiezas en retaguardia serían necesarias ante la supuesta magnitud de la apuesta republicana por el laicismo y por la objetiva dimensión de los asesinatos de religiosos tras las trincheras enemigas, y no pocos sacerdotes se implicarían en las labores depurativas de la sociedad española[22].

El clímax de la comunión entre Franco y la Iglesia católica durante la Guerra Civil vino al año del golpe de Estado. La difusión de la «Carta colectiva del episcopado español a todos los obispos del mundo» el 1 de julio de 1937, firmada por todos los obispos españoles salvo Vidal i Barraquer (Tarragona) y Mágica, expulsado de su diócesis de Vitoria. En ella se volvía a poner negro sobre blanco, esta vez a escala estatal y completamente oficial, la calificación de la guerra como Cruzada y la unión indisoluble de la cruz y la espada. Pero la participación de los religiosos en esa cruzada fue mucho más allá de la mera justificación y legitimación. La denuncia y la creación de archivos de rojos locales, empleados en primera instancia por los tribunales militares y después por otros especiales como el de Represión de la Masonería y el Comunismo, estuvo entre los trabajos cotidianos de los sacerdotes locales. También su presencia constante en las cárceles de Franco, asistiendo espiritualmente a los presos, pero también sirviendo como vehículo para la delación y el espionaje.

Y también fue habitual que los curas locales fuesen quienes, en primera instancia, tuviesen que decidir sobre la suerte de los prisioneros de guerra en los campos de concentración, como se va a comprobar a continuación. En el enorme proceso de clasificación de los prisioneros de guerra, los sacerdotes locales debían remitir a las autoridades de las Comisiones de Clasificación, dependientes de los tribunales militares, su juicio sobre las actividades públicas y privadas del prisionero sobre el que se le preguntaba. Y en esos avales, los sacerdotes escribirían casi de todo: desde paternalistas justificaciones de los «desmanes» anticlericales a descarnados relatos sobre la falta de fe, la vida licenciosa, las ausencias a los servicios religiosos. Desde la afiliación política hasta el juicio personal sobre el clasificado. En algunos casos, incluso una fatídica palabra, la más alejada posible de la caridad, la bondad y el perdón: «fusilable».

Enmedio de esa guerra, de ese momento único e irremplazable para extirpar del seno de la nación el Mal, a quienes no se adecuaban a su «verdadero» sentir y ser, a quienes habían subvertido el orden moral, el clero se aseguraba así una primacía moral y cultural en el nuevo orden que se construía en paralelo a las victorias de los militares insurgentes. El pago por los servicios a la causa de Franco fue un dominio absoluto de los canales educativos y morales en la sociedad española de posguerra. Pero, para ello, antes fue necesario implicarse en la sociedad de retaguardia. Primero, como decía, legitimando el «Alzamiento», poniendo la retórica religiosa al servicio del Movimiento. Como se diría en los papeles oficiales, bastaba combatir en el Ejército Popular para ser considerado un ateo: la «propaganda satánica» había embrutecido a los «malos españoles», siendo necesario «desintoxicarlos con otra propaganda sabia» para despertarles el «verdadero instinto religioso», ese instinto «que heredaron de sus antepasados y que hoy yace apagado en el fondo de sus subconciencias»[23].

La justicia humana de los sublevados emanaba, según el jesuita Pérez del Pulgar —creador del Patronato de la Merced para la redención de penas por el trabajo—, de aquella divina y, estando la Iglesia al lado de los «nacionales», cuanto se realizase para punir y castigar estaría siempre legitimado, por estar haciendo siempre lo correcto. Y lo correcto, en casos como los del internamiento de sacerdotes en cárceles y campos, era afirmar que no era «buen católico quien no es buen español», y viceversa. Era condenar a la muerte a uno de ellos en el duro invierno de Burgos (en el campo de Miranda de Ebro), dejándolo en mangas de camisa, en posición de firmes, por haberse opuesto a que no se hubiesen celebrado misas ni el Viernes Santo, ni para la Ascensión de la Virgen, ni en el día de San Pedro, pero sí el 18 de julio, fecha conmemorativa del «Alzamiento». La reeducación religiosa y política, por tanto, solía mezclarse con la implícita violencia que formó parte consustancial del régimen de Franco, en toda su trayectoria. Decía un sacerdote en Miranda de Ebro, cuando no surtían efecto sus charlas y mítines, educativos y espirituales, donde se mezclaban motivos religiosos, políticos, imperiales, falangistas y tradicionalistas: «lo mejor para éstos es pegarles cuatro tiros y tirarles al río, así no sabe nadie dónde están». Según algunos internos, los dislates, las incoherencias y panegíricos sobre la Nueva España y su imperio no hacían el más mínimo efecto. La reeducación era, de tal modo, más una cuestión de propaganda que de realidades. Pero una propaganda excluyente, que trataba de imponer la «superioridad psicológica» de los valores abanderados por bando franquista —lo que Vallejo Nájera llamó el «factor emoción», una conclusión a la que, matizada y más fundamentada pero también basada en un apriorismo inductivo, llegó Ramón Salas en su monumental estudio sobre el Ejército Popular[24]— como canal de legitimación de los sublevados. No hacía falta construir otras legitimidades: el franquismo acuñó la idea de que Franco ganó la guerra por estar a lado de Dios. Y, como se repetirá en más de una ocasión aquí, Franco y los franquistas creyeron casi siempre su propia propaganda[25].

No era buen católico quien no era buen español, y no era buen español quien no era buen católico. Y Dios, se decía, tenía «reservada su gloria para los que cumplen su ley y las penas eternas del infierno para los que la desacaten»[26]. Cumplir la ley de Dios era estar al lado de la verdadera España. El infierno que se les reservaba a quienes no lo estaban era el que hemos visto hasta ahora. Un infierno cotidiano, el de la violencia política, sobre el que el clero tenía mucho que decir. De la mente de un religioso, el jesuita Pérez del Pulgar, nació en 1938 el sistema de explotación laboral de la mano de obra forzosa llamado Redención de Penas por el Trabajo, del que se va a hablar en breve. Religiosos eran quienes negaban la extremaunción a prisioneros de guerra, asesinados en los campos franquistas por habérseles encontrado delitos de sangre contra los sacerdotes en la zona republicana. Y sacerdotes eran los que debatían sobre cuándo era necesario dar esa misma extremaunción a cuantos fusilados no la habían solicitado, si antes o después de la descarga mortal de las armas del pelotón. Como resulta evidente, ni todo el sacerdocio católico apoyó a Franco, ni la doctrina católica aprobaba explícitamente el derramamiento de sangre. Pero desde las altas esferas de la Iglesia se bendijo la guerra como Cruzada, se mantuvo silencio (cuando no directamente se señaló a los fusilados) ante los asesinatos y se colaboró con la causa franquista. Y es que esas altas jerarquías supieron pronto que el catolicismo habría de ser una de las amalgamas culturales e ideológicas más fuertes de la heterogénea coalición reaccionaria. De hecho, los oscuros años 40 están indisolublemente unidos a la primacía de la Iglesia de los vencedores, en todos los ámbitos de la vida pública y de la esfera privada. Siguieron legitimando al régimen de Franco, elevaron al dictador a rango de enviado «por la gracia de Dios» y continuaron colaborando en los procesos de depuración social, venganza y castigo colectivo que marcaron con fuego la historia española durante cuarenta años de dictadura, e incluso más.

Foto 5. Misa de campaña celebrada en la plaza de Lavapiés con motivo de las fiestas conmemorativas de San Lorenzo. Madrid, 13 de agosto de 1939.

Incluso más, porque no puede olvidarse que, a día de hoy, la Iglesia católica continúa elevando a los altares a los «mártires de la Cruzada», ahondando un vacío que, en vez de con reconciliación, se llenó con sacralización de la muerte, exaltación del martirio y la exclusión del espacio público de la memoria de los vencidos por la «verdadera España». Hasta el año 2000, más de 250 «caídos por Dios y por España» habían sido beatificados o canonizados; sobre todo, de mano del anterior ocupante de la Cátedra de San Pedro, el llorado Karol Wojtyla. Los procesos de beatificación y canonización fueron, por más que insistiesen las católicas autoridades franquistas, paralizados como regla general por Juan XXIII y Pablo VI. Pero desde que en 1987 Juan Pablo II beatificase a tres monjas de Guadalajara, el proceso no se ha detenido. En un ejemplo máximo de simplificación histórica, maniqueísmo y oportunismo, 498 «mártires» fueron beatificados el 28 de octubre de 2007. Benedicto XVI no desaprovechó la oportunidad y, antes del ángelus, recordó las palabras de san Pablo cuando escribía a Timoteo: «Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede». Otro Santo Padre, Pío XII, remitiría el telegrama siguiente al Generalísimo Franco tras su victoria total sobre los enemigos de Dios, de la religión y de España, en abril de 1939:

Con inmenso gozo nos dirigimos a vosotros, hijos queridísimos de la católica España, para expresaros nuestra paternal congratulación por la paz y la victoria con que Dios se ha dignado coronar el heroísmo cristiano de vuestra fe y vuestra caridad.

Con inmenso gozo, la Iglesia tuvo clara desde el principio, y hasta el final, en qué lado de la trinchera estaba su sitio. Los injustificables asesinatos de religiosos en las retaguardias republicanas exacerbaron aún más su posición, llevándoles a reclamar una santa y justa violencia, una merecida venganza, y a colaborar abiertamente con la violencia civil y militar. Dios coronó, por boca del Santo Padre, el heroísmo de sus hijos, sus impunes asesinatos y sus crueles matanzas. A todo eso, Pío XII lo llamó «fe y caridad»: de fe posiblemente estuviesen sobrados, pero la caridad brilló más bien por su ausencia en los años de la Guerra Civil, y mucho menos en la España de la Victoria.

Una España que venía gestándose en las retaguardias franquistas a hierro y fuego. Con la primavera de 1937, fallido como hemos visto el plan inicial para el verano de 1936 y tras una dura y sangrienta guerra de columnas, el ejército franquista encaminó sus pasos principales, variando el centro de gravedad de la guerra, hacia la toma del País Vasco no ocupado, Santander y Asturias. Este cambio en los objetivos bélicos —no se duda de que el deseo fundamental fuese la derrota incondicional de la República, pero tampoco se debe dudar sobre el hecho de que sus centros neurálgicos de poder fuesen el primer y fallido objetivo— devendría progresivamente en la toma de territorios difícilmente evacuables por parte del Gobierno republicano y mal conectados con el resto del territorio legalista, ya que, cerrada la salida a Francia, la única posibilidad plausible de las tropas para escapar era el mar. Así, amplias masas de población y de tropas se verían prácticamente encerradas por el ejército a las órdenes de Franco.

En ese contexto aún pervivió el ciclo de muerte iniciado en julio de 1936, pero, como ya se ha explicado, en diferente medida y con diferentes medios. Hacia diciembre de 1936, las Comandancias Militares habrían recibido órdenes de mantener a los prisioneros y presos en espera de un obligado Consejo de Guerra. Desde entonces y sobre todo a partir de abril de 1937, los consejos y las auditorías de guerra, estables o itinerantes, serían los encargados de la persecución política y social. Aunque, en realidad, la práctica superase la teoría. Si se asesinó menos era porque ya no era tan necesario, pero cuando había que matar sin trabas legales, se hacía. En 1938 se localizó en una aldea minera al primer alcalde republicano de Ayamonte, que había logrado huir de la purga de 1936. Tras trasladarlo a su pueblo, entre golpes e insultos fue paseado por las calles para, después, sentarle en la plaza principal. Tras colgarle del cuello un cartel donde se escribió «Yo soy el alcalde del pueblo», le descerrajaron un tiro en la nuca[27]. La persecución no había finalizado, como supieron los muchos que se escondieron en sus casas, en falsos armarios, corrales o dobles techos. Se les conocía como topos, y muchos tardaron años en volver a salir a la luz del día. Alguno, hasta la muerte del general Franco, en 1975. Sabían que la persecución seguía ahí, que tras los muros y las puertas estaban los asesinos, los delatores, los que salían a cazar republicanos en 1936, 1937 o 1948. Como ellos creían, les estaban esperando[28].

Persecución que, cuando se suponía que el terror de 1936 se había extinguido con el frío de las leyes y los tribunales, se mantuvo hacia los huidos, hacia quienes se habían echado al monte para no caer bajo las balas de los facciosos, el germen de la posterior resistencia armada guerrillera antifranquista o maquis. Lo que se ha venido a llamar la «segunda vuelta» de la violencia golpista, puesto que no por casualidad el fenómeno de los huidos tenía como origen el terror sublevado, volvió a teñir de sangre las retaguardias de Franco. Entre mayo y diciembre de 1937 fueron condenadas y ejecutadas 117 personas solamente en la provincia de Cáceres, relacionadas fundamentalmente con la guerrilla o su apoyo y enlace en los pueblos. En enero de 1938 se asesinó a 132 de los 171 fusilados en esa provincia, acusados de sabotaje y resistencia armada, en su mayoría. Pero también se aprovechaban las ocasiones propicias, como la de la detención de resistentes armados, para volver a las andadas de 1936. El 25 de diciembre, en relación con el complot descubierto en la provincia y que acarreó todas esas muertes, se fusiló junto a 33 personas más también al antiguo alcalde republicano de la ciudad. Fecha señalada, la Navidad, para recordar a los rojos a los que se les perseguiría hasta que no quedase de ellos, como diría un sacerdote en Huelva, «ni la última raíz»[29].

Porque hasta casi las raíces del movimiento obrero o campesino organizado se llegó con las depuraciones que, por más que se supusiese la violencia «controlada», se aplicaban con rigor allá donde las tropas franquistas «liberaban» los territorios. En vez de civiles armados eran tribunales militares los que ordenaban los fusilamientos, como ocurrió de nuevo en Huelva, donde se acabó con cerca de 600 personas, en su mayoría relacionadas con el fenómeno de los huidos, en 1937. Por parecidos motivos, y con similares métodos, se asesinaría a 191 personas en la zona extremeña de La Serena[30]. Unos juicios cuya sentencia, como ya se ha señalado, estaba generalmente establecida desde el principio. Los encausados, solamente por haber huido del terror golpista, eran considerados rebeldes a la Causa, se defendiesen con las armas o no. La caza del huido y del maqui, del guerrillero organizado, continuó implacable durante toda la Guerra Civil y la larga posguerra. Hasta 1953 se continuó fusilando a guerrilleros en el suroeste español, tras unos años, a finales de los años 40, que supusieron el final de la guerrilla antifranquista. Un final teñido, como no podía ser menos, de sangre. Un final, como se verá más adelante, con un marcado olor a plomo.

La estrategia de paralización mediante el terror, ejecutada en lo político y en lo militar, acompañó a los avances territoriales de las tropas de Franco, incluso cuando la violencia había sido ya, supuestamente, reglada y controlada por los tribunales castrenses. En el segundo caso, el militar, las pruebas son evidentes y, además, más que conocidas. Tras el fracaso de la toma de Madrid, la paralización entre noviembre de 1936 y febrero de 1937 (ocupación de Málaga) de las conquistas territoriales y la reglamentación de la violencia en la retaguardia, proceso este último que aún tardaría unos meses en asentarse completamente en todo el territorio nacional, la guerra varió su eje gravitacional hacia el norte, donde las tropas comandadas por Emilio Mola fueron encomendadas a la ocupación de la franja cantábrica todavía en manos republicanas. Y en esa campaña, iniciada a finales de marzo de 1937, se reanudó esa estrategia bélica, la de la paralización. Los bombardeos sobre civiles en Durango y Guernica fueron los ejemplos más contundentes de una técnica que se venía ensayando ya sobre la población civil de Madrid y que se había empleado, como se ha visto previamente, en Málaga[31].

El avance de las tropas de Mola, de este a oeste, se vio favorecido por los bombardeos ejecutados por la Legión Cóndor, enviada por Hitler para ayudar a la causa franquista. En su camino hacia Bilbao, y para romper el cinturón defensivo establecido por la República, Durango fue arrasada en tres bombardeos, que dejaron un saldo de víctimas de 248 personas. Pero el que más horrorizó a la opinión pública mundial fue el del 26 de abril de 1937, en la ciudad símbolo del nacionalismo católico vasco. El que sería después inmortalizado por Pablo Picasso fue un bombardeo con bombas explosivas, seguido por el ametrallamiento de la población civil desde los aviones alemanes. Y aún hoy es, en el imaginario colectivo, la encarnación de la violencia de todas las guerras y, en particular, de la guerra contra el civil. La representación del ataque injusto y desproporcionado. El horror sin necesidad de adjetivos. Pero la realidad demuestra que la Guerra Civil española legó para la posteridad muchos guernicas, muchos lugares de la memoria de la violencia.

Tras la furia de las bombas, y a la vez que se tomaban cada vez más prisioneros que acabarían en las filas de los Batallones de Trabajadores o entre las rejas de las cárceles franquistas, el norte de la Península Ibérica pasó por entero a las manos del general Franco. Primero, Vizcaya. Luego, Santander. Y por fin, la tradicionalmente roja Asturias. Y como siempre, tras las bombas y las tropas llegaron las ejecuciones. Controladas, o al menos reducidas a niveles no comparables con los del verano de 1936, fueron canalizadas por los tribunales militares. Un buen ejemplo de ello estuvo en la capital vasca, y otro en la de Cantabria. En el primer caso, un estudio poco fiable, pero significativo por cuanto multiplica por cinco las valoraciones realizadas por la historiografía oficial durante la dictadura franquista, contabiliza el número de víctimas mortales en 1788. Y de ellos, su gran mayoría lo habrían sido tras un juicio militar sumarísimo, colectivo y sin derecho de apelación. 241 presos de la cárcel de Larrinaga, en Bilbao, salieron por sus puertas tras ser fusilados o ejecutados por el garrote vil, un sistema de tortura y muerte muy cruel heredado de la Edad Media, consistente en la muerte del reo, sentado delante del mismo, por asfixia. Existían dos versiones: el que estiraba hacia detrás un hierro alrededor del cuello hasta asfixiar al ejecutado, o el que empujaba hacia delante un hierro punzante que, tras romper las vértebras, presionaba la tráquea contra el collar de metal. Y en ambos casos era necesaria le actuación de un verdugo. Este tipo de ejecución se mantuvo a lo largo de la dictadura de Franco. El mismo dictador, de hecho, era quien decidía que fuese empleado. A veces escribía sobre las causas con pena de muerte que debía ratificar (con su famoso «Enterado») o indultar una palabra, «Garrote», o dos, «Garrote y prensa». En este segundo caso, se daba una excepcional cobertura informativa a la muerte del reo. La sola presencia en la sociedad del garrote vil, que remitía y remite a épocas oscuras de torturas ancestrales, era a veces suficiente para calmar muchos ánimos revolucionarios.

Por cuanto respecta a Cantabria, la represión vino precedida de falsas promesas. Entre la ocupación de Santander del 26 de agosto que, como hemos visto, dejó en la España de Franco la mayor bolsa de prisioneros de su historia, y la rendición de los batallones de gudaris (luchadores vascos: los soldados dirigidos por el Partido Nacionalista Vasco, nacionalista y confesional), llegó a pactarse con los mandos italianos del Corpo di Truppe Volontarie el llamado Pacto de Santoña. En él se aseguraría una entrega limpia, sin asesinatos y sin justicias militares franquistas. Pero nada estuvo más lejos de la realidad. Los batallones vascos fueron internados en el penal del Dueso y los guardianes italianos fueron rápidamente sustituidos por las tropas franquistas. Hasta 510 sentencias de muerte fueron dictadas antes de noviembre de 1937, y hasta un mínimo de 710 en toda la Guerra Civil en la provincia de Santander, destacando la ejecutada, tal y como recuerdan Villarroya y Solé i Sabaté, el 15 de octubre[32]. En un acto de venganza y escarmiento, se hizo en la cárcel una selección de los «enemigos de España» y, así, cayeron bajo las balas dos dirigentes del PNV, dos del ejército de gudaris, dos comunistas, dos socialistas, dos sindicalistas nacionalistas, dos anarquistas y dos republicanos. Y ni tan siquiera el carácter religioso, de Cruzada, que la Iglesia católica confirió a la causa de los sublevados, impidió que fueran asesinados, por supuestas «actividades antiespañolas», dieciséis curas vascos. Fueron la punta de un iceberg que no miraba si quienes se encontraban en el banquillo de los acusados llevaban sotana. Más de mil sacerdotes del País Vasco fueron, de uno u otro modo, depurados y represaliados. Años de cárcel y destierro, destituciones y sanciones que venían a contradecir la importancia que, retóricamente, se daba entre las filas franquistas a la religión e identidad católicas. Tal cosa entraba en serio conflicto, sin embargo, con la cosmovisión propia y del enemigo construida durante la Guerra Civil por los sublevados de 1936 y por quienes les apoyaron en esa tarea de «limpieza» social. Cosmovisión que identificaba a los vencedores de la guerra con la Iglesia, con la verdadera España.

Y es que en la España de 1937, 1938 o 1939 no se hacían demasiados miramientos a la condición de los encausados a la hora de depurar, internar en campo o prisión, o incluso de ejecutar sentencias de muerte, después de que las tropas de Franco ocupasen todo el norte de la Península, con la conquista de la Asturias republicana a finales de octubre de 1937. Asturias había sido, en particular sus cuencas mineras, férreamente socialista y revolucionaria. En 1934, como se ha visto, se había llegado a la insurrección armada contra el sistema republicano. Y a buen seguro, eso fue tenido en cuenta cuando, tras los fusiles, las banderas y los cánticos militares, Asturias fue ocupada por los poderes del Nuevo Estado. Una masiva y cruenta represión se desató sobre los vencidos: casi un centenar de asesinatos extrajudiciales se contabilizaron en los dos meses siguientes a la ocupación solamente en la ciudad de Oviedo[33]. En localidades mineras, como la de San Martín del Rey Aurelio, hay registrados hasta 261 asesinatos. Y en todo el Principado de Asturias, se conoce la existencia de 5952 víctimas de la violencia depuradora y vengadora del Nuevo Estado, entre prisioneros, sindicalistas, rojos asesinados in situ, partidas de castigo contra los combatientes y huidos en los montes —germen de la resistencia armada antifranquista que se establecerá en la zona, en algunos casos, hasta principios de la década de 1950—, juzgados por consejos sumarísimos de guerra o fallecidos por hambre y enfermedades en la cárcel —de estos últimos, 174—. Asturias, como poco antes lo habían hecho el País Vasco y Cantabria, pagó cara su derrota. Los objetivos siguientes de Franco, siempre evitando acabar la guerra con una ofensiva sobre Madrid, traerían con ellos también su cuota de sangre. No podía ser de otra manera; no se entendía ya, a esas alturas, que la guerra pudiese hacerse de otra manera que de la que se hacía. Primero, en los frentes. Y luego, en las retaguardias. Unas retaguardias que, a partir precisamente de la ocupación del norte peninsular, vieron crecer por doquier unos nuevos espacios de violencia, tortura y reeducación: los campos de concentración y los batallones de trabajadores forzosos.

Capítulo 4: La violencia en la Guerra Civil I

CAPITULO 4

LA VIOLENCIA EN GUERRA CIVIL, I.

CAMPOS EN TIEMPOS DE GUERRA[*]

La Guerra Civil española legó para la posteridad muchos guernicas, muchos espacios relacionados con el terror, con el castigo, como la plaza de toros de Badajoz, la ciudad de Málaga, el puerto de Alicante, Madrid, Paracuellos del Jarama o Torrejón de Ardoz. En los últimos años, a la geografía del horror van añadiéndose nuevas estaciones, cada vez que se abre una fosa común de las del verano de 1936. Y también últimamente, a estos nombres inolvidables se están incorporando en diferente grado otros lugares para la memoria como San Pedro de Cardeña, Miranda de Ebro, Albatera, Lerma, Deusto o Castuera: los campos de concentración de Franco. Si la España del Caudillo echó sus bases políticas en una inmensa inversión en violencia para vivir después de sus rentas, en lo que nos atañe, no hay que andarse con medias tintas a la hora de afirmar que Franco contó con, y se apoyó, en una tupida red de campos de concentración y de explotación de mano de obra republicana para asentar su poder.

Campos de concentración. Ni centro de prisioneros, ni depósitos, ni campamentos, eufemismos que sólo pretenden esconder o atemperar una realidad: la existencia en España de más de 180 campos (104 de ellos, estables) donde a los prisioneros de guerra se les internaba, reeducaba, torturaba, aniquilaba ideológicamente y preparaba para formar parte de la enorme legión de esclavos que construyeron y reconstruyeron infraestructuras estatales, como parte del castigo que debían pagar a la «verdadera» España, por haber ingresado las filas de una supuesta «anti España». Campos que empezaron a abrirse en noviembre de 1936 para regular el tratamiento de los prisioneros de guerra, que en 1937 fueron regulados mediante órdenes específicas como la General de Clasificación de marzo y centralizados en la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, que comenzaron a ser clausurados en 1939 y que, en casos como el de Miranda de Ebro, alargaron su sombra hasta bien pasada la Segunda Guerra Mundial (más concretamente, hasta 1947). Una red de campos y de trabajos prisioneros que llegó a sumar cerca de medio millón de internos —la más densa y poblada, por tanto, de toda la Europa meridional— sufriendo unas deplorables condiciones de vida y unas humillantes políticas de clasificación y reeducación políticas[1].

Los franquistas de 1936-1939 fueron campos en tiempos de guerra; ante todo, de guerra civil. Entendido lo concentracionario como sistema funcional, recurrente y ligado a la naturaleza del poder que los pone en funcionamiento, en el caso de la red de campos de concentración franquista tuvo un carácter eminentemente bélico. Es decir, que se trataron de unidades bélico-administrativas que cristalizaron, en base a su naturaleza funcional, la solución que el Ejército y el Estado faccioso dieran al problema del volumen masivo de aprisionamientos. Por tanto, debemos quitarnos el miedo a hablar de los campos franquistas sin utilizar perífrasis o eufemismos. En primer lugar, porque el concepto de campo de concentración estaba asentado en los modos bélicos como sistema recurrente ligado a la generalización de los ejércitos nacionales masivos. Y en segundo lugar, porque tal concepto no se refiere tanto a un lugar de características siempre homogéneas en el espacio y el tiempo, sino más bien al estatus que a dicho centro se le confiere[2].

Reflejo los campos del paso de una fase de golpe de Estado a otra de guerra civil entre 1936 y 1937, su carácter fue notoriamente preventivo y provisional. Preventivo, pues en los campos no se cumplió pena alguna, sino que sirvieron de antesala a la justicia mediante el internamiento y la clasificación militar, política y social. Y provisional, porque su duración no estuvo reglada de manera unívoca, sino que nacieron con fecha de caducidad, determinada por el fin de sus funciones, ya fuesen estratégicas o, como aquí se defiende, sociales. Los campos supusieron así un primer eslabón en la cadena depuradora y represiva sobre el Ejército republicano derrotado, en el sentido militar, intendente y estratégico (el internamiento, la clasificación y el aprovechamiento de los soldados reincorporados al frente), el funcional y económico (la formación de escuadras de trabajadores forzosos) y el moral e ideológico (la propaganda, la demagogia del trabajo, la reevangelización y la reeducación como vehículos para la «regeneración» del prisionero); además, en el social (la imposición de condiciones de vida generalmente infrahumanas, la represión física directa y los asesinatos, la exigencia de la clasificación como derecho emanado de la ley de la victoria). Fueron, por tanto, lugares no sólo de clasificación del personal militar, sino además de exclusión, de aplicación e imposición de la ley de la victoria. Y existieron mayoritariamente para prisioneros de guerra. Los campos no fueron establecimientos penitenciarios, sino una medida de guerra; no supusieron, por tanto, la aplicación de legalidad alguna, sino que encarnaron precisamente la ilegalidad y la anomia.

Del terror a la burocracia

Ya desde finales de 1936 se comenzó a establecer, en la retaguardia sublevada, la codificación del estatus de prisioneros y evadidos y su tratamiento. Aunque en esas fechas se leyesen opiniones en diarios como FE de Sevilla, donde se abogaba por la implantación del modelo nacionalsocialista de campos de concentración para presos políticos, no serían ésos sino los de guerra los prisioneros para los que se estableciese la red concentracionaria franquista. La toma y acumulación de prisioneros de guerra (como los 500 capturados en la catedral de Sigüenza y trasladados a Santa Clara, en Soria) en el momento en que se decidió parar y regularizar la «represión caliente», así como la necesidad de emplearlos en favor de los intereses económicos y políticos del Movimiento llevó a las autoridades militares, y en particular a las Divisiones Orgánicas y los Ejércitos, a establecer un débil pero premonitorio sistema de internamiento, con campos en Zaragoza, Burgos, La Coruña, Ávila y Talavera de la Reina. Esa sería la primera y escasa red concentracionaria, origen de la que desde 1937 abarcaría prácticamente todas las zonas geográficas de la retaguardia franquista: una red y una estructura de internamiento por la que, a la postre, acabarían pasando entre 350 000 y medio millón de prisioneros de guerra, hacinados, mal alimentados y sometidos a un estricto control y a una no menos estricta reeducación moral e ideológica, pagos previos para poder, en el futuro, formar parte de la «verdadera» España. Así, los campos de concentración no se crearon en 1937, como se ha afirmado de manera errónea[3]. Los campos franquistas fueron la respuesta militar e intendente de los mandos facciosos al problema de la acumulación de disidentes, presos y prisioneros de toda índole, en las retaguardias y provenientes de los frentes de guerra; y de ellos hay noticias en 1936, sin regulación alguna ni institucionalización, pero con igual naturaleza que los campos de 1937: la naturaleza de ilegalidad, de provisionalidad, de dependencia bélica.

El mismo general Emilio Mola fue quien, a tenor de la documentación militar, propuso aclarar en enero de 1937 la situación de los prisioneros de guerra que empezaban a acumularse en estos centros de internamiento de las divisiones militares, las cárceles y los presidios de todo tipo. La clasificación de los prisioneros de guerra, para separar soldados favorables y, por tanto, aprovechables para las líneas sublevadas, estaba en el fondo de la cuestión. Para ello, se hacía necesario dar normas unívocas para no asimilar a los prisioneros a los demás «presos rojos (…) y sometidos al régimen carcelario» y, por tanto, eran necesarios locales y centros precisos destinados a albergar prisioneros bélicos: en este contexto, se habilitaron los campos de Orduña (el colegio de los jesuitas) y Murgia (el de los PP. Paúles), en Vizcaya y Vitoria, respectivamente, así como el de Miranda de Ebro, para apoyar el trabajo de las Comisiones Clasificadoras —la primera en funcionar fue la de Burgos— creadas desde 1936 a las órdenes de los Auditores de Guerra, de los juzgados militares a través de los cuales, como se ha observado, se encauzó la violencia franquista en las retaguardias. El objetivo de éstas era clasificar a los prisioneros de guerra, entre quienes podían ser reintegrados al Ejército y quienes debían sufrir penas de cárcel o muerte, tras su paso por el juicio militar sumarísimo.

Foto 6. Brigadistas internacionales prisioneros en el Jarama, siendo trasladados a un centro de reclusión en febrero de 1937.

La regulación del sistema de campos fue, de tal modo, progresiva y paralela a la del aparato legal y jurídico establecido por los sublevados para encauzar, corregir y castigar las actuaciones individuales y colectivas durante la llamada «dominación roja» y, más en particular, las realizadas en el bando republicano en guerra. Un aparato jurídico al que, no obstante, se pediría en diferentes ocasiones celeridad e implacabilidad, para poder aplicar de modo sumario y «urgente» el fallo, «para la necesaria ejemplaridad de las acciones». Así, las Comisiones de Clasificación representaron la progresiva regularización, desde criterios homogéneos para todo el territorio franquista —lo que da muestra clara de su aspiración de legitimidad y estatalidad—, del paso de los territorios «liberados» y sus habitantes y combatientes capturados a la zona insurrecta. Ante la previsión de tomar, con el giro norteño de las acciones bélicas, a grandes masas de población y cientos de kilómetros de territorio, la «ficción legal» de la represión habría de mostrarse en toda su cruda, improvisada y desestructurada realidad en primera instancia a través de la Orden General de Clasificación, que establecía los criterios para la división de los prisioneros de guerra entre afectos, dudosos y desafectos a la causa franquista. Esta orden, dictada el 11 de marzo de 1937, estipuló la «adicción» al Movimiento —la sublevación franquista— en cuatro grados, según los datos y avales que de las «entidades patrióticas», clero, Guardia Civil y Falange local se remitieran a las Comisiones de Clasificación, instaladas por regla general (y por comodidad) en los mismos campos de concentración.

Sin embargo, esas clasificaciones, cuyos resultados empezaron a observarse a finales de 1937 cuando se notificó que ya entonces más de 107 000 prisioneros de guerra habían sido sometidos a ella, dejaba zonas fuera de la legalidad. Quienes eran encontrados afectos eran remitidos a las trincheras del ejército franquista. Quienes eran desafectos se sometían al juicio militar sumarísimo y, en consecuencia, eran condenados a penas de cárcel o a la pena máxima, la de muerte. Pero entre medias quedaban todos aquellos a quienes no pudo instruírseles causa, por falta de datos. Como señalaban las órdenes oficiales, «todos eran necesarios para la Victoria»; pero no a todos se les podía certificar el grado de afección u oposición al «Movimiento salvador de la Patria». Por ello, a todos esos «dudosos» se les condenó a trabajos forzosos. Aunque aquí la palabra «condena» no sea la más ajustada, puesto que, en puridad, los Batallones de Trabajadores, nutridos de esos primeros campos de concentración plagados de prisioneros «dudosos» y coordinados por la Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación del ejército franquista, no significaban pena judicial alguna, ni estaban regidos por los tribunales militares. Simplemente, mientras se instruían sus clasificaciones, los prisioneros de guerra fueron explotados laboralmente. Ya a mediados de 1937 estaban en funcionamiento tres Batallones de Trabajadores forzosos, una pequeña muestra de las docenas que acabarían siendo empleados en las retaguardias de Franco hasta bien entrado el año de 1942.

Ese trabajo forzoso fue regulado, mediante un curioso giro jurídico, en mayo de 1937 con el decreto (que hacía el número 281 del Nuevo Estado) que concedía el derecho al trabajo en condición de peones a los prisioneros de guerra (no a los presos comunes), fórmula pseudolegal para esconder la intención real: la explotación de la mano de obra forzosa. De hecho, para explicar la puesta en funcionamiento de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros de guerra (ICCP) desde julio de 1937, su jefe inspector, Luis de Martín Pinillos, se remitiría casi de manera exclusiva a las palabras de Franco redactadas en este decreto. Con su publicación se trataba de atajar una grave situación ya existente —eso explica el tono apremiado y provisional— dándole una vuelta a la tuerca del problema de los prisioneros de guerra en aras de su utilización para bien del Movimiento, y justificando toda su parafernalia en la bondad y magnanimidad de la concesión, y en la necesidad de regeneración a través del trabajo de los clasificados provisionalmente de manera negativa. Cabe transcribirlo en parte, puesto que en su interior se hallan algunas de las claves que fundamentan la misma existencia del universo concentracionario. Decía el decreto:

El victorioso y continuo avance de las fuerzas nacionales en la reconquista del territorio patrio ha producido tal aumento en el numero de prisioneros y condenados, que la regulación de su destino y tratamiento se constituye en apremiante conveniencia. Las circunstancias actuales de la lucha y la complejidad del problema impiden en el momento presente dar solución definitiva a la mencionada conveniencia. Ello no obsta para que con carácter netamente provisional y como medida de urgencia, se resuelva sobre algunos aspectos cuya justificación es bien notoria. […] Existen otros [prisioneros], en número considerable que sin una imputación específica capaz de modificar su situación de simples prisioneros y presos les hace aptos para ser encausados en un sistema de trabajo que represente una positiva ventaja.

El derecho al trabajo, que tienen todos los españoles como principio básico declarado en el punto quinto del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado por el nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos, en tanto en cuanto no se oponga a […] los más elementales deberes de patriotismo. […] Tal derecho al trabajo viene presidido por la idea de derecho-función o de derecho-deber y en lo preciso, de derecho-obligación.

Y ese «derecho» al trabajo tendría como lugar de origen el sistema concentracionario. Unos campos que, si bien fueron puestos en funcionamiento siguiendo las necesidades de internamiento, clasificación y reutilización de los prisioneros de guerra, sirvieron ante todo para humillar y reeducar a casi medio millón de soldados republicanos. En 1937 fue la zona del norte peninsular, en consecuencia, la que más se pobló de centros de internamiento: los campos de Estella-Casa Blanca y Monasterio de Irache, en Navarra, la Universidad de Deusto en Bilbao tras su caída el 19 de junio, Pamplona, Aranda de Duero, Logroño, Burgos (el campo del monasterio de San Pedro de Cardeña) fueron los primeros resultados del cambio en el centro de gravedad bélico hacia el norte peninsular. Y otro resultado fue el incremento del trabajo de las Comisiones Clasificadoras, que ya desde junio de 1937 comenzaron con su trabajo de organizar Batallones de Trabajadores —creados en los campos de San Gregorio (Zaragoza) y Soria— y de instalarse en los sucesivos campos que irían creándose por toda la retaguardia militar: en Badajoz, Mérida, Cáceres o Talavera de la Reina.

Con esos antecedentes, el 29 de junio de 1937, dos días antes de que las tropas franquistas alcanzasen los límites de la provincia de Santander, Franco resolvió el cese del coronel Luis de Martín Pinillos y Blanco de Bustamante en el Gobierno Militar de Cáceres para que asumiese el mando de la Inspección de Campos de Concentración (ICCP), de la que pasaron a depender unos 11 000 prisioneros ya internados en campos. Y nada más llegar a su nuevo puesto, decidió la creación de los campos de Lerma y Aranda de Duero y la asunción del mando de los de Cáceres («Los Arenales» y la plaza de toros), Plasencia, Trujillo; Badajoz (el «Cuartel de la Bomba»); de los campos asturianos de Figueras, Ortigueira y Cañero; de los prisioneros de guerra internados en la prisión provincial de Salamanca; en Córdoba, y del campo de San Marcos, en León. La historia concentracionaria franquista, desde la creación de la Inspección, pasó de una fase de provisionalidad a otra de estabilización y crecimiento. Razones de sobra como para plantear que, en su interior, podría gestionarse la represión de la ideología republicana: una represión física, moral, identitaria, cotidiana.

El principal interés de Martín Pinillos fue desde entonces centralizar todo cuanto tuviese que ver con el tratamiento de los prisioneros de guerra, tratando así de bloquear la posibilidad de apertura de campos y centros para prisioneros dependientes de otras unidades bélicas, y gestionando por ende todo el proceso de la vida del soldado republicano en zona franquista, desde el apresamiento al destino definitivo. Para ello, en julio se instó a reformar la Orden General de Clasificación, abarcando el «derecho» al trabajo a los prisioneros clasificados Ad, adicto/afecto dudoso, que junto a los B —desafectos sin responsabilidades criminales— engrosarían los campos de concentración estables, así como los Batallones de Trabajadores. Por los campos franquistas, espacios sin par de violencia, pasarían así la enorme mayoría de los prisioneros de guerra aprehendidos en el norte peninsular. La conquista de Santander, además del enjuiciamiento y fusilamiento de los disidentes políticos, conllevó de tal modo el internamiento «con toda rapidez» de unos 50 000 prisioneros, capturados en pocas semanas: la rendición masiva más importante de la guerra. Fue la ICCP de Martín Pinillos la que se encargó de evacuarlos, estableciendo cuatro campos en Santoña —el penal del Dueso, el Instituto Manzanero, el cuartel de Infantería y el fuerte de San Cristóbal, alojando un total de unos 1200 prisioneros—, cuatro en Santander —la plaza de toros, los Campos de Fútbol, las Caballerizas del Palacio de la Magdalena y el Seminario de Corbán, con un número aproximado de 12 000 prisioneros—, varios en Laredo —en los locales de las escuelas y diferentes edificios del pueblo con 8000-9000 prisioneros— y, por último, diferentes edificios en Castro-Urdiales, donde se podrían alojar otros 10 000 prisioneros. Entre finales de julio (la ciudad se ocupó el día 26) y principios de agosto se pusieron además en funcionamiento los campos de Cedeira, Ferrol, Muros, Rianjo, Camposancos —en Galicia—, el Caserío de Osío, Jaca, Haro y Valencia de Don Juan, así como las redes de distribución de prisioneros hacia el resto de campos en funcionamiento. Existía entonces una población prisionera de 70 000 hombres.

Tal sobrepoblación llevó pronto al bloqueo burocrático y administrativo, a pesar de las continuas ampliaciones de campos de concentración —en agosto se unieron a los campos de la ICCP el del monasterio de la Santa Espina (Valladolid) y los de Medina de Rioseco, Palencia, Palma de Mallorca— y la multiplicación de las comisiones asentadas en los campos de clasificación. Lo mismo que se repetiría en octubre de 1937 cuando, sin resolver la reubicación de los prisioneros de Santander, se lograse el cierre de la franja norteña con la conquista de Gijón, el 21. La necesidad de espacio para internamiento y clasificación cristalizaron en la instalación de los nuevos campos de Asturias, en Llanes, Celorio, Gijón, Avilés, Candás, Oviedo (La Cadellada), Luarca, Andes, Infiesto, Pola de Siero, con un total aproximado de 30 000 prisioneros; y en Galicia, los de Ribadeo, Santa María de Oya y Celanova, con un número aproximado de 10 000 prisioneros. En base a la orden de clasificación de marzo y julio de 1937, los 75 000 prisioneros del norte fueron clasificados, en un proceso que sin duda duró mucho más de lo esperado, directamente dentro de los campos de concentración, donde se trasladaron las Comisiones de Clasificación para evitar traslados innecesarios de prisioneros. De manera propagandística y para demostrar el supuesto alto índice de adhesión popular al Movimiento, se dijo que un 55% de los prisioneros de 1937 eran afectos (A), un 15% afectos dudosos, un 13% desafectos sin responsabilidades criminales, un 9% culpables de delitos políticos, un 2% culpables de delitos de sangre y anticlericalismo, aparte de un 6% que estaría aún sin clasificar.

En principio tamaña adicción al Movimiento resulta dudosa, aunque resulte paralela a la que den las cifras de clasificación de las Comisiones para todo 1937. Por tanto, de los 106 822 prisioneros clasificados por las Comisiones en todo 1937, casi un 30% se integraría en los grupos (Ad y B) para los que la red concentracionaria centralizada se había creado, salvándose del consejo sumarísimo de guerra en el Tribunal Militar, pero ingresando en los campos de la ICCP para la creación de Batallones de Trabajadores, la vía «honrada y justa» de utilizar para sí, para salvar la «Patria y civilización cristiana», a la «horda de asesinos y forajidos» que se enfrentaba al ejército franquista. A finales de año había, en consecuencia, 65 Batallones de Trabajadores forzosos en la retaguardia franquista, explotando a 34 000 prisioneros e integrándolos en una economía de guerra que, más bien, era esclavización laboral.

Foto 7. Prisioneros en uno de los campos de concentración de Santander, esperando a ser llamados para su interrogatorio y clasificación. Santander, julio de 1937.

«Todos son necesarios para la Victoria»

La exclusión masiva de los vencidos fue uno de los paradigmas fundacionales del régimen franquista, y ésta tuvo en los campos de concentración la cristalización más inmediata. Internamiento, hacinamiento, clasificación, depuración, reeducación y reevangelización se dieron la mano en los campos franquistas para hacer saber a los prisioneros, a los disidentes reales o potenciales, su verdadero lugar en la Nueva España de Franco. Unos campos que, en el cada vez más despejado camino hacia la Victoria franquista desde 1938, supusieron para los prisioneros de guerra, los «rojos», los «revolucionarios engañados», el primer eslabón en la larga cadena de la derrota. Las consecuencias de la caída del frente norte se hicieron sentir durante meses y devinieron en los ulteriores intentos de remodelación del sistema concentracionario. Pero, ante todo, 1938 y 1939 resultaron ser los años donde en los campos de concentración se observaron las mayores tendencias de grado totalitario en el trato de los prisioneros de guerra. Y no sólo por las pruebas que de ello dan la inquietante presencia de agentes de la Gestapo en San Pedro de Cardeña —campo para interbrigadistas desde abril de 1938— o las investigaciones sobre «psiquismo marxista» y la pureza de la raza hispánica del Gabinete de Investigaciones Psicológicas de Vallejo Nájera; también por el endurecimiento de las condiciones de vida en los campos, y por la articulación de programas de reeducación ideológica, moral y religiosa sobre los prisioneros.

El retraso en la clasificación de los prisioneros del norte y la necesidad de espacio para internar y clasificar a los de Aragón y Cataluña determinaron el mantenimiento de la ICCP como referente no en la depuración, sino en la gestión administrativa e intendente de los prisioneros de guerra. Por ello, y para delimitar funciones, en 1938 se estableció la red de competencias sobre los prisioneros de guerra que se mantendría hasta el final de la guerra: campos de evacuación, «lazaretos», de clasificación, de prisioneros «Ad y B», para internacionales, para inválidos, además de un proyecto de campo para menores de edad. La ICCP mantuvo el control de algunos del tercer tipo, así como el cuarto, el quinto y el sexto. Es decir, que mantuvo la potestad sobre la red concentracionaria propiamente dicha; la dotaba de cierta estabilidad. No obstante, fue 1938 también el año en que ambiciones y realidades chocaron de manera frontal, y el devenir de los hechos en 1939 y la ofensiva de la victoria solamente ratificaron esta apreciación. Las pretensiones de crear «campos de trabajo» con el respaldo de Serrano Súñer (un fracaso para Martín Pinillos, que hubo de ceder prisioneros a Regiones Devastadas sin que dependiesen de su mando) fracasaron, y como «campos de trabajo», sin que fuese la denominación dada durante la guerra, podemos sólo entender en algunos momentos los recintos donde se albergaron Batallones de Trabajadores, escuadras de Regiones Devastadas o, en posguerra, Colonias Penitenciarias Militarizadas y Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. Pueden considerarse como tales, pero no recibirían tal calificación. Pero sin duda, el fracaso mayor no fue el mero hecho de no obtener la tutela conjunta, civil y militar, de los supuestos campos de trabajo. El fracaso más grande resultó el de la ideología y las ambiciones que sustentaban tal proyecto, imponiéndose definitivamente la funcionalidad bélica de los campos de concentración. Por tanto, más la heterogeneidad, la provisionalidad y la arbitrariedad interna en los campos que en una organización racional y guiada por unos principios inamovibles.

Desde enero de ese año, y tras la pérdida de Teruel, Franco tomó de nuevo la iniciativa bélica. Consciente de ello, la ICCP de Martín Pinillos preparó la ampliación de los campos cercanos al frente aragonés, a base de barracones desmontables. La ampliación, además, fue paralela a la búsqueda de nuevas ubicaciones, mas sólo el Burgo de Osma pudo utilizarse para encuadrar, clasificar y depurar a los 15 723 prisioneros de febrero, 14 170 de marzo o los 18 046 de abril de 1938. Los avances territoriales y los movimientos bélicos, desde el desbordamiento del frente aragonés a la ofensiva sobre Cataluña (pasando por las conquistas de Lérida y Castellón, y batallas tan significativas como la de Pándols y el Ebro) habrían así de renovar las necesidades de espacio para la clasificación y el internamiento de prisioneros, y además dieron pie, en el seno de la ICCP como centro neurálgico de lo concentracionario, a plantear nuevas iniciativas para el tratamiento de los prisioneros de guerra.

De los prisioneros hechos entre marzo y finales de abril se evacuarían a campos estables 30 513, tomando como base el campo de San Gregorio en Zaragoza, el pequeño campo de Calatayud y el de San Juan de Mozarrifar, junto a la capital aragonesa (de nueva creación en febrero ante el abarrotamiento de los locales de la Academia General Militar). A ellos llegaban desde su paso por los centros divisionarios y de los Cuerpos de Ejército franquista dispuestos en territorio aragonés para su evacuación, y de ellos salían para ser encuadrados en Batallones de Trabajadores o para ser internados indefinidamente en campos como San Pedro, campo este último que, desde abril de 1938, sería también empleado para internar a los prisioneros extranjeros de las Brigadas Internacionales. Casi todos los campos y batallones entre marzo y abril de 1938, ante la necesidad de espacio donde tramitar las clasificaciones de las Auditorías, sufrieron fuertes incrementos en el número de prisioneros que albergaban, de los 72 000 de marzo a los 81 000 de abril, en relación con la ofensiva aragonesa y sobre Castellón, con casi 43 000 internados en campos, entre no clasificados y pendientes de avales. Sumando, pues, el número de prisioneros clasificados durante el «segundo año triunfal» y primero de la ICCP (106 000 en 1937 y unos 60 000 hasta julio), obtenemos la cifra aproximada de 166 000 prisioneros internados (independientemente de la duración) hasta mediados de 1938.

Pero volvamos un momento atrás, puesto que en 1938 se logró completar —a falta del campo correccional de menores, del que hubo proyectos en 1939— la tipología de campos de concentración planteada por el inspector de la ICCP con el establecimiento de uno exclusivamente para prisioneros internacionales, que por orden de 4 de abril sería San Pedro de Cardeña, junto con prisioneros españoles pero en régimen teóricamente diferente: bajo el auspicio, esta vez sí, de la Convención de Ginebra de 1929. A este monasterio, ya ocupado por prisioneros de la campaña de Asturias, llegaron paulatinamente en abril, marcando la dinámica que posteriormente se repetiría hasta su cierre en 1940, todos los prisioneros de las Brigadas existentes en otros centros de internamiento y campos de concentración. La pretensión reeducativa, regeneradora y evangelizadora de los campos, clara en San Pedro —donde existió una purgada biblioteca y donde se experimentaron las sesiones de propaganda mejor documentadas— y más difusa en otros al ser tantas veces paso provisional de prisioneros, nos puede llevar a esbozar en breve bosquejo las condiciones de vida y, por ende, la vida cotidiana en ellos. Pues la visión oficial, edulcorada y sanitaria de los campos franquistas se contradice y desploma en cada uno de los relatos autobiográficos de los prisioneros, y en la cristalización personal de la experiencia cotidiana en los campos.

Un análisis a las disposiciones tomadas para regular su régimen interno da muestras claras de cómo percibían las autoridades facciosas a sus potenciales disidentes: una combinación de degenerados, engañados e irreductibles a la que había que quitar de en medio, de manera expeditiva o a través de lo que se denominaba «ganarse» al prisionero. Ganar adeptos a la causa implicaba la recuperación del exsoldado, hallando en el trabajo el vehículo propicio, pero también cristalizándolo en la reeducación del prisionero: propaganda (directa e indirecta), evangelización y limpieza ideológica formaban parte de los medios a través de los cuales el «verdadero cristiano» que todo español llevaba dentro saldría a flote, anegado en el rencor ateo y marxista en el que había estado engañado. No sólo la clasificación formaba parte de la función social de los campos franquistas, por tanto. Tanto o más importante era la demostración pública de la aceptación y el sometimiento en izadas y arriadas de bandera, formaciones —dos al día además de las de distribución de la comida—, y demás actos públicos como las conferencias «religioso-patrióticas». Y, asimismo, en la aceptación de las condiciones de vida (con la correspondencia censurada, prohibiciones de entrada de familiares, higiene e intimidad imposibles, registros, cacheos e investigaciones, «cursos de refutación del marxismo» [sic], «conferencias de carácter higiénico-sanitario y de divulgación profiláctica de enfermedades venéreas» [sic], trabajos sin encuadrar en Batallones de Trabajadores, etc.) como parte integral del «merecido» castigo por haber pretendido «destruir la Nación». Si no se aceptaba esta última variable, para ello estaban los servicios religiosos, donde el sacerdote era el «conductor espiritual de la moral del prisionero, para lo que dará las conferencias y prácticas religiosas que sean convenientes».

La primera mitad de 1938 resultó, pues, ser el corolario del proyecto social del «nuevo Estado» para sus prisioneros de guerra. Para hacernos una idea de lo que eso significaba, basta decir que por esa fecha se realizó una investigación sobre la situación sanitaria del sistema de campos, estipulándose los «máximos higiénicos» de capacidad de cada uno de ellos. Y los resultados fueron escalofriantes: un campo como el del palacio de la Magdalena, en Santander, estaba repleto hasta el 266% de su capacidad. El de Murgia, al 253%. En el campo del cuartel de Infantería de Santoña había más de 3500 internos, pero solamente podría albergar a unos 1500: es decir, se encontraba al 234% de su capacidad. De hecho, sólo tres campos disponían de espacio libre. La gran mayoría se movía en porcentajes entre el 230 y el 140% por encima de su capacidad. Pero eso no preocupaba en exceso a las autoridades del sistema concentracionario franquista. Lo que sí les importaba, y mucho, era la reeducación, la represión y la reutilización de los prisioneros de guerra. Las tomas de Lérida el 3 de abril y de Castellón el 13 de junio como realización máxima del avance territorial desarrollado por las tropas franquistas —y con campos de concentración en ambas— pusieron en el brete de distribuir una población prisionera de unos 69 000 hombres que según el Parte Oficial de Guerra habrían caído en su territorio desde enero hasta julio de 1938. Una población que solamente iría en aumento según avanzasen los acontecimientos: la batalla del Ebro y la conquista de Cataluña fueron los hitos más importantes de ese camino a la derrota total del Ejército Republicano. Al poco de iniciarse el que se acabaría conociendo como el «Año de la Victoria», 1939, el total de prisioneros al mando de la ICCP era de 277 103 en campos de concentración, y de 90 000 en Batallones de Trabajadores.

Foto 8. Prisioneros internados en un campo de concentración. El saludo fascista solía considerarse como buena prueba de reeducación política. Gandesa, 1938.

A principios de 1939 se dispuso la creación de nuevos campos para la ocupación final de Cataluña. Reus y Tarragona serían los primeros campos permanentes de clasificación, dando también carácter de estabilidad al de Barbastro y a los de Lérida, y al poco al de Cervera, como centro de evacuación, y Manresa. Ante el agotamiento de los campos de Extremadura, se ordenó la concentración de prisioneros en Huelva y el cuartel de La Aurora de Málaga, para 2000 y 3000 prisioneros, respectivamente, mientras que los campos de Pamplona y Estella servirían para internar y clasificar a los repatriados por Irún. En ese mismo mes, por un lado, se pediría personal para custodia de las plazas de toros habilitadas como campos y se empezaban a evacuar por mar prisioneros a los que se señalan como campos de concentración de Sevilla, Betanzos, Écija, Rota (Cádiz), Huelva, Santa María de Oya, Padrón y Málaga; por el otro, se cotejaría la capacidad de evacuación de personal desde Zaragoza, para preparar el fin de las hostilidades en Cataluña con conexión con los campos, algunos denominados eventuales, de Camposancos, Toro, Valencia de Don Juan, Zamora, Puebla de Caramiñal, Trujillo y Figueras-Castropol. Sobre tales disposiciones pesaba la toma de Barcelona, el 26 de enero de 1939.

Tal situación devino en la reforma de las normas de clasificación, para evitar lo ocurrido en el norte, y para facilitar la que a todas luces, tras la conquista de Cataluña, iba a ser la gran victoria final. La caída de Barcelona en manos de Franco llevó a que en marzo se agolpasen sólo en los campos más de 180 000 prisioneros de guerra (son conocidos los de Barcelona: Horta, El Cánem y demás centros provisionales; en ellos estaban parte de los 147 000 de febrero, así como unos 40 000 apresados hasta finales de marzo) hasta el punto de renunciarse a la clasificación de los prisioneros en los centros divisionarios, contraviniendo la norma en teoría vigente, y multiplicándose las evacuaciones de prisioneros a campos de clasificación, señalados a veces como de «última creación» (aunque la documentación incluya algunos de 1936 y 1937, paradójicamente) como los de Sanlúcar (Sevilla), los tres de Sevilla capital, Antequera y Ronda (Málaga), los Cotos del Duque y de la Compañía Trasatlántica (Cádiz), Valdebuena de Duero (Valladolid), Palencia, Astorga y Valencia de Don Juan (León), Salamanca, Ciudad Rodrigo, Toro, Santiago de Compostela, dos en La Coruña capital, Puebla de Caramiñal y Rianjo (Coruña), Santa María de Oya (Pontevedra), Mollerusa (Lérida) y Torrijos (Toledo); y devino también en la decisión de modificar en la práctica —la teoría se había lanzado en 1937, pero no había cristalizado— las normas de clasificación, para descongestionar los campos enviando a los dudosos a sus localidades de origen. Allí el exsoldado, ya clasificado, sería condenado a penas desde los cuatro meses al año al internamiento y trabajo forzoso en un batallón, y en particular en los batallones de «penados»; la sombra de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 estaba presente en esta última medida.

Nos acercamos al final de esta historia, o al menos al final cronológico del período abarcado en este capítulo. Durante la llamada «ofensiva final», la máxima fue quedar «autorizadas las Grandes Unidades para establecer donde juzguen conveniente los Campos de Prisioneros». Fue el descontrol final, el fracaso de las aspiraciones de control de la ICCP, la explosión máxima de la característica funcional de los campos franquistas. Hasta sesenta nuevos centros de internamiento poblaron la retaguardia franquista, que cada vez más fue el país entero. De hecho, más que una «enorme prisión», como suele decirse, España pareció, siquiera por pocos meses, un enorme campo de concentración. Las carreteras aún de la España republicana, sin mandos ni orden, se llenaron así de soldados y mandos, de civiles y militares, unos regresando hacia sus casas, otros yendo al encuentro de las tropas franquistas, otros dirigiéndose a los últimos puertos de mar no ocupados por las tropas victoriosas, que el 26 de marzo iniciaron la conquista definitiva de pueblos y ciudades donde, según Thomas, ondeaban banderas blancas para evitarse el trauma de los bombardeos y la artillería.

Sin oposición alguna, los franquistas tomaron en masa a las unidades republicanas. Madrid, Jaén, Ciudad Real estaban en manos de Franco, mientras sus últimos defensores tomaban camino de Alicante, ciudad ocupada por las tropas italianas del CTV el penúltimo día de marzo. Con la toma de Almería, Murcia y Cartagena al día siguiente, todo el territorio nacional estaba en manos de Franco. Su proyecto de guerra, decidido en noviembre de 1936 ante la resistencia de Madrid al golpe de Estado, concluía victorioso. 140 000 prisioneros ingresaron las filas de los depurados por la Nueva España en menos de un mes. Por ese motivo, la dinámica clasificatoria, represiva y explotadora iniciada en la primera mitad de 1937 se mantuvo, como mínimo, hasta 1942, fecha en que los prisioneros de guerra dejaron de depender de la voluntad del Ejército vencedor en la Guerra Civil. En ese año, clausurados ya en su inmensa mayoría los campos franquistas, los últimos prisioneros de 1939 finalizaron su «deuda» con la España de Franco, pagada con trabajos forzosos. Otros muchos murieron fusilados en la inmediata posguerra. Más todavía fueron cuantos dieron con sus huesos en las cárceles. Miles fueron también los que fueron dejados en libertad provisional, y sometidos a la vigilancia más implacable, más cercana y más humillante: la de sus propios vecinos.

Los campos en Fuenteovejuna, Fuenteagria, Córdoba, Granada, Aranjuez, Pinto, Alcubillete, Talavera, Toledo, los de la provincia de Ciudad Real, además de multitud de campos divisionarios —de los que resultaría demasiado largo dar cuenta—, sirvieron para demostrar que el final retórico de la guerra traía consigo el lastre de decenas de miles de prisioneros, pero además que ahora era todavía más sencillo hacer tabula rasa con el pasado y, en el último estertor bélico, amplificar la función represiva de los campos de concentración, como se puede colegir de las experiencias en «Los Almendros», Albatera o Alcalá de Henares. Y los datos sólo parecen demostrarlo: aparte de los campos de las Grandes Unidades, de los que no había datos, solamente en campos de la ICCP había en julio de 1939 más de 70 000 prisioneros, lo que da idea del volumen de concentración en la inmediata posguerra, cuando en campos las medias mensuales durante la guerra solían moverse entre los 35 y 45 000 prisioneros.

El fin de las operaciones militares supuso así la reestructuración del sistema concentracionario —y de la ICCP—, que en la ofensiva final prácticamente había desaparecido: el cierre en noviembre de los campos de Alcalá, Albacete, Deusto, Aranda de Duero, las Isabelas, las Agustinas, Alcoy, Denia, Monovar, Figueras, Murgia, Corbán, el monasterio de la Santa Espina, Camposancos, Lavacolla y Padrón dejó en la España de Franco los campos del centro escolar Miguel de Unamuno en Madrid (para formación de BB. TT. y de Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores), Plasencia, Rota, Porta-Coeli, Horta, Cervera, Reus, San Juan de Mozarrifar, Miranda, Lerma, San Pedro de Cardeña, Fuerte de San Martín y La Magdalena (Santander), San Marcos (León) y, finalmente, Aviles. Con el tiempo que da la victoria total, a los prisioneros se les mandaría a sus lugares de residencia en la mayoría de los casos, para pasar, tras la depuración, a cumplir la «mili de Franco» en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores; generalmente, por el tiempo del reemplazo. Pero ¿y después? Cuando los prisioneros ya estaban en libertad, en Batallones de Trabajadores, en las cárceles franquistas o en las fosas comunes, el sistema concentracionario franquista empezaba a carecer de sentido. En cuanto los remanentes de la Guerra Civil fuesen puestos a disposición de las auditorías de guerra, y, por tanto, los prisioneros de guerra o presentados que se hubiesen logrado aprehender pasasen las respectivas clasificaciones, el objetivo militar de los campos de concentración en tiempos de guerra se habría cumplido; hasta el punto de que en 1942 se disolvería la ICCP, antes reconvertida en Jefatura de Campos de Concentración, dentro de la Dirección General de Servicios del Ministerio del Ejército. Pronto, en cambio, se vio la impracticabilidad de un desmantelamiento rápido. Las variables internacionales jalonarían, en este renacer del mundo concentracionario franquista, las explicaciones de este fenómeno: no sólo miles de españoles volvían del exilio, sino que además crecía el número de refugiados provenientes de Francia. Sin embargo, ésos cada vez más dejaban de ser campos en tiempos de guerra civil, para ser campos en tiempos de guerra mundial.

¿Qué quedó, por fin, de la que fue la red concentracionaria franquista? Sobre todo miles de prisioneros depurados, represaliados. Y el silencio, la ocultación, la mentira de un régimen victorioso e impuesto a buena parte de su población. Para los prisioneros, fue la exclusión, el trabajo forzoso y la libertad de Franco. Para Luis de Martín Pinillos y Blanco de Bustamante, la concesión del empleo de general de Brigada Honorífico, concedido por Franco y Varela el 31 de mayo de 1940; y la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, concedida por Francisco Franco y Carlos Asensio Cabanillas el 29 de octubre de 1943.

A la sombra de un palillo

Según la propaganda oficial, los prisioneros internados en campos de concentración regresaban «al hogar de España». El hogar de la «verdadera» España no era, sin embargo, nada parecido a una casa acogedora ni a un fuego reconfortante. Antes bien, los prisioneros de Franco que, en su gran mayoría, fueron internados en los campos de concentración hubieron de sufrir en sus carnes el hacinamiento, la falta de higiene, alimentación y agua. Como primer eslabón del laboratorio social en que se convirtió el sistema penitenciario franquista, pensado para la creación de un nuevo orden fundado en el consenso forzoso y la coerción, el campo de concentración cumplió una función social de adoctrinamiento, reeducación y doblegamiento. Y eso se cristalizó en experiencias concretas, experiencias definidas, en los internos de los campos. Siguiendo la documentación oficial, el proyecto social que de la experiencia concentracionaria pretendía extraerse tenía diferentes dimensiones. Una experiencia de eliminación física, como en el campo extremeño de Castuera; una experiencia de aniquilación ideológica, como en el campo de San Pedro de Cardeña; una experiencia de tortura cotidiana, como en el campo de San Juan de Mozarrifar. Una experiencia que iba más allá de la clasificación político-militar, determinada por una serie de valores morales, culturales, que habrían de regir el ordenamiento y la vida cotidiana dentro de los campos de concentración y los BB. TT.: la reeducación, la recatolización y la desmarxistización significaron la traslación dentro de los campos de todo un paradigma de reorganización social desarrollado por los vencedores de la Guerra Civil.

Ser prisionero era estar condenado al hambre, al frío del invierno y al calor del verano, a la espera en el campo a veces sine die, a las palizas, a la sed, al aburrimiento, al miedo al aval y a la delación. Era estar condenado a huir de todo ello y a emplear todas las energías en ello. Era estar condenado a la miseria, física y moral. Y era estar sometido a un régimen de vida impuesto por unos captores que menospreciaban legalidad alguna, internando extrajudicialmente a los prisioneros para cumplir una misión de «limpiar» la nación de sus enemigos, ese totum revolutum llamado anti España. O, en su defecto, la misión de reeducarla y aprovecharse de ella. Así, el hambre, las miserables condiciones de vida y el maltrato formaban parte consustancial del mundo del internamiento forzado. Formaban parte de las políticas de humillación y desprecio hacia los enemigos. En los campos, y casi podríamos decir que en todos los campos que hayan existido, los prisioneros debían hacer frente a una vida de privaciones, falta de libertad, enfermedades, piojos, frío, interrogatorios y crueldades. Un prisionero que trabajaba en la carretera de Vidángoz, en Navarra, le escribiría jocosamente a su madre en 1940 que, vistas las condiciones de vida en los trabajos, muy pronto podría tumbarse a la sombra de un palillo. La ironía, hermana gemela de la inteligencia, revela al trasluz la dureza de lo que realmente fueron los trabajos forzosos: la administración cotidiana, calculada y racional de la más absoluta miseria.

La organización del día a día y los avatares de los prisioneros de guerra en los campos y Batallones consistieron, por regla general y a tenor de los testimonios orales y memorialísticos, en la gestión de la miseria. En la gestión de la arbitrariedad calculada, uno de los elementos base del poder represivo e intimidatorio, a través del cual se imponía un modelo de identidad y sociedad. De tal modo, la mayoría de los internados en campos percibieron su paso por ellos como la articulación de unas políticas de humillación cotidiana. Fuese por la falta real de medios, o por el desprecio que los republicanos generaban entre los soldados franquistas (en muchos casos, adoctrinados para odiar al enemigo a través de una serie de imágenes y estereotipos comunes), lo cierto es que la miseria fue una realidad cotidiana en la vida de los campos.

Foto 9. Una viuda «nacional» pasea entre los prisioneros de un campo de concentración en Santander. Julio o agosto de 1937.

La gestión de esa miseria, por tanto, era mucho más que el mero desinterés hacia la situación concentracionaria; se basaba, ante todo, en la idea de segregación y en la exclusión identitaria, donde el castigo físico y moral, traducido en palizas, sed o hambre, era moneda habitual del «precio» que debían pagan los excluidos de la comunidad nacional. No eran castigos, sin embargo, espontáneos. Estaban determinados por la dureza de las condiciones de vida, señaladas por un completo código de normas para la vida en los campos de concentración que comenzaban con el mismo apresamiento. Momento ese, el del aprisionamiento, en el que empezaba la humillación con el reparto de la supuesta comida que acompañaría siempre a los prisioneros: chuscos de pan y escasas sardinas, por cierto, provenientes de la intendencia republicana. En realidad, la comida era escasa y, además, el uso postrero de los pocos utensilios que tales repartos proporcionaban a los prisioneros habla también de las malas condiciones de vida en los campos: las latas luego eran usadas para beber agua; las varillas para abrirlas, como doloroso «laxante» mediante su introducción anal. Así lo relatan todos y cada uno de los testimonios de los campos de concentración de Franco. El estreñimiento era tal que tenían que ayudarse de las llaves para abrir las latas; la deposición iba siempre acompañada de una hemorragia; en Albatera, el lugar donde se defecaba fue llamado por los prisioneros el «muro de los tormentos». Y allí el esfuerzo para expulsar las duras bolas de excremento, unido a la desmejora en las condiciones físicas, hacía que muchas veces los internos se desmayaran sobre las propias heces. Eso cuando no se ulceraban o «reventaban» las hemorroides que nacían del forzoso estreñimiento o los soldados vigilantes no les disparaban desde sus torretas.

Foto 10. Campo de concentración de Miranda de Ebro, Burgos. Los prisioneros pasaban muchas horas al día desfilando por el campo, y en él recibieron mucha patria, poco pan y menos justicia. Finales de 1937.

Aunque, de hecho, todo el sistema concentracionario de Franco supuso un constante riesgo. Su mantenimiento implicaba la continuidad de un régimen ilegal y arbitrario, mal gestionado y con pocos recursos. Suponía hacinar a «rojos» sin que la justicia interviniese de forma inmediata. Implicaba dejar cada vez más espacios para la resistencia, quedando sólo la represión como medio para aplacarla ante el más que probable fracaso de los programas de reeducación y «reconquista» de los republicanos. Y significaba el mantenimiento de humillantes condiciones de vida, carencias miserables, tedio y angustia. Mantener las sacas de los campos, los fusilamientos a plena luz del día con los prisioneros formados, las «parrillas» —cuadriláteros de alambre de espino al sol, donde los prisioneros indisciplinados eran sometidos a hambre y a sed—, los disparos nocturnos sobre los prisioneros o cosas más mundanas como los piojos, las enfermedades, las deyecciones imposibles por falta de agua; en definitiva, las condiciones de vida de muchos campos donde la imprevisión de los mandos «nacionales» hicieron la estancia de los prisioneros un suplicio.

Internamiento, castigo, trabajo forzoso, enfermedad, tortura y muerte eran el precio que los prisioneros de guerra entregaron a los «salvadores de España». Algunos ejemplos bastan para comprenderlo; ejemplos como el de Maximiliano Fortún, a quien en el campo de Aranda de Duero le abrieron las carnes en sucesivas palizas hasta llegarle al pulmón, y después sus torturadores dejaron que se le quedase pegada la camiseta que llevaba puesta. En otro campo, el de San Juan de Mozarrifar, ataban de las muñecas al mástil de la bandera a los prisioneros que no se descubrían al cantar el Cara al Sol. A sus prisioneros, el jefe del campo de Albatera les dijo claramente que «por cada uno que se escape, fusilaré a diez…; convertiré este campo en un cementerio si es menester». Y, de hecho, mandó fusilar ante los 12 000 prisioneros a un huido, a cuatro anarquistas y a otro que, como supuesto delito, había infringido la norma de no salir de los barracones de noche para ir a las letrinas. En el campo de Castuera, al final de la guerra, los prisioneros estuvieron seis días sin comer. Y allí, como en todos los campos, los cabos de vara golpeaban impunemente a los internos por los más peregrinos motivos. A un americano, Robert Steck, le llenaron la espalda de huellas por los golpes sufridos al no arrodillarse en una eucaristía en el campo de San Pedro de Cardeña. Traslados, piojos, frío, hambre, sed, humillación y castigo. Ésas fueron las grandes vivencias de los internados en los más de cien campos estables franquistas[4].

Resumamos ahora en unas breves líneas esta historia, la del sistema concentracionario más importante, denso y poblado de la Europa meridional. Al invadir las armas los espacios públicos en julio de 1936, lo más parecido a un politicidio y a una masacre colectiva se llevó por delante a miles de republicanos en la zona inmediatamente declarada como «nacional». Y que, dentro de esa lógica en principio y aparentemente tan ilógica, el problema de los prisioneros de guerra prácticamente no existió como tal. Se solventó con la ejecución sumaria, cuyo paradigma es y lo será aun cuando se haya tratado y se trate denodadamente de cancelar su recuerdo la matanza en agosto de 1936 en la plaza de toros de Badajoz. Sin embargo, lo que se preveía una contienda breve devino en una guerra larga, en una guerra civil, en una guerra de masas, y ahí las cosas cambiaron. Tan importante era logísticamente un prisionero trabajador en las obras de retaguardia como un soldado en el frente y, desde luego, nadie podía renunciar a un grueso de soldados y trabajadores esclavos que ayudasen a derrotar a su propio ejército, con las consiguientes cargas de humillación y represión implícitas en tal acto. Por ello, de la anomia de la violencia desarrollada en los primeros meses para con los prisioneros del golpe de Estado (fallido) y de la guerra de columnas se pasó, gradualmente, a la reutilización reglada y, como paso posterior, a la centralización de recursos; primero en la Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación; luego, en la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros.

Razones algo prosaicas para crear los primeros visos de un sistema engranado de concentración de prisioneros que, no obstante, acarreaban consigo otras consideraciones de orden social, político e identitario, como la de la articulación a través de la adhesión, la complicidad o la implicación en la guerra y la violencia franquista de una naciente comunidad nacional. En la España de 1936 habrían sido inconcebibles campos de concentración como los de 1938, puesto que en los primeros meses de lucha los derroteros no marcaban grandes proyectos sociales ni, en realidad, grandes problemas de masividad de la guerra. El problema intrínsecamente unido a la masividad fue, sin embargo, la lentitud. Y eso fue lo que obligó a mantener, a desarrollar y hasta a hipertrofiar el sistema concentracionario de Franco, alargándose las estancias en los campos de concentración. Era el modo de poner bajo buen recaudo a quien no resultase afecto a la causa del Nuevo Estado, y de dirigir toda esa burocracia a unos fines determinados, a unos intereses establecidos, a unas metas claras. Metas, fines e intereses que iban de lo político a lo militar, de lo ideológico a lo moral, pero que confluían en una sola: la construcción de la Nueva España de Franco.

La utilización de la mano de obra de los prisioneros también caminó por esa senda, ya que fue percibida y legitimada como un derecho emanado de la victoria, así como un deber para con los «descarriados» y «engañados», y, por tanto, fue un acto de imposición ideológica e identitaria que, en la realidad cotidiana, dio pie a redes de connivencia, aprovechamiento e implicación en este tipo de represión económica, laboral y política. El grano de arena que aportaron muchos fue el de apoyar el internamiento, la enfermedad, el hacinamiento y la explotación laboral. Más que «Patria, pan y justicia», la experiencia de los campos franquistas en tiempos de guerra fue la de la reeducación, el hambre y la violencia.

Capítulo 5: La violencia en la Guerra Civil II

CAPÍTULO 5

LA VIOLENCIA EN GUERRA CIVIL, II.

TRABAJO, SUPERVIVENCIA Y MUERTE

EN RETAGUARDIA

A lo largo de 1938 y durante los primeros meses de 1939, el que a posteriori acabaría siendo conocido como el Año de la Victoria, la «paz» franquista fue llegando a las tierras de Aragón, Cataluña y, por fin, de toda España. Allanado su camino con la violencia, más que de paz cabe, sin embargo, hablar, como hacía la muy fidedigna documentación militar, de «pacificación». Tras las caídas territoriales, todo el aparato jurídico, político y militar del ejército de Franco se empleaba a fondo en la represión de la anti España capturada y cautiva. Y así, tras la reconquista de la ciudad de Teruel y el imparable avance de las tropas sobre Aragón y Cataluña, la paz llegó a esas tierras en forma de fusilamientos no sumariales, juicios sumarísimos, encarcelaciones masivas e internamiento, como hemos visto, en campos de concentración.

Huyendo de esa progresiva instauración de una dictadura militar, miles de ciudadanos tomaron el camino de la frontera. La cifra aceptada para el exilio a Francia de enero y, sobre todo, febrero de 1939 es abrumadora: 440 000 ciudadanos, de los cuales 170 000 eran mujeres, ancianos y niños; 40 000, civiles no movilizados; 10 000, heridos; y 220 000, militares[1]. Por su parte, la Nueva España publicaba su Ley de Responsabilidades Políticas, según la cual se penaba cualquier grado de desafección política, ideológica o cultural, juzgando retroactivamente cualquier acto de índole política, sindical, cultural, desde 1934, que a juicio de los militares triunfantes hubiese sido un acicate para la implantación en España del «dominio rojo». Y poblaba su retaguardia con ejércitos de trabajadores forzosos empleados en oficios militares y civiles de construcción y reconstrucción. El tiempo restante hasta la fecha del 1 de abril de 1939, final retórico de la Guerra Civil, fue un lento compás de espera en el que el sonido de las botas de las tropas de ocupación se mezcló con el de los fusiles que, al amanecer, llenaron el aire del estruendo de la muerte.

Fue ése el tiempo, además, en que detención, internamiento y empleo de mano de obra forzosa tuvieron un mayor revestimiento intelectual, político e identitario. No se trataba de la aplicación de políticas de eugenesia negativa. Ni en la España franquista hubo políticas de esterilización o eliminación masiva de la «inferioridad», ni, por tanto, fueron sus campos de concentración, cárceles o batallones de trabajadores los vehículos para proyectos de ingeniería social o racista, ya que el racismo español tenía más que ver con variables morales, culturales e identitarias que físicas, al igual que había sucedido o sucedía en Gran Bretaña, Francia o Italia[2]. El racismo y la heterofobia hispanas caminaban paralelas a la construcción de la identidad nacional, que cristalizó en una violencia reeducadora y ejemplarizante para el conjunto de la sociedad[3]. Y sus medidas fueron la expiación (en su grado máximo con la muerte), la reevangelización y la concepción del trabajo como «pago justo y lógico» a la «verdadera» España.

«Que reconstruyan con su esfuerzo los que destruyeron con su odio»

«Vosotros habéis destruido Belchite y vosotros lo vais a reconstruir». Theo Francos, brigadista francés internado en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña, escuchó esta proclama formado en el patio de ese monasterio poco antes de emprender viaje, junto con 458 internos más, hacia las áridas tierras aragonesas en 1939. Poco después, los extranjeros que formaban parte del 75 Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores, alojados en la zona de Belchite que aún hoy se conoce como «Rusia» por la concentración, otrora, de rojos trabajadores, hacían llegar un breve memorando a la prensa internacional y a sus propias embajadas, diciendo estar…

… sometidos a más de diez horas de trabajo diario, alojados en condiciones deficientes, mantenidos en continua tensión nerviosa por medio de continuas medidas de represión y extremada vigilancia, privados cada vez más de comunicaciones con el exterior.

Entre la primera proclama y la segunda petición de socorro existía un insalvable abismo de propaganda ideológica, que había sido labrado y horadado durante la Guerra Civil. Por un lado, había un Régimen que se jactaba, como hacían Martín Torrent o Pérez del Pulgar, del «inmejorable» trato que supuestamente recibían los prisioneros de guerra y los presos, en los campos, de concentración, las cárceles y los trabajos forzosos. Y, por otro lado, estaban las propias experiencias de prisioneros y presos, como individuos y como colectivo: hombres y mujeres sometidos, obligados a perder dos veces la guerra que no iniciaron. Entre medias de ambas orillas se había levantado un enorme edificio de explotación laboral, de beneficios económicos para el Estado y para no pocos particulares. Desde 1937 se venía utilizando la mano de obra forzosa de los prisioneros de guerra republicanos, encuadrados en los Batallones de Trabajadores a cargo de la Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación del ejército franquista; desde 1938, el trabajo forzado de los presos políticos se encuadró en lo que el jesuita Pérez del Pulgar denominó Redención de Penas por el Trabajo. Hasta 1942 se empleó la mano de obra de prisioneros de guerra sin ser sometidos a juicio, en un sistema heredero de los Batallones de Trabajadores llamado Batallones Disciplinarios.

Y, antes, durante y después, miles de presos políticos fueron sacados de las cárceles para ser empleados en las más variadas tareas de construcción o reconstrucción de infraestructuras militares y civiles. Primero, en los campos de concentración; después, en las cárceles y prisiones, los Batallones de Trabajadores, los destacamentos penales, los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados o las Colonias Penitenciarias Militarizadas; bajo el sello de Regiones Devastadas o de Redención de Penas por el Trabajo; sobre penados por la más que cuestionable justicia franquista o sin pena alguna que redimir. El trabajo forzoso fue tan importante durante la guerra y la larga posguerra como infravalorado ha sido a la hora de crear una imagen pública del franquismo. Semejante experiencia, que introdujo sus tentáculos hasta bien entrada la década de 1950, abrió un enorme espacio entre la realidad de los soldados trabajadores —primero, internados en condiciones muchas veces infrahumanas en campos de concentración y, luego, explotados para beneficio estatal— y una retórica que hablaba de reeducación, de la magnanimidad del Estado franquista al permitirles redimir sus pecados ideológicos, de la «necesaria aportación» de la anti España al proceso de reconstrucción nacional. Ambas, la experiencia y la retórica, anidaron en la España de la guerra y la posguerra, en su espacio público y en su espacio simbólico.

Foto 11. «Con el trabajo, el Pan y la Justicia de la Patria, poco a poco van los prisioneros reconstruyendo lo que ellos mismos destruyeron antes con dinamita». El trabajo forzoso en 1938.

El objetivo inicial por el cual se pusieron en funcionamiento los campos de prisioneros fue el de utilizar la mano de obra forzosa de los prisioneros de guerra, encuadrados en Batallones de Trabajadores. Durante la Guerra Civil, el empleo de la mano de obra forzosa de los prisioneros de guerra se convirtió en algo habitual. Con el tránsito, desde aproximadamente noviembre de 1936, desde una fase de golpe de Estado a otra de guerra civil tanto en lo referido a las operaciones militares como al empleo de la violencia política, el recurso a los prisioneros y penados para que «colaborasen» en la victoria de los sublevados sentó las bases de un sistema de explotación laboral más que beneficioso para el Estado y, evidentemente, para los particulares, ayuntamientos, empresas que emplearon este moderno sistema de esclavitud por motivos políticos. La aportación de la mano de obra forzosa tenía, pues, una razón última bastante prosaica, fundamentada en motivos bélicos e intendentes: en una guerra de larga duración, tanto o más importante es un soldado disparando en el frente como un prisionero de guerra excavando trincheras, levantando puentes o acarreando víveres. Pero a esas motivaciones se unía, además, el deseo consciente de castigar a los perdedores, a los vencidos, de humillarles y de someterles a durísimas jornadas de trabajo, sin más compensación que la de no verse entre los muros de una cárcel o frente a un pelotón de fusilamiento.

Esa moderna forma de esclavitud, de humillación y de construcción, en lo físico y lo simbólico, de una auténtica comunidad nacional, de una «verdadera» España, se cimentaba sobre un aparato ideológico y una definida cosmovisión de los enemigos de la patria: los engañados, los descarriados, por fin vencidos, reconstruían. Las infraestructuras, pero no sólo: también la Patria. Reconstruían, trabajaban para acabar con las huellas físicas de la Guerra Civil, y para horadar en las huellas sentimentales, en la memoria de la derrota. Para los vencedores, los trabajos hechos con mano de obra forzosa fueron un pago, un castigo, un lógico final de la Guerra y de su propagandístico prolegómeno, la República. Para los vencidos, fueron la humillación, la explotación de su mano de obra y la de las vidas de sus familiares. De puertas para afuera, las reconstrucciones ponían fin al supuesto ciclo histórico República-Guerra Civil, para abrir el de la Paz: el epígono de esa interpretación que separa la dictadura de la guerra, como si aquélla no fuese hija de ésta; sería, y sigue siendo aún hoy, la estructuración como ciclo histórico unitario de la dictadura y la transición a la democracia. De puertas para adentro, sin embargo, campos de concentración, Batallones de Trabajadores o Batallones Disciplinarios —por no hablar de la mano de obra penada: Regiones Devastadas, Colonias Penitenciarias, etc.— tenían un eminente carácter educativo. Enseñaban el lugar que en la Nueva España esperaba a las y a los vencidos: aguantar el peso de la violencia de Estado, de la humillación y la reeducación política e ideológica. Echaban tierra sobre el pasado, servían como canales para el olvido. Así mostró Sebald en Sobre la historia natural de la destrucción la reconstrucción de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, y así operó también la reconstrucción de la «verdadera» España. Como una herramienta para el memoricidio.

La vital importancia de la explotación laboral de la mano de obra prisionera y penada no pasó, por tanto, inadvertida para los militares sublevados. Ya en 1936 se planteaba en las más altas cúpulas del para Estado de Franco la necesidad de emplear en aras de la victoria de la Guerra a los prisioneros de guerra, previo paso por el sistema de campos de concentración que, como hemos visto, en 1937 adquirió unas formas que no abandonaría hasta 1947. La creación de Batallones de Trabajadores fue, de tal modo, uno de los objetivos fundamentales que explicaron la puesta en funcionamiento de una red concentracionaria de más de cien campos estables. Y no pocos trabajos de la retaguardia franquista tuvieron como indeseados protagonistas a los prisioneros de guerra: desde las industrias metalúrgicas a las minas de Bilbao, desde las carreteras de Santander hasta las intendencias militares de Sevilla, desde el tendido de puentes en Castilla hasta el vareado de las olivas en el Bajo Aragón. Funcionaba, y funcionaba bien, la explotación de los «indeseables». Por eso, con el final de los combates en 1939 se les continuó explotando. Plasta la última gota de sudor era necesaria para levantar el país: a fin de cuentas, ellos lo habían destruido con la dinamita, tal y como rezaba la propaganda franquista.

Y es que la Nación con mayúscula era la de los sublevados. Los demás, el enemigo interno, debían someterse, reeducarse, o ser exterminados. Los índices precedentes de violencia social, auténtica destiladora de tensiones internas, impedían conceptualización digna alguna del enemigo. Había que cortar el miembro gangrenado para salvar el resto del cuerpo; se tiraba la manzana pútrida para salvar el resto del cesto. Los «rojos» eran esa gangrena, ese cáncer. La anti España, a la que ni siquiera se le reconoció el carácter político de su lucha. El delito de ser republicano era, antes bien, de lesa patria, por no responder a las obligaciones del «verdadero» español. Obligaciones que se enseñaban, y a la fuerza, en los trabajos forzosos y en los campos de concentración. Obligaciones como la de la eucaristía obligatoria, la reeducación política o la de la delación. Y es que, como decía la documentación oficial, cuando no se trabajase, «el personal encargado de los prisioneros cuidará de que éstos observen un régimen interior de tratamiento moral, con lecturas, cantos, ejercicios, recreos, audiciones y conferencias, a fin de encauzarlos en el nuevo sentir de la Patria». Una patria muy exclusiva, que donó para la posteridad las cifras de internamiento forzoso y de trabajo pseudoesclavizado más altas de toda la Europa meridional, y entre las más altas de todo el viejo continente.

La creación de Batallones de Trabajadores coadyuvó paulatinamente a alejar los prisioneros de las zonas de frente de guerra, ya que, siendo los prisioneros en principio desafectos, podían pasarse al lado republicano de la trinchera, perdiendo así Franco un trabajador, y ganando la República un combatiente. Como cabría esperar, los batallones crecieron de volumen como los campos y el aprisionamiento de soldados republicanos. Así, en abril de 1938, los integraban ya 40 690 prisioneros trabajadores, mediada la revisión de expedientes destinada a crear Batallones especializados por oficios. Con ello se les podría destinar a talleres e industrias civiles militarizadas, pero también a trabajos para instituciones y particulares. Las peticiones concedidas de trabajadores prisioneros a particulares de las que tenemos noticia dan muestra de cuáles fueron los resortes económicos, políticos, ideológicos, que más se beneficiaron de esta moderna forma de redención por el trabajo y de explotación laboral: particulares, diputaciones, ayuntamientos, y la Iglesia católica. El uso indiscriminado de la mano de obra forzosa, diría Queipo de Llano, no representaba sino «ventajas de índole moral para los propios penados», que de ese modo

abandonarían la holganza hacinada [sic] en que viv[ían] para convertirse en elementos útiles y al mismo tiempo, por el descargo natural para la economía general que no tendría que preocuparse del sostenimiento de los mismos.

Era ése un clamor que fue recogido por el Ministerio de Justicia el 7 de octubre de 1938, mediante la creación del sistema de Redención de Penas por el Trabajo[4], que daba carta de oficialidad al uso de la mano de obra no ya sólo prisionera, sino también penada por un Tribunal Militar.

El internamiento y el trabajo forzoso tuvieron en la España de Franco, además, una excelente cobertura intelectual. Y es que los prisioneros de guerra eran convenientemente divididos entre «forzados» por el Ejército de la República, «engañados» e «irreductibles». Los primeros volvían al frente, pero en las trincheras franquistas. A los últimos les esperaban los temidos consejos sumarísimos de guerra. Y a los engañados, la reeducación y la reparación, el campo de concentración y la tortura. Como aquéllas detalladas en el campo zaragozano de San Juan de Mozarrifar, donde los prisioneros eran suspendidos por las muñecas del mástil de la bandera durante varios días, por delitos tan graves como no haberse quitado uno la boina mientras se cantaba el «Cara al Sol». Se trataba, así, de engañados a los que había que devolver al redil de la Patria, a los que había que «reespañolizar», previo pago de humillación y enfermedad, hambre y sed, trabajo y amansamiento. Casi medio millón de prisioneros de guerra republicanos pasaron por los campos, auténticos laboratorios de la Nueva España en los que las autoridades sublevadas (principalmente militares y eclesiásticas, aunque también civiles) les sometían a procesos de clasificación y reeducación política, recatolización, depuración, humillación y, finalmente, de reutilización en trabajos forzosos. Internados meses o años en centros de deplorables condiciones higiénicas, con escasa alimentación y peor abrigo, los prisioneros de guerra, la anti España en primera instancia, debían rendir tributo en forma de sufrimiento y trabajo a los vencedores y, en particular y con suntuosos réditos económicos, a quienes habían apoyado la sublevación de 1936. Durante la Guerra Civil fue ante todo el ejército sublevado el que se aprovechó del trabajo forzoso y en condiciones extremas de los vencidos, para construir trincheras y búnkeres, tender puentes o cavar en minas. En la posguerra, además, se construyeron carreteras y canales hidráulicos, pueblos enteros (como Belchite o Brunete) o mausoleos como el de Cuelgamuros. Mano de obra no faltaba.

Foto 12. Prisioneros recibiendo la Comunión en un campo de concentración. Es posible que se trate del campo de concentración para prisioneros de las Brigadas Internacionales. San Pedro de Cardeña, mediados de 1938.

Ése era, grosso modo, el esquema en el que se basó la utilización de mano de obra forzosa en la España de Franco, sobre todo en lo relativo a los prisioneros de guerra que, sin ningún juicio ni pena impuesta que justificase su empleo, hubieron de sobrevivir en medio de uno de los más vastos, complejos y terribles sistemas concentracionarios y de trabajos forzados de toda Europa. Era el castigo elegido, como oiría el escritor Alfonso Grosso al ver desde su tren unas compañías de trabajadores forzosos, para los rojillos por haberse atrevido a «insultar a los amos». 101 Batallones de Trabajadores repartidos por toda España, repartidas sus compañías en todo tipo de obras y trabajos: fortificaciones, trincheras, carreteras, minas, arranques de mineral, obras públicas, intendencia, alcantarillados, carpintería, tala de leña, limpiezas, arreglos de pistas forestales, cargas y descargas, matarifes, saneamiento de poblaciones, cocineros, metalurgia, construcción de puentes, construcción de proyectiles, abastecimientos o panadería. Imposible calcular los beneficios económicos que todo ello acarreó al Nuevo Estado franquista.

Sus labores se dividieron, de tal modo, en dos tipos: sobre el frente o en retaguardia, y éstos a su vez entre puramente militares, en industrias militarizadas, obras civiles, obras de rendimiento inmediato (minas, talleres), o a breve (hidráulicas), medio (forestales) o largo plazo (carreteras, ferrocarriles, edificios públicos). Y teóricamente, los prisioneros trabajadores cobrarían una cantidad de dos pesetas diarias, de las que se deberían descontar los gastos de intendencia y manutención: a resultas de ello, los prisioneros apercibían 0,50 pesetas diarias. De tal modo, algo considerado ilegal por la Convención de Ginebra de 1929, el trabajo de los prisioneros de guerra, y que fue ejecutado con extrema severidad, fue además rodeado de la hipocresía de hacer creer que los trabajadores cobraban por su trabajo. 67 900 trabajadores forzosos encuadrados en los Batallones de Trabajadores en enero de 1939, que llegaron hasta casi los 88 000 en abril de ese año, no dejaron para la «nueva» España más que beneficios.

Beneficios que no finalizaron con el final retórico de la guerra, en abril de 1939. Vulgarmente conocidos como la «mili de Franco», la creación de Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores a partir de 1939 fue un eslabón más, heredero como se verá de los Batallones de Trabajadores de la Guerra Civil, de la cadena represiva y purificadera de esa disidencia roja, que debía garantizar su derecho a permanecer en el país de los vencedores redimiendo sus culpas. Redención que vendría de la mano del trabajo forzoso. Pero también de la propia supervivencia ante las deplorables condiciones de vida en los tajos y campamentos, las miserables condiciones de alimentación, y ante el constante maltrato que, como «canalla» roja, infrahumanos, se veían obligados a soportar. El trabajo forzoso controlado y aprovechado por la administración militar y civil franquista durante la guerra civil y la posguerra sirve además, como postrer pero inigualable ejemplo, para ratificar la profunda relación existente entre las políticas de la violencia en España bajo el estado de guerra civil y las aspiraciones memoricidas del régimen de Franco. La explotación laboral de prisioneros y presos políticos, equiparados bajo el epígrafe de «peligrosos para la vida social», nació de una serie de necesidades materiales, como la reconstrucción de las industrias, la construcción de fortificaciones o puentes y la reedificación de los pueblos destruidos por los bombardeos. Pero ante todo partió de una serie de valores ideológicos y culturales sin los cuales resulta imposible entender tal explotación de la mano de obra prisionera y penada. Por encima de todos se hallaba un sentimiento de superioridad, material pero ante todo moral. En este sentido, las fuentes sobre trabajos forzosos como los realizados por los Batallones de Trabajadores o las Colonias Penitenciarias no dejan espacio a la duda: «que reconstruyan con su esfuerzo», decía el discurso oficial, «los que destruyeron con su odio y cobardía». Pero lo que se había destruido no era sólo el pueblo o la fábrica. Ante todo era España, esa España cuyos intereses y valores habían sido amenazados por la República y su crítica al statu quo en las relaciones sociales y laborales. Por eso, el trabajo era el medio de redención no sólo de días de condena, sino sobre todo ante la comunidad «verdadera» de españoles, de la que había que excluir a los disidentes, enfermos o degenerados. El trabajo forzoso, como «pago justo y lógico» a la «verdadera» España, fue, por tanto, un camino de reeducación y expiación.

Los caminos de la derrota

No fue, sin embargo, el único. La violencia de los ejércitos de ocupación y de los civiles que entraban tras ellos en las ciudades y pueblos conquistados alcanzó tintes de auténtica xenofobia con la ocupación de Lérida y, paulatinamente, de toda Cataluña. Tanto es así que el mismo general Franco hubo de reprender públicamente a sus soldados, siempre desde su imprecisa y paternalista retórica, al decirles que

si queremos desde el primer día ganar el corazón de nuestros hermanos catalanes y no dar un mal paso que haga después más difícil la tarea de españolizar de corazón a Cataluña, es preciso no sembrar odios.

Esos odios eran los que quedaban tras las ocupaciones militares: fusilamientos in situ de los prisioneros entregados o capturados, saqueos de pueblos, casas y familias, palizas en las calles por utilizar la lengua catalana[5]. Entre 450 y 750 personas fueron fusiladas en la provincia de Lérida. Se sabe de la existencia de 703 asesinatos en la de Tarragona, tras la ocupación militar (paralela a la de Castellón, cuya cota de sangre ascendió a los 1052 cadáveres). Sumados a los 1716 de Barcelona y a los 519 de Gerona, la cifra de cuatro mil muertos en Cataluña entre la ocupación y la posguerra nos acerca, de nuevo, a las desorbitadas cifras del golpe de Estado de 1936.

En un mes y medio, además, el Ejército franquista del norte había evacuado a la retaguardia a casi 95 000 republicanos hechos prisioneros. De los 116 000 prisioneros entre enero y mediados de febrero de 1939, más de 110 000 pasaron por los centros de este ejército. Primero, por Horta, Manresa o Puigcerdá. Después, por campos estables, empezando generalmente por San Juan de Mozarrifar o San Gregorio, en Zaragoza. Y en ese período de tiempo se vivió en toda su crudeza uno de los cortes, de los desgarros en la sociedad española que más largamente habrían de durar, influir y perdurar en la historia española: el exilio, al menos inicialmente, de unas 440 000 personas. El terror ante la violencia de la Nueva España, en forma de represalias o de justicia, fue el que, mayoritariamente, empujó a ese medio millón de personas —entre soldados, civiles, políticos— a cruzar la frontera francesa. Pertrechados muchas veces con escasos ropajes y debiendo ayudar a caminar a ancianos y a niños, la experiencia de la salida del país fue traumática para la gran mayoría de quienes, al contrario que la clase política republicana, debían tomar a pie el camino de la frontera. Y no menos traumática fue la recepción que tuvieron en Francia: internados en campos de refugiados en las playas del Mediodía (Argelés, Saint Cyprien, Barcarés…), férreamente vigilados por los gendarmes franceses, poco o nada alimentados; los alambres de espino en las playas de Francia simbolizaron, como lo hacían contemporáneamente las rejas y alambres de Miranda de Ebro, San Pedro de Cardeña u Horta, la derrota de la España excluida y empujada fuera de sus propios hogares.

Foto 13. Un grupo de refugiados llega al alberge de Mauresque, en la frontera franco-española, buscando refugio en Francia. Mauresque (Francia), 30 de enero de 1939.

Según cuenta Antonio Vilanova,

se calculó por parte de las autoridades francesas que de los poco más de 300 000 españoles que se albergaron en los campos, murieron en los seis primeros meses 14 672 hombres [sic], la mayor parte de disentería y enfermedades bronquiales.

[…]

En los primeros días aparecían a diario cuerpos inermes entre las chavolas y hoyos que se excavaban en la arena huyendo del frío[6].

No es de extrañar que, ante semejante situación, muchos tomaran la decisión de volver a sus casas. Pero muchos otros no lo hicieron: hasta 15 000 de ellos consiguieron enrolarse en las filas de la resistencia francesa a la ocupación alemana. No por casualidad, entre los tanques que liberarían París en agosto de 1944 habría algunos con nombres inscritos que recordaban a las batallas de la República española: Guadalajara, Brunete, Teruel, Jarama o Madrid. Muchos otros, frente al armisticio francés y la ocupación nazi, optaron por tomar de nuevo el camino de las fronteras. México, Rusia y, en menor medida, Argentina o Uruguay fueron los países donde los exiliados, los transterrados, tuvieron que continuar su lucha política contra la dictadura de Franco.

Entre los exiliados se hallaba una parte considerable del más fructífero apogeo cultural que jamás hubiese vivido España. La muerte de destacados intelectuales, artistas y literatos a manos, directa o indirectamente, del «nuevo» Estado (García Lorca, Miguel Hernández, Zugazagoitia, Julián Besteiro…); su exilio (Antonio Machado, Pablo Picasso…) o, para quienes se quedaron en España, su aceptación de los estrechos márgenes que a la cultura sometió la dictadura de Franco en su primera fase supusieron el fin de lo que se ha venido a llamar la «Edad de Plata» de la cultura y la inteligentsia hispana. Entre los intelectuales exiliados había filósofos como Xirau, Roces, Ortega y Gasset o María Zambrano; críticos literarios como Federico de Onís, Juan Manchal o Alfonso Castelao; historiadores como Rafael Altamira, Sánchez Albornoz, Américo Castro, Tuñón de Lara o Salvador de Madariaga; poetas como Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, León Felipe, Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén o Pedro Salinas; novelistas como Ramón J. Sender, Max Aub, Mercé Rodoera o Arturo Barea; ensayistas y comentaristas políticos como Manuel Azaña, Luis Araquistáin, José Bergamín, Francisco Ayala, Fernando de los Ríos o Pablo de Azcárate; incluso la ciencia médica se vio fuertemente mermada en España, con el exilio de personas de renombre como Juan Negrín, Arturo Duperier o Severo Ochoa.

Sin embargo, a esos destacados exiliados hay que sumar las no menos importantes historias de miles de personas que, empujadas al exilio por el terror ante la represión franquista, dieron en su mayoría impresionantes muestras de integridad y lucha antifascista: exactamente, en la misma medida que han sido olvidados por los fastos y conmemoraciones oficiales del final de la Segunda Guerra Mundial. Los exiliados en suelo francés sufrieron de manera inmediata el inicio de la guerra mundial y la posterior ocupación alemana, siendo numerosos los detenidos y enviados posteriormente a España —gracias a la connivencia entre el régimen de Franco y el de Hitler— o los enviados, después de su declaración como apátridas por parte del Estado español, a campos de concentración nazis y, en particular, a Mauthausen, donde solamente sobrevivió una sexta parte de los 10 000 españoles internos. Uno de ellos, e importante por cuanto su labor en el campo fue determinante en los posteriores juicios de Nuremberg, fue el catalán Francisco Boix. Su cámara fotográfica Leica fue la que le salvó la vida, y la que sirvió para que el fotógrafo de Mauthausen relatara los horrores de la vida cotidiana en el complejo sistema concentracionario nacionalsocialista. Gracias a unos negativos conservados clandestinamente, salvados de la quema de pruebas, dispersos en los lugares más recónditos, hoy podemos saber no mucho, pero sí bastante, de la vida en los KL nacionalsocialistas. Incluida la vida en Mauthausen. Incluida la de los 10 000 Rotspanien, españoles rojos distinguidos por su triángulo azul de emigrantes, con una visible S en el centro. Los españoles del Holocausto[7].

La historia de Boix es la de tantos otros españoles que, para conseguir salir de los campos del Mediodía francés, se enrolaron en las Compañías de Trabajadores Extranjeros francesas, que caerían en manos alemanas en 1940. El Stalag serviría de antesala al internamiento en los Konzentrationslager, donde los españoles perderían su condición de prisioneros de guerra, en posible relación con las entrevistas Serrano-Himmler-Heydrich de septiembre de 1940. Sin embargo, este último punto sigue quedando en la zona de sombras que jalonan la relación hispanoalemana durante los trágicos años de la posguerra española y la Segunda Guerra Mundial. Fuese, por tanto, decisión deliberada o resultado de otras variables, los españoles en los campos nazis supondrían un grupo poblacional no demasiado numeroso, pero sí cualitativamente importante como para ser tenidos en cuenta a la hora de la planificación del mundo concentracionario. Boix entró en ese círculo, en tantos casos sin retorno, en enero de 1941. Mauthausen era el destino, el que marcaría la vida y la muerte de miles de prisioneros. En el campo, en el trabajo, en la cámara de gas.

A. J. Kaminsky, uno de los autores más significativos en la historia general del campo de concentración, indicó en su día que si algo caracterizó tal fenómeno fue la inquietante y constante presencia del trabajo forzoso como alimento para la insaciable maquinaria a la vez violenta y de guerra que la Alemania nazi supuso. Y en este caso, la Wienergraben, la cantera aneja al campo con sus 186 escalones por los que los internos debían subir las piedras, cargadas a las espaldas y entre los golpes y las amenazas de los SS, supuso la cristalización de ambas perspectivas. La represiva (como medio de muerte directa así como de reeducación en el trabajo, cosa que no fue exclusiva de los campos nazis y que jalonó la historia concentracionaria española) y la económica, tanto a pequeña (la misma construcción del campo, interior y exterior) como a gran escala. La necesidad bélica no podía, sin embargo, ser la única razón para construir tal aparato represivo, sino que debía apoyarse en una serie de paradigmas racionales que justificasen toda la industria de muerte en que se convirtió el Estado SS[8]. Tales paradigmas eran los de la construcción de un Nuevo Orden, un Reich infinito, un hombre superior. Y la consecución de tales preceptos debía por fuerza pasar por una enorme maquinaria de aprovechamiento hasta el límite de todas las posibilidades de todos los integrantes del Estado, incluidos los prisioneros y presos de los campos de concentración.

Entre esos prisioneros estaban los exiliados republicanos, que alcanzaron la frontera mayoritariamente en 1939, y también mayoritariamente huyendo de las venganzas, depuraciones y terror que acompañaban a las tropas de Franco. Hubo también quien decidiese salir de España para evitar juicios, tribunales y condenas: es decir, también existió un porcentaje de exiliados que marcharon de España para evitar que sus delitos (asesinatos por motivos políticos o de prisioneros de guerra, violencia anticlerical) fuesen juzgados en la Nueva España de Franco. Sin embargo, dado el carácter coercitivo, preventivo y masivo de la justicia franquista, esos «criminales» republicanos se vieron acompañados de mujeres, ancianos y niños que, a todas luces, más que por sus «delitos» se veían impelidos a huir por la venganza franquista. Una venganza que, en los últimos territorios conquistados por las tropas de Franco, partía de la premisa de que cualquier persona era sospechosa. Si Cataluña, Madrid, Murcia o Alicante se habían mantenido, tras dos años y medio de guerra, aún en el lado republicano, la Nueva España debería emplearse a fondo con sus mecanismos de represión, control y coerción.

Las cifras de la sangría humana en estos últimos meses de guerra, por tanto, que revelan el grado real de violencia franquista y cómo ésta se percibía por parte de quienes habrían potencialmente de sufrirla son enormes: en ese mes y medio había caído en manos franquistas uno de I/is. símbolos de la República, la ciudad de Barcelona y se había culminado la ocupación de Cataluña, tomando todos los puertos fronterizos pirenaicos. El exilio, la muerte y el internamiento en cárceles y campos fueron masivos y desproporcionados. Y para añadir más leña al fuego, el mismo día de la ocupación de la frontera francesa, la Nueva España publicaba su Ley de Responsabilidades Políticas, cuya aplicación represiva vamos a analizar en el capítulo siguiente, dedicado íntegramente a la larga posguerra franquista. Pero antes es necesario concluir éste con el relato de la sangre, la exclusión y el asesinato de lo que se ha venido a llamar «un ejército en retirada», el republicano, aunque más bien fuese el corolario de ese proyecto de dominación mediante la violencia puesto en pie desde 1936 y que, hasta el primero de abril de 1939, se llamó —entonces— Cruzada de Liberación y hoy conocemos como Guerra Civil española.

El Año de la Victoria

Una guerra civil que había empezado sin previo aviso, con el tiro en la nuca, no podía sino finalizar de manera parecida, con el asesinato. El castigo a los vencidos superó con creces lo estrictamente «necesario» para el mantenimiento del «orden» —negando por activa y por pasiva, de tal modo, el supuesto «perdón» ofrecido por Franco, sus militares y sus obispos—, extendiendo la represión su alargada sombra a lo largo de una dictadura militar que, tras la enorme inversión en violencia de la Guerra Civil y la posguerra, fue administrando y viviendo de sus rentas. Y toda esa violencia no respondía a amenaza alguna, ni era correspondencia directa a la que durante la Guerra Civil ejercían las filas revolucionarias. Antes bien, tan extendida había estado y estaba la represión extrajudicial que en las mismas normas para la ocupación territorial de los últimos territorios republicanos se recordaba que

es indispensable dar la sensación de que la Justicia auténtica es la que puede actuar, para evitar todo intento de represión no legítima.

Lo importante no era controlar los asesinatos exajudiciales. Lo importante era «dar la sensación» de que así era.

Había, pues, que preparar la Nueva España para el inminente fin de la Guerra Civil. Sin oposición alguna, los franquistas tomaron en masa a las unidades republicanas. Madrid, Jaén, Ciudad Real estaban en manos de Franco, mientras sus últimos defensores tomaban camino de Alicante, ciudad ocupada por las tropas italianas del CTV el penúltimo día de marzo. Con la toma de Almería, Murcia y Cartagena al día siguiente, todo el territorio nacional estaba en manos de Franco. Su proyecto de guerra, decidido en noviembre de 1936 ante la resistencia de Madrid al golpe de Estado, concluía victorioso. Acompañada del estruendo de las armas, de las que conquistaban territorios y de las que asesinaban en retaguardia, con una estructura concentracionaria y carcelaria atrofiada, desbordada y cercana al colapso, «Cautivo y desarmado el Ejército rojo», la guerra tocaba a su fin.

Foto 14. Portada de ABC de 2 de abril de 1939.

Desarmado estaba. Pero sobre todo, estaba cautivo. Se calcula que fueron unos 140 000 los soldados que fueron hechos prisioneros en el estertor último de la Guerra Civil, aunque otras fuentes también oficiales hablen de un mínimo de 177 500. Claramente, ni una cifra ni la otra son exactas, y ambas han de ser calculadas al alza, teniendo en cuenta la cantidad de unidades franquistas (por ejemplo, todas las del Ejército del sur) no registradas en los papeles personales del General Franco. Y, sobre todo, debe ser revisada al alza incluyendo el internamiento en algunos de los campos más importantes de la España franquista en abril de 1939, como los de Soneja y Sot del Ferrer, con más de 10 000 internados en cada uno; Castuera, en Extremadura, o Albatera, en Alicante. Tal inusitada cantidad de prisioneros, los de la denominada «ofensiva de la Victoria», pasaron, pues, por la larga lista de campos provisionales dispuestos por los cuerpos de ejército y las divisiones franquistas, levantados muchas veces por los propios prisioneros, cercando terrenos o casas deshabitadas con una zanja y unos kilómetros de alambre de espino.

Por decirlo en las propias palabras de Luis de Martín Pinillos, tal era el número de prisioneros de guerra que «han obligado a crear campos de concentración en todos los pueblos de la España Nacional». No puede entenderse, por tanto, el mundo carcelario del franquismo sin atender a cómo, tras la ofensiva final, miles de prisioneros fueron trasladados a campos de concentración y cárceles; sin observar por qué, en varias semanas, llegó a duplicarse el número de presos juzgados y encarcelados «legalmente»; sin mirar con detenimiento una posguerra en la que se juntaron cárceles y campos, destacamentos penitenciarios y colonias de trabajadores forzosos, penas capitales e indultos masivos, «formalismos legales» y anomia administrativa.

Sobre muchos de estos campos de internamiento, citados en el capítulo anterior, de la población «desafecta» —desafección real, potencial; simplemente, imaginaria— flota la duda, constatada en la documentación militar, sobre si sirvieron como simple punto de apoyo a la clasificación y a la evacuación de los prisioneros de guerra, o si bien fueron centros de eliminación y represión extrajudicial y legal. Realmente, la duda asalta al hablar de cualquier campo franquista, llámese Lerma o Aranda de Duero, San Pedro de Cardeña o Reus. La cuestión es que, en varios de estos campos, se han constatado las ejecuciones de reos y prisioneros: a diez reos en Mora, a once en Lillo, a ocho en Quintanar, a 254 de Ocaña. En todo ese proceso se repitió constantemente la llegada de delegaciones de policías y falangistas desde toda la España nacional para ir seleccionando a «sus» prisioneros: a unos los mataron en el camino, a otros, en sus pueblos.

A los que se evadían, había un cartel en el campo que aquellos que se… que se escaparan o vivieran con nombre supuesto, si eran localizados se les concedería consejo sumarísimo en el campo y serían fusilados, y eso se produjo tres veces,

relata el poeta Marcos Ana. Aunque, posiblemente, el incidente que marcase más hondamente el devenir de la vida en este campo de Albatera fuese el protagonizado por el teniente Merino, destacado en ese campo y profundamente alcohólico. Una noche, mientras los prisioneros dormían al raso por la explanada del campo, Merino, borracho, se apostó en una de las ametralladoras de vigilancia, disparó sobre los prisioneros indefensos y asesinó a trece de ellos, hiriendo a unos cuarenta. Cuando se le pidió oficialmente cuenta por lo que había hecho, Merino respondió que tenía miedo de que el gatillo de la ametralladora se hubiese agarrotado con el frío. Quería, simplemente, comprobar que funcionase. Que en Albatera existan fosas comunes de prisioneros de guerra es algo que muchos intuyen, pero que no ha podido demostrarse ya que la zona del campo fue convenientemente urbanizada.

¿Cuántos de los fusilados en la posguerra no llegaron a pisar jamás una prisión, y su camino sin regreso fue del campo de concentración al paredón de fusilamiento? ¿Cuántos murieron en las sacas realizadas por falangistas en los campos, en sus viajes a lo largo y ancho de España en busca de sus rojos locales? No podemos saberlo con las fuentes militares en la mano. Muchas veces, el empeño franquista por dar una imagen benévola de sus campos y sus cárceles, y por recalcar tal carácter del trabajo forzoso, la clasificación masiva y la reeducación, en base a los cambios en la lógica de la aplicación de la violencia durante la Guerra Civil, nos hacen olvidar cuán intrínsecamente unidos estaban los campos al sistema represivo militar; y, sobre todo, cuán poco sabemos sobre la realidad del asesinato legal o extrajudicial de los prisioneros de guerra, cuando los ejércitos de ocupación, por mucho que se les conminase a hacer lo contrario, continuaron matando en cada una de las ocupaciones territoriales que llevaron a cabo en el camino de la victoria franquista.

Como recuerda Julián Casanova, en la inmediata posguerra la «destrucción del vencido se convirtió en prioridad absoluta». Los fusilados fueron casi cuatro mil en Cataluña y cinco mil en el País Valenciano, aunque muchos de los republicanos e izquierdistas más destacados de esa amplia franja mediterránea pudieron huir a Francia. En Albacete hubo 1026 ejecuciones por orden militar desde abril de 1939 hasta 1953. En la ciudad de Jaén aparecen registradas 1280 ejecuciones hasta 1950. En la mitad occidental de la provincia de Badajoz, en 82 municipios, hubo 935 asesinados hasta 1945. Solamente en el cementerio del Este de Madrid fueron 2663 las víctimas registradas hasta ese mismo año, faltando aún por hacer un estudio global sobre la violencia en la capital[9]. En Aragón hubo casi mil fusilados en posguerra, 710 en Málaga o 1100 en Granada. Al menos, 50 000 personas habrían sido ejecutadas en la década posterior al final de la guerra, sin contar las miles de muertes causadas por el hambre y las enfermedades en los diferentes centros penitenciarios, campos de concentración, prisiones, destacamentos penales, colonias penitenciarias militarizadas.

Los rasgos más visibles y llamativos de la violencia franquista en la posguerra fueron, por consiguiente, la privación masiva de libertad y el mantenimiento de las ejecuciones, fusilamientos y asesinatos de la población vencida. Cifras que se sumaban a la sangría humana de la guerra, en los frentes, en las retaguardias y en el exilio: a las ya aportadas previamente hay que sumarle, en la posguerra —si bien hubiese comenzado ya antes— la pérdida para España de unos 17 200 niñas y niños, de los casi 37 500 enviados por la República al extranjero en las operaciones de salvamento. El exilio de los «niños de la guerra» simboliza como pocos el altísimo coste que tuvo para España la Guerra Civil y el que sus vencedores jamás se plantearan política alguna de reconciliación entre victoriosos y derrotados. La enorme mayoría de los que no regresaron hicieron sus vidas, sin sus familias y solos en tierra extraña, en México, Bélgica y la Unión Soviética. Solamente en 2005, el Estado reconoció públicamente sus sufrimientos vitalicios y les concedió una pensión. La mayoría ya habían muerto para entonces[10].

Las cifras de los fusilamientos en las zonas ocupadas por las tropas de Franco durante el final de la Guerra Civil dejan pocas dudas al respecto del carácter último de su justicia. Mediante ejecuciones extrasumariales o mediando el dictamen de las auditorías provisionales y los cientos de juzgados militares, se calcula que las muertes en posguerra podrían sumar unas 50 000. Una sangría absurda que escandalizó a cuantos observadores extranjeros pudieron presenciar la saña con que se aplicaba una supuesta justicia que vino, fundamentalmente, a dar pátina de legitimidad a la venganza colectiva, a la pura represalia y persecución política. Persecución, violencia, represalia que, en última instancia, debía pasar por manos del general Franco. De su mano debía salir el «Enterado» que ratificaba la condena a muerte, o el «Conmutado» escrito en el expediente condenatorio, que reducía la pena a la inmediatamente inferior (generalmente, treinta años de cárcel). José María Bulart, capellán de Franco, solía acompañarle en la monótona tarea de revisar los resúmenes de los expedientes judiciales que le proporcionaba su asesoría jurídica militar, dependiente del general y ministro del Ejército Enrique Varela. «A veces —señala Francisco Moreno— el capellán hacía bromas macabras al respecto: “¿Qué… enterrado?”»[11]. Y es que Franco tenía muy clara la fórmula para colmar su ambición: «represión draconiana (…) no se podía pensar en la amnistía o en la reconciliación de los derrotados republicanos»[12]. Aunque, de todos modos, toda la parafernalia pseudojurídica organizada por el Régimen no fuese sino eso, una máscara para encubrir la ilegitimidad de todo el proceso. El «Enterado» de Franco y, a veces, la conmutación de la pena de muerte podían avenir incluso varios días después del cumplimiento de la sentencia. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de las trece mujeres menores de edad fusiladas en Madrid el 5 de agosto de 1939. La ratificación de la sentencia por parte del cristiano general llegó una semana más tarde. Falta aún un estudio a fondo de las sentencias a muerte en la posguerra que pueda determinar el índice de conmutaciones de pena. Pero éste, a juzgar por los estudios existentes, era increíblemente bajo. En la prisión de Málaga, de las más de 800 condenas a muerte en posguerra, Franco indultó tan sólo a 90 procesados.

Fue ésa una posguerra de venganzas, hambre, encarcelamientos masivos y denuncias. Como ha señalado Conxita Mir, fueron precisamente los sectores populares de la sociedad española los que mayoritariamente padecieron, no ya solamente el hambre, la miseria y la humillación, sino también el control por parte de un Estado construido durante la guerra y que en la posguerra, a través de las fuerzas coercitivas, los tribunales civiles, el partido único, la escuela o el confesionario, daba muestras aún más veraces de su capacidad de establecer los márgenes del correcto devenir de la sociedad, elevando los principios de la moral católica a norma de Estado y excluyendo y marginando a quienes no se atuviesen a ellos[13]. En una sociedad uniforme y uniformada, los vencidos tenían un papel preasignado: el de la reclusión y la humillación, la expiación de la pena mediante el trabajo, la confesionalización de la vida cotidiana, la denuncia[14].

Fueron, de hecho, miles las denuncias cruzadas. La cotidianeidad de la violencia, su omnipresencia en el espacio público, fue de hecho el principal resorte en la España de posguerra para la construcción de un supuesto «consenso» en torno a Franco y a su Nueva España. La convivencia cotidiana se vio atravesada por los ajustes de cuentas, por denunciantes que acusaban en más de un juzgado militar a algún vecino para asegurarse así una alta condena —o para tener la convicción de que el proceso finalizaría en un paredón o en la tapia de un cementerio, lugares donde en guerra y en posguerra se ejecutaban preferentemente las penas capitales—. La vigilancia y el castigo fueron, por tanto, los aglutinadores del consenso pasivo: la violencia convenció para no levantar la voz a quienes, sin estar en campos, cárceles o trabajos forzosos, hubiesen pretendido desarrollar alguna actividad de oposición contra el nuevo orden de fascismo católico; colaborar con la represión significaba, en última instancia, colaborar con el resorte principal del poder en la Nueva España. Muchos fueron, además, los que consiguieron apropiarse de las casas, los bienes, los hijos de los vencidos, poniendo incluso así las bases de una acumulación de capitales que, a la larga, resultaría determinante en el futuro. Por poner un ejemplo, el negocio familiar más próspero en estos años en la ciudad de Miranda de Ebro fue una joyería que, en su origen, era simplemente una panadería. Si se pudo pasar de panadería a joyería fue porque los prisioneros y los refugiados internos en el campo de concentración de Miranda pagaban el pan y los periódicos con oro: anillos, cadenas y fundas dentales.

La corrupción estaba presente, sin embargo, en todos los órdenes de la supuesta justicia franquista. El camino que conducía a la cárcel y, de ahí, al paredón de fusilamiento o ante el garrote vil tenía muchas bifurcaciones. Se podía llegar por una denuncia de alguno de los miles de vencedores que, ufanos y empachados de victoria, se dedicaron con fruición a «limpiar» sus pueblos de los rojos que, habiendo combatido en el Ejército republicano, regresaban a sus casas tras pasar por un campo de concentración y exigírseles que se presentaran ante las autoridades locales, en la creencia de que Franco no mentía al decir que «nadie que no tuviese las manos manchadas de sangre» no tendría nada que temer en la Nueva España fascista y del hambre. Evidentemente, mentía. Los sumarios incoados a prisioneros de guerra por parte de los tribunales militares, abiertos tras el regreso de los soldados a sus localidades de origen tras haber pasado por campos de concentración, comisiones de clasificación e incluso por Batallones Disciplinarios de trabajos militares forzosos son innumerables. No había piedad para el vencido, motivo por el cual muchos jamás regresaron a sus casas, instalándose en unas ciudades que, en su masividad, les aseguraban el anonimato. Muchos sabían cómo se habían comportado los vencedores; muchos habían perdido a sus padres, a sus hermanos o a sus mujeres (cuando no las habían rapado y humillado públicamente) en las oleadas de violencia preventiva, aterrorizadora de 1936. Y la mayoría sabía, también, cómo se las gastaban en los pueblos con los rojos que regresaban tras haber combatido por la República.

Capítulo 6: Vae victis

CAPÍTULO 6

VAE VICTIS.

CÁRCEL, COERCIÓN, CONSENSO Y DICTADURA[*]

Toda dictadura no es sino una pirámide de dictadores

Andrzej J. KAMINSKY

Afrontar el estudio de la violencia durante la larga posguerra española, que aquí vamos a datar entre 1939 y 1948 supone no solamente una auténtica bajada a los infiernos sino, sobre todo, implica acercarse a un país donde, en supuestos tiempos de paz, la muerte, la represión y la coacción moral se adueñaron de la vida cotidiana. Implica cuestionar o, cuanto menos, poner en cuarentena ciertos mitos y tópicos sobre la posguerra y sobre los consuetudinariamente denominados «segundo» y «último» franquismo más que arraigados en la sociedad española y en la representación colectiva de su pasado. Y significa, por fin, descender a las mismas cloacas de violencia y negación de libertades sobre las que el Régimen del general Franco echó los cimientos de su «Nuevo Estado» ya en 1936-1939. Pues si ya desde entonces de vencedores y vencidos estuvo compuesta toda la sociedad española, bajo esa premisa, bajo ese prisma, hay que observarla también hasta el final de sus días.

El objetivo de este breve acercamiento a la historia de la violencia estatal en el franquismo es, en realidad, múltiple. Por un lado, la violencia de Estado puede ser considerada como un barómetro (por cuanto señalaría la presión ejercida por y contra él) de su legitimidad y de su fortaleza, motivo por el cual su estudio es de extrema utilidad para comprender la realidad de los apoyos sociales y las disidencias contra un régimen dictatorial como el de Franco. Por otro, el empleo de la represión contra la disidencia política y de conciencia por parte del Régimen denota el grado antidemocrático del poder y de su relación con la ciudadanía, algo que no se debe soslayar a la hora de enjuiciar un período que, de atender a ciertas explicaciones, deberíamos llamar «predemocrático» o de «dictablanda». Y es que, por fin, la violencia estatal desmonta, en un plano analítico, con claridad los mitos y las falsas memorias sobre la dictadura del general Franco.

A los apologistas y hagiógrafos del dictador, que los hay y muchos, siempre les queda la posibilidad de relativizar la violencia de la Guerra Civil pensando que en un proceso semejante, de fractura social interna, de odios encontrados, de disputas enconadas, la violencia es más o menos justificable, más o menos lógica. Y además, puede pensarse que esa violencia, esa represión, fuese correlativa y reactiva frente a la que se ejercía, también como canal para la toma y el asentamiento del poder político, tras las trincheras que salvaguardaban a la «verdadera» España de esa anti España. Sin embargo, durante la dictadura no había violencia alguna a la que compararse, ni amenaza consistente al Estado de la Victoria. Sin Estado ni territorio que disputarle a nadie, con una población vencida y atemorizada por unos vencedores implacables, con un manejo de la violencia política y la represión que no debía asegurar ya posición militar alguna, ni servir para descabezar ninguna oposición política (si es que ésta había sobrevivido a las fases del terror, de la violencia en guerra civil, si no se había exiliado o no había finalizado en una fosa común), el Estado franquista hizo gala en los tiempos de paz retórica de una tasa de violencia, coerción y sangre como ninguna otra dictadura o democracia hizo en la Europa de entreguerras (1914-1945) sin que mediase una declaración explícita de guerra. En la posguerra no había violencia alguna a la que compararse, ni amenaza consistente al Estado de la Victoria. Y en cambio, el Estado de guerra estuvo en vigor hasta 1948 y, recordemos, fueron unos 50 000 los fusilamientos y ejecuciones entre aquel fatídico primero de abril de 1939 y ese otro no menos fatídico 1948. A los vencidos que no se exiliaron, que anhelaban reconstruir sus vidas y familias tras tres años de guerra, se les negó ese derecho condenándoseles, en cambio, a la marginación y a la humillación social, laboral, económica. La paz solamente llegó para los vencedores. Para los vencidos, sólo hubo Victoria[1].

De tal modo, frente a una visión de la violencia franquista más bien borrosa y desdibujada, que la tilda de coyuntural y reactiva, la realidad desde dentro de las instituciones volcadas en la represión y el castigo del enemigo nos muestra una violencia estructural y preventiva. Esto ayuda a comprender sus continuidades y readaptaciones: el franquismo echó las bases de su larga duración en la enorme inversión en violencia realizada en la guerra y la posguerra, para después ir administrando sus rentas. Una afirmación que se apoya en opiniones como las de Carrero Blanco, quien en 1945 afirmaba que el Régimen habría de actuar «sobre la base que es moral y lícito imponerse por el terror cuando éste se fundamenta en la justicia y corta un mal mayor»[2]. Marginarla, por tanto, del centro explicativo de la larga duración del régimen de Franco implica desdibujarla, deshistoriarla y, por tanto, no entender ni una ni el otro.

Existe, por fin, una cuestión «moral» a la hora de explicar la violencia franquista en tiempos de paz (es decir, teóricamente entre 1939 y 1975). Si afirmamos que en esa España se asesinaba impunemente, se torturaba en las comisarías de la Policía y en la sede de la Dirección General de Seguridad, se construía un «consenso» pasivo con el terror y la coerción, pero no explicamos la tortura, su crueldad y el grado de alejamiento de un estado que la aplica de los valores predemocráticos que algunas veces se buscan en el franquismo, estaremos, en cierta medida, legitimándolo. Si esa tortura no pasa a formar parte del centro discursivo y se mantiene en un margen periférico, casi molesto para nuestro macrorrelato y nuestra cosmovisión del período, la condenamos a su incomprensibilidad. Y ésa es la tarea antagónica del trabajo de la historiografía. Aun así, existen fuertes reticencias a la hora de considerar al régimen franquista como un sistema político en cuya base se hallaría un componente altísimo de violencia y represión. No es necesario siquiera referirse a los años de hambre y sangre de la posguerra. Entre 1954 y 1963, por ejemplo, hubo en España un total de cincuenta ejecuciones de compatriotas por motivos políticos: una cifra que duplica la del fascismo italiano en su totalidad. Pero mientras que el fascismo italiano ha configurado, histórica e historiográficamente, un paradigma de poder, el franquismo no viene jamás observado como un tipo paradigmático de sistema social y político. Y, sin embargo, el régimen de Franco fue infinitamente más asesino, cruel y atroz que el de Mussolini en Italia[3].

España, Año Cero

Con la victoria de abril de 1939 no llegó la paz, sino que inició la pacificación. En el contexto de un estado de guerra mantenido hasta 1948, los Tribunales Militares, los de Responsabilidades Políticas (desde 1939), los relacionados con la Causa General (1940), los de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), la Ley sobre Seguridad Interior del Estado (1941) o la de represión del Bandidaje y Terrorismo (1947) establecieron el contexto legal de un enorme entramado represivo. Miles de fusilados, una centena larga de campos de concentración, multitud de prisioneros y presos empleados en trabajos forzosos (en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados, la famosa «mili de Franco»; en Destacamentos Penales; en Colonias Penitenciarias Militarizadas), miles de funcionarios depurados y, ante todo, la extensión de una sólida cultura del silencio y el miedo son las más claras imágenes de una posguerra marcada no por la reconciliación, sino por la venganza. Violencia y dictadura sellaron un sólido matrimonio de cuarenta años, donde los anillos fueron de sangre.

Nada mejor para comprobarlo que una visita a esa España de intramuros y de trabajo forzoso penado que, en definitiva, fue el sino de los vencidos en la Nueva España de Franco. Uno de los fundamentos políticos del Nuevo Estado franquista fue el de intervenir en todos los órdenes de la vida cotidiana, y de tal modo las prisiones centrales, de partidos judiciales, estables, provisionales, femeninas, se convirtieron en microsociedades representativas (tal vez como ningún otro elemento de la casuística represiva franquista) del afán jamás escondido no solamente por «vigilar y castigar» —función, por otra parte, inherente a la prisión, como demostró en su día Foucault—, sino, además, por doblegar y transformar identitariamente a sus disidentes. La cárcel tenía sus propios moradores, pero estaba pensada también para servir de ejemplo a la sociedad entera: los presos serían así el «espantajo» que el Régimen agitaría frente a la España de posguerra, para que aprendiese bien lo que significaba no tener de lado a los vencedores de la Guerra Civil[4]. Como diría Isidro Castellón, director de la cárcel Modelo de Barcelona, en 1941 a sus presos: «Tenéis que saber que un preso es la diezmillonésima parte de una mierda».

Sabemos por investigaciones parciales y trabajos de síntesis la situación de los presos en las cárceles y en algunos de los sistemas de privación de libertad establecidos por los vencedores de la Guerra Civil. Sin embargo, no siempre se pueden certificar con datos fehacientes las complejas, variadas y casi siempre terribles condiciones reales en esos establecimientos, que albergaban según el más que dudoso Anuario Estadístico Español a 270 719 presos en 1939, 233 373 en 1940, 159 392 en 1941, 124 423 en 1942, 74 095 en 1943, 54 072 en 1944 y 43 812 presos en 1945. Pero esas cifras, ni mucho menos, correspondían a los totales de personas privadas de libertad en España: las cifras, al menos en los primeros años, solamente contaban a los detenidos a raíz de la victoria franquista, no a los que después, por actividades política clandestinas, lucha guerrillera o simple desafección política, ingresaron en las cárceles. Y tampoco tenían en cuenta a las niñas y a los niños que vivían intramuros con sus madres, en las cárceles femeninas. Las cifras, por otro lado, tampoco diferencian entre la población masculina y la femenina, como ha señalado Ricard Vinyes[5]. Aun así, ofrecen suficientemente el pulso de un universo carcelario desbordado (las plazas penitenciarias no superaban las 20 000, y en los años de la República habían servido para unos 10 000 reclusos de media), caótico y, sobre todo, peligroso, donde se siguieron preferentemente dos objetivos: el de doblegar y el de transformar identitariamente a la población reclusa.

Las cárceles de Franco no respondieron a otra lógica que la punitiva: lo que se buscaba no era la recuperación social del individuo, sino su redención política para una dictadura[6]. Ni económicamente ni por motivos de seguridad interna eran viables: eran la cristalización real de una ideología de transformación, exclusión identitaria y «justicia cristiana». Pero su realidad distó, en los años de posguerra, de un funcionamiento racional; antes bien, en la documentación oficial de las prisiones se certifica la crudeza, la irregularidad, la saturación, la muerte, el dolor, la desproporción sin límites. Y podemos observar lo antedicho a través de varios ejemplos. En el castillo de Santa Bárbara, en Alicante, tres funcionarios custodiaban a finales de 1939 a más de 1700 personas, en un centro sin barrotes en las ventanas ni seguridad alguna. No es de extrañar que se sucediesen las fugas, algo que también acontecía regularmente en la prisión provincial de Almería, la de Berja (donde se dormía en los pasillos, teniéndose por la aglomeración que dejar las puertas de las celdas abiertas), la del Fuerte de Caños (de donde se fugaron a la vez doce presos), la de Manresa (un edificio endeble, gracias a lo cual dos presos habían hecho un agujero en la pared), la de Tarrasa (que tenía pésimas condiciones de seguridad) o las de San Elías y Celular (Barcelona), Puerto de Santa María, etc. Todas estas fugas implicaron la formación de un expediente informativo o disciplinario, gracias a lo cual pueden ser historiadas en el Archivo de Alcalá de Henares. Cabe suponer que en todas las prisiones se constataron casos como los vistos; aunque no siempre fuesen, como aquí, por las deficientes medidas de seguridad o porque, como en el caso de la evasión de varias internas de la prisión de mujeres de las Hermanas de la Caridad, en Barcelona, por estar encerradas en un centro que para nada respondía a las cualidades de una prisión. Estas presas se fugaron desatornillando, con una cucharilla, la puerta del huerto.

Por esa misma puerta escapó un hombre proveniente de la prisión Celular barcelonesa, que iba allí diariamente a trabajar. Algo que estaba prohibido, pero que se toleraba; de tal modo, su expediente pasó a formar parte del elenco de irregularidades constatables a primera vista en las prisiones de Franco. Varios ejemplos extraídos de esos expedientes son altamente reveladores, y desde luego merecerían una investigación monográfica. Un funcionario de prisiones de la prisión de Partido de Mérida (Ricardo Castaño) fue expedientado en 1939 por beber vino con los presos, alojarse en casa de sus familiares, no vestir uniforme, blasfemar y abandonar su puesto de vigilancia de 840 reclusos, además de la de 99 mujeres y 15 menores en la de Mérida. Alijo, el director de la cárcel de mujeres de Alcoy, fue relevado de su puesto al constatarse «preferencias» de éste por algunas presas, obteniendo ventajas en materia de comunicaciones gracias a «intimidades» y «pasar tiempo en el despacho». Sin pruebas fehacientes ya que ninguna presa declaró por miedo en su contra, fue trasladado a la cárcel de hombres. La «tentación constante» de la presencia de una presa, Josefina, a su lado por su «provocadora hermosura» hizo que se pusiese a cargo de la cárcel, no por casualidad, a un anciano, Gabriel Coballes.

Es tan sólo un caso de los cientos que pueblan los expedientes de las prisiones femeninas. Tal y como señala Irene Abad, en las cárceles

se violaba a la «roja» como método directo de castigo y se violaba también a la mujer del «rojo» en un intento por demostrar el desposeimiento al que se quería someter al preso político[7].

Porque, ¿de quién era el hijo que abortó una presa en septiembre de 1940 en la cárcel de Almería? ¿Por qué contrató Germán Quereda, encargado de la prisión de Elche, a 19 hombres y 10 mujeres para la vigilancia, en detrimento del presupuesto para alimentación de los presos? ¿Por qué se destituyó al jefe de la de Cuevas de Almanzora (Almería), Ceferino de la Torre, al constatarse que los presos se escapaban constantemente y que había contactos sexuales en la prisión? La moral en las prisiones de Franco, tan manida y publicitada, era rígida a la hora de trasladar al campo de concentración de Horta a dos homosexuales vistos mientras mantenían relaciones en la prisión del Poblé Nou, pero no para asegurar el buen trato y la alimentación de los internos, como en el caso de la prisión habilitada del Seminario de Ávila, donde el director vendía el aceite en vez de utilizarlo, y donde existían constantes desfalcos en el reparto de comida y la venta de tabaco[8].

No recibían mejor trato en los extramuros de las prisiones. El castigo recibido intramuros tenía su correlato, desde luego menos atroz pero igualmente desproporcionado, en la inseguridad, falta de información y sometimiento a las autoridades penitenciarias de los familiares de los presos y las presas y, en particular por su alto número, de las mujeres de presos. En ese territorio de castigo, vigilancia y muerte podía ocurrir de todo. Podía pasar que las torturas a los presos conllevasen su muerte por asfixia, electrocución, «disfunción orgánica interna» derivada de las palizas recibidas. Podía pasar que a las presas les robaran a sus hijos, o que las dejaran con vida por el tiempo de la lactancia del niño para fusilarlas al finalizar éste, para entregarlo después a una familia de los vencedores. Podía suceder que los presos condenados a muerte tratasen de fugarse de manera masiva, como ocurrió en la provincia de Badajoz. Por eso, pronto se hubo de iniciar, muy a pesar de las autoridades civiles y religiosas implicadas (por encima de todos, el director general de Prisiones, Máximo Cuervo), una política de excarcelaciones e indultos parciales. El universo carcelario era un cúmulo de problemas, y mantenerlo suponía un elevado riesgo para la dictadura:

El peligro de colapso administrativo, la presión económica y la conflictividad penitenciaria […] motivaron la nueva estrategia de excarcelaciones

iniciada en 1940 y que tuvo su apogeo solamente en 1945[9]. Un apogeo, sin embargo, cuanto menos arbitrario: el Decreto de 9 de octubre de 1945 concedía

el indulto total a los responsables de los delitos de rebelión militar, contra la seguridad interior del Estado o el orden público, siempre que no const[as]e que los referidos delincuentes hubieran tomado parte en actos de crueldad, muertes, violaciones, profanaciones, latrocinios y otros hechos que por su índole repugnen a todo hombre honrado cualquiera que sea su ideología.

Junto a las excarcelaciones, fue necesario encontrar otros canales para no hacer de las cárceles un espacio peligroso e inútil, al que no dejaban de llegar presos políticos. Muchos provenían de los batallones disciplinarios de posguerra, una vez que se disolvió en 1942 la Jefatura de Campos de Concentración, disolución que, ni mucho menos, supuso el final del trabajo forzoso en España, que tomó cuerpo fundamentalmente en las Colonias Penitenciarias, los Destacamentos Penales, las Regiones Devastadas o los Talleres Penitenciarios. No fueron, por tanto, los prisioneros de guerra los únicos que dejaron su sudor para levantar la Nueva España de Franco. De hecho, pronto el trabajo de los prisioneros de guerra se vio superado, en volumen e importancia, por el de los penados, por el de las presas y los presos políticos. Eso sí: se trató de una población que tenía un común denominador, el de ser considerados, con o sin penas, de «peligrosidad en la vida social».

Foto 15. Soldados de la República custodiados por el ejército victorioso. Lugar desconocido, abril de 1939.

Al poco de finalizar la Guerra Civil, los vencedores ingeniaron el modo de dar continuidad al sistema concentracionario y de trabajos forzosos puesto en funcionamiento durante la contienda. Nada que sonase a República sería considerado legal ni legítimo en la Nueva España, motivo por el cual el servicio militar de los soldados en territorio leal fue desde el primer momento desdeñado por las autoridades militares a cuya cabeza se situaba el general Franco. Y, por ello, los quintos del Ejército Popular, tras haber sufrido la derrota, serían obligados a rendir cuentas con esa España mediante su empleo en obras y trabajos de carácter militar. De tal modo, los soldados republicanos que regresaron a sus casas durante 1939 fueron clasificados en sus correspondientes Cajas de Reclutas como afectos, indiferentes o desafectos, imponiéndoles éstas sus meses correspondientes de «servicio militar» en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. Lo cual era, evidentemente, un subterfugio legal para someterlos a trabajos forzosos. Los prisioneros de una guerra acabada fueron así sometidos a un proceso, el de la clasificación, mucho más lento que el penal, con lo que resultaba que no solamente estaban obligados a trabajar de manera forzosa, sino que además no redimían pena alguna, ni sabían cuándo iba a terminar su situación, ni tan siquiera cumplían condena por ningún hecho probado.

En posguerra, el trabajo forzoso sirvió, retóricamente, para presos con cuyo trabajo (y demostración de actitudes reeducadas) «redimían pena», aunque la realidad demuestre que ningún preso se quitó ni un solo día de condena en los tajos, ya que los indultos parciales, ante la insostenible realidad carcelaria, hicieron que las penas no se cumpliesen en casi ninguna ocasión. Y, si bien ningún preso juzgado por causas derivadas de la Guerra Civil redujo efectivamente pena puesto que todos fueron excarcelados antes de su entero cumplimiento, no por ello se iba a renunciar a la explotación de la mano de obra de los republicanos, como puede observarse en el gráfico siguiente —magníficamente compuesto por los historiadores Fernando Mendiola y Edurne Beamount[10]— ni a su utilización como carne de propaganda para el Régimen. Según se diría en una publicación oficial, los presos, además de redimirse para la Nación, para la verdadera España, disfrutarían de «sus granjas, sus cines, sus escuelas, sus bibliotecas, sus talleres, sus estudios de arte». Aprenderían «un honrado oficio» con «tiempo, libros y enseñanzas generosamente cedidos por el Estado». Convivirían con «las familias, reunidas el verano entero bajo amplias tiendas de camping alrededor de los destacamentos de trabajo».

Trabajos forzosos en la España franquista (E. Beamount y F. Mendiola).

Ninguna región de España se libró de este reparto de la miseria. Ni la clausura en 1942 de la Jefatura de Campos de Concentración implicó, ni mucho menos, el final del trabajo forzoso en la España de Franco. Hasta ahora se ha soslayado un aspecto fundamental del empleo de la mano de obra de los vencidos en la Guerra Civil: el trabajo de los penados. Pero la realidad es que también los presos políticos eran empleados como mano de obra esclava en posguerra, trascendiendo con mucho la fecha de 1942, que marcó el final de los BDST (Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores) pero no de las Colonias Penitenciarias, los Destacamentos Penales, las Regiones Devastadas o los Talleres Penitenciarios. No fueron, por tanto, los prisioneros de guerra los únicos que dejaron su sudor para levantar la Nueva España de Franco.

Ese último modelo de explotación laboral, el de los Talleres Penitenciarios, fue uno de los más perdurables, pero posiblemente sea el peor conocido. En Aragón, por ejemplo, hubo desde 1944 talleres para el empleo de la mano de obra carcelaria, proveniente de las tres prisiones provinciales. De la de Huesca, en 1944 se empleaba a 210 hombres y a veintiuna mujeres en «trabajos externos» sin especificar: trabajos para fuera de la prisión, realizados intramuros. Estos talleres tendrían a su cargo, en la lejana fecha de 1952, a dieciocho reclusos. Exactamente los mismos, y en similares fechas, que los talleres de la prisión provincial de Teruel, según las memorias anuales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Cambiaban los trabajos: en Teruel, éstos fueron de panadería, de granja y en una fábrica de pastas. Es decir: los 280 hombres y las 40 mujeres que en 1944 salían diariamente de la cárcel a redimir su pena, eran empleados gratuitamente por empresas privadas. El problema es que esas memorias no especifican por cuáles, como tampoco especifican la fecha de creación de los talleres de Zaragoza. Tan sólo la fecha de cierre: 1952, empleando a 74 reclusos.

Eso por lo respecta al empleo de la mano de obra de los internos en las cárceles. Pero no puede olvidarse que uno de los objetivos que el trabajo forzoso encuadrado en el Patronato de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo fue el de aligerar el insostenible peso demográfico del sistema carcelario franquista, sacando de tal modo a los reos de sus prisiones. La realidad de esos destacamentos era, sin embargo, bien otra. Siempre según las Memorias de Instituciones Penitenciarias, existió una larga modalidad de ellos, empleados en trabajos de toda índole bajo el auspicio del Ministerio de Justicia franquista. Pero en ellos, ni se aprendía un oficio, ni se convivía con los familiares, ni se estudiaba en bibliotecas. Antes bien, se construían pantanos y embalses de riegos, se remodelaban prisiones, se excavaban túneles, se trazaban carreteras, se trabajaba gratuitamente en talleres y fábricas. Fue, pues, el trabajo penado el camino preferente de salida de la prisión, tal vez el más querido por el propio general Franco. El Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, creado por ley el 8 de septiembre de 1939 para ceder mano de obra penada —esto es, con una condena explícita de cárcel— a «entidades que contratan sus trabajos» era «ajeno a los presupuestos de la Nación» aunque el contratista fuese el Estado, y por sus obras pasaron unos 20 000 presos, al final sin penados, sino con obreros alistados mediante contratos orales. Muchas veces los mismos trabajadores de posguerra que, una vez redimida o indultada la pena, se mantenían en sus puestos por la carencia generalizada de trabajo. Dividido el Servicio en cinco grandes agrupaciones en posguerra (1.ª, Sevilla; 2.ª, Montijo; 3.ª, Talavera de la Reina; 4.ª, Navalmoral de la Mata, y 5.ª, Toledo), algunos de los trabajos realizados por la mano de obra penada fueron de gran importancia económica para la depauperada España de la década de 1940, como la del Canal del Bajo Guadalquivir, realizada por la primera agrupación y adjudicada en 1940; la del Canal Montijo, de la segunda agrupación; algunos tramos de la carretera Madrid-Badajoz, o el Canal Bajo del Alberche, de la tercera agrupación.

Entre sus obras se contaron, por tanto, algunas de las más importantes para la economía de la España de Franco. Los enormes canales, embalses y pantanos que Franco inauguraría a partir de los años 50 fueron, en su mayoría, construidos con mano de obra forzosa. Embalses como los de Mediano, Guara y Barasona en el Pirineo oscense; Yesa en Zaragoza; Mansilla en La Rioja; El Cenajo en Murcia o los seis pantanos que abastecen de agua Madrid emplearon al Servicio de Colonias Penitenciarias[11]. Pero no fueron, ni mucho menos, las únicas grandes obras en las que se empleó mano de obra forzosa. Dentro de las diferentes modalidades de trabajo forzoso penado actuaron también el Ministerio de Justicia, empleando Destacamentos Penales dentro y fuera de las cárceles, o la Junta de Regiones Devastadas, que se empleó a fondo en reconstruir las zonas, pueblos y ciudades especialmente dañados por los bombardeos (de ambos bandos, aunque pareciera por la propaganda franquista que solamente bombardearon los republicanos). Pero hubo muchos más: siguiendo con el ejemplo aragonés, en la provincia de Huesca se emplearon destacamentos penitenciarios en las carreteras de Bisaurri, en Benasque, de Castejón de Monegros (en el túnel de la sierra de Alcubierre), de Lascuarre y de Canfranc, con 154, unos 70 y 100 penados en las tres primeras. También en la reconstrucción de los cascos urbanos de Sabiñánigo, Huesca y Fraga, con 40, 200 y 40 penados, respectivamente. E incluso se cedieron 50 internos para la fábrica de amoniacos de Escalona. Algo, esto último, para nada extraño dentro de las dinámicas de colaboración con el Régimen, lo que venía a ser colaborar con su enorme entramado represivo. En Zaragoza, los talleres mecánicos «Maquinistas y Fundiciones Ebro» dispusieron de la mano de obra cualificada, y penada por motivos políticos, de 30 reclusos. Asimismo, algunas acequias de Zuera fueron excavadas en 1944 por 55 presos, cedidos a una empresa particular. Otra empresa, ya en la década de 1950, emplearía a once internos en Tauste para la red de aguas del Canal de las Bardenas. Y en la industria minera turolense, sendas empresas de Montalbán y Utrillas dispondrían, desde 1942, de 150 y 325 presos para la extracción del carbón.

Sin embargo, si existió un fenómeno destacado dentro de la reconstrucción del Aragón franquista, ése fue el del empleo de destacamentos por parte de la Dirección General de Regiones Devastadas. Y es que, de hecho, se trata de una experiencia en la España de posguerra tan importante como insoslayable. Hubo destacamentos a sus órdenes a partir de 1942 en La Puebla de Híjar, en Rudilla, en Torrevelilla, en Valmuel y en Teruel, trabajando para la reconstrucción de las zonas devastadas por los bombardeos un mínimo de 389 presos en toda la provincia. Y los hubo también en la provincia de Zaragoza: en Mediana de Aragón, con 50 presos; en la Puebla de Albortón, con otros 50; en Quinto de Ebro, donde llegó a juntarse en 1942 la nada despreciable cifra de 800 presos trabajadores, y por supuesto en Belchite, donde su resistencia de «yunque», como dijese Franco, se vio recompensada con la construcción del Pueblo Nuevo con mano de obra forzosa. Construcción a la que es necesario prestar una particular atención, debido ante todo a su enorme carga simbólica. El manto propagandístico y de memoricidio que se extiende sobre la historia de la destrucción y la construcción de los pueblos Viejo y Nuevo, como sucede con otras ciudades y pueblos reconstruidos con mano de obra forzosa durante la posguerra (Teruel, Oviedo, Huesca, Brunete…), es tan denso que muchas veces se hace impenetrable para la investigación y la reconstrucción histórica.

Belchite, en la provincia de Zaragoza, fue un pueblo que al principio de la conflagración cayó en el bando sublevado, pero que fue conquistado por tropas republicanas y, más tarde, reconquistado por las franquistas, quedando prácticamente destruido a raíz de los bombardeos. El Pueblo Nuevo empezó a ser construido en 1939, a decisión personal de Franco, por 459 prisioneros de las Brigadas Internacionales, encuadrados en el BDST n.º 75 y provenientes del campo de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos). Fueron sus primeros constructores, por tanto, soldados sin pena judicial ni pena alguna que redimir. En algunos casos, además, habían sido capturados precisamente mientras defendían Belchite, durante la contraofensiva franquista de 1938. Ni una vez ni la otra estuvieron en tierras zaragozanas por motivos gratos. En ambas ocasiones, Belchite fue símbolo de su derrota.

No sería hasta 1941 cuando el trabajo de construcción del Pueblo Nuevo pasaría a depender sola y exclusivamente de Regiones Devastadas, con personal situado bajo la estela del Patronato de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo. Por tratarse de una obra civil, no tenía sentido que se mantuviese bajo mando militar, indicaba el subsecretario de Presidencia, Carrero Blanco. Y así fue: en el Pueblo Nuevo de Belchite no trabajarían prisioneros de guerra sino penados desde 1942, pasando todo el poder de la Junta de Reconstrucción a manos del Ministerio de Gobernación. En 1943, aún veintisiete de los destacamentos de Colonias Penitenciarias Militarizadas estaban bajo el poder de Regiones Devastadas, según una memoria anual del Patronato de Nuestra Señora de la Merced, con algo menos de 4000 presos directamente bajo su dependencia. Según documentación interna del Servicio, además, sabemos que en Belchite mandaba sobre 906 presos trabajadores —sobre 552 en Teruel—, de un total de 7022 obreros distribuidos en obras por todo el territorio nacional y a los que aún no habían llegado los prometidos indultos parciales del Generalísimo. Las Colonias Penitenciarias Militarizadas, además, habían instalado en 1942 su Octava Agrupación en Híjar, para la construcción del ferrocarril entre Andorra y Escatrón.

Foto 16. El pueblo viejo de Belchite.

Las Colonias tuvieron penados hasta, aproximadamente, 1946. Ocho años después, y con toda la parafernalia propagandística, se inauguraba el Pueblo Nuevo de Belchite. Catorce años después se solicitaría el cambio de nombre del servicio (concretamente las palabras «Penitenciarias Militarizadas»), ya que según su responsable, «no parece justificado y puede hacer creer en la existencia en España de un Organismo Oficial que emplea penados en sus trabajos en régimen de esclavitud». Esta última parte se rodeó con lápiz rojo en alguna instancia oficial y, escrito encima, se puso un enorme «no». Siendo un documento oficial, no podía hacerse ver que antes, cuando sí había penados, éstos estaban en régimen de esclavitud. A veces, pocas, la documentación oficial trasciende la propaganda y es completamente explícita. Puede que se trate del único papel oficial donde se reconozca qué fueron, realmente, las y los trabajadores forzados: los modernos esclavos de la Nueva España.

Un régimen que perduró hasta bien entrada la década de 1950 aunque oficialmente se dijese que en los trabajos no habría penados a partir de 1946. Aun de ser cierto, no puede soslayarse que muchos de los penados se quedaron a trabajar en los mismos lugares adonde la justicia franquista los había enviado, tras el indulto de sus penas. Y si lo hicieron fue, fundamentalmente, porque en sus pueblos, en sus ciudades, nadie les habría dado trabajo por rojos, por provenir de la cárcel. La represión franquista abarcó muchos más ámbitos que lo estrictamente judicial y penitenciario, como se va a ver a continuación. También expandió su negra sombra sobre las relaciones personales, sobre los contratos laborales, sobre las pertenencias económicas. Y las consecuencias de todo ello pudieron verse en la España de Franco durante décadas.

Pactos de sangre

Tampoco fue misericordioso el Régimen con la oposición armada, un eslabón fundamental —su represión— en la implantación del terror y en la eliminación de la disidencia, en un contexto bélico sin acciones armadas. Porque la lucha contra el maquis fue ante todo la represión, una vez más, de los ya vencidos en la guerra: muchos de los guerrilleros lo eran en cuanto huidos de la represión franquista. Habría que vencerlos tantas veces como fuera necesario para que la dictadura pudiese seguir su curso autoritario y autárquico. Quienes ganaron el monte durante la guerra o la posguerra representaron la resistencia y la oposición a esa destrucción general de un entramado social progresista; los del monte eran la nota discordante, incluso peligrosa[12]. El peligro, sin embargo, fue erradicado casi definitivamente en lo que se ha venido a llamar el «Trienio del Terror», en el cual el maquis fue auténticamente masacrado por la Guardia Civil, las fuerzas represivas del Estado franquista y, en no poca medida, por la desatención de las cúpulas políticas en el exilio —en particular, la del Partido Comunista de España— que, aún hoy, son observadas como «traidoras» hacia quienes, perdiéndolo todo una y mil veces, decidieron que la España de Franco no era su España; que la suya estaría en los montes, en la solidaridad de las mujeres y hombres que trabajaban como enlaces «en el llano». Muchos, muchísimos pagaron con sus vidas semejante afrenta al Estado del generalísimo Franco.

No solamente de privación de libertad y de muerte vivió, sin embargo, el franquismo. La dictadura, siempre en aras de regar con miedo y represión las raíces de su sistema político, también expandió el negro manto de la represión, el dolor y el silencio a los espacios en teoría libres, desde la ciudad al campo, desde la familia al trabajo. Los espacios familiares y de sociabilidad no podían quedar fuera del control de un Estado que se pretendía totalitario y clerical y que, por tanto, vedaba la trasgresión moral imponiendo sus propios criterios de valores, tradicionales pero también permeables, en base a la jerarquía social nacida del primero de abril —o si se prefiere, los valores del 18 de julio—. Dicha moralidad, en palabras de Conxita Mir, no es documentable sino en los tribunales ordinarios (ocupada como estaba la jurisdicción militar con la represión política), que refleja en buena medida cómo al contexto de la derrota, es decir, las consecuencias de la Guerra Civil, son achacables situaciones que en principio quedan tan lejos de la política, que raramente han sido observadas en sus cualidades históricas. La prostitución, en particular la infantil, la mendicidad o el adulterio se integran en esas dinámicas tan poco estudiadas pero tan taxativas a la hora de determinar el calado moral de uno u otro sistema social. Sobre todo en una sociedad que pretendía ser regimentada y controlada, como la franquista de posguerra, donde cuantos más estudios se añaden al corpus existente más se evidencia la naturaleza última del régimen implantado: la de la inmisericordia y la exclusión de los vencidos.

Exclusión que tuvo un componente económico nada despreciable. Si la prostitución, los suicidios, la mendicidad o el chabolismo se multiplicaron exponencialmente en la España de posguerra, eso fue por que el Régimen de Franco, inmisericorde con sus vencidos, no solamente se limitó a acabar con miles de ellos o a internar en campos, cárceles y destacamentos de trabajos forzosos a los supervivientes. Además, les robó sus bienes, incluso si habían fallecido bajo las balas de la «justicia» franquista. Fueron miles los expedientes llamados de «Responsabilidades Políticas» (pues su inspiración fue precisamente la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939) cursados para depurar y someter a penas económicas, laborales o pecuniarias a los vencidos y a sus familias. Y no pocos tampoco fueron los expedientes que se abrieron a personas que habían sido ya fusiladas en 1936. En esos casos, sus mujeres y sus familias tenían que hacerse cargo de la multa. En realidad, los Tribunales de Responsabilidades Políticas, al igual que otras jurisdicciones «especiales» como la de Represión de la Masonería y el Comunismo o la Causa General, destinada esta última a aclarar y enjuiciar a los responsables de los «crímenes cometidos durante la ocupación rojo-separatista» (esto es, la violencia política ocurrida desde 1936 en la zona republicana), eran auténticas farsas jurídicas que, en el caso de las penas pecuniarias, simplemente continuaban la actitud y la práctica de la rapiña, el robo y la incautación de los bienes de los vencidos que estaba vigente desde 1936. Aplicando, para añadir todavía más absurdo a las prácticas represivas dictatoriales, con carácter retroactivo la legislación punitiva (la Ley de Responsabilidades Políticas o la Causa General se aplicaron a los años de la Segunda República, en particular desde 1934 y la sublevación socialista en Asturias), los jueces civiles y militares expulsaron de sus casas, de sus escuelas, de sus familias y de sus pueblos a miles de personas[13]. En realidad, lo que hacían era expulsarles de la «verdadera» España. De su cosmovisión de la Nación.

Todo respondía en la posguerra a esta lógica de la expulsión, de la transfiguración, de la violencia. En agosto de 1939, por ejemplo, se impuso una ley por la cual las oposiciones y concursos a puestos laborales del Estado estarían restringidas, reservándose hasta un 80% de las plazas a excombatientes «nacionales», a mutilados de guerra, a excautivos de las cárceles republicanas, a huérfanas o viudas de los «caídos por Dios y por España». Había que depurar la administración estatal, las relaciones laborales. Había que acabar con la huella del sindicalismo de oposición, por «revoltoso», imponiendo el Sindicato Vertical, el que dependía del partido único, FET y de las JONS, a cuya cabeza estaba el generalísimo Franco, el dueño de la vida y la muerte, del trabajo y el futuro de todos los españoles, vencedores o vencidos —aunque sobre todo de los últimos—. Particularmente sangrante ha sido, a largo plazo, la durísima depuración que se realizó en el Magisterio, en la enseñanza, desde la infantil a la universitaria. Según Morente Valero, quien ha investigado esa forma de represión en catorce provincias españolas, se llegaron a abrir hasta casi 20 500 expedientes a maestras y maestros de ideas republicanas tan peligrosas como el laicismo, la no diferenciación sexual en las escuelas, el apoliticismo en la formación intelectual de las niñas y los niños. Los expedientes, cuando se hallaba culpable al maestro de tan perniciosa actividad, iban desde la inhabilitación parcial o definitiva, la suspensión de empleo y sueldo, los traslados, destierros y confinamientos[14].

Todas estas formas de represión moral tenían como objetivo la exclusión, la expulsión, la inactividad e invisibilidad civil de los derrotados. Y si hubo un colectivo mayoritariamente excluido, maltratado, eliminado e invisibilizado por parte del Régimen, ése fue el de las mujeres. La victoria con las armas de Franco y de los militares y civiles que lo apoyaron supuso también el retorno a un modelo de sociedad fuertemente jerarquizado, militarizado, ultracatólico y, en el plano moral, ultraconservador. La protección del modelo tradicional femenino, ligado a la familia, la sumisión, la castidad y la absoluta subordinación a la voluntad del hombre significó la derogación de todas las reformas republicanas, como la del divorcio, por ejemplo, prohibido en 1938. Y también se prohibió el voto femenino, la educación mixta en las escuelas, constituyéndose toda una cosmovisión de la mujer como ser marginado de la vida pública y política, sumisa al marido y anclada en la familia[15]. Hacer invisibles los derechos de las mujeres; hacer invisibles a los presos políticos y a las presas políticas; hacer invisibles a los asesinados durante la Guerra y la posguerra, ésos fueron algunos de los objetivos de la dictadura. Y para ello, desarrolló políticas concretas para su presente y hacia el pasado, pues, al igual que las acciones jurídicas y políticas respondían a la lógica de la exclusión, la represión y la expulsión, así también se actuaba hacia el pasado, en forma de políticas de la memoria, como se observará en el epílogo de este libro.

Las consecuencias de esta represión en todos sus planos (físico, morales), de esta casi infinita gama de violencia política y de memoricidio, fueron, simplemente, enormes desde cualquier punto de vista. La inversión en violencia realizada por los vencedores de la Guerra Civil marcó tanto y por tanto tiempo a la sociedad española, y en particular a sus vencidos, que no puede entenderse sin observar de cerca semejante trauma colectivo la larga duración de la dictadura personal y militar del general Franco en España. Con semejantes antecedentes, eliminar la variable de la violencia a la hora de buscar la naturaleza política de la dictadura franquista parece, así, una broma pesada. Es bien sabido que la historiografía tiende a rechazar análisis históricos basados en la cuantía de los muertos, los litros de sangre derramados por oponerse a las dictaduras o el grado de crueldad de los sistemas de dominación. Sin embargo, la violencia, el grado de violencia aceptada y promovida por el Régimen, da una idea muy fidedigna de su naturaleza política. Pensar que el fenómeno de la violencia política, a la hora de definir al Régimen, no habría sido ni tan relevante, ni tan homogéneo, ni tan masivo como para considerarlo una política estatal, reduciendo la violencia a algún que otro desmán —lógico en una guerra civil donde, ya se sabe, los odios y las pasiones afloran por doquier— más bien incómodo fue la tendencia principal de interpretación de la naturaleza del franquismo, influida sobremanera por la teoría esbozada por Juan José Linz sobre los regímenes autoritarios. España durante la dictadura, desde esta perspectiva, sólo habría sido una sociedad apática, versátil y nada homogénea, cuyo poder político mutaría en función a sus necesidades de un poder personal a una dictadura tecnocrática. El fascismo en España se limitaría a la influencia de Falange como partido inspirado en la ideología mussoliniana y, al decir de Linz, el franquismo sería más bien un sistema político autoritario y derechista, pero no totalitario, «distinto a la vez del fascismo, del comunismo y de la democracia parlamentaria», que «no sup[uso] un mecanismo importante de control social». El poder de Franco no sería totalitario, pero sí autoritario e ilimitado, dentro de una «estructura antipluralista, pero pluralista en su método». Un pluralismo limitado. Un autoritarismo flexible, relajado. Casi faltaba decir democrático[16].

Hoy, sin embargo, es imposible pensar en la dictadura franquista y en su larga duración sin centrar el objetivo sobre su violencia política. Una violencia que la acerca, además, a una definición fascista de su naturaleza política. Extirpar el cuestionamiento al orden y cerrar la crisis de dominación de entreguerras mediante la eliminación de los «cuerpos enfermos», su reeducación política y su integración en un estado totalitario. Eliminar el pluralismo político enviándolo a la tumba y lanzándole encima paletadas de tierra. Recrear el imperio, volver sobre las huellas de los fundadores de la nación, borradas por siglos de iluminismo y liberalismo. Mejorar la raza. A todo eso fue a lo que aspiraron los fascismos de entreguerras y, de hecho, todas estas sentencias sirven para definir tanto al régimen fascista italiano como al franquista en España. Todo ello, además, como reflejo de una política de exclusión y depuración social profundamente imbricada con la creación de una identidad colectiva también excluyente: la identidad de los vencedores sobre los vencidos. Una exclusión y una depuración que no solamente nacieron, sino que además formaron parte central de una cultura de la violencia cuya finalidad última fue la expulsión de la civitas a los vencidos. Como señala Girard, nada como la identificación del enemigo para la construcción de la propia identidad de grupo[17].

Que los regímenes autoritarios han sido los que históricamente mayor grado de violencia política han desarrollado como método de actuación queda prácticamente fuera de toda duda. Y cuanto más nos adentramos en el complejo sistema legal, penitenciario y administrativo establecido por el régimen de Franco en sus fases bélica y de ejercicio dictatorial, más comprobamos la profunda ligazón entre la violencia fundadora, la represión y el asentamiento a todos los niveles (institucional, local, económico o moral) del código de valores sobre el que se sustentó su poder. En ese sentido, como medida primaria de clasificación, depuración y reeducación, la violencia franquista debe analizarse en clave de expulsión masiva del cuerpo social republicano del «nuevo orden» franquista. El «paradigma de la exclusión» y de la coerción se elevó a precepto legal para asegurar la perpetuación de la dictadura de Franco en su política interior. Fue ésa la amalgama del «consenso» franquista, y como política concreta, la más decididamente apoyada por el régimen, así como la que le proporcionó resultados mejores[18]. Durante el golpe de 1936 y durante la subsiguiente guerra civil, la violencia se erigió como el referente absoluto para el ejercicio del poder y la regulación de la convivencia y de las prácticas y dinámicas sociales. Vencida la guerra y aniquilada la oposición, la dictadura continuó con la que Casanova ha denominado su «misión histórica»: el adoctrinamiento, la violencia, la represión. Fascista pura o no, la dictadura de Franco fue, ante todo, represiva y contrarrevolucionaria. Su misión, la misión del franquismo, fue así contrarrestar los avances sociopolíticos que pusieron en peligro la estabilidad, el orden, los estereotipos tradicionales de organización y reparto del poder.

Apreciar las percepciones individuales y sociales de verdugos y víctimas —por continuar con un lenguaje ya ensamblado al estudio del período— y poder llegar a través de ellas y los modos discursivos en que cristalizan a las motivaciones de unos y de otros es, tal vez, el reto pendiente de la historiografía sobre el período. La Guerra Civil fue, también, una guerra de identidades, cosmovisiones e imaginarios comunes relacionados al modo de estructurar la sociedad española. La victoria de un tipo de sociedad supuso su imposición sobre otros, los vencidos, mediante el desarrollo de políticas de exclusión relacionadas con la estructuración del poder y su asentamiento, a través del monopolio de la violencia y de la justificación que de ella se realizó. La concepción de la alteridad y alienación del enemigo trajeron aparejadas, además, una exacerbación de dichas medidas represivas, e incluso albergaron en su interior aberraciones criminales al calor del contexto violento. Y todo ello no fueron sino instrumentos para la victoria de Franco. Victoria que, como sabemos, fue absoluta en las armas, en la guerra, pero lo fue más aún en la paz. La dictadura, de tal manera, se asentó firmemente gracias al apoyo incondicional de grandes grupos sociales e individuos identificados con las políticas, los mensajes y los presupuestos del franquismo. Pero, a su vez, gracias a la eliminación de la sociedad civil de miles de conciudadanos y conciudadanas[19]. De hecho, resulta poco convincente excluir la dimensión violenta y coercitiva en la raíz y naturaleza del Estado de Franco antes, incluso, de conocerla en todas sus dimensiones y volúmenes. La exclusión del vencido (en genérico) cristalizada en los Tribunales de Responsabilidades Políticas, los Tribunales para la Represión de la Masonería y el Comunismo, las cárceles hacinadas, los campos de concentración de prisioneros, su trabajo forzoso, las depuraciones del funcionariado público, la censura cultural y moral, la imposición de la autarquía económica, coadyuvó tanto a restringir el acceso al nuevo orden social como a canalizar las solidaridades y connivencias con la dictadura. A fin de cuentas, todo ello formó parte del paisaje de métodos empleados para imponer un orden coactivo que vino a llamarse la Nueva España.

España fue durante años un enorme territorio de castigo, un inmenso cementerio, un inmenso campo de concentración, una enorme prisión. Eliminar por incómodo ese hecho, por otro lado fundamental para comprender el franquismo, será eliminar la razón última que persiguieron los sublevados en 1936: la limpieza del país, su depuración, el castigo de quienes individual o colectivamente habían cuestionado el reparto tradicional del poder. Aunque, desde luego, no quepa hablar de monolitismos, ni afirmar que el franquismo, desde el punto de vista del control del orden público, deba ser contemplado «como un bloque homogéneo»[20]. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y, sobre todo, del estado de guerra en España en 1948, el ejercicio de la violencia estatal fue paulatinamente adaptándose a nuevas realidades: fundamentalmente, a las de una cambiante, en formas y en fondo, oposición a la dictadura. Con una mirada a esa violencia finalizaremos este viaje por las cloacas del siglo XX español.

Administrando las rentas

El régimen franquista realmente no llegó a verse amenazado por la disidencia y la subversión. El grado de represión, así, superaría ampliamente la supuesta amenaza al sistema, pues no respondía por igual ante ella, sino que la anticipaba. El Régimen mantuvo siempre una normativa excepcional, propia de la Ley Marcial, dirigida especialmente a los núcleos disidentes más activos, pero pensada como un elemento estructural del poder, como una técnica disuasoria para toda la sociedad. Consolidado el sistema, esta legislación se aplicaría puntualmente y con un mayor afinamiento: estados de excepción, ejecuciones puntuales, control social de la disidencia tomarían el relevo, a partir de los años 50, al estado de guerra[21]. Nunca se renunció, sin embargo, al enorme poso represivo que tuvo el franquismo en sus orígenes. Se trataba, como se dijo previamente, de administrar las rentas de esa enorme inversión en violencia. Al Régimen le bastaría, derogado el estado de guerra en 1948, con mantener puntualmente la represión para recordar a la población hasta dónde se había llegado, entre 1936 y 1948, con tal de obtener todo el poder y de mantenerse en él[22].

La instauración en 1958 del tribunal especial del coronel Eymar, juez instructor para la represión de «actividades extremistas» y, en 1963 —al calor de la ejecución del comunista Julián Grimau, previamente torturado en las dependencias policiales—, del Tribunal de Orden Público (TOP) constituyen los antecedentes más claros y cercanos para ese otro período, el del «último franquismo», y el empleo en él de la violencia y represión de Estado. Aunque no sean los únicos antecedentes: en realidad, el empleo de la Jurisdicción Militar como doctrina de jurisdicción «especial» utilizable de forma discrecional por el Régimen para la represión de las actividades «peligrosas» para el Orden Público tenía su mismo origen en el estado de guerra proclamado en 1936 y finalizado en 1948. La reforma del Código Penal en 1944, aunque establecía las penas para la huelga o la asociación, propaganda y reunión «ilegales», dejaba de hecho los delitos «contra la seguridad» de la patria, del Ejército y del Estado en manos del Código de Justicia Militar de 1938. Veinte años después, el juzgado especial de Enrique Eymar (ya en 1940 juez de prisioneros de guerra y que, antes de acceder en 1958 al juzgado especial, había sido instructor militar en la Primera Región Militar, la de Madrid, donde se dictaron miles de sentencias de muerte) vendría a corroborar esa doctrina para el control social, centralizando en un solo juzgado todas las actividades de la oposición. Y la creación del TOP, tribunal pensado como un «pacto civil» para la represión política que ni supuso el final de la jurisdicción militar para casos de subversión y «ofensa» al Estado y al Régimen, ni implicó —más bien todo lo contrario— una renuncia al deseo, jamás escondido, de controlar social y políticamente a la población española, tampoco cambiaría el fondo de la cuestión. Entre 1954 y 1963, por ejemplo, hubo en España un total de cincuenta ejecuciones por delitos de índole política penados con la muerte del reo. Entre esos mismos años, además, hubo 6243 condenados, que no encausados (éstos fueron muchos más), por los tribunales militares. Y las víctimas de ambas jurisdicciones «especiales» (es decir, políticas) ya no serían las y los vencidos en la Guerra Civil sino sus hijos, así como en muchos casos los hijos de los vencedores.

De tal modo, mientras que la sociedad española empezaba a caminar por terrenos de lucha por la democracia y la amnistía de los presos políticos posteriores a la Guerra Civil, el Régimen fue siempre implacable con su disidencia, con los que denominaron los «subversivos»: la oposición política, laboral, estudiantil, nacional y religiosa a una dictadura que recordó unilateralmente durante cuarenta años que su legitimidad provenía de la Victoria en la Santa Cruzada de Liberación Nacional. Desde sus inicios, el Régimen había montado sus mecanismos de represión sobre la base del mantenimiento del Estado de guerra, sustituido a partir de 1948 por los Estados de excepción, y de la consideración de delito de rebelión militar de toda actividad (entre la que se encontraba la huelga) contraria al orden publico. Y aunque pueda parecer que la derogación del estado de guerra tenga que ver con el final de la estrategia guerrillera por parte del PCE en 1948 (marcada por el fracaso de la invasión del valle de Arán en 1944), lo cierto es que la guerra sucia contra los disidentes armados, responsables a su vez de atracos y delitos de toda índole, se prolongó hasta bien entrados, e incluso pasados, los «grises» años 50. Foucellas (alias de Benigno Andrade), maquis gallego, fue ejecutado en 1952 tras ser torturado. En 1953 fue tiroteado Facerías en Barcelona, emboscado tras regresar a España desde Italia. En 1960 caería Quico Sabaté. Y en 1963 fue tiroteado el último guerrillero catalán, Ramón Vila Caracremada.

Pronto empezaron a hacerse patentes la tosquedad y el desfase de los métodos represivos. No tanto en la lucha contra la guerrilla rural y urbana, extinguida bajo la eficiencia de las balas de la Guardia Civil y el somatén y la estrangulación de los enlaces, como en la represión de las disidencias políticas en medio de una década mucho menos gris y mucho más activa de lo que generalmente parece. 1951 y 1953 fueron años marcados por las huelgas en Cataluña y el País Vasco. Y en ese mismo año, fue torturado y muerto en los calabozos de la madrileña Dirección General de Seguridad el militante socialista Tomás Centeno. La tortura, de hecho, acompaña a buena parte de los relatos de detenciones, internamientos temporales, caídas de grupos de oposición en los años centrales del franquismo. Y sitúa en su justo sitio el Estado de derecho construido por la dictadura. La tortura y el dolor reducían al prisionero «a carne y, mediante esta reducción, le hace vivir su propio cese, transportándolo a los umbrales de la muerte»[23].

Ante la trascendencia y el escándalo internacional a raíz de la tortura —con pérdida incluida de masa cerebral, tras su caída desde una ventana de las dependencias de la Dirección General de Seguridad— y ejecución de Julián Grimau, sin cambiar demasiado ni su fondo ni sus expeditivos métodos, el Régimen hubo de promulgar desde mediados de la década de 1950 medidas que trataran de adecuarse a las circunstancias. El juicio del dirigente comunista cayó en manos del coronel Eymar y su juzgado para las actividades «extremistas». Pero sería el último: el mayor ejemplo de la actualización de los métodos represivos fue la creación del TOP en 1963 que, si bien no supuso la disminución de la represión contra las actividades «contrarias» al Régimen, sí que trajo una cierta recomposición en ésta. Fundamentalmente, un pacto civil en materias de orden público, para tratar de atajar una situación fuertemente anómala: el que los activistas de la oposición, como los del Partido Comunista (PCE), la CNT o los del Frente de Liberación Popular (FLP) fuesen sometidos a consejos de guerra sumarísimos[24]. El interés de esta última medida, no obstante, estribaba sobre todo en que con ella se implantaba una doble vía: la jurisdicción militar operaba simultáneamente con el ordenamiento procesal ordinario. Uno y otro podían aplicarse de manera indistinta y sin necesidad previa de declaración del estado de excepción en el caso de la jurisdicción militar. Aun así y aun con el mantenimiento y el reforzamiento de la justicia militar, lo cierto es que entre 1964 y 1968 disminuyeron notablemente sus efectos. Entre esos años, los tribunales militares dejaron de ocuparse de causas políticas, actuando fundamentalmente en delitos considerados de terrorismo (como los juicios y las ejecuciones en 1963 mediante garrote vil de los anarquistas Delgado y Granados). Entre 1963 y 1968 fueron, de hecho, los únicos años de la trayectoria del régimen de Franco libres de procesos políticos ante tribunales castrenses. Aunque no sea del todo ajustado hablar de «años benévolos»: entre 1964 y 1967 hubo 1255 condenados por tribunales militares, y 4500 por los civiles del TOP. Solamente en 1964 había 6000 personas en espera de proceso político.

Analizar los procedimientos judiciales del TOP es de extrema utilidad para comprender la realidad del Régimen en sus últimos años, así como para entender el tipo de oposición contra la que luchaba. Como señala Juan José del Águila, el total de los procedimientos incoados por el TOP fue de 22 660, dictando 3798 sentencias, de las que 2839 fueron condenatorias (el 74%) y 959 absolutorias. Teniendo en cuenta que el promedio de procesados por sentencia dictada era de 2,35 individuos, «es razonable asumir que 53 500 personas, aproximadamente, sufrieron represión [sic] en el último período del franquismo». No todos fueron procesadas, evidentemente, pero sí detenidas a instancias del Juzgado de Orden Público por delitos imputados, mayoritariamente, de seguridad interior: asociación ilícita, propaganda ilegal, reuniones o manifestaciones «no pacíficas», por encima de todos. Y, lo que tal vez sea más importante, en el 79,4% de los casos incoados en sus trece años de funcionamiento, alguno de sus procesados experimentó los rigores de la prisión preventiva por un período superior a los tres días de máximo permitido en la detención policial y, después, detención en prisión provincial durante la tramitación del sumario, enlazándose ésta con la posterior condena[25].

A diferencia del resto de Europa o de Estados Unidos,

la izquierda moderada y todo lo que fuera expresión política democrática estaba perseguida. La dictadura convertía hechos normales en cualquier país europeo en todo un desafío al régimen, como fue el caso de la capuchinada de 1966.

La construcción de una cultura de oposición en cuatro frentes principales (estudiantil, religioso, laboral y nacional) desbordaba al Régimen de Franco; desde la militancia cristiana de base, de la mano de organizaciones como la Juventud Obrera Católica (JOC) o estudiantil (JEC), desde la minoritaria pero creciente militancia en los partidos de la izquierda clandestina como el PCE y las agrupaciones socialistas y otros grupos como el Frente de Liberación Popular, la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), el Movimiento Comunista de España (MCE), la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), el Partido del Trabajo de España (PTE), el PCE (m-l), el PCE (r) —rama disidente del PCE que dará lugar a la formación de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO)—, la contestación era creciente y cotidiana[26]. Y el único recurso de la dictadura, más allá de los tímidos intentos por controlarla, fue siempre reprimirla. El período final del franquismo y, en particular, desde la llegada de Carrero al poder, se caracterizó por un retorno a la política inflexible, descaradamente brutal, de sus primeros años. Era el estado de excepción, que «dotaba de poderes extraordinarios al Gobierno y le eximía del respeto hacia las garantías de libertades civiles retóricamente enunciadas en las leyes fundamentales franquistas»: un recurso instintivo a la «represión ciega, con la admisión implícita de la bancarrota política» que tuvo lugar en 1968 en el País Vasco y, en 1969, en toda España[27].

Así, por más que no hubiera un apremio urgente, ya que en estos años el crecimiento de las actividades opositoras gozasen de lo que se ha venido a llamar «semitolerancia» por parte del Régimen, éstas lo mantuvieron en perpetuo estado de tensión, planteando el interrogante reformista, en especial de cara al futuro, y privando de legitimidad al Régimen. Desde la década de 1960 hubo una graduación de las medidas represivas: la política represiva empezó a distinguir entre las formaciones opositoras tolerando, en muchos casos, la actividad de las más moderadas. Esta graduación permitió el paso desde la clandestinidad a la mera ilegalidad, controlada policialmente, de las actividades de monárquicos, socialistas moderados, etc. Sin embargo, hubo un recrudecimiento de la represión entre 1967 y 1973, período que coincidió con el apogeo del poder de Carrero Blanco.

Durante esos años no fue infrecuente, por ejemplo, que las manifestaciones o huelgas acabaran con varias víctimas mortales: el 29 de octubre de 1969, la disolución de una manifestación en Erandio se saldó con dos muertos y cinco heridos graves. Tres muertos quedaron en las calles tras la disolución de una concentración de obreros en Granada, el 21 de julio de 1970. A los pocos meses, en diciembre, las fuerzas de orden público mataron a una persona en Éibar, y a otra más, el dirigente obrero Pedro Patifio, el 13 de enero de 1971, durante la represión de la huelga de la construcción en Madrid. Ese mismo año, en octubre, el desalojo por parte de la policía de la fábrica de automóviles SEAT en Barcelona se saldó con la muerte del trabajador Ruiz Villalba. En marzo de 1972, una manifestación obrera en los astilleros Bazán de El Ferrol acabó con dos muertos en la calzada, oficialmente por «herida de arma de fuego». Y en abril de 1973 hubo otro muerto en la disolución de una manifestación de protesta contra el Régimen, en San Adrián de Besos[28]. El estado de excepción de 1969 supuso la detención de 715 personas, casi la mitad de ellas estudiantes, y el de 1970 la de 1189. Solamente en 1970 hubo en España 1595 huelgas, con la participación de 460 902 trabajadores. Este dramático incremento de la conflictividad laboral era el resultado de una creciente movilización reivindicativa de los trabajadores a la que el Gobierno solamente supo responder con el brutal empleo de las fuerzas de orden público (la Policía Armada, sobre todo, los conocidos como «grises») y el recurso ocasional a la militarización de los servicios (como en la huelga del Metro de Madrid de 1970). Según Tusell, contribuyó al carácter luctuoso de esos choques «no sólo el radicalismo de los manifestantes», sino también la magnitud de la protesta y la falta de

capacidad funcional del Régimen para mantener la situación, porque las fuerzas de orden público no estaban preparadas para enfrentarse a manifestaciones pacíficas[29].

La protesta más visible en la calle fue, no obstante, la universitaria: desde 1965, el movimiento estudiantil alcanzó su madurez, constituyéndose incluso al año siguiente en Barcelona un sindicato democrático de estudiantes. Y al mismo tiempo, la situación política de la universidad convirtió el desorden en crónico y el alejamiento del Régimen en irreversible. En los tres estados de excepción entre 1968 y 1970 se contaron por miles las sanciones y los confinamientos de universitarios, una situación agravada en febrero de 1969 con motivo de la destrucción de un busto de Franco en un asalto al rectorado barcelonés, y a causa de una huelga en Madrid por la sospechosa muerte en la Dirección General de Seguridad de un estudiante detenido, Enrique Ruano, motivo por el cual fue declarado el estado de excepción en toda España durante dos meses. El propio Carrero Blanco opinaba sobre la Universidad que estaba sometida a la sempiterna conspiración masónico-bolchevique, y que era necesario aplicar medidas expeditivas. Tal y como escribiría,

se trata de formar hombres, no maricas, y esos melenudos trepidantes que alguna vez se ven no sirven ni con mucho a este fin […]. Hay que borrar de los cuadros del profesorado de la Enseñanza General Básica y de la Universidad a todos los enemigos del Régimen y hay que separar de la Universidad a todos los alumnos que son instrumento de subversión[30].

La represión estudiantil fue, probablemente, igual o incluso mayor que la represión padecida por el movimiento obrero, otro frente de disidencia y de actuación opositora desde dentro de las estructuras sindicales franquistas (fundamentalmente, en el País Vasco, Cataluña y Asturias, esta última región con un 68% de los «conflictos colectivos» totales en 1968). La proliferación de huelgas fue contestada por el Gobierno con el refuerzo de la represión, dirigida en especial contra los líderes obreros. Algunos fueron despedidos; los más, detenidos, y la organización sindical más activa, las Comisiones Obreras, ilegalizada por una sentencia del TOP del 16 de febrero de 1967. Todo eso, junto a la conocida como «deserción de las sotanas», minó duramente la legitimidad de la dictadura. En particular, esta última: la ira del Régimen hacia la participación de sacerdotes y cristianos de base en las actividades opositoras provocaría en agosto de 1968 una situación única, la creación de la cárcel para clérigos en Zamora, por la que pasarían hasta la muerte de Franco un centenar de sacerdotes y regulares. No era la única paradoja de un régimen católico confeso: en España había más clérigos presos que en todas las cárceles europeas, incluyendo las del este[31].

En el endurecimiento de la represión tuvo una relevancia enorme el ascenso a la vicepresidencia del Gobierno del almirante Luis Carrero Blanco, en 1969. Al poco de llegar a ese cargo, de facto una presidencia del Ejecutivo, realizó ante las Cortes franquistas una intervención que marcaría a las claras el talante de su poder. La subversión era, de hecho, un tema especialmente importante. El discurso concluyó «con una mención de la obligación y el derecho de la sociedad española a defenderse a sí misma […] para explicar las nuevas amenazas se aferraba a lo que siempre había considerado que era una conspiración universal contra España»; en general, Carrero defendía «la resistencia a ultranza frente a una evolución social muy difícil de refrenar; al mismo tiempo no daba la impresión de descubrir qué medidas concretas podía tomar»[32]. Pero de todos modos, si el año 1968 es particularmente importante en la historia de la violencia estatal en el último franquismo, lo es por ser el de la aparición en escena, con toda su crueldad, del terrorismo independentista vasco de Euzkadi Ta Askatasuna (ETA), escisión ya en los 50 del nacionalismo vasco juvenil que muchas veces contó con la protección de párrocos y curas progresistas que habían acogido el diálogo cristiano-marxista entonces tan en boga —les cedían locales y les protegían de la policía—, y que inició su actividad armada a fines de la década, aunque date de agosto de 1968 su primera victima mortal premeditada e intencionada (en junio, uno de los fundadores de la banda, Txabi Etxeberrieta, había asesinado en un control al guardia civil José Jardines), en la persona del comisario de policía y presunto torturador Melitón Manzanas.

Con la aparición de ETA, el Estado tuvo un competidor, el primero tal vez desde la desarticulación de la guerrilla rural y urbana entre finales de los 40 y principios de los 50, en el recurso a la violencia política. Tanto es así que el recurso estatal a la represión violenta de la disidencia formaba parte de la misma estrategia de ETA desde su aparición en el escenario público como banda armada: la estrategia ARCA (Accion-Represión-Concienciación-Acción), que data de la V Asamblea de la banda armada (primavera de 1967), aunque la respuesta del Régimen fuese tan contundente que casi acabó con la organización en 1969.

Tras sus primeros asesinatos en el verano de 1968, la organización ETA se había convertido en el principal objetivo político y policial de las autoridades franquistas, que desplegaron una intensísima represión sobre el País Vasco cuya cosecha, en 1969, era impresionante: 1953 detenidos, de los cuales 890 fueron maltratados, 510 torturados, 93 juzgados por el TOP y 53 en consejo de guerra[33].

A raíz del estado de excepción y de la aplicación de fortísimas medidas represivas en el País Vasco por parte del Estado para tratar de contrarrestar esa pugna por el control de la violencia política, el apoyo social a ETA fue en aumento. Sobre todo, durante el denominado Proceso de Burgos de diciembre de 1970, en el que se juzgó a dieciséis miembros de la banda armada —dos de ellos eran sacerdotes— en un proceso militar y colectivo y que se saldó con seis penas de muerte (conmutadas por Franco el 30 de diciembre, tras solicitudes de clemencia como las del Papa) y más de 500 años de cárcel. El juicio tuvo un fortísimo impacto internacional, por lo que supuso un paso en falso en la política del Régimen hacia la oposición, puesto que convirtió el hasta entonces minoritario desafío terrorista en el País Vasco en un grave problema de amplia base popular. Y, sobre todo, porque el juicio no detuvo a la banda terrorista, que incrementó con un muerto en 1972 y seis en 1973 su saldo de terror.

El asesinato de Melitón Manzanas y la aparición de ETA en la escena pública tuvo también otras consecuencias para la sociedad española, como la nueva puesta en vigor del artículo 2.º del Decreto de 21 de septiembre de 1960 sobre bandidaje y terrorismo, que restablecía la jurisdicción militar sobre los delitos políticos. Volvía a ceñirse, señala Ballbé, sobre los españoles que no se identificaban con el Movimiento Nacional la amenaza de que por cualquier actitud disidente podría acusárseles de desprestigio al Estado, al Gobierno o al Ejército y, por ello, de «rebelión militar». En 1969 fueron condenados por consejos de guerra 400 personas, y 403 en 1970, aunque esta cifra disminuyese en 1971 (231 condenados) y 1972 (222), llevados ante los tribunales castrenses generalmente por «delitos» de injurias, insultos y críticas al Ejército o al Régimen.

Otro momento clave para analizar la represión estatal contra la disidencia y la subversión en el último franquismo es el proceso judicial desarrollado en junio de 1973 contra los diez dirigentes de la coordinadora estatal de Comisiones Obreras, detenidos en 1972: el Proceso 1001. Un proceso judicial desarrollado por el TOP que vino a coincidir, por otro lado, con un punto álgido en la historia de la violencia terrorista: el atentado mortal contra el presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, en la calle Claudio Coello de Madrid. La persecución política de la disidencia laboral tuvo su punto más álgido en este proceso judicial, que simbolizaba los cambios acontecidos en el seno de la dictadura: por ejemplo, en que uno de los abogados defensores fuese el exministro franquista Ruiz Jiménez. Los abogados defensores insistieron en que el motivo de la condena, la asociación obrera, era en otros países un derecho y negaron el carácter «subversivo y violento de las llamadas Comisiones Obreras, ni que los procesados fueran sus máximos dirigentes». Y que coincidiese con el asesinato a manos de ETA de presidente del Gobierno y albacea político del general Franco no hizo sino que, en palabras de Vázquez Montalbán, ello derivase en «condenas durísimas en obvia compensación a la extrema derecha por el asesinato». Así las cosas, el 27 de diciembre se hizo pública la sentencia, una copia de las peticiones fiscales que no sería revisada hasta un año después, cuando el Tribunal Supremo inició una nueva vista del caso, entre otras cuestiones presionado por la huelga de hambre realizada por los procesados. En medio de un clima social diferente al del año anterior —con multitud de protestas dentro y fuera de las fronteras españolas—, por fin las condenas impuestas por el TOP fueron considerablemente rebajadas. Aun así, entre los diez procesados inculpados se repartieron hasta 162 años de condena a cárcel.

El Proceso 1001, aun con su enorme resonancia internacional, no fue, sin embargo, sino la punta de un iceberg caracterizado por el recrudecimiento de los conflictos que el Régimen consideraba de «orden público», pero que, en realidad, a su naturaleza laboral se unía otra prominentemente política. En 1974 hubo hasta 24 817 trabajadores suspendidos de empleo y sueldo y 4379 despedidos como consecuencia de conflictos sociales. En enfrentamientos entre huelguistas y fuerzas del orden se produjeron hasta diecisiete muertos entre 1969 y 1974. Como señalan Soto y Mateos, el número de horas laborales perdidas por conflictos colectivos pasó de 1,4 millones en 1966 a 4,4 en 1968 y a 8,7 en 1969: una cifra que no haría sino crecer, llegándose a las 13,9 millones de horas perdidas de 1974 y a las 14,5 de 1975. Reforzado por el impacto internacional del Proceso 1001,

el movimiento obrero conquistó sus márgenes de autonomía no sólo en la representación obrera, sino también en lo relativo, por ejemplo, al derecho de reunión en las fábricas y las iglesias[34].

En 1973-1974 se situó la cifra de las detenciones políticas alrededor de los 2000 y en 1975-1976 osciló entre 4000 y 5000. La mayor parte de las personas juzgadas eran jóvenes, y el 45% provenían de Madrid, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa, Sevilla y Asturias, estando, sin embargo, en proporción País Vasco y Navarra siempre por delante.

Además de interferir gravemente en la justicia civil, la muerte de Carrero Blanco en 1973 implicó un recrudecimiento de la justicia militar. El 22 de agosto de 1974, un Decreto Ley sobre «prevención y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y subversión contra la paz social y la seguridad personal» mantuvo su protagonismo, ampliado por el Decreto Ley antiterrorista de 26 de agosto de 1975. El nuevo gobierno de Arias Navarro permitió una cierta apertura en dos ámbitos, reflejo del llamado «espíritu del 12 de febrero»: el informativo, con su ministro Cabanillas, quien eliminó «prácticamente todo resto de censura en la prensa», y el de Gobernación, con Antonio Carro, quien «flexibilizó igualmente la política represiva contra las fuerzas políticas más moderadas y amplió notablemente la tolerancia oficial» hacia las actividades de los grupos y dirigentes cristiano-demócratas (Ruiz Jiménez y Fernando Álvarez de Miranda), liberales (Satrústegui y Garrigues Walker), socialdemócratas (Ridruejo) y socialistas (Tierno Galván y Felipe González). Sin embargo, incidentes como la homilía del obispo de Bilbao Añoveros y, sobre todo, la ejecución de Puig Antic y Heinz Chez pronto devolvieron al Régimen a su realidad.

Puig Antic, en contacto con Oriol Solé (fundador del Movimiento Ibérico de Liberación), había sido detenido en 1973. Durante su detención, alcanzó en la refriega a disparar sobre el inspector de Policía Francisco Anguas, acabando con su vida. Torturado en la cárcel, sin la solidaridad de la oposición antifranquista por el carácter pequeño y «lúdico» del MIL, el propio Puig Antic entendió que su situación era irreversible cuando, en la cárcel, supo del asesinato de Carrero a manos de ETA. Condenado a muerte por el Juzgado Militar en una zona como Cataluña, especialista en esos menesteres, fue el protagonista de nuevo de una amplia campaña internacional a favor de su indulto, que nunca llegó: fue ejecutado mediante el garrote vil el 2 de marzo de 1974, el mismo día que el Heinz Chez, «un desequilibrado polaco» que había matado a un suboficial de la Guardia Civil. Eran las primeras ejecuciones realizadas por ese método, el garrote vil, desde la de un preso común en 1968, y fueron el cénit de un año en el que la justicia militar rebrotó de un modo atroz: hubo hasta 256 condenados por tribunales militares.

Estas ejecuciones, sin embargo, supusieron que la España de Franco tuviese que soportar una fortísima campaña de denuncias exteriores, incluida la de Pablo VI, que prácticamente se unieron a la caída en abril de 1974 de Marcelo Caetano en Portugal y a la casi inmediata caída del régimen de los coroneles en Grecia. Todo ello acentuó en unos la sensación de asedio hostil y en otros la impresión de anacronismo patente, en un momento además en el que el brutal atentado, atribuido a ETA, en la madrileña Cafetería Rolando —causó doce muertos y ochenta heridos— derivó tanto en la casi total renuncia al apoyo de la izquierda antifranquista al recurso a la violencia como en una dura campaña de represión estatal contra prácticamente toda la oposición[35] (amén de la destitución del ministro más reformista, Cabanillas, y la dimisión por solidaridad del ministro de Hacienda Barrera de Irimo y muchos altos cargos). La gestión del gobierno Arias se había traducido sobre todo en una rigurosa política de orden público. Desde enero a abril de 1974 hubo más de trescientas detenciones, sin que por ello las muestras de disidencia disminuyeran. La respuesta de la oposición fue un fuerte movimiento huelguístico en todos los ámbitos. Y la reacción de Franco fue la de «cerrad filas, conservadlas incólumes, conservad el espíritu combativo»: entre febrero y julio de 1975 se detuvo a once oficiales del Ejército, desarticulando la Unión Militar Democrática. El TOP incoa en ese año 4317 causas judiciales contra civiles, mientras que los tribunales militares juzgaron a 305 civiles por injurias al Ejército, resistencia al mismo (empezó a popularizarse en estos años la Objeción de Conciencia contra el servicio militar obligatorio) o delitos contra la seguridad del Estado. Entre 1973 a 1975, en virtud de diversos estados de excepción, más de 6300 vascos fueron detenidos por la policía durante algún tiempo y, en algunos casos, maltratados y torturados, según Moradiellos, para quien el grado de represión contribuyó, junto con otras controversias, a aglutinar a aperturistas, reformistas y oposición moderada en un mismo bando. La represión estatal tuvo una consecuencia indeseada, pero no inesperable: que el nivel de demanda de libertades se incrementara[36].

Ese cariz ultimo de la dictadura de Franco, el del recurso a la violencia como vía para reprimir a la oposición política, tendría su expresión casi póstuma en septiembre de 1975. Menos de dos meses antes de la muerte del dictador, con el estado de excepción declarado en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, y estando ya en plena actividad las plataformas de oposición democrática, el Régimen lanzó su último canto del cisne con la ejecución, el 27 de septiembre, de tres miembros de ETA y dos del FRAP. Los cuatro consejos de guerra que derivaron en estas penas capitales se celebraron entre finales de agosto y principios de septiembre, y en ellos se condenó a tres terroristas etarras y a ocho del FRAP, seis de los cuales fueron indultados in extremis debido, posiblemente, tanto a una decisión personal de Franco como a la intensa campaña internacional por el indulto, protagonizada, entre otros, tanto por la Conferencia Episcopal como por el Papa. Las ejecuciones, realizadas en Burgos y en Hoyo de Manzanares, fueron llevadas a cabo por pelotones de voluntarios de la Policía y la Guardia Civil[37].

Foto 17. Cartel de las manifestaciones en París contra la ejecución de cinco terroristas en 1975.

La reacción internacional fue enorme: Pablo VI se quejó públicamente de haber pedido tres veces el indulto. Se asaltaron las embajadas españolas de Lisboa y Viena. Olof Palme, Malraux, Foucault, Ives Montand, Sartre encabezaron las campañas de protesta. Diecisiete embajadores abandonaron España. Luis Echevarría, presidente de México, pidió que se expulsase a España de la ONU. Los Campos Elíseos de París fueron el escenario de una repulsa que, en el interior, pretendió saldarse con una manifestación pública de adhesión, nacionalismo y repulsa al terrorismo. El 1 de octubre, día del Caudillo, se presentó así, en lo que acabó siendo el epílogo del Régimen, como una «jornada de exaltación patriótica para arropar a Franco»; a un moribundo generalísimo para quien, tal y como diría al pueblo español con su ininteligible voz en la madrileña plaza de Oriente, todo seguía obedeciendo a

una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece[38].

La violencia no fue un elemento coyuntural ni reactivo para la dictadura franquista. Antes bien, su carácter fue estructural, y su aplicación preventiva. El Régimen jamás planteó la integración de la disidencia sino su erradicación. Y posiblemente ése fue el elemento fundacional de la dictadura que más duró y que más condicionó la relación entre el poder y la ciudadanía. La violencia fue el principal garante del «consenso» franquista, respondiendo a una «cultura de la violencia» extendida en todos los órdenes de la vida cotidiana en la España franquista. Y el mantenimiento del poso represivo, mediante ejecuciones puntuales y adaptaciones al contexto, bastaron para mantener esa cultura de la violencia, pues, en realidad, se trataba de una técnica disuasoria no sólo contra la oposición política, sino para el conjunto de la sociedad. Esa represión mediatizaba y determinaba la relación de toda la sociedad española con la dictadura. La violencia fue, en definitiva, un lenguaje, un canal de comunicación del poder.

Todo ello era un reflejo, además, del carácter anacrónico del Régimen. España era un país confesionalmente católico donde la propia Iglesia condenaba la dictadura y exigía su reforma; un Estado que prohibía las huelgas y donde los conflictos laborales proliferaban a millares pese a la feroz represión; un Estado autoritario opuesto al liberalismo que buscaba ansiosamente alguna forma análoga de legitimación democrática; un Estado garante de la moralidad y las buenas costumbres tradicionales donde se extendían las más modernas y vanguardistas actitudes sociales y concepciones vitales. España era una contradicción, y la dictadura tuvo en el uso de la violencia y la represión el único recurso posible para resolverla: la «única opción de la dictadura ante el crecimiento de la oposición antifranquista», que para el Régimen era «simplemente subversión»[39]. Subversión del PCE y la izquierda radical, subversión en los ámbitos estudiantiles, obreros y culturales. Subversión nacional, cuya expresión más terrible fue el terrorismo. La imagen es, pues, la de un franquismo agónico, pero al que nunca faltó el recurso a la violencia; la de una dictadura con fuertes y asentados apoyos sociales, con unos seguros líderes y unas fuerzas de orden público y control judicial de la población en la que, sin embargo, se torturaba, se implantaban estados de excepción, se asesinaba por motivos políticos; la de un país donde la sociedad, bien por determinación o por hastío, creía necesario un cambio político urgente y se expresaba así en sus reivindicaciones políticas y sus canales culturales; la de una clase política que hubo de aferrarse a la figura del monarca como garante de una democratización controlada, dirigida y pacífica. En definitiva, la de un régimen político que, para sobrevivir, no podía sino dejar de ser una dictadura. Franco se desangraba mientras que su Régimen también lo hacía. Lo que nos queda aún por saber, y será difícil comprobar, es si el franquismo moría porque moría Franco, o si era al revés.

Desde luego, la represión estatal no alcanzó la eficacia deseada, puesto que, antes que acabar con la oposición antifranquista, el recurso a la violencia no hizo sino aglutinarla. Su impacto internacional fue tal que llegó a limar hasta niveles extremos la legitimidad del régimen franquista: hasta el Vaticano encabezó la protesta contra las ejecuciones políticas. Y, sobre todo, no sirvió para amedrentar a quienes sentaron las bases culturales, políticas y sociales para el advenimiento de la democracia, inevitable tras la muerte del dictador. Esa violencia estatal solamente sirvió, sin embargo, para que esos cimientos democráticos estuviesen regados de la sangre de estudiantes e intelectuales, disidentes políticos y trabajadores. Y para que las comisarías y las cárceles por las que pasó la oposición antifranquista se convirtiesen en las aulas donde se aprendió el lenguaje de la democracia.

Epílogo

EPILOGO

NADA MÁS FECUNDO

Los españoles sabemos por experiencia que no hay nada más fecundo que la sangre derramada por los mártires […] dediquemos nuestro más cálido recuerdo a los héroes y mártires de nuestra Cruzada, forjadores de nuestra paz y presentes en esta hora en el recuerdo de tantos hogares españoles.

Francisco FRANCO (1964)[1]

«¡Caídos por España, presentes!». El grito ritual se podía escuchar por doquier tras el final de las operaciones bélicas el 1.º de abril de 1939. Un grito que era casi una seña de identidad para los vencedores de la Guerra Civil. Simbolizaba a los «mejores», a los que habían dado «su vida por España», a los que habían «caído» por «defender la Patria» frente a sus «enemigos». Recordaba perennemente cuál era el origen de la Nueva España, quiénes eran los garantes de la «paz» y a quiénes se debía la Victoria. Reificaba y reencarnaba a los miles de asesinados tras las retaguardias republicanas y de muertos en combate. A todos: a los que hacían guardia «sobre los luceros»; a los religiosos asesinados por la «horda roja»; a los soldados del «buen pueblo español». Era un grito constante, que debían «gritar todos». Y que hubo de escucharse cada vez que se devolviese a la luz a un asesinado, que se inscribiese un nombre en la pared de una iglesia, o que se inaugurase un monumento a la memoria de los «caídos por Dios y por España».

En los albores del régimen de Franco, uno de los elementos políticos, culturales y sociológicos usados con más profusión para articular tanto la adhesión de la población como un relato coherente y útil como elemento legitimador para el presente fue, precisamente, una política «de la memoria» relativa a la exaltación, omnipresencia e invasión de los espacios públicos de los muertos. De hecho, más que de un simple culto a los caídos se trató de una aterradora cultura de la muerte. Las fotografías y los nombres de los asesinados, ejecutados por el «terror rojo» y muertos en batalla aparecían constantemente en periódicos y pasquines. Y su recuerdo se invocaba en prácticamente cualquier acto público en la posguerra. De las políticas enfocadas hacia la articulación y la consecución de un consenso activo en torno al Régimen, a su Caudillo y a los valores que representaban, ninguna tuvo, posiblemente, tanta importancia cotidiana —al margen de las políticas asistenciales— como el culto a la memoria de los caídos. Incluso allá donde no hubo «terror rojo» debía rendirse honor y memoria, como en Ortigueira, donde la Asociación del Apostolado de la Oración de Santa Marta obtuvo permiso para erigir un monumento, en septiembre de 1939, al Sagrado Corazón de Jesús para «demostrar el agradecimiento general de esta villa al Todopoderoso, por haberla librado de las iras de los enemigos de Dios y de nuestra madre España, durante el lapso de tiempo del vandalismo rojo»[2].

El de «Caídos por España, ¡presentes!» fue un grito que se pudo escuchar repetidamente en la voz del ministro del Interior Ramón Serrano Súñer mientras, en Torrejón de Ardoz, se procedía a la exhumación de cientos de cadáveres procedentes de diferentes fosas comunes. Desde el primer momento. Al igual que las normas para las exhumaciones y traslados de los restos de los «Caídos en nuestra Guerra de Liberación» se remontan al mismo 1936, siendo hasta diez años más tarde prorrogadas, del mismo modo ya desde los mismos albores de la Guerra Civil la fijación del recuerdo, el establecimiento de lugares para la memoria y el culto a los caídos fueron elementos exquisitamente cuidados en aras de constituir una visión de la guerra centrada en la memoria de sus víctimas. En 1938 y por decreto, fue proclamado «día de luto» la fecha del 20 de noviembre y establecido que en los muros de las iglesias y parroquias figurase el nombre de los «caídos», «ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista»[3]. Ya en noviembre de 1939 se hacía «indispensable» la construcción de un altar en el «Camposanto de los Mártires de Paracuellos del Jarama», para sustituir la mesa de madera en la que se oficiaba la misa. La cantidad de personas que allí se reunían cada domingo, así como «la significación tan elevada de dicho Campo de Caballeros inmolados por Dios y por su Patria» hacía «urgente e indispensable» llevarlo a la práctica en el más breve plazo posible. Para ello, se rogaba que el arquitecto con destino en la Sección de Plástica de la Dirección General de Propaganda se hiciese lo antes posible con los planos del proyecto de dicho altar. Esa Dirección General debía supervisar las obras y los proyectos relacionados con el culto a los «caídos», y sin su visto bueno ningún altar, cruz votiva o monumento podría erigirse.

Foto 18. Maqueta del monumento a los caídos de Gerona.

Generalmente, los plazos para la aprobación eran bastante largos. En este caso, la presión de la Asociación de Familiares de los Mártires de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz agilizó bastante las cosas. Ya desde octubre de 1939, algunos de sus representantes locales venían preguntando al Gobierno sobre cuánto dinero éste aportaría a la suscripción popular para la realización del monumento. Un dato, desde luego, debía animarles a llevar adelante sus peticiones: el mismo general Franco la encabezaba, con «la cantidad de cien mil pesetas»[4]. Reunida la Asociación y, en particular, su presidente el almirante Francisco Bastarreche con diversos representantes oficiales en ocasión del traslado de los «restos de los mártires [al cementerio de] Paracuellos» el 18 de febrero de 1940, el representante de la Dirección General de Propaganda pudo enseñarles un proyecto de altar «de reducidas dimensiones, pero proyectado de forma que pueda ser permanente».

Permanente, pero no de reducidas dimensiones, fue el altar erigido para la rememoración pública y perpetua de la Guerra Civil, de la victoria franquista y de sus «mejores», los que habían perdido la vida en ella. El mausoleo de Cuelgamuros, también conocido bajo el nombre de Valle de los Caídos, fue construido entre 1940 y 1959 por deseo personal de Franco, según su decreto fundacional «para perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada» y con el empleo de mano de obra forzosa con penas de cárcel por motivos políticos. Bajo el altar del faraónico proyecto de los arquitectos Muguruza y Méndez reposan los restos de José Antonio Primo de Rivera, cuyo traslado primero al monasterio de San Lorenzo de El Escorial y, después, a Cuelgamuros, puso de manifiesto la centralidad retórica que la exaltación de los caídos y los mártires habría de tener a lo largo de la dictadura. José Antonio y Franco son, de hecho, los únicos muertos con lápida. Los otros 33 872 inhumados en el Valle son en su gran mayoría «caídos por Dios y por España»; esto es, muertos del ejército franquista. Sólo a última hora se incorporaron víctimas republicanas, toda vez (supuestamente) que se hubiese demostrado su catolicidad, aunque todo apunte a que en realidad sean exhumados en fosas comunes y, por tanto, desaparecidos sin nombre, sin identidad y sin credo. De tal modo, a finales de los años 50 se pudo crear la pantomima de estar inaugurándose un monumento a la reconciliación nacional[5].

Todo esto no formaba, simplemente, parte del «normal» culto a la memoria de los caídos que, de manera nuclear, ha constituido para la cultura europea uno de sus ejes principales. Como ya se ha recordado en otro sitio, el recurso constante al recuerdo de la Guerra Civil fue el eje gravitacional de la legitimidad de la Nueva España y, además, una de las amalgamas y amarrajes más fuertes de su coalición vencedora. En un ejercicio de dramática reducción e hipostatización, recurrente por otro lado allá donde las guerras, los conflictos armados, las revoluciones han transformado y transfigurado la faz de las sociedades, la Guerra Civil tomó cuerpo en los caídos y en los sentimientos que despertaban. El luto oficial de toda una nación por sus muertos solamente era comparable a las energías que de su memoria pretendía extraerse[6]. Nada, por tanto, como la omnipresencia de la muerte y del luto ayuda a explicar la eclosión y la pervivencia de culturas políticas de raíz violenta, que veían en la coerción, la amenaza o, en su última y más terrible expresión, el terror no ya solamente un canal para intervenir en la política, sino que además llegaban a hacer de la violencia un fin en sí mismo. En una evidente práctica de nacionalismo de guerra —pensado para provocar cohesión e identificación con la causa— en tiempo de paz, el culto al héroe muerto y a su «ejemplo permanente para la nación» se convirtió en culto a la nación, a la patria por la que se dio la sangre, a la eternidad sublime de los valores de su muerte[7].

En ese contexto, el recuerdo público, la interpretación oficial del pasado anduvo casi exclusivamente por los rígidos raíles de la propaganda oficial y la legitimación de origen y de orden, mandando al limbo de la rememoración clandestina, generalmente familiar, el recuerdo alternativo, la experiencia colectiva enemiga de la que resultó victoriosa[8]. La de la Guerra Civil en la dictadura fue una memoria fragmentada, dividida y cautiva. La raíz de lo que sucede hoy, de cómo resuenan los ecos de ese pasado de guerra y muerte está, por tanto, hundida en el terreno de la pública rememoración de la guerra y de sus víctimas. Mientras que en Torrejón de Ardoz se procedía, como suena en la voz del noticiero de 1940, a la «exhumación de los cadáveres de las víctimas del terror rojo y del ateísmo soviético, inmoladas bárbaramente por pelotones de asesinos y asalariados de Moscú» (en Canciones para después de una guerra, de Martín Patino), otros cadáveres, otras víctimas de un Terror convertido en política de Estado quedaban en cunetas, tapias de cementerios y fosas comunes. Mientras que en 1939 se concedía a aquella Asociación de Familiares de los Mártires de Paracuellos del Jarama una subvención para la construcción de un altar religioso a la memoria de los caídos por Dios y por España, las familias de los vencidos tenían que esconder el luto por otros caídos, muchos sin identificar, muchos sin haber sido registrados, la mayoría sin ser entregados jamás a sus deudos. Mientras que entre 1940 y 1945 la España de Franco se inundaba de monumentos conmemorativos a los mártires, a los hijos entregados por la causa de los sublevados —aprobados todos ellos por la Dirección General de Arquitectura y la Vicesecretaría de Educación Popular de FET y de las JONS—, otros hijos eran pasados por las armas, otros hermanos desaparecían en vida, víctimas de la dictadura que cerró su particular versión de la crisis europea de entreguerras con la mayor tasa de sangre y castigo, tanto en tiempos de guerra como, sobre todo, en tiempos de retórica paz. Y a esos otros hijos y hermanos nadie les dedicaría jamás una lápida, un altar o un monumento.

Foto 19. Maqueta del monumento a los caídos en Barcelona.

Foto 20. Exhumación de los cadáveres de medio millar de presos asesinados en las inmediaciones de Torrejón de Ardoz en noviembre de 1936. Paracuellos del Jarama, 15 de diciembre de 1939.

Foto 21. Los cadáveres son trasladados al cementerio de Paracuellos del Jarama. La apertura de las fosas comunes de Paracuellos y Torrejón de Ardoz llenaron las portadas de los periódicos nacionales a finales de 1939. Paracuellos del Jarama, 15 de diciembre de 1939.

La legitimidad de la Nueva España provino de su Victoria en la Santa Cruzada de Liberación, y los guardianes de esa legitimidad eran sus muertos. A ellos se debían, ante ellos respondían. Por ese motivo, sus cadáveres fueron primero exhumados y, después, inhumados en ceremoniales públicos de masas. Por ello, sus muertes fueron convenientemente investigadas y juzgadas, generando un enorme fondo documental conocido como Causa General. Y por ello, sus nombres fueron inscritos en las paredes de las iglesias y sirvieron para dar nombre a las calles de las ciudades y los pueblos. Hasta la muerte del general Franco, solamente hubo una política de la memoria posible: la de sus propios caídos, por Dios y por España, omnipresentes exactamente en la misma medida que invisibles eran las otras víctimas. Los caídos en la Cruzada, empezando por José Antonio, siguiendo por mártires y protomártires como Ruiz de Alda o Calvo Sotelo y terminando por prácticamente cada uno de los fallecidos en los campos de batalla o asesinados en la espiral de violencia revolucionaria ocuparon prácticamente cualquier espacio público y de sociabilidad. Pero, a su vez, esa política de la memoria acarreaba consigo un consciente memoricidio. La omnipresencia de los caídos contrastó con la invisibilidad pública de los asesinados republicanos, en los frentes y en las retaguardias. Sus desapariciones, físicas y documentales, pretendían acabar con todo su rastro, incluida su memoria, generando así una suerte de «memoria traumática» que el Régimen explotó como uno de sus canales de coerción estructural y preventiva.

Foto 22. Sobre los restos de sus caídos y sobre su omnipresencia en los espacios públicos, la dictadura construyó sus políticas de memoria. Paracuellos del Jarama, 15 de diciembre de 1939.

Foto 23. El culto a los caídos, propio de los fascismos europeos, tuvo en estas víctimas, inhumadas en fosas comunes, el objeto de su veneración, construyéndose así un espacio funerario y reivindicativo propio. Paracuellos del Jarama, 15 de diciembre de 1939.

Los regímenes totalitarios del siglo XX, recuerda insistentemente Todorov, revelaron la existencia de un peligro antes insospechado: el de un completo dominio sobre la memoria, sobre el relato compartido y público del pasado. Durante cuarenta años, oficialmente sólo hubo muertos de un lado, sólo fosas comunes de los caídos por Dios y por España, sólo violencia revolucionaria. Solamente fueron los crímenes cometidos en zona republicana los profusamente investigados mediante la Causa General, cuyas pruebas (nombres y fotografías de cadáveres) se publicaban casi a diario en los periódicos, construyendo una auténtica inversión de culpa: el procedimiento por el cual un poder, arbitrariamente, transfiere a sus víctimas la responsabilidad de sus crímenes[9]. Y en función a todo ello, se establecieron sus políticas de la memoria. La dictadura franquista intentó llevar a cabo lo que Primo Levi conceptualizó como memoricidio, impuesto a sus vencidos mediante la más férrea propaganda autolegitimadora, y mediante una suerte de cultura del miedo y el silencio. Un memoricidio, así, por partida doble, primero, de las víctimas de su victoria y, segundo, de los canales para su imposición, de su propia carga violenta[10]. La España de Franco, tras la derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial, no podía mostrarse de cara al exterior como un régimen criminal donde existían campos, trabajos forzosos, ejecuciones sumariales, tribunales especiales, raptos de niñas y niños en las cárceles y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Por eso, se puso en marcha la maquinaria del silencio y la negación, cuyo fin último es el olvido[11].

Antes de la muerte de Franco, en noviembre de 1975, estaban, sin embargo, ya presentes en la sociedad española —tanto en la oposición antifranquista como en no pocos disidentes del Régimen al que servían— algunas de las claves intelectuales, identitarias y, en la medida de lo posible, políticas del proceso pacífico y constitucional destinado a dotar a España de un régimen democrático garante de las libertades individuales y colectivas, una de cuyas premisas habría sido que la Guerra Civil y sus terribles consecuencias no fuesen motivo de confrontación política[12]. El consenso para la no instrumentación política —en feliz expresión de Paloma Aguilar— del pasado bélico, de tal modo, empezó a labrarse a la vez que la generación que a la postre protagonizaría la democratización posdictatorial comenzaba su particular proceso de socialización política[13]. Los orígenes de ese «pacto» (vulgo «pacto de silencio» o «pacto por el olvido») se remontan, por tanto, a por lo menos quince años antes de 1975, y provienen más de la oposición antifranquista que de un régimen que, por otro lado, jamás renunció a tener en la Guerra Civil y en sus «caídos» una referencia mítica fundacional. Buena parte de la oposición antifranquista había hecho ya tabula rasa con el pasado, lo mismo que la disidencia proveniente de dentro del régimen[14]. En el activismo católico, en el creciente disenso cultural o en la movilización estudiantil y laboral, los ecos del pasado bélico comenzaban a resultar cada vez más lejanos y, posiblemente, molestos. La España de la Guerra Civil estaba representada por un régimen que empleaba la jurisdicción militar, los estados de excepción, las torturas y los asesinatos como medios para la represión política, y que instrumentaba puntualmente el «guerracivilismo», el miedo a repetir tensiones políticas que antaño habían supuesto una guerra civil, y cuya memoria habría contribuido a la búsqueda de transacciones pacíficas. El espantajo de la guerra, como había podido comprobarse claramente cuando la ejecución de Grimau, era agitado por el propio Régimen para avivar, como factor legitimador, una interesada percepción de la sociedad española como profundamente cainita y naturalmente propensa a la violencia en la que el dictador se elevaba al rango de pacificador nacional. No resulta descabellado pensar que, frente a ese Estado, el disenso y la oposición intentasen alejarse lo máximo posible de esos preceptos guerracivilistas. Dejar de lado la memoria de la guerra era, simbólicamente, renunciar a la confrontación violenta y al maximalismo y buscar consensos. En buena medida, olvidar la guerra era oponerse a la dictadura[15].

Sobre la premisa de dejar atrás la guerra —y de lado a sus víctimas— y clausurarla como pasado, se fundaría uno de los más poderosos elementos culturales de la democratización: la «reconciliación nacional»[16]. Marcelino Camacho declararía cuando el debate de la Ley de Amnistía que los comunistas ya habían «enterrado» a sus muertos y que ésa cerraba el «pasado de guerras civiles y de cruzadas». Y, probablemente, también era consciente de la asimetría o, cuando menos, de las ambivalencias de la democratización que se apoyaba con dicha ley: al margen de los juicios retroactivos y contrafactuales tan difundidos hoy en día[17], lo cierto es que se mantuvieron, sin recontextualización alguna ni desactivación de su carga identitaria, la simbología heredada de la dictadura y toda su componente de rememoración de la cesura entre vencedores y vencidos[18]. Con ello, no se reivindicó como propio el pasado republicano, la tradición antifascista ni su simbología. Se rompió simbólicamente con la República y, de paso, con sus víctimas, renunciando al «garante» de su memoria como factor de legitimación, aunque el paso de la omnipresencia a la invisibilidad de los caídos supusiese, en el caso de las víctimas republicanas, una segunda invisibilidad. Y uno de los resultados de todo ello fue la ausencia de política alguna de la memoria durante el proceso de democratización. Esto es, la renuncia a acciones oficiales de restitución, homenaje y reparación a las víctimas, de pedagogía histórica y de resignificación y conservación de lugares de la memoria[19]. Una renuncia que, no lo olvidemos, la oposición de izquierdas no asumió como un daño irreparable. No es que no hubiese memoria de la Guerra Civil, pues de la guerra se habló y publicó durante esos años, ni que hubiese un silencio atenazador en torno al pasado. Lo que sí hubo, basta observar las actuales demandas para constatarlo, fue una renuencia institucional a restituir y reparar en sus diferentes formas la «dignidad» a los otros caídos, a los que nunca nadie rindió homenaje alguno. Una renuncia a política alguna de la memoria que, amparada en esa reconciliación nacional, dejaba intactos símbolos, físicos o no, de la guerra y la dictadura, en su afán de no «herir sensibilidades ni reabrir heridas». Más o menos los mismos argumentos que se esgrimen hoy en día.

Por paradójico que parezca, en estos tiempos en los que tanto se habla y tanto vértigo narrativo existe sobre el pasado traumático y su memoria, sobre la Guerra Civil y sus consecuencias, sobre reparaciones, compensaciones, víctimas, revisionismos, olvidos, regresos o amnesias, la enorme mayoría de las voces que aparece en los espacios del público debate y opinión están más bien poco cualificadas y no hacen sino repetir, una y otra vez, los mismos tópicos, el mismo lenguaje y las mismas imprecisiones. La creciente presencia pública incluso oficial del pasado, sometida en los últimos tiempos a la lógica de los aniversarios y sus hipotecas, ha devenido así no en la articulación de un debate en torno a unos mínimos anclajes teóricos, sino más bien en la popularización y tal vez definitivo asentamiento de multitud de estandarizaciones y reduccionismos. En muchas ocasiones, el conocimiento arquetípico, casi siempre moralista y de refuerzo identitario sobre el pasado, unido a la denuncia memorialística, se ha merendado a su conocimiento crítico, complejo y, en la medida de lo posible, desmitologizado. Sin embargo, solamente si observadas en perspectiva caballera, las evidencias en torno a la actual utilización pública del pasado traumático, tales como su cambio de percepción generacional (para una generación que ni ha experimentado el franquismo ni participó en los debates y consensos que desembocaron en la democracia actual), su centralidad sobre las víctimas de los sublevados en 1936 o su insistencia en torno a los lastres de un proceso de democratización en el que nadie hizo demasiado caso a la necesidad o no de unas «políticas de la memoria» de carácter antifascista pueden ser desactivadas de su carga retórica y política explícitamente presentista.

Y solamente desprejuiciadamente puede concluirse, de tal modo, que más que olvido, lo que ha habido en torno a la Guerra Civil ha sido, precisamente, memoria, mucha memoria, aunque desde luego no la reclamada hoy por familiares y asociaciones de víctimas del golpe de Estado de 1936. La hubo, tanto durante la dictadura franquista, para legitimar el régimen de terror en los terrenos políticos, culturales o educativos, como en democracia (y antes), para rechazarla como punto de referencia político. Ha habido una infinita producción política, cultural, literaria e historiográfica. Y, en los terrenos educativos, el conocimiento del pasado debería, sobre el papel, haber mejorado sustancialmente en los últimos treinta y dos años. En consecuencia, debería haber hoy un profuso recuerdo colectivo, una enorme «memoria» de la guerra. Debería: el condicional es necesario, pues no hace falta ser muy «recuperador» de la memoria ajena para darse cuenta de que la carencia en democracia de políticas explícitas de reparación, homenaje y dignificación de las víctimas de los sublevados en 1936 y de la dictadura franquista ha acarreado importantes problemas de hecho y de derecho en la España democrática. Tan innegable es que ha habido mucha «memoria» de la guerra, mucho recuerdo público, como que ésta no es ni ha sido, seguramente porque jamás podrá serlo, equilibrada. El del recuerdo colectivo del pasado traumático es un terreno tan resbaladizo, trenzado de sentimientos y alimentado por identidades, que los acuerdos valorativos son, más que difíciles, imposibles por naturaleza.

A nuestro juicio, ese consenso en torno a la no revisión del pasado en forma de políticas de homenaje, restitución y pedagogía histórica con el que se trató, posiblemente en falso, de echar el cierre a la guerra tuvo varias consecuencias. Una, el mantenimiento de un imaginario público excluyente y asimétrico. Dos, el mantenimiento de la «invisibilidad» pública de las víctimas antifascistas, relacionada con cierto «indiferentismo moral»[20]. Y tres, la vigencia de una «falsa memoria» de la guerra y sus consecuencias (víctimas y dictadura), heredera directa de la propaganda dictatorial y de ese «rechazo moral» a la «guerra fratricida». Una cosmovisión de la historia española que sirvió durante muchos años en democracia para asegurar una presencia pública de la Guerra Civil de «bajo perfil», en consonancia con el afán desmovilizador de las «élites políticas», y que aún hoy muchos defienden en su apuesta por «no pensar, no hablar», por dejar que el pasado sea «una tumba que nadie debería hollar, ni mucho menos remover»[21].

Más que de rememoración, el intento de «aprehender el pasado en su verdad», las demandas son hoy de conmemoración, la «adaptación del pasado a las necesidades del presente», y de reparación. Y el vehículo primordial de estas demandas conmemorativas, el punto de arranque, la referencia visual más importante de la nueva presencia de las víctimas de la guerra, ha sido la exhumación, la identificación y la restitución familiar de cadáveres de las fosas comunes, con un impulso a la vez sentimental, humanitario y político que articula dos ideas-fuerza fundamentales, conciencia histórica y dignidad, y que erige a las víctimas en referentes morales para el presente[22]. Pero esta nueva presencia de la Guerra Civil también trae consigo algunas zonas de sombra, cuestiones que pueden convertir el pasado en un campo abonado de estereotipos. En un terreno, por tanto, desconocido. Así, por ejemplo, el signo de la memoria tiende a dar tanta presencia a la violencia que ésta pareciera ser el único aspecto a tener en cuenta de la Guerra Civil, transformando en un proceso de hipostatización la represión franquista en toda la Guerra Civil. Y tiende a dotar a las víctimas de la violencia franquista de un carácter homogéneo, el de la lucha por la democracia, que resulta ser, sin mermar con ello ni un ápice el carácter violento del Estado franquista ni mover un milímetro el derecho de las víctimas y sus familiares a ser resarcidos, una simplificación reduccionista.

Flaco favor les estaremos haciendo, sin embargo, a esas víctimas antifascistas, a sus familiares y a sus herederos si los reducimos a sus mínimos comunes, si no distinguimos entre víctima muerta y víctima viva, si los homogeneizamos en categorías aprehensibles para el presente en las que no se identifiquen, si los convertimos en iconos vivientes o si, al decir de Enzo Traverso, «los inmovilizamos y fosilizamos en una postura y una condición, la de víctimas, que ellos mismos no han elegido»[23]. La actual omnipresencia de las víctimas de la guerra está acarreando, envueltos en unos ecos del presente convertidos últimamente en estruendo, la utilización del pasado como arma para defender las identidades «históricas», la deformación presentista del pasado y su apropiación al socaire de legítimas reivindicaciones por «devolver» la historia a sus víctimas, o la reducción a maniqueos mínimos comunes analíticos a las víctimas, fuesen del signo que fuesen. Y sin embargo, mientras las víctimas de la guerra sean armas para el juego político, para la construcción identitaria, como lo fueron en la posguerra y como lo son hoy para determinados grupos de los que actúan en el ámbito de la «recuperación de la memoria», esas víctimas, el pasado y los valores que representan estarán condenados a la incomprensión.

Zaragoza, noviembre de 2007.

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Notas

[1] Véase «Mensaje con motivo de la beatificación de 498 mártires del siglo XX en España (Roma, 28 de octubre de 2007)», LXXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Madrid, 26 de abril de 2007. <<

[2] Un siglo marcado por las guerras de masa y la brutalización de la política, como señala M. Mazower, «Violence and the State in the Twentieth Century», en The American Historical Review, vol. 107, n.º 4, 2002. La «brutalización de la política», en G. L. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Roma-Bari, Laterza, 1990. La centralidad del fenómeno de guerra civil en el Novecientos, en G. Ranzato, «Un evento antico e un nuevo oggetto di riflessione», en íd. (ed.), Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporánea, Turín, Bollan Boringhieri, 1994, pp. IX-LVI, así como en id., «Guerra civil y guerra total en el siglo XX», en Ayer, n.º 55, 2004, pp. 127-148. El apunte sobre la relevancia global de la Guerra Civil, en H. Graham, Breve historia de la Guerra Civil, Madrid, Espasa Calpe, 2006, p. 11. Una contextualización, en G. Kolko, El siglo de las guerras. Política, conflictos y sociedad desde 1914, Barcelona, Paidós, 2005 [1994]. Sobre las víctimas y el empleo público de sus memorias, J. L. Ledesma y J. Rodrigo, «Caídos por España, mártires de la libertad. Víctimas y conmemoración de la Guerra Civil en la España posbélica», en Ayer, n.º 63, pp. 233-255. <<

[3] Algunas cuestiones terminológicas, en P. Preston, La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX, Barcelona, Península, 1997, pp. 57-81, en la reedición de id., La guerra civil española, Barcelona, Debate, 2006, y en J. Rodrigo, «1936: guerra de exterminio, genocidio, exclusión», en Historia y Política, n.º 10, 2003, pp. 249-258. La referencia al delegado de Propaganda de Queipo de Llano, en A. Bahamonde, Un año con Queipo. Memorias de un nacionalista, Barcelona, Ediciones Españolas, 1938, y Madrid, La Espuela de Plata, 2005. <<

[4] J. L. Ledesma, «“La santa ira popular” del 36: la violencia en guerra civil y revolución, entre cultura y política», en J. L. Ledesma, J. Muñoz y J. Rodrigo (eds.), Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005, pp. 147-192. <<

[5] Sobre las cosmovisiones al uso de la guerra, véanse entre otros S. Juliá, «De guerra contra el invasor a guerra fratricida», en íd. (ed.), J. Casanova, J. M. Solé i Sabaté, J. Villarroya y F. Moreno, Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999, pp. 11-54; F. Godicheau, «Guerra civil, guerra incivil: la pacificación por el nombre», en J. Aróstegul y F. Godicheau, Guerra civil. Mito y memoria, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 137-166. También, aunque con un perfil interpretativo diferente, E. Moradiellos, «Ni gesta heroica, ni locura trágica: nuevas perspectivas históricas sobre la Guerra Civil», en Ayer, n.ºº 50, 2003, pp. 11-39. <<

[1] Z. Bauman, Modernidad y Holocausto, Madrid, Sequitur, 1997 [1989], p. 118. <<

[2] E. González Calleja, «The symbolism of violence during the Second Republic in Spain, 1931-1936», en C. Ealham y M. Richards (eds.), The splintering of Spain. Cultural History and the Spanish Civil War, 1936-1939, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 23-44. A. Cenarro, «Matar, vigilar y delatar: la quiebra de la sociedad civil durante la guerra y la posguerra en España (1936-1948)», en Historia Social, n.º 44, 2002, pp. 65-86. P. Waldmann, «Guerra Civil: aproximación a un concepto difícil de formular», en id., y F. Reinares (eds.), Sociedades en guerra civil Conflictos violentos de Europa y América Latina, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 27-44. <<

[3] S. Julia, «De guerra»…, op. cit., pp. 26-27. Véase también S. Kalyvas, «La violencia en medio de la Guerra Civil. Esbozo de una teoría», en Análisis Político, Universidad Nacional de Colombia, n.º 42, 2001, pp. 3-25. Los entrecomillados, en F. Sevillano, Rojos. La representación del enemigo en la Guerra Civil, Madrid, Alianza, 2007, p. 14. <<

[4] Véase, si no, el título y el contenido de M. A. Iglesias, Maestros de la República: los otros santos, los otros mártires, Madrid, La Esfera de los Libros, 2006. <<

[5] J. Casanova, «Guerra civil, ¿lucha de clases?: el difícil ejercicio de reconstruir el pasado», en Historia Social, n.º 20, 1991, pp. 135-150. <<

[6] Véanse, entre otros, E Sevillano, Exterminio. El terror con Franco, Madrid, Oberon, 2005, y G. Sánchez Recio, Justicia y guerra en España. Los Tribunales Populares (1936-1939), Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1991. Pedro Barruso, en su estudio para la provincia de Guipúzcoa, señala que al menos el 42% de los expedientes incoados ante la justicia militar tuvieron por origen la denuncia de un civil. Véase P. Barruso, Verano y revolución. La Guerra Civil en Guipúzcoa, San Sebastián, Luis Haramburu, 1996, e id., Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el primer franquismo, San Sebastián, Hiria Liburuak, 2005. Sobre las líneas de continuidad en el empleo de la violencia, J. Ugarte, La Nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998. <<

[7] Una reflexión en esta misma línea, en S. Luzzatto, La crisi dell’antifascismo, Turín, Giulio Einaudi, 2004, pp. 42-47. <<

[8] Según la acertada reflexión de J. Sagués San José, Una ciutat en guerra. Lleida en la guerra civil espanyola (1936-1939), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 23. Los bombardeos sobre civiles como parte de la «guerra total», en G. Ranzato, «Guerra civil y guerra total en el siglo XX», en Ayer, n.º 55, pp. 127-148. <<

[9] Así se expresaría el capitán sublevado Gonzalo Aguilera, según recuerda P. Preston en «Los esclavos, las alcantarillas y el capitán Aguilera. Racismo, colonialismo y machismo en la mentalidad del cuerpo de oficiales nacionales», en J. L. Ledesma, J. Muñoz y J. Rodrigo (eds.), op. cit., pp. 193-229. <<

[10] G. Ranzato, «La Guerra civile spagnola nella storia contemporánea della violenza», en íd. (ed.), op. cit., pp. 269-303; en particular p. 271. <<

[11] El entrecomillado es de J. L. Ledesma, «Las fuentes locales de la violencia: conflictividad rural, fractura social y contrapoderes en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la Guerra Civil», en C. Frías y M. Á. Ruiz Carnicer (coords.), Nuevas tendencias historiográficas e historia local en España, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2001, pp. 261-271, cfr. p. 268. Sobre las imágenes del enemigo y sus empleos, X. M. Núñez Seixas, «Nations in arms against the invader: on nationalist discourses during the Spanish civil war», en C. Ealham y M. Richards (eds.), op. cit., pp. 45-67, e id., ¡Fuera el invasor! Nacionalismos y movilización bélica en la Guerra Civil española, 1936-1939, Madrid, Marcial Pons, 2006. <<

[12] F. Borkenau, El reñidero español, Barcelona, Península, 2001 [1937], p. 93. <<

[13] R. Cruz, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI, 2006, pp. 239-240. El reparto de armas marcó «un punto de no retorno en aquella revolución desencadenada por la rebelión», para S. Juliá, «El Frente Popular y la política de la República en guerra», en íd. (coord.), República y guerra en España (1931-1939), Madrid, Espasa Calpe, 2006, p. 156. <<

[14] J. Casanova, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Barcelona, Crítica, 1997, pp. 155-176, en particular pp. 156-159. <<

[15] E. Ucelay da Cal, La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939), Barcelona, La Magrana, 1982. <<

[16] Las jornadas revolucionarias barcelonesas, en C. Ealham, La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto, 1898-1937, Madrid, Alianza, 2005, pp. 269-304. La violencia en la retaguardia catalana, en J. M. Solé i Sabaté y J. Villarroya, La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), Barcelona, L’Abadia de Montserrat, 1989, y algunos apuntes y matizaciones sobre Gerona, en J. Maymí, «L’organització política i la dinámica represiva: la gestió dels comitès antifeixistes», en N. Figueras y A. Reyes (eds.), Guerra Civil i firanquisme. Seixanta anys después, Blanes, Centre d’Estudis Selvatans, 2000, pp. 68-49. Para Lérida, J. Sagués, op. cit. <<

[17] J. L. Ledesma, Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la Guerra Civil, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2004, p. 306 para los primeros entrecomillados, y p. 145 para el último. La relación entre poder, violencia y revolución, en Ch. Tilly, Las revoluciones europeas (1492-1992), Barcelona, Crítica, 1995, y en S. Souto, «Consideraciones sobre la violencia subversiva», en VV. AA., Laocoonte devorado. Arte y violencia política, Vitoria, Fundación Artium, 2004, pp. 93-107. <<

[18] J. Aróstegui, «La oposición al franquismo. Represión y violencia políticas», en J. Tusell y otros (eds.), La oposición al régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de la investigación, tomo I, vol. 2, Madrid, UNED, 1990, pp. 235-256. A. Reig Tapia, Ideología e Historia. Sobre la represión franquista y la Guerra Civil, Madrid, Akal, 1986. Sobre la premeditación del uso de la violencia en los territorios sublevados, F. Espinosa, «Julio de 1936. Golpe militar y plan de exterminio», en J. Casanova (coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 53-119. La actuación de varias de esas escuadras represivas, al mando de los militares sublevados, en F. Moreno, La Guerra Civil en Córdoba (1936-1939), Madrid, Alpuerto, 1986. Algunas declaraciones de Mola sobre el empleo de la violencia, en J. M. Iribarren, Con el general Mola: escenas y aspectos inéditos de la guerra, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1937. <<

[19] F. Sánchez, Ceuta y el norte de África. República, guerra y represión, 1931-1944, Granada, Natívola, 2004, p. 295. <<

[20] H. Graham, Breve historia…, cit., p. 50. La alusión al lenguaje, en R. Cruz, op. cit., p. 323. <<

[21] J. Casanova, «Rebelión y revolución», en S. Juliá (ed.), op. cit., p. 62. <<

[22] Dolores Ibárruri, citada por A. Viñas en El escudo de la República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, Barcelona, Crítica, 2007, p. 36. <<

[23] C. Gil Andrés, Lejos del frente. La Guerra Civil en la Rioja Alta, Barcelona, Crítica, 2006, p. 96. <<

[24] F. Espinosa, La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Barcelona, Crítica, 2003. A. Reig Tapia, Violencia y terror. Estudios sobre la Guerra Civil española, Madrid, Akal, 1990, 105-132. <<

[25] A. Braojos, L. ÁÁlvarez y F. Espinosa, Sevilla 36: sublevación fascista y represión, Sevilla, Muñoz Moya, 1990; J. Ortiz Villalba, Del golpe militar ala Guerra Civil. Sevilla 1936, Sevilla, RD Editores, 2006; R. Gil Bracero, Guerra Civil en Granada, 1936-1939. Una revolución frustrada y la liquidación de la experiencia republicana de los años treinta, tesis doctoral inédita, Granada, 1995; F. Moreno, op. cit.; I. Gibson, Granada 1936. El asesinato de García Lorca, Barcelona, Crítica, 1975; A. Domínguez, El verano que trajo un largo invierno. La represión política-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945), Cádiz, Quorum, 2004; A. Nadal, Guerra Civil en Málaga, Málaga, Arguval, 1984; E. Barranquero, Málaga entre la guerra y la posguerra. El franquismo, Málaga, Arguval, 1994; F. Espinosa, La Guerra Civil en Huelva, Huelva, Diputación Provincial, 1997, e id., La columna…, cit.; J. Chaves, La represión en la provincia de Cáceres durante la Guerra Civil (1936-1939), Cáceres, Universidad de Extremadura, 1995, e id., Violencia política y conflictividad social en Extremadura. Cáceres en 1936, Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz-Diputación Provincial de Cáceres, 2000; F. Cobo, Revolución campesina y contrarrevolución franquista en Andalucía. Conflictividad social, violencia política y represión franquista en el mundo rural andaluz, 1931-1950, Granada, Universidades de Granada y Córdoba, 2004. <<

[26] Los entrecomillados, de J. L. Ledesma, Los días…, op. cit., p. 145. Sobre Madrid, R. Casas de la Vega, El terror: Madrid 1936, Fénix, Madrid, 1994, y J. Cervera, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid, Alianza, 1998. Sobre el País Valenciano, V. Gabarda, La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano (1936-1939), Valencia, Alfons el Magnánim, 1996, y M. Ors Montenegro, La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1945), Alicante, Instituto de Cultura Gil Albert, 1995. Las provincias investigadas de Castilla-La Mancha, A. B. Rodríguez, La Guerra Civil en Cuenca (1936-1939), Madrid, Universidad Complutense, 2004, F. Alía, La Guerra Civil en retaguardia: conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real, 1936-1939, Ciudad Real, Diputación, 1994, y M. Ortiz, Violencia política en la II República y el primer franquismo. Albacete, 1936-1950, Madrid, Siglo XXI, 1996. Para Andalucía, F. Moreno, op. cit.; F. Espinosa, La Guerra Civil…, cit.; A. Nadal, op. cit.; R. Quiroga-Queyrouze, Política y Guerra Civil en Almería, Almería, Cajal, 1986; L. M. Sánchez Tostado, Víctimas. Jaén en guerra (1936-1950), Jaén, Ayuntamiento de Jaén, 2005; F. Cobo, Conflicto rural y violencia política. El largo camino hacia la dictadura, Jaén 1917-1950, Jaén, Universidad de Jaén, 1998. Véanse también J. Martínez, República y Guerra Civil en Cartagena (1931-1939), Murcia, Ayuntamiento de Cartagena, 1993 y C. González, Guerra Civil en Murcia. Un análisis sobre el Poder y los comportamientos colectivos, Murcia, Universidad de Murcia, 1999. <<

[27] P. Oliver, Historia de la pena de muerte en la España contemporánea, Madrid, Síntesis, 2008, en prensa. Con mi agradecimiento al autor. <<

[28] J. Sagués, op. cit., pp. 264-263. <<

[29] La cifra de Huesca es la ofrecida por la Causa General. Véanse E. Casanova, «El “terror rojo” en la provincia de Huesca: la lucha contra el orden social y sus representantes durante la Guerra Civil española», en C. Frías y M. A. Ruiz Carnicer, op. cit., pp. 217-224, e id., «Represaliados en el Teruel republicano: justicia o venganza durante la Guerra Civil», en I. Peiró y P. Rújula (coords.), La historia local en la España contemporánea. Estudios y reflexiones desde Aragón, Barcelona, L’Avenç, 1999, pp 238-231. <<

[30] Como el de las responsabilidades personales dentro de la Junta de Defensa de Madrid, el de su decisión y ejecución eminentemente anarquista, o el de la influencia comunista del NKVD. Véase A. Viñas, El escudo, cit., pp. 35-87, y J. Martínez Reverte, La batalla de Madrid, Barcelona, Crítica, 2004. <<

[31] Como demuestra el hecho que salvase la vida el falangista Raimundo Fernández Cuesta. El estudio menos apasionado de estas matanzas, que cifra en torno a 2400 las víctimas, es el de I. Gibson, Paracuellos: cómo fue, Barcelona, Argos Vergara, 1983, aunque haya que completarlo con el ya citado de Angel Viñas. <<

[32] M. Azaña, Obras completas, México, Oasis, 1967, vol. III, p. 355. <<

[33] H. Graham, The Spanish Republic at war, 1936-1939, Cambridge University Press, 2002, p. 86 y ss. <<

[34] Expresión del poeta Marcos Ana, dos veces condenado a muerte y quien más años pasó en las cárceles franquistas por causas relacionadas con la guerra, en S. Moro, Ellos y nosotros, Barcelona, Blume, 2006, p. 217. En parecidos términos, aunque de manera mucho más exaltada y, desde luego, no como elemento para explicar la violencia sino para alentarla, se habría expresado un párroco ovetense: «¡Guerra contra ellos hasta que no quede ni la última raíz!»; véase F. Espinosa, La Guerra Civil…, op. cit., p. 514. <<

[35] La estadística general puede comprobarse en J. Casanova (coord.), A. Cenarro, J. Cifuentes, P. Maluenda y P. Salomón, El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Madrid, Siglo XXI, 1992; J. Cifuentes y P. Maluenda, El asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-39), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1995, p. 45. A. Cenarro, El fin de la esperanza: fascismo y Guerra Civil en la provincia de Teruel (1936-1939), Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1996; E. C. Gómez, El eco de las descargas, Barcelona, Acesgo, 2002; Altaffaylla Kultur Kaldea, Navarra 1936. De la esperanza al terror, Tafalla, Altaffaylla Kultur Kaldea, 1992; R. Gracia, La justicia de los rebeldes. Los fusilados en Santa Cruz de Tenerife. (1936-1940), Santa Cruz de Tenerife, Tegueste, 1994; A. Hernández, La represión en La Rioja durante la Guerra Civil, Logroño, 1984; íd. y G. Herrero, La represión en Soria durante la Guerra Civil, Soria, 1982; S. Vega, De la esperanza a la persecución. La represión franquista en la provincia de Segovia, Barcelona, Crítica, 2005; S. López y S. Delgado, «Que no se olvide el castigo: la represión en Salamanca durante la Guerra Civil», en R. Robledo (ed.), Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la Guerra Civil española, Barcelona, Crítica, 2007, pp. 99-187; J. Rodríguez, León bajo la dictadura franquista (1936-1951), León, Universidad de León, 2003; M. C. Rivero, La ruptura de la paz civil. Represión en La Rioja, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1992; P. Barruso, Violencia…, op. cit. Galicia goza de una rica producción historiográfica, pese a que no se cuenta con cifras para todas las provincias: véanse X. M. Suárez, O alzamento de 1936 no norte da Coruña, Sada, Ediciós do Castro, 1993; L. Lamela, Crónica de una represión en la «Costa da Morte». Cee, Vimianzo; Ponte do Porto, Corcubión, Zas…, Sada, Ediciós do Castro, 1993; id., Estampas de injusticia. La Guerra Civil del 36 en A Coruñay los documentos generados en la represión, Sada, Ediciós do Castro, 1998; id., A Coruña, 1936. Memoria convulsa de una represión, Sada, Ediciós do Castro, 2002; M. J. Souto, La represión franquista en la provincia de Lugo (1936-1940), Sada, Ediciós do Castro, 1998; A. Santos, La sublevación militar de 1936 en Lugo, Sada, Ediciós do Castro, 1999; E. Grandío, Años de guerra. A Coruña, 1936-1939, A Coruña, Vía Láctea, 2000; id., Vixiancia e represión na Galicia da Guerra Civil. O «Informe Brandariz» (A Coruña, 1937), Sada, Ediciós do Castro, 2001; íd. (ed.), Anos de odio. Golpe, represión e Guerra Civil na provincia da Coruña (1936-1939), A Coruá, Deputación da Coruña, 2007, los recientes volúmenes de J. Prada, De la agitación republicana a la represión franquista. Ourense 1934-1939, Barcelona, Ariel, 2006, y J. de Juana y J. Prada (eds.), Lo que han hecho en Galicia. Violencia política, represión y exilio, 1936-1939, Barcelona, Crítica, 2006, y A. Rodríguez, A represión franquista en Ponteareas (1936-1939), Sada, Ediciós do Castro, 2007, en prensa. De este último he recogido la cifra provisional de 4372 muertes en el territorio gallego. <<

[36] Para la provincia de Burgos, en L. Castro, Capital de la cruzada. Burgos durante la Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 2006, se aventura la cifra de unas 2500 víctimas mortales «de la represión» y de ellos, 1500 asesinatos con carácter extrajudicial (pp. 212 y 252). Pero son cifras que el propio autor no puede corroborar sino con «testimonios […] y a la labor de campo de las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica» (p. 220). Lo que parece seguro es que entre julio y diciembre de 1936 habría 140 ejecutados por sentencias de muerte y entre agosto y octubre, un mínimo de 400 muertes tras sacas de la prisión central. I. Rilova, Guerra Civil y violencia política en Burgos (1936-1943), Burgos, 2001, documenta 293 muertes por procedimiento de juicio entre 1936 y 1941. Para Valladolid, las cifras aportadas por J. M. Palomares, La Guerra Civil en la ciudad de Valladolid. Entusiasmo y represión en la «capital del alzamiento», Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 2001, hablan de cerca de un 71% de muertes violentas en retaguardia entre julio y diciembre de 1936. Véanse también las cifras parciales de I. Martín, La Guerra Civil en Valladolid (1936-1939). Amaneceres ensangrentados, Valladolid, Ámbito, 2000; J. M. Palomares, La Guerra Civil en Palencia. La eliminación de los contrarios, Palencia, Cálamo, 2002, y J. Massot i Muntaner, Guerra Civil i repressió a Mallorca, Barcelona, L’Abadia de Montserrat, 1997. Para Zamora, M. Á. Mateos, «La Guerra Civil», en Historia de Zamora. Tomo III: La Edad Contemporánea, Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 1995, pp. 533-651, cit. en S. López y S. Delgado, op. cit., p. 401, nota 111. <<

[37] La idea de poner en relación el número de muertes violentas en ambas retaguardias con los totales de población y el territorio controlado proviene de la tesis doctoral, en proceso de finalización, de José Luis Ledesma, La «santa ira popular». Violencia y revolución en la España republicana durante la Guerra Civil (1936-1939), quien amablemente me ha permitido consultarla. Véanse sendos anticipos en J. L. Ledesma, «La santa ira popular»…, cit., y en id., «El 1936 más opaco: las violencias en la zona republicana durante la Guerra Civil y sus narrativas», en Historia Social, n.º 58, 2007, pp. 151-168. <<

[38] B. Bennassar, El infierno fuimos nosotros. La Guerra Civil española (1936-1942… [sic]), Madrid, Taurus, 2005, pp. 105 y 112, respectivamente. <<

[39] A. D. Martín, Paz, piedad, perdón… y verdad. La represión en la Guerra Civil: una síntesis definitiva, Toledo, Fénix, 1997. La cita, en la p. 374 y, repetida textualmente, en la p. 467. Otro argumento que descalifica sus conclusiones radica en que mientras da por buenas las cifras aportadas por las investigaciones regionales (como en los casos de Huesca o Teruel), a la hora de contrastar las cifras de muertos con los totales de población utiliza las del Instituto Nacional de Estadística aportadas por Salas Larrazábal, (Pérdidas de la guerra, Barcelona, Planeta, 1977), lo que evidentemente reduce los índices de incidencia de la represión, al ser estas considerablemente menores (cfr. pp. 376-377). <<

[40] Para los campos republicanos, creados por decreto del Ministerio de Justicia de García Oliver el 28 de diciembre de 1936 y entre los que hay que destacar los de Sotana, Albatera y Falset, E Badía, Els camps de treball en Catalunya, Barcelona, L’Abadia de Montserrat, 2001. Para los 104 campos estables y los 84 más provisionales en la retaguardia franquista, J. Rodrigo, Los campos de concentración franquistas, entre la historia y la memoria, Madrid, Siete Mares, 2003, e id., Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947, Barcelona, Crítica, 2005. El mundo carcelario franquista, resumido en C. Molinero, J. Sobrequés y M. Sala, Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las cárceles durante la Guerra Civil y el franquismo, Barcelona, Crítica, 2003. <<

[41] J. M. Solé i Sabaté, La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953, Bacelona, Edicions 62, 1985; M. Barallat, La repressió a la postguerra civil a Lleida (1938-1945), Barcelona, L’Abadia de Montserrat, 1991; M. Duch, Reus sota el primer franquismo. 1939-195L Reus, Associació d’estudis Reusencs, 1996. <<

[42] L. M. Sánchez Tostado, Víctimas. Jaén en guerra (1936-1950), Jaén, Ayuntamiento de Jaén, 2005. Las cifras aportadas por F. Cobo, en Conflicto rural y violencia política. El largo camino hacia la dictadura, Jaén 1917-1950, Jaén, Universidad de Jaén, 1998, p. 278. Este libro rebaja a 1891 el número de ejecutados tras la conquista de la provincia, pero dejando claro que se trata de los cadáveres inscritos en los registros civiles. <<

[43] V. Gabarda, Els afusellaments al País Valencia (1938-1956), Valencia, Alfons el Magnànim, 1993; M. Ors, op. cit. <<

[44] P. Montoliú, Madrid en la posguerra, 1939-1946. Los años de la represión, Madrid, Sílex, 2005, p. 62. Los datos del cementerio de la Almudena, en M. Núñez y A. Rojas, Consejo de guerra: los fusilamientos en el Madrid de la posguerra. 1939-1945, Madrid, Compañía Literaria, 1997. <<

[45] Sobre la legislación en posguerra, I. Berdugo, «Derecho represivo en España durante los períodos de guerra y posguerra (1936-1945)», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, n.º 3, 1980, y M. Lanero, Una milicia de la justicia: la política judicial del franquismo (1936-1945), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996. La diferencia entre «anteriores» y «posteriores», en R. Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, Madrid, Temas de Hoy, 2002. <<

[46] W. Sofsky, Tiempos de horror. Amok, violencia, guerra, Madrid, Siglo XXI, 2004, p. 184. <<

[47] E. Malefakis, «La dictadura de Franco en perspectiva comparada», en J. L. García Delgado (coord.), Franquismo. El juicio de la historia, Madrid, Temas de Hoy, 2000, pp. 11-55. <<

[1] En El País del 25 de noviembre de 2007, a raíz de la publicación del primer tomo de su serie de cómic sobre la Guerra Civil, 36-39. Malos tiempos. Posiblemente se trate, gracias a su serie Barrio y, sobre todo, a la serie Paracuellos (ambas, en la editorial Glénat), del mejor narrador que exista sobre las miserias de la posguerra española, aunque su trabajo deba entenderse no solamente desde esa perspectiva. Testigo excepcional de las cuitas, grandezas y miserias de la izquierda durante el final del franquismo y la democratización, su España una, grande y libre se erige, asimismo, como amarga e imprescindible crítica generacional. <<

[2] P. Preston, La política…, op. cit. J. Casanova, «Una dictadura de cuarenta años», en íd. (ed.), Morir…, cit, p. 5. <<

[3] D. Feierstein, Genocidio. La administración de la muerte en la sociedad, Buenos Aires, Eduntref, 2005. Z. Bauman, op. cit., y T. Todorov, Memoria del mal tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX, Barcelona, Península, 2002. <<

[4] P. Preston, Franco, «Caudillo de España», Barcelona, Grijalbo Mondadori, 1994. J. Casanova, República y Guerra Civil, volumen 8 de J. Fontana y R. Villares (dirs.), Historia de España, Barcelona, Crítica-Marcial Pons, 2007. <<

[5] Á. Cenarro, «Matar, vigilar y delatar»…, op. cit., p. 65. Véase sobre este tema P. Preston, «La Guerra Civil europea», en Claves de Razón Práctica, n.º 53, 1995, y M. Mazower, La Europa Negra, Barcelona, Ediciones B, 2001. <<

[6] Los modelos de coaliciones políticas, en B. Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia. El señor y el campesino en la formación del mundo moderno, Barcelona, Península, 1973. Una aplicación práctica de ellos, en F. Cobo, Revolución campesina…, op. cit. <<

[7] E. Collotti, Fascismo, Fascismi, Florencia, Sansoni, 1994 (1989), E. Gentile, Ilculto del littorio. La sacralizzazione dellapolítica nelPItalia fascista, Roma-Bari, Laterza, 1993, e id., Le religioni della política. Fra democrazie e totalitarismi. Roma-Bari, Laterza, 2000. <<

[8] E. Traverso, A ferro e juoco. La Guerra Civile europea 1914-1945, Bolonia, Il Mulino, 2007. G. L. Mosse, Intervista sul nazismo, Roma-Bari, Laterza, 1997 (1977), e id., Il fascismo. Verso una teoría generale, Roma-Bari, Laterza, 1996 (1980). <<

[9] G. M. Luebbert, Liberalism, fascism, and social democracy: social changes and thepolitical origins of regimes in interwar Europe, Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 1991, [ed. cast.: Liberalismo, fascismo o socialdemocracia. Clases sociales y orígenes políticos de los regímenes de la Europa de entreguerras. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997]. <<

[10] E. Hobsbawm, Historia del siglo XX, 1914-1991, Barcelona, Crítica, 2005. Para España, F. Cobo, Revolución campesina…, cit. <<

[11] E. González Calleja, «La dialéctica de las pistolas: la violencia y la fragmentación del poder político durante la Segunda República», en J. L. Ledesma, J. Muñoz y J. Rodrigo, op. cit., pp. 101-146. <<

[12] Ibídem. <<

[13] P. Preston, Las derechas españolas en el siglo XX: autoritarismo, fascismo y golpismo, Barcelona, Sistema, 1986. S. Juliá (ed.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000. <<

[14] S. Juliá, «A la conquista de todo el poder», en M. Tuñón de Lara (ed.), Historia del socialismo español, Barcelona, Conjunto, 1989, vol. II, p. 103. Cit. en E. González Calleja, «Ladialéctica»…, op. cit. <<

[15] Aún hoy lo defiende S. G. Payne, El ocaso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936), Madrid, La Esfera de los Libros, 2005. Ha sido refutado por R. Cruz, En el nombre…, op. cit. <<

[16] R. Cruz, En el nombre…, op. cit. <<

[17] Sobre la preparación del golpe, J. Fontana (ed.), España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica, 1986. <<

[18] J. Busquets, El militar de carrera en España. Estudio de Sociología militar, Barcelona, Ariel, 1971, señala que en 1930 el número de generales en España era de 250, además de 336 componentes de Estados Mayores y 17 199 oficiales. Tras el decreto de abril de 1931 (vulgo ley Azaña), estas cifras se redujeron a 87, 274 y 9 417. El empedernido odio de la casta militar contra quien en 1936 pasó a ser presidente de la República ha sido también significado por C. Blasco, General Mola. El ególatra que provocó la Guerra Civil, Madrid, La Esfera de los Libros, 2002. <<

[19] M. Weber, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1987 (2.ª ed.), p. 43. <<

[20] El artículo, de compleja lectura, dificultosa gramática y caducas categorías analíticas, toda una pelea del autor con la lengua castellana en la que igual se habla del franquismo y de la república como de la situación personal del autor y sus fobias personales, es el de L. de Llera, «La cultura española y la Guerra Civil», en A. Bullón de Mendoza y L. E. Torres (coords.), Revisión de la Guerra Civil española, Madrid, Actas, 2002. Véase también R. de la Cierva, El 18 de julio no fue un golpe militar fascista. No existía la legalidad republicana, Madrid, Fénix, 1999. Sobre la supuesta inevitabilidad de la guerra, E. Moradiellos, 1936. Los mitos de la Guerra Civil, Barcelona, Península, 2004, pp. 68-86. <<

[21] P. González Cuevas, Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Madrid, Tecnos, 1998. J. L. Rodríguez, La extrema derecha española en el siglo XX, Madrid, Alianza, 1997. <<

[22] S. Balfour, Abrazo mortal. De la Guerra colonial a la Guerra Civil en España y Marruecos (1909-1939), Barcelona, Península, 2002. Sobre los militares y el pretorianismo, S. G. Payne, Los militares y la política en la España contemporánea, París, Ruedo Ibérico, 1968; J. Lleixa, Cien años de militarismo en España, Madrid, Anagrama, 1986 y, sobre todo, M. Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 1983. <<

[23] Según el periodista, a la pregunta sobre los asesinatos en Badajoz Yagüe habría respondido (publicado en inglés en J. T. Withaker, We cannot escape History. Nueva York, MacMillan, 1943, p. 113): «Of course we shot them (…) What do you expect? Was I supposed to take 4000 reds with me as my column advanced (…)? Was I expected to (…) let them make Badajoz red again?». Algunas declaraciones de Mola sobre el empleo de la violencia, en J. M. Iribarren, Con el general Mola: escenas y aspectos inéditos de la guerra, Zaragoza, Fleraldo de Aragón, 1937. <<

[24] M. Richards, Un tiempo de silencio. La Guerra Civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 1999. <<

[25] P. Waldmann, «Dinámicas inherentes de la violencia política desatada», en íd. y F. Reinares (eds.), op. cit., pp. 87-108. Waldmann propone que las guerras civiles «desarrollan una dinámica propia cuyo propulsor principal lo constituye una violencia liberada de las ataduras políticas» (p. 87) donde «es característico (…) que la violencia desborde los estrechos límites estatales y políticos para inundar otros sectores, procurando someterlos a sus propios mecanismos de coacción, obediencia y ejecución», poniéndose «en juego la existencia de los grupos contrincantes, su identidad colectiva, en algunos casos incluso su supervivencia física». <<

[26] J. Tusell, Franco en la Guerra Civil. Una biografía política, Barcelona, Tusquets, 1992, e id., «Las fuerzas políticas nacionales», en E. Malefakis (ed.), La Guerra de España (1936-1939), Madrid, Taurus, 1996. G. Jackson, La República Española y la Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 1967. También P. Preston, La Guerra Civil española, Barcelona, Debate, 2006 [1987], y algunas precisiones teóricas en E. González Calleja, «Reflexiones sobre el concepto de Guerra Civil», en Gladius, tomo XX, 2000, pp. 301-309. <<

[27] S. Kalyvas, «La violencia»…, op. cit. Para Hannah Arendt, el terror era, además de un método, un fin: una «forma de gobierno». H. Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Taurus, 1998 [1931-1973], pp. 50-51. <<

[28] En este sentido, es clásico el estudio de T. Sckocpol, Los estados y las revoluciones sociales, México, Fondo de Cultura Económica, 1984 [1979]. También T. R. Gurr, Why men rebel, Princeton, Princeton University Press, 1971, 3.ª ed. <<

[29] E. Silva y S. Macías, Las fosas de Franco. Los republicanos que el dictador dejó en las cunetas, Madrid, Temas de Hoy, 2003. <<

[30] J. Chaves, Violencia política…, cit. C. Gil Andrés op. cit. La violencia la ha caracterizado así R. Cruz, «Olor a pólvora y patria. La limpieza política rebelde en el inicio de la guerra de 1936», en http://hispanianova.rediris.es. <<

[31] J. Casanova y otros, El pasado oculto…, op. cit., pp. 48 y ss. <<

[32] Id., p. 182. Para La Almunia, G. Alarés, «El campo se agita: movilización social y represión fascista en La Almunia de Doña Godina», en I. Peiró y P. Rújula (coords.), En construcción. Historia local contemporánea, Daroca, Centro de Estudios Darocenses, 2003, pp. 203-232. Sobre los voluntarios y la violencia, F. Sevillano, Exterminio. El terror con Franco, Madrid, Oberon, 2004. <<

[33] Véanse las obras de A. Bedmar, República, guerra y represión (Lucena 1931-1939), Lucena, Ayuntamiento de Lucena, 2000; id., Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), Lucena, Librería Juan de Mairena, 2001, e id., Desaparecidos. La represión franquista en Rute (1936-1950), Rute, Ayuntamiento de Rute, 2007 [2004]. <<

[34] F. Espinosa, La justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en la LI División en 1936, Sevilla, Centro Andaluz del Libro. <<

[35] J. Rodrigo, Cautivos…, op. cit. <<

[36] I. Martín, op. cit., pone en un 61% del total de muertes por Consejo de Guerra, 394, entre julio y diciembre de 1936. Asimismo, cifra en 1303 los asesinados y fusilados en la provincia, de lo que resulta un porcentaje de aproximadamente el 70% de muertes extrajudiciales frente al 30% de ejecuciones legales. Más datos, en J. M. Palomares, La guerra…, cit. <<

[37] F. Espinosa, La Guerra Civil…, op. cit. <<

[38] J. L. Ledesma, «La santa ira»…, op. cit. <<

[39] E. Silva y S. Macías, op. cit., pp. 223-226. <<

[40] I. Peiró, «La era de la memoria: reflexiones sobre la historia, la opinión pública y los historiadores», en Memoria y Civilización, n.º 7, pp. 243-294, 2004, cfr. p. 245. <<

[41] Sobre todo esto hemos escrito J. L. Ledesma y J. Rodrigo, «Caídos por España»…, op. cit. <<

[42] I. Rosa, «Empacho de memoria», en El País, 6 de julio de 2006 <<

[43] J. C. Alexander, «Toward a theory of cultural trauma», en íd. y otros (eds.), Cultural trauma and collective identity, Berkeley, University of California Press, 2004, pp. 1-30. <<

[44] Para este debate a escala europea, véase E. Traverso, El pasado: instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Marcial Pons, 2007. <<

[45] J. Rodrigo, «Los mitos de la derecha historiográfica. Sobre la memoria de la Guerra Civil y el revisionismo a la española», en notas3Historia del Presente, n.º 3, 2004, pp. 185-195. <<

[46] I. Peiró, «La consagración de la memoria: una mirada panorámica a la historiografía contemporánea», en Ayer, n.º 53 (2004), pp. 179-205, y K. Hodgkin y S. Radstone (eds.), Contested Pasts. The politics ofmemory, Londres, Routledge, 2002. Véanse también, para enmarca este debate en un contexto internacional, D. Lowental, El pasado es un país extraño, Madrid, Akal, 1998 [1985]; P. Ricoeur, La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido, Madrid, Arrecife-Universidad Autónoma de Madrid, 1999; A. Rosa, G. Bellelli, y D. Bakhurst (eds.), Memoria colectiva e identidad nacional, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000; y J. M. Ruiz-Vargas, Claves de la memoria, Madrid, Trotta, 1997. <<

[47] Debate que han abordado, con no pocas dificultades, J. Izquierdo y P. Sánchez, La guerra que nos han contado. 1936 y nosotros, Madrid, Alianza, 2006. <<

[48] E. Traverso, «La singularidad de Auschwitz. Un debate sobre el uso público de la historia», en Pasajes de Pensamiento Contemporáneo, n.º 17, 2005, pp. 111-118. <<

[49] R. Lemkin, Axis rule in occupied Europe, Washington DC, Carnegie Endowment fot World Peace, 1944, cit. en Y. Ternon, El Estado criminal. Los genocidios del siglo XX, Barcelona, Peninsula, 1995. <<

[50] A. P. Schmid, «Repression, State Terrorism and Genocide: conceptual clarifications», en T. Bushnell y otros, State Organized Terror. The case of violent internal repression, Boulder, Wes tview Press, 1991. También E. Bacon, The gulag at war. Stalins forced labour system in the ligth of the archives, Londres, Macmillan, 1994. T. Todorov, Facing the extreme. Moral life in the concentration camps, Nueva York, Metropolitan Books, 1996, así como W. Benz, Der Holocaust, Múnich, Oscar Beck, 1995; G. Fleming, Hitler and the final solution, Londres, Hamish Hamilton, 1995; E. A. Johnson, Nazi terror. The Gestapo, jews, and ordinary Germans, Nueva York, Basic Books, 1999. Todos ellos, deudores del clásico de E. Kogon, Sociología de los campos de concentración, Madrid, Taurus, 1965 [1946]. Más recientes son H. Marcuse, Legacies of Dachau. The uses and abuses of a concentration camp, 1933-2001, Cambridge University Press, 2001, y B. Bruneteau, El siglo de los genocidios. Violencias, masacres y procesos genocidas desde Armenia a Ruanda, Madrid, Alianza, 2006 [2004]. <<

[51] Lo primero, M. J. Souto, op. cit. Lo segundo, Conxita Mir, en su introducción a íd. (coord.), F. Corretgé, J. Farré y J. Sagúes, Repressió económica i franquisme. L’actuació del Tribunal de responsibilitats polítiques a la provincia de Lleida, Barcelona, L’Abadia de Montserrat, 1997. <<

[52] E. González Calleja, «Qué es y qué no es la violencia en política. Consideraciones teóricas en torno al conflicto social violento», en J. Barrull y C. Mir (coords.), Violencia política y ruptura social a Espanya, 1936-1945, dossier de Espai-Temps, Universidad de Lleida, 1994, pp. 29-66, e id., «Violencia política y represión en la España franquista: consideraciones teóricas y estado de la cuestión», en R. Moreno y F. Sevillano (eds.), El Franquismo. Visiones y Balances, Universidad de Alicante, pp. 119-150. Más reciente, y específico sobre estas cuestiones, es su artículo en formato digital id., «Sobre el concepto de represión», en http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d022.pdf <<

[53] H. Arendt, «Sobre la violencia», en id., Crisis de la República, Madrid, Taurus, 1973. <<

[54] En este sentido, Á. Cenarro, «Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia como base del “Nuevo Estado”», en Historia Social, n.º 30, 1998, pp. 5-22. <<

[55] A. Gil, El genocidio y otros crímenes internacionales, Valencia, UNED, 1999, p. 163 y ss. Y. Ternon, op. cit., p. 11. En la misma línea, T. Todorov, Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidós, 2000 [1994], refiriéndose a la comparación entre los crímenes nazis y los soviéticos, pero que creo pueda aplicarse a más de un contexto y más de una comparación. Para España, E. González Calleja, «Violencia política»…, cit. <<

[56] J. L. Ledesma, «El 1936»…, op. cit. <<

[1] P. Preston, Franco…, cit., pp. 276-283. <<

[2] En M. Richards, op. cit., p. 33. <<

[3] P. Preston, La política…, cit., p. 63. <<

[4] M. Barrios, El último virrey: Queipo de Llano, Sevilla, 1990, p. 31. <<

[5] Cit. en J. M. Solé i Sabaté, «Las represiones», en S. G. Payne y J. Tusell (eds.), La Guerra Civil. Una nueva visión del conflicto que dividió España, Madrid, Temas de Hoy, 1996, p. 588. <<

[6] J. Rodrigo, Los campos de concentración franquistas, entre la historia y la memoria, Madrid, Siete Mares, 2003. <<

[7] J. M. Gárate, Partes oficiales de guerra, 1936-1939. I, Ejército Nacional, Madrid, San Martín, 1977, passim. <<

[8] Francisco Espinosa, en J. Casanova (ed.), Morir…, cit., pp. 70-71. <<

[9] A. Reig Tapia, Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu, Madrid, Alianza, 1999; F. Espinosa, La columna…, cit., y más recientemente La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la Guerra Civil (marzo-julio de 1936), Barcelona, Crítica, 2007. <<

[10] Francisco Espinosa, en J. Casanova (ed.), Morir…, cit., p. 73. <<

[11] M. Neves, La matanza de Badajoz, Editoria Regional de Extremadura, 1986, p. 60. <<

[12] En S. Juliá (ed.), Víctimas…, cit., p. 104. <<

[13] Sobre la importancia de estudiar los orígenes concretos de las venganzas, A. Mateos, La contrarrevolución franquista. Una aproximación micro histórica a la represión contra UGT y al nacionalsindicalismo desde la Cantabria rural, 1937-1953, Madrid, Asociación de Historiadores del Presente, 2003. <<

[14] E. Ucelay, «Prefigurazione e storia: la Guerra Civile spagnola del 1936-1939 come riassunto del passato», en G. Ranzato (ed.), Guerre fratricide…, cit., pp. 193-220. La guerra como choque identitario, en J. Casanova, «Guerra Civil…», cit., y en J. Rodrigo, «1936: guerra de exterminio…», cit. <<

[15] P. Gil, La noche de los generales. Militares y represión en el régimen de Franco, Madrid, Ediciones B, 2004. <<

[16] G. Cardona, «La batalla de Madrid», en España 1936-1939. La Guerra Militar, Madrid, Historia 16, 1996. <<

[17] Sobre la legislación de la violencia, I. Berdugo, «Derecho represivo en España durante los períodos de guerra y posguerra (1936-1945)», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, n.º 3, 1980; I. Díaz, «Justicia militar en la España nacional 2: Instituciones», en Justicia en guerra. Jornadas sobre la administración de justicia durante la Guerra Civil Española: instituciones y fuentes documentales, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990; I. Berdugo, J. Cuesta, D. de la Calle y M. Lanero, «El Ministerio de Justicia en la España “Nacional”», en Justicia en guerra…, cit. También M. Lanero, Una milicia de la Justicia. La política judicial del franquismo (1936-1945), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996, y J. Sagúes, «La justicia i la repressió en els estudis sobre la Guerra Civil espanyola (1936-1939) i la postguerra. Una aproximado historiográfica», en J. Barrull y C. Mir (eds.), Violencia política i ruptura social a Espanya, 1936-1945, dossier de Espai/Temps, Universität de Lleida, 1996, pp. 6-28. <<

[18] E. Barranquero, op. cit. <<

[19] Todos estos datos los ofrece Julián Casanova en S. Juliá (ed.), Víctimas…, cit., pp. 172-173. <<

[20] Véanse A. Botti, Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975), Madrid, Alianza, 1992; J. Casanova, La Iglesia de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 2001; H. Raguer, La pólvora y el incienso: la Iglesia y la Guerra Civil española, 1936-1939, Barcelona, Península, 2001. Asimismo, el capítulo dedicado al tema por Mary Vicent en C. Ealham y M. Richards, Michael (eds.), op. cit., y el de M. Delgado, «Violencia anticlerical e iconoclasta en la España contemporánea», en J. Muñoz, J. L. Ledesma y J. Rodrigo (eds.), op. cit. <<

[21] J. Casanova (ed.), Morir…, cit., p. 48. <<

[22] De hecho, los últimos años de 1930 y los de 1940 son un período especialmente controvertido en la historia eclesiástica. La posible responsabilidad adquirida, por obra u omisión, por parte de la jerarquía católica en procesos históricos tan moralmente reprochables como el genocidio judío han puesto, de hecho, la mirilla acusatoria sobre pontificados tan polémicos como los de Pío XI y Pío XII. Polémicas alimentadas por D. J. Goldhagen, La Iglesia católica y el Holocausto, Madrid, Taurus, 2002 y D. Kertzer, Los papas contra los judíos. La postura antisemita del Vaticano, Barcelona, Plaza & Janés, 2002. <<

[23] Para una visión del catolicismo como amalgama del pensamiento reaccionario español, F. Lannon, Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia católica en España, 1875-1975, Alianza, Madrid, 1990. <<

[24] R. Salas, Historia del Ejército Popular de la República, Editora Nacional, Madrid, 1973 (4 vols.). <<

[25] J. Busquets y J. C. Losada, Ruido de sables. Las conspiraciones militares en la España del siglo XX, Crítica, Barcelona, 2003, p. 71. M. Richards, Un tiempo, cit., pp. 49 y 32. Sobre las investigaciones de Vallejo, J. Rodrigo, Cautivos…, cit., en particular el capítulo «Los laboratorios de la Nueva España». También J. Bandrés y R. Llavota, «La psicología en los campos de concentración de Franco», in Psicothema, vol. VIII, n.º 1, 1996, pp. 1-11, y en inglés: http://www.psychologyinspain.eom/content/full/1197/lbis.htm. Un repaso a las teorías racistas, religiosas y eugenésicas en España, y a su relación con el pensamiento de la Iglesia, en M. Á. Barrachina, Propagande et culture dans l’Espagne franquiste, 1936-1945, Grenoble, Ellug, 1998. <<

[26] Todas las citas, del Archivo General Militar de Avila, Cuartel General del Generalísimo, Armario 1, Legajo 16, Carpeta 3. <<

[27] Francisco Espinosa, en J. Casanova (ed.), Morir, p. 92. <<

[28] J. Torbado y M. Leguineche, Los Topos, Barcelona, Argos, 1978. <<

[29] J. Chaves, Sublevación militar, represión sociopolítica y lucha guerrillera en Extremadura. La Guerra Civil en la provincia de Cáceres, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1993, e id., Huidos y maquis. La actividad guerrillera en la provincia de Cáceres. 1936-1950, Cáceres, I. C. «El Brocense»-Diputación General de Cáceres, 1994. <<

[30] J. Gallardo, La Guerra Civil en La Serena, Badajoz, Diputación Provincial, 1994. <<

[31] H. R. Southworth, La destrucción de Guernica: periodismo, diplomacia, propaganda e historia, París, Ruedo Ibérico, 1977, y A. Viñas, Guerra, dinero y dictadura. Ayuda fascista y autarquía en la España de Franco, Barcelona, Crítica, 1984. <<

[32] Solé y Villarroya, en S. Juliá (ed.), Víctimas…, cit., p. 203. <<

[33] C. García, «Aproximación al estudio de la represión franquista en Asturias: paseos y ejecuciones en Oviedo (1936-1952)», en El Basilisco, n.º 6, Oviedo, pp. 69-82. <<

[*] Este capítulo es una versión muy revisada del que publiqué en la obra colectiva Una inmensa prisión, editada por Carme Molinero, Margarida Sala y Jaume Sobrequés. <<

[1] Mi primera aproximación al asunto fue J. Rodrigo, «Vae victis¡ La función social de los campos de concentración franquistas», en C. Mir (coord.), La represión bajo el franquismo, dossier de Ayer, n.º 43, 2001, pp. 163-188. Véanse algunos apuntes en H. Roldan, Historia de la prisión en España, Barcelona, Publicaciones del Instituto de Criminología de Barcelona-PPU, 1988, y primera reconstrucción organizativa realizada con un mínimo rigor, en M. Laruelo, La libertad es un bien muy preciado, Gijón, s/r., 1999. Aunque pueda sonar extravagante, uno de los libros mejor documentados sobre los campos fue E. Romero, Itinerarios de la Guerra Civil española. Guía del viajero curioso, Barcelona, Laertes, 2001. He agradecido siempre las precisiones que ha venido haciendo a mi trabajo, desde Galicia, Domingo Rodríguez. La influencia ha sido recíproca, como puede observarse en el artículo que condensa sus investigaciones al respecto, D. Rodríguez Teijeiro, «Los espacios de reclusión en Galicia. Prisiones y campos de concentración», en J. de Juana y J. Prada (eds.), op. cit., pp. 187-237. <<

[2] Uno de los mejores libros para la historia general del campo de concentración y su relación tanto con los cambios en el «arte» bélico en el siglo XX como con la progresiva justificación de la violencia como medio plausible para la obtención de los resultados políticos es de A. J. Kaminsky, Konzentrationslager 1896 bis heute. Eine analyse, Stuttgart, Kohlhammer, 1982 (una traducción asequible es la italiana, I campi di concentramento dal 1896 a oggi. Storia, funzioni, tipología). <<

[3] J. A. Fernández, Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro (1937-1947), Miranda de Ebro, autor, 2003. Fernández afirmaba asimismo que el sistema concentracionario franquista había sido ideado por el comandante de la Gestapo Paul Winzer, aunque ése sea un extremo jamás demostrado ni por el autor ni por quien ha reproducido semejante afirmación, como J. A. Gómez, Comisiones Obreras y represión franquista. Valencia 1958-1972, Valencia, PUV, 2004, p. 43. <<

[4] En los repertorios fotográficos de la Guerra Civil suelen faltar los prisioneros de guerra: una de las pocas hasta hoy conocidas apareció en L’Illustration el 3 de septiembre de 1936, y muestra el apresamiento y traslado de unos once prisioneros. Recopilaciones más actuales que la de la Bienal de Venecia de 1977 recuperan alguna fotografía de columnas de apresados; por último, en algunas y raras ocasiones periódicos de la zona franquista reprodujeron, siempre con carácter propagandístico, los benignos modos de vida en los campos. Véanse Bienal de Venecia, Fotografía e información de guerra. España 1936-1939, Barcelona, Gustavo Gili, 1977, pp. 148-149. Una puesta de conjunto, en Immagini nemiche. La Guerra Civile spagnola e le sue rappresentazioni, 1936-1939, Bolonia, Editrice Compositori, 1999. Una famosa fotografía de una columna de prisioneros dirigiéndose en Madrid a un campo de concentración, en Fotografías inéditas de la Guerra Civil, 1936-1939, Madrid, Agencia EFE, 2002, p. 179. <<

[1] J. Rubio, La emigración de la Guerra Civil de 1936-1939, tomo I, Madrid, San Martín, 1977, p. 72, cifras dadas por válidas por F. Vilanova, «En el exilio: de los campos franceses al umbral de la deportación», en C. Molinero y otros (eds.), op. cit., pp. 81-115. Véanse también M. C. Rafaneau-BoJ, Los campos de concentración de los refugiados españoles en Francia (1939-1945), Barcelona, Omega, 1995, y G. Dreyfus-Armand, El exilio de los republicanos españoles en Francia. De la Guerra Civil a la muerte de Franco, Barcelona, Crítica, 2000. <<

[2] G. L. Mosse, Toward the final solution. A history of European racism, Londres, J. M. Dent & Sons Ltd., 1978. J. S. Huxley y A. C. Haddon, We Europeans: a survey of «racial» problems, Londres-Nueva York, 1936, cit. en M. Mazower, La Europa…, cit., p. 123. <<

[3] C. Mir, «Violencia política, coacción legal y oposición interior», en El primer franquismo (1936-1959), dossier de Ayer, n.º 33, 1999, pp. 115-145. Sobre la construcción identitaria durante la Guerra Civil véase la referencia en J. Álvarez Junco, «El nacionalismo español como mito movilizador. Cuatro guerras», en R. Cruz y M. Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1997, pp. 35-67. <<

[4] Una contextualización del mismo, en A. Cenarro, «La institucionalización del universo penitenciario franquista», en C. Molinero y otros (eds.), op. cit., pp. 133-153. <<

[5] Véase J. M. Solé i Sabaté, La repressió…, cit., passim. <<

[6] A. Vilanova, Los olvidados. Los exiliados españoles en la Segunda Guerra Mundial, París, Ruedo Ibérico, 1969, p. 10. Mucho más reciente es Alted, A.: La voz de los vencidos. El exilio republicano de 1939, Madrid, Aguilar, 2005. <<

[7] B. Bermejo, Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen, Barcelona, RBA, 2002. <<

[8] W. Sofsky, Die ordnung des terrors. Das konzentrationslager, Frankfurt, S. Fischer Verlang GmbH, 1993. <<

[9] J. Casanova, en Morir, matar…, cit., p. 19. <<

[10] Las cifras, en A. Alted, El exilio español de la Guerra Civil: los niños de la guerra, Madrid, Ministerio de Cultura-Fundación Largo Caballero, 1995. 68 niños perecerían en el cerco de Leningrado. Otros caerían a manos de los nazis: dieciséis niñas y niños españoles fueron gaseados en Ravensbrück en 1940. <<

[11] F. Moreno, en Víctimas…, cit., p. 325. <<

[12] P. Preston, Franco…, cit., pp. 396-397. <<

[13] C. Mir, «Justicia civil y control moral de la población marginal en el franquismo de posguerra», en Historia Social, n.º 37, 2000, pp. 53-72. <<

[14] J. Gracia y M. Á. Ruiz Carnicer, La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2001. <<

[*] Buena parte de este capítulo, en particular la última, titulada «Administrando las rentas», está originalmente publicada, con alguna variación y menor amplitud cronológica, como J. Rodrigo, «Apuntes para una historia de la violencia estatal en el último franquismo (1968-1975)», en P. Rújula e I. Peiró (coords.), La historia en el presente, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, pp. 103-117. Con mi agradecimiento a ambos. <<

[1] El trabajo más emblemático en esta línea es el realizado por C. Mir, Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra, Milenio, Lleida, 2000. También id., «Justicia civil»…, cit. <<

[2] Cit. en S. Juliá, «La sociedad», en J. L. García Delgado (ed.), op. cit., p. 86. <<

[3] E. Malefakis, op. cit., pp. 38-39. <<

[4] M. Núñez, Los años del terror. La estrategia de dominio y represión del general Franco, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004. <<

[5] R. Vinyes, op. cit. e id., «El universo penitenciario franquista», en C. Molinero y otros (eds.), op. cit. En este mismo volumen, A. Cenarro, «La institucionalización»…, cit. La de las cifras es una cuestión polémica y no lo suficientemente bien tratada: véase cómo no hacer las cosas, en J. M. Sabín, Prisión y muerte en la España de posguerra, Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1996. <<

[6] H. Roldán, op. cit., p. 185. <<

[7] I. Abad, Las mujeres de los presos políticos. Represión, solidaridad y movilización en los extramuros de las cárceles franquistas, 1936-1977, tesis doctoral inédita, Universidad de Zaragoza, 2007, p. 120, y pp. 557-559 para el número de presas en 1945. Ejemplos de lo dicho se encuentran en J. Doña, Desde la noche y la niebla. Mujeres en las cárceles franquistas, Madrid, Ediciones de la Torre, 1978, y en T. Cuevas, Cárcel de mujeres (1939-1945), Barcelona, Sirocco, 1985 [reeditado en 2004 como Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas por el Instituto de Estudios Altoaragoneses]. Véase también F. Hernández, La prisión de Ventas: de la República al franquismo, 1931-1941, Madrid, Marcial Pons, 2003, y, para un contexto teórico, E. Almeda, Corregir y castigar. El ayer y hoy de Las cárceles de mujeres, Barcelona, Bellatera, 2002. <<

[8] La documentación referida a los hechos relatados, en Archivo General de la Administración, Sección Justicia, fondo «Patronato de la Merced». <<

[9] R. Vinyes, Irredentas…, cit., p. 28 <<

[10] F. Mendiola y E. Beamount, Esclavos del franquismo en el Pirineo. La carretera Igal-Vidangoz-Roncal (1939-1941), Tafalla, Txalaparta, 2006. Con mi agradecimiento a los autores. Elaboración a partir de diferentes fuentes. En el caso 1940 se trata de una estimación de los autores, ya que los BB. TT. se mantienen hasta la primavera de 1940 sin grandes variaciones. Para los BDST y BDST (Penados), el único dato disponible hasta el momento es el de 1942 (Estadísticas de la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios. Julio de 1942), pero podemos estimar que el número en 1940 y 1941 rondaría entre los 45 000 y los 50 000. A partir de 1943 sólo se mantienen 8 BDST (Penados), con aproximadamente unos 600 trabajadores por batallón. Respecto de las cifras totales de trabajadores forzosos en 1940 es necesario tener en cuenta que la gran mayoría de quienes forman los BDST habían estado anteriormente, hasta su disolución, en BB. TT. <<

[11] G. Acosta, J. L. Gutiérrez Molina, Á. del Río y L. Martínez, El Canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 102-103. <<

[12] F. Moreno, La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla. El Centro-Sur de España. De Madrid al Guadalquivir, Barcelona, Crítica, 2001. <<

[13] C. Mir (ed.) y otros, op. cit. E. Franco, Denuncias y represión en años de posguerra. El Tribunal de Responsabilidades Políticas en Huesca, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2005. <<

[14] F. Morente Valero, La depuración del Magisterio Nacional (1936-1943). La escuela y el Estado Nuevo, Valladolid, Ámbito, 1997. <<

[15] C. Molinero, «Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada en un “mundo pequeño”», en Historia Social, n.º 30, 1998, pp. 97-117. Algunas experiencias y estrategias femeninas, así como su interacción con los poderes coactivos, en E. Barranquero y L. Prieto, Así sobrevivimos al hambre: estrategias de supervivencia de las mujeres en la posguerra española, Málaga, Diputación de Málaga, 2003. En clave de imposición y asistencialismo ha analizado el Servicio de Auxilio Social Á. Cenarro, La sonrisa de Falange. Auxilio Social en la Guerra Civil y en la posguerra, Barcelona, Crítica, 2006. <<

[16] J. J. Linz, «Una teoría del régimen autoritario. El caso de España», en S. G. Payne, (ed.), Política y sociedad en la España del siglo XX, Madrid, Akal, 1978 (1964), pp. 205-263. Véase también id., «La crisis de las democracias», en S. Juliá y otros (coords.), Europa en crisis (1919-1939), Madrid, Pablo Iglesias, 1991. El debate sobre la naturaleza política del Régimen, en M. Pérez Ledesma, «Una dictadura por la gracia de Dios», en Historia Social, n.º 20, 1994, pp. 173-193, I. Saz, «El franquismo. ¿Régimen autoritario o dictadura fascista?», en J. Tusell y otros (eds.), El régimen de Franco. Política y relaciones exteriores, Madrid, UNED, 1993, vol. 1, pp. 189-201, e id., «Algunas consideraciones a propósito del debate sobre la naturaleza del franquismo y el lugar histórico de la dictadura», en J. M. Thomás (ed.), Franquismo, fascismo. Franquisme, feixisme. Franchismo, fascismo, Tarragona, Fundació d’Estudis Socials i Nacionals Joseph Recasens i Mercadé, Reus, 2001, pp. 29-32. Ambos pueden consultarse, junto con otros textos, en id., Fascismo y franquismo, Valencia, PUV, 2004. El franquismo como fascismo, en la introducción de J. Casanova a El pasado oculto…, cit. <<

[17] La violencia marca, en muchas ocasiones, la percepción social del pasado común y, por tanto, las identidades colectivas que en él se reflejan. Un ejemplo extremo lo supone Alemania con su pasado nazi: Ch. S. Maier, The unmasterablepast. History, holocaust, and Germán national identity, Cambridge y Londres, Harvard University Press, 1988. ParaTilly, la identidad es la experiencia de un actor de una categoría, lazo, red, grupo u organización, unida a la representación pública de esa experiencia, donde esa representación pública a menudo toma la forma de historia compartida, de narración. Ch. Tilly, Citizenship Identity and Social History, Cambridge University Press, 1996, p. 7. La última referencia, R. Girard, El chivo expiatorio, Anagrama, Barcelona, 1982. <<

[18] Sobre la subjetividad, las identidades colectivas, los consensos y los sistemas dictatoriales, L. Passerini, Torino operaia e fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1984. El debate sobre el «consenso» franquista hay que abordarlo desde C. Molinero y P. Ysás, El règim franquista. Feixisme, modernització i consens, Girona, EUMO, 1994. También, aunque muy determinado por su extremo anticomunismo, A. Cazorla, Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953), Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 201-209 para los apoyos sociales a la dictadura, e id., «Sobre el primer franquismo y la extensión de su apoyo popular», en Historia y Política, n.º 8, 2002, pp. 303-319. Asimismo, y con particular peso en la noción de «disenso», F. Sevillano, «Consenso y violencia en el “Nuevo Estado” franquista: historia de las actitudes cotidianas», en Historia Social, n.º 46, 2003, pp. 139-171. <<

[19] C. Molinero, «El reclamo de la “justicia social” en las políticas de consenso del régimen franquista», en Historia Social, n.º 56, 2006, pp. 93-110. <<

[20] P. Gil, op. cit., p. 257. <<

[21] M. Ballbé, op. cit., p. 410. C. González y M. Ortiz Heras, «Control social y control policial en la dictadura franquista», en Historia del Presente, n.º 9, 2007, pp. 27-47. <<

[22] Una mirada de larga duración es la propuesta por P. Pagès (dir.), Franquisme i repressió. La repressió franquista ais Països Catalans (1939-1975), Valencia, PUV, 2004, y por T. Ortega, Del silencio a la protesta. Explotación, pobreza y conflictividad en una provincia andaluza, Granada 1936-1977, Granada, Universidad de Granada, 2003. <<

[23] J. Marrades, «La vida robada. Sobre la dialéctica de dolor y poder en la tortura», en Pasajes de Pensamiento Contemporáneo, n.º 17, 2005, pp. 29-38, cfr. p. 31, citando a J. Améry, Más allá de la culpa y la expiación, Valencia, Pre-Textos, 2001. Relatos de torturas y maltratos en las comisarías y cárceles franquistas, T. Cuevas, op. cit., en el artículo de J. A. Gómez, «La tortura en España bajo el franquismo. Testimonios de torturas durante la dictadura y la transición a la democracia», en el mismo volumen señalado, pp. 49-67; en A. Batista, La Brigada Social, Barcelona, Empúries, 1995, así como una breve recopilación en LesPresons de Franco, Barcelona, Museo d’História de Catalunya, 2004, pp. 248-249. Más exhaustivos son Associació Catalana D’Expresos Polítics, Noticia de la negra nit. Vides i veus a les presons franquistas (1939-1959), Barcelona, Diputació de Barcelona, 2001, sobre todo sus secciones «Interrogatori» (pp. 187-207) y «Violencia» (pp. 305-344), y J. L. Martín y G. Pernau, Les veus de la presó. Històries viscudes per 36 lluitadors antifranquistes, Barcelona, Edhasa-La Campana, 2003. Menos, aunque con relatos de cierto interés, E Escudero, Lo cuentan como lo han vivido (República, guerra y represión en Murcia), Murcia, Universidad de Murcia, 2000. <<

[24] E. Nicolás y A. Alted, Disidencias en el franquismo (1939-1975), Murcia, Diego Martín, 1999. Véanse el clásico de J. Tusell, La oposición democrática al franquismo, 1939-1962, Barcelona, Planeta, 1977, así como id., A. Alted y A. Mateos (eds.), La oposición al régimen de Franco: estado de la cuestión y metodología de la investigación, Madrid, UNED, 1990. También el reciente E. Nicolás, La libertad encadenada. España en la dictadura franquista, 1939-1975, Madrid, Alianza, 2005, pp. 332-408. También Á. Herrerín, La CNT durante el franquismo. Clandestinidad y exilio (1939-1975), Madrid, Siglo XXI, 2004. <<

[25] J. J. del Águila, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Planeta, Barcelona, 2001. <<

[26] J. Gracia y M. Á. Ruiz Carnicer, op. cit. <<

[27] P. Preston, El triunfo de la democracia en España, 1969-1982, Barcelona, Plaza & Janes, 1986. <<

[28] A. Mateos y Á. Soto, El final del franquismo, 1959-1975. La transformación de la sociedad española, Madrid, Temas de Hoy, 1997. <<

[29] J. Tusell, Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 1993. <<

[30] S. Juliá, Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, 1999. <<

[31] «La política del gobierno ante esta situación se orientó, por una parte, a controlar la protesta mediante medidas de represión y, por la otra, a difundir en la sociedad española una imagen negativa de esa efervescencia». E. Nicolás y A. Alted, op. cit., p. 73. Sobre la oposición católica, J. Domínguez, Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo, Bilbao, Ediciones Mensajero, 1985. Sobre la cuestión de los intelectuales, J. C. Mainer y S. Juliá, El aprendizaje de la libertad 1973-1986. La cultura de la transición, Madrid, Alianza, 2000; J. Gracia, La resistencia silenciosa: fascismo y cultura en España, Barcelona, Anagrama, 2004; S. Juliá, Historias de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004, p. 409 y ss., y el monográfico coordinado por J. Muñoz, «Intelectuales y segundo franquismo», en Historia del Presente, n.º 5 (2005). <<

[32] J. Tusell, Carrero…, cit., p. 388. <<

[33] M. Vilar, Historia del antifranquismo, 1939-1975, Barcelona, Plaza y Janés, 1984, p. 410. <<

[34] A. Mateos y Á. Soto, op. cit., p. 11. <<

[35] S. Baby y J. Muñoz, «El discurso de la violencia en la izquierda durante el último franquismo y la transición (1968-1982)», en J. L. Ledesma, J. Muñoz y J. Rodrigo, op. cit. <<

[36] J. Tusell y G. García Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la Transición, 1973-1976, Barcelona, Crítica, 2003. <<

[37] E. Moradiellos, La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2000. <<

[38] N. Sartorius y A. Sabio, El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España, noviembre de 1975-junio de 1977, Madrid, Temas de Hoy, 2007. <<

[39] P. Ysás, Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Barcelona, Crítica, 2004. <<

[1] F. Franco, Ante 1965. Mensaje de Franco al pueblo español Madrid, Ediciones del Movimiento, 1965, p. 24. <<

[2] Archivo general de la Administración, Sección Cultura, caja 21/5370. <<

[3] Cit. en J. Casanova, La Iglesia…, pp. 297-298. <<

[4] Todas las referencias, en la caja 21/5372 del fondo citado en la nota anterior. <<

[5] La historia del Valle, en la última versión de D. Sueiro, El Valle de los Caídos. Los secretos de la cripta franquista, Madrid, La Esfera de los Libros, 2006 [1977]. <<

[6] J. L. Ledesma y J. Rodrigo, op. cit. Para un contexto europeo, R. Robin, I fantasma della storia. Il passato europeo e le trappole della memoria, Verona, Ombre Corte, 2005. <<

[7] Para una visión general sobre el culto a los caídos y sobre la popularización de las «culturas de excombatientes», G. L. Mosse, op. cit., y sobre su empleo en la Europa de entre-guerras, M. Isnenghi (ed.), La Prima Guerra Mondiale, Bolonia, Zanichelli, 1972, P. Fusell, La Gran Guerra y la memoria moderna, Madrid, Turner, 2006 [1975], y J. Winter, Sites of memory, sites ofmourning. The Great War in European cultural History, Cambridge, CUP, 1995. El culto a los caídos como canal del nacionalismo de guerra, en X. M. Núñez Seixas, ¡Fuera el invasor! Nacionalismos y movilización bélica durante la Guerra Civil española (1936-1939), Madrid, Marcial Pons, 2006. <<

[8] Ejemplos de esa rememoración clandestina, en C. Gil, op. cit. Algunos apuntes sobre la «memoria traumática», en J. I. Álvarez, Memoria y trauma en los testimonios de la represión franquista, Barcelona, Anthropos, 2007. <<

[9] E. Traverso, La historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitzy y los intelectuales, Barcelona Herder, 2001 [1997], p. 57. <<

[10] P. Levi, I sommersi e i salvati. Turín, Einaudi, 1986 p. 20, para su análisis de la cancelación del recuerdo y la imposición de los paradigmas oficiales como eje político de los totalitarismos. T. Todorov, Memoria…, cit., p. 139. <<

[11] Sobre los mitos falsificadores del pasado durante el franquismo, véanse, entre otros, A. Reig, Memoria de la Guerra Civil Los mitos de la tribu, Madrid, Alianza, 1999, y H. R. Southworth, El lavado de cerebro de Francisco Franco. Conspiración y Guerra Civil Barcelona, Crítica, 2000. <<

[12] Sobre el cambio generacional y el aprendizaje del «lenguaje de la democracia», J. C. Mainer y S. Juliá, op. cit. <<

[13] S. Juliá, «Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición», en Claves de Razón Práctica, n.º 129, 2003, pp. 14-24. La no instrumentación, en P. Aguilar, «Guerra Civil, franquismo y democracia», en Claves de Razón Práctica, n.º 140, 2004, pp. 24-33 y en id., «Presencia y ausencia de la Guerra Civil y el franquismo en la democracia española. Reflexiones en torno a la articulación y ruptura del “pacto de silencio”», en J. Aróstegui, y E Godicheau (eds.), op. cit., pp. 245-293. Aunque, en origen, haya que remitirse a su Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Madrid, Alianza, 1996. La última versión de las posturas de ambos autores, recogidas en S. Juliá (dir.), Memoria de la guerra y del franquismo, Madrid, Taurus y Fundación Pablo Iglesias, 2006. <<

[14] J. Muñoz, «Entre la memoria y la reconciliación. El recuerdo de la República y la guerra en la generación de 1968», en Historia del Presente, n.º 3, 2003, pp. 83-100. <<

[15] Diferentes modos de entender el proceso de transición, en M. Redero, La transición a la democracia en España, dossier de Ayer, n.º 15, 1994. Ecos de ese disenso, entre muchos otros en J. Gracia y M. Á. Ruiz Carnicer, op. cit., E. Nicolás, La libertad encadenada. España en la dictadura franquista, 1939-1975, Madrid, Alianza, 2005, pp. 332-408, J. Gracia, La resistencia silenciosa: fascismo y cultura en España, Barcelona, Anagrama, 2004, P. Ysás, op. cit., J. Muñoz, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, Marcial Pons, 2006. El cainismo, en J. L. Ledesma, J. Muñoz y J. Rodrigo, «Introducción: la fuerza de la cultura vs. la cultura de la fuerza», en íd. (eds.), op. cit. Algo de eso en W. Bernecker, «De la diferencia a la indiferencia. La sociedad española y la Guerra Civil (1936/39-1986/89)», en El precio de la modernización. Formas y retos del campo de valores en la España de hoy, Madrid, Iberoamericana, 1994. <<

[16] P. Aguilar, Justicia, política y memoria. Los legados del franquismo en la transición española, Estudio/Working Paper 2001/163, Fundación Juan March, 2001, id.: «La amnesia y la memoria: las movilizaciones por la amnistía en la transición a la democracia», en R. Cruz y M. Pérez Ledesma, Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1997, pp. 327-357. Sobre la «reconciliación» como política del PCE resultan acertadas las precisiones de C. Molinero, «La política de reconciliación nacional. Su contenido durante el franquismo, su lectura en la transición», en Ayer, n.º 66, 2007, pp. 201-225. <<

[17] Como los de V. Navarro, Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, Barcelona, Anagrama, 2002; id.: «La transición y los desaparecidos republicanos»; en E. Silva y otros (eds.), La memoria de los olvidados. Un debate sobre el silencio de la represión franquista, Valladolid, Ambito, 2004. <<

[18] J. De Andrés, «Informe solicitado por el Exmo. Ayuntamiento de Guadalajara sobre la posible retirada de las estatuas del General Franco y de José Antonio Primo de Rivera, ubicadas en el espacio público de la ciudad», en http://www.uned.es/dcpa/jesusdeandres/investigacion/franquismo.htm, y M. Duch, «Toponimia franquista en democracia», en C. Forcadell y otros (eds.), Usos de la historia y políticas de la memoria, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, pp. 273-286. <<

[19] A. Barahona, P. Aguilar, y C. González, Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, Madrid, Istmo, 2002, p. 44. <<

[20] J. Tusell, «El ocaso de la desmemoria», en El País, 27 de junio de 1997, p. 13. <<

[21] En palabras del político aragonés del Partido Popular Ángel Cristóbal Montes, en Heraldo de Aragón, 8 de agosto de 2004. Sobre esa «falsa memoria», J. Rodrigo, «Los mitos»…, cit. La referencia a la desmovilización, en S. Juliá, «Raíces y legados de la transición», en id., J. Pradera y J. Prieto (coords.), Memoria de la Transición, Madrid, Taurus, 1996, pp. 679-682, cfr. p. 682. <<

[22] El concepto de «conciencia histórica», en S. Friedlander, Memory, history and the exterminaron of the Jeivs of Europe, Bloomington e Indianapolis, Indiana University Press, 1993. Véase también T. G. Ashplant, G. Dawson y M. Roper, «The politics of war memory and commemoration: contexts, structures and dynamics», en íd. (eds.): The politics of war memory and commemoration, Londres y Nueva York, Routledge, 2000, pp. 3-83. Sobre las fosas y la «memoria», F. Ferrándiz, «La memoria de los vencidos de la Guerra Civil. El impacto de las exhumaciones de fosas comunes en la España contemporánea», en J. M. Valcuerde y S. Narotzky (eds.), Las políticas de la memoria en los sistemas democráticos: poder, cultura y mercado, Sevilla, ASANA-FAAEE, 2003, pp. 139-132. Una visión general, en J. C. Alexander, «Toward a theory of cultural trauma», en íd. y otros (eds.), Cultural trauma and collective identity, Berkeley, University of California Press, 2004, pp. 1-30. <<

[23] E. Traverso, El pasado…, cit., p. 17. <<