La guerra civil fue la forma más extrema, cruel y generalizada de violencia durante buena parte del siglo XX. El vórtice de su huracán arrasó países, partió naciones y aniquiló comunidades en Europa, Asia, África y América. Ninguna herramienta funcionó mejor para desplegar revoluciones o repelerlas, construir naciones, expulsar a minorías étnicas o políticas, asegurar dominios territoriales y recursos económicos o aniquilar al enemigo interno. Finalizada la era de los grandes conflictos internacionales a mediados del siglo pasado, las guerras civiles son el tipo de enfrentamiento armado más recurrente en el mundo. Con más de 20 millones de víctimas y 65 millones de refugiados desde 1945, es difícil disputarle el primado en las escalas del terror contemporáneo.

Comunidades rotas traza la historia de las guerras civiles de los siglos XX y XXI, y para ello se mueve por los diferentes conflictos internos que han caracterizado la era contemporánea. Analiza multitud de casos y ciclos bélicos como los de Rusia, Finlandia, Irlanda, Italia, China, Yugoslavia, Grecia, Corea, Indochina, Guatemala, Congo, Ruanda, Afganistán o Chechenia, entre otros. Por supuesto, también la guerra civil española, situada en un contexto mundial que la hace más comprensible como fenómeno contemporáneo. Este libro es el primero que aborda en castellano una historia global del fenómeno en el largo periodo que va desde 1917 a 2017: el siglo del terror y el genocidio, sí, pero también el de las guerras civiles.

Javier Rodrigo & David Alegre Lorenz

Comunidades rotas

Una historia global de las guerras civiles, 1917-2017

ePub r1.1

Titivillus 03.11.2019

Título original: Comunidades rotas

Javier Rodrigo & David Alegre Lorenz, 2019

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A la memoria de Silvia, Rocío, Miriam, Esther y Silvia,

porque deberían seguir entre nosotros

A la mujer de la fotografía de portada,

quienquiera que fuese

Para Carlos y Melania,

por el presente y el futuro

Acrónimos y abreviaturas

Acrónimos y abreviaturas

ACNUR Agencia de la ONU para los Refugiados

AFDL Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo-Zaire

AMGOT Gobierno Militar Aliado de los Territorios Ocupados, Italia

AVNOJ Consejo Antifascista para la Liberación Nacional de Yugoslavia

BM Banco Mundial

BP British Petroleum Company

CEE Comunidad Económica Europea

CEFEO Cuerpo Expedicionario Francés en el Extremo Oriente

CEI Comunidad de Estados Independientes

CGT Confederación General del Trabajo

Cheka Comisión Extraordinaria Panrusa para la Lucha contra la Contrarrevolución, el Sabotaje y la Especulación

CIA Agencia Central de Inteligencia

CLN Comitato di Liberazione Nazionale

CLNAI Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia

CS Consejo de Seguridad

CTV Corpo Truppe Volontarie

CUP Comité de Unión y Progreso, Imperio otomano

DSE Ejército Democrático de Grecia

DT Defensa Territorial

EAM Frente Nacional de Liberación, guerra civil griega

EBP Ejército Belga de los Partisanos

EDES Liga Griega Nacional Democrática

ELAS Ejército Nacional de Liberación Popular

ELN Ejército de Liberación Nacional

ENV Ejército Nacional Vietnamita

EPC Ejército Popular de Corea

EPL Ejército Popular de Liberación, China

EPV Ejército Popular de Vietnam

EPVC Ejército Popular Voluntario Chino

EPY Ejército Popular Yugoslavo

ETA Euskadi Ta Askatasuna, Euskadi y Libertad

FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo

FARL Fuerzas Armadas Reales de Laos

FE de las JONS Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacionalsindicalista

FLMN Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

FMI Fondo Monetario Internacional

FPA Frente Popular de Azerbaiyán

FRL Frente Ruandés de Liberación

FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional

GAP Gruppi di Azione Patriottica

GRT Guardia Republicana de Transnistria

GULAG Dirección General de Campos de Trabajo Correccional y Colonias

GUPR Dirección de los Campos de Concentración de Trabajos Forzados

GVS Guardia Voluntaria Serbia

HB Herzeg-Bosnia, entidad paraestatal bosniocroata durante la guerra en Bosnia-Herzegovina

HDZ Unión Democrática Croata

HOS Fuerzas Croatas de Defensa

HSP Partido Croata del Derecho

ICTY Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia

IRA Ejército Republicano Irlandés

ISIS Estado Islámico

KAR King’s African Rifles, Fusileros Africanos del Rey

KGB Comité para la Seguridad del Estado, Unión Soviética

KKE Partido Comunista de Grecia

LCY Liga de los Comunistas Yugoslavos

LEF Legión Extranjera Francesa

LP Liga Patriótica, Bosnia-Herzegovina

LVF Legión de Voluntarios Franceses, Segunda Guerra Mundial

LW Legión Wallonie, Segunda Guerra Mundial

MNC Movimiento Nacional Congoleño

MNPA Movimiento Nacional Panarmenio

NDH Estado Independiente de Croacia

NEP Nueva Política Económica

NS Nasjonal Samling, Unión Nacional, Noruega

NSB Movimiento Nacionalsocialista, Países Bajos

NKVD Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos

OEA Organización de los Estados Americanos

OMON Unidad Policial de Operaciones Especiales, Unión Soviética

ONU Organización de las Naciones Unidas

PASOK Movimiento Socialista Panhelénico

PCC Partido Comunista de China

PCF Partido Comunista de Francia

PCI Partido Comunista de Italia

PCIn Partido Comunista de Indochina

PCT Partido Comunista de Tailandia

PCUS Partido Comunista de la Unión Soviética

RDC República Democrática del Congo, Congo

PDPA Partido Democrático Popular de Afganistán

PIB Producto Interior Bruto

PNV Partido Nacionalista Vasco

PRA Partido Republicano de Armenia

RAF Reales Fuerzas Aéreas

RDV República Democrática de Vietnam, Vietnam del Norte

RFA República Federal de Alemania

RLC República Libre del Congo

RSB República Serbia de Bosnia

RSI República Social Italia, Italia de Salò

RSK República Serbia de Krajina

RV República de Vietnam, Vietnam del Sur

SA Sturmabteilung, Secciones de Asalto

SD Servicio de Seguridad, Tercer Reich

SDA Partido de Acción Democrática, Bosnia-Herzegovina

SDP Partido Socialdemócrata de Finlandia

SDS Partido Democrático Serbio

SiPo Policía de Seguridad, Tercer Reich

SNO Renovación Nacional Serbia

SPD Partido Socialdemócrata de Alemania

SRS Partido Radical Serbio

SS Schutzstaffel, Escuadras de Protección

STO Servicio de Trabajo Obligatorio, Francia ocupada

UE Unión Europea

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNITA Unión Nacional para la Independencia Total de Angola

UPA Ejército Insurgente Ucraniano

URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética

USAF Fuerzas Aéreas de Estados Unidos

Vecheka Comisión Extraordinaria para la Vigilancia Política

X MAS Decima Flottiglia Motoscafi Armati Siluranti, guerra civil italiana

Listado de mapas

Listado de mapas

Mapa 3.1. La guerra civil española

Mapa 3.2. Guerra civil en Italia

Mapa 3.3. Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial

Mapa 3.4. La guerra civil en Grecia

Mapa 4.1. La Segunda Guerra Mundial en el teatro chino

Mapa 4.2. Última fase de la guerra civil china

Mapa 4.3. Corea en guerra

Mapa 4.4. Indochina a principios de los años setenta

Mapa 4.5. El Congo en la década de los sesenta

Mapa 4.6. Centroamérica y el Caribe

Mapa 4.7. Afganistán: comunidades étnicas

Mapa 5.1. Yugoslavia antes de la guerra

Mapa 5.2. Fase final de la guerra en Bosnia, 1994

Mapa 6.1. El Cáucaso, años noventa

Mapa 6.2. Las guerras del nuevo siglo en el Congo Oriental

Introducción

Introducción

Sustituían a los iconos unas pancartas con las fotos y los nombres de los muertos. Las personas que portaban las pancartas y las velas eran los huérfanos, los viudos y las viudas, los padres que habían perdido un hijo, algo para lo cual, al igual que en francés, no existe una palabra en ruso.

EMMANUEL CARRÈRE, Limónov (2013),

sobre los familiares de las víctimas del teatro Dubrovka,

en Moscú, octubre de 2002.

Hay pocas experiencias peores que la de enterrar a una hija o a un hijo, tal vez ninguna la supere. Tan terrible y excepcional resulta, tan fuertemente rompedora de la existencia, tan antinatural y ajena a los ritmos y costumbres de la comunidad, de la vida, de la cultura y de los afectos, que en muchas lenguas no existe una palabra para definir a quien la vive y sufre, tal y como nos recuerda Carrère. Una guerra es siempre una gigantesca máquina de generar orfandades, viudeces, y esa forma de pérdida que no tiene nombre que supone la muerte de la descendencia. Una guerra civil, además, es una forma particularmente cruel de perder a los seres queridos. Que quien dispara la bala que fusila, el mortero que despedaza o la bomba que desmiembra hable el mismo idioma que la víctima, sea un vecino de la misma comunidad o un conciudadano del mismo país puede no ser importante a efectos de la muerte, pero desde luego sí que lo es para entender su porqué, sus causas, su duración en la memoria, su impacto en la cultura.

Francis Lieber (1800-1872) se encuentra entre los millones de personas que se convirtieron de un día para otro en los padres de un fantasma muerto en una guerra civil. Antiguo combatiente prusiano de los conflictos napoleónicos de 1815 y voluntario en la guerra de independencia griega de 1821, jurista y editor de Encyclopedia Americana en los años treinta del siglo XIX, Lieber participó en el frente jurídico e intelectual de la guerra civil americana de 1861-1865 al lado de los estados de la Unión. Uno de sus hijos, Oscar M. Lieber (1830-1862), murió en el lado confederado, enfrentado a las tropas apoyadas por su progenitor. Padre e hijo, en diferentes lados de la trinchera, representaban las dos Américas que combatían entre sí por el territorio, la legitimidad y la soberanía. Francis Lieber sería el redactor del célebre Código que llevaría su nombre, precursor de las leyes contemporáneas para el desempeño de la guerra en materias como el tratamiento de prisioneros o desertores. Asimismo, sería quien tratase de codificar por primera vez qué significa el estado de guerra, la soberanía en conflicto, la rebelión, la insurrección y, por supuesto, la guerra civil. Cosa harto complicada, huelga decirlo, pues la guerra, como fenómeno sucio, complejo y violento, se escapa de cualquier normativización limpia, simplificadora y limitadora de la violencia.

Es difícil no relacionar el empeño del filósofo y jurista por humanizar la guerra con el desgarro personal y humano que vivía. Generalmente, los intentos de racionalizar, suavizar o limitar el alcance de los conflictos armados han compartido dos elementos capitales: su futilidad, por un lado, y su naturaleza reactiva, por otro. Cuanto más cruel, despiadada, violenta y devastadora es la guerra, mayores son los intentos por someterla a un imperio de la ley que es propio de la paz, pero que en rara ocasión alcanza ese terreno hostil, radical y peligroso del escenario bélico (Baldissara, 2018). El Código Lieber nació precisamente de ese contexto de forja de la nación que fue la guerra de Secesión. Y también del desgarro de la contienda y de la violencia, pero no menos de la fractura íntima de un hombre despojado dos veces de su propio hijo: por las líneas del frente y por la muerte.

Desde fuentes secundarias y a partir de una mirada comparativa y transnacional, este libro plantea una revisión global de la historia de las guerras civiles del siglo XX y lo que va del XXI. Es una historia del concepto, de la idea, pero eso solo es el obligado punto de partida, porque antes que una representación o una serie de imágenes codificadas la guerra civil es una realidad, cruda, desgarradora y sangrienta como pocas, y un proceso, tan complejo y mutable como apegado al terreno en el que tiene lugar. La obra que tienen en sus manos es por encima de todo una historia de las guerras civiles como tales, de su recurrencia y de su despliegue a lo largo de los últimos cien años. Pero no solo. Gracias al estudio de las guerras civiles este es también un trabajo sobre el ciclo revolucionario abierto por el triunfo bolchevique en la guerra civil rusa, así como la ventana de oportunidad para el surgimiento de proyectos socialistas de base popular; el auge y la caída de los fascismos en Europa; la larguísima Guerra Fría, en su dimensión más abrasadora y oscura, lo cual, de paso, nos demuestra cuánto hay de eurocentrismo y de narrativa del poder en el hecho de considerarla fría; la traumática disolución de la Unión Soviética, tan o más disruptiva que su aparición, marcada también por la violencia y los conflictos armados; o, finalmente, la inquietante persistencia y enquistamiento de los conflictos internos en una posguerra fría que, precisamente por eso, se ha caracterizado por el desequilibrio como forma de orden, parafraseando a Francisco Veiga. Al fin y al cabo, y esa es una de las tesis de este libro, la guerra civil ha sido un factor central en la configuración de las sociedades y el mundo en que vivimos. De ahí que en buena medida esta sea una historia de la contemporaneidad, donde confluyen múltiples niveles de la realidad: el individual y el colectivo; el personal y el institucional; el local, el nacional y el internacional; el político, el social y el cultural. Una de las muchas ventajas del estudio de las guerras civiles es la posibilidad que nos brinda de indagar y conocer más de cerca la naturaleza humana, las claves de la vida en comunidad, el papel del individuo y su capacidad de incidencia en la realidad.

Sin renunciar a ver qué hay de particular y común en los diferentes conflictos abordados, la nuestra es una propuesta interpretativa abierta y viva, es decir, una que evita a toda costa fosilizar nuestra visión del fenómeno y que ansía estimular debates y nuevas vías de investigación. Hemos optado por un relato cronológico en el tratamiento de los diferentes conflictos que aparecen en estas páginas, partiendo de la convicción de que tal enfoque favorece la comprensión del pasado. Sin embargo, la obra plantea de forma constante conexiones hacia delante y hacia atrás, siempre con el deseo de observar realidades y problemas recurrentes, de ligar y descentralizar las guerras objetos de estudio, pero también para ver particularidades y continuidades, aportar herramientas para el estudio y comprensión de la realidad y, en definitiva, crear un mapa conceptual y temático lo más omnicomprensivo posible. Nuestro enfoque no parte de apriorismos, sino que trata de librarse de ellos por principio y analizar cada conflicto en relación a su entorno temporal y geográfico, así como en su propio desarrollo y realidad interna, con sus particularidades. Gracias a ello es posible ver qué relación tiene cada uno con otras guerras civiles de similar naturaleza, ya sean anteriores, contemporáneas o posteriores, y tengan lugar en espacios contiguos o no, y aquí suele tener un papel clave la dimensión transnacional inherente a ellas. Se trata de un elemento con una presencia constante a lo largo de toda la obra, que rastreamos partiendo del análisis de las trayectorias personales, muy marcadas por la gran movilidad de individuos concretos y colectivos, así como de las transferencias teórico-prácticas o la acumulación de experiencias propiciadas por estos.

Situar un amplio conjunto de guerras civiles dentro de una narrativa compartida y de largo alcance permite, por un lado, la refutación de los discursos esencialistas e interesados de los nacionalismos en cualquier latitud, según los cuales los conflictos internos se explican sobre todo —si no en exclusiva— por las especificidades intrínsecas de la sociedad afectada. Por otro lado, y muy relacionado con ello, la impugnación de las visiones de los espectadores externos, periodistas, líderes políticos, diplomáticos y opinión pública en general, que suelen observar y explicar los enfrentamientos armados como manifestaciones de la barbarie, la sed de venganza ancestral y el atraso de aquellos que los sufren.

Tal y como dejamos claro desde las primeras páginas, la guerra civil es un fenómeno que no se puede reducir a un análisis simple o a explicaciones unicausales. La guerra no es algo abstracto, sino que es la manifestación de la más amarga y pura realidad. Lo vamos a ver de forma constante: para su estallido, los enfrentamientos armados dependen de decisiones puntuales y muy concretas, tanto individuales como institucionales. No existe lugar en nuestro análisis para la inevitabilidad, pues ello supone exculpar a los responsables de las guerras que han devastado el globo en los últimos cien años. Eso no significa que los factores estructurales no nos ayuden a entender el escenario en que tienen lugar los conflictos y en muchos aspectos su propia naturaleza. Pero en su evolución y conclusión seguirán dependiendo del juicio y margen de maniobra de individuos y grupos concretos —internos o externos— a ras de suelo, y esto es tanto más cierto para enfrentamientos como los fratricidas, que desde principios de los años cincuenta se han tornado cada vez más irregulares y fragmentarios. La historia de la guerra tiene que ser ante todo social. Por el hecho de ser totales, una consecuencia de ese carácter industrial y radicalmente moderno que afectaría a todos los ámbitos de la vida humana, las guerras civiles de este periodo han sido fenómenos sociales de masas, con una multiplicidad de escenarios y actores apabullante, y por tanto requieren de visiones ambiciosas, de largo alcance.

Este libro está organizado en seis grandes capítulos, además de la introducción y la conclusión. Estos se dividen a su vez en un número variable de epígrafes, articulados por medio de subepígrafes internos que buscan favorecer una lectura lo más ágil y dinámica posible. Tras esta estructura existe el deseo de dar con una visión lo más vasta e integrada posible de los conflictos. Por lo que respecta a los capítulos, suelen basarse en las divisiones cronológicas aceptadas comúnmente por la historiografía, que en buena parte compartimos y en algunos casos matizamos. En lo referente a los epígrafes, elemento clave en la estructura de la obra, se corresponden con la existencia de lo que entendemos como largos ciclos bélicos, caracterizados por lógicas o dinámicas compartidas, y dentro de los cuales se integrarían las diferentes guerras civiles. El primer capítulo es el único que rompe con esta armonía, por ser el que sirve para presentar los ejes teórico-metodológicos a través de los cuales discurrirá nuestro análisis. En él proponemos que la guerra civil es una realidad universal caracterizada por ciertos patrones compartidos en las más diversas latitudes y tempos, lo cual explica también las particularidades de cada conflicto, así como algunas recurrencias: dos elementos comunes al conjunto de este libro serán la omnipresencia del sufrimiento humano y la lucha por la supervivencia, constantes de la historia de la guerra que se han ido acentuando con el acceso cada vez mayor y más sencillo a un armamento moderno con un poder destructivo creciente.

El capítulo 2 se centra en el análisis de los conflictos internos que estallaron en Eurasia a causa del impacto de la Gran Guerra y del triunfo de la revolución bolchevique, consecuencia de la primera y resultado de una cruenta guerra civil a la que dedicamos un amplio análisis. Hablamos de dos hitos que representan un radical parteaguas en la contemporaneidad, tanto por lo que respecta a la forma de concebir la política doméstica e internacional, dada la omnipresencia del miedo a la revolución entre amplios sectores de las sociedades euroasiáticas y americanas, como en lo referido al modo de hacer la guerra, debido a la ruptura de todas las convenciones morales, que comportó la movilización total y el despliegue de un poder armado sin precedentes. El cataclismo que se vivió en aquel brevísimo arco temporal queda claro con solo ver que hasta cinco imperios, sistemas de dominación casi siempre centenarios, se hundieron en el lapso de poco más del lustro que va de 1912 a 1918: China, Rusia, Austria-Hungría, Alemania y el Imperio otomano, dejando tras de sí escenarios fragmentados, muy marcados por la existencia de múltiples actores que se disputaban el poder y la redefinición de la vida en comunidad. Pero no solo eso. También datan de este periodo los primeros precedentes más sistemáticos de violencia unilateral y supraindividual a gran escala: el genocidio armenio, en la segunda mitad de la década de 1910, y las expulsiones de las poblaciones grecoturcas de Anatolia y las poblaciones turcohelenas de Tracia, a principios de los años veinte. Nada volvería a ser igual a partir de entonces: había hecho aparición un nuevo repertorio de formas de hacer la guerra y prácticas eliminacionistas como forma de abordar los conflictos socio-políticos y económico-culturales que, si bien han de ser entendidos en procesos de largo alcance, lograron un nivel cualitativo y cuantitativo sin precedentes. Que algo había cambiado para siempre se hizo evidente desde el primer momento en las guerras civiles que abordamos en el capítulo 2, como la finlandesa, la(s) rusa(s) e, incluso, la irlandesa, pero también en algunos de los episodios revolucionarios y contrarrevolucionarios, como el húngaro o los conatos vividos en Alemania a caballo entre la década de 1910 y 1920. Al igual que el análisis de la guerra greco-turca de los años veinte, estos fenómenos nos sirven como contrapunto para ver lo que no es una guerra civil frente a lo que sí.

Las ruinas de los imperios son escenarios propios para el estallido de guerras civiles. La sombra de la revolución rusa, y la Unión Soviética como Estado nacido de ella, marcaría la historia del siglo XX hasta su definitivo derrumbamiento en 1991. Incluso podríamos ir más allá, si tenemos en cuenta los efectos persistentes de su desaparición, tras haber actuado como contrapeso y alternativa en la arena internacional y en la agenda política interna de todos los países del orbe. De hecho, la reemergencia de China como potencia, tras una larguísima guerra civil ganada por el comunismo en 1949, debe atribuirse en su origen al marco contestatario que se abrió para las clases populares organizadas de todo el mundo tras el establecimiento y consolidación de la Unión Soviética en los años veinte. Vale la pena apuntarlo aquí, aunque el conflicto interno chino se analice de forma específica y exhaustiva en el capítulo 4 por tener dinámicas y procesos diferenciados en ciertos aspectos.

Al principio del capítulo 2 abordamos la violenta construcción del Estado-nación turco en el marco de la guerra. Por mucho que no sea tan distinto a otros procesos de forja estatal vividos en la segunda mitad del siglo XIX, representa un paradigma del salto cualitativo y cuantitativo en el uso de la violencia al calor de la Gran Guerra y la atmósfera de disolución propia de la primera posguerra mundial en Europa. En el primer epígrafe hablamos sobre la conveniencia y operatividad de ciertas macronarrativas, como la de la guerra civil europea, que si bien podría servir como metáfora, en tanto que espacio continental donde tendrían lugar fenómenos y procesos muy similares, como sintagma carece de fundamento. En nuestro caso, respondemos a esa necesidad de marcos interpretativos con la idea ya mencionada de los largos ciclos bélicos, entendidos estos como espacios de análisis que nos permitan mirar al pasado de forma más compleja, amplia e integrada, es decir, un modo de trabajar que evite las simplificaciones. En este caso, el primer ciclo que abordamos tiene un alcance espacial euroasiático que va desde 1917 hasta el siguiente ciclo bélico con el que enlaza, el de las guerras fascistas, en este caso iniciado en 1936 con el conflicto interno español. Se trata de un periodo que se caracteriza por la reconfiguración radical y/o el cuestionamiento del statu quo preexistente, es decir, de la realidad en su conjunto, fruto de la irrupción de la alternativa revolucionaria y la disolución imperial, lo cual incluye en este último aspecto al caso irlandés, surgido del cuestionamiento de la autoridad británica.

Los siguientes cuatro epígrafes, que se dedican al estudio de las guerras civiles finlandesa, rusa(s) e irlandesa ya nos permiten ver con claridad muchas de las características que ya hemos señalado para los conflictos de este tipo: la combinación de dinámicas externas, de índole geopolítica, e internas, como las políticas de nacionalización y/o instauración de proyectos democráticos o revolucionarios; el componente territorial como base de poder y la lucha armada por la soberanía; la adaptación del modo de hacer la guerra a las posibilidades de los contendientes, lo cual incluye un altísimo grado de improvisación que intensifica el sufrimiento de civiles y combatientes; la implementación de políticas de ocupación con una presencia clave de la limpieza política mediante los asesinatos y las expulsiones, con altas tasas y variadas formas de violencia. No obstante, los tres conflictos mencionados representan contrapuntos entre sí en cuestiones esenciales. Por un lado, la finlandesa y la irlandesa son guerras civiles muy breves en el tiempo. Nada de ello es óbice para que la primera se caracterice por un uso radical de la violencia como instrumento de limpieza social, de control territorial y de consolidación del poder político; al contrario, la segunda ni tuvo unos frentes claros, algo que caracterizará a muchos enfrentamientos internos por venir, ni se fundamentó en una deshumanización del enemigo. Por otro lado, la rusa es una guerra civil larga y con muchas ramificaciones, algo favorecido por la vastedad del espacio en disputa, la gran cantidad de agentes y proyectos implicados o la superposición de conflictos, donde tendrían cabida el religioso, el nacional, el de clase, el campesino y el internacional. Todo ello, unido a la pobreza, agudizada por el dislocamiento provocado por la Gran Guerra, explicaría la altísima mortandad, en muchos casos debida al hambre, una constante de los enfrentamientos internos hasta nuestros días. Sin embargo, en este punto hay que contar también con nuevas políticas de violencia y control social que vieron la luz en este conflicto con inusitada fuerza, y que se encuentran presentes en muchas de las guerras civiles de los últimos cien años: el asesinato de prisioneros de guerra; la ejecución de cautivos en el marco de retiradas y situaciones de cerco; el establecimiento de grandes sistemas concentracionarios; la militarización de la sociedad con dos bandos muy heterogéneos; la gran dispersión de fuerzas y la indefinición de los frentes de combate; la utilización del terror selectivo o supraindividual contra la población civil; el elevado número de refugiados; el altísimo grado de devastación; y, por supuesto, el impulso homogeneizador —a nivel socio-cultural— y redistribuidor o de conservación del poder político-económico inherente a la violencia y la lucha armada.

Finalmente, el último epígrafe del capítulo 2 aborda dos escenarios revolucionarios de la primera posguerra europea donde la violencia cruzada o la consolidación del poder mediante el uso unilateral de la fuerza tuvieron un lugar clave: el húngaro y las diferentes intentonas vividas en suelo alemán en todo el arco temporal que va de 1918 a 1923. En el segundo caso, el hecho de que no se dieran enfrentamientos armados sostenidos en el tiempo y coordinados en el espacio, unido a la ausencia de una movilización general, nos impide hablar de guerra civil, a pesar de las altas dosis de violencia contrarrevolucionaria desplegadas en el sometimiento de los conatos revolucionarios. Por lo que respecta a Hungría tampoco puede hablarse de la existencia de un conflicto interno, sino más bien de contagio revolucionario en un marco de reordenamiento posbélico y disolución imperial, de colapso interno del Estado, de intervención exterior y de consolidación de la alternativa contrarrevolucionaria mediante una campaña de violencia colectiva. Sin embargo, el escenario húngaro es interesante por cuanto revela la importancia de la agenda política nacionalista tanto en los proyectos contrarrevolucionarios como en los revolucionarios, tanto a la hora de condicionar las decisiones como en la movilización de las sociedades en guerra, lo que veremos de forma muy clara en otras guerras civiles posteriores, como las de China y Vietnam.

En el capítulo 3 abordamos un ciclo bélico relacionado con el anterior, pero caracterizado por cambios y particularidades cruciales. Estamos hablando de un periodo en que se consolida el rearme de la contrarrevolución, tanto en el campo bélico-militar como en el discursivo y simbólico, todo ello acompañado de una extrema radicalización de sus posturas agudizada por la supuesta amenaza revolucionaria, así como por el estallido y la evolución de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, si algo caracteriza a este ciclo bélico es la superposición de violencias, con intensos procesos de homogeneización social, nacionalización y limpieza política, y guerras civiles dentro de una exigente conflagración de alcance global —aunque en este capítulo nos centramos exclusivamente en Europa— y los regímenes de ocupación que la acompañaron. No es casual que hayamos situado la española como la guerra civil que abre la puerta a este nuevo ciclo bélico, y que a su vez constituye el tema del primero de los seis epígrafes que componen el capítulo 3. Esto se justifica por ser la primera confrontación bélica de esa contrarrevolución rearmada y radicalizada bajo la égida del fascismo, que se apoyó sobre una gran inversión en violencia y que confirmó el salto cuantitativo y cualitativo experimentado ya en conflictos internos como el ruso o el finlandés. Más allá de eso, en el epígrafe dedicado a la confrontación de 1936-1939 se hará evidente algo que tiene una importancia capital en nuestra obra desde las primeras páginas, y que paradójicamente apenas ha recibido la atención de la historiografía —no hablemos ya de otras disciplinas— dedicada al estudio de las guerras civiles: la dimensión puramente militar de los enfrentamientos o, si se quiere, la evolución de los frentes de combate. A nuestro juicio se trata de un factor a menudo determinante en las lógicas propias de cualquier conflicto interno; al fin y al cabo, la movilización social, las violencias desplegadas y los proyectos políticos en pugna no se sostienen en el aire, sino que tienen un contexto bélico muy claro, de ahí que sea un sinsentido obviarlo de forma sistemática. Lo que proponemos en nuestro análisis de la guerra civil es una lectura integrada de las diferentes fases de la guerra, la decisiva intervención exterior y las violencias fascista y revolucionaria, atendiendo a las múltiples motivaciones y agentes que participarían en su desencadenamiento y desarrollo. Todo esto nos sirve para arrumbar viejos tópicos, como el supuesto interés de Franco por alargar de forma deliberada el conflicto para ejecutar una limpieza política sistemática y, muy importante, la tan mentada especificidad de la España del periodo en la historia europea, que se difumina al situarla en un marco de análisis amplio como el que proponemos en este capítulo.

Los epígrafes siguientes se centran en diversos conflictos internos que estallaron en el escenario de ocupación, colaboracionismo, explotación y resistencia generado por las guerras de conquista desencadenas por el Eje en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de características compartidas por los teatros europeo y asiático, y que desgranamos con detalle en el segundo epígrafe por lo que respecta a la arquitectura institucional del Tercer Reich en los territorios ocupados. En toda la parte central del capítulo 3 veremos que los enfrentamientos que estallarán en los países ocupados tendrán un carácter muy irregular, basados en la guerra de guerrillas, combinada con los asesinatos selectivos y las operaciones de tipo de terrorista, a la vez que combatida con unos métodos contrainsurgentes cuya continuidad hasta el día de hoy es más que evidente. Sin embargo, a causa de sus particularidades y de la superposición de numerosos poderes y agentes en un mismo escenario se trata de realidades muy difíciles de definir con claridad, donde la aplicación del sintagma «guerra civil» puede resultar problemática. Un caso evidente lo encontramos en el segundo epígrafe, donde se analiza la guerra partisana que estalló en la retaguardia de la Wehrmacht en el Frente Oriental, especialmente virulenta en Bielorrusia y los territorios adyacentes. Paradójicamente, en las guerras civiles, sobre todo en las que siguen patrones propios de un conflicto convencional como la española, la violencia suele ser unidireccional, dependiendo de quién ostenta el poder en el territorio en cuestión o de quién está en trance de hacerse con él. Frente a esta realidad nos encontramos otras como la de las zonas soviéticas ocupados por el Eje, donde la violencia tuvo un marcado carácter multidireccional y unas tasas de afectación altísimas entre los combatientes y sobre todo la población civil. Sin lugar a dudas, uno de los principales problemas radica en diferenciar la guerra de liberación de la guerra civil, pero merece la pena cuestionarse la pertinencia o no de este último conflicto, y si la conclusión fuera afirmativa su ampliación para cubrir escenarios como este.

El tercer epígrafe sigue ahondando en la naturaleza de las guerras entre el colaboracionismo y la resistencia a la ocupación alemana, en este caso en Francia y Bélgica. Entre otras cosas, analizar estos escenarios de Europa Occidental nos permite captar la gran variedad de conflictos que estallaron en los países bajo la ocupación del Eje, pero además tiene interés en un estudio global sobre la guerra civil. Ante todo, se trata de enfrentamientos con unos porcentajes de violencia mucho más reducidos que los que tuvieron lugar en otros escenarios como el yugoslavo, el soviético, el italiano o el griego, hasta el punto de que podríamos referirnos a ellos como guerras de baja intensidad, muy irregulares y más caracterizadas por formas de acción propias del terrorismo. Sin embargo, el objetivo prioritario de la resistencia en su particular lucha contra el colaboracionismo sería bloquear y destruir al fascismo doméstico como fuerza política condicionante del orden social, siempre con la vista puesta en la refundación de posguerra, y aquí radica la dimensión bélica del enfrentamiento. De hecho, como vamos a ver de forma muy clara a partir del capítulo dedicado a la Guerra Fría, las guerras civiles no precisan de grandes contingentes encuadrados como ejércitos regulares. La tendencia dominante en este tipo de conflictos ha apuntado cada vez más a la existencia de grupos armados reducidos y con capacidad de incidencia sobre un entorno concreto, lo cual responde de nuevo a la necesidad de adaptarse a posibilidades limitadas. Así pues, podríamos afirmar que se trata más de diferencias de grado que de naturaleza, lo que constatamos también en casos previos como el irlandés y el finlandés. Queda patente que estamos ante conflictos que estallan en periferias imperiales, rasgo característico de las guerras civiles, y dentro de países que, no siendo pobres, están en situaciones de ruina y miseria —a veces de auténtica emergencia humanitaria— a causa de las políticas de ocupación alemanas.

Lo mismo cabe decir del conflicto analizado a continuación, la guerra civil italiana de 1943-1945. También en este caso hablamos de un enfrentamiento muy marcado por la proliferación de una violencia bilateral extremadamente cruenta, a menudo en clave de limpieza política y dirigida de forma preferente y mayoritaria contra connacionales; la quiebra de los equilibrios político-sociales a nivel local, regional y nacional dentro de la zona de ocupación alemana en la mitad septentrional del país; el carácter irregular de los combates unido a la presencia de tropas extranjeras en una periferia imperial; o la gran multiplicidad de agentes implicados. En definitiva, a lo largo del capítulo 3 vamos a ver de forma muy clara que la dificultad para detectar como guerras civiles ciertos conflictos tiene que ver sobre todo con los escenarios extremadamente complejos en que tienen lugar. Sin embargo, y esto es algo en lo que insistimos de forma constante, al contrario que politólogos y científicos sociales, los historiadores solemos ser conscientes de que los fenómenos humanos nunca se atienen a un esquema regular, y si lo hacen es porque forzamos su entrada dentro de corsés que no son de su medida. Así pues, creemos que una de las conclusiones que se extrae de este capítulo en su conjunto es que la guerra civil se caracteriza ante todo por las diferentes formas bajo las que se manifiesta, por su propia irregularidad inherente, por la extrema porosidad —a veces simbiosis— que existe entre estas y los conflictos internacionales, las guerras de guerrillas y las revoluciones. Este es el modo en que las cosas se presentan en la realidad, y más si hablamos de conflictos armados. Algo que nos demuestra la guerra civil italiana es que, aun cuando las potencias de fuego enfrentadas son un requisito imprescindible para la existencia de una guerra civil, estas no tienen por qué ser equiparables, quizás basta con la capacidad para ejercer violencia y para disputarse la legitimidad en el seno del cuerpo social.

En el penúltimo epígrafe del capítulo 3 nos desplazamos al teatro bélico de la Yugoslavia ocupada por el Eje. Una vez más reúne características muy similares al resto de casos abordados hasta aquí, con el agravante de que seguramente fue el teatro donde confluyeron más agentes, proyectos y violencias. Esto incluye a un Estado fascista títere como el croata que trató de culminar su agenda política de construcción nacional en unos territorios tan enrevesados desde el punto de vista etnonacional como los de las actuales Bosnia-Herzegovina y Croacia, que eran los que se encontraban bajo su soberanía. Para hacer las cosas más difíciles, estamos ante una guerra irregular de cuatro años donde las alianzas fueron extremadamente cambiantes, dependiendo siempre de objetivos y equilibrios de fuerzas que variaron con el tiempo, lo cual complica el análisis, a la par que hace de este un caso de estudio particularmente interesante. De hecho, también la violencia se caracteriza por su no linealidad, algo que si se quiere es común a todas las guerras civiles, pero aquí tiene que ver de forma muy clara con las inestables bases de poder sobre las que se asentarían los diferentes grupos o movimientos armados. Estos, como veremos, se caracterizaron por su gran autonomía sobre el terreno, algo cada vez más común y constante en los conflictos internos que estallarán a partir de la guerra de Corea. Un factor determinante para entender la naturaleza de las guerras yugoslavas en los años cuarenta fue su condición de frontera imperial del Tercer Reich, un concepto con un peso muy importante en la obra, que se refiere a un espacio difuso considerado vital por las grandes potencias para su seguridad y para garantizar su poder. En este caso, las políticas de ocupación alemanas e italianas estuvieron guiadas por los principios más extremos de la guerra contrainsurgente, lo cual se tradujo en un trato brutal contra la población civil en el marco de las operaciones, así como en el aprovechamiento de las diferencias étnicas en beneficio propio, desatando más caos y violencia interna. En este sentido, su proceder no difiere en nada del de otras superpotencias en escenarios similares, como Estados Unidos en Indochina o la Unión Soviética en Afganistán, algo que tendremos ocasión de ver, y en todos los casos se legitima presentándose sus ejecutores como paladines de la civilización.

Finalmente, el último epígrafe del capítulo 3 se centra en la guerra civil griega de 1943-1950, cuya especificidad radica en el hecho de haberse originado en el marco de la conflagración mundial para volver a reactivarse con gran virulencia en la posguerra. Esto la hace particularmente interesante, porque nos permite observar la transición entre el ciclo bélico del fascismo y el del inicio de la posguerra, con las rupturas y continuidades que acompañaron al reordenamiento mundial y a los orígenes de la Guerra Fría. De hecho, las recurrencias vuelven a saltar a la palestra, al tratarse de un conflicto por la redefinición de la vida comunitaria en Grecia a nivel político y social, con dinámicas claramente endógenas y con un peso fundamental de los escenarios locales y regionales, por mucho que el apoyo exterior resultó crucial en el desarrollo y conclusión de los combates. Como en todos los casos vistos hasta ahora, la reconstrucción de posguerra estuvo muy marcada por el régimen resultante y por la crudeza del conflicto previo, que aquí dejó una marca muy profunda y duradera en la sociedad griega, tal y como se puso de manifiesto con el establecimiento de la Dictadura de los Coroneles entre 1967 y 1974. La desaparición en paralelo del maquis español, que en cierto modo cierra el periodo posbélico, y la conclusión de la guerra civil griega supusieron un largo punto y seguido de la historia del paramilitarismo, la guerra civil y la guerra de guerrillas como medios para la resolución de conflictos en Europa. De hecho, no volverían a reactivarse hasta las guerras yugoslavas de los años noventa.

El capítulo 4 está dedicado a los conflictos internos de la Guerra Fría, y es con diferencia el más extenso de la obra. Esto se justifica por varias razones, pero la primera y más importante de todas es que el enfrentamiento entre los bloques no solo se extiende a lo largo de casi medio siglo, sino que además es el tiempo de la guerra civil por excelencia. Bajo el paraguas de la Guerra Fría nos encontramos con los virulentos conflictos internos en el marco de la descolonización, muchas veces con una clara dimensión revolucionaria, y a menudo agudizados por la competencia y las políticas imperiales de las grandes potencias en áreas periféricas. De hecho, una idea central de este libro es que las guerras civiles de los siglos XX y XXI siempre han tenido lugar en márgenes imperiales, escenarios caracterizados por su pobreza endémica o por su empobrecimiento a causa de situaciones de crisis económica, caso de la Yugoslavia de los años noventa, o de la explotación bajo regímenes de ocupación político-militar, lo cual incluiría a países como Francia y Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de este capítulo lo veremos con claridad meridiana, sobre todo porque estamos ante un periodo de descentralización de los conflictos internos, que desaparecen en el que hasta entonces había sido su escenario central, Europa, y comienzan a proliferar por todo el llamado Tercer Mundo. En este punto será crucial la disolución de los grandes imperios coloniales, que dará lugar a un dramático escenario liminal de redefinición en los repartos del poder, pero también a diferentes intentos de las antiguas potencias por mantener de algún modo su presencia y prevalencia en esos espacios. Así pues, la guerra civil, la intervención armada y las disputas violentas han sido realidades omnipresentes durante todo el periodo. Es más, en este capítulo refutamos por completo las tesis de autores como Bill Kissane (2016), que apuntan a un marcado descenso de los conflictos interestatales en la segunda mitad del siglo XX. Muy al contrario, las guerras civiles de la Guerra Fría fueron la causa de intervenciones exteriores, y en última instancia del estallido de conflictos internacionales, por mucho que casi nunca declarados de forma abierta. La nómina es extensa, aunque reúna casos complejos por cobrar la forma de guerras subsidiarias, intervenciones encubiertas o bajo mandato internacional, o por el hecho de que alguno de los beligerantes no contara con el reconocimiento diplomático del otro bando, como la China comunista en la guerra de Corea. Sin embargo, ahí están también otros casos bien evidentes, como los de Indochina, el Congo o Afganistán.

El primer epígrafe del capítulo 4 se centra en la guerra civil china de 1927-1949/1958 por varias razones. La más importante de todas es que el poder que emergió de ella, la República Popular China, se convirtió en un actor decisivo en la arena internacional tras la reunificación efectiva del gigante asiático bajo una autoridad central única. Aquí tuvo mucho que ver su sublimación como modelo revolucionario alternativo de base campesina, un hecho propiciado a su vez por la recobrada capacidad y voluntad de tomar parte en muchos de los conflictos del periodo, sobre todo los que tuvieron lugar en Asia. En este sentido, la aparición de la China comunista fruto de la victoria en una larguísima guerra civil supuso a todas luces un hito histórico central de la contemporaneidad, con consecuencias muy profundas hasta nuestros días. Además, el hecho de que el conflicto que propició su encumbramiento se extendiera a lo largo de tres décadas también nos ayuda a entender muchas de las claves y problemas de tres periodos distintos: Entreguerras, la Segunda Guerra Mundial y la propia Guerra Fría. He aquí, pues, la importancia de un buen conocimiento del caso chino, donde las dimensiones local, regional e internacional vuelven a revelarse claves para comprender la evolución de la propia guerra civil y las dinámicas de las políticas de la violencia asociadas a ella. La victoria comunista se explica en muy buena medida por diversas razones: una tremenda capacidad adaptativa a los requerimientos de cada momento y a diferentes formas de hacer la guerra; un margen de respuesta mucho mayor ante los problemas y particularidades de los mencionados escenarios locales y regionales; y, sobre todo, el colapso interno del Estado levantado por los nacionalistas chinos del Kuomintang, justamente por su falta de flexibilidad en los aspectos anteriormente señalados, por su corrupción endémica y por los abusos sistemáticos contra la población civil. Lo vemos de forma muy clara en el caso español y lo volvemos a observar de manera muy evidente en el chino: comprender los conflictos internos pasa de forma ineludible por atender su dimensión militar, y eso nos permite ver su íntima relación con las esferas política, social, económica y cultural, sobre todo porque las guerras civiles son procesos marcados por la capacidad de aprendizaje constante de los contendientes en liza y la habilidad para explotar en beneficio propio todas las posibilidades brindadas por el escenario.

El segundo epígrafe está dedicado a la guerra de Corea (1948-1953), un conflicto que se encadena de forma directa con el final del chino, lo cual tendrá importantes consecuencias dentro de esa lógica transnacional inherente a las guerras civiles. Es más, las de China y Corea fueron, con la griega, las parteras de la Guerra Fría. Si bien esta acabó siendo el resultado de una conjunción de desencuentros y de la desconfianza mutua en múltiples escenarios, fue en Asia donde se manifestaron de la forma más cruda y evidente: la de un enfrentamiento armado endógeno que acabó internacionalizándose. Esto nos revela la importancia de descentralizar las narrativas eurocéntricas y occidentales sobre la contemporaneidad, y aquí el estudio integrado y global de las guerras civiles se ha revelado extremadamente útil. Todos los conflictos internos comparten ciertas semejanzas; sin embargo, creemos que al lector le sorprenderán los paralelismos entre el español y el coreano. También en este último caso el miedo al quintacolumnismo se afrontó mediante una violencia que tenía por fin la limpieza política, la definición de los dos estados en pugna, la construcción de apoyos sociales y la fijación y control de sus retaguardias, un proceso previo a la guerra propiamente dicha. Por último, existen varias buenas razones para destacar el conflicto interno de Corea, que además en ciertos casos nos vuelven a poner sobre la pista del español de 1936-1939: fue la última guerra civil que acabó rigiéndose por los patrones de un enfrentamiento armado convencional, con frentes bien definidos y ejércitos regulares de masas; la instrumentalización de los apoyos y las divisiones internacionales por parte de los agentes locales en conflicto, lo cual, de paso, nos ayuda a ver a los llamados estados títeres como actores con una agenda política propia; el creciente número de civiles muertos de forma directa o indirecta a causa del enfrentamiento, así como las grandes oleadas de refugiados generadas por los combates, dejando muchas familias rotas para siempre; la consolidación de prácticas contrainsurgentes desplegadas con profusión ya en la Segunda Guerra Mundial, muy basadas en las ejecuciones supraindividuales de paisanos o la quema de núcleos poblacionales; y, finalmente, la extrema violencia de los agentes internacionales participantes en el conflicto, que se explicaría por la barrera cultural, el mayor poder destructivo de su armamento, la deshumanización del enemigo y la incomprensión de las dinámicas del conflicto interno en que participan.

El tercer epígrafe analiza el larguísimo ciclo bélico de Indochina, sin renunciar a observar puntualmente otros escenarios de lucha armada contemporáneos. Este ocupa la parte central del capítulo, y es el más extenso, algo que en buena medida se explica por su extrema duración y complejidad, pero también porque nos ha servido como atalaya desde la cual analizar las políticas imperiales y comprender las particularidades de las guerras civiles del periodo de la Guerra Fría. Su extensión a lo largo de cuatro décadas también nos permite observar los cambiantes intereses de las principales potencias, así como los equilibrios entre ellas, el impacto de las intervenciones exteriores sobre la política doméstica en la época de la aparición de la sociedad mediática y, en definitiva, las formas irregulares y contrainsurgentes hacia las que acabaron evolucionando de manera definitiva los conflictos internos. De hecho, al igual que hemos visto en Europa y en China, la Segunda Guerra Mundial y las draconianas políticas de ocupación del Eje, en este caso japonesas, vuelven a revelarse decisivas por su potencial para generar guerras civiles, agudizar las ya existentes o propiciar la ruptura de los equilibrios preexistentes que garantizarán su estallido en la posguerra. El ciclo bélico en Indochina, con especial énfasis en el caso de Vietnam, nos permite ahondar en el carácter evolutivo de los conflictos armados, incluidos los internos. En ellos se produce un proceso de aprendizaje del ejercicio del poder, el potencial de la violencia y las formas de hacer la guerra en paralelo a su puesta en práctica, un enfoque basado en el principio de prueba y error que, por supuesto, comportaría un mayor grado de sufrimientos para la población civil. Al mismo tiempo, este escenario bélico nos pone una vez más ante el tremendo factor disruptivo y radicalizador que suponen las políticas imperiales en las regiones periféricas, lo cual nos remite en este caso a las desplegadas por Francia, en su intento de restauración colonial, y más tarde a la intervención de Estados Unidos, tratando de frenar la expansión del comunismo en la región. Resulta difícil imaginar el triunfo del comunismo en Yugoslavia sin la ocupación del Eje, como también el de los jemeres en Camboya sin los bombardeos estadounidenses o el yihadismo afgano sin la invasión soviética y el apoyo logístico y material pakistaní y estadounidense.

El ciclo bélico de Indochina deviene paradigmático a la hora de entender el proceso liminal por el que atravesaron infinidad de países del globo durante el periodo de la descolonización, en el cual muchos de ellos siguen congelados, lo cual explica el enquistamiento de la guerra civil en ciertas regiones. Por lo que respecta a Vietnam, tanto al septentrional comunista como al meridional prooccidental, esto se pone de manifiesto en la aparición de dos estados fragmentarios fruto de la expulsión violenta de Francia como potencia colonial. Hablamos de dos entes políticos en los que la norma a lo largo de todo el periodo fue un alto grado de autonomía de los poderes locales y regionales, algo común a casi todas las guerras civiles que estallarían a partir de entonces: muchos agentes operando a ras de suelo, a veces bajo una autoridad nominal poderosa y otras no tanto, buscando cada uno de ellos alcanzar sus propios intereses, que no siempre se correspondían con los del poder central bajo el cual operaban, lo cual acaba derivando en la aparición de feudos privativos. Así pues, una vez más las dimensiones local, regional, nacional, internacional y transnacional se conjugan de manera decisiva y variable para dar su particular naturaleza a los conflictos internos. La importancia histórica de la guerra de Indochina en su conjunto no puede ser obviada, por mucho que Vietnam, principal escenario, fuera un espacio geográfico-político marginal. Fue allí donde la intervención estadounidense, primero en forma de ingente ayuda financiera al poder colonial francés y más tarde con la implicación directa de un enorme contingente propio de tropas terrestres y unidades aéreas, hizo posible el rearme ideológico de la izquierda revolucionaria mundial y la forja de un discurso contra el imperialismo de la superpotencia americana. En definitiva, lo que se puso de manifiesto a lo largo de cuatro décadas de guerra en Indochina es que el despliegue de armamento ultramoderno en el marco de una guerra irregular y en un escenario geográfico tortuoso no tiene por qué ser decisivo, y lo que es peor, que incluso podía ser contraproducente. En este tipo de conflictos, un mayor poder destructivo suele conllevar un modo de hacer la guerra mucho más discrecional y arbitrario, y en consecuencia la intensificación de la resistencia armada, mientras que desde el punto de vista mediático puede acabar por provocar el rechazo a la guerra y su deslegitimación hasta hacer imposible proseguir con ella. El caso de Estados Unidos en Vietnam es paradigmático en ambos sentidos.

En esta particular historia de la guerra civil como fenómeno global, el ciclo bélico de Indochina bien podría ser visto en retrospectiva como un punto de llegada y de partida. Hasta 1954, las políticas insurgentes de las guerrillas del Việt Minh, lo mismo que las del Việt Cộng y sus aliados de la República Democrática de Vietnam a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, se basaron en los principios de la guerra irregular. Su fin más claro y evidente era poner de manifiesto la vulnerabilidad de sus enemigos —los franceses, el gobierno survietnamita y Estados Unidos junto a sus aliados—, así como su incapacidad para mantener la soberanía sobre los territorios bajo su control y proteger a quienes vivían en ellos. Durante casi cuatro décadas y sin apenas interrupciones, aunque siempre con fases de diferente intensidad, con enfoques cambiantes, nuevos agentes que se suman y otros que se van, las guerrillas impulsaron una guerra de desgaste basada en agrupar a las fuerzas de la oposición, infiltrar las filas enemigas, sembrar el terror, golpear y huir, haciendo pasar todo esto como el resultado de la voluntad popular. Por su lado, las tácticas contrainsurgentes se basaron en una constante asentada en la Segunda Guerra Mundial: el espacio señalado como teatro de operaciones ha de ser batido a fondo, todo lo que se encuentra allí es enemigo, desde la naturaleza hasta la población que lo habita y trabaja, pasando por los resistentes que se ocultan en él. En este sentido, el uso intensivo de agentes altamente incendiarios y de la guerra química por parte de las fuerzas aéreas estadounidenses es la muestra más clara de ello, y sus efectos siguen siendo evidentes hasta nuestros días, provocando en amplias áreas de Indochina un grado de devastación ecológica y humana sin precedentes. Tal y como ya lo habían sido el griego, el chino o el coreano, el de Indochina se convirtió en un conflicto con una dimensión transfronteriza que acabó por contagiar a Laos y Camboya, propiciando la desestabilización de dichos países y radicalizando las luchas poscoloniales por el reparto del poder con la emergencia de nuevos actores en las disputas.

En el cuarto epígrafe del capítulo 4 desplazamos el foco a África, concretamente al ciclo bélico sufrido por el antiguo Congo belga tras su independencia, causado en muy buena medida por los intentos de la metrópoli por monitorizar el proceso emancipador de su antigua colonia con apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, no renunciamos a aportar una visión de conjunto sobre los problemas que marcaron el proceso de descolonización en todo el continente, tal y como se puede ver en las páginas de apertura y en las referencias a otros casos que salpican todo el análisis. También abordamos de forma más sistemática otros escenarios concretos, como el de la guerra de independencia de Argelia, que junto al levantamiento Mau en la Kenia británica constituye el pistoletazo de salida para los conflictos poscoloniales africanos. A modo de cierre, hacemos algunos apuntes sobre la guerra civil nigeriana al este del país, en la autoproclamada república de Biafra. En todos los enfrentamientos fratricidas africanos observamos una lógica recurrente: la lucha por el reparto del poder y la explotación de la riqueza abierta por el proceso de descolonización, tal y como ya hemos visto en el Sureste asiático, algo que vendrá favorecido y agudizado por las intromisiones externas y la existencia de aparatos estatales extremadamente frágiles. Una vez más vuelve a ponerse de manifiesto la cualidad contagiosa de las guerras civiles por su carácter marcadamente transfronterizo, favorecido por la dispersión de comunidades etnonacionales en diferentes países y la gran movilidad de los agentes y grupos armados. En definitiva, todos los factores señalados hasta aquí propiciaron e intensificaron toda una serie de problemas que siguen marcando la situación del continente hasta nuestros días, y que contribuyen a explicar el enquistamiento de ciertos conflictos o la explosión de otros nuevos: una descolonización congelada por sistemas de poder neocoloniales basados en una dependencia económica endémica; problemas para la democratización o la participación de las sociedades en la vida política por medios pacíficos; militarización del poder político; ruptura de los lazos comunitarios y dislocamiento del tejido productivo y comercial; y, finalmente, la aparición de líderes mesiánicos que reivindican para sí el poder total como única salida a todos estos problemas. En este sentido, el Congo de los años sesenta en adelante es un ejemplo por antonomasia donde confluyen todas estas circunstancias.

El quinto y penúltimo epígrafe nos lleva a las diversas guerras civiles centroamericanas, muy marcadas por la arraigada visión de las diferentes administraciones estadounidenses según la cual América Latina constituiría su particular patio trasero, es decir, un lugar donde tendría preferencia a la hora de hacer negocios y condicionar la política de los gobiernos. Es por ello que nos hemos visto obligados a contextualizar bien el objeto de estudio, donde juegan un papel fundamental dos hechos: el persistente impacto que tuvo el triunfo de la llamada revolución cubana (1953-1959), que a todos los efectos fue un conflicto armado por la soberanía dentro de la isla, y las políticas imperiales desplegadas desde entonces por Estados Unidos, encarnadas por la llamada Operación Cóndor, que tuvo como objetivo consolidar el dominio sobre su esfera de influencia en América del Sur. Sin ahondar en estas realidades resulta imposible comprender las particularidades de las guerras civiles en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, o incluso más al sur, en Paraguay, sobre todo por la emergencia del anticomunismo como discurso político aglutinador y movilizador. En todos los casos hablamos de países atravesados por fortísimas desigualdades sociales y de clase, dominados por oligarquías que se apoyarían a su vez en la tenencia de los medios de producción y en el capital de las grandes corporaciones estadounidenses con intereses en la región. Así se explica, al igual que en el caso de Asia, el fuerte componente popular y revolucionario de la lucha armada contra el statu quo vigente, muy influenciada por procesos emancipadores como el cubano o el vietnamita. En este sentido, las fuerzas contrarrevolucionarias autóctonas no tuvieron problema en recurrir a brutales prácticas contrainsurgentes, algo que se evidencia de forma muy clara en Guatemala y que pone en relación estos escenarios con otros ya vistos. Tampoco mostraron excesivos reparos sus aliados estadounidenses cuando se trató de sabotear desde fuera y desde dentro economías como la nicaragüense, en el primer caso mediante el bloqueo, y en el segundo a través de la financiación de unidades paramilitares cuyo modus operandi pasaba por la destrucción del tejido productivo del país. Por lo que respecta a Nicaragua, el resultado de estas políticas combinadas fue hacer de dicho país el más pobre de una región que, en términos generales, ha pagado un gravísimo peaje a todos los niveles, político, humano, social, educativo, económico, cultural y medioambiental, como consecuencia de sus largos conflictos internos.

Para cerrar este cuarto capítulo nos desplazamos a Asia Central, una región del planeta inmersa en un ciclo bélico con epicentro en Afganistán que ha afectado de forma diversa a varios países vecinos desde finales de los años setenta hasta nuestros días. Por lo tanto, el estudio y comprensión de la guerra civil afgana en toda su complejidad, dado su carácter prolongado y sus múltiples derivaciones, nos permite analizar una vez más el tránsito entre dos épocas, la guerra y la posguerra frías, la evolución de las prácticas bélicas y las consecuencias de los actuales conflictos internos. En este caso, la necesidad de contextualizar la guerra civil en Afganistán nos lleva a un acontecimiento disruptivo de primer orden, que ha acabado teniendo una trascendencia mucho más allá del puro ámbito regional: la caída del sha de Persia a raíz del triunfo de la revolución islámica en Irán, fruto de una serie de factores y hechos concatenados, que sacudió toda la región de manera inesperada y que puso en escena una nueva realidad político-social como es el fundamentalismo islámico. Se trata de un fenómeno que ya había tenido un papel importante en la guerra de liberación bangladesí, estimulado aquí por Pakistán, que tal y como podrá verse en este mismo epígrafe ya por entonces estimuló la creación de violentas milicias compuestas por islamistas radicales para que llevaran a cabo operaciones de limpieza en la retaguardia. En este sentido, la particular posición geopolítica de Afganistán tuvo una importancia central en el estallido de un conflicto interno en un país con un Estado ya de por sí frágil y un territorio poco vertebrado. Su orografía endiablada y su realidad humana sumamente compleja, muy condicionada por la presencia dominante del grupo etnonacional pastún, repartido a ambos lados de la frontera afgano-pakistaní, no contribuyó a hacer las cosas más fáciles. Y aquí Afganistán se nos presenta como la frontera imperial por excelencia: situado en el confín entre la Unión Soviética, la hasta entonces tradicional esfera de influencia occidental en el golfo Pérsico, que incluía Persia hasta la proclamación de la República Islámica de Irán, y, no menos importante, un territorio poscolonial en situación liminal desde el momento en que se independizó del Reino Unido, como sería el Indostán, con un Pakistán empeñado en desplegar políticas exteriores de potencia regional.

Si algo prueba el caso afgano es que la Guerra Fría no respondió ni mucho menos a la imposición sistemática de las agendas de las grandes potencias. Lejos de ello, por cuestiones de prestigio y seguridad exterior y/o doméstica fueron estas las que hubieron de responder —a menudo improvisar— ante hechos consumados y escenarios inesperados, los cuales tenían como origen dinámicas y problemas endógenos de los espacios periféricos. Sobre todo, hubo dos acontecimientos que rompieron los equilibrios en Asia Central: en primer lugar, la construcción de un régimen islámico en Irán, que muy pronto tuvo eco en un país como Afganistán, con una minoría chií e importantes comunidades de habla farsi, confesión y lengua mayoritarias en el país vecino; en segundo lugar, la inestabilidad política dentro del propio Afganistán, que después de una sucesión de golpes culminó en la instauración de una república comunista, pronto hizo del afgano un Estado fallido incapaz de sostenerse por sí solo ante la abierta oposición armada que estalló en diferentes puntos del país. La creación de grupos insurgentes de corte islamista, aunque no solo, tuvo mucho que ver con las políticas desplegadas por Pakistán y Estados Unidos en este país fronterizo. Se trata de un enfoque al que se han mantenido fieles los diferentes gobiernos pakistaníes durante los últimos cuarenta años, llevando al propio Estado pakistaní al borde del colapso, mientras que en el caso estadounidense respondía al deseo de apartar a Afganistán de la esfera de influencia soviética y de levantar a las poblaciones musulmanas de las repúblicas centroasiáticas bajo la soberanía de Moscú.

Así pues, el miedo al contagio es lo que explica que la Unión Soviética se viera arrastrada a intervenir en Afganistán, con unas consecuencias desastrosas para ambos países, sobre todo para el segundo, que hubo de sufrir las prácticas contrainsurgentes del Ejército Rojo, muy en línea con las que hemos visto hasta ahora en otros escenarios: desplazamientos de población, bombardeos por saturación, quema de poblaciones, asesinatos colectivos y selectivos en el marco de las operaciones. Eso era lo que buscaban los guerrilleros: poner en evidencia a los ocupantes por medio de una implicación y una violencia crecientes, porque tal y como ocurre en todos los casos de este tipo la prosecución de la guerra acaba convirtiéndose en una cuestión de prestigio, lo cual no hace sino alimentar el sinsentido ante la imposibilidad de alcanzar la victoria en un conflicto irregular. En última instancia, son muchos los factores que han hecho de Afganistán un lugar de guerra civil endémica, entre ellos la enorme devastación causada por el encadenamiento constante de enfrentamientos, que ha propiciado la desaparición de los lazos comunitarios y la cultura tradicional fruto de la muerte de masas, la emigración y el éxodo forzoso; las propias prácticas y dinámicas del poder; o el peso central del opio como fuente de riqueza y autoridad. De hecho, tal y como explicamos, la aparición del fenómeno talibán como encarnación del fundamentalismo islámico más radical fue una consecuencia de la situación de caos derivada de la emergencia —y los abusos de poder— de los señores de la guerra surgidos de la lucha contra la ocupación soviética y sus colaboradores autóctonos. A partir de aquí, cada intervención militar e injerencia exterior, que nunca ha cesado por parte de Pakistán o de Arabia Saudí, no ha hecho más que alimentar un círculo vicioso que ya estaba en marcha a finales de los años setenta. Todos los factores señalados hasta aquí han hecho de Afganistán un cruce de caminos y un núcleo logístico fundamental para el fundamentalismo islámico a nivel mundial, cuya existencia ayuda a explicar de forma directa o indirecta un sinnúmero de guerras y movimientos terroristas surgidos durante los últimos cuarenta años en un amplísimo arco territorial que va del África Ecuatorial al Sureste asiático.

El capítulo 5 se centra en el ciclo bélico yugoslavo de la primera mitad de los años noventa, con especial hincapié en la guerra civil de Bosnia-Herzegovina. Su importancia para nosotros reside en su carácter extraordinariamente mediático, lo cual nos invita a entrar a fondo en su estudio y arrumbar ciertos tópicos muy arraigados sobre las causas de los conflictos internos y de la violencia que los acompañaría, como los factores culturales, los odios ancestrales o el atraso de las sociedades en cuestión. Además, el caso resulta más interesante si cabe por reunir en su seno una serie de guerras civiles concatenadas, todo ello en el escenario liminal de un traumático cambio de época propiciado por el fin de la Guerra Fría, que en la Europa Central y Oriental se traduciría con mayor o menor éxito en el paso del comunismo al capitalismo y la democracia liberal. Todo esto es lo que explicamos en el primer epígrafe, que da cuenta de los orígenes de las guerras yugoslavas, incluida la eslovena, primera del ciclo bélico de un lustro. De hecho, estos son incomprensibles sin tener en cuenta dos factores determinantes: las particularidades de la estructura estatal federal y la economía autogestionaria que ordenaban la vida del país antes de la ventana de oportunidad abierta por la posguerra fría. Este ordenamiento extraordinariamente descentralizado favoreció la creación de feudos de poder privativos, los cuales acabaron siendo claves a la hora de imposibilitar la vital reforma del Estado o el planteamiento de respuestas conjuntas en la situación de crisis política y económica por la que atravesaba el país durante la segunda mitad de los años ochenta: nadie estaba dispuesto a renunciar a sus cuotas de poder, y en consecuencia todos los proyectos reformistas fueron torpedeados.

Los siguientes epígrafes analizan tanto el conflicto interno serbocroata como sobre todo las guerras civiles bosnias, de las cuales se puede hablar en plural dado el grado de complejidad que llegaron a alcanzar y del cual damos buena cuenta en los epígrafes tercero y cuarto. Todos los enfrentamientos armados estuvieron impulsados, tanto en su estallido como en su desarrollo, por las luchas por el reparto del poder político-económico, tanto en el escenario de disolución estatal del año 1991, lo cual incluye el caso esloveno, como en el sinfín de oportunidades creado por la guerra. A pesar del notable grado de fragmentación del poder y la enorme dispersión de los conflictos en Croacia y Bosnia, todos ellos se encuentran bien entrelazados a los diferentes niveles, local, regional, nacional e internacional, de ahí que sea necesario mostrar las conexiones entre ellos, así como también entre los agentes que operaban sobre el terreno y las autoridades estatales. En este sentido, tal y como explicamos, hay diversas circunstancias que ayudan a entender las diferentes fases, el enquistamiento y la puntual virulencia de estas guerras. Antes que nada, tanto el estallido de las hostilidades en las regiones croatas pobladas por una mayoría serbia como su éxito a la hora de independizarse de Zagreb se explican por el alto grado de improvisación y la torpeza de las autoridades croatas en la puesta en marcha de la independencia del país, un proceso que incluía la resolución por la fuerza del problema político planteado por los serbocroatas. Esto llevó a dicho colectivo a responder proclamando su secesión y tomando las armas ante el evidente peligro para su integridad, lo cual, de paso, brindó una oportunidad al Ejército federal para intervenir y forzó al presidente de Serbia, Slobodan Milošević, a tomar parte para evitar verse cuestionado por las fuerzas nacionalistas serbias.

El interés de Milošević por los serbocroatas era nulo, en tanto que su principal objetivo era reunir bajo un mismo Estado a serbios y serbobosnios, un proyecto que pasaba por la desaparición de Bosnia-Herzegovina y que tenía que resultar aceptable para la comunidad internacional. Eso hacía que la participación de Croacia en el reparto de dicha república fuera una parte esencial de la ecuación, que dicho país contara con las simpatías de las potencias occidentales y que pocos se atrevieran a discutir una salida consensuada. Y en este punto no hubo mucho problema, dadas las ambiciones nacionalistas del presidente croata, Franjo Tuđman, y muchos de sus colaboradores más cercanos, que también aspiraban a reunir a croatas y bosniocroatas bajo un mismo Estado. En este sentido, la protección de los serbocroatas por parte de Serbia acabó convirtiéndose en un as en la manga de Milošević, que en unas eventuales negociaciones con Croacia para el reparto definitivo de Bosnia-Herzegovina, algo que no se presumía fácil, podía utilizar a aquellos como moneda de cambio. Así se explica que los presidentes de ambos países se mantuvieran en contacto permanente aún con la guerra en curso. Como veremos, tampoco se puede obviar el papel clave de la política exterior de la Alemania reunificada en 1990, un acontecimiento que generó inquietud entre no pocos estadistas europeos ante la posibilidad de que abriera la puerta al irredentismo por los territorios perdidos en la segunda posguerra mundial. En este sentido, el reconocimiento de las independencias eslovena y croata tenía por fin disipar cualquier duda en lo referente al respeto y acatamiento de las fronteras europeas de la Guerra Fría por parte del Estado alemán. Sin embargo, esta decisión prematura saboteó las negociaciones multilaterales en curso para una salida pacífica del contencioso yugoslavo, a la par que dejó a los serbocroatas y a las autoridades bosnias con pocas alternativas que no fueran la proclamación de su independencia, situando a Serbia y Croacia en una situación favorable para el reparto de Bosnia-Herzegovina.

A partir de aquí, las enrevesadas dinámicas del conflicto bosnio no solo se explican por la crucial injerencia externa, dado el grado de dependencia total de bosniocroatas y serbobosnios respecto a los gobiernos de Zagreb y Belgrado respectivamente, que tuvieron un papel crucial a nivel de inteligencia, apoyo material e implicación militar directa. Llegados a este punto hay que tener en cuenta también la arquitectura político-institucional de la república en cuestión, construida sobre los equilibrios entre las diferentes comunidades etnonacionales, algo que acabó bloqueando el poder del Estado e hizo de Bosnia-Herzegovina una pequeña Yugoslavia. Tal y como ya había ocurrido en la guerra serbo-croata, el inicio de los combates por parte de las fuerzas serbobosnias vino acompañado por radicales operaciones de control territorial mediante su homogeneización etnonacional bajo un eufemismo que haría fortuna tanto en los medios de comunicación como en el ámbito científico: la limpieza étnica. Sin embargo, los medios empleados para ello no eran nuevos: asesinatos selectivos, violaciones masivas, saqueos, destrucciones, quema de pueblos, expulsiones de poblaciones enteras forzadas por el terror, campos de concentración, etc. En casi todos los casos, se trata de praxis que iban a caracterizar el modus operandi de todos los contendientes a lo largo del conflicto, incluidos los bosniocroatas y los bosnios musulmanes. De hecho, la fase más cruenta de la guerra fue la que enfrentó a los elementos armados de estas dos últimas comunidades entre 1992 y 1993, dada la gran movilidad y la variedad de los grupos operantes y, por tanto, la resultante irregularidad unida a la violencia. Es más, su ejecución comportó unas lógicas movilizadoras y una radicalización dirigidas a la creación de bloques lo más cohesionados posibles, de ahí el recurso a las purgas por medios diversos de todos los elementos refractarios a las políticas antes mencionadas y opuestos a un arreglo serbo-croata en torno a Bosnia, tanto dentro de las sociedades como de las fuerzas militares.

No obstante, la guerra acabó por estancarse antes o después en todos los frentes, fruto de la incapacidad de cada bando para imponerse de forma concluyente al resto, lo cual, lejos de poner fin a los enfrentamientos, supuso su enquistamiento. Esto se explica en no poca medida por una realidad común a casi cualquier conflicto armado: los lucrativos negocios que tienen lugar en escenarios bélicos, algo que es particularmente cierto para las guerras civiles por tener lugar en países pobres, a menudo muy dependientes del exterior para proveerse de recursos básicos a nivel militar. En este caso, algo que resultó determinante fue la juventud de los estados que surgieron de la disolución yugoslava, muy exigidos por el esfuerzo de guerra y muchas veces con un escaso control sobre la realidad a ras de suelo, donde no tardaron en aparecer señores de la guerra y organizaciones criminales que cuestionaban su autoridad. Por supuesto, el escenario fue propicio para la proliferación de una corrupción endémica a todos los niveles, muy condicionada a su vez por la importancia de la dimensión local-regional en la evolución del conflicto, que era donde se hacían las lecturas de la realidad, donde se forjaban los pactos y las relaciones personales y donde se acababa actuando en uno u otro sentido. De hecho, una vez más volvemos a toparnos con una problemática que ya hemos visto de forma muy clara en Afganistán y que volveremos a ver en Chechenia o en el Congo, con una tremenda capacidad para condicionar las guerras civiles en general, y sobre todo las de los últimos treinta años: las luchas por el poder en momentos liminales de redefinición de los equilibrios políticos y los repartos de la riqueza y la influencia.

Sin embargo, como ya hemos dejado apuntado, un factor que condicionó las dinámicas y el desarrollo de las guerras yugoslavas fue su impacto mediático, desde Eslovenia hasta Kosovo, pasando por la guerra serbo-croata y las que tuvieron lugar en Bosnia. De hecho, hubo mucho de puesta en escena de los conflictos por parte de los contendientes, que trataron de aprovechar en beneficio propio su tirón informativo en Occidente para intentar forzar a la comunidad internacional a tomar decisiones favorables a los proyectos políticos representados por cada uno de ellos. Aunque no solo, esto fue particularmente cierto en el Sarajevo sitiado por las fuerzas serbobosnias. Convertida en punto de reunión de centenares de reporteros de todo el globo, la población de la capital bosnia sufrió el instinto depredador de no pocos periodistas en busca de la mejor instantánea, ataques de falsa bandera promovidos por su propio gobierno e, incluso, es posible que el no levantamiento del sitio por parte de las fuerzas militares que defendían la ciudad. El objetivo era llamar la atención de los principales líderes mundiales sobre el martirio sufrido por los bosnios musulmanes y escandalizar a la opinión pública para forzar una intervención militar internacional en su favor. De hecho, el tirón mediático de las guerras yugoslavas volvió a revelarse decisivo en la fase final del conflicto bosnio, en el verano y el otoño de 1995. Esta estuvo marcada por dos hechos fundamentales consecutivos en el tiempo: por un lado, la reducción de dos de los tres enclaves bosnio-musulmanes protegidos por los cascos azules en la Bosnia Oriental controlada por los serbobosnios, lo cual incluyó la masacre de miles de varones musulmanes en Srebrenica; por otro, las operaciones militares que acabaron con la cuestión serbia en Croacia, al forzar la huida de casi toda la comunidad serbocroata del país —la más masiva en un margen de tiempo tan breve— en una fugaz y violenta ofensiva de las fuerzas armadas croatas, adiestradas, equipadas y apoyadas por Estados Unidos para acabar con la guerra.

Tal y como vemos en el cuarto epígrafe, dedicado al final de la guerra, ambas maniobras contaron con la bendición y el visto bueno tácito de las principales potencias, que preferían un mapa etnonacional lo más simplificado posible antes de sentarse en la mesa de negociaciones. Sin embargo, el principio de delegación tiene sus problemas, y la guerra siempre cobra vida sobre el terreno, de manera que cuando la magnitud del éxodo serbocroata causó indignación en el seno de la comunidad internacional, el gobierno estadounidense se vio obligado a tirar de la manta y sacar a la luz la matanza ejecutada por los serbobosnios en el remoto enclave bosnio de Srebrenica. De este modo, y aunque hacía tiempo que los serbios habían perdido la lucha por el relato, la cuestión de la responsabilidad por el inicio de la guerra quedó cerrada en el ámbito de la opinión pública, convirtiendo a estos en la encarnación del mal por antonomasia. Para los líderes estadounidenses estaba en juego su capacidad para presentarse como gestores del nuevo orden surgido de su victoria en la Guerra Fría, y no escatimaron esfuerzos para conseguirlo, a pesar de dar lugar a una paz precaria e incierta, sobre la cual reflexionamos en el quinto y último epígrafe de este capítulo. No obstante, más allá del doble rasero y el simplismo que suelen imperar en la lectura de los conflictos armados, las guerras yugoslavas de la primera mitad de los años noventa subrayan dos cuestiones fundamentales que hemos venido viendo hasta aquí. Por un lado, los actuales estados-nación en que vivimos son el resultado de guerras civiles y conflictos de diversa naturaleza, al calor de los cuales cada país ha construido sus particulares mitologías nacionalistas y sus panteones de héroes; por el otro, las praxis bélicas y violentas en escenarios fratricidas, inseparables las unas de las otras, han sufrido un proceso de convergencia cada vez mayor a pesar de la distancia geográfica y temporal, persiguiendo siempre fines similares. He aquí, pues, dos elementos que forman parte central de la historia de las guerras civiles en los últimos cien años.

Así llegamos al capítulo 6, el último del libro, que una vez más nos sitúa en un escenario liminal de primer orden como es el de la disolución de la Unión Soviética y las violentas guerras civiles que la acompañaron y que en muy buena medida propiciaron ese fin. Para ello, los dos primeros epígrafes se centran en el conflicto armenio-azerí por el Alto Karabaj, que discurre de 1988 a 1994, y las guerras de Chechenia, de 1994 al 2009, que han hecho de este pequeño país caucásico una suerte de pequeño Afganistán. Una vez más, como veremos, la radical redefinición de las relaciones de poder a nivel doméstico e internacional contribuyen a explicar el estallido de los enfrentamientos armados y su evolución. Tanto en estos casos, como en los de Ruanda y el Congo, que abordamos en el tercer y último epígrafe, el contexto de posguerra fría y el tránsito hacia un nuevo orden mundial son decisivos en la comprensión de los episodios de violencia colectiva y lucha armada, que a la par se caracterizan por un peso decisivo de lógicas y problemas endógenos. Así pues, un vector central a estas experiencias bélicas es la disputa entre viejas élites, las cuales trataron de reciclarse a nivel político apoyándose en el nacionalismo, y otras nuevas en ascenso, que habían tenido vetado el acceso a posiciones influyentes por los equilibrios de la Guerra Fría y que ahora aspiraban a participar del reparto de poder. A nivel popular no fue menos importante el desamparo y la incertidumbre generado por el derrumbamiento de aparatos estatales que, mejor o peor, se habían mostrado estables y habían provisto un escenario político-social reconocible para aquellos a resguardo de ellos, algo que es tan cierto para la Unión Soviética como hasta cierto punto para Zaire.

Tal y como explicamos en el primer epígrafe de este último capítulo, las estructuras y las políticas de seguridad exterior sobre las que se levantaba la Unión Soviética en el Cáucaso fueron determinantes en el estallido y la evolución de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de mayoría armenia del Alto Karabaj, sito en los territorios bajo soberanía azerí. En un eventual conflicto armado contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), los territorios armenios se habían previsto como escenario de combate, de manera que los principales centros logísticos militares de retaguardia se establecieron en territorio azerí, y lo mismo podía decirse de Moldavia y Transnistria, otro caso al que hacemos referencia en estas páginas. El hecho de contar con los arsenales del Ejército Rojo fue determinante para que las autoridades azeríes y transnistrias optaran por una solución de fuerza. En el primer caso se trataba de disuadir a los armenios del Alto Karabaj de su pretensión de unirse a Armenia, y en el segundo llevó a la independencia de la estrecha franja territorial de la margen izquierda del Dniéster, poblada por una mayoría rusófona, frente al Estado moldavo, ante la posibilidad de su reunificación con Rumanía. De hecho, el irredentismo azerí en lo referente a la cuestión del pequeño enclave armenio dentro de sus fronteras estuvo muy relacionado con la escasa tradición del nacionalismo doméstico y su utilización por parte de las autoridades republicanas para reforzar su proyecto y su presencia públicas en el país petrolero. Por lo tanto, de forma muy similar a lo ocurrido en Yugoslavia, estamos ante un periodo de incertidumbre dentro de la disolución acelerada de la Unión Soviética, donde el final del proceso era imprevisible y donde los actores políticos tomaron posiciones, retejieron el tapiz de apoyos sociales y complicidades y no dudaron en servirse de la violencia contra la gran comunidad armenia residente en Azerbaiyán, estimulándola como un instrumento de legitimación y prestigio, pero también de redistribución del poder.

Da buena cuenta de la gravedad y extraordinariedad del momento histórico que se vivió a primeros de los noventa el hecho de que la guerra civil en torno al Alto Karabaj deviniera un conflicto con un alto grado de implicación internacional, algo que habría sido impensable tan solo un lustro antes por tratarse de territorios bajo soberanía soviética. Las dinámicas de este conflicto nos permiten ahondar en una cuestión sumamente interesante y a menudo obviada por la historiografía: la enorme capacidad de los escenarios locales para condicionar el posicionamiento estatal o paraestatal ante los fenómenos de violencia colectiva, y por lo tanto también sus políticas en este ámbito, que en su necesidad de mantener los apoyos sociales o forjarlos debe responder a los retos y los intereses planteados desde abajo. En este caso, a pesar del radical embate azerí contra las comunidades armenias dentro de sus fronteras y sus intentos de someter el Alto Karabaj por la fuerza, pronto se puso de manifiesto otra máxima común a cualquier conflicto bélico: el armamento moderno y un buen flujo de municiones y pertrechos militares es muy importante, pero puede no ser decisivo si no se cuenta con personal especializado capaz de sacarle partido. A pesar de su posición gravísima, las autoridades armenias en el enclave consiguieron resistir apoyadas por una Armenia muy aislada a nivel internacional, que contó con la activa colaboración financiera de la diáspora armenia y hubo de buscar el paraguas protector de la Rusia postsoviética para disuadir a Turquía de una posible intervención militar directa a favor de Azerbaiyán. Llegados a este punto varios elementos se revelaron decisivos: el componente transnacional, que se manifestó en el concurso directo de veteranos oficiales rusos; la experiencia de guerra de muchos combatientes armenios en Afganistán; y la mucho mayor motivación de estos últimos para la lucha en un conflicto que a sus ojos tenía una dimensión existencial, siempre bajo la sombra del genocidio de la década de 1910 y los pogromos azeríes de finales de los años ochenta y primeros de los noventa.

En última instancia, el conflicto interno por el Alto Karabaj acabó por el KO técnico de ambos contendientes, cuyas sociedades y economías vieron tensarse sus costuras hasta el límite de la ruptura tras una guerra total contra el civil, que incluyó graves episodios de limpieza étnica y el bloqueo de Armenia por parte de Azerbaiyán. Como suele ocurrir en todos los enfrentamientos fratricidas, que ya hemos visto que se caracterizan por tener lugar en países pobres o empobrecidos, las dificultades técnico-logísticas fueron decisivas tanto en el estancamiento y prolongación de los combates como en el resultado final, algo muy evidente en la guerra de Corea. Sea como fuere, lo interesante de casos como el del Alto Karabaj o el de Chechenia, que nos ocupa en el segundo epígrafe de este capítulo final, es que nos permiten realizar una lectura diferente del acontecimiento más importante de los últimos cincuenta años: la disolución de la Unión Soviética. En lo que respecta a la pequeña república caucásica confluyeron muchos problemas que analizamos de manera exhaustiva, pero no fue el menor de ellos el hecho de que la Europa Oriental poscomunista se convirtiera en una suerte de «Salvaje Este» del capitalismo, siguiendo el mito estadounidense de la tierra de las oportunidades. Por mucho que el país ya se había precipitado hacia la guerra civil antes, lo cierto es que fue la intervención militar rusa para restablecer la soberanía de Moscú la que acabó de poner todo patas arriba. La invasión fue una chapuza total e improvisada, comparable a entrar pegando gritos y tirando piedras en una habitación cerrada y llena de panales de avispas, algo que se pone de manifiesto en el despliegue de todos los atributos de la guerra total en el bombardeo y toma de la capital, Grozni, y en la lucha contrainsurgente frente a las guerrillas al sur del país. Los métodos puestos en práctica eran los mismos que se habían utilizado durante la década anterior en Afganistán.

Lo hemos visto de forma muy evidente para los casos de las guerras civiles centroamericanas, afganas, y lo volveremos a ver en el último epígrafe para lo referente a las congoleñas: lo ocurrido en Chechenia nos revela los efectos devastadores de los conflictos internos en la gravísima transformación de las relaciones sociales y la distorsión de la tradición, destruidas y reinventadas para legitimar nuevos sistemas de dominación. Y en este punto no solo cabe señalar a las consecuencias de las guerras, sino también a la penetración radical y salvaje del capitalismo que va asociada a sus lógicas. En un primer momento, esto sirvió como base de poder para los señores de la guerra que proliferaron en Chechenia fruto de la victoria contra los rusos en 1996, y más adelante ha vuelto a servir como tal para el establecimiento del régimen vasallo de Moscú controlado por los Kadírov. Sin embargo, todo esto no ha hecho sino contribuir a hacer de esta república caucásica un lugar de conflicto permanente y un foco exportador de islamistas radicales, dada la falta de perspectivas, la corrupción rampante y la pobreza endémica de la población. Para muchos, la militancia armada en el fundamentalismo se ha convertido en un modo de vida, como suele ser común a todos los fenómenos de voluntariado de guerra, de ahí que no pocos de estos muyahidines hayan acabado luchando en el Donbáss contra los prorrusos o en Siria, a favor del Estado Islámico.

Para acabar el libro cerramos con unos breves apuntes en torno a los gravísimos conflictos de los últimos treinta años en el África Ecuatorial, concretamente en torno a Ruanda y el Congo. Esto nos permite profundizar por última vez en un problema crucial, como es el de la recurrencia de las guerras civiles en ciertas regiones como esta, que se explican en buena medida por el grado de dislocamiento y devastación que dejan tras de sí los conflictos internos. Dicho de manera clara y concisa: las guerras civiles han tendido a dejar tras de sí sistemas de dominación frágiles y faltos de legitimidad, a la par que situaciones de incertidumbre por lo que respecta al reparto del poder y la riqueza, lo cual hace que estos escenarios sean propicios al estallido periódico de nuevos enfrentamientos. Esto ha hecho que muy a menudo los señores de la guerra hayan devenido en formas de gobierno estables en amplias regiones del globo sumidas en escenarios de conflicto o posconflicto, y su futuro ha estado muy marcado por su capacidad para proveer un remedo de estabilidad y seguridad, unos marcos de referencia a los que acogerse y dentro de los cuales poder moverse con ciertas garantías. En el caso del último y sangriento ciclo bélico en África Central cabe situar su epicentro en un pequeño país como Ruanda, donde las consecuencias de la guerra civil y el genocidio tutsi han tenido amplias resonancias en toda la región, sobre todo por los desequilibrios que han generado las grandes masas de refugiados en un entorno sumamente pobre. Sin embargo, en última instancia, la persistencia de los conflictos en la parte oriental del Congo, la más afectada a largo plazo con diferencia, encuentra explicación en el deseo de una cantidad inmensa de actores estatales y paramilitares africanos por sacar tajada de la coyuntura liminal de la posguerra fría y de la fragilidad del Estado congoleño, controlando y explotando de forma directa o indirecta sus enormes yacimientos minerales.

En definitiva, como se podrá observar, ni se estudian todas las guerras civiles por igual ni se ha pretendido establecer tipo alguno de equilibrio interno en el tratamiento de las que hemos abordado. El ciclo bélico europeo entre la guerra española y la griega, el asiático durante la Guerra Fría y el yugoslavo en la posguerra fría abarcan más espacio y suscitan más atención que el revolucionario de la Europa de Entreguerras, la Centroamérica de las décadas de los setenta y ochenta o el larguísimo ciclo afgano. Hay diferentes motivos que explican este trato desigual, pero sobre todos uno: la necesidad de abordar escenarios alternativos y observar efectos contagio y recurrencias en las formas bélicas de la guerra civil. Somos conscientes de la infrarrepresentación de algunos casos importantes y hasta paradigmáticos; el público lector más avezado no tendrá problemas a la hora de detectar cierto vacíos o ausencias. Con todo, creemos que la mirada que trazamos sobre el fenómeno de la guerra civil rompe de manera abrupta con los convencionalismos historiográficos y narrativos sobre el asunto, y más con los propios de la historiografía española. Aquí se plantea una narración histórica y comparativa que, sin pretender explicar ni describir cada una de las muchas más de cien guerras civiles de los siglos XX y XXI (aunque, como se verá, todo depende de qué se entiende por tales), sí las aborden en sus grandes ciclos históricos y en sus características fundamentales.

Esta matización metodológica es importante en un libro como este. Pese a abarcar un abanico de casos de estudio suficientemente relevante como para cimentar el trabajo en su conjunto, esta no es la historia de las guerras civiles, sino una historia de las mismas. De hecho, hemos evitado de forma totalmente consciente el simple catálogo de guerras. La mera yuxtaposición de casos no es historia comparada ni es de excesiva utilidad. Es más: los trabajos de ese tipo, sin metodología ni hipótesis y con solo descripciones descontextualizadas de guerras, conflictos o incluso genocidios (al estilo Libro Negro de) tienen la única y paradójica virtud de contribuir mediante el conocimiento a no explicar ni comprender nada sobre los pasados de violencia, guerra o genocidio. Lejos pues de escribir un libro descriptivo sin recorrido interpretativo, este es un trabajo de tesis. Nuestra propuesta central es identificar algunos elementos propios de la guerra civil como la transnacionalidad, el efecto contagio, la recurrencia o la violencia extrema contra los civiles, y ver cómo estos configuraron (y hasta reconfiguraron) las formas de hacer la guerra en el mundo contemporáneo. Tratar el fenómeno desde la contingencia y la agencia humana.

Escribir este libro ha supuesto un reto mayúsculo por diferentes motivos. El primero era estrictamente de conocimiento. Como no podía ser de otra manera, todo este trabajo ha comportado un proceso de filtrado y selección, determinado por la propia perspectiva de sus autores y por el acceso a fuentes. Vaya por delante que nos ha resultado imposible abordar un trabajo de estas características desde otras fuentes que no sean las secundarias, y a sabiendas de que cada una de las guerras y conflictos que aquí analizamos tienen detrás centenares, si no miles, de trabajos e investigaciones en multitud de idiomas. Si eso es así para la que mejor conocemos, la guerra española, tanto vale para la rusa, ejemplo de un larguísimo debate historiográfico y político desde sus mismos albores, o para las guerras en Grecia, Yugoslavia, Indochina, Guatemala y Afganistán. Otro problema ligado al acceso a fuentes era el sesgo eurocéntrico que fácilmente habría podido tomar este trabajo. Y vinculado a él estaba el riesgo del desequilibrio cronológico. Pese a que es difícil eludir la realidad de un mayor conocimiento sobre unos contextos que sobre otros, hemos tratado de escribir un libro que no se centrase en Europa, ni que acabase siendo un análisis sobre y a partir de la guerra que mejor conocemos, la española. No ha resultado fácil, de ahí ciertas desproporciones. Con todo, nuestra preocupación ha estado siempre en mostrar de manera equilibrada una historia global y compleja del fenómeno, una historia de transnacionalidades y contagios, de puntos de no retorno que pudiese construirse a partir de casos paradigmáticos.

No siempre ha sido sencillo desembarazarse de los sesgos propios, pero es que en tema como el que nos ocupa resulta casi imposible hacerlo. La Guerra Civil, con esas mayúsculas de respeto que la hacen reconocible para cualquier español, y la guerra civil, en minúsculas generalizadoras, forman parte de las agendas investigadoras de los dos autores de este libro desde hace casi veinte años: sus espacios concentracionarios, las dimensiones de sus violencias, su importancia para la comprensión de los fascismos, los voluntariados, la guerra total y la guerra local, sus memorias y narraciones constituyen la columna de un trabajo individual y colectivo en el que, por mucho que intentáramos observarla desde fuera y alejarnos de ella, la guerra civil como fenómeno histórico acababa siendo el eje gravitacional. No es ya solamente que la española de 1936-1939 sea uno de los temas de investigación y debate más concurridos en nuestra historiografía, es que en nuestras propias formaciones como historiadores la guerra civil siempre ha estado muy presente en sus dimensiones de concepto, proceso y contexto. Los dos vivimos y nos formamos en un tiempo que fue el de los conflictos internos en Yugoslavia y el de las intervenciones internacionales en dicho territorio, pero que además fue después también el del 11-S y la llamada «guerra al terror», con la oleada de violencias terroristas y conflagraciones que desencadenó, y que ha acabado alcanzando de lleno a muchos países, en lo que respecta al terrorismo también en Europa. Por ejemplo, en marzo de 2004 en Madrid, en julio de 2005 en Londres o en agosto de 2017 en Barcelona. Más allá del ámbito de estudio particular de cada uno, el tiempo mismo de elaboración de este libro coincide con guerras civiles de dimensión internacional, soberanías múltiples, violencias cruzadas, identificación de los civiles como objetivo bélico y desplazamientos masivos. Mientras escribimos siguen encendidos los fuegos de la violencia en Irak, Siria o Ucrania, entre otros lugares.

Este es, en suma, un viaje al interior de la guerra civil: una de las formas más extremas, crueles y generalizadas de violencia durante buena parte del siglo XX. En Europa, Asia, África y América, el vórtice de su huracán arrasó países, partió naciones y aniquiló comunidades. Ninguna herramienta funcionó mejor para desplegar revoluciones o repelerlas, para construir naciones, expulsar a minorías étnicas o políticas, asegurar dominios transnacionales o para aniquilar al enemigo interno, vecino, connacional. Y es un fenómeno vigente. De ahí este libro. A través del estudio de la guerra civil estas páginas son en buena medida una larga genealogía del presente.

1. Particularmente crueles: sobre la guerras civiles del siglo XX

1

Particularmente crueles:

sobre las guerras civiles del siglo XX

I’m a head

I’m a man

I’m the first mammal to wear pants

I am at peace with my lust

I can kill cause in god I trust

It’s evolution baby […]

PEARL JAM,

Do the evolution (1998)

El XX: siglo de guerras totales, de ocupación, de guerras civiles, de genocidios, desplazamientos forzosos, terrorismos, narcoguerras, insurgencias, pero también de tráfico de armas y exportación de los conflictos armados a las periferias de los bloques occidental y comunista. En definitiva, centuria de violencia y de terror. Hay pasados cuyas víctimas se cuentan por cientos. Otros, en los cuales los números requieren horquillas de miles o hasta decenas de miles de muertos. Y hay, por fin, pasados para los que no valen las cifras sino las estimaciones. No si se toman de una en una, pero sí cuando se analizan en su conjunto, las guerras civiles del XX entran dentro de esta última categoría. Con 20 millones de muertos y 67 millones de desplazados, y en tanto que contexto para todo tipo de violencias de naturaleza política, étnica, cultural, religiosa o de otra índole, el primado de la guerra civil como la principal forma de conflicto armado en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial es indiscutible. De hecho, aunque el XX sea el siglo en que alcanza mayor presencia y virulencia, ya mucho antes contaba con un protagonismo histórico evidente. Por eso mismo, resulta imposible comprender las evoluciones y disrupciones de la historia de la guerra como fenómeno contemporáneo sin atender al espacio que ocupan en dicha historia las guerras civiles. Es poco menos que imposible analizar la contemporaneidad sin asomarse a su estallido, a su desarrollo y a sus ruinas. Las de unas guerras que, pese a situarse en escalas destructivas (tanto del paisaje como de la economía y, sobre todo, de la población) más bajas que las grandes guerras internacionales del siglo XX, son vistas como epítomes, como gigantescas metáforas de la destrucción del hombre por el hombre: como guerras particularmente crueles. Es por eso que el problema se agrava sobremanera cuando, tal y como suele ser común, las guerras civiles estallan en el marco de un conflicto armado interestatal o una ocupación extranjera.

Sin embargo, el de la guerra civil es, de lejos, uno de los marcos históricos más complejos de definir y de los más insatisfactorios en sus resultados. González Calleja habla abiertamente de una definición problemática, y más cuanto más cercana al presente. De hecho, no existe una definición nítida, y como señala Ledesma (2017: 135) está por ver si puede haberla. Aquí se encuentra pues el primer gran escollo de este viaje: definir la guerra civil. Seguramente, y con eso ya nos daríamos por satisfechos, tan solo podamos aportar aproximaciones, preguntas e intuiciones. Aunque antes hay que repasar los muchos peajes previos que condicionan el acercamiento a la que es una de las nociones más resbaladizas y conceptualmente inflamables de la contemporaneidad.

Premisas. La guerra y sus metáforas

PREMISAS. LA GUERRA Y SUS METÁFORAS

Primera premisa. La guerra civil es elusiva. Es el tipo de guerra que más se resiste a ser nombrada. Pocas veces se denominan como tales salvo a posteriori. Y casi nunca sus contendientes reconocen estar combatiéndolas. Por muchos motivos, pero sobre todo porque la descripción de un conflicto como una guerra civil puede otorgar legitimidad al contendiente, al situarlo «en pie de igualdad jurídica». Y eso, además de rebajar simbólica y políticamente la propia legitimidad, supone, en palabras de Ledesma (2017: 137), «una pérdida de capital político muy crítica» en contextos en los que precisamente la propia guerra impugna «el estatus jurídico del otro». Rara vez deja de aparecerse ante los estudiosos de los conflictos internos esta misma dificultad conceptual: la de entender de qué se habla cuando se lidia con una guerra civil. Una dificultad que no es sino el resultado lógico derivado de la complejidad de esos pasados de conflictos fratricidas. De hecho, lo primero que cabría preguntarse es si se puede tratar de un sujeto universal en sí mismo. Si cabe una misma definición para África, Asia, América Latina o Europa. Si denominar, nombrar históricamente un proceso como guerra civil no es, las más de las veces, un forzamiento conceptual, un anacronismo.

Segunda premisa. Lejos de una definición única y ampliamente reconocida, la de la guerra civil en la era contemporánea es la historia narrativa de una construcción conceptual. Sin duda ha sido así en el ámbito académico, que pese a sus muchos sesgos —políticos, nacionales o de género— o precisamente gracias a ellos es espacio de construcción de relatos dominantes y lugar metafórico de selección de lo plausible e intelectualmente legítimo. Pese a ser desde los trabajos de Harry Eckstein (ed. 1964 y 1965) o Robert Higham (ed. 1972) uno de los temas más recurrentes de la ciencia política y la sociología, y aunque en tiempos recientes (González Calleja, 2013; Kissane, 2016; Armitage, 2017) también la historiografía se haya preocupado por ella, los análisis históricos comparados sobre la guerra civil siguen fuertemente ligados a los intentos, generalmente infructuosos, de definición. A diferencia de lo que ocurre con fenómenos como la revolución y la guerra, puede hablarse de la práctica ausencia de una teoría general de la guerra civil, la stásis, la guerra interna (Agamben, 2015; Kissane, 2016). Y desafortunadamente, la competición por los espacios de análisis ha llevado a nuestro juicio a una radical impermeabilidad entre disciplinas. De hecho, la historiografía sobre las guerras civiles en perspectiva comparada es al tiempo útil y escasa, y no siempre consigue combinar miradas interdisciplinares; por su parte, la literatura proveniente de las ciencias sociales muchas veces ignora los relatos e investigaciones de los historiadores, o los trata con abierta condescendencia. La guerra civil pone en discusión los estudios empíricos con la conceptualización científica. De ahí que no exista un acuerdo mínimo, desde el momento en que cualquier posible consenso, sea sobre la denominación, las características, los inicios, desarrollos, finales, o sobre el número de bajas, es abiertamente recusado.

Tercera y última premisa. Pese a su reconocida centralidad en las escalas de la violencia humana del siglo XX, el debate sobre qué es y qué no es una guerra civil está, casi entrando en la tercera década del siglo XXI, más abierto que nunca. Sobre todo, a raíz de la proliferación de guerras internas durante y a la finalización de la Guerra Fría, el significado y las connotaciones del sintagma se han hecho cada vez más complejos y borrosos. La aparición del fenómeno de las «nuevas» guerras civiles, los conflictos de diversa intensidad en situaciones de descolonización o en el marco de estados fallidos han llevado a una acusada ampliación de sus significados. Un crecimiento coherente con la erosión de las bases teóricas de la guerra clásica (González Calleja, 2013: 73) ya en el marco de las guerras de resistencia en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y su posguerra, pero que ha adquirido nuevos impulsos en los contextos de insurgencia y contrainsurgencia, de guerrilla revolucionaria o de narcoguerra. Definir la guerra civil es siempre una forma de construcción narrativa tanto del pasado como del presente.

Estas tres premisas bien podrían resumirse en una sola: no existe una definición válida y omnicomprensiva de la guerra civil porque las que existen son herederas de su tiempo y su contexto, y porque todas ellas suponen simplificar realidades de una complejidad y variabilidad extremas. Así se ha puesto de manifiesto desde las primeras definiciones normativizadas que se desarrollaron en el siglo XIX hasta la actual revisión conceptual de largo recorrido, pasando por los momentos en los que este tipo de conflicto se convirtió, a lo largo del siglo XX, en la forma bélica por antonomasia de los ciclos de la revolución-contrarrevolución, de la resistencia-ocupación, o de la descolonización. De hecho, los problemas de identificación de las guerras civiles suelen ser contemporáneos a las mismas. Muchos de sus grandes y más duraderos estereotipos narrativos (la guerra de clases, la lucha por la independencia, la Cruzada, la Liberazione, etc.) nacieron en el seno de los conflictos mismos y se convirtieron en el fundamento legitimador de los estados nacidos de sus cenizas. Tanto o más que las dimensiones jurídicas, políticas, politológicas o militares, interfiere en la definición de la guerra civil su experiencia y, en consecuencia, la construcción de su memoria. La guerra contemporánea, y posiblemente todavía más la guerra civil, es una gigantesca y potentísima generadora mnemónica y de mitos políticos, culturales e identitarios. No es difícil dejarse arrastrar por la literalidad de las fuentes y por sus categorías morales cuando idealizan las guerras civiles o cuando las reducen a combates entre el bien y el mal. En última instancia, la guerra civil es una realidad polisémica, con ramificaciones políticas, identitarias y geoestratégicas. En consecuencia, su estudio supone, también en el terreno académico, moverse en terrenos pantanosos, plagados de metáforas, de construcciones mitopoéticas (sobre todo en las guerras clásicas europeas, las de Rusia, Finlandia, España y Grecia, pero también en las guerras asiáticas o africanas) y, en no pocos casos, de prejuicios políticos configuradores muchas veces de mitos dominantes.

Hay un ejemplo que explica bien lo apenas señalado, y que tiene que ver con este libro y su intrahistoria. Reseñando para la revista Nations and Nationalisms el libro editado por Bill Kissane After Civil War: Division, Reconstruction and Reconciliation in Contemporary Europe (2015), Javier Rodrigo terminaba su crítica de manera un tanto abrupta señalando que le parecía inaceptable que, sin más explicación, en el mapa sobre las guerras civiles europeas del siglo XX apareciese de manera específica el País Vasco, con una cronología iniciada en 1968. Es decir, tratando de guerra civil la situación a partir de las primeras muertes causadas por Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y, supuestamente, considerando como partes de la misma la respuesta estatal y el contraterrorismo policial. Pese a conocer bien la narrativa del conflicto vasco (Rivera ed., 2018), tal cosa aparecía y aparece cuanto menos discutible, y en no poca medida desconcertante. A quienes esto escriben les cuesta reconocer sin matices una guerra civil vasca entre 1968 y este mismo 2018 en que ETA ha tomado la decisión de desaparecer. Cuesta ver un acto de guerra civil vasca en, por poner un ejemplo cercano, un atentado con coche bomba no avisado como el ejecutado en Zaragoza el 11 de diciembre de 1987 a manos de un francés, donde entre las once víctimas mortales hay cinco niñas menores de edad: Silvia Pino (siete años), Silvia Ballarín (seis años), Rocío Capilla (doce años) y las gemelas Miriam y Esther Barrera (tres años). Somos conscientes de los límites de nuestras dudas, pues en las guerras civiles abiertas también hay, como se va a ver a lo largo de este libro, intervención extranjera, actos de cobardía y víctimas, menores o no, de la violencia directa o indirecta, dicho en los términos de la ciencia política. El caso actual de las guerras en Siria o en Ucrania no vienen sino a subrayarlo. No es por tanto eso lo que define en exclusiva una guerra civil, como tampoco es lo que por sí solo define un acto de terrorismo, y de hecho los límites entre ambos procesos posiblemente deban explorarlos no solo los expertos en las primeras, sino sobre todo quienes trabajan sobre los segundos.

Que un experto en la teorización sobre la guerra civil como Kissane aceptase la inclusión de la Euskadi de ETA y la lucha antiterrorista nos parecía a la vez analíticamente sorprendente e historiográficamente poco justificable. Primero de todo, porque de haber sabido que estaban inmersas en una guerra civil, las víctimas de ETA seguramente se habrían protegido mejor: cualquier crónica del atentado a la casa cuartel de Zaragoza es suficiente para identificar errores gravísimos de seguridad e inteligencia. Y también porque hablar de guerra civil vasca suponía, entre otras cosas, la aceptación acrítica de una interpretación, más allá de lo científico, justificacionista del terrorismo. También en esto juegan un papel los relatos, en la medida que las palabras son definidoras de realidades. Y la única literatura que ha hablado de una guerra civil en el País Vasco ha sido la que ha hecho valer la narrativa del conflicto como espacio de equiparación y de legitimación de la actividad terrorista de ETA. La cuestión, desde nuestra perspectiva, es que la guerra civil puede incluir actos de terrorismo, mientas que el terrorismo en sí no basta para configurar un estado de guerra civil. En todo caso, lo cierto es que la perplejidad radicaba sobre intuiciones, pero también sobre preguntas muy concretas. Sin potencia de fuego, posibilidad de ocupación territorial, movilización y frentes, ¿podía hablarse de una guerra civil? ¿Supone su adscripción una negación del unilateralismo en el empleo de la violencia que, a la postre, la justifica? ¿La guerra civil es una simple construcción narrativa? ¿Funciona como narración equiparadora, como ha criticado siempre la historiografía italiana resistenziale, o realmente tiene sentido contingente su uso para describir las realidades del pasado? Al final, ¿todo recae en la interpretación del concepto? Porque si es así, lejos de la irrelevancia y la intrascendencia, la historiografía tiene un peso capital en la construcción de los sentidos y las palabras para definir los hechos. Como igualmente tiene un peso capital el contexto en el que se realiza esa construcción de sentidos.

No se pretende resolver aquí la pregunta planteada con mayor insistencia por una rama de las ciencias políticas que hoy por hoy eclipsa los estudios sobre las guerras interestatales o las revoluciones (Kissane, 2016: 2): qué es una guerra civil. Tampoco creemos que la labor de la historiografía sea la de establecer tipos ideales o definiciones cerradas sobre pasados tan complejos y abiertos a la interpretación. En última instancia, puede incluso reconocerse que resulta temerario plantear una definición única de qué es (y por tanto qué no es) una guerra civil: primero porque no existe un acuerdo cerrado; y segundo porque definir es también crear, y más en terrenos donde de una conceptualización u otra se puedan derivar actos jurídicos, intervenciones humanitarias o reparaciones económicas. Rara vez es ese el terreno de la historiografía, y tampoco en esto va a ser una excepción este libro. Sin embargo, sí es labor propia de la historiografía el análisis de cómo los seres humanos han analizado su historia y sus presentes. Y pocos pasados han estado (y están) más abiertos a ser reinterpretados que el de las guerras civiles.

Si hablamos de construcciones de sentido desde el presente, pocos contextos han influido más en la conceptualización de la guerra civil que el de la Guerra Fría, tiempo de la explosión del fenómeno en todo el orbe. De las 195 guerras identificadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1995, señala González Calleja, el 75 % fueron guerras civiles. Los diferentes centros de investigación sobre paz y conflicto señalan un patrón común: un «dramático» descenso de la incidencia de las guerras interestatales, acompañado por un crecimiento de las guerras civiles desde 1945 (Kissane, 2016: 16). Guerra civil es ya la definición analítica más empleada para conflictos que se habían presentado en el marco de la Guerra Fría y de su final como guerras de liberación o guerras revolucionarias, por ejemplo, en los casos de Afganistán o Angola (González Calleja, 2013: 23), pero también es la denominación mayoritaria para las guerras propias de la descolonización y, después, de la reconfiguración geopolítica tras el final de los regímenes soviéticos. Es por tanto lógico que haya sido ese mismo el tiempo de la explosión conceptual alrededor de su definición, y más cuando de ella han dependido, como en el caso del Banco Mundial, decisiones políticas y estratégicas inmediatas. De hecho, la indefinición sobre qué es y qué no es una guerra civil revela el carácter complejo y conflictivo de la gestión de la geopolítica y la gobernanza en tiempos de crisis y de reconfiguración de equilibrios sociopolíticos, económicos o geoestratégicos. Tras (o durante) los conflictos mundiales, en las periferias imperiales, en contextos de radicales crisis sistémicas, tras el derrumbe soviético o a resultas de las tensiones derivadas de la descolonización, tanto en escala supranacional como regional y nacional, la guerra civil ha acabado por convertirse en el tipo de conflicto intracomunitario propio de la disputa de la soberanía, la destrucción del Estado o la construcción de la nación y la comunidad.

En este terreno, y nos tememos que muy a pesar de unos y otros, la historiografía comparte el espacio de análisis de las guerras civiles con las ciencias políticas y sociales. De hecho, de ellas han provenido las definiciones, ponderadamente más flexibles que la de Lieber, que han tenido mayor éxito en tiempos recientes. Definiciones que se han preocupado en lo esencial por diferenciar las guerras civiles en términos históricos y coyunturales de las revoluciones, los terrorismos o los motines, persiguiendo de tal manera el objetivo último de dotar de contenido y definición a los conflictos internos globales de cara a las agencias y organismos internacionales. Y con ello decidir, en base a esa definición, cuestiones como la intervención «diplomática, humanitaria e incluso militar» en ellas (Ledesma, 2017: 137). La perspectiva de las ciencias sociales es por tanto fundamental. Pero es igualmente cierto que está limitada por el contexto y las motivaciones que nutren sus explicaciones y definiciones. No es casual que sus análisis se centren en la explosión mundial del fenómeno de la guerra civil durante la primera década de posguerra fría (pese a que la mayoría de ellas provenía, sin embargo, de las décadas de 1970 y 1980). De hecho, el primer acercamiento holístico al problema data de 1965. Fue de la mano de Harry Eckstein, quien trazó una descripción inclusiva de los diferentes tipos y subtipos de «guerra interna» (revoluciones, guerras civiles, guerrillas, levantamientos, insurrecciones, revueltas, rebeliones, insurgencias y golpes de Estado). Desde la ciencia política este elaboró una definición que, si bien diluía la especificidad de la guerra civil en un sintagma superior, contribuía a complejizar su significado, en consonancia con una realidad cada vez más confusa de enfrentamientos armados dentro de los nuevos estados nacidos de la descolonización.

Como todos los intentos de definición desde las ciencias sociales, el acercamiento predominante en la Guerra Fría tenía, en consonancia con su aspiración científica, una base cuantitativa para diferenciar las guerras civiles de conflictos intraestatales de menor importancia y con menores objetivos. Sobre esos fundamentos se han construido las interpretaciones ulteriores, como la del macroproyecto Correlates of War o el Uppsala Conflict Data Project, la base de datos más importante para el registro de las guerras civiles en la actualidad. Y desde esas bases la ciencia política ha construido sus esbozos de definición omnicomprensiva. Sin ir más lejos, y a pesar de las dificultades técnicas evidentes y de las dudas metodológicas derivadas de la escasa fiabilidad en el recuento de las bajas y en su distribución cronológica, para el Uppsala Conflict Data Project la guerra civil es el conflicto armado interno entre un gobierno y una facción no gubernamental en el que se den al menos 1000 bajas derivadas de los combates en un año natural. El centro de referencia en la Universidad de Maryland considera que no son 1000 sino 500 al año las bajas que definen la guerra civil. Para otros autores esa perspectiva es correcta, pero siempre y cuando haya como mínimo 100 muertes en cada bando en guerra, violencia directa y violencia indirecta. Por lo demás, no siempre está claro si se incluyen o no las víctimas no combatientes. En todo caso, siempre se trata de enfoques apoyados en lo cuantitativo o de intentos de formulación de base matemática y estadística, con una intencionalidad científica, es decir, con escasa contingencia.

No es el único problema derivado de la perspectiva de las ciencias sociales sobre el tema y sobre la categoría. En nuestro caso no pretendemos la recusación genérica. De hecho, consideramos que su análisis es considerablemente más sofisticado en el terreno teórico que los que se han llevado a cabo desde el ámbito historiográfico. Pero en tanto que narrativa sobre el pasado, deja no pocas dudas sobre su operatividad y sus límites heurísticos. Desde la perspectiva del historiador, sorprende la pretensión, algo bisoña e ingenua, de validez omnicomprensiva para tantos casos y tan diferentes, cuando además lo que se analizan son cuestiones tan importantes como los factores que influyen en la durabilidad de los acuerdos negociados para la finalización de una guerra civil, entre otros (Collier y Sambanis eds., 2005). Al penetrar menos en los motivos, contextos y eventos de las guerras civiles, y más en las situaciones y condiciones (debilidad estatal, escasa tradición democrática, desigualdad económica o en el acceso a fuentes naturales, etc.) que las favorecen o que explican su inicio, duración o finalización, presentan en su mayoría miradas excesivamente estáticas, imágenes fijas. ¿Acaso el Estado es el mismo en todas latitudes? ¿Es que no se producen guerras civiles por el derrumbe del Estado? ¿Tampoco se dan en contextos de multiplicación de las soberanías? ¿No se hacen las guerras civiles también para construir estados? El caso de la violencia, que autores como Amalendu Misra (2008) sitúan en el centro gravitacional de su definición para el contexto de las guerras civiles, es fundamental. Pero ¿acaso responde a lógicas globales? ¿Está presente en potencia o se desarrolla en base a unas condiciones determinadas? En realidad, en las guerras civiles los acontecimientos cobran vida sobre el terreno en base a factores y agentes diversos, lo cual hace que varíen constantemente las condiciones objetivas. Analizadas desde taxonomías, variables dependientes e independientes (que muchas veces establecen relaciones muy cuestionables de causa y consecuencia, y que no aceptan la reversibilidad), cadenas comparativas de causalidad e inferencia, la agencia humana que rige el inicio de las guerras civiles, sus desarrollos, sus escaladas de violencia o las tipologías de estas (violencia directa vs violencia indirecta, etc…) queda muchas veces en un plano secundario, cuando no reducida a gráficas, tablas, ecuaciones y fórmulas matemáticas que difícilmente pueden reflejar elementos como la identidad, la cultura o, más sencillamente, la casualidad. Alguno incluso llama «guerras ideológicas» (Newman, 2014) a las de la España de 1936-1939, la Rusia de 1917-1923 y la Grecia de 1944-1950[1].

Fuesen ideológicas (definición que, sorprendentemente, también usa Kissane, 2016: 44 para la guerra española) o fuesen, como creemos, algo más, un elemento que está generalmente ausente de los análisis de la ciencia política sobre la guerra civil es su carácter en tanto que guerras. Su warfare, su modalidad bélica: como proceso dinámico, cambiante y contingente. De hecho, esa ha sido la perspectiva que más ha explotado la historiografía. La más clásica sobre las guerras civiles ha priorizado siempre criterios de naturaleza militar o de política interna, que sin embargo no se da en todos los casos: las civiles muchas veces son también guerras internacionales, no siempre se da la presencia activa de gobiernos nacionales, ni existe invariablemente una resistencia efectiva y real por las dos partes, al contrario de lo planteado por David J. Singer y Melvin Small (1982). De hecho, las civiles del XX fueron en su mayoría, como sabemos hoy gracias al trabajo de la historiografía, guerras que hoy se denominarían sucias: con para-estados las más de las veces, pero también con entidades no estatales en competencia por el poder y el control administrativo, militar y el capital simbólico de la nación, con unas formas de combate armado sostenidas en el tiempo y relativamente organizadas (es decir: con frentes, ejércitos, batallas en algunas de ellas, pero en otras de manera irregular y sin organización previa), con ejércitos profesionales, voluntarios y de leva forzosa, combinando tropas regulares, irregulares, grupos paramilitares y mercenarios; y con altas dosis de violencia: limpiezas unilaterales en sus retaguardias, secuestros, torturas y ejecuciones sumariales de rehenes y de civiles, así como políticas de desplazamiento forzoso de poblaciones.

De hecho, tal y como señala González Calleja en el que es el intento más desarrollado en castellano por sistematizar las tipologías y los análisis de las ciencias sociales sobre el tema, las guerras civiles no son nunca, en definitiva, conflictos duales, sino procesos complejos y ambiguos que fomentan la acción en común de actores transnacionales, nacionales, locales y supralocales, civiles y ejércitos (González Calleja, 2013: 138), en los que el control, la adhesión popular, la colaboración o la disuasión de la colaboración con el enemigo son capitales. Procesos complejos y ambiguos, ciertamente. Pero ¿procesos sin regularidades que permitan identificarlos? ¿Fenómenos ajenos a una imbricación conceptual, a una genealogía? Creemos que no, y no somos los únicos en hacerlo. De hecho, los trabajos actuales de más recorrido e interés se centran en la historia del concepto, ya sea desde puntos de vista tan diferentes como el filosófico (Agamben, 2015) o el de la historia de los conceptos (Armitage, 2017). Es decir: en el ámbito académico actual no priman tanto los estudios dedicados a su descripción y análisis comparado cuanto los que se centran en los debates sobre su definición. Sin ir más lejos, el trabajo de David Armitage ha recuperado para la historiografía un análisis de larga duración de lo que denomina una «historia en ideas» y no de las ideas: un abordaje de naturaleza conceptual sobre las transformaciones epistémicas en el propio concepto y en los anclajes contingentes que las explican en la larga (de hecho, muy larga) duración. Y con ello, entre otras cosas, ha revelado un filón de análisis sobre el que la historiografía internacional hacía tiempo que no había transitado.

Sin embargo, la realidad es más compleja que su constructo cultural. Por eso mismo, creemos que algo falla en las historias conceptuales como las de Armitage, por mucho que no se aborden como de sino como en ideas, y por más que se trate del único intento de sistematización teórica sobre la historia de las guerras civiles nacido del ámbito propio de la historiografía. Por supuesto, las guerras generan ideas, conceptos, categorías, imágenes, literatura, metáforas, memorias, identidades, pero no son ideas. Las guerras son procesos de una extrema complejidad, pero sobre todo de una terrible brutalidad, que rara vez puede aprehenderse en las simplificaciones narrativas, en unas supuestas leyes sobre el comportamiento humano (propias de la ciencia política) o en la estetización propia de la literatura. Aquí es donde creemos que nuestra aportación será más útil. La guerra es atroz, caótica, sucia, repugnante. Está hecha de falta de sueño, de heridas superficiales y profundas, de una violencia extrema, de ansiedad y miedo, de armas encasquilladas en el peor momento, de cadáveres, de hambre, de violaciones, de mutilaciones, de amputaciones, de barro, de sangre y de olor a orín y a mierda. De ahí la importancia de volver sobre el individuo y sobre la contingencia en toda su complejidad. A eso, en la guerra civil, se le añade la connacionalidad, la cercanía, la familiaridad, la pertenencia al mismo suelo, la identificación del otro como parte integrante de una misma comunidad precedente, por más que no siempre sea así, como se verá. En la guerra civil se disputan el poder, la soberanía y la territorialidad, se pelea por esquilmar los recursos alimenticios, los muebles, los edificios y los símbolos del otro-vecino, se combate por la expulsión y limpieza de la nación. Por limpiar: eufemismo clásico de estas guerras que esconde mal la realidad sucia, maloliente y asquerosa de los combates, las ocupaciones territoriales, los asesinatos a quemarropa, el abandono de los cadáveres para que todo el mundo los vea en la comunidad. Siendo así todas las guerras, una suerte de macronarrativa entre histórica y de pensamiento comunitario ha elevado a las civiles como epítomes de esa crueldad. Como guerras abyectas, incomprensibles, degeneradas, patológicas. Como guerras, en definitiva, particularmente crueles.

De hecho y con todo, pese a sus evidentes diferencias en cuanto al contexto y los procesos, sí que existen aparentes regularidades: las guerras civiles han sido y son fenómenos altamente variables en su propio desarrollo mediante los que se han derrocado órdenes existentes, se ha dado lugar a nuevas condiciones de vida, se han transformado las sociedades, se han creado nuevos vínculos y nuevos enemigos (Cramer, 2006). Esta cuestión es particularmente relevante. En bastantes ocasiones, como se verá, al enemigo de una guerra civil se lo concibe como extranjero, ajeno a la comunidad, agresor externo, o se presenta ante la comunidad internacional como la exportación de los conflictos entre grandes potencias a las periferias de sus esferas de influencia. Por ejemplo, no pocas de las narrativas sobre la guerra civil en Grecia hablan de un combate entre democracia y comunismo, macroproyectos de organización social, cultural y económica que, sin embargo, también se vincularon y vinculan con potencias nacionales muy claramente delimitadas: en este caso el Reino Unido y la Unión Soviética. No es menos cierto eso en la Ucrania actual, donde la guerra interna se proyecta también en forma de contienda en suelo ucraniano entre la esfera de influencia europea y la rusa y, por tanto, como un auténtico parteaguas en el futuro de la región. Una vez más observamos por uno y otro lado una dialéctica de conflicto entre civilización y barbarie, entre progreso y tradición, entre degeneración y pureza.

Por supuesto, esos factores internacionales son elementos determinantes en toda guerra civil, pero no convierten en válida una lectura en clave de alteridad nacional del enemigo. Cualquiera que esté mínimamente familiarizado con la propaganda y la historiografía sobre la dimensión internacional de la guerra civil española sabrá cómo esta también se ha leído en clave de enfrentamiento no solo entre fascismo y antifascismo, sino también entre Moscú y el Eje. Tampoco las grandes guerras internas —en la República Democrática del Congo, Ruanda, Liberia o Siria, entre otras— pertenecientes al ámbito de las «nuevas guerras civiles», parafraseando la expresión de Mary Kaldor (2001), están exentas ni de esta naturaleza alterizadora del enemigo interno, ni de la negación ontológica de su carácter interno. Incluso en ese contexto que la científica social define como de erosión del monopolio estatal de la violencia, dejado en manos tanto de instituciones transnacionales como de actores paramilitares, las guerras civiles vienen marcadas por las fracturas intracomunitarias. Lo mismo ocurre con los conflictos más recientes, sin definición temporal ni fronteriza clara, como los que se desarrollan en Afganistán de forma clara desde 1978 o el iraquí, entre 2003 y la actualidad, donde la forma de los enfrentamientos armados que han emergido entre diferentes grupos y/o con las autoridades públicas conduce a definirlos como guerras civiles, pese a haber sido precipitadas por la intervención soviética y/o estadounidense junto a sus aliados internacionales (Newman, 2014: 59). En este sentido, no estamos muy lejos de las lógicas de lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial en la Europa bajo el control o la esfera de influencia del Eje, tal y como veremos.

En este libro se evitan conscientemente las teorizaciones narrativas y, las más de las veces, de contenido mitopoético, que, desde la filosofía, la literatura o la historiografía se han acercado al fenómeno de la guerra civil. Una guerra civil no es una metáfora. Es un marco a la vez anómico y normativo, es una experiencia concreta, una realidad tangible, contingente y enmarcada en una historia y una herencia cultural en la que tienen lugar la expulsión, la violencia directa e indirecta, la ocupación, la disputa por la soberanía simbólica y territorial. Desde esta perspectiva, contingente pero abierta a la discusión, la guerra civil es, fundamentalmente, un conflicto armado interno en el contexto de una civitas, una comunidad política preexistente. Aquí se opta además por una mirada que al menos reconozca elementos como la territorialidad, la existencia de contrapoderes enfrentados, de movilización y de potencia de fuego cruzado. Lejos pues de definiciones omnicomprensivas o de usos indiscriminados del sintagma —que pueden llevar, como critica Kissane (2016: 230), a su «blanqueamiento semántico»— es cada vez más necesaria una mirada desde la contingencia histórica que sirva para matizar y complejizar las generalizaciones interpretativas.

El reto no es menor. De hecho, tal vez lo realmente complejo sea nombrar un tipo de guerra, la civil, cuya denominación (aspecto este común en todas las guerras civiles) es rechazada por todos los actores, que vincula procesos cortos y violentos como los golpes de Estado, cuando los hay, con dinámicas de larga duración como las guerras totales; que establece mecanismos de alterización extremos contra el propio conciudadano; que obliga a nivel discursivo, sobre todo, pero también en el de las vivencias concretas a la proyección sobre el enemigo de estereotipos que lo identifican con lo infrahumano, lo sucio, lo enfermo, lo corrupto, lo degradado, lo repugnante (Theweleit, 2007: 385-426; Ventrone, 2012: 119-133), con una gran diferencia respecto de las guerras de ocupación: que los estereotipos no se articulan sobre el ocupante, de hecho desconocido, sino sobre el compatriota. La apropiación en exclusiva de los valores colectivos derivados de la connacionalidad, la familiaridad, la empatía derivada de la cercanía y el reconocimiento mutuos sería también, en esos contextos de disputa por el territorio conocido y contra un enemigo cercano y similar, un factor de radicalización extrema. En todo caso, seguramente quede abierta la discusión sobre qué es y qué no es una guerra civil, aunque sea igualmente cierto que la historiografía posee una concepción intuitiva basada en la experiencia y la percepción contemporánea que no debe abandonarse. Una guerra civil, en suma, no es una idea, no es una representación ni una metáfora. Y tampoco es reductible a ecuaciones o a narrativas. Puede que al final haya que recurrir a la tautología: una guerra civil es, en primer lugar, una guerra, con todo lo que ello comporta.

Una genealogía conceptual

UNA GENEALOGÍA CONCEPTUAL

Más allá del ejercicio intelectual, analizar la historia del sintagma «guerra civil» resulta de gran interés y es un peaje casi obligado para un libro como este, en la medida que no puede hacerse historia de procesos históricos de extrema importancia como las guerras civiles sin asomarse a los significados acumulados que han tenido no solo para sus coetáneos, sino también para las generaciones posteriores. Aquí nos centramos en el siglo XX. Sin embargo, es algo notorio y evidente que la guerra civil ha sido y es un fenómeno de larguísimo recorrido en la historia de la humanidad, y que esa larga duración afecta notablemente a la definición del fenómeno. Puestos a llegar a las definiciones del presente se podría partir de diferentes puertos. Desde la stásis griega, por ejemplo (Loraux, 2008; Gómez Espelosín, 1985; Piovan, 2017). O desde la noción de bellum civile romana (Heredia, 2018). Incluso desde la propia definición, si se quiere canónica, de Lieber. Pero puesto que este no es un viaje lineal, hagámoslo desde el presente: wikipedia. Y no tanto porque nos parezca una fuente fiable, que no lo es por la simple razón de que en ella desaparecen dos elementos cruciales para la investigación, a saber, la verificabilidad y la autoría. Pero dado que se trata de la fuente de información preferente de una porción considerable de la humanidad, incluidos no pocos estudiantes desde los estudios medios a la universidad —así como algunos autores que aparecen en este libro—, bien puede servir como referencia para saber qué es lo que cualquier usuario recibe como información, no contrastada pero sí en principio fiable, sobre qué es una guerra civil. En todo caso, hay sustanciales diferencias entre las ediciones en español e inglés. Mientras que esta última incluye literatura de referencia (básicamente análisis desde las ciencias políticas) y un cierto espacio de debate, la edición en español no tiene ni notas, ni bibliografía, ni nada parecido a un aparato interpretativo, algo bastante común por lo demás. Ambas coinciden en subrayar que, como tales, las guerras civiles proliferaron en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, reduciendo (en el caso de la edición inglesa) las guerras anteriores a conflictos de naturaleza político-identitaria. Y, además, establecen paralelismos a la hora de identificarlas. Las guerras civiles, para los autores de la entrada en español, son los «enfrentamientos bélicos» en «un mismo país» entre dos «ejes políticos contrarios» que defienden «dos ideologías o intereses distintos».

Ideología, intracomunidad y bipolaridad son elementos recurrentes en cualquier intento de definición de una guerra civil. No son, desde luego, los únicos válidos: desde la contingencia se sabe que las guerras civiles no siempre son intracomunitarias ni bipolares. Que nacen muchas veces de la fragmentación del poder estatal o de su desaparición, dando lugar a la aparición en un mismo escenario de múltiples agentes en forma de bandas armadas, paraestados y estados. Que, siendo nacionales, también suelen ser internacionales. Y que la dimensión ideológica de los combatientes es importante, pero desde luego no es el único factor que las explica, ni mucho menos el más importante (Leira, 2018). Todo esto se ha puesto de manifiesto con toda claridad a lo largo de los últimos treinta años en escenarios tan dispares como Yugoslavia, Afganistán, Irak, el Congo o Siria.

Sin embargo, la definición de guerra civil no solo puede nutrirse del presente ni de la contemporaneidad. La guerra civil no es ni mucho menos una característica específica del novecientos, aunque haya sido en su segunda mitad cuando con más profusión se expandieron los estudios sobre qué es (y qué no) una guerra civil. En todo caso, tal recurrencia es importante para subrayar la reiteración del conflicto civil, que lejos de su extrañamiento y excepcionalidad en el ordenamiento político resulta un vector de construcción política identificado con el autogobierno, la ciudadanía y la extensión del significado mismo de la política (Sánchez León, 2017). Pero asimismo, sirve para reconocer cómo las guerras civiles del siglo XX, y sobre todo ese modelo de enfrentamiento armado que no puede definirse como un conflicto internacional pero al que a su vez le faltan las características tradicionales de la guerra civil (lo que ha llevado a algunos estudiosos a hablar de guerras inciviles, encaminadas aparentemente no tanto hacia el control y la transformación del sistema político cuanto a la maximización del desorden, según Agamben, 2015: 2, con motivaciones de diverso tipo, sobre todo dentro de la lógica del divide et impera), no encajan con igual facilidad en las categorías propias de la guerra civil anteriores al siglo XX.

Ninguna forma de régimen, desde las ciudades-Estado griegas o el Imperio romano a los estados-nación actuales, ha sido inmune a las guerras civiles (Kissane, 2016: 2). En su análisis sobre las continuidades en la historia del empleo del concepto guerra civil, David Armitage identifica claramente un origen legal en la antigua Roma, a partir del uso del concepto bellum civile para definir las guerras en la Roma republicana en el siglo I de nuestra era, aunque ya en la Grecia clásica se encuentren referencias para trazar su genealogía conceptual. De hecho, el primer ejemplo paradigmático lo encontramos en los enfrentamientos entre partes de una misma civitas social, ya por el siglo V a. C. Uno de los primeros autores identificados dentro de lo que se denomina consuetudinariamente historiografía, Tucídides (c. 460-¿396 a. C.?), ya emplearía el término stásis. En este caso haría referencia a la crisis interna que tuvo lugar en diferentes polis griegas a causa de un conflicto de escala mediterránea como fue la guerra del Peloponeso, que afectó a toda la Hélade. Este historiador y militar ateniense analiza desde las causas y desencadenantes del conflicto en el 431 a. C. hasta el verano de 411 a. C., cuando Alcibíades (c. 450-404 a. C.) fue nombrado general ateniense en la isla de Samos tras haber servido ya a Atenas y a Esparta en los años anteriores, todo ello sin olvidar el complejo desarrollo de una guerra con múltiples ramificaciones y consecuencias. Según el mismo Tucídides, su obra comenzó a cobrar forma cuando estalló la contienda: sería, pues, como muchos otros, un historiador de su propia contemporaneidad. Sin embargo, merece mucho la pena señalar que las primeras noticias de fuentes fiables y verificables que hablan de fenómenos de guerra interna las encontramos ya en las cinco tablillas de la llamada Epopeya de Erra e Ishum, en la Babilonia de la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, quizás en el siglo VIII. Aunque es difícil datar con más exactitud el documento, no es para nada casual que la primera referencia a la guerra civil aparezca justamente en la región del Creciente Fértil, una de las cunas de la civilización. De hecho, lo más interesante de todo es que la visión que se ofrece de dicho fenómeno en este documento es en esencia y con muy pocos cambios la que ha prevalecido hasta el siglo XX en todo el orbe. En este caso, Kabti-ilâni-Marduk, firmante del texto, nos ofrece una auténtica alegoría de la guerra civil donde esta es dibujada como la máxima expresión del horror, algo que contrasta con la visión no necesariamente negativa de la lucha armada contra el extranjero. El conflicto interno aparece encarnado aquí por Erra, dios babilónico del caos y las pestes, responsable a su vez de los momentos de desorden político, y describe a dicha deidad como causante de un episodio de enfrentamiento armado en el seno de la comunidad babilónica que habría causado una gran devastación. Tanto es así que la epopeya en cuestión fue escrita como una especie de conjuro contra la guerra civil, considerada como una de las peores plagas que podía afectar a la comunidad[2].

Así pues, como vemos la presencia del fenómeno y la idea se encuentra en los mismos orígenes de la civilización, y el recorrido conceptual del sintagma es tan largo como la historiografía misma. El propio Tucídides nos proporciona un impresionante fresco de la guerra civil que se desató en Corcira en el año 427 a. C. fruto de un marco de crisis y conflicto internacional. En el espacio de pocos meses, esta isla situada al oeste de la actual frontera greco-albanesa conoció dos oleadas de violencia colectiva determinadas por los cambiantes equilibrios militares y geopolíticos en esta región periférica de la Hélade, afectando en un primer momento a los partidarios de la democracia y en segundo término a los de la oligarquía. En este sentido, una lectura atenta de su obra sigue aportándonos instrumentos y variables clave para comprender un fenómeno de estas características (Tucídides, ed. 2005: 282-290). Como tendremos ocasión de ver, es difícil no encontrar en las descripciones e interpretaciones del ateniense ciertas continuidades con fenómenos acontecidos en pleno siglo XX, como la guerra civil italiana (1943-45) o la griega (1946-49). Por su parte, César habló en el I a. C. de la Bellum Civile, y Cicerón las estigmatizó como guerras injustas, frente a las guerras justas, las internacionales (González Calleja, 2013: 15). Civil, en el lenguaje clásico, podía significar la pertenencia a la comunidad, la vida cotidiana, pero también referirse a ciudadanos individuales, denotando una esfera libre de autoridad militar o eclesiástica; y la guerra, en ese mismo sentido, la conversión de los vecinos en enemigos, la división de las familias, la aparición de la nación como un espacio potencial para la emergencia de dos o más colectivos enfrentados entre sí (Kissane, 2016: 31). En la Grecia clásica la guerra civil, la stásis, era un sinónimo del desorden, no una forma de reconfiguración del orden. Mal político y calamidad pública, la época prerrenacentista y renacentista en el norte de Italia y los siglos de las guerras de religión en Europa se vieron también atravesados de guerras civiles (las del XVI en Francia, las de los Tres Reinos o la de la Revolución inglesa en el XVII), por lo general en forma de enfrentamientos de facciones (Caferro, 2017: 129-150). A su vez, la era que dio inicio con la Revolución francesa signaría la incipiente nacionalización de los conflictos militares, a partir de la conscripción obligatoria y la identificación de los ejércitos como pueblos en armas. Como señala muy acertadamente Jean-Clément Martin, la explosión de violencia, el enfrentamiento y radicalización ideológicos y la persistencia de conflictos y problemas estructurales hacen del análisis de la Revolución francesa un terreno «fecundo» para el estudio de las fracturas intracomunitarias, ya que esta dio lugar a guerras civiles de diversa naturaleza e intensidad (Martin, 1994: 28; Rowe, 2003; una visión muy debatida sobre la Vendée y otros conflictos internos del periodo en Bell, 2007: 154-185).

De hecho, la historia del siglo XIX es «incomprensible» sin la guerra civil y sin las formas en que se articuló: en Europa fue en torno «al eje revolución-contrarrevolución», aunque no menos en América Latina (Canal, 2012: 25-38; Rújula, 2015). En este último caso como forma última de unas guerras de independencia entre los que luchaban por la restauración monárquica y los que lo hacían por la emancipación frente a la metrópoli, lo cual acabó derivando en última instancia en luchas intestinas cuyo resultado, algo comprensible tratándose de conflictos intracomunitarios, no fue otro que el nacimiento de nuevas naciones y nuevas formas de legitimación de la construcción nacional (Gutiérrez y Ossa, 2018). Pero es que, si se revisa la historia europea del ochocientos, raro es el país que no se viera afectado por los conflictos armados dentro de sus propias fronteras. En España, la «dialéctica carlismo-liberalismo» partiría el territorio de la monarquía española como mínimo hasta 1876 según prácticas y dinámicas que de manera recurrente se hallarán también en las guerras del XX: control territorial, reivindicación de la legitimidad, potencia de fuego, violencia contra los civiles o movilización político-identitaria de la retaguardia, entre otras. La guerra entre liberales y miguelistas (liberalismo frente a absolutismo) en Portugal, o no pocos elementos del Risorgimento italiano (como los combates en el Reino de las Dos Sicilias o la guerra de guerrillas contrarrevolucionaria en Sicilia) forman parte de un combate continental de larga duración y recorrido, el de la contrarrevolución, con al menos tantos elementos como para poner en cuestión de forma definitiva la manida idea del siglo de la paz y como para ser denominada una guerra civil europea, al igual que la que según no pocos estudiosos caracteriza la primera mitad del siglo XX (Traverso, 2007).

Sin embargo, no es para nadie desconocido que fue Francis Lieber, con quien se empezaba esta obra, en el contexto mismo de la guerra civil estadounidense y con una funcionalidad en términos jurídicos (el conocido como Código Lieber), el autor de la primera gran definición operativa del sintagma (Hartigan, 2012). De hecho, dada su radical modernidad este conflicto supuso una fractura en las formas de la guerra y en su totalización, por lo que no resulta extraño que en su seno naciesen algunas de las codificaciones propias de las guerras contemporáneas. Las estimaciones de 750 000 víctimas mortales entre el norte o la Unión y el sur o la Confederación equivaldrían a aproximadamente 7,5 millones de bajas en las proporciones poblacionales de los actuales Estados Unidos (Armitage, 2017: 11). Con ello se erige como una de las más mortíferas en términos totales y también proporcionales entre las guerras civiles del siglo XIX. La estadounidense, en todo caso, marca de manera transparente el modo en que las guerras civiles serían concebidas e interpretadas en el marco previo a la Segunda Guerra Mundial (Phillips, 2017: 278-299). Su origen estuvo en una secesión abierta de los estados del sur, con la creación de un gobierno confederado en 1861 opuesto al poder central representado por Lincoln, y su desarrollo se concretó en una guerra de conquista del norte sobre los estados secesionistas, cuyo poder fue considerado siempre ilegítimo por parte de los actores de un gobierno federal que se consideraba único depositario de la soberanía nacional. Además, se trató de un conflicto donde estuvieron presentes no pocos de los elementos que configuran lo que se conoce por guerra total: bloqueo económico al territorio enemigo (en este caso, del norte sobre el sur) y, por tanto, fin de la distinción entre civiles y combatientes al condenar a muchos de ellos a morir de hambre; combinación de guerra regular e irregular; y, por fin, empleo de todos los recursos humanos, económicos y energéticos disponibles con el objetivo de conseguir la derrota completa y absoluta del enemigo. En particular, la campaña de la Unión de 1864 comandada por Ulysses Grant sumó a los ya grandes guarismos de bajas entre muertos y heridos el ataque intencionado a las cosechas, granjas y medios económicos agrícolas de los estados del sur (Keegan, 2011; Wei-Siang Hsieh, 2011: 394-408; Neely Jr., 2004: 355-365).

Desde su mismo origen y sus primeros compases la estadounidense se convertiría en el referente paradigmático para la definición misma de la guerra civil, sobre todo por la laboriosa implicación teórico-práctica, de gran éxito y recorrido, desarrollada por Lieber. Guerra civil, para él, era un conflicto entre dos o más porciones de un país o Estado, cada una de las cuales pugnaba por la supremacía sobre el conjunto o una parte del territorio a la par que reclamaban ser el gobierno legítimo. Y al margen de las sutilezas necesarias, pues de hecho la de Lieber era una conceptualización de muy grueso trazo, lo cierto es que buena parte de la historiografía, y en particular la que se dedica al estudio de las guerras civiles europeas de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, la aceptaría como válida. No en vano fue la que sirvió como modelo en las convenciones de Ginebra y La Haya para diferenciar específicamente a la guerra civil de las insurrecciones, los golpes de Estado, la insurgencia, las revoluciones, etc., primero, y después, en un contexto histórico y político diferente, de los modelos de genocidios, terror unilateral, etc.

Sin embargo, sigue siendo llamativa la falta de codificación existente alrededor de la guerra civil. Por más que anduviesen a remolque de la realidad, de los excesos y de la totalización progresiva de la guerra entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, las declaraciones, códigos y convenciones que trataron de humanizar los conflictos bélicos para definir, proteger y salvaguardar (aunque nunca se lograse) a los no combatientes, los prisioneros o los bienes económicos no se hicieron extensibles a la realidad de la guerra interna (Black, 2012). Y con ello, y quizá paradójicamente, quedó fuera de las regulaciones internacionales en materia de Derecho Internacional. Sin ir más lejos, la Convención de Ginebra de 1864, en la que se creó la Cruz Roja, fue el resultado del impacto que tuvieron sobre Henri Dunant (1828-1910) la dureza y crueldad de la batalla de Solferino de junio de 1859, en el marco de las guerras de unificación italiana y entre ejércitos de diferentes países, ciertamente (Austria, por un lado; Francia y Piamonte, por el otro), pero con trazas propias de una guerra de construcción nacional (Pezzino, 1994). Por lo demás, ni en la Convención de La Haya de 1899, ni en la de 1907 se describirían formas de conflicto armado no internacional, es decir, intranacional, hasta el punto que habría que esperar hasta la Convención de Ginebra de 1949 para ello. En aquel entonces ya se estaba cerrando la era europea contemporánea de la guerra civil, que sin embargo experimentaría un rebrote muy virulento y puntual en la década final del siglo XX.

Los civiles fueron conflictos, en suma, ajenos a la codificación jurídica, a las (más que supuestas) buenas maneras en el combate, al desempeño propio de la guerra. Algunos motivos que explican esa aversión por la guerra civil, evidentemente, son de índole militar, como el hecho de que las civiles sean conflagraciones de beligerancias cruzadas que en una inmensa mayoría de los casos escapan a las lógicas de un enfrentamiento armado convencional, algo que no suele ser del gusto de los militares profesionales. Tal cosa se pondría de manifiesto de forma muy evidente en la forma en que los alemanes intervinieron en la compleja guerra civil que ellos mismos propiciaron en los Balcanes, con la ocupación y partición de Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial, y lo mismo puede decirse de lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XX en Indochina o en Afganistán, con las intervenciones estadounidense y soviética. En el caso alemán, sus métodos para sofocar la resistencia comunista, que a su vez se enfrentaba a los nacionalistas serbios y a los fascistas croatas (unos aliados o enemigos, en función de la coyuntura, y los otros, parte del Eje), eran los aprendidos en las academias de oficiales germanas, lo cual pasaba fundamentalmente por maximizar la potencia de fuego en un punto concreto del territorio para destruir al enemigo. Sin embargo, en un tipo de guerra irregular como la que se libraba en los escarpados y boscosos territorios bosnios aquella praxis se reveló una y otra vez infructuosa (Gumz, 2001: 1015-1038).

De hecho, la historia de la guerra civil en el siglo XX es la de su creciente irregularidad. Por mucho que los rusos blancos dijeran estar combatiendo la guerra justa para salvar al pueblo, la realidad de sus acciones de ocupación, la crueldad contra las poblaciones campesinas o la variabilidad incontrolada de algunas de las realidades que propiciaron (como el dominio terrorista en Mongolia del «Barón Blanco» Roman von Ungern-Sternberg) iban en la dirección opuesta. La española podría ser muy regular, pero sus primeras acciones fueron las de la limpieza política de las aún nacientes retaguardias, en un caso extremo de inversión de la cadena de causalidad. Los alemanes podrían sin duda detestar la guerra civil, pero instaban a intervenir en ellas y a aniquilar poblaciones civiles completas en contextos de guerra interna, como en la Italia de 1944. Fuera del Viejo Continente, el inicio de la Guerra Fría dio pie a algunas de las guerras civiles más destructivas y crecientemente irregulares de la historia. Así, el ciclo bélico centroamericano estuvo muy influido por la acción estadounidense, reflejada entre otras en la labor docente de la infausta Escuela de las Américas, en Panamá. En África y Asia, el proceso de descolonización amplió significativamente el número de estados, pero no llevó a un incremento de las guerras interestatales, sino que se convirtió en el humus para un dramático incremento de las guerras civiles (Kissane, 2016: 16). Por ejemplo, y por razones diversas, Francia no aplicó los mismos enfoques en todas sus colonias, algo que también sería extensible a otros países como la propia España, el Reino Unido o Portugal. Sin ir más lejos, la independencia y descolonización de la antigua África Ecuatorial francesa tuvo lugar a través de negociaciones políticas, suponiendo la creación de Chad, la República Centroafricana, Congo-Brazzaville y Gabón. Sin embargo, los líderes políticos y militares franceses impulsaron una impopular e incómoda guerra contrainsurgente en Indochina entre 1946-1954, que tenía por fin recuperar el control sobre la colonia tras la derrota de la metrópoli en la Segunda Guerra Mundial y su ocupación a manos de los japoneses. En este caso no solo se trataba de una política de fuerza dirigida a recuperar el prestigio en la esfera internacional, sino también de una estrategia de contención del comunismo, encarnado por el Viêt Minh, en los prolegómenos y primeros compases de la Guerra Fría.

En este caso, lo que había comenzado como un conflicto colonial caracterizado por la guerra de guerrillas acabó convirtiéndose en un sangriento enfrentamiento intestino que desgarró al pro-occidental Vietnam del Sur. Dos factores clave en este sentido fueron la aparición de partisanos comunistas autóctonos apoyados desde el norte y la intervención material, política y en última instancia militar de Estados Unidos. Así pues, sin apenas tiempo para la pausa los enfrentamientos se reactivaron en 1955, agudizándose en 1959 y alargándose hasta 1979 fruto de la llegada de las fuerzas armadas estadounidenses en 1965, el desarrollo de los acontecimientos en Camboya y la política imperial china en la región. Este larguísimo conflicto acabaría salpicando a toda la región, incluyendo a los vecinos Laos y a Camboya, partes de la vieja colonia francesa de Indochina invadidas y utilizadas por Vietnam del Norte y Estados Unidos como bases de operaciones. Todo ello tendría gravísimas implicaciones, con la agudización de una guerra civil ya activa en Laos desde 1959, que se alargaría hasta 1975, y la que estallaría en Camboya en 1968, que culminó en siete años después con la llegada de los jemeres rojos al poder. Sin embargo, lo que a todas luces fue una sucesión de guerras civiles con una evidente dimensión transnacional e internacional es conocido hoy en día en Vietnam como guerra de Liberación y guerra de Resistencia contra Estados Unidos. Algo parecido ocurre en el caso de la descolonización de Argelia, donde la apuesta de los líderes franceses por mantener el control de la colonia por la fuerza fue mucho más decidida desde el primer momento, tanto por la cercanía de esta y los intereses económicos como por el gran número de colonos europeos que vivían en su franja costera. De esta forma, entre 1954 y 1962 la violencia interétnica entre árabes y franceses, pero también dentro de ambas comunidades enfrentadas, se apoderó de la parte septentrional de Argelia, combinando el terrorismo, la guerra de guerrillas, los desplazamientos forzosos y formas bélicas más convencionales. Por supuesto, los enfrentamientos intestinos quedaron ocultos bajo las denominaciones que se han impuesto en el país para referirse a lo ocurrido: guerra de la Independencia o Revolución argelina (Alexander y Keiger, 2010: 1-32).

Las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XX estuvieron muy marcadas por la aparición de nuevas formas de control político, explotación económica e intervención militar mediante lo que se conoce como guerras subsidiarias (proxy wars), donde estados y corporaciones han propiciado de forma directa y/o han participado de forma indirecta en conflictos locales proporcionando apoyo material, político y humano (Marshall, 2016: 183-195). Así pues, los conflictos intestinos que han asolado a infinidad de países y regiones enteras hasta nuestros días vienen muy marcados por viejas dinámicas, pero también por la emergencia de nuevos actores político-sociales y económicos, en muchos casos vinculados a la propia evolución de los conflictos, del capitalismo y, en última instancia de la Guerra Fría y su abrupto final. De hecho, lejos de traer consigo el fin de la historia anunciado por Francis Fukuyama, esta, unida a la crisis económica sistémica de 2008, no ha hecho sino revelar las dificultades de Estados Unidos para imponer una hegemonía o un orden mundial acorde con sus intereses, algo que se pone de manifiesto en sus fracasos político-militares de principios de siglo en Afganistán y en Irak. Todo esto no ha hecho sino dificultar aún más nuestra comprensión de un tipo de conflictos extremadamente complejos como son los civiles. Seguramente lo que ha ocurrido y ocurre durante estos últimos años en Libia, Siria y el norte de Irak es la mejor prueba de ello. El presente de guerras civiles atravesadas de conflictos internacionales, narcoguerras o procesos transnacionales como la yihad islámica no hace sino subrayar que, en última instancia, la guerra civil es un receptáculo, un saco que puede contener las realidades más diferentes y las condiciones más variadas.

En cualquier caso, uno de los mejores paradigmas de todo lo que apuntábamos más arriba lo encontramos en Centroamérica, con guerras intestinas muy asociadas a las tensiones políticas e interétnicas y a los intereses político-económicos de Estados Unidos, como tendremos ocasión de ver. A ello cabe sumar en un lugar central la vasta franja de países y regiones que van del Cuerno de África hasta el sureste del continente, pasando por el centro de este, con innumerables conflictos de dimensiones transnacionales que se han retroalimentado entre sí desde los años sesenta hasta la actualidad. En muchos casos, hablamos de lugares donde la guerra se ha convertido en una realidad endémica, y no solo por las tensiones interétnicas, ni desde luego por los supuestos odios ancestrales, tal y como suelen apuntar con simplicidad y no sin ventajismo muchos observadores deseosos de reconfortar a la opinión pública occidental. En muchos casos como el de la actual República Democrática del Congo, antigua posesión colonial belga, la guerra ha sido prácticamente omnipresente desde 1960 hasta nuestros días, pasando por el contexto y equilibrios propios de la descolonización, la Guerra Fría y la progresiva emergencia de un mundo multipolar tras la disolución del bloque soviético (Clark, 2011: 147-170). Sin embargo, en todo momento la guerra ha sido alimentada por los cambiantes intereses político-económicos y la intervención de terceros en el país, sobre todo en torno al negocio de un mineral estratégico como el coltán a finales de siglo, pero también por la inestabilidad en países vecinos como Ruanda, en la década de los noventa. En última instancia, dentro de un país con territorios muy diferentes entre sí, desvertebrados y con economías dislocadas por años de explotación y conflictos, no hay que olvidar que la vida militar se ha convertido en una salida profesional bien remunerada a la que se han acogido muchos hombres y sus familias como forma de subsistencia, algo que ha sido explotado de forma intensa por señores de la guerra de lo más variado. Sin embargo, en este caso con múltiples ramificaciones donde la guerra civil ha sido endémica se tiende a hablar de la Gran Guerra o Guerra Mundial africana, por la enorme cantidad de actores internacionales implicados, algo que oculta la tremenda complejidad de lo ocurrido sobre el terreno.

Con todo ello resulta incluso lógico que en el pasado y desde los intentos de normativización militar y jurídica de lo bélico, las guerras civiles fueran siempre vistas como guerras diferentes, disueltas en fenómenos valorados de manera positiva (las liberaciones, las independencias y hasta las revoluciones) o negadas por sus coetáneos, ajenas a las «buenas causas» (Ranzato, 1994). Guerras bárbaras, caóticas, alejadas por naturaleza de cualquier codificación y racionalización, monstruosas. Guerras sin fin y sin límites que no cabía regular porque era ontológicamente imposible hacerlo. Guerras opuestas al sentido último de la razón y la modernidad pues, cuando solo las guerras desarrolladas por los estados eran vistas como legítimas, el Estado se convertía, de hecho y a efectos teóricos, en el contraconcepto de la guerra civil. Y, sin embargo, la guerra civil es una forma gigantesca y transnacional de construcción estatal y nacional, por mucho que en sí misma se defina precisamente por la ruptura de la vida en comunidad. Los casos de las repúblicas exyugoslavas son paradigmáticos en este sentido, pero toda la historia de la guerra civil contemporánea es la del afianzamiento violento de formas excluyentes de Estado-nación, incluso donde colonialismo mediante no existía tradición de formas supracomunitarias de organización social. Las guerras civiles son siempre contradictorias. Por más que se declaren inaceptables en términos morales tanto los enfrentamientos armados como la violencia que albergan, resulta sin embargo capital a efectos de la victoria la expulsión simbólica, narrativa y también real del enemigo, interno de hecho, pero alterizado en su evocación. Hoy se sabe que, precisamente, eso es lo que las hace radicalmente contemporáneas: que supusieron la forma real y concreta de los enfrentamientos armados intracomunitarios e intraestatales, al margen de cualquier normativización que, como tal, tampoco se daba ni se da sobre el terreno en las guerras internacionales convencionales. El derecho, como las ciencias sociales, tienden a observar la guerra en términos pulcros y regulables, cuando la guerra es caos, alterabilidad y mutabilidad. Es la antítesis de la fórmula matemática, de la idealización mitopoética y de la metáfora estetizante. A través del análisis de las formas académicas, políticas y culturales que han venido a configurar lo que podemos conocer como una guerra civil, más que una definición de laboratorio se hace necesaria una mirada contingente: la del historiador.

Guerras civiles y violencias de masasa: una alternativa desde la historiografía

GUERRAS CIVILES Y VIOLENCIAS DE MASAS:

UNA ALTERNATIVA DESDE LA HISTORIOGRAFÍA

Este libro, al igual que otro precedente (Alegre, Alonso y Rodrigo eds., 2018), se asienta sobre el concepto de los ciclos bélicos largos transnacionales. Y si de tales hablamos, resulta evidente que la atención a las guerras civiles nos ha de llevar a observar con detenimiento cuanto menos cuatro: el de la revolución y la contrarrevolución, el del fascismo-colaboracionismo y la resistencia, el de la Guerra Fría y el de la posguerra fría y el tiempo presente. Pero sobre todo nos debe conducir a detenernos en la historia global posterior al final de la Segunda Guerra Mundial, el contexto descolonizador y, en no pocas ocasiones, el nacimiento de estados débiles o fallidos, máxime si de lo que se trata es de analizar los marcos históricos que han determinado la conceptualización misma de la guerra civil. De las diferentes eras de la guerra civil, así identificadas por su crueldad e inhumanidad primero en Europa entre 1917 y 1939, luego en las postrimerías de la guerra de 1939-1945 y su continuación hasta 1949, y después en las de la Guerra Fría hasta finales de los ochenta y su posguerra hasta la actualidad, los análisis se concentran mayoritariamente en la penúltima de todas ellas. Entre 1945 y 1995 hubo al menos 126 guerras internas, donde el contexto crucial fue casi siempre el poscolonial y el de la disolución de los imperios. Esa misma cronología es la que mayoritariamente se emplea en el ámbito de las ciencias sociales: el que con más intensidad influye hoy en la definición misma de la guerra civil.

Ese contexto de Guerra Fría y disolución imperial hizo de la guerra civil un fenómeno recurrente en contextos de fragilidad democrática, de guerra territorial insurgente contra el Estado o de descomposición estatal a causa de las luchas por el poder (González Calleja, 2013: 22-23). Los ejemplos son innumerables. Por ejemplo, en el marco de la descolonización nos encontramos con lo ocurrido en el Sureste asiático, en la vieja Indochina francesa, donde ocupaciones extranjeras, guerras de liberación colonial y conflictos internacionales coexistieron con la guerra civil entre 1941 y 1975, siempre con escasas interrupciones, afectando a Vietnam, Laos y Camboya. Por lo que respecta a los estados fallidos como causa de conflictos fratricidas podemos hacer referencia a lo ocurrido en Asia Central, donde la invasión y ocupación soviética de Afganistán a finales de 1979 —si bien la guerra civil ya había estallado un año antes—, que se extendería hasta 1989, desencadenó una guerra civil que dura hasta hoy con mayor o menor intensidad y que tuvo implicaciones en regiones y países fronterizos como Tayikistán, con un cruento conflicto fratricida entre 1992 y 1997, y a partir de 2004 en Waziristán, al noroeste de Pakistán y en el marco de la ocupación del país afgano por parte de Estados Unidos y sus aliados. En todos los casos el islamismo radical, la fractura comunitaria en entornos con los lazos comunitarios tradicionales rotos y dominados por señores de la guerra o la injerencia extranjera han sido y son los protagonistas en estos enfrentamientos. Recientemente, señala Agamben, se han vuelto a multiplicar los estudios sobre las guerras internas del siglo XXI, pero fundamentalmente para analizar no tanto sus causas, cuanto las condiciones para la intervención internacional.

Merece la pena traer a colación la definición del propio González Calleja (2012: 19), según la cual «la guerra civil es un tipo de violencia total entre segmentos de una misma población, que persigue como objetivo prioritario el aniquilamiento o sometimiento sin condiciones del adversario, el derrocamiento del régimen imperante o la disolución de un Estado». Seguramente quepan añadir elementos, pero en buena sustancia aquí están muchas de las claves que desde la historiografía encontramos en las guerras civiles del novecientos. Miremos los casos europeos. Las guerras abiertas entre rojos y blancos en Rusia, fascistas y republicanos en España, e incluso (en función a la noción de legitimidad o paraestado) entre el Comitato di Liberazione Nazionale y la Repubblica Sociale Italiana en el centro-norte de Italia, o entre el Ejército Democrático de Grecia (DSE) y el gobierno de Atenas en la Grecia de la posguerra mundial, demuestran que si bien es cierto que no fueron guerras irregulares, ni simétricas no convencionales, tampoco fueron siempre y en todo momento guerras regulares, convencionales al menos en su noción estrictamente militar. Es más, en todos los casos incluyeron actos organizados de terrorismo y guerra de guerrillas, algo que aún se agudizaría mucho más en las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XX. Y, sobre todo, en ellas se dirimió con las armas, en un contexto militarizado y en medio de una praxis universalmente reconocida como bélica, la legitimidad y la soberanía sobre el poder y sobre el territorio. De hecho y como veremos, después de la guerra civil coreana (y con pocos antecedentes al respecto: la rusa, la española o la china en sus últimos compases) es complicado denominar como convencional a ninguna guerra civil. Y eso determina el warfare, el modo bélico de la guerra civil, no solamente pero sí sobre todo en la dirección en que la historiografía reciente más ha señalado, la de la totalización de la guerra y su proyección en forma de asesinatos, palizas, torturas, secuestros, desplazamientos o violencia simbólica contra el enemigo, fuese o no combatiente militarizado, o incluso no combatiente.

Más allá de la frontera de 1945, ya hemos podido ver algunas de las continuidades y rupturas en lo que se refiere a la naturaleza de las guerras civiles. Por un lado, es evidente que se trata de un tipo de conflicto que ha devenido endémico en ciertas regiones fruto de la fragilidad de ciertos estados, y sobre todo de la ruptura de los equilibrios comunitarios, en el primer caso casi siempre inducida o favorecida por intereses externos, además hablamos de un enfrentamiento caracterizado a su vez por su capacidad de contagio o, dicho de forma más ortodoxa, por su dimensión transnacional. Lo ocurrido en el Cuerno de África desde 1972 hasta nuestros días es buena muestra de ello, con una sucesión de guerras civiles en Eritrea (1972-1974 y 1980-1981), Etiopía (1974-1991) y Yibuti (1991-1994) y, finalmente, la entrada en barrena de Somalia durante un conflicto intestino multidireccional que ha desembocado en un Estado fallido (desde 1991 hasta hoy). Todo ello ha venido acompañado, favorecido y agudizado por conflictos interestatales diversos entre Etiopía y la propia Somalia (1977-1978) o entre Etiopía y Eritrea (1997-2000), así como la intervención militar de estos dos últimos países en la guerra civil sudanesa entre 1983 y 1995, que no había sido sino la continuación del conflicto de 1955-1972. En todos los casos, la intervención exterior en forma de apoyo material bélico, asesoramiento militar y apoyo político ha sido parte esencial de las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XX y contribuye a explicar su extrema virulencia, sobre todo cuando lo cierto es que han afectado a países pobres e incapaces de sostener un esfuerzo bélico prolongado. Y aquí entran en juego el tráfico internacional y los intereses de las industrias productoras de armas, así como de los ejércitos más avanzados, deseosos de probar y colocar su producción o deshacerse de armamento obsoleto.

La dependencia extrema de los contendientes frente al exterior, sean estados, paraestados, mercenarios o guerrillas, explica también que haya acabado por imponerse un modelo de hacer la guerra irregular. Como es propio de este, se ha caracterizado por los abusos de todo tipo en forma de violaciones, exacciones materiales y monetarias y conscripciones, con su epítome en el fenómeno de los niños-soldado, algo favorecido también por la ausencia de buenas infraestructuras, el aislamiento y la naturaleza del terreno. Finalmente, si alguna cosa ha definido y hasta cierto punto ha diferenciado a las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XX respecto a las de sus primeros cincuenta años es que con contingentes cada vez menores y, por tanto, un número menor de bajas militares, las bajas civiles directas o indirectas han aumentado exponencialmente, todo ello sin olvidar las consecuencias irreparables a nivel territorial por la destrucción del tejido demográfico, el desplazamiento masivo de poblaciones, las economías locales arrasadas y la contaminación del territorio a causa de los residuos armamentísticos (Lounsbery y Pearson, 2009).

Independientemente de la naturaleza política o no del enrolamiento, fuera este voluntario o coactivo, es bien conocido cómo uno de los grandes retos en el contexto de las guerras civiles europeas fue la creación de ejércitos bajo la invocación de la nación en armas con el fin de combatir al enemigo (la gran herencia de las guerras del siglo XIX). Tal vez fuese eso lo que quiso subrayar Victor Serge (2017 [1930]: 359) al señalar que, en una guerra civil, en su caso al hilo de la rusa, no se reconoce a los no beligerantes: toda la población es combatiente, real o potencial, pues toda la nación está en armas. En ese sentido, su vinculación con el desarrollo de la evolución bélica del ochocientos es evidente, pese a que el elemento movilizador en ellas no siempre sea la invasión extranjera, sino la nacionalización misma de la guerra (si bien las políticas de ocupación empiezan a jugar un papel muy importante ya en el XIX, Stoneman, 2001: 271-293). Y, sobre todo, en sus formas concretas resulta difícil desligarlas de las transformaciones cuantitativas y cualitativas derivadas de la totalización de la guerra en el contexto de 1914-1918. Una totalización que las acabaría por convertir en la imagen misma de la barbarie.

Las guerras se convirtieron en el siglo XX en procesos cada vez más destructivos en términos humanos y materiales, siempre en paralelo a la implementación de nuevas tecnologías bélicas y a su totalización en términos sociales y militares. En el siglo XIX la capacidad militar aérea se reducía a globos sin motor y cohetes primitivos. En 1945 la Segunda Guerra Mundial finalizó con la aparición de los primeros cazas a reacción y la utilización del bombardeo nuclear. De hecho, algunos autores han llegado a señalar que las sociedades occidentales y/o industrializadas han mostrado poco interés en asociar discursos hegemónicos como el del progreso, procedente de la Ilustración y consolidado en el siglo XIX con el triunfo del liberalismo y el capitalismo, a la par que, asociado a la innovación, el crecimiento económico sin fin y el potencial industrial, con el poder cada vez más destructivo del armamento militar y la guerra. Esto ha tenido terribles consecuencias, no ya solo en la capacidad ético-política para gestionar el progreso científico-tecnológico, sino en la capacidad para comprender los conflictos armados, incluidas por supuesto las guerras civiles (Lawrence, 1999: 3-25). Sin embargo, todos esos avances en tecnología de la violencia no fueron usados en exclusiva en las guerras civiles, por más que en estas, como pasaría en España con los bombardeos italianos y alemanes, sirviesen de campo de pruebas de las mismas.

No existen motivos para pensar que la población civil esté más expuesta a la violencia en una guerra civil que en una interestatal de ocupación territorial, ni que la percepción del riesgo sea mayor. También las guerras de ocupación se despliegan sobre la población en forma de limpiezas de retaguardia, de asesinatos, depuraciones, esclavitud laboral o desplazamientos forzosos, con el elemento añadido del miedo al enemigo extranjero (el ruso, el teutón, el moro, el yankee). Lo que ocurre es que esos procesos de violencia colectiva necesitan de la variable local y regional, tanto en las guerras interestatales de ocupación como en las guerras civiles. Dicho de otro modo: precisan de la violencia intracomunitaria. En efecto, a los perpetradores de esas violencias se los concibe, conceptualiza y muestra como extraños, foráneos, ajenos a la comunidad, cuando la realidad es muy diferente, hasta el punto que las acciones de los ejecutores son inconcebibles sin la colaboración activa de agentes locales. De alguna manera, pues, la distinción epistémica entre ambos fenómenos es muy sutil sobre el terreno, en el acto de ocupar, seleccionar a la víctima, deportarla, internarla, torturarla o matarla. ¿Por qué entonces se las percibe como particularmente crueles?

En tanto que procesos históricos y, a su vez, receptáculo y contexto de otros procesos, las guerras civiles se han convertido a lo largo del siglo XX en la más extendida, destructiva y característica de las formas de violencia humana organizada, tal como recuerda Armitage (2017: 5). Según el historiador de los conceptos Reinhart Koselleck, toda guerra se ha acabado por convertir en guerra civil por su potencial destructivo, eliminador de la sociabilidad, arrasador de las solidaridades, legitimidades y afectos precedentes. De hecho, en el presente la mayoría de las guerras, de las violencias colectivas o los desplazamientos forzosos se derivan de conflictos internos. Todo ello ha contribuido a subrayar el carácter metafórico y macronarrativo que suele atribuirse a la guerra civil, que está directamente relacionado con aspectos de naturaleza moral y filosófica. Desde la propia atribución histórica, la guerra civil sería una guerra intracomunitaria o, como vulgarmente suele decirse, «entre hermanos»: una guerra fratricida, concepto de tal éxito que hasta sirve de título a uno de los mejores trabajos comparativos para la Europa contemporánea (Ranzato ed., 1994).

Sin embargo, en no pocas ocasiones la guerra civil acaba resultando, cuando como tal se utiliza, una metáfora que oscurece más de lo que ilumina. Al situar los valores morales por encima de todo, señala Agamben, no permite observar cómo la stásis no se origina en el oikos, es decir, no es una guerra dentro de la familia, sino que forma parte de una realidad que funciona de manera similar al estado de excepción. Sean o no guerras «entre hermanos», y más allá de esa evidente metaforización poética de la realidad histórica, lo cierto es que existe un topos recurrente: el de su especial crueldad y dureza. Como tales, han sido universalmente percibidas como el epítome del sufrimiento y el dolor. Y ciertamente este puede apoyarse en la percepción de sus participantes, no siendo guerras de conquista solamente (donde se pugna por aumentar el poder y el territorio), sino que «pone[n] en juego la existencia de los grupos contrincantes, su identidad colectiva, en algunos casos incluso su supervivencia física» (Waldmann, 1999: 27-44). Pero en la mayoría de los casos, la constatación de tal evidencia no ha venido acompañada del análisis de los porqués de dicha violencia.

No es casual que, coloquialmente, guerra civil siga sugiriendo una lucha absoluta y hasta el final (Kissane, 2016: 11). Pero no una lucha metafórica, no una disputa simbólica: un combate real, con potencia de fuego y movilización armada. Lo que definió a las guerras civiles del siglo XX es que reunieron el carácter intracomunitario, transformador y violento de las guerras internas y el carácter total propio de las guerras interestatales del siglo XX. Si hay un tipo bélico específico en las guerras civiles que las vincule es precisamente ese: el de haber sido el marco propiciatorio para impulsar procesos de depuración política y/o nacional. El de ser guerras donde hay tantos o más muertos no combatientes —o combatientes desarmados— como soldados fallecidos en los frentes y las batallas. Ese elemento, central por otro lado en la historia bélica contemporánea, vincula las guerras civiles con el concepto de guerra total en el siglo XX. Las guerras civiles responden de hecho, y tal vez paradójicamente, al concepto jurídico clásico de la antigua Roma según el cual la guerra civil era una guerra contra civiles. Al fin y al cabo, estas se caracterizan por la confrontación armada entre soberanías dentro de una civitas, y la violencia es siempre mayor en zonas de soberanía fragmentada y disputada, a la vez que esta se encuentra muy condicionada siempre por los diversos tempos y escenarios de combate.

Por todo lo dicho, la violencia se centra siempre en la expulsión de una parte de esa civitas de la comunidad nacional. Generalmente población civil, y eso explica también la especificidad y masividad de la violencia contra la mujer en el marco de los conflictos armados. No es que se trate de algo específico de los enfrentamientos intestinos, porque en la guerra, en tanto que realidad esencialmente masculina y perpetuadora del patriarcado, está claro que las mujeres del enemigo han sido concebidas desde siempre como parte esencial del botín de guerra. Sin embargo, conforme avanzó el siglo XX queda claro que las diferentes formas de violencia contra la mujer, que tendrían como paradigma y forma más extrema la violación, adquirieron en las guerras civiles una dimensión cualitativa que no se da en conflictos interestatales de forma tan evidente. Y aquí entramos en campos de estudio extremadamente prolíficos como es el del estudio de la mujer en tanto que supuesta encarnadora o depositaria de la pureza comunitaria y, por tanto, chivo expiatorio en el marco de derrotas militares o conflictos en curso. Haciendo referencia a la guerra civil griega, Katherine Stefatos (2012) recuerda cómo la infrarrepresentación del problema de las violencias sexuadas en el marco de las historiografías sobre las guerras civiles dificulta su interpretación en tanto que mecanismos de terror institucionalizados y legitimados. El terror contra las mujeres prevenía su adscripción política o la castigaba. Lo sexual (la prostitución forzosa, la violación, la mutilación, el desnudo, el rapado público) fue pues central en todo este proceso. Ahí tenemos el caso de las rapadas, a las que paseaban por las calles de pueblos y ciudades de toda Europa tras la retirada alemana o en los festejos por la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Pero también, por supuesto, hay que destacar la importancia de la violación como arma de guerra, que ha tenido por objeto fortalecer los vínculos de complicidad y corresponsabilidad entre combatientes, humillar al enemigo al ser incapaz de defender a sus mujeres y destruir el potencial reproductivo de la comunidad a la que pertenecen estas, algo que se observa de forma acusada en conflictos interétnicos (Herzog ed., 2011; Branche y Virgili eds., 2012).

Por lo demás, si rastreamos números y porcentajes para observar el coste de los conflictos internos en vidas de no combatientes observamos claramente su dimensión de guerra al civil. En el caso español, aproximadamente la mitad de los muertos fueron combatientes y la otra mitad civiles. Por lo que respecta a Italia entre 1943-1945, cayeron más civiles que soldados, proporción que en Finlandia llega hasta dos terceras partes. Las proporciones parecen ser muy similares durante la llamada guerra de Vietnam (1955-1975). El contraste entre combatientes y civiles muertos se multiplica en la segunda mitad del siglo XX, con un momento culminante en la segunda guerra del Congo, donde las bajas mortales entre los primeros se cuentan por pocos miles y las de los segundos por millones. Aunque se trate de un caso extremo, sirve para ilustrar la tendencia creciente al alza en lo que a la muerte de civiles se refiere, como también se había observado ya en el caso de la guerra civil etíope (1975-1991), muy marcada por la hambruna de mediados de los ochenta, donde los muertos se contaron por centenares de miles.

Así pues, se trataría de lo que escribió con acierto Victor Serge en El año I de la Revolución Rusa: si las guerras modernas «tienden a borrar cada vez más la línea que separa a los beligerantes de los no beligerantes», la guerra civil había «avanzado más que las guerras interestatales. No reconoce la existencia de no beligerantes, busca por todas partes, sin compasión, la fuerza viva de las clases enemigas» (Serge, 2017 [1930]: 359). De entrada, pues, es primordial evidenciar que el combate cuenta, que es central para comprender las políticas y dinámicas violentas, y que estas no se entienden ni mediante su acumulación yuxtapositiva, ni mediante su recurrente separación del contexto, suspendidas del tiempo y del espacio (Alegre, 2018: 29-71). Siempre puede haber matices, sobre todo cuando lo que se establece es la genealogía conceptual de un proceso que no siempre, ni de forma generalizada, fue denominado como tal. Pero el consenso generalizado en torno a la identificación de la Gran Guerra como la primera guerra total a escala global debe llevar por fuerza a una consideración ulterior: cualquier guerra posterior influida por ella, por sus métodos militares y sus elementos, por así decirlo, parabélicos bien podrá ser analizada bajo el mismo paraguas conceptual. Tal vez no haya guerras más totales que las civiles: totales en la movilización y explotación de recursos económicos, materiales y humanos, propios o incautados, voluntarios o conscriptos, siempre con el fin de alcanzar la victoria bélica y, sobre todo, motivadas por la dimensión irrenunciable de los objetivos de los estados en combate. Pese a cuestionar su aplicabilidad para la España de 1936-1939, Föster y Chickering (2000, 2005 y 2003) señalan que su modelo de guerra total es un Idealtypus que en su forma extrema nunca llegó a realizarse. De hecho, más allá de que las guerras civiles alcanzasen «a todos los lugares» y afectasen «a las vidas de todas las personas» (Chickering, 1999 y 2007), más allá de su dimensión militar, y más allá de hallarse o no entre las así denominadas por sus contemporáneos, estas fueron guerras totales, pues las premisas de los combatientes así lo fueron.

La capitulación incondicional, la consideración del civil como objetivo preferencial, la movilización, control y coerción totales, la disolución de las fronteras entre los espacios y las nociones de lo público y lo privado y, sobre todo, la utilización de métodos totales de guerra a despecho de los más elementales principios morales (asesinato de civiles, internamiento preventivo y despiadado de soldados, depuraciones violentas de la población, exilios y desplazamientos forzosos, identificación del territorio como espacio de movilización enemiga) fueron los jalones de unas guerras totales en los frentes y en las retaguardias de las guerras convencionales, o también totales con fronteras difusas en aquellas de naturaleza irregular, donde la identificación propia y del enemigo se hizo también a través de elementos totales: todo o nada, el bien contra el mal. Esa es una de las claves propias de las guerras civiles, que sin embargo rara vez ha sido destacada por la historiografía sobre las guerras contemporáneas: su carácter a la vez movilizador y nacionalizador, en la medida en que a través de las armas se dirimen conflictos de soberanía territorial, connacionalidad e identificación.

Sin ir más lejos, el gran fracaso de los rusos blancos se encuentra en la incapacidad para impulsar la movilización popular y la activación de la leva forzosa en forma de levantamiento nacional, como lo fue de los revolucionarios en Finlandia, aplastados por el Ejército Blanco y por los militares alemanes. En Italia, lo que dio carácter de soberanía nacional a la Resistencia fue la reacción a la leva forzosa decretada por la República Social Italiana (RSI), que lanzó a miles de jóvenes a integrarse en la guerra partisana. Lo mismo ocurría de forma paralela en la Francia ocupada, aunque quizás con menor intensidad, tras la aprobación del Servicio de Trabajo Obligatorio (STO) por parte del Reich para el reclutamiento y desplazamiento forzoso de las quintas francesas como mano de obra para las regiones fabriles alemanas. En España, el gran reto gubernamental no fue, como entre los sublevados, organizar el voluntariado, sino más bien al contrario: una de las claves de la historia de la República en guerra fue la militarización y el encuadramiento, con la creación del Ejército Popular en noviembre de 1936, de las milicias políticas y sindicales. En la Grecia de 1947-1949, uno de los objetivos capitales (y fracasados) de los rebeldes fue la regularización de la guerra, su conversión de lucha partisana en conflicto convencional, es decir, su nacionalización. Sin embargo, nada de lo dicho hasta ahora debe hacernos olvidar la complejidad de muchos de los escenarios de guerra civil, donde casi siempre existió lugar para alianzas cambiantes entre enemigos aparentemente irreconciliables según los intereses y la fortaleza de los diferentes bandos en liza, algo que por sí mismo es harto significativo. Sin ánimo de establecer continuidades históricas, los casos de Yugoslavia en la primera mitad de los años cuarenta y en la primera mitad de los noventa son dos de los más paradigmáticos, cada uno dentro de coyunturas y con agentes muy distintos, aunque sin duda podríamos hacer referencia a muchos otros ejemplos a lo largo del siglo XX.

Así pues, la guerra civil venía a maximizar —tal vez paradójicamente— el ideal revolucionario francés de la totalización de la guerra y la nacionalización de la sociedad en su concurso, que tradicionalmente se ha considerado un efecto del reclutamiento forzoso en las sociedades contemporáneas (Black, 2012: 95). Podría decirse que el fenómeno transformador por antonomasia de la sociedad fue más la guerra interna que las revoluciones políticas, aunque es importante no olvidar que las primeras suelen ser a menudo el resultado de las segundas o que, incluso, pueden llegar a ir de la mano. No por nada, las guerras civiles han sido uno de los receptáculos idóneos para las políticas de violencia en el siglo XX. Guerras revolucionarias-contrarrevolucionarias como la rusa o la finlandesa; guerras internas entre fascismo y antifascismo como en España o en Italia; combates entre secciones partisanas y/o frente a la ocupación y el colaboracionismo como en Francia, Yugoslavia y Grecia; guerras de descolonización y/o poscoloniales como en Birmania (1948-hasta la actualidad), en Kenia (1952-1960), Angola (1961-2002) y Mozambique (1964-1992), Indonesia (1965-1966), Nigeria (1967-1970), Sri Lanka (1983-2009); guerras contrainsurgentes como en El Salvador (1980-1992), Nicaragua (1980-1991) o Guatemala (1978-1996); o guerras enmarcadas en la fragmentación del orden mundial de la Guerra Fría, como la de Liberia (1989-2003), las yugoslavas de los años noventa o la de Sierra Leona (1991-2002) fueron acompañadas por una multiplicidad y multidireccionalidad extremas que afectaron a las lealtades, a las acciones individuales y a la actuación frente al enemigo.

Todo ello revela su propia naturaleza y contribuye fuertemente a explicar su grado de radicalización y de violencia. La victoria en las guerras civiles pasa por maximizar la adhesión y por minimizar la defección, la colaboración con el enemigo (González Calleja, 2013: 139). En ese contexto, la violencia acaba convirtiéndose en la variable central de la ecuación, en el elemento que dirime y determina la dinámica de inclusión-exclusión, de solidaridad-expulsión. A diferencia de las guerras internacionales de ocupación, los no combatientes en una guerra civil deben tomar partido: deben escoger —de manera condicionada, cambiante y a veces predeterminada— filiaciones y lealtades (Kalyvas, 2006). Las guerras civiles son, en el sentido estricto de la frase, un ellos o nosotros, donde la adversativa es textual, aunque exista lugar para la flexibilidad en función del contexto y la evolución de los acontecimientos. No hay que considerar el único posible el modelo de cálculo racional, carencia de espontaneidad, control y certidumbre que parecen necesitar la sociología y la ciencia política para ajustar sus entramados teóricos. El mismo Kalyvas señala muy acertadamente que la guerra puede «generar violencia que sea por completo independiente de las intenciones de los principales actores», entre otras cuestiones porque en una guerra civil se «rebaja el coste de la actividad violenta» con la destrucción de la sanción institucional (Kalyvas, 2006: 44 y 90). En cierta manera, venía a subrayar lo que había señalado años antes Peter Waldmann (1999: 87), en su hipótesis central sobre lo que denomina la «violencia política desatada»: que las guerras civiles se autoalimentan, perdiendo el anclaje con las causas que las generaron y generando una dinámica propia «cuyo propulsor principal lo constituye una violencia liberada de las ataduras políticas». Aunque esto sea francamente discutible.

Como es notorio, la violencia casi siempre acompaña a los cambios de orden, y en todo caso es un signo o un indicio que denota de manera explícita el cambio histórico, desde la perspectiva de los ejecutores y de quienes los financian o apoyan en la sombra un nuevo comienzo. Ya para Marx, esta podía considerarse la levadura de la historia, mientras que para Hannah Arendt la violencia y el poder eran elementos contrapuestos, en la medida que la primera aparecía cuando el segundo se cuestionaba, fragmentaba o esfumaba. Y seguramente, y en función de los contextos, ambos tengan parte de razón si se observa el fenómeno de las guerras civiles, contextos en sí mismos de una gran violencia y, a su vez, generadores de formas de la misma como mecanismo y espacio de relación entre el poder y la sociedad. El XX, es bien sabido, fue un siglo tremendamente violento por la acumulación global de procesos históricos multifactoriales, cada uno con su propia coyuntura y su propio contexto (Rodrigo ed., 2014). Pero mientras que la violencia colectiva en las guerras de ocupación, las limpiezas étnicas o los genocidios ha sido largamente abordada, a veces desde teorías omnicomprensivas, la violencia en las guerras civiles no ha recibido la misma atención teórica o metodológica. La multiplicidad y fragmentación de los factores, niveles y autorías de una guerra civil en los niveles micro y macro hacen de las violencias desarrolladas en su interior procesos particularmente complejos de analizar bajo prismas homogéneos.

La contingencia, en este ámbito, es tanto o más importante que la teoría para comprender cuestiones como la de las violencias en general y la de las guerras civiles en particular. No todas las guerras fueron igual de violentas ni en sí mismas ni, concretamente, contra los no combatientes, en la medida que no todas las guerras civiles compartieron las mismas proporciones de fragmentación del poder, radicalidad en su toma e inseguridad en su mantenimiento. Según Laia Balcells (2010), estas formas de violencia se valdrían en los contextos de guerra convencional de las identidades étnicas y políticas y del grado de movilización previo al conflicto, mientras que en las no convencionales sería el comportamiento mismo en tiempo de guerra el que explicaría la eliminación del enemigo. Sin embargo, la cosa no es tan simple: las matanzas de civiles, incluyendo mujeres y niños, en la Italia de 1944 respondían por ejemplo más a una identificación supraindividual que a la represión del comportamiento de apoyo o sostén a la milicia irregular. En España, los asesinatos de soldados desarmados y/o en campos de concentración, de milicianos o de enlaces con la guerrilla no eran siempre violencia objetivada, sino que también cumplían (o podían cumplir) funciones subjetivas. El análisis de las lógicas propias viene revelando una creciente importancia de las dinámicas micro respecto a la aplicación de una lógica supranacional, como se demuestra en los casos de España (Rodrigo, 2008), Grecia (Kalyvas, 2006) o Italia (Baldissara y Pezzino, 2004). Sin embargo, tampoco deben descartarse estas de entrada, pues ambas dinámicas pueden compartir elementos comunes en términos de intereses de clase, de identificación y estereotipación del enemigo y de aplicación de mecanismos de depuración y limpieza política violenta. La guerra puede generar violencias que sean por completo independientes de las intenciones de los principales actores. Que se valgan de la cobertura intelectual, política y estratégica de la violencia para privatizarla, haciendo en apariencia gratuito y aleatorio el acto de matar, y sobre todo de matar a civiles o a soldados desarmados. Sin embargo, conviene no caer en el manido tópico de los odios atávicos y las venganzas personales. Un estudio meticuloso de las violencias intracomunitarias a nivel local y regional acaba revelando que, efectivamente, en muchas ocasiones lo personal es político, y que las diferentes formas en que se ejecutan dichas violencias ponen de manifiesto conflictos y problemas estructurales de tipo social, clasista, cultural, económico o político.

De la misma manera, en contextos de fractura intracomunitaria extrema pueden generarse dinámicas en las que se logra evitar la violencia, muchas veces dependiendo de agencias locales y decisiones contingentes. La violencia que acompaña a las guerras civiles, la guerra al civil, se debe valer siempre de las complicidades locales, de las redes de conocimiento, movilización o identificación previas. Eso transfiere a las comunidades, sobre todo en países agrarios, aunque también en las urbes, la gestión de las formas de violencia que se ejercen en los periodos de persecución del enemigo, limpieza social-política-racial-nacional-identitaria, ocupación territorial o posguerra. Una característica central de la violencia interna en el contexto de las guerras civiles es, de hecho, su empleo contra la quinta columna (concepto nacido, precisamente, del contexto de la guerra civil española), el enemigo interno y el guerrillero que, en España, al menos en el primero de los casos, alcanzó cotas no logradas por ninguna otra guerra interna europea (para las checas madrileñas Jiménez Herrera, 2017). En una guerra civil, al ser menos marcadas las fronteras entre los contendientes dentro del mismo país, la posibilidad de que exista un enemigo interno es mayor que en un conflicto internacional, aunque en estos últimos casos tenga un peso muy importante el colaboracionismo con el ocupante en muy diversas formas y por diferentes motivaciones. La obsesión por el enemigo, cuya destrucción es capital para la victoria bélica, lleva a su persecución, su búsqueda y su eliminación, a veces por encima incluso de las posibilidades reales de su acción, convirtiéndose su aniquilación en un objetivo capital. No es el único motivo que hace de las guerras civiles procesos bélicos particularmente violentos para con los civiles y no combatientes, pero sin duda contribuye a cebar la bomba de la persecución y la depuración, al igual que la superposición de dinámicas intra y extracomunitarias en los cómos, y de diferentes formas de expulsión —política, económica, simbólica— en los porqués.

Al igual que los conflictos interestatales, las guerras civiles articulan mecanismos de solución (aunque también podría decirse postergación) radical de conflictos estructurales de orden político, cultural e identitario, de soberanías múltiples o compartidas, pero también de orden geoestratégico, energético o militar. Evidentemente, y de igual modo que los golpes de Estado, la criminalidad organizada, el terrorismo o la persecución de los opositores (por muy sangrientas que sean, como en Bolivia en 1952 o en Argentina en 1955 y entre 1976 y 1983) no pueden ser considerados per se guerras civiles. La existencia de violencias cruzadas, aunque puedan entenderse como beligerancias contrarias, no es el único elemento que explica la existencia de una guerra intestina. El hecho de que exista la tentación entre ciertos sectores de calificar casos de golpe de Estado como los de Austria en enero-febrero de 1934 o Chile en septiembre de 1973 como guerras civiles denota el potencial evocador del sintagma y el intento de las víctimas de la violencia y la represión por hacerla visible a ojos de la comunidad internacional y condenar a los perpetradores. Sin embargo, esto también evidencia por sí mismo la fortaleza de la identificación como guerra civil de los procesos de violencias cruzadas que se desarrollan en conflictos multifactoriales (comunidad nacional y nacionalismo unido o dividido, religión, existencia de un actor reconocido como ocupante) y multidireccionales, así como varias características que explican en perspectiva comparada el uso de tal definición: la implicación de población no combatiente, la búsqueda de apoyos civiles, la instrumentación del relato histórico o la preponderancia de identificaciones hipostáticas entre los grupos identitarios combatientes o sostenedores y categorías cerradas y totales como las de pueblo, nación o comunidad. Y tampoco se puede perder de perspectiva que no se trata nunca de procesos estáticos, sino cambiantes, contingentes y variables. Las formas e intensidades de las violencias no son siempre las mismas, ni en los mismos momentos. En la España de 1936-1939 o en la Croacia de 1941-1945, por ejemplo, el asesinato de civiles en las retaguardias, si bien existió durante toda la guerra, se acumuló al principio, cuando había que tomar y mantener el poder, por un lado, y construir una nueva sociedad a través de su depuración político-identitaria, por otro. En otras guerras como la finlandesa o la irlandesa esa violencia se acumuló al final. Y esas diferencias cuentan. No tal vez a la hora de establecer modelos predefinidos, pero sí sin duda cuando se trata de comprender mejor las lógicas de los procesos históricos.

En tanto que fenómenos complejos y diferenciados, las guerras de Rusia y Finlandia, pero también de España, Italia, Yugoslavia o Grecia, de Colombia o China, de Afganistán o Angola, necesitan de análisis comparados que vayan más allá de generalizaciones y tópicos como la tardía modernización o la pobreza estructural, o idealizaciones atemporales como la dominación secular, la necesidad de un líder carismático y los odios o desequilibrios ancestrales. El problema radica en hallar un marco explicativo que, sin ser omnicomprensivo, satisfaga las necesidades interpretativas para estudiar procesos y contextos tan complejos como diferentes, por supuesto, pero también con evidentes similitudes. Para comprender las lógicas de las violencias que jalonaron la historia del siglo XX es necesario observar la multiplicidad y la amplitud de sus casuísticas. Guerras mundiales y civiles ocupan un espacio central en la investigación y en la opinión pública. Su peso es el que posiblemente más deforma nuestros presentes. Sin embargo, las primeras, las interestatales, han recibido considerablemente más atención que las segundas, las civiles (excepción hecha, precisamente, de la guerra española), por parte de la historiografía, que además las ha observado de manera excesivamente impermeable, lo cual sin duda alguna no es garantía de calidad y complejidad a la hora de abordarlas. De hecho, la violencia y la guerra constituyen los ejes gravitacionales sobre los que bascula el tiempo pretérito en las más actuales y consolidadas narrativas históricas sobre el siglo XX. Sería imposible citar siquiera una parte mínimamente relevante de la literatura histórica que se ha dedicado y dedica a la guerra como epifenómeno, a las guerras continentales, interestatales, civiles, totales, coloniales.

Así pues, existe una narrativa contemporánea de gran intensidad, que tiene en las víctimas su objeto preferente y en las guerras su espacio central de desarrollo. En ese contexto, sin embargo, la guerra civil como fenómeno contemporáneo, y sus víctimas combatientes y, sobre todo, no combatientes, lejos de situarse como proteicos epítomes de esta era de violencias, desplazamientos y trabajos forzosos, son generalmente arrinconadas por otros procesos. Guerras contra la población civil, guerras nacional-populares, guerras que pueden ser a un tiempo regulares e irregulares, guerras políticas, guerras de religión, las civiles comparten características y mantienen a su vez suficientes diferencias entre sí como para requerir de un análisis complejo, por un lado, pero también como para aportar ideas de gran peso en el ámbito de la teoría del conflicto, la violencia y la paz. Son, además, procesos a través de cuyos prismas se pueden comprender mejor cuestiones tan importantes como los mecanismos de toma del poder, mantenimiento y derrumbe de regímenes o formas de gobierno, conflictos geopolíticos y, por supuesto, las formas de penetración del capitalismo. Todo esto queda muy claro en La pesadilla de Darwin, obra maestra de Hubert Sauper (2004) centrada en las complejas interacciones político-económicas y sociales en las regiones en torno al lago Victoria a lo largo del último tercio del siglo XX, y cuyo espíritu complejizador, multidimensional y empírico es una buena fuente de inspiración a la hora de aproximarse a los conflictos internos. En Europa (el bolchevismo en la Unión Soviética [URSS], el franquismo en España, el fascismo y la democracia posfascista en Italia, entre otros), en Asia (la China de Mao o el Vietnam poscolonial, por ejemplo), en América (el Paraguay del Partido Colorado, la Costa Rica del Ejército de Liberación Nacional [ELN], el Perú de Sendero Luminoso o la propia Guatemala) o en África (los gobiernos poscoloniales, pero no solo), las guerras civiles han supuesto la forma de resolución por las armas de conflictos de diferentes naturalezas y han dado diferentes resultados: dictaduras, democracias, regímenes revolucionarios o fascistas y autoritarismos de diferente grado, entre otros. Desde luego hablamos de realidades diferentes, pero con un elemento común: que no se comprenderían sin la existencia de la guerra interna previa.

A todos los efectos, la literatura sobre las guerras civiles del siglo XX resulta imposible de condensar y sintetizar en unas cuantas páginas. Es algo que ocurre en todos los trabajos de síntesis y que, a diferencia de las ciencias políticas, resulta frustrante para la historiografía. Bajo el prisma de este contexto secular, sin embargo, y en un intento de evaluación de largo recorrido, las preguntas que asaltan al historiador a la hora de analizar las violencias en las guerras civiles europeas tienen que ver, entre muchos otros factores, con la multidireccionalidad de los procesos que las desencadenan. Las lógicas de esas violencias relacionan contextos generales supranacionales como la lucha entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y antifascismo, con dinámicas locales y regionales propias. Vinculan motivaciones, deseos, miedos y aspiraciones desde la experiencia individual hasta las políticas estatales (Sylvester ed., 2011). Adentrarse en los porqués de esas violencias supone hundirse en las tramas ideológicas, identitarias, culturales, políticas o económicas en contextos locales, regionales, suprarregionales, nacionales y supranacionales. Es precisamente por eso, y por la relevancia del tema en términos historiográficos y sociales, que es necesaria una historia comparada que no sea mera yuxtaposición. Posiblemente en ningún proceso histórico de violencia las motivaciones, lógicas e impulsos hayan despertado tanta atención como en las guerras civiles, consideradas en sí mismas actos de una crueldad total, procesos atroces que atentarían contra toda lógica y cuyas violencias fratricidas se interpretarán o desde el cálculo racional extremo de la ciencia política, o desde arquetipos alterizados: una suerte de teoría del monstruo interior, del asesino que da vía libre a sus instintos, de la locura colectiva e histórica, repetida en multitud de estudios sobre los mecanismos de violencia en toda Europa y sobre todo para España. Valga como ejemplo de esa interpretación de la guerra como locura el análisis del filósofo Julián Marías (1980: 52). Sin embargo, es en el examen de las violencias donde las visiones basadas en la proyección (el plan maestro omnipresentemente destructivo, la obediencia debida, la banalidad del mal), las convenciones morales (el mal por el mal, la destrucción absoluta), el dualismo secular (revolución-contrarrevolución) o los arquetipos patológicos (la locura, la enfermedad) fracasan. El problema radica en proponer una alternativa.

Esta pasa por el estudio de esas guerras desde sus praxis y sus contextos, desde los lenguajes que las revistieron, las interpretaciones (positivas, en su mayoría) que se elaboraron en torno a ellas y, en suma, desde sus lógicas. Guerras revolucionarias-contrarrevolucionarias como la rusa o la finlandesa, guerras internas entre fascismo y antifascismo como en España o en Italia, combates entre secciones partisanas y/o frente a la ocupación y el colaboracionismo como en Francia y Grecia, guerras de descolonización como en Kenia y Vietnam, o guerras posimperiales como las yugoslavas, la de Ruanda con sus gravísimas ramificaciones en el Congo o las de la ex Unión Soviética en Asia Central o el Cáucaso se acompañaron de una multiplicidad y multidireccionalidad extremas que afectaron a las lealtades, a las acciones individuales y a la actuación frente al enemigo. La historiografía debe hacer suya esa complejidad como clave de lectura, para después evidenciar regularidades explicativas y trazar análisis de largo recorrido. El que aquí se plantea es el de los ciclos bélicos de larga duración que entre los siglos XIX y XX contribuyen a la explicación de las recurrencias y continuidades de las guerras, ocupaciones, violencias colectivas y hasta genocidios en algunas regiones y territorios (Alegre y Alonso, 2018).

Por más que de ello se pueda desprender una mirada ahistórica de recurrencias y atavismos, de propensiones naturales a la violencia en determinadas regiones y poblaciones (España, Rusia, los Balcanes, África) que oscurecen más de lo que explican, lo cierto es que existen lugares donde parece que la contemporaneidad se componga básicamente de un continuum de guerras internas sin fin. No hace falta recordar el caso español y sus carlistadas del siglo XIX, sujeto político-militar de gran importancia en la guerra de 1936 —hasta el punto de ser interpretada por la militancia tradicionalista como la cuarta guerra carlista—. En Grecia, una de las interpretaciones preponderantes, la de los vencidos, habla de una sola guerra con tres rounds diferentes. Angola es un caso de recurrencia (guerras sin fin), con una guerra civil en tres fases diferentes (1975-1991, 1992-1994, 1998-2002), unidas por periodos de paz frágil (Kissane, 2016: 20). Sri Lanka experimentó una guerra civil intermitente entre 1983 y 2009 (Newman, 2014: 6). Los peores conflictos de los últimos treinta años, al menos a ojos de la prensa europea, han sido los relacionados con el colapso del Imperio Otomano: Irak, Palestina, Siria, Yugoslavia… Sin embargo, también tenemos el caso paradigmático del Cuerno de África en el último cuarto del siglo XX y buena parte de lo que llevamos del XXI, con conflictos interestatales, enfrentamientos fratricidas difíciles de aprehender, con señores de la guerra, poderes locales y bandas armadas, hambrunas masivas y prácticas genocidas a gran escala. Es decir, partes de un largo ciclo bélico compuesto por guerras internacionales o civiles, y en la mayoría de los casos, de ambas cosas a la vez. El análisis de los ciclos bélicos largos, más que el de los atavismos y recurrencias antropológicas, es el que favorecerá una mirada contingente a la realidad histórica de las guerras civiles y sus violencias.

Para ello es necesario ampliar el espectro de categorías analíticas. Violencia y poder, por supuesto, pero también fragmentación, soberanía, territorialidad, apropiación simbólica, penetración del capitalismo y expansión de áreas de influencia forman parte de las herramientas que explican la llegada del conflicto bélico interno a gran o mediana escala y sus recurrencias. Las guerras civiles, tanto las «clásicas» como las «posmodernas» (Ignatieff, 1999), las de ejércitos convencionales como las protagonizadas por señores de la guerra o milicias paramilitares, todas ellas fueron y siguen siendo conflictos reconfiguradores de las sociedades donde tuvieron lugar, tanto por su naturaleza como por sus desarrollos. En las guerras civiles, la disputa por la legitimidad, sea en forma de combates abiertos o en guerrillas —aunque siempre, eso es importante, con una forma sostenida y armada de enfrentamiento— hace de perpetradores y víctimas sujetos de combates, hasta el punto que a menudo ambas condiciones acaban por solaparse, pero también hace de ellos objeto de una lucha por el capital simbólico de la comunidad nacional.

La apropiación en exclusiva de los valores colectivos más abiertamente positivos, la instrumentación del relato histórico o la preponderancia de identificaciones hipostáticas cerradas en un contexto de disputa por el territorio conocido y contra un enemigo cercano y similar concebido como «traidor», hicieron y hacen de sus violencias elementos performativos para la transformación del espacio de convivencia, de la sociedad y la construcción del futuro (Alegre, 2014a). En eso, de hecho, convergen con las definiciones operativas de las revoluciones en muchas variables, sobre todo desde que el modelo revolucionario marxista-leninista preconizase e hiciese propio ese tipo bélico, y por el hecho de que cualquier revolución triunfante se ha impuesto generalmente por medio de una guerra civil. Sin embargo, la potencia narrativa que se desprende de las guerras «clásicas», y sobre todo las tres grandes guerras civiles europeas del siglo XX (Rusia, España, Yugoslavia), no debe conducir a una propuesta de definición eurocéntrica, donde las variables que acaben contando sean las que se encuentran en la Rusia de 1918, la España de 1936 o la Yugoslavia de 1991. Está claro que no existe «un solo arquetipo» de guerra civil (González Calleja, 2013: 74), e igualmente es evidente que la mayoría numérica, en cifra de bajas, meses de duración, variedad de etiologías de las guerras civiles del siglo XX, no es europea, de ahí que hayamos creído necesario abrir este trabajo a un escenario mundial.

En todo caso, una clave interpretativa radica en el hallazgo de regularidades y disimilitudes. Pese a sus diferencias, no todas por igual ni todas en escala equiparable, las guerras civiles son combates en los que se dirime la hegemonía sobre, y hasta la apropiación de, el capital simbólico e identitario de la nación y de la comunidad, pero también, lo cual no es menos importante, la posición en el mundo del país o las regiones afectados por el conflicto. Aunque la lógica de las «nuevas guerras» a veces parezca desmentirlo por su fijación no tanto en el control del poder político cuanto en el control y depuración de los recursos energéticos, económicos o poblacionales, la guerra civil ha actuado siempre como el tipo de conflicto propio de los contextos de construcción estatal, sea por la creación de nuevas formas estatales, sea por el derrumbe de las preexistentes (y la consiguiente construcción de formas nuevas). No siempre aparece, claro está, la agencia estatal. De igual manera, no siempre existen dos entidades político-territoriales definidas en combate: desde luego sí en España, en Finlandia o en Rusia, pero no tan claramente en Italia, Irlanda, Sierra Leona, Bosnia o Somalia.

Sin embargo, no todas las guerras fueron igual de violentas, ni de destructivas. No todas duraron de manera casi indefinida, ni en todas se hallan los porcentajes de asesinatos y las mismas mecánicas represivas. Pese a las diferencias internas, cabe subrayar al menos tres conclusiones preliminares. En primer lugar, y como norma general, la guerra sirve como marco propiciatorio para la violencia. Sin la guerra, los índices de violencia son siempre considerablemente menores, exceptuando quizás la puesta en marcha o la potenciación de proyectos revolucionarios, como en el caso de la industrialización y la colectivización de la Unión Soviética durante las primeras décadas de Iósif Stalin (1878-1953) en el poder o la ruralización y colectivización de Camboya por los Jemeres Rojos. En España, el índice de asesinatos por persecución política, así como otros indicadores de violencia colectiva como los sistemas concentracionarios y los trabajos forzosos se redujeron notablemente tras la finalización en 1948 del estado de guerra instaurado en 1936. Durante la larga era del fascismo, la mayor de las violencias en términos cuantitativos dentro del territorio italiano tuvo lugar en el marco de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra civil y la Liberazione. Tal consideración resulta evidente si se echa la vista hacia la Alemania nacionalsocialista o la Croacia de Pavelić, lo cual no es óbice para que incluso dentro de las propias guerras y violencias existan variables locales y diferentes tempos. Un caso curioso es el del llamado genocidio tutsi en Ruanda, ocurrido en 1994, tras una cruenta guerra civil en los tres años anteriores, algo que no obstante lleva a algunos autores a enmarcar ambos hechos dentro del mismo arco bélico. En cualquier caso, la tendencia de la primera mitad de siglo que apunta a un aumento de las violencias bajo el paraguas de la guerra se evidencia de forma muy clara en otros conflictos intestinos como la segunda guerra del Congo o la guerra civil de Sudán, entre muchos otros.

En segundo lugar, las lógicas de la guerra civil y de sus violencias pueden ser independientes, pero están sin duda interconectadas. Muchas veces, la naturaleza de la violencia en la guerra civil no es estrictamente eliminacionista: el internamiento en campos de clasificación o de trabajo no siempre perseguía la muerte de los prisioneros, sino su reeducación y explotación, al igual que las violaciones y humillaciones públicas de las mujeres de izquierdas en la guerra civil española, o de colaboracionistas en la Francia y la Italia de la liberación perseguían fundamentalmente la reeducación y expiación, o de la misma manera que los exilios y desplazamientos forzosos durante o tras las guerras internas buscaban más la expulsión física y simbólica que el asesinato. Sin embargo, es cierto que en muchas ocasiones los métodos y condiciones con que se llevaron y se llevan a cabo estas políticas acaban haciendo de la muerte de masas un elemento omnipresente. En Italia, Grecia, Yugoslavia o El Salvador los combatientes arrasaban o deportaban pueblos y aldeas enteras de civiles por sus supuestas vinculaciones con la guerrilla. En las guerras civiles, la disputa por la legitimidad hace de perpetradores y víctimas sujetos de combates también simbólicos. Sus violencias son, por tanto, mecanismos de toma y mantenimiento del poder en todos los órdenes, pero también elementos performativos para la transformación de la sociedad y la construcción del futuro. La mayoría de las veces el actor principal no es el Estado, sino paraestados en competencia por el poder y el control administrativo, económico, energético, militar y del capital simbólico de la nación. Y, como viene analizándose en los últimos años, las políticas de violencia necesitan de la dinámica de la guerra, pero pueden ser después independientes en su ejecución. Desde el análisis geopolítico, identitario o cultural, la toma del poder o su mantenimiento pueden acabar resultando variables menores a la hora de comprender la violencia de las guerras civiles, pues ambos fenómenos pueden regirse por lógicas no enteramente idénticas. No es algo incoherente que sean lógicas interrelacionadas, pero potencialmente independientes. De hecho, el análisis de las contingencias históricas y de sus complejidades hace irrelevante lo que el historiador o el científico social considere o no coherente.

Y en relación con esto último, en tercer lugar, las civiles son guerras tanto más violentas cuanto más complejas. Tanto la guerra rusa como la española o las guerras entre resistencia(s) y colaboración de 1939-1945 fueron guerras civiles, justificadas como nacionales, luchadas en términos de clase y de religión, como también lo fueron las del Sureste asiático o las libradas en el Cuerno de África en la segunda mitad del siglo XX. Fueron guerras nacionales de independencia contra el enemigo exterior, guerras contra el enemigo de clase, guerras contra los fantasmas del pasado revolucionario reciente, guerras de religión, guerras políticas e internacionales y guerras militares, totales, de ocupación territorial. Tras 1945, la exportación de la guerra a las periferias de los dos grandes bloques en pugna fue el reflejo más evidente o representativo de los parámetros y lógicas a partir de los cuales se movió lo que conocemos como Guerra Fría: un conflicto larvado y casi constante entre Estados Unidos y la Unión Soviética junto a sus aliados en el cual dirimieron sus diferencias a través de conflictos impulsados y librados lejos de sus territorios. Esta política de confrontación encubierta se aprovechó en ambos casos de los problemas estructurales y diferencias inherentes a cualquier sociedad, en este caso las afectadas por los conflictos de la Guerra Fría, generando sobre el terreno guerras civiles con lógicas y políticas de la violencia propias y de largo alcance en el tiempo.

En un periodo donde la tecnología bélica, pese a sus limitaciones, era muy superior a la de la información, era también más fácil destruir al enemigo que conocerlo, más fácil usar la guerra que la política como mecanismo de transfiguración de la sociedad. Por eso la guerra fue tan cara a los regímenes políticos que anhelaban la transformación, el nuevo inicio, las ruinas sobre las que construir la nación. La violencia en la guerra civil fue y es, con importantes diferencias de grado, una herramienta de limpieza, transformación, control y explotación de la sociedad y sus recursos. La propuesta de este libro pasa pues por una idea central: que las guerras internas fueron especialmente violentas, y sobre todo percibidas así, debido a elementos diferentes y multifactoriales entre los que se incluyen la toma y el control del poder, los conflictos simbólicos, las fracturas comunitarias y la yuxtaposición de conflictos dentro de las mismas. A eso habrá que añadirle claro está la agencia humana. En última instancia, aunque con nuevos factores añadidos y contextos diferentes propios de cada escenario particular, lo mismo puede decirse de las guerras civiles y las violencias que asolaron muchos países del orbe situados en las periferias de Occidente y el bloque comunista durante la segunda mitad del siglo XX. Las guerras civiles acarrean admitir que la brutalización, la alterización, la heterofobia y la aceptación del asesinato, la expulsión, la deportación, la tortura o el sometimiento al trabajo forzoso pudieron tener lugar no a resultas de una invasión externa, sino en el seno de la misma comunidad nacional. Por ese motivo, y pese a que han generado menos bajas y menos sufrimiento sobre civiles y combatientes que las mundiales, se siguen considerando como epítomes de la crueldad y la barbarie.

2. La revolución y la guerra: Europa, 1917-1936

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La revolución y la guerra: Europa, 1917-1936

Ese vacío se lo traga todo: tronos, clases, estamentos, obras, fortunas. Todo está convulso; a todos nos han convulsionado. Todos se desploman; todo se desploma […]

VASILI RÓZANOV,

El apocalipsis de nuestro tiempo (1918)

Para que una clase social afectada en sus intereses vitales se dé por vencida, es necesario infligirle pérdidas terribles. No lo hará antes de que sus hijos más vigorosos, más inteligentes, más valerosos, hayan sido sesgados. Es preciso que corra lo mejor de su sangre […]

VICTOR SERGE,

El año I de la Revolución Rusa (1930)

Los ciclos bélicos europeos

LOS CICLOS BÉLICOS EUROPEOS

Ciclos largos de guerras y conflictos encadenados y, muchas veces, interdependientes. Guerras internas y externas combinadas, combates y períodos de posguerra armada. Sobre la existencia de esas formas de conflictos y guerras civiles y mundiales de media y larga duración, en las que se basará el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las formas bélicas del siglo XX y su creciente destructividad, se ha venido construyendo en los últimos años una historiografía cada vez más influyente (Gerwarth y Horne eds., 2012; Gerwarth, 2016; Kershaw, 2016) que, desde incluso la consideración de la existencia de una Segunda Gran Guerra entre 1917 y 1923, está contribuyendo a una relectura cada vez más interconectada y compleja del período, de los fenómenos que albergó y auspició, e incluso de sus convencionalismos cronológicos al uso (Winter, 2018).

Europa vivió uno de esos ciclos entre 1914, o incluso desde 1912-1913 si incluimos en él las guerras balcánicas, y mediados de los años veinte. Como ha recordado recientemente Robert Gerwarth, el continente vivió no menos de veintisiete cambios de poder político, de carácter violento y acompañados no pocas veces de guerras civiles y conflictos internos, entre 1917 y 1920 (Gerwarth, 2016: 27). Entre 1917 y 1923 se sucedieron, además de conflictos internacionales e interestatales, también guerras internas de escala y magnitud variable, con la Primera Guerra Mundial como fenómeno disparador, aunque también como resultado de dinámicas que la experiencia de la Gran Guerra radicalizó y llevó a escalas hasta entonces desconocidas. En este sentido, es sintomática la experiencia previa de las guerras balcánicas de 1912 y 1913 donde, como recuerda Alan Kramer (2007: 139), los observadores internacionales del Fondo Carnegie para la Paz Internacional (Carnegie Endowment for International Peace) vieron una creciente dinámica destructiva que sentaría las bases para las guerras posteriores: el tipo peor de guerra, la de raza, religión, la de un pueblo contra otro, de un hermano contra otro. La guerra por la desnacionalización del vecino, elemento propio, como hemos visto, no solo de las guerras internacionales, sino sobre todo de las formas intracomunitarias de las guerras contemporáneas.

El objeto de este capítulo no es el estudio de las formas de la guerra y la violencia en la Europa de Entreguerras, sino el de las guerras civiles que tuvieron lugar en el viejo continente y, por extensión, el análisis de por qué en otras latitudes diferentes a la Rusia y la Finlandia de 1918, la Irlanda de 1922 o la España de 1936 la radical crisis política no tuvo como resultado las hostilidades abiertas y armadas entre partes diferenciadas del mismo país, pese a que en ciertos momentos se alcanzasen picos de tensión que llevarán a observarlos como guerras intestinas latentes. No toda la violencia vino de la mano de las guerras civiles, y menos en un contexto de reconfiguración territorial y etnonacional de Europa como el de la guerra y la posguerra mundiales (Tooze, 2016). De hecho, con la excepción de la guerra civil de Rusia y de la superposición de conflictos que compusieron la guerra civil en España, en este período las guerras internacionales y las masacres que las acompañaron fueron sustancialmente más sangrientas en términos proporcionales y relativos, tanto para poblaciones civiles como para combatientes, que enfrentamientos internos como el finlandés o el irlandés. Tanto la primera guerra balcánica de 1912, de Grecia, Montenegro, Serbia y Bulgaria contra el Imperio Otomano por Macedonia y Tracia, como la segunda de 1913 entre los aliados antiotomanos se desplegaron acompañadas por procesos de limpiezas etniconacionales y conversiones forzosas, con un gran impacto en las comunidades nacionales, religiosas y culturales de los Balcanes. Incluso en este caso es muy interesante señalar que el largo ciclo bélico de violencias, conflictos internacionales e intracomunitarios concatenados que se experimentó en toda la región vino muy marcado por las trayectorias personales, un factor cuya importancia no hay que olvidar nunca. En este sentido, ya en los meses previos al estallido de la Gran Guerra las comunidades griegas de Asia Menor sufrieron persecuciones y confinamientos en campos de concentración, donde desempeñaron trabajos forzosos en condiciones de miseria. Y desde luego no es casual que en muchos casos los encargados de implementar estas políticas sobre el terreno fueran turcos o poblaciones musulmanas expulsadas y deportadas en el marco de las guerras balcánicas de 1912 y 1913 (Naimark, 2002: 45).

En cualquier caso, fue la deportación y desplazamiento forzoso de las poblaciones armenias de Anatolia —entre 600 000 y un millón— bajo el mando del Comité de Unión y Progreso (CUP), los Jóvenes Turcos, lo que supuso un hito cualitativamente nuevo en la historia de la violencia de masas. El desarme primero de la minoría religiosa y cultural, la separación después de las poblaciones y los traslados forzosos bajo una premisa de intencionalidad homicida, por fin, abrieron en el continente una larga historia de violencia masiva unilateral sin combate territorial, es decir, el genocidio (Dadrian, 1995; Bloxham, 2005; Akçam, 2006; Bloxham y Moses eds., 2010; Kévorkian, 2006 y 2014). Tras la Gran Guerra, unos 30 000 colonos griegos de Esmirna, en la Anatolia occidental, fueron aniquilados por los ejércitos de Atatürk en 1922, cuando las tropas turcas reconquistaron el territorio perdido en 1918 frente a griegos, italianos, británicos y franceses. No es casual que esta ciudad portuaria de Asia Menor, símbolo de la pujanza de la comunidad griega en la región, fuera arrasada hasta los cimientos como si de una moderna Cartago se tratara. La intención estaba muy clara: borrar cualquier huella de la milenaria presencia de la cultura griega en la región para evitar que se pudiera volver a cuestionar el derecho de la nueva Turquía sobre dichos territorios.

El caso turco es particularmente interesante porque sirve como paradigma de la construcción de un Estado-nación en el marco de una guerra internacional, en este caso de la greco-turca, muy caracterizada por los conflictos y la violencia intracomunitarios cuyo fin era el control y conquista efectivos del territorio. De hecho, a la altura de septiembre de 1922 entre 150 000 y 200 000 griegos de Asia Menor y de la parte occidental de Anatolia habían sido ya evacuados e internados por las autoridades helenas en campos de refugiados improvisados en las islas del Egeo y en las inmediaciones de Tesalónica. En el año y medio posterior a la firma del Tratado de Lausana de noviembre de 1922, que ponía fin a las hostilidades, se sancionó lo que ya empezaba a ser una realidad de facto: la expulsión de casi un millón y medio de griegos de Anatolia, entre los cuales morirían decenas de miles fruto de la violencia brutal que presidió los traslados desde el interior de la península a manos de las comunidades musulmanas, pero no menos por la falta de medios y la incapacidad de un Estado griego ya de por sí pobre y hundido por la guerra para dar respuesta a un reto humanitario de tales proporciones. Se trata de una cuestión que fue maravillosamente abordada por el cineasta griego Theo Angelopoulos en su película Eleni (2004). Algo similar ocurrió con las poblaciones musulmanas expulsadas de la Macedonia griega y de Tracia, que como en el caso de los griegos hubieron de enfrentar la hostilidad de sus nuevos conciudadanos y el choque cultural de adaptarse a una tierra cuya lengua y costumbres a menudo desconocían por completo. Así fue como un hombre que había forjado su prestigio y carisma en la lucha contra los británicos en los combates de Galípoli durante la Gran Guerra, Mustafá Kemal, más conocido como Atatürk, consiguió convertirse en el padre de la patria turca, aún hoy en día adorado en todo el país como tal, al revertir los proyectos europeos para el reparto de Anatolia y completar la construcción del nuevo Estado. La violencia y la guerra internacional se habían concatenado de forma decisiva para hacerlo posible. El mismo Atatürk lo dejaba muy claro al declarar ante la Gran Asamblea Nacional a principios de noviembre de 1922, cuando se declaró la disolución del Sultanato otomano, que «La soberanía se adquiere mediante la fuerza del poder y la violencia. Fue mediante la violencia como los hijos de Osmán (en referencia a Osmán I [1258-1326], que estableció el Imperio Otomano) adquirieron el poder para gobernar sobre la nación turca y mantener su régimen durante más de seis siglos. Es ahora la nación la que se rebela contra estos usurpadores», que habían privado a los turcos de sus derechos sobre los territorios que les pertenecían al permitir dentro de ellos la coexistencia de otras naciones (Naimark, 2002: 52). Es aquí donde se encuentra la raíz más evidente de la tradicional enemistad greco-turca, que llega hasta nuestros días y que sigue propiciando que grandes porcentajes de los presupuestos de cada uno de los estados estén dedicados a la compra y producción de armamento; al mismo tiempo explica también otros conflictos intestinos como la disputa por la isla de Chipre, que dio lugar a graves enfrentamientos y a la partición efectiva del país.

Así pues, no cabe demasiada duda a la hora de identificar el tiempo de la Gran Guerra y su larga posguerra como uno de radicalización, violencia y reconfiguración sociopolítica, cultural y étnico-nacional, cuanto menos en Eurasia. Sin embargo, esas violencias extremas, por más que se conjugasen en formas de violencia intracomunitaria, no hacen que la historiografía identifique la Turquía del CUP o de Atatürk como contextos de guerras civiles. Sin combates armados con un mínimo de bidireccionalidad no puede llegar a hablarse, en nuestra opinión, de una guerra ni abierta ni larvada. La guerra civil es una forma de violencia extrema, pero no todas las violencias extremas se despliegan ni en forma de ni bajo guerras civiles. Y así lo puso de manifiesto el reputado historiador británico Arnold Toynbee, que dio buena cuenta de las políticas de ocupación griegas en Asia Menor y Anatolia durante su viaje por la región en 1921: los griegos estaban armados y organizados y los turcos completamente expuestos e indefensos frente al régimen de terror impuesto por los primeros (Naimark, 2002: 47). Por eso mismo no resulta operativo hablar de guerra civil en este caso, por mucho que la violencia intracomunitaria fuera una constante a lo largo de todo el conflicto greco-turco y su posguerra.

En esto, el estudio en torno a las lógicas de la violencia inspirado por Stathis Kalyvas (2006: 51) ha enriquecido notoriamente los debates sobre la intersección entre ambos fenómenos, el de la violencia colectiva y el de la guerra civil. En su modelo de análisis, la violencia unilateral (en forma de asesinatos) que pretende hacerse con el poder sobre la población que la sufre ha de denominarse terror; si no pretende hacerse con el poder sino destruir a esa población, debe llamarse genocidio. Si no es unilateral sino bilateral, los términos propuestos son violencia de guerra civil y exterminio recíproco, respectivamente. Por supuesto puede resultar un modelo demasiado esquemático: en España, por ejemplo, resulta imposible hablar de una violencia de guerra civil en esos términos, pues pese a ser teóricamente bilateral, lo fue como sucesión de violencias unilaterales, como se verá. Lo mismo podría decirse de las violencias contra los civiles en el territorio posimperial zarista. De hecho, la misma idea de bilateralidad de la violencia es engañosa en el marco de las guerras civiles, tanto regulares —las menos— como irregulares —las más.

Esa es la razón por la que nuestro acercamiento es contingente y no apriorístico, y trata de moverse siempre en un plano donde la cronología contribuya a dotar de significado a los procesos históricos. En ese sentido, la identificación de un ciclo bélico de larga duración vinculado menos a lo político y más a dinámicas socioculturales y etnonacionales puede incluso llevar a un cuestionamiento general del ciclo cronológico más o menos establecido (al menos, en su origen de 1917) para plantear una dinámica destructiva, en palabras de Alan Kramer, que incluya también las prácticas militares coloniales en la identificación de un determinado tipo de guerra deshumanizado, devastador y total. Este es un tema de nuevo abierto al debate, incluso entre nosotros, ya que pese a no aceptar siempre con rotundidad la explicación genérica de la importación de las prácticas coloniales a Europa en la era de las guerras mundiales y civiles como forma de aprehender sus trazas de extrema crueldad, al mismo tiempo encontramos en esas guerras continentales la presencia de inercias como la deshumanización del enemigo; el uso generalizado de políticas de control social y guerra contrainsurgente frente a enemigos reales y potenciales basadas en el toque de queda o en la concentración de las poblaciones dispersas en el ámbito rural y, por supuesto, los campos de concentración y detención de diversa naturaleza; el envenenamiento de aguas para consumo humano y la privación del acceso a los medios de subsistencia; la destrucción masiva de núcleos de poblaciones y, con ello, de las formas de vida preexistentes; y, no menos importante, el uso y estímulo generalizado y consciente de las divisiones internas preexistentes (otras veces inducidas) dentro de las sociedades bajo dominio colonial, por ejemplo mediante el reclutamiento y la colaboración activa de autóctonos favorecidos por las autoridades metropolitanas, lo cual acabó dando lugar a enfrentamientos armados intracomunitarios que en algunos casos podríamos llegar a identificar como guerras civiles. En todos los casos hablamos de políticas que, antes que en la Europa de las guerras revolucionarias y de las guerras civiles, fueron desplegadas por los ejércitos coloniales en América, Asia, Oceanía y África, donde según algunos autores como Andreas Stucki se fue desarrollando «una suerte de caja de herramientas imperial» —concepto que aparecerá recurrentemente en este libro— fruto de «los procesos de aprendizaje y las transferencias de conocimientos» por diversas vías (2017: 324-326). Estos intercambios de instrumentos represivos y estrategias militares, empleados tanto para el control social de las poblaciones occidentales como en la lucha contrainsurgente, tendrían una continuidad muy clara a lo largo de la segunda mitad del siglo XX con países como Francia y Estados Unidos en un lugar central, tal y como veremos. A diferencia de algunas formas de violencia colonial o de algunos tipos de insurgencia, las guerras civiles son conflictos en los que el uso de la fuerza se suele dirigir primariamente hacia el objetivo de lograr el poder estatal (Kissane, 2016: 26) o a cuestionar un determinado statu quo.

El desafío doméstico al depositario del poder de una entidad soberana, con violencia bilateral a gran escala entre dos o más grupos vecinos dentro de un Estado reconocido y luchando por el control del gobierno o la extensión de su jurisdicción, distinguiría la guerra civil de la guerra entre estados, de las limpiezas de las minorías nacionales y, en buena medida, también de las prácticas de la guerra colonial desempeñadas por la Italia monárquica, la España de la Restauración, la Inglaterra victoriana, la Tercera República francesa o la Alemania guillermina. Sin embargo, tampoco hay que ser tajantes en las distinciones. En tanto que forma bélica propia de la construcción nacional en contextos de soberanía política, podríamos interpretar, evidentemente no sin problemas, como guerras internas (con potencia de fuego y territorialidad evidentes) los conflictos que se desarrollaron, por ejemplo, en los territorios de soberanía nacional de los países europeos, como para el caso español en la Cuba de 1895-1898 o alrededor de la plaza de Melilla en 1909. Como se verá más adelante, los conflictos coloniales y poscoloniales suelen contener conflictos intracomunitarios y disputas abiertas por la soberanía que devienen en formas abiertas o larvadas de guerra civil, como ocurrió en determinados periodos del dominio británico sobre India. Ya en la segunda mitad del siglo XX un caso muy claro es el de la vieja colonia francesa de Indochina, que comprendía los territorios de los actuales estados de Laos, Camboya y Vietnam, donde se dieron cruentísimas guerras civiles, en ciertos periodos bajo el paraguas de guerras coloniales o internacionales. Es más: las primeras grandes guerras civiles de la Europa del siglo XX fueron las que se desarrollaron, precisamente, en el contexto de la descomposición imperial. Y más allá de la dimensión simbólica del poder, ello significaba fragmentación de la soberanía, división, privatización o desaparición de las fuerzas del orden, construcción de nuevas formas de control político basadas en utopías y cosmovisiones —revolución, contrarrevolución— movilizadoras. En buena medida, algunos de los elementos que configuran el humus de las guerras civiles.

Este capítulo se centra en esas guerras civiles abiertas (y también larvadas) de la Europa de Entreguerras, ese ciclo bélico largo. Un ciclo de conflictos complejos y diferenciados, pero un ciclo de guerras asimismo caracterizadas por integrarse, casi todas ellas, en lo que aquí se denominará el sexenio rojo: el mediatizado por la irrupción de la alternativa revolucionaria de 1917. Evidentemente, no todas las guerras de este periodo respondieron a esa dinámica. La guerra civil china de 1927-1949 se sale del tracto cronológico señalado, que tiene validez fundamentalmente para el marco europeo de la posguerra mundial. Sin embargo, el caso chino sí que está muy relacionado con dinámicas y acontecimientos asociados al imperialismo, la Gran Guerra y sus consecuencias, que entre otras cosas dejaron al país muy debilitado frente a la imposición de los intereses económicos japoneses. Así pues, aquí tenemos una buena muestra del creciente grado de globalización experimentado por el mundo desde el último tercio del siglo XIX. De igual manera, las guerras civiles en Paraguay (1922-1923) y Nicaragua (1926-1927) responden a marcos cronológicos e interpretativos diferentes, que se verán más adelante. En todo caso, el ciclo europeo de guerras civiles que arranca con el triunfo soviético y que, de manera directa, impacta también en el mundo asiático no puede comprenderse sin atender a dos factores: el precedente inmediato de guerra total representado por la Primera Guerra Mundial y la utilidad de la guerra interna como marco propicio para el asentamiento del poder y la nacionalización forzosa de las poblaciones. Además, existen elementos geoestratégicos, políticos, económicos y socioculturales a tener en consideración para entender el despliegue de las guerras civiles europeas en este periodo, en tanto que, en todas, en mayor (Rusia, Finlandia) o menor (Irlanda) medida, concurrieron formas armadas contrarrevolucionarias, que se deben poner en relación con los procesos de construcción y a veces reconstrucción estatal en el marco de la posguerra mundial. La complejidad de estos contextos en términos etnonacionales, como se verá sobre todo en el conflicto ruso, hace necesarios algunos matices interpretativos previos. La Europa (y por tal entendemos también el Imperio zarista, al menos en términos sociopolíticos) de Entreguerras y sus conflictos internos han sido analizados en términos de guerra interna entre revolución y contrarrevolución. Sin embargo, en tanto que aspiración omnicomprensiva, ¿hasta qué punto esta dialéctica constituye una interpretación válida para todo el continente en los años que llevaron de Sarajevo a Auschwitz?

Revolución, contrarrevolución, imperio

REVOLUCIÓN, CONTRARREVOLUCIÓN, IMPERIO

Si algo hemos aprendido de la reciente oleada de estudios aparecidos alrededor de la Primera Guerra Mundial y su centenario es la importancia de volver sobre ella como gran cesura histórica de la contemporaneidad. También en la materia que nos ocupa, la de las guerras civiles. La Gran Guerra fue un conflicto de vulneración generalizada y definitiva de los principios y las normas bélicas decimonónicas, de la idea jurídico-legal de neutralidad, de bombardeos sobre civiles, bloqueos económicos o trabajos forzosos de la población no combatiente. En consecuencia, de dimensiones antes desconocidas en las escalas de la violencia contemporánea (Kramer, 2007). Además, fue una guerra de movilización —y por tanto de nacionalización— total. Y pese a no haber sido explícitamente estudiada como una de sus consecuencias, la influencia tanto de la Gran Guerra como de su finalización en el ciclo ulterior de guerras civiles no puede ser minusvalorado (Gerwarth y Horne eds., 2012; Martin, Haughton y Purseigle eds., 2012; Gerwarth, 2016; Kershaw, 2016). Como tal, supuso un punto de ruptura fundamental para la configuración de las identidades étnico-nacionales y un marco, el de la guerra total, propicio y nuevo para su resolución (Roshwald, 2001; Núñez Seixas, 2001). Y dio inicio, así, con el prólogo de las guerras balcánicas de 1912 y 1913, al ciclo largo de guerras convencionales y no convencionales, continentales y civiles, en el que se hundió Europa hasta 1949.

De uno u otro modo, la ruptura moral y tecnológica que representó la Gran Guerra a nivel político-militar ha condicionado todos los conflictos internos e internacionales que han tenido lugar hasta nuestros días, y lo seguirá haciendo en las próximas décadas casi con toda seguridad. Fue el contexto en el que la violencia —guerra, ocupación, persecución de civiles, desplazamiento de minorías, internamiento en campos de concentración— se convirtió en un eje gravitacional de la contemporaneidad europea: en un factor de construcción nacional, identificación de la comunidad y purificación social, además de un mecanismo para la actuación sobre el problema de las minorías. Sobre todo, en el arco geográfico que formaban los imperios derrotados de los Romanov, los Habsburgo, los Hohenzollern y el Sultanato otomano, con el epítome de la revolución bolchevique y sus desarrollos ulteriores como elemento transformador del equilibrio político. Es destacable, sin embargo, cómo procesos de tal magnitud como la revolución y la guerra interna en Rusia o la guerra civil en Finlandia suelen descontextualizarse del entorno bélico. De igual manera que la Gran Guerra palidece en las interpretaciones explicativas sobre el ciclo de guerras civiles del sexenio rojo, es más que posible que la revolución haya recibido mayoritariamente mucha más atención que la guerra a la hora de evaluar la dimensión natalicia de todo el proceso iniciado en 1914 (Figes, 1996).

Por tanto, cabe observar en su conjunto el ciclo bélico de las guerras civiles europeas, desde el análisis de sus continuidades y discontinuidades. Pero desde el convencimiento de que resulta probablemente una simplificación atribuir una adscripción única (el sintagma «guerra civil») a conflictos tan diferentes y complejos, que nunca fueron exclusivamente internos, y que a muy grandes rasgos respondieron al menos a tres tipologías diferentes de guerras. Por lo general, se las ha identificado como guerras revolucionarias-contrarrevolucionarias, como la rusa o la finlandesa, guerras internas entre fascismo y antifascismo, como en España o en Italia, o combates entre secciones partisanas y/o frente a la ocupación y el colaboracionismo, como en Francia, Yugoslavia y Grecia. Como sabemos y se observará, todas ellas incluyeron elementos que cuestionan fuertemente los análisis de tipo bipolar. Una mirada complejizante del ciclo bélico de larga duración que arranca en 1912-1917, prevé la existencia de conflictos a la vez internacionales, nacionales e intracomunitarios que arrancarían en la guerra rusa (o mejor, en las guerras civiles rusas de 1916-1926, según Smele, 2016) y abarcarían casos más conocidos y consensuados por la historiografía, como las guerras de Finlandia, España, Yugoslavia y Grecia hasta 1949, otros casos sujetos a fuertes debates sobre su tipología, como los de Irlanda, Italia o el Reino de Yugoslavia, y a los que podrían sumarse (según la definición de guerra civil adoptada) casos como el belga, el polaco o el francés en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la identificación de un ciclo histórico donde una suerte de fenómeno abstracto, la guerra civil, va expandiéndose o tocando el suelo de diferentes países europeos en función de la recurrencia o no de algunas características favorecedoras o desencadenantes puede comportar una simplificación de la compleja realidad que hay tras los fenómenos abordados.

Lo primero que debe hacerse en historiografía es separar la contingencia de las explicaciones estructurales, de las largas duraciones que suelen esconder determinismos ex post. Por tanto, ¿cuáles serían esos condicionantes que harían que unos países se hundan sin remedio en la lucha cainita y otros pasen la larga crisis (treinta años) continental sin que sus conciudadanos se lancen a matarse entre sí? Una de las claves de lectura menos provechosas está en el análisis de la supuesta proclividad nacional hacia la violencia. De hecho, el análisis de las continuidades y recurrencias geográficas y nacionales contribuye a alimentar no pocos prejuicios. Según esta visión, en España, en Rusia o en los Balcanes la guerra civil sería el reflejo de irracionalidades atávicas de poblaciones, de caracteres colectivos proclives a la violencia, de sociedades caracterizadas como retrasadas, incivilizadas o (democráticamente) imperfectas, o impregnadas de una ancestral cultura de la violencia. Al hablar de la guerra civil rusa, Payne despliega una batería de prejuicios que le hacen hablar del «extraño mundo de la Unión Soviética», de su «tendencia» a «librar una especie de guerra contra sus propios ciudadanos», de la también «habitual tendencia rusa al sadomasoquismo», o calificar al «campesinado [de] políticamente ignorante e ingenuo» (2011: 24, 46 y 81). Los historiadores no están vacunados frente a los convencionalismos por el hecho de serlo. En uno de los escasos análisis comparativos existentes sobre las guerras civiles europeas, en este caso entre la de España y la de Grecia (con un tercer elemento de comparación, el Reino de Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial), Philip Minehan (2006) sostiene que las tres guerras fueron (y eso es lo que las define) una suerte de manifestación de una larga guerra entre capitalismo, comunismo y fascismo, si es que este último puede separarse del primero en su desarrollo histórico. Incapaces los tres países por su atraso socioeconómico y político de llegar a un cambio revolucionario en el poder, habrían sido potencias externas (Alemania, Italia, la URSS, aunque también Estados Unidos y Gran Bretaña) las que realmente habrían radicalizado las diferentes situaciones políticas internas, llevándolas a los extremos de la confrontación armada. En los tres casos, además, el factor desencadenante de la radicalización serían los partidos comunistas y sus milicias, de tal manera que en un solo trabajo Minehan aúna el prejuicio nacional y el político. La historiografía, evidentemente, no vive ajena a las nociones presentistas y a los contextos políticos en los que se desarrolla.

A demostrarlo acude uno de los modelos explicativos más exitosos en la historiografía actual, que es precisamente el de la confrontación entre revolución y contrarrevolución, a partir del ejemplo triunfante de la Rusia de 1917. Un modelo analítico que, sin embargo, no siempre se corresponde con la complejidad de la contingencia histórica. Es obvio que ambos fenómenos, revolución y contrarrevolución, aparecen recurrentemente en las guerras civiles europeas de la primera posguerra mundial, de igual modo que, como es bien sabido, el fenómeno contrarrevolucionario debe su origen a los movimientos políticos transnacionales de oposición al liberalismo durante el ochocientos (Yannielli, 2012): en esto, la tan traída y llevada cronología hobswaniana del corto siglo XX entre 1917 y 1989 pierde buena parte de su capacidad explicativa. Sin embargo, la relevancia de la contrarrevolución y la guerra civil en la construcción narrativa del siglo XX europeo es considerablemente menor que en el caso del fenómeno revolucionario. No se habla, por ejemplo, del siglo de las guerras civiles, y sí en cambio del «siglo de la Revolución» (Fontana, 2017) y, en consecuencia, aunque con un peso menor y una valoración las más de las veces reactiva, del fenómeno de la contrarrevolución, como si este no tuviera un proyecto propio y autónomo. En no pocas narraciones, de hecho, las guerras civiles son solamente el resultado visible del proyecto reactivo, de la contrarrevolución. En otras, son el resultado lógico, y diríase ineludible, de las revoluciones políticas. Y en buena medida, tanto una cuestión como la otra contribuyen a desdibujar la centralidad de la guerra civil como fenómeno catalizador de las transformaciones sociopolíticas, económicas y culturales del novecientos, así como a su inferior jerarquía histórica respecto de las revoluciones (Mayer, 1971).

Un ejemplo claro: en un intento de interpretación omnicomprensiva, de nuevo Stanley G. Payne analiza la incidencia de las guerras civiles en Europa como un proceso multifactorial pero, en buena medida, reducible a un conflicto hemisecular entre revolución y contrarrevolución. Para Payne, la clave de lectura de las guerras civiles es casi en exclusiva su vinculación con la revolución, nacida por contagio —que no aprendizaje o adaptación— de un modelo transnacional. Así pues, la pulsión revolucionaria sería la desencadenante del continuum de guerras civiles y devastación que arrasó Europa en el siglo XX, un relato que no es nuevo y que se retrotrae a los trabajos de Ernst Nolte (2001). En el análisis de Payne, plagado de convencionalismos y metáforas, los contrarrevolucionarios del siglo XX parecen no tener más proyecto que el de atajar la revolución, las guerras internas son reactivas y tienen siempre el componente revolucionario como desencadenante. Creemos, sin embargo, que hay que afinar más los términos. Interpretar como contrarrevolucionarias todas las formas de violencia «blancas» en Rusia y Finlandia o sublevadas en España, o categorizar como revolucionarias todas las violencias ejercidas por sindicatos, partidos políticos o ejércitos de estados gobernados por alternativas de izquierdas supone, en ambos casos, una reducción al trazo grueso que explica menos de lo que oculta. Señalar la dinámica revolución/contrarrevolución como el elemento capital de los enfrentamientos, armados o no, sobre soberanías territoriales o no en Europa puede encubrir dinámicas políticas, simbólicas y de poder locales y regionales de gran importancia, y aquí nos puede servir como referente analítico el complejo caso chino con sus señores de la guerra.

Como recuerdan Conway y Gerwarth (2011: 140), y no podemos estar más de acuerdo, la identificación mecánica de los proyectos y utopías de naturaleza ideológica como causas de las guerras y las violencias colectivas es siempre problemática. Sin embargo, eso no quiere decir que las dinámicas políticas tanto de apoyo como de oposición al fenómeno revolucionario no se encuentren presentes en las guerras civiles. Desde luego son elementos importantes, sobre todo en la medida que las dinámicas de la revolución y la contrarrevolución pueden ser las que expliquen el arranque de las guerras civiles europeas. Junto con otras dimensiones económicas, sociales, políticas, étnicas, lingüísticas o identitarias presentes en todas las guerras civiles europeas posteriores a 1917, la de la represión de la revolución y de los revolucionarios fue una de las energías capitales para entender el nacimiento multidireccional de fenómenos y movimientos contrarrevolucionarios caracterizados por un uso generalizado de la violencia. Pero eso no significa por fuerza que sean las mismas y ni mucho menos las únicas dinámicas que explican ni sus despliegues, ni la recurrente violencia que las define. De hecho, ni la revolución ni la contrarrevolución fueron históricamente simples discursos teóricos suspendidos en el tiempo y en el espacio. No fueron solamente ideología ni meros constructos teóricos, sino que conformaron identidades, experiencias y formas de organización colectiva (Gallego, 2014) con una gran capacidad de evolucionar y adaptarse a diferentes circunstancias y necesidades a lo largo de toda la contemporaneidad (Yannielli, 2012). Tuvieron los mismos anclajes que algunas de las razones que explican las dinámicas de violencia extrema en Europa, como las variables de conflicto material socioeconómico, tensión etnonacional, pugna por el control del poder en contextos de fragmentación o reubicación administrativa y de soberanías.

No fueron, pues, mera ideología, sino cosmovisiones compartidas que trajeron aparejadas formas de organización y de acción colectiva que ni en el caso de la contrarrevolución eran mera reacción, ni en el de la revolución solo derrumbe violento del orden establecido. En ese sentido, es posible que los términos al uso, y sobre todo el de contrarrevolución, infravaloren el hecho de que, al decir del filósofo Joseph de Maistre, esta es, más que una reacción o una revolución a la inversa, lo contrario de una revolución. Como recuerda Arno Mayer (2014: 22), la contrarrevolución es «la otra mitad de la revolución», algo «real y tangible», que no es mero discurso y que incluso puede entrar en tensión con fenómenos antirrevolucionarios, como las resistencias campesinas (claves, por ejemplo, en la guerra civil rusa). Un fenómeno dialéctico, la antítesis de la revolución, un macroproyecto político no de regreso al período prerrevolucionario, sino de actualización del pasado para la transformación del presente por oposición a la nueva realidad revolucionaria (Trullén, 2016: 38 y ss). Y no simple dialéctica: ambas, revolución y contrarrevolución, nutrieron comportamientos y culturas políticas concretas y determinadas, adaptadas a los diferentes contextos sociales y políticos. Como señala Ferran Gallego sobre un fascismo, el español, que acabaría por adquirir el «carácter representativo del conjunto de la contrarrevolución», se trataría de un fenómeno que frente a un «Estado liberal sin principios morales trascendentes, fruto directo de la Revolución» había levantado la «restauración de principios permanentes» (Gallego 2014: 384-385) frente a la utopía revolucionaria. Un levantamiento que tomaría cuerpo y praxis en la propia vía española al fascismo, en su propio proceso constituyente: la guerra civil.

A pesar de su déficit de teorización —posiblemente relacionado con la desatención relativa que el fenómeno ha recibido en comparación con las revoluciones— y de su menor atractivo metodológico al ser considerada como un fenómeno reactivo, clasista, contrario al avance y al progreso de los colectivos desfavorecidos, el de la oposición armada a la revolución y la defensa de valores y sistemas políticos alternativos constituye un elemento de continuidad en diferentes países y experiencias históricas. De igual manera que no es lo mismo hablar de Rusia, de España o de Grecia, de Lenin (1870-1924), Juan Negrín (1892-1956) o Markos Vafiadis (1906-1992), existen muchas características que diferencian a los ejércitos y las sociedades que dieron respaldo a los Mannerheim (1867-1951) en Finlandia, Kolchak (1874-1920) y Wrangel (1878-1928) en Rusia, Chiang Kai-shek (1887-1975) en China o Franco (1892-1975) en España (Seidman, 2012). Como muy diferentes entre sí eran sus respectivos proyectos de sociedad, sus ideas y mecanismos de aplicación de las mismas, sus perspectivas sobre la eficacia militar en la guerra, sobre la política, la religión, la cultura, lo aceptable o lo inaceptable. Sin embargo, entre ellos existía también el vínculo común de rodearse de una retórica, una legitimidad y, en no pocos casos, una cosmovisión de la sociedad y el mundo radicalmente contraria al fenómeno revolucionario. Y en buena medida, esa acabaría siendo una energía que, en comparación y con perspectiva histórica, contribuirá a explicar el marco ideológico o la cultura política de quienes dieron inicio a las guerras civiles del ciclo de la contrarrevolución, y sobre todo (y no es para nada casual) a las guerras civiles convencionales del siglo XX.

Así pues, al igual que hay que tratar de acercarse a las visiones, anhelos, deseos, temores y utopías de los sujetos históricos, hay que tomarse en serio tanto la revolución como la contrarrevolución. Sobre todo, entendidos como fenómenos transnacionales de respuesta a contextos determinados y, en lo concreto, sujetos muchas veces a flujos y transferencias culturales y humanas, caso por ejemplo de los exilios, con la diáspora de los rusos blancos en un lugar preferente por la huella física y mental que dejaron en muchos lugares de Europa. Y sobre todo, si se amplía la mirada más allá de 1922. Hasta el final de la guerra rusa, la influencia gravitacional de ambos conceptos, revolución y contrarrevolución, hace difícil la propuesta de alternativas interpretativas, pese a que ahí radique precisamente el interés del trabajo de Jonathan Smele, que ha reinventado el estudio de las guerras civiles de Rusia. Con todo, la de 1918-1922 contuvo guerras que no resolvieron, y a veces ni siquiera perfilaron, un macroconflicto a gran escala entre revolución y contrarrevolución. Pese a su brevedad, la guerra en Finlandia contuvo matices más que destacados en esa misma dinámica. Y más allá de 1922, la complejidad y el carácter multifactorial de los conflictos internos armados o latentes cuestionan abiertamente su reducción a dinámicas bipolares. El español es en esto un ejemplo importante. En España, durante la guerra civil de 1936-1939 se llegó a construir un poder de naturaleza revolucionaria, que desafió los derechos de la propiedad agrícola e industrial y desarrolló una radical y las más de las veces feroz recusación del orden cultural y religioso existente. Sin embargo, la contrarrevolución (antirrepublicana y antidemocrática) en España, y su forma más desarrollada, la fascista, no nacieron por reacción a la violencia revolucionaria, ni de hecho a la revolución en sí, sino que se valió más bien de ellas para su legitimación. Del mismo modo, la guerra civil italiana de 1943-1945, pese a tener como uno de sus contendientes al fenómeno contrarrevolucionario europeo más exitoso de Entreguerras, el fascismo, no fue una guerra entre revolución y contrarrevolución, primando más la soberanía territorial que el proyecto político en las razones para combatir.

En todo caso, el poder de atracción explicativo del binomio revolución-contrarrevolución es innegable, hasta el punto que se ha planteado si todo el arco cronológico europeo de 1914-1945 no sería en el fondo una gigantesca guerra civil continental entre los representantes de ambos macroproyectos, y que eso explicaría el crescendo de violencia que caracterizó la Europa de Entreguerras (Traverso, 2007). La interpretación de ese ciclo bélico como una guerra civil europea no está exenta de interés, como bien detectara el gran historiador de la guerra interna italiana, Claudio Pavone (1994), al preguntarse si como tal cabía interpretar la Segunda Guerra Mundial. Como se ha señalado, más allá de su carga metafórica hablar de guerra civil implica siempre definir una escala de soberanía o incluso de identificación de una «comunidad originaria» (Godicheau, 2012: 87). Por supuesto, no se puede dejar de lado el carácter evocador de esas palabras, reflejado en ideas como las del pintor alemán Franz Marc (1880-1916) cuando llamaba «guerra civil» a la Gran Guerra, o por el historiador italiano Gaetano Salvemini (1873-1957) cuando se refería en 1914, adelantándose al nacimiento del fascismo en su país y a la condición de antifascista que le llevaría a la cárcel y el exilio, al principio de una nueva era: la de la «guerra civil global» entre clases y pueblos en la que nadie podría ser ya neutral. En realidad, en esos mismos años los teóricos sociales, los filósofos y casi cualquier pensador vinculó de una manera u otra sus desarrollos cognitivos y metacognitivos a la fuerza de una realidad crecientemente violenta, generadora de conflictos de escalas desconocidas como la Gran Guerra y de procesos de radicalización sociopolítica nacional como los fascismos. Para observadores parciales de la Europa de su tiempo como Carl Schmitt (1888-1985), se abría un campo político único donde eran «inseparables la guerra, la guerra civil y la revolución» (Mayer, 2014: 105).

La idea misma de la existencia de una era de la guerra civil en Europa entre 1917 y 1949, o incluso de una «guerra civil europea», no debe conducir sin embargo a una interpretación subyacente que simplifique el análisis histórico y reduzca los sujetos a meros actores sin capacidad de decisión, sometidos al dictado de grandes fuerzas incontrolables como las de la revolución o la contrarrevolución, atados por los atavismos propios de sus culturas y sus (sub)desarrollos económicos, e incapaces de matizar, variar, discernir o actuar en base a criterios diferentes. Hablar de una guerra civil europea entre 1914 y 1945 a la manera de Traverso, o entre 1917 y 1945 a la de Nolte (quien sin embargo sitúa en el fascismo el eje del guerracivilismo continental de un modo increíblemente vago: «precisamente por eso fue la era de la guerra civil europea», 2001: 38) supone así una triple interpretación subyacente. Por un lado, la del continuum bélico y violento que incluye bajo un mismo paraguas procesos que no fueron en sí mismos guerras civiles. Por otro, la de la existencia de la guerra intestina en el continente, donde se enfrentarían sujetos definidos en términos binarios (revolución vs. contrarrevolución, fascismo vs. antifascismo). Y por fin, la de la existencia de un sujeto soberano o comunidad imaginada europea. Es decir: supone abiertamente el reconocimiento de la existencia de una soberanía e identidad europeas previas a 1914, cosa abiertamente discutible más allá de ciertos círculos intelectuales burgueses muy minoritarios. De hecho, es posible que tales definiciones, macroexplicaciones y prejuicios no ayuden a identificar las dinámicas internas, locales y comunitarias que nutren las lógicas propias de las guerras civiles y de sus violencias.

Detrás de los elementos explicativos de las guerras civiles europeas se hallan elementos de geopolítica internacional, como en Finlandia o en la Rusia ocupada de forma parcial por los Aliados en 1918. Se encuentran razones derivadas de la fragmentación de la soberanía en el contexto de desplome de la entidad política preexistente, el Imperio zarista. Es decir, en una medida significativa, como se verá desde luego en el caso de Finlandia, entre las causas de las guerras civiles estaba el colapso de los estados imperiales, con todo lo que eso significó: retracción administrativa, retirada de las fuerzas del orden, fragmentación de la soberanía o privatización de la violencia. A diferencia de lo planteado por Payne, no resulta tan evidente que la de revolución/contrarrevolución sea la dinámica última de unos conflictos internos muy diferentes entre sí, en el que Gerwarth llama el «arco de violencia» que se extendía desde Finlandia y el Báltico hasta Anatolia y el Cáucaso, pasando por Rusia, Polonia, Ucrania, Austria, Hungría, Bulgaria, Alemania y los Balcanes. Hablamos en todos los casos de conflictos donde se superpusieron dinámicas internas e internacionales, que tuvieron su disparadero en los procesos iniciados con la Gran Guerra e incluso antes, con las guerras balcánicas de 1912, y que se alargaron como mínimo hasta bien entrada la década de los veinte. En todos estos territorios, el impacto de la geopolítica propia de la guerra continental devino en el crecimiento de movimientos etnonacionalistas cuyo despliegue incidió en el desarrollo de las guerras civiles europeas, contexto, como se está insistiendo, para la nacionalización —a veces forzosa— de la población. Dos de los sujetos de guerras civiles abiertas en el periodo de Entreguerras, los nacionalismos ucraniano y republicano irlandés, fueron apoyados explícitamente por Alemania durante la Gran Guerra para tratar de debilitar a sus enemigos. En todo caso, el primer lugar donde el huracán de la guerra contrarrevolucionaria tocó suelo fue en la periferia del Imperio ruso. En un contexto, pues, de colapso y disolución imperial.

La guerra breve: Finlandia, 1917-1918

LA GUERRA BREVE: FINLANDIA, 1917-1918

El gran ejemplo de guerra interna en el contexto del fin del zarismo, el nacimiento de la alternativa revolucionaria y de las resistencias a esta, fue el de Finlandia. Es cierto que la literatura existente tanto sobre la guerra civil de Finlandia, como especialmente sobre la guerra civil rusa, ya sea desde la historiografía o desde la narrativa, es inabarcable. Semejante caudal narrativo no es casual. Posiblemente, la guerra que estalló en Finlandia en enero de 1918 representa el mayor ejemplo de confrontación interna en el contexto de desintegración imperial propio del final de la Gran Guerra, así como la primera guerra civil de naturaleza contrarrevolucionaria (Haapala y Tikka, 2012: 72). De hecho, la guerra finlandesa no se concibe sin su conexión tanto con la Revolución bolchevique como con la guerra civil rusa. Sin embargo, y pese al relato antibolchevique popularizado por los vencedores, también fue una guerra combatida entre miembros de una comunidad nacional y política preexistente (Tepora y Roselius eds., 2014). Territorio bajo el control zarista en forma de Gran Ducado, la desintegración del poder ruso en febrero y marzo de 1917 daría paso a un periodo de polarización política en el marco de una autonomía parlamentaria real, con basculaciones gubernamentales entre socialdemócratas —cuyo poder se vino abajo cuando el Parlamento fue disuelto a instancias de Rusia, ante la declaración de no reconocimiento del poder del gobierno provisional en el territorio finés (Alapuro, 1988)— y conservadores. Y, aspecto muy importante, a una práctica desaparición de las fuerzas del orden, lo que llevó a su paulatina fragmentación y privatización en forma de las conocidas Guardias Rojas y Guardias Blancas (Haapala, 2014).

Sin embargo, no es correcto trasladar sin matices la lógica de la revolución y la contrarrevolución que nació del ciclo de 1917-1918 ruso al contexto finlandés. Las fuerzas del Partido Socialdemócrata de Finlandia (SDP) rápidamente se pusieron a la cabeza de la revolución, pero ni su discurso era el bolchevique ni, como reconocían abiertamente, estaban en caso alguno bajo las órdenes de Lenin. Finlandia era la base de unos 100 000 soldados rusos, aspecto que los bolcheviques opuestos al gobierno provisional en Moscú veían, Lenin el primero, como un fuerte agente para la ulterior victoria socialista. A pesar de ello, la fuerza rusa en Finlandia acabó siendo marginal en la guerra, entre un 5 y un 10 % de unas fuerzas rojas que tampoco eran mayoritariamente bolcheviques (Gerwarth, 2017: 127). Con todo, la historiografía tiende a estar de acuerdo en que en la Finlandia de 1917-1918 existieron fenómenos que, superpuestos, contribuyeron a cebar la bomba que estallaría en enero. Tras la victoria bolchevique de octubre de 1917 en Rusia, y animado tanto por su ejemplo como por el modelo del movimiento obrero alemán, en noviembre de ese año se constituyó en Helsinki el Consejo Revolucionario Central de Trabajadores, que recogió el impulso del SDP, vencedor en las elecciones de un año antes, y de las Guardias Rojas. La huelga general, de recorrido limitado, pretendía servir como antesala para la toma del poder revolucionario. Sin embargo, sirvió fundamentalmente para polarizar las tensiones políticas internas. Más importante, en términos históricos, resultó la declaración de independencia desde el Parlamento del país y el gobierno de Pehr Evind Svinhufvud (1861-1944), que fue reconocida por Lenin y el poder bolchevique en diciembre de 1917, en el momento de asentamiento del poder conservador, aunque esa independencia también acabase formando parte de los draconianos puntos de la paz de Brest-Litovsk de marzo de 1918. Así pues, el juego de injerencias y ayudas contribuiría a radicalizar a los actores políticos internos en un contexto de gran volatilidad institucional. Fue en ese contexto cuando el 27 de enero la Guardia Roja, bajo la influencia del modelo del Octubre soviético, dio un golpe revolucionario que derrocó al gobierno de Helsinki, asumiendo de inmediato el control del poder los socialdemócratas del SDP. Sin embargo, su modelo no era tanto el de la Rusia soviética cuanto el de un Estado-nación democrático, concretamente el modelo constitucional suizo (Haapala y Tikka, 2012: 76).

Bajo estas premisas y, no se olvide, con injerencias en la creación y fortalecimiento de la policía y las fuerzas armadas, daría inicio en enero de 1918 la guerra civil. De hecho, más que en los primeros combates (puntuales y limitados), la historiografía sitúa el peso del inicio del conflicto en la escalada y movilización de ambas guardias, devenidas rápidamente en ejércitos improvisados, uno defendiendo una legitimidad política (la revolucionaria) y el otro la continuidad institucional independiente, representada por el Senado. En última instancia, se asistía a una ruptura armada y una fragmentación simbólica de la soberanía, en forma de toma del poder en las zonas urbanas del sur del país —territorio autoproclamado como República Socialista de los Trabajadores de Finlandia, bajo el gobierno del Consejo de Representantes del Pueblo—, al subsiguiente rearme contrarrevolucionario y, en suma, a una división territorial y confrontación armada interna, con apoyos internacionales en ambos bandos. Además, quedaba por resolver la cuestión del asentamiento de la independencia, a expensas de un posible triunfo revolucionario que volviese a acercar al país a la órbita de Moscú. Con un elemento diferencial respecto a otras guerras internas o internacionales: que no existiendo un ejército previo ni un servicio militar obligatorio en el contexto de la Finlandia zarista, no sería la división de las fuerzas del orden, sino más bien su inexistencia e improvisación en el momento de la retirada imperial lo que explicaría las formas de acceso a las armas, algo central para la existencia de una guerra civil. Por lo demás, eso llevaría a un segundo elemento diferencial: que los combatientes de la guerra de 1918 eran en su gran mayoría inexpertos, lo cual signaría, precisamente, la naturaleza y desarrollo del conflicto mismo.

Pese a su brevedad, la finlandesa aporta elementos interesantes para la historia comparada de las guerras civiles. Como recuerda Marko Tikka (2014: 117), el nudo gordiano del enfrentamiento armado finlandés estuvo en construir dos ejércitos de la nada, y en limpiar social y políticamente el país, con un uso «estratégico» del terror como forma de suplir las carencias en el control territorial. Los revolucionarios, al igual que sus homólogos rusos o que los republicanos en la España de 1936, disfrutaron de muchas ventajas estratégicas en el comienzo de la guerra civil. En febrero y marzo de 1918, con el control del sur, de las ciudades importantes y de Helsinki, se hicieron con el dominio de las áreas económicamente más avanzadas y demográficamente más importantes, así como con los ferrocarriles y las vías de comunicación, un aspecto determinante, como en Rusia, que delata también el carácter cambiante de los combates y el modo de hacer la guerra en la primera mitad del siglo XX. Obtuvieron una gran cantidad de armamento y pertrechos militares del gobierno bolchevique en Petrogrado, así como de las tropas rusas acantonadas en el país (cuya incidencia, en cambio, sería mínima en perspectiva), lo que subraya la importancia del suministro de armas para improvisar desde la nada un ejército que llegó a contar con unos 140 000 voluntarios, y en última instancia una guerra. A nivel político plantearon una alternativa legislativa en forma constitucional —si bien restrictiva en el ejercicio de la representatividad (Upton, 1980)—, donde el alcance de su alternativa revolucionaria aparece limitado considerado desde el presente, pese a la existencia de asesinatos y de una depuración política, menor en todo caso en guarismos a la violencia contrarrevolucionaria.

El gobierno conservador nacionalista y sus partidarios, por su parte, tuvieron que escapar a las zonas menos avanzadas económicamente y escasamente pobladas del norte de Finlandia. Su acción de gobierno desde su sede en Vaasa fue, eminentemente, la marcada no tanto por la construcción de una alternativa política, cuanto por la dinámica bélica. Eso fue un elemento diferencial sobre el que, visto en perspectiva, se puede apoyar su victoria por las armas. El Ejército formado para luchar contra los insurgentes del general y antiguo oficial zarista Carl-Gustaf Mannerheim (quien se manejaba con fluidez en alemán y ruso, pero no tanto en finés) fue inicialmente pequeño y escaso en armas y municiones. Sin embargo, disponía de formación y Estado Mayor, pudo organizarse con el ingreso de voluntarios y las armas provenientes de Alemania, y lanzó rápidamente una primera ofensiva, la más crucial y sangrienta de toda la guerra, contra la ciudad de Tampere, segundo núcleo urbano del país, donde se combatió calle por calle y donde el Ejército revolucionario perdió al menos 17 000 hombres entre muertos, heridos y un gran número de prisioneros, al menos 15 000.

Al inicio, la guerra tuvo un impacto «mínimo» desde el punto de vista de los combates (Tikka, 2014: 117). A partir de la conquista urbana inicial, pero incapaces los revolucionarios de hacerse con todo el poder, este fue ulteriormente arrebatado a manos del Ejército organizado por un Mannerheim difidente de la ayuda alemana, pero de la que se valió para derrotar al enemigo. El Ejército Blanco acabó venciendo en la guerra civil de manera incontestable, al combatir una guerra regular frente a un enemigo que pretendía luchar una suerte de guerra revolucionaria, de guerra popular, si bien es igualmente cierto que en la primera etapa de la acción militar activa (del 28 de enero al 15 de marzo) las fuerzas rojas lograron mantener la iniciativa apoyadas por la presencia de tropas rusas, aunque menos del 10 % participaron en el esfuerzo de guerra en su apogeo. Mannerheim trató de minimizar su influencia al proclamar que el Ejército Blanco no estaba en guerra con Rusia. Sin embargo, la internacionalización del conflicto, menos importante para entender su inicio o desarrollo que en España o Italia, fue clave en el final de la guerra. En marzo entró en combate al lado de las fuerzas contrarrevolucionarias finlandesas la División especial organizada por Rudiger von der Goltz (1865-1946), unidad alemana compuesta por unos 12 000 hombres, con el objetivo de derrotar a las unidades soviéticas, poner ese territorio bajo control militar de los Imperios Centrales —como ya lo estaban, de hecho, territorios como Lituania, Letonia, Estonia o una recién independizada República Popular de Ucrania— y forzar con ello la reanudación de los tratados de paz entre ambas potencias. La conquista de la capital a manos alemanas el 13 de abril prácticamente dio por finalizada la guerra, aunque todavía se extendería un mes más, a caballo de las expediciones germano-finlandesas y la retirada hacia Rusia de las Guardias Rojas y las unidades del Ejército soviético movilizadas. La derrota fue total, con más de 80 000 prisioneros en manos del Ejército Blanco.

La polarización política de 1917, por un lado, pero también el conjunto de circunstancias geopolíticas, culturales y de vacío de autoridad derivadas de la independencia finlandesa y del derrumbe zarista devinieron en un golpe de Estado autodenominado revolucionario y en una contrarrevolución exitosa, todo ello en el marco de una guerra a la vez interna e internacional, con potencia de fuego, territorialidad y combates abiertos. Por tanto, estamos en el marco no de un golpe de Estado ni de una guerra de bandas, sino de una guerra abierta, a diferencia de la Irlanda de 1922-1923. La finlandesa fue una guerra interna, pero también se combatió en términos de independencia nacional y de lucha de clases, y a su vez se convirtió parcialmente, con la entrada de tropas alemanas y rusas, en un conflicto internacional. En el sur, la consolidación de la revolución se intentó sin los instrumentos habituales de la dictadura que suele seguir a esta, siendo la captura del poder por parte de las fuerzas revolucionarias solamente parcial. En el norte, la campaña contrarrevolucionaria fue intensa. De hecho, la violencia blanca multiplicó por cinco el terror rojo (Tikka, 2014). En tiempo de guerra, entre enero y mediados de abril de 1918, su aplicación fue bastante similar en ambas zonas (unas 1000 víctimas blancas, y 1200-1300 rojas). Los revolucionarios ejecutaron a sus víctimas mayoritariamente al inicio, mientras asentaban su poder en los municipios, y los contrarrevolucionarios de manera más uniforme para cerrar bolsas de apoyo en la retaguardia y como mecanismo de ocupación territorial o como represalia política, caso de la ocupación de la ciudad industrial de Tampere (Hoppu y Haapala eds., 2010). Finalizada con la derrota de los revolucionarios, cerca de 6500 personas murieron en la batalla. Según diversas fuentes estadísticas citadas por Risto Alapuro (1988), 1650 y 8400 fueron ejecutadas por el terror rojo y el terror blanco, respectivamente. Un porcentaje alto para un país de tres millones de habitantes.

En la Finlandia en guerra murieron un mínimo de 38 400 personas, el 1 % de la población, incluyendo el conflicto de enero-mayo de 1918 y la campaña de violencia y terror: un tercio en combate, un tercio asesinadas o ejecutadas por cortes marciales improvisadas y un último tercio muertos en los campos de prisioneros. Guerra breve, pero de porcentajes altísimos de víctimas por limpieza política, el 85 % de las víctimas al margen de los combates pertenecían a las Guardias Rojas o se asociaban con la revolución de 1918. De hecho, hay autores que interpretan el asesinato de unos 2000 soldados y civiles rusos como una limpieza étnica. En la guerra, en todo caso, se yuxtapusieron las diferentes formas de ocupación, limpieza y expulsión del enemigo que son características de las guerras civiles del siglo XX: el asesinato in situ de prisioneros de guerra —se calcula que más de 8000 a manos del Ejército Blanco—, el asesinato de rehenes —en la retirada de Tampere murió la cuarta parte de las víctimas del «terror rojo»— o el internamiento en campos de concentración especiales, con unas atroces condiciones de vida. Para Haapala y Tikka (2012:80) la revolución en Finlandia, dentro de la cual se calculan unos 1600 actos de terror contra enemigos de clase, fue más amable que furiosa. Por su parte, la persecución de los enemigos por parte de las Guardias Blancas llevó a la recuperación de las legislaciones especiales zaristas de 1909 en materia de represión de la agitación política y las huelgas, por lo que cualquier oposición al poder del Senado sería perseguida por tribunales marciales bajo la jurisdicción militar de los contrarrevolucionarios finlandeses. Aunque posiblemente la acción que marcó más si cabe el desempeño de la violencia del Ejército Blanco fue la orden del 25 de febrero dictada por Mannerheim, según la cual se permitía el ajusticiamiento sumario in situ de los prisioneros. Mannerheim desplegó un repertorio explícito de ocupación que pasaba por «asegurar» las zonas «liberadas» mediante la ejecución a manos de unidades paramilitares ad hoc de prisioneros de guerra en los campos de concentración. Algunas de ellas se componían de adolescentes, que fusilaron de manera sumarial a más de 900 prisioneros tras la toma de Tampere (Haapala y Tikka, 2012: 81). Esta especialización en la violencia, proyectada sobre unidades especiales paraestatales bajo un control regulado pero muchas veces no explícito, suele ser habitual en los contextos de fragmentación del poder y de terror contra la resistencia en las guerras civiles.

Con el final de la guerra, y exceptuando los resultados de una caótica retirada tras la caída de Tampere que sirvió a los rojos de contexto para la ejecución de unos 600 asesinatos, llegó el reinado del terror blanco. Se calcula un mínimo de 5600 ejecuciones dictadas por tribunales ad hoc, unas 200 al día. Tras la guerra, unas 12 500 más murieron en los campos de prisioneros, en donde los vencedores blancos encarcelaron alrededor de 82 000 personas (Alapuro, 2002). El movimiento revolucionario, en última instancia, fue aplastado y suprimido en medio del terror y la violencia, huyendo los restos del gobierno revolucionario a la Rusia soviética y desapareciendo con ellos cualquier posibilidad de triunfo de una alternativa que no fuese la contrarrevolucionaria. La primera guerra civil posrevolucionaria fuera de suelo ruso supuso el triunfo de la contrarrevolución, así como un acicate para la progresiva creación de una suerte de Internacional blanca (Alonso, 2018) que se convertiría, de hecho, en un sujeto de primer orden para la internacionalización de las guerras civiles europeas del siglo XX y que pondría de manifiesto su poder de convocatoria durante la primera guerra ruso-finlandesa de 1940.

En Finlandia fueron mucho más numerosas las víctimas de las políticas de violencia, unas 25 000, que las de los combates bélicos, unas 8700. Con cifras más altas tras la guerra que durante la misma. Y considerablemente mayores, cuantitativamente hablando, las de la contrarrevolución, 28 600, que las de la revolución, 5200 (Alapuro, 2015: 22). Todo ello influyó relativamente poco en la interpretación del conflicto, al menos hasta fechas recientes. La guerra civil finlandesa de 1918 se presentó como una guerra de independencia o de liberación desde las diferentes esferas de construcción narrativa, incluida la academia, apelándose al miedo rojo, la culpabilidad comunista y la traición nacional como elementos de solidificación identitaria frente al enemigo y vecino ruso (Ahonen, 2011; Alapuro, 2002; Heimo y Peltonen, 2003; Gelonch, 2013; Alapuro, 2015). El resultado de la guerra marcó el sino histórico de un país que podría haber acabado por ser un satélite soviético y, de hecho, sus narrativas apuntalan esa interpretación. Mientras tanto en Rusia las especificidades de la guerra civil se diluyen habitualmente en una memoria conjunta que abarca la revolución y la construcción del régimen soviético, las hambrunas, los desplazamientos forzados, el sistema concentracionario o la Gran Guerra Patriótica de 1941-1945 (Merridale, 1999). Así pues, en Finlandia se convirtió en el mito nacional fundacional, pero muy arraigado en lo local, de forma que en la posguerra más que un día nacional de conmemoración generó cientos de días locales del recuerdo (Roselius, 2014) donde la interpretación anticomunista fue hegemónica, al menos hasta los años sesenta, cuando se hizo popular una lectura alternativa propagada por la socialdemocracia que hablaba de guerra civil. Solamente en fechas recientes se ha construido un relato históricamente contrastado, en el que las experiencias de la derrota y de la violencia ejercida por el Ejército Blanco han alcanzado un grado de complejidad narrativa e historiográfica (Arosalo, 1998; Kinnunen, 2014). Hoy, el término usado de forma preferente es el de «guerra doméstica», en medio de un interés renovado por el conflicto intestino tras el colapso de la URSS y el giro neopatriótico hacia la lectura memorial de la Segunda Guerra Mundial.

Las guerras civiles de la Rusia revolucionaria, 1917-1926

LAS GUERRAS CIVILES DE LA RUSIA

REVOLUCIONARIA, 1917-1926

La efímera República socialista de Finlandia no fue la única, ni mucho menos, de las muchas entidades nacidas del colapso y disolución del Imperio zarista. Fruto de reivindicaciones étnicas o nacionales, del control territorial de auténticos señores de la guerra o entes paraestatales nacidos del rechazo al triunfo revolucionario, hasta veintisiete repúblicas, emiratos, dictaduras militares o territorios libres, la mayoría efímeros, nacieron de la reconfiguración territorial y de poder que tuvo lugar en los antiguos dominios multiétnicos del imperio de los Romanov. Tanto por su relevancia histórica (incluso antes del centenario de 1917) como por ser un proceso desencadenante de tendencias y energías políticas que actuarán en otros procesos comparables, las guerras civiles rusas, la yuxtaposición de la guerra «civil, exterior, campesina y de religión» (Mayer, 2014: 87), con sus cientos de miles de muertos, suponen un hito central en la historia de la violencia de las guerras civiles europeas. Según el reciente estudio de Jonathan Smele (2016: 3), los conflictos que se desarrollaron en el contexto poszarista entre 1917 y 1926 supusieron la muerte de al menos 10,5 millones de personas, un mínimo de tres millones por causas bélicas directas y unos cinco por la hambruna que arrasó la región del Volga y los Urales, el Cáucaso y Ucrania, los teatros de la guerra civil apagados ya los fuegos de los combates. Los territorios de la futura URSS tenían 142 millones de habitantes en 1917, y se calcula que en torno a 132 en 1922. Todo eso habla de la crudeza del conflicto armado multidireccional nacido del colapso imperial zarista. La guerra que se alargó hasta 1923-1926 entre rusos blancos y bolcheviques, contrarrevolucionarios y revolucionarios según los criterios nacidos de 1917, obligó a formular en un contexto armado la toma y mantenimiento del poder revolucionario y puso a prueba en ambos contendientes el espacio que reservaban a la limpieza política, a la depuración, a la represión y a la explotación y/o eliminación del adversario (Brovkin, 1994; Pipes, 1995; Murphy, 2000).

Sin embargo, la primera y más sangrienta gran guerra civil del novecientos europeo no deja de ser un conflicto de difícil definición. De hecho, lo que conocemos como guerra civil rusa fue en realidad una sucesión de conflictos solapados y mutuamente reforzados, entre revolución y contrarrevolución, entre el poder central y las antiguas provincias del Imperio zarista, y en el seno mismo de las comunidades bajo control tanto bolchevique como blanco (Smele, 2016; Gerwarth, 2017). Además, a esa polarización se le sumaron diferentes elementos que hicieron todavía más compleja la situación en los territorios antes controlados por la vieja autocracia, como los movimientos «verdes» de autodefensa campesina o el movimiento «negro» ucraniano de Néstor Majnó (1888-1934), no adscrito a ninguna de las dos facciones. Del mismo modo, fue una guerra que contuvo conflictos a la vez internos e internacionales, con participación de ejércitos que continuaban a todos los efectos la Gran Guerra en territorio ruso: como señalan Veiga et. al. (2017: 463), fue «la intervención internacional [la que] provocó la destrucción prematura de la pugna política», sustituida «brutalmente por la confrontación militar». Esa motivación transnacional, por ejemplo, fue explícitamente reivindicada por parte del generalato blanco para continuar la guerra contra los Imperios Centrales después de la invasión territorial derivada de la paz entre la Rusia bolchevique y Alemania a consecuencia de la firma del Tratado de Brest-Litovsk (Holquist, 2012).

Para completar el cuadro de la complejidad existente en los territorios previamente controlados por el poder del zar, en un sentido nacional del concepto tampoco serían estrictamente guerras civiles: por más que se integrasen previamente en la misma administración política, a todos los efectos muchas de las guerras de 1916-1926 tuvieron lugar entre diferentes categorías sociopolíticas de «rusos» y antiguos súbditos imperiales que rápidamente reclamaron su independencia, como los ucranianos, los bielorrusos, los tártaros, los polacos o los armenios (Smele, 2016: 36-37). E igualmente, algunas de las más cruentas campañas bélicas tuvieron lugar entre minorías no rusas del antiguo imperio: las guerras entre Georgia y Armenia, entre Armenia y Azerbaiyán, entre Georgia y Osetia son solo algunos ejemplos. Como señala Smele, en estas guerras combatieron rusos contra rusos, rusos contra no rusos, no rusos contra no rusos, republicanos contra monárquicos, socialistas contra socialistas, cristianos contra musulmanes, ciudades contra el campo. Lejos pues de ser una guerra civil convencional (Gatrell, 2010), se trató de una guerra que contuvo muchas guerras superpuestas que dio inicio a la práctica de la coerción sobre civiles, la leva forzosa o el castigo revolucionario, y que ya desde las primeras luchas en Rostov, en los países cosacos del Don y Kubán, tuvo como tal perfiles múltiples y difuminados, sin frentes definidos —a veces, se combatía a lo largo de las líneas férreas, dejando gigantescos espacios sin control (Pipes, 1994: 9)—, con combates fluidos, con ejércitos dispersos, y entre dos entidades no equiparables de poder (Smele, 2016; Swain, 1996; Mawdsley, 1987).

Por tanto, no está muy claro hasta qué punto se pueda hablar de una guerra regular, o si más bien hay que observarla como un combate masivo, a gran escala, pero esporádico. Que hubo guerra y que esta era necesaria para los revolucionarios es evidente. Como dijera en diciembre de 1917 el jefe de la Cheka Félix Dzerzhinski (1877-1926), los bolcheviques ya no buscaban justicia, ni la esperaban: el futuro era ya la guerra, cara a cara, un combate hasta el final (Black, 2012: 101). También es evidente que hubo victoria: sin esta no se puede comprender la implantación a escala continental ni del gobierno soviético, ni de la URSS desde 1922. Los dirigentes soviéticos sabían que desencadenar la «guerra de clases» implicaría la confrontación armada y violenta, antes incluso de que las fuerzas extranjeras intervinieran en favor de los ejércitos blancos, y que esta conllevaría el despliegue de políticas de coerción, movilización forzosa y limpieza social revolucionaria. Sin embargo, el origen del conflicto en Rusia no estaba solamente en la revolución y su afán de construcción de una nueva sociedad y un hombre nuevo, sino que también, y tal vez sobre todo, estuvo en la reacción contrarrevolucionaria frente a la revolución de Octubre (noviembre en el calendario gregoriano), el golpe de Estado bolchevique que acabó con el sistema nacido en febrero (marzo gregoriano) del derrumbe del régimen de los Romanov.

De hecho, la oposición a la revolución bolchevique era ya patente en los territorios fronterizos con el oeste ocupados por los alemanes, en el Cáucaso y, sobre todo, en Ucrania. Una oposición, también multiforme, que abarcó desde el rechazo al cambio de régimen y de las formas de organización política de Octubre hasta la negativa a la integración de parte del antiguo generalato zarista en el Ejército Rojo que, ya desde la nueva capital en Moscú, tuvo que crear a marchas forzadas Lev Trotski (1879-1940), comisario para asuntos militares desde marzo de 1918, tras la salida de Rusia de la Gran Guerra: un ejército construido desde las Guardias Rojas, con oficiales zaristas convencidos o coaccionados. Además, hubo otro factor de primer orden: la oposición violenta a las incautaciones forzosas frente al campesinado propias del sistema económico bolchevique, que junto con las medidas de persecución política establecidas por Lenin venían a generar un humus de rechazo al sistema revolucionario. Como respuesta a la oposición política a la revolución, cristalizada en los atentados contra Lenin y contra el jefe local de la Cheka de Petrogrado, el gobierno bolchevique, liderado en este aspecto por Dzerzhinski, lanzó una campaña de persecución política a gran escala que la historiografía ha acabado por denominar el Terror Rojo. Esta sería la forma de plantar cara al peligro en el que se encontraba el poder bolchevique, que afrontaba con un muy superficial (y, sobre todo, urbano casi en exclusiva) control del territorio una crisis de grandes dimensiones, en la que se unían de manera no coordinada el nacimiento del gobierno provisional contrarrevolucionario, la insurrección de la legión checa y la intervención internacional. Todos ellos fueron factores determinantes para la llegada a una situación de guerra civil.

Las víctimas de las diferentes guerras civiles rusas, políticas, económicas, territoriales, incluso de las «guerras del pan» entre el Ejército y el campesinado se contaron por cientos de miles, incluso sin disputa territorial y combate militar patente. Por supuesto, de este último también hubo: es lo que en la historiografía clásica se suele identificar con la guerra civil. Si desde el punto de vista de los actores la situación resultaba compleja, no lo era menos, sin embargo, en el terreno de lo militar. En realidad, no existe ni tan siquiera consenso a la hora de identificar el momento inicial del conflicto. Para algunos autores está en la creación de la alternativa militar cosaca en el sur y el ataque a la Rostov revolucionaria en diciembre de 1917. Posiblemente esté en la insurrección de la legión checa a lo largo del ferrocarril transiberiano en mayo de 1918: una unidad aliada de unos 60 000 prisioneros eslavos y desertores austrohúngaros que combatió en el frente ruso durante la Gran Guerra, que iba a ser devuelta a Francia y que, al oponerse a su desarme a manos de los bolcheviques, se convirtió de un día para el otro en la fuerza armada mejor preparada de las que combatían contra el gobierno de Moscú, desplegada a lo largo de la línea férrea. No solo porque supusieran una amenaza interna y connacional para la soberanía y el control territorial; la Legión llegó a controlar el territorio occidental de Siberia, Penza, Ufa, Omsk y Tomsk. Sobre todo porque fueron las primeras fuerzas alzadas frente al poder bolchevique, de las que posteriormente constituirían la multiforme, dispersa, heterogénea y geográficamente separada entre sí fuerza «blanca».

Es cierto que la insurrección legionaria contenía elementos propios de una guerra interna: la potencia de fuego y la territorialidad. Sin embargo, no parece tan evidente que tuviese como objetivo el control de un territorio mediante la creación de un contrapoder, un paraestado o una administración que expulsase a los detentores de la soberanía. Más bien, fue a la vez causa y consecuencia de un hecho de mayor envergadura: el colapso del poder soviético en Siberia en mayo-junio de 1918 (Smele, 2016: 245). Además, no deja de ser cierta la objeción de Jonathan Smele, al señalar que la identificación de la insurrección legionaria como primer acontecimiento de la guerra civil supone, a todos los efectos, una descarga de responsabilidad interna en el conflicto mediante la externalización del hecho que supuestamente la originó. No es de extrañar que esa fuese la interpretación propia de la historiografía soviética, pues a la vez que identificaba el proceso en primera instancia como una guerra internacional y no civil, descargaba a los bolcheviques de la responsabilidad de su arranque y los mostraba como la facción en defensa frente a una agresión sobrevenida.

Donde sí aparecerían esos elementos de control territorial y oposición legislativa al gobierno bolchevique sería en el sur cosaco, donde la oposición empezaría pronto a organizarse, en ocasiones incluso a pesar de los cosacos del norte, que no siempre aceptaron de buen grado la llegada de oficiales rusos y que tampoco deseaban lanzar una guerra abierta contra la revolución. Sin embargo, en el origen de esa oposición pueden encontrarse elementos que conducen a identificar el inicio, o al menos los prerrequisitos, de la guerra civil. Smele, por ejemplo, sitúa el foco el 2 de septiembre de 1917, cuando por orden de Aleksandr Kérenski (1971-1970) fueron arrestados y encarcelados algunos de los futuros generales blancos (Lavr Kornílov, 1870-1918, a la sazón el más alto mando militar del Ejército ruso, o Antón Denikin, 1872-1947), y puestos al mando del nuevo comandante en jefe, Mijaíl Alekséyev (1857-1918), que en octubre se uniría a los generales fugados del monasterio de Byjov en la capital del Don, Novocherkask. Entre Alekséyev y Kornílov, junto con el general Denikin (que sustituyó a ambos a sus muertes) organizaron el Ejército voluntario, una fuerza nacionalista blanca donde se integraron muchos oficiales zaristas y muy pocos soldados —de hecho, ahí radicó una de sus grandes debilidades—, consiguiendo con los meses consolidar una fuerza contrarrevolucionaria en los territorios cosacos y en Ucrania.

En la capital del Don tenían su sede no solamente muchos de los refugiados antibolcheviques con recursos para hacerlo, oficiales, príncipes o terratenientes, sino sobre todo el poder del Krug, la asamblea tradicional del Donski-Krai, una suerte de república cosaca presidida por el jefe militar, el atamán Alekséi M. Kaledín (1861-1918), que proclamó su independencia el 20 de noviembre (Figes, 2000: 613). Por ese motivo, los generales blancos pensaron que sería el lugar desde el que construir una alternativa territorial e institucional al poder soviético. Sin embargo, la cosa no fue tan sencilla. Frente al ataque de las Guardias Rojas sobre Rostov, en un principio las élites cosacas del norte y sus jóvenes soldados rechazaron combatir al lado de los oficiales blancos. Sin embargo, la situación de peligro para el Don, y sobre todo para el sur agrario y próspero, se hizo tan evidente en esos primeros combates de lo que se conoció como la «guerra del ferrocarril» (crucial para la guerra rusa fue el uso de trenes blindados) que en última instancia no quedó más solución que la organización de una fuerza coordinada para hacer frente a la ofensiva desde Ucrania contra la suerte de independencia cosaca. En cualquier caso, la renuncia a combatir de los cosacos jóvenes del norte dejó a Kaledín solo con el Ejército voluntario para defender Rostov y Novocherkask. La primera cayó en manos del Ejército Rojo el día 23 de febrero, y la segunda el 25.

La primera batalla de la guerra civil, sin frentes y con combates dispersos, acabó con la derrota y suicidio del primer gran líder militar contrarrevolucionario (a quien sustituyó Alekséyev al mando de las tropas cosacas y Krasnov como atamán), con la victoria bolchevique sobre el Don al mando del revolucionario que había tomado el Palacio de Invierno, Vladímir Antónov-Obséyenko (1883-1938), con la retirada de los cosacos, militares y civiles, hacia el sur (la célebre Marcha del Hielo, con su reguero de atrocidades contra poblaciones campesinas consideradas enemigas), y con la instauración de la República Soviética del Don. Las que le siguieron inmediatamente tampoco se caracterizaron por la regularidad. Al Ejército en retirada de Kornílov se le sumó la fuerza de los cosacos del Kubán, y juntos lanzaron una campaña contra la efímera República Socialista del Norte del Cáucaso, en cuyo ataque («suicida», según Figes) a su capital, Ekaterinodar, cayó muerto Kornílov durante un asalto a su cuartel general. En su regreso al Don, sometido al terror bolchevique, los ejércitos blancos pudieron recuperar el territorio cosaco. Denikin lanzó al exiguo, pero bien preparado Ejército voluntario hacia el Kubán, que reconquistó en el verano de 1918. Mientras, proseguía el rearme de las tropas en Siberia. Estabilizado el poder contrarrevolucionario en el sur y en el este, por fin se podía planear una ofensiva conjunta contra el poder soviético, asentado en la Rusia europea.

De hecho, los ejércitos bolcheviques hubieron de enfrentarse a una campaña no solo multidireccional, sino también multiforme de resistencia armada frente al éxito revolucionario. La variedad de las fuerzas en combate desde la afirmación por las armas de la independencia cosaca en el Don en julio de 1918, con una intervención internacional frente a los bolcheviques, y comandados por generales contrarrevolucionarios que mantenían la lealtad al gobierno provisional salido de la revolución de febrero de 1917 fue un elemento que caracterizó la amalgama contrarrevolucionaria (Brovkin, 1997; Holquist, 2012). Políticamente, el eje recaía sobre el Partido Socialrevolucionario (el más potente partido radical ruso hasta la llegada al poder de los bolcheviques, a quienes vencieron en las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1918) y por la facción menchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. También contaban los intereses de los gobiernos nacionalistas nacidos del derrumbe del poder zarista y de la ausencia de control territorial inmediato por parte del naciente poder de Octubre. Sin embargo, desde el punto de vista militar las facciones estaban muy alejadas del juego político. Los ejércitos blancos, de escasa base popular e integrados por unidades no uniformes —sin ir más lejos la legión checa— tenían poco que ver, como demostraría Aleksandr Kolchak, con la lucha por el control político (Smele, 2006).

La noticia de la desaparición de la familia Romanov al completo, los dos padres y sus cinco hijos, no contribuyó a rebajar la tensión, al contrario. Asesinados en julio por miembros de la Cheka mandados por el Soviet regional de los Urales y encabezados por Yákov Yurovski (1878-1938), la suya fue una aterradora ejecución a quemarropa llevada a cabo en una habitación de cinco metros cuadrados, donde los ejecutores estaban tan cerca entre sí que algunos llegaron a sufrir quemaduras provocadas por las armas de sus compañeros de pelotón. Para entonces, además, el control territorial bolchevique se había visto reducido a su mínimo histórico, que prácticamente se correspondía con el antiguo Gran Ducado de Moscovia «tal como era en el siglo XVI» (Serge, 2017 [1930]: 288), algo que los bolcheviques desde Moscú afrontaron mediante una evidente radicalización de sus políticas de guerra total. De hecho, la naturaleza de las políticas de violencia soviéticas posteriores al Decreto de 1918 no se comprende sin su contextualización en el marco de una guerra civil. En agosto de 1918, la orden de internamiento de los elementos sospechosos, guardias blancos y kuláks a cargo de la Vecheka (comisión extraordinaria para la vigilancia política) abriría la puerta al aislamiento de los enemigos de la Revolución, y este a su vez al crecimiento del sistema GULAG (acrónimo de Glavnoe Upravlenie Lagerei, Dirección General de Campos de Trabajo) bajo el mando institucional de la Cheka, creadora de la Dirección de los Campos de Concentración de Trabajos Forzados (GUPR).

Según esta última, hacia 1921 se albergaban en un total de 84 campos 41 000 trabajadores forzosos y 73 000 en régimen de internamiento. Sin embargo, solo dos años después el número de centros de internamiento había ascendido a 355. La guerra interna explica esa progresión ascendente e imparable. En ese contexto, la Cheka, Comisión Extraordinaria Panrusa para la Lucha contra la Contrarrevolución, el Sabotaje y la Especulación, habría ordenado y llevado a cabo miles (más de 15 000, aunque haya estimaciones que eleven la cifra hasta las 200 000) de ejecuciones sumarias de «enemigos del pueblo», siguiendo los preceptos del Decreto del 5 de septiembre de 1918 para «Proteger la República Soviética contra sus enemigos de clase». De aquí se derivaría también el conocido proceso de descosaquización, consistente en la desaparición o deportación de cerca de medio millón de integrantes de la minoría cosaca (integrada por unos tres millones de personas), identificada como enemiga militar y de clase. En tanto que grupo definido, los cosacos serían los más afectados por las políticas de violencia bolcheviques, entre hambrunas, bajas en guerra, deportaciones y ejecuciones políticas.

El terror se convirtió en un arma preferente para la guerra en Rusia desde sus mismos orígenes (Faraldo, 2018). Como recuerda Arno Mayer, mientras Trotski exigía borrar de la faz de la tierra a la contrarrevolución, Kornílov ansiaba salvar Rusia prendiéndole fuego a la mitad del país y derramando tres cuartas partes de su sangre: cuanto mayor fuese el terror, diría, mayor sería su victoria (Lincoln, 1989, cit. en Mayer, 2014: 291). La violencia en la guerra civil era, en palabras de Trotski, la guerra civil misma. En ese contexto de violencias cruzadas, también fue capital el peso que tuvo la contrarrevolucionaria en el variado territorio que controlaban los opositores al poder bolchevique. No solo ellos fueron el objetivo de la violencia blanca: también las comunidades judías, identificadas —en Ucrania, en Letonia o en Lituania— con el movimiento bolchevique, una asociación y un estereotipo de muy largo alcance que sería clave para entender todo el antisemitismo de la primera mitad del siglo XX. Según Arno Mayer, la cifra de asesinatos entre ejecuciones, pogromos y persecuciones contra las comunidades judías podría moverse desde los 100 a los 150 000 entre Ucrania y la Rusa meridional. En la provincia del Don, unas 45 000 personas fueron ejecutadas o ahorcadas, y las represalias contra combatientes y no combatientes se extendieron por todas las zonas bajo el control del gobierno de Kolchak, que solo en la provincia de Ekaterimburgo habría ordenado unas 25 000 ejecuciones durante la retirada de los ejércitos blancos al este de los Urales en el verano de 1919 (Mayer, 2001). De hecho, la guerra cebó la bomba de una violencia generalizada, donde la confluencia desordenada entre fuerzas desorganizadas y a veces en competencia incrementaría sus cifras y su crueldad. El Ejército Blanco se hizo célebre por albergar en sus filas a señores de la guerra que mientras combatían al enemigo rojo lo perseguían en sus propias retaguardias. El «barón blanco» Roman von Ungern-Sternberg (1886-1921) hizo lo propio al adentrarse en Mongolia en 1920, donde estableció un régimen de terror antisemita que duró hasta 1921.

Blancos, rojos, ucranianos, 1917-1922

BLANCOS, ROJOS, UCRANIANOS, 1917-1922

Desde el punto de vista de la autoridad, y en parte por presiones del bando de los Aliados en un contexto aún de guerra mundial, la situación se aclararía algo en septiembre de 1918, cuando se creó en Omsk un gobierno provisional, el Komuch, integrado por 92 socialrevolucionarios en nombre de la depuesta Asamblea Constituyente, que controlaba un territorio poblado por unos diez millones de habitantes (Mawdsley, 1987: 63). El objetivo era establecer un único órgano antibochevique, pero según Pipes, nada demuestra mejor la irrelevancia de los programas políticos y sociales durante la guerra civil rusa que el destino de este comité, que formó un gobierno compuesto por 14 socialrevolucionarios y un miembro de la minoría menchevique, pero que nunca llegó a tener un control efectivo ni del territorio ni de las fuerzas armadas. La Asamblea signó el fracaso de la oposición democrática, no importa por quién estuviese representada: mencheviques, kadetes (los miembros del Partido Democrático Constitucional) o eseristas (miembros del Partido Socialrevolucionario). De hecho, pronto se vería sustituido por la fuerza del golpe de Estado del almirante Kolchak, autoproclamado en noviembre gobernante supremo, dictador de toda Rusia con apoyo kadete, pero sin mayor aporte de la oposición democrática liberal. Antiguo jefe de la flota rusa en el mar Negro, exiliado al llegar al poder los bolcheviques, llegó al frente del Ministerio de Guerra de la Rusia blanca tras haber organizado las fuerzas antibolcheviques en Manchuria. Desde el mando militar de Siberia y con el apoyo militar de la legión checa y económico de los Aliados, sobre todo británico, se haría con el poder en la que, de facto, fue la alternativa paragubernamental a un poder soviético que abarcaba a principios de 1919 el norte y centro de la Rusia europea, y que se enfrentaba en todos los frentes a los ejércitos blancos y a los movimientos nacionalistas. A diferencia de Denikin y de Piotr Wrangel, sucesivamente comandantes del Ejército de voluntarios de las tropas cosacas en el sur, que tenían sobre todo un interés militar en la guerra (Faraldo, 2017: 142), Kolchak buscó siempre el reconocimiento interno y exterior. Los aliados americanos lo consideraban el George Washington ruso (Veiga et al., 2017: 499).

Tras haber logrado acorralar a los bolcheviques en las provincias centrales en torno a Moscú, a los ejércitos contrarrevolucionarios se irían sumando tropas internacionales que, a todos los efectos, continuaban la Gran Guerra en suelo ruso (Harris, 2017: 33; Veiga et al., 2017). La ofensiva blanca de abril de 1919, clave militar en la guerra en tanto que enfrentamiento armado de dos entidades militares con correspondencia territorial, con Denikin partiendo desde el sur y Kolchak desde el este, fue un fracaso, gracias fundamentalmente al rearme de un Ejército Rojo, que tras haberse anunciado como el resultado de la movilización voluntaria de obreros y mineros hubo de recurrir a la conscripción de todos los varones entre los dieciocho y los cuarenta años. Tanto el clásico de Mawdsley como el más crítico de Pipes o el imprescindible libro de Smele, son claros en ese sentido. Toda vez que la retirada de las tropas alemanas fue haciéndose efectiva tras el final de la Gran Guerra en el Frente Occidental en noviembre de 1918, el Ejército Rojo y el mando político en Moscú lanzaron una campaña militar revolucionaria en el oeste del antiguo imperio que incluyó la entrada en Estonia, la creación de la República Socialista Soviética de Letonia, la toma temporal del poder en Lituania, la ocupación de la capital bielorrusa para crear una efímera República Soviética y la entrada en febrero de 1919 en Kiev.

Ante esta situación, la única posibilidad para la victoria contrarrevolucionaria era una gran ofensiva blanca. Por el sur, el Ejército voluntario de Denikin desfondó primero al Ejército Rojo, para lograr luego contener sus contraofensivas en el frente del Don y hacerse con el sureste de Ucrania. Sin embargo, la ofensiva de Kolchak desde los Urales no fue tan exitosa. De hecho, la contraofensiva roja de julio obligó ulteriormente a una retirada dramática a Siberia, donde el jefe militar sufrió el amotinamiento de las tropas, su detención y posterior entrega a los bolcheviques, que acabarían por fusilarlo en 1920. Sin la cobertura dada por Kolchak, los ejércitos voluntarios, que habían logrado avanzar hasta 400 kilómetros al sur de Moscú, no pudieron resistir el empuje de la contraofensiva roja, que los obligó a retirarse a la Ucrania meridional. De hecho, aquí se abría un nuevo frente en el contexto de las complejas guerras civiles que acompañaron a la descomposición del Imperio zarista, para demostrar que no es solo la dialéctica política identificada por el eje revolución/contrarrevolución la que las explica. Imbricados en el macroconflicto entre comunismo y anticomunismo hubo también agentes y dinámicas nacionalistas, cuyo objeto fue asimismo el control territorial (Bloxham y Moses, 2011: 100).

El ucraniano constituye uno de los contextos más complejos del período en los territorios posimperiales, hasta el punto que su situación puede ser vista como una guerra civil en sí misma. El año 1917 supuso el inicio de la sucesión de poderes, todos aquejados de una fuerte inestabilidad política y todos sometidos a un estado de guerra polimorfo y complejo: primero el período de control de la Rada Central sobre la naciente República Popular Ucraniana, entre marzo de 1917 y abril de 1918, que se declaró independiente en enero y firmó con las potencias centrales el Tratado de paz de Brest-Litovsk, un mes antes de la paz rusa, para salir de la guerra mundial, reconociéndose así su entidad soberana. Luego, el protectorado alemán, el Hetmanato encabezado por el atamán Pavló Skoropadski (1873-1945) apoyado en los cosacos ucranianos, de abril a diciembre de 1918, que daba contenido territorial al tratado de paz, garantizaba los suministros alimenticios para Alemania y evitaba la reproducción de un frente oriental, y que duró tanto cuanto lo hizo la beligerancia teutona. Entre finales de 1917 y marzo de 1918 también nos encontramos con la efímera República Socialista Soviética de Ucrania, limitada territorialmente a la región de Járkov, colindante con Rusia. En el oeste, la también breve República Popular de Ucrania Occidental sita en la Galitzia oriental, en guerra contra Polonia por el dominio de los antiguos territorios del Imperio austrohúngaro y cuyas tierras controlaría Polonia tras su victoria en marzo de 1919. Por fin, el período de soberanía del nacionalismo ucraniano sobre la República Popular, el conocido como Directorio, controlado por fuerzas nacionalistas y socialdemócratas, que se unió a la República occidental y que en última instancia fue derrotado por las tropas soviéticas. A todo ello cabe añadir el territorio del sur y de Crimea controlado por el movimiento blanco, además de los territorios de los ejércitos «verdes» o los anarquistas de Néstor Majnó, el Ejército Negro que, a todos los efectos y apoyado por las insurrecciones campesinas, constituyó la primera resistencia contra la ocupación alemana (Veiga et al., 2017: 493-494).

Por tanto, hablar de una guerra civil en Ucrania en ese contexto supone moverse en un delicado equilibrio de identidades nacionales, soberanías inestables y confrontadas, intervenciones militares externas, la presencia del agente nacionalista y la de variables complejas como los movimientos anarquistas y campesinos, donde no siempre hay territorialidad y combate abierto, y donde sin lugar a dudas decae la idea más o menos generalizada de una guerra civil como enfrentamiento entre dos bandos. Además, mientras que para los movimientos nacionalistas la existencia de Ucrania era una realidad histórica y, por tanto, los combates en el territorio eran a su vez intranacionales y susceptibles de considerarse una guerra civil, la perspectiva estatal y administrativa sitúa la existencia real de una entidad soberana ucraniana solo desde principios de 1918, de manera efímera y en medio de las disputas armadas por la soberanía territorial posimperial. Para complejizar todavía más el cuadro político, etnonacional y económico, existieron formas de resistencia armada bajo diferentes mecanismos de control administrativo. En Ucrania no solo los bolcheviques se enfrentaron a nuevas formas de resistencia, como la del campesinado cercano al nacionalismo local. Durante el período del protectorado alemán, cuyo objetivo era asegurarse los suministros ucranianos para las potencias centrales, las resistencias campesinas arreciaron contra los ocupantes, causando miles de bajas y la pérdida efectiva del control territorial.

Eran, pues, frentes paralelos de un macroconflicto étnico, nacional, político, económico, territorial y militar. De hecho, lo que encaja mejor en el espacio conceptual de la guerra civil es el conflicto también internacional, mediante la cual fue eliminada la socialdemócrata y nacionalista República Popular e instaurada la República Soviética Socialista de Ucrania, que se integraría en la URSS en 1922. En realidad, el control territorial y militar de la primera era más bien exiguo, al no disponer del apoyo de potencias internacionales, a diferencia del gobierno de la Rada, y al poder desplegar de forma muy precaria el control territorial sobre los atamanes territoriales, fuertemente antirrevolucionarios. Así no es de extrañar que el Directorio difícilmente pudiera implementar su programa de reformas agrarias y nacionalización popular. Máxime, cuando nunca llegó a tener una integridad territorial reconocida, con pérdidas en el oeste (Bucovina, a manos de Rumanía, o territorios fronterizos como Lutsk, en disputa con Polonia) y en el este, con la entrada de tropas soviéticas. Solo la reorganización del Ejército del Directorio y los avances en el sur de los blancos de Denikin consiguieron establecer un mecanismo de defensa frente a los avances soviéticos. En noviembre de 1919, el Ejército de voluntarios ocupaba buena parte del territorio que el Directorio reclamaba bajo su soberanía territorial. Ya no era pues, y de hecho nunca lo había sido, una guerra entre representantes autoproclamados de una misma entidad soberana y territorial: además de su desinterés por las reivindicaciones campesinas y su explícito antisemitismo —aspecto este, sin embargo, compartido también por las tropas nacionalistas y por no pocos de los atamanes locales—, el Ejército de voluntarios representaba y defendía la idea de una Rusia conservadora y contrarrevolucionaria, algo incompatible con el nacionalismo ucraniano de los representantes del Directorio. Al declararle la guerra, el gobierno independiente de Simon Petliura (1879-1926) se privó de la posibilidad del respaldo internacional. Finalmente, a finales de 1919 la presión del Ejército Rojo terminó expulsando al Directorio del territorio ucraniano, lo que llevó a una alianza con la Polonia en guerra contra las fuerzas bolcheviques, con lo que el sino del gobierno nacionalista quedó ligado al de la guerra ruso-polaca.

De hecho, la ucraniana fue una de las muchas guerras internas y conflictos que acompañaron la caída del Imperio zarista, y fue a la vez escenario de la guerra entre la Rusia blanca y la bolchevique. El 1 de diciembre de 1918, el territorio de Letonia, cuya independencia había sido proclamada poco antes, fue invadido por las fuerzas bolcheviques, que tomaron la capital, Riga, un mes después. La resistencia letona y estonia, apoyada por paramilitares alemanes, logró primero rechazar a los bolcheviques, pero luego devino en una lucha entre facciones, donde el control alemán de Riga duró hasta su expulsión a manos de fuerzas letonas y estonias. En ese contexto multidireccional, el único respiro que tuvo el Ejército contrarrevolucionario fue, de hecho, la guerra entre expansionismos que enfrentó al Ejército de Polonia mandado por Józef Piłsudski (1867-1935) y a una Rusia derrotada a las puertas de Varsovia, y que terminó de perfilar las fronteras entre ambos países, no determinadas por el Tratado de Versalles. En tanto que guerra internacional paralela a la guerra civil, la influencia de una sobre la otra acabó resultando decisiva para ambas. En el verano de 1920, el último jefe del Ejército de voluntarios, Piotr Wrangel, intentó una ofensiva por el sur de Ucrania para tratar de enlazar con los ejércitos que combatían contra el Ejército Rojo. Sin éxito, decidiría reunir a los ejércitos blancos en Crimea, donde resistieron hasta que Trotski pudo servirse de las tropas destinadas en la guerra ruso-polaca para expulsarlos de la península. Los que no pudieron ser evacuados por barco hacia Turquía fueron aniquilados. Tras su fracaso ya no quedarían dudas sobre el resultado final de la guerra, al menos de la civil entre rojos y blancos.

En teoría, en noviembre de 1920 la guerra interna había concluido, pero, de hecho, y pese a que la continuación del conflicto en diferentes frentes no pudiese afectar ya a la estabilidad territorial y política del régimen bolchevique, solamente lo hizo en la Rusia europea. En la periferia del antiguo imperio tardaría mucho más en agotarse un conflicto a la vez movilizador, nacionalizador y extremadamente violento con la población civil. Sin la guerra civil es incomprensible la conformación política del poder soviético. Además de las conquistas militares de Ucrania y Bielorrusia, el Ejército Rojo entró en el Cáucaso, ocupando Azerbaiyán y Armenia. En febrero de 1921 fue Georgia, el último territorio menchevique, la que cayó en manos soviéticas, destino que sería en 1922 el de toda Siberia. Sin la guerra, que Veiga denomina una «guerra civil en Eurasia», ese «imperio rojo», en expresión de Richard Pipes, jamás habría llegado a nacer. Mirándolo en su conjunto, durante el conflicto habría diferencias sustanciales entre unos y otros a efectos del desarrollo del modo de hacer la guerra y la nacionalización en el contexto de una guerra civil. Para empezar, el Ejército Rojo disponía de una fuerza humana mayor que el Blanco, llegando a poner en armas a unos tres millones de hombres (5,3 según Kershaw, 2016: 165) ferozmente disciplinados, mientras que sus enemigos nunca superaron los 250 000. También era mayor la población del territorio que controlaba en la Rusia europea, unos 60-70 millones —la nación más poblada en la Europa de su tiempo—, frente a los ocho o nueve de cada uno de los territorios de Kolchak y Denikin (Mawdsley, 1987: 146 y 181), militares ajenos a las intrigas políticas que, en su perspectiva, debían ser secundarias respecto de las cuestiones bélicas, algo que en una guerra total nunca es por entero cierto. Y no solo eso. El gobierno bolchevique tenía bajo su control la mayoría de la industria de guerra, tanto en número de empresas como de trabajadores, y sus limitaciones en materia de recursos energéticos, naturales y alimenticios, que fue la única gran ventaja del Ejército Blanco (que sin embargo disponía de peores comunicaciones por tren, carretera, ríos o canales hidráulicos), las suplió con una despiadada política de incautaciones forzosas de la producción agropecuaria, el terror en las zonas rurales y la sobreexplotación de la mano de obra. Tanto era así que para 1921 la tensión derivada de la generalizada escasez de alimentos llevó a rebeliones y levantamientos contra el gobierno bolchevique, como el de los marinos de la base naval de Kronstadt. Ese aviso, sumado a las reiteradas protestas campesinas de 1921-1922, que acabaron con miles de personas fusiladas o deportadas a campos de concentración, por un lado terminó de convencer a la jerarquía bolchevique de la necesidad de levantar la presión económica sobre las bases productivas del naciente imperio soviético. Pero por el otro evidenciaron la necesidad del mantenimiento de un control militarizado y capilar sobre la población, como solo una guerra civil —véase si no el caso de España— puede proporcionar.

Caben pocas dudas, pues, a la hora de identificar en la primera gran guerra civil europea del siglo XX los elementos centrales de las guerras civiles contemporáneas: su complejidad, su elemento homogeneizador, la centralidad de la militarización de la sociedad y su proyección en forma de políticas de violencia contra combatientes y civiles. Posiblemente, la gran herencia historiográfica de la guerra civil rusa sean los estudios sobre la violencia que se desencadenó durante su transcurso. La rusa fue la primera guerra civil europea en la que se identifican con claridad, al menos desde los estándares interpretativos al uso, esos dos grandes proyectos, y con ellos dos ulteriores categorías centrales en Europa, la de terror rojo y la del terror blanco, revolucionario y contrarrevolucionario, con sus diferentes recorridos, sus operatividades complejas y sus utilizaciones narrativas (Figes, 1996; Sanborn, 2003). Los guarismos de las políticas de violencia, limpieza y depuración sirven en todo caso para constatar las dificultades para diferenciar muertos y asesinatos, civiles ejecutados o fallecidos por las condiciones de guerra. Poder, identidad, política nacional y exterior y contexto propiciatorio, en el marco además de una guerra internacional de dimensiones antes desconocidas en las escalas de la violencia contemporánea, aparecen como factores explicativos de los índices de agresiones contra los no combatientes en la guerra rusa.

La violencia de los revolucionarios ascendería a unas 400 000 víctimas, según los cálculos (es conveniente el subrayado) de Evan Mawdsley (1987: 285-287). Y siempre menos, sin duda, respecto a las cifras de combatientes muertos en batalla: 1,2 millones por el lado bolchevique y unos 400 000 por el blanco, a los que habría que sumar a las decenas de miles de campesinos muertos en revueltas y combates contra el Ejército Rojo y el millón largo de civiles muertos en las zonas orientales del imperio. Tras la revolución y la guerra, Rusia estaba arrasada. Humanamente, por la pérdida de millones de vidas entre caídos en combate, asesinatos en retaguardia, deportaciones masivas y la hambruna devastadora, agravada por una caída del 60 % en la producción agraria, y que llevó a multitud de revueltas campesinas. La respuesta del poder pasó por la represión y por la implementación de la llamada Nueva Política Económica (NEP), pensada para mitigar los efectos catastróficos de la economía de guerra en el campo y las ciudades, pero también para hacer llegar a las zonas urbanas los excedentes de producción, con lo que se reinstauró el comercio privado. Sin embargo, nada de eso pudo detener otro efecto primordial de la guerra civil rusa, y en general de las guerras civiles del novecientos: la creación de una enorme masa de refugiados y exiliados, posiblemente superior a los dos millones de personas.

Muchos de ellos integrarían las filas de la Internacional contrarrevolucionaria, que desde las capitales europeas —fundamentalmente París, aunque no solo— combatiría a los bolcheviques y a la utopía comunista desde y en sus propios países. La guerra, en definitiva, proporcionó al naciente Estado además de un contexto de construcción estatal y limpieza social y política, multitud de imágenes, desde el heroísmo simbólico hasta las referencias metafóricas militaristas en el lenguaje de la industrialización estalinista. Pasando, claro está, por una imagen denigrante del enemigo contrarrevolucionario. En definitiva, le ofreció en bandeja de plata el marco perfecto para la expansión de la revolución y el sometimiento del territorio que acabaría constituyendo la Unión Soviética. Sesenta y siete años después, como se verá más adelante, cuando se desmoronó la URSS algunos de los estados y comunidades nacionales sovietizados en el contexto de la guerra civil volverían a adentrarse y a verse arrastrados por la avalancha del conflicto interno.

Fuera de foco: Irlanda, 1922-1923

FUERA DE FOCO: IRLANDA, 1922-1923

Es significativo, e incluso podría decirse que una excepción dentro del continente europeo, el que solamente la Irlanda de la guerra de independencia (1919-1921) y civil (1922-1923) viviera un tipo de conflicto interno reconocido abiertamente como tal por la historiografía y que, por otro lado, no tuviera ni las dimensiones ni las connotaciones totalizadoras de otras guerras civiles del mismo periodo, como las de Rusia o Finlandia. De hecho, la guerra irlandesa queda fuera del foco entre las guerras civiles europeas, pues por una parte se salió del esquema revolucionario, tal y como se dio en Finlandia, y por otra generó una cantidad total de víctimas (probablemente no excedan de mil, en una escalada no gradual, sino súbita) que incluso podrían llegar a dificultar su inserción entre las guerras civiles siguiendo algunos parámetros de las ciencias sociales. Tampoco tuvo una declaración formal ni implicó un estado de guerra. Sin embargo, que no responda a las dinámicas estandarizadas sobre qué es una guerra civil no significa que su relevancia sea menor. Al contrario. En última instancia, su aparición como una guerra intestina entre facciones y tradiciones rivales del nacionalismo irlandés, opuestos unos y favorables otros al Tratado anglo-irlandés de diciembre de 1921 posterior a una guerra de independencia en la que habían combatido juntos en las filas del Ejército Republicano Irlandés (IRA), revela el enorme alcance que las tensiones etnonacionales alcanzaron en la Europa de Entreguerras en los diferentes contextos de reconfiguración de soberanías posteriores a la Gran Guerra. En Irlanda hubo, si bien limitados, enfrentamientos armados, violencia intracomunitaria, guerra de guerrillas, un gobierno defendiéndose del ataque de una oposición organizada y armada, dentro de las fronteras de un Estado o unidad política reconocida, con una noción clara de la territorialidad y con intervención extranjera, al menos en lo armamentístico. No fue una guerra civil entre revolución y contrarrevolución, motivo por el que no suele ocupar gran espacio en los análisis macro sobre la «guerra civil europea». Por tanto, se trata de una guerra civil fuera del foco, aunque tal vez el problema esté en dónde se sitúa este.

Como en el caso de Finlandia, en Irlanda el transcurso de la guerra tuvo mucho que ver en primera instancia con el control o no de los centros de poder y con la fragmentación o privatización de las fuerzas de orden público. De igual manera, se trató de una guerra nacionalizadora en un contexto de decaimiento del poder supraestatal precedente tras la victoria irlandesa en la guerra de independencia, si se quiere un conflicto derivado del vacío de poder posterior a la disolución imperial, tal y como estaba ocurriendo al mismo tiempo en Europa central y oriental. De hecho, para Kissane (2015: 49) fue una clásica crisis sucesoria, una guerra por el control de facto del nuevo Estado, así como una guerra por el control de la legitimidad nacional. A diferencia de otras como la rusa, para la guerra irlandesa hay consenso en torno a las fechas de inicio y fin: del 28 de junio de 1922 hasta la victoria por deposición de las armas del enemigo de la facción protratado el 30 de abril del año siguiente. Algo más que en Finlandia, aunque su duración, como en la mayoría de los casos (también el español), resulte engañosa. A lo largo de los escasos once meses que duró realmente se asistió a una gran batalla, la inicial por Dublín, que vino abierta por la ocupación del edificio Four Courts y de otros (lo que suponía un reto claro al gobierno republicano provisional) por parte de los republicanos, para pasar después a desplegarse en la periferia republicana en forma de guerra de guerrillas frente al Ejército Nacional. Así, como tal la guerra tuvo lugar sobre todo en el territorio del Estado Libre, aunque también afectó al Ulster.

En su origen estuvo la polarización y la pugna por la legitimidad política entre facciones del nacionalismo en el inicio del despliegue administrativo del Estado irlandés. El tratado aprobado el 7 de enero por el Dáil Éireann, el Parlamento irlandés, con el apoyo de la Iglesia católica y que daría nacimiento en diciembre al Estado Libre de Irlanda preveía un Estado autónomo con ejército y policía propias, pero a su vez la pertenencia a la corona británica, la soberanía de Jorge VI (1895-1952) como jefe del Estado y la salida del nuevo Estado de las regiones protestantes del norte en aplicación de la ley de 1920. Sin embargo, fue rápidamente recusado por secciones del IRA y del Sinn Féin, que mantenían vivas las discrepancias internas en el seno del nacionalismo irlandés y que, en su disputa, señalaban al Estado Libre como una marioneta de Gran Bretaña y una traición a la república (Fitzpatrick, 2001: 86). De hecho, una de las características de la situación previa a la ruptura de hostilidades fue la división interna en el IRA: el gobierno provisional pro-tratado, que controlaba sobre todo la capital, mantenía con dificultad un control siquiera superficial sobre las tropas del sur de la isla, presentes en provincias de marcado carácter anti-tratado como Munster, y así se demostró en las elecciones legislativas de 1922. Cuando el IRA anti-tratado se alzó en armas en abril de 1922 en Dublín frente al intento de control desde el gobierno provisional, el conflicto armado entre facciones reprodujo el carácter irregular y de guerrilla heredado de la guerra de independencia, como tal vez no podía ser de otra manera. Era la forma de combatir más familiar y acorde con la experiencia bélica previa de los bandos contendientes, así como la más eficaz y ajustada a los medios que podían poner en liza en aquel momento. Para Kissane, detrás de las hostilidades hubo un componente de polarización evidente: incluso popularmente la guerra se atribuyó a la fractura entre líderes, Michael Collins (1890-1922) y Éamon de Valera (1872-1975).

Precisamente, del carácter intracomunitario, relacionado con el reparto del poder político y en cierta medida limitado de los combates de la guerra civil irlandesa, habla el proceso que llevó a la rendición del IRA atrincherado en Four Courts. Hasta dos meses tardó Collins en hacer frente por las armas a los rebeldes. De hecho, mientras se abordaba la cuestión en términos políticos, pactaba con la facción anti-tratado del Sinn Féin una coalición electoral, elaboraba una constitución y esperaba el resultado de las elecciones del 16 de junio, vencidas por el Sinn Féin pro-tratado con 58 de los 128 escaños del Parlamento. El éxito fue leído no solamente como un refrendo a la obra del gobierno provisional, sino también al propio tratado y, por ende, contra la oposición de los rebeldes de Four Courts (Costello, 2003). En base al resultado electoral se podía defender una lectura del conflicto según la cual este sancionaba que la soberanía recayese en un movimiento popular y mayoritario que tenía el derecho legítimo a defenderse ante una minoría militarista (Foster, 2015: 143). El texto constitucional de Collins, del que dependía la unidad del Ejército, originalmente no hacía mención alguna al tratado con Gran Bretaña, a la corona o al juramento de lealtad a la misma. Sin embargo, una cláusula final impuesta por el gobierno de Londres, según la cual cualquier conflicto constitucional con el tratado la haría inoperativa, acabaría por hacer imposible la coexistencia de las dos facciones del nacionalismo irlandés en un solo gobierno. El propio David Lloyd George (1863-1945), premier británico, insistió en que mantener la tolerancia hacia los rebeldes de Four Courts supondría una violación formal del tratado, lo que daría al gobierno británico libertad de acción (Kissane, 2005: 74). La ruptura era un hecho.

En todos los casos de guerra civil, la motivación última, de la que se desprende la responsabilidad en el inicio del conflicto, suele ser causa de debates, a veces irresolubles (Foster, 2015; Kissane, 2005; Dolan, 2003). En Irlanda, los seguidores del gobierno provisional argumentarían que la alternativa al conflicto interno era a todos los efectos la intervención militar británica y la marcha atrás en el despliegue del proceso independentista, como mínimo hasta 1916. Para el IRA anti-tratado, comandado militarmente por Liam Lynch (1883-1923) e identificado por el llamado Ejército Nacional como «irregulares», lo que subyacía detrás de la renuncia al pacto político y del inicio de las hostilidades era una imposición del poder por la fuerza, incluso si para ello el gobierno debía renegar de su promesa de mantener el IRA como el Ejército de la República (Foster, 2015). La ruptura era pues evidente; otra cosa era la posibilidad real de afrontar una guerra abierta. Detrás de la rendición de los insurrectos de Dublín tras los bombardeos ordenados por Collins sobrevino una guerra civil de limitada intensidad en perspectiva, en la que el número de combatientes, inicialmente favorable al IRA anti-tratado en una proporción de 1,5 (12 000 frente a 8000, aproximadamente), fue basculando de manera progresiva hacia la facción gubernamental, la misma que recibía los 27 400 rifles, 6600 revólveres y diferentes piezas de artillería enviadas por el gobierno británico (Hopkinson, 1988: 125, cit. en Kissane, 2005: 77). En esto la intervención internacional fue capital, ya que además de romper el equilibrio entre las dos facciones armadas del IRA, al margen de los muchos que se mantuvieron neutrales en la contienda, nutrió de armamento al ejército del gobierno provisional, que creció de 20 000 a 55 500 hombres en pocos meses.

La irlandesa fue una guerra de combates limitados y sin frentes claros, como buena parte de las guerras civiles del siglo XX, excepción hecha de algunas como la española y la coreana, más cercanas a la idea general de la guerra regular. Y, aun con todo, ambas guardarían claros paralelismos con la norma, al menos en los primeros meses de las dos contiendas, hasta el fracaso de la guerra de columnas de los sublevados frente a Madrid, en el caso español, y hasta el lanzamiento de la invasión del sur por parte de Corea del Norte, en el otro. Con el apoyo de las armas británicas ofrecidas por Winston Churchill (1874-1965), los representantes del gobierno provisional tuvieron en todo momento la ventaja estratégica frente a la guerrilla irregular en la que los anti-tratado tuvieron siempre que establecer tácticas defensivas, condicionadas por su menor preparación, su menguante capacidad estratégica y su debilidad armamentística. También en esto hubo un condicionante de tipo nacional. El 7 de julio de 1922 Collins lanzó un reclutamiento «nacional», que vino a contribuir a la identificación del Ejército Nacional como el legítimo depositario armado de la soberanía. En cierta medida, en ese momento se terminó de fracturar el factor que hacía diferente a la guerra en Irlanda con respecto a otras guerras intestinas. De hecho, y a diferencia de las radicales brechas políticas, socioculturales e identitarias que caracterizaron guerras civiles como la rusa o la española, en Irlanda ambas facciones apoyaban el objetivo de la independencia total, así como un fuerte sentimiento de identidad nacional, apoyado sobre un catolicismo compartido, pese a que la Iglesia dio apoyo a la facción protratado. Para subrayar las diferencias entre beligerantes, el gobierno hubo de instar al control y la censura de la prensa, de modo que la facción armada gubernamental siempre fuera denominada «Ejército irlandés», «Ejército Nacional», «Tropas nacionales» o directamente «tropas», mientras que al enemigo se le trataría de «bandas» o «cuerpos» armados, nunca como tropas, fuerzas, ni como unidades militares con rangos y oficiales (Kissane, 2005: 81).

Los combates convencionales duraron poco más de un mes, y para mediados de agosto, poco antes de morir Collins en una emboscada, el gobierno ya tenía el control de los centros urbanos: las columnas de soldados tomarían Limerick y Waterford, las fuerzas marítimas los condados de Cork y Kerry en el sur y Mayo en el oeste. En ese momento, las órdenes del IRA anti-tratado de dispersarse por las zonas rurales abrirían una fase de guerra de guerrillas en la que no pudieron valerse de las ventajas estratégicas propias del conflicto irregular. A diferencia de las guerras coloniales o de ocupación exterior, el factor territorial, que suele ser favorable al guerrillero, no siempre es determinante en las guerras civiles (Baldissara, 2016 y 2018). En Irlanda, ambos bandos eran conocedores de las tácticas de la guerrilla y estaban familiarizados con el entorno, por lo que esa variable estratégica resultó poco decisiva a todos los efectos. O mejor: resultó una ventaja para el Ejército regular, al no poder valerse de ella el irregular. Los actos de sabotaje y de guerrilla no fueron determinantes frente a la solidez de un Ejército de creciente capacidad ofensiva. Sin embargo, sí que lo serían para explicar el auge, numéricamente relativo, pero proporcionalmente importante, de las ejecuciones de soldados republicanos a manos del Ejército Nacional (un mínimo de 150) y de las acciones de reacción por parte del IRA, como la quema de casas y los sabotajes. Tras la instauración de la ley marcial a finales de septiembre de 1922, que supeditaría la legislación civil a la militar y que permitiría condenar a la pena capital a quien fuese encontrado culpable de atacar a las fuerzas gubernamentales, de esconder armas o de haber participado en incendios y saqueos, la violencia ejecutada en ese contexto tuvo un carácter fuertemente instrumental. Contra los pronósticos idealizadores del enemigo, que hablan de cómo la violencia solo refuerza la resistencia, en este caso la existencia de asesinatos de combatientes, ejecutados in situ en el momento de su entrega en muchos casos, contribuyó al rápido agotamiento del conflicto. En ese sentido son notorias las atrocidades cometidas por la Dublin Guard. El terror fue efectivo en el contexto de una guerra fuertemente desproporcionada donde no se desarrolló una radical esterotipación ni deshumanización del enemigo, por más que la Iglesia católica, en un acto de clara propaganda y posicionamiento progubernamental, desaprobara los actos de sabotaje y guerrilla y los considerase pecaminosos y ofensivos a los ojos de Dios.

En todo caso, la cuestión de las víctimas de la guerra irlandesa sigue abierta al debate, aunque su número no es, sin embargo, excesivamente elevado. Según Kissane, algo más de 1300 personas murieron en la guerra, y a pesar de todo las cifras quedan por debajo de las 2000 muertes: poco, desde luego si lo comparamos con otros mecanismos de violencia interna en la Europa de antes de la Segunda Guerra Mundial (Hart, 2008; Clark, 2014; Foster, 2015). Si bien Fitzpatrick reconoce que junto a los 1200 soldados de uno u otro bando existiría un número «desconocido» de civiles, otras investigaciones como las del desaparecido Peter Hart apuntan a que, en la escala local, la incidencia de la violencia sobre los civiles fue mayor. Las cifras que suelen manejarse hablan de unas 90, un 10 % aproximado del total, pese a ser posible que fuesen más, sobre todo en el Dublín del verano de 1922. Según Hart, que estudió fundamentalmente el condado de Cork, mientras que el porcentaje de víctimas civiles ascendía al 40 % en el contexto revolucionario de 1917-1919 y en 1920 hasta el 48 %, entre enero y junio de 1922 estas llegarían a un elevadísimo 82 %, que se reduciría al 39 % en la segunda mitad del año (Hart, 2002). En lo que coinciden todos es en la escasa fiabilidad de las fuentes y en las dificultades para establecer un recuento si no definitivo, sí fiable de las víctimas no combatientes. Como se verá más adelante, las guerras civiles que se han desplegado en forma de combates irregulares —la guerra civil italiana, la guerra irregular de la segunda mitad de 1936 en España y contra el maquis en la posguerra— tienen siempre una tremenda incidencia en forma de políticas de violencia (ejecuciones, juicios sumarísimos, desplazamientos forzosos, torturas, detenciones) sobre la población no combatiente, identificada con el enemigo por el hecho de compartir territorialidad. En todo caso, lo que caracterizó de manera imborrable la guerra irlandesa no fue tanto el asesinato de civiles cuanto la ejecución de prisioneros de guerra, una realidad que quedó escenificada de forma dramática en la película El viento que agita la cebada (2006), de Ken Loach.

Once meses después del levantamiento en Dublín, el alto el fuego reclamado por De Valera, pero solo subsiguiente a la muerte en combate de Lynch, puso fin al enfrentamiento armado, aunque no stricto sensu a la guerra. No hubo pues una rendición oficial, sino que los insurrectos, derrotados a todos los efectos y sin el liderazgo político y militar necesario, cesaron el combate y dejaron las armas, pasando muchos de ellos a engrosar las cifras de detenidos e internos en manos gubernamentales, más de 12 000 al final del conflicto. En la inmediata posguerra, el Estado Libre hizo miles de prisioneros, ya desarmados y muchos en sus propios hogares. De hecho, para Kissane, a efectos legales la guerra civil se mantuvo en vigor hasta julio de 1923, cuando fueron liberados muchos de esos prisioneros, ante la evidencia de que ya no existía un marco bélico ni un estado de guerra que justificase su detención. Sin embargo, aún en 1924 quedaban focos activos de guerrilla que impedían el establecimiento de unas condiciones de absoluta normalidad. La decisión del IRA fue una suerte de aceptación, a veces no tan resignada, de la realidad. Pero a todos los efectos supuso que la organización no se hiciera cargo de las armas, esto es, que no controlase el desarme efectivo de sus combatientes. Y además, la ausencia de una rendición declarada supuso implícita, y en muchos casos explícitamente, el no reconocimiento de la autoridad del Estado Provisional (Foster, 2015: 146).

Eso es algo común en los enfrentamientos civiles, y en el caso irlandés no lo fue menos: más que dar conclusión a la guerra el alto el fuego supuso el inicio de su final. Empezaba entonces en Irlanda el momento del recuento y de la reconstrucción, sobre todo política, pero también sociocultural dentro del espacio político del nacionalismo irlandés, que tendría un hito fundamental en la amnistía del 8 noviembre de 1924 declarada sobre todos los hechos relacionados con la guerra. Pese a que la narrativa predominante en la posguerra, emanada de los vencedores pro-tratado y que primaba los elementos de estabilización, consolidación y normalización estatal, deje fuera de foco factores conflictivos relacionados con la reconstrucción política y la represión estatal (Foster, 2015: 143; Dolan, 2003), a todos los efectos la amnistía sí que constituiría un punto de no retorno definitivo para el establecimiento de un marco sociopolítico sin enfrentamiento bélico donde los derrotados en la guerra civil, constituidos en partido político en 1926 por De Valera, el Fianna Fáil, pudieron alcanzar el poder en 1932. De hecho, estaba en el poder cuando Irlanda se declaró neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Para el caso irlandés sí parece haber acuerdo en la denominación académica de guerra civil, aunque menos en sus causas y consecuencias. Como en Finlandia, la guerra ocurrió poco después de la independencia y vino precedida por una crisis constitucional. Sin embargo, en Finlandia la guerra se interpretó o como un conflicto revolucionario o como uno de liberación nacional. En Irlanda fueron los derrotados contrarios al tratado anglo-irlandés de 1921, que dejaba a Irlanda del Norte la posibilidad de separarse del nuevo Estado insular, los que la interpretaron en términos nacionales, es decir, como una continuación de la guerra de independencia (Dolan, 2003). Los vencedores, pese a la inexistencia de una izquierda revolucionaria, la interpretaron en términos sociales, y eso favoreció la fácil reintegración de los derrotados en 1923, al contrario de lo sucedido en Finlandia, Rusia o España.

Junto con España, Irlanda fue el único país europeo que vivió una guerra civil como forma de salida a la crisis de gobernanza continental. La situación de inestabilidad política e institucional derivada del final de la Gran Guerra no afectó solamente a los países nacidos de la descomposición de los imperios derrotados en 1918. En no pocos territorios continentales como España, Turquía, Irlanda, los países bálticos, el Cáucaso, Italia, Hungría o Alemania, se asistió entre 1917 y 1923 a un incremento notable de fenómenos de violencia interna, persecución política, etnonacional o revolucionaria. Además, se asistió a una creciente privatización de la violencia, desarrollada muchas veces bajo el amparo político revolucionario o contrarrevolucionario y acompañada por la expansión de formas paramilitarizadas de mayor o menor intensidad, mayor o menor organización. En no pocas ocasiones, la situación italiana de 1922 o la alemana de 1933 han sido descritas como de guerra civil, en la medida en que el ascenso de los fascismos sirvió para aplastar salvajemente a los partidos revolucionarios. El breve período de toma de poder de Béla Kun en Hungría y la oleada de terror contrarrevolucionario que siguió a su desalojo, o incluso el conflicto armado entre republicanos y monárquicos en el contexto de la joven e inestable República de Portugal de 1919 también han sido descritos en ocasiones como guerras civiles larvadas (Wachsmann, 2008; Fabbri, 2009).

La guerra en la paz, 1918-1923

LA GUERRA EN LA PAZ, 1918-1923

Portugal, Alemania, Hungría, Italia. Todos estos casos conforman un proceso histórico definido en el que la noción de guerra civil, en este caso larvada, ha estado siempre presente, también entre los propios observadores de la Europa de Entreguerras. Pero en perspectiva no es tan evidente identificar guerras civiles en la Alemania de Weimar, la Italia previa a la Marcha sobre Roma, o la Hungría de y posterior a Béla Kun (1886-1938), aun cuando se las denomine larvadas o latentes. Evidentemente, los tres conceptos (guerra civil, abierta, latente) no son sino convencionalismos. Pero evidencian, en sí mismos, la fortaleza de la identificación, si se quiere metafórica, como guerra civil de los procesos de violencias cruzadas desarrolladas en conflictos multifactoriales (comunidad nacional y nacionalismo unido o dividido, religión, existencia de un actor reconocido como de ocupación) y multidireccionales (actores y comunidades diferentes en hasta tres territorios políticamente diferenciados), así como varias características que explican en perspectiva comparada el uso de tal definición: la implicación de población no combatiente, la búsqueda de apoyos civiles, la instrumentación del relato histórico o la preponderancia de identificaciones hipostáticas entre los grupos identitarios combatientes o sostenedores y categorías cerradas y totales como las de pueblo, nación o comunidad.

El límite de qué es y qué no es una guerra queda siempre difuminado al acercarnos a los procesos históricos que trufaron la Europa de Entreguerras en forma de conflictos armados. Por ejemplo, en Portugal, el asesinato en 1919 del a la sazón primer ministro Sidónio Pais (1872-1918), en el poder tras el golpe de Estado de 1917, dio lugar a un vacío de poder aprovechado por el movimiento monárquico para proclamar la Monarquía del Norte. Los subsiguientes combates entre el Ejército y los monárquicos en los escasos dos meses que duró la alternativa territorial e institucional sirvieron sobre todo para reforzar el poder republicano en Lisboa y para debilitar aún más los movimientos tradicionalistas y restauracionistas, incluido el Integralismo Lusitano. Hubo, pues, indicios de territorialidad y combates, además de una alternativa institucional y de poder. En ese sentido, ¿dónde hay una guerra civil reconocida? Evidentemente, la existencia de violencias cruzadas, aunque puedan entenderse como beligerancias contrarias, no es el único elemento que explica la existencia de una guerra intestina. De igual modo, los golpes de Estado no pueden ser considerados per se guerras civiles, ni estas son estrictamente necesarias para el desarrollo de políticas de persecución y expulsión de las minorías políticas o sociales, aunque desde luego contribuyan a ellas de forma evidente y decisiva.

Criterios clásicos como la presencia activa de gobiernos nacionales no se dan en todos los casos de guerra civil, como tampoco existe siempre una resistencia efectiva, armada y real por las dos partes a la toma del poder (Singer y Small, 1982: 210). Así, casos como el de Alemania entre 1918 y 1923 o el de la Hungría previa al Tratado de Trianón bien pueden contribuir a cuestionar las fronteras de lo que puede o no denominarse guerra civil, difuminadas al analizar procesos como los golpes de Estado contrarrevolucionarios, los procesos de terror blanco y rojo, o los combates armados frente o a favor de la alternativa revolucionaria.

El caso del ascenso al poder de la coalición socialista y comunista que instauró la breve República Soviética Húngara nos interesa particularmente por los múltiples factores que confluyeron en él. No hay que perder de vista que a finales de 1918 este país centroeuropeo se encontraba entre las potencias derrotadas en la Gran Guerra, en tanto que núcleo de la extinta monarquía dual austrohúngara. En buena medida, lo que ocurrió en los meses siguientes tuvo mucho que ver con el vacío de poder derivado de las decisiones de Mihály Károlyi (1875-1955), poderoso aristócrata de convicciones demócratas que estuvo al frente de Hungría desde finales de octubre de 1918 hasta mediados de marzo de 1919. Ya durante los primeros días de su mandato a la cabeza de un Comité Nacional, que reunía en su seno a fuerzas políticas de centro e izquierda, decidió desarmar y disolver el Ejército húngaro para congraciarse con los Aliados de la Entente y conseguir unas condiciones ventajosas para Hungría en un futuro tratado de paz. Sin embargo, lejos de conseguirlo, esta decisión propició que los países vecinos se lanzaran a la ocupación de grandes porciones de los antiguos territorios imperiales que hasta entonces habían estado bajo la soberanía magiar, y que por lo general estaban habitados por importantes minorías o mayorías húngaras. Esto fue leído como un fracaso de Károlyi y su gobierno, que además se encontraron con la abierta hostilidad de la misión militar francesa en Europa Central. A ello se sumaron muy pronto los graves problemas que experimentó a la hora de hacer efectiva su soberanía sobre el territorio, dado el caos organizativo e institucional de la posguerra y la multiplicidad de poderes surgidos a nivel local y regional. Además, la crisis se vio agudizada por la necesidad imperiosa de afrontar la llegada de refugiados de los territorios ocupados por Serbia, Checoslovaquia y Rumanía, todo ello en medio de unas circunstancias políticas, sociales y económicas muy difíciles (MacMillan, 2011: 322-323).

Es así como entró en escena Béla Kun, un individuo que nos recuerda la importancia de las trayectorias personales en la comprensión de la historia de la guerra, la revolución y la contrarrevolución, pero también el rol que la dimensión transnacional jugaría en todo ello. Este veterano del Ejército austrohúngaro capturado por los rusos en 1916, ya habitual de los círculos de izquierdas en la Hungría de preguerra, fue internado en un campo de prisioneros de guerra, donde se sintió atraído por el comunismo tras el triunfo de la revolución bolchevique. Así pues, tras conocer de primera mano los primeros pasos del experimento soviético y tomar parte en la guerra civil rusa junto a otros varios centenares de húngaros, volvió a su país en noviembre de 1918 con el apoyo económico y político del nuevo Estado bolchevique. En este caso, las autoridades soviéticas no estaban haciendo otra cosa que tratar de explotar en su beneficio un escenario ideal como el húngaro para extender la revolución por toda Europa. El país parecía estar maduro en este sentido, asolado como se encontraba a causa de la escasez de alimentos y combustibles con los que encarar el invierno, la hiperinflación, el desempleo, la falta de vivienda y la ridícula ayuda humanitaria recibida por el gobierno, al contrario de lo ocurrido en el caso de Austria (Romsics, 1989: 121-125; Gatrell, 2008; MacMillan, 2011: 325). Tanto es así que la agresiva campaña de huelgas y manifestaciones impulsada por Kun y los suyos contra el gobierno del partido de Károlyi y sus aliados socialdemócratas acabaría con aquel apaleado por la policía y en la cárcel en febrero de 1919. A pesar de ello, a mediados del mes siguiente se hizo evidente que los vencedores iban a imponer durísimas pérdidas territoriales al nuevo Estado húngaro, lo cual llevó a Károlyi a dimitir ante el fracaso de su política internacional y las graves protestas a las que dio lugar dicha situación. No lo hizo sin antes advertir a los Aliados de la Entente que estaban empujando al país a la revolución (MacMillan, 2011: 325-326).

Encontrándose con el poder en solitario, los socialdemócratas húngaros vieron el recurso a Kun y sus contactos con la Unión Soviética como la única posibilidad de preservar en la medida de lo posible las fronteras imperiales de Hungría. En este sentido, se esperaba que el líder comunista húngaro sería capaz de atraer el auxilio del Ejército Rojo, a pesar de que la situación de guerra civil que se vivía en los antiguos territorios del Imperio ruso no parecía invitar al optimismo en este sentido (Deak, 1968: 135-136). No obstante, esta exigua posibilidad permitió a Kun imponer todas sus condiciones, situándolo al frente de una República Soviética Húngara proclamada el 21 de marzo de 1919 y gobernada por un partido único, fruto de la fusión entre comunistas y socialdemócratas. Esto también hizo posible que en un primer momento oficiales conservadores se sumaran al Ejército Rojo húngaro en la exitosa guerra por el control de Eslovaquia, ya que creían estar librando un conflicto existencial contra los enemigos exteriores del país (Toma, 1958). Un oficial estadounidense que por entonces estaba en Budapest supo verlo de forma muy clara al señalar que «los húngaros, que están unidos en el convencimiento de que Hungría no debe ser desmembrada, han utilizado el bolchevismo como último recurso desesperado para preservar la integridad de su país». Tal y como haría Stalin veintidós años después al encarar la invasión alemana, Kun supo aprovechar la ola de nacionalismo que inundó el país impulsando una retórica patriótica a favor del nuevo régimen y, al mismo tiempo, consiguió pescar en las revueltas aguas de los divergentes intereses internacionales de posguerra, obteniendo armas y pertrechos de una Italia hostil a Yugoslavia (MacMillan, 2011: 326, 330).

En cualquier caso, y de cara a lo que estaba por venir, una de las claves del fracaso del segundo experimento comunista triunfante en el mundo tuvo que ver con la pérdida de buena parte del apoyo real y potencial del campesinado húngaro ante la decisión del nuevo Estado de expropiar las tierras para colectivizarlas (Deak, 1968: 136; Mazower, 2017: 32-34). Este hecho, unido a otros choques violentos en el campo a causa de las requisas para abastecer a la población de la industrial Budapest, acabó limitando muy rápido el control del Estado sobre el conjunto del país. Tampoco ayudaron otras reformas radicales como la ley seca, la colectivización de las fábricas impuesta por el régimen, el control de la prensa o las políticas anticlericales, entre muchas otras (MacMillan, 2011: 329-330). Por supuesto, ello no fue impedimento para el despliegue de políticas y mecanismos de violencia encaminados a la persecución y supresión de cualquier amenaza para la consolidación de la revolución, derivando en algo más de medio centenar de muertos y miles de detenidos en los cuatro meses de existencia de la República Soviética Húngara (Deak, 1968: 130-131). De hecho, vale la pena recordar que al mismo tiempo que esta última empezaba a cobrar forma en también lo hacía la también comunista y más efímera República Bávara de los Consejos, algo que no hizo sino alimentar los rumores de una intervención desde la Unión Soviética, el optimismo de los comunistas respecto al futuro y los proyectos revolucionarios para implantar su poder total mediante el terror.

Es importante destacar que en el caso húngaro el devenir de los hechos no solo estuvo muy marcado por la existencia de un gobierno contrarrevolucionario paralelo, encabezado por el almirante Miklós Horthy (1868-1957) en la ciudad de Szeged, al sur de la actual Hungría, sino también por la intervención militar exterior del Ejército rumano, apoyado material y financieramente por los Aliados. En lo que ha sido una praxis común de las políticas de «pacificación» y control de las grandes potencias sobre las zonas periféricas de su esfera de influencia, ambas iniciativas contaron con el beneplácito y el apoyo directo de las potencias de la Entente. La intervención rumana puede verse como una suerte de guerra subsidiaria similar a las que veremos en la España de 1936-1939, las guerras civiles de la Segunda Guerra Mundial y de forma muy clara en no pocos de los conflictos fratricidas del Tercer Mundo durante la segunda mitad del siglo XX. Es más, como suele ser habitual en estos casos, la situación pronto escapó del control de los Aliados, dando lugar a conflictos entre ellos y Rumanía. Por lo demás, todos los intentos de las fuerzas soviéticas por auxiliar a sus aliados húngaros asestando un golpe a los rumanos en Besarabia fueron en vano, dado el enorme desafío que plantearon las unidades de Antón Denikin en su ofensiva por Moscú durante el verano de 1919.

Así pues, tras un inicio titubeante a lo largo de la primavera de 1919, las fuerzas rumanas acabaron imponiéndose de forma definitiva ese mismo verano. En este sentido fue clave el colapso interno de la República Soviética Húngara a causa de las resistencias y oposición abierta de amplios sectores de la población del país frente a las políticas del nuevo Estado, pero también debido a la deserción de ciertas unidades del Ejército Rojo húngaro congraciadas con las fuerzas contrarrevolucionarias reunidas en torno a Horthy (Deak, 1968: 140; MacMillan, 2011: 332). Desde luego, tampoco resultó menos importante la defección poco antes de muchos oficiales conservadores que se pasaron al bando del almirante, sobre todo por la traición que a sus ojos supusieron las negociaciones de Kun con la Entente para conseguir conservar la revolución utilizando Eslovaquia como moneda de cambio (Pastor, 1988). Finalmente, los rumanos entraron en Budapest el 3 de agosto, dando inicio a una ocupación militar que se alargaría hasta noviembre en el caso de la capital y hasta las primeras semanas de 1920 en las regiones orientales del país. Por supuesto, como suele ser común a este tipo de episodios, las tropas rumanas llevaron a cabo una política sistemática de saqueos que incluyó el desmantelamiento y traslado a Rumanía de buena parte de las infraestructuras ferroviarias e industriales del país, así como las requisas de alimentos, ganado o vehículos a motor. De nada sirvieron las protestas de las principales potencias de la Entente, que no tenían poder efectivo para condicionar las políticas de sus aliados de la Europa Central y balcánica. En este sentido, por mucho que los dirigentes rumanos proclamaran su derecho al botín tras haber salvado al viejo continente del bolchevismo lo cierto es que tanto ellos como sus colegas yugoslavos o checoslovacos perseguían unas agendas nacionales propias (MacMillan, 2011: 333).

Uno de los grandes cronistas de este turbulento periodo de la historia húngara fue el cineasta Miklós Jancsó (1921-2014), quien dio cuenta de los hechos en su impactante película Silencio y grito (1967). Más que un análisis político de lo ocurrido, esta obra plantea una anatomía de la violencia que siguió al fin de la revolución. No por nada, la obra comienza con el desfile triunfal del autoproclamado «Ejército Nacional» en Budapest. A la cabeza marchaba el almirante Horthy, montando un caballo blanco y proclamándose como el libertador de Hungría, a pesar de no haber tenido ninguna contribución destacable a nivel militar. Sus tropas, que no llegaron a entrar en combate contra el Ejército Rojo húngaro, habían sido armadas y financiadas por el mismo Ejército rumano en número suficiente como para poder ahogar la revolución comunista en sangre y al mismo tiempo evitar que pudieran convertirse en una amenaza exterior.

De hecho, desde el momento en que Horthy tomó posesión del poder puso en marcha una brutal represión cuyo objetivo era extirpar de raíz la posibilidad de un nuevo conato revolucionario, algo que no solo afectó a los comunistas y socialdemócratas, sino también a muchos judíos y liberales, considerados como otra amenaza más para el nuevo orden. La extensión del terror como forma de generar una red de apoyos y complicidades, al tiempo que se favorecía el control y encuadramiento de la población y la estigmatización de las víctimas, fue uno de los ejes de las políticas del régimen. Para ello se desplegó una violencia capilar por medio de toda una miríada de fuerzas que bajo el nombre de Guardia Blanca agrupó a diversos grupos paramilitares y a unidades del Ejército creado en Szeged, alcanzando así todos los puntos del país. Se calcula que en torno a un millar de personas fueron asesinadas y decenas de miles recluidas en campos de concentración entre 1919 y 1921. Con el fin de establecer ese imperio del terror se emplearon métodos ejemplarizantes que ya por entonces empezaban a ser comunes en otros puntos del continente, como la Alemania del sexenio revolucionario o los viejos territorios del Imperio ruso, sumidos en esa compleja maraña de guerras civiles. De hecho, se trata de unos métodos que se harían presentes de forma masiva en el conflicto español de 1936-1939 y en la Segunda Guerra Mundial: las ejecuciones extrajudiciales, la humillación pública, la exposición de cadáveres mutilados o ahorcados en puntos de reunión y, por supuesto, las violaciones. Muchas veces la represión política se justificaba bajo pretextos como el de combatir crímenes comunes contra bandidos o forzando la autoinculpación de las víctimas (Romsics, 1989: 130-133). Y esto es precisamente lo que nos muestra Jancsó en su extraordinaria obra, juntamente con las profundas brechas sociales que dejaron tras de sí estos conflictos, que se encuentran en la raíz de las actuales sociedades europeas.

Hungría no es el único caso de choque abierto entre unidades armadas revolucionarias y contrarrevolucionarias dentro de los territorios bajo la soberanía de las potencias vencidas en la Gran Guerra, aunque sea donde con más claridad existieron alternativas excluyentes de gobierno y de soberanía, y ello por mucho que las agendas nacionalistas tuvieran tanto o más peso entre las motivaciones de los actores. Es bien conocido el proceso que desestabilizó la arquitectura institucional de Weimar, más aún en una Alemania donde, no se olvide, los revolucionarios bolcheviques creían que existían las condiciones ideales para la expansión de la revolución a escala continental. De hecho, desde la gran manifestación de Berlín en enero de 1919, que dio pie a la ocupación fugaz de centros neurálgicos de poder y a la represión por parte del gobierno del Partido Socialdemócrata (SPD), en la Alemania de Weimar no se dejó de hablar de la guerra civil que iba a extenderse por Europa. En unos casos como deseo, pues los revolucionarios eran bien conscientes de la necesidad de la confrontación armada para la maximización y radicalización de las alternativas nacidas al calor de 1917, y en otros como amenaza, para instar con ello a la creación de milicias armadas contrarrevolucionarias, como los Freikorps (Mazower, 2017: 31). Algunos de ellos, estaban integrados por alemanes que habían combatido en 1919 en los estados bálticos y que protegían los intereses de los alemanes étnicos a cambio de tierras, tal y como reflejó Marguerite Yourcenar en su novela Le coup de grâce (1939), magistralmente llevada al cine décadas después por Volker Schlöndorff. Sin embargo, la fortaleza institucional alemana impidió que la situación sirviese de marco para una conflagración armada sostenida.

Las huelgas y manifestaciones de Hamburgo, Dresde y Bremen disueltas por la policía y reprimidas después por los Freikorps; la gran huelga general de marzo de 1919; la huelga del Ruhr; o incluso la proclamación de la República Consejista de Baviera en abril, tras el asesinato de Kurt Eisner (1867-1919, quien había instado en noviembre de 1918 a la creación del Estado Libre de Baviera y había logrado la abolición de la monarquía bávara), bien podrían añadirse a los casos de sublevación institucional con aspiración, sobre todo este último, de poder territorial disputado, sustitución de las fuerzas armadas y combates irregulares. Sin embargo, las escaladas violentas nunca llevaron a un grado de movilización semejante al de una conflagración armada. Ni siquiera ante el golpe de Estado de Wolfgang Kapp (1858-1922) de marzo de 1920, que durante cinco días puso en jaque al gobierno y que provocó fuertes enfrentamientos entre Freikorps y sindicatos huelguistas. El propio Nolte señala la existencia de una «guerra civil» en Alemania impulsada precisamente por las fuerzas que tilda como partidarias de esta, es decir, comunistas y nacionalsocialistas, «limitada» pese a las escaladas verbales y los combates callejeros por el hecho de que el gobierno nunca perdió el control de la situación. Desde su perspectiva, aquella fue una guerra manifestada principalmente en «tratados teóricos, folletos polémicos y belicosos artículos en los periódicos» (Nolte, 2001: 192).

Por supuesto, tal condición no explica en sí misma la aparición de una guerra civil. En el periodo de Entreguerras no fueron pocos los europeos que se lanzaron a la movilización paramilitar para transformar sus sistemas políticos, económicos e institucionales, como también hubo miles que tomaron las armas (o que no las llegaron a soltar) frente a la percepción de una amenaza revolucionaria. No hay duda de que las trayectorias personales nos ofrecen una vez más un buen paradigma de esto último en la figura del oficial húngaro Pál Prónay (1874-1946), organizador de la primera unidad paramilitar de Horthy y uno de los comandantes más salvajes en la aplicación del terror blanco en la Hungría de los años 1919 a 1921. Después de ver truncada su carrera al escandalizar a las clases dirigentes del nuevo régimen, preocupadas por la posibilidad de perder apoyos dada la brutalidad con que Prónay se empleaba, con 69 años aún sería capaz de reunir un escuadrón de la muerte en el caótico Budapest de octubre de 1944, siendo su fin la persecución de los judíos de la ciudad. Y esto no ocurrió solo en Ucrania, Hungría o Alemania, sino también en estados vencedores de la Gran Guerra como Francia, donde las Uniones Cívicas se organizaron contra la huelga general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de mayo de 1920; como Italia, que pronto vio el nacimiento de la más elaborada de las movilizaciones contrarrevolucionarias; o incluso en países neutrales como España, donde a un período de auge de huelgas generales con un marcado contenido político le siguió otro de modernización autoritaria basado en el poder paramilitar de la institución más cara de la dictadura primorriverista, el Somatén. Un régimen como el de Horthy, que en la Europa mayoritariamente democrática de 1919 podía parecer un fósil político y un mal menor para las potencias aliadas, acabó convirtiéndose en el referente de muchos otros que vendrían y perfeccionarían en las siguientes décadas sus mecanismos de control y sus políticas de la violencia (Mazower, 2017: 32).

La militarización de la política, si bien no generalizada ni uniforme, fue una constante de los sistemas políticos en la Europa posbélica. También lo fue, en buena medida, la noción de violencia como parte sustancial, y no anecdótica ni excepcional, de la política. Para los regímenes italiano desde 1922 (pero sobre todo desde 1925) o alemán desde 1933, el concepto mismo de violencia creadora y de estado de guerra permanente constituían elementos de su propio ethos identitario. Elementos propios del fascismo como la ritualidad de masas, la violencia, la xenofobia ultranacionalista, la sensación de nuevo comienzo o el deseo patriótico de renacimiento palingenésico de la nación y de construcción de una comunidad nacional homogénea y fuerte, una comunidad amenazada por el enemigo interno y externo y entendida por los excombatientes como de sufrimiento y dolor, son incomprensibles sin la presencia de la guerra en la ecuación (Kallis, 2008 y 2009; Rodrigo, 2016). El fascismo italiano se proclamó a sí mismo el único movimiento auténtico de los «nuevos italianos», regenerados por la guerra, profetas, apóstoles, evangelistas, soldados de la religión de la patria purificada por el fuego de la guerra, ciudadanos-soldado (Gentile, 1997). La guerra se convertía, así, en la última y más importante de las etapas revolucionarias. Hablando desde la perspectiva de 1940, Renato Farnea entendía que «esta [guerra] es el tercer tiempo de la Revolución. Es la Revolución que se ha hecho guerra» (cit. en Gentile, 1997: 199). Para el fascismo, la guerra era una suerte de condición indispensable para el despliegue total de su proyecto y su perfeccionamiento. De hecho, en última instancia las guerras de Mussolini acabaron en una guerra civil. Tal vez no podía ser de otra manera.

Los fascismos europeos se desplegaron bajo medidas de violencia y terror, mediante legislaciones excepcionales y por la fuerza de los hechos consumados, con internamientos preventivos, deportaciones internas y expulsiones forzosas. Es decir, con algunos de los que suelen ser resultados de las guerras totales, entre las cuales se encuentran muchas de las civiles, pero sin la existencia de una conflagración bélica abierta. La tensión política, la creación de facciones mutuamente intolerables o la persecución del adversario pueden ser condiciones para ellas, pero no son guerras civiles, como se ha visto en el caso húngaro o incluso en el greco-turco. En Alemania, el proyecto sociopolítico del Tercer Reich se desplegó desde el internamiento, primero, de los enemigos políticos en los campos salvajes de las Sturmabteilung (SA) y, sobre todo, a partir de 1934 con la represión y el terror legal objetivado contra todos aquellos hostiles al Volk, de manera que el estado de excepción se convertiría en el arma por excelencia para la nazificación del Estado alemán (Wachsmann, 2015). Y como en las guerras civiles, la comunidad nacional se amalgamó en torno a la violencia y la eliminación de la disidencia interna (Aly, 2006). Estas cuestiones son bien conocidas en la historiografía. No lo es menos la centralidad que el discurso y la retórica guerracivilista tuvo en otros contextos de radicalización y polarización sociopolítica, como en el español de los años treinta o el croata de los cuarenta.

Del caso húngaro primero y del alemán e irlandés después, pese a ser sustancialmente diferentes, podría decantarse, como para España, que son más los procesos de golpe de Estado y de toma armada y violenta del poder o las guerras sucias, de fuerte impacto dentro del terreno de lo local y lo comunitario, los que propician el inicio de las avalanchas que acaban siendo las guerras civiles desplegadas en su totalidad, así como el desarrollo de políticas de violencia extrema. Si no hubo guerra interna en Alemania, Hungría o Italia y sí en Irlanda o, más tarde, en España no fue porque en unos lugares hubiese una exaltación de la violencia transformadora y en otros no, ni porque faltase en unos u otros países la creación de subculturas de masculinidad violenta. Sin lugar a dudas, así ocurrió en los regímenes que transformaron sus arquitecturas institucionales y políticas hacia formas contrarrevolucionarias radicales de movilización, encuadramiento y liderazgo, es decir, los fascismos. No obstante, el estallido o no de guerras civiles y su resultado dependió de una combinación compleja e irregular de factores que no se dio igual en todos los casos: la unión o no de las fuerzas del orden ante el reto institucional, la preparación de los golpes de Estado y la determinación de los golpistas, la decisión de resistir por parte de capas considerables de la población, el reparto de armamento y su calidad, el grado de conocimiento técnico sobre su uso, la movilización forzosa o voluntaria con carácter súbito, el uso de la violencia —detención, deportación, asesinato— para atajar resistencias de manera preventiva, la polarización política previa y el grado y la intensidad de estereotipización del enemigo o la intervención internacional en forma de ayuda diplomática, armamentística, logística o humana.

No existe pues una fórmula que explique por qué en unos lugares se quebró la paz y en otros no, por qué en unos los primeros golpes acabaron en avalancha amorfa y descontrolada y en otros en procesos de represión política institucionalizada. Aunque como se verá en el siguiente capítulo, el caso español de 1936 será el que ofrezca más pistas, por el grado de totalización que alcanzaría, mucho mayor al de guerras como la irlandesa, donde una proporción no irrelevante de miembros del IRA decidieron no tomar las armas frente al gobierno provisional, o como la rusa, donde la población campesina combatía en muchos casos por su propia supervivencia y en favor, básicamente, de quienes no los dominaban en ese momento con la violencia y el terror, blancos o rojos. En España los nacientes movimientos fascistas, al igual que sus homólogos europeos, proclamaban retóricamente la obligación, en palabras de José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), de ir con todas las consecuencias a la guerra civil. Había llegado el tiempo de la lucha física y no retórica, como escribiera Onésimo Redondo (1905-1936), de la violencia, diría Ramiro Ledesma (1905-1936), de la ley bélica, para Julio Ruiz de Alda (1897-1936). Desde la victoria del Frente Popular en febrero de ese 1936 cuyo final no vería ninguno de ellos, empezó a llamarse y a proclamarse como algo real lo que no era aún sino retórica (Gallego, 2014). Sin embargo, proclamar la guerra civil no es hacerla. A la realidad sucia, sangrienta y terrible de la guerra todavía le quedaban unos meses para imponerse.

3. Guerra civiles en la guerra total. Europa, 1936-1949

3

Guerras civiles en la guerra total.

Europa, 1936-1949

Si esto puede suceder… —me ronda por la cabeza como un estribillo exasperante—, si todo esto puede suceder, si gente con uniforme puede pisotear a niños, darles puñetazos a mujeres en la cara, dejar a los hombres casi lisiados a golpes mientras los llevan a camiones de mudanzas que tienen el nombre de uno de los nuestros, un nombre flamenco… Si todo esto puede ser… Nosotros que estamos aquí como qué, como ayudantes de un mundo al revés donde lo blanco es negro durante una noche que se ilumina en un día infernal, como enfermeras que asisten a médicos de habla alemana que, vestidos de uniforme, combaten algún que otro virus humano con porrazos y golpes, con amenazas y bramidos ante el llanto y el lamento y la mierda de muchos en los pantalones, con sangre y vómito en la calle… Si todo eso puede suceder, ¿no puede suceder cualquier otra cosa?

JEROEN OLYSLAEGERS, Voluntad (2018),

sobre el colaboracionismo del aparato policial belga

en Flandes durante la Segunda Guerra Mundial.

Polacos matando polacos, griegos matando griegos, franceses matando franceses. Como se encargó de observar el escritor fascista Curzio Malaparte, la guerra que los Aliados libraban contra la Alemania de Adolf Hitler (1889-1945) estaba degenerando en una «atroz guerra civil». Concretamente, como si fuera un tumor, un cáncer, una degradación, una mutación de la guerra: «En Italia, los italianos que apoyaban a los alemanes no disparaban contra los soldados aliados, sino contra los italianos que apoyaban a los aliados; y viceversa» (Malaparte, 2016 [1946-1947]: 364).

No se equivocaba por entero. Las guerras civiles por sí solas, y las guerras internas que tuvieron lugar bajo el auspicio de las guerras de ocupación en la primera mitad del siglo XX europeo, redujeron a ruinas y cenizas el continente, generaron cotas altísimas de violencia, de exilio, de desplazamientos forzosos. Ante la complejidad de ese pasado tan lejano y difícil de aprehender, pero a su vez tan íntimo y cercano, la reflexión sobre la naturaleza y el proceso, sobre la idea y la contingencia de la guerra civil se hacen urgentes, también para la historiografía. De hecho, se ha convertido en una herramienta analítica al uso, sobre todo recientemente, cuando se deben explicar los complejos conflictos a la vez internos y propiciados por una invasión externa durante la Segunda Guerra Mundial. La proliferación de la resistencia armada, del maquisard, de la lucha partisana en la Europa ocupada por el Eje produjo la superposición generalizada de la guerra regular e irregular, de conflictos intracomunitarios y de la violencia entre colaboración y resistencia, así como cotas de enfrentamiento violento cuyo poso repercutiría directamente en la inmediata posguerra. Incluso cuando no hubo combates abiertos, ha habido historiadores que han considerado la existencia de guerras civiles larvadas para comprender los contextos de ascenso de fenómenos como el fascismo en la Europa ocupada.

Este capítulo aborda las guerras internas nacidas y desarrolladas en el contexto de los fascismos europeos y de la lucha contrarrevolucionaria de los años treinta, iniciando el análisis con la guerra civil española y finalizándolo con las guerras internas al calor de la Segunda Guerra Mundial y, como epílogo continental, con la guerra en Grecia. Como en los casos ya vistos de Alemania, Hungría o Italia, planteamos preguntas sobre la identificación o no como tales de enfrentamientos armados en algunos casos muy evidentes, como en Italia, Yugoslavia o en Grecia, y en otros menos fácilmente identificables como guerras, como en Francia, Bélgica o en la inmensa retaguardia de los territorios ocupados por los alemanes en la Unión Soviética.

Posiblemente la sucesión de guerras internas e internacionales que jalonó la historia europea del novecientos sea la más estudiada por la historiografía contemporaneísta en las últimas décadas. Al menos en su primera mitad, y sobre todo de 1917 a 1945. Entre ellas, las guerras civiles se elevan como epítomes de violencia y crueldad, como espacios de referencia para el estudio de los conflictos internos y exógenos en un solo país, como paradigmas de la represión, la ocupación territorial, la expulsión del connacional, como mecanismos para la construcción nacional. Y entre ellas la española se convierte en la referencia de todas: la gran guerra civil, si aceptamos un giro lingüístico que la empariente con su antecesora, la Primera Guerra Mundial en su denominación como gran guerra por su tremendo impacto sobre el imaginario colectivo, aunque mayoritariamente se haya vinculado (por tiempos, procesos desencadenados y por la presencia del fascismo y el antifascismo como sujetos centrales) con la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, lo cierto es que la arquitectura de este capítulo ha condicionado el resto del volumen. La cantidad de trabajos y de análisis y reflexiones existentes y la importancia histórica que tuvo en su tiempo para sus protagonistas y observadores requieren una atención especial que, posiblemente, habría merecido un capítulo aparte[1]. Integrarla en un contexto continental implica, de entrada, un posicionamiento interpretativo, a partir incluso de su vinculación cronológica. Como a nadie se le escapará, dónde ubicar la guerra civil española, si en relación con las guerras revolucionarias de Entreguerras o con las del fascismo y la ocupación de la Segunda Guerra Mundial, implica como tal una decisión no exenta de interpretación. Más bien al contrario. Lo que está claro es que situar el conflicto español en el marco histórico más amplio en que tuvo lugar contribuye a romper de manera irreversible con cualquier discurso o narrativa sobre la supuesta excepcionalidad de España.

Las guerras de la guerra civil española, 1936-1948

LAS GUERRAS DE LA GUERRA CIVIL

ESPAÑOLA, 1936-1948

Existen pocas dudas a la hora de identificar la española como una de las guerras más importantes dentro de la historia europea del siglo XX, y posiblemente como la más significativa e impactante entre las civiles. A efectos de elaboración de esta síntesis, la duda ha existido en todo momento: tanto si la consideramos interpretativa y comparativamente un paradigma de las guerras civiles europeas como si resulta, al contrario, una suerte de antiparadigma, en ambos casos las especificidades del conflicto español son evidentes. En última instancia, hemos preferido integrarlo en un marco amplio y continental, a caballo entre el modelo de guerras revolucionarias y contrarrevolucionarias de Entreguerras y las guerras civiles totales europeas de la Segunda Guerra Mundial, situadas entre la ocupación y la resistencia, entre el fascismo y el antifascismo. Sin embargo, eso no excluye que la española destaque entre las guerras internas europeas por muchos motivos. Sobre todo, y en estrecha relación con los mayores avances realizados por la historiografía en las últimas décadas, por los porcentajes, naturalezas y tempos de la violencia que se desplegó en su arco cronológico consuetudinariamente aceptado, de julio de 1936 a abril de 1939. Pero no solo por ello. Entre esos años se dirimieron en España diferentes guerras superpuestas: de tipo militar, político, identitario, nacional o religioso. Regular e irregular (Alonso, 2018b). Limitada o total (Alegre, 2018). Cada una con sus combatientes, sus víctimas y sus verdugos. Cada una aportando procesos contingentes a las macronarrativas ulteriores que han caracterizado el periodo 1936-1939 español: la de la Cruzada, la de la guerra contra el invasor, la del terror rojo, la del genocidio franquista (Rodrigo, 2014). Sin lugar a dudas, también ha contribuido al impacto de la guerra civil española su importancia mediática a nivel internacional, convertida en portada de la prensa mundial durante casi tres años y en motivo de debate dentro de partidos políticos de todo el continente, o en estímulo para la politización de multitud de jóvenes europeos (Wingeate Pike, 2012; Pavlaković, 2014).

A todo lo dicho hay que añadir su innegable carácter transnacional o, si se quiere, su condición de cruce de caminos, algo que como estamos viendo ha caracterizado y caracteriza de manera muy evidente a las guerras civiles. Este aspecto también está en revisión constante, ya que mientras la transnacionalidad del combate suele fijarse en la memoria y el relato colectivo de la intervención armada antifascista, lo cierto es que la dimensión continental e incluso intercontinental del conflicto nutrió sobre todo las filas de la sublevación. Por lo que respecta al bando insurgente confluyeron en él hasta 118 000 voluntarios extranjeros de los más diversos orígenes, siendo los contingentes más importantes los alemanes y los italianos, a los cuales hay que sumar entre 62 000 y 87 000 combatientes de las unidades coloniales formadas con elementos de origen africano, fundamentalmente magrebís (Rodrigo, 2016; Al Tuma, 2018; Alonso, 2018a). Si nos detenemos en el ámbito de las trayectorias personales estas nos dan una idea de las continuidades y transferencia de experiencias en la historia de la guerra. Por ejemplo destacan los comandantes de la Legión Cóndor, Hugo von Sperrle (1885-1953), que formó parte de la incipiente arma aérea alemana durante la Gran Guerra y pasó por el Freikorps, desempeñando un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial al mando de grandes unidades de la Luftwaffe en las campañas de 1939-1940; y también Wolfram von Richthofen (1895-1945), veterano infante de los frentes Occidental y Oriental en la Gran Guerra, que desarrolló en España las teorías del estrecho apoyo aéreo a la infantería en sus operaciones y el bombardeo en picado, aplicados de forma recurrente más tarde en la Segunda Guerra Mundial, participando en todos los frentes menos en el de África y comandando las fuerzas de la Luftwaffe en Italia. No por nada, muchos ases de las fuerzas aéreas alemanas que se destacarían durante la conflagración de 1939-45 pasaron por España, como el alemán étnico de Transilvania Walter Adolph Gropius (1913-1941), Heinrich-Wilhelm Ahnert (1915-1942), Wilhelm Balthasar (1914-1921), Otto Bertram (1916-1987), Helmut-Felix Bolz (1912), Hubertus von Bonin (1911-1943), Werner Mölders (1913-1941), Wolfgang Ewald (1911-1995), el austriaco Josef Fözö (1912-1979), Walter Grabmann (1905-1992), el campeón olímpico Gotthard Handrick (1908-1978), Harro Harder (1912-1940), Herbert Ihlefeld (1914-1995), Günther Lützow (1912-1945), Reinhard Seiler (1909-1989) y muchos otros (Schüler-Springorum, 2014). Entre los italianos hay que destacar a Mario Roatta (1887-1968), veterano de la Gran Guerra y primer jefe del Corpo Truppe Volontarie (CTV) en España, que en la Segunda Guerra Mundial se destacaría por sus brutales políticas de ocupación en Eslovenia y Croacia al frente del II Ejército italiano; a Ettore Bastico (1876-1972), que sustituyó al primero al mando del CTV tras haber combatido en el conflicto europeo de 1915-1918 y en la invasión de Etiopía en 1935, y que en la Segunda Guerra Mundial sería puesto al frente de las fuerzas del Eje en el frente norafricano; a Ettore Muti, aviador fascista que acabaría siendo secretario general del Partito Nazionale Fascista; o el propio Mario Berti (1881-1964), veterano de la Gran Guerra, tercer comandante del CTV y uno de los principales comandantes de la frustrada campaña italiana contra el Egipto británico en 1940 (Rodrigo, 2016).

En lo que se refiere al bando republicano encontramos a los 59 380 efectivos de las Brigadas Internacionales, con voluntarios de más de 50 países distintos, a lo cual cabe sumar el contingente de entre 2000 y 3000 soviéticos que se sumó al esfuerzo de guerra, sobre todo tanquistas y pilotos de avión (Thomas, 1986; Skoutelsky, 2006; Whelan, 2014). En todo este entramado tuvieron una importancia fundamental los asesores político-militares llegados desde Moscú, entre los cuales destacan algunas figuras como el letón Jānis Bērziņš (1889-1938), veterano de la revolución rusa y uno de los principales organizadores del llamado Terror Rojo, que en España actuó como el primer consejero militar jefe de la misión soviética (Suvorov, 1984: 226-227). También encontramos otras individuos clave, como por ejemplo el asesor naval de la República Nikolái Kuznetsov (1904-1974), que sería durante la Segunda Guerra Mundial comandante de la marina soviética; Rodión Malinovski (1898-1967), precoz veterano de la Gran Guerra, donde combatió en el Ejército ruso primero y en la Legión Extranjera francesa (LEF) después del armisticio de Brest-Litovsk, y la guerra civil rusa, dando el salto a España en 1936 y participando en la planificación de operaciones, lo cual le llevaría a tener un papel decisivo como oficial soviético en la Segunda Guerra Mundial; Kiril Meretskov (1897-1968), otro hombre con un papel importante en la Revolución de Octubre, la guerra civil rusa en las luchas contra Denikin y Wrangel, que a su paso por España fue uno de los encargados de la organización de las Brigadas Internacionales y que en la Segunda Guerra Mundial estuvo al mando de importantes unidades, tanto en la guerra ruso-finlandesa como en el Frente Oriental; Iliá Stárinov (1900-2000) que, tras su experiencia en la guerra civil rusa, estuvo en la guerra civil española a cargo de la formación de las desconocidas unidades de partisanos republicanos que actuaron tras las líneas sublevadas, un papel que continuaría en la Segunda Guerra Mundial organizando partidas de guerrilleros; otros importantes veteranos de la guerra civil rusa que pasaron por España y desempañaron mandos militares clave en la guerra germano-soviética fueron Aleksandr Rodímtsev (1905-1977), el artillero Nikolái Boronov (1899-1968) o el comandante de tanques Semión Krivoshéin (1899-1978) (Kowalski, 2003).

¿Qué llevó a España a esta suerte de internacionales fascista y antifascista? ¿Qué tuvo esa guerra para marcar el destino de generaciones, para signar a fuego, en palabras de Raimundo Fernández Cuesta (1896-1992), el destino del ser de España, o de su muerte? La trascendencia de la guerra civil española está fuera de toda duda, y vienen a demostrarlo las incontables toneladas de papel o kilómetros de celuloide que se le han dedicado. Pero sobre todo lo demuestra el gigantesco impacto que tuvo el conflicto en la vida de millones de personas, incluso décadas después de su finalización (Alegre, 2018: 375-408). No por casualidad, ha sido considerado un paradigma de la guerra civil. Y tampoco es casual que esa impregnación narrativa, densa, compleja y acumulativa, trufada de metáforas y sobreentendidos haya suplantado en muchas ocasiones al análisis. Multitud de veces pensamos en la guerra española de 1936 o nos referimos a ella, y lo hacemos en términos metafóricos. Nos hemos acostumbrado tanto a la interpretación que no distinguimos contingencia y relato. Sin embargo, la guerra civil tuvo poco de metáfora y sí mucho de realidad, compleja, cruel y aterradora. Una realidad que se concretó en varias decenas de miles de vidas de soldados muertos en las trincheras y en los frentes de guerra y, sobre todo y en una proporción similar, miles de asesinatos ejecutados lejos de los frentes de guerra, en lo que según los términos clásicos bélicos se denomina retaguardia.

Como se decía en el primer capítulo, antes de observar sus relatos o sus efectos sociales es fundamental conocer la guerra en profundidad. Es más: en no pocas ocasiones y en no pocos estudios las violencias, asesinatos y persecuciones desarrollados entre el verano de 1936 y la primavera de 1939 —y después—, que por otra parte constituyen la materia central de las narrativas y memorias de la guerra, aparecen poco menos que suspendidas en el tiempo y el espacio, sin contextualización aparente. Tratándose de un tiempo de dinámicas cambiantes y de un espacio caracterizado por la volatilidad del poder sobre el territorio, resulta capital la interrelación entre los modos bélicos en un conflicto interno y la violencia, asunto para el que España es una referencia ineludible. Antes que la guerra convencional simétrica entre dos estados (o mejor, entre un Estado en construcción y otro en reconstrucción), con frentes de batalla, retaguardias y territorialidad, hubo en España una guerra rápida e irregular de ocupación, resultante a su vez del golpe de Estado de julio de 1936, de la fragmentación del poder y la fractura territorial, de la sustitución e instrumentalización del lenguaje por las armas y los proyectos por los hechos, de la intervención internacional —fundamental para entender, sin ir más lejos, el periodo que media entre un agosto de envíos de tropas y armamentos italianos y un noviembre de defensa internacional de la capital— y, también y quizá sobre todo, de la limpieza político-social e identitaria que fue desplegada por los poderes sobre el terreno para tomar, afianzar y asegurar su poder.

Matar civiles: 1936

Matar civiles: 1936

De hecho, la violencia formó parte del mecanismo bélico en una guerra civil que al menos a partir de 1937 se observa bajo el prisma de una guerra convencional con violencia directa e indirecta, paraestados, territorialidad y potencia de fuego, pero que no lo fue siempre, ni siempre en la misma medida. Iniciado el golpe de Estado militar y civil de julio, al poco la fragmentación del poder y su multiplicación devino en la existencia de dos territorios enfrentados, pero sin líneas de separación más allá de la distribución territorial por áreas de influencia de las capitales militares (fundamentalmente donde se hizo efectivo el éxito o el fracaso del pronunciamiento). Los militares golpistas, con Emilio Mola (1887-1937), Francisco Franco o Gonzalo Queipo de Llano (1875-1951) entre otros a la cabeza, trazaron un plan centrífugo de toma del poder en caso de fracaso de la insurrección, aprendiendo así del fracaso del golpe de Estado del general Sanjurjo (1872-1936), ocurrido tan solo cuatro años antes y naufragado al no plantear alternativas a la toma del control en los ministerios y centros de poder de la capital, por un lado, y al no disponer de respuestas ante la eventualidad de la huelga general y la oposición obrera al golpe, por otro. Además de por su menor preparación respecto al de 1936, el golpe de 1932 se frustró en Madrid al ser controlado por los mecanismos policiales gubernamentales, y en Sevilla por la huelga obrera. En 1936 los golpistas habían aprendido la lección: el primer objetivo no sería la capital, y la huelga se pararía preventivamente. Esto explicaría también la oleada de terror y asesinatos extrajudiciales contra las agrupaciones obreras, partidos republicanos y sindicatos entre julio y septiembre-octubre de 1936. Todas estas eventualidades habían sido previstas en la Instrucción Reservada Número Uno firmada por el cerebro del golpe, Emilio Mola, el 25 de mayo de 1936, a lo cual se sumó lo señalado en la Instrucción Reservada Número Cinco del 20 de junio, donde además añadía con toda claridad que «ha de advertirse a los tímidos y vacilantes que aquel que no esté con nosotros está contra nosotros, y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no sean compañeros, el movimiento triunfante será inexorable». Una explicación que no vale para la persecución político-social desplegada desde las entidades armadas (municipios, comités, sindicatos, partidos) que, junto con las fuerzas del orden como las policías o la Guardia Civil en muchos casos, detuvieron el golpe de Estado (Cruz, 2006). Para esta otra violencia el marco explicativo debe incluir, como se verá a continuación, una variable utópica revolucionaria en absoluto menor en el contexto de las tomas revolucionarias del poder, que tal y como afirmábamos en el primer capítulo acerca de la identificación de la revolución con la guerra interna, también incluía la purificación y la eliminación de la contrarrevolución, algo que volveremos a observar en las motivaciones y modus operandi de los movimientos de resistencia comunistas durante la Segunda Guerra Mundial.

Todo ello debe servirnos para una lectura del periodo 1936-1939 español que no necesariamente parta de su larga duración en tanto que guerra convencional, y que la sitúe en su propio contexto cronológico. De hecho, si encontramos que fue la persecución y limpieza del adversario lo que dio arranque a la confrontación armada, tal vez debamos resituar el eje explicativo del conflicto para comprenderlo como una guerra contra los civiles, en el sentido clásico antes mencionado. En eso la historia comparada tiene mucho que aportar. Ya hemos visto que las violencias, los asesinatos y homicidios por causas identificables como los acontecidos en Finlandia, Irlanda o Hungría se acumularon al final de los enfrentamientos armados: la lógica macrointerpretativa habla de ejecuciones por procesos adscritos a la justicia militar y de una violencia ejercida por los vencedores como castigo a los vencidos (Casanova, 2001). En España, sin embargo, la violencia asesina se acumuló sobre todo en 1936, antes incluso de que pueda hablarse de una guerra civil, a resultas de un golpe contrarrevolucionario preventivo que desencadenó una revolución reactiva, y en última instancia una guerra total. Hasta el final del estado de guerra en 1948 las cifras alcanzarían un mínimo de 100-130 000 muertes entre violencia inmediata de limpieza política y ocupación territorial, violencia judicialmente reglada, ataques a la población civil (entre ellos los bombardeos de ciudades) o asesinatos extrajudiciales en marcos penitenciarios o parapenitenciarios —cárceles, campos de concentración y de trabajos forzosos—. Pero de todas esas muertes, en la retaguardia sublevada unas 52 800 se produjeron en los primeros meses tras el golpe de Estado. Muchas antes incluso de la erección de Franco a la Jefatura del Estado y a su condición de Generalísimo, que tuvo lugar públicamente el 1 de octubre de 1936, lo que cuestiona cuanto menos la adjetivación de franquista tan usada para hablar de esa violencia, o como dice la mayoría de historiadores esa represión. Mientras tanto, las víctimas de esa fragmentaria revolución en la que la violencia formaba parte consustancial de la toma del poder y su ejercicio ascendieron en los primeros meses de la contienda a unas 38 000, del total aproximado de 55 000 muertos en la retaguardia republicana: tras «cinco meses de contienda, y a falta de otros 27, alrededor de cuatro de cada cinco víctimas ya habían sido asesinadas» (Ledesma, 2010: 240). Así pues, de unas 185 000 víctimas aceptadas por la historiografía para el periodo 1936-1948 90 000 fueron asesinadas el primer año. O por ponerlo de otra manera: de los asesinatos ocurridos durante los aproximadamente 24 semestres que duró el estado de guerra decretado por los sublevados en 1936 la mitad tuvo lugar en uno, el primero.

Que los índices de violencia fuesen tan altos en 1936 pudo responder a diferentes factores situados a su vez en variados niveles, desde el estatal al local, pasando por la muy importante escala regional, pues fue precisamente la adscripción o no al golpe de Estado de las regiones militares y los gobiernos supramunicipales la que marcó la división territorial resultante de sus primeros compases. En tiempos recientes, los estudiosos de ambas violencias, revolucionaria y contrarrevolucionaria, antifascista y fascista, roja y azul, hemos resituado en el centro de la explicación la fragmentación del poder derivada del éxito y fracaso a la vez del golpe de Estado, así como su dimensión de mecanismo clave para la apropiación, mantenimiento y control de dicho poder. Y al mismo tiempo para garantizar no ya solo el éxito presente de la súbita transformación de la realidad mediante las armas, sino incluso para dar a luz la sociedad del futuro en función de las diferentes utopías y proyectos políticos de unos y otros: fascistas, sublevados, republicanos, revolucionarios, católicos, anticlericales, sindicalistas, patrones, pequeños propietarios, asalariados, yunteros, anarquistas, socialistas, rojos, azules. De ese modo, la lógica de la violencia pudo ser reflejo de las lógicas del golpe de Estado o de las diferentes reacciones institucionales, pero no tuvo por qué responder automática y teleológicamente a ellas. En Ceuta, Román Gautier Atienza (finales del XIX-1936) amenazaba con pasar «por las armas, sin previo juicio sumarísimo» a quien desobedeciese los bandos de declaración de guerra, pero ni tales bandos, ni la explicación que subyace detrás de una violencia ordenada y dirigida de arriba hacia abajo, explican por sí solos los centenares de muertos diarios que jalonaron la toma del poder por parte de los sublevados.

La limpieza de 1936 fue el resultado de la combinación de una serie de factores propiciatorios y precipitantes, entre los que cabe contar la sucesión de tensiones políticas y enfrentamientos armados del quinquenio republicano, la llamada multidireccional a la guerra civil o la división de las fuerzas armadas y del orden público frente al golpe de Estado. Sin embargo, insistimos, no hay que obviar las dimensiones locales e interpersonales que confluyeron en ella, donde lo personal solía ser siempre político, ni tampoco los equilibrios de poder resultantes tras el 18 de julio en cada localidad y en cada región militar. Los asesinatos seguramente no estaban premeditados, pero desde luego se podía tener una idea bastante fiable de los perfiles de las víctimas, al menos a grandes trazos. De arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Como escribiría el último obispo de Madrid, Leopoldo Eijo Garay (1878-1963), contra una «autoridad prostituida y usurpadora, antinacional y anticristiana, tiránica y delincuente», España no podía salvarse «por los caminos ordinarios», sino que tocaba imponer «la razón de las armas» (cit. en Castro Albarrán, 1941: 397-398). «Si se ha matado, ha sido por la convicción de que era preciso», diría Federica Montseny (1905-1994), algo que también tiene claro el historiador Agustín Guillamon, para quien «la ejecución del fascista, del amo o del cura ERA [sic] la revolución» (Ledesma, 2009a; Martín Ramos, 2012: 29). Solo un mes después del golpe, el diario cenetista Acracia hacía referencia, de modo crítico eso sí, al «saneamiento político» que se estaba llevando a cabo en los pueblos de Lleida mediante la «exterminación» de los elementos indeseables (Pozo, 2012: 141). El jefe provincial falangista de Barcelona primero y de Girona después, Carlos Trías Beltrán (1918-1969), reconocía que «al entrar en las capitales, especialmente, debía haberse dado una impresión de extrema severidad, ejecutar sumariamente y en plazo brevísimo a gran número de delincuentes, empleando para ello los datos que ya se poseían […] empleando para obtener tales declaraciones los procedimientos que fueren, por muy violentos y contundentes que resultasen». Era urgente, diría Enrique Suñén, «practicar una extirpación a fondo de nuestros enemigos». Extirpación a fondo, hasta la raíz del mal.

La característica central de la violencia en la España de 1936 fue su extensión generalizada sobre todos los ámbitos de la sociedad, de cara a servir como mecanismo para su limpieza. Y, además, sirvió para resolver fracturas de orden político y simbólico irresueltas en los años de reformismo político republicano. Siendo la más larga de las guerras civiles convencionales (aunque no siempre ni exclusivamente fuese una guerra convencional) que constituyen su marco comparativo, fue también la más cruenta en términos relativos. Ninguna se acerca a los estándares asesinos que se dieron en España en 1936, cercanos al 3‰ de la población en la zona roja y por encima del 5‰ en la azul (Ledesma, 2009a). Estándares que además tuvieron lugar fundamentalmente en las primeras semanas y meses posteriores al golpe de Estado que desencadenó la guerra. De hecho, el caso español hace pensar más en la importancia de los pronunciamientos antes que de las guerras a la hora de comprender las lógicas de las violencias desencadenadas. Sin embargo, es en esta relación a tres entre golpe, guerra y violencia donde la población civil deviene un objetivo bélico. En España la era de los desplazamientos y las violencias masivas se saldó con una enorme merma poblacional, entre bajas en los frentes, asesinatos en las retaguardias y pérdidas humanas derivadas del exilio militar y civil republicano. Asimismo, la española fue una guerra de desplazamientos forzosos (Serrallonga, 2004), homogeneización y sometimiento de las minorías político-identitarias.

También fue una guerra paradigmática en sus porcentajes de combatientes y no combatientes cuyas muertes son directamente atribuibles al estado de guerra. Ciertamente, la cuestión de las escalas es siempre compleja. Un número de personas correspondiente a 1/6 del total de víctimas civiles estimadas para toda la guerra civil española, 25 000, murió en tan solo dos días (13 y 14 de febrero de 1945) durante la Segunda Guerra Mundial, en el transcurso de los bombardeos aliados sobre Dresde. Una escala todavía mayor, algo más de 1/3 (40 000) murieron solamente en la ciudad de Hamburgo bajo las bombas de la Reales Fuerzas Aéreas británicas (RAF) y la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) (Addison y Crang, 2006). Pero aquí la cuestión central no es la del total de víctimas, sino más bien la de sus proporciones. La guerra española forma parte de un proceso en el que la historiografía sobre la (generalmente mal) denominada «Segunda Guerra de los Treinta Años» o guerra civil europea ha puesto la mirada eminentemente sobre las dos guerras mundiales, cuyos jalones también están hechos de las diferentes guerras civiles o procesos de confrontación paramilitar europeos de los años veinte, treinta y cuarenta. En la Primera Guerra Mundial, la proporción de muertes de no combatientes respecto a las de combatientes se sitúa entre una sexta y una tercera parte, variando notablemente según los autores. La proporción durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico contra la población civil por excelencia —aunque desde luego no el único—, se sitúa en los dos tercios de las muertes atribuibles a la contienda. Durante la guerra civil española la proporción entre víctimas mortales no combatientes y combatientes se podría situar en torno a algo más de la mitad. Por tanto, la violencia contra los civiles no fue un incidente, un añadido a la guerra, al igual que en el contexto de otras guerras internas y sus lógicas, sino que constituye la materia de su naturaleza misma. De hecho, los civiles fueron los más, y muchas veces los primeros, en morir en 1936, y los no combatientes formaron parte del entramado de vigilancia, persecución y eliminación del adversario desde el inicio.

Eso no quiere decir, claro está, que los civiles fuesen meros objetos pasivos de una violencia externa y sobrevenida. Los no combatientes fueron a la vez víctimas y perpetradores de violencia, denunciados y denunciantes, víctimas y verdugos intencionales o no. En sus estudios para la provincia de Guipúzcoa, Pedro Barruso (1996 y 2005) señala que al menos el 42 % de los expedientes incoados ante la justicia militar tuvieron por origen la denuncia de un civil. En no pocos casos, ambas dimensiones se concretarían en la misma persona, algo que lejos de ser incoherente entronca directamente con la lógica de la violencia durante una guerra interna. Aunque en esto la dimensión temporal adquiere una gran relevancia. Mientras que tal posibilidad podría existir en 1938-1939 —en Cataluña, por ejemplo, los guarismos de la violencia homicida revolucionaria en 1936 duplicaron a la rebelde posterior— los asesinados en los meses posteriores al golpe rara vez podían haber sido perpetradores de violencia, salvo que lo hubiesen sido muy claramente en los años republicanos, cosa que resulta inútil para explicar las cifras de asesinatos en el verano y el otoño de ese año (González Calleja, 2005; Del Rey ed., 2011). Esas muertes, tanto en el terreno de los sublevados como en el de los revolucionarios, no podían sin embargo ser respuesta, sino continuación como mucho de una realidad de identificación extrema y supraindividual del adversario, exponencialmente multiplicada por el nuevo marco bélico.

Generalmente, esta identificación ha sido vehiculada en términos explicativos en forma de conflictos sindicales, laborales, de clase o nacionales: políticos, en suma, que habrían contribuido a hacer permeable la frontera que separa la lucha política pacífica del encarcelamiento, la persecución y el asesinato (Ledesma, 2013). Para muchos historiadores, la lógica del conflicto político sería la central para entender julio de 1936, y por añadidura su violencia. Ciertamente, en tanto que régimen político la Segunda República vivió inusitados ataques desde buena parte del espectro político y se vio atravesada por multitud de conflictos en los que estuvo presente la violencia política, algunas veces sin capacidad de reacción ante los mismos. A su vez, no es menos cierto que las diferentes autoridades al frente del gobierno no dudaron en imponer el estado de excepción o semiexcepción mediante la aplicación de la Ley de Defensa republicana. Sin embargo, esas variables tampoco resultan totalmente convincentes para comprender la lógica de esa explosión de violencia, a la vez íntima y colectiva. Sobre todo, cuando esta se reduce a una suerte de combate entre intolerancias mutuas, proyectos revolucionarios y autoritarios o retóricas guerracivilescas mutuas, sublimadas claro está en la huelga general revolucionaria de octubre de 1934 y su balance de 30 000 encarcelados y 1200 muertos (Ruiz, 2008). Desde esta perspectiva, la guerra de 1936 se vincularía así con las guerras civiles europeas y con los conflictos de parecida naturaleza por contener las trazas de un aparente combate entre revolución y contrarrevolución, encarnados ambos sujetos imaginarios y colectivos por republicanos y sublevados respectivamente.

No obstante, las dificultades para aplicar este modelo ideal resultan evidentes también en España. No está entre las menores el que esa misma dinámica dual y bipolar fuese empleada en el terreno de la autojustificación por los sublevados, primero, y sancionada por la Iglesia católica (uno de los sujetos colectivos más importantes de la España de 1936-1939) un año después, cuando en su carta colectiva de 1937 señalase la existencia de dos tendencias en España, la «espiritual, del lado de los sublevados», a la defensa del orden, la paz social, la tradición, la religión y la patria, y de la otra parte «la materialista, llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de España, con todos sus factores, por la novísima “civilización” de los soviets rusos». Sin embargo, la realidad republicana antes de julio de 1936 distaba de ser revolucionaria. Además, en primera instancia no fue una revolución sino un golpe de Estado lo que rompió todos los frenos preexistentes frente al empleo de la violencia. Y en eso, los contrarrevolucionarios españoles, pese a acercarse en sus objetivos al aplastamiento del comunismo en Alemania o en Hungría, cometerían el pecado de dar pie a un periodo revolucionario, mientras que el régimen contra el que apuntaron sus pistolas no lo era. Eso no lo hace más benévolo, pero sirve para situarlo en perspectiva, también en sus complejidades y diferencias internas. Ya se ha señalado que, en la zona republicana, el porcentaje de muertos sobre los totales de población se acerca al 3 ‰, pero en Madrid se duplican hasta el 6,8 ‰, lo cual quiere decir que en la capital se asesinó aproximadamente a una de cada 147 personas. En Cataluña se sitúa precisamente en ese porcentaje medio, un 2,9, pero localidades como Cervera vieron unos porcentajes de violencia asesina superiores al 20‰, y en Sant Vicenç de Montalt se llegaría al 45 ‰ (Martín Ramos, 2012: 107). La lógica de esos porcentajes y de sus diferencias radica a ras de suelo, en los diferentes vehículos para la aplicación real de la lógica de la violencia de julio de 1936, la de la limpieza, a la cual se acogieron múltiples sujetos individuales sobre el terreno en base a los más variados intereses.

Del golpe a la guerra: 1936-1937

Del golpe a la guerra: 1936-1937

A diferencia de las guerras civiles previas en Europa, la española tuvo un arranque concreto y definido, marcado por un golpe de Estado. Otra cosa es dirimir con exactitud cuándo se pasó de una fase a otra, algo realmente fundamental para analizar ambos fenómenos y los despliegues sobre el terreno de políticas de violencia, ocupación, movilización o construcción nacional. En todo caso, los hechos son bien conocidos y resultan centrales para comprender la lógica de la violencia que desencadenaron. La victoria electoral en febrero de 1936 de la amplia coalición de centro-izquierda del Frente Popular, eminentemente socialistas y republicanos, abrió definitivamente el marco de posibilidades para la sublevación contra el régimen republicano, que se desencadenó en julio pero que venía preparándose desde meses atrás (entre otros muchos Casanova, 1999; Gómez y Marco, 2011; Míguez, 2016). Una sublevación, todo sea dicho, de cuarteles y ayuntamientos, de ocupación de casas del pueblo y de sedes de partidos y sindicatos, que muy difícilmente puede identificarse como hace Michael Seidman (2012: 43) con un «pronunciamiento relativamente pacífico en la tradición del siglo XIX y el temprano siglo XX». Salvo por contraste, la tradición golpista sirve poco para analizar el modo y los efectos del golpe de 1936. Primero, por los fuertes apoyos civiles y políticos con los que contaba. Segundo, porque nada lleva a pensar que se tratase de un movimiento restauracionista. Tercero, por la profundidad de la limpieza política que desató, muy por encima de lo que en un pronunciamiento relativamente [sic] pacífico se requiere para tomar y conservar el poder, siquiera temporalmente. Y cuarto, aunque podríamos extender el razonamiento hasta unos cuantos puntos más, porque la naturaleza misma de la sublevación, nacional, generalizada (44 de las 53 guarniciones más importantes) y relativamente joven en términos generacionales —en el sentido de que solo dos de los 18 generales de división se levantaron en armas, 18 de los 32 generales de brigada, mientras que lo hizo la inmensa mayoría de los oficiales y suboficiales— dista mucho de la imagen del julio de 1936 como un golpe de espadón y pretorianismo.

La fractura que se verificó en las fuerzas del orden y el Ejército, sumada a la decidida resistencia por parte de las organizaciones obreras, fueron elementos clave para la fragmentación del poder resultante del golpe de Estado: en un plazo breve y acelerado de tiempo hubieron de configurarse las fuerzas en liza para defender o acabar con el gobierno y el poder republicanos. El resultado de este proceso que estamos describiendo de toma del poder mediante la violencia también determinaría la forma en que se dieron los acontecimientos ulteriores. Por un lado, se verificó un relativo equilibrio de fuerzas militares, desequilibrado sin embargo en el terreno de los oficiales y suboficiales, mayoritariamente golpistas, lo cual resultó decisivo en el posterior conflicto armado convencional. Por otro, se evidenció la fuerza de las organizaciones sindicalistas y políticas armadas, que lograron atajar el golpe en las grandes ciudades y, sobre todo, en Madrid, deteniendo a los golpistas o acabando con sus vidas. También se hizo palmaria de manera súbita la importancia que habrían de adquirir las unidades profesionales del Ejército desplegadas al norte de Marruecos, que contaban con experiencias de fuego real, entre otras en el aplastamiento de la revolución de 1934. Y por fin, se tornó capital, hasta el punto de determinar los resultados de la guerra misma, la dimensión internacional del levantamiento, y por tanto su vinculación explícita y directa con los conflictos políticos, territoriales, geoestratégicos, económicos e identitarios del continente europeo. En cualquier caso, si hubo guerra fue porque la Italia fascista (más que la Alemania nacionalsocialista) desbloqueó la situación de impasse golpista en agosto de 1936 (Rodrigo, 2016), de manera que la internacionalización del golpe coadyuvó de forma capital a su transformación en una guerra civil.

Con la violencia sustituyendo a cualquier vehículo de comunicación política, que un lugar concreto tuviese una tasa de asesinatos mayor o menor y el momento en que estos se ejecutasen no puede simplemente depender de la lógica superior del golpe o de la guerra. Uno y otra, evidentemente, acaban por convertirse en los marcos propiciatorios necesarios, más el primero que la segunda, sobre todo por el grado de transformación y de subversión de los roles y mecanismos del poder. En las dos zonas se depuso de sus mandos a los tibios, que fueron encerrados y procesados sin garantías jurídicas o fueron asesinados para que no interfirieran en el triunfo del golpe o de la revolución. Se actuó sin reparos, acabándose con la vida de gobernadores civiles, jefes militares leales o desafectos a la República, políticos afines al proyecto frentepopulista o a la derecha católica. El triunfo o el fracaso del golpe militar dependían fundamentalmente del empleo de la violencia, y en consecuencia los asesinatos y las encarcelaciones se sucedieron por toda la geografía nacional. Encendido el fuego de la sublevación, la violencia fue el canal preferente de comunicación utilizado por el poder, estatal o fragmentario, para relacionar, comprometer o imponerse a la población. Esa violencia de primera hora, golpista en una España y revolucionaria en la otra, tuvo así un carácter eminentemente relacional. Su uso entrañaba una cuádruple funcionalidad: imponer, controlar, estabilizar y mantener el poder y la autoridad. Las autoridades militares sublevadas tuvieron recursos para contener la violencia, algo que no sucedió donde el Estado fue sustituido por comités antifascistas y revolucionarios armados. De hecho, el reparto de armas marcó «un punto de no retorno en aquella revolución desencadenada por la rebelión» (Juliá, 2006a: 156; Casanova, 1997; Martín Ramos, 2011 y 2018). Más o menos ruidoso y prolongado, y con evidentes matices según las áreas de la península, el derrumbe estatal existió en ambas zonas. Pero mientras que en la sublevada esa suerte de plebiscito armado no implicó por entero la fragmentación de poderes políticos, fuerzas coercitivas y agentes violentos, en la republicana su atajamiento y el colapso de los mecanismos de coerción del Estado trajeron aparejada no solo su extrema segmentación, sino además su explosiva multiplicación. Sin embargo, la lógica de la ocupación y aseguramiento del poder no agota en sí misma la explicación de semejante oleada asesina.

Premeditada o no, con sustanciales diferencias por territorios, pero desde luego despertada por esa sublevación militar, la extensión de la violencia y la limpieza política y social donde el golpe fracasó —por inacción militar o porque se le hizo fracasar desde las calles y las barricadas— fue casi inmediata. Salvo en los distritos rurales con pequeñas guarniciones de la Guardia Civil, aunque fuesen el cuerpo armado o las fuerzas del orden y no el pueblo en armas quienes abortaron la sublevación de los cuarteles, esa violencia se extendió rápidamente, primero identificada con el atajamiento del golpe de Estado (las ocupaciones de los centros de la sublevación, como los cuarteles de las Atarazanas y de la Montaña en Barcelona y Madrid, y al cabo el asesinato de buena parte de los sitiados), y tras la declaración de la huelga general, con la apertura de la espita revolucionaria, una oleada de violencia sin precedentes, consecuencia de la virtual ausencia operativa de los órganos coercitivos del Estado, o en el caso catalán de la convivencia del poder de la Generalitat con el del Comité Central de Milicias Antifascistas (Martín Ramos, 2012: 21). Para quienes abortaron la sublevación, armaron a sindicatos y milicias de partido y vieron cómo el poder estatal se fragmentaba ante sus mismos ojos, era igualmente lógico encarcelar, juzgar y matar a militares sublevados o a quienes habían instigado la sublevación, nombres como los de los generales Fanjul (1880-1936), Goded (1882-1936) o Fernández Burriel (1879-1936), fusilados tras juicio por orden de la autoridad reinante: por orden del poder revolucionario. Una victoria que arrastró a la muerte a miles de personas, significados propietarios fabriles y trabajadores tibios en las ciudades, propietarios y jornaleros en el campo, católicos en su gran mayoría. También en esto cuentan la contingencia y la cronología. Las milicias de partido y sindicato se enseñorearon de las ciudades, del campo y de un control cristalizado en los comités revolucionarios armados, grupos de investigación y vigilancia o patrullas de control, que además de sustituir a las fuerzas policiales de orden público, aseguraban y afianzaban con la argamasa de la sangre la repentina y tan largamente buscada victoria en una lucha política y social que contaba al menos con treinta años de antigüedad: los de la vida política de, por ejemplo, un obrero medio de unos 45 años que hubiese ingresado en la adolescencia en el mundo laboral de la industrialización y hubiese vivido las diferentes políticas de la restauración y la dictadura primorriverista. Así lo revelan las edades (45, 46, 44, 40, 60, 52…) de los miembros del Comité Provincial de Investigación Pública de Madrid, aunque algo más jóvenes, rondando los 30-35 años, fuesen los miembros de la Brigada Policial de Agapito García Atadell (1902-1937), paradigma de las escuadras de asesinos de la capital (Ruiz, 2012: 419 y 422).

Pegada a esa guerra de clase, y a veces adelantándose a ella, la primera manifestación revolucionaria fue la de una guerra de religión. El clero y en general cuanto fuera identificable como sacro estuvo entre los primeros objetivos de la violencia revolucionaria, si no fue de hecho el primero, alcanzando unos guarismos aceptados por la comunidad historiográfica de en torno a 6800 asesinados, entre regular y secular. En Tarragona, 28 de las 50 víctimas mortales de los primeros 14 días (del 23 de julio al 4 de agosto) en que se registraron asesinatos eran capellanes, 22, y religiosos, 6 (Piqué, 1998: 135). La religión católica, símbolo eterno de un viejo orden que se quería echar abajo, fue un objetivo crucial en las jornadas de justicia humeante (Graham, 2002: 86; Ranzato, 1994). De hecho, la violencia clericida y sacrofóbica se concentró en las primeras semanas del conflicto, contribuyendo a crear una imagen de la retaguardia que quedaría impresa a perpetuidad tanto sobre sus actores individuales y colectivos como sobre la representación de las víctimas de la violencia revolucionaria (Ledesma, 2009b). En forma de narraciones de asesinatos de sacerdotes, de violaciones de monjas, de incendios de iglesias, de profanaciones de cementerios y exhumaciones de cadáveres, pronto llegaría también a la retaguardia sublevada, impactaría en sus medios de producción de relato, simplificaría todos los debates existentes y construiría con mayor fuerza si cabe una narración específica, una identidad propia hecha de negación y alienación de la del enemigo, la noticia de la forma más terrible, abyecta, infrahumana y espantosa del terror rojo, la furia anticlerical. Ello contribuiría poderosamente a la construcción identitaria en la retaguardia sublevada, y también a nutrir el relato legitimador del exterminio del enemigo. En 1938, el jesuita Juan de la Cruz Martínez recordaría que el «non occides del Decálogo solo reza con la muerte injusta», que la española era una guerra santa o que en las «operaciones de limpieza» no había excesos, a lo sumo desmanes insignificantes (Rodríguez Puértolas, 2008: 344). Y ambos, de hecho, confirmaban que los procesos de violencia, al menos desde el plano de su explicación y justificación, bien podrían estar retroalimentándose. Por si esto fuera poco, esta explosión violenta tuvo un efecto desastroso sobre la imagen del gobierno republicano a nivel internacional, donde los sectores católicos, conservadores y contarrevolucionarios presionaron con fuerza a los gobiernos democráticos de Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos para que no apoyaran la causa gubernamental. El éxito de su campaña de descrédito acabó siendo decisivo en el desenlace del conflicto, como siempre suele ser habitual en lo que respecta a la dimensión internacional de toda guerra civil.

La historiografía ha legado básicamente dos modelos interpretativos para esa violencia y sus sujetos: o un indiscriminado y generalizado terror rojo, inundatorio y total, o una cosa de incontrolados y espontáneos (Ledesma, 2007). La cotidiana caricatura de grupos, patrullas y comités de limpieza, con sus fantasmagóricos coches de la muerte y sus imaginativos nombres, no puede sobreponerse sin embargo al hecho de que muchos de los asesinatos de la retaguardia republicana se realizaron bajo la tutela de las autoridades revolucionarias, ni al hecho de que la violencia, aunque no vehiculada por los canales y actores clásicos del poder —el Estado, las fuerzas del orden— sin ser inundatoria, fue todo menos incontrolada y espontánea. Antes bien, fue una violencia con unos aspectos normativos perfectamente diferenciables y con una clara funcionalidad, que explica entre otras cosas que la mayoría de sus víctimas fueran asesinadas o ejecutadas en 1936 (Sagués, 2003; Cobo, 2004; Ealham, 2005; Castillo, 2014). La multiplicación de poderes, el despojo de la autoridad estatal, la necesidad de afianzar el poder y el deseo de aniquilamiento del viejo orden explicarían esa misma violencia que muchos actores desplegaron durante las jornadas revolucionarias (Ledesma, 2004).

Por tanto, la violencia en forma de detenciones, torturas y asesinatos fue el instrumento preferente para la limpieza política de la retaguardia. La sociedad nueva exigía la expropiación de bienes, el aniquilamiento del enemigo de clase, la lucha, la tea purificadora contra el quintacolumnismo en las ciudades, la eliminación de fascistas, cedistas, falangistas, sacerdotes, derechistas y propietarios rurales e industriales, militares y trabajadores corrientes. El marco de esta violencia fue el de la pugna abierta por el control del poder, en el que la impunidad vigente facilitaría que aquella fuese un «instrumento de la revolución y de los micropoderes surgidos del derrumbe del aparato estatal». En última instancia, esta llevó a la tumba o a la fosa a miles de personas, muchas veces tras haber sido retenidas y torturadas en cárceles improvisadas, a veces de exagerada evocación filosoviética, las checas (Ledesma, 2004: 145). Desde agosto de 1936 la justicia revolucionaria se tramitaría en tribunales populares, ya el día posterior a los asesinatos de al menos 30 presos políticos en la cárcel Modelo de Madrid. Pero seguiría existiendo violencia extrajudicial. Las ejecuciones de penas sumarísimas no se suspenderían hasta mediados de agosto de 1938, dos años después de la flamígera revolución. Aunque también en esto hubo una fuerte diferencia entre el espacio rural y el urbano. De hecho, a su llegada al Aragón oriental o a Lleida, las columnas de milicianos venidas de Levante se encontraron con que en la mayor parte de los casos ya se habían constituido colectividades agrarias, generalmente de manera endógena y a menudo con un papel importante de la violencia revolucionaria. En este sentido, las dinámicas locales fueron claves, con agentes autóctonos que tenían sus propias agendas políticas, pero también con un peso importante de los retornados a sus lugares de origen como milicianos, que después de haber emigrado y haberse politizado fuera contribuyeron a reforzar los proyectos colectivistas con su presencia (Castillo, 2014). En las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, la pertenencia a una comunidad era un aspecto por fuerza tamizado a través de otros mecanismos de identificación, eminentemente políticos, y la violencia tuvo vinculaciones concretas a momentos puntuales, como las venganzas contra presos tras los raids aéreos. En las aproximadamente 2400 muertes de presos «facciosos» en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz en noviembre de 1936, la que supuso la saca masiva más importante de toda la guerra disfrazada de traslado de presos políticamente peligrosos para la República en caso de hacerse efectiva la ocupación de Madrid, el elemento fundamental fue la voluntad estratégica de aniquilamiento de la alteridad política, aunque sin demasiadas sutilezas, como demuestra el hecho de que salvase la vida el falangista Raimundo Fernández Cuesta (Cervera, 1998; Viñas, 2007: 35-87; Martínez Reverte, 2004: 577-581; Ruiz, 2016).

Con todo, también allá donde triunfó el golpe y pudo contenerse el derrumbe y la fragmentación del poder estatal se procedió a dar cuerpo a una íntima identificación entre orden público y eliminación, más que control, de la oposición a los sublevados, para inmediatamente después iniciar una campaña de persecución y limpieza del enemigo con diferencias sustanciales en base a variables locales: una depuración instigada a partir de los bandos de guerra desde los poderes municipales, comarcales y suprarregionales y ejecutada por civiles militarizados o escuadrones de limpieza, cuando no por el mismo Ejército sublevado. Militares y políticos no fueron ni mucho menos los únicos en caer bajo las balas, sobre todo a partir de agosto. Jornaleros, obreros y sindicalistas afines a alguno de los grupos políticos frentepopulistas o simplemente sospechosos de no secundar el golpe faccioso y de simpatizar con las culturas políticas de izquierdas fueron asesinados por las nuevas autoridades insurrectas durante el largo golpe de Estado y hasta el asentamiento de los frentes de guerra. A la captura del enemigo interno, seguida o no del internamiento en una cárcel improvisada, le sobrevenía en las zonas sublevadas el asesinato impune, el tiro en la nuca, la exhibición del cadáver o el enterramiento ilegal. Capturas, encarcelamientos, juicios sumarísimos, fusilamientos y asesinatos en los que los militares no estaban solos. Con extrema rapidez y al amparo de la nueva autoridad emanada del triunfo del golpe, las milicias de partido, las partidas de falangistas, los militares, la Guardia Civil, o una combinación irregular de ellos, constituidos en escuadrones de limpieza, se enseñorearon de las ciudades y del campo sublevados (Alegre, 2018: 29-72).

No fueron la Falange ni los carlistas los únicos que se empeñaron en la limpieza de los elementos subversivos: desde los voluntarios de José María Albiñana (1883-1936) hasta los Caballeros de La Coruña, pasando por guardias cívicas y somatenes, participaron activamente en la limpieza política. Tras la ocupación de Almendralejo, donde como señala Miguel Alonso las fuerzas rebeldes libraron duros combates, el coronel Asensio (1896-1969) pidió a Franco el envío «con toda urgencia [de] elementos de la Guardia Civil, requetés o algo similar, para que la operación de desarme, depuración, etc. quede a su cargo, mientras la columna continúa» (Alonso, 2018: 227-228). Esa violencia marcaría el devenir político de la España sublevada. La participación de las milicias de Falange (y en sus territorios de influencia la Comunión Tradicionalista: Ugarte, 1998) fue más que significativa desde el principio de la movilización, pues dotó a los sublevados de una fuerza voluntaria de primer orden y de influencia política en todos los sentidos, que se traduciría a su vez en su erección a rango de partido único fascista en 1937. Su segunda línea constaba de hombres dispuestos para las tareas de limpieza política en la retaguardia, cosa en la que se empeñaron a fondo. Como recordaría su jefe nacional Manuel Hedilla (1902-1970), al finalizar 1936 «dirigía una fuerza de vanguardia de 80 000 voluntarios, encuadrados de las Banderas de FE de las JONS [Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista], con uniformes, intendencia y servicios propios […]. Además, estaba la Segunda Línea, con más de 100 000 hombres armados» (Jerez, s. r: 237). De hecho, su predisposición a una determinada cultura política violenta facilitaría la conquista del poder local (Alegre, 2014a). De todos modos, es interesante constatar que en muchos casos se encargaron de hacer el trabajo sucio para acabar siendo no pocas veces repudiados en las poblaciones de pequeño tamaño. Esto pone de manifiesto la hipocresía o la doble moral de muchos de los afectos y apoyos sociales del bando sublevado, sobre todo entre la llamada gente de orden, así como la pervivencia de viejos equilibrios y formas de respetabilidad. Es evidente que no todas las muertes fueron iguales. Miles de ellas fueron terribles desgracias indeseadas, como la muerte por enfermedad de niños o la de prisioneros en condición de trabajadores forzosos. Pero en su gran mayoría, las derivadas de sacas, paseos, razias y limpiezas políticas sí respondieron a esa voluntad de muerte y de limpieza de la anti-España, un enemigo deshumanizado, estereotipado, barbarizado. Hablamos de una violencia multiforme y poliédrica ejecutada por militares, fuerzas del orden y voluntarios civiles, y con un alto componente justificativo proveniente del pensamiento contrarrevolucionario y fascista —a pesar de que, como se ha dicho, no creamos que estos fenómenos sean la respuesta coherente y perfecta a un marco ideológico—. En su naturaleza y objetivos se pone de manifiesto que fue utilizada, como en otros regímenes de parecida naturaleza (aunque sin disponer de las posibilidades de una guerra civil), como medida para la protección de la comunidad nacional, perseguían la separación, el aislamiento, la exclusión y la limpieza de la parte enferma de la sociedad. La necesidad del bisturí y la extirpación fue un común denominador de los colectivos prebélicos aunados en el llamado Alzamiento Nacional. Aunque se trate de una ucronía, todo hace pensar que en el caso de haber triunfado el golpe de 1936 y haberse completado con rapidez la transformación del Estado y el derrocamiento del Frente Popular la violencia no se habría detenido.

Todo esto no significa, sin embargo, que se tratase de una violencia bilateral, en los términos muy cuestionables de la ciencia política. A partir de sus características comunes y de la centralidad analítica de los fenómenos de violencia colectiva, una perspectiva novedosa que ha venido adquiriendo peso y cuerpo epistemológico en las últimas décadas es, de hecho, la que introducen las ciencias sociales en el estudio de las guerras civiles y sus violencias. Como epítome de esta tendencia destaca el trabajo ya mencionado de Stathis Kalyvas, quien a la hora de evidenciar los elementos que caracterizan las diferentes tipologías de violencia en las guerras civiles, señala la necesidad de bilateralidad. No obstante, tal cosa encaja mal con el análisis de naturaleza histórica, como demuestra el caso español. Pese a ser en sí misma posiblemente la guerra civil más violenta y más reconocible como tal, en España resulta imposible hablar de una violencia de guerra civil en esos términos, pues pese a ser aparentemente bilateral, en realidad lo fue como sucesión de violencias unilaterales, tanto en la primera fase de terror como en la subsiguiente de estatalización. La violencia revolucionaria y la contrarrevolucionaria por excelencia, la fascista, tuvieron lugar no tanto como respuesta una a la otra (aunque de eso sí que hubo, como las sacas relacionadas con los bombardeos sobre ciudades o los fusilamientos durante las retiradas), sino prácticamente a la vez. Las escasas ocasiones en que las violencias contra los civiles tuvieron lugar de manera bilateral y a la vez sería en todo caso en el marco de los bombardeos contra la población civil en territorios aún no ocupados.

Todo ello trascendía la acción de guerra, aunque nada sobre esas formas de violencia se entendiese ni se justificase sin la contienda. Para tratar de explicar esas interconexiones a las que hacemos alusión, en este caso entre persecución de los civiles y operaciones militares, parte de la historiografía, fundamentalmente hispanista, ha recurrido a los estereotipos de la guerra colonial con el fin de dar respuesta a la crueldad y la falta de empatía mostradas por los contendientes a la hora de definir, estereotipar, ocupar o asesinar al enemigo. Es algo que viene subrayado tanto por el africanismo de buena parte de la cúpula de la sublevada Junta de Defensa del Estado como por el peso fundamental que los 40 000 soldados provenientes del Marruecos español tuvieron en el desarrollo del conflicto, tanto en sus primeros compases de guerra de movimientos como en su despliegue como conflicto convencional. Sin embargo, la española dista mucho de poder ser considerada una guerra colonial. Entre otras cuestiones porque no fue una guerra de invasión externa sobre una población en inferioridad militar, sino un combate entre dos entidades estatales o paraestatales en el que las dos aspiraban a la derrota del enemigo y tenían medios para conseguirla. Como señala con acierto Miguel Alonso (2018), esa idea de la traslación a la península de las formas de la guerra colonial basadas en la razia, la violencia extrema contra el enemigo y el prisionero de guerra o la alta movilidad de números reducidos de tropas para controlar grandes cantidades de espacio «sin la existencia de un frente continuo y definido» no habría sido tanto una táctica explícita cuanto el resultado de la «incapacidad de desplegar otro tipo de tácticas», así como de las ventajas operativas de la movilidad frente a un Ejército en construcción. En cierta medida, la tantas veces repetida explicación que dieron Franco y Yagüe sobre el error que supondría atender a las preocupaciones logísticas derivadas de la existencia de bolsas de prisioneros se basaría en una verdad atroz, un principio muy marcado por lo que en el mundo castrense se llama el imperativo militar, es decir, tomar todas las medidas necesarias para garantizar la eficiencia en el campo de batalla con un único fin: conseguir la victoria. Este mismo enfoque guiaría de forma paradigmática la campaña alemana en la Unión Soviética durante los primeros seis meses de la invasión. En ambos casos, el imperativo militar y la dimensión ideológica de la guerra resultaban fenómenos coherentes entre sí.

A efectos del análisis de las intersecciones entre el modo de hacer la guerra y la violencia contra los civiles el conflicto español es particular, porque realmente no fue un enfrentamiento regular hasta finales del otoño de 1936. La guerra de columnas de 1936 coincidió en los dos territorios, sublevado y republicano, con los picos de violencia contra la población civil: una violencia contrarrevolucionaria y revolucionaria que se acumuló en todas las latitudes de España en el primer semestre de los seis que duró la guerra. La clave interpretativa del conflicto armado y de la violencia sigue estando pues, no en exclusiva, pero sí de manera preferente, en el verano y el otoño de 1936. Es decir, antes de que podamos hablar de una guerra convencional. Durante esos meses la ausencia casi total de guerra sucia y de resistencia violenta —salvo en muy pocas jornadas posteriores al golpe— hizo que, en cada territorio, en el tiempo en que uno u otro poder ejercieron sus prácticas violentas lo estuviesen haciendo sin disputa alguna, sin objeción y casi sin frenos ni límites. De hecho, si se dice (como hace buena parte del hispanismo anglosajón) que Franco alargó la guerra de forma deliberada e injustificada para hacerla más asesina, ¿cómo es posible que esta fuese, de hecho, mucho más sangrienta para con los civiles al principio, cuando la guerra era más rápida? Son bien conocidos los resultados de la guerra de movimientos sobre las poblaciones resistentes de Mérida, Zafra, Badajoz o de Toledo, ciudades saqueadas y arrasadas por la violencia de los ocupantes. Creemos que dicha conclusión carece de sentido, sobre todo porque queda bien demostrado a través de la documentación militar que existía un claro deseo de poner conclusión al conflicto lo antes posible (Alegre, 2018: 60). Otra cosa es que se tuviesen las capacidades y los conocimientos militares necesarios como para acortarlo, cosa que se ha puesto recientemente en duda (Alonso, 2018). Ello no impedía a las autoridades sublevadas ser bien conscientes de que alargar la guerra supondría más devastación y, por tanto, más dificultades para gestionar la posguerra, al mismo tiempo que era posible que comportara el estallido de un conflicto europeo donde las potencias aliadas podrían alinearse del lado de la República, con efectos devastadores para los intereses de los golpistas.

Todo eso empezaría a cambiar con el asentamiento de los frentes y la creación de dos retaguardias estables, basadas en la incapacidad mutua y reconocida de los dos bandos para aniquilarse recíprocamente de manera rápida y efectiva. Fueron los meses de la defensa de Madrid, la ocupación de Málaga a manos de las tropas italianas y el intento ulterior de marzo de 1937 de tomar Madrid mediante una ofensiva basada en los principios de la guerra celere y de movimientos que fracasó con estrépito en Sigüenza, en la llamada batalla de Guadalajara. En cierta medida, la ofensiva italiana venía a ser el canto del cisne del intento por cerrar rápido la guerra, algo muy demandado por los aliados internacionales de los sublevados (Rodrigo, 2016). En esos meses de consolidación de retaguardias y puesta en marcha de los mecanismos propios de la guerra total, los asesinatos tras las trincheras sublevadas empezaron a encauzarse en formas alternativas a la de la ejecución de rehenes, prisioneros y sospechosos in situ, no sin dificultades y desacatos a las órdenes recibidas. La guerra larga experimentó por fuerza una desaceleración en las prácticas de persecución, asesinato y limpieza de las retaguardias. La ocupación territorial del Ejército sublevado —franquista stricto sensu desde el 1 de octubre 1936— se acompañó de políticas de depuración y limpieza judicial y extrajudicial, pero ya no fue el único modelo posible. Algunos de los datos ofrecidos por la investigación ayudan a corroborar esta idea: tanto la puesta en uso de tribunales militares como de auditorías y comisiones de clasificación, así como paulatinamente de campos de concentración y centros de trabajo forzoso son del periodo que va de noviembre de 1936 a abril de 1937 (Rodrigo, 2005; Del Arco y Hernández, 2011).

Mientras tanto, tras las trincheras republicanas la violencia revolucionaria se redujo drásticamente desde noviembre de 1936, desapareciendo prácticamente los asesinatos relacionados con las persecuciones políticas y el asentamiento del poder. Sin embargo, como siempre las cosas no son blancas o negras del todo y tras las escasas ocupaciones territoriales de la República existieron rebrotes que cabe mencionar. Un caso particularmente interesante es de las columnas de evacuados sacados de Teruel por las tropas del Ejército Popular republicano durante la batalla, en diciembre de 1937. Tenemos constancia de que se llevaron a cabo algunos asesinatos extrajudiciales durante el traslado de los refugiados hacia La Puebla de Valverde[2], punto de paso de camino a Valencia donde las autoridades clasificaban a los individuos y decidían cuál sería su destino, que en el caso de algunos era la muerte allí mismo o más adelante, todo ello a pesar de la contención ordenada por el gobierno en lo referente al trato de clérigos y autoridades, que tenía por objeto proyectar una mejor imagen a nivel internacional (Alegre, 2018: 126, 217-218). Desde luego, nada de esto resulta sorprendente en el marco de cualquier guerra civil que se precie, pero es interesante porque nos permite una vez más valorar el alto grado de autonomía del individuo sobre el terreno en la ejecución de la violencia, lo cual no entra en discusión con la represión institucionalizada, y al mismo tiempo nos permite intuir los rasgos que podría haber tenido la ocupación republicana de otros territorios, caso de haberse dado. Lo mismo puede decirse de las masivas retiradas militares, como en Cataluña, gracias a la recomposición de las formas estatales o paraestatales (caso del Consejo de Aragón) o a la acción gubernamental y a su recuperación del control sobre los mecanismos represivos y del orden público, según se señala mayoritariamente en la literatura al uso. Sin embargo, tal vez debamos ir más allá de las lógicas de la dispersión-fragmentación y la centralización de la autoridad sobre el orden público y la violencia. En definitiva, quizás convenga abordar otras variables que expliquen ese cese en las actividades sangrientas. En eso, las decisiones políticas tendrían por supuesto una gran importancia. Pero no la tendría menos el fracaso del proyecto revolucionario que servía de marco y entramado de significado para esa praxis asesina.

De hecho, y como es bien sabido, esa reunificación estatal de los mecanismos de coerción comportó también procesos de enfrentamiento violento, como en la disolución de las colectividades agrarias forzosas, correlato de los sucesos de mayo de 1937, la crisis en el seno del antifascismo (Gallego, 2007). Los asesinatos extrajudiciales pertenecen a un modelo de violencia derivado del fracaso parcial del golpe de Estado, de la limpieza preventiva y eliminacionista y de un conflicto breve: un terror unilateral y paralizador, que comenzó a limitarse en lo cuantitativo y a regularse en lo normativo a partir de noviembre de 1936, cuando el pronunciamiento cívico-militar y la guerra rápida devinieron en una larga guerra de ocupación (Gómez Bravo, 2017). En ambas retaguardias se yuxtapusieron diferentes modelos de violencia. La crueldad contra el enemigo, animalizado, brutalizado y estereotipado, no siempre respondió a lógicas preestablecidas ni a cálculos de posibilidades. Sin ser ni de lejos la norma, incluso algunos dirigentes falangistas y otros fascistas italianos, y ya desde la ofensiva de Aragón de marzo de 1938 incluso algunos jefes militares rebeldes, reconocerían que la oleada de violencia era contraproducente para el presente y para el futuro. No tenía por qué estar relacionada con convicciones de tipo moral, al menos no siempre: para los primeros sencillamente contradecía su lógica de integración calculada del enemigo político, y para los segundos el conocimiento de las crueldades y excesos violentos de los sublevados y de los agentes de segunda línea harían más dura la resistencia (Rodrigo, 2013b y 2016; Alonso, 2018). Las circulares de los ejércitos de ocupación de la segunda mitad de 1938 apuntan precisamente en esa dirección.

En todo caso, lo que acabó deviniendo una guerra total obligó a redefinir las formas de combate en España, un ejercicio, el de aprender a hacer la guerra moderna al tiempo que tiene lugar, que no es para nada extraño en la historia de los conflictos armados, y que tuvo consecuencias humanas devastadoras en cuanto a bajas, ya fuera en número de muertos, heridos, mutilados, aquejados de enfermedades respiratorias o por trastornos mentales (Alonso, 2018; Alegre, 2018). En muchos sentidos, esto se explica por la necesidad de adaptación a una realidad de combate que mediaba entre la perspectiva clásica del ataque frontal para la ocupación de poblaciones y posiciones estratégicas y la nueva guerra, con un papel clave de tanques, artillería y aviación. La aportación del arma aérea, tan relevante en la guerra moderna, fue además un elemento clave en las formas de despliegue de las políticas de ocupación y de las violencias previas y posteriores a la misma sobre el terreno. Los bombardeos sobre la población civil que anticiparon y acompañaron a las conquistas territoriales —y, recordémoslo, estas últimas fueron casi en exclusividad sublevadas— sirvieron tanto para cambiar las tácticas de defensa como para aterrorizar a la población de ciudades abiertas, capitales republicanas como Castellón, Alicante, Valencia, Barcelona o Granollers.

Por lo general, con solo echar un vistazo a las diferentes guerras civiles que han tenido lugar en los siglos XX y XXI constatamos que la mayor parte de ellas, sobre todo las más virulentas y destructivas, han tenido lugar en lo que podríamos denominar zonas periféricas del globo. A lo largo de la obra, nos referiremos a estos espacios geográfico-políticos como periferias imperiales, que se corresponden casi siempre con los puntos de fricción entre los intereses de las grandes potencias. De hecho, suele tratarse de países económicamente subdesarrollados o situados en el Tercer Mundo, y esto es un factor fundamental para entender el alto grado de sufrimiento asociado a este tipo de conflictos. Desde luego no estamos pensando en el manido relato de los supuestos atavismos de la cultura y la sociedad en guerra, que no secundamos de ningún modo en este trabajo, sino por la acuciante falta de medios, personal técnico especializado (veterinarios, ingenieros, etc.), recursos e infraestructuras, pero también por la pobreza endémica de la población, factores todos ellos que no harían sino agudizar hasta el extremo los males que trae consigo cualquier conflicto, tanto para los civiles como para los combatientes. Y no hay duda de que la España de los años treinta era un país pobre, sobre todo lejos de ciertas regiones más avanzadas, de las grandes capitales y de los centros industriales. Muy pronto se iban a poner de manifiesto las enormes dificultades que entraña equipar y abastecer de manera eficiente sendos ejércitos de masas, pero también encuadrarlos con oficiales formados y, por tanto, capaces de llevar a sus hombres a conseguir los objetivos marcados. Al fin y al cabo, en el caso español estamos hablando de la creación casi de la nada de dos fuerzas armadas integradas por varios centenares de miles de efectivos, todo ello en un proceso marcado por diversas formas de resistencia, por la gran heterogeneidad político-social de los contingentes, reflejo de la sociedad española del momento, y además sin contar con la estructura organizativa necesaria para ello (Leira, 2018). Así pues, la falta de oficiales de campo y la reducida capacidad formativa del Ejército Popular constituyen dos factores clave en la derrota de la República, por el hecho de que fueron muchos más los militares de carrera que se sublevaron y que podían integrar las plantillas de profesorado en las academias o las nuevas unidades en la expansión del Ejército. En cualquier caso, las carencias formativas de los llamados alféreces provisionales, columna vertebral de las fuerzas sublevadas, improvisada casi sobre la marcha según surgían nuevas necesidades, ayudan a entender en parte la ineficiencia de las unidades a la hora de dar una rápida conclusión a la guerra. Se trata de algo que se repite en casi todos los conflictos internos de los siglos XX y XXI: las carencias en materia de adiestramiento y mando pasan a ser decisivas, pero también la falta de preparación y conocimientos para el empleo de armas ultramodernas, para la correcta coordinación entre ellas y, no menos importante, para defenderse de su poder asesino.

Por eso, volviendo a lo que decíamos al principio, no es extraño que las guerras civiles tengan lugar en zonas periféricas, como tampoco lo es que siempre resulte decisiva la injerencia de terceros países, ya sea por intereses políticos, económicos y/o geoestratégicos. Tanto es así que no solo suelen ser agentes clave a la hora de alimentarlas, sino que en muchas ocasiones pueden llegar a ser potencias extranjeras las promotoras directas o indirectas de conflictos internos. Lo veremos de forma mucho más clara en el periodo de la Guerra Fría, pero el caso de España no es diferente. Sin duda alguna, de no haber mediado la colaboración germano-italiana a favor de los sublevados, y más tarde la soviética y de las Brigadas Internacionales a favor de la República, no solo habría sido imposible que la guerra deviniera un conflicto convencional, tal y como ocurrió entre el otoño y el invierno de 1936-1937 tras el frustrado intento de los golpistas por tomar Madrid, sino que probablemente el enfrentamiento habría sido mucho más corto e incierto en su resultado final. Sabemos seguro que fue Italia quien rompió hasta dos veces el equilibrio de fuerzas para volver a impulsar el enfrentamiento armado, al menos en agosto de 1936 y en febrero de 1937. También lo intentaría, en tanto que una suerte de tercer beligerante (Rodrigo, 2016) en marzo de ese año en la batalla de (aunque fue más bien hacia) Guadalajara, con los desastrosos resultados conocidos, no atribuibles en exclusiva al mando italiano por haber entrado en combate acompañados —según sus propios testimonios, más bien dejados a su suerte— por tropas sublevadas legionarias, coloniales y carlistas. Guadalajara resume bien las dificultades de la convivencia entre una estrategia de guerra rápida y total, con dependencia del arma aérea, unidades motorizadas y afán por el combate de movimiento, y una realidad de aquello que Gabriel Cardona llamaba una «guerra de alpargata», de pésimas infraestructuras (los aeródromos de tierra, las carreteras estrechas, las carencias en fuego de cobertura). Por mucho que fuera a una escala diferente, muy poco tiempo después los alemanes iban a sufrir en la Unión Soviética problemas muy similares.

Tras el empate táctico del Jarama, batalla que refleja bien el deslizamiento hacia una guerra total, muy marcada por una estrategia que buscaría la rendición del enemigo mediante el corte de suministros y comunicaciones de las grandes urbes y su rendición por hambre, el frente de Madrid quedó congelado. Esto planteó a los sublevados —que tendrían la iniciativa durante casi toda la guerra— la necesidad de deshacer el empate dirigiendo sus fuerzas militares y de fuego hacia otros escenarios más favorables, en este caso el norte peninsular. Para entonces, la guerra ya era un conflicto convencional, con sus características diferenciales y elementos propios de la guerra de posiciones, como la que se dio durante meses en frentes estables como el aragonés. Fracasados reiteradamente los intentos sublevados por tomar la capital, el asentamiento de los frentes así como la asunción estratégica y táctica de una guerra larga y de naturaleza total coincidirían con el enfriamiento y la legalización de los procesos de limpieza política y social en retaguardia y la yuxtaposición de otras variables, como la de los juicios militares, el internamiento y la reeducación política en campos de concentración, la explotación en campos de trabajo forzoso o la detención política en cárceles. En tanto que novedad operativa, todo ello caracterizó las campañas de la primavera y el verano de 1937 sobre el norte peninsular, que no se redujo al bombardeo terrorista sobre población civil en Guernica, sino que aportó toda una serie de elementos nuevos al despliegue bélico sublevado y a las tácticas defensivas republicanas. Precisamente, ese fue el contexto para la creación, a resultas de ocupaciones como las de Santander y la rendición de las tropas vascas del Partido Nacionalista Vasco (PNV), de un naciente sistema concentracionario para la clasificación, la depuración y el empleo como mano de obra forzosa de los prisioneros de guerra, o su reciclaje e integración en el Ejército de sus captores.

Con la guerra total no se trataba de exterminar, sino de doblegar. De re-españolizar a los equivocados y engañados, como se diría en la documentación de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros. Varios ejemplos pueden ilustrarlo. Sin ir más lejos, la Convención de Ginebra de 1929 fue la codificación más explícitamente relacionada con lo acontecido en la Gran Guerra y, por tanto, la que de manera más inmediata podía aplicarse sobre el terreno en la guerra civil española. Es cierto que en principio tal Convención fue pensada para ser operativa en conflictos internacionales —queda claro al revisar los puntos finales, referidos a repatriaciones y países neutrales—, mas en ninguno de sus párrafos se hacía referencia explícita al hecho de no poder ser aplicada en una guerra civil, pese a que tal cosa se daría generalizadamente por descontada. Pues bien: la Convención de Ginebra describía exactamente lo que no ocurrió con los prisioneros de guerra en las guerras civiles. Como señalara la Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación, encomendada al general Luis Orgaz (1881-1946) durante la guerra civil española, los trabajos forzosos de prisioneros eran cosa perfectamente «justa y lógica y que no contraviene ningún acuerdo de orden jurídico nacional ni internacional, ni ningún precepto de rígida ética, ya que los individuos que forman esos Batallones son españoles y dentro de la edad de los demás llamados a filas […] y, por tanto, el Gobierno nacional tiene perfecto derecho a utilizarlos de la manera que se considere más útil para los fines de la guerra». A los connacionales no se les consideraría prisioneros, precisamente en virtud del convenio, lo cual pone de manifiesto una vez más que los conflictos armados difícilmente son domesticables.

Este ejemplo trasciende largamente el contexto propio de la guerra española. Palabras como reutilización, reeducación, recatolización o redención poblaron el vocabulario y el imaginario cultural desde el asentamiento de una lógica de guerra total. Entre 350 000 y 500 000 prisioneros de guerra cayeron en las redes de un modelo paralelo de violencia basado en el control judicial, la reeducación política, la clasificación masiva y el trabajo forzoso, que quedó cristalizado en el sistema de campos de concentración, hasta un total de 188 entre provisionales y estables. Vista en perspectiva, la ocupación del norte peninsular acabaría resultando un acierto táctico del mando franquista, y resulta inexplicable la dejadez con que se empeñó en su defensa el republicano, cuya única respuesta fue añadir más desgaste a sus propias fuerzas, más interesado aparentemente en lograr una victoria ofensiva que volviese a situar su iniciativa militar (y político-social) en el primer plano. En esa dirección apuntan los fracasos relativos en la increíblemente sangrienta batalla de Brunete en julio de 1937 (que costó unos 30 000 muertos y 40 000 heridos en ambos bandos: posiblemente la más inútil en términos relativos de empeño de vidas y resultados reales), o en la contraofensiva de septiembre sobre Zaragoza, que se atascó de manera brutal en Belchite. En ambas ocasiones se percutió sobre frentes mal defendidos que rápidamente se enquistaron en batallas defensivas altamente letales pero muy poco útiles a efectos de lo que buscaban los atacantes, detener la conquista territorial sublevada, y esto tuvo mucho que ver con el deficiente encuadramiento de las tropas republicanas a causa de la falta de oficiales de campo y, por tanto, con las dificultades para explotar sus éxitos militares. Así pues, tras la campaña del norte, cerrada con la conquista de Santander y de Asturias, el equilibrio estratégico y territorial estaba ya roto de forma definitiva en favor de Franco. También el precario equilibrio de fuerzas: los partes oficiales de guerra hablaron de 49 300 aprehendidos en agosto, 33 000 solo en Santander, la rendición en masa más numerosa de toda la guerra, un desastre para la República y un caos logístico de primer nivel para los sublevados.

La guerra total: 1938-1939

La guerra total: 1938-1939

Sencillamente, España era un país que no contaba con los recursos para llevar a cabo una guerra convencional sostenida, ni mucho menos una guerra total, que fue precisamente en lo que se convirtió el conflicto, como puede comprobarse sobre todo en su segunda mitad, a partir de la batalla de Teruel, que se libró entre el 15 de diciembre de 1937 y el 22-23 de febrero de 1938. Tras la clausura del Frente Norte, la moral en la zona republicana quedó gravemente quebrantada, algo acentuado por la profunda crisis política que había vivido durante la primavera. La derrota en Brunete, los sucesos de mayo de 1937 y la represión que los acompañó —incluida la cancelación de los proyectos colectivizadores libertarios— habían dejado una situación en la que, perdida la franja cantábrica, se hacía perentorio un paso que hiciese recuperar de nuevo la iniciativa militar, en un momento en que Franco planeaba la vuelta a su objetivo primario, Madrid, lo que le había llevado a acumular tropas de nuevo en Guadalajara. Varios eran los planes que el gobierno de Juan Negrín estudiaba, ideados por Vicente Rojo; el que se impuso fue el que más beneficios propagandísticos podía darles, un objetivo relativamente fácil que no abría ningún canal para el avance territorial, pero que podía suponer la primera conquista republicana de una capital de provincia: Teruel.

Varias razones hicieron que fuera la capital del Aragón meridional el lugar donde la guerra devino total de forma definitiva, por paradójico que pueda resultar, sobre todo teniendo en cuenta su nulo valor estratégico y económico. Una de ellas, fundamental, fue la lucha por el prestigio, que si es una dimensión clave en cualquier tipo de conflicto lo es mucho más en una guerra civil donde dos estados en construcción pugnan por el poder y por redefinir la vida de la región o el país que se disputan. La operación republicana sobre Teruel es sumamente interesante por diferentes cuestiones: en primer lugar fue una maniobra de distracción secundaria (la principal debía tener lugar en Extremadura, para cortar la zona sublevada en dos llegando a la frontera con Portugal), para evitar que los golpistas lanzaran su proyectada ofensiva sobre Madrid a principios de 1938; en segundo, porque ante la posibilidad de perder Teruel, con la guarnición a cargo de su defensa sitiada en dos núcleos de resistencia tras los primeros días de combates, Franco vio una nueva oportunidad para reforzar su autoridad en base a su supuesta condición de genio militar y hombre providencial e invicto que nunca dejaba en la estacada a los suyos; en tercer lugar, porque fruto de las dificultades de los republicanos para aplastar los dos reductos (tardaron tres semanas en conseguirlo) y para contener la contraofensiva ordenada por el propio Franco a las dos semanas de iniciarse los enfrentamientos la batalla acabó cobrando vida propia hasta convertirse en una de desgaste. No hay planificación ni diseño operativo que resista a los ritmos y dinámicas impuestos por la guerra sobre el terreno, y eso es lo que ocurrió en Teruel: tras los primeros quince días de batalla de la segunda mitad de diciembre los contendientes ya habían empezado a desplazar sus mejores tropas y sus reservas al nuevo teatro de operaciones. Así pues, hacia mediados de enero de 1938, momento cumbre de los combates, cada bando había desplegado unos 100 000 hombres en un territorio estepario y pedregoso, con unas comunicaciones nefastas, un tejido demográfico disperso y, por tanto, sin refugios ni equipamiento adecuados para combatir un invierno en el que las temperaturas estuvieron casi siempre bajo los cero grados, llegando a alcanzar los −25° en varias jornadas.

Tal y como había ocurrido durante la Gran Guerra y como iba a pasar en el Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial, ya no solo es que se combatiera en medio de un invierno atroz, sino que, en el caso de Teruel, como habría de ocurrir en las contraofensivas soviéticas de diciembre de 1941 o noviembre de 1942, los fríos fueron utilizados por los republicanos en un intento de acentuar el factor sorpresa, decisivo para el éxito de cualquier operación militar. La lucha invernal es en muchos sentidos una especificidad de la guerra en el siglo XX, porque tradicionalmente se había considerado inviable mantener las campañas militares más allá del periodo que va desde el ecuador de la primavera hasta mediado el otoño, tanto por cuestiones logísticas como para ahorrar sufrimientos a los combatientes y evitar posibles motines. Es por eso que la ruptura de la barrera climatológica y estacional constituye una dimensión fundamental de la guerra total, algo que en Teruel se vio intensificado por la falta generalizada de medios para enfrentarse al frío y la nieve. Por un lado, se dio una falta de previsión gravísima, sí, pero tampoco hay que olvidar la extrema pobreza del país, cuyas posibilidades ya habían sido llevadas muy al límite tras el primer año y medio de guerra. Vale la pena señalar que, aún a mediados de febrero de 1938, después de dos meses de combates en Teruel y pasados ya los peores fríos, fue cuando el Ejército sublevado decidió crear almacenes de emergencia para cubrir las necesidades de hasta 8000 soldados que hubieran podido perder parte de su equipo de invierno. Todavía peor fue en el caso de las autoridades republicanas, que un día después de iniciar las operaciones y conscientes de que combatirían en un escenario climatológico complejo cerraron un acuerdo con una firma checoslovaca para el envío de 100 000 pares de botas, que como es de imaginar aún tardarían más de dos semanas en llegar y ser distribuidas entre los combatientes. De hecho, abundan los testimonios de veteranos que recuerdan que al intentar despertar a sus compañeros de armas para tomar el café matinal y reanudar las operaciones muchos estaban muertos. Por lo que respecta a los aviadores republicanos, que en los primeros días de la batalla fueron los únicos que pudieron despegar por estar sus aeródromos en las zonas de cielos despejados de la costa levantina, eran sacados como un bloque de hielo del habitáculo de sus aviones al regresar de sus misiones en el frente de Teruel, donde las temperaturas en altura podían llegar a −50°. Basta con subrayar varias cuestiones. Por un lado, las bajas humanas entre heridos, muertos y desaparecidos alcanzaron grosso modo a un 50 % de los efectivos desplegados durante toda la batalla, posiblemente cerca de 120 000 hombres, bastantes más que durante la posterior batalla de Ebro, que duró el doble de tiempo. Por otro lado, la mayor parte de las víctimas lo fueron a causa de las congelaciones y las enfermedades respiratorias crónicas, y no tanto por el fuego enemigo, hasta el punto que haciendo una estimación en base a la documentación militar solo uno de cada cinco hombres pudo volver al frente después de su convalecencia, lo cual incluía la imposibilidad de realizar trabajos pesados en su vuelta a casa, con efectos desastrosos para las economías familiares.

A la crudeza del invierno hay que sumar un hecho fundamental: la masiva llegada de militares a una zona de operaciones con las características del tercio occidental de la provincia de Teruel, donde los combatientes doblaron con bastante margen el número de civiles que residían en los pueblos de ambas retaguardias. No es de extrañar que esta omnipresencia de individuos o grupos de hombres armados tuviera como resultado una competencia constante por los siempre escasos recursos energéticos y alimenticios. Por supuesto, aquí la población civil solía salir claramente perjudicada por su posición de vulnerabilidad frente a los recién llegados, que además de contar con la fuerza cohabitaban con ellos en sus viviendas, quedando su lugar de residencia limitado a menudo a la cocina. Vale decir que estas situaciones también se dieron en las zonas de acogida de refugiados, donde la llegada de miles de personas planteó un grave problema a los autóctonos y a las propias autoridades, con desavenencias de todo tipo. Y aunque no fue ni mucho menos el único tipo de relación que se estableció entre civiles y combatientes, está claro que la violencia, los saqueos de alimentos, ropas y mantas, las violaciones y los bombardeos a manos de la aviación enemiga formaron parte de la cotidianeidad de los pueblos en guerra. Así se explica que no solo fueran habituales los conflictos, sino también que la población se viera en una situación de necesidad extrema, a veces con consecuencias fatales. Por mucho que aquello contraviniera en muchos casos los deseos de las autoridades político-militares al mando, que se veían deslegitimadas ante los civiles por el proceder de sus combatientes, aquellas acciones ponen de manifiesto esa dramática dimensión de guerra al civil propia del conflicto de 1936-1939. Por lo demás conviene subrayar que por desgracia no es nada extraño, menos si atendemos a otros casos que ya hemos abordado, como el ruso, y otros que abordaremos, como el chino, donde la corrupción en la gestión de los recursos, el expolio de las poblaciones afectadas por la guerra y las hambrunas fueron elementos consustanciales a ambas guerras civiles. Además, los bombardeos aéreos contra núcleos habitados por ser centros de acantonamiento de tropas, por un lado, o el uso de artillería pesada a quemarropa contra edificios donde convivían civiles y militares, junto al empleo generalizado de minas subterráneas para aplastar los dos reductos que resistieron hasta el 7 y el 8 de enero en el interior de Teruel, son buena muestra del carácter total que había adquirido la guerra en aquel momento. En este sentido fue decisiva la masividad del despliegue militar y la potencia de fuego concentrada en una zona de operaciones tan reducida, algo que no tenía precedentes en la guerra civil española ni en la historia militar del país.

Por lo tanto, y recopilando algunas cuestiones de interés, hay que señalar varias cosas que hicieron de la batalla de Teruel el punto de inflexión de la guerra civil española, tanto por el salto cualitativo en el modo de combatir como por las consecuencias militares que trajo consigo. Primero, ambos contendientes desplegaron todo lo que estaba a su alcance, siempre y cuando no supusiera desguarnecer o exponer demasiado otros frentes, lo cual es una muestra evidente de la voluntad de las autoridades de los dos bandos por llegar hasta el final. Segundo, mientras los sublevados se embarcaron en una batalla de desgaste con el deseo de conseguir o facilitar la derrota incondicional del enemigo, otro atributo de la guerra total, los republicanos intentaron comprar tiempo a cambio de sangre, como ocurriría de forma aún más dramática en la batalla del Ebro de la segunda mitad de 1938, donde fue desplegada la llamada Quinta del Biberón, de la que formaban parte 30 000 jóvenes de solo 18 años y sin apenas instrucción militar. Aun a sabiendas de que era imposible ganar la guerra por sus propios medios, tal y como ha quedado reflejado en numerosos testimonios del momento y en otros escritos a posteriori, su objetivo era alargarla lo suficiente como para enmarcarla en un conflicto general europeo, al tiempo que buscaban la manera de organizar un Ejército y unas operaciones militares lo suficientemente eficientes como para lograr el respeto y el apoyo de las potencias democráticas. Estuvieron a punto de lograrlo, no tanto en la batalla de Teruel como durante la del Ebro, en medio de la cual estalló la Crisis de los Sudetes de septiembre-octubre de 1938, que se acabó resolviendo con la destrucción de Checoslovaquia según acordaron los máximos líderes de Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia, siempre a espaldas del país afectado.

Además, al factor climatológico ya señalado y al expolio material de la población civil, que dependía mucho de quién estaba al mando de cada plaza y del modo que tenía de gestionar esta cuestión, hay que añadir la conversión del paisano en enemigo o en parte de los objetivos militares. Lo primero quedó claro el 18 de diciembre, con el ultimátum lanzado por el mando republicano a aquellos que se habían refugiado en los reductos, entre los cuales se encontraban varios miles de civiles: todo aquel que no cruzara las líneas antes de la primera hora de la mañana del día 19 sería considerado enemigo, de manera que quedaría legitimado el uso de todo tipo de medios para conseguir la rendición de la plaza. Apenas hubo gente que aceptara la oferta, en parte por el miedo y en parte por las presiones y amenazas de las autoridades militares sublevadas. Así pues, en aquel momento comenzó uno de los episodios más cruentos de la batalla de Teruel, donde miles de personas, entre los que había mujeres y niños de todas las edades, se vieron privados de lo más básico para sobrevivir durante casi veinte días, muriendo muchos de ellos por el hambre, la sed, las enfermedades, las heridas o sepultados bajo los escombros tras la explosión de las minas subterráneas. En el caso de los bombardeos aéreos, que ya venían siendo habituales en los meses anteriores, salta a la vista algo fundamental: no solo es que la figura del civil quedara difuminada o confundida con la del militar como parte de un escenario que sencillamente debía ser batido, es que además esta estrategia fue utilizada como un arma psicológica para extender el terror y minar la moral de la población (Alegre, 2018).

Así pues, el despliegue y la movilización de todos los medios disponibles en un único embate, la búsqueda de la rendición incondicional a través del empleo de cualquier estrategia que pudiera contribuir a ello, la conversión del civil en enemigo y la lucha en condiciones infrahumanas debidas al frío y la falta de recursos para combatirlo hicieron que la guerra civil deviniera total en Teruel. Tal fue el impacto de la batalla que las fuerzas republicanas nunca se repondrían de la tremenda sangría de hombres que sufrieron, sobre todo porque muchas de las víctimas fueron oficiales de campo, irremplazables después de haber sido formados con esmero y dedicación en el año previo y dentro de las medidas para profesionalizar y militarizar las milicias de primera hora. A partir del invierno de 1937-1938 el conflicto ya no perdería su atributo de guerra total, que como hemos visto se había manifestado en episodios muy concretos de los primeros meses de enfrentamientos. Tenemos algunos ejemplos muy claros en el brutal aplastamiento de la resistencia obrera en los barrios sevillano y granadino de Triana y el Albaicín durante los primeros días posteriores al golpe, empleando para ello aviación y artillería pesada con el cañón en paralelo al suelo; la ya mencionada masacre de Badajoz entre el 14 y el 15 de agosto de 1936, donde se conjugaron las razones militares y políticas; la masacre de entre 3000 y 5000 refugiados el 8 de febrero de 1937, mientras huían de Málaga hacia Almería tras la toma de la primera por los sublevados, temerosos de la represión; el bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor el 26 de abril de 1937; o, también, el bombardeo naval de Almería por parte del crucero alemán Admiral Scheer el 31 de mayo de 1937. Esto también tuvo su traducción en el cambio de políticas de ocupación y control de la población, tal y como vamos a ver a continuación. En cualquier caso, y en términos estrictamente militares, a partir de la batalla de Teruel se generalizarían aún más episodios como los que hemos enumerado, algo que quedó probado en el cruentísimo bombardeo aéreo de Alcañiz del 3 de marzo de 1938, con entre 500 y más de 1000 muertos en una población de por entonces 9000 habitantes (a los que habría que sumar varios cientos más estacionales, militares o refugiados), o en los que tuvieron lugar en Barcelona entre el 15 y el 18 de marzo, que se cobraron la vida de más de 1000 personas, pudiendo llegar hasta 2000.

Desde el paso franquista a la ofensiva hasta la batalla del Alfambra mediaría menos de un mes, en el cual los republicanos perderían la iniciativa en la lucha por la ciudad de Teruel, ocupada definitivamente a finales de febrero de 1938. Esta victoria impulsaría a Franco a explotar este éxito empujando sobre el Aragón republicano desde el 9 de marzo en dirección a Cataluña y el Levante. En menos de un mes las tropas sublevadas entraron en Lleida, y poco después, el 15 de abril alcanzaron el mar Mediterráneo a la altura de Vinaroz y Benicarló, unas fechas marcadas en Europa por el Anschluss y por la apertura de la frontera francesa derivada de la llegada al poder de Léon Blum (1872-1950). Desde la batalla de Teruel, la guerra se convirtió de hecho en una virtual práctica de ocupación unilateral, donde la derrota de la República era cuestión de tiempo dado el desequilibrio de fuerzas. Hubo una última excepción en forma de espectacular ofensiva republicana, la del Ebro, de julio a noviembre de 1938, que derivó en una nueva batalla de desgaste a gran escala y que tuvo como objetivo principal no tanto el control territorial sobre el espacio disputado cuanto la distracción de tropas sublevadas de los frentes abiertos, la búsqueda de eco internacional y el enfrentamiento frontal. Tras el éxito inicial, la defensa y contraofensiva franquistas sellaron la suerte de la República. El choque de dos carneros completamente exhaustos acabó decantando la balanza del lado de Franco. El 23 de diciembre de 1938 dio inicio la ocupación del resto de Cataluña, con avances generalizados frente a una escasa oposición republicana. Reus y Tarragona fueron ocupadas antes de mediados de enero. Barcelona tampoco tardaría en caer en manos franquistas: el miedo a ser copados por el enemigo, la paupérrima situación general y la profunda desmoralización hicieron que la capital, donde hasta hacía pocos días aún celebraba Negrín los consejos de ministros, fuese tomada entre los días 26 y 27 de enero. En marzo habría una nueva guerra civil, en este caso dentro del bando republicano. El mando de Negrín ya no era aceptado por la Junta de Defensa de Madrid, encabezada por Segismundo Casado (1893-1968), quien en un intento de lograr una paz honrosa mejor que la que el presidente del gobierno republicano pudiese obtener de Franco, había iniciado un golpe de Estado que, por penúltima vez, había manchado de sangre las calles de Madrid. Finalmente, el 21 de marzo la Junta decidió que las tropas republicanas no ofreciesen resistencia a las franquistas, permitiendo que los combatientes volvieran a sus casas. Las carreteras, aún de la España republicana, se llenaron de soldados y mandos, de civiles y militares, que en medio de un caos y desorden absolutos regresaban hacia sus casas, marchaban al encuentro de las tropas franquistas o se dirigían a los últimos puertos de mar no ocupados por las fuerzas vencedoras, que el 26 de marzo iniciaron la conquista definitiva de pueblos y ciudades donde ondeaban banderas blancas para evitarse el trauma de los bombardeos y la artillería. Sin oposición alguna, los franquistas tomaron en masa a las unidades republicanas. Madrid, Jaén, Ciudad Real estaban en manos de Franco, mientras sus últimos defensores tomaban el camino de Alicante, ciudad ocupada por las tropas italianas del CTV el penúltimo día de marzo. Con la toma de Almería, Murcia y Cartagena al día siguiente, todo el territorio nacional estaba en manos de Franco. Su proyecto de guerra, decidido en noviembre de 1936 ante la resistencia de Madrid al golpe de Estado, concluía victorioso. «Cautivo y desarmado el Ejército rojo», la guerra retóricamente tocaba a su fin.

El largo final de la guerra de España, 1939-1948

El largo final de la guerra de España, 1939-1948

A efectos de políticas de ocupación y limpieza de las retaguardias, destaca en este periodo —junto con los bombardeos sobre la población civil en las grandes capitales republicanas: en total la aviación republicana causaría unas 4000 bajas, y la franquista unas 11 000 entre la población no combatiente (Ranzato, 2004; Stradling, 2008; Ruiz Núñez, 2014)— el hecho de que los avances y las retiradas de dos ejércitos sumidos en una guerra total tuvieron siempre como corolario la violencia y la represión de las disidencias reales o potenciales. Como ha identificado Miguel Alonso a partir de los partes de operaciones y las consignas tácticas, hubo que contar en todo momento con los fusilamientos en caliente de prisioneros, de forma sumaria y expeditiva. Conquistas militares como las de Bilbao, Santander y Asturias, primero, de Teruel, del Aragón oriental y de Cataluña, después, y finalmente de Castilla-La Nueva, Madrid y el Levante peninsular acarrearon siempre el despliegue de una lógica de limpieza y purificación de la retaguardia como políticas de ocupación. Sin embargo, los datos revelan que las proporciones entre las víctimas de la violencia extrajudicial y las generadas por las ejecuciones de sentencias judiciales habrían variado. Barcelona, Valencia o Madrid se vieron azotadas por una ola de venganza directa en los barrios más representativos de la resistencia a la ocupación militar, en una combinación irregular entre ejecución de sentencias en firme, depuraciones, sacas y paseos (Gabarda, 1993; Ruiz, 2005), en primera instancia bajo un modelo de ocupación territorial (Pérez-Olivares, 2018). Como en la guerra, la inmensa mayoría de las muertes violentas tuvieron lugar en los meses inmediatamente posteriores a la implantación del poder sublevado. No obstante, a partir de abril de 1939 ocurriría sin que mediara la disputa por la soberanía del territorio, salvo en las regiones muy concretas y aisladas en las que operaría la guerrilla antifranquista hasta primeros de los años cincuenta, aplastada en un proceso lento y penoso que contó hasta 1948 con el amparo del estado de guerra declarado y que comportó en algunos escenarios el redespliegue en la península de las fuerzas de choque del Ejército, legionarios y regulares.

Por tanto, si hubo un tiempo de mixtificación de modelos de violencia fue la posguerra, un período que cabe datar no solo en 1939 para toda España, sino de hecho desde 1936 para los territorios donde o no hubo combates o fueron ocupados por los que finalmente vencieron la guerra. Como demostrarán los mecanismos superpuestos de violencia, una vez finalizados los combates, y sobre todo desde que en 1939 se ocupasen los centros políticos republicanos (Barcelona, Valencia y Madrid), la convivencia de un modelo de terror supraindividual con otro de naturaleza individual y punitiva no fue ni mucho menos excluyente. Tal y como reflejan los relatos que abundaron en la España de posguerra, directamente herederos de la literatura sobre el llamado «terror rojo» publicada con profusión durante la guerra civil, el nudo central pasaba por la necesidad de legitimar con hechos probados los procesos de represión política llevados a cabo de forma contemporánea contra los vencidos. La imposición de la pena de muerte reclamaría la «debida ejemplaridad» para perseguir, juzgar y castigar a los responsables intelectuales y a los ejecutores de los vejámenes y villanías cometidos durante la también conocida como dominación roja. El mantenimiento oficial del estado de guerra hasta bien entrado 1948 fue el marco que auspició la puesta en funcionamiento de políticas (juicios, arrestos, encarcelamientos, condenas a trabajos forzosos y, por supuesto, fusilamientos) específicamente represivas, en las que tuvieron más peso la ejecución de sentencias que las sacas o los paseos. Las cifras de asesinatos en posguerra, que rondarían según Preston (2011: 17) las 20 000, aunque hasta hace no demasiado se hablase de unas 50 000 (Casanova, 2002: 8), no han pasado del terreno de las estimaciones, pero serían en todo caso menores a las de la violencia revolucionaria en su conjunto.

Es significativo que el cálculo haya podido reducirse a menos de la mitad en tan solo diez años de investigaciones. Ello se debe fundamentalmente a la enorme dificultad para establecer criterios históricos, no meramente cronológicos, que distingan las violencias de guerra y de paz. Primero, por ese mantenimiento del estado de guerra, que dificulta enormemente establecer la frontera de la posguerra en sentido histórico. Y segundo por la superposición de modelos de violencia que tuvo lugar en la España posterior a abril de 1939. Con la victoria se inició la pacificación de todo el territorio. Los tribunales militares, los de Responsabilidades Políticas (desde 1939), los relacionados con la Causa General (1940), los de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), la Ley sobre Seguridad Interior del Estado (1941) o la de Represión del Bandidaje y el Terrorismo (1947) establecieron, junto con las normativas heredadas de la guerra, el contexto legal para los fusilamientos, los campos de concentración, los prisioneros y los presos empleados en trabajos forzosos (en batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados; en destacamentos penales; en colonias penitenciarias militarizadas), o por supuesto las depuraciones de empleados públicos. Aunque veremos otros más adelante, en pocos casos como el español es más evidente la porosidad de las fronteras entre guerra y posguerra: no hubo ni suspensión de las persecuciones y depuraciones derivadas de causas relacionadas con la guerra, ni desactivación inmediata de la supeditación de la justicia civil a la militar bajo el manto del estado de guerra, ni construcción de un marco normativo de no ocupación militar, ni tan siquiera una desmovilización completa del personal empleado en las batallas. Recuérdese la nota que escribía Luis Orgaz: los movilizados por el enemigo eran españoles, y en tanto que españoles estaban a su informado e influyente juicio sujetos a la militarización de los sublevados. No por casualidad, los trabajos forzosos en los batallones disciplinarios de posguerra se denominaron la mili de Franco, y en ellos se mantuvo la movilización, impregnada de castigo y de redención, del personal capturado al enemigo.

Las consecuencias en la larga duración de la guerra de 1936-1939 son difícilmente relativizables. Por ejemplo, hay una cuestión muy relevante que no queremos dejar de señalar. Es muy posible que fuera el primer conflicto en que hubo un tratamiento específico y pormenorizado de los efectos de la guerra sobre los niños y las niñas, no ya solo a través de la búsqueda de fórmulas para evitar en la medida de lo posible que padecieran sus efectos devastadores, sino también en la explotación propagandística intensiva que se hizo de su sufrimiento por parte de las autoridades republicanas. Esto además comportó la que hasta entonces fue la mayor evacuación al extranjero de un colectivo de dichas características, posiblemente más de 30 000, ello sin contar a los que marcharon al exilio por la frontera franco-catalana a principios de 1939 ante el avance de las tropas sublevadas. Aun con todo fue inevitable la muerte o el no nacimiento de miles de niños y niñas a causa de las diferentes consecuencias de la guerra, el frío, las enfermedades, la desnutrición y los bombardeos, a los cuales hay que añadir el descenso de la natalidad causado por las condiciones que impone casi todo conflicto. En cualquier caso, conviene señalar que al igual que ha ocurrido con las mujeres, expertas en la cuestión como Verónica Sierra (2009) han contribuido a matizar la visión de la infancia como sujeto subalterno y víctima en exclusiva para pasar a ver en ella también un agente histórico por derecho propio, con sus propias representaciones de la guerra e implicado en diversas tareas relacionadas con la movilización, como por ejemplo la colocación de carteles propagandísticos para la movilización o la asunción de los valores de uno u otro bando por aculturación bélica. En España, por vez primera, la infancia y sus muertes fueron sistemáticamente utilizadas como arma propagandística contra el enemigo: tal vez haya pocas muestras mayores del carácter total que adquirió la guerra civil que dos carteles célebres que tienen a niños y niñas como protagonistas. Uno es el que muestra a algunos de los pequeños y pequeñas muertos por los bombardeos sobre Barcelona, y que se acompaña con la frase en inglés If you tolerate this, your children will be next, pues estaba destinado a estimular el apoyo internacional a la causa republicana, en este caso en el Reino Unido. El otro es un dibujo que puede observarse entre otros lugares en la Historia de la Cruzada Española dirigida por Joaquín Arrarás, y en el que un miliciano de rasgos simiescos y fusil humeante coloca un cartel sobre el cadáver del niño al que acaba de matar: «Su padre era un fascista».

En suma, en España no hubo exacta ni solamente un combate entre revolución y contrarrevolución. A diferencia de otros conflictos internos, existió desde 1936 una disputa real de soberanía entre dos estados o paraestados, por mucho que en el caso republicano existieran contrapoderes con cierta autonomía como el Consejo de Aragón (1936-1937). El golpe que dividió el territorio no fue revolucionario ni se dio contra un Estado revolucionario, sino contra un Estado fuerte, y puede que no férreamente ni tanto como hoy entendemos el término, pero democrático, al fin y al cabo. Y la fortaleza inicial de ambos contendientes, mayor en el caso sublevado por razones ya señaladas, debe sumarse a los factores que explican la brutalidad y la contundencia, traducidas en violencia, de las primeras semanas tras el 18 de julio. Dicha violencia en España se concentró en 1936 porque era el mecanismo preferente para acabar rápidamente con el proyecto del adversario y para realizar la ansiada limpieza política que a ojos de sus promotores necesitaba el país. El objetivo de unos y otros podría ser el contrarrevolucionario por un lado y el revolucionario por el otro, pero la elección de las víctimas, la motivación de los victimarios y la marcada desempatía hacia la imagen y la identidad del enemigo venía determinada por elementos de orden cultural y simbólico seguramente mucho más poderosos a la hora de construir una praxis eliminacionista. Así pues, esas violencias respondían a una dinámica de identificación heterofóbica explosiva, necesitada del marco propiciatorio del golpe de Estado y de sus consecuencias para activarse.

El análisis de las lógicas propias de la violencia revela una mayor importancia de las dinámicas locales y regionales respecto a la supuesta aplicación de una lógica supralocal, por más que se compartieran elementos comunes en términos de intereses «de clase», de identificación y estereotipización del enemigo y de aplicación de mecanismos de depuración y limpieza política violenta como forma de exclusión y de construcción de la comunidad nacional. Por lo demás, el paso de una guerra rápida a otra larga fue también el contexto para el despliegue de políticas de identificación, estereotipación y exclusión simbólica del enemigo propias de los mecanismos de construcción nacional en las guerras civiles contemporáneas (Núñez Seixas, 2005 y 2006). Desde dentro, resulta difícil creer que las motivaciones de los asesinos en la España de 1936 pasasen por la ejecución de un plan global genocida y contrarrevolucionario que los emparentase con el terror blanco en Rusia, Finlandia o Hungría, por un lado, o con el terror rojo ruso o finlandés, por otro, cual encarnaciones temporales de un gran combate secular e impersonal que puede resultar sugerente y útil para la construcción de un marco interpretativo, pero que se desconecta de la contingencia histórica. Sin embargo, se ha aceptado con gran naturalidad en la historiografía hispana que la violencia ejecutada donde no triunfó el golpe de 1936 fue revolucionaria, emparentada con el terror rojo desde 1917 en adelante. Y tal cosa, que posiblemente no pase de relato (un relato, todo sea dicho, explotado hasta la saciedad por los mecanismos propagandísticos del régimen vencedor de la guerra y aún hoy por sus herederos neofranquistas), ha contribuido a difuminar los perfiles de las motivaciones de los perpetradores y los objetivos que perseguían tales mecanismos de violencia, fuesen asesinatos, torturas, detenciones ilegales o encarcelamientos (Castillo, 2014).

La española no fue tan diferente en cuanto a su construcción narrativa. Nadie habló en España de guerra civil salvo quienes se lanzaron a ella en la primavera de 1936 o quienes se prepararon para ella en el otoño de 1934; por tanto, siempre antes del inicio real del conflicto, tras el golpe de Estado de julio de 1936. Cuando esta empezó fue guerra de liberación, Alzamiento, revolución y Cruzada nacional (Gallego, 2014; Rodrigo, 2013a; Juliá, 2006b). Además de por sus aspectos tácticos y militares, que por lo demás no introdujeron grandes novedades en el modo convencional de combatir, lo que más claramente la distingue de las otras guerras civiles es que fue el primer conflicto abierto y declarado, no entre la revolución y la contrarrevolución, sino entre el fascismo y el antifascismo, entendidos como repertorios históricos de identificación colectiva de un enorme potencial simbólico en la Europa de 1936, como se iba a poner de manifiesto durante la Segunda Guerra Mundial. De tal modo, la guerra, como de hecho toda la violencia colectiva (de cuyo inventario forma parte destacada), no fue solamente un fin, sino también el medio por el cual se confrontaron ambas cosmovisiones políticas, una confrontación desarrollada básicamente a través del asesinato, la depuración y la reeducación del otro, que tendría entre sus objetivos centrales el monopolio del capital simbólico de la nación y la limpieza de la comunidad popular, con lo que eso implicaría para los contendientes: la defensa de la religión católica, de la tradición, de la comunidad nacional y de su integridad, por un lado, o la de la arcadia revolucionaria, la liberación de la opresión, la consolidación de la democracia, la secularización o el despliegue de los proyectos nacionalistas periféricos, por otro. Adentrarse en los porqués de los perpetradores de violencia y en los perfiles de sus víctimas desde la supraindividualidad permite observar con más claridad qué se perseguía con la oleada de asesinatos que tuvo lugar en España en 1936, pero lo poco que sabemos de los primeros nos permite observar motivaciones y perfiles diversos. De hecho, la limpieza política, junto con la movilización total de la retaguardia, el levantamiento en armas de la nación bajo la premisa retórica de su salvación, así como la victoria por las armas frente al enemigo ontológico, la anti-España vencida en los frentes de batalla (pues a fin de cuentas se trató de la última guerra civil europea convencional que se puede narrar como sucesión de batallas), situó las bases sobre las cuales podemos identificar la guerra civil española como el proceso constituyente por antonomasia del régimen nacido de la victoria de los fascismos en suelo español, el que de manera consuetudinaria denominamos franquismo.

Ocupados, resistentes, colaboradores: el conflicto interno en la Europa bajo el dominio nazi, 1941-1945

OCUPADOS, RESISTENTES, COLABORADORES:

EL CONFLICTO INTERNO EN LA EUROPA

BAJO EL DOMINIO NAZI, 1941-1945

De la eficacia de la violencia y la movilización total de los sublevados, a la postre vencedores del conflicto, tanto de la de 1936 como de la posterior, habla la práctica inexistencia de guerra irregular partisana en las retaguardias, aunque sí en la posguerra, en coincidencia cronológica y contextual con la extensión del fenómeno de las guerrillas antifascistas en países como Francia, Italia, Albania, Grecia o Yugoslavia. En 1939, terminada la fase de combates abiertos, concluyó en España la última de las guerras civiles convencionales, y posiblemente la única con esas características junto con la rusa de todas las que forman parte de este ciclo de guerras civiles en Europa. Aunque en esto el caso español es también diferente, pues como ya hemos señalado el estado de guerra se mantuvo vigente en todo el territorio hasta 1948, en paralelo y de cara a la persecución de la guerrilla. Este año y el siguiente traerían el cierre de las dinámicas de resistencia partisana y contrainsurgencia iniciadas en España durante la guerra civil, que tuvieron continuidad inmediata en la Francia, la Albania, la Yugoslavia o la Italia ocupadas, y que fueron final y duramente derrotadas en Grecia. En España, el maquis fue aplastado por el Ejército y la Guardia Civil en tres años de terror contra los resistentes en el monte y contra los civiles que los apoyaban en el llano, fuera esa su voluntad o no (Yusta, 2003; Faraldo, 2011; Marco, 2012).

A partir de 1939, y sobre todo desde 1943, la intersección entre la ocupación, la guerrilla, la resistencia, el colaboracionismo, la violencia y la guerra civil hace de esta última categoría un continente sin contenido uniforme, dando lugar a una realidad que en su conjunto es difícil de aprehender y definir. De hecho, así se explica que sean tan tremendamente complejas las guerras internas superpuestas a la Segunda Guerra Mundial y propiciadas por esta. Desde la conocida como primera fase (un convencionalismo terminológico, cargado sin embargo de contenido interpretativo) de la guerra civil en Grecia, y a continuar con la guerra interna de carácter multidireccional ocurrida en los Balcanes entre estados, paraestados y facciones de milicias —Serbia, los fascistas del Estado Independiente de Croacia (NDH), los partisanos de Josip Broz Tito (1892-1980), los Četnici de Draža Mihailović (1893-1946)—, ello sin olvidar el contexto de una ocupación múltiple que incluía tropas italianas y alemanas en su mayoría, pero también húngaras y búlgaras en regiones fronterizas anexionadas a cada uno de estos países. Por tanto, la lucha partisana sería la forma primordial del conflicto interno en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Eso es lo que hace que, aun siendo un ejercicio muy difícil, resulte a la vez tan importante acercarse a las realidades contingentes de los conflictos bélicos bajo el paraguas de la última conflagración global y su posguerra.

De hecho, existe una importante diferencia entre las dos guerras mundiales, pues mientras la primera desencadenó un amplio repertorio de contiendas internas a posteriori, en la segunda estas fueron paralelas a la guerra internacional. Es más: fueron el modo concreto y explícito en que esta última tomó cuerpo sobre el territorio, los estados y sus habitantes tras lo que habitualmente fueron campañas militares más o menos rápidas ejecutadas por la Wehrmacht. Vale decir que en Polonia las operaciones para la ocupación del país duraron treinta y seis días; Dinamarca se rindió en veinticuatro horas y sin oponer resistencia; Noruega entera cayó tras dos meses de combates, que contaron con la participación de un contingente anglo-francés desplegado en la estratégica ciudad septentrional de Narvik; los Países Bajos fueron ocupados en apenas cuatro días; Bélgica resistió diecinueve; Francia fue puesta de rodillas tras cuarenta y seis días de operaciones; Yugoslavia se rindió en apenas doce; y la Grecia continental aguantó el embate durante veinticuatro días, manteniendo Creta durante un mes más gracias a la presencia de un contingente británico en la isla. Todos estos éxitos militares se pagaron con un número de bajas militares propias inferior a 100 000 hombres, algo que de ningún modo permitía prever los verdaderos costes y recursos que exigiría el mantenimiento de las diferentes ocupaciones, que en todos los casos se extenderían durante cuatro largos años, cuando no más. Desde entonces, el Reich desplegaría un sistema de ocupación específico y graduado desde el centro a la periferia, que si bien no siguió punto por punto la concepción del jurista y Comisario Plenipotenciario en Dinamarca Werner Best (1903-1989)[3], sí que establecía anexiones de facto, zonas de protectorado colonial (Protectorado de Bohemia y Moravia, Gobierno General en Polonia, Comisariado del Reich en Ucrania, Comisariado del Ostland, comisariados del Reich en Noruega y los Países Bajos), regímenes y zonas de ocupación (Bélgica, Francia septentrional, la Francia ocupada, Serbia y Grecia) y, por fin, una franja de regímenes colaboracionistas fuertemente dependientes del Reich (Eslovaquia, Croacia, la Francia de Vichy, Italia tras el 8 de septiembre de 1943 o Hungría desde octubre de 1944).

Guerra multidereccional en los territorios ocupados del Frente Oriental, 1941-1944

Guerra multidireccional en los territorios ocupados

del Frente Oriental, 1941-1944

Sin embargo, aún estaba por llegar la campaña que supondría el punto de inflexión al conflicto en Europa: la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania y sus aliados del Eje, que a pesar de fracasar en sus objetivos esenciales puso bajo su control unos vastísimos territorios ocupados en la retaguardia de la Wehrmacht. De hecho, muy pronto estas regiones devendrían el principal agujero negro de la Segunda Guerra Mundial, de forma similar a lo que ocurriría en el caso yugoslavo, pero mucho más complejo si cabe, dada la gran multitud de agentes operando sobre el terreno: unidades policiales y parapoliciales reclutadas y organizadas por los alemanes con poblaciones autóctonas del lugar a batir o procedentes de otras regiones, siendo sus principales viveros de reclutamiento los Países Bálticos, Ucrania y las comunidades cosacas o finlandesas en territorio soviético; resistentes polacos de las regiones occidentales de la Unión Soviética adquiridas en virtud del pacto de no agresión de agosto de 1939; partidas de partisanos de los más diversos orígenes, nutridas como estaban de autóctonos y prisioneros soviéticos huidos de todo tipo de unidades, o efectivos enviados por orden de Moscú que cruzarían las líneas del frente y se infiltrarían en territorio enemigo para coordinar a las unidades guerrilleras y sus actividades; tropas militares de ocupación de diversas nacionalidades, incluyendo unidades propias de los ejércitos húngaro, rumano o del cuerpo expedicionario italiano, así como voluntarios extranjeros integrados en la Wehrmacht, como los franceses de la Legión de Voluntarios (LVF).

Aunque no podemos entrar a fondo en las problemáticas de los múltiples conflictos internos que tuvieron lugar en esta inmensa retaguardia, merece la pena destacar algunas cuestiones que pueden dar cuenta de la magnitud y la importancia de lo ocurrido ahí. En primer lugar, la guerra de guerrillas o la creación de unidades de partisanos fue parte consciente del esfuerzo de guerra soviético desde julio de 1941, coordinada y abastecida de forma centralizada desde la primavera de 1942. Sus operaciones no solo sirvieron para sabotear la maquinaria de guerra alemana, sino que además favorecieron la depuración de los tibios y los opositores, reales, potenciales e imaginarios, que no habían sido eliminados durante la colectivización forzosa o el Gran Terror. En estas circunstancias, inmensas regiones del país estuvieron fuera del poder de los alemanes casi de forma permanente, que en muchos casos se limitaron al control de las principales líneas de comunicación vitales para proseguir el conflicto, como la autopista Moscú-Minsk. Por lo demás, las actividades antipartisanas no eran constantes, sino que las guerrillas llevaban a cabo operaciones puntuales y coordinadas. De hecho, jamás consiguieron poner en peligro la posición de la Wehrmacht, a pesar de llegar a reunir hasta a un millón de hombres operando en su retaguardia. Nada de ello fue óbice para que entre uno de cada tres y uno de cada cuatro bielorrusos muriera durante la guerra, o para que la población superviviente no recuperara sus niveles de vida previos al conflicto hasta 1971. Conviene señalar que hablamos de una república poblada por cinco millones y medio de habitantes en 1939, la cual estuvo bajo la ocupación alemana durante tres largos años. No por casualidad sus territorios fueron el centro más importante de actividad partisana.

Tal llegó a ser la situación que Hartmann habla de «un bellum omnium contra omnes, una guerra de todos contra todos» donde salieron a relucir conflictos políticos, personales y étnicos que habían quedado congelados durante el periodo estalinista, y que sirvieron para continuar con las políticas del terror para la consolidación del Estado soviético allá (2011: 76-77). En este sentido, hay dos películas sumamente interesantes que nos sitúan de forma magistral ante el escenario de guerra multidireccional que asoló Bielorrusia entre 1941 y 1944: Masacre, ven y mira (1985), de Elem Klímov, realizada en la Unión Soviética con motivo del cuarenta aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y sumamente impactante por las escenas de violencia que contiene; la segunda, más moderna, es una producción bielorrusa dirigida por el ucraniano Sergei Loznitsa, En la niebla (2012), donde lo más revelador de su enfoque es que los alemanes tan solo aparecen al inicio de la película en un ahorcamiento público. Pasado ese primer momento vemos hasta qué punto la situación está fuera de control, tanto que ya no resulta necesario su concurso para desatar las dinámicas de una violencia que ha acabado cobrando vida propia en las comunidades de los territorios bajo su control nominal. Lo que Loznitsa pretende reflejar es cómo la ocupación alemana rompió todos los equilibrios preexistentes. De hecho, Hartmann (2011: 77 y 70-71) incide de forma muy clara en la responsabilidad de las políticas alemanas, que favorecieron este estado de cosas con un dominio «torpe, parasitario y destructivo», de ahí que sea tan interesante ver las películas antes mencionadas, que reflejan bien el escenario apocalíptico en que se convirtió Bielorrusia. La tragedia acontecida en la retaguardia se evidencia ante la magnitud de las cifras de muertos, que según el experto alemán son la mitad de los 55-65 millones de civiles que quedaron en las zonas de ocupación alemana, y cuyo fallecimiento pudo deberse tanto al hambre como a los maltratos, pero desde luego también a las violencias multidireccionales a las que se vieron enfrentados o en las que se vieron implicados. Fue a causa de las particularidades y la evolución del conflicto germano-soviético que la guerra devino total en Europa. De hecho, como un aviso de lo que estaba por venir tanto en los frentes como en los territorios ocupados, en cinco meses y medio de campaña las bajas mortales de los alemanes alcanzaron las 200 000, desaparecidos incluidos, a lo cual había sumar más de 600 000 heridos, superando en más del doble las cifras de los restantes teatros en los que se había implicado la Wehrmacht hasta entonces.

Por supuesto, son comprensibles las resistencias al uso del sintagma «guerra civil» para explicar lo que tuvo lugar en todos estos escenarios de ocupación, aun cuando es evidente que la presencia de las tropas y las administraciones civiles o militares extranjeras o la creación de los estados títeres arrasó buena parte de los mecanismos de contención social interna, desde los ámbitos locales y regionales al estatal. A pesar de la potencia de fuego, la territorialidad y la identificación del combate como una lucha de liberación nacional, popular y restauradora de la legitimidad de la soberanía sobre el suelo —y por tanto con muchos elementos comunes con otras guerras civiles en su rechazo del término—, procesos de lucha interna como los de Francia, Italia, Bélgica o Yugoslavia obligan a modular la categoría de guerra civil y a observarla desde perspectivas menos rígidas de las habituales cuando nos asomamos a los casos de España o de Rusia. Como señalara Claudio Pavone, en los casos de fractura estatal a causa de un empuje externo, el concepto mismo de guerra civil pierde precisión y se entremezcla con los de liberación nacional y colaboración. Sin embargo, tal cosa y tal indefinición no son el resultado ni de una suerte de impureza ni de una irregularidad histórica, y por supuesto ello no tendría como resultado un menor impacto del fenómeno de la guerra en la sociedad.

Si la guerra civil, la lucha partisana y la de liberación nacional se superponen, se mezclan y conviven en un mismo territorio y un mismo marco cronológico bien puede ser porque, como tal, la guerra irregular responde mejor y es más útil que la regular en los contextos de defensa frente a la ocupación y de identificación del enemigo connacional como enemigo externo a todos los efectos. Y en el sentido opuesto porque también el ocupante externo y sus aliados político-militares en la nación ocupada hacen valer la imagen de la guerra partisana (irregular, y en su perspectiva a traición) para la deslegitimación del enemigo, y en última instancia para la justificación de su eliminación. Por tanto, la guerra antipartisana debe ser entendida en toda su complejidad, y no como un mero correlato o efecto colateral de la guerra en el frente o la ocupación en sí misma. Al fin y al cabo, esta se caracterizó por dinámicas propias enmarcadas dentro de contextos de guerra civil y proyectos socio-políticos en pugna, al tiempo que constituyó la oportunidad y la excusa para poner en marcha todo tipo de medidas de cara a la transformación radical de la realidad. Además, este tipo de enfrentamientos sirvieron decisivamente a la configuración de marcos de referencia colectivos, construyendo proyecciones de la realidad y sirviendo de alimento ideológico para producir imágenes del enemigo que contribuían a reforzar presupuestos fascistas, tanto en el frente como en la retaguardia. Dicha circunstancia, al producir una suerte de percepción alucinatoria de la realidad donde el enemigo, ya fuera un mero civil o un insurgente, se mimetizaba con el espacio que servía como teatro de operaciones, llevaba a una radicalización de las tropas, muy motivada por el miedo y la sensación de cerco, y planteaba un estado de excepción permanente que afectaba a propios y extraños. Así pues, todo individuo situado dentro del escenario de operaciones se convertía en objetivo potencial de la violencia colectiva, del mismo modo que suele ocurrir con los bombardeos artilleros o aéreos por saturación, tal y como volvería a verse una y otra vez a lo largo del siglo XX. Así lo demuestran, por ejemplo, los informes de los combates mantenidos por la División alemana 714, situada dentro del Kampgruppe Westbosnien, que incluía a mujeres y niños entre sus enemigos, cuando de lo que se trataba en realidad era de civiles aterrorizados: «Una mujer gritó y entonces cientos se unieron a ella: hombres, mujeres y niños con un grito de guerra similar al de un animal se abalanzaron contra nuestras líneas» (Gumz, 2001: 1022).

Cabe señalar que el estallido de la Segunda Guerra Mundial tuvo motivaciones de índole político-ideológica, por supuesto, pero también de naturaleza económica, dimensiones ambas que suelen ir de la mano y que nos ayudan a entender los enfrentamientos armados desde la complejidad. De forma muy similar al caso del Japón, que veremos en el próximo capítulo, Alemania tenía una economía industrial muy dependiente del exterior en materias primas y con unas reservas de mano de obra limitadas para las políticas imperialistas que perseguían ambas potencias. Como una pescadilla que se muerde la cola, la consecución de los objetivos marcados por dichas políticas requerían de un rearme intensivo que en sí mismo llevaba el germen de la guerra de conquista, pues solo a través de esta podrían conseguirse los recursos materiales y humanos necesarios para proseguir con la carrera armamentística que permitiera al Reich competir por la hegemonía mundial. De hecho, a la altura de 1939 las necesidades crecientes e insaciables de una industria que solo contaba con los recursos del país hacían que la economía alemana se encontrara sumida en una grave crisis, que de haber persistido habría revelado la farsa sobre la que se sostenía el supuesto milagro del pleno empleo y el bienestar bajo el nacionalsocialismo (Bambery, 2015: 78-82). La guerra era la única salida. De este modo, se dio lugar a un círculo vicioso alimentado por los sueños imperiales del nacionalsocialismo y las dinámicas propias del capitalismo y la guerra, siempre de la mano, que empujaron a Alemania a una constante huida hacia delante donde solo cabía expandirse, conquistar, saquear, explotar y asesinar por toda Europa.

Tal y como afirmara Tim Mason, «un Tercer Reich “en paz” constituye una impensable contradictio in terminis» (Mason, 1993: 206). Y en última instancia todos estos factores son los que explican que se desatara la guerra contra la Unión Soviética, objetivo último de casi todas las agencias político-militares y económicas de la Alemania nazi. Del mismo modo, esto nos ayuda a entender que la campaña de conquista hubiera de comportar la muerte por hambre de hasta 30 millones de civiles soviéticos, según las planificaciones militares, los cuales serían privados de sus recursos para poder alimentar a las tropas (Kay, 2006). Es por eso que el fracaso de los objetivos de la Operación Barbarroja en la segunda mitad de 1941 evidenció la imposibilidad de ganar la guerra en el campo de batalla, algo que en el caso alemán solo podía ocurrir en el marco de un conflicto rápido y una victoria contundente, porque todo lo que supusiera una guerra de desgaste había de acabar tarde o temprano con un país sin los recursos necesarios para afrontarla. Así pues, la única manera en la que Alemania podía salir airosa de semejante situación pasaba por dar un golpe militar suficientemente contundente como para conseguir una paz pactada con unas condiciones favorables para los intereses germanos. Tanto los industriales alemanes, movidos por la rapacidad, como los militares, que veían en juego su prestigio, se pusieron de acuerdo para seguir adelante con la guerra bajo esa premisa en el decisivo invierno de 1941-1942 (Tooze, 2007: 506-509). Finalmente, todo esto pone de relieve un hecho característico del modo de hacer la guerra alemán en el Frente Oriental: el saqueo generalizado de los recursos humanos y económicos de todos los territorios ocupados, que experimentó una radicalización a partir de entonces —y que aún habría de intensificarse fruto del fracaso de la campaña del verano de 1942—, algo que tenía por objeto ocupar los vitales pozos petrolíferos del Cáucaso.

La Europa nazi: el saqueo y la explotación institucionalizados como forma de gobernar y hacer la guerra, 1939-1945

La Europa nazi: el saqueo y la explotación institucionalizados

como forma de gobernar y hacer la guerra, 1939-1945

Los alemanes organizaron y pusieron en marcha un complejo y variado entramado de regímenes títeres, administraciones civiles y militares, y políticas de ocupación cuyo fin fundamental era garantizar ese saqueo sistemático de todo lo que los territorios conquistados pudieran ofrecer al esfuerzo de guerra alemán (Aly, 2005; Frøland, 2016: 1-34, Stargardt, 2016 entre muchos otros). La existencia de diversos enfoques a la hora de poner en marcha toda esta enorme maquinaria imperial, que hizo de los territorios ocupados auténticas colonias, dependió mucho de dos cuestiones básicas: por un lado la necesidad de repartir espacios de poder entre las diferentes agencias en competencia dentro de la policracia del Tercer Reich, y por otro el deseo de ajustar la ocupación lo máximo posible a los prejuicios histórico-raciales e ideológicos de la jerarquía nazi y de las diferentes instituciones del Estado, pero también al futuro que se preveía para cada territorio dentro del Nuevo Orden que había de encabezar Alemania en Europa. Por ejemplo, en el caso de la ocupación y gestión de los territorios balcánicos fue determinante la herencia político-cultural del Imperio austrohúngaro, caracterizada sobre todo por un marcado prejuicio antiserbio que explicaría muchas de las políticas desplegadas en la región. En este sentido, no es para nada casual la creación de un Estado títere croata, el NDH, gobernado por los fascistas de la Ustaša y que abarcaba los territorios de las actuales Croacia y Bosnia-Herzegovina, lo cual tuvo efectos devastadores para la numerosa población serbia ortodoxa que vivía dentro de sus fronteras. Así se explica también que Serbia quedara reducida a la condición de Estado residual bajo una administración militar alemana, apoyada en este caso sobre un gobierno títere encabezado por Milan Nedić (1878-1946). Este oficial, que había combatido dentro del Ejército serbio durante las guerras de los Balcanes y la Gran Guerra, aceptó la colaboración en un intento por paliar lo máximo posible los costes de la ocupación para el país, lo cual le llevó a desplegar un doble juego a lo largo de la guerra, incluyendo el apoyo material a la guerrilla ultranacionalista serbia de los Četnici.

Por supuesto, las cuestiones económicas y geoestratégicas jugaban un papel importante en la ocupación, más si tenemos en cuenta las riquezas minerales y agrícolas del Banato, región septentrional gestionada con éxito por los alemanes étnicos autóctonos, y el hecho de que Belgrado fuera un nudo de comunicaciones de importancia continental (Tomasevich, 2001: 617-660). En este sentido, queda claro una vez más que las motivaciones económicas e ideológicas nunca suelen ser excluyentes entre sí, hasta el punto de que incluso suelen retroalimentarse y dar lugar a procesos de radicalización, ya que las primeras suelen legitimarse en base a las segundas. Esto último se pone de manifiesto en la brutalidad de las políticas contrainsurgentes aplicadas por los alemanes en Serbia, que no tiene parangón en ningún otro escenario, salvo la retaguardia del Frente Oriental y Polonia, y que dejaron un saldo de hasta 300 000 serbios muertos como víctimas de las represalias en un territorio poblado por cuatro millones y medio de personas (Byford, 2011: 303). Tampoco sorprende que el representante del Tercer Reich para asesorar y monitorizar a las nuevas autoridades croatas fuera Edmund Glaise-Horstenau (1882-1946), un antiguo veterano oficial austriaco del Estado Mayor del Ejército austrohúngaro durante la Gran Guerra, y curiosamente originario del mismo pueblo fronterizo que Hitler. Lo mismo ocurre en el caso de su superior, el comandante general de la Wehrmacht para los Balcanes, un cargo que a partir de agosto de 1942 recayó en el también oficial austriaco de la Luftwaffe Alexander Löhr (1885-1947), que tenía múltiples vínculos familiares y culturales con la región y que había hecho la Gran Guerra en el Frente Oriental al mando de un pelotón del Ejército austrohúngaro. En honor a la verdad, hay que reconocer que Glaise-Horstenau se mostró consternado en repetidas ocasiones a causa de las atrocidades cometidas por los croatas contra las comunidades serbias del NDH, algo que puso en conocimiento de sus superiores en Alemania en varias ocasiones y que le llevó a implicarse en la política local para intentar derrocar al régimen fascista croata con el fin de sacar al país del Eje. En septiembre de 1944 fueron descubiertas sus maniobras, lo cual provocó su caída en desgracia.

Un caso interesante es el de Polonia, donde las políticas de ocupación estuvieron dirigidas a la desaparición de los polacos como comunidad, ya fuera mediante su eliminación física, su reducción a la servidumbre o la privación de cualquier tipo de participación en los aparatos de gobierno. De este modo, las regiones occidentales del antiguo Estado polaco fueron directamente anexionadas al Reich, dejando bajo administración exclusivamente alemana el llamado Gobierno General, un territorio de extensión similar a la de Castilla y León que ocuparía el centro-sur de las fronteras de preguerra del país y al frente del cual estaba Hans Frank (1900-1946), abogado y militante histórico del partido nazi que creó allí una suerte de feudo personal. Tampoco parece casual que el Gobierno General se convirtiera en una suerte de «vertedero» del Tercer Reich, donde entre otras cosas se hacinó gran cantidad de población polaca expulsada —aunque muchos de estos civiles no tardarían en ser enviados a las fábricas y campos alemanes— de los territorios anexionados a Alemania, destinados a la colonización, ni tampoco que fuera allí donde se establecieron cuatro de los seis campos de exterminio. Aunque esto último también respondía a un mero cálculo racional: más de tres millones de judíos vivían en Polonia, un país cuya población autóctona se había previsto que fuera exterminada en su gran mayoría. Sin embargo, los casos de Polonia y de los territorios ocupados en la Unión Soviética, gestionados por administraciones civiles alemanas al mando de los comisariados del Reich para Ucrania y el Ostland, constituyen una excepción que encuentra sentido en tres factores clave: la consideración de sus poblaciones autóctonas como seres infrahumanos dentro de la cosmovisión nacionalsocialista, la explotación intensiva y sin cortapisas de los recursos naturales y humanos de estos territorios y, por último, su futuro como espacios para la colonización y parte integral del gran imperio germánico que estaba por venir.

Resistencia y colaboracionismo en guerra: Francia y Bélgica, 1943-1945

RESISTENCIA Y COLABORACIONISMO EN GUERRA:

FRANCIA Y BÉLGICA, 1943-1945

Las cosas fueron diferentes al oeste, donde en muchos casos se esperaba nazificar y anexionar unos territorios que se consideraban germánicos, aunque conforme la guerra fue evolucionando y las necesidades y problemas del Reich aumentaron las políticas de ocupación se fueron asemejando más a las aplicadas desde el principio en el este y en los Balcanes. Por ejemplo, en los Países Bajos se estableció otro Protectorado del Reich bajo el mando del militante nazi austriaco Arthur Seyss-Inquart (1892-1946), pero en este caso la administración civil alemana contó con la cooperación activa del aparato burocrático estatal neerlandés, lo cual combinó con la designación puntual de militantes del colaboracionista Movimiento Nacionalsocialista Neerlandés (NSB) para ciertos cargos y con una importante presencia policial de las SS (Feldman, 2006; Lak, 2016: 115-138). Bélgica y las zonas del norte de Francia quedaron bajo una administración militar durante la mayor parte de la guerra, al frente de la cual se situó Alexander von Falkenhausen (1878-1966), un general alemán que volveremos a ver en el próximo capítulo por su papel decisivo como asesor militar del Kuomintang en la guerra civil china y en la guerra sino-japonesa. En este caso, los militares alemanes también contaron con la asistencia del funcionariado belga, que actuó según la filosofía de que una cooperación limitada garantizaría cierto grado de autonomía al país, limitaría los efectos negativos de la ocupación y disuadiría a los alemanes de desarrollar políticas más radicales o de tomar directamente las riendas del poder. No deja de ser paradójico que este enfoque, promovido por las más altas instancias del gobierno belga antes de marchar al exilio, acabara por favorecer en gran medida los intereses del Reich, algo que también ocurrió en el caso de la industria del país. De hecho, habría sido imposible de otro modo, porque Alemania no contaba con medios humanos suficientes para implementar sus políticas sin la ayuda del aparato estatal belga (Van der Wijngaert y Dujardin, 2006; Luyten, 2016: 211-241). Además, en este caso el Reich desplegó de forma sutil la política imperial por excelencia, el divide et impera, promoviendo las divisiones y la competencia entre flamencos y valones, siendo en un primer momento más favorecidos los primeros, algo que en última instancia contribuyó a estimular el colaboracionismo de los partidos fascistas autóctonos (Conway, 1993; Warmbrunn, 1993). La fórmula empleada en Noruega estuvo a medias entre la practicada en Serbia y la puesta en marcha en los Países Bajos, al menos en lo que se refiere a la estructura de control y gobierno. Por un lado, se estableció un Comisariado del Reich, con el veterano de la Gran Guerra y camisa vieja del partido nazi Josef Terboven (1898-1945) al frente de una administración civil alemana. A la hora de implementar sus políticas, esta contó con el apoyo del régimen títere de Vidkun Quisling (1887-1945) y su Unión Nacional fascista (NS), que vivía bajo el paraguas de la ocupación alemana, así como también con el concurso activo del aparato burocrático noruego (Espeli, 2016: 245-271, Sanders et al., 2016: 359-387).

En el caso de Francia las políticas de ocupación siguieron un patrón particular, en buena medida guiado por varias motivaciones: el deseo político de humillar al enemigo tradicional de Alemania, la creación de condiciones favorables para la explotación de los recursos franceses y la posibilidad de proseguir la guerra en las condiciones más favorables posibles, con el control de la costa atlántica y del Canal de la Mancha. Esto permitía al Reich protegerse frente a una posible invasión aliada, lanzar la guerra submarina en el océano y construir una línea defensiva de aeródromos frente a los ataques aéreos procedentes de las Islas Británicas. Esa fue la razón por la que Francia fue partida en dos. Toda la mitad norte y la franja costera occidental quedó en manos de una administración militar alemana, con Otto von Stülpnagel (1878-1948) al frente, que se caracterizó por conseguir hacer trabajar a la industria francesa para el esfuerzo de guerra alemán (Boldorf, 2016: 139-160; Imlay, 2016: 161-186). No obstante, fue sustituido por su primo Carl-Heinrich von Stülpnagel (1886-1944) a partir de primeros de 1942. Ambos eran veteranos de la Gran Guerra, y habían participado en esta como veteranos de Estado Mayor, además de que el segundo se caracterizó por su brutalidad al frente del 17.º Ejército alemán durante la invasión de la Unión Soviética, promoviendo represalias masivas y colaborando con los Einsatzgruppen en sus redadas y ejecuciones (Lower, 2006: 54-55). Mientras tanto, el centro-sur se convertía en un régimen títere que pronto se conocería como la Francia de Vichy, bajo el mando del héroe de Verdún, Philippe Pétain (1856-1951). Esta creación política pretendía mantener la ficción de la continuidad del Estado francés, lo cual no dejaba de tener sentido jurídico-legal y político teniendo en cuenta que había sido la propia Asamblea Nacional francesa, órgano depositario de la soberanía nacional, la que había otorgado plenos poderes al anciano mariscal para negociar con los alemanes un armisticio. En cualquier caso, el objetivo fundamental de estos últimos era estratégico: tratar de evitar que la flota francesa se pasara al bando aliado y que las autoridades galas continuaran la lucha en las colonias del Norte de África, al quedar estas bajo la autoridad de Vichy. Sin embargo, el régimen de Pétain pronto perdería buena parte de su autonomía inicial tras la invasión de Marruecos y Argelia por las tropas estadounidenses y la consiguiente respuesta alemana, que comportó la ocupación del sur del país (Laub, 2009).

Toda esta compleja arquitectura institucional del imperio nazi generó una vasta red capilar de complicidades que se extendió por todo el continente, ya que en casi todos los casos los ocupantes se sirvieron de las administraciones y fuerzas de seguridad preexistentes en los países ocupados, o cuanto menos formaron milicias auxiliares o fuerzas parapoliciales, como ocurrió en los territorios ocupados en la Unión Soviética. De otra manera habría sido imposible, dada la magnitud de la tarea y las dificultades para gestionar de manera eficiente y moderna la explotación de territorios tan diversos, pero a la vez tan marcados desde hacía décadas por la existencia de estados burocráticos. Nada de esto fue óbice para que se produjeran depuraciones de aquellos sospechosos o poco fiables dentro de las plantillas del personal administrativo autóctono, aunque lo cierto es que con muy poco personal burocrático propio el Tercer Reich pudo controlar extensas áreas del continente europeo y canalizar sus recursos para favorecer su esfuerzo de guerra. Basta con recordar lo señalado por Götz Aly en su exhaustivo estudio: los europeos ocupados y los judíos corrieron con el 70 % de los gastos alemanes derivados del conflicto a través del saqueo regular e irregular de sus economías, lo cual, traducido a cifras actuales, equivaldría a unos 300 000 millones de euros, mientras que el restante 30 % se repartió en un tercio a cargo de los trabajadores del Reich y dos tercios a costa de sus principales fortunas. Sin embargo, esta política imperial, que supera en radicalismo la aplicada por las potencias coloniales europeas en sus posesiones de ultramar, tenía sus limitaciones en un país como Alemania, como demuestra algo que se puede seguir en la documentación: hasta en las regiones francófonas había una escasez endémica de hombres con las aptitudes lingüísticas y los conocimientos necesarios para nutrir las plantillas a cargo de la ocupación en Francia o Valonia. Muchos de los que podían cumplir estas misiones estaban destinados como oficiales en unidades de combate en el Frente Oriental, y si había carencia de personal conocedor del francés, siendo como era un país vecino de Alemania con el cual tenía tantos vínculos culturales, no digamos ya por lo que respecta a individuos con un buen conocimiento de otros espacios como los Balcanes y Europa Oriental y lenguas como el serbo-croata, el ucraniano o el ruso. Por tanto, queda claro que sin la colaboración activa de los elementos autóctonos habría sido imposible desplegar las políticas imperiales que permitieron al Tercer Reich el dominio y la explotación del continente ocupado, un límite y una necesidad con la que se han topado todas las potencias que han lanzado guerras de conquista.

Así pues, llegado el invierno de 1941-1942 todo lo señalado comportó una adaptación de las políticas de ocupación a las nuevas necesidades derivadas de una guerra que había devenido total y que se anunciaba larga y de desgaste, justo el extremo que necesitaban evitar a toda costa las autoridades del Reich. Esto explica la radicalización progresiva que experimentaron los enfoques seguidos por los países de Europa Occidental, proceso muy evidenciado por la dimisión de Otto von Stülpnagel al frente de la Administración Militar alemana en Francia a causa de las presiones que estaba recibiendo para intensificar su persecución contra los judíos y el desvalijamiento de la economía francesa. La nueva situación también comportó un cambio de enfoque en Europa Oriental, donde, a pesar de que el maltrato y los abusos continuaron, pasó a verse a los prisioneros de guerra y civiles soviéticos como una fuente de mano de obra y, por tanto, un recurso estratégico para la economía alemana, de tal manera que estos comenzaron a recibir raciones alimentarias y cierta protección (Hartmann, 2010 y 2018: 93-100). Sin embargo, como ya hemos venido avanzando, las políticas de ocupación combinaron saqueos regulares e irregulares, es decir, organizados por instituciones o promovidos por particulares dentro de la corrupción rampante de la policracia nazi, algo que no contribuyó a un aprovechamiento y una explotación eficientes de los recursos. De hecho, es difícil determinar si ese caos y convivencia calculados entre múltiples poderes —militares, partido, burocracia estatal, SS, Comisionado para el Plan Cuatrienal de Hermann Göring (1893-1946)— y el estímulo constante de la competencia entre ellos, siempre con el fin de alcanzar los objetivos económicos y políticos del Reich, contribuyó al éxito alemán en el sostenimiento del esfuerzo de guerra o fue en su detrimento. Todo parece apuntar en el primer sentido. No obstante, una cosa está clara y resulta decisiva: la rapacidad de las diferentes administraciones y regímenes al frente de los países ocupados, dentro de los cuales se repetían las mismas luchas por esferas de poder entre los mismos agentes ya señalados, tuvo como consecuencia la radicalización de la población civil europea, empujada en no pocos casos al límite de la supervivencia por las políticas de ocupación alemanas. Para muchos europeos, sobre todo los más jóvenes susceptibles de ser deportados a Alemania para trabajar en las fábricas, el futuro se presentaba sombrío e incierto, hasta el punto que el dilema estaba claro, más allá de las convicciones políticas de cada uno: la lucha o la esclavitud —y en no pocas ocasiones la muerte—, pero en todos los casos el sufrimiento, por mucho que la única salida que parecía ofrecer una garantía de supervivencia era la primera.

Según algunos autores, la situación doméstica en Bélgica o en Francia puede tacharse de guerra interna entre colaboracionismo y resistencia. David Alegre, en su tesis doctoral de próxima publicación, asume sin complejos tal denominación para analizar la situación de las retaguardias a las que regresan y con las que interactúan los voluntarios franceses, valones y flamencos que marcharon al Frente Oriental en el contexto de la ocupación alemana, pese a la existencia más irregular que regular de combates abiertos, potencia de fuego, homogeneidad armamentística y orden bélico uniformado. Si atendemos a los considerables niveles de violencia cruzada y colateral fruto de los crecientes enfrentamientos entre resistentes y colaboracionistas, queda bien claro que Bélgica, por poner un ejemplo que se suele desatender en los estudios comparados y en el que nos queremos detener brevemente, se estaba precipitando en una guerra civil desde comienzos de 1943. Los acontecimientos del periodo de Entreguerras, el cariz que estaban adoptando las diferentes ocupaciones alemanas y las políticas de la violencia de los diferentes estados fascistas habían hecho que el aislamiento, el bloqueo y la eliminación total del fascismo fuera una prioridad para el antifascismo. En casos como el de Francia y Bélgica, ese fascismo organizado se encontraba mucho más expuesto y era más débil a causa de su alianza con los ocupantes, que los convertía automáticamente en traidores a ojos de muchos, pero también debido una competencia entre los diferentes movimientos dentro de cada país que era estimulada por los propios alemanes, quienes podían erigirse de este modo en árbitros de sus disputas y, por tanto, en padres de familia. Así pues, centrar la violencia en el colaboracionismo no solo tenía que ver con una lectura previa de costes y beneficios. Al fin y al cabo, uno de los principios de la guerra de guerrillas es atacar a sabiendas de que los daños o repercusiones no solo no serán muy graves para las organizaciones ejecutoras, sino que les proporcionarán más frutos que perjuicios. Sin embargo, en este caso los cálculos iban acompañados por los principios ideológicos que marcaba una confrontación de largo alcance que situaba a ambas culturas políticas en puntos antagónicos del mapa político (Alegre, 2017).

Así pues, para el antifascismo no solo se trataba de disuadir a la población de cooperar e integrarse en el colaboracionismo, sino también de eliminar por completo al fascismo de la sociedad. En los casos belga y francés, incluso también en la represión y la guerra de guerrillas española de la posguerra, en tanto que prolongación del conflicto de 1936-1939, los individuos venían «señalados con base a una información personalizada sobre sus acciones», pero también «en base a su calidad de miembros de un grupo percibido como vinculado a la oposición, independientemente de sus acciones individuales» (González Calleja, 2012: 19). Eso es precisamente lo que vemos en el acta de una reunión mantenida el 15 de abril de 1943 entre las principales jerarquías de la Administración Militar alemana y los representantes del colaboracionismo belga, y al mismo tiempo es lo que nos permite hablar de la existencia de una guerra civil, por muy localizada y limitada que fuera. En ella se debatía y definía la estrategia a seguir y las posibles «medidas de castigo» a implementar frente a las acciones de la resistencia, que iban en aumento y que lejos de estar dirigidas contra las fuerzas ocupantes tenían por objetivo fundamental a los miembros de los movimientos colaboracionistas flamencos y valones. Por tanto, se trataba de una violencia que consideraba la ocupación alemana como transitoria, de ahí que su objetivo fundamental fuera saldar cuentas a nivel intracomunitario y refundar el orden social, que habría de tener una u otra forma en función de qué grupo de la resistencia implementaba la violencia. Claudio Pavone (1991: 320-327), referente sin duda para este tipo de cuestiones, constató un razonamiento y una lógica de la violencia similares para el caso de la resistencia italiana durante la guerra civil de 1943-1945: el enemigo fundamental era el fascismo autóctono, aquel con el que se habría de convivir y combatir por la definición del futuro del país, mientras que los alemanes estaban allí de paso y debían ser los Aliados quienes lidiaran con ellos. Como veremos, ese mismo cálculo es el que hacía en plena Segunda Guerra Mundial el líder del Kuomintang, Chiang Kai-shek, quien recibió cantidades ingentes de recursos financieros y armamentísticos provistos por los Aliados. El líder militar nacionalista intentaba convencer a las potencias occidentales de los beneficios y la necesidad de concentrar sus fuerzas en la lucha contra los comunistas chinos y no contra los japoneses, porque, al fin y al cabo, tal y como él mismo afirmaba, la derrota de Japón a manos de Estados Unidos estaba garantizada, no así la del comunismo en China, algo que por sus potenciales consecuencias no podía dejarse al azar.

De vuelta a Bélgica, el 13 de abril de 1943 había sido abatida a tiros en una librería de Bruselas una figura muy importante dentro del colaboracionismo belga junto a su escolta. Se trataba del famoso periodista y editor Paul Colin (1895-1943), director de dos de las más importantes cabeceras rexistas, el periódico Le Nouveau Journal y el semanario Cassandre. El grupo de acción del Ejército Belga de los Partisanos (EBP) que acabó con su vida estaba compuesto por un joven de familia burguesa que había entrado en contacto con la resistencia a través de la Universidad Libre de Bruselas, Arnaud Fraiteur (1924-1943); un veterano de la LEF, André Bertulot; y, curiosamente, un exvoluntario de la Legión Wallonie (LW) que había abandonado la unidad clandestinamente durante el periodo de instrucción, Maurice Raskin (Steinberg y Gotovich, 2007: 39). No por casualidad, el propio Colin había sido honrado por el líder del rexismo, Léon Degrelle (1906-1994), con su nombramiento como cabo honorífico de la LW, una buena muestra de las estrechas relaciones que mantenían ambos hombres y de la importancia que confería el líder rexista a la unidad de voluntarios que combatía en la guerra germano-soviética como plataforma para promover determinadas personalidades e intereses. A lo largo de 1942, este periodista se había convertido en el principal consejero y confidente del propio Degrelle, algo que era más fruto de las circunstancias que de la afinidad real entre dos hombres que, por otro lado, perseguían sus propios proyectos personales. Y aunque Colin no era militante del partido rexista, e incluso parece que solía hacer escarnio de las cualidades de su líder, supo reconocer la estrella ascendente de Degrelle en la escena del colaboracionismo valón gracias al hábil aprovechamiento que había hecho de su presencia y sus logros con la LW en el Frente Oriental (Conway, 1993: 182-183). Ya antes, la fascinación de Colin por las ideas fascistas, su ambición de poder e influencia y su marginación por parte de las élites de la Bélgica de Entreguerras lo habían llevado a optar por el colaboracionismo. De hecho, el plan que puso fin a sus días tenía como objetivo paralelo acabar con la vida de Degrelle, aunque fracasó tras ser descubiertos su autor intelectual, Marcel Demonceau, junto con la red de inteligencia británica que lo apoyaba.

Con esta situación, no es de extrañar que el colaboracionismo belga hiciera llegar amargas quejas a la Administración Militar alemana por el estado de excepción al que vivían sometidos sus militantes y la desprotección de la que eran víctimas. Los aliados de los alemanes incluso habían llegado a sugerir que los ataques contra ellos no eran abordados desde el punto de vista penal igual que los sufridos por los miembros de la Wehrmacht, algo que las autoridades alemanas negaban rotundamente. Movimientos como el rexismo estaban sufriendo una auténtica sangría desde principios de año, sobre todo en forma de ataques y asesinatos contra sus militantes de base. En el seno del partido se calculaba que hasta un 50 % de sus miembros habían caído bajo las balas de la resistencia desde el inicio de la ocupación, aunque bien es cierto que estos no permanecían de brazos cruzados a la espera de un desenlace fatal e inevitable. Todo esto estaba generando a su vez la parálisis de la organización por la marcha y renuncia de muchos de sus integrantes, asustados ante el cariz que estaban cobrando los acontecimientos y las agresiones, cada vez más sistemáticas e implacables (Conway, 1992: 186). Evidentemente, esto no solo ponía en riesgo las estrategias políticas de los movimientos colaboracionistas, sino también el propio colaboracionismo y en consecuencia las políticas de ocupación. Por eso mismo, los alemanes empezaron a mirar el problema con preocupación, algo que no habían hecho hasta ese momento, lo cual explica también la mencionada reunión del 15 de abril al más alto nivel. Al fin y al cabo, se estaban jugando su principal punto de apoyo en el seno de la sociedad belga, algo que les aseguraba la presencia y defensa de sus intereses en el seno de muchas familias, de las comunidades locales, de las fábricas, de la administración, etc.

En este sentido, las autoridades ocupantes se centraron en intentar calmar los ánimos de sus camaradas belgas, insistiendo sobre todo en el hecho de que los casos que afectaban a los colaboracionistas eran tratados en pie de igualdad y en que se habían tomado las medidas oportunas para garantizar el sostén material de las familias afectadas por las pérdidas. No sin cierta condescendencia hacia sus aliados, algo que era común en todos los escenarios donde los alemanes cooperaban con fuerzas autóctonas, insistían en que el problema de la resistencia debía abordarse de manera inteligente. Esto pasaba por evitar las «medidas retributivas de gran estilo» y adoptar un enfoque progresivo en la aplicación de represalias, tratando cada caso de forma individual y aumentando progresivamente los castigos con el fin de «conservar su impacto intimidatorio». La cultura militar alemana era un complejo organismo en constante proceso de cambio y redefinición, a pesar de contar con marcos de referencia y métodos bien asentados. Las estructuras institucionales, los canales y mecanismos para la toma de decisiones o la importancia que se daba a cada escenario eran tan esenciales como los individuos concretos al mando o la relectura de las diferentes experiencias de ocupación y contrainsurgencia vividas, recogidas y analizadas a lo largo de una guerra que ya duraba por entonces tres años y medio. Sabían perfectamente que el deseo del colaboracionismo era dar inicio a una campaña sistemática de terror contra toda forma de resistencia u oposición al fascismo y a la ocupación en el seno de la sociedad belga, fuera esta real o potencial, efectiva o meramente espiritual. Por esa razón, los jerarcas de la Administración Militar se aferraban a las enseñanzas obtenidas en otros escenarios, como los Balcanes o los territorios soviéticos ocupados, donde se había apostado desde el principio por este tipo de enfoque maximalista del problema, siempre con resultados «desfavorables». Incluso se invocaba el caso de Francia, donde según la documentación alemana finalmente también se había renunciado al «fusilamiento de rehenes» como método para poner coto a la resistencia.

La recomendación y la petición expresa de los ocupantes era confiar en los métodos y el buen hacer de la Policía de Seguridad (SiPo), que era la encargada de detectar e investigar este tipo de actividades y «que había hecho todo para apaciguar la situación en el país». Pero de algún modo, lo que las autoridades alemanas intentaban era ganar tiempo, algo que hasta cierto punto se podían permitir. Al fin y al cabo, el tipo de guerra que libraban, con los problemas e intereses que comportaba para ellos, era muy distinto a aquella en que se veía inmerso el colaboracionismo belga, que pugnaba no ya solo por el poder, sino por su misma supervivencia. Desde Berlín no estaban dispuestos a ver cómo el flanco más expuesto e importante de la llamada Fortaleza Europa, que en este caso era el occidental por la cercanía de las Islas Británicas y la gran cantidad de recursos industriales y poblaciones que albergaba, se viera convertido en un agujero negro similar al de los Balcanes o la retaguardia del Ejército alemán desplegado en el Frente Oriental. En este sentido, era preferible una violencia y una resistencia controladas dentro de unos márgenes razonables, al tiempo que buscaban el modo de conservar a sus aliados en las sociedades ocupadas. Por eso se hizo partícipes a los colaboracionistas belgas de los métodos empleados por la SiPo a la hora de combatir a la resistencia, así como también de los resultados obtenidos: a tal efecto, el SS-Sturmbannführer Ernst Ehlers, por entonces jefe de la oficina de Bruselas de la SiPo y el Servicio de Seguridad (SD), pronunció una ponencia ante los jerarcas del colaboracionismo y las autoridades de la Administración Militar alemana, donde también explicaba diferentes aspectos relacionados con los ataques (autores, organizaciones, financiación) y el modus operandi por el que se guiaban. Lo que los alemanes ofrecían a sus mortificados compañeros de viaje era una estrategia global y sistemática para desentrañar y penetrar las redes y organizaciones que planificaban y llevaban a cabo los atentados, lo cual exigía la paciencia de los colaboracionistas, totalmente dependientes de los ocupantes, a la par que daba tiempo a estos últimos. Sobre todo porque, como muy bien se encargaba de recordar el informe, «la penetración en este tipo de organización no es una tarea nada fácil», si bien se ofrecía como la vaga promesa de una solución total y definitiva que permitiría proteger a aquellos amenazados y desvelar todos los crímenes. Ofrecida así, los alemanes entendían que esta estrategia constituía algo irrechazable.

Según el informe, «los ataques habían sido llevados a cabo sin excepción por el movimiento partisano del partido comunista de Bélgica», si bien dejaba muy claro que no siempre eran ejecutados por elementos autóctonos, sino también por comunistas extranjeros. Esto último, además de ser perfectamente posible por la presencia de muchos refugiados y emigrados en el país, debía contribuir a alimentar las percepciones paranoicas tan consustanciales al fascismo europeo, así como también sus miedos a una infiltración desde el exterior o la codificación del enemigo interno como invasor o agente al servicio de poderes extranjeros: aquella guerra interna no solo era un conflicto con tres dimensiones para los resistentes, también para los colaboracionistas. De liberación, frente a un enemigo extranjero controlado desde Moscú; de clase, por la propia distribución de la resistencia en los principales núcleos obreros industriales; y por último civil, por el ataque indiscriminado contra paisanos indefensos en base a criterios supraindividuales. Curiosamente, la manera en que se financiaban los grupos de la resistencia era muy similar al modo en que lo hacían los propios colaboracionistas: «en parte por medio del robo, la venta de cartillas de racionamiento o a través de la práctica del mercado negro», algo que no hacía sino contribuir a acrecentar el clima de inseguridad e inestabilidad en todo el país, al mismo tiempo que reforzaba la imagen del resistente como criminal de poca monta o bandido, tal y como ocurría en otros escenarios europeos. Porque el armamento y los explosivos también eran conseguidos «mediante hurtos y asaltos a minas y fábricas». En este sentido, ese tipo de acciones tenían lugar en grupos de entre diez y doce hombres, mientras que los asesinatos eran ejecutados por grupos de tres individuos, casi siempre integrados por jóvenes nacidos en las dos primeras décadas del siglo XX, e incluso a principios de los años veinte. De hecho, se destacaba que uno de los principales focos de actividad, por la variedad y multitud de casos de violencia registrados, había sido la ciudad valona de Charleroi y sus alrededores, en la zona centro-sur del país. Nada de esto es casual si tenemos en cuenta que este era uno de los principales centros industriales belgas desde la primera mitad del siglo XIX, con una larga tradición de asociacionismo y conflictividad obreras a sus espaldas, y por tanto también de políticas represivas por parte del Estado (Deneckere, 2010; Olivier, 2007). De ahí que se estuvieran dedicando mayores esfuerzos a contener a la resistencia en dicha región. Todo esto había llevado a la captura de ochenta partisanos desde diciembre de 1942, al tiempo que se habían detectado seis depósitos de armas y aclarado cinco asesinatos o intentos de asesinato, cuarenta y dos ataques sobre objetivos diversos y cinco atracos. Los resultados totales de las actividades policiales para las mismas fechas daban como resultado la captura de unos doscientos miembros de la resistencia, algunos de los cuales eran altos dirigentes de las partidas, mientras que las penas de muerte ejecutadas ascendían a sesenta, aunque se contaba con un notable aumento de estas en próximas fechas.

Durante la primavera y el verano de 1943 tuvo lugar un ciclo de violencia fascista y contraterror de unas cinco semanas que vino abierto y posibilitado en no poca medida por la presencia de voluntarios flamencos y valones concentrados en Bélgica, justo un periodo en el que sus respectivas unidades permanecieron lejos del Frente Oriental para su descanso y reorganización. En medio de este clima de tensión y radicalización política, los colaboracionistas, cada vez más expuestos a las acciones de la resistencia, se erigirían a sí mismos en intérpretes de la realidad y la justicia. Al mismo tiempo, mediante sus actos y decisiones al pie del terreno contribuían a agudizar el estado de excepción ya existente. Y, hasta cierto punto, puede dar la sensación de que los ocupantes estaban interesados en mantener a la sociedad belga en aquel conflicto de «baja» intensidad, que es precisamente la misma situación que experimentaron a partir de mediados de 1943 ciertas regiones de países como Francia y en mayor medida Italia. Este estado de cosas más o menos controlado tenía por objeto legitimar la presencia militar de Alemania en estos territorios, no ya solo como árbitro entre facciones, sino también —y sobre todo— como único dique de contención posible frente al peligro de una eventual llegada al poder del comunismo. De hecho, conforme se agudizaron las actividades de la resistencia, siendo como eran por lo general los comunistas los más efectivos, tal peligro se hizo más evidente para el conjunto de los sectores contrarrevolucionarios dentro de las sociedades europeas.

La posibilidad de que un derrumbamiento alemán diera lugar a un vacío de poder que pudiera ser aprovechado por las fuerzas subversivas era un horizonte plausible a ojos de la gente de orden, que vivía atemorizada ante dicha contingencia. De hecho, aunque suponga adelantarnos a cuestiones que trataremos en el próximo capítulo, vale la pena señalar que esto fue precisamente lo que ocurrió de facto en el Sureste asiático tras la rendición de los japoneses. El crecimiento de los movimientos y guerrillas anticoloniales de izquierdas en esta región hizo temer que el comunismo tomara el poder ante la incapacidad de las potencias europeas para retomar el control de sus posesiones de ultramar. Tanto fue así que en el otoño de 1945 el Kuomintang solicitó a las fuerzas militares niponas, con las que los oficiales chinos tenían múltiples vínculos por sus experiencias formativas en las islas y por el anticomunismo compartido, que no depusieran las armas en los territorios que ocupaban en China hasta que no pudieran recuperar el poder efectivo sobre dichas regiones. En Indochina fueron los propios británicos los que rearmaron a los prisioneros de guerra japoneses en un intento por revertir el control del país a manos del Viêt Minh, una suerte de Frente Popular que agrupaba grupos nacionalistas y de izquierdas. Así pues, se trataba de ganar tiempo a la espera de que llegaran las fuerzas militares francesas. También en Indonesia fueron las tropas británicas las que recurrieron a los japoneses en septiembre de 1945, todo ello en un intento por aplastar a las milicias nacionalistas comandadas por Sukarno (1901-1970) y Mohammed Hatta (1902-1980) antes del regreso de los neerlandeses (Bambery, 2015: 329-344). Con esto pretendemos señalar que el miedo a que el comunismo pudiera intentar hacerse con el poder en Europa occidental no era tan descabellado, por mucho que las directivas que llegaban desde Moscú no fueran en ese sentido.

En cualquier caso, si retornamos a Bélgica, vemos que este fue uno más entre los países ocupados donde las autoridades alemanas crearon unas condiciones propicias para la movilización de los aliados reales y potenciales, el control social mediante la decantación de los extremos políticos al calor de las disputas y, llegado el caso, la adopción de medidas radicales por parte de los ocupantes. Si bien no llegó a estallar una guerra abierta, la profundidad y espesor de las fracturas intracomunitarias generadas por esa confrontación multilateral entre ocupantes, ocupados, resistentes y colaboracionistas tiene todas las características de una guerra civil apenas larvada. Como en la Francia ocupada, donde en 1944 hubo enfrentamientos armados entre las guerrillas gaullistas y las fuerzas de Vichy (Paxton, 1972; Burrin, 2004), si bien el uso del sintagma «guerra civil» para referirse a los años «sombríos» de la ocupación alemana y el colaboracionismo no está exento de polémica ni de usos presentistas. En eso la historia francesa no es excepcional, sobre todo si el prisma desde el que se observa es tan discutible a nuestro juicio como el que emplea Olivier Wieviorka (2006: 338), cuando considera como elemento definitorio el que la violencia desde el poder se ejerza como consecuencia y no como componente de la guerra civil. Según él, eso se dio en las guerras griega y española. Sin embargo, en ambos casos nos encontramos con que la violencia contra la población civil, las depuraciones, asesinatos y expulsiones no solo formaron parte de la guerra, sino que alargando la mirada podrían en no pocos casos ser incluso causa de la guerra civil. Ciertamente, la definición inclusiva de Henry Rousso plantea problemas, cuando en su célebre trabajo sobre el «síndrome de Vichy» (1990, expresión por otro lado de gran éxito narrativo) se refiere a la multiplicidad de fracturas intracomunitarias en Francia como una guerra civil. Para que haya una guerra nos parecen necesarios algunos elementos como la potencia de fuego o la territorialidad, así como una vocación por la persecución del colaboracionista o el partisano, del enemigo interior y connacional, en el caso de la superposición de la guerra intracomunitaria y la de ocupación. Pues bien, esto último se dio con mucha menos intensidad que el combate entre franceses, que en casos como los que tuvieron lugar en la Alta Saboya incluso tuvo un componente de territorialidad.

Así pues, y al margen de un uso metafórico del término, ¿no es la resistencia partisana cristalizada en las Forces Françaises Combattantes un movimiento armado con vocación territorial y alternativa política en cuya persecución se empeñaron fuerzas francesas y contra las que lucharon abiertamente? Es cierto que el éxito de la movilización armada resistente entre la población civil de la retaguardia francesa fue más que limitado, e incluso insignificante entre 1940 y 1942, con no más de 65 000 voluntarios entre la Francia Libre y la resistencia interior (Wieviorka, 2006: 345), y con una clandestinidad que alcanzaría a lo sumo a unas 100 000 personas a la altura de 1944. También lo es que la colaboracionista Milicia francesa alcanzó en su apogeo una cifra escasa, que rondaría los 35 000 hombres (Peschanski, 1997). Pero tampoco eso constituye una excepción, al margen del caso albanés y yugoslavo, cuyo rápido éxito en el último caso está relacionado posiblemente con el atractivo a la vez transnacional y de castigo a otras comunidades nacionales (como la croata, sin ir más lejos) que ofrecía la resistencia partisana. Además, tal y como veremos en los capítulos dedicados a la segunda mitad del siglo XX, el estallido de guerras civiles no depende ni mucho menos de la existencia de grandes contingentes. Y por otro lado, ¿no se hacía una llamada clara y contundente a perseguir a partisanos y francotiradores, o a cazar a los traidores nacionales encarnados por los miembros de la Milicia de Joseph Darnand (1897-1945)? Una de las características que diferencian la guerra internacional de la civil es sutil pero importante: el conocimiento. Franceses, de Vichy o partisanos, compartían no solo civitas política previa, sino también territorialidad, geografía, lengua y costumbres, como en todos los países donde surgieron movimientos de resistencia. La guerra intracomunitaria obliga a pensar en la escala nacional, pero más aún todavía en la local y supralocal (Jackson, 2001: 549; Id., 2014). Y es en ese terreno donde podremos matizar su impacto real, su dependencia del marco de guerra de ocupación o la escasez del porcentaje de víctimas por enfrentamientos armados entre milicia y partisanos. Eso también nos permitirá contextualizar en un marco complejo la realidad de combates multidireccionales de la Francia de 1944 y estar de acuerdo en que, desde la concepción de la civil como guerra convencional, la debilidad de la resistencia primero, y la voluntad de Pétain después, bloquearon las «condiciones objetivas para dibujar una configuración [sic]» de guerra civil en Francia (Wieviorka, 2006: 354). Pero no negar la existencia de una lucha a escala menor entre franceses, la que Faraldo (2011: 149) denomina «guerra civil virtual», es decir, la existencia a todos los efectos de las condiciones propias del conflicto armado bilateral interno. En cuanto a las cifras de bajas mortales, el argumento de contabilizar como víctimas del conflicto interno solamente a las de los combates entre colaboracionistas y resistentes es engañoso. El carácter intracomunitario de la violencia o la guerra contra el civil son dos rasgos evidentes de este tipo de enfrentamiento, y en este caso hay que contar con las 60 000 víctimas de masacres y operaciones terrestres o las 135 000 de la deportación política y racial, como demuestra de hecho el caso italiano. Visto en perspectiva continental, el francés tiene fuertes e innegables diferencias comparado con conflictos como el griego o el yugoslavo, pero las diferencias bien podrían ser más de grado que de naturaleza. Ya lo señala Robert Gildea (2016): el relato nacional-resistente bien podría estar emparentado con la necesidad de hacer frente al trauma de la derrota, la ocupación y la guerra civil en potencia.

Parecidos escenarios hallamos a lo largo y ancho de la Europa ocupada, resistente, colaboradora o clandestina (Faraldo, 2011). Por supuesto, tal cosa no quiere decir que todos esos conflictos se acabasen desplegando o desencadenasen una guerra interna. Eslovaquia y Bulgaria fueron escenarios de levantamientos de intensidades variables contra los alemanes y sus regímenes satélite, pero no llegaron a entrar en una dinámica de guerra civil. Aunque si se trata de enfrentamientos armados abiertos, bien puede decirse que la ocupación de Grecia por el Eje entre 1941 y 1944 puso la semilla de su futura guerra civil. País independiente del dominio otomano desde 1832, la participación griega en la Gran Guerra y el fracaso que supuso la derrota posbélica en Asia Menor fueron el inicio de una larga cadena de alteraciones en su arquitectura institucional, con el plebiscito sobre la monarquía de 1923 que arrojó como resultado la victoria republicana, el nuevo plebiscito de 1935 con victoria monárquica de Jorge II (1890-1947) y regreso al poder incluido junto con el dictador Ioannis Metaxás (1871-1941), hasta la muerte de este último (Demertzis, 2011). En este sentido, la invasión combinada de Alemania, Italia y Bulgaria terminaría de fracturar la realidad sociopolítica griega, al establecerse un cruelísimo régimen de ocupación y al servir de contexto para hacer del Partido Comunista de Grecia, el KKE, una fuerza capaz de encabezar uno de los movimientos de resistencia más fuertes de la Europa ocupada y, a su vez, de liderar desde 1943 un conflicto intestino contra las organizaciones de derecha y contra las milicias colaboracionistas (Close ed., 1993; Mazower, 1994; Kalyvas, 2000).

Como ocurrió en la mayoría de los territorios ocupados, la Segunda Guerra Mundial convirtió a Grecia en un país en ruinas, con unos daños que hoy en día el Estado griego cifra en 278 000 millones de euros (Castiella, 2018). Más de 3500 pueblos y 183 000 casas fueron destruidos total o parcialmente, algo que sin duda contribuye a explicar la aparición del poderoso y eficaz movimiento partisano autóctono. De hecho, se trata del único fenómeno de esta naturaleza que, derrotado en los estertores del conflicto, logró recomponer los equilibrios de fuerzas hasta el punto de combatir una nueva guerra civil, fuera ya, y esto lo hace excepcional, del paraguas de la Segunda Guerra Mundial. Bajo el contexto de la ocupación, la colaboración inicial entre guerrillas daría paso rápidamente a la rivalidad por el control territorial, que tras la salida de Italia de la guerra en septiembre de 1943 se tradujo en un enfrentamiento abierto entre ellas y de estas con las guerrillas colaboracionistas instadas por los ocupantes alemanes. Así pues, estos fueron los contendientes y las dinámicas en el (supuesto) primer round de la guerra civil. Y lo cierto es que la lucha entre facciones fue encarnizada. El nacimiento del Frente Nacional de Liberación (EAM), surgido en 1941 pero basado en las redes de clandestinidad previas de la resistencia frente a Metaxás, contribuyó de forma notable a la articulación de un fuerte movimiento de resistencia patriótico y social (Faraldo, 2011: 172) basado en un claro predominio comunista. Su guerrilla, el Ejército Nacional de Liberación Popular (ELAS), compitió sobre el terreno con otras organizaciones armadas, como la apoyada por los Aliados y de naturaleza monárquica, la Liga Griega Nacional Democrática (EDES), al igual que sucedería en Yugoslavia o a menor escala en Italia. Miembros de otros grupos resistentes contra los que el ELAS combatía por la hegemonía política acabaron por formar parte de los también ultraviolentos Batallones de Seguridad colaboracionistas, en respuesta al efectivo control revolucionario del territorio ejercido por el ELAS en partes sustanciales del país. Siguiendo la reconstrucción que ha hecho Kalyvas de los procesos de violencia desplegados por la resistencia en las áreas que controlaba, es sencillo reconocer dinámicas de asentamiento del poder mediante el terror, la impunidad y la aleatoriedad, con un sistema de persecución del enemigo bien organizado a escala regional y supralocal, con una burocracia represiva engrasada y con una especialización letal en forma de grupos y escuadrones de asesinos que ejercían la voluntad popular mediante el internamiento preventivo o la ejecución sumaria de los considerados traidores y reaccionarios.

A efectos reales la supremacía del ELAS era notable y notoria, y más cuando el Ejército Rojo comandado por Iósif Stalin se encontró prácticamente en la frontera búlgara, a la vez que las fuerzas guerrilleras de Tito se asentaban en el poder de la nueva Yugoslavia, del mismo modo que lo hacían los partisanos albaneses con Enver Hoxha (1908-1985) a la cabeza. Forzosa y momentáneamente superados los lógicos recelos recíprocos, los comunistas se integrarían en el gobierno en el exilio de Yorgos Papandréu (1888-1968), quien reconocido por los Aliados y apoyado explícitamente por Winston Churchill representaría la alternativa institucional a la ocupación. Sin embargo, el ELAS siguió en su empeño por deslegitimar la presencia británica en el país. Fue la guerrilla y no el Ejército aliado la que capitalizó la liberación de Atenas. Pero cuando la evolución de la guerra internacional llevase a la invasión británica de octubre de 1944 y a la entrada en la capital del gobierno en el exilio, Grecia, que acumulaba más de 300 000 refugiados, miles de perseguidos por colaboracionismo y gigantescas tensiones derivadas de la polimorfia resistencial (en total la ocupación del Eje había supuesto unas 40 000 víctimas civiles, más las 15 000 producidas por la resistencia) entraría en una crisis total de la que solo saldría mediante el enfrentamiento armado. Con el fin de la ocupación, las diferencias entre facciones de la resistencia, y sobre todo las existentes entre el EAM-ELAS y los monárquicos del gobierno apoyados por el Reino Unido, estallaron irremisiblemente. El ELAS, que controlaba extensos territorios rurales del país y buena parte de la frontera norte, se vio enfrentado a las tropas inglesas desplazadas desde Italia por Churchill para anticipar y prevenir una toma del poder revolucionario. El día después de que los ministros comunistas abandonasen el gobierno en protesta por el seguidismo político y el escaso alcance de las depuraciones frente al colaboracionismo, las huelgas y las manifestaciones se apoderaron de las calles de Atenas, dando lugar a una marcha que debía confluir en la célebre plaza Syntagma, donde la policía gubernamental y las tropas británicas abrieron fuego contra la multitud.

Todas las manifestaciones propartisanas fueron duramente reprimidas por el Ejército y los rearmados Batallones de Seguridad, integrados sus miembros en la Guardia Nacional. La respuesta fueron más choques armados entre policía, Ejército, expartisanos y soldados británicos, con fuego cruzado por toda la ciudad y en sus barrios obreros y con centenares de víctimas civiles por bombardeos, ataques o represalias de orden militar o político (Lowe, 2012: 349). El ELAS trató de controlar el territorio metropolitano de la capital, también con una importante incidencia violenta en forma de toma y asesinato de rehenes. Fracasado el levantamiento de Atenas de diciembre de 1944, la situación fue aprovechada por el gobierno griego, que apoyado por los ingleses con la coordinación personal de Churchill llevó a cabo una campaña contrarrevolucionaria y desmovilizadora a partir de partidas paramilitares que ejecutaron arrestos masivos (hasta 50 000) de miembros de las milicias comunistas. El bando gubernamental contaba con la determinación británica y su apoyo militar, por lo que la guerrilla comunista hubo de aceptar el armisticio a cambio de amnistía y de la promesa de profundizar en la depuración de colaboracionistas. Con el acuerdo de Varkiza de febrero de 1945 el ELAS no fue prohibido, pero sí mayoritariamente desarmado. Sin embargo, eso desencadenó una campaña de terror contrarrevolucionario: entre febrero de 1945 y febrero de 1946, de acuerdo con las fuentes del EAM fueron asesinadas 1192 personas, y seguramente más de 160 mujeres fueron violadas (Voglis, 2002; Gerolymatos, 2004) a manos de la Guardia Nacional. Es lo que se suele llamar el segundo round de la larga guerra civil griega. El tercero y definitivo sería la guerra abierta entre comunistas y anticomunistas, de la que se hablará más adelante.

Sangre llama sangre: la guerra civile en Italia, 1943-1945

SANGRE LLAMA SANGRE:

LA GUERRA CIVILE EN ITALIA, 1943-1945

Si la española fue la guerra civil más conocida de la era del fascismo, no fue desde luego la única. Conflicto interno a la vez que guerra en la frontera sur europea del Tercer Reich, la revisión de la italiana de 1943-1945 y del contexto de la resistencia y la guerra de ocupación y partisana como una guerra civil ha generado fuertes resistencias conceptuales, políticas e historiográficas, como es bien sabido. Tratándose del gran tema del contemporaneísmo italiano, el del fascismo y el antifascismo y la guerra entre ambos proyectos de sociedad ha generado toneladas de literatura histórica, básicamente desconocida e ignorada en España (Baldissara, 2015). Al igual que muchos otros conflictos internos en los que se superponen guerra civil y de ocupación, resistencia y colaboración, el caso italiano genera no pocos debates e interrogantes. El uso del término es, de hecho, una de las fronteras más marcadas dentro de la historiografía italiana, desde que en 1991 Claudio Pavone planteara sus hipótesis sobre la configuración, más allá del uso propagandístico del término, del periodo 1943-1945 italiano como una guerra civile, y de que fuese después adoptado con naturalidad por uno de los padres fundadores de la historiografía contemporánea en Italia, Renzo de Felice (1997), en el último e incompleto volumen La guerra civile (1943-1945) de su monumental biografía de Benito Mussolini (1883-1945), publicado de manera póstuma.

La guerra entre la resistencia armada y el fascismo de Salò fue una de las diferentes guerras que se combatieron en suelo italiano entre 1943 y 1945 para la derrota del Eje, pero no fue desde luego la única. Podemos situar tanto en la larga como en la corta duración los antecedentes de la guerra interna entre fascismo y antifascismo: desde la reclamación bien conocida de Benito Mussolini del fascismo como un estado de guerra permanente hasta las fracturas políticas internas derivadas de la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940 o la deposición de Mussolini por parte del Gran Consejo Fascista en julio de 1943, existen elementos que contribuyen a explicar la escalada que desembocó en la avalancha de la guerra civil. Sin embargo, de cara a favorecer el análisis comparativo, debemos destacar cuestiones puramente contingentes: la fractura estatal derivada de la caída de Mussolini, el armisticio de la jefatura del Estado y del gobierno de Pietro Badoglio (1871-1956) con los Aliados en septiembre de 1943, la ocupación de la Italia septentrional por parte de la Alemania nazi, la creación de la Repubblica Sociale Italiana o de Salò (RSI) y el desembarco de los ejércitos angloestadounidenses en el sur acompañado de la sumisión al gobierno militar aliado de ocupación (AMGOT)[4]. Todos estos factores unidos crearon un contexto que condujo de facto a una situación de fractura en la soberanía nacional-territorial, estadio ideal para la aparición del fenómeno de la guerra civil. En la Italia fracturada en dos zonas diferenciadas (la RSI y la Italia de Badoglio), territorio sujeto a una única soberanía antes de su fragmentación, se superpusieron, como en Francia, Bélgica, Grecia o Yugoslavia, una guerra mundial (con ocupantes en ambos territorios) y, en el territorio dominado por la RSI, un combate interno entre fascistas y antifascistas por la legitimidad y la soberanía. Esta última es la que puede considerarse una guerra civil: fundamentalmente la lucha armada entre fascistas y antifascistas por la territorialidad en la mitad norte del país, en las regiones controladas por la RSI, y no tanto la disputa entre dos gobiernos autoerigidos como legítimos: uno, el de Badoglio, que daba continuidad a la monarquía, y otro, el de Mussolini, que heredaba la legitimidad del fascismo y sus instituciones.

Es importante aclararlo desde el inicio: los enfrentamientos armados, las matanzas y las venganzas a tres y cuatro bandas (fascistas, antifascistas, alemanes, Aliados), con una radical incidencia sobre la población civil, fueron sobre todo el resultado de una guerra interna iniciada tras el armisticio de 1943, con muchas de las características propias de las guerras civiles en los contextos de ocupación territorial y de guerra irregular. Pero también fueron el resultante de la yuxtaposición de conflictos y guerras entre fascismo y antifascismo, ocupantes/colaboracionistas y resistentes, como señalara un editorial del diario l’Unità de 1944 en el que se instaba a hacer una guerra patriótica contra el invasor, la guerra política contra las fuerzas reaccionarias y la guerra civil contra los fascistas colaboracionistas (Pavone, 1991: 252). De nuevo sin casus belli definido, en la medida en que no hubo una declaración de hostilidades, la partición del país en dos zonas diferenciadas (ambas con ocupantes extranjeros), con dos gobiernos autoproclamados como legítimos y, sobre todo, con un Ejército partisano en el norte haciendo las veces de fuerzas de liberación vinculadas no sin problemas a las fuerzas políticas y a las instituciones posfascistas del sur, llevaría a la confrontación armada y violenta entre legitimidades como resultado de este conjunto irregular de factores. A la ruptura de la nación. Por un lado, la Italia antifascista en algunos casos, posfascista en otros, pero contraria a la ocupación alemana en ambos. Por el otro, la RSI, con su regreso al sansepolcrismo y su contexto de violencias multidireccionales, que pondría en marcha una suerte de palingénesis interna del proyecto fascista, fue una entidad política desarrollada en el marco de la guerra, primero mundial y luego, y a la vez, civil. El paroxismo que alcanzó el fascismo italiano en este periodo, donde se revelaron de hecho la naturaleza, el verdadero alcance y las limitaciones de dicha cultura política, quedó perfectamente recogido en la controvertida obra de Pier Paolo Pasolini, Salò, o los 120 días de Sodoma (1975), una crítica magistral que puso de manifiesto el vacío espiritual y los profundos traumas que dejó tras de sí la violencia fascista. A pesar de las campañas moralistas que la persiguieron no es una película sobre sexo ni coprofagia, no es una locura lo que vemos en ella, sino el resultado de la frustración y la huida hacia delante ante un proyecto que naufraga, del cual es encarnación la RSI, y que se ha mostrado incapaz de crear ese nuevo hombre y esa comunidad fascistas que proclamaba.

No hubo pues casus belli, pero sí un proceso que desembocó en la avalancha de la guerra civil y que la mayoría de fuentes historiográficas tienden a identificar con un elemento si se quiere concreto, pero que al mismo tiempo resulta capital para comprender todas las guerras internas. Entre octubre de 1943 y la primavera de 1944, las partidas guerrilleras (en los Abruzos y Piamonte, sobre todo) estaban compuestas por militares huidos y por exprisioneros de campos, no por una masa organizada de combatientes. En esos primeros meses resulta complicado hablar de una guerra civil, por más que empezase a operar desde Roma el Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) presidido por Ivanoe Bonomi (1873-1951) y se diesen acciones puntuales como las operaciones de naturaleza terrorista de los Gruppi di Azione Patriottica, los temidos GAP. Lo que hizo de la resistencia un movimiento con músculo y capacidad militar fue la negativa a seguir formando parte del Ejército fascista una vez fundada la RSI. Muchos guerrilleros y futuros guerrilleros se echaron al monte para evitar el enrolamiento obligatorio, el célebre Bando Graziani, decretado en febrero de 1944 por Mussolini, quien a su vez declaró disuelto el vínculo de los italianos con la figura del rey. Es decir, que en lo que se concretó la fragmentación de la soberanía, la territorialidad y las fuerzas armadas fue en la decisión de los hombres armados por seguir una orden u otra, por acatar el enrolamiento en la RSI u oponerse a él. La clave de la fractura interna en la Italia de 1943-1945 debe leerse en términos de definición de la identidad nacional, la legitimidad del poder y el control territorial (Pavone, 1991: 169 y ss). Sin ser ni mucho menos lo mismo, vale la pena recordar que lo que nutrió de hombres las resistencias francesa o belga fue el rechazo de muchos jóvenes a ser deportados a Alemania para trabajar en su industria de guerra. Para evitarlo, muchos de ellos se lanzaron a los bosques y las montañas, plenamente conscientes del incierto destino que les esperaba en las fábricas, bombardeadas de manera regular por los Aliados, y en las colonias o campos de trabajadores, con unas condiciones de vida que dejaban mucho que desear. En cualquier caso, la comparación resiste hasta cierto punto desde el momento en que, por ejemplo, las levas impuestas por los alemanes para cumplir con los requerimientos del temido STO impuesto por Fritz Sauckel, Plenipotenciario del Reich para el Trabajo, fueron ordenadas por las propias autoridades de Vichy desde mediados de 1942. Así pues, y aunque muchas veces fuera a posteriori, también aquí el conflicto tuvo una indudable dimensión nacional (Spina, 2017).

De hecho, también ha de tenerse claro que la decisión última de identificar la italiana como una guerra civil supone enfrentarse a un gran número de contradicciones. Para el escritor fascista Giorgio Pisanò (1924-1997), el agente causante de la guerra habría sido el comunismo partisano, puesto que, a diferencia de los guerrilleros, ni el gobierno del sur ni la RSI habrían tenido intención de destruir la sociedad italiana ni de enfrentar a italianos contra italianos. Y siempre bajo esa lógica, cuando Salò declarase la guerra a la resistencia, anunciando incluso que cualquiera no autorizado que fuese encontrado con armas sería inmediatamente fusilado, lo haría como reacción a la cadena asesina partisana. La debilidad del argumento es evidente, pero sin embargo no puede esconder que el conflicto partisano/antipartisano y las violencias desplegadas en él en forma de guerra al civil fueron procesos sujetos a un fuerte desequilibrio, pero no por ello fueron violencias unilaterales. En última instancia, la guerra italiana no deja de ser un conflicto interno donde, por un lado, existieron unidades de un Ejército regular y, por otro, básicamente partidas guerrilleras organizadas para el combate irregular que, pese a ser numerosas, luchaban en franca inferioridad. Y bien es sabido que dentro de esas modalidades de guerra siempre abundan las violencias, represalias, persecuciones y asesinatos de combatientes y civiles al margen del acto de guerra, o como parte integrante de lo que el combate realmente es.

Es cierto que esa imagen de guerra civil vino subrayada por el hecho de que tanto los Aliados como el gobierno de Badoglio reconocieron el Corpo Volontari della Libertà, la fuerza unificada de las unidades partisanas en junio de 1944, encabezada por el general Raffaele Cadorna (1889-1973) como un Ejército nacional italiano y, por tanto, beligerante en una lucha de liberación. Sin embargo, la guerra de la Resistenza distó de ser la guerra del monarca y el gobierno Badoglio, sino más bien la del CLN hasta 1944, cuyas relaciones con la jefatura del Estado y del gobierno, al menos hasta la liberación de Roma y el paso de Bonomi a la jefatura del consejo de ministros, fueron más que conflictivas. El CLN fue la organización que mejor reflejó la complejidad del antifascismo, pues al lado del Partido Comunista Italiano (PCI) de Palmiro Togliatti (1893-1964) se sentaban las organizaciones liberales, democristianas y socialistas, que no siempre tenían las mismas agendas ni iguales concepciones sobre la arquitectura política que debía dar forma al edificio institucional posbélico y posfascista. El pacto político a seis bandas, que dejó fuera a importantes sujetos del antifascismo, implicó también el control ideológico y organizativo de las brigadas partisanas, predominando las comunistas, que contabilizaban aproximadamente la mitad de las más de mil que llegó a haber operando sobre el territorio, y las casi doscientas del Partito d’Azione, del que saldría el primer ministro Ferruccio Parri, Maurizio (1890-1981). Sin embargo, es igualmente cierto que un número importante de unidades partisanas no pertenecieron a las organizaciones políticas del CLN, y que por tanto no respondieron al mando de Roma, al menos en teoría. Esta variabilidad y autonomía organizativa y de mando sería una de las características diferenciales del conflicto italiano.

Como tal, la guerra interna enfrentó de hecho a dos ejércitos organizados, pero no siempre ni en la misma medida, ni tampoco con un control territorial rígido ni definido. Al margen de la existencia de unas 17-18 repúblicas partisanas (como las de Montefiorini, en Módena, o las de Val d’Osola, Carnia y el Alto Monferrato), la mayoría de ellas de pocos meses de vida y aniquiladas por las tropas del Eje durante 1944, el CLN con sede en Roma tenía una territorialidad ambigua y difusa, como también el Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) de Alfredo Pizzoni (1894-1958), que era de hecho el mando militar y político operativo sobre el terreno desde enero de 1944. Primero por conveniencia militar, y segundo porque tal era la naturaleza misma de la lucha partisana que de facto identificaba al partisano con el territorio (Baldissara, 2017). Enfrente, la RSI dependía directamente del control territorial y militar de la Alemania nazi, exactamente igual que ocurría en los Balcanes con el NDH, con lo que tampoco puede considerarse sin matiz alguno que el norte de Italia constituyese una civitas política y territorial, porque además el nuevo Estado fue privado del control de parte de sus antiguos territorios nororientales, destinados a ser anexionados por el Reich. Sin embargo, los combates entre unos y otros sí respondieron a la imagen clásica de la guerra civil como lucha entre compatriotas, como guerra fratricida: los alemanes cedieron siempre la lucha antipartisana, la disputa por la soberanía y el control territorial de la retaguardia a las fuerzas italianas de Salò. Entre ellas cabe destacar la Guardia Nazionale Repubblicana, las Brigate Nere y las unidades especiales como la X Flottiglia MAS (acrónimo de los Motoscafi Armati Siluranti, un arma submarina italiana de pequeño tamaño usada en la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo), la milanesa Legione Autonoma Mobile Ettore Muti (que recibió su nombre por el aviador fascista responsable de los primeros bombardeos italianos en la España de 1936, entre otras hazañas), o la Banda Carità (por Mario Carità, el fundador del Reparto dei Servizi Speciali de Florencia, dependiente de la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale), entre otras. Todas estas unidades constituían grupos militares fieles a la RSI, al fascismo y al Duce, al tiempo que se caracterizaban por un considerable margen de autonomía y por empeñarse con ahínco en la guerra contra los del monte.

La guerra antipartisana se desplegaría básicamente en tres fases diferentes. La primera se concentró en el otoño-invierno de 1943-1944, con la creación de las primeras formaciones partisanas en las zonas de asentamiento del dominio alemán, en el centro y norte de Italia. La segunda estuvo marcada por las primeras operaciones antipartisanas de la primavera de 1944, conducidas por unidades alemanas con la ayuda de tropas de la RSI. Finalmente, la tercera y última se correspondería con los combates que tuvieron lugar a partir del verano de 1944, tras la caída de Roma en manos aliadas y el reforzamiento tanto de los grupos partisanos como del poder de Salò (que puso en marcha la militarización forzosa y las Brigadas Negras) hasta la insurrección general de abril de 1945. En paralelo, las formas autónomas de la violencia fascista trazarían un recorrido de radicalización, heterofobia, autogestión de bandas irregulares y combate a ultranza hasta el final (Rovatti, 2011; Avagliano y Palmieri, 2017: 315). Esto explica que de las más de 5500 matanzas registradas por el Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia en la guerra al civil italiana de 1943-1945, con más de 23 000 víctimas mortales identificadas (fueron muchas más) al margen de los caídos en combate, el 21 % fueran ejecutadas de manera autónoma por fuerzas italianas, es decir, sin la participación de los ocupantes alemanes.

A partir de esa imagen de irregularidad, la guerra civile se desplegó en forma de enfrentamientos armados fuertemente asimétricos. Sin embargo, ni siempre hubo territorialidad ni existió una potencia de fuego equiparable, como se demostró en las campañas de represalia del Eje en el otoño e invierno de 1944, que dejaron al movimiento partisano exhausto y ansioso de que llegara la ofensiva final aliada. De hecho, las operaciones conducidas por el Eje en aquella segunda mitad del año concluyeron con la desarticulación y la práctica eliminación de algunas de las zonas libres bajo control territorial partisano. Tras el terrible invierno de 1944-1945, la defensa última del territorio nacional frente a la invasión aliada, es decir, la defensa del fascismo y de Italia (a la vez, pues para los ragazzi di Salò eran la misma cosa), fue obra de italianos. Su derrumbamiento también. No obstante, la disputa institucional nunca fue binaria: cuando las tropas norteamericanas tomaron Roma en junio de 1944 pareció que se constituía una línea de mando precisa, pero ni mucho menos la acción militar estuvo estrictamente vinculada a la autoridad romana, y a veces ni siquiera a la de Pizzoni. De hecho, la variedad de las formaciones partisanas no solo se explica por la diversidad política de sus integrantes. Y es que, además de comunistas y socialistas, en las filas de las formaciones Garibaldi también se integraron democristianos, liberales urbanos del Partito d’Azione integrados en las unidades Giustizia e Libertà, e incluso monárquicos. Esto tampoco se explica solamente por las diferentes situaciones que cada partida guerrillera hubo de afrontar, fuese en las expuestas cumbres del Valle de Aosta o en las ciudades medias de las regiones de Emilia, Piamonte o Lombardía, donde actuaban los GAP. Posiblemente, el motivo central de la falta de coordinación estuvo en el aislamiento. Una vez perdida Roma, la ocupación alemana y el reforzamiento republicano se basó en la separación neta entre el norte y el sur mediante la Línea Gótica. Cercadas las unidades resistentes, dependientes en muchos casos de sus propios recursos, la acción coordinada fue rara y normalmente poco efectiva. Además, cada intervención venía seguida por represalias cada vez más contundentes.

En no poca medida, esa guerra entre italianos se desplegó en forma de persecuciones, limpiezas de retaguardia y acciones terroristas. También hubo torturas generalizadas y ubicadas en centros especializados para ello, tras lo cual había una lógica de castigo y una necesidad de obtener información de una población muchas veces percibida por los ocupantes y sus aliados como hostil (Franzinelli, 2018). En esa retaguardia, que no dejaba de ser la frontera sur de la Alemania nazi en Europa, aparecían zonas liberadas por las partidas de partisanos. De su pacificación (violenta, se entiende) dependía la seguridad de la Wehrmacht y del Reich, sobre todo en su retirada hacia el norte en 1944. Por eso mismo, desde junio de ese año los civiles serían oficialmente considerados responsables de los ataques o de la presencia de partisanos en sus zonas de residencia. De ahí que el control de los hostiles y las líneas de retirada llevase a masacres de partisanos, pero también de civiles, como los de Sant’Anna di Stazzema o de Monte Sole, ambas a manos de jóvenes encuadrados en la 16.ª Panzergrenadier Division Reichführer-SS (Battini y Pezzino, 1997; Franzinelli, 2002; Rovatti, 2004; Klinkhammer, 2006; Pezzino, 2007; Baldissara y Pezzino, 2009). La primera fue una acción de retirada basada en la política de tierra quemada, según prácticas que ya habían sido desplegadas en el Frente Oriental durante todo el año anterior (Rutherford, 2014: 357-373). En el curso de aquellas operaciones las tropas alemanas, apoyadas por miembros de la Brigada 36 Mussolini, dejaron el 12 de agosto de 1944 más de 500 víctimas mortales civiles (que no habían obedecido la orden alemana de evacuación) en la plaza del pequeño pueblo de Stazzema, en los Apeninos toscanos. Hasta hacía muy poco, la zona había sido lugar de fuertes enfrentamientos entre alemanes, partisanos y fascistas de la X MAS. Un mes después la misma unidad, especializada en las formas más crueles y efectivas de lucha antipartisana, llevaba a cabo la masacre de Monte Sole, un entorno de montaña al sur de Bolonia que comprendía tres municipios diferentes. Entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 1944, en el marco de una operación antipartisana de limpieza del espacio de retaguardia adyacente a la Línea Gótica, fueron asesinadas casi 800 personas, en su mayoría mujeres y niños, bajo el pretexto de que constituían apoyos de la guerrilla. Parte de la población se había refugiado en la iglesia de Santa Maria Assunta, de donde fueron sacadas para ser ametralladas en el cementerio colindante. La búsqueda casa por casa de supuestos colaboradores con la guerrilla partisana, mecanismo que en italiano se denomina con el infame nombre de rastrellamento, aumentó todavía más si cabe la crueldad inusitada de la persecución contra los civiles. En Monte Sole fueron asesinados, decapitados y arrojados vivos al fuego en brazos de sus madres decenas de niñas y niños, cuyo recuerdo se proyecta hoy al presente desde la Scuola di Pace. En Sant’Anna, la víctima más joven tenía 20 días de edad.

Sin embargo, la sola lucha antipartisana no explica por sí misma semejante ensañamiento. Ambas matanzas, como de hecho las muchas recopiladas por la historiografía[5], son buen reflejo de la terrible realidad que hubo de enfrentar la población civil, independientemente de si el conflicto era de ocupación, civil o ambas a la vez: una guerra al civil de un carácter increíblemente desproporcionado y desequilibrado, planificada, aunque como siempre con elementos de improvisación y puesta en manos de unidades especializadas apoyadas por población del lugar. Una guerra al civil que se desplegaba con continuidad evidente en zonas de retaguardia e inestabilidad territorial y militar: antes de Sant’Anna tuvo lugar la masacre de 72 civiles en Forno; poco después la de Fivizzano, que se calcula que causó más de 340 víctimas mortales; y luego Camaiore o Mezzano. En todos los casos, salvo el último, al tratarse de un campo de concentración de prisioneros, con especial prevalencia de las mujeres y los niños. A estas masacres se unirían otras en las ciudades del norte del país, algunas de ellas auténticos símbolos de la guerra interna en Italia. El 17 de julio de 1944 fuerzas republicanas abrían fuego en la Piazza Tasso de Florencia, dejando cinco cadáveres en represalia por la adscripción histórica del barrio de San Frediano a la izquierda y el antifascismo, según es interpretación común. En agosto, la Legione Muti asesinaba en el Piazzale Loreto de Milán a quince partisanos en venganza por actos de sabotaje, cuyos cadáveres fueron expuestos públicamente; la misma plaza donde no por casualidad, sino por macabra compensación, colgarían los guerrilleros boca abajo el cadáver de Mussolini junto al de su amante y los de otros tres fascistas el 29 de abril de 1945, un día después de su muerte. La sucesión de actos de violencia sería infinita de describir: masacres, atentados, ahorcamientos en lugares públicos como en Ivrea (Turín), en cuya plaza central colgaron en agosto de 1944 a un joven, apenas un adulto, supuestamente por haber tratado de atacar a la X MAS. Este tipo de políticas de la violencia refuerzan nuestra tesis de que, a partir de mediados de 1943, y muy especialmente desde 1944, se produjo una confluencia o equiparación cada vez mayor entre las praxis desplegadas por las fuerzas alemanas y sus aliados en el este y en el oeste, lo cual en cierto modo no deja de ser fruto de su propia vulnerabilidad y sensación de cerco crecientes.

No son pocas pues las contradicciones, pero tampoco son pocos los elementos en común que contribuyen tanto a matizar su caracterización como guerra civil y, viceversa, a modular la categoría misma, contribuyendo a su contextualización y análisis desde la contingencia. El de 1943-1945 en Italia estuvo lejos de ser un conflicto civil convencional, aunque ese fuese de hecho un vínculo común de todas las guerras internas después de la española y la coreana, como veremos, a partir de las cuales es difícil compartimentar las guerras en una sucesión de batallas. Como se ha señalado, la que nos ocupa aquí compartió características de forma muy clara con las guerras rusa y española, como la predominancia de las víctimas civiles frente a las uniformadas: de las más de 187 000 víctimas aceptadas para el periodo 1943-1945 por Claudio Pavone, 120 000 eran no combatientes. Se estima que las torturas, ejecuciones y deportaciones acabarían con la vida de entre 10 000 y 15 000 personas —7400 según los datos de los Carabinieri— en acciones de represalia y violencia fascista contra los partisanos y la población civil. Como ha señalado Toni Rovatti, las autoestimaciones abiertamente deformantes sobre las ejecuciones capitales en Italia entre octubre de 1943 y abril de 1945 estarían en algo más de 1400 por parte italiana y unas 800 por parte alemana. Y, pese a tratarse de una autorrepresentación, todo indica que las ejecuciones por sentencia judicial serían una minoría respecto a las extrajudiciales, como en todas las guerras civiles europeas y como en todas las que estaban por venir a nivel global.

Para estas segundas, las extrajudiciales, los victimarios serían mayoritariamente las autoridades italianas y no las alemanas, caso de poder proyectarse esa misma proporción. En ese sentido, no es casualidad que en el clima de guerra interna, ocupación alemana y radicalización fascista tuviese lugar un fenómeno como el de las deportaciones de judíos y partisanos a los campos de trabajo y de exterminio en el este europeo (Mayda, 2002; Matard-Bonucci, 2008). Desde el prisma de los ejecutores de estas políticas se trataba de medidas para garantizar la seguridad y el control del territorio frente a elementos subversivos reales o potenciales, y por tanto también el bienestar y la cohesión de la comunidad nacional. Sin ir más lejos, Christian Gerlach dejó muy claro hasta qué punto el momento elegido por Hitler para poner en marcha el exterminio de los judíos europeos coincidió con la grave crisis militar del invierno de 1941-1942, cuando se hizo evidente que la guerra iba a ser larga y que se habría de librar en dos frentes. En esta situación, y de acuerdo con la visión que se tenía de ellos, los judíos pasaron a ser vistos como una grave amenaza interna para el orden, «enemigos, revolucionarios, saboteadores, espías, “partisanos” en su propio patio trasero». Por eso el mismo Hitler le hizo saber a Heinrich Himmler (1900-1945) que los judíos debían «ser exterminados como partisanos» (Gerlach, 2014: 320). Esa misma distorsión era la que le permitía a este último enorgullecerse y afirmar lo siguiente en una conferencia privada dirigida a las más altas jerarquías de las SS el 4 de octubre de 1943 en Posen [Poznań], que si bien podría parecer un ejercicio de prestidigitación, pone de manifiesto la mentalidad y los marcos de referencia fascistas:

Sabemos cuán difíciles serían las cosas si todavía hoy en cada ciudad durante los bombardeos aéreos, bajo las exigencias y privaciones de la guerra, tuviéramos judíos como saboteadores secretos, agitadores e instigadores. Estaríamos probablemente en la misma situación que en 1916-1917 si los judíos todavía moraran en el cuerpo de la comunidad nacional alemana […]. Tenemos el derecho moral, tenemos el deber frente a nuestro pueblo de hacerlo, de matar esta gente que quiere matarnos a nosotros. […]. Pero en general podemos decir que hemos llevado a cabo la más difícil tarea por amor a nuestro pueblo.

Piénsese en el caso de la deportación de Primo Levi (1919-1987) a Auschwitz en febrero de 1944: hecho prisionero por fascistas de Salò en una partida partisana, fue sin embargo destinado a un campo de trabajo. A partir de octubre de 1943, y con la radicalización fascista derivada de la situación de disolución interna y de la ocupación alemana, la RSI deportó al enemigo partisano y judío a los campos de exterminio: a mediados de mes más de 1000 judíos fueron arrestados en Roma y enviados a Auschwitz, destino también de la mayoría de los aproximadamente 6800 deportados identificados (más otro millar de no identificados), apoyándose en campos de nueva creación como los de Fossoli en Módena, Bagno a Ripoli en la Toscana o Corte Maggiore en Milán. Fossoli es la metáfora perfecta del universo concentracionario en la Italia fascista: primero un campo de prisioneros aliados antes de 1943, después un campo especial de internamiento de judíos bajo la RSI (del que salió deportado a Polonia Primo Levi en el segundo convoy del 24 de febrero de 1944), y finalmente un campo de tránsito (Polizei-und Durchgangslager) gestionado por las SS, del que salieron deportados cerca de 5000 internos (como mínimo cinco convoyes a Auschwitz). Desde estos campos, con pasos intermedios por los puntos de tránsito en las zonas de operaciones alemanas del Alpenvorland y el Adriatisches Küstenland, de Risiera di San Sabba, en Trieste (que habría contado en sus instalaciones con un crematorio) y de Bolzano, al que se trasladó la administración de Fossoli en agosto de 1944, salieron convoyes a los campos de la Aktion Reinhard, enmarcada en la llamada Solución Final. De los aproximadamente 32 200 judíos italianos sobre los que en 1943 pendía la amenaza de internamiento y deportación, 7658 habían desaparecido en 1945. Así pues, la superposición de guerras en Italia fue el contexto propiciatorio para la quiebra comunitaria.

De nuevo, en lo tocante al modo bélico, la frontera entre la guerra mundial, la civil, la guerra de guerrillas y la insurrección revolucionaria fue porosa, y por tanto es difícil de trazar. Además de los combates de la lucha partisana, los enfrentamientos armados más significativos fueron los que tuvieron lugar con la insurrección de abril de 1945, con la toma de los núcleos urbanos de un centro-norte abandonado por las tropas del Reich y el final de la guerra (Fulvetti y Pelini, 2006). Así pues, el éxito dependió tanto de la fuerza de la resistencia como de la falta de convicción alemana a la hora de defender los restos de la RSI. La mayor victoria armada, tras más de un año sufriendo el desgaste de las operaciones contrainsurgentes y la falta endémica de recursos, tuvo lugar al final, cuando la ofensiva aliada de abril de 1945 vino acompañada de la insurrección general partisana (Peli, 2006: 135 y ss). Cuando el frente defensivo alemán se descompuso, las primeras unidades guerrilleras entraron en la ciudad de Imola. Dos días después, el 16 de abril, ante la desbandada de ocupantes y colaboracionistas el CLNAI daba órdenes de tomar todas las capitales y centros urbanos. Bolonia era liberada el 19 de abril por partisanos, y al poco llegaban las tropas de infantería norteamericanas. En eso la capital emiliana fue pionera de algo habitual en el norte del país: que las ciudades fuesen tomadas antes por los partisanos que por los ejércitos aliados. Una de ellas, probablemente la más importante, fue Milán. En la capital lombarda el comité insurreccional inició la sublevación el 25 de abril, que quedaría en la memoria y en la conmemoración pública como la fecha icónica de la Liberazione y del fin de la guerra, pese a que durante algunos días más las unidades fascistas y los partisanos combatiesen por las calles de ciudades como Turín, al menos hasta el primero de mayo, fecha en la que llegaron a la capital piamontesa las tropas aliadas.

Como decía un comunicado del CLNAI de abril de 1945, la guerra había dejado el país cubierto de ruinas morales y materiales. Por un lado, la conflagración mundial, pero también la de liberación, que durante décadas solo fue reivindicada como civil por los perdedores, ello a pesar de que no pocos testimonios hablan precisamente de la Liberazione como un conflicto entre italianos. Sin ir más lejos, para el primer ministro Ferruccio Parri la liberación interna —o la guerra civil como forma de aniquilación del fascismo de Salò— era un requisito tanto o más importante que el de la liberación del enemigo ocupante, algo que ya hemos visto también en el modus operandi de la resistencia en Francia o Bélgica (Bermani, 2003: 29 y 30). De hecho, más que a los ocupantes la justicia de la liberación persiguió a los compatriotas, acusados de elaborar listas y de participar de la violencia contra los civiles durante la guerra, bien activamente o bien aprovechándose de ella. En la Italia de posguerra las Corti d’assise extraordinarias (tribunales para los delitos más graves) juzgaron entre 15 000 y 20 000 casos, en el tiempo de una justicia sancionadora contra el fascismo y los fascistas, denunciada a su vez por juristas de diferentes colores políticos, que la tildaban de haber abandonado los elementos fundadores del derecho penal. Retroactiva, basada en tribunales ex post y en la presunción de culpabilidad, fue la imperante en ese tiempo de reconfiguración de la legitimidad nacional, durante el cual hubieron de dirimirse los cargos de traición a la patria y al Ejército, de colaboración (también horizontal) con el «odiado alemán» o incitación a la guerra civil. La giustizia della piazza se desplegó rápidamente contra el colaboracionismo y contra el fascismo de Salò, algo que pudieron comprobar en carne propia los 55 jerarcas asesinados en julio tras el asalto al penal de Schio, en Vicenza (Woller, 1996; Oliva, 1999; Dondi, 2004).

Según señalaba en 1945 la Corte de Casación de Milán, la obligación de los ciudadanos italianos bajo la RSI era mantener fidelidad al «verdadero Estado italiano», el del sur, declarando ilegítimo el poder republicano y dotando a las fuerzas partisanas de la legitimidad de las fuerzas armadas italianas, de las cuales habrían sido continuadoras. De un plumazo se solventaba la más compleja de las cuestiones relativas al 1943-1945 italiano: la multiplicidad y complejidad de legitimidades y soberanías en un contexto de guerra a la vez interna y de ocupación (Focardi y Nubola eds., 2015). A efectos penales la situación italiana se vio agravada fundamentalmente porque en 1945 se produjo la derrota de un sujeto que se autoproclamaba legítimo propietario, aunque en disputa, de la soberanía nacional. La complejidad de la situación llevaría a la amnistía Togliatti de junio de 1946, promulgada en un contexto constituyente y a escasos días de la proclamación de la República, y que ha sido explicada, entre otras cosas, en base a la incapacidad de los tribunales para reconducir al camino de la legalidad a un país roto por la violencia. El fin de la justicia de transición, que puede extenderse hasta la ampliación de la amnistía en 1947 con el tercer gobierno de De Gasperi (1881-1954), y prolongarse hasta la clemencia hacia el colaboracionismo en 1953, pudo implicar lo que Mimmo Franzinelli ha denominado el colpo di spugna, es decir, la impunidad de facto de los crímenes fascistas en África, en España, en Yugoslavia, en Grecia, y por supuesto en la propia Italia, desde los responsables de torturas y razzias antipartisanas a los cazadores de judíos. Por obra u omisión, ese modelo supuso la amnistía como mecanismo de pacificación o, incluso, de nuevo comienzo en Italia. Ese era el «modelo italiano» de justicia de transición: ni rígida persecución penal, ni cancelación de juicios, sino práctica impunidad con el pasar de los años.

La resistencia fue rápidamente encumbrada como movimiento patriótico y nacional frente a la no connacionalidad del enemigo interno, aunque tal cosa fuese abiertamente falsa. Dentro de esta lógica se explica que la reclamación potencialmente equiparadora de la noción de guerra civil fuera reivindicada fundamentalmente por los vencidos, aunque no en exclusiva. Algunos fueron primeras espadas literarias como Giorgio Pisanò, quien formó parte de la X MAS y fue primer secretario del neofascista Movimiento Social Italiano (MSI). Este escribió en los años sesenta dos de las obras centrales para la relectura posfascista del período de la RSI: Sangue chiama sangue, en 1962, y su Storia della guerra civile in Italia, 1943-1945, en 1965. Solamente en décadas recientes se ha accedido a cierta normatividad conceptual en torno a la existencia de una guerra civil en el contexto de la conflagración mundial en Italia. Este proceso ha tenido lugar sobre los rescoldos aún calientes de un relato nacional, base de la legitimación institucional republicana y nacido de la victoria antifascista, que atribuye de forma mayoritaria a la Alemania nazi la responsabilidad de cualquier crimen, matanza o represalia sobre poblaciones civiles entre 1939 y 1945 (y sobre todo entre 1943 y 1945), y nunca al bravo italiano; que no reconoce el grado de popularidad y adhesión que logró el fascismo de Mussolini; que plantea grandes dificultades a la hora de interpretar la Liberazione como un conflicto interno (fascismo contra antifascismo) con agentes externos (Alemania y los Aliados); y que, en suma, establece de forma unánime el nacimiento de la Primera República como una suerte de segundo Risorgimento o de reunificación nacional (Gallerano, 1993; Di Sante, 2005; Natoli, 2005; Borgomanieri, 2006). A partir de la rimozione de Salò del centro gravitacional de la nación italiana y su identificación con el agente extranjero invasor y no con el connacional, la noción de guerra civil, incluso en sus elementos narrativos más básicos de conflicto entre italianos, desaparecería del relato de la Italia contemporánea para regresar con fuerza en el contexto de la crisis institucional de la República. En los noventa el escritor Giampaolo Pansa (1935-) reivindicaba con fuerza la italianidad de la sangre de los vencidos, de la Italia negra derrotada por la Resistenza.

Junto al español, pocos casos exprimen mejor esa noción de complejidad y dinamismo como el de la guerra civil italiana. Conflicto interno a la vez que guerra en la frontera sur europea del Tercer Reich, la revisión de la italiana de 1943-1945 y del contexto de la resistencia y la guerra de ocupación y partisana como una guerra civil ha suscitado fuertes resistencias conceptuales y políticas. Desde el momento en que la Resistenza y la Liberazione pasaron a configurar los mimbres propios del mito nacional republicano, la guerra civil italiana se convirtió en un topos de un posfascismo italiano en busca de respetabilidad y legitimidad, al menos hasta su normalización historiográfica de la mano de Claudio Pavone. Como cantara el cantautor genovés Fabrizio de Andrè (1940-1999) con letra del romano Francesco De Gregori (1951-), cuando juegas con el negro siempre pierdes: a giocare con nero perdi sempre. Pero no todos los que jugaron con el negro durante los meses críticos de 1943-1945 perdieron por igual. Muchos cayeron víctimas de la guerra partisana y de la acción de los GAP, pero muchos otros salieron indemnes de su participación en los crímenes de guerra propios de la guerra antipartisana y de las guerras fascistas: Rodolfo Graziani (1882-1955), Mario Roatta, Gastone Gambara (1890-1962) o Junio Valerio Borghese (1906-1974), militares y fascistas a los que cabe atribuírseles crímenes de guerra y contra la humanidad en Etiopía, Croacia, Eslovenia, España o Italia, son buenos ejemplos de lo que por obra u omisión supuso la amnistía como mecanismo de pacificación y de nuevo comienzo en Italia. Aquí tenemos un elemento más sobre el que reflexionar en perspectiva comparada, sobre todo teniendo en cuenta la vinculación que algunos de ellos tuvieron con la España de Franco.

Yugoslavia: la guerra civil entre naciones, 1941-1945

YUGOSLAVIA: LA GUERRA CIVIL

ENTRE NACIONES, 1941-1945

Todavía más compleja si cabe resultaría la situación en los Balcanes durante la Segunda Guerra Mundial. La Yugoslavia de posguerra nacería de los escombros de un conflicto intestino en el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, un nombre que escondía una complejidad todavía mayor en términos etnonacionales, lingüísticos, religiosos y políticos. No es de extrañar que el enfrentamiento interno desencadenado por la ocupación del Eje y las resistencias armadas frente a esta, así como por la imposición de regímenes fascistas sobre diferentes partes de la región, como el croata de Ante Pavelić (1889-1959), u ocupados y colaboracionistas, como la Serbia de Nedić, fuese un conflicto multidireccional, atravesado de factores militares, políticos, nacionales, étnico-lingüísticos y religiosos, marcado a su vez por la superposición de múltiples violencias: Serbia, el NDH, Alemania, Italia, los partisanos de Tito o los Četnici, tropas panserbias promonárquicas bajo el mando del coronel Draža Mihailović y con su propia agenda política ultranacionalista. Ciertamente, la consideración de lo ocurrido en los Balcanes entre 1941 y 1945 como una guerra civil puede implicar una cierta minusvaloración del que a todos los efectos fue el factor central desencadenante de esas políticas de violencia: la ocupación fascista (Tomasevich, 2001). Sin embargo, la proliferación de conflictos internos en los contextos de ocupación y resistencia es una realidad mayoritariamente aceptada en la historiografía. La invasión del Eje en abril de 1941 comportó cambios radicales en el mapa político y étnico de la región tras la partición del Reino: se establecieron dos zonas de influencia, una alemana y otra italiana; ambas potencias anexionaron territorios en Eslovenia y Dalmacia, a lo cual se sumaron las regiones fronterizas que pasaron a soberanía húngara y búlgara; apareció el Estado títere croata, el ya mencionado NDH, que quedó bajo el régimen fascista de la Ustaša y cuya soberanía nominal se extendía aproximadamente sobre los actuales territorios de Croacia y Bosnia-Herzegovina; se estableció el régimen títere de Nedić, que a pesar de todo no puede recibir la misma consideración que el anterior por estar completamente monitorizado y tutelado por una administración militar alemana. Todo esto supuso una fractura en la soberanía territorial que, si bien no actuó como factor desencadenante de la guerra civil, sí supuso su contexto contingente necesario. El conflicto no fue, como en España, entre dos entidades estatales o paraestatales combatiendo por el control territorial del espacio de soberanía previo. La yugoslava fue, como se decía, el resultado de diferentes guerras superpuestas —política, de ocupación, religiosa, nacional— entre fascismo y antifascismo; entre ocupantes y resistentes; entre proyectos nacionales enfrentados, especialmente el serbio y el croata; y también entre imperios que rivalizarían y mostrarían intereses divergentes, en este caso el alemán y el italiano. A diferencia de guerras como la italiana, existieron conflictos abiertos entre facciones de la resistencia, tanto por las diferencias que las separaban como por sus cambios de posicionamiento respecto a las potencias ocupantes. Además, para cerrar todavía más el círculo de la complejidad, la guerra multidireccional yugoslava situó en el centro del conflicto armado las fracturas etnonacionalistas y religiosas, que recuperarían una presencia muy importante en la década de los noventa. Sin embargo, como veremos, a pesar de las tentaciones teleológicas existen muchas razones que impiden establecer un hilo de continuidad puro y simple entre ambas épocas.

Así pues, la Segunda Guerra Mundial entrañó una gran complejidad en el teatro de operaciones balcánico, algo extensible a Grecia y Albania, especialmente por la gran cantidad de agentes armados y proyectos distintos que confluyeron allí, tal y como ya señalaron Broszat y Hory (1964) en su pionero estudio sobre el NDH. Ese carácter extremadamente poliédrico del conflicto se pone de manifiesto en la gran cantidad de maniobras llevadas a cabo por los agentes en pugna, con convergencias coyunturales y desencuentros de todo tipo. Tanto es así que en ciertos momentos y espacios llegaron a darse alianzas coyunturales entre Četnici, ultranacionalistas serbios, y ustaše, fascistas croatas, con el objetivo de combatir a los partisanos comunistas. En esta a cuatro bandas, los croatas podían estar enfrentados a la vez contra los partisanos antifascistas y los ultranacionalistas serbios, quienes a su vez combatían contra invasores, croatas, colaboracionistas serbios, partisanos y limpiaban de musulmanes la margen izquierda del Drina, en Bosnia Oriental. Por su parte, los partisanos comunistas, vinculados a la Unión Soviética y nutridos por los civiles que huían del genocidio perpetrado por los ustaše, combatían contra todos los enemigos sobre el territorio. Por tanto, no resulta extraño que la ocupación y la guerra interna implicaran para el territorio del antiguo Reino de Yugoslavia la puesta en práctica de asesinatos, deportaciones y limpiezas dentro de estados y territorios, entre estados y milicias o entre las propias milicias, todo ello hasta alcanzar unos guarismos cercanos al millón de personas (Biondich, 2001; Korb, 2010; Trifkovic, 2011; Alegre, 2014b). En este caso, la violencia eliminacionista contra los enemigos internos —políticos, nacionales, de clase— constituía la materia misma de la guerra civil. El asesinato de casi 600 000 serbios, comunistas o judíos a manos de los ustaše de Ante Pavelić en los territorios del NDH bien puede elevarse a paradigma en el análisis de la violencia homogeneizadora y eliminacionista, en este caso como parte de un proceso de ocupación, limpieza sociopolítica y construcción de una comunidad nacional en el marco de una guerra total desplegada sobre el territorio en forma de guerra civil (Tomasevich, 2001; Korb, 2010 y 2016; Yeomans, 2013).

Por supuesto, no se puede olvidar el despliegue sobre el terreno de las tropas y el personal técnico y político del Eje, con sus respectivas políticas de ocupación, persecución del enemigo y construcción de redes de colaboración. En este sentido, son bien conocidas tanto las praxis eliminacionistas desplegadas por Alemania en su guerra antipartisana como las políticas de persecución etnonacional y política de la Italia de Mussolini (Rodogno, 2006: 258-298; Shepherd, 2013; Osti Guerrazzi, 2013). De hecho, cabe tildar de limpieza étnica el objetivo del sistema de campos establecido por Mario Roatta en territorio esloveno, pensados tanto para combatir la resistencia partisana cuanto para sustituir, en palabras del propio general italiano, a la población eslovena por nacionales italianos en la recién nacida provincia de Liubliana. El prejuicio antieslavo había sido una constante en la política fascista, sobre todo en relación con sus pretensiones territoriales en el este: desde 1941-1942, se pudo ver confirmado en esa tupida red concentracionaria de prisioneros y civiles que desde la Yugoslavia italiana tenía continuación en el resto de la península, persiguiendo el objetivo de desbalcanizar Eslovenia. Objetivo en el que colaboró activamente el NDH, receptor de unos 80 000 eslovenos, la mayor parte de ellos exterminados tras ser expulsados por los ocupantes italianos (Capogreco, 2004; Di Sante, 2005; Gobetti, 2013).

A su vez, las campañas croatas contra la población serbia fueron de una increíble crudeza. Implicaron violencia sexuada, asesinatos masivos y conversiones forzosas, así como un amplio repertorio de otras políticas paralelas, pues los serbios siguieron siendo vistos en todo momento como un reto para la seguridad interna del NDH, tanto de facto como potencialmente, sobre todo tras la explosión de las primeras insurrecciones serbias en junio de 1941 como respuesta a las matanzas. De hecho, tal fue el alcance de estas que el nuevo Estado croata habría colapsado a finales de ese mismo año de no haber contado con el sostén creciente de las fuerzas de ocupación alemanas, y aun con todo su soberanía había pasado a ser puramente nominal en amplias regiones del país. Así pues, una de las líneas ensayadas en el tratamiento del problema representado por los serbios y otros enemigos fue la puesta en marcha de un sistema concentracionario permanente a partir de noviembre de 1941, cuyo eje gravitacional sería el complejo de campos de Jasenovac, inspirado en su homólogo alemán de Sachsenhausen. Aquí se pone de manifiesto una vez más la importancia de las conexiones transnacionales, porque en este caso fue decisiva la visita formativa del jefe del Ustaška nadzorna služba (Servicio de Supervisión ustaška), Maks Luburić (1914-1969), a Alemania en septiembre de ese mismo año (Tomasevich, 2001: 399; Bartulin, 2006: 382-383). Este organismo se encargaba del control y gestión de los campos de concentración y trabajo en todo el NDH, concretamente su III Departamento, a cargo de cuestiones de inteligencia y contraespionaje. Por poner un ejemplo, el I Departamento, la Ustaško redarstvo o Policía ustaška, trabajaba de forma coordinada y directa sobre tres objetivos: comunistas, judíos y serbios, lo cual nos da una idea del solapamiento de estas figuras identitarias.

Ya anteriormente se habían montado otros campos temporales —según Tomasevich unos treinta—, sobre todo al calor de las necesidades de los diferentes escuadrones de ustaše que pululaban por el territorio del nuevo Estado, dejando tras de sí su saldo de muerte y destrucción. La mayor parte de ellos fueron desmantelados a finales de 1941, en parte por la progresiva puesta en marcha del complejo de Jasenovac desde principios del otoño de ese mismo año, y en no poca medida también por los cambios dentro del gobierno en un sentido más moderado y capaz de dar viabilidad a un Estado que había estado al borde de la disolución (Yeomans, 2013). De hecho, las cifras nos muestran que verdaderamente se puso una voluntad más que notable en centralizar y sistematizar los esfuerzos para restar visibilidad a matanzas como las del verano anterior, que tanto impacto habían causado: la mitad de las víctimas de la violencia ustaška fueron exterminadas en los campos de concentración, mientras que la otra mitad lo fue en operaciones sobre el terreno, de las cuales algo menos de la mitad se concentran en la primavera y el estío de 1941 (Bartulin, 2006: 363). La no linealidad de la violencia ustaška, puesta de manifiesto en ese primer gran estallido, así como su posterior dilatación en el tiempo y su acotamiento en espacios especializados en administrarla, nos sugiere dos cosas: en primer lugar, la quiebra de una parte sustancial de los apoyos y consensos sobre los que se fundó el NDH, y paralelamente su pérdida de poder y margen de maniobra a causa de la grave crisis abierta por los levantamientos serbios.

Por tanto, la agencia croata fue capital para entender la fragmentación etnonacional y territorial del antiguo Reino de Yugoslavia, que fue deslizándose de forma acelerada hacia un escenario armado multidireccional a partir de mediados de 1941, es decir, hacia una guerra civil. Con el régimen duramente cuestionado desde dentro y con sus apoyos y connivencias a nivel local y regional cada vez más menguantes, las campañas de violencia colectiva en los pueblos y ciudades del NDH sufrieron un freno inevitable, solapándose desde entonces a las operaciones contrainsurgentes puestas en marcha por los alemanes, cada vez más habituales. Sin embargo, nada de esto evitó que siguieran ejerciéndose todo tipo de violencias en diferentes territorios del nuevo Estado, lo cual vendría favorecido en extremo por la situación generalizada de conflicto interno, y en consecuencia por la dispersión y atomización del monopolio de la violencia, que recayó ahora en grupos y células guiadas por sus propios propósitos y concepciones de la realidad. Tal y como ha señalado Korb (2010: 14), «cualquier grupo armado con una agenda nacional o imperial usó la violencia de masas, bien con total sangre fría con el fin de alcanzar sus objetivos o bien en el contexto de las dinámicas de la guerra». Aquí reside en buena medida el interés del caso del régimen fascista croata, que se caracterizó por la aparición de feudos de poder semi-irredentos a nivel local y regional, muchas veces sometidos nominalmente a Zagreb pero guiados por sus propias agendas políticas, es decir, con diferentes visiones de la violencia y el Nuevo Orden que se había de instaurar por medio de esta. Pero justamente ese es también uno de los vectores analíticos clave para comprender la naturaleza dispersa de las diferentes facciones de Četnici, muchas veces sometidas solo de manera formal al poder de Mihailović y, por ende, no siempre representantes de una alternativa político-institucional monárquica.

En este sentido y volviendo al caso croata, un análisis pormenorizado y detenido de la violencia nos muestra cómo la lógica de los equilibrios de poder, poliédricos y fragmentarios, se sobrepone a menudo a la del Estado, más aún en un contexto de guerra civil y dentro de una sociedad multiétnica. En este punto sí que se pueden establecer claros paralelismos con las guerras yugoslavas de los años noventa, pero no menos con otros conflictos internos, tal y como vamos a ver en próximos capítulos. Esto nos devuelve a una constante en la que venimos insistiendo a lo largo de la obra: en este tipo de escenarios la violencia acaba cobrando vida propia sobre el terreno, hasta el punto de que individuos y grupos armados siguen conservando un amplio margen de maniobra y capacidad de decisión a la hora de actuar o perseguir sus intereses. Lo hemos visto en el caso concreto de Sarajevo, ciudad que rivalizó con Zagreb en la implementación de sus propias políticas y en la interpretación de aquellas emanadas del Estado, pero puede verse dentro del propio complejo concentracionario de Jasenovac, un universo en sí mismo montado según el sistema alemán de subcampos de trabajo forzado que dejaba un alto grado de independencia a los comandantes de cada uno de ellos. El número total de muertos en dicho entramado concentracionario es una cuestión bastante disputada, pero existe bastante consenso en torno a cifras que irían de los 80 000 a los 100 000, de los cuales tres cuartas partes serían judíos, gitanos y sobre todo serbios (Biondich, 2004: 66). Tanto la violencia implementada al pie del terreno por escuadrones de ustaše y sus simpatizantes como la muerte en los campos se sustentó sobre la explotación y expolio sistemático de las víctimas, ya fuera este material y/o laboral, un saqueo en torno al cual se generaron los consensos que hicieron posibles dichas violencias, que ligó el destino de no pocos croatas al del régimen y que de algún modo garantizó la supervivencia del propio NDH mientras estuvo sostenido militarmente por las fuerzas de ocupación alemanas.

Uno de los factores que mejor pone de manifiesto la complejidad del conflicto yugoslavo es el frecuente solapamiento de la condición de víctima y perpetrador en un mismo individuo, buen reflejo de ese carácter cambiante y dialógico de la violencia contra las poblaciones civiles propia de las guerras civiles multidireccionales. Resulta significativo el ejemplo de la Hrvatska legija o Legión Croata de voluntarios organizada por el régimen de Pavelić y enviada al Frente Oriental, entre los cuales se hallarían unos 300 serbios y 14 judíos que habrían optado por esta salida en un intento por sobrevivir a la violencia ustaška (Tomasevich, 2001: 380). El caso paradigmático sería el de los serbios, que tras su levantamiento masivo después de haber sufrido las primeras masacres de masas buscaron, y a menudo encontraron, el modo de vengarse. Esto planteó todo un reto para otros agentes en la zona, como el Ejército de ocupación italiano, que a menudo se vio desbordado por las acciones impulsadas por sus nuevos aliados croatas en Herzegovina, Dalmacia y la Krajina, regiones todas ellas con importantes poblaciones de origen serbio. De hecho, las autoridades transalpinas al mando en el teatro yugoslavo no dudaron en apoyar a los Četnici, abasteciéndolos de medios materiales y garantizándoles cobijo en la zona a su cargo, a la par que trataban de hacer de ellos un instrumento de sus políticas de ocupación, tanto en su intento por desestabilizar la posición de los alemanes, con quienes mantenían graves divergencias, como en la lucha contra los partisanos comunistas.

Por otro lado, el propio conflicto se convirtió a la fuerza en un factor modernizador en el más puro sentido de la palabra, algo común a muchas guerras civiles, que en no pocos casos han contribuido a consolidar estados burocráticos y la homogeneización de las sociedades a su cargo. El mejor ejemplo de la transformación radical producida por la guerra reside en el hecho de que los propios partisanos comunistas acabaron viéndose obligados a reconocer las particularidades nacionales existentes dentro del territorio yugoslavo, todo ello con el fin de alcanzar un arraigo político-social y cultural sólido. En cierto modo, podríamos decir que las políticas puestas en marcha por el régimen de la Ustaša contribuyeron a poner la cuestión nacional sobre la mesa como algo ineludible, si bien es verdad que esta ya se había manifestado con mucha fuerza en la Yugoslavia de Entreguerras. Desde luego, lo ocurrido entre 1941 y 1945 tendría un impacto muy profundo y evidente en la construcción del nuevo Estado yugoslavo (Bartulin, 2006: 373) y en su evolución durante la posguerra. Por lo demás, tal y como ha señalado Greble Balić (2009: 122), en un momento en que la idea de Croacia era algo todavía un tanto vago —sobre todo en la mayor parte de Bosnia y Herzegovina, así como en ciertas regiones de Dalmacia—, la violencia ustaška estaría plenamente relacionada con la construcción de un Estado-nación moderno y excluyente. De hecho, los propios oficiales de la Wehrmacht destinados en el NDH vieron que la violencia era el medio empleado por la Ustaša para lidiar con el «problema» de una sociedad multiétnica, lo cual demuestra entre otras cosas que sus dirigentes eran conscientes de que tenían bajo su soberanía los territorios de una nación que todavía estaba por forjar. El objetivo no era otro que lograr que «cada croata llegara a ser un ustaša, que todos estén conscientemente imbuidos con el espíritu de los principios de la Ustaša y que trabajen y vivan en el sentido marcado por estos» (Yeomans, 2013: 181). Así pues, este movimiento fascista buscó la nacionalización de las masas a través de la violencia, que devino en guerra civil fruto de la resistencia armada cada vez más poderosa frente a las autoridades croatas. Dicho de otro modo, el objetivo era la consecución de la homogeneidad por medio del uso de la violencia en un escenario marcadamente multiétnico. Solo la crisis permanente que asoló al NDH a causa de los estragos del conflicto interno, de signo desfavorable para los intereses del nuevo Estado, pudo poner límites a estas políticas, de ahí que a partir de entonces el proceso de creación de la comunidad nacional croata fuera paralelo al esfuerzo bélico.

El mismo vacío de poder derivado de una ocupación impulsada con medios humanos insuficientes y sostenida sobre un régimen fascista con bases sociales poco sólidas también se convirtió en el marco propiciatorio donde anidaría un núcleo muy importante de la insurgencia serbia, y al calor de esta el particular proyecto de comunidad nacional de la Gran Serbia defendido por los Četnici, quienes llevaron a cabo sus particulares campañas de violencia colectiva y homogeneización étnica contra la población musulmana y croata de Bosnia oriental (Tomasevich, 1975; Jareb, 2001; Hoare, 2001). De hecho, el apoyo de muchos de estos grupos armados a la monarquía y a la forja de un Estado unitario yugoslavo tenía mucho que ver con el hecho de que a sus ojos la supervivencia de la nación serbia solo podía garantizarse bajo un poder común, dada la gran dispersión de sus comunidades a lo largo del territorio. En este sentido, la violencia ustaška, con su extrema brutalidad y su incapacidad para consolidar sus logros, generó el espacio para la aparición y crecimiento de otros proyectos ultranacionalistas y revolucionarios. Es más, sin un contexto de abierta guerra civil como el que se vivió en el NDH y en otras regiones del antiguo Reino de Yugoslavia, difícilmente habrían alcanzado estos fenómenos cierta relevancia política. Desde su misma creación, el territorio bajo soberanía croata se convirtió en uno de los puntos de contacto de las esferas de influencia alemana e italiana en el sureste del continente europeo, y lo cierto es que dicho Estado fue gestado teniendo en cuenta dicho problema, lo cual no fue óbice para que desde un primer momento afloraran las tensiones y rivalidades a causa de los intereses encontrados. Esta circunstancia añadió un agravante decisivo a la deriva que adoptaron los acontecimientos en la región a partir del verano de 1941, cuando estallaron las primeras rebeliones armadas protagonizadas por los serbios a lo largo y ancho de Bosnia y la Krajina.

Por su parte, los combatientes de la Wehrmacht, situados en un entorno ajeno a ellos y en medio de una guerra irregular de gran crudeza, respondieron con tremenda violencia ante la desesperación e impotencia de una población civil indefensa que trataba de escapar de la línea de fuego. Los ocupantes alemanes actuaban contra los paisanos como si se enfrentaran a una amenaza de muerte inminente, guiados por su propio miedo, las barreras culturales y la desempatía que les produciría combatir en aquellas circunstancias, algo que volveremos a ver en el caso de otros ejércitos de ocupación desplegados en escenarios de guerra civil, como el estadounidense en Vietnam o el soviético en Afganistán. Es más, de acuerdo con los parámetros de la Wehrmacht, la constante necesidad de aumentar la eficacia de las operaciones llevó a una superación de puntos de no retorno en el ejercicio de la violencia, lo cual, unido al recrudecimiento del problema de la insurgencia, propició una progresiva radicalización de todos los implicados en los combates. No obstante, la brutalidad con que los alemanes se emplearon en el NDH no impidió que aparecieran ciertas asimetrías en la percepción de su propia violencia y la desplegada por los ustaše, algo que también se puede hacer extensible a las tropas de ocupación italianas. Estas percepciones y ejercicios de codificación servían para normalizar y justificar el propio modo de hacer la guerra frente al «manido» salvajismo croata. Precisamente, Alexander Korb ha sido el primero en criticar el condicionamiento total de nuestra visión de la violencia ustaška a través de los testimonios presentes en las fuentes alemanas e italianas, que contribuyeron a la construcción activa y tópica del hecho diferencial balcánico, presentado como algo propio de un mundo atrasado y marcado por los odios ancestrales y los impulsos atávicos. Sin restar un ápice de brutalidad e importancia a la violencia ustaška, lo cierto es que ha habido un abuso en el empleo de estos juicios y relatos, a menudo trabajados de forma poco crítica, lo cual ha llevado a restar importancia al papel decisivo de la violencia desplegada por alemanes e italianos en el desarrollo, extensión, intensidad y perpetuación de dicho fenómeno y de la guerra misma. Y este es un discurso que se percibe incluso entre las propias víctimas, hasta el punto que encontramos testimonios como el de Savo Delibašić (2006: 233-234), superviviente del sistema concentracionario del NDH, que casi rayan en la perversión al comparar los métodos alemanes y los de los ustaše:

[…] podría entender lo que los alemanes hicieron en sus campos de concentración. Usaron gas durante un segundo, o dos, o tres y se acabó, la gente estaba muerta. Sí, esto fue brutal. Sí, esto fue genocida, pero fue más fácil para estas víctimas porque su sufrimiento fue menor. Sin embargo, esta tortura durante quince o veinte minutos, media hora en que un ser humano está siendo despiezado vivo de la cabeza a los pies —eso es repugnante.

Fueron los propios alemanes los que se preocuparon de construir y promover su imagen de paladines de la civilización y el humanismo frente a las manifestaciones balcánicas de la barbarie, equiparando sin problemas a sus propios aliados croatas con los Četnici o los propios partisanos de Tito. Lo cierto es que numerosas dificultades y obstáculos se opusieron a la posibilidad de una comprensión mutua entre la Ustaša y la Wehrmacht, precisamente a causa de sus divergencias en la visión de la realidad, pero sobre todo en lo referente a sus prioridades. Los mandos alemanes enfocaban su tarea de forma aséptica, en términos de profesionalidad, efectividad, precisión y limpieza; dicho de otro modo, se veían a sí mismos como una compleja maquinaria bien engrasada, lo cual les llevaba a presentarse como los defensores de una guerra científica y guiada por los principios de la civilización, dado su carácter supuestamente mecánico, racional y desapasionado. El propio Gumz nos muestra cómo los informes de los alemanes sobre sus operaciones aparecían dominados por conceptos esterilizados y convenientemente limpiados de sangre y vísceras, eufemísticos a todas luces —no desde su punto de vista, claro: Vernichtung (eliminación), Säuberung (limpieza), durchkämmen (peinar o rastrear en busca de algo) o Befriedigung (pacificación); mientras, la violencia ustaša era descrita con sustantivos como Plünderungen (saqueos), Übergriffe (excesos) o Greueltaten (atrocidades) (Gumz, 2001: 1028-1032)—. De hecho, podría decirse que la diferencia esencial entre unos y otros reside en que los alemanes —y también los italianos— estaban llevando a cabo una guerra de ocupación contra individuos que les eran ajenos desde el punto de vista cultural y comunitario, mientras que los croatas estaban haciendo una guerra civil, con todo su componente emocional de vecindad y conocimiento del otro. Así pues, quizás la percepción diferenciada de ambas violencias no estaba tan lejos de la realidad: por mucho que ambas fueran brutales y devastadoras para la población civil sus motivaciones eran claramente diferentes.

Bien mirado, las cosas no han cambiado tanto a día de hoy, solo lo han hecho las nuevas posibilidades abiertas por los medios de comunicación de masas e internet. Por eso vale la pena observar por un momento el modo en que la evolución de las maneras de hacer la guerra y el potencial de las tecnologías más avanzadas han hecho posible nuevas formas de contar y representar los conflictos. Tanto es así que, acabada la campaña de bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre Belgrado y diferentes puntos de Kosovo y Serbia, el entonces comandante de la coalición y de las operaciones en los Balcanes, el general estadounidense Wesley Clark (1944-), se permitió el lujo de afirmar en una conferencia de prensa celebrada en la sede de la coalición en Bruselas que, en sentido estricto, no se había tratado de una guerra. Era septiembre de 1999, hacía apenas un trimestre que habían acabado unos ataques aéreos que duraron 78 días. Valdría la pena preguntarles a los familiares de los varios centenares de muertos y a los miles de heridos, o a los afectados por el uso de munición y proyectiles con uranio empobrecido. El caso es que esta distorsión de la realidad y autocomplacencia, promovida a través de nuestras televisiones al presentar la guerra como una suerte de espectáculo deportivo, ha llevado a algunos expertos a acuñar el concepto de guerra virtual, en un esfuerzo por explicar el modo en que la OTAN y Estados Unidos nos presentan los supuestos efectos benefactores y proporcionados de sus intervenciones militares (Ignatieff, 2003).

En cualquier caso, de vuelta a los años cuarenta, puede decirse que este tratamiento tan asimétrico de dos formas de violencia colectiva, brutales y sanguinarias por igual —aunque distintas en sus objetivos—, respondió claramente a un intento de los propios alemanes por deshacerse de cualquier atisbo de culpabilidad por sus propios actos. De este modo arrojaban sobre la Ustaša, rebajada a un nivel de civilización inferior, toda la responsabilidad por la suciedad, las entrañas, la sangre y los cuerpos desgarrados a causa de la violencia de unos y otros. Frente a los alemanes, hombres de honor entregados al cumplimiento del deber dentro de una maquinaria militar moderna, se observa como un signo de inferioridad el individualismo de los ustaše, guiados por la búsqueda del beneficio personal («saqueo»), los placeres del bajo vientre («excesos») o el ensañamiento fanático contra el cuerpo del enemigo («atrocidades»), tentaciones en las que jamás incurriría ningún soldado de la Wehrmacht. Nada más lejos de la realidad. Sin embargo, este tipo de discursos tenían una clara función proactiva sobre los propios mandos alemanes, contribuyendo decisivamente a la construcción de una percepción exculpatoria y autocomplaciente de los hechos, paralela a la propia realidad, al igual que veíamos más arriba en el caso de los oficiales de la OTAN. Y es que, precisamente, si algo echaban en cara los oficiales alemanes de alto rango a sus aliados croatas era el tratamiento específico que estos daban a la población serbia, que la Wehrmacht nunca tuvo como un blanco definido, diferenciado y preferente, algo que por lo demás consideraban que iba en prejuicio de su estrategia contrainsurgente al fomentar la resistencia, y en este sentido no se equivocaban (Shepherd, 2013). Así pues, estas diferencias respondían a cuestiones de proyecto, eran ideológicas, tenían que ver con dos maneras de entender la guerra. Mientras unos veían en ella el único camino posible para acabar con toda forma de resistencia armada al Nuevo Orden, otros la contemplaban como el marco propiciatorio para la transformación de un Estado multiétnico en uno de naturaleza unitaria y homogénea, es decir, el camino para la forja de la nueva comunidad nacional croata.

Como en todo conflicto interno y multidireccional que se precie, los agentes solían actuar inspirados por el más puro pragmatismo político, todo ello en medio de una guerra total condicionada por la entrada en juego de ideologías radicalmente modernas. En su conjunto, estos factores contribuyeron a la aparición de alianzas, equilibrios y maniobras de lo más variado, siempre con el único objetivo de marcar el territorio y garantizarse espacios de poder privativos. Así se observa en las peticiones de los dirigentes del NDH a las autoridades italianas para que entregaran a los judíos refugiados en su zona de ocupación, cuya protección suponía para los transalpinos una expresión de su fuerza y su posición dominante en la región, mientras que para los ustaše constituía un ataque a su independencia política y, por tanto, tenía que ver con su derecho a implantar sus propias políticas sobre los habitantes del NDH (Korb, 2010: 7). Bien es cierto que nadie empujó a los autóctonos a la guerra civil, pero no lo es menos que la destrucción de Yugoslavia a manos de italianos y alemanes —sin olvidar el papel de los albaneses en Kosovo, los búlgaros en Macedonia y los húngaros en las regiones de Bačka, Baranja y Prekmurje, quienes se emplearon a fondo en la aplicación de políticas radicales y violentas para la homogeneización y consolidación de estos territorios multiétnicos que se anexionaron tras la partición de Yugoslavia (Mazower, 2008: 438-441; Glenny, 2000: 506-511)— y la puesta de la Ustaša al frente del NDH contribuyeron decisivamente a ello. Así fue como se creó un marco de oportunidad casi insospechado para que proyectos hasta entonces minoritarios, incluso podría decirse marginales, pusieran en marcha la transformación radical y violenta de la realidad y la resolución de todo tipo de «problemas» de acuerdo con sus presupuestos.

En última instancia, la pregunta capital de la guerra es quién controlaba los territorios del antiguo Reino de Yugoslavia en el contexto de la ocupación, la colaboración y la resistencia. Es más, quizás convenga hablar de las guerras internas yugoslavas, en plural, pero desde luego esta no es la única pregunta. No es menos cierto que este también fue un conflicto armado interno donde las partes en liza, tanto los croatas del NDH como los partisanos de Tito y los Četnici serbios disponían de reconocimiento internacional, estamentos de poder, aspiración territorial y potencia de fuego. Los propios guerrilleros comunistas llegaron a establecer varios paraestados efímeros, como por ejemplo la República de Užice, al oeste de Serbia, o la de Biha, en las regiones occidentales de Bosnia, cuya existencia se redujo en un caso al segundo semestre de 1941 y en el otro a los meses a caballo entre 1942 y 1943. A pesar de todo, a la larga constituyeron ensayos de prueba y error, experimentos fundamentales que condicionaron por completo la propia estrategia bélica de los partisanos, tanto a nivel militar como político, y que no hay que leer en clave teleológica, pues su fracaso podría haber sido la causa de la destrucción de la guerrilla como movimiento armado operativo. Algo parecido se puede decir de las también efímeras repúblicas partisanas surgidas en el marco de la guerra civil italiana. No obstante, en última instancia, sí fueron experiencias muy útiles para probar diversas políticas de control y movilización político-social sobre una base regional de poder concreta y para dar con aquellas más efectivas de cara a la prosecución exitosa del resto del conflicto, algo que además marcaría los fundamentos sobre los que se construiría la futura Yugoslavia socialista. Lo que queda bien probado en este caso es que las guerrillas comunistas fueron particularmente eficaces por una razón muy clara, entre otras: la sumisión o adaptación de muchos de sus principios ideológicos al imperativo militar, por ejemplo en la aplicación de políticas de izquierdas más o menos radicales en cuestiones como la tenencia de la tierra, algo decisivo en el éxito final de los partisanos yugoslavos, como también lo estaba siendo por entonces en China y lo volvería a ser en Corea o en Vietnam (Banac, 1988; Schmider, 2002; Pavlowitch, 2002).

Por otro lado, hablamos también de una guerra civil entre resistencia y colaboracionismo, desde el momento en que estos últimos, anhelando construir una Gran Serbia monárquica —sometida a la homogeneización etnicolingüística, religiosa y cultural—, no dudaron en establecer alianzas de colaboración activa o pasiva con el enemigo ocupante, ni en desplegar su lucha armada contra sus connacionales serbios o contra los miembros de otras comunidades etnonacionales yugoslavas. De hecho, las primeras alianzas de 1941 fueron internas, entre panserbios y partisanos. Sin embargo, muy pronto el combate por el control territorial devino en un enfrentamiento armado entre ambas fuerzas, cristalizado en el ataque serbio a la mencionada República partisana de Užice. El rechazo al proyecto político, religioso y transnacional de Tito, que también encontró por entonces una abierta oposición popular por su programa radical, llevó a Mihailović a tratar de establecer alianzas con la Serbia títere de Nedić y con los alemanes, por un lado, y sobre todo con los ocupantes italianos y con los croatas de Pavelić, por otro. Su objetivo era llevar a cabo su propia guerra contra los partisanos y su política de limpieza étnica contra la población musulmana en Serbia, Bosnia y Montenegro, y para ello pretendían hacer valer su posición como la fuerza colaboracionista y de alcance yugoslavo más importante. En primera instancia, las combinaciones de fuerzas no fueron aceptadas por el general Franz Böhme (1885-1947), al mando de las unidades alemanas desplegadas en Serbia durante la segunda mitad de 1941. No obstante, una vez que los Aliados designaron los Balcanes como una zona de gran importancia estratégica para erosionar el poder militar del Eje la colaboración armada dejaría de ser una excepción. La cuarta ofensiva alemana contra el movimiento partisano, cristalizada en la célebre Operación Weiss de enero de 1943, vería el enfrentamiento directo entre Četnici y partisanos en el valle del río Neretva, todo ello en el marco de un intento fallido de la Wehrmacht por embolsar y destruir a las fuerzas de Tito (Pavlowitch, 2008). La batalla homónima se convertiría en uno de los mitos bélicos más importantes de la guerra partisana y en uno de los referentes fundacionales de la Yugoslavia socialista, codificada para la gran pantalla en la superproducción cinematográfica dirigida por Veljko Bulaji en 1969.

Como en todas las guerras civiles, la dimensión internacional y el despliegue armado sobre el terreno de potencias extranjeras sería fundamental en el inicio, en el desarrollo y, cómo no, en el cierre del conflicto interno. Tito dispuso de un estamento, el Consejo Antifascista para la Liberación Nacional de Yugoslavia (AVNOJ), creado en 1942 para dar contenido político a la guerra partisana contra alemanes, croatas, italianos y Četnici serbios, y apoyado a su vez por la Unión Soviética. Sin embargo, solo sería en el último semestre de 1943 cuando los partisanos irían haciéndose con el control territorial y político, coincidiendo con la retirada del Ejército italiano en el marco del armisticio, que dejó tras de sí grandes arsenales de armas que, de hecho, contribuyeron a avivar aún más la guerra. Su reconocimiento internacional y el apoyo aliado se confirmaría en la conferencia de Teherán a finales de año, lo cual redundó en el repudio de los serbios de Mihailović como detentores de la legitimidad. Para entonces, las tropas partisanas —unos 200 000 hombres— estaban organizadas y desplegadas sobre buena parte del territorio del NDH, y muy pronto empezarían a ser el foco de los apoyos logísticos, armamentísticos y humanos de los Aliados. En octubre de 1944, la entrada del Ejército Rojo en los Balcanes a través de Rumanía facilitaría la toma de Belgrado por parte de los hombres de Tito, paso previo a la captura de todo el territorio del extinto Reino y a la eliminación de los restos de las unidades croatas y eslovenas que aún combatían en él. En Italia había vencido la pluralidad de la resistencia, apoyándose en la defección alemana y en el empuje angloamericano. En Grecia, en Francia o en Bélgica, gracias al apoyo aliado a la misma. En Yugoslavia y Albania fue la propia resistencia comunista la que venció las guerras balcánicas de la Segunda Guerra Mundial: la de ocupación, la política y la civil, marcando la historia de ambos países para el siguiente medio siglo. Frente a las nuevas formas de poder ocupante y su despliegue sobre el terreno mediante el colaboracionismo, la Yugoslavia y la Albania vencedoras contra el enemigo interno se vieron empeñadas en una lucha donde la violencia revolucionaria era fácilmente interpretable en sentido ideológico como una guerra por la libertad (Gerwarth y Conway, 2011: 144).

No podemos ser ajenos al hecho de que las guerras civiles en muchas ocasiones suelen venir acompañadas de una retórica de continuidad acorde con lógicas y cuentas pendientes de tiempos ancestrales, un tema sobre el que ya hemos ido apuntando alguna cosa. El caso de las guerras de secesión yugoslavas de los años noventa y, respectivamente, las guerras balcánicas de la década de 1910 y los conflictos internos durante la Segunda Guerra Mundial han acabado creando una imagen fosilizada de una región proclive a la violencia donde la continuidad y la uniformidad son las premisas. Sin embargo, lo que es más grave es que estas representaciones se acompañan de un aparato explicativo según el cual lo que haría de los Balcanes una tierra violenta sería la mezcla, la interetnicidad, la confluencia territorial de religiones, lenguas e identidades nacionales (Michail, 2012). A largo plazo esta narrativa de la imposible convivencia por el periódico rebrote de la violencia seguirá teniendo consecuencias políticas y humanas muy graves, ya que de facto sitúa como únicos estados viables a aquellos homogéneos desde el punto de vista etnonacional. Se trata de un problema de largo alcance que, como poco, tiene su origen en la guerra greco-turca y el Tratado de Lausana de la primera posguerra mundial, pero posiblemente podamos remontarnos a los conflictos balcánicos de primeros de la década de 1910. Como veremos, once años después de la muerte de Tito el huracán de la guerra civil volvería a Europa, a Yugoslavia. En ese momento muchos de los mitos movilizadores hablarían de terminar la guerra inacabada, aquella guerra multidimensional de la Yugoslavia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Así se lo hace saber un anciano serbio a su vecino en el delirante final de la película Prométeme (2007), de Emir Kusturica. Las guerras civiles europeas crearon sólidas comunidades mnemónicas, identitarias, culturales, en buena medida impermeables: en España, la comunidad de vencedores del 18 de julio; en Italia, el mito fundacional de la Resistenza; mientras tanto, en Yugoslavia el mito de la lucha partisana sirvió durante muchos años para dar sostén al régimen socialista, lo cual no fue óbice llegado el momento para que otros relatos sirvieran de base legitimadora para nuevas guerras civiles. Sin embargo, como veremos, estos relatos no fueron en ningún caso su detonante.

Epílogos sangrientos: Grecia como fin e inicio de ciclo, 1945-1949

EPÍLOGOS SANGRIENTOS:

GRECIA COMO FIN E INICIO DE CICLO, 1945-1949

La superposición de guerras de carácter internacional e interno explica que con la conclusión de la mundial en 1945 no finalizasen también las políticas de la violencia. La división neta entre dos períodos con esa fecha como frontera supone una distorsión, a la par que nos impide observar cómo el final de la violencia tras la Segunda Guerra Mundial no fue un hecho, sino más bien un proceso en el que se entrelazaron rupturas y continuidades. Ningún documento signó el final de las hostilidades, salvo las actas de capitulación alemanas de mayo de 1945, pero nunca hubo tratado de paz, y evidentemente eso no detuvo sin más las praxis de venganzas, saqueos, depuraciones, expulsiones y asesinatos. Es más: la persistencia de las muertes demostró que la guerra mundial albergaba en su interior conflictos nacionales de diferente signo e intensidad, que a su vez fueron el marco para violencias provistas de lógicas propias. Las posguerras de estos conflictos y sus construcciones narrativas hubieron de ser por fuerza procesos complejos, y de su conocimiento bien pueden extraerse líneas de lectura válidas para otras posguerras y regímenes de transición. Los finales de las guerras civiles son siempre graduales y dinámicos, tiempos donde se entremezclan violencia, justicia y lucha partisana, guerra y paz, justicia normativa, justicia sumaria y a veces ejemplarizante en nombre de las víctimas del conflicto.

Desde hace algunos años la historiografía europea ha comenzado a replantearse la morfología cronológica de los conflictos bélicos del pasado siglo XX, fundamentalmente en referencia a las dos guerras mundiales que asolaron el continente, aunque no de forma exclusiva[6]. Esto ha permitido el cuestionamiento de los límites temporales hasta ahora oficiales de las guerras, generalmente aceptados sin apenas polémica, en la medida en que la continuación de las grandes contiendas a través de múltiples conflictos derivados de ellas, así como otro tipo de procesos traumáticos relacionados con el modo en que esas guerras terminan (depuraciones, expulsiones masivas de población, políticas de homogeneización étnica, etc.), impide poder confinarlas al arco cronológico comprendido entre la declaración formal de hostilidades y el tratado de paz/armisticio/rendición. Este replanteamiento del mapa bélico de la primera mitad del siglo XX, que bien se puede hacer extensivo a cómo concebimos las guerras de forma general, ha permitido a su vez debatir sobre el concepto, las formas y los límites de las posguerras. Si los conflictos armados —y todavía más si cabe las guerras civiles— tienen una proyección muy evidente a la par que traumática en los años que siguen al cese oficial de las hostilidades, ¿de qué manera podemos definir el marco de la posguerra?, ¿constituye un espacio carente de violencia con una naturaleza y unos orígenes bélicos o por el contrario esta especial tipología de violencia puede tener presencia en un marco de posguerra?, ¿cuándo y cómo, entonces, tiene lugar esa traslación de la violencia bélica en guerra a la violencia bélica en posguerra?, ¿cómo se proyecta sobre las sociedades el paso de un estadio a otro?, ¿cómo influye en los grados e intensidades de la movilización la identificación de los sujetos de soberanía, el enemigo?

La posguerra mundial fue un tiempo de reajuste, de reubicación humana, de desplazamientos, limpiezas y detenciones, en tanto que resultado de las diferentes guerras superpuestas de ocupación y civiles que se vivieron en Europa, de hacer efectivo y viable sobre el terreno lo que en 1919 se acordó sobre un mapa en Versalles, si bien con algunos cambios importantes. En términos demográficos supuso una radical ruptura con el mundo anterior a la guerra: muy tocada de muerte ya por las políticas que puso en marcha el Tercer Reich, la Mitteleuropa dejó de existir como espacio centenario de encuentro y conflicto entre culturas y comunidades diversas, pasando así al reino de las mitologías, a menudo cultivadas e idealizadas por nostálgicos (Cattaruzza, 2010; Lowe, 2012: 43 y ss.). Y no solo cabe hablar de Europa Centro-oriental, donde se llevó a cabo la expulsión de millones de alemanes y alemanes étnicos al oeste de la línea Oder-Neisse-Trieste. De hecho, el reasentamiento nacional y de clase llevado a cabo por las autoridades soviéticas en los territorios ocupados que conformaron su nueva frontera occidental fue posiblemente el proceso más llamativo y costoso en vidas humanas: mientras que en los traslados forzosos de polacos y alemanes murieron menos de uno de cada diez, en el caso de los bálticos y soviéticos fueron casi uno de cada cinco (Snyder, 2011: 393). Además, tal y como ha documentado Giles MacDonogh (2007), en Alemania murieron más de tres millones de personas a resultas de las políticas de ocupación. Los expolios; el internamiento en campos como Auschwitz, Sachsenhausen, Buchenwald, Dachau o Bergen-Belsen, construidos por las autoridades nacionalsocialistas y ahora reaprovechados para otros fines y para acoger a otras víctimas; y, por supuesto, la expulsión fueron los mecanismos propios de una desnazificación por la vía directa y sin esperar a tribunal alguno, que tuvo en los civiles el objeto central (Buruma, 2013). Adelheid (1969), la impactante película ambientada en los Sudetes de la posguerra, del director checo František Vláčil, refleja la terrible incertidumbre y la brutalidad que presidía la vida de los alemanes de la región en aquellos días, las venganzas y vejaciones a las que fueron sometidos a manos de los checos.

Es más, entre 1941 y 1947 las fronteras occidentales de la Unión Soviética fueron el escenario de los últimos estertores de una confrontación aún extremadamente violenta entre fascismo/colaboracionismo y comunismo, entre los nacionalistas polacos y los fascistas ucranianos del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) de Stepan Bandera (1909-1959). Estos últimos, en sus matanzas y destrucción de comunidades polacas, con decenas de miles de muertos, acabaron haciendo una buena parte del trabajo sucio a los soviéticos, lo cual no deja de ser paradójico dado su anticomunismo (Rieber, 2003; Faraldo, 2011: 229 y ss.; Snyder, 2011: 386). Como señala Faraldo, en el arco que va desde el Báltico a Rumania pasando por Polonia o Galitzia el final de la guerra «se convirtió en desesperada y multitudinaria lucha fratricida». Como planteara Mazower (1998: 463), la desaparición de facto del problema de las minorías tuvo lugar en un contexto propiciatorio de extrema violencia interna. Polonia es un caso paradigmático, en la medida en que vio reducida su complejidad nacional de preguerra a una homogeneidad casi absoluta, con la desaparición total o parcial dentro de sus fronteras de alemanes (del 2,3 al 1,4 % de la población), ucranianos (del 13,8 al 0,7 %) o bielorrusos (del 5,3 al 0,6 %). No sería ni mucho menos el único: además de la expulsión y reasentamiento de los alemanes de Europa del Este, entre 12 y 13 millones de personas, otros casos significativos fueron los húngaros expulsados de Checoslovaquia, 90 000, o los eslovacos de Hungría, 73 000 (Judt, 2005). Todos esos casos, empero, no se desarrollaron en contextos abiertos de enfrentamiento armado entre facciones por el control del país y del territorio, pero sí en una terrible situación de devastación y desarticulación económica que causó graves sufrimientos y numerosas muertes. Desde luego no fueron guerras civiles, sino que más bien reflejaron los resultados de la combinación entre una letal guerra de ocupación y, a veces, un despliegue de la misma en forma de guerra intranacional, siendo buena muestra de ello el mencionado UPA, que tuvo su origen en las milicias parapoliciales reclutadas, encuadradas, equipadas y adiestradas por los alemanes para el control de la retaguardia en el Frente Oriental.

El de la persecución y expulsión de las minorías fue uno de los modelos operativos en la Europa de la posguerra mundial, y también, aunque en menor escala, se empleó para cerrar la era de las guerras civiles, siempre con resultados diferentes. No exclusivamente, pero también como conflictos internos, cabe analizar los procesos depurativos y desfascistizadores en Europa, una limpieza política violenta en toda regla que generó unas 10 000 víctimas en Italia —tal vez muchas más— y 9000 en Francia, además de las tasas de detención política más altas y generalizadas jamás vistas en Europa. Según István Deák, las muertes por depuración pudieron alcanzar hasta el 3 % de las poblaciones ocupadas, si bien lo cierto es que hubo notables diferencias entre países a la hora de llevar a cabo estos procesos internos. En Noruega fueron procesadas y encarceladas 55 000 personas del NS en un país de casi tres millones de habitantes; en Holanda fueron investigadas 200 000 personas, con una población total de nueve millones; los 29 000 encarcelados en Francia en 1946 eran mayoritariamente detenidos políticos, en la medida en que lo que se juzgaba era colaboracionismo con el fascismo —aunque la variabilidad de la épuration sauvage alcanzase dimensiones no contenidas en esa cifra, como las entre 10 000 y 30 000 mujeres rapadas y expuestas públicamente por connivencia, generalmente sexual, con el enemigo (Lottman, 1986; Jackson, 2001: 580; Ledesma, 2014)—. Las cifras de las detenciones en Italia fueron todavía mayores. Sin embargo, la variabilidad reflejada en los guarismos de ejecuciones y penas de muerte sumarias o judiciales habla de la existencia de enormes diferencias entre Francia e Italia, por un lado, y Bélgica, Holanda o Noruega, por otro. Entre los dos primeros sumaron unas 400 víctimas por violencia sumaria contra el colaboracionismo, de manera que la escala menor del conflicto civil se proyectaría también en la escala de su depuración posterior.

Todas las guerras internas europeas tuvieron finales similares, pero no en todos los países se alcanzó el mismo grado de intensidad depurativa. Ya se ha visto cómo la España posterior a 1939 mantuvo vigentes muchos rasgos propios de la guerra, incluida la movilización. En Italia se trató de cerrar el conflicto amnistiando al fascismo. Lo mismo se hizo en Yugoslavia para poder integrar a los croatas en la nueva república socialista sin que hubiera excesivo conflicto de por medio. A la larga, el discurso que se impuso fue el de su identificación de los colaboracionistas como una minoría títere sin legitimidad, algo que se puede observar a la perfección para el caso de los ustaše gracias a la película yugoslava de Lordan Zafranović, Okupacija u 26 slika [Ocupación en 26 imágenes], del año 1978. En la obra se presenta a los fascistas croatas como un pequeño y aislado grupo de sádicos asesinos. Sin embargo, y al igual que en Italia o en Francia, para llegar a la reintegración de los derrotados en el seno de la comunidad nacional de la posguerra hubo de pasar sobre ellos previamente la tea purificadora de la violencia. Por ejemplo, la cifra de croatas asesinados en marchas forzosas o por fusilamientos a manos de los partisanos en la población fronteriza austriaca de Bleiburg, después de ser entregados por las autoridades aliadas, está establecida en mínimos de 50 000, aunque existe cierto consenso en los 70-80 000, a los que cabe sumar al menos 10 000 serbios y eslovenos (Tomasevich, 2001: 765). En proporción relativa a la población, la persecución en Yugoslavia supuso diez veces la de Italia y veinte la de Francia.

No obstante, y a pesar de existir semejantes antecedentes en forma de represalias y depuraciones, así como combates abiertos entre facciones de la resistencia en el caso yugoslavo, en ninguno de estos países se vivió un rebrote de la violencia de guerra civil pasada la Segunda Guerra Mundial. No se puede decir lo mismo de Grecia, que aún vivió un nuevo episodio de enfrentamiento armado intestino entre 1947 y 1949. Este fue en buena medida herencia de las divisiones existentes en el seno de la oposición a la ocupación y de la asimetría de las ayudas internacionales recibidas a la hora de imponer una arquitectura institucional y una salida política a la crisis armada de legitimidad vivida en el tránsito de la ocupación a la liberación. La última trinchera de esta larga historia de guerras civiles europeas en la primera mitad del novecientos fue, pues, la helena: un conflicto armado sobre el que no existe ni siquiera un acuerdo mínimo en lo tocante a la cronología, entre otras cuestiones por su naturaleza propia en tanto que combate por la legitimidad de la reconstrucción política de la nación tras la ocupación de Grecia por parte del Eje entre 1941 y 1944. Al igual que en el caso ruso, ya se ha planteado también una denominación inclusiva en forma de «larga guerra civil griega» (Van Boeschoten, 2015) hasta 1950, incluyendo en ella los primeros enfrentamientos de 1943. Fuese ese un primer round de la guerra —con las luchas partisana, antipartisana e intrapartisana como elementos primordiales—, al que seguiría un segundo con el terror contrarrevolucionario de 1945-1946 y, ulteriormente, la guerra propiamente dicha entre 1947 y 1949, o fuese esta última la única que puede considerarse como tal, lo que parece bastante claro es que la idea misma del conflicto convencional aplicada al contexto de la guerra de ocupación y de la posguerra continental pierde buena parte de su operatividad y capacidad explicativa. Junto con la larguísima guerra civil china, con la que iniciaremos el próximo capítulo, la que tuvo lugar en suelo griego supuso, vista en perspectiva, el punto de inflexión entre esa dinámica y la del comunismo y el anticomunismo, inaugurando así una nueva lógica, la de la llamada Guerra Fría.

Entre 1947 y 1949, y tras la represión contra los comunistas del KKE desencadenada tras el desarme del EAM-ELAS (Gerolymatos, 2004), la tercera fase del conflicto interno tendría de nuevo factores internos e internacionales, siendo estos últimos capitales para la derrota de la guerrilla comunista. Como ocurriría con la de China, concluida casi al mismo tiempo, la guerra en Grecia sirvió para la reconfiguración de las alianzas geoestratégicas en el marco de la posguerra mundial. Siendo Grecia un país con una fuerte influencia británica, pues servía de control sobre Oriente Medio y el Canal de Suez, fue también el escenario para la fractura entre las democracias liberales y los movimientos insurreccionales comunistas a los que habían apoyado en la fase de liberación frente al ocupante fascista. En este punto resultó crucial la decisión del presidente estadounidense de dotar de ayuda militar y económica —hasta 300 millones de dólares— al Ejército griego para combatir la insurgencia comunista, en medio del conocido cisma entre Tito y Stalin. De esta forma nació la llamada Doctrina Truman, tal y como puso de manifiesto en su discurso ante el Congreso:

La misma existencia del Estado griego se encuentra amenazada hoy por las actividades terroristas de varios miles de hombres dirigidos por los comunistas. En el momento actual de la historia mundial, prácticamente toda nación tiene que elegir entre modos de vida alternativos. Creo que la política de Estados Unidos tiene que pasar por prestar apoyo a los pueblos libres que están resistiendo intentos de subyugación a manos de minorías armadas o de presiones exteriores (Stone, 2012).

Sin embargo, los guarismos de la guerra griega tendrían poco que ver con cuestiones de política internacional, de diplomacia o de economía transnacional, y sí, sobre todo, con las dinámicas locales e intracomunitarias. En un momento de reconfiguración etnolingüística y política del país, la herencia de los enfrentamientos previos; la memoria inmediata de los crímenes cometidos por los ocupantes y la resistencia, pero también por insurgentes y agentes estatales en 1944; la decisión de boicotear las elecciones de marzo de 1946; o el apoyo de los comunistas griegos a la creación de una autonomía macedonia en el norte semejante a la Macedonia yugoslava pero en territorio heleno, sobre el que Tito tenían aspiraciones territoriales (muchos miembros del ELAS eran, de hecho, eslavos macedonios), terminaron de fracturar la situación política e institucional hasta hacerla insostenible.

El poco fiable plebiscito de septiembre de 1946 tuvo como resultado un gobierno de derechas y la restauración de la monarquía, si bien no fue ni aceptado antes ni reconocido después. Con semejante resultado, el KKE y, por consiguiente, el ELAS dieron inicio al rearme de un Ejército denominado Democrático, el DSE de Nikos Zahariadis (1903-1973), y a una campaña de guerra de guerrillas apoyada por Tito desde Yugoslavia en los territorios rurales y montañosos de Macedonia y el Epiro, donde, pese a haber sido formalmente desarmados, mantenían el control territorial y las armas escondidas. La fase inicial de guerra irregular y de guerrillas al poco dio pie a otra en la que el DSE trató de desplegar una guerra convencional, sin demasiado éxito frente a unas tropas monárquicas que conocían bien el terreno y acumulaban experiencia de combate frente a la invasión italiana. En ese contexto, la guerra internacional tuvo un papel fundamental. Ante la firme intención de británicos y estadounidenses por establecer un cordón de seguridad anticomunista y mantener su influencia política y económica sobre Grecia, la decisión de Stalin pasó por una práctica no intervención en la guerra civil, desencandenando en marzo de 1948 la ruptura personal y política con Tito y el régimen yugoslavo, que apoyaba abiertamente a los comunistas griegos. A principios de 1949, la ulterior ruptura del KKE con Yugoslavia para mantener su lealtad a la URSS terminó por despojar al DSE de su única baza estratégica: la presencia en suelo yugoslavo y su apoyo militar y logístico. Cuando en julio Tito decidió el cierre de la frontera entre ambos países y los comunistas griegos fueron expulsados de la Macedonia yugoslava, los intentos de rearme fueron inútiles: para agosto de 1949, la ofensiva monárquica que dio por finalizada la guerra y expulsó a Albania a los restos del DSE era ya imparable.

Si hubo comunidades rotas por la violencia y la guerra civil durante más tiempo en Europa, esas fueron sin duda la España de Franco y la Grecia de guerra y posguerra. El conflicto interno propiamente dicho, además de unas 35 000 bajas militares (20 000 del DSE y 15 000 gubernamentales) se llevó por delante unas 4000 vidas de civiles ejecutados por la parte insurgente y 5000 por la gubernamental. A diferencia de la salida alemana en 1944, nadie celebró en las calles el final de un conflicto con tremendas consecuencias de orden cultural, entre otras la diferenciación entre ethnikofrones, ciudadanos sanos con conciencia nacional, y los otros, enfermos, marginales y vencidos. Muchas guerras civiles no acaban con un borrón y cuenta nueva, y por el contrario despliegan reconstrucción sin reconciliación. No hubo nunca ningún tipo de conmemoración oficial del conflicto, ni tampoco una fiesta nacional; lo que hubo entre 1950 y 1967 fue anticomunismo y olvido, según Demertzis (2011). No así bajo la llamada Dictadura de los Coroneles (1967-1974), que sin abrir explícitamente el debate sí patrocinaron imágenes explícitas (propagandísticas y fílmicas) sobre las atrocidades rojas. En Grecia, el statu quo alcanzado tras la victoria anticomunista en la posguerra civil supuso cercenar los derechos democráticos, como mínimo hasta la caída del último régimen dictatorial en 1974, con la despenalización del comunismo y la rehabilitación de los izquierdistas exiliados y encarcelados gracias a la ley de reconciliación de 1989 (Marantzidis y Antoniou, 2004; Close, 2004; Conway, 2004; Kornetis, 2014).

En Grecia, la interpretación general ha hablado de un conflicto de diferentes rounds pero con un mismo ethos, marcado siempre por el nacimiento de la guerrilla comunista en plena Segunda Guerra Mundial. Pese a que no hay equivalencia semántica para el sintagma «guerra civil» en griego (se usa emphylios polemos: guerra intestina, entre los de la misma raza), la consideración de los conflictos de la posguerra mundial como una «guerra de bandidos», de liberación nacional entre griegos buenos y malos, leales y traidores, no tenía una raíz exclusivamente semántica, sino también identitaria (Antoniou, 2007), un constructo que se observa también para el caso de la guerrilla antifranquista y las resistencias armadas frente al comunismo en la Europa Centro-oriental de la posguerra mundial (Faraldo, 2011). En consecuencia, esta visión perpetuaba la división entre buenos y malos, leales y traidores. Desde los años ochenta se fue fortaleciendo la desmitificación del tema tabú de la guerra civil, sobre todo desde la llegada al poder del Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) en 1981 y su propuesta de una nueva narrativa nacional maniquea, autojustificativa, selectiva y contraria a la narración nacional anticomunista, que desde su articulación en la resistencia tuvo en los historiadores griegos que trabajaban fuera de Grecia a sus mayores epítomes. El gran éxito de la historiografía ha sido la aceptación de la validez (o del debate en torno al mismo) del sintagma «guerra civil», al menos para el período de 1947-1949, frente a los relatos de la guerra de bandidos y la de liberación nacional y de clase. En ese proceso ha sido fundamental la identificación de elementos comunes con otras latitudes: colaboracionismo y resistencia (esta última liberada ya de la hagiografía de posguerra), acomodación, coexistencia o alianza tácita, términos que han vehiculado la relación con el pasado en países como Francia o Italia. Como reconoce Mazower, al trabajo de David Close para resituar las responsabilidades de la derecha en el inicio de la guerra hay que unir la gran importancia que tuvo el libro de Pavone sobre la guerra italiana de 1943-1945 (Mazower ed., 2000). Aunque, sin duda, también las guerras yugoslavas fueron un acelerador historiográfico, al subrayar componentes étnicos y disputas nacionalistas en los conflictos intracomunitarios, una vez agotados los paradigmas socioeconómicos y diplomáticos propios del análisis de las guerras civiles desde la historiografía social y las ciencias políticas, y desde la historia política respectivamente. En Grecia, la crisis yugoslava de los años noventa reabrió debates que nos han llevado hasta la actualidad. Aun con todo, siempre hubo voces críticas, algunas muy tempranas, como la del gran cronista de este traumático pasado griego, el malogrado director de cine Theo Angelopoulos (1935-2012). Este caminó por las profundas cicatrices intracomunitarias y personales de la guerra civil en Reconstrucción (1970), Los cazadores (1977) y Viaje a Cítera (1984), recorrió la historia griega del siglo XX atravesando esas montañas del noroeste de Grecia en su mítica Alejandro Magno (1980) y se sumergió de forma muy clara en los conflictos de la década de 1940 en su obra El viaje de los comediantes (1975).

Así pues, con el fin y la derrota del maquis en España y de la guerrilla comunista en Grecia, gracias al alto el fuego temporal decretado en este último caso por el Partido Comunista tras las ofensivas monárquicas de 1949, acababa una larga historia de confrontación militar y paramilitar, la del paramilitarismo y la guerrilla, que llevaba instalada en Europa más de una década. Por lo que se refiere a los resultados que unen esta gama de experiencias analizadas hasta aquí, la comparación con el régimen de Franco sugiere en todo caso dinámicas muy diferentes. Los socialdemócratas ayudaron a redactar la Constitución de 1919 en Finlandia. Los perdedores llegaron al poder en Irlanda. La memoria de la guerra civil fue un agente político central en Grecia, al menos hasta el final de la Dictadura de los Coroneles en 1974. Ninguno de estos países sostuvo una dictadura tan represiva, ni que continuase con tamaña intensidad sus preceptos de identificación, expulsión y violencia como la instaurada por los vencedores de la guerra civil en España. Tras el final de la helena, el huracán de los conflictos internos no volvería a tocar el suelo de Europa hasta cuatro décadas después. Eso no quiere decir, por supuesto, que la violencia se esfumase, y las guerras francesas en Madagascar y Argelia, británica en Kenia, española en Ifni o portuguesas en Angola, Guinea y Mozambique nos hablan precisamente de que ese huracán de praxis, políticas de la violencia y heterofobia extrema desplazó su vórtice de nuevo allá donde había arrancado en el siglo XIX: el continente africano.

Sin embargo, no queremos terminar este largo capítulo sin una última reflexión, que nos situará ya a caballo con los que vienen a continuación. En el caso yugoslavo, que ya hemos visto, pocas cosas hay más instructivas y pedagógicas que visitar las decenas de monumentos en honor a los partisanos esparcidos por toda la geografía de la extinta federación, muchos de ellos impresionantes y por lo general en un estado de abandono total. Apartado del casco histórico de Mostar y situado en la zona croata de la ciudad, más moderna, pocos turistas llegarán a poner los pies en el Cementerio Conmemorativo de los Partisanos, quizás algunos curiosos provistos de buenas guías, yugonostálgicos y, como siempre, historiadores. Cuando uno de los autores tuvo la ocasión de visitarlo hace seis años se quedó sobrecogido al descubrir aquella obra en medio de la vegetación y sin que mediara indicación alguna: parecía el resto de una civilización antigua, con aquellas líneas arriesgadas y dinámicas que iban ascendiendo hasta la parte superior, coronada por un altar donde debió arder en su día una llama que se quiso eterna y presidido este por un mosaico de ruedas dentadas. Todo el conjunto parecía querer reflejar la vitalidad, la fortaleza y la perfección alcanzada por la Yugoslavia socialista en 1965, año en que el monumento fue inaugurado, conmemorando el vigésimo aniversario de la liberación de Mostar por los partisanos. Así era el estilo del arquitecto yugoslavo y veterano partisano Bogdan Bogdanović (1920-2010), que a pesar de haber nacido en Belgrado y en una familia serbia nunca se habría reconocido a sí mismo como tal. De hecho, este llegó a ser alcalde de Belgrado por iniciativa de Ivan Stambolić, el mismo hombre que protegería y promovería a Slobodan Milošević dentro del aparato del Partido y el Estado hasta alcanzar el poder en Serbia. Tras ser objeto de la ira de los medios de comunicación de su país, controlados por el gobierno, en 1993 él y su esposa se marcharon al exilio para no renunciar a su yugoslavismo, demostrando que, hasta cierto punto y en función de la posición personal de cada uno, siempre suele haber margen para decidir quién se quiere ser y hasta dónde se quiere llegar con ello. Bogdanović dejó sus obras conmemorativas en el cementerio sefardí de Belgrado, en Jasenovac, en Vukovar, en Bihać, en Novi Travnik, en Kosovska Mitrovica y en muchos sitios más, todas ellas destinadas a perdurar. Sin embargo, en plena contemporaneidad las obras del ser humano y sus mitos comunitarios se revelan cada vez más efímeros. Así se pone de manifiesto en el cementerio partisano, con las malas hierbas y los árboles abriéndose paso por doquier a través de la piedra; las pintadas de cruces celtas y gamadas o de granadas explotando, símbolo de la Ustaša; los vidrios de litronas de cerveza y botellas de licor. Todo en aquel lugar delata cuán frágil puede llegar a ser la memoria, y cuán despiadadas suelen ser las guerras libradas en su nombre.

4. La guerra civil a caballo entre dos épocas. De un mundo multipolar al conflicto entre bloques

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La guerra civil a caballo entre dos épocas.

De un mundo multipolar al conflicto entre bloques

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial el colonialismo estaba en su apogeo. Sin embargo, el curso del conflicto, su simbólico mensaje de fondo, sembraría las semillas de la derrota y el fin del sistema. La cuestión central, la esencia, la relación primordial entre europeos y africanos durante la era colonial fue la diferencia de raza, del color de la piel. Todo —cualquier intercambio, conexión o conflicto— era traducido al lenguaje del blanco y negro. […]. En el africano se inculcó la idea de que el hombre blanco era intocable, inconquistable, que los blancos constituían una fuerza cohesionada y homogénea. […]. Entonces, de repente, los africanos reclutados en los ejércitos británico y francés en Europa vieron que los hombres blancos estaban luchando entre sí, se disparaban unos a otros, destruían las ciudades del otro. Esto fue una revelación, una sorpresa, una sacudida.

RYSZARD KAPUŚCIŃSKI,

Ébano (1998).

Nadie tuvo que enseñar a los africanos a matarse entre sí, eso está fuera de toda duda. Desde el siglo XVI un sinfín de monarcas de este inmenso y complejo continente habían comerciado con los mercaderes europeos, saciando unos y otros su deseo de reconocimiento, poder, riquezas y mano de obra esclava, cada cual a un nivel diferente. Los europeos llegaban a las costas y establecían sus factorías en lugares estratégicos, traían productos manufacturados y se llevaban consigo oro, marfil, gemas, diamantes, hombres y mujeres. Sin embargo, hay algo bien cierto: una de las pocas cosas que comparte África como continente es su nombre, una denominación impuesta desde fuera en ese esfuerzo del hombre blanco occidental por simplificar una realidad que de otro modo resulta inaprehensible para su imaginario. Este hecho ha condicionado y sigue condicionando de manera decisiva nuestras visiones de una tierra que hasta cierto punto no ha dejado de ser ignota, en parte por desinformación, pero no menos porque nuestra educación sigue guiada por esa autocomplacencia tan eurocéntrica e inútil para el mundo de hoy. Esto no deja de ser paradójico en plena globalización, cuando millones de hombres y mujeres venidos desde todos los lugares imaginables de África viven en nuestras sociedades, o más bien en sus márgenes, pocas veces con nosotros. Para la mayoría de los europeos las más de las veces son una sombra, figuras vistas de refilón, cuando no una presencia inquietante, posiblemente porque intuimos todo lo que traen consigo desde sus lugares de origen, tan distintos entre sí que, lo repetimos una vez más, lo único que comparten es el nombre de un continente asociado a la explotación, a la pobreza, al hambre y a la guerra civil. Pocos han reflejado tan bien como Alexis Jenni ese desasosiego que generan los africanos en nuestras sociedades; ahí está, para quien quiera leerlo, El arte francés de la guerra (2011).

En cualquier caso, este libro no pretende establecer responsabilidades ni nada por el estilo; cada lector o lectora puede y debe sacar sus conclusiones. Nuestro objetivo es dar cuenta de los complejos procesos históricos que explican por qué hubo una proliferación exponencial de guerras civiles en el marco de la Guerra Fría y por qué esto afectó y sigue afectando de manera muy particular al continente africano, aunque no solo. De hecho, comenzaremos nuestro particular recorrido en la larguísima guerra civil china, que asoló al gigante asiático durante más de veinte años, ocupación imperial japonesa mediante, y acabaremos con la maraña de conflictos ocurridos en el Afganistán que va de los años ochenta hasta nuestros días. A lo largo de este camino nos centraremos en el extenso ciclo bélico que desgarró los territorios de la antigua colonia de Indochina; nos detendremos en otro histórico y grave foco de enfrentamientos internos como es la Centroamérica de las décadas de 1980 y 1990; y por último también abordaremos los conflictos que han asolado de forma constante y periódica desde 1960 los territorios de la hoy llamada República Democrática del Congo (en lo sucesivo, el Congo) y sus regiones periféricas. Sin embargo, no queremos que nadie se confunda: este capítulo no es un cajón de sastre donde encajar algunos de los conflictos acontecidos en el llamado Tercer Mundo. Nada más lejos de la realidad. Las cuestiones y escenarios que abordamos aquí tienen pleno sentido de cara a entender algunos procesos fundamentales: la evolución de las formas de hacer la guerra, una tendencia que va de un modelo mucho más convencional de guerra regular a otro basado en grupos armados mucho más reducidos —cada vez más— que actúan de forma irregular, por mucho que ambos enfoques ya convivían y siguieron conviviendo en mayor o menor medida; la propagación de los conflictos a través del hemisferio sur, a veces, aunque no siempre, como parte del modelo de guerra subsidiaria que marcó la lucha entre los dos bloques; o los complejos y a menudo traumáticos procesos de descolonización y, por último, de neocolonización en el marco del capitalismo mundial. Sin embargo, como veremos, aunque la Guerra Fría haya acabado no lo han hecho las praxis de las grandes potencias, espada y escudo del sistema capitalista y centro de operaciones de las grandes corporaciones. Estas siguen utilizando a terceros para promover sus intereses político-económicos, a la par que esos agentes se sirven de dichas potencias para conseguir sus propios fines o para desplegar sus agendas políticas sobre el terreno.

Y volviendo a la frase con la que empezábamos este capítulo, es cierto que nadie empujó a los africanos a matarse entre sí, ni tampoco a los asiáticos o a los centroamericanos, pero sí que hubo quien les enseñó nuevos modos de hacerlo, mucho más mortíferos y destructivos, al tiempo que aportaba nuevas motivaciones y escenarios. La descolonización fue promovida casi siempre por las mismas élites autóctonas que habían sido formadas por las autoridades coloniales en ultramar o en las metrópolis. Esta realidad, unida al impacto de las dinámicas de la Guerra Fría y al intento occidental para amarrar sus intereses en los nuevos países, fue lo que abrió una ventana de oportunidad para que la guerra siguiera siendo el más efectivo instrumento de lucha por el poder. La educación de dichas élites se había basado en los modelos y marcos de referencia educativos occidentales, los del Estado burocrático moderno, la racionalización administrativa, la homogeneización como principio básico para la gobernabilidad, el Estado-nación, la fuerza armada como expresión de autoridad, el eliminacionismo y la guerra como instrumentos de poder y transformación social. El objetivo de las potencias coloniales era nutrir y mantener su sistema de dominación a través de la creación de clientelas autóctonas que se beneficiaran de este y que por tanto les sirvieran como base social, aunque también recurrieron de forma activa a la vieja política imperial del divide et impera dentro de territorios sumamente heterogéneos tanto cultural como social y étnicamente. Esto se observa bastante bien en El último rey de Escocia (2006), película de Kevin Macdonald basada en hechos reales ocurridos en la Uganda de los años setenta. Como muchos otros occidentales antes o después, el protagonista ficticio es un joven médico escocés recién licenciado, Nicholas Garrigan (inspirado en buena medida en la figura del controvertido veterano militar inglés Bob Astles [1924-2012]), quien, agobiado por los convencionalismos de la sociedad británica, decidió trasladarse al país ribereño con el lago Victoria, en aquella compleja encrucijada entre Ruanda, Kenia, Sudán, el Congo Oriental y Tanzania. Las casualidades de la vida quisieron que acabara siendo el médico personal de Idi Amin (1923/28-2003), conocido como El Carnicero de Uganda. El militar y dictador ugandés, que gobernó el país entre 1971 y 1979 dejando una economía destrozada y un saldo de entre 300 000 y 500 000 muertos por razones étnicas, le confesaba al galeno lo siguiente:

Provengo de una familia muy pobre, creo que debes saberlo. Mi padre me abandonó cuando era un niño. El Ejército británico se convirtió en mi hogar. Me llevaron con ellos como asistente en su cocina: lavaba ollas. Solían golpearme. «Construye ese muro, Amín»; «cava esa letrina, Amín». Y ahora aquí estoy, el presidente de Uganda. ¿Y quién me colocó aquí? Fueron los británicos.

Efectivamente, Amin formó parte de las fuerzas coloniales británicas, dentro del regimiento conocido como King’s African Rifles (KAR) o Fusileros Africanos del Rey, que estaba integrado por autóctonos de las colonias del Reino Unido en África oriental, siendo la mayor parte de los oficiales británicos de la metrópoli o de las posesiones de ultramar. Así pues, durante el periodo comprendido entre finales de los años cuarenta y la década de los cincuenta combatiría contra los rebeldes somalíes de la franja septentrional de Kenia, donde estos eran la etnia mayoritaria y ambicionaban unir sus territorios a los de Somalia; lucharía entre los años 1952 y 1959 contra la rebelión keniata de los Mau Mau, que se oponían al dominio colonial británico y que sería reprimida con el empleo de campos de concentración (entre 320 000 y 450 000 autóctonos pasaron por ellos, entre ellos un abuelo de Barack Obama [1961-]), torturas, brutales represalias colectivas, violaciones y un gran coste financiero para el Reino Unido; y, finalmente, tras su vuelta a Uganda en 1959 se encargó de reprimir un conflicto étnico-económico por tierras de pastoreo y ganado en la frontera con Kenia. Mientras tanto, había ido ascendiendo en el escalafón militar hasta alcanzar la categoría de teniente en 1961, siendo uno de los dos primeros ugandeses en conseguirlo. Esta había sido la escuela de Amin, pero también la de muchos otros autóctonos del continente africano y asiático, entre los cuales centenares de miles habían pasado ya por la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, ya fuera en el teatro europeo o en sus hogares. La experiencia fue reveladora, como también lo fue la de aquellos que, como Amin, participaron en las luchas de los europeos por la conservación de sus dominios coloniales.

Como ya hemos visto, no hacía tanto que Europa había sido el escenario de guerra por excelencia, con múltiples conflictos internos derivados de la Gran Guerra y muchos más ocurridos bajo el paraguas de la ocupación y las políticas imperiales durante la Segunda Guerra Mundial. Basta con mirar la trayectoria de innumerables líderes militares y políticos europeos de la época para ver hasta qué punto muchos de ellos encontraron un modo de vida en la guerra, pasando por los conflictos del viejo continente, por las contiendas de pacificación colonial en África y Oriente Medio, por las luchas intestinas en la China de la primera mitad del siglo XX o por enfrentamientos internacionales latinoamericanos como la guerra del Chaco (1932-1935). Fruto de estas experiencias crearon su particular caja de herramientas imperial y forjaron todo un repertorio de praxis y marcos de referencia que desplegaron allá donde hicieron la guerra, y que además difundieron por donde pasaron. Con esto no pretendemos establecer una relación absoluta de causa-efecto, ni mucho menos una teleología según la cual si Europa ha caminado hacia su estabilización tras esta fase —cosa por lo demás discutible atendiendo a lo ocurrido en los noventa en los márgenes del continente— el resto del mundo haya de alcanzarla también una vez supere supuestas contradicciones y problemas estructurales. Las fases y las teleologías que nos conducen al progreso o el bienestar son el producto de una ilusión, la de la perfectibilidad del ser humano, un artificio construido por el intelecto, e incluso un instrumento desmovilizador del orden establecido: lo estructural existe y juega un papel importante, pero si hablamos de historia la palanca que mueve todo es la contingencia. En la historia no hay mano invisible que valga, como tampoco en la economía.

A partir de la segunda mitad de los años cuarenta las condiciones sencillamente fueron cambiando fruto de un proceso repleto de continuidades y rupturas, tal y como anunciábamos al final del capítulo anterior, y esto es algo que se puede observar a la perfección en el inicio, desarrollo y conclusión de la guerra civil china, tal y como vamos a ver ahora mismo. Las particularidades de la Guerra Fría, con la aparición de la amenaza cada vez más evidente de un holocausto nuclear, y el fin de los imperios coloniales territoriales, sobre todo el francés y el británico, crearon las condiciones para la exportación de la guerra desde Occidente hacia las periferias imperiales. En parte, esta lógica respondió al intento de las principales potencias por seguir controlando y explotando el mundo en su beneficio, a la par que se evitaban formas autodestructivas de confrontación como las vividas entre 1914 y 1948. En efecto, uno de los factores que ha hecho más atractivas las guerras civiles de cara a una participación extranjera, un atributo que las caracteriza de forma constante, y que ha llevado de forma creciente a terceros países a promoverlas, ha sido la posibilidad de alterar y destruir los equilibrios de poder preexistentes y el establecimiento de otros nuevos favorables a los intereses de los intervinientes (Forman, 1972: 1112). No obstante, y cabe insistir en ello, hay que acabar con la visión subalterna de los agentes político-militares y económicos del Tercer Mundo, que por supuesto tienen su propios proyectos y motivaciones, lo cual incluye a importantes sectores de sus sociedades, que realizan sus propios cálculos de costes y beneficios. Lo dejaba muy claro un guardia de seguridad tanzano, veterano de guerra que había combatido en el conflicto entre su país y Uganda en 1979, el mismo que supuso la derrota y destrucción del régimen de Idi Amin. Este le confesó a Hubert Sauper (1966-) que tanto él como muchos de sus conciudadanos deseaban que estallara un nuevo conflicto, porque eso les permitiría mejorar su poder adquisitivo gracias a las posibilidades de hacer dinero que trae consigo un enfrentamiento armado. De forma clara y tajante reconocía que «sí, que mucha gente espera una guerra» (Sauper, 2004).

Una larga marcha: la guerra civil china, 1927-1958

UNA LARGA MARCHA:

LA GUERRA CIVIL CHINA, 1927-1958

A pesar de su importancia creciente a nivel mundial China es una gran desconocida para los occidentales. Sin embargo, su traumático y complejo pasado nos proporciona una atalaya privilegiada desde la cual observar y comprender algunos de los cambios y los procesos históricos fundamentales que han tenido lugar a lo largo de las dos últimas centurias. De hecho, merece la pena remontarnos un poco en el tiempo y analizar brevemente los acontecimientos que marcaron la entrada del gigante asiático en la contemporaneidad. En primer lugar, eso hará más sencilla la comprensión de nuestro principal objeto de interés, la guerra civil que se desarrolló entre dos épocas bien diferenciadas, el periodo de Entreguerras y la Guerra Fría, y que supuso el triunfo del comunismo. En segundo lugar, porque fruto de esa victoria el modelo chino o maoísta se convirtió en un referente de la lucha revolucionaria, y por tanto en última instancia contribuyó a estimular la aparición de grupos armados que actuaron bajo el principio de la guerra de guerrillas fundamentada en una base social campesina. Quizás el ejemplo más evidente sea el de la llamada revolución cubana (1953-1959), donde Mao Zedong (1893-1976) fue una inspiración para uno de los principales ideólogos de la lucha y el experimento caribeño, Ernesto «Che» Guevara (1928-1967), aunque este acabara desarrollando con el tiempo un modelo propio fruto de su experiencia guerrillera. Sin embargo, este tipo de conexiones ideológicas revelan una vez más la importancia del elemento transnacional, tanto en lo referido a la circulación de principios y praxis políticas como en el ámbito de la guerra y las diferentes formas de llevarla a cabo.

Dicho de manera sintética hubo tres hechos fundamentales que supusieron un punto de inflexión en la historia china. En primer lugar, cabe destacar las llamadas guerras del Opio, dos conflictos acontecidos entre 1839-1842 y 1856-1860 que enfrentaron al Imperio chino con Gran Bretaña, aunque entre los beneficiarios de su derrota también se encontraron franceses y rusos. Estos enfrentamientos armados tuvieron su origen en la creciente expansión mundial del capitalismo, encarnado en este caso por el imperialismo británico y sus intereses. A lo largo de las décadas, la demanda en aumento de materias primas y manufacturas chinas había tenido como consecuencia más evidente una sangría de plata que, una vez entraba en China, dejaba de circular, dada la falta de interés del mercado chino frente al que podían ofrecer los comerciantes británicos. Así pues, en las primeras décadas del siglo XIX estos comenzaron a cultivar opio en sus posesiones coloniales de India con el fin de introducir el producto en el gigante asiático y conseguir que el flujo de plata retornara a ellos. Tal fue el éxito de la maniobra que la economía china vio cómo sus reservas del preciado metal se iban esfumando, al tiempo que sus cuentas comerciales mostraban un balance deficitario y el opio se convertía en un grave problema de salud pública. Todo esto llevó a las autoridades imperiales a bloquear el comercio con el exterior y a prohibir la comercialización de dicha droga en todas sus variantes, de modo que la respuesta militar británica no se hizo esperar. De hecho, las fuerzas chinas fueron derrotadas de manera aplastante en las dos guerras, consiguiendo los británicos por dos veces enormes concesiones en materia comercial, política y territorial, entre otras cosas la apertura de los puertos chinos y la legalización del comercio del opio.

Así pues, como siempre ocurre en la contemporaneidad, guerra y expansión o consolidación del capitalismo fueron de la mano, unidos en este caso a la droga de forma muy clara. En efecto, no es casual que volvamos a encontrarnos con los opiáceos en la guerra de Vietnam, donde desempeñarían un papel muy importante, sobre todo la heroína, o desde los años ochenta hasta hoy en las guerras de Afganistán, centro productor y ruta de paso clave en el control de dicha materia prima. En cualquier caso, lo que más nos interesa de cara a nuestro análisis es que las guerras sino-británicas acabaron con el tradicional aislacionismo imperial, dejaron al país tremendamente expuesto a la penetración extranjera y sumieron a las élites chinas en una profunda crisis. De este modo comenzó lo que las narrativas del nacionalismo chino han denominado el siglo de la humillación, a causa del sometimiento del país al influjo de potencias cuyas culturas eran consideradas muy inferiores desde el punto de vista de la milenaria y conservadora civilización china. Fruto del gran trauma provocado por las derrotas frente a los europeos, en la segunda mitad del siglo XIX apareció entre las élites una poderosa corriente favorable a las reformas para la modernización del país, que se agrupó bajo el llamado Movimiento de auto-fortalecimiento, muy en línea con el espíritu de la era del emperador Meiji Tennō (1852-1912) en Japón. El objetivo estaba claro, y no era otro que combatir a los occidentales en el ámbito político, económico y militar con sus propios medios: la adopción de las armas de fuego y los barcos de guerra modernos, la compra de maquinaria industrial, la promoción del conocimiento científico-técnico avanzado, la preparación de personal diplomático y militar profesional con instituciones dedicadas a tal fin, el impulso de las compañías comerciales y las grandes industrias textiles del algodón y la seda, etc.

A partir de aquí, existen otros dos episodios fundamentales que no harán sino ahondar en la crisis que atravesaba el país. Antes que nada, hay que destacar la derrota en la primera guerra sino-japonesa (1894-1895), donde se puso de manifiesto el fracaso del programa reformista chino y el triunfo del japonés, un hecho doblemente traumático si tenemos en cuenta que la China imperial se vio desbancada por primera vez de su rol de potencia hegemónica a nivel regional. Hasta entonces el país no había estado exento de tensiones políticas muy graves, que incluyeron guerras civiles en la segunda mitad del siglo XIX, algunas de ellas muy graves, como la de Taiping, que asoló buena parte del país entre 1850 y 1864. El resultado fue una de las tasas más altas de violencia jamás experimentadas dentro de una sociedad, con 30 millones de muertos (Rowe, 2014; Meyer-Fong, 2015). Esta situación de crisis estallaría de manera definitiva en la Revolución de Xinhai de 1911, un acontecimiento que tuvo ramificaciones por toda China, con levantamientos y revueltas populares de todo tipo. Tal fue su impacto que a principios del año siguiente Pu Yi (1906-1967), el último emperador chino, fue forzado a abdicar, acabando con una tradición de dos mil años de monarquía imperial.

El principal promotor e inspirador de la revolución había sido el médico, intelectual humanista y líder político Sun Yat-sen (1866-1925), formado en Hawái y Hong Kong según los parámetros occidentales y convertido al cristianismo. Todo esto es fundamental, porque Sun devino muy pronto uno de los principales referentes y máximos defensores de la modernización en China, para lo cual fundó en 1905 la sociedad secreta Tonmenghui o Alianza Revolucionaria China, organización creada en el exilio, en Tokio, que consideraba a la dinastía imperial culpable de la situación del país y que hizo posible la revolución. De hecho, este fue el germen del Kuomintang o Partido Nacionalista de China, surgido entre 1912 y 1914 y liderado por Sun a partir de ese último año hasta su muerte una década después. El objetivo en ambos casos era construir un Estado fuerte y unitario capaz de oponerse a las amenazas exteriores y de competir en condiciones de igualdad con el resto de potencias en el ámbito internacional. Es importante destacar estas cuestiones porque la aparición del Partido Comunista de China (PCC) en 1921 estuvo movida por el mismo diagnóstico de crisis y estuvo inspirada también por la receta de la modernización que había dado lugar a la aparición del Kuomintang, compartiendo el nacionalismo y el deseo de reafirmación del país frente al exterior, si bien por medios distintos.

Así pues, cabe enmarcar la disolución del Imperio chino en el mismo tracto temporal y en problemáticas muy similares a las que llevaron a la desaparición del euroasiático Imperio ruso un lustro después, tal y como ocurrió también al año siguiente con el otomano, que se extendía desde la Europa balcánica a Oriente Medio; y con el alemán y el austrohúngaro, que ocupaban Centroeuropa y los Balcanes occidentales. Queda claro pues que, fruto del empuje del capitalismo y la modernidad encarnada por este, las viejas formas de dominación habían entrado en crisis, y el vacío de poder vino acompañado en todos los casos por estados débiles o muy vulnerables, con graves fenómenos de paramilitarismo, ciclos revolucionarios, estallido de guerras civiles como la rusa, implacables procesos represivos como el ocurrido en Hungría y la aparición de señores de la guerra en el caso de China. Este último colectivo integraba a viejos oficiales imperiales que construyeron feudos privativos e independientes apoyados en sus propias huestes militares, lo cual hizo que la república china instaurada en 1912 deviniera muy pronto un Estado fallido. De hecho, todo el periodo comprendido entre ese año y 1928 estuvo muy marcado por los conflictos internos y la fragmentación del poder, en parte por los diferentes enfoques y corrientes políticas en pugna por la modernización y construcción del nuevo Estado chino, pero también debido a la aparición de los grandes señores de la guerra ya mencionados, especialmente fuertes al este y noreste del país. No sin dificultades, el propio Kuomintang estableció su base de poder en torno a la provincia meridional de Guangzhou o Cantón, creando allí su propia república para tratar de promover desde allí la reunificación de China a través del sometimiento de los cabecillas regionales y locales.

El momento decisivo en la prosecución de estos objetivos llegó en el año 1926, cuando se puso en marcha la llamada Expedición del Norte, comandada por un estrecho colaborador de Sun, un joven militar llamado Chiang Kai-shek, alumno aventajado de los movimientos modernizadores chinos y sucesor de su mentor al frente del Kuomintang y sus fuerzas armadas. Además de haber completado su educación en Japón, donde establecería contactos decisivos a largo plazo, en 1923 estuvo a la cabeza de una misión militar de la República de Guangzhou enviada a la Unión Soviética, todavía muy interesada en buscar la manera de promover la revolución a nivel mundial. De hecho, es muy revelador que por aquel entonces los comunistas chinos formaran parte de un frente unido con el Kuomintang, con el cual compartían la inquietud de someter a los señores de la guerra y crear una república burguesa y democrática. En su caso era un paso previo a la revolución, y para conseguirlo se pusieron al rebufo de los nacionalistas, una alianza táctica para expandir los ideales del comunismo y crear células por todo el país. Como resultado de estos contactos Chiang regresó de la Unión Soviética al año siguiente. Le acompañaba Vasili Blücher (1889-1938), un destacado militar bolchevique, veterano de la Gran Guerra y de la guerra civil rusa que trabajaría como asesor del Kuomintang hasta 1927 y que fue clave en la planificación de la Expedición del Norte que en 1928 consiguió someter y reunificar China. No obstante, la campaña no supuso de facto el fin de los feudos, sino tan solo su integración nominal bajo la soberanía del Estado chino encabezado por un Chiang que no tenía ni el poder ni la autoridad necesarios para conseguir que estos trabajaran en la línea marcada por él. Esto sería decisivo de cara al futuro, porque la continuidad de los feudos, con figuras de gran relieve como Zhang Xueliang (1901-2001), en Manchuria, o Yan Xishan (1883-1960), en Shanxi, continuaron con las viejas prácticas personalistas de poder sobre sus tropas y territorios, así como en su relación con el propio Chiang (Chassin, 1966: 250). Sin embargo, en el curso de la campaña tuvo lugar un hecho decisivo: de convicciones firmemente anticomunistas, el líder del Kuomintang sí se sintió fuerte como para deshacerse de sus aliados comunistas soviéticos y chinos, forzando a los primeros a volver a la Unión Soviética y llevando a prisión y masacrando a centenares de los segundos en Shanghái en abril de 1927. De hecho, dicha política fue muy pronto seguida por los señores de la guerra que se alinearon con el triunfante general del Kuomintang.

Primeros compases de la guerra, 1927-1937

Primeros compases de la guerra, 1927-1937

Enfrentándose a un más que posible exterminio, 20 000 militantes comunistas de Nanchang, en el centro del país, protagonizaron el 1 de agosto de 1927 un levantamiento que tenía dos objetivos fundamentales: sobrevivir a la represión y hacerlo por medio de un golpe de mano que pusiera en sus manos Guangzhou, 800 kilómetros al sur, donde tenía que estallar al mismo tiempo una rebelión popular y con la cual habían de confluir los de Nanchang viniendo desde el norte. Y aunque esta primera parte del plan se estrelló de forma estrepitosa contra las fuerzas del Kuomintang, desde Moscú se obviaron las escasas garantías de éxito y se insistió para que se llevara a cabo la revuelta de Guangzhou, que estallaría en diciembre de 1927 y que, a pesar de los éxitos iniciales, acabaría siendo ahogada en sangre por las unidades nacionalistas. Lo que vino después se acabó conociendo como la Comuna de París del Este, después de ser asesinadas unas 10 000 personas bajo la acusación de haber tomado parte en los hechos de forma directa o indirecta, un marco represivo que por supuesto fue aprovechado para acabar con todo tipo de enemigos políticos reales o potenciales. Así pues, este conjunto de acontecimientos fue lo que dio inicio a lo que hoy en día conocemos como la guerra civil china. De hecho, fue el fracaso de Nanchang lo que propició que muchos supervivientes del levantamiento se vieran obligados a huir a las montañas que envuelven la provincia de Guangzhou por el norte, en las provincias de Hunan, Jiangxi y Kwangtung, donde se reorganizaron desde la primera mitad del año 1927, crearon las primeras estructuras paraestatales bajo la figura de la autoproclamada República Soviética China (1931) y pusieron en práctica una guerra de guerrillas. Fue en medio de aquel desastre cuando emergieron dos figuras que serían clave en lo que estaba por venir, el antiguo oficial imperial Chu Teh (1882-1976), que se convertiría en jefe del Ejército Popular de Liberación Chino (EPL), y el maestro rural Mao Zedong (1893-1976), quien acabaría haciéndose con el mando político del PCC.

Gracias al amparo de las montañas consiguieron resistir los embates cada vez más duros de las fuerzas armadas del Kuomintang durante varios años, que a finales de 1934 acabaron forzando a los comunistas a retirarse para escapar del peligro de cerco y destrucción que se cernía sobre ellos. Merece la pena señalar que buena parte del éxito de las unidades nacionalistas comandadas por Chiang se debió al asesoramiento militar de dos figuras fundamentales llegadas a China con ese fin, Hans von Seeckt (1866-1936), antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército de Weimar, y Alexander von Falkenhausen, que ya había servido como agregado militar alemán en Japón a principios del siglo XX. Ambos oficiales tuvieron una función clave por dos razones. Por un lado, Von Seeckt consiguió calmar los ánimos y mantener viva la misión militar del Reich, puesta en peligro por el trato condescendiente y racista que habían dispensado hasta entonces los militares alemanes a sus colegas chinos; por su parte, Von Falkenhausen estableció una relación de amistad con Chiang que duraría hasta la muerte del alemán, a pesar de la distancia que los separó durante la posguerra.

En cualquier caso, y volviendo a la guerra, el precio que hubieron de pagar los comunistas por escapar de la pinza del Kuomintang fue altísimo, perdiendo el 90 % de sus efectivos en uno de los principales hitos de la guerra civil china, la Larga Marcha. En el curso de esta, 130 000 personas, incluyendo civiles, emprendieron una huida a lo largo de diversas rutas de este a oeste y más tarde en dirección al norte, atravesando en muchos casos más de 6000 kilómetros y más de una decena de provincias distintas, todo ello en el curso de un año, en condiciones materiales penosas y sin dejar de ser acosadas por las unidades nacionalistas. En última instancia, el hecho de que los comunistas pudieran completar su huida tuvo mucho que ver con los conflictos de intereses y las suspicacias entre el gobierno central de Chiang en Nanking y los señores de la guerra del sur del país, diferencias que el PCC conocía y que explotó a fondo a la hora de escoger las rutas de escape. He aquí pues una buena prueba del fracaso del Kuomintang en la unificación efectiva del país (Luo, 2017). Tras su largo periplo consiguieron establecerse a finales de 1935 en Shaanxi, al norte del país, donde se dedicaron a recuperarse y a crear la base de poder definitiva donde se harían fuertes y desde la cual extenderían su influencia. De hecho, a pesar de las terribles pérdidas humanas sufridas, la Larga Marcha se convirtió en un acontecimiento mediático de primer orden, haciendo correr la voz entre el campesinado chino sobre la disciplina y el respeto que había guiado en todo momento el comportamiento de los soldados del EPL hacia la población civil, a pesar de la situación desesperada de los comunistas. En efecto, la fuerza militar del PCC era ante todo un ejército de campesinos que apelaba a las emociones y demandas de dicho colectivo de manera muy efectiva, y eso favorecía el respeto de los combatientes hacia gente que veían como sus semejantes (Li, 2015). En este sentido, la Larga Marcha se convirtió en el símbolo de la determinación del comunismo chino por ganar la guerra y de su voluntad de liberar el país. Otra consecuencia no menos importante fue el reforzamiento del poder político de Mao, legitimado como la principal figura del comunismo chino por su gestión exitosa del desastre.

Conflictos concatenados: la Segunda Guerra Mundial en China, 1937-1945

Conflictos concatenados:

la Segunda Guerra Mundial en China, 1937-1945

No deja de ser paradójico que la supervivencia de los comunistas en Shaanxi tuviera mucho que ver con las agresiones e imposiciones del imperialismo nipón contra China, que tras la ocupación de Manchuria en 1931 tuvo su corolario en el estallido de la segunda guerra sino-japonesa en 1937, la cual se extendería hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí encontramos una similitud evidente con la revolución y la guerra civil rusas, muy marcadas también por factores similares: la disolución del Estado zarista a causa de un conflicto internacional como fue la Gran Guerra, la ocupación extranjera, la importancia clave del campesinado como agente político, la importante dimensión irregular del enfrentamiento y el aprovechamiento del marco de guerra civil para la construcción de un Estado comunista. No obstante, también son muchas las diferencias en el caso chino, sobre todo dos básicas: al iniciarse la invasión japonesa las fuerzas comunistas estaban todavía en una situación de debilidad tras la Larga Marcha, y por otro lado las presiones de importantes figuras del Kuomintang forzaron a Chiang a aceptar en 1936 un nuevo frente unido con los comunistas para combatir de manera conjunta a las fuerzas niponas, a pesar de sus reticencias. Sin embargo, esto es lo que dice la narrativa tradicional.

Hoy en día existen nuevas teorías, bien fundadas en documentación de archivo, que apuntan a que el estallido a gran escala de la segunda guerra sino-japonesa tuvo lugar por iniciativa del líder del Kuomintang tras una provocación japonesa en la zona de Beijing. En este sentido, la formación del frente unido tuvo lugar tras el masivo ataque japonés contra Shanghái en agosto de 1937, después de haber recibido un año antes la garantía por parte de Iósif Stalin de que la Unión Soviética ayudaría a China en su guerra contra Japón. Esto tuvo su concreción en el hecho de que el Ejército Rojo fuera el principal proveedor de armamento del Kuomintang hasta 1941, de manera que el frente unido con el PCC sería un correlato de este pacto tácito con los soviéticos, que siempre jugaron un papel ambiguo en China dirigido a debilitar al país (Tsang, 2015). Tal y como estaba ocurriendo de forma contemporánea en la España sublevada, Chiang, fervoroso cristiano protestante, concebía la guerra contra el comunismo como una de religión, de lucha por los valores tradicionales de la civilización china (Seidman, 2012). Sin embargo, esto no entra en contradicción con otro de los proyectos del líder del Kuomintang: «construir la nación por medio de la guerra», en este caso contra un poderoso enemigo exterior que le permitiera establecer una autoridad centralizada, promover reformas estructurales y ganarse un alto grado de apoyo popular. Sin embargo, tanto la precariedad sobre la cual se levantaba el poder de Chiang, apoyado en señores de la guerra que seguían actuando por su cuenta y de acuerdo a sus intereses, como la corrupción cada vez más extendida entre el funcionariado, los oficiales del Ejército y las élites del partido, pronto revelaron los límites de este plan (Chaoguang, 2017). Sea como fuere, lo cierto es que la suma de fuerzas proporcionó una tregua a los comunistas gracias a la cual obtuvieron el reconocimiento de unas fronteras para su Estado en Shaanxi, al tiempo que se reorganizaban y extendían su influencia por toda la China nororiental al calor de la lucha guerrillera contra los japoneses.

Por otro lado, fruto de las presiones niponas tras la firma del Pacto Antikomintern con Alemania en 1938, Von Falkenhausen se vio obligado a abandonar su misión en China, haciéndose cargo dos años después de la Administración Militar a cargo de la ocupación alemana de Bélgica y el norte de Francia, como ya hemos visto. A pesar de todo, el militar germano fue decisivo a la hora de condicionar la estrategia de Chiang frente a la invasión y ocupación niponas, optando por una guerra de desgaste y dejando ahogarse a las fuerzas imperiales de Japón en la inmensidad demográfica y territorial del país con la firme convicción de que los japoneses carecían de los recursos necesarios para ganar una confrontación de estas características. Así pues, el factor transnacional aparece una y otra vez como un vector compartido y un condicionante fundamental de las guerras en el siglo XX. Y lo cierto es que Chiang supo darse cuenta de que los comunistas estaban aprovechando las posibilidades del frente unido y la guerra contra los japoneses para extender su presencia y poder por diferentes puntos del país, incluso al otro lado del estratégico río Yangtsé, en contra de lo acordado. Así pues, en 1941 y con la guerra contra Japón en su ecuador se reanudaron las hostilidades con los comunistas. Esto tuvo un gran impacto sobre una sociedad china que estaba sufriendo los terribles estragos de la ocupación japonesa y que no entendía la renovada belicosidad de Chiang, algo que en última instancia jugó a favor del proyecto de Mao. Basta con pensar que al término de la Segunda Guerra Mundial habían muerto con toda probabilidad unos 20 millones de civiles chinos, en buena medida fruto de la dislocación económica producida por el conflicto y la política de saqueos sistemáticos que sufrieron los campesinos a manos del Kuomintang y el Ejército imperial japonés. A ello cabe sumar la muerte de entre cuatro y diez millones de combatientes chinos frente a los entre tres y cinco millones de japoneses caídos (Rummel, 1991; Clodfelter, 1992; solo entre 1942 y 1943 murieron casi cinco millones de personas en la provincia oriental de Henán). Las cifras revelan por sí solas la crudeza de un teatro cuyo único parangón posible es el Frente Oriental, donde se enfrentaron alemanes y soviéticos.

De hecho, Mao supo consolidar su posición de poder y unas bases sociales sólidas gracias a la búsqueda y consecución de grandes pactos políticos con fuerzas no comunistas, pero sí progresistas y partidarias de una China libre y poderosa. Al mismo tiempo que respetaba las tierras del mediano propietario y repartía los grandes latifundios entre el campesinado pobre, promovía unas políticas propagandísticas exitosas e imponía una movilización total en las zonas bajo su control. Son muchos los expertos que han coincidido en señalar que una de las claves del éxito del comunismo en China fue que Mao supo decir al campesinado lo que quería oír y, sobre todo, como en el caso soviético, el fomento de la reforma agraria, también vital en la guerra civil rusa, donde los bolcheviques la aceptaron como un hecho consumado. Por eso mismo, el derecho al divorcio, otra de las reformas lanzadas por el PCC con la vista puesta en la consecución de la igualdad de género, fue constantemente negado por las autoridades a las esposas de los combatientes del EPL en base a criterios de imperativo militar o pragmatismo: la estabilidad emocional y la moral de las tropas es fundamental en cualquier esfuerzo bélico, y eso pasaba como siempre por reforzar el heteropatriarcado. La relación entre los combatientes y sus esposas siempre ha sido una fuente habitual de conflictos en contextos de guerra por diversas razones, ante todo por la pérdida del control de los primeros sobre sus hogares, los celos y muchas veces la misoginia. Es más, vale la pena señalar que, ante la negativa constante a sus peticiones, las mujeres llevaron a cabo diversas respuestas, siendo la más evidente y extendida el adulterio, si bien es cierto que las autoridades se mostraron por lo general tolerantes con el fin de mantener el orden y la estabilidad social (Hu, 2017).

Por lo demás, tal y como iba a ocurrir en la movilización soviética durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los discursos con más potencial amalgamador entre los combatientes chinos de origen campesino fue el nacionalismo antijaponés basado en una identidad de clase que, por supuesto, sería muy útil también en el marco de la guerra civil (Li, 2015). Esta política de reforma agraria y los discursos nacionalistas unidos a los de clase sirvieron como marco propiciatorio para una extensa campaña de transformación social, política y cultural mediante el terror y la violencia contra los grandes propietarios y campesinos ricos, que efectivamente tenían en su poder mucha tierra y que se lucraban sobre todo por medio de las altas rentas impuestas sobre sus arrendados. Incluso, en muchos casos coincidía que dicho colectivo estaba muy marcado por el colaboracionismo con los japoneses durante la ocupación, de casi una década en algunas regiones. Así pues, la violencia que acompañó a la guerra civil china y a la implantación del comunismo en las zonas bajo su control no dejó de ser también de tipo retributivo, pero sobre todo dirigida a la redistribución del poder y a la creación de un nuevo orden a nivel local. El propio Mao era muy claro al señalar la importancia de la reforma agraria en el esfuerzo de guerra comunista:

La experiencia […] ha probado que los campesinos están del lado de nuestro Partido y Ejército frente a los ataques de las tropas de Chiang Kai-shek en aquellos lugares donde la directiva del Comité Central del 4 de mayo fue llevada a cabo de manera firme y rápida y el problema de la tierra fue resuelto de manera radical y concienzuda. Los campesinos adoptan una actitud más observante donde la Directiva del 4 de Mayo no se ha llevado a cabo de manera firme o los planes se han culminado demasiado tarde, o donde el trabajo fue dividido de forma mecánica en fases o la reforma de la tierra fue descuidada con la excusa de la preocupación por la guerra. En los próximos meses todas las áreas, no importa cuán ocupadas estén con la guerra, tienen que dirigir a las masas campesinas de manera resuelta para resolver el problema de la tierra, y sobre la base de la reforma agraria poner en marcha los planes para un trabajo productivo a gran escala el próximo año (cit. en Grad, 2001: 16).

Se trataba del viejo debate entre ganar la guerra o hacer la revolución que, en los casos del comunismo soviético y chino, como también ocurriría en el coreano y en el vietnamita, quedó claro para sus dirigentes que ambas cuestiones iban de la mano. Esto contrasta con lo ocurrido en la guerra civil española, donde las colectividades agrarias fueron aplastadas por el gobierno republicano en la primavera de 1937, por mucho que sus estructuras productivas y organización del trabajo se mantuvieran en no poca medida (Seidman, 2016). Es importante destacar que esta política del PCC dio satisfacción de forma consciente a los más pobres y apaciguó el cansancio provocado por la guerra, a la par que creó una amplia base social de afectos al nuevo régimen. El promotor de esta campaña fue Ren Bishi (1904-1950), veterano de la Larga Marcha y de la guerra sino-japonesa, quien señaló que habrían de ejecutarse hasta a 30 millones de propietarios y campesinos ricos. De hecho, el enfoque de las autoridades comunistas al respecto, apoyado por Mao, fue dejar sin ningún tipo de protección a los potenciales objetivos de la violencia popular, buscando que fueran las propias clases desfavorecidas las que llevaran a cabo por iniciativa propia las vejaciones y asesinatos de aquellos que eran vistos como sus opresores. Tal y como reconoció tiempo después el líder chino, «este movimiento seguramente implicaría excesos […] pero, en la medida en que dichos excesos eran el resultado de una genuina lucha de la masa, estos podrían ser corregidos después» (cit. en Grad, 2001: 10). Sin embargo, llegado cierto punto en las matanzas parece que el dirigente comunista puso en marcha medidas para poner freno a los «asesinatos caóticos». Al fin y al cabo, se trata de una lógica y un equilibrio complejos, los del alcance y limitación, que han guiado buena parte de las políticas de la violencia en estados o paraestados de todo tipo, donde siempre han sido importantes los cálculos de costes y beneficios y donde han tenido mucho que decir las propias realidades locales. De este modo, a la par que buscan generar amplias redes y lazos de complicidad, es decir, que el destino del máximo número posible de individuos quede unido al del régimen en cuestión, pretenden evitar que la proliferación de la violencia aliene el apoyo de otros sectores sociales, algo que se buscó prevenir con una política de bajos impuestos e intereses que favoreciera a las clases medias y evitara cualquier posible resistencia a la movilización bélica (Short, 2001: 436-437; Rummel, 2007: 223). Así pues, solo en el año 1947 fueron ejecutadas unas 250 000 personas bajo el pretexto de ser grandes propietarios y campesinos pudientes, y si hacemos extensible el número de asesinados por estas causas hasta 1952 parece que la cifra ronda entre un millón y medio y dos millones de muertes (Wemheuer, 2014: 850-851).

En el caso chino, frente a la administración mucho más eficiente y a todas luces menos corrupta impuesta por los comunistas, las autoridades del Kuomintang se dedicaron a saquear los recursos del mundo rural, llevado al límite de la supervivencia a causa de las guerras. Por lo tanto, en este caso, como en el soviético, los campesinos eligieron al menos malo, contribuyendo a decantar la balanza del lado comunista (Chassin, 1966: 248-249; Wang, 2017). También jugó a favor del bando revolucionario la negativa del Kuomintang a combatir a los japoneses de forma abierta a partir de 1941, donde actuaban inspirados en parte por los consejos de Von Falkenhausen, convencidos de que los estadounidenses se bastarían por sí solos para derrotar a los nipones, y no menos de que el futuro de China dependería del resultado de la guerra civil en curso. Chiang lo dejó muy claro en una conversación con sus asesores estadounidenses: «Para mí el principal problema no es Japón, sino la unificación de mi país. Estoy convencido de que ustedes, los americanos, algún día derrotarán a los japoneses, con o sin la ayuda de las tropas que yo me reservo para usar contra los comunistas en el noroeste» (cit. en Bambery, 2015: 331). Así pues, mientras los nacionalistas establecían un cordón sanitario de blocaos militares en torno a las zonas del norte del país controladas por los comunistas, propiciando la aparición de una nefasta mentalidad del muro basada en la defensa y no en la lucha activa, las guerrillas del PCC se mostraban efectivas en su lucha contra los ocupantes, lo cual les permitía recoger los laureles y el reconocimiento de la sociedad (Chassin, 1966: 254-255).

Por lo tanto, como ya hemos visto de forma muy clara en los casos yugoslavo y albanés, la lucha armada contra la ocupación y el colaboracionismo en el marco de la Segunda Guerra Mundial propició la expansión y reforzamiento de los partidos comunistas, haciendo posible la implantación de regímenes endógenos de dicho signo político. En cualquier caso, y de acuerdo a los últimos avances de la historiografía, la situación variaría notablemente según el escenario regional, más aún en un país enorme como China con un poder tan fragmentado en el caso del Kuomintang, y eso explicaría los variados pactos y las relaciones diversas del PCC con las fuerzas locales, muchas veces basadas en relaciones e intereses personales. Esto ha quedado bien demostrado en el caso de la región oriental interior de Henán, en el entorno de lo que hoy es la ciudad de Xinmi, donde el cacique local Fan Baiquan, al mando de milicias que coexistían nominalmente dentro del Kuomintang, estableció relaciones con el PCC por criterios pragmáticos, algo que permitió el desarrollo del poder del comunismo en la zona y una mayor efectividad en la guerra contra los japoneses (Huang, 2017).

La cuestión es que cuando las fuerzas imperiales japonesas se rindieron en agosto de 1945 los comunistas controlaban una gran extensión de territorio con unos 100 millones de habitantes y con unas fuerzas militares experimentadas de un millón de hombres. En este momento se dieron situaciones paradójicas, donde jugaron un papel fundamental las relaciones personales forjadas por Chiang con no pocos oficiales nipones durante su etapa formativa en el archipiélago. Temiendo que el vacío de poder creado por el fin de la ocupación en los territorios hasta entonces en manos japonesas supusiera que pasaran a manos de los comunistas, el generalísimo chino pidió a sus homólogos que no depusieran las armas y mantuvieran su control sobre el territorio hasta que no llegaran las autoridades del Kuomintang, algo favorecido por el anticomunismo nipón. De hecho, si no solicitó directamente el concurso de las tropas imperiales en la fase final de la guerra civil, tal y como ocurrió en otros escenarios, fue para evitar el enojo de sus aliados estadounidenses, que todavía tenían muy presentes los costes humanos de la guerra contra el Japón. En cualquier caso, esto no impidió que bastantes oficiales japoneses se integraran en las fuerzas del Kuomintang e hicieran carrera en sus filas (Gillin y Etter, 1982: 497-518; Bambery, 2015: 336). Así pues, acabada la Segunda Guerra Mundial, Chiang se dispuso a culminar el gran plan de su vida: unificar China eliminando a los comunistas por medio de una victoria incondicional en la guerra, algo que puso en marcha en el mismo momento en que obtuvo la garantía de que la Unión Soviética, agotada por el titánico esfuerzo bélico que había realizado entre 1941 y 1945, no intervendría a favor de los comunistas.

El último asalto del conflicto interno chino: guerra total en la posguerra mundial, 1945-1949

El último asalto del conflicto interno chino:

guerra total en la posguerra mundial, 1945-1949

El bando nacionalista chino se veía aquejado de problemas muy similares a los que habían propiciado la derrota de los rusos blancos dos décadas antes: la creciente impopularidad del régimen del Kuomintang y la falta de motivación de las tropas conscriptas ante la corrupción y los abusos de las autoridades, a lo cual se sumó la motivación mucho mayor de las tropas comunistas. Mientras el primero estaba completamente fosilizado y guiado por el clientelismo y los intereses particulares de sus señores feudales, entre los que los lazos familiares y políticos pesaban mucho más que la competencia y la meritocracia, en el bando contrario ocurría a la inversa: estaba mucho más abierto al ascenso social y a la promoción de aquellos más brillantes y convencidos. De hecho, los diferentes líderes del Kuomintang no dudaron en utilizar a sus fuerzas militares para reprimir cualquier atisbo de resistencia o descontento por parte del campesinado chino, firmando al mismo tiempo treguas con los ocupantes japoneses que beneficiaban sobremanera a estos últimos. Esto tendría graves consecuencias una vez se puso en marcha la que había de ser la ofensiva final contra la China comunista. A los problemas ya sufridos en la guerra contra los japoneses a la hora de implementar un sistema eficiente de movilización y un equitativo reparto de esfuerzos se sumó el agotamiento provocado por el conflicto. Así pues, pronto surgieron numerosas formas de resistencia popular y críticas abiertas que las autoridades no tenían medios para poner bajo control, sobre todo por la falta de apoyo a las desesperadas familias de los conscriptos, de cuya fuerza de trabajo dependían, o a causa de los escasos suministros alimentarios recibidos. Por tanto, como el propio Chiang afirmaría y como ocurre no pocas veces en la guerra total, la derrota del Kuomintang tuvo mucho que ver en última instancia con el colapso del orden social y con el hecho de que las estructuras de poder locales se vieran incapacitadas para gobernar, a lo cual se unía su escaso interés por aplicar las reformas políticas y económicas necesarias (Sasagawa, 2015; Wang, 2017).

Sin embargo, lo cierto es que cuando comenzó la fase final de la guerra en julio de 1946 todo parecía augurar que el Kuomintang se haría con el triunfo, más aún después de conseguir sonoras victorias, gracias en parte al ingente apoyo económico y material estadounidense. Además, la situación de los comunistas chinos era compleja y paradójica, privados del apoyo oficial soviético, aunque es verdad que las tropas del Ejército Rojo dejaron en manos del EPL los arsenales japoneses capturados durante su invasión y ocupación de Manchuria en agosto de 1945. Por un lado, Stalin se mostraba temeroso ante la potencial competencia político-cultural que podría plantear a la Unión Soviética una China bajo el control de Mao en el movimiento comunista internacional. Esto le llevó a practicar una política de neutralidad bastante sesgada que tuvo como resultado el apoyo a la guerrilla separatista musulmana uigur, mayoría étnica en la región fronteriza occidental de Sinkiang, donde proseguiría la guerra civil hasta 1958 (Zubok, 2008: 54). De hecho, se trata de un conflicto larvado, como probaron los graves enfrentamientos violentos del verano de 2009 en la capital de la región, Urumchi, motivados por la posición privilegiada de la etnia han, el 92 % de la población de China. El caso es que a la altura de 1945 la Unión Soviética se había convertido en una superpotencia, pero no es menos cierto que era un país completamente devastado por la guerra, y en lo que respecta a la política exterior de Estados Unidos durante los primeros compases de la Guerra Fría siempre hubo una sobreestimación de la capacidad e intenciones de los soviéticos. Así pues, queda claro que, para las autoridades soviéticas, conscientes de su decreciente capacidad de influencia y falta de medios para condicionar la política de los comunistas chinos, mantener una China débil y dominada por las disensiones y los enfrentamientos internos era una prioridad, de ahí que coincidieran con los estadounidenses en su deseo de un gobierno de concentración nacional que agrupara al PCC y al Kuomintang. Al fin y al cabo, entre los propios asesores estadounidenses y la administración de Harry Truman (1884-1972) se tenía perfecta conciencia de la corrupción endémica que dominaba la praxis política de los nacionalistas chinos, a los cuales apoyaban económica y militarmente, algo que convivía con el viejo deseo de hacer del gigante asiático un mercado para sus exportaciones. Sin embargo, en ambos casos las políticas soviéticas y estadounidenses estuvieron dominadas por la improvisación y la desconfianza mutua, sin que hubiera en ningún momento un eje de actuación claro y bien coordinado, algo que tendría consecuencias devastadoras en Corea acabada la guerra civil china.

Llegados a este punto ya hemos desgranado algunos de los factores que explican la derrota del Kuomintang ante tropas muy inferiores en número, aunque mucho más motivadas y disciplinadas, convencidas de que luchaban por un nuevo modelo social que a priori garantizaría sus derechos y su emancipación. Desde un punto de vista militar, uno de los problemas básicos tuvo que ver con la excesiva dilatación del despliegue de las fuerzas del Kuomintang, empeñadas sus autoridades en ocupar una extensión de territorio fuera del alcance de sus capacidades y medios humanos y sin una previa consolidación de su base de poder. Aun con todo, como decíamos, los ejércitos de Chiang consiguieron adentrarse profundamente en los espacios controlados por los comunistas, llegando incluso a tomar Shaanxi, su capital. No obstante, aquello no fue más que un espejismo, porque los mandos político-militares del EPL, conscientes de su inferioridad en medios humanos y materiales, llevaron a cabo una defensa flexible, entregando territorio a cambio de tiempo, realizando golpes de mano y ataques localizados contra infraestructuras y centros logísticos. De hecho, la guerra de guerrillas llevada a cabo en los territorios de la retaguardia bajo el control del Kuomintang también supuso un duro golpe psicológico, primero para los combatientes de sus propias fuerzas, bajo una sensación de asedio y vulnerabilidad constantes, y por tanto propensos a desmoralizarse, y segundo para los civiles, que constataban la presencia del comunismo sobre el conjunto del territorio y su capacidad para asestar duros golpes a los nacionalistas, lo cual ponía en evidencia a sus autoridades. Así se explica también otro factor que contribuyó a socavar el potencial de combate del Ejército del Kuomintang: la alta tasa de deserciones, sobre todo al final del conflicto, muy motivada también por la bajísima moral causada por unas autoridades y oficiales arbitrarios y corruptos. En este último punto tuvo una gran importancia la disminución de las raciones, muy relacionada con el descenso de la producción agraria por el agotamiento psicológico y demográfico al que habían dado lugar décadas de guerra, hasta el punto de que los combatientes eran convencidos por el enemigo para pasarse a su bando a cambio de alimento (Sasagawa, 2015: 83).

Esta situación propició que los militantes más radicales del PCC, partidarios de una guerra ilimitada contra el Kuomintang, se hicieran con las posiciones de mayor influencia y capacidad de decisión (Sheng, 1997: 132-135). Así se explica que, cuando las fuerzas comunistas tomaron la iniciativa, tuvieran lugar episodios dramáticos y paradigmáticos como el sitio de Changchún, donde 150 000 civiles o más murieron de hambre entre finales de mayo y mediados de octubre de 1948, en la parte final de la guerra y en el marco de la campaña de Liaoshen por Manchuria, que acabó con una sonora derrota del Kuomintang. La estrategia militar de los líderes nacionalistas tampoco contribuyó a hacer más fáciles las cosas: en lugar de buscar el combate en campo abierto o adoptar métodos de guerra similares a los de sus enemigos, se concentraron en ciudades aisladas entre sí para tratar de hacer de ellas bastiones inexpugnables que posibilitaran la derrota de los comunistas en una guerra de desgaste. El resultado fue desastroso, con gran número de bajas militares y civiles, como en el caso de Changchún, donde los mandos comunistas se negaron de forma deliberada a la evacuación de la población para poner al límite las reservas alimentarias de las tropas del Kuomintang y quitarles la careta a sus autoridades al obligarlas a no suplir las necesidades de los paisanos. Finalmente, a todos estos factores cabe añadir la incapacidad de los altos mandos militares nacionalistas para entender la guerra moderna, por mucho que entre sus filas había oficiales competentes que estaban bien familiarizados con los avances teóricos de la primera posguerra mundial, basados en la tecnología y la potencia industrial. No obstante, las condiciones de la guerra civil china no fueron favorables a dichos enfoques por diversas razones, además de que no pocos de estos profesionales fueron apartados de cargos de responsabilidad a causa del favoritismo y el nepotismo (Kwong, 2017).

Por su parte, para alcanzar estos éxitos militares que llevarían a su victoria final, el EPL tuvo que pasar de un modelo de guerra de guerrillas a otro que le permitiera llevar a cabo operaciones ofensivas y asaltos urbanos. Una transformación así no era algo fácil para una fuerza que se había basado en la utilización de tácticas psicológicas, la maniobrabilidad y el efecto sorpresa, al tiempo que evitaba los enfrentamientos en campo abierto. Esto fue posible precisamente en el curso de la campaña por Manchuria, gracias a una mayor capacidad de autocrítica sobre los modos de hacer la guerra, el despliegue y utilización del armamento moderno capturado en los polvorines japoneses y la puesta en marcha de operaciones coordinadas debido al potenciamiento de los estados mayores. Nada impidió que siguieran combinando de forma efectiva el enfoque irregular con el de la guerra convencional, pero la realidad final de los métodos de combate utilizados por las fuerzas comunistas dista mucho de las visiones tópicas dominantes en Occidente. El problema es que estas han estado muy condicionadas por la lectura de los textos del teórico y estratega militar chino Sun Tzu (544 a. C.-496 a. C.) y Mao, pero no por un buen conocimiento de la evolución y realidad de un conflicto larguísimo que requirió de una enorme flexibilidad y capacidad adaptativa, así como también de una buena lectura de los diferentes contextos (Tanner, 2012).

En el caso de las fuerzas del Kuomintang de nada sirvieron los consejos de los asesores estadounidenses, Albert Coady Wedemeyer (1897-1989) y Claire Lee Chennault (1890-1958), que insistían en la necesidad de una mayor coordinación del armamento pesado más avanzado y un uso más eficaz e intensivo de este. Veteranos de la Segunda Guerra Mundial en los teatros de Birmania y China, y fervientes anticomunistas, ambos fueron firmes defensores de llevar hasta las últimas consecuencias el enfoque de contención del comunismo en Asia según los principios dictados por la Doctrina Truman. Nada de ello, ni tampoco la admiración y el respeto que sentían por Chiang, les impidió denunciar la incapacidad y la corrupción de muchos mandos militares y civiles nacionalistas, que desviaban parte de la ayuda militar y económica estadounidense para su propio beneficio. Por eso mismo, una de las claves de la derrota del Kuomintang en la guerra civil se encuentra en la dependencia total del jefe del Estado y líder del partido frente a los señores de la guerra, a quienes nunca pudo someter a su autoridad, lo cual también comportó la imposibilidad de aplicar gran cantidad de reformas que habrían sido vitales para la causa. En cambio, el mando comunista, centralizado bajo una misma autoridad y de naturaleza jerárquica, como es propio de dicha cultura política, pudo responder con mucha más flexibilidad y eficacia a las exigencias de la guerra (Chassin, 1966: 254-255; Tanner, 2015: 239-242). Por lo demás, como hemos señalado en varias ocasiones, en países pobres y sin el personal técnico y profesional adecuado, la guerra total es algo que se aprende a hacer sobre la marcha, de ahí los altos números de bajas en la guerra civil china, con unos 250 000 combatientes comunistas caídos y en torno a un millón y medio de hombres del bando nacionalista solo para el periodo comprendido entre 1945 y 1949, a lo cual cabría sumar con toda probabilidad más de cuatro millones de civiles (Lynch, 2010). Sin embargo, el bando comunista tuvo mucha más capacidad para integrar y encajar las experiencias de guerra, incluidas las derrotas, y sacar provecho de ellas a través de la adaptación de su forma de hacer la guerra hacia nuevos enfoques. Esto quedaba claro en un informe escrito a principios de 1948 por Liao Bian (1907-1971), veterano de la primera parte de la guerra civil, de la guerra sino-japonesa y comandante de las fuerzas del EPL en la campaña de Manchuria de fines de los años cuarenta, donde también se pone de manifiesto la naturaleza modernista del comunismo chino:

En el pasado algunos creyeron que nosotros los comunistas solo nos preocupábamos de los factores políticos y que no nos importaban aquellos de índole tecnológica —esto es lo contrario al pensamiento del Partido Comunista—. Necesitas ser consciente de que la tecnología puede llevar a la transformación de una sociedad entera. Antes, en los tiempos del fusil y la ametralladora, solo podíamos combatir en una guerra de guerrillas y de movilidad; ahora que tenemos artillería podemos ejecutar este tipo de asalto posicional a gran escala. […] Esto ha hecho que hayamos llevado a cabo cambios en estrategia, táctica, orden de batalla y formas de mando (cit. en Tanner, 2014: 33).

Al fin y al cabo, el despliegue de la guerra de guerrillas no deja de ser también una adaptación a los recursos y conocimientos con que cuentan aquellos que la llevan a cabo. Sea como fuere, el grueso de las hostilidades concluyó a finales de 1949 con la toma de los últimos reductos de resistencia nacionalista en el sur del país y la proclamación de la República Popular China en Beijing el 1 de octubre. El empuje del EPL había sido espectacular, con un avance imparable en sucesivas campañas desde finales de 1948 que causó enormes pérdidas a las fuerzas del Kuomintang, tanto como para forzar a Chiang a renunciar al mando político por un tiempo en favor de sus enemigos políticos. La crudeza de los combates de este periodo quedó recogida de manera magistral en la primera hora de metraje de Ji jie hao (2007), una superproducción bélica china a cargo del afamado Feng Xiaogang. De hecho, el cruce del estratégico río Yangtsé a finales de abril de 1949 fue decisivo, al suponer la retirada definitiva del apoyo estadounidense a los nacionalistas chinos y al situar al EPL en una posición favorable para la conquista del resto del país. Esta tuvo lugar en una marcha de diez kilómetros diarios a través de un territorio muy complejo a nivel orográfico y con las fuerzas militares del Kuomintang en medio de una retirada desesperada pero aun presentando combate, una buena prueba del grado de disciplina alcanzado por las tropas comunistas.

Mientras tanto, como ya señalábamos más arriba, un factor clave en la derrota de los nacionalistas fue el colapso del frente doméstico que debía sostener su esfuerzo de guerra, con la aparición de grupos armados y sociedades secretas encabezadas por élites rurales que se opusieron a las autoridades y ejercieron diversas formas de violencia contra ellas. Ante la decreciente capacidad defensiva del Kuomintang, también comenzaron los asaltos de las casas de los grandes hacendados a manos de grupos de personas hambrientas, muchas veces desposeídas de todo por la abusiva política de requisas ejercitada por las autoridades (Sasagawa, 2015: 84). No fueron menos importantes a lo largo de toda la guerra, y sobre todo hacia su final, las movilizaciones de estudiantes chinos en las zonas controladas por los nacionalistas, que se extendieron tanto por los institutos como por las universidades. De hecho, en su abierta y agresiva crítica antibelicista contra la política del Kuomintang y contra la presencia estadounidense en el país plantearon tal problema al gobierno nacionalista que Mao se refirió a ellos como el segundo frente, haciendo que fueran vistos como una quinta columna del PCC en el territorio bajo control de Chiang. Es curioso que la evidencia parece apuntar que en su mayoría no eran favorables a la imposición de un gobierno comunista, sino que se oponían a la corrupción y a la falta de democracia del régimen, como ocurría con muchos opositores (Pepper, 1971).

Finalmente, Chiang, sus subordinados y dos millones de hombres cruzaron en diciembre el estrecho que separa la China continental de Taiwán, estableciéndose allí y dando continuidad a la derrotada República de China en el pequeño enclave insular, a la par que daban comienzo a un pleito histórico sobre la soberanía de la isla que dura hasta la actualidad. Vale la pena señalar que entre los dos millones de hombres desplazados a la isla hubo muchos que habían sido literalmente secuestrados por las unidades del Kuomintang en medio del caos y la violencia del final de los enfrentamientos, una realidad que forma parte del drama de esta guerra y que pone de manifiesto esa no distinción entre civiles y combatientes. Esto ocurrió de forma muy acusada en las últimas zonas costeras del sureste bajo el control nacionalista, pero también en regiones fronterizas como Yunnan, al norte de Indochina y Birmania, privando durante décadas a muchas familias de sus cabezas de familia e hijos, a veces para siempre. Así recordaba su captura Wei Jikai, original de Yunnan:

Mi hermano más joven se escapó de casa para evitar el secuestro. Yo estaba escondido en casa de un amigo cuando ellos [soldados del Kuomintang] abrieron fuego, y todos los que estábamos escondidos salimos corriendo de la casa. Capturaron a más de diez de nosotros ese día, y todos fuimos forzados a unirnos al Ejército del Kuomintang. Algunos murieron y algunos sobrevivimos, y algunos de los más afortunados lograron y volvieron a casa (Fan, 2017: 87).

En algunos lugares, como en la isla de Dongshan, fueron secuestrados hasta 4000 hombres, lo cual supone hablar de un tercio de las familias de la población local afectado. Tal fue la magnitud del desastre que Tongbo, una de las localidades de dicha isla, pasó a ser conocida como «el pueblo de las viudas». Además, en todo el país hubo centenares de miles de mujeres y su descendencia que hubieron de sumar a la desgracia de ver sus familias rotas el hecho de ser consideradas a partir de entonces enemigos del pueblo bajo la categoría de «familia y dependientes de un régimen enemigo». Esto comportaba limitaciones en el racionamiento, en el ámbito educativo, en el acceso al trabajo y en la entrada en el Ejército, de ahí que en muchos casos la única salida fuera el divorcio (Fan, 2017: 80). La situación no se normalizaría hasta 1987, cuando se hizo posible la reunificación familiar y muchos ya habían rehecho sus vidas con otras familias o simplemente habían fallecido tras entregar su vida de forma forzosa a la construcción y defensa de la llamada República de China en Taiwán. De hecho, que la isla siga siendo de facto un Estado independiente tiene mucho que ver con el estallido de otro conflicto que fue una derivación muy evidente de la Segunda Guerra Mundial y de la propia guerra civil china, con la cual se solapó: la guerra de Corea (1948/1950-1953), que generó una crisis y un impacto internacional tales como para impulsar a Truman a apoyar al gobierno de Chiang en la isla en línea con su doctrina de contención del comunismo. Por su parte, la historiografía china alineada con el régimen dio por concluido el llamado siglo de la humillación con la victoria del comunismo en la guerra civil, que devolvía al país su independencia y la capacidad de actuar como una gran potencia. Así se explica también el papel que tendría la nueva República Popular China (China a partir de ahora) en la pequeña península coreana. Fue en la posguerra, con la victoria total del PCC frente al Kuomintang, cuando se pusieron en marcha las políticas radicales de control y transformación político-social dirigidas a hacer realidad y a consolidar la revolución en todo el país. Vale la pena pensar que todo este proceso ocurrió en paralelo al desarrollo de la guerra de Corea, vista por las nuevas autoridades como una amenaza exterior para la seguridad del país y, por tanto, también interior, por la posibilidad de que pusiera en marcha una quinta columna. Así se explica el establecimiento del laogai o sistema concentracionario chino, con entre cuatro y seis millones de prisioneros, y la muerte de entre 1,2 y 2,8 millones de personas fruto de las medidas para implementar la reforma agraria, siendo entre 200 000 y 800 000 de ellos ejecutados (Mann, 2009: 383-386).

De la guerra civil a la guerra internacional en la península de Corea, 1948-1953

DE LA GUERRA CIVIL A LA GUERRA INTERNACIONAL

EN LA PENÍNSULA DE COREA, 1948-1953

Acabada la Segunda Guerra Mundial la situación de Corea era extremadamente compleja, y su futuro era cuanto menos incierto. Como parte de los acuerdos internacionales en Teherán y Yalta, el Ejército Rojo invadió la península desde el norte a mediados de agosto de 1945, mientras que las fuerzas estadounidenses hicieron lo propio tres semanas después, a principios de septiembre, ante el temor de que los soviéticos tomaran el control de todo el territorio coreano. Lo que ocurrió a partir de aquí fue en buena medida el fruto de la improvisación, quedando establecida como línea de separación entre las dos zonas de ocupación el paralelo 38. La desconfianza mutua entre soviéticos y estadounidenses, que habían prometido a los coreanos la independencia en 1943, no ayudó en nada a hacer las cosas más fáciles, sobre todo porque ambos encarnaban dos proyectos socio-políticos y económico-culturales antagónicos. De hecho, la administración Truman estaba particularmente preocupada por la llegada de varias decenas de miles de veteranos coreanos de la guerra sino-japonesa, los cuales habían combatido integrados en las fuerzas comunistas chinas o soviéticas. Este hecho tuvo una particular importancia en la transmisión de praxis bélicas y discursos políticos (Shen, 2017). Uno de los más destacado de los líderes comunistas coreanos que participaron con el Ejército Rojo en la invasión fue el comandante Kim Il-sung (1912-1994), abuelo del actual líder de Corea del Norte, Kim Jong-un (1983-). Militante comunista desde la segunda mitad de los años veinte, acabó ingresando en el PCC en 1931. Sin embargo, donde alcanzaría renombre sería a la cabeza de diferentes unidades de la resistencia china contra los japoneses en el noreste, hasta que la presión de las tropas imperiales niponas le forzaron a retirarse a través de la frontera soviética en 1940, siendo acogido y adiestrado en la URSS durante los siguientes cinco años.

Desde 1910 Corea había sido una colonia japonesa, un periodo durante el cual su población fue sometida a una ocupación que comportó terribles sufrimientos y humillaciones, entre ellos la realización de experimentos científicos con humanos, la conscripción de medio millón de trabajadores forzosos y también la de medio millón de esclavas sexuales para los prostíbulos del Ejército imperial. A pesar de todo, Kim Il-sung había pasado fuera los últimos veintiséis años de presencia japonesa en Corea. Su familia había emigrado a Manchuria cuando apenas era un niño de nueve años, no está claro si por las consecuencias de su compromiso con la lucha anticolonial, que es lo que sostiene la versión oficial, o a causa del hambre. El caso es que, en febrero de 1946, cuando fue situado a la cabeza de la zona soviética en Corea, tras ser recomendado a Stalin por Lavrenti Beria (1899-1953), jefe del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD), Kim apenas tenía un dominio medio del idioma coreano, dado que su formación había sido en chino y había pasado los últimos años de su vida en la Unión Soviética. Sin embargo, el nuevo flamante líder se las ingenió para consolidar su poder a lo largo de los cuatro años siguiente a través de diversas estrategias. Una de las primeras y más importantes fue la creación del Ejército Popular Coreano (EPC), puesto bajo su mando, bien encuadrado por veteranos comunistas de las guerras en China y equipado por Stalin con moderno armamento soviético. Además, entre las primeras medidas instituidas por el régimen de Kim se encontró la tan anhelada y reivindicada reforma agraria, que repartió tierras entre los campesinos más pobres. De hecho, en un primer momento se evitó el modelo de colectivización soviética, tal y como estaba ocurriendo por entonces en los territorios de China bajo el control del PCC, si bien con mucha menos violencia que en este caso o en el soviético (Cumings, 1981). Es más, en aquella fase final de la guerra civil china la zona de ocupación soviética en Corea se convirtió en una utilísima base de operaciones del EPL en su lucha contra las fuerzas del Kuomintang, especialmente durante la exitosa campaña por Manchuria del otoño de 1948, a la cual también contribuyeron unidades del recién fundado EPC. A cambio, los comunistas chinos hicieron llegar recursos alimentarios a la Corea de Kim, lo cual ayudó a paliar en el norte la crisis económica que por el contrario sí se cebó con la parte sur de la península ese mismo año (Kim, 2014).

Por su lado, las nuevas autoridades del sur se encontraron con problemas muy similares a los que constreñían la acción de gobierno de Chiang en su República de China. Esto tuvo mucho que ver con los deseos e intereses estadounidenses, temerosos del poder creciente de los comunistas coreanos y de los comités revolucionarios que se habían formado por toda la península, en los cuales se habían apoyado los soviéticos para la gestión de su zona de ocupación. Incapaces de ofrecer una alternativa con un soporte autóctono sólido, las autoridades militares estadounidenses pusieron al frente del gobierno de su zona al líder de Corea en el exilio desde el inicio de la ocupación japonesa, Syngman Rhee (1875-1965). Este había sido un importante líder nacionalista cristiano opuesto a la creciente influencia rusa y japonesa sobre el país desde finales de la década de los noventa del siglo XIX. Sus actividades acabaron con su entrada en prisión tras conspirar para derrocar al emperador coreano Gojong (1852-1919) y le llevaron a residir durante más de tres décadas a caballo entre Estados Unidos, donde amplió su formación, y China, donde asumió diversos cargos del gobierno coreano en el exilio. Además, ante la ausencia de suficiente personal formado y conocedor del país, los estadounidenses se apoyaron en Rhee y en la estructura administrativa japonesa preexistente, lo cual impidió que se llevara a cabo una depuración de responsabilidades contra los colaboracionistas (el 53 % de los oficiales de la policía seguían siendo los mismos que bajo el dominio japonés), y lo mismo ocurrió con la reivindicada reforma agraria, sobre todo para no alienarse el apoyo de las élites político-sociales y económicas del país. Para estas últimas, habitualmente divididas entre sí durante los años de ocupación nipona, con la cual habían colaborado en mayor o menor medida, Rhee era una figura de consenso en torno a la cual podían sobrevivir y confluir. Además, aparecía como el intermediario ideal entre ellos y los ocupantes estadounidenses, por su educación y su conocimiento del inglés, a pesar de ser considerado como un individuo problemático por el Departamento de Estado en Washington, lo cual se iba a poner de manifiesto muy pronto (Hastings, 1988: 32-36; Kim, 2004: 538).

Las dos Coreas: ocupación, conflicto local y limpieza política, 1948-1950

Las dos Coreas: ocupación, conflicto local

y limpieza política, 1948-1950

En la primera mitad de 1948, y sobre todo mediado el año, hubo varios hechos decisivos que marcaron el destino de Corea, más aún tras haber boicoteado Rhee y sus partidarios los dos intentos coordinados por estadounidenses y soviéticos para dar una salida pactada al impasse en la península. En suma, y como parte de una escalada de tensión progresiva y desconfianza mutua, todos ellos supusieron el comienzo de la Guerra Fría: la proclamación de la Doctrina Truman a finales del invierno de 1947, en medio de la última fase de la guerra civil griega, que abogaba por una política de contención ante cualquier eventual expansión del comunismo; el golpe de Estado comunista en Checoslovaquia en febrero de 1948 y el lanzamiento del Plan Marshall pasados menos de dos meses, después de haberse cocinado a lo largo de casi dos años; la respuesta soviética con el bloqueo de Berlín a principios del verano; y, finalmente, la poco prometedora situación del Kuomintang en la guerra civil china, aunque lo peor llegaría en la segunda mitad del año. Fue el creciente deterioro de la situación internacional lo que hizo que Rhee acabara contando con el apoyo de Estados Unidos, de manera que un mes después de su victoria en las elecciones presidenciales del 20 de julio de 1948 proclamó la República de Corea (Corea del Sur en lo sucesivo), lo cual fue seguido por el establecimiento de la República Popular Democrática de Corea (en adelante Corea del Norte) por parte de Kim Il-sung. Sin embargo, y esto es importante, la recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU) solo reconoció al de Corea del Sur como el gobierno legítimo del conjunto del territorio peninsular. Llegados a este punto, el anticomunismo del dirigente surcoreano acabó por hacer el resto, al impulsar un recorte brutal de las libertades civiles y políticas; una campaña de persecuciones contra sus enemigos de izquierdas, asesinatos incluidos; y una violenta represión contra las guerrillas y núcleos comunistas extendidos por toda Corea del Sur (Ewing, Mahoney y Moretta, 2018). Todo esto supuso de facto la creación apenas disimulada de un régimen dictatorial bajo la apariencia de una democracia, donde la mano ejecutora y hombre de confianza de Rhee acabaría siendo un joven coreano, veterano del Ejército imperial japonés en Manchuria y agente de inteligencia de los nipones: Kim Chang-ryong (1916-1956). Formado por los estadounidenses entre 1947 y 1948, una de sus misiones fundamentales como oficial de los servicios de contrainteligencia fue la lucha contra la corrupción y la disidencia dentro del Ejército surcoreano para hacer de este un instrumento obediente a los designios de Rhee. Su empeño le valdría la jefatura del Servicio de Seguridad Interna al inicio de la guerra y no pocos enemigos (Hoare, 2015: 237).

Por lo demás, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos carecían de estrategias definidas por lo que respecta a Asia, hasta el punto de tomar decisiones más arrastrados por la evolución de los acontecimientos sobre el terreno que por su capacidad para condicionar la situación a través de sus propias políticas. Muchas veces, la ausencia de medios para controlar el escenario político o la falta de conocimientos sobre las regiones en cuestión hacen que las potencias respondan ante hechos consumados, y no pocas veces con resultados nefastos. Todo esto queda bien probado por lo ocurrido en Corea, donde a pesar del progresivo deterioro de la situación y de la próxima derrota del Kuomintang en China a manos del EPL las tropas estadounidenses se retiraron en la primera mitad de 1949, ejemplo seguido por los soviéticos poco después. Antes de irse, eso sí, habían dejado atrás dos ejércitos equipados y adiestrados para hacer la guerra, si bien parece que los primeros evitaron dejar en manos del belicoso e impredecible Rhee una fuerza ofensiva capaz de llevar a cabo una invasión generalizada del norte que provocara una escalada de tensión de consecuencias imprevisibles. Por el camino habían tenido lugar diversos episodios bastante sonados de represión anticomunista en Corea del Sur. El primero de ellos se llevó a cabo contra los guerrilleros comunistas que se levantaron en armas frente el gobierno en la isla meridional de Jeju, entre abril y mayo de 1948, dejando como resultado la muerte del 10 % de la población de la isla, de 14 000 a 30 000 personas entre ambos bandos (siendo un abrumador 86 % causado por las fuerzas gubernamentales), a lo cual cabe sumar la huida de 40 000 que se exiliaron en Japón (Deane, 1999: 54-58; Kim, 2014: 13-41). El segundo más sonado fue perpetrado el 24 de diciembre de 1949 por fuerzas el Ejército surcoreano, que acabaron con la vida de casi un centenar de civiles, 32 de ellos niños, por ser sospechosos de militancia comunista o de colaborar con dicha causa. Sin embargo, la versión oficial del Estado sostuvo durante décadas que habían sido víctimas de las guerrillas comunistas. Por su parte, antes del estallido del conflicto hasta 400 000 coreanos huyeron del norte al sur como refugiados, ya fuera por anticomunismo, por la marginación y la represión sufridas o por el miedo a esta (Millet, 2005: 49).

No es casual que el conflicto sirviera como marco propiciatorio para llevar a cabo brutales procesos de limpieza política e higiene social; tanto es así que algunos autores ya hablan de la existencia de guerra civil desde 1948, una tesis a la que nos sumamos, a la vista de los hechos (Kim, 2004: 528-529). Hay buenas razones para ello, entre otras la ya mencionada existencia de importantes guerrillas comunistas infiltradas en el sur. Un caso paradigmático de las políticas de la violencia implementadas por el gobierno de Corea del Sur fue la desaparición en junio de 1950 de la gran mayoría de las 350 000 personas obligadas a integrarse en la Liga de Guía y Rehabilitación Nacional, creada en 1949 por Rhee para reeducar a los militantes de izquierda. Aunque en su momento las muertes fueron atribuidas a masacres norcoreanas en el curso de su invasión del sur, todo parece apuntar que hasta 200 000 fueron mandados ejecutar por el propio presidente surcoreano, una cifra que incluyó a 30 000 personas encarceladas por su supuesta militancia comunista. De hecho, la operación habría sido llevada a cabo por el Servicio de Seguridad Interna de Kim Chang-ryong, parece que, con la bendición de algunos asesores estadounidenses, sobre todo porque las fosas comunes que se han hallado hasta ahora están localizadas en el último reducto de resistencia surcoreano, dentro del llamado perímetro de Pusan. El propio general Douglas MacArthur (1880-1964), veterano comandante del teatro de operaciones del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial y por entonces comandante supremo al frente de la administración aliada encargada de la ocupación de Japón, que además iba a tener un papel clave en el conflicto coreano, se refirió a estos hechos como un «asunto interno». Así pues, en medio de un clima de radicalización causado por el desastroso inicio de la guerra, uno de los factores que habría motivado las ejecuciones sería el miedo al quintacolumnismo, es decir, la posibilidad de que los individuos integrados en la Liga pudieran cooperar con los norcoreanos en la conquista definitiva de toda la península (Tirman, 2011: 97-98; Hoare, 2015: 353; Kim, 2004: 533-535).

La internacionalización de las hostilidades: de la guerra móvil a la guerra de posiciones, 1950-1953

La internacionalización de las hostilidades:

de la guerra móvil a la guerra de posiciones, 1950-1953

Si bien en 1949 ya habían comenzado en el paralelo 38 los choques armados puntuales entre fuerzas de las dos Coreas, no fue hasta el 25 de junio de 1950 cuando las unidades del EPC lanzaron una ofensiva general para invadir el sur. El ataque tuvo consecuencias desastrosas para las fuerzas surcoreanas, que se derrumbaron ante el empuje de las mucho mejor equipadas y curtidas unidades norcoreanas. Hasta un tercio de sus 150 000 hombres contaban con experiencia en las guerras chinas contra los japoneses y el Kuomintang. La magnitud de la derrota fue tal que el gobierno Truman, traumatizado por el desastre en China poco más de medio año antes, decidió tomar cartas en el asunto a través de la ONU, donde consiguió que se lanzara un ultimátum a Corea del Norte. Al ser este desoído, el día 27 el Consejo de Seguridad (CS) aprobó el envío de un contingente internacional bajo el mandato de la ONU con el fin de preservar el régimen de Rhee (Veiga, Da Cal y Duarte, 2010: 96). Sin embargo, al contrario de lo que sostienen estos últimos autores, la ausencia de la delegación soviética en la reunión de urgencia del CS, que impidió cualquier opción de vetar la intervención internacional en el conflicto coreano, no tuvo que ver con el hecho de que en Moscú se ignoraran los planes de Kim Il-sung. Nada más lejos de la realidad. Como bien ha demostrado Vladislav Zubok, fue «una acción calculada para que los norteamericanos se vieran “enredados en una intervención militar en Corea”, en la cual “dilapidarían su prestigio militar y su autoridad militar”» (Zubok, 2008: 136). Una de las razones de Stalin para ello era ver a Estados Unidos sumido en una guerra de desgaste tal que diera tiempo a la Unión Soviética a consolidar de forma definitiva el control sobre su esfera de influencia europea, a la par que se reforzaba militarmente. En este caso también se sumaba el deseo de resarcirse por el paso atrás dado al levantar el bloqueo de Berlín en la primavera de 1949. Además, por el camino habían cambiado algunas cosas: la primera prueba nuclear soviética en agosto de 1949; la creación de la OTAN ese mismo mes; y finalmente la victoria del PCC en la guerra civil china, que a la vez que obligaba a Stalin a reconsiderar su política exterior dentro del comunismo internacional mostraba la vulnerabilidad de Estados Unidos en Asia. Todos estos factores unidos decidieron al líder soviético a apoyar militarmente la invasión norcoreana del sur de la península, al tiempo que intensificaba su apoyo material y profesional a las fuerzas del Viêt Minh, que por aquel entonces estaban luchando contra las tropas coloniales francesas (Zubok, 2008: 133-137; más debate al respecto en Kim, 1999; Millet, 2001; Matray, 2016).

A pesar de que Truman y su gobierno creyeron que las fuerzas surcoreanas podrían resistir de forma momentánea con la ayuda del apoyo aéreo masivo y el envío de equipamiento estadounidenses, esto fue puesto en cuestión por MacArthur tras una visita al frente (Matray, 2016). De este modo, a principios de julio comenzaron a llegar de forma escalonada las primeras tropas de infantería estadounidenses procedentes de Japón, un despliegue que fue tildado de «acción policial» por la administración Truman. No obstante, aquello era una guerra en toda regla, tal y como probó el desastroso enfrentamiento inicial en la batalla de Osan, que puso de manifiesto la falta de adiestramiento y experiencia de los estadounidenses frente a las fuerzas del EPC. Así comenzó una serie de derrotas encadenadas que, aunque acabaron con las unidades estadounidenses y surcoreanas arrinconadas en el llamado perímetro de Pusan, consiguieron retrasar lo suficiente el avance norcoreano como para permitir la llegada de refuerzos hasta alcanzar unos efectivos de 140 000 hombres. El contingente de la ONU, además de estadounidenses y surcoreanos incluía soldados británicos, australianos, neozelandeses, canadienses, tailandeses, turcos, filipinos, etíopes, griegos, franceses, colombianos, belgas, sudafricanos y neerlandeses, que desde el 15 de julio quedaron bajo el mando de MacArthur. Así pues, entre el 4 de agosto y el 18 de septiembre de 1950 defendieron con éxito un arco de 230 kilómetros al sureste de la península, con el puerto suroriental de Pusan como centro logístico clave, ello a pesar de las bajas por efecto de las altas temperaturas, a menudo por encima de los 40°, y los insoportables niveles de humedad. Todos los intentos del mando del EPC por romper la línea del frente basándose en los ataques masivos por oleadas se vieron frustrados ante la notable superioridad numérica y material del contingente internacional, que además contaba con el apoyo incontestable y constante de la marina y las fuerzas aéreas, muy favorecido por lo reducido del área de operaciones (Alexander, 2003).

Este enfoque, unido al desequilibrio de fuerzas, supuso un número escandaloso de pérdidas humanas para las tropas norcoreanas, cuya situación se vio muy agravada en primera instancia por un ya de por sí deficiente sistema de abastecimiento, mermado aunque no paralizado por la efectividad de los bombardeos aéreos tácticos. Sin embargo, el modelo de guerra convencional estuvo acompañado desde el inicio de las hostilidades por la infiltración de partidas de guerrilleros entre los centenares de miles de refugiados que seguían a las tropas de la ONU en su retirada hacia el sur. La situación de cerco, paranoia y ansiedad a la que se vio sometida la coalición de fuerzas internacionales fruto de esta táctica explica entre otras muchas la masacre que cometieron fuerzas estadounidenses en No Gun Ri, en el centro de Corea del Sur, que entre el 26 y el 29 de julio de 1950 supuso la muerte de varios centenares de civiles, probablemente hasta 400. Después de haber sido detenidos y registrados por tropas estadounidenses, que además les confiscaron algunos de sus bienes, un grupo de unos 600 refugiados sufrió primero un ataque de la aviación, seguido después por el de soldados de infantería que abrieron fuego contra ellos con armas automáticas y morteros, todo ello mientras las víctimas suplicaban clemencia y los niños gritaban aterrorizados. Por aquel entonces ya se habían dado numerosos casos en los que guerrilleros que se hacían pasar por refugiados alcanzaban la retaguardia enemiga y sembraban el caos y el terror, aprovechando para acercarse a las tropas enemigas y abrir fuego sobre ellas. Así pues, los combatientes de la ONU no tardaron en seguir el principio de dispara y luego pregunta. Al mismo tiempo, los mandos ordenaron disparar a los refugiados que se acercaran a las líneas del frente, que es justamente lo que parece que ocurrió en No Gun Ri (Kim, 2004: 529-530). Según este enfoque, todos aquellos civiles que permanecían en las zonas de operaciones eran considerados «agentes enemigos», un enfoque muy similar —si no el mismo— al aplicado por la Wehrmacht en la guerra antipartisana en Yugoslavia durante los años 1941-1945 (Noble, 1975: 152). De hecho, al calor de las investigaciones en torno al caso de No Gun Ri se han documentado otros sesenta más en que población civil fue masacrada en masa por tropas estadounidenses mediante bombardeos aéreos, fusilamientos o ametrallamientos (MacCormack, 1983; Macdonald, 1986; Kim, 2004: 523).

En este sentido, el movimiento que dio lugar a un punto de inflexión decisivo en la guerra fue el arriesgado desembarco anfibio en Incheon, ideado por MacArthur y puesto en marcha el 15 de septiembre. La operación, que contó con un despliegue de efectivos muy superior en número al de defensores, supuso un éxito rotundo al tomar por sorpresa el puerto de Incheon, justo al sur de la línea de partición entre las dos Coreas. Al establecer sólidas cabezas de playa, las tropas de la ONU lograron forzar a las tropas norcoreanas que asediaban el perímetro de Pusan a retirarse de forma precipitada ante el peligro de ver rotas por completo sus líneas de abastecimiento o, peor aún, de ser copadas al sur de la península. A partir de aquí, y con la casi inmediata ofensiva del contingente internacional, se hizo evidente que era imposible para el EPC proseguir la guerra en solitario, sobre todo por el grave número de bajas materiales y humanas sufridas. Para hacernos una idea de la crudeza y los métodos del conflicto en curso, basta con señalar que de los casi 100 000 soldados norcoreanos desplegados al sur de la península a primeros de septiembre solo regresaron un máximo de tres decenas de miles, y es que al alto número de bajas mortales y prisioneros habría que sumar la alta tasa de deserciones, sobre todo teniendo en cuenta que una proporción importante de los efectivos, quizás un tercio, eran surcoreanos alistados a la fuerza (Appleman, 1998: 128, 395 y 604; Bowers, Hammong y MacGarrigle, 2005: 145).

El caso es que el desembarco de Incheon supuso un punto de inflexión tal que Rhee y MacArthur se mostraron partidarios de mantener el avance de las tropas de la ONU más allá del paralelo 38, punto de partición de las dos Coreas y límite marcado por las resoluciones de la ONU, si bien el general contaba con la aprobación explícita del gobierno para llevar a cabo dicha operación (Weintraub, 2000: 157-158). El objetivo era destruir por completo el régimen comunista de Corea del Norte, contener la llamada marea amarilla y posibilitar la unificación de la península bajo el gobierno de Rhee. Cuando la propuesta fue presentada a la Asamblea General de la ONU esta se encontró ante hechos consumados: las unidades internacionales ya habían penetrado profundamente en el norte y, ante aquella encrucijada, el citado organismo aprobó el 7 de octubre la prosecución de las hostilidades, al tiempo que MacArthur exigía la rendición incondicional del EPC. Este respaldo a los intereses estadounidenses y surcoreanos no solo afectó a la credibilidad y legitimidad de la ONU, sino que además dio lugar a la crisis que propició la entrada de China en el conflicto, no sin grandes reticencias y acalorados debates en el seno del PCC y el EPL. Sin embargo, la intervención china hizo que las fuerzas lideradas por Estados Unidos se vieran envueltas muy pronto en un avispero del que les iba a resultar muy difícil salir, y que iba a comportar graves sufrimientos para sus combatientes, para el enemigo y para la población civil cogida en medio del fuego cruzado. Como hemos visto en casos paradigmáticos como el de No Gun Ri, el modus operandi bélico del contingente extranjero, de mayoría estadounidense, estuvo muy marcado por varios factores clave: un profundo desconocimiento del entorno humano y cultural en el que actuaban; un tipo de conflicto diferente a cualquier otro en el que se hubieran visto implicados antes de forma masiva, a saber, una guerra civil en las periferias imperiales, dentro del llamado Tercer Mundo; y, finalmente, no menos importante, la creencia de estar haciendo una guerra por la libertad y por la restauración de la paz contra un enemigo despiadado que fue deshumanizado a conciencia (Kim, 2004: 539).

El 19 de octubre de 1950, por orden del gobierno chino entraron en Corea del Norte 250 000 combatientes del EPL, cuando las fuerzas norcoreanas mantenían bajo su control dos pequeñas porciones de territorio fronterizas con China y separadas entre sí, una al noroeste y la otra al noreste de la península. Las fuerzas chinas fueron organizadas en el llamado Ejército Popular Voluntario Chino (EPVC), al mando de Peng Dehuai (1898-1974), un veterano de guerra con una dilatada experiencia militar en conflictos de lo más diverso: los enfrentamientos entre señores de la guerra; las guerras de unificación de China dentro del Kuomintang; su paso al bando comunista en 1928, con el que haría la guerra civil china en todas sus fases y la guerra contra la ocupación japonesa; y, finalmente, las guerras contra las guerrillas nacionalistas de Sinkiang. Así pues, mientras las tropas chinas conseguían evitar los reconocimientos aéreos de la aviación estadounidense gracias a una férrea disciplina de marcha nocturna, camuflaje y vivaqueo, según la praxis militar ensayada con gran éxito en su guerra civil, las fuerzas del EPC aprovechaban el terreno montañoso del norte peninsular para resistir y hostigar al contingente bajo el mandato de la ONU. El frío glacial del invierno en estas regiones montañosas de Corea del Norte favoreció hasta cierto punto a los defensores, más aclimatados, sobre todo cuando llegado el mes de diciembre las temperaturas bajaron hasta los -30°, con una media de -17° en los escenarios más expuestos. Tras cruzar en secreto la frontera, el EPVC cogió completamente por sorpresa a las tropas bajo el mando de MacArthur, que sobre todo en el noroeste se vieron desbordadas por el arrollador avance chino. Mientras tanto, en el noreste se consiguió una retirada más organizada, que fue posible gracias a una milagrosa evacuación por mar ejecutada desde el norcoreano puerto oriental de Hamhung. En el curso de esta 100 000 soldados, 100 000 civiles, casi dos decenas de miles de vehículos y centenares de miles de toneladas de pertrechos fueron trasladados al puerto surcoreano de Pusan, unos seiscientos kilómetros al sur, todo lo cual habría quedado de otro modo en manos norcoreanas y chinas (Stokesbury, 1990: 110).

Las tropas chinas y norcoreanas consiguieron empujar nuevamente al contingente de la ONU más allá del paralelo 38, penetrando en el norte del territorio surcoreano hasta la línea Suwon-Wonju-Samcheok durante el mes de enero de 1951. Sin embargo, a partir de ahí el EPVC comenzó a experimentar problemas, similares a los que habían privado al EPC de la victoria en el perímetro de Pusan cuatro meses antes: sus líneas de abastecimiento estaban excesivamente dilatadas y, dado el aplastante dominio aéreo estadounidense, solo podían mantenerse en funcionamiento durante la noche, a costa de graves retrasos y carencias en las partidas enviadas al frente a pie, en bicicleta o con la ayuda de animales. El incremento del contingente militar chino destinado en Corea no hizo sino agravar la situación aún más. A esto se suma el hecho de que la falta de armamento pesado que afectaba al EPVC obligaba a Pen, su comandante, a utilizar el ataque masivo en oleadas como forma de hacer la guerra, apoyado en el consumo masivo del fuerte licor chino kaoliang por parte de los combatientes, todo lo cual, de paso, explica el alto número de bajas sufridas por los chinos (Roe, 2000: 433-435). Así pues, ante las súplicas que Mao y Kim Il-sung dirigieron a Stalin, la situación llevó a la implicación directa de las fuerzas aéreas soviéticas en la guerra para ejecutar misiones de cobertura en beneficio de las unidades del EPC y el EPVC, al tiempo que protegía su logística e infraestructuras básicas para el esfuerzo de guerra. Sin embargo, dadas las circunstancias, los aviadores soviéticos no tardaron en verse envueltos en combates con las fuerzas aéreas de la ONU, entablando hasta 1900 batallas aéreas, todo ello apoyado por el envío de una plantilla de 26 000 personas y varios centenares de modernos cazas a reacción MiG-15. Así pues, no está de más subrayar que en toda la Guerra Fría no volvieron a darse choques directos entre fuerzas estadounidenses y soviéticas.

A la par, las sucesivas crisis militares llevaron al gobierno surcoreano a poner en marcha nuevas operaciones de limpieza en la retaguardia, ejecutadas por la 11.ª División de su Ejército. Esta unidad estaba comandada por Choe Deok-sin (1914-1989), quien había aprendido sus métodos durante su experiencia de guerra como oficial de las tropas del Kuomintang, formación que completó entre 1949 y 1950 en la Academia del Ejército de Estados Unidos. Así pues, bajo el pretexto de combatir a las guerrillas infiltradas en las montañas, las fuerzas de Choe aprovecharon para acabar con civiles desarmados por su condición de enemigos reales o potenciales. Dos episodios clave de estas operaciones de control del territorio y consolidación del poder político de Rhee fueron las masacres sucesivas de Sancheong-Hamyang y de Guchang, ocurridas en las regiones meridionales de la península, la primera el 7 de febrero de 1951 y la segunda entre el 9 y el 11 del mismo mes. Cada una de ellas segó la vida de más de 700 personas, entre ellos una mayoría de niños, mujeres y ancianos, por negarse a ser evacuados y ser sospechosos de colaborar con las guerrillas, todo lo cual estuvo acompañado por el saqueo e incendio de las poblaciones. Sin embargo, estos solo fueron los episodios más conocidos. Todo parece indicar que entre el otoño de 1950 y la primavera de 1951 fueron asesinados unos 10 000 civiles, siempre en el marco de estas operaciones de limpieza de la retaguardia o durante las sucesivas retiradas y avances, al mismo tiempo que muchos pueblos eran desalojados y arrasados, y los familiares de las víctimas quedaban marcados como «rojos» y desprovistos de derechos civiles durante décadas (Kim, 2004: 532-533).

El escenario político-militar se había tornado tan complejo que la administración y parte del Ejército estadounidenses se mostraron partidarios de poner en marcha un nuevo enfoque bélico conocido como guerra limitada, que tenía por fin conseguir la contención del enemigo, una situación de tablas y la búsqueda de una paz pactada. Esto se oponía al modelo de guerra total predicado por MacArthur, que deseaba extender las operaciones aéreas a China y llevar a cabo ataques nucleares tácticos sobre regiones concretas de dicho país y de Corea del Norte para hacer imposible el mantenimiento de las rutas de suministro enemigas. De haberse seguido la receta del entonces comandante en jefe de las tropas de la ONU, hasta su relevo el 11 de abril de 1951, es probable que hubiera tenido lugar una escalada de tensión sin precedentes y de consecuencias imprevisibles, por mucho que por aquel entonces la hegemonía nuclear estadounidense fuera todavía incontestable. Sin embargo, los recursos militares estadounidenses estaban ya muy comprometidos, sobre todo en lo que respecta al despliegue de buena parte de sus fuerzas aéreas y al alto coste del conflicto en vidas humanas. El propio MacArthur, partidario de avanzar más allá del paralelo 38, bajo la convicción de que China no intervendría en la guerra, fue señalado como culpable.

En cualquier caso, lo que importa es que, tras varias ofensivas y contraofensivas, en una de las cuales participaron 700 000 combatientes chinos, el frente quedó estabilizado en el paralelo 38 a principios del verano de 1951, manteniéndose como una cruel y miserable guerra de posiciones hasta el fin de las hostilidades dos años después. Por el camino, la capital surcoreana, Seúl, había cambiado de manos hasta en cuatro ocasiones en menos de un año, dejando la ciudad reducida por completo a escombros y con una población que disminuyó hasta los 200 000 habitantes y se vio afectada por graves problemas de subsistencia, ello a pesar de haber perdido 1,3 millones de su población de preguerra, refugiados en diferentes puntos de la geografía coreana. A partir de aquí se sucedieron las negociaciones de paz, frustradas durante dos años por razones de toda índole, todo ello sin que cesaran los combates más localizados y mientras las fuerzas aéreas estadounidenses se dedicaban a arrasar la práctica totalidad de los pueblos y ciudades de Corea del Norte, acabando con la vida de un mínimo de un millón de civiles, es decir, uno de cada diez norcoreanos (Crane, 2000; Conway-Lanz, 2014; Kim, 2004: 230-231; Kim, 2012 y 2014).

Políticas de la violencia y construcción político-social de la dos Coreas

Políticas de la violencia y construcción

político-social de las dos Coreas

Dada la gran movilidad de los frentes en el primer año de guerra, las ocupaciones primero norcoreana y más tarde surcoreana vinieron acompañadas en ambos casos por las ejecuciones, las deportaciones y la reclusión en prisiones de decenas de miles de personas. En el primer caso, se informó de que durante la invasión y control de amplias porciones de Corea del Sur por parte de las unidades y autoridades norcoreanas se llevaron a cabo redadas y asesinatos sistemáticos de funcionarios del Estado, pero también de todos aquellos sospechosos de ser hostiles al régimen comunista de Pyongyang. En el segundo caso, dicha política vino promovida por la policía militar surcoreana, donde sin duda tuvo un papel importante la transferencia de visiones y enfoques contrainsurgentes heredados de la época japonesa, y diversas unidades paramilitares de asociaciones juveniles, todo ello ante los ojos del contingente internacional bajo el mandato de la ONU (Millet, 2010: 44-45). Una vez más, como ya hemos visto en otros casos y de forma muy similar a lo ocurrido en España en 1936, aunque también más adelante, la violencia fue parte consustancial de las operaciones militares dirigidas al control del territorio y a garantizar el orden en la retaguardia mediante la eliminación de los enemigos reales y potenciales. En este caso, como en el español, hablamos de dos entes estatales bien diferenciados que se disputarían el poder y que aspirarían a la implantación de un nuevo orden, para lo cual dicha violencia fue un instrumento clave. De hecho, esa volatilidad de los frentes en los primeros meses del conflicto también favoreció que las fuerzas norcoreanas se llevaran consigo en septiembre de 1950 a 83 000 habitantes de Seúl en calidad de mano de obra esclava, de los cuales nunca más se supo (Shaines, 2010: 53-54). La brutalidad extrema que caracterizó el conflicto fratricida coreano, que acabó por convertirse en una guerra internacional y convencional a gran escala, quedó reflejada de forma tan cruda como magistral en la gran pantalla por Kang Je-gyu, en su obra Lazos de guerra (2004), que aborda la experiencia bélica de dos hermanos en una unidad del Ejército surcoreano. Más allá del hilo dramático del guión, esta película recrea con suma veracidad todos los aspectos de la guerra, incluso los más conflictivos para una sociedad como la surcoreana que vivió durante décadas dominada por los discursos negacionistas impuestos desde el poder: el reclutamiento forzoso, el maltrato y asesinato de prisioneros, el drama de los refugiados, la degradación y brutalización del combatiente, la violencia extrema que los acompaña, los efectos terribles de las armas modernas, las complejas estrategias de supervivencia de la población civil, la deshumanización del enemigo, la brutal limpieza política discrecional impulsada por unidades gubernamentales especiales y el trauma que supuso la guerra para los supervivientes.

No obstante, el principal experto en la violencia durante la guerra de Corea ha señalado importantes asimetrías entre las políticas desplegadas por las fuerzas norcoreanas y surcoreanas. En primer lugar, el número de civiles indefensos asesinados por los segundos y sus aliados fue mayor al de los que mataron los primeros y las fuerzas chinas, lo cual se explica en buena medida por el hecho de que Estados Unidos disponía de armamento mucho más avanzado y mortífero. Y aunque no podemos hacer ejercicios contrafácticos, poca duda cabe de que la intervención estadounidense no hizo sino acrecentar de manera exponencial el número de víctimas en contextos y con fines diversos, y a menudo con un grado de autonomía y capacidad de decisión considerables por parte de los perpetradores. En ambos casos se produjo un maltrato y muerte sistemáticos de los prisioneros de guerra, en parte por criterios de imperativo militar —destinar los alimentos a las tropas combatientes— y en parte por motivaciones ideológicas, donde el capturado sería considerado un enemigo existencial. Así lo reflejaba en sus investigaciones un subcomité del Senado de Estados Unidos dedicado a investigar los crímenes contra los soldados estadounidenses capturados por el EPC. A pesar del lenguaje sesgado, que pone de manifiesto la visión estereotipada del combatiente comunista, no es menos cierto que el documento nos aproxima de forma interesante a ciertos aspectos del modo de hacer la guerra y de la creación de consensos en la retaguardia:

Los prisioneros de guerra americanos que no fueron asesinados de forma deliberada en el momento de su captura o poco después de esta fueron golpeados, heridos, matados de hambre y torturados; molestados, exhibidos y humillados ante la población civil y/o forzados a marchar durante largas distancias sin que se les dispensara comida, agua, refugio, prendas de vestir o cuidado médico en su camino hacia los campos comunistas. […] Las masacres comunistas y el exterminio indiscriminado de sus víctimas es una parte calculada del modo comunista de hacer la guerra psicológica[1].

Aparte de esto, fue el gobierno surcoreano de Rhee el primero en poner en marcha las ejecuciones de masas de enemigos reales o potenciales bajo la etiqueta «comunistas sospechosos», comenzando bastante antes del estallido de las hostilidades convencionales y en el marco de la guerra de guerrillas impulsada por Corea del Norte. De hecho, como ocurrió en el caso español, dicha violencia tuvo continuidad en la posguerra bajo motivaciones muy similares. Quizás, lo que no compartimos es que la violencia estuviera organizada y planificada exclusivamente desde arriba en el caso surcoreano y que en el otro bando fuera el fruto de la iniciativa de líderes comunistas locales, ya que ni la primera habría sido posible sin la cooperación de autoridades locales surcoreanas ni la segunda sin el beneplácito del Estado norcoreano. Desde luego, lo que sí tiene sentido es que Kim Il-sung emitiera órdenes muy claras para evitar la ejecución de civiles, lo cual tiene un hilo de continuidad con las prácticas del PCC durante la guerra civil china, dirigidas a ganarse el apoyo popular. Por tanto, todo parece apuntar que en el caso surcoreano hubo un mayor grado de planificación y sistematicidad en lo referido a las políticas de la violencia (Kim, 2004: 537-538; sobre las consecuencias de la violencia en las actitudes de los surcoreanos véase Kang y Hong, 2017).

Para cerrar este epígrafe señalaremos varias conclusiones que facilitarán la comparación del caso coreano con otros anteriores, contemporáneos y posteriores; al fin y al cabo, estaban teniendo lugar por ese entonces procesos similares de limpieza política en el Taiwán de Chiang. En primera instancia, la guerra de Corea supuso la construcción de dos estados caracterizados por dos formas de organización social, económica, cultural y política radicalmente opuestas, además del reforzamiento del poder de Rhee y Kim gracias a la situación de empate militar y político derivada del armisticio. En ambos casos lo consiguieron gracias al control de sus fuerzas policiales y militares, a través de la instrumentalización del apoyo internacional, la eliminación de los opositores reales y potenciales, el uso del divide et impera mediante la promoción de la fractura entre facciones y el uso extensivo del clientelismo político. Por lo que respecta al líder surcoreano, su poder se vio reforzado durante la guerra por el apoyo internacional, pero también por la matanza y deportación en los primeros meses de la guerra de hasta 200 000 personas a manos de las autoridades norcoreanas. Estas víctimas fueron utilizadas para legitimar su anticomunismo. A ellas se sumarían en el invierno de 1950-1951 otras 800 000 personas desposeídas de todo, las cuales huirían ante el avance de las fuerzas del EPVC, y cuyo destino a partir de entonces estaría en manos del Estado surcoreano. Por supuesto, como siempre ocurre en estos casos, y más en países pobres con graves problemas económicos como lo era Corea del Sur, la situación también planteó un reto logístico de primer orden, poniendo de manifiesto un rasgo muy característico —aunque no específico— de las guerras civiles en la contemporaneidad: los grandes flujos de refugiados (Millet, 2010: 44). A todo ello hay que sumar las dificultades derivadas del altísimo grado de destrucción experimentado por los dos países, que en el caso de Corea del Norte tuvo que reconstruirse por completo tras ver destruido buena parte de su tejido poblacional. Por lo que respecta a Corea del Sur, algunas de sus regiones septentrionales vieron pasar la guerra hasta en tres ocasiones. Los grandes vacíos demográficos causados por las víctimas civiles y militares también fueron un grave problema, y aunque es difícil determinar el número de muertos y mutilados en un conflicto particularmente opaco como este, queda fuera de toda duda que se cuentan por bastantes centenares de miles. Y en último término, siendo uno de los casos más dramáticos de la historia de la guerra, diez millones de personas, un tercio de la población coreana previa a la guerra, vieron sus familias rotas por la división de la península en dos países (Koh, 1993; sobre el trauma véase Kim, 2015).

Sin embargo, más allá de las gravísimas consecuencias domésticas, no deja de sorprender la escasa atención que ha recibido el conflicto hasta hace muy poco por parte de la historiografía, el mundo de la cultura y las políticas de la memoria occidentales, más aún si atendemos a sus graves y profundas consecuencias a nivel internacional. Bien es cierto que esta realidad ha estado muy condicionada en el caso de Estados Unidos o Gran Bretaña por la imposición de la censura en el tratamiento del conflicto durante los años cincuenta, que a su vez ha quedado eclipsado en la cultura de masas y las conmemoraciones por otras guerras más mediáticas, como la segunda conflagración mundial y sobre todo la guerra de Vietnam. No obstante, se mire como se mire, el persistente impacto del enfrentamiento coreano en las relaciones y equilibrios internacionales es una buena muestra de hasta qué punto las guerras civiles han tenido la capacidad de configurar el mundo en el que vivimos. En primer lugar, fue en Corea donde intervino por primera vez un contingente militar internacional bajo el mandato de la ONU, que a partir de entonces se convertiría en un sujeto habitual en los conflictos fratricidas, tal y como veremos. En segundo lugar, la coreana fue la última guerra civil convencional, al estilo de la rusa, la española o la china en sus últimos compases. Además, fue la única de este estilo que enfrentó en el campo de batalla a fuerzas de las principales potencias capitalistas y comunistas, propiciando la internacionalización de la Guerra Fría. No se puede obviar que la amenaza de un ataque nuclear por parte de Estados Unidos, posibilidad que se discutió cinco veces en el Consejo de Seguridad del gobierno hasta 1954, dio inicio a la carrera armamentística nuclear, a la cual se sumaron la Unión Soviética y China, y que derivó en el primer ensayo de un ingenio termonuclear estadounidense en 1952, con un poder destructivo quinientas veces mayor que el de la bomba de Nagasaki. De hecho, el rearme tuvo su correlato en el resto de ramas de las fuerzas armadas, al constatarse que las armas nucleares no eran un factor disuasorio suficientemente poderoso como para contener el estallido de guerras totales. Así pues, la industria armamentística experimentó un desarrollo sin precedentes en el campo de la infantería, los blindados, la artillería, la aviación y la marina, haciendo de esta un auténtico lobby capaz de condicionar las decisiones políticas al más alto nivel en países como Estados Unidos y la Unión Soviética (Veiga, Da Cal y Duarte, 2010: 100-101).

Finalmente, Estados Unidos dejó claro su compromiso internacional con la Doctrina Truman, continuada sin muchos cambios por la administración sucesora, presidida por el antiguo jefe de las fuerzas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, Dwight Eisenhower (1890-1969). En base a este principio y a las lecturas hegemónicas de la evolución del escenario internacional, las diferentes administraciones mostrarían durante buena parte de la Guerra Fría su alineamiento con la política de contención del comunismo. Esto comportó la intervención militar más o menos limitada en muchos de los escenarios donde pudo existir el peligro de que este triunfara y se extendiera, algo que a su vez fue decisivo en la consolidación de la división alemana, en la aceptación de la República Federal Alemana (RFA) dentro del concierto de potencias occidentales y en la desastrosa implicación de las fuerzas armadas estadounidenses en Vietnam, tal y como vamos a ver. En conclusión, una correcta comprensión de las motivaciones y los escenarios en los que se ejecutaron las masacres de población civil ocurridas en la guerra de Corea, así como las praxis y justificaciones bajo las cuales se llevaron a cabo, nos permite observar mucho mejor los hilos de continuidad en las políticas imperiales y las formas de hacer la guerra estadounidenses hasta la actualidad, así como sus conexiones con las de otros estados como el soviético o el Tercer Reich y sus consecuencias. Más allá del miedo, está claro que los prejuicios raciales jugaron un papel fundamental en la desempatía que hizo posible las matanzas de población civil a manos de las tropas de la ONU, así como también el hecho de verse inmersos en un conflicto interno cuyas claves desconocían por completo (Kim, 2004: 531, 540). Esto sería decisivo de cara a lo que estaba por venir en Vietnam: la imagen del asiático visto como bestia inhumana y servil que se lanzaba a la muerte en masa, con fanatismo y sin temor a la muerte, heredada de la guerra contra Japón —desde 1953 aliado aventajado de los estadounidenses en la región—, pasó a ser aplicada a los norcoreanos, a los chinos y a los norvietnamitas, aderezada por su asociación al comunismo. A partir de la derrota del Kuomintang en la guerra civil china y el fracaso parcial de la guerra de Corea, el terror a una inundación de la llamada «marea amarilla» condicionaría las políticas estadounidenses en el continente asiático, siempre con efectos desastrosos para sus habitantes (Veiga, Da Cal y Duarte, 2010: 110).

El efecto dominó o el largo ciclo bélico de Indochina, 1941-1979

EL EFECTO DOMINÓ O EL LARGO CICLO

BÉLICO DE INDOCHINA, 1941-1979

La Guerra Fría tuvo como uno de sus rasgos fundamentales la enorme proliferación de armas fruto de la confrontación entre bloques y de sus guerras subsidiarias en los márgenes imperiales, una problemática que hemos heredado en las tres últimas décadas y que no ha hecho sino favorecer la expansión de los conflictos. También contribuyó a ello la creciente movilidad y el número cada vez mayor de aquellos que hicieron y que han hecho de la milicia y de la militancia revolucionaria o contrarrevolucionaria —asociada a la guerra de guerrillas como estrategia para la conquista del poder— un estilo de vida y una forma de supervivencia (Bara, 2017: 1-26). Aunque ya lo hemos podido intuir en lo que respecta a la primera mitad del siglo XX, es en su segunda mitad cuando las guerras civiles devendrán fenómenos transfronterizos, casi podríamos decir contagiosos. Esto se observa de forma muy clara en el largo ciclo bélico que, en mayor o menor medida, afectó a los territorios comprendidos en la antigua colonia francesa de Indochina entre 1941 y 1945, una zona que hoy abarca los países de Camboya, Laos y Vietnam, y que constituye un caso paradigmático en este sentido. Y si bien el conflicto en cuestión podría recordarnos a algunas de las guerras civiles sufridas por la Europa de 1917-1945, lo cierto es que en este caso tendría una dimensión diferencial que ha caracterizado a la mayor parte de los enfrentamientos internos desde entonces: la larga duración, con la guerra convertida en un problema endémico marcado por la injerencia directa o indirecta de varios agentes externos, fases diferenciadas, intereses y coyunturas cambiantes y breves lapsos de paz relativa. Pero una vez más nos encontramos ante una guerra anticolonial dentro de la cual se concatenaron el conflicto por la definición de la identidad nacional, el antiimperialista y aquel entre comunismo y anticomunismo. A través de un veterano de la guerra afgano-soviética, Svetlana Aleksiévich nos dejó un testimonio revelador del carácter de los enfrentamientos de la segunda mitad del siglo, de las dinámicas que los alimentaron, de las paradojas de la Guerra Fría y del modo en que todo esto repercutió en los combatientes y civiles afectados:

Una vez asistí a un encuentro del club «afgano»… No he vuelto más. Con una vez tuve suficiente… Era un encuentro con estadounidenses, con combatientes de la guerra del Vietnam. Estábamos sentados en una cafetería, en cada mesa había un estadounidense y tres rusos. Uno de nuestros muchachos le soltó esto al estadounidense que se sentó con nosotros: «Los americanos me tocan los cojones porque una mina norteamericana me hizo saltar por los aires. Me arrancó una pierna». Y el otro le contestó sin más: «Pues a mí en Saigón me hirió un proyectil soviético». ¡Así que todo en orden! ¡De puta madre! Después brindamos y nos abrazamos como hermanos de armas. Y la cosa continuó así… Nos emborrachamos al estilo ruso: una copa por la hermandad, otra porque todo nos saliera bien… En aquel encuentro comprendí una cosa muy sencilla: un soldado es siempre un soldado y todos son idénticos entre sí, carne prescindible, la misma carne de cañón (Aleksiévich, 2016: 142-143).

La última frase resume sin lugar a dudas una de las realidades de la historia de la guerra, y la preparación de este libro nos ha ayudado a entender de forma mucho más clara hasta qué punto un soldado es siempre un soldado, en todos los sentidos. Sin embargo, lo que queríamos destacar es que la proliferación de armas, el conflicto entre bloques y las guerras subsidiarias que lo acompañaron, la ideología guevarista de los focos revolucionarios junto a los principios de la guerra contrainsurgente y las dificultades —a veces directamente el desinterés— para llevar a cabo desmovilizaciones efectivas tuvieron un papel fundamental en los contagios bélicos de la Guerra Fría. Esto fue y es especialmente cierto en regiones como Oriente Medio y Próximo, África y el Sureste asiático, que es el caso que nos ocupará en las próximas páginas. Como en las guerras civiles china y coreana, la situación de Indochina vino muy marcada por lo ocurrido en el marco de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que, como ya hemos visto, por sus tremendas exigencias humanas y materiales, pero también por sus dinámicas y por las narrativas bajo las cuales se legitimó, trastocó de forma irreversible el orden internacional y las sociedades afectadas. Entre otras cosas, el apoyo de Estados Unidos a casi cualquier movimiento armado antijaponés en el teatro del Índico-Pacífico tuvo amplias consecuencias, sobre todo porque dicho país presentó su esfuerzo de guerra como una lucha en defensa de la libertad, los derechos humanos, contra la dictadura y el racismo (muy interesante, sobre el apoyo al Việt Minh por los estadounidenses, Marvel, 1975).

Es evidente que nada de esto casaba con la realidad experimentada por las poblaciones de las colonias asiáticas bajo el dominio europeo, que había impuesto sobre ellas regímenes dictatoriales fundamentados en la segregación racial y en el divide et impera. Este sistema fue sustituido a partir de 1940 por el imperialismo nipón, en este caso bajo el paraguas retórico de la llamada Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Por mucho que su pretexto fuera liberar a los pueblos asiáticos de las potencias occidentales, en realidad no era más que la particular versión del Nuevo Orden japonés y no buscaba otra cosa que legitimar la hegemonía nipona sobre toda la región. De hecho, una de las consecuencias más graves de la irrupción violenta del Japón en el Sureste asiático fue la ruptura de los circuitos comerciales que unían toda la región del Índico Oriental comprendida entre India e Indochina. La interdependencia económica entre las diferentes colonias era clave en la distribución alimentaria; tanto es así que el conflicto provocó graves crisis de subsistencia en diferentes puntos de esta amplia geografía, así como también una fuerte fragmentación del poder en la lucha por la supervivencia derivada de dicha situación (McHale, 2009: 104).

En el caso de la antigua colonia francesa, que agrupaba los actuales territorios de Vietnam, Laos y Camboya, la región fue ocupada por el Ejército imperial japonés desde finales de septiembre de 1940, más de un año antes del ataque contra Pearl Harbour, hasta la rendición del Japón casi un lustro después. Dentro de la evolución de la guerra sino-japonesa, que por entonces ya llevaba cuatro años en marcha, el objetivo nipón en el teatro indochino no era otro que cortar por el sur las líneas de abastecimiento del Kuomintang con las potencias occidentales, estableciendo para ello un número limitado de tropas, cazas y bombarderos. Esto fue determinante por varias razones: los japoneses mantuvieron en sus cargos a las autoridades coloniales francesas, que por tanto quedaron marcadas por el colaboracionismo; las tropas del Imperio nipón nunca fueron suficientes para vigilar el vastísimo espacio interior, donde las condiciones del terreno y el medio natural eran absolutamente endiabladas, de manera que se limitaron a controlar toda la franja costera y los deltas del río Rojo al norte y el río Mekong al sur, los puntos estratégicos y más poblados; a pesar de su número relativamente reducido, el aislamiento de las fuerzas imperiales por la pérdida del dominio de los mares y sus políticas de ocupación, según las cuales habían de alimentarse sobre el terreno, provocaron una terrible hambruna entre 1944 y 1945 que acabó con entre uno y dos millones de vidas humanas. De hecho, este traumático acontecimiento tuvo mucho que ver con las mencionadas políticas de ocupación japonesas, que de una forma muy similar a las del Tercer Reich en Europa subordinaron todas las economías del Sureste asiático a sus intereses, todo ello bajo las condiciones de un régimen colonial. En el caso de Vietnam esto tuvo como resultado el saqueo sistemático de la producción de arroz, pero también experimentos de ingeniería agraria destinados a convertir grandes extensiones arroceras en productoras de algodón y yute, dislocando por completo la economía local. Por si esto fuera poco, un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) de Indochina fue canalizado hacia el esfuerzo de guerra japonés mediante el control de las políticas monetarias (Brown, 1991: 25; Huff y Majima, 1999; Hunt, 2014).

En estas circunstancias, la población civil acabó por concienciarse de la necesidad de terminar con el dominio colonial, una situación que aprovechó el pequeño Partido Comunista de Indochina (PCIn) para crecer por medio de la creación de frentes políticos amplios con otras fuerzas anticoloniales, que es lo que al fin y al cabo fue el Việt Minh: un frente popular, al estilo de los europeos de Entreguerras (Brown, 1991: 22). El controvertido testimonio de un joven revolucionario vietnamita pone de manifiesto hasta qué punto el derrumbamiento militar francés frente a los alemanes en mayo-junio de 1940 y la ocupación japonesa de Indochina tres meses después fueron acontecimientos decisivos en la pérdida de legitimidad y credibilidad del dominio europeo, convenciendo a muchos autóctonos de la necesidad de sumarse a la lucha por la independencia (Ngo, 1955). Como parte de esta estrategia frentepopulista, y al igual que ya había ocurrido en contextos como el yugoslavo, el albanés o el chino, el PCIn impulsó la creación de una guerrilla popular bajo el control del Việt Minh, el Ejército Popular de Vietnam (EPV), que a partir de marzo de 1945 empezó a convertirse en un serio problema para las fuerzas ocupantes. Tras la conquista de Francia por parte de los Aliados y el fin del régimen de Vichy, las autoridades niponas hubieron de asumir todo el poder, a la par que la guerrilla se hacía popular gracias a las llamadas a la insurrección dirigidas a la población para el reparto del arroz acumulado en los centros logísticos controlados por los japoneses. La cuestión es que, al principio del verano de 1945, el Việt Minh había puesto bajo su control toda la zona norte sin apenas resistencia y, al conocerse la rendición de Japón en agosto de 1945, tomó el control efectivo sobre el conjunto del territorio vietnamita (Bambery, 2015: 339).

El intento de restauración colonial francesa en Indochina durante la posguerra, 1945-1954

El intento de restauración colonial francesa

en Indochina durante la posguerra, 1945-1954

Acabada la guerra, los Aliados occidentales se encontraron ante lo que era un grave problema para sus intereses: muchos de los movimientos anticoloniales de liberación nacional que habían surgido por toda Asia en contra del dominio japonés eran comunistas, al menos los más efectivos —exceptuando el caso indonesio—, y habían combatido con el objetivo de conseguir la independencia para sus países. Sin embargo, la competencia abierta con la Unión Soviética por definir las esferas de influencia, unida a la situación de incertidumbre en la China de la posguerra mundial, hicieron que el gobierno de Estados Unidos relajara sobremanera su tradicional postura anticolonial ante el miedo de que el comunismo se extendiera por toda Asia. En este punto se dieron un conjunto de situaciones paradójicas, sobre todo por iniciativa de los británicos. Ante el predecible derrumbamiento de los imperios francés y neerlandés en la zona del Pacífico y para evitar que se pusiera en cuestión su dominio colonial, estos unieron fuerzas con dichos países para mantener la integridad de sus posesiones de ultramar en la región, a pesar de su situación de total bancarrota tras el conflicto mundial. Por ello, anticipándose a los estadounidenses, el gobierno británico envió tropas anglo-indias a Indochina e Indonesia para recibir el poder de manos de las tropas de ocupación japonesas y evitar imprevistos, a la espera de que los gobiernos francés y neerlandés pudieran enviar sus propias tropas. Sin embargo, cuando llegaron se encontraron con tal inferioridad de hombres y tal desconocimiento del terreno que los oficiales al mando decidieron recurrir a las fuerzas niponas, rearmándolas para luchar contra las guerrillas y los levantamientos populares y recuperar el control de las colonias. De hecho, se trata del mismo supuesto que ya había sido previsto por Churchill en el escenario europeo, cuando ordenó planificar la llamada Operación Impensable [Operation Unthinkable] para rearmar a 100 000 soldados de la Wehrmacht en caso de que la Unión Soviética no acatara los acuerdos de Yalta de febrero de 1945, sobre todo en referencia a Polonia (Reynolds, 2005; Springhall, 2005; Bambery, 2015: 340 y 343).

Sin embargo, pronto los británicos se encontraron en un avispero, lo cual tuvo que ver con un problema común en cualquier intervención militar en el extranjero: la falta de información sobre la situación político-social en la región, en este caso caracterizada por la gran cantidad de grupos armados enfrentados entre sí, como vamos a ver, y que acabó arrastrándolos a tomar parte en las disputas (Hugues, 2006: 280-281). Detrás del afán europeo por mantener las posesiones coloniales había varias consideraciones. En primer lugar, podía parecer un escenario ideal para restablecer el prestigio internacional perdido durante la Segunda Guerra Mundial, fruto de los fracasos militares frente a los alemanes, especialmente en el caso francés; en segundo lugar, consecuencia directa de lo primero, se veía como un buen modo de contribuir a la construcción del nuevo orden de posguerra mediante la contención del comunismo; en tercer lugar, eran espacios importantes desde hacía décadas en los repartos de poder entre las élites militares y económicas, que se habían formado bajo el influjo del imperialismo como máxima expresión del poder nacional; por último, no menos importante, existía la convicción de que las colonias garantizaban con sus recursos y sus mercados un espacio económico que podía contribuir a la reconstrucción y a la estabilidad de la metrópoli (Veiga, Da Cal y Duarte, 2010: 104-107). En cualquier caso, ya en 1949 el gobierno neerlandés hubo de asumir la imposibilidad de mantener el dominio colonial sobre Indonesia, dado el gran poder de las guerrillas, en su mayoría de carácter nacionalista musulmán y bajo el mando político-militar de Sukarno (1901-1970) y Mohammad Hatta (1902-1980). Por su parte, los británicos hubieron de reconocer en la posguerra la independencia de Birmania e India, abandonando este último país con tal precipitación y tan marcado por sus políticas imperiales, basadas en enfrentar a unos grupos religiosos con otros mediante los repartos de poder, que dejaron a toda la región en una situación de guerra civil. De hecho, la creación de los estados de Pakistán e India a mediados de agosto de 1947 dio lugar en los tres meses siguientes a la friolera de más de un millón de muertos fruto de los enfrentamientos violentos y las persecuciones en diversas regiones, a veces incluso antes de la independencia. Esto fue decisivo a la hora de poner en marcha un intercambio de poblaciones según criterios religiosos que afectó a 14 millones de personas, operaciones muy marcadas por las praxis propias de la limpieza étnica que dieron lugar a una terrible crisis humanitaria y que coinciden en el tiempo con las grandes expulsiones de la posguerra europea (Talbot y Singh, 2009).

Sin embargo, el Estado británico sí trató de conservar sus colonias de Kenia y Malasia, lo cual consiguió entre finales de los años cuarenta y primeros de los cincuenta tras dos largas guerras contrainsurgentes y recurriendo a todo el repertorio que le ofrecía su particular caja de herramientas imperial: suspensión de derechos civiles y políticos, desplazamientos de población, establecimiento de campos de concentración, ejecución de torturas atroces, violaciones contra mujeres, castigos colectivos y públicos o masacres de población civil. Merece la pena señalarlo para entender en qué contexto internacional tuvo lugar el intento de Francia por retomar el control de Indochina a partir de 1945, al mismo tiempo que entre 1947 y 1948 sofocaba una revuelta popular contra el dominio colonial en Madagascar que acabó con 90 000 asesinados. En el caso de Indochina, el gobierno francés se negó a cualquier posible solución pactada, a pesar de que el líder del PCIn y del Việt Minh, Hồ Chí Minh (1890-1969), ofreció condiciones muy flexibles, como la concesión de una autonomía para Vietnam dentro del Imperio francés. Así pues, las fuerzas coloniales se vieron envueltas casi de inmediato en una cruenta y compleja guerra de guerrillas.

Una vez más, si descendemos sobre el terreno en Vietnam las trayectorias político-militares resultan sorprendentes. Como muchos otros líderes independentistas opuestos al dominio colonial, Hồ recibió una formación francesa tanto en la colonia como en la metrópoli, a la cual cabe sumar la educación tradicional de su país gracias a que su padre era un maestro y experto confuciano. Durante los años veinte y treinta vivió a caballo entre la Unión Soviética y China, tras haber residido en Francia de 1919 a 1923, y siempre en función del cambiante y voluble escenario político en el gigante asiático a lo largo de aquellos años. Fue en Francia donde había acabado de politizarse, previo paso por Estados Unidos, y también fue allí donde se unió por primera vez a un círculo de nacionalistas vietnamitas que reivindicaban la independencia para su país, participando en la fundación del Partido Comunista Francés (PCF). Por lo demás, hasta el golpe ejecutado contra los comunistas por el Kuomintang en 1927, impartió clases por orden de la Komintern en la Academia Militar de Huangpu, en Guangzhou, por entonces bajo la dirección del propio Chiang y con Zhou Enlai como cabeza del departamento político, donde formó a una parte importante de los cuadros político-militares del futuro PCIn y del Việt Minh. Así pues, en tanto que agente de la Komintern para asuntos asiáticos, nos lo encontramos a finales de los años treinta como asesor militar del EPL en la guerra civil china y sino-japonesa (Quinn-Judge, 2002; Brocheux, 2007).

En definitiva, acabada la Segunda Guerra Mundial Hồ era un hombre curtido y con una gran experiencia política y militar a sus espaldas. Esto le permitió tomar algunas decisiones capitales para el futuro de toda la región, para la cual se había acordado el establecimiento de dos zonas de ocupación. La primera, al sur, fue cubierta en un primer momento por fuerzas británicas, que como señalábamos liberaron a los prisioneros de guerra franceses y armaron a las tropas japonesas para derrocar a la autoproclamada República de Vietnam en Saigón, capital meridional del país situada en la desembocadura del río Mekong. Esto no se hizo sin dificultades, por supuesto, porque toda la región en torno a la ciudad se sumió en una rebelión urbana que acabó con algunas sonadas masacres, como la de Cité Heyraud, que supuso la muerte de 300 europeos a manos de las multitudes. Los británicos aún permanecerían durante nueve meses allí, tomando parte en las operaciones contrainsurgentes conforme llegaban las tropas francesas, a la par que minaban la presencia del Việt Minh en todos los puntos estratégicos de la región. Al ya de por sí complejo escenario cabe añadir las particularidades del territorio meridional de Vietnam: sus élites y una parte importante de la población no solo sentían que por diversas razones tenían una identidad diferenciada respecto a sus vecinos del norte y el centro, sino que además en la parte occidental de la región residía una importante minoría jemer, etnia mayoritaria en la vecina Camboya, lo cual hacía que esos territorios fueran reivindicados por los nacionalistas de dicho país como parte de una Gran Camboya.

El aislamiento al que dio lugar la Segunda Guerra Mundial no hizo sino intensificar esas tendencias centrífugas, al encontrarse toda la zona del delta del Mekong con un grado de autonomía hasta entonces desconocido. Así pues, antes de retirarse a las zonas del interior de la región, las pequeñas células del Việt Minh emplearon todo tipo de medios a su alcance para tratar de mermar la capacidad de combate de sus enemigos, tanto locales —señores de la guerra vietnamitas y nacionalistas jemeres— como extranjeros —franceses e indo-británicos—, un atributo de la guerra total que no hizo sino dificultar la ya de por sí comprometida subsistencia de la población civil. En el marco de estas actividades destruyeron puentes, caminos, acequias y canales de riego, y llevaron a cabo operaciones armadas y asesinatos selectivos. Esta espiral a la que se vieron arrastrados todos los bandos en conflicto dio como resultado la muerte de hasta 50 000 vietnamitas en el sur, fruto de los enfrentamientos internos entre ellos durante el periodo de 1945 a 1954 (McHale, 2009: 104-106, 109-110).

Mientras tanto, la zona septentrional del país quedó a cargo del régimen chino del Kuomintang, como parte de las potencias aliadas vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, y aquí Hồ jugó sus cartas para conseguir contemporizar con las autoridades y encontrar un espacio donde poder consolidar la presencia del Việt Minh. Como ya hemos visto, las estructuras del partido nacionalista chino estaban podridas desde hacía tiempo por las prácticas políticas, los equilibrios de poder y la corrupción imperantes en su seno, y eso favoreció que los comunistas vietnamitas consiguieran mantener un remedo de Estado en el norte a cambio de no oponerse a la ocupación, de incorporar a elementos prochinos en el gobierno y de cerrar los ojos ante el saqueo indiscriminado de la región por parte de sus nuevos administradores extranjeros. Sin embargo, pasado medio año los chinos abandonaron Vietnam tras un acuerdo con el gobierno francés, que les otorgaba amplias concesiones a cambio de retirar las tropas conforme iban llegando los contingentes coloniales galos a principios del verano de 1946 (Brown, 1991: 32-33). Vale decir que dentro del Việt Minh también existían tensiones y conflictos, sobre todo entre viejos militantes y recién llegados, fenómeno por lo demás común en este tipo de movimientos políticos, algo que impidió llevar a cabo políticas coordinadas en la inmediata posguerra mundial. Sea como fuere, al igual que las potencias imperiales cooperaban entre sí también lo hacían los propios movimientos anticoloniales y/o revolucionarios, lo cual se pone de manifiesto en el hecho de que el Việt Minh se moviera sin tener en cuenta las fronteras internas dentro de Indochina. Entre los años 1945 y 1946 fue muy común la colaboración y el establecimiento de circuitos comerciales entre laosianos, camboyanos, vietnamitas, birmanos e indonesios, sobre todo en la adquisición ilegal de armamento. De este modo, podemos constatar la gran movilidad de agentes políticos y traficantes de armas por todo el Sureste asiático (McHale, 2009: 107).

Tras varios intentos de negociación frustrados, y ante el primer pretexto para ello, las autoridades francesas reactivaron la guerra en noviembre de 1946, desalojando del poder al Việt Minh en medio de una brutal y arbitraria represión. Ante el peligro de ser exterminadas, las fuerzas de Hồ abandonaron Hanói, la capital septentrional en el delta del río Rojo, y se retiraron a las montañas de Tonkín, al norte, en las cuales se distribuyeron y construyeron su principal base de poder. Así fue como se inició una guerra de guerrillas que continuaría de forma casi ininterrumpida hasta 1975 contra diferentes enemigos. Ya en el año 1945, cuando los franceses trataron de retomar el control del sur se encontraron con una situación extremadamente compleja y difícil de abordar: multitud de agentes armados operaban sobre el terreno y cada uno lo hacía con sus propias agendas político-económicas, algo que en la segunda mitad del siglo XX se convertiría en una tónica dominante de las guerras civiles. Así pues, dentro de variables juegos de alianzas, las autoridades coloniales reclutaron unidades de voluntarios jemeres que se ofrecieron a colaborar en la lucha por recuperar el delta del Mekong, siendo los saqueos, las atrocidades, los asesinatos y las violaciones contra la población vietnamita parte consustancial de su praxis operacional. A estos se sumaron otras milicias colaboracionistas, como las de las sectas religiosas de los caodaístas (seguidores de una religión sincrética que adoraba al dios Cao Ðài) y los budistas de la Hòa Hảo, esta última particularmente indisciplinada y violenta según los informes franceses. Como es obvio, este modo de actuar no solo fue cosa de los autóctonos, sino que las autoridades coloniales lo promovieron de forma activa al sumar este tipo de apoyos, ponerlos bajo su protección y armarlos. Además, las unidades del Cuerpo Expedicionario Francés en el Extremo Oriente (CEFEO) emplearon habitualmente el recurso a los incendios provocados como manera de combatir al Việt Minh. Esta estrategia, que sería notablemente perfeccionada por los estadounidenses, tuvo consecuencias desastrosas para la población civil. Así pues, por mucho que sea imposible conocer con cualquier atisbo de certeza el número de víctimas causadas por esta forma de hacer la guerra y las políticas de ocupación que la acompañaron, está claro que fue alto, con matanzas indiscriminadas de guerrilleros y civiles.

Por supuesto, tampoco se desenvolvió de un modo muy diferente el Việt Minh, que enfocó sus políticas de la violencia contra la intelligentsia político-cultural hostil a su proyecto político. Sin ir más lejos, se sabe por cifras de las propias autoridades de la República Democrática de Vietnam (RDV, Vietnam del Norte) que en 1947 y solo en el sur fueron ejecutadas 900 personas por «traición», «espionaje» o por ser supuestos «reaccionarios», y aquí hablamos solo de sentencias penales, con lo cual podemos hacernos una idea de la magnitud de las ejecuciones sumarísimas o las matanzas en este tipo de guerra dispersa. Así pues, este tipo de violencia revela la dimensión revolucionaria del proyecto abanderado por los comunistas vietnamitas, pero también el deseo de construir y poner bajo un mismo Estado una nación, la vietnamita, que salta a la vista que no existía como tal, o que cuanto menos estaba en mantillas. Dos años antes, en septiembre de 1945 se puso de manifiesto que las matanzas masivas también iban a ser un componente importante del conflicto, como cuando el Việt Minh asesinó a 10 000 seguidores de la secta Hòa Hảo en el marco de una manifestación. Tanto es así que Mai Chí Thọ (1922-2007), por aquel entonces miembro de las Fuerzas Públicas de Seguridad de la RDV, y que acabaría siendo uno de los más importantes dirigentes del país tras la independencia, no dudaba en reconocer abiertamente los problemas que causó al Việt Minh el ejercicio indiscriminado de la violencia. Sin embargo, al mismo tiempo nos revela dos cosas: la fragmentación del monopolio del poder armado en el Vietnam de la posguerra mundial, siempre en el marco de la lucha por el control territorial, y la necesidad de controlar y administrar la aplicación de la violencia en la medida de lo posible para obtener de ella los réditos político-sociales deseados:

Al principio recurríamos de forma constante a la lógica del ojo por ojo, contraatacando [a los franceses y a otros] de forma impaciente con la violencia. Debido a esta inmadurez, caímos en las trampas tendidas por el enemigo para provocarnos y dividirnos. Demasiada sangre fue derramada, los prejuicios se consolidaron y los odios se acentuaron. El frente por la unidad popular y la salvación [se refiere al Việt Minh] quedó muy dañado: perdimos población y perdimos territorio […] Esta inmadurez al inicio de la lucha contra los franceses nos causó muchas dificultades, especialmente de 1949 a 1952 (McHale, 2009: 109-114).

Por lo que respecta a los militares y a las autoridades coloniales francesas, tuvieron que enfrentarse a varios problemas básicos desde el principio. En primer lugar, minusvaloraron por completo el potencial de un enemigo que una vez más, como ya había ocurrido y estaba ocurriendo en China, demostró las posibilidades de éxito del combate irregular cuando median unas condiciones orográficas, políticas y sociales favorables, como era el caso. En segundo lugar, y directamente relacionado con esto, el esfuerzo bélico francés se vio muy lastrado por la falta endémica de medios humanos, dada la impopularidad de la guerra en la metrópoli, lo cual de paso hizo imposible cualquier intento por imponer la conscripción entre la ciudadanía. Tanto es así que para el reclutamiento de efectivos se ofreció la conmutación de penas a no pocos colaboracionistas, que en algunos casos acabaron en Indochina, a veces también conscriptos. Tal es el caso de antiguos voluntarios de las Waffen-SS, como el germano-italiano Paul Martelli (1930-), que hizo el final de la Segunda Guerra Mundial integrado en la División Charlemagne y combatió en Hanói de 1951 a 1954, aunque también los hubo de otras nacionalidades que se integraron en la LEF, sobre todo alemanes, que buscaron la forma de huir de la justicia y/o ganarse la vida dedicándose a lo que mejor sabían hacer: la guerra. Está claro que para las tropas de origen europeo y africano la de Indochina fue una experiencia traumática, y contribuyó a forjar en ellos una imagen negativa de los asiáticos en general. De hecho, aún hoy se les trata de manera absolutamente supraindividual, en lo que sin duda es una herencia de la cultura popular estadounidense sobre la guerra de Vietnam. En cualquier caso, lo que está fuera de toda duda es que la impotencia ante un conflicto extremadamente intrincado e imprevisible afectó la moral de las tropas del CEFEO, y en muchas ocasiones las hizo más proclives a la violencia. El propio Martelli reconocía en sus memorias que en aquella época «me había convertido en un tipo peligroso, joven y excepcionalmente fuerte; un hombre cuyo temperamento se compensaba con el gatillo fácil» (2015: 314).

En el pico de su potencia militar, el CEFEO, que integraba sobre todo a voluntarios de todas las colonias africanas francesas, muchos de ellos argelinos, y a las tropas de la LEF, contaba con 162 000 hombres. Esta realidad quedó bien reflejada en la fantástica película argelina de Rachid Bouchareb, Fuera de la ley (2010), que lejos de mostrar un caso extraordinario da cuenta de algo que fue común para muchos de los musulmanes de la colonia durante la posguerra: la inmigración a Francia, la participación en los contingentes del Ejército colonial francés, la militancia en la lucha contra el colonialismo francés y los vasos comunicantes entre todas estas realidades. Por supuesto, como en toda guerra colonial que se precie, los franceses también reclutaron tropas auxiliares entre la población autóctona, hasta 55 000 personas. Por lo demás, también resulta sumamente interesante la percepción que los vietnamitas tenían de las tropas compuestas por soldados magrebíes y subsaharianos, que no solo causaron un gran impacto —a menudo terrorífico— entre la población civil, sino que además parece que se les veía como racialmente inferiores. De hecho, la propaganda del Việt Minh era particularmente agresiva con ellos, quizás por considerar que eran sujetos coloniales subsumidos que luchaban para oprimir a otros pueblos en su misma situación, frente a los franceses, que sin duda les resultaban más familiares a los vietnamitas y que eran presentados como maestros en el uso de la tecnología más avanzada, a la par que vulnerables. Así pues, no deja de sorprender que en las representaciones del enemigo siempre se hiciera hincapié en el supuesto carácter brutal de las tropas coloniales africanas —incluyendo a veces a los franceses y a veces no—, así como las acusaciones contra su supuesta tendencia al canibalismo, a cometer violaciones o a envenenar las aguas y los campos. Este tipo de visiones se extendieron por medio de los rumores y contribuyeron a la movilización y a la construcción identitaria de la población, por supuesto, haciendo que la presencia de los «bárbaros invasores» fuera contemplada como un ataque contra la integridad y pureza de una nación vietnamita, que debía ser preservada de la degeneración racial (McHale, 2009: 121-123).

Sin embargo, lo cierto es que en ningún momento se puso en marcha una estrategia militar coherente que pudiera acabar con el reto planteado por el Việt Minh. El dilema era lanzar una guerra contrainsurgente a gran escala en las montañas del norte o guarnecer el delta del río Rojo. Todos los intentos por combatir a la guerrilla en su terreno solían tener como resultado la exposición de las tropas, que se veían obligadas a atrincherarse y ponerse a la defensiva, todo ello mientras eran cercados y hostilizados por el enemigo. Entretanto, aunque en el sur del país el Việt Minh apenas tenía arraigo, los franceses tampoco estaban en una situación mejor, y para imponer su autoridad en el vital delta del Mekong tuvieron que recurrir a variopintos señores de la guerra locales y sectas religiosas opuestas a la guerrilla comunista, los cuales no tardaron en enfrentarse entre sí por el poder en una auténtica guerra civil dentro de la guerra ya en curso (Brown, 1991: 34-35). Esta situación estaba directamente relacionada con las ya mencionadas particularidades de la zona sur del país, y se asemejaba mucho a fenómenos que estaban teniendo lugar por entonces en Birmania y ciertas regiones de Indonesia (Callahan, 2003). Tal y como mencionaba una fuente de la época, «no había administración civil efectiva ni forma alguna de orden», de manera que el Việt Minh se encontró con multitud de competidores en la región, algo que iba a determinar por la política y la guerra durante años (MacHale, 2009: 106).

La situación en el norte era distinta, pero no tanto si tenemos en cuenta lo que han apuntado en los últimos años algunos expertos: el propio Việt Minh, dio lugar a un Estado fragmentado en toda la región, un conjunto de «pequeños estados operando bajo un vago paraguas centralizado». Así lo hacía ver el ministro de Finanzas de la RDV, quien reconocía no tener ningún control sobre los gastos militares de las unidades que actuaban sobre el terreno (MacHale, 2009: 107). La misma lógica de la lucha y la naturaleza del terreno invitaban a ello, pero también los intereses particulares de los líderes al mando de las guerrillas, que por supuesto perseguían sus propios fines. No obstante, la base de poder del Việt Minh en el norte era más sólida, y todos se congregaban de manera tácita en torno a la RDV, ya fuera por convicción o por conveniencia. Eso permitió al Việt Minh y al EPV crear un tipo de unidades especiales llamadas Dich-Van, literalmente «acción contra el enemigo», cuya principal misión era infiltrarse en la retaguardia francesa para recoger información valiosa, llevar a cabo golpes de mano, sabotajes y diversas formas de violencia selectiva dentro de una lógica de guerra psicológica. El objetivo último de sus operaciones era que se corriera la voz para mostrar la vulnerabilidad de los franceses, desmoralizar a estos y a sus aliados vietnamitas y obligar a la población a apoyar a la guerrilla. De hecho, este modo de hacer la guerra resultó tan efectivo que tendría continuidad hasta la retirada de los estadounidenses en 1973 y la derrota definitiva del gobierno survietnamita en 1975, pero sobre todo nos interesa porque pone de manifiesto la dimensión fratricida del largo ciclo bélico de Indochina que estamos abordando. Por lo tanto, una vez más volvemos a encontrarnos la violencia no ya solo como parte del modo de hacer la guerra, sino también de la lucha por la transformación político-social de un territorio en sentido revolucionario (Moir, 2017).

A pesar de todo, algunas unidades francesas especializadas bajo el nombre de Comandos Mixtos Aerotransportados obtuvieron a partir de 1951 éxitos notables en la lucha contrainsurgente, que aunque fueron puntuales y tuvieron poco impacto en el curso de la guerra dejaron algunas conclusiones interesantes: en primer lugar la importancia del apoyo de elementos autóctonos en cualquier guerra, ya sea civil, internacional o de conquista colonial, como se pone de manifiesto en el hecho de que estas unidades habían reclutado hasta 14 000 vietnamitas para llevar a cabo sus operaciones; en segundo lugar, y relacionada con la primera, la necesidad de combinar las operaciones convencionales con las irregulares en la lucha contrainsurgente, o lo que es lo mismo, combatir a la guerrilla con sus propios medios; en tercer lugar, y como ya hemos visto en el caso de la Segunda Guerra Mundial, hasta qué punto las políticas imperiales que impulsan las dos políticas anteriores rompen con todos los equilibrios preexistentes y dan lugar a guerras civiles de distinta intensidad o a escenarios propicios para que estas tengan lugar, muchas veces de manera consciente y deseada (Pottier, 2005). En este último aspecto tenemos el paradigma de la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia, Italia, los territorios ocupados por los alemanes en el Frente Oriental o Francia, y esto es precisamente lo que estaba ocurriendo en Vietnam, alcanzando toda su crudeza en las siguientes décadas.

Por lo demás, con la guerra civil china llegando a su fin, el PCC comenzó a verse como el abanderado de un movimiento revolucionario mundial que debía ser llevado hasta las últimas consecuencias en Asia, lo cual incluía al Việt Minh. Aquí también entraban consideraciones geoestratégicas relacionadas con la seguridad de la propia China, sobre todo porque a finales de 1949 algunas tropas del Kuomintang empezaron a buscar amparo en la frontera sino-vietnamita. Así pues, el estallido de la crisis de Corea en el verano de 1950 y la escalada de tensión que la acompañó no hizo sino determinar al PCC a reforzar a la guerrilla encabezada por Hồ, enviando un grupo de asesores, ejecutando una campaña en la frontera para proteger la retaguardia del Việt Minh y suministrando armamento, equipo, medicinas y alimentos. Al mismo tiempo, la guerrilla vietnamita enviaba a sus hombres para ser instruidos por el EPL en la provincia china fronteriza de Yunnan (Jian, 2005: 196-209). De hecho, esta fue una tendencia común en las guerras civiles de la Guerra Fría, heredada por los conflictos internos de las tres últimas décadas y muy favorecida por el carácter cada vez más transnacional de los enfrentamientos armados y las motivaciones que los impulsan, ya sean ideológico-políticas o económicas y sin que ninguna excluya a las demás. Lo hemos visto en el caso de la guerra civil china, en cuya fase final la retaguardia de la Corea del Norte ocupada por los soviéticos había sido vital, al igual que después durante la guerra en la península coreana, donde la resistencia de los comunistas contra el sur habría sido inviable sin el apoyo logístico de la retaguardia china, y de hecho lo vamos a seguir viendo en los cambiantes equilibrios del largo ciclo bélico en Indochina.

En los siempre complejos caminos de la guerra, hubo varios miles de soldados del Ejército imperial japonés, es posible que hasta 5000, que se las apañaron para evitar la evacuación y permanecer en Indochina, donde se unieron a las fuerzas del Việt Minh. Su contribución al esfuerzo bélico de la guerrilla fue decisiva si tenemos en cuenta que muchos de ellos eran combatientes experimentados y que, por tanto, sirvieron como instructores y lideraron unidades de combate. Entre estos había miembros de la policía militar japonesa, muy buscados por los Aliados tras la guerra por el tipo de tareas que habían desempeñado, entre ellas la lucha contra el derrotismo y la resistencia real o potencial contra el Ejército nipón en la retaguardia. De hecho, por lo que respecta a Indochina uno de los principales promotores de la persecución y detención de excombatientes japoneses por crímenes de guerra fue el Estado francés, que veía en esta política una manera de rehabilitar la imagen de Francia ante la población civil de la colonia. Así pues, queda bien demostrado que estas políticas fueron parte de su intento por recuperar los territorios de ultramar en el Extremo Oriente, porque las autoridades coloniales fueron disminuyendo en su celo conforme su posición militar en Indochina se fue viendo más comprometida (Trefalt, 2014). Esto nos pone una vez más ante los intereses políticos que se ocultan detrás de cualquier tribunal o justicia internacional, más allá de la defensa de los derechos humanos.

Todo ello puede ayudar a explicar el particular interés de las autoridades del Việt Minh por trabajar con este colectivo, algo que se puso de manifiesto en las políticas del comandante de las fuerzas del EPV desde 1944, Võ Nguyên Giáp (1911-2013), quien protegió a los veteranos concediéndoles identidades falsas (Goscha, 2008: 46-55). Es importante detenerse un momento en la figura de Giáp, que durante el largo ciclo bélico en el Sureste asiático se convertiría en todo un mito por su capacidad para hacer de las guerrillas del EPV una fuerza de infantería ligera extremadamente efectiva a todos los niveles, incluidos dos ámbitos vitales como son la coordinación y la logística. Nacido en una familia acomodada bajo el dominio francés, si bien opuesta a este, realizó parte de su formación en algunas de las principales instituciones educativas de Indochina, donde se formaba a la élite colonial, aunque fue expulsado en diversas ocasiones por su activismo comunista. Parece que adquirió buena parte de sus conocimientos militares de forma autodidacta, gracias a su trabajo como profesor de historia, que tuvo que abandonar tras la ilegalización del PCIn a raíz del pacto germano-soviético en agosto de 1939, marchando al exilio en China. No es casual que fuera allí donde conoció y entró a formar parte del círculo de Hồ Chí Minh, que por entonces era asesor militar en el EPL, y donde pudo profundizar en su formación militante hasta su regreso a Vietnam en 1942.

Así pues, mientras las fuerzas del CEFEO se estancaban en una guerra de baja intensidad, el Việt Minh siguió una política muy similar a la practicada por el PCC y el EPL durante la larga guerra civil china: buscar el apoyo de la población campesina a través de un programa de reformas encaminado a mejorar sus condiciones de vida, controlar de forma efectiva el territorio y movilizar sus recursos para llevar a cabo una forma de guerra lo más eficiente posible y adaptada a las posibilidades de cada momento. Por su parte, las autoridades francesas, incapaces de conseguir un éxito decisivo, buscaron la manera de dividir a la oposición frente al colonialismo francés, en buena medida agrupada bajo la bandera del Việt Minh, proclamando un Vietnam supuestamente independiente encabezado por una figura política local capaz de ganarse el favor y las lealtades de parte de estos sectores nacionalistas. De este modo se esperaba que la guerra colonial deviniera una guerra civil abierta donde los franceses aprovecharían las divisiones para imponer su control actuando como árbitros. Esta es una de las cosas que ha hecho particularmente perniciosos, contagiosos y endémicos los conflictos internos en contextos de disolución imperial, en el marco de la descolonización o del neocolonialismo: de manera directa o indirecta, las potencias beligerantes no han dudado en emplear cualquier medio a su alcance para desestabilizar el equilibrio de fuerzas a su favor y alcanzar la victoria, por mucho que ello pudiera tener consecuencias que escaparan por completo a su control, algo que ha ocurrido a menudo con este tipo de políticas. En el caso de Indochina los franceses no encontraron a nadie mejor que al último emperador de Annam o Indochina, Bảo Ðại (1913-1997), una figura de moral disoluta y muy asociada al colonialismo desde su llegada al trono en 1926 hasta su abdicación en 1945. Esto hizo que su proclamación como jefe del Estado en 1949 careciera de toda credibilidad a ojos de los vietnamitas, por mucho que se le permitiera levar su propio ejército, que llegó a contar con 200 000 soldados, algunos de ellos integrados en unidades bien formadas y equipadas. Saltaba a la vista que el suyo era un régimen títere y que sus tropas serían utilizadas para sofocar la lucha del Việt Minh por la independencia (Brown, 1991: 35-36). Tampoco facilitó las cosas el hecho de que a nivel interno Bảo Ðại buscara sus apoyos sociales y políticos apoyándose en el norte y el centro del país en los vietnamitas católicos —esa era su confesión— y en el todavía existente Dai Viet o Partido Nacionalista del Gran Vietnam, mientras que en el sur buscaba sostener su poder en las sectas Cao Ðài y Hòa Hảo, así como en la organización criminal Bình Xuyên, fenómenos de los cuales volveremos a hablar (Guillemot, 2012: 208; Chapman, 2018).

Más allá de la naturaleza del régimen, lo cierto es que la creación del Ejército vietnamita iba a tener una importancia decisiva a corto, medio y largo plazo, tal y como veremos, pero sobre todo y en primera instancia porque acentuó el conflicto fratricida que se ocultaba bajo la guerra de reconquista colonial. En este caso, la iniciativa partió del entonces jefe del CEFEO, el veterano oficial de la Gran Guerra, las campañas coloniales en Marruecos y la Segunda Guerra Mundial Jean de Lattre de Tassigny (1889-1952), quien según las tradicionales políticas imperiales francesas no creó un auténtico Ejército nacional vietnamita, sino uno de tipo colonial donde el Estado Mayor, los mandos y los encargados de las labores de inteligencia eran franceses. Esto fue decisivo en muchos sentidos, sobre todo porque no había suficientes oficiales de origen metropolitano para encuadrar una fuerza de semejantes dimensiones, y también porque generó un gran rechazó entre los oficiales vietnamitas, a los cuales las autoridades militares francesas se negaron a adiestrar. Así pues, se dio la paradoja de que era una fuerza combativa y bien equipada, pero mal encuadrada y peor comandada por la falta de oficiales de campo con una buena formación, además de que vio dificultadas sus operaciones por el afán francés de mantener bajo su mando todas las unidades que combatían contra el Việt Minh, cuando lo que requería una guerra como aquella era autonomía. Al fin y al cabo, la desconfianza hacia los autóctonos de las colonias había sido un signo distintivo de las políticas imperiales galas, y por tanto una herencia que acabó pasándoles factura en todos los escenarios (Guillemot, 2012).

En este sentido, el año 1951 fue un punto de inflexión. El Việt Minh sufrió un importante revés militar en su intento por tomar el delta del río Rojo, algo que obligó a sus líderes a cambiar de estrategia ante la evidencia de que sus fuerzas aún no estaban preparadas para alcanzar un objetivo tan ambicioso. Es más, a punto estuvieron de sufrir una debacle estratégica a finales de año, cuando los franceses, envalentonados y dirigidos por un experto en la guerra contrainsurgente como era el general De Lattre, trataron de cortar las líneas de comunicación y abastecimiento del Việt Minh entre norte y sur con la toma de Hoa Binh, ochenta kilómetros al suroeste de Hanói. Por eso mismo, tras frenar la ofensiva francesa en febrero de 1952, los asesores militares chinos recomendaron a sus aliados vietnamitas llevar la guerra al noroeste del país, cubriendo la zona fronteriza con Laos. El objetivo era consolidar una base territorial amplia y bien controlada desde la cual emprender la campaña definitiva. Así pues, siguiendo la recomendación china de llevar a cabo un avance progresivo, los meses previos al lanzamiento de la campaña del noroeste fueron empleados para adiestrar al grueso de las tropas en operaciones ofensivas, al tiempo que pequeñas unidades se dedicaban a ejecutar maniobras en la retaguardia y escaramuzas localizadas que mantuvieran a los franceses ocupados. A lo largo del otoño de 1952 las fuerzas del Việt Minh consiguieron sus objetivos al liberar buena parte del Vietnam noroccidental, lo cual les permitió explotar su éxito al conectar en mayo de 1953 con las guerrillas comunistas laosianas del Pathet Lao, que operaban al norte de Laos desde 1950 en colaboración con los vietnamitas de Hồ Chí Minh. Por lo que respecta a la posición de Francia en Indochina salta a la vista que era cada vez más comprometida, y para el gobierno de Estados Unidos esto era francamente preocupante teniendo en cuenta su fracaso en China y el fin de la guerra de Corea en tablas. Esto impulsó a la administración Eisenhower a aumentar de forma exponencial la ayuda militar y económica que venía prestando al esfuerzo bélico galo en la región, con 400 millones de dólares (Jian, 2005: 207-213), que era el equivalente al 78 % del presupuesto francés destinado a sus fuerzas armadas. A nivel simbólico esta implicación comportó un cambio de gran importancia, porque los vietnamitas ya no estaban librando solo una guerra anticolonial, sino una guerra contra Occidente, algo que pronto se iba a convertir en el eje de los nuevos discursos antiimperialistas y antiestadounidenses de toda la izquierda mundial (Brown, 1991: 38).

En esta situación, los acontecimientos estaban a punto de llegar a su punto culminante tras la designación del general Henri Navarre (1898-1983) al mando del CEFEO. Este hombre tenía una dilatada experiencia en conflictos, habiendo participado en el final de la Gran Guerra, en la ocupación del protectorado francés en Siria, en la invasión del Ruhr en 1922, en las campañas de pacificación del Atlas y el sur de Marruecos durante la primera mitad de los años treinta, en la resistencia armada contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial a la cabeza de la Organización de la Resistencia del Ejército, así como en tareas de inteligencia y contraespionaje. Por tanto, se suponía que Navarre era un hombre que entendía la situación extremadamente compleja con la que lidiaba, donde la victoria militar era imposible, y donde solo un golpe de efecto suficientemente contundente podía garantizar una paz favorable para Francia en unas eventuales negociaciones. De hecho, eso era lo que se buscaba ya por entonces. La idea era dividir Vietnam en dos zonas de operaciones, una al sur y otra al norte, que en dos fases y a lo largo de los dos años siguientes debía garantizar la destrucción de los focos de resistencia del Việt Minh en el sur y el centro del país para después concentrar efectivos en una campaña en el norte que permitiera restablecer el equilibrio de fuerzas.

Sabedores de estos planes, los dirigentes comunistas chinos y vietnamitas optaron por seguir presionando a los franceses en el noroeste a finales de 1953, completando la conquista de la provincia de Lai Châu. Su objetivo era disuadir a Navarre de su estrategia original, que para controlar los focos de resistencia en el centro y el sur tuvo que recurrir a un número desmesurado de tropas auxiliares reclutadas en Vietnam. A aquellas alturas ya hacía tiempo que la guerra anticolonial de liberación se había solapado con una guerra civil que iba a ser una constante en el país hasta 1975. Pero más allá de eso, y en un intento desesperado por cortar las conexiones entre las guerrillas del Việt Minh y el Pathet Lao y evitar sus operaciones combinadas, Navarre decidió crear una posición erizo en un antiguo aeródromo japonés, en la aldea de Ðiện Biên Phủ, justo en la frontera nororiental entre Laos y Vietnam, donde concentró gran cantidad de tropas y potencia de fuego con la idea de utilizar el enclave como plataforma para lanzar desde allí campañas ofensivas. Aquella base, que se vendió ante la opinión pública en su momento como inexpugnable por su propio aislamiento, estaba situada en un valle y se encontraba rodeada de montañas selváticas. De hecho, muy pronto se convirtió en el escenario central de la guerra en curso, el lugar donde el Việt Minh podía conseguir una victoria definitiva. Dicho de otro modo: Navarre se había jugado todo a una carta al llevar a la boca del lobo a lo más granado de las fuerzas francesas, LEF, paracaidistas y tropas coloniales magrebíes incluidas, hasta alcanzar los 16 000 hombres, apoyados por aviones de combate y suministro (Windrow, 2004: 303-308). No obstante, si algo ha puesto de manifiesto una y otra vez la guerra de guerrillas y la contrainsurgencia en teatros de operaciones tortuosos y remotos —y el de Indochina fue paradigmático al respecto— es que la aviación y la alta tecnología asociada a esta no solo no tienen por qué resultar efectivas, sino que además pueden llegar a ser sumamente contraproducentes a nivel de impacto público-mediático y muy costosas en cuanto a su mantenimiento (Cann, 2013: 125).

Consciente de lo que estaba en juego, Hồ Chí Minh llamó al pueblo vietnamita a realizar el máximo esfuerzo para culminar con éxito la batalla que se avecinaba. Miles de campesinos lograron una auténtica proeza al construir comunicaciones terrestres en una zona orográficamente endiablada. Gracias a ello fue posible desplazar suministros llegados desde China y tropas en cantidades ingentes, hasta alcanzar los 50 000 combatientes, incluidos cuatro batallones de artillería antiaérea para dificultar el abastecimiento aerotransportado de la base francesa. Así pues, en marzo de 1954 las tropas del Việt Minh hacía ya tres meses que habían cercado por completo a las tropas coloniales galas, cuya única opción para entonces era resistir a cualquier precio a la espera de un milagro. En cualquier caso, cuando las tropas comunistas comenzaron con sus ataques el 13 de marzo de 1954 el enfoque gradual recomendado por los asesores militares chinos dio sus frutos, evitando los ataques frontales y optando por aislar y reducir los baluartes enemigos de forma progresiva. Tras un mes de combates, la de Ðiện Biên Phủ se había convertido en una desesperada batalla de posiciones, y por tanto de desgaste, con el agravante para los sitiados de que no había posibilidad de escapatoria, confinados como estaban a un espacio de apenas dos kilómetros cuadrados. Así pues, el 5 de mayo las fuerzas del Việt Minh lanzaron su ataque final con una potencia de fuego aplastante, gracias a la ayuda material proporcionada por China, consiguiendo a los dos días una victoria total. En el curso de la batalla los franceses solicitaron la intervención directa de Estados Unidos bajo diversas formas, incluido el lanzamiento de ataques nucleares tácticos, algo que se discutió pero que finalmente no se llevó a cabo (Jian, 2005: 213-222). Merece la pena acercarse a la película, casi podríamos decir falso documental, de Pierre Schoendoerffer (1928-2012), Ðiện Biên Phủ (1992), donde quedó muy bien reflejado el ambiente en el Hanói colonial de los últimos meses y los estertores de la guerra en el noroeste del país; eso sí, no sin un toque nostálgico, dado que el director era un veterano camarógrafo del CEFEO que pasó por dos años de cautiverio tras la batalla.

La política de las diferentes administraciones estadounidenses se había basado desde la guerra de Corea, e incluso ya durante la guerra civil china, en la teoría del efecto dominó, muy marcada por la experiencia del año 1938 en la Crisis de los Sudetes. Según esta no se podía ceder ni un paso atrás, es decir, tenía que evitarse a toda costa la caída de cualquier país bajo el comunismo, e incluso anticiparse ante tal posibilidad, porque ello pondría de manifiesto la incapacidad de Occidente para contener su avance, alimentaría la agresividad de China y la Unión Soviética y provocaría un «contagio» a nivel global (Veiga, Da Cal, Duarte, 2010: 101). No obstante, por aquel entonces la intervención directa en la península coreana estaba muy reciente, hacía apenas un año que habían finalizado las hostilidades, y Eisenhower hubo de optar por otras vías para condicionar la situación en Vietnam que también tendrían importantes consecuencias. Además, en este punto la administración estadounidense pudo contar con las divisiones dentro del bloque comunista. Chinos y soviéticos, haciendo política de superpotencias, estaban dispuestos a alcanzar un acuerdo con Occidente en la cuestión de Vietnam que permitiera preservar los equilibrios internacionales y evitara un aumento de las tensiones bélicas, tal y como ya había ocurrido en Corea en 1953, donde por ejemplo Rhee fue apartado de las negociaciones para poner fin a la guerra, dado su deseo de continuarla. Es más, la propia China estaba por entonces muy interesada en estabilizar sus propias periferias imperiales para poder centrarse en consolidar e impulsar su proyecto revolucionario en el interior del país. Por su parte, la Unión Soviética estaba en una situación política compleja tras la muerte de Stalin, las luchas por el poder derivadas de esta y los diferentes proyectos encarnados por los candidatos a sucederle. Sin embargo, los dirigentes del Việt Minh, que habían visto su país asolado por la ocupación colonial extranjera durante décadas y que habían hecho la guerra durante diez largos años, con un coste en vidas que parece rondar el medio millón de personas, creían estar en el derecho de exigir las mejores condiciones posibles para su proyecto político en Vietnam, así como también posiciones favorables para los comunistas laosianos y camboyanos (Guillemot, 2012: 208).

Finalmente, el Việt Minh tuvo que aceptar las condiciones impuestas por Zhou Enlai (1898-1976), ministro de Exteriores entre 1949 y 1958 y primer ministro de China entre 1949 y 1976. Este era partidario de buscar una coexistencia pacífica con Occidente, de ahí que advirtiera a sus aliados del peligro de una intervención militar estadounidense. Aunque pasó por numerosas dificultades durante su infancia y adolescencia, Chou procedía de una familia acomodada e influyente, lo cual le garantizó la posibilidad de una buena formación, complementada con una estancia en Europa entre 1921 y 1924. De hecho, fue en París donde acabó por convertirse al comunismo, en contacto con otras figuras llamadas a tener un papel clave en el futuro, como Deng Xiaoping (1904-1997). No es para nada casual que pasara por la Academia Militar de Huangpu, donde coincidió con el propio Hồ Chí Minh y con Chiang Kai-shek, entre otras figuras capitales de la política asiática en las siguientes décadas. De hecho, participó en varias de las campañas de este último dirigidas a someter a los señores de la guerra y unificar China, pero como el resto de comunistas supervivientes a la purga puesta en marcha por Chiang en 1927 se vio en la necesidad de lanzarse a la lucha armada, convirtiéndose en el primer jefe del Servicio de Inteligencia del PCC. A partir de aquí participaría en los principales hitos de la guerra civil y la revolución chinas, dedicado siempre a cuestiones relacionadas con la inteligencia y la diplomacia a partes iguales, al tiempo que conseguía ganarse la simpatía de los enviados estadounidenses en el gigante asiático. Esto sería vital de cara a su papel en la política exterior tras la victoria comunista en la guerra civil. De hecho, uno de sus principales grandes éxitos fue la Conferencia de Ginebra de 1954, según la cual todas las partes negociantes aceptaron la división de Vietnam por el paralelo 17, con la parte norte controlada por el Việt Minh y la parte sur bajo un gobierno pro-occidental encabezado por Ngô Ðình Diệm (1901-1963), un nacionalista y ferviente anticomunista que había trabajado como funcionario de la administración colonial francesa hasta 1933 (Jian, 2005: 222-230; Brown, 1991: 38-40).

El enquistamiento de la guerra entre norte y sur y su propagación a Laos, 1954-1965

El enquistamiento de la guerra entre norte y sur

y su propagación a Laos, 1954-1965

Los compromisos adoptados en Ginebra establecían la celebración de unas elecciones para el conjunto del país en el año 1956. Estas tenían que decidir quién mandaría en el Vietnam reunificado, al mismo tiempo que se acordaba la retirada de las tropas francesas, el establecimiento de las regiones fronterizas de Laos con China como base de las guerrillas comunistas autóctonas y de un gobierno pro-occidental en Camboya. Sin embargo, el acuerdo planteaba ambigüedades y resquicios, a lo cual cabe sumar su rechazo por parte de los gobiernos estadounidense y survietnamita, que ni tan siquiera llegaron a firmarlo, con lo que las tensiones y la guerra estaban lejos de haber acabado, tal y como se iba a poner de manifiesto muy pronto. En efecto, a pesar de sus numerosas bajas, lejos de desarmarse el Ejército vietnamita organizado por los franceses se convirtió en un elemento de continuidad entre el viejo régimen colonial y el régimen radicado en Saigón hasta 1975, siempre caracterizado por el nacionalismo y el anticomunismo y apoyado y controlado a partir de 1954-1955 por Estados Unidos como parte de sus políticas de contención del comunismo. De ahí que estuviera destinado a tener un papel fundamental en los acontecimientos que estaban por venir (Guillemot, 2012: 209). Mientras tanto, los acuerdos también habían previsto que aquellos ciudadanos que quisieran podrían trasladarse del norte al sur o del sur al norte, en función de las preferencias de cada cual, antes de las elecciones de 1956. Esto tuvo como resultado el éxodo de en torno a un millón de vietnamitas católicos que se establecieron en el Estado provisional meridional. En este éxodo tuvieron mucho que ver las tácticas de guerra psicológica desplegadas de inmediato por la administración Eisenhower, que exageró de forma deliberada el sentimiento anticatólico de las autoridades norvietnamitas, lo cual a su vez reforzó las posturas anticomunistas del régimen de Ngô Ðình Diệm al proporcionarle nuevos apoyos sociales (Kinzer, 2013: 195-196). Por su parte, el Estado provisional liderado por el Việt Minh en el norte acogió a 130 000 comunistas junto a 52 000 civiles, dejando en el sur a varios miles de cuadros políticos que habían de estar preparados para cualquier eventualidad (Kolko, 1985: 98).

Creemos que merece la pena seguir descendiendo y profundizando sobre lo ocurrido en toda la península de Indochina desde 1955 a 1979, sobre todo por las múltiples ramificaciones e implicaciones que tuvieron los procesos revolucionarios y de forja de nuevos estados nacionales, todo ello en un momento liminal como el de la descolonización, largo y traumático, y quizás nunca culminado, o si se quiere congelado (Veiga, Da Cal, Duarte, 2010: 189). A lo largo de las próximas páginas reflexionaremos sobre esta última cuestión in extenso, especialmente en el caso de África, aunque no solo. Para ello el análisis seguirá integrando tanto el nivel macro como el nivel micro, es decir, atenderá a las cambiantes coyunturas e intereses de la geopolítica internacional, que sin duda no se pueden obviar en el marco de la Guerra Fría y de las disputas por la hegemonía político-económica y socio-cultural. Pero una vez más, vamos a ver cómo esa política internacional o las injerencias externas en teatros periféricos se ven condicionadas por lo que ocurre sobre el propio terreno, por unos agentes locales y regionales que persiguen sus propias agendas. En definitiva, vamos a intentar demostrar hasta qué punto ambas dimensiones se retroalimentan y están íntimamente conectadas entre sí, y también de qué modo los propios agentes a ras de suelo no son siempre víctimas inocentes de conspiraciones extranjeras o sujetos subalternos. Así pues, veremos de qué modo estos aprovechan en beneficio de sus propios proyectos todo lo que los enfrentamientos geopolíticos ponen a su alcance: para que haya una guerra interna tiene que existir antes la voluntad por parte de grupos autóctonos para llevarla adelante. No es nada nuevo, desde luego: lo hemos visto desde principios del siglo XX, la propia guerra civil española es una buena muestra de ello. En el caso que nos ocupa encontramos un ejemplo muy claro en los acontecimientos que van de 1941 a 1954. Por eso, aún a sabiendas de que no podemos entrar en la complejidad que comportó la gran cantidad de conflictos solapados acontecidos en la península de Indochina, vamos a ofrecer pequeñas catas de profundidad dentro de un relato amplio y capaz de integrar varios niveles de análisis. El objetivo es entender en primera instancia qué llevó a que la región sufriera el cataclismo de las guerras civiles e internacionales durante cuatro largas décadas, dejando tras de sí un rastro de varios millones de muertos.

En primer lugar, es importante acercarnos al periodo que va de 1955 a 1965, hasta la intervención militar estadounidense en la región, unos años que estuvieron caracterizados entre otras cosas por la entrada en escena de una figura tan controvertida como la de Ngô Ðình Diệm. A lo largo del año 1955, el líder del Vietnam meridional consolidaría su poder sobre los territorios al sur del paralelo 17, proclamando la República de Vietnam (RV) a finales de octubre y desbancando de la jefatura del Estado a Bảo Ðại, el hombre que lo había puesto en el poder. Al parecer, Diệm tenía una visión mesiánica de sí mismo y se veía como portador de un proyecto histórico para Vietnam, lo cual le había llevado en los veinte años anteriores a conspirar jugando a varias bandas y a esperar su momento. Las tensiones no se hicieron esperar, porque ya como primer ministro puso en marcha auténticas operaciones militares para erradicar a las sectas sobre las cuales había construido —o más bien delegado— su poder Bảo Ðại, hasta el punto de vender el estratégico cargo de jefe de la policía de Saigón al grupo mafioso Bình Xuyên por un millón de dólares. Durante el periodo que va de 1945 a 1954, esta organización se había dedicado a combatir de forma efectiva al Việt Minh en el delta del Mekong, al tiempo que se lucraban con el control de burdeles y casinos, el secuestro y las extorsiones de familias ricas y empresarios, incluyendo por supuesto los asesinatos. La eliminación del Bình Xuyên tuvo lugar a lo largo de un mes de combates en Saigón entre las milicias de la mafia y el Ejército Nacional Vietnamita (ENV) de la RV, alcanzando su punto culminante entre finales de abril y primeros de mayo de 1955. Al ser una ciudad tan densamente poblada, el número de víctimas civiles se contó por varios centenares, quizás hasta 1000 personas, dejando sin hogar a unas 20 000 (Jacobs, 2006: 70-80). Así pues, sirva este simple hecho para ilustrar la compleja llegada al poder de Diệm, que también incluyó operaciones similares contra otros grupos de poder de los que ya hemos hablado, las sectas religiosas caodaísta y Hòa Hảo, aunque no comportaron su erradicación. Esto fue algo particularmente valorado desde Estados Unidos, tanto como para hacer de Diệm su hombre fuerte en la región.

Sin embargo, la posición del nuevo jefe del Estado no era tan sólida como podría pensarse a la vista de sus métodos expeditivos. Y una vez más tenemos que remitirnos a las complejidades de la realidad humana del país. Diệm era un católico procedente de la región central de Vietnam, Annam, algo que, en un país donde la religión era importante y donde los católicos eran una minoría, hacía que amplios sectores de la sociedad del sur, la antigua Cochinchina —que abarcaría la región del delta del Mekong—, no se sintieran en absoluto identificados con él. Su personalidad y modo de ejercer el poder tampoco contribuyeron en nada a paliar esta desconfianza. Según algunos autores, Diệm encarnaba todas las manías de la vieja élite funcionarial, los mandarines, donde el dirigente survietnamita tenía sus orígenes familiares: elitismo, tendencia al aislamiento o miedo a delegar autoridad en otros, a lo cual había que sumar la manía persecutoria y su incapacidad para comunicarse con sus ciudadanos y sus aliados, a los cuales trataba muchas veces con desdén. Así pues, el jefe del Estado de la RV se apoyó en su familia para ejercer los cargos de responsabilidad, y los beneficiarios no tuvieron ningún remilgo en utilizar el poder para lucrarse, todo lo cual acabó por distanciar a Diệm definitivamente de la población. Finalmente, la aprobación de la Constitución de 1956, que le confirió poderes dictatoriales, junto a su incapacidad para forjar alianzas por la manera brutal de eliminar a toda la oposición no comunista, tan variada como complejo era el país en cuanto a diferencias regionales y religiosas, no hicieron sino profundizar en su aislamiento y poner el país al borde del desastre (Brown, 1991: 41-42). Los datos son elocuentes: en sus tres primeros años al frente del poder mandó asesinar a 12 000 supuestos opositores políticos y puso entre rejas a 40 000 personas (Kolko, 1985: 89). Sin embargo, nada de ello fue óbice para que Estados Unidos siguiera apoyando a un Estado que veía como una barrera contra el comunismo. Para ello canalizó una ayuda financiera creciente utilizada por el propio Diệm para intentar consolidar su propio poder sobre un gran Ejército y una burocracia fieles a sus designios.

Mientras tanto, en el norte las autoridades del Việt Minh también impulsaron medidas para reforzar su poder y la posición de la RDV. Uno de los pilares de sus políticas fue la reforma agraria, tal y como ya había ocurrido en los experimentos revolucionarios previos de Rusia, China y Corea. Al igual que en estos tres casos, se trata de un proceso que había sido puesto en marcha en plena guerra, a partir de 1953, y que formaba parte del esfuerzo movilizador y de construcción del Estado. Esta medida comportó fundamentalmente la expropiación de los propietarios considerados enemigos del régimen (incluidos, claro está, los grandes hacendados y campesinos ricos, con la Iglesia católica en un lugar central por ser la principal terrateniente del país) y el control de las tierras del resto de propietarios por parte del Estado. En este sentido, la reforma tuvo la virtud de distribuir tierras entre campesinos pobres y desprovistos de propiedades, dando prioridad lógicamente a los combatientes del Việt Minh y a sus familias. Sin embargo, en algunos casos la violencia que acompañó al proceso se cebó con individuos que no estaban dentro de las categorías antes mencionadas, en total unas 124 000 personas de los 172 000 afectados, según reconocieron las propias autoridades vietnamitas, algo que nos devuelve a la realidad de las múltiples motivaciones que existen tras estos procesos, hasta el punto de cobrar vida propia (Vo, 2015). Tanto fue así que a mediados de 1957 el propio Hồ Chí Minh reconoció en un ejercicio de autocrítica que se habían cometido excesos y graves errores. De hecho, en 1958 se habían liberado hasta 23 748 prisioneros políticos, una medida acompañada por la devolución de sus propiedades a muchos afectados por la reforma agraria. Aun con todo, las resistencias a las medidas fueron sofocadas sin contemplaciones, como en el caso del levantamiento de poblaciones católicas a finales de 1957, que acabó con mil muertos. En suma, el número de personas ejecutadas en el marco de la reforma fue de entre 10 000 y 15 000 (Lind, 2003: 155; Szalontai, 2005: 401). No obstante, como en el resto de la esfera comunista, el objetivo final era la colectivización de la tierra y los medios de producción con la creación de grandes cooperativas, un proceso gradual que fue culminado en el norte en 1971 (Kerkvliet, 1998: 193-197).

En la sucesión de hechos, el año 1955 fue decisivo por dos razones básicas. La primera de ellas es muy clara, y tuvo consecuencias inmediatas: amparándose en que la RV no los había firmado, Diệm se negó a cumplir con una parte fundamental de los acuerdos de Ginebra del año anterior, según la cual habían de convocarse en 1955 unas elecciones a nivel de todo Vietnam para decidir quién estaría al frente del gobierno en la reunificación del país. Ya no es que la RDV tuviera más población que la RV, ni tampoco que las autoridades de la primera pudieran amañar el proceso electoral, cosa que el propio Diệm hizo de manera escandalosa en las elecciones del sur que lo auparon al poder ese mismo año, sino que todo parecía augurar un triunfo aplastante de Hồ Chí Minh. Ante la imposibilidad de conseguir la reunificación por medios pacíficos, y debido a las sangrientas políticas represivas del régimen, la situación del territorio bajo la soberanía de la RV no tardó en precipitarse en una guerra civil. Sin embargo, entre 1954 y 1957 las autoridades consiguieron contener a la insurgencia contra el régimen, e incluso sofocarla de forma violenta, dada su falta de coordinación y las divisiones entre los diferentes grupos guerrilleros. El hecho de que fueran los comunistas y los antiguos combatientes del Việt Minh que habían permanecido en el sur los que más sufrieron la represión no solo los reforzó en su convicción de seguir adelante con la lucha armada, sino que acabó obligando a las autoridades de la RDV a apoyarlos de forma activa y organizada. Hoy se acepta casi de forma unánime que la reactivación de la guerrilla en el sur fue un fenómeno autóctono, incluso instigado en contra de los deseos de los dirigentes de la RDV. Aquí fueron clave las presiones de las células del viejo PCIn en el sur, refundado como Partido Comunista Vietnamita (PCV) en 1951, tras la división cada vez más clara de la antigua colonia en tres entes políticos diferenciados, Laos, Camboya y Vietnam (Brown, 1991: 43). Así se explica la puesta en marcha de la llamada guerra popular por parte del PCV, organizada desde 1961 bajo el paraguas del Việt Cộng o Frente de Liberación Nacional, cuyo objetivo era presentar su lucha armada como un fenómeno autóctono y ocultar que la RDV estaba detrás de su organización y abastecimiento. Por tanto, entre 1961 y 1963 hasta 40 000 combatientes se infiltraron en el territorio de la RV a través de las rutas de Laos y Camboya.

La segunda razón por la cual el año 1955 fue tan importante reside en la creación de la Organización del Tratado del Sureste Asiático (SEATO), un sucedáneo de la OTAN en dicha región a caballo entre los océanos Índico y Pacífico. Como parte de las políticas de contención del comunismo basadas en la Doctrina Truman, Estados Unidos reunió bajo dicha organización a Australia, Francia, Nueva Zelanda, Pakistán —que aún incluía el actual Bangladesh—, Filipinas, Tailandia y al Reino Unido. El compromiso contraído entre los firmantes era dar una respuesta político-militar coordinada en el caso de que algunos de estos países o la región pudieran verse en riesgo de ser invadidos o caer bajo el control de fuerzas comunistas. Los inspiradores de esta iniciativa fueron en muy buena medida John Foster Dulles (1888-1959), un republicano histórico partidario de romper con el aislacionismo desde la Gran Guerra y el periodo de Entreguerras, y el vicepresidente Richard Nixon (1913-1994), otro republicano que había alcanzado renombre por su participación en la llamada caza de brujas impulsada por el senador McCarthy a finales de los cuarenta. Fue un momento clave a nivel geopolítico. Si bien es cierto que los acuerdos de Ginebra impedían que la RDV y la RV se unieran a cualquier alianza militar formal, sí que se contemplaba la posibilidad de enviar ayuda y asesores, algo de lo que se benefició la RV a través de la SEATO, que además por sus propias características ofrecía un respaldo muy claro en caso de que el curso de los acontecimientos y los cálculos de los miembros de la alianza así lo requirieran. Aun con todo, como ya hemos visto, las políticas estadounidenses hacia Vietnam habían estado muy condicionadas siempre por la consideración de que se trataba de una región remota. No fue hasta la presidencia de John F. Kennedy (1917-1963) cuando se empezó a mirar hacia la región con más preocupación, en buena parte fruto de la revolución ocurrida en Cuba, incluida la Crisis de los Misiles de 1962, que dejaron una amarga sensación de vulnerabilidad y tuvieron como resultado una sobreestimación del poder soviético (Brown, 1991: 42, 44).

Mientras tanto, la situación en la RV se deterioraba a pasos agigantados, sobre todo a consecuencia de la incapacidad y la falta de voluntad para sacar adelante la tan necesitada reforma agraria, que a pesar de los errores en el norte había aportado soluciones a la grave crisis social y económica en que estaba sumido todo el territorio vietnamita. Es más, la lucha contra las fuerzas del Việt Cộng, abastecidas desde el norte por la RDV a través del llamado Camino Hồ Chí Minh, que transcurría a través de Laos y/o Camboya, fue contestada por parte del régimen de Diệm con una política contrainsurgente que tuvo efectos desastrosos para el campesinado, y por tanto para su propia república: la reconcentración de la población rural para aislarla de las guerrillas, un modelo puesto en práctica en su día por el general español Valeriano Weyler (1838-1930) en las guerras de independencia de Cuba de finales del siglo XIX (Stucki, 2017) y llevado a cabo con éxito por los británicos en Malasia (Varsori, 2003). Sin embargo, al ponerse en marcha de forma ineficiente, estas medidas consiguieron alienarse por completo el apoyo de la población campesina, aparte de que no pudieron completarse por la corrupción de unas autoridades survietnamitas que desviaban hacia sus bolsillos los fondos estadounidenses destinados a ejecutarlas (Beckett, 1997: 53-54; McAllister y Schulte, 2006). Además, al nepotismo de Diệm había que sumar su preferencia por promover la carrera militar y política de aquellos que le eran absolutamente incondicionales, en lugar de promover la meritocracia. De hecho, los asesores militares estadounidenses tampoco contribuyeron a mejorar las cosas si tenemos en cuenta que la formación que brindaron al ENV estuvo basada en su experiencia de la guerra de Corea, que en buena medida había sido un conflicto convencional, y por tanto era de poca utilidad para los retos que había de afrontar en la lucha contra el Việt Cộng (Brown, 44-45; Veiga, Da Cal y Duarte, 2010: 201).

En mayo de 1959, casi de forma paralela a lo ocurrido en Vietnam, la guerra civil estalló también en el país vecino, donde las guerrillas comunistas del Pathet Lao, partido comunista autóctono, se enfrentaron contra las fuerzas del conservador y prooccidental gobierno del reino de Laos. Los acuerdos de Ginebra habían asignado unas zonas para las fuerzas comunistas al norte del país, que contaban con el apoyo de unidades del EPV firmemente instaladas desde 1958 en dichas regiones, así como también en el sureste del país. Evidentemente, la RDV tenía sus propios intereses en aquel escenario bélico cuyas raíces se encontraban en la lucha anticolonial desde primeros de los años cincuenta. El objetivo estratégico esencial de los comunistas vietnamitas era mantener expeditas y bajo su control las rutas que conectaban la RDV con las guerrillas del Việt Cộng que operaban en la RV, tal y como habían sido ideadas dentro de la estrategia integral de Giáp para ganar la guerra. Esta red de caminos era extremadamente difícil por el carácter montañoso y selvático de las regiones por las que transcurría, requiriendo seis meses para salvar la distancia que separaba el norte de las bases de operaciones en el sur. En este sentido, por mediación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) la administración Kennedy promovió una guerra subsidiaria en toda la zona oriental de Laos, reclutando y formando una guerrilla de unos 30 000 hombres sustentada sobre las divisiones étnicas del norte del país. Eso explica que las unidades estuvieran formadas en su mayoría por miembros de la etnia hmong, pero también de otras minorías como los yao, ambas extendidas por toda la franja septentrional del Sureste asiático y el sur de China, así como los khmu, el grupo étnico minoritario más importante del norte de Laos. Estos hombres estuvieron comandados por un hmong, Vang Pao (1929-2011), veterano de la resistencia francesa contra los japoneses y más tarde oficial del Ejército colonial galo en la lucha contra el Việt Minh. De hecho, este militar alcanzó un gran éxito en la lucha contra los comunistas vietnamitas a lo largo de los siguientes quince años, todo ello en medio de una guerra tan dura como atroz (Shaw, 2002; Lee, 2007; Vang, 2009; Benson, 2015; Kurlantzick, 2018).

Merece la pena detenernos por un momento en la naturaleza del conflicto interno laosiano, porque en ella encontramos uno de los atributos que ha caracterizado una parte importante de las guerras civiles de los últimos sesenta años: la capacidad creciente de un número más o menos reducido de combatientes, organizados en pequeñas unidades, para infringir grandes sufrimientos a la población civil, así como para provocar numerosas muertes y una cantidad ingente de refugiados. Un informe de 1969, cuando aún faltaban seis años para que acabara el conflicto, hablaba de entre 250 000 y 600 000 desplazados por la guerra. Estos malvivían en las zonas controladas por las Fuerzas Armadas Reales de Laos (FARL) y, por tanto, huían de las zonas altas del este del país bajo el poder de las guerrillas comunistas. Además, y esto es otro rasgo común a todo el periodo que abarca este libro, suele tratarse de guerras pobres, es decir, en países con recursos escasos y malas infraestructuras. A ello cabe añadir el condicionante de la geografía y el clima, que muchas veces es obviado, pero que determina por completo el modo de hacer la guerra y es decisivo en el éxito o fracaso de las estrategias implementadas. En este caso nos referimos a un país con un territorio extenso y con una población dispersa, lo cual hizo que las operaciones fueran llevadas a cabo por unidades pequeñas que pocas veces superaban el tamaño de una compañía, con lo cual hablamos de entre 80 y 150 hombres. Aquí no se diferencia en demasía de lo que fueron buena parte de las experiencias de guerra del Việt Minh y el Việt Cộng, donde los grupos armados se moverían entre amplios territorios deshabitados y no sometidos al control efectivo de nadie. Por lo general, las políticas de ocupación estaban basadas en el mantenimiento de enclaves fortificados conectados entre sí, algunas avanzadillas dentro del territorio enemigo, desde las cuales se lanzaban operaciones de reconocimiento o golpes de mano que en general no solían alterar mucho la situación. Los números de las fuerzas militares levadas por los contendientes fueron un factor añadido que contribuyó al dislocamiento de las economías locales y de los intercambios interregionales, sobre todo por su forma de actuar dispersa y por la importancia que tendrían los sabotajes contra el tejido productivo y comercial. En el caso de las FARL hablamos de entre 55 000 y 75 000 hombres en un país que por entonces tenía algo más de dos millones y medio de habitantes, los cuales en su mayor parte vivían de una economía de subsistencia. Eso explica que la huida de muchos autóctonos de las regiones ocupadas por los comunistas hizo a estos últimos extremadamente dependientes de la ayuda exterior de la RDV (Langer y Zasloff, 1969: 138-140).

Por su parte, los dirigentes de la RDV buscaron el modo de explotar en su propio beneficio las diferencias entre China y la Unión Soviética dentro del bloque comunista, sobre todo a partir de 1957 y a raíz del momento dulce por el que pasaba esta última potencia gracias a sus éxitos tecnológicos frente a Estados Unidos en la carrera espacial. Esto tuvo su plasmación en diversos encuentros al más alto nivel hasta 1960, donde Nikita Jruschov (1894-1971), jefe de Estado soviético, apoyó la línea armada como forma de propiciar la reunificación de Vietnam, aunque no concretó de qué modo contribuiría a ello la Unión Soviética. Desde luego, la estrategia del líder soviético, encaminada a buscar una coexistencia pacífica con Occidente, no fue de ayuda para los intereses de la RDV. Este anhelo contrastaba con el deseo chino de apoyar las luchas de liberación en los países coloniales, que iba acompañado por las denuncias de desviacionismo lanzadas desde la cúpula del PCC contra la Unión Soviética. En este sentido, para los líderes del PCV fue difícil moverse en el cisma sino-soviético, y a pesar de las reticencias de Moscú a apoyar su causa de manera más directa nunca rompieron las relaciones, conscientes de que las cosas podían cambiar fruto de la evolución de los acontecimientos, como de hecho pasaría (Guan, 2002: 46-48, 78-80).

Mientras tanto, la relación sino-vietnamita seguiría siendo muy estrecha a lo largo de los años sesenta. Es más, a pesar de las dificultades internas por las que atravesaba el experimento comunista chino tras el fracaso del Gran Salto Adelante, las autoridades chinas mandaron cantidades ingentes de dinero y armas a la RDV. Aparte de 320 millones de yuanes, las partidas enviadas entre 1956 y 1963 incluían 270 000 fusiles, un número superior a 10 000 piezas de artillería, un gran y nutrido surtido de municiones y proyectiles de artillería, 15 000 transmisores por cable, 5000 radiotransmisores, más de 1000 camiones, 28 buques y más de un millón de uniformes militares para equipar a las tropas. El interés del PCC en la región estaba claro, y tenía mucho que ver con el deseo de ver a Estados Unidos implicado en una guerra de desgaste en la península de Indochina que pudiera contribuir a su desprestigio y debilitamiento, y en consecuencia a un escenario favorable para la reintegración de Taiwán, una cuestión que había sido motivo de tensiones en aquellos últimos años (Jian, 2005: 319-320). De hecho, los efectos combinados de la reactivación de la guerra de guerrillas en el sur con el apoyo de la RDV y sus aliados no se hicieron esperar, y a partir de 1960 estallaron revueltas de masas por toda la RV. Que algo estaba cambiando desde la segunda mitad de 1959 queda bien claro en un informe de enero de 1960 escrito por el embajador de Estados Unidos en Saigón. Este no está exento de ese miedo tan característico a la marea amarilla, que a ojos de los contemporáneos parecía brotar de la tierra y amenazar con inundarlo todo. Hablamos de una representación típica del enemigo en la cultura de masas de aquellos años, a la cual George Carver se refirió como el enemigo sin rostro (1966) en alusión al Việt Cộng. A la par, el testimonio del embajador nos da algunas claves sobre el modus operandi del Việt Cộng, para el cual la realización de la revolución sería parte consustancial de su modo de hacer la guerra, con todo lo que implica:

Los levantamientos simultáneos que estallaron durante este periodo marcaron un importante salto adelante. Hicieron pasar la revolución survietnamita a la ofensiva y la alta marea revolucionaria surgió en todo el territorio con la coordinación de formas de lucha política y armada […] Lucha armada y lucha política juntas son la forma fundamental de violencia de la revolución survietnamita, y coordinar la lucha armada con la lucha política es la ley fundamental del método empleado por los survietnamitas (cit. en Ang, 2013: 42).

Uno de los objetivos fundamentales del Việt Cộng, más allá de asegurarse el control del territorio, era poner de manifiesto la vulnerabilidad e incapacidad de la RV para mantener su soberanía sobre el ámbito rural. Eso es lo que consiguieron con los asaltos contra los pueblos, las avanzadillas militares del ENV y los centros de reconcentración o agrociudades, también con sus emboscadas en vías de comunicación clave. La violencia, como bien queda especificado en el informe, ocupó un lugar importante, sobre todo a través de asesinatos selectivos con la idea de extender el terror, al mismo tiempo que se forzaban complicidades y cierres de filas en torno a la causa dentro de las comunidades donde se llevaban a cabo. Sin embargo, esto solo era la parte más visible de la guerra de guerrillas desplegada por el Việt Cộng, que también organizó acciones civiles en ciudades; un uso intensivo y pedagógico de la propaganda, no solo con fines subversivos, sino asimismo para explicar el porqué de las decisiones adoptadas, por ejemplo, en las ejecuciones sumarias; o además operaciones de sabotaje dirigidas a paralizar la vida económica. En cualquier caso, la estrategia de las guerrillas comunistas meridionales siguió siendo la misma que la practicada por el Việt Minh en su día: una lenta y progresiva guerra de desgaste, durante la cual se iba integrando dentro de un gran frente político-militar a todas las fuerzas opuestas al régimen de Saigón (Tanham, 1961: 67, 77 y 113). Respecto a las políticas de la violencia de los contendientes en las zonas ocupadas, tanto antes como a partir de la intervención estadounidense parece claro que el Việt Cộng siempre desplegó una de tipo selectivo, un enfoque que por supuesto tenía detrás un cálculo político de costes y beneficios; no ocurrió igual en el caso de las tropas del ENV, así como tampoco en lo referido a las fuerzas estadounidenses, donde las zonas dominadas por la guerrilla fueron sometidas a una violencia indiscriminada según la cual todo aquel que se movía en el teatro de operaciones era considerado un rebelde, un enfoque habitual de la contrainsurgencia que ya hemos visto en otros escenarios (Kalyvas y Kocher, 2009). Por lo que respecta al Việt Cộng, como en cualquier otro fenómeno revolucionario salta a la vista la necesidad de implicar a la población local en la violencia, no solo para darle un halo de legitimidad, sino también y sobre todo para saber quiénes debían ser los objetivos a batir. Así reflexionaba un cuadro de la guerrilla al hablar sobre las treinta ejecuciones que habían tenido lugar en su pueblo:

Todas las sentencias de muerte fueron propuestas por el pueblo. Las decisiones definitivas al respecto eran tomadas por el distrito, pero el distrito nunca ha rechazado ninguna de estas propuestas hechas por el pueblo, porque las autoridades de distrito no saben nada. Tienen que confiar en el juicio del pueblo. Si el pueblo quería que las víctimas murieran, morirían, o si quería que vivieran, vivirían (cit. en Elliott, 2003: 338 339).

A la par que todo esto ocurría, la implicación estadounidense en la región también se iba incrementando de forma exponencial. No solo se trataba de combatir las actividades de las guerrillas comunistas en Laos, como hemos visto, sino de evitar que estas se extendieran e infiltraran a otros países vecinos. Un caso evidente era el de Tailandia, que iba a convertirse en un aliado esencial de Estados Unidos en la región. De hecho, este haría del país una fortaleza y base de operaciones clave durante los años sesenta y setenta. En la primera mitad de los sesenta y con apoyo estadounidense su gobierno enfrentaría con éxito la revuelta del Partido Comunista de Tailandia (PCT) y los intentos de penetración del Pathet Lao y del Việt Cộng, que aparte de extender la revolución buscaban desestabilizar toda la región en su propio beneficio. Al mismo tiempo, durante los años previos se había conseguido afianzar la situación en teatros muy complejos como los de Corea, Birmania, Malasia e Indonesia, favoreciendo a menudo que fueran ahogados en sangre el comunismo, sus guerrillas y/o las revueltas anticoloniales y/o antigubernamentales de toda naturaleza que fueron surgiendo por el Sureste asiático. Por tanto, a falta de más alternativas la administración Kennedy no tenía razones para pensar que pudiera fracasar su estrategia de apoyo incondicional a la RV bajo el liderazgo del corrupto régimen de Diệm y su familia, ni mucho menos que pudiera requerir de una intervención militar directa (Veiga, Da Cal y Duarte, 2010: 201-203; Kislenko, 2004). Eso explica que el número de 875 asesores militares implicados en el país en 1960 pasara a la friolera de 16 000 a la altura de 1963, lo cual constituía a todos los efectos una fuerza militar en sí misma, que lejos de dedicarse en exclusiva a tareas de asesoramiento ya estaba tomando parte directa de uno u otro modo en los combates. A ello cabe sumar el inicio de la utilización masiva de los herbicidas y el napalm sobre las selvas y cultivos en un momento tan temprano como 1962, como parte de la llamada Operación Ranch Hand, una práctica que se extendió a lo largo de nueve largos años.

A ello contribuyeron en buena medida los optimistas informes de la misión encabezada a finales de 1961 por el general de confianza de Kennedy, Maxwell D. Taylor (1901-1997), veterano de la Segunda Guerra Mundial al mando de la 101.ª División Aerotransportada, y también de la guerra de Corea. En cualquier caso, su defensa del apoyo incondicional al régimen de Diệm contrastaba con las visiones de otros miembros de la delegación. De hecho, las concesiones exigidas al gobierno de la RV por parte de la administración Kennedy, que pasaban por la reforma del Estado en un sentido democrático, fueron completamente desoídas. Al fin y al cabo, el máximo mandatario survietnamita se apoyaba en la convicción de que lo único que podían hacer los estadounidenses era retirarle el apoyo, cosa que no iban a hacer teniendo en cuenta que el resultado habría sido abandonar todo el país en manos de la RDV. Así pues, la ayuda militar y financiera siguió llegando. Sin embargo, la desastrosa forma de hacer política de Diệm solo consiguió seguir sumando enemigos a su régimen. Curiosamente, fueron las tensiones religiosas y no la actividad armada del Việt Cộng las que acabaron con él, algo que nos habla una vez más de la complejidad del escenario vietnamita.

En un país de mayoría budista, generaba un profundo resentimiento la forma escandalosa en que el gobierno favorecía a la minoría católica a la hora de otorgar cargos en el funcionariado y en el Ejército, contratos, exenciones en materia de fiscalidad y de corveas, además de dejar al margen de la reforma agraria a la Iglesia católica, principal propietaria. Esto hizo que en la primavera de 1953 estallaran protestas populares, en el curso de las cuales fueron asesinados por las fuerzas de seguridad nueve manifestantes. Sin embargo, el punto culminante llegó en los meses del verano, con la inmolación de renombrados líderes budistas en señal de protesta, una imagen que dio la vuelta al mundo y generó un ciclo sostenido de movilización colectiva. De esta forma, el 22 de agosto, cuatro días después de una concentración de varias horas que congregó a 15 000 personas en Saigón, el gobierno respondió dando carta blanca a las Fuerzas Especiales del ENV para asaltar, saquear y arrasar pagodas budistas en las principales ciudades, todo ello acompañado por la vejación y el asesinato de centenares de monjes y la detención de hasta 1400. Semejante provocación no solo incendió las calles, sino que además sirvió como catalizador para que amplios sectores de la sociedad descontentos con el régimen se sumaran de forma masiva a las concentraciones populares que pedían su dimisión (Hammer, 1987: 168; Brown, 1991: 47-48).

Ante esta situación, los oficiales del ENV opuestos a Diệm comenzaron a jugar sus cartas para echarlo del poder. En cualquier caso, el hecho de que se estuvieran cociendo al mismo tiempo un mínimo de seis complots diferentes, todos ellos con la complicidad de sectores de la sociedad civil, los sindicatos y el mundo estudiantil, ya nos permite entrever las divisiones dentro de la oposición y las luchas por el poder que estaban por venir (Hammer, 1987: 250). Estas se sucederían de forma continuada hasta 1965, haciendo de la RV un Estado fallido y completamente insostenible sin el apoyo político-económico y militar estadounidense. Hasta cierto punto, se podría hacer un paralelismo entre esta situación y la del NDH en el marco de la ocupación germano-italiana de Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial, al menos por lo que respecta a la similitud de las políticas imperiales aplicadas por unos y otros. En este segundo caso el Eje se apoyó en la minoritaria y ultraviolenta Ustaša por no tener otra alternativa a su alcance, y en la confianza de que serían capaces de controlar al régimen según sus intereses. Sin embargo, los estadounidenses estaban aprendiendo la lección de que los estados títeres no lo son tanto como su nombre indica, y que estos tienen una agenda propia que persiguen con celo, contando con un margen de maniobra que utilizan para la prosecución de sus fines (McAllister y Schulte, 2006). El complot que echó a Diệm del poder salió adelante cuando los golpistas obtuvieron de Estados Unidos la garantía de que no se opondría, lo cual equivalía a darles luz verde. Al fin y al cabo, cualquiera que pretendiera ponerse a la cabeza de la RV debía garantizarse antes que nada el soporte financiero, político y militar de la superpotencia. Finalmente, tras tomar el control de Saigón entre el 1 y el 2 de noviembre se estableció en el poder una junta militar, siendo brutalmente asesinados ese último día Diệm y su mano derecha en el poder, su hermano Ngô Ðình Nhu (1910-1963). Por lo que respecta a Estados Unidos, algunos historiadores señalan que la caída del que había sido su aliado durante una década no hizo sino empujar a la administración de Lyndon B. Johnson (1908-1973) —que sucedería tres semanas después al también católico Kennedy, tras su asesinato el 22 de noviembre— a dar su apoyo incondicional a un Estado en barrena, provocando en última instancia una intervención militar directa (Brown, 1991: 50-51). A la altura de 1964, Denis Duncanson, un veterano de la guerra contrainsurgente en Malasia que formaba parte de la misión de asesores británicos enviados a la RV, afirmaba de forma muy ilustrativa que «nos estamos convirtiendo cada vez más en espectadores impotentes de una tragedia que parece estar escapando fuera de control» (cit. en Beckett, 1997: 58).

La intervención estadounidense: guerras civiles encadenadas, ocupación y violencia multidireccional, 1965-1972

La intervención estadounidense: guerras civiles encadenadas,

ocupación y violencia multidireccional, 1965-1972

Si hablamos de la política estadounidense no deja de ser en cierto modo paradójico que fuera el propio Johnson quien pusiera en marcha en 1965 el masivo operativo de tropas en Vietnam, más teniendo en cuenta que se alzó como vencedor de las elecciones pos-Kennedy del año anterior bajo la promesa, entre otras, de retirar a los casi 20 000 asesores y limitar al máximo la intervención del país en el Sureste asiático. Y lo hizo frente al candidato republicano Barry Goldwater (1909-1998), totalmente partidario de intensificar la implicación estadounidense en dicho teatro, e incluso señalando la necesidad de un ataque nuclear preventivo sobre China. No es casual que en octubre de ese mismo año el gigante asiático hubiera probado con éxito su primer ingenio atómico en Lop Nur, en la región occidental de Sinkiang. En el ámbito internacional era un momento complejo e incierto para los encargados de planificar la estrategia de las grandes potencias: Jruschov también había dimitido ese mismo mes, y las sucesiones soviéticas en el poder siempre eran momentos de impasse, de lucha por el poder y de redefinición de la política exterior, algo que afectaba también a las propias dinámicas de la Guerra Fría, muy basadas como siempre en el cálculo y el miedo a los pasos que pudiera dar el otro. Por eso mismo, los intercambios de viajes al más alto nivel entre China y la Unión Soviética en el periodo que va de finales de 1964 a principios de 1965 podían hacer pensar en un restablecimiento de las relaciones sino-soviéticas y en la búsqueda de una estrategia exterior conjunta más agresiva.

A la vista de las intensas movilizaciones pacifistas de los últimos años de los sesenta y primeros de los setenta, es obvio que entre un importante sector de la sociedad estadounidense había calado hondo el miedo a un conflicto nuclear, a la par que existía cierto cansancio ante los costes de las políticas imperiales del país. En ello tuvo mucho que ver la llegada a la veintena de la generación del Baby Boom, que reivindicaba su lugar en la historia a través de la ruptura con los convencionalismos del pasado reciente. Pero lo cierto es que el primer contingente de tropas regulares estadounidenses desembarcó el 8 de marzo de 1965 en el puerto de Da Nang, muy cerca de la frontera entre la RV y la RDV. Eran la punta de lanza de los 125 000 que llegarían a desplegarse ese primer año. De hecho, ya durante todo el mes de febrero las fuerzas aéreas estadounidenses habían puesto en marcha una importante campaña de bombardeos contra diferentes objetivos tácticos (Veiga, Da Cal, Duarte, 2010: 202-206). Así comenzó la desastrosa intervención de Estados Unidos y sus aliados en el Sureste asiático, que sumada a los terribles costes humanos que comportó acabaría favoreciendo de manera decisiva ese efecto dominó que se pretendía evitar en la región, haciendo de esta un auténtico agujero negro. Y es que, como ya hemos dejado claro a lo largo de las páginas precedentes, la guerra cobra vida sobre el terreno y suele desbordar cualquier previsión.

No nos extenderemos de forma exhaustiva en la cronología del conflicto librado en Vietnam por Estados Unidos, la RV y sus aliados, sino más bien en los enfrentamientos fratricidas que propició bajo su paraguas y fruto de su estrategia bélica. No obstante, eso requiere detenernos en su modo de hacer la guerra, y por tanto en el análisis de determinados momentos del conflicto, por lo que supusieron y desencadenaron y porque nos revelan la naturaleza del enfrentamiento en curso. Una vez más, como venía siendo habitual en otros conflictos de la época, las guerras subsidiarias o las intervenciones directas de las grandes potencias en las periferias imperiales iban a desencadenar fenómenos de consecuencias imprevisibles, algo extensible a muchos de los enfrentamientos armados que explotarían por todo el globo en las siguientes décadas. En este sentido, también resulta revelador y sintomático de la evolución del comunismo soviético la impactante conclusión de las conversaciones mantenidas con China y la RDV. Si bien por un lado la Unión Soviética había empezado a enviar apoyo armamentístico y financiero a las autoridades norvietnamitas, no es menos cierto que su deseo era coordinar esa política con China y encaminarla hacia la no confrontación y la distensión, algo que los dirigentes del PCC y del PCV rechazaron de plano. De hecho, la importante ayuda prestada por los chinos a sus aliados vietnamitas y laosianos no solo se explica como fruto de su manera de entender la política exterior, sino también dentro de la competencia con la Unión Soviética por liderar el mundo comunista, máxime en una región limítrofe con sus propias fronteras. Además, las experiencias de los dirigentes soviéticos, chinos y vietnamitas eran hasta cierto punto distintas, aunque no tanto como algunos autores han querido ver, y eso también hacía que difirieran en su modo de entender la guerra en Vietnam y la estrategia a seguir.

Bien es cierto que la Unión Soviética era por entonces un país consolidado con una posición sólida a nivel internacional, pero la mayor parte de sus dirigentes, por no decir todos, habían conocido el aislamiento internacional del periodo de Entreguerras y tomado parte en la lucha frente a la guerra de exterminio lanzada por Alemania en 1941. Así pues, no tenían tan lejos la experiencia de ser una potencia paria y agredida militarmente. Por su parte, China y el PCC tenían bastante más recientes sus guerras, mucho más largas, y seguía siendo un país profundamente inestable a causa de los diferentes enfoques existentes con respecto al mejor modo de consolidar la revolución y promover el desarrollo interno, así como las tensiones que generaba todo ello. No es para nada casual que la llamada Revolución Cultural maoísta se pusiera en marcha en 1966, extendiéndose a lo largo de una década —concretamente en el curso de la intervención estadounidense en Vietnam— como parte de la obsesiva idea de Mao de llevar a cabo una revolución permanente, ello tras haberse apartado de la política momentáneamente en 1958. Las persecuciones de todo tipo a las que dio lugar con el pretexto de preservar la pureza ideológica y eliminar los elementos burgueses existentes dentro del PCC, que según el líder revolucionario pretendían reinstaurar el capitalismo, comportaron grandes purgas al más alto nivel dentro del partido, pero también a escala regional y local. Se trata de un fenómeno que se explica en el marco de luchas por el poder, los ajustes de cuentas y esos enfoques diversos sobre cuál había de ser el futuro de China y cómo se había de llegar hasta él. A todo ello cabe sumar otro factor siempre presente de la modernidad, completado en Europa en buena medida a finales de los cuarenta: la construcción de estados-nación homogéneos mediante la persecución, la expulsión y/o la asimilación forzosa o violenta de las minorías etnonacionales.

Así pues, durante aquella larga década las campañas de humillaciones públicas, la paranoia, las delaciones, los trabajos forzosos, el acoso social, las torturas, las confiscaciones y los asesinatos estuvieron a la orden del día con distintos picos de intensidad, afectando a decenas de millones de personas. Sus efectos económicos, culturales y sociales fueron desastrosos, a la par que provocaron la muerte de un mínimo de 400 000 personas y un máximo de entre un millón y medio y tres. Dentro de este clima político se explica el enfoque chino respecto a Vietnam y las periferias imperiales del Tercer Mundo, así como las constantes críticas contra los dirigentes soviéticos por revisionismo, al no promover estos la revolución mundial y las luchas de liberación nacionales, que eran justamente los pilares centrales de la política exterior china. Desde luego, la agresiva implicación del gigante asiático en la guerra de Vietnam tuvo mucho que ver con la ambición de hacer política imperial, pero no menos con ese deseo maoísta de mantener un estado de movilización permanente en el interior de la sociedad ante la amenaza constante del capitalismo, tanto en el ámbito doméstico como en el exterior. Por su parte, los dirigentes comunistas vietnamitas llevaban por entonces dos décadas de guerra a sus espaldas, y veían la intervención estadounidense como el marco ideal donde conseguir la reunificación definitiva del país, así como también la consolidación de la revolución, de ahí que estuvieran dispuestos a aceptar cualquier precio a cambio de la victoria definitiva en el campo de batalla (Zubok, 2008: 297-298; Jian, 2005: 323-328; 341-352; Clark, 2010; Hao, 2018).

Creemos que es importante detenerse en los cálculos de las potencias y en la situación internacional, no para reforzar la idea de que las guerras en el Tercer Mundo fueran y sean subsidiarias, que es una visión diametralmente opuesta a la que pretende ofrecer este libro, sino para entender hasta qué punto estos conflictos periféricos afectaron a las sociedades de los países involucrados en ellos directa o indirectamente. En el caso de Estados Unidos esto tuvo una traducción muy clara en la explosión de las protestas pacifistas —algunas violentas— dentro de un momento de cambio y transformaciones culturales con pocos paralelismos en la historia. En esencia, estas tuvieron dos protagonistas muy diferentes. Por un lado, las poblaciones más desfavorecidas, entre las cuales se encontraban los blancos pobres y muy especialmente los negros, que fueron los sectores más afectados por el reclutamiento para la guerra de Vietnam. Además, todo ello coincidió con la fase final del movimiento por los derechos civiles de las comunidades negras. De hecho, la administración Johnson había hecho de la defensa de estos y de la lucha contra la miseria dos de las banderas de su campaña, y paradójicamente fue la oposición cívica al conflicto, junto a los costes derivados del esfuerzo bélico, lo que acabó por paralizar el programa de reformas previsto, agudizando aún más los conflictos sociales (Zarefsky, 2005). Por otro lado estaban los estudiantes universitarios y graduados, muchos de ellos detrás del movimiento hippie y la explosión contracultural, que se oponían a la guerra por principios, pero también por el levantamiento en 1967 de la ley que eximía a este colectivo del servicio militar (De Benedetti y Chatfield, 1990; Heineman, 2010). Las contradicciones inherentes a estas últimas movilizaciones y la fagocitación del fenómeno contracultural —drogas incluidas— por el capitalismo y su lógica consumista, así como su incapacidad para lograr cambios reales en la sociedad y el orden político, quedaron reflejados de manera magistral en la novela autobiográfica de Hunter S. Thompson, Miedo y asco en Las Vegas, publicada en 1971 y adaptada a la gran pantalla por Terry Gilliam en 1998. En ambas obras son muy interesantes los episodios de autocrítica y las reacciones impasibles de los protagonistas ante las noticias atroces que llegaban de Vietnam.

Mientras tanto, también vale la pena recordar que la experiencia del Việt Cộng y de la RDV fue reivindicada como un faro político por una figura capital de la segunda mitad del siglo XX, dada su importancia como icono y como referente teórico de la guerra revolucionaria y la lucha guerrillera en todo el Tercer Mundo. Estamos hablando de Ernesto «Che» Guevara, uno de los líderes y el principal teórico de la llamada revolución cubana. Esta tuvo lugar en el marco de una guerra civil, conducida a duras penas desde las zonas montañosas de la isla caribeña y culminada con éxito por la retirada del apoyo de la administración Eisenhower al régimen dictatorial de Fulgencio Batista (1901-1973). La calculada ambigüedad de la retórica castrista hasta principios de los sesenta, muestras de simpatía incluidas hacia Estados Unidos, favoreció esta decisión clave, inconscientes los máximos dirigentes de dicha superpotencia de que el nuevo Estado cubano se acabaría alineando con el bloque comunista, a la par que se convertiría en un referente de las luchas antiimperialistas de liberación en todo el Tercer Mundo. El guevarismo fue la máxima expresión de esta política exterior que revela el carácter transnacional de la guerra civil, cada vez más evidente, en este caso fruto del espíritu de este guerrillero revolucionario, que acudía allá donde podía contribuir a la lucha de los pueblos por su liberación frente a la opresión del capitalismo imperialista.

Esta forma de entender la militancia iba a tener amplias consecuencias y manifestaciones en África y América Latina, como veremos. Tanto es así que dicha visión inspiró la convocatoria de la Conferencia Tricontinental en La Habana a principios del año 1966, donde Estados Unidos fue señalado como la principal amenaza para la paz y la igualdad en el mundo, por sus políticas imperiales y sus formas de hacer la guerra (Buzzanco, 2017). De hecho, fue allí donde el Che proclamaría algo fundamental que las cancillerías occidentales y la opinión pública hegemónica obviaban con suma autocomplacencia: a pesar de los veintiún años del final de la Segunda Guerra Mundial los conflictos armados no solo no habían cesado, sino que estaban proliferando de forma creciente en forma de guerras civiles. Por supuesto, los dos principales ejemplos que puso sobre la mesa fueron las guerras de Corea y Vietnam, luchas fratricidas que habían devenido guerras internacionales y, por tanto, alimentadas por los intereses contrapuestos de las superpotencias. En este punto destacaban lo que a sus ojos eran las criminales formas de hacer la guerra estadounidenses. Fue en aquel discurso donde expuso de manera clara su estrategia de los focos revolucionarios como forma de derrotar al imperialismo estadounidense, la misma que lo llevaría a la muerte en Bolivia un año después, al intentar llevar a la práctica sus ideas con un grupo de unas pocas decenas de hombres armados y en contra de las recomendaciones del partido comunista del país (Barcia, 2009).

Sin embargo, la RDV y el Việt Cộng no estaban solos en su lucha contra Estados Unidos y sus aliados, de hecho, cualquier resistencia habría sido imposible sin la ayuda exterior de China y la Unión Soviética. Y si bien es cierto que pocos dentro de la administración Johnson esperaban que la intervención estadounidense en Vietnam hubiera de ser un paseo militar, quedó muy claro desde el primer momento que el poderío aplastante de sus fuerzas armadas no bastaría por sí solo para ganar aquella guerra, algo que había anunciado el Che. Uno de los problemas fundamentales con el que se encontraron fue que el peso principal del esfuerzo de guerra recayó sobre ellos, actuando casi siempre como punta de lanza en penosas operaciones pueblo a pueblo, que además de reportarles numerosas bajas no dieron resultados concluyentes. Algunos análisis señalan que esto tuvo que ver con la incapacidad del ENV para llevar a cabo sus misiones, que básicamente eran asegurar la retaguardia y consolidar la conquista territorial, algo que además los hacía más propensos a cometer excesos y crímenes (Brigham, 2006: 63). Por supuesto, este tipo de enfoque contrainsurgente tenía entre sus principales consecuencias un alto coste en vidas civiles, que en las zonas de operaciones eran considerados como parte del objetivo a batir, algo que acabó privando a la RV aún más de cualquier forma de apoyo popular. En cualquier caso, allá donde era posible se evacuaba a la población autóctona, muchas veces por la fuerza, para después destruir a conciencia todo aquello que pudiera ser de alguna utilidad para el esfuerzo de guerra y la supervivencia del Việt Cộng, por mucho que esta táctica tampoco tuvo un excesivo impacto sobre las guerrillas. Así explicaba el periodista estadounidense Jonathan Schell (1943-2014) el caso de Bến Súc, un próspero pueblo al norte del Delta del Mekong que antes de la guerra tenía 3500 habitantes, los cuales además de ser evacuados a la fuerza sufrieron la pérdida y saqueo organizado de todos sus bienes:

Los equipos de demolición llegaron a Ben Suc un día claro y caluroso […] Los soldados americanos recorrieron todas las callejas del pueblo […] desierto de vietnamitas, […] rociaron de gasolina los tejadillos de las casas, los chamizos y los establos, y después les prendieron fuego. […] Ardió todo […] los refugios contra las bombas quedaron destruidos. […] Antes de que murieran las últimas llamas, vivos los rescoldos, llegaron los bulldozers […] Cuando los equipos de demolición se retiraron, el pueblo era un campo de escombros menudos, apenas visibles, llano todo como la palma de la mano. Empero, el plan original de demolición preveía otras fases. Ya no eran necesarias, pero fieles al proyecto del mando, los reactores de las Fuerzas Aéreas lanzaron sus bombas sobre la desierta ruina, destripando otra vez los aplanados rescoldos y ruinas […] como si, una vez ordenada su destrucción, hubiera que aniquilar todo posible rastro de que existiera alguna vez un pueblo llamado Ben Suc (Schell, 1968: 166-167).

Estas eran en esencia las políticas de ocupación o control del territorio, que comportaron un dramático grado de devastación con el que habrían de lidiar los supervivientes en la posguerra tras haberse quedado sin nada. Al mismo tiempo, se hizo un inmenso e inútil derroche en bombas y proyectiles, lanzadas de forma aleatoria sobre un espacio delimitado donde se creía que operaba el enemigo, un enfoque denominado acoso e interdicción. Dicho de otro modo, su objetivo era molestar y en el mejor de los casos impedir los movimientos del enemigo o eliminarlo, cosa que por supuesto no solía ocurrir. Así pues, según los datos de los que disponemos se lanzó una bomba de 250 kilos cada 30 segundos a lo largo de los diez años de presencia estadounidense en Vietnam (Veiga, Da Cal, Duarte, 2010: 211). De hecho, los recuentos de enemigos aniquilados y armas capturadas por las fuerzas estadounidenses son reveladores de las consecuencias del modo de hacer la guerra de las fuerzas combinadas bajo su mando, tal y como revela el informe de una operación llevada a cabo en 1968 por la 9.ª División de Infantería estadounidense en el delta del Mekong, donde se informaba de la muerte de 11 000 guerrilleros y la recogida de solo 748 armas. En este caso concreto hablamos de una proporción de nueve civiles muertos por cada guerrillero asesinado, algo que nos remite a esa imagen que se tenía del enemigo como una marea amarilla brotada de la tierra, el Việt Cộng sin rostro, el civil que es sospechoso por sistema. A ojos de los combatientes todos eran enemigos (Bellamy, 2018: 33-35). Por supuesto, los aterrorizados civiles buscaban maneras de sobrevivir en situaciones de riesgo para sus vidas, sobre todo acogiéndose a los rumores y las políticas de protección anunciadas por las autoridades de la RV. Es más, el incumplimiento sistemático de estas pone de manifiesto que Estados Unidos hizo la guerra sin contar con sus aliados, lo cual tuvo efectos desastrosos para los intereses de ambos.

Por otro lado, las tácticas de guerra desplegadas por el Việt Cộng contra las fuerzas del ENV, las estadounidenses y el resto de sus aliados no diferían demasiado de las de cualquier guerrilla. Un rasgo característico fue la utilización masiva de las trampas con explosivos camuflados, también llamadas trampas cazabobos en la jerga militar. Las emboscadas eran parte habitual de su repertorio, utilizando como base de partida pueblos considerados tranquilos o pacificados, la ocultación entre civiles o la utilización de vestimenta no militar para coger por sorpresa al enemigo. Lo deja muy claro el propio testimonio de Schell (1968: 153-154), quien reconocía en un momento tan temprano como 1967 que, a ojos de las fuerzas estadounidenses, obviamente sometidas a una sensación de cerco constante, ningún vietnamita podía considerarse persona de confianza. Esa percepción se basaba en experiencias previas con la guerrilla, donde «el enemigo tuvo conocimiento de las operaciones antes de que estas se llevaran a término, con tiempo suficiente para preparar emboscadas o, sencillamente, desaparecer sin dejar rastro». Así pues, se dio una «creciente tendencia […] a desconfiar absolutamente de todos los vietnamitas, sin tener en cuenta para nada sus conocidos o supuestos antecedentes o ideas políticas» (Schell, 1968: 24). Esta realidad, que contribuye a explicar la frecuencia con que tuvieron lugar las matanzas de civiles, pone de manifiesto la escasa capacidad de la RV para condicionar, matizar o hacer más eficientes las políticas de guerra estadounidenses mediante una coordinación conjunta que permitiera un trato humano y personalizado de la población civil.

En cualquier caso, con el poco esperanzador precedente francés muy en mente, los estadounidenses trataron de superar los límites impuestos a las operaciones por la espesa vegetación selvática y las zonas pantanosas, que dificultaban la movilidad y favorecían el aislamiento de las unidades hasta un punto extremo. Para ello llevaron a cabo un ingente despliegue tecnológico y militar que incluyó hasta 4000 helicópteros, los cuales debían favorecer un enfoque dinámico y una capacidad de respuesta sin precedentes en la lucha contrainsurgente. En este sentido, también se contó con detectores electrónicos y químicos para señalar la presencia de las guerrillas, y por supuesto con la destrucción masiva de las selvas por medio de la guerra química, que ocupó un lugar central en la estrategia de guerra estadounidense. Aquí fue fundamental el uso masivo del napalm y el agente naranja, un herbicida y defoliante muy agresivo que, como ya hemos señalado, se utilizó desde 1962 hasta 1971 con la idea de destruir el hábitat selvático en el que se refugiaba el Việt Cộng y los cultivos de los que vivía: la friolera de 20 000 km² de masas boscosas —una extensión casi equivalente a los territorios de Navarra, Euskadi y La Rioja— y 2000 km² —toda la provincia de Vizcaya— de zonas de producción agro-ganadera quedaron gravemente afectados o completamente destruidos, sobre todo en el sur, principal teatro de operaciones. Además, su utilización ha tenido serios efectos sobre la salud de hasta tres millones personas que residían en las zonas rociadas, a los cuales hay que sumar el nacimiento de un millón de bebés con deformaciones graves (Gustafson, 1978: 125; Vo, 2009). Esta forma de hacer la guerra ya había sido ensayada con éxito por los británicos en su lucha contra las guerrillas anticoloniales de Malasia durante los años cincuenta. En última instancia, su fin no era otro que destruir el ecosistema y la economía de la población que servían como sostén de las unidades insurgentes, de ahí que en los últimos tiempos haya aparecido un neologismo para referirse a estas políticas: ecocidio. El mayor grado de incidencia se dio en regiones como las montañas Lưới, en la parte central de Vietnam, al oeste de Huế y colindantes con la frontera laosiana, las cuales servían como refugio de las unidades del Việt Cộng y como punto de paso clave de las rutas que conectaban el norte y el sur a través de Laos. No obstante, hay debates que parecen señalar que las transformaciones en los ecosistemas tuvieron mucho más que ver con los cambios en la tala y el cultivo, es decir, en la explotación del territorio. De este modo, muchos de ellos tuvieron que ver con la huida de refugiados a Laos y con su posterior retorno junto a la llegada de nuevas poblaciones, si bien no es menos cierto que todo ello estuvo relacionado de forma directa con el modo de hacer la guerra de los estadounidenses (Robert, 2016).

Como ocurre muchas veces, los primeros compases del conflicto fueron de tanteo, un proceso durante el cual los contendientes aprendieron a conocerse, a adaptarse al entorno —en el caso de los estadounidenses y sus aliados extranjeros— y al modo de combatir del otro. En definitiva, se trataba de buscar la forma más efectiva de derrotar al otro, algo que en otros puntos de la obra hemos definido como aprender a hacer la guerra sobre la marcha y que suele costar numerosas vidas humanas. Y en un principio, desde el punto de vista militar los resultados del enfoque estadounidense no fueron desalentadores, es más, consiguieron arrebatar al Việt Cộng una parte sustancial de los territorios que controlaba en la RV. De hecho, en el sur la estrategia de guerra de las guerrillas se vio muy dificultada por las divisiones internas respecto al enfoque a seguir, pero aun con todo las fuerzas insurgentes aguantaron el primer embate estadounidense y se adaptaron a este con unidades reducidas y golpes de mano localizados que buscaban tener el mayor impacto psicológico posible sobre el enemigo. Así pues, la guerra avanzaba de forma demasiado lenta, y faltaban efectivos para responder a las dificultades tremendas de un conflicto intrincado con una obvia dimensión político-social. Ni los estadounidenses ni las autoridades survietnamitas supieron responder con eficacia ante esta última, lo cual en última instancia acabo por convertir Vietnam en una inmensa tumba, un agujero negro donde fueron dilapidadas cantidades ingentes de recursos. No deja de ser revelador que a finales de 1966 el contingente desplegado por Estados Unidos alcanzara ya los 385 000 combatientes, sin visos de que fuera a dejar de crecer.

Para añadir complejidad al conflicto, y como parte de los esfuerzos de la administración Johnson por dar un viso de legitimidad a la intervención, también participaron al lado de los estadounidenses contingentes de sus aliados de la SEATO, tailandeses, filipinos, taiwaneses, australianos y neozelandeses, así como 320 000 efectivos del Ejército de Corea del Sur, con una media de 48 000 combatientes por año. Al parecer, los soldados surcoreanos, comandados en la mayor parte de los casos por oficiales que habían labrado sus carreras poco más de una década antes en la sangrienta guerra de Corea, eran particularmente temidos por sus formas de combatir y sus políticas de ocupación, que también incluían las masacres colectivas. No es casual que este contingente estuviera comandado por Chae Myung-shin (1926-2013), jefe del cuerpo encargado de llevar a cabo la guerra de guerrillas en el conflicto coreano de 1948-1953, y por tanto convertido en toda una eminencia en el campo de la contrainsurgencia. De hecho, sus métodos le llevaron a tener serios conflictos con William Westmoreland (1914-2005), el que fuera comandante de las fuerzas estadounidenses de 1964 a 1968. Sin embargo, estas desavenencias pudieron tener que ver también con la percepción sesgada y racista de la violencia propia frente a la practicada por un aliado considerado inferior a nivel civilizatorio, algo que ya hemos observado en la visión que los oficiales de la Wehrmacht tenían de sus aliados croatas durante la ocupación de Yugoslavia. Así lo señalaba el oficial y veterano de guerra estadounidense Peter N. Swisher (1944-2016), que en su caso parecía recalcar la agresividad e incluso el sadismo como atributos positivos de la auténtica masculinidad:

Las tropas del Ejército de la República de Corea eran muy temidas y respetadas por el Việt Cộng y los norvietnamitas por igual. […] Una vez, cuando una de sus unidades fue emboscada fuera de un pequeño pueblo en el II Cuerpo Norte, los coreanos capturaron al francotirador, lo trajeron de vuelta al pueblo, lo colgaron de un árbol y lo despellejaron vivo.

La bravura, devoción y ferocidad de los coreanos como fuerza de combate era legendaria en Vietnam[2]

Por lo demás, no había medios económicos —ni quizás voluntad— para practicar cualquier tipo de enfoque que no fuera el de la consecución del prestigio, el respeto y la obediencia por medio de la fuerza, algo que había sido común en todas las guerras coloniales de los siglos XIX y XX. Por eso mismo, los estadounidenses siguieron practicando las políticas de reconcentración de población como parte de la estrategia para privar a la guerrilla de mano de obra y apoyos sociales, ahora ya de manera mucho más intensa y sistemática. Esto acabó dando lugar a una masa de refugiados que en 1969 sumaba tres millones de personas que lo habían perdido todo, y que por tanto sentían de todo menos simpatía frente a la RV y sus protectores (Veiga, Da Cal y Duarte, 2010: 211-213). Esto acabaría comportando graves consecuencias para los afectados durante la posguerra, porque dentro de las visiones supraindividuales de las fuerzas estadounidenses todos los varones evacuados eran guerrilleros. Así pues, constaban y eran tratados en la documentación como desertores de la RV, dentro de las políticas para fomentar la defección en las filas del Việt Cộng, y ello por mucho que en realidad no lo fueran. En el Vietnam reunificado esta situación llevó a una cantidad importante de ellos —imposible de calcular— a los campos de reeducación mediante los trabajos forzosos, y a veces incluso a la muerte.

Sobre las políticas de ocupación y la violencia desplegada por el Việt Cộng estas siguieron las lógicas de las desplegada por el Việt Minh con anterioridad, ya que muchos de los combatientes del primero eran veteranos del segundo. Por un lado, estaban las ejecuciones ejemplarizantes dentro de las propias unidades, que tenían por fin reforzar su cohesión y disciplina, ya fuera para castigar determinadas ideas o comportamientos, por otro, estaban las ejecuciones de colaboracionistas o individuos considerados enemigos, y por eso a menudo eran públicas, pues buscaban tener un impacto durable sobre la población. Los estudios estiman que fruto de estas políticas revolucionarias, y solo para el periodo 1965-1975, fueron asesinadas entre 40 000 y 160 000 personas de la RV cuya muerte debía dar paso al nuevo orden y facilitar la construcción del nuevo Vietnam comunista y reunificado. Por supuesto, el clima de movilización y la sensación de cerco derivadas de la intervención estadounidense también propició que en el territorio de la propia RDV se prosiguiera con los procesos de limpieza y eliminación de enemigos políticos, afectando posiblemente hasta a 40 000 personas, aunque es difícil establecer una cifra concluyente (Bellamy, 2018: 33-35). Por lo que respecta a los combatientes del ENV uno de los principales problemas era su extrema debilidad, tanto por la corrupción y las divisiones entre sus mandos como por la falta de armamento moderno a la altura del empleado por sus enemigos. A todo ello había que sumar los problemas de motivación de sus tropas, entre las cuales según los cálculos estadounidenses hasta un tercio sentían simpatía por el comunismo, lo cual no es extraño a la vista de los efectos de las políticas de la RV y de la intervención extranjera (Brigham, 2006).

El año 1968 supuso un punto de inflexión tan decisivo como inesperado por muchas razones. El 30 de enero las fuerzas combinadas del Việt Cộng y la RDV llevaron a cabo una ofensiva a gran escala ideada por Võ Nguyên Giáp, una operación sin precedentes hasta entonces en la campaña. La planificación de lo que ha pasado a conocerse como la Ofensiva del Tết, por coincidir con la festividad homónima del año nuevo vietnamita, se llevó a cabo contando con que su puesta en marcha desataría un levantamiento popular en las grandes ciudades bajo el control de la RV, propiciando así un derrumbamiento de la capacidad de resistencia del ENV y las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, este factor fundamental no se dio, y las tropas comunistas se vieron envueltas en sangrientos combates una vez sus enemigos se repusieron del primer golpe y consiguieron reagruparse. Así pues, aunque las operaciones continuarían, el grueso de la ofensiva se ahogó a mediados de febrero, con un 50 % de bajas para los asaltantes entre heridos y muertos —unos 40 000 hombres en total—, lo cual constituía a todas luces un desastre militar sin paliativos. De hecho, las fuerzas del Việt Cộng quedaron tan absolutamente mermadas por los combates que a partir de entonces se hizo necesaria una implicación mucho más amplia y directa de la RDV en la guerra frente a la RV y los estadounidenses. Esto tuvo tres efectos, dos de ellos a corto y otro a largo plazo. Por un lado, una vez más se puso de manifiesto la importancia determinante de los rumores en los conflictos bélicos, sobre todo a la hora de condicionar las actitudes sociales frente a la guerra, algo que incluye a civiles y combatientes, con la particularidad de que esta vez los murmullos fueron amplificados por las imágenes televisivas de los enfrentamientos armados.

Tanto es así que las emisiones en los telediarios contribuyeron a imponer el derrotismo y el agotamiento en el seno de una sociedad estadounidense que hasta entonces creía, según había ido viendo en las declaraciones públicas y en los medios informativos, que la guerra, aunque difícil, estaba siendo ganada, sobre todo por la incapacidad del enemigo para lanzar operaciones a gran escala. El impacto que causó constatar lo contrario, por mucho que las fuerzas comunistas hubieran sido derrotadas, acabó llegando por diversas vías a los combatientes al otro lado del Pacífico, pero sobre todo acabó de consolidarse con los sucesivos reemplazos llegados a Vietnam desde Estados Unidos. Tampoco ayudó mucho que el propio Westmoreland, todavía comandante en jefe, solicitara un incremento de las tropas destinadas al teatro de operaciones, que un año después ya alcanzarían 550 000 hombres. Por otro lado, de forma imprevista y a largo plazo, la aniquilación de buena parte de los cuadros del Việt Cộng acabó propiciando que la reunificación de Vietnam en 1975 se hiciera sin excesivos conflictos y bajo la autoridad de Hanói, cuya línea política no siempre había coincidido con la de sus camaradas meridionales, algo que hacía augurar problemas en la posguerra.

Además, la imagen internacional de Estados Unidos quedaría muy perjudicada tras airearse un año y medio después la matanza de Mỹ Lai, ocurrida el 16 de marzo de 1968. El suceso no fue más que la punta del iceberg y el hito mediático en medio de un goteo de muertes civiles que fue constante y que a menudo tuvo lugar en circunstancias arbitrarias, a veces por la incomprensión mutua y el miedo, por la percepción alucinatoria de la realidad, y otras veces por la impotencia y el odio. Ese Việt Cộng sin rostro del que ya hemos hablado jugó un papel muy importante en la desempatía y la radicalización de los combatientes. Se trata de una realidad que quedó reflejada de manera magistral e impactante en una de las obras cumbre del cine bélico, Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola, un panóptico o gran fresco de la guerra de Vietnam para el que no ha pasado el tiempo. En ella se abordan los efectos del napalm; la destrucción de los hábitats vietnamitas; el drama de los refugiados; la quiebra mental y deshumanización de los combatientes estadounidenses, sometidos a situaciones extremas e inaprehensibles desde sus códigos culturales; los efectos de las drogas; y la corrupción o los abusos de poder, entre muchas otras cosas. Mỹ Lai impactó por lo masivo, no porque lo ocurrido no estuviera pasando a menor o similar escala y de manera constante: entre 350 y 500 civiles asesinados, muchos de ellos mujeres, niños y ancianos, y por supuesto algo consustancial a cualquier conflicto: las violaciones en grupo, una forma de diversión, de reforzar los lazos entre combatientes y de huir hacia delante en un entorno de excepción donde los códigos morales más básicos se habrían quebrado. De hecho, muchos veteranos reconocieron que durante los hechos de aquel 16 de marzo no vieron nada que no hubieran visto ya. En cualquier caso, el alcance de las agresiones sexuales en Vietnam es imposible de calcular dados los códigos culturales imperantes en la sociedad vietnamita, que hacían a las mujeres temer la pérdida del honor y el repudio social en caso de confesar los crímenes sufridos. Así recordaba un veterano estadounidense su experiencia durante la violación de una vietnamita:

Estaba llorando. Creo que era virgen. Le bajamos los pantalones y le pusimos un fusil en la cabeza. […] Estaba agarrando su cuerpo por la fuerza. Los muchachos la vigilaban con fusiles mientras me la follaba. […] Babysan estaba llorando. Entonces un muchacho simplemente puso un fusil en su cabeza y apretó el gatillo para poner fin a su vida. […] Eso es lo que eran el odio y la frustración (cit. en Zipfel, 2013: 36)[3].

Además, y este es el segundo efecto a corto plazo, la Ofensiva del Tết propició un cambio de enfoque en el modo de conducir la guerra por parte de los mandos estadounidenses, sobre todo a raíz de la llegada de Richard Nixon a la presidencia a finales de 1968. El conflicto en Vietnam se había hecho insostenible, ya no solo por lo que respecta a la opinión pública, sino también a nivel económico. En 1968 se hubieron de votar impuestos extraordinarios, todo ello en medio del desplome del país, que puso fin a casi una década de crecimiento económico sin parangón. El país entró en recesión a partir del año siguiente, algo que reveló aún más la situación de pobreza en que vivían algunos sectores de la sociedad.

El final de las guerras civiles en Indochina y el legado de la intervención estadounidense, 1973-1979

El final de las guerras civiles en Indochina y el legado

de la intervención estadounidense, 1973-1979

No deja de ser paradójico que un ferviente anticomunista como Nixon ganara las elecciones gracias a su promesa de acabar con la intervención estadounidense en Vietnam. Para conseguirlo volvió de forma progresiva al enfoque de la guerra subsidiaria, lo cual pasó por el adiestramiento intensivo y el rearme masivo de las fuerzas del ENV, a la par que por la devolución progresiva de la dirección de la guerra a las autoridades de la RV. De este modo, a finales de 1972 el número de soldados estadounidenses en Vietnam se había reducido a 69 000 efectivos. En cualquier caso, esto no supuso una disminución en la utilización de la aviación en operaciones de bombardeo táctico contra infraestructuras e instalaciones militares. De hecho, la nueva estrategia se tradujo en una ampliación del teatro de operaciones a Camboya a partir de la primavera de 1969. El objetivo era cortar las líneas de abastecimiento de las fuerzas comunistas entre el norte y el sur y destruir sus campamentos en las zonas fronterizas mediante el despliegue de una masiva campaña aérea. Al igual que Laos, hacía mucho tiempo que Camboya servía como base de operaciones y ruta de abastecimiento del Việt Cộng. Una parte importante de la ayuda china a la guerrilla comunista del sur de Vietnam llegaba a través del puerto de Sihanoukville, cerca de la frontera con la RV, una vía mucho más rápida que las rutas terrestres a través de Laos (Kiernan, 1989).

Esta particular posición de Camboya en la guerra era posible gracias a los cálculos políticos de Norodom Sihanouk (1922-2012), rey del país, quien estaba convencido de que la potencia destinada a regir los destinos de la región era China. Por lo tanto, cuanto antes se alineara con sus intereses geopolíticos más reforzado se vería su poder y la posición de su país. Sin embargo, la situación era mucho más compleja, sobre todo porque el principal objetivo del monarca camboyano era preservar la neutralidad del reino para garantizar su posición interna, ya de por sí muy precaria. Así pues, si reconocía la existencia de los campamentos del Việt Cộng y la RDV al sureste de Camboya, de los cuales tenía perfecto conocimiento, se enfrentaría a las consecuencias de lo que parecería a todas luces una aprobación tácita de estos; y si los reconocía y denunciaba abría la puerta para que Estados Unidos y la RV le presionaran de cara a destruirlos o a autorizar una intervención armada exterior contra ellos. Todos los supuestos comportaban la pérdida del estatus de neutralidad reivindicado por Sihanouk para su país, sancionado además por los acuerdos de Ginebra. En cualquier caso, fue el bombardeo unilateral de los campamentos guerrilleros por parte de las fuerzas aéreas estadounidenses lo que acabó cortando el nudo gordiano. Una vez iniciaron su campaña intensiva en la primavera de 1969 esta no pararía hasta mayo de 1970, y de nada servirían las protestas del gobierno camboyano ante la ONU, donde se denunciaron los hechos en más de cien ocasiones. Por su parte, la administración Nixon se encontraba con la posibilidad de que la extensión de las operaciones en Camboya llegara a oídos de la opinión pública. Esto hizo que la intervención quedara absolutamente envuelta en el secreto, para lo cual se recurrió a un sistema de falsificación documental del destino real de las misiones aéreas y a un canal extraoficial de órdenes y comunicaciones, actuando incluso a espaldas de buena parte del aparato estatal y militar (Brown, 1991: 89-90; Clymer, 2013: 19-20).

En Laos la intervención de la CIA ya había contribuido a agudizar desde 1960 la guerra civil en curso en el país, que no haría sino ir a más con el paso de los años. Sin embargo, la crisis estadounidense en Vietnam y las medidas para intentar darle respuesta acabarían llevando a una desestabilización definitiva y catastrófica tanto de Laos como de Camboya, precipitando al segundo en un conflicto interno que llevaría al poder en 1975 al Partido Comunista Camboyano, cuyos miembros eran conocidos como los jemeres rojos. De hecho, por mucho que fueran las políticas de Estados Unidos las que hicieron saltar la chispa que encendió la llama de la guerra civil es imposible que algo así ocurra si no se dan las condiciones para ello sobre el terreno, es decir, si no existen diferentes agentes políticos con la voluntad y la capacidad de disputarse el poder e imponer su proyecto por medio de las armas. Ese fue el caso de Camboya, tal y como ya estaba ocurriendo en Laos. En ambos escenarios, por hacer un análisis lo más simple posible, nos encontramos con los conflictos político-sociales propios de países que atravesaban la fase liminal de la descolonización. De un lado, estos estaban protagonizados por las viejas élites autóctonas, favorecidas por las autoridades coloniales en su intento por conservar su poder, y del otro por grupos de diferente signo político, especialmente comunistas, con una visión más democrática y revolucionaria del reparto del poder y la riqueza, todo ello con un papel central del nacionalismo.

Hay que pensar que estamos ante países recién nacidos, siempre con fronteras heredadas de la época colonial; sin la experiencia de un Estado moderno y racional; con sociedades por lo general multiétnicas y adscritas a diferentes confesiones religiosas, a la par que muy marcadas por las desigualdades; y con agentes políticos que tendrían sus propios proyectos nacionalistas de homogeneización social —e incluso expansión territorial— basados en la reivindicación de una supuesta tradición. En definitiva, no es casual que nos encontremos con problemas muy similares a los de la Europa de los siglos XIX y XX, porque al fin y al cabo se trata de visiones marcadas por la influencia del colonialismo, o bien por la formación de los agentes políticos que abanderarían los diferentes proyectos en las metrópolis o en las instituciones metropolitanas dentro de las mismas colonias. Por decirlo de algún modo, el proceso de descolonización, la independencia, los intentos de construcción de un Estado moderno y los proyectos revolucionarios en las periferias imperiales o el Tercer Mundo son el resultado del paso por un largo laberinto de espejos.

En el caso de Camboya, las grandes desigualdades económicas, el control de la producción arrocera —por las exigencias del conflicto buena parte de ella iba a parar a Vietnam a través del mercado negro, porque los precios eran más altos— y los trabajos forzosos promovidos por el gobierno hicieron que en 1967 estallaran importantes revueltas campesinas en Battambang, una rica región agrícola latifundista del noroeste del país. Las movilizaciones acabaron con la muerte de centenares de campesinos tras la imposición de la ley marcial por orden del entonces primer ministro, el general Lon Nol (1913-1985), cuya imagen quedó asociada desde ese momento a la represión. Esto sirvió para nutrir las filas de los jemeres rojos, que liderados por Pol Pot (1925-1998) se trasladaron en 1967 a las tierras altas de Camboya, en la zona colindante con Laos al noreste. Allí se reunieron entre 4000 y 5000 militantes, desde donde lanzaron una primera ofensiva al año siguiente, para hacerse notar y con el fin de hacer acopio de armas mediante el asalto de polvorines y arsenales. Como muchos otros comunistas de la antigua colonia francesa de Indochina, el líder de los jemeres rojos y algunos de sus colaboradores más próximos formaban parte de las clases medias de provincias, de manera que habían tenido acceso a la educación superior. Pol Pot residió y estudió en Francia entre 1949 y 1953, desde donde asistió a los primeros compases de la guerra de reconquista colonial francesa en Indochina y donde culminó su politización con el ingreso en el PCF, estableciendo un grupo de afinidad junto a otros futuros líderes de los jemeres rojos como Hou Yuon (1930-1975) o Ieng Sary (1925-2003). No es casual que a su regreso a Camboya quedaran vivamente impresionados por la lucha y los logros del comunismo vietnamita. Sin embargo, los recelos interétnicos entre los jemeres, grupo étnico mayoritario en el país, y los vietnamitas, unido al supuesto desinterés de la RDV por el naciente movimiento comunista camboyano marcarían de forma decisiva la relación entre ambos proyectos políticos (Brown, 1991: 94).

Así pues, como suele ser habitual, y más aún en una región que se había tornado tan extremadamente compleja como la península de Indochina, fue una combinación de diversos factores la que acabó precipitando a Camboya en una cruenta guerra civil, especialmente a partir del año 1970. Por un lado, además de afectar gravemente a zonas habitadas por población civil, los bombardeos estadounidenses tuvieron como efecto el desplazamiento de los campamentos del Việt Cộng y la RDV hacia el interior del país. Por otro lado, y como consecuencia de esto último, en marzo la derecha nacionalista encabezada por el primer ministro Lon Nol dio un golpe de Estado que echó del poder a Sihanouk. El objetivo no era otro que establecer un régimen proestadounidense decidido a combatir contra los comunistas vietnamitas y camboyanos dentro del país. Y aunque no fuera instigado de forma directa por Estados Unidos, está clara la connivencia de la administración Nixon con este al no denunciarlo, sobre todo si tenemos en cuenta las operaciones de la CIA en el país desde los años sesenta, siendo la idea precisamente derrocar a Sihanouk. De hecho, para dar un aire de legitimidad a su maniobra, los golpistas no dudaron en crear el escenario para un pogromo masivo contra la importante minoría vietnamita de la capital, Phnom Penh. A ello contribuyó en no poca medida la agresiva llamada de Lon Nol a que todos los vietnamitas abandonaran el país. Esto tuvo como consecuencia el asalto de la embajada de la RDV y la muerte de miles de ellos a manos de milicias anticomunistas y grupos de individuos congregados en torno a estas, arrojando los cuerpos al río Mekong. El caso es que del casi medio millón de vietnamitas que vivían en Camboya antes del golpe, cinco meses después apenas quedaban 140 000, después de la huida de 100 000 y la expulsión forzosa de otros 200 000 (Brown, 1991: 89-90; Duncan, 2004: 249-253).

A partir de aquí ocurrieron varias cosas fundamentales que marcarían el destino de Camboya de forma dramática durante toda la década de los setenta. Por un lado, las fuerzas de la RDV invadieron el país apenas una semana después del golpe, parece que, en parte, a petición de los jemeres rojos y, en parte, como medida de represalia por las matanzas de población vietnamita, que a ojos de Lon Nol no solo era vista como una potencial quinta columna, sino también como un instrumento de presión y negociación (Mosyakov, 2004). El caso es que en poco tiempo controlaron amplias zonas al este del país, al tiempo que armaban de forma intensiva a la guerrilla comunista camboyana. Por su parte, Estados Unidos puso en marcha su particular intervención terrestre en Camboya a través del envío subsidiado de unidades del ENV durante el mes de abril. El éxito de las operaciones estadounidenses en el sureste de Camboya y Laos entre 1970 y 1972 está en discusión, con autores que defienden que puso en graves aprietos el abastecimiento de los norvietnamitas y sus aliados en la guerra contra la RV. Incluso un importante líder del Việt Cộng como Trương Như Tảng (1923-), que más tarde marcharía al exilio y se convertiría en disidente político, reconocía cuán cerca habían estado las operaciones de acabar con el eje axial de la guerrilla comunista vietnamita (Tàng, 1986: 176-185). Sin embargo, lo que es bien cierto es que el conflicto interno en Vietnam prosiguió al tiempo que la guerra civil se extendía por Camboya con gran crudeza, marcada por una cantidad delirante de actores armados operando sobre el terreno. Por un lado, agrupaba a las unidades del Ejército del gobierno camboyano, del ENV y del gobierno tailandés, con el apoyo aéreo de Estados Unidos y, por el otro, a los jemeres rojos, que contaban con el apoyo material y la asesoría militar de las 40 000 tropas del Việt Cộng y la RDV desplegadas en el país desde hacía años (Brown, 1991: 93-94).

De hecho, tal y como ocurrió en el caso yugoslavo durante la Segunda Guerra Mundial, si algo volvió a revelar el conflicto camboyano es que la ruptura de equilibrios provocada por una intervención exterior y una guerra civil multidireccional puede ser la base para el crecimiento de movimientos revolucionarios hasta entonces marginales, y por tanto la plataforma para su conquista del poder. En el caso de los jemeres rojos hablamos de un partido que en los años de la guerra civil creció de los 5000 militantes a los 70 000. Aquí cabe sumar otros factores decisivos, como el hecho de que Sihanouk, lejos de retirarse de la política, dio su apoyo a la guerrilla de los jemeres rojos, a la cual había perseguido hasta entonces, todo ello con la esperanza de que pudieran contribuir al derrocamiento de Lon Nol, y en última instancia devolverlo a él al poder. Sin embargo, el principal efecto de esta maniobra fue legitimar a los comunistas camboyanos a ojos de una parte importante del campesinado del país, entre los cuales el antiguo rey gozaba de gran ascendiente y credibilidad. Esto permitió a los jemeres construir de forma progresiva una base de poder sólida y propia al calor de los combates en el curso de la guerra, hasta que en 1973 abandonaron a Sihanouk y se pusieron manos a la obra para llevar hasta las últimas consecuencias su agenda política. Es más, el conflicto en Camboya tuvo como secuela la dispersión de unas fuerzas del ENV que de otro modo habrían estado en disposición de seguir combatiendo a la guerrilla comunista en la RV. Con lo cual, la extensión de los escenarios de guerra hacia el oeste no solo acabó favoreciendo los intereses del Việt Cộng y la RDV, sino que a la par destruía la economía del país, convertía la capital en un enorme campo de refugiados y provocaba una gran hambruna (Brown, 1991: 95).

A pesar de todo el horror desatado en Camboya y Laos, la dimensión mediática de la guerra de Vietnam y el modo en que esta ocultaba a los dos conflictos vecinos era el precedente de algo que se convertiría en la norma para otras guerras civiles y enfrentamientos armados: la importancia que se otorgará a partir de entonces a los conflictos, tanto en los medios como en la cultura de masas, vendría marcada por los intereses y el grado de implicación que Occidente tuviera en ellos. De hecho, esto es algo que ya supieron detectar algunos contemporáneos en relación a la guerra civil en Laos y al primer conflicto televisado de la historia, el de Vietnam. De forma contradictoria, justificaban dicha asimetría en su tratamiento bajo el supuesto de que era un conflicto menos importante —no implicaba a Estados Unidos, claro— que no ofrecía estampas tan impactantes, cosa seguramente discutible, como se estaba comprobando en Camboya, y como se deducía de los datos que arrojaban sus propios informes (Langer y Zasloff, 1969: 138). Es más, muchos de los refugiados que se hacinaban en Phnom Penh sin medios de subsistencia lo eran a causa de los combates armados, pero también debido a la brutal campaña de bombardeos desplegada por la aviación estadounidense entre 1970 y 1973. No es para nada casual que estos afectaran sobre todo a la mitad oriental del país, y de forma muy singular a las regiones densamente pobladas del sureste, incluyendo un amplio círculo en torno a la capital. El resultado fue devastador, y el número de muertos imposible de calcular, aunque sin duda se cuentan por varias decenas de miles, aparte de aquellos que lo perdieron todo a causa de las bombas (Shawcross, 1979; Valentino, 2005). Quizás lo más dramático de todo es que tanto estas operaciones aéreas como las que se llevaron a cabo en Laos, la RV y la RDV no solo nacieron del deseo de aplastar el esfuerzo de las guerrillas, sino también del temor de la administración Nixon a que su creciente estrategia de guerra subsidiaria en Vietnam pudiera disuadir a las partes contendientes de buscar una salida negociada al conflicto. Mientras tanto, a pesar de que el público estadounidense supo muy pronto lo que estaba ocurriendo en el Sureste asiático gracias a algunos medios de comunicación, lo cierto es que el gran ciclo de movilización colectiva pacifista experimentó un profundo reflujo en 1969. De hecho, a pesar de que se volvió a reactivar en 1970, y de que incluso motivó dimisiones de burócratas de alto nivel dentro del gobierno, no tuvo mayores consecuencias (Brown, 1991: 88-92).

Como ya había ocurrido antes en China y en Corea del Norte, la forma de hacer la guerra y los esfuerzos movilizadores de los jemeres rojos fueron vehiculados incentivando la lucha de clases, es decir, centrando sus esfuerzos en el campesinado más pobre y en las poblaciones de las zonas montañosas o selváticas, por lo general marginadas por las autoridades centrales y muy afectadas por las desigualdades. Así pues, su base social se basó en el apoyo y el estímulo de la violencia popular contra los propietarios y los campesinos ricos. Por su parte, la estrategia contrainsurgente del gobierno de Lon Nol pasó por intentar aislar a la población campesina de la guerrilla a través de diversos incentivos y medidas coercitivas, buscando además reclutar voluntarios disidentes en las zonas controladas por los jemeres rojos, sobre todo apelando a aquellos más perjudicados por sus políticas de control territorial. En cualquier caso, como es común a cualquier guerra civil, ambos bandos recurrieron a la conscripción, muchas veces por medios expeditivos (Kubota, 2013, 47-71). Además, los jemeres rojos se centraron de forma intensiva en el reclutamiento y adoctrinamiento de niños soldado, muchos de ellos apenas entrados en la pubertad y obligados a cometer terribles crímenes (Southerland, 2006; Pina e Cunha, Rego y Clegg, 2010). La violencia y el terror contra la población civil fueron estrategias usuales en las políticas de ocupación y de guerra de la guerrilla comunista, lo cual se pone de relieve de forma paradigmática en el cerco y bombardeo continuado de la capital durante más de un año, provocando decenas de miles de muertos y muchos más heridos y mutilados. No por casualidad, además del ultranacionalismo jemer, uno de los componentes fundamentales de la ideología de los comunistas camboyanos fue su marcado carácter antiurbanita, que identificaba las ciudades como centros del capitalismo y disolución de la cultura popular tradicional, en parte imaginada o recodificada. Al fin y al cabo, los jemeres rojos eran buenos conocedores del mundo rural, dado que la mayor parte de ellos procedían de él o habían trabajado como maestros en sus pueblos (Mann, 2009: 393-394). En este sentido, existen buenos motivos para pensar que el cruel asedio de Phnom Penh pudo estar motivado por el deseo de castigar a sus habitantes autóctonos, pero también a los refugiados, por abandonar el mundo rural o por huir de las zonas controladas por ellos durante la guerra civil.

A partir de 1973, con la retirada final del contingente estadounidense, fruto de la oposición del Senado y la sociedad civil a continuar adelante con la guerra, pero resultado también de la progresiva delegación del conflicto en manos de sus aliados en la región, el largo ciclo de guerras civiles en Indochina entró en su fase final. A pesar de todo, esta aún se alargaría hasta 1975, año en que se produjo el triunfo definitivo de las guerrillas comunistas en Vietnam, Laos y Camboya. En el primero de estos países fue un momento particularmente cruel para los 200 000 refugiados de toda la RV que huyeron a la desesperada hacia Saigón tras los restos del ENV, en retirada tras el éxito de la ofensiva final del Việt Cộng y la RDV en abril de 1975, que consiguió la rendición incondicional de sus enemigos. Tres cuartos de ellos, junto a otros 150 000 vietnamitas, fueron capturados, enviados a prisión o a los llamados campos de reeducación durante una media de diez años, y muchas veces murieron de hambre, por sobreesfuerzo o ejecutados de manera sumarísima por sus captores (Sagan y Denny, 1982). De hecho, una de las imágenes más impactantes de Saigón en abril de 1975 son los miles de pares de botas y uniformes abandonados en la carretera de acceso a la ciudad por soldados que trataron de ocultar su pertenencia al ENV para evitar represalias. Además, como parte de las políticas de construcción de un Estado-nación homogéneo fue perseguida la minoría étnica de los degar, un pueblo de montañeses de las tierras altas del Vietnam meridional que se opuso radicalmente al Việt Cộng y que fue una fuente fiable de reclutamiento para los estadounidenses durante su presencia en el país. Lo mismo puede decirse de los entre 170 000 y 400 000 chinos étnicos que escaparon del país debido a las tensiones y las expulsiones motivadas por la breve guerra sino-vietnamita a principios de 1979 (O’Dowd, 2007). También se tiene constancia de la huida del país de hasta 800 000 personas, entre las cuales solo se cuentan las que llegaron sanas y salvas a otros destinos, siendo imposible saber las que murieron en el camino.

Sin embargo, el ciclo de guerras propiamente dichas no acabó hasta principios de 1979. El colofón fueron tanto la exitosa invasión de Camboya por parte de las fuerzas militares vietnamitas, que derrocaron a principios de ese año al régimen de los jemeres rojos en represalia por sus acciones contra las poblaciones vietnamitas de la frontera compartida por ambos países al sur, como la respuesta de China, con la fracasada invasión del norte de Vietnam en marzo. No deja de ser curioso que Mann considere irónico que «el ejemplo más espectacular y de más éxito de lo que más tarde se denominaría intervencionismo humanitario lo puso en marcha un Estado comunista», algo que no deja de ser naif, porque a la par presupone una suerte de filantropía consustancial a las democracias (Mann, 2009: 393). La idea de guerra humanitaria es un oxímoron en sí misma: nadie hace la guerra por altruismo, porque la guerra es algo muy costoso a nivel humano, político y económico, tanto que ha provocado la disolución de estados e imperios firmemente consolidados. La invasión de Camboya por el Ejército del Vietnam reunificado fue una operación de prestigio de cara al exterior y de seguridad interna de acuerdo con los principios de la geopolítica, es decir, encaminada a evitar una desestabilización en la región a causa de las políticas de los jemeres. Al mismo tiempo se castigaba a Camboya, considerada como uno de sus enemigos naturales, imponiendo al país una ocupación militar de veinte años. A lo largo de sus cuatro años en el poder, durante los cuales llevaron al paroxismo la idea maoísta de la revolución permanente y el desarrollo por medio de la movilización del trabajo, el experimento jemer costó la vida de entre uno y tres millones de vidas de los siete millones y medio de habitantes con los que contaba el país, muchos de ellos ejecutados como parte de políticas de homogeneización étnica (Mann, 2009: 393-407). A esta cifra había que sumar los 275 000-310 000 muertos por diferentes razones durante la guerra civil camboyana, entre los cuales se incluyen 70 000 vietnamitas asesinados por las fuerzas militares de Lon Nol (Sliwinski, 1995: 42-48; Heuveline, 2001: 102-104).

Así pues, a las muertes relacionadas de forma directa con este largo ciclo bélico de Indochina hay que sumar 3,8 millones de muertos vietnamitas desde 1955 a 1975, más o menos un 50 % de ellos civiles, dentro de esa siempre difícil distinción entre los miembros de la guerrilla y los paisanos. Los entre 20 000 y 60 000 muertos de la guerra civil en Laos. Y, finalmente, los 65 000 muertos de las tropas estadounidenses y sus aliados, 58 300 del primer origen y algo más de 5000 surcoreanos, y el triple de heridos graves, hasta sumar unos 160 000. Para hacernos una idea de la importancia de estas últimas cifras, por lo que respecta a Estados Unidos podemos utilizar como referencia el número de muertos que sufrió el país en dos conflictos convencionales como la Segunda Guerra Mundial, 407 000, o en Corea, 36 500, por mucho que fueran diferentes en su naturaleza y en su nivel de exigencia (Obermeyer, Murray y Gakidou, 2008: 1482-1486). Tampoco se puede olvidar el desastroso coste social y económico de la guerra, que tras diez años de ocupación y con la destrucción de los modos de vida previos al conflicto dejó a centenares de miles de mujeres con la prostitución como única forma de subsistencia; cifras astronómicas de adictos al opio y la heroína, así como también de mutilados por la guerra; sin olvidar un rastro incontable de víctimas de las enfermedades venéreas y otras epidemias relacionadas con los conflictos. Por supuesto, todo el Sureste asiático quedó masivamente afectado por la contaminación de guerra, no ya solo por los efectos del agente naranja y el napalm, sino también por los millones de bombas que quedaron sin explotar. Sin ir más lejos, se calcula que hasta hace poco en Laos morían 50 personas cada año a causa de la deflagración de estos artefactos explosivos (Wright, 2016). En última instancia, tal fue el grado de muerte y devastación dejado por la intervención estadounidense que algunos se cuestionan, no sin cierta razón, hasta qué punto perdieron la guerra. Al fin y al cabo, la situación de absoluta postración demográfica, social y económica en que quedó un país como Vietnam hizo que fuera imposible presentarlo como ejemplo de futuro frente a otros países del Tercer Mundo (Stone, 2012).

Para concluir, tampoco se puede olvidar la crisis de refugiados procedentes de toda Indochina desde 1975 hasta el año 2000, muchos de ellos escapados por mar y con medios sumamente precarios para la navegación, con una estimación numérica de tres millones de personas, siendo imposible calcular los centenares de miles de muertos en el intento. Uno de los casos más significativos es el de los hmong, que nutrieron las guerrillas contrainsurgentes formadas por la CIA en Laos y que tuvieron que ser acogidos en Estados Unidos como refugiados políticos ante el peligro de ser eliminados. En primera instancia, hasta 40 000 huyeron a Tailandia, por mucho que el Estado comunista que se estableció tras el fin de la guerra en 1975 no llevó a cabo políticas de violencia colectiva similares a las de sus dos vecinos. Por otro lado, 140 000 de ellos y otros pueblos montañeses huyeron del país entre el final de la guerra y el final de siglo (Yang, 2013; Grigoleit, 2006). Por si esto fuera poco, lejos de ser derrotados por completo, algunos restos de los cuadros y militantes de los jemeres rojos se refugiaron en las selvas del oeste del país, en las regiones fronterizas con Tailandia, apoyados por Estados Unidos con armas y reconocimiento diplomático.

Capitalismo, guerra endémica y neocolonialismo en el corazón de África, 1954-1997

CAPITALISMO, GUERRA ENDÉMICA Y NEOCOLONIALISMO EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA, 1954-1997

Igual que en la primera mitad del siglo XX lo había sido Europa, el continente africano tomaría el relevo como principal escenario de las guerras civiles a nivel mundial en la segunda parte de la centuria. Una vez más nos encontramos con un contexto de disolución imperial, con la fulgurante —aunque nunca definitiva— retirada de las principales potencias coloniales de buena parte de África a partir de finales de los años cincuenta. Sin ir más lejos, Francia había enlazado en 1954 la cruenta lucha de reconquista colonial en Indochina con el estallido de la guerra de guerrillas impulsada por el Frente de Liberación Nacional (FLN) en Argelia a finales de ese mismo año. No es nuestro objetivo detenernos en este conflicto, de una extrema y creciente complejidad a lo largo de los casi siete años y medio que duró. En cualquier caso, sí que vale la pena apuntar que el Estado francés consideraba la colonia argelina, ocupada desde 1830, como parte integral de la nación. Ya no solo se trataba de los intereses económicos que tenía allí, sino también del millón de personas de origen europeo que residían en dicho territorio fruto del proceso de colonización: más o menos uno de cada diez argelinos tenían sus raíces al norte del Mediterráneo. Así pues, la guerra por Argelia fue particularmente dramática debido a dos razones básicas. En primer lugar, reveló el tremendo impacto que podía llegar a tener sobre las sociedades y la política de las metrópolis una lucha contrainsurgente en las periferias imperiales, al igual que pasaría más tarde con la guerra de Vietnam en Estados Unidos (Merom, 2004). En segundo lugar, y como ocurriría también en el largo ciclo bélico de Indochina, la lucha de liberación y las políticas contrainsurgentes dieron lugar a una auténtica guerra civil. Al fin y al cabo, el Ejército francés integró a más de 200 000 musulmanes argelinos en sus filas, cuatro veces más de los que combatían en el FLN, y a la par se apoyó en milicias ciudadanas, de ahí el conflicto entre las comunidades europeas y musulmanas, pero también dentro de cada una de ellas, sobre todo la segunda (Pervillé, 2002: 132-139). En este caso, la guerra tenía raíces profundas, y se explica tanto en la segregación y marginación de la población musulmana por parte de las autoridades como a través del fragmento de Kapuściński que encabeza este capítulo: hasta 134 000 argelinos musulmanes —junto a 176 000 argelinos europeos— habían participado en la Segunda Guerra Mundial dentro de las fuerzas de la Francia Libre de Charles De Gaulle (1890-1970) (Muracciole, 1996).

Las prácticas contrainsurgentes desplegadas por los militares franceses en Argelia no eran nuevas, pero su incapacidad para poner fin al conflicto provocó una radicalización extrema en el seno de las sociedades francesa y argelina. Por lo que respecta a esta última, el clima político-social y las políticas de uno y otro bando quedaron magistralmente retratadas en La batalla de Argel (1966), la estremecedora película de Gillo Pontecorvo. La independencia de Argelia llegaría en 1962 tras el paso por la mesa de negociaciones, no sin antes dejar tras de sí un largo rastro de violencia, muerte, trauma y devastación de consecuencias muy duraderas: dos millones de argelinos musulmanes de un total de menos de nueve millones habían sido desplazados fruto de las políticas de reconcentración impulsadas por las fuerzas militares francesas, provocando un dislocamiento total de la economía; un mínimo de 152 000 soldados del FLN murieron en combate, 12 000 de ellos fruto de purgas internas dentro de la organización, que también asesinó por razones políticas a varias decenas de miles de civiles, quizás hasta 70 000; el número de paisanos argelinos de origen musulmán asesinados en el marco de las actividades contrainsurgentes superó los 50 000; por su parte, las autoridades militares establecieron una cifra de en torno a 25 000 soldados franceses caídos. Fruto de la independencia de Argelia, en torno a un millón de argelinos de origen europeo, los llamados pied-noirs, se vieron forzados a abandonar los que en muchos casos habían sido sus hogares desde hacía varias generaciones, y un número muy difícil de determinar de argelinos musulmanes, seguramente más de 50 000, fueron ejecutados bajo la acusación de colaboracionismo con las fuerzas ocupantes francesas (Horne, 1978; Evans, 2012). Así pues, lo que estaba ocurriendo en este país norafricano fue un aviso para Gran Bretaña o Bélgica cuando comenzó la oleada de independencias africanas del año 1960, que dio lugar a dieciséis nuevos estados y que siguió a las ya declaradas y reconocidas de Ghana en 1957 y Guinea Conakry en 1958.

Esto explica que el desmantelamiento de los imperios coloniales europeos en África se produjera por lo general en condiciones pacíficas, siempre dentro de procesos negociados entre las metrópolis y las élites político-sociales autóctonas, destinadas en teoría a regir el destino de sus países. No es casual que Argelia fuera en muchos sentidos pionera y excepción. Sin embargo, conviene destacar a grandes rasgos el panorama que los europeos dejaron tras de sí después de un siglo de control político y explotación económica directa del continente. En primer lugar, los avances técnicos y el capitalismo habían llevado la globalización hasta el extremo, agudizando la división internacional del trabajo y en muchos casos la completa interdependencia de las economías locales, regionales y nacionales dentro de un circuito comercial y productivo de alcance mundial. El papel que desempañaba África en todo este entramado creado durante la época colonial era servir como centro de producción y extracción de materias primas agrícolas y mineras. Es decir, debía satisfacer las crecientes necesidades de las economías industriales de las metrópolis a la par que ser un mercado donde colocar los excedentes generados allí. O dicho de otro modo: las economías africanas no solo fueron mantenidas a conciencia en un nivel de desarrollo preindustrial, que era similar a aquel en el que se encontraban antes de la conquista colonial, sino que además sus economías locales y regionales fueron en muchos casos supeditadas por medio de la imposición de monocultivos, lo cual equivale a decir destruidas. La muestra más extrema de cómo ha afectado esto al continente africano la vemos en el documental de Hubert Sauper, La pesadilla de Darwin (2004), que pone el foco en Tanzania y nos muestra el demencial circuito comercial que confluye en dicho país. Capitalismo y guerra van de la mano allí a través de la introducción en el lago Victoria de una especie depredadora muy rentable como la perca del Nilo, la destrucción de los ecosistemas locales, el comercio ilegal de armas o la prostitución.

Así pues, todas las infraestructuras y el tejido económico-productivo de los distintos territorios africanos fueron concebidos para cumplir las funciones señaladas, rompiendo en muchos casos los equilibrios precoloniales, a la par que daban lugar a problemas estructurales muy profundos y de difícil resolución que no hacían sino perpetuar la situación de dependencia frente al exterior. Sin duda los más importantes fueron las rentas bajas, derivadas del tipo de actividades productivas que se desarrollaban en África y de los precios reducidos a los que eran compradas las producciones en los mercados internacionales, lo cual derivaba a su vez en la debilidad de los mercados y en la falta de ahorro internos, una carencia frente a la cual los nuevos estados respondieron mediante el recurso a la deuda externa. Resultado: más dependencia. No es casual que las principales instituciones crediticias internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM) estén sostenidas económicamente por las principales potencias económicas, sobre todo Estados Unidos, algo que redunda en una imposición de sus intereses y condiciones a la hora de conceder sus préstamos. Las consecuencias han sido desastrosas para África, porque esta situación ha comportado un recorte cada vez mayor en gasto público y políticas sociales, fundamentales en la redistribución de la riqueza, así como la asfixia económica bajo el peso de una deuda externa exorbitante. Y todo esto no ha hecho sino agudizarse en los últimos sesenta años, sobre todo por la connivencia de las grandes potencias e instituciones internacionales con gobiernos dictatoriales que garantizaban la «estabilidad» político-social necesaria para la explotación de los recursos de los países africanos y el pago de la mencionada deuda externa.

Además, las potencias coloniales también legaron unas divisiones administrativas y fronterizas, en conjunto con unos aparatos burocráticos centralizados y monopolizados casi en exclusiva por colonos europeos, que tuvieron como corolario una dramática simplificación del mapa político-social del continente africano. Al fin y al cabo, el reparto fue ideado en el marco de las negociaciones multilaterales de 1884-1885, durante la llamada Conferencia de Berlín, que reunió a doce países europeos, a los cuales se sumaron Estados Unidos y el Imperio ruso. Por lo tanto, su fin evidente era favorecer de uno u otro modo los particulares intereses político-económicos de las potencias en cuestión. Bien mirado, el modelo que se aplicó en este caso está en relación con el enfoque racionalizador que había guiado la construcción de los nuevos estados europeos, al menos desde la Ilustración y sobre todo a partir de la Revolución francesa, donde también cohabitaban comunidades lingüísticas, religiosas y culturales distintas. Sin embargo, tras esta realidad puramente burocrática impuesta en África se escondía la enorme complejidad de las sociedades precoloniales, que en casi todos los casos se mantuvieron hasta la llegada de la descolonización, y ello a pesar de las políticas eliminacionistas implementadas en algunos casos por las autoridades imperiales. Estamos hablando de que antes del periodo colonial, abierto stricto sensu en la década de los ochenta del siglo XIX, cuando se implantaron los 48 aparatos administrativos europeos encargados del gobierno de las nuevas colonias africanas, existían unos mil estados o paraestados diferentes e independientes. Por supuesto, estos estaban mucho más ajustados a la realidad socio-cultural y étnica de las regiones bajo su soberanía, lo cual no quiere decir, claro está, que no existieran el conflicto, la explotación y la desigualdad. No obstante, la irrupción europea acabó por poner patas arriba todos los equilibrios previos, ignorando de forma deliberada la importancia de las estructuras de poder y organización social basadas en la existencia de clanes y tribus y en el peso de las relaciones familiares (Appiah y Gates, 2010: 444). De hecho, con la llegada de las independencias a partir de finales de los cincuenta se mantuvieron estas políticas, junto con las estructuras burocráticas centralizadas y las fronteras de época colonial sobre las que se sustentaban, que por tanto sirvieron como el fundamento o punto de partida de los nuevos estados.

Además, las potencias europeas dejaron tras de sí sociedades duales, con una reducida élite europeizada de entre un 1 % y un 2 % que acapararía la mayor parte de la riqueza y de las relaciones de poder, tanto en el interior de los nuevos países como en su contacto con el exterior, todo ello frente a una gran mayoría de la población sumida en la pobreza, la marginación y la impotencia más absolutas. Fueron estas mismas élites las que promovieron la independencia, con la idea de ejercer el poder en solitario, y en muchos casos ostentaron el papel protagonista en los nuevos estados surgidos de la independencia. Como hemos visto una y otra vez al abordar las políticas imperiales, las autoridades coloniales se basaron en el principio del divide et impera para prevalecer sobre las sociedades africanas, explotando a conciencia las diferencias étnicas existentes dentro de los territorios que administraban. Para ello favorecían a unos grupos en detrimento de otros, a veces a minorías, todo ello dentro de una lógica clientelar según la cual se esperaba su lealtad a cambio del pequeño espacio de poder subsidiario que se les otorgaba dentro de las colonias. Uno de los casos más representativos de las consecuencias de estas políticas es el genocidio tutsi en Ruanda a manos de diferentes grupos hutus, del cual hablaremos brevemente a la conclusión de esta obra. Por ahora lo que nos interesa destacar es que, a pesar de ser una minoría, los primeros conformaron las antiguas élites favorecidas por la administración colonial belga, frente a los segundos, mayoría dentro del país. Finalmente, como ya adelantábamos al principio, no fueron los europeos quienes enseñaron a los africanos a resolver sus problemas y conflictos por medio de la violencia, pero sí que fueron los que les dejaron dos cosas importantes: por un lado nuevas formas de guerra basadas en el armamento moderno como fuente de poder, y por otro ejércitos nacionales, casi siempre herederos de los de la época colonial, cuyos líderes se vieron a sí mismos o se convirtieron en muchos casos, a semejanza de lo ocurrido con sus homólogos de otras latitudes, en custodios de las nuevas identidades y entes nacionales. Esto explica en parte la gran profusión de golpes de Estado militares que han tenido lugar desde los años sesenta, con hasta quince entre 1963 y 1969 y veinte más en las dos décadas siguientes. Por último, ya en la posguerra fría y hasta 2005 el número de rebeliones castrenses triunfantes alcanza también la veintena (para las últimas páginas seguimos a De Sebastián, 2007: 193-206).

La imposibilidad de la independencia total: Guerra Fría, injerencia extranjera y guerra civil en el Cogo, 1960-1962

La imposibilidad de la independencia total: Guerra Fría,

injerencia extranjera y guerra civil en el Congo, 1960-1962

A la vista del escenario, podríamos afirmar que es en los países africanos, sobre todo en los del ámbito subsahariano, donde las condiciones estructurales tienen un peso más evidente, al menos a la hora de explicar la situación de guerra civil endémica o recurrente. Sin embargo, en el estallido de los conflictos la contingencia sigue jugando como siempre un papel clave. No hay duda de que en este sentido uno de los casos más complejos fue y continúa siendo hasta hoy el del antiguo Congo belga (nos referiremos a partir de ahora a este como el Congo, no confundir con la antigua colonia francesa homónima, a la que denominaremos Congo-Brazzaville). Este nuevo Estado surgido en 1960 tiene una superficie cuatro veces superior a la de toda la península Ibérica, y encierra en su seno un endiablado mapa de comunidades étnicas de lo más diverso, donde las cuatro más importantes, los kongo, los luba, los mongo y los mangbetu-azande, solo componen el 45 % de la población del país, repartiéndose el 55 % restante entre más de dos centenares de comunidades minoritarias diferentes (Appiah y Gates, 2010: 14-15). Esto habla por sí solo, aunque la cuestión étnica ni suele ser central ni por tanto debe cegarnos a la hora de explicar las causas de las guerras civiles africanas, que como cualquier conflicto armado tienen motivaciones y desencadenantes de lo más variado, cuestiones todas ellas que volveremos a ver corroboradas en los casos yugoslavo y caucásico. Finalmente, vale la pena señalar que si los abusos contra la población local fueron algo común en todos los regímenes coloniales, en el caso del Congo belga, hasta 1908 propiedad personal del rey Leopoldo II, hablamos de una posesión explotada por medio de la violencia extrema y la esclavitud. Desde luego, no es casual que inspirara la archiconocida novela autobiográfica de Joseph Conrad, En el corazón de las tinieblas (1899), que narra su viaje río Congo arriba en 1890 (para una síntesis del periodo véase Ewans, 2003).

Con las principales economías industriales en medio de su periodo económico de mayor crecimiento y en plena Guerra Fría, el recién independizado Congo devino en 1960 un lugar de interés estratégico por sus grandes riquezas minerales. Esto incluía algunas de las más importantes reservas mundiales de cobre, cobalto y uranio, localizadas en la gran región meridional de Katanga —con una extensión como la de España—, y de diamantes industriales, concentrados en el Kasai del Sur —una región del tamaño de Cataluña situada al norte de Katanga—, a lo cual había que sumar importantes yacimientos de tántalo, zinc y estaño. De hecho, la crisis interna que sufrió el Congo entre 1960 y 1965-1967, periodo en el que se concentra el primer ciclo de guerras civiles que asolaría el país, contó con la intervención activa de Bélgica en calidad de antigua metrópoli, así como también de Estados Unidos o la Sudáfrica y la Rodesia del apartheid, que buscaban preservar sus intereses en el nuevo país centroafricano y preservar el statu quo hasta donde fuera posible. Aun con todo, los intereses de cada uno de estos países eran diferentes. En el caso de Bélgica, que se encontró por sorpresa y sin planes para abordar la independencia de su colonia a finales de los cincuenta, el plan seguido se caracterizó por tratar de mantener el control sobre la economía del nuevo país de manera soterrada. Esto pasaba por establecer un régimen pro-occidental, y en último término tuvo como resultado la permanencia de los burócratas belgas en los puestos de responsabilidad clave, así como de 1000 oficiales de las fuerzas armadas de dicho país a cargo de 25 000 efectivos del Ejército del Congo, una estrategia apoyada por Estados Unidos dentro del marco de la OTAN.

Sin embargo, el espíritu del primer gobierno electo no encajaba bien dentro de este proyecto. A la cabeza se encontraba Patrice Lumumba (1925-1961), del Movimiento Nacional Congoleño (MNC), que accedió al poder en las elecciones de la primavera de 1960 aupado sobre una ácida crítica contra el dominio colonial belga y las reivindicaciones de alcance estatal, y por tanto sobre una base social interétnica e interregional, frente a lo que habían predicado la mayor parte de las fuerzas políticas. En la ceremonia para la transferencia simbólica de poderes y tras el discurso del rey Balduino (1930-1993), quien había destacado las supuestas virtudes civilizatorias del colonialismo belga, el nuevo primer ministro fue muy claro al respecto al afirmar lo siguiente ante el atónito monarca en perfecto francés:

Hemos conocido los trabajos agotadores, exigidos a cambio de un salario que no nos permitía satisfacer nuestra hambre, vestirnos y alojarnos de forma decente o educar a nuestros hijos como seres queridos. Hemos conocido ironías, insultos, golpes que debíamos sufrir, mañana, tarde y noche, por el solo hecho de ser «negros» […]. Hemos visto cómo se nos despojaba de nuestras tierras en nombre de unos textos supuestamente legales que solo reconocían la ley del más fuerte. Hemos visto cómo la ley no era la misma según debiera aplicarse a un blanco o a un negro (cit. en Sanz, 1998: 50-51).

Como decíamos, el objetivo de la antigua metrópoli no era otro que monitorizar el proceso de transición posterior a la independencia, y para ello contaba con la sumisión del Ejército y el control del aparato burocrático, a la par que se buscaba desactivar a los nuevos líderes políticos congoleños con una política de reconocimiento y recompensas materiales. De hecho, la administración estaba en manos de 10 000 belgas que ocupaban los principales cargos, ello frente a la práctica exclusión de casi todos los congoleños. Paradójicamente o no, el gobierno belga no contaba con que los soldados y suboficiales del antiguo Ejército colonial no iban a aceptar este régimen de sumisión en el marco de un Congo independiente, que además se sumaba a los bajos salarios y a las duras condiciones en las que servían. Así fue como en la primera semana de julio, durante los primeros días del primer gobierno poscolonial, se produjo una revuelta dentro del Ejército congoleño, forzando la dimisión del que había sido desde 1954 su comandante, Émile Janssens (1902-1989). Este veterano de la Segunda Guerra Mundial, que había combatido en los teatros africano y europeo, estuvo al mando de las tropas encargadas de reprimir los disturbios nacionalistas que estallaron en enero de 1959 en Leopoldville (Kinsasa desde 1966), la capital del Congo, acabando con la vida de varias decenas de personas, aunque probablemente las cifras alcancen algunos centenares (Zeilig, 2008: 70). El caso es que estos hechos marcaron un punto de inflexión en el camino de la colonia hacia la independencia y, aparte de dejar manchadas de sangre las manos de Janssens, pusieron de manifiesto la cosmovisión nacionalista y colonialista de este oficial, que llegada la independencia no contribuyó en nada a hacer el proceso viable. De hecho, en un discurso dirigido el 5 de julio a soldados del nuevo Ejército congoleño bajo su mando se expresó en los siguientes términos:

Como siempre os he dicho, la disciplina y el orden se mantendrán como siempre se ha hecho. La independencia trae cambios para políticos y civiles, pero para vosotros nada cambiará. […] Ninguna de vuestras autoridades puede cambiar la estructura de un ejército que a lo largo de su historia ha sido el más organizado y el más victorioso en África. Los políticos os han mentido (Zeilig, 2008: 103).

Estas declaraciones pronto se conocieron en todas las guarniciones del Congo gracias al eficaz sistema de comunicaciones militares dentro de la colonia, provocando un motín generalizado dentro del Ejército al día siguiente. Aunque por lo que respecta a este punto solo podemos especular, un discurso de esta naturaleza podría hacer pensar que, lejos de ser el fruto de una mentalidad recalcitrante, tenía como objetivo provocar una insurrección que diera lugar al marco adecuado para una intervención belga mucho más directa. No por casualidad, tras su regreso a Bélgica Janssens estuvo muy implicado en movimientos de extrema derecha y mantuvo estrechos vínculos con grupos neocoloniales. Sin embargo, lo que más nos importa aquí es que Lumumba había quedado gravemente señalado por las declaraciones infundadas del oficial belga, tal y como se pone de manifiesto en un comunicado debido a suboficiales congoleños publicado al día siguiente:

Estamos estupefactos ante la visión de nuestros hermanos africanos olvidándose de nosotros. […]. El señor Lumumba nos juzga como incapaces de tomar el puesto de los oficiales blancos. Querido Lumumba, amigo de los europeos, te garantizamos la ruina infernal de tu autoridad mientras sigas insultándonos al tratarnos como ignorantes e incapaces de asumir el puesto de tus hermanos blancos (Young, 1966: 35).

De inmediato se tomaron medidas desde el gobierno para poner en marcha la africanización del Ejército, pero aparte de que el mal ya estaba hecho, las nuevas autoridades independientes no tuvieron apenas capacidad de decisión en el nombramiento de los nuevos oficiales, lo cual derivó en una pérdida de control sobre estos, con consecuencias fatídicas tanto a corto como a largo plazo. Por razones similares, el descontento se apoderó de los funcionarios congoleños de bajo rango, que también vieron vetado su acceso a los beneficios de la independencia. En este caso se les exigía tener estudios superiores para asumir altos cargos, hasta entonces fuera del alcance de la mayor parte de los autóctonos. Por supuesto, esta situación fue fruto de las políticas de dominación colonial impuestas por las autoridades belgas, pero en último término sus consecuencias explotaron en las manos de los mandatarios del nuevo Estado, obligados a lidiar con ellas. De hecho, así se explica en no poca medida la entrada en barrena de muchos países africanos tras la independencia, así como también el neocolonialismo y las guerras civiles que estallaron por todo el continente: era poco menos que imposible establecer de la nada un aparato burocrático eficiente completamente nuevo. En el caso del Congo la situación alcanzó una dimensión dramática cuando la mayor parte de los altos funcionarios de la administración colonial decidieron acogerse a la oferta de evacuación del embajador belga, tras reconocer la imposibilidad de garantizar la seguridad de los europeos frente a la primera oleada de abusos y humillaciones que sufrieron en la primera quincena de julio. En apenas dos semanas el nuevo gobierno había perdido el sistema nervioso central del aparato burocrático estatal en un país vastísimo y muy difícil de vertebrar, algo que hizo imposible la implementación de políticas y medidas por parte del gobierno (Young, 1966: 35).

Por si esto fuera poco, alguien como Lumumba, partidario de promover la independencia real del país frente a las injerencias de poderes extranjeros y de sumarse a las potencias no alineadas y panafricanistas, pronto se encontró con la oposición de las principales potencias occidentales, más aún en el escenario de la Guerra Fría (Cole, 2006). Esta alianza de intereses acabó incluyendo a Israel, que dentro de su política exterior dirigida a romper con su aislamiento internacional consideraba sus relaciones con el Congo como una cuestión de vital importancia. Por su parte, los países europeos y Estados Unidos temían ver perjudicados sus intereses económicos por el surgimiento de un contrapoder con el potencial del nuevo país centroafricano o, peor aún, asistir a una nueva expansión del comunismo. De hecho, las injerencias exteriores no se hicieron esperar: arrogándose el derecho a intervenir para proteger la vida e intereses de la población belga, el Ejército colonial se desplegó en Katanga con el apoyo de los gobiernos francés, británico y estadounidense. También hubo actores locales que aprovecharon el desorden provocado por el precipitado desmantelamiento del régimen colonial para promover sus propias agendas políticas. Cuando aún no habían pasado ni dos semanas desde la proclamación de la independencia congoleña, y bajo el pretexto de anticiparse a la amenaza de un golpe comunista, Moïse Tshombe (1919-1969) declaró la independencia de esta importante región minera, privando de inmediato al nuevo Estado del 40 % de sus ingresos en materia de impuestos y el 50 % en lo referido a exportaciones. Una vez más, como ocurría por entonces en el Sureste asiático, nos encontramos en un proceso liminal como el de la descolonización y su consecuencia más evidente: la lucha por un nuevo reparto del poder y la riqueza entre las nuevas élites, y de estas frente a las viejas, siempre buscando explotar el escenario internacional en beneficio propio. Así pues, las antiguas potencias coloniales europeas, Estados Unidos e importantes corporaciones mineras apoyaron la secesión de Katanga, proporcionando a sus autoridades asistencia militar y financiera (Young, 1966: 35; Levey, 2003: 18-19; algunos autores han categorizado la política estadounidense como pseudocolonialismo, David, 2013).

La autoproclamada república fue el único territorio del Congo poscolonial donde se mantuvo una administración eficiente gracias a la permanencia de los funcionarios belgas de alto nivel. Por su parte, países como Rodesia y Sudáfrica, basados en la segregación y marginación de la población negra, y Portugal, todavía en posesión de sus colonias de Angola y Mozambique, en las cuales estallarían sendas guerras de liberación en 1961, pretendían evitar la extensión del nacionalismo africanista, que ponía en peligro el control sobre sus propias poblaciones y posesiones. De hecho, en el caso de los dos primeros países lo ocurrido en el Congo tuvo un impacto irreversible sobre la opinión pública. Tanto es así que aceleró los debates y radicalizó las posturas de las facciones políticas en torno a la necesidad de mantener el apartheid o acabar con él, algo alimentado por la llegada de refugiados blancos procedentes de la antigua colonia belga y por el impulso que experimentó el panafricanismo en todo el continente (Passemiers, 2016). Por otro lado, los gobiernos belga, británico y estadounidense buscaban condiciones favorables para la explotación de los recursos mineros de Katanga, con sus vitales yacimientos de uranio en plena carrera armamentística nuclear, para lo cual apoyaron la secesión de dicha región. De inmediato entraron en escena mercenarios blancos de origen africano y belga, así como veteranos de las guerras de Indochina y Argelia, esta última todavía en curso. Menos de dos meses después, y con los mismos apoyos, el Kasai meridional se sumó a la deriva secesionista de Katanga, aliándose con esta república autoproclamada (Schmidt, 2013: 58-60). En ambos casos, la historiografía ha puesto de manifiesto hasta qué punto las élites de ambos movimientos secesionistas perseguían agendas propias y trataron de servirse de los intereses y conflictos internacionales para alcanzarlas, revelando una vez más la necesidad de poner en cuarentena la idea tradicional que tenemos de los supuestos estados títeres o subsidiarios. Al fin y al cabo, las narrativas que han tendido a ver lo ocurrido en el Tercer Mundo como el fruto exclusivo de intereses externos han condicionado sobremanera nuestra comprensión del pasado. Sin lugar a dudas, estos discursos siguen suponiendo a día de hoy una simplificación dramática del mapa político-social, a la par que ocultan los intensos debates y la gran variedad de proyectos que se plantearon en su día para el futuro del continente dentro de las propias sociedades africanas, tanto al final de la época colonial como durante la descolonización (Larmer, 2014; Gerard y Kuklick, 2015; Kennes y Larmer, 2016).

Entre los hombres que optaron por la vía de la lucha armada se encontraba Jean Schramme (1929-1988), un flamenco de buena familia que, fascinado por el poder de atracción del África colonial belga, llegó al Congo con dieciocho años recién cumplidos, acabada la Segunda Guerra Mundial. Sin lugar a dudas, su relato está atravesado por graves deformaciones en lo que respecta a la narración de los hechos acontecidos en esta antigua posesión belga durante los años sesenta, además de mostrar una visión completamente acrítica del colonialismo. De hecho, no tenía ambages en señalar que «no veo lo que puede haber de humillante para los africanos en considerar a sus hermanos blancos como a unos padres… Con la mayor naturalidad, los campesinos de Maniema continúan llamándome “papá”». Esto es una buena muestra de hasta qué punto la educación y los valores de muchos europeos estaban imbuidos por la lógica, la naturalidad y el supuesto carácter benefactor de su dominio sobre los pueblos colonizados, incapaces de ver en muchos casos cualquier otra dimensión del fenómeno. No obstante, las memorias de Schramme tienen un gran valor por cuanto nos ponen ante la mentalidad, las emociones y motivaciones de un colono de primera generación que se veía como un hombre hecho a sí mismo, orgulloso de presentarse como conquistador de la naturaleza y agente civilizador. Los mejores años de su vida, los de su juventud y entrada en la edad adulta, aparecen asociados al Congo, de ahí la nostalgia constante presente en la narración de su experiencia, a pesar de no ser un colono nacido en ultramar. Este hombre, que llegó a poseer sus propias plantaciones de café, caucho, cacao y cocoteros al este de Stanleyville (actual Kisangani), no veía trampa ni cartón en su dominio sobre las tierras que explotaba. Desde el punto de vista occidental había pagado por ellas y las había hecho prosperar, de manera que su tenencia no solo era legítima, sino benefactora para con los propios autóctonos. De ahí que no tuviera reparos en presentarse como «soberano absoluto de aquel reino. […]. A los veintisiete años, yo poseía cerca de 1500 hectáreas y gobernaba a más de mil obreros. ¿Por qué ocultar que era feliz? Era realmente un africano» (Schramme, 1970: 20-26). Para él nada había de extraño en el escenario político-social y económico-cultural que había hecho posible su situación de privilegio a tan temprana edad. Por eso, el estallido de la guerra en el Congo le llevó a contraponer lo que a sus ojos era la Arcadia feliz del colonialismo belga frente a la anarquía, al supuesto salvajismo o la sed de sangre de Lumumba, que en su relato aparece como el único culpable de todo lo ocurrido tras la proclamación de una independencia que malogró toda la obra europea en el país. Sin entrar realmente en las razones que generaron el escenario de caos, lo cierto es que Schramme, como muchos otros colonos europeos, se vio obligado a huir ante el peligro para su vida.

Así pues, como ha sido habitual a toda la historia del colonialismo, a la ambición de riquezas y prosperidad se sumaba una suerte de mesianismo autojustificador donde la misión de los europeos y sus fortunas africanas se atribuían a los designios superiores del dios cristiano, así lo expresa con toda claridad Schramme en sus memorias (1970: 59-60). Y lo cierto es que muchos de estos hombres creían en la justicia y necesidad de su lucha, de lo contrario no habrían optado por tomar las armas. Sea como fuere, de vuelta a la arena internacional, la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos propició la intervención de un contingente de la ONU que alcanzó hasta los 20 000 hombres, con efectivos procedentes de lugares tan dispares como Canadá, Suecia, Etiopía, Ghana, Nigeria, India, Egipto, Irlanda y Malasia, a la par que contaba con el apoyo logístico de hasta treinta países. Al contrario del desplegado en Corea, estas tropas constituyeron la primera fuerza de relieve destinada al mantenimiento de la paz bajo el presupuesto de la neutralidad, un precedente para muchas de las guerras civiles que estaban por venir. Esto comportaba dos consecuencias inmediatas: la retirada de las tropas belgas, cuya presencia en el Congo suponía una clara violación de la soberanía de un país independiente, y el impulso de las negociaciones para la estabilización de la región y la consecución de la paz. El acuerdo de las dos superpotencias en la puesta en marcha de esta misión tuvo mucho que ver con la disputa por el reconocimiento internacional, y por tanto con el deseo mutuo de evitar que el enemigo se viera legitimado como abanderado de la lucha contra el colonialismo. Sin embargo, la prevalencia de Estados Unidos dentro de la ONU favoreció que dicho país fuera quien estuviera a cargo de la planificación de las operaciones, al tiempo que se convertía en su más importante financiador, todo ello bajo la máscara de la cooperación internacional. Así las cosas, con Jruschov y su política de disensión al frente, la Unión Soviética se movía en un escenario internacional complicado, porque a la par que buscaba legitimidad apoyando la misión de la ONU criticaba a dicho organismo. Su objetivo aquí era tratar de ganarse la simpatía de los estados asiáticos y africanos, mostrándose como abanderado de la lucha contra el colonialismo y el imperialismo, al tiempo que evitaba la confrontación en un teatro periférico donde apenas tenía arraigo e influencia. Mientras tanto, el propio gobierno de Lumumba, que había sido el que había solicitado el envío del contingente de la ONU para restablecer la paz y la integridad territorial en el Congo, se veía sin margen de maniobra ante la falta de apoyos en el exterior. El líder congoleño y sus colaboradores no tardaron en comprender que la misión internacional tenía como principal fin preservar los intereses occidentales en el país centroafricano, algo que el primer ministro pudo constatar durante la gira que llevó a cabo en el verano por Norteamérica y Europa, donde se le negó cualquier tipo de asistencia (Schmidt, 2013: 60-62).

Fracasados los contactos con Occidente, a mediados de agosto Lumumba buscó un acuerdo bilateral con la Unión Soviética para conseguir los medios y el asesoramiento con los que combatir el secesionismo al sur del país. Y aunque el apoyo soviético fue muy limitado y no incluyó recursos militares, aquellos contactos fueron suficientes para confirmar a ojos de las potencias occidentales el supuesto peligro de infiltración del comunismo en el país centroafricano, desde donde podría extenderse por todo el continente. Desde el punto de vista internacional hay que tener en cuenta que por aquel entonces Cuba estaba consolidando su acercamiento político a la Unión Soviética, en buena medida motivado por la necesidad de superar los efectos del embargo estadounidense. Al mismo tiempo, la situación en Indochina no hacía sino agravarse de forma progresiva, con la reactivación y el recrudecimiento cada vez mayor de la guerra de guerrillas en la RV o el estallido de la guerra civil en Laos. Todos estos hechos contribuyeron a intensificar la paranoia en Occidente frente a la supuesta pujanza del comunismo a nivel mundial, un análisis que partía una vez más de una clara sobreestimación de la capacidad de influencia de la Unión Soviética y que tenía mucho que ver con la guerra propagandística impulsada al calor de la carrera espacial y armamentística. Así pues, un conflicto interno en una periferia imperial había vuelto a provocar importantes movimientos en el ámbito de las relaciones internacionales.

En este contexto tuvo lugar uno de los episodios más flagrantes de injerencia occidental en los asuntos internos de un país del Tercer Mundo, algo que por lo que respecta a África se iba a convertir en la norma desde entonces. Azuzados por sus aliados katangueños y convencidos del peligro que Lumumba representaba para sus intereses, los gobiernos belga y estadounidense pusieron en marcha diversos planes para asesinar al primer ministro. Existía miedo a que limitarse únicamente a apartarlo del poder y dejarlo con vida pudiera suponer un motivo de conflictos políticos permanentes en el Congo, dada la popularidad de la que gozaba entre los ciudadanos del país. Así pues, tras diversas maniobras políticas fallidas, Bélgica y Estados Unidos consiguieron coordinar el 14 de septiembre un golpe de Estado exitoso con el comandante del Estado Mayor del Ejército congoleño Joseph-Désiré Mobutu (1930-1997), antiguo miembro del MNC y mano derecha de Lumumba. De hecho, vale decir que las últimas investigaciones sobre este acontecimiento tienden a distanciarse de la evolución posterior del militar para demostrar que actuó movido por el deseo real de resolver la crisis provocada por el colapso del Estado, y que para ello entregó el poder a una junta civil compuesta por individuos con formación superior (Gerard y Kuklick, 2015).

En cualquier caso, la toma de partido de la ONU en favor de los golpistas fue escandalosa. No solo se pagaron los salarios de las unidades comandadas por Mobutu, siempre con el fin de mantenerlas como una fuerza de combate efectiva al servicio de Occidente, sino que coartaron cualquier intento de Lumumba por romper con su arresto domiciliario y movilizar a sus apoyos sociales, a la vez que le retiraron el reconocimiento a su delegación en la Asamblea General. A pesar de las amargas protestas de los países no alineados ante estas maniobras, a lo cual se sumó la petición de dimisión dirigida por la Unión Soviética al entonces secretario general de la ONU, el sueco Dag Hammarskjöld (1905-1961), los gobiernos panafricanistas de Ghana y Guinea no fueron más allá de las declaraciones formales y no sumaron fuerzas de forma abierta con Moscú para evitar verse perjudicados (Hobbs, 2014; Larsson, 2017). A la vista de lo que había ocurrido en Corea y de lo que estaba pasando por entonces en Indochina o Argelia, los presidentes electos de estos dos países africanos, Kwame Nkrumah (1909-1972) y Ahmed Sékou Touré (1922-1984), partidarios de preservar la independencia de sus países a toda costa frente a las injerencias externas, temían la posibilidad de una intervención armada de Occidente en África. Desde el principio, ambos líderes habían experimentado dificultades para desarrollar políticas independientes y favorables a sus países, manteniendo al margen los intereses exteriores y preservando intacta su soberanía. Esto explica que, entre otras cosas, fueran partidarios de superar las limitaciones y dependencias mediante la cooperación activa entre los nuevos estados africanos. En cualquier caso, muy pronto ambos se vieron obligados a jugar a dos bandas con la Unión Soviética y Estados Unidos con el fin de conseguir los medios y las mejores condiciones posibles para impulsar sus políticas desarrollistas y modernizadoras. Nada de ello fue óbice para que paralelamente dieran su apoyo material y político a las guerrillas del Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde en su lucha frente al dominio colonial portugués. Esta comenzó ya en 1960, y se intensificó de forma dramática a partir de 1962, en cooperación con otras fuerzas anticoloniales como el Frente de Liberación de Mozambique o el Movimiento Popular para la Liberación de Angola. Así pues, África se encontraba por aquellos años en estado de ebullición a causa de las luchas por la independencia, en las cuales confluían movimientos y proyectos de toda clase. De hecho, junto a otros sucesos decisivos de la época como la frustrada invasión anticastrista de Cuba en 1961 apoyada por la CIA, lo ocurrido en el Congo propició la aparición de un discurso y una suerte de frente antiimperialista en el hemisferio sur que no haría sino reforzarse al calor de los acontecimientos en Indochina (Mohan, 1969: 405-406; Henighan, 2009).

No obstante, el equilibrio de poderes a nivel regional estaba cambiando rápidamente, así como también las relaciones internacionales. Acababan de entrar en la ONU dieciséis nuevos países africanos, lo cual comportó un aumento de los partidarios y defensores de Lumumba dentro de la Asamblea General, a los cuales se sumaban otros países latinoamericanos y asiáticos. Tal llegó a ser la situación que el contingente internacional a cargo de la custodia del depuesto primer ministro, que incluía a soldados ghaneses, se negó a entregarlo a los soldados de Mobutu. En cualquier caso, la suerte se puso de cara para los intereses belgas y estadounidenses cuando a finales de noviembre Lumumba escapó con la idea de alcanzar Stanleyville, al noreste del país, uno de sus principales feudos electorales y el lugar que había escogido para dar continuidad al gobierno legítimo. A partir de aquí, tanto la CIA como los servicios de inteligencia belgas llevaron a cabo un rastreo intensivo que culminó con la captura del líder congoleño a principios de diciembre. Temeroso de que la llegada al poder de Kennedy a principios de 1961 pudiera derivar en un cambio de enfoque respecto al malhadado primer ministro, el gobierno belga presionó a Mobutu con el apoyo de la CIA para que entregara a Lumumba a las autoridades secesionistas de Katanga. Finalmente, el 17 de enero fue torturado y asesinado de forma atroz en presencia de la prensa internacional y de los oficiales belgas al mando de las fuerzas militares katangueñas: había nacido un mártir moderno (De Witte, 2002). Así pues, como vemos, la sombra de Bélgica sobre la región fue muy alargada y tuvo consecuencias desastrosas, pero no menos la de Estados Unidos, cuya imagen quedó gravemente dañada por lo ocurrido a lo largo del primer medio año de independencia en el Congo (Cole, 2006).

Todo esto derivó en un cambio de estrategia por parte de la administración Kennedy, que muy pronto cobró conciencia de que apoyar el mantenimiento del viejo orden colonial mediante métodos de dudosa moral y carentes de legitimidad solo iría en contra de los intereses político-económicos estadounidenses. Así pues, a partir de ese momento el enfoque de la superpotencia pasó por el apoyo a los movimientos nacionalistas no comunistas, en la convicción de que estaban destinados a jugar un papel decisivo en el futuro de África. En lo que respecta al Congo esta política tuvo como resultado el apoyo militar y económico al gobierno de Mobutu, con el adiestramiento de combatientes congoleños en Estados Unidos y el envío de aviones de combate pilotados por cubanos anticastristas. Sin embargo, por entonces los acontecimientos ya estaban fuera de control en el país centroafricano. De hecho, cinco días antes del asesinato de Lumumba su viceprimer ministro, Antoine Gizenga (1925-), proclamó en Stanleyville la República Libre del Congo (RLC), que fue reivindicada como sucesora legítima del derrocado gobierno y única depositaria de la soberanía del pueblo congoleño. Muy pronto consiguió concentrar un importante contingente militar de 6000 hombres leales al legado de Lumumba, llegados junto al también depuesto comandante en jefe del Ejército congoleño, Victor Lundula, que consiguió escapar con sus tropas al noreste del país. Así pues, a la altura de febrero de 1961 las fuerzas de la RLC controlaban buena parte del Congo Oriental, aunque el gobierno de Gizenga fue incapaz de establecer unas estructuras estatales sólidas sobre el territorio bajo su control, y por tanto siguió siendo muy dependiente del aparato administrativo provincial. Esto fue en perjuicio de las autoridades, que se vieron incapacitadas para recaudar de forma efectiva los impuestos con los que financiar su esfuerzo de guerra, dejando al país muy dependiente del apoyo financiero exterior, en este caso de la Unión Soviética. Mientras tanto, las fuerzas militares belgas también siguieron operando en la región hasta mediados de 1962 desde sus posesiones coloniales en Ruanda-Urundi, justo en la parte central de la frontera oriental del Congo y en el mismo flanco de la RLC, algo que unido al asesinato de Lumumba propició el estallido de brotes de violencia contra la comunidad europea de Stanleyville y la expulsión de muchos de ellos ese mismo mes de febrero (Willame, 1972: 71). No obstante, tras perderlo todo y a pesar de que Bélgica nutrió de armas generosamente a los mercenarios como él, muchos colonos como Schramme se sintieron traicionados por la metrópoli tras renunciar a su dominio sobre el Congo y abandonarlos a ellos y a la colonia en el más absoluto caos, situación que las autoridades metropolitanas y coloniales habían contribuido a crear (Schramme, 1970: 55 y 68).

Entretanto, en Leopoldville la administración Kennedy dio su apoyo a un aliado incondicional de Estados Unidos, Cyrille Adoula (1921-1978), que se convirtió en primer ministro a pesar de contar con escaso apoyo popular, y menos aún frente a Gizenga, cuyo régimen había sido reconocido como el único legítimo por varios estados africanos, asiáticos y del bloque comunista. De hecho, los acontecimientos en el Congo permitieron a la Unión Soviética ganar una influencia sobre el continente con la que jamás podría haber soñado de otro modo. Y por mucho que los proyectos soviéticos para África pronto se revelaran irrealizables, su creciente interés por los asuntos de la región condicionó por completo la estrategia de Estados Unidos y sus aliados, muy marcada como siempre por la desconfianza y el desconocimiento mutuos, al tiempo que propició la radicalización de no pocos movimientos políticos autóctonos (Namikas, 2013: 11). Esto hizo que en el verano de 1961 Adoula fuera forzado a incluir en su gabinete a varios seguidores del difunto Lumumba, incluido Gizenga, que se convirtió en su viceprimer ministro.

Dar estabilidad a este nuevo gobierno era algo fundamental dentro del nuevo enfoque promovido por la administración Kennedy, sobre todo de cara a conseguir garantizar la integridad territorial del Congo. En definitiva, se trataba de evitar la proliferación de conflictos secesionistas por toda África, algo que podía dar lugar a una situación incontrolable y perjudicial para los intereses estadounidenses. Así pues, el corolario lógico de esta política tenía que ser por fuerza la supresión de la república secesionista de Katanga, un objetivo que no obstante encontró la oposición de la oficina para asuntos europeos dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos, que contaba con el apoyo del Pentágono. En pleno apogeo de la lucha por los derechos civiles, que no haría sino crecer a lo largo de la década, este grupo de presión estaba integrado por políticos y misioneros partidarios de la segregación racial en Rodesia, Sudáfrica y Estados Unidos, así como empresarios e industriales con intereses en dicha región y otras del entorno. Todos ellos temían que un Congo unido y fuerte pudiera poner en cuestión sus intereses (Schmidt, 2013: 69). A pesar de todo, la operación se preparó a lo largo del otoño, y la administración Kennedy envió los medios militares necesarios para ello.

Se mire por donde se mire, el escenario no era excesivamente alentador. El caos producido por el colapso del Estado y la injerencia exterior, así como el apoyo inicial a las regiones secesionistas acabó dando lugar a una enorme fragmentación del poder político en el conjunto del país. La consecuencia más evidente fue la aparición de caciques locales y señores de la guerra surgidos del propio Ejército congoleño, quienes crearon sus propios feudos amparados en las lealtades étnicas y regionales. La muerte de Lumumba fue decisiva en este sentido, pues hizo que el MNC perdiera su capacidad amalgamadora y representativa como fuerza política interétnica de alcance estatal, lo cual alimentó las dinámicas centrifugas dentro del territorio del Congo. Además, la debilidad endémica y la parálisis del gobierno de Adoula llevó a Gizenga y a los lumumbistas a abandonarlo en el otoño de 1961, retomando la vía de la lucha armada para intentar derrocarlo desde las provincias orientales y poder reconstruir el Estado según su criterio. No obstante, a pesar de contar con el apoyo de las autoridades provinciales, los lumumbistas fueron derrotados en enero de 1962 en Stanleyville por las fuerzas del gobierno de Leopoldville. Estas estuvieron comandadas por el propio Lundula, que se había pasado de bando ante los repetidos fracasos político-militares de Gizenga, una operación para la cual contó con la ayuda de las fuerzas de pacificación de la ONU. Mientras tanto, aunque durante los doce meses siguientes fueron sofocadas las intentonas secesionistas de Kasai del Sur, en septiembre de 1962, y de Katanga, en enero de 1963, la paz estaba lejos de ser una realidad en un país empobrecido por la guerra y por la corrupción endémica de sus autoridades y del funcionariado. Como es obvio, todo ello causaba un profundo malestar social.

Del Congo a Zaire: entre el Estado fallido en guerra civil perpetua y la dictadura cleptocrática, 1963-1997

Del Congo a Zaire: entre el Estado fallido en guerra civil

perpetua y la dictadura cleptocrática, 1963-1997

Los problemas no harían sino ir en aumento con la muerte de Kennedy, que propició un cambio en el enfoque seguido por Estados Unidos respecto al Congo, dados los apoyos de Johnson, que en parte se sustentaban en el lobby demócrata partidario de la secesión de Katanga y del mantenimiento de la segregación racial. Sin embargo, también hay autores que defienden que la nueva administración actuó muy limitada por los errores de Kennedy y su equipo, que paradójicamente y a pesar de buscar promover un Estado liberal democrático conspiraron contra Lumumba y sus sucesores, electos en las urnas (Mountz, 2014a).

Más allá de estos debates, vale la pena detenerse a pensar en las posibles causas de la corrupción, que en buena medida están muy relacionadas con las condiciones dramáticas en las cuales se produjo el tránsito del Congo hacia la independencia, haciendo de este un Estado fallido casi desde el primer momento. Por un lado, las necesidades de apoyo social de cada líder y proyecto político enfrentados entre sí, y por otro la secesión de Katanga y Kasai del Sur, obligaron a las nuevas autoridades a compartir los réditos del poder y la independencia, creando así nuevos aparatos administrativos a menudo hipertrofiados y poco eficaces por la falta de formación de aquellos situados al frente. No es casualidad que el de Adoula fuera conocido como el «gobierno elefante», dado su tamaño desorbitado. De hecho, muy pronto el funcionariado se volvió muy celoso de su autoridad, manifestando a su vez una marcada hostilidad ante la misma existencia de partidos políticos con diferentes programas, por el simple hecho de que pudieran pretender cambios en la estructura del Estado, una racionalización administrativa o un cuestionamiento de su recién adquirido espacio de poder. Esto hizo que el país se tornara extremadamente impermeable ante posibles intentos de democratización, a la par que constituyó un estímulo para las luchas entre facciones la proliferación de grupos de intereses distintos, al tiempo que la fuerza y la violencia cobraban un papel central en la imposición de la autoridad. Así pues, es posible que la extrema rapacidad de las nuevas élites políticas y funcionariales se explique en base al clima de provisionalidad e incertidumbre generado por el afloramiento de los conflictos armados y los constantes abusos de poder, un marco de excepción permanente en el que cada cual se creyó legitimado para sacar el máximo provecho, porque quién sabía cuándo tendría otra oportunidad o qué le depararía el futuro en aquellas circunstancias. Es ilustrativa al respecto la visión del médico de origen turolense Joaquín Sanz Gadea (1930-), quien tomó parte en el contingente sanitario de la ONU desde el inicio al final de las guerras civiles del Congo en los años sesenta:

Iba dándome cuenta poco a poco de que me encontraba en un país dominado por el caos, la penuria, el analfabetismo y la indisciplina, tanto civil como militar. Casi todos, al sentirse independientes de Bélgica, querían ser jefes de algo. Todos querían ocupar cargos importantes, tener varias mujeres, viviendas suntuosas, coches americanos y recibir el trato de excelencia. En las fiestas privadas corría el champaña y el whisky, bebidas que solo un año antes resultaban prohibitivas por su precio. Ahora, sin embargo, los nativos que habían accedido a cargos de cierta importancia como consecuencia de la huida de funcionarios europeos, prodigaban las bebidas más sofisticadas con la misma generosidad que el agua, ante la mirada sorprendida y misericorde de los pocos blancos civiles que habían permanecido en la ciudad. […]. La impresión general que recibía uno al entrar en contacto con estos «nuevos ricos» era que la desorganización se había apoderado de la vida del Congo (Sanz, 1998: 45-46).

Al trabajar el testimonio del galeno español ocurre algo similar que con el de Schramme, con quien no difiere mucho en sus visiones: hay que cribar cuidadosamente entre las generalizaciones, la simpatía por el colonialismo belga, el paternalismo y los prejuicios racistas o el supremacismo blanco que atraviesan toda su obra, mostrando muchas veces a los congoleños como propensos al exceso y a los europeos como poco menos que santos. Pero más allá de eso, es cierto que por las razones señaladas más arriba la corrupción sistémica ha acabado caracterizando la cultura y praxis política del Congo, contribuyendo a explicar también el largo ciclo bélico del último cambio de siglo, del cual hablaremos más in extenso al final de este libro. Como es evidente, los principales perjudicados por esta situación son los civiles sin conexiones con el poder, lo cual en muchos casos acaba por empujar a muchos a empuñar las armas como forma de autodefensa y de ganarse la vida, una realidad que vino favorecida en los años sesenta por el paro masivo y la caída de los salarios. Todo ello ha dado lugar a esa lógica de la pescadilla que se muerde la cola magistralmente reflejada por Sauper en el ya mencionado documental La pesadilla de Darwin (Young, 1966: 36 y 38).

Por el camino, y con la bendición del difunto Kennedy, Mobutu había impuesto la ley marcial en todo el país en octubre de 1963. Su objetivo era aplastar la oposición, que pronto adoptó la forma de revueltas populares generadas por el enorme descontento que causaban las prácticas cleptómanas del poder central. Estas movilizaciones fueron capitalizadas y organizadas en enero de 1964 por Pierre Mulele (1929-1968) desde los valles de Bapende y Bambundu, cubiertos por tupidas masas forestales. Este antiguo ministro de Educación del gobierno de Lumumba y representante en Egipto del movimiento autoproclamado como continuador de su obra política, el llamado Comité Nacional de Liberación del Congo, recibió formación militar en China junto a otros jóvenes congoleños a lo largo del año 1963 basada en los principios de la guerra de guerrillas (Ogunsanwo, 1974: 175). La firme apuesta del Estado comunista chino por la defensa de las luchas de emancipación colonial y la propagación de la revolución no solo se restringía a Asia, sino que ya alcanzaba por aquel entonces el continente africano. Tal era el caso de la revuelta encabezada por Mulele, conocida como kwilu por la región centro-occidental homónima en la cual se concentró y de la cual era original su líder, situada a unos setecientos kilómetros al este de la capital del país. Esta acabó confluyendo con la llamada revuelta de los simba, iniciada poco después en las siempre díscolas y expuestas regiones orientales del país, marginadas por las autoridades centrales y objeto de deseo de los países vecinos. Antes de eso, siguiendo los principios aprendidos en China, sus acciones habían estado dirigidas sobre todo contra objetivos estratégicos en el ámbito rural, como las autoridades gubernamentales, las misiones religiosas y los molinos de aceite de palma, aunque su éxito quedó coartado por el miedo de ciertos grupos étnicos a que la revuelta acabara siendo dirigida contra ellos (Fox, De Craemer y Ribeaucourt, 1965; Young, 1966: 39-40). Por su parte, la lucha de los simba había sido organizada por el Consejo Nacional de Liberación, que había agrupado en el exilio a otros antiguos seguidores de Lumumba de perfiles muy diferentes, como Nicolas Olenga, Gaston Soumialot, Christophe Gbenye (1927-2015) y Laurent-Désiré Kabila (1939-2001), y en muy pocas semanas se hizo con el control de los territorios controlados en su día por la RLC, expandiéndose incluso más allá de estos (Nzongola-Ntalaja, 2007: 132-133).

Al contrario que la rebelión de Kwilu, la impulsada por los simba sí que se concentró en la toma de las poblaciones medias del Congo Oriental, integrando en sus filas a elementos étnicos de lo más diverso. De hecho, cada vez que se conquistaba un nuevo núcleo habitado se ponía en marcha el reclutamiento de nuevos efectivos, todo ello en el marco de ceremonias de iniciación donde se explotaron a fondo las creencias populares y la magia ritualizada. Sobre estas bases tuvo lugar la rápida expansión de la revuelta, hasta que salió fuera del área de influencia tradicional del lumumbismo. Esto explica en parte también el fracaso de los simba, que dentro del equilibrio de lealtades político-sociales del Congo empezaron a encontrarse con una resistencia más seria a partir de ese momento. Tampoco ayudaron en nada los excesos cometidos por los rebeldes dentro de la gran dispersión de la lucha armada, que posiblemente causaron hasta 20 000 muertos, además del saqueo indiscriminado de los recursos de una población civil que fue llevada casi siempre al límite de la supervivencia. Como ya había ocurrido antes con la RLC, las nuevas autoridades sublevadas fueron incapaces de organizar un paraEstado eficiente con un proyecto político-económico definido, lo cual fue en su detrimento. Por el contrario, los líderes de los diferentes grupos armados, muchos de ellos extremadamente jóvenes y marginados por las condiciones en que se había producido la independencia, situaron a las élites intelectuales y administrativas como uno de sus principales objetivos, dejando a las autoridades rebeldes sin el personal humano necesario para consolidar su poder. En efecto, estos se dedicaron a imponer su autoridad por medio del terror mediante el despliegue de una crueldad inusitada que incluyó ejecuciones públicas frente al monumento de Stanleyville en honor a Lumumba, como si de víctimas sacrificiales se tratara, algunas destripadas, quemadas vivas o descuartizadas, incluidos episodios en los que sus vísceras eran consumidas (Young, 1966: 39-41; Sanz, 1998: 186, 208-209). De hecho, merece la pena sumergirse en las prácticas de los simba al entrar en combate, tal y como fueron recogidas por Sanz Gadea al calor de su experiencia de guerra en el Congo:

Su entrada en combate era espectacular. Generalmente, los ataques se programaban para ser realizados de noche y, si era posible, en noche de luna llena. […]. Armados con arcos y flechas, machetes e incluso grandes palos, semidesnudos, con la cabeza cubierta de plumas de ave, de pieles de animales o de hojas silvestres, embadurnados de barro «para protegerse de las balas», drogados, enarbolando amuletos, dominados por el odio, la ira y los estimulantes, penetraban en las zonas de saqueo o de ataque a cuerpo descubierto y se encontraban con las balas disparadas por las armas automáticas del Ejército nacional. Frecuentemente la carnicería que tenían programada se producía en sus propias filas, aunque también conviene resaltar que su fama de invulnerables había llegado muy lejos, con lo que su presencia coincidía más de una vez con la desbandada previa de los enemigos (Sanz, 1998: 194).

Al interpretar una escena como la narrada hay que evitar los análisis basados en los atavismos. Nada de lo descrito por el médico de origen turolense era extraño en otras latitudes. En primer lugar, el cálculo que hay detrás de la puesta en escena denota una clara voluntad de amalgamar tropas de orígenes étnicos y geográficos muy diversos bajo una misma identidad, al tiempo que tenía una clara dimensión de guerra psicológica. En este sentido, la cultura popular y el sincretismo de tradiciones, que es lo que vemos aquí, fue un elemento particularmente eficaz. Por lo demás, ni el alcohol ni las drogas estaban ausentes en la experiencia de ningún Ejército occidental de la época, tal y como ya había quedado probado con el abuso constante del vino y los licores durante todos los conflictos del siglo XX, con el consumo sistemático de anfetaminas por parte de la Wehrmacht para aumentar la efectividad y capacidad de resistencia de sus combatientes o con el consumo de opiáceos por parte de los estadounidenses y sus aliados en Vietnam, asunto reflejado en multitud de productos de la cultura popular contemporánea, como por ejemplo en la novela de Robert Stone Dog Soldiers, de 1974. En todos los casos se trata de un recurso habitual promovido por los mismos mandos —o cuanto menos obviado— para hacer más soportable la guerra y favorecer que los hombres vencieran el miedo a entrar en combate (Kamienski, 2016). Por lo que respecta al odio y la ira de los que habla Sanz, está claro que han caracterizado por fuerza a cualquier Ejército a lo largo del tiempo, si bien tales conceptos no siempre se ajustan o bastan por sí solos para explicar las causas de la violencia en el curso de los combates o durante la ocupación de pueblos y ciudades. En este caso también entran en juego la impotencia y el estado de trance provocado por la ansiedad y el miedo a la muerte, así como la competencia interna dentro de los pequeños grupos de combatientes. De hecho, todo ello ayuda a explicar la temeridad en combate como característica, un valor muy estimado entre los militares profesionales que se convirtió en la divisa de muchas unidades de élite de creación moderna, como las legiones extranjeras en España y Francia o las Waffen-SS en el Tercer Reich, por citar casos bien conocidos por todos. Finalmente, lo mismo se puede decir sobre las supersticiones y los amuletos, extendidísimos entre las expuestas tripulaciones de los bombarderos angloestadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, con un alto índice de mortalidad, o entre las tropas sublevadas en la guerra civil española, que atribuían a las estampitas de santos y vírgenes el poder de parar las balas.

En consonancia con los nuevos equilibrios dentro de la administración Johnson, Moïse Tshombe, antiguo líder de la secesión katangueña, consiguió llegar al poder en el Congo a principios del verano de 1964, todo ello con el apoyo de Estados Unidos y Bélgica, que habían restaurado su relación y habían visto confluir de nuevo sus intereses en la región. No es casual que en torno al antiguo líder de Katanga se reuniera todo un grupo de asesores y mercenarios blancos de origen belga y sudafricano, muchos de ellos veteranos del conflicto separatista que ocuparon posiciones clave dentro del nuevo ejecutivo. Estaba claro que lo que se buscaba era una resolución radical y definitiva de los conflictos y la inestabilidad en el Congo, y que belgas y estadounidenses veían en Tshombe, conocido por sus métodos expeditivos, al hombre fuerte necesario para implementar las medidas adecuadas. De hecho, a su llegada al poder las tropas de ONU ya habían abandonado el país, que se encontraba roto y sumido en el caos, con más de un tercio del territorio en manos de los rebeldes kwilu y simba. Vale la pena señalar que a finales de abril Ernesto «Che» Guevara y el también veterano de la guerra civil cubana Víctor Dreke (1937-), una figura clave en las operaciones conducidas en la isla caribeña contra las guerrillas anticomunistas refugiadas en las montañas durante la primera mitad de los sesenta, llegaron al Congo junto a otros doce expedicionarios, a los cuales se sumarían más tarde otros cien cubanos afrocaribeños. Allí se unieron por un tiempo a las fuerzas de Kabila, líder guerrillero congoleño, con el fin de intentar poner en práctica la línea guevarista de los focos revolucionarios. Ambos líderes latinoamericanos creían firmemente que existía un gran potencial para ello en África, aunque en este sentido actuaron en contra de los consejos de líderes africanos como el presidente argelino Ahmed Ben Bella (1916-2012) o su homólogo egipcio Gamal Abdel Nasser (1918-1970). De hecho, finalmente el Che tuvo que reconocer su desengaño, dadas las luchas internas entre facciones diferentes y sobre todo la falta de disciplina de Kabila, a pesar de reconocer su potencial por su juventud, dinamismo y carisma (Villafana, 2017: 142-149). No es casual que todos los intentos exteriores por apoyar a los rebeldes se vieran condicionados por esta amarga realidad, que llegó a dar lugar a tres cambios de gobierno en Stanleyville entre agosto y noviembre de 1964.

Al mismo tiempo, por aquel entonces fracasaron los intentos de Estados Unidos para implicar a sus aliados occidentales en una intervención militar directa en el Congo bajo el pretexto de atajar la penetración del comunismo en África. Esta supuesta amenaza no recibió ningún crédito dado el grado de dependencia exterior del país y la imposibilidad estratégica de la Unión Soviética o China para actuar decisivamente en un escenario tan alejado. Esto activó de inmediato la vía de la guerra subsidiaria a través del envío de armamento al gobierno de Tshombe, cuyo Ejército se construyó con curtidos veteranos katangueños refugiados por entonces en las zonas rurales del norte de Angola y entrenados a principios de los sesenta por oficiales belgas (Rodgers, 1998: 13-16). De hecho, la operación para traerlos de vuelta fue posible gracias a los contactos que Tshombe había conseguido durante su exilio en la España franquista, que no solo se convirtió en refugio o punto de paso para el fascismo europeo tras la Segunda Guerra Mundial, sino también para importantes líderes anticomunistas africanos. Otro instrumento fundamental en esta política de guerra subsidiaria fue el reclutamiento de una guerrilla de mercenarios blancos, contando para ello con el apoyo activo de los gobiernos belga e israelí, que se implicaron junto a los estadounidenses en su adiestramiento y sostenimiento económico, tal y como estos últimos venían haciendo a mucha mayor escala en Laos desde los tiempos de Kennedy (Michaels, 2011, quien señala además los errores de la inteligencia estadounidense). Entre los 1000 hombres que se integraron en ella había sobre todo individuos procedentes de Rodesia y Sudáfrica, pero también franceses, belgas, españoles y británicos. El propio Schramme daba cuenta de los diferentes perfiles existentes entre los mercenarios, y no tenía problemas en reconocer su falta de disciplina (1970: 112). Uno de los más significados fue el veterano combatiente de origen irlandés Thomas Michael Hoare (1919-), más conocido como «Mad Mike» Hoare, que estuvo al mando del llamado 5.º Comando del Ejército Nacional Congoleño, compuesto por unos 300 hombres. Esta unidad tomó parte en algunas de las campañas decisivas del final del primer ciclo de guerras civiles en el Congo. Durante la Segunda Guerra Mundial, «Mad Mike» había combatido en los teatros de India y Birmania, estableciéndose en Sudáfrica desde finales de los cuarenta y sumándose a la lucha katangueña ya en 1961. De hecho, es conocido por haber afirmado lo siguiente sobre su experiencia de guerra:

… matar comunistas es como matar alimañas, matar nacionalistas africanos es como si uno está matando a un animal. No me gustan ni unos ni otros. Mis hombres y yo hemos matado entre 5000 y 10 000 rebeldes congoleños en los veinte meses que he pasado en el Congo. Pero no es suficiente. Hay 20 millones de congoleños, y se sabe y se da por sentado que la mitad de ellos fueron rebeldes en uno u otro momento a pesar de que yo estuve por allí (Honorin, 1980: 46).

Además, tanto Estados Unidos como Italia aportaron bombarderos y aviones de transporte que fueron pilotados por europeos y sudafricanos, además de un contingente de pilotos cubanos anticastristas que coincidieron en el teatro de operaciones con los hombres del Che Guevara. Así pues, a partir de septiembre de 1964 las fuerzas gubernamentales apoyadas por los mercenarios se pusieron en marcha hacia el este para aplastar el paraEstado establecido allí por los simba. Las operaciones estuvieron encabezadas por los bombardeos contra infraestructuras y núcleos de poblaciones, mientras las tropas terrestres acompañaban su avance con saqueos, violaciones y asesinatos contra civiles, donde «cualquier negro era asesinado de manera indiscriminada, ciegamente» (Honorin, 1980: 46; Schmidt, 2013: 72). Una vez más, tal y como se puede ver aquí y a través del testimonio de Hoare, en los conflictos civiles de la segunda mitad del siglo XX, tendentes a desenvolverse en base a un modelo de guerra irregular basado en pequeñas unidades, se agudizó la tendencia a considerar al paisano como un enemigo, algo agravado en este caso por el racismo. Además, como ya hemos señalado alguna vez, gracias al armamento moderno grupos reducidos de hombres tenían una capacidad creciente para infligir daños contra un mayor número de personas, y eso es lo que se pone de manifiesto en el ciclo bélico analizado aquí.

A la altura de octubre, lo desesperado de su situación y las matanzas constantes ejecutadas por las tropas gubernamentales empujaron a los insurgentes a tomar 1800 civiles blancos como rehenes con la idea de buscar una salida negociada al conflicto. Sin embargo, acostumbradas a la resolución de los problemas coloniales por la fuerza, las autoridades belgas no estaban dispuestas a ceder ante lo que a sus ojos era un claro chantaje. Finalmente, a finales de noviembre llevaron a cabo una operación aerotransportada con 320 paracaidistas del Regimiento Paracomando, una unidad de élite para misiones de emergencia, que en este caso contó con el apoyo logístico y financiero de Estados Unidos e Israel. Estos fueron lanzados al oeste de Stanleyville, donde tomaron el aeropuerto de la ciudad y desde el cual se abrieron paso hasta el hotel en el que estaban retenidos una parte de los rehenes, liberando a buena parte de ellos. Dicha maniobra estuvo combinada con el avance terrestre de las tropas gubernamentales. El objetivo último era la toma de la capital rebelde. Sin embargo, antes de retirarse y estando completamente asediados, los insurgentes ejecutaron hasta 85 de los rehenes en diferentes puntos de la ciudad, lo cual desencadenó una masiva campaña de abusos y represalias por parte de las fuerzas de ocupación una vez la ciudad cayó en sus manos, acabando con la vida de hasta mil personas (De Witte, 2016: 12-14).

De hecho, la situación en la capital de la Provincia Oriental, al noreste del país, tardaría en ser segura por los saqueos sistemáticos a los que fue sometida a manos de los conquistadores, pero también a causa de la presencia de focos de resistencia guerrilleros y francotiradores, apoyados por los rebeldes que ocupaban los entornos de la ciudad. Schramme dejó muy claro uno de los factores que caracterizan aún hoy la guerra en la zona ecuatorial del continente negro, y que de hecho explica la persistencia de los conflictos en muchas regiones: «En África, apoderarse de una ciudad, incluso de una capital, no significa nada. Lo importante es ocupar la selva» (Schramme, 1970: 186). Esto favorecía una mayor virulencia de la violencia, tal y como reconocía Sanz Gadea: «Los mercenarios rodesianos y sudafricanos tampoco se mantenían quietos y disparaban contra todo lo que se moviese, especialmente si tenía la piel oscura». Fruto de esta realidad más de 100 000 habitantes de la otrora boyante Stanleyville se refugiaron en las selvas al este de la ciudad en condiciones de terrible miseria, siendo diezmados de forma constante por dos azotes comunes a las guerras y muy característicos de los conflictos africanos —extensible a Asia y a Centroamérica, e incluso a la España de los años treinta y la Grecia de los cuarenta—, dada la falta de medios y el dislocamiento de economías ya de por sí mal articuladas y de subsistencia. Nos referimos al hambre y las epidemias, favorecidas estas últimas por las condiciones de vida de hacinamiento, la falta de higiene, la mala alimentación, la gran movilidad que comporta cualquier conflicto y, por supuesto, las violaciones sistemáticas de mujeres. Yendo un paso más lejos en su reconocimiento de los crímenes cometidos por las tropas gubernamentales y sus aliados, Sanz Gadea reconocía que «justo sería decir que no existía en absoluto […] disciplina. Las garantías de vida segura eran nulas incluso para nosotros [los médicos blancos], que nos dedicábamos a salvarla». De hecho, criticaba con encono a los mercenarios de origen anglosajón, a los que tildaba de «lobos de la guerra», al tiempo que los acusaba de alargar el conflicto de forma innecesaria por su entrega total al pillaje, gracias al cual muchos atesoraron grandes fortunas: «Así era la vida en la capital oriental durante meses: saqueos, robos, pillajes y fuego a discreción contra todo lo que estuviera dotado de movimiento, en especial si estaba recubierto de una piel negra» (Sanz, 1998: 224 y 229-230).

A partir de ese momento la lucha y las políticas de ocupación aún se radicalizaron más, con los insurgentes obligados a refugiarse en los confines orientales del Congo, muchas veces sirviéndose de la extrema porosidad de las fronteras y las posibilidades de refugio en países vecinos. Desde allí desplegaron una campaña de violencia y represalias contra el funcionariado local sospechoso de ser fiel al gobierno, contra aquellos considerados colaboradores y contra todos los civiles europeos, lo cual comportó la muerte de miles de personas. De hecho, estas regiones del país se precipitaron hasta el año 1967 en una cruenta guerra civil, que no hizo sino intensificarse cuando los mercenarios del gobierno de Tshumba se retiraron en 1965. Como suele ser común en este tipo de conflictos internos caracterizados por la gran dispersión y proliferación de grupos armados, las guerrillas antigubernamentales no siempre tenían por fin la liberación del país, sino que en muchos casos aprovecharon el estado de excepción reinante para perseguir sus propios fines personales y sus agendas políticas. Sin embargo, las políticas de la violencia y la guerra tienen sus matices y, como siempre, los grupos y los individuos armados conservan un alto grado de maniobra sobre el terreno. Así lo reconocía Sanz Gadea al hablar de las motivaciones, los perfiles sociales y las praxis de los guerrilleros simba, dejando constancia una vez más de la complejidad inherente a cualquier guerra civil:

Los más notorios, desde luego, eran los exaltados, los altaneros, los matones. Después estaban los que se habían adherido a la revolución como disciplinados soldados y los que lo habían hecho por un ideal. Finalmente, los que se habían unido al carro mulelista [por Mulele] por miedo o por fuerza, que prácticamente viene a ser lo mismo.

Entre las últimas clases mencionadas reinaba una mayor sensatez. Muchos de ellos evitaron verdaderas catástrofes irreparables avisando a las poblaciones de que iban a ser atacadas y haciendo llegar a los misioneros blancos noticia de las peligrosas intenciones de los simbas más fieros. Más de una vez, en pleno hervor revolucionario, cuando los más exacerbados eran dueños de la situación interior del Ejército revolucionario, los más sensatos se prestaban voluntariamente para una misión de exterminio o aceptaban con aparente entusiasmo las órdenes recibidas en este sentido. Lo que hacían en esos casos era prevenir a las víctimas elegidas para que huyesen a la selva (Sanz, 1998: 193).

Esto explica las propias luchas que estallaron entre los diferentes líderes rebeldes, el maltrato sistemático e indiscriminado contra la población civil o la violencia dirigida contra diferentes grupos étnicos según las preferencias de cada comandante. En cualquier caso, fueron los sucesos de Stanleyville y los excesos de las tropas mercenarias del gobierno de Tshumba los que causaron un mayor impacto en África, donde muchos de los nuevos estados fronterizos apoyaron a los insurgentes de forma acrítica, financiándolos y dándoles refugio y derecho de paso a través de sus territorios. Tal fue el caso de Uganda, Tanzania, el Congo-Brazzaville, Burundi o Sudán, así como también Ghana, Guinea, Argelia, la efímera Federación Sirio-Egipcia o Kenia. Al fin y al cabo, la deposición y asesinato de Lumumba y las continuadas intromisiones de Occidente en la región habían dejado una marca profunda entre los líderes africanos. En último término, esta dimensión transnacional y transfronteriza que acabó adoptando el primer ciclo de guerras civiles en el Congo nos ayuda a entender mejor varias cosas: antes que nada el efecto contagio de los conflictos internos, dada la gran movilidad de los guerrilleros, favorecida también por la geografía y la habitual dispersión de un mismo grupo étnico en diversos países; en segundo lugar, las dinámicas del enfrentamiento en curso y de muchos otros que iban a estallar pronto en la región, agravadas y condicionadas por las políticas neocoloniales de Estados Unidos, las antiguas potencias coloniales y países comunistas como China y la Unión Soviética; por último, el estallido de un nuevo y sangriento ciclo de guerras en el gigante país centroafricano a partir de 1997, que tuvo entre sus protagonistas a dos de los actores principales de los años sesenta: Mobutu y Kabila, entre otros.

Por lo que respecta a los perversos efectos de la intromisión extranjera en África resulta sumamente revelador el informe Polianski de 1964, que en plena guerra del Congo ponía en tela de juicio la política jruschoviana de apoyo indiscriminado a los supuestos gobiernos de izquierdas del continente. Este señalaba de forma concluyente dos cosas: «A menudo nos falta por completo el conocimiento práctico de estos países, pero les proporcionamos sin reservas ayuda financiera, técnico-económica y militar y de otro tipo», y añadía que esta política «daba lugar a resultados deplorables: los dirigentes de estos países devoran lo que les damos, y luego nos dan la espalda. Los capitalistas se ríen de nosotros y tienen buenos motivos para hacerlo» (cit. en Zubok, 2008: 372-373). En cierto modo, la misma crítica sería aplicable a las antiguas potencias coloniales y a Estados Unidos que, no obstante, gracias a la dependencia exterior de los nuevos países respecto a las viejas metrópolis y a su mejor conocimiento del terreno consiguieron réditos mucho más notables por medio del intervencionismo. Esto no quiere decir que las consecuencias de sus políticas no fueran incluso mucho más desastrosas para los autóctonos. Lo señalaba con acierto Collins al concluir que la primera intervención de una superpotencia en el África subsahariana bajo los parámetros de la Guerra Fría se saldó con consecuencias de largo alcance, las cuales por entonces ya estaban salpicando a otros países del entorno o estaban a punto de hacerlo: problemas para la imposición de formas de Estado democráticas; una descolonización congelada por los intereses exteriores; una producción agraria en descenso a causa del dislocamiento económico producido por las guerras; la militarización de las sociedades; gigantescos movimientos de refugiados sin parangón en la historia; y, finalmente, la muerte de masas provocada directa o indirectamente por la guerra. De hecho, el autor acusa a los funcionarios y secretarios generales de la ONU de haber contribuido decisivamente a ello con sus políticas, al adoptar una postura favorable a las potencias occidentales partiendo de un análisis basado en el esquema del conflicto entre bloques y no en las problemáticas particulares de la descolonización africana (Collins, 1993: 266-269; Cole, 2006; Robarge, 2014).

Por lo que respecta al Congo aún habría de estar sometido durante tres décadas más a la dictadura pro-occidental de Mobutu tras su segundo golpe de Estado exitoso a finales de 1965 (Barron, 2013: 119-122). Rebautizado el país en 1971 como Zaire dentro de una política nacionalista de africanización, Mobutu estableció una auténtica cleptocracia para su propio beneficio y el de sus familiares y allegados, basando su poder en el culto a su personalidad y en el exterminio de sus enemigos políticos, lo cual incluía ejecuciones públicas ejemplarizantes (Young y Turner, 1985: 57). No es casual que fuera a lo largo de aquellos años cuando el largo ciclo bélico de Indochina volvió a enquistarse, sobre todo a partir de la desastrosa intervención directa del inmenso contingente estadounidense. Lo que menos querían las autoridades de Washington era más problemas, de manera que compraron estabilidad política y orden social a cambio del apoyo a regímenes dictatoriales. Por eso mismo, hasta principios de los años noventa Mobutu contó con el soporte financiero y la abierta simpatía de la mayor parte de las diferentes administraciones que se sucedieron en Estados Unidos, aunque no dudó en utilizar la retórica antiimperialista para tratar de elevar su popularidad entre los congoleños y para justificar las purgas internas que lo reforzaron en el poder. Aun con todo, hay autores que consideran que durante los años sesenta la intervención estadounidense en el Congo estuvo motivada por el deseo de expandir su modelo de liberalismo político-económico, pero que sus visiones se vieron contestadas por las agendas y cosmovisiones de los líderes regionales, del mismo modo que ha ocurrido en las tres últimas décadas en muchos otros escenarios como Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán e Irak (Mountz, 2014b). Por lo demás, durante su primera década en el poder Mobutu también firmó tratados de cooperación con Bélgica muy provechosos para ambas partes. Así pues, fruto de esta política el Congo se convirtió en una potencia regional, también gracias a los planes estadounidenses para hacer de ella una fortaleza frente al comunismo. Aquí tuvieron mucho que ver las presiones del importante lobby de industriales, empresarios y políticos con intereses en el país centroafricano.

La llegada al poder de Bill Clinton (1946-) en 1992 acabó con esta situación. Los cambios geopolíticos derivados de la disolución de la Unión Soviética y las políticas estadounidenses, dirigidas al establecimiento y legitimación de su particular nuevo orden bajo los principios del liberalismo político, comportaron la retirada del apoyo al régimen de Mobutu, y a medio plazo su caída en 1997. Sin embargo, esta ha dado lugar a cruentas luchas por el poder y conflictos internos extremadamente violentos que se han ido sucediendo uno tras otro, extendiéndose de forma casi ininterrumpida hasta hoy e implicando de forma directa a varios países africanos, una realidad que abordaremos al cierre de esta obra. De hecho, solo entre 1997 y 2003 los enfrentamientos y la violencia costaron la vida de la friolera de cinco millones y medio de congoleños, así como también un número similar de refugiados internos que malviven sometidos a las epidemias y el hambre. Así pues, sin visos de que puedan concluir a corto plazo, las nuevas guerras se asemejan mucho al primer ciclo bélico que hemos abordado aquí, al menos por lo que respecta a sus dinámicas y en las prácticas de los beligerantes, y una vez más tienen como escenario los confines orientales del Congo (Kisangani, 2012). Hace apenas unos meses, Jason Burke, reportero británico de The Guardian en África, recogía el testimonio de Justin Kapitu, un joven combatiente insurgente de apenas veintidós años que tomó las armas con solo catorce para vengar la muerte de su padre y su abuelo, y que estaba muriendo lentamente a causa de las graves heridas de bala sufridas en la zona intestinal. Este afirmaba sin ambages que «solo era un soldado raso, así que realmente no sé por qué estábamos peleando», a lo cual añadía su escepticismo frente a la posibilidad de que las guerras en el Congo terminaran, señalando por contra que «lo más probable es que empeoren». De hecho, tal y como él mismo reconocía en un ejercicio de sinceridad y desempatía, «mi grupo mató a mucha gente, realmente nos temían y nos respetaban», algo que tiene gran importancia en el marco de un Estado nuevamente fallido —si es que alguna vez llegó a funcionar— donde han estallado conflictos multidireccionales: el respeto y el prestigio ganados por medio de la violencia, por lo general asociada también a diferentes formas de lucro basadas en el crimen, como veremos también en la guerra de Bosnia. Finalmente, Kapitu confesaba que «no pienso en los que maté yo mismo. ¿Por qué debería hacerlo? Ellos no pensarían en mí si hubiera sido al contrario» (Burke, 2018).

Un breve balance sobre las guerras civiles africanas en el marco de la descolonización

Un breve balance sobre las guerras civiles africanas

en el marco de la descolonización

Por supuesto, este acercamiento al Congo y su largo ciclo bélico no agota ni mucho menos la recurrencia del fenómeno de la guerra civil en el África subsahariana. De hecho, esta región ha sido un verdadero laboratorio para la práctica de la violencia extrema en los contextos de independencia, pero también para la toma del poder por parte de nuevos sujetos políticos. Hablamos de escenarios con formas de sociabilidad complejas donde los enfrentamientos a menudo han sido y siguen siendo explotados por las potencias capitalistas. Tal es el caso de las guerras civiles sufridas dentro de una amplia franja territorial que incluye a Sudán desde principios de los ochenta, Somalia en los noventa, Yibuti entre 1991 y 1994, Guinea-Bissau a finales de siglo o las guerras civiles de Liberia y Sierra Leona. En Nigeria, la conocida como guerra de Biafra asoló el sur del país durante tres años, entre 1967 y 1970, siete años después de la salida de las tropas coloniales británicas y tras la secesión de la autoproclamada República de Biafra —por la bahía homónima en la costa atlántica del país—. Los territorios reivindicados se encontraban integrados por una mayoría de etnia igbo, al mando militar de Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu (1933-2011), e incluían los pozos petrolíferos del delta del Níger. Nigeria era ya entonces la principal potencia demográfica de África, con 35 millones de habitantes, que correspondían al 15 % del total del continente, y una gran variedad de tribus, más de 300, que conformaban un mosaico de razas y religiones: en el norte islamizado sobre todo los haussa, en el oeste los yoruba, y en el este los igbo o ibo, de mayoría cristiana y animista. En la conferencia constitucional de Londres de 1958, que fijó la independencia de Nigeria para el 1 de octubre de 1960, se decidió postergar el problema de las minorías, algo que se revelaría un error de enormes proporciones. Mientras que el primer ministro Harold Macmillan (1894-1986) declaraba en Lagos que «nuestro objetivo es desarrollar estos países que dependen del Reino Unido, de tal forma que puedan emprender solos su camino económico y político», la realidad de la descolonización y del establecimiento de un Estado basado en perspectivas administrativas y normativas occidentales, con tres autonomías y tres mayorías étnicas diferenciadas, acabaría demostrándose un absoluto desastre (Oyeweso ed., 2000; Falode, 2011).

Aquí entraría en juego la experiencia colectiva del pueblo igbo, que fue el principal afectado por la emigración y la explotación económica en Fernando Poo a manos de los españoles, unida a la indiferencia de las propias autoridades británicas en Nigeria oriental, su lugar de origen (Fury Daly, 2017). Fruto de esta experiencia surgió un agravio frente a los poderes coloniales, pero también frente a los estados sucesores en el Golfo de Guinea, debido a la casi total indefensión que afectó a las comunidades de trabajadores en el extranjero y en sus propios lugares de origen, donde eran a menudo literalmente cazados en razias y pogromos. En muchos casos, esto abrió la puerta a la reclamación de independencia para Nigeria oriental, el lugar de origen y residencia de la mayoría de ellos. El golpe de Estado de 1966 y el contragolpe que llevó al poder en forma de cruenta dictadura militar al comandante en jefe del Ejército, el igbo Nnamdi Azikiwe (1904-1996), acabó de manera abrupta con la Primera República (Siloum, 2009). Cuando un grupo de generales del norte organizó otro golpe para poner en el poder a Yakubu Gowon (1934-) estallaron en paralelo una serie de pogromos contra los igbos y otras comunidades de la región oriental del país. Aunque las cifras varían sustancialmente, se calcula que entre 80 y 100 000 personas fueron masacradas, no solamente frente a la pasividad del régimen militar, sino según se sospecha con su propia complicidad (Okonta y Meagher, 2009; Heerten y Moses, 2014). Entre junio y octubre de 1966, los estallidos de violencia alcanzaron su clímax con las masacres contra los igbos de los Sabon Gari, los barrios de extranjeros de las ciudades del norte. El éxodo que generaron las masacres llevó a más de un millón de igbos al oeste, reconfigurando claramente el equilibrio étnico de la región de Biafra, cuyo Parlamento declaró la independencia del gobierno federal bajo el poder de Ojukwu.

La autoproclamada república rápidamente fue aislada del exterior. El Ejército federal bloqueó los puertos, prohibió las transacciones en moneda extranjera, los envíos de correos, las telecomunicaciones y la entrada de armas, obligando al naciente Estado a comprarlas en el mercado negro, con la dificultad añadida de la pérdida de valor de la libra nigeriana. Mientras, las fuerzas militares nigerianas se valían de los acuerdos para la venta de armas con el Reino Unido y la Unión Soviética, que apoyaron sin reparos a las fuerzas antisececionistas. En esta decisión tendría un peso capital el deseo británico de establecer un cauce fluido de comercio petrolífero con Nigeria, desde el momento en que los estados árabes habían empezado a limitar las ventas a los países que apoyaban al Estado de Israel acabada la guerra de los Seis Días (junio de 1967). Sin embargo, muy pronto las fuerzas en conflicto llegaron a una suerte de tablas. La forma tan rápida en que se enquistó el conflicto y el bloqueo económico de la población civil devino en una terrible hambruna que se llevó por delante la vida de cientos de miles de igbos, posiblemente más de tres millones (Osaghae, 1998). Pocos países apoyaron a los rebeldes, entre ellos Israel, la Tanzania de Julius Nyerere (1922-1999), Gabón, Zambia, Haití, Costa de Marfil, la Sudáfrica del apartheid, la España de Franco y el Portugal de António de Oliveira Salazar (1889-1970), además del apoyo del pontífice o de la Francia de De Gaulle, interesado en debilitar a uno de los países más fuertes del África poscolonial —franceses serían de hecho los médicos que crearon la ONG Médicos Sin Fronteras, a raíz de la hambruna y de la falta de respuesta de Cruz Roja—. La mayoría de países musulmanes, incluyendo el Egipto de Nasser, y de la comunidad internacional, optaron por dar apoyo a las fuerzas nigerianas. De este modo se convirtieron en cómplices de lo que Michael Ignatieff ha identificado como el primer hito de la era del desastre humanitario televisado: la hambruna y los desplazamientos forzosos de hasta tres millones de civiles de la etnia igbo, que acabaron fundamentalmente en Camerún (Stremlau, 1977).

Centroamérica: el patio trasero de Estados Unidos, 1947-1996

CENTROAMÉRICA: EL PATIO TRASERO

DE ESTADOS UNIDOS, 1947-1996

A finales de los años ochenta, miles o tal vez cientos de miles de niños y adolescentes europeos y norteamericanos pasaban sus tardes de ocio en lo que entonces se conocía como salas recreativas o, en según qué zonas de España y haciendo hipóstasis de uno de sus espacios preferentes, «futbolines»: espacios de sociabilidad, sobre todo masculina, con sus propios códigos y reglas, donde la presencia central se la llevaban los videojuegos, máquinas de mayor o menor complejidad pero cargadas siempre de contenido narrativo. Uno de los juegos más exitosos, desarrollado por la compañía japonesa Konami en 1987, se llamaba Contra. Ambientado en una suerte de futuro posapocalíptico o posnuclear (como por otra parte muchos de los juegos de entonces, donde proliferaban soldados con superpoderes o tortugas mutantes), su acción se situaba en una selva donde los protagonistas, una suerte de guerrilleros libertadores al modo de Rambo (imposible no recordar First Blood, de Ted Kotcheff, aparecida en 1982) debían enfrentarse a una organización alienígena que había invadido el planeta. No por casualidad, la organización a la que se enfrentaba la contra se llamaba Red Falcon, halcón rojo.

Seguramente no haya una región en todo el planeta con más incidencia de guerras civiles en proporción al territorio que Centroamérica. En un libro de estas características resulta imposible detenerse y extenderse en cada uno de los casos relevantes, mientras que por contra es extremadamente útil observar las recurrencias a partir de procesos independientes entre sí, pero encuadrables a su vez en ciclos históricos interrelacionados. Y la historia de América Latina en el siglo XX en general, pero sobre todo Centroamérica, bien puede leerse en clave de sucesión de períodos de paz inestable y largos y cruentos estadios de guerra civil entre guerrilla y contrainsurgencia, dictadura y persecución de la disidencia, con el añadido de la intervención subsidiaria estadounidense. Por todo el continente se extendió el fenómeno de las guerrillas, que unían tradición socioeconómica de base marxista y organización armada para la toma revolucionaria del poder, rasgos redentoristas provenientes del tercermundismo, el antiimperialismo, el nacionalismo de cuño anticolonial y la teoría de la liberación, todo ello con el éxito de la experiencia cubana como espejo. Entre la Guerra Fría y su posguerra, el fenómeno insurgente y su respuesta estatal o paraestatal tocó tierra desde México a Chile y desde Ecuador a Brasil (Núñez Seixas, 2015: 137), hasta el punto que resulta complicado trazar la línea divisoria de dónde hubo y dónde no una guerra civil entre insurgencia y contrainsurgencia; dónde más que de guerra interna cabe hablar de narcoguerra internacional, como posiblemente sea el caso de Colombia; o dónde no llegó a haber guerra, no por ausencia de algunos de sus rasgos característicos (potencia de fuego, territorialidad), sino por la dureza de la acción represiva antiguerrillera estatal, como en Uruguay, Brasil, Chile o Argentina. En todos estos casos vuelve a entrar en escena el componente transnacional a través de la caja de herramientas imperial, algo que queda claro en las visiones y estrategias de las fuerzas militares argentinas frente a las fuerzas progresistas y revolucionarias del país, donde las experiencias francesas en Indochina y Argelia y estadounidense en el Sureste asiático fueron referentes clave (Pontoriero, 2015: 327-329).

Sin querer forzar demasiado las costuras del concepto, la combinación entre bilateralidad, territorialidad y violencia que siempre acompaña a la guerra civil la encontramos cuanto menos en cuatro países diferentes, los cuatro en Centroamérica y los cuatro dentro de lo que la geopolítica estadounidense denomina literalmente como su backyard o patio trasero. De hecho, la metáfora es bastante ilustrativa asociada a la cultura del país, ya que no solo refleja el ideal de vivienda unifamiliar del llamado sueño americano, sino que además es un lugar oculto a las miradas de los vecinos, parte íntima del hogar que sirve a diversos fines y donde solo se puede acceder por invitación. Así pues, las largas guerras civiles de Guatemala, Honduras, El Salvador o Nicaragua no pueden comprenderse sin la intervención de las sucesivas administraciones de Estados Unidos, ya sea en forma de apoyo logístico, material y de asesoramiento militar o de intervención directa en los conflictos locales, regionales e intracomunitarios. Por eso mismo, y pese a que se puede desprender de ello una lectura excesivamente polarizada, muchos análisis tienden a coincidir en el hecho de que el ciclo bélico civil de Centro y Sudamérica estuvo relacionado de forma muy directa con las políticas de contención e intervención subsidiaria de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, una suerte de guerra sucia en ese patio trasero del imperio. Fuese por intereses económicos y geoestratégicos o fuese por el intento de evitar el contagio político comunista y sus praxis revolucionarias en la gran superpotencia capitalista, lo cierto es que durante la Guerra Fría Centroamérica se convirtió en una región donde la guerra civil resultó particularmente recurrente. Y lo fue como fenómeno propio de la construcción estatal, pero también de la reconfiguración geoestratégica del mundo, todo ello a la par que tenía lugar el despliegue de la revolución y la contrarrevolución, con la limpieza política como instrumento de ambas. Así pues, el escenario internacional, marcado sobre todo por los intereses político-económicos estadounidenses, se solapó en el caso centroamericano con guerras intestinas guiadas por conflictos políticos e interétnicos endógenos, tal y como estaba ocurriendo paralelamente en otros puntos del globo.

El primer ejemplo lo tenemos en la Guatemala de 1954, menos de dos meses después de la derrota francesa en Indochina y un año después del exitoso y decisivo golpe de Estado angloestadounidense en Irán, donde se consiguió instalar un gobierno anticomunista y pro-occidental. En el caso del país centroamericano también se trató de una operación encubierta de la CIA que tuvo como objetivo desmantelar cualquier amenaza comunista en América Latina, por muy irreal que fuera. Por lo que respecta a Guatemala, la compañía bananera United Fruit controlaba la explotación frutícola y el 85 % de las tierras cultivables, el puerto y las redes ferroviarias (Fontana, 2011: 216). Esto explica en parte que las reformas democráticas impulsadas por los presidentes Juan José Arévalo (1904-1990) y Jacobo Árbenz (1913-1971), dirigidas a la extensión de la representatividad y el reparto de tierras, fueran abiertamente recusadas por la administración estadounidense, que veía amenazados sus intereses económicos casi monopolísticos en un país donde la mayoría de la población era rural y vivía del campo; de hecho, en la capital, Guatemala, vivían solamente 130 000 de los 1,7 millones de habitantes del país, el más poblado de América Central. En este sentido, el presidente Eisenhower aprobaría la operación PBSUCCESS, gracias a la cual unidades militares apoyadas por el Ejército estadounidense entraron en territorio guatemalteco desde Honduras y Nicaragua. Pese a su fracaso inicial, los militares acabaron forzando la dimisión presidencial. Todo ello estableció un marco de posibilidades y sentó un precedente en la política internacional estadounidense: el de la intervención directa o encubierta, tanto para fracturar las soberanías territoriales como para influir en conflictos ya existentes, y siempre con el objetivo de reforzar sus propios intereses geopolíticos y económicos. A lo largo de esta obra ya hemos visto algunos ejemplos.

Podemos ver esa evolución de la influencia de la guerra civil como trinchera local y regional de la Guerra Fría también en el caso de los dos conflictos internos de Paraguay, aunque sea como territorio para experimentar con las formas de control y vigilancia anticomunista que más tarde se desplegarían sobre Centroamérica. El intento de toma del poder, es decir, el modelo del golpe de Estado explica el enfrentamiento de 1922-23, en el cual un sector del Ejército se levantó en armas contra la presidencia provisional de Eusebio Ayala (1875-1942). Este pudo resistir los embates de los alzados y sus apoyos civiles gracias a la movilización de la población de la capital, Asunción, en un golpe estratégico que contenía ya algunos de los elementos propios de la guerra total, como es la movilización de civiles. No fue así en el conflicto de 1947, donde dentro de la facción rebelde que se levantó contra el gobierno del general Higinio Morínigo (1897-1993) se incluían, además de una parte sustancial del Ejército (aunque no todo, y esa división fue como en otras latitudes la razón última para que se desencadenase la guerra civil), fuerzas políticas como el Partido Comunista Paraguayo, lo que fue abiertamente instrumentalizado por las fuerzas gubernamentales para forzar la intervención estadounidense. En este caso, aunque los rebeldes lograron establecer en 1947 una efímera capital en Concepción, la revolución acabó siendo de nuevo un fracaso, sobre todo cuando hubo de enfrentarse a una coalición internacional integrada entre otros por la Argentina de Perón. Finalmente, la victoria en la guerra asentó en el poder un régimen de partido único, el Colorado, hegemónico hasta la primera década de los 2000, lo cual nos da una idea muy clara del poder determinante de las guerras civiles en la configuración del mundo en que vivimos.

Desde nuestra perspectiva, una de las claves en la comprensión de las guerras civiles radica en la identificación de la dimensión transnacional como aquella sobre la que se apoyará en las décadas posteriores el eje gravitacional explicativo que da cuenta de la recurrencia del fenómeno en América Latina. De hecho, solo un año después una nueva guerra civil azotaría Centroamérica, esta vez en Costa Rica. Conflicto breve, 44 días en total, que llevarían al terreno de la disputa armada por la soberanía, con una fuerte influencia exterior (entre otras las fuerzas somocistas nicaragüenses), la encarnizada lucha política por la hegemonía que había cristalizado en las muy cuestionadas elecciones de febrero de ese año. Sin embargo, en estas guerras enlazadas no era tan omnipresente un elemento que se desplegaría de forma radical a partir de la década de los sesenta: el anticomunismo. El ejemplo dominicano es más que explícito en esa dirección, y estuvo muy condicionado por la traumática experiencia de la guerra civil cubana (1953-1959), que en contra de lo esperado había acabado con el colapso de la dictadura de Batista y con la victoria de los rebeldes castristas, difíciles de catalogar a nivel político en un primer momento.

De hecho, la cuestión de Cuba marcó un antes y un después en las políticas estadounidenses hacia América Latina por varias razones. En primer lugar, porque todos los intentos por derrotar a los revolucionarios cubanos fracasaron estrepitosamente, desde el bloqueo sobre la isla antes de acabar el conflicto hasta la frustrada invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961, llevada a cabo por militantes anticastristas con el apoyo de la CIA, pasando por el envío de armas y asesores a Batista, la intentona del dictador dominicano Rafael Trujillo (1891-1961) en agosto de 1959 o la infiltración de guerrillas en las sierras cubanas hasta 1965. En segundo lugar, porque todo ello derivó en la proclamación de Cuba como república socialista, alineándose con la Unión Soviética para salvar las restricciones del bloqueo económico impuesto sobre la isla. De hecho, el dramático corolario de esta deriva política tuvo lugar con la archiconocida Crisis de los Misiles de octubre de 1962, desencadenada tras el descubrimiento de las rampas de lanzamiento soviéticas instaladas en el país caribeño por los soviéticos, que fueron uno de los resultados de los acuerdos bilaterales con el gobierno de Fidel Castro (1926-2016) y que acabaron siendo detectadas por los aviones espía estadounidenses.

Dentro del clima de desconfianza mutua, la opacidad habitual de las relaciones entre soviéticos y estadounidenses y la lógica político-militar de prever y anticiparse a las decisiones tomadas por el enemigo, la crisis de octubre de 1962 tuvo un profundo impacto sobre la sociedad y la política estadounidenses. Las peligrosas dinámicas de la disputa entre bloques quedaron reflejadas de manera magistral en la obra icónica de Stanley Kubrick ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (1964), y un sinnúmero de obras cinematográficas y literarias dieron cuenta de la huella que dejó este acontecimiento en la cultura popular y en la opinión pública internacional. Quizás el ejemplo más espectacular fuera El juego de la guerra (1965), un falso documental dirigido por Peter Watkins que dibuja un eventual conflicto nuclear entre los bloques y sus efectos sobre la población, poniendo de manifiesto su indefensión total frente a este tipo de guerra. Sin embargo, lo que más nos interesa destacar aquí es que los principios de la Doctrina Monroe, que inspiraron la idea de América Latina como patio trasero de Estados Unidos, se habían ido al traste en Cuba. Descubrir de pronto que a solo 150 kilómetros del territorio estadounidense se estaba completando el despliegue de casi medio centenar de ojivas nucleares junto a un número equivalente de misiles, los cuales podían alcanzar cualquier punto de la geografía del país, fue mucho más de lo que podían digerir las autoridades en Washington. Y aunque la crisis acabó con la retirada de los misiles soviéticos, Cuba se convirtió a partir de entonces en un referente para las luchas de liberación en todo el mundo, especialmente en el hemisferio sur, un papel que las propias autoridades de la isla representaron de forma activa, tanto por cuestiones de prestigio y legitimación como por convicción (Lowenthal, 1970: 49). La mejor muestra de ello fue la línea guevarista, como ya hemos visto antes, que en base a la experiencia cubana elaboró la teoría de los focos revolucionarios para el Tercer Mundo, según la cual un grupo reducido de hombres bien disciplinados y apoyados en la población rural podía llevar a cabo la revolución. Así pues, en los años sesenta Cuba se convirtió en sinónimo de independencia, orgullo revolucionario y oposición al chantaje imperialista (Zubok, 2008: 229-238; Rich, 2017).

Esto explica lo ocurrido en la República Dominicana en 1965, donde la política estadounidense estuvo guiada por el deseo expreso de evitar una nueva Cuba. Ese año tuvo lugar una guerra civil —o revolución de abril para los beligerantes constitucionalistas— en la mitad oriental de La Española, un conflicto breve de tan solo seis meses iniciado a partir de la revuelta militar de las autodenominadas Fuerzas Armadas Constitucionalistas. Estas contaron con el apoyo civil del Partido Revolucionario Social Cristiano y del Partido Revolucionario Dominicano para derrocar la presidencia del joven Donald Reid Cabral (1923-2006), quien a su vez había llegado al poder catapultado por otro golpe militar en 1963, en este caso contra el efímero gobierno constitucional de Juan Bosch (1909-2001). De nuevo, la fractura en el seno de las fuerzas armadas sería la condición necesaria para el estallido de las hostilidades. Sin embargo, la clave para la finalización del conflicto y para su ulterior resolución en forma de nuevas elecciones presidenciales, celebradas un año después bajo el auspicio de una comunidad internacional muy condicionada, estaría en la dimensión continental que la guerra adquirió rápidamente. A finales de abril de 1965 el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson intervino a favor de los leales y en contra de un supuesto contagio comunista de los constitucionalistas, enviando para ello a Santo Domingo al Cuerpo de Marines. Este despliegue fue completado por la 82.ª División Aerotransportada y por la llamada Fuerza Interamericana de Paz, integrada por seis países y dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), creada en Bogotá en 1948, que sirvió como paraguas diplomático para la operación y para la ocupación de la isla durante más de un año (Lowenthal, 1970: 49). Paralelamente en el tiempo, y dentro de la misma lógica de contención del comunismo, comenzó el despliegue de tropas estadounidenses en Vietnam.

En cierta medida, tanto el golpe de 1963 como la resistencia armada al constitucionalismo estaban influidas directamente por el espejo cubano, cuya sombra se alargaría a través de las décadas de los sesenta y setenta. De hecho, aunque la campaña de persecución de la guerrilla contrarrevolucionaria por parte de las nuevas autoridades cubanas, conocida como la Lucha contra Bandidos y desplegada entre 1960 y 1965, no se suele considerar dentro del ciclo de las guerras civiles americanas, compartió características con algunos conflictos internos desarrollados entre guerrillas de distinto signo y bajo la amenaza o la realidad de la ocupación, en este caso estadounidense. Aún con todo, como ya avanzábamos, el hecho de que Estados Unidos sea un país con una tradición política de largo alcance y tan consolidada ha hecho que la doctrina predicada por el presidente James Monroe (1758-1831) a principios del XIX haya llegado hasta nuestros días bajo diversas formas y eufemismos. A grandes rasgos, este principio geopolítico se basaba en el supuesto derecho de Estados Unidos a disponer de una esfera de influencia propia en América Latina frente a los intereses de las potencias europeas. Ya hemos podido ver algunos de sus efectos. Sin embargo, el paroxismo de sus políticas anticomunistas e imperiales llegaría con la puesta en marcha de la llamada Operación Cóndor, que nos permite contextualizar aún mejor lo ocurrido en Centroamérica a partir de los años setenta. El objetivo de este plan puesto en marcha entre 1968 y 1989 era contener el avance de la izquierda en América Latina mediante el establecimiento de regímenes militares, y a corto plazo fue todo un éxito. Al fin y al cabo, evitó a Estados Unidos el coste económico y político de financiar y apoyar guerras civiles abiertas, tal y como ocurriría de forma casi sistemática en Centroamérica, fruto en no poca medida de las particularidades de dichos países.

El terrorismo de Estado, la represión política y el apoyo de la CIA, así como la cooperación activa entre diferentes países en materia de inteligencia y contrainsurgencia o la realización de operaciones internacionales conjuntas permitió el establecimiento de un grupo sólido de dictaduras, algunas de muy larga duración. Vale la pena enumerarlas para dar cuenta del alcance y coordinación del fenómeno: Paraguay fue la pionera y más longeva de todas, tras quedar bajo el mando de Alfredo Stroessner (1912-2006) entre 1954 y 1989; Brasil estuvo sometido a una dictadura militar entre 1967 y 1985; Bolivia estuvo bajo control de Hugo Banzer (1926-2002) entre 1971 y 1978; Chile quedó en manos de la dictadura de Augusto Pinochet (1915-2006) entre 1973 y 1990, tras un brutal golpe de Estado que dio la vuelta al mundo el 11 de septiembre al mostrar las imágenes del bombardeo a quemarropa contra el palacio presidencial donde se refugiaba el presidente electo, Salvador Allende (1908-1973); Uruguay pasó a estar gobernado por una dictadura cívico-militar entre 1973 y 1985; y finalmente Argentina quedó bajo el control de una Junta Militar entre 1976 y 1983, año que representó un punto de inflexión a causa de la desastrosa guerra de las Malvinas impulsada por el gobierno del país. Se calcula que estos regímenes acabaron con la vida de entre 60 000 y 80 000 personas entre muertos y desaparecidos, llevando a prisión a casi medio millón, muchas de las cuales fueron sometidas a terribles condiciones de aislamiento, a vejaciones, a violaciones y a torturas. De hecho, dentro de esta dimensión transnacional, la Operación Cóndor tenía también una vertiente económica que convirtió a los países de Sudamérica, especialmente al Chile de Pinochet, en uno de los primeros laboratorios del neoliberalismo predicado por la Escuela de Chicago. No es para nada casual que fuera allí donde se formaron muchos economistas latinoamericanos que pasaron a conocerse como los Chicago Boys, gracias a los programas de ayudas de instituciones como las fundaciones Ford y Rockefeller. Y es que para Estados Unidos no solo era fundamental contener al comunismo, sino también abrir los mercados nacionales y favorecer la privatización de las empresas públicas de unos países que contaban con gran cantidad de recursos naturales (Veiga, Da Cal, Duarte, 2010: 197-199).

En todo caso, Guatemala fue una vez más el país donde más claramente se desarrolló el fenómeno de la guerra civil como forma subsidiaria de control del poder desde la administración estadounidense. Allí tuvo lugar un larguísimo ciclo bélico de casi cuarenta años, entre 1960 y 1996, que estuvo caracterizado por todos los elementos propios de los conflictos internos de la Guerra Fría en América Latina: grandes corporaciones, guerra subsidiaria, contrainsurgencia y genocidio, en este caso contra la población rural maya como forma de lucha antiguerrillera. En esas casi cuatro décadas, Guatemala vivió un conflicto —o posiblemente una sucesión de guerras sorprendentemente largas— con diferentes picos, como la fase inicial de 1960-1968, hasta la primera gran derrota de la guerrilla insurgente; la de guerra abierta entre 1982 y 1985; sin olvidar los enfrentamientos del valle en los años setenta, de escasa actividad guerrillera y contrainsurgente. De hecho, su duración bien pudo estar relacionada con una naturaleza fuertemente irregular e intermitente, que podía congelarse y reactivarse en función de los apoyos y capacidades técnicas, tácticas y armamentísticas de las partes, donde rara vez habría frentes identificables como tal y donde, como en todas las guerras civiles irregulares, la población fue castigada duramente en el curso de las campañas cruzadas de la insurgencia y la contrainsurgencia. Y cabe recalcar el aspecto transnacional de este continuum bélico: el aprendizaje del Ejército guatemalteco en materia de experiencias en tácticas contrainsurgentes, tortura y guerra al civil provino en gran medida de la instrucción recibida por algunos de sus miembros en la Escuela de las Américas, el centro militar americano sito en Panamá, algo que era coherente con la preferencia estadounidense por las dictaduras estables frente a las democracias frágiles. Esta institución fue creada bajo el pretexto de la cooperación hemisférica, y por sus aulas pasaron doce dictadores, una historia que queda bien consignada en el documental de John Smihula, Hidden in Plain Sight (2003), donde el antiguo congresista republicano Mac Collins (1944-2018) afirmaba de forma contundente que «no tenemos problemas con los estudios que sostienen que soldados formados aquí cometieron terribles crímenes». Lo único que importaba a ojos de este político estadounidense era que «no fueron entrenados aquí para cometer esos actos. Y punto».

Con todo, los momentos culminantes de la intervención armada estadounidense en Centroamérica los protagonizó la administración de Ronald Reagan (1911-2004). En Guatemala los combates guerrilleros y estatales de los años sesenta desembocaron en el aplastamiento de la insurgencia a manos del después presidente Carlos Manuel Arana Osorio (1918-2003). Para ello se sirvió de políticas de tierra quemada que acabaron con más de 10 000 vidas en el transcurso de cinco años, aparte de dar lugar a una década de combates irregulares en forma de guerra larvada. Así pues, los ochenta fueron los años de mayor auge del fenómeno en toda Centroamérica. En buena medida, el camino lo marcaría Nicaragua, con el éxito revolucionario de 1979, tras cuatro años de enfrentamientos armados protagonizados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que finalizaron con la Ofensiva Final y la huelga general. Esta sucesión de acontecimientos llevó al poder a Daniel Ortega (1945-), toda vez que Anastasio Somoza (1925-1980), último miembro de la dinastía somocista de dictadores, abandonó el gobierno a instancias de Estados Unidos, y la comunidad internacional reconoció el poder del líder sandinista. Aun con todo, tras la caída del dictador y el triunfo del FSLN la administración Reagan decidió poner en marcha el bloqueo económico (que al igual que en el caso cubano empujó al gobierno a establecer acuerdos de cooperación preferenciales con la URSS) y la organización de las contras, grupos militares o paramilitares de lucha antiguerrillera entrenados en Argentina, los cuales tendrían como base la disuelta guardia nacional somocista. El programa progresista del gobierno, sostenido por una amplia coalición de izquierdas, tuvo que enfrentarse así a una escalada militar que duraría diez años y que cobraría la forma de una lucha armada irregular apoyada por una amplia coalición internacional contrarrevolucionaria. Una economista estadounidense dejó muy claras las claves de la estrategia de su país, que como siempre no tenía otro objetivo que destruir los medios de subsistencia de la población civil para deslegitimar y ahogar la revolución sandinista:

Para Estados Unidos es difícil paralizar la economía nicaragüense. Los niveles de vida de la mayoría de la población no dependen del exterior. La notable presencia de una economía popular de subsistencia y la disponibilidad de tierra da cierta capacidad de supervivencia al régimen sandinista. El fomento y apoyo norteamericano a la Contra es un elemento más eficaz que las sanciones económicas. Se trata de destruir infraestructuras, unidades de producción, cosechas… La opción de la intervención militar refleja la percepción de que la presión económica no es suficiente para erosionar el apoyo hacia el régimen sandinista (Martí i Puig, 1997: 72).

Por tanto, lo más fiable para Estados Unidos era contar con capacidad de acción directa sobre el terreno, y eso era lo que garantizaban las guerrillas contrainsurgentes, financiadas por la administración Reagan de manera encubierta a través del desvío de fondos destinados a la venta subrepticia de armas a Irán. Esto acabaría dando lugar a un grave escándalo político, tras haberse saltado la prohibición del Congreso a la financiación de la lucha armada en Nicaragua. De hecho, a partir de 1982 la contra obtuvo refugio en territorio hondureño, gracias a lo cual pudo poner en graves apuros a la revolución sandinista, que no podía acceder a las bases de operaciones enemigas por la necesidad de evitar una escalada de tensión internacional (Martí i Puig, 1997: 99). Así se entiende que la Nicaragua de Ortega se convirtiera por entonces en el epítome de la defensa de la independencia nacional frente a la agresión estadounidense, abierta o encubierta. Tampoco es casual que el sandinismo explotara en beneficio propio el descrédito sufrido por Estados Unidos a causa de su implicación en la Operación Cóndor. Sin embargo, el derrumbe del bloque soviético entre 1989 y 1991 también sentaría las bases para el fin del conflicto civil nicaragüense, en la medida en que desaparecía el único apoyo económico del que en diez años se había convertido en el país más pobre de América Latina, ya fuera por los gastos militares gubernamentales, por el bloqueo o por la acción armada de la contra. En medio de una situación de estancamiento del conflicto y devastación económica, una vez más la contingencia se mostraba como un factor decisivo, tanto en el estallido como en la terminación de las guerras civiles. Así lo reconocía el sandinista Orlando Núñez:

En aquellos momentos, el FLSN estaba entre dos fuegos: por un lado sus bases sociales, que pedían mano dura para con la derecha y la Contrarrevolución y, por otro, los sectores de la derecha, la base social de la Contra y la administración norteamericana, que pedían el desmantelamiento de la revolución. […]. El tiempo corría en contra de la revolución que estaba prácticamente exhausta. La economía apenas palpitaba, el estrangulamiento norteamericano se agudizaba y los abastecimientos del bloque soviético mermaban a la velocidad de una hemorragia. La búsqueda de la paz parecía la única estrategia de supervivencia posible y a ella se aferró la revolución, con sus últimas fuerzas y con todas sus consecuencias (cit. en Martí i Puig, 1997: 119).

Los ochenta, década del neoliberalismo y de reactivación del conflicto entre bloques bajo la administración republicana en Estados Unidos fueron también en otros países de Centroamérica el escenario de estas formas de guerra irregular, subsidiaria y paragenocida. De hecho, más que el nicaragüense, el ejemplo por antonomasia es el salvadoreño. Apoyándose en el Ejército y en grupos paramilitares (los Escuadrones de la Muerte), pero con instrucción y apoyos logísticos estadounidenses, el gobierno de El Salvador llevó a cabo una campaña contrainsurgente contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), coalición de fuerzas armadas entre las que se hallaba un Partido Comunista Salvadoreño que contaba con el apoyo de la URSS, Nicaragua o Cuba. El enfrentamiento derivado de ello hundiría al país en más de una década de guerra interna a partir de 1980. Un conflicto no declarado, como tantos, pero cuya chispa explosiva se sitúa a veces en el asesinato del arzobispo metropolitano Óscar Romero (1917-1980), cercano a posiciones populistas y de defensa de los derechos humanos y muchas veces relacionado con la teología de la liberación, según la cual la Iglesia debía ponerse del lado de los pobres y luchar por la justicia social (Byrne, 1996: 30-31). Sin embargo, la situación de colapso estatal, fractura de soberanía y proliferación de armas dejaba pocas salidas que no fuesen la confrontación bélica, independientemente del asesinato selectivo de una figura tan relevante como la de Monseñor Romero, elevado hoy a los altares por el argentino Jorge Mario Bergoglio (1936-), actual papa de la Iglesia católica. La situación de El Salvador recuerda bastante a la del Congo tanto en los años sesenta como en la actualidad, a pesar de ser un país mucho más pequeño, con una extensión inferior a la de Galicia, pero con una población en 1980 de 4,5 millones de habitantes, lo cual arroja una densidad de 214 personas por kilómetro cuadrado. A ello cabe sumar los factores estructurales, que no hicieron sino echar más leña al fuego, como por ejemplo la concentración agresiva de la propiedad de la tierra por parte de grandes corporaciones que destinaban sus productos a los mercados internacionales. Desde finales del siglo XIX, con el boom del café, y hasta la segunda posguerra mundial, con el auge de los cultivos de algodón y el azúcar, o los pastos para el ganado, esas compañías extranjeras fueron desplazando, empobreciendo o desposeyendo a los campesinos sin tierras o a los pequeños cultivadores, ahogados por las deudas y la imposibilidad de competir (Vilas, 1995: 19).

Así pues, con la espita de los muertos en los funerales del arzobispo y con el objetivo de hacerse con el poder antes de la toma de posesión de Reagan, el FMLN llevó a cabo lo que denominó como «ofensiva final» con el fin de derrocar a la tercera Junta Revolucionaria de gobierno. Esta era heredera de la que había tumbado en 1979 al gobierno ultrarrepresivo de Carlos Humberto Romero (1924-2017), apoyada la primera por el presidente Jimmy Carter (1924-) y de forma tácita por diferentes fuerzas del arco político salvadoreño, desde los comunistas a los democristianos. Entre otras cuestiones, la ofensiva buscaba la disolución de los grupos paramilitares o la reforma agraria efectiva, pero resultó un sonoro fracaso en su intento de cooptar a las fuerzas armadas para el movimiento y forzar una huelga general. La ulterior represión contra las organizaciones responsables, enraizadas en espacios urbanos, y sobre todo contra el FMLN hizo que hubieran de esconderse en zonas montañosas. Así, fruto de la necesidad nació una insurgencia armada en forma de guerra de guerrillas que caracterizaría la fase abierta de guerra civil en el país, una en la que se alternaron tiempos de combate y ofensiva abierta con otros escasos de alto el fuego y negociación; secuestros de alto voltaje, como el de la hija del presidente José Napoleón Duarte (1925-1990), con actos terroristas individualizados o masacres de civiles, como la de Las Hojas, del 22 de febrero de 1983, que acabó con la muerte de 74 personas a manos del Ejército y las milicias gubernamentales; debates parlamentarios para la elaboración de una Constitución, como la de 1983, y financiación lateral de la guerra sucia por parte de la administración Reagan, con hasta 600 millones de dólares al principio, y no menos de 440 en años como 1987, lo cual arroja la cifra de un millón de dólares diario (sobre el apoyo estadounidense véase McKinney, 2015).

La insurgencia guerrillera superaría diferentes puntos de no retorno en su estrategia acumulativa. Su objetivo era presentarse como depositaria de la legitimidad y la soberanía nacionales, todo ello en un ciclo bélico sostenido con gran esfuerzo, parones para la negociación y combates por el territorio, que mantuvo en marcha hasta lograr sentarse en la mesa de negociaciones como sujeto político reconocido. El caso es que el fracaso del intento de ofensiva final por parte del FMLN en noviembre de 1989 no cerró la vía militar, pero sí entreabrió la de un posible acuerdo con el gobierno. También las fuerzas contrainsurgentes alcanzarían cotas de evidente radicalización propias del combate irregular, que al mismo tiempo reforzaban y perpetuaban el Estado autoritario al hacer ver a sus apoyos sociales entre las clases medias y altas que las amenazas a su seguridad y propiedades seguían vivas (Stanley, 1996: 37). Para ello crearían unidades militares especializadas en la lucha antiguerrillera, como el tristemente célebre Batallón Atlácatl. Este era parte de los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata, y en su caso había sido formado e instruido en la Escuela de las Américas. Entre otras, sería responsable de matanzas contra poblaciones civiles como las del departamento de Morazán, en febrero de 1981 (la llamada Masacre del Mozote), en el curso de las cuales fueron ejecutadas entre 600 y 1200 personas, o como las de Copapayo, en noviembre de 1983, con unas 150 víctimas. Se trataba de un grupo cerrado e instruido para aniquilar cualquier resistencia, a la par que se basaba en su gran movilidad para la lucha antiguerrillera, que como es característico en este tipo de unidades situaba entre sus principales objetivos a los supuestos apoyos civiles de los insurgentes. Es difícil no acordarse de la X MAS y su implicación en asesinatos y persecución de civiles en Italia por motivos similares a los argüidos por las fuerzas armadas salvadoreñas.

El caso es que entre los primeros combates de junio de 1981 hasta la firma del Acta de Nueva York el último día de 1991 (tras largas negociaciones en Ginebra, Caracas, Costa Rica, México o Estados Unidos, y solo pocas semanas después de los últimos combates entre guerrilleros y fuerzas armadas), la guerra salvadoreña dejó un reguero de víctimas cercano al 2 % de la población del país, más de 75 000 muertos, miles de personas inválidas física o psicológicamente por metralla y minas antipersona, o por tortura y agresiones sexuales de todo tipo, así como un desplazamiento forzado de más de 400 000 individuos. Los trabajos de la Comisión de Reconciliación Nacional puesta en marcha durante la guerra prepararían el terreno para las diferentes amnistías propugnadas por el presidente Duarte, cuyo fin no era otro que favorecer la desmovilización y desarme de las guerrillas. De hecho, a diferencia de muchas de las guerras que se estudian en este libro, la de El Salvador finalizó con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec, México, en 1992. Por el camino quedaban los graves efectos del conflicto sobre las actitudes sociales, sobre la capacidad de la sociedad para organizarse políticamente y, por supuesto, la destrucción medioambiental o la degradación del paisaje, factores todos ellos que a menudo no son tomados en consideración por los estudios de la guerra (Ugalde et al., 2000).

También sería «constante», en palabras de Thomas Fischner, el conflicto interno en Colombia. En un país con unas tasas de delincuencia y de muertes violentas hasta diez veces mayores a las de Estados Unidos, el enquistamiento del conflicto estatal contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) tuvo mucho que ver con que la fuerza insurgente tenía bajo control territorios donde las propias redes de narcotráfico, con sus fuerzas armadas privadas, tenían desplegadas sus áreas de cultivo y producción. No obstante, este breve panóptico sobre las guerras civiles en América Central solo puede cerrarse en Guatemala. Para ello debe retomarse la historia congelada de las guerrillas rurales, cuyo peso y potencia de fuego estaban latentes en los años setenta, pero también la de la represión estatal, sumada a la expropiación forzosa de poblaciones campesinas completas y a la persecución de la disidencia política en las ciudades. En ese contexto, el golpe que llevó primero al poder al coronel Efraín Ríos Montt (1926-2018), que focalizó la labor de persecución de la disidencia en las áreas rurales de la guerrilla, y más tarde el que lo sustituyó por el general Óscar Humberto Mejía Víctores (1930-2016), reabrieron y descongelaron las campañas de exterminio étnico contra las aldeas indias, lo que expulsó a miles de campesinos, se calcula que unos 200 000, al Chiapas mexicano (De la Peña, 1997: 254). La rebelión en el altiplano tuvo otras derivaciones, como el escandaloso ataque policial e incendio de la embajada española en enero de 1980, con el fin de acabar con los líderes indígenas reunidos con el embajador para escuchar sus protestas. De hecho, Guatemala es el único país de toda América Latina que tiene una mayoría india muy clara sobre el resto de grupos étnicos, lo cual no ha sido óbice para que la historia del país se haya caracterizado a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del XX por el desprecio y maltrato del Estado y la oligarquía dominante frente a estas comunidades, que a menudo cobraría forma a través de su segregación violenta (Le Bot, 1995: 15-28).

En Guatemala tuvo lugar un fenómeno interesante y hasta cierto punto poco habitual que habla de la dimensión radicalmente moderna de su guerra civil: esta acabó deviniendo una lucha por la definición de la vida en comunidad, la construcción del Estado-nación sobre una base social amplia y la modernización. Hablamos de un escenario donde la población maya, profundamente religiosa, comenzó a organizarse inspirada por los principios de lo que más tarde sería la teología de la liberación y en pos de la emancipación económica y política por medios pacíficos. De hecho, vale la pena señalar que, cuando la guerrilla guatemalteca se instaló en las áreas pobladas por los indios para proseguir con su lucha revolucionaria, sus líderes no tenían apenas esperanzas de arraigar entre los autóctonos, ni mucho menos de sumar sus apoyos para la guerra. Sin embargo, la disrupción violenta del movimiento social maya en la segunda mitad de los años setenta hizo que amplios sectores de estas comunidades se unieran a los guerrilleros en la lucha armada, portando consigo su propia cosmovisión de la comunidad y la defensa de la cultura propias frente a la agresión exterior de la que fueron objeto, sobre todo durante el mandato del gran terrateniente Fernando Romeo Lucas García (1924-2006). Esta inesperada confluencia de intereses nos recuerda la multiplicidad de proyectos y motivaciones que conviven bajo el paraguas de cualquier lucha armada revolucionaria, como en este caso, donde la lucha de clases, étnica y religiosa se entremezclaron entre sí. Así pues, por un lado estaban los mayas, empujados a una lucha por su supervivencia como comunidad, y por otro los revolucionarios, cuyo objetivo último era la conquista del poder político para la imposición de un nuevo orden. El resultado más evidente de esta alianza coyuntural surgida de la contingencia y fracasada en su intento por oponerse a las autoridades de un Estado oligárquico y opresor fue el debate nunca antes abierto, ni tan siquiera entre las principales fuerzas progresistas y reformistas, sobre el papel de los mayas en la futura configuración del Estado-nación en un país donde eran clara mayoría. Dicho de otro modo, la guerra propició el acercamiento de realidades hasta entonces bastante estancas, así como la entrada de los mayas en la política nacional y la sociedad civil a través de mecanismos participativos no tan diferentes a los empleados en otros contextos insurgentes como el chino, el coreano o el vietnamita (Le Bot, 1995: 302-304).

La clave del éxito de las políticas de ocupación revolucionarias pasaba por romper con el miedo y hacer tomar parte a la población excluida. Representada por el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, la Organización del Pueblo en Armas o las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la insurgencia agrupada bajo la bandera de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que controlaba amplias zonas del territorio, sufrió una campaña de tierra quemada en 1983 que la privó virtualmente de cualquier capacidad ofensiva (Dunkerley, 2001: 84). Así pues, la estrategia basada en las expulsiones, el reclutamiento de civiles y el control de las comunidades rurales acabaría siendo terriblemente efectiva. Las más de 200 000 víctimas entre asesinatos y desapariciones, unidas a las decenas de miles desplazadas de forma forzosa, atestiguan el impacto de las formas extremas de violencia que se desplegaron sobre la población por parte de los diferentes regímenes en su lucha contra las guerrillas.

Sin embargo, como cualquier otro, el conflicto guatemalteco tuvo sus fases en lo que al despliegue de la violencia se refiere, y esto es particularmente interesante porque nos permite huir de las simplificaciones y abordar en toda su complejidad las motivaciones y lógicas que la ponen en marcha, así como los fines a los que sirve. Campañas como la del año 1983 solo se explican según una lógica en la cual las poblaciones rurales son consideradas parte consustancial de la insurgencia y, por tanto, miembros de esta, de manera que convertirlas en objetivo de las operaciones militares sería coherente dentro de una estrategia global para aplastar a los rebeldes. Por supuesto, este enfoque científico de la guerrilla, muy en consonancia con las prácticas que hemos ido viendo desde al menos la Segunda Guerra Mundial, podía estar aderezada por el racismo, y por tanto adoptar de forma directa o indirecta tintes genocidas, tal y como ocurrió con la población maya de Guatemala. En cualquier caso, la cuestión del genocidio está sometida a debate, ya que a la luz de la documentación militar parece que las tropas del gobierno actuaban en uno u otro sentido según consideraran que la población estaba perdida o no para su causa, por mucho que la motivación genocida pudiera ser un estímulo en ciertos casos individuales y colectivos. En caso de haber sido una violencia genocida, como la desplegada por los alemanes contra los judíos en los territorios ocupados de la Unión Soviética, ni tan siquiera se habría planteado esa dicotomía, sino que se habría optado por la eliminación pura y simple. En cambio, aunque es evidente que asistimos a una violencia de masas, esta no deja de estar guiada por principios selectivos, al menos desde el punto de vista gubernamental y siempre en el marco de una guerra especialmente cruel (Kubota, 2017; Schwartz y Straus, 2018).

El altavoz de las víctimas mayas sería la también indígena Rigoberta Menchú (1959-), hija de uno de los campesinos asesinados en la embajada española y Premio Nobel de la Paz en 1992. No es casual que la activista señalara que «la paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo. El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente», algo que en el clima de disolución de posguerra y en el marco de la imposición del liberalismo ha brillado por su ausencia. Al igual que en El Salvador, la sombra de los casi cuarenta años de guerra en Guatemala es muy alargada, por ejemplo, en el campo de la educación reivindicado por Menchú (Chamarbagwala, 2011; Caldera, 2015). Esto se ha dejado ver en la desestructuración económica, la desigualdad creciente, el empobrecimiento generalizado o la falta de oportunidades permanentes a las que ha dado lugar, y que han tenido como resultado un Estado semifallido y una sociedad donde la violencia armada ha devenido algo cotidiano (Janzen, 2008; Díaz, 2017).

Así pues, buena parte de la Centroamérica arrasada por las guerras civiles sigue enfrentándose a un futuro bastante incierto y poco esperanzador. Esta realidad contrasta con la importancia limitada que las sociedades occidentales suelen dar a los conflictos poco mediáticos y/o ocurridos en las periferias imperiales, por mucho que sus consecuencias son persistentes y determinantes para el futuro de las sociedades que las sufren. Se trata de algo que también queda reflejado en el enfoque de los medios de comunicación y de los analistas políticos europeos y estadounidenses. Tal y como denunciaba en 1993 de forma muy reveladora César Jerez, por entonces rector de la Universidad Centroamericana de Managua, «la guerra fue de baja intensidad solamente para los ciudadanos estadounidenses […] En Nicaragua esta supuso una guerra total, a todos los niveles» (cit. en Martí i Puig, 1997: 117-118). Por eso mismo, no deja de ser paradójico que, diez años después de Menchú, el Premio Nobel recayera en Jimmy Carter, el mismo presidente estadounidense que había retirado el apoyo a Somoza en Nicaragua. El mismo que en diciembre de 1979 decidió armar a los muyahidines en Afganistán.

Afganistán en la encrucijada: fin e inicio de dos épocas

AFGANISTÁN EN LA ENCRUCIJADA:

FIN E INICIO DE DOS ÉPOCAS, 1978-2017

Una de las tesis fundamentales de esta obra, amparada en el estudio y comprensión transnacional de los conflictos, es que Afganistán constituye un cruce de caminos de primera importancia a la hora de entender muchas de las guerras civiles, fenómenos terroristas y movimientos políticos surgidos en las periferias imperiales desde los años ochenta hasta la actualidad. Como vamos a ver, eso se explica en parte por las condiciones y las premisas bajo las cuales se llevó a cabo la invasión soviética del año 1979, que de hecho tuvo lugar en un país que hacía ya un año que se había precipitado en una guerra civil. Con etapas de mayor o menor intensidad esta abrió un larguísimo y terrible ciclo bélico que dura hasta nuestros días. De ahí la importancia que ha tenido y tiene Afganistán, paradigma por excelencia del confín imperial por varias razones: el aislamiento, favorecido por la ausencia de salida al mar y por una orografía tortuosa en extremo, que hace de este uno de los países más montañosos del mundo; una estructura social de lealtades y organizaciones paralelas al Estado moderno y basada en lazos familiares, clanes y tribus, así como en las diversas alianzas establecidas entre dichos grupos; su marcado carácter multiétnico, con los pastunes como comunidad más importante a caballo entre Pakistán y Afganistán, los tayikos y los uzbekos al norte, y otras comunidades que hablan dialectos farsis o lenguas muy emparentadas con esta, como los hazara, los baluchis, los taimanis y los nuristanís en el centro, sur y oeste; y, finalmente, su papel de Estado tapón en una región particularmente sensible a nivel geoestratégico y punto de encuentro entre diferentes imperios. Así pues, queda bastante claro el carácter transfronterizo de las comunidades que habitan Afganistán, donde las afinidades culturales con amplias regiones más allá de sus confines han hecho de las fronteras algo poco natural y difícilmente comprensible para una población autóctona caracterizada por su movilidad sin restricciones a través de estas.

Pues bien, en los años setenta Afganistán compartía una pequeña frontera al este con China de menos de 100 kilómetros, una gigantesca frontera al este y al sur con Pakistán de 2400 kilómetros, y lo que es más importante para nuestro análisis: 2100 kilómetros de fronteras al norte con tres repúblicas de mayoría musulmana dentro de la Unión Soviética, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, además de los 940 que compartía con Irán al oeste. Esta posición geopolítica devendría un factor de particular relevancia a finales de los años setenta, sobre todo tras el triunfo de la llamada Revolución iraní, que supuso el derrocamiento de la monarquía persa, con 2500 años de tradición a sus espaldas. Sobre sus escombros se instauró una república bajo la autoridad del líder religioso más importante del país, Ruhollah Jomeini (1902-1989), e inspirada en los preceptos de lo que hoy es ampliamente conocido en todo el mundo como fundamentalismo islámico. El camino hasta aquí estuvo muy marcado por las particularidades de la Guerra Fría, la lucha entre bloques por expandir y conservar las respectivas esferas de influencia y el desarrollismo de muchos dictadores, que actuarían al modo de los déspotas ilustrados según el viejo principio dieciochesco de tout pour le peuple, rien par le peuple.

Asia Central y Oriente Medio durante la Guerra Fría: el impacto de la geopolítica y el fundamentalismo

Asia Central y Oriente Medio durante la Guerra Fría:

el impacto de la geopolítica y el fundamentalismo

islámico, 1951-1978

En el caso particular de Irán nos encontramos al frente del poder desde el año 1941 al sah Mohammad Reza Pahleví (1919-1980), quien atravesó ileso el periodo de turbulencias de la Segunda Guerra Mundial, ocupación anglo-soviética incluida, y el inicio de la Guerra Fría, con las primeras disputas entre los bloques. De hecho, estas quedaron ejemplificadas por un acontecimiento decisivo para el futuro de este país de Oriente Medio, que por aquel entonces era el segundo productor mundial de petróleo: el golpe de Estado ejecutado por la CIA en agosto de 1953 contra el primer ministro Mohammad Mosaddeq (1882-1967). Este experimentado líder político, que estaba al frente del gobierno desde el año 1951, ha pasado a la historia como el principal representante del secularismo en Irán, sobre todo por su paquete de reformas sociales, que incluyó una reforma agraria, la introducción de un sistema de impuestos progresivo o la instauración de la seguridad social, entre otras.

El proyecto que condenó a Mosaddeq a ojos de las potencias occidentales fue la nacionalización de la industria iraní de crudo en 1951, la cual había sido montada a principios de siglo por el precedente de la moderna British Petroleum Company (BP), que a su vez era la propietaria. Esta medida era el pilar maestro sobre el que se sostenía todo el programa político de Mosaddeq, que precisaba de los ingresos derivados del petróleo para impulsar su programa de reformas. Sin embargo, el oro negro también era vital para el Estado británico, que era el socio mayoritario dentro de la compañía y que aliviaba sus maltrechas cuentas gracias a la venta de la producción petrolera. De hecho, el proceso estuvo atravesado desde el principio por las tensiones y los conflictos, hasta el punto que el Reino Unido consiguió imponer un veto a la compra de crudo iraní que paralizó por completo la producción. En paralelo, el primer ministro iraní mantenía un conflicto con la monarquía dentro de su particular cruzada por recortar los poderes del sah y democratizar el país. Finalmente, a finales del año 1952 la situación llegó a un callejón sin salida tras la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Winston Churchill, haciendo imposible cualquier arreglo negociado. Sin embargo, la llegada de Eisenhower al poder a finales de 1952 cambió el enfoque estadounidense respecto al conflicto, en un primer momento opuesto a los intereses británicos. Para ello Churchill no dudo en azuzar el fantasma del comunismo y la posibilidad de que el país cayera en la esfera soviética dentro de un área geopolítica tan sensible como aquella, fronteriza con la Unión Soviética y con salida al océano Índico. Así pues, la confluencia de intereses entre Estados Unidos, Reino Unido y Reza Pahleví propició que el primer ministro iraní fuera desplazado del poder en medio de brutales luchas callejeras entre los opositores y los partidarios de la monarquía, estos últimos movilizados por la CIA. El saldo final arroja la cifra de 300 muertos, el arresto domiciliario de Mosaddeq y un enorme resentimiento entre la población iraní tras ver la soberanía del país violada por los manejos encubiertos de potencias e intereses extranjeros, y todo ello con la complicidad del monarca.

El sah aún permanecería en el poder veintiséis años más, durante los cuales consiguió convertirse de facto en un autócrata, explotando las diferencias entre las diferentes facciones políticas y élites del país en el ámbito doméstico y los intereses a veces contrapuestos de británicos y estadounidenses en política exterior. De hecho, consciente de su posición de debilidad frente a una parte importante de la sociedad iraní, puso en marcha tras el golpe una política basada en la introducción de reformas sociales, en iniciativas desarrollistas y en la adopción del rol de potencia regional. Sin embargo, la otra cara de la moneda fueron los grandes derroches en obras megalómanas, la corrupción como forma de gobierno y reparto del poder, la represión violenta de toda forma de oposición y la marginación de la población rural. No es casual que los desequilibrios estructurales experimentados por Irán fruto de las reformas fueran muy similares a los que sufrió la España franquista entre la segunda mitad de los años cincuenta y en los sesenta, que en el primer caso llegó a provocar el desbordamiento de Teherán a causa de la llegada masiva de emigrantes del campo. Los barrios de chabolas crecieron sin regulación alguna, la miseria se apoderó de un número cada vez mayor de personas debido al paro, mientras que los servicios más básicos dentro de la capital y otras ciudades importantes se colapsaron. Paradójicamente, este proceso se aceleró a consecuencia de la crisis del petróleo, a partir de la segunda mitad de octubre de 1973, tras la imposición de un embargo por parte de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) sobre la exportación de petróleo a los países que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kipur, ocurrida durante la primera mitad de dicho mes. La subida de los precios del crudo provocó la entrada de una cantidad inusitada de capital, causando el caos económico en un Irán que no contaba con las estructuras estatales necesarias para gestionar y distribuir de forma efectiva tanta riqueza. Fruto de esa incapacidad y de los efectos del desarrollismo, que había acabado por arruinar la agricultura y desarticular al conjunto del país, comenzaron las protestas y las movilizaciones, contestadas con violencia por parte del Estado. En aquel trance de disolución, el fundamentalismo islámico se convirtió en el principal catalizador del malestar social y político.

El ciclo de acción colectiva que culminó en la proclamación de la República Islámica de Irán comenzó ya en el otoño de 1977, en forma de protestas antimonárquicas y diversos modos de resistencia civil, y no hizo sino intensificarse a lo largo del año 1978. De hecho, el frente político opuesto a Reza Pahleví era muy amplio, y por supuesto integraba a gran cantidad de iraníes que no se sentían identificados con los principios del fundamentalismo islámico, pero que decidieron entrar en acción aprovechando la ventana de oportunidad provista por las movilizaciones. La vuelta del ayatolá Jomeini al país en febrero de 1979 marcó el punto culminante de la llamada Revolución islámica, que apenas un mes antes ya había conseguido forzar al sah a abandonar el país. En cualquier caso, estos acontecimientos imprevistos y de factura exclusivamente autóctona desbordaron por completo a las principales potencias, tanto en un bloque como en el otro. De golpe se habían roto todos los canales de comunicación con Irán, ya no había certezas sobre quiénes podían actuar como intermediarios o interlocutores, algo intensificado por los eslóganes antiestadounidenses, omnipresentes durante las movilizaciones del año 1978. La incertidumbre no hizo sino acentuarse cuando un nutrido grupo de estudiantes islámicos ocupó la embajada estadounidense durante seis meses y retuvo a medio centenar de ciudadanos de dicha nacionalidad, con un intento frustrado de liberación exterior incluido. El fracaso le costó la presidencia a Jimmy Carter, lo cual redundó en favor de Ronald Reagan, que accedió al poder a principios de 1981 tras su victoria electoral a finales del año anterior (para los últimos párrafos seguimos en parte a Veiga, Da Cal y Duarte, 2010: 291-302; Mohan Puri, 2005; Seeberg, 2014).

Los acontecimientos no cogieron menos desprevenidas a las autoridades soviéticas, que de hecho hacía ya un año que estaban desbordadas por el curso de las cosas en la región. En paralelo a la Revolución islámica en Irán, los acontecimientos también se precipitaron de forma dramática en Afganistán, que como era tradicional había mantenido un alto grado de independencia política a lo largo de toda la Guerra Fría. No obstante, por muy aislado que estuviera el país, es evidente que la sociedad afgana formaba parte del mundo que le rodeaba, al tiempo que contribuía a dar forma a su entorno con sus propias particularidades. Así pues, los efectos de la modernidad no habían pasado de largo en este punto del globo, algo que se evidenció en las políticas exteriores puestas en marcha por Mohammed Daud Khan (1909-1978) durante su periodo como primer ministro entre 1953 y 1963, muy influenciadas por el nacionalismo pastún. Como ya hemos avanzado antes, esta comunidad es la mayoritaria en Afganistán, y se encuentra concentrada sobre todo a lo largo de toda la franja fronteriza con el moderno Pakistán, así como en amplias regiones del sur y el suroeste del país. Además, también es el grupo étnico más importante en el espacio que va de la frontera afgano-pakistaní y la margen derecha del Indo. Así pues, hablamos de una comunidad muy unida por estrechos lazos comerciales, tribales y familiares, la cual quedó dividida en dos debido a las políticas imperiales británicas de finales del siglo XIX, que establecieron la línea Durand como punto de partición entre el moderno Estado afgano y los confines noroccidentales de India. Esta decisión fue desastrosa para los pastunes, que vieron alterada su vida cotidiana de forma radical ante la práctica paralización de los contactos transfronterizos y la integración de sus comunidades en dos sistemas político-económicos absolutamente diferentes, hasta el punto de que sus efectos se dejan sentir aún a día de hoy. De hecho, esta frontera heredada de la época colonial, que marca la línea divisoria entre Pakistán y Afganistán, sigue sin ser reconocida por las actuales autoridades afganas.

Así pues, el nacimiento del nacionalismo pastún fue en cierta medida una respuesta natural y moderna a las imposiciones y los quebrantos provocados por el colonialismo británico en toda la región. De esta forma se explica que las reivindicaciones de dicha comunidad en pos de la reunificación, lo cual supone revertir las fronteras, hayan sido estimuladas a la par que adoptadas por diferentes líderes afganos de todo signo político a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. En muchos casos, no solo veían en ello algo justo y necesario, sino también una base sobre la cual apoyar su poder dentro de una sociedad tan compleja a nivel étnico-cultural y sociopolítico, cosa que no obstante ha provocado las suspicacias del resto de comunidades étnicas del país ante la posibilidad de verse marginadas. Esto fue lo que ocurrió en el caso de Daud Kahn, que apoyó sin reservas la unión del pueblo pastún y dio muestras de su compromiso con esta política enviando milicias y grupos armados que iban y venían a través de la frontera entre Afganistán y Pakistán. Aunque los enfrentamientos en la región no eran algo nuevo, pues su repunte se enmarcó en el traumático y violento proceso de disolución imperial británica en el Indostán durante la segunda posguerra mundial, fue en 1961 cuando Pakistán decidió cerrar sus pasos fronterizos con su vecino noroccidental. Y por mucho que los individuos no dejaron de circular, lo cierto es que Afganistán perdió dos de sus salidas y vías comerciales naturales a través del río Indo y la región marítima suroccidental de Baluchistán, algo que contribuye a explicar la dependencia casi total respecto a la Unión Soviética a partir de ese momento y en última instancia la caída de Daud Kahn (Saikal, 2010; Saigol, 2012).

No obstante, este líder afgano volvió a la escena política tras un golpe de Estado en 1973, lo cual tuvo como resultado un nuevo pico en los conflictos transfronterizos con Pakistán. De hecho, a partir de la segunda mitad de los años setenta comenzó a haber serias interferencias exteriores en el país centroasiático. Por un lado, Pakistán trató de ejercer el papel de potencia regional. En este sentido, sus autoridades no dudaron en utilizar los servicios de inteligencia para promover la formación de grupos armados y su infiltración en Afganistán con el fin de desestabilizar el país vecino. Estas políticas tuvieron mucho que ver con el enorme trauma provocado por la llamada guerra de Liberación bangladesí de 1971, que acabó con la derrota de Pakistán frente a India y sus aliados bengalíes dentro del propio Bangladesh, que hasta entonces era una de las dos partes constituyentes del Estado pakistaní. El conflicto fue iniciado por el propio gobierno de Pakistán, en un intento por aplastar la secesión de la región, impulsada por la comunidad bengalí, mayoría dentro del país, y para ello no dudó en reclutar milicias de radicales islámicos integradas por miles de individuos. De hecho, aunque no podemos detenernos en esta cuestión, vale la pena señalar que las operaciones pakistanís y el apoyo material y político de India a los nacionalistas bengalís pronto hicieron que el enfrentamiento se convirtiera en una crudelísima guerra civil de casi nueve meses. El número de víctimas es imposible de calcular con una mínima exactitud, pero vale decir que en el marco del conflicto tuvo lugar una campaña eliminacionista contra la comunidad bengalí. Desde el punto de vista académico, existe acuerdo a la hora de considerar este episodio de matanzas colectivas como un genocidio, que con toda probabilidad costó la vida de un millón de personas, puede que más, y que asimismo incluyó la violación de masas como arma de guerra, afectando a unas 200 000 mujeres. A tal efecto, se crearon instalaciones o centros donde muchas de estas eran retenidas y violadas de forma sistemática por soldados pakistaníes y sus aliados autóctonos de origen bengalí o bihari. Sin embargo, las agresiones también se llevaban a cabo en grupo y delante de los familiares de las víctimas, que en muchos casos fueron repudiadas a causa del peso de una tradición patriarcal donde el mantenimiento de la pureza de la mujer era considerado un factor fundamental (Goldhagen, 2010: 58, 486-487).

En definitiva, la derrota en la guerra supuso un repunte del nacionalismo pakistaní, bien encarnado por su entonces presidente y hasta 1977 primer ministro, Zulfikar Ali Bhutto (1928-1979), impulsor además del programa nuclear del país en medio del trauma de la posguerra. Por eso, aunque la política en Afganistán era una cuestión menor en comparación con el conflicto que Pakistán mantenía con India, no es menos cierto que, además de ser una manera de resarcirse, formaba parte integral de la política de seguridad nacional del Estado, que quería evitar a toda costa la inestabilidad en toda la frontera norte. De ahí la política de reclutamiento de fundamentalistas islámicos afganos y el impulso de la guerra subsidiaria dentro del país vecino, que, como hemos visto, tenía su precedente más inmediato en las formas de movilización y ocupación prácticas en Bangladesh en 1971. Entre los individuos adiestrados y/o apoyados por el país vecino se encontraban algunos muyahidines con un papel determinante en toda la región durante los últimos cuarenta años, que en muchos casos han acabado formando parte del movimiento talibán. Hablamos por ejemplo del pastún Jalaluddin Haqqani (1939-2018), Mohammad Yunus Khalis (1919-2006), Mohammad Nabi Mohammadi (1920-2002) o Gulbuddin Hekmatiar (1949-), al cual volveremos a encontrarnos, pero también otros no alineados con los talibanes, como Pir Sayyid Ahmed Gailani (1932-2017), Burhanuddin Rabbani (1940-2011), Jan Mohammad Khan (¿?-2011) o Ahmad Shah Masud (1953-2001). Conviene destacar que la palabra muyahidín se refiere a todo aquel que hace la yihad, ambos conceptos conflictivos en torno a los cuales existe mucha confusión. El segundo de ellos, más allá de su dimensión de guerra de conquista y expansión de la fe contra el infiel, tiene otras acepciones, a veces excluyentes entre sí y otras no, siempre dependiendo de quién lo invoca, pues también puede referirse a la lucha personal del individuo por mantenerse firme en los preceptos islámicos o a la defensa de la religión y la tradición frente a una amenaza externa. Por lo tanto, y esto es lo que nos importa aquí, ni la yihad ni el muyahidín tienen por qué estar asociados stricto sensu al fundamentalismo islámico, si bien en el caso del segundo la vinculación con la lucha armada es consustancial. No obstante, caben tantos tipos de muyahidines como interpretaciones del islam, y esto es importante tenerlo claro.

Por otro lado, desde la segunda mitad de los años setenta hubo otros factores que contribuyeron a desestabilizar el país de forma decisiva, como por ejemplo la política exterior practicada por Reza Pahleví en toda la región, así como los manejos de la administración Nixon a través de su aliado iraní. Parece ser que ambos incitaron al presidente afgano Mohammed Daud Khan, que había establecido una república en Afganistán tras el golpe de Estado incruento de 1973, a que se distanciara de la Unión Soviética y aplastara a la izquierda para reforzar su poder e independencia. Sin embargo, esta política tuvo efectos desastrosos, al culminar en un nuevo golpe de Estado en abril de 1978, esta vez ejecutado por la izquierda comunista del Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA), claramente dividida en dos facciones, Khalq y Parcham, generalmente de base étnica pastún y tayika respectivamente, lo cual hacía que los conflictos y agravios mutuos fueran habituales. Esto último se iba a revelar decisivo en lo que estaba por venir, porque prácticamente de inmediato comenzaron las purgas de los primeros contra los segundos. El caso es que las autoridades soviéticas se encontraron de golpe con hechos consumados donde no habían tenido nada que ver y con los cuales no sabían cómo lidiar, dadas las peticiones de ayuda que les llegaban desde Afganistán por parte del nuevo gobierno en el poder. Sea como fuere, a mediados de 1979 ya había unos cuatro mil asesores soviéticos en el país, y la ayuda material y financiera afluía generosamente.

El Estado fallido de Afganistán: una espiral de guerras civiles y ocupaciones extranjeras, 1978-2017

El Estado fallido de Afganistán: una espiral de guerras civiles

y ocupaciones extranjeras, 1978-2017

Las reformas radicales implementadas en todos los ámbitos por el gobierno comunista de Nur Muhammad Taraki (1917-1979) tuvieron un efecto desastroso, sobre todo en el mundo rural. Aquí la situación muy pronto degeneró en una oposición armada abierta de signo islamista o nacionalista contra el gobierno, favorecida por la infiltración de muyahidines llegados desde Pakistán e Irán, donde al mismo tiempo estaba teniendo lugar la revolución. A todo ello se unió un motín del Ejército afgano en marzo de 1979, que con apoyo popular tomó el control de la ciudad occidental de Herat junto con la región homónima, donde la mitad de la población era chií y de clara mayoría farsihablante, algo fundamental en una zona fronteriza con el también chií Irán. Aunque no está muy claro ni el grado de implicación del nuevo gobierno iraní ni el de otros agentes apoyados desde el exterior, esta revuelta opuesta al gobierno de Kabul, controlado de forma mayoritaria por la facción pastún Khalq del PDPA, acabó ahogada en sangre, con entre 3000 y 25 000 personas masacradas, incluidos bombardeos aéreos contra la población civil (Roy, 1985). Tampoco ayudó a calmar las cosas la manera en que se ejecutó la reforma agraria, basada en criterios racionales, es decir, iguales para todas las regiones del país y sin especificidades. Sobre todo, porque se aplicó de manera torpe y poco inteligente, más aún en una sociedad tan extremadamente compleja y con un arraigo tan grande de la tradición como era la afgana (Zubok, 2008: 388-393). Aunque la mitad de la tierra del país estaba en manos de un escaso 5 % de la población, el gobierno no supo prever que, dada la estructura socioeconómica del país, la expropiación de los grandes terratenientes supondría el dislocamiento del campo. La mayor parte del campesinado dependía de los grandes propietarios —los mismos que les arrendaban las tierras— para obtener las semillas, el agua y los medios de producción para el trabajo agrícola, algo que le permitió a estos sabotear la reforma, además de que en muchos casos los campesinos se mostraban reticentes a aceptar una tierra que consideraban robada (Halliday, 1980: 24). Finalmente, la situación en Afganistán se deterioró de forma acelerada por los conflictos en la cúpula del gobierno entre los dos hombres fuertes de la revolución, Taraki y Jafizulá Amín (1929-1979), quien promovió un nuevo golpe de Estado y ordenó ejecutar al primero.

No hay duda de que las autoridades soviéticas veían Afganistán como una parte clave de su cinturón de seguridad exterior. Sin embargo, la definitiva decisión de intervenir militarmente en el país no estuvo exenta de debates y conflictos. Sin ir más lejos, el jefe del Alto Estado Mayor del Ejército Rojo, Nikolái Ogarkov (1917-1994), advirtió tanto de los problemas militares y logísticos con que podrían encontrarse como de los graves efectos políticos que podía tener una maniobra así. A este respecto, llegó a afirmar ante el Politburo, máximo órgano consultivo del gobierno en la Unión Soviética, que si se intervenía «alinearíamos a todo el mundo islámico de Oriente contra nosotros y sufriríamos un deterioro político en todo el mundo». A pesar de ser reprendido por sus palabras no se equivocaba en absoluto, como pronto se iba a comprobar. En cualquier caso, la intervención estuvo motivada por varios factores. En primer lugar, la proclamación de la República Islámica de Irán el 31 de marzo de 1979, que muy pronto comportó el envío de ayuda material y política a los grupos fundamentalistas del suroeste de un país en el que un tercio de la población compartía con los iranís el farsi y en muchos casos la fe chií —dos de cada diez afganos son chiís, frente al restante ocho de cada diez que son suníes—; en segundo lugar, muy importante, una nueva escalada de tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que acabó dando lugar a lo que se suele denominar Segunda Guerra Fría y en la cual volvieron a entrar en escena los cálculos estratégicos y las suspicacias mutuas respecto a los siguientes pasos que daría el enemigo, con Afganistán siendo un escenario más; en tercer lugar, el golpe psicológico que supuso para el líder soviético Leonid Brézhnev (1906-1982) el asesinato político de Taraki, a quien consideraba un amigo; por último, el miedo al contagio del fundamentalismo islámico dentro de las repúblicas soviéticas de Asia Central, algunas de las cuales compartían frontera y comunidad étnica con las regiones septentrionales de Afganistán y dentro de las cuales la posición política de las autoridades moscovitas no era tan sólida como habrían deseado estas (Zubok, 2008: 393-397; Liakhovsky, 2000).

El 24 de diciembre de 1979 el Ejército Rojo atravesó la frontera afgana, y en menos de cuatro días ya controlaba los principales puntos estratégicos. Y aunque el país ya se encontraba sumido en una guerra civil, la intervención soviética no hizo sino provocar su intensificación y su enquistamiento, que en parte también se explican por el papel que jugaron las potencias con intereses en el país. Un buen ejemplo es el Pakistán de los años ochenta, aliado de Estados Unidos y gobernado desde 1978 hasta 1988 por el general Muhammad Zia-ul-Haq (1924-1988), que llegó al poder por el golpe de Estado contra Zulfikar Ali Bhutto en 1977 y llevó a cabo una intensa islamización del país. No por nada, este se acabó convirtiendo en la principal base de operaciones de las guerrillas muyahidines afganas, en muchos casos apoyadas con armas y dinero por parte del gobierno estadounidense y Arabia Saudí. Así se entiende que la implicación soviética fuera en aumento, dada la rápida defección de buena parte del Ejército afgano y la proliferación creciente de los grupos armados de muyahidines, buena parte de los cuales acabó orbitando en torno al fundamentalismo islámico al calor de la radicalización causada por el conflicto. De hecho, Afganistán es desde 1978 un Estado fallido, algo que no han podido remediar ni la invasión soviética ni la ejecutada en el año 2001 por la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, así como tampoco la gran cantidad de inversiones realizadas en el país por capital extranjero. Es más, algunos autores han subrayado que el modo poco inteligente de otorgar las ayudas económicas, objeto de disputa entre grupos de intereses distintos, así como las reformas asociadas a estas no han hecho más que agravar los problemas, sobre todo por la falta de un conocimiento real de la cultura y la sociedad afganas, pero también a causa de los cambios irreversibles que han experimentado ambas tras décadas de guerra y emigración (Adelkhah, 2017). A ello hay que añadir una sociedad y una economía condicionadas y rotas por los conflictos, los intereses nacidos en el curso de esta o derivados de ella y los cambiantes equilibrios de poderes. Tanto es así que todo lo ocurrido hasta la actualidad en esta república, algo más grande que toda la península Ibérica, tiene sus orígenes en los acontecimientos de finales de los años setenta y principios de los ochenta.

Por lo que respecta al papel del Ejército Rojo y las autoridades soviéticas no hay duda de que, una vez llevaron a cabo la intervención, se vieron en un callejón sin salida, más aún en el marco de la creciente tensión con Estados Unidos a lo largo de la primera mitad de los años ochenta. De hecho, no es aventurado hablar de la guerra en Afganistán como el Vietnam soviético, tal y como muchas veces se hace. No solo duró casi una década, como la implicación directa de los estadounidenses en Indochina, sino que, al igual que en este teatro asiático, el conflicto cobró vida propia fruto de la multitud de actores internacionales implicados con intereses diversos y la gran cantidad de grupos autóctonos que operaban sobre el terreno con agendas político-económicas diversas. Como suele ocurrir en casi toda guerra imperial que se precie, el sostenimiento de la que tuvo lugar en Afganistán entre 1979 y 1989 acabó deviniendo una cuestión de prestigio a través del ejercicio de la fuerza, algo que también les acabó ocurriendo a Estados Unidos y sus aliados entre los años 2001 y 2014 (Liffiton, 2018). Lo ocurrido en Vietnam y en Afganistán tampoco fue muy diferente por lo que respecta al enfoque de la guerra contrainsurgente, donde siempre resulta extremadamente complejo distinguir al civil del combatiente, sobre todo porque las propias tácticas de los insurgentes buscan sembrar esa confusión a propósito. Entre muchas otras cosas, esto es lo que explica el altísimo número de muertes de paisanos en ambos conflictos, aparte de la frustración y el miedo derivados de las barreras culturales. Así lo reconocieron muchos veteranos de guerra soviéticos.

Vale la pena decir que el coste que tuvo la guerra para la Unión Soviética a nivel político-económico fue uno más entre los diversos factores que contribuyen a explicar la disolución acelerada que experimentó este Estado desde finales de los ochenta, si bien, en el caso de la intervención occidental, aquel se ha disparado mucho más. Simplemente hay que pensar que, en el caso soviético, los gastos militares directos e indirectos ocupaban en 1976 un escandaloso 40 % del presupuesto estatal, una cifra donde más de la mitad de los fondos tenían como destino la ayuda a países aliados, que casi siempre era a fondo perdido. Solo mantener la ayuda a estados aliados como Vietnam y Cuba tenía un coste anual de 40 000 y 25 000 millones de rublos, respectivamente. Así pues, cuando comenzaron las políticas de desmantelamiento de misiles y desarme o la retirada de las tropas soviéticas de Europa Centro-oriental, estas no respondían tanto a criterios pacifistas y humanitarios como a la más pura necesidad, dada la posibilidad de que colapsara la economía, algo que igualmente acabó ocurriendo (Zubok, 2008: 417 y 450).

Ya han pasado cuatro décadas desde que Afganistán se convirtió en un enorme agujero negro, sobre todo para los propios afganos, pero también a nivel geopolítico. Sin embargo, también hace bastantes años ya que dicho país no está bajo el foco mediático: las noticias de lo que ocurre allí apenas nos llegan con cuentagotas, y es probable que porcentajes muy sustanciales de las sociedades occidentales desconozcan que la guerra continúa en el país centroasiático. Las similitudes entre la actuación estadounidense en Vietnam y la soviética en Afganistán vuelven a saltar a la palestra en el modo en que ambas potencias salieron de dichos teatros bélicos, dejando tras de sí sendos estados fallidos, aunque generosamente surtidos de armas y financiación. Dos y tres años respectivamente duraron los engendros políticos que unos y otros dejaron a sus espaldas, carentes de todo tipo de legitimidad y a menudo en una situación desesperada, en ambos casos en medio de virulentos conflictos internos con una clara dimensión de guerras populares y guerras de liberación que se solapaban entre sí, y que hacían que el escenario fuera mucho más complejo. No obstante, la derrota de la RV en Indochina dio paso a un Estado unificado que acabaría consolidándose con el tiempo, cosa que no ocurrió en Afganistán. En este último caso, la retirada de las tropas soviéticas a principios de 1989 no solo no acabó con la guerra, sino que la hizo aún más compleja. Al igual que había ocurrido en Vietnam, las guerrillas siguieron enfrentándose contra el régimen del PDPA hasta derrocarlo en 1992, si bien con una diferencia sustancial: también se intensificaron los enfrentamientos entre las diferentes facciones guerrilleras, fundamentalistas o no, buscando cada una la posición más ventajosa de cara a ocupar un lugar importante en el orden de posguerra. Incluso en aquel Afganistán, destruido por más de una década de conflictos multidireccionales, había cosas por las que seguir combatiendo (Khalilzad, 1997).

Así se puso de manifiesto entre 1992 y 1996, cuando los principales líderes guerrilleros, fundamentalmente aquellos que vivían sobre unas bases sociales y territoriales sólidas, se convirtieron en señores de la guerra que establecieron sus propios feudos, explotándolos a su antojo y prosiguiendo las luchas entre ellos. En medio de aquel caos apareció Mohammad Omar (1960-2013), un joven pastún de familia pobre y sin conexiones políticas —cosa extraña entre los líderes muyahidines—. A pesar de todo, tuvo la oportunidad de recibir una formación islámica en Pakistán durante los primeros años de la guerra afgano-soviética, en la cual también tomaría parte de forma muy intensa, tras su regreso al país en 1982, pero ahora ya convertido en mulá. Esta condición de hombre versado en el Corán y en el islam le permitió ejercer la docencia en una madraza cercana a Kandahar, la capital del Pastunistán afgano, al sur del país. Gracias a eso, en 1994 formó su propia guerrilla con sus propios alumnos y otros jóvenes de diferentes puntos del país que se le unirían más tarde: los talibán, que en pastún quiere decir precisamente «estudiantes», apoyados sobre una reinterpretación radical y a menudo libre de los principios del islam, al menos tal y como aparecen enunciados en los textos sagrados (Dixit, 1995). La corrupción, unida al estado de caos y fragmentación en que había caído el país, fueron factores determinantes para ello, así como también lo que Omar percibía como degeneración social y cultural por parte de los señores de la guerra, que vivían rodeados de lujos y comodidades mientras la población afgana moría de hambre. Según parece, también tuvo mucho que ver en este proceso la extendida práctica del bacha bazi, una forma tradicional de pederastia muy extendida históricamente por Asia Central, que no solo implicaría las relaciones sexuales con menores, sino también su venta y prostitución forzosa, siempre como muestra de estatus social y poder económico. Poner coto a la criminalidad y la violencia rampantes, a menudo por medio de más violencia, eso sí, y restablecer cierta idea de orden y seguridad es lo que hizo populares a los talibán en un primer momento. Por tanto, esto contribuye a explicar también su éxito en la segunda mitad de los años noventa, pero no menos su resurrección en la última década, dado el fracaso de las nuevas autoridades para acabar con la guerra, sacar a los afganos de la miseria y consolidar el poder del Estado (Braithwaite, 2012; Haidary Azadany, 2016).

Así pues, los talibán añadieron una nota más de complejidad a una guerra civil que, con actores muy similares, continúa hasta nuestros días. De hecho, ni la toma de Kabul por los radicales islámicos ni la proclamación del Emirato Islámico de Afganistán el 27 de septiembre de 1996 fueron suficientes para poner freno al conflicto, que prosiguió, a partir de entonces entre los talibán y un frente unido de diferentes grupos guerrilleros opositores, liderados en este caso por el veterano de la guerra afgano-soviética Ahmad Shah Masud. En la segunda mitad del año 2001, cuando Estados Unidos y sus aliados pusieron en marcha la invasión del país centroasiático, esta amalgama heterogénea de fuerzas tomó parte en las operaciones contra los talibán en calidad de aliada, partiendo desde la reducida base territorial que conservaban al norte del país, donde contaban con el apoyo ruso. Por supuesto, las masacres son parte integrante del repertorio de todos los contendientes, en este caso como políticas encaminadas al control del territorio (Ahmed, 2001). Más allá de eso, tanto antes de la ocupación como a lo largo de esta, las guerrillas talibán y sus herederas han contado con un amplio apoyo financiero, material y humano de Pakistán y Arabia Saudí, que además canalizaron la llegada de decenas de miles de combatientes reclutados en todo el mundo musulmán. No por nada, la invasión se produjo tras la negativa del gobierno de Omar a satisfacer las peticiones de extradición de Osama bin Laden (1957-2011) y otros destacados líderes de al Qaeda, que habían estado tras la organización de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los campos de entrenamiento con que contaban en Afganistán. Antes, esta organización islamista de alcance internacional había utilizado sus conexiones con la CIA y la casa real saudí para apoyar entre 1979 y 1992 la causa de los muyahidines fundamentalistas y a partir de 1994 la de los talibán.

El enquistamiento de la guerra en un país extremadamente pobre y aislado como Afganistán ha tenido mucho que ver con el cultivo y comercio del opio, que han hecho de Afganistán el primer productor mundial. En contra de los preceptos islámicos, los propios talibán llegaron a legitimar la producción de la planta bajo el pretexto de la lucha contra el infiel, ya que según ellos la heroína, uno de sus principales y más lucrativos derivados, no es un producto consumido por los musulmanes. Es más, a su llegada al poder incluso expandieron el área cultivada, establecieron impuestos y reforzaron las rutas comerciales para la exportación del producto. Así pues, guerra, droga y transnacionalidad vuelven a estar de nuevo tras la proliferación o persistencia de los conflictos internos, todo ello unido en una vasta red de intereses que alcanza a países vecinos como Pakistán y las repúblicas postsoviéticas de Asia Central. Lejos de lo que los talibán afirmaban, lo más dramático de todo es que el consumo de la adormidera en sus diferentes procesados se ha convertido en un gravísimo problema de salud pública en toda la región, condicionando y debilitando aún más la política y la economía en países ya de por sí muy frágiles. (Rashid, 2001: 181-197).

Los diferentes conflictos internos e internacionales, todos ellos solapados entre sí, han dejado a su paso millones de muertos y mutilados, cantidades ingentes de refugiados e inmigrantes y sociedades desgarradas y desarticuladas. Las luchas en Afganistán han arrasado el país por completo y se han llevado por delante su economía de subsistencia e intercambio, un problema extensible a amplias regiones de Pakistán, fruto de las políticas exteriores de sus diferentes gobiernos en las cuatro últimas décadas. Además, entre las consecuencias más graves cabe señalar la deformación a la que han sido sometidos los principios del islam, en este caso bajo la forma del fundamentalismo más recalcitrante. Así pues, contemplar el panorama en toda su amplitud deja pocos motivos para la esperanza, al menos en un futuro a medio plazo (Goepner, 2018). En nada ha ayudado el hecho de que los medios de comunicación y las fuerzas militares hayan centrado su atención casi de forma exclusiva en la amenaza representada por al Qaeda o el Estado Islámico, cuando la realidad es que muchos más factores confluyen a la hora de hacer de Afganistán un lugar donde la violencia y la guerra se han hecho endémicas: las dinámicas del poder, las identidades políticas diversas, la corrupción, la heterogénea y dividida insurgencia y los cambiantes equilibrios geopolíticos en la región. La incapacidad para hacer una lectura amplia, actualizada y evolutiva del conflicto ha sido determinante a la hora de cometer errores estratégicos de enfoque que han acabado siendo desastrosos (Waldek, 2018). De hecho, el país centroasiático vuelve a ser una vez más la muestra de cómo las guerras civiles han acabado por convertirse en conflictos donde las principales víctimas son los no combatientes, de forma muy singular mujeres y niños (Ahmed Bhutta y Lalji Dewraj, 2002). Son muy reveladoras al respecto las palabras de Sofie Elieussen, la directora de la ONG Save the Children en Afganistán durante los años noventa, quien habla de un problema escalofriante a nivel educativo, dada la pérdida de autoridad de las madres sobre sus hijos y los efectos del conflicto sobre ellos:

Las mujeres y los niños soportan lo más arduo del conflicto. Las mujeres tienen que enfrentarse a la falta de alimentos y la desnutrición de sus hijos; sufren de histeria, traumas y depresiones porque no saben cuándo ocurrirá el próximo ataque con cohetes. ¿Cómo pueden reaccionar los niños a la disciplina o el afecto materno cuando han visto a los adultos matarse entre ellos y las madres son incapaces de satisfacer sus necesidades básicas? Tal es la tensión, que los niños ni siquiera confían entre ellos, y los padres han dejado de comunicarse con sus hijos e, incluso, de intentar explicarles lo que está pasando (cit. en Rashid, 2001: 168).

Sin embargo, este particular descenso a los infiernos no solo ha tenido consecuencias para la propia sociedad afgana, sino que ha comportado contagios bélicos y otros efectos en países periféricos, como Tayikistán en los años noventa o las zonas pastunes del norte de Pakistán en lo que va de siglo XXI (Saigol, 2012; Göransson, 2016). La figura del muyahidín islamista forma parte de toda una tradición de fenómenos de voluntariado de guerra en la contemporaneidad, sobre todo por lo variado de sus motivaciones, que no siempre son ideológicas. Este tipo de guerrillero religioso entronca con la tradición del guerrillero revolucionario, al menos por lo que respecta a los métodos de guerra irregular y psicológica, la extrema movilidad transfronteriza y, por tanto, la capacidad para exportar la lucha según principios muy similares a los de los focos guevaristas. De hecho, hace unas semanas apareció una foto en la prensa donde un grupo de yemeníes —cuyo país está sumido en una guerra civil desde el 2015— se manifestaba alrededor de una imitación de la icónica instantánea del «Che» Guevara tomada por Alberto Korda (1928-2001), en este caso rodeada de inscripciones en árabe. Esto nos habla de la persistencia y maleabilidad de los mitos, y el Che sin lugar a dudas lo es por razones que hemos visto a lo largo de esta obra. Seguramente tampoco es casualidad que muchos de los muyahidines que combatieron contra la ocupación soviética llegaran a la edad adulta en la época en que figuras como el propio Che o Hồ Chí Minh se convirtieron en mitos que dieron la vuelta al mundo; los mismos muyahidines que se han encargado de transmitir su experiencia bélica y principios ideológicos a las nuevas generaciones de guerrilleros, muchos de ellos formados en campos de entrenamiento afganos durante los años noventa e incluso más allá, como por ejemplo Abdul Rab Rasul Sayyaf (1946-).

En parte, esta misma movilidad ayuda a explicar la proliferación de guerras y movimientos terroristas extremadamente violentos desde el África subsahariana y el Magreb hasta el Sureste asiático, pasando por el Cáucaso, Siria o Asia Central. Tampoco hay que olvidar la importancia de otros viejos factores, algunos agudizados y otros renovados por el impacto del llamado nuevo orden mundial: el fracaso de los regímenes laicos en la prosecución de reformas sociales efectivas y en la democratización de los países con un porcentaje mayoritario o importante de población islámica; los agravios frente a la dominación y la injerencia extranjeras en países musulmanes; o ahora también la segregación de la población de dicho origen dentro de las sociedades occidentales. Sin embargo, volviendo a los escenarios mencionados más arriba, cabe subrayar una cosa: la capacidad de incidencia de los movimientos fundamentalistas sobre los escenarios en los que tienen verdadera capacidad de arraigo y acción —y hablamos a todos los niveles, desde el condicionamiento de las actitudes sociales a la práctica de la violencia de masas— hace que la atención mediática que se presta a sus acciones y potencial amenaza dentro de las sociedades occidentales resulte cuanto menos desproporcionada. El mejor ejemplo es el silencio actual en torno a Afganistán, pero no menos la escasa preocupación de los medios a la hora de explicar lo que ocurre en Siria. En cualquier caso, hay quien busca romper ese silencio a gritos, al menos para aquellos y aquellas que quieren escuchar. Eso es lo que hizo Svetlana Aleksiévich, quien en 1986 viajó a Afganistán en calidad de periodista, dejando consignadas estas reflexiones en su diario:

La guerra es un mundo, no un acontecimiento… Aquí todo es diferente: el paisaje, el hombre, las palabras […]. Después de las grandes guerras del siglo XX y las muertes en masa, escribir sobre guerras modernas (pequeñas), como el caso de la guerra afgana, requiere otra postura ética y metafísica. Es necesario reclamar un espacio para aquello que es pequeño, personal y aislado. Un solo hombre. Para una única persona. El hombre no tiene que verse desde la perspectiva del Estado, sino desde la perspectiva de quien es para su madre, para su mujer. Para su hijo. ¿Cómo se puede recuperar la visión normal? (Aleksiévich, 2016: 36 y 38).

A pesar de los límites que nos impone una obra de estas características no podemos negar la enorme influencia que ha tenido la autora bielorrusa en nuestro modo de entender la guerra, esas «pequeñas guerras modernas» como la de Afganistán, donde solo durante la ocupación soviética murieron hasta dos millones de civiles a causa de las operaciones contrainsurgentes. Efectivamente, la guerra es un mundo aparte, un mundo complejo donde todo se transforma y distorsiona, donde la realidad cobra vida propia de manera brusca e inusitada, como en una pesadilla. Y en medio de todo ese horror encontramos al ser humano, ya sea como perpetrador, como víctima, como testigo silente o en todas estas formas. Esa gran exposición e incertidumbre que domina al ser humano, ese vasto y complejo mundo que es la guerra quedó bien recogido en Spiritual Voices. From the Diaries of a War (1995), un largo, lento y agotador documental realizado por Aleksandr Sokúrov. En sí misma, la obra busca transmitir algo de la experiencia de guerra, en este caso de un grupo de combatientes rusos destinados a la conflictiva frontera entre Tayikistán y Afganistán en 1994. Así pues, por mucho que uno haya escrito o leído nunca deja de sorprenderse y de volver una y otra vez al punto de partida: al cómo y al porque.

5. La posguerra fría y la búsqueda de un nuevo orden: el ciclo bélico yugoslavo, 1991-1995

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La posguerra fría y la búsqueda de un nuevo orden:

el ciclo bélico yugoslavo, 1991-1995

Preguntaba qué ocurría a sus conciudadanos, que se apresuraban en una u otra dirección y respondían: «¡Es la guerra, por Dios!». La ciudad se iba quedando vacía. Allí, en su casa, se dio de bruces con unos extraños soldados; entendía su lengua, reconocía entre ellos a algunos de sus vecinos, pero no alcanzaba a comprender qué querían de él. Estaban ebrios; llenos de arrogancia y ebrios. Le dieron una buena paliza. Cuando perdió el sentido caía la noche, la primera jornada de guerra en Bosnia tocaba a su fin. Estaba de pie contra la pared de su casa natal, empalado en una estaca. Le habían roto la columna vertebral para enderezarla.

VELIBOR ČOLIĆ, Los bosnios (2000),

sobre la entrada de las tropas serbias y serbobosnias

en Modriča, en el corredor de la Posavina, primavera de 1992.

Las guerras yugoslavas tuvieron un impacto mediático muy potente en todo el mundo occidental, un interés que de vez en cuando se ha ido reavivando por el apresamiento de individuos perseguidos por la justicia internacional como criminales de guerra. Sin embargo, su amplio alcance casi nunca derivó en una mejor comprensión pública de lo que fue aquel conflicto, una guerra civil con todo lo que supone, sino que existió una fuerte tendencia a explicarla a través de atavismos geográficos y estereotipos propios del romanticismo, como los odios ancestrales, el atraso cultural, el orgullo étnico, el nacionalismo o el ansia de venganza. Como ya hemos visto, se trata de los ejes discursivos que priman en Occidente a la hora de explicar los conflictos internos que han ido desgarrando a diferentes sociedades del orbe a lo largo de los siglos XX y XXI. Dejando esta cuestión a un lado, estas visiones tienen mucho que ver con el papel clave que muchos medios de comunicación juegan a la hora de relativizar y edulcorar los propios conflictos internos que atraviesan a las propias sociedades occidentales. De este modo se eleva al público a una posición de superioridad moral frente a los bandos en liza, al mismo tiempo que se contribuye a sumirlo en la autocomplacencia y el conformismo respecto a sus propios problemas. Creemos que conviene empezar con un apunte de este tipo, precisamente porque ese mismo impacto mediático de las guerras yugoslavas las hace familiares para gran parte del público lector, lo cual a su vez nos permite poner en cuestión muchos de los tópicos que giran en torno a las guerras civiles. Al fin y al cabo, lo ocurrido en Yugoslavia a lo largo de toda la década de los noventa y hasta el inicio del nuevo siglo va mucho más allá de estos reduccionismos interesados.

Otra cuestión que hace importante un tratamiento pormenorizado de los conflictos de secesión yugoslavos tiene que ver con el hecho de que constituyeron un punto de inflexión en la historia mundial o, si se quiere, un cambio de escenario donde ya comenzó a prefigurarse el nuevo orden de la posguerra fría. Es por eso que una buena comprensión de estas guerras resulta fundamental para entender esa década bisagra que va del año 1991 al 2001, con cambios cruciales a nivel político, diplomático, militar, económico, social y cultural en todo el orbe que nos sitúan en un nuevo siglo. A través de lo ocurrido en Yugoslavia podemos conocer mejor las claves de las actuales formas de hacer la guerra, tanto en lo que respecta a los conflictos internos como a las intervenciones extranjeras que suelen suscitar. De hecho, una vez más la lucha por la hegemonía o los intereses de las potencias extranjeras jugaron un papel muy importante en el desencadenamiento, evolución y conclusión de los conflictos internos yugoslavos, algo que hemos visto de forma muy clara en muchos otros enfrentamientos a lo largo de este libro. Sin esta dimensión internacional la guerra civil resulta incomprensible como fenómeno, y en el escenario concreto que nos atañe aquí es evidente que los conflictos armados yugoslavos se enmarcaron entre el proceso de transición de la Guerra Fría, con la paulatina disolución del bloque soviético desde 1989 o la creación de la Unión Europea, y el nuevo orden global que Estados Unidos ha tratado de imponer a nivel mundial desde entonces con más o menos éxito. Sin embargo, y queremos insistir en ello como punto de partida, la injerencia externa no tiene ninguna posibilidad de prosperar si no media la voluntad de uno o varios de los agentes autóctonos para tomar las armas con fines políticos; muchas veces, de hecho, con el objetivo evidente de forzar la intervención de la comunidad internacional.

El huracán vuelve a Europa: los orígenes de las guerras civiles yugoslavas, 1990-1991

EL HURACÁN VUELVE A EUROPA: LOS ORÍGENES DE

LAS GUERRAS CIVILES YUGOSLAVAS, 1990-1991

Al hablar de las guerras yugoslavas de la década final del siglo XX es inevitable no pensar en el marco más amplio en que tuvieron lugar: la transición desde el comunismo hacia la democracia liberal y el capitalismo en toda Europa Centro-oriental. A la emergencia de nuevos líderes políticos nacionalistas surgidos de las sociedades civiles, siendo un paradigma de ello el actual presidente húngaro Viktor Orbán (1963-), se sumó la conversión de las viejas élites comunistas a la socialdemocracia y su intento por pilotar el proceso de cambio mediante la instrumentalización del nacionalismo. Hablamos de un proceso compartido y muy similar desde los Países Bálticos hasta Yugoslavia, desde la República Checa hasta Rusia y Asia Central o el Cáucaso, de ahí que convenga ser prudentes a la hora de atribuir al nacionalismo la responsabilidad exclusiva en el desencadenamiento de las guerras yugoslavas, algo por lo demás bastante tópico y común. En muchos otros países con tensiones o conflictos étnicos importantes, como por ejemplo Checoslovaquia, con el pleito histórico entre checos y eslovacos; Ucrania, con importantes comunidades rusohablantes repartidas por todo su territorio; o Rumanía, con su gran minoría de húngaros transilvanos, la situación no derivó en enfrentamientos armados a gran escala durante los años noventa.

En el caso yugoslavo el problema tenía más enjundia, aunque no era tan diferente a otros si obviamos la mayor cantidad de sujetos políticos en liza. Cuando estalló el conflicto en 1991 hacía más de un lustro que el Estado yugoslavo navegaba a la deriva, incapaz de operar como tal tras haber sido desmantelado y vaciado de competencias por parte de Eslovenia y Croacia, y en último término también por la Serbia capitaneada por un Slobodan Milošević (1941-2006) que trató de responder a las dinámicas centrífugas impulsadas por las repúblicas vecinas concentrando un mayor grado de poder. Sin embargo, pronto se puso de manifiesto que ante la impotencia y parálisis de las instituciones federales de nada podía servir el control de los votos de las regiones autónomas de Voivodina, Kosovo y Montenegro por parte de Serbia dentro de la presidencia rotatoria que se había impuesto en Yugoslavia tras la muerte de Tito[1]. Dentro de estas dinámicas de disolución, donde jugaban múltiples intereses de tipo político y económico, entre ellos el deseo de los apparatchiks o antiguos dirigentes comunistas por seguir al frente del poder y la voluntad de no alimentar por más tiempo los fondos federales, pronto comenzó una lucha interna por la legitimidad frente a la propia sociedad yugoslava y la comunidad internacional. En los primeros compases de este proceso unos y otros se presentaban como defensores de la unidad yugoslava y la solidaridad entre sus pueblos frente a las supuestas ambiciones desmedidas de sus oponentes. Por lo que respecta a eslovenos y croatas esto no tenía otro objetivo que poner de manifiesto la imposibilidad de seguir conviviendo dentro de un mismo Estado, mostrando el riesgo de un golpe por parte del Ejército Popular Yugoslavo (EPY) o de que la federación cayera bajo el control de Serbia en detrimento del resto de repúblicas. Así pues, en base a esta lógica se acabó por justificar la supuesta inevitabilidad de optar por la vía de la independencia.

Existen buenas razones para afirmar que la estructura política descentralizada y el modelo económico autogestionario de la federación yugoslava contribuyó en última instancia a hacer más difícil una transición no violenta —traumática es otra cosa— hacia la democracia liberal y el capitalismo, al menos si comparamos este caso con el conjunto de la Europa poscomunista. La salida de la grave crisis económica en la que se encontraba Yugoslavia en la década de los ochenta solo parecía posible con una vuelta a la asunción de amplias competencias por parte del Estado central en el ámbito de la fiscalidad, los precios y la gestión de la deuda externa. Sin embargo, los apparatchiks de las diferentes repúblicas yugoslavas habían ido creando con el paso de los años feudos político-económicos con múltiples ramificaciones a nivel regional y local, y por supuesto no estaban dispuestos a renunciar a sus cuotas de poder, tal y como se puso de manifiesto en los casos esloveno y serbio, que rechazaron las propuestas de reforma planteadas en el año 1990. Algunos autores han señalado con gran acierto que el nacionalismo fue empleado de forma premeditada por una parte importante de esas antiguas élites político-económicas en varios sentidos y a través de diversas estrategias: como un instrumento frente a sus opositores; como una forma de lograr el silenciamiento y la desmovilización de sociedades plurales, señalando y marginando a los traidores y enemigos internos; y, en definitiva, como el medio para hacer imposible cualquier proyecto o voz alternativa que pudiera poner en riesgo su poder (Gagnon Jr., 2006). Supervivientes de la guerra como el escritor bosniocroata Igor Štiks (1977-) tienen muy claro que esto contribuye a explicar muchas cosas (Núñez, 2009: 77).

En este sentido, sí hubo resistencias y denuncias frente a la deriva nacionalista, con gran heterogeneidad de opiniones dentro de cada comunidad, pero esta complejidad ha quedado oculta bajo las narrativas fundacionales de las nuevas naciones y los discursos hegemónicos que se impusieron en Occidente (Clark, 2010: 211-220). El intelectual y escritor serbocroata Roman Simić (1972-) afirma que la guerra resultó especialmente traumática para los más jóvenes, algo de lo que puede hablar con voz propia teniendo en cuenta que al estallar las hostilidades entre Serbia y Croacia apenas tenía diecinueve años. De hecho, en ocasiones se ha llegado a denunciar que las guerras de la década de los noventa llevaron a la destrucción de la primera generación de verdaderos yugoslavos: «los jóvenes no sabían nada al respecto» del nacionalismo y la guerra, «ni podían intuirlo: más bien se consideraban apolíticos, pero eran ellos los que tenían que ir al frente o esconderse para no ir, o exiliarse, y ver cómo a su alrededor morían o desaparecían sus amigos y colegas, o se veían forzados a tomar partido o a identificarse con una identidad nacional» (Núñez, 2009: 83). De hecho, se implementaron medidas para silenciar cualquier voz disonante recurriendo a presiones de todo tipo, forzando a la clandestinidad y al exilio a no pocos individuos, incluidos el recurso a las extorsiones y asesinatos o la manipulación de la información mediante el silenciamiento en medios informativos (Mann, 2009: 487-488). El caso del articulista y editor croata Nenad Popović (1950-) es muy claro al respecto, expulsado de su trabajo a la llegada de Franjo Tuđman (1922-1999) al poder, pero hay muchos más ocurridos en la propia Croacia, como el de la escritora y periodista Slavenka Drakulić (1949-), atacada doblemente por su condición de opositora al régimen y de mujer. Lo mismo que le ocurrió en Serbia a la académica y escritora Svetlana Slapšak (1948-) por su activismo pacifista, que se vio obligada a exiliarse en Eslovenia en 1991 ante el peligro que corría su vida (Núñez, 2009: 101-102). Sobre esta lógica, unida a la llegada de arribistas y a la aparición de señores de la guerra que prosperaron al calor del conflicto, se consolidó la creación de grandes entramados mafiosos que, en casos como los de Croacia, Serbia o Bosnia-Herzegovina, llegaron a discutir el monopolio de la autoridad a los nuevos estados. Así pues, lejos de aplicar las teorías neoliberales, muy en boga ya por toda la Europa poscomunista, los dirigentes republicanos yugoslavos optaron por una vía proteccionista que poco o nada tenía que ver con el rumbo que iban a adoptar la mayor parte de las economías en transición hacia el capitalismo (Veiga, 2011: 75-76).

De forma un tanto paradójica, aunque no por ello carente de lógica, el estallido de las guerras civiles de la década de los noventa se alimentó sobre las propias estructuras paramilitares organizadas por el Estado yugoslavo durante la Guerra Fría ante la eventualidad de una invasión soviética. Nos referimos a la Defensa Territorial (DT), unidades dependientes del EPY que ante una invasión debían servir de apoyo al Ejército regular emulando el modelo de lucha de guerrillas puesto en marcha por los partisanos comunistas en las guerras de liberación y civiles de 1941-1945. De acuerdo con la estructura federal del Estado cada república contaba desde 1969 con sus propias unidades de DT, dotadas de gran autonomía, oficiales y armamento propios, y en caso de conflicto podían llegar a poner en la montaña a entre uno y tres millones de hombres entrenados para la guerra irregular. En su momento, esta institución militar encontró su razón de ser en los acontecimientos de la Primavera de Praga del año anterior, que acabaron con la intervención militar soviética en Checoslovaquia. Sin embargo, a finales de los años ochenta y principios de los noventa, con la Unión Soviética al borde de la disolución, la DT se convirtió en el principal objetivo de los líderes eslovenos y croatas, que vieron en el control de esta la base sobre la que crear unas fuerzas armadas propias, caso de que fuera necesario recurrir a ellas para llamar la atención de la comunidad internacional y forzar la independencia (Veiga, 2011: 38-39). En los casos serbio y croata las fuerzas policiales también cobrarían un papel clave como columna vertebral de sus ejércitos, sin olvidar el apoyo de los grupos paramilitares de signo diverso que surgieron al calor de la efervescencia político-social que acompañó la disolución yugoslava.

En medio de esta situación, la única institución federal con capacidad de intervención para decantar los acontecimientos en uno u otro sentido era el propio EPY. Sin embargo, con un Estado fallido detrás y compuesto por reclutas de toda la federación, las fuerzas armadas federales no eran más que un gigante con pies de barro, por mucho que sus oficiales procedentes de todas las repúblicas hubieran sido formados y ejercieran en la mayor parte de los casos como fervientes yugoslavistas. Al fin y al cabo, por su misma naturaleza, encarnación de la hermandad entre los pueblos yugoslavos, y el momento de su creación, la segunda posguerra mundial, el EPY había sido concebido como el instrumento defensivo para preservar la independencia del país frente a la amenaza de una invasión soviética. Otra cosa muy diferente era lanzarlo a la guerra contra sus propios conciudadanos, algo que en sí mismo contravenía todos los principios básicos sobre los que se fundamentaba la existencia de Yugoslavia como proyecto de convivencia; por si esto fuera poco, muchos de los integrantes del Ejército procedían de las repúblicas y regiones autónomas díscolas. Por eso mismo, cuando el Parlamento esloveno proclamó la independencia el 25 de abril de 1991 y sus fuerzas armadas tomaron el control de los pasos fronterizos, el EPY estaba incapacitado para llevar a cabo cualquier respuesta decisiva que mantuviera la integridad de la federación. Además, la estrategia del gobierno esloveno tenía por fin presentar a su sociedad como una de carácter europeo al tiempo que se distanciaba a nivel identitario de los estereotipos balcánicos; en este sentido, no se dudó en presentar como encarnación de estos al EPY y a Serbia, que sería la república encargada de moverlo en la sombra, algo que también caracterizaría más adelante el discurso de guerra croata. En última instancia, esto debía mostrar a ambos como fuerzas agresoras y tiránicas que suponían una amenaza para la democracia y la libertad, en un claro guiño a los próceres del nuevo orden: la Comunidad Económica Europea (CEE) y Estados Unidos. Así pues, la guerra eslovena se saldó en apenas seis días y con poco más de cincuenta muertos, pero la victoria de la pequeña república fue posible por dos razones básicas: por un lado tuvo mucho que ver con la errática estrategia y la falta de apoyo y solidez del EPY, y por otro hay que tener en cuenta la eficaz puesta en escena del conflicto a nivel mediático por parte del gobierno esloveno, que consiguió amplificar y desvirtuar la verdadera magnitud y el carácter de la intervención de las fuerzas militares federales en Eslovenia frente a la comunidad internacional. Es muy revelador el particular relato exculpatorio contenido en las memorias del entonces presidente esloveno, Janez Drnovšek (1950-2008). Este se presentaba a sí mismo como un hombre forzado por el destino a ponerse al frente de su país en contra de su voluntad, pero consciente de que no podía abandonar su responsabilidad casi mesiánica. En este sentido, Eslovenia habría sido empujada a la independencia por lo que a ojos de su principal líder era una situación insostenible generada por el avance del nacionalismo serbio, y ello a pesar de su supuesta identificación con el proyecto yugoslavo (Drnovšek, 1999).

La actitud de la comunidad internacional no fue de gran ayuda a la hora de poner freno a lo que iba a convertirse en un prolongado ciclo bélico de casi una década, siguiendo la lógica de un efecto dominó. A ello se añadía el hecho de que muy a menudo los diplomáticos occidentales enviados a Yugoslavia no contaban con un conocimiento adecuado del terreno sobre el cual iban a actuar, primando muchas veces una cierta prepotencia y un exceso de confianza derivados de su condición de vencedores en la Guerra Fría. Así se pondría de manifiesto en los llamados acuerdos de Brioni, donde se sancionó de facto la independencia de Eslovenia y se reconoció la disolución de Yugoslavia como ente político, una grave irresponsabilidad que sentó un precedente para otras repúblicas y que entraba en contradicción con las manifestaciones realizadas hasta entonces desde las principales cancillerías. Francisco Veiga apunta que antes de la guerra en Occidente se tenía claro que la federación yugoslava iba hacia su desintegración interna, y que esta podía venir acompañada de conflictos armados de diversa intensidad. Así pues, si se miró para otro lado es porque Yugoslavia fue vista hasta cierto punto como el germen que podía provocar un efecto contagio dentro de la propia Unión Soviética que acabara de forma definitiva con ella, un objetivo ante el que un enfrentamiento regional en los Balcanes occidentales podía parecer un asunto de importancia secundaria (Veiga, 2011: 67-69, 83-85).

La inconsciencia de esta estrategia se revelaría muy pronto en Croacia, siguiente escenario donde se desataría la guerra, esta vez ya con una dimensión intra e intercomunitaria que no había tenido el corto conflicto esloveno, y que en este caso la haría bastante más cruda y mucho más larga. La dimensión transnacional tuvo una importancia crucial en lo que respecta a la independencia de esta república y la guerra a la que acabaría dando paso. En primer lugar, porque la diáspora croata en el extranjero, que a principios de los noventa ya debía superar los dos millones de personas e incluía a importantes círculos de militantes supervivientes del NDH, a sus familias y a sus simpatizantes, fue decisiva en el apoyo económico a la nacionalista y conservadora Unión Democrática Croata (HDZ) de Tuđman. Esta formación y su líder llevarían al país a la independencia y regirían sus destinos durante su primera década de existencia, integrando entre sus cuadros y dirigentes más importantes a croatas procedentes de las estructuras del régimen comunista y a no pocos miembros de la diáspora. En el caso de Tuđman, al contrario de lo que ocurría con Milošević, el discurso nacionalista sobre el que tuvo lugar la concentración y movilización de fuerzas sociales y políticas para el esfuerzo de guerra no fue tanto el fruto de una instrumentalización como de la convicción real de los principales representantes de la HDZ, y en este sentido marcó de forma decisiva la agenda política del nuevo Estado. Esto no quiere decir que Croacia no fuera un país con elecciones libres y en transición hacia la democracia, pero lo que está claro es que el clima de agitación política y movilización bélica daría lugar muy pronto a movimientos socio-políticos y fenómenos culturales marcados por el radicalismo, al igual que ocurriría en Serbia y en Bosnia-Herzegovina.

De hecho, el revisionismo en torno al pasado más oscuro de Croacia, encabezado por el propio Tuđman en su faceta de pseudohistoriador —donde destacaría como negacionista del Holocausto que se atrevió a rehabilitar al NDH—, unido a la permisividad hacia la extrema derecha, hizo que esta prosperara entre ciertos sectores de la sociedad croata del momento. La aparición de las Fuerzas Croatas de Defensa (HOS), milicia del ultraderechista Partido Croata del Derecho (HSP), llegó a poner en riesgo la misma estabilidad del Estado por la fuerza armada y el poder que llegó a alcanzar, hasta el punto que dos de sus líderes serían ejecutados por los servicios de seguridad del país. Pero además, dentro del carácter transnacional del conflicto, es interesante destacar que la guerra en Croacia tuvo un cierto efecto llamada sobre la extrema derecha internacional, atrayendo a las filas croatas el mayor número de voluntarios con estas credenciales desde la Segunda Guerra Mundial, en total poco menos de medio millar de hombres procedentes de treinta y cinco países diferentes. Si atendemos a las trayectorias de largo recorrido, siempre claves en la comprensión de la historia de los conflictos, merece la pena destacar que en las fuerzas armadas croatas también confluyeron veteranos de la LEF y profesionales de la guerra que habían participado en conflictos previos en África, Oriente Medio y América Latina. Es más, parece que en muchos casos los voluntarios de origen neerlandés, británico, francés y estadounidense tenían experiencia militar previa (Arielli, 2012: 1-17).

Con estas bases de partida se hacía harto difícil pensar que el nuevo Estado croata estuviera dispuesto a garantizar los derechos de la minoría serbia que vivía repartida por las principales ciudades de la república, pero que sobre todo se concentraba en la amplia región de la Krajina, a lo largo de la frontera con Bosnia, y en Eslavonia Oriental, lindando al este con el territorio de Serbia. Según el censo de preguerra de 1991 estaríamos hablando de un total de 581 000 personas, más de uno de cada diez ciudadanos de la república croata, la mitad de los cuales habitaban en dos regiones vitales a nivel estratégico para mantener la integridad del nuevo Estado, a saber, la conexión con Bosnia Occidental y Dalmacia y el paso del Danubio. Así pues, los elementos más radicales encontraron un escenario propicio para moverse con comodidad en la situación de calma chicha que se vivió durante la primavera y las primeras semanas del verano de 1991, cuando comenzó a gestarse la guerra en la Krajina y en Eslavonia Oriental y se hizo evidente que el Estado croata optaba por una solución armada de la cuestión serbia. En este escenario, el futuro de las poblaciones serbocroatas era harto complejo y se veía seriamente comprometido fuera de un Estado multinacional, como lo habían sido previamente el Imperio austrohúngaro o las dos Yugoslavias. Por si esto fuera poco, los serbios de Croacia se encontraban en una especie de pinza, casi tan despreciados en Serbia, donde no eran considerados serbios puros, como en la república croata dentro de cuyas fronteras habitaban, de manera que en cualquier momento podían convertirse en moneda de cambio. Finalmente, tampoco ayudó en nada el alto grado de improvisación que presidió la independencia croata, así como la puesta en marcha del nuevo Estado, sus leyes y sus fuerzas armadas, muy lejos del esmero con que los eslovenos habían tratado todas estas cuestiones.

Por lo que respecta a Serbia, el hombre que estuvo al mando del país a lo largo de todo el ciclo bélico de los noventa fue Slobodan Milošević, que se había formado dentro de las estructuras de la Liga de los Comunistas Yugoslavos (LCY) y el Estado, siguiendo para ello el cursus honorum propio de un apparatchik y asumiendo cada vez cargos y responsabilidades de mayor importancia. A lo largo de su fulgurante carrera en los años ochenta pronto se mostró como alguien ávido de poder cuyo objetivo era llegar a la cima y mantenerse en ella a cualquier precio. A principios de 1990, cuando parecía llegado su momento, Yugoslavia y las instituciones que sostenían al Estado, con la excepción del Ejército, de facto habían dejado de existir o carecían de poder alguno. A partir de ahí, con el mundo que conocía en ruinas, la de Milošević es una historia muy similar a la de otros líderes comunistas, como Ion Iliescu (1930-) en Rumanía, que supieron adaptarse al nuevo escenario político multipartidista que se abría ante ellos fruto de la disolución de los regímenes socialistas imperantes en Europa Centro-oriental. Su principal reto para mantenerse en el poder era bloquear el potencial del discurso y la oposición ultranacionalistas, que pujaban con fuerza en la Serbia de principios de los noventa, a la par que encubrir del mejor modo posible los graves prejuicios que comportaba para esta república la disolución de Yugoslavia. Por supuesto, el hecho de que Milošević fuera «un comunista ortodoxo, puro y duro» no era óbice para que también se caracterizara por su carácter astuto, que pronto se puso de manifiesto en su capacidad para ganarse el apoyo de una parte sustancial de la sociedad serbia. Para conseguirlo optó por políticas populistas, al tiempo que aparentaba hacer suya la agenda del nacionalismo serbio (Veiga, 2004 y 2011: 108). En este sentido, su jugada maestra fue forjar una alianza con el Partido Democrático Serbio (SDS), cuyo principal atractivo residía en su importante grado de implantación entre los serbocroatas y los serbobosnios, representados los primeros por Jovan Rašković (1929-1992) y los segundos por Radovan Karadžić (1945-). Con aquellos movimientos tácticos Milošević supo ganar adeptos y blindarse frente a sus enemigos, que dado el juego de alianzas construido por el presidente serbio poco podían oponer frente a él. Al mismo tiempo, dada la situación de incertidumbre de principios de los noventa, consiguió poner bajo su esfera de influencia a las comunidades serbias de Croacia y Bosnia, que nada podían hacer sin contar con el apoyo de Belgrado.

Sobre este plano, y antes de que estallara el conflicto serbo-croata en Eslavonia Oriental, ya empezaba a vislumbrarse en el horizonte la cuestión bosnia, tratada por Tuđman y Milošević en su famoso encuentro secreto del 25 de marzo de 1991 en Karadjordjevo. De hecho, durante los meses previos al inicio del ciclo bélico yugoslavo fueron muy comunes las reuniones bilaterales o multilaterales entre los dirigentes de las principales repúblicas, que buscaban sacar los máximos beneficios del reparto de los restos de la federación yugoslava con el menor coste posible para ellos y sus proyectos políticos, un cálculo que dependía de la percepción que cada uno de ellos tenía de su propia situación y del escenario general. Resulta paradójico que tanto el líder croata como el serbio, que nunca perderían el contacto en el curso del conflicto, siguieran argumentos muy similares a los esgrimidos por el fascismo croata de los años treinta y cuarenta respecto al sentido y viabilidad de Bosnia-Herzegovina como país independiente. Ambos veían en dicha república una especie de engendro político sin razón de ser, más allá del interés de Tito y el Estado yugoslavo por generar nuevos apoyos y extender sus redes clientelares. Así pues, Tuđman y Milošević coincidían en señalar que el territorio de dicha república era susceptible de ser repartido entre Croacia y Serbia al estar poblado por comunidades croatas y serbias, alegando que los bosnios musulmanes no eran otra cosa que autóctonos de uno y otro lado convertidos al islam en momentos y por razones diversas. Y esa fue una de las cosas más importantes que se decidió en Karadjordjevo, siempre grosso modo y sin excesiva concreción, aunque muy pronto se pondrían de manifiesto las dificultades para llevar a cabo dichos planes.

Una guerra encubierta entre Serbia y Croacia: la Krajina, Vukovar y Dubrovnik, 1991-1992

UNA GUERRA ENCUBIERTA ENTRE SERBIA Y CROACIA:

LA KRAJINA, VUKOVAR Y DUBROVNIK, 1991-1992

Por aquellos días de 1991 ya era muy evidente el conflicto entre los serbios de la Krajina y la república croata, que con distintos grados de intensidad se mantendría vivo hasta el verano de 1995. Desde el verano de 1990, los serbocroatas habían comenzado a romper todos sus vínculos con Zagreb y a tomar medidas para protegerse de una posible agresión. La población serbia de la Krajina tenía muy vivo en la memoria colectiva y la cultura popular el recuerdo de la violencia de masas que el NDH había desplegado contra sus comunidades entre 1941 y 1945, de manera que la elección del nacionalista Tuđman como presidente de Croacia en abril de 1990 acabó por convencerlos de que no contarían con ninguna garantía como minoría dentro de la nueva república. De hecho, nueve días antes de la mencionada reunión de Karadjordjevo las autoproclamadas autoridades de la Krajina habían puesto en marcha el segundo referéndum para decidir el futuro de la región, donde un 99,8 % de la población se mostró a favor de su integración en la república serbia como parte de un esfuerzo por «preservar Yugoslavia»[2]. Al menos como aspiración, no es casual que la federación siguiera siendo el punto de referencia al que miraban, pues era el ente que había garantizado su supervivencia como comunidad, ni tampoco que fuera el fundamento de los serbocroatas para autoproclamarse independientes, dado que Croacia había decidido romper con el Estado yugoslavo. Así, tan solo medio mes después, los serbios de Eslavonia Oriental siguieron su ejemplo y se unieron al nuevo paraEstado de la Krajina. De este modo, Milošević se vio envuelto en un enrevesado conflicto que no deseaba apoyar y que podía poner en riesgo los planes que compartía con Tuđman para Bosnia. Sin embargo, estaba obligado a no dejar a la comunidad serbocroata en la estacada, ya que su apoyo explícito, manifestado de forma abierta durante un mes de marzo, era una garantía frente a la amenaza de los partidos nacionalistas de la oposición, siempre atentos a cualquier flaqueza del Estado en su preocupación por los «hermanos» serbios de allende las fronteras de la república serbia.

Fue la falta de sistematicidad y eficiencia de los dirigentes croatas a la hora de poner en marcha los trámites y medidas necesarias para hacer efectiva la independencia del país, algo que pasaba en último término por resolver el problema serbio dentro de sus fronteras, lo que hizo que la guerra serbo-croata se alargara y cobrara una dimensión más despiadada y caótica. En primer término, y como suele ser común en los procesos secesionistas o en el marco de golpes de Estado, Tuđman destituyó a Martin Špegelj (1927-2014) como ministro de Defensa, por la desconfianza que le inspiraba su condición de exoficial del EPY. En su lugar colocó a uno de sus principales impulsores de la campaña de recaudación de fondos de finales de los ochenta entre los croatas de la diáspora que vivían en Norteamérica, Gojko Šušak (1945-1998), quien había nacido en una pequeña ciudad de provincias de la Herzegovina Occidental, todavía controlada por el NDH al final de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente, su padre y su hermano, ambos combatientes en las fuerzas armadas del Estado fascista croata, fueron dados por desaparecidos tras la entrada de los partisanos yugoslavos en Zagreb, si bien su emigración a Canadá no tuvo lugar hasta finales de los años sesenta, donde hizo fortuna como hombre de negocios hasta convertirse en uno de los principales representantes de la comunidad croata en el país. Por mucho que tuviera sus asesores, está claro que Šušak no era un hombre capacitado para desempeñar la delicada misión de reforzar y gestionar las fuerzas armadas de la nueva república, pero Tuđman prefería tener al frente a un hombre de su absoluta confianza.

Tampoco es casual que Šušak tuviera un papel destacado en el desencadenamiento de las hostilidades, que estallaron en Eslavonia Oriental fruto de las provocaciones impulsadas por el ministro de Defensa croata con el fin de forzar la respuesta serbia y legitimar una resolución violenta de la cuestión. No deja de ser sintomático que pocas semanas después de llegar al cargo ordenara disparar granadas antitanque Armbrust —de fabricación alemana— sobre el pequeño pueblo de Borovo Selo, al norte de Vukovar y habitado de forma mayoritaria por serbios. Una vez más, como suele ser común en las guerras civiles, los no combatientes se convertían en un objetivo tanto o más importante que los de naturaleza militar. A partir de aquí se siguieron una serie de acciones y provocaciones en diferentes puntos del país, incluidos motines antiserbios en importantes ciudades dálmatas como Zadar y Šibenik, así como una escalada de tensión dialéctica que culminó con la declaración de independencia croata el 25 de junio de 1991. Desde luego, las autoridades del nuevo Estado no estaban preparadas para la que se les venía encima cuando el EPY tomó parte a favor de los serbocroatas, cruzando el Danubio junto a milicias ultranacionalistas formadas en Serbia. Esto supuso de forma casi automática la pérdida de toda Eslavonia Oriental, dando paso a finales de agosto a los primeros bombardeos contra la ciudad de Vukovar, poblada en un 40 % por croatas y principal puerto fluvial del recién nacido país. En paralelo se había producido la victoria eslovena en una guerra de apenas una semana, con la consiguiente retirada de las fuerzas del EPY, lo cual puso de manifiesto la falta de previsión y planificación de los dirigentes croatas, que quedaron en evidencia.

Una vez que la guerra puso en marcha su propia lógica y reveló la incapacidad del Estado croata para oponerse al embate conjunto del EPY y los paramilitares serbios, Tuđman buscó una salida pactada al conflicto. La principal medida en este sentido contemplaba la concesión del reconocimiento de la minoría serbia como nación dentro del nuevo Estado, que a su vez implicaba dotar a dicha comunidad de competencias a nivel político sobre los territorios en los que era mayoría. Tal era el atolladero en el que se encontraba Croacia en aquel mes de agosto que Tuđman hubo de enfrentarse al ala más radical de su partido, que reivindicaba una movilización total imposible por la carencia de armas y cuadros militares suficientes. Así pues, para evitar un ascenso de los elementos de extrema derecha e intentar poner freno a cualquier salida negociada del conflicto se optó por crear un gobierno de concentración nacional al que se sumaron casi todas las fuerzas del espectro político a la izquierda del HDZ. De paso, esta sucesión de acontecimientos permitió acallar las posibles críticas por la desastrosa gestión que las autoridades habían hecho del proceso de independencia y el consiguiente conflicto, al tiempo que lanzaban al país a una huida hacia delante donde ya no habría lugar para las alternativas. Todo o nada, ese era el dilema que se dibujaba en el horizonte. Paradójicamente, la salida del impasse en el que se encontraban los croatas sería posible gracias a un plan diseñado por el defenestrado general Martin Špegelj. Este había previsto poner cerco a las 36 bases y depósitos y a los 26 puestos militares que el EPY mantenía repartidos por todo el país, los cuales albergaban grandes cantidades de armamento pesado, ligero y municiones que servirían para armar a las fuerzas militares y paramilitares croatas. De hecho, poco pudo hacer el EPY en esos días de septiembre, cuando en la mayor parte de los casos se vio impotente ante el asalto de sus instalaciones por la constante sangría de deserciones que sufría y la ausencia total de instrucciones desde Belgrado.

Mientras tanto, en la Krajina los combates no solo proseguían, sino que aumentaban en intensidad. Según Milan Babić (1956-2006), presidente de la autoproclamada Región Autónoma, la capacidad de resistencia de los serbocroatas en toda esta amplia franja territorial de la frontera bosnio-croata fue posible gracias a la supervisión y el apoyo de la policía secreta serbia, que actuaba bajo órdenes expresas de Milošević a través de la política llamada «línea militar» (vojna linija). Este último no dejó nada a la casualidad, y dispuso la creación de fuerzas de seguridad e inteligencia, así como de fuerzas militares y paramilitares que quedarían bajo el mando directo o indirecto de hombres de su confianza (Armatta, 2010: 160-164). Entre las milicias armadas destacó la puesta en marcha de unidades como los Lobos de Vučjak (Vukovi s Vučjaka), con base en Knin, la capital de la Krajina, y las Águilas Blancas (Beli orloví), lideradas por Vojislav Šešelj (1954-) y muy vinculadas a partidos ultranacionalistas serbios como Renovación Nacional Serbia (SNO) y el Partido Radical Serbio (SRS), que desde 1992 también combatirían en la guerra de Bosnia. De este modo, Milošević pretendía garantizarse el control político-militar de los serbocroatas y utilizarlos a conveniencia según sus intereses, ya que su completa dependencia respecto a Serbia y la nula voluntad de los dirigentes croatas de garantizar sus derechos en tanto que minoría apenas les dejaban más opciones. También fue en este momento cuando entró en escena por primera vez el coronel serbobosnio del EPY Ratko Mladić (1943-), que acabaría por hacerse tristemente célebre durante los sucesos de Srebrenica (LeBor, 2002: 4)[3]. El 26 de agosto de 1991, con la ayuda de la artillería, fuerzas del EPY y unidades paramilitares serbias comandadas por Mladić sitiaron y tomaron Kijevo, una pequeña población croata situada 20 kilómetros al sureste de Knin y fundamental para el control del territorio. Al mismo tiempo, las milicias serbias se lanzaron desde el interior hacia la costa en un intento por tomar los puertos dálmatas de Zadar y Šibenik, que a pesar de las dificultades consiguieron resistir, aunque en el primer caso hubiera que lamentar la muerte de 80 personas y, en el segundo, los bombardeos artilleros siguieron causando destrucciones y víctimas durante más de tres meses (Mojzes, 2011: 153). Por lo demás, la comunicación por tierra entre Dalmacia y el resto de Croacia había quedado completamente cortada.

De hecho, los acontecimientos de septiembre de 1991 marcaron un punto de inflexión por lo que respecta a la implicación directa del EPY en el conflicto. Después de todas las humillaciones sufridas a manos de eslovenos y croatas, la oficialidad, herida en su orgullo, se dispuso a aunar esfuerzos con los serbios, por mucho que sus objetivos fueran distintos. Así pues, en su particular intento por dar un escarmiento a los díscolos croatas lanzó sendas ofensivas en dirección a Dubrovnik, al sur de Dalmacia, y Vukovar, en Eslavonia Oriental, siendo su fin último poner al Estado croata contra las cuerdas y ocupar el país. De este modo, Milošević conseguía mantener ocupado al EPY, una cuestión que siempre le preocupaba por su poder armado y por la naturaleza imprevisible del Ejército en mitad del desmoronamiento de Yugoslavia, cuya existencia y continuidad era lo único que le daba sentido y razón de ser como institución. En el caso de Dubrovnik, el objetivo de los militares yugoslavos no era otro que tomar la llamada «Perla del Adriático», principal reclamo turístico de la costa dálmata croata y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De este modo esperaban forzar un levantamiento del asedio contra sus cuarteles e instalaciones militares en Croacia. Mientras tanto, Milošević conseguía ligar firmemente Montenegro a Serbia, ya que las tropas desplegadas por el EPY en dicho escenario estaban compuestas por montenegrinos de las regiones más pobres del país. Sin embargo, las imágenes de los ataques contra Dubrovnik, inspirados por la rabia y la impotencia de los oficiales yugoslavistas, causaron un impacto mediático tremendo a nivel mundial y dejaron por los suelos tanto la imagen de estos como la de los serbios, uniendo para siempre sus destinos (Veiga, 2011: 132-136).

Una vez asegurada la orilla derecha del Danubio, el principal esfuerzo del EPY tuvo lugar en Eslavonia Oriental, siendo su objetivo final alcanzar Zagreb por la autopista que la conectaba con Belgrado. Sin embargo, ante Vukovar, primer obstáculo serio, se puso de manifiesto muy pronto que las fuerzas armadas federales se habían convertido en una maquinaria militar inoperante a causa de las deserciones y la falta total de orden, encuadramiento, coordinación y disciplina, situación agudizada por la inexistencia de una declaración de guerra que permitiera desplegar todo el peso de la ley marcial. Y es que, a pesar de que la mayor parte del reclutamiento descansaba ya sobre la población de la república serbia, las cifras de no presentados a filas eran tan altas como para hacer imposible cualquier medida punitiva, alcanzando el 30 % de los reservistas y el 85 % en Belgrado (Veiga, 2011: 138). Por un lado, esto nos permite poner en discusión la idea de que los hombres marchan al matadero sin resistencia, cosa que como se puede comprobar en cualquier conflicto no es cierta, y por otro lado también nos permite desmontar una imagen promovida de forma interesada por los medios de comunicación occidentales, según la cual la serbia era una sociedad ultranacionalista y fanatizada. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la falta de unidades operativas obligó a los mandos militares a recurrir a los paramilitares serbios para asaltar Vukovar, una medida que tendría consecuencias irreparables en el seno de la sociedad y la política serbias, pero también en el devenir de la guerra y en la imagen de Serbia de cara al exterior. Sin embargo, esta decisión también tenía una dimensión política muy clara entre los planes de Milošević, que consintió e incluso estimuló la integración y el empleo de estas unidades irregulares de extrema derecha, que reunían hasta 12 000 voluntarios, en el marco del EPY. Su objetivo último no era otro que forzar a los oficiales yugoslavistas a descartarse y apartarse, consiguiendo así unas fuerzas armadas fieles a él, por mucho que tampoco tuvo problemas en purgar a los elementos disidentes, reales o potenciales, en todos aquellos casos en los que ellos mismos no se dieran por aludidos.

El fin de los combates en Vukovar tuvo lugar el 19 de noviembre, a la par que Milošević iba consolidando su control sobre los restos del EPY, y culminó con la toma de la ciudad por las tropas serbias. Esta había quedado absolutamente devastada por los bombardeos de la artillería pesada y la aviación, una buena muestra de lo que podría haber ocurrido en muchos otros casos como Sarajevo de haberlo querido así los mandos y, por supuesto, de no haber tenido la guerra el impacto mediático que tuvo. De hecho, lo ocurrido en Vukovar fue un hito porque puso punto y final a la guerra abierta —aunque no declarada— entre Serbia y Croacia, pero no solo eso. Por un lado, fue la primera ocasión en que las fuerzas militares y paramilitares serbias actuaron de forma coordinada en un despliegue masivo de violencia contra prisioneros de guerra y civiles, acabando con la vida de 264 personas, entre las cuales se encontraban dos periodistas, que en este caso llevaban a cabo otro tipo de combate, si bien no menos lesivo para los intereses serbios. Por otro lado, los mandos de los defensores que consiguieron escapar del cerco serbio sobre Vukovar, en total casi 2000 hombres, denunciaron el abandono intencionado al que habían sido sometidos por parte de las autoridades croatas. Sin duda, estas últimas buscaron jugar a fondo la baza del victimismo ante la comunidad internacional, que debía ver en los serbios agresores sin piedad, y para ello la ciudad danubiana debía ser sacrificada y convertida en mito de la nueva nación en armas. Al poner en cuestión la integridad moral de los dirigentes del país, los comandantes croatas Mile Dedaković (1951-) y Branko Borković (1961-) desataron tal escándalo que fueron detenidos, degradados y apartados de la vida pública (Veiga, 2011: 141-142). Desde luego, el saldo de víctimas había sido muy alto, con más de 3000 muertos, 1100 de ellos civiles, 800 desaparecidos y 22 000 personas expulsadas de sus casas (O’Shea, 2005: 23).

Sin embargo, cuando podía dar la sensación de que Croacia estaba de rodillas, Milošević le negó al EPY la posibilidad de seguir adelante con su plan de escarmiento y conquista. Ya no solo se trataba de los graves problemas de reclutamiento y encuadramiento experimentados en Serbia, o de la demostrada incapacidad del Ejército para llevar a cabo operaciones a gran escala, tampoco era que los croatas hubieran sido capaces de organizar unas fuerzas armadas bien nutridas, mejor armadas y mucho más disciplinadas. Sencillamente el líder serbio no veía que la derrota total de Croacia —caso de que esta fuera posible con el equilibrio de fuerzas vigente— pudiera reportarle algún beneficio político, sino más bien todo lo contrario, ya que reforzaría a los mandos del EPY. Además, una salida de este tipo dificultaría la consecución del verdadero objetivo político de Milošević: una solución a la cuestión bosnia que fuera aceptable para la comunidad internacional, lo cual requería que esta fuera consensuada con los croatas. Por lo tanto, a partir de aquel momento los conflictos en la Krajina y en Eslavonia Oriental fueron quedando «congelados» de forma paulatina, con escaramuzas y enfrentamientos aislados hasta principios de 1992. Al fin y al cabo, mantener las cosas así no dejaba de ser contar con una buena baza de cara a una futura negociación con los croatas en torno a múltiples cuestiones. Es más, que Bosnia-Herzegovina era el auténtico objeto de deseo de Milošević quedó muy claro a principios de octubre en La Haya con su rechazo al proyecto propuesto por el antiguo secretario de la OTAN, Peter Carrington (1919-2018), junto a su equipo. Este preveía la gestión y viabilidad del futuro de las repúblicas exyugoslavas, y como partía del respeto a las minorías y a la integridad territorial de estas ponía en riesgo los planes de reparto serbocroatas. Desde luego, el líder serbio no se podía permitir algo así si quería mantenerse en el poder, pues tenía que ofrecer a sus conciudadanos algo lo suficientemente valioso como para paliar la disolución de Yugoslavia, y la clave estaba en Bosnia-Herzegovina.

La primera entrada en escena de los cascos azules de la ONU, un contingente internacional de 12 000 militares, tuvo lugar a sugerencia de Milošević, que pretendía escenificar un gesto de buena voluntad frente a la comunidad internacional. A partir de mediados de febrero se activó el proceso para su despliegue en la Krajina y Eslavonia Oriental, lo cual implicaría la retirada del EPY y las unidades paramilitares serbias. Por supuesto, los dirigentes croatas, con Tuđman a la cabeza, no se opusieron a esta medida, ya que ponía fin a un conflicto que todavía escapaba a su control y les permitía ganar tiempo frente a una situación difícil de gestionar. Así pues, a partir de entonces sería el contingente internacional el encargado de proteger a los serbocroatas, una situación que generó malestar y cambios internos en la ya por entonces autoproclamada República Serbia de Krajina (RSK). Más allá de esto, lo cierto es que, en menos de medio año de combates, entre 170 000 y 250 000 personas, muchas de ellas croatas, habían sido forzadas a abandonar sus hogares mediante el empleo de la violencia y los asesinatos selectivos. Tal y como ocurriría un año después en toda Bosnia, las unidades encargadas de sembrar el terror contaban con el flujo de refugiados «como avanzadilla» y altavoz, ya que sus «aterradoras historias helaban la sangre en las venas» y empujaban a otros a huir antes de la llegada de las fuerzas invasoras (Suljagić, 2007: 14). He aquí el método seguido en la implementación de la llamada limpieza étnica, un concepto que se popularizó al calor de las guerras yugoslavas y que haría fortuna tanto en el ámbito periodístico como en el de las ciencias sociales, políticas y humanas. En cualquier caso, para dar con su origen hay que remontarse a las campañas eliminacionistas impulsadas por las autoridades rumanas en los territorios de Moldavia y Transnistria durante el verano de 1941, a las cuales Mihai Antonescu (1904-1946), a la sazón primer ministro, se refirió como purificare etnică. El concepto volvería a entrar en escena con motivo de los enfrentamientos por el Alto Karabaj, que nos ocuparán en el próximo capítulo.

Por lo demás, si la guerra civil española es el paradigma del conflicto interno seguido y condicionado por una gran cobertura mediática en la primera mitad del novecientos, lo mismo ocurre en el caso de las guerras yugoslavas en la segunda mitad, con las diferencias propias del paso de medio siglo. Esto no deja de llamar la atención, pero se explica si tenemos en cuenta que en ambos casos se trata de dos escenarios periféricos situados en los confines europeos. También hubo otras cuestiones que coincidieron para que esto fuera así. En el primer caso, el ascenso imparable de los fascismos en Europa, que habían desmantelado a la oposición democrática y revolucionaria del continente sin excesivas resistencias, hacía pensar en la cercanía de un nuevo conflicto continental, aunque se temiera mucho más la posibilidad de una revolución. Así pues, lo que ocurriera en España entre 1936 y 1939 podría tener consecuencias muy importantes a todos los niveles de cara a lo que estaba por venir. Por supuesto, dentro de ese carácter fronterizo no hay que olvidar la imagen de exotismo que proyectaban ambos países en cada momento, tan cerca y tan lejos del mundo civilizado según las visiones divulgadas por intelectuales y viajeros occidentales durante décadas. Mientras tanto, la desintegración de Yugoslavia fue vivida por las potencias occidentales como una oportunidad para hacer valer su supuesta omnipotencia derivada de una victoria en la Guerra Fría y en la reciente guerra del Golfo. La cercanía del conflicto a la entonces todavía CEE hizo el resto, sobre todo cuando entró en una escalada de violencia imparable, con el estallido de la guerra en Bosnia-Herzegovina. En este caso, se trataba de imponer el nuevo orden mundial, ese mismo que hizo augurar a algunos intelectuales el fin de la historia, con la supuesta llegada de la civilización al cenit del progreso y a la estabilidad, encarnadas ambas por el capitalismo y la democracia parlamentaria (Fukuyama, 1992). Sin embargo, la realidad es tozuda, y pronto se encargó de demostrar hasta qué punto la historia iba a seguir dando sorpresas a unos estadistas y teóricos que creían tener todo bajo control.

El reconocimiento unilateral de la independencia de Eslovenia y Croacia por parte del gobierno alemán, hecho que tuvo lugar a mediados de diciembre de 1991, fue como echar gasolina al fuego. No obstante, entender esta medida pasa por observar en su conjunto un escenario europeo donde se había producido la reunificación alemana, no carente de polémica en Francia y Gran Bretaña; la disolución del bloque comunista, con unas repúblicas centroeuropeas que no podían dejar de mirar con cierto temor el restablecimiento de Alemania como un único ente político, sobre todo por las consecuencias que se podían derivar de ello en lo que se refiere a reivindicaciones territoriales o de propiedades por parte de supervivientes y descendientes de los alemanes expulsados de sus hogares en la segunda mitad de los años cuarenta; el dilema de las minorías nacionales, abierto por el conflicto serbo-croata en la Krajina y Eslavonia Oriental, que a su vez podía abrir la puerta a reivindicaciones similares por parte de los alemanes en las regiones occidentales de Polonia o la República Checa; y, por último, la disolución de la Unión Soviética en ese mismo mes de diciembre, que supuso casi de inmediato la aparición de toda una serie de repúblicas que tuvieron que ser reconocidas sin apenas condiciones. Este conjunto de procesos acumulados a lo largo de dos años fue lo que llevó a Alemania a dar su reconocimiento a la independencia de Croacia y Eslovenia, para disipar cualquier reticencia con respecto a la reunificación y dar garantías de su respeto por las fronteras europeas acordadas en Helsinki en 1974, ya que las dos repúblicas balcánicas conservaban sus fronteras tal y como habían sido dentro de la federación yugoslava (Veiga, 2011: 151-159). Con esta decisión el gobierno alemán quería dejar muy claro que no contemplaba la posibilidad de invocar los supuestos derechos históricos de minorías o comunidades expulsadas de sus lugares de origen tras la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, fue una concatenación fatal de acontecimientos e intereses internacionales de lo más variado, todo ello en un punto de inflexión histórico sin precedentes, lo que a medio plazo condenó a la comunidad serbia de Croacia a la desaparición, al reconocer a este país sin la exigencia del respeto a los derechos de las minorías, y lo que hizo que prendiera la mecha de la guerra en Bosnia, al plantear a sus dirigentes como única salida posible la independencia (Sherman, 1993: 65-75).

El propio Veiga deja muy clara la gran importancia que tuvo para Europa —y de forma muy evidente para los Balcanes— el despliegue consciente por parte de Alemania de una política exterior acorde con su recobrado estatus de principal potencia continental. Desde el mismo estallido de la crisis yugoslava, y sobre todo a partir del decisivo mes de diciembre de 1991, el gobierno alemán reivindicó un papel protagonista en la gestión de un conflicto que, además, debía reportarle el prestigio de situarla en el bando vencedor en la Guerra Fría y el reconocimiento de su capacidad para representar e imponer los principios del nuevo orden internacional en el continente europeo. Sin embargo, su apoyo a la independencia de Croacia y Eslovenia no hizo sino dinamitar las previsiones del Plan Carrington para buscar una salida pactada a la desintegración de Yugoslavia, el cual se fundamentaba en el respeto a las minorías nacionales y a las fronteras internas de época federal. Así pues, en cierto modo Milošević y Tuđman quedaban con las manos libres al librarse de los problemas que habría comportado un proceso de negociación efectivo para la reorganización político-social de Bosnia-Herzegovina, al mismo tiempo que el primero evitaba el daño que podría causar a su imagen y a la de Serbia una intervención a favor de los serbobosnios en otras circunstancias. Es más, dado el escenario político internacional, la guerra podría llegar a presentarse como la única salida ante el posible peligro de destrucción de dicha comunidad a manos de los bosnios musulmanes y el islamismo, cuya cabeza más visible era el presidente de la república bosnia, Alija Izetbegović (1925-2003).

Guerra en Bosnia-Herzegovina, 1992-1995: agendas nacionalistas, señores de la guerra y conflicto irregular

GUERRA EN BOSNIA-HERZEGOVINA, 1992-1995:

AGENDAS NACIONALISTAS, SEÑORES DE LA GUERRA

Y CONFLICTO IRREGULAR

Una guerra civil nunca puede venir impuesta desde fuera; para que tenga lugar un conflicto de estas características tiene que existir una fractura previa que la haga posible dentro de la sociedad en cuestión. Por lo tanto, resulta decisiva la voluntad de grupos más o menos amplios, organizados y enfrentados entre sí por el control del territorio y el poder, sean cuales fueren las razones, que siempre son de índole diversa y no por ello contradictorias entre sí. El caso de Bosnia-Herzegovina tampoco fue una excepción en este sentido, tal y como pusieron de manifiesto las primeras elecciones democráticas en noviembre de 1990. Contra todo pronóstico, las fuerzas políticas de la derecha nacionalista musulmana (Partido de Acción Democrática, SDA), serbia (SDS) y croata (HDZ) se llevaron la mayor parte de los votos, con un 37,8 %, 26,5 % y 14,7 % respectivamente, optando por otras opciones el 21 % restante de la población. De hecho, los porcentajes se corresponden muy bien con los datos del último censo étnico previo a la guerra, donde el 43 % se consideraba bosniaco o bosnio musulmán, el 31,3 % serbio, el 17,3 % croata y un escaso 5,5 % que se declaraba yugoslavo. Aun con todo, hoy en día la historiografía tiende a considerar que era mucho más lo que unía a las diferentes comunidades que lo que las separaba, como pone de manifiesto la historia de Yugoslavia en la posguerra y el hecho de que un 18,6 % de los matrimonios fueran multiétnicos, o que musulmanes y cristianos fueran prácticamente indistinguibles en su aspecto externo (Iacobelli, 2011: 262). De hecho, ya hemos visto en qué dirección van algunas de las tesis más novedosas, que apuntan a la instrumentalización del nacionalismo por parte de las clases dirigentes —ya fueran nuevas o tradicionales— para expulsar del debate público cualquier discurso alternativo, algo que fue común en toda la Europa poscomunista y el espacio postsoviético.

Sin embargo, aparte de las fracturas internas que pudieran existir y de los grupos dispuestos a utilizar la violencia como forma de abordarlas, para que estalle una guerra civil hace falta armamento, y en Bosnia-Herzegovina ya había empezado a entrar de forma masiva en ese crucial semestre final del año 1991. Por un lado, el despliegue de los cascos azules en la Krajina y Eslavonia Oriental permitió a las fuerzas del EPY concentrarse en los cuarteles bosnios, sumando un total de 100 000 combatientes con fuerte apoyo blindado, motorizado, artillero y aéreo; al mismo tiempo, Milošević se aseguraba el control de las unidades poniendo al frente a oficiales serbobosnios, mientras retiraba a los originales de Serbia para cubrirse las espaldas. Por el lado croata también se introdujeron armas, pertrechos y combatientes, que muy pronto conformaron el esqueleto de las unidades militares que combatirían más adelante en los momentos más caóticos de la guerra. Así pues, tanto los dirigentes serbobosnios como los bosniocroatas, determinados a llevar a efecto el reparto de Bosnia-Herzegovina, dependían por completo de la ayuda exterior de Serbia y Croacia, si bien fueron ellos mismos los que promovieron el encuadramiento y la movilización de la población mediante la creación de regiones autónomas según el modelo seguido en la Krajina en sus comienzos. Mientras tanto, Milošević y Tuđman se aseguraban de tener al frente de cada comunidad a hombres y mujeres de su entera confianza, tal y como pone de manifiesto la designación de Mate Boban (1940-1997) al frente del HDZ y, por tanto, de la comunidad bosniocroata, quien además de hacer ostensible su odio por los bosniacos se entendería a la perfección con los serbobosnios durante toda la guerra. En este sentido, salta a la vista que los presidentes serbio y croata jugaban en un terreno favorable para sus intereses. No hay que olvidar que el encuentro de Karadjordjevo donde se acordó el reparto de Bosnia-Herzegovina tuvo lugar apenas cuatro meses después de las mencionadas elecciones. En cualquier caso, como señala Veiga de forma muy pertinente, votar por opciones nacionalistas de derechas no era hacerlo por la guerra, sino que en buena medida estaba en consonancia con los aires de cambio que corrían por toda Europa Centro-oriental y con el deseo de castigar por medio del voto a los comunistas, conversos o no, y a las opciones de izquierdas en general. De hecho, en un primer momento los líderes nacionalistas formaron un frente común y prometieron un gobierno de concentración para gestionar la transición del país hacia la democracia. Sin embargo, el propio funcionamiento interno de la república bosnia, donde los repartos de poder estaban muy asociados a las cuotas étnicas, procedentes a su vez de los censos donde cada ciudadano escogía la comunidad con la que se identificaba, hacían que la política, la sociedad y la visión de la realidad estuvieran muy regidos por la pertenencia a uno u otro grupo étnico. Por si esto fuera poco, los recelos habían ido en aumento por el incremento demográfico de la comunidad musulmana, que de ser la segunda mayor de Bosnia-Herzegovina pasó a ser la más grande desde 1971, relegando a los serbios al segundo lugar, y por supuesto a los croatas, que siempre habían sido el más pequeño de los tres grupos. De hecho, este crecimiento de la población bosniaca se vio acompañado de forma progresiva por una mayor presencia de dicho grupo en los aparatos del Estado, competencia que tradicionalmente había estado en manos serbobosnias. Finalmente, arraigados en el mundo urbano y su hinterland, los musulmanes de Bosnia miraban mucho más hacia Croacia que hacia Serbia, mientras que los serbobosnios mantenían vínculos muy fuertes con la república madre al otro lado del Drina (Veiga, 2011: 173-175).

No obstante, el mayor problema vino con la llegada de los nacionalistas al poder, que pronto se vieron en serios aprietos para repartirse el poder dentro de la república. En parte porque eran hombres sin experiencia en el ámbito de la política y desconocían los intrincados vericuetos del entramado institucional levantado durante el periodo titista. De este modo, el año 1991 se caracterizó por el vacío de poder, la parálisis del Estado y el mal funcionamiento de la economía, a pesar de los intentos de las nuevas fuerzas políticas por hacerse cargo de la situación. De hecho, lejos de culpar en bloque a la incapacidad de las fuerzas nacionalistas, la tendencia general de cada comunidad fue el cierre de filas en torno a sus dirigentes, responsabilizando a los otros partidos y grupos étnicos por la situación del país. Tampoco ayudó en nada la falta de coordinación de la diplomacia europea, así como la ausencia de cualquier criterio claro y definido para abordar el futuro de las repúblicas yugoslavas, como ya hemos visto. Mientras a Macedonia se le negaba el reconocimiento internacional, a pesar de cumplir con todos los criterios de respeto a los derechos humanos y reconocimiento de las minorías, Bosnia-Herzegovina vio sancionada su independencia a principios de abril dentro de una huida hacia delante. En el caso macedonio se impuso la solidaridad dentro de la CEE, dado el veto de Grecia, que consideraba el nombre de la pobre y pequeña república posyugoslava como una amenaza para su propia integridad territorial, y en el bosnio se optó por aceptar los resultados del referéndum apadrinado por la comunidad internacional un mes antes.

Sin embargo, la votación había sido boicoteada de forma masiva por los serbobosnios, que a su vez habían celebrado su propio referéndum en el otoño de 1991, cuando se decidió no reconocer la soberanía de la república bosnia y se optó por la integración en Serbia como salida. Es posible que nada de lo ocurrido hubiera sido posible sin el apoyo humano, logístico y material de Croacia a la comunidad bosniocroata, porque sin la connivencia de Tuđman para el reparto de Bosnia-Herzegovina cuesta pensar que Milošević hubiera llegado muy lejos en su apoyo a los serbobosnios. Sin ese sostén externo, requisito clave en el desencadenamiento de cualquier tipo de guerra civil prolongada, la comunidad serbobosnia no habría podido lanzarse a un conflicto armado. No obstante, en ningún momento se le exigió a la recién nacida república croata o a sus clases dirigentes que cejaran en sus intenciones de llevar a efecto el reparto de Bosnia-Herzegovina, algo que sin duda habrían hecho, dada su posición de debilidad y dependencia respecto a la comunidad internacional. Tampoco ayudó la actitud de una diplomacia estadounidense interesada en consolidar su victoria en la Guerra Fría y en la guerra del Golfo haciendo un guiño a todos los musulmanes demócratas, y ahí tenía un papel fundamental el apoyo brindado al presidente bosnio Alija Izetbegović, al que se disuadió de aceptar la última solución negociada planteada por el diplomático portugués José Cutileiro (1934-). Por todo ello, hubo muchos observadores internacionales y académicos que no dudaron en dejar claro que la injerencia de las grandes potencias en el conflicto no hizo otra cosa que echar gasolina al fuego, en lugar de prevenirlo (Woodward, 1995: 145-198).

La responsabilidad de Izetbegović en el desencadenamiento de la guerra en Bosnia-Herzegovina es un tema controvertido, pero desde luego ni su trayectoria político-intelectual ni su visión de la realidad contribuyeron a apaciguar un ambiente que a lo largo de 1991 y los primeros meses de 1992 se fue enrareciendo cada vez más. Al igual que ocurría en el caso del resto de líderes nacionalistas bosnios, fueran de la comunidad que fuesen, la falta de experiencia y la ausencia de un discurso realista que se correspondiera con el escenario socio-político en que había de actuar llevó al presidente de la joven república a tomar decisiones que constituyeron graves errores. Sus abiertos vínculos con el islamismo político internacional tampoco favorecieron el futuro del país en su conjunto, incluidas sus declaraciones de que defendería la independencia de Bosnia-Herzegovina por las armas si fuera necesario, cosa que además no estaba en condiciones de garantizar. El propio director de cine sarajevita Emir Kusturica (1954-), ya por entonces toda una institución en Yugoslavia, recuerda en sus memorias una conversación con el futuro presidente de Bosnia-Herzegovina donde este abogaba por el desplazamiento de poblaciones serbias y musulmanas siguiendo un modelo tan poco prometedor como el sancionado por el Tratado de Lausana en 1923 entre Grecia y Turquía. Al preguntarle el cineasta si temía la guerra, Izetbegović le contestó que solo temía a Alá. Así pues, para el primero está más que clara la responsabilidad de este, empujado por la comunidad internacional a la independencia (Kusturica, 2012: 258 y 269). Por otro lado, las complejas relaciones clientelares y las ligazones sociales sobre las que se sustentaban los consensos y la toma de decisiones dentro de la comunidad musulmana restaban mucha independencia al propio presidente bosnio, que siempre estuvo muy sometido a las presiones e intereses de los diversos grupos que componían las élites. Así pues, la excusa perfecta de los líderes serbobosnios y del propio Milošević para poner en marcha sus planes fue, por un lado, la negativa de Izetbegović al Plan Cutileiro en la segunda mitad de febrero de 1992, un proyecto que podría haber supuesto una salida pacífica al conflicto en Bosnia-Herzegovina mediante la cantonalización del país, y, por otro lado, el triunfo aplastante del sí en el referéndum por la independencia de Bosnia a finales de ese mes.

Primavera de 1992: guerra serbia de conquista, limpieza étnica, violaciones masivas y punto de inflexión en Sarajevo

Primavera de 1992: guerra serbia de conquista, limpieza étnica, violaciones masivas y punto de inflexión en Sarajevo

Merece la pena detenerse a observar el escenario y el modo en que comenzó la guerra de Bosnia, pues nos aporta algunas claves para entender las características y el funcionamiento propios de cualquier guerra civil. Para ello tenemos que desplazarnos hasta la población de Bijeljina, situada al noreste de Bosnia, muy cerca de la confluencia entre los ríos Sava y Drina y pegada a la frontera con Serbia. Esta localidad y su hinterland, que reunían casi 100 000 habitantes, eran en sí mismas la muestra más evidente del complejo mapa étnico de la república bosnia. A pesar de su posición fronteriza y de encontrarse dentro de una zona poblada de forma mayoritaria por serbobosnios, un tercio de sus habitantes eran musulmanes, la mitad de ellos residentes dentro de la ciudad de casi 40 000 vecinos. Pues bien, en septiembre de 1991, tras la proclamación por parte de los serbobosnios de una región autónoma con Bijeljina como capital, al estilo de lo ocurrido en la Krajina más de medio año antes, la población bosniaca organizó su propia unidad paramilitar bajo el paraguas de la Liga Patriótica (LP), germen de sus futuras fuerzas armadas. Una vez más, como en Eslovenia y Croacia, el modelo y la estructura para la puesta en marcha de las primeras milicias fueron provistos por la vieja DT. En este caso, a finales de marzo de 1992 unos 1000 hombres de la temida Guardia Voluntaria Serbia (GVS) comandada por Željko Ražnatović (1952-2000), más conocido como Arkan, ya habían cruzado a la margen izquierda del Drina apoyados por elementos de la población local serbobosnia. De este modo, el 31 de ese mes los serbobosnios —es decir, y es importante dejarlo claro, elementos locales— consiguieron empujar al combate a una LP local mal encuadrada y escasamente armada, lo cual fue utilizado como pretexto para la intervención de la GVS y otras unidades del EPY con el fin de proteger a la comunidad serbobosnia de la amenaza inminente que se cernía sobre ella. La toma de la ciudad fue cuestión de un par de días. A partir de ahí el modus operandi seguido por los paramilitares se convirtió en el modelo para casi todos los casos: asesinatos selectivos, en este caso entre 48 y 78 personas ejecutadas a distancias muy cortas, además de saqueos y violaciones con el fin de expandir el terror entre la población civil y forzarla a huir de sus casas[4]. Por tanto, en el estallido del conflicto bosnio se dieron dos de las condiciones más comunes para el estallido de una guerra civil: la existencia de un conflicto interno, la voluntad de grupos más o menos organizados y con capacidad de movilización para resolverlo por las armas y, por último, la intervención de agentes externos dispuestos a suministrar apoyo material, humano y logístico a cambio de satisfacer sus propios intereses.

La toma de Bijeljina fue acompañada por un proceso de transformación radical del paisaje histórico-cultural de toda la región en torno a la ciudad, con la destrucción de sus siete mezquitas y todo aquello que pudiera recordar a la presencia de población musulmana en la región. La idea era no dejar huella, de ahí que los solares dejados por estas fueran reconvertidos en parcelas para la plantación de árboles y la creación de parques. Pero no solo eso, también otros grupos como los serbobosnios disidentes, fueran reales o potenciales, y por supuesto los zíngaros o los croatas, se convirtieron muy a menudo en el objetivo de las depuraciones y la violencia de las fuerzas serbias y serbobosnias. Así pues, las guerras yugoslavas experimentaron un salto cualitativo muy notable en Bosnia-Herzegovina, donde las praxis y medidas que hemos ido señalando vinieron acompañadas por la marginación social, la depuración laboral y, por tanto, la negación del derecho al trabajo de las víctimas, a lo cual hay que sumar la creación de campos de concentración. El fin último de estos establecimientos era el control de la población que por unas u otras razones no había abandonado el territorio o que era de especial interés para las autoridades locales y regionales, pero también proveerse de mano de obra gratuita para el esfuerzo de guerra. En este sentido, el primer campo de este tipo fue el de Batković, creado en plena primavera cerca de la propia Bijeljina. En este centro se llegó a reunir a más de 4000 prisioneros, sometidos a todo tipo de abusos y privaciones, además de ser empleados en tareas pesadas de índole militar, como el transporte de municiones o la construcción de trincheras y fortificaciones. En muchos casos, fueron los autóctonos serbobosnios, verdaderos conocedores del terreno, los que se encargaron de señalar los objetivos más destacados entre la población civil, algo común a cualquier conflicto interno. Por tanto, esta sería la lógica común a la que se atendría desde entonces la limpieza étnica, y que en diferentes fases se mantuvo vigente a lo largo de toda la ocupación. Las fuerzas serbias y serbobosnias estaban poniendo en marcha una forma de control del territorio que pasaba por su homogeneización socio-política y étnico-cultural, una operación que rápidamente se extendería a otros puntos de Bosnia-Herzegovina (Gow, 2003)[5].

Las violaciones de masas también fueron un arma de guerra central en la estrategia de todos los bandos contendientes, sobre todo por lo que respecta a los serbobosnios en su particular cruzada por destruir las comunidades musulmanas de Bosnia. Con números que oscilan entre las 20 000 y las 50 000 mujeres violadas —a menudo en grupo y en diferentes ocasiones—, el alcance de esta violencia llegó a ser tal que algunas autoras afirman que existen indicios como para pensar en un plan sistemático promovido de forma activa por los dirigentes serbobosnios: el patrón común en el modo de proceder, copiado de pueblo a pueblo por toda Bosnia; los testimonios similares tanto de víctimas como de perpetradores; las propias directivas y fines establecidos por los mandos político-militares al principio de la guerra; y el contacto directo y constante de las principales autoridades sobre el terreno con el gobierno serbobosnio encabezado por Karadžić. En este sentido, y dentro de una cultura fuertemente heteropatriarcal, Teresa Iacobelli observa tres cuestiones clave en el modo de proceder durante las violaciones contra mujeres musulmanas. En primer lugar su dimensión pública, que tenía como meta más evidente extender el terror, forzar la huida y dejar tal huella en la memoria colectiva que cualquier deseo de retornar fuera descartado de inmediato por los bosniacos. En segundo lugar, fue utilizada como una forma de tortura en interrogatorios y precedió a no pocos asesinatos. Finalmente, más importante si cabe, las violaciones tenían un fuerte impacto, no ya solo al crear un trauma que podía llegar a suponer una barrera para la reproducción de las mujeres —unido al estigma con que habrían de cargar, pudiendo llegar a ser consideradas indignas—, sino también como una humillación para los hombres de su comunidad, que no habían logrado protegerlas. En este último punto pudo tener mucho que ver la ya señalada obsesión serbia por las tasas de natalidad más altas de la población musulmana —algo que también se repetirá en el conflicto por Kosovo—, un problema que a ojos de las autoridades debía ser atajado de raíz, lo cual lleva a Iacobelli a hablar de las violaciones de masas contra mujeres musulmanas como una política genocida.

Más allá de si estamos de acuerdo o no con esta última consideración, dicha autora analiza de forma exhaustiva el caso de la ciudad de Foča y su entorno, a orillas del Drina y muy cerca de la confluencia de las fronteras bosnia, serbia y montenegrina. La toma de esta población de unos 40 000 habitantes, algo más de la mitad de ellos musulmanes y un 45 % serbobosnios, se produjo el 17 de abril de 1992, tras diez días de combates, aunque estos continuaron con menor intensidad hasta las primeras semanas del verano en los pueblos de los alrededores, acompañados por una fuerte violencia. Las violaciones ya comenzaron en paralelo a los primeros choques armados por la ciudad, que siguieron a la separación de hombres y mujeres, y se prolongaron de forma sistemática hasta casi un año después. Para ello, estas últimas fueron recluidas en viviendas particulares, instalaciones municipales y moteles del entorno de la ciudad por donde pasaban las fuerzas serbobosnias, los paramilitares procedentes de Serbia y las unidades policiales, que entre otras cosas intentaban extraer información sobre el paradero de los hombres que se habían ocultado en los bosques y que seguían oponiendo resistencia armada. En muchos casos se trataba de niñas de solo doce años, como ocurrió con varias de las 50 mujeres retenidas en el instituto de la ciudad, donde las víctimas afirmaron haber sido violadas cada noche durante su estancia allí. Era común que los perpetradores salieran y entraran con total libertad de aquellos lugares y que las agresiones tuvieran lugar en grupo. Esto aumentaba la sensación de exposición e impotencia de las víctimas, dejando un trauma mucho más hondo en ellas, a menudo irreparable, al tiempo que los agresores reforzaban su idea de la masculinidad, basada en la sensación de poder e impunidad totales, en sus lazos de camaradería y en su sentimiento de pertenencia al grupo (Goldhagen, 2010: 201-202). Lejos de inspirar algún tipo de compasión, el estado terrible en que quedaban muchas víctimas tras sufrir agresiones y vejaciones continuadas y múltiples contribuía a reforzar la misoginia y el desprecio del violador, hasta el punto de poder llegar a acabar con su vida por puro asco. Esta escalofriante realidad, súmmum de la desempatía frente al otro, queda reflejada en el testimonio de un perpetrador serbio en referencia a una mujer que había sido violada por una veintena de hombres: «su pelo [estaba] pegajoso. Ella era repugnante, llena de lefa», lo cual empujó al sujeto en cuestión a asesinarla «con cinco balazos en su vientre» (Zipfel, 2013: 36). Por otro lado, si nos referimos a las condiciones de vida en el pabellón polideportivo de Foča, estas eran descritas en los siguientes términos:

Trato inhumano, instalaciones carentes de higiene, hacinamiento, muerte por hambre, tortura física y psicológica, incluyendo asaltos sexuales. No se les proveía a las detenidas ni sábanas ni toallas. Solo les proporcionaron unos pocos colchones para dormir. La comida, distribuida de forma irregular, era escasa. El cuidado médico para las detenidas no estaba autorizado ni de forma regular ni en casos de emergencia. Algunas mujeres [eran] golpeadas y necesitaban tratamiento urgente. Las mujeres sangraban y sufrían dolor como resultado de los abusos sexuales. Dos de ellas murieron en Partizan [nombre del polideportivo] como consecuencia de las heridas que les fueron infligidas por soldados serbios.

Sin embargo, las violaciones no solo se producían en lugares específicos como estos, sino también en los casos en que las mujeres habían decidido permanecer en sus hogares, que eran asaltados a menudo bajo el pretexto de buscar alijos de armas. Muchas de estas expediciones o el paso por centros donde las mujeres eran retenidas podían terminar con el secuestro y la venta de las víctimas en la trata de blancas, como ocurrió en el caso de una niña de quince años vendida a dos soldados montenegrinos por 500 marcos, o su concentración en burdeles para el lucro de individuos y mafias organizadas. Por supuesto, nada de esto habría sido posible sin la connivencia o participación activa de sectores de la población local serbobosnia, que en no pocos casos decidieron sumarse a la puesta en práctica de estas políticas. Así se puso de manifiesto a principios del siglo XXI en un juicio del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY) contra ocho serbobosnios originales de Foča, los cuales habían estado al mando de unidades armadas y habían ostentado diferentes posiciones de poder durante la guerra. De hecho, antes de que estallara, parecían individuos normales y corrientes. Este proceso sentó un precedente porque fue el primero que distinguió la violación como un crimen contra la humanidad con unas dimensiones y entidad particulares (Iacobelli, 2011: 261-283; también Goldhagen, 2010: 201-206, 484-485). En este caso, los perpetradores de violencias contra las mujeres «contaban con su vergüenza y su silencio», de ahí que fuera tan importante el juicio de los ocho encausados de Foča, porque las víctimas se atrevieron a romper con ese mutismo contra todo pronóstico. Sin embargo, tal y como hemos visto en otros casos como el de la propia España de 1936 en adelante, las lógicas impuestas por la guerra son perversas, algo que denuncia enérgicamente Nenad Popović cuando señala cómo el establecimiento de unos marcos de referencia supraindividuales no solo buscaba la cohesión de las nuevas sociedades nacionales, sino también la imposición de la connivencia de esa nueva comunidad etnonacional con respecto a los crímenes que se cometían en su nombre. Esto nos habla de los mecanismos por los que se rige la culpa, y nos pone ante una suerte de disolución del principio de responsabilidad individual entre la colectividad:

La culpabilización extendida no a los agresores, sino a toda una comunidad, por parte de aquellos que dirigieron la guerra. El modo en que los dirigentes involucran a gente inocente en actos criminales. Hacen que toda una sociedad se sienta culpable, y así garantizan el silencio; hay muchos que prefieren no hablar, creen que tienen algo que ocultar, aunque solo sea haber mirado a otra parte (Núñez, 2009: 36-37 y cita en 103-104).

Hay motivos para pensar que la especial virulencia y la importancia que cobró la violencia sexual en las guerras de secesión yugoslavas estuvo muy relacionada con la estricta relación y asociación que se estableció entre las construcciones culturales del género, de la sexualidad y de la etnicidad, tanto del nosotros como del ellos. Por supuesto, la prensa y la cultura tuvieron un papel clave en aquellos años, al afirmar por medio de esta yuxtaposición y construcción de identidades estereotipadas la imposibilidad de la convivencia y la necesidad de construir un Estado-nación propio. El potencial de los discursos forjados en torno a la cuestión básica del papel de la mujer en la guerra, donde aparece casi en exclusiva como víctima y por tanto como sujeto subalterno sin capacidad de decidir, oculta la gran diversidad de respuestas ante graves agresiones y problemas como las violaciones y los embarazos indeseados. Así pues, se olvida que muchas de ellas tomaron posiciones militantes nacionalistas en sus entornos locales y regionales, participando incluso de la violencia y de la lucha armada y jugando un papel clave como parte de las bases sociales de los nuevos regímenes, algo que destacan las escritoras croatas Jadranka Pintarić y Dubravka Ugrešić o su homólogo serbio Dušan Veličković (Núñez, 2009: 120 y 182). Pero también se obvia que muchas de las que sufrieron violaciones han optado por criar a sus hijos e hijas como una forma de reconciliarse con el trauma y/o por la militancia feminista y pacifista. El caso de Alisa Muratcaus, a la cabeza de la Asociación de Supervivientes a la Tortura de los Campos de Concentración en Sarajevo, es el más claro en este último sentido (Žarkov, 2007; Goldhagen, 2010: 204).

No está de más señalar que las autoridades serbobosnias tomaron todas las precauciones y medidas previas necesarias para evitar contratiempos, sobre todo al asegurarse de poner bajo su control a la policía mediante la depuración de los elementos no serbios o poco fiables, una cuestión vital para hacer efectivo el ejercicio del poder sobre el territorio y que a su vez acompaña al estallido de cualquier guerra civil. Al mismo tiempo, desde marzo de 1991 el EPY había hecho llegar cantidades ingentes de armas de fuego destinadas a los serbobosnios, más de 70 000 en total, las cuales fueron utilizadas para equipar unidades paramilitares creadas con elementos autóctonos, un proceso de organización que hundía sus raíces en el otoño de 1990 (Ramet, 2006: 414)[6]. Solo así se explica que en un primer y radical golpe de mano de pocos días las fuerzas serbias y serbobosnias fueran capaces de hacerse con el control de toda la margen izquierda del Drina, algo crucial para mantener la conexión con Serbia y sostener el esfuerzo de guerra en los teatros bélicos de Bosnia y Herzegovina. De ahí también que se emplearan a fondo en el despliegue de sus políticas de terror según el esquema apuntado más arriba, algo que además contribuye a explicar una vez más por qué la violencia casi siempre suele ser mucho más intensa y cruenta en los primeros meses de cualquier guerra civil. El modelo se repitió siete días después 56 kilómetros más al sur, en la también fronteriza localidad de Zvornik y su distrito, donde el 60 % de la población total era bosniaca. De hecho, en la toma de esta ciudad y la región circundante fueron empleadas de nuevo las tropas de Arkan y unidades de helicópteros del EPY que despegaban sin ningún pudor desde territorio serbio o bosnio, según les viniera mejor.

Así pues, ya el día 11 de abril se habían completado las operaciones, aunque para la población civil comenzaba un nuevo calvario que se saldaría con varias decenas de muertos y, por supuesto, con expulsiones masivas. Una vez quedó garantizada la conexión con Serbia a través del Drina, en las semanas siguientes los grupos paramilitares serbobosnios se fueron desplegando de forma casi simultánea por todo el territorio con el fin de establecer corredores entre las diferentes autoproclamadas regiones autónomas habitadas por serbios, todo ello a través del enmarañado tejido étnico de la Bosnia Oriental y septentrional y la Herzegovina Oriental. También había que asegurar una vía de contacto permanente con los serbocroatas de la Krajina, sobre todo para poder apoyarlos y abastecerlos frente a cualquier eventualidad, más que nada con la idea de mantenerlos como baza de cara al futuro. Finalmente, una vez controladas las principales vías de comunicación entre Serbia y los principales núcleos serbobosnios —lo cual oscilaría a lo largo de la guerra entre el 60 y el 70 % del territorio bosnio, con entre un 20-25 % ganado por medio de la fuerza—, las operaciones de limpieza étnica adoptaron formas más refinadas. El objetivo último no era otro que completar la homogeneización y conquista del territorio (Veiga, 2011: 187-188).

No obstante, lo que parecía un avance incontenible se vio frenado en seco mediada la primavera de 1992, en buena medida por los errores militares de los mandos serbios y serbobosnios, pero también y sobre todo por los retos y dificultades propios de los combates urbanos de Sarajevo en los que se vieron envueltas las fuerzas atacantes. Por aquellos días la situación en la ciudad era caótica, con refugiados llegados de Bosnia Oriental que lo habían perdido todo y que estaban bajo los efectos del shock y la rabia causada por la despiadada embestida conjunta de serbios y serbobosnios. En muchos casos se refugiaron en las viviendas de los serbobosnios que ya habían huido, aunque tampoco era extraño que intentaran expulsar de sus casas a aquellos que habían decidido permanecer en la capital bosnia (Kusturica, 2012: 278-279). Desde luego, lo que ocurrió en torno a Sarajevo no era algo nuevo en la historia de la guerra. Algunos de los ejércitos más preparados habían cavado su tumba en la lucha casa por casa y calle por calle, que siempre favorece a un defensor con los medios y la determinación necesarias. Sin duda, uno de los ejemplos paradigmáticos de ello es Stalingrado, aunque desde luego no es el único ni mucho menos. Así pues, las posibilidades de serbios y serbobosnios de cara a conseguir una posición de dominio en una eventual mesa de negociaciones, que pasaban por obtener un éxito rápido y decisivo, toparon con el estancamiento de sus fuerzas en su intento por tomar la capital bosnia. Tampoco jugó a su favor el hecho de que el primer y decisivo asalto de los días 2 y 3 de mayo fuera ejecutado por las poco motivadas tropas del EPY, al mando de un yugoslavista convencido como el general Milutin Kukanjac (1935-2002). Este despreciaba por igual tanto a los milicianos serbios como a los musulmanes que se disputaban los diferentes barrios de Sarajevo mediante la construcción de barricadas, posiciones fortificadas y combates aislados.

Guerra civil entre musulmanes y bosniocroatas: mismas praxis y nuevos escenarios, del verano de 1992 al invierno de 1993

Guerra civil entre musulmanes y bosniocroatas: mismas praxis

y nuevos escenarios, del verano de 1992 al invierno de 1993

La situación militar no variaría más, dado el equilibrio de fuerzas favorable a los defensores y la falta de interés de las autoridades serbobosnias por intentar un asalto sobre la ciudad que pudiera reportarles muchas bajas, a lo cual se sumaba el grave problema logístico de lidiar con el medio millón de personas que la habitaban. En este sentido, los motivos que llevaron al sitio de Sarajevo entre 1992 y 1996 no fueron tan diferentes a los que hicieron que los alemanes optaran por asediar Leningrado entre mediados de 1941 y principios de 1944, que salvando las inmensas distancias entre ambos escenarios comportaron en ambos casos gravísimos sufrimientos para la población civil. Tal y como recuerda Haris Hadžiselimović (1977-), superviviente del cerco que por entonces era un adolescente de quince años, «el 2 de mayo de 1992, cuando los tanques llegaron a nuestra calle y la gente muerta yacía por todos lados, supuso el final de todo lo que uno considera una vida normal, convirtiendo la cotidianidad en una lucha por la supervivencia» (McKenna, 2017). La capital se convirtió en el foco mediático de la guerra en Bosnia, casi omnipresente y exclusiva en los televisores de todo el mundo, algo a lo que contribuyó la concentración de los reporteros internacionales allí y la existencia de una sociedad de la información que había revelado su enorme poder performativo en la guerra del Golfo poco más de un año antes.

Apenas un mes y medio después los combates se extendieron también a Mostar, capital de Herzegovina, esta vez con los bosniocroatas y sus aliados croatas como protagonistas de una agresión que en apenas cinco días acabó con la expulsión de los serbios de la ciudad, que según el censo de 1991 componían casi el 20 % de la población. A partir de ahí, la situación quedó en suspenso por el equilibrio de fuerzas entre bosniocroatas y musulmanes, que reunían en cada caso en torno al 33 y el 34 % del total de los habitantes de Mostar. En cierto modo, nada de esto estaba fuera de lo acordado pocas semanas antes entre los líderes serbobosnios y bosniocroatas, con Karadžić y Boban a la cabeza, para el reparto del territorio de Bosnia-Herzegovina. Y aunque no había un acuerdo respecto a las líneas de partición definitivas —de hecho, Mostar fue un punto de fricción importante—, ambos fueron conscientes en todo momento de que sus ambiciones territoriales solo podían alcanzarse por medio de un acuerdo mutuo. De ahí que el líder bosniocroata no dudara en purgar cualquier posible disidencia dentro de las fuerzas paramilitares que operaban en Bosnia y Herzegovina, tal y como ocurrió con el comandante de las HOS en esta última región, Blaž Kraljević (1947-1992), partidario de la unión de toda la república bosnia con Croacia bajo una estructura federal. Tras volver a Bosnia a principios de 1992, este antiguo inmigrante en Australia fue puesto al frente de la rama bosnio-herzegovina del HSP por Dobroslav Paraga (1960-), líder de este partido radical cuya matriz estaba en Croacia y cuyo objetivo era reconstruir la unidad de los territorios bajo soberanía del NDH. Pues bien, ese mismo verano Kraljević y su Estado Mayor fueron liquidados por orden de Boban con el fin de mantener bajo control las fuerzas paramilitares que operaban sobre el terreno. En última instancia, lo que se pretendía con esta maniobra era evitar imprevistos de cara a un eventual acuerdo con los serbobosnios (Veiga, 2011: 188-191).

La cobertura mediática que se dio al asedio de Sarajevo y el sensacionalismo que rodeó el descubrimiento y divulgación de la vida en los centros de detención serbobosnios de Manjača, Omarska o Trnopolje, comparados muy pronto con Auschwitz, hizo que arreciara la indignación de la opinión pública mundial durante la segunda mitad de 1992. Si ya por entonces no tuvo lugar una intervención militar extranjera que pusiera freno a la guerra fue porque la situación internacional no acompañaba en absoluto. Primero, porque no resultaba fácil poner en marcha un plan de este tipo y organizar un contingente en este sentido; en segundo lugar, porque el gobierno de Estados Unidos, único capacitado para dirigir un proyecto de este tipo, no estaba dispuesto a jugarse su prestigio en una iniciativa de resultado incierto; y, finalmente, porque existía un riesgo evidente de guerra civil en Rusia, dado el descrédito del nuevo régimen de Borís Yeltsin (1931-2007) y el enorme cataclismo que había provocado la transición salvaje hacia un modelo económico neoliberal, que algunos comparan con el peor desastre social, humano y económico desde la Peste Negra del siglo XIV (Jay, 2004). Así pues, ante la posibilidad del descrédito internacional, o lo que era aún peor, de «contagio» bélico, se optó por continuar la vía de la negociación diplomática. Este principio no se abandonaría hasta el otoño de 1993, cuando Yeltsin consiguió resolver la crisis política rusa mediante el uso de la fuerza y la imposición de un nuevo sistema presidencialista que le otorgaba amplios poderes, el cual está en la base de la autoridad que Putin ostenta actualmente sobre el país. En este sentido, a principios de 1993 se propuso un nuevo plan, el Vance-Owen. Dentro de la estructura cantonal que formulaba, favorecía de tal modo a los bosniocroatas frente a musulmanes y serbobosnios que no solo era evidente que los líderes de las dos últimas comunidades lo rechazarían, sino que además los primeros pudieran lanzarse a ponerlo en práctica por medio de las armas.

Esto puede contribuir a explicar en parte el estallido de la guerra abierta y generalizada entre bosniocroatas y musulmanes a finales de 1992, que no hizo sino enmarañar aún más el ya de por sí complejo escenario político y militar del conflicto de Bosnia, agudizando aún más si cabe el drama humanitario en que había devenido esta. Es evidente que los primeros tenían muy clara su agenda nacional, pero no menos lo es que los segundos manejaban la suya propia, a pesar de que por aquellos años —y aún hoy— jugaran la baza del sujeto pasivo o la víctima. Así pues, parece ser que los bosniacos tenían preparados sus propios planes mucho antes del inicio del nuevo año, derivados en buena medida de las necesidades que había ido generando la propia evolución del conflicto y la constatación de que este podía prolongarse en el tiempo. En este sentido, el constante flujo de refugiados procedentes de las regiones bajo el control serbobosnio obligaba a las autoridades musulmanas a pasar a la acción, entre otras cosas para buscar acomodo y soluciones a los que huían de las operaciones de limpieza étnica. Tanto es así que en este caso parece que fueron los musulmanes quienes dieron inicio a los combates contra los bosniocroatas, sobre todo para dar continuidad a las regiones bajo su control, conseguir una base territorial y de población sobre la cual asentar su poder y hacerse con los recursos e infraestructuras industriales necesarias para proseguir la guerra. Así pues, con breves intervalos que bajo la apariencia de altos el fuego negociados servían para reponer fuerzas y reenfocar los objetivos, la guerra entre ambas comunidades se extendió de forma más o menos continuada y extremadamente cruenta a lo largo de casi un año entero, desde abril de 1992 a marzo de 1993. De hecho, como ya había ocurrido en el conflicto entre serbobosnios y musulmanes, los asesinatos selectivos, los saqueos, las violaciones, la quema de poblaciones, los campos de detención y la consiguiente limpieza étnica fueron de la mano de los propios combates por el control de los enclaves estratégicos de la Bosnia Central.

Un buen ejemplo de esto último son los hechos ocurridos en el valle del Lašva durante la segunda mitad de 1992 y los primeros meses de 1993. En este caso, las investigaciones del ICTY determinaron que los bosniocroatas llevaron a cabo una agresiva campaña de homogeneización étnica sobre estos territorios que había sido proyectada mucho tiempo antes, y que la ejecutaron con el apoyo de sus aliados croatas. El objetivo último era hacer viable la integración de la región en un mismo Estado-nación croata, tal y como quedó consignado a finales de 1991 en unas actas firmadas por el líder bosniocroata del HDZ, Mate Boban, y el jefe local del partido y comandante de sus milicias, Dario Kordić (1960-). De hecho, ya en la primera mitad del año 1992, antes de que diera comienzo la violencia armada contra las poblaciones musulmanas del valle, se habían puesto en marcha medidas de discriminación suficientemente agresivas —acompañadas además de asesinatos puntuales y la quema de algunas mezquitas— como para forzar las primeras huidas. No obstante, si algo no muestran los sucesos en esta región del centro de Bosnia es lo difícil que puede llegar a resultar determinar cuándo se inician las hostilidades en ciertos conflictos, sobre todo porque ya en el verano de 1992 se registraron los primeros combates y episodios de violencia generalizada, muy desiguales y a favor de los bosniocroatas, hasta el punto que a finales de año estas habían puesto el valle bajo su control. La campaña de violencia contra la población civil musulmana tuvo diferentes picos de intensidad en enero de 1993. Sin embargo, el 16 de abril se registró la jornada más terrible, cuando las casas musulmanas del pequeño pueblo de Ahmići fueron saqueadas y arrasadas una tras una, y 120 de sus habitantes, incluyendo bebés, niños, mujeres y ancianos, fueron torturados y asesinados, en algunos casos quemados vivos. Las encargadas de llevar a cabo la destrucción de esta comunidad fueron las tropas del HVO, unidades militares de la autoproclamada república bosniocroata de Herzeg-Bosnia (HB), con la colaboración activa de algunos elementos locales.

Un hecho que da buena cuenta de la dimensión transnacional del conflicto en Bosnia lo encontramos en el bando musulmán, al cual se sumaron veteranos muyahidines de la guerra afgano-soviética, algo que además nos pone sobre la pista de un fenómeno que ya hemos tenido ocasión de ver y con el cual nos volveremos a encontrar en el siguiente capítulo: el alcance internacional del yihadismo impulsado por el fundamentalismo islámico, tal y como estaban revelando casi en paralelo los conflictos fratricidas de Argelia, el Alto Karabaj, Chechenia y Asia Central. Como suele ocurrir en todos los casos de voluntariado de guerra, la llegada de estos experimentados combatientes —cuyas cifras variarían entre varios centenares y tres millares de hombres— contribuyó a elevar la moral de las tropas del Ejército bosniaco, dentro del cual se integraron, tomando parte en los principales combates de la guerra entre bosniocroatas y musulmanes (Hoare, 2004: 131-135). Tampoco faltan los que señalan que la llegada de estos muyahidines fue promovida por Estados Unidos, dentro de su política de apoyo selectivo a determinados grupos yihadistas y en un intento por reforzar a los bosnios musulmanes frente a serbios y croatas por medio de la guerra subsidiaria (Wiebes, 1994 y 2003). De hecho, merece la pena señalar que no solo dos de los voluntarios islamistas que pasaron por la guerra de Bosnia tomaron parte en los atentados del 11-S en Nueva York, sino que incluso el yihadismo internacional proyectó utilizar este país balcánico como cabeza de puente para extender sus actividades terroristas por Europa. Por supuesto, este tipo de alianzas nada tiene de extraño si hablamos de estrategias imperiales o pragmatismo político: dos enemigos aparentemente irreconciliables pueden cooperar sin excesivo problema allá donde sus intereses compartidos lo permiten, por mucho que a menudo sea en pos de la prosecución de agendas políticas en conflicto.

Dentro de la sociedad multiétnica y la movilidad poblacional a la que habían dado lugar las transformaciones económicas y las políticas de la Yugoslavia socialista, también tuvo un papel clave en la defensa de Sarajevo la comunidad de inmigrantes pobres procedentes de la región musulmana del Sandžac, situada entre Bosnia-Herzegovina y Kosovo y repartida territorialmente entre Serbia y Montenegro (Veiga, 2011: 198-199, 203). Como contrapunto, incluso algunos intelectuales y supervivientes del cerco de la capital, como el periodista bosniaco Ozren Kebo (1959-), para quien la culpabilidad serbia en el desencadenamiento de una guerra planificada y pretendidamente criminal está más que clara, afirman que apostar por el nacionalismo musulmán como base de la organización militar de las fuerzas bosniacas fue un grave error de Izetbegović y su gobierno, perdiendo así la oportunidad de legitimarse estableciendo unidades multiétnicas (Núñez, 2009: 57). No obstante, como ha quedado bastante evidenciado, una política de este tipo no entraba dentro de los esquemas del líder musulmán, aparte de que habría sido difícil de implementar una vez el conflicto estuvo en marcha.

Así pues, a la altura de la segunda mitad de 1992 y los primeros meses de 1993 ya era evidente que la guerra civil en Bosnia estaba absolutamente fuera de control, con multitud de agentes e intereses diversos operando sobre el terreno. El periodista y escritor croata Zoran Ferić (1960-) lo expresó de forma muy clara al señalar que «visto desde dentro era un auténtico caos, una guerra sin ningún sistema, no estaba claro a quién tenías que matar» (Núñez, 2009: 109). Es más, el conflicto entre bosniocroatas y musulmanes era el que más violencia iba a provocar, algo que entra dentro de las lógicas de las luchas fratricidas cuando estas se caracterizan por la extrema movilidad —a veces vaguedad— de los frentes de combate y, en consecuencia, por la gran dispersión de las autoridades, los grupos y columnas de hombres armados (Goldhagen, 2010: 148). Eso es lo que ocurría en este caso, y es algo que ya hemos visto en otros ejemplos paradigmáticos como la guerra civil española en sus primeros compases o los conflictos intestinos en el Congo, Afganistán o Centroamérica: la multiplicidad de actores y la irregularidad. En este sentido, no deja de ser revelador que los medios de comunicación y la comunidad internacional ignorasen sutilmente el extremo grado de crueldad del enfrentamiento entre bosniocroatas y musulmanes, y las políticas de control del territorio que acompañaron a esta. Esto pone de manifiesto de forma muy clara que ya hacía tiempo que se había señalado a los serbios como los únicos culpables de los conflictos yugoslavos. Al fin y al cabo, Croacia era el aliado de las potencias occidentales en la zona, por muchas incomodidades que pudiera generar, y las autoridades bosniacas habían sabido explotar a fondo e imponer su supuesta condición de víctimas inocentes. Así se explican en buena parte las narrativas hegemónicas imperantes en Occidente con respecto a lo ocurrido en Yugoslavia durante la década de los noventa. De hecho, en comparación con lo que estaba pasando a principios de 1993 entre musulmanes y bosniocroatas, el frente serbobosnio estaba congelado, aunque no cesaran ni el goteo de muertos en el sitio de Sarajevo ni los crímenes puntuales en la retaguardia. Solo hace falta ver que en las primeras semanas de enero el gobierno de Croacia destinó nada más y nada menos que 30 000 hombres de sus fuerzas armadas al teatro bosnio con el fin de apoyar a sus aliados de HB, dada la pérdida de terreno que estaban sufriendo ante la capacidad combativa creciente de las fuerzas musulmanas (Veiga, 2011: 200-201).

En buena medida, esa recién estrenada eficacia de las tropas bosniacas encuentra explicación en los complejos equilibrios políticos internacionales y en los intereses de los siempre lucrativos mercados ilegales de armas. Ya desde la segunda mitad de 1992 comenzaron a entrar grandes cantidades de armamento iraní vía Zagreb, y ello a pesar del embargo impuesto por la ONU sobre el comercio de equipamiento militar en los territorios de la antigua Yugoslavia. No obstante, la guerra de Bosnia nos muestra una vez más el grado de poder reducido que tienen las instituciones internacionales a la hora de forzar o imponer los acuerdos tomados en su seno. En este sentido, fueron vitales las buenas relaciones de Izetbegović con su homólogo Alí Jamenei (1939-), al cual visitaba de forma habitual en Teherán. Incluso parece que hubo intervenciones del servicio secreto alemán para que el Estado croata no se interpusiera en el tráfico de armas y equipos destinados a Bosnia, muchas veces organizado bajo el paraguas de las organizaciones de la propia sociedad civil católica en Croacia. De hecho, lo intrincado del conflicto bosnio y los estrechos vínculos entre los antiguos territorios yugoslavos dieron lugar a situaciones tan paradójicas como el acuerdo entre Tuđman e Izetbegović para mantener abierta la vía para el comercio de armas que abastecía a los bosnios musulmanes a través de Croacia, todo ello en el momento más crudo de la guerra entre bosniacos y bosniocroatas. La contrapartida que obtuvo el presidente croata a cambio fue la garantía de un suministro eléctrico continuado para las poblaciones de la costa dálmata, que dependían para ello de las fuentes de energía bajo control musulmán en el interior de Bosnia. De alguna forma, se trataba de una vía para mantener abierto el contacto entre las autoridades croatas, bosniocroatas y musulmanas, evitando así que se enquistara el conflicto entre las partes y siempre con la vista puesta en forjar un frente común contra los serbios y serbobosnios (Veiga, 2011: 220-222).

Como ya hemos visto para las guerras yugoslavas de 1941-1945, las necesidades derivadas de la evolución de los conflictos multidireccionales o las confluencias de intereses suelen dar lugar a alianzas y cooperaciones puntuales entre beligerantes. En el caso de la guerra civil bosnia ya ha quedado clara la voluntad y el acuerdo entre serbios y croatas, así como también entre sus aliados serbobosnios y bosniocroatas, para repartirse el territorio de la antigua república yugoslava. Esto se puso de manifiesto de la manera más cruda en aquellos primeros meses de 1993, cuando se supo que los bosniocroatas estaban compartiendo con los serbobosnios la producción de la mayor fábrica armamentística de los Balcanes, situada en la localidad de Vitez, en el centro de Bosnia. Tal fue la indignación de las autoridades musulmanas que los serbios se vieron obligados a escenificar un ridículo ataque aéreo sobre el complejo industrial. Lo mismo puede decirse de la cobertura que prestó la aviación serbia a las tropas bosniocroatas y croatas mediante el bombardeo de posiciones musulmanas en Bosnia Central, que se encontraron así en medio de un fuego cruzado. A cambio, los serbios y serbobosnios recibían de los croatas recursos básicos para el sostenimiento del esfuerzo de guerra, como alcohol y gasolina, atenazados como estaban por el embarg o comercial internacional que les había sido impuesto desde el 30 de mayo de 1992, cuando el CS de la ONU señaló a Serbia y Montenegro como culpable principal de la guerra en Bosnia-Herzegovina. Tampoco fueron extraños los intercambios de personal militar profesional o de posiciones fortificadas, muchas veces con cantidades de dinero importantes y mafias de por medio, un juego al que tampoco se sustrajeron las fuerzas musulmanas, ya fuera por la pura necesidad de alimentar el esfuerzo de guerra o por las ambiciones personales de ciertos mandos y grupos armados.

Guerras dentro de la guerra y enquistamiento del conflicto: lucha por la supervivencia, ataques de falsa bandera, mafias y señores de la guerra, 1993-1995

Guerras dentro de la guerra y enquistamiento del conflicto:

lucha por la supervivencia, ataques de falsa bandera,

mafias y señores de la guerra, 1993-1995

Algunos autores destacan la extraordinaria proliferación de las mafias y el lucrativo crimen transfronterizo, en este caso a través de los frentes de combate, como la causa de la perpetuación del conflicto en Bosnia, algo que, como ya hemos visto, es extrapolable a otras guerras civiles con gran dispersión de poderes. Un buen ejemplo de ello es la banda de los llamados Vikendaši (Domingueros), serbios y serbobosnios que se reunirían los viernes por la tarde a la salida del trabajo con el objetivo de infiltrarse en los territorios bajo el control del gobierno musulmán de Sarajevo. Como el que sale de caza un domingo, asaltaban poblaciones, viviendas y granjas desprotegidas, reuniendo un botín que más tarde vendían a lo largo de la semana. Suele ser común en marcos de conflicto: los criminales de todo tipo encontraron un campo abonado para hacer su particular agosto (Minic, 2012: 100). Así ocurría con los Vatreni konji (Caballos de fuego), una banda armada de 58 croatas y bosniocroatas que se hicieron célebres por sus crímenes sexuales y por su dedicación a la captura de mujeres para la trata de blancas. También al noroeste de Bosnia, en la ciudad de Bosanski Novi, limítrofe con la Krajina serbocroata, el grupo paramilitar Rezervna rebra (Los costillas de cerdo) participó en las operaciones de limpieza étnica de la región cometiendo todo tipo de excesos y abusos. El nombre con que se referían a sí mismos ya delata el ambiente festivo en que concebían sus actividades, dada la afición de los serbios por las barbacoas de porcino. En definitiva, estamos ante un fenómeno que tuvo lugar bajo el paraguas de los tres bandos enfrentados, y que también congregó a profesionales de la guerra como Dragan Vasiljković (1954-), el famoso Capitán Dragan. Ante la posibilidad de hacer fortuna, este veterano de guerra que había trabajado como instructor en Tanzania y Angola durante los años previos a los conflictos yugoslavos, puso sus conocimientos en práctica situándose a la cabeza de un grupo de hombres armados que actuaban bajo el nombre de Knindže (Ninjas de Knin). Vasiljković tuvo un papel fundamental en la secesión de la autoproclamada RSK. De hecho, fue en sus territorios y en las zonas adyacentes donde su grupo operó y donde al mismo tiempo contribuyó a la formación de nuevas unidades y a la organización de la defensa frente a los croatas. Sus actividades le valieron que, tres años después de su extradición a Croacia por parte de las autoridades australianas, fuera sentenciado a quince años de prisión en septiembre de 2017 (Hajdinjak, 2004: 7-8).

Finalmente, lo que se puso de manifiesto era el escaso control político que tenían las autoridades serbobosnias, bosniocroatas o musulmanas sobre las unidades paramilitares, lo cual derivó en una endémica falta de coordinación y, por tanto, en el enquistamiento de un conflicto que, sobre todo y cada vez más, afectaba a los civiles. En medio de este clima de guerra prosperaron los delincuentes comunes y las mafias preexistentes o de nuevo cuño, siendo muchas veces sus líderes elevados a los altares de las nuevas comunidades nacionales en construcción, y obviando por supuesto su papel en lucrativos negocios como los saqueos, el tráfico de drogas y la trata de blancas. No obstante, que existieran graves problemas para establecer un mando y un poder político centralizados, situación muy favorecida por la ya mencionada proliferación de milicias y bandas y por la enrevesada orografía de Bosnia-Herzegovina, no quiere decir que las autoridades no ambicionaran imponer su orden y aplicaran políticas para ello. Esto también tenía que ver en buena medida con el descrédito que suponía el hecho de que muy a menudo las unidades militares extorsionaran a la población civil a la que supuestamente defendían, saqueando sus ya de por sí escasos recursos, algo que pasaba incluso dentro de la cercada capital bosnia. Así pues, no fueron extrañas las guerras internas y los ajustes de cuentas dentro del mismo bando, siendo buena muestra de ello la ejecución extrajudicial del problemático líder militar musulmán Mušan Caco Topalović (1957-1993), que antes de ser detenido consiguió matar a nueve policías en medio del Sarajevo sitiado a finales de 1993; ni tampoco lo fueron los cambios de filas, como en este caso el protagonizado por Jusuf Juka Pražina (1962-1993), que se pasó de las fuerzas musulmanas a las del HVO a principios del mismo año (Veiga, 2011: 203-204; Minic, 2012: 151, 205-207, 215). Algo parecido ocurría en el lado serbobosnio, según el periodista de Radio Sarajevo y superviviente del cerco Slobodan Minic (1950-), quien denunciaba que grupos paramilitares venidos de Serbia y de la Bosnia rural asaltaban sin piedad las casas de los musulmanes de Grbavica, única zona de la ciudad ocupada por las fuerzas serbobosnias. Allí perpetraron saqueos, violaciones y asesinatos que acabaron afectando a la propia población serbobosnia, sobre todo aquellos sectores que mostraron su predisposición a ayudar a sus vecinos musulmanes en apuros. Un delincuente común de origen montenegrino, Veselin Vlahović (1969-), también conocido como Batko o el monstruo de Grbavica, alcanzó especial notoriedad tras cometer todo tipo de crímenes en el barrio homónimo. Finalmente, y tras huir de la justicia en diversas ocasiones, fue capturado en 2010 en España y condenado en Bosnia-Herzegovina en 2013 a cuarenta y cinco años de prisión (Minic, 2012: 100, 189).

Fracasada la toma de la ciudad al asalto, el modus operandi de las autoridades serbobosnias en el cerco de Sarajevo se caracterizó por el intento de rendir la ciudad privándola de los servicios más básicos, como el agua y la electricidad, cortadas por los sitiadores desde el principio del asedio, e impidiendo la entrada de alimentos, medicamentos y cualquier medio con el que poder combatir el crudo invierno de la ciudad. Sin ir más lejos, a mediados de enero de 1993 las temperaturas estaban cercanas a los -20° durante el día, con muchas jornadas similares de noviembre a marzo. La situación venía agravada por la posición de la ciudad, atravesada como estaba por varios cauces fluviales y situada en un valle rodeado de montañas, dando ventaja a las fuerzas serbobosnias. El propio Minic recuerda cómo el viento helado entraba en su casa ante la ausencia de cristales en las ventanas, y no deja de ser la metáfora del fin de toda una época el hecho de que las primeras víctimas de su estufa fueran los tres tomos de El Capital de Marx, a los cuales siguieron «otros clásicos del marxismo-leninismo y libros de lectura obligatoria» (Minic, 2012: 125). La población civil que permaneció en Sarajevo se las ingenió para desarrollar las más diversas estrategias de supervivencia ante situaciones extremas, como la alarmante falta de agua derivada del envenenamiento de los ríos y el agotamiento de los arroyos. En este caso fue decisivo el papel de los empleados de la fábrica de cerveza Sarajevska pivara, activa desde 1864, quienes bombearon para consumo civil el agua de los manantiales que brotaban bajo la factoría, algo que ha hecho de la marca Sarajevsko pivo un símbolo de la resistencia de la ciudad, además de un lugar de obligada visita para los turistas. Por supuesto, las colas a las puertas de la fábrica eran constantes e interminables, obligando a los civiles a permanecer a la intemperie durante horas. Aun con todo, los datos parecen apuntar que el 90 % de los 11 500 muertos en la ciudad a manos de las fuerzas serbobosnias, casi la mitad de ellos civiles, lo fueron en las expuestas orillas del río Miljacka, intentando recoger un agua que además no era potable (McKenna, 2017).

Dževad Karahasan (1953-), escritor, dramaturgo y aún durante la guerra profesor de historia del teatro en la Academia de Artes Escénicas de la Universidad de Sarajevo, sentía que las fuerzas serbobosnias se empleaban de forma particularmente sañuda contra Marindvor, el barrio donde él mismo vivía. Su particular interpretación del modus operandi de los sitiadores abonaría la vieja tesis de que muchas guerras civiles pueden explicarse como conflictos del marginado mundo rural frente a los privilegios y el cosmopolitismo de las pujantes ciudades. Se trata de una tesis que suscriben otros como Nenad Popović, añadiendo a ella de forma muy interesante la rebelión de una cultura heteropatriarcal, muy arraigada en el campo y la montaña, cuyos representantes se negarían a perder sus privilegios, de manera que el conflicto también lo habría sido «contra la emancipación de las mujeres, para hacer retroceder la sociedad, acabar con la libertad sexual». Desde luego, es innegable que los modelos de masculinidad agresiva e impune dominantes en los conflictos yugoslavos fueron un estímulo de primer orden para muchos de los hombres que se sumaron a las unidades paramilitares, así como en el caso de no pocos conscriptos, pero no deja de ser un tanto ridículo un silogismo que parece apuntar a la inexistencia del heteropatriarcado en el mundo urbano. El propio Popović va más lejos al señalar que la guerra ha hecho posible situar en un lugar central la cuestión de la religión y su presencia pública, algo que ha redundado en una pérdida de derechos para las mujeres, pero también para los individuos frente a la comunidad (Núñez, 2009: 106). Sin embargo, este tipo de interpretaciones claramente sesgadas y simples resultan más comprensibles si tenemos en cuenta que quienes se han dedicado a abonarlas son parte de una intelectualidad antinacionalista e identificada con el proyecto yugoslavo cuyo mundo se derrumbó con la guerra y que, por tanto, ha buscado en ese mundo rural su particular chivo expiatorio.

En cualquier caso, si volvemos al análisis que Karahasan nos ofrece en su testimonio, el objetivo serbobosnio en Sarajevo no habría sido otro que acabar con la riqueza y pluralidad cultural que encarnaría Marindvor, que en apenas un kilómetro cuadrado congregaba la mezquita Magribija, algunas construcciones significativas del periodo austrohúngaro como la iglesia de san José y los modernos edificios socialistas del gobierno y el Parlamento republicanos. Desde luego, podríamos ver algo de verdad en esta interpretación de la guerra entre mundo rural y urbano si tenemos en cuenta las explicaciones que Karadžić le ofreció al controvertido escritor y político ruso Eduard Limónov (1943-), quien visitó en 1992 las alturas desde las cuales los sitiadores dominaban la ciudad. El presidente serbobosnio le explicaba al fundador del movimiento nacionalbolchevique ruso que los musulmanes de Sarajevo eran serbios convertidos al islam durante la «ocupación» otomana, y que por tanto los musulmanes bosnios eran herederos de los ocupantes, a lo cual añadía que aquellos que se habían negado a renunciar a su fe ortodoxa habían sido expulsados a las tierras menos productivas en las montañas. Así pues, Karadžić defendía la pureza e integridad del pueblo serbio al «aceptar ser pobres, pero no cambiar su religión». Inspirado por las palabras de su anfitrión, Limónov, una figura que oscila casi a partes iguales entre la extrema izquierda y la extrema derecha, aprovechó para disparar varias ráfagas de ametralladora contra la ciudad, una imagen ampliamente difundida que le costó sus contratos editoriales en Europa y Estados Unidos, a pesar de negar sistemáticamente su participación en el conflicto a favor de los serbobosnios (Pawlikowski, 1992).

En cualquier caso, y sin ánimo de restar crédito a las percepciones de Karahasan, tampoco es extraño que percibiera un especial sadismo de los serbobosnios en sus ataques contra Marindvor, teniendo en cuenta que fue el lugar en el que experimentó el inicio del cerco y la pérdida del que hasta entonces había sido su hogar. Sin embargo, este sarajevita nos deja otras reflexiones interesantes sobre su experiencia de guerra en la ciudad sitiada, entre ellas el miedo que le invadía al atravesar calles vacías, algo de lo que había gozado sobremanera en tiempos de paz. De hecho, el mantenimiento de la vida cultural fue un instrumento muy poderoso a la hora de oponerse al terror y la miseria cotidianas impuestas por el sitio. El propio Karahasan siguió dirigiendo obras de teatro y poniendo de manifiesto lo que él denominó de forma contemporánea a los hechos «la realidad de las personas vivas y su necesidad de vivir como seres de cultura» (Karahasan, 2005: 29-33, 49, 58; también Minic, 2012: 165, 167). Menos optimista que su colega, la escritora bosniaca Ferida Duraković (1957-) destacaba de su experiencia en el sitio de Sarajevo algo que también han señalado otros supervivientes de situaciones extremas, como la vivida en el enclave de Srebrenica: «a la larga, el sufrimiento destruye a la gente, la pervierte, la vuelve malvada. Es lo peor de la guerra. Vivir cuarenta y cuatro meses con la idea constante de que pueden matarte en cualquier momento no es fácil, y ahora me cuesta entender cómo lo soportábamos» (Núñez, 2009: 43).

Quizás Limónov fue el más destacado de todos los extranjeros que en uno u otro momento tomaron las armas a favor de los serbobosnios. En su caso particular, y según declaraciones suyas, lo hizo de forma activa entre febrero y mayo de 1993. No obstante, también hubo varios centenares de voluntarios de origen ruso, ucraniano, rumano y griego, no por casualidad todos ellos países tradicionalmente ortodoxos. En el caso del primer colectivo parece que fueron hasta 150, y su papel fue importante por el hecho de que muchos de ellos eran pilotos de combate, un perfil del que andaban escasas las autoridades serbobosnias, pero también oficiales de campo por debajo del rango de capitán, que contribuyeron a encuadrar y cohesionar al Ejército comandado por Mladić (Koknar, 2003). Pero los lazos transnacionales de la solidaridad ortodoxa no acaban aquí: Vissarion Tikas (1913-1998), jefe de dicha Iglesia en Grecia desde 1974 y, por tanto, una figura pública de primera importancia, invitó en 1993 a Karadžić a Atenas. El líder serbobosnio protagonizó un mitin en la capital griega en el que afirmó, dentro de la autocompasión y el victimismo movilizador de cualquier discurso nacionalista, que «nosotros», refiriéndose a los serbios, «solo tenemos a nuestro lado a Dios y a los griegos» (Smith, 2003). Desde luego, tener al primero entre las filas propias hubiera sido una ventaja de no ser porque las autoridades croatas y musulmanas también reivindicaban que este estaba de su parte. Aun con todo, dentro de la extrema complejidad inherente a cualquier conflicto armado, había combatientes serbobosnios, seguramente conscriptos, que hacían uso del margen de maniobra del que dispone casi todo hombre armado sobre el terreno para intentar minimizar en la medida de lo posible el sufrimiento de la población civil. Así se pudo comprobar con la caída de proyectiles huecos, es decir, sin su carga explosiva, sustituida esta por notas de disculpa dirigidas a los sarajevitas (Minic, 2012: 66).

Por ironías del destino y por la absoluta hipocresía de la comunidad internacional, a finales de 1992 una partida de ropa destinada como ayuda humanitaria por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a los niños y niñas de la capital bosnia había sido adquirida en fábricas serbias, violando así la ONU su propio embargo sobre Serbia y Montenegro. Esto causó una gran indignación entre la población sitiada, que en plena posguerra fría ponía todas sus esperanzas en esa comunidad internacional que predicaba el triunfo del nuevo orden democrático. Evidentemente, en una ciudad multiétnica como Sarajevo, cercada durante casi cuatro años, uno de los principales retos pasó a ser evitar una escalada de tensión nacionalista entre los propios sitiados de diferente origen. Esto fue posible en parte gracias a la huida de muchos de los habitantes en los primeros momentos del cerco, pero no menos por la existencia de muchos matrimonios mixtos (Karahasan, 2005: 63, 82). Mientras tanto, los que permanecieron en aquella ratonera en la que se había convertido Sarajevo sobrevivían yendo a buscar agua; intercambiando por alimento cualquiera de sus posesiones personales que pudiera tener algún valor en el mercado negro; buscando madera y libros en sus bibliotecas, entre los escombros y en los sótanos; y como ya había ocurrido en las ciudades británicas durante la Segunda Guerra Mundial, plantando pequeños huertos en los jardines de sus casas y en macetas, y comiendo hierbas de todo tipo (Minic, 2012: 95 y 131). Sin duda alguna, la película que refleja de forma más cruda y sensible la vida en el cerco es El círculo perfecto, presentada en 1997 por Ademir Kenović. Desde su mismo título trata de dar cuenta de la lógica de la violencia en una guerra civil como un fenómeno que se retroalimenta y cobra vida, arrastrando a menudo consigo a sus propios perpetradores. La aguda sensación de impotencia de los civiles que nos transmite esta obra cinematográfica queda bien reflejada en el testimonio de Duraković, quien recordaba cómo esa indefensión constante agudizaba su rabia y su deseo de venganza por lo que veía como una injusticia. Es revelador que en una visita al frente a los tres años de iniciado el asedio, tras tener la oportunidad de disparar contra el enemigo afirmara con toda honestidad lo siguiente:

Fue una sensación increíble. Nunca olvidaré aquello. Tres años habían estado disparando y yo no podía contraatacar. ¡Fue un alivio! ¡Ellos también eran vulnerables! Y entonces me di cuenta de por qué los soldados odiaban menos a los chetniks que nosotros, los que estábamos en la ciudad, ¡porque ellos podían disparar! (Núñez, 2009: 47).

Según apuntaban ya por entonces algunas acusaciones de la opinión pública musulmana, tiene sentido la hipótesis de que las autoridades bosniacas, con Izetbegović a la cabeza, tuvieran más interés en mantener la poderosa imagen mediática de la ciudad asediada y martirizada por los serbobosnios que en llevar a cabo un intento de ruptura del cerco. Al parecer, una operación militar en este sentido tenía serias posibilidades de éxito, y habría aliviado el sufrimiento de la población civil. Sin embargo, la cobertura periodística sobre la situación de Sarajevo tenía un fuerte impacto en la opinión pública mundial, de tal manera que constituía la principal baza de la estrategia de Izetbegović y los suyos para hacer pasar a la comunidad musulmana como la víctima indefensa e inocente de una brutal agresión. Así pues, era un argumento de peso para intentar forzar la tan ansiada intervención militar internacional, que por lo demás ya empezó a perfilarse en el horizonte de la política exterior estadounidense desde principios de 1994. Hoy en día existe un amplio consenso y suficientes evidencias para pensar que los más sonados ataques artilleros que tuvieron lugar sobre la ciudad contra aglomeraciones de población civil fueron ordenados por las autoridades bosniacas y ejecutados por fuerzas militares bajo su mando. Así ocurre en diversos casos, como el que afectó el 27 de mayo de 1992 a una cola de racionamiento; el del 17 de julio, durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores británico; el del 4 de agosto, durante un funeral; y muy especialmente el que se ejecutó sobre el mercado de Markale el 5 de febrero de 1994, hoy en día recordado en Sarajevo con marcas de pintura roja sobre el suelo, destacando los lugares donde cayeron algunos de los 68 muertos y los 144 heridos. En todos los casos, el objetivo era aprovechar el tirón mediático del sitio sobre la capital para desacreditar a los serbios y serbobosnios a ojos de la comunidad internacional y forzar una intervención armada desde el exterior, una política que según parece incluyó el despliegue de francotiradores musulmanes que dispararían sobre la población civil (Veiga, 2011: 224-225).

Y aunque el caso de Sarajevo es extremo por las condiciones a las que se vio sometida su población durante casi cuatro años, lo cierto es que la guerra comportó una desarticulación total de la economía en todo el territorio bosnio, afectando a la producción, al control de esta y a los canales de distribución alimentaria, de materias primas y de productos manufacturados, incluidas las armas. El caos en el que se sumió el conjunto del país, las dificultades de las diferentes autoproclamadas autoridades nacionales para imponer su control, la proliferación de grupos armados y milicias de diversa naturaleza y la ambición de muchos individuos que supieron aprovecharse de las circunstancias para mediar y lucrarse acabó dando lugar a una compartimentación del poder en Bosnia y Herzegovina. Así se explica la aparición de multitud de señores de la guerra, sostenidos sobre los complejos equilibrios político-sociales propios del conflicto. Desde luego, como ya hemos visto, no es algo exclusivo de los enfrentamientos en Yugoslavia, sino más bien algo común a los contextos de quiebra de la soberanía y disolución del monopolio de la violencia por parte del Estado, tal y como hemos visto por ejemplo en el caso de las guerras civiles congoleñas de los años sesenta o las afganas desde los ochenta. El hecho de que esa feudalización fuera acompañada por una rapiña constante de los recursos de la población, que además no estaba guiada por criterios racionales, no ayudaba en nada ni a la supervivencia de los civiles ni a la legitimidad de las autoridades frente a sus conciudadanos. En este contexto, tampoco sorprende que la corrupción fuera la norma en la infinita y caótica cadena de poderes que tenía acceso a la ayuda humanitaria enviada por la comunidad internacional, y que acababa alimentando el propio esfuerzo de guerra y, por tanto, alargando los sufrimientos que debía paliar.

Las luchas de egos tuvieron un papel decisivo a la hora de sumir Bosnia-Herzegovina en ese caos del que venimos hablando. El caso que mejor lo refleja es la autoproclamada República de Bosnia Occidental, establecida a finales de septiembre de 1993 por Fikret Abdić (1939-) en torno a la ciudad de Velika Kladuša y situada en los territorios bosnios de poniente. Este exitoso y popular hombre de negocios procedente del sector agroalimentario, director del principal holding yugoslavo del ramo, con base precisamente en su Velika Kladuša natal, pasó desde 1990 a ser miembro del SDA, liderado por el propio Izetbegović. La cuestión es que la disputa con el jefe del partido por la presidencia de Bosnia-Herzegovina acabaría derivando en una abierta rivalidad y hostilidad mutua, y el astuto Abdić no tuvo reparo en acusar a su adversario de estar inspirado por el fundamentalismo islámico. En este sentido, no es de extrañar que dentro de las estructuras de poder clientelares imperantes en Yugoslavia, heredadas por los estados y territorios postsocialistas, un hombre como Abdić, cuya empresa había empleado a 13 000 personas en toda la región en torno a Velika Kladuša y Bihać, consiguiera los apoyos sociales necesarios para establecer su propia república. De hecho, no fue menos importante para sus intereses políticos contar con el apoyo activo de los serbios de Bosnia y Croacia, que rodeaban casi por completo los territorios bajo su soberanía y que obviamente estaban dispuestos a ayudar a todo aquel que contribuyera a debilitar y dividir al bando musulmán, siempre con la vista puesta en el reparto de Bosnia-Herzegovina. De hecho, en palabras de Tim Judah, la región devino «el bazar de Bihać», es decir, un enclave estratégico que, conectado directamente con el puerto croata de Rijeka en el Adriático, sirvió al esfuerzo de guerra de todos los beligerantes gracias a su papel decisivo en el tráfico de armas y gasolina, lo cual hizo de dicha ciudad un lugar donde se llevaban a cabo transacciones muy lucrativas. Es significativo el testimonio del hombre fuerte de la comunidad bosniocroata en la región, Tomislav Dretar (1945-). Al mando de las fuerzas locales del HVO, compuestas por unos 1200 hombres, este intelectual, poeta y académico croata se oponía a la dupla Tuđman-Boban y a su proyecto de repartir Bosnia-Herzegovina entre serbios y croatas, e incluso fomentó y puso en práctica la cooperación activa con las fuerzas musulmanas en el área de Bihać bajo su mando. Dretar no tenía reparo alguno en reconocer la realidad de la guerra al pie del terreno:

Nuestras armas proceden de varias fuentes. Algunas las fabricamos, algunas las robamos y algunas se las compramos a los mismos serbios. Yo mismo le compré a un oficial serbio un cañón antiaéreo que a su vez lo había robado del EPY. Le dije que lo usaríamos contra los serbios y me dijo que le traía sin cuidado. Costó 5000 marcos alemanes. […] La gente que tiene algo que ofrecer se conoce entre sí. Los oficiales serbios envían sus emisarios aquí. Después de todo los conocemos, eran nuestros vecinos antes de la guerra (cit. en Judah, 2009: 243).

El siempre polémico Kusturica, sarajevita de origen serbobosnio, fue uno de los más sagaces a la hora de dar con la atroz realidad de la guerra en Bosnia, tal y como puso de manifiesto en su monumental film Underground (1995). El metraje es un extraordinario tour de force a través de los cincuenta y cuatro años de historia yugoslava, desde el bombardeo de Belgrado por la Luftwaffe en abril de 1941 hasta las guerras civiles de los años noventa, aportando una particular e interesante visión del régimen de Tito como una suerte de moderno Mito de la Caverna. Sin embargo, las escenas finales son las más impactantes y emotivas. Kusturica nos muestra la complejidad de un conflicto donde convivirían las motivaciones más diversas y donde cada uno haría la guerra por su cuenta, con múltiples actores a ras de suelo cuyo fin último parece ser el lucro a costa del sufrimiento de los civiles. Desde los cascos azules de la ONU, que se aprovechan de la situación desesperada de la población, hasta los antiguos apparatchiks del partido, que no dudan en servirse de su posición de poder e influencia para ponerse a la cabeza del tráfico de armas —con la connivencia y protección de las fuerzas de pacificación internacionales.

Intervención estadounidense, guerra subsidiaria y limpieza étnica, 1994-1995

INTERVENCIÓN ESTADOUNIDENSE,

GUERRA SUBSIDIARIA Y LIMPIEZA ÉTNICA, 1994-1995

Marzo de 1994 trajo consigo un cambio fundamental en la guerra civil bosnia. Ese mes cesó la guerra entre musulmanes y bosniocroatas, y se forjó una confederación política que reunía a ambas comunidades, por supuesto no sin presiones estadounidenses. Esto no solo suponía el tan anhelado frente común contra los serbobosnios, sino que además cerraba la puerta al reparto de Bosnia-Herzegovina tal y como había sido proyectado en diversas ocasiones por Tuđman y Milošević de acuerdo con los líderes de las autoridades croatas y serbias del país. Así pues, esta alianza era fundamental de cara a conseguir cierta estabilidad en un teatro bélico que se había tornado extremadamente complejo, con las consiguientes dificultades para intervenir en él, y por tanto suponía un punto de partida firme a partir del cual plantearse una implicación más seria de la comunidad internacional en la guerra. No obstante, y a pesar de que no se escatimaron esfuerzos para armar a las fuerzas musulmanas, pronto se puso de manifiesto la superioridad de las unidades militares serbobosnias, mucho más profesionalizadas y mejor armadas y encuadradas. Si había algún actor sobre el terreno que pudiera llevar a cabo un golpe decisivo e inesperado contra serbobosnios y serbocroatas ese era el Ejército de la República de Croacia, que había devenido una fuerza formidable tanto a nivel de conocimientos táctico-estratégicos como de equipamiento y armamento. En buena medida, el adiestramiento de oficiales, suboficiales y combatientes había corrido a cargo de instructores estadounidenses, la mayor parte de ellos veteranos retirados del Ejército y de los aparatos de seguridad del gigante americano. En este caso trabajaban integrados en una compañía proveedora de servicios militares, la Military Professional Resources Incorporated, que tuvo a 14 de sus hombres sobre el terreno contratados por el Estado croata, los cuales además actuaban con el beneplácito de las autoridades políticas en Washington. Una vez más poco importaba el embargo internacional de armas impuesto sobre los países posyugoslavos: los intereses geoestratégicos estadounidenses tuvieron un peso mucho mayor en este caso, viendo una oportunidad inmejorable para extender su influencia en el espacio poscomunista. Con esta idea se hizo de Croacia un aliado preferente, entre otras cosas dotándola de sistemas de inteligencia muy avanzados que serían útiles para los fines de unos y otros (Veiga, 2011: 232-233).

La primera operación de envergadura lanzada por el Ejército croata tuvo lugar el 1 de mayo de 1995 en el saliente de Eslavonia Occidental controlado por los serbocroatas de la RSK, en torno a la ciudad de Okučani, que fue tomado en menos de dos días ante la indiferencia de la opinión pública serbia y de la propia comunidad internacional. Como había sido habitual a lo largo de toda la guerra, la operación fue acompañada por abusos de diverso signo contra la población civil, maltratos contra los dos millares de prisioneros y la omnipresente limpieza étnica del territorio conquistado. En total se calcula que fueron más de 11 000 serbocroatas los que huyeron o fueron forzados a abandonar sus hogares sobre una población total de 14 000, mientras que 83 fueron asesinados, una treintena de ellos en las columnas que marchaban ya hacia el territorio serbobosnio al sur. Había sido un primer tanteo a escala reducida para pulsar las reacciones de los principales actores implicados, Milošević y la sociedad serbia incluidos, que en general no tenían ningún interés por el destino de una comunidad serbocroata contemplada a menudo con desprecio. Precisamente, la película de Srdjan Karanović, Saj u ocima (2003), ambientada en el año 1995, denunciaba de forma muy inteligente la miseria y la indiferencia a las que se enfrentaron los refugiados de la Krajina llegados a Serbia tras la guerra. Como ya hemos señalado, la RSK había sido contemplada en todo momento por el presidente serbio como una posible moneda de cambio de cara a una negociación internacional para el reparto de Bosnia-Herzegovina.

Simplificar antes de negociar: los enclaves protegidos, Srebrenica y la homogeneización étnica como precondición, julio de 1995

Simplificar antes de negociar: los enclaves protegidos,

Srebrenica y la homogeneización étnica como

precondición, julio de 1995

No obstante, la reactivación de los combates en la Krajina tuvo su contrapartida en territorio bosnio, donde la evidencia de que se acercaba el final de la guerra provocó una aceleración de las maniobras militares y políticas de los serbobosnios. La conquista de los enclaves protegidos o áreas seguras de Srebrenica y Žepa, vigiladas ambas por cascos azules, pasó a ser el principal objetivo del comandante en jefe de las fuerzas serbobosnias, Ratko Mladić. De hecho, esto encajaba dentro del enfoque y los deseos de las potencias occidentales y de la propia ONU, que preferían negociar una eventual paz sobre hechos consumados, es decir, sobre un mapa étnico-político lo más simplificado posible (Veiga, 2011: 236). Así pues, hacía tiempo que todo apuntaba al final de estos dos enclaves supuestamente desmilitarizados, que eran completados por el de Goražde, todos ellos situados en la parte central de Bosnia Oriental y totalmente rodeados por territorios bajo control serbobosnio. Su origen se encontraba en las ofensivas de la primavera de 1992, cuando las históricas comunidades musulmanas de la margen occidental del Drina fueron expulsadas o forzadas a huir hacia Bosnia Central; en algunos casos, millares de ellos se concentraron en estos tres pequeños reductos, defendidos con éxito por milicias y grupos armados musulmanes y puestos a partir de 1993 bajo el amparo de la ONU y sus fuerzas de pacificación. El rico testimonio de primera mano de Emir Suljagić (1975-) nos permite adentrarnos en las políticas de ocupación impulsadas por las unidades paramilitares serbias y del EPY, parte inseparable y consustancial de las operaciones militares y de control territorial. Las primeras semanas de guerra en el saliente de territorio bosnio que se adentraba en Serbia donde se encontraba Srebrenica estuvieron marcadas por un modus operandi que ya había sido común en la guerra entre Croacia y la comunidad serbocroata: la quema de las poblaciones musulmanas, la toma del poder en los núcleos multiétnicos con la cooperación entre las unidades armadas y elementos serbobosnios locales, los asesinatos de miembros destacados de las comunidades musulmanas y la consiguiente huida desesperada de decenas de miles de civiles acompañados de terribles historias que hacían que el miedo se extendiera como un reguero de pólvora allá por donde pasaban (Suljagić, 2007: 16-22).

Muchas familias musulmanas, como la del propio Suljagić —en su caso, original de Voljavica, junto al Drina y apenas a diez kilómetros de Srebrenica—, sobrevivieron a la primera embestida gracias a los lazos de solidaridad de las familias extensas, que les proporcionaron cobijo en diferentes lugares durante los primeros días de vagar sin rumbo fijo. En contextos de guerra, acompañados por lo general del fenómeno de las expulsiones y las evacuaciones forzosas, estas redes familiares siempre se revelan vitales en la supervivencia de gran cantidad de personas que lo han perdido todo. No obstante, el caos generado por la irrupción de unidades paramilitares como las Águilas Blancas, que ya había tenido un papel importante en la Krajina, hizo que muy pronto toda la región se sumiera en el caos y que nadie estuviera seguro. Al igual que tantos otros, Suljagić y los suyos se refugiaron en los bosques, aterrorizados y a la espera de acontecimientos. Hasta allí les llegaban noticias de parientes y conocidos que se habían entregado a las autoridades serbobosnias bajo la promesa de obtener paso hacia Tuzla, controlada por el gobierno de Sarajevo, y que en lugar de ello habían sido ejecutados. También lo fueron muchos de aquellos que se habían quedado en sus hogares para cuidar de sus propiedades y su ganado, incapaces de dejarlo todo atrás. Y en todo este proceso, como es común a la violencia intracomunitaria en toda guerra civil, era fundamental la cooperación de elementos locales, algo que señala el propio Suljagić al recordar el momento de su detención y de la ejecución de su padre: entre los perpetradores estaba el chófer del autobús que los llevaba al colegio cada día. Él se salvó por la intervención de un combatiente que lo consideró demasiado joven como para ser fusilado (Suljagić, 2007: 16-30). Aún con todo, también creemos que es interesante destacar que, al igual que ocurre en cualquier guerra civil, fue una minoría de individuos la que ejerció de forma directa las políticas de la violencia. Por muy poderosa que esta fuera y por mucha capacidad que tuviera para condicionar el escenario político-social en el que se produjo el conflicto y los parámetros por los que se rigió, esta se apoyaba sobre «la erupción de diversos niveles de complicidad a partir de complejas interacciones de poder» (Mann, 2009: 488). Esto es algo que han destacado muy bien figuras del mundo de la cultura como el croata Nenad Popović, quien dio con una de las claves de las guerras yugoslavas, y en general de cualquier conflicto fratricida:

La guerra era todo el tiempo parcial, solo se desarrollaba en segmentos, los soldados y las víctimas no eran todos, era una guerra selectiva, grupos que más o menos atacaban y dirigían la agresión o trabajaban juntos, no era toda la sociedad, no toda la sociedad estaba en una actitud defensiva o agresiva. Si mira los frentes, si examina el mapa de Yugoslavia de 1992-1993, verá fronteras extrañas, una estructura complicada, que obviamente no era una guerra de serbios contra croatas o de musulmanes contra cristianos: eso era la cobertura ideológica para otras cosas (Núñez, 2009: 95).

Sin embargo, merece la pena complementar y matizar esta visión con la de la escritora croata Dubravka Ugrešić o con la del escritor y director serbio Dušan Veličković. Este último coincide con el análisis de muchos otros contemporáneos a los hechos: la guerra habría sido la empresa particular de una élite política interesada en preservar su poder o en conquistarlo, y que no dudó en servirse de las mafias para ello. Y aunque reconoce que en el seno de la sociedad se instaló un clima que basculaba del terror a la indiferencia, también apunta lo siguiente:

Yo diría que nadie es inocente. Mientras los tanques pasaban hacia Croacia, algunos nos opusimos, pero no lo suficiente; otros callaron o lo apoyaron. […], creo que hay una gran responsabilidad colectiva, no puedes decir que un hombre, Milošević y su grupo fueran los únicos responsables, no podrían haberlo hecho solos, usaron la represión y la propaganda, pero la gente también es culpable (Núñez, 2009: cita en 178, 194).

Una de las cosas que hace doblemente interesante y estremecedor el testimonio de Suljagić es la denuncia constante de la corrupción imperante y los abusos de poder por parte de las autoridades bosniacas al frente del enclave, que hicieron de este su particular feudo dentro de la lógica de fragmentación de la autoridad que caracterizó la guerra en Bosnia. Por ejemplo, recuerda que en el invierno de 1992-1993, cuando la ayuda humanitaria llegaba lanzada en palés desde el aire, su tío fue ejecutado al intentar hacerse con uno de los paquetes, que habían caído dentro de las tierras del familiar de uno de los capitostes al mando de Srebrenica. Algo que rememora Suljagić de manera muy viva es cómo la situación de extrema necesidad en que se encontraban los refugiados rompió con todos los lazos de solidaridad: «retrocedimos a la comunidad primitiva; las leyes no existían y la autoridad se basaba en las relaciones mutuas de poder». En la mayor parte de los casos, aquellos que estaban en una posición más favorable, ya fuera por tener sus tierras de cultivo en los alrededores o por ostentar poder, aprovecharon para lucrarse a costa de los llegados de toda la margen izquierda del Drina, que a menudo lo habían perdido todo salvo las joyas familiares, otras posesiones de valor y sus cuerpos. De hecho, una vez que en abril de 1993 Srebrenica fue declarada zona de seguridad bajo el amparo de los cascos azules de la ONU, se regularizó el envío de convoyes con ayuda humanitaria, algo que las autoridades bosniacas del enclave aprovecharon para desviar del reparto la porción de las partidas que estimaban oportuna para consumo propio o para revenderlas en el mercado negro. Tal llegó a ser la situación que, en el verano de 1994, un año antes de la caída del enclave, una muchedumbre se manifestó delante del ayuntamiento denunciando la corrupción sistemática del equipo de gobierno, lo cual acabó con la ejecución del instigador de la movilización y con cualquier forma de oposición. El propio Suljagić lamentaba que, al empujarlos al límite, el sitio serbobosnio comportara la destrucción de los bosniacos como individuos y como comunidad (Suljagić, 2007: 36-37, 40, 62, 80, 142).

En estas circunstancias de masificación, con la injusticia como forma de gobierno, la vida pronto devino insostenible a nivel alimentario, con un consumo de calorías muy por debajo de las necesidades básicas, algo extrapolable a los otros dos enclaves, Goražde y Žepa. Esto hacía que los refugiados respondieran cada vez más a los estereotipos supraindividuales que les imponía el enemigo, al quedar desprovistos de los rasgos físicos que hacían de cada uno de ellos un ser particular o diferente: «todos empezaron a parecerse cada vez más unos a otros. Finalmente se volvieron iguales: el mismo color gris de la piel arrugada, ojeras, mirada cansada». Este proceso también tuvo lugar en el comportamiento, dado el modo en que la competencia por los recursos escasos redujo a la población del enclave a la condición de animales. Todo ello contribuyó a reforzar los marcos de referencia de la propaganda serbobosnia con respecto a los musulmanes: «Esta fue, de algún modo, nuestra guerra dentro de la guerra. Durante el día luchábamos contra los serbios, por la noche contra otros por cada pedacito de comida, por un envoltorio de plástico. Los hombres perdían por enésima vez todos los escrúpulos, traspasaban los últimos límites de la decencia, perdían la dignidad». Por supuesto, esta situación de extrema necesidad hacía que muy a menudo los habitantes del enclave se aventuraran fuera de este, infiltrándose entre las líneas serbobosnias para tratar de robar lo que podían en los huertos o para escudriñar en los sótanos de las casas abandonadas, quemadas y ya previamente saqueadas. No era extraño que muchos de ellos cayeran víctima de las balas o las minas en el curso de estos peligrosos viajes, optando en ocasiones por el suicidio frente al riesgo de caer prisioneros (Suljagić, 2007: 36-37, 48-49, 75).

Dentro de las múltiples situaciones paradójicas que se dieron en el marco de la guerra de Bosnia, la precaria supervivencia de los civiles en los enclaves fue posible por el contrabando con las fuerzas serbobosnias y los cascos azules, que por supuesto no actuaron movidos por la filantropía. En algunos casos, la desesperación de los refugiados hizo que muchos de ellos intentaran engañar a los contingentes internacionales, lo cual derivó en conflictos violentos, tal y como recuerda Suljagić al mencionar un episodio en el que un militar apaleó brutalmente y sin ningún pudor a un adolescente de catorce años delante de varios refugiados. Por supuesto, como suele ser común en estos escenarios, muchas jóvenes refugiadas encontraron en la prostitución una posibilidad de supervivencia para ellas y para sus familias. En su posición de traductor de los cascos azules Suljagić tuvo un conocimiento directo de esta realidad, y así lo dejó patente en su testimonio. Merece la pena reproducirlo íntegramente por cuanto revela las sombras de la participación de las tropas de la ONU en la guerra, los abusos que cometieron apoyándose en el modelo de masculinidad y camaradería imperante entre grupos de hombres jóvenes armados destinados al extranjero y, sobre todo, aprovechándose de la desesperación:

Ellos compraban por lo general aguardiente y chicas. Al principio estas venían solas a la entrada y se ofrecían, sin ningún tipo de intermediario, por un paquete de tabaco. Su inglés se limitaba a unas breves frases: Me fuck you! O Me suck your dick! Cuando los soldados lo aceptaban, ellas se ponían inmediatamente manos a la obra; los dos se retiraban a un rincón poco iluminado, el soldado separaba el alambre de espino tanto como era posible y se bajaba los pantalones. La chica se arrodillaba y, desde el otro lado, introducía la cabeza por el agujero entre el grueso alambre y se metía su miembro en la boca. […], a veces también la sangre […] corría por su cara debido a los rasguños causados por las púas de la alambrada. Los soldados abrieron más tarde una especie de puerta de alambre, casi imperceptible, a través de la cual ellas se colaban con cuidado en el mismo sitio, y luego varios se lo hacían por turno con la misma chica, deprisa, como animales, junto a la pared (Suljagić, 2007: 117 y 146-147).

Suljagić también critica los métodos de conscripción empleados por las autoridades del enclave, que para ponerlos en práctica se sirvieron de la policía militar, a la que denomina literalmente «grupo de salvajes que se autodenominaban así y que se dedicaban a secuestrar a plena luz del día a los hombres en la calle, […], obligándolos a ir al frente a punta de pistola». En cualquier caso, no deja de ser comprensible en cierto modo la política que se siguió en este punto, dada la grave situación militar de Srebrenica, que requería de la movilización de todos los medios humanos posibles, como tampoco lo es la resistencia de los varones bosniacos a la movilización por miedo a la guerra y como forma de oposición frente a los cabecillas al mando. El testimonio de este superviviente nos revela el inmenso trauma y la sensación de indefensión absoluta que dejó en los refugiados la experiencia en el enclave, asediados por los serbobosnios y por sus propias autoridades: «echaban abajo las puertas, registraban los pisos, revolvían el contenido de los muebles y sacaban a los hombres escondidos en los armarios, o debajo del sofá y de la cama, o encerrados en los servicios». De hecho, todos los intentos de la ONU por desmilitarizar a las fuerzas defensoras del enclave y a las que les ponían sitio resultaron infructuosos, por la negativa de unos y otros a entregar nada que no fueran armas anticuadas o de fabricación casera. Así pues, ambos contendientes siguieron preparados para cualquier eventualidad, y a partir de la primavera de 1993 el conflicto por Srebrenica entró en otra fase: eso que de forma engañosa se suele denominar combates de baja intensidad, pero que no obstante no pusieron fin al constante goteo de muertos por el hambre, las enfermedades, las balas y los proyectiles (Suljagić, 2007: 68-70, 87, 90-91).

Al igual que había ocurrido con los croatas, todo parece indicar que Mladić y las autoridades serbobosnias contaron cuanto menos con el acuerdo tácito de las potencias occidentales para llevar a cabo en el verano de 1995 sus propias operaciones militares de control territorial y homogeneización étnica, en este caso sobre los últimos enclaves musulmanes de Bosnia Oriental. Ya no solo se trataba de cumplir con la agenda política serbobosnia, sino también de poner fin a lo que en las esferas militares se suele denominar de forma eufemística problema de seguridad interna. Las razias y golpes de mano protagonizados por las unidades musulmanas contra las comunidades serbobosnias que habitaban en los alrededores de los enclaves provocaban constantes flujos de refugiados que huían al otro lado del Drina. Esto se traducía en descontento y críticas por parte de la población, planteando un grave problema de legitimidad y prestigio para las autoridades de la República Serbia de Bosnia (RSB). El caso más sonado ocurrió el 7 de enero de 1993, día particularmente especial en el calendario serbio por ser la navidad ortodoxa, que fue aprovechado por las unidades musulmanas de Srebrenica para pasar a sangre y fuego varias aldeas serbobosnias, asesinando a todos los que no consiguieron huir. Destaca lo ocurrido aquel día en Kravica, unos 20 kilómetros al noroeste, donde fueron ejecutadas 50 personas, lanzadas más tarde en fosas comunes. Dentro de la lógica de la violencia vale la pena tener en cuenta que las casas musulmanas del pueblo y sus habitantes ya habían sufrido ese mismo destino menos de un año antes. Aun con todo, la operación tenía un sentido militar dentro de la compleja orografía de la región y del caótico mapa étnico que habían dejado tras de sí las operaciones serbobosnias de la primavera de 1992. Kravica estaba justo a medio camino de otro núcleo de resistencia musulmán en torno a las poblaciones de Cerska y Konjević Polje, y la necesidad de conectar este enclave con el de Srebrenica, mucho más escaso de alimentos, fue lo que acabó forzando la operación, que evidentemente cobró vida sobre el terreno una vez se puso en marcha (Suljagić, 2007: 108).

De hecho, en la guerra propagandística dirigida a movilizar a la población y a conseguir la legitimidad ante la comunidad internacional, el uso de las imágenes filmadas de los cuerpos sin vida de los civiles serbobosnios por parte de medios occidentales, en este caso como si se tratara de cadáveres musulmanes, causó gran indignación entre los serbios de Bosnia, algo que por supuesto también fue explotado de forma intensiva por sus propios servicios informativos. Además, es cierto que hasta entonces ya se habían producido un total de 70 ataques que se habían cobrado la vida de hasta 1000 civiles. El propio Suljagić recoge bien la significación que tuvo para los serbobosnios el episodio de Kravica, sobre todo por la sensación de vulnerabilidad que dejó entre unas comunidades que hasta entonces se creían a salvo de cualquier peligro, más allá de incidentes aislados (Suljagić, 2007: 108-109). Así pues, la necesidad de mantener el sitio sobre los últimos núcleos de resistencia musulmana no solo ocupaba un número de tropas que podía ser útil en otros escenarios, sino que además siempre resultaba insuficiente por las dificultades del terreno montañoso. No obstante, en el momento que se puso en marcha el plan para su toma definitiva existía plena conciencia de que esta debía ser rápida, eficiente y limpia. Dicho de otro modo: tenía que servir como muestra de la posición de fuerza de los serbobosnios y comportar el menor derramamiento de sangre de población civil para evitar atraer la atención de la opinión pública y seguir desacreditando la ya de por sí deteriorada imagen serbia y serbobosnia.

Así pues, el día 6 de julio, con medios muy limitados, Mladić puso en marcha las operaciones para estrechar la bolsa de Srebrenica, que no tomarla, todo ello con el fin de que el perímetro defensivo quedara tan reducido que, incapaces de continuar la resistencia, fueran los mismos musulmanes los que se rindieran. Una vez más se trataba de la lucha por la legitimidad, de levantar la menor polvareda posible y, a poder ser, de conseguir el apoyo logístico internacional para evacuar a la gran masa de población civil que se refugiaba en los enclaves, la cual desbordaba con mucho las posibilidades de los serbobosnios. Sin embargo, una vez iniciada la operación, esta culminaría el día 11 con la conquista total, dada la escasa resistencia con que se encontraron los asaltantes. Y es que, según parece, el propio gobierno de Sarajevo había retirado dos meses antes al experimentado Estado Mayor que había estado a cargo de la defensa del enclave desde 1992, algo muy similar a lo ocurrido en Žepa. Como siempre, el objetivo último no era otro que llamar la atención de la comunidad internacional ante la indefensión de los musulmanes, manchar la reputación de los serbobosnios e intensificar el grado de implicación de la OTAN en la lucha contra estos. Tal llegó a ser el escándalo generado por estas maniobras propagandísticas que fueron denunciadas con diferentes grados de éxito por importantes personalidades políticas bosniacas (Veiga, 2011: 239-240).

Uno de los oficiales evacuados por las autoridades fue el joven Naser Orić (1967-), comandante del reducto de Srebrenica desde 1992 y, por tanto, responsable de algunos de los crímenes cometidos contra los prisioneros serbobosnios y la población civil de los alrededores. Si bien ha sido sometido a diversos procesos judiciales por crímenes de guerra desde 2003 a 2017, hasta ahora se ha considerado como un atenuante a su favor el hecho de que sufriera el desprecio de algunos subalternos de mayor edad, lo cual habría comportado en no pocas ocasiones la ruptura de la cadena de mando y la pérdida del control sobre las tropas. La puesta en discusión de su poder fue una realidad dentro de un enclave que, aunque variable y de límites vagos, tenía varios centenares de kilómetros cuadrados, lo cual dentro del caos y la fragmentación de la autoridad imperante hizo que muchos mandos construyeran su particular feudo en las zonas a su cargo. El deseo que cada uno tenía de preservar sus intereses impedía llevar a cabo muchas operaciones coordinadas que sin duda hubieran podido aliviar la presión serbobosnia y las estrecheces que sufría la población civil. No obstante, salta a la vista que Orić no fue un santo; de hecho, él mismo se encargó de organizar el mercado negro, beneficiándose de este tanto para su propio lucro como para el reparto de favores, al mismo tiempo que se encargó de abrir las vías de contacto con los serbobosnios para poner en marcha el contrabando (Suljagić, 2007: 110, 134).

Poco antes de ser detenido por primera vez, el mismo Orić se defendía en el ICTY de las acusaciones por crímenes de guerra, reconociendo que «es evidente que fui uno de los principales comandantes en Srebenica y si tengo que contestar ante alguien lo haré; pero primero tendríamos que tener en cuenta el momento, el lugar y la situación en que nos encontrábamos, así como comparar lo que los serbios nos hicieron a nosotros con lo que nosotros les hicimos a ellos. […] no huyo de la responsabilidad. […]. Simplemente tienen que llamarme, no hay problema». En cualquier caso, hay autores que piensan que el ICTY siempre ha actuado guiado por un doble rasero que ha tendido a consolidar las narrativas hegemónicas sobre las guerras de los noventa en Yugoslavia, donde los serbobosnios y los serbios siempre han sido señalados como los principales culpables. En este sentido, la absolución de Orić se considera una prueba evidente de ello, a lo cual se suma su ascenso a los altares del nacionalismo bosnio musulmán por parte de las autoridades y un segmento de la comunidad bosniacas. Para nadie informado fuera de Srebrenica era desconocido que el modus operandi del comandante del enclave guardaba paralelismos con el de un capo de la mafia, algo que quedó claro gracias al sensacionalista artículo periodístico de John Pomfret, que más que preocuparse por las condiciones de vida y el futuro de los refugiados tenía interés en destacar la figura de Orić y la forma en que se conducía, exótica para el público occidental (Suljagić, 2007: 161-162).

Una particularidad importante de las guerras yugoslavas es que, después de la del Golfo (1990-1991), fueron las segundas guerras, las primeras civiles, retransmitidas en directo. Esto tuvo consecuencias, especialmente en torno a Sarajevo, centro mediático convertido en paradigma de la violenta disolución de Yugoslavia. Allí se puso de manifiesto la aparición de un nuevo periodismo de guerra acorde con los principios capitalistas occidentales, es decir, basado en la competencia constante por dar con la imagen más impactante o, dicho de otro modo, que por su carácter terrible pudiera definir lo que ocurría en Bosnia. Un buen ejemplo lo encontramos en el caso de un francotirador serbobosnio que consiguió situarse en un emplazamiento que le proporcionaba un nuevo campo de visión. Y es que, por mucho que los civiles acabaron sobreviviendo dentro del equilibrio del terror del sitio gracias al conocimiento de los puntos más expuestos, cuando un nuevo espacio quedaba bajo el alcance de las balas de precisión solo el primer muerto podía advertir a los sarajevitas del nuevo peligro. En este caso concreto, el olor a sangre fresca de la primera víctima del mencionado francotirador serbobosnio atrajo de inmediato la atención de los corresponsales, que se dirigieron al lugar para tratar de captar la instantánea del siguiente desgraciado que pasara por allí: «se instalaron en la acera de enfrente esperando al próximo transeúnte. Lo dejaron entrar en la zona de peligro sin avisarlo para que la fotografía del asesinato fuera más impactante. Era repugnante, claro, pero no sorprendente» (Minic, 2012: 127). Más allá de si estos métodos pudieron resultar efectivos a la hora de movilizar a la opinión pública y presionar a la comunidad internacional a intervenir, cosa dudosa, estas prácticas contribuyeron a dar una dimensión más terrible al conflicto.

Nada de esto debe hacernos olvidar que el trabajo investigador de muchos buenos profesionales desplegados en la zona, tanto extranjeros como autóctonos, permitió descubrir de una manera ética la realidad de la guerra y muchos de los crímenes que estaban teniendo lugar en Bosnia. Quizás, uno de los casos más significativos sea el de Kemal Kurspahić (1946-), director del famoso diario Oslobodenji, único que se mantuvo independiente durante el sitio de Sarajevo. En contra de lo que fue común, no solo defendió la necesidad de que la guerra no pusiera fin a una Bosnia multiétnica o a la obligación de un periodismo profesional y comprometido con la conciencia crítica, sino que ha destapado el papel clave de los medios de comunicación locales en la manipulación y movilización de la opinión pública en las repúblicas posyugoslavas durante los conflictos de secesión (Kurspahic, 2003). Esto es algo que preocupa mucho a Simić, quien recuerda de forma muy reveladora que durante la guerra «quería estar lo más limpio posible mentalmente, no veía la tele, los diarios oficiales, etc., pero no puedes escapar de eso, huir. Te contagia». De hecho, se lamenta de hasta qué punto el enfrentamiento armado podía llegar a provocar una contaminación de las relaciones humanas, así como de la percepción que uno tiene de sí mismo y de los demás. Algo parecido le ocurrió al escritor serbobosnio —en realidad fruto de un matrimonio interétnico— Vule Žurić: «Ya no se podía seguir siendo yugoslavo, te forzaban a ser serbio o musulmán». En su caso se vio arrastrado por el mucho más extremo y enrarecido ambiente del Sarajevo sitiado, donde el trato que recibía por su condición étnica le llevó a odiar a alguien por el mero hecho de ser musulmán, algo que quería evitar a toda costa y que en última instancia le obligó a escapar a Belgrado en cuanto le fue posible (Núñez, 2009: 88, 90, 162, 164).

Volviendo a Srebrenica, no es casual que una parte importante de los 8000 varones —incluyendo adolescentes— ejecutados allí entre el 13 y el 22 de julio de 1995 lo fueran en los almacenes agrícolas y las granjas de la cooperativa de Kravica durante la tarde del mismo 13. Ese día fueron asesinados entre 1000 y 1500 musulmanes en el interior de aquellas improvisadas instalaciones carcelarias, donde los soldados serbobosnios lanzaron granadas de mano y abrieron fuego con armas de diferente calibre, incluidos lanzacohetes, provocando una terrible masacre[7]. Un superviviente que consiguió escapar con vida recordaba cómo había «hombres que todavía estaban vivos», pero también «personas que habían sido completamente volatilizadas», lo cual hacía que pudiera «sentir los huesos que habían sido alcanzados por la explosión de las balas y los proyectiles, podía sentir sus costillas crujir»[8]. Justo dos años y medio antes, en aquella pequeña población situada a 20 kilómetros de Srebrenica había tenido lugar la mencionada masacre de la comunidad serbobosnia en plena navidad ortodoxa, tras lo cual fue arrasada hasta los cimientos. Así pues, las ejecuciones de julio de 1995 se caracterizaron por su fortísima dimensión simbólica, ya que lo que se buscaba era ajustar cuentas por las víctimas civiles de enero de 1993 mediante la ejecución de musulmanes, algo que se vio intensificado por la participación directa en el crimen de algunos supervivientes serbobosnios. Que estos tenían una inquina especial hacia las tropas que guarnecían Srebrenica, lo cual incluía a la población refugiada allí, salta a la vista en el simple hecho de que la toma del enclave de Žepa el 25 de ese mismo mes no se saldó con una masacre masiva de la población masculina, quedando registrado algo más de un centenar de bajas en el marco de los combates. El propio Suljagić se salvó por su condición de traductor, pero en última instancia por la decisión del propio Mladić, quien incluso se mostró amable con él durante la breve conversación que mantuvieron para tratar de esclarecer si había combatido con las fuerzas bosniacas, advirtiéndole incluso de que tuviera cuidado porque había muchos soldados serbobosnios borrachos. Tal y como suele ser común en los episodios de violencia de masas, el ahora político bosniaco desarrolló el llamado síndrome del superviviente:

Había sobrevivido porque aquel día Mladić se sentía Dios: tenía el poder absoluto de decidir sobre la vida y la muerte. Soñaría con él todas las noches durante meses, reviviendo el encuentro e intentando olvidar los detalles que me perseguían. […]. Tuve miedo de volverme loco tratando de explicarme por qué me había perdonado la vida a mí, igual de insignificante ante sus ojos como debían de haberlo sido mis amigos cuya ejecución ordenó. No logré encontrar una respuesta (Suljagić, 2007: 181-182).

Así pues, resulta evidente la brutalidad premeditada con la que se emplearon las tropas serbobosnias, sin parangón posible en las guerras yugoslavas a nivel cuantitativo y en un espacio tan breve de tiempo, que además organizaron el traslado de entre 25 000 y 30 000 musulmanes del enclave con destino al territorio bajo control del gobierno de Sarajevo. No obstante, el terror provocado por la irrupción de los asaltantes dio lugar a la huida de varios miles de personas, entre ellos los 5000 o 6000 combatientes a cargo de la defensa de Srebrenica. Un número indeterminado de ellos murió en el curso de este éxodo que tenía por fin alcanzar a pie las líneas propias en Tuzla, 94 kilómetros al noroeste, siendo en unos casos víctimas de los campos minados y en otros de las emboscadas a manos de las tropas serbobosnias. De todas formas, no se trataba de un fenómeno nuevo, menos aún si tenemos en cuenta el goteo constante de refugiados que intentaron alcanzar la ciudad durante los tres años de vida de los enclaves, acabando en no pocas ocasiones con la muerte de estos (Suljagić, 2007: 156). No pocos de ellos, incapaces de realizar un trayecto tan peligroso a través de bosques, ríos y una orografía extremadamente compleja, se refugiaron y vagaron durante meses al amparo de las masas forestales, alimentándose de raíces, caracoles, bayas, setas y todo aquello que podían robar de los huertos. Eso dio lugar a la formación de milicias locales compuestas por serbobosnios cuya misión era proteger sus pueblos y sus bienes de aquellos que se ocultaban en los bosques, a lo cual se sumaron las batidas puntuales por parte de unidades militares.

Más allá de todo lo dicho, el episodio de Srebrenica acabó salpicando incluso al propio Estado griego, tanto por la venta de armas como por la participación de 100 voluntarios de dicho origen en la toma del enclave. De hecho, se tiene conocimiento de ello por el uso propagandístico que Mladić hizo de los combatientes griegos al invitarlos a izar su bandera nacional tras la conclusión de los combates. Esto, sumado a la sospecha de que varios de estos voluntarios habían estado presentes en las masacres de los días posteriores, ha generado polémica hasta el día de hoy entre la opinión pública griega, más aún teniendo en cuenta los supuestos vínculos de muchos de ellos con el por entonces marginal partido de ultraderecha Aurora Dorada. Hasta tal punto llegó el malestar que, en el verano de 2005, un grupo de 163 académicos, intelectuales, políticos y activistas reclamaron al Estado griego que se disculpara oficialmente con las familias de las víctimas y los supervivientes. Así llegamos al año 2009, cuando en plena crisis económica los cruces de acusaciones se volvieron contra una ya de por sí desacreditada clase política griega. Esta fue denunciada por el portavoz de los voluntarios, Stavros Vitalis, como conocedora y connivente con la salida de griegos con destino a Bosnia, a la par que como promotora de la censura y el ocultamiento de esta realidad en la prensa estatal y reticente a cooperar con el ICTY para esclarecer los detalles de la participación de helenos en la guerra.

Operación Tormenta: la destrucción de la comunidad serbocroata y el diferente valor de los muertos, agosto-septiembre de 1995

Operación Tormenta: la destrucción de la comunidad

serbocroata y el diferente valor de los muertos,

agosto-septiembre de 1995

La guerra en los antiguos territorios yugoslavos estaba llegando a su fin, que no el sufrimiento de la población civil. Esto quedó más claro todavía el 4 de agosto, apenas diez días después de la toma de Srebrenica y Žepa por parte de las fuerzas serbobosnias, cuando el Ejército croata lanzó una ofensiva en profundidad y a gran escala sobre la Krajina serbocroata, siendo el episodio clave la toma por sorpresa de la capital, Knin, en una arriesgada operación previa conducida desde territorio bosnio. En cualquier caso, para el grueso de la ofensiva desplegaron 130 000 hombres, blindados y apoyo aéreo, haciendo imposible cualquier resistencia y poniendo bajo control del Estado croata la díscola región, todo ello en el que seguramente fue el episodio de limpieza étnica más masivo de la historia en un periodo de tiempo tan breve. Tan solo tres días les había costado a las fuerzas regulares croatas conquistar la región y poner en las carreteras a entre 150 000 y 200 000 civiles y milicianos, quienes buscaron refugio en los territorios serbobosnios y dejaron atrás a solo unos pocos miles de personas, sobre todo ancianos que no quisieron abandonar sus casas. Las razones del éxodo van desde la expulsión forzosa mediante el recurso al terror por parte de las tropas croatas hasta el miedo de muchos serbocroatas a la venganza de sus antiguos vecinos croatas, cuyas casas habían saqueado y a cuya expulsión habían contribuido en algunos casos (Goldstein, 1999: 253-254). Por lo demás, la explicación del fulminante éxito militar croata residía en la capacidad para crear un Ejército bien encuadrado, adiestrado y equipado, algo que no habría sido posible sin la ayuda activa del gobierno estadounidense y de las asesorías militares privadas, que, además, en el primer caso proveyó valiosas informaciones y recursos en materia de inteligencia. Sin embargo, no fue menos importante el hecho de que se enfrentaran a un enemigo desmoralizado, mal comandado, equipado y adiestrado que había de cubrir un frente vastísimo de 700 kilómetros (Veiga, 2011: 245-246).

Como hemos señalado a lo largo de la obra, las guerras siempre cobran vida propia sobre el terreno fruto de las decisiones individuales y colectivas de combatientes y unidades concretas, así como de las directivas bajo las cuales operarían. Es obvio que los aliados de los croatas, estadounidenses y alemanes, querían una operación lo más rápida y eficaz posible, que evitara cualquier tipo de polémica relacionada con abusos y crímenes sobre la población civil. No obstante, al tratarse de una guerra subsidiaria en toda regla, cada actor tenía sus propios intereses. Así pues, atendiendo a las cuentas pendientes y a las propias lógicas por las cuales se habían regido las guerras civiles yugoslavas, resultaba cuanto menos ingenuo pensar que los mandos y las tropas croatas se conducirían inspirados por el imperativo militar en exclusiva. Esto explica que la Operación Tormenta, nombre en clave que ya en sí mismo parece una declaración de intenciones, estuviera acompañada por abusos contra la población civil, que incluyeron el asesinato de varios centenares de civiles —el número no está muy claro, pero es posible que ronde los 500—, los saqueos, la destrucción de 5000 hogares y los incendios provocados en cultivos, en el 60 % de las granjas, en infraestructuras de todo tipo y en poblaciones. Lo que podría parecer una política irracional, teniendo en cuenta que esos territorios pasaron a estar bajo la soberanía croata, encuentra su explicación en dos factores fundamentales: la imposibilidad de repoblar la Krajina con croatas y, por tanto, de reactivar la economía de la región a corto-medio plazo, así como la voluntad de hacer imposible la vida allí para evitar el retorno de la población serbocroata, fruto de las exigencias que se sabía que contendrían los futuros acuerdos internacionales en lo referente al tratamiento de las minorías. Por lo tanto, la dimensión nacionalizadora de la llamada guerra de independencia croata, que tenía por fin la homogeneización étnica del territorio y la consolidación del Estado-nacional sobre el conjunto del territorio de la antigua república yugoslava, queda muy clara en el hecho de que las ejecuciones y los abusos continuaron muchas semanas después del fin de las operaciones. De este modo fueron 260 civiles los que cayeron víctimas de la violencia extrajudicial hasta finales de septiembre de 1995, siendo la masacre más sonada la de la noche del 28 de ese mes, cuando nueve serbocroatas de entre 60 y 85 años fueron ejecutados por tropas croatas en el pequeño pueblo de Varivode.

Llegados a este punto, merece mucho la pena detenerse a analizar la carrera militar del hombre al mando de estas operaciones terrestres que pusieron fin a las guerras de Croacia y Bosnia en 1995. En un viaje por los Balcanes a principios del verano de 2013, uno de los autores tuvo la ocasión de ver en la concurrida y turística región de Dalmacia la masiva campaña popular y del Estado croata a favor del general Ante Gotovina (1955-), considerado un héroe nacional y uno de los padres fundacionales del país balcánico. Por aquel entonces estaba en marcha el proceso judicial abierto por el ICTY contra él y Mladen Markač (1955-), jefe de las fuerzas policiales croatas durante la Operación Tormenta, acusados ambos de crímenes de guerra y contra la humanidad como parte de una empresa criminal. No obstante, tras una primera sentencia desfavorable que los consideraba culpables de ocho de los nueve crímenes, esta fue revocada en el otoño de 2012. Si ya antes había sido así, la liberación de los dos acusados dio lugar a importantes manifestaciones de fervor popular, con marchas y concentraciones de apoyo protagonizadas por la sociedad civil y el movimiento de veteranos de guerra; misas y vigilias por parte de sectores de la Iglesia católica; el envío del avión presidencial con el ministro de Defensa y el de Veteranos de Guerra, seguido por una congregación de masas en Ban Jelačić, centro neurálgico de Zagreb; y, finalmente, una misa oficiada en la catedral por el entonces obispo Josip Bozanić (1949-). Por supuesto, no faltaron las controversias y desacuerdos en los Balcanes, especialmente en Serbia y en la RSB, pero tampoco en el ámbito de la judicatura internacional, con la fiscal Carla del Ponte (1947-) incapaz de dar crédito al veredicto. En cierto modo, por muy revelador que sea respecto a los mitos fundacionales del Estado-nación croata, no hablamos de una particularidad de dicho país, ni tan siquiera de los propios países exyugoslavos. Es cierto que sectores de las sociedades, la opinión pública y estados como el serbio o el serbobosnio también han defendido al general Ratko Mladić como un héroe de guerra que luchaba en defensa de su patria, con la salvedad de que casos como los del bosniaco Orić o del propio Gotovina, cuyas condenas fueron sobreseídas o levantadas, vuelven a poner de manifiesto ese doble rasero empleado por el ICTY. Sin embargo, como decimos, no estamos ante un atavismo balcánico, siguiendo los manidos tópicos respecto a esta región, sino más bien ante la evidencia de que las sociedades europeas modernas, y no menos las del resto del orbe, son el producto último de procesos de homogeneización propiciados por tres factores a menudo concatenados: el capitalismo, las luchas por el poder y, en un lugar central, los conflictos armados —en muchos casos internos—, junto con las violencias inherentes a estos y sus posguerras.

Sin embargo, la trayectoria de Ante Gotovina nos interesa por su capacidad para poner de manifiesto varias cuestiones en las que hemos venido insistiendo en reiteradas ocasiones: la importancia del intercambio de experiencias militares a la hora de forjar una caja de herramientas imperial cada vez más homogénea a la hora de enfocar y hacer la guerra, y en consecuencia la importancia del elemento transnacional para la comprensión de los conflictos modernos, las políticas de la violencia y las tácticas contrainsurgentes que los acompañan. Desde luego, nada parece casual por lo que respecta a este dálmata de orígenes humildes que muy pronto quedó huérfano de madre. Antes de cumplir la mayoría de edad consiguió abandonar el hogar paterno convirtiéndose en marinero, lo cual le permitió unirse a la LEF en 1973, donde se integró en una unidad de élite de paracaidistas que llevaba a cabo operaciones de comando. Allí tuvo ocasión de nutrirse de los conocimientos de oficiales veteranos de Argelia, como el comandante de su unidad, Philippe Erulin (1932-1979), participando a lo largo de esos años en las operaciones contrainsurgentes de la LEF en Yibuti, en 1976; en la batalla de Kolwezi de 1978, en el marco de un breve conato de guerra civil en la región secesionista de Katanga, por entonces parte del Zaire; y otras operaciones en Costa de Marfil. Ya en los años ochenta se movería en los círculos de la extrema derecha francesa vinculada al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen (1928-), trabajando para diversas compañías privadas de seguridad. Algunas de estas habían sido creadas por oficiales veteranos de la guerra en Argelia, a la par que nutridas por experimentados veteranos de la resistencia y el colaboracionismo francés e involucradas en graves escándalos públicos por sus actividades criminales, como en el caso del Service d’Action Civique. Las acusaciones vertidas contra estas organizaciones en general y contra Gotovina en particular llevaron a este a América Latina a finales de los ochenta, donde trabajó como asesor militar en la formación de unidades paramilitares de extrema derecha en Argentina y Guatemala, que como hemos visto se encontraba por entonces sumida en los últimos compases de una cruenta y larga guerra civil. En este sentido, como soldado profesional de fortuna encontró una oportunidad inmejorable para prosperar socialmente gracias a su oficio cuando estallaron los conflictos yugoslavos. En 1991 volvió a su país de origen, casi veinte años después de su marcha, integrándose en un Ejército croata que necesitaba de forma desesperada hombres de armas experimentados, algo que Gotovina ofrecía y que le permitió ascender con rapidez por su buen hacer (Bartrop, 2012: 104-106). Llegados a este punto, y en medio de los planes estadounidenses para servirse de las fuerzas armadas croatas y llevar a cabo una guerra subsidiaria en los territorios exyugoslavos, no nos sorprenderá que el comandante croata y otros colegas suyos se beneficiaran de formaciones impartidas por el Ejército de Estados Unidos en las instalaciones de Fort Irwin, en California (Veiga, 2011: 233). De algún modo, lo que vemos aquí son políticas de largo alcance, pues en el caso de los Balcanes Occidentales seguían en pie los principios que habían impulsado iniciativas de la Guerra Fría como la llamada Escuela de las Américas: defender los intereses estadounidenses a nivel global, consolidar su hegemonía y promover el nuevo orden en la posguerra fría.

El caso es que la brutalidad con la que se condujo el Ejército croata en la Krajina durante la primera semana de agosto estuvo a punto de poner en riesgo la guerra subsidiaria inspirada por los estadounidenses, cuyo objetivo era poner fin a los conflictos fratricidas yugoslavos. Las protestas a nivel internacional y la condena oficial por parte del CS de la ONU frente al modus operandi de las tropas croatas suponían en sí mismas una amenaza para el prestigio estadounidense, dado su alto grado de implicación en la concepción del plan militar. Así pues, el gobierno de Bill Clinton y su maquinaria mediático-diplomática tuvieron que desplegar todo su ingenio y trabajar a fondo para visibilizar la masacre de Srebrenica, ocurrida casi en paralelo y conocida gracias al espionaje dentro del Ejército serbobosnio, hasta el punto de conseguir invisibilizar los crímenes croatas. A la vista está su éxito en la imposición de una narrativa hegemónica sobre las guerras civiles en Yugoslavia. En este punto, Srebrenica no solo sirve como muestra más evidente de la culpabilidad exclusiva de los serbios en el estallido de los conflictos o en la particular crudeza alcanzada por estos, puesta de manifiesto en su conducción criminal de la guerra, sino también de la condición de víctimas pasivas de los musulmanes. Además, la administración Clinton necesitaba un éxito diplomático antes de las elecciones de 1996, y los que la componían estaban muy interesados en mostrarse como los salvadores de la situación en Bosnia-Herzegovina, allí donde los europeos y la comunidad internacional habían fracasado. Ya hemos visto que al menos desde principios de 1995, incluso antes, existía un proyecto y una voluntad intervencionista, pero el hecho de que fuera entonces cuando comunicaron a la opinión pública la posesión de un plan infalible es buena muestra de dos cosas: el manejo de los tempos de acuerdo con el electoralismo propio de cualquier democracia y la necesidad de borrar o tapar la evidente y constante vulneración del embargo internacional de armas sobre las antiguas repúblicas yugoslavas (Veiga, 2011: 249-252).

A partir de aquí, el último paso que quedaba por dar para llegar a la mesa de negociaciones pasaba por poner de rodillas a los serbobosnios, y una vez más quedó en evidencia hasta qué punto es injustificada la fe de los estados mayores modernos en el poder y eficacia de los bombardeos aéreos a la hora de rendir al enemigo. Este error, encarnado ya en la Segunda Guerra Mundial por el jefe de la RAF, Arthur Bomber Harris (1892-1984), impulsor entusiasta de los bombardeos masivos y concentrados en áreas más o menos amplias, fue repetido por la OTAN en Bosnia y volvería a serlo en Kosovo cuatro años después, siendo su principal resultado las bajas civiles. Si bien es cierto que los métodos se habían tornado más sutiles cincuenta años después, a merced de la corrección política y del progreso tecnológico, no es menos cierto que los ataques aéreos de las fuerzas occidentales sobre objetivos militares serbobosnios resultaron ineficaces en su mayoría. Así pues, ante el fracaso de su campaña de bombardeos, la OTAN volvió a recurrir al Ejército croata para llevar a cabo una guerra subsidiaria en Bosnia que permitiera por un lado culminar el plan para forzar la rendición serbobosnia y que por otro no comprometiera a sus propias tropas terrestres. No obstante, el principio de delegación practicado por los occidentales podría haber llevado a una escalada de tensión de consecuencias imprevisibles, más aún atendiendo al modus operandi croata en la Krajina. Entre ellas las peores podrían haber sido la intervención de Serbia en el conflicto, la reapertura de la guerra entre bosniocroatas y musulmanes por el control de los nuevos territorios conquistados durante las operaciones del 8 al 19 de septiembre y el recrudecimiento de las políticas de la violencia por parte de todos los bandos. A pesar de todo, los estadounidenses dejaron actuar a los serbobosnios y presionaron a sus aliados croatas y musulmanes de tal forma que todos los contendientes pudieran llegar a la mesa de negociaciones en pie de igualdad, aceptando de paso lo delicado de la situación y, por tanto, la necesidad de poner fin al conflicto. Por el camino cabía lamentar la muerte de más de medio millar de civiles y un nuevo éxodo de al menos 40 000 serbobosnios que huirían de los avances musulmán y croata en Bosnia Occidental y Central.

Una paz tan relativa como incierta

UNA PAZ TAN RELATIVA COMO INCIERTA

Como cualquier guerra civil que se precie, las yugoslavas dejaron tras de sí un rastro de muerte y destrucción que aún a día de hoy es bien perceptible para cualquier viajero atento y un poco informado que se adentre en tierras bosnias. En 2012, uno de los autores de este libro quedó muy sorprendido durante un viaje en autobús desde la costa dálmata a Mostar. Era 23 de junio, y cuando el vehículo se adentró en el precioso valle del río Neretva la tarde iba cayendo poco a poco sobre la Herzegovina Occidental. Según los Acuerdos de Dayton de 1995, que en buena medida no habían hecho otra cosa que sancionar lo que los contendientes habían convertido en hechos consumados mediante la violencia armada, esta región había quedado bajo el control de la federación croata-musulmana, uno de los entes que junto a la República Srpska componen la República Federal de Bosnia-Herzegovina. Era la vigilia de san Juan, de manera que para la población croata era una tarde-noche de fiesta. El autor cayó en la cuenta cuando el autobús se cruzó con varios coches cargados de jóvenes que se asomaban por las ventanas con botellas de rakija y banderas croatas. De hecho, conforme remontaban el curso del río aguas arriba en dirección a Mostar el paisaje empezó a revelar sus secretos: había pueblos donde se veían hogueras encendidas y animación en las calles, había otros donde apenas se vislumbraba algún movimiento en las calles, y por último estaban los restos calcinados de lo que un día habían sido núcleos habitados. Así habían ido las cosas en esta parte del país entre 1992 y 1995: los croatas seguían con sus tradiciones; los musulmanes permanecían en sus casas, recelosos de sus vecinos; y los serbios habían desaparecido, eliminados y expulsados por la fuerza.

Con la noche prácticamente encima, el autobús llegó a Mostar: la entrada en la ciudad por el sur ponía ante nosotros un paisaje de viejas fábricas abandonadas, entre las cuales solo sobrevivía la gigante yugoslava del aluminio, Aluminij Mostar, que aplica políticas de contratación discriminatorias favorables a los croatas, según Amnistía Internacional; edificios donde las cicatrices de la metralla eran más que evidentes; también los grandes cementerios musulmanes a pie de calle, con sus típicas lápidas alargadas de forma rectangular que forman parte integral del paisaje urbano. Sin embargo, dos de las cosas que más sorprenden de la vieja capital de Herzegovina son la inmensa cruz de 33 metros que se alza en lo alto de una montaña llamada Hum, la cual domina toda la ciudad desde el sudoeste, y la gigantesca torre de 75 metros de la iglesia franciscana de san Pedro y san Pablo, que rompe de manera agresiva con un armónico conjunto arquitectónico. Más allá del gusto estético de los promotores de ambas construcciones, megalómanas a todas luces, salta a la vista que detrás de ellas hay una clara intención de apropiarse el espacio urbano a nivel simbólico. Y a todo ello se une el mensaje y el recuerdo implícitos en una cruz que se alza sobre un promontorio que sirvió como plataforma estratégica para bombardear durante casi un año de cerco a la población musulmana recluida en la ribera izquierda del Neretva, a donde fueron expulsados 30 000 habitantes de la otra orilla. No es de extrañar que la construcción del símbolo universal del cristianismo fuera visto por los musulmanes de Mostar como una provocación: sacralizar y marcar esa montaña para siempre equivalía a afirmar que el fuego y el plomo que había llovido sobre ellos les había sido enviado por infieles fruto de la voluntad divina. La división acabó de consumarse en noviembre de 1993, con la destrucción del centenario y monumental puente que unía ambas partes de la ciudad, el Stari Most o Puente Viejo, que no se reconstruiría hasta once años después. Tal llegó a ser la situación que a los varones en edad militar, todos aquellos mayores de diecisiete años, se les prohibió de forma terminante cruzar al otro lado. Esto tuvo como consecuencia el asesinato a tiros por parte de la policía croata de un joven bosnio musulmán, quien, desafiando la prohibición, se aventuró en la zona croata para visitar a una antigua vecina. Era el mes de enero de 1996 (Ignatieff, 2003: 35-36).

Fruto de las exhaustivas investigaciones de los organismos internacionales implicados en la gestión de la paz existe consenso sobre el saldo de muertos causados por los conflictos que estallaron entre 1991 y 1995, ascendiendo a unas 130 000 personas; dicho de otro modo, uno de cada doscientos yugoslavos murió por razones relacionadas con la guerra, y todo parece indicar que más de la mitad de ellos fueron civiles (Kunitz, 2004). Más allá de eso, el número de personas impedidas de diversa gravedad es imposible de calcular, aunque sin duda se cuentan por miles. Basta con ver las 1666 víctimas que se han cobrado las minas antipersona en Bosnia desde 1996 hasta 2008, de entre las cuales murieron 486. Esto nos pone una vez más ante el grave problema de la chatarra de guerra, que sigue siendo una realidad tanto en zonas de Croacia como de Bosnia-Herzegovina. Tampoco hay que olvidar la gran cantidad de familias rotas por el conflicto: viudas, huérfanos o padres que perderían a sus hijos durante la guerra; las decenas de miles de mujeres violadas, bastantes de ellas asesinadas; y también los combatientes que volvían completamente trastornados de la guerra, incapaces de retomar una vida civil normal y convertidos no pocas veces en agresores dentro de sus familias, algo común a toda posguerra (Roán, 2018: 61-65). Y el trauma persiste, se transmite de forma inconsciente a través del lenguaje, de la educación, de los silencios, de la actitud y del trato personal, pasa de generación en generación.

Finalmente, y por concluir, hay que sumar a este balance los cuatro millones de refugiados a los que dieron lugar las operaciones de limpieza étnica. En muchos casos utilizaron su paso por los países europeos de acogida como escala para dar el salto a Canadá, Estados Unidos o Australia, donde existen importantes colonias de exyugoslavos. En otros, a pesar de que los acuerdos de paz establecieron que debía permitirse el retorno a sus hogares de aquellos forzados a huir que así lo quisieran, tal provisión ha sido vulnerada de manera sistemática por parte de las autoridades estatales competentes, sobre todo por lo que respecta a Croacia y los serbocroatas que huyeron o fueron expulsados entre 1991 y 1995. Mientras tanto, en Bosnia-Herzegovina sigue habiendo a día de hoy 100 000 personas desplazadas dentro del país, las cuales tienen el estatus de refugiados y viven en condiciones de miseria terribles, aunque casos como el de Mostar, donde hasta 5000 serbobosnios han vuelto a establecerse en la ciudad, invitan a la esperanza. No obstante, hay una cifra clara y concisa que nos pone ante los efectos devastadores de la guerra a todos los niveles: los territorios de la antigua Yugoslavia han perdido casi dos millones de personas un cuarto de siglo después de iniciadas las guerras. A los efectos de la diáspora se han sumado los de una emigración masiva de jóvenes en busca de un futuro mejor, lo cual ha afectado de manera más evidente a Serbia, Bosnia y Croacia. Sin duda, hablamos de territorios cuyos habitantes debían estar pensando en otra cosa cuando Francis Fukuyama anunciaba a los cuatro vientos el fin de la historia, poco antes de que Yugoslavia reventase por los cuatro costados.

6. La alargada sombra de la Guerra Fría. Transnacionalidad, lucha por el poder y yihadismo, 1988-2017

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La alargada sombra de la Guerra Fría.

Transnacionalidad, lucha por el poder

y yihadismo, 1988-2017

Tiráspol no era un lugar donde uno quisiera quedarse. Constantemente aparecían militares. Debían de constituir la mitad de la población de la ciudad. […]. En el único bar que encontramos abiertos había unos rapados en chándal tomando cerveza. […]. Era como si estuviesen esperando que pasara algo, que alguien los llamara, para sentirse, por fin, necesarios. Justamente, lo que pasaba en Tiráspol es que en realidad allí todo el mundo parecía prescindible, parecía un añadido a los grandes y turbios negocios ajenos, un añadido a las tropas, a los depósitos de armas, al XVI Ejército ruso allí estacionado, a los todopoderosos todoterrenos negros y a la omnipresente compañía Sheriff, perteneciente a Smirnov, el pseudopresidente del pseudoestado. Si en todo Trandsniéster había algo nuevo, algo intacto, era Sheriff. Así se llamaban todas las gasolineras y supermercados en Tiráspol. […]. Allí cualquier cosa era posible. […] Aquel era un país de milagros lúgubres y nada más.

ANDRZEJ STASIUK, De camino a Babadag (2004),

impresiones sobre un breve paso por la capital de Transnistria.

Los conflictos yugoslavos de principios de los años noventa estuvieron marcados por las características propias de las guerras civiles del tiempo de los bloques, con multitud de actores armados, fueran regulares o irregulares, autóctonos o extranjeros, defendieran intereses políticos o económicos, colectivos o personales. Por supuesto, se trata de motivaciones que nunca han estado reñidas entre sí, y que suelen convivir de forma más o menos armónica bajo el paraguas de los conflictos fratricidas, siempre tendentes a generar nuevos repartos de poder, muchas veces por la necesidad que otros tienen de conservar el suyo propio. De hecho, en el contexto del cambio de siglo encontramos enfrentamientos internos que han seguido la estela de formas de hacer la guerra muy comunes durante los cincuenta años previos, aunque no hay duda de que la combinación entre lucha de guerrillas y terrorismo es uno de los rasgos distintivos cada vez más evidentes de las guerras civiles de la posguerra fría, por mucho que no sea algo exclusivo de este periodo. Se trata de un enfoque mixto que no solo responde a las posibilidades limitadas de aquellos que lo practican, siempre en un escenario crecientemente globalizado donde las redes de inteligencia plantean nuevos límites y posibilidades a la par que privan de viejas formas de acción, sino también de una estrategia adaptada a las periferias imperiales y posimperiales donde se despliega. Sus fines, todos ellos compatibles y necesarios los unos para los otros, irían desde la creación de nuevos estados-nación, de espacios de poder privativos para el control de materias primas y productos estratégicos y de nuevas formas de organización social, cultural, económica, política o religiosa, que sin duda bien pueden acabar siendo la justificación para todo lo demás.

Dentro del derrumbamiento del orden de la Guerra Fría, un proceso que, como hemos visto, no fue repentino, es indudable que los mejores ejemplos de este nuevo paradigma de guerra los encontramos a lo largo de las fronteras en descomposición de la Unión Soviética, con varios puntos calientes como Asia Central. Un precedente muy claro fue la desastrosa intervención soviética en Afganistán a partir de 1979, con todo lo que desencadenaría allí, contagiando a Tayikistán en 1992 y a Uzbekistán en 1998; Moldavia, con el conflicto de la Transnistria ese mismo año 1992; y por supuesto el Cáucaso, con las largas guerras del Alto Karabaj (1988-1994) y de Chechenia (1994-2009), que además se encuentran ahora mismo en estado larvado y siguen dando lugar a rebrotes puntuales. La mediática guerra de Kosovo en el cambio de siglo, sobre la que se han vertido ríos de tinta, puede situarse dentro de unas coordenadas similares, así como sus derivaciones en Macedonia, si bien ambos casos se enmarcan ya en unas praxis y escenarios diferentes a los de los enfrentamientos yugoslavos previos. Sin embargo, cuando hablamos de los conflictos internos derivados de la política de bloques y de los intentos estadounidenses y occidentales por establecer y gestionar un nuevo orden mundial tras el fin de la Guerra Fría también tenemos que desplazar nuestra mirada a otros escenarios. Tal es el caso de las guerras civiles sufridas dentro de una amplia franja territorial del continente africano, que por supuesto mantienen claras continuidades con conflictos no resueltos del periodo anterior, muy relacionados con los procesos de descolonización. Esto incluye a Sudán desde principios de los años ochenta hasta la actualidad; Somalia, que pasó a ser un Estado fallido fruto de los enfrentamientos de los años noventa, intervención extranjera incluida; la guerra civil de tres años en Yibuti, entre 1991 y 1994; el conflicto de Guinea Bissau a finales de siglo; las guerras civiles de las vecinas Liberia y Sierra Leona a lo largo de buena parte del periodo; también las guerras tuareg en Mali y Níger, con ramificaciones hasta la actualidad; sin olvidar los sangrientos enfrentamientos concatenados de toda clase que vienen arrasando el Congo Oriental desde 1997, sobre todo debidos a las luchas internas e internacionales por el control y explotación de sus ingentes recursos minerales.

Todo esto por no hablar de la última ola de guerras civiles que se ha desatado en el extenso arco que va de Ucrania a Libia y el Yemen, con toda la incidencia de al-Qaeda en las zonas comprendidas entre el Magreb y los países subsaharianos, pasando por el ardiente epicentro de Siria, los territorios en los que ha operado el Estado Islámico (ISIS) y los diferentes espacios habitados y/o disputados por los kurdos. Además, según las pautas que hemos señalado, también existen otros focos de conflicto en Camerún, con el grupo yihadista Boko Haram y sus acciones terroristas desde 2014; en la vecina Nigeria, con enfrentamientos de naturaleza muy similar; y, también, las guerras civiles en Costa de Marfil en el nuevo siglo. Además, encontramos conflictos contrainsurgentes derivados de o relacionados con las actividades del terrorismo islámico en Filipinas, Indonesia, Sinkiang, Tailandia y las zonas septentrionales de Pakistán fronterizas con Afganistán. En todos los casos se trata de enfrentamientos internos de mayor o menor intensidad que en muchas ocasiones guardan un indudable parecido con las guerras insurgentes impulsadas por las resistencias europeas de todo el continente en la Segunda Guerra Mundial, en primera instancia contra el colaboracionismo y en segundo lugar contra la ocupación e injerencia extranjeras. Tampoco en esto último se diferencian demasiado: la guerra de guerrillas combinada con el terrorismo, que es lo que caracterizó el modus operandi de esos movimientos armados de los cuarenta, siempre tiene como primer objetivo la purga y el control de la propia sociedad para el establecimiento de un nuevo orden y la consolidación del propio poder, a sabiendas de que la potencia ocupante no se quedará para siempre. Además, como ocurre en el caso europeo, hablamos de conflictos que se integran dentro de espacios en los cuales la guerra se ha convertido en un fenómeno endémico y contagioso por diferentes razones, muy favorecido en la actualidad por la globalización, las redes sociales, la movilidad transnacional y la particular praxis de las células terroristas, muy similares también a las de los revolucionarios de izquierdas durante la Guerra Fría.

Por su potencial explicativo, y sin renunciar a las referencias a otros casos, creemos que conviene concluir nuestro análisis acercándonos a diferentes puntos calientes. Pondremos el foco en las guerras acontecidas en los territorios meridionales de la Unión Soviética, espacios de frontera por excelencia, con un especial hincapié en las guerras acontecidas en el Cáucaso, fundamentalmente en el Alto Karabaj y en Chechenia, su evolución y sus consecuencias. Esto nos llevará a hacer algunas referencias puntuales a los casos de Georgia, Transnistria y Tayikistán. De hecho, lo más interesante es que en todos estos casos jugaron un papel clave las altas tasas de violencia contra la población civil, los intereses geoestratégicos y económicos, y la injerencia extranjera. Finalmente, para cerrar la obra apuntaremos algunas reflexiones sobre la reactivación de los contagios bélicos en el corazón de África a partir de la guerra civil ruandesa y el genocidio tutsi de la primera mitad de los noventa, que tuvieron como consecuencia más inmediata el estallido de diversas guerras internacionales por el Congo con inacabables conflictos internos asociados a estas.

El colapso soviético y el conflicto por el alto Karabaj, 1988-1994

EL COLAPSO SOVIÉTICO Y EL CONFLICTO

POR EL ALTO KARABAJ, 1988-1994

Lejos de traer la paz, el tan preconizado nuevo orden de la posguerra fría, propiciado por la desaparición del bloque comunista europeo y de la Unión Soviética entre 1989 y 1991, comportó un grado de inestabilidad e incertidumbre mucho mayor a nivel internacional. Francisco Veiga lo expresó de forma muy acertada al referirse a los últimos decenios como un periodo donde ha primado el desequilibrio como orden (Veiga, 2009). De ahí que el nuevo escenario se convirtiera en un marco propiciatorio para el estallido de conflictos armados internos, pero también entre diferentes países, algunos de ellos recién constituidos y otros surgidos de la descolonización. Por supuesto, la pujante vitalidad de los mercados internacionales de armas jugó un papel crucial a la hora de alimentar a los contendientes con los medios necesarios para hacer la guerra, donde traficantes y mafias que ya habían construido sus fortunas durante el enfrentamiento indirecto entre estadounidenses y soviéticos seguirían ampliando sus circuitos comerciales durante los años noventa. Esta realidad de aquellos complejos años quedó bastante bien reflejada en la película de Andrew Niccol, Señor de la guerra (2005), cuyo protagonista está inspirado en la trayectoria de individuos que se han dedicado a estos lucrativos negocios. De hecho, llama la atención el origen de muchos de los traficantes, casi siempre de zonas y familias marcadas por la violencia y el conflicto, larvado o abierto, y por lo general con carreras militares a sus espaldas, algo que los hace plenamente conscientes de los enormes beneficios que reporta el comercio con este tipo de mercancía.

De forma parecida al caso yugoslavo, el proceso que llevó al colapso interno y a la disolución de la Unión Soviética estuvo muy marcado por el funcionamiento de un sistema de toma de decisiones tan rígido y desgastado que pronto quedó sobrepasado por las reformas impulsadas por Mijaíl Gorbachov, pero al mismo tiempo también este se vio superado por los efectos de sus propias reformas. Eso no hizo que el acontecimiento fuera menos inesperado, de ahí las profundas consecuencias que tuvo a nivel internacional y el vacío que dejó tras de sí la desaparición de un Estado que había marcado la política internacional desde hacía medio siglo. Más allá de eso, lo cierto es que las viejas élites del sistema soviético se lanzaron a la búsqueda de fórmulas para mantener los resortes del poder, tal y como estaba ocurriendo en Yugoslavia y en el resto de la Europa poscomunista. Al mismo tiempo, estos hubieron de lidiar con la aparición de nuevos líderes políticos ávidos de poder que encontraron el marco propiciatorio ideal para reivindicar un nuevo reparto del pastel envueltos en las banderas nacionales. Un buen ejemplo de ello fue lo ocurrido en el extremo sur del Cáucaso soviético, concretamente en un enclave multiétnico un poco más pequeño que la provincia de Teruel, el Alto Karabaj. Tras la constitución de la Unión Soviética, esta región de aplastante mayoría armenia fue declarada región autónoma y quedó situada dentro de los límites de la República Soviética de Azerbaiyán. A pesar de las protestas de los armenios del Alto Karabaj, que aspiraban a unirse con Armenia, esta salida dejó en suspenso el conflicto armado que había estallado con los azeríes por el control de la región en otro marco de disolución y reconstrucción imperial como fue el del fin de la Gran Guerra y la guerra civil rusa. Sin embargo, la cuestión volvió a salir a la luz en los años finales de la Unión Soviética, como parte del tremendo auge experimentado por el nacionalismo en todas sus periferias imperiales.

Desbordamiento y quiebra del Estado soviético. Movilizaciones, violencia, guerra económica y operaciones armadas en la Transcaucasia, 1988-1991

Desbordamiento y quiebra del Estado soviético.

Movilizaciones, violencia, guerra económica y operaciones

armadas en la Transcaucasia, 1988-1991

El conflicto se gestó dentro del propio Alto Karabaj, con la creación a principios de 1988 del llamado Movimiento Nacional Panarmenio (MNPA) dentro del órgano rector de esta región autónoma, aunque siempre muy vinculado a las autoridades de la República Socialista Soviética de Armenia. Como fue común en toda la esfera poscomunista, este movimiento, que abogó desde sus orígenes por la unión del Alto Karabaj con el resto de Armenia, estaba formado por individuos bien integrados dentro del sistema soviético y otros que aprovecharon los vientos de cambio para buscar posiciones de poder. Entre los primeros podemos destacar a Igor Muradyan (1957-2018), economista del Gosplan, órgano central de planificación económica de la URSS, o el prestigioso astrofísico Víktor Ambartsumián (1908-1996), una figura de alcance internacional y clave dentro de la vida política de la Armenia comunista, al participar durante décadas de sus principales instituciones; entre los segundos encontramos a nuevos hombres como Levon Ter-Petrosián (1945-), académico orientalista, líder del movimiento e hijo de supervivientes del genocidio armenio refugiados en Alepo; pero también a un grupo de intelectuales nacionalistas, entre los cuales podemos destacar a Zori Balayan (1935-) o Silva Kaputikyan (1919-2006) —también miembro del partido comunista—, los cuales dieron contenido ideológico a las reivindicaciones políticas. Así pues, como ya hemos visto en el caso yugoslavo, nos encontramos en un escenario donde se auguraban cambios, bien evidenciados por las políticas reformistas de Gorbachov, encarnadas en la perestroika y la glásnost, y por los diferentes actores políticos con motivaciones diversas, que ya comenzaban a tomar posiciones de cara a posibles nuevos repartos del poder. También adoptaron un modus operandi muy similar al que observamos en otras latitudes, promoviendo movilizaciones de masas, como las que tuvieron lugar entre el 16 y el 26 de febrero de 1988 en Ereván, capital armenia. Sin embargo, los acontecimientos apenas tardaron en precipitarse al calor de las manifestaciones cívicas, con varios puntos clave en una escalada de tensión que acabaría desembocando en la guerra civil del Alto Karabaj. En este caso, iba a ser decisiva la intervención abierta de los nuevos estados armenio y azerí, motivada respectivamente por el apoyo y el rechazo a la solicitud que las autoridades de la Región Autónoma dirigieron a Moscú el 20 de febrero con el fin de que la soberanía sobre sus territorios fuera transferida a Armenia.

En un clima de tensión, rumores y discursos radiofónicos incendiarios, cruciales en este tipo de acontecimientos, dos días después miles de azeríes se adentraron en el Alto Karabaj para vengar la supuesta muerte de un compatriota en la capital de la Región Autónoma, Stepanakert, provocando destrucciones y la muerte de 50 civiles armenios en el pueblo de Askeran. Casi de inmediato, el 27 de febrero tuvo lugar un gravísimo estallido de violencia popular contra la comunidad armenia de la ciudad azerí de Sumgait, apenas 30 kilómetros al norte de Bakú, que se extendió durante tres días con asesinatos —posiblemente dos centenares de víctimas y muchos más heridos—, violaciones públicas en grupo y saqueos generalizados. Valga decir que, como siempre, en este tipo de contextos las minorías actuantes tienen la capacidad para condicionar el escenario, pero el individuo sigue conservando un amplio margen de maniobra a la hora de tomar decisiones, como quedó probado en el hecho de que muchos azeríes protegieran y salvaran la vida de sus vecinos armenios, aun a riesgo de la suya propia (Miller, 1994: 46-47). No deja de ser paradójico que unos acontecimientos de tan extrema gravedad, que entonces recibieron una gran cobertura mediática internacional, apenas figuren hoy en día en las grandes narrativas sobre la disolución de la Unión Soviética. Lo cierto es que la incapacidad del gobierno de Gorbachov para reaccionar de forma eficaz protegiendo a los ciudadanos armenios de Sumgait no solo reveló el alcance de la crisis interna por la que atravesaba el Estado, sino también el fracaso de la glásnost o política de transparencia informativa, al optar por un encubrimiento de los hechos.

A corto plazo, los hechos de Sumgait y la gestión de la crisis por parte del Estado soviético tuvieron un fuerte impacto sobre el imaginario colectivo de la sociedad armenia y las comunidades de la diáspora, generando una sensación de vulnerabilidad y miedo ante la posibilidad de volver a enfrentarse a una nueva oleada de violencia de masas. La sombra del genocidio de la segunda mitad de la década de 1910 era muy alargada, hasta el punto que formaba parte del patrimonio familiar de no pocos armenios y era un poderoso factor aglutinante de su identidad nacional. Entre marzo y abril de 1988 se produjeron manifestaciones masivas, con decenas de miles de personas, a pesar de las prohibiciones que impuso el gobierno sobre las concentraciones después de rechazar la posibilidad de unir el Alto Karabaj a Armenia. No es casual que una de las más multitudinarias fuera la marcha del 24 de abril, el día de la conmemoración del genocidio armenio, que culminó en el memorial de Ereván —día de luto instaurado en 1919 con motivo del inicio de la detención y deportación de la intelligentsia armenia radicada en Estambul ese mismo día de 1915—. La cuestión es que los armenios no solo vivían concentrados en el Alto Karabaj, sino que también estaban repartidos de forma dispersa por el territorio azerí. Así se explica que los hechos de Sumgait dieran lugar casi de inmediato a la huida de multitud de ellos, que marcharon hacia los territorios de mayoría armenia en busca de seguridad. Todo esto no hizo sino acrecentar la sensación de inseguridad en el seno de la sociedad armenia y de la diáspora, que no tardaron en cerrar filas en torno al MNPA y su agenda política. Su objetivo no era otro que conseguir mayores poderes y autonomía para las repúblicas soviéticas, todo ello en el marco de los debates propiciados por la perestroika y la glásnost. En este sentido, la cuestión del Alto Karabaj se convirtió en un argumento central en el estímulo de las movilizaciones populares de finales de los años ochenta y primeros de los noventa, pero también en la principal muestra del grado de desamparo y exposición de los armenios ante la agenda política de otros actores como los azeríes. Si bien en un primer momento no se valoraba la posibilidad de demandar la independencia para los territorios de mayoría armenia, muy pronto pasó a verse como la única garantía de supervivencia, más aún a raíz del encarcelamiento de la cúpula del MNPA a finales de año a manos de las autoridades soviéticas (Papazian, 2008; Tuncel, 2014).

El convencimiento de que era necesario forzar la vía independentista llegó fruto de los acontecimientos, con las negativas constantes por parte del Estado soviético a aceptar la unión de Armenia y el Alto Karabaj, a pesar de que en varias ocasiones sus respectivos órganos representativos se expresaron en este sentido. La cuestión es que a finales de año más de 200 000 azeríes y kurdos residentes en territorios de mayoría armenia fueron forzados a abandonar sus casas, un proceso que vino acompañado por un goteo de abusos y varias decenas de víctimas mortales. Esto también tuvo su contrapartida en lo que respecta a la población armenia de Azerbaiyán, que huyó del país vecino en números similares (Croissant, 1998). En este último caso, los episodios más significativos tuvieron lugar en Kirovabad, en la segunda mitad de noviembre. En esta ciudad al oeste de Azerbaiyán soldados del Ejército Rojo y ciudadanos azeríes organizados se enfrentaron durante los intentos de estos últimos por atacar y expulsar a la comunidad armenia local, de casi 100 000 personas. Allí se vivieron escenas dramáticas, con parte de la población civil refugiada en una iglesia asediada por elementos azeríes y custodiada por militares soviéticos, que portaban una pala de cavar trincheras como única arma con la que defenderse, lo cual permitió limitar el número de muertos a menos de una decena. Una vez más, los paralelismos con el caso yugoslavo saltan a la vista. Conviene señalar que todos los acontecimientos que venimos desgranando tuvieron lugar en medio de un escenario liminal de reestructuración de los discursos hegemónicos, de las fuerzas políticas y del reparto de poder, muy similar a la que estaba teniendo lugar al mismo tiempo en Armenia, hasta el punto de que ambos procesos se acabarían retroalimentando.

En el caso azerí, el catalizador fue la creación en junio de 1988 del llamado Frente Popular de Azerbaiyán (FPA), que reunió a diferentes organizaciones de la sociedad civil azerí opuestas por unas u otras razones a la Unión Soviética. Como ocurrió en el caso armenio, una de las estrellas ascendentes dentro de los movimientos sísmicos de finales de los años ochenta fue un joven estudiante de derecho, Ali Karimli (1965-), que encabezaba un movimiento juvenil llamado Yurd [Patria], que apostaba por reformas democráticas y que estaba apoyado por la intelectualidad del país. Tanto Karimli como su organización no tardaron en ganar notoriedad en todo el país gracias a sus formas de acción basadas en las movilizaciones de masas. De hecho, consiguieron condicionar la praxis política de una buena parte de la sociedad azerí y del FPA, dentro del cual se integrarían a lo largo del año 1989, mientras las movilizaciones populares se extendían acompañadas por la violencia étnica (Uzer, 2012: 250). Sin embargo, en el caso de Azerbaiyán las fuerzas nacionalistas de nuevo signo no iban a compartir el poder con aquellas procedentes del aparato estatal, que en este caso fueron capaces de imponerse y reciclarse con Heydar Aliyev (1923-2003) al frente, uno de los dirigentes históricos del partido comunista y antiguo presidente de la república entre 1969 y 1982.

El año 1989 fue capital en la radicalización y la escalada de tensión que desembocó en la guerra, con el bloqueo ferroviario y aéreo al que fueron sometidos Armenia y el Alto Karabaj en septiembre de ese año a manos de unas autoridades republicanas de Azerbaiyán, que actuaron presionadas por la oposición del FPA. Esto puso en jaque la economía de un país que dependía en un 85 % de las entradas que se producían por estas vías a través de la frontera azerí. En medio de un cruce de acusaciones mutuas, las autoridades azeríes afirmaban estar actuando en respuesta a las agresiones sufridas por los convoyes ferroviarios procedentes de Azerbaiyán que atravesaban el territorio armenio. Así pues, las autoridades armenias adoptaron medidas análogas contra la República Autónoma de Najicheván, el enclave de mayoría étnica azerí dependiente de Azerbaiyán pero separado del resto de la república por el territorio armenio (Kaufman, 2001: 49-66). Estos acontecimientos, sumados a los que estaban por venir, pondrían de manifiesto que el Estado soviético apenas controlaba ya la situación en la frontera de la Transcaucasia. Así se acabó de confirmar en diciembre de 1989, durante las movilizaciones que tuvieron lugar en la región meridional de Lankarán y en Najicheván, donde el FPA, por un lado, y los partidarios de Heydar Aliyev, por el otro, tomaron el poder de facto, tras serle entregado por las autoridades locales. Por si esto no fuera desafío suficiente, también destruyeron los pasos fronterizos que los separaban de Irán, bajo el pretexto de reforzar los lazos con los azeríes del norte de dicho país, dejando muy claro el deseo de distanciarse de la Unión Soviética al imprimir un perfil nacionalista túrquico a las movilizaciones.

Por supuesto, las autoridades soviéticas lanzaron la condena habitual en estos casos contra los manifestantes y sus líderes, al acusarlos de «abrazar el fundamentalismo islámico», un movimiento al cual había contribuido de forma decisiva la Unión Soviética con su criminal guerra de ocupación en Afganistán. De hecho, este movimiento se había revelado como una fuerza transnacional a tener en cuenta en toda Asia Central (De Waal, 2003: 88-89), algo que sería clave en el desarrollo de la guerra civil en Tayikistán entre 1992 y 1997, hasta el punto de convertirse en uno de los motivos de la intervención rusa en dicho conflicto (Kevlihan, 2016: 422). Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en Azerbaiyán tenía poco que ver con el islamismo radical. Según algunos autores, el irredentismo azerí en lo que respecta a la cuestión del Alto Karabaj tuvo mucho que ver con un proceso de nacionalización tardío impulsado por la estructura federal soviética. En cualquier caso, dentro del complejo mapa multiétnico de la república, con una sociedad sin una tradición nacional de largo alcance y no muy consolidada, algo que sí ocurría en el caso de comunidades vecinas como la georgiana o la armenia, las reivindicaciones de este enclave de mayoría armenia suponían un reto para la clase política azerí, que podía verse enfrentada a reivindicaciones similares de otras regiones y minorías (Papazian, 2008; Uzer, 2012: 245-252). Eso ayudaría a explicar la saña de la violencia desplegada contra los armenios y otros grupos, aunque nosotros añadiríamos a ello la dimensión del conflicto como acontecimiento fundamental en el retejido de apoyos sociales y políticos a nivel local, regional y nacional en un momento de cambio.

De hecho, fue en Bakú donde los acontecimientos cobraron una dimensión sin precedentes desde el 12 de enero de 1990. Durante toda una semana, varios miles de azeríes organizados en grupos, dotados con listas de armenios y armados con porras y palos, patrullaron la ciudad y asaltaron las viviendas privadas, llevando a cabo una limpieza étnica exhaustiva de la capital, mientras las autoridades, la policía y las fuerzas militares soviéticas se mantenían al margen. En el proceso también aprovecharon para atacar a las comunidades de osetios, georgianos y judíos que habitaban en la ciudad. Los testimonios e informes hablan de acciones presididas por los abusos y el sadismo: 90 armenios asesinados, algunos quemados vivos y otros descuartizados por la multitud; violaciones colectivas, incluso de niñas; saqueos, incendios y destrucciones de propiedades; y también agresiones contra ancianos. El famoso campeón mundial de ajedrez Garri Kaspárov (1963-), de madre armenia y cuya familia se encontraba entre los evacuados, recordaba con amargura la inacción de las autoridades:

Nadie pararía los pogromos contra los armenios en Bakú, aunque había 11 000 soldados de guarnición en la ciudad. Nadie intervendría hasta que se culminara la limpieza étnica. Los pogromos no se estaban llevando a cabo en un lugar al azar, sino en una enorme capital con bloques y pisos. En una megalópolis como Bakú la multitud simplemente no puede ejecutar operaciones orientadas como esta. Cuando los ejecutores van de manera deliberada de un distrito a otro, de un apartamento a otro, significa que se les han dado las direcciones y que tienen un coordinador (Kaspárov, 2008).

Se ha llegado a señalar, no sin cierto sentido, que el hecho de que no se realizara una intervención militar bajo la ley marcial para poner freno a las agresiones tuvo mucho que ver con el deseo de las autoridades soviéticas de no excitar más los ánimos azeríes, que parecían encaminarse rápidamente hacia una declaración de independencia. En este sentido, una vez la limpieza étnica se hubo consumado, el despliegue de las tropas se explica por el deseo de abortar cualquier intento secesionista, tal y como se puso de manifiesto en la declaración del estado de emergencia el 19 de enero de 1990. Sin embargo, a su entrada en Bakú los 26 000 soldados del Ejército Rojo no solo se encontraron con manifestantes desarmados, sino también con pequeños grupos armados del FPA. Aun con todo, parece que fueron las fuerzas soviéticas las primeras en abrir fuego sobre la multitud, acabando con la vida de 150 personas y varios centenares de heridos. El hábil Aliyev no dudó en aprovechar la ocasión para declarar la independencia de su Najicheván natal a finales de ese mismo mes, haciendo del pequeño enclave azerí el primer territorio secesionista de la Unión Soviética, que se adelantó en más de un mes a la independencia de Lituania. Este histriónico gesto de protesta frente a lo que Aliyev presentó como una brutal agresión contra el pueblo azerí fue decisivo para el futuro de la región, pues contribuyó a la transformación del viejo apparatchik en líder político poscomunista, un referente del pujante nacionalismo azerí. De hecho, en Najicheván construyó la base de poder que lo catapultaría años después a la presidencia de Azerbaiyán. Mientras tanto, la mayor parte de la sociedad se declaró en huelga durante 40 días en señal de duelo y protesta. A día de hoy estos sucesos constituyen uno de los mitos fundacionales del moderno Estado-nación de Azerbaiyán.

Con respecto al papel cuestionable del Estado soviético en todos estos acontecimientos y muchos otros, algunos expertos han tratado de ver la actuación de Gorbachov desde un punto de vista crítico que merece la pena tener en cuenta. Según estos, su firme renuncia al uso de la fuerza como instrumento para el mantenimiento del orden y la integridad del Estado, salvo en episodios puntuales como los que hemos visto —así como otros ocurridos en Tbilisi en abril de 1989, que se saldaron con 21 muertos, o en Vilna y Riga en enero de 1991—, contribuyó de forma evidente a acelerar el final de la Unión Soviética. En los casos en que el Ejército Rojo se vio forzado a intervenir contra las masas de manifestantes, «siguiendo órdenes ambiguas y probablemente orales de Moscú, Gorbachov se quitó inmediatamente de en medio y dejó a los militares en la estacada, expuestos a la furia de los medios de comunicación nacionalistas y liberales». De este modo, las fuerzas militares soviéticas se vieron desprovistas de la legitimidad que debía garantizarles el amparo incondicional del Estado al que servían, y al mismo tiempo los opositores del sistema constataron que ante ellos se abría el escenario ideal para la puesta en marcha de sus proyectos políticos, todo lo cual iba en detrimento de la existencia misma de la Unión Soviética. Muchas cosas habían cambiado desde el periodo de Leonid Brézhnev al frente del poder, veterano orgulloso de la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas había un salto generacional de un cuarto de siglo que lo separaba de un Gorbachov que hacía una lectura distinta del conflicto de 1941-1945, del impacto real de la criminal, sangrienta e inútil guerra de Afganistán y del auge del movimiento pacifista desde finales de los años sesenta y principios de los setenta. No es de extrañar que el papel del último dirigente soviético siga despertando tanta admiración entre los occidentales, cosa que no tiene su correlato en el espacio postsoviético, donde ha sido objeto de ácidas críticas y burlas por parte de no pocos de sus contemporáneos, pero también de las sociedades a cuyo a cargo estuvo a finales de la década de los ochenta. Vale la pena tener en cuenta esta aseveración, porque hay mucho de cierto en ella:

Gorbachov era, ante todo y sobre todo, […], el garante de su estabilidad y de sus medios de vida [de los ciudadanos soviéticos]. Y de la propia existencia del Estado. La evidente incapacidad de Gorbachov para desempeñar ese papel e incluso su negativa a hacerlo contribuyó al repentino hundimiento de la Unión Soviética y a la dislocación y la miseria de decenas de millones de rusos y no rusos (Zubok, 2008: 479-482).

Es imposible determinar con exactitud qué resultado habría tenido una actitud más decidida y resuelta por parte de las autoridades centrales de la Unión Soviética. Por un lado, cabe pensar que hubiera podido propiciar el final de la violencia etnonacional, incluso haber evitado las guerras civiles que estaban en curso o a punto de estallar en la Transcaucasia o Transnistria, pero también hay motivos para pensar que podría haber degenerado en una disolución más sangrienta y un conflicto interno mucho menos localizado. Sea como fuere, podemos atenernos a lo que sabemos, y es que la virtual desaparición de la autoridad del Estado en la frontera sur del Cáucaso fue lo que hizo posible algo que hasta entonces era inimaginable: guerras hasta ese momento internas, con picos de violencia puntuales y choques irregulares de diversa naturaleza, pasaron a ser progresivamente enfrentamientos abiertos de ejércitos regulares con una potencia de fuego considerable, apoyados además por potencias extranjeras. Así pues, tal y como anticipaban los acontecimientos de enero en Bakú, durante los primeros meses de 1990 se hizo evidente la escalada de tensión, con razias y ataques dirigidos contra la población civil y ejecutados por milicias azeríes y armenias a ambos lados de la frontera compartida al norte de ambas repúblicas, en la región de Qazax. En las escasas ocasiones en que el Estado soviético aún trató de jugar algún papel en la región se posicionó del lado de las autoridades azeríes, que invocaban el discurso de la fraternidad entre los pueblos. Este había servido como sostén de la URSS a lo largo de toda su existencia, y ahora era utilizado para deslegitimar el proceder de los armenios.

Como vemos, los paralelismos con los primeros compases de los conflictos yugoslavos vuelven a saltar a la palestra, con la existencia de agentes políticos de todo tipo y el despliegue de discursos contradictorios por parte de las diferentes autoridades republicanas durante la disolución de la federación. Por lo demás, las primeras elecciones parlamentarias que se celebraban en Armenia desde 1919 dieron el triunfo al MNPA, con el también nacionalista Partido Republicano de Armenia (PRA) como segunda fuerza política. Esta, fundada y presidida por el histórico opositor anticomunista Ashot Navasardyan (1950-1997), iba a tener un papel decisivo en la guerra que estaba por venir y en la consolidación del Estado armenio. El proceso de cambio político se completaría con la elección de Ter-Petrosián como máximo líder de la república el 4 de agosto de 1990, que con el apoyo de la mayor parte del arco parlamentario proclamó la independencia del país el día 23. Por supuesto, el flamante nuevo presidente del Soviet Supremo legitimó la decisión basándose en el estado de indefensión en que vivían los armenios por aquel entonces. Sin embargo, las cosas aún habían de complicarse mucho más. Dentro de la compleja coyuntura del periodo que va del verano de 1990 a la primavera de 1992, fue decisiva la figura del entonces presidente azerí, Ayaz Mutalibov (1938-), un apparatchik identificado con la línea dura del partido y, por tanto, defensor del mantenimiento de la Unión Soviética, tal y como se puso de manifiesto en su apoyo al fallido golpe militar de agosto de 1991. Más allá de eso, fue su posición como hombre de confianza del partido lo que le permitió contar con el respaldo de las autoridades centrales soviéticas en una operación combinada para desarmar a los armenios del Alto Karabaj, que al igual que sus vecinos azeríes habían comenzado a dotarse de medios para la posibilidad de una guerra abierta.

De este modo, fuerzas azeríes de la soviética Unidad Policial de Operaciones Especiales (OMON) y del Ejército Rojo lanzaron en mayo de 1991 la llamada Operación Anillo, que fue un último intento desesperado por intimidar y disuadir a los armenios de toda posibilidad de unificación entre Armenia y el Alto Karabaj. Con esta idea se sirvieron de un abrumador despliegue de medios militares. Sin embargo, las operaciones en poblaciones del norte de la república, sumadas a las deportaciones forzosas de las comunidades armenias de la parte norte del Alto Karabaj, tuvieron el efecto contrario al que se buscaba, reforzando a los líderes armenios y a la sociedad en la convicción de que la independencia y la guerra eran la única salida (Nikkar-Esfahani, 2009). Hasta 17 000 civiles de veintitrés pueblos fueron expulsados de sus hogares en medio de graves abusos, con la quema y saqueo de propiedades, varias decenas de ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones, tal y como denunciaron numerosos observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos (Wilson, 1991). De hecho, la persistencia de las autoridades azeríes en su estrategia de someter por la fuerza el Alto Karabaj dejó sin argumentos ni fuerza a la facción más moderada que gobernaba el enclave, sustituida por otra más radical y contraria a una salida negociada de la guerra (Melander, 2001). Aun con todo, es interesante que en los choques que se venían produciendo desde hacía casi un año la población civil armenia tratara de convencer a los voluntarios encargados de defenderlos para que no llevaran a cabo operaciones armadas. En la medida de lo posible, su objetivo no era otro que preservar sus propiedades y la región de los estragos de la violencia y la destrucción (Melkonian, 2005: 185-186). El modus operandi que se siguió en las operaciones militares y la ocupación se repite con respecto a muchos otros casos abordados en esta obra, sobre todo por lo que respecta a la cooperación de civiles autóctonos:

A primera hora de la mañana, normalmente dos o tres días antes de la deportación, el asentamiento es rodeado por las tropas soviéticas del Ministerio del Interior y los combatientes del Ejército Rojo. Las unidades azeríes del OMON entran en el asentamiento y comienzan los registros de viviendas. Esto va acompañado por robos y violencia. A los habitantes se les da un ultimátum para abandonar el asentamiento para siempre. Acciones similares continúan durante dos o tres días. Algunas veces los civiles entran en el asentamiento con las unidades de la OMON para saquear las casas. La población masculina de los asentamientos es deportada al centro comarcal más cercano poblado por azeríes. Allí los detenidos son sometidos a palizas y humillaciones: se les fuerza a firmar declaraciones juradas certificando que abandonan sus lugares de residencia permanente para siempre por propia voluntad[1].

En cualquier caso, como suele ser común en estos fenómenos, el objetivo fundamental, que era desarmar a las milicias que estaban por entonces en proceso de formación y militarización, no se consiguió gracias a su conocimiento del terreno, algo que se repetiría en Chechenia pocos años después. Por lo demás, la retirada de las tropas desplegadas en la zona no se produjo hasta el principio del verano de 1991. De este modo, cualquier posibilidad de entendimiento con los azeríes, por remota que fuera, quedó definitivamente rota por la toma de partido de las autoridades soviéticas y la sensación de exposición y agravio de los armenios (Croissant, 1998: 42). Por supuesto, en Armenia y el Alto Karabaj la operación se vivió como un ataque contra la soberanía del país y una amenaza directa para la seguridad y la supervivencia del pueblo armenio, hasta el punto de que el 2 de septiembre las autoridades del enclave proclamaron su independencia en Stepanakert, tras un referéndum donde la población se manifestó mayoritariamente favorable a esta.

Cosas muy similares estaban ocurriendo también por entonces en la frontera suroccidental de la Unión Soviética, en este caso entre las nuevas autoridades moldavas y Transnistria, región oriental de la república bajo su soberanía nominal, frente a la cual sus líderes se habían declarado independientes ya en septiembre de 1990. Dos meses después se registraron los primeros choques violentos por el control de los municipios de la díscola margen izquierda del Dniéster. En este sentido, fue decisiva la creación de unidades paramilitares que acabarían convirtiéndose en la columna vertebral de la Guardia Republicana de Transnistria (GRT), apoyada en este caso por voluntarios cosacos. La situación de enfrentamientos esporádicos y localizados se extendería a lo largo del año 1991 y los primeros meses de 1992, estallando en una guerra abierta y generalizada entre marzo y julio de 1992, a la cual también contribuyó un pequeño contingente de 600 gagaúzos de la autoproclamada república de Gagauzia, situada al sur de Moldavia, que hostigaron a las fuerzas moldavas en sus operaciones para aplastar el intento de secesión en Transnistria (Vahl y Emerson, 2004: 5-7).

De por medio había ocurrido el decisivo golpe de Estado de agosto de 1991, donde los partidarios de la línea dura dentro del propio gobierno de Gorbachov, al frente del Ejército, la KGB y la industria militar, llevaron a cabo una insurrección para tratar de poner freno a la conversión de la Unión Soviética en una confederación, que veían como la antesala de su disolución. El golpe fue un desastre total que acabó por certificar la pérdida dramática de apoyos del jefe de Estado soviético, la desintegración del propio poder estatal y la hemiplejía del Ejército soviético y de las estructuras del partido. El presidente azerí, Mutalibov, dio su apoyo a la intentona, sin que el fracaso afectara a su control del poder, por mucho que Aliyev aprovechó para criticar de manera incendiaria dicha actitud desde su autoproclamada república de Najicheván, independiente incluso de Azerbaiyán, y condenó al dirigente como traidor al pueblo. No hay duda de que buena parte del apoyo de masas congregado a lo largo de estos años por los movimientos de oposición al comunismo, los más exitosos refugiados bajo las banderas nacionales de las diferentes repúblicas soviéticas, tuvo mucho que ver con la incapacidad de Gorbachov para llevar a buen término la prometida reforma económica y financiera del sistema. Por un lado, los supuestos éxitos de su política exterior no se materializaron en un apoyo decidido por parte de sus nuevos aliados occidentales, por el otro la economía del país estaba en barrena y el gobierno vivía en una suerte de huida hacia delante: los sistemas de distribución comercial y alimentaria estaban completamente dislocados y la deuda externa era tan desorbitada que podría calificarse de bancarrota, lo cual dejaba al sistema sin apenas margen de maniobra para aplicar políticas coherentes (Zubok, 2005: 457-503). La crisis sin precedentes provocada por los problemas estructurales del sistema, muy agudizados por las ambiguas reformas de Gorbachov, que vaciaron de poder al partido —única fuerza con la posición y el potencial para impulsar cambios efectivos—, acabó por dilapidar buena parte del crédito político y social del que había gozado el proyecto soviético entre la población.

Borís Yeltsin no dudó en aprovechar su estrella ascendente como presidente de la república rusa, tras encumbrarse como el gran triunfador político del golpe de agosto de 1991. Su objetivo no era otro que mantenerse en el escenario como el hombre del momento. Sin embargo, los intentos de paz que trató de promover el nuevo presidente ruso en la Transcaucasia junto con su homólogo kazajo Nursultan Nazarbayev (1940-) naufragaron ante los reiterados ataques sufridos a finales de septiembre por las poblaciones del Alto Karabaj a manos de la OMON, incluidos el uso de armamento pesado y las agresiones contra los civiles armenios de la región. Vale decir que la agresividad de las autoridades azeríes nacía del deseo de sacar provecho de su gran ventaja militar con respecto a los armenios. De hecho, su superioridad y las lógicas de esta guerra, como también las de Yugoslavia o Transnistria, se explican en buena medida por la forma en que se habían construido los estados yugoslavo y soviético y las características de sus sistemas de defensa frente a una posible invasión externa. El caso de la autoproclamada república de la margen izquierda del Dniéster tiene mucho que ver con las políticas de seguridad fronteriza impulsadas durante décadas por la Unión Soviética, con la deportación de elementos autóctonos moldavos, hasta medio millón de ellos, y el establecimiento de colonos eslavos, sobre todo rusos, en la mencionada región. A ello se sumaron políticas de naturaleza colonial que hicieron de las zonas pobladas por moldavos productoras agrícolas, y de aquellas pobladas por eslavos potentes núcleos industriales, que además fueron el enclave escogido para la concentración de tropas y armamento para una posible intervención en los Balcanes (Vahl y Emerson, 2004: 4-5).

Si estallaba un conflicto con la OTAN en la frontera sur del Cáucaso se preveía que Armenia fuera zona de guerra, con lo cual los principales arsenales, infraestructuras militares, centros logísticos y puntos de concentración de tropas se instalaron a resguardo en la eventual retaguardia del frente, que en este caso era Azerbaiyán (Petrosian, 2000). De hecho, una vez se consumó la disolución de la Unión Soviética a finales de 1991, la retirada de las tropas soviéticas del Ministerio del Interior generó un grave vacío de poder. Su marcha dejó tras de sí polvorines y cuarteles desprotegidos o en manos de oficiales y soldados del Ejército Rojo, que en muchos casos se dedicaron a traficar con ellos. Sin duda, la situación recuerda mucho a lo ocurrido en septiembre de 1943 en la zona de ocupación italiana de Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial: cuando se produjo la retirada del Ejército transalpino vino acompañada por el abandono de enormes arsenales que pasaron a manos de los diferentes contendientes en la zona y que sirvieron para alimentar las guerras en curso. Paralelamente, y en el marco de la disolución yugoslava de principios de los años noventa, dentro del Ejército Popular Yugoslavo (EPY) se estaban dando casos muy similares de asalto a cuarteles y tráfico de armas por parte de grupos organizados o conscriptos procedentes de toda la federación que solo querían volver a sus casas.

Guerra en los márgenes posimperiales. Conflicto interno, construcción de estados-nación y reordenación geopolítica en el Cáucaso, 1992-1994

Guerra en los márgenes posimperiales.

Conflicto interno, construcción de estados-nación y reordenación geopolítica en el Cáucaso, 1992-1994

Como en cualquier guerra civil, y más aún si los contendientes son dos estados-nación donde el conflicto actúa como marco propiciatorio para su construcción, la improvisación jugó un papel central en la movilización de las sociedades y la puesta en marcha de los ejércitos enfrentados. Dentro del nuevo auge experimentado por la historia local y los cambios en los estudios sobre la violencia, esto es algo que sido señalado por algunos autores para el caso del Alto Karabaj. De este modo, se ha demostrado hasta qué punto fueron decisivos los acontecimientos ocurridos y motivados por los intereses, equilibrios y problemas a nivel micro —local-comunitario y regional— y que, por tanto, escapaban al control de las autoridades centrales armenias y azeríes. Estas no tenían un plan maestro, como muchas veces se nos quiere hacer ver en los fenómenos de violencia colectiva y las guerras. Es más, su capacidad de decisión se vio muy condicionada y limitada por la presión y movilización desde abajo, es decir, por la forma en que se sucedían los acontecimientos en contextos locales y regionales (Voronkova, 2013: 109-118). De hecho, la situación de indefinición abierta por la desaparición de la Unión Soviética y el limbo jurídico-legal en que estaban las nuevas repúblicas a nivel internacional tuvo consecuencias muy importantes en la evolución y desarrollo del conflicto por el Alto Karabaj. Ante todo, se produjo la injerencia de terceros países, algo que hasta entonces habría sido imposible en un conflicto dentro del territorio soviético. Estaba a punto de ocurrir también en el caso del enfrentamiento entre Moldavia y la autoproclamada república de Transnistria, que se convertiría en una guerra abierta en la primavera y los inicios del verano de 1992.

En este caso, el apoyo financiero y material de Rumanía a los primeros fue clave en un momento de inestabilidad y realineamiento como el de la posguerra fría, donde la caída de Ceaușescu y la disolución soviética abrieron la puerta a la posibilidad de una reunificación de la Gran Rumanía. De hecho, la mera existencia de tal posibilidad se convirtió en el principal pretexto de los secesionistas para persistir en su propósito de romper con Moldavia. Sin embargo, hoy en día los expertos parecen señalar que la política rumana respecto a la cuestión moldava tuvo mucho más que ver con su deseo de estabilizar al país vecino para evitar problemas de seguridad en la frontera nororiental y en el interior de la propia Rumanía, donde también se temía una posible escalada de tensión con la minoría húngara de Transilvania (Adam, 2017). Por su parte, las autoridades de Transnistria dependieron en buena medida de la posición personal adoptada por los diferentes oficiales al mando del 14.º Ejército soviético, desplegado en su territorio, pero también de las disposiciones de Borís Yeltsin en lo que respecta a esta fuerza militar. Para hacernos una idea de la compleja situación en la región basta con pensar que muchos de sus combatientes se pasaron a las fuerzas de la GRT por afinidad y combatieron por la independencia de la región. No obstante, los arsenales que custodiaba el 14.º Ejército en el gigantesco depósito de armas de Cobasna nutrieron en diferentes momentos tanto a las fuerzas moldavas como sobre todo a las eslavas, también a través de la venta ilegal (Selivanova, 2007).

De vuelta al Cáucaso, a su posición ya de por sí favorable Azerbaiyán sumó el apoyo de Turquía y de no pocos países árabes, por cuestiones de afinidad cultural-religiosa, pero también por motivos geoestratégicos (Uzer y Baguirov, 2012: 134-138). Esto es particularmente cierto en el caso del reconocimiento internacional y el apoyo que Israel prestó desde el primer momento a la república petrolera, dentro de su política dirigida a establecer un cordón sanitario en torno a Irán y a penetrar en la industria energética azerí, privatizada tras la independencia. A todo ello cabe añadir la existencia de una importante comunidad de 35 000 judíos en Azerbaiyán, motivo de cooperación cultural entre ambos países hasta hoy, un hecho que en Armenia dio lugar a la aparición de teorías de la conspiración. En el caso armenio, las comunidades de la diáspora fueron decisivas durante todo el conflicto a la hora de movilizar un importante grado de apoyo económico para la causa del Alto Karabaj, especialmente desde el Líbano y Siria, donde se adquirió todo tipo de equipamiento, desde botas y chaquetas hasta artillería ligera. De hecho, la capacidad de muchos de estos armenios o descendientes de armenios para prosperar en sus países de acogida durante décadas hizo de ellos auténticos grupos de presión, hasta el punto de conseguir la aprobación de una ley en el Congreso estadounidense que prohibía la venta de armas al gobierno de Bakú (Papazian, 2008; Tuncel, 2014). Es más, ante el peligro de verse completamente aisladas a nivel internacional, las autoridades de Ereván no dudaron en buscar el amparo proporcionado por la recién creada Comunidad de Estados Independientes (CEI), un organismo surgido al calor de la disolución de la Unión Soviética para promover la cooperación política, económica y militar entre los estados postsoviéticos que así lo quisieran. De este modo, los armenios consiguieron el despliegue de unidades apadrinadas por el CEI en su país durante el primer mes de 1992, lo cual sirvió como mecanismo de contención a la hora de evitar un mayor grado de internacionalización del conflicto. No hay que olvidar que Turquía, potencia regional, amenazó varias veces con atacar Armenia a lo largo de la primera mitad de 1992.

La situación a principios del año estuvo muy marcada por las ofensivas armenias y las contraofensivas azeríes durante los intentos de los primeros por recuperar el control de los territorios perdidos al norte del Alto Karabaj durante la Operación Anillo. En el marco de estas operaciones se produjeron ataques contra la población civil, con decenas de muertos y gran cantidad de pueblos quemados o destruidos tras ser objeto preferente de los bombardeos de la artillería pesada. Las propias fuerzas azeríes no dudaron en dirigir sus proyectiles contra Stepanakert, alcanzando objetivos no militares con el fin de extender el terror entre la población civil. Es probable que esto explique el ensañamiento de las tropas armenias tras la toma de Jóyali el 26 de febrero, desde donde se bombardeaba la capital del enclave en disputa, siete kilómetros al sur. Centenares de civiles azeríes, con toda probabilidad cerca de mil —y entre los cuales se ocultaban combatientes—, fueron masacrados mientras huían en dirección al norte, hacia la ciudad de Ağdam, controlada por las fuerzas de Azerbaiyán. Parece ser que los hechos tuvieron lugar de forma espontánea, sin órdenes expresas por parte del mando armenio, aunque no está del todo claro. Lo que sí salta a la vista es que el día de la matanza se cumplían cuatro años del pogromo de Sumgait (Shamkhal e Ismayil, 2016: 291-303). Así pues, dentro de la espiral de violencia desatada por el conflicto, el 10 de abril los azeríes tomaron el pequeño pueblo de Maraga, en el extremo norte del Alto Karabaj, un lugar donde habían ido a parar muchos refugiados armenios expulsados de Azerbaiyán, algunos de ellos procedentes de Sumgait. Muy superiores en medios, las fuerzas asaltantes decapitaron o quemaron vivos a unos 50 habitantes, saqueando y arrasando el pueblo a conciencia y llevándose consigo como rehenes a otro medio centenar de personas, entre ellos mujeres y niños. La mayoría de estos últimos fueron sometidos a vejaciones de diversa naturaleza, y 19 de ellos permanecen en paradero desconocido (Denber y Goldman, 1992: 29; Cox, 1998).

A pesar de que estos primeros choques no dieron lugar a un conflicto de tipo regular, sí que fueron el marco en el que se produjo la movilización definitiva de los dos ejércitos que pugnarían entre sí hasta el año 1994. En un primer momento ambos se nutrieron de voluntarios, aunque pronto se impuso también el reclutamiento forzoso de todos los varones de entre 18 y 45 años. Vale la pena destacar que muchos de ellos habían cumplido su servicio militar en el Ejército Rojo e, incluso, habían tomado parte en la guerra afgano-soviética, con lo cual tenían experiencia táctica y en el uso de armas, cuando no también de combate. Sin embargo, existió una diferencia decisiva en este sentido entre los armenios, destinados por lo general a unidades militares de primera línea, y los azeríes, discriminados dentro de las fuerzas soviéticas por motivos étnicos y relegados al cumplimiento de trabajos de construcción o en el ámbito de los servicios. Este contraste en cuanto a experiencia y conocimientos militares fue decisivo para que los armenios pudieran salvar la gran superioridad azerí en medios humanos y materiales (Chorbajian et al., 1994: 13-18, 68-73). Otro factor muy importante que explica la eficacia de los armenios en combate tiene mucho que ver con el hecho de que detrás de las operaciones de sus fuerzas militares estaba la mano del antiguo general del Ejército Rojo Anatoli Zinevich (1932-2000), uno de los militares mejor formados de las extintas fuerzas soviéticas, asesor en la guerra entre Etiopía y Somalia (1977-1978) y jefe de Estado Mayor de la campaña afgano-soviética, donde estuvo destinado ocho años.

En este caso, los servicios de Zinevich fueron requeridos por el propio ministro de Defensa armenio, Vazgen Sargsyan (1959-1999), un joven que había forjado su prestigio al calor de las movilizaciones promovidas por el MNPA y de su papel clave comandando unidades de voluntarios en los primeros combates irregulares de 1989 a 1990 contra las fuerzas azeríes en la frontera con el enclave de Najicheván. Sin embargo, su condición de hombre fuerte del nuevo Estado acabó por cimentarse con la creación del que más tarde sería el esqueleto del Ejército armenio, que tendría como resultado la creación de un Regimiento Especial de 2300 combatientes. Sargsyan tuvo éxito en su gestión de la guerra desde el principio, consiguiendo en la primavera de 1992 algunos triunfos militares armenios decisivos para el posterior desarrollo del conflicto, como la toma de Shusha y Lachin en la primera mitad de mayo, que permitía establecer un corredor entre Armenia y el Alto Karabaj, al tiempo que aseguraba el control del enclave. No menos decisiva fue la llegada de Zinevich a principios del verano de ese año, un momento de máxima gravedad para las fuerzas armenias, pues contribuyó a consolidar su sistema defensivo y su capacidad operativa. Así pues, una vez más vemos el papel clave del elemento transnacional en las guerras civiles del siglo XX, sobre todo por la transferencia de conocimientos en lo referente a técnicas y métodos de combate o políticas de ocupación. No es casual que ocurriera algo análogo al otro lado, donde uno de los asesores y aliados más importantes del bando azerí fue el veterano del conflicto afgano-soviético Gulbuddin Hekmatjar (1949-), señor de la guerra y líder radical musulmán fundador del Partido Islámico, un movimiento de oposición a la ocupación del Ejército Rojo en Afganistán que había sido financiado por las potencias occidentales y Arabia Saudí. Gracias a sus gestiones al inicio de su periodo como primer ministro afgano facilitó la llegada de al menos un millar de combatientes muyahidines procedentes de Afganistán, que entraron en escena en Azerbaiyán durante el verano de 1993, otro momento crucial de la guerra (LeVine, 1993; Taarnby, 2008). Por lo tanto, una vez más se pone de manifiesto hasta qué punto Afganistán ha constituido un cruce de caminos clave en las fronteras imperiales de la Guerra Fría, de ahí que sea necesario para comprender las guerras civiles en todo el espacio euroasiático y africano desde los años ochenta, pero sobre todo durante los noventa (Taarnby, 2008: 6; Hussain, 2005: 167).

Las guerras civiles de la posguerra fría y de la actualidad se han caracterizado cada vez más por números relativamente reducidos de combatientes, por la gran dispersión de los grupos armados y también por su capacidad creciente para sembrar el terror y la destrucción, y en esto queda claro que se sigue la evolución de los conflictos internos en el medio siglo anterior. Disponer de un suministro regular de munición y contar con armamento pesado puede ser de vital importancia, pero de nada sirve si no se cuenta con el personal capaz de explotar su poder mortífero, tanto en el campo de batalla como en la mesa de operaciones. Por eso mismo, la movilidad transnacional y la experiencia de militares profesionales y veteranos que se ganarían su sustento yendo de guerra en guerra es cada vez más importante. Buena prueba de lo que decíamos es que cuando el conflicto del Alto Karabaj llegó al clímax a partir del verano de 1992, fruto de la ofensiva azerí destinada a destruir la resistencia armenia en el enclave y a tomar el control definitivo de este, el número de tropas desplegadas por Azerbaiyán sumaba unos 8000 hombres, a los que había que añadir el apoyo de varias decenas de vehículos blindados y helicópteros de combate. Tampoco es diferente en este sentido el conflicto de Transnistria, donde tuvo un papel decisivo el general Aleksandr Lebed (1950-2002). Este veterano oficial de la guerra afgano-soviética también había participado en el despliegue del Ejército Rojo para tratar de sofocar las revueltas nacionalistas en Georgia y en Azerbaiyán entre 1989 y 1990, y a principios del verano se puso al mando del 14.º Ejército soviético. No solo se posicionó verbalmente a favor de Ígor Smirnov (1941-), presidente de Transnistria, sino que además, siguiendo órdenes expresas del gobierno ruso, apoyó con sus propias tropas y armamento pesado a las fuerzas de la república autoproclamada, poniendo fin a la guerra y consolidando la posición de los secesionistas. Por lo demás, si vamos a las cifras de combatientes implicados en el conflicto por cada bando y a los resultados de este nuestra tesis se refuerza, porque 8500 moldavos armados y entre 5000 y 7000 en el bando transnistrio habían sido suficientes para acabar con la vida de 1000 personas y, lo que es más significativo, para forzar a 100 000 refugiados a abandonar sus casas (Vahl y Emerson, 2004: 7-8).

En el caso de la ofensiva azerí, sus fuerzas militares consiguieron romper las defensas armenias al norte del enclave, propiciar que los 60 000 habitantes de toda la región de Goranboy abandonaran sus hogares y extender el pánico entre sus enemigos, que tras perder la mitad del Alto Karabaj en menos de un mes parecían estar a punto de claudicar. Sin embargo, lo intrincado del terreno, los problemas de abastecimiento y las tácticas de hostigamiento practicadas por las fuerzas armenias paralizaron la ofensiva, hasta el punto de permitir una reorganización de su Ejército con el apoyo de los rusos, que proporcionaron vehículos blindados y tanques. De este modo, a lo largo del otoño y el invierno de 1992-1993 los armenios consiguieron recuperar la mayor parte del terreno perdido durante la ofensiva azerí. Sin embargo, el desarrollo de este conflicto y otros muchos puso de manifiesto hasta qué punto la viabilidad del complejo entramado étnico transcaucásico había sido posible gracias al sistema soviético, con todos sus problemas estructurales y situaciones injustas, pero también en qué medida dependía la población de este para su mera subsistencia en cuestiones básicas como el abastecimiento energético y la distribución alimentaria. De hecho, ya lo hemos visto también en el caso yugoslavo, muy similar en ciertos aspectos. Por lo que respecta a Armenia, la guerra colapsó por completo la economía del país, no ya solo por las exigencias bélicas, sino sobre todo por las consecuencias del bloqueo fronterizo azerí y turco, que revelan una vez más la naturaleza de los conflictos internos como una guerra contra el civil, valga la redundancia. Y volvemos a la interdependencia territorial en una región como el Cáucaso, tan compleja a nivel económico, orográfico y político (German, 2012: 216-229). Aunque no podemos entrar a fondo en estos casos, la ya de por sí difícil situación de Armenia se vio muy agravada por la paralización de los convoyes procedentes del norte, que también dejaron de cruzar las tierras de la vecina Georgia, sumida en graves desórdenes internos y guerras civiles entre 1988 y 1993, sobre todo en los territorios secesionistas de Abjasia y Osetia del Sur (Cotter, 1999; Welt, 2009; Kakachia y Minesashvili, 2015).

Como ha venido siendo común en la mayor parte del siglo XX, la del Alto Karabaj fue una guerra civil que enfrentó a dos países pobres en un momento de reordenamiento geopolítico internacional y disolución imperial, y que por tanto implicó múltiples injerencias por parte de potencias extranjeras, que combatían por sus propios intereses. Esto explica que en buena medida el conflicto acabara por la extenuación de los contrincantes, en este caso Armenia y Azerbaiyán, algo que hoy en día está bien respaldado por las evidencias (Papazian, 2008 y 2016). De hecho, la población civil y los combatientes armenios sufrieron terribles dificultades y privaciones durante los fríos inviernos de 1991-1992 y 1992-1993. En muchas ocasiones no disponían ni de agua caliente ni de medios para combatir las bajas temperaturas, a lo cual se sumaban las dificultades para acceder a los productos más básicos, problemas que fueron salvados puntualmente con el apoyo de la Comunidad Económica Europea, las gestiones de la diáspora y la ayuda energética prestada por Irán a través de la frontera sur de Armenia (Chrysanthopoulos, 2002). Por mucho que nada de ello contribuyera a reactivar la economía del país, lo cierto es que permitió culminar el conflicto con éxitos militares muy importantes entre las primaveras de 1993 y 1994, garantizando la conquista de un área de seguridad en torno al Alto Karabaj, así como de todos los territorios que separaban el enclave de Armenia por el oeste y el sur, poblados mayoritariamente por azeríes y kurdos. Todas las operaciones del último año de guerra estuvieron presididas una vez más por políticas de ocupación dirigidas a la expulsión de la población civil autóctona, jugando un rol importante las unidades paramilitares. Se trata de un escenario comparable al que se había dado en el curso de las acciones ofensivas azeríes, pero también al que podemos observar en Bosnia de forma contemporánea. La situación llegó a ser de una gravedad tal que Turquía movilizó y envió tropas a su frontera con Armenia a principios de septiembre de 1993, siendo disuadida de intervenir únicamente por la aparente determinación del gobierno ruso a responder con la fuerza cualquier intento en ese sentido. Por el camino Azerbaiyán sufrió varias crisis políticas, con intentos de golpes militares incluidos que llevaron al país al borde de la guerra civil, sobre todo tras el frustrado mandato del candidato del FPA, Abulfaz Elchibey (1938-2000), que había sido incapaz de parar el descalabro militar azerí. Esto acabó llevando al poder al líder de Najicheván, Heydar Aliyev, tras haberse movido hábilmente en su pequeña y autoproclamada república, donde había conseguido negociar un alto el fuego por separado con Armenia en la segunda mitad de 1992 y donde puso las bases para su vuelta al poder.

Así pues, el final de la guerra llegó con las costuras de la sociedad azerí tensadas hasta el límite. Entre otras cosas, esto fue lo que permitió la llegada de los más de mil voluntarios afganos que mencionábamos con anterioridad. De hecho, ya en un momento tan temprano como 1991 había favorecido que asesores militares estadounidenses se ofrecieran a las autoridades de Bakú a cambio de garantizar derechos de mantenimiento y explotación sobre los campos de petróleo del país para diversas compañías del sector, agrupadas bajo el paraguas de una especie de sociedad fantasma llamada MEGA Oil (Gurdilek, 1994; Goltz, 1999: 272-276). Parece ser que estas negociaciones encubiertas estuvieron encabezadas por dos veteranos de la CIA, Harry C. «Heinie» Aderholt (1920-2010) y Ed Dearborn, que en este caso actuaban respaldados por las gigantes petroleras BP y Amoco, y que ya habían estado envueltos personalmente en otros escenarios bélicos con un papel estadounidense decisivo: las guerras civiles en Laos y Nicaragua. Ellos se encargaron de hacer posible la llegada de los muyahidines afganos, que según parece tuvieron un papel importante en el derrocamiento del gobierno de Elchibey y en la llegada al poder de Aliyev, convertido en un aliado firme de Estados Unidos, y aunque este tipo de vínculos entre grandes corporaciones, golpes de Estado e intereses geoestratégicos siempre son difíciles de desentrañar y demostrar vale la pena apuntarlos (Guldbrandsen y Moe, 2007: 820-821). Una vez más, quedaría clara la relación directa entre la guerra y la expansión del capitalismo, entre los conflictos internos y la penetración financiera, la redistribución de recursos estratégicos y el establecimiento del nuevo orden estadounidense en la posguerra fría.

En definitiva, el final de la guerra tuvo lugar en condiciones terribles, con las fuerzas armenias agotadas y con el Estado azerí enviando a combatir a muchachos de apenas dieciséis años casi sin adiestramiento militar. Dada la falta de armamento pesado, buena parte de este perdido y capturado por los armenios en los combates del año anterior, los restos del Ejército azerí fueron utilizados como carne de cañón en una táctica que se había mostrado inútil una y otra vez frente al poder del armamento moderno desde la Gran Guerra hasta el conflicto de los años ochenta entre Irán e Irak: los ataques de infantería en oleadas tratando de desbordar las defensas enemigas a la desesperada (Croissant, 1998). Según los observadores internacionales, el éxito militar de los armenios se explica en buena medida por una moral mucho más alta, la cual nacía de la convicción, real o no, de que su supervivencia como comunidad dependía del resultado del conflicto en el Alto Karabaj (Mirsky, 1997: 69). Por lo demás, es imposible establecer el balance de víctimas a la firma del alto el fuego en mayo de 1994, si bien se calcula que los armenios sufrieron unas 26 000 bajas militares, 6000 de ellos muertos, mientras que las azeríes se contarían en 80 000, con entre 25 000 y 30 000 muertos. En lo referido al número de civiles asesinados por los dos bandos supera el millar en ambos casos con toda probabilidad, si bien es en el ámbito de las expulsiones forzosas donde se pone de manifiesto la crueldad del conflicto, con 724 000 azeríes expulsados de sus hogares y entre 300 000 y 500 000 armenios (De Waal, 2003: 285). En este sentido, vale mucho la pena acercarse al documental del reportero de guerra Vardan Hovhannisyan, A Story of People in War and Peace [Una historia de la gente en la guerra y en la paz] (2007), que de forma coral recoge las experiencias de guerra individuales y las consecuencias devastadoras de los enfrentamientos por el Alto Karabaj. Esta visión se completaría con la obra fílmica del también armenio Harutyun Khachatryan, Border [Frontera] (2009), donde queda bien reflejado el drama de la guerra, del desarraigo a través de los refugiados y de su convivencia con sus nuevos vecinos en sus lugares de acogida. De hecho, a día de hoy sigue sin llegarse a un acuerdo de paz y el conflicto se ha reactivado de forma periódica en escenarios localizados. Mientras tanto, el Alto Karabaj continúa siendo una república independiente de facto, aunque no reconocida a nivel internacional, lo cual no ha sido óbice para que haya seguido condicionando en gran medida la política y la construcción de los estados armenio y azerí durante la posguerra (Hirose y Jasutis, 2014).

Chechenia, estado fallido. Guerra, modernidad y reinvención de la tradición, 1991-2000

CHECHENIA, ESTADO FALLIDO. GUERRA, MODERNIDAD

Y REINVENCIÓN DE LA TRADICIÓN, 1991-2000

El Cáucaso y el espacio postsoviético son importantes porque nos sirven como atalaya privilegiada para entender varias cuestiones cruciales relacionadas con las guerras civiles: la dimensión transnacional de los conflictos en general y, también, su capacidad de contagio; su papel en la construcción de nuevos estados-nación, en la consolidación de los ya existentes o en su destrucción; la importancia crucial de los intereses y actividades de los agentes y los poderes locales o regionales; el funcionamiento de las políticas imperiales, dirigidas al mantenimiento y la construcción de las hegemonías; y, en definitiva, los cambiantes equilibrios internacionales. Una vez más lo vemos de forma muy clara en la guerra civil chechena, que tuvo múltiples ramificaciones por todo el Cáucaso y que con diferentes picos se prolongó desde 1994 hasta el año 2009, en paralelo a otras guerras internas cruciales para entender el presente, como las de las repúblicas caucásicas vecinas, las yugoslavas y las afganas. Sin embargo, hasta el 1 de diciembre de 1994, cuando se produjo la primera intervención militar rusa contra la autoproclamada república de Chechenia, la situación en aquella tierra de frontera era cuanto menos paradójica. Ya no solo es que fueran constantes los enfrentamientos abiertos entre facciones opositoras y las altas tasas de violencia intracomunitaria, sobre todo con la marginación, inmigración y expulsión de poblaciones eslavas, sino más aún por los tratos y negocios a los más diversos niveles entre la clase política rusa y la chechena, incluidos opositores y subordinados del primer presidente checheno, Dzhojar Dudáyev (1944-1996).

Merece la pena acercarnos a esta controvertida figura, principal promotora de la independencia de Chechenia, porque una vez más vemos hasta qué punto las trayectorias individuales y las experiencias que estas tienen tras de sí son cruciales para entender el pasado y la dimensión transnacional inherente al mundo castrense y de la guerra. Apenas recién nacido, Dudáyev fue deportado junto a su familia a Kazajistán junto con medio millón de chechenos e ingusetios bajo la acusación de colaboracionismo con la Wehrmacht y como parte de las políticas de seguridad fronteriza impulsadas por Iósif Stalin. Allí pasaría los primeros trece años de su vida, hasta que ambas comunidades por fin pudieron regresar a sus hogares en 1957. Tras graduarse como piloto en 1966 y unirse al Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), dos años después acabaría tomando parte en operaciones de bombardeo estratégico contra la resistencia muyahidín en el marco de la guerra afgano-soviética, lo cual le valió por entonces las más altas condecoraciones, pero más tarde las críticas de sus enemigos políticos, que lo acusaron de hacer la guerra contra hermanos musulmanes. De hecho, su carrera fulgurante en las fuerzas armadas soviéticas supuso su ascenso a general mayor en 1987, siendo puesto a cargo de la guarnición de bombarderos estratégicos de Tartu (Estonia) en 1990, coincidiendo con las primeras movilizaciones nacionalistas, que se negó a reprimir contraviniendo las órdenes llegadas desde Moscú. De hecho, el contacto con la realidad de la sociedad estonia fue revelador para él, hasta el punto de impulsarle a indagar en sus orígenes chechenos, en las tradiciones y la historia de su país natal, que hasta entonces parece que no habían tenido mucha importancia en su vida. Así pues, al final de la primavera de 1991 y tras renunciar a sus galones en el Ejército Rojo volvió a Grozni, implicándose a fondo en la política chechena para «echar a los comunistas, los imperialistas». Tampoco es muy diferente la trayectoria del que en 1997 habría de convertirse en el tercer presidente de Chechenia, Aslán Masjádov (1951-2005), que durante la guerra de 1994-1996 fue el jefe del Estado Mayor del Ejército checheno y, por tanto, su materia gris. También su familia sufrió la gran deportación del año 1944, de ahí que Masjádov naciera y pasara los primeros años de su vida en la desértica región kazaja de Karagandá. De hecho, al igual que Dudáyev, haría carrera militar en el Ejército Rojo, alcanzando en 1990 el cargo de jefe del Estado Mayor de las fuerzas balísticas y de artillería desplegadas en Vilna, donde también asistió al auge del nacionalismo lituano y a la independencia de la pequeña república báltica (Gall y De Waal, 1997: 83-89).

El «Salvaje Este» en el paso del comunismo al capitalismo: mafias, violencia y (des)orden poscolonial en las fronteras soviéticas, 1991-1994

El «Salvaje Este» en el paso del comunismo

al capitalismo: mafias, violencia y (des)orden poscolonial

en las fronteras soviéticas, 1991-1994

Las tensiones y la conflictividad no eran nada nuevo en la relación de Chechenia con las autoridades centrales en Moscú; basta con ver el recorrido vital de Dudáyev y Masjádov. Sin embargo, nada de esto hacía inevitable el desastre que se precipitó sobre la población del país, cuyas consecuencias sigue arrastrando a día de hoy. Las políticas imperiales en la región, tanto las impulsadas por la Rusia zarista primero como por parte de la Unión Soviética después, se basaron de forma muy clara en la segregación y marginación socio-política y económico-cultural de los chechenos e ingusetios frente a sus vecinos de origen eslavo, que por lo general habían llegado allí como parte de las políticas de colonización y control del territorio impulsadas desde Moscú. El propio tejido poblacional de Chechenia e Ingusetia era muy revelador del orden imperante: la ciudad industrial de Grozni, centro económico y administrativo, estaba habitada en su mayoría por eslavos —270 000 de sus 400 000 habitantes—, que ostentaban los principales cargos en la gestión de la vida de ambos países, las fuerzas del orden público o el partido. Esto contrastaba vivamente con la situación de atraso endémico en que era mantenido todo el espacio rural en torno a la capital, poblado mayoritariamente por chechenos e ingusetios, algo que deja al desnudo las consecuencias del particular sistema de dominación del Estado soviético y del proceso de modernización que impulsó.

En este sentido, no resulta sorprendente que el propio Dudáyev tuviera que ocultar sus orígenes chechenos para poder hacer carrera en el Ejército Rojo, identificándose como osetio, pueblo de fe ortodoxa en su mayoría y aliado histórico de las autoridades rusas en la región. Para más inri, la extrema pobreza, el paro masivo y la desarticulación económica estructural que sufría la sociedad autóctona no se correspondía para nada con la gran riqueza de una región petrolera y un centro industrial como Grozni, cuyos beneficios por supuesto no revertían sobre los chechenos e ingusetios. Así pues, existen motivos bien fundados para afirmar que la independencia y las características de las guerras civiles que ha contribuido a desatar encuentran parte de su explicación en la situación de desigualdad y emergencia social que se vivía en Chechenia e Ingusetia, algo perfectamente extrapolable a otras repúblicas soviéticas como Tayikistán (Gall y De Waal, 1997: 77-80; Kevlihan, 2016). El siempre intuitivo y sorprendente director de cine e historiador Aleksandr Sokúrov fue uno de los que mejor supo reflejar esa situación de calma chicha que se vivía en las fronteras meridionales de la Unión Soviética a finales de los años ochenta. Su inquietante Días de eclipse (1988), que tiene como protagonista a un médico ruso destinado a la república centroasiática de Turkmenistán, reflexiona sobre la condición de colonos de los eslavos residentes en estas regiones, encumbrados como representantes de la civilización y del poder frente a los autóctonos de las periferias soviéticas, al tiempo que nos muestra las tensiones y el malestar que generaba su presencia.

Antes que nada, es necesario señalar las particularidades de la sociedad y la cultura chechenas. Estas se estructuran en torno a más de un centenar de clanes étnicos (teip) basados en la consanguineidad, el respeto al honor, la Ley del Talión y, muy importante, los grandes sistemas de alianzas entre estos (tukkhum) con los más diversos fines, desde la gestión de los recursos y la explotación del territorio hasta hacer la guerra. Por su parte, los clanes se subdividen en los llamados rod, que integran a individuos de una misma familia hasta la cuarta generación. Estas estructuras de poder y formas de organización social tradicionales habían sobrevivido a los procesos de modernización impulsados por la Unión Soviética, en buena medida por la marginación y segregación a la que fueron sometidos chechenos e ingusetios, con el agravante de que habían de convivir de manera conflictiva con los efectos de esa modernidad, tal y como se iba a poner de manifiesto en los años noventa. Esta cuestión la matiza y expone un gran conocedor del caso checheno, Jonathan Littell, que trabajó allí durante el conflicto ruso-checheno como parte del personal de una ONG. El activista y escritor señalaba dos factores con la sagacidad que lo caracteriza. Por un lado, apunta que, a causa de la guerra y el «completo desbaratamiento de la sociedad que trajo esta consigo, es posible que Chechenia haya pasado de golpe de la época tradicional a la época posmoderna, a esta época contemporánea de globalización» y relativismo, habiendo debilitado de forma irreversible la influencia de la tradición y la religión sobre la sociedad por efecto de la modernización soviética. Pero también, que a pesar de que

las estructuras arcaicas perviven en los cimientos de las conductas, por encima se apila una gruesa mezcla de dinero, de negocios, de teléfonos móviles, de Porsches «Cayenne» y de Hummers, de un despotismo oriental, de una carencia total de frenos y, como guinda, de una religión vuelta a inventar a medias, radicalizada a medias y de un kitsch neo-tradicional (Littell, 2010: 92-94).

Esta realidad, unida al modo en que se sucedieron los hechos a partir de la primavera de 1991, marcaron en buena medida el devenir de los acontecimientos en Chechenia. De hecho, los hombres que apoyaron en un primer momento a Dudáyev a nivel económico, intelectual, social y político creían que podrían servirse de él como una figura de relumbrón que diera lustre y prestigio a sus planes. Al fin y al cabo, este exoficial soviético no tenía algo que se consideraba fundamental para ejercer el poder de forma efectiva en Chechenia: buenas conexiones con los clanes étnicos más influyentes del país, carencia agravada tras su larga ausencia durante treinta años, con regresos fugaces para visitar a la familia de forma puntual. La sucesión de hechos dentro del acelerado proceso de desintegración de la Unión Soviética, muy marcado por el conflicto político entre Gorbachov y Yeltsin, y más tarde dentro de la propia Rusia postsoviética, les revelaría muy pronto hasta qué punto estaban equivocados. (Gall y De Waal, 1997: 91-92, 100-102).

Chechenia fue un Estado fallido casi desde que comenzó a dar sus primeros pasos. De hecho, podría decirse que apenas se hicieron intentos serios por construir una estructura burocrática racional y capaz de responder a los retos de un país independiente. Bien pensado, la situación chechena en los años noventa no difiere en exceso de otros escenarios poscoloniales como el congoleño en los sesenta: una sociedad segregada entre colonos y colonizados, falta de personal especializado entre los segundos y mecanismos de gestión en manos de los primeros, con las consiguientes luchas por el poder y el caos derivado del desmantelamiento del sistema de dominación preexistente. En cualquier caso, lo cierto es que Dudáyev consiguió el respeto de sus conciudadanos a finales de 1991 al presentarse como el hombre providencial que había hecho posible la expulsión de Rusia del país. Pero en última instancia esto se explica por las desavenencias entre un Gorbachov en sus últimos días al frente del poder y un Yeltsin que aún no contaba con sus propias fuerzas militares para hacer valer su poder en Chechenia. Esa fue la ventana de oportunidad en la que Dudáyev construyó su autoridad: la brecha en la jerarquía y el sistema de dominación soviéticos, que a su vez se encuentra entre las principales causas de su disolución. Sin duda alguna, el líder soviético disfrutaba de una pírrica victoria ante el espectáculo de ver humillada a su bestia negra, que aún dependía del Estado en materia militar. Así pues, el único intento de hacer volver a los chechenos al seno de la federación rusa por la fuerza fue un sonoro fracaso debido a la falta de coordinación y apoyos, pero no menos a la oposición de centenares de miles de ciudadanos concentrados en Grozni el 9 de noviembre.

Sin embargo, como decíamos, durante los tres años previos a la intervención rusa de finales de diciembre de 1994 Dudáyev y sus gobiernos se mostraron incapaces de plantear una alternativa que devolviera a los chechenos cualquier atisbo de una vida normal: los servicios públicos se colapsaron por los impagos; gran cantidad de hombres armados con ropas de camuflaje pululaban por todo el país; los antiguos cuarteles y arsenales del Ejército Rojo en la región fueron asaltados, haciendo que prosperara un lucrativo tráfico de armas a nivel privado y estatal como una vía de financiación; la muerte, la huida forzosa o la inmigración de la mayor parte de la población eslava del país, que en 1989 eran unos 300 000 y que con la independencia habían sido relegados a la condición de ciudadanos de segunda; la entrada en barrena de una economía dependiente en extremo del petróleo y de los técnicos capaces de mantenerla en marcha, la mayor parte de origen eslavo; los crecientes índices de criminalidad, que afectaban por igual a eslavos y chechenos; la corrupción rampante en todos los ámbitos de la gestión política y económica del país, muy especialmente en torno al petróleo; la desarticulación de los circuitos de distribución y del mercado laboral, forzando a la mitad de la población chechena a vivir del mercadeo con todo tipo de bienes importados, sobre todo electrodomésticos y aparatos electrónicos adquiridos en viajes irregulares al extranjero y vendidos a precios más altos gracias a la particular situación de Chechenia (Gall y De Waal, 1997: 103-136).

La vida de Chechenia quedó en manos de una camarilla de profanos en política y auténticos mafiosos en materia económica, mucho más preocupados por prosperar y extender sus redes clientelares que por construir un Estado viable. En buena medida esto fue consecuencia de las peregrinas visiones del propio presidente de la autoproclamada república caucásica, que como suele ocurrir con muchos militares de carrera tenía una visión cuartelera de la economía y la sociedad, algo agudizado por su formación soviética, según la cual todo tenía que estar controlado por el Estado. Dicha cosmovisión, unida al clima de liberalismo económico reinante tras el fin de la Guerra Fría, explican el fracaso de Dudáyev a la hora de llegar a un entendimiento con algunos de los tecnócratas a los que invitó a formar parte del gobierno. Su forma personalista de ejercer el poder, puesta de manifiesto reiteradamente en su intensiva, excéntrica y fracasada campaña diplomática por conseguir el reconocimiento internacional de Chechenia, dilapidó buena parte del crédito que pudiera tener en un primer momento. Su oferta de asilo a Zviad Gamsajurdia (1939-1993), primer presidente elegido democráticamente en Georgia en la primavera de 1991 y derrocado por un golpe de Estado de la oposición con el apoyo ruso a finales de año, fue aceptada después de ser rechazado por Azerbaiyán y tras un fugaz paso por Armenia. De hecho, este líder georgiano, que había heredado una situación de guerra civil abierta en Osetia del Sur y Abjasia desde 1989 y que se había caracterizado por una praxis política cada vez más autoritaria, volvería a su país en septiembre de 1993 para intentar recuperar el poder. Durante esos meses participó en el conflicto interno multidireccional que estaba teniendo lugar en Georgia, consiguiendo construir una base de poder en torno a la ciudad de Zugdidi, al oeste del país, desde la cual operó con relativa libertad y estuvo a punto de hacerse con el control político. No obstante, fue privado de ello, en última instancia, porque la inestabilidad creciente en el interior del país y la toma del estratégico puerto de Poti en el mar Negro ponían aún más en peligro los equilibrios e intereses de los diferentes actores en la región, ya de por sí muy comprometidos. Esto redundó en la pérdida de cualquier apoyo por parte de los países vecinos, como Armenia y Azerbaiyán, pero sobre todo de Rusia, que además envió un contingente de 2000 hombres que aplastó el gobierno de Gamsajurdia, quien murió a finales de año en circunstancias extrañas. Por el camino habían quedado unos 21 000 muertos y cerca de 400 000 refugiados por diversas razones dentro de un conflicto territorial no resuelto, con Abjasia y Osetia del Sur como repúblicas autoproclamadas y apoyadas por Rusia, tal y como pudimos ver en la invasión rusa de Georgia de 2008 (Goltz, 2006).

Tampoco era mucho mejor la situación en la vecina Ingusetia a finales de 1992. A pesar de haber optado por abandonar la vía chechena hacia la independencia y haberse integrado en la federación rusa, las autoridades del país caucásico se toparon con la indiferencia de las autoridades en Moscú frente a sus reivindicaciones sobre los territorios perdidos a manos de Osetia en 1944 por designio de Stalin y en el marco de las deportaciones de ese mismo año. Dentro del complejo equilibrio de poderes del Cáucaso postsoviético, el Estado ruso se puso del lado de sus aliados tradicionales en la región, los osetios, según los prejuicios de largo alcance dominantes en la administración más confiables que los musulmanes. Así pues, en el otoño de 1992 se produjeron violentos choques en la región por parte de ingusetios armados que se infiltraron en los territorios orientales de Osetia del Norte para tomar el control de los mencionados territorios mediante la expulsión de sus habitantes, algo que fue contestado desde Moscú con el despliegue de fuerzas que detuvieron a las milicias y se enfrentaron a ellas. A finales de año el número de refugiados alcanzaba las 65 000 personas en una región que apenas llegaba al tamaño de La Rioja, a lo cual había que sumar varios centenares de muertos y la quema de 3400 pueblos, la mayoría ingusetios (Gall y De Waal, 1997: 116-117). De hecho, la situación de Chechenia, en un limbo jurídico-legal desde finales de 1991, unida al escenario de guerra endémica en dicho país a partir del verano de 1994, no contribuiría en nada a normalizar la situación de Ingusetia, a pesar de la llegada a la presidencia de otro veterano oficial soviético de la guerra de Afganistán, Ruslan Aushev (1954-). Este ingusetio nacido en Kazajistán en el seno de una familia de deportados no tuvo ningún reparo en oponerse verbalmente a las políticas rusas y a los abusos de poder de las autoridades federales a lo largo de los años noventa, aunque de poco le sirviera, además de llevar a cabo intentos de mediación entre los líderes chechenos y rusos, los cuales también fracasaron (Gall y De Waal, 1997: 122). Una vez más, las trayectorias de muchos actores de las guerras civiles de la década final del siglo XX en adelante encontraban un cruce de caminos clave en el conflicto afgano-soviético, que en el caso del Cáucaso se sumaba también a la experiencia de la deportación.

Hay autores que defienden que si el Estado ruso no abordó antes la cuestión chechena fue por dos razones básicas: primero, porque tenía problemas en apariencia más urgentes; y segundo, porque en el marco de la desintegración soviética Grozni se había convertido en un lucrativo y turbio bazar para los negocios, donde mafias y élites políticas de uno y otro lado prosperaron con el tráfico de armas, drogas, petróleo y el lavado de dinero. A pesar de ser un Estado independiente de facto, las rutas terrestres de entrada a Chechenia nunca fueron cerradas, del mismo modo que tampoco cesaron los vuelos que aterrizaban en la capital desde diversos puntos del planeta. Así pues, estamos ante un caso muy similar al que hemos visto para la ciudad bosnia de Bihać, dentro de la autoproclamada República de Bosnia Occidental (Jentleson, 2000: 46). Con el fin del comunismo, el este se convirtió en el nuevo Salvaje Oeste, siguiendo la metáfora del mito estadounidense del siglo XIX, lo que algunos autores han señalado con gran acierto como la conversión de Rusia en un «enorme espacio de capitalismo salvaje», y la pequeña república caucásica era un cruce de caminos clave en todo este entramado (Veiga, 2009: 129). Es más, se da la circunstancia de que a mediados del año 1992 la compañía petrolera tejana EnForce firmó una serie de ambiciosos acuerdos comerciales con Dudáyev, algunos de los cuales no se pudieron desplegar por la inestabilidad reinante en la región. No deja de ser sorprendente y revelador del carácter de la época el hecho de que las compañías estadounidenses pudieran entrar hasta el patio trasero de Rusia para hacer negocios. De ahí que otros sostengan que fueron «las oportunidades para el negocio», en una Chechenia situada en un limbo legal, las que favorecieron que el régimen de Dudáyev se mantuviera en pie a pesar de todo y durante tanto tiempo. Dentro de la rapacidad que despertó la ola de privatizaciones de la estatalizada economía soviética hubo quien encontró un campo bien abonado para seguir prosperando en el Cáucaso, incluidos altos funcionarios y hombres de negocios que no dudaron en hacer lucrativas transacciones y tratos con las mafias chechenas, al tiempo que torpedeaban las políticas del gobierno para tratar de provocar el fin del secesionismo (Gall y De Waal, 1997: 124-133).

Así, nos encontramos con que a la altura del verano de 1994 Chechenia «se había convertido en un reino shakesperiano» donde «grupos armados deambulaban por el país a voluntad y» donde «no había fronteras fijas ni líneas del frente» (Gall y De Waal, 1997: 116). Bien es cierto, y eso hay que subrayarlo de forma muy clara, los chechenos en general fueron y son víctimas de un estereotipo negativo construido a conciencia por la manipulación informativa rusa y por muchos periodistas occidentales ávidos de transmitir a sus lectores autocomplacencia frente al supuesto exotismo y el carácter atávico de las sociedades en guerra, algo que ya hemos visto de forma muy clara para el caso yugoslavo, pero que es extensible a los escenarios africanos o centroamericanos. La realidad es que la sociedad chechena de los años noventa se dedicó en su gran mayoría a sobrevivir como buenamente pudo en medio de unas circunstancias de extrema dificultad, muchas veces de absoluta pobreza, siendo víctimas en muchos casos de los abusos de sus propias autoridades y conciudadanos dedicados al crimen. Sin embargo, la construcción de arquetipos como el del checheno mafioso, delincuente y aficionado a degollar a sus víctimas, que hunde sus raíces en la visión romántica e interesada del caucásico como bandido, ha sido útil para el Estado ruso: primero para legitimar sus políticas de ocupación durante las guerras de 1994-1996 y de 1999-2009, así como las múltiples atrocidades cometidas por sus fuerzas militares, y segundo para legitimar el régimen político y el sistema de control social establecidos por el Estado en el año 2003 bajo la figura de Ajmat Kadírov (1951-2004), cuya obra ha sido continuada hasta hoy por su hijo Ramzán Kadírov (1976-) (Littell, 2010). Fuera cual fuera la situación mediado el año 1994, hay una cosa bien cierta: Chechenia y buena parte de las repúblicas circundantes se fueron precipitando en una larga y sangrienta guerra civil fruto de la gestión desastrosa e irresponsable del conflicto político por parte de las autoridades federales rusas —encabezadas en primera instancia por Yeltsin—, con una intervención en la región cada vez más evidente y peor planificada, basada además en el uso de la fuerza (Hayden, 1999: 23-56); a todo ello hay que añadir la incapacidad e insensatez del propio Dudáyev. Y esto nos vuelve a poner una vez más ante la realidad de que no hay conflicto inevitable en base a factores estructurales, sino que estos son siempre fruto de la contingencia. Ese elemento sistémico es hasta cierto punto el que otorga a las guerras, civiles o no, su naturaleza, sus dinámicas y sus dimensiones, pero incluso en su desarrollo y por supuesto en su final lo contingente sigue siendo importante.

Desastre político-militar en el Cáucaso Norte. Guerra de reconquista imperial, prestigio por la fuerza y contagio bélico, 1994-2000

Desastre político-militar en el Cáucaso Norte.

Guerra de reconquista imperial, prestigio por la fuerza

y contagio bélico, 1994-2000

A pesar de la extrema gravedad, nada de lo que había ocurrido en Chechenia y en sus territorios vecinos hasta 1994 tiene parangón con lo que vendría a partir de la primera invasión del país a manos de una fuerza rusa de 40 000 hombres, acompañada por un brutal despliegue de armamento pesado y aviación. Lo más trágico de todo es que el propio Yeltsin era bien consciente de lo que podía desatar en todo el Cáucaso una intervención armada en Chechenia, o al menos así lo hizo saber en una entrevista concedida a la prensa el 11 de agosto de 1994, cuando descartó de forma terminante esta posibilidad para poner solución al conflicto con la república díscola. De hecho, dentro del gobierno de Yeltsin hubo algunos de sus hombres de confianza que le expusieron sus objeciones hasta el último momento, lo cual incluyó la dimisión de altos cargos civiles y militares. Sin embargo, como es común a cualquier guerra imperial, esta acabó por desatar un desastre de proporciones inimaginables en toda la región, salvando las distancias, equiparable a la que provocó la invasión y ocupación soviética de Afganistán y el consiguiente apoyo occidental a los muyahidines. Por si esto fuera poco ninguno de los esfuerzos rusos ha redundado en una recuperación real del control político-social sobre el país caucásico. Vale la pena señalar que la primera invasión de Chechenia se ejecutó en base a cálculos cortoplacistas, en este caso por la necesidad de elevar las ratios de popularidad de Yeltsin, que por aquel entonces estaban por los suelos, buena muestra de que la Rusia postsoviética también acabó cayendo presa del electoralismo, las encuestas y las luchas entre el gobierno y la oposición. No por nada, Putin comenzó a construir su autoridad carismática y su poder total en el marco de la segunda invasión del país en 1999 y las operaciones subsiguientes. Después había cuestiones de otra índole: no hay que olvidar que Chechenia era un nudo logístico central para los oleoductos y gasoductos que conectaban los pozos azeríes con el norte de Rusia y el puerto de Novorosíisk, en el mar Negro, de manera que la pérdida de control sobre la región imposibilitaba la firma de grandes y lucrativos contratos (Veiga, 2009: 129; Gall y De Waal, 1997: 137-172).

Desde el primer momento de la invasión se puso de manifiesto el avispero en el que se estaban metiendo las fuerzas armadas rusas, así como lo erróneo del enfoque. Ya antes de entrar en Chechenia, las tres columnas que habían de confluir en Grozni se encontraron con la oposición de correligionarios de los chechenos en las regiones vecinas. La que partía de la república musulmana de Daguestán, al este, fue rodeada por una población civil que consiguió desarmar a los combatientes conscriptos; la que tenía como punto de salida Osetia del Norte no tardó en encontrarse con las protestas de los ingusetios, que salieron a su paso para condenar el uso de la fuerza contra los chechenos, dando lugar a una batalla campal con varios muertos; mientras tanto, la tercera fue la única que consiguió llegar a 25 kilómetros al norte de la capital chechena, donde fue frenada. Aquella resistencia al avance ruso no era más que un anticipo de lo que esperaba durante las siguientes dos décadas a las autoridades y combatientes rusos desplegados en todo el Cáucaso septentrional. No hubo efecto sorpresa, pero sí un Ejército invasor compuesto por combatientes conscriptos que se encontraron cada vez más expuestos ante la abierta hostilidad de los autóctonos, al tiempo que recibían órdenes de proteger a la población civil y de evitar que la situación degenerara en una guerra civil. Muy pronto la situación de cerco, la angustia, la incomprensión de su misión y el agotamiento se apoderarían de los soldados rusos, algo que quedó muy bien reflejado en la crítica pacifista que Aleksandr Sokúrov hizo contra el conflicto checheno en su hermosa película Aleksandra (2007).

Sin embargo, ya era demasiado tarde, sobre todo porque una vez que se despliega la maquinaria militar como forma de hacer política imperial pasa a estar en juego el prestigio, algo crucial en estos casos, y por tanto no hay lugar para las retiradas. Había que ir hasta el final, y eso implicaba que los acontecimientos cobraran vida propia sobre el terreno, como es consustancial a cualquier guerra, y que el peaje a pagar fuera un caudaloso río de sangre y violencia. Una vez más se iban a poner de relieve en Grozni dos cuestiones bien probadas a lo largo del siglo XX: el defensor siempre está en ventaja en los combates urbanos, donde los blindados apenas son de utilidad y de poco sirven el bombardeo y la destrucción masiva provocados por la artillería pesada y la aviación; de igual forma, tampoco tenía ningún sentido el empleo de la fuerza bruta y de un despliegue militar regular frente a una guerra de guerrillas, y menos aún en un entorno extremadamente montañoso como el del Cáucaso, que pronto haría de la región una auténtica ratonera. Claro que en este último punto jugaba un papel esencial el hecho de que el Ejército ruso, heredero directo del soviético, hubiera sido preparado desde hacía décadas para la eventualidad de una guerra convencional. Ni tan siquiera la Constitución rusa preveía cómo gestionar el despliegue de las fuerzas armadas y de seguridad en caso de que explotaran conflictos internos, algo paradójico teniendo en cuenta el modo en que había tenido lugar la disolución de la Unión Soviética, pero comprensible si lo que se quiere es tener carta blanca amparada en la indefinición legal (Mathers, 1999: 100-116).

La capital chechena fue machacada a conciencia después de varios asaltos frontales frustrados, y eso a pesar de que el portavoz del gobierno ruso había afirmado el 14 de diciembre de 1992 que no se haría algo así por el simple hecho de que la ciudad estaba poblada en su gran mayoría por civiles de origen eslavo. De hecho, las diferentes estructuras y situaciones sociales en que vivían los chechenos y los no-chechenos se puso de manifiesto a finales de noviembre. En ese momento, cuando se hizo evidente que habría guerra, Grozni se llenó de coches que traían consigo hombres jóvenes armados y se llevaban de vuelta a los pueblos a familiares para ponerlos a resguardo de lo que se avecinaba. Entre 27 000 y 35 000 civiles, cinco millares de ellos niños, fueron asesinados por las bombas, casi todos eslavos y miembros de otras comunidades que no contaban con esta red de apoyo y que, por tanto, no pudieron salir de la ciudad. Por otro lado, 5000 soldados rusos cayeron en los combates, a lo que hay que añadir un número similar de heridos y la pérdida de gran cantidad de blindados, y ello a pesar de la clara inferioridad numérica y de medios de los combatientes chechenos. Estos aprovecharon a fondo las ventajas de la guerra urbana en las luchas por la capital, que se extendieron de enero a marzo de 1995. He aquí una buena muestra de lo que podría haber ocurrido en la por entonces todavía cercada Sarajevo de haberlo querido las fuerzas serbobosnias y del EPY, solución que seguramente no adoptaron por la cantidad de periodistas de todo el mundo congregados en la urbe, convertida en símbolo del martirio del pueblo bosnio y la barbarie de la guerra. Por supuesto, Grozni no recibió ni de lejos tanta atención en las agendas políticas occidentales; más bien al contrario, aquello era contemplado como un problema interno ruso. Pero lo cierto es que las operaciones contra la ciudad reunieron todos los atributos de la guerra total. Ya no había civiles, a pesar de que 100 000 seguían viviendo en búnkeres y entre las ruinas de una ciudad reducida a escombros, carente desde entonces de cualquier servicio básico; simplemente había un objetivo militar que había que batir con todos los medios disponibles. Fue el bombardeo por saturación más espectacular y destructivo desde la Segunda Guerra Mundial, con 4000 detonaciones cada hora que incluyó el lanzamiento de misiles Grad, morteros, cohetes y bombas pesadas (Gall y De Waal, 1997: 168, 204-227).

No es casual que algunos de los combatientes a cargo de la defensa de la capital chechena, entre 5000 y 7000, tuvieran una experiencia de guerra previa adquirida durante su participación como voluntarios en el conflicto abjasio de los años 1992-1993, comandados por veteranos de dicho teatro bélico que se convertirían en figuras clave de los acontecimientos que estaban por venir, como Shamil Basáyev (1965-2006) y Ruslan Geláyev (1964-2004) (Gall y De Waal, 1997: 205). De hecho, parece que el primero también había tomado parte en la guerra del Alto Karabaj al mando de un batallón de varios centenares de voluntarios chechenos durante el año 1992, y que se había caracterizado por sus métodos brutales al no mostrar excesivos remilgos cuando se trataba de emplearse con la máxima violencia contra la población civil. Sin ir más lejos, se les acusa a él y a sus hombres de haber decapitado durante la guerra de Abjasia a civiles, con cuyas cabezas habrían jugado más tarde al fútbol (Bodansky, 2008: 37). Tras la caída de Grozni serían hombres como el islamista Basáyev, que alcanzaría gran notoriedad, los encargados de dirigir la exitosa guerra de guerrillas contra los rusos desde las montañas chechenas, donde consiguieron hacerse fuertes.

Ante aquella realidad, las autoridades militares rusas desplegaron todo el repertorio que contenía su particular caja de herramientas imperial, heredada directamente de los métodos puestos en práctica durante la reciente y fallida campaña soviética en Afganistán. Al fin y al cabo, tan solo un lustro separaba el conflicto afgano del checheno. Lo único que habían cambiado eran los uniformes, desde luego no los hombres. Esto significa que los métodos propios de la guerra total aplicados en Grozni fueron desplegados ahora contra los pueblos y aldeas de toda Chechenia mediante el uso de aviones y helicópteros, sin diferenciar entre combatientes y civiles, porque a ojos de los aterrorizados soldados rusos y de sus mandos no había distinción posible. Al hablar de los guerrilleros chechenos, uno de ellos recordaba la lógica que suele imperar en toda guerra irregular: «Venían y hablaban con nosotros durante el día, y luego nos disparaban por la noche». El paroxismo del modo en que los rusos enfocaron el conflicto llegaría el 7 de abril, con la toma y el incendio del pueblo de Samashki, así como el asesinato de al menos 250 personas, en su mayoría civiles (Gall y De Waal, 1997: 243-255). El cirujano checheno Khassan Baiev dio cuenta de las terribles atrocidades cometidas aquel día:

Docenas de cadáveres carbonizados de mujeres y niños yacían en el patio de la mezquita, que había sido destruida. La primera cosa en la que reparé fue el cuerpo quemado de un bebé yaciendo en posición fetal. Una mujer con los ojos desorbitados salió de una casa completamente calcinada llevando en brazos un bebé muerto. Camiones con cuerpos apilados en la parte trasera circulaban por las calles hacia el cementerio. Mientras trataba a los heridos oí historias de muchachos jóvenes —amordazados y atados— arrastrados con cadenas detrás de sus portadores. Supe también de aviadores rusos que lanzaron prisioneros chechenos gritando desde sus helicópteros. Hubo violaciones, pero era difícil saber cuántas porque muchas mujeres estaban demasiado avergonzadas para informar de ello. Una chica fue violada delante de su padre (Baiev, 2003: 130).

Si no había ocurrido ya a aquellas alturas, la sociedad chechena acabó de cerrar filas en torno al hasta hacía poco tambaleante régimen de Dudáyev, que habría acabado por venirse abajo por sí solo con un poco de pragmatismo e inteligencia por parte de las autoridades rusas. En cambio, ahora las fuerzas militares invasoras se encontraban en el fangal de una guerra de desgaste en territorio hostil. Además, como ya era de prever, las guerrillas chechenas se convirtieron en un problema transfronterizo, al tratar de reclutar voluntarios, buscar refugio y nuevas bases de operaciones en las vecinas repúblicas de Ingusetia y Daguestán, de mayoría musulmana, lo cual hizo mucho más complejo el conflicto, forzando a las fuerzas rusas a ampliar el territorio en que operaban. Esto también tuvo como resultado la extensión a esos territorios de los abusos por parte de las fuerzas de ocupación, que tenían que lidiar con la baja moral y el alcoholismo, fenómenos que habían caracterizado ya a la guerra de Afganistán, a los cuales se unió la alta tasa de deserciones y no presentados a filas.

A pesar de ser inferiores en una proporción de 1 a 10, las tropas chechenas consiguieron reconquistar Grozni en el marco de una fulminante operación sorpresa en agosto de 1996. El gobierno de Yeltsin tuvo que acabar reconociendo su derrota ante el tremendo desgaste político-social y militar que había sufrido en el conflicto. Entre medias, cuatro meses antes los rusos habían conseguido acabar con la vida de Dudáyev. Su posición fue bombardeada con misiles tras ser localizado por un sistema de detección aéreo, que dio con él gracias a la señal del teléfono vía satélite que empleaba el líder checheno. Así pues, y a pesar de haber ganado la guerra contra los rusos, el panorama que se abría ante los chechenos era muy sombrío por varias razones, una de las cuales quedó bien escenificada en las elecciones de enero de 1997, donde los principales candidatos eran las figuras que habían salido más reforzadas del conflicto: Masjádov, líder de las fuerzas militares chechenas, y Basáyev, el más importante jefe guerrillero. Además, si es que aún quedaba alguno, cualquier atisbo de una vida económica normal había sido borrado por la guerra; la ley y el orden brillaban por su ausencia, de manera más grave aún que antes, con grupos de hombres armados que perseguían sus propios objetivos económicos y que proliferaban por doquier; casi la mitad de la población eran refugiados dentro del país; y los chechenos que habían colaborado con los rusos durante su ocupación, elemento clave en cualquier guerra imperial, quedaron en una posición de gran vulnerabilidad, expuestos a las venganzas (Gall y De Waal, 1997).

La victoria en las elecciones correspondió al candidato más moderado, Masjádov. No obstante, a pesar de sus intentos por poner la situación bajo su control y por integrar a Basáyev en su gobierno como viceprimer ministro, el país cayó en una espiral de enfrentamientos similar a la de las guerras civiles afganas tras la retirada soviética, con los señores de la guerra disputándose el poder y persiguiendo sus propias agendas políticas. La situación económica no hizo otra cosa que alimentar un conflicto interno con picos puntuales de gran violencia, dando lugar a un goteo de muertos constante, todo lo cual acabó por estallar de forma abierta en 1999. A principios de ese año, una serie de señores de la guerra opuestos a Masjádov, al que consideraban excesivamente blando con respecto a Rusia y a la aplicación de la sharía o ley islámica, establecieron un gobierno islámico rival encabezado por el fundamentalista Movladi Udugov (1962-), quien había estado a cargo de los servicios de información y propaganda durante la guerra anterior y su posguerra. Esta coalición de radicales islámicos, de la cual formaba parte Basáyev, proclamó su objetivo, que era unir en una misma confederación las repúblicas musulmanas de Chechenia, Ingusetia y Daguestán. De hecho, se trata de un proyecto que está en el origen de lo que se conoce desde su proclamación en 2007 como el Emirato del Cáucaso, que se inspira a su vez en un ente político de vida efímera surgido en el marco de la guerra civil rusa, el Emirato del Cáucaso Norte (1919-1920). La cuestión es que el 7 de agosto de 1999, Basáyev e Ibn al-Khattab (1969-2002) —un muyahidín saudí con un largo historial de conflictos a sus espaldas, tras pasar por Afganistán en los años ochenta y noventa, el Alto Karabaj, la guerra civil en Tayikistán y la guerra en Chechenia— se adentraron en Daguestán a la cabeza de 1400 combatientes islámicos. Su objetivo era tratar de tomar el control de la república y poner en el poder a los wahabíes de dicho país, exiliados hasta entonces en Chechenia. Un mes después lanzaron un segundo ataque con una fuerza de 1600 hombres en otro punto del país.

No está muy claro qué grado de implicación y/o conocimiento tenía el Estado ruso de lo que acababan de poner en marcha los insurgentes islámicos, pero diferentes autores sugieren que se trató de una operación que contó con el apoyo de Vladímir Putin —ese mes mismo mes de agosto se había convertido en primer ministro de Yeltsin— para forzar una nueva intervención militar rusa a gran escala en el norte del Cáucaso (Schaefer, 2010: 180-181). El fracaso de la ofensiva yihadista en Daguestán a mediados de septiembre vino acompañado por una serie de salvajes ataques terroristas contra bloques de pisos habitados por civiles en Moscú, Buynaksk y Volgodonsk, cobrándose la vida de 293 personas. De hecho, algunos han querido ver en ellos atentados de falsa bandera instigados por el propio Estado ruso. (Evangelista, 2004: 81; Felshtinsky y Pribylovsky, 2008: 105-111). A estos había que sumar 30 000 desplazados internos dentro de Daguestán y varios centenares de muertos, seguramente cerca de un millar. La cuestión es que pocos días después, el 23 de septiembre de 1999, Putin ordenó que comenzara la campaña de bombardeos aéreos sobre Grozni y otras poblaciones chechenas, considerando a la autoproclamada república responsable de todo lo ocurrido, siquiera por omisión, y prometió acabar de una vez por todas con el separatismo y los radicales (Gilligan, 2010: 23-97). Mientras, las operaciones de la aviación rusa generaron una ola de refugiados cercana a las 100 000 personas, la mayor parte de las cuales desembocaron en Ingusetia —a ellas se unirían muy pronto entre 100 000 y 250 000 más—, desplazados por la brutalidad del operativo terrestre desplegado a partir de primeros de octubre. Por supuesto, el número de víctimas civiles fue escalofriante, alcanzando entre 25 000 y 45 000 muertos en un país de apenas 800 000 habitantes, aunque no pocas de ellas cayeron en las repúblicas y territorios fronterizos, donde también se llevaban a cabo operaciones (Reinke, 2005: 8; Kramer, 2005: 210). Finalmente, la caída de Grozni se produjo en febrero de 2000, mientras continuaban los combates en la montañosa zona meridional de Chechenia hasta la primavera, al tiempo que Putin consiguió ganar las elecciones presidenciales anticipadas, obteniendo un 53 % de los sufragios a finales de marzo.

Así pues, el estallido del segundo conflicto ruso-checheno, tratado de nuevo por la prensa y las cancillerías internacionales como un problema interno, tuvo lugar justo en el momento en que la administración Clinton comenzaba a plantearse seriamente una intervención militar en los Balcanes que pusiera fin a las guerras de secesión yugoslavas, que por entonces tenían como escenario Kosovo. De hecho, merece la pena traer a colación las palabras del presidente estadounidense en abril de 1995, quien al ser interpelado por un periodista sobre las razones de su gobierno para no presentar una protesta frente a lo que estaba ocurriendo en Chechenia contestó lo siguiente: «Me gustaría recordarle que una vez hubo una guerra civil en nuestro país, en la cual perdimos un número de personas mucho mayor del que perdimos en cualquiera de las guerras del siglo XX, y ello según el principio por el que Lincoln dio su vida: que ningún Estado tiene el derecho a abandonar nuestra Unión» (Gall y De Waal, 1997: 316). El paralelismo Rusia-Estados Unidos es importante, porque los segundos tenían la oportunidad de reforzar el nuevo orden que capitaneaban y aspiraban a imponer, y ello pasaba por defender y poner en práctica con éxito su idea de guerra humanitaria, contando para ello con el paraguas de la OTAN (Garcia Villafañe et al., 2002; Veiga, 2011: 273-322). Este enfoque, que ha merecido ríos de tinta y críticas muy aceradas, defendía la intervención militar bajo el pretexto de forzar la paz y aliviar el sufrimiento de la población civil kosovar. Sin duda, se trataba de presentar el operativo de la OTAN en clara contraposición con el desmedido y salvaje despliegue de poder destructivo por parte del Ejército ruso frente a los separatistas chechenos y las repúblicas vecinas. Nunca estaba de más desacreditar a un viejo enemigo, por mucho que por entonces aún fueran firmes aliados, sobre todo si se trataba de mostrar las bondades del poderío militar occidental, así como también del sistema político-económico liberal que defendían y propagaban mediante el uso de las armas. La hipocresía de esta visión legitimadora de la guerra alcanzó su paroxismo a finales de los noventa, con los bombardeos de la OTAN sobre Belgrado, y también en los que protagonizó sobre Libia en 2011 (Veiga, 2011: 24).

La guerra de nunca acabar

LA GUERRA DE NUNCA ACABAR

Jonathan Littell no dudaba en señalar que «es posible que el próximo conflicto de envergadura en el Cáucaso sea más mafioso que político». Lo cierto es que a día de hoy toda la región sigue siendo un agujero negro donde la corrupción, el nepotismo, el crimen organizado, el terrorismo y la ocupación militar forman parte del día a día de los habitantes de las repúblicas y territorios de Kabardino-Balkaria, Osetia del Norte, Ingusetia, Chechenia o Daguestán. Durante los últimos años también han rebrotado puntualmente los enfrentamientos en el Alto Karabaj, en Abjasia y en Osetia del Sur, a lo cual se ha sumado la guerra civil ucraniana desde 2014, en este último caso con miles de muertos, quizás 50 000, y más de un millón y medio de refugiados según cifras de la ONU. A pesar de que el decreto que hizo de Chechenia una zona especial de operaciones antiterroristas fuese derogado una década después de su implementación en 1999, durante su periodo de vigencia se produjeron ataques casi diarios contra las fuerzas de ocupación rusas y los chechenos que cooperaban con el Estado. De hecho, los últimos diez años también han estado marcados por un goteo constante de muertos y víctimas que asciende a varios miles con toda seguridad. No obstante, el enfoque seguido hasta ahora por el Estado ruso en Chechenia y otras repúblicas encaja dentro de la tradición de las políticas imperiales impulsadas en las zonas fronterizas desde tiempos de los zares. Estas se han basado por lo general en un principio muy claro: todo está permitido siempre y cuando se admita la soberanía rusa y se trabaje para sus intereses en cuestiones básicas. El hombre elegido por Putin para guiar los destinos de la Chechenia reintegrada a Rusia fue Ajmat Kadírov (1951-2004), un antiguo líder militar checheno que había combatido contra los rusos entre 1994 y 1996, pero que decidió ofrecer sus servicios a estos por sus desavenencias internas con las élites dirigentes de la república caucásica y la influencia creciente del wahabismo, totalmente ajeno a lo que consideraba la tradición del país.

Tras su asesinato en 2004, la obra de Kadírov padre ha sido continuada por su hijo, Ramzán Kadírov (1976-), en el cargo de presidente de Chechenia desde el año 2007. La política de ambos se ha basado en dos puntos básicos: la construcción de un poder feudal en la república, contando para ello con el apoyo incondicional de un Estado ruso que mira para otro lado. En este sentido, han establecido una tupida red clientelar, al mismo tiempo que ejercen un poder basado en los hechos y capaz de aportar soluciones reales a los problemas de los chechenos. Este último punto se ha apoyado en la reactivación de la economía a través de la reconstrucción del país y las obras megalómanas, y ello a pesar de que en el año 2010 la mayor parte de los desplazados internos seguían sin hogar y sumidos en la pobreza; la desactivación de la guerrilla mediante la concesión de amnistías y la posterior reintegración de sus excombatientes en las fuerzas del orden o la milicia contrainsurgente de la república; y la recuperación de lo que se considera la chechenidad y el modelo de islamismo inherente a esta, donde se ha seguido un claro proceso de invención de la tradición. Respecto al segundo punto está claro que el objetivo de los Kadírov ha sido ligar su destino a un potente núcleo de fieles, los guerrilleros separatistas pasados a sus filas, que les deben todo a ellos. Se trata de una estrategia basada en el estímulo del colaboracionismo, ya que estos nuevos incondicionales son los garantes de su poder y los encargados de luchar contra el goteo constante de jóvenes que siguen huyendo a las montañas, asqueados por la corrupción y la falta de oportunidades. Así pues, esta política basada en el palo y la zanahoria —con un amplio predominio del primer elemento— garantiza que el terrorismo sea un fenómeno endémico en toda la región, con el peligro evidente de que a medio plazo pueda estallar una nueva guerra civil generalizada (Loughlin y Witmer, 2012; Seierstad, 2007). Uno de los combatientes secesionistas más destacados entre los que se sumaron al proyecto de Kadírov fue Magomed Janvíyeb, quien después de distinguirse en la primera guerra contra Rusia siguió combatiendo en la segunda hasta el año 2004, habiendo sido entre medias ministro de Defensa de Masjádov. No obstante, hay que decir que en su deserción tuvieron mucho que ver las extorsiones a las que fue sometido por parte de las fuerzas militares rusas y las milicias chechenas colaboracionistas, que secuestraron a 30 miembros de su familia amenazando con matarlos[2]. A pesar de todo, Janvíyeb señalaba lo siguiente en 2009 sobre la persistencia de la lucha en las montañas del sur del país y las repúblicas vecinas:

Yo no lo entiendo… Hoy en día en Chechenia todos pueden ir a rezar e ir a la mezquita cuanto quieran. Nadie se lo va a impedir. […]. Nunca tuvo el islam tantas libertades, nunca. Ni siquiera en tiempos de Ichkeria [nombre de la Chechenia independiente] […] lo siento muchísimo por esos chicos. Sé que si un individuo es cobarde, o débil, no se va al bosque, porque es muy difícil. Y todos esos chicos que se mueren ahí, y mueren muchos, son oro de ley. Me desconsuela. No los censuro. Tampoco puedo aborrecerlos. Solo lo siento muchísimo por ellos; se van sin ideas, y sin nada. Para nada. Cuando echo un discurso, lo digo abiertamente: «Yo de vosotros volvería a casa. Si mañana os necesitamos, no podréis ayudarnos, porque a lo mejor mañana, o pasado mañana, habéis dejado de existir. Volved a casa y esperad. Esta historia no se ha acabado. ¿Quién sabe qué pasará mañana?» (Littell, 2010: 69-70).

Sin embargo, uno de los colectivos más perjudicados por las políticas de Kadírov son las mujeres chechenas, que han sido utilizadas como moneda de cambio en el afán del régimen por obtener estabilidad social, control político y legitimidad frente a sus súbditos. No decimos nada nuevo al señalar que los conflictos armados suelen propiciar un refuerzo del heteropatriarcado como instrumento de poder y organización social, no solo por el ensalzamiento de una masculinidad agresiva y dominante durante el periodo de movilización, sino también por la necesidad de reparar a los veteranos por sus sufrimientos y por la pérdida de poder público en regímenes personalistas como el de Kadírov. En este caso, como en muchos otros, un mecanismo de compensación evidente ha sido reconocer a los hombres un poder total en el ámbito doméstico sobre sus familias, mediante el sometimiento de esposas e hijas, pero también en el espacio público, a través de la fiscalización del comportamiento de las mujeres y del derecho a reprimir cualquier conducta considerada inmoral. La sumisión total y la humillación de las mujeres en Chechenia ha sido mucho más aguda y dramática teniendo en cuenta el grado de libertad alcanzado por estas a lo largo de un ciclo bélico de más de una década, durante la cual tuvieron que hacerse cargo de todo ante la ausencia de sus maridos y fueron un soporte crucial del esfuerzo de guerra. Así pues, todo este proceso forma parte de la vuelta a la tradición propugnada por Kadírov, quien ha llegado a defender en público la violencia de género y el asesinato de la mujer por cuestiones de honor. Y no es que la situación del género femenino fuera de libertad en la sociedad chechena anterior a la guerra, pero su control ha pasado de ser algo gestionado en el ámbito familiar, donde se decidía qué estaba permitido y qué no, a ser una cuestión comunitaria sobre la que cualquiera tiene capacidad de intervención, algo que dos décadas antes habría sido considerado una afrenta contra la familia de la afectada.

Chechenia y las regiones circundantes se han convertido en los últimos veinte años en un foco de inestabilidad y un cruce de caminos del islamismo radical, una suerte de pequeño Afganistán, muy favorecido también por las desastrosas políticas imperiales de la Guerra Fría y el incierto periodo de transición subsiguiente (Loughlin y Witmer, 2012). Buena prueba de ello son los miles de muyahidines venidos del extranjero para hacer la yihad en el Cáucaso, algunos de ellos muy importantes y conocidos: europeos occidentales, hijos o nietos de inmigrantes; argelinos; kuwaitís como Abu Omar al-Kuwaiti (1975-2005); kurdos como Abdulla Kurd (1977-2011); sudaneses como Yassir al-Sudani (¿?-2010); jordanos como Abu Hafs al-Urduni (1973-2006), que ya había tomado parte en los conflictos afgano-soviético y tayiko; al igual que casos más sorprendentes de conversos como el estadounidense de origen irlandés Aukai Collins (1974-2016). También hubo saudíes, como Melfi Al Hussaini Al Harbi «Muhannad» (1969-2011); Abu Omar al-Saif (1968/69-2005), con experiencia previa en la guerra afgano-soviética; Abu al-Walid (1967-2004), que realizó una carrera muy completa como muyahidín al combatir en la guerra afgano-soviética, en Bosnia y en Tayikistán; o el propio Ibn al-Khattab, del que hemos hablado páginas atrás. Con lo cual, como vemos, el componente transnacional, el intercambio y la circulación de métodos y experiencias y la convergencia creciente en las formas de hacer la guerra han sido, son y seguirán siendo una constante en la historia bélica, tanto en conflictos internos como en aquellos de carácter imperial.

Muchos de ellos han participado en algunos de los ataques terroristas islámicos más sonados acontecidos en Rusia en las últimas dos décadas, que por lo general siempre han sido contestados por medio de la fuerza bruta, torturas, extorsiones, desapariciones y asesinatos, lo cual no ha hecho sino seguir alimentando la guerrilla y el radicalismo. En algunos casos incluso han acabado combatiendo en Ucrania, como parte del llamado Batallón Dzhojar Dudáyev, una unidad compuesta por unos 500 voluntarios, tanto chechenos de la diáspora europea como habitantes de la república caucásica, comandados por el jefe de la defensa de Grozni en la segunda guerra contra los rusos, Isa Munáyev (1965-2015), hasta su muerte en combate. Estos combatientes concebirían la lucha contra los separatistas de la Cuenca del Donets como una continuación de la suya propia contra el imperialismo ruso y el régimen de Kadírov (Mamon, 2015), pero también en muchos casos como una forma de ganarse la vida. Algo parecido puede decirse de los miles de hombres de todo el norte del Cáucaso que han ido a hacer la guerra con el ISIS, donde al parecer han tenido una influencia muy importante. En febrero de 2017, momento de máximo apogeo, eran unos 4000, y según ellos mismos señalan acabaron allí a la búsqueda de mejores oportunidades para hacer la yihad, ya que las condiciones en sus lugares de origen son «mil veces más duras que en Siria» debido a las políticas contrainsurgentes de los rusos y sus aliados, tal y como reconocía uno de estos muyahidines (Hauer, 2018).

Desde luego, si la transnacionalidad o la capacidad de contagio son factores clave para entender las guerras civiles no menos lo es la recurrencia, que en la mayor parte de los casos suele ser el resultado del peaje que pagan las sociedades que pasan por conflictos internos, así como la muestra más evidente de su alargada sombra. Lo hemos visto de forma muy clara en el caso de Afganistán, uno de los más dramáticos e ilustrativos. Llegados a este punto resulta evidente que a partir de la segunda mitad del siglo XX los enfrentamientos fratricidas se han concentrado en países del hemisferio sur, con excepciones puntuales como Yugoslavia, que aun con todo no deja de estar en un área periférica. A grandes rasgos, esto ha tenido que ver con factores diversos: los procesos de disolución imperial, que siempre abren la puerta a las disputas por un nuevo reparto del poder y que dejan tras de sí el rastro de las políticas propias de cualquier potencia colonial o neocolonial, como el uso de la fuerza y el principio del divide et impera; a consecuencia de lo anterior, y tras la aparición de los nuevos estados, se ponen en marcha diversas agendas para construir una nación según los criterios de homogeneidad y racionalidad administrativas surgidos a caballo entre los siglos XVIII y XIX; la lógica del enfrentamiento entre bloques —en realidad multipolar, ya desde la Guerra Fría, pero de forma mucho más acusada ahora—, que no solo ha tenido como resultado la exportación de los conflictos entre potencias a las periferias, sino también el estallido de guerras internacionales en el marco de enfrentamientos internos; y, finalmente, la fase actual del capitalismo, caracterizada por la globalización y una aguda división del trabajo a nivel mundial, que deja un margen de decisión cada vez más reducido a los individuos, las sociedades y los estados en lo que se refiere al mejor modo de organizarse y gestionar sus recursos.

Sin embargo, por mucho que los elementos estructurales pongan el escenario, puedan explicar las dinámicas y actúen como multiplicadores en el surgimiento de actores y la proliferación de la violencia, el hecho de que estalle una guerra o no solo se explica en base a la contingencia. A la vista de lo expuesto, no es para nada casual que casi todas las guerras civiles del siglo XX hayan tenido lugar en el Tercer Mundo, y desde luego nada tiene que ver con el supuesto atavismo de dichas sociedades, ni mucho menos con la prosecución de unas supuestas fases históricas en el camino hacia el fin de la historia, a saber, la consecución de la armonía social bajo el reino del liberalismo político-económico (Fukuyama, 1992). Este tipo de narrativas, no solo son autocomplacientes y exculpatorias respecto al papel del capitalismo y las políticas imperiales en el enquistamiento de la guerra, sino que en nada contribuyen a una comprensión compleja de las guerras civiles actuales y pasadas. Es más, en contra de lo que se suele afirmar, la recurrencia actual de la guerra civil en ciertas regiones tiene mucho que ver con el carácter radicalmente moderno de los procesos que pone en marcha. Aquí juega un papel decisivo el potencial cada vez más destructivo y asesino del armamento, que pone un poder enorme en manos de grupos de individuos cada vez más reducidos, a lo cual hay que sumar la facilidad de su uso y mantenimiento. De hecho, es posible que pocos descubrimientos y avances técnicos del siglo XX hayan resultado más perniciosos que el fusil de asalto AK-47, desarrollado por Mijaíl Kaláshnikov (1919-2013) —veterano de la Segunda Guerra Mundial que le da nombre— y puesto en servicio desde 1951 como el arma de la infantería soviética. A lo sencillo y barato de su fabricación, factores clave si tenemos en cuenta que las guerras civiles tienen lugar por lo general en países muy pobres, se unió la enorme maniobrabilidad que proporcionaba, dada la ausencia de retroceso al disparar. Esto último ha hecho que pueda ser utilizado sin problemas por niños y adolescentes, y que se haya convertido durante décadas en el arma por excelencia de cualquier guerrilla o grupo armado.

Lejos de tener que ver con la supuesta importancia de la tradición o con la vigencia de las estructuras tribales, la recurrencia de los conflictos actuales en el hemisferio sur se explica precisamente por la destrucción de esos modos de vida y formas de organización social propios de cada lugar, que hasta entonces habrían actuado como mecanismos de integración del individuo y contención de los enfrentamientos. Las masacres colectivas y las gigantescas masas de refugiados que suelen traer consigo las guerras provocan rupturas irreparables en la transmisión del conocimiento y la cultura, basada en muchos casos todavía en la oralidad, suponen una ruptura radical de los lazos comunitarios y de cualquier certeza, dejando en muchos casos al individuo abandonado a su suerte. A este respecto vale mucho la visión escalofriante que nos ofrecen obras como Beasts of No Nation [Bestias sin patria] (2015), de Cary Joji Fukunaga, o incluso Blood Diamond [Diamante de sangre] (2006), de Edward Zwick, que nos permiten acercarnos a muchas de las cuestiones tratadas en esta obra. Pero sobre todo reflejan bastante bien el escaso valor que tiene la vida en las zonas de conflicto, hasta qué punto los grupos armados pueden destruir para siempre una comunidad humana en cuestión de minutos y de qué se llena el vacío que deja tras de sí: señores de la guerra, tradiciones inventadas para amalgamar grupos de orígenes diversos y basadas en la consecución del respeto por la violencia, aparición de nuevas comunidades fundadas en los lazos de sangre, la guerra como forma de autodefensa y de ganarse la vida, a través del salario y/o de la depredación de recursos, y en muchos sentidos la provisionalidad como norma.

Sin embargo, cualquier señor de la guerra que aspire a perdurar en el tiempo debe conseguir una base territorial sólida sobre la cual asentar su poder y estabilidad, máxime en zonas de conflicto endémico donde su autoridad pueda ser disputada. Para ello debe ser capaz de poner en marcha una cierta idea de la ley y el orden a la que puedan atenerse los individuos, una política sostenida de captación de recursos para financiarse y una capacidad para lograr cierto grado de coexistencia con otros señores de la guerra, lo cual implica la creación de una mínima estructura paraestatal. Con esto queremos decir que conviene evitar una idea excesivamente cinematográfica de lo que ha acabado por convertirse en una realidad durable y determinante en muchos lugares del mundo, y que en tanto que tal no puede sostenerse en el vacío o la nada. En última instancia, el éxito de los señores de la guerra a la hora de imponerse a través de estos y otros medios ha hecho que devengan la forma de gobierno más o menos estable y habitual en amplias regiones de países como Afganistán, Pakistán, Sudán, Libia, Birmania, Siria, Somalia o el Congo, muchos de ellos desgarrados por la guerra civil desde hace varias décadas. De hecho, ese mismo éxito es el que explica que estemos ante estados fallidos o parcialmente fallidos, entendido el Estado como el marco jurídico-legal y las instituciones que preservan e imponen unos derechos, que reparten y establecen unas obligaciones, y que aportan una cierta idea de estabilidad y continuidad. Ese fracaso en la instauración o el mantenimiento de estructuras estatales se fundamenta en no poca medida en la ruina de las mismas estructuras sociales sobre las que habría de construirse y consolidarse. Y esa es también la razón de que en muchos casos la situación no tenga visos de cambiar, por mucho que detrás de las razones de la quiebra estatal esté la ruptura de los equilibrios sociales y políticos preexistentes en marcos de colonización, descolonización y disolución imperial, los enfoques bélicos subsidiarios o las intervenciones militares extranjeras. En último término, la salida a esta situación pasa por la capacidad de uno de estos señores de la guerra para imponerse por los medios que sea o, también, por el deseo de varios de ellos para alcanzar un acuerdo, algo que por razones de diversa índole no siempre encaja con sus intereses y proyectos (Tamm, 2016).

De hecho, una razón que explica la perpetuación de los conflictos y de los señores de la guerra en ciertas regiones es la disputa constante por los recursos naturales y una producción agro-ganadera decreciente, todo ello en zonas por lo general gravemente devastadas y de por sí pobres, es decir, con escasa capacidad para recuperarse. Así pues, volvemos a la lógica demencial de la pescadilla que se muerde la cola: la destrucción del tejido poblacional, el dislocamiento económico o la presión demográfica, factores consustanciales a las zonas de conflicto actuales, generan más guerra, a la par que explican la inmigración masiva que está llegando actualmente a Europa sin ningún control y en condiciones de gran precariedad. Todo esto también favorece la penetración e imposición del capitalismo más salvaje y depredador, que como siempre acompaña a la guerra allá por donde esta pasa. Ya hemos visto que muchas veces ni el auxilio humanitario ni las ingentes ayudas económicas al desarrollo son garantía de nada, buena muestra de ello son Afganistán e Irak, así como también el propio Kosovo, que sin las inyecciones financieras exteriores sería inviable como Estado independiente. En el caso del auxilio humanitario el problema reside en que debe pasar por intermediarios locales, lo cual hace que su gestión y reparto se convierta en un instrumento más para ejercer autoridad; por lo que respecta al envío de recursos económicos no es extraño que lleguen a convertirse en objeto de disputa entre líderes y facciones, reforzando de facto el equilibrio de poderes, los recelos e, incluso, la situación de conflicto. Por supuesto, aquí entran las dificultades para hacer una lectura correcta de los escenarios en los que se interviene y los errores derivados de ello, pero también la falta de medios para conseguir una implementación y un reparto de las ayudas según se proyecta en un primer momento. En zona de conflicto la realidad cobra vida, porque la guerra es un mundo, tal y como nos recordaba Svetlana Aleksiévich, lo cual nos devuelve una vez más a la fuerza que tiene la contingencia o la realidad sobre el terreno, que puede hacer naufragar hasta el más bienintencionado e inteligente proyecto de paz acordado en una mesa de negociaciones con las partes implicadas. Por eso mismo, y a la vista de los hechos, creemos que la guerra de ningún modo es la solución a la guerra, por mucho que esta se disfrace de intervención humanitaria, lo cual en sí mismo es un insulto a la inteligencia (Hansen, 2003).

África en el siglo XXI: la guerra civil

África en el siglo XXI: la guerra civil

multidireccional como pandemia

Finalmente, para acabar este recorrido por las guerras civiles del último siglo merece la pena hacer una mención a un escenario gigantesco que por desgracia ya nos resulta familiar, África Central y Oriental, lo cual de paso nos remite una vez más al carácter recurrente de los conflictos internos. Dicha región viene sufriendo desde los años noventa uno de los ciclos bélicos más sangrientos de la historia de la humanidad, cuyo número de víctimas mortales supera ampliamente los cinco millones de personas. De hecho, la chispa que propagó la guerra saltó en Ruanda, un pequeño país con una extensión ligeramente más reducida que la de Galicia. Y una vez más tenemos que remontarnos a las políticas imperiales desplegadas por Bélgica en su imperio colonial, al proceso de descolonización y a los precarios equilibrios y dinámicas de la Guerra Fría. Impulsados por la fiebre positivista y la fe en la ciencia como instrumentos para alcanzar un conocimiento preciso de la realidad, y por lo tanto una mejor gestión de las sociedades, los antropólogos y científicos belgas destinados en las colonias centroafricanas de su país establecieron una distinción racial entre tutsis y hutus que carece de todo fundamento. Este tipo de prácticas fueron comunes en todo el mundo occidental durante el periodo que va de finales del siglo XIX a las primeras décadas del XX. La cuestión es que en este caso sirvió para que las autoridades coloniales belgas impusieran su control sobre la sociedad ruandesa por medio del viejo principio del divide et impera, apoyándose para ello en la minoría tutsi frente a la mayoría hutu. De hecho, no hubo que esperar a los años noventa para ver los primeros conflictos y masacres protagonizadas por ambas comunidades, que afectaron de manera mucho más evidente a los tutsis en la década de los sesenta, cuando se consumó la independencia de Ruanda y los hutus reclamaron un reparto del poder acorde con su peso demográfico mayoritario dentro del recién nacido país. De este modo, tuvo lugar una gran oleada de refugiados que acabó con 250 000 tutsis fuera del país, estableciéndose muchos de ellos en Uganda, que es donde crearon en 1979 el germen del futuro Frente Ruandés de Liberación (FRL) (Mann, 2009: 493-516).

A pesar de las políticas de reconciliación impulsadas por el presidente hutu Juvénal Habyarimana (1937-1994), este se mostró incapaz de aportar soluciones al problema de los refugiados tutsis en los países fronterizos con Ruanda. Así pues, a partir de finales de los ochenta el FRL empezó a introducir grupos guerrilleros en el interior del país con la idea de tomar el poder por las armas. Las lógicas de los mercados no hicieron sino empeorar las cosas, al provocar una caída del precio del café un año antes, un producto con el cual se ganaban la vida decenas de miles de familias ruandesas. Así pues, la crisis económica derivada de este hecho fue muy grave en un país cuya economía era de subsistencia, lo cual contribuyó a agudizar las tensiones sociales y políticas en el interior de Ruanda, con una mayor predisposición de ciertos sectores de la población tutsi a apoyar a los grupos armados. De hecho, dicho apoyo fue en aumento cuando a principios de 1991 tuvo lugar una nueva oleada de matanzas, incentivada por la invasión del norte del país en octubre de 1990, que era la región donde Habyarimana tenía su base de poder. En cualquier caso, el conflicto se estancó a lo largo de los tres años y medio siguientes en una penosa guerra de guerrillas, correlato de lo ocurrido con las farragosas negociaciones de paz. Así siguieron las cosas hasta que en abril de 1994 estalló un genocidio incentivado por milicias ultranacionalistas hutus, con amplias complicidades y variables a nivel local, que en tres meses consiguieron dar muerte a casi un millón de personas, sobre todo tutsis, pero también hutus que se oponían a los radicales. Las investigaciones que se han llevado a cabo con perpetradores muestran los múltiples vínculos que los unían con sus víctimas, con las cuales a menudo las relaciones previas eran buenas:

Yo estuve viviendo con esas personas todos esos años. No les tenía miedo. No suponían una amenaza para mí. Pero nos dijeron que éramos enemigos y yo me lo creí. Casi todos los tutsis del pueblo habían sido amigos míos. Ya no me importaba. Eran parientes de los que mataron a Habyarimana [muerto en extrañas circunstancias en un accidente de avión, tras el cual se desata el genocidio] y tenían que pagar por ello. Cerramos nuestros corazones y nuestras mentes e hicimos el trabajo… Cuando yo estaba matando a jóvenes y a mujeres sabía que no necesariamente eran partidarios del FPR [nosotros utilizamos el acrónimo en castellano, FRL]. Pero era una manera de disuadir al FPR de continuar luchando, porque aunque ganasen no tendrían a quien gobernar. Yo no dudé. Me resultó fácil matar porque sabía que lo hacía para salvar al pueblo hutu (cit. en Mann, 2009: 535-536).

Aunque en muchos casos se observa un discurso similar, también los hay que reconocen haber sido forzados a matar bajo amenazas más o menos sutiles. En este sentido, dos buenas películas para acercarse a la crudeza del genocidio y su complejidad son Shake Hands with the Devil [Estrechar la mano al diablo] (2007), de Roger Spottiswoode, que se centra en el difícil papel jugado en los hechos por los cascos azules de la ONU, y la escalofriante Hotel Ruanda (2004), de Terry George. En la mayor parte de los casos se empleó un instrumento de trabajo habitual en las zonas tropicales y con el cual estaban bien familiarizados los campesinos ruandeses: machetes. En último término, hay que buscar las causas del genocidio en la existencia de dos concepciones diferenciadas del Estado-nación: una era la defendida por el FRL, que abogaba por un modelo de convivencia interétnica basado en una racionalización del aparato administrativo y la división territorial; la otra, defendida por las milicias radicales hutu y el gobierno, buscaba el mantenimiento de los clanes y las tribus como base sobre la cual construir el Estado, algo que a corto-medio plazo les garantizaba la hegemonía política. Sea como fuere, la guerra y el genocidio terminaron a principios del verano de 1994 con el avance del FRL sobre la capital, mientras los medios de comunicación y la comunidad internacional centraban la atención mediática en el sitio de Sarajevo. Desde luego, los hutus radicales jugaron a fondo la carta del marco de posguerra fría y disolución imperial para intentar una imposición incondicional de su modelo de Estado destruyendo toda forma de oposición (Veiga, 2012: 109-118).

El éxodo hutu que propició la victoria del FRL llevó a más de dos millones de personas a los territorios orientales del Congo, una región tradicionalmente refractaria al Estado por su lejanía respecto a la capital y, por tanto, muy inestable, tal y como ya hemos podido ver al estudiar el ciclo de guerras civiles de los años sesenta en dicho país. Hay que pensar que la sede del gobierno en Kinshasa está separada por más de 2000 kilómetros de Goma, capital de la región minera de Kivu del Norte, en el confín oriental del país con Ruanda, junto a la cual se estableció el mayor campo de refugiados de la historia. Entre ellos se encontraban muchos de los perpetradores del genocidio, en el cual habían tomado parte decenas de miles de hutus. Muchos de ellos decidieron proseguir con la guerra irregular, siquiera como forma de supervivencia por medio de las razias en las zonas occidentales de Ruanda o dirigidas contra los tutsis de la región congoleña de Kivu del Sur. De hecho, lejos de tomar partido por sus conciudadanos, Mobutu Sese Seko (1930-1997) decidió apoyar a los refugiados hutus, seguramente con la esperanza de variar a su favor el equilibrio de poderes. Sin embargo, el resultado fue la rebelión y lucha armada de los tutsis congoleños junto a diversas fuerzas y comunidades étnicas en la oposición, todos unidos bajo la bandera de la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo-Zaire (AFDL). No es casual que esta organización fuera promovida por el ahora presidente de Ruanda y antiguo comandante del FRL, Paul Kagame (1957-), que con el pretexto de derrocar a Mobutu consiguió reunir a una coalición de estados africanos colindantes con el Congo, cada cual movido por sus propios intereses políticos y económicos, ya fuera la persecución de opositores residentes en el gigantesco país o conseguir una posición ventajosa en la explotación de sus recursos mineros (Thom, 1999).

Así pues, no solo proseguía la guerra civil ruandesa, sino que esta había devenido un conflicto internacional con múltiples ramificaciones que se solaparía con otros conflictos internos en curso en otros países vecinos, y aunque no podemos dar cuenta de ello merece la pena reseñarlo para mostrar la complejidad que caracterizó las guerras en el Congo. En este caso, las operaciones que acabaron con el régimen de Mobutu a mediados de mayo de 1997, tras medio año de conflicto, reunieron del lado de la AFDL y Ruanda a Uganda, Burundi, Angola, Zimbabue y, en menor medida, al separatista Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, que por aquel entonces seguía combatiendo en el sur al gobierno de Sudán, que había cometido graves matanzas de población civil en 1992; y a Eritrea, que hacía menos de seis años acababa de salir de una guerra civil y de liberación de tres décadas frente a Etiopía. Contra estos se reunió una coalición compuesta por los nacionalistas de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), por entonces enfrentada al gobierno del Movimiento del Pueblo por la Liberación de Angola en la cruenta guerra civil que siguió a la independencia del país en 1975, y que se alargaría hasta el año 2002; las milicias radicales hutus del grupo militar Interahamwe y el Ejército de Liberación de Ruanda, principales organizaciones instigadoras del genocidio tutsi; y de forma más limitada a Sudán, por un lado, y a las Fuerzas Aliadas Democráticas, una organización islámica ugandesa perseguida por el gobierno de dicho país (Miskel y Norton, 2003; Williams, 2013; Venugopalan, 2016). A todos ellos cabía sumar un pintoresco grupo de varias decenas de mercenarios europeos, franceses, sudafricanos y especialmente serbobosnios, que hasta hacía solo un año habían combatido en Bosnia. En conjunto se dieron a conocer como Legión Blanca, operando únicamente cuando existía acuerdo sobre los honorarios o recompensas que percibirían (Fitzsimmons, 2012: 231-260).

El derrocamiento de Mobutu en el Congo puso al frente del poder a un antiguo líder guerrillero de los conflictos internos sufridos por el país en los sesenta, Laurent-Désiré Kabila, que recuperó el viejo y evocador nombre de República Democrática del Congo (RDC), con un regusto nostálgico a lumumbismo. Con más o menos éxito, en los treinta años anteriores Kabila se había ganado la vida tratando de reorganizar a la oposición congoleña para combatir a Mobutu desde la región oriental del país, donde creó un pequeño paraEstado en Kivu del Sur, región fronteriza con Ruanda y poblada por una importante comunidad tutsi, como ya hemos visto. No obstante, el nuevo jefe de Estado pronto se vio desbordado por los gravísimos problemas endémicos que arrastraba el país, incapaz de gobernar de forma efectiva, a lo cual se unieron los complejos juegos de alianzas políticas, las conspiraciones y cruces de acusaciones dentro de un territorio desgarrado por cuarenta años de dictadura personalista y conflictos armados de diverso signo. Esto explica que en apenas un año el Congo volviera a precipitarse en la guerra, si es que en alguna ocasión había salido de ella, esta vez a lo largo de un lustro y con una profunda redefinición de los bandos en liza, lo cual por sí mismo es una muestra evidente de la gran inestabilidad dominante en toda la región. En este caso hizo que los enfrentamientos experimentaran un recrudecimiento. La situación vino propiciada en no poca medida por los precarios equilibrios del poder en el propio Congo. Así pues, para responder a las denuncias de sus enemigos políticos, que lo acusaban de haber vendido el país a poderes extranjeros, Kabila dejó plantados a sus antiguos aliados tutsis de Kivu del Sur, así como a los gobiernos de Uganda, Burundi y Ruanda, que lo habían aupado al poder con su apoyo militar (McNulty, 1999).

Esto tuvo consecuencias casi inmediatas, con la ocupación del noreste del país por parte de las fuerzas de dichos países, que se pusieron de acuerdo para la explotación de los recursos mineros de la región, algo que en último término sería la causa de otra guerra dentro de la guerra, en este caso entre Ruanda y Uganda, en junio del 2000. Al mismo tiempo, la ruptura de la alianza entre Kabila y los tutsis de Kivu del Sur se tradujo en el apoyo del gobierno a las milicias de radicales hutus, provocando un nuevo rebrote de violencia genocida contra la comunidad tutsi del Congo. A partir de aquí, y no sin cambios a lo largo del periodo, Kabila estuvo apoyado por Angola, Namibia, Chad, Zimbabue, Sudán; la guerrilla fundamentalista cristiana del Ejército de Resistencia del Señor, que desde 1987 combatía contra el gobierno ugandés desde el norte del país con resultados aterradores, destacando entre sus prácticas el secuestro de miles de niños obligados a combatir; así como las archiconocidas milicias de radicales hutus y otros grupos armados opuestos al gobierno de Burundi (Miskel y Norton, 2003). Con tantos actores implicados no sorprenderá que los frentes abiertos fueran muchos, a la par que difusos y variables en grado sumo, y que dada la naturaleza del terreno, la pobreza de los países contendientes y su falta total de medios logísticos para sostener un esfuerzo de guerra exigente los contendientes vivieran sobre el terreno (Kisangani, 2003; Lemarchand, 2013; Bjarnadóttir, 2017). Así se explica el alto peaje pagado por la población civil en número de muertos y refugiados, con un saldo de cuatro millones de víctimas fruto de las privaciones, aunque algunos lo elevan a cinco millones y medio (Moszynski, 2008). De hecho, convertirse en desplazado suponía una alta probabilidad de morir ante la carencia de medios de subsistencia o trabajos con los que ganarse la vida, el dislocamiento total de las economías locales y regionales y la falta de implicación de la comunidad internacional para paliar los efectos del conflicto (Cook, 2013). Además, la emergencia del coltán como recurso mineral estratégico en la industria tecnológica, y el hecho de que las principales reservas se encuentren en el Congo, no hizo sino estimular los enfrentamientos y la rapacidad de las partes en liza, así como la implicación de grandes corporaciones y hombres de negocios extranjeros, a menudo de origen estadounidense e israelí (De Luca et al., 2012; Raeymaekers, 2014).

Para hacernos una idea de la complejidad del conflicto basta con señalar que un empresario congoleño llamado Jean-Pierre Bemba (1962-) consiguió crear su propia organización militar, el Ejército de Liberación del Congo, apoyado por las fuerzas ugandesas, cada vez más enfrentadas al gobierno ruandés a causa de las disputas por los recursos minerales. De hecho, la iniciativa de este hombre de negocios centroafricano tiene ciertas semblanzas con la encabezada por Fikret Abdić en torno a Bihać, con su autoproclamada República de Bosnia Occidental en plena guerra. Como ocurría en el caso de este último, Bemba había heredado de su padre un imperio económico construido a la sombra de la dictadura encabezada con Mobutu. No por casualidad, una de sus hermanas estaba casada con uno de los hijos del autócrata, una conexión política que da cuenta del nepotismo del régimen y que es clave para entender los entresijos de las guerras civiles actuales, marcadas por lo extendido del tráfico de armas y, por tanto, el fácil acceso a estas para la gente con recursos. Tampoco nos sorprenderá que el cabeza de familia, Jeannot Bemba Saolona (1941-2009), fuera ministro de Economía e Industria del país y senador por la provincia noroccidental de Équateur, donde su hijo estableció su base de operaciones, contando para ello con el apoyo de la fronteriza República Centroafricana. Para acabar de redondear el drama, la fortuna de la familia se había construido en torno a una aerolínea llamada Scibe Airlift, la cual fue utilizada como paraguas e instrumento en el tráfico de armas destinadas a la guerra civil angoleña.

En este sentido, por mucho que el conflicto se diera por finalizado en 2003, que fue el año en que se firmaron los cuatro tratados de paz multilaterales —tal era la cantidad de intereses enfrentados entre los beligerantes—, sus consecuencias van mucho más allá de esa fecha (Fahey, 2010; Venugopalan, 2016). Un dato aterrador apunta que en 2004 se producían 1000 muertos al día relacionados con la guerra, que de facto nunca ha terminado (Moffet, 2009; Venugopalan, 2016; Johnson y Thyne, 2017). Hay que tener en cuenta los factores que ya hemos señalado para explicar las causas de la entrada en barrena de las estructuras del Estado y del enquistamiento de la guerra (Trautman, 2013). En este caso la situación se ve agravada por la proliferación de grupos armados a la que dio lugar el enfrentamiento, con los señores de la guerra muy vinculados a las zonas mineras (Vehnämäki, 2002), y la geografía de un país vastísimo como el Congo, fronterizo con nueve países distintos y en cuyo interior se refugian guerrillas y organizaciones terroristas opositoras de muchos de los gobiernos africanos (Richards, 2016). En cualquier caso, una de las grandes pandemias que ha dejado tras de sí esta guerra terrible, y que ha contribuido a un aumento exponencial de la mortalidad, fue la propagación del SIDA por todo el Congo Oriental, fruto de las violaciones masivas sufridas por las mujeres a lo largo y ancho de toda la región (Kalonda-Kanyama, 2010). Esto ha dejado una cultura de la violencia sexual basada en jerarquías, principios y reglas asumidos como naturales y gracias a los cuales esta siempre queda impune. Es más, en los últimos años los estudios han concluido que cada cinco minutos son violadas cuatro congoleñas (Torpey y Palermo, 2012: 10-11; Bartels et al., 2013; Sumah, 2014; Mpinga et al., 2016). Quizás, lo más desalentador es que las investigaciones han constatado que las mujeres integradas dentro de las fuerzas armadas de la RDC suelen reconocer haber participado en actos violentos, incluso haberlos instigado, casi siempre como una forma de ganarse el respeto y reforzar su autoridad frente a sus compañeros de armas varones. Este tipo de realidades no han hecho sino alentar a los perpetradores de agresiones sexuales, que siempre encuentran la forma de justificarse, más aún en marcos de conflicto armado. Sin embargo, que sea triste y revelador no quiere decir que sea sorprendente, máxime si tenemos en cuenta la hegemonía del heteropatriarcado en nuestras sociedades y el hecho de que las instituciones policiales y militares suelen ser unas de sus principales encarnaciones (Baaz y Stern, 2012).

En cualquier caso, no deja de ser significativo a la par que esperanzador que justo hoy, el día en que ponemos conclusión a esta obra, se haya concedido el Premio Nobel de la Paz a dos conocidos activistas «por sus esfuerzos para acabar con el uso de la violencia sexual como arma en guerras y conflictos armados». Los galardonados han sido la kurda iraquí Nadia Murad (1993-), objeto ella misma de torturas y violaciones a manos del ISIS en el año 2014, y que ha luchado por visibilizar la tragedia de las mujeres y niños víctimas de la guerra —a veces perpetradores al mismo tiempo, caso de los niños-soldado (Hoffmann, 2010; Trenholm et al., 2013)— a través de su experiencia, aparte de fundar una organización dedicada a prestarles apoyo en diversos ámbitos; y Denis Mukwege (1955-), un ginecólogo congoleño original de la región de Kivu del Sur, quien durante las guerras que acabamos de analizar fundó un hospital para tratar a mujeres violadas, llevando a cabo jornadas laborales de dieciocho horas y hasta diez operaciones diarias de gran complejidad. Vaya aquí nuestro reconocimiento y particular homenaje a todas y todos los que sufren la lacra de la guerra y luchan para acabar con ella, por alargados que sean sus tentáculos.

Conclusión. Ninguna guerra civil es inevitable

CONCLUSIÓN

Ninguna guerra civil es inevitable

Cara Madre,

ti o sempre pensato sino a lultima ora della vita non piangere pensa ai nipottini al padre alla famiglia alle sorelle al fratello non so dirti altro in questo momento

perdonami

il tuo figlio

Luigi

Última carta, sin corregir, de Luigi Marsano (1916-1944),

partisano comunista fusilado por pertenecer al Comitato

di Liberazione Nazionale del puerto de Génova

(Malvezzi y Pirelli, 2003 [1952]: 186).

A lo largo de estas páginas que toca empezar a cerrar hemos recorrido algunas de las principales guerras civiles que han asolado y transformado de forma irreversible el mundo desde los inicios del siglo XX hasta nuestros días. Tanto que en muchos casos han hecho de este un lugar irreconocible con respecto a la realidad anterior al año 1917. Como prometimos hace algún centenar de hojas, hemos trazado un recorrido amplio y complejo sobre la recurrencia del fenómeno de las guerras civiles y su impacto en la contemporaneidad. Hemos observado su inicio en un contexto de disolución imperial y nacimiento de una alternativa revolucionaria acompañada de su reverso contrarrevolucionario, hemos viajado al interior de la guerra civil más conocida y nombrada de las del siglo XX, la española, nos hemos adentrado en el complejo mundo de la ocupación, la posguerra mundial, la llamada Guerra Fría y el actual tiempo de reconfiguración y recomposición del orden mundial, y hemos llegado hasta el presente tras haber tocado tierra en Europa, África, América y Asia.

Tanto unos como otros, conflictos por la soberanía en las periferias imperiales, han dejado tras de sí largos montones de escombros, lejos del alcance de la mirada de la opinión pública, empujados a los márgenes de la realidad. Una de las principales manifestaciones de esta realidad son las ingentes cantidades de refugiados huidos de las zonas de conflicto o forzados a abandonar sus casas en medio de la más absoluta hambre, violencia y terror, que sin duda se han convertido en una de las consecuencias y atributos más evidentes de las guerras civiles en los siglos XX y XXI. En este caso, bien podemos hacer el recorrido inverso al realizado en este libro y observar la realidad de estas manifestaciones desde el presente. Sin ir más lejos, se calcula que la guerra civil actual en Siria ha generado ya en torno a cinco millones de refugiados, la mayoría de ellos en territorio turco y cantidades importantes en Jordania, Irak o el Líbano. También en Europa. Sin embargo, pese a la recurrencia del asunto en las agendas políticas (generalmente, presentistas y cortoplacistas) de los miembros de la Unión Europea, en escalas mucho menores. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), medio millón malviven en campos sin las mínimas condiciones de habitabilidad. Miles son menores que han visto interrumpida su formación y limitadas sus expectativas vitales, conviviendo con el rechazo y la pobreza. La guerra alimenta la guerra. La guerra civil nunca trae la paz[1].

Para que se dé, una guerra civil depende de que exista una disputa por la soberanía sobre un espacio concreto entre agentes autóctonos de un mismo cuerpo social, lo cual implica la existencia de una territorialidad sobre la cual se construye una base de poder paraestatal, por precaria que sea. Esto último es importante, porque en los últimos cien años este tipo de enfrentamientos han respondido muy pocas veces a los patrones propios de las guerras convencionales entre estados, lo cual se explica por el hecho de que en su gran mayoría han tenido lugar en países pobres y periféricos. Así se explican muchas de sus particularidades, que responden a la necesidad de los contendientes de adaptarse a las posibilidades brindadas por el entorno y los recursos con los que cuentan para hacer la guerra, pero también a su radical dimensión popular y nacional, que hace de ellas conflictos particularmente destructivos, con altos grados de movilización y explotación, y por tanto paradigmas de la guerra total a pequeña escala. Además, cabe destacar otros tres elementos característicos de los conflictos internos: siempre son propiciatorios de formas de violencia variadas y extremas; las dinámicas de la lucha en el frente y la violencia no tienen por qué estar estrictamente interrelacionadas entre sí, pudiendo responder a distintas motivaciones, pero que ambas acaban cobrando vida propia en contacto con escenarios siempre diversos dentro de una misma guerra; y, finalmente, que una mayor complejidad del enfrentamiento interno en base al número de actores e intereses implicados suele ser sinónimo de mayor duración y virulencia.

La expulsión forzosa de poblaciones enteras ha acabado por imponerse como una de las realidades más dramáticas de las guerras civiles. En el caso de los conflictos ocurridos en el marco del agónico fin de la Unión Soviética hubo centenares de miles de personas de origen eslavo, residentes a veces desde hacía varias generaciones en el Cáucaso y Asia Central, que entre finales de los años ochenta y los inicios del nuevo siglo se vieron obligadas a huir de sus hogares. Como ya hemos visto, estas regiones devinieron zonas de conflicto armado y lugares peligrosos para las comunidades eslavas, dada la visión que se tenía de ellas como colonizadoras e invasoras. Tal es el caso de la familia K., de origen ruso, que recién escapada de Dusambé, su hogar y capital del Tayikistán arrasado por la guerra civil entre 1992-97, fue entrevistada por Svetlana Aleksiévich. Madre e hija, esta última casada con un tayiko que prefirió optar por salir del país antes que tener que empuñar las arma contra sus conciudadanos, mostraban su temor a hablar y dar sus nombres por tener todavía parientes en el país, y recordaban las agresiones que habían sufrido y las escabrosas escenas presenciadas. No deja de ser significativo que, en algunos casos, como el de la familia K., los refugiados, desamparados por las autoridades rusas, hayan acabado instalándose por voluntad propia en la zona de exclusión de Chernóbil, a pesar del peligro evidente para sus vidas. Así pues, el testimonio de la hija es el del desarraigo y el trauma causados por la guerra civil, que ha sumido a millones de personas en una suerte de limbo a lo largo de los últimos cien años:

Al principio preguntábamos: «¿Dónde está la radiación?». «Allí donde estáis». Eso significa que está por todos lados, ¿verdad? (se seca las lágrimas). La gente se ha ido. Tienen miedo. Sin embargo, yo tengo menos miedo aquí que allá. Nos hemos quedado sin patria, no somos de ningún sitio. […] Tengo miedo cuando hay mucha gente junta. Como en la estación [se refiere a la huida]… Como en la guerra […] Viviremos en Chernóbil. Ahora es nuestro hogar. Chernóbil es nuestro hogar, nuestra patria… (De pronto sonríe). Aquí los pájaros cantan, como en todos lados. Incluso hay un monumento a Lenin… (Ya al lado de la puerta, mientras nos despedimos). Por la mañana, pronto, en la casa vecina escucho martillazos: quitaban los tablones que tapiaban las ventanas. Me encuentro una mujer: «¿De dónde venís?». «De Chechenia». No añade nada más. Lleva un velo negro […] De quien tengo miedo es de los hombres. De la gente armada con fusiles.

Si queremos empezar a cerrar este libro con estos testimonios recogidos por Aleksiévich (2016: 106-107, 111, 113-114) es para subrayar, también en clave de género, el presente y el desgarro de la guerra civil contemporánea desde una mirada un tanto periférica, pero igualmente válida: la de la mujer que no tiene miedo de la radiación, sino de los hombres. En cierta medida, esa voz bien podría enlazarse con la imagen de la mujer de portada. Existen guerras perdidas como las de Afganistán y Chechenia (Sieca-Kozlowski, 2013) cuyos combatientes y víctimas civiles acaban cayendo en el olvido y la distancia, sustituidas en los debates mediáticos por la inmediatez del trending topic, por el impacto de las guerras actuales. Desde luego no deja de ser amargamente irónico que Chernóbil se haya convertido en un punto de encuentro para desheredados por la guerra civil y la desaparición de la Unión Soviética. Al fin y al cabo, toda aquella región, la ciudad modelo de Pripiat y su central nuclear, se han convertido en el símbolo del auge y caída del comunismo soviético, de la fe absoluta del ser humano en la técnica y la ciencia como garantía de progreso y bienestar, pero también del paisaje post-apocalíptico que podría haber desencadenado a gran escala la Guerra Fría. Chernóbil bien puede considerarse, de hecho, si no el, sí un punto de llegada de esta larga historia de las guerras civiles del Novecientos. Una historia en la que pese a movernos en multitud de direcciones y abarcar un espectro cronológico y geográfico extensísimo, hemos construido una narrativa centrada en la interrelación entre las guerras civiles y los fenómenos de limpieza política, socioeconómica o identitario-cultural de la comunidad, en la importancia de la transnacionalidad como elemento presente en todas las guerras internas, que nunca lo son por entero, o en la interconexión de guerras diferentes, vinculadas a ciclos históricos concretos: resumiendo muchísimo: el de revolución y contrarrevolución, el de fascismo y antifascismo, el de la Guerra Fría y, por fin, el de una posguerra fría que dura ya casi treinta años. Tiempo suficiente como para que las nubes tóxicas que lanzaron al cielo las tres guerras mundiales (primera, segunda y fría) no sean ya la únicas que descarguen sobre los campos arrasados de las guerras civiles actuales.

Al término de este largo recorrido por el siglo XX son muchas las cuestiones que se nos plantean y que conviene poner sobre la mesa, algunas de ellas recurrentes. ¿Es viable una historia comparada de las guerras civiles? Creemos que sí, aunque como se ha podido comprobar la cosa no es tan sencilla como identificar un concepto y observar sus recurrencias. En primer lugar, por la falta de acuerdo en torno a los contornos interpretativos de la categoría. Para las guerras civiles de la era contemporánea, y a partir de una ya larga tradición de debate en el entorno de las ciencias sociales (cuyas herramientas de análisis, sin embargo, sirven a veces de poco para el análisis histórico), se suele hablar, ya desde Charles Tilly, de procesos de fragmentación del poder y la soberanía en el contexto de una misma civitas. La historiografía las caracteriza además por su condición bélica, es decir, con combates armados, potencia de fuego y territorialidad. Y también por su imbricación indisoluble con procesos de violencia colectiva. Todas las guerras civiles son en última instancia el resultado de la superposición de conflictos y de la agencia humana. Y eso, junto con el hecho ya señalado previamente de que (siguiendo a Victor Serge) en una guerra civil no se reconoce a los no beligerantes, es lo que marca las dimensiones y grados de sus violencias internas. Esto es evidente en el caso de la guerra civil inglesa de la década de 1640, de las guerras de religión de Francia o de la guerra civil que sucedió a la Revolución francesa, y también como se ha podido ver aquí en los de las rusa, española, yugoslavas, italiana, biafrana, guatemalteca, ruandesa, tayik, armenio-azerí en el Alto Karabaj, afgana durante el siglo XX-XXI o iraquí en el XXI. La guerra civil es siempre una lucha por la forma futura de la sociedad, por lo que siempre implica la purificación de algún tipo.

Eso hace que las narrativas sobre las guerras civiles nunca sean neutras, ni neutrales. Y, de hecho, lo que determina sus memorias y narraciones no es solamente el modo en que se desarrollan, sino también cómo finalizan, cómo se gestiona el final de los conflictos. En definitiva, tanto o más importante que el conflicto en sí para la memoria de una guerra es la forma en que se desarrollan las posguerras. O, como aquí se ha subrayado, las reconstrucciones de la comunidad nacional y la gestión de los relatos ulteriores al conflicto. Las reconstrucciones posbélicas (físicas, narrativas), lejos de la aproblematicidad, también acaban convirtiéndose en mecanismos de apropiación simbólica, y por tanto en formas de exclusión, potencial o real, de expulsión, de identificación colectiva y de construcción propagandística. Casos como los de España, Irlanda, Rusia o Grecia resultan por cercanos y conocidos más que evidentes en ese sentido, pero extender la mirada hacia otros espacios como los de Centroamérica, los Balcanes, el Cáucaso y hasta China o Indochina depara conclusiones muy similares. Tal y como trataremos de demostrar en el proyecto que iniciamos como continuación de este libro, en las posguerras civiles es cuando se han articulado con más intensidad los mitos fundacionales nacionales y las formas de nombrar las guerras civiles del siglo XX.

Sin embargo, en materia de definición no existe un consenso generalizado. Y posiblemente no pueda haberlo. La ubicuidad del sintagma «guerra civil» hace de su adscripción un mecanismo no solamente historiográfico, sino también político, cultural e identitario: menos analítico y más valorativo y presentista en términos de legitimidad. De hecho, en este terreno de las definiciones casi es más sencillo nombrar lo que no son. Y por contradecir a Edward Newman, no son guerras ideológicas. ¿Son las ideas las que mueven las guerras civiles? Sí, sin duda, pero desde luego no solo, ni tampoco de manera mecánica o dentro de una lógica simple. Creemos que en estas páginas ha quedado claro que las ideas operan por múltiples vías y a muy diversos niveles, que no están para nada reñidas con la geopolítica, con los intereses económicos, con la ambición personal o con los conflictos intracomunitarios. Es por eso que muchas historias culturales o intelectuales sobre la guerra acaban por no tener sentido en sí mismas y fracasan. De hecho, estas se ven puestas en evidencia por una historia social que nos demuestra una y otra vez que los elaborados discursos que salen de la mesa de los intelectuales o que son difundidos de forma esquemática por organizaciones políticas y medios de comunicación tienen procesos de asimilación muy complejos y consecuencias muy diversas, y se ponen en práctica de formas variadas en función de los individuos encargados de ello y de los escenarios en que se mueven.

En última instancia, el uso o no-uso de la guerra civil como categoría analítica ha dependido casi siempre de contextos históricos y políticos determinados: desde regionales y nacionales hasta internacionales, de la legitimación identitaria de los combatientes mismos de las guerras, hasta la macronarrativa de la Guerra Fría y su paulatina disolución. Su presencia, tanto en los debates políticos y académicos como en la legislación internacional ha sido en consecuencia siempre compleja, entre otras razones porque en el repertorio de causas que las explican muchas veces ha estado la intervención exógena, externa, como en África y Centroamérica, o como en Irak o Ucrania a día de hoy. Es normal que su debate sea polémico, si tenemos en consideración cuáles son las grandes superpotencias que han intervenido en ellas de manera directa o indirecta. Ante la complejidad histórica y conceptual inherente al sintagma «guerra civil», podría pensarse que lo normal es que no exista una definición única de la misma. Y probablemente sea cierto. Sin embargo, en paralelo, también es el tipo de guerra de cuya denominación se ha abusado más. Un motivo que explica esta falta de acuerdo es la naturaleza misma del fenómeno. Las guerras civiles no se declaran ni se cierran con tratados de paz, salvo excepciones, aunque tampoco la Segunda Guerra Mundial lo tuvo, quizás por la gran cantidad de conflictos internos que albergó en su seno y que en muchos casos persistieron más allá de mayo de 1945 dentro de una Guerra Fría que ya se prefiguraba en el horizonte. Tampoco es fácil establecer modelos apriorísticos: las civiles no siempre son guerras convencionales; es más, se trata de fenómenos difíciles de aprehender por su naturaleza camaleónica o mutante, por su extraordinaria capacidad para cobrar vida propia sobre el terreno, de ahí que solo puedan ser analizadas partiendo de una buena dosis de flexibilidad interpretativa.

De hecho, esa es su característica en términos comparados: su variabilidad. Las guerras civiles son a la vez conflictos nacionales, de religión, de clase, revolucionarios y contrarrevolucionarios, pero también internos e internacionales. Suelen definirse por una combinación inconstante de combate regular e irregular, con ocupación territorial y actos de guerrilla, terrorismo, resistencia y depuración preventiva de no combatientes. Casi siempre incluyen ejes movilizadores diferentes según quién y dónde se inicien: no en todos los lugares existe una disputa sobre ejes como la religión, la identidad nacional o la lucha por la soberanía y hasta la integridad territorial. A menudo son conflictos a la vez nacionales e internacionales, pero la dimensión transnacional no siempre tiene la misma importancia. Puede decirse que esta última característica ha adquirido relevancia y centralidad de manera acumulativa con el tiempo, favorecida por una mayor movilidad de los sujetos. Esta es una dinámica propia de las guerras civiles del siglo XX y lo que llevamos del XXI: los conflictos internos se circunscriben cada vez menos en contextos de guerras internacionales, como sería el caso de Rusia, Italia o las guerras internas en los contextos de ocupación, y cada vez más, sobre todo en el marco de la Guerra Fría, las guerras civiles son las que han acabado por provocar una guerra internacional. Los casos de Corea e Indochina son capitales en ese sentido, pero no son los únicos, lo hemos visto también en el Congo, Afganistán, Irak, Nicaragua, Georgia o Yugoslavia, entre muchos otros. Por su parte, si la guerra civil española no provocó un conflicto internacional, sí prefiguró al menos elementos propios de su geoestrategia, objetivos y contendientes —de ahí el interés mussoliniano por las Baleares.

Por último, todas las guerras civiles dependen fuertemente de contextos de tensión geopolítica o de la existencia de poderes carismáticos, pero ello combinado con dinámicas regionales, nacionales y subnacionales, por un lado, y comunitarias e intracomunitarias, por otro. Además, allá donde la estructura de la organización social o su derrumbe no posibilitaba el enfrentamiento entre ejércitos paraestatales —o donde ninguno de ellos tenía suficiente poder para imponerse sobre el resto— los conflictos internos han sido el escenario para la aparición de señores de la guerra. Si trazamos una mirada amplia sobre el orbe en la segunda mitad del siglo XX, vemos claramente cómo la alargada sombra de la Segunda Guerra Mundial y el periodo precedente es más que evidente. Esto se dejó notar sobremanera en las formas diversas —no carentes de continuidades— en que las potencias europeas gestionaron o enfrentaron la descolonización de sus vastos imperios de ultramar, o en cómo se actuó sobre la fractura y disolución imperial a caballo entre Guerra y posguerra Fría. Una buena muestra de ello son los conflictos que acompañaron y en buena medida propiciaron el fin de la Unión Soviética, la mayor parte de ellos en sus fronteras meridionales. Conflictos, de hecho, estimulados de manera muy activa por las políticas antisoviéticas de William Casey (1913-1987), director de la CIA entre 1981 y 1987, durante el mandato de Ronald Reagan, tras haber sido el director de su campaña electoral en 1980. En su periodo al frente de la agencia de inteligencia, sus esfuerzos no solo se dirigieron a propiciar la derrota del Ejército Rojo en Afganistán, mediante la financiación y el envío de armas a ciertos grupos islámicos, sino que buscó por todos los medios la manera de levantar a las poblaciones musulmanas del Cáucaso y Asia Central contra el Estado soviético para forzar su destrucción. Estas políticas, de largo alcance y gran arraigo dentro de los aparatos estatales estadounidenses, tuvieron continuidad incluso durante las guerras de Chechenia, buscando mantener a Rusia en una posición de debilidad e incapaz de competir a nivel geoestratégico en ciertas regiones de interés vital para Estados Unidos, especialmente Oriente Medio. Así lo expresaba el propio Vladímir Putin, con su particular visión nacionalista rusa, en una de sus entrevistas con Oliver Stone: «verbalmente nuestros socios estadounidenses hablaban sobre su apoyo a Rusia, sobre la necesidad de cooperar, incluyendo la lucha contra el terrorismo, pero en realidad estaban utilizando a estos terroristas para desestabilizar la situación política interna en Rusia» (Stone, 2017).

Esto bien puede llevarnos en otra dirección. En cierta medida, en las grandes narrativas de la Guerra Fría y de su posguerra han seguido primando los análisis de la geopolítica internacional en clave bipolar e ideológica, donde las guerras civiles son vistas como meras derivaciones del conflicto global, condicionadas por la política de las superpotencias y supeditadas a estas. Esa es una perspectiva cercana a las formas de colonialismo académico y resulta doblemente perversa, pues mientras elimina las especificidades de los casos históricos y los reduce a meros ecos subsidiarios del conflicto verdaderamente importante, al mismo tiempo simplifica la capital dimensión transnacional que tuvieron las guerras civiles del siglo XX. Críticos con estos enfoques, hemos visto que existen agentes locales con sus propias agendas políticas, en contextos de disolución imperial, en sociedades en situaciones liminales de violencia y cambio político, en tiempos de construcción estatal y nacional. A nivel internacional, muchas veces las guerras civiles tienen lugar en periferias imperiales, en marcos de reubicación de esferas geoestratégicas e intereses geopolíticos, de creación de espacios de seguridad en mundos bipolares y multipolares. Por eso el gobierno y los estamentos de poder en China apoyaron la guerra en Corea o Vietnam: detrás de su decisión no solo había motivos ideológicos, sino también, muy importante, el deseo de crear un cinturón de seguridad estratégico. En no poca medida, esa razón explica también la participación estadounidense en El Salvador o Nicaragua. Así pues, las guerras civiles no se comprenden sin las políticas de seguridad interna de las potencias mundiales, quizás no tanto en su estallido, que casi siempre responde a dinámicas endógenas, pero desde luego sí en su evolución y en su final. En todos los conflictos internos, desde Rusia a Afganistán y desde España a Guatemala, la injerencia externa tiene una gran importancia. Sin embargo, eso es tan cierto como que los enfrentamientos adoptan sobre el terreno formas inesperadas y desarrollan sus propias lógicas intra y supracomunitarias. Existe por supuesto la guerra subsidiaria, pero eso no implica forzosamente sujetos subalternos. Las guerras civiles instigadas por potencias externas acaban siendo incontrolables y muchas veces degeneran en guerras de alta intensidad que acaban perjudicando a los agentes internacionales que participan en ellas. De hecho, las grandes potencias suelen fracasar cuando intervienen en esos márgenes imperiales al verse arrastradas por los propios sujetos autóctonos, aquellos que suelen verse excluidos de las grandes narrativas de la Guerra Fría, que en no pocos casos pueden llegar a aprovecharse en beneficio propio del apoyo que les es prestado desde fuera. Piénsese en Vietnam, Afganistán, Irak, o en prácticamente todas las guerras civiles africanas del siglo XX.

Lejos de los estereotipos y atavismos regionales que son propios de esa perspectiva colonial, hemos constatado que las guerras civiles son conflictos radicalmente modernos, también donde los observadores internacionales las vieron como el resultado de la combinación entre atraso socioeconómico y predisposición genética e identitaria a la violencia, como en Rusia, España, Grecia, Yugoslavia, Ruanda o Guatemala. Tanto es así que en no pocas latitudes la guerra civil ha sido la forma en que se ha configurado la modernidad misma: no debe olvidarse, en este sentido, que uno de los principales legados del colonialismo, sobre todo en sus formas decimonónicas, es la imposición del modelo del Estado-nación. Es interesante observar desde esta perspectiva cómo en el seno de los conflictos intracomunitarios y las guerras internas, el fenómeno de la violencia, estereotipación del enemigo interno y expulsión de la comunidad nacional conviven con la construcción en positivo de las retóricas de identificación nacional y comunitaria (Dwyer y Ryan eds., 2012). Hablar de la ruptura de las comunidades, dimensión que subrayamos en el título de este trabajo para llamar la atención precisamente sobre el enorme coste en vidas y cicatrices que han supuesto y siguen suponiendo las guerras civiles, no excluye que la fractura en esas mismas comunidades humanas, políticas o etnonacionales evidenciase una voluntad explícita de expulsión y limpieza. Estas se pueden romper desde fuera, pero mayoritariamente la quiebra armada de la convivencia se inicia desde dentro de las mismas y se explica en base a sus lógicas. Desde la incompatibilidad de los proyectos y sujetos político-identitarios, en contextos de crisis armada, de disolución y reconfiguración del orden geoestratégico, sobre todo en las periferias imperiales y en las entidades supranacionales; con el requisito del acceso a las armas y la voluntad contingente de usarlas para tomar el poder y desplegarlo sobre un territorio de soberanía disputada; e identificando al otro como extranjero pese a su connacionalidad, alterizándolo de manera extrema para justificar su expulsión de la comunidad nacional. Las guerras civiles responden a lógicas transnacionales e internacionales, y se proyectan sobre dimensiones comunitarias. No son perspectivas excluyentes.

Tal vez sea ese, y no tanto la creación de organismos supranacionales o el irregular despliegue de políticas de redistribución y bienestar, el motivo que explique la ausencia de guerras civiles en Europa entre 1949 y la década de 1990. Quizás también explique que fuera en Yugoslavia donde volvió a aparecer el fenómeno, un lugar periférico, en el marco de la disolución de una entidad supranacional y de un conflicto entre etnonacionalismos en pugna dentro de una redistribución de poder. Como hemos visto, una de las consecuencias del largo período de Entreguerras y la Segunda Guerra Mundial en Europa fue la virtual resolución de la cuestión de las minorías nacionales, culturales o religiosas por la vía de la expulsión, el desplazamiento forzoso o el genocidio. Eso acabaría al menos con el pretexto étnico, que sin duda no fue la causa directa de las guerras internas europeas, pero sí constituyó el marco intelectual y el eje movilizador esenciales. Yugoslavia es el caso que mejor explica esa aparente paradoja.

En uno de los escasos acercamientos teóricos al tema desde la historiografía, David Armitage identifica la guerra civil como una forma «organizada» de violencia. Efectivamente, la guerra, sobre todo si es civil, es una práctica altamente codificada de violencia, pero no por eso es siempre «organizada». Una de las macronarraciones que más cuestiona la historiografía reciente sobre las violencias colectivas en escenarios de conflicto armado (internos, internacionales o en tiempo de paz) es la del masterplan, el plan maestro, la de la organización meticulosa desde arriba, la de la violencia como forma de traslación de un proyecto predefinido de actuación al plano de la realidad. Y aquí una vez más volvemos a la importancia y variabilidad de los escenarios locales, pero también al margen de maniobra del que gozan individuos y colectivos armados (o no) a ras de suelo cuando se trata de ejecutar actos violentos. La violencia puede tener una lógica propia, interna e intracomunitaria, pero no está suspendida en el espacio y en el tiempo, con lo cual aparece determinada por el contexto bélico. Al fin y al cabo, en una guerra civil se rebaja el coste de la actividad violenta con la destrucción de la sanción institucional. La relación es bidireccional: la violencia puede responder a dinámicas propias que sean las que influyan en el contexto y no al contrario, pero a su vez históricamente es la guerra la generadora de marcos propiciatorios y multiplicadores para la violencia (Baldissara y Pezzino, 2004). Así pues, no parecen procesos excluyentes desde el análisis de la contingencia histórica. Las guerras civiles contemporáneas, al ser al mismo tiempo nacionales e internacionales, regulares e irregulares, contra ejércitos beligerantes y contra la población civil, y al ser mayoritariamente totales, traen aparejadas la disolución de las fronteras entre el combatiente y el no-combatiente, y al tiempo implican la superposición de conflictos de orden político, nacional y simbólico. Y a su vez, esa multiplicación de enfrentamientos contribuiría a potenciar la intensidad y profundidad de las políticas de violencia.

En lo que respecta al modo de hacer la guerra y de practicar la violencia en escenarios de conflicto interno encontramos un elemento fundamental de forma recurrente: la improvisación por la falta de preparación de los contendientes, lo cual provoca muy a menudo que se estanquen y enquisten los enfrentamientos. La tendencia de las guerras civiles es causar un alto número de civiles muertos, en buena medida por los desplazamientos forzosos y masivos de poblaciones asociados a estas, donde también se cobran numerosas vidas el hambre, los maltratos y las epidemias. En conflictos donde el componente etnonacional juega un papel importante las expulsiones forzosas son otro signo habitual de las operaciones, donde el número de muertes es cada vez más numeroso que las causadas por los propios choques armados. En este libro hemos podido observar algunos elementos que hacen de la guerra civil un eje explicativo sine qua non de la contemporaneidad, en tanto que conflictos totales en los que la población civil no combatiente es un objetivo central y —directamente vinculado a la violencia y al modo de hacer la guerra— por su importancia como marco de construcción nacional y comunitaria. Huelga decir que los conflictos internos no son los receptáculos exclusivos ni de la movilización ni de la construcción de las comunidades nacionales (que se activan de manera mucho más evidente en casos de ocupación extranjera), ni de la violencia contra no combatientes (el ejemplo extremo de las ocupaciones en Europa durante la Segunda Guerra Mundial lo ratifica), ni de construcción nacional (pues de nuevo las guerras mundiales fueron cuanto menos tan determinantes como las civiles en este sentido). Sin embargo, contienen especificidades que han hecho de este tipo de conflicto el más recurrente en el mundo, sobre todo tras 1945.

La conclusión a la que llegamos no puede ser otra: la guerra civil no es inevitable. Ciertamente, como hemos visto, suele ser un epifenómeno relacionado con la penetración capitalista, con escenarios liminales o de transición y con la disolución de las entidades supranacionales. Los casos de fracturas armadas en momentos de vacío de poder, en estados débiles o muy vulnerables y fruto del empuje del capitalismo y la modernidad en tiempos de descomposición imperial (como en Rusia, China, el Imperio Otomano o el Congo) favorecieron fuertemente el estallido de guerras civiles. Además, estas también se relacionan con formas extremas de disputa intracomunitaria por la soberanía y la legitimidad nacional. Pero si en Irak, en Chechenia o en Yugoslavia se han repetido los fenómenos de guerras civiles, o si en Guatemala, Angola, Birmania o Liberia este llegó a convertirse en un mal endémico, hasta el punto de que generaciones completas apenas han conocido prácticamente la paz y han pasado la mayor parte de su existencia bajo situaciones de guerra interna, no es porque allá existan predisposiciones genéticas ni atavismos recurrentes que lleven al asesinato del vecino o al impulso de tomar el poder mediante las armas. En esos países, como en muchos otros, han sido la agencia y la decisión de personas y grupos, con agendas políticas propias y en contextos propiciatorios como las ocupaciones, las disoluciones imperiales, las guerras subsidiarias o la recomposición de un nuevo orden, quienes han optado por la solución armada.

Que las guerras civiles no sean tan asesinas como las internacionales ni tan relevantes en el terreno de la movilización y la creación de solidaridades nacionales, o en el de la pura geoestrategia, no quiere decir que sean guerras irrelevantes. Al contrario. La guerra civil se identifica como el epítome de la crueldad y la violencia, no solamente porque tienda a durar como media cuatro veces más que las guerras interestatales. Y eso a pesar de que en términos retóricos y militares, y en lo referido a sus códigos de comportamiento, la civil sea la más inaceptable de las guerras. En el tiempo de la totalización de los conflictos bélicos se amplió necesariamente la implicación de los no combatientes, en tanto que partes de una maquinaria estatal o paraestatal de guerra, o en tanto que víctimas y objetivos militares. En ese contexto de totalización (que a todos los efectos es el único real tras la Gran Guerra) la guerra civil es inaceptable entre otras variables porque al enemigo no es ya que ni siquiera se le considere un sujeto legítimo, como en buena parte de los conflictos intraestatales, es que directamente no se le atribuyen las condiciones características del combatiente y, por tanto, al menos en el terreno de lo teórico (si bien poco operativas a todos los efectos), tampoco se le aplican las normas internacionales para la regulación de los conflictos (Baldissara, 2018: 49-80). Sin embargo, tal fue la realidad de gran parte de las guerras que aquí se han analizado, como las que se desempeñan en forma de combates entre insurgencia y contrainsurgencia, entre fuerzas regulares e irregulares. La guerra civil es un fenómeno que da cabida y cobertura a los más variados intereses políticos, económicos o geoestratégicos. Y no existe un modelo que explique su inicio, despliegue, desarrollo o final, porque si aplicamos al pasado el famoso principio de Heráclito de Éfeso lo más constante en la historia es el cambio. Por eso somos conscientes de que conviene ir mucho más allá para aprehender un fenómeno de tal complejidad, ahondando en las experiencias individuales y colectivas, en las particularidades, pero sin renunciar por ello a las continuidades y recurrencias. Es lo que hemos tratado de mostrar en este libro, que sin duda puede y debe ser un punto de partida para futuras exploraciones.

Sin rechazarlo, no hemos buscado el impacto sino la complejidad: analizar la variabilidad de escenarios, cuestionar los relatos aprehendidos y resituar la importancia de la agencia y la decisión humanas en procesos tan extremos como las guerras civiles. En los últimos años, la historiografía tiende al estudio de las representaciones más que de los procesos; de las memorias y los relatos más que de las experiencias. En cierta medida, este libro ha querido darle la vuelta a esa cosmovisión, volver a poner las trayectorias individuales en el centro del discurso, recuperar la experiencia y la agencia humanas como ejes explicativos para estudiar las guerras civiles de los últimos cien años. Si es cierto que la guerra no puede contarse, como dijera Walt Whitman (1819-1892) pensando en lo ocurrido en Estados Unidos entre 1861 y 1865, es decir, que la «historia interior» de la guerra «nunca será escrita, que su realidad, compuesta en sus pequeñeces por hechos y pasiones, nunca será siquiera sugerida» (Masur 2011: 93), posiblemente sea vacuo cualquier acercamiento desde la historiografía, tanto al fenómeno del conflicto bélico como al de la guerra civil, la violencia, el terror o el genocidio. Pero eso no nos exime del deber de intentarlo. En todo caso, como puede imaginarse, el abordaje de este tema no ha estado exento de problemas, y creemos poder explicarlo con un ejemplo muy concreto que se nos apareció de golpe cuando tuvimos que elegir la fotografía de la portada. Revisando repositorios digitales y colecciones fotográficas decidimos que no queríamos utilizar imágenes de víctimas mortales y cadáveres de las guerras civiles. Y realmente las hay en abundancia: desde las de los ahorcamientos de la guerra rusa hasta los niños destrozados de la nigeriana pasando por los muertos de las violencias sublevada y revolucionaria en España o los partisanos decapitados en Italia. Se trata de imágenes usadas no solamente en el tiempo presente, sino directamente tomadas en su momento con objetivos ejemplarizantes. Tanto las imágenes de las guerras de 1917-1949 con su blanco y negro estetizante como las más recientes, en color y alta definición de Somalia, Ruanda, Chechenia o cualquiera de las guerras civiles recientes como Irak y Afganistán son simplemente aterradoras. Están llenas de cadáveres de niños, de cuerpos desmembrados, de cabezas cortadas. De imágenes de víctimas civiles, seguramente inocentes, vidas destrozadas antes de haberse iniciado. No hay filtro estético que aguante el dolor que generan, es simplemente insoportable. Incluso para los que llevamos años y décadas ya trabajando sobre las violencias colectivas, el dolor, la crueldad y el sufrimiento extremos. Es imposible inmunizarse ante ellas.

Usar esas imágenes nos parecía atentar contra la memoria y la dignidad de esas personas, independientemente de si eran civiles o combatientes, fascistas o antifascistas, inocentes o culpables, si estaban o no en lo que nosotros consideramos —cada persona tiene el suyo— el lado justo de la historia. Siempre hemos dudado si esas personas habrían querido acabar siendo imagen y epítome de la violencia ejercida contra ellas. Si no es una injusticia atroz e injustificable por parte de la historiografía arrogarse el derecho a reproducir, siquiera por fines educativos, la imagen destrozada de sus cuerpos. Si no es un atentado a su memoria reducir sus vidas, deseos, amores, afectos, odios y maldades al cuerpo inerte, al cadáver. Tal vez por ello muchos trabajos dedicados a estos temas aparezcan en sus portadas con mapas o dibujos, formas de estetización de la violencia para evitar mostrarla en toda su cruda realidad. Incluso cuando las ilustraciones no guardan relación alguna con el fenómeno de la guerra civil. Tanto el libro de Bill Kissane (2016) como antes el editado por Gabriele Ranzato (1994) están unidos por utilizar como imagen de portada grabados de la serie Los desastres de la guerra (c. 1810-1815), del fuendetodino Francisco de Goya (1746-1828): Esto es peor el primero, Y no hay remedio, el segundo. El fundamental trabajo de Stathis N. Kalyvas (2006) está ilustrado por un óleo que representa a dos hombres pegándose de manera violentísima por el suelo, Les voleurs et l’âne (Los ladrones y el asno, c. 1858), de Honoré Daumier (1808-1879) y de clara inspiración goyesca[2]. Muchos otros que abordan estos temas sobre la violencia de masas usan imágenes fuertemente estetizantes, como las de las largas filas de cráneos ya limpios que acaban por aparecer años después de un genocidio o de una guerra civil, sea en Cuba, en Camboya o en la España de las fosas comunes. Tales decisiones posiblemente sirvan como mecanismo para rehuir del horror que producen las fotografías de las guerras tratadas en sus libros.

Nosotros hemos decidido no rehuirlo, pero sí tratar de situar el desgarro que producen las guerras civiles en el espacio puramente analítico: el horror es un arma de guerra, y en las guerras civiles puede llegar a convertirse en su objetivo primordial. Con todo, la imagen que ilustra este libro, tomada en el larguísimo cerco de Sarajevo de 1992-1996, tampoco está exenta de problemas. Somos conscientes de que elegir una foto de dicha ciudad es optar por un lugar icónico, un escenario que incluso llegó a eclipsar mediáticamente muchas otras guerras que estaban teniendo lugar contemporáneamente en la propia Bosnia, en Chechenia, en Ruanda o en Afganistán, debido a la concentración de corresponsales extranjeros que se acumularon en la ciudad, que contribuyeron a elaborar un relato en el que Sarajevo era el paradigma del sufrimiento injusto, de la guerra al civil, de la crueldad sin límites de la raza humana. Y somos conscientes de ello porque este libro ha pretendido ser anti-icónico. Con todo, también queremos defender nuestra decisión. La foto elegida es una muestra palpable y fehaciente de lo que nosotros entendemos por una guerra civil y del modo en que nos hemos acercado al tema: uno que no elabore estadísticas ni gráficas comportamentales, sino que se asome a las vidas destrozadas por los conflictos intracomunitarios. A la historia de las comunidades rotas. No obstante, es imposible quitarse de encima la sensación de estar siempre muy por detrás de la realidad histórica, de que el trabajo de la historiografía no puede sino en el mejor de los casos entrever los abismos a los que se asoma el historiador. Sin ir más lejos, es prácticamente inconcebible que ni la mujer que busca algo útil entre los escombros del edificio ni sus familiares lleguen a saber jamás que su imagen, cargada de dureza y a su vez, creemos, generadora de compasión, ha acabado simbolizando para dos autores aragoneses la naturaleza última e íntima de la guerra civil. Y que lo ha hecho, por subrayar la evidente paradoja, en un trabajo académico, limpio, ordenado: la antítesis, de hecho, de cualquier guerra, y más de la guerra civil. No sabemos realmente nada de esa mujer: si sobrevivió a la guerra, si perdió a sus hijos o a su pareja, si estaba del lado de los sitiados o simpatizaba con los sitiadores, si denunció a una vecina, si delató a un enemigo o si se mantuvo en el lado justo de la historia. Una guerra civil genera todas esas realidades y más, y el papel de la historia no es moral, no es el de juzgar, sino el de comprender. Somos conscientes de la hipocresía por nuestra parte, incluso de que esto podrá ser leído como una decisión impostada. Con todo, una de las dedicatorias del libro es a esa mujer, quienquiera que fuese. En agradecimiento y disculpa por haber acabado como imagen de nuestro libro. Sin permiso y posiblemente sin haberlo deseado.

Acabamos. En 2018 se pudo ver en Madrid una exposición descomunal cuyos materiales procedían de los fondos del Museo Estatal de Auschwitz Birkenau, que queremos traer al recuerdo entre otras cosas porque nunca ha habido ocasión de ver algo así al hilo de una guerra civil, y no será por falta de posibilidades. Tras una larga visita —en nuestro caso más de tres horas— por los espacios y lógicas del horror, por las imágenes de los genocidios perpetrados en este campo de exterminio de la Alta Silesia puesto en funcionamiento en el contexto de la Aktion Reinhardt, por los mecanismos sucios de la deportación, el asesinato y la cremación, la última sala reproducía pequeñas grabaciones cinematográficas familiares. Imágenes de familias sonriendo, jugando, posando para la cámara. Imágenes de niños vivos. Imágenes de vida. Ojalá la historiografía pudiese servir para recordar así a las víctimas, en vez de contribuir perennemente a fosilizarlas en esa postura que, como señalábamos en la introducción, eligieron para ellas sus verdugos. Nosotros no hemos pretendido otra cosa que lanzar algunas preguntas a una narración ya de por sí compleja, para observar la centralidad del fenómeno de la guerra civil en la construcción de la contemporaneidad. El XX, decíamos al inicio del primer capítulo, es unánimemente considerado el siglo del terror y el genocidio. Como hemos podido ver, tal vez el XX en su conjunto no, pero el siglo que va de 1917 hasta el presente es también el de la guerra civil.

Agradecimientos y deudas

Agradecimientos y deudas

Este libro es el resultado de la confianza de Galaxia Gutenberg en nuestro trabajo, y en particular de la de María Cifuentes. Vaya para ella y para el equipo editorial nuestro primer agradecimiento por su comprensión ante las dificultades de escribir un libro a cuatro manos en momentos no siempre sencillos y a veces con márgenes de tiempo muy escasos, y para Santos Juliá y José Álvarez Junco por haberlo defendido aun sin conocerlo. Para su realización nos hemos podido valer de los fondos a la investigación gestionados por el Proyecto de Investigación del extinto Ministerio de Economía y Competitividad «Culturas políticas, movilización y violencia en España, 1930-1950» (HAR2014-53 498-P), generosamente coordinado por Francisco Morente, donde hemos compartido espacios de investigación y amistad con José Luis Martín Ramos, Ferran Gallego, Joan Pubill y Josep Puigsech. De igual modo, este libro ha formado parte de los trabajos preparatorios para el despliegue del Proyecto «Posguerras civiles: violencia y (re)construcción nacional en España y Europa, 1939-49» del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sin duda queremos agradecer a Alexandra Elbaykan, sin cuya aportación este libro no existiría, ella sabe a qué nos referimos. Algunos apartados de la obra han podido ser discutidos en foros académicos de primer nivel, como el Seminario de Historia de la Fundación Ortega-Marañón en Madrid; el Seminario del ya desaparecido The Centre for the Study of Modern Conflict en Edimburgo, gracias a la invitación de David Kaufman y Julius Ruiz; el Research Colloquium on History after 1800 de la Universidad de Berna, gracias a la invitación de Christian Büschges y Christian Gerlach; la New School de Nueva York, gracias a la invitación de Federico Finchelstein; o el Seminario Permanente de Investigación doctoral en historia de la Universidad de la República en Montevideo, gracias a la invitación de Marina Cardozo y de Magdalena Broquetas. Los comentarios y críticas allí recibidos (a veces feroces) han pasado a formar parte de las preguntas que nos hemos planteado a lo largo de estas páginas.

Los agradecimientos van también a quienes nos han acompañado en su proceso de elaboración, muchas veces por el solo hecho de estar ahí. A todos y todas ellas, maestros y amigos, amigas y maestras, que comparten más allá de lo administrativo proyectos y sensibilidad hacia la investigación de la guerra, la violencia y sus conjuntos desde una mirada contemporánea: Francisco Morente, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Maximiliano Fuentes, Xosé Manoel Núñez Seixas, José Luis Ledesma, Alfonso Iglesias, Mercedes Peñalba, Antonio Rivera, Emilio Grandío, Pilar Mera, Eduardo Higueras Castañeda, Alberto Cañas, Pablo Aguirre, Javier Muñoz, Miguel Ángel del Arco, Pedro Payá, Carlos Gil, Jeff Rutherford, José María Faraldo, Matteo Tomasoni, Santiago Gorostiza, Daniel Aquillué, Félix Gil, Klaus Schmider, John Horne, Alan Kramer, Pedro Rújula, Alejandro Rabinovich, Germán Soprano, Fernando Jiménez, José Galán, Ignacio Peiró, Andreas Stucki, Luca Baldissara, Laura Cerasi, Manuel Chust, Vicent Sanz, Francisco J. Leira, Álvaro Bermúdez, Vicente Aupí, Patricia Bou, Claudio Hernández, Antonio José Rodríguez, Francisco Veiga, Julio Ponce y Fernando Molina, entre muchas otras y muchos otros. David Alegre quiere tener unas palabras especiales de agradecimiento y amor para Assumpta Castillo, por lo mucho que le une a ella, por el modo en que ha contribuido a su actual comprensión de la realidad pasada y presente y porque su huella siempre será imborrable. Conscientes de la importancia que tienen aquellos y aquellas que nos acompañan diariamente, y que dentro de la precariedad de nuestro tiempo acaban formando parte de nuestras familias temporales, el mismo David siente una infinita gratitud hacia la vida por haber puesto en su camino a Astrid Ribot Thunnisen. Por su cercanía y familiaridad, por su justa franqueza y su humanidad, ha sido fundamental hasta la conclusión de esta obra. Tampoco queremos olvidar a nuestros alumnos y alumnas en la Universitat de Girona y la Universitat Autònoma de Barcelona, con quienes hemos podido poner a prueba semana tras semana muchas de las tesis contenidas en esta obra. No sería justo dejar de recordar a las muchas personas que interactúan cotidianamente con las redes sociales de la Revista Universitaria de Historia Militar, y que tanto enriquecen nuestras reflexiones sobre los contornos y realidades de la guerra contemporánea.

El penúltimo agradecimiento va a nuestros compañeros del Grup444, y en particular a nuestro amigo, camarada y contrapunto Miguel Alonso. Además de sus consejos bibliográficos y sus lecturas de originales, nos ha brindado a lo largo de estos meses algunas de las cosas más necesarias cuando se está trabajando sobre materias tan delicadas y sensibles: la ironía, la amistad, la locura y, sobre todo, algo tan importante como la risa. Aparte de una mente brillante y un irreductible zaragocismo, si algo tiene Miguel es la capacidad para cautivarte con su humor, que no deja de ser sinónimo de lo primero. Por supuesto, el último reconocimiento va para nuestras familias, a quienes toca aguantar las ausencias, las frustraciones personales, las sobrecargas de trabajo, los domingos y festivos frente al ordenador, obligadas a convivir como están con bibliotecas sobre temas las más de las veces horribles y a cambio de muy poco: unas líneas de cariño y algo menos de espacio en nuestras ya de por sí inundadas casas. Tal vez más que nunca han sido fundamentales, no solo a la hora de ponerle título a tanto trabajo (grazie, Alessandra), sino sobre todo a la de darle sentido y razón. Máxime cuando en medio de la zozobra todo invitaba a abandonar el barco y dedicarse a cosas más gratas y hermosas como acompañar a los padres y oír crecer a los hijos. Este libro es para ellos: Melania, empezando esa maravillosa etapa de lo desconocido, y Carlos, recién llegado al mundo para aportarle algo de su risa y su dulzura. Ella lo sabe, y a él habrá que explicarle la increíble felicidad que han traído a nuestras vidas. En definitiva, nada de esto sería posible sin dos familias detrás, a menudo actuando como pilar maestro cuando todo parece derrumbarse dentro y alrededor. Por eso gracias a Antonio, Mari Carmen y Alejandro. La precariedad no deja de ser menos amarga, pero a vuestro lado es más llevadera, y el solo hecho de demostraros que todo esto ha valido la pena ya es estímulo suficiente como para apretar los dientes y seguir caminando hacia delante, siempre con la convicción de que llegará a algún lugar que valga la pena. Siquiera por vosotros, que lo merecéis por tanta lucha, haremos que así sea.

Por último, no querríamos dejar de subrayar con un especial énfasis que este libro tiene para nosotros una íntima dimensión personal. Acabado el curso académico 2008-2009 en la Universidad de Zaragoza, un joven estudiante de Historia de veintiún años acudía al despacho de un también joven profesor de treinta y uno. Llevaba con él la ilusión casi intacta de un muchacho deseoso de continuar explorando las líneas torcidas del pasado, siguiendo la afortunada metáfora de Geoff Eley, y también un ejemplar de Cautivos, plasmación editorial de la tesis del docente en cuestión, la cual acababa de adquirir en Antígona, la irrepetible librería junto a la Facultad de Filosofía y Letras de la capital aragonesa. Tras meses de intensas lecturas y descubrimientos flotaba en el aire el olor fresco y liviano del final de la primavera, que ya anunciaba sin temor la llegada del verano, con sus momentos de receso e higiene mental, de nuevo comienzo. Quizás convenga explicar la dimensión poética de estas líneas, pero es que a ciertas edades la emoción embarga el alma con la inocencia y pureza de lo primigenio; tender al maestro un ejemplar de su obra para que estampe su dedicatoria no es un momento baladí en la formación de alguien que aún no se ha iniciado en el mundo de la investigación, pero que no obstante ansía hacerlo con todas sus fuerzas.

Evidentemente quien escribe estos renglones finales es el entonces estudiante, de ahí que se permita las licencias e incluso las crea necesarias para evocar la dimensión del momento. De manera premonitoria, la dedicatoria que quedó escrita fue: «Para David, porque ha sido un orgullo sincero compartir contigo este tiempo. Espero que nuestros caminos sigan cruzándose. Zaragoza, 9-VI-09». No sé si alguno de los dos éramos verdaderamente conscientes de hasta qué punto se iba a cumplir aquella esperanza, pero diez años después el resultado ha sido no solo este libro, sino también una tesis doctoral defendida en junio de 2017 y un vínculo personal irrompible plagado de buenos momentos y ayuda mutua en los momentos difíciles. Y finalmente la más hermosa de las enseñanzas que nos pueda dejar el oficio del historiador, del humanista, del docente: el crecimiento personal y la formación son un camino que nunca acaba, y solo son posibles por medio de la complicidad y la reciprocidad entre maestro y discípulo, todo lo cual es fruto del trabajo, el esfuerzo, la admiración y el respeto mutuos. Pocas veces se subraya todo el proceso que hay detrás de una obra como esta. Para ambos autores supone refrendar una amistad equiparable al vínculo familiar, pues se ha convertido en uno de los pilares que sostienen nuestras vidas y en parte de nuestra familiaridad, tanto que no solo nos ha unido a nosotros, sino también a nuestros seres queridos. Así pues, lo mejor de este libro es que es una parada intermedia que sin duda marca un hito en nuestras reflexiones y en nuestra relación personal, sabedores de que todo lo que haya de venir lo compartiremos y de que a nuestras espaldas siempre quedará este trabajo. Quizás, una de sus principales virtudes ha sido su capacidad para renovar en nosotros la ilusión casi intacta del comienzo, esa misma de la que hablábamos más arriba. Para bien o para mal ninguno de los dos podemos concebir este oficio de otra manera.

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Notas

[1] Es cuanto menos revelador que en un libro como ese, en su recopilación de la «scholarship on civil war» los historiadores brillen por su ausencia. Lo cual da buena muestra de la falta de diálogo interdisciplinar, de cierta autocomplacencia por parte de no pocos científicos sociales y, quizás también, de la incapacidad de la historiografía para hacerse oír con propuestas novedosas a nivel conceptual fundamentadas en la contingencia. Otro ejemplo de superficialidad pasmosa, al menos en lo relativo a España en Escott, 2014. <<

[2] Queremos agradecer a nuestra buena amiga y colega Patricia Bou Pérez, experta en la época paleobabilónica, por ponernos al corriente de la existencia de la Epopeya de Erra e Ishum. <<

[1] Una revisión bibliográfica del tema sería simplemente inabarcable, además de abiertamente injusta con las como mínimo tres generaciones ya de estudiosos que la han abordado. Un par de acercamientos en Ledesma, 2009c y Rodrigo, 2014. <<

[2] Entrevista con D. F. R. (1924), realizada por David Alegre Lorenz el 24 de marzo de 2018. <<

[3] A saber: la división entre administraciones de coalición, mediante plenipotenciarios; administraciones de vigilancia, mediante comisarios del Reich; administraciones gubernativas, mediante poderes locales y ocupación militar; y administración colonial, mediante un Gauleiter alemán (Klinkhammer, 2004: 62). <<

[4] Sobre la RSI, entre otros, Ganapini, 1999; Franzinelli, 2007; Fioravanzo, 2009; Osti Guerrazzi, 2004 y 2012; Avagliano y Palmieri, 2017. <<

[5] Véase Pezzino, 2004: 55-58 para una panorámica esquemática de las matanzas de civiles en Campania y Frosinone y en la Toscana entre septiembre de 1943 y abril de 1945. <<

[6] Sirvan como ejemplo Mazower, 1998; Deak, Gross y Judt, 2000; Ahonen et al., 2008; Lowe, 2012; Martin, Haughton y Purseigle 2014; Gerwarth, 2015; Gerwarth y Horne, 2015; Kershaw, 2016. <<

[1] A este respecto contamos con el documento elaborado por el Senado de Estados Unidos: «Korean War Atrocities. Report of the Committee on Government Operations made through its Permanent Subcommittee on Investigations by its Subcommittee on Korean War Atrocities», 1954. En este caso la cita es de la página 3, donde curiosamente, vale la pena señalarlo, se establece una continuidad entre el modo en que se llevaron a cabo las ejecuciones en Katyn y los crímenes ocurridos en Corea. Por mucho que existan pocas similitudes, tanto en el fondo como en la forma, lo que se pretende a todas luces es poner de manifiesto el carácter naturalmente criminal del comunismo y establecer una cultura de la violencia común a dicha cultura política. <<

[2] Swisher, Peter N., «April 30, 1970: The Koreans», A Vietnam Diary, 1975, UR Scholarship Repository. <<

[3] Babysan es un personaje femenino nipón de un cómic ambientado en la ocupación estadounidense del Japón donde esta coqueteaba con los marineros. Fue muy famoso en los cincuenta. <<

[1] En este caso, Serbia puso bajo su control cuatro de los ocho votos, que además de los ya mentados incluía los de Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia, con lo cual las tablas no hacían sino dejar aún más en suspenso la situación política. <<

[2] El recurso al referéndum es un instrumento muy habitual en el marco de conflictos intracomunitarios o guerras civiles. Así se pudo observar en mayo de 2014, en el marco del conflicto del Donbáss cuando la población de las antiguas regiones de Lugansk y Donetsk, pertenecientes a Ucrania, optó por amplia mayoría por la secesión frente a Ucrania, a la par que solicitaba su integración en la federación rusa. Como podemos ver, el proceso es muy similar al seguido por los serbios de la Krajina. <<

[3] La familia de Ratko Mladić vivía en Bosnia Oriental en abril de 1941, momento de la creación del NDH. Todo lo ocurrido en el curso de los meses siguientes motivó a su padre a unirse a los partisanos yugoslavos, cayendo en combate durante una operación contra el pueblo natal del líder fascista croata Ante Pavelić al final de la guerra. <<

[4] La falta de certeza respecto a las cifras tiene que ver con el hecho de que muchas de las muertes fueron catalogadas como defunciones por causas naturales, lo cual parece ser un disfraz para justificar asesinatos extrajudiciales. <<

[5] Solo en la región de Bijeljina se contabilizó un total de 250 muertes civiles a lo largo de toda la guerra sobre un total de poco más de un millar. Para seguir más a fondo el caso de Bijeljina véase «Prosecutor v. Momčilo Krajišnik (Trial Judgement)», en International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Naciones Unidas, 27 de septiembre de 2006, IT-0039-T, pp. 113-118. <<

[6] «Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995», Washington, D. C., Office of Russian and European Analysis, Central Intelligence Agency, p. 135. <<

[7] «c) Late Afternoon of 13 July 1995: Kravica Warehouse. 205», ICTY, 2 de agosto de 2001, Krstic Judgement, pp. 72-73. <<

[8] «Prosecutor vs. Kristic Judgement. 206», ídem, p. 73. <<

[1] Materiales reunidos por observadores de la organización Memorial para la defensa de los Derechos Humanos. Véase http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/GETASHEN/ENG/chapter1.htm [consultado por última vez el 10 de noviembre de 2018]. <<

[2] Parlamento Europeo. Preguntas Parlamentarias. Pregunta Oral con Debate de Daniel Cohn-Bendit y Bart Staes, 15 de marzo de 2004. <<

[1] Existen incluso estudios sobre el factor refugiados en la diseminación de las guerras civiles, como el de Salehyan y Gleditsch, 2006. <<

[2] Erróneamente traducido en la edición original inglesa como The Thieves and the Ass, es decir, los ladrones y el culo. Posiblemente el único, y no intencionado, detalle humorístico en toda la bibliografía sobre el tema al que nos dedicamos. <<