Tras un silencio de más de medio siglo, la realidad de lo que significó el sistema represivo franquista se ha ido desvelando en estos últimos años. Cautivos significa un importante avance en este proceso, puesto que se trata del primer estudio global sobre el universo de los campos de concentración franquistas, sobre sus métodos de trabajo y sobre las experiencias vivida en ellos desde 1936, cuando se instalaron los primeros centros de detención preventivos, hasta 1947, cuando el campo de Miranda de Ebro, que acogía fugitivos de la segunda guerra mundial, incluyendo dirigentes nazis, cerró definitivamente. Entre estas dos fechas discurre esta historia de cientos de miles de cautivos que trabajaron en condiciones cercanas a las de la esclavitud y que sufrieron hambre, miseria, y un trato brutal y humillante, como parte de un proceso de «reeducación» que les preparaba para integrarse en el Nuevo Estado.

Javier Rodrigo

Cautivos

Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947

ePub r1.0

Titivillus 19.09.15

Título original: Cautivos

Javier Rodrigo, 2005

Prólogo: Miguel Ángel Ruiz Carnicer

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

A mercedes y Miguel, mis padres.

Para los navegantes con ganas de viento,

a memoria… es un puerto de partida.

EDUARDO GALEANO

Prólogo

Prólogo

«A comienzos del siglo XX, los europeos reflexivos podían […] creer en el progreso moral y pensar que el vicio y la barbarie humanos estaban en retroceso. Al final del siglo es difícil confiar en la ley moral o en el progreso moral». Así resume Glover[1], en los inicios de su trabajo Humanidad e Inhumanidad. Una historia moral del siglo XX, la visión general de un siglo que ha conocido lugares y nombres que se han convertido en metáforas del terror: Auschwitz e Hiroshima por supuesto, pero también la batalla del Somme, las hambrunas en la Ucrania de los años treinta, el Gulag soviético, Vietnam, Camboya o Ruanda.

Este protagonismo de la barbarie no es exclusivo del siglo XX, ni mucho menos. Pero sí su escala de destrucción y, sobre todo, su repercusión política, social, moral. Y entre la larga y abigarrada historia de la infamia en el siglo XX, la idea del campo de concentración es una de las encarnaciones de ésta más claras, pero sobre todo más siniestras, al unir la pérdida de la libertad, la negación del carácter de persona de los internados, su utilización como mano de obra forzada y la inexistencia de acuerdos o tratados que regularan su situación y la total pérdida de dignidad. Los campos eran limbos legales y morales en donde todo el horror era posible. Pero también era el símbolo de la barbarie que era capaz de desplegar la técnica moderna, según señala repetidamente en sus escritos Walter Benjamín, una víctima avant la lettre de Auschwitz.

El modelo de campo de concentración por antonomasia en el siglo XX es Auschwitz y, tras su nombre, contenidos en él, está la larga retahíla de los campos nazis, crecientemente destinados a la exterminación de la población judía fundamentalmente, pero también de todo aquél que no fuera productivo e incurriera en cualquier categoría molesta para las autoridades nazis.

Uno de los mayores retos de los intelectuales de la segunda mitad de siglo ha sido hacer frente al interdicto de T. W. Adorno: «Escribir un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie»[2]; pero también se hace difícil reflexionar, pensar, también escribir historia después de acontecimientos que exponían de una forma evidente la fragilidad de los aparentemente sólidos pilares de la tradición ilustrada. Hay una ruptura de civilización, como expresa Enzo Traverso[3]. Ya no se podía hablar de «accidentes» en un pretendido camino inapelable de la humanidad hacia mayores escalas de civilización y progreso, siguiendo la senda ilustrada, sino que Auschwitz sería también un producto de la civilización occidental, al combinar la eficacia y la racionalidad técnica con el ansia destructora al servicio del mal. Ha sido otra gran intelectual del siglo XX, Hannah Arendt, quien ha visto este horror como una «ruptura casi total en el flujo ininterrumpido de la historia occidental», pero también es quien mejor ha sabido ver en su momento cómo esta destrucción, este daño, estaba ligado a la banalidad del mal, cómo los verdugos no se contemplaban a sí mismos como tales, aún asumiendo sus acciones que pasan a ser momentos anodinos de una vida cotidiana en un marco excepcional como el de una guerra. Ha sido en la última década del siglo XX cuando los historiadores han puesto de manifiesto esta necesaria colaboración del «hombre corriente» en la perpetración del mal, lo cual convierte su explicación en algo más perverso y a la par insanamente fascinante.

La revisión de estos hechos sólo ha podido encararse desde una creciente relatividad moral y de una historicidad que nos alejaba para siempre de la inocencia que aún pervivía cuando en los años treinta se creía que se podía poner la guerra o el odio entre pueblos fuera de la ley. Tero es el desarraigo colectivo, tan bien explicado por W. G. Sebald[4], el que mejor representa esta derrota moral, esta inhumanidad que la que está transido el siglo.

Son muchos los que hablan de la centralidad de los campos en esta historia de los horrores del siglo pasado. Algunos trabajos, como el de Kotek y Rigoulot[5] caracterizan al siglo XX como «El siglo de los Campos», como se titula originalmente el trabajo e inician su libro diciendo que se podría explicar el siglo XX escribiendo la historia del sistema de los campos de concentración, presentando a éstos como relacionados indisolublemente con el totalitarismo y sitúan su inicio en la Cuba española. Un dudoso privilegio que se puede matizar si pensamos en las características de las reservas indias en EEUU en la época de la conquista del oeste o en la persecución a determinados pueblos en Asia.

Estos campos anteriores al modelo alemán del Holocausto, campos de detención e internamiento que surgen a partir de un conflicto o coyuntura concreta pero que se convierten también en campos de exterminio en la práctica, en la medida en que se mantienen en el tiempo y sus condiciones se hacen peores, aunque no sea éste su objetivo originario. Sin embargo, son los campos nazis los que establecen una nueva referencia y con ellos se da la «aparición» y extensión del concepto «campo de concentración», lo que explica que con posterioridad se rescataran experiencias anteriores, haciendo una arqueología que llega, al menos, hasta la experiencia de campos de concentración españoles en Cuba. Pero también se mantienen después: uno de esos últimos macabros mojones en esta historia serían los campos de concentración y detención puestos en marcha en las guerras de la desintegración de Yugoslavia en los años noventa, pero muchos también incluyen el campo de detenidos organizado por Estados Unidos con los islamistas acusados de terrorismo en la base militar de Guantánamo.

En los últimos tiempos, se han publicado trabajos muy destacados sobre el fenómeno concentracionario, yendo más allá sobre los más documentados y explicados, los nazis, aumentado de esta forma el ángulo de visión sobre el fenómeno, y dejando de lado prejuicios políticos de la época de la guerra fría. Uno de los libros de mayor proyección de los últimos tiempos es el de Anne Applebaum sobre los campos de concentración soviéticos, ganador del Premio Pulitzer 2004[6], en donde se habla in extenso del fenómeno a lo largo de la historia de la URSS y se da voz a los prisioneros, aunque en este caso, como en otros, ya había trabajos que hablaban de cuántos, cómo y dónde.

En el caso español, el régimen franquista se encargó de eliminar las huellas físicas de estos campos y los pueblos donde estuvieron encuadrados decidieron olvidar que allí hubo uno, como si reconocerlo fuera poner en entredicho la dignidad del propio espacio común. La evolución de la dictadura hacia una forma políticamente menos agresiva cara al exterior y la banalidad de la forma en que pervivió la dictadura en España (lo que no le quitaba carácter letal) ayudó a dejar sólo para los más comprometidos ideológicamente el tema de la represión y las ansias totalitarias del régimen.

Ya en los años ochenta encontramos trabajos fundamentales en el terreno de la represión que trazan el camino a seguir. Pero es a finales de los noventa, cuando asistimos a un aflorar de trabajos sobre la represión —singularmente de posguerra— en todas sus manifestaciones, con asociaciones que desentierran a los muertos de antaño; se organizan actos de reivindicación de los guerrilleros en lo que fueron sus bosques y se tiene más interés que nunca en las generaciones más jóvenes por aprehender la verdadera naturaleza del sistema que murió prácticamente con el dictador. Y aunque el interés se ha centrado más en la represión basada en las cárceles, la eliminación física y la depuración, quedaba pendiente un trabajo de entidad que abordara en su complejidad el tema de los campos de concentración de la España franquista, aspecto sobre los que el mismo Javier Rodrigo ha publicado algunos trabajos previamente, como adelanto de esta densa monografía.

Más allá de esos trabajos recientes, de un congreso, de los testimonios y libros de memorias y de algún trabajo menor aislado sobre algún campo concreto, no se tenía un conocimiento en detalle del funcionamiento del sistema concentracionario español. En el citado trabajo de Kotek y Rigoulot, más allá de esa inicial experiencia en la Cuba española inmediatamente anterior a la independencia, España aparece sólo en los años de la guerra civil Y los autores sólo le dedican siete páginas incluidos los campos republicanos. En todo caso, se subraya el carácter temporal o provisional de los campos en España, y no tanto las malas instalaciones y condición de los internados. Es difícil diferenciarlos de otros campos que aparecen en este libro y otros como los «campos de concentración» improvisados en las playas de Argelès y la costa francesa para acoger a los republicanos españoles que huían de la derrota.

Tanto a nivel internacional, como dentro de la producción nacional, era evidente la ausencia de un primer paso básico en cualquier empresa de historiar un período, un objeto, una cuestión: enumerar, clasificar, definir y narrar lo sucedido. Y luego reflexionar y sacar conclusiones.

Y eso es lo que hace Javier Rodrigo Sánchez en este fascinante trabajo. Definir los campos de concentración de la España franquista entre la maraña de tipologías que la propia guerra y su evolución va generando; contar los campos que hubo, su ciclo vital y su emplazamiento. Narrar cómo es la vida en esos campos, gracias a un amplio trabajo de documentación pero también basándose en entrevistas orales y recopilación de testimonios escritos y memorias, además de recuperación de testimonios gráficos ocultos hasta ahora. Y explicar cuál es la visión del papel de los campos para las autoridades franquistas, para los internos y para ámbitos internacionales.

Pero también estudia Javier Rodrigo el papel de estos campos en el programa de control totalitario del franquismo. Y en la medida en que el fenómeno concentracionario franquista se enmarca en una reflexión global, se arroja también mucha luz sobre la naturaleza moral del franquismo.

Teníamos hasta ahora fundamentalmente testimonios literarios y de los supervivientes y casi siempre, limitados al período estrictamente de la guerra y muy apegados a la propia peripecia de algunos de los más conocidos: Miranda de Ebro, Albatera, Portaceli, San Juan de Mozarrifar o Puente de Vallecas. Pero no se había confeccionado el «mapa» completo de los campos, con sus cambios en estatus y función, su evolución y su inserción dentro del sistema de represión franquista. Desde este punto de vista, el aporte del presente volumen es enorme al permitir a partir de ahora contar con un trabajo sólido, bien construido y plenamente consciente tanto de la literatura ensayística europea sobre el tema concentracionario como de la historiografía franquista más actualizada, sin dejar de lado un buen conocimiento de debates internacionales hoy tan en boga entre la profesión como el de los «lugares de la memoria» y la construcción de la percepción de la memoria y el olvido. Seguramente esta amplia visión se debe a que Javier Rodrigo pertenece a la nueva generación de historiadores formados en una historiografía renovada, bien conectados en Europa (en ese sentido, este libro es el fruto de una tesis doctoral leída en el Instituto Universitario Europeo de Florencia) y con una gran capacidad para remover obstáculos en su proceso de investigación.

Tenemos ante nosotros un trabajo de historia que busca y fundamenta todos sus datos, avalados por un gran trabajo documental y con fuentes hasta hace poco tiempo imposibles de consultar y que está soportado por una amplia bibliografía nacional e internacional. Pero tenemos sobre todo el retrato de una serie de hombres y de sus penalidades; y la historia de una mentalidad de los vencedores de la guerra y sus pretensiones totalitarias. Y en ese sentido es también un fresco de la vida de los españoles de la guerra y posguerra. Pero sobre todo es una reflexión sobre la naturaleza del experimento franquista, ya que por mediocre que fuera el resultado y lo ralo de sus contenidos ideológicos conforme iban pasando los años y los lustros, no podemos olvidar su propósito de creación de un hombre hecho a imagen y semejanza de una serie de valores en los que participaba con igual fuerza el fascismo europeo, el catolicismo integrista y la mentalidad militar que pone por encima de cualquier otra consideración el orden social.

Hay que hacer notar también que el trabajo no se ciñe sólo al período de la guerra civil, ya que el sistema de campos de internamiento y de trabajos forzados permanece hasta avanzados los años cuarenta. La idea de la reeducación y la integración en la «España Nacional» está presente en esta permanencia, además de mostrar que la idea de reconciliación nunca estuvo en la mente de los vencedores. En la parte final del libro, Rodrigo aporta información sobre algunos aspectos aún muy poco conocidos a nivel europeo, como la utilización de las instalaciones de algunos de estos campos de la España de Franco por parte de los refugiados nazis para refugiarse y protegerse tras la derrota del fascismo a manos de los aliados y hasta que éstos pudieron huir a América Latina en donde iniciarían una nueva vida. Esa estancia en campos de concentración (además de otros lugares, como fábricas y otros refugios que no estudia aquí el autor) son una parte interesante también del trabajo en su fase final.

Espero que los lectores y estudiosos disfruten de este trabajo tanto como he disfrutado yo asistiendo a su largo proceso de elaboración. Y espero también que este libro, junto con otros, sirva para una mayor y mejor reflexión moral y cívica —y no sólo historiográfica— sobre la dictadura de Franco y sus manifestaciones totalitarias enriqueciendo así la percepción de nuestro más reciente pasado.

MIGUEL ÁNGEL RUIZ CARNICER

24 de febrero de 2005

Siglas utilizadas

Siglas utilizadas

1. ARCHIVÍSTICAS Y DOCUMENTALES

Para citas documentales, A: Armario; L: Legajo; C: Carpeta; c: Caja; E: Expediente.

ACCPC:    | Archivo del Comité Central del Partido Comunista.
R: | Represión franquista.
AGA: | Archivo General de la Administración.
P: | Presidencia.
G: | Gobernación.
OP | Obras Públicas.
J: | Justicia.
AGMA: | Archivo General Militar de Ávila.
CGG: | Cuartel General del Generalísimo.
ME: | Ministerio del Ejército.
MIR: | Movilización, Instrucción y Recuperación.
ZN: | Zona Nacional
EC: | Ejército del Centro
EL: | Ejército de Levante
EN: | Ejército del Norte
ES: | Ejército del Sur
5.ª RM: | Quinta Región Militar.
ZR: | Zona Republicana.
AGMG: | Archivo General Militar de Guadalajara.
CC: | Expedientes personales de Campos de Concentración.
CC-E: | Expedientes personales de Campos de Concentración, personal Extranjero.
ME: | Fondo Miranda de Ebro
AGC: | Archivo General de la guerra civil española Salamanca.
FI: | Fondos Incorporados.
PS: | Sección Político-Social.
AMAE: | Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores.
AB: | Archivo de Burgos.
DIHGF: | Documentos Inéditos para la Historia del Generalísimo Franco.

2. ACRÓNIMOS FRECUENTEMENTE EMPLEADOS EN EL TEXTO

AD: | Agrupación de Divisiones.
APEI: | Association Parisienne des anciens combattants français Évadés de France et des Internés en Espagne.
BB. II: | Brigadas Internacionales.
BB. TT: | Batallón(es) de Trabajadores.
BDST: | Batallón(es) Disciplinario(s) de Soldados Trabajadores.
BDSTP: | Batallón(es) Disciplinario(s) de Soldados Trabajadores Penados.
BOE: | Boletín Oficial del Estado.
CAC: | Consejo Aliado de Control de Alemania.
CE: | Cuerpo de Ejército.
CICRC: | Commission Internationale Contre le Régime Concentrationnaire.
CPM: | Colonia (s) Penitenciaria (s) Militarizada (s).
CRI: | Cruz Roja Internacional.
CTA: | Comisión Técnica Asesora (integrante de la ICCP).
CTV: | Corpo di Truppe Volontarie.
DGS: | Dirección General de Seguridad.
FET-JONS:    | Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista.
ICCP: | Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros.
JCCBD: | Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios.
JTE: | Junta Técnica del Estado.
MAE: | Ministerio de Asuntos Exteriores.
MDN: | Ministerio de Defensa Nacional.
ME: | Ministerio del Ejército.
PCE: | Partido Comunista de España.
RM: | Rejas en la Memoria (documental).
RR. DD: | Regiones Devastadas.
SCPM: | Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas.

CAMPO DE CONCENTRACIÓN: LUGAR DE INTERNAMIENTO masivo de prisioneros de guerra, disidentes políticos o minorías nacionales, religiosas o raciales, no reglado por una legalidad establecida sino por las funciones que de la reclusión pretenden obtenerse, cuales la clasificación, el trabajo forzoso, la reeducación o, en casos extremos, la muerte del internado. Sistema empleado desde los albores del siglo XX para recluir enemigos reales o potenciales en tiempos de paz o de guerra, utilizado tanto por las democracias liberales (en sus versiones coloniales o bélicas) como por los regímenes autoritarios y totalitarios de variado signo político. // Campo de concentración franquista: lugar de internamiento preventivo, anómico e ilegal establecido durante la guerra civil española (1936-1939) por los militares sublevados contra el ordenamiento político republicano para recluir a sus prisioneros de guerra en aras de clasificarlos, determinar sus supuestas responsabilidades criminales político-sociales, reeducarlos y reutilizarlos en una red de trabajos forzosos denominada de Batallones de Trabajadores y, en la posguerra, de Batallones Disciplinarios. Asimismo, los centros utilizados en España durante la segunda guerra mundial (1939-1945) y hasta 1947 para internar a los refugiados de guerra encuadrados en edad militar.

Introducción

Introducción

Las líneas de demarcación[*]

CUANDO EN 1950 DAVID ROUSSET constituyó la Comisión Internacional contra el Régimen Concentracionario (CICRC) como sistema de denuncia y presión ante Naciones Unidas, convencido de que los campos de concentración suponían en sí mismos un atentado inaceptable contra la declaración de los Derechos del Hombre, no solamente tenía bajo su acusatoria mirilla a la URSS, a Grecia y a Yugoslavia, países donde a todas luces se empleaban procedimientos punitivos tales como el internamiento en campos de concentración. A su juicio, la existencia misma de campos era un abuso contra el ser humano. En sus variadas formas, decía, el campo era símbolo de la arbitrariedad, del castigo abusivo, de la violencia estatal, de la ilegalidad en su grado más extremo. Y, no por casualidad, también la España de Franco estaba entre los países para ser investigados[1].

Lo cierto, sin embargo, es que en noviembre de 1950 ya no había campos de concentración en España: «Pas de camps de concentration en Espagne, mais des prisons plus ou moins salubres». Tal era la conclusión preliminar de la Comisión, empeñada en ver en el modelo nacionalsocialista, espejo deformante en el que reflejaron todo lo demás, el único paradigma posible de sistemas concentracionarios. En la España de los cincuenta no quedaban campos, sino un sistema penitenciario desbordado, cuya espita de liberación seguía siendo el trabajo forzoso de los penados. El sistema carcelario español, once años después del final oficial de la guerra civil española, distaba sin embargo de responder a una realidad o a una pretensión humanitaria. Y esa acusación, realizada solamente un mes después de que Naciones Unidas levantase sus sanciones contra la dictadura de Franco, preocupó a las autoridades españolas en Madrid, Bruselas y París, que iniciaron una campaña de descrédito contra la CICRC, de evidente ocultación y de negación de sus conclusiones. En un acto de presuntuosidad, el embajador en la capital francesa, Aguirre de Cárcer, llegó a pedir permiso a finales de 1950 ante su ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, para «afirmar que el Gobierno español no se opondría en modo alguno a la visita a los campos de prisioneros o de detenidos políticos, si es que aún existen en nuestro país», solicitando después que el capuchino Damien Reumont —comisionado de la CICRC y apartado más tarde de esta misión por el reverendo Pascual de Pamplona, definidor general de los capuchinos en el Vaticano— pudiese acceder a las cárceles y campos de trabajo franquistas. Unos centros, decía Aguirre, en los que se aplicaban las «modernas y humanitarias» doctrinas inspiradas en los «cristianos principios de la redención por el trabajo» y que nada tenían que ver con la acusación que más planeaba sobre la España de Franco: la violación de las libertades individuales y la creación de un régimen penitenciario arbitrario y cruel.

El permiso se denegó en primera instancia: el 8 de noviembre de 1950 se suspendió el visado de Rousset, y Artajo sólo permitió que la visita de Reumont fuese para «confirmarle personalmente que cuanto le han manifestado son falsedades y calumnias sin ningún fundamento». Fueron dos pasos en la senda de la ocultación, en el juego de dos años para evitar que los trapos sucios de la dictadura saliesen a la luz pública. Sin embargo, a lo largo de las sesiones de la CICRC desarrolladas en 1951 se acusó solamente a la URSS y no se habló «en forma desagradable» de España. Es más: Rousset había inventado, según el embajador de España en Bélgica, la «fórmula de atacar a Rusia no por su régimen político —cosa poco eficaz entre las masas trabajadoras…— sino por la existencia de un régimen concentracionario», equiparándolo al de los campos nazis. Y eso era muy del agrado de un régimen tan profundamente anticomunista como el de Franco. Una vez constatado el objetivo político de la CICRC, finalmente se dio permiso a la investigación.

El tiro propagandístico para España salió disparado por la culata. Desde la Francia de la posguerra mundial, Rousset y el doctor André —presidente de la CICRC— conocían, sin embargo, a la hora de acusar a la España de Franco, que allí existía un lugar llamado Miranda de Ebro, por donde habían pasado miles de internos durante la segunda guerra mundial. Y que ese campo de concentración se había cerrado tan sólo tres años antes, tras haber funcionado a pleno rendimiento durante dos lustros. O, tal vez, habían leído los abundantes artículos de prensa que aparecían por toda Europa, en los que se denunciaba la existencia de lugares llamados Nanclares de la Oca, Cuelgamuros o Belchite, no propiamente campos de concentración pero sí pequeños ducados en el reino franquista de la arbitrariedad. Cuando en 1952 los tres representantes de la Comisión empezaron su labor de investigación por cárceles, presidios y destacamentos penales, por fin conscientes en Madrid de que impedirla hacía mucho daño a la imagen de la dictadura, hacía ya dieciséis años que los primeros campos de prisioneros de guerra habían sido puestos en funcionamiento. Ya poco, por tanto, podían decir sobre Miranda de Ebro, Castuera, Albatera o San Juan de Mozarrifar. Y, sin embargo, en los testimonios anónimos recogidos en más de sesenta páginas del Libro blanco sobre el sistema penitenciario español, estaban los campos de Lleida, San Pedro, Porta-Coeli, Santoña, Belchite. En ese Libro blanco se dijo que el trabajo forzoso se imponía en España a título de coerción política y de sanciones a cargo de personas que profesaban «determinadas opiniones políticas». Se señalaban los campos de concentración de prisioneros como antesala de las cárceles de Franco. Y aunque la investigación versase más sobre la arbitrariedad y sobrepoblación penal que sobre los orígenes de ambas, y sus conclusiones estuviesen más que condicionadas política y metodológicamente de entrada, la CICRC pudo denunciar, por primera vez por parte de una organización de carácter internacional, cómo el franquismo se apoyaba política y socialmente sobre un basamento de represaliados, de internados, de fusilados y de excluidos.

La reacción no se hizo esperar y los denunciados pasaron pronto a ser denunciantes. Se trataba, para las autoridades españolas, de «mentiras». «Mala fe», «disfraces», fallos al «espíritu de verdad», «una sarta de invenciones, testimonios anónimos y aseveraciones imposibles de probar» poblaban el informe. Efectivamente: inexactitudes que el propio régimen franquista creaba y explotaba, como la de no conocer exactamente el número de presos o negar la existencia de su carácter político; mentiras como recrear un sistema concentracionario donde los prisioneros eran unos «engañados» a los que la estancia en los campos y el trabajo forzoso reeducaba y encaminaba en la «justa senda»; aseveraciones imposibles de probar ante tamaña campaña de ocultación, pero que tampoco fueron desmentidas ya que eso habría sido, según el MAE, «darle… una importancia que no tiene». El Libro blanco de la CICRC jamás fue, así, autorizado por el franquismo. Se dijo que sus conclusiones no eran «veraces ni severas», que el trabajo de los presos no era un castigo que «pudiera equipararse al de los trabajos forzados» sino a una redención cristiana. Y ni tan siquiera se aprovechó lo poco que de ventajoso se reportaba en el mismo, como la inexistencia de una red concentracionaria[2].

El hecho de que en España no hubiese campos de concentración habría sido una noticia útil mientras «arreciaba y llegaba a su apogeo» la campaña internacional contra el franquismo, particularmente entre 1944 y 1947. Pero ya en 1953, cuando la aceptación internacional de la dictadura era casi generalizada, lo mejor era soslayar cualquier tipo de respuesta. Ni sobre prisiones, ni sobre campos. Lo útil era, en ese momento, perpetuar sine die la ocultación y el mirar hacia otro lado. Mandar al limbo del pasado a cientos de miles de excluidos, de depurados, de internados. Y, ciertamente, a juzgar por el tiempo transcurrido entre el cierre del último campo de concentración y la aparición de la primera monografía dedicada al tema (56 años)[3], se logró sobradamente el objetivo.

1. EL CAMPO FRANQUISTA: DEFINICIÓN Y LÍMITES

El símbolo absoluto de la victoria franquista fue un monumento funerario elevado en Cuelgamuros, no por casualidad, por los propios vencidos. El trabajo forzoso, el internamiento masivo, la reeducación, el sometimiento, la transformación y la eliminación física: sobre esos pilares, entre otros, se erigió en sus inicios la dictadura de Franco, a tenor de los miles de víctimas mortales que dejó a su paso, de las decenas de miles que pasaron años de internamiento, cárcel o trabajos forzosos, o de los cientos de miles que sufrieron, directa o indirectamente, la humillación, la condena propia o de un familiar. Todo lo contrario a una paz honrosa y sin sangre, la represión franquista extendió su negro manto sobre los años de la posguerra, cuando todo el aparato represivo estatal no tuvo competidores en el ejercicio de la violencia. El orden franquista, la Nueva España de Franco, tuvo así en la coerción un eje gravitacional insoslayable. Fue un régimen, en su largo arranque (de 1936 a 1948), de guerra civil. De enfrentamiento interno y exclusión.

A día de hoy, muchas de las historias que conforman esa Historia de la violencia franquista son conocidas, rememoradas y conmemoradas. Costó largos años de dificultades y trabas puestas a la investigación, puesto que levantar las tapas de las cloacas dictatoriales suponía, o al menos así se percibía, un ataque directo a la legitimidad de origen del franquismo, la guerra civil. Aun así, ha habido y siguen quedando zonas de sombras como la historia de los campos franquistas, sobre cuyo un ángulo muerto se quiere verter aquí algo de luz, primero para dejar sentado cuál fue el modelo concentracionario franquista y, segundo, para servir como camino de análisis de la misma guerra civil y del primer franquismo[4]. Y es que, al igual que el volcán en erupción supone el mejor modo de conocer las entrañas de la Tierra, la guerra y su ignominiosa posguerra suponen, en sus violentas realizaciones, la mejor vía para conocer las entrañas de la España de los años treinta y cuarenta[5].

El primer paso radica en definir el campo de concentración franquista. Para ello se ha esbozado en páginas anteriores la que podría resultar como definición conjunta, tanto del fenómeno concentracionario en general como de su particularidad franquista. Pero tal aclaración puede y debe ser explicada: como se va a ver en los capítulos de este libro, la constelación franquista del universo concentracionario europeo nació desde una indefinición de origen y desarrollo; su progreso tuvo mucho de improvisación, desbordamiento e intentos de regulación; y su fin, mucho de resignación. Jamás se trató de un sistema engranado y perfecto, sino que más bien se caracterizó por la falta de coordinación. Y esta profunda carencia —que será explicada convenientemente—, no obstante la creación en 1937 de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP), implicó que en muchos momentos bajo el epígrafe de «campos de concentración» se estableciesen las más variadas formas de reclusión temporal, ilegal y arbitraria. Especialmente en los momentos de mayor crecimiento del número de prisioneros de guerra, como fueron los primeros avances territoriales de las tropas franquistas, la toma del frente Norte, la ocupación de la parte oriental de Aragón, la caída de Cataluña o el final de la guerra (además de batallas especialmente cuantiosas en cuanto a número de prisioneros, como la del Ebro), los campos de concentración aumentaron en número e internados de manera desproporcionada, hasta el punto de hacer prácticamente imposible su coordinación. De hecho, fue tal el grado de descoordinación que, en muchos momentos, ni tan siquiera el mismo ejército insurrecto tuvo claro qué definir como campo de concentración[6].

Esa indefinición, digamos, histórica, sumada a los escasos intentos realizados por investigar, divulgar y clarificar la historia de los campos franquistas y sus prisioneros, han derivado en una expansión injustificada del concepto «campo de concentración», aplicado en algunos momentos a elementos de la casuística represiva franquista —cuales las prisiones o los trabajos forzosos— pero sin ajustarse del todo a la realidad histórica. Hay, por lo tanto, que explicar en clave histórica el fenómeno de los campos franquistas, su origen, su desarrollo, su final y sus funciones sociales; hay que dejar claro que no todo el sistema penitenciario franquista fue concentracionario, y que no todo el mundo concentracionario fue penitenciario. Que cárceles y presidios, sistemas de trabajos forzosos y campos de concentración correspondían a fases diferentes de un enorme sistema preventivo y punitivo. Pero que, no por ello, son terminológicamente equiparables. Se ha podido, sin embargo, constatar entre las recientes publicaciones que han abordado las materias concentracionarias y de trabajos forzosos en la España de Franco, una tendencia a confundir cosas que la documentación y las fuentes (perfectamente fiables, por otra parte, en cuanto oficiales) dejan palmariamente claras. Por ejemplo, se confunde la creación de la ICCP en 1937 con la de los mismos campos[7]. O se denominan campos de concentración a los centros donde se internaba a los prisioneros trabajadores encuadrados en Batallones de Trabajadores militares o civiles, como los empleados por el Servicio Nacional de Colonias Penitenciarias[8]. Confusiones menores y comprensibles, pero que reproducen dos cuestiones clave de esta historia. En primer lugar, la dificultad de trazar líneas de separación teórica ante una realidad de humillación, explotación y arbitrariedad como la del sistema represivo franquista. Y en segundo, la difícilmente soslayable carga emotiva implícita en el concepto de «campo de concentración», que en algunos casos deslumbra e imposibilita dibujar líneas diferenciales y modelos históricos[9].

El ejército y el Estado de Franco establecieron, paulatinamente y aunque a veces se avanzase de manera más errática que definida, su propio concepto y su propio modelo de campos de concentración. Y es el que se aplicó a los centros de detención ilegal y extrajudicial regidos por la administración militar y utilizados para internar y clasificar, sin juicio, a los prisioneros de guerra y evadidos republicanos de la guerra civil española, de los que salían, reeducados, generalmente para formar parte de Batallones de Trabajadores forzosos, sin pena que cumplir pero de facto cumpliendo pena como mano de obra militarizada. Y, en posguerra, para internar a los refugiados militares que, mayoritariamente desde Francia, huían de la segunda guerra mundial. De este tipo, como ya se ha señalado, existieron un mínimo de 104 de carácter más o menos estable, y hasta 188-190 sumando los provisionales, esto es, de escasa duración, por los que pasaron entre 367 000 y quinientos mil prisioneros de guerra y refugiados. No es un concepto, por tanto, que abarque históricamente a otros fenómenos de internamiento masivo no militares, sino civiles y pseudolegales (con un juicio que justificase la detención, con una pena para cumplir por parte del interno).

Otros casos de los funcionalmente relacionados con los campos franquistas, como las Colonias Penitenciarias Militarizadas, los Destacamentos Penales o los trabajos de Regiones Devastadas, sí tenían como antecedente el juicio o Consejo de Guerra: se trataba de personal penado, no prisionero. Y como penado, dependiente de administraciones no sólo militares sino también civiles, como el Ministerio de Gobernación o el de Justicia. El modelo concentracionario franquista, en cambio, tenía una palmaria vocación militar. Esto es: fue el sistema castrense establecido por el ejército sublevado para internar y clasificar a los prisioneros de guerra y, por extensión, al personal militar, que como tal existió desde 1936, en paralelo al paso de una fase de golpe de Estado a otra de guerra civil (como se explicará convenientemente). Y con esa base, fue el origen desde 1937 del empleo forzoso de la mano de obra prisionera, a raíz de la creación de la Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación y de la ICCP, creada bajo la influencia del Cuartel General de Franco para gestionar los campos considerados como tales por la administración militar sublevada: los centros de internamiento, clasificación, reeducación y distribución de los prisioneros de guerra. De hecho, también desde 1937 existían Batallones de Trabajadores, escuadras de soldados trabajadores forzosos tomados de los campos de concentración y dependientes de la misma Inspección, y no por ello fueron denominados ni considerados como campos. Eso da idea de cómo la misma ICCP diferenciaba, en contra de lo que se ha escrito sobre el «paradigma concentracionario europeo»[10], entre campos y sistemas de trabajos forzosos, por más que unos y otros dependiesen orgánicamente de su poder.

Las fuentes militares o civiles no llaman, salvo raras excepciones, campo de concentración a una Colonia Penitenciaria Militarizada, el sistema de trabajos forzosos para penados más difundido en la posguerra. Tampoco a un centro destinado al internamiento de un Batallón de Trabajadores, el método para emplear la mano de obra prisionera más importante de la guerra civil, y relacionado directamente con los campos por cuanto se nutrían de estos últimos. Y tampoco, obviamente, se denomina campo de concentración a una cárcel o prisión. Emplear ese término por su evidente carga emotiva —es cristalización de la deshumanización de las relaciones sociales; un «lugar de la memoria» lingüístico— tampoco explica demasiado: sentado el hecho de que el franquismo y su fuerte carga de violencia acarrearon un coste emocional enorme en las víctimas de la represión y en sus familiares, algo que aquí incluso se interpretará como un deseo meditado y racional del régimen, no conviene dejar que esa carga sea la que guíe el análisis histórico.

En ese sentido, puede decirse lo mismo que cuando se defiende el uso del término «genocidio» para la guerra española, concepto no exento de debate y que, en todo caso, no es aplicable al contexto concentracionario[11]. «El hecho de que un crimen no sea un genocidio no mengua ni un ápice la responsabilidad del criminal y no altera en absoluto los derechos de las víctimas a recordar y a ser resarcidas»[12]. Del mismo modo, el hecho de que un Batallón de Trabajadores, una Colonia Penitenciaria, una prisión o un Destacamento Penal no sean históricamente un campo de concentración no merma el sufrimiento de sus habitantes ni los desplaza un milímetro del centro mismo del sistema punitivo y represor del franquismo. De hecho, si lo que buscamos es la función social represiva como clave explicativa del sistema concentracionario, habremos de reconocer que las diferentes respuestas se atuvieron a una lógica unitaria. Una lógica de coerción, exclusión, doblamiento, vigilancia, aprovechamiento y explotación, que persiguió una misma función social: la de humillar, encuadrar, clasificar, represaliar la disidencia. Sin embargo, cada fenómeno, por supuesto no comprensible sin los otros, tuvo su función y su terminología histórica diferenciada y específica.

Por todo ello, campos de concentración en la España de Franco lo fueron los estables y, si queremos, también los provisionales, destinados al internamiento sin juicio —con sólo una clasificación de por medio— de los soldados republicanos prisioneros y evadidos, y en ocasiones —las menos— de poblaciones civiles cuando la toma de un territorio implicaba la caída en bando sublevado de grandes masas de ciudadanos. Y también, los destinados durante la posguerra y la segunda guerra mundial a internar a los refugiados en España procedentes de Francia que tenían algún rango militar: por ese motivo, el cierre del último campo de concentración abierto durante la guerra civil, Miranda de Ebro, data de 1947, si bien desde 1942 ya no existieron prisioneros de guerra fuera del marco de la justicia civil o militar. Dependientes del Ministerio del Ejército y utilizados para internar a los refugiados de la segunda guerra mundial que ostentasen cargo o grado militar, los campos para refugiados de 1939-1947 tuvieron evidentes líneas de continuidad con los de 1936-1942. Y la más importante entre ellas radicó en la inclinación militar: ambos modelos fueron utilizados, en diferentes circunstancias y con diferentes tipos de internados, para recluir sin pena precisa a los soldados y mandos que, unos por pertenecer al ejército republicano contra el que se combatía y otros por haber pasado ilegalmente la frontera con España en edad militar, se hallaban en situación irregular en la España de Franco.

Ese fue, históricamente y según los documentos militares, el modelo concentracionario franquista, y de él este libro sólo se apartará para observar su penetración en otros tipos de internamiento y trabajo forzoso. Los campos fueron internamiento, clasificación, reeducación y origen de explotación. También fueron humillación, hambre, maltrato, disciplina, descontrol, lucha por la integridad y transformación. Y, en muchos casos, fueron eliminación física. Pero que nadie se llame a engaño: el objetivo de los campos franquistas no fue nunca el de asesinar a sus internos (de eso se encargaría la justicia militar), sino el de ser el bisturí social con el que separar el bien del mal, España de la Anti-España.

2. EL CAMPO FRANQUISTA: NECESIDADES Y VARIABLES

Los campos, huelga decirlo, no fueron mera respuesta administrativa al problema del volumen de prisioneros de guerra. Los campos franquistas fueron, también, la cristalización racional de cómo una supuesta identidad nacional, excluyente para con sus enemigos y exacerbada por el estado de guerra interna, consideraba y trataba a sus contrarios. De tal modo, en las políticas y mentalidades implicadas en la construcción de la cobertura ideológica e intelectual para el sistema concentracionario franquista hallaremos mucho del proyecto social fundado sobre los valores del Nuevo Estado franquista en construcción. Los campos nacerían, así, como improvisada red de clasificación inconexa y desarticulada, relacionados directamente con los avances territoriales de las tropas sublevadas, que generaban, al decir de Joan Llarch, «oleadas de vencidos»[13]. Pero, al poco, se convertirían (al menos en el plano discursivo) en red conexa y engranada de reeducación y exclusión, articuladas en torno a las necesidades de implantación y consolidación del poder franquista. No en vano, sobre una de las fotografías realizadas a varios prisioneros de Santander se escribió una auténtica declaración de intenciones: los prisioneros eran «Los que vuelven al hogar de España». Esas necesidades, en el plano internacional durante los agitados años de la segunda guerra mundial, serían también las que determinasen la otra exclusión a la que se sometió a los internados en los campos de concentración: la de los europeos refugiados en España.

En ese sentido, la explicación del modelo franquista de campos no puede sino apuntar a su dependencia de un proceso de guerra civil, para entender tanto sus volúmenes como su función de clasificación y doblegamiento social (alejada, por tanto, de la eliminación física). Respondían a una dinámica de guerra interna entre democracia y autoritarismo y, por tanto, de fractura social abierta, paradigmática en el contexto de la Europa de entreguerras. Así, los campos franquistas, debido tanto a su escala como a su dependencia de una guerra intestina, fueron la cristalización de la hipostatización social y la exclusión en materias bélicas, a través del confinamiento masivo e ilegal. De la explotación económica, a través del uso de la mano de obra prisionera. De la exclusión política a través de la eliminación del espacio público de los grupos sociales implicados en el ordenamiento republicano. Y de la imposición cultural y moral, mediante la exigencia de la reeducación y la obligatoriedad en los campos de aceptar el código de valores y mitos sobre los que se sustentaba la identidad de los sublevados contra la República en 1936[14]. Fueron un eslabón clave en el intento de memoricidio de la Segunda República. Fueron, ante todo, instrumentos para la victoria.

Una victoria, como ya es bien sabido, marcada por el ejercicio consciente y racional de la violencia política. La violencia, la represión y la exclusión social fueron, como veremos con detalle, algunos de los fundamentos de la guerra civil española y de la dictadura franquista, hasta el punto de crear un paradigma de poder, de hacer del franquismo un régimen paradigmático, en tanto que fue el más represivo y violento de la Europa de entreguerras, en tiempos de paz[15]. Y paradigmático del uso de esa violencia estatal (o paraestatal) por parte de los sublevados en 1936 fue su complejo sistema de campos de concentración, por cuanto fueron resultado del paso de un golpe de Estado a una guerra civil, y por cuanto fueron el primer paso, prejudicial y, por tanto, extrajudicial, del entramado represivo franquista. Los campos sirvieron para separar a quienes podían estar, tras la reeducación y la reevangelización, en la nación de los que no. Para discernir entre «recuperables» y «no recuperables»: estos últimos requerían su paso por el tribunal militar, figura que encarnó el intento de dotar de legitimidad a la represión franquista, y directamente quedaban fuera de la comunidad nacional. Después, dentro de este otro marco, podían ser taxativamente eliminados mediante el fusilamiento, o reintegrados mediante el trabajo forzoso penado, sobre todo desde que en 1938 se crease el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo.

Separar a los miembros «enfermos», «descarriados» o «engañados» de la comunidad nacional fue, por tanto, un objetivo primario del sistema de campos franquista. De tal modo, el soldado republicano que caía en poder de las tropas de Franco pasaba por un periplo que detallaré en otro capítulo, pero que aquí conviene adelantar. Tras el apresamiento, era encaminado generalmente a un campo provisional, donde se le tomaba la filiación y en muchas ocasiones era interrogado. De allí se le enviaba, en transportes militares que han sido generalmente recordados como inhumanos —solía tratarse de vagones de carga, de ganado, donde los prisioneros se apiñaban—, a campos estables para ser clasificado militar y políticamente. Del resultado de esta clasificación dependía el futuro del internado: si se le hallaba culpable de algún delito, o se encontraba que tenía responsabilidades militares o políticas en la zona republicana, pasaría a cárceles, a juicio militar sumarísimo, y posiblemente sería fusilado. Si se le encontraba afecto al Movimiento Nacional, sería reintegrado en el Ejército sublevado. Si quedaba en la zona intermedia, o bien se mantendría su internamiento, o bien se le destinaría a realizar trabajos forzosos —sin pena judicial que justificase tal punición—, encuadrado en un Batallón de Trabajadores. El territorio de castigo concentracionario abarcaba, por tanto, la detención, el internamiento, la clasificación y el envío a otros destinos.

La exclusión y la reeducación, sin embargo, no fueron exclusividad española. Tanto es así, que puede equipararse la extensión de los sistemas concentracionarios en el siglo XX con la difusión de un modelo de dominación de los miembros «indeseables» de las comunidades nacionales. En contextos bélicos o no; en guerras internas o internacionales; para detenidos políticos o militares: el deseo generalizado de cerrar la crisis de dominación del período de entreguerras «por la fuerza, creando una “comunidad nacional” integrada, fuerte y compacta»[16] tuvo en los campos de concentración, dentro de sus variadas tipologías, un sujeto de primerísimo orden. Fueron, así, los franquistas, como vamos a ver, campos destinados al internamiento de prisioneros republicanos, pero no sólo eso; también fueron campos donde se excluyó y trató de reeducar a los que podían pertenecer a la Anti-España. Campos donde la destrucción fue más identitaria que física, al contrario que en otros modelos de sistemas concentracionarios, como los totalitarios. Que nadie se llame a error: los campos totalitarios, cuyo paradigma son los campos nazis durante la segunda guerra mundial, no pueden considerarse normativos puesto que no desarrollan modelos semejantes. Por tanto, señalar que en los campos franquistas (o franceses, griegos, finlandeses, italianos) no se cometían las atrocidades nazis es la retórica evidencia de una realidad, pero también es una infravaloración y un desenfoque histórico. Insistir en que en España «resulta difícil hablar de condiciones de campo de concentración:… las condiciones de encarcelamiento [sic] varían, pero nunca se encontraron prácticas de tipo nazi»[17], es negar la utilidad del análisis comparado, además de una verdad ampulosa. La realidad de los campos de concentración es tan antigua como el pasado siglo XX, siendo, además, uno de los recursos más utilizados por los poderes estatales o paraestatales para el control de la disidencia política o, en general, del enemigo.

En ese contexto, pensar en los campos de concentración de Franco supone tener en mente la existencia de cerca de medio millón de «enemigos», disidentes reales o potenciales, internados y reeducados, reutilizados y explotados. Éstos, además, se sumaban a la sangría humana que la guerra civil acarreó para el Estado español: aparte de los muertos en combates y los fusilados en retaguardias, la derrota en la guerra supuso para los vencidos el exilio, la cárcel, la depuración y el trabajo forzoso. La política franquista fue más de cárcel que de plaza[18]. Y la violencia ocupó uno de los cauces privilegiados en lo inmediato y en lo simbólico para la canalización de la sociabilidad. En ese sentido, resulta innegable que la dictadura franquista echó sus raíces en el derecho de conquista y en la violencia racional y calculada como objeto político. Un castigo y un uso y amenaza de la violencia que no sólo se infligió en el plano físico, sino también en el simbólico y cultural, respondiendo a lo que era una cosmovisión que dividía entre la verdadera España y la Anti-España. Y con un primer laboratorio en el sistema concentracionario.

Los campos franquistas, así, fueron reflejo de esos tres elementos paradigmáticos del régimen. Fueron elemento de coerción y poder de un Estado (aquí, cuando me refiera a su construcción durante el período bélico, lo llamaré para-Estado) en guerra civil; fueron ejemplo de los cambios internos en cuanto a los paradigmas de aplicación de la violencia; y fueron, por fin, reflejo de la cambiante política internacional de la dictadura durante los años de la segunda guerra mundial e incluso hasta finales de la década de los cuarenta. Es decir: fueron elementos paradigmáticos de tres momentos clave en la historia de la violencia franquista. El primero, el del paso de un golpe de Estado a una guerra civil (los campos de la guerra). El segundo, el mantenimiento de un Estado de guerra tras la derrota militar (los campos de posguerra, para republicanos). Y el tercero, su mantenimiento en un modo más laxo para legitimar la dictadura de cara al exterior, tras la derrota de los fascismos en la segunda contienda mundial (los campos para refugiados).

En conclusión, los rasgos característicos del sistema concentracionario radicaron en lo castrense y lo provisional, así como en su funcionalidad, desde la perspectiva de los sublevados, a la vez destructiva y constructiva. Se trataba de doblegar a los disidentes potenciales. Pero también de reintegrarlos, transformados mediante la violencia, al seno de la nación. Por eso, campos de concentración franquistas y eliminación física tienen pocos puntos en común, al menos si observamos los preceptos teóricos y morales sobre los que aquéllos se fundaron. Lo cual no es óbice, como se verá, para olvidar que en muchos momentos fuesen el escenario de la tortura, el asesinato, el maltrato, la discriminación y la violencia. El problema, tal vez, radica en lo difícil que resulta desde la perspectiva actual conceder a la violencia, tal y como se pensaba en los años de la guerra civil, un carácter regenerador, beneficioso; y, también, en lo contradictoria que parece ahora la mezcla entre violencia y creación en positivo de un consenso, entre imposición y aceptación, entre arbitrariedad y regulación que marcó el devenir de los campos de concentración de Franco. Desde un plano histórico comparativo, habría que situarlos en el purgatorio arendtiano junto a los Stalag nazis o los campos para prisioneros de las guerras civiles como la rusa. Lo que, sin embargo, los eleva de rango (represivo) y acerca a modelos de carácter totalitario es tanto la violencia que se desplegó en su interior como, sobre todo, el enorme peso de la transformación identitaria, de la reeducación y del trabajo forzoso en todo este proceso[19].

De todo ello van a tratar las páginas que vienen a continuación, para cuya realización se han consultado fuentes militares y civiles, se han realizado entrevistas orales y se ha llevado a cabo un profundo trabajo archivístico[20]. Así, a enmarcar, teórica e históricamente, los campos franquistas de la guerra civil y la posguerra se van a dedicar los primeros capítulos, con especial atención a la función social que dentro de ellos se desarrolló para con los prisioneros republicanos: lo que denomino los «laboratorios de la Nueva España». Y a situar la España de Franco dentro de las redes concentracionarias de prisioneros y refugiados de guerra durante la segunda guerra mundial, los capítulos sexto y séptimo. Las conclusiones, por fin, más una reflexión desde el presente, quieren ser un receptor en torno a un fenómeno que hoy atañe cotidianamente a historiadores y sociedad civil: el de la memoria de la guerra civil. Una memoria traumática y, en el caso de los campos franquistas, cada vez más presente en la actualidad. No cabe extrañarse: más que una inmensa prisión, a juzgar por su número y por el volumen de internamiento, España pareció, siquiera por varios años, un enorme campo de concentración.

1. Campos para un golpe de Estado y una guerra aún no larga

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Campos para un golpe de Estado y una guerra aún no larga

Julio de 1936-marzo de 1937

… nos dan de palos brutalmente y nos matan. Como lo ben perdió no quieren sino la barbaridá.

ANÓNIMO (1936)[1].

… hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros.

España, la verdadera España, la católica y grande España, ha aplastado al dragón y éste muerde y se revuelve en el polvo.

Gral. EMILIO MOLA VIDAL (1936)[2].

LAS INCÓGNITAS SOBRE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN franquistas han sido una constante en la historiografía sobre la guerra civil española. Infravalorados hasta el extremo de no ser tenidos en cuenta ni tan siquiera a la hora de revisar el tratamiento de los prisioneros y presos republicanos en la zona sublevada, la existencia del sistema concentracionario franquista ha salido a la luz tan sólo recientemente y, en buena medida, determinada por las necesidades derivadas de la discusión pública sobre la historia reciente de España. No obstante, hay de reconocer que algunas de las dificultades al respecto han venido ocasionadas por la falta de una definición homogénea, del tema y del objeto de estudio, que haya permitido integrar en ella los estudios monográficos existentes; y asimismo han estado determinadas, como es el caso de este capítulo (los campos durante los primeros meses del conflicto), por la escasez de fuentes documentales y orales.

Aquí se va a explicar el modelo de campos de concentración implantado en la España de Franco para poder, de tal modo, establecer la tipología base que ya he explicado en la anterior introducción. Así, aquí se recoge la historia de los campos desde sus orígenes hasta su estabilización como medio recurrente para el tratamiento del problema de los prisioneros de guerra y los presentados en los frentes de batalla. Para ello, además del desarrollo cronológico, se hace necesaria la revisión de las necesidades que originariamente animaron no solamente a la creación, sino sobre todo a la burocratización del mundo concentracionario español y, en general, de la política represiva de los sublevados. De tal modo, este capítulo explica la cimentación del edificio concentracionario franquista, el más longevo y sólido de toda la Europa meridional; unos cimientos bañados en la sangre de los asesinados durante los meses del golpe de Estado y de la guerra de columnas, durante los meses del Terror. Expone las contradicciones con las que los sublevados se encontraron a lo largo de ellos. Aborda el uso racional, reglado y consciente de su utilidad social que los golpistas hicieron de la violencia. Y entra de lleno, en definitiva, en la lógica que explica la creación, al principio insegura, luego engranada, de la maquinaria de internamiento, clasificación y depuración de los prisioneros de Franco.

1. EL TERROR SUBLEVADO

Los campos franquistas y el trabajo forzoso fueron hijos de la guerra civil española. Y ésta, a su vez, del fracaso de un golpe de Estado convertido en guerra total. Es, por tanto, necesario analizar ambos fenómenos para entender los porqués de una red concentracionaria como la franquista. Y es que sus diferencias no son mera retórica. Porque, ¿estamos en julio de 1936, con la sublevación de los cuarteles, ante una guerra civil? En principio, este último concepto requiere un acuerdo interpretativo[3]. Ese mismo término fue negado en los dos bandos, el republicano porque se sentía víctima de una agresión y el franquista porque se sentía legitimado por un sentimiento de superioridad moral —donde no poco peso tendría la articulación de un discurso de apoyo a, y de, la Iglesia católica— que no aceptaba equiparaciones al mismo nivel que el enemigo. Pero todo ello no debe esconder la realidad histórica ya que, dejando de lado la propaganda bélica y posbélica —tan determinante, por otra parte, de los estereotipos y mitos que a la guerra sobrevivieron—, lo cierto es que en julio de 1936 nos encontramos ante un golpe de Estado fallido y ante un intento, por parte sublevada, de tomar de manera rápida los centros de poder, aun si para ello era necesario acabar de forma violenta y despiadada con cualquier resistencia a la autoridad militar o civil antirrepublicana. No existía, salvo vagas ideas de un directorio militar, una alternativa política por parte de los golpistas[4]. Pero sí existían objetivos comunes, el primero de todos el de acabar por las armas con el ordenamiento político republicano y su «afrenta» al denominado poder tradicional y sus valores de jerarquía, orden e inmovilismo. Se trataba del más virulento proceso en la larga trayectoria pretoriana —uno de tantos tipos de intervención violenta en política— e intervencionista del Ejército, estamento que históricamente en España ha ocupado un puesto de privilegio como garante del orden, como autonominada cadena de transmisión del «verdadero» sentir nacional y, en su más pura definición, como detentador de la fuerza[5]. Y existía, además, una cosmovisión unificadora de los diferentes grupos políticos, ideológicos y de interés que se levantaron contra la República: a ésta se la consideraba directamente la Anti-España; un totum revolutum de prejuicios y articulaciones retóricas desarrolladas por la derecha española para deslegitimar la existencia de un sistema laico de gobierno y de un sistema de valores políticos y sociales que cuestionaba el reparto de poder tradicional en España[6].

Las razones que llevaron a plantear tal movilización desde el 17 hasta el 20 de julio por parte de los militares sublevados quedan fuera de lo que aquí se quiere explicar. Hay que tener en mente sin embargo, por cuanto resulta determinante para la configuración del sistema concentracionario y de trabajo forzoso, el sentimiento de deslegitimidad que los valores y las políticas de la Segunda República despertaban entre los insurrectos de 1936 y el consiguiente deseo de «limpieza social» que la apertura de un marco movilizador y golpista despertó. Una limpieza que duró, en su primera fase, cuanto la intentona golpista fallida y la llamada «guerra de columnas», es decir, entre julio y noviembre de 1936. Y que, en primera instancia, no se rigió por un modelo característico de una guerra civil sino, más bien, por la profusión del asesinato extra judicial. De hecho, algunos de los sucesos más sangrientos del proceso abarcado entre 1936 y 1939 tuvieron lugar en estos primeros momentos de sublevación, allá donde logró la toma inmediata del poder por la fuerza de las armas. Galicia, Oviedo, Navarra, Aragón (Zaragoza y parte de Huesca y Teruel), Castilla la Vieja, el Protectorado de Marruecos, el norte de Extremadura, parte de Andalucía (Cádiz y Sevilla, así como las ciudades de Granada y Córdoba) y las Islas Canarias, Mallorca e Ibiza fueron los primeros escenarios de la violencia política golpista[7].

Violencia que es intrínseca a los procesos de golpe de Estado, donde existe una pugna abierta por el control del poder. En definitiva, donde una parte del territorio se mantiene leal al gobierno establecido. Las guerras civiles, con sus variables y diferencias particulares, suelen tener así como prolegómeno los actos de sublevación contra el poder estatal que devienen en una escalada por los mutuos excesos violentos[8]. Si dichos actos de sublevación hacia el orden no sobrevienen en la toma del poder y, además, no se ceja en el empeño de hacerse con el mismo, las precondiciones para el conflicto interno estarán establecidas. Y precisamente eso fue lo que sucedió en España. Como han enseñado la historiografía y la sociología histórica, las dinámicas del golpe de Estado se caracterizan por la rapidez e impredecibilidad, el alto riesgo en su ejecución —calculado racionalmente durante su preparación—, el asalto fulminante al poder desde dentro del mismo poder y la rápida manifestación de la violencia política. En julio de 1936, ni en Madrid ni en Barcelona triunfó el golpe de Estado: es decir, que no pudo imponerse el control militar sobre los resortes políticos más influyentes. Y, efectivamente, la violencia política hizo muy pronto su aparición, en forma de asesinatos y encarcelaciones masivas.

De tal modo, los insurrectos de 1936, en las zonas de la Península donde triunfó su golpe de Estado, no tuvieron competidores en el ejercicio de la violencia: su empleo, a veces reglado, tantas otras no reglado, pero siempre unilateral, no pretendía sustraerla a otros —como en la zona republicana— y así afianzar su poder, sino más bien mostrar su autoridad sobre la vida y la muerte, acabar con las resistencias al golpe de Estado y amedrentar a las disidencias: de aquí partía tanto la «necesidad» de descabezar y aterrorizar, como el carácter en muchos momentos «ejemplar» —relacional— de la justicia franquista. Durante los meses del golpe al que más adelante sería Nuevo Estado le fue posible cubrir su escasa legitimidad —en principio y visto el fracaso de la intentona golpista inicial— y ejercer su recién conquistada soberanía con el Terror, como el que se dio en la Andalucía de Queipo, en el Aragón sublevado, en Galicia, en Navarra o en Castilla[9].

El golpe, allá donde triunfó (y también donde no triunfó), trajo consigo por tanto la generalización de la violencia, la centralidad de las armas en el espacio público. Y con ello, gran cantidad de asesinatos de republicanos (suele citarse la cifra de 30 000 desaparecidos en estos meses), cuya eliminación tuvo por fin el sometimiento de un grupo a una autoridad: la eliminación física no fue un fin en sí misma, sino algo ejercido de manera racional y relacional para paralizar la resistencia al golpe de Estado, y sus formas más primitivas respondieron al modelo de razzia, empleado previamente contra las poblaciones del Riff (1921-1927) y tan común en el aprendizaje político-social y bélico de las guerras en África, así como a una tipología fascista de características squadristas[10]. En definitiva, una violencia ejemplarizante y crudelísima que servía para atenazar, precisamente, la respuesta ante la misma.

La violencia sublevada dirigida a acabar con las resistencias al golpe y a dirimir las disputas políticas y sociales precedentes fue, por tanto, masiva y relacional, paralizadora y unilateral, mucho más reglada de lo que pueda parecer y, en las zonas donde no hubo guerra civil alguna —ni, por tanto, disputa de la soberanía— sino el ejercicio de un golpe triunfante, supuso un ejercicio de Terror, entendido como la eliminación física de adversarios políticos no para acabar con el grupo social, sino para imponer su poder mediante la paralización del mismo[11]. Eso, de entrada, ayuda a explicar que los índices de violencia política fueran enormes allá donde triunfó la sublevación o donde se ocupó rápidamente territorio legalista, así como el modo en que la misma se ejerció, mediante asesinatos extra judiciales, sacas de cárceles, paseos de dirigentes políticos y sociales, y fusilamientos in situ de prisioneros de guerra. En esos meses España se colmó de fosas comunes, de muertos abandonados, de civiles y militares asesinados extra judicialmente al socaire de los bandos de guerra. Extrajudicialmente, lo que equivale a decir ilegalmente. Lo legal no era más que un formalismo inútil en la Sevilla, Zaragoza o Valladolid del Terror.

En esa España sublevada por los militares, el estado de guerra fue así refrendado por la recién creada Junta de Defensa Nacional presidida por Miguel Cabanellas el 28 de julio de 1936[12], subordinando la justicia civil a la militar, y estableciendo como delito el «auxilio a la rebelión», que no era otra cosa que la oposición, armada o no, al triunfo del golpe de Estado iniciado sólo once días antes. El «cumplimiento del Bando de Guerra», bandos declarados por los militares insurrectos paulatinamente en la segunda parte del mes (y refrendados precisamente por la declaración para todo el territorio sublevado del 28 de julio), fue el canal reglado de esa violencia, incluidos entre quienes la sufrieron los prisioneros de guerra. Y es que aunque generalmente esos bandos no daban pistas sobre el tratamiento de los capturados, es conocido que no hizo falta marco legal alguno para enmascarar los múltiples asesinatos e irregularidades cometidos en la primera fase de la conflagración.

Tanto fue así, que hay quien se ha planteado el uso del término «genocidio» para explicar la inusitada violencia sublevada que desató el golpe de Estado[13]. Pero ¿hasta tal punto llegó? La pregunta no es baladí en el contexto del estudio de los campos franquistas, porque en el imaginario simbólico de muchos europeos el genocidio está intrínsecamente relacionado con los sistemas concentracionarios. De hecho, como decía, el genocidio se ha convertido en el deformante espejo donde se miran los campos de cualquier tiempo y latitud, en un lugar lingüístico de la memoria. Pero algunos de los principios fundamentales de los delitos a gran escala según Raphael Lemkin (quien definió los límites legales del genocidio), como el de la criminalidad colectiva del Estado, la existencia de un proyecto de destrucción masiva, la percepción de la víctima como indefensa y su muerte como aleatoria, o las implicaciones religiosas y de eliminación de las minorías nacionales, no se hallan tan claramente como podría parecer en las diferentes tipologías de la violencia generada por el para-Estado franquista[14]. De hecho, ese carácter mismo de paraestatalidad no concuerda con la imagen del delito de genocidio, donde un Estado programa y ejecuta la muerte de masas aprovechando los medios técnicos y burocráticos correspondientes a la más pura modernidad, como han demostrado Bauman y Traverso.

Los nuevos datos ofrecidos por la investigación histórica ayudan a corroborar esta percepción: la progresiva instauración en la España sublevada tanto de tribunales militares como de auditorías y comisiones de clasificación para prisioneros y detenidos políticos; el control formal de la violencia en aras de convertirla en represión (de dotarla, por tanto, de una pátina de legalidad); y paulatinamente la apertura de campos de concentración y centros de trabajo forzoso, nos está revelando dos factores. En primer lugar, la escasa rentabilidad que en una guerra larga deparaba al nuevo orden en construcción la violencia desencadenada con objeto de acabar rápida y virulentamente con la República. Y segundo, que paralelamente creció entre las filas insurgentes una nueva percepción —relacionada con la legitimidad moral de la guerra, con la necesidad de encontrar un justificante integrador— para con sus enemigos: con la guerra total y de larga duración, no se trataba de exterminar sino de doblegar. Palabras como reutilización, reeducación, recatolización, redención, pueblan el vocabulario y el imaginario cultural desde los últimos meses de 1936, cuando se constata el fracaso del golpe de Estado. Y eso en mal modo puede conjugarse con una política genocida. Puestos a buscar un término, el que más se ajusta a la violencia golpista, la que se llevó por delante a alcaldes y jornaleros, arquitectos y poetas, sindicalistas y resistentes precariamente armados, es el de un politicidio ejecutado mediante el Terror.

De todos modos, llamémoslo politicidio, genocidio o exterminio, lo cierto es que la violencia de los primeros meses para con los republicanos, los presos y los prisioneros de guerra fue el medio para afianzar la victoria de la sublevación. Pero también es cierto que, tras el fracaso de ésta, paulatinamente las necesidades derivadas de una guerra total y de larga duración acarrearon exigencias nuevas y la búsqueda de sus soluciones. Una muy importante, la de dotar no solamente de legitimidad (aspecto del que, retóricamente, estaban sobrados los sublevados), sino también de legalidad, al proceso insurreccional. Tal fue el origen de la famosa «justicia al revés», en palabras de Serrano Súñer, que enjuició con premisas de rapidez y rigor a los adheridos a la «rebelión», esto es, a quienes defendieron el orden republicano[15]. El rigor con el que la represión militar comenzaba a infligirse estableció la supremacía del poder castrense, y ante todo supuso dotar de coherencia y homogeneidad a la extensión de este poder a toda la zona sublevada[16]. La existencia de campos de concentración y trabajo forzoso de manera generalizada desde 1937 es, por tanto, una prueba decisiva para afirmar que, si bien no se abandonó por entero, el paradigma represor, la «lógica de la violencia» implícita en los asesinatos y el politicidio desencadenado en 1936, sufrió variaciones hasta el punto de, al menos, no ser el único imperante en la España de Franco.

Dotar de legalidad y, en cierta medida, legitimidad a la violencia fue uno de los objetivos que paulatinamente, y frente al devenir de los hechos, se impuso entre las filas sublevadas. Era el modo de trasladar a la realidad el sentimiento de superioridad moral, de «necesidad» del «Alzamiento» compartido por los insurrectos frente a la República, donde el apoyo de la Iglesia católica tuvo un peso determinante. Aunque la realidad fuese mucho más prosaica: se trataba de la pugna por el poder sobre un mismo territorio, con lo que hacía falta crear o afianzar las propias legitimidades para acabar con las contrarias. Si miramos con detenimiento, en esos primeros momentos no encontraremos articulación retórica o práctica de lo que a posteriori acabaría marcando, en el plano simbólico, el devenir de la represión y exclusión social: la contraposición de identidades, de percepciones de la sociedad, de legitimidades. Eso, sin embargo, hubo de cambiar en el momento en que la fase de golpe de Estado dio paso a otra de guerra civil, larga, de exterminio, ante la defensa republicana.

El «verano caliente» de 1936 dio paso a una nueva fase en la que la violencia política cambió formas y, a veces, fondo, en aras de dotar al para-Estado insurrecto de una estructura depuradora firme y de incontestable autoridad. No quiere decirse con esto que el monopolio de la violencia fuese indiscriminado en los primeros meses de conflicto, ya que como se ha venido señalando en la mayoría de los casos lo que había detrás de la supuesta violencia «espontánea» era una calculada venganza que, con las armas en el centro de la vida social, no necesitaba de trámites ni legitimaciones[17]. Pero las diferencias existen, sobre todo cuando el ejercicio de la violencia debe ser legitimado. En el caso de la guerra civil española, esa legitimidad fue encauzada por juicios sumarísimos, procesos de clasificación masiva y puniciones redentoras. Y los preceptos culturales en los que se apoyaron no fueron otros que esa percepción del enemigo como «ser descarriado», «enfermo», que podía ser reintegrado a la «verdadera» España a través de su depuración y redención social. Con toda probabilidad, dos sean los hechos determinantes para tal cambio de percepción: uno endógeno al funcionamiento de la guerra que se había planteado y otro, en cambio, derivado de la pátina de legitimidad que otorgó al levantamiento y al Movimiento el apoyo eclesiástico. La lucha fratricida partió de la disputa por el monopolio de la violencia, de la soberanía y de la legitimidad del poder sobre un mismo territorio. Derivó, por tanto, de una confrontación de solidaridades e identidades colectivas e implicó la expulsión de la legitimidad contraria. Y para disputar legítimamente el poder a la República, era necesario tanto otorgar a los sublevados una legitimidad explícita, cosa que vino de mano del apoyo de la Iglesia, como poner las bases para una guerra de larga duración y depuración. Los campos de concentración fueron un jalón fundamental en aras de lo segundo.

En suma, la liquidación de la experiencia republicana tuvo un primer momento crucial en los innumerables asesinatos, en el Terror, derivados del golpe de Estado de 1936. Y andando hacia la guerra fratricida, la eliminación de los «cuerpos enfermos» de la «comunidad nacional» tomó forma de exclusión social masiva[18]. La implantación del sistema concentracionario —reflejo de una racionalización de la violencia, una economía de la imposición, como se verá— tuvo específicamente que ver con el paso de la primera a la segunda fase; es decir, del golpe de Estado a la guerra civil propiamente dicha, guerra entre dos estados. Tuvo también que ver con los intentos por «legalizar» una violencia que, cuando se abrió el primer campo de concentración, se había enseñoreado de las prácticas políticas en la zona sublevada controlada por los militares de Franco. Tuvo que ver con la construcción de un poder con aires de legítimo, en el que el escándalo de la ejecución sumaria del prisionero de guerra era cada vez menos tolerable.

Así, afrontada la guerra de larga duración la violencia física daría la mano a la simbólica para expulsar de la civitas a la denominada Anti-España. En ese momento, los campos de concentración, el trabajo forzoso y el sistema penitenciario adquirieron su más elevado rango: el de doblegarla y transformarla. Y es que si bien los sublevados continuaron asesinando sin piedad en las ocupaciones progresivas, ese no fue ya el único ejercicio posible de violencia. Observemos, pues, desde la base y desde sus inicios la construcción de ese sistema ilegal de internamiento y esa multiplicidad y adaptación en los paradigmas de la violencia política sublevada, en su trayecto desde el Terror golpista a la violencia de guerra civil, desde la perspectiva de los prisioneros de guerra.

2. LOS CIMIENTOS DEL EDIFICIO CONCENTRACIONARIO

Me equivocaba hace unos años cuando, en un artículo, decía que «la inmediata posguerra es, de hecho, el período más enigmático de la vida y funcionamiento de los campos de concentración». No es cierto. El período verdaderamente oscuro es el que va desde julio de 1936 a febrero de 1937, puesto que los legados documentales son tan escasos que sabemos que existieron los campos, tenemos referencia sobre sus ubicaciones, pero poca o ninguna información más. Lo que se intenta descifrar aquí es por tanto el origen de la futura red concentracionaria, tanto a nivel organizativo e intendente como ideológico y cultural. Pero no lo olvidemos: son orígenes sangrientos; mas ante todo, inciertos, en el sentido de que el volumen documental que los primeros campos ha dejado es ínfimo en comparación con los campos organizados posteriormente por el Cuartel General de Franco.

El origen de los campos estuvo, como se ha visto hasta el momento, en la diversificación de los paradigmas de la violencia política sublevada. Para entender el paso de una violencia anómica a una represión estatal debemos saber en qué momento existe un grado de institucionalización tal del poder en el bando sublevado como para poder afirmar que existe cierta legitimidad en su ejercicio y, por tanto, la posibilidad de englobar la supresión de los conciudadanos de la sociedad civil bajo lo que entendemos como violencia «legítima», por tanto represiva. Y es que la violencia ejercida durante los primeros meses del conflicto respondía al deseo de eliminación rápida y virulenta del orden político-social republicano, así como a una búsqueda de legitimidad a través de la limitación y aterrorización de los posibles opositores al golpe. Fue tal la virulencia y ferocidad de la violencia que aunque se hubiese podido detener el proceso que llevó a la guerra civil, la matanza del verano y otoño de 1936 habría quedado indisolublemente escrita en la historia de los lugares allá donde aconteció: es decir, prácticamente toda la España sublevada.

La violencia supuso, por tanto, ya desde los inicios del conflicto bélico una dinámica de limpieza social y de militarización de la vida cotidiana[19] que, por ende, habría de abarcar en su grado máximo a los prisioneros tomados en los frentes de batalla. A su vez, la progresiva militarización de la retaguardia implicó la desviación de buena parte de los intereses de la vida pública y política hacia el fin de la victoria ya que, como decía, las armas ocuparon el espacio público en su más simbólica integridad. Este aspecto, que en bando republicano ha sido señalado como una de sus grandes carencias explicativas de su derrota —la falta de mando unificado—, los nacionales lo cuidaron hasta la extenuación. Tanto que, como no podía ser menos, los prisioneros de guerra no pudieron librarse de las dinámicas depuradoras en el interior de la sociedad dominada por el Ejército sublevado. Hay que observar pues la cristalización de los preceptos señalados para la fase del golpe de Estado (julio-noviembre de 1936) en el problema de los prisioneros, para dar paso después a su progresiva racionalización y centralización de poderes encarnada por el sistema concentracionario.

Y es que el golpe de Estado conllevó la reclusión de miles de republicanos en todo tipo de centros, desde prisiones a cuarteles pasando por iglesias, cines, conventos, castillos o escuelas: las directrices que desarrollaron los generales y mandos sediciosos contra el orden político republicano para la coordinación de sus acciones hablaban del encarcelamiento de los «no afectos al Movimiento»[20]. No existe, sin embargo, investigación sistemática alguna donde poder situar estos centros de detención, pero ello es perfectamente comprensible. La patente de corso y la potencia del primer choque podían determinar la falta de resistencia al golpe en los cuarteles y, de tal modo, las instrucciones de Emilio Mola sobre la virulencia y el grado de violencia que se debían ejercer para asegurar un lugar para los sublevados fueron llevadas a su máxima expresión. Los relatos parciales dedicados al golpe se suceden en varias regiones españolas y son buen reflejo de lo que en todas partes ocurrió. En tal faena, los sublevados encarcelaban —de hecho, sin algunas de esas encarcelaciones el golpe no se habría podido llevar a cabo— y asesinaban, llenaban las fosas comunes, recluían sin más precepto legal que la aplicación del bando de guerra de la División Orgánica alzada y, desde luego, no consideraban la posibilidad de establecer un tratamiento regulado y homogéneo de los prisioneros de guerra. Entre otras cosas, porque cabe preguntarse si realmente los aprisionamientos destinados a asegurar el golpe, así como los derivados de las primeras tomas parciales de los territorios, eran considerados como «de guerra». Stricto sensu, eran prisioneros del fallido golpe de Estado. Si se les hubiese considerado como de guerra, el modo de actuación debería haber sido el establecido por la Convención de Ginebra de 1929.

Vale la pena detenerse un instante en este punto. Si echamos la vista atrás hasta ese año, cuando Alfonso XIII firmaba en nombre de España la convención para el tratamiento de los prisioneros de guerra, veremos que en ella la nación española se comprometía a un trato correcto hacia los mismos, negando la hipótesis de utilizarlos en trabajos de cualquier índole. Cierto es que en principio tal convención fue pensada para ser operativa en conflictos internacionales —queda claro al revisar los puntos finales, referidos a repatriaciones y países neutrales—, mas en ninguno de sus párrafos hacía referencia explícita al hecho de no poder ser empleada en una guerra civil. ¿Qué ocurrió, por tanto, para que no fuera puesta en práctica con los prisioneros españoles, e incluso para que fuera puesta en entredicho manejando discutibles apreciaciones pseudojurídicas? Todo es explicable desde la perspectiva antes señalada: que en estos meses no se buscó la legalidad ni la legitimidad, sino la extirpación del orden republicano. Y que, pasada la fase golpista, lo «legal» fue solamente aquello que se ajustaba a los intereses del bando franquista, considerado a sí mismo «antiliberal» y, por tanto, no sujeto a «formalismos inútiles» como, en este caso, los derechos de los prisioneros de guerra.

Varios son los puntos que es necesario destacar en este sentido: ante todo, el hecho que a los prisioneros de la guerra civil no se les consideró en propiedad prisioneros de guerra, salvo en el caso de los pertenecientes a las Brigadas Internacionales, ya que no era un conflicto interno sino una «liberación» lo que se acometía. Lo que en realidad era una interpretación fundada tanto en los justificantes retóricos de la insurrección como en la ideología y la baja consideración hacia el enemigo. Así, ni tan siquiera se llevó a cabo lo señalado en la introducción a la convención, que decía que se haría todo lo posible por mitigar los sufrimientos de los prisioneros de guerra. Tampoco su segundo artículo (que prohibía actos de violencia, insultos, represalias o curiosidad pública contra ellos), ni muchas veces el séptimo, referido al traslado de prisioneros (en teoría, en buenas condiciones y de no más de 20 kilómetros al día). Nos interesan en particular, sin embargo, la sección segunda, referida a los campos para prisioneros de guerra, y la tercera, a su empleo en trabajos forzosos, y que pasamos a analizar con conocimiento de lo sucedido con los prisioneros republicanos.

En treinta y tres artículos dedicados a estos dos temas, la convención hacía referencia a las condiciones climáticas de los centros de internamiento de prisioneros de guerra, la higiene, luminosidad y calor de los barracones; las raciones de comida y agua que debían recibir —iguales a la de los soldados combatientes—, sus uniformes, el funcionamiento de las enfermerías y las revisiones médicas. E incluso se regulaban las necesidades morales e intelectuales de los prisioneros, en lo respectivo a la libertad del ejercicio y la expresión de su propia religiosidad (art. 16), así como a las remuneraciones que los prisioneros debían recibir por sus trabajos, los cuales jamás debían estar relacionados con las operaciones bélicas (art. 31), o los derechos individuales y colectivos de los que deberían disfrutar durante su estancia en los campos, cuales el envío de paquetes con ropa y comida, o el pago de los devengos derivados de su trabajo. Los castigos, jamás colectivos ni corporales —ni en calabozos sin luz ni suficientes condiciones higiénicas—, solamente estarían relacionados con actos de insubordinación, no podrían englobar actos de crueldad y el arresto sería su máxima y más severa expresión, nunca la tortura. Si el prisionero de guerra fuese ulteriormente condenado por una corte civil o militar, debería tener derecho a apelar la sentencia, fuese ésta de prisión o de muerte.

En definitiva: en la Convención de Ginebra se toleraba e incluso se prefería la posibilidad de apertura de campos de concentración para prisioneros de guerra en los conflictos bélicos por dos motivos: en primer lugar, porque los campos eran asimilados como una medida de detención preventiva válida (si era bien administrada), visto que progresivamente, y sobre todo tras la enseñanza de la primera guerra mundial, las guerras se habían convertido en enfrentamientos de ejércitos nacionales en el sentido estricto del término: de ejércitos masivos. Y en segundo lugar porque, si bien sujetos a los procedimientos de guerra y al hecho de estar tratándose con el enemigo, los campos parecían un sistema correcto bajo el prisma de las democracias liberales triunfantes en la Gran Guerra y de su humanismo racional, cristalizado en la fracasada Sociedad de Naciones.

Los campos franquistas, sin embargo, nacieron con una ilegalidad de fondo y forma que, obviamente, no resultó un lastre para su crecimiento y uso continuado. No hubo disposiciones para los prisioneros de guerra antes de 1937; las disposiciones vigentes, las de Ginebra, fueron rechazadas por inútiles y no ajustadas a las necesidades del bando sublevado; y, por fin, cuando hubo normas, éstas no respondieron a la legalidad internacional, sino todo lo contrario: los prisioneros republicanos no fueron tratados como «de guerra» y fueron hacinados en campos con malas condiciones higiénicas; usados para trabajos militares; torturados para conseguir testificaciones y delaciones; y, como postrera cristalización de la ilegalidad de la «justicia al revés», cuando fueron juzgados en tribunales militares tras la clasificación en los campos, jamás tuvieron derecho de apelación. Un buen ejemplo de todo esto lo tenemos en un documento referido a la creación de los primeros Batallones de Trabajadores por parte de la Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación encomendada al general Luis Orgaz:

Los trabajos a que habían de dedicarse serían trabajos de utilidad militar, cosa perfectamente justa y lógica y que no contraviene ningún acuerdo de orden jurídico nacional ni internacional, ni ningún precepto de rígida ética, ya que los individuos que forman esos Batallones son españoles y dentro de la edad de los demás llamados a filas… y, por tanto, el Gobierno nacional tiene perfecto derecho a utilizarlos de la manera que se considere más útil para los fines de la guerra[21].

El sistema pseudopenitenciario que representaron los campos desde el invierno de 1936-1937 se basó ante todo en la preventividad y la ilegalidad. Sin embargo, ya en estos primeros meses de aprisionamientos, descontrol y sangre existió una diferencia a tener en cuenta, que no cambia demasiado el final de sus indeseados protagonistas —esto es, su muerte—, pero sí que es importante para entender la historia posterior del internamiento masivo y la exclusión social. Esta diferencia fue la existente entre los apresados en los frentes de batalla —de los que damos cuenta en el siguiente apartado— y los detenidos gubernativos: los que se recluyó para que no imposibilitasen con su acción el golpe de Estado, o bien fueron detenidos una vez éste se puso en marcha. El Penal de Burgos, del que existen algunas noticias memorialísticas relevantes, fue uno de estos centros. Una prisión abarrotada donde se recluyó, entre otros, al jefe de la Guardia Civil, coronel Mena: uno de tantos que, con la farsa de la liberación o del traslado a otro centro, era asesinado de noche por quienes dedicaban sus esfuerzos a limpiar la retaguardia.

Pero sin duda no fue el único: el castillo de la Aljafería en Zaragoza fue el centro de apoyo a la cárcel de Torrero. Cuarteles como los de Salamanca, Ávila o Logroño serían usados ante el abarrotamiento súbito de la red de cárceles, prisiones y presidios. El internamiento preventivo llenó así buena parte de las cárceles en territorio ocupado, y allá donde no se cabía se improvisaba un nuevo presidio, como en el frontón Avenida de Logroño, donde 900 hombres y mujeres convivían con «aprendices de espía» falangistas y las sacas de internos, «una mejora técnica de la ley de fugas»[22]. En otras latitudes sucedían cosas semejantes. Entre julio y septiembre de 1936, por ejemplo, se detuvo en Valladolid a 1968 personas[23]. Incluso existen ejemplos de centros utilizados en la primera fase del golpe de Estado que mantendrán su nombre en las listas de campos de concentración. Entre ellos, contamos con el relato de Victoriano Crémer sobre el posterior campo de concentración del Convento de San Marcos, en León, utilizado como prisión preventiva desde el inicio de la sublevación para internar a sus potenciales resistentes. Crémer fue apresado a los pocos días del golpe y tenido irregularmente en las cuadras del convento, empleado como prisión provisional. «Con el tiempo y las concentraciones de prisioneros y fugitivos, puede decirse que el edificio de San Marcos no tuvo más que un solo menester: amontonar seres humanos». Seres humanos amontonados, muchos fusilados en las incontables sacas, a los que les dirían de comerse unos a otros, para tener más espacio:

Por aquel San Marcos de los miedos pasaron, durante el tiempo que sirvió como prisión, campo de concentración y territorio del horror y de la culpa, más de veinte mil hombres, que venían de la guerra o de los escondrijos o del monte; hombres bravos que habían luchado a corazón partido, que habían arrostrado todos los peligros, y también gentes de sorpresa, frágiles[24].

Las noticias documentales sobre centros de reclusión preventiva e ilegal de prisioneros de guerra durante los primeros meses son más bien escasas y contrastar, por tanto, las informaciones sobre ellos en la literatura de referencia resulta un arduo trabajo. Centros de detención como los de las Islas Canarias, Sigüenza, los de Tetuán (el Campo del Mogote), de los que ya hemos dado cuenta en nuestro trabajo —los traemos a colación para recordar la importancia de estudiar los campos de la guerra civil como centros para prisioneros de guerra, rara vez como «destino» penitenciario para presos gubernativos—, fueron el modo en que las divisiones orgánicas insurrectas afrontaron las resistencias posibles o reales al golpe[25]. De un modo pseudopenitenciario, aprovechando la nueva oportunidad histórica que el golpe ofrecía para descabezar los movimientos obreros organizados: algo parecido a lo ocurrido en la Alemania de 1933, cuando al poco de la llegada al poder de Hitler el campo de Dachau fue abierto para internar a opositores políticos. Siguiendo con el parangón, tampoco en Alemania existen demasiadas investigaciones sobre los «campos salvajes» y sí en cambio muchas sobre el sistema concentracionario de la segunda guerra mundial. Estos centros españoles, sin regulación alguna, fueron en algunos casos auténticos mataderos humanos. Gracias al trabajo de Francisco Sánchez Montoya, se sabe que el Campo del Mogote fue el centro de detención de internados provisionales, muchas veces pasados por las armas: el primer fallecido fue un soldado, Miguel López, el primero de agosto de 1936; el 20 de ese mismo mes se fusiló a 54 internos, «al intentar fugarse del campo de concentración».

Una ojeada a los partes oficiales de guerra de estos primeros momentos no deja espacios a la duda sobre el tratamiento de los prisioneros. Todas las divisiones movilizadas daban cuenta de haber «limpiado la zona de enemigos» (Octava División, 26 de julio), o de haber procedido «a la limpieza y ocupación de diversos pueblos» (Segunda División, 24 de julio). Y no se trataba de muertos en los frentes o en reyertas armadas, de las que se daba cuenta aparte y, generalmente, dando un número estimado de las bajas. Se trataba de los primeros prisioneros a los que se daba muerte in situ sin trámite alguno por el hecho de haberse resistido al triunfo de la ocupación militar o bien por pertenecer a organizaciones políticas, sindicales, culturales, a las que se oponían los sublevados. De manera más que cínica, en los partes de guerra a esos asesinatos indiscriminados y a esas prácticas de limpieza se los llamaba, por ejemplo, «Operaciones en Andalucía»[26].

De todos modos, los partes oficiales son inútiles para conocer, ni de modo aproximado ni estimado, el número de prisioneros tomados en la primera fase del golpe de Estado y la guerra de columnas. Sí para intuir el tratamiento que recibían, aunque poca información se puede deducir de extractos como el del Ejército del Norte a 3 de agosto de 1936, cuando decía: «El número de prisioneros capturados y el material y armamento de todas clases caídos en nuestro poder es grande». Ocupaciones tan importantes como la de la ciudad de Mérida el 11 de agosto, realizada por la columna de tropas africanas que ocupó la parte occidental de Extremadura en su carrera hacia la capital de España, tan sólo dejó una marginal anotación sobre los «muchos prisioneros» aprehendidos. Cuando la de Badajoz, tres días después, se dio cuenta de una inquietante concatenación de acontecimientos: se entró «… arrollando las resistencias y cogiendo al enemigo numerosos prisioneros, causándoles muchas bajas…».

No obstante esta constante desinformación, en su carrera hacia el centro del país las columnas hacían prisioneros, siempre «numerosos» en la documentación oficial, pero nunca rastreables en su número. Hasta noviembre, cuando se renunció a la toma rápida de Madrid poniéndose fin a la fase de golpe de Estado, las columnas del norte bajo el mando del general Emilio Mola y las africanas de Franco dirigieron sus fuerzas al acoso de la capital tomando así miles de prisioneros. De hecho, una matanza como la de la plaza de toros de Badajoz se explica entre otras cosas por el traslado a la capital de muchos prisioneros y presos tomados entre el inicio del golpe y los días de la masacre; esto es, en poco menos de un mes. A estos prisioneros no se les trataba de una manera unívoca o medianamente regulada —lo cual respondía como no podía ser menos a las intenciones de acabar rápido con la República—, con lo que los ejércitos sublevados no podían hacer uso provechoso alguno. Es más, casi resultaban una molestia.

Sólo de tal manera es comprensible que al entrar las tropas africanas en los pueblos extremeños, en vez de tomar como prisioneros a los defensores de la legalidad republicana, se les aplicase el modelo de matanzas que conocemos por el nombre genérico de razzia. Tras la captura de Mérida —donde más tarde se instalaría un campo de concentración—, las tropas africanas se encaminaron hacia la represión —hablar de toma o de «liberación» es nombrar sólo una parte de la cuestión— de Badajoz, la provincia que, según se nos ha recordado recientemente, más había anhelado la reforma agraria tan solicitada como prometida por la República y odiada por sus adversarios[27]. Su plaza de toros, hoy desaparecida, fue centro de reclusión para un mínimo de 1200 internados y, desde el punto de vista simbólico, bien puede considerarse el primer y más terrible campo de concentración franquista.

Los muros del coso taurino fueron cárcel improvisada y lugar de ejecución de prisioneros. De hecho, como se nos ha recordado desde la literatura que ha dedicado sus páginas al recuerdo de la matanza, los mismos testigos, como Jay Allen o Mario Neves, no daban crédito a sus ojos: jamás habían visto un modo tan brutal de hacer la guerra. Lo allí ocurrido, la muerte indiscriminada de los defensores de la ciudad y de muchos prisioneros trasladados ex profeso para ser ejecutados, supuso por un lado un aviso sobre lo que las tropas africanistas estaban dispuestas a hacer con quienes se les opusieran. Por otro lado, fue un medio de acabar con los posibles levantamientos en retaguardia. Pero ante todo, supuso el prolegómeno masivo y despiadado de lo que iba a significar la represión franquista. Hasta el 14 de agosto se había fusilado, y mucho, en los territorios sublevados. Sin embargo, la repercusión que tuvo el conocimiento de los «sucesos de Badajoz» dejó pocas dudas sobre el carácter extremadamente violento de la limpieza social que llevaban a cabo las tropas franquistas en vanguardia y los militares y civiles afectos al Movimiento en retaguardia. Esa cruel matanza supuso, según la afirmación de Francisco Espinosa, un prolegómeno y una premonición de Auschwitz. Y el símil no es casual, sino que entronca con ya toda una tradición de pensamiento que recorre la filosofía, la sociología y la historiografía: la de considerar los campos de concentración nacionalsocialistas y, en particular, el exterminio de los judíos una metáfora de cómo la modernidad se había convertido, ante los ojos de las democracias liberales de entreguerras, en la más absoluta barbarie. Auschwitz sería así la cristalización del dolor, de la muerte; de la época contemporánea. «Pensar Auschwitz» se convertía en un deber doloroso pero necesario. Hoy, sin embargo, la desaparición del coso taurino ha eliminado un lugar de la memoria en el más puro sentido de la palabra: no el epistemológico, sino el real. Ahora no hay dónde honrar ni llorar la memoria de los muertos.

Algunos extremeños, sin embargo, lograron huir de la matanza por la frontera portuguesa. ¿Qué se encontraron? Un «régimen de persecuciones y campos de concentración sin precedentes por su dureza»[28]. El Portugal de Salazar, integrante desde el 21 de agosto del Comité de No Intervención, intervenía sin embargo de manera beligerante al internar a los refugiados españoles para devolverlos a «cumplir» con la Justicia española. Como relata Espinosa, ese mismo día 21 fueron devueltos, desde el Fuerte de Graça, en Elvas, 40 españoles que fueron entregados a las autoridades de Badajoz. También en el Fuerte lisboeta de Caixas se internó a republicanos españoles. Hubo españoles refugiados en los campos de Coitadinha y de Russianas, este último en Choça do Sadineiro. En el caso de los fuertes, fueron un signo más de la connivencia salazarista con los sublevados y de la problemática que, de cara al exterior y por supuesto en el interior, empezaba a crear la toma masiva de prisioneros. En el caso de los campos de refugiados, nos han llegado testimonios que dan fe de la labor humanitaria que, a título personal, trató de llevarse a cabo; en particular, por el comandante Seixas del campo de Russianas. Una labor humanitaria con los prisioneros de guerra que es raro encontrar en una España que quería depurar, limpiar de «rojos» todo el país.

El problema de los prisioneros, a raíz de que se conociese internacionalmente la matanza de Badajoz, empezó a tomar carta de peligrosidad para los sublevados, por más que en algunos casos los defensores republicanos tuviesen la posibilidad del repliegue, como sucedería en las tomas de Irán y San Sebastián[29]. En ese sentido, es necesario remarcar que no todos los ejércitos se comportaron de igual manera y que no todos los mandos sublevados eran iguales. Cabe señalar, por ejemplo, las diferencias entre un Yagüe o un Varela, militares africanistas responsables en última instancia de lo sucedido en el coso taurino extremeño, con el sitiador de Irún —ciudad tomada el 4 de septiembre de 1936, donde según Jackson no se asesinó a los prisioneros—, el carlista coronel Beorlegui. El entonces teniente coronel Yagüe optó explícitamente por la «limpieza»: no dejar «rojos» en retaguardia que pudiesen complicar la triunfante marcha de las tropas sublevadas, la paulatina descomposición del orden republicano y el avance de la reorganización social por las armas, o Nuevo Estado.

Tanto es así, que el terror que inspiraban en los milicianos las noticias llegadas del sur y Extremadura facilitó que los rebeldes tomaran Tala vera del Tajo (Talavera de la Reina) por el repentino repliegue de sus defensores. Se trataba, además, de un importante jalón en el alargamiento de la guerra deseado por Franco para tener tiempo de «limpiar» la retaguardia y afianzarse así, con un tanto propagandístico, en la cabeza del para-Estado sublevado. Tanto consumado con la toma de Toledo y la liberación de los sitiados en el Alcázar y de sus rehenes civiles. El nombrado a finales de septiembre generalísimo no dudaría en declarar, tras la toma de la ciudad por parte de las tropas de Varela, que no le «interesaba ya una victoria fulminante, sino que la victoria total en todos los terrenos viniese por la consunción del enemigo». Y tras la ocupación, y según Sixto Agudo —quien lo supo por su hermano—, «se fusilaron por las calles a los milicianos. Habilitaron tres cárceles, varios campos de concentración. Los rojos de Toledo estaban encerrados y allí los seleccionaron». Además, a «un montón de ellos los fusilaron, otros fueron condenados a muerte, fueron conmutados, otros pasaron un montón de años en las cárceles, en fin…»[30].

Con el desvío de las tropas a Toledo, Franco perdió un tiempo que podría haber servido para la toma de Madrid y para evitar miles de muertes. Pero ya no interesaba la conquista rápida sino la guerra de exterminio, en palabras de Paul Preston. Por eso, en estos meses empezaron a organizarse los primeros campos de concentración de prisioneros de guerra, campos regidos por una dureza y una violencia extremas. Al poco de la ocupación de Toledo, Moscardó fue destinado a Soria, donde entonces mataron centenares de prisioneros tomados en Sigüenza e internados en el Cuartel de Santa Clara de esa ciudad, uno de los primeros centros que puede considerarse un campo de concentración[31]. Y paralelamente los prisioneros de toda índole internados en diferentes centros de Logroño fueron trasladados en masa durante 1936 y por orden de las autoridades militares del Ejército del Norte al Fuerte de San Cristóbal, en Pamplona. En este temprano centro de internamiento (pronto, cárcel para presos políticos) se recluyeron en pocos meses más de 2000 prisioneros, tanto navarros como de otras regiones: Logroño, Valladolid, Segovia y Ávila. Según las investigaciones de varios estudiosos, rápidamente comenzaron las ejecuciones masivas de presos. «Con el pretexto de haber sido puestos en libertad» eran asesinados y, de hecho, las únicas 25 víctimas contabilizadas en el Registro Civil del Ayuntamiento de Ansoain fueron ejecutadas en noviembre de 1936. Ejecuciones disuasorias para dar un «escarmiento y toque de atención» a los prisioneros, lo cual ciertamente no resultó demasiado efectivo, visto que en mayo de 1938 protagonizaron la fuga masiva de un presidio más impactante de toda la guerra civil: 795 huidos de los cuales, tras o durante la captura, encontraron la muerte 225[32].

El internamiento preventivo de los prisioneros de Irún, de Sigüenza o de Pamplona (no de los hechos por las tropas africanistas) fue un islote dentro de un mar de ejecuciones sumarias, sacas extrajudiciales y asesinatos. Pero denotaban, en cierta medida, que por un lado la guerra en el norte era diferente a la del sur, y que por otro se empezaba a constatar que la lucha sería larga. Porque, de hecho, la guerra de columnas se vio paralizada con la resistencia de Madrid y, así, los siguientes movimientos se desarrollarían desde una doble variable: la de avanzar por otros territorios —la caída de Málaga el 8 de febrero de 1937— y la de agotar la resistencia de la capital —la batalla del Jarama (5-24 de febrero) e inmediatamente después el fallido avance italiano sobre Guadalajara, cuyos escasos prisioneros republicanos fueron trasladados al Cuartel de Santa Clara, en Soria—. En el Jarama empezaron a tomarse prisioneros de las BB. II., algunos de los cuales (un grupo de ametralladores británicos) fue conveniente y propagandísticamente fotografiado, como puede comprobarse en el encartado gráfico.

Conscientes Franco y sus generales del hecho que era necesario encaminar su «Movimiento» hacia la puesta en pie de un Estado en guerra contra la República, la «tregua de invierno» sirvió para regularizar, o al menos tratar de hacerlo, muchos aspectos de la vida política, social y bélica en la España sublevada. La guerra larga fue pues el producto por una parte de las intenciones depuradoras de los sublevados y por otra de la progresiva resistencia y estructuración del Ejército de la República. E hijos de la guerra larga fueron los campos de concentración. Son, desde semejante perspectiva, tres las claves que se deben afrontar en principio para comprender el hecho concentracionario. En primer lugar, el afán por reordenar y reestructurar la sociedad española de los años treinta, «viciada» de marxismo, comunismo, anticlericalismo y contestación a los poderes establecidos, según la visión de los militares insurrectos. En segundo lugar, el resultado de los primeros meses de conflicto, que devinieron en la centralización de poderes y por ende la centralización de todo lo concerniente a materias administrativas y militares. En tercer lugar, el deseo de aprovechar y regular la misión futura de los prisioneros de guerra en la Nueva España, como detallo en el siguiente apartado. Y aún podríamos añadir un cuarto motivo: el deseo racional y explícito de hacerlo a través de la estructuración de una red concentracionaria funcional y útil para la consecución de la victoria.

3. ALGO MÁS QUE EXPIACIÓN: PRISIONEROS Y EVADIDOS DE GUERRA

Usualmente solemos denominar la fase entre noviembre de 1936 y febrero de 1937 como de «transición» o de «tregua». Pocos movimientos en los frentes, estancamiento de la guerra de columnas, resistencia de la capital…, todo ayuda a observar estos meses como de asunción del fracaso de la toma rápida del poder. La paulatina militarización de la violencia y los visos de legalidad que ésta adquirió centralizando la administración de «justicia» en los tribunales militares sin duda coadyuva a reafirmar tal visión. Sin embargo, estos meses fueron decisivos puesto que en ellos se gestó el modo en que la guerra civil iba a ser desarrollada desde el lado franquista. En estos meses los intereses y los medios para perseguirlos cambiaron hasta el punto de que se renunció casi por entero al plan inicial y se buscaron nuevos objetivos fundados sobre las tomas parciales de territorios. Sin embargo, estas conquistas territoriales no albergaban ya un carácter intimidatorio, destinado a favorecer la rendición o la ausencia de defensa en las zonas no ocupadas. Desde entonces, la toma territorial sería un eje gravitacional del conflicto puesto que, desde el invierno de 1936-1937, no habría victoria posible que no fuese la acarreada por la conquista total de todo el territorio bajo el mando republicano.

Para ello, algunas de las dinámicas apuntadas en los meses del golpe de Estado se reafirmarían con fuerza. Todo respondía a la asunción de estar frente a una guerra de larga duración, como había señalado Franco con las ruinas humeantes del Alcázar de Toledo en las pupilas. Y para ello era absolutamente necesario crear una imagen de poder y control que eliminase las pátinas de ilegalidad y paraestatalidad precedentes: era necesario construir un Estado no sólo ratificado por el apoyo alemán e italiano —ambas potencias reconocieron el gobierno de Franco ya el 18 de noviembre de 1936— sino, ante todo, un Estado equiparable a su adversario republicano, desmembrado en los primeros meses de guerra pero que, al menos, gozaba del reconocimiento de ser el agredido, el precedente, el que se defendía. No en vano en este lapso temporal encontramos planteado de manera abierta el problema de los prisioneros de guerra. No en vano de estos momentos proceden las primeras normas de actuación al respecto nacidas con voluntad global, esto es, para todo el territorio franquista. Y no en vano las dos perspectivas de poder que confluían sobre tal problemática —sociopolítica y bélica— fueron progresivamente adecentadas, centralizadas y, dentro de la improvisación, normalizadas. El modo de hacerlo, como parece ya claro, fue mediante el establecimiento de campos estables de concentración de prisioneros.

De hecho, las primeras normas conjuntas de actuación con los prisioneros de guerra provienen de diciembre de 1936. O, al menos, son las más antiguas de las que se albergan en los archivos militares. Éstas, sin embargo, iban ante todo encaminadas a favorecer la deserción de las filas republicanas; eran reflejo, una vez más, de la necesidad de hombres en vanguardia y retaguardia para afrontar una guerra larga. Y gravitaban sobre los preceptos con los que se deseaba que los soldados republicanos abandonasen las armas y se pasasen a la «verdadera» España: patriotismo, nacionalismo, exaltación fascista del Caudillo, religiosidad, seguridad y violencia eran los elementos de la retórica desarrollada para atraer desertores del campo leal. Con ello se pretendían atemperar los miedos de los soldados republicanos. Y, de hecho, podríamos decir que surtieron efecto, a la vista del creciente número de pasados al bando franquista, hasta el punto que se hizo necesario empezar a distinguir entre el prisionero y el evadido al lado sublevado. En una circular sorprendentemente tardía por su importancia se definió quiénes eran estos segundos: «sólo pueden calificarse de evadidos o presentados aquellos combatientes enemigos que hayan realizado un acto voluntario visible para alcanzar nuestras filas». Los que en el avance se rindiesen deponiendo las armas, «sin ningún acto ostensible y voluntario para presentarse a nuestras tropas cuando aún tienen posibilidad de escapar con ciertas garantías de seguridad, son prisioneros» y deberían ser calificados como tales.

Los huidos del frente republicano, sujetos a una clasificación meramente sumarial sobre todo en los primeros meses de guerra, eran por tanto soldados o civiles antirrepublicanos que debían evadirse de la zona donde la sublevación no había triunfado. Quienes lo hacían bajo condición civil tenían pocas cuentas que rendir a las autoridades militares: lo hacían para participar en la guerra en el bando que creían sería el vencedor, o para evitar hacerlo en el bando que a la larga sería derrotado. Y, hasta cierto punto, los campos de concentración franquistas, como lugares de instrucción de las clasificaciones de los aprehendidos de cualquier género, tuvieron por origen la necesidad de distinguir a los evadidos de «la horda de asesinos y forajidos» y de los «bellacos engañados» por la propaganda, junto a quienes se hallaban «buen número de hermanos nuestros, de nuestras ideas y convicciones y que la desgracia los ha llevado a estar entre los rojos al estallar el glorioso alzamiento nacional y salvador de nuestra Patria y de la civilización cristiana»/[33] Separarlos, clasificarlos, reeducarlos, se impuso como objetivo primario. En una guerra larga, ya no se podía asesinar impunemente a los prisioneros de guerra.

Ese era el tipo de retórica empleada por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte, Fernando Moreno, en cuya breve colección documental sobre órdenes y normativas referidas, ante todo, a la fallida (aunque «inminente», según se decía en noviembre de 1936) ocupación de Madrid, puede leerse que «una gran parte de los milicianos que nos combatirán en Madrid» eran «ciudadanos pacíficos que, ante las amenazas y ejecución de los que se niegan, han cogido las armas deseando entregarlas en el primer encuentro». Con ellos, «la guerra tiene que ser caballerosa y noble y si se rinden, acogerles con la generosidad que es natural en nuestras tropas, que en estos casos es necesario extremar». De tal modo, mientras se pedía que se evitasen «racias», violaciones y contactos con prostitutas, se señalaba que se debería proceder a la «detención y desarme inmediato de los elementos marxistas que se irán concentrando para dirigirlos posteriormente hacia los lugares destinados de antemano como campos de reunión», que podrían ser «lugares de concentración en iglesias o grandes edificios, a ser posible aislados de los núcleos de población»[34].

No por casualidad son también de estas fechas, de diciembre de 1936, las notas informativas que la División de Madrid distribuyó para el tratamiento de prisioneros de guerra. Según éstas, lo que más importaba era regularizar a los evadidos: quienes se presentasen al lado franquista en el territorio ocupado por la División de Ávila se internarían en esta misma capital; los que lo hiciesen en territorio de la División de Madrid, en Talavera de la Reina, adonde fueron encaminados los prisioneros del batallón británico el 13 de febrero de 1937[35]. De este temprano campo, según los testimonios recopilados por Cari Geiser —de Bill Alexander y James E. Ruthenford— los prisioneros, hambrientos y encerrados en una vieja fábrica, eran sacados cada día a trabajar cubriendo de tierra los cadáveres en el cementerio de la localidad. Los de la División de Soria se internarían y clasificarían en esa misma ciudad. Y para ello se utilizarían «cuarteles o edificios adecuados, en cuyos lugares permanecerán hasta tanto se resuelva la información que rápidamente debe instruirse y como consecuencia de ella se dispondrá por parte de las Autoridades Militares el destino y empleo»[36], cuando fuesen militares profesionales, que en realidad era lo que en ese momento incierto de la guerra más le convenía captar a las autoridades franquistas. Los pertenecientes a milicias y paisanos, serían concentrados en los mismos lugares, pero separados: en locales distintos.

Santa Clara en Soria, San Gregorio en Zaragoza, y algunos centros que veremos en breve como el de Vitoria, e incluso con detenimiento como el de San Pedro de Cardeña, fueron los primeros destinos marcados para los prisioneros de guerra y, por tanto, supusieron los primeros jalones de la naciente red concentracionaria. Y no fueron considerados en ningún momento prisiones militares, por mucho que fuese en un contexto bélico donde se enclavasen. La explicación para ello es relativamente sencilla: por mucho que en las denominadas prisiones militares albergasen prisioneros muchas veces sin haber sido sometidos a trámites legales, lo cierto es que el fenómeno de los campos de concentración tuvo una dimensión específica que lo diferenció de aquéllas: el de la retención preventiva, el del marco de ilegalidad en el que se circunscribieron y, ante todo, el de la arbitrariedad. A prisiones militares pasarían los mandos, oficiales o suboficiales, capturados. A los campos, la enorme mayoría de los prisioneros de guerra. Este hecho, paradigmático para el estudio de los campos de concentración a escala global, adquirió una dimensión todavía más plausible si cabe para el caso franquista, puesto que su contexto fue el de una guerra civil, ejemplo máximo del enfrentamiento y del conflicto social. Así, en la guerra civil española, aparte del motivo preventivo que caracterizó en origen al fenómeno concentracionario y que lo diferenció de la prisión, el contexto bélico y la dependencia institucional de lo militar exacerbaron más si cabe la diferencia funcional entre el campo y la cárcel. El parón bélico al que he aludido, hasta aproximadamente febrero de 1937, permitió reconsiderar la solución frente al problema de la acumulación de prisioneros, sin ser ésta, evidentemente, el uso de las prisiones militares: primero, porque la instrucción de causa legal era demasiado lenta; y, segundo, porque éstas no tenían capacidad para acoger a las crecientes cifras de apresados y presentados.

Además, existen consideraciones recogidas en la misión que desempeñaron los campos de concentración franquistas que los separan del concepto clásico de la prisión militar. La solución que la España franquista daba al problema de sus prisioneros pasaba por el reaprovechamiento de su mano de obra y, por tanto, los campos de concentración, además de para tramitar las clasificaciones militares de los apresados y de los evadidos, habrían de servir a la causa, iniciada como veremos con un decreto de Franco de mayo de 1937, de reeducar en el trabajo hacia el amor a la patria, la paz verdadera y la regeneración de sus ideologías «y de las malas doctrinas aprendidas de quienes les envenenaron, evitándoles la inactividad»[37]. La diferencia, por tanto, de los campos franquistas con las prisiones militares fue doble: de forma —el ingente número de prisioneros internados ilegalmente y reutilizados— y de fondo —la falta de pena impuesta mediante tribunal de justicia—. En el segundo caso, los campos de concentración se irían convirtiendo paulatinamente en la antesala del proceso judicial y, de hecho, la clasificación de los prisioneros y aprehendidos sería dependencia de las auditorías de guerra de los ejércitos, a través de sus comisiones de clasificación, tras la clasificación somera que habría de realizarse en los diferentes centros de reunión, evacuación, etc., por los que un prisionero debía pasar desde su apresamiento hasta su llegada a un campo definitivo.

Los campos nacieron, por tanto, de la necesidad de los acontecimientos. Las instrucciones dadas en Ávila el 15 de diciembre de 1936 fueron premonitorias de lo que ocurriría durante toda la guerra; según las mismas, los pertenecientes a fuerzas regulares del Ejército Popular de la República se concentrarían en los puntos siguientes: los capturados por la Quinta División, en Zaragoza. Los de la Sexta División, en Burgos. Los de la Octava, en A Coruña. Y los del Cuerpo de Ejército de Soria, en Ávila y Talavera de la Reina. La vocación norteña del fenómeno concentracionario estaba pues presente desde sus mismos orígenes, aunque existiesen en esas fechas otros centros de detención, como en Badajoz, en el interior e inmediaciones del Cuartel de la Bomba, utilizados para prisioneros de guerra. De nuevo, en este último caso ninguna documentación puede probar el número de internados, presumiblemente aún en 1937 procedentes de las operaciones de la guerra de columnas de los primeros meses.

Algunos de estos campos estarán descritos en varias fechas de la guerra como recintos estables. El de Zaragoza, sito en la Academia General Militar de San Gregorio[38], sería «excelente en todos los conceptos, y su capacidad depende del número de locales que se destinen a prisioneros». Sobre San Pedro de Cardeña, a 16 kilómetros de Burgos por una carretera de tercer orden, «antiguo monasterio con amplias y numerosas naves con buena ventilación, dos amplios patios y locales para todas las dependencias», se señalaría que su capacidad era de 1200 hombres, con agua canalizada y de buenas condiciones de potabilidad, así como agua de aseo abundante y baños sólo para la noche —cosa por cierto que sería deficitaria en la mayoría de los campos de concentración—, ya que «por el día se utilizan zanjas abiertas en el campo libre». Fue uno de los pocos campos que dispuso de enfermería, con 75 camas, desde su origen. En Pamplona, por otro lado, se utilizaría «el Cuartel Prisión de la Merced. Antiguo convento de tipo cuadrangular con dos patios y claustros, naves dormitorios y locales para las distintas dependencias», lo que permitiría acumular hasta 1200 hombres[39]. Mucho mejor que el campo de Cedeira, ubicado en la playa y con unas muy deficientes condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad. Sobre este último, el testimonio del periodista Cabezas es revelador de las malas condiciones del internamiento, de las sacas de prisioneros para su fusilamiento, y también de la solidaridad recibida por parte de la población local —en particular, de las mujeres[40].

¿Cómo se procedió en estos primeros campos? Las indicaciones de diciembre de 1936 de la Sexta División Orgánica sugerían que «los prisioneros que sean soldados y reclutados a la fuerza y de la información o noticias que se tengan no haya cargo contra ellos, serán destinados a Cuerpos de la misma arma en que sirvieron en el Ejército», como correspondientes a sus reemplazos, «y como voluntarios por la duración de la campaña, los no llamados»[41]. Esto es, la primera función que asumieron los campos fue la de la clasificación dentro de ellos de los prisioneros de guerra. A los que no se encontrase, en las indagaciones sumarias realizadas, culpa en delito alguno —como el de pertenecer de modo voluntario al Ejército republicano—, rápidamente y sin mediar una clasificación más profunda se les destinaría a cuerpos de Ejército, a través de las Cajas de Recluta, previo trámite en la comisión de clasificación de Burgos. Por esta comisión, en diciembre de 1936, habría pasado un reducido número de prisioneros, y aún menor de evadidos: 124, en seis meses, parece ser una cifra más que escasa a la luz de los números que más adelante se revelarán. Cifras de prisioneros y presentados clasificados por las cada vez más numerosas comisiones que darán cuenta de la enormidad del proyecto social y las necesidades bélicas del Ejército sublevado, así como de las dificultades que ello entrañaba, puesto que se acompañaba a la mera depuración con fines bélicos —el reingreso al frente o el uso en trabajos secundarios pero útiles para el devenir de la guerra— con un profundo programa de reeducación social e ideológica.

Una válvula de escape para los primeros prisioneros de guerra estuvo, a tenor de la documentación oficial, en el ingreso en el cuerpo legionario. Era una posibilidad que se ofrecía en los campos que formaban la primigenia red concentracionaria, para evitar que se indagase en el pasado del prisionero: se trataba de intercambiar arrojo por impunidad. Pero, también según esa misma documentación, no fue algo demasiado extendido entre los internados en campos. Y así, tras el paso por la comisión de clasificación, institución dependiente de los tribunales militares (auditorías de guerra) franquistas, los prisioneros que decidiesen no ingresar en el Ejército sublevado continuarían «detenidos y sujetos a procedimiento». Esta frase, sacada de las mismas instrucciones de actuación del Ejército del Norte en diciembre, revela que no existían, a finales de 1936, disposiciones claras sobre qué hacer con los prisioneros de guerra. No es que no hubiese un proyecto único; es que, prácticamente, no existía una regulación a la que atenerse. Sin embargo, de lo que no cabe duda es de estar ante el nacimiento, lento e inseguro si queremos, de la red de campos franquistas. Una red empleada para albergar a los evadidos, que no obstante su voluntad desertora —un aval mejor que carta alguna— habían de pasar una clasificación en «cuarteles o edificios adecuados, en cuyos lugares permanecerán hasta tanto sea resuelta la información que rápidamente debe instruirse» y según la cual quedarían dispuestos para su ingreso en filas, a cargo de las autoridades militares. Y, además y sobre todo, para retener sine die a los prisioneros no clasificados, nacionales y extranjeros.

Obsérvese en esta primera fase concentracionaria una primigenia tendencia al uso de edificios como castillos, fortalezas y cuarteles, habilitados en parte para acoger internos de los que, en principio, se dudaba y que debían pasar trámites informativos. El cuartel era un lugar seguro, de fácil defensa y vigilancia. Un sitio del que era prácticamente imposible escapar, sencillo de administrar y, sobre todo, que no había que crear ex novo. Cuarteles serían muchos de los campos de concentración estables en la Península. Cuarteles que no eran otra cosa que el reflejo de una percepción frente al posible disidente, frente al enemigo probable: a fin de cuentas, como medida militar en contexto de guerra, el paso por los campos de concentración sería el modo en que los militares entendían que se debía tratar el problema de los prisioneros. Como un problema de intendencia, de organización, de disciplina, de adoctrinamiento, en función a sus posibilidades y en base a una carencia casi absoluta de medios.

Sin estar claras aún las funciones que en los campos-cuarteles, y sobre los prisioneros debían ejercerse en materias administrativas y burocráticas, cada Ejército —y las divisiones orgánicas que los configuraban— fue muy libre de gestionarlas como bien pudieran. E incluso de apelar al Convenio de Ginebra sobre prisioneros de guerra, como en el caso de los detenidos en Vitoria en diciembre de 1936[42]: 25 prisioneros realizados en el Sector de Álava el 2 de diciembre de ese año que, «según el artículo 9.º del Convenio de Ginebra de 6 de julio de 1906, no se han considerado como prisioneros y han quedado en calidad de detenidos en locales habilitados al efecto en el Convento de los Carmelitas de esta Ciudad, dependiendo del Jefe de la Prisión Provincial, y en espera de su superior resolución». A 26 de diciembre existían en Vitoria, concentrados provisionalmente, 29 prisioneros. Realmente pocos. Pero suficientes para comprobar que casi medio año después de iniciada la guerra, seguían sin estar claras ni las atribuciones, ni los poderes, ni los modos de actuación sobre los republicanos apresados en los frentes de batalla.

Y es que la anomia y la falta de mando único fueron las claves para entender el tratamiento de los prisioneros de primera hora. No son pocos los informes datados en 1936 e inicios de 1937 que hablan de traslados de prisioneros sin planes previos para hacerlo, recluyéndolos de cualquier modo en cuarteles, depósitos, centros de retaguardia ocupados por regimientos y batallones. Así sucedió con los prisioneros tomados por la Sexta División Orgánica —cuando aún se denominaba así—, enviados a diferentes cuarteles en Vitoria y Logroño, directamente movilizados y enviados a labores de instrucción y retaguardia, para posiblemente ser enviados al frente más adelante sin ningún trámite depurador[43]. No existían disposiciones homogéneas y, por poner otro ejemplo, el Ejército del Sur, a la vista de la información del Comité de la Cruz Roja Internacional, llegó a poner en funcionamiento un campo en los alrededores de Sevilla, con 450 detenidos, del que nada se supo en el Cuartel General de Franco[44].

Fue el mismo general Mola, jefe del Ejército del Norte, quien ante este panorama propuso aclarar la caótica situación de los prisioneros de guerra que empezaban a acumularse en cárceles, presidios, frontones; y, ante todo, aclarar la de los soldados «recuperados» a la República. Jamás, decía Mola, deberían usarse prisioneros en unidades de primera línea, ni aún cuando éstos se presentaran «haciendo grandes demostraciones de afecto» a la Causa Nacional. Tan sólo podrían usarse los evadidos, cuando se tuviese «evidencia absoluta de lealtad»[45]. Lealtad que, por cierto, no se presuponía a los internados en un monasterio, famoso por su belleza y por albergar la tumba del Cid Campeador —jugadas de la casualidad, uno de los símbolos míticos más explotados por la propaganda educativa del nacionalcatolicismo franquista—, pero más famoso durante la guerra civil por ser uno de los centros de concentración más longevos: San Pedro de Cardeña.

En base a estas instrucciones, que presuponían la existencia de reclusos concentrados en el campo y la existencia además de una red de evacuación y traslado de prisioneros de la que vamos a dar cuenta,

el Jefe regula la vida del Campo y la actividad de los prisioneros marcando el horario que remitirá mensualmente a la División para su aprobación. Los prisioneros tendrán ocho horas de trabajo, en el que se dedicarán a mejorar sus locales, patios y avenidas. Tendrán una hora de descanso al exterior, patio o explanada. El régimen de los prisioneros será de rigurosa disciplina militar en todas sus manifestaciones, estando prohibida la comunicación con personas del exterior ni de la guardia. El destacamento militar tendrá guardia interior y exterior.

Ante todo, observemos que se hablaba por primera vez de «Campo». Ya no se rodeaba el término usando palabras como «depósito», «campamento» o «centro» porque, de hecho, no lo eran. Los campos precedieron, por tanto, a los Batallones de Trabajadores, a la Jefatura de Movilización y a la ICCP. Y es que si algo nos enseña la historia del fenómeno concentracionario es que los recursos mínimos que se necesitan para instalar (no tanto para organizar) un campo de concentración hicieron de los centros preventivos, punitivos, estables o provisionales destinados a la concentración de prisioneros, un medio versátil, relativamente barato y sin lugar a dudas mucho más capacitado para la acogida masiva de internados, en un siglo XX que si se caracterizó por algo fue por la masividad de sus conflictos sociales. Las necesidades desprendidas en el caso español no se alejaban demasiado de estas variables, por mucho que la historia comparada de los campos de concentración señale a los franquistas como poco estables en relación con otros universos concentracionarios. Y es que, si un adjetivo puede calificar el proceso represivo —dentro de esta calificación englobaremos las características fundamentales de los campos franquistas: clasificación, depuración, reeducación— instaurado en el interior de los campos de concentración de Franco, éste es «masivo».

4. MOVILIZACIÓN, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Tal fue la significación de la guerra en 1937: masiva. Los campos de concentración, centros de reclusión de prisioneros de guerra y presentados procedentes del frente enemigo, fueron así puestos en funcionamiento por las mismas unidades franquistas en liza en 1936. De lo que se trató en 1937 fue de centralizar los recursos y militarizar a todo el personal aprehendido mediante su clasificación, recuperación o penalización. El año 1937 fue fundamental, por otra parte, porque la búsqueda entre los sublevados de objetivos bélicos diferentes al originario de tomar el poder central marcó el inicio de la ICCP, ante la creciente masa de combatientes capturados. Como se ha visto, dicha Inspección no inventó los campos de concentración, aunque sí les diese un cariz diferente: el afán por regularizar la represión y violencia franquistas, dándoles una utilidad ulterior, allanó el camino para la creación de una red burocrática que gestionase el problema de los prisioneros de guerra. Es obvio que el Terror franquista no acabó con la caída de Málaga, después de las razzias a lo largo de las regiones andaluza y extremeña, sino que la conquista del Frente Norte tuvo también episodios de extrema crueldad. Sin embargo, el tipo de violencia desplegada ya no respondía a una lógica unitaria de eliminación física o, al menos, no era la única posible.

De ello da buena prueba la puesta en funcionamiento con cada vez más trabajo de las comisiones clasificadoras para prisioneros y evadidos, que actuarían a las órdenes de los auditores de guerra para la clarificación de los autos imputados a los prisioneros y regularizar su situación en la España nacional. En medio de una centralización y regulación de recursos para ganar la guerra, desde principios de 1937 se establecieron (al principio sin enmarcarse en ninguna disposición concreta, pero progresivamente integrándose en un proyecto global) las primeras comisiones clasificadoras del norte, para la recepción, examen y atención de los evadidos de la zona republicana en el frente de Vizcaya, «… que desde luego actuó también con los prisioneros sueltos después del avance, con los primeros contingentes capturados, los cuales se alojaron en locales preparados al efecto, que pronto resultaron insuficientes». Para ello tuvieron que utilizarse al poco el colegio de los padres paúles de Murgia (Álava) —internando a 200 penados de la cárcel de Vitoria y a 700 prisioneros de guerra, en un espacio útil para unos 2000 internados— y el de los padres jesuitas de Orduña (Vizcaya), con capacidad para 4000. Disponemos también de las relaciones nominales de los clasificados en Soria y Zaragoza, cuya tramitación administrativa se inició por cuenta propia de las auditorías en base a la reglamentación del Ejército del Norte, y que pronto deberían adaptarse a la normativa emanada por el Estado Mayor del Cuartel General de Franco. De tal modo, los prisioneros de Soria eran enviados a San Gregorio (Zaragoza), el campo del 5.º CE. Hasta quinientos en tres meses, el trasvase de prisioneros clasificados como desafectos al movimiento sería constante durante toda la guerra. No habiendo, sin embargo, por entonces ninguna disposición dictada sobre el régimen de los prisioneros de guerra y «considerándolos asimilados a los demás presos rojos, se dispuso que dichos prisioneros quedasen a cargo del Director y demás personal de Prisiones, y sometidos al régimen carcelario»[46].

Empiezan a evidenciarse aquí claves que a la postre serían fundamentales para entender la historia concentracionaria española. Las nuevas necesidades bélicas y el deseo de estabilizar un funcionamiento racional para el problema de los prisioneros y presentados empezaba a devenir en el establecimiento de una red de trabajo —recepción, clasificación, internamiento— que si bien no seguía «ninguna disposición dictada», se trazaba dentro de la pura lógica de intendencia aderezada del sentimiento de animadversión hacia el sentir republicano, lo que determinaba el deseo de clasificación del personal no afecto al «Movimiento liberador». O lo que es lo mismo: la inseguridad y debilidad políticas de un «glorioso Alzamiento» con pocas bases de legitimidad fueron instrumentadas paulatinamente en negativo, tratando de vencer y no de convencer, de doblegar y no de integrar. Obligando a inclinar la rodilla más que incitando a hacerlo.

Para atender a las necesidades de las comisiones del norte, los campos de Orduña y Murgia fueron empleados desde febrero de 1937, y serán una constante en la red de clasificación e internamiento de los prisioneros del norte, de Aragón y Cataluña, siendo clausurados varios meses después del fin de la contienda, cuando se decidiese devolver los terrenos e instalaciones a las congregaciones religiosas de jesuitas y paúles. El primero, según señalaba un informe, fue habilitado como campo con régimen de concentración de prisioneros por sus «excelentes condiciones, de agua potable, independiente de la población, instalaciones sanitarias y explanada de desahogo». Sobre el segundo, situado en uno de los pabellones del colegio-convento, a ocho kilómetros de la estación de ferrocarril y a 20 de Vitoria, el mismo informe de la ICCP aseguraba que disponía de camas y enfermería, escasa agua de boca y menos —proveniente de un pozo— de aseo[47]. Ante la falta de una regulación unívoca, lo que se pretendía con centros como Murgia y Orduña era recluir a los prisioneros y evadidos del frente para su ulterior destino tras someterlos a la clasificación y depuración de responsabilidades. De hecho, era al ya citado campo de San Pedro de Cardeña donde iban destinados quienes, de tal clasificación, resultaban de ideología o posición política contraria a los valores de los sublevados.

No en vano San Pedro de Cardeña será recordado como un campo de larga duración, puesto que su finalidad fue, durante 1937, la de centralizar el internamiento de todos los clasificados negativamente por las auditorías del 6.º CE. El 27 de enero de ese año, por ejemplo, se estipuló que a primeros del mes siguiente fuesen trasladados a Burgos todos los prisioneros de guerra de la plaza de Vitoria, dependientes del Gobierno Militar de Álava. «Comuníqueme urgente tren en que llegarán a fin de ordenar el traslado al Campo de Concentración»[48], se indicó desde Burgos. Treinta y siete internados de Vitoria, incluidos los 25 prisioneros de guerra que hemos señalado antes (a los que se pretendía aplicar los convenios de Ginebra, en particular a dos médicos militares), se unieron así a la creciente suma de prisioneros que el Ejército del Norte dispuso que se concentrasen en San Pedro de Cardeña, número que seguiría una línea creciente en el primer semestre de 1937.

Cabe señalar además que no sólo los campos dependientes de la Sexta División —en primavera pasaron todas a denominarse Cuerpos de Ejército—, sino también los de la Quinta y la Octava (todos en el norte de la España franquista) fueron los que desarrollaron un proceso de estabilización mucho más regular que los centros de internamiento de zonas como el sur de Queipo de Llano. Por más que la provisionalidad fuese, durante toda la guerra, una de las tónicas predominantes, es igualmente cierto que en la primavera y verano de 1937 los campos del norte empezaron a adquirir dinámicas de estabilidad interna y organizativa, aunque no se hubiese organizado la ICCP. Conviene recalcar por tanto que los primeros campos de concentración, y San Pedro es el caso más paradigmático —los depósitos de la taifa del sur controlada por Queipo de Llano son prácticamente ilocalizables en la documentación—, no fueron creados por la ICCP. Como tampoco instaló la ICCP otro de los campos paradigmáticos de esta historia concentracionaria, el de Miranda de Ebro: buena parte de los 1422 internados desde febrero hasta finales de julio de 1937 en San Pedro pasaron previamente por este otro temprano campo, instalado en los restos de la antigua fábrica azucarera.

Dotado de buenas comunicaciones («inmejorables: carretera general y nudo ferroviario»), con capacidad para 1200 hombres, escasa agua de boca —«hay que traerla en cubas»— y menos de aseo, que se realizaba en el pequeño río Bayas salvo cuando la azucarera no vertía sus restos al río (lo cual no impedía que las deyecciones se realizasen desde pasarelas sobre el escaso caudal), Miranda tendrá la imagen clásica de los campos de concentración: barracones y banderas, alambre de espino y enfermería. O, al menos, esa sería su imagen de larga duración: al principio, según cuenta un testimonio —un niño durante la guerra, cuyo padre, teniente de alcalde de Miranda, fue fusilado en 1936—[49], se empezó instalando a los prisioneros bajo una carpa tomada del Circo Americano. Su larga duración sería la prueba de que, al menos en Miranda, la elección había sido acertada. Pero al inicio, desde febrero de 1937, dependería casi exclusivamente de San Pedro de Cardeña. De hecho, disponemos de las cifras de trasladados a San Pedro durante prácticamente toda la guerra civil, firmadas por el jefe del campo, el teniente comisionado Emeterio García. Así, a los 37 prisioneros de Vitoria se unieron 11 en marzo, 294 abril, 305 en mayo y 359 en junio: 1006 prisioneros en cinco meses; una cifra sin duda exigua, teniendo en cuenta las dimensiones que los campos franquistas adquirirán más adelante.

Pero tan escasa cifra esconde dos cosas, aspectos cuantitativos y cualitativos, respectivamente, que en perspectiva se tornan fundamentales para comprender la historia de los campos franquistas. Primero, que el número de clasificados era mucho mayor, ya que a San Pedro solamente llegaban los catalogados negativamente (en breve se tratará el motivo de todo ello, que tiene mucho que ver con la distribución de la Orden General de Clasificación). Y segundo, que este campo era considerado por el Sexto CE como estable. La cifra es engañosa, pues no muestra la masividad que paulatinamente adquiriría, teniendo además en cuenta que la mayoría de los campos mejoraron sus condiciones de habitabilidad solamente una vez creada la ICCP (desde el verano de 1937), cuando pudieron disponer de fondos económicos para hacerlo. Además, como número descontextualizado no dice nada de los motivos por los cuales creció el número de internados, por más que este crecimiento sea tan notable, sobre todo entre marzo y abril de 1937. En esas fechas, como se verá en el próximo capítulo, estaba ya en marcha la ofensiva franquista sobre el territorio del norte de la Península.

La necesaria concentración de poderes (con la consiguiente centralización de recursos bélicos) para afrontarla y, a la postre, para ganar la guerra, tuvieron su punto de apogeo en 1937. Después de los nuevos fracasos de penetración en Madrid y como parte de la centralización política y militar desarrollada en la España sublevada, en marzo de ese año se constituyó la Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación (MIR). Y ese fue un hecho clave para explicar el fenómeno concentracionario puesto que, a la sazón, fue originariamente la responsable directa sobre la ICCP: y es que esta jefatura, encomendada al fiel colaborador de Franco Luis Orgaz, tuvo entre sus metas la de recuperar para el frente y las unidades activas a los presentados que estuviesen en edad militar, que se pondrían por las comisiones de clasificación a disposición de la Autoridad Militar del Cuerpo del Ejército. Orgaz ya había trabajado en ese sentido en Marruecos, organizando y dirigiendo los sistemas de reclutamiento e instrucción de la retaguardia. Desde marzo de 1937, su labor se habría de extender a todo el territorio dominado por las tropas franquistas: la labor de organizar y optimizar los resultados de la movilización y recuperación de personal en vistas a una guerra larga.

En telegrama escrito a mano por Franco a los generales del norte y del sur, Mola y Queipo de Llano, el generalísimo les indicó la necesidad indispensable de constituir grandes reservas de soldados «para dar a las operaciones el ritmo y continuidad que la guerra requiere», esto es, para preparar rápidamente unidades de refuerzo. Sobre esto, al menos dos comentarios pueden realizarse. Uno, que entre las características principales del mando de Franco estaba la de superponer poderes a veces paralelos, obligándolos a colaborar entre ellos o a sumirse en disputas internas que lo dejasen a él como árbitro supremo. Esto es lo que ocurrió con la MIR: ante la necesidad de reorganización de las retaguardias bélicas, no se dotó de este poder a los ejércitos ya existentes, sino que, suponemos como parte integrante de su afán por centralizar poderes en su persona, Franco introdujo esta novedad, obligando a todos los poderes militares a facilitar «al General Orgaz cuantos datos requiera… facilitando su labor y reforzando su Autoridad»[50]. Y dos, que el mismo caudillo de la Nueva España tenía bien claro que la necesidad de tropas en los frentes y de trabajadores en las retaguardias requería de una actuación conjunta que, además, ayudaría a solventar el problema de la acumulación de prisioneros en los campos y centros de detención. La motivación para crear la MIR era, por tanto doble: imponer el mando único y prepararse para una guerra de larga extensión.

La labor de la MIR es hoy más conocida por la movilización de los reemplazos llamados a filas. Pero tiende a olvidarse que uno de los fundamentos en su labor fue, desde abril de 1937, la creación de Batallones de Trabajadores, con prisioneros en edad militar que «fuesen de provecho para los fines de la guerra de cruzada que mantenemos», ya que «no era prudente ni conveniente emplearlos como soldados, pues no existía seguridad de que hiciesen buen uso del arma que se les había de entregar»[51]. Y de tal modo, no siendo justo, según explicaría más adelante el coronel inspector de la ICCP, «tener ociosos [a los prisioneros] en campos de concentración», se dispondría mediante la Dirección General de MIR la creación de los tres primeros BB. TT., con residencia respectivamente en Pinto, Yeles y Villaluenga, afectos al Cuerpo de Ejército de Madrid. Con la introducción de la MIR de Orgaz, los recursos que se centralizaron fueron los de reclutamiento, instrucción en academias militares, y recuperación. Y dentro de este tercer apartado, de manera secundaria, se incluía la recuperación del personal evadido y prisionero que pudiese actuar en unidades militarizadas, como los Batallones de Trabajadores, de los que debían disponer los ejércitos para trabajos en líneas de retaguardia o en primera línea, formados por prisioneros de guerra o por personal ya afecto al Ejército franquista que se hubiese destacado por su mala conducta en los frentes.

Los trabajadores encuadrados en estos primeros batallones pasaron por la clasificación político-militar en las comisiones correspondientes, siguiendo la normativa difundida al poco de crearse la MIR, la conocida como Orden General de Clasificación, fechada el 11 de marzo de 1937; es decir, pocos días después del inicio de la ofensiva sobre el norte peninsular[52]. Se trató, así, esta orden del primer paso hacia la homogeneización de las actuaciones en materia de prisioneros de guerra. La segunda, la promulgación del decreto que marcó lo que el Nuevo Estado pensaba hacer con ellos: utilizar su mano de obra.

La Orden General, dada en Salamanca por orden de Franco, destacó que la sublevación de julio de 1936 estaba «justificada» contra la «soberanía» que supuestamente el «marxismo internacional» había extendido en suelo español. Y que, para delimitar las responsabilidades políticas y penales que tuviesen los enemigos, se hacía necesaria una «verdadera eficacia en los fines perseguidos por el Ejército Nacional y… una estricta e ineludible justicia, que ha de ir aneja al triunfo de nuestras armas». Además, la inminencia del apresamiento de un número creciente de personas obligaba a una rápida tramitación de la clasificación de los prisioneros y presentados: así no entorpecerían la marcha de la actuación realmente importante, la de las operaciones militares. De tal modo, con la orden de marzo se establecieron cuatro categorías elementales dentro de las cuales debía situarse a todos y cada uno de los prisioneros y presentados, civiles o militares, que habrían de ser clasificadas, «según su condición, antecedentes, intervención en campaña, presuntas responsabilidades y circunstancias de su presentación o captura» entre

A, como presentados —aun siendo voluntarios— o prisioneros que ingresasen forzados al Ejército republicano, que justificasen su afección a la causa franquista o no fuesen hostiles al Movimiento Nacional;

B, prisioneros que se incorporaron voluntariamente a las filas republicanas y que no aparezcan afectados de otras responsabilidades de índole social, política o común;

C, los Jefes y Oficiales del Ejército republicano, individuos capturados o presentados que se hubiesen destacado o distinguido por actos de hostilidad contra nuestras tropas: dirigentes y destacados en partidos y actividades políticas o sociales, enemigos de la Patria y del Movimiento Nacional, posibles responsables del delito de rebelión militar [la no adscripción a la sublevación], cometidos antes o después de producirse el Movimiento Nacional libertador; y

D, individuos capturados o presentados que apareciesen más o menos claramente, presuntos responsables de delitos comunes o contra el derecho de gentes, realizados antes o después de producirse el Movimiento Nacional.

¿Cómo se realizaban las clasificaciones de los prisioneros de guerra? Todo avenía según un procedimiento simple consistente en, primero, alejarlos de los frentes para, una vez en retaguardia, internarlos en centros específicos de clasificación donde las comisiones pudiesen delimitar las teóricas «responsabilidades» de los prisioneros y dictar así el procedimiento a seguir. Para ello se solicitaban en retaguardia, en las localidades de origen de los internos, de los comandantes de la Guardia Civil, comandantes militares, alcaldes, párrocos, autoridades, o de los jefes y presidentes de «Entidades Patrióticas de solvencia», una suerte de antecedentes, los avales, según los cuales se debía determinar la afección o desafección de los prisioneros a los valores del Movimiento. No se trataba, por tanto, de un juicio militar, sino de una consideración en muchos casos vaga sobre la predeterminación del prisionero a ser utilizado por parte del Ejército de Franco. Las acciones punibles realizadas durante la «dominación roja» solamente podían ser determinadas a través de un juicio concreto —cosa que, por otra parte, tampoco fue algo habitual— y, por tanto, las cuatro líneas mandadas por el cura o el falangista de turno o las delaciones entre internos no podían sino señalar escasas cuestiones: la pertenencia a un sindicato o a un partido de raigambre obrerista o nacionalista; si iba o no a misa los domingos; si había protagonizado algún hecho de desafección pública a la autoridad. Por fin, todas estas pesquisas, incluida la recepción de documentos de las autoridades mencionadas, se habrían de realizar en tres días, pasados los cuales se levantaría acta de clasificación variando o ratificando la clasificación primigenia, que se remitiría a la Auditoría de Guerra para su aprobación o para ordenar, cuando se considerase absolutamente preciso por el auditor, que sobre alguno de los casos se practicasen diligencias escritas, si por la falta de elementos de juicio no se pudiera aprobar la clasificación propuesta por la Comisión. En base a las actas aprobadas, se dictaminaría:

a) Propuesta de libertad, con la calidad de quedar sin perjuicio ni prescripción de responsabilidades posibles, de cuantos prisioneros y presentados se encuentren clasificados dentro del apartado A.

b) Continuación en detención de los clasificados en el apartado B de dicha regla, en calidad de prisioneros, «hasta que por el Gobierno Nacional o S. E. el Generalísimo no se disponga otra cosa».

c) Formación de causa o de diligencias previas, «si los elementos de juicio fuesen muy poco precisos, respecto de los apartados C y D de la regla citada».

Así, la detención provisional seguía sin estar definida y reglamentada, puesto que lo que en realidad se hacía con estas normas, de aplicación en todo el territorio nacional, era delegar las responsabilidades con los prisioneros en los jefes de división y autoridades militares territoriales. Por otra parte, la dependencia de los prisioneros de los avales e informes recibidos hacía gravitar un problema fundamental: ¿qué ocurría cuando la zona de origen del prisionero no estaba incluida en los territorios ocupados? Porque todo esto solamente era aplicable en los casos de zonas ya ocupadas, donde se levantaba la veda de la delación para estar más cerca del nuevo poder instituido. El mantenimiento de la detención, en espera de la instrucción de diligencias clasificadoras, podía alargarse hasta varios meses a la vista de estas instrucciones. Y tampoco se señalaba nada sobre el futuro destino de los clasificados, aunque lo conozcamos por otras vías. Los propuestos para libertad, si estaban en edad militar o en los reemplazos movilizados por el Ejército, pasarían a las Cajas de Recluta para ser integrados en unidades activas; si no lo estaban, quedarían en libertad en sus territorios de origen cuando formaban parte, claro está, de la España franquista.

Pero si esto no sucedía, o si la clasificación concluía con el interno clasificado en el apartado B de los señalados, las disposiciones se hacían difusas y derivaban hacia la inevitabilidad del mantenimiento del prisionero, como mínimo, en los campos ya en funcionamiento. Y, a la vista de los resultados de las clasificaciones en 1937 (véase el gráfico de la p. 70), se diría que no fue un resultado poco habitual. De hecho, como quien siembra tormentas suele recoger tempestades, precisamente este demorar las disposiciones al respecto dificultó más que facilitó la rápida tramitación de los expedientes clasificadores. Tanto fue así, que en julio de 1937 hubieron de disponerse normas aclaratorias a las de marzo[53]. La mayor diferencia, que en cierta medida venía a solventar los errores organizativos de la Orden General, radicaba en que, esta vez, se ordenó que en los campos de concentración se internase a los prisioneros en situación de afección dudosa: sobre los que no pudiese demostrarse ni la afección ni la desafección política al Movimiento. Éstos, junto a los desafectos «sin responsabilidades políticas», pasarían a engrosar las listas de los campos estables y de los Batallones de Trabajadores[54].

Sin lugar a dudas, la diferencia que marcó la pauta entre unas órdenes y otras estuvo determinada por la divulgación del decreto de Franco que concedía el «derecho al trabajo» a los prisioneros de guerra, así como en la creación, en julio de 1937, de la ICCP. Ambos aspectos se tratan en el siguiente capítulo: la historia de cómo los campos, que nacieron anómica e ilegalmente en la España sublevada para proporcionar una solución útil a los intereses franquistas, llegaron a formar una red de internamiento, clasificación, depuración y reeducación de la disidencia mediante la exclusión y el trabajo forzoso. Una red que tuvo por origen a la Jefatura de MIR, con la que comenzaba la marcha hacia el trabajo conjunto, en materias de prisioneros de guerra, entre una Jefatura a nivel nacional, ligada al mando único de Franco y su Cuartel General, y las autoridades territoriales, operantes a través de las comisiones clasificadoras dependientes de las auditorías de guerra. Ese trabajo conjunto pronto traería sus lógicos resultados: la creación de los primeros Batallones de Trabajadores (que precedieron a los campos de concentración de la ICCP), la concesión del «derecho» al trabajo para los presos y prisioneros penados y, por fin, la organización de la Jefatura destinada a centralizar todo proceso concerniente al tratamiento y gestión del problema de los prisioneros de guerra. Estos pasos son los que jalonarían la historia concentracionaria y el trabajo forzoso como mínimo hasta 1942 —con un intermedio, la creación del Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, en 1938— y, por tanto, merecen ser analizados en un capítulo propio.

2. Campos y batallones para una guerra civil

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Campos y batallones para una guerra civil

Abril-diciembre de 1937

El Generalísimo Franco ha perdonado a todo el que se presente con armas y se demuestre que no es un asesino y ladrón. Aprovechad estos momentos, dar [sic] dos tiros a vuestros jefecillos y venid a este campo, donde se vive como personas honradas y decentes, donde se come y bebe a gusto y se trata con hombres que lo son de verdad y con mujeres sin prostituir, no como las que usais [sic] vosotros, que no saben nunca quiénes son los padres de sus hijos.

Panfleto lanzado sobre las líneas republicanas (junio de 1937).

EN ESTE CAPÍTULO SE REVISA LA HISTORIA de la guerra civil y del fenómeno concentracionario que la acompañó partiendo del proceso de cómo este último se institucionalizó y burocratizó, mediante la concesión del derecho al trabajo a los prisioneros de guerra y la creación de la ICCP. A medida que se solucionase el conflicto de la masividad de los prisioneros del norte, se arreglasen los problemas de competencias sobre los prisioneros y se delimitasen finalmente las responsabilidades para con ellos, la ambición generada —estaba en su mismo centro desde el principio— por el proyecto social para con los prisioneros de guerra pondría en tela de juicio la propia actuación de la ICCP, a través de las quejas que ella misma realizaría, y mediante el reposicionamiento que Franco hubo de darle ante sus cada vez más desarrolladas pretensiones. Es pues este capítulo una revisión de cómo y porqué se llegaron a fundar dichas ambiciones. De cómo se instrumentalizó el internamiento forzoso en los campos, dirigiéndolo hacia un proyecto de índole social. Desde la base precedente de campos y recintos concentracionarios, y gracias a su centralización en la ICCP, éstos y los nuevos campos se utilizarían en base a nuevas necesidades —o al menos éstas se proyectarían sobre los campos en el plano discursivo—, no exclusivamente ligadas a las meramente bélicas, como hemos observado en el capítulo precedente, sino también a la implantación de la dictadura y la búsqueda de la aceptación de los valores en los que se fundaba el llamado Movimiento Nacional. Los campos de concentración serían así no sólo los lugares de clasificación y ordenación de los prisioneros de guerra; además, serían centros de reeducación, de adquisición de las líneas doctrinales del franquismo, de regulación del trabajo como medio para su redención.

Las ofensivas del norte, sobre Aragón y sobre Cataluña incorporarían kilómetros y prisioneros al lado nacionalista: al final de este capítulo veremos unos campos de concentración planificados, cada vez menos provisionales, con una clara división de los trabajos. Unos campos de concentración que expresaban el deseo de acabar con la disidencia mediante el internamiento, mediante la redención en el trabajo, mediante la punición implacable.

1. LA UNIFORMIDAD POSIBLE: LA GUERRA EN EL NORTE

La guerra en el norte no empezó, ni mucho menos, con la ofensiva del general Mola, jefe del Ejército del Norte, el último día de marzo de 1937. Sin embargo, el carácter centrípeto de las ofensivas desde el inicio del conflicto hizo que hasta abril de 1937 no se decidiese cerrar la zona republicana del Cantábrico, que por esas fechas tenía más protagonismo por los ataques republicanos a la ciudad de Oviedo, sitiada y unida a Galicia por un corredor recuperado por las tropas del coronel Aranda. El mes de mayo supuso para las tropas de Mola, ayudadas por la siniestra sombra de la Legión Cóndor del Ejército nazi, la ocupación de territorios en Vizcaya, incluido el bombardeo de la población civil de Gernika, significado por su trascendencia simbólica[1]. El mes siguiente sería de una asfixiante presión sobre Bilbao y su cinturón defensivo, que se intentó atajar por parte republicana con ofensivas de distracción (viajando a una de ellas, la de La Granja, moriría en accidente aéreo Emilio Mola) pero que mostró las contradicciones internas tanto militares como políticas en el seno de la República y su multiplicidad de poderes. Bilbao caería en manos franquistas el 19 de junio de 1937. Las contraofensivas republicanas sobre Teruel, Huesca, La Granja (Segovia), Brunete o Belchite no impedirían que el 21 de septiembre, con la caída de Avilés, desapareciera el Frente Norte, tras haber firmado la rendición de los gudaris vascos ante el CTV de Mussolini, quienes mano a mano con las brigadas navarras habían acabado con la resistencia de Santander, y tras haber avanzado las tropas franquistas desde la costa y desde León.

En la primavera de 1937, fallido como hemos visto el plan inicial para el verano de 1936 y tras una dura y sangrienta guerra de columnas, el Ejército franquista encaminó sus pasos principales, variando el centro de gravedad de la guerra, hacia la toma del País Vasco no ocupado, Santander y Asturias. Este cambio en los objetivos bélicos —no se duda que el deseo fundamental fuese la derrota incondicional de la República, pero tampoco se debe dudar sobre el hecho de que sus centros neurálgicos de poder fuesen el primer y fallido objetivo— devendría progresivamente en la toma de territorios difícilmente evacuables por parte del gobierno republicano y mal conectados con el resto del territorio legalista ya que, cerrada la salida a Francia, la única posibilidad plausible de las tropas para escapar era el mar. Así, amplias masas de población y de tropas se verían prácticamente encerradas por el Ejército a las órdenes de Franco. Es aquí donde debemos buscar los orígenes de que se necesitase regular los campos de concentración. Por el simple hecho de que éstos ya existían, ya funcionaban, pero no se habían enfrentado a masas de prisioneros como las que se tomaron en el norte de España.

La regulación del sistema de campos fue paralela a la del aparato legal y jurídico establecido por los sublevados para encauzar, corregir y castigar las actuaciones individuales y colectivas durante la llamada «dominación roja» y, más en particular, las realizadas en el bando republicano en guerra. Un aparato jurídico al que, no obstante, se pediría en diferentes ocasiones celeridad e implacabilidad a fin de poder aplicar de modo sumario y «urgente» el fallo, «para la necesaria ejemplaridad de las acciones»[2]. Así, las comisiones de clasificación representaron la progresiva regularización, desde criterios homogéneos para todo el territorio franquista —lo que da muestra clara de su aspiración de legitimidad y estatalidad—, del paso de los territorios «liberados» y sus habitantes y combatientes capturados a la zona insurrecta. Ante la previsión de capturar, con el giro norteño de las acciones bélicas, a grandes masas de población y cientos de kilómetros de territorio, la «ficción legal» de la represión habría de mostrarse en toda su cruda, improvisada y desestructurada realidad mediante las ya señaladas Orden General de Clasificación, Jefatura de MIR y, por fin, los primeros Batallones de Trabajadores. Y, desde mayo de 1937, con el Decreto (que hacía el número 281 del Nuevo Estado) que concedía el derecho al trabajo en condición de peones a los prisioneros de guerra (no a los presos comunes), fórmula pseudolegal —la de la concesión— para esconder la intención real: la explotación de la mano de obra forzosa.

Para explicar la puesta en funcionamiento de la ICCP, su jefe inspector se remitiría casi de manera exclusiva a las palabras de Franco redactadas en este Decreto n.º 281. Cabe transcribirlo en parte, puesto que contiene algunas de las claves que fundamentan la misma existencia del universo concentracionario:

El victorioso y continuo avance de las fuerzas nacionales en la reconquista del territorio patrio ha producido un aumento en el número de prisioneros y condenados, que la regulación de su destino y tratamiento se constituye en apremiante conveniencia. Las circunstancias actuales de la lucha y la complejidad del problema impiden en el momento presente dar solución definitiva a la mencionada conveniencia. Ello no obsta para que con carácter netamente provisional y como medida de urgencia, se resuelva sobre algunos aspectos cuya justificación es bien notoria… Existen otros [prisioneros], en número considerable que sin una imputación específica capaz de modificar su situación de simples prisioneros y presos les hace aptos para ser encausados en un sistema de trabajo que represente una positiva ventaja.

El derecho al trabajo, que tienen todos los españoles como principio básico declarado en el punto quinto del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado por el nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos, en tanto en cuanto no se oponga a… los más elementales deberes de patriotismo… Tal derecho al trabajo viene presidido por la idea de derecho-función o de derecho-deber y en lo preciso, de derecho-obligación[3].

Los presos y prisioneros de guerra mantendrían una consideración de personal militarizado, quedando bajo la disciplina de la «Inspección General de Prisioneros» —ya se tenía en mente la futura ICCP de julio— y de los generales de los cuerpos de Ejército de que dependiesen. El trabajo no cerraría la posibilidad de revisión de los expedientes clasificatorios, en base a la aparición de nuevos datos en las comisiones de clasificación de las zonas «liberadas», lo cual generalmente dependía de la ocupación de nuevos territorios, de la recepción de avales positivos por parte de las personas de orden o, en el caso peor, de denuncias y confidencias que agravasen la situación del prisionero. Por este filo de navaja, donde el trabajo o el internamiento eran lo menos malo y cualquier paso en falso podía llevar ante la tapia del cementerio, habrían de caminar los prisioneros de guerra.

El texto de este decreto, equívoco e impreciso, no sólo fue utilizado —ni mucho menos— para estructurar los campos de concentración. De hecho, es bastante posible que, existiendo ya depósitos concentracionarios previos, el mismo proceso de centralización política y militar hubiese devenido en una organización similar a la ICCP. Pero como no cabe hacer futuribles, el hecho es que, por más que el Decreto 281 se ajuste más a elementos de la casuística represiva ligados al trabajo y al aprovechamiento de la mano de obra, de facto esclava, de los prisioneros de guerra, lo cierto es que la decisión de emplear de manera útil para las necesidades bélicas del Ejército sublevado a los prisioneros republicanos, señaló y abrió una etapa fundamental para la historia de los campos franquistas. Es reseñable que en mayo se hablase de la futura ICCP, que no se organizaría hasta un mes más tarde: no cabe duda que estaba ya en la mente de los generales alzados el hecho que se hacía obligada la regularización del problema del incremento desorbitado de los prisioneros de guerra. Lo extraño es que no se hubiese movido ninguna pieza —o casi ninguna como hemos visto— en esta dirección en todo un año de combates.

Con la divulgación de este texto se abría un período nuevo para la regulación de los prisioneros, ya que se les concedía el derecho al trabajo, pero ante todo se concedía a ayuntamientos, ejércitos, e incluso particulares, el de pedir para trabajos de carácter militar o civil su mano de obra. A la larga, la utilización de los prisioneros de guerra supuso la implantación de un régimen de trabajo casi esclavista, con jornadas larguísimas en los tajos y medios deficientes, como podrá verse detenidamente. Y, asimismo, al instaurarse la petición interesada de prisioneros, se instauraba de forma aún si cabe más evidente una red de intereses y solidaridades que tenía un denominador común: el desprecio por los soldados de la República[4]. Cabe en este punto hacer una aclaración. El decreto regulador del trabajo prisionero, ¿afectó a prisioneros o a penados? Un grupo de entre los mejores historiadores del derecho de los años de la guerra ha señalado que este decreto se circunscribía a la población «penal», sin tomar en consideración que, en realidad, no era sólo a los presos sino, sobre todo, a los prisioneros de guerra a quienes se refería[5]. Basta revisar algunas de las líneas precedentes para comprobarlo, aunque no esté de más remarcarlo. El decreto de mayo se circunscribía en su aplicabilidad a los prisioneros de guerra que no pudieran demostrar su afección al Movimiento por lejanía del frente de sus lugares de origen o por falta de pruebas a su favor, sin que por ello se comprobase su clara desafección —ser militares profesionales, clases dirigentes de los partidos políticos prohibidos por Franco, o comisarios de guerra, por ejemplo.

La diferencia entre el prisionero y el penado es fundamental para explicar la historia de los campos franquistas. La relación de los campos con el mundo penal fue central y, por tanto, no conviene tratarlos como compartimentos estancos: en realidad, fue también la previsión de crecimiento de la población carcelaria la que movió a la concesión del derecho al trabajo. Sólo a cuantos recibieron condena se les puede, sin embargo, aplicar el carácter de población penal; no a los prisioneros de guerra dudosos (según la reforma introducida en julio a la Orden General de Clasificación), que quedaban sujetos al régimen de campos de concentración —ilegal y cierta e históricamente anómico— para la formación de BB. TT., pero sin pasar por el trámite de formalizar una sentencia ante tribunal ninguno. Sí que pudiera ser que, más adelante y con la resolución de sus pesquisas, fuesen juzgados. Pero en principio, los prisioneros, tras el acta de clasificación, no cumplían pena: quedaban en retención provisional. Es precisamente a éstos —ni libres ni a la cárcel— a quienes afectó el decreto de mayo de 1937, que vino a regularizar la precedente situación de los campos de concentración y a darles una justificación de hecho: la de la contribución de los prisioneros a la obra de la España franquista mediante su mano de obra. Para los clasificados Ad (afectos dudosos) y B (sospechosos, milicianos voluntarios) fueron los campos estables, hasta la formación de Batallones de Trabajadores[6].

La clasificación y la reutilización de los prisioneros fueron, de tal modo, los primeros objetivos afrontados por la MIR, con el amparo pseudolegal de las palabras del propio Franco en su Decreto n.º 281. Así, las comisiones de clasificación del Ejército del Norte, a medida que comenzaba a avanzar el frente sobre el País Vasco, debieron afrontar el número creciente de prisioneros y evadidos generados por las operaciones. De hecho, algunos de los campos de concentración del norte peninsular se crearon en base a concentraciones de prisioneros ya establecidas y, en tal número, que su traslado y evacuación masiva resultaban más problema que el de clasificarlos allí mismo. Así, por una necesidad puramente organizativa se pusieron en funcionamiento como campos militares los ya referidos de Murgia —pueblo a mitad de camino entre Vitoria y Amurrio en la provincia de Álava— y Orduña, en la provincia de Vizcaya, los únicos recintos con prisioneros de guerra a cargo del Cuerpo Civil de Prisiones, con tan bajo presupuesto y tan mala organización que, como se reconocería, los internos estaban depauperándose por falta de alimentación. En un informe de estas fechas, se reconocería que ello derivaba en un fuerte descrédito entre los prisioneros jóvenes, reacios así a «unirse al Movimiento Nacional». Para evitar esos problemas, estos campos pasaron a manos de la ICCP en agosto de 1937[7].

También de estas fechas, de la primavera de 1937, son los campos de Lerma y Aranda de Duero, dependientes recíprocos de la Comisión de Burgos. Campos situados, respectivamente, en un palacio ducal y una estación de ferrocarril acotada por alambradas. Centros, por tanto, provisionales y no de demasiada capacidad —motivo por el cual, el segundo fue convenientemente ampliado— que, sin embargo, estuvieron operantes durante toda la guerra civil[8]. En Aranda de Duero las condiciones de vida, determinadas por la escasa agua de boca, fueron duras para Maximiliano Fortún:

Al llegar a Aranda de Duero me encuentro allí con que hacían la cocina de montaña, a la intemperie, con unas piedras y luego eso, unas rejas y, en las cuales, las calderas. Y allí íbamos desnudos pero con trapos vestidos, y nieve, y había un pilón muy largo que se llenaba de agua y teníamos que salir todos desnudos allí a lavarnos. Y así estuvieron dos meses. Había chavales que habían cogido, de quince a veintiocho años, los jovenzanos, y había un capitán que les cayó mucho en gracia que dice: «A estos me los preparo y me los vuelvo otra vez a llevar al frente». Y todos decían que sí, que antes que estar encerrados querían salir al frente. Y les hacían la instrucción a esos y, a esos los trataban bien. Pero a los que éramos así, sociales, nos emprendían a estacazos y a matarnos de hambre[9].

Fueron las mismas aglomeraciones de prisioneros para ser clasificados las que, a la postre, obligaron a la formación de recintos concentracionarios. Así sucedió en el caso de algunos campos del norte peninsular: Estella (Navarra), la Universidad de Deusto tras la caída de Bilbao, Pamplona y Logroño. Los dos primeros, de creación directamente relacionada con la caída de Bilbao, fueron pensados como provisionales aunque, a la postre, la necesidad obligase a mantenerlos sine die. El de Deusto, en la misma Universidad sobre la ría, con amplias naves y pasillos (donde dormían los prisioneros), dos «hermosos patios», locales apropiados para las dependencias administrativas, y agua escasa «debido a las averias [sic] cometidas por los rojo-separatistas en la conducción de aguas» (lo que dificultaba la higiene de los prisioneros), serviría para internar a un máximo «higiénico» de 2500 prisioneros, aunque en ocasiones se llegase a los 4000[10]. No sería, sin embargo, tan excelente el de Estella: en locales separados por varios kilómetros (el Monasterio de Irache y el local industrial Casa Blanca), ambos en malas condiciones higiénicas, irregulares condiciones de aguas, sin enfermerías, el campo de Estella sería, aún en 1938, un «mal campo y convendría suprimirlo»[11].

También en relación con el frente Norte se crearon nuevas comisiones de clasificación en los campos donde previamente se internó a los prisioneros de guerra. La de Logroño, por ejemplo, señalaría en diciembre de 1937 que el volumen de clasificaciones realizadas hasta la fecha, precisamente desde julio de ese año, habría rebasado las 1100. Y no fue la única: las comisiones de Deusto, Miranda de Ebro, Zaragoza, Palencia, Vitoria, Bilbao, etc., dieron por esas fechas números totales de clasificados que no tienen nada que ver con lo que anteriormente se había visto. Puesto que todos estos clasificados se hallaban internados en campos de concentración mientras se tramitaban las indagaciones, se esperaban los avales y se decidía su futuro, se puede asegurar que fue precisamente con la progresiva toma del frente Norte cuando el carácter de la concentración se convirtió en masivo. Tanto, que se hizo necesario estructurar una red concentracionaria que pudiese hacer frente a semejante maremagno de prisioneros[12].

Prisioneros del norte, «carne para grajos» como se les denominaba en un panfleto lanzado sobre las trincheras republicanas, los apresados, aprehendidos, entregados en el progresivo cambio de manos del teatro de batallas norteño, incidieron en el crecimiento también de los campos ya establecidos, como San Pedro de Cardeña, oficialmente el campo de concentración del Sexto CE. Allí, cada día llegaban nuevos internos, tras tramitarse su clasificación negativa en Logroño, Aranda de Duero o Vitoria. Así, los escasos prisioneros de febrero de 1937 en el campo burgalés vieron llegar a 294 internos en abril, 305 en mayo y 359 en junio, dando además muestra de que la situación bélica estaba cambiando: de entre los 86 trasladados a San Pedro de Cardeña el 2 de junio de 1937 destacaba la presencia de un sacerdote. Y no es difícil reconocer en él a uno de los tantos sacerdotes vascos apresados por las tropas franquistas y clasificados de la peor manera posible debido a sus filiaciones nacionalistas.

Otro sacerdote, Julio Ugarte, relataría en su «odisea en cinco tiempos» cómo el clero vasco fue en cierta medida escondido al ser hecho prisionero: «El clero vasco rentaba más dentro que fuera. Éramos un argumento de peso contra la “Guerra Santa”». Asimismo, el relato de este sacerdote abundaría en uno de los aspectos más conocidos de la represión franquista: su ensañamiento con los nacionalismos periféricos que, en este caso, cristalizó en la dispersión de los «gudaris» —soldados vascos— por los diferentes campos de concentración. La enorme tarea de convertir y «españolizar» a una población como la vizcaína que, durante la República, durante el «dominio rojo», había gozado de un fervor nacionalista sin precedentes, no podía ser menos que difícil. La conclusión de un agente del NSDAP de paso por Bilbao no deja dudas: «los presos que son conducidos amanillados entre la Guardia Civil, son sin duda los menos peligrosos que hay en la ciudad»[13].

No solamente en el norte peninsular se verificaron cambios en estas fechas de centralización e intentos de racionalización de recursos: también en el Ejército del Sur se internaban prisioneros y también allí se sintieron los efectos de la creación de un ejército para la victoria. La 21 División, por ejemplo, señalaba día a día los que realizaba, entre prisioneros y presentados, llegando a un total de 2617 en toda la guerra[14]. Integrada en el Segundo CE, sus sedes para el traslado de prisioneros se situaron en Badajoz primero, y más tarde en Mérida y Cáceres. Y fueron las comisiones de clasificación integradas en las auditorías de guerra de estas ciudades las que tramitaron los expedientes de esos prisioneros, que en perspectiva nos resultan extremadamente pocos, pero que en la práctica llegaron a altos índices de acumulación concentracionaria teniendo en cuenta que, por ejemplo, entre julio y agosto de 1938 se enviaron, en un solo mes, 1100 prisioneros a Mérida.

Se trataba, por tanto, de un proceso irrefrenable a escala nacional. Al mismo tiempo, por ejemplo, que se creaban las comisiones del sur, el Quinto CE (del Ejército del Norte) señalaba que en la Academia Militar de San Gregorio (Zaragoza) se instalaría definitivamente su campo de concentración, aunque las clasificaciones se realizasen en otros centros provisionales dependientes de las divisiones militares que lo conformaban. Al campo definitivo, esto es, al del Cuerpo de Ejército, tan sólo llegarían los prisioneros de guerra clasificados «B o C», los no reclutables para el Ejército franquista pero de los que la MIR podía obtener el personal para la creación de Batallones de Trabajadores. Y lo mismo ocurría con el campo de Soria, que pasaría a ser estable en junio de 1937 cuando, como campo de Cuerpo de Ejército, albergase prisioneros ya clasificados para la formación de escuadras de trabajadores militarizados[15]. Paralelamente, se establecía en junio de 1937 el campo de Talavera de la Reina como depósito permanente para la clasificación de prisioneros de las divisiones tácticas del frente de Madrid.

No obstante, el teatro principal de guerra seguía siendo el norte. Cientos de personas huían por las cada vez más escasas salidas al extranjero, como los apresados por el Servicio de Fronteras del Norte de España de la Comandancia Militar de Bidasoa al intentar regresar a España. Y sobre todo huían de la zona de un Bilbao ocupado el 19 de junio, en cuyo casco urbano, frente a la ría de la ciudad, se estableció uno de los campos de mayor duración postrera, el de la Universidad de los jesuitas de Deusto. A raíz de la ocupación de la capital vasca, funcionaron al máximo de su actividad las comisiones relacionadas con la caída de este frente: las de Pamplona, Logroño, Estella, Miranda de Ebro, y la del propio Bilbao. De hecho, pocos días después de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad, la 61 División informaba de los prisioneros que se habían trasladado a éstas en los últimos meses: unas cifras parecidas a las que se registrarán en momentos posteriores de la guerra, cuando la toma de posiciones y frentes masivos implicó un fuerte crecimiento en el internamiento.

En Vitoria (campo de Murgia), así, se hallarían internados 4357 prisioneros y presentados pendientes de clasificación; 2000 en Pamplona; 1170 en Logroño; 908 en Estella; 1200 en Miranda de Ebro; y 1500 en Bilbao (campo de Deusto), todos ellos prisioneros y presentados, trasladados desde el frente bélico a raíz de la conquista de Bilbao a finales de junio. En Palencia, donde se hallaba otra de las comisiones clasificadoras del Ejército del Norte, se hallaban en los mismos días de julio 250 prisioneros «procedentes de Vizcaya», y 117 de Santander, dependientes de la 62 División[16]. Desde junio, se decidió que los evadidos y presentados del frente republicano de Bilbao y Santander fuesen enviados a Valladolid (Depósito de Transeúntes) del Séptimo CE tras ser clasificados por las comisiones de Palencia, Burgos y Vitoria; eran tantos, en cambio, los prisioneros, que hubieron de constituirse comisiones en Pamplona, Logroño y Estella. Los A pasarían entonces a Palencia (Transeúntes), y los B permanecerían en plaza hasta que se ordenase el traslado a San Pedro de Cardeña; todos los demás ingresarían en prisiones[17].

Entre esos prisioneros estaba Félix Padín. Hecho prisionero el 16 de julio en Urbi (Vizcaya), este militante anarquista, teniente del Batallón Durruti —aún hoy en la CNT, desde los trece años— fue un testigo de excepción del campo de Miranda de Ebro. Pero antes de ser allí internado, hubo de pasar por varias cárceles y campos de concentración:

Me trasladaron a la cárcel de Vitoria: allí empezaron ya los sufrimientos. Nos dijeron que si no teníamos cargos ni responsabilidad en sindicatos ni en el ejército no nos fusilaban. Fíjate: yo he pasado a la historia, pero no se cómo me pude salvar. Allí estaba un señor llamado Galo de jefe de prisiones. Una mala persona. Nos quitaron todo lo que teníamos, a mí me dejaron en mangas de camisa, con unas alpargatas. De allí nos trasladaron, porque la cárcel se llenaba: estaríamos en una celda unas 40 personas, que no nos podíamos ni mover. Allí todos los días venían con la fotografía, la cartita, a buscarnos. A todo el que reconocían lo traían para la cárcel de Larrinaga, y aquí se fusilaron a muchos compañeros míos. Nos llevaron a un cuartel de Vitoria, y como también estaba lleno nos sacaron a una cuadra en la calle Comandante Istuardi. Nos llevaron unos días a donde hoy está el parlamento vasco, y de allí al Seminario de Murgia. Allí el cautiverio fue terrible. Nos llenamos de piojos, no nos daban más que un cazo de agua… En Murgia estuve bastante tiempo, lo que me extrañó porque era una cosa que estabas allí poco, para salir para [la cárcel de] Larrinaga, Batallones o para Miranda.

La mala alimentación y las malas condiciones de vida se vieron agravadas no sólo por la cantidad creciente de internados, sino también por la llegada del mismo jefe que en la cárcel de Vitoria.

Nos sacaban en pleno mes de agosto todo el día al sol, no había sombra. Luego pasó Galo a mandar aquello; un día nos dijeron que se había marchado, y como allí había un frontón dijimos, «vamos corriendo a la sombra». El señor apareció pistola en mano y con una verga que llevaba, que se quedaba doblada cada vez que te pegaba del palo que te daba. Y el tío aquel salió corriendo por allí. Le tiramos al suelo, le pisamos corriendo, y cuando se levantó con la pistola en la mano dijo: «queréis sombra, pues vais a tener sombra»: nos tuvo quince días encerrados sin agua y sin comer.

Además, estaba muy presente la «necesidad» de «reespañolizar» a los prisioneros en Murgia, a través de la recatolización. La diferencia, sin embargo, de los prisioneros vascos era su carácter previo, marcadamente católico.

Recuerdo de allí que había un cura que mandaba el seminario, que nos decía además que quien hablase mal de Franco él le pegaba cinco tiros. La primera misa que oí en Vitoria, en la cuadra, para que veáis cómo era eso, fue así: había dos curas hablando, y al final del discurso habló de los vascos: que había que purificarnos, hacer astillas con nosotros, quemarnos y luego no dejar retoño. Así como te digo, no dejar retoño de los vascos… El cura que teníamos [los prisioneros] era nacionalista, y un día dando la misa en vez del Himno Nacional le tocaron el de Falange, y el hombre se quitó la sotana. Enseguida le cogieron y lo trajeron a Larrinaga, seguramente para fusilar. Yo estuve hasta el 8 de diciembre allí. A última hora nos tomaron declaración. Nos preguntaron si habíamos tenido cargos, y yo dije que era un voluntario, siempre a negar. Cuando ibas a declarar, ellos ya sabían, por los archivos que tenían, de qué pie cojeabas[18].

Un panfleto lanzado sobre los frentes de guerra a finales de junio daba cuenta de la «cobardía» de los gudaris diciendo que, «sin un solo disparo de nuestra artillería», 20 000 soldados vascos se habían entregado en Bilbao, y muchos otros, «mineros asturianos», habían huido «como conejos a su tierra»[19]. Pero tamaño número de internamientos en tan poco tiempo, del que gustó jactarse la oficialidad franquista, habría de poner contra las cuerdas al Cuartel General de Franco, máxime cuando se pretendía clasificar a todos los prisioneros de guerra, depurar el Ejército y la sociedad a través de la represión de los partidos políticos y agrupaciones sindicales, y más aún cuando en el País Vasco se combatía especialmente contra el nacionalismo católico.

Organizar la clasificación de los más de 11 000 prisioneros —lejos, sin embargo, de los 20 000 de los que hablaba la propaganda— se convirtió en una ardua tarea: no había coordinación ni uniformidad. No había ningún responsable de buscar emplazamientos para nuevos campos. No había fondos destinados a ello. Por ello, tal y como había anunciado el general Franco en el Decreto 281, fue necesario crear una administración propia para gestionar el problema de los prisioneros de guerra. De hecho, en uno de los primeros documentos firmados por Luis de Martín Pinillos como jefe inspector de los campos de concentración, se señaló la imperiosa necesidad de evacuar, con toda urgencia, a los 4357 prisioneros de Vitoria y los 1500 de Bilbao para ponerlos a disposición de auditorías de guerra. La puesta en funcionamiento de la ICCP pudo, por fin, hacer albergar la idea de que la uniformidad era posible. Incluso en el sur de Queipo, a quien se solicitó que diese órdenes «a los Gobernadores Militares de Cáceres y Badajoz» para proceder a instalar nuevos campos en «los edificios que [creyesen] convenientes que bien pudieran ser por su capacidad y situación las Plazas de Toros de… Cáceres, Plasencia, Trujillo y Badajoz».

La elección de los lugares donde podría realizarse la limpieza de los prisioneros y evadidos del frente propuesta por Martín Pinillos estaba determinada por su conocimiento personal y directo del territorio más alejado en retaguardia, Extremadura, puesto que antes de asumir su cargo había sido gobernador militar de la provincia de Cáceres[20]. El campo elegido en esa misma ciudad fue el de «Los Arenales», a cuatro kilómetros de la ciudad, con cuatro amplias naves «de las cuales dos tienen buena ventilación y luz no así las otras dos», buenas comunicaciones, capacidad para 450 hombres, malas condiciones de salubridad y manutención (el agua de aseo se recogería de las lluvias y de charcas cercanas), sin retretes (con zanjas abiertas en el campo que «aunque se desinfectan y tapan con frecuencia, en la época de los calores originan malos olores y acúmulo de moscas») y una pequeña enfermería de diez camas. El de Plasencia se situó en la plaza de toros de la villa, y al año de su apertura se reclamaría su cierre definitivo.

Además de abrir nuevos campos y organizar las clasificaciones —como se explica en el siguiente apartado—, entre los primeros objetivos de la ICCP estuvo el de señalar los pasos a tomar para tramitar las evacuaciones y los internamientos: ordenar a la Intendencia de los gobiernos militares el suministro de alimentos, colchonetas, material de menaje y mantas para el traslado, constituir las fuerzas de custodia y personal para el régimen interior de los campos —bien de la Guardia Civil o de la de Asalto—, designar un oficial para desempeñar el cargo de comandante militar del campo y, por fin, al personal sanitario para enfermería en los lugares donde no existiese un hospital militar. Un correcto traslado para evitar fugas, una vigilancia exhaustiva de los prisioneros y un control sanitario que evitase la propagación de enfermedades contagiosas eran, a juicio de Martín Pinillos, las claves para evitar muertes en los campos y para poder, de tal modo, separar a los justos de los pecadores. A los afines de los disidentes al Movimiento Nacional.

Claro está, no estamos aún sino ante el inicio del trabajo de la Inspección y, por tanto, posiblemente en tan temprana fecha todavía no dispusiese de los recursos reales para que estas misiones no pasasen de ser propósitos. La verdad es que en ningún momento la documentación relativa a estas fechas señala que hubiese deficiencias en traslados, suministros o higiene, si bien se sabe que la realidad no fue así; que los primeros trabajos de la ICCP fueron casi caóticos, que en tan poco tiempo no pudo realizar centralización alguna de recursos, y que las dificultades originarias desde su creación acompañarían su larga trayectoria hasta su propia disolución.

2. ICCP. LA BUROCRACIA CONCENTRACIONARIA

El día 1 de julio de 1937, las tropas franquistas alcanzaban los límites de la provincia de Santander. Tan sólo dos días antes, por orden de Franco la Secretaría de Guerra de Burgos resolvía que el «Coronel Martín Pinillos cese en [el] Gobierno Militar [de la] Plaza [de] Cáceres y pase destinado a las órdenes del General Orgaz para ejercer [el] mando de una División Táctica, haciéndose cargo aquel Gobierno Militar el Coronel, habilitado de General, Sáez de Buruaga»[21], lo que daba pie a la creación de la ICCP, el 5 de julio de 1937.

El camino hacia la unificación de criterio sobre el problema de los prisioneros de guerra pasaba, indefectiblemente, por la creación de una institución que regularizase y homogeneizase —y hasta cierto punto, racionalizase— las actuaciones del Ejército franquista. La designación del coronel Martín Pinillos y Blanco de Bustamante era el primer paso hacia la estructuración de la división administrativa reguladora de los campos de concentración franquistas. Así, el 5 de julio aparecía la siguiente disposición en el BOE:

S. E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales ha dispuesto la constitución de una Comisión que, previos los asesoramientos necesarios y con la máxima urgencia, proceda a la creación de los Campos de Concentración de prisioneros, designando para presidirla, y como Jefe de ese servicio, al Sr. Coronel D. Luis de Martín Pinillos y Blanco de Bustamante, que cesa en el cargo de Gobernador Militar de Cáceres.

Para auxiliar a dicho Jefe en su cometido se designa al personal siguiente:

—Capitán de Estado Mayor, retirado, D. Leocadio Ramírez López, actualmente en el Gobierno Militar de Cáceres.

—Capitán de Infantería, retirado, D. José Muñoz Quirós, actualmente en el Regimiento de Argel y agregado al Gobierno Militar de Cáceres.

—Comandante de Ingenieros, D. José del Castillo Bravo, ascendido, procedente del Regimiento de Ferrocarriles núm. 1.

—Comandante Médico D. Ángel Rincón Cerradas, que ha cesado de Ayudante del Inspector médico, Excmo. Sr. D. Juan del Río.

—Comandante de Intendencia, retirado, D. Manuel Pérez Toulín, que ha cesado en el servicio de Automovilismo del Ejército del Sur.

—Teniente Auditor de 2.ª retirado, D. Rufino Ochotorena Sánchez, de la Fiscalía Jurídico Militar del Sexto Cuerpo de Ejército.

—Farmacéutico primero: Don José Fernández Serena, del Instituto de Higiene Militar de Valladolid.

—Capellán primero: D. Natividad Cabicol Magri, disponible en el Sexto Cuerpo del Ejército.

Todo ese personal, más el que en lo sucesivo se designe, se presentará urgentemente, en Burgos, al Sr. Coronel Jefe de ese servicio[22].

Y lo cierto es que la ICCP empezó rápidamente la función encomendada por Franco de administrar los campos de concentración y crear los que se creyeran convenientes lo cual, como se ha explicado, fue realizado con una sorprendente celeridad. Los campos de Cáceres, Plasencia y Trujillo fueron sus primeros resultados: sin duda, antes de su nombramiento, los encargados de la Inspección habían sido avisados de su futuro cometido y, de tal modo, pudieron permitirse tan sólo un día después solicitar a Dávila y a Queipo de Llano, generales del Ejército del Norte y del Sur respectivamente, los permisos necesarios para regularizar la difícil situación que tras la caída de Bilbao se había creado con el problema de los prisioneros.

En julio de 1937 la ICCP quedaba pues constituida en el modo en que trabajaría durante todo el período bélico[23]: con una sección de personal, la más importante por caer en su poder la organización de los campos, su régimen interno y de vigilancia, la organización de BB. TT. o los movimientos de prisioneros; otra de intendencia —para vestuarios, aprovisionamientos…—; una tercera de sanidad y farmacia, para tratar de cubrir los problemas que el internamiento —y el hacinamiento— producían en materias de salud, así como para expedir las declaraciones de ineptitud para el trabajo; la cuarta, de trabajos y obras tanto en el interior de los campos como en el exterior y, por fin, una sección de justicia encargada de la relación de la ICCP y los campos con las comisiones de clasificación y las auditorías de guerra, así como de expedir los informes jurídicos necesarios para el largo proceso de clasificación de los prisioneros de guerra.

Además, como se reconocería, el fundamento de todo ello no sólo estaba en la creación de campos y la clasificación de los prisioneros, sino que además gravitaba sobre la búsqueda de una solución práctica al problema de su acumulación, encaminándolo hacia el empleo de los prisioneros como mano de obra forzosa. Para ello, al poco de creada la ICCP se le unió, para trabajar en paralelo a ella, una Comisión Técnica Asesora (CTA), encargada de expedir informes sobre la utilización de prisioneros y presos políticos en obras civiles «de utilidad nacional» y para regir básicamente materias sobre la ocupación de los prisioneros. Formada por un presidente inspector del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, un vicepresidente inspector del Cuerpo de Ingenieros de Montes, un secretario ingeniero de caminos y seis vocales (un arquitecto, un ingeniero agrónomo, un ingeniero militar, un ingeniero de minas, uno de caminos y otro industrial) sería la responsable de establecer qué obras y trabajos emplearían a la mano de obra prisionera.

La necesidad de la comisión había sido expresada al presidente de la Junta Técnica del Estado, organismo rector en materias políticas, económicas y militares, Fidel Dávila, por parte de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones dirigida por Mauro Serret, para elaborar un plan de obras públicas y trabajos aptos para ser desarrollados por prisioneros y presos políticos[24]. Y, de hecho, la ICCP mandaría también, estableciéndose como autoridad en la materia, sobre las escuadras de trabajadores forzosos. Fue por tanto este uno de los objetivos natalicios de la red concentracionaria. Aunque sólo lo fuese como matriz, esto es, que era en los campos de concentración donde se gestaban y parían los BB. TT., unidad esencial de los prisioneros trabajadores. Obras y trabajos que no sólo abarcarían «trabajos de unidad militar», sino también otros «no afectos directamente a fines militares, sino de provecho general Nacional»[25]. Lo cual acarreaba dos grandes ventajas: que los prisioneros no constituyeran un «peso muerto para el Erario público» y que consiguieran, «al mismo tiempo, su regeneración por el trabajo».

La gama de trabajos forzosos, por tanto, se vio ampliada en julio de 1937: las obras ejecutadas por soldados republicanos no serían tan sólo de carácter militar sino que se incluirían las industrias militarizadas para la guerra, así como los trabajos en obras civiles (carreteras, puentes, etc.) y los de mejoras en el interior de los campos (reformas, talleres de automovilismo, etc.). De tal modo, por ejemplo, en julio de 1938 los internos del campo de La Magdalena, Santander, acondicionaron el camino de costa para unirlo con la estación de trenes, evitando así pasar por las vías urbanas. Tan sólo un ejemplo de la utilidad dada a la mano de obra prisionera durante la guerra civil, que no se usó tan sólo en obras militares sino que además fue un conducto para el beneficio de la Nueva España. «Para hacer la España Grande, Imperial y Libre, que está forjando el artífice del Nuevo Imperio Español, el Caudillo, todos tenemos que aportar nuestro grano de arena». Ese era el motivo por el cual el alcalde de Inicio (Lugo) pedía prisioneros de guerra en noviembre de 1937 para construir una casa cuartel de la Guardia Civil en su pueblo y para habilitar los caminos vecinales[26].

La organización de la ICCP se enfocó desde el principio, dentro de la lógica de regular la violencia, hacia la centralización del problema de los prisioneros de guerra. La clave era conseguir abarcar todos los servicios que habrían de intervenir en su resolución,

habida cuenta también de la índole especial de la guerra que mantenemos, diferente en muchísimos aspectos de una guerra internacional, y de la mayor parte de las guerras civiles que han ensangrentado el suelo de nuestra Patria, y el de otras naciones, pues no se trata en nuestro caso de dilucidar cruentamente una discordia meramente política… en la que los bandos contendientes, por lo demás, están formados por hombres honrados que profesan su buena fe y que al luchar guardan el debido respeto a la dignidad humana y las leyes caballerescas de la guerra, sino que desgraciadamente, en este caso de España, frente al Ejército Nacional no se alza otro Ejército, sino una horda de asesinos y forajidos[27].

El tono profundamente cruel de este alegato justificador redactado por el coronel inspector respondía, sin duda, no sólo a una falta de conocimiento —o a una manipulación malintencionada del mismo— sobre la realidad del Ejército de la República, sino además a la búsqueda de una justificación honrosa y cristiana, empleando un lenguaje explícitamente agresivo hacia sus enemigos, para la propia creación de la ICCP. La negación de autoridad, de clase, de dignidad hacia la República y su Ejército era parte de la deshumanización del enemigo. De tal modo, cuando se explicase el origen de dicha Inspección en la «Memoria de actuación» de la que se ha tomado este párrafo, se acudiría a la necesidad de usar la mano de obra de los prisioneros, de centralizar los recursos y, en definitiva, de militarizar la vida de retaguardia. Pero cuando se tratase de mostrar los valores que se defendían cambiarían los adjetivos empleados y las valoraciones: el enemigo era una «horda de asesinos y forajidos», sin valores, engañados. Y los salvadores de la Patria, en este caso la institución encargada de organizar algo tan poco cristiano y tan poco civilizado como los campos de concentración, los redentores, quienes habían de separar a los adictos a la causa franquista —y a los valores que sustentaba— de los rojos, la Anti-España, los «bellacos».

Esta visión fundamentalmente dicotomista, maniquea y, ante todo, profundamente falsa de los enemigos de la causa sublevada creó un lenguaje explícitamente propagandístico, retórico, grandilocuente y excesivo que, en el caso que nos ocupa, tuvo como objeto a los prisioneros de guerra, como se podrá observar en el capítulo 4. Entre los objetivos originarios que pretendía desarrollar la ICCP había elementos que iban más allá de la mera clasificación (la reeducación de los prisioneros, su doblegamiento, su transformación identitaria) y que pueden encontrarse leyendo entre líneas en el párrafo citado —que, por cierto, no es el único de dicha Memoria que contiene insultos y exabruptos—. Sin embargo, la realidad fue mucho más prosaica: la ICCP se encargó básicamente, cuando pudo y entrando en cientos de batallas con otras administraciones militares, de organizar campos de prisioneros donde, sin estar sometidos a otra legislación que la misma impunidad, acusados per se de delito de rebelión armada, los internos trataron de salvar sus vidas. Una realidad, sin embargo que, por mucho que se impusiese en su cruda realidad, jamás haría perder a Martín Pinillos y sus colaboradores el afán por hacer de los campos un territorio para la conversión y la transubstanciación.

Porque, ¿qué situación encontró la ICCP en julio de 1937? Una de las primeras labores encomendadas por Martín Pinillos a sus subordinados fue la de reconocimiento del estado del problema de los prisioneros de guerra, revisando qué campos de concentración existían entonces de manera estable. Un breve viaje de reconocimiento por los campos de Sigüenza, San Pedro de Cardeña y Tala vera de la Reina, así como de los primeros Batallones de Trabajadores organizados por la MIR y destinados al Frente de Madrid, dio como resultado la emisión de unas normas provisionales para el régimen interior de los campos de concentración, dictadas en septiembre de 1937 y que se verían ampliadas en enero de 1938, manteniéndose en vigor durante toda la guerra como referente de actuación en el interior de los campos de concentración de Franco. Se dará cuenta de ellas más adelante; cabe señalar al hilo de la apreciación sobre la pretendida uniformidad en la actuación de la Inspección y sus campos, sin embargo, que sus difíciles relaciones con las autoridades militares territoriales, y con los cuerpos de Ejército que la abastecían de prisioneros, estuvieron presentes incluso en las instrucciones para el régimen interior de los campos. Las quejas del inspector basadas en, según decía, la arbitrariedad y falta de disciplina interna en el Ejército sublevado (en particular, del Ejército del Sur de Queipo de Llano, quien poco o nada colaboró al establecimiento de la Inspección) le llevaron incluso a apelar a la institución de la que directamente dependía, el Cuartel General de Franco.

Desde julio la ICCP se hizo cargo, oficial y teóricamente, de cuantos depósitos se pusiesen en funcionamiento desde entonces, así como de los campos ya existentes del Ejército del Norte: San Pedro de Cardeña, Lerma, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. También de los depósitos de Badajoz (el Cuartel de la Bomba), Soria, León, Deusto (Bilbao), Logroño, Córdoba, Ávila, Pamplona, Estella, Murgia, Salamanca, San Gregorio (Zaragoza) y Asturias, con un número cercano a los 11 000 prisioneros a su cargo (que no eran, ni mucho menos, todos los prisioneros de guerra), de los cuales la mayoría (casi 8000), por provenir de la campaña norteña, estaban sin clasificar. Y posteriormente, organizó el campo del Monasterio de la Santa Espina y los de Medina de Rioseco, Orduña y Palencia. Sin embargo, la cifra revela que, de entrada, los campos existentes antes de su creación no pasaron automáticamente a sus manos: si del norte la ICCP adquirió jurisdicción sobre 8000 prisioneros, quedaban más de 3000 adscritos a otros campos y centros de detención. De hecho, la ICCP hubo de desarrollar su labor en medio de varias incógnitas fundamentales. En primer lugar, su dependencia organizativa era difusa, como difusa la línea que separaba los poderes impuestos por Franco desde la primavera de 1937. Si a su trabajo en consonancia con la MIR le sumamos que se vinculaba con el CGG, con el Ejército del Norte y el Ejército del Sur a través de sus diferentes delegaciones, con las capitanías generales, con las unidades bélicas independientes, y por fin desde 1938 con el flamante Ministerio de Defensa Nacional del general Fidel Dávila —creado a imitación del republicano encargado al socialista Indalecio Prieto—, podemos imaginar que las dudas y las dificultades para su trabajo fuesen superlativas. En ese sentido, pronto aparecerían problemas, como el planteado por la Segunda División de Sevilla, sobre quién debería hacerse cargo de los prisioneros, entre el aprisionamiento y la clasificación. Y en segundo lugar, a la superposición por arriba de poderes se unió la superposición por abajo: existían, existieron y continuaron funcionando hasta la posguerra campos de concentración que jamás dependieron de la ICCP.

Ambas superposiciones, por arriba y por abajo, implicaron a veces interferencias entre los poderes vigentes en el bando nacional. En agosto de 1937, por ejemplo, Martín Pinillos hubo de recordar a las comisiones clasificadoras de Sevilla-Córdoba-Granada-Badajoz que debían facilitar los datos necesarios sobre prisioneros para realizar los ficheros de prisioneros, ya que tan sólo la ICCP era la que debía dar cuenta ante el presidente de la Junta Técnica del Estado, siendo pues el «superior organismo autorizado» en materias de prisioneros[28]. No sin problemas, las comisiones del sur devolvieron las notas informativas, señalando en cambio que los criterios para el interrogatorio de los prisioneros de guerra no estaban claros[29]. No existía una norma unívoca sobre qué convenía o no preguntar, en qué diferentes fases de interrogatorio, en qué contextos y lugares.

Para mediar entre las autoridades territoriales y militares y la ICCP, ésta tuvo que crear una serie de delegaciones. Mediante el establecimiento de subinspecciones, en contacto con los poderes militares zonales y locales, pudieron delimitarse más a las claras cuáles eran las funciones de cada uno (y, sobre todo, de la ICCP) en materia de prisioneros. Las normativas, paralelamente al proceso de estabilización de la Inspección, fijaron a las claras cuáles habrían de ser las misiones de las subinspecciones, delegando sobre ellas un servicio de investigación que aclarase y perfilase las clasificaciones recibidas por los prisioneros, la vigilancia, la higiene en los campos, o aspectos que empezaban a perfilar su proyecto reeducador: «Siendo muy importante el aspecto social de los Campos de Prisioneros, los Jefes de los mismos procurarán, por los medios que estén a su alcance en la localidad, utilizar en esta misión maestros, sacerdotes principalmente, etc.». Obviamente aún no se indicaba, pues aún no estaba completamente perfilado, cuál habría de ser este aspecto social. Pero éste se perfilaba ya en los expedientes de clasificación de los prisioneros: a los jefes de las unidades —los BB. TT.— se les preguntaría sobre cada prisionero su «conducta general, amor al trabajo… ¿presenta signos externos de saneamiento [sic] de su ideología?».

Otras misiones que la ICCP delegó en sus subinspecciones fueron las de la formación de un fichero completo uniforme con los expedientes de cada prisionero, el procesamiento de otro fichero con la clasificación de los internos por oficios (un duplicado de este fichero se enviaría a la CTA), la información de la estadística, altas y bajas, traslados, etc., en los campos, la estructuración de unidades de trabajadores cuando lo ordenase la Inspección, así como tener preparados alojamientos en cada región, a propuesta de la ICCP, previendo las futuras necesidades sobre todo en lugares próximos al frente. En definitiva, las subinspecciones trataron con los poderes militares territoriales sobre todos y cada uno de los aspectos relevantes de la vida concentracionaria. La vigilancia de los prisioneros —con personal, cuando era necesario, de las plazas donde se ubicasen los campos—, las relaciones con los jefes militares de las regiones correspondientes, las labores de intendencia en los campos, así como servicios de secretaría, conducciones, castigos, o la misma responsabilidad sobre la sanidad en los campos, también fueron atribuciones que la ICCP pasó a sus subinspecciones, que se alojaron, aparte de la central de Burgos, en Zaragoza, Gijón, A Coruña, Santander, Cáceres, Bilbao y Palma de Mallorca. Como puede comprobarse, fue en las zonas de los Ejércitos del Norte y del Centro donde se albergaron mayor número de campos. El sur de Queipo, de nuevo, se tendría como un lugar ignoto al que la centralización de recursos no habría de llegar.

El sur se resistió siempre a la homogeneización, pero no fue la única institución reacia al deseo de centralización de Martín Pinillos, quien aspiraba a que todo cuanto tuviese que ver con los prisioneros de guerra dependiese directamente de él mismo. Traer a colación las interferencias constatadas entre instituciones, y el relativo rechazo a aceptar la unificación cuando ésta implicaba pérdida de poderes —el de la mano de obra prisionera no era banal— sirve para apuntar cuáles fueron las pretensiones de Martín Pinillos, que iban más allá del mero internamiento provisional y la creación de escuadras de trabajadores. La Secretaría General del jefe del Estado hubo, ya en octubre de 1937, de parar las intenciones del inspector de crear, con la base de la apenas nacida ICCP, una Inspección General de los Servicios sobre prisioneros que englobase las funciones de las comisiones clasificadoras que, recordemos, dependían de las autoridades judiciales de los Cuerpos de Ejército. No convenía, sin embargo, en palabras de Martínez Fuset (asesor jurídico de Franco) el «establecimiento de un engranaje administrativo» diferente[30]. El trabajo de la ICCP, según estas aclaraciones, empezaría exclusivamente cuando los prisioneros estuviesen ya clasificados. Aunque en los campos de concentración se realizasen las clasificaciones puesto que, ante la masividad del internamiento, era más sencillo trasladar las comisiones a los campos y no los prisioneros a las comisiones, jamás llegó a cederse la soberanía jurídica en beneficio de la ICCP. Su primer asalto para controlar todo el proceso de depuración del prisionero fue, por tanto, perdido.

Y es que la historia concentracionaria y de la ICCP estuvo marcada siempre por la contradicción entre aspiraciones y realidades. Improvisación, anomia, desestructuración y falta de recursos con los que afrontar el problema encomendado fueron las dificultades de origen y recurrentes de la institución llamada a tratar de solucionar el conflicto de los prisioneros de guerra, desde las variables que ya se han señalado: la centralización de poderes en manos de Franco y su Cuartel General, la voluntad de clasificar y depurar al Ejército de la República, y la decisión de tramitar todo ello a través de un programa coherente que aunase represión, paternalismo, reeducación y redención en el trabajo. Un programa coherente que, sin embargo, no impidió que los problemas empezaran a surgir por doquier: por ejemplo, que las comisiones de clasificación para depurar a los prisioneros se creasen con gran lentitud, lo que alargaba la tramitación del expediente personal del internado y, por tanto, su estancia en los campos de concentración.

De hecho, disponemos de las actas levantadas por las comisiones, en estadillos semanales remitidos a la ICCP ya que, vista la enormidad del volumen de personal aprehendido, a los prisioneros primero se les internaría y luego se les clasificaría. Uno de los casos paradigmáticos para este período lo supuso el campo de Miranda de Ebro, en el que se hubo de instalar una Comisión Clasificadora para afrontar la depuración de cuantos internos llegaban procedentes del frente Norte. Entre el 12 de julio y el 7 de agosto, se tramitaron por ella 955 actas de clasificación de prisioneros[31]. Destaca de ellas que la gran mayoría (838 frente a 117 prisioneros) fuesen presentados en el frente, y la gran mayoría sin armas. No es de extrañar pues que 646 de las actas despachadas fuesen favorables A, y por tanto fuese personal reenviado al frente de batalla mediando el paso por la Caja de Reclutas de Palencia —471 de ellos— o en libertad al no pertenecer a reemplazos movilizados por el Ejército franquista. Los 133 B serían destinados a San Pedro de Cardeña para su ingreso en Batallones de Trabajadores; el resto, seis clasificados C que ingresarían en la prisión provincial, y un buen número de prisioneros mantenidos en el campo, de los que había que clarificar la situación según fuesen nacidos en zonas en territorio republicano, pertenecientes al Ejército antes del inicio de la guerra, o incluso sacerdotes: seis religiosos fueron individualizados en menos de un mes entre los prisioneros de guerra. La Comisión de Bilbao, ubicada en el campo de concentración de Deusto, tramitaría a su vez 292 clasificaciones militares, entre el 22 y el 26 de julio, entre las que hallaron a catorce jefes y oficiales del Ejército republicano, puestos a disposición de la Auditoría; hasta final de mes, se abrirían 244 causas más. Y en Vitoria se habían clasificado hasta julio a 5000 prisioneros y presentados, a una media de cien diarios, diez horas al día —una media de ¡seis minutos!, por prisionero[32].

Los estadillos de las comisiones dan fe de la lentitud de las clasificaciones, derivada según Martín Pinillos de la descoordinación general. Descoordinación que abarcó, en estos primeros meses de actuación de la ICCP, incluso a su propia terminología. En ese preciso sentido, existió durante la guerra civil una tendencia a considerar campos de concentración sólo los estables, los «verdaderos»[33], los de la ICCP, mas no así los centros provisionales de agrupación de prisioneros. Muchas veces, en cambio, se confundieron entre sí. Movido por el desconocimiento de la realidad concentracionaria creada tras la caída de Santander en manos franquistas, de la que se da cuenta en el siguiente epígrafe, Fidel Dávila comentaría el 14 julio de 1937 que era necesario descongestionar las plazas con prisioneros, ante la lentitud de unos trabajos que no permitía retenerlos todo el tiempo que la clasificación duraba, enviando a campos (a los «verdaderos campos») no sólo a los ya clasificados por las comisiones sino también a los no clasificados. Aizpuru, su jefe de Estado Mayor en el Sexto Cuerpo de Ejército, sin embargo consideraría que no era esa la solución: desde su perspectiva, no convenía que los prisioneros saliesen de las plazas hasta ser clasificados, pudiendo emplearse los campos de concentración «verdaderos», San Pedro de Cardeña, Aranda de Duero y Lerma —estos dos últimos creados bajo su jurisdicción— sólo para la creación de Batallones de Trabajadores.

Pero ni la red de campos provisionales ni la de estables podía afrontar el peso demográfico de los prisioneros del norte. Así, como mandaría la realidad, los originariamente pensados como campos temporales pasaron, generalmente, a ser centros estables de concentración y clasificación. Hasta tal punto fue difícil delimitar las responsabilidades políticas y sociales de los internos, que el inspector Martín Pinillos tuvo que establecer una nomenclatura diferente para cada tipo de campo (lo cual, por otra parte, fue el origen de la jerarquía de campos que se observará más adelante). La experiencia de la caída del norte le llevaría a dotar de una denominación particular, la de «campos de concentración de clasificación», a los centros de internamiento provisional para la recepción de la clasificación por parte de las auditorías de guerra.

La solución propuesta por Franco para su descongestión no se hizo esperar: paralelamente al hacinamiento en los campos y a los problemas para decidir qué hacer con ellos, que no eran sino reflejo del descontrol e improvisación con que se hicieron las cosas, el 21 de julio Martín Pinillos recibió la orden del general jefe de Estado Mayor Francisco Martín Moreno de acelerar el proceso de creación de BB. TT. Que la clasificación fuese somera y que aumentasen el número de comisiones. Que se ampliasen las órdenes de clasificación, firmadas por el coronel jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte, Fernando Moreno, pero que esas no fuesen definitivas, prefiriéndose otro estilo más sumario en espera de la llegada de los datos perentorios. Y que se utilizase la categoría de Ad, afectos dudosos, para emplear los gruesos de prisioneros en trabajos militares y civiles. En definitiva, que las normas de clasificación se hiciesen factibles en el nuevo contexto de masificación de prisioneros.

Esta ampliación de los criterios de clasificación y ese requerimiento de hacerlas de modo sumario se basaban en los inconvenientes y dificultades del procedimiento marcado por la orden de marzo, según el cual la comisión extendía el acta proponiendo la resolución y la enviaba al auditor de guerra, quien después dictaminaba y pasaba el acta y el dictamen al general jefe del Cuerpo de Ejército respectivo, para resolverse, al fin, la definitiva: libertad, reclutamiento, internamiento o prisión del prisionero. El principal defecto era el de la forzosa lentitud en que tenían que tramitarse los expedientes, dado el número de pasos de una oficina a otra que se hallaban establecidos, máxime cuando la comisión no radicaba en el mismo lugar donde se hallaban el general en jefe y su auditor. Este retraso motivaba que se retuviesen innecesariamente en los campos y en los depósitos de transeúntes individuos movilizables, que pudieran ser destinados a Cuerpo inmediatamente, y que se internasen también en campos de concentración a prisioneros sobre los que se habían recibido buenos informes; todo ello «con el consiguiente gasto y perjuicio al Estado». De tal modo Dávila, en un intento por desbloquear las clasificaciones, propondría que las comisiones pudiesen decretar de por sí la libertad de los detenidos o el reclutamiento, si estuviesen en edad militar, cuando no apareciesen delitos punibles. Y, asimismo, que pudiesen dictaminar el internamiento en campos de concentración para crear BB. TT., caso que la comisión recibiese informes desfavorables sobre los prisioneros, o el ingreso en cárcel, si se tratase de delitos comunes o de rebelión militar, proponiendo la instrucción de causa o diligencias previas. Así, gracias a la integración de oficiales del Cuerpo Jurídico en las comisiones, los prisioneros empezarían a salir de los campos de clasificación hacia las cárceles en espera de juicio, hacia los campos estables para integrarse en escuadras de trabajadores forzosos, hacia las Cajas de Reclutas para ingresar en el Ejército franquista, o en libertad[34].

Y es que, paralelamente a su estructuración, y a la resolución de los primeros conflictos de poder, la ICCP hubo de ponerse en marcha para el que era, en realidad, el cometido por el que fue creada, en base a las disposiciones del Cuartel General de Franco. Este no era otro que la creación de Batallones de Trabajadores, para lo que debía coordinarse con la Jefatura de MIR. Por orden de Franco, a finales de julio a los Batallones que trabajaban en el frente madrileño habrían de añadírseles los organizados por la MIR con personal de los campos de concentración: para cada BB. TT. harían falta un comandante, un capitán, cuatro tenientes, cinco alféreces, un brigada, veinte sargentos, cincuenta y dos cabos, un corneta, veintiocho soldados de tropa, y por fin… seiscientos trabajadores. Cada batallón se compondría además de cuatro compañías con sus mandos respectivos, para lo que habrían de utilizarse suboficiales de reserva, ya que las peticiones de Batallones por parte de los ejércitos y Cuerpos de Ejército crecieron tanto o más que la disponibilidad de mano de obra prisionera. Por orden de Orgaz, tres habría de ser el número de Batallones de Trabajadores por Cuerpo de Ejército[35].

La situación en los campos no dejaba demasiadas alternativas: a 13 de julio, las cifras de internamientos que ofrecía el Ejército del Norte eran significativas de por qué existía tanta urgencia en la clasificación y, sin duda, eran aquellas a las que la ampliación de las órdenes de clasificación trataba de dar respuesta. El mismo Aizpuru era el que indicaba, en misiva a Dávila y a Martín Pinillos, que los internados en Vitoria eran 4060, mientras que existían 1997 en Pamplona, 894 en Estella, 480 en Palencia, 1566 en Logroño, 1185 en Miranda de Ebro, y 1147 en San Pedro de Cardeña[36]. Y lo peor de todo era que de todos estos prisioneros, tan sólo parte de los internados en los campos de la ICCP —con lo que se superaba ya largamente la cifra dada para principios de mes, en torno a los 11 000—, tan sólo los de San Pedro estaban ya clasificados. En este campo ingresaron en julio 265 prisioneros que, a finales de mes, estarían ya, junto a los más de mil internados, encuadrados en BB. TT. En agosto, los internados llegarían a 939, procedentes de Logroño, de Miranda, de Santander[37].

Así, la coordinación entre Cuerpos, Inspección y MIR llevó a que 1800 prisioneros de los campos de concentración del Sexto Cuerpo fuesen destinados, en el Ejército del Norte, a los BB. TT. de Pinto, Yeles y Villaluenga, del Primer CE —del Ejército del Centro—, a razón de 600 por unidad. Mientras, el mismo Sexto CE organizaría dos más (1200 prisioneros) que, unidos al ya existente formado por la MIR, se trasladaron para trabajos militarizados a Bilbao (dos) y Palencia. Otro sería para el Séptimo CE, unidad que ya disponía de dos Batallones, pero no de evadidos o prisioneros, sino disciplinarios, esto es, de soldados franquistas. En el Ejército del Centro, además de los 1800 prisioneros señalados, habrían de abastecerse prisioneros para organizar dos nuevos Batallones para cada Cuerpo, Quinto y Séptimo respectivamente. Por su parte, el sur de Queipo de nuevo se mostraba independiente a cuanto aconteciese en Burgos: ya disponía de seis batallones disciplinarios, organizados por el mismo Ejército.

Frente a este último, lo único que Orgaz se atrevió a pedir al excéntrico general era que los Batallones del Tercer Cuerpo de Ejército se reinstalasen en Almendralejo, Pueblo Nuevo y Espiel. Para lograrse tamaña empresa, la de dotar a cada Cuerpo de Ejército de tres Batallones de Trabajadores, se necesitaba formalizar la clasificación de 5000 exsoldados republicanos, siendo ésta lo más rápida posible. Por tanto, era necesario acelerar los trámites —recordemos que en la Orden General de Clasificación de marzo se instaba a que ésta no durase más de tres días— en las comisiones, evacuar rápidamente a los prisioneros, y dar veloz solución a los más de 5000 prisioneros clasificados y casi 8000 sin clasificar de que pasó a disponer la ICCP en un breve lapso de tiempo en sus campos, estables o provisionales, «verdaderos» o no.

Depósitos o campos, lo cierto es que no parece que la ICCP empezase con buen pie. Pronto se verá que el fin del Frente del Norte supondría para la Inspección la asunción de una carga inesperada de la que saldría más mal que bien parada. Una carga que, sin duda, supuso un antecedente fundamental para aprender de sus errores y mejorar, racionalizar sus recursos, en medio de la carrera por la victoria que Franco y los suyos emprenderían en 1938. La historia de los campos de concentración, tras superar el que ahora veremos como primer gran escollo en su historia centralizada, la caída definitiva del frente Norte, adquiriría unos volúmenes y unos matices inexplorados previamente, cuando no había institución que los regulase. Desde esas primeras órdenes para la regulación administrativa de los campos en todo el territorio nacional, a la preparación —también a nivel de los campos de concentración— de la ofensiva sobre Cataluña, pasando por las terribles batallas de Teruel y el Ebro, el cambio en este tiempo en los campos será tan profundo que hará casi irreconocibles los de antes y después de 1938.

3. LA PRUEBA DE FUEGO. EL NORTE, EN MANOS DE FRANCO

Cuando en abril de 1938, Luis de Martín Pinillos revisase los momentos más críticos de la actuación de la ICCP desde su creación, se jactaría de la «rapidez e inteligencia» con la que se habían resuelto los problemas suscitados por la caída de la ciudad de Santander. «En menos de una semana —señalaría— se acumularon en la misma ciudad de Santander más de 50 000 prisioneros, y no obstante, en espacio de dos horas nada más» y con el trabajo de los cinco jefes de la Inspección destacados en la ciudad, se les habría alojado y abastecido, se habrían cubierto sus vigilancias y se les habría evacuado hacia Santoña, Laredo, Castro Urdiales y Corbán, campos de nueva planta «que dieron satisfactoria solución al inmenso problema mencionado»[38]. Ciertamente, el problema fue grave, pero la solución improvisada y el resultado, poco satisfactorio. De hecho, un testigo hecho prisionero en Santander que prefiere mantener su anonimato señala: «Corbán era el “campo de los enterramientos”. Salíamos a hacer fosas todos los días y al día siguiente estaban llenas. Todos los días oíamos las ráfagas desde el campo»[39].

Los criterios de previsión de los que la ICCP podía disponer, al estar en contacto con el centro de decisión militar, el Cuartel General de Franco, ayudaron bastante a preparar la caída de la capital de la provincia cántabra, auténtica prueba de fuego para la ICCP. En agosto (la ciudad pasó a manos franquistas el día 26), previendo la necesidad de espacio para alojamiento de prisioneros, se pidió que los 700 remanentes en Miranda, sobre los que no había recaído aún orden alguna de formación de un Batallón de Trabajadores, fuesen distribuidos con urgencia en unidades del Ejército como apoyo a los trabajos de cariz bélico. Prever la evacuación de prisioneros de Santander consistía, básicamente, en vaciar Miranda de Ebro, así como en habilitar e incrementar el número de plazas posibles en los campos que apenas acababan de entrar bajo su jurisdicción: San Pedro, Lerma —el palacio de los Lerma y la granja del Carmen— y Aranda de Duero —los locales de la estación de ferrocarril[40].

Ello implicó la puesta en funcionamiento de los resortes de la ICCP, en el sentido de que su Servicio de Ingenieros hubo de recuperar —es decir, usar material tomado a los republicanos— «chapas para cubiertas, alambre de espino, cocinas de campaña y otro material por el estilo, que se precisaba para terminar las obras y habilitar debidamente los Campos de Concentración»[41]. Asimismo, el progresivo reconocimiento de efectivos por parte de la Inspección llevaría a algunos de sus responsables hasta Cáceres, Trujillo, Plasencia y Béjar con el fin de buscar lugares apropiados para la instalación de nuevos campos y depósitos de prisioneros y, también, con el propósito de ponerse en contacto con los directores de Obras Públicas, del Estado y las provincias, para tratar sobre el uso de prisioneros en obras públicas como la reforestación en las depauperadas Hurdes.

En agosto de 1937 se logró la tan ansiada toma de Santander, retrasada más de un mes por la ofensiva de Brunete —que costó unos 30 000 muertos y 40 000 heridos en ambos bandos—. Los partes oficiales de guerra hablaron de 49 300 aprehendidos en ese mes. Casi 50 000 republicanos que había que internar, clasificar y, llegado el caso, reeducar. Para ello, y de manera provisional, en una semana la ICCP puso en funcionamiento cuatro campos de concentración en Santoña —Penal del Dueso, local del Instituto, Cuartel de Infantería y Fuerte de la Plaza, alojando un total de unos 1200 prisioneros—, otros cuatro en Santander —la plaza de toros, los Campos de Football [sic], las caballerizas del Palacio de la Magdalena[42] y el Seminario de Corbán, con un volumen total de 12 000 prisioneros—, varios campos en Laredo, en los locales de las escuelas y diferentes edificios del pueblo con un total de prisioneros de 8000 a 9000, y por último, diferentes edificios de Castro Urdiales, donde se podrían alojar otros 10 000 prisioneros. Para regir dichos campos, y ante todo para unificar los criterios de actuación sobre estos casi 33 000 prisioneros —al ser cifras absolutamente estimativas cabe dudar tanto a la alza como a la baja—, se hizo necesaria la organización en la plaza de Santander de una Delegación de la Inspección.

La de Santander fue, de tal modo, la rendición masiva más importante de toda la guerra civil. Y es que el «pacto» de Santoña, con el que las autoridades vascas tramitaron su rendición ante las tropas del CTV de Mussolini esperando recibir la compasión del Duce por la causa nacional de Euskadi, supuso no sólo la puesta a salvo de muchos dirigentes políticos sino también el internamiento de miles de prisioneros en el mismo Penal de Dueso, en Santoña, donde se instalarían, gracias a su alto y sólido recinto de seguridad, barracones provisionales[43] «de madera u hormigón armado», así como en Laredo y Castro-Urdiales, al relevar las tropas franquistas a las italianas el 4 de septiembre de 1937. La rendición unilateral de los batallones nacionalistas vascos supuso así tanto un desastre para sus propios intereses como un debilitamiento considerable de la República en el frente Norte[44]. Los prisioneros en campos fueron al poco trasladados al penal, donde se habilitó un juzgado militar y se comenzó con los procesos. Las sentencias de muerte que se pidieron fueron, según fuentes italianas, 510[45].

Así lo relata José María Otxoa, oficial del ejército vasco, encerrado en el Penal del Dueso con más de mil presos gudaris:

Caí prisionero de los italianos en Santoña. El mariscal «Mancini» se comprometió a defendernos a cambio de no luchar más, tras perder Euskadi. Pero a los cinco o seis días entraron los españoles y empezaron a juzgar. Todos los oficiales vascos dijimos lo que habíamos sido, cuándo nos habíamos afiliado, que éramos del PNV… no mentimos, de manera espontánea: los vascos somos temerarios, honestos, honrados. Sabíamos que eso nos iba a costar, y nos costó mucho… Nosotros se lo habíamos dado todo hecho, porque habíamos declarado lo que habíamos declarado.

Juzgado el 6 de septiembre de 1937, en una farsa de tribunal con un alférez de defensor que «no decía más que tonterías», y en grupos de veinticinco presos, le fue impuesta una pena de reclusión perpetua, rebajada después a 20 años de cárcel. Sin embargo, la farsa jurídica no sirvió para ocultar que, en materia de presos republicanos, la justicia se usaba como medio para amedrentar y atemorizar, no sólo para rendir cuentas.

A los quince días, eligieron a dos de cada partido para fusilarlos. [Al poco] había un gallego que había perdido la razón, porque le habían pedido la pena de muerte. Nosotros advertimos que aquel chico había perdido la razón, pero no hicieron caso. Cuando nos abrieron las celdas con los cacharros para limpiar, el gallego empezó a gritar «¡Viva la República!». El guardián perdió la razón, la serenidad, le pegó con la culata de la pistola y dio un tiro al aire. Entonces nosotros empezamos a hacer ruido con los cacharros contra la balaustrada, y nos metimos a las celdas. Aquella tarde fue terrible… la dirección de la cárcel comunicó a Burgos lo que había pasado, y respondieron que sacasen al día siguiente a uno de cada celda, que estábamos siete en cada una, para fusilar. Luego vino una contraorden, para que los llaveros, los que tenían las llaves, que también eran presos, dijesen quiénes habían sido, aunque habíamos sido todos. Estos llaveros, que eran todos del PNV, quedaron con nosotros allí. Nuestras autoridades les dijeron que hiciesen lo que pensasen, y ellos no dijeron nada. Así, al día siguiente sacaron a 49. Aquella noche fue trágica… Salíamos todos los días a cantar el Caralsol delante de la bandera. Uno un día dijo un viva a la República y al día siguiente lo fusilaron delante del resto de los presos[46].

La apertura inmediata y urgente de campos fue un medio de solucionar parcialmente la que se convertiría en la «sobrepoblación de 70 000… prisioneros, presos peligrosos, indeseables, detenidos gubernativos graves, distribuidos en prisiones y sitios varios». Las necesidades de espacio para internar prisioneros eran enormes, y las posibilidades no demasiadas, durante la progresiva caída del frente Norte. Hasta el punto que Luis de Martín Pinillos escribiría:

… se hace preciso que estos [los campos en funcionamiento] sean descongestionados con toda celeridad en bien de la salud e higiene de este personal que antes de ser considerados prisioneros de guerra tienen que ser sometidos a la clasificación correspondiente, obligando esto que los Cuerpos de Ejército se tenga el número de Juntas de este nombre, para llevar a efecto aquélla. En estos momentos y debido sin duda a la falta de personal se adolece del número de Comisiones proporcional al número de individuos que han de ser sometidos a este requisito, por lo cual, se lleva esta tramitación con gran lentitud, y lo que es peor que unos Depósitos están bastantes días en espera de que llegue la Junta referida, pues éstas tienen que trasladarse de un punto a otro, pero como llegan continuamente nuevos presentados o aprehendidos a las plazas a donde efectúan estas operaciones, no pueden desplazarse a los Depósitos sucesivos si no después de largo tiempo. Por otra parte, la necesidad moral de seleccionar cuanto antes el personal adicto a nuestra Causa o internar en los Campos a los indeseables y culpables con toda celeridad hace preciso por las razones expuestas se creen en los Cuerpos del Ejército, y especialmente en el VI por las circunstancias actuales, mayor número de Juntas de Clasificación, para atender con urgencia a lo que se propone[47].

De tal modo, por mucho que Martín Pinillos se jactase de la celeridad y «buen hacer» de la ICCP, lo cierto es que en pocas semanas se rozó e incluso superó el límite tanto de número de internados como de su tiempo de estancia en los campos de clasificación. Las deficiencias higiénicas encontradas en campos como Estella, Orduña, etc., no se reprodujeron en el caso de La Magdalena (las caballerizas del palacio, el barracón y el cine anejo, para 600 prisioneros), el de Corbán (un seminario con grandes salas, patios, explanadas a campo abierto, agua abundante, retretes y zanjas para las deyecciones, «excelente» para 3000 prisioneros), o el de Santoña (el peor de los tres, para unos 2700 prisioneros, pero con agua contaminada en toda la villa, donde serían frecuentes las infecciones gastrointestinales). Pero parece ser que se anduvo bastante cerca, pues estos campos vieron siempre superadas sus capacidades, así llamadas, higiénicas[48].

En aras de evitar aglomeraciones de larga duración, Martín Pinillos reclamó en agosto de 1937 la ampliación tanto de los lugares de concentración como de las juntas que clasificaban a los prisioneros, especialmente en el Sexto CE, para «seleccionar cuanto antes al personal adicto a nuestra causa». O, lo que es lo mismo, para poner bajo buen recaudo a quien no resultase afecto a la causa del Nuevo Estado. Y es que, de hecho, el proceso de clasificación de tamaña cantidad de prisioneros hubo de acontecer entre la improvisación y la solución de problemas puntuales, pero no por ello de poca gravedad. Ante la enormidad de prisioneros a cargo del auditor de guerra del Sexto CE, y ante la insuficiencia de comisiones, en agosto se instó a la creación de varias de ellas, por parte de la ICCP, en Azpeitia, Vergara y Tolosa. Sin embargo, en dura respuesta, el jefe de la Segunda Sección del Estado Mayor del CE diría a Martín Pinillos que «la jurisdicción del Inspector de Campos de Prisioneros empieza cuando los evadidos o prisioneros han sido clasificados como tales y pasan a los Campos de Concentración permanentes, pues antes de esto están a disposición de las Comisiones de Clasificación, las cuales dependen del General del Cuerpo de Ejército y del Auditor»[49], frenando de nuevo sus ambiciones de imponerse como referente único en el tratamiento de los prisioneros de guerra.

La lentitud de estas clasificaciones, sin embargo, la puso de manifiesto el hecho de que, aun teniendo en cuenta las dificultades que afectaban sobre todo a la cúpula de la Inspección —no se conseguían llenar las jefaturas de sus secciones—, en septiembre de 1937 existiesen ya nuevas comisiones, en Santander, Santoña, Castro Urdiales y Laredo, trabajando además de las previas de Pamplona, Estella, Vitoria, Logroño, Miranda de Ebro, Burgos, Patencia y Aranda de Duero. Nuevas comisiones que, en cambio, solamente consiguieron que en esa fecha se hubiese clasificado a unos 6000 prisioneros. La clasificación masiva, puede concluirse de todo ello, requería una maquinaria estatal de la que el bando insurgente carecía.

Para tratar de paliar esa situación, en agosto de 1937 se pusieron en funcionamiento nuevos campos de concentración en las inmediaciones de Valladolid: por un lado, el del Monasterio de la Santa Espina, y por otro, los de Medina de Rioseco. En el primero, a 33 kilómetros de la capital por una carretera aún hoy intrincada, con capacidad para 600 prisioneros pero que entre agosto y octubre de 1937 albergó a unos 2200; éstos dormían en el suelo de la iglesia, si bien ante su paulatino uso para culto se usarían también los claustros bajos, abiertos, sin protección ante el crudo invierno de la zona. El segundo, ubicado en el local de la antigua fundición La Rosario —con espacio para 600 prisioneros— así como en los cobertizos de Villagodio (para 800 prisioneros a tres kilómetros del pueblo) y en el grupo industrial «Paneras de Galindo» junto al puerto terminal del ramal del Canal de Castilla (para 900 prisioneros), estaba ya en 1937 en muy malas condiciones, por lo que se solicitó su clausura tan sólo un año después[50].

También en la línea de redistribuir a la población prisionera, se pudieron enviar a finales de septiembre, de Santander, Santoña, Laredo y Castro-Urdiales, 500 prisioneros de cada plaza a los campos de Miranda de Ebro, Pamplona, Logroño y Aranda de Duero —además de 500 a Palencia y 1000 a Deusto—, para descongestionar las comisiones de las plazas citadas. La idea, por tanto, sería la de trasladar a campos de concentración estables a prisioneros sin clasificar, tras haber superado unos primeros interrogatorios referenciales, por más que ello «alarga[se] el proceso, distra[jes]e tropas de custodia, y retrasa[se] la llegada de documentos y avales puesto que la mayoría de los prisioneros son de provincias del norte. Además, eso supone un embotellamiento de personal en los campos». Entre soluciones provisionales, aceptaciones del mando —Martín Pinillos no era favorable al envío a campos estables de personal no clasificado— e inseguridades sobre cómo proceder, el embotellamiento se hizo patente: centros de recepción de prisioneros, como los de Zaragoza o Burgos (del que dependían a finales de septiembre la friolera de 9000 prisioneros) habían llegado y superado con creces su capacidad no sólo física, sino ante todo de trabajo. No es de extrañar que, así, Martín Pinillos considerase la clasificación de prisioneros la segunda tarea más importante de la guerra, tras la propia de los frentes.

Precisamente de Zaragoza saldría la idea de adoptar la estrategia de clasificación que menos poder quitaba a las autoridades militares territoriales y bélicas, dejando si queremos de lado la ICCP, que dependía exclusivamente del Cuartel General de Franco. Esta opción, de hecho, se mantuvo en vigor durante toda la guerra, para dolor de cabeza de Martín Pinillos: se crearían campos de concentración divisionarios, es decir, inestables dependiendo del progreso de los frentes, a cargo de las divisiones que formaban los Cuerpos de Ejército —así como en la base del Cuerpo de Ejército—, con personal nombrado por sus generales jefes. El campo que se utilizaría en el Quinto CE bajo este signo sería el mismo de siempre: San Gregorio para milicianos y paisanos, y el Cuartel del Regimiento de Infantería Aragón n.º 17 para jefes, oficiales, suboficiales y cuerpo auxiliar subalterno. El campo de Jaca, enclavado en su histórica ciudadela, dependería así directamente de la cabeza de División, esto es, de Zaragoza.

Esta creciente contradicción entre poderes centrales y locales-militares planteó un breve debate interno sobre cómo solucionar algunos problemas parciales en el tratamiento de los prisioneros de guerra. Entre ellos, en el que más se incidió desde las asesorías jurídicas de los estados mayores de los Cuerpos de Ejército fue el de la recepción de los internos: las tres fases del proceso (recepción, clasificación jurídico-militar y utilización de los prisioneros en campos y batallones) estaban cubiertas en parte en septiembre de 1937 por la ICCP, especialmente la tercera, y por las comisiones dependientes de las auditorías de guerra, la segunda. Sobre la primera, en cambio, las disposiciones oficiales se limitaban a órdenes de actuación dadas por los ejércitos configuradores del bando insurgente, mas no así del mando central. Así, en aras de evitarse la improvisación y la escasez de medios, las funciones inherentes a la recepción serían divididas entre recepción —e incautación de bienes y material de los prisioneros—, alojamiento en centros previamente preparados, alimentación —siendo muy importante el uso de alimentos tomados al enemigo—, división de contingentes en base a los cuerpos armados de los que formaban parte y en «lotes [sic] o brigadas de cien prisioneros, subdivididos en escuadras de 25, nombrando prisioneros encargados de máxima fiabilidad, haciéndolos responsables de la limpieza del local, buen orden de los mismos, ayuda a la conducción, a pasar lista y a dar cuenta de las novedades de la unidad a su cargo», custodia y vigilancia exterior.

Pero lo que en definitiva se planteaba desde la Asesoría Jurídica de Franco, en boca de Martínez Fuset, era el establecimiento de los que más adelante veremos como campos de recepción y evacuación de prisioneros:

… en estos campos de primera concentración se desarrollarán pues labores de recepción, aislamiento, división, alojamiento, racionamiento, confección y distribución de comidas, aseo personal, limpieza de locales, listas y formaciones diversas, por lo que la disciplina debe ser rigurosa con un trato humano pero muy severo [sic], por lo que hay que vigilarlos férreamente, inculcando desde el principio el gran espíritu de orden, disciplina y entusiasmo por España, de respeto y a ser posible de convencimiento y adhesión a la Causa y al Generalísimo, con una confianza plena en nuestra justicia y en nuestra caridad.

Campos de recepción donde se sustituyesen las relaciones nominales hechas rápidamente en el primer momento por otras donde constasen nombre, apellidos, profesión, cargo militar, fecha y lugar del nacimiento, así como la residencia habitual del prisionero antes de empezar la guerra; campos donde se lavase y rapase a los prisioneros, que solían llegar «deprimidos física y moralmente»; campos donde se les vacunase, donde se separase a los enfermos, donde se estableciese la vigilancia para evitar fugas. Campos, en definitiva, de recepción que no verían la luz hasta 1938, pero que existieron desde mucho antes en la mente de los responsables jurídicos de la Nueva España, y donde se pretendía «que los prisioneros adictos regresen a sus casas o se incorporen a nuestro Ejército, que los responsables de delitos respondan por ellos ante Tribunales, y que los prisioneros de guerra pasen a los Campos de Trabajo, para que allí rindan labor útil a España y puedan regenerarse»[51].

En 1937, la recepción y el tratamiento de los prisioneros de guerra «en el mejor modo posible» quedaron en un nimio proyecto. Mas no por ello se dejaba de lado el carácter propagandístico de los apresamientos masivos. En este sentido, por ejemplo, el reverso de la fotografía en que un prisionero, tras ser probablemente cacheado, muestra algo en la mano a un oficial franquista, reza:

La conquista de Santander ha culminado en la rendición de miles de combatientes, que copados… fueron hechos prisioneros. No puede hacerse un cálculo exacto del número de ellos. Cuarenta, cincuenta mil… ¡infinitos! Fueron los milicianos que se cobijaron a la justicia de España y esperan en los campos de concentración su traslado a donde la superioridad disponga. En el campo de fútbol del Sardinero, en la plaza de toros de Santander, están actualmente, y allí pasan las horas esperanzados, y seguros del trato magnífico que reciben de España.

En realidad, el trato no era tan «magnífico». De hecho, los centros dispuestos no podían dar más de sí; Lerma estaba abarrotado; la Caja de Reclutas de Palencia también —hubo de crearse la de Santander para distribuir a los prisioneros afectos en cuerpos del Ejército; 1250 prisioneros de Lerma pasaron a Aranda de Duero—; un total de trece comisiones se pondrían en funcionamiento, con más de las dos terceras partes del personal del Cuerpo Jurídico afecto al Cuerpo del Ejército (28 oficiales), con grandes problemas de infraestructura y organización —las propias comisiones debían buscar y requisar máquinas de escribir, sobres, locales—, duplicando y a veces triplicando las comisiones de cada localidad, como las de Santoña[52].

Y no solamente de infraestructura de clasificación fueron los problemas. Por mucha que pudiera ser la previsión del Servicio de Intendencia de la ICCP, ésta no pudo alcanzar a cubrir las necesidades, «sobre todo de menage de cocina para poder suministrar rancho en caliente a un número tal de prisioneros»[53]. De hecho, los testimonios nos hablan de los días que pasaron sin comer en los campos de Santander. Campos que, como puede verse en las fotografías allí obtenidas —básicamente del campo provisional del Sardinero— albergaron miles de prisioneros casi desparramados por cualquier lado en espera de ser llamados a los interrogatorios. En estos casos, el régimen de comidas era tan sólo el del rancho frío: en el primer día de concentración de prisioneros en Santander se repartieron, según los datos oficiales, 40 000 raciones de pan y otras tantas de latas de sardinas. Al día siguiente, la Intendencia Militar ya suministró la ración reglamentaria de «pan, una onza de chocolate, 250 gramos de carne condimentada en lata de conserva» —procedente de depósitos abandonados por los republicanos—, más 200 gramos de pescado en conserva. Al final de la relación alimentaria, no obstante, no podía faltar la constante nota propagandística: se trataba de «una ración en frío más que suficiente, en contraste verdaderamente trágico con el régimen infame de alimentación a que los rojos someten a las personas de derechas que tienen la desgracia de caer en sus manos».

Tampoco iban mucho mejor las cosas en los campos estables. En San Pedro de Cardeña, el campo de concentración por excelencia del período, ingresaron entre septiembre y octubre 5699 prisioneros[54]. Una cifra desproporcionada respecto a la capacidad real e higiénica del campo. En ese mes de septiembre, empero, el número de prisioneros aprehendidos se redujo drásticamente, al emplearse grandes efectivos en la contraofensiva republicana de Belchite, de terrible recuerdo. De tal modo, fueron sólo 4818 los prisioneros tomados, según los partes oficiales de guerra. Lo cual sirvió de respiro para las comisiones de clasificación, que pudieron desarrollar con mayor holgura su tarea de depurar a los efectivos republicanos tomados en el norte de España: las comisiones de Santoña, Santander y Castro Urdiales reflejaron, en octubre de 1937, 2243, 1170 y 688 prisioneros clasificados, respectivamente[55]. Sin embargo, el respiro duró poco: en tan sólo un mes, las tropas de Dávila acabaron con los últimos reductos de resistencia republicana en Gijón y Avilés, acabando con la Asturias republicana y dejando en manos de Franco a más de 33 000 prisioneros, de tener razón los partes de guerra.

La prosecución de la ofensiva hasta el cierre de la zona norte, que pasó por entero a manos franquistas en octubre de 1937, obligó así a continuar la dinámica de ampliación de los recintos concentracionarios, en número y capacidad. Así, la recién creada subinspección de Asturias hubo de hacer frente a la puesta en marcha de los campos de Llanes, Celorio, Gijón, Avilés[56], Candás, Oviedo (La Cadellada), Pola de Siero, Infiesto, Luarca, Ortiguera, Andes y Figueras, con una capacidad total de 30 000 prisioneros; y la de Galicia, a la de los campos de Ribadeo, Cedeira, Ferrol, Camposancos, Muros, Rianjo, Santa María de Oya y Celanova, aproximadamente para 10 000 prisioneros. Veinte campos de nueva creación, pensados al igual que los santanderinos como provisionales pero que no por ello fueron, ni mucho menos, rápidamente clausurados. Algunos, de hecho, estuvieron entre los más importantes de la constelación concentracionaria franquista: el de Camposancos, situado en un antiguo colegio-convento de los jesuitas, en Pontevedra, disponía de amplias naves de dormitorio y locales para oficinas, así como de excelente ventilación, un patio amplio y cocinas al aire libre, siendo útil para 880 hombres[57].

Otros, como el de Rianjo (Rianxo, en A Coruña, una antigua fábrica abandonada, con capacidad para unos 600 hombres y uso del agua del mar para aseo), y el de Cedeira, una fábrica abandonada de salazones en la playa, descubierta y en pésimas condiciones empleada para unos 300 prisioneros, fueron de los que más ingrato recuerdo dejaron. En particular este último, en el que la arena y el agua entraban hasta la fábrica donde dormían los internos, que no disponía de conducción de aguas y donde las deyecciones se realizaban en unas zanjas cavadas en la playa. Por volumen y condiciones, se trató de campos, en definitiva, menores. No así el de Camposancos, sobre el que Marcelino Laruelo recoge el revelador testimonio de Manuel Domínguez y Concha (su mujer, de la que no dice el apellido)[58]: tras ser detenido en el Fuerte del Rapitán (Jaca) y ser juzgado, consiguió «por influencias» que lo trasladasen al campo, de donde eran él y su familia: «El colegio de Jesuitas de Camposancos, a finales del 37, lo liquidaron como cárcel y lo habilitaron como campo de concentración. Lo llenaron de gente de Asturias y empezaron los fusilamientos… Cuando yo vine ya para Camposancos, era otra vez un centro de cumplimiento, un penal». Mientras, su mujer relata la colaboración de la población con los prisioneros: «aquí había gente que les lavaba la ropa a los presos del campo de concentración, y si podía, les metía un trozo de pan para allá… hubo presos que se terminaron casando aquí. En general, la gente de aquí fue muy solidaria con los presos».

También en Asturias (con la caída de Gijón, 22 batallones republicanos pasaron a manos franquistas, aparte de los muchos efectivos que optaron por echarse al monte y resistir en guerrilla)[59] se pusieron en funcionamiento campos para clasificar a los 33 000 prisioneros aprehendidos, según se informaba a raíz de un viaje de inspección por la zona. Pasando a León, el responsable de ingenieros de la ICCP revisaría los campos de la capital (en especial el famoso de San Marcos, actual Parador Nacional de Turismo, seguramente el campo de clasificación de mayor capacidad, con disponibilidad para 4000 prisioneros)[60], y otros depósitos en los pueblos de Santa Marta y Valencia de Don Juan. De todas formas, la provisionalidad de estos campos queda demostrada por el hecho que, ya en noviembre, se empezase a estudiar el cierre de algunos de ellos, en tierras gallegas y asturianas. De nuevo Laruelo recoge una serie de testimonios esclarecedores: José Enrique Llera Iglesias[61], prisionero en Gijón, fue llevado a la plaza de toros de manera provisional. Les dieron comida sólo tras una semana, y allí no se realizó nada salvo una primera filiación. Había más centros provisionales, como la misma cárcel del Coto, o El Cerillero. Allí «irrumpían los Guardias de Asalto y al grito de “¡A formar!”, comenzaban a dar patadas, hostias y culatazos». Al poco sería enviado al campo de Rianjo, y después formó parte de un BB. TT., un periplo similar al de Manuel Calvo[62]. «Nos llevaron a la plaza de toros de Gijón, donde estuvimos unos ocho días, y de ahí, para la Harinera, en La Calzada. En la Harinera nos repartieron. A mí me mandaron al BB. TT. 68, en Guadalajara… allí hicimos trincheras y trabajamos más que el demonio». Después lo trasladaron a Gernika, de ahí a Deusto, y a Miranda de Ebro para integrarlo en otro Batallón de Trabajadores.

En el proceso de clasificación, por otro lado, hubo graves deficiencias. No pocos integrantes de ese «verdadero» pueblo español al que aludían las órdenes de clasificación aprovecharían el árbol caído, y harían leña para su beneficio de la derrota de los republicanos, como veremos a continuación, utilizando su mano de obra. Y además, haciendo uso político de los prisioneros, como en el caso de las milicias falangistas y banderas de la Legión que, desde noviembre de 1937, entendían el envío de pasados republicanos al frente como patente de corso para encuadrar, desde los campos de concentración, a la población prisionera en sus filas. Cuando muchos de esos prisioneros, desde las filas de FET-JONS, desertasen y se pasasen de nuevo al lado republicano, algunas autoridades pondrían el grito en el cielo, culpando a la Falange de haber tomado prisioneros de los campos sin garantías, e incluso sin haber pasado por las comisiones clasificadoras. Sus avales para salir de los campos habrían sido las garantías dadas por los jefes de milicias, saltándose el trámite de las comisiones, las auditorías y las Cajas de Recluta[63]. Seguramente, esos jefes de milicias lo único que habían hecho era aprovecharse de un sistema que, a la vista de los retrasos que acarreaba, lo anquilosado que estaba, y las deficiencias que se hallaban en su seno, no era el más conveniente para solucionar los problemas en retaguardia derivados de la acumulación de prisioneros de guerra. Igual que hicieron algunos prisioneros y presos, tramitando mediante su incorporación a la Legión la salida de campos, como Manuel de Pedro Soberón (Manolón) o de prisiones, como Andrés García Sagaspe, miliciano apresado al inicio de la guerra que salió de la prisión de Valladolid para incorporarse a la 4.ª Bandera de la 2.ª Legión destacada en el frente de Madrid[64].

El primero, asturiano, fue detenido en Infiesto en 1937 y trasladado al campo de concentración de La Cadellada, en Oviedo. «Todas las noches se oían» las ametralladoras y todas las noches había sacas de prisioneros: los falangistas, según dice aún hoy, se tomaban la revancha del asedio a la ciudad asturiana y de las carencias derivadas de él. En un edificio semiderruido, varios miles de prisioneros —él recuerda entre 10 000 y 20 000, pero la memoria individual suele ser frágil en temas de cálculos numéricos visuales— dormían en el suelo. Él se libró varias veces de la saca, que generalmente acababa en el fusilamiento y el abandono del cadáver, según se oía en el campo ovetense. Una vez clasificado y sabido su ascendiente socialista, fue trasladado a León (primero al Hospicio, después a San Marcos) para ser encuadrado en un BB. TT. No hubo tiempo: el deseo de salir del campo (donde, según Manolón, se cometían asesinatos casi todos los días, en relación con las delaciones y «chivatazos» entre prisioneros) y sus duras condiciones (fue el invierno de 1938 fue uno de los más fríos del siglo XX en España) le hicieron apuntarse al banderín de enganche de la Legión. Su destino, desde entonces, fue paralelo al de los combatientes franquistas: Aragón, el Ebro. Con una salvedad: según reitera aún hoy, el trato recibido por los prisioneros tomados por la Legión era considerablemente mejor que el que recibían quienes caían en manos de regulares o de tropa de reemplazo. El motivo es que, según dice, muchos legionarios no habían renunciado a su ideología comunista, socialista o anarquista y, además, muchos habían pasado antes por un campo de concentración franquista, y sabían lo que era. No obstante, que el propio soldado reconozca los muchos desmanes, robos y violaciones cometidas por los legionarios en las ocupaciones territoriales dice poco de este supuesto carácter «ventajoso»[65].

El súbito crecimiento del número de campos se debió tanto a la centralización de los poderes sobre los prisioneros como a la cantidad enorme que de ellos se hizo, en una zona donde evacuar a la población habría sido imposible, y en una guerra donde todo aquel que hubiese apoyado la defensa de la República era culpable, o como mínimo sospechoso. Entre Santander y Asturias, unos 75 000 prisioneros cayeron en manos franquistas: una campaña realmente difícil y costosa para ambos ejércitos[66]. Más del 70 por 100 de los 106 822 prisioneros clasificados en los campos entre todas las comisiones durante 1937 provenían de la ocupación del norte. Eso en teoría y si realmente estas clasificaciones se realizaban en el menor tiempo posible, lo cual quiere decir que desde septiembre a diciembre de ese año se habrían cubierto las clasificaciones de todos ellos. Esto, por otra parte, no queda del todo claro: generalmente en las actas de clasificación no se incluía el tiempo de estancia en los campos de clasificación, por lo que éste podía variar ampliamente. El aval y el dictamen podían llegar a los pocos días o a las pocas semanas. Pero también podían no llegar nunca.

Ante tamaña situación de descontrol y desorganización, con miles de prisioneros dejados de cualquier tratamiento racional, mal alimentados, hacinados en centros provisionales que desde luego no respondían a las necesidades apriorísticas de la situación, la solución a adoptar fue doble tras el cierre del frente Norte el 21 de octubre de 1937: la de ampliar el número de recintos concentracionarios (aunque se hubiesen habilitado más de una veintena en los meses precedentes) para albergar a los prisioneros de las también crecientes comisiones de clasificación, y la de tratar de acelerar ese proceso[67]. La segunda opción cristalizó en que se pusiese de nuevo en marcha la denominada «operación aval», según la cual fueron los propios prisioneros los que hubieron de buscarse la referencia a su buena conducta, delegando así la ICCP y las comisiones de clasificación una tarea que desde luego les correspondía. Con algo más de tiempo, ya que las operaciones militares no se reanudarían de facto hasta diciembre, pudieron tramitarse las depuraciones político-militares de esos 75 000 hombres capturados.

El Ejército franquista, que reconoció su falta de previsión a la par que reafirmó su clara intención de ajustar las cuentas con quienes habían «subvertido el orden», pudo comenzar a superar los escollos. En octubre funcionaban ya las diecinueve comisiones, despachando una media de 1500-2000 expedientes diarios, con una sumaria clasificación que «ya en los Batallones… o en los campos de concentración, puede irse haciendo la clasificación más acabada y exacta, valiéndose de espías propios u otros procedimientos»[68]. Es decir: en realidad, el proceso de adaptación de la teoría a la práctica del internamiento y la clasificación devino en que esta última fuese somera, para primar el objetivo de reutilizar la mano de obra de los indiferentes, mandar a la cárcel o al paredón a los responsables políticos de la República, y premiar con el envío al frente a los afectos. En los campos de clasificación, a tenor de lo escrito por Martín Pinillos, se tendió más a separar a los sospechosos de los que a priori no despertasen recelo alguno, a los «irreductibles», en sus propias palabras, de los «milicianos de buena fe», para esperar después la llegada de los informes de las autoridades territoriales[69].

No en vano, de la experiencia de la conquista de Bilbao, Santander y Asturias concluiría que «[la clasificación] ha[bía] adolecido en las provincias recién conquistadas de un sensible retraso» que había perjudicado extraordinariamente todo el proceso ulterior de los prisioneros, pues «ni su envío ha[bía] podido hacerse oportunamente a los Batallones de Trabajadores, motivando las naturales impaciencias por tal hecho, ni siquiera a veces ha[bía] podido consumarse dicha clasificación siendo enviados a estos Batallones prisioneros sin clasificar», ya que se perdían días al crearse las comisiones a posteriori, una vez que existía la concentración de prisioneros, y no antes[70]. En resumen: «Falta de previsión y de incorporación, al no dársele carácter de urgencia… Falta de práctica de algunas Comisiones… Falta de material adecuado y de organización… El excesivo detalle con el que actúan algunas Comisiones». Falta de conocimiento de las indicaciones de Franco sobre el carácter somero de la primera clasificación. Falta de diferenciación entre prisioneros obreros especializados y no, para los destinados al trabajo. Falta de contacto directo con el Cuartel General de Franco para anteceder la caída de grandes contingentes de prisioneros. Motivos todos de los que la ICCP, en base a lo apenas indicado, podía desentenderse; salvo porque le interesaba presionar sobre Franco para que el servicio de recepción, insuficiente, y de clasificación, lento, le perteneciesen. Lo cual, para Martínez Fuset no era sino una «interferencia» que no lograría «la rápida tramitación de las causas, la aplicación de una inmediata justicia, además de paralizar, por problemas de competencias, las causas hasta dirimir estas cuestiones». Uno y otro no buscaban más que el «correcto funcionamiento» del engranaje represivo. Pero las formas de entenderlo, desde luego, fueron dispares.

4. TRABAJAR PARA EL ENEMIGO

Entre octubre y diciembre de 1937 el descenso del número de prisioneros tomados por el Ejército franquista sería notable. De los 33 217 apresados de octubre se pasaría a los 814 de noviembre y a los 762 de diciembre. De nuevo, pues, un parón bélico determinado entre otras cosas por las difíciles circunstancias de retaguardia en la zona antirrepublicana, y por la toma de iniciativa en los teatros de guerra por parte de la República. Sin embargo, mientras que noviembre de 1937 fue un mes de relativa calma, en los campos de concentración la actividad no se paraba. La clasificación, distribución e internamiento de los prisioneros asturianos, e incluso santanderinos, estaba aún en marcha, a ritmos desesperadamente lentos para Martín Pinillos, quien era contrario a una evacuación en centros divisionarios que sólo permitía a la ICCP hacerse con el mando sobre ellos en los campos destinados a internamiento y clasificación. Demasiados pasos y demasiada poca centralización[71]. Demasiada lentitud, que hacía que a primeros de noviembre quedasen en Santoña 3434 prisioneros, más 3197 en el campo instalado en el Penal del Dueso, y que incluso a mitad de mes, entre ambos campos sumasen 8626 soldados.

Lentitud, por tanto, que caracterizó el proceso clasificador de los soldados republicanos, alargando paralelamente el internamiento masivo y el hacinamiento. En todo 1937 el total de prisioneros clasificados por las diferentes comisiones —dentro de las cuales destacaron, por volúmenes de clasificación, y como no podía ser menos, Deusto (10 513), Santander (10 175) y Vitoria (12 800)— fue de 106 822[72].

Tras el cierre del frente Norte hubo por tanto tiempo, como se ha empezado a entrever, para la reflexión y el ajuste, en aras de lograr un «correcto funcionamiento» del engranaje depurador, clasificador y punitivo. Reflexiones y ajustes que tuvieron como ejes el perfeccionamiento de la clasificación del prisionero y el modo en que ésta se realizaba, el ordenamiento de la vida interna en los campos de concentración (tema por el que empezaron a interesarse agencias internacionales y países con súbditos en España), y el destino ulterior de los clasificados. Existía ya abundante materia prima para plantear un proyecto de actuación global: los prisioneros de la ofensiva sobre el País Vasco, Santander y Asturias fueron los primeros en ser recogidos en estadísticas de clasificación. Así, en el plazo de dos meses, se llegó a la conclusión que un 40 por 100 eran afectos a la causa (Aa), un 20 por 100 dudosos (Ad), un 15 por 100 reaprovechables (B), un 10 por 100, «criminales» (C y D)[73], y un 10 por 100 liberables al no integrarse en las edades movilizadas[74].

Un 35 por 100, por tanto, de los prisioneros (los dudosos y los reaprovechables) serían materia para la transformación, la reeducación y el trabajo forzoso. Aunque sobre estas cifras puedan basarse unas consideraciones; primero, que la cifra resulta, como mínimo, cuestionable. Cabe una fuerte posibilidad de que los resultados de las clasificaciones fuesen falseados propagandísticamente por el Ejército franquista para demostrar el alto índice de adhesión popular al Movimiento, lo que restaría validez a quienes pensaban que el golpe de Estado había sido un acto impositivo sobre la voluntad de la mayoría, y deslegitimaría además al mismo gobierno republicano. En segundo lugar, no puede dudarse de que muchos prisioneros prefiriesen falsear las pesquisas sobre sus personas para evitar los consejos de guerra sumarísimos que sobre ellos se abatirían en caso de ser encontrados responsables militares o políticos del Ejército Popular. Cabe señalar además, como tercer factor que potenciase el hecho que muchos fuesen percibidos como adictos al Movimiento, el descontento de algunas tropas republicanas tras el cariz represivo que adquirió el gobierno de la República tras los sucesos de mayo de 1937 y los consiguientes enfrentamientos —una guerra civil dentro de otra guerra civil, en la práctica— entre facciones políticas del cada vez más extinto Frente Popular. Posiblemente, ello fue un desencadenante de deserciones que facilitase la entrega e intentos de adaptación de las tropas republicanas en el marco de relaciones de poder instaurado por la sublevación en las zonas «liberadas» por Franco.

La cifra del 40 por 100 de adhesiones es cuestionable; de lo que no cabe duda es de que todos esos prisioneros pasaron por campos de concentración más o menos provisionales. Según los datos contrastados, en el plazo de dos meses se dispondría de 20 000 hombres para destino a Cuerpo y 10 000 para BB. TT. El total de más de 34 000 prisioneros y presentados clasificados y destinados a los BB. TT. en todo el año de 1937 viene a coincidir aproximadamente con el número de prisioneros encuadrados por las comisiones en las categorías Ad y B. Una cifra que seguiría creciendo: tres meses después el número de prisioneros trabajadores era de 39 029, y en abril de 1938 ascendían a 40 690[75].

Una de las unidades más activas sobre este frente, las Brigadas Navarras, fue posiblemente la más sistemática en su trabajo con los prisioneros de guerra, lo que viene en cierta medida a ratificar la diferencia existente con las unidades franquistas de origen sureño y africano. En un sorprendente libro fechado en octubre de 1937, se recogieron todos y cada uno de sus aprehendidos en el norte peninsular y sus destinos: básicamente, San Pedro de Cardeña, la Caja de Reclutas de Palencia, y la libertad[76]. Eso quiere decir, en definitiva, que las dinámicas clasificadoras se realizaban, ante todo, en centros divisionarios —si eran capturas en el frente— o en las localidades importantes —como el mismo Bilbao—, si eran presas cercanas o de la misma localidad. Por tanto, la pretensión de Martín Pinillos de englobar todo el proceso del prisionero en la zona franquista no quedó sino en proyecto, durante la caída del norte. Por su parte, las mismas dinámicas son confirmadas por la 61 División: los prisioneros eran primero trasladados al centro del Estado Mayor de Brigada, donde se les realizaría una primera y provisional clasificación orientativa —no representaba a priori castigo para el calificado prisionero, ni garantía para el evadido— para después ser conducidos ante las comisiones clasificadoras, previa la compilación de sus datos y la requisa de sus bienes.

No obstante se tendiese implícitamente por parte de las autoridades militares territoriales a limar los poderes atribuidos por Franco a la ICCP, lo cierto es que desde el comienzo de su labor la concentración de prisioneros se estableció mediante una red jerarquizada y estructurada en la que la mano de la Inspección trató de abarcar todos los momentos de la vida del prisionero —salvo en caso de enjuiciamiento militar—. Lo que se pretendía, al decir de Martín Pinillos, era que la ICCP fuese la base de la jefatura que pudiese «regir todo lo que pueda concernir al problema de los prisioneros», soslayando las disfunciones en el interior de la Inspección y en relación con las autoridades militares, que se hicieron patentes pasada la campaña de Teruel, a principios de 1938. Hasta entonces, cuando se planteasen abiertamente las contradicciones derivadas de la práctica del internamiento y la reclusión ilegal, serían otros los problemas afrontados mediante el recurso a los campos de concentración. El primero y más importante, el de resolver la clasificación de los prisioneros del norte; el segundo, el de recibir el impacto de una guerra fuera de los frentes, la de los huidos. Y el tercero, el de poner a trabajar a los prisioneros de guerra.

De hecho, este lapso temporal permitió que se tratasen de consensuar las normas de trabajo en los Batallones. Normas aprobadas en Bilbao el 17 de septiembre de 1937, que estaban destinadas a regular el trabajo en las minas de manera que los prisioneros entrasen en formación, suspendiesen la tarea a mediodía, la reanudasen y acabasen tras ocho horas totales de trabajo, marchando de nuevo al centro o campo de donde proviniesen. La falta de rendimiento personal sería castigada con el traslado, sin advertencia previa, a un campo de concentración «de castigo» (si bien ninguno en septiembre de 1937 era considerado de ese modo), pero el rendimiento superior (más de quince vagonetas de mineral cargadas) se premiaría con primas. Los prisioneros serían sometidos a reconocimiento médico para evitar defectos físicos, y sus trabajos se liquidarían semanalmente con la Inspección. En todo caso, ninguna objeción sería oída de boca de prisionero: su única y principal obligación sería la obediencia, y así se aseguraba la docilidad de la mano de obra —mínimo dieciocho años, máximo cuarenta y cinco—, incluso para trabajar más horas de lo debido, a causa, por ejemplo, del mal tiempo de días precedentes.

Entre los tres primeros BB. TT. que actuaban en julio de 1937 a los casi 65 a finales de año mediaba, ante todo, la conciencia de necesitar el uso de la mano de obra de los prisioneros —en cierto modo para no gravar económicamente al Estado franquista—, de militarizar el control social en retaguardia, y de homogeneizar el mando de todos los territorios conquistados por las tropas sublevadas. Dos claves, dentro de las leyes de guerra, se encontraban en el fondo de la cuestión. En primer lugar estaba su aspecto territorial, más si cabe tratándose de una guerra civil donde la conquista del territorio habría de ser el único garante de la victoria total sobre el enemigo interno. En segundo lugar, se hallaba la dedicación de todos los recursos económicos del bando insurgente hacia la consecución de la victoria a través de la llamada economía de guerra. La finalidad de los campos, teniendo en mente el decreto que fue utilizado para explicarla, sería así y según el discurso oficial del bando vencedor la de la creación de unidades de trabajadores al servicio de la reconstrucción de la patria. Los campos de los que, en 1937, saldrían estas unidades fueron como puede comprobarse San Pedro de Cardeña, Miranda de Ebro, Laredo, Dueso, León, Palencia, Deusto, Santander, además de Arriondas y Grado, centros de clasificación de los que directamente surgieron sendos Batallones.

A finales de 1937, además, los diferentes tipos de campos serían paulatinamente establecidos según sus empleos más por la práctica que por un proyecto determinado. Como vemos, en la tipología siguiente, constituida por siete clases de campos, ya se incluyen algunas de las características que se desarrollarán más adelante. Por ejemplo, la especificidad de encontrar un campo —en realidad, se proyectaba más de uno— para prisioneros internacionales, que cristalizaría de hecho en abril de 1938 en el campo de San Pedro de Cardeña. Dos aspectos que, en cambio, merecen la atención y que entroncan con el contexto bélico y con el uso del campo de concentración como recurso plausible para estructurar el problema de los prisioneros de guerra en base a las necesidades del momento, tienen que ver con el cuarto y sexto tipo de campo. La existencia de campos para prisioneros ya clasificados en los términos «adicto dudoso» (Ad) y «desafecto sin responsabilidades» (B) revela que, sabiendo que en esos campos el trabajo principal, aparte del internamiento, era la creación de Batallones de Trabajadores, la importancia dada al uso de la mano de obra de los prisioneros fue una de las claves fundamentales para el establecimiento de la red estructurada de los campos de concentración.

La existencia de campos para inútiles, para prisioneros no aptos para su explotación laboral, solamente viene a ratificarlo. Como puede observarse, siete fueron los tipos de campos que, originariamente y en el papel, se establecieron por parte de la ICCP para tramitar el problema de los prisioneros de guerra. El primer tipo, los campos de vanguardia, serían los primeros centros de internamiento de los prisioneros tomados en campaña. Una de sus claves era su rápida movilización: el rápido traslado de los contingentes de prisioneros a zonas de retaguardia apartadas de los frentes. Así, estos primeros campos servían para agrupar contingentes y proceder a su traslado. Entre este primer campo (donde no se permanecería más allá de un día o dos) y el campo donde se desarrollaría la primigenia función del sistema concentracionario, la clasificación, tramitaría un segundo tipo: los campos lazaretos, sin más función que recluir a los prisioneros temporalmente antes de su traslado a centros estables y, en algunos casos, definitivos. Los de clasificación fueron, sin embargo, los más abundantes, estables y, sin duda, superpoblados. Y tras la clasificación, quienes resultasen incluidos en las categorías Ad y B pasarían al cuarto tipo de recinto, puestos en funcionamiento para regular precisamente la creación de los BB. TT.

La red de campos, en el plano teórico, y en aras de unificar bajo su mando el proceso de recepción, clasificación, internamiento y uso de los prisioneros, fue por tanto así sistematizada[77]:

1. CAMPOS DE VANGUARDIA DE AGRUPACIÓN DE PRISIONEROS

2. CAMPOS LAZARETOS

3. CAMPOS DE CLASIFICACIÓN

4. CAMPOS DE PRISIONEROS CLASIFICADOS EN LOS GRUPOS Ad Y B

5. CAMPOS DE PRISIONEROS INTERNACIONALES

6. CAMPOS DEPÓSITOS DE INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO

7. CAMPOS DE REFORMATORIOS DE MENORES

Otro de los ejes para la homogeneización en los campos estuvo en el tratamiento de los prisioneros y el régimen de vida en los centros de detención. A los pocos días después de ponerse en funcionamiento la ICCP, el coronel Luis de Martín Pinillos dio a sus subordinados, y por ende a los mandos de los campos de concentración que agrupó la Inspección bajo su manto, las primeras instrucciones para el régimen de vida en el interior de los mismos[78]. Con ellas, propaganda, nacionalismo y caudillismo —la afección forzada a Franco a través de consignas, paradas, gritos y castigos— comenzaron a articular lo que sería la vida en los campos de concentración, una vez pasada la primera clasificación y en espera de avales. Se trataba del primer intento de poner, negro sobre blanco, los ejes ideológicos, morales, culturales y políticos que debían regir en todos los campos y Batallones. Fueron la base, por tanto, del que aquí se denomina proyecto social del que los campos de concentración franquistas fueron sujeto y los prisioneros de guerra objeto, y que será estudiado en profundidad en el capítulo 4.

Ahora, en cambio, hay que destacar que, ya desde el principio de la historia concentracionaria franquista entendida como red burocratizada, el orden interno en los campos, la reeducación y la redención mediante el trabajo del prisionero estuvieron entre las guías clave de actuación, dándoseles un peso específico enorme y una relevancia tal, como para ser percibidas como aspectos insoslayables que mantener bajo el estricto control de la ICCP. En ese sentido, tanto la división interna del trabajo —dentro de la ICCP y en sus definiciones territoriales—, como la clasificación de los prisioneros, la creación de Batallones que «redimiesen» culpa (no pena) a través del trabajo, o las disposiciones sobre el régimen administrativo e interior de los campos, se encaminaron desde el principio hacia la creación y perfeccionamiento de un programa represivo, de exclusión del prisionero de la comunidad nacional formadora de la Nueva España. La caída del frente Norte impuso la realidad a la que la ICCP habría de hacer frente, haciendo por otro lado patentes sus aspiraciones. Sin embargo, y sorprendentemente, en vez de asumir las dificultades e imposibilidades de tamaña empresa y renunciar a la cristalización empírica de un proyecto global de doblegamiento masivo, la opción a seguir, como se verá al hablar de las «nuevas ambiciones» en materia concentracionaria, fue una especie de salto hacia adelante.

Salto que tropezaría siempre con los mismos obstáculos: sobre todo, el del hacinamiento y la falta de previsión, con sus consecuencias en forma de malas condiciones de vida dentro de los campos. Sobre este punto, cabe hacer un comentario: ante el fin del frente Norte, los intentos de mediación humanitaria internacional empezaron a tener cada vez mayor cabida en las políticas de Salamanca y Valencia, algo inédito hasta entonces y que sirvió a los sublevados para descargar toda su propaganda y su retórica sobre la «verdadera» y la «falsa» España. En 1937, los responsables del Comité de la Cruz Roja Internacional, D’Ammán —sobre todo—, Courvaisier y Junod, realizaron varios viajes (cuyas conclusiones no han podido ser revisadas) a diferentes centros de internamiento. En particular el primero, aparte de visitar los locales de San Pedro de Cardeña (donde había 900 prisioneros) en junio, realizaría una gira de inspección por varios centros del norte peninsular entre agosto y noviembre[79]. Todas estas visitas y mediaciones de la CRI, sin embargo, no estuvieron destinadas a conseguir liberación alguna sino más bien, acatando el hecho que cada bando en guerra disponía de delegados propios del Comité humanitario, a cerciorar que las condiciones de vida en los campos y cárceles no fuesen escandalosamente malas. No podemos olvidar, en este sentido, que el propio D’Ammán, tras visitar en 1938 a los interbrigadistas de San Pedro de Cardeña, quedaría admirado por las supuestas buenas maneras del jefe del campo, de las buenas condiciones de los internados, y de cómo se estaba consiguiendo hacer «de estos hombres unos patriotas» para la «España unida». De ahí, el paso para considerarlos unos «engañados» españolizabas, como hacían las autoridades franquistas, no era largo[80].

Quienes sí trataron de desarrollar una política beneficiosa para los internados y derrotados del frente Norte fueron los republicanos, a través de los responsables de la Embajada de Gran Bretaña en Hendaya, y en particular de sir Henry Chilton. En noviembre de 1937, se pidió oficialmente que «las Autoridades Nacionales dejarían salir libremente todas las personas que voluntariamente quieran abandonar el territorio del Norte (Asturias, Santander y el País Vasco) sin distinción; esto es combatientes (jefes militares, oficiales y tropas) y la población civil, estén los interesados bajo una acusación o libres». A cambio, el gobierno de Valencia liberaría a todos los refugiados en las embajadas y legaciones de Madrid sin distinción, «incluso los militares en activo, en situación de reserva, los hombres en edad militar, etcétera (en todo 7000 personas). A todos los prisioneros militares en manos de Valencia, sean españoles, italianos o alemanes, sin distinción de rango (jefes, oficiales y soldados)». Esto es: lo que se proponía era un canje colectivo para minimizar el desastre de la toma sublevada del norte peninsular, así como «clemencia» y que «quienes quieran abandonar el territorio nacional puedan expresar libremente sus deseos, ahora y en el futuro».

José Antonio de Sangróniz, jefe del gabinete diplomático de Franco, prácticamente bloquearía las intenciones del gobierno de la República. En primer lugar, porque considerar canjeables a los acogidos «para salvar sus vidas del asesinato o el martirio» en legaciones y embajadas sería equipararlos a los prisioneros, lo que, decía, sería como negar el derecho de asilo. Y, sobre todo, porque le interesaba demostrar que el tratamiento dado por las autoridades franquistas a los prisioneros y encarcelados a raíz de la toma de ciudades como Santander no era como se creía en Valencia. Así, diría que las fuerzas de Franco sólo habían detenido a una «mínima parte de los directivos rojos», delincuentes y combatientes para someterlos a los tribunales, manteniendo «en libertad, sometidos a observación [se refiere en los campos de concentración] muchos millares rojos [sic]». De tal modo, a la hora de realizar canjes, al gobierno «nacional» le interesarían ante todo los presos y condenados en cárceles de la República, y después tropa combatiente. Y, sobre todo, ancianos, mujeres y niños, que en zona franquista gozarían «de tranquila libertad, en contraposición con lo que ocurre en la zona roja».

A raíz de todo ello, los canjes realizados entre «nacionales» y leales se limitarían casi por entero a población civil y, en pocos casos, a militares internacionales. Nunca llegaría a haber canjes de militares españoles internados en campos de concentración, pero sí de personal extranjero, como se verá: el del gran intercambio general fue un tema que volvió a las carpetas de trabajo en marzo de 1938, al pactarse el de 200 prisioneros de guerra del frente Norte condenados a muerte. El miedo a las ejecuciones indiscriminadas de vascos (algo que el general Eugenio Espinosa de los Monteros, subsecretario de Relaciones Exteriores en Burgos, comprendía «perfectamente») fue utilizado en cambio para presionar al gobierno de la República: el «Generalísimo [ha] indultado a un 35 por 100 de los condenados a pena capital», pero «como el Gobierno de Barcelona ha dejado de cumplir el canje proyectado de 200 personas… el Gobierno Nacional se considera libre de cumplir las sentencias de los Tribunales si quisiera hacerlo». De tal modo, los canjes de presos y prisioneros serían utilizados por parte del gobierno franquista como actos propagandísticos y de presión a la República. Por ningún lado pueden verse motivos humanitarios: un nuevo proyecto inglés de canje colectivo, en marzo de 1938, tuvo que hacer frente a las dificultades de carácter político interpuestas por el gobierno rebelde[81]. Como se verá en el siguiente capítulo, el para-Estado franquista se cuidó bien de emplear a los prisioneros de guerra y, en particular, a los de las Brigadas Internacionales, como arma para la propaganda.

En diciembre de 1937, revisando la situación de la ICCP, su coronel inspector resumiría en pocas palabras los resultados del proceso de centralización iniciado en julio. Así, a esa fecha estaban en funcionamiento los campos de concentración de Santoña, Laredo, Castro Urdiales, Llanes, Aviles, Gijón, Oviedo, San Pedro de Cardeña, Aranda de Duero y Lerma, dependientes de la ICCP, y el Monasterio de la Santa Espina (Valladolid), Talavera de la Reina, La Merced y Ciudadela (Pamplona), Logroño, Medina de Rioseco, Miranda de Ebro, Badajoz, San Gregorio (Zaragoza), Palma de Mallorca, Jaca, Deusto (Bilbao), Soria, y Puerto de Santa María, San Marcos (León) bajo un régimen denominado de «autonomía administrativa»[82]. Los primeros habían obtenido un remanente económico de 791 952,71 pesetas, frente a las 210 890,35 de los segundos.

Tal crecimiento era reflejo, según el coronel inspector, del buen trabajo desempeñado. Desde entonces, el debate entre la doble perspectiva de afianzar el trabajo ya realizado o, en cambio, dar el salto cualitativo que el jefe de los campos estaba deseando se hizo cada vez más intenso. La posibilidad de dar este salto la pondría, en cambio, el Ejército Popular de la República, al elegir el objetivo de conquistar Teruel como medio de recuperar la iniciativa en la guerra y resarcirse de la trágica pérdida del norte peninsular. Entre enero y marzo de 1938 Franco tomaría de nuevo, sin embargo, la iniciativa: 2303 prisioneros en enero, 15 723 en febrero y 14 170 en marzo fueron contabilizados, obviamente a la baja, puesto que en muchos casos las rendiciones en bloque dificultaban la realización de estadísticas fiables. Este creciente número de prisioneros jalonaría el viaje franquista de Teruel al mar, así como no pocas consideraciones y reconsideraciones sobre cómo se estaba encauzando el crecimiento de la población prisionera. Aspectos estos que se van a tratar en el siguiente capítulo.

3. Campos para una guerra total

3

Campos para una guerra total

1938

Los enemigos son, en sus tres cuartas partes, afectos a la Causa Nacional. Por tanto, es indispensable extremar el buen trato y humanitarismo con los prisioneros españoles rojos, evitando que un disculpable rencor en el calor de la batalla pueda arrastrar a las tropas a extremos contrarios al interés de la Causa. Otro proceder, aparte de inhumano, traería como consecuencia el desprestigio de la Causa Nacional.

Instrucciones del Cuerpo de Ejército

de Aragón (marzo de 1938).

«Por encima de España solo Dios»

Escrito en un muro. Campo de San Pedro de Cardeña (1938).

TRAS LA CLAUSURA DEL FRENTE NORTE, la República se hallaba en un precario estado de moral y, además, había atravesado una profunda crisis política. La derrotas en Brunete, los sucesos de mayo de 1937 y la represión que derivó de ellos —incluida la cancelación de los proyectos colectivizadores anarquistas— habían dejado una situación en la que, perdida la franja cantábrica, se hacía perentorio un paso que hiciese tomar de nuevo la iniciativa militar, en un momento en que Franco planeaba la vuelta a su objetivo primario, Madrid, lo que le había llevado a concentrar tropas de nuevo en Guadalajara. Varios eran los planes que el gobierno de Negrín estudiaba, ideados por Vicente Rojo; el que se impuso fue el que más beneficios propagandísticos podía darles, un objetivo relativamente fácil que no abría ningún canal para el avance territorial, pero que podía suponer la primera conquista republicana de una capital de provincia: Teruel.

La guerra civil se había convertido en guerra total y la victoria, premisa última de la guerra, no era ya la única posibilidad. También era necesario acabar con el enemigo, derrotarlo completamente. Por eso, el contrataque franquista no se hizo esperar y fue tan arrollador que llegó hasta el Mediterráneo. Y sólo así se puede imaginar una batalla tan cruenta como la del Ebro, en julio 1938, cuando los dos ejércitos rivales llevaban ya dos años de luchas y desgastes, y tras la cual la República estaría definitivamente derrotada. Esa derrota total, claro está, tendría un sujeto en primerísima instancia: el prisionero de guerra. Jalonados, por tanto, por acontecimientos fundamentales en la guerra de España, los meses entre la toma del norte y la ofensiva de la victoria serían determinantes para la historia concentracionaria franquista.

Se va a desarrollar aquí por tanto la fase de la guerra civil en que los campos de concentración estables adquirieron su caracterización más precisa; por decirlo de manera clara, cuando tuvieron su madurez más completa. Y también, cuando el modelo concentracionario franquista hubo de adaptarse a una realidad que superaba largamente las intenciones teóricas del proyecto social para con los prisioneros de guerra. Hemos visto hasta el momento que, con unos orígenes inciertos, y tras ponerse en funcionamiento —un titubeante inicio— la institución que trataría de regularlos, los campos de concentración, ligados como estaban a una guerra sin signo victorioso, eran más bien un auténtico desastre de descontrol. Ahora, veremos que la necesidad perentoria de mano de obra, unida a los progresivos avances territoriales —de nuevo estamos ante un ejemplo de guerra rápida, pero en esta ocasión al menos hubo intentos oficiales por detener la violencia física[1]—, obligaron a la creación de campos de concentración no sólo centralizados en la ICCP, sino también de los Cuerpos de Ejército franquistas. Es así objeto de este capítulo, además de la reconstrucción de la historia concentracionaria hasta la ofensiva final, la revisión de uno de los preceptos de partida: la adaptabilidad del fenómeno del internamiento ilegal a las necesidades del contexto. En ese sentido, se analizarán tanto el mantenimiento de los campos de concentración precedentes, como la puesta en funcionamiento de nuevos campos.

Las batallas de Teruel, Aragón, Cataluña y del Ebro, signos inequívocos de que la guerra civil era una guerra total, de ocupación territorial íntegra, de exclusión del enemigo, fueron los jalones que marcaron el devenir bélico y concentracionario de 1938. En medio, un hecho paradigmático: la puesta en funcionamiento, en abril de ese año, del campo de San Pedro de Cardeña como centro para los prisioneros de las Brigadas Internacionales.

1. LOS CAMPOS Y LA OFENSIVA DE ARAGÓN.

La de Teruel fue una de las batallas más duras, tanto en su toma republicana como en la contraofensiva franquista, de toda la guerra; a ello contribuyeron los 18 grados bajo cero que se registraron en aquel invierno, uno de los más duros del siglo, y las fuertes nevadas, esta vez sí —la última noche del año—, la mayor del siglo. El cerco republicano a las tropas de Rey d’Harcourt terminó aun cuando los ataques franquistas mandados por Varela y Aranda hacían buena mella en el Ejército Popular dirigido por Leopoldo Menéndez, Ibarrola, Líster y Fernández Heredia. La Teruel franquista se rindió el 8 de enero de 1938, pero poco después se pondría en marcha la contraofensiva: tras la resistencia fallida, Franco decidió recuperar la ciudad, ordenándolo a Dávila —y éste a su vez a Aranda y Varela— el 14 de enero. En esta batalla combatieron, además de dos ejércitos, dos concepciones propagandísticas. El impacto que tuvo en el bando republicano la toma de su primera capital de provincia fue aplacado por el que Franco perseguía: que ningún territorio podía ser perdido por los nacionales, aun cuando ello implicase renunciar, de nuevo, a Madrid[2].

Desde el paso franquista a la ofensiva hasta la batalla del Alfambra pasaría menos de un mes, en el cual los republicanos perderían la iniciativa sobre la ciudad, ocupada definitivamente a finales de febrero de 1938. Esta victoria impulsaría las tropas franquistas a empujar sobre el Aragón republicano, desde el 9 de marzo, llegando hasta Lleida en un mes, y hasta el mar Mediterráneo tras quince días, en unas fechas marcadas en Europa por el Anchluss y por la apertura de las fronteras francesas derivada de la subida al poder de León Blum. Los avances —ayudados por la aviación, en una suerte de nueva Blitzkrieg en campo abierto, opción que favorecía a las tropas franquistas— fueron rápidos, casi una desbandada por parte del Ejército Popular, y el número de prisioneros sería muy alto: he aquí las razones que movieron a replantear la función real de la ICCP y, junto a ésta, el que sus autoridades creían debía ser el puesto de primera línea que les estaba adjudicado en la España franquista. Un Estado que ya se dotaba de ministerios como el de Defensa Nacional de Fidel Dávila, responsable directo junto con el CGG de los campos desde su misma creación en enero de 1938.

De tal modo, no cabe sorprenderse de que, en marzo de 1938, el general jefe de la Sexta Región Militar señalase que, en algo más de un año, por las comisiones de clasificación del Ejército del Norte habían ya pasado más de 140 000 prisioneros. Sus clasificaciones, empero, no podían ser definitivas por el modo somero en que se habían realizado. Es por ello que se pedía fuesen revisadas, una vez cerrada por fin la guerra en el norte, así como se pedía que todos los prisioneros de guerra encuadrados en la Legión Extranjera fuesen enviados a comisiones de clasificación para revisar sus expedientes, ya que la incorporación al Tercio les había librado del tamiz clasificatorio. Y del mismo modo, se solicitaba que la creación de BB. TT. fuese de nuevo regulada para volver a evitar las improvisaciones y heterogeneidades, que iban en detrimento de su buen funcionamiento y de la mejora «moral, social y patriótica» de los prisioneros[3].

Los avances tras la victoria sobre Teruel implicarían, además, una cierta reestructuración de cómo se estaban llevando a cabo las funciones relacionadas con los prisioneros de guerra. Ni las capacidades reales de los campos, ni el personal militar empleado en ellos, estarían a la altura de las nuevas exigencias: en noviembre de 1937 se llegaría a pedir que los jefes y oficiales destinados a campos no pidiesen traslados, tal era la situación de escasez de efectivos[4]. También deberían adecuarse a los requisitos de estos movimientos territoriales las normas de actuación, y aquí precisamente lo que se vio fue que la ICCP no podía llegar a todos los rincones ni cubrir todos los aspectos del tratamiento de los prisioneros de guerra. Por un lado andaban sus ambiciones, y por el otro las realidades. En ese sentido, la ofensiva franquista sobre Aragón y parte de Cataluña demostraría la necesidad de actuar mediante el uso de campos provisionales dependientes de los Cuerpos de Ejército, asignando uno por división, aparte de los ya integrados en la Inspección guiada desde Burgos. De resultas de este avance, nuevos centros para prisioneros de guerra aparecerían en territorio aragonés y catalán: Barbastro, Cariñena, Alcañiz[5] o Lleida pasan por ser algunos de los más significativos.

Tamaña empresa necesitó de una fuerte implicación en todos los sentidos en retaguardia y, para empezar, se decidió la creación en Zaragoza de una nueva delegación de la ICCP con jurisdicción sobre los campos de Zaragoza, Jaca, Calatayud, San Juan de Mozarrifar, Pamplona, Estella, Soria y Sigüenza. Además, se encargó a esta Inspección un estudio previo de todo el terreno a retaguardia con el fin de buscar y preparar campos y depósitos para los prisioneros que fuesen hechos en dichas operaciones. Y así, a que se reconociesen los lugares adecuados en la zona comprendida a retaguardia de la línea férrea de Zaragoza a Jadraque. Unos 17 centros serían tomados en cuenta como posibles centros de evacuación y concentración de prisioneros[6].

Asimismo, el Cuartel General de Franco pediría que se reconociesen en Valladolid, Palencia, Avila, Salamanca y Zamora terrenos para instalar posibles campos para evacuar a los prisioneros provenientes del frente de Aragón, además de zonas de directa retaguardia como Ariza o Calatayud, dando resultados negativos, y permitiendo proponer la introducción de novedades que cambiarían la imagen, las perspectivas y las ambiciones de la ICCP: los campos ya en uso no daban más de sí, y las zonas propuestas resultaron un fiasco. No se trataba ya de improvisar, sino de prever, y en ese sentido la instalación de campos no podría ser un efecto circunstancial de la guerra, sino una parte fundamental de ella.

En un informe remitido a Franco datado en enero de 1938, la doble posibilidad de mantenerse sobre seguro o ampliar las dependencias utilizadas como campos de concentración fue claramente planteada. Martín Pinillos deseaba la estabilización de una gama de campos que incluyesen campos de concentración de un estilo y unas características menos embrionarias. Esto es, que superasen la fase de provisionalidad para crecer cualitativamente tanto en el uso que de los prisioneros se realizaba, como en el aprovechamiento para fines represores. La mitad del «segundo año triunfal», esto es, a inicios de 1938, dejó como elemento a destacar para el tema de los campos el leve debate interno sobre si convenía crear nuevos campos ante el «arrollador avance» de las tropas franquistas, o bien elevar el grado de los ya existentes, ampliando sus capacidades y destinándolos para fines superiores a la mera intendencia humana.

El debate fue superficial. Realmente, cabe dudar de su existencia real, puesto que todos los informes remitidos tanto por la ICCP como por secciones del Ejército con las que trabajaba dejaron entrever que, una vez más, la provisionalidad y el salir del paso habrían de ser la tónica general. Un ejemplo revelador lo tenemos en los informes remitidos por la Comandancia de Obras y Fortificación de la Sexta Región Militar a la Inspección y a su Estado Mayor. En él se evidenciaban los graves problemas de intendencia que acarreaban los servicios militares de retaguardia. Pero parece ser que era opinión común y extendida la de ampliar los campos de concentración que estaban siendo usados hasta el momento más profusamente, como los de Miranda de Ebro, Aranda de Duero o San Pedro de Cardeña. Dichas ampliaciones no sólo estarían determinadas por el crecimiento de las necesidades bélicas, esto es, por la aprehensión de un número cada vez mayor de prisioneros de guerra, sino también por una variable, digamos, de mentalidad triunfante.

Este informe, que la postre se limitaba a señalar que la posibilidad de establecimiento de nuevos campos de concentración era muy limitada en diferentes puntos de las provincias de Soria, Valladolid y Palencia, estaba jalonado por una de las claves del pensamiento que, a mi juicio, destila la entera historia del fenómeno concentracionario franquista: el de la dualidad de intenciones. Las grandes ambiciones regeneradoras tuvieron que adaptarse a una realidad mucho más prosaica en materias organizativas[7]. No obstante, la ampliación de los campos existentes para acometer el reto de la ofensiva sobre Aragón trajo una importante novedad, como señalaba el informe aludido, y que decía al general Franco:

… me permito exponer en especial a la consideración de V. E. la relativa a la conveniencia de emprender la construcción de barracones desmontables, con el doble objeto de ampliar de momento la capacidad de los campos de concentración actuales, y emplearlos más adelante en los verdaderos Campos de Concentración de Trabajo.

Efectivamente, todo un sistema de barracones desmontables sería planteado para ampliar en lo posible los campos de concentración, teniendo en cuenta que los campos directamente utilizables para evacuar prisioneros eran insuficientes, y que algunos como el recién abierto en Santa María de Oya estaban demasiado lejos de la zona de batallas. Miranda —treinta barracones de madera, para albergar a 6000 hombres—, San Pedro de Cardeña —reparación de edificios, para mil hombres más—, San Marcos en León[8] y Aranda de Duero —cinco barracones, de entrada, para mil hombres—, sobre todo, por su relación directa con Asturias, cuyos prisioneros aún no habían sido clasificados totalmente, y por la cercanía al nuevo foco de entrada de soldados del campo republicano, serían los centros donde principalmente se realizarían obras de ampliación, dotando además a los campos franquistas de un elemento que los igualó, desde el punto de vista estético, con los campos de otras redes concentracionarias: los barracones desmontables de madera. Hasta entonces, casi todos los alojamientos eran edificios usados provisionalmente, caballerizas de palacios, cuarteles y ciudadelas. Desde entonces, la imagen de los campos sería la de las barracas, las edificaciones de madera alineadas, los kilómetros de alambre de espino. Los barracones de los campos franquistas fueron «de doble dormitorio, con camastros superpuestos y corridos, despejados y de gran elasticidad en su capacidad», pues según los casos el barracón de 5 x 24 metros estudiado con toda la amplitud para cien prisioneros podría recibir hasta doscientos prisioneros de concentración eventual, «realizando todo ello una gran economía de material, sobre todo de chapa ondulada para cubierta, el material más costoso de la construcción».

Responder a las necesidades lastradas del norte y a las nuevas de Aragón supondría un importante reto para la ICCP. En relación directa con las comandancias de ingenieros de las distintas regiones, ante la falta de personal en la Sección de Ingenieros de la ICCP, la respuesta en los campos de concentración a las nuevas exigencias pasaba por realizar no sólo obras de ampliación, sino también de iluminación, alojamiento y seguridad. Las ampliaciones y las búsquedas de nuevas localizaciones entretendrían así a la ICCP, mientras que los avances territoriales obligaban a ceder terrenos de poder a las unidades bélicas de primera línea. En vanguardia surgían dos problemas fundamentales: en primer lugar, el uso casi completo de cuantos locales y centros pudiesen ser utilizados para albergar prisioneros, por tropas y unidades en liza o de reserva; en segundo lugar, convenía no poner en contacto prisioneros y tropas y, especialmente, convenía mantenerlos separados de la Legión.

En definitiva, tan sólo el pueblo de Burgo de Osma parecía reunir todos los requisitos para instalar en él un campo con diferentes edificios: el Seminario (3500 prisioneros, de óptimas instalaciones de agua y retretes, pero ocupado por 200 legionarios), las Escuelas Viejas (cerca del Seminario, para 200 prisioneros), el Grupo Escolar Nuevo (para 2500 prisioneros, con agua y explanadas para instalaciones, pero ocupado por otros 200 legionarios), el antiguo instituto (muy compartimentado, para trabajos auxiliares o Guardia Civil) y la plaza de toros (850 prisioneros en el pasillo circular inferior) fueron los elegidos[9]. Tras la concentración de las tropas legionarias italianas en el Grupo Escolar, se obtuvo en poco tiempo un campo de concentración para 3500 prisioneros, en previsión del agotamiento de plazas en Zaragoza, Logroño, Pamplona, Santander, Miranda, Murgia, Orduña, Bilbao, Santoña, León y Galicia. Por otra parte, la propuesta de la ICCP ante el crecimiento de la población prisionera pasaría por proponer, mediante obras y barracones, las posibles ampliaciones de los campos del Monasterio de la Santa Espina (hasta 2200), Lerma, San Pedro de Cardeña (hasta 3000), y Aranda de Duero (hasta 4000).

La realidad, en cambio, superaría a las ambiciones. El mismo día de la pérdida de Teruel, y en los dos días sucesivos, los 2000 prisioneros que según Salas Larrazábal fueron capturados en la ciudad —desde el 22 al 24 de febrero— resultaron ser muchos más. Ya solamente a Miranda de Ebro fueron trasladados 2304 prisioneros desde el frente de Teruel al poco de comenzar los combates. La 1.ª División de Navarra evacuaría el 22 de febrero 894 prisioneros a Orduña; el 23, 800 a Estella, 550 a Murgia, y 462 a Orduña; el 24, 1812 a Miranda. Solamente el Cuerpo de Ejército de Castilla apresaría a 5100 soldados en los quince días previos a la toma de la ciudad. Además, los sucesivos avances a partir de principios de marzo, desde los Pirineos al Bajo Aragón, resultarían prácticamente incontenibles, y las largas listas de prisioneros evacuados de la zona del frente así lo demuestran. Desde mediados de diciembre a principios de enero, algo más de 2000 prisioneros; nada comparado con los 8200 de febrero, los 10 422 de marzo o los 18 046 de abril de 1938. De ellos, entre marzo y finales de abril se evacuarían a campos de concentración 30 513[10].

En todos los campos hubo situaciones como la descrita, de crecimiento rápido del volumen de internamiento. No en vano en 1938 se trasladaron desde San Gregorio casi 75 000 prisioneros de guerra. Con una capacidad de unos 2000 prisioneros, y aunque las cifras mensuales de internados en el mismo no rebasasen los 1300[11], es evidente que la celeridad y la improvisación fueron norma: rápida clasificación, rápido traslado a otros campos de concentración. En San Gregorio, a tenor de las noticias documentales, se desarrollaba más el trabajo de rápida clasificación y sobre todo evacuación de los prisioneros del frente. La gran mayoría de ellos se trasladaban a Miranda de Ebro, campo base donde se realizaba una nueva división, donde se crean los BB. TT. o los prisioneros pasaban a ser presos políticos. Ello es reflejo, por tanto, de la característica fundamental del campo de San Gregorio: fue lugar de clasificación y evacuación; en él se realizaron los primeros interrogatorios, las primeras peticiones de avales.

Se conoce, además, que en enero de 1938 se pidió el traslado al interior —que se denegó, por alejarlos de los tribunales militares— de los detenidos gubernativos. Estaban, gubernativos y de guerra, literalmente hacinados, lo que obligó a arreglar el campo de San Juan de Mozarrifar, cercano a la ciudad de Zaragoza, para vaciar, como mínimo, de 2000 presos los locales de la Academia. Los traslados se convirtieron en urgentes y masivos, sobre todo cuando eran clasificados C y D, es decir, supuestos criminales «más propios de estar en una prisión que en un campo de prisioneros cuya finalidad es la clasificación». De tal modo, en enero de 1938 se trasladaron de San Gregorio a la Cárcel de Torrero (Zaragoza) 183 internados por su supuesta peligrosidad al estar sometidos a procesos judiciales[12]. Pero ello no siempre se realizó en el mejor de los modos posibles: hay noticias de traslados que debieron realizarse a pie; otros muchos fueron aplazados por falta de escolta o de personal de vigilancia dentro del campo[13].

En San Juan de Mozarrifar se albergaba un batallón del CTV mussoliniano —indicaba su jefe, Felipe de los Santos Alonso—, aparte del Batallón de Trabajadores n.º 20, creado en el campo de Llanes (Asturias). Elementos que, en febrero de ese año, y en vista del crecimiento del número de prisioneros, se decidió que lo abandonasen para destinar el recinto exclusivamente a campo de concentración, con capacidad para unos 1800 hombres «que enviasen del frente» donde se realizarían, desde entonces, básicamente interrogatorios y clasificaciones bajo la supervisión de un teniente, un capitán, tres sargentos, seis cabos y un capellán. La necesidad de evacuar en 1938 a los batallones alojados en la fábrica papelera estaba determinada por la obligación de desalojar San Gregorio: allí, los prisioneros tenían que dormir «hasta por los pasillos». Para ello, era necesario colocar ventanas, poner la instalación de luz y bombillas, poner alambradas en el perímetro del campo y arreglar el motor de elevación del agua. Lo cual da buena muestra de cuál era la situación del campo. La actividad de evacuación e interrogatorios, y de entrada y salida de prisioneros, fue frenética desde entonces: en los primeros días de vida del campo, fueron 1232 los trasladados, entre ellos Marc Torres, quien de hecho vivió el paso de uno a otro campo entre insultos y agresiones por parte de los ciudadanos zaragozanos que contemplaban los camiones repletos de prisioneros. Sin embargo, de los campos, y especialmente de San Gregorio, no guarda mal recuerdo: se comía relativamente bien, y a estar hacinados ya estaban acostumbrados tras dormir en las trincheras del frente[14].

No eran los únicos campos en territorio aragonés. Relacionado con esos, el campo de Jaca supuso un cierto contrapunto a la provisionalidad general del sistema concentracionario franquista. Enclavado en la Ciudadela, era utilizado como campo de internamiento temporal, si bien se reconocía su falta de higiene (estaba habilitado, según el servicio médico de la Inspección, para 120 internos), su aislamiento incompleto —lo que abre la perspectiva de historiar un posible contacto de los internados con los habitantes de la ciudad— y la «miseria que lleva[ba]n los condenados». El campo de Jaca se usaba, obviamente, como centro de reclusión penal, en el mejor ejemplo del uso de la red concentracionaria franquista como sustitutivo de las atiborradas cárceles. Pero se trató de una extraña excepción dentro del marco concentracionario franquista: los otros tres campos importantes en el territorio aragonés lo fueron también de clasificación. De mucha menor entidad cuantitativa y cualitativa que San Gregorio y San Juan de Mozarrifar, los campos de Barbastro, Cariñena-Caminreal y Calatayud asumieron el peso de la evacuación en mucha menor medida que el resto de campos aragoneses.

El campo de Calatayud, abierto en enero de 1938, parecía ser especialmente molesto. Allí las condiciones de vida eran como mínimo mejores que en las cárceles, puesto que los aproximadamente 150 prisioneros «tomaban el sol en las galerías», aparte de mezclarse con la tropa del 10.º Regimiento de Artillería, según señalaba su jefe, Prudencio Macaya. Éste pidió su evacuación reiteradas veces, puesto que se «atenta[ba] con un ejemplo pernicioso a la moral del soldado ante la visión de penados»[15], lo que afectaría sin duda a la disciplina. Y es que, por lo visto, los prisioneros del cuartel de Calatayud estaban allí en espera de la inauguración de otro campo en la ciudad. No se pone en duda que, además, la masificación de este campo, sin duda de escasa capacidad, afectase también al régimen interno del cuartel. Pero sí que las quejas fuesen atendidas: su cierre no se produjo hasta abril de 1939.

También en un cuartel, pero con mayor capacidad (unos 3000 prisioneros) pero menor vida (de septiembre de 1938 a agosto de 1939), se estableció el campo de Barbastro, del que se dispone de pocas noticias; tan sólo la necesidad de 250 hombres para su vigilancia. Provisionalidad que también marcó la historia del campo de Cariñena (Zaragoza), separado por 73 kilómetros del de Caminreal (Teruel) pero adscrito bajo la misma administración: su función no era otra que la del interrogatorio y la evacuación. Por su campo gemelo, Caminreal, pasaron muchos de los prisioneros tomados en Teruel y en la batalla del Alfambra. Desde allí, entre el 15 de diciembre de 1937 y el 31 de enero de 1938, se evacuaron a retaguardia 2215 prisioneros; 4123 en las operaciones del Alfambra, y 3589 en la toma de la provincia de Teruel, aparte de 268 prisioneros tomados en Vivel del Río. Fueron 10 105 prisioneros en un solo campo y en un período relativamente corto, evacuados tras los interrogatorios a Orduña, Murgia y Estella, a velocidades casi récord: 2706 fueron trasladados entre el 23 y el 25 de febrero de 1938. Y es que los campos de concentración tendrían durante el avance sobre Aragón mucho de provisional, al depender de unidades móviles en liza y no de la ICCP. Caminreal, por ejemplo, recibía los prisioneros de los centros de Balaguer, Alcañiz —centro que en un mes evacuaría más de 9000 prisioneros—, Santa Eulalia, Huesca, Fraga, Teruel, pero ante todo los prisioneros de la batalla de «Belchite-Alcañiz»[16].

Los Cuerpos de Ejército que operaron sobre Aragón establecieron, ellos mismos y sin consultar a la ICCP, los planes de evacuación, interrogatorio y clasificación de los prisioneros de guerra. Las unidades franquistas los enviarían a campos de concentración de la ICCP sólo cuando resultasen de dudosa adhesión al Movimiento: a San Pedro de Cardeña si quedaban detenidos a disposición de las auditorías de guerra, y a Miranda de Ebro si de la clasificación resultasen dudosos. Antes de ello, los CE de Navarra y Aragón los evacuarían al centro de Binéfar; el CE Marroquí a Caspe, los CE del Maestrazgo y Navarra a Alcañiz. Desde los tres centros, la evacuación se realizaría a San Juan de Mozarrifar y San Gregorio, en Zaragoza, a veces a través de los centros de Utiel (CE Marroquí) o Santa Eulalia (CE Castilla)[17]. Historiar detalladamente estos centros, como el de Monreal (dependiente de la 150 División Marroquí, y también utilizado por la 5.ª División Navarra) o incluso los ubicados en otras zonas de la Península, como el de Logrosán (de la 19 División, cuyos prisioneros fueron puestos en febrero de 1938 a disposición de la Junta Clasificadora de Cáceres, ubicada en el campo de Los Arenales)[18], queda lejos de las pretensiones de este capítulo. Para empezar, es difícil denominarlos «campos de concentración» (rara vez eran llamados así por sus oficiales); sin embargo, fueron el punto de arranque de la historia de miles de prisioneros. Historias como las de Eustasio García o Maximiliano Fortún, de la 43 División republicana encerrada por las tropas franquistas en la conocida como bolsa de Bielsa. El primero, evacuado a Francia en junio, recordaría años después que en Toulouse les ofrecerían volver tanto a Irún (para combatir por Franco) como a Cataluña (para volver al Ejército de la República). Dividido el contingente entre unos 400 de los primeros (364, que fueron internados en campos de concentración a su llegada a la zona franquista) y casi 7000 de los segundos, nadie pudo evitar que acabasen a tiros entre los dos convoyes ferroviarios[19].

Sin embargo, es relevante que buena parte de los prisioneros de centros como estos, o como los de Cariñena o Caminreal, de evacuación —de donde salían los primeros informes sobre los prisioneros—, fuesen destinados a Miranda de Ebro. Por Caminreal pasarían en marzo de 1938 cinco millares largos de internos destinados a San Gregorio, al igual que en otros lugares de evacuación de prisioneros (Balaguer, Alcañiz, Santa Eulalia, Huesca, Fraga, Teruel)[20]. De la zona norte del Ebro pasarían, por regla general también a Miranda, más de 30 000 prisioneros. De hecho, el total de ingresos en Miranda desde marzo a julio de 1938 resultó, simplemente, desorbitado. Casi 50 000 prisioneros (49 415, para ser exactos), distribuidos de la siguiente manera:

Prisioneros, que no evadidos o pasados. De hecho, en las cifras oficiales de la ICCP de estas fechas parecen evitarse los recuentos separados de ambos grupos, aunque fuesen ambos trasladados a campos de concentración. Dar una cifra, por tanto, fiable del número de desertores del campo republicano al franquista es una tarea prácticamente imposible. Pero revisando el amplio fondo de expedientes personales albergado (más bien, abandonado) en Salamanca podría decirse que, al menos durante 1938 —y, sobre todo, en 1939—, el número de pasados fue en claro aumento, aun cuando la República hubiese reinstaurado la pena capital para los desertores, según se declaraba en el decreto firmado por Manuel Azaña e Indalecio Prieto:

Artículo primero. Será considerado deserción frente al enemigo:

a) La falta de presentación, al ser llamado a filas, de cualquier recluta, dejando transcurrir las tres listas consecutivas de ordenanza.

b) La ausencia, durante las tres listas consecutivas, de su cuartel o residencia, por parte de cualquier soldado o clase del Ejército, salvo orden superior que acredite fehacientemente la legitimidad de la ausencia.

c) La ausencia de filas, no hallándose en acto de servicio, durante tres listas consecutivas de ordenanza.

Artículo segundo. Los reos de deserción comprendidos en el apartado a) del artículo anterior serán castigados con la pena de seis a veinte años de internamiento en campos de trabajo, sin perjuicio de su servicio militar en la actualidad, que cumplirán en Batallones disciplinarios.

Artículo tercero. Los reos de deserción comprendidos en los apartados b) y c) del artículo primero serán castigados con la pena de doce años de internamiento a la de muerte, sin perjuicio, los que sufrieran esta última pena, de su servicio en filas en la presente campaña, que habrán de prestarlo precisamente en Batallones disciplinarios.

Las victorias franquistas y el miedo a la represión desencadenada por los propios mandos republicanos, según se decía en los papeles oficiales de los sublevados, no hacían sino alentar las deserciones en masa, la huida a la «verdadera España», la delación. Sin un tratado específico que haya trabajado el tema en profundidad, sin embargo, es imposible valorar la importancia real de las informaciones dadas por los evadidos y que se conservan junto a sus papeles y cartillas personales de partidos y sindicatos en sus respectivos sobres de identificación. Pero lo que es seguro es que todo ello, como puede suponerse, implicó una grave desmejora de las condiciones de vida en los campos existentes, en particular en los utilizados para internar y clasificar a los prisioneros. Como relata Félix Padín sobre el campo de referencia de estas fechas, del que salieron la gran mayoría de BB. TT., «Miranda era un campo de depuración. Cuando llegabas habías pasado por la criba por 50 000 sitios, y desde allí salías a Batallones de Trabajadores, parques de ingenieros…». En el campo «el trato era inhumano. Yo tuve tifus, forúnculos, sarna, todo… La vida era imposible», pero no sólo por la escasa capacidad, sino ante todo por la falta de previsión y de habilidad real del Ejército franquista para manejar la situación. De tal modo, «estabas siempre muerto de hambre, el cuerpo no tenía resistencia para nada. Yo pesaría unos 30 kilos… no pesaría más yo». Además, la desmejora de las condiciones de vida fue un canal más para la punición simbólica y la interiorización del miedo.

Me metí en un barrancón inmundo, estilo cuadra. Había un hoyito así, aquello estaba abarrotado, me habían dejado un cacho manta de un metro por un metro, y así pasé las noches, todo mojado… Dormíamos en el barro, estaríamos unos 5000 hombres, vascos, asturianos y de Santander. Luego ya empezaron a venir gente de Aragón, Cataluña… Quizá los dos peores [campos] fueron Albatera y Los Almendros, pero yo creo que fue en todos lados lo mismo. Porque lo de la latita de sardinas, la falta de agua y todo eso fue continuo. En Miranda dormíamos en el puñetero suelo, en el barro[21].

La ofensiva sobre Aragón puso de nuevo en pie el debate entre la centralización de todos los campos propugnada por la ICCP y la descentralidad implícita en la apertura de depósitos dependientes de las unidades franquistas en los frentes de batalla. Así, de todo ello la ICCP pudo obtener, a mediados de 1938, una profunda regularización (sobre el papel) de sus campos de concentración, una verdadera sistematización de la política de exclusión del enemigo, mas en la práctica resultó que cada división en liza, cada Ejército, tuvo amplios espacios para la decisión sobre el tratamiento de los prisioneros. Hasta la llegada a campos dependientes de la ICCP, desde donde se trasladaba a los prisioneros a campos como San Pedro, Miranda, Trujillo, Orduña, Avilés, Plasencia, Deusto o Los Arenales, éstos debían pasar por centros de los que puede decirse que, si la situación de los campos estables era penosa, la de estos provisionales era simplemente indecente. La provisionalidad era también improvisación: en los locales utilizados, en los repartos de comidas, en la previsión de intendencia.

Los conflictos de poder en retaguardia, derivados de las políticas homogeneizadoras que Franco imponía desde su Cuartel General, se verían así cristalizar en las relaciones dentro del poder «nacional» de manera especialmente sangrante en cuanto tocaba a los prisioneros de guerra. Un ejemplo de la existencia de esos espacios de decisión estuvo en las órdenes de apresamiento e interrogatorio, dadas por cada Cuerpo de Ejército; éstas de las que damos noticia, paradigmáticas de cómo se obtenían informaciones y se separaba a los mandos de los meros soldados republicanos —unos, usados como «material» valioso; los otros, como simple mano de obra potencial—, las daría el jefe de Estado Mayor del 5.º Cuerpo de Ejército, Darío Gazapo, en Zaragoza a 21 de marzo de 1938[22]:

1.º Todo prisionero o presentado será conducido a la mayor brevedad al Centro de Información Avanzado de la Unidad que lo haya capturado y allí sometido a un breve interrogatorio en relación con las noticias que interesen al mando de la misma. Serán despojados de las armas que lleven.

2.º Seguidamente serán conducidos a la 2.ª Sección del E. M. de la División, donde se practicará interrogatorio con arreglo al formulario y previo un registro detallado, será formado el Sobre de Identificación…

3.º Reunidos en número suficiente para organizar el transporte, los prisioneros del día serán conducidos a la 2.ª Sección del E. M. del Cuerpo de Ejército (Puesto de Mando), debidamente custodiados y en unión al sobre de identificación y de una copia del interrogatorio militar que se le habrá practicado en la División. En el Puesto de Mando del Cuerpo del Ejército quedará establecido el Centro de evacuaciones.

4.º El Jefe de Policía del Cuerpo del Ejército organizará de acuerdo con la 2.ª y 4.ª Secciones del E. M. el transporte de los prisioneros y presentados desde el Centro de evacuación a la estación de ferrocarril… y desde allí, en el tren a Zaragoza, al Campo de Concentración.

5.º Los prisioneros que fueran Jefes y Oficiales del Ejército antes del Movimiento, quedarán en Zaragoza, a disposición de la Comisión Clasificadora de esta plaza.

6.º Los prisioneros y presentados llegarán al Campo de Concentración en unión de los Sobres de identificación, de los que se hará cargo el Jefe de la fuerza encargada de su vigilancia, y allí quedarán a disposición de la Comisión Clasificadora que corresponda…

De todos modos, parece claro que la realidad fue la que se impuso y que el proyecto homogeneizador de la ICCP del problema de los prisioneros de guerra hubo, una vez más, de chocar contra un volumen de aprisionamientos que solamente podía gestionarse mediante la pluralidad de poderes. Y es que, paralelamente a los avances por Aragón y Cataluña, la red concentracionaria franquista se ampliaba y saturaba. Crecía, ya que casi todos los campos, entre marzo y abril de 1938, vieron fuertes incrementos en el número de prisioneros que albergaban, sumando más de 72 000 los prisioneros bajo el control de la Inspección a primeros de abril de 1938 (entre campos de concentración y BB. TT.), siendo aún más el número de internados a finales de marzo: más de 81 000, a los que hay que sumar los que previamente habían pasado positivamente el tamiz de la clasificación y habían sido enviados al frente o en libertad provisional[23]. Y se ampliaba, porque en este período nuevos campos serían puestos en funcionamiento —plazas de toros, edificios fortificados, fincas rústicas— bajo el control de la ICCP, por ejemplo el de Los Arenales (cortijo a cuatro kilómetros de Cáceres), Plasencia o Villacastín, así como campos como los habilitados en Lleida tras su conquista el 3 de abril de 1938 por las tropas del CE Marroquí. De los internados en la Seu Vella de la capital ilerdense trataremos en breve.

Otros campos, como el de Avilés (vería multiplicarse por cuarenta su volumen de internamiento), el de Medina de Rioseco (por diecinueve) o el de Logroño[24] (por dieciocho) serían centros receptivos de bloques de prisioneros mucho mayores de sus capacidades de absorción y organización reales; mientras que otros, destinados preferentemente al internamiento de prisioneros Ad y B, y para organización de escuadras de trabajadores, se mantendrían dentro de unos límites o incluso disminuirían. Entre los primeros, León, Aranda de Duero, Cedeira, Camposancos, Calatayud, Santoña, Talavera de la Reina; entre los segundos, Trujillo, Soria, Badajoz. Entre 40 000 y 42 000 prisioneros de media resultaban de los estadillos mensuales concentracionarios, donde hay que observar que, cada vez más, la lentitud en las clasificaciones supuso, primero, que prisioneros del norte y de Aragón se mezclasen en los mismos campos; segundo, que ello daba cierta estabilidad interna, adoptándose características que suplantaban la provisionalidad por cierta permanencia casi penitenciaria en los campos; y tercero, que puesto que las acciones militares se desarrollaban preferentemente por parte del Ejército del Norte, fue en estas zonas donde fueron a parar la gran mayoría de los prisioneros de guerra.

2. LA UNIFORMIDAD IMPOSIBLE. HACINAMIENTO, JURISDICCIONES Y RECLASIFICACIÓN

No obstante, la ICCP trató de atajar esta situación mediante una cierta reorganización interna. A la vez que se buscaban nuevas localizaciones para instalar campos de concentración, el debate señalado sobre la opción de la provisionalidad (y precariedad) de los campos se vio alimentado por diferentes cuestiones. Una, la progresiva devolución de BB. TT. a los campos por su deficiente configuración: el Batallón n.º 15, por ejemplo, fue enviado a Miranda para ser reestructurado, ya que contaba con más de 1200 soldados trabajadores debido a incorporaciones no controladas por la ICCP. Dos, la progresiva interactuación de la Inspección con diferentes entidades de poder en la España de Franco. Así, cuando en marzo de 1938 se decidiese el uso del Instituto «Manzanero» de Santoña para campo de concentración (por sus «excelentes condiciones higiénicas»), Martín Pinillos hubo de bregar tanto con el general jefe de la Sexta Región Militar, con la Comandancia de Obras y Fortificación, la Jefatura de Sanidad Militar de Santoña, con su alcalde y con el gobernador militar de Santander[25]. Lo que en realidad se defendía, más allá del uso o no del instituto, era la importancia vital que para el desarrollo tanto de los frentes de guerra como de la vida en retaguardia tenía el correcto tratamiento del problema de la acumulación de prisioneros de guerra. De tal modo, Martín Pinillos achacaría que la negativa del delegado de Sanidad de Santoña a establecer un campo respondía a «razones políticas que la Nueva España ya ha desterrado», entorpeciendo así la evacuación de prisioneros «ordenada por el Generalísimo». Por mucho que los índices de fiebres tifoideas hubiesen crecido en la localidad de Santoña hasta «niveles casi epidémicos», en buena medida por la mala instalación sanitaria de sus campos (que filtraban sus aguas fecales a los manantiales de agua potable), en abril de 1938 habría instalados en el instituto 960 prisioneros.

La realidad era apremiante: en el norte seguía habiendo población penal en el campo de Murgia, y Vitoria no daba para más (tenía más de 800 individuos en cárceles, entre penados por delitos comunes, presos políticos y prisioneros clasificados C y D, señalados como «peligrosísimos por haber pertenecido a checas y [estar] culpados de asesinatos»)[26]. Pero ¿y en el sur? Por ningún lado se observa la posibilidad de trasladar a parte de la gran masa prisionera del norte a territorios sin tantos problemas para alojarla, optándose casi siempre por la distribución a centros cercanos como San Pedro o Miranda. De todos modos, 1937 y 1938 fueron dos años de absoluto protagonismo militar de la zona septentrional de la Península. No obstante, y como se verá en el siguiente cuadro, también los campos de la zona sur recibieron contingentes, mucho menores, de prisioneros de guerra. En realidad, la guerra no se desarrollaba en el sur ante todo por el deseo de Franco de no dar protagonismo alguno al general Queipo de Llano. Pero aun así, algunas acciones como los ataques sobre Fuenteovejuna, el sur de la provincia de Badajoz o la zona de Pozoblanco y Peñarroya hicieron incrementar los índices de aprisionamiento en la Segunda RM[27]. Así, los campos de concentración de los que la ICCP daba noticia a finales de abril eran:

Como resultaba pues evidente,

El volumen del problema [era] enorme… pues como hemos dicho, el número de prisioneros hasta ahora capturados pasa[ba] de los 160 000 y esto no [era] nada más que una pequeña parte de los que con la ayuda de Dios, el espíritu de nuestras tropas, el genio del Caudillo y la pericia de nuestros Generales, ha[bría]n de ser hechos en el porvenir próximo, cuando por la España Nacional se dé cima a la gloriosa gesta que es hoy su afán casi único.

Con estas palabras se refería Luis de Martín Pinillos al presente y al futuro de la ICCP y de los campos de concentración en abril de 1938. La trascendencia del problema de los prisioneros de guerra había de nuevo alcanzado una cima, desde el inicio de las operaciones sobre Aragón, y resultaba de nuevo, como en el norte, una carga que no era justo que el «buen Pueblo Español [sic]» tuviese que aguantar, siendo los «rojos», todos, «culpables en menor o mayor grado» de las calamidades que se sufrían en España[28]. Más de 160 000 prisioneros de guerra capturados y casi un año de vida de la ICCP daban pie para reflexionar en torno al tratamiento con el que se les recibía en la Nueva España, a los nuevos intentos de uniformización (esta fue la fase de uniformidad imposible, como se va a observar) y a las diferentes fases de las que se componía el problema, así como a los diferentes poderes que implicaba.

Dividido en dos fases, según Martín Pinillos, «la primera, la de Guerra, [sería] distinta en absoluto de la segunda, la de la postguerra». La primera fase sería casi por entero militar, mas luego la solución debería pasar también por la implicación de los poderes civiles del Nuevo Estado. Y en ella, la ICCP no estaría capacitada, tal y como estaba organizada, para afrontar en su totalidad cuanto se derivase de los avances territoriales de las tropas franquistas en materia de prisioneros de guerra. Amarga conclusión esa de Martín Pinillos: como ya se ha ido desgajando precedentemente, el coronel inspector tuvo siempre en mente que la ICCP fuese responsable directa en todas las actuaciones sobre los prisioneros de guerra. En ese sentido, reconocería que «el organismo no [era] perfecto ni en su actual organización ni en la exacta determinación de su contenido, ni en la delimitación de su dependencia y jurisdicción». Es decir, que en todo un año de actuaciones aún no se habían resuelto cuáles eran sus límites; no todos los campos de concentración dependían administrativamente de la Inspección; las unidades empleadas en los frentes no se atenían a lo resuelto entre ella y el CGG; y en definitiva, que «si hasta ahora todo ha[bía] marchado, como suele decirse, como sobre ruedas, es porque en esta fase del desarrollo del problema… el alto espíritu patriótico de todos los que en este asunto colaboramos, ha[bía] hecho acallar en muchas ocasiones nuestros particulares puntos de vista, en aras de la concordia y en el afán de no crear conflictos». ¿Era suficiente el trabajo desarrollado? ¿Se estaban cumpliendo los objetivos que la misma inspección se había impuesto? Evidentemente no, al decir de su inspector, y observando en qué situación se hallaban los campos de concentración tras un año desde la creación de la institución que los había de regularizar, y tras casi dos de historia concentracionaria.

Los elementos que componían esa actuación, integrados en una concepción de intendencia que requería de una interactuación de administraciones, hasta ese momento estaban ausentes en el encauzamiento de los prisioneros de guerra. Por un lado, la recepción de éstos, donde se integraban las materias de vestuario, alojamiento, transporte, alimentación, equipamiento básico, vigilancia e inspección policíaca, régimen interior en general era desastrosa. Por otro lado, la fijación de sus responsabilidades y la sanción judicial de ellas era larga y tortuosa. En tercer lugar, la utilización, «según las normas humanitarias», del trabajo del prisionero «como justa reparación al daño causado por su conducta a la Nación» (donde se implicaban la clasificación según la capacidad física, la organización de Batallones de Trabajadores y brigadas y equipos de trabajos especiales, así como la organización de las obras por ellos realizadas) dependía de poderes ajenos. Y, por último, la atracción e incorporación del prisionero a la «Causa Nacional» mediante la instrucción elemental y de cultura general del prisionero, la instrucción y propaganda religiosa, la propaganda social según las normas del Nuevo Estado —patria, familia y deberes para con la sociedad—, la propaganda política, los ejercicios físicos y deportes, además de paseos militares, fiestas conmemorativas, «concesión pública de premios a los prisioneros que lo merezcan por su buen comportamiento, asistencia social a las familias de los prisioneros como deber cristiano y de atracción a nuestra causa», etcétera, existían sólo gracias al «voluntarismo» de los jefes de campo. Todo ello implicaba una verdadera centralización administrativa que, a la vista de cómo habían funcionado las cosas hasta abril de 1938, de hecho no había cristalizado.

Especialmente difícil era el problema de fijar los límites jurisdiccionales y administrativos del poder sobre los prisioneros de guerra. No estando especificada la dependencia de la ICCP, si era del CGG o de la MIR, en cada situación las beneficiadas de tal vacío de poder —que se reflejaba sobre todo en el momento de la toma de prisioneros y en sus evacuaciones a retaguardia— eran las grandes unidades militares, que establecían sus modos de actuación desde el aprisionamiento a la clasificación, momento en el que, según este modelo, entraba en juego la Inspección de campos. Por ello, para Martín Pinillos saltaba a la vista que la misión de la ICCP debía terminar de definirse por alguna disposición oficial; y definir cuál era la dependencia de la Inspección resultaba fundamental, «aunque a pesar de ello, la fuerza incontestable de la realidad [hubiese] hecho que prácticamente la Inspección de Prisioneros dependiese] exclusivamente del Cuartel General del Generalísimo». Por ello, a juicio del Inspector convenía resituar el lugar de la ICCP: la clasificación dependía en realidad de Cuerpos de Ejército, divisiones y auditorías de guerra; la creación de Batallones, de la MIR. ¿Dónde quedaba, pues, la Inspección, si ni tan siquiera para regir los campos de concentración, o para ejecutar obras en su interior, tenía autonomía administrativa ni recursos?

En realidad, no es que la ICCP tuviese escasas responsabilidades, sino que lo que se quería era englobar todas las que la guerra había impuesto que fuesen distribuidas entre las unidades militares que actuaban sobre los frentes. Sobre todo, cuando a principios de 1938 apareciese un rival de peso en el Ministerio de Gobernación para monopolizar el paso de los prisioneros a la Nueva España de Franco: el Servicio de Regiones Devastadas, promovido directamente por el cuñado de Franco y hombre de gran peso político en el lado franquista, Ramón Serrano Súñer. Los campos de concentración, en definitiva, debían dejar de considerarse centros temporales y provisionales, para hacer de ellos centros reeducadores, campos de trabajo. Reflejo de un proyecto social totalizante, los campos de concentración debían dar el paso adelante que, tras la experiencia adquirida en el frente Norte de la guerra, tanto deseaba Martín Pinillos. Y ello, en buena medida, habría de venir de la férrea colaboración con la administración del recién creado gobierno de Franco, en especial con el Servicio de RR. DD., rival de la ICCP no en materias de prisioneros (a sus trabajos, en principio, sólo llegaban penados), sino en ambiciones.

En base a la situación existente, a las ambiciones concentracionarias, y sobre todo a las nuevas posibilidades que se abrían y se avistaban en el horizonte bélico, Regiones Devastadas parecía el organismo llamado a hacer realidad el deseo de Martín Pinillos de hacer de los campos de concentración centros de trabajo donde los prisioneros redimiesen sus pecados políticos y se hiciesen hombres nuevos para una nueva patria. En definitiva, Martín Pinillos deseaba que sus esfuerzos, empleados en regular y homogeneizar la situación de los prisioneros de guerra, así como en establecer un régimen de trabajos forzosos, no se viesen empañados por una institución dependiente de la administración civil. El mismo cuñado de Franco se mostraría de acuerdo con la sólida colaboración entre las dos instituciones, por tres motivos: porque así la horda roja «reconstruya] lo que ha[bía] destruido», con su mano de obra barata, «dignificándose los prisioneros en el trabajo para que dejasen de ser parásitos del Estado»[29].

Para más información, las ambiciones de remodelar el aparato concentracionario habrían de devenir, en la mente del coronel inspector de la ICCP y con el beneplácito del ministro más cercano a la Alemania nazi y a la Italia fascista, en la creación de «Campos de Concentración de Prisioneros Trabajadores», donde la disciplina en el campo y en el tajo sería rigurosa, no permitiéndose indolencia, desgana alguna, y «no tolerándose en absoluto el más insignificante decaimiento, ni la más breve conversación y regulando rigurosamente y en forma periódica y colectiva el abandono del trabajo para la evacuación de necesidades corporales». De tal modo, no fue hasta el primer tercio de 1938 que se empezó a hablar de establecer un régimen especial de campos de trabajo, en los que se mezclarían prisioneros clasificados como dudosos y penados que empezasen a redimir pena con sus labores, descontando días de condena por días en los trabajos. Campos de trabajo, de tal modo, pueden y deben ser entendidos los creados bajo los auspicios de RR. DD. con la colaboración de la ICCP. Como se ha explicado en el capítulo 1, los Batallones de Trabajadores jamás fueron denominados de tal modo. Y es que, por culpa de la ofensiva sobre Aragón y Cataluña, la acumulación de prisioneros y presos obligó a pensar nuevas medidas beneficiosas para la Nueva España con que afrontar dicho problema.

La población penada y prisionera en la España de Franco supuso un grave problema a lo largo de toda su historia y, sobre todo, durante la guerra civil y la posguerra[30]. Es más, podríamos decir que fue una de sus constantes más claras y que, por tanto, fue una de las bases mismas de su poder. Todas las zonas de la España «nacional» compartían en 1938 esa dificultad. En Andalucía, un informe de Luis de Martín Pinillos enviado en mayo de ese año al Ministerio de Justicia tras una visita del auditor a los centros penales de la Segunda RM hubo de levantar una fuerte polvareda institucional, a la vista de lo que decía: en las zonas dominadas por el Ejército del Sur de Queipo de Llano, la situación de más de 14 000 presos, hacinados en cárceles y penales preventivos y de partido, había llegado a un «estado crítico»[31]. La larga duración de la situación, al haber sido una de las primeras zonas «liberadas» (la ironía del término es aquí más evidente si cabe), hacía que «mantener la actual situación… significa [se] un verdadero peligro en todos los órdenes», creando «un estado sentimental inevitable y poco favorable a la espiritualidad que ha de tener nuestro Movimiento».

Algo que se repetía a lo largo y ancho del territorio franquista: las prisiones militares para jefes, oficiales y suboficiales republicanos con algo de capacidad se reducían a doce[32]. Así, aunque fuera de sus competencias, el coronel inspector de la ICCP no podía sino preocuparse por esa situación, haciéndose eco de lo que ya era un clamor, voceado incluso por Queipo de Llano, quien proponía la creación de «Campos Reguladores de Trabajo» en Málaga y Sevilla[33], a razón de 2000 y 3000 prisioneros. Poco antes, se instaba desde Sevilla a la utilización de los penados en obras interrumpidas por la dificultad de conseguir mano de obra, lo que representaría «ventajas de índole moral para los propios penados», que de ese modo «abandonarían la holganza hacinada [sic] en que viv[ían] para convertirse en elementos útiles y al mismo tiempo, por el descargo natural para la economía general que no tendría que preocuparse del sostenimiento de los mismos». Ese clamor fue recogido por el Ministerio de Justicia el 7 de octubre de 1938, mediante la creación del sistema de Redención de Penas por el Trabajo[34], que daba carta de oficialidad al uso de la mano de obra no ya sólo prisionera sino también penada por un Tribunal Militar, de modo que los presos podrían, a menos que fuesen comunes o estuviesen condenados a la pena capital, descontar días de condena por días de trabajo.

Pero no adelantemos acontecimientos, ya que no sólo las prisiones estaban saturadas en la España de Franco, cosa más o menos conocida con datos precisos, sino que también sus campos provisionales o estables lo estaban. Tanto, que en abril de 1938 se hacía urgente encontrar alojamiento para los más de mil prisioneros de guerra considerados «peligrosos» por la ICCP y su naciente servicio de investigaciones, para lo cual fueron revisados algunos centros ya utilizados previamente para internamiento de prisioneros de guerra. De tal modo, los centros de Orduña y la Ciudadela de Pamplona fueron objeto de un interés que más tarde fue corroborado como impropio. El centro navarro, con sus ocho naves de dos pisos, estaba en estado práctico de ruina y el aislamiento de los internados se hacía casi imposible, al habitar en la Ciudadela familias de militares, talleres y civiles. El centro observado en Orduña, el Cuartel de la Aduana —con dos grandes dormitorios de 600 personas pero pocos retretes— estaba en un lamentable estado de conservación, sin cristales en las ventanas, arrancadas las cocinas y sin instalación eléctrica. Los altos costes para ponerlos a punto (30 000 y 10 000 pesetas, respectivamente) harían desechar ambas propuestas, relegando una vez más por falta de presupuesto y de organización un proyecto central para la ICCP, el de segregar a los prisioneros considerados díscolos por parte de su administración directa en los campos de concentración[35].

Lo que no se detuvo en ningún momento fue la creación de unidades de trabajadores a cargo de la ICCP. Como demuestran las cifras de internamiento en San Pedro de Cardeña, campo de concentración de referencia en estas fechas para la Sexta RM junto al de Miranda de Ebro —y, en buena medida, para todo el Ejército del Norte—, independientemente de su uso para el internamiento de prisioneros de guerra extranjeros, el campo burgalés fue sobradamente utilizado para la creación de Batallones de Trabajadores y, de hecho, buena parte de las altas provenían de otros campos con el fin de encuadrarlos en un Batallón. Los campos de Pamplona, Deusto, San Marcos, Orduña, Camposancos, Rianjo, Avilés, Logroño, San Sebastián o Medina de Rioseco enviaron numerosos prisioneros ya clasificados en las categorías Ad y B por las comisiones de clasificación de las auditorías de guerra. Así, como señalaba el jefe del campo, José Diez García, 54 prisioneros españoles habían salido del campo en marzo de 1938 para trabajos especializados en fábricas de Trubia; 105 en mayo para transmisiones, en Zaragoza, así como 110 más como obreros especializados en diferentes labores. Función esta de San Pedro que no se detuvo por la incorporación en abril de los interbrigadistas —para empezar, estaban radicalmente separados—, observándose entre junio y diciembre la salida del campo de 300 prisioneros encuadrados en un BB. TT. para el muelle de Vinaroz, 296 y 255 para otros dos BB. TT. el 5 y el 25 de julio respectivamente, 208 para una unidad de trabajadores en Castellón y, ya finalizada la guerra, de 250 más para un BB. TT. —el n.º 42— en Ciempozuelos (Madrid), 322 para el n.º 14 (Zaragoza), 200 y 66 para el gobernador civil de Soria y el BB. TT. soriano de FET-JONS respectivamente, 418 para el BB. TT. n.º 100 de Córdoba, 139 para el BB. TT. n.º 25 de Almacellas (Lleida), 83 para el BB. TT. n.º 128 de Toledo, 100 para el BB. TT. de Garrapinillos, 280 para el n.º 3 de Sevilla la Nueva (Madrid), 163 para el n.º 41 de Talavera de la Reina, 126 para el n.º 126 de Fuente del Arzobispo (Toledo), e incluso tras el cierre oficial del campo, cien para el campo de Deusto y 19 para el de Miranda.

Eso, amén de otros traslados de prisioneros considerados inútiles para el trabajo, que eran destinados al campo de Haro: 1150 prisioneros en total fueron enviados desde San Pedro —amén de unos 250 de Lerma— en 1938 al campo riojano, organizado en una fábrica de curtidos a petición de la ICCP desde junio de 1938, «de condiciones excelentes por la amplitud de sus naves y servicio de aguas y letrinas»[36]. Con unas cuantas obras (como levantar una tapia caída para instalar en ella las alambradas, o tapiar unas ventanas, cosa que hicieron 50 prisioneros albañiles del campo de Miranda), y con el cuartel de la Guardia Civil a 20 metros escasos, el campo de la fábrica, unido a otro local menor usado como taller-escuela para prisioneros inválidos, fue pronto puesto a disposición de 2500-3000 internados. La única recomendación que desde la superioridad se realizaba era tener cuidado con el «gran núcleo de izquierdistas» presente en la población.

Antes, por tanto, del 25 de julio de 1938 (fecha de inicio de la posiblemente más sangrienta batalla de la guerra civil, la del Ebro), las tropas franquistas se dedicaron a apuntalar los logros obtenidos por la ofensiva que había desembocado en la llegada al mar y la ruptura en dos de la zona republicana. De tal modo, los combates en el Pirineo ilerdense de mayo y junio, o la ocupación de la ciudad de Castellón por parte de las tropas de Aranda, así como la progresiva ofensiva sobre Valencia, amén de otras acciones como los ataques de Queipo de Llano sobre Extremadura (la bolsa de Don Benito[37]) implicaron la toma y traslado de prisioneros a campos de concentración. Las cifras de prisioneros dadas por la ICCP al Cuartel General de Franco son en buena medida significativas de los derroteros que tomaba la guerra. Que en abril de 1938 fuesen contabilizados 13 958 prisioneros, 8454 en mayo, 11 940 en junio y tan sólo 2296 en julio da buena idea de cuándo los campos de concentración pasaron por sus momentos de mayor dificultad organizativa. De hecho, hasta julio de 1938 se habían tomado en los frentes de Aragón y Levante más de 60 000 prisioneros[38]. Durante el «Segundo Año Triunfal» (de julio de 1937 a julio de 1938) se habían conquistado 55 349 kilómetros cuadrados, tres capitales de provincia (Santander, Lleida y Castellón), 51 cabezas de partido judicial, 838 ayuntamientos, con una población de 1 784 000 habitantes incorporada a la zona «nacional».

Las instrucciones dadas a los Cuerpos de Ejército para el traslado y clasificación de los prisioneros de guerra no hacen sino afianzar la idea de que la ICCP se estaba quedando atrás, con respecto a las conocidas como «Grandes Unidades», en cuanto al tratamiento de los presos[39]. En particular, el Ejército del Norte establecería los centros de evacuación de Monzón, Celia y Vinaroz y utilizaría los campos de San Juan de Mozarrifar y San Gregorio para internar y clasificar, o bien solamente para reagrupar y trasladar, a los sucesivos contingentes. Tras la toma de Castellón, el CE de Galicia establecería allí el núcleo original de un campo de concentración estable, que también fue utilizado para internar a los prisioneros de la Brigada Flechas Negras. Algo que, por cierto, lamentaría Luis de Martín Pinillos algunos meses más tarde, ya que dicho campo no sólo servía para reunir a los prisioneros por contingentes, sino también para practicar allí mismo su clasificación. Preguntado al respecto el ministro de Defensa Nacional, Fidel Dávila, respondería: «existe en Castellón desde la entrada de las tropas nacionales… un campo de concentración de prisioneros establecido en el Cuartel de San Francisco, del que es Jefe el Capitán de Carabineros retirado Don [ilegible] De los Santos». Cuando el 6 de julio fuese designada la Comisión Clasificadora dependiente de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, se dio a entender que ese campo dependía de la Delegación de Zaragoza de la ICCP. Sin embargo, eso jamás sucedió.

Como se decía en las órdenes correspondientes, los traslados habrían de hacerse a retaguardia en los convoyes de trenes de abastecimiento, a su retorno, encargándose los Cuerpos de la custodia de los prisioneros y del rellenado de los sobres de identificación de cada uno, el primer paso para las clasificaciones ulteriores. Además, para evitar que entre población prisionera y penada se desbordasen los centros de internamiento, 800 presos fueron trasladados en estas mismas fechas de la cárcel de Lleida a Barbastro. Como se señaló en junio de 1938, en aras de dar homogeneidad al tratamiento de los prisioneros de guerra en los campos divisionarios, cada división tendría «un Centro de Concentración Divisionario» donde se completarían las informaciones y se rellenarían los sobres de identificación. Tal y como se decía, «un Centro de Concentración se improvisa fácilmente en algún cortijo» con un oficial y algunos individuos de la Policía Militar de la división y un camión o unas parejas de Caballería para las conducciones, se señalaría para las divisiones que actuaban en el sur[40].

Eso, por cuanto respecta a la vida de los campos franquistas en vanguardia. Porque, en retaguardia, los objetivos de la ICCP y del Cuartel General de Franco empezaron a encaminarse, en estos meses, hacia un objetivo ya deseado desde principios de 1938: el de revisar y reclasificar, cuando fuese necesario, la situación de los prisioneros aprehendidos durante la caída del frente Norte. No faltan datos que apuntan hacia la necesidad de desarrollar tal reclasificación: por ejemplo, en mayo de 1938 se pudieron oír las quejas derivadas de la deserción y armamento de varios prisioneros trabajadores del BB. TT. n.º 5 de Arapiles, los cuales, según se señalaba, eran peligrosos ya que habían sido comisarios políticos en el Ejército republicano, cosa que no se había detectado en la primera clasificación. No era el único lugar donde la clasificación había originado problemas: según Martín Pinillos, se daba frecuentemente el caso de prisioneros de guerra que, empleando nombres falsos «u otros subterfugios», demoraban su paso a BB. TT. o creaban complicaciones mayores, como la deserción de las filas franquistas una vez eran incorporados tras el paso por la Caja de Reclutas[41]. Por otro lado, existían también quejas sobre la llegada de prisioneros con antecedentes delictivos a campos de concentración, presuponiéndose el carácter punitivo de estos últimos[42]. Todo eso, añadido al deseo de obtener trabajadores cualificados para trabajos específicos no exclusivamente militares y que requerían de una cierta especialización, movió a desempolvar un viejo proyecto que implicó, de nuevo, la puesta en marcha de todos los recursos de la ya desgastada ICCP, y que la tendría empeñada hasta bien entrado el año 1939.

Desde principios de 1938 la idea de reclasificar a los prisioneros con familia en la zona franquista, con buenos antecedentes y que hubiesen demostrado un buen comportamiento como internados en campos BB. TT. comenzó a ser algo cotidiano en los escritos de los responsables de los campos franquistas. Lo que se pretendía con ello era dotar de mano de obra a las industrias militarizadas por el Ejército (de anterior uso civil, ahora encaminadas a las necesidades bélicas). De tal modo, los prisioneros que «sólo faltaron a su deber de españoles porque estaban moralmente envenenados» encontrarían «la paz y trabajo con verdadero amor a la Patria». Asimismo, se haría justicia con quienes no hubiesen podido demostrar su afección al Movimiento, mediante el envío al frente de batalla[43]. Por tanto, la reclasificación de prisioneros en BB. TT. y campos de concentración estables tuvo por objeto ante todo a los clasificados previamente en los apartados de «dudoso» y «desafecto».

Realizada por las propias comisiones de clasificación que hubiesen dictado en el primer caso, la revisión de cada expediente se verificaría tras la solicitud del interesado o de sus familiares —si estaban en zona franquista—, y dependería de la «conducta y espíritu de trabajo del individuo durante el tiempo de permanencia en el Campo… así como a los signos externos de su mayor o menor afección al Movimiento». Es decir, que para poder salir de un campo en virtud de las reclasificaciones, sería necesaria la demostración del arrepentimiento, la aculturación y la reeducación. El precio era alto, pero el beneficio también: si se daba el caso de tratarse de un prisionero fuera de edad militar, gracias a la revisión del expediente podría volver a su hogar y dejar atrás las penurias del campo o del trabajo forzoso. Todo ello, no obstante, debería contrastarse de nuevo con las opiniones al respecto de los delegados de Orden Público, FET-JONS, alcaldes y Guardia Civil de la localidad de origen del interesado[44], en aras de evitar futuras deserciones o la «instalación de desafectos en la zona liberada». A fin de cuentas, el espíritu de la reclasificación era el de atraer a la «Causa Nacional» al mayor número de «engañados».

El proceso de reclasificación e investigación de los prisioneros trabajadores sería más lento y arduo de lo que la propia ICCP pudo prever. Pero, no obstante, eso no fue traba para que algunos prisioneros de guerra dependientes de la Inspección se incorporasen a trabajos especializados o no exclusivamente militares. De tal modo, los proyectos de repoblación de la Sierra de la Demanda y el de la carretera de Ciudad Rodrigo a Fuentes de Oñoro, con unos cien presos por obra, así como otros gestionados por particulares y corporaciones municipales, empezaron a llegar a las oficinas de la CTA en Burgos[45]. Hecho utilizado por Martín Pinillos para aseverar que el modelo correcto para la utilización de mano de obra prisionera en trabajos no militares era el que él mismo había impuesto en el «Batallón Minero» en las minas de hierro de Bilbao. Asimismo, en mayo de 1938 se comenzó a tramitar la concesión de 1500 prisioneros para la provincia de Málaga y 2000 para la de Sevilla, clasificados Ad y B. Seleccionados de Deusto y otros campos, su misión fue la de terminar el aeródromo de la primera ciudad, reparar y recuperar el material ferroviario de la Compañía del Oeste y de la MZA, participar en las obras de reconstrucción de ambas ciudades —en particular, del paseo marítimo malagueño—, de sus líneas de comunicación, de las Marismas del Guadalquivir, colaborar en las minas de hierro y piritas de Sevilla e intensificar la labor de los talleres militarizados del sur. Aunque Queipo de Llano considerase que no había suficientes fuerzas de vigilancia y custodia de los prisioneros —cosa que llenó de contrariedad al alcalde de Málaga—, para albergarlos se dispuso la creación de los campos del Cuartel de la Aurora, en Málaga, y el de Las Marismas, en Sevilla[46]. Campos que aparecerán en su máxima ocupación en 1939, y que se unirían en el territorio del sur a los dependientes de las juntas de clasificación de Badajoz y Córdoba, y que tuvieron relación directa con los movimientos de tropas y ocupaciones territoriales realizadas en Extremadura en julio y agosto de 1938.

Así, en abril de 1938 se reglamentarían de forma precisa las condiciones de trabajo de estos prisioneros cualificados. Los prisioneros trabajadores en industrias militarizadas no podrían vivir en sus casas y no percibirían más que el salario de un soldado, añadiéndose en su caso el subsidio familiar. Si trabajase en una industria particular, percibiría el salario normal, teniendo él el salario de soldado y la ICCP el resto. Además —cosa novedosa— se reguló el vestuario del que deberían disponer y la estética que deberían adquirir, tanto en BB. TT. como en los campos de concentración. Los soldados trabajadores vestirían igual que los soldados, con un gorro de forma cilíndrica con una T pintada en negro y un brazalete blanco con una T también negra, para diferenciarlos del resto de unidades del Ejército. Los prisioneros que se encontrasen en campos de concentración vestirían con un traje de forma «análoga a pijama, a rayas a ser posible, o en otro caso de un color distinto al de los soldados». En el pecho, así como en el gorro cilíndrico, llevarían una P negra «bien visible».

Por otro lado, para asegurar la correcta reclasificación de los prisioneros internados en campos o en BB. TT., se creó en junio de 1938 un «Servicio Especial de Vigilancia», denominado «de Confidencias e Información», destinado a «conocer en todo momento el ambiente entre los trabajadores, sus ideas y sobre todo sus proyectos, ya individuales o colectivos». Es decir, vigilarlos y conocer sus posibles tramas políticas, a través de la delación entre los propios prisioneros[47]. De tal modo, no sólo los prisioneros estarían mejor controlados —en respuesta a los problemas originados por la somera clasificación política realizada en los campos a raíz de las tomas territoriales de 1937—, sino que se aseguraría que el proyecto de reclasificación no tuviese los mismos fallos. Tras la selección de los prisioneros adecuados, «con tanto secretismo que ni tan siquiera los seleccionados puedan saber que existen otros trabajadores que realizan la misma función», su misión sería la del espía o confidente —si bien se renunciase a usar en tales términos—, adoctrinados para que interceptasen la «propaganda contraria al Movimiento Nacional», así como posibles mentiras en la clasificación. Se ofrecería premio económico pero, sobre todo, la «elevación espiritual», al estar colaborando con la «justa» causa franquista. De tal modo, lo que se pretendía es que los propios prisioneros fuesen parte del engranaje represivo que se cernía sobre los campos y Batallones: el de la inseguridad, el enfrentamiento interno y la búsqueda de mejoras personales a través de la delación. El total de delatores sería un mínimo de cinco por compañía, sin que pudieran cambiarse, sin que se les usase para careos, y ratificando las acusaciones con las de otros confidentes del «Servicio Especial». El enlace con el Estado Mayor de cada Ejército, así como con la ICCP, lo realizaría la Guardia Civil.

Todos estos cambios apuntan en la misma dirección: la Inspección de los campos hubo de resignarse a no ser la única de la que dependiese el periplo de los prisioneros de guerra en la Nueva España de Franco. Hubo de asumir que su trabajo organizativo no era suficiente para gestionar la clasificación, el internamiento, la reeducación y el aprovechamiento de los soldados republicanos. Y hubo, por fin, de aceptar que otros poderes, otros sistemas tal vez menos fogueados y de menor calado por cuanto tenían que ver con la función social de los campos, como los centros divisionarios de primera línea, tratasen un asunto que Martín Pinillos creía exclusividad propia de la ICCP. Se trató, en definitiva, de la uniformidad imposible. Un hecho que marcó la historia concentracionaria franquista hasta el final de la guerra civil, como podrá comprobarse.

3. SAN PEDRO, CAMPO DE INTERNACIONALES[48]

Antes, sin embargo, es conveniente dar cuenta de un hecho fundamental para la historia concentracionaria franquista: el uso del campo de San Pedro de Cardeña para prisioneros de las Brigadas Internacionales. Mientras corría abril de 1938, una nueva política para con los internacionales se desarrollaba en los despachos de Burgos: la de reunir a los prisioneros de guerra en un solo campo de concentración, donde utilizarlos como moneda de cambio humana[49]. Los motivos fundamentales de tal acción bien pueden hallarse en el deseo de hacer propaganda —llegaron a protagonizar portadas de periódicos— sobre una serie de factores. En primer lugar, de la evidente implicación internacional en el bando republicano. Y en segundo lugar, de la supuesta bondad del trato que los internacionales recibían, incomparable desde su perspectiva con la que los «rojos» infligían a sus prisioneros. De hecho, y al decir del exprisionero y comisario Carl Geiser, San Pedro era el «menos malo» de los campos franquistas[50], por más que él mismo estuviese muchas veces al filo del pelotón de fusilamiento por la delación, atajada a tiempo, del teniente portugués Fuentes, también internado en el campo.

Más que prisioneros de guerra, eran «prisioneros del hambre». Sin embargo, detrás de todo eso latía por un lado la necesidad de intercambiar prisioneros de valor, como los extranjeros, entre otros por los Flechas Negras italianos capturados por la República en la batalla de Guadalajara. Y por otro lado, el deseo de reafirmar ante la Sociedad de Naciones la «legalidad» de la guerra, del golpe de Estado y de lo que en España se estaba llevando a cabo. Esos, junto con las condiciones de vida en el campo, van a ser los temas que aquí se van a destacar. Haciendo de los prisioneros internacionales propaganda de las bondades del confinamiento[51] y utilizando su imagen y su carácter internacional para tratar con las potencias mundiales, los «nacionales» pretendían mostrar al mundo la presencia de combatientes extranjeros y decantar así el favor de la Sociedad de Naciones y del Comité de No Intervención. Además, con ello pretendían ganarse la imagen de un Ejército y un poder, el franquista, bondadoso, redentor y paternalista para con los descarriados, no sólo españoles sino del mundo entero.

Fueron muchos los prisioneros republicanos que pasaron por San Pedro antes de que éste se convirtiese en el campo para las BB. II. Entre ellos, el voluntario de Getxo de dieciocho años Santos Aurtenetxea, prisionero con la caída de Bilbao y enviado al campo de San Pedro de Cardeña, donde permaneció hasta la formación del BB. TT. n.º 3, enviado a Brunete. Del mes escaso que permaneció en el campo «no recuerdo malos tratos. Pasamos indiferentes de todo»[52] Y, de hecho, tampoco recuerda que hubiese entre ellos interbrigadistas, porque en realidad no los había. Éstos requerían un trato especial como prisioneros de alto valor para el juego diplomático y justificativo —señalar la presencia de comunistas extranjeros en España era como aseverar uno de los principios de la sublevación: la dependencia de la República de «agentes bolchevizantes»— y, por ello, antes de decidirse que los extranjeros fuesen internados en San Pedro, las pocas notas alusivas hablaban claramente de la necesidad insoslayable de que los prisioneros internacionales tomados en los frentes de batalla no fuesen fusilados.

Hubo, claro está, internacionales entre los prisioneros de las grandes batallas de 1937. En Brunete, por ejemplo, estaba Lou Ornitz, de la 15 Brigada Internacional, quien dejó escritas sus experiencias para los Amigos de la Brigada Abraham Lincoln en 1939 a fin de recordar que, entre los interbrigadistas, la guerra era una causa universal de defensa de la democracia, incluida la americana. Creía que estableciendo un anillo de democracias alrededor de Italia y Alemania, EE. UU. y Sudamérica se mantendrían ajenos al fascismo. Su captura en el frente Norte fue paradigmática: interrogado en el «cuartel general fascista» por un general español, un agente de la Gestapo y un agente de la inteligencia italiana, declaró ser conductor de ambulancias —lo cual, por lo visto, hacían todos—, lo que no le salvó de sufrir «golpes constantes de los oficiales, lo que era una indicación de que los fascistas habían sufrido contratiempos… las palizas servían de barómetro de la situación militar»[53]. El interrogatorio acabó cuando perdió el conocimiento, por la paliza recibida por dos moros de Regulares: «Better that just shooting us», algunos prisioneros pedían ser fusilados como soldados, y no torturados como animales.

La situación en los campos que conoció antes de su traslado en abril de 1938 a San Pedro de Cardeña fue en muchos casos extrema: en Talavera de la Reina, donde habían sido trasladados antes los pocos prisioneros de la batalla de Guadalajara, comían «una mezcla de agua caliente, zanahorias y aceite». Después sería trasladado a los calabozos en la plaza de toros de Trujillo, en septiembre de 1937. En este campo de concentración compartiría el suelo y los graderíos con unos veinte internacionales más[54]. En Santander, según recuerda de su traslado en enero de 1938, se hacinaban 1200 españoles y 17 internacionales; estos últimos eran bien acogidos por los republicanos, puesto que sostenían que ellos habían salvado Madrid. Las condiciones del campo eran duras pero, al menos, tras casi un año de captura, Lou podía lavarse regularmente en la playa.

«Esta gran tragedia humana se extiende de un confín a otro de España. Una tragedia de inmenso sufrimiento humano», dejó escrito otro miembro de las BB. II.[55]. Una tragedia que, en el caso de los prisioneros extranjeros, suponía además un problema de difícil solución para los sublevados. De hecho, entre el 10 de marzo y el 15 abril habían capturado a unos 230 norteamericanos, de los cuales 144 fueron fusilados, contradiciendo las órdenes oficiales. William B. Carney, corresponsal en la España franquista del New York Times, daría cuenta en marzo del fusilamiento de cuatro internacionales con los que había departido en el centro de prisioneros de Alcañiz. Situaciones de ese tipo, cuyo conocimiento devenían en grandes problemas internacionales, hicieron que el campo utilizado en la Sexta RM para internamiento de los prisioneros de guerra del frente Norte, San Pedro de Cardeña, adquiriese el rango de centro de internamiento de los prisioneros internacionales, en virtud de las órdenes del Cuartel General de Franco de 4 de abril de 1938[56].

A este monasterio, donde ya se hacinaban según las fuentes militares 1977 prisioneros de guerra —básicamente asturianos y vascos—, llegaron así paulatinamente todos los prisioneros de las BB. II. existentes en otros centros de internamiento y campos de concentración, hasta el punto que en junio de 1938 eran 2541 los prisioneros internados en el campo. El 8 de abril se expidió el primer listado de extranjeros por parte de la ICCP, para conocimiento de Franco: reflejaba 290 internados en San Pedro, procedentes de Zaragoza y trasladados ese mismo día. Desde ese día, empezaron a llegar desde casi todos los campos: de Medina de Rioseco, Deusto, Santoña, Logroño, Aranda de Duero, Palencia, Córdoba… Así, a 16 de abril, Luis de Martín Pinillos podría responder al auditor de la asesoría jurídica de Franco que había ya recogido los nombres y fichas de 481 prisioneros extranjeros, cifra que a finales de mes había alcanzado los 640 internos[57]. Material humano suficiente para empezar la campaña de propaganda: el 22 de abril aparecería una nota de prensa titulada «La torre de Babel» en la que se daba cuenta de los prisioneros capturados de la XV Brigada republicana[58]. Las cifras de este campo no llaman a dudas: de los 1867 internados a finales de marzo (españoles) se pasaría, a 1 de junio de 1938, a 3489 y a 3673 el 10 de ese mismo mes. Solamente por el ingreso de los internacionales, además de por el incremento en esas fechas del apresamiento de prisioneros por parte de las tropas de Franco, puede explicarse este hecho.

Las cifras oficiales del campo pueden constatarse con las recogidas en varios libros y panfletos. Un norteamericano internado en San Pedro en 1938 y liberado ese mismo año publicó, por ejemplo, en el periódico de su país New Masses un relato de sus experiencias, fruto del discurso lanzado en la cena que los Friends of the Abraham Lincoln Brigade (FALB) rindieron a él y a sus compañeros, desembarcados en Nueva York el 18 de octubre[59]. Según sus cálculos, unos 4000 prisioneros estaban internados a su llegada: unos 3000 españoles y 653 internacionales[60], que hablaban treinta y ocho lenguas diferentes: «86 británicos, 34 canadienses, 77 americanos, 50 franceses…» (según Dorland; las cifras oficiales eran otras), de los cuales muchos habían sido tomados con la caída del frente Norte, así como en otros movimientos y batallas. Recordaría, además, que 45 eran no combatientes. Y que, en el apartado de bajas, el 17 de abril se habían registrado ya dos: las de los franceses Louis Fournet y Victor Sulot, por peritonitis. Y que, al poco, se iniciaron las bajas por liberaciones e intercambios de prisioneros, como revela que el número de internacionales detenidos a primeros de mayo de 1938 hubiese ya descendido ligeramente, hasta 625, divididos de la siguiente manera por grupos nacionales:

San Pedro de Cardeña, como más adelante lo sería —para la posguerra española— Miranda de Ebro, fue y es un lugar recordado por los internacionales que acudieron a España por diferentes motivos para luchar al lado de la legalidad republicana. Unos por entera filantropía, otros —como muchos de los miembros de la norteamericana Brigada Abraham Lincoln— por evitar la llegada del fascismo, a través de Sudamérica, a América del Norte, otros por mera simpatía antifascista, otros movidos por los mandos de la Komintern, no fueron pocos los extranjeros que hubieron de pasar por el trance de ser internados en San Pedro, cuando en sus países se prohibía la intervención en los problemas de los españoles. Sin embargo, el internamiento en San Pedro supuso su reconocimiento internacional. Hasta ese momento, la participación de tropas extranjeras al lado de la República era soslayada por el gobierno legalista y, de hecho, tanto secreto generaba dudas de que realmente existiesen. El Departamento de Estado norteamericano, como recuerda Cecil Eby, hubo de dar un carácter rutinario al asunto: la presencia de voluntarios era ya comprometedora para Estados Unidos; la de prisioneros de guerra, una «pesadilla diplomática»[61].

De tal modo, hasta tres veces tendrían que aparecer en documentales y noticiarios de guerra, como ha recordado Magí Crusells. La zafiedad de algunos documentales de guerra cuyos protagonistas fueron los prisioneros de guerra fue tal que, sin embargo, resulta difícil creer que convenciesen a nadie de nada. Un ejemplo esclarecedor es el de Prisioneros de guerra, rodado en 1938 con producción del Departamento Nacional de Cinematografía, que contenía frases alusivas a la antigua condición de combatientes de los internos en San Pedro. La Nueva España, según se decía, no sólo pensaba en los españoles: también sería la fuente de regeneración para «los que eran despojos humanos». Como decía la narración en off del documental, «la piedad que ellos negaban en nosotros, es poco todavía para las nuevas leyes del Estado. España ofrece más aún. España les ofrece a estos hombres la revalidación, la dignidad que tenían perdida»[62].

Pero no era Prisioneros de guerra solamente un alegato justificador de las bondades del internamiento en San Pedro. Además, era un insulto propagandístico. En él, el único soldado chino internado, Chang Aking —que ya había pasado por un campo en Santander, al haber formado parte de los batallones asturianos— escribe unos anagramas, que en realidad son su nombre, apellidos y procedencia (Shangai); pero en la imagen posterior el texto se funde con la supuesta traducción, en caracteres pretendidamente mandarines: «Vi-va Es-pa-ña Arri-ba Es-pa-ña». Aking había sido hecho prisionero el 21 de octubre de 1937 en Mieres (Asturias). Tras su paso por San Pedro, fue internado en el BDST 75 de Palencia, para ingresar más tarde, el 10 de diciembre de 1941, en Miranda de Ebro. Fogonero, hijo de Asse y Chang, tenía veintidós años cuando lo capturaron. El 12 de junio de 1943, casi seis años después, aún se cuestionaba el general subsecretario del Ministerio del Ejército, Camilo Alonso Vega, si la «responsabilidad adquirida por haber luchado en el Ejército rojo» había quedado cancelada[63].

El objetivo que se buscaba, por tanto, con el internamiento de los miembros de las BB. II. en un solo campo era en buena medida deslegitimar a la República, obligándola a reconocer la existencia de ayuda internacional; era, en definitiva, un modo para enmarañar el ya de por sí peliagudo problema de la no intervención extranjera, poniendo a los internacionales como contraejemplo de la ayuda nazi y fascista a la causa franquista. Pero no por ser «valuable prisoners» se dejó de lado la clasificación de los internos y su criminalización. De tal modo, en San Pedro se realizó una nueva clasificación de los prisioneros de las BB. II., no para determinar su uso en trabajos forzosos, puesto que tal extremo estaba prohibido por la Convención de Ginebra (a reseñar que, por una vez, se tuvo en cuenta), sino para enviar a quienes tuvieran responsabilidades criminales a un Consejo de Guerra. De hecho, al referirse a los trabajos forzosos de los prisioneros, la ICCP diría que «en cuanto a los extranjeros, que en enorme número han sido capturados por las armas nacionales, o no trabajan o lo hacen en obras de retaguardia exentas de fines militares, siguiendo en todo las normas estrictas del Convenio de Ginebra para prisioneros»[64].

La intención de utilizarlos como objeto de intercambio o de presión sobre las naciones a las que pertenecían era evidente, así como evidente era el deseo de hacerlo en la situación más ventajosa posible. Internarlos, juzgarlos y amenazarlos de muerte, aunque no respondía a la cristiana justicia tan explotada retóricamente en la Nueva España, sí que reafirmaba su carácter «sanador» y «purificador». Para llevar adelante esta depuración, paulatinamente se dispuso en el campo de un Servicio de Información destinado a suministrar informes sobre los internados, en contacto con la Cruz Roja Internacional y con las respectivas embajadas de los países afectados. Y, asimismo, se dispuso de un servicio de intérprete con el fin de hacer traducciones de documentos extranjeros, de notas de prensa o folletos, y de practicar interrogatorios a los prisioneros para obtener de ellos datos útiles, ya de la campaña, ya de los lugares de reclutamiento de extranjeros. Así, al poco de llegar al campo empezaban los interrogatorios. «Fui interrogado por un general español, un agente de la Gestapo alemana, y un funcionario del servicio de inteligencia militar italiano». A Lou Ornitz le preguntaban si Roosevelt, para los nazis Rosenfeld (por tanto, de origen judío), le había mandado en persona combatir en España.

Aunque se tratase de prisioneros de alto valor, no por ello fueron mejores sus condiciones de vida dentro del sistema concentracionario franquista. Ya desde principios de abril de 1938, el fuerte incremento y en tan poco tiempo del número de internos en un lugar como el Monasterio de San Pedro, que no era un campo construido con barracones sino que tenía que albergar a los prisioneros en sus salas, implicó una evidente desmejora en la ya de por sí mala situación de habitabilidad. Sir Robert Hodgson, tras visitar el campo, hizo por escrito el 25 de junio de 1938 las siguientes apreciaciones:

1. Falta de ventilación. Todos los prisioneros están encerrados día y noche en el mismo local el cual está muy atestado. Ventilación y luz insuficiente; 2. Bichos (piojos, pulgas y ratones). Sin medios de poder limpiar o ventilar los colchones. Local tan atestado que resulta imposible lavar los pisos. La paja en los colchones nunca se cambia; 3. Cuestión de arreglos sanitarios muy insuficiente. Tres retretes por cada 300 hombres. No hay papel ni arena. Cuestión de aseo inadecuado, habiendo solamente tres jofainas por cada 300 hombres. No se permite que los presos laven su ropa, pero para remediar esto se está construyendo un lavadero; 4. No hay toallas, ni ropa interior, ni zapatos; 5. Escasez de medicamentos, y falta de leche para los enfermos; 6. No hay facilidades para escribir cartas y se reciben muy pocas.

San Pedro «era deprimente. No había ventanas, sólo barrotes. Hacía frío, incluso a finales de la primavera. El suelo era de piedra y no había camas. Las condiciones de salubridad eran mínimas… Hacíamos juegos de ajedrez con migajas de pan». Así, los internados intentaban mantenerse vivos física y mentalmente, resumiría Dave Goodman sobre su paso por el campo[65]. Y es que la de los internados extranjeros en San Pedro fue una vida bastante estable dentro del organigrama concentracionario franquista. Del campo no salían ni para cárceles —salvo cuando se les hallaban delitos comunes y se les instruía causa— ni para trabajos forzosos. De tal modo, la reorganización política y la articulación de la vida cotidiana regida por los prisioneros en San Pedro fue relativamente sencilla —al menos para los norteamericanos, los más activos en este sentido[66]—, aunque eso se viese dificultado por las severas palizas, infligidas en respuesta a actos de rebeldía como saludar la bandera nacional no con el brazo extendido, al modo fascista, sino con el puño cerrado.

Varios ejemplos dan fe del hecho que los interbrigadistas daban una fuerte carga política en sus acciones, en buena medida porque se sabían internos de valor. En los saludos a la bandera por la mañana —tras levantarse a las 7.30—, los consabidos gritos «¡España una, España grande, España libre!» se realizaban de modo que las dos primeras respuestas, «una» y «grande», fuesen prácticamente susurros, para gritar con todas sus fuerzas la de «libre». Eso, además, alentaba a los prisioneros del norte retenidos en otras salas. De hecho, según recordaba Ornitz, los norteamericanos, segundo grupo nacional en importancia numérica tras los ingleses, asumieron enseguida su rol de líderes políticos, manteniendo cierto tejido intelectual y organizando clases entre los prisioneros —para mantener altas su moral y su «sentimiento de indignación»—, teatros, cantos, etc[67]. Gracias a su integridad podían permitirse presionar sobre la administración del campo. Y gracias a sus presiones, y mientras fueron considerados «material» valioso, los interbrigadistas consiguieron ser declarados oficialmente prisioneros de guerra, que las representaciones diplomáticas pudiesen informarse de su situación y tomar contacto con ellos y que, a consecuencia de todo ello, lograsen unas mínimas garantías «y promesas de ser liberados al final de la guerra»[68].

Asimismo, los internacionales solían demandar mejoras en el trato —las palizas de los cabos de vara se sucedían—, en la mal equipada enfermería —tanto es así que dos franceses habrían muerto de apendicitis y cuatro de peritonitis—, en la comida, o en el tiempo para aseo personal. El mismo corresponsal norteamericano Carney, no particularmente afín a las ideas políticas de los prisioneros (quienes le llamaban, en tono despectivo «General Bill»), reconocería no estar «preparado para el doloroso espectáculo que ofrecían aquellos hombres harapientos, sucios y barbudos», descalzos al haber vendido sus botas a los guardianes[69]. Sin embargo, no eran las condiciones de vida lo que preocupaba a las autoridades del campo; más bien la reeducación católica —mediante un cursillo de seis semanas que nadie aprobó— y política. Además, la vida cotidiana en San Pedro se vio modificada durante 1938 y 1939 por diferentes cuestiones. Por un lado, los intercambios. Por otro, los intentos de regeneración. Y dentro de estos últimos, hay que destacar las investigaciones del doctor Vallejo Nágera sobre la raíz del «biopsiquismo marxista». Sin embargo, al tratarse de unos experimentos aplicados a los internacionales pero con conclusiones pensadas para ser exportadas a toda raíz del «mal rojo», voy a tratarlas detenidamente en el siguiente capítulo. Y es que San Pedro fue, a todas luces, el más perfecto laboratorio de la Nueva España y, quién sabe, tal vez se quiso que lo fuese de la Nueva Europa.

Cada prisionero disponía de unos ocho minutos al día para asearse y la comida era escasa; por la mañana, un «gazpacho» de agua caliente con aceite, pan y vinagre que acentuaría la enfermedad a quienes sufrieron disentería: «la libertad es tan escasa como la sopa en la España de Franco», diría Dorland. Los que, por lo visto, no escaseaban en el campo eran los agentes de la Gestapo. No sorprende, en ese sentido, el interés de la Embajada nazi en que los prisioneros alemanes que se tomasen fuesen enviados con urgencia a San Pedro, para investigar sus posibles actividades comunistas en aquel país[70]. Sin embargo, más allá de la investigación de sus connacionales y los interbrigadistas, no hay prueba documental alguna de que, como afirma J. A. Fernández, los campos nazis fuesen la inspiración directa de los franquistas, hasta el punto de ser asesorados estos últimos por Paul Winzer, miembro de la Gestapo y de las SS. Aunque, qué duda cabe, los alemanes e italianos estuviesen en una situación peligrosa: según Ornitz, tenían verdadero terror a la repatriación porque, decían, serían inmediatamente fusilados. Por regla general, los prisioneros alemanes e italianos fueron entregados directamente a sus representantes nacionales y, en el caso de los primeros, enviados a campos de concentración nazis[71].

En lo que sí influyó la presencia alemana en la España franquista fue en sus propuestas para el canje de prisioneros relevantes. Así, el propio mariscal Goering, ministro de Aviación del Reich, sería el inspirador de dichas propuestas, destinadas a intercambiar a aviadores prisioneros de los republicanos que, según decía, llevaban más de once meses en tierra leal[72]. Los aviadores eran una gran preocupación para la Embajada alemana: según el embajador Eberhardt Von Stohrer los aviadores republicanos hechos prisioneros, en vez de ser utilizados para canjes, eran fusilados; y «esto había ocurrido últimamente en varios casos». A esa queja, Martín Moreno, el jefe del Estado Mayor de Franco, no tuvo más remedio que responder diciendo que no se tenía noticias de fusilamientos de «aviadores rojos» en el lugar de la caída, para cubrir lo que, a todas luces, era una realidad: «se han dado por este Cuartel General órdenes especiales… para que tan pronto un aviador caiga en nuestras líneas sea rápidamente conducido debidamente custodiado» y sin tocar su documentación, para ser puesto a disposición del juez especial de Aviación, cuya sede estaba en Zaragoza.

De tal modo, entre abril y julio de 1938 se tramitó el canje de 18 pilotos alemanes en poder republicano por 18 prisioneros ingleses en San Pedro de Cardeña, a condición de que «los canjeados de ambos bandos regresaran a sus respectivos países y no volvieran a tomar parte en la guerra». Los interbrigadistas seleccionados fueron conducidos a la frontera francesa por el coronel Troncoso. Pero no fue, sin embargo, el único canje tramitado de manera veloz: el 17 de abril surgió otra propuesta para intercambiar a 33 prisioneros civiles en manos de la República, por 21 rusos (tripulantes del Smidovich), un ruso detenido en Vigo, Marc Dicker, hermano del presidente suplente del Partido Social-Demócrata de Ginebra, y 11 ingleses de San Pedro.

Del mismo modo que con los aviadores alemanes y los civiles y militares de gran relevancia, otro objetivo de los canjes realizados con los prisioneros de San Pedro fueron los miembros del CTV mussoliniano atrapados en la batalla de Guadalajara. El 12 de mayo de 1938 empezarían a tramitarse los intercambios de Flechas Negras por prisioneros norteamericanos del campo. Así, en septiembre de 1938 el número de interbrigadistas internados habría vuelto a descender, esta vez hasta los 587 internos, destacando el alto número de estadounidenses y, en cambio, la reducción del total de ingleses, beneficiarios de la política de intercambios[73]. Su carácter de prisioneros valiosos, al decir de los mismos internados, logró cierto automatismo en las liberaciones y, de hecho, Inglaterra lograría a finales de 1938 la liberación de muchos nacionales, alrededor de 200. El único requisito que se les pidió fue una anodina declaración y un compromiso de no abandonar España hasta que se dictase sentencia definitiva, lo cual fue llevado de manera más que laxa tanto por las embajadas como por el mismo CGG.

Sin embargo, a medida que por culpa de los éxitos militares de Franco y tras la retirada oficial de las Brigadas Internacionales —anunciada a la Sociedad de Naciones por el presidente republicano Juan Negrín el 21 de septiembre de 1938—, los interbrigadistas fueron perdiendo valor como moneda de cambio y material de propaganda, las interferencias judiciales españolas, y sobre todo las del Juzgado Militar n.º 14 de la Auditoría de Guerra de la Sexta RM, fueron haciendo cada vez más difíciles las repatriaciones. En primer lugar, porque las altas fueron siempre mayores que las bajas, durante 1938 y hasta el cierre del campo en noviembre de 1939: la dinámica de internar a los extranjeros en el campo burgalés fue mantenida el resto de la guerra. Y, sobre todo, porque desde su mismo internamiento, tras la clasificación, se trató de someterlos a juicios por delitos de «ayuda a la rebelión» y se realizaron indagaciones consideradas, cuando fueron perdiendo peso como internados explotables, incompatibles con las repatriaciones. En el momento en que las peticiones de libertad se hicieron más numerosas y frecuentes, el jefe del campo, al no tener normas claras para evacuar a los internos solicitados, «se limitó a marcar sobre las listas que iban llegando los datos consignados en la ficha personal referentes a su procesamiento por el Juzgado Militar n.º 14». Y con ello llegó el descontrol: el Juzgado en cuestión no habría hecho sino empezar su trabajo, a resultas de lo cual la ICCP, limitándose a consultar su fichero ante las peticiones de repatriación, a los que tenían anotaciones sobre el proceso en el Juzgado n.º 14 debió retenerlos como «procesados».

Por culpa de esta situación se produjeron incidentes —como el llamar a declarar a internos ya fallecidos—, que sirvieron de pretexto para aquellas naciones que realizaban con disgusto la tarea de la repatriación de estos prisioneros, de tendencias políticas claramente de izquierdas, y a quienes se les acusaba de quién sabe qué fabulosos delitos. Aun así, varias liberaciones fueron logradas, ya en 1939, a instancias del Comité de Socorro a los Prisioneros de Guerra en España[74] y de Gran Bretaña. En particular, desde finales de 1938 se empezó a tramitar el canje de 110 británicos (de los 120 en San Pedro) contra igual número de italianos[75]. Y ya acabada la guerra, la liberación de 167 italianos en el puerto de Gandía (inmediatamente antes de ser tomada por las tropas franquistas), considerada informalmente un canje, devino en la liberación solicitada por el Comité de Socorro y tramitada en la zona «nacional» por el marqués de Rialp. El 22 de abril de 1939 saldría por Francia un grupo de 71 norteamericanos; once más, el 25 de agosto.

En noviembre de ese año se dispuso que los 459 extranjeros que aún quedaban fuesen puestos a disposición de RR. DD., en manos de la Jefatura de Reconstrucción de Belchite, para la creación de un grupo de trabajadores —el famoso Batallón 75[76]— empleado en tareas de albañilería y recuperación de material bélico. Los últimos ocho norteamericanos serían liberados en marzo de 1940, y su periplo en la posguerra será tratado detenidamente: este epígrafe tiene continuación en el capítulo 6, y una valoración general de las políticas internas en San Pedro, puede adelantarse, está en el siguiente capítulo, cuando se analicen los campos franquistas como laboratorios de la Nueva España de Franco.

4. PRISIONEROS DEL EBRO, PRISIONEROS DEL HAMBRE

Todo cuanto aconteció en San Pedro, como los canjes, las liberaciones, las protestas políticas o las investigaciones de Vallejo Nágera sobre la raíz del Mal con mayúscula, el marxismo, tuvo mucho que ver con la estabilidad de la vida concentracionaria en ese campo. Sin embargo, más allá de este presunto remanso el devenir de los campos y sus prisioneros no auspiciaba un paisaje nada halagüeño, como se va a ver ahora. Un buen ejemplo de todo ello lo constituye el campo de Miranda de Ebro. La revisión de sus cifras da fe en buena medida del momento crítico al que se acercaron los campos de concentración durante la segunda mitad de 1938[77]. Así, a finales de junio había 3186 internados, reducidos en diez días a 2437. Sin embargo, las fluctuaciones serían constantes: el 20 de julio había 3160 internos; 2793 a finales de agosto; 3797 a mediados de septiembre y 2142 a finales de ese mes. A mediados de octubre se notaría un serio incremento: 4159 eran los prisioneros; 3274 el 20 de octubre y 3561 el 31 de ese mes.

Sin embargo, estas fuertes fluctuaciones no dan una idea real del número de prisioneros que pasaron en este período por Miranda: con numerosas altas de campos como Santander, Murgia, Orduña, Pamplona o Zaragoza, en tan sólo diez días (del 20 al 30 de noviembre de 1938) existieron 4193 altas y 1632 bajas. El ritmo de internamiento y creación de Batallones de Trabajadores, puede concluirse, dependía ante todo del volumen de aprisionamientos, como demuestran los datos obtenidos de divisiones como la 62, en el sector de Sort (Lleida), o los de la 40 División de CE Aragón, algunas de las unidades franquistas en liza que han dejado legados documentales sobre el número de prisioneros aprehendidos[78]. Pero, ante todo, dependía de la capacidad de enfrentarse a un volumen de aprisionamientos que, hasta julio de 1938, había alcanzado largamente la cifra de 175 000 republicanos.

La lentitud en las clasificaciones, la dificultad para aclarar las responsabilidades de cada prisionero, su altísimo número y, sobre todo, la voluntad de excluir de la comunidad de la Nueva España a los soldados republicanos, sometiéndoles al intrincado sistema concentracionario, devinieron en prácticamente el bloqueo de éste a mediados de 1938. Varios ejemplos apuntan en esa dirección y, sobre todo, el informe que la Inspección solicitó por esas fechas a su responsable sanitario, Martínez Nevot. El constante uso de los campos de la ICCP durante el verano de ese año obligó a realizar una consulta sobre sus capacidades, posibilidad de recepción de nuevos prisioneros, y estado de los mismos. Y los resultados no fueron nada halagüeños, como puede comprobarse en el siguiente cuadro —donde B significa «bueno», R «reformable» y C «clausurable»—, de realización propia desde los datos emanados de la misma Inspección[79]. Este cuadro de capacidades, donde destaca el hecho que se pusiese, negro sobre blanco, el estado de hacinamiento de buena parte de los campos franquistas, ayuda ante todo a entender la situación en la que se encontraría el sistema concentracionario franquista cuando tuviese que hacer frente, de nuevo, a un reto del tamaño de la batalla del Ebro, la conquista de Cataluña y la ofensiva final, entre el verano de 1938 y la primavera de 1939. El camino a la victoria estaba cada vez más expedito, pero los campos, como puede observarse, seguían arrastrando un marcado carácter de lentitud y pesadez en su actuación, que revertía en una situación crítica de internamiento, de uso excesivo y, en conclusión, de malas condiciones de vida dentro de ellos.

Como puede observarse, no se dio cuenta de todos los campos existentes en la España franquista. Algunos de los reseñados, además, ni tan siquiera remitieron sus estados de capacidad e internamiento. Y, por otro lado, los campos desproporcionadamente ocupados seguían siendo los utilizados de forma preferente durante la ocupación del norte peninsular: en conclusión, el sistema concentracionario estaba fracasando por lento, por excesivo y por cruel, aunque esto último no parece que fuese una gran preocupación para sus responsables. De hecho, en este informe, las frías cifras no pueden esconder el drama que sufrían los internos. Que cada prisionero dispusiese de menos de la mitad del espacio recomendable en buena parte de los campos significaba que tenía que dormir, todas las noches, de lado. Que los campos tuviesen más del doble de internos que su capacidad logística implicaba, con toda probabilidad, que la ración alimentaria fuese mucho menor de la debida. Que la capacidad «higiénica» se multiplicase por dos traía aparejadas la facilidad de contraer enfermedades contagiosas, a la vez que se disminuían a la mitad las posibilidades de que los prisioneros fueran tratados. Y que el ritmo de las clasificaciones fuese tan extremadamente lento multiplicaba todo ello porque alargaba el internamiento hasta extremos insoportables.

Lo paradójico de todo esto es que este informe no dio pie a reflexión interna alguna por parte de la ICCP, más allá de señalar que los campos «se utilizaban para los fines para los que fueron creados» y algunos apuntes logísticos, como la necesidad de abastecer algunos campos de agua corriente o de tapiar los claustros del Monasterio de la Santa Espina, además de la de dotar a los campos de estufas de desinfección de ropas para evitar contagios por los piojos y parásitos que traían (no contraían) los prisioneros desde la «zona roja». Hasta en ese tema se hacía propaganda, aunque de hecho los prisioneros viviesen, a causa de las pulgas y piojos, en el filo de la pandemia ante la facilidad de coger el tifus en los campos. Y es que, como se verá en el siguiente capítulo, las optimistas conclusiones a las que solía llegar la ICCP sobre su propia labor no tenían nada que ver con la realidad concentracionaria. El territorio de castigo y expiación se conformaba, también, de una consciente aplicación de políticas dirigidas a hacer lo menos llevadera posible la vida cotidiana de los prisioneros de guerra.

Con semejante preparación en retaguardia, cabe imaginarse lo que supuso la batalla decisiva de 1938, desarrollada entre julio y noviembre sobre el río Ebro, y que marcó la suerte del resto de la guerra civil. No se va a explicar aquí, puesto que ya ha sido minuciosamente descrita —incluso día a día, a razón de un capítulo por día—, a raíz de su 65 aniversario, celebrado extraoficialmente en 2003[80]. Sin embargo, cabe recordar que en su larga duración, casi 20 000 prisioneros republicanos fueron tomados, según los partes oficiales, por las tropas franquistas. El sistema concentracionario que los acogió ya no era el mismo de la ICCP de 1937. Existían ya centros divisionarios, campos inestables, campos lazaretos. Existía en cada cabecera de división un oficial de prisioneros y presentados dependiente de la Policía Militar, encargado de alojarlos en campos de concentración donde someterlos al primer interrogatorio, disponer de los medios logísticos (alimentación a razón de 1,65 pesetas de rancho por día facilitada por los servicios de intendencia, vestuario, menaje), encargarse de su vigilancia (y correcta separación entre presentados y prisioneros) y su traslado hasta la Comisión de Clasificación más próxima. Paulatinamente, dejaría de internarse in situ a los prisioneros de guerra, para proceder a sus traslados siempre a retaguardia, en campos de concentración a cargo, en lo logístico, de los gobernadores militares, y de la ICCP en lo organizativo.

De tal modo, comisiones de clasificación como las de Aranda de Duero (casi 7000 prisioneros) tuvieron que hacer frente a la masiva llegada de soldados provenientes del Ebro —en particular, de los campos zaragozanos de San Gregorio y San Juan de Mozarrifar—, sin que, sin embargo, se les hubiese dado tiempo para poner a punto la población prisionera que de ellas dependía. La situación previa era, grosso modo, parecida a la señalada para junio de 1938 en el cuadro precedente. La Comisión de Clasificación de Santander, por ejemplo, tenía pendientes 2966 expedientes de clasificación, de los cuales 2821 pertenecían a internos en campos de concentración. Había, además, más altas que bajas, lo que contribuía no sólo a reafirmar la percepción de lentitud que existía en torno a este proceso, sino también a dificultarlo aún más si cabe[81]. Por mucho que se pudiesen tramitar unas 1500 clasificaciones en todo el mes de julio, el remanente seguía siendo muy alto, una media de más de 3000 prisioneros. Tan sólo contribuía a la reducción de la población prisionera el fallecimiento de los internos: seis fueron los sepelios en ese mismo mes sólo en los campos dependientes de esa Comisión, ante todo los de Corbán y La Magdalena, que tenían una población de 2726 y 1225 internos respectivamente a primeros de agosto de 1938, amén de 320 prisioneros en hospitales penitenciarios.

La población prisionera de Santander se fue reduciendo paulatinamente. De los 4528 internos en campos y hospitales se pudo pasar a 3004 en diez días, gracias al envío de cientos de prisioneros a Cajas de Reclutas o a los campos de Miranda y San Pedro. Sin embargo, ya empezaba a sentirse el efecto de la batalla del Ebro: de allí provenían 303 prisioneros, que alcanzarían el número de 975 a lo largo del mes. Durante todo el largo proceso de la derrota republicana en el Ebro —y en particular en la primera decena de noviembre de 1938, cuando ingresaron 1630 prisioneros— llegarían a los campos dependientes de la Comisión santanderina 5403 prisioneros. No demasiados, si tenemos en cuenta el volumen de internamiento que Miranda de Ebro sufrió en estas mismas fechas, entre otras cosas por la recepción de 1500 prisioneros provenientes del campo de Orduña o 2390 de Zaragoza[82]. El hacinamiento en Miranda pronto obligó a diversificar los traslados, para no concentrarlos todos en un solo centro. Así, La Magdalena (480), Corbán (497), Deusto (2051), San Pedro de Cardeña (7), Santoña (1086), Trujillo (515), Plasencia (500) y Cáceres (500) fueron centros de internamiento de varios miles de prisioneros trasladados desde San Gregorio y San Juan de Mozarrifar.

Esta era, de hecho, la dinámica derivada del inicio de los combates en el Ebro: la búsqueda de recintos con capacidad disponible para el internamiento de prisioneros. De tal modo, la ICCP empeñó unas cuantas semanas para obtener los siguientes resultados, relativos a los campos con espacio remanente[83]:

Con un total de 28 889 plazas restantes —en virtud de las capacidades «higiénicas» de cada campo— en el sistema concentracionario, es sin embargo una lástima que la ICCP no diese las cifras de los campos que, efectivamente, reconocía que estaban al límite de sus capacidades. En este cuadro se puede observar la existencia de algunos centros, en particular en la provincia de Córdoba, que no solamente estaban vacíos, sino que además no habían aparecido antes en ningún estadillo o informe. Se crearon para poder afrontar la situación que, podemos suponer, estaba una vez más rayana a la catástrofe. No solamente empezaban a afluir a la zona franquista los prisioneros del Ebro; también faltaban por clasificar y «regularizar» los hechos en los frentes de Castellón y Levante.

Para tratar de atajar este problema, la ICCP se planteó la posibilidad de crear uno o dos «grandes campos de concentración» para 5000-6000 prisioneros, con la máxima urgencia, cercanos respectivamente a los frentes de Cataluña y Levante —y a sus líneas férreas y terrestres de evacuación—, para facilitar las labores depuradoras de la Auditoría del Ejército de Ocupación, hasta ese momento, según se reconocía, defectuosas y arriesgadas. Ante las primeras dificultades, derivadas del hecho de que la mayoría de los centros estaban ocupados por otras unidades y del hecho de que las tres propuestas realizadas (Barbastro, Benicarló y Zaragoza)[84] no eran aptas, el Cuartel General de Franco, a petición de la ICCP, hubo de exponer algunas directrices generales para la instalación de nuevos campos:

a) Límite mínimo de acercamiento y límite máximo de alejamiento de los frentes.

b) Capacidad prudencial de cada campo o conjunto de campos dentro de una misma población.

Caso de no encontrar locales disponibles, sí se pueden adoptar las soluciones siguientes:

1. Propuesta de evacuación de servicios militares, por si el Mando lo considera factible.

2. Propuesta de requisa y evacuación, si se trata de edificios de Comunidades religiosas o Enseñanza.

3. Propuesta de establecimiento de Campamento: I, al aire libre, II, con tiendas de campaña, III con barracones de madera.

c) En caso de aceptarse esta última solución, para obrar con rapidez y eficacia, sería conveniente contar con la posibilidad de poder requisar los talleres de Carpintería mecánica y los de madera y tablazón que fuesen necesarios, para el suministro de los barracones, en un plazo no superior a un mes.

Luis de Martín Pinillos consideraba que para un campo la capacidad debía ser de 2000 prisioneros, y 6000 máximo por localidad. Franco, al responder que la distancia mínima de un campo respecto al frente de batalla debía ser de cien kilómetros, también opinaba así, prefiriendo la utilización de edificios antes que el uso de barracones. Así, tras un nuevo estudio, los puntos propuestos fueron, para el frente de Levante, el campo de Cariñena —donde ya se internaban prisioneros—, en una zona con agua abundante pero sin locales, por lo que habría que ampliar el ya existente a base de barracones; y para el frente de Cataluña, el lugar ideal sería Barbastro. Además, la ICCP planteó la necesidad de incrementar la red concentracionaria en retaguardia, con el establecimiento de campos en Toro, Zamora, Mota del Marqués y en Burgo de Osma[85], así como de ampliar el de Orduña. De tal modo, a las casi 29 000 plazas remanentes podrían rápidamente añadírseles unas 47 000, acabando así tal vez con los enormes problemas de aglomeración de prisioneros y con la subsiguiente clasificación defectuosa, pudiéndose tratar por fin problemas como, por ejemplo, el del internamiento de más de 3000 prisioneros en el campo de San Marcos, sin clasificar por «no ser vecinos de ningún pueblo de la España liberada», no tener avales ni antecedentes[86].

Esta revisión de nuevo habría mostrado las carencias de la Inspección, tanto de revisión de posibles nuevos campos como de supervisión de obras en los ya existentes, como en Plasencia, ampliado para atender a las necesidades de internamiento de los frentes del Madrid y Extremadura ante la escasa capacidad para «prisioneros y presos políticos» en estas regiones. A finales de noviembre se especuló sobre la mejor posibilidad, relacionada directamente con los planes de actuación de Franco: la de cubrir las necesidades del Ejército de Levante. La conformidad parecía absoluta, salvo una vez más la de Queipo de Llano, quien objetó la necesidad de cubrir también las previsiones en el sur. La respuesta que recibiría por parte de Martín Pinillos sería tajante: «la propuesta se refiere a un solo campo-tipo», en función a las necesidades, pero también al «presupuesto [que] se ordenó se diera cuenta del mismo al Consejo de Ministros». Sin más presupuesto, sin capacidad de reacción, sin automóviles, y desbordada: esa fue la situación de la ICCP durante la batalla del Ebro.

Algunos datos de los campos dependientes de aquélla corroboran esta percepción. Aunque zonas como la extremeña, cuyos campos (Logrosán, Trujillo) como hemos observado disponían de una capacidad considerable sin utilizar, mantuviesen unos índices razonables de internamiento, lo cierto es que no llegaron a realizarse las redistribuciones deseadas, seguramente por el alto coste económico que habría implicado trasladar a miles de prisioneros a lo largo de toda la Península. Y, también, por una razón de mando: a los prisioneros los clasificaban las comisiones cercanas o las dependientes de las auditorías de los ejércitos de ocupación. De tal modo, el traslado era logística, estratégica y militarmente imposible. En conclusión, los mismos campos y las mismas comisiones de clasificación que habían actuado en la caída del frente Norte fueron las que afrontaron la necesidad de gestionar el paso a la España franquista de más de 20 000 prisioneros republicanos, cálculo estimado por los propios militares «nacionales».

Lo que sí respondió a todo este proceso fue la creación de nuevos Batallones de Trabajadores, destinada a descongestionar los campos para que los prisioneros del Ebro no lo fuesen, sistemáticamente, también del hambre, como de hecho resultó ser en realidad. El Ejército del Norte, entre enero y agosto de 1938, había clasificado a casi 74 000 prisioneros, de los cuales un 30 por 100 se estimaron adictos, otro 30 por 100 dudosos, un 20 por 100 desafectos, un 10 por 100 jefes y oficiales del Ejército Popular, y otro 10 por 100 responsables de delitos comunes (a destacar, por tanto, que el índice de supuesta adicción al Movimiento había descendido en un 10 por 100 respecto a 1937). De tal modo, 37 000 nuevos prisioneros pasaron en este período a formar parte de las unidades de trabajos forzosos, para los que se buscó una solución ya conocida por un lado, pero novedosa por otro, que unía confinamiento y labores militarizadas.

Así, puesto que se consideró que unos 20 000 prisioneros ya encuadrados previamente en BB. TT. podían ser reclasificados para formar parte de los Cuerpos de Ejército franquistas en la lucha (como camilleros, carreros, en secciones de montaña, transportes, sanidad, veterinaria, intendencia, o bien en Regulares o en la Legión), pudo hacerse espacio para que fuesen sustituidos por los que esperaban en campos de concentración. Sin embargo, hay que destacar que el confinamiento se incluyó dentro de las variables para aceptar el ingreso en las armas franquistas: los oriundos del norte de España serían destinados al centro, los catalanes al sur, los de la «zona roja» central al norte, y «a África el sobrante». Con todo ello se buscó, precisamente, alejar a los antiguos prisioneros de sus zonas de origen, una vez que las necesidades logísticas de los ejércitos de Franco coadyuvaron a sacarlos del régimen de trabajos forzosos. Sin embargo, el propio Martín Moreno, jefe del Estado Mayor de Franco, incurriría en una contradicción al señalar que dudaba de una posible deserción, ya que consideraba que los prisioneros se quedarían por conveniencia, convencidos de la mejora implícita que suponía estar en el lado franquista y no en el republicano. Mas, si así era, ¿qué sentido tenía alejarlos de sus zonas de origen?

Perdida la batalla por controlar todos los campos de concentración, la ICCP sí dio muestras por tanto de su capacidad organizativa al reestructurar el sistema de trabajos forzosos en vista al creciente número de prisioneros llegados del Ebro. Para distribuirlos a todos y que no supusiesen una carga económica, se resolvió que cada División podría disponer de un BB. TT., lo cual no sería excesivo ya que su uso, más que constante en compañías de zapadores y puentes, dificultaba su empleo en otras unidades. De este modo, lo último que hizo Martín Pinillos en 1938 fue la redistribución de los aproximadamente 56 000 prisioneros trabajadores en 1938 (treinta y tres BB. TT. en el Ejército del Norte, veintiuno en el del Centro, diecisiete en el del Sur, siete del CGG, dos en la Sexta RM, tres en la Octava RM, dos de intendencia, mas dieciséis en organización)[87]. Eso implicó la necesidad de cambiar destino para ocho Batallones, unos 4800 prisioneros, que pasarían a trabajos de índole diferente a la mera labor de hacer zanjas, trincheras, trazar puentes o construir nidos de ametralladora. De esos ocho, por ejemplo, uno fue utilizado para trabajos ferroviarios y otro para servicios de intendencia. La «buena labor» de la ICCP junto con la MIR —con quien mejor trabajó en todo momento, a la vista de las tensas relaciones con algunos ejércitos como el de Queipo de Llano o con la Asesoría Jurídica de Franco— puso la vida de los prisioneros en sus propias manos. No en las de su voluntad, sino en su capacidad de trabajo.

En 1938 se hizo palpable, a todas luces, que la victoria estaba cerca. Que Franco iba a ganar la guerra. Por eso, también en 1938 se empezaron a aplicar con toda su crudeza las políticas represivas en los campos de concentración y en los centros de trabajos forzosos, como veremos en el siguiente capítulo. En todos los planos, el militar (con la reconquista de Teruel, la ruptura del frente de Aragón, la llegada al Mediterráneo y la victoria en la batalla del Ebro), y el represivo, fue 1938 un año particularmente intenso en los campos de concentración. Por fin, aunque por poco tiempo (con la derrota final fue imposible llevarlo a cabo), el proyecto social franquista para con sus prisioneros y disidentes empezó a tomar formas concretas: reeducación, recatolización, trabajo forzoso tuvieron un cénit en el año en que el Ejército del Norte, el más activo, había tomado 99 906 prisioneros de guerra —amén de otros 3000 en camino a centros de evacuación—. La ICCP había perdido la carta de controlar todo el proceso del prisionero en la España de Franco, cediendo cotas de poder y entrando en irremediables competencias jurídicas con otros órganos político-militares franquistas, pero a cambio había visto crecer el número total de campos de concentración; y por más que la situación interna en ellos se acercase en muchos casos —o sobrepasase— al caos higiénico y logístico, no dudaba en valorar su trabajo como altamente positivo.

Todo cuanto de positivo pudiera haber tenido su trayectoria en 1937 y 1938, la ICCP lo perdió sin embargo en 1939, con las ofensivas sobre Cataluña y la ofensiva final de los ejércitos de Franco, que acabó con la guerra dejando en la Nueva España a cuantos militares republicanos no pudieron salir de España; a lo largo de 1939 por Francia o desde los últimos puertos tomados por las tropas franquistas 1939 fue, así, el año del exilio masivo, pero también el del internamiento descontrolado. Cuando el 23 de diciembre de 1938 se iniciase la ocupación de Cataluña, con los avances generalizados puestos en marcha a los pocos días, la suerte de la República estaría definitivamente echada. La guerra estaba perdida desde el fin de la última oportunidad republicana, la ofensiva en el Ebro, donde el choque de dos carneros completamente exhaustos acabó decantando la balanza al lado de Franco. No por tener la guerra en la mano, sin embargo, se detectó algún viso de aligeramiento en la imposición de la exclusión, en el internamiento masivo, sino todo lo contrario. No era paz sino violencia lo que las tropas franquistas dejaban a sus espaldas.

4. Los laboratorios de la Nueva España

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Los laboratorios de la Nueva España[*]

Muchos españoles admiten o aplican —más o menos conscientemente— un concepto de la nacionalidad y lo nacional demasiado restringido. Según ese concepto, una sola manera de pensar y de creer, una sola manera de comprender la tradición y de continuarla son auténticamente españolas. El patriotismo se identifica con la profesión de ciertos principios, políticos, religiosos u otros. Quienes no los profesan, o los contradicen, no son patriotas, no son buenos españoles; casi no son españoles. Son la «antipatria».

MANUEL AZAÑA (1939)

El camp de concentració era una cosa sabuda peró remota, més plena de literatura que de fets. Després sabríem que estaven més plens de polls, de fam i de miseria que de literatura.

MANUEL IBÁÑEZ ESCAOFET (1990)

Debajo de un árbol y sobre una piedra en la Santa Espina, como Cristo en otro tiempo hablaba a las masas, escuchaban de nuestros camaradas con religioso silencio las consignas de Falange.

EL NORTE DE CASTILLA[1]

VIOLENCIA ERA LO QUE DEJABAN LAS TROPAS de Franco en sus retaguardias. Violencia no sólo física, ejercida sobre las masas de prisioneros que cada día pasaban a formar parte de la Nueva España de Franco. Violencia también moral, psicológica, en aras de doblegar a los republicanos incautados, culpables sólo por el mero hecho de oponerse a los sublevados, y condenados a la clasificación masiva, al internamiento y a la reeducación, cuando no a la muerte. Una violencia reglada, paraestatal, que tuvo en el espacio de los campos franquistas, para miles de internados, realidades concretas como la tortura, la humillación y, en algunos casos, la deshumanización y la muerte.

Como primer eslabón del laboratorio social en que se convirtió el sistema penitenciario franquista, pensado para la creación de un nuevo orden fundado en el consenso forzoso y la coerción, el campo de concentración cumplió una función social de adoctrinamiento, reeducación y doblegamiento. Y eso se cristalizó en realidades concretas, experiencias definidas, en los internos de los campos. Claro está, resultaría imposible trazar una experiencia común en la que todos los prisioneros de guerra se viesen identificados. Lo que sí está palmariamente claro es, siguiendo la documentación oficial, el proyecto social que de la experiencia concentracionaria pretendía extraerse. Una experiencia de eliminación física, como en el campo extremeño de Castuera; una experiencia de aniquilación ideológica, como en el campo de San Pedro de Cardeña; una experiencia de tortura cotidiana, como en el campo de San Juan de Mozarrifar. Una experiencia que iba más allá de la clasificación político-militar, determinada por una serie de valores morales, culturales, que habrían de regir el ordenamiento y la vida cotidiana dentro de los campos de concentración y los BB. TT.: la reeducación, la recatolización y la desmarxistización significaron la traslación dentro de los campos de todo un paradigma de reorganización social desarrollado por los vencedores de la guerra civil.

A abordar ese proyecto social va a dedicarse este capítulo, dividido en varios apartados: en el primero se analiza el concepto y proceso de reeducación y los códigos de valores implícitos en ella, así como los caminos de ida y vuelta entre campos, Batallones y sociedad tras las rejas y las alambradas; en el segundo, la cristalización que ha dejado más fuentes de todo ese aparato teórico, las investigaciones biopsiquiátricas de Vallejo Nágera en el campo de San Pedro de Cardeña sobre la raíz del mal marxista; y en el tercero y cuarto, la vida cotidiana en los campos, la «gestión de la miseria», analizada como imposición punitiva para con los disidentes reales o potenciales del Nuevo Estado. Los campos fueron laboratorios sociales donde analizar el trato al disidente y la ideología implícita en ese trato. Indagando, en definitiva, en las funciones sociales de los campos y del trabajo forzoso, lo estaremos haciendo también en la naturaleza del régimen de exclusión franquista. Y viceversa.

1. ESPAÑOLIZAR A ESTOS EQUIVOCADOS: REEDUCACIÓN Y RECATOLZACIÓN

Los campos de concentración pueden, como decía, ser analizados como laboratorios del Nuevo Estado franquista fundamentalmente por dos motivos: por constituir espacios de análisis social de los internos para sus captores, y por resultar ser reproducciones a diferente escala, como dijera Sofsky, de la sociedad en que se enclavaron. De hecho, muchos aspectos acercaban la vida interna del campo y la externa en la sociedad de la retaguardia y de la Victoria: a ambas las unía la utilización de la violencia con el fin de crear un enemigo común contra el que enfrentar a una compacta comunidad nacional; también la colaboración en ella desde la delación, la acusación o el aval, como medio de implicación en la construcción y reafirmación de esa comunidad; o la instrumentación de las identidades políticas enemigas del Nuevo Estado como canal para erigir una ideología política y moral propia. La finalidad social del internamiento y la clasificación masiva, por ejemplo, no difieren demasiado de otros procesos de la política social franquista. Las claras similitudes entre lo que sucedía con las comisiones de clasificación y las Cajas de Recluta durante la guerra y la posguerra, y la maquinaria estatal puesta en marcha en febrero de 1939 con la Ley de Responsabilidades Políticas o en 1940 con la Causa General, muestran la utilidad que se buscó con ambos procesos de clasificación masivos: el intento, como señalaba Ángela Cenarro, de creación de una comunidad nacional compacta a través de la exclusión del Otro.

La construcción de esa comunidad se realizaba dentro y fuera del sistema penitenciario franquista. En primer lugar, de fuera adentro: la principal conexión entre la función social de los campos de concentración —la más importante, la de la clasificación masiva de los prisioneros— y la vida tras la alambrada estaba en la delación, elevada en tiempos de depuración social al rango de virtud patriótica. Desde 1936, la denuncia se convirtió, en palabras de Julián Casanova, en «el primer eslabón de la justicia de Franco», en un «deber patriótico», como señalaba Solé i Sabaté. La colaboración con el sistema penitenciario y concentracionario trazaba, entre muchos otros canales de sociabilidad, la cesura entre vencedores y vencidos, entre los miembros de la comunidad nacional y sus enemigos. Implicarse en la represión era trabajar por el nuevo orden; tratar de contemporizar y actuar con pasividad ante hechos luctuosos como los que jalonaron la violenta historia en las retaguardias franquistas infería también valores de aceptación hacia el mismo.

La colaboración con la represión franquista, en forma de avales o acusaciones, fue uno de los más importantes canales para la articulación cotidiana de la convivencia que para la nueva España pretendieron los vencedores de la guerra civil. Y su calado en el sistema concentracionario fue tal, que llegó a determinar su funcionamiento. La frontera entre dentro y fuera, entre intramuros y extramuros, dependía durante la guerra civil y la posguerra de un aval, de una confesión al párroco, de un dedo acusatorio. Cualquiera podía ser víctima y cualquiera podía ser verdugo, cualquiera podía formar parte del entramado violento y punitivo, cualquiera podía ser un perpetrador voluntario; y de la gente corriente que se movía en el limbo formado entre los espacios simbólicos de la libertad y la punición se aprovechó la dictadura para crear en torno a la represión una vía de implicación en las dinámicas políticas del Nuevo Estado a todos los niveles.

Y, además, la construcción de la identidad nacional se realizaba en el interior del sistema de internamiento masivo representado por las cárceles, los campos y los Batallones de Trabajadores. Los procesos de clasificación de prisioneros puestos en marcha desde 1937 eran, en realidad, un medio para dirimir la «recuperabilidad» de los disidentes potenciales de la Nueva España. La comunidad nacional no podía aceptar en su seno elementos peligrosos, a quienes con su actividad política o social habían cuestionado los códigos identitarios de la España tradicional. Sí, en cambio, a los dudosos, infectados de propaganda «falsa y extranjerizante», a quienes un correcto encauzamiento moral, además de un castigo —como el del trabajo forzoso— inculcado como pena en positivo, dirigido a la reconstrucción de la nación, haría «renacer» su «verdadero espíritu nacional». Por eso se dio carta de prioridad a la reeducación política y moral de los prisioneros de guerra en los campos de Franco: porque respondía a toda una percepción generalizada de qué y quiénes eran los enemigos de la Nueva España. De ahí que la máxima en los campos fuese la de «españolizar a esos equivocados»: detrás de esta cosmovisión se hallaba, preferentemente, un credo nacionalcatólico con toques movilizadores provenientes del fascismo de Falange. De hecho, esos fueron los dos grandes paradigmas discursivos empleados en las tareas de reeducación de la población prisionera: en lo religioso y el código de valores, el primero. En lo político, preferentemente el segundo —si bien saliese siempre perjudicado, hasta el punto que los discursos de ideología política fueron controlados por el Ejército en todo momento, sin que la Falange tuviera libertad de acción.

Así, la tarea de la recuperación de los soldados republicanos pasaba, indefectiblemente, por su reeducación política y religiosa. ¿Qué entendemos exactamente, pues, por reeducación? En principio podemos definirla como las dinámicas internas que se realizaban en los campos de concentración, cárceles, centros para trabajadores, y en definitiva en los lugares de reclusión, internamiento preventivo o encierro de personal en principio desafecto a los valores políticos y sociales —además de ideológicos y culturales— de los sublevados, y que, en oposición a la tradición laica republicana y a los códigos de valores diseminados por los partidos políticos de izquierdas y los sindicatos, trataba de imponer un modo oficial de pensamiento y valores a través de prácticas propagandísticas. Tal concepto provenía de un discurso general de actuación política, aplicación de la cosmovisión de España y de sus enemigos rastreable en el nacionalcatolicismo, y tan compartida por los sublevados de 1936 que resultó ser un preeminente elemento integrador. La verdadera España era la tradicional y católica. Todo lo demás, la Anti-España.

Debemos así aproximarnos al fenómeno de la reeducación en los campos de concentración como medio impositivo de reubicación de las identidades individuales y colectivas de los vencidos de la guerra civil. La vertebración de un discurso político y propagandístico según el cual la guerra que se llevaba a cabo era una lucha del Mal contra el Bien, un momento único e irremplazable para extirpar o redimir del seno de la nación a quienes no se adecuaban a su «verdadero» sentir y ser, a quienes habían subvertido el orden moral, forma parte de los porqués de la creación de la red concentracionaria franquista. Y es que no solamente la economía de guerra, la ocupación del territorio o la racionalización del problema causado por el masivo volumen de los prisioneros de guerra pueden explicar el proceso que estamos observando, según el cual en 1937 se clasificaron más de cien mil prisioneros, de los cuales un mínimo de 30 000 pasaron por campos de concentración estables, como eran aquellos de los que salían estructurados los Batallones de Trabajadores. Eso quiere decir, entre otras cosas, que los programas de reeducación de los prisioneros republicanos llegarían a través de charlas patrióticas, misas, castigos físicos, morales, ejemplares, o bien inculcando de manera doctrinal las bondades del «Movimiento» y su preclaro Caudillo a millares de prisioneros. El fenómeno concentracionario franquista fue un medio en sí mismo reeducador: se basaba en la —teórica— instrumentación de la vida cotidiana en su interior, la imposición religiosa y la remodelación caudillista y nacionalista de las ideologías de los prisioneros de guerra.

La reeducación fue, de hecho, otro elemento transversal de los campos de concentración, sobre el que pueden darse dos ejemplos que acercan, al menos superficialmente, los campos franquistas a los tradicionalmente considerados totalitarios. El lavado de cerebro de los prisioneros de guerra polacos (los aproximadamente 250 000 capturados en su frente oriental, tras la invasión rusa comenzada el 17 de septiembre de 1939) en los campos soviéticos de Kozelsk, Ostashkov y Atarobelsk es parangonable, por un lado, a los que se realizaban tan sólo un año antes en San Pedro de Cardeña con los prisioneros de las Brigadas Internacionales. No en los métodos, infinitamente más brutales en los campos soviéticos[2] —donde sí se aspiraba a la totalitaria creación de un hombre nuevo—, pero sí en el trasfondo de aculturación y sacralización-dogmatización de la política, según la cual la ideología se podía cambiar mediante la conversión. El interés, por otro lado, desde 1944 de Hitler y Himmler por utilizar a los prisioneros de guerra rusos en su propio ejército, así como el desprecio de Stalin hacia ellos[3], son comparables a la actitud de Franco para con sus prisioneros de guerra: o eran «engañados» a los que había que «españolizar» para hacerlos útiles a la comunidad nacional, o eran mano de obra barata y rentable, o simple «canalla roja» que valía menos que la bala que acababa con ella.

Así, por ejemplo, puede entenderse que en mayo de 1938 la ICCP se interesase por la requisa del reformatorio de menores de Amurrio (Álava) para alojar a prisioneros menores de edad, que estaban internados ante todo en Aranda de Duero; lo haría por «razones morales y educativas… para lograr su regeneración y hacerles comprender el sentido de nuestro glorioso Alzamiento Nacional», además de para «inculcarles… la fe derivada de una sana educación religiosa que haga de estos jóvenes hoy envenenados con las doctrinas marxistas hombres aptos al nuevo Estado». Mediante un «régimen educativo en el sentido moral, político y religioso», los menores no perderían, en principio, su carácter de prisioneros de guerra, por hallarse el país en estado bélico; pero emplearían su tiempo en un proceso de reeducación, consistente en la educación física y premilitar (dirigida a reconducir las «desviaciones del desarrollo fisiológico»), la educación profesional (con juegos y talleres copiados del ilegalizado movimiento Scout), la educación cívica y patriótica (para enseñar «virilidad, energía vital» y el orgullo por las gestas imperiales españolas) y, finalmente, la educación religiosa y moral, «infiltrada de modo suave y atractivo, enseñándose… la maldad del hombre por haber crucificado a Jesús». Tan estereotipada era la cosmovisión del enemigo desarrollada por los sublevados y tan seguros estaban de llevar a buen fin su proyecto de regeneración nacional, que salvo «sujetos degenerados, depravados y anormales», los «patrióticos anhelos» de los jóvenes acabarían por unirles al «Glorioso Movimiento»[4].

Patrióticos anhelos, virilidad y fe era lo que quería encontrarse en los marxistas engañados por la demoníaca propaganda. Según Luis de Martín Pinillos, la obligación que los sublevados se habían impuesto en 1936 era la de «españolizar a estos equivocados y hacer de ellos hombres que luchen y laboren por el engrandecimiento de nuestra patria, hoy en la guerra y mañana en la paz»[5]. Para ello, en los campos «se cuida[ba] con especial interés a su formación religiosa como base a toda formación moral». Celebrar la Pascua, acudir a la Santa Misa los domingos y festivos con un índice notable de comuniones, o rezar diariamente el rosario en «perfecta formación militar», eran triunfos que encomiar. Triunfos retóricos de una identidad impuesta a golpe de fusil, en la que el catolicismo tenía un peso específico sólo equiparable al sentimiento de deslegitimidad que la República producía entre los insurrectos de 1936.

Los últimos años treinta y los años cuarenta del siglo XX son, de hecho, un período especialmente controvertido en la historia eclesiástica. La posible responsabilidad adquirida, por obra u omisión, por parte de la jerarquía católica en procesos históricos tan moralmente reprochables como el genocidio hebreo ha puesto, de hecho, la mirilla acusatoria sobre pontificados tan controvertidos como los de Pío XI y Pío XII[6]. En España, la implicación religiosa en el bando franquista dio una pátina justificativa a la lucha de los insurrectos. Así, el clímax de la interacción durante la guerra civil entre Franco y la Iglesia tendría lugar en el primer aniversario del golpe de Estado, con la difusión de la Carta Colectiva del episcopado español, mas tal colaboración no se detuvo en la justificación del golpe militar, ya que la denuncia al «rojo» local, la firma de avales —muchos provenían de los campos de concentración— o la presencia de sacerdotes en el mismo frente de batalla y en las cárceles franquistas revela hasta qué punto la Iglesia estaba interesada en la victoria insurrecta o, al menos, hasta qué punto algunos de sus integrantes comulgaban con los sublevados. Teniendo en cuenta que en todos los campos de concentración debía haber como mínimo un sacerdote o capellán, o que se encargara de la vida espiritual de los prisioneros el de la localidad de ubicación del campo para continuar en retaguardia la lucha de España contra los «sin dios» que se dirimía, ante todo, en los frentes de batalla, puede aventurarse cierta connivencia entre militares y clero por lo que respecta a la visión de los enemigos de España.

Y es que la religiosidad era un elemento, al parecer de algunos teóricos especialmente implicados en la organización concentracionaria, «consustancial» al carácter hispano, a la «raza hispana». La misión religiosa, de implantar la religiosidad entre los prisioneros de guerra, estaba pues en el mismo núcleo de la cuestión concentracionaria, al menos si seguimos los informes entre propagandísticos y organizativos que la ICCP enviaba sin regularidad alguna al Generalísimo. Al igual que la propaganda caudillista y nacionalista, en los campos de concentración franquistas la religiosa fue sistematizada de manera central, de hecho integrando la jerarquía de la Iglesia en la de la ICCP. En su decreto fundacional, recordemos, se señalaba que de coordinar las tareas religiosas en los campos se encargaría el capellán primero D. Natividad Cabicol Magri. Además, los servicios religiosos en los campos (véanse las fotos de comuniones en Miranda de Ebro), al menos desde que se estabilizó una red concentracionaria —con la caída del frente Norte en 1937— estuvieron desde el principio cubiertos «por el personal correspondiente al Clero castrense, no faltando sacerdotes en ningún campo ni batallón de prisioneros». La asistencia de los prisioneros a misa los domingos y festivos era obligatoria, siempre que fuese posible, como método para combatir la «propaganda satánica» que habría embrutecido al «verdadero» pueblo español, siendo necesario «desintoxicar con otra propaganda sabia» para despertar ese instinto «que heredó de sus antepasados y que hoy yace apagado en el fondo de su subconciencia».

Una conciencia conocida como nadie por las «Altas Autoridades Eclesiásticas», expertas en lo relativo al «corazón humano», y una misión, la de «españolizar» a los republicanos, percibida así como una recuperación —por tanto, reevangelización— de la «inclinación religiosa de los prisioneros». Pero una realidad bastante alejada de tan superiores fines: represión ideológica e imposición del credo, en definitiva, era lo que se realizaba en los campos. Cuenta, por ejemplo, Joan Llarch que, encuadrado ya en el BB. TT. n.º 69, los trabajadores eran conducidos los domingos por la mañana a la iglesia. No se les permitía entrar, pero formaban en el exterior, desde donde escuchaban las prédicas del sacerdote de Azada: «hablaba a los fieles, haciendo hincapié en que los del exterior, según sus expresiones, representaban a la barbarie, al ejército del crimen y a la negación de Dios»[7]. Para algunos sacerdotes, entre los cuales se hallaban varios de los que realizaron su labor apostólica en los campos franquistas o con prisioneros de guerra, bastaba haber combatido en el Ejército Popular de la República para estar con los «sin Dios», con la Anti-España.

Además, las actividades relacionadas con la reeducación católica no se limitaron a la celebración eucarística. Tanta o más importancia tuvieron las series de conferencias «apologético-dogmáticas», donde sacerdotes y capellanes se implicaron hasta mancharse en la «auténtica misión». Establecidas según la documentación oficial de manera «sencilla pero a todas luces eficaz», dos veces al día y con modos y lenguajes simples (para llegar a la «inteligencia, incluso la más escasa de los oyentes, y al corazón, a veces refractario», de los envenenados por la propaganda «ateo-marxista»)[8], las charlas son bien recordadas, por regla general, por los prisioneros internados en los campos franquistas. De ese modo, como se señalaba en un texto de naturaleza casi teológica que sirvió para dotar de un corpus teórico a la reevangelización en los campos, poco a poco se inculcaba en el ánimo de los prisioneros la «verdad» de que el hombre no era «sólo materia sin más fin que el de pasar como un meteoro por la tierra, sin destino ulterior, sino que el hombre posee un alma, destello de la divinidad y creada por esta divinidad para la vida ultraterrena» y que por tanto, no cumplir con la ley divina (la santidad en vida) empleando el libre albedrío para no regir la sociedad terrenal por las reglas eclesiásticas, implicaría la más implacable justicia. Dios, se decía, tenía «reservada su gloria para los que cumplen su ley y las penas eternas del infierno para los que la desacaten».

De ese modo la Iglesia católica se reservaba la capacidad de establecer el verdadero y recto devenir de los hombres. Mediante la comunión y, en este caso, mediante la penitencia: el sacramento que unía al pecador con el creador, a través de la santa sociedad «amiga y protectora de todos los humanos» (y en particular, de los obreros y los humildes) por él creada, la Iglesia, «a la cual todo cristiano tiene la obligación de acatar». Sacramento, por tanto, que daba voz a los «descarriados» y que debía ser empleado como canal para la redención de quien, por culpa del engaño, se había desviado de la senda justa y en consonancia con la Iglesia. Sacramento que, según se decía, debía acompañarse de la convivencia íntima de los prisioneros con los sacerdotes, quienes en los campos y territorios de castigo generalmente «llevaban la conversación hacia los temas del espíritu, les dejaban plantear sus dudas y vacilaciones para resolvérselas, la mayor parte de las veces con la satisfacción y complacencia del prisionero». Los frutos de esta propaganda, se concluía, habían sido excelentes hasta julio de 1938. El pastor salía a buscar a sus ovejas… salvo que en este caso las ovejas no estaban libres sino encerradas y sometidas a un régimen de vida particularmente duro.

La retórica populista y obrerista y la instrumentación del concepto de pecado (en este caso, el pecado se hacía ideológico) eran los fundamentos de las charlas religiosas, de la «misión». Pero, además, esa instrumentación dio cobertura ideológica al empleo de la mano de obra prisionera y penada en trabajos forzosos. Y eso lo podemos comprobar fehacientemente en los escritos publicados por quien fue cerebro creador del sistema de Redención de Penas por el Trabajo, con el que los presos políticos pudieron desde 1938 acceder a la teórica reducción (de facto, ningún preso redujo pena) de las desproporcionadas condenas impuestas por los tribunales militares a cambio de su mano de obra. A condición de que el preso se mostrase «sumiso y arrepentido», podría superar la reclusión intramuros y acceder al también ingrato, pero al aire libre, sistema de trabajos «patrióticos». De tal modo, mediante el «cultivo espiritual, religioso, patriótico y social que contribuya poderosamente a la conquista definitiva de miles de espíritus extraviados para Dios y para la Patria» y el trabajo, los reclusos accederían parcialmente a los programas de obras en RR. DD. o destacamentos penales, descargando además al Estado «y a la sociedad del peso de su manutención». Pero, sobre todo, se reconciliarían ellos y sus familiares con «la religión, con la sociedad y con la Patria, sin tener que apelar a amnistías que degradarían y envilecerían a la Autoridad»[9].

Sin embargo, la reeducación en los campos franquistas, como casi todo cuanto tuvo que ver con ellos, estuvo más bien impregnada de la contradicción intrínseca a la combinación de falta de medios y grandes ambiciones, así como a la conjunción entre justificaciones discursivas y realidades concretas. Tales contradicciones eran parte sustancial en la aplicación práctica del discurso teórico sobre la redención del prisionero y su falta de fe, aunque fuesen generalmente soslayadas hasta el punto de no ser necesaria otra justificación, por ejemplo, para la utilización de la mano de obra de los prisioneros de manera pseudoesclavizada que la doble dimensión de justicia de los hombres y justicia divina, apropiada por los nacionales arropados por la Iglesia católica. En algunos casos, como con la reeducación en los campos o con la creación en 1938 del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, guiado por el jesuita Pérez del Pulgar, todo quedaba perfectamente claro: la justicia humana emanaba de aquella divina y, estando la Iglesia al lado de los nacionales, cuanto se realizase para punir y castigar estaría siempre legitimado, porque se estaba haciendo siempre lo correcto.

Pero las contradicciones existían. Y alguna respuesta a ellas nos la pueden dar las fuentes para la reconstrucción de la vida cotidiana en los campos de concentración franquistas. Por ejemplo, en un informe al gobierno del País Vasco ya en el exilio de un prisionero apellidado Zubicaray, quien tras la caída de Bilbao dio con sus huesos en Miranda de Ebro, en el Batallón de Trabajadores de Cortes de Tajuña y en la cárcel de Azpeitia. Sobre Miranda habría de decir que lo peor que tuvieron que ver, tanto él como sus compañeros vascos —en particular tres sacerdotes— serían las represalias por hablar de la situación en su tierra y, ante todo, la imposición de una doctrina católica ultrareaccionaria que negaba, de manera especial para los prisioneros nacionalistas, la religiosidad si carente de sentimiento españolista: «no es buen católico quien no es buen español». Un sacerdote, por oponerse a esos discursos, habría sufrido en mangas de camisa, en posición de firmes, la noche burgalesa de noviembre a modo de castigo. En sus diferentes traslados ratificaría lo visto en Miranda: que las catequesis y misas en las fechas clave del «Movimiento» (18 de julio, 12 de octubre —día de la Hispanidad por su patrona, la virgen del Pilar y de la Raza—) no serían otra cosa que desviaciones propagandísticas del credo católico. Para más inri, decía, no se habían celebrado misas ni el viernes santo, ni para la Ascensión, ni el día de San Pedro, en el Batallón, pero en cambio sí se habían ejecutado a dos prisioneros por desacatos al himno falangista y a su teniente[10]. Un testimonio que nada tiene de aislado: también de Miranda de Ebro, Félix Padín recuerda que

había un cura, que era de Santander, que se había pasado a los nacionales y estaba allí en el campo. Recuerdo que a los dos o tres días de estar allí nos obligaron a hacer una capilla, y nos obligaron a arrastrar por allí unas piedras. Yo, que casi no me tenía en pie del hambre, arrastrando piedras para hacer la capilla… Por Navidades, a los 4000 y pico que estábamos allí nos hico pasar en fila a besar un muñeco [el Niño Jesús] que tenía allí, con una nieve que caía, y nos hizo pasar. «Sin reírse». Nos quisieron vejar, pero no pudieron…

En otro momento, Padín recuerda más claramente el carácter del sacerdote santanderino:

Pensábamos que era preso también como nosotros y no, resulta que era un cura que se había pasao de los rojos, como decían ellos, a los nacionales, y estaba aquí pues de cura se conoce, y yo le he visto por aquí estando formados… con un látigo de esos de los negreros, así debajo el brazo. Nunca le vi usarlo, pero las palabras de él eran éstas: «lo mejor para éstos es pegarles cuatro tiros y tirarles al Bayas, así no sabe nadie dónde están»[11].

Por su parte otro prisionero vasco, Francisco Ibarrola, recuerda muy bien las charlas y mítines, educativos y espirituales, donde se «cocían» motivos religiosos, políticos, imperiales, falangistas y tradicionalistas. Los dislates, incoherencias y panegíricos sobre la Nueva España y su imperio, a juicio del exprisionero, no hacían sin embargo el más mínimo efecto. Y por cuanto respecta a la imposición religiosa, el relato de otro prisionero no deja espacio para la duda: era imposición también sobre los creyentes no católicos. En el campo de Reus, un testigo de Jehová era llevado a misa los domingos a garrotazos. En aquel campo mandaban más los capellanes castrenses que los propios militares[12].

Oficialmente, las cosas debían ser bastante diferentes. Un ejemplo: para celebrar el aniversario del golpe de Estado, en el campo instalado a base de barracas de madera en el interior del Penal del Dueso, en Santoña se realizaron misas los días 17 y 18 de julio; el 19, se dio una conferencia a los prisioneros sobre «La Religión y la Patria». En las primeras, tomaron la comunión gran número de prisioneros, y el «coro de la Asociación Católica del Campo interpretó distintos cantos religiosos, finalizando con el Himno Nacional y los vivas reglamentarios, cantados y contestados con gran entusiasmo por todos los prisioneros». Además, tras la misa del segundo día se puso en libertad, tal y como sucede en la Semana Santa española, a «buen número de prisioneros» —no sabemos cuántos— después de haber sido exhortados a que una vez en la calle, «gracias a la bondad y justicia de nuestro Caudillo», laborasen con todo su entusiasmo «por la España UNA, GRANDE Y LIBRE de Nuestro Lema para la pronta victoria final de Nuestro Glorioso Ejército». Es decir, que con toda probabilidad se trató de una pantomima ya que se trataba de prisioneros clasificados positivamente y que, por tanto, eran liberados para ser mandados a luchar en las trincheras franquistas[13].

Otro ejemplo que ilustra perfectamente la imagen que se tenía de los prisioneros es el de la nota mandada a la ICCP desde el campo de Burgo de Osma el 26 de abril de 1939 por su jefe, Pedro Cagigao[14]. El día anterior se había celebrado la comunión pascual de los prisioneros. A las nueve de la mañana y con la asistencia de las autoridades civiles y militares, la superiora y las hermanas del hospital y el asilo, de la Sra. Romana Roldán de Polanco —presidenta de Frentes y Hospitales y representante de FET-JONS— y, sobre todo, del obispo de la diócesis, dio comienzo la santa misa, durante la cual «los prisioneros entonaron diversos cánticos religiosos y rezaron el Santo Rosario dirigido por un sacerdote». Justo después, el obispo administró la sagrada comunión al jefe del campo, los oficiales e invitados y, seguidamente, a 52 prisioneros «que por primera vez se acercaban a la Santa Mesa procediéndose después a la comunión del resto del personal».

¡Espectáculo soberbio! ¡Cuadro imponente de una magestad [sic] y grandeza que solo [sic] puede verse en la España del Caudillo, el de 3082 prisioneros de rodillas con las manos cruzadas y discurriendo entre ellos diez Sacerdotes que distribuían [sic] la Sagrada Forma! ¡Escena inolvidable que humedeció los ojos de cuantos las [sic] presenciaban y que quedará para siempre gravada [sic] en sus corazones! ¡Solemne silencio, turbado solo [sic] por el alegre trinar de las primeras golondrinas que cruzaban el espacio embriagándose del sol esplendido [sic] que iluminaba el cuadro maravilloso!

Finalizada la comunión, sesenta y siete prisioneros recibieron la confirmación, siendo apadrinados por el jefe del campo y la Sra. de Polanco. Tras dirigir una «elocuente plática», el obispo se retiró entre aplausos. Como decía el jefe de Burgo de Osma, el «lirismo» de su explicación no se explicaba sino en el orgullo que le producía ser, en buena medida, responsable del cuadro que acababa de presenciar. Pero tal lirismo no esconde, a los ojos de hoy, la farsa que se acababa de consumar en el campo. Una farsa extendida por todos los territorios de castigo franquistas para escenificar y ritualizar la pertenencia a la verdadera y única España.

Faltan en la historiografía española e hispanista estudios empíricos referidos a la real implicación sacerdotal en la represión franquista como para poder valorar estos hechos de manera global. De hecho, no se ha hallado documento alguno que cuantifique la presencia real de sacerdotes en los campos. Pero de ser cierto lo que decía Luis de Martín Pinillos, habría como mínimo uno en cada campo y batallón. Y casi todos los prisioneros comparten una visión: que los curas y clérigos involucrados en la propaganda religiosa no ofrecían perdón —lo que ya de por sí implicaba pecado: la pertenencia al Ejército de la República—; lo que daban era adoctrinamiento, crueldad y saña. Además, a tenor de muchos testimonios personales, los intentos de doblegamiento y reeducación fueron poco eficaces. La retórica perdía su eficacia cuando los prisioneros se daban cuenta de que, para salvar la integridad física, debían acatar (o hacer ver que acataban) las reglas eclesiásticas de organización de la vida concentracionaria. Pero eso sería también utilizado como canal para la transmisión ideológica de los valores de la Nueva España: si la ideología era pecado, ideológica debía ser la redención.

Tanto es así, que la propaganda religiosa no puede analizarse sin observar un elemento a ella concatenado: la propaganda política que los prisioneros recibían casi a diario en sus largas jornadas de internamiento, donde se incluían procesos llamados de «desmarxistización». Dirigida por la ICCP en compañía de la Sección de Prensa y Propaganda de Falange, una vez organizado el Ministerio del Interior, esta aniquilación ideológica y, en buena medida, identitaria, se llevaría a cabo según la documentación oficial de «mil maneras», repartiendo folletos, periódicos, con charlas por parte del jefe del campo. Todo ello destinado a demostrar la necesidad del «Alzamiento» y a propagar el programa sociopolítico de FET-JONS, la magnanimidad del general Franco y la grandeza que para España, «sin distinción de clases», traía su guerra. No extraña, en ese contexto, el recuerdo de Eustasio García: «Yo he cantao más “Cara al sol” que el mayor franquista. Yo he cantao durante tres años por las mañanas, a mediodía y por las tardes. Cuando íbamos a comer, antes, primero el “Cara al sol”»[15].

Y es que la parafernalia fascista formó parte, en la manera más primaria, de lo que era un intento por arrancar la raíz del Mal e imponer a los internos una doctrina política de cuño franquista: fascista por movilizadora, y nacionalcatólica por tradicionalista. Sin embargo, la propaganda directa e indirecta y los programas de «conferencias patrióticas» no fueron cosas sistemáticas hasta bien entrado el «Segundo Año Triunfal», dependiendo hasta entonces el adoctrinamiento en cada campo de las decisiones particulares de cada jefe. Por ello, la Jefatura de Propaganda en los frentes, dependiente de Interior, pediría sustituir lo esporádico de las charlas por «cursos metodizados de nuestras doctrinas»[16] (este servicio dependía de cuadros de FET-JONS), destinadas a la regeneración ideológica de los prisioneros de guerra; lo que se pretendía, en definitiva, no era tanto poner de relieve los crímenes y errores del marxismo, sino adoctrinar a los prisioneros en la supuesta realidad sociopolítica del nuevo Estado que Franco lideraba. Basta dar una ojeada a los temas que se proponían para las charlas de «educación moral y social» para comprobar el ideario e imaginario sobre el que esta realidad se basaba[17]. Estos eran:

Errores del marxismo-lucha de clases; criminalidad imperante antes del 18 de julio; los fines del judaísmo, la masonería y el marxismo; por qué nuestro Ejército toma la labor de salvar la patria; la destrucción de nuestro patrimonio artístico; la negación de todo valor intelectual o científico [s/c]; lo que se pretende destruir de las fuentes de riqueza; la subordinación y esclavitud de los políticos del Frente Popular a las organizaciones internacionales; lo que es el credo de nuestro Movimiento: los 26 puntos de FET-JONS; la labor de Auxilio Social; lo que es y se propone desenvolver el sindicato vertical; las leyes que implican reformas sociales en la España que nace (auxilio a familias numerosas, subsidio de los combatientes para sus familiares, exención de los alquileres a los sin trabajo, revalorización de productos de la tierra, becas para estudiantes pobres y necesitados, ley del trigo, respecto a las leyes que suponen mejoramiento social y económico de los humildes); el error en que han vivido a través de las mentiras de la prensa roja; el trato que se les da a los prisioneros y la falta de verdad en que incurrieron los que decían que se asesinaba a todos los que caían en nuestro campo; el régimen de hospitales para prisioneros rojos; el concepto de la España Imperial; el orgullo de saberse fuertes y potentes por el hecho de ser españoles y solamente españoles; el concepto de unidad de la Patria. Por los conferenciantes se harán preguntas a los que compongan el auditorio a fin de poder recabar elementos de juicio en orden al aprovechamiento de conceptos, procurando aclararles los que se estimen convenientes. Tanto de la asistencia como de la compostura y grado de atención se tomarán notas a fin de lograr las observaciones convenientes en su día.

Así, en los campos las conferencias patrióticas, «instructivas y políticas», los «cursos de refutación del marxismo», las propagandas radiofónicas, bibliotecas y escuelas, los lectores de periódicos comentados —los capellanes—, los «pequeños concursos» sobre el grado de conocimiento de los puntos de Falange, leyes sociales y fundamentos del Nuevo Estado, los periódicos murales, o las «agrupaciones musicales», corales o teatrales, sesiones cinematográficas, etc., constituían actos de distracción a los prisioneros, pero se aprovechaban para la reeducación «intercalando entre ellos, para difundir en mítines relámpagos, la verdad de nuestra doctrina»[18].

Y es que aprender la verdad de la doctrina era conditio sirte qua non para formar parte de la comunidad nacional. Tanto es así, que algunas de las preguntas requeridas para aspectos cruciales en la vida del prisionero, como ser reclasificado a lo largo de la guerra o ser puesto en libertad tras ella, era si demostraba «saneamiento» en su ideología. De tal modo, tras haber purgado la ideología y devuelto su espíritu a la comunidad, se les podría considerar «incorporados idealmente a la única España Grande y Libre, cuyo engrandecimiento es preocupación constante del Caudillo»[19]. Así se accedía al Nuevo Estado, que «en un principio y por desconocimiento de sus virtudes —se decía—, contó con gran número de enemigos», como los prisioneros en los campos, pero que cuando se escribiese el propagandístico informe al que se hace alusión, habría conseguido que «la mayor parte de ellos [estuviesen] hoy convencidos por la justicia y excelencia del Régimen».

Restañar la memoria del republicanismo era, evidentemente, algo mucho más allá de las posibilidades verdaderas del Ejército sublevado; por ello, semejantes intentos de arrancar de raíz la disidencia al nuevo orden habrían de ser, a la fuerza, impositivos, como ha señalado el exprisionero Francisco Ibarrola, respecto de la obligatoriedad de la parafernalia fascista en los campos de concentración: «kién pensaría ke ese imno abría de aprenderlo y obligado a kantarlo kon los demás prisioneros, brazo en alto, zientos i zientos de bezes, a la salida i puesta de sol»[20]. También así lo recuerda José Leiva, respecto al campo ubicado en posguerra en el Castillo de Santa Bárbara: a un prisionero de sesenta años le tuvieron más de dos horas saludando con el brazo en alto por no haberse aprendido el himno de FET-JONS[21]. Aquellos soldados deberían aprender con el dolor la nueva disciplina, el nuevo orden, y con el castigo pagarían sus desatenciones a la propaganda y las proclamas franquistas.

Tal vez, en realidad, las autoridades sublevadas sabían que los medios para la reeducación —conferencias patrióticas, trabajo redentor, imposición religiosa— eran completamente inútiles, salvo para exaltarlas por motivos propagandísticos. La represión franquista, señalaba Ángel Suárez, no pretendió reeducar sino quebrar. No pretendía «únicamente neutralizar»[22], sino vengarse del cuestionamiento republicano del statu quo tradicional. Solamente desde tal perspectiva podría explicarse la insistencia casi obsesiva en la reeducación en los campos y el trabajo forzoso, aun cuando sabían que los prisioneros no aceptaban, sino que simplemente acataban. Pero lo cierto es que, fuese para doblegar, para transformar o para convencer, la reeducación política y religiosa en los campos fue una realidad concreta para los prisioneros de guerra. Una experiencia que, en palabras de Ricard Vinyes, tuvo su cobertura intelectual en el trabajo de Vallejo Nágera y sus teorías sobre la segregación total del mal marxista. Un aspecto al que hay que dedicarle una especial atención.

2. REEDUCACIÓN Y RAZA HISPANA: VALLEJO NÁGERA EN SAN PEDRO DE CARDEÑA

En el mismo contexto explicado de «españolización» y «desmarxistización» de la población republicana, se han de enclavar las investigaciones sobre el «biopsiquismo del fanatismo marxista» y los experimentos psíquicos, raciales y sociales realizados por Antonio Vallejo Nágera (profesor de psiquiatría en la Academia Militar de Sanidad) con los prisioneros internacionales del campo de San Pedro de Cardeña, encaminadas a «hallar las relaciones que [pudiesen] existir entre las cualidades biopsíquicas» de los prisioneros «y el fanatismo político democrático-comunista»[23]. Y aunque no se deba exagerar su importancia real y que lo más probable es que no fuesen las únicas —aunque, ciertamente, sean las únicas de que disponemos de fuentes directas— realizadas en la España franquista, lo cierto es que tienen una innegable trascendencia en el plano de los paradigmas teóricos sobre los que se habría de sustentar, desde la perspectiva de los sublevados, la «verdadera» comunidad nacional.

Estas investigaciones, ya estudiadas sobre todo en lo relacionado a la creación de la teoría de la segregación total y —paralelamente— en lo relativo a las mujeres encarceladas y al rapto de sus hijos, están, sin embargo, cargadas de incógnitas. Como señala el mismo Ricard Vinyes, no se sabe muy bien qué pasó en San Pedro, cómo se desarrollaron las pesquisas biopsíquicas, ni cuáles fueron sus resultados en el orden de la vida cotidiana. Se conoce que fueron aplicadas las biotipologías de Kretschmer pues el propio Vallejo así lo relata. Pero quedan muchas sombras, no despejadas aún por la investigación ante la falta de fuentes a las que remitirse más allá de los escritos del director del Gabinete de Investigaciones Psicológicas de los Campos de Concentración[24]. La primera duda: ¿por qué en San Pedro de Cardeña?

Esta pregunta aún no ha sido respondida convenientemente por los escasos, aunque más que efectivos, estudios que han analizado la categorización del Mal y de los beneficios de la «regeneración» postulados por Vallejo. Y la respuesta puede ser tan simple como compleja: por un lado, el grupo de prisioneros de San Pedro fue el más estable, el único no sometido a traslados internos dentro de la Península, por lo que la duración de los estudios no estuvo sujeta a un límite preciso marcado por decisiones de carácter estratégico o militar. Los 653 interbrigadistas recabados de los diferentes campos españoles —en total, fueron 297 los investigados— eran, a primera vista, una buena excusa para realizar con ellos experimentos psicológicos que tratasen de determinar la raíz del «problema marxista»[25]. Pero, por otro lado, resulta hasta cierto punto contradictorio que unos estudios encaminados a señalar la raíz psíquica del Mal que azotaba España —el marxismo— no tuviesen por objeto prisioneros españoles, sino extranjeros. Los resultados de las investigaciones del gabinete, que a priori también incluían presos separatistas vascos y catalanes, así como presos y presas políticas, solamente dieron como resultado las conclusiones derivadas de los estudios sobre las presas de Málaga y los internacionales de San Pedro. Y esto último debemos observarlo desde una perspectiva europea.

Vallejo Nágera adoptó para España las teorías raciales de Lombroso y, en principio, sus conclusiones estaban destinadas a servir de modelo no sólo para su aplicación al caso de los republicanos españoles, sino también a la «degeneración mental» generalizada por el desarrollo del marxismo como doctrina teórica aplicada a la política. De tal modo, no se trataba tan sólo de la creación de una categorización y una «cosmovisión del enemigo» republicano, sino que más bien se trataba una teorización antimarxista (definido el marxista como «antisocial» por «antimilitarista» y «antipatriota») válida para Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y, en general, para todos los grupos nacionales estudiados en su pequeña representación concentracionaria de San Pedro de Cardeña. Entroncan, por tanto, con lo que Mosse señaló para la historia del racismo en Europa[26] —la construcción de la identidad nacional se acompañó de construcción a la vez racial e identitaria del otro— y con lo que más recientemente ha sugerido Mark Mazower sobre la generalización en la Europa de entreguerras de políticas sociales fundadas en el estudio de la alteridad como degeneración. De hecho, en algunos momentos tuvieron no poco de componente racista.

La alteridad ideológica fue, pues, afrontada por Vallejo como se enfrenta la medicina a una enfermedad. Lo que se pretendía, ante todo, con estos estudios de la ideología marxista era crear un marco teórico para justificar tanto el origen como el modo de afrontar dicho «mal», entendido como una enfermedad mental y, por tanto, curable mediante el tratamiento. Se trataba de «reconstruir patológicamente las raíces físicas de la Patria y su moralidad» y precisamente, como señala Michael Richards, la labor de los campos de concentración fue articular esa regeneración de España, esa «desinfección política y religiosa»[27]. La de imponer la «superioridad psicológica» de los valores abanderados por bando franquista —lo que Vallejo llamó el «factor emoción»— como canal de legitimación de los sublevados. No hacía falta construir otras legitimidades: el franquismo acuñó la idea de que Franco «ganó la guerra por estar a lado de Dios»[28].

Construir la propia identidad nacional, el «mejoramiento de la condición humana»[29], identificar al enemigo y tratarlo, aplicando para ello la pedagogía de masas. Tales eran los objetivos de la investigación, que partía de unos paradigmas teóricos fundados en considerar que «la muchedumbre… [recordaba] en muchos aspectos a los rebaños de animales, confiados ciegamente al cabestro o animal guía» y que el pensamiento «antisocial» se parecía al de «un niño», en su actuación irreflexiva y su temeridad, lo que lo hacía por igual predecible, sugestionable y regenerable[30]. Los postulados del trabajo radicaban así en tres objetos de búsqueda: la predisposición al marxismo y su relación con la «personalidad biopsíquica», la proporción del «fanatismo marxista en los inferiores mentales» y la «proporción de psicópatas asociales en las masas marxistas». Sin embargo, las bases teóricas del mismo, al menos en su cristalización hipotética, eran mucho más ideológicas y racistas que psiquiátricas: al explicar la segunda premisa, la de la inferioridad mental, escribiría:

El simplismo del ideario marxista y la igualdad social que propugna, favorece su asimilación por los inferiores mentales y deficientes culturales, incapaces de ideales espirituales, que hallan en los bienes materiales que ofrecen el comunismo y la democracia la satisfacción de sus apetencias animales. El inferior mental y el inculto encuentran en la política marxista medios de facilitarse la lucha por la vida, al contrario que en cualquier otro régimen político-social, especialmente en los aristocráticos que fomentan el encumbramiento de los mejores… Unido el marxismo a la antisociabilidad y a la inmoralidad social, especialmente contrario a la moral católica, parece presumible que se alistarán en las filas marxistas psicópatas de todos los tipos, preferentemente psicópatas asociales.

De tal modo, en aras de descubrir la causa del alistamiento en las filas republicanas no sólo se iría tras la pista de la predisposición al marxismo, sino también de la influencia ambiental «marxistógena», tomando tres ejes de la vida personal: los fracasos profesionales, sociales y sexuales del prisionero. Además, y siguiendo las investigaciones de Kretschmer en su día sobre la relación entre los biotipos físicos y las cualidades temperamentales, Vallejo se aventuraría también en la descripción exterior racial del marxista como reflejo de la identidad e ideología política. De tal modo, relacionadas con las investigaciones y encargadas por el asesor jurídico de Franco, Lorenzo Martínez Fuset, existen unas fotografías destinadas a clasificar a los prisioneros por «tipos raciales» (véanse las fotografías incluidas en este volumen). En el caso español también cabía hablar, según Vallejo, de una «raza hispana» que no se caracterizaba propiamente por lo físico sino por un sentimiento de común reconocimiento, de amor a la Patria, de identidad colectiva. El «contagio psíquico» de las masas había devenido en la desaparición de las «constelaciones Dios, Familia y Patria» de la «conciencia colectiva». Había, por tanto, que cuidar esa «raza» de españoles, incluso aplicando teorías racistas de ingeniería social, tan en boga en la Europa de entreguerras.

Esas fotos de San Pedro de Cardeña eran, pues, «tipológicas», y traían en sus reversos inscripciones como «tipos de prisioneros» que describían sus características físicas, faciales. En la España franquista se utilizaron, además, como pruebas para demostrar la intervención extranjera en la guerra civil. Pero, desde luego, no eran tan sólo un medio de identificación: en ninguna normativa interna de la ICCP aparecía recogida la necesidad de identificar mediante fotografías a los prisioneros ingresados en los recintos concentracionarios. Se trataba, ante todo, de mostrar los caracteres «degenerados» del marxismo, la Anti-España y sus colaboradores extranjeros. «¿Acaso pueden ser éstos españoles?», reza la fotografía de varios prisioneros franceses en su reverso, supuestamente para demostrar la superioridad moral, trasladable a los rasgos físicos, de los «verdaderos» españoles frente a los «descarriados», enfermos de políticas «extranjerizantes». No se trataba, por tanto, de la aplicación de políticas de esterilización o eliminación masiva de la «inferioridad», ni tampoco a esas conclusiones se llegó en San Pedro. El racismo hispano de Vallejo tenía más que ver con variables morales que físicas, con la identificación de la comunidad nacional desde vectores identitarios (la «identidad comunitaria»), como una tentativa de justificar el nacionalismo a través de una «ciencia objetiva»[31].

A ciencia cierta se desconocen, porque no existen fuentes, los métodos exactos empleados en los trabajos dirigidos por Vallejo y ejecutados por Enrique Conde Gargollo (alférez médico) y Agustín del Río (médico). Cari Geiser, por ejemplo, recuerda que en San Pedro les fueron tomadas a los internacionales las medidas del cráneo, se estudiaron sus rasgos, y les hicieron rellenar unos tests, llamados de Marson, para determinar, por parte del Gabinete de Investigaciones Psicológicas de la ICCP, las raíces del pensamiento marxista. Algo que resulta cuando menos llamativo pero que, a efectos prácticos, poco tuvo que ver con la dura realidad que estos experimentos supusieron en otras latitudes: éstos fueron realizados también sobre las presas del Penal de Málaga, para sentar así las teorías de la segregación más absoluta, que entre otras cosas determinaron la separación —robo— de sus hijos[32].

Lo que sí se llegaron a conocer fueron sus resultados, que no eran otros que los previsibles. Podría decirse que las conclusiones a las que se llegaron correspondían, si no magnificaban o incluso superaban, las premisas de partida: el marxista no era tanto un enfermo mental como una persona con características mentales inferiores y degenerativas. Por investigación psiquiátrica se pasó lo que no fue otra cosa que una reafirmación ideológica: los ambientes sensuales y paganos, la imbecilidad social, la percepción materialista de la sexualidad, el ateísmo, el fracaso… eran según las conclusiones características repartidas desigualmente pero intrínsecas a los marxistas norteamericanos, hispanoamericanos, británicos o portugueses. Como han señalado Bandrés y Llavona, la falta de rigor en el uso de la terminología, de explicación de los modos de actuación; las arbitrariedades y variaciones en los análisis de los diferentes grupos nacionales, eliminan cualquier viso de credibilidad a este experimento, cuyas conclusiones tuvieron poco de científico y mucho de maniqueo.

Sin embargo, por mucho que sus resultados fuesen previsibles, su importancia simbólica fue capital, así como las consecuencias que de él se derivaron: no sólo sirvieron para determinar las raíces teóricas de la degeneración marxista sino que, además, sirvieron para articular una política práctica encaminada a la reeducación y supuesta regeneración de los prisioneros de guerra, a través del trabajo y la aculturación. Y, al margen de dispersas prédicas políticas o religiosas en los campos de concentración franquistas, supusieron el más trabado y conclusivo trabajo por sistematizar el programa reeducativo, desideologizador y contraidentitario sobre los prisioneros de guerra durante todo el conflicto bélico. Y es que, de este modo, se pudieron articular retóricamente las políticas encaminadas a la reeducación de los prisioneros de guerra, estableciendo un marco pseudocientífico a las teorías de segregación y de regeneración de los prisioneros. Políticas que incluían, como camino para la redención nacional, el empleo de la mano de obra forzosa de los prisioneros y presos políticos. Todo respondía a una misma dinámica: no en vano, la inscripción en tinta sobre una de las fotografías aquí incluidas reza: «Con el trabajo, el Pan y la Justicia de la Patria, poco a poco van los prisioneros reconstruyendo lo que ellos mismos deshicieron antes con la dinamita».

El trabajo forzoso, como «pago justo y lógico» a la «verdadera» España, fue por tanto un camino de reeducación y expiación. Y es que lo que se había destruido no era sólo algo material. Para los sublevados, y entre otros factores gracias a la cobertura intelectual del trabajo de Vallejo (como representante del nacionalcatolicismo; no puede olvidarse su deuda intelectual con Ramiro de Maeztu), la República había destruido o tratado de destruir también los valores morales, sociales y religiosos de la nación. Por eso, el trabajo era el medio de redención, no sólo de días de condena, sino sobre todo ante la comunidad «verdadera» de españoles, de la que había que excluir a los disidentes, enfermos o degenerados. Incluidos los extranjeros.

Por cuanto respecta a San Pedro de Cardeña, tras las conclusiones de Vallejo vinieron las políticas concretas: se incrementaron los programas de «desmarxistización» de manera propagandística (si bien, por lo general, los prisioneros resultaron más que reacios a «rectificar sus ideas»). Y ello tuvo, por ejemplo, un epígono significativo, que se debe poner en relación con las investigaciones de Vallejo: la existencia de la (única) biblioteca para prisioneros de guerra[33]. Con el objetivo no escondido de hacer ver a los internacionales las «bondades» del fascismo, en octubre de 1938 se pondría en marcha una colección de obras de propaganda recibidas por las embajadas españolas en el extranjero, previa censura del Servicio Nacional de Propaganda, dependiente del Ministerio de Interior y bajo la supervisión del jefe del campo y su capellán. Y, de tal modo, se obligó a tener un tiempo fijo de lectura de una o dos horas al día de obras «realizadas por el Régimen Fascista u [sic] Antimarxista» a quienes, con toda seguridad, eran los prisioneros en campos de concentración con mayor conciencia política. En particular, a los prisioneros de naciones donde no existiese un régimen fascista.

La biblioteca, la escuela política organizada por los propios prisioneros (la SPIHL, San Pedro Institute of Higher Learning), los folletos que preparaban (el Jaily News) o los momentos de recreo (la construcción de un ajedrez sirvió para hacer torneos incluso con los guardianes) fueron los únicos medios de que dispusieron los internacionales para sobrellevar la carga reeducativa de la política en el campo de San Pedro[34]. De hecho, con los panfletos fascistas que recibieron, los norteamericanos hicieron un juego de naipes. Los internacionales eran prisioneros valiosos, lo cual no les eximió de vivir momentos de gran dureza en su vida concentracionaria. Pero, al menos, tuvieron la posibilidad de organizarse, de tratar de solventar colectivamente la penuria del internamiento, la clasificación y el maltrato. En el resto de campos, en su inmensa mayoría, las cosas fueron cuando menos más difíciles, como veremos a continuación. Y es que la realidad concentracionaria española, reeducación y cobertura intelectual aparte, fue un universo de descontrol y, mayoritariamente, penurias para los internados. La vida cotidiana, en realidad la gestión de la más auténtica miseria, fue la realidad tangible para cientos de miles de prisioneros. Y aquí se va a tratar de probar que, en definitiva, fuese resultado de una política conscientemente represiva o de la falta objetiva de recursos, la cotidianidad concentracionaria se convirtió en un laboratorio para que los prisioneros de la guerra civil conociesen, en primera persona, los resultados de haber «traicionado» a la «verdadera España».

3. LA GESTIÓN DE LA MISERIA: HAMBRE Y CONDICIONES DE VIDA

«¿Te haces una idea —se preguntaba Martínez Tessier—… de lo que ser prisionero significa? Es no ser. No tienes derecho a nada, aunque las convenciones internacionales hayan aprobado todo lo que se quiera decir». Ser prisionero era estar «a merced de lo que de ti disponga el vencedor, pero no de cualquier vencedor, sino de todos y cada uno de los vencedores»[35]. Ser prisionero de guerra era «procurar por comer. Y nada más. Y que no te pegaran, porque detrás iban pegándote por coger agua o por coger cualquier cosa. Te pegaban. Y huir de aquellos palos, nada más»[36]. Ser prisionero era ser nada, o menos que nada. «Eres un rojo presoner, un enemic indesitjable, ara indefens, a la mercè de l’odi i la rancúnia». «Nosotros éramos demonios o perros… sarnosos, y como tal nos trataban»[37].

Ser prisionero era estar condenado al hambre, al frío del invierno y al calor del verano, a la espera en el campo a veces sine die, a las palizas, a la sed, al aburrimiento, al miedo al aval y a la delación. Era estar condenado a huir de todo ello y a emplear todas las energías en ello. Era estar condenado a la miseria, física y moral. Y era estar sometido a un régimen de vida impuesto por unos captores que menospreciaban legalidad alguna, internando extrajudicialmente a los prisioneros para cumplir una misión de «limpiar» la nación de sus enemigos, ese totum revolutum llamado Anti-España. O, en su defecto, la misión de reeducarla y aprovecharse de ella. Creer que las malas condiciones de vida en los campos, constatadas no pocas veces por las propias autoridades militares, respondían tan sólo a cuestiones de «simple» intendencia e imprevisión, sería creer a pies juntillas la propaganda franquista desplegada en torno al problema concentracionario. Como va a verse a continuación, el hambre, las condiciones de vida y el maltrato formaban parte consustancial del mundo del internamiento forzado. Formaban parte de las políticas de humillación y desprecio hacia los enemigos, que se ha observado hasta ahora desde un plano teórico, pero que ahora van a verse en su descarnada realidad.

Existen, de hecho, rasgos comunes que igualan o al menos acercan entre sí diferentes realidades concentracionarias, sobre todo en el aspecto de la vida interna y, por tanto, de la experiencia común de cientos de miles de internados. En los campos, y casi podríamos decir que en todos los campos que hayan existido, los prisioneros debían hacer frente a una vida de privaciones, falta de libertad, enfermedades, hambre, piojos, frío, interrogatorios y crueldades. De hecho, las fotografías de un campo de prisioneros de guerra en Alemania, en España o en Polonia no serían muy diferentes: lo que diferenciaba un campo de prisioneros de otro eran las condiciones climáticas, la voluntad represiva de los captores, las políticas para con los prisioneros. Pero detrás del alambre de espino, los hombres se igualaban. Mejor o peor alimentados, con más o menos ropas, en instalaciones de madera o en tiendas de tela, finalizada su guerra personal los prisioneros debían hacer frente a otra: la guerra contra el hambre, el frío, la enfermedad, la desesperación, el maltrato o el despecho.

La vida, por ejemplo, en San Pedro de Cardeña, era según el prisionero Norman Dorland algo parecido a esto:

¿El desayuno? Agua caliente con sabor a ajo y aceite; algo de pan rancio disuelto. Eso era el desayuno. La comida: un poco de pan, una ración de judías, rematada por dos sardinas fritas remojadas con aceite de oliva rancio, que se estaban pudriendo y que generalmente no podíamos comer. La comida eran básicamente féculas y, durante meses, nada más. Judías blancas, judías pintas, judías grandes y pequeñas, garbanzos, o guisantes y lentejas. Algunas patatas, y dos veces a la semana algo que supuestamente era un guiso y que aún no se describir. En siete meses comimos tres veces ensalada verde, cuando alguien importante venía de visita. Nuestra salud fue de mal en peor, y los meses de verano fueron los peores. Nos empezó a afectar algo parecido al escorbuto. Nuestros cuerpos estallaron en heridas abiertas. En los habituales días de lluvia del Norte, las enfermedades se multiplicaban. El viento del Norte que bajaba del valle entraba por las ventanas sin cristales, haciendo corriente. Cuando llovía, no podíamos ni comer. El barro era demasiado denso como para poder salir[38].

No por casualidad su primera alusión era a la comida. Procurarse de comer llegó a ser la prioridad para los internos en buena parte de los campos, si bien existiesen —arbitrarias— diferencias entre ellos, como se verá. Sin embargo, de la documentación oficial de la ICCP se extraen visiones contrastadas con las de los internos. Diferencias que constatan la propaganda que llegó a hacerse con los prisioneros de guerra y un supuesto trato más que benévolo que recibieron en los campos franquistas, alejado como se verá de la realidad cotidiana. Para la ICCP, el problema de la comida era todo lo contrario. Es más, no suponía problema alguno: el suministro de comida en caliente, un aspecto tan importante en la vida interna de un campo de concentración, «no se demora[ba] ni un solo día» y, para demostrarlo —como ejemplo del trato ordinario en los campos y BB. TT.—, enviaba al ministro de Defensa Fidel Dávila y al general Franco el menú de una semana cualquiera en el campo instalado en los locales del Penal del Dueso en 1937, señalando el número de gramos por prisionero y el aporte calórico y vitamínico recibido[39]. Así, aunque en este menú ideal no se vean por ninguna parte verduras, la ICCP se serviría de él para realizar un cálculo teórico de las calorías dadas a cada prisionero en los campos y Batallones. Para el rancho de los lunes y miércoles habría un valor calórico de 2883 calorías; para el de los martes, jueves y sábados de 3211 calorías, y para el de los viernes y domingos de 2968 calorías. Teniendo en cuenta que, a juicio de la Inspección, un trabajador medio necesitaba unas 2100 calorías al día, eso bastaba

para poder demostrar al Mundo entero que el trato que la España Nacional da al prisionero es más que humano, es lujoso, pues la ración de alimentos que se suministra a los mismos sobrepasa, en el caso menos favorable, en 800 calorías a la ración suficiente[40].

La alimentación forma parte consustancial de la historia de todos los sistemas concentracionarios, y ante todo de la de sus prisioneros e internados. Conseguir no perder demasiado peso significaba mantener en mejor estado la salud, poder valerse por sí mismo, soportar mejor el frío y la ya de por sí dura e incómoda vida en el campo de concentración. Sin embargo, ninguno de los prisioneros de los que se ha tenido acceso a sus memorias habla de buenas condiciones alimentarias. Todo lo contrario, en Aranda de Duero

¿qué te crees que hacían?, que dejaban una caldera de rancho, no de rancho, de agua y, después para que se formara algo de desorden, pero no aquellos chavales jóvenes: «¡El que quiera reenganche que venga!». Y claro, nosotros entonces a buscar el reenganche, y entonces se emprendían los asesinos esos que, tenían tanta fe, tanta ilusión de matar y de pegar —a lo mejor a alguno le habían matado al padre o había muerto en el frente—, pues esos, herejes, cogían garrotes del leñero, y a garrotazo limpio y, a uno de ellos le abrieron la cabeza deshecha y, claro, nos amontonábamos todos, corriendo por ver eso y, entonces se emprendían atajo por atajo a pegar a los demás y decían: «¿a esto le dais importancia?». Y al que agarraban[41]…

Las sardinas en aceite, generalmente incautadas al Ejército republicano, fueron el escaso bien que, unido a los escasos trozos de pan (uno para cada tres prisioneros), sirvió de alimento para los prisioneros, sobre todo en los campos de primer internamiento[42] —y aun así, hay quien piensa que allí se estaba mejor que en «cualquier Batallón de Trabajadores»[43]—. Y es que por mucha norma y circular que se enviase a los centros con prisioneros de guerra, la arbitrariedad en las formas y el trato fue la constante. Si cerca del campo existía un centro de intendencia, posiblemente los prisioneros no sufrirían demasiada hambre. Si se trataba de un campo estable, no demasiado superpoblado, incluso no llegarían a perder peso. Como recuerda Santos Aurtenetxea, a su paso por los BB. TT.: «Las condiciones de trabajo no tenían horas, desde el desayuno e incluso con turnos de noche, pero comíamos bien, porque nos traían la comida del servicio de intendencia, para quienes trabajamos»[44].

Por el contrario, en los campos con deficientes instalaciones e intendencia, la comida era un medio para crear «riñas entre nosotros mismos. [Los prisioneros], tratados como animales inferiores… nos embrutecimos hasta perder toda dignidad humana»[45]. Como recordaba Sixto Agudo, en el campo de Albatera en posguerra «apreciábamos diariamente los cambios físicos y morales… adelgazamiento, hundimiento de los ojos, inflamación y dolores de articulaciones, disminución de fuerzas hasta el punto de no poder levantarse»[46]. Hambre y sed: dos constantes insoslayables para entender la historia cotidiana de los campos franquistas. «El recuerdo más trágico que guardo yo es de la sed, la sed. O sea, yo creo que el hambre se resiste, lo que no se resiste es la sed». Josep Subirats coincide así plenamente con uno de los decanos de los campos franquistas, el francés Theo Francos: «lo peor en el campo, sobre todo en Miranda, era la sed, la sed, que se aguanta muy fácilmente el hambre ocho días, que no la sed». Y para Marcos Ana, en Albatera «la comida era prácticamente inexistente, teníamos que conformarnos con una lata de sardinas cada cuarenta y ocho horas». Pero el problema del agua «era peor que la falta de comida, teníamos que hacer cola pues un día antes para por la mañana siguiente poder recibir un vaso de agua»[47].

Algunas de las fotografías recogidas en este libro fueron utilizadas en publicaciones periódicas, como en La Nueva España. Fotografías como las del campo de Santander —provisional e instalado en el campo de fútbol— que hablan de cómo era la vida en los campos de primera clasificación destinados a agrupar a los prisioneros y trasladarlos a campos donde quedaban a disposición de las comisiones de clasificación de las auditorías de guerra: una larga espera para ser llamados a testificar, soportando buenamente los primeros rigores de la derrota, como las procesiones de viudas que paseaban, generalmente acompañadas por un oficial franquista, entre los prisioneros republicanos en busca de los supuestos asesinos de sus allegados. Sobre estas viudas hay información de primera mano en algunos libros de memorias. En ellos, los prisioneros expresan su perplejidad ante el hecho de que, efectivamente, fuesen reconocidos entre la masa de barbudos demacrados —más demacrados y barbudos cuanto más tiempo pasaban en el campo— que tenían ante sí.

De hecho, la estética y la imagen del prisionero y del «disidente» de los valores morales que justificaban la sublevación y la guerra serían también ampliamente instrumentadas con fines políticos y propagandísticos. En ese sentido, a la vez que la estética fascista —culto al cuerpo, belleza interior y exterior, idealización racial— se imponía en la imagen pública que el bando nacional exportaba (el mismo Franco aparece en los cuadros de la época mucho más delgado de lo que realmente era), la imagen del enemigo era un constante insulto, que no puede ser despachado simplemente como propaganda de guerra sino que reflejaba, en primer lugar, el desprecio y la ilegitimidad que los sublevados daban al orden republicano —es decir, era reflejo del sentimiento causante de la guerra en sí— y, además, una cultura de exclusión imaginaria fuertemente ligada a los prejuicios lógicos de toda guerra, pero también a una honda raigambre cultural. Los retratos de prisioneros los muestran barbudos y desmejorados, arropados en pobres mantas; y se acompañan de frases despectivas que, además, sirven para ratificar la visión que del enemigo se compartía. Por ejemplo, la que podemos ver escrita en tinta sobre la foto de unos prisioneros: «Los que vuelven al hogar de España». Españoles «descarriados».

Todas estas consideraciones entran en lo que genéricamente podemos denominar visión y memoria oficial del sistema concentracionario de Franco. De las propias fotografías y a través del recuerdo individual de los exprisioneros, sin embargo, se pueden también deducir otros caracteres no menos consustanciales al mismo. En primer lugar, el uso propagandístico de la imagen de los campos de concentración. La repetición de fotografías que reflejan repartos de comida y pan, o las que muestran la pulcritud y el orden de los prisioneros sometidos a la nueva disciplina de la Nueva España dan a entender una instrumentación de lo que, en realidad, no pasaba de ser una obligación señalada por los Convenios de Ginebra de 1929 y que España había firmado: la alimentación y manutención de los prisioneros de guerra. «Los montones de pan tierno se ofrecen ante los prisioneros recién llegados al campo de concentración que esperan su turno en la fila» reza una fotografía. Chuscos de pan y escasas sardinas por cierto provenientes de la intendencia republicana. En realidad, la comida era escasa y, además, el uso postrero de los pocos utensilios que tales repartos proporcionaban a los prisioneros habla también de las malas condiciones de vida en los campos: las latas luego eran usadas para beber agua; las varillas para abrirlas, como doloroso laxante mediante su introducción anal.

Posiblemente, con fotos como esas se pretendía demostrar el buen trato recibido por los prisioneros en los campos, en particular a su llegada. No olvidemos que una de las vocaciones de la administración relacionada con la clasificación y concentración de prisioneros era la de fomentar la deserción de las filas republicanas. Es más, posiblemente se tratase, junto con la de reutilizar a los soldados, de la única que se llevó a cabo con cierto éxito, a juzgar por los partes oficiales de guerra.

Sin embargo, las colas, el hambre, la sed y las malas condiciones higiénicas son traídas constantemente a la memoria por los prisioneros de guerra. Y esto último llegó, en algunos casos, a extremos de indignidad humana. El campo de la plaza de toros de Utiel, por ejemplo, fue el primero que acogió a Carlos Crespo Denís. Allí, dos zanjas rectilíneas eran la única letrina, vigiladas por africanos regulares del Ejército de Franco que «lanzaban ráfagas [de ametralladora] para divertirse haciendo caer dentro de la zanja y ponerse perdido de suciedad maloliente». Por su insuficiencia, «todo el mundo orinaba donde podía… desde las gradas la gente nos obsequiaba con surtidores». De tal modo, «amanecíamos encharcados y empapados de orines»[48]. Por otro lado, los cuatro campos por los que pasó el prisionero Francisco Ibarrola tampoco tenían mejores condiciones. En el Seminario viejo de Pamplona los prisioneros no tenían espacio para dormir, teniendo que amontonarse de modo que los pies de un prisionero coincidiesen con la cabeza del siguiente en la fila. En Miranda de Ebro, al que fue trasladado tras ser encontrado «no afecto», la pasarela para defecar sobre el río solía romperse, cuando no se helaba y los prisioneros caían al agua infecta.

No se trataba de algo aislado sino que, por el contrario, los ejemplos de campos sin las mínimas condiciones de vida son amplia mayoría. El de Deusto era una granja de pulgas, donde los hombres acababan rendidos de tanto cazar insectos para evitar levantarse con cientos de picaduras moradas. Y los campos de posguerra que se tratarán en breve, como el de la plaza de toros de Alicante, también se encontraban en míseras condiciones de vida. Allí empezó «a las pocas semanas, nuestra decadencia… Yo me encontraba demacrado, los piojos no me dejaban dormir… la sarna empezó a invadir la plaza y… el hambre nos enloqueció». El estreñimiento era tal que «teníamos que ayudarnos de las llaves para abrir las latas… la deposición era siempre acompañada de una hemorragia»[49], algo derivado de la insuficiente alimentación: en Albatera, el lugar donde se defecaba fue llamado por los prisioneros el «muro de los tormentos». El esfuerzo para expulsar las duras bolas de excremento, unido a la desmejora en las condiciones físicas, hacía que muchas veces los internos se desmayaran sobre las propias heces. Eso, cuando no se ulceraban o «reventaban» las hemorroides que nacían del forzoso estreñimiento[50] o cuando, en vez de estreñimiento, no fuese la colitis la que aquejaba a los internos. Como en Miranda de Ebro:

… la comida quizá no faltaría allí, pero era una comida que todos teníamos colitis. Decíamos que igual le echaban polvos o alguna cosa porque como no nos habían podido matar de una forma, nos mataban de otra. Y allí veías a todos los del campo, todos con los pantalones corriendo, todo lleno de sangre[51].

Y es que el campo de Miranda de Ebro tuvo una constante en sus largos diez años de existencia: el de la carestía higiénica. Particularmente revelador es, de nuevo, el recuerdo de Félix Padín:

No habían duchas ni había nada, no había más que un barracón pésimo para sanidad, intendencia, y luego unos barracones de mala manera… y estaba un aljibe, un aljibe que nunca tenía agua, y estaba una desinfección, que nunca desinfectó nada estando yo, y estabas lleno de piojos. Hasta a mí cuando me entró el tifus yo creo que andaba hasta la manta, cuando salía un poco el sol y daba a la manta y veías cómo estaba aquello, los piojos tos los que querías. Y recuerdo que echaban unos polvos no sé si, cómo llamaban, unos polvos que te echaban, que luego los quitaron porque eran venenosos, unas cajas de polvos, te ponían desnudo y te echaban por todo el cuerpo, la cabeza y todo, y el pelo te lo cortaban aquí, pues cada quince días así to, al rape[52].

Así, la organización del día a día y los avatares de los prisioneros de guerra en los campos y Batallones consistieron, por regla general y a tenor de los testimonios orales y memorialísticos, en la gestión de la miseria. En la gestión de la arbitrariedad calculada, uno de los elementos base del poder represivo e intimidatorio, a través del cual se imponía un modelo de identidad y sociedad. Así, la mayoría de los internados en campos percibieron su paso por ellos como la articulación de unas políticas de humillación cotidiana. Fuese por la falta real de medios, o por el desprecio que los republicanos generaban entre los soldados franquistas (en muchos casos, adoctrinados para odiar al enemigo a través de una serie de imágenes y estereotipos comunes), lo cierto es que la miseria fue una realidad cotidiana en la vida de los campos.

Algunos datos oficiales provenientes del mismo Ejército de Franco dan idea de la grave descompensación existente entre las posibilidades reales, las ambiciones retóricas y la realidad cotidiana de lo concentracionario. Por ejemplo, cuando la mayoría de los testimonios recogidos hablan de la escasez alimentaria en los campos, resulta que la ICCP había obtenido, gracias a su «brillantez administrativa», un superávit económico hacia mediados de 1938 de 1 002 843 pesetas, y que habían sido reintegradas al tesoro público. Sin embargo, esta cifra se quedaría muy por debajo de la lograda en el que a todas luces fue el semestre más crítico de la ICCP, el de la ofensiva final, cuando un enorme número de prisioneros cayeron, definitivamente, en manos franquistas. En ese semestre, 3 394 239 pesetas fueron reintegradas al erario nacional, repartidas entre las delegaciones de la Inspección de Burgos, Santander, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, A Coruña, Sevilla, Barcelona, Baleares, Madrid, Valencia y Cádiz[53]. Tras las deducciones hechas por gastos en algunos campos —básicamente, la canalización de aguas potables para los de Albatera, Aranda de Duero y Deusto—, el montante total ascendió a 3 106 677 pesetas[54].

Todos los indicios parecen señalar en una misma dirección: la ICCP conseguía superávits económicos a costa de reducir al máximo los gastos en lo relativo a manutención, mejoras en higiene o reformas de los locales para hacerlos más habitables para los prisioneros de guerra. Éstos eran simple materia para la transformación identitaria, y antes de su paso a BB. TT. los gastos que acarreaban iban a cuenta del Estado y el Ejército por lo que, en toda lógica, tan sólo se cubrirían los gastos indispensables. Donde no se miraban gastos, según la documentación oficial, era en materias de clasificación y reeducación. Los gastos acarreados por los interrogatorios, el paso por comisiones de clasificación, o empleados en la aculturación ideológica de los internados, rendían grandes beneficios a posteriori tanto en los planos más cercanos (la obtención de delaciones, la reutilización de la mano de obra, su paso a las filas del ejército insurgente) como en los más alejados temporalmente —la creación de una no-disidencia despolitizada o, cuando menos, consciente del grave riesgo implícito en la subordinación al orden impuesto—. Por ello no se reparó en gastos a la hora de organizar un servicio de investigación interno en los campos, puesto en funcionamiento progresiva y paralelamente a la ICCP por un comandante de la Guardia Civil y dos agentes del Cuerpo de Policía, para detectar, a través de los mismos prisioneros, las presuntas responsabilidades de los internados, estableciéndose a través del mismo una red de delaciones jerarquizadas. Prisioneros que habían cometido «hechos vandálicos y crímenes horrendos», agitadores y dirigentes políticos que «bien por ocultación de su verdadera personalidad o bien por engaño en sus declaraciones» habrían pasado favorablemente la primera clasificación, fueron los objetos de este servicio. Por ello pronto se extendió de los centros de clasificación a los campos y a los Batallones de Trabajadores, para «satisfacer las ansias de justicia del verdadero pueblo Español y de la parte honrada [sic] de la opinión Mundial».

La gestión de la miseria, por tanto, era mucho más que el mero desinterés hacia la situación concentracionaria; se basaba, ante todo, en la idea de segregación y en la exclusión identitaria, donde el castigo físico y moral, traducido en palizas, sed o hambre, era moneda habitual del «precio» que debían pagan los excluidos de la comunidad nacional. No eran castigos, sin embargo, espontáneos. Estaban determinados por la dureza de las condiciones de vida, señaladas por un completo código de normas para la vida en los campos de concentración que comenzaban con el apresamiento donde, por cierto, empezaba el desprecio hacia los soldados republicanos. En noviembre de 1938 hubo de regularse, bajo estricto castigo, la prohibición de despojar a los prisioneros no ya de los documentos o dinero que portasen consigo, sino ante todo de los objetos de uso y de las prendas de abrigo[55]. Sin embargo, los robos de partes especialmente valiosas del uniforme militar, como las botas o los abrigos (en particular de mandos y oficiales) fueron corrientes, cualesquiera fuesen las tropas que llevaban a cabo el apresamiento. A Josep Subirats, capturado en Vic, los «moros» le quitaron todo, la ropa y el capote, dejándolo hecho «un harapo». De hecho, en diciembre de 1938 hubo de ordenarse taxativamente tanto la prohibición del saqueo de viviendas «rojas», como de comercios y fábricas, y asimismo de los prisioneros aprehendidos. «Han sido frecuentes los casos de desaparición de dinero y de efectos de vestuario de prisioneros y presentados —se decía— desde la División hasta el Campo de Concentración», y se había comprobado que los autores de estas sustracciones eran «precisamente los individuos encargados de su custodia los que, a veces, han comerciado con los prisioneros comprándoles sus efectos a precios irrisorios»[56].

Las medidas para regular la vida cotidiana fueron establecidas de manera unánime para todos los campos en julio de 1938, cuando la ICCP llegaba a su primer aniversario. Lo cual, de entrada, da idea de la arbitrariedad que rigió el orden interno durante los dos primeros años de guerra en los campos franquistas[57]. Estableciendo la división ya señalada entre diferentes recintos (de clasificación, de internamiento, para extranjeros, para inválidos), se adentraban en primer lugar en el apartado sobre su instalación: los lugares, en teoría, deberían reunir buenas condiciones en general, y en particular en lo relativo a comunicaciones, alejamiento de zonas palúdicas, situarse en zonas ventosas, tener agua suficiente y preferiblemente canalizada, facilidad de adquisición de víveres, posibilidad de cavar letrinas y desagües, disponer de unos 12-15 metros cúbicos de espacio para cada prisionero, de locales para la instalación de los despachos de oficinas, enfermería y cuerpo de guardia, y, por regla general, que no resultase todo ello demasiado «antieconómico». Es decir, que pudiesen utilizarse para unos 2000 internos. La plantilla ideal de un campo sería de un jefe, un oficial o clase por cada quinientos prisioneros, un médico, un capellán y personal de la Guardia Civil y Policía.

Siguiendo esas medidas punto por punto, se puede describir el día a día en un campo de concentración estable, como San Pedro de Cardeña, Miranda de Ebro o Aranda de Duero. Todo estaba reglado por un horario preciso y de inexcusable cumplimiento, según el cual al punto del alba —e incluso antes— los prisioneros eran sacados de sus barracones, a veces mediante la fuerza, y alineados en formación frente al mástil de la bandera, donde se izaba «con los honores reglamentarios», esto es, saludando los prisioneros con el brazo extendido y dando los vivas reglamentarios a España y al Generalísimo. Al romper filas, lo hacían mediante la voz de mando «¡FRANCO!». Al menos dos prisioneros quedaban de pie en guardia de la bandera nacional —rojigualda—, hasta que era arriada a la hora de la oración vespertina, mientras que el resto se dedicaban a deambular por el campo, en algunos casos a trabajar en los talleres que se crearon en campos como los de Deusto o Miranda.

Sin embargo, el que los prisioneros anduviesen sin nada que hacer era, en principio, perjudicial para los intereses franquistas. Ello podía dar pie y espacio a reuniones políticas, a actos de insubordinación, o a un hastío poco proclive al adoctrinamiento implícito, como hemos visto, en la vida cotidiana. De tal modo, además de las formaciones forzosas para la distribución de la comida, otras dos eran llevadas a cabo, por la mañana y por la noche, para realizar recuentos, prácticas de lectura y ejercicio físico, cantar los himnos oficiales de la España franquista, o practicar las investigaciones personales dependientes de las comisiones de clasificación o de los servicios internos del campo. Con ello, resulta que buena parte del día se la pasaban los internos de pie y en posición de firmes. Y no cabe dudar sobre el modo en que eran tratados quienes se saltaban las llamadas o desfallecían en ellas, cosa nada extraña a tenor de los testimonios recogidos: los golpes y la violencia de unos guardianes adoctrinados para comportarse de ese modo eran en castigo a la supuesta falta de disciplina.

Cada vez que correspondía la soflama reeducadora, evangelizadora o política, había de nuevo que formar frente a la bandera. Y, por supuesto, cantar los himnos. En esa posición se celebraba la misa de los domingos, y se escuchaban los discursos del jefe del campo o de las autoridades que, regularmente, pasaban por él. Cuando el campo era grande, como Miranda de Ebro, a veces los discursos eran radiados. También en formación se esperaban los traslados a otros centros. De los campos de clasificación a los estables, para formar BB. TT. De ambos, a Aranda de Duero cuando se tratase de prisioneros con oficio de panadero, o a Deusto cuando fuesen mecánicos, para los servicios de talleres y automovilística. O a Lerma y Haro, cuando se tratase de prisioneros visiblemente inútiles para el trabajo físico. Y también en formación se recibía la correspondencia —fundamental para mantener el contacto con el exterior si tenemos en cuenta que las visitas personales dentro del campo estaban vetadas y estaba prohibida la introducción de alimentos, pues la alimentación era siempre «suficiente»—, que era convenientemente revisada y censurada para evitar tanto la introducción de armas como de panfletos políticos, así como para detectar elementos sospechosos que pudiesen incidir en el cambio de valoración clasificadora.

4. LA GESTIÓN DE LA MISERIA: CASTIGO Y ENFERMEDAD

También en posición de firmes se recibía el maltrato y el castigo corporal. En la exclusión social, objetivo último de los campos franquistas, tenía un gran peso la tortura, utilizada tanto para obtener delaciones e informaciones sobre el prisionero u otros prisioneros —o bien para lograr datos estratégicos militares en los interrogatorios—, como para castigar la más variada y aleatoria gama de delitos y faltas en las que pudiesen incurrir los detenidos. A grandes rasgos, podemos diferenciar por un lado torturas y por otro malos tratos. Y, dentro de esa división, entre individuales y colectivos. En realidad, la tortura tenía un carácter más individual que masivo, por ejercerse casi siempre sobre una persona o, con iguales características, sobre varios detenidos que hubiesen incurrido en igual falta, por ejemplo un intento de evasión. Sin embargo, la tortura no estaba exenta de un carácter masivo, puesto que muchas veces era usada como un medio de disuasión: la contemplación de las consecuencias de una infracción de las normas vigentes en los campos fue política común en todos ellos, y de tal modo buena parte de los testimonios recuerda haber visto algún fusilamiento, algún castigo corporal, mientras estaban en formación. A los prisioneros de Albatera, el jefe Pimentel les dijo claramente que «por cada uno que se escape, fusilaré a diez. Convertiré este campo en un cementerio si es menester». Y, de hecho, mandó fusilar ante los 12 000 prisioneros a un huido, a cuatro anarquistas y a otro que, como supuesto delito, había infringido la norma de no salir de los barracones de noche para ir a las letrinas[58].

La tortura era consustancial al interrogatorio, tanto en el realizado en primera instancia como, sobre todo, en el que se desarrollaba en las comisiones de clasificación. Un testimonio, en este sentido, particularmente doliente es el de Maximiliano Fortún:

Me pusieron para clasificar, que estaba otro delante de mí que era de Castellón de la Plana, y el pobre muchacho, empezaron a… Había un juez, dos verdugos y empezaban a insistirle que había hecho esto y el otro y él: «que no, que no, que no» y lo entendían y lo magullaban a palos, y a lo último dice pues no habrá mejor que decir que sí. Y empezó a decir que sí y a ese lo cogieron ya machacado de palos, lo bajaron a rastras y se lo llevaron.

Tras oír los gritos del anterior interrogado, llegó el turno de Maximiliano.

Y después me llaman, que me pusiera para la declaración, y había una balsa de agua de cuando quedó desmayado ya el otro, le echaron un cubo de agua, y me iba a poner yo en el agua y dijeron: «si no es nada para la que va a haber luego»; esa es la primera que me hicieron. Y ya se emprendieron así conmigo y yo nada más dije estas palabras: «que la denuncia que hay es todo mentira, y si quieren aclararla que se presenten los denunciantes». Y de ahí no me sacaron ya, sino que paliza a paliza hasta que quedé deshecho y me bajaron también a rastras.

A Fortún lo habían denunciado en su propio pueblo. Decían que «por ser socialista se despreocupa totalmente de sus trabajos y se dedica exclusivamente a la propaganda y agitación de masas». Se le tenía por «único responsable de desmadres, de robos, saqueos y asesinatos». Su declaración, además, no fue tomada en cuenta pues era considerado un «rojazo, un iconoclasta».

Y yo a todo negar. Bueno pues, esto queda ya ahí zanjado cuando ya no hablaba y me bajaron al calabozo en una manta a rastras, me tiraron en un rincón y después los que había allí de presos igual, pues la camiseta, de las grietas que se abrían de la goma, porque me han tenido que quitar un pulmón, por causa de la ropa, el pulmón derecho me lo han quitado, de dañado, al salir agüilla y sangre de las grietas, se apegaba la camiseta, y los que había en la cárcel mojaban un pañuelo y con el pañuelo me chapeaban para sacarme la camiseta y me mojaban los labios para ver si podía beber. Y estuve tres días sin poder beber ni comer ni nada. Después a lo que llevé quince o veinte días allí, que ya me puse a la fila para comer, entonces me llevaron otra vez a la clasificación a ver si había recapacitado aquello que me había dicho. Yo, pues, insistí en lo mismo y cuando vieron que no había otro remedio, formarían otra clase de expediente ya, pero me pedían dos penas de muerte.

Hasta setenta y dos palizas habría de sufrir en sus carnes, a lo largo de su dilatada experiencia concentracionaria y penitenciaria. Seis operaciones en su cuerpo lo atestiguan: el cuerpo de un prisionero que sufrió la tortura. Pero, además, existieron castigos masivos. La traslación a la vida cotidiana en los campos del maltrato masivo estaba, entre otros aspectos, en las largas formaciones. Como recuerda Theo Francos, «a las seis de la mañana… con el frío del invierno te tirabas la primera cosa a saludar la bandera y te tenían así durante dos horas, y te paraba del frío, sobre todo que no habías comido tu hambre y que decías “Franco, Franco”». El trato era de una gran violencia; «no cabe duda, una gran violencia. Hay que decir que incluso de las normas, más o menos, que restringen la libertad en las cárceles, los campos de concentración superaba la brutalidad a la cosa de las prisiones». De hecho, la articulación de la cotidianidad en los campos tuvo mucho de maltrato masivo. Cualquier recuerdo de casi cualquier campo franquista da fe de ello. En Castuera, al final de la guerra,

estuvimos sin comer seis días. Estaba de jefe el comandante Navarrete en la Guardia Civil. Tenía 20 barracones y estábamos 50 o 60, y no podías sacar la cabeza porque te disparaban. Luego en el Batallón entró el tifus, no teníamos mantas, y dormíamos en tiendas de campaña. No puedo contar más porque no se lo deseo a nadie. Yo no he visto personas tan malas[59].

Los castigos corporales acontecían a veces sin ningún motivo. De eso se encargaban los cabos de vara, una figura vieja en los ámbitos concentracionarios que, también en España, tomó cuerpo en muchos prisioneros que a cambio de beneficios internos mantenían con gran violencia el orden interno en los campos, la limpieza en los barracones, y que actuaban como enlace entre los ordenanzas del campo y los prisioneros. En el campo de Lleida «con unas varas que tenían nos sacudían y teníamos que bajar abajo. Bajábamos abajo y abajo había otros tantos guardias y “¿para qué habéis bajao?” y nos sacudían»[60]. Además, se aprovechaban los momentos menos oportunos para demostrar la fuerza:

… allí había una fuentecilla en mitad del castillo. Al llenar las cantimploras, teníamos que ir a llenar las cantimploras de noche porque de día no nos dejaban, había aquel sargento y un soldado que se liaba allí a dar palos y deshacía las colas, las colas que se formaban allí para coger agua… no pegaban más que a los que estaban cogiendo el agua, pero allí como había tantos, hundirían a treinta o cuarenta. Era para coger agua porque teníamos una sed…

Cabe destacar, con respecto a las torturas, las arbitrariedades y los malos tratos, que existían también denuncias procedentes no de los prisioneros sino de testigos de hechos luctuosos, que generalmente fueron tratados mediante investigaciones de las que pocas veces ha quedado huella. La denuncia, por ejemplo, presentada por la hija de un coronel franquista sobre la falta de alimentación y los malos tratos en el campo de Orduña —que estaba aún a cargo de la Dirección General de Prisiones, aunque albergase sólo prisioneros de guerra— es más que significativa. En el campo, según el informe del Servicio de Investigación Militar, los prisioneros «no ha[bían] visto a ningún Jefe con uniforme, el trato [era] sumamente duro destacando un sargento de vara, antiguo comisario político de los rojos, que maltrata[ba] a los prisioneros, la alimentación [era] escasa y deficiente», amén de otras arbitrariedades como el robo de sus enseres, joyas y prendas de valor[61].

En relación con el campo de Orduña y con la misma denuncia, se revisó la situación de los presos en las cárceles del Dueso (Santoña) y Los Escolapios (Bilbao). En ambas, se vio que la alimentación era deficiente y que en las dos existían malos tratos a los internos, en particular por parte de los responsables de la seguridad que pertenecían al colectivo mismo de los presos. Amén de diferentes irregularidades, como el hecho de que los encargados del personal de oficinas fuesen también penados, por lo que se encargaban de retrasar la llegada de avales para impedir la salida de los internos —lo que se censuró por «motivos patrióticos»—, la conclusión más importante de todo este asunto fue que no debía existir población prisionera en penal alguno sin haber sido juzgada, rigiéndose éstos tan sólo por el régimen de campos de concentración. Porque, de hecho, en multitud de cárceles existían internos en situación irregular, como en las tres mencionadas. De hecho, en el caso de Orduña fue acordada la solución más simple: pasó a depender de la ICCP y no de la Dirección General de Prisiones. Para el caso de Santoña, sus prisioneros de guerra fueron trasladados a los otros centros de la ICCP presentes en la misma localidad.

De todos modos, como decía, los ejemplos de castigos físicos se suceden. A un norteamericano, Robert Steck, le llenaron la espalda de cicatrices por los golpes sufridos al no arrodillarse en una eucaristía. El BB. TT. a disposición del CTV fue fuertemente criticado, como hemos visto, por el jefe del campo de San Juan de Mozarrifar por los castigos que los italianos desarrollaban, fuera de los códigos de la justicia militar, ya que ataban a los prisioneros de pies y manos a árboles o a palos de la luz y los tenían así varios días. Y Sixto Agudo recuerda de su paso por Albatera:

Por la mañana temprano, iban los agentes y los soldados con vergajos a palo limpio levantando a la gente. En las formaciones vigilaban cualquier cosa, que no estuviesen firmes, rígidos, por detrás a palos. Era una humillación constante, que para evitarlo, yo huía del contacto con ningún soldado franquista y menos con los oficiales, eran unos chulos tremendos que gozaban. Era terrible[62].

En Miranda de Ebro «había una pareja de la Guardia Civil que recorría todo el campo y de repente te venía y te decía, “oye tú, fulano me ha dicho que has matado”. Un día me vinieron a mí, y les respondí que posiblemente habría matado. “He estado en el frente, habré matado”. Daban palos a discreción». Hasta el punto de que «junto a los barracones que teníamos nosotros pusieron una caserita, que se movía y todo de los palos que daban cuando llevaban alguno». En una ocasión, a «uno que intentó escaparse, le cogieron». Era el crudo invierno de 1938, «a 16 o 18 grados bajo cero». Y al huido «le ataron al palo de la bandera, lo dejaron toda la noche y a la mañana siguiente nos sacaron para que lo viéramos allí agarrotado colgado. El trato era inhumano»[63].

Tortura y muerte, por tanto, también formaban parte del horizonte cotidiano en los campos franquistas. Aunque resulta imposible cuantificar el número de víctimas de este tipo de violencia extra judicial, incluidas las sacas de prisioneros que realizaban las escuadras de falangistas que rondaban los campos de primer internamiento, lo cierto es que varios exprisioneros relatan que, cuando llegaban los camiones de FET-JONS, muchos internados no llegaban a la segunda curva de la carretera o del camino. Partidas de falangistas recorrían los depósitos en busca de personas pertenecientes a los grupos políticos y sindicales que habían formado el Frente Popular para «evacuar algunas diligencias en los distintos Campos de Concentración de Evadidos y Prisioneros, para aclarar situaciones de algunos de sus coterráneos y su reclutamiento en las Milicias Nacionales»[64].

Evacuar diligencias: el modo oficial para decir lo que extraoficialmente era el asesinato. «Llegaban falangistas de diversos pueblos a buscar a sus demócratas… con los que querían hacer justicia. Nos hacían formar, llegaban y se llevaban a todos los conocidos y esos desaparecían para siempre, iban al paredón directamente…»[65]. ¿Cuántos? Teniendo en cuenta que tras las ocupaciones territoriales solían reproducirse, en menor escala tal vez, los fusilamientos ilegales, los ajustes de cuentas, las violaciones de los derechos humanos, es prácticamente seguro que esas muertes jamás fueron inscritas en registro alguno y que, si lo fueron, no aparecieron como «sacados» de un campo de concentración. ¿Cómo distinguirlos, por tanto, en los libros de defunciones de los cementerios? ¿Cómo creer en testimonios orales imprecisos cuando se pretende dar una cifra global? Esas preguntas, en realidad, no tienen respuesta posible. Salvo una: jamás se sabrá el número de bajas derivadas del internamiento de los prisioneros republicanos en los campos de concentración franquistas.

Traslados, piojos, frío, hambre, sed, humillación, aculturación y castigo. Esas fueron las grandes vivencias de los internados en los campos franquistas. Y, por supuesto, la enfermedad: un aspecto crucial para entender la vida cotidiana en esos campos puesto que, a todas luces, esa fue la causa principal de mortalidad en ellos. Así, no sólo de las enfermedades morales debían dar cuenta las autoridades militares en los campos de concentración. Su falseamiento y su supuesta benignidad, tan manida por la memoria oficial, cristalizaron sin embargo en la documentación militar. Especialmente, al afirmar su buen nivel de salubridad, de cara a la oficialidad franquista, aunque en los papeles internos de la ICCP se reconociese lo contrario en muchas ocasiones. En ese sentido, los jefes y oficiales de la Inspección se enorgullecerían particularmente de cómo afrontaban problemas derivados de la excesiva concentración de prisioneros, como el de la extensión del tifus exantemático, «quizás la más temible, por su morbosidad y mortalidad verdaderamente extraordinaria»[66], contagiada básicamente por los piojos que inundaban los campos. Pero en Lleida los prisioneros debían comer «con cuidado que no cayeran los piojos a la cazuela, porque los llevábamos por todo, en la ropa, en el pelo… estabas allí un poco y ya tenías los piojos intentando subir al plato», como rememora Eustasio García. Y Santa María de Oya, como recuerda Subirats, «era un espanto porque tuvimos una epidemia de tifus exantemático», a causa de la cual «aquellos chicos jóvenes se murieron, muchísimos y había un cementerio ahí al lado y yo pregunté y dijeron que… que ahí iban todos… Se murieron muchos, sí»[67].

Ésta, como otras tantas enfermedades —se venía a afirmar— provenían del «campo rojo», es decir, las traerían consigo los prisioneros con la «suciedad y miseria» que presentaban. Sin embargo, los testimonios de exprisioneros hablan de todo lo contrario: la difusión casi pandémica del tifus en los campos franquistas se debió ante todo a las malas condiciones higiénicas existentes, a la escasez y al hacinamiento, que derivaban de razones intendentes y políticas. Todos usan expresiones como que las mantas y la ropa se movían solas por las salas, debido al gran número de pulgas y piojos que contenían. Todos cuentan que los campos eran auténticas granjas de insectos, y que para tratar de mantener un control —imposible— sobre ellos y poder procurarse cierto descanso, pasaban las tardes chafando insectos entre las uñas de los dedos índice y pulgar, haciendo un chasquido característico, y dejando sus dedos negros y rojos de la sangre que habían chupado de sus cuerpos. Tanto era así que, para evitar el contagio masivo, se establecieron campañas de vacunación masiva y «estaciones de despiojamiento» —unas grandes calderas de vapor donde se introducían las ropas de los prisioneros— como las que existían en el Monasterio de la Santa Espina, Aranda de Duero, y a los prisioneros se les proporcionó dos mudas de ropa interior y una exterior —un gorro cilíndrico, blusones largos hasta la rodilla con una P y el número del prisionero, pantalón y alpargatas. Y ante todo, en algunos campos se instalarían pequeñas enfermerías para atajar cualquier tipo de enfermedad de fácil transmisión. San Pedro de Cardeña, Lerma, Miranda de Ebro, Cuartel de Santoña y Corbán, aparte de los también dependientes de la ICCP los hospitales para prisioneros de los Sagrados Corazones de Santander —280 camas—, Liérganes —400 camas—, Santoña —90 camas— y de la Universidad Comercial de Deusto —200 camas—, serían los primeros centros en disponer de eso tan necesarios «pequeños hospitales».

En los campos de clasificación, según las normativas oficiales, se sometería a los prisioneros a su reconocimiento médico, para aislar a los enfermos mentales —trasladados a los manicomios de Santa Agueda y Mondragón— y separar a los que pudieran padecer alguna enfermedad contagiosa; para ello, todos deberían disponer de una enfermería «espaciosa de aislamiento y observación». Además, los internos serían rapados y lavados, y sus ropas pasadas por estufas de desinfección para conseguir despiojarlos, amén de recibir la vacuna contra el tifus, que a fin de cuentas fue la más corriente de las enfermedades en los campos. De tal modo, los escasos méritos obtenidos por la ICCP en materias de sanidad de los prisioneros hicieron que en su informe anual de 1938 calificase el estado sanitario de «excelente» en los campos, «cosa verdaderamente milagrosa, dado el estado de extenuación en que muchos de ellos venían, por la mala alimentación a la que estaban sometidos en la zona roja». También en este caso, la ideología estaba por encima de la política concentracionaria y de los fallos y crueldades que ésta generaba: ninguna enfermedad, en un año, había llegado a adquirir un carácter epidémico; las enfermedades más graves detectadas habían sido un caso de meningitis cerebro-espinal en La Magdalena; los casos de tifus reconocidos eran bajísimos —y en algunos casos, como en el campo de Celorio, en Llanes, se debía a que los prisioneros habían incumplido la norma de no beber de un cierto pozo; no se decía nada de porqué habían necesitado hacerlo—, y «sólo la pediculosis y la sarna llaman la atención por su frecuencia, hecho que tiene una fácil explicación» —una explicación no dada, y que no era otra que las malas condiciones higiénicas, las escasas veces que a los prisioneros se les permitía lavarse—. Solamente preocupaban los frecuentes casos de tuberculosis, incluso cavernosa. Y para atajarlos se dispuso la instalación de un hospital en Oyarzun destinado al aislamiento de dichos enfermos.

Mala era sin embargo la situación higiénica y alimentaria, lo que a juicio del responsable sanitario, Martínez Nevot, era una «minucia» que deslucía el «espíritu magnánimo y de caridad cristiana, motor del Movimiento Salvador», y deficiente la de las enfermerías y la existencia de personal médico en los campos. Como se reconocía en 1938 —en unos informes que contradecían la alta imagen que propagandísticamente quería darse de los recintos—, «dada la escasez o la falta de algunos productos… se han hecho a los Médicos de los Campos y Hospitales indicaciones discretas y utilísimas sobre el empleo de otros sucedáneos de los mismos». Lo cual no era otra cosa que el uso casi exclusivo del ácido acetil-salicílico (Aspirina) para tratar cualquier tipo de enfermedad, como recuerdan insistentemente los prisioneros de San Pedro de Cardeña[68]. En este campo, antes de junio de 1938 habían muerto un norteamericano de disentería, otro de pleuresía y dos de apendicitis. La enfermería estaba mal equipada, los prisioneros tenían restos de metralla, pero los cirujanos prisioneros no disponían de material ya que éste era «más importante en el frente». Un miembro de las BB. II. murió en el campo de cáncer de pulmón, arropado por sus camaradas, y para combatirlo solamente se le habían administrado aspirinas. Y hasta tal punto llegaban las carencias higiénicas, que llegaron a denominar «Sampedronitis» a la dolencia más generalizada: la caída de los dientes, las encías sangrantes, derivadas de la mala alimentación y de la escasez de vitaminas. El mismo Geiser señala, en las conclusiones a su excelente investigación, que años después encontró las partidas de defunción de 58 españoles y diez internacionales muertos en el campo, y enterrados junto al muro exterior.

En febrero de 1939 llegó a articularse de manera legal lo que era una realidad en todos los campos, BB. TT. y cárceles: que el escaso personal sanitario fuese ayudado, cuando no reemplazado, por facultativos pertenecientes al campo en grado de prisioneros[69]. Lo cual no hace sino recordarnos que el Convenio de Ginebra no era en ningún modo llevado a efecto, puesto que prohibía el internamiento de médicos y les aseguraba un trato especial. Pero además, sobre todo, nos habla de la situación en que se encontraban enfermerías y hospitales penitenciarios: los hospitales para prisioneros de guerra fueron, ante todo, el de los Sagrados Corazones de Santander, el de Liérganes, el de Santoña, el de Maliano, el de Deusto y el de Gernika. A ellos pasaban los prisioneros de guerra no sólo que hubiesen sido heridos o estuviesen enfermos, sino también los que enfermaban bajo su condición de prisioneros; esto es, ya dentro del sistema concentracionario y de trabajos forzosos. De hecho, un pequeño informe de 1938 nos habla de las serias deficiencias de uno y otro: del sistema hospitalario y del de campos de concentración. Cuando en agosto de ese año se hiciese perentoria la apertura de un hospital para prisioneros enfermos de tuberculosis, el hospital penitenciario de Gernika sería una de las posibilidades discutidas, puesto que en él se albergaba hasta la fecha a esos enfermos. Sin embargo, el Ministerio de Orden Público, la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, el Patronato Antituberculoso y la Inspección General de Sanidad Militar estarían enteramente de acuerdo: Gernika era «bajo y húmedo», mientras que los tuberculosos necesitaban «altura, falta de vientos y sobre todo aislamiento». Aun así, hasta entonces casi todos los prisioneros aquejados de esa enfermedad habían pasado por ese hospital. ¿Por qué? Los motivos no resultan claros en la escasa documentación al respecto albergada en los archivos históricos del Ejército. Pero podemos suponer dos motivos fundamentales: en primer lugar, desinterés. Y en segundo lugar, falta de medios y recursos.

La tuberculosis y la «demencia mental» eran los problemas de sanidad más acuciantes, «siendo la guerra campo abonado para la propagación de ambos», y también eran los que causaban mayores tasas de mortandad en los campos —se obviaban, claro está, las «paradas cardíacas», «ahogamientos» o «heridas de arma de fuego» que pueblan los partes de defunción de los represaliados—. Estaba bien claro y, sin embargo, falta de medios y desinterés llevarían al colapso práctico de las instalaciones y estructuras sanitarias para los miles de prisioneros de guerra. Así, y visto lo visto, ¿qué tipo de medicina era la que se hacía cargo de los prisioneros de guerra? Si la tuberculosis y la demencia eran los grandes problemas sanitarios generados por la guerra, ¿cuál era la perspectiva con la que se afrontaban? A la vista de dos datos precisos, tal perspectiva tenía ante todo más de ideológica que de puramente médica. Lo cual no quiere decir que los prisioneros fuesen tratados de sus males y enfermedades por personal médico eficiente, al menos en los —escasos— casos de campos de concentración con enfermerías. A lo que me refiero es a la fuerte carga de ideologización que se destila del discurso oficial sanitario vertido, en conferencias y revistas, en libros y proclamas, por dos de los responsables directos de la sanidad de los prisioneros en guerra: Martínez Nevot, responsable sanitario de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, y Vallejo Nágera, de quien se ha hablado anteriormente.

El primero fue responsable sanitario de los campos franquistas durante casi toda la guerra. Martínez Nevot tomó posesión de su cargo al poco de creada la ICCP. Y su primer informe, tras visitar las zonas de mayor impacto de la población prisionera en 1937 —el frente Norte— no dejó ninguna duda al respecto: la situación era desastrosa. Los hospitales estaban saturados, y en ellos se mezclaban prisioneros y combatientes franquistas. En los campos de clasificación había, además, un gran número de prisioneros no hospitalizados, con enfermedades como la sarna, venéreas, tuberculosis o enfermedades mentales. Además, el tifus, la gastroenteritis y la disentería empezaban a campar por unos centros con más que deficientes recursos en cuanto a alimentación y suministro de agua potable. Como médico militar, las propuestas elevadas a la superioridad se basaban en tres puntos principales: la creación de nuevos hospitales, el aislamiento de los enfermos con patologías contagiosas —en particular, el tifus exantemático— y la dotación a los prisioneros en campos de un mínimo de prendas de vestir y de abrigo para evitar la propagación epidémica de enfermedades de contagio directo. Nada se decía, por ejemplo, de las necesarias campañas de despiojamiento y limpieza en los campos estables.

Sobre la primera de las soluciones, la Sección de Ingenieros de la ICCP estudió y proyectó obras de reparación en el Lazareto de Maliaño, en Santander, para habilitarlo como hospital de infecciosos con capacidad para 60 camas, así como otras obras de habilitación de la parte alta del Instituto de Manzanedo, en Santoña, para crear un hospital de 200 camas, y obras de habilitación del Convento de Legarrea, en Oyarzun (Guipúzcoa), para hospital de tuberculosos de 250 camas[70]. Obras y ampliaciones que, a la vista del creciente número de prisioneros enfermos y que requerían de aislamiento, se quedaron pronto cortas hasta el punto de ser necesaria la apertura de otro hospital en Ateca (Zaragoza) con capacidad para 200 camas. Sin embargo, no fue en hospitales sino en las enfermerías de los campos de concentración donde más se sintieron los problemas derivados, directamente, del hacinamiento y aglomeración de prisioneros.

Las enfermerías no fueron un bien profuso en los campos de concentración en la España de Franco. Si bien la normativa oficial hablaba de la necesidad y obligación de establecer una por campo, lo cierto es que las pocas que existieron estuvieron preferentemente instaladas en los centros estables, en los campos fijos. Y la razón para aclarar este punto no es sola y puramente médica: el responsable sanitario de cada campo, además de la asistencia y la vigilancia de los internos enfermos o heridos, debía valorar e informar sobre la aptitud o inaptitud de los prisioneros para ser destinados a unidades de soldados trabajadores. De tal modo, a su carácter médico el facultativo debía añadir otro estrictamente político: el de contribuir a la expansión del sistema de trabajos forzosos no penados. Además, era el responsable de que los «rojos» no «introdujesen» enfermedades en los campos, puesto que no se consideraba tan siquiera la posibilidad de enfermar en ellos, tan «lujoso» era el trato dispensado a los prisioneros. Por ello, el médico, siempre que las circunstancias se lo permitiesen, debería proceder al reconocimiento general, la desinfección, y a ordenar el corte de pelo, la ducha y la desinfección de las ropas. Acto seguido, debería vacunar a los recién llegados contra el tifus y otras enfermedades de carácter vírico, y aislar después a quienes resultasen afectados de enfermedades contagiosas. Pero, inmediatamente después, procedería a dividir a los internos entre los siguientes grupos:

1.Aptos para toda clase de trabajos.

2. Incapaces para el trabajo de habilidad y destreza, pero aptos para el trabajo de guerra y mecánicos.

3. Incapaces para trabajos de fuerza, pero aptos para todos los de su profesión u oficio.

4. Incapaces para trabajos de fuerza y de capacidad disminuida para los de su profesión u oficio.

5. Incapaces para toda clase de trabajos.

6. Inválidos.

Y, de tal modo, a contribuir a la división por aptitudes físicas para el trabajo, que ya se han observado previamente cuando se trató el tema de la reclasificación de los prisioneros, y que en las enfermerías de los campos de concentración adquiriría un matiz si cabe más grotesco. Tanto como el hecho que se afirmase rotundamente, de cara a la oficialidad —sobre todo, el Cuartel General de Franco— que las condiciones higiénicas y sanitarias en los campos eran excelentes, pero luego se afirmase todo lo contrario en la documentación interna de la ICCP. En particular, en guerra y posguerra —el campo de Reus fue cerrado definitivamente por ese motivo— el tifus exantemático adquirió proporciones de pandemia entre los prisioneros internados. Por más que los responsables sanitarios pudiesen esforzarse, incluso dando conferencias «de carácter higiénico-sanitario y de divulgación profiláctica de enfermedades venéreas, sifilíticas e infecto-contagiosas», lo cierto es que sobre todo en las estaciones frías, y los inviernos de 1937 y 1938 lo fueron con creces, la «miseria y suciedad» que presentaban los internos fueron pasto perfecto para el desarrollo desproporcionado de esta enfermedad, transmitida, ante todo, por los piojos y otros parásitos de convivencia cotidiana en los campos.

Para tratar de atajar esta situación, que revertía en la incapacidad de reutilizar a los prisioneros de guerra como mano de obra, la ICCP hubo de disponer en otoño de 1937 de medidas urgentes[71], como la instalación de estaciones de despiojamiento en los campos, la provisión de uniformes y mudas de ropa interior para los internos, y la instalación urgente del mayor número posible de enfermerías. Pero, como viene siendo la tónica, la realidad del aprisionamiento y de la política para con los internados superó con creces las posibilidades de previsión. Tan sólo cinco unidades de esterilización de ropa pudieron ser recabadas del Ejército, y tan sólo 5000 fueron los prisioneros que pudieron vestir ropa interior limpia gracias a los esfuerzos de la ICCP ante la Intendencia general de la Secretaría de Guerra.

Retirado Martínez Nevot del ingrato cargo de responsable sanitario de la ICCP —donde había tenido que medrar con tal cantidad de problemas que se había convertido más en un jefe intendente que en el insigne oncólogo que quería ser—, su experiencia le acompañaría por largo tiempo. Su experiencia y su prejuicio, claro está: sólo así puede explicarse que, aún en 1940, opinase que el cáncer se producía por células que por «motivo de insubordinación y anarquía [sic] llegan a formar un órgano monstruoso»[72]. En línea con su profesión de médico militar, según su perspectiva los «guerreros» no podían aún «cantar himnos de la victoria en los campos de batalla contra el cáncer». Guerreros, batallas, anarquía de las células. Cáncer y demencia. Enfermedad física y mental. Ideología y construcción mental del disidente como ser inferior, enfermo, degenerado. Tales eran tanto las premisas como los puntos de llegada de una medicina en guerra contra la República, de la que los artículos y libros del eminente psiquiatra Vallejo Nágera y el menos conocido médico de guerra Martínez Nevot suponen una muestra parcial, pero fehaciente.

5. LA GESTIÓN DE LA MISERIA: RESISTENCIA E INTEGRIDAD

En medio de este paisaje de enfermedad, muerte, reeducación, aculturación y adoctrinamiento había, empero, también espacios para la resistencia de los internados. Resistencia activa o pasiva, organizada o no que, por diferentes canales, tuvo siempre un objetivo primordial: la lucha por su integridad. Una integridad que se compuso, fundamentalmente, de lucha política (dentro de márgenes muy restrictivos) y de lucha por la mejora de las condiciones de vida en los campos. Todos los aspectos fundamentales de la vida concentracionaria fueron impregnados de intentos de resistencia y de búsqueda de la entereza, en medio de un sistema de campos tan variado como el franquista, cuyo pulso estaba marcado por la arbitrariedad. Así, aspectos fundamentales para el mantenimiento de un afán por no doblegarse fueron la correspondencia, las visitas, la resistencia política de los prisioneros o sus fugas. Dentro de los escasos márgenes que quedaban en la vida cotidiana de los campos, todos ellos supusieron espitas de escape para una población interna sometida al maltrato, la clasificación, la delación y las miserables condiciones de vida. De tal modo, y aunque en muchos momentos no supusiesen una verdadera oposición a las autoridades militares de los campos, como resistencia han de tratarse los medios cotidianos empleados por los prisioneros para tratar de mantener su integridad e identidades políticas, culturales y morales.

Sobre el tema de las visitas en el campo se interesó particularmente y en persona el general Franco, quien dispuso en junio de 1938 que se evitasen en todo caso los encuentros con los concentrados, por considerarlas «perturbadores». En particular, debería perseguirse la tenencia «por los concentrados de libros, revistas o efectos de índole perturbatoria [sic]», además de armas de fuego[73]. Lo que Franco no pudo impedir, de todos modos, fue que en algunos campos, en el tiempo libre, se gestasen agrupaciones políticas de prisioneros, encaminadas ante todo a salvar cuadros y dirigentes de los partidos y sindicatos. En Albatera, uno de los casos más claros de este último aspecto por haberse reunido en el puerto marítimo de Alicante muchos dirigentes comunistas ante el inminente final de la guerra —esperando exiliarse—, Sixto Agudo recuerda que «la organización del partido funcionó. Por ejemplo, la delegación del Comité central encabezada por Larrañaga y Asarta». Pero luego, «como nos conocíamos de la organización militar, el partido se fue estructurando de acuerdo con las relaciones que había durante la guerra». Mediante conversaciones y reuniones clandestinas «la dirección del partido, que era unilateral, por conocimiento se extendía a todo el campo», dejando fuera a los anarquistas, que optaron más, en opinión de Agudo, por la fuga antes que por la organización interna y la jerarquización. Además, en Albatera «la mayoría de la dirección anarquista fue descubierta por un joven de la dirección de las Juventudes Libertarias, que denunció a los mandos anarquistas y socialistas. Casi todos, cien…»[74]. En la tarea de la salvación personal y política, además, tenían un papel fundamental los contactos semiclandestinos con el exterior: utilizando canales legales como las comunicaciones y el correo, se intentaban introducir documentos falsos. Con los escasos medios de las destrozadas organizaciones políticas se trataba de falsificar sellos. Con la ayuda de las familias, se trataba, ante todo, de salir del campo.

No obstante, también en este caso se dieron ejemplos de arbitrariedad, así como sorprendentes diferencias internas entre los diferentes campos. Mientras que en San Pedro se impedía de manera más que rígida la salida de cualquier prisionero que no estuviese incluido en el transporte y reparto de suministros, Clemente Gil, alcalde de Miranda de Ebro, hubo de remitir una carta en octubre de 1938 al inspector de la ICCP quejándose de que «ciertos grupos de prisioneros con frecuencia salen del campo a altas horas de la noche dándose el caso de encontrárseles cenando a las once en las cantinas de dicha población»[75]. Siendo Miranda un campo estable, donde muchos prisioneros ante la falta de avales o con la clasificación demorada pasaban a veces largos meses, los había «casados que han puesto casa en Miranda y, claro es, ellos salen a dormir fuera del campo». Según el alcalde, «todos los días… prisioneros que salen a hacer compras para el campo se apean de la camioneta y se pasan largos ratos charlando con las chicas de la población». Y todo esto se veía muy mal en la población, ya que en opinión del alcalde los prisioneros, provenientes del País Vasco llevaban en aquel campo más de año y medio,

algunos con los avales en el bolsillo pero que no los presentan por temor a que los lleven al frente; estos prisioneros son vascos y poco afines a la España Nacional pues sabido es que hacen cierta propaganda roja entre los compañeros de Campo. Seguro está todo el público que una vez termine la Guerra saldrán al día siguiente porque presentarán cuantos avales les sean necesarios[76].

Obviamente en algunos campos, sobre todo los estables, los prisioneros trataban de hacer lo más llevadera posible su estancia. La resistencia política y cotidiana, tal vez más la segunda que la primera, fueron vehículos a través de los cuales los internos trataron de salvaguardar su integridad y su identidad política. Y puesto que divertirse era un lujo en los campos, algunos prisioneros como los vascos en Miranda escondían sus avales —si creemos las apreciaciones del alcalde— porque bien sabían que una clasificación positiva era sinónima de ser enviados al frente de batalla. Para muchos, por temor o por integridad política —puesto que consideraban que el puesto de un republicano vencido era ser prisionero, pero seguir siendo republicano—, la clasificación como afectos fue un suplicio añadido. Y por eso trataban de dificultarla al máximo. De tal modo, podían mantener los contactos, establecer redes políticas, siendo su mayor privación la de la libertad y la de la sociabilidad. Pero salvando la vida.

De vez en cuando se admitían comunicaciones de los prisioneros con sus familiares: eso, sin embargo, debió ser más que escaso a la vista de los testimonios recogidos. Y algunos prisioneros salían del campo. Eran los encargados de traer los suministros, en centros que estuviesen situados cerca de cascos urbanos. A esos, a la vuelta al campo, se les cacheaba rigurosamente: como en el caso de la correspondencia, la introducción de objetos prohibidos era castigada con «severa pena». La misma que se aplicaba a quienes trataban de fugarse, o a quienes quebrantaban los valores absolutos del campo: la disciplina y el orden. Sin embargo, el castigo corriente no estaba tan relacionado con el intento de fuga como con la insubordinación cotidiana al servicio de custodia del campo. Éste no podía tener contacto directo con los prisioneros, aunque en muchas ocasiones se haya relatado todo lo contrario: los pequeños negocios realizados con objetos personales a cambio de tratos de favor, comida, cigarrillos o delaciones —en el sentido que no fueron tratos unidireccionales del prisionero con el guardia, sino que muchas veces empezaban por iniciativa de este último— eran una realidad cotidiana en los campos[77]. Como puede observarse, la realidad ideal de los campos planteada por la ICCP y la realidad concreta vivida por los prisioneros distaban bastante entre sí.

Prohibidos los contactos con el exterior, y ante la posibilidad de ser enviados a los tribunales militares, muchos prisioneros tomaban la decisión de fugarse. Si eran capturados, como ya se ha visto, eran devueltos al campo y sometidos a la «severa pena» de la que hablaban las normas de actuación. Si no, trataban de todos modos de reintegrarse a la zona republicana: el éxito o el fracaso de la fuga dependía de las características del campo, de su vigilancia efectiva, de la capacidad física del prisionero, de la posibilidad o no de sobornar a sus guardas, de su ingenio. San Pedro, por ejemplo, contaba con una vigilancia escasa. Si solamente seis alemanes trataron de fugarse fue porque el resto de prisioneros se encontraban demasiado débiles como para tan siquiera intentarlo. Los alemanes tenían especial pavor, dado que eran puestos en manos de la Gestapo. «Saltaron por una ventana, mientras sus compañeros internacionales cantaban ruidosamente para distraer a los guardianes». El sargento, al descubrirlo, entró en cólera y cerca estuvo de mandar fusilar a un prisionero polaco. Cuando vieron que la ventana estaba rota, y que por ahí habían escapado, cogió a cuatro al azar y los echó desnudos a un tanque de agua. Dos de los alemanes fueron devueltos muertos, y los prisioneros desfilaron frente a ellos[78].

Por otro lado, un prisionero de Deusto ha relatado también su experiencia de fuga de un campo franquista: Manuel Amblard también logró fugarse momentáneamente del campo de Deusto, en Bilbao. Con los presos que salían a trabajar y dotados de documentación falsa (había realizado un sello tallando una patata), alcanzaron la ciudad. Pero su primera obsesión fue la de comer. En una taberna, un grupo de requetés cogieron a uno de los tres prisioneros. Los otros dos volvieron voluntariamente a Deusto[79]. Algo parecido a lo sucedido a Manuel de Pedro, Manolón, a quien durante su internamiento en San Marcos su hermano falangista pudo dar cien pesetas. Como la misa dominical era obligatoria, él y dos compañeros aprovecharon un descuido para esconderse en un confesionario, pudiendo vagar a sus anchas por León, yendo a comer bien por primera vez en mucho tiempo y a acostarse con prostitutas también por primera vez en muchos meses. A la noche, antes del recuento, la fuga finalizó: decidieron volver al campo y no arriesgar la vida en una evasión complicada, sobre todo por haber perdido todo el día (un tiempo precioso) en placeres sensoriales[80].

A mayor provisionalidad del campo, menores eran los dispositivos de seguridad, generalmente más caótico su funcionamiento y, por tanto, mayor era el número de fugas. Ese era un modo de salir del campo. También se podía salir de manera voluntaria, ante las peticiones que en algunos campos se realizaron para formar parte del Tercio de Regulares, de requetés carlistas[81], o en BB. TT.: «pidieron allí gente voluntaria para ir a batallón de trabajadores y lo que queríamos era salir del campo; fuera donde fuera, queríamos libertad, queríamos ver los pájaros volar, ver el cielo azul. Y yo me apunté voluntario», señala Eustasio García. Y también, algo habitual sobre todo en la inmediata posguerra, una vía de escape del campo utilizada ante la magnitud que el problema del hacinamiento en los campos adquirió en 1939, fue la libertad vigilada: con un salvoconducto para volver a sus hogares y presentarse allí ante las autoridades, generalmente los prisioneros no disponían de emolumentos para costearse el viaje, por lo que en noviembre de 1938 se hubo de decidir, en teoría por motivos «humanitarios» que quienes fuesen apresados por viajar sin billete en los trenes de vuelta a casa fuesen puestos en libertad. Sin embargo, el motivo no era la libertad, sino otros: la necesidad imperante de no hacer crecer la población presa por motivos tan nimios. Las cárceles de Franco hacía tiempo que habían superado su capacidad en conjunto. En 1939, ese límite dejó de existir, estableciéndose el imperio del hacinamiento. En ese contexto, meter en la cárcel a prisioneros en libertad solamente por la falta de atención de las administraciones implicadas en el tratamiento de la población penal de la Nueva España suponía un riesgo demasiado alto para las autoridades franquistas.

Aunque, de hecho, todo el sistema concentracionario de Franco supuso un constante riesgo. Su mantenimiento implicaba la continuidad de un régimen ilegal y arbitrario, mal gestionado y con pocos recursos. Suponía hacinar a «rojos» sin que la justicia interviniese de forma inmediata. Implicaba dejar cada vez más espacios para la resistencia, quedando sólo la represión como medio para aplacarla ante el más que probable fracaso de los programas de reeducación y «reconquista» de los republicanos. De hecho, en muchas ocasiones todo ello tuvo más que ver con los planos discursivos que con los reales. Como se ha podido comprobar, la historia concentracionaria franquista, una historia de intentos de centralizaciones imposibles, fue la crónica de la improvisación y el desbordamiento. Desde tal perspectiva debe analizarse la gestión de la miseria que supuso la administración de los campo. Eso sí, sumándola al hecho que el para-Estado franquista tuvo en la imposición de unos modos de vida cotidiana humillantes, exasperantes, terribles y vejatorios sobre los prisioneros un modo para hacer de ellos sombras de su propia voluntad. Tal vez por eso se encuentran tan pocos testimonios que hablen de reestructuraciones orgánicas de partidos y luchas políticas dentro de los campos, siendo los más destacados los de prisioneros de la inmediata posguerra, y sí en cambio todos hablen de humillantes condiciones de vida, carencias miserables, tedio y angustia. Clasificación, depuración, reeducación y reevangelización se dieron la mano en los campos franquistas para hacer saber a los prisioneros, a los disidentes reales o potenciales, su verdadero lugar en la Nueva España de Franco.

En definitiva, el campo de concentración fue la cristalización de la política de la alteridad a través de la instrumentación de unas políticas cotidianas fuertemente represivas, que fueron desde la distribución de alimentos a la aculturación, desde la posibilidad de abrigo a la sanidad. Todo estaba atravesado por una ideología y una percepción identitaria del enemigo de las que se derivaban: uno, el menosprecio por el prisionero como individuo y por los prisioneros como colectivo; dos, el menosprecio y la eliminación de sus ideologías político-sociales y, por extensión, sus identidades individuales y colectivas; tres, la alienación del enemigo, sabido como interno pero articulado retóricamente como externo, ajeno a la comunidad nacional; y cuatro, la reafirmación de esa comunidad nacional, a la que a veces pasaban a formar parte los internos tras su paso por el campo, a través de la sumisión, el castigo y el cumplimiento de los preceptos morales, políticos y sociales que caracterizaban al Nuevo Estado. Con los tres ejemplos aquí desarrollados, el de la reeducación, el de la gestión de la vida cotidiana en los campos, y dentro de este último, el del enorme problema sanitario que supuso el internamiento de un mínimo de 400 000 prisioneros en tres años, se han puesto en evidencia las variables fundamentales de la historia concentracionaria española, al menos durante la guerra civil: la contradicción entre objetivos y realidades, la unión de destrucción y construcción. Y, sobre todo, la cotidianidad de la violencia y la exclusión.

5. La derrota y la «paz». Campos y trabajo en posguerra

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La derrota y la «paz». Campos y trabajo en posguerra

1939-1942

La guerra, con su luz de fruslería, nos ha abierto los ojos a todos. La idea de turno o juego político ha sido sustituida para siempre por la idea de exterminio y expulsión.

JOSÉ MARÍA PEMÁN

1939 FUE, EN LA TERMINOLOGÍA OFICIAL del franquismo, el Año de la Victoria. Y, efectivamente, fue el año de la derrota sin paliativos. Pero no de la paz. 1938 había acabado con la derrota republicana en la batalla del Ebro y el inicio de la ocupación definitiva de Cataluña. Arrasada por un Ejército imparable, abandonada por las potencias internacionales, la República estaba definitivamente perdida. Así, entre enero y abril de 1939 cayó Barcelona. Cayó Cataluña. Cayeron todos los territorios aún controlados por la República. Se ganó definitivamente la contienda, se instauró una dictadura militar en toda España, y miles de ciudadanos tomaron el camino de la frontera. La cifra aceptada para el exilio a Francia de enero y, sobre todo, febrero de 1939 es abrumadora: 440 000 ciudadanos, de los cuales 170 000 eran mujeres, ancianos y niños; 40 000 civiles no movilizados; 10 000 heridos; y 220 000 militares[1]. Francia los recibió con campos de concentración, improvisados y con malísimas condiciones de vida; con políticas xenófobas auspiciadas por su presidente Daladier y su ministro del Interior, Sarraut; y con deseos de rápida repatriación.

Y, de hecho, muchos fueron los que decidieron al poco tomar el camino contrario y volver a España. La administración franquista les esperaba, también, con campos de concentración para clasificar a quienes estuviesen en edad militar. De tal modo, en pocos días ingresaron desde Irún 578 soldados en el campo de Estella, y 4828 en el de Pamplona procedentes de Francia, según unos telegramas remitidos a la ICCP[2]. A los que se quedaron en Francia les esperaba el internamiento en Argelès, en Barcarès, en Sant Cebrià, en los campos del Mediodía francés. Y, tras su incorporación a la Legión Extranjera o a las Compañías de Trabajadores Extranjeros, mediada la declaración de guerra y la ocupación parcial de Francia por parte de Alemania en mayo-junio de 1940, los Stalag, la consideración como enemigos del Tercer Reich y la deportación a campos como Mauthausen. A los que regresaron, la miseria, el internamiento y la siempre complicada lucha por la integridad.

En este capítulo, por tanto, la guerra civil toma contacto directo con la segunda guerra mundial, aunque el sistema concentracionario franquista tardase algo más en adaptarse a la nueva realidad europea, como podrá comprobarse más adelante. Este capítulo pone cierre al empleo de los campos de concentración y, en buena medida, del trabajo forzoso para los prisioneros de la guerra civil, para los internos republicanos. Primero con la ocupación territorial y segundo con el internamiento masivo en los numerosísimos campos que poblaron la Nueva España de Franco y mediante su empleo como mano de obra gratuita (una función asumida por los Batallones Disciplinarios, los BDST donde los soldados de la República hubieron de rendir cuentas por su pasado en forma de trabajos forzosos), entre humillación, asesinatos, depuraciones y violencia, el Nuevo Estado se impuso sobre todos y cada uno de los prisioneros de guerra. De hecho, no sería hasta que desapareciese la última sanción por haber combatido en filas republicanas del último prisionero de guerra, cuando desaparecería a su vez ese modelo anómico e ilegal de punición sin pena impuesta y de internamiento preventivo. Algo que, cronológicamente, coincidiría con los peores momentos vividos en campos como Miranda de Ebro, donde por entonces (1942) la gran oleada de refugiados de la segunda guerra mundial había llevado a algo que bien puede denominarse como absoluto colapso.

1. CATALUÑA, «LIBERADA»

Sin lugar a dudas, el de los exiliados fue un sino ingrato en el que fue muy difícil eludir el internamiento en un campo de concentración. Obviamente, los rigores de Miranda de Ebro o Aranda de Duero no eran los de Mauthausen, ni éste puede compararse al campo francés de Argeles. Sin embargo, algo en común existía: el carácter de vencidos en la guerra civil de los internos y, en tantas ocasiones, su afán por resistir hasta el último momento. No fueron, además, los exiliados los únicos derrotados en 1939. Hubo miles de republicanos que no se exiliaron, o que no pudieron hacerlo por haber sido capturados por el Ejército de Franco. Entre diciembre de 1938 y febrero de 1939 fueron tomados un mínimo de 76 042 prisioneros, que fueron los evacuados a retaguardia entre las delegaciones de la ICCP de Zaragoza (58 536) e Irún (17 506, regresados de Francia), además de unos 40 000 prisioneros aún en territorio catalán, lo que eleva a más de 116 000 los republicanos capturados. Sumandos a los más de 31 000 internos que estaban en campos provenientes de otras campañas, y los 90 000 en Batallones de Trabajadores, la suma del personal dependiente de la ICCP aterra, teniendo en cuenta las malas condiciones, en casi todos los sentidos, que se han observado anteriormente. Eran 237 102 los internos de los que Martín Pinillos daba cuenta en febrero de 1939; cifra que no tomaba en cuenta a todos los que, habiendo pasado por campos, habían sido destinados a unidades militares (como los 20 000 reclasificados) o a prisiones, no dependientes de su gobierno[3].

La mayoría, unos 95 000, de esos 116 000 prisioneros entre enero y mediados de febrero de 1939 pasaron por los centros del Ejército del Norte. Primero, por Horta[4], Manresa o Puigcerdá. Después, por campos estables, empezando generalmente por San Juan de Mozarrifar o San Gregorio, en Zaragoza. Las cifras son pues enormes: en ese mes y medio había caído en manos franquistas uno de los símbolos de la República, la ciudad de Barcelona y se había culminado la ocupación de Cataluña, ocupándose todos los puertos fronterizos pirenaicos. Largo Caballero, Araquistain, Azaña, Martínez Barrio o Companys habían cruzado la frontera. Lord Halifax tramitaba una paz honrosa entre los contendientes, a petición de Negrín, que no llegó a cuajar. Y la Nueva España publicaba su Ley de Responsabilidades Políticas, según la cual se penaba cualquier grado de desafección política, ideológica o cultural, juzgando retroactivamente todo acto de índole política, sindical, cultural, desde 1934, que a juicio de los militares triunfantes hubiese sido un acicate para la implantación en España del «dominio rojo».

Por tales motivos puede considerarse que la República había perdido la guerra en ese espacio de tiempo, desde que el 10 de diciembre se decidiese el ataque sobre Cataluña, ocupándose ciudades como Reus y Tarragona antes de mitad de enero. Barcelona no tardaría en caer en manos franquistas: el miedo a ser copados por el enemigo, la paupérrima situación general y la profunda desmoralización hicieron que la capital donde hasta hacía pocos días aún celebraba Negrín los consejos de ministros fuese tomada entre los días 26 y 27 de enero. Y, en ese contexto, cada División de las que formaban los CE en liza pudo disponer, salvo en el caso del CTV italiano —del que no se han encontrado huellas documentales en materia de prisioneros, más allá del BB. TT. bajo su poder—, de campos de internamiento para organizar el envío a retaguardia de sus prisioneros de guerra. Antes del 4 de febrero estaban establecidos los centros que habían sido utilizados antes de la caída de Barcelona, en un plan que implicaba el traslado en largas filas de prisioneros desde campos de vanguardia como Tremp, Almacelles o Binéfar, al campo de San Juan de Mozarrifar[5].

Sin embargo, esta línea de contención de la población prisionera fue útil por poco tiempo. Desde febrero, los campos de referencia en segunda línea pasaron a ser, por motivos de cercanía y espacio, los de Reus, Tarragona y Lleida, utilizándose el de San Juan en casos de gran aglomeración[6]. Así, los prisioneros tomados en la capital catalana, internados primero en los campos eventuales de evacuación (en particular el del Cuartel de Caballería Numancia, en Sants, adonde se trasladó al personal responsable hasta entonces de los centros de prisioneros de Borjas Blancas y Vimbodí), serían clasificados en campos como los señalados, o el de Cervera. Y, progresivamente, serían enviados a lugares alejados como Galicia. Dispersar a los prisioneros fue una vía para despejar una zona donde la concentración de personal potencialmente disidente suponía un grave peligro tanto para el orden público como para las aspiraciones, nunca escondidas, de «españolizar» Cataluña.

Tan frenética fue la actividad en enero de 1939, con la progresiva ocupación de Cataluña y el ingreso por Irún de muchos exiliados de vuelta al país, que el Cuartel General de Franco hubo de solicitar, con carácter de urgencia, jefes y oficiales en la reserva para organizar BB. TT., instalar nuevos campos de concentración y hospitales de prisioneros, así como para su incorporación a los nuevos campos de Lleida, Tarragona, Reus[7] y Cervera, cuya orden de apertura data del 24 de enero[8]. Y, además, para intervenir en algo que empezaba a ser un grave problema: el de los «innumerables prisioneros» tomados en las fronteras de Port-Bou, la Junquera, Irún o Puigcerdá que regresaban repatriados de Francia, y que eran masivamente clasificados por comisiones como las de Estella, Logroño, Vitoria o Pamplona[9], o distribuidos hacia otras comisiones, las de Santoña, Aranda de Duero[10], Deusto (campo en el que ingresaron unos 2000 internos en un mes) y Orduña[11]. Existían, por tanto, dos importantes focos de aprisionamiento. Uno menor que el otro, pero ambos sometidos al mismo proceso: progresivamente serían redistribuidos hacia los campos de San Pedro de Cardeña y Miranda de Ebro, en el primer caso cuando no pudiese certificarse una clasificación definitiva, y en el segundo cuando de ésta se derivase el ingreso en un BB. TT. De tal modo, San Pedro de Cardeña sería, por última vez, el campo de referencia para el Ejército del Norte. Por última vez, porque desde marzo de 1939, salvo por el repunte en el número de internados debido a la finalización de las operaciones bélicas el primero de abril, iría progresivamente acumulando más bajas que altas en sus estadillos mensuales.

En el siguiente cuadro se puede observar que el avance sobre Cataluña y, sobre todo, el regreso de exiliados implicó una fuerte subida en el número de trasladados a ese campo, lo que devino en una mayor velocidad en la creación de BB. TT. y en el traslado de los prisioneros inútiles para el trabajo al campo de Haro[12]. Algo que se arrastró, como mínimo, hasta la primera decena de mayo, cuando el número de bajas en San Pedro, por traslados a Cajas de Reclutas o a BB. TT., a otros campos de concentración como Deusto o Soria, libertades provisionales, o por fallecimiento (en estos meses se contabilizan, sin dar explicación de las causas —probablemente, por enfermedad—, siete muertes), fuese considerablemente mayor que el de las altas en el campo. Su fin como campo de concentración estaba cerca y el mayor problema sería, como se verá, dónde internar a los prisioneros extranjeros. Y es que, ya a mediados de mayo, casi no quedarían internos españoles:

Los prisioneros internados en San Pedro de Cardeña provenían, ante todo, de las comisiones de clasificación —y a veces, directamente de las comandancias militares— implicadas en el problema de la recepción de exiliados, aunque también ingresasen dudosos de Cáceres o Santa Cruz del Retamar (Toledo). Sin embargo, la gran mayoría de internos en febrero (mes del que se han localizado las listas de prisioneros) venían de Orduña, Pamplona, San Sebastián, Logroño, Bilbao, Estella y, ante todo, Irún, con 1938 trasladados.

Pero San Pedro estaba en retaguardia, y el problema de la acumulación de prisioneros volvía, una vez más, a estar en vanguardia. Hasta el punto que el 16 de enero de 1939 fue necesario realizar un traslado urgente de 4500 prisioneros de San Juan de Mozarrifar, el campo de referencia para todos los Cuerpos en combate en Cataluña, al campo de San Marcos, en León[13]. La 82 División del CE del Maestrazgo, por ejemplo, que hasta enero de 1939 había capturado cerca de 8500 prisioneros, vio que hasta el 10 de febrero hubo de hacer frente al interrogatorio, primera clasificación y evacuación de casi 6500 soldados republicanos, internados en el centro de evacuación de Olot. En el campo de Cervera, utilizado por los CE de Urgell e, indirectamente, Maestrazgo y Aragón, y comandado por la Primera Compañía del Batallón de Orden Público n.º 403, hubo casi 6000 prisioneros en menos de diez días, aunque su carácter de centro de rápida evacuación hizo que el 9 de febrero estuviese completamente vacío.

Mas no por ello dejó de utilizarse masivamente. No en vano, por el campo utilizado por los CE de Aragón y Maestrazgo, el de Manresa —constituido el 3 de febrero bajo el mando de Francisco Montilla—, pasaron un total de 12 070 prisioneros[14]. La consecuencia directa de todo ello fue el incremento gradual del número de internados en todos los campos, empezando por Lleida y San Juan de Mozarrifar, pero también de Avilés, Rianjo o Aranda de Duero, donde se tramitaba la clasificación definitiva de los prisioneros. El siguiente cuadro, demostrativo de las distribuciones de personal prisionero por la Nueva España de Franco desde la delegación zaragozana de la ICCP y, en concreto, desde San Juan de Mozarrifar durante la primera quincena de febrero de 1939 prueba, en primer lugar, que las divisiones territoriales y de campos de llegada puestas en claro en febrero —véase más adelante— y establecidas por la Inspección no fueron llevadas a cabo de manera estricta; y, también, que la afluencia a San Juan era mayor pero más breve, manteniéndose Lleida como campo de concentración relativamente estable, desde el cual incluso se llegaron a crear Batallones de Trabajadores con prisioneros voluntarios (como fue el caso del que formó parte Eustasio García) o incluso trasladando prisioneros directamente sobre el campo de San Juan (hasta 2520 de los evacuados el 7 de febrero provenían de Lleida).

La 5.ª División navarra había tomado, desde el inicio de la ofensiva hasta la conquista de Tarragona, 11 714 prisioneros; durante la ocupación de Barcelona, 1362; y hasta la llegada a la frontera francesa, 1805, lo que hacía un total de 14 971 prisioneros hasta el 9 de febrero[15]. Ese mismo día, en el que en Burgos se firmaba la Ley de Responsabilidades Políticas, sobre la una de la tarde el general Juan Bautista Sánchez alcanzaba el puesto fronterizo de Le Perthus, y al día siguiente, mientras en Roma moría Pío XI, con la toma de Puigcerdá toda la frontera con Francia era de Franco. Ese día finalizaba el recuento de prisioneros desde que se iniciase la ofensiva sobre Cataluña, según un diario manuscrito encontrado entre papeles de la más variada índole: de acuerdo con los partes oficiales, habían sido tomados entre el 23 de diciembre y el 9 de febrero 92 186 prisioneros, una cifra ciertamente dudosa (puesto que la mayoría de los días se cifraban los prisioneros exactamente en 2000) pero que da buena idea de la magnitud de la derrota republicana[16]. Oficialmente se reconocían más de 90 000 prisioneros en menos de dos meses. Pero en realidad, esa cifra se acercó a los 116 000 republicanos capturados en Cataluña como se ha señalado antes. Si los sumamos a los 220 000 soldados que perdió la República en el exilio y a los 47 000 apresados en otros frentes, no es difícil pensar en la ofensiva catalana como un hito crucial en la victoria franquista.

Cataluña había sido definitivamente ocupada, pero no por ello los ejércitos franquistas dejaron de tomar prisioneros, internándolos y evacuándolos a retaguardia. Tanto grupos de soldados que en la retirada a Francia habían quedado descolgados o escondidos como unidades apresadas (en más de una ocasión, mientras cubrían la evacuación de soldados y civiles), todos fueron pasando por los diferentes centros y campos de concentración. Tanto fue así, que ante la gran variedad de unidades republicanas aprehendidas y la escasez de medios in situ, no fueron los Cuerpos de Ejército sino las comandancias militares las encargadas de recoger y clasificar a los prisioneros de guerra, tanto en los puestos fronterizos como en Barcelona. Lo cual, de hecho, significó que no hubo clasificación inmediata sino envío a retaguardia. Para ello, el mismo día 10 de febrero se señalaba con urgencia que los campos de Reus, Tarragona, Lleida, Mollerusa, Barbastro, Cervera y Horta estaban disponibles para la evacuación de unos 45 000 prisioneros. Y también que desde ese día grupos de republicanos serían embarcados, hasta sumar 12 000, para ser trasladados desde Barcelona a campos de concentración en las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y otras: la habilitación de las plazas de toros de San Sebastián, Vitoria, Tolosa, Santander, Bilbao y Pamplona como campos eventuales fue el reflejo palmario de la imposibilidad de clasificar, ni en los campos divisionarios ni en los del Cuerpo de Ejército, y ni tan siquiera en San Juan de Mozarrifar, a los más de cien mil prisioneros caídos en manos franquistas en la campaña catalana, así como al número creciente de evacuados a Francia que recruzaban la frontera: sólo el 16 de febrero entraron por Irún, siendo evacuados a Vitoria, 2600 republicanos en edad militar, que eran a los que se les tramitaba expediente de clasificación en los campos de concentración[17].

Tal magnitud empezaba a adquirir el «difícil regreso» a España que fueron trasladadas tres comisiones de recepción de prisioneros a los pasos fronterizos de La Junquera, Puigcerdá y Portbou para descongestionar el paso por Irún. Y, a 13 de febrero, se ordenó que los «procedentes por Irún del campo rojo», jefes y oficiales no profesionales, fuesen trasladados a la prisión de Escolapios de Bilbao y a la Ciudadela de Pamplona, a disposición del auditor de guerra de la Región Militar. Era el modo de separar de manera rápida a mandos y comisarios políticos, a quienes con la mayor rapidez se juzgaba en consejos de guerra. Entre el 1 y el 19 de febrero de 1939, se estima que más de 67 000 personas habían regresado a España —aunque luego el ritmo descendiese drásticamente—, siendo trasladados los excombatientes republicanos, gran mayoría dentro de este grupo, al campo de concentración de Irún[18].

Tal era la situación, que el 18 de febrero hubo de proponerse un nuevo plan de evacuaciones, teniendo en cuenta la disponibilidad de campos en toda la Península, incluyendo los traslados por barco también desde Irún y no sólo desde Barcelona. De tal modo, desde esa primera ciudad se trasladaría población prisionera a los campos de Betanzos (Ferrol, 1800 prisioneros), Rota (Cádiz, 3000) y Huelva (800), quedando pendiente el de 2000 prisioneros a Sevilla, 1000 a Écija, 2200 más a Huelva y 2000 a Málaga. Y además, se tramitaría el uso de los traslados marítimos para el internamiento en algunos campos ya existentes con capacidad remanente, como los de Camposancos, Santa María de Oya y Padrón en Galicia, el Convento de Santo Domingo, Clerencia y Ciudad Rodrigo en Salamanca, y las plazas de toros de San Sebastián (para 5000 internos), Santander (4000), Vitoria (5000), Pamplona (5000), Tolosa (3000) y Bilbao (5000). El número total de evacuados que podía sostener la Delegación de la ICCP desde Irún ascendía, así, a 42 700. Una cifra mucho mayor que la de 8300 personas evacuables prometida por la Delegación de Zaragoza[19].

Estos datos responden a una lógica de organización que fue ampliamente superada por la realidad del aprisionamiento, pero dan sobrada cuenta de las limitaciones a que el Ejército de Franco hubo de hacer frente en los intensos meses de febrero y marzo de 1939, justo antes —casi podríamos decir, como preparativo final— de la ofensiva definitiva, la de la Victoria. Precisamente, a algunos de estos campos fueron a parar muchos de los prisioneros de guerra —el segundo bloque más importante en cuanto a memorialística escrita, tras el de los prisioneros en Alicante de abril de 1939— que han legado sus testimonios en forma autobiográfica. De tal modo, existen testimonios directos de campos como San Juan de Mozarrifar, Lleida o Santa María de Oya de prisioneros internados en los primeros meses de 1939. Y desde la perspectiva del prisionero, y no desde la oficial, parcial, sesgada y generalmente estrecha mirada de la ICCP, aparece una lógica inescrutable en los asépticos papeles firmados por Martín Pinillos: una lógica de dejadez y violencia. El campo de Lleida —al que llegó tras haber estado escondido en una masía y ser capturado— no fue para Eustasio García un simple centro de clasificación, sino una tortura constante. Hasta tal punto llegaron a viciarse las relaciones internas en el campo, que un grupo de prisioneros mataron a un sargento de guardia:

Teníamos un sargento malo, pero malo malo, que nos preguntaba: «Tú has matado a mi padre, tú has matado a mi hermano». Y todos habíamos matado a su padre o a su tío, si éramos 30 o 40 o 50 o cien que habíamos matado a su hermano. Tal rabia le cogimos que (yo no fui) entre tres o cuatro, tenía que pasar todas las noches a la oficina por un túnel que había, y desde arriba le tiraron un montón de tejas y lo mataron.

Los sargentos eran el único contacto que tenían los prisioneros en Lleida, amén de algún comercio ilegal con gente de la ciudad a través de los muros del campo, aunque aquéllos se aplicasen siempre con gran violencia contra éstos: «Escoltas había muchos, todos con verga. Subíamos arriba: “¿quién os ha mandado subir?”, “los de abajo”, y pim pam, se liaban a palos con nosotros. Bajábamos abajo, “¿quién os ha mandado bajar?”, “pues… el sargento”. Y así pasábamos todo el día», subiendo y bajando, en una especie de juego pensado para recibir maltratos de parte de los guardianes, hasta que llegó el aval de su pueblo, firmado por el alcalde: «soldado voluntario sin delitos de sangre» a sus espaldas. Carne de trabajo forzoso, como le dijo el alcalde a su padre: «Sí, eso se merece tu hijo. Se fue voluntario a la guerra y todavía está vivo». Salvar la vida y ver «los pájaros volar», eso consiguió Eustasio con su traslado al Batallón de Trabajadores. Y construir puentes; y enfermar de sarna. Pero, en definitiva y como él mismo reconoce, tuvo suerte.

No tanta tuvo Josep Subirats. Capturado en Vic (Barcelona), trasladado al campo de Cervera y registrado con nombre falso, de allí fue enviado a San Juan de Mozarrifar y al poco, a Santa María de Oya. Allí fue reconocido como dirigente de Izquierda Republicana de Tortosa y enviado a la prisión de Tarragona a instancias de la Auditoría de Guerra de Galicia, pero tuvo que pasar cuatro meses en el campo de concentración. Cuatro meses que ilustran el periplo que hubieron de sufrir miles de prisioneros catalanes, alejados lo más posible de sus zonas de origen, pero a las que habían de recurrir, en un proceso lento y farragoso, para obtener una clasificación lo más positiva posible. Cuando llegó la denuncia de Tortosa fue enviado a los calabozos de Santa María de Oya. Allí pasó un miedo terrible: sabía que salir del calabozo podía significar, con suerte, el consejo de guerra; y sin suerte, el «paseo», el fusilamiento extra judicial. Aún no había cumplido veinte años cuando firmó su sentencia a cadena perpetua, tras ser juzgado en Tarragona junto a catorce presos más, en un proceso que duró una hora escasa: «yo no he tenido mayor alegría en mi vida que firmar la prisión perpetua; estás en una sala donde hay trescientos tíos condenados a muerte, y yo firmo la prisión perpetua…»[20]. Franco se tomó su venganza: los mejores años de la vida de una generación de jóvenes republicanos. Cuando no la misma vida.

2. HACIA EL FINAL DE LA GUERRA

La documentación militar, abundante como estamos viendo para estos meses, también da cuenta de que, entre enero y marzo de 1939, no sólo las operaciones sobre Cataluña —y el consiguiente regreso de soldados por la frontera tras su paso a Francia— fueron los motivos de preocupación para los responsables del tratamiento y regularización de los prisioneros republicanos. La menos conocida batalla de Peñarroya, en Extremadura, ideada para ayudar contra la ocupación de Cataluña e intentar hacerse de nuevo con Badajoz, dio comienzo el 5 de enero, con el avance republicano, quedando estancada el día 9. Tras unos combates aéreos y en medio de un temporal, a los quince días el Ejército franquista retomó la iniciativa ocupando de nuevo Los Blázquez, La Grajuela, Valsequillo y Fuente Ovejuna, hasta devolver la línea del frente a su situación original el 4 de febrero.

Ese mismo mes, el Ejército del Sur daba cuenta a la ICCP de la situación de los campos de concentración de su zona, ya que a raíz de la reciente batalla y del traslado de prisioneros provenientes de Francia y Cataluña empezaba a verse agotada la capacidad de los campos de la provincia de Badajoz, con cientos de prisioneros en espera de ser clasificados. De tal modo, se dispuso que una vez agotada la capacidad de Badajoz, Almendralejo y Mérida, se crease en Huelva —para unos 2000 prisioneros— un campo de concentración. Frente a la ciudad, en el muelle o una isleta y construido a base de «chavolas [sic] y elementos económicos», el campo de Huelva sería un apoyo para la clasificación de los prisioneros republicanos, también trasladados desde febrero de 1939 al campo del Cuartel de la Aurora, en Málaga, donde se podría internar a un máximo de 3000 personas[21]. Los prisioneros se acumulaban ya en cualquier campo y casi cualquier localidad del territorio franquista. Y eso obligaba, además, a incrementar la actividad en los campos estables, en aras de evitar en ellos aglomeraciones insostenibles: casi todos los días entre enero y marzo de 1939 fueron trasladados internos de Miranda de Ebro para cubrir bajas en los BB. TT.; hasta 6000 fueron destinados de diferentes campos en enero para la Inspección de Automovilismo; y casi 1500 pasaron a formar parte de los grupos de trabajadores del Ejército del Sur, en Castuera, Pueblonuevo, Campanario o Puente Genil. El virreinato de Queipo de Llano en la Segunda División fue, por fin en 1939, lugar de acogida e internamiento de prisioneros de todas las zonas de la Península. Las razones estratégicas y de simple intendencia habían superado en importancia a las políticas que habían impedido, tanto del lado de Burgos como del de Sevilla, dar poder a Queipo también sobre la mano de obra prisionera[22].

De hecho, si observamos el listado de campos de concentración que en marzo de 1939 se consideran de «reciente creación», vemos ante todo un crecimiento del número de centros en Andalucía. En San Lúcar, Antequera, Ronda, Cádiz y Sevilla (en esta última, tres campos) se habían instalado con la mayor brevedad centros de internamiento a las órdenes de las auditorías de guerra y bajo la supervisión de la ICCP. Pero también en Valbuena de Duero (Valladolid), Palencia, Astorga, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Toro (Fundación Miguélez, Asilo de la Marquesa de Valparaíso), Santiago de Compostela, la Puebla de Caramiñal, A Coruña (dos campos), Mollerusa, Toledo capital o Torrijos (Toledo)[23]. Y es que el saldo de prisioneros de marzo de 1939 fue también considerable, en un mes iniciado tras el reconocimiento oficial por parte de Inglaterra y Francia al gobierno de Burgos, continuado con una guerra civil dentro de la guerra civil —en Madrid— y finalizado con la derrota incondicional de la República. Los partes de guerra franquistas admiten haber hecho unos 40 000 prisioneros este mes, pero con toda probabilidad fueron muchos más, hasta el punto que las rendiciones masivas adquirieron verdadera carta de peligrosidad en las retaguardias franquistas.

Acogidos a las soflamas nacionales para favorecer la deserción en bloque de tropas republicanas, miles fueron los supuestamente presentados en las líneas de frente franquistas, incrementando el problema de discernir, a la hora de la clasificación, entre las categorías de prisioneros o de presentados. De tal modo, el «inestimable servicio a la obra de la justicia que con el sentido de rectitud, no reñido con el espíritu cristiano y humanitario, impera en la España Nacional» deseado en los despachos de Burgos hizo preciso que se multiplicase la labor policíaca en los campos de primer internamiento[24]. Según se reconocía en la ampliación aclaratoria de la Orden General de Clasificación de 1937, difundida el 10 de marzo de 1939, por parte de algunas comisiones de clasificación se estaban haciendo figurar como afectos a todos los presentados acogidos a los beneficios de las proclamas lanzadas para estimular la presentación, mandándolos acto seguido a sus lugares de origen antes de julio de 1936, dando eso lugar a que se estuviesen infiltrando en las filas franquistas «espías» que al poco volvían a pasar a la zona republicana. Aunque resulta improbable, a esas alturas, que el trabajo de espionaje fuese generalizado, y por tanto a mi juicio esas aclaraciones proviniesen más de la diferencia de criterio entre Cuartel General y auditorías de guerra —el primero no deseaba que la entrada en la zona franquista fuese tan simple y quería clasificar y depurar uno a uno a todos los combatientes republicanos—, lo cierto es que tan sólo fueron clasificados como afectos aquellos que pudieron demostrar haber sido incorporados forzosamente a las filas del Ejército Popular. Y el modo de hacerlo fue, como lo había sido ya, el de la solicitud de avales. Por mucho, por tanto, que por motivos humanitarios o intendentes las auditorías quisiesen dar carta de rapidez al farragoso proceso administrativo de la regularización de la situación del prisionero en la España de Franco, ni éste ni su Cuartel General —y, por ende, tampoco la ICCP de Martín Pinillos— aceptaron jamás un tratamiento medianamente benigno para con los soldados republicanos.

De tal modo, desde marzo de 1939 la norma en los campos dependientes de los Cuerpos de Ejército —provisionales por norma, e instalados en las localidades más importantes en colaboración con las comisiones de clasificación de las capitales de provincia, de carácter permanente— fue la de separar, después de un rápido examen, a los prisioneros en tres grupos diferenciados: en primer lugar, los que ofreciesen a todas luces garantías de su adhesión al «Movimiento Nacional» o que demostrasen facilidad para ser positivamente avalados, que quedarían en libertad provisional pudiendo marchar a sus pueblos de residencia, recogiéndoseles allí su documentación. En segundo lugar, los «marcadamente desafectos al régimen» o quienes no demostrasen «con claridad su comportamiento e ideología», que quedarían en campos estables para su clasificación. Y en tercero, los que apareciesen como oficiales, dirigentes, jefes políticos o comisarios del Ejército Popular, a quienes se enviaría directamente a cárcel para tramitar su juicio sumarísimo[25]. Tan extendida, por cierto, había estado y estaba la represión extrajudicial que en esas mismas normas se recordaba que «es indispensable dar la sensación de que la Justicia auténtica es la que puede actuar, para evitar todo intento de represión no legítima».

Entre marzo y abril de 1939, por tanto, ante la evidente y cercana victoria, las divisiones que formaban los CE franquistas establecieron nuevos campos provisionales para decidir si los prisioneros aprehendidos eran afectos, indiferentes o desafectos a la Nueva España. Ser afecto era contar «con algún antecedente favorable (haber pertenecido a organizaciones simpatizantes con el Glorioso Movimiento Nacional, o no haber pertenecido a ninguna, con buena conducta pública)» y ninguno desfavorable, como haber sido voluntario en el Ejército Republicano, «pertenecer en julio de 1936 a partidos, agrupaciones o asociaciones declaradas fuera de la ley por el art. 2 de Responsabilidades Políticas», excepción hecha a los simples afiliados a organismos sindicales, o haber manifestado su identificación con aquellos partidos. Ser indiferente era no tener ni antecedentes favorables ni desfavorables, habiendo luchado de manera forzosa (movilizados por quinta) con la República. Y ser desafecto, tener esos «antecedentes desfavorables, sin llegar a ser motivadores de su clasificación como encartados [presos]»[26].

Se trataba, una vez más, de concretar a menudo en aleatorias categorías lo que eran ideologías y culturas políticas, en base a datos imprecisos, delaciones e interrogatorios. En cada campo se establecería, de tal modo, una Comisión de Clasificación, con un asesor jurídico y diferentes vocales encargados de indagar en los prisioneros —por grupos que debían responder lo máximo posible a la estructura precedente del Ejército Popular— y de la realización de la ficha de clasificación. Así, con toda rapidez se dividiría a los prisioneros entre retenibles o evacuables; los primeros, por razón de su condición, empleo militar o hechos que se les imputasen en los interrogatorios, eran considerados peligrosos y procesables: entre ellos debían estar los

responsables de delitos graves, a los que hubiesen ostentado empleos de Jefe u Oficial, comisario o delegado político del ejército rojo, a los que hubiesen ejercido funciones judiciales, policíacas o gubernativas, o desempeñado cargos de importancia o confianza del gobierno y organizaciones, a los dirigentes o los marcadamente desafectos al régimen, aquellos en que aparezca muy confusa su ideología y comportamiento y otros casos análogos.

Estos prisioneros, siguiendo las normativas de marzo de 1939, permanecían en los campos de concentración, prisiones o locales habilitados a disposición de los auditores de guerra. Los segundos, evacuables, eran quienes no apareciesen incluidos en los grupos anteriores, «aunque no pudiesen justificar su adhesión al Movimiento Nacional», y eran evacuados a la localidad donde vivieran antes del 18 de julio de 1936, con obligación de presentarse ante la autoridad militar o comandante de la Guardia Civil de la misma y de las localidades donde pernoctase en el camino. De tal modo, en cada campo provisional se establecería un «Tribunal Provisional de Clasificación» formado por un oficial, un capellán —a recalcar, por tanto, la importancia del clero en el proceso clasificatorio— y dos auxiliares, que tendría como misión dividir a los contingentes de prisioneros entre los que por razones de edad no perteneciesen a los reemplazos movilizados (mayores de 32 años) y los movilizados, para después elegir entre ellos a los informantes clandestinos dentro del campo y a los jefes de grupos de prisioneros, todo ello a cambio de un mejor tratamiento.

Con las informaciones obtenidas de la cada vez más valorada delación, los interrogatorios y eventualmente algún aval derechista, se procedería inmediatamente a rellenar los sobres declaratorios en los que, amén de la filiación personal, debían consignarse las localidades en las que se había residido desde 1934: la sombra de la Ley de Responsabilidades Políticas, que retrotraía a ese año, el de la insurrección minera en Asturias e independentista en Cataluña, las responsabilidades en el «intento de desmembración de España» estaba más que presente y, de hecho, los prisioneros enviados a sus localidades de residencia no solamente hubieron de rendir cuenta por sus actividades militares, con la denominada «mili con Franco», sino también de las civiles, mediante penas pecuniarias, de alejamiento o de discriminación laboral. En este sentido, se hizo especial hincapié para que los gobernadores militares —en particular los de las zonas del centro y levante peninsular, Albacete, Murcia, Alicante, Madrid, Toledo y Ciudad Real, que iban a ser próximamente ocupadas—, en quienes se delegaba la responsabilidad del cumplimiento de estas normas, no permitiesen que quedase en sus provincias nadie en libertad que no residiese allí antes de la guerra. Era, por tanto, el control elevado a su enésima potencia: las autoridades de la Nueva España debían controlar, a través de los gobernadores y las fuerzas del orden locales, a todos sus habitantes.

Los prisioneros «retenibles», desafectos, eran trasladados a los campos principales de retaguardia. Pero, como se reconocía a finales de marzo de 1939, la situación de éstos estaba en un momento límite. El final victorioso de la guerra en Cataluña y la reincorporación al territorio nacional de militares procedentes de Francia incrementó la magnitud de un problema ya de por sí peliagudo, ya que existían aún en los BB. TT. y campos de concentración miles de prisioneros que, por haber sido clasificados originariamente como desafectos o dudosos, seguían aprisionados desde la caída del frente Norte. Se hacía, por tanto, necesaria una nueva campaña de reclasificación para descongestionar campos y batallones, permitir la entrada de nuevos contingentes de prisioneros, y reintegrar a éstos a la vida civil, en particular a los que excedían la edad militar y que tenían a su cargo familiares a quien atender. Para ello, debería servir como elemento de juicio la conducta observada por los prisioneros en su periplo como tales, siendo de especial importancia los informes emitidos por los jefes de campo o batallón, y en particular los de los capellanes, por encima de los avales primigenios y negativos, que se reconocía muchas veces estaban dictados por «razones de orden sentimental»[27].

Cabe destacar, por tanto, que por primera vez era importante la conducta del prisionero, su adaptación a la vida del campo o del trabajo forzoso, para dictaminar su posibilidad de reintegración a la Nueva España. El atrofiado sistema carcelario y concentracionario necesitaba vías de escape. Lo que venía a ser, de facto, el reconocimiento de las arbitrariedades que habían salpicado los procesos de clasificación mediante los avales expedidos por las fuerzas del orden tradicional. No existe listado ni cifrado alguno que determine el número de prisioneros, sobre todo los de mayor edad o con mayor tiempo pasado en campos y batallones, que pudieron acogerse a esta apertura de la espita concentracionaria. Sin embargo, cabe recordar que tampoco se trató de una liberación masiva: los internos deberían presentarse a las fuerzas del orden regularmente, quedando en un limbo judicial ya que, si bien nunca habían sido juzgados por un tribunal civil o militar, la estancia en el campo había supuesto per se la criminalización o la duda de desafección[28].

De este modo, por campos estables como el de San Pedro de Cardeña continuaron pasando prisioneros de Cataluña, de Irún, pero también de otras zonas rápidamente ocupadas en la «gloriosa ofensiva de marzo», y además comenzaron a salir de él internos clasificados incluso negativamente, que en algunos casos habían pasado allí más de un año. Las altas, así, provenían de campos como Sotopalacios, Castellón, Irún, Murgia, Deusto, San Sebastián, pero también Sevilla, Granada, Plasencia, hasta hacer un escaso número de 256 nuevos internados durante el mes de marzo[29]. Ya había señalado que San Pedro progresivamente estaba dejando de ser un campo de referencia para la clasificación; sin embargo, cabe destacar que desde mediados de mes empezaron a salir a sus residencias, con clasificación desfavorable, prisioneros de larga estancia. Una dinámica que, con la victoria definitiva, se convertiría en común, no sólo por motivos de reclasificación sino porque sería el posiblemente más duro de los sistemas de control, el local, por el que hubieron de pasar miles de prisioneros en la inmediata posguerra.

Para dar cumplimiento a las normas sobre campos en vanguardia, promovidas para clasificar y depurar a todo el personal de las zonas mencionadas, los Ejércitos de Levante y Centro —así como en otras zonas de la España franquista, como la recientemente tomada isla de Menorca—[30] pusieron en marcha campos divisionarios por las zonas de la Península que progresivamente fueron pasando a manos de los franquistas hasta el fin de las ocupaciones territoriales, el primero de abril de 1939. La 108 División fijó una zona delimitada por los pueblos de Soneja, Sot de Ferrer, Algar de Palancia y Azuebar para establecer esos campos de prisioneros, adonde fueron evacuados los ya internados en el campo provisional de Eslida. La 74 División, por su parte, lo haría en los campos de Nalahermosa y San Mártir de Pusa. El Ejército del Centro estableció los centros de reunión de Toledo (Casa de Labor y Palacio Urquijo, así como el Cortijo de Alcubillete, en el término municipal de Burujón) y Talavera de la Reina (Caseríos de Valdehigueras) como previos al paso a campos de la ICCP, en particular el de Plasencia, adonde por ejemplo fueron trasladados el 18 de marzo 701 prisioneros, presentados en Madrid por la Carretera de Castilla, la Ciudad Universitaria, el Cerro del Águila y la Casa de Campo, o el 27 de marzo, 849 pasados de la zona republicana.

El Ejército del Sur, por su parte, estableció que desde el 4 de marzo sus campos fuesen los de Castuera para el Segundo CE (posteriormente, CE de Extremadura), Fuente Ovejuna para el CE Marroquí, Fuenteagria para el CE de Andalucía, Córdoba para el Cuarto CE (CE de Córdoba desde marzo), Granada para el Tercer CE (CE de Granada), relacionados con las diferentes comisiones de clasificación ubicadas en los mismos campos y con las de vanguardia que a finales de mes se establecieron en Pueblonuevo, Porcuna y Lanjarón. Cada una de las grandes unidades que componían el ejército franquista se hicieron, de tal modo, cargo «con la máxima urgencia» en cada provincia o provincias cuya ocupación se le hubiese ordenado de la gestión de campos de concentración y centros de evacuación de prisioneros. De hecho, en las instrucciones del Ejército del Norte para la ocupación territorial se decía claramente que quedaban «autorizadas las Grandes Unidades para establecer donde juzguen conveniente los Campos de Prisioneros»[31].

Así, el Primer CE, encargado de la provincia de Madrid, estableció los campos que se verán a continuación, entre los que se encontraban los de Aranjuez y Pinto —y que debían pasar a su mando, en ese momento perteneciente a otras unidades—; la Agrupación del Tajo-Guadiana, encargada de la ocupación de las provincias de Cáceres y Toledo, se haría cargo de los «Parques de Prisioneros de Ejército» establecidos en Alcubillete, la Finca de San Bernardo (Cabeza de Puente de Toledo), Los Lavaderos y Talavera de la Reina, debiendo la 19 División entregar al Ejército del Sur sus campos en la provincia de Badajoz; el CE del Maestrazgo se ocuparía de los campos de la provincia de Ciudad Real, como los de Daimiel y Almagro (con 1200 y 2500 prisioneros a mediados de abril respectivamente); el CE de Navarra, que había pasado al Ejército del Centro el 6 de marzo de 1939, se encargaría de las provincias de Albacete —compartida con la II Agrupación de Reserva— y Murcia; la 17 División, de Alicante[32].

Un importante problema, sin embargo, que pronto salió a la luz fue el del transporte de enormes cantidades de personal prisionero que, en virtud de las últimas normas de clasificación, habría de ser devuelto a sus provincias y localidades de origen. El envío a la localidad natal del prisionero se vinculaba, ante todo, con el deseo de clasificar y depurar a la enorme masa de soldados prisioneros. De hecho, como se recordaría a todas las unidades en mayo de 1939, todos los prisioneros, hubiesen o no pasado por campos de concentración, deberían acudir urgentemente a sus puntos de residencia antes del 18 de julio de 1936 para presentarse ante el comandante del puesto de la Guardia Civil —o en su defecto, ante el alcalde— a fin de ser clasificados. Tal y como se dijo, no constituiría «delito, salvo haber sido oficial, el haber luchado en el Ejército republicano». Pero regular y depurar a todos cuantos hubiesen estado con el enemigo era el primer paso para la imposición de la exclusión; cuando nos adentremos en el funcionamiento de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores podremos observar el modo en que la España victoriosa usaba y explotaba, castigaba, a quienes no habían cometido delito más allá de haber combatido, incluso de manera forzosa, al lado de la República[33].

Pero antes, cabe dar debida cuenta del número total de BB. TT. puestos en funcionamiento durante toda la guerra, así como de la situación en que se encontraban poco antes de finalizar la contienda, ya que en posguerra, ante la avalancha humana que significó la victoria franquista, las cosas habrían de cambiar, tendiendo hacia la progresiva reducción. Cosa que, por cierto, no comenzaría a ser efectiva hasta 1941-1942. En marzo de 1939, la situación de los BB. TT. era la siguiente[*]:

En estos BB. TT. aún trabajaban los prisioneros tomados durante la campaña del Norte de 1937, cuyo licenciamiento definitivo no se hizo oficial hasta mayo de 1939 y efectivo hasta que no se hubieron comprobado los buenos antecedentes y el buen comportamiento en su vida como prisionero. En definitiva, el «saneamiento ideológico» implícito en esta modalidad extra judicial de trabajo forzoso, que ni tenía pena que exculpar ni obtenía para el prisionero beneficio alguno salvo la salida del campo de concentración, donde las condiciones de vida eran, por regla general, sustancialmente peores. La herencia que un trabajo iniciado en 1937 dejó en la España de posguerra fueron más de 87 500 soldados trabajadores, empleados en trabajos militares y civiles, en ayuntamientos o en fábricas particulares, en minas, carreteras, desescombros y reconstrucciones.

En marzo había habido una guerra civil dentro de la República. El mando de Negrín ya no era aceptado por la Junta de Defensa de Madrid, encabezada por Casado quien, en un intento de lograr una paz honrosa mejor que la que pudiese obtener de Franco el presidente del gobierno republicano, había iniciado un golpe de Estado que, por penúltima vez, había manchado de sangre las calles de Madrid. El 21 de marzo la Junta decidió que las tropas republicanas no ofreciesen resistencia a las franquistas, permitiendo que los soldados volvieran a sus casas. Las carreteras aún de la España republicana, sin mandos ni orden, se llenaron así de soldados y mandos, de civiles y militares, unos regresando hacia sus casas, otros yendo al encuentro de las tropas franquistas, otros dirigiéndose a los últimos puertos de mar no ocupados por las tropas victoriosas, que el 26 de marzo iniciaron la conquista definitiva de pueblos y ciudades donde, según Thomas, ondeaban banderas blancas para evitarse el trauma de los bombardeos y la artillería. Sin oposición ninguna, los franquistas tomaron en masa a las unidades republicanas. Madrid, Jaén, Ciudad Real estaban en manos de Franco, mientras sus últimos defensores, como Marcos Ana, iban camino de Alicante, ciudad ocupada por las tropas italianas del CTV el penúltimo día de marzo. Con la toma de Almería, Murcia y Cartagena al día siguiente, todo el territorio nacional estaba en manos de Franco. Su proyecto de guerra, decidido en noviembre de 1936 ante la resistencia de Madrid al golpe de Estado, concluía victorioso. «Cautivo y desarmado el Ejército rojo», la guerra, retóricamente, tocaba a su fin.

Se calcula que fueron unos 140 000 los soldados que fueron hechos prisioneros en el estertor último de la guerra civil[34], aunque otras fuentes también oficiales hablen de un mínimo de 177 500 distribuidos entre los campos de la AD Tajo-Guadiana (43 251), el CE del Maestrazgo (32 331), la AD Guadarrama-Somosierra (incompletos, 18 000), el Primer CE (incompletos, 48 900) y el CE Navarra (incompletos, 35 000). Claramente, ni una cifra ni la otra son exactas, y ambas han de ser calculadas al alza, sobre todo en el último caso —ya que no incluye a los prisioneros de Alicante— y también teniendo en cuenta la cantidad de unidades franquistas (por ejemplo, todas las del Ejército del Sur) no registradas en los papeles incautados por la Fundación Nacional Francisco Franco a los que se hace mención[35]. Finalizada la ocupación territorial, se ponía en marcha la depuración de todo el personal republicano, en el modo que se observará detalladamente a continuación —algunos de los campos provisionales de abril de 1939 son los más conocidos de la constelación concentracionaria franquista gracias a la profusa memorialística que han legado, como en los casos de Los Almendros y Albatera—, para lo que se hizo necesario improvisar unas normas de actuación en aras de evitar grandes aglomeraciones de prisioneros, con la consiguiente imposibilidad de abastecer, clasificar debidamente o mantener un orden interno en los campos de concentración.

De tal modo, ante la situación de acantonamiento masivo en las zonas recién ocupadas por el Ejército de Franco —casi un tercio del territorio peninsular—, fueron cesadas en sus funciones las comisiones de clasificación, siendo sustituidas exclusivamente por las auditorías del Sur, Centro y Levante, que delegarían su mandato en un tribunal establecido en cada uno de los campos de concentración, para enviar de modo rápido y expeditivo a prisión, BB. TT., libertad provisional o permiso provisional respectivamente a quienes, como durante la guerra, resultasen delincuentes comunes o políticos, desafectos sin responsabilidades, prisioneros mayores de treinta y dos años con buenos antecedentes, o menores de treinta y dos sin antecedentes desfavorables. La única novedad que se introducía era, por tanto, que serían directamente los tribunales militares los que tomasen cuerpo en los campos, con lo que se abriría causa judicial y no meramente clasificatoria para cada prisionero, por un lado; por otro, que los soldados sin desafección probada deberían presentarse en las comandancias militares o Cajas de Reclutas correspondientes a sus localidades de origen antes de julio de 1936, para ser integrados en Batallones Disciplinarios y cumplir con el servicio militar en el Ejército franquista.

Para conseguir espacio de internamiento, las medidas aprobadas en abril de 1939 pasaron por ordenar la libertad con la mayor urgencia de los soldados trabajadores en BB. TT. mayores de 32 años, y por dividir a los restantes, en edad militar, entre quienes hubiesen dado muestras de «tibieza ideológica», poca afección al Movimiento o mala conducta, para ser enviados a batallones de castigo (que habían sido creados en septiembre de 1938), para ser «empleados en trabajos más duros», y quienes hubiesen «conducido con la subordinación y disciplina de la Unidad a que están afectos», que pasarían a integrar en el futuro unidades del Ejército, desapareciendo su clasificación original[36]. Además, se ordenó la desmovilización de los BB. TT. empleados en industrias militarizadas para dejar su sitio a los excombatientes «nacionales» reincorporados a sus trabajos, la liberación provisional de muchos prisioneros internados en campos como San Pedro o Miranda de Ebro desde hacía largo tiempo, y la reestructuración de los 121 Batallones de Trabajadores creados durante toda la guerra civil en cuatro grandes subinspecciones, sitas en Madrid, Zaragoza, Valladolid y Sevilla, por las que habría de pasar también el mando de los BDST creados desde entonces.

Los campos más renombrados de esta fase de inmediata posguerra son, paradójicamente, los que menos documentación han dejado; según algunos testimonios alicantinos, los papeles de los campos de Los Almendros y Albatera, los más conocidos gracias a los testimonios orales y memorialísticos, fueron retenidos por el mismo jefe del segundo campo, haciendo prácticamente imposible hallar información oficial sobre ellos. Por eso, aunque correspondan a los primeros días de la ocupación definitiva, los voy a tratar al final, dando antes una visión general sobre la situación de los campos franquistas en el resto de zonas ocupadas a finales de marzo de 1939. Como se verá, la tragedia de los internados en estos dos campos es muy conocida por la cantidad de memorias que han ocupado —y, en buena medida, porque se trataba de soldados y mandos capacitados culturalmente, comprometidos políticamente, por lo que posteriormente hallaron necesario plasmar sus recuerdos en libros de memorias—, pero no difiere demasiado de la realidad de campos como los de Soneja o Sot del Ferrer, con más de 10 000 internados en cada uno por un período equiparable al que veremos en el campo de Los Almendros, famoso internacionalmente porque en él se desarrolla la trama de ficción de Campo de los Almendros, el libro del escritor exiliado Max Aub —quien, por cierto, jamás pisó sus terrenos.

Los, como mínimo, 177 000 prisioneros de la denominada «ofensiva de la Victoria» pasaron pues por la larga lista de campos provisionales dispuestos por los Cuerpos de Ejército y las divisiones franquistas, levantados muchas veces por los propios prisioneros, cercando terrenos o casas deshabitadas con una zanja, siendo rápidamente divididos en compañías, secciones y escuadras para facilitar los recuentos y la transmisión de órdenes[37]. Observemos las cifras, cosa que merece la pena porque, por un lado, hasta ahora no se ha podido dar un listado tan completo de todos los campos provisionales puestos en funcionamiento durante la guerra civil; y, por otro lado, porque dan buena idea del drama que esconden detrás. Observémoslas, pero sin olvidar ese drama.

3. CAUTIVO EL EJÉRCITO ROJO

De hecho, tantos existieron que, más que una cárcel, España entera parecía un enorme campo de concentración. O, por decirlo en las propias palabras de Luis de Martín Pinillos, tal era el número de prisioneros de guerra que «han obligado a crear campos de concentración en todos los pueblos de la España Nacional»[38]. Como señalaba Ángel Suárez en los años setenta, no puede entenderse el mundo carcelario del franquismo sin atender a cómo, tras la ofensiva final, millares de prisioneros fueron trasladados a campos de concentración y cárceles; sin observar por qué, en varias semanas, llegó a duplicarse el número de presos juzgados y encarcelados «legalmente»; sin mirar con detenimiento una posguerra en la que se juntaron cárceles y campos, destacamentos penitenciarios y colonias de trabajadores forzosos, penas capitales e indultos masivos, «formalismos legales» y anomia administrativa[39].

Como dijo Franco en el último parte de guerra, el Ejército republicano estaba cautivo. Y lo estaba en campos de concentración. Los del CE en el centro peninsular se establecieron en Guadalajara y Miralrío (Agrupación de Divisiones de Guadalajara), Teruel (AD Albarracín), Cuenca (CE Aragón), amén de otros campos de «libre apertura» por parte de los CE de Galicia, Urgel y Castilla, y los de Medinaceli, Ateca y Santa María de Huerta, a disposición del Ejército[40]. Y, además, algunas divisiones que los componían también establecieron centros para prisioneros: el de Cogolludo, con 3350 a 3 de abril, el de la Casa del Guarda (Guadalajara), con 4338, el de Casas de San Galindo con 652 y el de Padilla de Hita con 465 internos fueron los directamente dependientes de la 73 División. La Primera de Navarra, por su parte, dispuso los campos de Alcázar de San Juan, Manzanares, Valdepeñas-Infantes y Santa Cruz de Múdela, en la provincia de Toledo.

Gracias a la información conservada por el cuerpo de guardia del Batallón «Cruces Negras de la Victoria», de FET-JONS, conocemos también las cifras de algunos de los campos establecidos en torno a Madrid, como el del Cuartel del Infante Don Juan (1613 prisioneros a 6 de abril), el de Campamento (adonde se trasladó a 156 del primero), El Pardo (con 266 internos), Rivas de Jarama (148) o el campo Metropolitano (929), siendo el resto puestos en libertad o trasladados a la cárcel de Porlier, en la propia capital. Algo parecido a lo sucedido en campo de María Cristina, vigilado por la Bandera de Castilla de Falange, donde pernoctaron el 5 de abril más de mil prisioneros, siendo liberados a sus hogares la gran mayoría entre el 6 y el 7, pasando el resto (23) a la cárcel de San Antón. Fueron rápidos internamientos, rápidos traslados en columnas que atravesaron la capital, y rápidas clasificaciones de las que se derivó que todos los que no pudiesen ser acusados de los consabidos delitos políticos o comunes fuesen puestos en libertad vigilada: así ocurrió en el campo del Cuartel de la Montaña, vigilado por el Regimiento de Infantería San Quintín n.º 21, donde a 3 abril había 2854 detenidos, que se elevaron a 4025 al siguiente día. Un día después 2500 se trasladaron al campo de Campamento y 320 al de Vallecas, quedando por clasificar 1205. La mitad de ellos fueron liberados el día 5, y el día 6 tan sólo quedaban 16: el resto había sido puesto en libertad vigilada o trasladado a las prisiones Modelo y de Porlier. Del mismo modo, el antiguo cuartel Guzmán el Bueno de la Guardia Civil fue utilizado como campo, con la salvedad de tratarse de un centro para mandos y oficiales, por lo que no se rebasó el número de 300 internos en su interior[41].

Además del centro de evacuación de Miralrío, la AD de Guadalajara puso en funcionamiento dos campos en esa ciudad: el de Las Bernardas (que también aparece en la documentación como «El Polígono» o «Guadalajara 1») y la fábrica Hispano-Suiza (también «Guadalajara 2»), amén de varios más en la zona de influencia del CE de Urgel, como los de Tarancón y Huete (Cuenca) y Armuña (Segovia), dependientes todos del centro logístico y de prisioneros de Alcalá de Henares, sito en el manicomio de esta ciudad. A 6 de abril, en el campo de Tarancón existían 2329 prisioneros; 3711 en el de Manicomio, de Alcalá; 646 en Huete, y 901 en Armuña de Tajuña. En Guadalajara 1 fueron clasificados, entre el 5 y el 10 de abril, 817 prisioneros, yendo a parar muchos de ellos a la prisión provincial porque, según señalaba el jefe del campo, Juan Calvo de Pedro, muchos «se jacta[ba]n de haber matado a todos los de derecha de [su] pueblo»; cosa, cuanto menos, insólita visto el grado de conocimiento, que no era bajo, que los prisioneros tenían sobre lo que les podía deparar una clasificación negativa. En Guadalajara 2, un mínimo de 1600 prisioneros fueron clasificados en una semana, provenientes de las zonas de vanguardia de Alicante, Girona, Murcia y Valencia, aunque la documentación no sea clara y, posiblemente, estén duplicados los nombres entre clasificados y evacuados a otras unidades.

De tal modo, lo que sí es seguro es que desde este campo provisional de Guadalajara pasaron a formar parte de los BB. TT. de la Octava RM de A Coruña 746 prisioneros, enviados los días 14 y 15 de abril[42]. El día 20 de abril se trasladaron a A Coruña 1411 prisioneros más, considerados «retenibles», y muchos otros a Cataluña, de los «evacuables», en trenes preparados a tal efecto. Ese mismo día los campos de la Hispano-Suiza, Huete y Tarancón fueron clausurados, enviando a los prisioneros a A Coruña o a sus pueblos de origen. Los traslados a Galicia tenían por objeto, como se ha visto, formar nuevos BB. TT. y dispersar a los prisioneros, por orden de Luis de Martín Pinillos. Así, desde esta zona recién ocupada pasaron a formar parte de escuadras de trabajadores forzosos 338 prisioneros del campo de Tarancón (de un total de 3260 internos en quince días), 160 del de Huete (de 1252 en total), 2157 de Guadalajara 1 (de un total de 6358 en 16 días), 2850 de Guadalajara 2, y cien de Miralrío. De todos modos, estas cifras son fiables solamente de modo parcial, ya que provienen de unas tablas de internamiento que no señalan el trasvase de prisioneros de uno a otro campo de los que formaban parte de los instalados por el CE de Urgel. De hecho, este es un problema que abarca a casi todos los campos de internamiento de la inmediata posguerra: la parcialidad de las fuentes, su carácter incompleto y su falta de interrelación. Y, claro está, su desaparición en algunos momentos, como se va a ver en el caso paradigmático de los campos de la ciudad de Alicante, que pueden historiarse sola y exclusivamente gracias a la información procedente de las fuentes de la memoria.

Eso, por cuanto respecta a la zona de Guadalajara. También se conocen bien los campos de la de Toledo y Murcia, pero no así, por ejemplo, los de la de Albacete. Respecto a los primeros, los campos de la gran unidad denominada AD Tajo-Guadiana fueron centros de rápida clasificación para el personal militar tomado en la zona de Toledo: Lillo, Valdehigueras, Mora de Toledo (para oficiales), Alcubillete, San Bernardo y Galaña-Cambrillos fueron campos provisionales por los que, sin embargo, sobre todo en el primero y el quinto, pasaron varios miles de prisioneros de guerra. El campo de Lillo tenía a 1191 prisioneros el 7 de abril, y de éste salían hacia el de Mora los considerados delincuentes comunes y las mujeres capturadas, existiendo 247 de los primeros y 55 de las segundas. De todos modos, el mayor de los campos para la zona de Toledo fue el de San Bernardo, del que dependían el 5 de abril más de 10 500 prisioneros de guerra entre el propio centro y los adjuntos de Lavaderos y la Casa de Labor[43].

Sobre estos campos hay que decir que flota la duda, constatada en la documentación militar, sobre si sirvieron como simple punto de apoyo a la clasificación y evacuación de los prisioneros de guerra o si bien fueron centros de eliminación y represión extra judicial y legal. Realmente, la duda asalta al hablar de cualquier campo franquista, llámese Lerma o Aranda de Duero, San Pedro de Cardeña o Reus. La cuestión es que, en los campos de Mora de Toledo y Lillo, así como en los centros de Ocaña (Penal) y Quintanar, se han constatado documentalmente las ejecuciones de reos y prisioneros, tras el Consejo de Guerra celebrado en las mismas localidades. Como informaba la 107 División, el 12 de mayo de 1939 se fusiló a diez reos de Mora; el día 18, a trece de Ocaña; el 18 de mayo, a trece de Mora; el 23 de mayo, a once en Lillo y ocho en Quintanar; el 25, a doce de Ocaña; el 1 de junio, a dieciséis de Ocaña[44], y durante ese mes a 216 reos —entre ellos, dos mujeres— sobre todo de Ocaña y Madrilejos (donde se fusiló el día 10 a 24 presos, y el 11 a 24 más) juzgados en el Consejo de Guerra Sumarísimo del Ejército de Ocupación de Madrid.

Sabemos, pues, que de estos campos de primera hora en posguerra salían prisioneros para ser juzgados y fusilados de manera continua, puesto que los tribunales militares se habían trasladado directamente a ellos. ¿Podemos extender tal deducción a otros campos franquistas? En principio, no a los estables organizados para crear BB. TT. o esperar los avales. Pero tal vez sí a los campos de primer internamiento y clasificación, si cuando ésta llegaba no era particularmente positiva para el prisionero. La 107 División tenía bajo su poder a 14 296 prisioneros a principios del verano de 1939. ¿Cuántos de los fusilados en la provincia no llegaron a pisar jamás una prisión, y su camino sin regreso fue del campo de concentración al paredón de fusilamiento? No podemos saberlo con las fuentes militares en la mano, pero lo cierto es que de Lillo y Mora de Toledo, que tenían prisioneros de guerra aún en junio (1010 y 224, respectivamente) de 1939, continuaron saliendo prisioneros para ser juzgados y condenados a muerte. Muchas veces, el empeño franquista por dar una imagen benévola de sus campos y recalcar tal carácter del trabajo forzoso, la clasificación masiva y la reeducación, en base a los cambios en la lógica de la aplicación de la violencia durante la guerra civil, nos hacen olvidar cuán intrínsecamente unidos estaban los campos al sistema represivo militar; y, sobre todo, cuán poco sabemos sobre la realidad del asesinato legal o extrajudicial de los prisioneros de guerra, cuando los ejércitos de ocupación, por mucho que se les conminase a hacer lo contrario, continuaron matando en cada una de las ocupaciones territoriales que llevaron a cabo en el camino de la victoria franquista.

Por su parte, la 4.ª División de Navarra, encargada de la depuración de los soldados republicanos en la zona de Murcia, dispuso la apertura de los campos del campo de Aviación, las Isabelas, las Claras y las Agustinas (Murcia), Cieza, MuLa, Moratalla, Lorca, Caravaca, Archena, Ascoy, Totana y Cartagena. En total, en estos centros existieron 8685 prisioneros a 6 de abril (en particular, en los de Aviación, Isabelas y Lorca —un cuartelillo de Aviación en el que en junio quedaban aún 246 prisioneros—, con más de 2000 prisioneros los primeros y de mil el tercero), 8257 seis días después, para ver reducida su población prisionera a 5721 internos a finales de mes[45]. Es muy abundante la documentación legada por estos campos, incluidas relaciones nominales —cosa rara en comparación con los escasos documentos conservados de otros campos—, y gracias a ella se puede conocer el número de prisioneros llevados a cárceles por su marcada desafección al Movimiento: el 19 de abril se pusieron a disposición judicial 984 prisioneros de los campos murcianos entre comisarios políticos (35), oficiales militares (525), responsables de delitos comunes (305) y oficiales profesionales (119).

Por fin, sobre el Ejército del Sur las cifras que revela la documentación no son por entero fiables, ya que se ciñen a la fecha del 22 de abril de 1939, pero no se señala si se trata exclusivamente de prisioneros de la ofensiva final, o si bien entre ellos los hay de fechas anteriores. De todos modos, cabe pensar que se trate de lo primero, ya que antes de marzo-abril de 1939 no existían, ni mucho menos, tantos campos de concentración en la zona dominada por Queipo de Llano. Así, del CE de Extremadura la 24 División daba cuenta del internamiento de 1788 prisioneros entre sus dos campos de concentración; la 21 División, de 5950; la 60 División, de 17 356 repartidos entre los campos de Los Blázquez (1342), La Granjuela (8513) y Valsequillo (7501); la 19 División, de 11 860 entre el Caserío de Zaldívar (3874), Siruela (4290), Fuenlabrada de los Montes (651), Castilblanco (502) y el Palacio de Cijara (2543). El CE de Córdoba señalaba que había evacuado en la ofensiva final a 4200 prisioneros a la ciudad, además de los internados en los campos de Higuera de Calatrava (10 075) y Santiago de Calatrava (4800), y en los campos eventuales a cargo de la 22 División: Quesada (200), Huésar (350), Jodar (222), Santo Tomé (300), Hinojares (74) y Cazorla (865), los de la Comandancia Militar de Jaén (1829) y los puestos en libertad provisional en esa ciudad (2139). El CE de Granada indicaba que en sus campos estables existían 20 741 prisioneros (casi 5000 en el campo de Benalúa de Guadix, 6550 en Viator, 3412 en Motril, 1669 en Padul, 3167 en los campos de Baza y Caniles, y 1002 en el de Tijola) y 2574 en los provisionales. Además, se habían presentado en campos como desertores del Ejército republicano 12 308 soldados, internados en los campos de Armilla (3384), Bucor (1704), Caparacena (2280), Padul (1599), Pinos Puente (973) y la plaza de toros antigua de Granada (2368).

Las cifras, como puede observarse, de prisioneros aprehendidos por el Ejército del Sur son simplemente aterradoras. A falta de los datos del CE de Andalucía, el de Extremadura afirmaba haber tomado 36 954, el de Córdoba 25 054 y el de Granada 39 119, resultando un total de 101 127 prisioneros y presentados[46]; si se tratase, efectivamente, del número de los aprehendidos en la ofensiva de marzo, sería conveniente revisar las cifras estimadas por el Cuartel General de Franco para el número total de prisioneros de la inmediata posguerra —65 000 en el sur, según las mismas—. Y, de hecho, no resulta descabellado pensarlo si tenemos en cuenta que ni en 1937 ni en 1938 las líneas del frente habían tenido una gran actividad en la zona andaluza. Otro dato apoya esta hipótesis: el del número de prisioneros en campos de concentración estables en la Segunda RM a finales de abril de 1939, que podemos observar en el siguiente cuadro:

* Montilla[47]

Hay que tener en cuenta, además, que no se incluyen en este listado algunos de los campos más importantes de la zona englobada en la Segunda RM, como el de Castuera, que en la inmediata posguerra vio alguna de las historias más terribles —y acalladas— acaecidas a los prisioneros de guerra. Según los responsables de una importante investigación local, los documentos de Castuera fueron retenidos por el primer jefe del campo, Navarrete, por lo que no son accesibles a los investigadores. No es de extrañar: la sombra de los asesinatos extra judiciales, de las sacas y los paseos de prisioneros pesa sobre este campo como sobre pocos otros.

El campo de Castuera tenía por origen, como he señalado, las bolsas de prisioneros generadas en el verano de 1938 y la instalación en el pueblo de una Comisión de Clasificación. Sin embargo, y a tenor de los testimonios recogidos por el historiador extremeño Justo Vila Izquierdo, su mayor concentración existió en abril de 1939, con unos 9000-11 000 prisioneros en su interior. Compuesto por unos 70 barracones para cien prisioneros cada uno, las sacas en el campo habrían sido constantes, y —se dice— los cuerpos de algunos prisioneros habrían acabado en una mina cercana, La Gamonita, a cuya boca se lanzaban —siempre según el testimonio de Valentín Jiménez— granadas y bombas de mano para acabar con ellos[48]. En el registro de la localidad se albergan algunos avisos de altas en el campo, pero no de salidas, ni mucho menos rastro de práctica represiva alguna. A ese respecto, el exprisionero Rafael Caraballo señala:

Yo lo de la mina no lo vi. La mina estaba detrás de los barracones. Pero lo decían, también que uno agarró a un soldado y se lo llevó con él. Yo lo que sí vi fue las boinas rojas o las viudas vestidas de negro. Cuando nombraban alguno, ese no volvía más. Al que nombraban, sólo le quedaba fugarse o morir, muchos escapaban por la noche y otros morían en el camino, por cómo estaba hecho el campo: había una alambrada, una zanja, una alambrada y otra zanja. El que sacaban no volvía más. Alguno volvía, pero tras grandes palizas, como a un alcalde [de la Puebla de Alcocer], que se quedó en silla de ruedas, con todos los huesos rotos[49].

Por el campo de Castuera no pasó el alto número de intelectuales y cuadros políticos que habitaron Los Almendros o Albatera, por lo que los testimonios sobre él son muy escasos. Aunque las condiciones entre estos campos sean equiparables: provisionales, con un alto índice de concentración de prisioneros, y con experiencias comunes como las visitas de las viudas de guerra y los falangistas con avales falsos para sacar prisioneros y practicar la política, no rastreable documentalmente, de represión extrajudicial. La escasa memoria viva del campo impide, junto con la ocultación oficial, saber si las crueldades de Castuera son ciertas. Tal vez se trate de un misterio que quedará siempre oculto por el peso del tiempo y del miedo. Caraballo salió del campo a su cierre, en febrero de 1940. Más tarde sería destinado a trabajos forzosos. Pero «el Batallón fue un pasacalles, comparado con el campo de concentración». Un campo cuya historia no puede abordarse aquí, ante la carencia documental constatada, pero que saldrá pronto a la luz gracias al Centro de Documentación de La Serena.

Para la zona de Valencia, la 83 División del CE de Galicia estableció en la inmediata posguerra los campos de la papelera Catarroja, «La Peaña» en Sueca, la Masía en Monserrat y Ribarroja-Benaguacil-Venta del Poyo, uno por cada regimiento, con 371, 3549, 578 y 1117 prisioneros, respectivamente. La mayoría se vaciaron a finales de abril, siendo los prisioneros trasladados al campo de Portacoeli, los retenibles, y a sus lugares de residencia, los evacuables. Y la Cuarta de Navarra, los campos de Torres-Torres (con 1454 prisioneros a mediados de mayo), Soneja y Sot del Ferrer, que el 7 de abril albergaban a 12 100 y 11 779 prisioneros respectivamente, reduciéndose el volumen de internamiento progresivamente con la clasificación de los internos (a 20 de abril ya lo estaban todos), unificándose en el de Soneja el 27 de ese mismo mes, y trasladándose de este último al de Portacoeli a 832 retenibles el día 30[50]. A este mismo campo fueron también trasladados parte de los prisioneros hechos en Alicante los primeros días de la victoria, tras su paso por el campo provisional de Los Almendros y por el campo de Albatera, el cual había sido utilizado por la República como centro de internamiento y trabajo forzoso para detenidos políticos durante la guerra civil.

Sin embargo, como decía, las pistas documentales sobre estos dos campos son prácticamente inexistentes. Bien es cierto que la abundancia de testimonios sobre ambos, frente a la exigua cantidad para otros, puede incitar a valorar en demasía su importancia. Pero ni una cosa ni la otra: no es de lógica —o, al menos, no entra en la lógica de la investigación histórica— que en el archivo que alberga los fondos documentales de la guerra civil no existan prácticamente referencias a ninguno de los dos. Sucede lo mismo que con el campo de Castuera: deben hallarse en manos privadas. Sin embargo, lateralmente se puede conocer por los datos oficiales remitidos el 4 de abril, completamente fiables por tanto, que el teniente coronel Nurra, del CTV, pidió urgentemente al CGG que tomase cartas sobre el hecho que había un mínimo de 16 000 prisioneros en el puerto de Alicante, de los cuales más de 2000 eran mujeres y niños. Para alimentarlos, decía, había tenido que rebajar las raciones de sus propios soldados italianos, advirtiendo de la «actual deficiencia de la organización española pues sin el interés por nuestra parte puesto, los prisioneros no podrán ser atendidos en debida forma». Nurra señalaba orgulloso que los prisioneros, ante la visión del pan, lanzaban «los gritos de Viva Italia, debido a la asistencia prestada por nosotros». Pero faltaban víveres: pan y comida para las tropas, y leche para niños y mujeres[51].

Allí estaban Juan Ramos, Sixto Agudo, Teo Francos, Marcos Ana, y muchos otros prisioneros cuyas memorias forman el corpus bibliográfico más importante sobre los campos de concentración franquistas. Así, todos relatan, aunque sea difícilmente constatable documentalmente, que hubo suicidios en el puerto. Unos se «decían adiós con la mano y se pegaban un tiro», según Francos. Otros «saltaban desde las farolas o se cortaban las venas», según Agudo. Los menos «se lanzaban al mar con barcas, y no se supo ya más de ellos», según Ramos. Todos coinciden en lo mismo: las democracias europeas les habían olvidado a la orilla del mar, y su destino era el que sus captores desearan. A Marcos Ana (alias de Sebastián Fernando Macarro Castillo), el poeta comunista encarcelado 26 años por antifranquista, le dijeron que quienes no tuviesen responsabilidades políticas debían agruparse en Alicante. Tras pasar varios controles «a tiros», llegó al puerto alicantino, donde recuerda haber visto «tres o cuatro suicidios», incluso alguno fallido. Los barcos ingleses y franceses no llegaron: «era una confirmación del papel que había jugado la socialdemocracia con respecto a la guerra de España». En masa, fueron trasladados al campo improvisado de Los Almendros. Cercados por alambradas y sin comida —se comieron los almendrucos amargos y hasta las hojas de los árboles— esperaron su distribución, tras cuatro días sin comer y soportando que les despertasen «a culatazos»[52] durante dos o tres días más. En el caso máximo, una semana. Pero

en todo ese proceso, vinieron delegaciones de policías y falangistas que fueron seleccionando a la gente: a unos los mataron en el camino, a otros en sus pueblos y… fue terrible. A los que se evadían, había un cartel en el campo que aquellos que se… que se escaparan o vivieran con nombre supuesto, si eran localizados se les concedería consejo sumarísimo en el campo y serían fusilados, y eso se produjo tres veces[53].

El funcionamiento de este campo provisional era el de la distribución a otros centros, y esto dio pronto sus resultados: los traslados a otros campos de reclusión como Monóvar, Albatera, Denia, Portacoeli, o la plaza de toros de Alicante comenzaron rápido, a pie o en hacinados trenes de mercancías —unos sesenta prisioneros por vagón, sellados por fuera, teniendo que hacer sus necesidades dentro, con una temperatura insoportable y sin agua para mitigar la sed—[54], tras haberse realizado la primera y rápida clasificación para intentar detectar a mandos y representantes de organizaciones del Frente Popular y del Ejército republicano. Así, el paso de estos aproximadamente 30 000 prisioneros por el campo —no sólo fueron los tomados en el puerto de Alicante— fue relativamente breve. En comparación con el resto de campos franquistas durante la guerra, la escasa semana que duró lo marca como uno de los campos de evacuación más rápido de todos los habilitados. Y, posiblemente, como el más rápidamente cerrado.

Aunque la historia más conocida sea la de los internos llevados al campo de Albatera, lo cierto es que no pocos de los prisioneros de Los Almendros fueron rápidamente redistribuidos a prácticamente cualquier centro que dispusiese de una mínima capacidad en la zona. De la plaza de toros de Alicante Melquesides Rodríguez quiere recordar que la condición de prisioneros fue asumida con dignidad por los republicanos. Para quienes estaban comprometidos con la causa republicana, era mejor estar internado que ser un delator. Y eso lo han señalado no pocos de los testimonios recogidos para este libro: era mejor ser comunista o anarquista entre rejas que renunciar a los ideales a cambio de una falsa libertad.

[Allí] se dieron algunos casos anecdóticos. Entró un muchacho que se llamaba Gregorio Valero. Éste había sido comisario de una brigada en la guerra, y el hombre venía… no sé… del frente, de donde fuese, y llega allí y llama a la puerta y sale un centinela y dice: «¿qué pasa?». «Nada, que vengo yo aquí a que me metan ahí en un patio los caballos, con los demás». Dice el otro: «pero hombre no seas tonto, lárgate, lárgate porque eso es una tontería que haces». Pero éste como era muy digno dijo: «no, no, no, yo he combatido con todos mis compañeros, y mis compañeros están ahí y quiero estar con ellos». Entonces el otro llama al sargento, viene el sargento, que por lo visto era una buena persona, y le dice: «mira chaval, déjate de tonterías, lárgate, que aquí lo están pasando mal, porque esta gente están en el patio de caballos no porque les dan un trato privilegiao, no, están en el patio de caballos que es donde viene todo el mundo a hacer sus necesidades. Y cuando llega la hora de andar por ahí, hay que andar mirando si pisan ésta o pisan la otra, la que está más dura». Bueno, pero este hombre se empeñó, y el sargento dijo: «bueno, bueno, si te empeñas… pues pasa».

Juan Ramos, hijo de alcalde socialista fusilado a las siete de la mañana de un día de abril de 1944, empezó la guerra como niño y la terminó como hombre. No combatió en los frentes, pero con catorce años, en 1939, pasó una larga temporada en el campo de Albatera con su hermano y su padre. Exactamente, hasta que le echaron. «A mi padre, a mi hermano y a mí nos llevaron a Los Almendros, tres o cuatro días. Aquello era un caos. Los hermanos más pequeños se fueron con mi madre, a la cárcel de Alicante». Una familia dividida y hambrienta: «En el almendral no quedaron ni hojas. Yo tuve que robar trozos de pan», algo que le sirvió también en Albatera: con menos de catorce años, tan poca comida no era nada. Fue uno de los más jóvenes internos, lo que le salvó de ver algo que sabría poco después. Y es que «en Albatera a muchos los acribillaron en la zanja donde iban a defecar. Además, venían muchos falangistas a reconocernos para llevársenos». Algo en lo que coincide con Teo Francos: «Albatera fue un campo de exterminación pues todos los días por la mañana había fusilamientos de todos los que eran oficiales o comisarios políticos». Él mismo tuvo que comerse «los papeles de comisario para poder salvar [se]»[55]. Y tuvo suerte, porque no acabó bajo la mirilla de la ametralladora que el teniente Merino, según varios testimonios como el de Sixto Agudo, «probó sobre los prisioneros».

Vigilados por militares —primero por el 6.º Batallón del Regimiento de montaña de Arapiles n.º 7 y más tarde por el 2.º Tabor de Regulares de Melilla—, entre catorce y veinte mil hombres se apiñaron en el campo de Albatera hasta su cierre en octubre de 1939[56]. Hasta ese momento, clasificación, represión, enfermedades, propaganda, reeducación e incluso violaciones (entre hombres) se vieron, según los testimonios, dentro del campo. «Bastantes de los allí concentrados enloquecían» ante el uso constante de la ley de fugas, las sacas del campo y los fusilamientos dentro y fuera del recinto. Sufrían cada día los perceptibles descensos en salud y en moral —para obtener agua potable había que hacer cola desde el día anterior—, e intentaban —los que lo intentaban— mantener cierta compostura y dignidad política tratando de reestructurar el tejido social y político de sus ilegalizadas asociaciones dentro del campo, con miras a poner a salvo el mayor número posible de cuadros políticos[57]. Y tratando a veces de fugarse, por más que los jefes del campo, como Pimentel, les reiterasen: «Por cada uno que se escape, fusilaré a diez. Convertiré este campo en un cementerio, si es menester». Obviamente no fue así; lo que no quiere decir que no se realizasen exhibiciones de la muerte como los supuestos fusilamientos públicos que todos los prisioneros vieron, formados, por delitos como ir a letrinas de noche, lo que solía ser interpretado como intento de fuga. «Presencié tres veces ejecuciones: formaban a todo el personal y lo alineaban dentro de las alambradas interiores frente a los que iban a ejecutar»[58]. O que se les encerrase, por si el campo fuese poco, en la «parrilla»: un cuadrilátero de castigo donde se les exponía al sol abrasador del verano, sin comer, por faltas tan graves como no quitarse el gorro ante el cabo. «Nos trataban como enemigos a los que había que humillar y eliminar»:

[En Albatera] no se creaban Batallones. Allí al que veían comprometido de acuerdo con la declaración que se hacía y la documentación que presentaba, lo destinaban a los calabozos. Si lo consideraban desafecto le daban un salvoconducto para presentarse a las autoridades donde iba. Allí no salía nadie a trabajar[59].

Ni tan siquiera se cantaban los himnos o se pedían avales. Merodeaban por allí. Simplemente, se pasaba miedo y sufrimiento. Humillaciones cotidianas: «Allí pasaba un espectáculo… un tío puesto de pie con las piernas abiertas en las letrinas y otro con la llave de la lata de sardinas rompiéndole los excrementos el uno al otro… hacerlo a uno mismo era más difícil, era más sencillo hacerlo el uno al otro». Tal vez no fuese una política consciente y concreta de las autoridades franquistas. Pero la muerte, la falta de alimentación, hidratación y actividad derivaron en humillación y miedo. Y muerte, alimentos, agua, estaban en las manos de los captores, no de los prisioneros. Que en Albatera existan fosas comunes de prisioneros de guerra es algo que muchos intuyen, pero que no ha podido demostrarse ya que la zona del campo fue convenientemente urbanizada. Campos como el de Albatera se establecieron como centros de reclusión, internamiento, clasificación y depuración de la disidencia, pero una vez cumplida su misión, su recuerdo trató de ser borrado lo antes posible. Marcos Ana recuerda que trataron de derrumbar a través del miedo a los prisioneros, de «convertirnos en unos peleles». «Cuando alguien se fugaba y lo cogían, lo traían al campo y lo fusilaban». Marcos Ana salió, pero con nombre falso, «algo nada heroico». Como el suyo, el destino de miles de internos quedó marcado por el paso por uno de los peores, de los más crueles, campos de concentración.

La política de evacuar de manera rápida y casi sumarial a los prisioneros de guerra a sus localidades de origen cuando no fuesen claramente desafectos al Movimiento —para lo que bastaba demostrar, por ejemplo, que el prisionero no había ido voluntario al frente sino que había sido reclutado por quinta— abarcó también a los internos en campos estables de la ICCP, adonde llegaban tan sólo en casos de desafección marcada, pero no punible penalmente, desde los campos de primera clasificación de la inmediata posguerra. Así, por ejemplo, del campo de Burgo de Osma fueron trasladados a cárceles desde finales de marzo 245 internos, 266 a Cajas de Reclutas para ser incorporados a BDST, 188 al BB. TT. empleado en la línea ferroviaria de Soria, 56 al campo de San Juan de Mozarrifar en Zaragoza, 140 al de Miranda, 42 al de Aranda de Duero, pero sobre todo 3680 a sus localidades de residencia, siendo ante todo catalanes los evacuados[60]. Otra incidencia reseñable en estos meses fue la muerte en el campo de siete prisioneros, antes de su cierre definitivo en agosto de 1939.

Y algo parecido sucedió con el de Jaca, prácticamente inutilizado desde primeros de mayo de 1939 y clausurado oficialmente el 21 de ese mes al haber sido trasladados todos los prisioneros (366) a otros campos —a San Juan, para su incorporación a BB. TT.— pero, ante todo, a sus hogares o a Cajas de Reclutas. No solamente se debía al cambio de política hacia los prisioneros; es que además el «aislamiento de la Ciudadela [era] incompleto», la higiene no existía, y era insufrible, en palabras de su jefe el alférez retirado de la Guardia Civil, Juan Sempere Blanes, la «miseria que lleva[ba]n los condenados». Asimismo, cuando el CTV italiano dejó de necesitar a los prisioneros empleados en tareas de intendencia y abastos —mayo de 1939—, procedió a clausurar el campo de concentración de Palencia, solicitando el envío de sus 130 prisioneros a un campo estable. Era el único modo de reducir una población prisionera sujeta a procesos de clasificación que, en junio de 1939, ascendía a 70 146 personas inactivas tan sólo en campos estables de la ICCP, sin sumar los internos en los campos de las Grandes Unidades —aquellos de los que he dado cuenta en las últimas páginas—, de los que «se carecía de noticias» en la Inspección[61].

Y es que, si hubiese que resumir en una sola frase la historia concentracionaria previa a la victoria e inmediatamente posterior, esa sería «aperturas incontroladas y cierres masivos». La Quinta RM, por ejemplo, tenía en su jurisdicción a finales de julio de 1939 a 780 prisioneros en San Juan de Mozarrifar, 76 en el Burgo de Osma, 375 en Soria, 195 en Castellón, y 712 ingresados en el hospital de la Academia General Militar. Al poco, fueron trasladados al campo de Soria todos los internos de Medinaceli y Santa María de Huerta, en este último caso por razones de «manifiesta peligrosidad», ya que los casi 1600 prisioneros compartían espacio con los religiosos del monasterio, y por motivos de «índole higiénica y moral», como señalaba su jefe Paulino Navas. El campo de Barbastro fue clausurado porque ya desde julio no albergaba a ningún prisionero. A finales de año, el campo de Soria (con 1371 internos) y lo que quedaba del de Medinaceli (965) fueron reconvertidos en prisiones militares.

Esa era la dinámica adquirida en la España concentracionaria desde el verano de 1939: intentar reducir al máximo, por la imposibilidad de soportar económica, política y hasta higiénicamente, una población prisionera que alcanzaba, según los datos oficiales, la cifra de 156 789 personas a 1 de julio y que en diciembre, tras varios meses de evacuaciones masivas, clasificaciones sumarias, traslados urgentes a prisión, fallecimientos, libertades provisionales y creación de Batallones de Trabajos forzosos, aún se mantenía en 90 040. De hecho, interesándose Franco por la capacidad de movilización de fuerzas militares en España durante julio de 1939 —con la segunda guerra mundial en el horizonte—, y pidiendo los estados de los varones comprendidos en los reemplazos de 1939, 1940 y 1941 (servicio activo y reserva), se le respondería que, en primer lugar, «para obtener el efectivo movilizable total habría que añadir… a los hombres que se encuentran en los Campos de Prisioneros de la Inspección de Campos, Campos de Concentración de los ejércitos y en Prisión, y que no hubieran de sufrir condena que los inhabilite para el servicio militar». Ahora bien, no podría darse una cifra exacta ya que no había seguridad de que «hayan pasado por esos Campos de Prisioneros o por los de Concentración de los Ejércitos todo el personal que se encontraba en zona roja y que vive en España»[62]. La población prisionera era alta y podía asegurar el establecimiento de una fuerza militar amplia, pero ni la situación en los campos, ni ante todo la deficiente organización de los prisioneros recién terminada la contienda civil, aseguraban que fuese una buena idea.

De 157 000 a 90 000 prisioneros fue la reducción lograda en medio año, a base de licencias provisionales, permisos provisionales y licenciamientos de Batallones de Trabajadores, como puede comprobarse en el siguiente cuadro. En él, se observa que el volumen más alto de liberados provisionalmente respondió al de los «permisos» y, por tanto, a personal internado en campos de concentración, por lo que puede asegurarse que tales salidas respondieron exclusivamente a la necesidad de liberar espacio de internamiento y a la decisión, que databa ya de principios de año, de ejecutar los procesos depurativos de la población militar republicana en sus pueblos y localidades de origen. Además, los más de 15 000 licenciados de BB. TT. llevaban hasta dos años encuadrados en ellos, sin haber sido jamás tan siquiera juzgados por un tribunal, constituyendo una masa obrera —y un engranaje decisivo en la maquinaria económica y bélica estatal— a la que se hacía necesario adaptar a la nueva realidad de posguerra. En diciembre de 1938 había 59 000 prisioneros trabajadores[63]; 68 000 en enero de 1939[64]; 87 589 en la inmediata posguerra[65] en trabajos militares, además de 8212 en destacamentos de fábricas y talleres militarizados. La redención física y moral implícita en el discurso justificativo del sistema de trabajos forzosos puede que no fuese tal, que no surtiese efecto real. Pero, desde luego, alcanzó a muchos prisioneros.

Con el fin de la contienda bélica y la consiguiente clausura del Cuartel General de Franco, la ICCP pasó, en forma de Jefatura (la JCCBD, Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios), a depender del Ministerio del Ejército en enero de 1940, englobada en su Dirección General de Servicios. Y a adaptar la realidad de la población republicana prisionera a la de la Nueva España victoriosa y desgarrada se hubo de empeñar en los meses sucesivos al fin de la guerra civil. En octubre de 1939 se decretó que los campos que antes dependían de las Grandes Unidades pasasen a depender exclusivamente de la Inspección de Campos, reunificando de nuevo y tras las aperturas masivas de la primavera de 1939 todos los campos y todo lo concerniente a los prisioneros exclusivamente de guerra; no los encartados por causas penales, en cuyo caso pasaron a depender de la administración de la Dirección General de Prisiones. El cierre en noviembre de los campos de Alcalá, Albacete, Deusto (salvo sus talleres centrales), Aranda de Duero (el grupo de menores de edad allí internado fue trasladado a Miranda), las Isabelas, las Agustinas, Alcoy, Denia, Monóvar, Figueras, Murgia, Corbán, el Monasterio de la Santa Espina, Camposancos, Lavacolla y Padrón dejaba así en manos de la Jefatura los campos del centro escolar Miguel de Unamuno (Madrid), Rota, Porta-Coeli, Horta, San Juan de Mozarrifar[66], Miranda de Ebro, San Marcos, Plasencia, Cervera, Reus (estos dos últimos para internados en España desde Francia), Lerma (para prisioneros inútiles para el trabajo), San Pedro de Cardeña (para prisioneros extranjeros), el del Fuerte de San Martín (Santander, como campo correccional), La Magdalena (Santander) y Avilés (para prisioneros a disposición de las auditorías de guerra). Además, hay noticias documentales de la utilización del campo de Figueras de Castropol (Asturias) como campo de concentración para presos gubernativos[67], pero no bajo el mando de la ICCP sino de la Dirección General de Prisiones.

Ese mes de noviembre fue, por tanto, el de la desmantelación de casi todos los campos abiertos durante la ofensiva final, así como de muchos de los instalados durante la guerra civil, siendo reconvertidos en prisiones militares, a cargo de la Dirección General de Prisiones, cuando tuviesen en su interior personal procesado. Para ello fue necesario concentrar en una serie de campos a los prisioneros procesados por las auditorías de guerra que aún no habían recibido sentencia en firme. En San Pedro, por ejemplo, fueron internados todos los de los campos dependientes de la Delegación de Burgos de la ICCP. Los prisioneros españoles de San Pedro fueron, así, trasladados a sus hogares, al campo de Rota para hacer con ellos unidades de soldados trabajadores (unos 80 prisioneros), a disposición de la Auditoría de Guerra (46 encartados a los que sumaron los 60 del campo de Lerma), o al campo madrileño de Miguel de Unamuno, para ser reconocidos médicamente y formar parte de un BDST.

Además, en noviembre de 1939 se dispuso que los 459 prisioneros de guerra extranjeros internados aún en ese campo pasasen «con la máxima urgencia» a disposición de la Jefatura de Reconstrucción de Belchite, a mando del Servicio de Regiones Devastadas (Ministerio de Gobernación) pero encuadrados en un BB. TT. militarizado, el número 75, junto a un teniente, dos alféreces, el capellán del campo y cuatro sargentos[68]. Vale la pena detenerse un momento en este Batallón, aunque de las posturas españolas frente a la segunda guerra mundial —y su consiguiente derivación en las políticas con prisioneros y refugiados— se vaya a hablar en los siguientes capítulos, porque es la muestra fehaciente de que la España de Franco no sólo tuvo que medrar con el problema de los refugiados extranjeros que entraban clandestinamente —según la terminología oficial— huyendo de la segunda guerra mundial; también mantuvo una bolsa de prisioneros provenientes aún de las BB. II. entre el trabajo forzoso de Belchite y las alambradas del campo de Miranda de Ebro.

En noviembre de 1939 la Embajada de Estados Unidos llegó a remitir al MAE una queja formal porque, aun habiendo mediado el indulto (con la consiguiente expulsión del territorio nacional) a los extranjeros que como único «delito» hubiesen tomado armas contra el Movimiento Nacional, aún quedaban ocho compatriotas en las cárceles de Franco. Quedaban 406 internos extranjeros, entre sujetos y no a procedimientos judiciales (los primeros tuvieron graves dificultades para abandonar el país), repartidos por nacionalidades de la siguiente manera[69]:

Y ciertamente, como señaló el propio director general de Servicios del Ministerio del Ejército, Camilo Alonso Vega, la presencia de «tantos súbditos extranjeros en nuestros campos de concentración, penales y cárceles» constituía un «estado de hecho que no deja[ba] de dificultar, a veces seriamente, el normal desarrollo de nuestras relaciones con otros países, además de producir un apreciable volumen de trabajo administrativo». Sin embargo, no puede decirse que el criterio de mantener buenas relaciones con las naciones con internos en España fuese la adoptada, ya que la decisión de utilizarlos como mano de obra forzosa no fue, desde luego, bien recibida por nadie.

Como recuerda Teo Francos, a los interbrigadistas de San Pedro de Cardeña y a los apresados en la ofensiva final se les dijo: «vosotros habéis destruido Belchite y vosotros lo vais a reconstruir»[70]. De tal modo, los 459 extranjeros fueron instalados en unos barracones llamados popularmente por la gente del lugar «Rusia» —por el supuesto carácter comunista de sus habitantes—, sin delito cometido —o al menos, sin que se les hubiese imputado alguno, más allá de haber combatido con la República— e inmersos en el limbo judicial de tener una causa abierta por el Tribunal Militar n.º 14 de Burgos —causa sumarial abierta a todos los interbrigadistas—, por un lado, y el rechazo de algunos de sus países a traerlos de vuelta, por «peligrosos». Para el gobierno español eran un problema, y como dejara escrito un interno, España «quisiera verse libre de nosotros y es natural, puesto que acabada la guerra somos sólo un problema y una complicación inútil». Pero si hasta que lo resolvieran podían aprovechar su mano de obra en un trabajo tan cargado de simbolismo, de construcción de una memoria colectiva y de aplicación de la teoría del trabajo redentor y expiatorio, bienvenidos eran.

Decía el memorándum clandestino que los internacionales hicieron salir de Belchite que los prisioneros se veían indefensos: la acción judicial no avanzaba, y sus liberaciones dependían tan sólo del criterio de las embajadas en España. Mientras esperaban una resolución, continuaban las penurias:

Sometidos a más de diez horas de trabajo diario, alojados en condiciones deficientes, mantenidos en continua tensión nerviosa por medio de continuas medidas de represión y extremada vigilancia, privados cada vez más de comunicaciones con el exterior y bajo la prohibición de hacer uso del dinero que ocasionalmente se nos envía.

Los interbrigadistas en Belchite pedían la intervención, si sus embajadas respectivas eran reticentes, de la Cruz Roja, para ejecutar de manera sumaria su liberación y repatriación tras llevar como prisioneros de guerra en muchos casos más de tres años de privación de libertad sin resolución penal alguna. El embajador español en Berna, en cambio, no pensaba así, y trabajó para que no se llevase a cabo ninguna medida por parte de la CRI. Y por la misiva que envió a su ministro de Asuntos Exteriores, Juan Beigbeder Atienza, así resultó ser, «a pesar de unas supuestas tendencias demo-marxo-masonizantes [sic]» de algunos miembros del Comité Internacional. Los internacionales habían tomado las armas voluntariamente contra el Movimiento, y debían por ello ser castigados con el retraso deliberado en sus repatriaciones, aplicando una absoluta arbitrariedad y anteponiendo la situación bilateral de España con los países receptores al sentimiento humanitario en el tratamiento de ese problema.

Entre el 18 y el 20 de diciembre salieron a su país 76 portugueses —claro ejemplo de la sintonía entre Madrid y Lisboa—, teniendo catorce de ellos procesos pendientes por robos, saqueos y destrucciones. Cuatro holandeses abandonaron el campo aun estando a punto de ser juzgados. El último noruego retenido salió de Belchite en febrero de 1940, ante la insistencia de su país, sin que interviniese en ningún momento juzgado alguno. De los 20 cubanos que abandonaron España desde Belchite en ese mismo mes, muchos se hallaban procesados, quedando en el campo algunos sin pena ni juicio pendiente. Razones de «alta política» motivaron estas salidas, y la de 48 presos cubanos más internados en 1941 en prisiones. Según Serrano Súñer, ministro ya de Asuntos Exteriores, era necesario «disponer de elementos que apoyen nuestra política en dicha República», tras su reeducación en campos, trabajos forzosos y cárceles[71].

Pero no existía un criterio homogéneo. Unos salían de Belchite y otros no. Y otros eran enviados a Miranda de Ebro: entre ellos estaba Teo Francos, quien de allí recuerda, sobre todo, sus evasiones:

La primera vez salimos 35, pues los polacos habían hecho un túnel que salía desde la pequeña capilla que tenía el campo; hicieron un cortocircuito en todo el campo con un resorte: todo el campo sin luz. Al lado del campo había la estación y los ferroviarios nos repartieron un distingo de grupo; pero yo con un camarada fuimos cogidos cerca de la frontera portuguesa; otra vez al campo, donde recibí 50 vergarazos y fui enterrado hasta la cintura, por el día al sol y por la noche enterrado a la fresca. Para curarme me pasaban vinagre por las heridas.

Cuando me sacaron tras veinte días me tiraron como un trapo en una barraca y si no hubiera sido por los camaradas que habían recibido un paquete de Cruz Roja con leche condensada me habría muerto. Cuando pude recuperarme otra vez una evasión: la segunda fue por la alcantarilla que daba a un pequeño riachuelo que estaba detrás del campo. Esa vez también tuve mala suerte, me pillaron cerca de Madrid y esta vez pasé al penal de Burgos, dos meses bajo tierra y cuando salí de allí creía que me iba a quedar ciego. Después ingresé en Miranda y al volver al campo sufrí de nuevo malos tratos[72].

La tercera fue la buena: llegó a la Embajada norteamericana en Madrid y se puso en contacto con la CRI y la Embajada de Venezuela. Acompañado por un funcionario llegó a la frontera de Irún el 20 de junio de 1940. Esperaba salir para Francia con otros camaradas, pero en Hendaya encontró a un amigo que le señaló que los alemanes ya estaban a 50 kilómetros de su casa. Embarcó para Inglaterra. Empezó su otra guerra contra el fascismo, ahora como paracaidista. Una bala alojada entre el corazón y la aorta da testimonio de ello[73].

4. INTERNAMIENTO, TRABAJO, PRISIÓN Y DESMANTELAMIENTO (1940-1942)

Volviendo a 1939, a los campos para soldados republicanos españoles, decía que fueron en su mayoría clausurados en noviembre, restando aquellos que fueron usados como campos tipo para internamiento y creación de batallones disciplinarios, amén de otras funciones como las del internamiento para los sujetos a procesos de las auditorías de guerra. En la 5.º RM, el campo elegido para tal menester fue el de San Juan de Mozarrifar, adonde fueron progresivamente trasladados los internos de Burgo de Osma, albergando en noviembre a unos quinientos prisioneros, enviados a prisiones de la provincia de Zaragoza al cierre del mismo, ordenado el 4 de diciembre. Los campos de referencia, como San Juan, también serían clausurados según se agotasen las necesidades por las que habían sido creados. Pero eso no significó, ni mucho menos, el fin del mundo concentracionario franquista. Fue, simplemente, el fin de una fase, ya larga, que había comenzado a finales de 1936, con el paso de un golpe de Estado aniquilador a una guerra de eliminación, expulsión y exclusión social: desde 1940 y por norma oficial, los campos de Reus, Miguel de Unamuno y Rota serían empleados para internar a los soldados depurados por las Cajas de Reclutas y crear con ellos los BDST, o bien para hacer BB. TT. iguales a los de la guerra, donde los soldados ya clasificados, encontrados desafectos por las Cajas según los avales recibidos, pasarían un máximo de cuatro meses para purgar, antes de su puesta en libertad condicional, el no haber pasado los tamices depuradores tanto de guerra —comisión de clasificación, campos, Batallones de Trabajadores, reclasificaciones— como de posguerra —las Cajas de Recluta— para el «saneamiento de su anterior ideología» y la «incorporación al Glorioso Movimiento Nacional».

Desde 1940 fueron, por tanto, estas últimas las encargadas mayoritariamente de la función clasificatoria que durante la guerra habían soportado los campos. Con el fin de unificar procedimientos, en enero de ese año se decidió que, tras la supresión de los tribunales y comisiones de clasificación, fuesen las realizadas por las Cajas las consideradas como definitivas —incluidas las de los soldados ya encuadrados en BB. TT. durante la guerra—, para depurar e incorporar al Ejército nacional a los soldados comprendidos en los reemplazos de 1936 a 1941, inclusive. Por eso, los nacidos entre 1918 y 1923 tendrían carácter preferente, ya que con ellos se habrían de constituir los BDST, bajo el mando de la JCCBD, creados para sustituir el servicio militar realizado en el lado republicano, ignorándolo y obligando a los soldados a pasar el mismo tiempo en filas franquistas cuanto hubiesen pasado sus coetáneos en el otro lado de la trinchera. Los casos posteriores al reemplazo de 1943 no se depurarían, puesto que tenían dieciséis años al terminar la guerra, con lo que correspondía su tutela al Tribunal de Menores.

Los soldados republicanos enviados a sus casas durante 1939 y que se encontrasen, por tanto, en edad militar, deberían aseverar ante la Caja de Reclutas correspondiente su afección al Movimiento, que además determinaría el grado de ésta mediante la clasificación entre afectos, indiferentes o desafectos. Los que hubiesen ostentado categoría militar de capitán o superior, o hubiesen ejercido funciones de comisaría política, tendrían en su contra un antecedente considerado «desfavorable» y que podría encaminarles al juicio sumarísimo, a la pena de cárcel o a la de muerte[74]. Mas si a los treinta días no se le hubiese ratificado por el tribunal la pena de cárcel, o ésta fuese inferior a doce años, quedarían en libertad, según lo dispuesto en el BOE de 9 de enero de 1940. Ahora bien: como se reconocía por parte del Ministerio del Ejército, eso ponía en situación de clara desventaja a los prisioneros, 92 000, encuadrados aún en enero de 1940 en BB. TT. —y sobre todo a los 60 000 no pertenecientes a las quintas de 1936-1941— con respecto a los encartados, ya que los prisioneros estaban sometidos a un proceso, el de la clasificación, mucho más lento que el penal, con lo que resultaba que no solamente estaban obligados a trabajar de manera forzosa, sino que además no redimían pena alguna, ni sabían cuándo iba a terminar su situación, ni tan siquiera cumplían condena por ningún hecho probado. Para atajar dicha situación se decidió que, visto que «en justicia todos estos debían estar en libertad» pero que «no se pueden suprimir ni disminuir bruscamente los Batallones, por ser necesarios para obras de fortificación», se limitaría el tiempo de permanencia en los trabajos. Los adictos pasarían así seis meses, nueve los indiferentes y dieciocho los encontrados desafectos.

Con esta resolución, se decía, se lograría «un gran efecto moral, pues muchos piensan que su detención es perpetua», obligando además a los prisioneros a llevar buena conducta, sobre todo teniendo en cuenta que los trabajos en los que se empleó mano de obra prisionera, durante la segunda guerra mundial, tenían mucho que ver con la defensa española ante la intervención en el conflicto —los prisioneros trabajaban, por tanto, para dificultar un posible ataque aliado—, por lo que se hubieron de fortificar zonas como las de los Pirineos o la costa gaditana. Pronto veremos cómo la situación bélica internacional determinó, dentro de la España teóricamente neutral, la situación de las fuerzas armadas franquistas y, por tanto, la de los soldados trabajadores forzosos.

La Jefatura-Inspección —en estas fechas se usaba indiferentemente la terminología— de campos de concentración tuvo, por tanto, como misión principal entre el fin de la guerra y su disolución en 1942 —retirado Luis de Martín Pinillos, tomó su relevo César Mateos Rivera— la de regular el trabajo forzoso no penado, es decir, crear BB. TT. y BDST (donde los internos realizaban, tras su paso por la Caja de Reclutas, la «mili con Franco» el tiempo de servicio militar correspondiente a su reemplazo), y a ello se dedicó desde el mismo mes de abril de 1939, cuando ordenó que los batallones 168, 169, 170 y 171 (desde Horta, con 900 prisioneros) se trasladasen, respectivamente, a Oviedo, Vizcaya, Huesca y Teruel para ponerse a las órdenes de RR. DD.; y a los números 140 (en Cuenca), 136 (en Alcalá de Henares) y 19 (en Valencia), con igual motivo, a Lleida, Tarragona y Castellón[75]. Así, a la par que se clausuraban muchos campos en noviembre de 1939, se inició también la tarea de refundir en uno solo varios de los BB. TT. existentes y provenientes aún del período bélico, para hacer más fácil su manejo y para no acumular unidades militares que podían perfectamente funcionar como solamente una, dado que empezó a disminuir el número de sus componentes[76]. Trabajo que tuvo su continuación en 1940, entre otras cosas eliminando el mando directo de FET-JONS sobre los trabajadores destacados en la provincia de Girona, enviando progresivamente más grupos de soldados al Marruecos español y a Melilla, y enviando otro a Nanclares de la Oca para preparar el que sería campo de concentración dependiente de la Dirección General de Seguridad, para «indeseables»[77].

De tal modo, en febrero de 1940 existían en Unidades de Trabajadores, incluidos los hospitales penitenciarios y los campos de concentración, 88 332 soldados republicanos en régimen de prisioneros de guerra, según los datos más fiables, los de la JCCBD, de los cuales 37 000 cumplían el tiempo de movilización obligatoria en el sistema de trabajos forzosos. Eso sí, existían diferencias entre ellos: estaban los prisioneros de guerra propiamente dichos, los tomados durante acciones bélicas incluidas las del final de la guerra; también los que, sin haber sido aprehendidos, fueron enviados a campos como consecuencia de las clasificaciones sufridas en las comisiones encargadas de la depuración de los individuos que, a la terminación de la campaña, quedaron en libertad en las zonas últimamente ocupadas; otros, puestos a disposición de la Inspección por las autoridades judiciales, al llegar al sobreseimiento los procedimientos que se les seguían, para su internamiento en las Unidades de Trabajadores; y, por fin, también existían detenidos gubernativos, algunos de ellos enviados directamente por diferentes autoridades al considerar peligrosa su libertad, y otros, que en las distintas revisiones que se iban verificando en las cárceles aparecían «como a disposición de esta Inspección, sin que nadie hubiese comunicado tal medida y sin que se conozca, siquiera, la Autoridad que tomó tal acuerdo». Una enorme diversidad, por tanto, y una caótica organización de poderes sobre una masa de población que, eso sí, tenía un común denominador: ser considerados, aun sin penas judiciales, de «peligrosidad en la vida social».

Tanto los prisioneros de campaña como los que adquirieron tal condición en posguerra por su clasificación como desafectos —recordemos que el estado de guerra existió hasta 1948—, así como los incorporados del extranjero o los que por sobreseimiento, absolución o cumplimiento de pena judicial tuviesen que cumplir con el servicio en filas, hubieron de pasar temporalmente por los campos que, en octubre de 1940, fueron asignados a cada Región Militar para la creación de Batallones Disciplinarios. Del muestreo de expedientes personales, hecho entre los miles albergados en el AGMG, se pueden obtener sustanciosas conclusiones sobre tiempos, modos, condiciones y tipos de trabajos, al respecto del internamiento de los prisioneros de guerra en tiempos de paz retórica. De tal modo, el campo de la 1.ª y 3.ª RM fue el centro escolar Miguel de Unamuno; el de la 2.ª, Rota (Cádiz); el de la 4.ª y la 5.ª, el campo de Reus; el de las regiones 6.ª, 7.ª y 8.ª, Miranda de Ebro; en Marruecos, el Depósito de García Aldave (Ceuta); y en Baleares, el campo de Palma de Mallorca. Y por ellos pasaron los detenidos por conductas irregulares, por desafecciones, hasta completar generalmente de cuatro meses a un año —tiempo considerado suficiente para que pudiesen ser presentadas denuncias e investigada la conducta pública del interno— de trabajos forzosos completamente ajenos a cualquier disposición judicial, que en definitiva no era sino un ejercicio del «poder liberal», tan denostado por el franquismo.

El franquista era un poder emanado de la victoria en la guerra civil, y sus sujeciones y sistemas de control estaban sometidos a la ideología del Nuevo Estado, a la par violento y redentor. Por eso mismo, el establecimiento del tiempo de estancia en el sistema de trabajos forzosos no se reglamentó de manera legal sino que fue el resultado, primero, de la incapacidad estatal para mantener en pie un edificio tan superpoblado de internados en, generalmente, ínfimas condiciones de vida; y, segundo, de lo que fue considerado un agravio comparativo: si la revisión de penas judiciales, las libertades condicionales, los indultos salidos de la mano de Franco o la expiación de las mismas mediante el sistema de redención de penas por el trabajo dejaba en la calle a presos juzgados y condenados, no tenía demasiado sentido que, sin haber cometido delito probado alguno, los internos en los BB. TT. y BDST obtuviesen a veces más tarde su libertad. Por ello se dictaminó un grado de «peligrosidad» y desafección, que podía ser máxima, media o mínima, estableciéndose que los meses en un BDST serían doce, nueve o seis según el caso. Lo cual, por un lado, era el reconocimiento oficial por parte del franquismo de que existían gamas y modos de privación forzosa de libertad más allá de las irregulares y dudosas cifras de las prisiones y cárceles; y, por otro, de que construir un Estado sobre el internamiento forzoso de un número de hombres y mujeres tan alto considerados desafectos al Glorioso Movimiento Nacional, sobre todo en relación con el censo total de varones en edad militar, traería aparejadas

consideraciones desfavorables para el nuevo Estado, que si en un principio y por desconocimiento de sus virtudes, contó con gran número de enemigos, la mayor parte de ellos, hoy convencidos por la justicia y excelencia del Régimen, hay que suponerlos, al menos a efectos de buena política interior y exterior, como incorporados idealmente a la única España Grande y Libre, cuyo engrandecimiento es preocupación constante del Caudillo.

Convenía, por tanto, que desapareciese progresivamente la condición del prisionero de guerra, «que, en definitiva —se reconocía— no son sino detenidos políticos», para dotar al Estado de una pátina de legitimidad inexistente en el mantenimiento de situaciones atípicas y arbitrarias, como la existencia de prisioneros en tiempos de paz, detenidos sin fecha límite y en muy malas condiciones tanto de internamiento como, sobre todo, de seguridad: en estas últimas disposiciones, en las fundaciones de BB. TT. o en el establecimiento de un año de trabajos forzosos como el tiempo deseable de detención preventiva —y, en el plano carcelario, en los indultos de penas, efectivos desde junio de 1940—[78], debemos ver antes que el afán redentor y benévolo del Estado franquista, su incapacidad objetiva para regir un sistema que, tanto de cara al exterior —lo veremos en el caso sangrante de los internados extranjeros de Miranda de Ebro— como dentro de sus fronteras, era imagen de imposición y no de unión, de eliminación y exclusión y no de integración, y que además se acercaba al colapso económico y administrativo.

El prisionero trabajaba en obras como las de fortificación militar, en el contexto de la «no beligerancia» —prebeligerancia— franquista en la segunda guerra mundial, pero no obtenía, aparte de «su alimentación y vestido» y las ridículas 0,25 pesetas diarias, beneficios de la explotación de su mano de obra, gracias a la cual, aunque también en durísimas condiciones, los penados podían reducir sus condenas. Y, si bien ningún preso juzgado por causas derivadas de la guerra civil redujo efectivamente pena porque todos fueron excarcelados antes de su entero cumplimiento, eso fue percibido tanto por el Ministerio del Ejército como por la Dirección General de Prisiones como una diferencia injusta. No por ello se iba a renunciar a la explotación de la mano de obra de los republicanos. Pero sí que se haría un intento para que fuesen los condenados los que soportasen el peso de la reconstrucción de España y de su preparación para la más que posible entrada en el conflicto mundial. De tal modo, podrían además atemperarse las condiciones de vida en las cárceles, prisiones de partido y penales de la España franquista.

Sabemos por investigaciones parciales y trabajos de síntesis la situación de los presos en las cárceles y en algunos de los sistemas de privación de libertad establecidos por los vencedores de la guerra civil[79]. Sin embargo, no siempre se pueden certificar con datos fehacientes las complejas, variadas y casi siempre terribles condiciones reales en esos establecimientos, que albergaban según el más que dudoso Anuario Estadístico español a 270 719 presos en 1939, 233 373 en 1940, 159 392 en 1941, 124 423 en 1942, 74 095 en 1943, 54 072 en 1944 y 43 812 presos en 1945. Las cárceles de Franco no respondieron a otra lógica que la punitiva: lo que se buscaba no era la recuperación social del individuó sino su rendición para una dictadura[80]. Ni económicamente ni por motivos de seguridad interna eran viables: eran la cristalización real de una ideología de transformación, exclusión identitaria y «justicia cristiana». Pero su realidad distó, en los años de posguerra, de un funcionamiento racional.

Uno de los caminos de salida de la prisión era el trabajo penado. Desde 1938 existía la modalidad de redención de penas a cambio de trabajo forzoso, que englobó diferentes modalidades de regímenes semiesclavizados. Entre ellas, cabe destacar la de las Colonias Penitenciarias. El SCPM fue creado por ley el 8 de septiembre de 1939 para ceder mano de obra penada —esto es, con una condena explícita de cárcel, no por tanto con prisioneros trabajadores— a «entidades que contratan sus trabajos», y por sus obras pasaron unos 20 000 presos: desde 1946 oficialmente sin penados sino con obreros alistados mediante contratos orales, muchas veces los mismos trabajadores de posguerra, una vez redimida o indultada la pena, se mantenían en sus puestos por la carencia generalizada de trabajo[81]. Dividido el servicio en cinco grandes agrupaciones en posguerra (1.ª, Sevilla; 2.ª, Montijo; 3.ª, Talavera de la Reina; 4.ª, Navalmoral de la Mata, y 5.ª, Toledo), algunos de los trabajos realizados por la mano de obra penada fueron de gran importancia económica para la depauperada España de los cuarenta, como la del Canal del Bajo Guadalquivir, realizada por la primera agrupación, adjudicada en 1940, la del Canal Montijo, de la segunda agrupación, algunos tramos de la carretera Madrid-Badajoz, o el Canal Bajo del Alberche, de la tercera agrupación[82]. No se va a detallar la historia de este servicio de trabajo penal, pero cabe destacar una información nada sutil: catorce años después de que dejase de haber penados trabajando para el SCPM, se solicitaría el cambio de nombre del mismo (concretamente Penitenciarias Militarizadas), ya que según su responsable, «no parece justificado y puede hacer creer en la existencia en España de un Organismo Oficial que emplea penados en sus trabajos en régimen de esclavitud». Esta última parte se rodeó a lápiz en alguna instancia oficial y, escrito encima, se puso un enorme «no». Siendo un documento oficial, no podía dejarse ver que antes, cuando sí había penados, éstos estaban en régimen de esclavitud[83].

Como se ha dicho al inicio de la introducción, los centros de internamiento de trabajadores penados eran denominados oficialmente «campamentos» y no campos de concentración. Sin embargo, se trata de la denominación oficial derivada del modelo impuesto por el Estado franquista de campo de concentración, militar y provisional como se ha dicho. Si observamos las rígidas reglas internas (no podían entrar familiares, no se podían abandonar de noche, los servicios religiosos eran obligatorios, los gastos para las comidas se deducían de las pagas, se debía asistir a «conferencias religiosas, morales y patrióticas», y se amonestaban las «faltas de moralidad en la vida privada, lecturas, lenguaje, embriaguez, escándalo») puede afirmarse que, como mínimo, la dilatada experiencia concentracionaria de los años bélicos había sido la mejor escuela posible para aplicar después sus métodos sobre una población que, aunque obtuviese ventajas del trabajo forzoso, no dejaba de ser penada, disidente, ajena a la comunidad nacional. A fin de cuentas, El Arenoso, Los Merinales, La Corchuela, Montijo, Santa Apolonia, San Román, Lacara o La Sal fueron campamentos, centros de expiación y expulsión social y, por tanto, laboratorios de la Nueva España.

Dentro de las diferentes modalidades de trabajo forzoso penado actuaron también soldados trabajadores, aunque el paulatino descenso de su número obligó a ir sustituyéndolos por unidades al servicio de la Junta de RR. DD. o del SCPM. En enero de 1941 había fracciones de batallones militares encuadrados en trabajos civiles como la reconstrucción de Teruel, la de Belchite, en Madrid (construcción de un sanatorio antituberculoso, pistas forestales), en servicios diversos del Ayuntamiento de Girona, en trabajos agrícolas de Olot, en la perforación del túnel de Figueras (Girona) o en la reconstrucción del templo de la Merced en Barcelona. Destacamentos que sumaban 2795 hombres. Pero además eran empleados grupos enteros de personal militar en trabajos exclusivamente civiles como los de las excavaciones de Ampurias (BDST 71), las vías férreas de Barcelona-Ripoll, Arcos de Jalón, Comaen y Jubera. Por tanto, era conveniente empezar, como se le diría explícitamente al subsecretario de Presidencia Carrero Blanco, el desmantelamiento del trabajo forzoso militar. Sobre todo cuando en esos tiempos, hipócrita lamento, había gran cantidad de obreros libres «hoy por hoy por desgracia disponible[s] en gran masa en situación de paro forzoso»[84].

No cabe extrañarse, ante el paisaje descrito, de que se intentase por todos los medios que la población prisionera no lo fuese, casi por inercia, también carcelaria. Como recuerda Enrique Genovés, escolta y sanitario habilitado como capitán y jefe de Estado Mayor de la 127 brigada mixta, que pasó por el campo madrileño del Miguel de Unamuno («de reunión, aunque lo llamasen de concentración») tras salir de la cárcel de Valencia y antes de recalar en Quintana Puente (Palencia) para la construcción de un sanatorio para tuberculosos, terminada la guerra la movilización de las quintas de la zona republicana llevó a miles de prisioneros a las Cajas de Recluta, clasificados desafectos. En el campo de Unamuno reunieron a los desafectos de Madrid, Guadalajara y de toda la 1.ª RM, pero en el año 1940 —año en que estuvo interno— los prisioneros tan sólo pasaban cuatro o cinco días en los centros de creación de los BDST. «Allí no había instalaciones de alguna clase, donde tener a los detenidos». Se trataba de un gran grupo escolar construido por la República, «y sencillamente estábamos tirados por ahí, con el pelo cortado y el uniforme que nos dieron, que era del Ejército republicano, comiendo en frío, pero con un trato correcto, hasta que empezaron a llamarnos por nombres, para preguntarnos nuestras profesiones». Al poco le encuadraron en el 37 BDST-Especialistas (militarizado, pero bajo el mando del Ministerio de Gobernación), y su trabajo, durante dos años y medio, no fue demasiado duro. Evadirse era sencillo al no estar cercados, pero tras tres años de guerra y dos y medio de trabajos, lo cierto es que el Batallón fue, a la postre, considerado por él mismo y por sus compañeros una suerte de «mal menor», independientemente de las veleidades reeducativas tan constantes como inútiles implícitas en el concepto del trabajo forzoso de los prisioneros republicanos, donde éstos pudieron pagar el forzoso peaje para pertenecer a la España de Franco[85].

Su experiencia, dejando aparte la privación de libertad sin saber («lo que más nos dolía») durante cuánto tiempo, no fue demasiado negativa, puesto que el propio Ministerio de Gobernación aportó fondos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Marcelino Camacho, en cambio, pasó por situaciones no precisamente buenas. Durante el tiempo en que el histórico dirigente de Comisiones Obreras pasó, tras salir de la cárcel, en trabajos forzosos por la movilización de su quinta, enfermó tres veces; del tifus, de las fiebres de malta y de hernia. Las labores a las que su BDST-Penados (el número 94) fue destinado tras ser formado en el campo de concentración de Reus —donde se produjo una epidemia generalizada de tifus— fueron, según su testimonio, particularmente duras[86]. Primero, en 1941, en la pista para unir el Fuerte de Guadalupe con Lezo, en Guipúzcoa; luego, en 1943, en la reconstrucción de Peñaranda de Bracamonte, destruido por la explosión de un polvorín; y tras el desembarco aliado en África, en el ferrocarril de Tánger a Fez. La enfermedad no minó su deseo de escaparse, y en diciembre de ese año logró llegar a Orán. Escapó como soldado y a su vuelta a España, en 1957, paulatinamente fue obteniendo lo que es hoy su gran tesoro: el haber sido uno de los principales opositores antifranquistas[87].

Con el paso del tiempo, según se iban cumpliendo los meses de movilización militar, los campos mantenidos en noviembre de 1939 iban siendo innecesarios. En mayo de 1940 se dispuso el cierre del campo de Rota, en Cádiz, pasando su jurisdicción a la Dirección General de Prisiones. Todos sus prisioneros fueron trasladados al BB. TT. del Campo de Gibraltar, salvo los que tenían causas pendientes con la justicia militar, que fueron enviados a prisiones. Los prisioneros del Depósito de García Aldave (Ceuta) fueron trasladados al de Kudia Federico. Y asimismo, la labor de desmantelamiento continuó con el cierre de los hospitales penitenciarios de Gernika y Deusto, trasladándose a los prisioneros heridos o enfermos al penitenciario de Pamplona. Sin embargo, las necesidades de espacio para internamiento y clasificación del que ya era de largo el mayor problema —no tanto por volumen como por relevancia internacional— de población prisionera en España, el de los internados extranjeros, hizo que fuesen puestos en marcha en junio de 1940 dos campos en la Seu d’Urgell y en Bossost —este último fue, sin embargo, clausurado al mes siguiente—, así como en las localidades de Cervera, Lleida y Granollers, que venían a sumarse a los ya existentes para la recepción de refugiados en Figueres y Puigcerdá. Ante todo ingresaban extranjeros, cuyo flujo irregular a España trató de centralizarse en el campo de Cervera. Pero aún ingresaban españoles del exilio, que eran internados en estos últimos centros antes de ser enviados al campo de Reus, o en la Seu o Bossost antes de ir a Granollers o Lleida, respectivamente.

Varios miles de prisioneros pasaron temporalmente también por el campo Miguel de Unamuno, en Madrid, para formar los BDST cuando dependía su jurisdicción de la 1.ª RM. Este centro, además, centralizaba todas las materias referidas al vestuario de los prisioneros trabajadores y, de hecho, se hallan abundantes quejas por el «deplorable» estado del material que utilizaban, el cual en teoría debía componerse de «dos guerreras, dos pantalones, un gorro, dos camisas, dos calzoncillos, dos pares de calcetines, un par de borceguíes, un par de alpargatas, dos tohallas [sic], un ceñidor, una bolsa de costado y un capote-manta en época de invierno»[88] o, en su defecto, debía incluir un mono de trabajo, y siempre un par de mantas para el invierno. Prendas que, según se desprendía del informe oficial realizado por el Ministerio del Ejército, los propios prisioneros rompían para no poder salir a trabajar. Prendas que, además, servían como materia para comercios ilegales con la población donde se asentaba cada Batallón, aprovechándose del estado generalizado de escasez material que caracterizó la España de posguerra. Pero en el campo Miguel de Unamuno, ante todo, se centralizaron las revisiones médicas de los prisioneros trabajadores. Entre abril de 1940 y noviembre de 1942, fecha esta última significada por la clausura de la Jefatura de Campos, habían pasado 5214 prisioneros por el campo, de los cuales 1762 eran extranjeros, para determinar los grados de «inutilidad para el trabajo» derivados de accidentes en el trabajo, heridas de guerra, enfermedades o malformaciones congénitas.

Sin embargo, no por provisional fueron buenas las condiciones de estancia de los prisioneros en el Miguel de Unamuno. De hecho, el sistema concentracionario, aunque drásticamente reducido y trasladadas sus funciones a los batallones disciplinarios, fueron foco también en posguerra de infecciones e insalubridad. El caso mejor conocido es el del campo de Reus, al que se hubo de renunciar en 1942 ante la epidemia de tifus que aquejó a unos 300 internos, tenidos en cuarentena[89]. El jabón, elemento fundamental para el mantenimiento de la higiene de los internos, había sido esquilmado, desconociéndose los porqués de tal práctica, clave para la difusión de la enfermedad en el campo[90]. En una visita a la 4.ª RM —además de al campo de Reus y a la Comisión Receptora de Figueres, a los BDST 18 (Cherta, Tarragona), 19 (Pobla de Lillet, Barcelona), 42 (Girona), 43 (Barcelona), 44 (Vic, Barcelona), 46 (La Escala, Girona) y 48 (Sarria de Ter, Girona), así como a los trabajos en las excavaciones de Ampurias, en malas condiciones—, César Mateos pudo comprobar cuán deficientes eran las condiciones de los internos. La escasez y falta de aptitudes de los cuadros de mando, así como de los soldados de escolta, obligaron a someterles a un «serio correctivo» y a recordarles que su labor era fundamental para la Nueva España, en cuanto que eran elemento imprescindible para la «mejora ideológica» de los soldados trabajadores. A esas deficiencias se sumaba la carencia de capellanes y la mala alimentación.

Tal vez ese viaje de inspección fue el que determinó la decisión de César Mateos de acabar definitivamente con el mando militar de los soldados movilizados por la República durante la guerra, y terminar por fin con un proceso administrativo largo, chirriante y muy por encima de las capacidades reales del Ejército de Franco. En ese año se consideró que cuantos republicanos estuviesen en edad militar y no hubiesen regularizado su situación en la Nueva España de Franco ya habían pasado por las diferentes modalidades de la justicia militar, en forma de tribunales, comisiones clasificadoras o trabajos forzosos. En 1942, por tanto, se puso fin a la detención anómica e ilegal de los soldados españoles y a su empleo en trabajos forzosos, generalmente sin saber su fecha de finalización, para dejar en el paisaje solamente a los penados trabajadores, aquellos sobre los que recaía una pena judicial precisa y que descontaban pena con el trabajo. Y, de tal modo, el cierre de unidades de soldados republicanos, iniciado de manera sumarial en noviembre de 1941, tomó el impulso definitivo en 1942 hasta llegar a la clausura de la Jefatura de Campos y Batallones Disciplinarios.

La situación en noviembre de 1941 era la de la reciente clausura de los campos de Rota, Ceuta y Palma de Mallorca, de la Subinspección de la 3.ª RM, de los campos para prisioneros de la guerra civil, de todas las comisiones de clasificación, de los BDST de los números 51 a 74 y del 75 al 100 (salvo el de Las Palmas), y de los BB. TT. relacionados en nota[91]. De tal modo, seguían bajo mando de la Jefatura los campos de Reus, Miranda, Miguel de Unamuno, los hospitales penitenciarios de Zumaya, Pamplona y Barcelona, así como los siguientes BDST, empleados en su gran mayoría en obras militares de fortificación en los Pirineos y el Estrecho de Gibraltar, como medio de defensa ante posibles ataques o invasiones territoriales en el contexto de la segunda guerra mundial, así como para preparar una «Operación Félix» destinada a invadir el Peñón con el apoyo de las tropas nazis.

De entre los trabajos militares realizados por los Batallones Disciplinarios, cabe destacar la llamada «Línea Pirineos», destinada a fortificar la frontera ante las victorias aliadas de 1942. A principios de ese año, más de un millar de soldados trabajadores eran empleados en la construcción de búnkeres y nidos de ametralladoras que evitasen un internamiento en el territorio nacional[92]. Asimismo, a lo largo de 1942 fueron trasladados de lugar, también por motivos defensivos, buena parte de los Batallones ubicados en las zonas andaluzas y marroquíes, pero sin cambiar ni su numeración ni su función defensiva preventiva. En junio se clausuraron los Batallones 42 y 44 y, en octubre, los números 3, 7, 8, 11, 12, 29, 41 y 51, amén de una nueva redistribución para dotar de soldados trabajadores para fortificaciones a las provincias de Málaga, Logroño, Sevilla, Soria y Guadalajara.

La situación de la población prisionera nacional a cargo de la Sección Décima de la Dirección General de Servicios del Ministerio del Ejército quedaba, a mediados de 1942, conformada por 46 678 soldados trabajadores clasificados desafectos; 357 trabajadores «emboscados»; y 551 en el BDST 75 de Palencia y 74 en Miranda de Ebro, sancionados por la Fiscalía Superior de Tasas por delitos monetarios. En esa fecha, además, existían 139 prisioneros extranjeros de la guerra civil en Miranda de Ebro, así como 1161 refugiados políticos y doce pendientes de expulsión, pero como pronto se comprobará, esa cifra no era sino el reflejo puntual de la situación de los internos en el campo burgalés. El número de refugiados provenientes de Francia que pasó por Miranda de Ebro supera, muy largamente, la escasa —aunque significativa— cifra dada por la Jefatura de Campos y Batallones Disciplinarios para julio de 1942. Sumados unos y otros, nacionales y extranjeros, eran casi 49 000 los «irregulares» en España sometidos a régimen concentracionario y de trabajos forzosos, ante todo internos en los 51 BDST (45 457) donde se cumplía con la «mili de Franco», el paso obligatorio por filas para poder formar parte de la comunidad española.

Hubo más campos de concentración para internos españoles así denominados en la España de Franco. La DGS, en particular, habilitó desde 1940 y con la mano de obra de varias compañías de trabajadores el campo de Nanclares de la Oca, anejo a una cantera en el término municipal de Garabo y construido en forma de panóptico, y allí fueron trasladados durante toda la segunda guerra mundial nacionales y extranjeros considerados «indeseables»: unos, por dudosas cuestiones políticas y de orden moral; otros, por haberse cursado su orden de expulsión de España y no haber accedido a ella. Con ocho barracones en forma trapezoidal de manera que las entradas quedasen dirigidas todas hacia el mismo punto (una torreta de vigilancia se emplazó en el vértice del triángulo que idealmente formaban) y una doble alambrada de espino (amén de los tradicionales emplazamientos de ametralladoras), el campo contaba con unos servicios indispensables, como la enfermería, pero también con otros impensables para un campo de prisioneros de guerra, como celdas de castigo construidas previamente. Como resultado de su utilización, y en particular de los trabajos en la cantera, el libro de enfermerías del campo registró 81 fallecimientos[93]. Del campo de Nanclares trataré al explicar el internamiento y trabajo forzoso de los refugiados extranjeros en España, y si no se detalla en principio más es porque no existe documentación que testimonie sobre el internamiento de españoles «corregidos» por la Ley de Vagos y Maleantes, porque éstos dependerían de instituciones civiles, y porque su construcción se ejecutó con mano de obra penal.

La orden del 28 de octubre de 1942 supuso la disolución de la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios, y entró en vigor el 15 de diciembre de ese año, con la incorporación «a las Unidades del Ejército del personal de los batallones de trabajadores», salvo el penado y los sancionados por la Fiscalía General de Tasas. Se señalaba allí que el Miguel de Unamuno sería cerrado, quedando tan sólo Miranda de Ebro, bajo el mando de la 6.ª RM, pero para entonces su población, como se verá a partir del próximo capítulo, era sustancialmente diferente. Eso supuso el fin del poder militar, a nivel institucional, sobre los prisioneros de guerra, al cerrarse los BDST. Por más que, pasado 1942, aún se hallen huellas de juicios militares y consejos de guerra por delitos derivados de la guerra civil, lo cierto es que ese año marcó la retirada del Ejército de la pugna entre tres ministerios, Gobernación (DGS y RR. DD.), Justicia y el propio Ejército por el control de la población española que hubiese combatido en el bando republicano. Esto es, más de tres años después del final retórico de la guerra se daba por terminada la depuración militar de los soldados del Ejército Popular.

Por ese motivo, porque existieron hasta esa fecha soldados bajo su jurisdicción, la ICCP, reconvertida en JCCBD, se mantuvo en vigor hasta 1942: su cierre estuvo marcado por el fin de sus competencias sobre los soldados republicanos clasificados y puestos a trabajar sin pena judicial. Con la reconversión en posguerra de los Batallones de Trabajadores en Batallones Disciplinarios, realizada para cumplir con la normativa que obligaba a los soldados republicanos a realizar el tiempo de servicio militar hecho bajo el control republicano durante la guerra civil —y que no fue reconocido por el Estado—, la JCCBD aún mantuvo su control sobre militares que debían responder por su actuación durante el período bélico. Los campos de la guerra civil, independientemente de los que fueron mantenidos para internar a los refugiados de la guerra mundial, duraron hasta 1942: hasta que el último soldado republicano hubo cumplido su «deber patriótico» de internamiento, clasificación y trabajo forzoso extrajudicial. Mas no por ello se finiquitó, como se ha señalado, el empleo de mano de obra forzosa, toda vez que las necesidades de ella para el Ejército, lejos de disminuir, aumentaban, debido a la situación de guerra internacional. Además, seguían ingresando progresivamente y en función a la presión alemana sobre la frontera pirenaica grupos de soldados entre los que había muchos españoles a los que había que clasificar y depurar.

Tanto es así, que durante el año de 1944 hubo abundantes proyectos para la instalación de campos de concentración no sólo para internar a los refugiados provenientes de Francia, sino también a esos grupos de exiliados que tomaban el camino de regreso a través de las redes clandestinas de penetración en el país. Y, claramente, existía un problema para la España de Franco, el de la lucha armada guerrillera, el maquis en guerra contra el fascismo en Europa y contra el franquismo en España. No es fácil, sin embargo, dictaminar el grado del impacto del fenómeno maquis sobre el sistema concentracionario. Lo que sí es cierto es que no parece que los guerrilleros fuesen tratados del mismo modo que los refugiados extranjeros o los soldados republicanos y que, por tanto, no fueron internados en campo o batallón alguno, sino que más bien su sino fue el del juzgado militar. Los campos proyectados en Arévalo, el Valle de Montblanc, Calatorao o el Monasterio de Uclés (Cuenca) jamás fueron puestos en funcionamiento, aunque allí se trasladasen barracones, ingenieros, bombas de agua, maderas, hierros, uralitas y trabajadores. Desde 1942 la mano de obra forzosa en la España franquista sería exclusivamente penal y no prisionera, acabando por fin y en teoría con el régimen de pseudolegalidad que abarcaba el internamiento forzoso sin causa judicial y a los trabajadores depurados que dieron su trabajo para la reconstrucción de un país devastado por una guerra que, no lo olvidemos, había comenzado seis años antes con un golpe de Estado propiciado por los vencedores en 1939.

¿Completamente? Ni mucho menos. Al citar el documental Prisioneros de guerra, realizado en San Pedro de Cardeña para dar propaganda al apresamiento de internacionales, he citado la situación de quien fuera uno de los internados que pasó más tiempo —junto con los yugoslavos Yugomir Thomsic y, por encima de todos, Ivan Bircic— en campos de concentración y trabajos forzosos, el chino Chang Aking. En junio de 1943, los 139 internos extranjeros de Miranda que provenían de la campaña bélica se habían reducido a 27, abandonados por sus legaciones diplomáticas; cuando, el 22 de junio de 1943, se decidió que debían ser expulsados del país, obteniendo paulatinamente y por fin sus cartas de libertad, acumulaban entre todos, teniendo en cuenta que 1940 fue bisiesto, un total de 49 770 días de apresamiento. Es decir, más de 136 años y 4 meses de reclusión, trabajos forzosos, internamientos, traslados, pulgas, maltratos, reeducaciones. Y sin ninguna pena judicial interpuesta. En ese año de 1943, los nombres, países de procedencia y fecha de captura de los decanos en los campos franquistas eran:

De hecho, para 1942 el sistema concentracionario franquista hacía poco que tan solo había atravesado el ecuador de su historia. El internamiento forzoso en campos de concentración y, en particular, en Miranda de Ebro, de los refugiados políticos provenientes de Francia desde 1939 y hasta 1947 trajo consigo el mantenimiento de unas dinámicas e incluso de unas inercias adquiridas en un largo aprendizaje de política reclusoria. Paralelamente al internamiento de republicanos en posguerra, e incluso superándolo en el tiempo, la detención en campos de concentración de franceses, polacos, checos, ingleses, judíos considerados apátridas y hasta de alemanes antifascistas y pertenecientes al NSDAP supuso en muchos aspectos la continuación de una política, la de regular mediante la detención preventiva en campos de concentración a los soldados y personal en edad militar, desarrollada y perfeccionada en tiempos de guerra civil. Primero de modo anómico, después pseudolegal, pero siempre tomando como punto de referencia la necesidad de excluir, reaprovechar y reeducar a los disidentes de la Nueva España, durante los siete años en los que los soldados republicanos fueron sometidos al régimen de campos de concentración y trabajos forzosos no penales, hubieron de saber la diferencia entre una teoría, que decía que «nadie [en la España franquista] será privado de libertad por actividades criminosas más que el tiempo necesario para su corrección y reeducación»[94], y una realidad de detención irregular y en condiciones de vida lamentables, muchas veces sin fecha límite, sometidos a la humillación de los programas de recatolización y «desmarxistización» que no eran sino la traslación, en el plano concreto, de toda una retórica de exclusión de la comunidad nacional de sus miembros enfermos.

6. Campos para una guerra mundial

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Campos para una guerra mundial

1940-1943

UNA DE LAS LÍNEAS DE CONTINUIDAD más relevantes entre la historia concentracionaria franquista durante la guerra civil y la posguerra, y la de la segunda guerra mundial, es que en ambos casos los internados fueron perdedores. Desde el estallido del conflicto mundial en 1939 hasta su fin en 1945 pasaron ante todo por Miranda de Ebro, aunque también por Molinar de Carranza, el Balneario de Sobrón o Nanclares de la Oca, millares de internos huyendo de las tropas invasoras alemanas primero, huidos de campos de concentración para prisioneros aliados después, o alemanes y colaboracionistas, algunas veces también huidos de campos —esa vez, sin embargo, campos de los maquisards y los aliados—, que obligaron en las postrimerías de la historia del campo de Miranda a duplicarlo administrativamente, entre el «campo aliado» y el «campo alemán». Durante la posguerra española se mantuvo la premisa, ya observada para los soldados republicanos con el internamiento en los BDST, de que toda persona en edad militar y situación irregular dentro de la España de Franco estuviese bajo el gobierno del Ministerio del Ejército. Y eso, añadido a factores políticos que se explicarán, sirvió también para los refugiados extranjeros. Los no españoles, independientemente —en principio— de su nacionalidad, su raza o su religión, si eran varones y tenían entre veinte y cuarenta años, serían también internados en los campos dependientes del Ejército. En una sociedad uniformada como la de la España de posguerra, con un Estado nacido al calor de las batallas de una guerra civil, los campos de concentración fueron el ineludible limbo donde recluir (y excluir) a los «irregulares».

Para conocer con exactitud el número de refugiados que fueron internados en Miranda durante los años de la segunda guerra mundial habría que realizar un trabajo muy por encima de las posibilidades de esta investigación, y sería el de analizar todas las fichas personales (más de 15 000) de extranjeros depositadas en el AGMG para cruzarlas después con las largas listas de internados y liberados y que se hallan entre la vasta documentación del AMAE. Obviamente, los listados superan largamente esa cifra de 15 000, puesto que, además, hubo muchos internos a los que no se les abrió expediente administrativo. Por otro lado, las cifras que puedan deparar los listados del AMAE son, en principio, equívocas. Incompletas, desordenadas y caóticas, según para qué embajada o legación internacional en España se daban los listados de internos para los que se pedía la libertad, los de trasladados a Miranda —sin duda, los más incompletos—, o los de liberados efectivos o no. Sin un criterio único y sin que las tablas que de vez en cuando se ofrecen —y que dan la situación en un momento determinado— señalen tiempos de estancia o cuántos de los registrados lo eran también en listados precedentes, no es sencillo dar una valoración del número de internos de Miranda de Ebro entre 1939 y 1947 y, sobre todo, entre 1939 y 1945. No se han localizado estadillos sobre altas y bajas mensuales —como sí que existen, por ejemplo, del San Pedro de Cardeña de la guerra—, con lo que el riesgo de contar dos o más veces a un mismo internado solamente sería soslayable con una investigación monográfica que se permitiese el tiempo y la paciencia de cruzar todos los datos existentes. Y, aun así, la cifra que resultaría simplemente estaría cercana a la realidad, pero no podría considerarse en modo alguno absoluta.

A casi sesenta años del cierre de Miranda y sin que haya habido un sólido trabajo específico —ahora se están desarrollando investigaciones parciales por grupos de nacionales— sobre la historia de ese campo durante la segunda guerra mundial, la historia de los europeos y americanos internados en España sigue siendo por tanto un ángulo oscuro, aunque cada vez menos, en la general y bien conocida historia del conflicto bélico y, en particular, de los cientos de miles de prisioneros de guerra, refugiados y desplazados forzosos que aquél generó. Extraer de las montañas de documentación sobre Miranda una historia concreta del campo es una difícil tarea que ha logrado meritoriamente la única monografía existente sobre el campo. Sin embargo, ni las actualmente en curso, ni las ya publicadas, ni esta misma investigación podrán ser jamás completas y conclusivas, aun acercándose mucho a las complejas realidades de un campo que simboliza no ya sólo la posición española frente a la segunda guerra mundial, sino también los miedos de los refugiados, las ansias de huida y refugio, los deseos de continuar el combate contra las potencias invasoras de Europa.

La historia de los internados en los diferentes campos y centros de refugiados en España durante la segunda guerra mundial debe, a todas luces, ser observada desde varias perspectivas complementarias. Una es la de la situación internacional en época de conflicto bélico, y en particular la situación del continente europeo y del Norte de África, zona natural de influencia recíproca con España, en las diferentes fases del mismo. Otra, la de la política interna en España, un país devastado por la guerra cuyos cambios ministeriales, políticos, estratégicos, revelaban un deseo de mantenerse en el poder por parte de la coalición vencedora de la guerra fratricida: un deseo que se pone en relación con las diferentes estrategias y apoyos internacionales que tuvieron consecuencias directas en la vida concentracionaria. Y, por último pero no menos importante, la de esas estrategias en política internacional española, que a grandes rasgos han sido descritas en fases de neutralidad, no beligerancia y de nuevo neutralidad en la guerra mundial —si bien sean necesarios matices, como el de la situación de (y políticas para con) los internados extranjeros—, y que desde 1945 tuvo un epílogo en el internamiento, ocultación o deportación de nazis y colaboracionistas con el régimen nacionalsocialista y sus «estados títere». En las próximas páginas se van a observar estas líneas, muy conocidas y bien investigadas, desde dentro de las alambradas de los campos de concentración de Franco: un tema menos frecuentado, sobre el que se han vertido opiniones dispares —no siempre acordes con la realidad que se observa a la luz de la documentación— y que, en muchos momentos de esta larga (1939-1947) historia, fueron objeto de capital importancia y representación clara de la posición de España frente al conflicto bélico mundial.

1. ESPAÑA Y LOS CAMPOS DURANTE LA «TENTACIÓN DEL EJE» (1939-1941)

Desde la victoria franquista al estallido de la conflagración mundial pasaron tan sólo cinco meses. Desde el inicio de ésta hasta la destitución de Serrano Súñer en la cartera de Asuntos Exteriores, treinta y seis. Estos meses (y ante todo los de 1940), definidos por la historiografía como de «tentación del Eje» en referencia a las posibilidades para que España entrase en guerra, resultan estar entre los más polémicos de la historia de las relaciones exteriores españolas. Como han señalado los más solventes estudios sobre la posición de España —un país, no lo olvidemos, depauperado: en enero de 1941 se llegó a ordenar el racionamiento del pan[1]— durante los primeros dos años de contienda mundial, ideológica y políticamente, así como por su evidente deuda en la victoria de la guerra civil, el Nuevo Estado estaba claramente situado al lado del Eje encabezado por la Alemania nazi; mas su situación desastrosa en el interior, resultado precisamente de las consecuencias de conflagración fratricida, así como de los diferentes posicionamientos dentro de la coalición vencedora en el poder, impedía un claro alineamiento bélico. La neutralidad ante el inicio de la segunda guerra mundial (acentuada por el pacto germano-soviético) se tradujo en 1939 en un acercamiento a Italia para tratar de impedir la extensión del conflicto[2]. Pero cuando la Alemania nazi rompió el frente occidental en mayo de 1940, y el 10 de junio la Italia de Mussolini entró en guerra al lado de Alemania, las cosas cambiaron para Franco.

Su paso de la neutralidad a la no beligerancia, de facto una prebeligerancia con claras tendencias pro Eje (incluida su entrada efectiva en el Pacto de Acero entre Alemania e Italia), implicó para España «servidumbres de extraordinaria gravedad en el campo policial, en los servicios de información»[3] con respecto al Eje germano-italiano. Los deseos de que Hitler hiciera un sitio a las reivindicaciones españolas para el reparto de un supuesto botín en forma de posesiones territoriales (en África y, por supuesto, Gibraltar), sin embargo, resultaron completamente inútiles. España no entró en la guerra ni tras las visitas de Serrano Súñer a Alemania, ni tras su devolución por parte de Himmler, ni tras el ascenso del cuñado de Franco a la cartera de Exteriores a finales de 1940, ni tras la tan manida entrevista de Hendaya entre Franco y Hitler en la cual el primero hubo de firmar un protocolo de entrada en el Pacto Tripartito de septiembre de 1940 entre Alemania, Italia y Japón. Y no fue porque el dictador gallego no lo desease, ni porque se resistiese a las presiones del segundo, sino porque Alemania veía en España y en sus demandas un problema y no una solución. En el curso de la segunda guerra mundial, Franco comprendería el límite a sus aspiraciones y, entonces, «con su infinita capacidad de amoldarse sobre la marcha» optaría más por mantener su absoluto poder en España[4].

Pero independientemente del resultado efectivo de los coqueteos y aspiraciones franquistas, parece claro que ante los avances alemanes en Europa y África, y con la ocupación de Grecia, Franco estuvo tentado de entrar en guerra al lado de Italia y Alemania. Y en este marco de prebeligerancia (no se interviene en la guerra pero sí se apoya a un bando), que tuvo serias oposiciones políticas dentro y fuera del país —en particular, el rechazo de los militares «monárquicos» como Aranda, Orgaz o Kindelán, apoyados por las naciones aliadas— pero que delineó un reajuste en las relaciones bilaterales entre la Alemania nazi y España, debemos enmarcar esta primera fase del internamiento en campos de concentración franquistas de refugiados provenientes del extranjero[5]. Mientras Serrano Súñer, a la cabeza de los germanófilos, se mantuvo en la cartera de Asuntos Exteriores, e incluso antes con Beigbeder, la política para con los refugiados internados de los países beligerantes enfrentados a Alemania fue la de retención sitie die e incluso de entregas a los nazis en la frontera con la Francia ocupada.

Ciertamente, el estatus no beligerante sirvió a la España de Franco para desarrollar una estrategia de doble rasero. Con Serrano, se realizaron acuerdos comerciales con Gran Bretaña y Estados Unidos; y, más importante aún para este asunto, hubo ambigüedades como la de permitir en Madrid representaciones diplomáticas oficiales u oficiosas de países ocupados por el Tercer Reich. Sin embargo, en lo respectivo a los refugiados de los países beligerantes, que empezaron a llegar a territorio español desde el inicio de la contienda en busca de asilo político, el apoyo al Eje fue incondicional. A fin de cuentas, muchos eran soldados que podían integrarse a sus países y, por tanto, a los ejércitos en combate contra Alemania. Auspiciadas por Serrano, las entregas de internos refugiados en España fueron parte de la política de ayuda al Eje, siendo la única alternativa la de la retención en privación de libertad. Franceses, polacos, húngaros que huían de la ocupación alemana fueron entregados a los soldados alemanes, atravesando el Bidasoa para no volver.

Lo cierto, sin embargo, es que fue este un problema que alcanzó mayor magnitud a partir de la segunda mitad de 1940, con el armisticio de Francia, y en 1941. Hasta 1940 el internamiento de extranjeros tuvo por objeto —y motivo de preocupación, como se ha visto en el capítulo anterior— más a los miembros de las BB. II. en Belchite y Miranda que a los nacionales de los países en guerra, si bien existen indicios de que la nueva preocupación, y la nueva política concentracionaria, tendrían por objeto a los refugiados extranjeros. La mayor preocupación española en 1939 y 1940 fue, por tanto, la de los extranjeros prisioneros de la campaña civil, a los que paulatinamente empezaban a sumarse refugiados franceses, ingleses o polacos, civiles o militares. Declarada la guerra mundial en septiembre de 1939, los internos en Belchite de países beligerantes fueron mirados con suma atención en aras de no permitírseles la reincorporación a sus respectivos ejércitos nacionales, sobre todo si se trataba de países ocupados por el Eje o combatientes contra él. De tal modo, los prisioneros alemanes, italianos, austríacos, checos y balcánicos, que sumaban más de 150, no llegaron a ser asistidos por la CRI, y pidieron a los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos el asilo político. Aunque, posiblemente, el caso más sangrante fuese el de los internos franceses: en el siguiente cuadro, de mayo de 1940, puede comprobarse que se trataba del grupo nacional más numeroso con gran diferencia, entre los 443 internos en el Grupo de Trabajadores Internacionales de Belchite.

El internamiento de extranjeros por delitos «en cierto modo políticos» hubo de ser tratado, no obstante, con suma cautela por su impacto en el orden internacional. La «conveniencia nacional», señalaba un asesor del Ministerio del Ejército a su jefe, obligaba a que los trámites penales no fuesen exactamente los mismos que en caso de «delincuentes» españoles, por lo que cierta «flexibilidad» hubo de ser demandada de manera urgente a las esferas judiciales: permitir la liberación de campos de concentración y la expulsión del país para los internos sin procedimientos judiciales abiertos, el sobreseimiento de las penas por adhesión o ayuda a la rebelión o el indulto por parte de Franco para los encartados, con la consiguiente expulsión de España, ayudaría a limar las «dificultades para nuestras relaciones internacionales». Pero, como era habitual y habían denunciado los propios trabajadores extranjeros de Belchite, sin un criterio único para todos; esto es, de manera arbitraria. Los internos franceses de Belchite y Palencia fueron progresivamente reducidos de 81 a 54 entre mayo y agosto de 1940, pero no con la repatriación sino, además, con el traslado al campo de concentración de Miranda de Ebro[6].

No obstante se ordenase que los prisioneros no sujetos a causas judiciales fuesen puestos en libertad y expulsados del territorio nacional, «siguiendo el criterio de benevolencia que inspira todos los actos del Jefe de Estado, aun con aquellos extranjeros que han hecho armas contra la España Nacional», lo cierto es que ésta se tramitaría con gran lentitud, hasta el punto que las primeras liberaciones, diez del Batallón 27 —trasladado a Palencia tras la fusión del Grupo de Extranjeros y el Grupo de Nacionales de Belchite en febrero de 1940— y catorce del 75 de Belchite, no se dieron hasta finales de enero de 1941, y no fue hasta junio de ese año cuando salieron de España los últimos internados franceses sin pena judicial, tres de Belchite (Raymond Alexandre Borull, Nicolás Izquierdo Soles y Laurent Ruiz Antonio) y dos de Palencia (Joseph Adel y Jean García). Aunque, en realidad, no sería demasíado diferente de la suerte corrida por los miembros de otras comunidades nacionales: la liberación en agosto de 1940 de los dos ingleses de Belchite fue rechazada por no poderse comprobar su nacionalidad —se creía que eran españoles inscritos con nombre falso—, y dos de los cuatro suizos no abandonaron el Batallón hasta marzo de 1941, dos meses antes que los últimos cuatro griegos y uno antes que los últimos 16 húngaros con responsabilidades derivadas de la guerra civil, dos años después de su finalización[7].

En 1941, sin embargo, ya no existiría diferencia explícita entre los encausados por motivos derivados de la guerra civil y los refugiados políticos en España que huían de la segunda guerra mundial. Pero sus situaciones no eran por entero iguales: mientras los segundos eran internados sobre todo en Miranda de Ebro, los primeros habían contribuido a crear uno de los símbolos más importantes, uno de los lugares de la memoria victoriosa —y también de la humillada— de España: el Pueblo Nuevo de Belchite. En diciembre de 1941, todos los internacionales internados en Palencia fueron trasladados definitivamente a Miranda de Ebro. Para entonces, el gran bloque de detenidos respondía a otro de los graves conflictos internacionales que hubo de afrontar la España franquista: la entrada de refugiados por la frontera con la Francia de Vichy.

Y es que, como puede verse, la mayoría de los grupos nacionales con verdaderos problemas para su repatriación habían visto que sus países eran ocupados por el Tercer Reich alemán durante el período de su internamiento. Tal era la gravedad de la situación que se llegó a pedir el envío de los yugoslavos de Belchite, entre otros, a América del Sur o a Estados Unidos en 1941. Y es que, desde luego, algunos precedentes inmediatos no resultaban de lo más alentador. En junio de 1939, por ejemplo, el propio general Franco había decidido personalmente que ocho prisioneros de guerra internados en San Pedro de Cardeña fuesen entregados a los nazis, aun cuando José Rojas, jefe del Servicio Nacional de Política y Tratados del MAE, había expuesto sus dudas a la «entrega lisa y llana de los citados prisioneros sin cerciorarse antes de la suerte que les espera», sensible a las críticas inglesas de «enviar al sacrificio a seres indefensos»[8]. Por supuesto, decía, era difícil denegar «a un país amigo la entrega de sus nacionales». Pero si eso implicaba la pena de muerte, se incurriría en un triple error: el de subvertir los principios de las extradiciones; el de dar pie a una campaña negativa de prensa; y, sobre todo, el de rebajar la potestad española: «si innegablemente somos nosotros los más ofendidos —decía— y no hemos aplicado la última pena a los que contra nosotros combatieron, no parece lógico admitir que sean objeto de ella por parte de su país originario y por sólo razones ideológicas o políticas». Eso era aún 1939. De su puño y letra, Jordana escribió: «S. E. el Generalísimo ordenó se entreguen».

¿Qué tipo de refugiados hubo, pues, en España antes del armisticio francés de junio de 1940? Básicamente, grupos de civiles de los países ocupados por Alemania y grupos de soldados aliados. Algunos de los primeros franceses que cruzaron la frontera, como Marius Postiglioni, E. Laforge y Juan Azam, fueron internados en Figueres, luego en Miranda de Ebro y, más tarde, en Belchite, junto con los restos internados de las BB. II[9]. Se les mezclaba, por tanto, con el resto de extranjeros ya que en España no se dictó ningún tipo de política de extranjería destinada a impedir la entrada de no españoles por la frontera bélica, los Pirineos. Y tampoco parecen ser demasiados. Los refugiados que pasaron la frontera en 1939 y 1940 han dejado, sin embargo, considerablemente poca documentación sobre su estancia en España, si lo comparamos con las montañas de papeles que pueden consultarse desde 1941. Aun así, la historia de algunos grupos de evadidos —que suelen ser caracterizados por nacionalidades y, en el caso particular de los judíos, por religión— es más conocida en estas fechas que las de otros. En particular, existe una no amplia pero sí significativa bibliografía sobre los primeros judíos belgas y polacos que lograron alcanzar la frontera huyendo de la presión de las tropas alemanas sobre sus países[10].

Y también se conoce la reacción de la administración franquista en los últimos meses de 1940: ante la progresiva entrada de refugiados por la frontera española, fue necesario establecer la clasificación de los refugiados extranjeros en dos grupos, los procedentes de países beligerantes que habían cruzado la frontera «constituyendo núcleos militares organizados y armados», y los militares o civiles de cualquier país que no pasasen armados. Los del primer grupo quedarían como internados en campos de concentración, ya que la decisión tanto del MAE como de Ejército fue la de seguir al pie de la letra los artículos 11 y 12 del Convenio V de La Haya, que regulaban el asilo en país neutral de las tropas fugitivas de un país beligerante, previendo su internamiento en «campos, fortalezas o en otro lugar apropiado»[11]. Es decir, desde el principio la solución adoptada por el gobierno español ante la entrada de refugiados fue la de su división entre militares o no, para internar a los primeros en campos de concentración y pasar los segundos (así como los considerados «indeseables», en particular los que se negasen, como italianos o alemanes, a la expulsión del país porque su situación política les comprometía en los de acogida) a depender de la administración civil, concretamente de la Dirección General de Seguridad. Fue por tanto la presión militar alemana sobre Francia la que vino a trastocar completamente lo que desde 1939 había sido un lento laissez faire que no ponía en demasiado compromiso la posición española, permisiva hasta 1940 —con excepciones, como los internos entregados por la frontera de Irún— con la estancia de refugiados.

Esta orden, divulgada para intentar homogeneizar la actuación de los diferentes poderes responsables de los extranjeros en España, tenía sin embargo un antecedente en junio de 1940: el permiso a los capitanes generales de las diferentes regiones militares, ante el armisticio francés y siendo aún Juan Luis Beigbeder ministro de Asuntos Exteriores, para la instalación de campos de concentración «a fin de evitar la infiltración de elementos extranjeros sospechosos en territorio español»; permiso empleado para acordar el uso de Miranda de Ebro, con fecha de 4 de julio de 1940, para los súbditos extranjeros ingresados en territorio nacional «sometidos a un régimen similar al de los prisioneros extranjeros de la Campaña», si bien debidamente instalados en pabellones independientes, «sin efectuar trabajo alguno y con la debida diferencia entre Oficiales y Tropa de aquellos que lo fuesen en los Ejércitos extranjeros, gozando los primeros de la condescendencia debida a su graduación». Por ello, los 443 extranjeros de los que daba cuenta bajo su jurisdicción a 17 de mayo de 1940 fueron trasladados al campo de Miranda de Ebro[12].

De tal modo, a 20 de agosto ya estaba formado el entonces Grupo Especial de extranjeros pendientes de expulsión —procedentes también del BDST 75, de las BB. II., hasta que fuesen entregados a sus representaciones diplomáticas— y en espera de la tramitación de ésta, proceso que a la vista de cierta documentación de 1945 resultaría un completo fracaso. Entre ellos había ochenta y ocho belgas refugiados (primero internados en el Cuartel de Infantería de Orduña). Puesto que en marzo de 1941 tan sólo había ocho internados de ese país en Miranda, cabe pensar que ochenta refugiados fueron entregados a manos alemanas, con un destino más que probable de fusilamiento o trabajos forzosos, o bien simplemente expulsados por la frontera francesa. Aunque, es cierto, ya a finales de 1940 el Consulado General de Bélgica trabajaba por sacar a los internos de Miranda y mandarlos a Portugal. Era el modo de evitar que cayesen en manos alemanas, precisamente de las que habían salido huyendo.

Y es que el problema de los refugiados en la España de Franco tomó cuerpo, realmente, desde junio de 1940, con la invasión alemana de Francia. El ejemplo de los soldados polacos internos en Miranda desde ese año ilustra bastante bien el periplo que muchos siguieron hasta dar con sus huesos allí: las rutas que siguieron para llegar a la frontera pirenaica variaron después de que su país fuera invadido en septiembre de 1939, pero muchos se habían retirado entonces a Hungría, aún país neutral. Allí fueron internados en campos: los países neutrales podían desarmar y confinar a los combatientes de países beligerantes que entraran en su territorio, según las convenciones internacionales en materias bélicas. Pero muchos de los soldados no estaban vigilados por sus guardianes húngaros y se marcharon de los campos de internamiento, llegando hasta Yugoslavia, donde embarcaron con destino a Marsella para unirse a las fuerzas aliadas que estaban combatiendo en Francia. Fue con el armisticio de junio de 1940 cuando los polacos se trasladaron a España: tenían la esperanza de que una vigilancia indulgente similar a la de los húngaros les permitiera unirse a sus compatriotas que habían escapado cruzando el Canal de la Mancha. Pero mientras cruzaban los Pirineos, la Guardia Civil les apresó, comenzando así su internamiento.

Internamiento que, debido al acercamiento germanófilo implícito en la no beligerancia, supuso en más de un caso una auténtica tortura para los refugiados de países ocupados por Alemania o en guerra contra el Eje. Tanto fue así, que en algunos momentos acarreó debates jurídicos sobre el tratamiento de los evadidos en tierra española pertenecientes a las naciones beligerantes[13]. Con fecha de octubre de 1940, se hubo de suspender el convenio con el Reino Unido sobre Gibraltar y la entrega mutua de «reclutas y desertores», que databa de abril de 1838. Al encontrarse en guerra Inglaterra con otros estados, su condición de beligerante alteraba esencialmente las condiciones de «normalidad». Tal y como se decía, el desertor era, en tiempo de paz, un «delincuente con respecto a su Estado nacional y un refugiado político con relación al Estado que lo acoge». Pero en tiempo de guerra, tenía además la consideración de «enemigo para los países beligerantes y en consecuencia, el Estado neutral o no beligerante que lo asila, si lo entregara a cualquiera de los Estados beligerantes realizaría un acto de beligerancia indirecta con infracción evidente de los deberes que le impone la condición jurídica internacional de no beligerante».

Un acto de beligerancia que, de facto, realizaron las autoridades franquistas, anteponiendo su deseo de acercamiento a Alemania sobre su propio estatus jurídico ante la guerra mundial. Así, a la vista del crecimiento ya existente del número de internos provenientes de Francia, en octubre de 1940 se decidió que se expulsaría por fin y directamente a los que no tuviesen abierta causa judicial y pudiesen ser recogidos por una embajada o representación diplomática. Había que dejar sitio a los nuevos internos, dando comienzo así a la larga historia de las repatriaciones, solicitudes de libertad, denegaciones e internamientos indefinidos que marcaría la historia concentracionaria española durante la contienda mundial. En noviembre de 1940 ya se estaban realizando muchas repatriaciones, generalmente mediante el traslado a la frontera con la Francia de Vichy. Tanto era así que, a causa del número considerable de refugiados y prisioneros extranjeros a los que se iba expulsando, no fue posible situarlos en los lugares que convenía a las representaciones diplomáticas por lo que, desde entonces, fueron esas mismas las que sacaron a los internos de Miranda. Lo cual, por otro lado, hubo de retrasar la mayoría de las entregas[14].

Los primeros internados franceses en Miranda de Ebro, «fugitivos que habían pasado la frontera en condiciones irregulares pero que no habían cometido delitos políticos ni de derecho común», estaban esperando su liberación en noviembre de 1940. Sumaban tan sólo 150 y fueron expulsados de España a principios de 1941, cuando hacía dos meses y medio que el germanófilo Serrano Súñer había accedido a la cartera de Exteriores[15]. Y también de principios de 1941, exactamente del 1 de marzo, data la primera lista numérica de internos por nacionalidades en Miranda de Ebro, señalados como refugiados: se trataba de la exigua cifra de 410, en la que aún no se incluía a los apátridas (que, como tendremos ocasión de ver, solían ser judíos que habían perdido la nacionalidad por las leyes raciales del Reich). Su distribución era la siguiente[16]:

Hay que tener, no obstante, en cuenta que las cifras de internamiento variaban casi todos los días (los belgas, a 20 de enero, eran 14). Entre otras cosas, porque las repatriaciones —como las de los súbditos belgas— se realizaban con cierta celeridad, como muestran algunos documentos del Ministerio del Ejército. A este total de 410 se les aplicó la normativa vigente de actuación, redactada ante las quejas del gobierno inglés por el trato recibido por cuatro de sus súbditos en la frontera pirenaica, a quienes en el puesto de la Guardia Civil de Bielsa se les habría amenazado con la entrega a los nazis. Y es que según el derecho internacional no era posible devolver a los evadidos ni a Francia ni, sobre todo, a Alemania. No obstante, parece que de nuevo todo lo que sonaba a derecho, si bien ministros como Jordana trataron en todo momento de rectificarlo, era tenido como curiosidad menor ante las actuaciones cotidianas. Al menos en lo que respecta a los evadidos de Francia, refugiados de guerra, y sin embargo tratados como prisioneros. El paso a España de esos extranjeros —y de los nacionales— desde Francia dependía, según tal normativa, de dos puntos fundamentales: si se era de nacionalidad española, con visados de embajadas o consulados españoles en el extranjero, el paso era libre. Lo mismo si no se tenía por falta de tiempo, o por las circunstancias en el país vecino, pero demostrasen su fervorosa adhesión al Movimiento. Pero a los documentados sin pasaporte ni avales se les retenía vigilados y, si al cabo de un tiempo prudencial no los conseguían, se les trasladaba «a campo de concentración», al igual que a los documentados o indocumentados potencialmente sospechosos. Merece la pena, además, reseñar una frase de esta confusa orden: «Los súbditos españoles, hembras, comprendidos [sic] en cualquiera de los apartados anteriores, se les dejará en libertad, a no ser que susciten sospecha de ser rojas», por lo que pasarían a cárcel[17].

Si en cambio se trataba de personal extranjero, los documentados con visados españoles podían pasar libremente, al igual que los que no los tuviesen pero sí un certificado de residencia en España (un contrato de trabajo, un certificado de una alcaldía, un aval de negocios o cuentas bancarias), o una familia propia en España, para lo que bastaría con una carta del cabeza de familia visada por la autoridad civil o militar. Los que no tuviesen ni cartas, ni negocios, ni familia, ni visados, fuesen considerados sospechosos, o fuesen desertores del Ejército aliado, serían obligados a pasar de nuevo la frontera sin ser entregados a autoridad alguna, simplemente rechazados. Al menos en principio y en teoría, pues la práctica del internamiento en Miranda de Ebro demostró que ni era tan sencillo retener en la frontera a los súbditos extranjeros, ni tan fácil hacerles volver a pasar la frontera. A través de la Francia ocupada y, por tanto, por la frontera de Irún, las buenas relaciones españolas con Alemania favorecieron que, por ejemplo, en enero de 1941 fuesen entregados a los nazis 14 belgas —pedidos en diciembre de 1940—, y que entre junio y julio de 1941 20 internados en Miranda desde mayo, entrados clandestinamente en España, tomasen el camino de la frontera de nuevo. Asimismo, tras pasar por Orduña, 41 marinos de ese país ocupado fueron entregados por el puente internacional fronterizo. A un refugiado chino, Ah Toa-Ug-Toheng, se le «colocó» directamente en la frontera por la que penetró clandestinamente, al no tener representación diplomática su país en España[18].

Las posibilidades de intervención española al lado del Eje se habían desvanecido a principios de 1941 y terminarían de hacerlo cuando, a finales de ese año, Estados Unidos entrase en la guerra[19]. Hitler miraba ya, tras tener que intervenir en los Balcanes, a Rusia. Sin embargo, eso no fue óbice para mantener una política de doble rasero con respecto a los internos en Miranda de Ebro, en particular con los internos de las naciones ocupadas por el Reich, y con el delicado tema de su entrega a las autoridades fronterizas. La diferencia, en este caso, radicó en que empezaron a ser oídas las quejas aliadas, cuyos súbditos, en definitiva, se había logrado que no fuesen entregados directamente a los alemanes, y cuyas embajadas trataban de presionar para que ningún refugiado saliese de España salvo para ir a países no ocupados. Aun así, en la segunda mitad de 1941 y como parte del apoyo implícito y explícito de España hacia Alemania, pero también del distanciamiento interesado al que la situación le había sometido, el MAE español hubo de ceder en parte ante la campaña ejercida por la Embajada nazi para lograr que le fuesen entregados los súbditos alemanes y de los países ocupados por el Reich, en teoría para reintegrarlos «urgentemente como mano de obra». En realidad, el modo en que habrían de «apoyar las economías nacionales» era mediante el trabajo forzoso.

Como se reconocería, además, «las entidades competentes alemanas estaban dispuestas a recibirlos» para «llevarlos a sus respectivos países de origen y reintegrarlos a la vida económica, excepto las personas de raza judía». Además, por tanto, de no darse demasiadas explicaciones sobre una entrega que por todos —y, en particular, por el representante oficioso de Polonia en Madrid— se percibía como un envío al matadero, «un propósito de funestas consecuencias», se reconocía que para los judíos existían planes bien diferentes. De tal modo, en julio de 1941 se reclamó a los 331 refugiados polacos de Miranda de Ebro (así como a los escasos que aún se internaban en trabajos forzosos), además de quejarse Alemania por la existencia de diplomáticos en Madrid que representaban a naciones ocupadas por su ejército. Precisamente esa representación era la que, a juicio alemán, ponía a los soldados polacos al lado de los ingleses para combatir contra ellos, lo que los alemanes consideraban cierta connivencia con Polonia, al no detenerse a cuantos eran reclutados en Niza por la Cruz Roja para pasar a formar parte del Ejército inglés o de las unidades de De Gaulle. Ante esta última presión, la DGS cedió por vez primera, aunque no fuese la más grave, ordenando que se prohibiese terminantemente la entrada de extranjeros polacos en edad militar aun cuando fuesen portadores de pasaportes y visados legales.

La cuestión de las entregas, sin embargo, se vio que era de «una índole tal que aconseja[ba] proceder con la debida prudencia»: un modo de decir que las naciones aliadas responderían firmemente ante la entrega de soldados enemigos al ejército ocupante alemán. Por ello, el criterio a seguir fue que el refugiado sólo sería entregado a Alemania si existía su conformidad por escrito, salvo casos de extradición por delitos. Por estricta neutralidad en ese sentido, y para no dañar las relaciones con los aliados, el MAE hubo de soportar una fuerte presión alemana durante esos meses tras darse a conocer que no se entregaría a nadie en edad militar[20]. Incluso llegaron a reunirse para tratar esa cuestión el coronel jefe de los campos de concentración y el delegado de la policía alemana en la Embajada de Madrid. Allí hubieron de ceder ambos: los soldados de los países ocupados sólo serían entregados a Alemania previa conformidad; sin embargo, a los alemanes (y por alemanes se contaba también a los checos) se les entregaría directamente, por la frontera de Irún.

El hecho, sin embargo, de que se incluyesen a los checos y eslovacos como alemanes escandalizó al doctor Formanek, quien hablaba oficiosamente como su representante en Madrid. Como señaló al director político del MAE, José Pan de Soraluce, «sobre las consecuencias que tendría la entrega» no podía haber duda alguna. «Estoy firmemente convencido —decía— que esta decisión ha sido tomada… únicamente con el fin de resolver en una forma expeditiva el asunto… del mantenimiento del Campo [de Miranda], pero sin tener en cuenta la verdadera situación de las personas en cuestión». Su suerte, es decir, «el fusilamiento, es en este caso evidente». Y calificaba todo ello de inhumano, llegando incluso a plantear la posibilidad de que, ante la ausencia de una embajada en España, fuese el Vaticano quien se hiciese cargo de los refugiados checoslovacos ya que, por primera —y no última— vez, el papa Pío XII se había interesado personalmente por su suerte, hasta el punto de haber sugerido el envío de «donativos y recuerdos» a los internados extranjeros en Miranda[21].

No fue la única queja formal que se recibió. También Samuel Hoare, en su «misión especial» en España, remitió a Serrano su estupor ante el hecho de que hubiesen sido trasladados a Miranda de Ebro once checos internados en Palencia para ser entregados a los nazis. Y es que el 23 de octubre se había presentado por la mañana en el campo el cónsul alemán, junto a oficiales de las SS y miembros de la Gestapo. Formados en la explanada del campo, los «aproximadamente seiscientos prisioneros» escucharon, tal y como señala J. A. Fernández recogiendo el testimonio de Félix Lumbreras, una larga «perorata en alemán», francés, polaco e inglés. La larga pitada y el fuerte abucheo de los internos fueron controlados colocando una ametralladora frente a ellos[22]. Más tarde, habían reunido a los internados checos y les había preguntado si querían ser repatriados. Como éstos respondieran que no, su réplica había sido transparente: les declaró que «de todos modos tenían que volver a Alemania», algo que les repetiría al anochecer, después de haber sido preguntados uno por uno. Dijo que volvería antes de quince días. Pero solamente esperó dos: el 26 de octubre fueron trasladados, con todas las órdenes dadas y en un modo completamente legal para el Ministerio del Ejército, 82 internos a Irún, donde fueron entregados a las autoridades fronterizas alemanas. Al poco, y tras levantarse la observación facultativa (médica) a que estaban sometidos los internos en Palencia, fueron entregados 25 más. Es imposible, sin embargo, con la documentación en la mano saber si se traicionó o no la promesa española de que no serían entregados o repatriados los extranjeros que no lo deseasen explícitamente. Lo cierto es que 107 internos fueron entregados por seguir el «interés del Gobierno alemán», posiblemente dando la razón a Formanek[23].

2. LOS REFUGIADOS Y EL PROGRESIVO ALEJAMIENTO DEL EJE (1941-1942)

El internamiento en Miranda empezaba sin embargo a suponer, a mediados de 1941, un grave problema para la España de Franco, que comenzaba a dar muestras de debilidad en su inicial apoyo no beligerante al Eje en este aspecto (si bien en otros, como los suministros o la permisividad hacia el espionaje y sabotaje alemán en España, mucho más importantes, demostrasen una filiación pro Eje indiscutible). La administración fronteriza de la Francia de Vichy, en cambio, fue mucho más expeditiva que la española, atenta a no provocar a los aliados con sus políticas excesivamente germanófilas. Ante la progresiva entrada clandestina de franceses a España durante el primer tercio de 1941, la administración colaboracionista francesa llegó a pedir que los extranjeros fuesen expulsados inmediatamente de España y devueltos a su territorio nada más ser apresados o cuando fuesen detenidos en Irún y Figueres. Era el modo de ahorrar «gastos y empeños», algo que sin duda interesaba también a las autoridades franquistas: en poco tiempo, el número de franceses internados en Miranda había crecido con 39 refugiados, que habían sido puestos a disposición de la sección de Fronteras y Extranjeros de la DGS[24]. Sin embargo, la decisión fue otra: la de devolverlos paulatinamente, y desde mayo, a la frontera francesa no ocupada por Alemania, en particular en los casos de largo internamiento sin que existiesen motivos reales para tal privación de libertad, y en los de internamientos en prisión por deserciones o en hospitales militares por enfermedad. De tal modo, entre el 4 de junio y el 5 de julio de 1941 fueron trasladados a la frontera de Canfranc un mínimo de 56 franceses, sobre todo de Miranda de Ebro. En octubre tan sólo quedaban siete en este campo y quince en el de Palencia. Y nueve de ellos siguieron el mismo camino que sus compatriotas, el de la expulsión del país, gracias a la acción de Lang, el agente consular de Vichy en Miranda de Ebro.

Francia se proponía cambiar las normas para evitar más casos como esos, en aras de imponer su autoridad en los pasos fronterizos y, a la larga, de impedir que a través de España se pudiese tomar el camino para la reincorporación a los ejércitos aliados. Con la excusa de limitar la entrada de extranjeros en Francia desde España (no sólo al revés), desde septiembre de 1941 todo extranjero que entrase de una manera irregular en Francia y fuese descubierto en una zona de cinco kilómetros de la frontera, podría ser entregado a las autoridades españolas, bajo reserva de reciprocidad en lo que se refiere a extranjeros que hubiesen penetrado en España clandestinamente. Enseguida la DGS respondió positivamente, entrando la norma en vigor el 1 de diciembre de 1941. Se trataba del primer intento, tampoco el último, de bloquear la frontera española, lo cual a todas luces se veía desde España como un medio para evitar complicaciones con las naciones aliadas por un tema gravoso que desagradaba profundamente: el del mantenimiento de refugiados en campos de concentración. Al igual que en otros momentos en que se intentó cerrar la frontera, como en 1943, la realidad fue muy por delante de la teoría, pudiendo considerare inútiles esas disposiciones. Sin embargo, en este caso, es posible que la adopción de tal medida por parte de ambos países nos haya privado de saber con más exactitud el volumen de los extranjeros que tomaron el camino de España huyendo de los nazis.

Y es que la frontera pirenaica fue durante toda la segunda guerra mundial altamente permeable. Las redes de evasión desde Francia a España, bien conocidas gracias a una serie de investigaciones que han recogido el testigo de los protagonistas y sus memorias, se complementaron, en mucha menor medida pero no por ello con menor importancia, con las salidas de España y las entregas a las autoridades nazis en Irún, o de Vichy en el resto de la línea fronteriza[25]. A través de las redes de passeurs entraron a España, según las estimaciones de Sánchez Agustí (que recoge las que dio el embajador de Estados Unidos en Madrid, Carlton J. Hayes), unos «quinientos oficiales en misión secreta, cientos de polacos, más de 3000 judíos, hasta 5000 aviadores… 3800 británicos y canadienses (la mayoría francófonos) y 25 000 franceses». En conjunto, para Samuel Hoare, unos 30 000 evadidos por España[26]. Para el presidente de Evadés de France, M. Erre René, la cifra ascendió a 70 000 y, para Eychenne, habría que situarla en unos 33 000[27].

Éstos, cuando eran capturados por las autoridades fronterizas españolas (sobre todo, la Guardia Civil), eran provisionalmente detenidos en los centros dispuestos ad hoc a lo largo de los Pirineos. De oeste a este, se trataba de Zarauz, Hondarribia, Irún, Leiza, Vera de Bidasoa, Dancharinea, Elizondo, Ochagavia, Urdax, Orbalceta, Valcarlos, Isaba, Burguete, Hecho, Canfranc, Sabiñánigo, Boltaña, Biescas, Bielsa, Aínsa, Sallent de Gállego, Torla, Campo, Les Canejan, Bausén, Les Bordes, Alins de Vallferrera, Llavorsí, La Pobla de Segur, Sant Joan de l’Erm, Arànser, Lles de Cerdanya, Bagà, Maçanet de Cabrenys, Portbou, La Jonquera, Camprodon, Espolla y Ribes de Freser. Una larga red de centros de detención tras los cuales el destino era las cárceles, de este a oeste, de Puigcerdà, Figueres, Girona y Barcelona, por un lado; de Tremp, Sort, la Seu d’Urgell, Cervera, Lleida y Barbastro, Jaca, Huesca y Zaragoza, por el lado limítrofe entre Cataluña y Aragón (en esta última región es donde más altura alcanzan los Pirineos, haciendo todavía más difícil las evasiones); y de Pamplona, San Sebastián o Murgia, entre otros centros habilitados, en el lado vasco-navarro de la frontera.

Esos eran, entre otros (el gallego y el valenciano, por ejemplo), los caminos que conducían a Miranda de Ebro a los varones en edad militar, a los diferentes balnearios donde se decidió internar al personal civil (Molinar de Carranza, Sobrón, Jaraba, Alhama de Aragón, Solán de Cabras, Arnedillo, Belascoain o Urberuaga de Ubilla) y a las cárceles para oficiales, civiles y muchas mujeres[28]. Y de estos últimos partía el camino de la expulsión. Del campo o balneario a Madrid, a disposición de la embajada correspondiente o la CRI (en el caso de los apátridas o los que no tuviesen legación diplomática en España), y luego hacia Portugal, Cádiz, Algeciras, Gibraltar o Málaga. Un camino, en definitiva, tortuoso siempre y largo según las nacionalidades de procedencia de los refugiados, que recorrieron en su primera mitad, la que llevaba al campo de concentración o a la prisión, muchos belgas, holandeses, ingleses y polacos. Fue su condición de soldados aliados, gracias a la actuación y las quejas de sus representantes diplomáticos, la que hizo cambiar el sistema de actuación de las autoridades militares y políticas franquistas.

Pongamos un ejemplo. El número de belgas internados en Miranda, en agosto de 1941, era de 112. A mediados de octubre, tan sólo 49 eran los no liberados, que se sumaban a 29 en espera de su repatriación, en el grupo de refugiados políticos reclamado por el cónsul Max Cremer. Sin embargo, en noviembre de ese año eran 173 (92 con orden de expulsión) los internos belgas. Ya para entonces, las dudas a la hora de hacer su entrega a las autoridades fronterizas con Francia eran más que tangibles. Y eso no sólo ocurría con los belgas: desde mediados de 1941, los holandeses internados en Miranda no salían de España rumbo a la metrópoli sino a las Indias neerlandesas, salvo los que conseguían visados para Estados Unidos. Entre junio y julio fueron entregados un mínimo de nueve, aunque algunos de ellos fuesen devueltos al campo por sus «actividades comunistas» mientras estaban alojados en Madrid bajo el auspicio de su legación diplomática. Motivo que sirvió a la Embajada alemana para pedir su entrega, prometiendo gestionar ellos la repatriación a Holanda. Esto supuso un intercambio significativo de notas entre el MAE y la DGS: aunque breve, lo más importante fue que, casi con total seguridad por vez primera, se reconocía que si no deseaban regresar a su país, nadie podría obligarlos. Tal y como señalaba la Legación Real de los Países Bajos, Holanda estaba ocupada por una potencia extranjera «avec laquelle les Pays-Bas sont en guerre», por lo que recomendaba —es más, solicitaba— que los holandeses en edad militar fuesen enviados a Surinam y Curasao. Sin embargo, a la vista de la tardanza en ejecutar las órdenes de expulsión, no parece claro que el desinterés español por seguir los preceptos de Alemania con respecto a los refugiados fuese instantáneamente transformado en apoyo desinteresado a las naciones aliadas: los internos reclamados en octubre de 1941 seguían en Miranda de Ebro aún en septiembre de 1942[29].

Otros muchos países estaban representados en esa desgraciada reunión internacional, «gravosa para el estado» pues «la liberación de estos desgraciados resulta con frecuencia larga y difícil, con gran perjuicio muchas veces para la salud de los interesados» —como reconocía el ministro Varela—, de la cual las noticias que llegaban al exterior fueron generalmente escasas y confusas. Tanto era así, que en noviembre de 1941 el diputado socialista Silverman, según la noticia recogida en el Daily Telegraph, hubo de hacer una pregunta oficial en el parlamento británico a Margesson sobre cuántos ingleses había internados en el «camp of Miranda del [sic] Ebro», y cuáles eran los planes para asegurar su liberación y repatriación. El «Ministro de la Guerra» hubo de responder que no estaba preparado para aseverar nada. Ni sobre los ingleses, ni sobre los polacos (unos 200 en junio de 1941), ni sobre los húngaros, rumanos, griegos o iraquíes, grupos nacionales que resultaban de interés para una Gran Bretaña que había visto pasar de cerca la invasión por parte del Reich nazi[30]. Una de las pocas noticias que salieron al exterior por parte del MAE vino en estas fechas a raíz de la solicitud del Comité Húngaro-Polaco para la Protección de Refugiados de enviar medio centenar de libros a los internos para «ayudarles a sobrellevar la monotonía de la vida en el campo». El jefe de Relaciones Culturales fue tajante: «No procede hacer nada pues los internados van a desaparecer».

No es posible saber el sentido de esta última nota: si se refería a que dejarían de entrar refugiados, si se les dejaría de internar, o si bien se les repatriaría a todos. Porque, de hecho, los internados no desaparecieron hasta 1947 y, además, las repatriaciones y liberaciones fueron lentas y penosas, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones de vida en el campo, que más adelante relataré. De los 52 ingleses internos en campos y cárceles (44 en Miranda, uno en Cervera y siete en Girona) por entrada ilegal en España en octubre de 1940, no empezarían a ser liberados, y aun así casi con cuentagotas, hasta mayo-julio de 1941. Y, para entonces —y aunque no se dispongan de relaciones puntuales para estos meses—, el internamiento en Miranda comenzaba a todas luces a ser un grave problema, acrecentado por conflictos puntuales como el de la muerte, en septiembre de 1941, del teniente polaco Stanislaw Kowalski al abortarse su intento de fuga. La descripción de este luctuoso hecho resulta, a la postre, un compendio de los engaños y falsedades que rodean la historia del campo de Miranda de Ebro. Falsedades y engaños incentivados y aceptados por las autoridades franquistas, que justifican detenerse un momento en la noche del 4 de septiembre de 1941.

Según el informe en manos polacas, un soldado de vigilancia se habría acercado a un interno polaco, J. Rudnik (integrante junto con los tenientes Cieplik y Kowalski de la frustrada fuga), para facilitarles la huida del campo por la noche, por el punto donde se encontraría de vigilancia. Los tenientes habrían acordado darle 200 pesetas cada uno, a abonar fuera del campo. Pero, mientras, el soldado habría avisado al teniente Zarauza, de la compañía de vigilancia del campo, para abortar la fuga. El 4 de septiembre, que había «bastante luna», los tres internos se acercaron a las 21.20 al puesto señalado, saliendo del campo por la zona del río. Cuando lo atravesaba Kowalski, que habría quedado el último para pagar al soldado, empezaron a dispararle. Detuvieron a los otros. Al poco se habrían oído disparos sordos, algo alejados del campo. Y «efectivamente, hacia la medianoche trajeron en una camilla el cuerpo de Kowalski, que pusieron en la capilla del campo. Al día siguiente, a las seis de la mañana, fue sacado el cadáver del campo de manera que ninguno de los polacos pudo verle».

Aquella misma mañana, visitando la capilla, se habría visto un gran charco de sangre y en él una parte de la masa encefálica «como del tamaño de un huevo». La cabeza de Kowalski estaba destrozada por varios disparos, que se sumaban a otro realizado en la pierna. Como señalaba el informe polaco, «parece imposible que dos soldados corriendo, a una distancia de varios cientos de metros, pudieran acertar a darle en la cabeza, siendo así que Kowalski iba deprisa y la luz de la luna no permitía apuntar bien. Desde luego, los últimos disparos se oyeron como si fueran dados a corta distancia y hacia el suelo». A petición de Serrano y para acallar las críticas, se abrió una investigación, cuyas conclusiones brindó Manuel Sánchez de Molina y Mendoza, subinspector de Batallones Disciplinarios de la 6.ª RM, a instancias del subsecretario de Ejército, Camilo Alonso Vega. Según éstas, los soldados españoles fueron abordados para solicitar la huida, y éstos lo habían señalado a los superiores. El día 4, casualmente por donde iban a estar los soldados José Diez y Antonio Díaz, salieron los tres polacos. Zarauza, que había ordenado reforzar allí la patrulla exterior, les dio el alto, capturando a los otros dos. Se ordenó, decía, que no se abriera fuego. «Sí que hubo pago de dinero, puesto que uno de los polacos dijo “toma, ahí van 600 pesetas”. Kowalski dio un salto para alcanzar el río, y se le dio el alto. Como no se detuvo, se abrió fuego». El polaco se tiró al suelo, y cuando se ordenó ir a los soldados hacia donde yacía, éste se levantó y echó a correr. «En ese momento salió la luna, con lo que se podía ver perfectamente a 200 m.» Le dispararon, cayendo de nuevo esta vez muerto.

Reconocieron el cadáver el teniente médico José Luis Vicente Isasi y el teniente Ángel de la Cámara, éste con carácter de juez instructor. Levantaron el cuerpo, llevándolo a la capilla, y al día siguiente hicieron la autopsia: heridas mortales «una con orificio de entrada por el costado derecho de la sien y salida por el lado izquierdo de la misma (que se explica por la dirección convergente de los tiros de las dos porciones de la patrulla); otra en el vientre y la tercera en la escápula derecha, de espaldas, con salida por la parte anterior [que] debieron ser hechas a distancia de donde se encontraba el citado individuo, sin que en ningún caso lo fuera a boca jarro, ya que en ese caso se hubiesen presentado los indicios de tatuaje exterior en sus bordes, y desde luego por tiros de fusil»[31]. De tal modo, se cerró el caso, no sirviendo para nada las diligencias polacas, ya que se dio por buena esta versión. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que a 200 metros se pueda disparar —y acertar— en una sien a alguien que huye? ¿Acaso no es necesario para ello un ángulo lateral? ¿Cómo fue posible tanta puntería, aunque hubiese —casualmente— salido la luna en ese preciso instante? Y ante todo, ¿cómo es posible recibir de espaldas —corriendo— un disparo en el vientre? Un informe menos interesado habría señalado las contradicciones oficiales; no hace falta ser forense para deducir que las «direcciones convergentes» de los proyectiles fueron más bien disparos en la cabeza contra un hombre tendido en el suelo, que había sido previamente abatido por la espalda, tras girarlo para ponerlo boca arriba. La única duda que queda es saber si el disparo en el vientre se realizó antes o después de acabar con el prisionero levantándole la tapa de los sesos.

Zarauza fue trasladado de puesto, como evidente castigo por la brutalidad realizada. Sin embargo, esa crueldad y esa saña tenían un objeto relacional más allá del castigo de una fuga concreta. Ese mismo día —como puede leerse en el trabajo de J. A. Fernández— se había trasladado a Miranda a un grupo de soldados para ser encuadrados en BDST, función que se desempeñó en el campo hasta la clausura de los Batallones. Como resulta evidente, el hecho fue sobradamente conocido dentro y fuera de los muros y alambradas del campo. Así, la situación en Miranda sufrió un agravante más, que hubo de sumarse a los muchos problemas que acarreaba desde su creación, y que fueron lúcidamente resumidos a principios de 1942 a instancias del representante belga —dependiente de Londres— en España, el cual se quejó por las malas condiciones de sus 200 conciudadanos en el campo —y de los otros, aproximadamente, 600 internos— directamente al ministro Varela, conocido «tanto por su valor como por su buen corazón», que no sabía «sin duda lo que ocurr[ía] realmente en Miranda de Ebro».

¿Y qué ocurría realmente? Detenidos, en vista de su situación irregular, los internos se encontraban allí después de sufrir una prisión de tiempo variable mezclados con delincuentes comunes en Figueres, Barcelona, Madrid, Badajoz o Salamanca, «indefinidamente a menos que alguna intervención o el azar no consigan hacerlos salir… Viven en condiciones deplorables. Todas las informaciones, todos los testimonios, hasta de personas neutrales, están de acuerdo en calificarlas de tal manera, sin discusión». Los alojamientos eran insuficientes: un centenar de hombres se hallaban colocados en cada barracón, que cubría apenas una superficie de 20x5 m, sin cristales en las ventanas y sin medio de calefacción. Los prisioneros dormían sobre el suelo, en un ambiente glacial, contra el que para defenderse sólo poseían mantas ligeras, invadidos locales y mantas de piojos. La alimentación también dejaba mucho que desear: «insuficiente y de calidad ínfima: 125 gramos de pan moreno por día, un tazón de café negro azucarado por la mañana; a mediodía y por la tarde un plato de sopa, a base de arroz, de patata, de repollo, de guisantes y de alubias. Entre el almuerzo y la cena un pequeño suplemento de pescado, de tomates crudos o de vino». Además, estaba prohibida la recepción de paquetes con alimentos, dinero o bebidas. Y a pesar de la escasa alimentación, se señalaba, los internados (a excepción de los oficiales) debían efectuar trabajos físicos.

Desde el punto de vista higiénico la organización era netamente deficiente: los 800 hombres que ocupaban el campo no disponían más que de 20 grifos y doce duchas, la mayor parte del tiempo inservibles por averías de la bomba[32]. Los castigos corporales eran habituales, fruto de una disciplina «excesiva» con quienes estaban detenidos exclusivamente por su situación irregular como extranjeros sin permisos, acentuada esa situación por el estado de guerra en Europa. Aunque a juicio belga, en Miranda se encerrase «a todos los indeseables, todos los sospechosos, en resumidas cuentas, a los delincuentes extranjeros que se hallan en España. No se hace distinción entre los motivos de la detención y la naturaleza de los prisioneros». Métodos destinados a delincuentes se obraban con los «desgraciados perseguidos en su país», siendo su única falta la entrada en España de manera irregular, algo que no justificaba el desproporcionado castigo del internamiento sine die en un campo de tal malas condiciones y tan brutal como Miranda de Ebro.

Y es que España resultaba ser el único país no beligerante que encerraba en un campo de concentración a los refugiados que traspasaban sus fronteras. Suiza no recluía más de 15 o 20 días en prisiones a los que estaban en edad militar, para después permitir la salida por la frontera deseada por el interno. Incluso Italia, en guerra al lado de Alemania, había permitido a millares de polacos civiles y militares transitar por la parte francesa ocupada por los fascistas, dejándoles salir hacia la Francia de Vichy. En ese sentido, la actitud española no resultaba comprensible para las autoridades belgas en Londres. Y en esa dirección, las presiones ejercidas supusieron un hito fundamental en la historia concentracionaria franquista durante la segunda guerra mundial: en un primer momento, enero de 1942, se obtuvo la liberación de 99 súbditos belgas, destinados a salir para el Congo (y no para la metrópoli, ocupada por Alemania) tras obtener los visados de salida desde Portugal. Sin embargo, quedaron aún 140 belgas en Miranda, amparados por la CRI.

Hubo algún gesto de amparo hacia ellos, como trasladar en febrero a los últimos dos que quedaban en Palencia. Pero la clave del asunto vendría poco después: tras recibir las amenazas de cerrar cualquier tipo de exportación a España desde el Congo belga de azúcar o algodón, indispensables en la «deficitaria» economía española, hasta que no se liberase a todos los belgas de Miranda y a los retenidos en espera de expulsión en Madrid, Serrano Súñer hubo de aceptar que era más importante el abastecimiento de productos indispensables que el mantener «en obsequio» de los alemanes a un «puñado de súbditos belgas» internados, entre los que «abundan los que están fuera de la edad militar». De tal modo, las liberaciones —en grupos de aproximadamente cuarenta individuos— se realizarían sin pausa: 41, 43, 42, 43, 41 belgas fueron liberados de Miranda los días 25 de marzo, 9 y 20 de abril, 20 de mayo y 20 de junio, respectivamente[33]. A mediados de este último mes, sin embargo, las altas en el campo de Miranda habían hecho crecer de nuevo el bloque de internos belgas hasta los 145, con lo que se llegaron, de hecho, a prohibir los embarques de algodón en junio de 1942, según señalaba el embajador español en Londres, el duque de Alba. De tal modo, en julio de ese año serían liberados del campo burgalés hasta 139 belgas, cifra que se mantendría el mes siguiente, para ser enviados a la Francia no ocupada. Era, por decirlo claramente, una cesión ante las presiones de los aliados que, sabiendo la situación económica de España, habían encontrado el camino para someter la política concentracionaria franquista a sus criterios, haciéndola voltearse desde la germanofilia implícita en las expulsiones y entregas a los nazis de 1941 hacia la aliadofilia obligada por presiones «estomacales». Un prolegómeno, por tanto, de cómo anduvieron las cosas desde que Gómez Jordana asumió el puesto de ministro de Asuntos Exteriores.

Una cesión y un prolegómeno, sin embargo, a todas luces insuficiente. La DGS, dependiente del Ministerio de Gobernación y, en última instancia, de Valentín Galarza, no hizo sino poner pegas a la expulsión de extranjeros para ser enviados a las colonias, donde la resistencia ante la ocupación alemana tuvo un peso lógicamente mucho mayor que en las metrópolis. Hasta tal punto llegó a bloquear el asunto, y hasta tal punto no estaba clara la política (puesto que mucho de política interna y externa había en el tema de los refugiados) a seguir, que en agosto de 1942 el total de internados belgas sumaba ya en Miranda la cifra de 409[34], según señalaba el delegado de la Cruz Roja belga en España, G. Marquet. Las evasiones a España no cesaban y las expulsiones, ralentizadas y poco decididas, agravaban aún más la situación. De tal modo, y aunque no se dispongan de cifras fiables en todo el año de 1942 hasta principios de octubre (cuando había casi 1400 internos), puede suponerse que la situación de los refugiados en España fue de mal en peor, vistas las condiciones del campo descritas con anterioridad, y visto ante todo que, lejos de descender (o de «desaparecer», como se prometía a principios de 1941), su cifra iba en aumento progresivo.

No fue sino a mediados de 1942 cuando las autoridades españolas decidieron reglamentar el problema de la entrada de refugiados en España a través de las redes de evasión desde la Francia no ocupada. Para ello, la Asesoría Jurídica Internacional del MAE puso sobre la mesa una duda razonable, directamente relacionada con los internados de Miranda ya que, además de estar en edad militar, algunos eran exprisioneros de los nazis escapados de campos de concentración. La duda era si éstos, prisioneros de guerra que llegaban al territorio neutral español y que sólo por entrar recuperaban su libertad, habían de ser retenidos, impidiendo su salida, o bien dejarlos libres. Generalmente se sostenía que el país neutral debía adoptar medidas adecuadas para impedir que los soldados se incorporasen de nuevo a sus fuerzas, «pues ello equivaldría a cooperar indirectamente con el beligerante de cuyo ejército forman parte dichos asilados». En cambio, «abunda la doctrina en que el país neutral no puede retener a los prisioneros de guerra que se han refugiado en su territorio, cuando no se proponen permanecer en él y tratan de salir a continuación»[35]. Ese era, exactamente, el caso de los soldados refugiados en Miranda, algunos de los cuales en «situación moral y material sumamente precaria» tras más de un año internados sin saber cuál iba a ser la solución, como en el caso de los franceses[36]. Otros, solicitando salir de Miranda para ir a las colonias, como el caso de los holandeses que declaraban querer «continuar la lucha contra Alemania» y que eran entregados al canciller de la legación de los Países Bajos, Panhuys.

Actuaciones como esas motivaron las quejas de la Embajada alemana en Madrid, que veía un acto de beligerancia contra el Reich el que ejerciesen en España las «antiguas representaciones diplomáticas de los Estados ocupados», así como que el «contrabando ilegal de hombres en España», cuando afectaba a «individuos de antigua nacionalidad polaca, checa, belga y francesa», se tramitase con esas y no directamente con Alemania, que estaba dispuesta a repatriarlos a sus países[37]. En particular, la queja —fechada en septiembre de 1942— abundaba en que los internos hacían falsas declaraciones de nacionalidad para evitar la entrega a Alemania, cosa aceptada por las autoridades españolas directamente implicadas en el asunto (los ministerios de Gobernación, Exteriores y Ejército, así como la jefatura del campo de Miranda) al dar por buenas las declaraciones realizadas en las comandancias de la Guardia Civil en la frontera, o en los campos de internamiento previos a Miranda (como el de Figueres). La Embajada británica aprovechaba la situación, se decía, para expedir pasaportes falsos a polacos, belgas o franceses y hacerlos pasar por súbditos ingleses o canadienses. De tal modo —se incluía el chantaje ideológico—, se ayudaba a las «tropas enemigas de las fuerzas antibolcheviques».

Tropas enemigas como las inglesas, que fueron las que menos dificultades tuvieron a lo largo de 1942 para reincorporarse a sus ejércitos, si bien su número no era particularmente alto. Atravesando la frontera desde la Francia no ocupada, los varones en edad militar internos en Miranda salían, aproximadamente, después de uno o dos meses en el campo: 32 fueron solicitados en febrero, siendo entregados a las autoridades inglesas en Madrid en mayo. En marzo se pidió a 55, liberados también el 8 de mayo. En ese mes se consiguió la libertad para 36 ingleses, además de la concentración de todos los detenidos en España en el campo de Miranda, para hacer más fácil la identificación y repatriación a través de Portugal y, desde mayo-junio, de Gibraltar[38]. En mayo se permitió la salida de 49 más, sólo dos menos que los liberados en junio. Soldados que tras su paso por Miranda de Ebro, la concesión de la libertad y la salida de facto a pensiones u hoteles de Madrid bajo la disposición de sus representantes diplomáticos, eran enviados de nuevo a Gran Bretaña no para reincorporarse a sus tropas, «bolcheviques», como amenazaban los nazis, sino antifascistas. Los 61 liberados de julio, los 27 de agosto, los 32 de septiembre, los 22 de octubre, los 40 de noviembre —a finales de ese mes quedaban 56 internos ingleses— y los 71 de diciembre, sumados a los anteriores, elevan la cifra de ingleses liberados de Miranda durante 1942 a 476.

Detrás de esas cifras se encontraba una prueba evidente de alejamiento del Eje que, de hecho, hizo arreciar las quejas y lamentos por parte de la Embajada alemana hacia el MAE español: por el tema de los pasaportes falsos, por un lado. Pero también porque en algunas liberaciones se contasen como ingleses a soldados polacos (Hoare respondería que «all Allied troops serving with His Majesty’s Forces are accorded the rigths and protection of British subjects for the duration of the war»), por otro. Lo cual, en realidad, no escondía una fuerte presión hacia las autoridades franquistas por estar favoreciendo, por acto u omisión, a los enemigos del Nuevo Orden. Una de las quejas de estos meses, reveladora de ese sentimiento de «traición» de España, relataba un suceso interesante: la liberación de 16 curas y seminaristas ingleses y canadienses, escapados a Barcelona desde el colegio católico de los Agustinos de la Asunción en Nimes. Ante la entrega a las autoridades británicas de Madrid, la enérgica protesta señalaba que bajo las sotanas «salta[ba] a la vista que todos ellos [eran] hombres jóvenes y vigorosos y que sin duda alguna pertenec[ía]n como soldados y oficiales a las fuerzas armadas enemigas».

Las presiones nazis sobre los internos de Miranda de Ebro y las autoridades franquistas aumentarían notablemente desde que, en noviembre de 1942, tanto el desembarco aliado en el Norte de África como la consiguiente ocupación total de Francia hicieran que la posición española en el conflicto internacional tomase un rumbo mucho más proclive hacia las potencias democráticas, rumbo encabezado por el anciano ministro Gómez Jordana desde su nombramiento al frente del MAE en septiembre de 1942. Sin embargo, las quejas alemanas no estaban por entero justificadas. Tan sólo Gran Bretaña recibía un trato privilegiado (internamientos breves frente a los largos meses de polacos, franceses, etc.), aparte del chantaje comercial de las autoridades belgas en Londres, que tan buen resultado obtuvo. El problema surgido en la España de Franco con la arribada de refugiados a lo largo de 1940-1942 era tan grave que resultaba enormemente difícil seguir los criterios de una sola potencia, ya que eso resultaba un fuerte agravio para el resto de naciones beligerantes. De tal modo, como se reconocía explícitamente, el «Depósito» de Miranda de Ebro constituía «hoy día [octubre de 1942] uno de los temas que se explotan por los enemigos de España para hacer rebrotar la leyenda negra que tanto daño nos ha hecho durante siglos».

Enemigos de España y leyendas negras aparte, lo cierto es que Miranda era un reino de «desorganización» al que contribuía el hecho que no hubiese reglas homogéneas de tratamiento, ni para el internamiento ni —sobre todo— para el tratamiento de los refugiados y sus expulsiones del país (término, de hecho, más correcto que el de «liberaciones», que aquí se usa por seguir la inercia terminológica de la documentación). En septiembre de 1942 había refugiados políticos y prisioneros de guerra que acumulaban tres años de reclusión (lo que ofrecía un «terreno abonado para la creación de toda clase de infundios»), siendo el grupo más numeroso el de los polacos (un total de 495 internados), en su gran mayoría prisioneros de guerra evadidos de Francia, por lo que su liberación era perfectamente viable según los convenios de La Haya. El problema era a quién entregarlos. Le seguía en importancia el de los belgas, compuesto por 242 hombres, que se había reducido a 18 (tras la liberación de unos 200) en abril, debido a las presiones comerciales aceptadas para dar «satisfacción al Gobierno belga en Londres, a cambio de facilidades para la importación», pero que de nuevo se había visto fuertemente incrementado. Tras ellos estaban los canadienses, 169, sobre los que pesaba la fundada sospecha de que en realidad se tratase de polacos y franceses que, al pasar sin documentación la frontera, hacían creer que sus apellidos correspondían a su nacionalidad norteamericana para facilitar la tramitación de sus liberaciones, ya que era Gran Bretaña la encargada de ellos. Y precisamente ese era el grupo nacional, el británico, más favorecido (en realidad, el único) por la actuación de sus representantes diplomáticos. Los 41 internos existentes eran una mínima parte en relación a los muchos que, «invocando los principios del Derecho Internacional», habían sido puestos en libertad.

Existían otros grupos no muy numerosos entre los que destacaban 35 alemanes y 17 italianos, refugiados políticos indocumentados, cuyas repatriaciones parecían fáciles, por razones obvias, para el MAE. Y asimismo existían aún restos de las BB. II. internados en el campo. Ante ese panorama, a juicio de la Sección Política de Europa del MAE se hacía necesario imponer «ciertas medidas» encaminadas a disminuir el «considerable número de extranjeros internados» en Miranda de Ebro, medidas que «no podr[ía]n ser uniformes, dada la diversidad de nacionalidades de dichos internados y la diferente situación» en que se encontraban, como consecuencia de la suerte corrida por sus respectivos países de origen. Los 1389 detenidos y su probable incremento obligaban, por un lado, a reforzar «del modo más riguroso» la vigilancia en la frontera francesa, a fin de evitar las entradas clandestinas de extranjeros que, «si en muchos casos son simples evadidos o refugiados políticos, en muchos otros forman grupos compuestos en la Francia libre por belgas, holandeses, franceses, etcétera, de edad militar, que va a unirse con las fuerzas militares de las Naciones Aliadas». Y, por otro lado, exigían afrontar el «problema que España tiene planteado en Miranda de Ebro» mediante la liberación de los que no estuviesen en edad militar (menores de dieciocho y mayores de cuarenta años) y el sondeo sobre la «buena disposición» de Argentina y Chile para recibir en sus territorios a buena parte de los internos, en contra de la opinión alemana, centrada en que España tenía la obligación de entregarles a todos los refugiados de países ocupados. Así lo exigía, entre otras cuestiones[39], el hecho de que Su Santidad Pío XII se hubiese interesado personalmente por el tema, haciéndolo saber a Serrano Súñer en su última visita a Roma, en junio de 1942.

De hecho, este último aspecto señalado supuso un evidente toque de atención para el gobierno español, que se decía profundamente católico y que amparaba la guerra civil sobre la que asentaba su poder en una retórica maniquea de «Cruzada» salvadora, ya que el peso específico del Vaticano tanto en política interior como en la exterior española era muy grande; o, al menos, se reconocía un valor muy alto a la «firme actitud» mantenida por Pío XII en este asunto[40]. La intervención del papa y del nuncio del Vaticano en Madrid, monseñor Cicognani, en el tema de los refugiados había empezado de hecho en septiembre de 1941, después que Pacini, agregado de la nunciatura en el gobierno de Vichy, hubiese revelado las malas condiciones de los internados en Miranda de Ebro[41]. Y había continuado a favor de unos 800 internos de países ocupados (sobre todo, unos 400 polacos) reclamados por Alemania, así como en casos particulares como la intervención, en enero de 1942, a favor de la liberación del internado seminarista polaco Gabriel Goliszeuski.

La aspiración vaticana era que el gobierno español procurase «encontrar una fórmula para evitar la prolongada retención de los refugiados extranjeros procedentes de países beligerantes u ocupados que se encuentran en campos de concentración españoles y especialmente en el de Miranda de Ebro». Para ello, Cicognani llegó a entrevistarse con representantes del MAE franquista, con la intención de trasladarles que el papa consideraba un cumplimiento tanto del derecho internacional como del mínimo de gentes el que se liberase de lo que era «una efectiva prisión, forzosamente penosa moral y físicamente», a los que huyendo de los «horrores de la guerra llegaron a España en viaje bien a terceros países bien a los territorios ultramarinos pertenecientes a los suyos»[42]. Sin embargo, la única concesión realizada desde el MAE fue, en noviembre de 1942, la liberación de las mujeres y niños que hubiese en Miranda. Cabe destacar, en este punto, que se trata de la primera y última alusión documental a la presencia de grupos de mujeres en el campo.

Dos situaciones cotidianas en Miranda resultaban particularmente difíciles de resolver. Una era la de los refugiados apátridas, y otra la de los polacos. Los primeros sumaban 24 en octubre de 1942, y se trataba ante todo de judíos que, por culpa de las leyes raciales alemanas de 1935, habían perdido su nacionalidad y que habían pasado (no más de «varios centenares»[43]) la frontera desde 1940 como civiles, algunas veces —como se reconocía— con grandes sumas de dinero y conscientes del peligro que suponía quedarse en la Alemania del discurso y la práctica racista. Al no tener nacionalidad jurídica, hubo de ser la CRI la encargada de tramitar sus peticiones de liberación del campo de Miranda, al que llegaban como el resto de internos por estar en situación irregular en España (de hecho, la gran mayoría se sumaban al apartado dependiente de la DGS, esto es, no soldados sino civiles indocumentados) y donde no se les trató de modo diferente por su raza, religión o condición.

Esto es algo que, sin embargo, ha alimentado una visión completamente acrítica tanto de Miranda de Ebro como de la política franquista hacia los refugiados. Una visión fundada en el hecho de que el franquismo supuestamente se dedicó, conscientemente, a salvar judíos, oponiéndose quijotescamente al monstruo nazi, mediante el internamiento en el «campamento de asilo» de Miranda de Ebro o en el de «Anclares [s/c, por Nanclares]»[44]. Una visión que tuvo origen, precisamente, en algunos de los peores momentos de la historia concentracionaria franquista, siendo así utilizada convenientemente por la administración para intentar «contrarrestar los infundios de la propaganda antiespañola» sobre Miranda[45]. Gracias al testimonio de un refugiado, Eli Rubin («judío austríaco bien conocido en Viena antes de 1938 como escritor conservador»), publicado en Londres por The Tablet el 8 de mayo de 1943 bajo el título de «Twenty-six months in Miranda de Ebro», seguramente muchos creyeron lo que era obvio pero que, sin embargo, ha empañado el estudio de tantos sistemas ilegales de concentración: que los campos españoles no eran como los campos nacionalsocialistas ni como los de Vichy, con los que no tenían en común «más que el nombre». «Mientras Miranda era como un asilo temporal —decía—, espléndido lugar para todos los internados huidos de Hitler y de sus amigos los franceses, era doblemente asilo para los judíos, primero por el odio que hacia ellos tienen los alemanes, y segundo por la indiferencia de todos los otros».

En Miranda de Ebro, decía, «no viven mártires. Por el contrario, Miranda de Ebro salva a los internados allí de los martirios de todas clases». Los Pirineos como «abrupto Mar Rojo de circunstancias»[46] y España como lugar de salvación: a Rubin, cuando quisieron ofrecerle la metafórica «corona del martirio» por haber estado en Miranda de Ebro durante 26 meses, no quiso aceptarla. Mientras que la Francia de Vichy trataba a sus anteriores aliados de modo prácticamente esclavo (para la construcción del ferrocarril transahariano), en Miranda se había suprimido el trabajo forzoso. Y, lo que era más importante, «ningún refugiado era cogido y devuelto al infierno», como «esas masas transportadas al destierro y devueltas por La val a la Gestapo». En España la influencia ideológica no era tan grande, señalaba, y así solamente internaba en campos de concentración a sus «enemigos ideológicos».

A todas luces se está ante un flagrante ejemplo de confusión interesada entre métodos, fines y resultados. Que no se expulsase a los judíos a sus países no respondía a su religión ni a su raza, sino a su edad y a una política general de internamiento (para no provocar demasiado ni a aliados ni a alemanes) que devino en un completo desastre, como el feroz hacinamiento sufrido por los refugiados en Miranda. Por tanto es retórico decir que no había discriminación legal entre los refugiados judíos y los que no lo eran o que incluso los primeros recibían un trato privilegiado, al permitirle al rabino Ansbacher asistirles espiritualmente en su paso por Miranda. Suena, por otra parte, a broma pesada el que «las historias de palizas y malos tratos» las habían creado la «atmósfera de odios creada por los revolucionarios extranjeros» de las BB. II., o que España era un país que, aun a costa de grandes sacrificios y en medio de una situación económica y social particularmente difícil, decidió sacrificarse por los judíos. Suena a broma, pero no lo es: es profundamente falso. En España los «esclavos» eran españoles y trabajaban redimiendo pena o haciendo la «mili con Franco», cuando no estaban superpoblando hasta límites peligrosos las cárceles. Los sacrificios no los realizaban quienes dictaban órdenes de expulsión a Alemania. Y, sobre todo, el antisemitismo no estaba presente porque en España la comunidad judía era muy pequeña y porque no hacían falta chivos expiatorios ni disidentes foráneos para reprimir. Con la España republicana era suficiente.

Partir de la idea del salvamento consciente de judíos por parte de España, de los «esfuerzos desplegados por las autoridades españolas en prestar auxilio a los judíos amenazados por el régimen nazi-hitleriano» y en «ayudar en lo posible, y a veces hasta lo imposible, a soportar los dramáticos momentos por que atravesaba el pueblo judío» es observar solamente una parte de la realidad. Ésta, en definitiva, parece ser otra que la del salvamento. Ni tan siquiera son sólidas las posibles razones aducidas para explicarlo (el ascendente judío de muchos españoles, el deseo de reparación de expulsiones e inquisiciones, o la política proaliada). Esto último puede resultar válido desde 1943, y lo de evitar los sufrimientos, desde 1942; pero no antes. Antes simplemente se aplican leyes estrictas de modo arbitrario. Cierto que en perspectiva, la entrada en España libró a los judíos «salvados» de la deportación. Pero ¿eran conscientes las autoridades franquistas de eso? ¿Hasta qué punto se conocía en España lo que sucedía en los campos de exterminio? Y, sobre todo, si se era consciente de ello, ¿por qué se les internaba en un campo como Miranda de Ebro? Los judíos fueron tratados como apátridas por el simple motivo de que habían perdido su nacionalidad al pertenecer a los países ocupados por Alemania. Y la franquista no fue otra cosa que una política exterior, durante la segunda guerra mundial, de riesgo cero. Es decir, que servía ante todo a sus propios intereses, se guiaba por sus propias necesidades. Y en base a éstas trazaba sus alianzas, trataba de conciliarse con los presuntos vencedores. Los apátridas, en ese sentido, fueron más bien un objeto para el interés franquista, y que se pidiese que el texto de Rubín fuese publicitado da muestras, ante todo, de una grave seguridad: la de que Miranda de Ebro estaba causándoles un grave y acumulativo problema internacional.

Pero, por si quedase alguna duda, pueden citarse varios ejemplos de antisemitismo «a la española» que contradicen esa edulcorada visión sobre la administración franquista. En marzo de 1942, la nacionalización española de varios judíos en Bélgica, para tratar así de escapar del país, se denegó porque «durante nuestro Glorioso Movimiento Nacional [los judíos españoles en Bélgica] no dieron señales de existencia por nuestra Representación Nacional» y, por tanto, «su nacionalidad española es pura fórmula: debe negárseles toda documentación y considerar que han perdido la nacionalidad española que adquirieron ya que no se han hecho acreedores a merecerla». Y más adelante, ante las peticiones de asilo de ciudadanos judíos en España, desde Madrid se señaló que no podían trasladarse a un «país donde nunca han residido por evitar las dificultades que encuentran en estos países [ocupados]». Eso daría pie a un efecto de reclamo, por lo que podrían «presentarse muchos en iguales condiciones, con lo cual crearían en España una colonia y un problema judío del cual nuestra Patria afortunadamente está libre». Pero tal vez el mejor ejemplo sea el del paroxismo verbal del antisemita embajador español en Vichy, Lequerica, cuando señalaba que «[los judíos] disimuladamente, si pudieran, buscarían el modo de eludir la obra inolvidable de los Reyes Católicos en 1492 [su expulsión] cuando el mundo entero procura imitarla con más o menos disimulo»[47]. Hay que recordar que Lequerica fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores a la muerte de Jordana. Cuando el miedo a las deportaciones se una a la ocupación total de la frontera francesa volveré sobre el tema de los judíos en los campos franquistas. Cabe, no obstante y a la vista de lo dicho, preguntarse si estaba justificado que Rubin, en su texto propagandístico, llegase a la conclusión de que «a pesar de las más tristes horas de los prisioneros durante los dos años largos, Miranda de Ebro tiene que ser recordada como una promesa del mundo mejor, más noble y más humana».

Particularmente sangrante resultaba, también, la situación de los polacos, el grupo nacional más numeroso y por el cual el Vaticano había recibido peticiones de mediación de parte de los gobiernos inglés y polaco en Londres. Sacerdotes, catedráticos, oficiales, ingenieros, estudiantes, se decía, estaban recluidos desde 1940 sin que el gobierno franquista hubiese sido permeable a las solicitudes del nuncio, la CRI, los diplomáticos de Madrid (en particular los de Argentina, Holanda y Chile) por mejorar su situación. Tanto era así, que en septiembre hubo de concederse que empezasen a actuar en España personas especializadas en el socorro de refugiados. A tal efecto, se trasladó desde Londres a Madrid al diplomático polaco Marlewski para trabajar junto con el representante polaco Szumlakochuski y con Kobylecki, representante de la CR polaca, sobre los posibles traslados a Sudamérica de algunos refugiados de Polonia. La reacción española, en cambio, resultó bastante contraria a ello: la «política de comprensión, benevolencia y justicia» del gobierno franquista para con los polacos, refugiados políticos o escapados de campos nazis, había logrado que se expulsasen a más de 250 no comprendidos en la edad militar, amén de muchos otros que esperaban su liberación en el campo. Así pues, no parecía que «la presencia en España de un delegado especial del Gobierno polaco para ocuparse de gestionar la libertad» fuese muy necesaria «ya que el trato del campo es bueno y humano y los citados internados reciben con frecuencia la visita del referido Sr. Kobylecki, del Delegado de la Cruz Roja Española y de otras personas que se ocupan de que estén en las mejores condiciones y que les llevan ropa, víveres, etc.»[48].

La visión existente entre los polacos internados o residentes en España era bien otra. El antiguo delegado de la CR polaca, el príncipe Czartoryski, solicitó desde Sevilla personalmente al ministro Jordana la liberación de Miranda de todos los polacos, en primer lugar para plantarle cara a las peticiones alemanas y, en segundo lugar, por las malas condiciones en que se encontraban el campo y sus habitantes a finales de 1942. Era un campo preparado para unas mil personas en el que se sobrepasaban largamente las 1300 —aunque no podía preverse aún el gran crecimiento consecuencia de la gran evasión de 1943—, donde las condiciones higiénicas eran casi nulas, la alimentación y la asistencia médica insuficientes y la asistencia espiritual se «denegaba» a los internos católicos; por tanto no podía albergar, sin «base jurídica alguna [ya que] ninguno de ellos pasó la frontera con las armas en la mano o en momentos de acciones de guerra en la frontera española», a los que, en definitiva, no eran otra cosa que refugiados políticos.

Refugiados como los 21 tripulantes de varios barcos que habían arribado a España huyendo de la invasión polaca en 1939, los 129 menores de dieciocho y mayores de cuarenta años, o los estimados 72 estudiantes universitarios, que se sumaban a unos 230 soldados también escapados por causas políticas, y cuya expulsión del país, antes del desembarco aliado en África, tenía aún la extrema condición de ser mediante repatriación al territorio polaco, «lo cual significaría para ellos una muerte segura». La expulsión de los varones fuera de la edad militar no era suficiente: el riesgo que corrían, aún en octubre de 1942, los polacos internados en Miranda era muy alto, por mucho que se asegurase en el campo que quien no quisiese ser enviado a Polonia podría quedarse en España, en situación de internamiento. Internamiento cuyas condiciones empeoraron gradualmente hasta noviembre de 1942, y desde esta fecha de forma drástica, con la ocupación total de Francia por parte del Tercer Reich. Así, el estado de población de Miranda de Ebro en octubre de 1942 era el que puede observarse en el siguiente cuadro, donde los «gubernativos» eran los enviados a Miranda por parte de la DGS por indocumentados (al igual que los «indeseables»); «refugiados» eran los que procedían directamente de las comisiones de fronteras; y «prisioneros» eran los miembros de las BB. II., sujetos aún a procedimientos judiciales[49].

Cuarenta y ocho nacionalidades, entre prisioneros de las BB. II., refugiados políticos y, ante todo, indocumentados detenidos por entrada irregular en España, conformaban este mosaico donde, por derecho propio, destacaban polacos, belgas, «canadienses» (pocos realmente lo eran) y, en menor medida, argentinos, alemanes, yugoslavos o franceses; 1389 internos que habrían de presenciar, al poco, los resultados de la gran evasión de Francia de finales de 1942 y principios de 1943. Y es que el conde de Jordana, con una enorme presión demográfica sobre la frontera pirenaica, un deseo implícito y declarado de favorecer a los aliados para granjearse su futuro apoyo, y siguiendo de cerca el devenir de la guerra tras la entrada de Estados Unidos en ella y el desembarco en el Norte de África, hubo de abrir en 1943 la espita del internamiento masivo al que se había relegado a los refugiados políticos, los soldados aliados, los civiles durante el tiempo de la tentación del Eje.

Un día de noviembre los 536 internados polacos e ingleses empezaron a dar muestras de un júbilo no contenido. Dieron vivas a Churchill desde la hora de la comida, y durante todo el día e incluso pasada la hora de silencio estuvieron festejando las últimas noticias sobre el conflicto internacional que les habían dado un supuesto «servicio de espionaje». Puede imaginarse lo que supuso para ellos el saber que los aliados, tras años de luchas al sur del continente europeo, habían desembarcado por sorpresa, en la mayor operación anfibia hasta la fecha, en el Norte de África. Lo que no podían imaginar era la reacción alemana de ocupar todo el territorio francés, ni las consecuencias que todo ello tendría en la vida tras las alambradas de Miranda de Ebro.

3. SOLDADOS, CIVILES, JUDÍOS: LA GRAN OLEADA DE REFUGIADOS (1943)

El desembarco aliado y la invasión en Argelia y Marruecos terminó de resolver las posturas entre aliadófilos y germanófilos, o al menos ratificó a Gómez Jordana en su postura neutral y más bien cercana a los primeros. Franco hubo de redefinir su no beligerancia, para hacerla pasar por anticomunismo y no, como en 1940, por apoyo interesado a una Alemania que si entonces parecía no tener enemigo, ahora se encontraba con sus tropas bloqueadas en Stalingrado y con un duro revés estratégico en África. Incluso se permitió que el Ejército gaullista y la Francia que representaba tuviesen representación en Madrid: los jalones que marcaron la senda del retorno a la neutralidad (proclamada el 1 de octubre) fueron cada vez más evidentes, como la decisión de repatriar a la División Azul o la de permitir el aterrizaje de aviones estadounidenses en territorio español. Y entre esos, uno menos conocido: el de la apertura gradual del problema surgido en Miranda de Ebro, superpoblado tras la ocupación alemana de la Francia de Vichy como respuesta a la invasión aliada.

El número de refugiados que pasaron a España a raíz de la ocupación puede cifrarse, según Marquina, en más de 25 000, aunque el número oficial dado por las autoridades fronterizas fuese de 22 452 para el período entre noviembre de 1942 y diciembre de 1943, el de mayor presión demográfica sobre los Pirineos. Aproximadamente el doble del número de aduaneros y gendarmes nazis (12 000) que ocuparon la frontera francoespañola. De hecho, debido a la total ocupación de Francia por Alemania se había notado un incremento notable de detenciones efectuadas por pasos clandestinos: 1190 en diciembre de 1942 frente a las 363 en noviembre de ese mismo año[50]. Se trataba, por tanto, de la mayor oleada de evadidos e indocumentados en España de toda la guerra mundial. Y desde España, las medidas provisionales no tardaron en aparecer. Ante todo, en noviembre de 1942 se reglamentó por vez primera para todo el territorio el modo de tratamiento de los refugiados de guerra, quedando sujetos al internamiento tan sólo los militares profesionales y los civiles en edad militar pertenecientes a países que hubiesen ordenado la movilización —incluidos los que hubiesen firmado armisticios—, y sin limitación jurídica para las autoridades franquistas en cuanto a la decisión de aceptar la permanencia o tránsito de los extranjeros en España, dependiendo las medidas que se adoptasen sobre el particular únicamente de las conveniencias políticas[51].

De tal modo, durante 1943 se impuso la política de expulsiones sin «mirar la nacionalidad, sino sólo el carácter de los internados» para acabar con las aglomeraciones en Miranda y en las cárceles de partido cercanas a la frontera pirenaica. En ese sentido, la realidad del gran número de refugiados que atravesaban el duro invierno pirenaico huyendo de la ocupación nazi se hizo patente pronto, en forma de disposiciones parciales encaminadas a autorizar «la salida de España de todo el personal extranjero internado en campos de concentración», como los mayores de cincuenta años (25 de noviembre) o los refugiados civiles en edad militar, aprovechando el ofrecimiento de los «países subdamericanos [sic]» que se habían ofrecido a acogerlos (9 de diciembre). En ese sentido, cabe destacar que 20 polacos obtuvieron el permiso de salida a Chile en noviembre de 1942[52].

También los gobernadores civiles de las provincias fronterizas (Girona, Lleida, Huesca, Navarra y Guipúzcoa) recibieron, por vez primera, órdenes conjuntas de actuación, según las cuales a Miranda se destinaría a todos los comprendidos en edad militar pertenecientes a las naciones beligerantes, que no fuesen jefes u oficiales del Ejército, así como a los civiles que no tuviesen garantías ni medios económicos en España; las mujeres en esta última situación se enviarían primero a la DGS y luego a la prisión especial de Ventas y sus hijos se pondrían a disposición del presidente de la Junta de Protección de Menores de Madrid. Los varones fuera de la edad militar y las mujeres con niños que demostrasen garantes solventes en España podrían tener una residencia transitoria hasta el arreglo de sus papeles, para continuar en tránsito hasta otro país. Los religiosos, por último, serían puestos a disposición de los superiores y rectores de las órdenes a las que perteneciesen[53].

Esta norma se vio completada con una todavía más relevante si cabe, por cuanto sentaba al fin la tendencia neutral de España con respecto a este problema, así como el deseo de no hacer de los refugiados un motivo de queja por parte de los aliados. De tal modo, en enero de 1943 se decidió que los franceses que no deseasen regresar a Francia, cualquiera fuese su edad o condición, serían entregados a los representantes de la CRI, así como los checos, polacos, yugoslavos o apátridas (judíos) no en edad militar. No cabe duda, en este sentido, que las expulsiones del territorio nacional de extranjeros estaban así determinadas tanto por una normativa más benigna y cercana a los países aliados, como por una incontrolable situación interna en el campo de Miranda, donde el máximo susceptible de internamiento (1500 personas) se había superado largamente ya a finales de diciembre de 1942, cuando los internos sumaban entonces más de 3500.

Y es que, si creemos las notas que algunas embajadas remitían al MAE con información obtenida en el mismo campo (y en principio no cabe dudar de ellas, ya que determinaron las obras de mejora a las que más adelante se hace alusión), en Miranda había sólo un grifo de agua potable; sólo tres de las dieciocho duchas existentes funcionaban, y sólo durante una hora y media; los pilones para lavar ropa no tenían agua; había treinta y seis retretes «increíblemente primitivos y sucios» y los recién construidos estaban al lado de las cocinas; no existía la cuarentena para los nuevos llegados y éstos no eran vacunados contra el tifus o la viruela; no se aislaba a los enfermos contagiosos; los cocineros, las cocinas y sus utensilios estaban muy sucios; no había medios para calentar las barracas —los internos improvisaban estufas con latas vacías— ni luz en las calles del campo[54]. Y, con ello, España contravenía los mandatos internacionales, como recordaba Samuel Hoare a Gómez Jordana (si bien reconociese que no era responsable por «acontecimientos sucedidos antes de ocupar su cargo») no sólo en lo que en ese momento más le preocupaba (el trato injusto a aviadores y marinos británicos), sino también en lo relativo al internamiento de prisioneros de guerra. Supuestamente evadidos de campos de prisioneros nazis, quedaban libres al acceder a un territorio neutral, pero en España no se entregaban visados de tránsito y salida del país, en contraste —decía— con el trato dispensado por las autoridades españolas a los alemanes en edad militar, a quienes se permitía entrar y salir de España sin obstáculo ni estorbo. «En particular [contrastaba] con el permiso otorgado a unos 120 miembros de la Comisión de Armisticio alemana de África para su repatriación por territorio español, a pesar de ser combatientes de edad militar y habiendo efectuado su salida del África francés [sic] en lucha con el empleo de ametralladoras»[55].

Evidentemente y como puede observarse en el siguiente cuadro, el número de internos creció sustancialmente con la ocupación nazi de la Francia libre[56]. En datos tanto absolutos como relativos, el crecimiento fue enorme, en particular en el grupo estadounidense (multiplicado por 15,2), francés (por 9,8), canadiense (por 4,1) e inglés (por 3,8). De todos modos, en términos absolutos belgas y polacos seguían siendo los grupos nacionales más importantes, aparte del de supuestos canadienses que, como ya he explicado, eran más bien apátridas y, sobre todo, franceses, que solicitaban así la expulsión al continente americano. No obstante, cabe preguntarse si el enorme crecimiento de los que se decían de Canadá respondía o no a que existiesen redes de información previas en las que se les instase a realizar tal declaración pues, como puede observarse, si realmente hubiesen sido todos canadienses habrían formado de largo el grupo más importante (el 25,37 por 100 del total) en Miranda.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que Miranda empezó a ser considerado un centro de reunión para proceder a las entregas de prisioneros a las representaciones de sus países. Esto es, que muchas fueron las legaciones que solicitaron el traslado de sus nacionales al campo de Miranda para centralizar allí las repatriaciones, como en el caso de 175 extranjeros encarcelados en Pamplona que a mediados de diciembre de 1942 fueron trasladados al campo burgalés por orden de la DGS. Ese proceso, de tal modo, se unió al hecho de que llegaban casi todos los días a Miranda refugiados provenientes de Francia. Solamente la segunda quincena de diciembre fueron más de quinientos, con lo que a primeros de enero ya había unos 3500 internados, hacinados en los 26 barracones existentes, con capacidad cada uno sólo para cien personas[57]. La aglomeración de personal, se señalaba por parte del Ministerio del Ejército, creaba posibilidad de enfermedades y contagios, sin ser posible separar a los enfermos por falta de espacio y por no contarse con lugares específicos. Hasta tal punto había empeorado la situación, ya de por sí complicada, que los escoltas tuvieron que alojarse en tiendas de campaña, en un campamento anejo al campo.

El adjetivo que pasaba por todas las mentes a la hora de explicar la situación era el mismo: «crítica». Gómez Jordana fue todavía más explícito, al enfrentarse a Blas Pérez, ministro de Gobernación de quien dependía que no se concediesen permisos de tránsito o permanencia en España: había que cortar en seco las detenciones que agravasen «el ya espinosísimo problema de los internados en Miranda de Ebro, sobre todo cuando se trata de personas que viven normalmente en su familia y se pretende sacarlas de ella para llevarlas a un campo de concentración». El problema específico motivo del enfrentamiento fue el de la detención de extranjeros que viviesen y tuviesen sus familias en España. Pero es que, aseguraba, el de los concentrados en campos estaba siendo «motivo de escándalo en todo el mundo»[58].

Las soluciones inmediatas, sin embargo, no ayudaron a acallar las voces en contra del régimen franquista por su trato a los refugiados porque, si bien se obtuvo la liberación a principios de enero de los internos mayores de cuarenta y menores de dieciocho años, la consecuencia directa de ello fue la huelga de hambre de una semana, que dio una publicidad inusitada a las graves condiciones por las que se pasaba en Miranda de Ebro y, en particular, por las que pasaban grupos nacionales como los polacos. Dada la urgencia de disminuir el número de personas acumuladas en el campo, se hacía necesario habilitar otros donde trasladar a los que no cabían y, en particular, a los jefes y oficiales de los ejércitos aliados, para que pudiesen «vivir en el nivel que por su condición social les corresponde». Y, sobre todo, era necesario abrir la espita del internamiento, para lo cual se decidió la expulsión de los que no estuviesen en edad militar (484 mayores de cuarenta y 103 menores de dieciocho años, con una amplia mayoría de polacos, 188 en total) y de los inútiles para la guerra (26), ayudándoles en cambio en lo material para que no cayesen en la órbita de «organizaciones internacionales de existencia conocida y poco conveniente desde el punto de vista político o internacional, o constituirse en elementos maleados o indeseables».

También desde esas fechas, los civiles «con medios» serían destinados a hoteles y residencias, y los que no los tuviesen, a establecimientos penitenciarios; los jefes y oficiales, a la nueva residencia en Jaraba (Zaragoza). Y, lo que era más importante, se llegaría a la conclusión de que el internamiento no tenía una base jurídica sólida, por lo que se habría de acceder a cuantas peticiones se realizasen por parte de los países a los que perteneciesen los internados. Mediando, eso sí, una «prueba de amistad con Alemania» en forma de recrudecimiento de la vigilancia fronteriza, se reconocía que «si se consigue escapar de su vigilancia y de la nuestra, como no es dable jurídicamente sentar el principio de internamiento de quienes se hallan en este caso, nos veremos en la necesidad de acceder a las peticiones». Motivo este que devino en la progresiva entrega de extranjeros, en primer lugar para solventar el problema de habitabilidad del campo de Miranda, y en segundo lugar para declarar casi por fin (a tal punto se llegaría en marzo de 1943) la neutralidad proaliada en el tema de los refugiados[59].

La liberación, empero, de los refugiados fuera de la edad militar a principios de 1943 provocó entre los soldados polacos un fuerte sentimiento de abandono que se convirtió, desde el día 8, en una de las situaciones más graves por las que se pasó en Miranda, la huelga de hambre[60]. A través del análisis de sus reivindicaciones y logros, podemos internarnos brevemente en las condiciones de vida cotidiana en el campo puesto que, además de lógicamente su liberación, el motivo de dicho plante estuvo ante todo en la mejora de la situación interna en Miranda de Ebro. Así, en la comida del mediodía del 6 de enero de 1943 el grupo de polacos, rayano ya en los 600, decidió iniciar una huelga, a la cual se unieron otros grupos internacionales en el transcurso de la tarde, de la que trataron de difundir el máximo de noticias posible fuera del campo, en particular utilizando un pequeño globo que hicieron con goma de desecho, inflaron con gas y soltaron para que saliera por encima de la alambrada por la noche[61].

Sus consignas eran «Libertad para España; mejora de la comida, tabaco, ropa, jabón y dormitorios; mejor trato, que cesaran las palizas y abusos, que fueran al campo un representante de cada Embajada»[62]. Consignas que el 13 de enero los huelguistas trasladaron al representante del MAE, Alfonso García Conde, enviado a las órdenes directas de Pan de Soraluce (subsecretario del Ministerio) para tratar sus reivindicaciones. García Conde se dedicó, en cambio, a amenazar a los internos para que depusiesen su actitud. Diría, en un comunicado oficial, que los internados querían presionar de mala fe «pintando con los más negros colores aquel lugar», que como campo de concentración, una «triste moda» europea, se alejaba obviamente del «confort de un Palace o un Hotel» pero que, en definitiva, no era para tanto. El campo tenía, según él,

pabellones bien construidos, una enfermería decorosa, una peluquería bien higiénica y bien instalada, cocinas limpias, máquinas para desinfectar la ropa, farmacia bien surtida de medicamentos e inyectables, según me aseguró el Médico Militar, y comida abundante y sana, al parecer. En confirmación de lo que expongo está el magnífico aspecto que presentan los internados, y en cuanto a la salubridad e higiene basta con decir que las 30 camas que tiene la enfermería jamás han estado ocupadas en su totalidad, excepto en los días de la huelga de hambre, como es natural.

Su intención era, por tanto, la de poner término a la «situación de insubordinación» amenazando con cortar cualquier negociación sobre las liberaciones, con dos cesiones hacia ellos: la de enviar a otro centro a los jefes y oficiales, y la de buscar el modo de descongestionar el campo, que ya sumaba 3750 internos (el doble de lo previsto), que disponía de una escasísima agua de boca e higiene, y en el que prácticamente no había luz eléctrica («la bombilla de los pabellones da menos luz que una vela», señaló)[63]. Resueltos esos tres problemas, no sería exagerado «afirmar que el campo de Miranda es uno de los mejores de su género en Europa», gracias al trabajo de su jefe, el comandante Felipe Toral García.

El enviado del MAE a todas luces se dedicó a amenazar a los huelguistas y a recordarles que el gobierno franquista no atendería a «violencias ni amenazas», porque en ningún momento les explicó los proyectos, algunos por cierto de lo más extravagante, para liberar personal del campo de Miranda. Más bien les hizo saber que la situación estaba cambiando y que la benevolencia oficial se vería limitada con indisciplinas como la realizada. De hecho, el día 15 la huelga había concluido, en principio sin ningún resultado aparente (por más que se crea que fue determinante para acelerar las liberaciones: las únicas que aceleró fueron las de los 576 polacos en marzo), aunque con un efecto evidente: poner a las autoridades competentes ante un problema de dimensiones gravísimas. Sin embargo, por la rapidez de lo acontecido a continuación, los proyectos de evacuar a los oficiales a Jaraba (175 en pocos días), de introducir mejoras en la infraestructura del campo y de ampliar los grupos de expulsados hacia el Norte de África existían con anterioridad.

Este último aspecto, obviamente, era con diferencia el más importante. No ya porque haría menos necesarias las reformas, sino ante todo porque respondía a una no escondida política de acercamiento a las potencias aliadas. Así, se llegó a la conclusión, tras las visitas derivadas de la huelga de hambre, de liberar a cuantos hubiesen cumplido los dieciocho años en el campo, así como también, y lo antes posible, a todos los incluidos en la normativa de no internar a los hombres que no estuviesen en edad militar; de liberar al gran número de enfermos, heridos y afectados de defectos físicos que les impidiesen ser aptos para la guerra; de conceder la libertad vigilada a cuantos gozasen de buena condición económica demostrable; de expulsar a los que tuviesen residencia fijada en España desde años atrás (sobre todo, los que hubiesen tomado armas en la guerra civil); y, por fin, permitir al «buen número de internados» que deseaban ingresar en el Tercio de Extranjeros formar parte de la unidad armada creada por Franco.

Lo cierto es que en estas fechas no hay ninguna solicitud de ingreso a la Legión (como las habrá cuando sean los internos los colaboracionistas con los nazis de Vichy) y sí muchas de paso a África del Norte. En ese sentido, al poco se dispuso que los franceses, por quienes se interesaron particularmente Charles Gilbert (vicecónsul estadounidense en Bilbao) y el embajador Hayes, fuesen responsabilidad de la CRI y, en particular, de monseñor Boyer-Mas, contradiciendo el deseo alemán de que a todos los refugiados se les obligase a volver a pasar la frontera francesa. E incluso se llegó a solicitar que, debido a su gran número, se les evitase el régimen de campos de concentración, instalándolos en otros centros como el hospital francés de Barcelona, algo no concedido pero que entroncaba con lo que ya era algo comprendido por todos y un secreto a voces: que, como señalaba Hayes a Gómez Jordana, de la neutralidad cercana al Eje se había pasado a una neutralidad favorable a los aliados y que, por ello, el internamiento no sólo era innecesario sino que, además, no podía traer ningún beneficio para España. Un país, como recordaba el embajador estadounidense, al que le interesaba mantener las mejores relaciones posibles con las Naciones Unidas. «Including France».

Naciones aliadas a las que pertenecían los refugiados liberados de Miranda y otros centros de detención a lo largo de los meses de enero y febrero de 1943, antes de revisarse las normas de actuación para con los extranjeros en España, que vinieron a ratificar los cambios acaecidos desde la ocupación de Francia. Liberados de Miranda (a lo que se dedica particular atención, aunque empiecen por estas fechas a aparecer refugiados en todas partes: Girona, Lleida, Barcelona, Pamplona o Zaragoza, por ejemplo) como los 229 franceses que deseaban, mayoritariamente, llegar a Argelia, Rabat y Casablanca, dejando en una porción minúscula a los que querían volver a la metrópoli. Como los 217 ingleses de enero y los 150 de febrero, donde empezaban a mezclarse los prisioneros británicos y los supuestos canadienses. Como los 22 estadounidenses, cuyas autoridades consiguieron, además, que se concediese la libertad a 500 franceses para que fuesen trasladados a Sevilla. Como los diez yugoslavos, cuyas expulsiones tramitaba Lyoubicha Vichatzky, encargado de negocios de la Legation Royale de Yougoslavie, quien albergaba a los liberados en su propia casa de Madrid. Como los 20 checoslovacos, uno de los cuales (Josef Fusch) hubo de ser internado directamente en un manicomio, por haber perdido la cordura en el campo. O como los 30 holandeses solicitados en Miranda, destinados a embarcarse en los vapores Cabo de Hornos y Marqués de Comillas, entre los que estaba un interno, Beekmans, enfermo de tisis en último grado, enfermedad empeorada por las «pésimas condiciones en que los internados se encuentran, ya que están hacinados materialmente en los barracones, un foco de infección para los demás internados»[64].

Se tardaría aún, empero, para que las expulsiones del país hacia territorios aliados adquiriesen algún grado de automatismo. La España de Franco era, en definitiva, un régimen basado en la victoria en la guerra civil sobre la República, y eso les mantenía siempre en constante alerta ante posibles intentos de los republicanos exiliados que, unidos a «franceses disidentes» y amparados por «agencias patrocinadas directa o indirectamente por los consulados de los países beligerantes aliados» (agencias de las que se hablará en breve), trataban de hacer pasar a cientos de refugiados al territorio nacional hasta llegar a contactar con los representantes ingleses o norteamericanos[65]. El tema de los refugiados era un factor desestabilizador en el cual se podía intuir un grado de riesgo para el poder franquista. Se comprobaba por parte de la DGS, además, que con la primavera en ciernes y el consiguiente deshielo de algunos pasos pirenaicos la cantidad de evadidos había aumentado considerablemente, debido también al perfeccionamiento del sistema de guías y passeurs hasta llegarse a «evasiones casi en masa». Y todo ello, ante la petición de no mandar más personal a Miranda, cuyo campo como hemos visto se encontraba absolutamente saturado, estaba originando una situación también de desbordamiento en las prisiones de partido. De tal modo, convenía tomar una decisión drástica: mientras que se decidía si cerrar o no la frontera a petición de Alemania, fueron liberados 210 franceses de Figueres, 298 de Barcelona (albergados en diferentes hoteles o de la Cárcel Modelo), 300 de Miranda y 43 de Jaraba. Y, al poco, fueron puestos a disposición de Boyer-Mas, el representante de la Francia libre y de la CRI, franceses internados en Girona, Pamplona, Betelu, Huesca, Burguete, Ondarreta, Madrid, Barbastro, Zaragoza, Jaca, Lecumberri y Murgia, hasta completar un grupo de 1631 detenidos enviados a Cádiz para ser embarcados en los primeros vapores fletados por la oficina de enlace del gobierno Giraud (cuyo teniente coronel era Pierre Malaise, la cual se ubicaba en las oficinas del agregado militar de Estados Unidos en Madrid), con destino a Tánger[66].

Las quejas alemanas por ello no tardaron en llegar, obligando a Gómez Jordana a realizar un sutil quiebro legal: dispuso que solamente se expulsasen extranjeros a través de Portugal, país no beligerante, aunque a todas luces eso era entregar a los aliados a sus soldados retenidos en España. La idea que movía todo esto era la de «evitarnos complicaciones»; pero sin embargo las complicaciones no tardaron en llegar. Así, las presiones del embajador Stohrer obligaron a tomar también la drástica solución de cerrar (por pocos días) la frontera pirenaica desde el 24 de marzo de 1943, pidiéndose a su vez el reforzamiento de las tropas en el lado francés y la colaboración de los alemanes para acabar con las redes de infiltración clandestinas, como la de la Seu d’Urgell[67]. Las autoridades policiales alemanas, por su parte, establecieron una zona de unos 30 kilómetros a lo largo de la frontera para impedir el paso a cualquiera que tratase de atravesarla para llegar a España. Pero todo eso también dificultaba las relaciones con Alemania que, si bien no vio un enemigo en Franco, sí disponía de un número considerable de soldados apostados en la frontera pirenaica. Jordana, abrumado por la presión aliada y nazi, optó temporalmente por una solución sencilla: intentar desvincular a España del problema.

Así, el cierre de la frontera en marzo de 1943 y la amenaza de expulsar a todos los extranjeros respondía a presiones alemanas y a la dificultad de mantener el problema no ya de los refugiados sino, ante todo, de Miranda de Ebro. Con la excusa de no poder atender a los refugiados como se desearía, y por las campañas «antiespañolas» que los internos llevaban a cabo al salir del campo, en realidad el anciano Gómez Jordana lo que estaba poniendo a las claras era la incapacidad española para mantenerse en el débil hilo de la política de estricta neutralidad, sobre todo con 12 000 agentes nazis apostados en la frontera. Eso, sin embargo, suscitó la preocupación de los aliados y, sobre todo, de Gran Bretaña y Estados Unidos. «Esta Embajada —señalaría Hayes— ha sido asegurada por el MAE en varias ocasiones, que el Gobierno español no devolvería refugiados de países beligerantes u ocupados a sus países de origen o al territorio ocupado por el enemigo sin el consentimiento de los interesados. Querría poder informar a mi Gobierno que esta política del Gobierno español no ha sido modificada en grado alguno». Y, efectivamente, el cierre de la frontera duró tan sólo unos cuantos días.

Las protestas de Hoare y Hayes sirvieron para que Jordana diese marcha atrás y se rescindiese cualquier tipo de orden de expulsión, buscándose nuevas salidas al bloqueo de la situación, en la cual internos de más de dos años de antigüedad en el campo se unían a los franceses recién llegados que huían del servicio laboral obligatorio impuesto por los nazis, a las tropas aliadas en misiones tras las líneas enemigas o huidas de campos de prisioneros, a los judíos que optaban por escapar de la deportación. Este último grupo, en particular, preocupaba a los agentes consulares alemanes. Diariamente, decían, se evadían «elementos de dicha raza», por lo que el embajador nazi quiso saber si «España estaría dispuesta a entregar a los judíos que pasan en fraude la frontera». La perspectiva española, sin embargo, era la de evitar enfrentarse con alguno de los contendientes, también en este aspecto[68]. Como se ha visto antes, el hecho de que las deportaciones se hubiesen trocado en el exterminio de la población judía de Centroeuropa desde enero de 1942 —aunque las matanzas generalizadas datasen ya de la aparición de los Batallones Móviles de Ejecución en el frente Este alemán— fue determinante para que el número de judíos entrados en España fuese en progresivo aumento, pero no así para la posición española ante ellos[69].

Y es que el exterminio tenía lugar a más de 2000 kilómetros, en la Polonia ocupada (Auschwitz y Chelmo) o en la del Gobierno General (Treblinka, Sobibor, Maidanek y Belzec). Más que salvarlos, en España se quería, como se ha visto, que no llegasen a formar una comunidad establecida. Por eso se permitió que un cónsul oficioso, Samuel Sequerra (del American Joint Distribution Committee en Barcelona) tramitase sus expulsiones desde Miranda cuando se trataba de individuos en edad militar, y de civiles solventes, mujeres y niños desde los balnearios y aldeas a las que fueron llevados en libertad condicional. Convenía no poner en peligro la posición española ante las Naciones Unidas contra el Eje con la colaboración en las deportaciones. Tantos fueron, sin embargo, desde noviembre de 1942, que se hubo de crear una representación oficial de las organizaciones benéficas norteamericanas encargada a Blickenstaff, del American Friends Service Committee y los cuáqueros, como representante de las American Relief Organizations (Organizaciones de Socorro Americanas). Tales asociaciones benéficas sí que presionaron por la liberación de los apátridas judíos internados en campos, balnearios y cárceles, y por la expulsión de los que estaban en libertad vigilada. Para ellos, y para los soldados y civiles en situación irregular en la España de Franco, había que buscar una solución «con la máxima urgencia».

Y la solución estaba en el Norte de África, adonde la mayoría de los internos deseaban trasladarse para incorporarse a las tropas aliadas, con el pretexto legal de estar en tránsito por un país neutral hacia otro, colonia francesa, que había firmado un armisticio y, por tanto, debía considerarse también como no beligerante. Ya casi nadie consideraba en Madrid la posibilidad de la expulsión por la frontera pirenaica. Tal era el peligro en el país vecino, que incluso el mismo embajador de Vichy en Madrid, François Piétri, pidió a Jordana, Pérez y Asensio (respectivamente ministros de Exteriores, Gobernación y Ejército) que no se devolviese a nadie a través de esa frontera. Solamente quedaba la salida por Portugal y los puertos andaluces. Y el destino era igual en ambos casos: el territorio ocupado por las tropas aliadas.

La veloz retirada de la orden de cierre de la frontera con la Francia ocupada supuso así una temporal victoria aliada en el tema de los refugiados, que dio nuevas alas a las peticiones de repatriación a través de España de los internos en Miranda de Ebro y otros centros. E incluso a las quejas por la lentitud del proceso, ya que, por ejemplo, los 600 internos de Miranda y Jaraba cuya libertad fue acordada en enero no habían sido aún, en marzo de 1943, puestos a disposición de sus representantes consulares[70]. Con todo, ese mes fueron expulsados del territorio nacional hasta 1003 personas pertenecientes a los países en guerra[71]. Lo que se buscó, a partir de entonces, fue el automatismo en las liberaciones. Solamente actuando así podría ponerse solución al grave problema de orden interno y de política exterior cuya punta de iceberg era el campo de concentración de Miranda de Ebro.

Eso, en buena medida, prologaba la revisión de las normas de extranjería promovida a finales de marzo y principios de abril de 1943, según la cual —y eso significaba una gran novedad— todos los franceses que no deseasen volver a la metrópoli serían puestos a disposición de la CRI, junto con los checos, polacos, yugoslavos y apátridas. Además, empezaba a tomar carta de legalidad la que acabó siendo la razón mayoritariamente aducida para conseguir salir del campo: la liberación de todos los prisioneros de guerra evadidos de campos de concentración (Frontlag y Stalag) en Europa. De tal modo, desde abril de 1943 las liberaciones de los campos vendrían señaladas por un número, significativo del tipo de norma aplicada[72]:

1. Beligerantes en edad militar: a campo militar.

2. Militares profesionales: a campo especial.

3. Varones no en edad militar, mujeres con o sin niños, con medios o garantías económicas: libertad vigilada hasta su expulsión. También miembros de países no beligerantes (argentinos, irlandeses, portugueses, suizos y turcos) cualesquiera sea su edad.

4. Extranjeros no en edad militar, sin recursos económicos: a campos o prisiones de Gobernación (DGS), que al poco sería puesto en funcionamiento como tal (Nanclares de la Oca).

5. Franceses, considerados anteriormente no beligerantes por armisticio, desde la ocupación anglo-americana del Norte de África adonde la mayoría quiere ir, si no quieren volver a Francia: se les declarará beligerantes, aplicándoseles las mismas normas. Los que estén en libertad por habérseles considerado hasta ahora no beligerantes, se les pedirá salir por frontera portuguesa, entregándose a la CRI.

6. Checos, polacos, yugoslavos y apátridas no en edad militar: entrega a CRI, permaneciendo en campo hasta que ésta se haga cargo según las normas 3-4. Los de edad militar, igual que los beligerantes. Como apátridas se consideraría a los internados de territorios ocupados sin representación diplomática en España, como checos, polacos, estonios…; los que recusan su nacionalidad legal y no desean ponerse a disposición de las autoridades que representan actualmente en España a los países de procedencia (austríacos que no reconocen el Anschluss, checos y eslovacos que no reconocen el protectorado del Reich en Bohemia y Moravia); aquellos a quienes por disposición de orden racial se les haya desprovisto de nacionalidad: entrega a CRI.

7. Prisioneros de guerra evadidos de campos de concentración, según el art. 13 del Convenio de La Haya, independientemente de su nacionalidad: libertad vigilada y expulsión.

8. Religiosos: entregados a sus órdenes religiosas.

9. Enfermos graves: a Beneficencia si no tienen medios económicos.

10. Los que tuviesen residencia en España antes de 1939: libertad vigilada si cumplen con norma 3.

11. Todos los médicos: libertad.

Las entregas de internos de Miranda de Ebro se hicieron así cada vez más frecuentes y numerosas, según un informe franquista de 1946 debido a la «benevolencia del Gobierno Español… salvando todo género de dificultades [como] las constantes reclamaciones y protestas de los alemanes», que no prosperaron «gracias a la energía de las Autoridades españolas que estaban dispuestas a dar una interpretación favorable a dichos preceptos a favor de las naciones aliadas». Así, 170 ingleses salieron de facto en marzo, reclamando además la Embajada británica a 381 internos más, canadienses y polacos incluidos, así como a 76 del balneario de Jaraba; 23 fueron los estadounidenses reclamados y liberados a principios de abril; 52 holandeses salieron de España, tanto por Portugal como desde el puerto de Cádiz, justo antes de solicitar la entrega de los 72 que quedaban en el campo. Y, por su parte, Bélgica reclamaba a los 251 que, según sus cálculos, se habían escapado de campos alemanes para ir a parar a Miranda[73]. Hasta agosto, Boyer-Mas consiguió embarcar a cerca de 4000 refugiados franceses rumbo al Norte de África.

El incremento, sin embargo, de las peticiones de internos no significaba por fuerza que fuesen inmediatamente liberados, ni mucho menos. Muchas veces pasaban varios meses hasta que se conseguía la liberación de facto y, por eso, es complicado a veces distinguir en la documentación entre peticiones de libertad y concesiones de las mismas. El proceso, a grandes rasgos, era el siguiente: el consulado del país del interno o la CRI, según los casos, solicitaba la liberación al MAE alegando alguna de las variables antedichas. Después, el caso era examinado por el Ministerio del Ejército y, si la libertad se concedía, pasaba a la DGS para tramitar los permisos y visados de tránsito o permanencia. Entonces, había que esperar a que los responsables del interno se hiciesen cargo de él en Miranda, para trasladarlo generalmente a Madrid, en espera de formar un grupo para la expatriación. Ésta, por fin, se realizaba varios meses después del primer paso, por la frontera portuguesa o por puertos andaluces (Cádiz, Málaga, Algeciras) hacia el Norte de África. Aunque también existían métodos más expeditivos. Como dijera Paul Lang, agente consular francés «que llevaba treinta años en España y conocía las costumbres», el modo más fácil de salir del campo era «a base de pesetas»: una acusación de corrupción que fue investigada por las autoridades franquistas ya que constituía «una ofensa para el buen nombre de España y sus Autoridades». El resultado de la investigación se desconoce.

No a través de la corrupción sino gracias a las gestiones inglesas, salieron a finales de abril del campo de Miranda 303 ingleses, cuatro australianos, un escocés, quince sudafricanos y nada menos que 685 canadienses. En estos envíos, además, se contaban prisioneros internados en Ágreda (Soria), Almazán, Jaraba y diferentes prisiones provinciales. Y se tramitaban además las expulsiones de más grupos nacionales con preferencia, por ser los más numerosos, de holandeses, norteamericanos y belgas[74]. Aunque, sin lugar a dudas, el grupo nacional más favorecido por la política de expulsiones al Norte de África fue el francés. Y no sólo el de Miranda, sino sobre todo los retenidos en Deva (se liberó a 139), Cestona (a 237), Molinar de Carranza (a 119), Madrid (a 166), Zarauz (a 241), la Tabacalera de Santander (a 107), la prisión de Capuchinas de Barbastro (a 30), Zumaya (a 38), Caldas de Malavella (a 404), Barcelona (a 603) y Pamplona (a 41)[75]. De hecho, tan saturados estaban los centros de detención y concentración, que llegó a solicitarse la liberación sin más trámites de cuantos hubiesen pasado más de dos años en Miranda de Ebro, así como de todos los franceses internados.

Una muestra clara de la situación la constituyen las renovadas quejas de los alemanes, esta vez utilizando la prensa. Un artículo del 13 de junio de 1943 en Das Reich tenía el significativo título de «Die Pyrenäenschleuse. Organisierter Menschenschmuggel» («Las esclusas de los Pirineos. Contrabando humano organizado») y denunciaba que «de un tiempo a esta parte se [oía] en las calles de Madrid mucho francés… son grupos de jóvenes fuertes que callejean bajo el sol de la no beligerancia». Asimismo lamentaba que la representación de la Francia libre en Madrid se hubiese instalado en las oficinas del agregado militar norteamericano, creando así una auténtica oficina de reclutamiento para quienes deseasen dejar su sangre contra Alemania y a favor de los «los enemigos de Europa»; y también, que hubiese muchos, bajo el control de la CRI, que ni eran enviados a combatir a África ni a trabajar a Francia, quedando en un limbo «pacífico» en territorio español. La frontera verde pirenaica se había convertido, ante la ineptitud española, en un bulevar a través del cual se alcanzaban los puntos de acogida anglo-americanos de Figueres o San Sebastián, donde se les proveía de pasaportes falsos. Para Des Reich, uno de los más importantes órganos de propaganda nazi (lo controlaba Goebbels personalmente), se podía estimar en «más del doble de la valiente División Azul», en unos 40 000 los refugiados que, acogidos a la incapacidad franquista de detener la riada de personas y a su interés por no contradecir los intereses aliados, habían hecho del paso clandestino a España un movimiento de guerra contra el Eje.

Y es que las liberaciones de Miranda ascendieron en mayo de 1943 a 639 internos y en junio rayaron los 400, sobre todo belgas, canadienses, holandeses, ingleses y norteamericanos. No le faltaba razón, por tanto, al articulista nazi: según la CRI, sólo los refugiados franceses en España superaban los 10 000. La válvula se había abierto, puesto que mantener a tantos refugiados (se calcula que fueron más de 22 000 los que pasaron a España desde noviembre de 1942)[76] y con tantas entregas a los representantes consulares y a la CRI, hizo que se redujera el número de internos en Miranda hasta, aproximadamente, unos 900-1200 (momento en que se decidió acometer las prometidas reformas en el campo con las que se inicia el siguiente capítulo)[77]. En ese momento, entre Miranda de Ebro, Jaraba y otros centros de detención, como las prisiones o Molinar de Carranza, la Tabacalera de Santander, Madrid o Barcelona, existían en España un total censado de 8593 refugiados extranjeros[78].

Según la Embajada alemana, el 90 por 100 de los más de mil franceses que llegaron al Norte de África en los buques Gouverneur Général Lépine y Sidi Brahin eran jóvenes en edad militar; y eso mal podía «compaginarse con las relaciones amistosas entre España y Alemania». Von Stohrer realizó, en nombre del gobierno del Reich, una última propuesta formal para que se entregasen a la guardia fronteriza alemana «aquellos individuos que hayan pasado ilegalmente la frontera pirenaica. La entrega de los mencionados individuos a la guardia fronteriza alemana —señalaba— constituye la única solución efectiva a este problema»[79]. En Madrid, sin embargo, hacía tiempo que las cosas habían cambiado no hacía sino demostrarlo. La única solución para el problema de los refugiados era, por un lado, que Alemania cerrase definitivamente su lado de la frontera, abstrayéndose así España del mismo (algo que aún en junio de 1943 solicitaba el embajador en Francia, Lequerica, a la administración alemana); y por otro, ceder a las peticiones aliadas. El devenir de la guerra mundial, cada vez más de cara a los aliados, no hacía sino reforzar esta hipótesis. Y, sobre todo, la hipótesis de que el franquismo trató, en todo momento, de contemporizar en relación a los problemas puntuales, tratando de arriesgar lo mínimo posible, y lograr así un objetivo fundamental: el de perdurar.

Por eso, y aun a riesgo de comprometer el orden público «y la seguridad Patria» con el internamiento en pueblos y balnearios cercanos a la población española a evidentes enemigos ideológicos de la dictadura[80], la administración franquista permitió que se expulsase de España, en 1943, a 19 463 de los 22 452 refugiados censados; esto es, de los que se habían presentado a autoridades fronterizas y habían pasado por el periplo de la detención, la reclusión o el internamiento. Restaban, por tanto, en España tan sólo 2989 refugiados a finales de año, algo más del 13 por 100 de los que desde la invasión nazi de Francia se habían arriesgado al viaje pirenaico. Y la gran mayoría, desde el verano de 1943, estaban internados de nuevo en Miranda de Ebro; 780 internos en Zumárraga, un mínimo de 53 del balneario de Molinar de Carranza y unos mil civiles de Caldas de Malavella fueron trasladados al campo de referencia, haciendo inútil el precedente descenso del número de internados y estabilizando su población de nuevo en torno a los 3000, si bien la razón para tal recrecimiento fue la de centralizar las expulsiones, haciendo de Miranda un lugar cada vez más de tránsito y menos de concentración.

Y es que, por ejemplo, desde Miranda salieron para el Norte de África 750 franceses (más un grupo de polacos, canadienses, belgas y estadounidenses) en junio, que se unieron a los 488 que esperaban la salida de Madrid y, probablemente, a los 478 refugiados en Totana (Murcia). En julio fueron liberados franceses internados en Cáceres (72), Caldas de Malavella (104), Girona (113), Figueres (145), Barcelona (50), Rocallaura y el Seminario Viejo de Lleida (279 y 93, respectivamente), Totana (250), Madrid (530), Jaraba, Almazán y Arnedillo (Logroño, 94 entre todos) y Miranda de Ebro (77). Y en agosto, de Urberuaga (212), Sobrón, Arnedillo y Almazán (71), Miranda de Ebro (282), Molinar de Carranza (110), Figuerido (120), Celanova (65), Belascoain (25), Sobrón (25), Girona (141), Totana (236), Madrid (87) y Barcelona (262)[81]. Un total de 5159 franceses liberados y entregados a la representación extraoficial de la Francia gaullista, mayoritariamente civiles pero con una nutrida representación también de militares internados en Miranda de Ebro (1109).

Para facilitar la expulsión de estos y otros que vendrían, Franco en persona autorizó en septiembre que pudiesen embarcar en puertos españoles a bordo de barcos franceses, con destino al campo africano de refugiados del mariscal Lyautey que, tras muchas dificultades interpuestas por Francia, empezó en septiembre a ser utilizado por orden del general Eisenhower. Y, de tal modo, el cónsul inglés en Málaga advirtió personalmente al comandante militar de Marina de esa ciudad que pronto llegarían dos buques con bandera francesa para recoger refugiados, hasta llegar a unos 8000. En octubre se concedió la libertad a 2971 franceses (170 de Miranda, el resto de diferentes balnearios y ciudades)[82] y el 2 de noviembre entraron, por vez primera, los buques franceses Governeur Général Lépine y Goudribrahim en el puerto de Málaga, escoltados por un destructor inglés. Como señalaría posteriormente la CR francesa, entre los días 2, 15 y 29 de noviembre pudo sacarse de España a 6313 compatriotas, lo que contrasta con la opinión de Ysart según la cual las potencias aliadas fueron en extremo «morosas» con sus refugiados —en particular, señala, con los judíos—. Conseguir, sin embargo, que se pusiesen a disposición de la Francia libre a 4921 refugiados (nada menos que 2006 de Miranda de Ebro)[83] en noviembre y que en diciembre, tras diferentes presiones alemanas y tras la liberación de 2234 (1009 de Mirlada), se decidiese suspender la salida por mar de los refugiados (que se haría desde finales de año cada dos meses) ante todo porque no había aún un «número importante» de ellos, era un posicionamiento claro de los aliados ante los intentos franquistas de desembarazarse del problema.

Un problema, en resumen, que había comenzado sobre todo en noviembre de 1942 cuando, tras la invasión del Norte de África por parte de los aliados y la ocupación total de Francia por parte del Eje, España había quedado encerrada entre dos ejércitos amenazantes para la estabilidad del franquismo. Cierto que tardíamente y tras asumir su incapacidad para solucionar un grave problema derivado de esa situación, de los casi 22 500 refugiados y exiliados europeos de 39 nacionalidades (aparte de los apátridas) que entraron en España huyendo de las deportaciones, el trabajo forzoso en Francia o las tropas alemanas[84], más de 19 000 fueron expulsados de España durante 1943, entre los que destacaron 14 471 franceses, 2578 ingleses, 1274 polacos, 492 belgas o 184 estadounidenses. De ellos, un mínimo de 13 000 habían pasado en Miranda de Ebro semanas, meses o incluso años[85]. Un campo de concentración con una población fluctuante, símbolo de la posición española frente a la segunda guerra mundial y los países beligerantes, que también lo fue de la miseria y el miedo, así como de la esperanza, para los muchos que aprovecharon no la benevolencia sino la incapacidad y debilidad franquista frente a la delicada situación y las presiones derivadas de ella, y lograron así huir del poder alemán sobre Europa.

Un campo por el que desde 1944 pasaron también alemanes y colaboracionistas con el régimen nacionalsocialista, cuando las condiciones de vida en su interior habían ya mejorado sustancialmente en comparación con la desastrosa situación interna que se ha ido desgranando en este capítulo. En el siguiente, la crónica del largo final (desde la liberación de Francia hasta su cierre definitivo en 1947) empezará, precisamente, con un viaje al interior de Miranda de Ebro. Y finalizará con el internamiento de alemanes, franceses, belgas o italianos que, huyendo de las depuraciones antifascistas, también se adentraron en la España neutral, para ir a parar al campo de prisioneros e internados más longevo de la historia española.

7. Crónica de un largo final. Refugiados, nazis y colaboracionistas

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Crónica de un largo final. Refugiados, nazis y colaboracionistas

1944-1947

EL 3 DE DICIEMBRE DE 1943, el ministro de Asuntos Exteriores escribió de su puño y letra una carta a Asensio, titular de Ejército, para felicitarle por las reedites obras de mejora y acondicionamiento realizadas en Miranda de Ebro. El campo, para el anciano militar, podía presentarse como modelo para toda Europa. Sin embargo, instaba a no darles demasiada publicidad y a mantener callada la «labor humanitaria» que allí se realizaba. Poco antes el coronel jefe del campo, Luis Molina González, había acompañado a diferentes agregados militares de naciones beligerantes con internos en el mismo en una visita que, a juicio del coronel Capdevila, responsable por parte del Ministerio del Ejército, había sido un éxito. Tanto la comida en el cine del campo como el paseo posterior, hablando con cuantos internos se acercaron, habían convencido a los agregados de las condiciones del campo, según señalaba La Voz de España el 22 de noviembre de 1943[1].

El objetivo de estas visitas, que tuvieron incluso cobertura fílmica, era acabar con la «leyenda negra» que rodeaba al campo. Así, el general Yagüe, capitán general de la 6.ª RM, había recibido en Burgos el 22 de noviembre a los agregados militares de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Chile y, al día siguiente, a los de Japón, Bulgaria y Finlandia. Sin embargo, detrás de la fachada de satisfacción y elogios por las reformas acometidas en el campo de que se han hecho eco algunos trabajos (más bien falseadores de la realidad) existía una profunda preocupación, hasta el punto de solicitarse que no se realizasen más visitas oficiales. Y es que, cuando subido al estrado delante de los gigantescos yugo y flechas que presidían la explanada principal del campo, monseñor Boyer-Mas, que acompañaba a los visitantes, había dirigido la palabra a sus compatriotas franceses, éstos habían recibido sus palabras con risas irónicas y silbidos de desaprobación.

La frase que había desencadenado la hilaridad se refería a la «gratitud que todos [debían] a la generosa y humanitaria España», que el religioso hubo de repetir a gritos para acallar las risas. Por otro lado, ninguno de los representantes aliados había tenido durante la visita la menor frase de elogio ni para las instalaciones ni para el «trato humanitario» recibido por los internos. Los representantes del Eje, en cambio, sí se habían expresado en términos muy encomiásticos. La conclusión a la que se llegó, no obstante, fue que por muy loables que fuesen los propósitos, convenía no dar publicidad alguna al campo de Miranda para facilitar la «labor realizada». Ni tan siquiera que se exhibiesen las tomas realizadas por NO-DO. Y es que, por mucho que se hubiesen realizado mejoras en el campo, mostrarlas era también revelar las pretéritas carencias. Así como vanagloriarse de que el número de internos había descendido a 1700 no estaba exento de recordar cómo habían llegado a acumularse, en un campo preparado para 1500 personas, casi 4000.

Tres años y dos meses después de esa visita, se echaba el cierre al campo de concentración de Miranda de Ebro. Un tiempo mayor del que había estado en funcionamiento durante la guerra civil, durante el cual los objetivos fueron siempre transparentes: cerrarlo. Acabar con el problema de los refugiados y que eso favoreciese, en la medida de lo posible, los intereses de política interna, exterior e imagen de la dictadura de Franco.

Tres años en los que, sin embargo, esos tres ejes se vieron gravemente emborronados tanto por la persistencia del internamiento de soldados y civiles aliados en una suerte de prisión estatal, como por la presencia en campos, cárceles y depósitos de internados nazis y colaboracionistas con la ocupación alemana. Tres años en los que nació el cerco internacional al régimen de Franco, cerco determinado por su ilegitimidad de origen, por la connivencia y apoyo militar al Eje, por la profunda penetración del espionaje nazi en España (la red informativa KO-Spanien del almirante Canaris, bajo la égida del Abwehr) y por su evidente carácter antidemocrático que tuvo como jalón principal su rechazo desde la primera reunión de Naciones Unidas en 1945[2]. Tres años más de malos tratos, políticas contradictorias e ilegalidad, en definitiva, en los que el refugio político en la neutral España se convirtió en un vía crucis para casi todas las esferas del poder público por cuanto denotaba la realidad del coercitivo y violento poder dictatorial. Los años que se van a abordar en este capítulo.

1. REFUGIADOS EN MIRANDA, INDESEABLES EN NANCLARES (1944-1945)

En 1946, y para frenar las informaciones halladas en varios periódicos franceses sobre el fusilamiento de varias personas en el campo de Miranda, el Ministerio del Ejército distribuyó una nota alusiva sobre todo a las fechas aquí abordadas, 1944-1945, en la que se hacía mención a las mejoras introducidas en el campo, gracias a la expulsión de cientos de internos desde finales de 1942 y a las reformas ejecutadas. De tal modo, según la visión oficial «el trato que recibían no podía ser más humanitario y excepcional en lugares similares, ya que gozaban de completa libertad durante todo el día para dedicarse a la lectura, deportes, etcétera sin que se les obligase a efectuar ninguna clase de trabajo», teniendo además para su recreo una «magnífica piscina y cine sonoro. Las condiciones higiénicas son inmejorables, como lo prueba el hecho de que sólo ha habido que lamentar cinco defunciones»[3]. Admirablemente instalado con alojamientos amplios, dos pabellones para oficiales, buena enfermería, 32 duchas, agua abundante, máquinas de desinfección de ropas, con alimentación excelente «dando carne a diario en el almuerzo y comida», nada apuntaba a que pudiese hacerse crítica alguna al tratamiento de los refugiados. En la mente, sin embargo, de los aliados estaban aún las duras condiciones de vida sufridas antes del verano de 1943.

Las reformas a las que se hace mención fueron realizadas durante ese período estival, si bien no estuvieron listas antes de noviembre. Ante todo, se centraban en tres aspectos fundamentales para la vida interna del campo: higiene, seguridad e imagen al exterior. En el primer caso, antes del verano de 1943 solamente funcionaba en todo el campo una fuente con un solo caño, con un lavadero no utilizable, frente a la cual los internados debían esperar horas y horas para poder beber. Consecuencia de la escasez de agua, además, las duchas no funcionaban prácticamente, ni tenían agua las letrinas «formándose verdaderas masas de excrementos». La condición higiénica de los internos, como puede suponerse, era más que deficiente ante tal situación y teniendo en cuenta la gran acumulación a la que se llegó en el primer semestre de 1943. Para solventar esta enorme carencia se construyó una pequeña presa en el río, el depósito de aguas aún hoy visible en el perímetro del campo, varias fuentes de cuatro caños y la canalización hacia las letrinas nuevas y antiguas, con lo que, además, pudo usarse la piscina, los lavaderos, las duchas, ponerse en funcionamiento peladoras automáticas de patatas —la fuente primordial de alimentación— y regar árboles y jardines[4].

Un aspecto este último que entroncaba con el deseo de dar una imagen exterior del campo de Miranda alejada tanto de la suya propia hasta hacía bien poco, como de la de los campos de prisioneros extendidos cual sofocante manto por toda Europa, contribuyendo además mediante la habilitación de servicios no gratuitos a una economía concentracionaria potencialmente deficitaria. Y que tuvo como consecuencia directa, facilitada por el descenso del número de internos, la habilitación de uno de los barracones como cine —previo pago de una peseta— donde se proyectaban películas cedidas por la Embajada norteamericana revisadas previamente por el jefe del campo; además, la instalación de una cantina, con la que se consiguió mejorar la «verdaderamente catastrófica situación» económica del campo, hizo desaparecer la entrada clandestina de productos y consiguió mejorar la situación general ya que, de tal modo, los internos con dinero podían comprar jabón, tabaco, fruta, ropa, calzado o comida; jamás alcohol[5]. Así, entre los ingresos del cine y la cantina pudieron acometerse las obras del cine (80 000 pesetas) y de aguas (100 000 pesetas).

Un deseo más velado que movía a estas reformas era incrementar la seguridad interna del campo: también determinadas por las malas condiciones de vida, las protestas y quejas de los hacinados internos —motivo por el cual las plazas se incrementaron con varios barracones hasta las 2400— y de sus representantes al otro lado de las alambradas alimentaban una constante sensación de inseguridad que se sostenía sobre uno de los pocos hechos positivos de la vida en Miranda, el que los internos no tuviesen que seguir un estricto horario ni una actividad concreta más allá de las consabidas formaciones. Ello alimentaba la inactividad y, con ella, también el rencor hacia quienes les obligaban a permanecer detenidos sin demasiado sentido ni justificación. Detrás de la creación del cine o la puesta en funcionamiento de la piscina, así como de las mejoras higiénicas, estaba por tanto el deseo de controlar la organización cotidiana de la vida en Miranda. Y el cierre de la parte posterior del campo, la elevación de las tapias en medio metro, la sustitución de las telas metálicas de cierre por muros de mampostería, las mejoras en el alumbrado nocturno o la separación de las dependencias del servicio interno del campo albergaban ante todo la intención de no dejar escapar a nadie de Miranda.

El nuevo campo de Miranda fue así motivo de orgullo y propagandística satisfacción en 1943, hasta el punto que el responsable para los refugiados del Ministerio del Ejército, César Capdevila, opinó que se había logrado el «mejor campo de Europa». Y se invitó por eso a los agregados militares a visitarlo, para tratar de acabar con la «leyenda negra» que rodeaba todo lo relacionado con él. Al final, sin embargo, se llegó a la conclusión de que la mejor política era la de no dar ninguna noticia del campo, mandarlo al limbo y no alimentar así más campañas «antiespañolas» en la prensa extranjera, una prensa a la que se había sumado ya la alemana. Asimismo, que la única solución para acabar con el problema de Miranda era tratar de clausurarlo y dejarlo sin internos, extremando la vigilancia y la seguridad. A tal efecto, y por vez primera, se articularon con sorprendente retraso los reglamentos para el funcionamiento del campo[6], según los cuales nadie quedaba sujeto a régimen disciplinario o de castigo, «observando una conducta… con un trato correcto e hidalgo». El mando del campo quedaba organizado en las dependencias de Mando, Información e Investigación, Oficina de Extranjeros y servicio de cocina, almacenes y cantina. A sus órdenes, una escolta exterior con efectivos reglamentarios de tres compañías tácticas para montar el número de centinelas necesario con el fin de no permitir evasiones, «evitándolas si es necesario con el empleo de sus armas».

Además de las consabidas agrupaciones por nacionalidades, la prohibición de contacto entre centinelas e internos, las varias formaciones diarias con izadas y arriados de banderas, aspectos hasta cierto punto normales en los campos de concentración y que ya se han observado durante los años de guerra civil, lo más destacable era la clarificación de las normas según las cuales los internos podían ser puestos a disposición de las autoridades de sus países y ser expulsados del territorio nacional. Los pertenecientes a países no beligerantes (norma 3), los prisioneros de guerra evadidos de campos en Europa (norma 7), los inútiles para la guerra (norma 9), los religiosos (norma 8), los refugiados civiles y los extranjeros que residían en España antes de 1939 (norma 10) y los médicos (norma 11) tenían asegurada la libertad, como se ha visto en el capítulo anterior. Por eso, una vez que esto fue puesto en conocimiento de los encargados de las redes de evasión a España y tramitación de los expedientes de expulsión, empezaron a hincharse inusitadamente los incluidos en la norma séptima: al carecerse de documentación que acreditase la situación de los refugiados a su llegada a España, las autoridades franquistas hubieron de creer por sistema sus declaraciones. Era el único camino para no repetir la aglomeración de 1943.

De tal modo, 339 internos de diferentes nacionalidades fueron sacados de Miranda mediando tan sólo la declaración de haber sido internados previamente en campos de prisioneros alemanes entre enero y febrero de 1944, resultando el grupo más numeroso junto a 22 expulsados más[7]. Desde estas fechas la jefatura de Miranda enviaría al MAE los listados completos de liberados del campo, que como puede observarse serían cada vez menores, en primer lugar gracias a las expulsiones masivas de la segunda mitad de 1943 y, en segundo lugar, por el progresivo descenso del número de evadidos a España. En marzo salieron del campo 105 internos por resultar prisioneros de campos alemanes, y en abril, 101 por la norma séptima de actuación, además de siete judíos, tres polacos y un griego, entregados a la CRI. En el mes de mayo, con la liberación de un total de 193 internos, volvió a aumentar el índice de expulsiones de Miranda, a las que había que sumar las también ya cotidianas de los balnearios de Urberuaga, Caldas o Molinar de Carranza, así como de Madrid, Barcelona, Lleida y de diferentes penales a lo largo de la Península. Por muchos de estos centros la Representation in Spain of American Relief Organisations, a cargo del Assistant Chief of Mission M. W. Beckelman, había hecho circular cuestionarios en inglés, alemán, italiano y francés para que los internos solicitasen el traslado al campo cercano a Casablanca, donde podrían trabajar para sufragar gastos y gozar de «una vida normal y agradable». Las quejas alemanas ante lo que consideraban un abuso, ya que no eran sólo los refugiados beligerantes sino también los propios alemanes quienes abrazaban posibilidades como ésas, no eran ya suficientes para detener el flujo de refugiados al Norte de África a cargo de los aliados para dotar de brazos y soldados al Comité Francés de Liberación Nacional[8].

Para entonces, hacía ya unos meses (el 25 de julio de 1943) que el gobierno fascista de Mussolini había caído, forzado por la invasión aliada del verano de 1943 en Sicilia y llegándose al armisticio el 8 de septiembre. Desde 1944 Italia estaría representada en España por dos legaciones, la Embajada Real y el cónsul de la República Social Italiana de Saló Eugenio Morreale (cuyo representante de Cruz Roja era Gianni Zueco), que se disputarían la gestión de la liberación, ante todo, de los más de mil «indisciplinados» marinos llegados a costas españolas en enero, en su mayoría náufragos del acorazado Roma —también de Impetuoso y Vivaldi: estos últimos tomaron tierra en las balsas de salvamento tras naufragar—, e internados en centros como el de Caldas de Malavella (Girona) o en un islote en Mahón. En ese sentido, el afán mayor del representante del gobierno Badoglio, Giacomo Paulucci di Calboli, no sería otro que el forzar a los internos a decidir por sí mismos y no dejarse arrastrar por sus jefes, quienes según su opinión deseaban mantenerse irreductibles al lado de Mussolini y que sus liberaciones fuesen tramitadas por representantes alemanes. Sin embargo, la fuga de varios marineros del campo revelaba todo lo contrario: los jefes eran ante todo «badoglianos» e imponían férreos castigos a quienes sostenían «sentimientos de pura fe fascista y de devoción al Gobierno de Mussolini», y que habían llegado a España seguros de que «aquí se representaría al Duce y no a quienes habían “establecido” alianza con los bolcheviques [que] querrían arrastrar a estos compatriotas hacia el más obscuro y trágico destino». Una situación esta que dio auténticos quebraderos de cabeza a las autoridades del balneario, puesto que la actitud de los italianos fue en todo momento la de buscar la confrontación, llegándose en varios momentos a producirse agresiones a las fuerzas de seguridad[9].

Para evitarlas, se permitió la salida de los campos a algunos grupos de marinos con destino a la Italia del norte (50 de Cartagena y 21 de Girona, por ejemplo, a finales de junio), lo que produjo las quejas por parte del Real Viceconsulado ya que eso, a su juicio, suponía un delito de sedición y deserción, al haber solamente un Estado italiano reconocido, el del sur. La respuesta de Doussinague, director general de Política Exterior, era más que significativa: a lápiz, escribió junto al informe «¡Allá ellos!». Y es que, a la vista de los datos ofrecidos por el MAE, la gran mayoría de los marinos de Caldas (900 frente a 20) deseaban partir para la Italia del sur antes que a la de Saló, si bien el deseo generalizado era el de permanecer en España hasta que la situación terminase de aclararse en su país. Con enfrentamientos aún en el territorio, depuraciones del funcionariado y una fuerte tensión entre partisanos y nazifascistas, cabe suponer que estos italianos prefiriesen la incomodidad del campo de internamiento antes que el regreso. Así lo señalaron también los internos italianos en Miranda de Ebro, muchos de los cuales no eran ya combatientes aliados sino fascistas o colaboracionistas en la ocupación nazi. Lo cual no fue, por cierto, óbice para que se ordenase el traslado de los 900 internos de Caldas a la Italia del sur en julio de 1944.

Que los italianos deseasen quedarse en España era algo hasta cierto punto lógico, vista la cambiante situación internacional derivada del avance de la guerra y de la invasión aliada del continente europeo desde junio de 1944. Y es que las expulsiones dependían tanto del grupo nacional del que se tratase como de su significación política. Un ejemplo más que evidente de todo ello lo tendremos al observar el internamiento de colaboracionistas en Miranda de Ebro y sus deseos por huir de las depuraciones en los países ocupados o pertenecientes al Eje. Eso era algo que, sin embargo, no ocurría en otros centros, como el de Urberuaga de Ubilla (Vizcaya), desde donde la CRI hubo de trasladar a los grupos de civiles franceses al de Molinar de Carranza, para facilitar los traslados y liberaciones (este último estaba situado sobre la línea férrea y, además, reunía mejores condiciones de vida y habitabilidad, al albergar tan sólo a unos 200 internos). Cabe señalar, además, que la petición de traslado se vio acompañada de las quejas por parte de los franceses, quienes señalaban que Urberuaga se había convertido en un auténtico campo de concentración, donde no podían salir de los límites del hotel que les estaba asignado, y adonde se les trasladaba con grilletes, encadenados o esposados. De hecho, la misma DGS hubo de reconocer que todos los traslados se hacían de esa forma, a excepción de los de los jefes y oficiales, por motivos de seguridad y siguiendo las normas de la Comandancia de la Guardia Civil. Se habían dado casos de evasiones y fugas que incluso habían acabado, tras la tramitación de un expediente informativo, con la expulsión del cuerpo de varios agentes. Por ello, se decía, los traslados se iban a mantener en la forma establecida. Fuesen franceses civiles o militares, alemanes o polacos, todos se hallaban en situación irregular en la España de Franco y, por ello, había que extremar las precauciones[10].

No obstante, y aunque todo apuntaba a que la política oficial establecida por el MAE para con los refugiados era claramente aliadófila, la seguridad interna del país y la discreción propagandística serían los ejes de la política concentracionaria hasta el final de la guerra mundial. De Miranda salieron en mayo, en grupos cada vez más reducidos, 193 internos; y en junio, tan sólo 87, todos ellos evadidos de campos alemanes. De hecho, desde este momento prácticamente todos los expulsados lo serán siguiendo la norma 7, la de no permitir el internamiento a prisioneros de guerra evadidos que, al entrar en territorio neutral, recobraban inmediatamente la libertad. Prácticamente, pero ni mucho menos todos: también desde mediados de 1944 se inició la política de internamiento en Nanclares de la Oca, un durísimo campo dependiente de la administración civil de la DGS puesto en funcionamiento para españoles considerados oficialmente «indeseables» y que también lo fue para los extranjeros toda vez que, decretada su liberación y expulsión de un campo franquista, se negasen a abandonar España —lo que también les daba carta de «indeseables»—. En julio de 1944, y según una nota inglesa, había en Nanclares un grupo de 27 prisioneros extranjeros, incluyendo cierto número de apátridas, para nada diferenciados de los 800 «criminales españoles» y sometidos a un régimen de «extrema dureza», sin cumplir, a diferencia de los españoles, algún tipo de pena en el campo[11]. Los «huéspedes molestos y peligrosos», «aventureros contumaces de la desobediencia» según las autoridades franquistas, estaban detenidos por sus actividades contrarias al Nuevo Estado y sólo una «medida enérgica podía dar fin a ese estado de cosas». Una medida como el internamiento disciplinario que traía aparejado el trabajo forzoso en la cantera aneja al campo, núcleo de accidentes laborales, y un trato despiadado de los guardas. A fin de cuentas, como se recordaba desde la DGS, tampoco las representaciones diplomáticas tenían especial interés en recibir a muchos de ellos, delincuentes comunes o encerrados por delitos políticos. De tal modo, la expulsión sugerida de España no fue aceptada tan siquiera por Gran Bretaña, alargando una situación que iría aún más allá de 1947, tras el cierre de Miranda de Ebro.

Ni Gran Bretaña, ni Italia: los once italianos internados en Nanclares de la Oca en agosto de 1945 por no haber accedido a la expulsión del territorio nacional pronto protagonizaron un suceso de alta gravedad que puso en serias dificultades las relaciones diplomáticas entre el gobierno Badoglio y Franco. Y es que los extranjeros estaban obligados a desarrollar un durísimo trabajo forzoso en la cantera de piedra, en condiciones deplorables tanto por la insuficiente alimentación como por el tratamiento disciplinario. Más un centro penal —aunque sin pena judicial precedente— que de detención preventiva, los internos, efectivamente, aparte de por no haber accedido a la expulsión estaban en Nanclares por tener «ideas subversivas» o, como en el caso de Martino Raimondo, por pertenecer a la masonería. Esto es, que no se trataba en muchos casos de refugiados de guerra que hubiesen violado la orden de expulsión sino de «indeseables a nuestra Causa», penados sin pena incluso por delitos de filiación política derivados de las duras leyes penales de la guerra civil y la posguerra, así como por delitos contra la moral pública y por conductas privadas «descarriadas» o amorales[12]. De manera «abusiva», por tanto, se les mantenía sometidos a un régimen de trabajos forzosos por pertenecer, en su carácter de «indeseables», a la administración civil del Ministerio de Gobernación.

Hasta el papa llegó a interesarse por la situación de los internos de Nanclares. Y, desde luego, a tenor de las noticias que existen sobre la vida en ese campo, cabía preocuparse. En cierta ocasión el comandante jefe del campo había golpeado y abofeteado a tres italianos, Bruno Zito, Nicola Capo Baratía y Andrea Iorio en presencia y con ayuda de los vigilantes, incautándoles además las modestas sumas de dinero enviadas por diferentes asociaciones benéficas. Después encerró a dos de ellos por «hablar de política», hasta que uno inició una huelga de hambre, y lanzó peroratas a los entonces (octubre de 1944) 45 extranjeros diciéndoles que el dinero recibido por las embajadas italiana o norteamericana era «dinero de Satanás», amenazando después con fusilarlos a todos. Según señalaba un testigo en carta anónima a la legación italiana, el médico encargado de la enfermería, alemán, rehusaba intencionadamente reconocer las enfermedades de los internos, de manera que eran obligados a trabajar de todos modos, aun cuando la debilidad era extrema.

La versión oficial, sin embargo, era bien otra: el trabajo en la cantera se realizaba para evitar la «ociosidad» de los internos, indeseables para la patria, a los que ni tan siquiera sus propios representantes diplomáticos deseaban ayudar. La disciplina había de ser severa, porque desde hacía unos meses se realizaba propaganda subversiva contra el régimen, granjeándose así «la antipatía y animosidad» de los españoles. Lo que ocurría, en definitiva, era que «muchos de los extranjeros [eran] ambulantes, incontrolables de toda especie, que no ha[bía]n trabajado nunca y que muchos de ellos formaron parte de las Brigadas Internacionales del Ejército Rojo»[13]. Sin embargo, el escándalo internacional llegó a ser tan mayúsculo que Franco hubo de suprimir, según se dijo a raíz de las protestas italianas, el «castigo de látigo en cárceles y campos» y mandar a cárceles a 55 internos que llegaron a amenazar con la huelga de hambre. Era ya 1945 y varios sucesos de extrema gravedad habían ensangrentado aún más si cabe la historia concentracionaria franquista: tras la evasión y posterior captura de un italiano, Alfonso de Bernardis, había sido atado a un palo y apaleado salvajemente, «resultando con lesiones en todo el cuerpo, heridas en la cabeza y la fractura de una pierna». Precariamente curado, había debido volver al trabajo en la extracción de piedras. Debido a las quejas de varios compatriotas, uno de ellos, Bruno Zito, fue azotado en tórax, piernas y cara durante veinte minutos «hasta perder el sentido» por varios vigilantes y, según la versión italiana, por el mismo comandante del campo, Andrés González García, quien además no había dejado entrar a un empleado del vicecónsul italiano en Bilbao a investigar en el campo porque de tal modo habría «perdido el prestigio ante los Agentes de Policía»[14].

El trato inhumano, las palizas, las arbitrariedades, el robo de dinero por «gastos de captura», por otro lado, no eran hechos puntuales sino que eran constantes; toda una política oficial para con los internados indeseables que empezaba con la arbitrariedad de la detención sin juicio ni pena, seguía con el sometimiento al trabajo forzoso y terminaba con el desprecio a los métodos mínimamente humanitarios. Respecto al segundo punto, el del trabajo en la cantera de piedra, este era sin duda desarrollado sin las más mínimas condiciones de seguridad. Tanto era así, que el 9 de abril de 1945 ocurrió un grave incidente al estallar una mina mientras se hallaban cerca varios internos y obreros libres contratados en el tajo, ocasionando nueve heridos graves. Entre ellos estaba De Bernardis, convaleciente aún de la fractura de tibia sufrida por los golpes. Las deficiencias sanitarias se pusieron de relieve, tardándose varias horas en atender a todos los heridos. No obstante, en el informe oficial la «gallardía» e «hidalguía» españolas volvieron a salir a la luz: amparándose en el hecho de que un policía armado del campo había sido herido con carácter leve, el embajador italiano hubo de leer que «siguiendo una tradición tan española que ante la desgracia no distingue entre el preso y su guardián, ni entre el nacional y el extranjero» la gestión del accidente había sido «excelente»: el último en ser atendido había sido, precisamente, el policía.

Esta incursión en el campo de Nanclares da buena cuenta de las diferencias, podríamos decir arbitrarias, existentes entre diferentes campos y, en particular, entre los del Ejército y los de Gobernación. Mientras los primeros, con una larga trayectoria de gestión a sus espaldas, trataban de superar las dificultades implícitas en la política franquista para con los internados (detención y espera de expulsión), los segundos tomaron el testigo de las brutalidades, las palizas, las torturas y los malos tratos que también durante la guerra civil y la posguerra habían detentado algunos campos de la ICCP y de diferentes Cuerpos de Ejército. Además, un hecho fundamental hizo tomar otro rumbo a la historia concentracionaria a mediados de 1944, fortaleciendo la teoría de la rápida expulsión y el placebo a los aliados. Y es que el 6 de junio de 1944 supuso un punto de inflexión en los acontecimientos bélicos y, por extensión, también en la política concentracionaria franquista. El «día D», el del desembarco aliado en Normandía, una apresurada nota de firma ilegible avisaba a Gómez Jordana de que España debía estar preparada para nuevas entradas de refugiados, ya que «el anuncio de inminentes operaciones militares… de intento de invasión y ocupación, por parte de los Ejércitos aliados, de territorios ocupados actualmente por el Eje» podía provocar, de nuevo, grandes movimientos de desplazados. El informante, aun sin poder precisar el número de éstos, señalaba que bien podía «estimarse en un millón», con lo que valoraba más alta la huida ante los aliados que ante el Tercer Reich y sus estados satélite. Doussinague señaló estar de acuerdo, recordando que los 20 000 alojamientos existentes eran insuficientes. Sin embargo, tras haber pedido incluso un crédito destinado a la construcción de nuevos campos en la zona de Valls (una antigua fábrica de papel habilitable para 2500 internos y un campo en Calatorao, para otros 1500), ésta fue congelada en julio.

El desembarco en Normandía, la liberación de París en agosto de 1944, la toma de la costa mediterránea de Francia ese mismo mes y la activación de grupos de resistencia que durante la ocupación alemana habían permanecido en la clandestinidad empujaron, efectivamente, a nuevos grupos de refugiados sobre la frontera española. Estos nuevos internados, sin embargo, ni fueron tan numerosos como suponían los ministros franquistas ni supusieron, en principio, un amplio debate jurídico en torno a la decisión sobre qué hacer con ellos. Mientras que grupos de combatientes aliados eran entregados desde Miranda para su reincorporación al Ejército (247 en julio, 107 en agosto), la Asesoría Jurídica Internacional del MAE recalcaba que, para continuar una política de acercamiento a los aliados sin renunciar a las pretéritas filiaciones hacia los alemanes e italianos, «las mismas reglas» se mantendrían en cuanto las tropas angloamericanas ocupasen la frontera con Francia.

Lo cierto es, sin embargo, que desde el verano de 1944 el paso de refugiados a España tuvo un serio recorte, en particular tras la deserción de grupos de tropas y aduaneros alemanes que vigilaban las fronteras desde el lado francés. Las cifras de expulsiones del campo de Miranda, realmente mínimas en comparación con lo que hemos observado hasta ahora, no hacen sino llamar la atención sobre este punto: en septiembre salieron del campo 37 internos y 19 en octubre, tocando fin en ese mes las salidas de Miranda hasta ya entrado enero de 1945. También las cifras de liberados de Madrid, Barcelona, Molinar de Carranza, Murgia (centro destinado exclusivamente para mujeres) o Zaragoza sufrieron un fuerte descenso, hasta el punto de solicitarse, por parte del MAE, que todas las representaciones aliadas recogiesen a sus súbditos en noviembre de 1944 de los campos de Jaraba y Miranda[15].

Así, los franceses, ingleses, norteamericanos, belgas u holandeses que quedaban en los centros de detención y que habían atravesado la frontera para huir de la ocupación nazi o del internamiento en campos para prisioneros de guerra obtendrían, paulatinamente, la liberación completa. La presencia de los aliados en las dos fronteras principales españolas durante la segunda guerra mundial, la francesa y la africana, pusieron fin a las dudas existentes, cada vez menores como se ha visto desde el desembarco en el Norte de África, en torno a las políticas para con los refugiados. A principios de septiembre de 1944 el personal internado en Miranda de Ebro respondía a diferentes circunstancias, algunas de las cuales impedían explícitamente su expulsión, tanto por parte del MAE como de la DGS. Por un lado, grupos de nacionalidades que no conseguían, por parte de sus representantes diplomáticos, el visado de entrada. Eso ocurría, por ejemplo, con algunos franceses a los que desde Argel se bloqueaba en el campo, por haber sido descubiertos como colaboradores de los ocupantes nazis, y para los cuales la expulsión a la metrópoli implicaba un evidente riesgo de muerte (sobre este aspecto se volverá más adelante). Por otro lado, había ya grupos de alemanes encuadrados en el Ejército y que habían desertado de sus posiciones. Y, en tercer lugar, existía un amplio grupo de refugiados apátridas, muchos de ellos judíos, para los cuales la CRI no lograba obtener de la DGS el visado de salida de España. Así, aunque liberados, se les mantenía recluidos en Miranda de Ebro en espera de una resolución tajante que, vista la situación bélica, no era fácil de conseguir, ya que la inicial predisposición de algunos países sudamericanos para recibirlos se había disuelto como un azucarillo en el agua.

Y es que, si bien las liberaciones de judíos apátridas no se habían detenido en 1944, sobre todo de lugares como Madrid o Barcelona (área de mayor influencia de David Blickenstaff), las partidas hacia Palestina no serían sistemáticas hasta bien entrada la segunda mitad del año, cuando gracias al propio Blickenstaff y a Samuel Sequerra (delegado de la CR portuguesa), cabezas visibles de las American Relief Organisations[16], se abriese por fin la mano para la salida de España de los grupos de apátridas. En enero Raphael Spanien, delegado de la comunidad israelí en Portugal, había tramitado la expulsión de nueve judíos internos en Miranda, y otros 145 habían salido al poco hacia Canadá desde Barcelona. En abril se liberó del campo a 44 apátridas, así como a 22 del de Nanclares y de diferentes prisiones hasta sumar 125 reclusos, que se unieron a 495 en espera en Barcelona[17]. Y, poco después, el Comité Francés de Liberación aceptó el traslado de unos 2000 judíos al campo de Casablanca, con lo que se activaron las liberaciones masivas, en una postura duramente calificada por Carlton Hayes como antisemita y racista, puesto que resultaba de facto una expulsión para que España se desembarazara de un problema que nunca le había preocupado demasiado pero que podía adquirir cotas de peligrosidad.

Y, efectivamente, por mucho que Jordana calificase la expulsión de humanitaria y la comparase al salvamento de los 300 judíos sefarditas de Salónica por parte de los representantes españoles, lo cierto es que el peligro existía, en un país tan penetrado por los servicios secretos nacionalsocialistas. El 24 de junio, por ejemplo, varios grupos de alemanes —alguno visiblemente borracho— subieron al tren que trasladaba a 387 judíos a Cádiz para tomar rumbo a Palestina, insultándoles y golpeándoles hasta que intervino la fuerza policial. Y, muy importante para lo que nos toca por cuanto afectó seriamente a la vida concentracionaria, en agosto de 1944 se solicitó la urgente salida de 36 judíos alemanes de Miranda de Ebro, por el peligro que corrían al estar internados en el mismo centro que varios centenares de nazis adentrados ese mismo mes en España para huir de la ocupación total aliada de la frontera pirenaica. Al poco, la situación devino en la necesaria división administrativa del campo de Miranda de Ebro entre el campo aliado y el campo alemán, si bien el primero se fue reduciendo paulatinamente: los que huían de las ocupaciones prácticamente dejaron de afluir hacia España, y los aliados que quedaban fueron saliendo de España durante 1945. En 1944 se habían internado en España 17 658 refugiados, un número menor del de expulsados en ese año, 19 156.

Eso, sumado a las cifras anteriores, elevaba el número de refugiados censados por las autoridades franquistas a 40 110 entre noviembre de 1942 y diciembre de 1944, de los cuales habían sido ya expulsados 38 619, permaneciendo en el país 1491. Por nacionalidades, quienes con toda lógica ocupaban los primeros puestos eran los franceses (un total de 22 762 refugiados de los que quedaban 291), seguidos muy de lejos por los judíos apátridas (3253, de los que quedaban a finales de año 98), los polacos (3018, quedando en España 121), los ingleses (2723, todos liberados), los italianos (2176, quedando 59), los judíos palestinos (1509, todos liberados) o los belgas (962, de los que quedaban 19), aparte de una larga lista de nacionalidades, de los cuales muchos habían pasado por el campo de concentración de Miranda de Ebro. El siguiente cuadro supone, por tanto, el compendio de refugiados de los que pudo dar cuenta la España de Franco, y de los cuales algo más de la mitad pasaron por los campos de concentración, a cuya cabeza se situaba el de Miranda de Ebro, dispuestos por la administración militar. Este cuadro testifica mejor que cualquier frase la importancia dada, y no podía ser menos, por el régimen de Franco al problema de los refugiados[18].

Cuarenta y dos naciones en total representadas en la «torre de Babel» burgalesa, derrotados y perseguidos por quienes, desde septiembre de 1944, pasarían a ser los protagonistas del internamiento masivo, de la detención anómica, de las estrictas normativas franquistas sobre los extranjeros en edad militar en España, aplicadas esta vez en contra de los partidarios ideológicos del franquismo para tratar de contentar a los aliados o, al menos, para darles una excusa para no mirar cómo España aún se mantenía, en tantas otras cuestiones, en el lado del Eje. Que tales medidas fuesen aceptadas por Lequerica, antiguo embajador ante la Francia de Vichy, reconocido germanófilo y antisemita, y recién ascendido al MAE tras la muerte de Jordana el 2 de agosto de 1944, dice mucho de cómo los deseos de Franco por perdurar en el poder con su régimen recomendaban hacerles el juego antes a los aliados que a sus enemigos fascistas.

2. CAMPO ALIADO, CAMPO ALEMÁN (1945-1947)

La primera noticia sobre la división entre ambos campos, separados y en principio impermeables, es de septiembre de 1944. Y remitía al hecho de que por la frontera del Valle de Arán habían pasado entre el 19 y el 25 de agosto a España 440 soldados aduaneros alemanes y siete oficiales, la mayoría con sus camiones y armamento[19]. Habían sido detenidos en Cervera hasta seguir para Miranda de Ebro. Otros 250 pasaron la frontera por Le Perthus y 21 más por Maganet de Cabrenys. Los combates con el maquis (había 800 alemanes cercados en Foix) y la orden de retirada alemana les habían forzado a tomar el camino de España, con la esperanza de reincorporarse a Alemania. Con ello, a principios de septiembre había en Miranda de Ebro unos 1200 súbditos alemanes, en su gran mayoría soldados pero también civiles, jefes y oficiales, calificados por la Embajada nazi (para facilitar su repatriación) como «funcionarios del Ministerio de Hacienda del Reich» que también en tiempos de paz estaban obligados a llevar armas para protección propia[20].

Francisco Rodríguez, director general de Seguridad, hizo hincapié sin embargo en que todos o casi todos estaban dentro de la edad militar para, ateniéndose a las normativas españolas, mantenerlos recluidos en Miranda de Ebro. Si los aliados hubiesen notado cualquier trato preferente hacia estos «verdugos mimados» no lo habrían aceptado, acusando al régimen de colaboración con el NSDAP. Por ello, y debido a que el mejor alojamiento posible era el campo burgalés (tenía espacio y estaba por fin en buenas condiciones), se instauró el denominado «campo alemán», separado del aliado, para los 1230 soldados de tropa, los 23 oficiales y los dos franceses colaboracionistas llegados a las comandancias fronterizas en menos de quince días, a quienes se despojó de sus armas para «evitar incidentes con los alemanes apátridas», con los judíos que quedaban en el campo, entre los que había unos 40 antiguos ciudadanos alemanes, sin que hubiese «excepciones de ninguna clase a favor de bandos beligerantes ni de nacionalidades».

Al poco, corrió el rumor de que los alemanes iban a ser repatriados a Alemania con vuelos de la compañía Lufthansa, provocando las quejas de la Embajada británica. Lo que sí que se llevó a cabo, en cambio, fue el progresivo traslado de algunos de ellos hacia otros centros de detención, como el balneario de Sobrón: en octubre, 124 internos mayores de cuarenta años, entre los que había albañiles, carpinteros o aparejadores, fueron desplazados para acondicionar el centro, adonde se trasladó posteriormente a 620 internos fuera de la edad militar; en noviembre, 400 salieron hacia Molinar de Carranza, quedando tan sólo 300 en Miranda de Ebro a principios de diciembre de 1944, entre aduaneros (252), militares (15) y agentes nazis de la «Organización Todt», originariamente creada para la construcción de autopistas pero empleada durante la guerra para construcciones defensivas como la Línea Sigfrido. Hay que destacar que la política llevada a cabo desde 1943, la de la liberación de los menores de dieciocho y mayores de cuarenta años de los campos, no fue puesta en funcionamiento con los alemanes. Las presiones aliadas eran demasiado fuertes como para darles razones para la protesta. Ni tan siquiera gestos menores, como el de permitir que un grupo de música coral alemana fuese a Miranda para que los alemanes celebrasen la Navidad, obtuvieron el beneplácito del Ministerio del Ejército.

El traslado a Sobrón y Molinar de Carranza debe entenderse, sin embargo, como una cesión ante Alemania. Para enero de 1945, 707 nuevos internos, en diferentes grupos, estaban ya en la más cómoda situación de detención en los balnearios alavés y vizcaíno respectivamente, en una suerte de «régimen excepcional» no aplicado hasta el momento con ningún país beligerante, que bien podía dar «origen a situaciones delicadas con algunas representaciones diplomáticas»[21]. Además, los englobados en el campo alemán no eran solamente alemanes. Paulatinamente irían afluyendo franceses relacionados con el gobierno de Vichy, belgas de la Legión Valona y holandeses colaboracionistas de la Legión Holandesa, rusos blancos («antibolcheviques»), checos escapados de campos del maquis francés, todos generalmente por miedo a las depuraciones[22]. En el plano retórico, P. Hericourt, cónsul general y presidente de honor de Secours National Français en Espagne, pondría antes que nadie sobre la mesa los términos del problema: esos franceses, belgas u holandeses eran, ante todo, personas «respetuosas con las leyes españolas cuyos sentimientos derechistas y nacionales», cuya «honradez personal y social», no podía ser puesta en duda, y que habían llegado a España «para salvar sus vidas y las de sus familiares. En ningún caso se trata[ba] de gente aventurera que se propone alistarse en un ejército beligerante».

Eso, sin embargo, no era enteramente cierto: los 13 belgas detenidos en Miranda en el campo alemán pertenecían en su totalidad a la Legión Antibolchevique Flamenca o a las divisiones flamencas del Ejército alemán, y no en vano solicitaron todos la residencia en España para evitar ser devueltos a Bélgica. Lo que sí era cierto es que muchos instrumentaron su catolicismo y el anticomunismo del régimen de Franco para tratar de obtener un trato benévolo. Así, Mariano Puigdollers, director general de Asuntos Eclesiásticos, llegaría a escribir a Doussinague sobre la necesidad de dar libertad a los «excelentes patriotas» y «católicos de convicciones profundas» que, por haber colaborado con el régimen de Pétain y con los ocupantes alemanes, se veían ahora en busca de refugio en la católica España, cuyo religioso corazón encontraría a buen seguro el «eco caritativo». Doussinague escribiría a lápiz: «darles facilidades». Ayudar a los 20 franceses colaboracionistas internados en Miranda de Ebro, a los cuales no asistía ningún gobierno, era no sólo posicionar al gobierno franquista frente a las terribles depuraciones en Francia[23]; era, ante todo, afirmar su férreo anticomunismo. Por ello, por primera vez se comenzó a hablar de los internos en Miranda como «pobres hombres» con «temor a ser canjeados», a quienes se permitiría «ganarse honradamente la vida» en España.

Y, seguramente, el temor era lo que invadía la mente de los franceses huidos a España desde septiembre de 1944. Sobre todo, cuando desde julio de 1945, acabada ya la guerra en Europa, el Gobierno Provisional de la República Francesa comenzase, conforme a las reglas del derecho internacional, a solicitar la repatriación de todos sus súbditos internados en los campos franquistas. Ganarse la vida, sin embargo, era lo que solicitaban constantemente desde Miranda de Ebro: entre ellos, y también reclamado en julio de 1945, estaba Jean-Henri Wulfstat (alias Joe Carson), quien decía ser campeón mundial de lucha libre (Catch as Catch can) y que llegó a ser famoso en el campo y en la localidad de Miranda de Ebro. No deseaba volver a Francia, sino enfrentarse a los «campeones españoles de lucha libre y ganar dinero». Las solicitudes de repatriación, de hecho, no surtieron en principio demasiado efecto: a principios de agosto, en Miranda continuaban exactamente los mismos franceses, 16, aunque ya casi todos habían accedido a ser devueltos a su país, toda vez que ni la DGS ni las legaciones diplomáticas pusieron demasiadas facilidades para que permaneciesen en España o para ser liberados del campo.

Por otro lado, la situación política para Franco no era especialmente ventajosa a finales de 1944, y eso afectó profundamente a su política concentracionaria. Aunque el intento de invasión del Valle de Arán por parte del maquis comunista había sido repelido, éste había sido, entre otras cosas, ideado para recordar las connivencias ideológicas, políticas y sociales, presentes y pretéritas, de Franco con las potencias del Eje. Desde principios de 1945 y, en particular, desde que el 28 de abril se conociese la fotografía de Mussolini y Clareta Petacci colgados en Milán, Hitler se suicidase el último día de ese mes en su búnker de Berlín, y el 8 de mayo el almirante Dönitz firmase las formalidades de la rendición alemana, poniendo fin a la segunda guerra mundial en Europa, la mayor preocupación para con los refugiados de las autoridades franquistas fue la de tratar de clausurar el campo de Miranda de Ebro. Éste era un símbolo de las dificultades puestas por la España de Franco a los aliados, aunque las liberaciones de 1943 y 1944 fuesen a su vez instrumentadas retóricamente para señalar que, al contrario, la franquista había sido una política de neutralidad cercana o benévola hacia las democracias. Por iniciativa de su directo responsable, el ministro del Ejército, desde mayo de 1945 se hizo cada vez más apremiante la necesidad de que fuese, acabado el conflicto bélico y finalizada, por tanto, la entrada en España de personal militarizado beligerante, la administración civil la responsable de todos los «irregulares» extranjeros en España, fuese por entradas clandestinas o por negarse a ser expulsados del territorio nacional. La DGS, sin embargo, no haría sino poner trabas a ese traspaso de poderes[24].

Y es que, tan pronto como cesaron las hostilidades en Europa, el MAE creyó oportuno dar una solución definitiva al asunto de los internados en Miranda, al no existir razón alguna para continuar su detención ni base jurídica para prolongar su internamiento. Para ello, el coronel Capdevila sistematizó en cinco tipos a los internados que quedaban en Miranda:

a) Súbditos extranjeros reconocidos por sus representaciones diplomáticas o protegidos por la CRI que deseaban volver a su país.

b) Súbditos extranjeros sin protección alguna, que también deseaban ser repatriados.

c) Súbditos extranjeros que deseaban permanecer en España.

d) Súbditos alemanes refugiados políticos, que por haberse destacado como anticomunistas y serles imposible el regreso a su patria, deseaban permanecer en España.

e) Aduaneros alemanes que se internaron en España en el momento de la liberación de Francia.

Bajo la premisa de que el Ejército había dado por terminada la misión de «custodia» de los súbditos extranjeros, el problema mayor lo suponían los alemanes y colaboracionistas que deseaban permanecer en España (29 franceses, 4 alemanes, 4 ucranianos, 1 belga, 1 checoslovaco, 1 argentino y 1 ruso) para trabajar, cosa que se permitiría siempre que certificasen tener un trabajo especializado y estuviesen avalados por alguna persona u organismo de solvencia. Y, sobre todo, el problema lo representaba el grupo de perseguidos en Alemania por «actividades anticomunistas», así como los 176 aduaneros alemanes. En junio, el MAE resolvería que los primeros pudiesen quedarse en territorio español, pero no así el grupo de aduaneros, que sería devuelto a Alemania en el menor plazo posible, con alguna salvedad: la de siete nazis, «destacados miembros locales del NSDAP» cuyas viviendas en Alemania estaban en la zona de control ruso[25].

En cuanto al campo aliado, éste estaba formado al final del conflicto mundial por 128 personas (16 franceses, 57 alemanes[26], 2 turcos, 4 apátridas, 13 italianos, 7 yugoslavos, 8 austríacos, 2 belgas, 2 húngaros, 1 estonio, 2 griegos, 3 checoslovacos, 1 argentino, 1 mejicano, 1 inglés, 1 polaco, 4 ucranianos, 2 rusos y 2 estadounidenses). Con ello, la distribución de los 333 internos en Miranda de Ebro era: el 52,85 por 100, nazis; el 38,43 por 100, aliados; y el 8,72 por 100, colaboracionistas. De este último grupo, para tratar de asegurarse la permanencia en España, pronto empezaron a surgir solicitudes para alistarse en el Tercio de Extranjeros del Ejército franquista: hasta 29 lo hicieron y sus solicitudes fueron rápidamente tramitadas, salvo en el caso de dos alemanes que se habían «significado por sus actividades en el Partido Nazi o las SS». El de los refugiados en España, sin embargo, resultaba un problema de difícil resolución: ¿qué hacer, se preguntaba Lequerica, con los 1200 alemanes de Sobrón y Molinar de Carranza, que entre otras cosas costaban medio millón de pesetas al trimestre de manutención, dinero no cubierto por nadie? ¿Qué hacer con los 58 agentes y espías nazis de Caldas de Malavella, o con los 30 más confinados en diferentes lugares del país? ¿Y con los 95 extranjeros internados en Nanclares de la Oca, sin la protección de las embajadas?

La guerra había acabado en Europa, y poco después Japón firmaría la rendición total, día que fue celebrado en el campo de Miranda con una misa Te Deum en acción de gracias, fuegos artificiales, paella valenciana, merluza, pollo con ensalada, medio litro de vino por cabeza, café, coñac y cigarros puros, una exhibición de fuerza por parte de Joe Carson, cantos folklóricos europeos y sesión gratuita de cine. Sin embargo, a los súbditos de países beligerantes y en edad militar se les continuaba internando en campos de concentración, algo que ya no «parec[ía] lógico» puesto que se trataba de un «criterio que en su tiempo respondía a una necesidad» finalizada. La única solución pasaba, por tanto, por las repatriaciones o por la concesión de permisos de trabajo en España. Sin embargo, ambos procesos eran lentos y estaban plagados de dificultades. Por ello, el Ministerio del Ejército insistiría desde el mismo mayo de 1945 en que su responsabilidad había acabado y en que ahora era el turno de la DGS, que debía terminar de habilitar un campo, un centro de detención, o bien conceder que quien lo desease, pudiese permanecer en España.

Sin embargo, ninguna de esas opciones era viable hacia octubre de 1945 (cuando se decidió, por otra parte, que Miranda se mantuviese abierto hasta que la DGS dispusiese algo al respecto), mes en el que empezaron a arreciar las críticas por parte de los aliados, y sobre todo de Gran Bretaña y Estados Unidos, ya que veían en la detención —con la implícita negación a las repatriaciones— una suerte de colaboración y protección de agentes nazis en España. Las listas de internados, facilitadas a las embajadas aliadas en mayo, fueron los testigos que se emplearon para reclamar para el Consejo Aliado de Control de Alemania en primer lugar a los agentes nazis —como Hilario Fieuw, capitán de las SS internado en Miranda—, aunque éstos llevasen (era el caso de los internados en Caldas) muchos años de residencia en España. Aunque los alemanes de Molinar de Carranza solicitasen autorización para residir en España «de dos a tres años» para sortear la persecución en sus lugares de origen, el régimen franquista no podía acceder a ello inmediatamente: se veía bloqueado entre la afinidad ideológica y las presiones del CAC de Alemania, de los vencedores de la guerra mundial.

Por ello, su primer movimiento fue el de solicitar a sus embajadores en el resto de países neutrales durante la contienda cuál era su posición frente a las reclamaciones de antiguos miembros del NSDAP. Así, mientras Nicolás Franco señalaba desde Lisboa que Portugal entregaría a los criminales de guerra y de derecho común, a los «nocivos» para el orden público, y colaboraría en las entregas de funcionarios y agentes, con sus familias, Artanza desde Irlanda recordaba que en ese país interesaba especialmente tener buenas relaciones con Londres. Más exaltado resultaba Luis Calderón, embajador en Suiza, con una carta de título revelador: «Los Soviets y Suiza»: en ella, se acusaba a Suiza de haber roto su «permanente, tradicional, histórica, intrínseca, genuina, única y verdadera» política de neutralidad: «ahora, contra el vencido descarga el disgusto y la contrariedad con conceptos y actos», procediendo a negarse «el derecho de asilo o a decretar expulsiones para aquellos que sin pertenecer a este nuevo tipo de criminal que se ha dado en llamar “de guerra” ha[bía]n cometido el nuevo delito también que pudiéramos llamar de ideología política. Es quizá la prensa de izquierdas, o incluso la de centro, la responsable de este modo de actuar helvético, acentuado por el sistema cantonal [sic]». Suiza no había podido o sabido sustraerse al «desbarajuste político-económico» y «relajamiento moral que sufr[ía] el mundo» y, por ello, se había plegado a los intereses aliados, en la expulsión de la antigua misión diplomática alemana o en el rechazo a la entrada de la viuda de Mussolini y sus hijos.

Parecía difícil, en este sentido, que España encabezara una deseada política común de aliados neutrales en la posguerra europea. Y, de tal modo, cada país reaccionó de un modo diferente a la solicitud de los alemanes de Afganistán, Portugal, España, Suiza, Suecia, Irlanda, Tánger y el Vaticano. Lequerica asumió la «obligación» de expulsión de los agentes alemanes, sin embargo la práctica fue bien otra: en condiciones de libertad más o menos restringida, había nazis en España en Madrid, Barcelona, detenidos en los balnearios y en Miranda de Ebro. Lo cual, como se reconocía, suponía un grave problema frente a las naciones aliadas, que ya el 26 de junio de 1945 habían condenado el régimen de Franco. Aunque en julio se tratase de dar velocidad a la desfascistización con la entrada en el gobierno de los católicos de la ACNDP como Martín Artajo, con la eliminación de la Secretaría General del Movimiento como Ministerio, o eliminando el saludo fascista por decreto en septiembre de ese año, lo cierto es que el rechazo internacional se haría creciente, con puntos de inflexión como la no entrada de España en la ONU en febrero de 1946, el cierre de la frontera con Francia en marzo de ese año, o la declaración conjunta de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos pidiendo para España «amnistía política, libertad de asociación y preparación de elecciones».

Y en ese rechazo internacional, basado en la incómoda identificación para España entre el franquismo y los fascismos europeos, a buen seguro tenía mucho peso el que Lequerica, a instancias de Franco, pusiese trabas (solicitar, por ejemplo, largas revisiones pormenorizadas de las acusaciones) a la repatriación de algunos grupos de alemanes, sobre todo los que llevaban muchos años en España (algunos, exactamente desde 1933: el arraigo en el país trataba de esconder el motivo estrictamente político que residía detrás de las solicitudes aliadas), consideradas un «derecho» de victoria por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos, y según ellos fundamentales para evitar que los alemanes «se hallen jamás en posición de conspirar contra la paz de la humanidad». Esas trabas, sin embargo, provocarían en Miranda más de un incidente desagradable, como la fuga en septiembre de 17 internos tras haber cavado una galería de mina. La urgencia por salir del campo creaba, de hecho, «cierta efervescencia» entre los colaboracionistas, los aliados y los apátridas. Entre estos últimos estaba un judío húngaro, detenido en Navarra por paso clandestino en diciembre de 1943, de nombre Abraham Frakas. El «Moisés de los comunistas», como lo llamaban los vigilantes del campo, había alcanzado la representación de la CRI dentro del grupo apátrida y, desde 1945, encabezó una dura campaña contra la dirección del campo, quejándose por el rancho, las asistencias médicas, la censura de la correspondencia, coaccionando (según un informe muy parcial) a los desertores alemanes o animando a las deserciones y a la huelga de hambre. «Protestas injustas pero de consecuencias desagradables y quizás peligrosas» para la administración del campo, cuyo jefe, Luis Molina, negaba una a una las acusaciones de desmejora en la comida y de tratos de favor hacia los enemigos del campo alemán, y que desembocaron en el traslado del agitador al penal de Burgos.

A mediados de noviembre llegaron al MAE las dos primeras Listas de Prioridad confeccionadas por el CAC con los nombres de funcionarios alemanes o agentes del Tercer Reich cuya repatriación se solicitaba; listas que aún no eran completas y que precederían a otras, en aras de llevar a Alemania a todos los agentes consulares y de espionaje que hubiesen actuado en España durante la segunda guerra mundial. La primera respuesta española trató de apaciguar los ánimos: se dijo prontamente que los internos en Molinar de Carranza, Sobrón y Caldas de Malavella estaban a la entera disposición del Consejo, siempre y cuando éste costease el viaje de regreso[27]. De estas listas, tan sólo cuatro habían pasado por Miranda de Ebro, y se trataba de cuatro comisarios de aduanas internados en agosto de 1944 en el campo y trasladados al balneario de Sobrón entre noviembre y diciembre. Tampoco había referencias a colaboracionistas de otras naciones —que por cierto, continuaban afluyendo a España y siendo internados en Miranda, si bien solían ser prontamente liberados en cuanto alguien les avalaba económicamente—[28]; solamente a supuestos agentes del NSDAP y encargados de la legación diplomática, internados en Miranda, en los balnearios, o al menos controlados por las autoridades policiales franquistas.

Controlados por las autoridades civiles, pero también y sobre todo por las militares, cosa que resultaba ya demasiado absurda para el Ministerio del Ejército, toda vez que desde el cese de las hostilidades teóricamente debía ser la DGS la encargada de gestionar todo lo relacionado con los extranjeros irregulares en España. Las quejas, en este sentido, sobre que no se hubiese puesto en funcionamiento, habiendo tenido «más tiempo que suficiente», un campo de concentración propio arreciaron en paralelo a las dificultades económicas de los diferentes campos y centros de detención, cada vez más deficitarios. La DGS no solamente debía hacerse cargo de los extranjeros, a juicio del Ministerio del Ejército y de su subsecretario Fernando Baños: también debía recoger de Miranda de Ebro a todos los internados.

La situación, tal y como estaba a principios de 1946, era sumamente complicada. Si bien existe poca documentación relativa a Miranda desde mediados de 1945, lo cierto es que la negativa constante de la DGS a autorizar que los extranjeros pudiesen residir en España, unida las reticencias del MAE para llevar rápidamente a cabo las repatriaciones reclamadas por los aliados, habían creado un profundo «estado de inquietud» entre los internos, «al no ver la posibilidad de salir» del campo. Ese malestar, se decía, se manifestaba en constantes quejas a los representantes diplomáticos sobre la situación del campo; y, además, había desembocado en insistentes incidentes como conatos de huelga de hambre, agresiones a los centinelas o entre los propios internos.

La DGS seguía delegando en el Ejército una misión que le competía por facultades y por jurisdicción, y además negaba sistemáticamente el permiso de trabajo y residencia a los internos de Miranda de Ebro, que por circunstancias de orden político no deseaban regresar de ningún modo a su país. Por ello, se reunieron en Madrid Alfonso García Conde, por parte del MAE, Tomás García Consuegra, comisario del Cuerpo General de Policía, por parte de Gobernación, y el coronel Capdevila, por parte del Ministerio del Ejército; y propusieron las pertinentes medidas para que los servicios con los internados pasasen a la administración civil en abril de 1946, a fin de conceder la libertad de residencia en España al «personal que por sus antecedentes y avales estimase la DGS», y para habilitar un lugar de internamiento entre los balnearios de Urberuaga, Sobrón, Molinar de Carranza y el campo de Nanclares para los «indeseables», los que estuviesen cumpliendo penas judiciales en España o los que dificultasen la tramitación de su expulsión.

En principio se fijó la fecha de primeros de mayo como referencia para la delegación de funciones y para el fin de la entrada de internos a Miranda de Ebro. En tres meses, la DGS debía hacerse cargo de todos los extranjeros, para su expulsión o su internamiento en el lugar que estimase y que acabaría siendo Nanclares de la Oca. Sin embargo, esos plazos no fueron cumplidos, y el campo de Miranda no pudo ser clausurado hasta el 1 de febrero de 1947. Antes, 14 colaboracionistas franceses (y no colaboracionistas: hubo casos de internamiento por error[29]) fueron llevados a Miranda desde diferentes gobiernos civiles entre enero y marzo, y 19 más entre abril y diciembre de 1946, no pasando sus casos (el grupo más numeroso, 15 franceses) a la jurisdicción civil hasta enero de 1947. Entre ellos, algunos aceptaban la repatriación, como los 21 franceses de Miranda que tramitaron sus solicitudes tras habérseles garantizado no tener problemas con la justicia en el país vecino, o los 9 que salieron por Irún entre abril y mayo, a pesar del cierre de la frontera debido a las sanciones de la ONU. Otros se veían empujados a salir de España, vistan las dificultades para permanecer en el país, que fueron explicadas gráficamente por el oficial Cartaud, jefe del grupo de oficiales extranjeros en Miranda, directamente y por carta (con el consentimiento de Luis Molina, jefe del campo) a Franco en agosto de 1946[30]:

Pasados a España para huir de las persecuciones partidarias por las cuales estaban expuestos, en razón a su fidelidad a Gobiernos anteriores a ser eliminados hoy por la fuerza, y llegados en consecuencia sin documentación o bajo un nombre falsificado… e internados algunos desde hace más de un año sin apoyo de ningún género (Cruz Roja, Comunidades Civiles o Religiosas) y sin noticias de sus familiares desde el cierre de la frontera franco-española, y carentes también muchas veces de ningún lazo de amistad en España que les permita recibir a falta de una ayuda material una ayuda moral, el desaliento se ha acentuado a consecuencia de la decisión tomada hace cinco meses de interrumpir las liberaciones y la perspectiva cada vez más lejana de una reglamentación general de su situación.

Los padres de familias numerosas están angustiados sobre la suerte que pueda reservarles una bolchevización más profunda de su Patria, desearían fervientemente hacer venir a sus familiares,

para poder emigrar a Sudamérica. Se pedía por tanto a Franco, por su honor militar, un trato de favor para resolver un agravio en el que incidía el hecho de que en Miranda hubiese detenidos políticos como ellos, que habían depositado su fe en gobiernos ya desaparecidos (del Eje o colaboracionistas), junto con internos que «llegaron a España por motivos mucho menos elevados». En ese sentido, cabe destacar que en junio de 1946 se llegó a plantear un intercambio hispano-francés de «prisioneros», intercambio por otro lado infructuoso: España daría a los 21 franceses juzgados por delitos comunes (en cárceles, salvo tres en Miranda y cinco en Nanclares) a cambio de la repatriación de un grupo de españoles detenidos en la «zona francesa de ocupación de Alemania», y otros perseguidos por la justicia española por delitos relacionados con la guerra civil.

Guerra que seguía muy presente en las solicitudes de libertad de los campos de concentración. Como ejemplo, resulta apropiado el de varios internados fascistas italianos (Speranza, Perini y Marchi) en Miranda de Ebro, que solicitaron su libertad como refugiados políticos que huían de las depuraciones y que tenían fuertes simpatías ideológicas con el régimen franquista[31]. El primero llego a mandar una carta personal a la Secretaría Militar particular de Franco en la que señalaba:

Cuando nuestro querido Duce hizo un llamamiento a sus fieles para combatir en España, fui uno de los primeros en acudir al campo de batalla voluntario encuadrado en las Flechas Verdes, con verdadero ardor combatí lo mismo que mis camaradas, por vuestra Gloria, por vuestra Victoria, joven y lleno de vida estaba dispuesto a dar mi vida por vos. Hoy, obligado a dejar Italia para huir de la persecución, vine a España en demanda de hospitalidad. Pasada la frontera me presenté voluntariamente a la Policía Armada, explicando mi caso. Desde hace dos meses me trasladan de una cárcel a otra como un vulgar malhechor en espera de trasladarme a Miranda de Ebro. Otra etapa de quince días en Zaragoza y por último mi calvario en Miranda. Os ruego, Generalísimo, por la amistad que os ha unido a mi querido Duce, que intervengáis en mi favor, dándome la libertad y trabajo para poder vivir. Mi situación es desesperada, careciendo de todo.

Y es que también a Miranda continuaron llegando italianos, polacos, belgas y apátridas durante 1946. Los primeros llegaron hasta sumar quince a finales de 1946. Ninguno deseaba la repatriación y, por eso, con el cierre de Miranda de Ebro y el paso a dependencias de la DGS, siete pasarían a la cárcel provincial de Palencia, cinco quedarían en libertad vigilada en Valladolid, otro lo haría en Barcelona, y los últimos dos saldrían de España. También afluirían algunos grupos de polacos (llegaron a sumar hasta diez), ante todo incorporados al Ejército alemán o a los grupos de trabajadores forzosos, así como algunos desplazados forzosos provenientes de la zona oriental de Polonia, ocupada por la Unión Soviética, a la que no querían regresar y que, por ello, habían pasado dos años en campos para refugiados en Alemania y Francia, tomando por fin el rumbo español para tratar de salir del continente europeo[32]. Uno de ellos, Ryszard Ver-Orlowski, haría llegar sus quejas a la presidenta de la Asociación de Ayuda para los Refugiados Polacos y esposa del editor de The Tablet, periódico católico inglés proclive a Franco, para señalarle:

I am in a very difficult situation and therefore I am obliged to ask you for help in my own name, as well as in the name of a large group of Poles interned in Spain. It is certainly a very sad feeling to be left without any support from the Polish compatriots, to eat dry bread, which is scarce as well knowing that at the same time others will share the Christmas wafer, be gay and happy. Our greatest need is clothing as the Spaniards do not give us anything. The camp is situated 800 metres high and owing to terrific winds, we shake like leaves. We appeal to the hearts of our compatriots and trust that they will not leave us in need and poverty.

The time may come when a Polish knight will not forget other compatriots who suffer in the same way as we do. May God compensate you for any help you will give us.

Pan duro, frío y ropa ligera, ese era el bagaje del paso por Miranda de Ebro. Por campos y cárceles, como la madrileña de Carabanchel, donde fueron agrupados en espera de salir del territorio nacional. Territorio que también abandonaron, por fin, los últimos grupos de apátridas reunidos en Miranda de Ebro: 62 judíos alemanes, el grueso de los 115 que salieron, rumbo a Génova, para quedar allí bajo la protección de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en enero de 1946[33]. Entre ellos iba también la legación diplomática japonesa en España, por lo que se pidió la máxima seguridad en el viaje, para evitar que trataran de escaparse.

Y es que, de todos modos, el grupo más numeroso y el que causó más problemas a la administración franquista fue, en 1946 y 1947, el de los antiguos miembros del Eje y, sobre todo, los alemanes. Entre los primeros listados de nazis reclamados por el CAC en enero de 1946 figuraban 187 internos de Miranda de Ebro (encabezados por el comandante y encargado del campo alemán, Karl Heilmann), y se sumaban a los 392 de Molinar de Carranza y los 724 del balneario de Sobrón. Y, ciertamente, la gestión conjunta de los agentes aliados con el MAE dio un resultado fructífero en primera instancia: el 16 de enero se ordenó la liberación y el traslado a Irún de los 187 de Miranda (que habían accedido a ser repatriados), para unirse a un grupo que debía sumar 1260 personas y que debería salir hacia Alemania en tren el 31 de enero. Bajo poder inglés pero con destino a la zona norteamericana de control sobre el país, debía asegurarse que todos dispusiesen de ropas de abrigo (si bien no fue permitido llevar más de 50 kilos de equipaje por persona), que hubiesen suficientes raciones alimenticias, que todos tuviesen carnets de identidad, que dispusiesen de certificados médicos y que las familias no se separasen bajo ningún concepto. Este último aspecto, sin embargo, retrasó unos días el convoy, ya que no quedaba claro si también iban a viajar mujeres y niños en el grupo[34].

Por fin, el 7 de febrero se dio el permiso correspondiente para salir de Hendaya a 1284 personas (668 del balneario de Sobrón, 235 de Miranda de Ebro, 380 de Molinar de Carranza, uno de San Sebastián), si bien en realidad fueron 1186 los que subieron al convoy[35]. Entre los que faltaban estaban algunos refugiados que a última hora habían pedido quedarse en España para eludir sus responsabilidades judiciales, cosa que se les había permitido, así como las mujeres refugiadas, a las que no se dio permiso para entrar en Francia. Otros estaban en prisiones o en paradero desconocido, como los casos de Herbert Senner, miembro de la Gestapo, o del Kriminal Kommisar Walter Kutschmann. De todos modos, algunas de esas situaciones pudieron subsanarse fletando un navío de bandera inglesa, el Highland Monarch, con el que se trasladó a 206 personas más.

Con ello, quedaban en España aún grupos de aduaneros alemanes, según señalaban los informes estadounidenses: quince en Molinar, nueve en Sobrón y cinco en Miranda. Pero a ellos siguieron sumándose otros, que pasaban clandestinamente la frontera con el deseo de buscar amparo político y cobijo en la España franquista. Así, diez alemanes y tres franceses fueron internados en Miranda entre abril y mayo de 1946, pasando a engrosar la lista de 54 internos buscados por el CAC a cuya disposición se puso el navío Marine Perch, en aras de facilitar su repatriación. Ésta, sin embargo, empezó a estar cada vez más plagadas de problemas. Si bien no se trataba ya tanto de los internos en campos de concentración sino ante todo de personal protegido en España por la administración e incluso por los ministros, lo cierto es que los traslados masivos a Alemania toparon con graves impedimentos que retrasaron también la estancia en Miranda de Ebro, Sobrón o Molinar. Sobre algunos de los inscritos en las listas de repatriación, Arsenio Martínez de Campos, del Alto Estado Mayor, solicitó protección para Gustav Lenz, Eberhard Kieckebusch y Karl E. Kuhlenthal (quien tramitó la ampliación de la ayuda alemana en la guerra civil), de quienes dijo que eran «dignos de la protección oficial española» y que nunca habían sido miembros de la Gestapo. Luis Carrero Blanco, subsecretario de Presidencia, la pidió para tres alemanes:

Kurt Meyer Doehner vino a España al empezar el movimiento nacional; nos ayudó con todo entusiasmo; tiene la Cruz de Guerra como combatiente en nuestra Cruzada… ha tenido tres hijos, uno de los cuales nació el 18 de julio y le puso el nombre de Francisco en homenaje al Caudillo… Alfred Menzell… durante nuestra Guerra nos ayudó… Hans Lorek… es un bendito, técnico cien por cien incapaz de matar una mosca.

También intercedieron por ellos Regalado, ministro de Marina, y Girón, de Trabajo, con lo que se les sacó de las listas para disgusto y queja de Estados Unidos. De hecho, en febrero de 1946 Martín Artajo hizo llegar a los ministros Juan Antonio Suances (Industria y Comercio), Fidel Dávila (Ejército), Carrero Blanco (subsecretario de Presidencia de Gobierno), Raimundo Fernández Cuesta (Justicia), Blas Pérez González (Gobernación), José A. Girón (Trabajo), Carlos Rein Segura (Agricultura), Francisco Regalado (Marina) y Eduardo González Gallarza (Aire), unas misivas para que sugirieran «los nombres de personas por las que se interesa Vd. en atención a su relación personal, contacto con el Ministerio de su digno cargo y singularmente a los servicios prestados por ellas a España, con objeto de aplazar o excluir su entrega». Ejército tenía interés por Hans Doerr, general de brigada. De tal modo, el 3 de abril, de los 252 alemanes incluidos en las listas de prioridad I y II, 74 habían salido, pero 80 aproximadamente fueron excluidos por recomendaciones de diferentes ministros y altas autoridades: en particular K. S. Albrecht, el almirante J. Canaris y K. E. Kuhlenthal, H. Lautenschlager (quien decía tener un retrato firmado del Caudillo) o K. Vorkauf (a petición del obispo de Tuy, R. Classen). Se trataba, por tanto, de un acto de encubrimiento estatal que no podía sino incidir en las ya malas relaciones exteriores españolas con los vencedores de la guerra mundial[36].

Y, de hecho, las quejas y reclamaciones inglesas y norteamericanas fueron constantes y muy duras durante 1946 y 1947 tanto directamente al responsable del MAE, Martín Artajo —quien decía que el de las repatriaciones era casi el único tema que trataba—, como en los consejos de Naciones Unidas. Porque no es que no se expulsase a alemanes del territorio español, como quedaba demostrado con el convoy de Hendaya o los 206 del vapor. El problema era que los repatriados rara vez pertenecían a las listas de prioridad angloamericanas y, si estaban incluidos en ellas, rara vez se trataba de las más importantes, como queda demostrado en las contralistas realizadas por los ministros de Franco. En marzo de 1946, de los 252 alemanes incluidos en las listas más importantes remitidas a Madrid tan sólo habían salido para Alemania 64 por vía aérea a Stuttgart (entre ellos, el encargado de negocios de Alemania en España, Von Bibra) y seis por marítima. De los 182 restantes, 80 estaban «recomendados eficazmente para evitar su salida» y 102 se hallaban escondidos en casas particulares o con documentación falsa[37].

Escaso bagaje para los intereses angloamericanos, cuyas listas de prioridad no hacían sino crecer: hasta 490 alemanes llegaron a pedir en el mes de mayo, a la vez que desde España se ponían dificultades como la de alegar el «arraigo» en el país[38] (un «título moral que el Gobierno español no puede por menos que tomar en consideración»), la de avisar con antelación de las detenciones o la de considerar que la expulsión de los alemanes, en vez de un acto de justicia, era uno de «pura benevolencia» sujeta tan sólo al ejercicio del derecho de soberanía español. La primera razón fue la argucia más extendida para sacar de las listas a cientos de alemanes, a la vez que se empleaba el hecho de las expulsiones de los aduaneros y algunos agentes del NSDAP o las requisas materiales oficialmente registradas a nombre del gobierno alemán para afirmar categóricamente que España no era refugio de ningún nazi, y que no se pretendía obstaculizar en ningún momento la labor de la justicia internacional.

Eso, sin embargo, no era por entero cierto. Es verdad que los alemanes que hallaron refugio y protección en España, y a veces un trampolín para huir a Sudamérica, no fueron en su gran mayoría grandes gerifaltes del NSDAP sino más bien cargos intermedios de poder. Entre ellos, se destacó la presencia en España, un año después de la derrota alemana, de

Karl Sohnke Albrecht, jefe del AEG y amigo personal de Hitler. Hermann Goeritz, jefe del Servicio de Inteligencia alemán, contraespionaje y servicios secretos en Barcelona. Expulsado de África del Norte. Eckhardt Krahmer, agregado militar. Jefe de todos los representantes militares alemanes en España, clandestinos o reconocidos. Alfredo Menzell, agregado naval adjunto. Saboteador profesional. Nazi furibundo. Kurt Meyer-Doehner, agregado naval. Jefe del Servicio de Inteligencia y espionaje alemán en materias navales. Jefe de una organización de sabotaje. Ivo Obermuller, 1-96, jefe del Servicio de Inteligencia y de espionaje militar alemán y más tarde del Servicio de Inteligencia nazi. Responsable de la recogida de los Servicios Secretos relativos a la navegación para el servicio de inteligencia alemán. Rolf Konnecke, jefe de la Gestapo. Leonhardt Bodemüller, jefe de una estación telegráfica de transmisión. Eberhardt Kieckebusch, uno de los jefes más eficientes del Servicio de Inteligencia en España, que trabajaba con Gustav Lenz, de la Gestapo. Karl Erich Kuhlenthal, jefe del Servicio de Inteligencia Militar Alemán para España y más tarde del Partido Nazi. Cooperó muy estrechamente con Kieckebusch… Karl Arnold, importante agente de la Gestapo. Complicado con Heymann en el asunto de la falsificación de los billetes del Banco de Inglaterra. Ernst Heymann, 1-53, jefe del Servicio de Contraespionaje de Himmler en España. Complicado con Arnold. Reinhardt Spitzi, agente del Servicio de Inteligencia extranjero de Himmler y servicios de espionaje. Exsecretario de Ribbentrop. Walter Bastian, trabajaba para Transocean y DNB. También miembro de los servicios de Himmler. Karl Hertel, jefe nazi, peligroso y sin escrúpulos. Era jefe nazi en América del Sur, pero fue expulsado. Friedrich Knappe Ratey, oficial del Servicio de Inteligencia, espionaje y operaciones alemanas. Trabajó a las órdenes de Karl Erich Kuehlenthal para quien reclutó, entrenó y contrató agentes. Walter Eugen Mosig, oficial del Servicio Exterior de Himmler y de unidades de sabotaje y de espionaje, de las que era jefe en España. Jefe también del Servicio de espionaje y del Servicio de policía con la Legión Cóndor. Otto Hinricher, jefe del Servicio de Contraespionaje y de los servicios de inteligencia alemanes en Bilbao, en íntimo contacto con Otto Messner. También encargado de colocar agentes a bordo de diversos vapores. Edmund Niemann, oficial del Servicio de Inteligencia alemán en las Islas Canarias y jefe del mismo Servicio en las áreas cercanas a España[39].

Sin embargo, si tan poca importancia tenían, ¿por qué no fueron devueltos? La presencia de esas personas, ante todo antiguos diplomáticos, tenía el efecto —a juicio de la Embajada británica— entre la colonia alemana de hacer creer que era sencillo escapar de la vigilancia de la policía española, y que las autoridades franquistas estaban «más o menos abiertamente de parte de los alemanes al resistir» a los esfuerzos de las embajadas aliadas. Y, de hecho, el que desde principios de año hasta finales de mayo de 1946 tan sólo hubiesen sido obligados a salir de España 111 alemanes de las primeras listas de prioridad (que tenían reservado el urgente y preferente traslado aéreo, pero de las que quedaban más de 150 personas en el país) bien podía hacer albergar la esperanza de que España fuese refugio de alemanes: las listas de prioridad habían alcanzado ya en julio la cifra de 734 (buena parte, por tanto, de los 1388 que interesaban directamente al CAC), pero sólo se había conseguido la repatriación de 194. Algunos de ellos habían obtenido copias de las listas de manos de funcionarios de la DGS a razón de 25 pesetas por lista. Otros habían sido, directamente, escondidos por importantes personalidades del régimen franquista[40].

Las argucias para retenerlos en el país corrieron paralelas a la utilización casi propagandística de los cada vez menos internados en campos de concentración y, así, cuando el CAC fletase en Bilbao el vapor Marine Perch para tratar de sacar a unos 900 alemanes de España, la misión sería un fiasco absoluto. De los 800-900 que se esperaba fuesen embarcados el 9 de junio, tan sólo 341 salieron hacia Alemania, de los cuales tan sólo 109 entraban en las listas de prioridad enviadas al MAE, siendo la mayoría «voluntarios o personas sin importancia». La posibilidad de «contrarrestar por medio de hechos la mala impresión» creada en Estados Unidos por la «incapacidad del Gobierno español de asegurar la salida de España de alemanes cuya continua presencia en España se consideraba contraria a los verdaderos intereses de todos los pueblos amantes de la paz» había sido, de nuevo, despreciada: el único grupo considerable y comprensible como tal que embarcó en junio de 1946 fue el de unos 50 exsoldados alemanes internados en Miranda de Ebro. Y tampoco puede darse por demasiado buena esa cifra: ante la inminente repatriación de 44 militares o paramilitares internados en Miranda, considerada ya la única alternativa al internamiento, las autoridades del campo prepararon la liberación de los que pudiesen demostrar sus garantías «financieras o morales». De tal modo, a 9 de mayo el número de alemanes en el campo había descendido hasta 25[41].

3. EPÍLOGO PARA UN SÍMBOLO

La «irreprochable» actitud de que hacía retórica gala el MAE en relación al programa de repatriaciones era, por tanto, completamente falsa. Por mucho que se empeñase en decir que el gobierno franquista había «colaborado y sigue colaborando como el mejor», a Madrid llegaron velados ultimátums de Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes consideraban que la presencia de agentes alemanes en España significaba un «obstáculo importante» para la mejora de las relaciones diplomáticas, en unos momentos difíciles de las relaciones exteriores de Franco. Convenía, por tanto, desembarazarse del que era ya un grave problema internacional, que acarreaba «continuas y violentas campañas en la prensa y radio americana y británica».

Así se comunicó a las embajadas británica y americana: se buscaría y sancionaría a los huidos de la justicia, se prohibiría el embarque hacia América de los incluidos en las listas y se repatriaría a todos los internados alemanes en campos de concentración, siempre y cuando se aceptase no repatriar más que a los incluidos en las dos primeras listas de prioridad, ya que el resto estaban considerados personas de escasa importancia con fuerte arraigo en España. Para septiembre de 1946 llegaría un nuevo navío a costas españolas, el Marine Lerlin, con objeto de sacar del país al mayor número posible de refugiados políticos reclamados por el CAC. Entre ellos, estarían todos los internados en Miranda de Ebro, cuya cifra exacta se desconocía en ese momento. Pero una pista la da el hecho que, descontando los movimientos masivos de los aduaneros entre Miranda y los balnearios de Molinar de Carranza y Sobrón, el total de alemanes procedentes de Miranda de Ebro que en octubre de 1946 habían sido devueltos a Alemania lindaba los 260. Casi ninguno, como hemos visto, estaba incluido en las listas de prioridad para las repatriaciones.

Por eso, dejando aparte las liberaciones a mediados de mayo de 1946 (más que dudosas, pero de las que no se ha encontrado ninguna información suplementaria), el problema de los internados alemanes en Miranda resultó ser, en definitiva, más de orden interno en el campo que de política internacional. España, en su afán por dar una de cal y otra de arena a los vencedores de la segunda guerra mundial empleó las repatriaciones de los aduaneros de Miranda y los balnearios como bálsamo para esquivar la atención puesta en los cargos del NSDAP y la Alemania nazi escondidos en España. Por eso, el cierre definitivo del campo de Miranda de Ebro, el último de los abiertos en la guerra civil, el más longevo de todos, y desde luego el símbolo inequívoco del modelo concentracionario impuesto en la España franquista, se produjo con una facilidad inusitada. Una vez se decidió el traslado de todos los internos primero de administración (de civil a militar) y luego de situación y centros, sin más ceremonias se echaría el cierre a diez años de internamiento en lo que fue todo un símbolo español de la exclusión de los vencidos.

A principios de diciembre de 1946 los alemanes en Miranda de Ebro habían ascendido de nuevo a 145, ya que en todo este proceso de internamientos y repatriaciones en ningún momento habían dejado de afluir a España refugiados políticos. Todos ellos, por otro lado, habían pasado la frontera entre abril y noviembre (sobre todo en septiembre, 42 octubre, 57, y noviembre, 38). Eran aproximadamente la mitad del total de internos, unos 300, que habían huido de Francia, según sus propias declaraciones, porque allí eran empleados como prisioneros trabajadores en arriesgados trabajos de desactivación de minas[42]. Grupo «disciplinado [que] no provoca incidente alguno», esperaban la repatriación a Alemania porque preferían enfrentarse a la justicia en su país que jugarse la vida en Francia.

El resto de extranjeros estaba compuesto aún por refugiados políticos, agentes de misiones especiales de espionaje en España y delincuentes comunes. Y, desde luego, su expulsión de España resultaba llena de dificultades e inconvenientes: mientras que los segundos, una vez «descubiertos y neutralizados» quedaban abandonados a su suerte porque rara vez reconocían su nacionalidad concreta, el resto directamente carecía de documentación con la que corroborar su nacionalidad o sus países de origen rechazaban su repatriación, salvo en el caso de algún sudamericano que aún permanecía en el campo de Miranda. Además, existía un grupo menor de «indeseables» franceses que, según la documentación del campo, sembraban «indisciplina por su actitud levantisca», siendo de suma urgencia que el Ministerio de Gobernación se hiciese cargo de ellos.

Eso, por otra parte, era lo prometido en 1945 por la DGS: asumir el hecho que, acabada la contienda mundial y, por tanto, no beligerantes todos y cada uno de los refugiados internados en España, era la administración civil la llamada a gestionar cuanto estaba relacionado con la entrada y permanencia clandestina de extranjeros. Para ello, se tomó la decisión de utilizar el campo de Nanclares de la Oca, de «nueva planta [y] excelente por sus condiciones de higiene y confort, muy superior en todos los conceptos al de Miranda de Ebro», como lugar de internamiento de los extranjeros que quedasen en España —junto con los quinientos internos existentes entonces— relacionados con las evasiones políticas de la segunda guerra mundial. Y, en una última reunión entre Capdevila, García Conde y López Barrón (secretario general de la DGS), acordaron que desde las 00.00 horas del 1 de enero de 1947 la autoridad militar dejaría de hacerse cargo de los súbditos extranjeros que pasasen ilegalmente la frontera española, aunque fuesen aprehendidos por los servicios militares de vigilancia[43].

Desde el 4 de enero de 1947, en Miranda no fue aceptado ni un solo ingreso más. Los refugiados políticos en Miranda fueron rápidamente distribuidos por diferentes cárceles españolas; los indeseables fueron llevados a Nanclares de la Oca donde, además de la detención, habrían de sufrir los malos tratos de este duro campo civil, así como los trabajos forzosos que en él se desarrollaban; y, por fin, los alemanes tuvieron que esperar en Miranda la repatriación, en principio acordada para el 15 de enero, aunque la última cifra de internados de la que se dispone señale que había, en marzo de 1947, aún 186 internos.

Cuando estos últimos internos atravesaron por última vez las alambradas del campo de Miranda de Ebro estaban dejando atrás un mundo concentracionario con once años de internamiento ilegal ininterrumpido, jalonados al inicio por la detención de enemigos internos y, en su etapa final, por la de indistintamente enemigos y amigos políticos o ideológicos. Once años en los que, como recordarán algunos refugiados políticos belgas, la indeterminación del tiempo de internamiento suponía una constante «fuente de tormentos»; once años donde, por regla general, se carecía de los más mínimos medios de subsistencia; once años donde la falta de actividad, cultura y confort, la dureza del campo o los maltratos eran fuertemente de «índole desmoralizante»[44].

Tras once años de prisioneros e internos, de lugares provisionales y auténticos centros de concentración masiva, con la clausura de Miranda de Ebro el sistema concentracionario franquista echaba el cierre casi definitivamente. Los internos que quedaban en este universo de anomia y detención extrajudicial pasaban definitivamente a depender de los poderes civiles, como se venía reclamando desde el final de la segunda guerra mundial, y Nanclares de la Oca pasaba a ser el símbolo de la reclusión del disidente, el extraño, el ajeno, el otro. Atrás quedaban ya los largos meses o años de detención de prisioneros de guerra y refugiados políticos, los primeros de un solo signo político, el republicano, y los segundos de los dos bandos beligerantes, el antifascista al principio y el profascista después.

Atrás quedaban las cartas de las mujeres e hijos de los encerrados que, desesperadamente, llegaban a solicitar a la mujer de Lequerica la liberación de sus cónyuges pidiéndole que siguiera el ejemplo de Eva Duarte de Perón para que indujera a su marido al perdón de quienes, tras haber sido internados en Miranda en 1939 y libertados temporalmente por Gómez Jordana, habían sido conducidos en 1940 al campo para regularizar su situación y, con ello, habían acumulado ya casi ocho años de espera en Miranda de Ebro[45]. Atrás quedaban los beneficios económicos que, a fuerza de esquilmar dinero de los ranchos o de los presupuestos para mejoramiento higiénico, había obtenido la ICCP. Atrás quedaban las vidas de aproximadamente medio millón de personas internadas en un total de unos 188 campos de concentración de los cuales 104 tuvieron un carácter medianamente estable, legando para la historia concentracionaria universal nombres como Miranda de Ebro, San Pedro de Cardeña o Albatera.

Suena, por tanto, a broma pesada y a hipocresía el informe que en 1947 se remitió a Madrid desde Bruselas, para señalar que en Bélgica se había constituido la asociación «Les Anciens de Miranda» —destinada a recordar las «penas y fatigas en España»— para sugerir una política de atracción para con sus afiliados, contribuyendo así a «borrar algunos recuerdos desagradables de su estancia en el campo de concentración que todavía pudieran conservar». Sin embargo, esa era la lógica franquista que había imperado e impregnado en lo retórico cuanto estuviese relacionado con el sistema concentracionario, como se va a observar en el cierre de este trabajo donde, además de cifras, últimos datos y conclusiones, se van a mostrar las diferentes visiones de lo concentracionario y lo penitenciario, del enemigo interior y el enemigo exterior, de la violencia sanadora y reeducadora, que construyó el franquismo como parte del pilar sobre el que asentó su justificación y legitimación.

Tiempo de balance

Tiempo de balance

RESUMIR EN UNAS CUANTAS LÍNEAS CUANTO se ha expuesto en este trabajo, en el cual se ha tratado de ofrecer la mayor amplitud posible de perspectivas para entender la historia, la memoria, la comparabilidad o la importancia del fenómeno concentracionario franquista, puede parecer repetitivo o retórico, un ejercicio de síntesis más o menos acertado. En vez de eso, la cuestión en esta conclusión radica en tratar de verificar una serie de puntos, de hipótesis teóricas planteadas a lo largo del texto, más que de resumir someramente —otros se encargarán de hacerlo[1]— la historia de los campos de concentración de Franco y de sus prisioneros e internos.

De todos modos, esa misma historia, explicada a lo largo de ya tantas páginas, ha acreditado, a mi juicio, las premisas de partida más importantes de las planteadas en el primer capítulo: que los campos franquistas fueron reflejo de tres elementos paradigmáticos del régimen franquista. Primero, de la coerción y el poder primero paraestatal y luego estatal, como detentor de la violencia considerada «legítima» o, cuando menos, útil para unos intereses globales de control y dominación, en el marco de una cruenta guerra civil y una no menos dura posguerra. Segundo, de los cambios acaecidos durante esa misma guerra en los paradigmas del poder y de aplicación de la violencia en aras de legitimar lo que fue percibido como un proceso de depuración y limpieza de la sociedad española de los años treinta —y antes, aunque de eso no se haya hablado aquí— y de la experiencia republicana. Una depuración y limpieza en todos los órdenes: físicos, ideológicos, sociales, identitarios y memorialísticos. Y tercero, de la cambiante política internacional de la dictadura durante los años de la segunda guerra mundial e incluso hasta finales de la década de los cuarenta, en el contexto de una Europa bélica y posbélica que cambiaba su eje gravitacional desde las dictaduras autoritarias y fascistas hasta las democracias liberales.

Los tres aspectos pueden ser observados, en un escorzo final, desde la perspectiva tanto del modelo concentracionario creado por los sublevados y vivo durante parte de la dictadura de Franco, como de la memoria que de él ha perdurado y pervive en la actualidad. A modo de síntesis, por tanto, de las páginas anteriores, cabe recordar su historia para colocarlo en su justo contexto histórico; sólo así se podrá situar y analizar también su recuerdo colectivo.

1. DE MODELOS CONCENTRACIONARIOS

Al invadir las armas los espacios públicos en julio de 1936, lo más parecido a un politicidio y a una masacre colectiva se llevó por delante a miles de republicanos en la zona inmediatamente declarada como «nacional». Y dentro de esa lógica en principio y aparentemente tan ilógica, el problema de los prisioneros de guerra prácticamente no existió como tal. La ejecución sumaria, cuyo paradigma es, y lo será aun cuando se haya tratado y se trate denodadamente de cancelar su recuerdo, la matanza en agosto de 1936 en la plaza de toros de Badajoz. Sin embargo, lo que se preveía una contienda breve devino en una guerra larga, en una guerra civil, en una guerra de masas, y ahí las cosas cambiaron[2]. Tan importante era logísticamente un prisionero trabajador en las obras de retaguardia como un soldado en el frente y, desde luego, nadie podía renunciar a un grueso de soldados y trabajadores esclavos que ayudasen a derrotar a su propio ejército, con las consiguientes cargas de humillación y represión implícitas en tal acto. Por ello, de la anomia de la violencia desarrollada en los primeros meses para con los prisioneros del golpe de Estado (fallido) y de la guerra de columnas se pasó, gradualmente, a la reutilización reglada y, como paso posterior, a la centralización de recursos, primero en la MIR y luego en la ICCP.

Razones esas algo prosaicas para crear los primeros visos de un sistema engranado de concentración de prisioneros que, no obstante, acarreaban consigo otras consideraciones de orden social, político e identitario, como la de la articulación a través de la adhesión, la complicidad o la implicación en la guerra y la violencia franquista de una naciente comunidad nacional. En la España de 1936 habrían sido inconcebibles campos de concentración como los de 1938, puesto que en los primeros meses de lucha los derroteros no marcaban grandes proyectos sociales ni, en realidad, grandes problemas de masividad de la guerra. El problema intrínsecamente unido a la masividad fue, sin embargo, la lentitud. Y eso fue lo que obligó a mantener, desarrollar y hasta hipertrofiar el sistema concentracionario de Franco, alargándose las estancias en los campos de concentración. Era el modo de poner bajo buen recaudo a quien no resultase afecto a la causa del Nuevo Estado, y de dirigir toda esa burocracia a unos fines determinados, a unos intereses establecidos, a unas metas claras. Metas, fines e intereses que iban de lo político a lo militar, de lo ideológico a lo moral, pero que confluían en una sola: la construcción de la Nueva España de Franco[3].

La utilización de la mano de obra de los prisioneros también caminó por esa senda ya que fue percibida y legitimada como un derecho emanado de la victoria, así como un deber para con los «descarriados» y «engañados» y, por tanto, fue un acto de imposición ideológica e identitaria que, en la realidad cotidiana, dio pie a redes de connivencia, aprovechamiento e implicación en este tipo de represión económica, laboral y política. Como la que destila de la petición, ya reseñada anteriormente, de prisioneros por parte del alcalde de Miranda de Ebro, o la del de Inicio (Lugo), para las obras con las que pretendía enaltecer su pueblo, «para hacer la España Grande, Imperial y Libre, que está forjando el artífice del Nuevo Imperio Español, el Caudillo: todos tenemos que aportar nuestro grano de arena»[4]. No obstante, en muchas ocasiones todo ello tuvo más que ver con los planos discursivos que con los reales. Como se ha podido comprobar, la historia concentracionaria franquista, una historia de intentos de centralización y centralizaciones imposibles, fue la crónica de la improvisación y el desbordamiento.

Desde tal perspectiva debe analizarse la gestión de la miseria que supuso la administración de los campos. Eso sí, sumándola al hecho que el para-Estado franquista tuvo en la imposición de unos modos de vida cotidiana humillantes, exasperantes, terribles, vejatorios sobre los prisioneros un modo para hacer de ellos sombras de su propia voluntad. Tal vez por eso se encuentran tan pocos testimonios que hablen de reestructuraciones orgánicas de partidos y luchas políticas dentro de los campos, siendo los más destacados los de prisioneros de la inmediata posguerra, y sí en cambio todos hablen de humillantes condiciones de vida, carencias miserables, tedio y angustia. La creación de tales percepciones e identidades excluyentes por parte de los vencedores de la guerra civil, bien puede ser denominada como una cosmovisión del enemigo y el disidente, jalonada por la articulación de un discurso maniqueo de confrontación entre el Bien y el Mal, España y la Anti-España. Clasificación, depuración, reeducación y reevangelización se dieron la mano en los campos franquistas para hacer saber a los prisioneros, a los disidentes reales o potenciales, su verdadero lugar en la Nueva España de Franco.

Desde 1939, con el tiempo que daba la victoria total sobre el enemigo interno, la extirpación de la tupida red concentracionaria que había caracterizado los años de confrontación abierta se convirtió en una ardua tarea que, en lo administrativo, duró largo tiempo por más que se consiguiese reducir a dos el número de campos de concentración estables. En primer lugar, porque su funcionalidad para la depuración social, cristalizada en las Cajas de Reclutas y la «mili de Franco» —el trabajo obligatorio de todos los soldados republícanos en los BDST—, se mantuvo vigente en la posguerra, a la par del deseo de control social jamás escondido por la dictadura. Sin embargo, con el fin de la ICCP y del trabajo forzoso de la mano de obra prisionera no acabó la semiesclavitud laboral —en Colonias Penitenciarias hubo penados hasta 1946, por ejemplo—, ni tampoco desaparecieron los campos de concentración. Sólo el cierre de Miranda de Ebro puso fin al modelo franquista de campos: unos campos ligados a la guerra, al internamiento de soldados, por lo que siempre tuvieron unas inmediatas dependencias militares. Pero eso no significó ni el fin de los trabajos forzosos en España, ni tan siquiera el fin de recintos y campos que bien podemos denominar de trabajo, como los habilitados por Regiones Devastadas, Colonias Penitenciarias y Destacamentos Penales. Y, sobre todo, el fin de los campos no supuso el fin también del proyecto social que habían ejemplificado. Antes bien, las consecuencias en la larga duración del sistema concentracionario franquista fueron la interiorización de sus valores por parte de los internos. No tanto los explícitos, como la reeducación política y moral, sino sobre todo los implícitos: el miedo, el silencio, la delación. Valores sobre los que se sustentó la dictadura militar de Franco durante cuarenta años de exclusión y olvido.

Con igual idea de fondo —el internamiento del personal irregular en España comprendido en edad de armas— y manteniendo el más importante campo, el ubicado en Miranda de Ebro, el tercero de los ejes explicativos de la historia concentracionaria franquista (su posición frente al conflicto bélico internacional de 1939-1945) adquirió una inusitada importancia nacional e internacional, por cuanto representó la cambiante postura española ante los aliados y las naciones fascistas, respectivamente. La razón que explica, en definitiva, esta segunda fase de la historia concentracionaria franquista, es ante todo el deseo de la dictadura por incrementar o, al menos, mantener su poder. El de los refugiados no fue un tema tan importante como otros de los que marcaron las relaciones internacionales franquistas en esos años (como la ocupación de Tánger, las exportaciones de wolframio a Alemania o el espionaje) pero, desde luego, retener a un total cercano a los 15 000 soldados beligerantes en un campo de concentración, a veces por largos meses, no podía sino interponerse respectivamente en las relaciones con Alemania y los aliados. España se mantuvo en una expectación comprometida: aunque fueron los acontecimientos bélicos —la invasión de Francia, el desembarco del Norte de África, la ocupación alemana de todo el país galo y el desembarco de Normandía— los que determinaron el devenir de Miranda de Ebro (y de los balnearios), lo cierto es que el deseo de mantenerse en el poder fue el único motivo que determinó las políticas con los refugiados. Primero, inclinándose hacia el lado alemán. Después, hacia el de los aliados.

De todos modos, no se debe olvidar lo que hasta este momento se ha señalado de manera constante: que dos criterios fundamentales para entender la vida concentracionaria fueron la imposibilidad de regir una maquinaria excesiva y anquilosada, la del internamiento de los prisioneros de guerra, por un lado; y por el otro, la constante contradicción entre proyectos y ambiciones, y realidades y frustraciones. Luis de Martín Pinillos, en clara consonancia con Francisco Franco, quiso hacer de los campos franquistas laboratorios de la Nueva España. Pero tantas veces la realidad se impuso, impidiendo de facto la realización de políticas reeducadoras, reevangelizadoras, e incluso tantas veces clasificadoras. La historia concentracionaria española fue, en muchas ocasiones, la historia de la renuncia.

Aspiraciones y realidades, masividad y humillación, clasificación militar y reeducación moral, renuncias e implacabilidad. Los sustantivos que describen la historia concentracionaria en la España de Franco, la historia de cerca de medio millón de vencidos distribuidos por un centenar largo de campos de concentración, en buena medida resumen la posición española dentro del enorme universo concentracionario europeo. Y es que los campos han resultado ser un ejemplo palmario, a todos los niveles —filosófico, sociológico, histórico— utilizado para mostrar los excesos humanos, la crueldad, la modernidad. Y desde esa perspectiva, las preguntas acechan. ¿Resultaron ser los franquistas, como señalara Bauman para los campos nacionalsocialistas, reflejo de modernidad alguna[5]? ¿Fueron simples, dentro de la escasa simplicidad que en realidad engloba tal hecho, mecanismos de guerra? ¿Reflejaron en su desarrollo histórico algún tipo de novedad, en la España de los años treinta, en los modos y maneras de tratar por parte del poder a la disidencia, en un marco de tal despliegue de violencia como la guerra civil española? En realidad, los campos franquistas supusieron la articulación de una política represiva novedosa tanto en el marco de la guerra civil como, en general, para el de las acciones oficiales destinadas al doblegamiento de la población republicana. Respondieron a una lógica bélica, política, económica y social: la de ganar la guerra y la de sentar las bases del Nuevo Estado franquista mediante la punición, la imposición de una identidad de vencidos a los prisioneros y el cierre de la crisis de dominación que había implicado la que fue percibida como subversiva política social republicana. Pero esa novedad lo fue en el marco de las políticas represivas españolas, no tanto en el de las europeas.

Los campos franquistas fueron así una constelación situada dentro del universo concentracionario europeo. De hecho, el mismo término de «campo de concentración», independientemente del significado y las connotaciones que ha adquirido desde el fin de la segunda guerra mundial, alude al centro de internamiento y agrupamiento, en tiempo de paz o, sobre todo, de guerra, establecido por un poder estatal o un contrapoder que se le opone. Etimológica e históricamente, por tanto, se trata de una experiencia (la concentracionaria) mucho más común de lo que pueda parecer. Y no puede soslayarse en la historia europea ni mundial la existencia de millones de internados y desplazados: los recintos rodeados de alambres de espino y torretas, y habitados por seres fantasmales mal alimentados y depauperados, salpicaron todo el mundo, desde Estados Unidos y Canadá a Inglaterra, Italia, Alemania y la Unión Soviética, y también en Asia, Australia, China, Japón y las Islas del Pacífico[6]. Ni los campos, por tanto, son sinónimo de totalitarismo ni las democracias (véanse los campos norteamericanos para la población japonesa abiertos en 1942) se han visto exentas de utilizarlos. Mutatis mutandis, la experiencia concentracionaria fue un recurso plausible en el siglo XX para la solución de problemas sociopolíticos, es decir, estructurales, unidos a otros prácticos, esto es, coyunturales.

La violencia concentracionaria ha ejercido una innegable fascinación en la investigación histórica, sociológica y antropológica. Y es que la concentracionaria es una experiencia común en Europa, América y Asia: en la primera guerra mundial, Finlandia, la Francia de Vichy, Alemania y sus conquistas durante la segunda guerra mundial, Italia o Grecia hubo sistemas llamados de concentración, bien de prisioneros de guerra o de detenidos políticos[7]. Además, no se partía de cero, ya que los primeros centros así denominados fueron puestos en marcha durante dos guerras coloniales (los españoles en Cuba y los ingleses en Sudáfrica) e, incluso, tenían un referente histórico en los centros de internamiento de la guerra civil norteamericana. Y posteriores a la segunda guerra mundial, hubo campos en la URSS (el gulag), en la China de la revolución cultural (el lagoai) o en las dictaduras del Cono Sur americano. De hecho, a simple vista, los campos de concentración fueron durante el Novecientos reflejo de la vida política y social de cada período determinado: los hubo coloniales, los hubo en guerras civiles, los hubo totalitarios e, incluso, los hubo bajo el poder de democracias liberales. Los sistemas concentracionarios, así, tuvieron en común el ser respuestas a las necesidades de implantación, estructuración y mantenimiento de un cierto régimen de dominación, control y poder sobre un territorio y sobre sus disidentes reales o potenciales[8].

El concentracionario es por tanto un fenómeno de larga historia, la del siglo XX, y la apertura de campos de concentración en los diferentes conflictos que han jalonado la historia del Novecientos ha dejado establecida una categorización no demasiado explícita, pero sí básicamente clara, que ayuda a reconocerlos. Existe, así, una diferencia fundamental entre sistemas concentracionarios en tiempos de paz, por una parte, y de guerra, por otra. Dentro de esa categoría, también existen diferencias entre campos abiertos durante una guerra civil y campos para prisioneros de guerras internacionales, algo habitual desde la primera guerra mundial. Y, por fin, no son lo mismo los campos para civiles, disidentes políticos o minorías nacionales, raciales o religiosas, que para militares. Además, existe una cuestión que extiende su sombra sobre este debate: el hecho «singular» de la implantación de una maquinaria de muerte colectiva a través de los campos de concentración (Auschwitz, Chelmo, Treblinka, Sobibor, Belzec o Maidanek) durante la segunda guerra mundial. Sin embargo, las pocas historias generales del fenómeno concentracionario no son muy tajantes en afirmar esas desigualdades, en realizar esas necesarias apreciaciones de partida.

La penúltima alusión a los campos totalitarios no tiene nada de casual porque, de hecho, el sistema concentracionario nacionalsocialista de 1933-1945 suele plantearse como el paradigma de todos los demás y, por tanto, se hace necesaria una reflexión, entre histórica y de pura lógica, para tratar de despejar la niebla existente en torno al concepto de campo de concentración y su aplicación al caso de la guerra y la posguerra española. Así como en torno al interés, que a mi juicio no tiene nada de casual ni de inocente, por reflejar en el espejo que suponen los campos nazis tanto el sistema concentracionario franquista como, por extensión, cualquier otro régimen de campos de concentración. Y es que señalar que existen líneas comunes —así como discontinuas— entre fenómenos concentracionarios nos pone ante uno de los problemas irresueltos más importantes de la historiografía y las ciencias sociales en las décadas de los ochenta y noventa, y que afecta directamente a las cuestiones que se han tratado aquí y a la definición del mundo concentracionario franquista: el de la comparabilidad de los sistemas de campos y, en particular, la comparabilidad y relación con los campos alemanes de la segunda guerra mundial[9]. Un problema que incide directamente en la definición del modelo concentracionario franquista, si tenemos en cuenta que estos últimos convivieron con los campos nazis y compartieron una época en la que, mientras en España se abría la vía violenta de la guerra civil para acabar con la República, en Alemania se instauraba un Reich totalitario que acabaría llevando a la muerte a un número incalculable de personas. Precisamente en esa configuración bifronte de ambos regímenes estuvo la diferencia fundamental entre sus regímenes concentracionarios: mientras que los campos franquistas lo fueron ante todo de guerra civil, los campos nazis, a medida que se avanzase en la construcción de un Estado totalitario de base racial, serían cada vez más una maquinaria de muerte.

Podría decirse que, del mismo modo que Auschwitz ha «inventado» el antisemitismo, haciendo aparecer su historia lineal y coherente, también ha inventado los campos de concentración, desde el punto de vista que les ha dado un paradigma, un enorme espejo en el que reflejarse. Pero eso no está exento de riesgos: ese espejo es deformante y la tendencia a la distorsión histórica implícita en la comparación con los campos de exterminio nazis es difícilmente soslayable. Una comparación que, sea para demostrar su carácter único o su relación con otros fenómenos, suele decirse que viene preñada de desacralización[10]. Pero, sólo a través de la comparación se concluye el carácter único e incomparable de los campos de exterminio, o bien su relación directa con otros genocidios y con otros sistemas de campos de concentración. Y es que esa reacción ante la comparabilidad de los campos nazis tiene una doble dirección: tanto desde dentro afuera del Holocausto (comparar es relativizar, con lo que se falta al respeto a las víctimas del hebreicidio), como desde fuera adentro (si un fenómeno determinado no se asemeja al Holocausto como paradigma, puede ser relativizado). El caso franquista, a mi juicio, sirve para comprobarlo, aunque su presencia pública haya sido tan escasa que tampoco se haya desarrollado algún tipo de discusión al respecto, salvo casos excepcionales. Al afirmarse que en España «no hubo campos de concentración», al entender como tales (o mejor, como ejemplo de ellos) los campos nazis, se está minusvalorando el fenómeno concentracionario franquista e, implícitamente, dotándolos de legitimidad retroactiva. Eso, por cuanto respecta a la reacción en dirección de fuera adentro. Respecto a la otra, afirmando la incomparabilidad del Holocausto lo que se relativiza es cualquier otro tipo de sistema concentracionario. Lo cual debemos poner en relación con la creación de un uso político del pasado, con evidentes réditos justificadores en el presente[11].

Se cuentan, así, por docenas los trabajos que se dedican a mostrar el carácter único (o bien comparable, pero son los menos) del genocidio hebreo en los campos nacionalsocialistas. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el de la parangonabilidad y la memoria de Auschwitz (que no puede ser adoptado como sistema normativo, porque no es exportable)[12] es un debate que se ha centrado antes en los delitos de genocidio —en Turquía, en Bosnia, en Ruanda— que en sus formas concentracionarias[13]. Por ello, aunque haya centenares de trabajos dedicados a ese problema, atravesados por fuertes connotaciones morales y religiosas, no existe una solvente historiografía comparativa que englobe las similitudes y diferencias entre los sistemas de campos de concentración. La que existe es lineal y determinista[14], muestra la historia de los campos como prolegómenos de los campos «verdaderos», los de exterminio, como si fuese un final anunciado, implacable e ineludible o, sobre todo, sirve para equiparar fascismo y comunismo, situándolos en el siempre complejo plano del totalitarismo[15].

Lo que sí se puede demostrar es que, como fenómenos característicos de las guerras modernas —de masas— y de los conflictos sociales contemporáneos, los campos de concentración, instrumentos de terror y adoctrinamiento[16], tuvieron una línea histórica más amplia que los campos de aniquilación física. Los campos de la primera guerra mundial, por ejemplo, ya hacían intuir lo que sería la concentración masiva posterior de prisioneros de guerra[17]. En el ámbito de una guerra sin final previsto, y mucho más larga de lo esperado, los campos fueron la respuesta a la masividad del conflicto, un producto «imprevisto» de la racionalización y nacionalización de los ejércitos.

Una respuesta imprevista, pero a la que pronto se le encontró una utilidad clara: a los internos, además de alejárseles de sus territorios —impidiendo así su incorporación al ejército—, se les utilizó para diferentes gamas de trabajos forzosos. Algo que también existió durante la segunda guerra mundial: son muchos los expedientes, por ejemplo, de prisioneros de guerra extranjeros internados en campos españoles (sobre todo, Miranda de Ebro) que resultaban escapados de campos de prisioneros alemanes o compañías de trabajadores. Centenares de miles de prisioneros fueron destinados a campos, deportados y trasladados forzosos. Y sus historias tienen similitudes sorprendentes con las de los prisioneros internados en España: alejamiento y reaprovechamiento fueron dos variables comunes a la mayoría de sistemas concentracionarios.

Cierto es que en Miranda de Ebro no existieron cámaras de gas, pero es que tampoco era de exterminio la voluntad franquista de uso de los campos. Ni de exterminio ni de genocidio, sino de doblamiento social, control, reeducación y encauzamiento. Ni los condicionantes eran iguales, ni los resultados tampoco[18]. Y es que el modelo concentracionario de Franco partía de una realidad concreta, la de una guerra civil, y se dotó de características funcionales que más tuvieron que ver con la reeducación, la clasificación y el reaprovechamiento de los prisioneros de guerra que con la eliminación física del adversario. Es, por tanto, un modelo cercano al empleo de campos durante las guerras mundiales destinados a internar a los prisioneros de guerra (el ejemplo alemán es el del Stalag), que tiene características rastreables también en los «campos salvajes» nacionalsocialistas desde 1933 (campos que dan cuerpo real al decreto de febrero de 1933 para la «Defensa del pueblo y del Estado») y en otros fenómenos de guerras civiles europeas. Pero es un modelo que no parte de la necesidad racial de ingeniería social, ni de la de destruir o tratar de destruir un colectivo humano[19]. En ese sentido, por utilizar la expresión de Arendt, en la Alemania nazi hubo campos-purgatorio y campos-infierno; campos de separación, eliminación moral y transformación identitaria, y campos de muerte directa. Los campos franquistas serían, desde esa perspectiva, purgatorios de la República, a mitad de camino entre el campo totalitario de eliminación directa y el simple campamento de prisioneros. Y lo que los sitúa en esa posición es la brutal campaña de reeducación que los caracterizó.

No fueron en la España franquista, siguiendo esa deducción, mera necesidad bélica, como suele creerse (lo cual significaría soslayar las razones políticas, ideológicas y culturales que explican la guerra civil española), sino que también cristalizaron un tipo de poder y de control social. O, al menos, dejaron pronto de ser simplemente una administración bélica, en cuanto su utilidad social fue explotada para unos fines precisos. El primero, la victoria en la guerra civil. El segundo, el mantenimiento de ésta. Todo ello proporciona a los campos franquistas un estatus diferente al de muchos establecimientos y políticas concentracionarias, entendidas como medidas ilegales y masivas de retención y detención del disidente en sentido amplio, sin pena judicial precisa y negando la legalidad establecida[20]. Por tanto, los campos franquistas no respondieron a un modelo totalitario, sino a un estado de guerra interna. No se utilizaron para exterminar (cuando se presentaba la muerte, tomaba la forma más primitiva de la enfermedad o del asesinato a sangre fría, la fosa común y la ejecución pública), sino para clasificar y transformar, vigilar y doblegar a los prisioneros de guerra. Tuvo pues el modelo concentracionario franquista una base castrense, fue ilegal y en muchos momentos anómico, y se destinó a prisioneros de guerra para su clasificación, reeducación y reutilización, por lo que tuvo evidentes similitudes con otros fenómenos similares, de manera clara en los casos de guerras civiles en el marco de la Europa de entreguerras. Aunque, eso es cierto, configurando la red de campos más densa, vasta, numerosa, duradera y, seguramente, implacable, de toda la Europa meridional. Todo un ejemplo a seguir para algunas dictaduras como las de Pinochet o Videla, que reconocieron sin pudor mirarse en el espejo de la España de Franco. Y toda una experiencia de intento memoricida, de cancelación de la denominada Anti-España y de su memoria. Con este último aspecto se va a poner fin a este libro.

2. UNA MEMORIA PARA EL FUTURO

La memoria social no existe, por cuanto las sociedades no son entes orgánicos y no tienen memoria en sí mismas. La memoria colectiva o, mejor, las memorias colectivas en sociedad son, fundamentalmente, las percepciones sociales compartidas del pasado. Percepciones que vienen determinadas por diferentes factores: por las experiencias previas y el aprendizaje colectivo; por las políticas de la memoria (en forma de homenajes, políticas hacia el pasado, lugares de memoria, educación obligatoria); por los avances de la historiografía; o por la creación de entornos para la discusión sobre el pasado compartido[21]. La historia que ha quedado como parte de la ideología de una nación, Estado o movimiento no es lo que se ha preservado en la memoria popular, sino lo que ha sido seleccionado y, en definitiva, institucionalizado. El recuerdo oficial es, por tanto, orquestación institucional del pasado[22].

La percepción colectiva del pasado fue algo que la dictadura franquista decidió controlar hasta la obsesión, sabedora de que allí radicaba en buena medida su factor de legitimación, y de que el rol del pasado en el presente es, entre otras cosas, el de configurar identidades colectivas que bien pueden ser alternativas a la oficialmente marcada. De tal modo, la memoria oficial de la guerra, de la victoria franquista, del hecho fundacional de una de las dictaduras personales más largas de la historia europea, fueron los únicos parámetros permitidos por los que pudo moverse la interpretación y uso público de la historia y de las historias de la guerra civil dentro del país durante los años de vida de Franco. Unos rígidos raíles de afirmación de los valores bélicos para combatir la posible desintegración de la victoria de Franco. Como evidenció Paloma Aguilar, la memoria de la victoria fue tan importante para el asentamiento de la dictadura como la guerra misma[23]. Y eso, aplicado a las historias de los vencidos y de los canales por los que se articuló esa victoria, entre ellos los campos de concentración de Franco (pero no sólo: también las cárceles, los campos de trabajo o, en el caso más extremo, las decenas de miles de muertes), tuvo como resultado una instrumentación de la memoria y del recuerdo de la guerra que fue tan excluyente como la política, cuyo paradigma fundamental fue precisamente el/la exclusión del enemigo.

Sobre los prisioneros de guerra, el intento memoricida fue, en buena medida, continuación del estado de guerra y de hipostatización social, exclusión del disidente y represión que sustentaron tan firmemente a la dictadura en sus primeras décadas. A través de la articulación de una concepción teórica de discriminación constructiva, que alejaba de la comunidad nacional a los miembros enfermos o los reeducaba mediante la expiación y el trabajo, pudo construirse una suerte de identidad nacional donde la victoria sobre los «enemigos de España» resultaba ser el principio fundador, fons et origo de toda legitimidad. Luchar contra los enemigos de la patria alzaba, además, a rango de supremo jefe a quien había acometido la ardua tarea de expulsión, depuración y limpieza, mientras que lo engalanaba de los valores eminentemente positivos de «salvador» imprescindible o «enviado»[24]. La coerción y la violencia, auténticos ejes de articulación estatal y bases de la paz incivil que avino tras la cruenta guerra interior fueron convenientemente legitimadas. Porque, además, Franco había tendido la mano a sus enemigos, ayudándoles a retomar la senda de la comunidad nacional. Sólo así se entienden los programas de reeducación en los campos de concentración o, más concretamente, el que el trabajo de los penados en posguerra se articulase desde un organismo llamado Redención.

El franquismo construyó su propia política de la memoria, y tuvo sus propios lugares para un falsario recuerdo colectivo. Un ejemplo, tal vez el paradigmático en España, es el del Destacamento Penal de Cuelgamuros, o Valle de los Caídos, del que poco se puede decir que no haya dicho Daniel Sueiro[25]. Y otro, no menos paradigmático, lo tenemos en la localidad zaragozana de Belchite. Tras su parcial destrucción durante la guerra civil española, el general Franco decidió tomar sus ruinas como un punto de referencia simbólico y, como en otros casos de lugares de la memoria instaurados por el Nuevo Estado que había derrotado a la Segunda República, decidió que éstas se mantuvieran intactas. Era símbolo, desde su perspectiva, del horror (ajeno, no del propio) de la guerra que se había llevado a cabo para derribar al gobierno republicano y, por tanto, plasmación estética de la legitimidad tanto de la guerra como del poder dictatorial que tras ella se había instaurado. Sin embargo, y como también sucedió en lugares como Gernika-Lumo, Teruel o Brunete, era necesario volver a dotar a sus habitantes de un pueblo, unas casas y, así, también de un motivo de agradecimiento al Nuevo Régimen. En los otros casos se reconstruyeron los hogares en su localización original, aproximadamente. En Belchite no fue así: la decisión de mantener las ruinas del Pueblo Viejo llevó a la determinación de utilizar el Servicio de Regiones Devastadas, dependiente del Ministerio del Interior controlado por Ramón Serrano Súñer, para construir el que hoy es el Pueblo Nuevo, inaugurado por Franco en 1954. Y los encargados directos de hacerlo en la inmediata posguerra fueron los presos políticos republicanos, aunque nada en Belchite hable hoy de estas cuestiones. La política franquista de la memoria fue un acto de autoafirmación y legitimación. Construir de nuevo: 1939, Belchite Año Cero. Construir las casas, los pueblos, la nación. Hacer pagar a los «rojos» su justo castigo.

Desde semejantes directrices, recordemos, se moldearon los programas y discursos reeducadores para con los prisioneros de guerra en el interior de los campos de concentración. Y todo ello, a la larga, moldearía la imagen pública de los prisioneros de guerra y de los campos de concentración. Una imagen benévola, edulcorada, que aún hoy pervive bajo la forma de relativismo e infravaloración. Una imagen que esconde el peso y el poso de represión y violencia, explotación y oprobio que significaron los campos franquistas y el trabajo forzoso. Una imagen a la que, desde los años cincuenta, el régimen franquista dejó de acudir optándose, como se ha visto en la introducción de este libro, por mirar hacia otro lado. Por enterrar con paletadas de afasia la violencia política sobre la que estaba sentado el régimen desde la guerra civil. Eso, sumado al hecho que también entre buena parte de la oposición antifranquista se renunció a la instrumentación política del pasado para reivindicar una democracia que avino tras la muerte del dictador (pero con el régimen severamente debilitado)[26], ayudan a explicar la inexistencia de debate público en torno al sistema concentracionario y de explotación laboral en el franquismo.

La transición a la democracia necesitó, y así fue percibida, de un lapso, un margen temporal en el que no se rindiesen cuentas con el pasado, para que no supusiese un problema en aras de lograr el objetivo de la instauración de la democracia en España. Esa democratización, por otro lado, tuvo un serio componente de control por parte de las clases políticas provenientes de la dictadura, ante las cuales la oposición tuvo que dejar de lado las rencillas hacia el pasado. De tal modo, puede pensarse que no hubo en España una amnesia generalizada sino una imposición oficial de la misma, como paradigma para lograr el objetivo de democratizar el país. El llamado «pacto de olvido» durante la transición a la democracia fue, en realidad, un pacto institucional por no instrumentar políticamente el pasado de la guerra civil y el franquismo. Un pacto que no es extensible a otros ámbitos sociales como el cultural, aunque la decisión tácita de «echar al olvido» trajese como consecuencia directa una escasa difusión oficial de políticas del recuerdo, políticas de la memoria o, por sintetizar, políticas oficiales sobre la Historia como «la rehabilitación simbólica de las víctimas, el reconocimiento público de su sufrimiento, la construcción de monumentos y celebración de ceremonias»[27].

En una democracia a la que se eliminó cualquier viso de paradigma fundacional antifascista, las políticas de la memoria fueron dejadas también completamente de lado. De tal modo, no sólo no hubo justicia retroactiva alguna, sino que a eso se sumó la inexistencia de reconocimiento oficial, homenaje o, en buena medida, aprendizaje colectivo de la experiencia traumática de la guerra civil, instrumentada interesadamente para azuzar los miedos de la población al resurgimiento de un conflicto entre españoles. Sobre ella se pudo hablar y se habló, se escribió en los libros —buena muestra de ello es el aluvión de libros autobiográficos escritos por excombatientes constatable desde 1975— y los medios de comunicación aunque, en ese sentido, periódicos como ABC, de carácter político conservador, no hizo mención alguna a la guerra entre 1975 y 1978. Sí que ésta se vería reflejada en el 38 por 100 de las editoriales de El País, pero hay que ver después en qué modo y persiguiendo cuáles fines: en estos artículos «los aspectos más dramáticos y negativos de la guerra se silenciaban». La guerra era, más bien, referente en negativo; algo que no debía empañar el paradigma general de la transición como transacción basada retóricamente sobre el perdón mutuo[28]. Nunca más guerra civil, que el pasado quede en el pasado, se dijo entonces. Nunca más guerra civil, que el pasado viva en el presente, se dice, sin embargo, ahora.

En los últimos años, la presencia pública de la represión franquista se ha multiplicado exponencialmente, aunque haya quien crea que existe un «silencio ensordecedor» en torno al tema[29]. El recambio generacional con respecto a la guerra civil marca una pauta clara: los «nietos de la guerra» perciben, en buena medida, que la interiorización del trauma de la guerra que caracterizó a los «hijos» de la guerra, origen de ese «echar al olvido», ha establecido un marco demasiado estrecho para el debate público sobre la guerra, sus responsables y sus víctimas. La generación de la memoria viva está cercana a desaparecer y sólo ahora, con el impulso movilizador de los «nietos», se está reclamando el homenaje explícito y la restitución simbólica de la integridad de las y los represaliados por la dictadura, resituando así uno de los paradigmas de la transición: el de la no asunción del antifascismo como hecho fundacional.

Está en juego el futuro de la memoria: cuál será la percepción colectiva sobre la generación protagonista de la Segunda República, la guerra civil y el primer franquismo. Factores como las identidades colectivas, la cultura del homenaje, el avance de la historiografía y sus paradigmas o la implicación institucional guían este devenir. El conocimiento de los hechos, un paso fundamental para la presencia del pasado en el presente, comenzó de la mano de la historiografía el camino de la victoria de la «memoria contra la nada»[30]. Desde hace unos años se ha avanzado notablemente en la segunda fase propuesta por Todorov contra los intentos de memoricidio: la construcción de un sentido para los hechos. Pero rememorar no es lo mismo que conmemorar. Así, desde hace poco se ha empezado el camino de la puesta en servicio para la sociedad del pasado comprendido: la sociedad civil ha tomado la decisión de aprehender ese pasado, de situarlo en el centro del debate público, de asociarse para reivindicarlo y oponerse así a la ablación del supuesto carácter emancipador de la memoria colectiva. El círculo empieza, por tanto, a cerrarse[31].

Pero esto no siempre ha sido así, sino que se trata, este de la denominada «recuperación de la memoria» (expresión resbaladiza y, posiblemente, epistemológicamente incorrecta, que no significa otra cosa que la reivindicación, desde el presente, de la presencia pública de una determinada identidad cultural y moral, representada respectivamente por el republicanismo y el antifascismo, así como por la integridad), de un fenómeno reciente, casi de hoy[32]. Tanto es así, que en buena medida su popularización se debe al haber nacido en un humus social y político favorable. Sin embargo, debe ser analizado en perspectiva amplia: conceptos como «conciencia histórica» o «memoria» han sido mayoritariamente aplicados, en particular desde los años ochenta y sobre todo tras el colapso de los regímenes comunistas, a grupos sociales enteros y, sobre todo, a los autodefinidos como víctimas de la historia[33]. No se trata, por tanto, de un aspecto puntual sino, más bien, de un complejo y creciente uso público de la historia, en la cual se enmarca también la historia de los campos franquistas, los prisioneros de guerra y los presos trabajadores. Es un impulso cívico y de la historiografía respectivamente por conmemorar y rememorar, por difundir una percepción popular del pasado alejada tanto de los estereotipos maniqueos de la autojustificación franquista (tan en boga y tan reactivados hoy en día) como de la apropiación de la memoria de un pasado que aún no debe pasar[34].

La situación de los campos de concentración y sus prisioneros en medio de este paisaje puede observarse a través del prisma de los usos públicos de la historia, en sus tres variables principales: la de la historiografía, la de la educación y la de las políticas oficiales hacia el pasado y de la memoria. O mejor, tan sólo dentro de las variables primera y tercera ya que, dependiente la educación histórica tanto del desarrollo de la historiografía como de las políticas sobre el pasado, podemos de entrada afirmar que el aprendizaje cívico derivado del conocimiento de la historia de los campos franquistas no ha entrado en los ámbitos educativos. Impermeable en su mayoría a los avances del conocimiento sobre la guerra y el franquismo, las políticas educativas se han basado más, a mi juicio, en formar ciudadanos orgullosos de su pasado que críticos con su presente. Si en las escuelas e institutos se habla poco y mal sobre la guerra civil, no cabe esperar que sí se haga sobre los campos franquistas.

El estado de la historiografía al respecto, sin embargo, es muy saludable. La convocatoria en 2002 del Congreso «Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo» supuso la actualización y conocimiento de algunas investigaciones, aún no demasiadas, sobre algunos de esos temas. El estudio de algunos campos en particular, de algunos Batallones de Trabajadores, de la interrelación entre campos y cárceles, del complejo mundo del trabajo forzoso en posguerra, empieza a dar sus frutos concretos. Así, aunque al principio de este libro se haya expresado la preocupación por la falta de criterio unívoco a la hora de definir históricamente los campos de concentración franquistas, ello no debe dar pie a confusiones: el crecimiento del tema en la historiografía es sólo beneficioso. Pero no debemos olvidar que el vuelo de este tema es aún corto y que, de hecho, la cantidad de trabajos dedicados a él antes de 2000 se reducían a un valioso grupo de libros de memorias y a escasas o largas referencias, siempre parciales, en los libros dedicados a la guerra y/o la represión por zonas.

Esa historiografía se está haciendo eco del malestar ante las escasas o nulas políticas oficiales hacia el pasado impulsadas en democracia, referidas al tema de los campos de concentración y de los prisioneros de guerra. La preocupación general pasa por dos vectores fundamentales: el que los lugares físicos de los campos —y de los trabajos realizados por mano de obra prisionera o penada— sean mantenidos hoy como lugares del olvido y no de la memoria, por un lado. Y, por otro, el que las carencias de políticas de la memoria hayan dificultado sobremanera el plano conmemorativo, algo que debe ser promovido por la administración mediante la reparación simbólica, moral y económica. Sobre este último aspecto, cabe recordar que la política oficial hacia el pasado, en este caso en forma de expedientes de compensación económica, ha sido generalmente percibida como tardía y escasa. Y cabe recordar también que, por cuanto respecta a los militares republicanos que pasaron por campos de concentración y cárceles —tras el Consejo de Guerra con penas accesorias de inhabilitación—, la política de pensiones y rehabilitaciones ha sido considerada injusta, aleatoria y poco unívoca[35]. A día de hoy, existen más propuestas que realidades, no obstante estén aún recientes la declaración en el Congreso de los Diputados de noviembre de 2002 de condena a la violencia franquista, o el homenaje oficial de diciembre de 2003 a las víctimas de la represión.

Para concluir este libro, y como propuesta para ese futuro de la memoria, quiero centrarme sin embargo en el primer aspecto. Y es que nada, en los campos de concentración o de trabajo, en las obras públicas o privadas construidas por mano de obra prisionera o presa, recuerda la existencia misma del campo o el paso por ellos de prisioneros o presos, salvo en los casos, tampoco demasiado encomiables, de Albatera, Figueres, Castropol y Miranda de Ebro. Las políticas de la memoria abarcan no sólo a las y los represaliados, sino también a los símbolos físicos de esa represión. Y uno de los reflejos más palmarios de la existencia de esas políticas en democracia se halla en el mantenimiento de los lugares de la memoria[36]. Lugares que, en positivo o en negativo, enseñan a los visitantes, a los curiosos, los valores derivados de pasajes de una historia común (generadora, por tanto, de representaciones colectivas del pasado) para aprender e interiorizar. Historias para asimilar y, después y si así se desea, echar al olvido. De entre los pasajes de la historia europea del siglo XX que más lugares de la memoria ha dejado se suelen destacar la Primera (los cementerios militares, los museos bélicos y los monumentos a los caídos) y la segunda guerra mundial. Y en este segundo apartado, ante todo los campos de concentración nacionalsocialistas. Los sistemas concentracionarios, debido a la masividad, crueldad, injusticia implícita en ellos, son por tanto puntos de referencia simbólicos sobre el pasado[37]. Claramente y como decía, con intencionalidad política presentista, pero fundamental para un sistema de valores y creencias: así, su carácter profundamente traumático lo ha hecho objeto de reivindicaciones históricas, de reconocimiento mutuo, de comunicación pedagógica y de ritos establecidos en torno a sus monumentos y conmemoraciones simbólicas[38].

No podemos, sin embargo, dar por sentado que los monumentos y, en general, los objetos físicos sean agentes de la memoria colectiva. Es más, los objetos, los memoriales, son lo contrario de la memoria, que por definición es cambiante, ya que su condición es la de fijar el recuerdo, un paso para poder interiorizar el pasado y poder echarlo al olvido[39]. De hecho, los «motivos de la memoria» no son nunca puros sino que suelen tener implicaciones o bien educativas —para inculcar un sentimiento de experiencia compartida y, por tanto, un destino común—, o bien expiatorias de culpas. La situación, sin embargo, de los lugares que marcan estética y simbólicamente el recuerdo compartido de la guerra civil y la represión es, simplemente, penosa[40]. El repaso a la mejor guía de escenarios históricos de la guerra y la violencia, producto del buen hacer de Eladi Romero, es desolador[41]. Poco o nada se ha hecho por resituar, desde el poder, el conocimiento histórico que se desprende de los lugares de la memoria y su simbolismo específico.

Construir en España una cultura de lugares de la memoria diferente a la impuesta por la dictadura, tras cuarenta años de poder excluyente, resultaría no obstante poco menos que una empresa titánica. Pero es parte de un necesario aprendizaje colectivo: nada en Belchite, Teruel o el aeródromo de Labacolla recuerda quiénes levantaron las casas, a quién se debe su utilización[42]. Ni una placa, ni un recordatorio. Ni lo hay en el actual Parador de San Marcos en León, ni en el Palacio de la Magdalena en Santander, ni en la Ciudadela de Jaca, ni en la Academia General Militar de Zaragoza, ni en el Palacio de Lerma, sobre paso de prisioneros de guerra y presos políticos para ser internados o usados como mano de obra barata. Algunos antiguos campos de concentración, como el de Mérida —situado en un viejo convento— han sido destruidos o reutilizados sin más. ¿Cuánta gente sabe hoy en Miranda de Ebro cómo llegar hasta la antigua situación del que fue el campo de concentración más grande y longevo de los franquistas? ¿Quién que no lo haya vivido, en el pueblo de Albatera, conoce la historia de su campo? Y eso que estamos hablando de dos ciudades que han dedicado una placa (en el segundo caso) o un monumento (en el primero) al recuerdo de los prisioneros. ¿Y en Aranda de Duero, en Haro, en Lizarra-Estella, en Lleida, en los monasterios de San Pedro de Cardeña o de la Santa Espina? O, por terminar de señalar algo rayano en el escándalo: ¿cuánto habremos de esperar para que, en el Valle de los Caídos, el monumento más visitado de Patrimonio Nacional y de propiedad pública, se recuerde quiénes, en qué condiciones y por qué lo construyeron? Frente a una potencial red de lugares de la memoria, tenemos otra de no-lugares de la memoria, de lugares del olvido[43]. Un olvido al que es necesario dar carpetazo.

La historia de los internos en los campos de concentración de Franco es la historia de la humillación y de la lucha por la integridad. Es la historia del maltrato arbitrario y del sufrimiento premeditado. La de la explotación laboral y el enriquecimiento aprovechado. La de la violencia de la dictadura europea más cruenta en tiempos de paz, que necesitó de una larga guerra civil para imponerse sobre sus vencidos. Una historia de humillación e integridad, maltrato y sufrimiento, explotación y violencia, que puede y debe ser rememorada. Ese fue el sino de aproximadamente medio millón de republicanos y antifascistas en España. Un bagaje cargado de amargura, como el del Quijote de León Felipe que, vencido e indefenso, regresaba a su lugar. Ahora es tiempo para que la historia de los vencidos de la guerra civil vuelva también a su lugar. El lugar que siempre debió ocupar.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2004

Breve autorretrato de gurpo

Breve autorretrato de grupo

ESTE LIBRO QUE AHORA TERMINA pertenece también a cuantos, desde que esta historia comenzara allá en 1999 en un despacho de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, me han ayudado o dificultado, apoyado o complicado en la tarea de investigar, leer, aprender, discutir, escuchar, enseñar y escribir. Afrontar una historia como la del fenómeno concentracionario franquista ha resultado ser, en definitiva, una tarea hecha de incertidumbres y pocas certezas, de inseguridades y paciencias. Al final de este viaje, de toda esa tarea, es resultado este libro, tan mío como de las personas que componen este autorretrato coral. Lo que aquí termina es el resultado de más de cinco años de trabajo y de muchas deudas contraídas. Su autor solamente desea que lo que para él es un fin, para otros pueda ser un comienzo.

Aunque la memoria sea frágil cuando se tiene tanto que agradecer, deseo hacerlo, como no podía ser de otra manera, por su apoyo y ayuda a mi familia, a la que está desde siempre, a la que lleva poco tiempo y a la que ya se ha ido. Mercedes Sánchez, Miguel Rodrigo, Fernando Rodrigo, Mar Cardona, Miguel Ángel Rodrigo, Pablo y Ana Rodrigo han sido sustento y vida en medio de un trabajo tan poco proclive a las alegrías. También a mis directores y amigos, Luisa Passerini —de quien robo la idea del autorretrato de grupo— y Miguel Ángel Ruiz Carnicer, cuyas improntas están presentes a lo largo de esta investigación, al igual que las de los otros dos miembros de mi tribunal de tesis, Paul Preston y Donatella della Porta. Sus consejos han mejorado sustancialmente este libro, cuyos fallos solamente a mí y a mis desconocimientos son achacables. Y cómo no, debo agradecer su paciencia y cariño a mis amigas y amigos y, en especial, a Carmelo Martín, quien tanto tuvo que aguantar en los peores momentos, que no fueron pocos, del tiempo que me costó terminar este trabajo. Gracias a él he podido curar muchos inviernos.

Han sido mis compañeros y compañeras de viaje quienes más han influido en mi pequeña contribución a la historia del siglo XX español y europeo, directa o indirectamente. Por tantos y tan diferentes motivos, este trabajo es lo que es gracias a José Luis Ledesma, Marco Carrubba, Beatriz Sanz, Pilar de Miguel, Roberto Ferrero, José Antonio Mérida, Nerea García, Natalia Jiménez, Javier Muñoz, Konstantinos Kornetis, Tomás, Camino, Paloma y Lourdes Calle, Ana Latas, Ramón Rentería, Ignacio Peiró, Josep Calvet, Emilio Silva, Santiago Macías, Susana Álvarez, Carlos Agüero y los amigos de la ARMH, Javier González, Sonia González, Marga Aguilar, Tivo González, Miguel Cardeñas, Belén Guerra, Marta Aísa, Domingo Blasco, Óscar Mañez, Esther Vilardell y Jordi Guixé, Jordi Bou, Marisa Ocaña, Sescún Marías, Irene Abad, Joxe Izquierdo, Alberto Rubio, Dalila Gándara y los amigos y amigas del valle del Jerte, Conxita Mir, Eduardo González Calleja, Cecilio Gordillo, Ángel del Río, Paqui Maqueda, Concha Morón y los amigos y amigas de la AMHJ de Andalucía, Pedro Peinado, Fernando Antón y los amigos y amigas de La Gavilla Verde, Antonio García, Francisco Apellániz, Nicolás Sesma, Giulia Albanese y los amigos del IUE Ricard Vinyes, Magdalena González, Fernando Mendiola, Edurne Beaumont, Ana y Lola Berlanga, Daniel Sesma, Mercia Dutra, David Serrano y el Grupo de historia Gernikazarra, Carme Molinero, Montse Duch, Carsten Humlebsek, Iván Heredia, Francisco Espinosa, Pedro Oliver, Jesús de Andrés, Mariano Serrano y Susana T. Pin, Carlos Forcadell, José Monje, Magí Crusells, Miguel Núñez, Vittorio Scotti Douglas, Claudio Venza, Alfonso Botti y los amigos y amigas de Spagna Contemporánea, Paloma Aguilar, Xosé Manoel Núñez Seixas, Abdón Mateos y los amigos del CIHDE e Historia del Presente, Enzo Traverso, Santos Juliá, cuantos han dejado sus mensajes en mi página de internet www.riomon.com, las autoras y autores de tantos libros… y al personal de los archivos, bibliotecas y centros diversos donde recabé la información que integra este trabajo. Por supuesto, gracias también a tantos amigos como Verónica Jeria y Rima Said, muchos conocidos en tantos congresos y reuniones formales o informales en Santa Cruz de Moya (Sierra y Libertad), el valle del Jerte, Madrid, Barcelona, Sevilla, Conil, Vejer, Novi Ligure, Pisa, Daroca, Lleida, Barbastro, Florencia, Wroclaw, Ponferrada, Bilbao, Zaragoza, Burgos, Vitoria, Tarragona, Valladolid, Pamplona, Mérida, Villar de Silva, Valencia y Albacete.

Mención aparte, por fin, merece la sabiduría de cuantos recogí testimonio o me explicaron sus vidas sin reparos: María Salvo, Cari Geiser, Maximiliano Fortún, Benito Gutiérrez, Teo Francos, Félix Padín, Sixto Agudo (DEP), Enrique Genovés, Josep Subirats, Marcelino Camacho, Rafael Carabailo, Eduardo Pons Prades, José María Otsoa de Txintxetru, Santos Autenetxea, Alejandro Lizarriturri, Eustasio García, Juan Ramos, José García de Albéniz, Marcos Ana, Miguel Núñez, Manuel de Pedro Soberón, Santiago Robert e Isaac Arenal. Deseo también agradecer especialmente a Produce+ haber podido utilizar las transcripciones completas de las entrevistas realizadas para el documental Rejas en la Memoria, de cuya supervisión histórica me encargué. Y, por supuesto, agradecer a Carmen Esteban su confianza para publicar mi tesis doctoral en la mejor casa posible.

Juntos hemos hecho este largo viaje y juntos llegamos a su final. A todas y todos, por tanto, por tantísimo, mi agradecimiento.

Fuentes y bibliografía

Fuentes y bibliografía

1. FUENTES DOCUMENTALES

Inéditas

• Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.

a) Presidencia.

—Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, 1940-1958.

b) Gobernación.

c) Obras Públicas.

—Regiones Devastadas.

d) Justicia.

—Patronato Nuestra Señora de la Merced.

• Archivo General de la guerra civil, Salamanca.

a) Sección Político-Social.

—Servicios Militares.

b) Fondos Incorporados.

• Archivo General Militar de Ávila.

a) Cuartel General del Generalísimo.

Secciones 1.ª (personal), 2.ª (información), 3.ª (operaciones) y 4.ª (servicios).

b) Zona Nacional.

—Fondos de Ejércitos:

—Ejército del Centro.

—Ejército de Levante.

—Ejército del Norte.

—Documentación entregada por la 5.ª Región Militar en 1973.

—Ejército del Sur.

—Fondos de Divisiones Orgánicas y Cuerpos de Ejército:

—Cuerpos de Ejército de Aragón, Castilla, Galicia, Maestrazgo, Marroquí, Navarra, Toledo, Turia, Urgel; 1er, 6.º, 7.º, 8.º Cuerpos de Ejército.

—Divisiones de Ávila, Soria, 1.ª, 4.ª, 5.ª de Navarra, Divisiones 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 102, 105, 107, 108, 112, 117, 122, 150, 151, 152.

—Agrupaciones de Divisiones Ávila-Segovia, Guadarrama-Somosierra, Soria-Somosierra, Guadalajara, Tajo-Guadiana, 22-23.

—Otras unidades:

—MIR.

—SIMP.

c) Zona Republicana.

—Fondo del Gobierno de Euzkadi.

d) Ministerio del Ejército.

• Archivo General Militar de Guadalajara.

a) Fondo Campo de concentración Miranda de Ebro.

b) Expedientes personales.

—Comisión Liquidadora de la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones de Trabajadores.

c) Expedientes de extranjeros.

• Archivo Histórico del Partido Comunista, Madrid.

a) Represión Franquista.

b) Dirigentes.

•Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

a) Fondo Archivo de Burgos.

• Archivo del Poble Nou, Barcelona.

• Archivo Provincial de Barcelona.

• Servicio Histórico Militar, Madrid.

• Correspondencia escrita y electrónica con Teo Francos, Cari Geiser y Félix Padín.

Publicadas

—Documentos Inéditos para la Historia del Generalísimo Franco, 6 vols., Fundación Nacional Francisco Franco, Arbor, Madrid, 1992 y ss.

—Documents on German Foreing Policy, 1938-1945, 1964 y ss.

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Fotografías

Fotografías

Prisioneros en Miranda de Ebro. Fecha indeterminada.

Prisioneros en Miranda de Ebro. Fecha indeterminada.

Trabajos forzados. Lugar indeterminado.

Trabajos forzados. Lugar indeterminado.

Prisioneros de las Brigadas Internacionales, campo de San Pedro de Cardeña. Fotografías de identificación física.

Campo de San Pedro de Cardeña. Celebración eucarística.

Prisioneros en Lleida.

Prisioneros de las Brigadas Internacionales, campo de San Pedro de Cardeña.

Prisioneros de las Brigadas Internacionales de la Batalla del Jarama.

Prisioneros de las Brigadas Internacionales de la Batalla del Jarama. De izquierda a derecha, Charles Martinson, Liverpool; Austin Skempton, Northampton; Richard Payne, Derby; Harold Fry, Edimburgo, y Alfred Chowney, de Woking, Surrey.

Prisioneros del Norte, campo indeterminado. Reparto de comida.

Prisioneros del Ebro, campo indeterminado.

Prisioneros en Santander.

Prisioneros en Santander. Campo de fútbol.

Prisioneros en Santander. Reparto de comida.

Notas

[1] Glover, J., Humanidad e Inhumanidad. Una historia moral del siglo XX, Cátedra, Madrid, 2001, p. 17. <<

[2] Adorno, T. W., «Critique de la culture et société», Prismes (P), Payot; París, 1986, p. 23. El texto original es de 1949. <<

[3] Traverso, E., La Historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales, Herder, Barcelona, 2001, p. 43. <<

[4] Sebald, W. G., Sobre la historia natural de la destrucción, Anagrama, Barcelona, 2003. <<

[5] Kotek, J. y Rigoulot, P., Los campos de la muerte. Cien años de deportación y exterminio, Salvat, Barcelona, 2001. <<

[6] Applebaum, A., Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos, Debate, Barcelona, 2004. <<

[1] Le Populaire, 10-XI-1950, para observar las primeras líneas doctrinales del CICRC. El desarrollo de la investigación en España, que devino en la publicación de CICRC (1953), Livre blanc sur le système pénitentiaire espagnol, Le Pavois, París, está perfectamente reconstruido en R. Vinyes (2002), Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles de Franco, Temas de Hoy, Madrid, pp. 33-47. Rousset era un judío superviviente del sistema concentracionario nazi, e historiador de su propia experiencia: véase D. Rousset (1948), L’univers concentrationnaire, Le Pavois, París. <<

[2] Toda la documentación sobre las investigaciones de la CICRC, las reacciones españolas y los artículos de prensa, en AMAE-AB, L3502, E50. <<

[3] J. Rodrigo (2003a), Los campos de concentración franquistas. Entre la historia y la memoria, Siete Mares, Madrid. Algunas de las consideraciones de partida de esta tesis, en sus planos más teóricos, las avancé en id. (2001a), «Vae victis! La función social de los campos de concentración franquistas», en C. Mir, ed., La represión bajo el franquismo. Dossier de Ayer, n.º 43, pp. 163-188; asimismo, en id. (2003b), «Campos en tiempos de guerra. Historia del mundo concentracionario franquista, 1936-1939», en C. Molinero et al., eds. (b), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Crítica, Barcelona, pp. 19-36. <<

[4] Sólo los campos franquistas: los campos republicanos de concentración (Albatera, el Cuartel del Conde Duque en Madrid, Barcelona…) y su sistema de trabajos forzosos deben ser aún investigados en un trabajo monográfico. Solamente hay conclusiones solventes para los campos de trabajo en Cataluña: F. Badia (2001), Els camps de treball a Catalunya durant la guerra civil (1936-1939), L’Abadia de Montserrat, Barcelona. <<

[5] Como ha señalado, y a quien robo la metáfora, J. L. Ledesma (2002), «Rostros femeninos de la represión republicana: violencia política, género y revolución durante la guerra civil», en T. López Beltrán et al., coords., Violencia y género, tomo I, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga, pp. 241-252. <<

[6] DIHGF (1993), tomo I, Fundación Nacional Francisco Franco, Azor, pp. 325-326, doc. 84, 1939, 5 de abril. Lista de campos de concentración y número de prisioneros. En documentos como éste es donde hallamos un confusionismo de forma y de fondo sobre los campos de concentración, ya que aquí se reflejan campos provisionales habilitados ante la caída de Madrid, entre marzo y junio de 1939. <<

[7] J. A. Fernández (2003), Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro (1937-1947), Miranda de Ebro, pp. 34-35. Sus escasas inexactitudes no desmerecen un titánico esfuerzo realizado por el autor, resultando el mejor libro existente sobre un campo franquista. <<

[8] I. Lafuente (2002), Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo, Temas de Hoy, Madrid, es el mejor ejemplo de confusión terminológica. El más correcto término de «campo de trabajo» es el empleado en la imprescindible y reciente obra de G. Acosta, J. L. Gutiérrez, L. Martínez y Á. del Río (2004), El canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica, Crítica, Barcelona. <<

[9] D. Rodríguez Teijeiro y J. Prada Rodríguez (2003), «“La generosidad es patrimonio de los fuertes”: campos de concentración y sistema penitenciario en Galicia. Una aproximación», en Actas del V Encuentro de Investigadores del Franquismo, s/r (formato electrónico). Los campos gallegos, a todas luces, son a los que más atención se les ha prestado de manera monográfica: véase X. Comoxo, X. Costa y X. Santos (2003), Rianxo na guerra civil: campo de concentración de prisioneiros de guerra. 1937-1939, Concello de Rianxo. Se trata de un libro editado con más buena voluntad que acierto, que bebe en exceso del de M. Laruelo (1999), La libertad es un bien muy preciado, Gijón, s/r. <<

[10] Fundado en el trabajo forzado, para A. J. Kaminsky (1998), I campi di concentramento dal 1896 a oggi. Storia, funzioni, tipología, Bollad Boringhieri, Turín [1982]. La misión de esa definición es equiparar los campos soviéticos a los nazis. <<

[11] Como he señalado en J. Rodrigo (2003c), «1936: guerra de exterminio, genocidio, exclusión», en C. López, coord., Genocidios y crímenes contra la humanidad, Dossier de Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos sociales, n.º 10, pp. 249-258. <<

[12] Y. Ternon (1995), El Estado criminal. Los genocidios del siglo XX, Península, Barcelona, p. 11. <<

[13] J. Llarch (1978), Campos de concentración en la España de Franco, Producciones editoriales, Barcelona. <<

[14] R. Vinyes (2002), Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles de Franco, Temas de Hoy, Madrid. M. Richards (1999a), Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945, Crítica, Barcelona, e id. (1999b), «Guerra civil, violencia y la construcción del franquismo», en P. Preston, ed., La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos durante la guerra civil, Península, Barcelona, pp. 201-238. <<

[15] E. González Calleja (1994), «Qué es y qué no es la violencia en política. Consideraciones teóricas en torno al conflicto social violento», en J. Barrull Pelegrí y C. Mir Curcó, coords., Violència política y ruptura social a Espanya, 1936-1945. Dossier de Espai-Temps, Universidad de Lleida, pp. 29-66. C. Mir Curcó (1999), «Violencia política, coacción legal y oposición interior», en G. Sánchez Recio, ed., El primer franquismo (1936-1959). Dossier de Ayer, n.º 33, pp. 115-145. S. Juliá, ed. (2000), Violencia política en la España del siglo XX, Taurus, Madrid. <<

[16] Á. Cenarro (2002), «Matar, vigilar y delatar: la quiebra de la sociedad civil durante la guerra y la posguerra en España (1936-1948)», en Historia Social, n.º 44, pp. 65-86. La cita, en la p. 65. Véase sobre este tema P. Preston (1995), «La guerra civil europea», en Claves de Razón Práctica, n.º 53. <<

[17] J. Kotek y P. Rigoulot (2001), Los campos de la muerte. Cien años de deportación y exterminio, Salvat, Madrid [2000], p. 264. <<

[18] I. Saz (1993), «El franquismo. ¿Régimen autoritario o dictadura fascista?», en J. Tusell et al., coords., El régimen de Franco (1936-1975). Política y relaciones exteriores, tomo I, UNED, Madrid, p. 198. A. Reig Tapia (1986), Ideología e historia. (Sobre la represión franquista y la guerra civil), Akal, Madrid. <<

[19] W. Sofsky (1993), L’ordine del terrore. Il campo di concentramento, Laterza, Roma-Bari. E. Traverso (2002a), La violenza nazista. Una genealogía, Il Mulino, Bolonia. <<

[20] Los archivos —algunos archivos— han dejado de tener la función del Cancerbero para tener la de Caronte, que acompaña el ánima del investigador al infierno. Sin embargo, muchos autores de libelos profranquistas —y tantos otros no precisamente legitimadores del régimen— no han pasado ni pasarán jamás por esa barca. No es de extrañar, por tanto, que haya quien publique un libro por año sobre la guerra y sus mitos, la represión franquista, los trabajos forzosos, las torturas en las cárceles republicanas, los desaparecidos o las víctimas de la victoria. La cantidad de parásitos que aletean en derredor de la historiografía es proporcional a las ventas se puedan obtener encubiertas en perífrasis rimbombantes, como «quitar mantos de silencio», «desvelar la verdad» o «romper los mitos». Lo cual resulta, cuando menos, problemático: generalmente son libros de escasa reflexión intelectual, vacuidad interpretativa y sin referentes documentales, cuando hoy mismo la historiografía novedosa sobre la República y la guerra se mueve a fuerza de archivo, entrevista y documento: años de archivo, docenas de entrevistas y cientos de miles de documentos. <<

[1] Del escrito hallado en un bolsillo a un campesino de Sasamón asesinado junto al cementerio de Burgos. «Era un hombre relativamente joven, fuerte, moreno, vestido pobremente, y cuya cara estaba horriblemente desfigurada por los balazos». Lo cuenta en sus memorias el secretario judicial de Burgos, A. Ruiz Vilaplana (1937), Doy fe… un año de actuación en la España nacionalista. He usado la tercera edición, de 1977, publicada en Barcelona por Epidauro, y la nota está en la p. 39. <<

[2] En P. Preston (1987), La guerra civil española 1936-1939, Plaza & Janés, Barcelona, pp. 87-88. <<

[3] P. Waldmann, en (1999), «guerra civil: aproximación a un concepto difícil de formular», y «Dinámicas inherentes de la violencia política desatada», en id. y F. Reinares, comps., Sociedades en guerra civil. Conflictos violentos de Europa y América Latina, Paidós, Barcelona, pp. 27-44 y 87-108 respectivamente, propone que las guerras civiles «desarrollan una dinámica propia cuyo propulsor principal lo constituye una violencia liberada de las ataduras políticas» (p. 87) donde «es característico… que la violencia desborde los estrechos límites estatales y políticos para inundar otros sectores, procurando someterlos a sus propios mecanismos de coacción, obediencia y ejecución», poniéndose «en juego la existencia de los grupos contrincantes, su identidad colectiva, en algunos casos incluso su supervivencia física». <<

[4] J. Tusell (1992), Franco en la guerra civil. Una biografía política, Tusquets, Barcelona e id. (1996), «Las fuerzas políticas nacionales», capítulo séptimo de E. Malefakis, ed., La Guerra de España (1936-1939), Taurus, Madrid. <<

[5] A. Perlmutter (1977), The military and politics in modern times. Yale University Press, New Haven, p. 89. J. Busquets (1982), Pronunciamientos y golpes de Estado en España, Planeta, Barcelona, J. Lleixa (1986), Cien años de militarismo en España, Anagrama, Madrid. C. Seco Serrano (1984), Militarismo y civilismo en la España contemporánea, Instituto de Estudios Políticos, Madrid. M. Ballbé (1985), Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza, Madrid. S. G. Payne (1968), Los militares y la política en la España contemporánea, Ruedo Ibérico, París. C. P. Boyd (2000), «Violencia pretoriana: del Cu-Cutl al 23-F», en S. Juliá, ed. (2000), op. cit., pp. 289-325. <<

[6] La acertada visión de Carme Molinero, en su «Introducción» a id. et al., eds. (2003b), op. cit., pp. XVII-XXIV. Sobre algunos de los orígenes de tales cosmovisiones, véase P. González Cuevas (1998), Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Tecnos, Madrid, y J. L. Rodríguez Jiménez (1997), La extrema derecha española en el siglo XX, Alianza, Madrid. <<

[7] G. Jackson (1967), La República Española y la guerra civil, Crítica, Barcelona (8.ª ed. 1990). <<

[8] E. González Calleja (2000), «Reflexiones sobre el concepto de guerra civil», en Gladius, tomo XX, pp. 301-309, cf. p. 306. <<

[9] Las motivaciones del Terror, en J. Casanova, coord., et. al. (1992), El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Siglo XXI, Madrid. Véanse también F. Espinosa (2003), La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Crítica, Barcelona; L. Lamela (2002), A Coruña, 1936. Memoria convulsa de una represión, Edicios do Castro, Sada-A Coruña; J. Chaves (2000), Violencia política y conflictividad social en Extremadura. Cáceres en 1936, Diputación Provincial de Badajoz-Diputación Provincial de Cáceres, Badajoz; J. Cifuentes y P. Maluenda (1995), El asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-39), Institución Fernando el Católico, Zaragoza; A. Braojos, L. Álvarez y F. Espinosa (1990), Sevilla 36: sublevación fascista y represión, Muñoz Moya, Sevilla; I. Gibson (1978), La muerte de Federico García Lorca. La represión nacionalista en Granada en 1936, Ibérica, Barcelona; A. Cenarro (1996), El fin de la esperanza: fascismo y guerra civil en la provincia de Teruel (1936-1939), Instituto de Estudios Turolenses, Teruel; F. Espinosa (1997), La guerra civil en Huelva, Diputación Provincial, Huelva; I. Martín Jiménez (2000), La guerra civil en Valladolid (1936-1939). Amaneceres ensangrentados, Ámbito, Valladolid; J. M. Palomares (2001), La guerra civil en la ciudad de Valladolid. Entusiasmo y represión en la «capital del Alzamiento», Ayuntamiento, Valladolid; id. (2002), La guerra civil en Falencia. La eliminación de los contrarios. Palencia, Cálamo; F. Moreno (1985), La guerra civil en Córdoba (1936-1939), Alpuerto, Madrid. <<

[10] La formación africanista de muchos de los militares sublevados en 1936 fue, en ese sentido, determinante en su perspectiva e idea del Estado y la regulación de la sociedad. S. Balfour (2002), Abrazo mortal. De la guerra colonial a la guerra civil en España y Marruecos (1909-1939), Península, Barcelona, y P. Preston (1997), La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX, Península, Barcelona. Sobre el squadrismo fascista, el clásico de A. Tasca (ed. 1995), Nascita ed avvento del fascismo. L’Italia dal 1918 al 1922, La Nuova Italia, Florencia. La violencia franquista también ha sido estudiada en sus perspectivas estructurales, en su larga duración y continuidad, por J. Ugarte (1998), La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco, Biblioteca Nueva, Madrid. <<

[11] S. Kalyvas (2001), «La violencia en medio de la guerra civil. Esbozo de una teoría», en Análisis Político (Universidad Nacional de Colombia), n.º 42, pp. 3-25. También A. Gil (1999), El genocidio y otros crímenes internacionales, UNED, Valencia, pp. 163 y ss. Para Hanna Arendt el terror era, además de un método, un fin: una «forma de gobierno». H. Arendt (1998), Los orígenes del totalitarismo, Taurus, Madrid, pp. 50-51 [1951-1973]. <<

[12] M. Martínez Bande (1991), La lucha por la victoria (vols. I y II). Monografías de la Guerra de España, n.º 18, San Martín, Madrid. <<

[13] Quien más vehementemente ha defendido el uso del concepto de «genocidio» para la violencia franquista ha sido F. Espinosa (2002), «Julio de 1936. Golpe militar y plan de exterminio», en J. Casanova, ed., F. Espinosa, C. Mir y F. Moreno, Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Crítica, Barcelona, pp. 51-119. <<

[14] R. Lemkin (1944), Axis rule in occupied Europe, Washington DC, Carnegie Endowment for World Peace, cit. en Y. Ternon (1995), op. cit. Sobre este tema, C. López (2003), «Holocausto y genocidios. ¿Basta con conocer? La acción, la omisión y las interpretaciones históricas», en id. coord, op. cit., pp. 11-64, y S. Power (2003), «El coste del genocidio», en el mismo número, pp. 141-160. <<

[15] P. Gil (2004), La noche de los generales. Militares y represión en el régimen de Franco, Ediciones B, Madrid. <<

[16] G. Cardona (1996), «La batalla de Madrid», tomo 2 de España 1936-1939. La Guerra Militar, Madrid, Historia 16. <<

[17] S. Juliá, J. Casanova, J. M. Solé i Sabaté, J. Villaroya y F. Moreno (1999), Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy, Madrid. Sobre la importancia de estudiar los orígenes concretos de las venganzas, A. Mateos (2003), La contrarrevolución Franquista. Una aproximación microhistórica a la represión contra UGT y al nacionalsindicalismo desde la Cantabria rural, 1937-1953, Asociación de Historiadores del Presente, Madrid. <<

[18] E. U. da Cal (1994), «Prefigurazione e storia: la guerra civile spagnola del 1936-1939 come riassunto del passato», en G. Ranzato, ed., Guerre fratricide. Le guerre civili in etá contemporánea, Bollad Boringhieri, Turín, pp. 193-220. La guerra como choque identitario, en J. Casanova (1994), «Guerra civil, ¿lucha de clases? El difícil ejercicio de reconstruir el pasado», en Historia Social, n.º 20. pp. 135-150. <<

[19] A. Reig Tapia (1990), Violencia y terror. Estudios sobre la guerra civil española, Alcal, Madrid. <<

[20] Cit. en J. M. Solé i Sabaté (1996), «Las represiones», en S. G. Payne y J. Tusell, eds., La guerra civil. Una nueva visión del conflicto que dividió España, Temas de Hoy, Madrid, p. 588. Del mismo autor, Id. (1985), La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953, Edicions 62, Barcelona. <<

[21] AGMA-CGG, A1, L16, C3. La cursiva es mía. <<

[22] P. Escobal (1981), Las sacas, Pamplona, Roldana, pp. 34, 67 y 69. La ley de fugas, instaurada durante la dictadura de Primo de Rivera y que consistía en poder disparar al reo que huía en los traslados, fue aplicada como cobertura legal para muchos asesinatos en estos meses del golpe de Estado, e incluso después. <<

[23] I. Martín Jiménez (2000), op. cit., p. 183, siguiendo las cifras dadas por El Norte de Castilla. <<

[24] V. Crémer (1980), El libro de San Marcos, Nebrija, Madrid, p. 79. <<

[25] F. Sánchez Montoya (2004), Ceuta y el Norte de África. República, guerra y represión, 1931-1944, Natívola, Granada. <<

[26] Servicio Histórico Militar (ponente: J. M. Gárate) (1977), Partes oficiales de guerra, 1936-1939. I, Ejército Nacional, Madrid, San Martín, passim. <<

[27] J. Chaves (1995), La represión en la provincia de Cáceres durante la guerra civil (1936-1939), Universidad de Extremadura, Cáceres; J. Vila Izquierdo (1983), Extremadura en la guerra civil, Universitas, Badajoz; A. Reig Tapia (1999), Memoria de la guerra civil. Los mitos de la tribu, Alianza, Madrid. F. Espinosa (2003), op. cit. <<

[28] P. Barriga (1999), «Campos de concentraçao. O envolvimento portugês na guerra civil de Espanha», en Cadernos do Museu, n.º 2, Barrancos (Portugal), pp. 22-23. Cit. en F. Espinosa (2003), op. cit., p. 113. Con mi agradecimiento a Francisco Espinosa por remitírmelo. <<

[29] P. Preston (1997), La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX, Península, Barcelona. <<

[30] Testimonio de Sixto Agudo, Reus, 13-02-2001. <<

[31] G. Herrero Balsa y A. Hernández García (1982), La represión en Soria durante la guerra civil, Soria, Autoedición, p. 24. En todo 1937, la Comisión de Clasificación de Pamplona tramitaría actas de clasificación de 2262 prisioneros y evadidos. AGMA-ZN, A15, L5, C35. <<

[32] P. Escobal (1981), op. cit.; A. Hernández García (1984), La represión en La Rioja durante la guerra civil, tres tomos, autoedición, Logroño. Altaffaylla Kultur Kaldea (1986), Navarra 1936. De la esperanza al terror, autoedición, Tafalla. Una actualización de su trabajo, en I. Egaña dir. (1999), 1936. Guerra en Euskal Herria, tomo II, La represión en Navarra durante la guerra civil, Aralar Liburuak, Andoain. Según esta revisión, el número de muertos de forma violenta en Navarra fue de 2789, incluidos los 25 fusilados en el Fuerte de San Cristóbal, los 225 asesinados por la fuga del penal en 1938, pero no 305 presos muertos por enfermedad, según los archivos del propio centro. Para la fuga, véase. F. Sierra Hoyos (1990), La fuga de San Cristóbal 1938, Pamiela, Pamplona. <<

[33] La cita anterior, en AGMA-ZN, A32, L9, C25. Esta última, en AGMA-CGG, A1, L16, C3. <<

[34] AGC-FI11, c1, E16 y E17. <<

[35] Allí pasaron tres meses, antes de ser juzgados en Salamanca. C. Geiser (1986), Prisoners of the good fight. The Spanish Civil War, 1936-1939, Lawrence Hill & Co., Westport-Connecticut, pp. 15-16. <<

[36] AGMA-ZN, A23, L2, CIO. Ambos campos, de Soria y Talavera, no serían calificados como tales, sino «depósitos de Prisioneros que por su escasa capacidad no pueden considerarse como Campos de Concentración de Prisioneros», en AGMA-CGG, A1, L46bis, C6. <<

[37] AGMA-ZN, A1, L16, C3. <<

[38] I. Egaña, dir. (1999), op. cit., tomo II, pp. 94-95. En octubre de 1936, tras la forzosa creación del Tercio de Sanjurjo con disidentes y personal izquierdista navarro, riojano y aragonés y tras haberlos rápidamente retirado del frente por su supuesto plan de deserción, fueron ejecutados unos 300. <<

[39] Todas las citas, en AGMA-CGG, A1, L46bis, C6. <<

[40] J. A. Cabezas (1984), Morir en Oviedo. La Historia en directo (vivencias de un periodista), San Martín, Madrid, p. 258. <<

[41] AGMA-ZN, A40, L4, C18. <<

[42] AGMA-ZN, A40, L4, C20 y AGMA-ZN, A40, L4, C18. <<

[43] AGMA-ZN, A40, L8, C13 <<

[44] Fue visitado por el doctor Schumacher el 12 de enero de 1937. J. C. Clemente (1993), El árbol de la vida. La Cruz Roja en la guerra civil española, 1936-1939, ed. no venal, p. 243. <<

[45] AGMA-ZN, A40, L5, C4 <<

[46] AGMA-CGG, A1, L56, C18 y AGMA-ZN, A23, L2, C23. <<

[47] Para Orduña, AGMA-ZN, A40, L6, C32. Para Murgia, AGMA-CGG, A1, L46bis, C6. <<

[48] AGMA-ZN, A40, L4, C30. <<

[49] Testimonio de José García de Albéniz, Miranda de Ebro, 15-9-2003. <<

[50] AGMA-ZN, A35, L1, C2. <<

[51] AGMA-CGG, A1, L16, C3. <<

[52] AGMA-CGG, A1, L46bis, C3. <<

[53] AGMA-ZN, A15, L16, C34. La orden de ampliación, de la Secretaría de Guerra, en BOE, n.º 277 de 24 de julio de 1937. <<

[54] Ibíd. Además, los no desafectos, en edades fuera de reemplazo, deberían someterse a las autoridades en sus lugares de residencia. Los presentados que hubieren quebrantado el lugar de presentación, los que no la hubieren efectuado, los que no tuvieren medio de vivir conocido y cuantos fueren sospechosos de actividades políticas, se constituirían en concentraciones, «en el lugar y campos que la Autoridad Militar» designase, quedando bajo la dependencia de la Comisión Clasificadora, a fin de que por ésta se ampliasen los antecedentes necesarios con vista de las personas que pudieran avalarles, o como consecuencia de la ocupación de nuevas plazas. <<

[1] A. Viñas (1984), Guerra, dinero y dictadura. Ayuda fascista y autarquía en la España de Franco, Crítica, Barcelona, H. R. Southworth (1977), La destrucción de Guernica: periodismo, diplomacia, propaganda e historia, Ruedo Ibérico, París, e id. (1986), El mito de la cruzada de Franco, Plaza, Barcelona. <<

[2] AGMA-ZN, A40, L1, C11. <<

[3] BOE, n.º 224, 28-5-1937. <<

[4] C. Mir, ed. et al. (1997), Repressió econòmica i franquisme. L’actuació del Tribunal de Reponsabilitats polítiques a la província de Lleida, L’Abadia de Montserrat, Barcelona, p. 24; J. Sagués San José (1994), «La justicia i la repressió en els estudis sobre la guerra civil Espanyola (1936-1939) i la postguerra», en J. Barrull y C. Mir, eds., op. cit., pp. 7-28, passim. <<

[5] I. Berdugo, J. Cuesta, M. D. de la Calle, M. Lanero (1990), «El Ministerio de Justicia en la España “Nacional”», en Justicia en guerra. Jornadas sobre la administración de la justicia en la guerra civil española, Ministerio de Cultura, Madrid. <<

[6] AGMA-CGG, A1, L16, C3. <<

[7] AGMA-CGG, A1, L56, C18. <<

[8] De estos últimos, se diría que el primero, situado en el palacio ducal «a 40 kms. de Burgos… con amplias y ventiladas naves, [con] todos los locales precisos para las distintas dependencias… [y con] un campo libre acotado por alambradas», tendría capacidad para quinientos prisioneros, con agua de boca canalizada y abundante. Por su escasa capacidad y buenos servicios higiénicos, se destinaría a los «incapacitados para el trabajo» (doc. gráf. 2). Y sobre el segundo, situado en la sala de máquinas de la estación del ferrocarril de Madrid a Burgos, además de un campo acotado por alambradas con varios barracones, que su capacidad sería alta ya que, entre local y barracones, con agua de aseo abundante (traída de las acequias de riego) pero escasa de bebida y en malas condiciones de potabilidad, se podría llegar a los 2000 prisioneros internados. No necesitaría de enfermería —que a la postre se construiría, con mano de obra prisionera—, ya que la localidad disponía de un hospital militar. AGMA-CGG, A1, L46bis, C6. <<

[9] Testimonio de Maximiliano Fortún. Zaragoza, 12-IV-2001. <<

[10] Sin citar fuente de procedencia podemos leer en I. Egaña, dir. (1999), op. cit., tomo IV, La Guerra en Gipuzkoa, Aralar Liburuak, Andoain, p. 298 que en la «prisión» [sic] de Deusto murieron, por enfermedad, 155 internados a lo largo de la guerra. <<

[11] AGMA-CGG, A1, L46bis, C6. <<

[12] AGMA-ZN, A15, L5, C36 y AGMA-ZN, A15, L5. Las cifras aportadas por estas comisiones abarcan a veces un período posterior, pero siempre ligado a la ocupación de territorios en el norte de la Península. En Pamplona, la Comisión clasificará entre marzo y diciembre a 2262 prisioneros —distribuidos entre las clasificaciones mencionadas: Aa, Ad, B, C o D—; en septiembre, en Palencia se llegan a clasificar a 70 y 80 prisioneros; la Comisión de Burgos, de la que dependen los campos de Lerma, Aranda de Duero y San Pedro de Cardeña (este último destino final de los prisioneros del Sexto CE) refleja 631 clasificados en esas fechas. En el mismo campo de Aranda de Duero, entre septiembre y diciembre se clasificarán a 1107 prisioneros: los clasificados Ad (adictos dudosos) pasan, en base a esta información, a Miranda de Ebro. En octubre de 1937, en Zaragoza se tramitan 491 clasificaciones; en Deusto —campo de concentración y comisión de clasificación— en noviembre se tramitan 991 clasificaciones; en noviembre, Vitoria refleja 381, 755 la de Estella, 869 la de Santoña y 133 la de Palencia. <<

[13] AGMA-ZN-EN, A15, L12, C44. El relato del sacerdote, en J. Ugarte (1987), Odisea en cinco tiempos. Guerra, prisión, confinamiento, resistencia, exilio, Itxaropena, Zarautz, p. 152. Los datos de San Pedro, en AGMA-ZN, A40, L4, C47. <<

[14] AGMA-MIR, A35, L1, C3 y AGMA-ZN, A42, L2, C37. <<

[15] Sólo ello explica, junto al crecimiento generalizado del número de prisioneros, que de mayo a junio crezca de 50 a 415 prisioneros, y de junio a agosto llegue hasta los 450: 415 españoles, 12 extranjeros y 23 mujeres. AGMA-ZN, A39, L3, C8. Sobre el campo de Talavera y su dependencia de los juzgados militares permanentes organizados para las divisiones tácticas, en Boadilla del Monte, Pinto, Navalcarnero e Illescas, AGMA-ZN, A43, L1, C30. <<

[16] AGMA-ZN, A15, L3, C33bis. También información sobre los prisioneros de Vitoria y Pamplona, en AGMA-ZN, A40, L4, C53 se hallan recogidos telegramas de los gobiernos militares de Pamplona y Vitoria sobre el particular. <<

[17] AGMA-ZN, A40, L5, Cc 4 y 5. <<

[18] Testimonio de Félix Padín. Bilbao, 12-4-2003. <<

[19] AGMA-ZN, A37, L1O, C2. <<

[20] Al poco, se formaron los correspondientes trenes militares para el traslado de 1500 (los de Bilbao) al campo de Aranda de Duero y, de Vitoria, 600 al campo de Lerma, 250 a su granja agrícola, mil al campo de Trujillo, mil al de Plasencia, mil al de Cáceres, y 507 al de Badajoz, AGMA-ZN, A15, L3, C33bis. Sobre la petición de Queipo, AGMA-ZN, A15, L3, C33bis. Sobre el campo de Plasencia, AGMA-CGG, A1, L46bis, C6. <<

[21] AGMA-CGG, A1, L88, C17. BOE, n.º 258, 5 de julio de 1937, ref. 667, Secretaría de Guerra. <<

[22] BOE, n.º 258, ref. 667, 5-7-1937. <<

[23] AGMA-CGG, A1, L56, C12. <<

[24] J. Tusell (1992), op. cit., p. 60. <<

[25] AGMA-CGG, A1, L16, C3. <<

[26] AGA-G, c3897. Sobre el camino en el campo de La Magdalena, AGMA-CGG, A1, L56, C22. <<

[27] AGMA-CGG, A1, L16, C3. <<

[28] AGMA-ZN, A18, L8, C17. <<

[29] La Comisión de Badajoz remite lista nominal de los clasificados en la misma desde su constitución el 10 de agosto de 1937: 220; 348 en Granada hasta septiembre; en Córdoba, 164 clasificados hasta julio; en septiembre se clasificaron 120 prisioneros en Sevilla, 73 en Granada, 77 en Badajoz, y 70 en Córdoba (AGMA-ZN, A18, L8, C50). <<

[30] AGMA-CGG, A1, L54, C112. <<

[31] AGMA-ZN, A15, L3, C33bis. <<

[32] AGMA-ZN, A15, C3, L39bis y AGMA-ZN, A40, L4, Cc50 y 59. Documentación de la Sexta RM. <<

[33] Así se expresará Martín Pinillos en enero de 1938, cuando la necesaria ampliación de los campos de concentración le permita expresar sus verdaderas intenciones sobre el sistema concentracionario por él dirigido. AGMA-CGG, A1, L56, C16. <<

[34] Haciendo, eso sí, constancia «de la localidad en donde desea residir el presentado, a quien se le advertirá de la obligación en que se encuentra de presentarse al Comandante Militar o Jefe de Puesto de la Guardia Civil, así como la de no salir del mismo sin autorización de dicha Autoridad». AGMA-CGG, A1, L46bis. C3 y AGMA-ZN, A15, L3, C39bis. <<

[35] AGMA-CGG, A1, L16, C3 y AGMA-MIR, A35, L1, C8. <<

[36] AGMA-ZN, A40, L5, C5 y A40, L4, C55. <<

[37] AGMA-ZN, A40, L4, C47. <<

[38] AGMA-CGG, A1, L16, C3. <<

[39] Testimonio de P. G. Bilbao, 12-4-2003. <<

[40] AGMA-ZN, A40, L5, C4. <<

[41] AGMA-CGG, A1, L16, C3. <<

[42] En septiembre de 1937, el Palacio de la Magdalena se incautaría para «otros fines», y se pediría la prohibición de mantener, debido al alto valor artístico del edificio y las obras que albergaba. La excepción, en cambio, habría de ser precisamente el uso de sus enormes caballerizas como campo de concentración de prisioneros. AGMA-ZN-EN, A15, L32, C46bis. <<

[43] En octubre de 1937, Luis de Martín Pinillos encargaría la instalación de barracones de madera, 50 kilómetros de alambre de espino, y 8000 piquetes metálicos en Santoña. AGMA-CGG, A11, L558, C67. <<

[44] J. M. Garmendia (1986), «El pacto de Santoña», en C. Garitaonandía y J. L. de la Granja, eds., La guerra civil en el País Vasco. 50 años después, Universidad del País Vasco, Bilbao, p. 178. <<

[45] M. Tuñón de Lara, et. al. (1996), «La guerra en el Norte», tomo 3 de España 1936-1939… op. cit. La correspondencia entre vascos e italianos, en A. Onaindia (1983), El «Pacto» de Santoña. Antecedentes y desenlace, Laiz, Bilbao. <<

[46] Testimonio de José María Otxoa. Bilbao, 12-4-2003. <<

[47] AGMA-CGG, A1, L56, C14. Las cursivas son mías. <<

[48] AGMA-CGG, A1, L46bis, C6. <<

[49] AGMA-ZN, A15, L5, C40. <<

[50] AGMA-CGG, A1, L56, C16. <<

[51] AGMA-CGG, A1, L54, C112. <<

[52] Las comisiones que funcionaban el 21 de septiembre de 1937 eran: dos en Santander, tres en Santoña, dos en Laredo, dos en Castro-Urdiales, dos en Bilbao, una en Vitoria, además de las de Pamplona, Estella, Burgos, Palencia, Aranda. Miranda y Logroño. <<

[53] AGMA-CGG, A1, L16, C3. <<

[54] AGMA-ZN, A40, L4, C60 y AGMA-ZN, A40, L5, C16. Los internados en San Pedro, preferentemente residentes en el País Vasco, retenidos de las ofensivas vasca, santanderina, y también asturiana, eran mayoritariamente labradores, jornaleros, carpinteros, mecánicos (hay relaciones nominales: AGMA-ZN, A40, L4, C60) y procedían de las referidas comisiones de Miranda, Vitoria, Laredo, Logroño, Deusto, Valladolid, Palencia, Hospital de Oña, Lerma, Aranda de Duero, Pamplona y Estella. <<

[55] AGMA-ZN, A40, L5, Cc1, 2 y 3. <<

[56] El campo de Avilés será utilizado hasta bien finalizada la guerra civil. En una antigua fábrica, formada por varias naves, en malas condiciones, separadas por patios amplios y con locales para todas las dependencias accesorias. Con buenas comunicaciones por carretera y ferrocarril y una capacidad teórica de 850 hombres, disponía también de abundante agua de boca y de la conducción de la villa, en buenas condiciones de potabilidad. Con suficientes retretes en buenas condiciones, instalados a lo largo de 1937 y 1938, acabaría teniendo una enfermería instalada en dos locales, con un total de 36 camas. En 1938 tendría más prisioneros que su capacidad: 1288. <<

[57] AGMA-CGG, A1, L46bis, C6. <<

[58] M. Laruelo (1999), op. cit., p. 86. <<

[59] M. Tuñón de Lara y M. C. García Nieto (1981), «La guerra civil», en M. Tuñón de Lara, ed., La crisis del Estado: dictadura, república y guerra (1923-1939), tomo IX de Historia de España, Labor, Barcelona, p. 403. <<

[60] Cuando se realizó la revisión de los campos, en 1938, existían en cambio más de 6000 prisioneros en su interior. AGMA-CGG, A1, L46bis, C6. <<

[61] M. Laruelo (1999), op. cit., pp. 54-62. <<

[62] Id., p. 117. <<

[63] AGMA-ZN, A40, L6, C35. <<

[64] AGC-PS, c690, E6. <<

[65] Testimonio de Manuel de Pedro Soberón. Valladolid, 06-03-2004. <<

[66] Por parte de los franquistas, en julio de 1937 apresaron a 2106 hombres, 49 300 en agosto y 4818 en septiembre. AGMA-CGG, A5, L281, C18. <<

[67] En AGMA-ZN, A40, L5, Cc 8, 11, 12, 13 y 14 se encuentran las listas de prisioneros clasificados en septiembre en las diferentes comisiones, donde pueden observarse las diferencias entre ellas, y a las que las autoridades militares poco después se referirían para señalar la necesidad de acelerar el proceso en todas, y no sólo en algunas, de las comisiones. Aparte de los 2000 entregados por el CTV en Palencia a la ICCP, Laredo clasificó a 275 prisioneros; Deusto, 1135. La de Estella pidió la devolución de los prisioneros con los que se creó el primer BB. TT. empleado en Pinto (Madrid), por no haber sido clasificados y destinados sin más a Miranda para configurar el Batallón. <<

[68] AGMA-ZN, A40, L4, C55. El 30 de julio había en San Pedro 29 prisioneros; el 31 de agosto, había mil, habiendo entrado 999, y salido en libertad 28. Los lugares de procedencia parecen evidentes: Miranda, Pamplona, Vitoria, Estella, Logroño, Bilbao, y Santander. <<

[69] AGMA-CGG, A1, L56, C14. «A S. E. … le parecen pocas las Comisiones creadas dado el crecido número de prisioneros para clasificar… es preciso adoptar procedimientos más rápidos, haciendo una 1.ª reparación general de responsables de crímenes y no responsables y dentro de este segundo entre derechistas, milicianos de buena fe, fácilmente amoldables a nuestras ideas, e irreductibles. Una vez hecho esto, ya en los batallones de trabajadores o en los campos de concentración, puede irse haciendo poco a poco la clasificación más acabada y exacta, valiéndose de espías propios u otros procedimientos». Franco considera que se enfrenta no a un ejército, sino a simples milicianos. <<

[70] AGMA-ZN, A15, L12, C54. <<

[71] AGMA-CGG, A15, L16, C3. <<

[72] Realización propia desde los datos en AGMA-CGG, A1, L16, C3. Las clasificaciones tramitadas fueron, por comisiones: Aranda, 3801. Asturias (Santoña), 5616. Ávila, 42. Badajoz, 67. Burgos, 5140. Calatayud, 37. Camposancos, 1151. Castro-Urdiales, 3159. Celorio, 5250. Córdoba, 60. Deusto, 10.513. Estella, 2411. Ferrol, 265. Gijón, 2466. Granada, 29. Jaca, 252. Laredo (Santoña), 2117. Laredo (Zaragoza), 967. León, 3775. Logroño, 2694. Luarca, 3771. Medina de Rioseco (1), 1110. Medina de Rioseco (2), 1214. Medina de Rioseco (3), 1536. Miranda de Ebro, 3146. Muros, 180. Oviedo, 2189. Palencia, 1457. Pamplona, 5868. Rianjo, 1700. Santander, 10.175. Santoña (1), 4744. Santoña (2), 2413. Santoña (3), 3338. Sevilla, 1360. Soria (1), 631. Soria (2), 193. Vitoria, 12 800, Zaragoza, 715. <<

[73] AGMA-CGG, A1, L16, C3. De los más de 11 000 prisioneros encontrados C y D, el Servicio de Investigación Criminal de la ICCP habría hallado 89 autores de asesinatos, 99 jefes y oficiales, 20 comisarios políticos, 22 desertores del Ejército Nacional, 26 dinamiteros, 122 autores de saqueos, detenciones, requisas, etc., así como 46 directivos de partidos del Frente Popular. <<

[74] AGMA-ZN, A40, L5, C4. Documentación del Sexto CE. <<

[75] AGMA-CGG, A1, L58, CIO. <<

[76] AGMA-ZN, A44, L6, Ce 17 y 23. <<

[77] AGMA-CGG, A1, L46bis, C6. <<

[78] AGMA-ZN, A40, L5, C5. <<

[79] J. C. Clemente (1993), op. cit. Visitó, para ser precisos, la cárcel de Vitoria (3500 prisioneros en ocho locales), el campo de Ávila, el de Lerma, el Penal del Dueso (con unos 3200 prisioneros), un campo en Santander (458), la prisión de Tolosa, la de Ondarreta en San Sebastián (500), el campo de Gijón (1000 prisioneros) y su cárcel (270). Y, en diciembre, las prisiones andaluzas de Cádiz. San Fernando, San Roque, el Puerto de Santa María, Málaga, Sevilla (cuya inspección realizó también su colaborador Schumacher) y Granada. También en Málaga, el depósito temporal para 400 prisioneros, la prisión de mujeres (614 presas) y el campo de 1500 internados. De nuevo en el norte, viajaría a varias prisiones y «campos de trabajo» de Bilbao, así como al campo de concentración de Oviedo, con 1500 hombres. <<

[80] Una mirada a la actuación de la CRI en la guerra civil, con las diferencias de valoración que «nacionales» y republicanos tenían hacia los prisioneros y presos, en G. Jackson (1967), op. cit., pp. 373-389. <<

[81] AMAE-AB, L1501, E22, AMAE-AB, L1501, E29 y AMAE-AB, L1501, E23. <<

[82] AGMA-CGG, A1, L63, C3. <<

[1] Un ejemplo son las instrucciones dadas al CE del Maestrazgo para la ocupación de localidades republicanas: ante el «desorden y la desorganización naturales» que se encontraba el ejército franquista frente a la «dominación roja», las poblaciones «liberadas» se sentían «protegidas… por nuestros principios religiosos, nuestra disciplina y un fraternal y cariñoso respeto». Por ello se insistía en prohibir todo tipo de saqueo o vejación en los territorios. AGMA-ZN, A32, L3, C3. <<

[2] R. Salas Larrazábal (1996), «Del Alfarrrbra al Mediterráneo», en El frente de Aragón, vol. 4 de España 1936-1939… op. cit., p. 11. <<

[3] AGMA-CGG, A2, L179, C35, AGMA-ZN, A43, L2, C53 y AGMA-ZN-EN, A35, L14, C5. <<

[4] AGMA-CGG, A1, L88, C6. <<

[5] Sobre este centro, ubicado en una iglesia, Carl Geiser recordaría que, al no haber sido prevista la instalación de una letrina, toda la zona del altar mayor estaba llena de excrementos y orina de los prisioneros internados, internacionales y españoles. C. Geiser (1986), op. cit., p. 76. <<

[6] AGMA-CGG, A1, L16, C3. <<

[7] AGMA-CGG, A1, L56, C16. Se buscaban centros próximos o en la retaguardia de las líneas ferroviarias de Ariza, Valladolid y Calatayud-Soria-Burgos —vías naturales de evacuación de las zonas de Zaragoza, Calatayud y Sigüenza—, al existir escasas dependencias utilizables —las que resultaban convenientes solían estar ocupadas por unidades militares de mayor prioridad—. Se planteaba también el presupuesto base para la ampliación del campo de Aranda de Duero, aparte de la creación de varios barracones. <<

[8] La aglomeración de prisioneros, entre los leoneses capturados en los montes y los prisioneros del norte, obligó a ampliar este ya abarrotado campo, habilitando la fábrica de curtidos abandonada de Santa Ana, dependiente del campo de San Marcos. Véase S. Serrano (1986), La guerrilla antifranquista en León (1936-1951), Junta de Castilla y León, Salamanca, p. 110. <<

[9] AGMA-CGG, A1, L56, C22. <<

[10] AGMA-5.ªRM, c3047, C57, AGMA-ZN, A14, L3, C38 y AGMA-ZN, A15, L6, C81. <<

[11] 1 de enero 1938: 1282; 1 de marzo: 424; 1 de abril: 1211; 27 de abril: 1103. Según J. Cifuentes y M. P. Maluenda (1999), «De las urnas a los cuarteles: la destrucción de las bases sociales republicanas en Zaragoza», en J. Casanova, coord., op. cit., p. 79. <<

[12] Sobre Torrero, véase en un futuro próximo el libro de I. Heredia (2005), Delitos políticos y orden social. Historia de la cárcel de Torrero: Zaragoza, 1928-1950. Agradezco al autor haber podido consultarlo antes de su publicación. <<

[13] AGMA-5.ªRM, c3129. Los 37 internados procedentes del zaragozano Castillo de la Aljafería habían sido procesados por tribunales militares, lo que no impidió su ingreso en el campo de concentración. Pero ese traslado no había sido consentido por Martín Pinillos, ya que no estaban dentro de las atribuciones de la ICCP los presos penados. AGMA-CGG, A2, L145, C41. El traslado de 131 prisioneros al campo de Cortes de Tajuña (Guadalajara) el 17 de febrero tiene historia: en Sigüenza no había ni transporte ni relevo, y sin vehículos empiezan a caminar, hasta que unos 30 prisioneros no pueden más tras 30 kilómetros a pie. Por casualidad, dice, pasó una camioneta y en diversos viajes fueron trasladados al campo. <<

[14] M. Torres Ortega (1982), Mis tres años de prisionero, J. Marí (1941), Valencia, especialmente pp. 52-61. <<

[15] AGMA-5.ªRM, c3047, C6. <<

[16] AGMA-ZN-EN, A15, L15, C53 y AGMA-ZN-EN, A15, L5, Cc 34, 58 y 83. <<

[17] AGMA-ZN-EN, A15, L16, C34 y AGMA-ZN-EN, A43, L4. <<

[18] AGMA-ZN, A42, L2, C31. Se trasladó a 54 prisioneros, entre ellos hay una mujer, Francisca Ramírez Sánchez, evadida. <<

[19] Las cifras, de G. Cardona (1986), «La guerra llega a Cataluña», en La guerra civil, n.º 19, La república partida en dos, Historia 16, Madrid, p. 52. <<

[20] AGMA-ZN-EL, A15, L5, C34, 58 y 83. <<

[21] Testimonio de Félix Padín. Bilbao, 12-4-2003. <<

[22] AGMA-CGG, A1, L46bis, C3. <<

[23] AGMA-CGG, A1, L58, CIO. <<

[24] En Logroño fueron internados al menos 18 prisioneros de las BB. II. Carl Geiser (1986), op. cit., pp. 54-55, recuerda que su principal objetivo, para no ser fusilados, fue el dar a conocer a sus familiares que se hallaban allí, y que para ello una mujer, Felipa Soto, escribió para cuantos se lo pidieron unas cartas en las que, convenientemente, escribía el consabido «Viva Franco, Arriba España» para pasar cualquier tipo de control. Cuando las cartas fueron respondidas, los prisioneros ya habían sido trasladados a San Pedro de Cardeña, pero eso no quitó ni un ápice de valor al gesto de esta valiente mujer. <<

[25] AGMA-ZN-EN, A15, L5, C18 y AGMA-ZN, A40, L6, C38. <<

[26] AGMA-CGG, A1, L56, C18. <<

[27] Se dispone, ante todo, de los datos de evadidos en estos frentes: AGMA-ZN-ES, A18, L2-3, varias Cc. <<

[28] AGMA-CGG, A1, L16, C3. <<

[29] AGMA-CGG, A1, L57, C51. <<

[30] Ídem. <<

[31] Así se reconoció en las memorias de situación de las provincias, pedidas en julio de 1938 por Serrano Súñer para Gobernación a los gobiernos civiles. AGA-G, c2790. En AGMA-CGG, A1, L57, C52 puede verse que en la Segunda RM existían edificios decididamente recargados de población penal. Se señalan aquí su capacidad y el número de presos: Badajoz (436/591), Cádiz (150/347), Puerto de Santa María (1000/3340), Córdoba (250/412), Málaga (2400/3957), Sevilla (520/982) y Granada (800/1152). Asimismo existían edificios insuficientemente utilizados: el Caserío de Osorio, en S. Fernando (910/705), Jerez de la Frontera (150/97), Arcos de la Frontera (60/37), Ubrique (24/0), Bujalance (50/5), Priego de Córdoba (100/4), Loja de Granada (40/0), Aguilar de la Frontera (30/2), y Cabra (80/2). <<

[32] AGMA-CGG, A2, L154, C38. Eran el Castillo de Sta. Catalina (Cádiz), los fuertes de Coll de Ladrones y del Rapitán (Huesca), las prisiones militares de Toledo y Valladolid, el Castillo de San Felipe (Ferrol), los conventos de la Piedad y de la Misión (Baleares), el Fuerte del Paso Alto (Canarias), el Castillo de San Francisco del Risco (Las Palmas), y en la región de Marruecos, el Fuerte de M.ª Cristina (Melilla) y la Fortaleza de El Hacho (Ceuta). <<

[33] AGMA-CGG, A1, L57, C50. <<

[34] Una contextualización del mismo, en Á. Cenarro (2003), «La institucionalización del universo penitenciario franquista», en C. Molinero et. al., eds. (b), op. cit., pp. 133-153. <<

[35] AGMA-CGG, A1, L57, C48 y AGMA-CGG, A2, L179, C34. <<

[36] AGMA-ZN-EN, A40, L6, C45. <<

[37] AGMA-ZN, A40, L1, C8. Se detectaron cambios en julio de 1938 en la organización de las clasificaciones del Ejército del Sur. La Comisión de Badajoz actuaría en Mérida para los pueblos de Medellín, Mengabril, Don Benito, Villanueva de la Serena, La Haba, Magacela, Coronada y Campanario. La de Sevilla, en Fuente Ovejuna para Castuera, Esparragosa de la Serena, Zalamea, Quintana, Valle, Riguera, Monterrubio, Benquerencia y Malpartida. <<

[38] AGMA-CGG, A5, L281, C18. <<

[39] AGMA-ZN-EN, A15, L14, C36. <<

[40] AGMA-ZN, A42, L1, C22. <<

[41] AGMA-CGG, A1, L58, C20. Por tal motivo, se ordenaría que los prisioneros cuyas clasificaciones resultasen dudosas, o se apreciase que actuaban de «mala fe», serían trasladados también a BB. TT., para continuar allí con su clasificación. <<

[42] AGMA-ZNA40, L8, C31. <<

[43] Se elegirían para esto las comisiones de clasificación de Santander, Santoña, Bilbao, Vitoria, Burgos y Logroño. AGMA-CGG, A40, L5, C4. <<

[44] AGMA-ZN, A32, L5, C39. <<

[45] AGMA-CGG, A1, L57, C50. <<

[46] AGMA-CGG, A1, L57 y 58. <<

[47] AGMA-CGG, A1, L46bis, C5. <<

[48] El campo de San Pedro debería ser objeto de un estudio más pormenorizado que el que aquí puede afrontarse. Sin embargo, decir que en AMAE-AB, L1051, Ee 24-110 se hallan las referencias nominales y muchos expedientes personales de los internos de las BB. II. <<

[49] Sobre la memoria norteamericana de la guerra española, véase P. Dogliani (2000), Tra guerrè e pace. Memorie e rappresentazioni dei conflitti e dell’Olocausto nell’Occidente contemporaneo, Unicopli, Milán. <<

[50] Testimonio de Carl Geiser. Madrid, 11-11-2001. <<

[51] M. Crusells (2001), Las Brigadas internacionales en la pantalla, Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, relata la existencia de varios documentales de guerra rodados en San Pedro con prisioneros internacionales. <<

[52] Testimonio de Santos Aurtenetxea. Bilbao, 12-4-2003. <<

[53] L. Ornitz (1939), Captured by Franco, Friends of the Abraham Lincoln Brigade, Nueva York. Las citas, en la p. 20 y ss. <<

[54] C. Geiser (1986), op. cit., p. 26. <<

[55] A. V. Phillips (1940), Spain under Franco, United Editorial Limited, Londres, p. 13. <<

[56] AGMA-CGG, A1, L56, C19. Una mirada a las corresponsalías norteamericanas en España, en M. Rey (1997), Stars for Spain. La guerra civil española en los Estados Unidos, Do Castro, Sada-A Coruña, en particular pp. 193-199. <<

[57] AGMA-CGG, A1, L58, CIO, AGMA-CGG, A1, L46bis, C6, y AMAE-AB, L1501, E16. <<

[58] C. Eby (1974), Voluntarios norteamericanos en la guerra civil española, Acervo, Barcelona, p. 342 [1969]. Daba cuenta de 141 británicos, 49 norteamericanos, 21 canadienses, 18 cubanos, doce argentinos, cuatro filipinos, un mejicano, un islandés y un chino. <<

[59] N. E. Dorland (1938), «In Franco’s Prisión Camp. An American reports his experieces», en New Masses, n.º 22. <<

[60] Cifra que puede constatarse en AMAE-AB, L1051, E24. <<

[61] L. Ornitz (1939), Captured by Franco, Friends of the Abraham Lincoln Brigade, Nueva York, p. 344. <<

[62] M. Crusells (2001), op. cit. También id. (2003), «Los prisioneros extranjeros a través de los noticiarios y documentales cinematográficos», en C. Molinero et. al., eds. (a), op. cit., pp. 1011-1021, e id. y J. M. Caparrós (1998), «Las Brigadas Internacionales y la guerra civil española en la pantalla (1936-1939)», en M. Requena, ed., La guerra civil española y las Brigadas Internacionales, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, pp. 83-117. <<

[63] AMAE-AB, L2181, E4. <<

[64] AGMA-CGG, A1, L16, C3. <<

[65] C. Phillipson (2001), «Obituarios. Dave Goodman, Brigadista, comunista y pedagogo», en El Mundo, 1-II-2001, p. 6. <<

[66] R. A. Rosenstone (1969), Crusade of the left. The Lincoln Battalion in the Spanish Civil War, Pegasus, Nueva York, p. 338. <<

[67] C. Eby (1974), op. cit., p. 354, y P. N. Carroll (1994), The odyssey of the Abraham Lincoln Brigade. Americans in the Spanish Civil War, Stanford University Press. <<

[68] AGMA-ME, c2096. <<

[69] C. Eby (1974), op. cit., p. 347. <<

[70] AGMA-ZN-EN, A15, L14, C72. <<

[71] C. Eby (1974), op. cit. <<

[72] AMAE-AB, L1413, E82 y L1501, E18. <<

[73] Había: de EE. UU., 69; de Francia, 55; de Portugal, 54; de Argentina, 41; de Cuba, 41; de Inglaterra, 39; de Polonia, 30; de Holanda, 21; de Canadá, 17; de Yugoslavia, catorce; de Suecia, catorce; de Checoslovaquia, trece; de Irlanda, doce; de Escocia, doce; de Suiza, once; de Dinamarca, ocho; de Hungría, siete; de Noruega, cinco; de Bélgica, cinco; de Grecia, cuatro; de Chile, cuatro; de Estonia tres; de Bulgaria tres; de Rusia dos; de Rumanía dos; de México, dos; de Perú, dos; de Filipinas, dos; de Turquía, dos; de China, uno; de Uruguay, uno; de Puerto Rico, uno; de Finlandia, uno; de Letonia, uno, y sin determinar su nacionalidad, 88. AGMA-CGG, A5, L285, C5 y AMAE-AB, L633, E142. <<

[74] Dirigido por el polaco Pelouquine, el sueco Brats, los franceses Vicent, Motet, Dumont y Bienfait, y el británico Hunter. Lograron la liberación de 100 ingleses, 95 franceses, 85 canadienses y 11 suizos, según J. L. Alcofar (1986), «Adiós a las Brigadas Internacionales», en La guerra civil, n.º 21, La Batalla del Ebro, Historia 16, Madrid, p. 89. <<

[75] AMAE-AB, L1501, E19. <<

[76] AGMA-ZN-EN, A40, L7, C27. <<

[77] AGMA-ZN-EN, A40, L6, Cc 40 y 41. <<

[78] AGMA-ZN, A39, L7, C17bis. <<

[79] AGMA-CGG, A1, L46bis, C6. <<

[80] J. M. Reverte (2003), La Batalla del Ebro, Crítica, Barcelona. <<

[81] AGMA-ZN, A40, L6, C47. <<

[82] AGMA-ZN, A40, L6, C37 y AGMA-ZN-EN, A15, L6, C53. Cuerpos de Ejército como el Marroquí harían numerosos aprisionamientos en ese mes de agosto: 5807. <<

[83] AGMA-CGG, A1, L56, C24. <<

[84] Hubo otras propuestas desestimadas: Calatayud (la azucarera usada en ese momento como depósito de municiones; la plaza de toros, con capacidad para 2000 prisioneros; Paracuellos de Jiloca (los baños viejos, para 3000 prisioneros). Caminreal y Monreal (sin edificios adecuados); Santa Eulalia (la azucarera, para 4000 prisioneros, poco recomendable); Celia (con dos depósitos para mil prisioneros cada uno utilizables como centros de evacuación); Teruel (pensado para más adelante, como centro de evacuación de prisioneros de Levante o de Guadalajara; no disponía de centros en el casco antiguo por estar muy arruinado, pero en la zona moderna existían lugares propicios: la escuela normal, la plaza de toros, con una capacidad potencial de 4000 y 2000 prisioneros cada uno). <<

[85] AGMA-5.ªRM, c3047, C57. El edificio del seminario necesitaría 180 hombres para la vigilancia de una población calculada en 5000 internos. <<

[86] AGMA-ZN-EN, A15, L14, C72. A 26 de octubre de 1938, en virtud de las normas de julio de 1937, Martín Moreno decide que se les considerase dudosos, puesto que el criterio para su clasificación era sólo su testimonio. <<

[87] AGMA-ZN-EN, A15, L7, C66. En diciembre de 1938 los BB. TT. del Ejército Norte eran: Ingenieros, números 50, 108, 122, 125, 147. Intendencia, 106, 107, 110. Municionamiento, 121. CTV, 155. Ingenieros y Servicio de Etapas, 156. CE de Navarra, 14, 15, 89. CE de Aragón, 12, 23, 25, 140. CE de Urgel, 136, 137, 139, 157. CE de Maestrazgo, 123, 142. CE Marroquí, 11, 63, 124, 154. Los BB. TT. en organización eran uno para Aire, nueve para Intendencia, uno para Caminos, cinco sin destino; además, uno del CTV y uno de FET-JONS. AGMA-MIR, A35, L7, C2. <<

[1] La cita de Azaña, en (1939) «El Eje Roma-Berlín y la política de no-intervención», dentro del volumen (2002) Causas de la guerra de España, Crítica, Barcelona, p. 35. Para M. Ibáñez (1995), La memòria és un gran cementiri, Edicions 62, Barcelona, p. 122 [1990], «El campo de concentración era algo sabido pero remoto, más lleno de literatura que de hechos. Después sabríamos que estaban más llenos de piojos, hambre y miseria que de literatura». La cita periodística, en la que se aúnan las vertientes religiosa y política de la reeducación franquista en una clara muestra del eclecticismo falangista, es del 23-7-38, cit. en I. Martín Jiménez (2000), op. cit., p. 197. <<

[2] Para un relato del tratamiento soviético a los prisioneros del Sexto Ejército alemán, H. Rainer (1972), Los campos de concentración rusos en la segunda guerra mundial, Rodegar, Barcelona. Véase también el reciente A. Applebaum (2004), Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos, Debate, Barcelona [2003]. <<

[3] «El soldado ruso combate hasta morir. Si opta por convertirse en prisionero, automáticamente queda excluido de la comunidad rusa», habría dicho. Cit. en R. H. Bailey (1995), Prisioneros de guerra II, tomo 36 de La segunda guerra mundial, Time life-Folio, Barcelona, p. 123. <<

[4] AGMA-CGG, A1, L58, C22. <<

[5] AGMA-CGG, A1, L58, C35. <<

[6] D. J. Goldhagen (2002), La Iglesia Católica y el Holocausto, Taurus, Madrid, así como D. Kertzer (2002), Los papas contra los judíos. La postura antisemita del Vaticano, Plaza & Janés, Barcelona. Para España, H. Raguer (2001), op. cit. <<

[7] J. Llarch (1978), op. cit., p. 19. <<

[8] Todas las citas, de AGMA-CGG, A1, L16, C3. <<

[9] J. A. Pérez del Pulgar (1939), La solución que España da al problema de sus presos políticos, Publicaciones Redención, n.º 1, Valladolid, pp. 45, 47, 43 y 50-51, respectivamente. La cursiva es mía. Un llamativo sistema de redención de penas fue la escritura de poesías: unos versos de auténtica propaganda, publicados en VV. AA. (1940), Musa redimida. Poesía de los presos en la Nueva España, Publicaciones Redención, Madrid. <<

[10] AGMA-ZR, A46, L9, C21. <<

[11] Testimonio de Félix Padín. Bilbao, 12-IV-2003. <<

[12] F. Ibarrola (1983), Guerra y paz en España. Del Anarquismo a la revolución Interior, Queimada, Madrid, p. 34. Para el campo de Reus, J. Nierga y J. Alemany (1984), Memòries d’un soldat de la República, CEDOSA, Barcelona, p. 169. <<

[13] AGMA-CGG, A1, L58, C34. <<

[14] AGMA-CGG, A1, L58, C75. <<

[15] Testimonio de Eustasio García. RM. <<

[16] AGMA-CGG, A1, L58, C46. <<

[17] AGMA-CGG, A1, L55, C1. <<

[18] Estas medidas tan infantiles, en AGMA-CGG, A1, L58, C46. <<

[19] AGMA-ME, c20.942. <<

[20] Se refiere al «Cara al Sol», himno oficial de Falange. F. Ibarrola (1983), op. cit., p. 31. <<

[21] J. E. Leiva (1948), En nombre de Dios, de España y de Franco. Memorias de un condenado a muerte, Unión Socialista Libertaria, Buenos Aires, p. 92. <<

[22] Á. Suárez-Colectivo 36 (1976), Libro blanco sobre las cárceles franquistas. 1939-1979, Ruedo Ibérico, París, p. 8. <<

[23] Una introducción a su pensamiento científico y político, en el excelente artículo de R. Álvarez (1998), «Eugenesia y fascismo en la España de los años treinta», en R. Huertas y C. Ortiz, eds., Ciencia y fascismo, Doce Calles, Madrid, pp. 77-95. En él se explican claramente las influencias de Vallejo y sus ideas sobre la «higiene racial». <<

[24] R. Huertas (1998), «Una nueva Inquisición para un Nuevo Estado: psiquiatría y orden social en la obra de Antonio Vallejo Nágera», en id. y C. Ortiz, eds., op. cit., pp. 97-109. <<

[25] Las conclusiones generales del estudio, amén de las publicaciones en revistas científicas de las que se va a dar cuenta, están en A. Vallejo Nágera (1939), La locura y la guerra. Psicopatología de la guerra española, Librería Santorán, Valladolid. <<

[26] G. L. Mosse (1978), Toward the final solution. A history of European racism, J. M. Dent & Sons LTD, Londres. <<

[27] M. Richards (1999a), op. cit., pp. 49 y 52. Sobre las investigaciones de Vallejo, véase también J. Bandrés y R. Llavona (1996), «La psicología en los campos de concentración de Franco», en Psicothema, vol. VIII, n.º 1, pp. 1-11, y en inglés (1997), «Psychology in Franco’s concentration camps», en Psychology in Spain, vol. 1, n.º 1, disponible en internet: http://www.psychologyinspain.com/content/full/1197/1 bis.htm. <<

[28] A. Vallejo Nágera (1938a), El factor emoción en la España nueva, Federación de Amigos de la Enseñanza, Burgos. La segunda cita, en J. Busquéis y J. C. Losada (2002), op. cit., p. 71. Un repaso a las teorías racistas, religiosas y eugenésicas en España, en M. A. Barrachina (1998), Propagande et culture dans l’Espagne franquiste, 1936-1945, ELLUG, Grenoble. <<

[29] A. Vallejo Nágera (1938b), «Biopsiquismo del fanatismo marxista», en Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, vol. 4, pp. 267-277, passim. La serie de los «biopsiquismos» se publicarían entre 1938 y 1939 en esta revista y, paralelamente, en Semana Médica española. <<

[30] Id. (1936), «Psicopatología de la conducta antisocial III», en Acción Española, n.º 84, p. 288. <<

[31] J. S. Huxley y A. C. Haddon (1936), We Europeans: a survey of «racial» problems, Londres-Nueva York, cit. en M. Mazower (2001), op. cit., p. 123. <<

[32] R. Vinyes (2002), op. cit. <<

[33] Su reglamento, en AGMA-CGG, A2, L57, C49. <<

[34] Testimonio de Cari Geiser. Madrid, 11-XI-2001. <<

[35] J. Martínez Tessier, en id., J. M. Reverte y J. Reverte (2001), Soldado de poca fortuna, Aguilar, Madrid, p. 131. <<

[36] Testimonio de Eustasio García. RM. <<

[37] J. Sorribas (1988), Cridaré Visca Catalunya Lliure, El Llamp, Barcelona, p. 44, y J. M. Mugueza (1977), De Euskadi al campo de exterminio (memorias de un gudari), L. Haranburu, San Sebastián, p. 138. <<

[38] N. Dorland (1938), op. cit. La traducción es mía. <<

[39] Siete gramos de café, cien de leche y 18 de azúcar por desayuno; los lunes y miércoles, 125 gramos de garbanzos, 175 de patatas, 30 de carne, 30 de fideos y 25 de manteca en la comida, y 300 de patatas, 60 de carne y 25 de manteca en la cena, además de 400 gramos por cabeza de pan, pimienta, cebolla o ajo; los martes, jueves y sábados, 125 gramos de garbanzos, 175 de patatas, 30 de carne, 30 de fideos, 25 de manteca más los consabidos 400 de condimentos en la comida, e igual cena; y los viernes y domingos, 125 gramos de garbanzos, 175 de patatas, 30 de carne, 30 de fideos, 25 de manteca en la comida, y 225 de lentejas, 60 de carne y 25 de manteca en la cena. <<

[40] AGMA-CGG, A1, L16, C3. <<

[41] Testimonio de Maximiliano Fortún. Zaragoza, 12-4-2001. <<

[42] C. Crespo (1995), Causa 93 730. Adhesión a la rebelión. Memorias de un comisario de guerra, 1936-1944, Perea, Ciudad Real, 1995, p. 115 [1977]. Igual alusión se hace en J. M. Molina (1976), El movimiento clandestino en España, 1939-1949, Editores Mexicanos Unidos, México D. F., p. 31. El autor ha calculado que en Albatera los prisioneros comían dos sardinas y 50 gramos de pan negro al día. <<

[43] M. Torres (1982), Mis tres años de prisionero, J. M. Montañana, Valencia, p. 118 [1941]. <<

[44] Testimonio de Santos Aurtenetxea. Bilbao, 12-04-2003. <<

[45] J. M. Mugueza (1977), op. cit., p. 139. <<

[46] S. Agudo (1991), Memorias (la tenaz y dolorosa lucha por la libertad, 1939-1962), Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, p. 83. <<

[47] Testimonios de Josep Subirats, Theo Francos y Marcos Ana. RM. Subirats, en entrevista al autor, le dijo además que, durante cuarenta días, no comieron más que castañas en Santa María de Oya. Y pasado ese tiempo, pieles de habas. <<

[48] C. Crespo (1995), op. cit., pp. 116-117. <<

[49] J. E. Leiva (1948), op. cit., pp. 67-68. <<

[50] S. Agudo (1991), op. cit., pp. 91-92. <<

[51] Testimonio de Féliz Padín. Bilbao, 12-04-2003. <<

[52] Testimonio de Féliz Padín. RM. <<

[53] AGMA-CGG, A1, L16, C3. <<

[54] AGMA-ME, C25.729. <<

[55] AGMA-ZN, A43, L6, C33. <<

[56] AGMA-ZN, A18, L12, C17. <<

[57] AGMA-CGG, A1, L16, C31. <<

[58] S. Agudo (1991), op. cit., pp. 101-103. <<

[59] Testimonios de Maximiliano Fortín, Zaragoza, 12-04-2001; Theo Francos y Marcelino Camacho, RM; y Rafael Caraballo. Jerte, 12-III-2003. <<

[60] Testimonio de Eustasio García. Madrid, 7-VII-2003. <<

[61] AGMA-CGG, A1, L58, C33. <<

[62] Testimonio de Sixto Agudo. Reus, 13-02-2001. <<

[63] Testimonio de Félix Padín. Bilbao, 12-04-2003. <<

[64] AGMA-CGG, A11, L558, C78. <<

[65] Testimonio de Marcos Ana. RM, 2003. <<

[66] AGMA-CGG, A2, L189, C4. <<

[67] Testimonio de Josep Subirats. RM. <<

[68] «The sick roll went up from between 30 to 40 percent. Some kind of fever. Aspirin was our medicine. To get a pill you had to stand in line at 10 a. m., get an okay, and then return at 4 p. m. Often the day’s allotment was finished and you dragged your feet back to your blanket. A common ailment aside from fever was San Pedronitis, which is a rheumatic pain in the ankles, shin bones, and knees. Sometimes the pain got so it was unbearable. Forty percent of us suffered from that. Thirty percent had diarrhoea and cramps in the stomach constantly; 20 percent had infections and sores which would not heal and kept increasing in size and number, as well as soft gums and loose teeth and open wounds. Many of us suffered from more than one ailment… The camp had an infirmary of fifty beds run by nuns. It was nearly impossible for an International to get admittance… Seven died during the six months —four from appendicitis, through lack of an operation. So we buried our dead». N. Dorland (1938), op. cit. <<

[69] AGMA-CGG, A2, L190, C34. Además, testimonio de Cari Geiser. Madrid, 11-11-2001 y Geiser (1986), op. cit., p. 348. <<

[70] AGMA-CGG, A2, L190, C56. <<

[71] AGMA-CGG, A2, L189, C4. <<

[72] F. Martínez Nevot (1940), El problema del cáncer. Sus aspectos científicos más interesantes. Prólogo de José Alberto Palanca, director general de Sanidad, Morata, Madrid, p. 32. <<

[73] AGMA-5.ªRM, c3047, C57. <<

[74] Testimonio de Sixto Agudo. Reus, 13-02-2001. <<

[75] AGMA-CGG, A1, L58, C39. <<

[76] Ibid. <<

[77] Como recuerda J. González (1985), La ilusión no acaba. Memorias de un mozo de la quinta del 36, Castalia, Madrid, p. 130, existía una constante compraventa de alimentos, cerillas o coñac. <<

[78] C. Eby (1974), op. cit., p. 359. <<

[79] M. Amblard (1977), Muerte después de reyes. Relatos de cautividad en España, Forma, Madrid, pp. 115 y ss. <<

[80] Testimonio de Manuel de Pedro Soberón. Valladolid, 06-03-2004. <<

[81] AGMA-CGG, A2, L179, C34. En 1938 se tiene constancia de la llegada de varios delegados de FET-JONS a los campos divisionarios de Valencia para reclutar prisioneros y destinarlos al Tercio de Requetés de la Virgen de los Desamparados. Para ello se personaron en el campo, preguntando quiénes profesaban la fe católica y habían pertenecido a antiguas asociaciones de FE y Comunión Tradicionalista. A los que respondieron positivamente se les hizo firmar una ficha de reclutamiento. <<

[1] J. Rubio (1977), La emigración de la guerra civil de 1936-1939, tomo I, San Martín, Madrid, p. 72, cifras dadas por válidas por F. Vilanova (2003), «En el exilio: de los campos franceses al umbral de la deportación», en C. Molinero et. al., eds. (b), op. cit., pp. 81-115. Véanse también M. C. Rafaneau-Boj (1995), Los campos de concentración de los refugiados españoles en Francia (1939-1945), Omega, Barcelona. G. Dreyfus-Armand (2000), El exilio de los republicanos españoles en Francia. De la guerra civil a la muerte de Franco, Crítica, Barcelona [1999]. <<

[2] AGMA-ZN, A40, L7, C13. <<

[3] AGMA-CGG, A1, L58, C1O. <<

[4] Situado en la Casa de Caridad de la Valí d’Hebron (J. L. Martín Ramos y G. Pernau [2003], Les veus de la presó. Històries viscudes per 36 lluitadors anti-franquistes, Edhasa-La Campana, Barcelona, p. 24), y por donde pasaron, a tenor de la documentación —escasa— conservada de este centro, 3785 prisioneros entre el 11 y el 18 de febrero de 1939. AGMA-ZN, A15, L8, C38bis. <<

[5] AGMA-ZN-EN, A15, L16, C34. El plan implicaba el traslado de los prisioneros del CE de Urgell y del Maestrazgo a Tremp, y de allí a Barbastro o, eventualmente, a Binéfar, siendo San Juan de Mozarrifar el destino; el CE evacuaría al centro de Almacelles, de ahí a Tamarite (adonde trasladaban sus prisioneros desde el CE del CTV), Binéfar, Selgua (centro usado, básicamente, para el reagrupamiento en la estación ferroviaria), y de allí a San Juan: el mismo campo de destino empleado por el CE Marroquí, tras el paso de los prisioneros por Caspe, y por el CE de Navarra, tras pasar los prisioneros por Raïmat y Almacelles; tan sólo la 105 División utilizaría otra línea de evacuación al campo eventual de Vinaroz. <<

[6] El CE de Urgell mandaría a sus prisioneros a los campos de evacuación eventual de Solsona —y no a Tremp— y Cervera, para acabar en el campo de concentración de Lleida o de Barbastro. Los CE de Aragón y Maestrazgo lo harían al centro de Manresa (establecido el 4 de febrero, con «locales para albergar 2000 hombres, separados prisioneros y presentados, con recinto alambrado, de fácil vigilancia, paja para el descanso, servicios y dependencias para despacho e interrogatorios»). Y los de Navarra y CTV, responsables directos de los prisioneros de guerra tomados en la capital catalana, además de enviarlos a Barcelona, trasladarían a los republicanos por camión hasta Sant Viçenc de Calders y de ahí al campo de Barbastro, o por barco hasta el recién creado campo de concentración de Tarragona o a los de Reus, Lleida o San Juan en caso de «gran aglomeración». Todo esto, siempre y cuando no se tratase de oficiales o comisarios políticos del Ejército Popular de la República, sino de simples soldados («no presos ni individuos a disposición del Auditor») evacuables a retaguardia. <<

[7] M. Duch (1996), Reus sota el primer franquisme. 1939-1951, Associació d’estudis Reusencs, Reus. <<

[8] AGMA-CGG, A11, L558, C120. <<

[9] En la primera se han certificado un total de 200 internos provenientes de Francia, y 119 en Pamplona; nada, comparados con los prisioneros clasificados en Vitoria (2600 internos tan sólo el 16 de febrero) y Logroño (un total de 1576 clasificados. AGMA-ZN, A40, L7, C19). <<

[10] AGMA-ZN, A40, L7, Cc5-10. En el primer caso, el número de prisioneros en esa plaza era de más de 9500 a mediados de febrero, y casi 9000 aún a principios de marzo, sin que de la documentación oficial pueda extraerse el tiempo empleado en las clasificaciones y, por tanto, cuántos de los prisioneros en febrero estaban aún sin clasificar en marzo; aunque una idea nos la da la cifra de clasificados (2503 a finales de febrero). En el caso de Aranda de Duero, el máximo fue alcanzado a mediados de febrero, con casi 1500 internos. <<

[11] Entre las comisiones de Deusto y Orduña, en el segundo semestre de 1938 se había clasificado a 7290 prisioneros de guerra, siendo el grupo más numeroso el de los dudosos (5685). Entre enero y marzo de 1939 el incremento de prisioneros fue notable, sobre todo a principios de año (el 20 de enero había en Deusto 1275 prisioneros pendientes de clasificación y 3174 en Orduña) y a mediados de marzo (5260 y 3641). <<

[12] Realización propia desde AGMA-ZN, A40, L7, C22. La mayor dificultad aquí radica en que no se conocen los datos totales previos a estas altas y bajas, aunque San Pedro soliese rondar los 1500-2000 internos de media mensual. <<

[13] AGMA-CGG, A11, L558, C116. <<

[14] AGMA-ZN, A15, L8, C38bis. <<

[15] AGMA-ZN, A14, L5, C35. <<

[16] AGC-FI20, c1. <<

[17] AGMA-CGG, A11, C556, C59, AGMA-ZN, A40, L7, C17, y AGMA-CGG. A1, L89, C64 <<

[18] AGMA-CGG, A11, L558, C127, y AGMA-ZN, A40, L7, C21. Véase también P. Barruso (1999), «El difícil regreso. La política del Nuevo Estado ante el exilio guipuzcoano en Francia (1936-1939)», en Sancho el Sabio, n.º 11, pp. 101-140, cf. p. 125. <<

[19] AGMA-CGG, A13, L686, C73. La evacuación se realizaría entre los campos de Puebla de Caramiñal, Zamora, Valencia de Don Juan, Camposancos, Toro. Trujillo y Figueras de Castropol, como señalaba el jefe de Evacuación de Prisioneros del Ejército del Norte, teniente coronel Ezequiel Núñez. <<

[20] Testimonio de Josep Subirats. Barcelona, 21-10-02. J. Subirats (1999), Pilatos 1939-1941. Prisión de Tarragona, Pablo Iglesias, Madrid, está entre los más importantes libros autobiográficos sobre las cárceles franquistas. <<

[21] AGMA-ZN-ES, A18, L16, C30. <<

[22] AGMA-CGG, A11, L558, Cc59, 114 y 122. AGMA-CGG, A13, L686, Cc55 y 57. <<

[23] AGMA-CGG; A1, L58, C26. <<

[24] AGMA-CGG, A1, L58, C26. <<

[25] AGMA-ZN, A19, L23, C27. <<

[26] AGMA-ZN, A40, L7, C30. <<

[27] AGMA-ZN-EC, A27, L3bis, C28. <<

[28] AGMA-ZN-EN, A35, L14, CU. <<

[29] AGMA-ZN, A40, L7, C18. <<

[30] La documentación oficial militar no habla de ningún campo en esta isla, aunque algunas investigaciones de carácter local hayan sacado a la luz varios, como los de Illetas, Son Carlà, Can Mir; lo mismo puede decirse para el campo de Formentera. Para los campos baleares, I. Martín Jiménez (2000), Aportaciones a la historia de la guerra civil en Menorca, tomo II, Nura, Menorca; D. Ginard (1998), «Centres de reclusió a la Mallorca en guerra (1936-1939)», en Randa, n.º 28, guerra civil i postguerra a les Illes Balerars, pp. 19-67; A. Parrón (2000), La guerra civil a Eivissa i Formentera 1936-1939, Documenta Balear, Palma de Mallorca. <<

[31] AGMA-ZN-ES, A38, L5, C19 y AGMA-ZN, A42, L1, C11. <<

[32] AGMA-ZN, A37, L3, C14 y AGMA-ZN, A39, L4, C13. <<

[33] AGMA-ZN, A23, L9, C9. <<

[34] Cuarenta y cinco mil en el centro, 60 000 en el sur, y 35 000 en Levante. Estas cifras, sin embargo, deben ser contrastadas con lo que indico al referirme al número de prisioneros del Ejército del Sur. <<

[35] DIHGF (1996), tomo I, op. cit., pp. 325-326. Aparecen en este listado campos y depósitos provisionales no mencionados en los listados del Archivo de Ávila. De tal modo, los campos de la AD Tajo-Guadiana serían los de Castilblanco (366 prisioneros), Jadeña (3445), Palacio Cijara (3300), Siruela (4035), San Martín de Pusa (5500), Talavera de la Reina (2300), Ocaña (2000), Los Ybenes (250), Jarosa (120), Fuenlabrada de los Montes (390), Villarta de los Montes (200), Casa km 36 carretera Navas de Ricomalillo-Belbis de la Jara (560), La Higueruela (748), Casas de Zaldívar (3627), Tembleque (750), Orgaz (160), San Bernardo (10 000) y La Calaña (5500). Los del CE Maestrazgo, Comandancia Mar Orgaz (361), Yébenes (556), Consuegra (433), Madrilejos (203), Daimiel (1200), Ciudad Real (11 600), Almuradiel (466), Manzanares (5700), Valdepeñas (5400), Santa Cruz de Múdela (2700), Infantes (204) y Almagro (2630), además de 878 prisioneros entregados en San Bernardo. Los de la AD Guadarrama-Somosierra, Retamares (6500), Vaquería (6500) y Cerezo de Abajo (5000). Los del I CE, Chamartín de la Rosa (17 000), Leganés (2000), Campamento de Carabanchel (5000), El Pardo (9000), Vallecas (9500), Ribas Jarama (3000) y Perales-Chincón-Tielmes (3400). Los del CE Navarra, incompletos, Murcia (30 000) y Hellín (5000). <<

[36] AGMA-ZN, A40, L7, C21. <<

[37] AGMA-ZN-EC, A41, L9, C30. <<

[38] AGMA-CGG, A1, L89, C63. <<

[39] Las cifras de presos en posguerra tienen diferentes sesgos y están muy marcadas tanto por las fuentes utilizadas como por la perspectiva del historiador que las maneja. Sin embargo, en esa duplicación del número de internos penales coinciden desde los orígenes mismos de la historiografía profesional sobre el franquismo S. G. Payne (1968), op. cit., pp. 367-368 y R. Tamames (1974), La República. La era de Franco, tomo VII de Historia de España Alfaguara, Alianza, Madrid, pp. 354-355. Véase también Á. Suárez-Colectivo 36 (1976), op. cit., p. 63. <<

[40] El primer objetivo, como se ha dicho, era detectar a los comisarios políticos y responsables del Ejército Popular, que eran internados en los campos de concentración de Areca (para los Cuerpos de Ejército de Aragón y Urgel y la AD de Guadalajara), Teruel (CE Castilla y AD de Albarracín) y Valencia (CE Galicia) para pasar después a las prisiones militares de Zaragoza. AGMA-ZN-EC, A36, L3, C24. <<

[41] AGMA-ZN, A43, L6, C21. <<

[42] AGMA-ZN,A23, L9, C8. <<

[43] AGMA-ZN,A37, L2, C24. <<

[44] AGMA-ZN,A37, L2, Cc 27 y 29. <<

[45] AGMA-ZN, A40, L7, C24 y AGMA-ZN, A44, L2, Ce 62 y 63. <<

[46] AGMA-ZN-ES, A18, L5, C27. <<

[47] De ejemplares cabe tachar, al respecto de estos dos últimos pueblos, los trabajos de A. Bedmar (2000), República, Guerra y Represión (Lucena, 1931-1939) e id. (2001), Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944). Ambos, autoeditados y fechados en Lucena (Córdoba). <<

[48] J. Vila (1983), op. cit., pp. 163-164. <<

[49] Testimonio de Rafael Caraballo. Jerte, 12-III-2003. <<

[50] AGMA-ZN, A37, L3, Cc 4 y 5. AGMA-ZN, A36, L1, Varias Cc, y AGMA-ZN, A44, L1, C67. <<

[51] AGMA-CGG, A11, L558, C131. <<

[52] E. de Guzmán (1974), El año de la victoria, G. del Toro, Madrid. <<

[53] Testimonio de Sixto Agudo. RM. <<

[54] J. M. Muguerza (1977), De Euskadi al campo de exterminio (memorias de un gudari), L. Haranburu, San Sebastián, p. 144. <<

[55] Testimonios de Melquesides Rodríguez, RM; Juan Ramos, Madrid, 12-VI-2003; y Teo Francos, Madrid, 12-XI-2001. <<

[56] J. Aguilar Fernández (1998), Historia de Albatera, s/r, Albatera, p. 812. J. Sorribas (1988), Cridaré Visca Catalunya Lliure, El Llamp, Barcelona. <<

[57] Testimonio de Marcos Ana, Madrid, 10-11-2004, y S. Agudo (1991), op. cit., p. 76. <<

[58] Á. Suárez-Colectivo 36 (1976), op. cit., p. 68, citando un testimonio inédito del prisionero Heliodoro Sánchez. <<

[59] Testimonio de Sixto Agudo, Reus, 13-11-2001, y S. Agudo (1991), op. cit, p. 93. <<

[60] AGMA-ME, c3047, C31. <<

[61] AGMA-5.ª RM, c 3047, C5 y AGMA-CGG, A1, L58, C81. <<

[62] AGMA-ZN-EN, A35, L12, C5. <<

[63] AGMA-CGG, A1, L46bis, C8. <<

[64] Distribuidos según los tipos de empleos: Carreteras y pistas, 17 700. Fortificación, 12 100. Intendencia, 3750. Ferrocarriles, 1350. Aviación, 1250. Minas y contraminas, 700. Explotaciones mineras, 550. Desescombro y reconstrucción, 500. Sanidad, 150. Varios, 2950. Otros, 14 250. Sin recepción de diario de trabajos, 12 650. <<

[65] Treinta Batallones en el Ejército del Norte, doce en el de Levante, 22 en el del Centro, 16 en el del Sur, dos de la Jefatura del Aire, seis de Abastecimiento, siete de Ferrocarriles, dos en Marruecos, once de Recuperación de Automóviles, dos de Mineros, uno del CT, uno de FET y de las JONS, tres en la Octava RM, tres del Servicio de Caminos de la zona norte, uno del Ministerio de Orden Público. <<

[66] R. Rufat (1966), En las prisiones de España, Cajica, México. Se albergaba a 3400 prisioneros. <<

[67] AGMA-ME, c25 723. En octubre de 1939 tuvo 248 altas, hasta hacer un total a finales de mes de 324 internos. <<

[68] AGMA-ZN, A40, L7, Ce 28 y 29. <<

[69] AMAE-AB, L1263, E12. <<

[70] Testimonio de Teo Francos, RM. Francos continúa: «nosotros no lo hemos destruido, son ellos, que tenían más cañones, y más aviones que nosotros [los] que lo han hecho». <<

[71] AGMA-ME, c20 963. <<

[72] Testimonio de Teo Francos. Madrid, 12-XI-2001. <<

[73] Teo Francos estuvo en diferentes frentes de guerra durante el conflicto mundial, pero ante todo recuerda cómo, tras el desembarco de Sicilia y ya a las puertas de Roma, se les prohibió entrar en la capital porque el mérito, según dice, se lo querían reservar los norteamericanos. Llegar al centro de la ciudad y enarbolar las banderas francesa y española le costó un mes de arresto. <<

[74] AGMA-ZN, A40, L7, C30. <<

[75] AGMA-CGG, A19, L686, C21 y AGMA-CGG, A12, L656, C62, respectivamente. <<

[76] Los datos sobre las refundiciones, en AGMG-CC, s/r. De tal modo, de los BB. TT. 112 y 78, se forma el 78. De los 117 y 107, el 107. De los 111 y 115, el 115. De los 113 y 126, el 126. De los 135 y 20, el 20. De los del CTV y 7, el 7. De los 37 y 9, el 9, y de los 40 y 144, el 16. <<

[77] En febrero de 1940 se unieron los Grupos de Trabajadores Nacionales y Extranjeros de Belchite en el BB. TT. 27 Grupo Trab. Pantano de La Muedra y Grupo Trab. Ferrocarril Soria-Castejón, BB. TT. 28; el Grupo de Trabajadores del Aeródromo Villafría (Burgos) formó el BB. TT. 29; el Grupo del Castillo de La Mota y el del Aeródromo de Villanubla, el BB. TT. 30; el Grupo de Son-Amoixa (Mallorca), el BB. TT. 32; el Grupo de Lavacolla (A Coruña), el BB. TT. 31. El 15 de febrero se ordenó que el Batallón Minero n.º 2 se refundiese con el BB. TT. 159, quedando bajo la denominación de este último. El BB. TT. diez se refundió con el 168, pasando al Depósito de Prisioneros de Miguel de Unamuno, para completar plantillas y salir inmediatamente para Marruecos. El BB. TT. quince pasó al Depósito de Prisioneros de Miranda de Ebro, para completar plantilla y salir para Marruecos. En igual fecha se unieron los BB. TT. 203 y 103, de la Segunda RM, quedando la primera numeración. En la Cuarta RM se unieron los BB. TT. 138 y 163, y desde marzo se realizó la mayor campaña de uniones de Batallones (entre paréntesis, la denominación final): el 155 con el 165 (155), el 130 con el 203 (130), el 6 con el 34 (6), el 210 con el 211 (210), el 132 con el 158 (132), el 5 con el 103 (5), el 122 con el 147 (122), el 63 con el 124 (63), el 28 con el 41 (41), el 1 con el 123 (2), el 76 con el 89 (76), el 137 con el 142 (137), el 42 con el 107 (42), el 1 con el 114 (1), el 14 con el 100 (14), el 26 con el 30 (26), el 31 con el 90 (90), el 32 con el 129 (32), el 139 con el 153 (139), los 51, 171, 22 y 25 quedaron como 2 (51 y 22), el 169 y el 16 (16), el 91 con el 90 (91), los 26, 7, 21 y 159 (26). Más adelante se unieron el 3 con el 1 (3, en Iragui, Navarra), el 14 y el 105 (14, en Lesaca, Navarra), el 128 y el 18 (128, en Elizondo, Navarra), el 42 y el 64 (42, en Oyarzun, Guipúzcoa), el 137 y el 76 (137, en Rentería, Guipúzcoa), el 106 y el 127 (106, en Güesa, Navarra), el 148 y el 126 (148, en Santander), el 217 y el 151 (217, en Vitoria), el 29 y el 149 (29, en Villafría, Burgos), el 15 Disciplinario y el 121 (15), el 16 D. y el 122 (16), el 17 D. y el 125 (17), el 18 D. y el 134 (18), el 19 D. y el 177 (19), y desaparecieron, en mayo de 1940, los BB. TT. 110, 156, 163, 178, refundidos con los 11, 12, 50, 63, 66, 115, 78, 136 y 140. En igual fecha y en la Quinta RM se unieron los 43, 13, 17, 41, 51, y 157 (143, en Sigüenza), los 69, 68 y 150 (69, en Salinas de Medinaceli), los 108 y 116 (108, en Valdespartera, Zaragoza), los 23, 8 y 102 (23, en Arañones), manteniéndose el 141 (Garrapinillos), el 22 (Biescas), el 27 (Belchite), los D. 21, 22 y 23 (Teruel). En Marruecos, se unieron los 96 y 93 (96), más adelante éste con el 94 (94, en Siuana-Larache), los 97 y 95 (97, en Melilla), y después, éste con los 98 (Tifasor) y 100 (Tetuán); y en Andalucía, los 58 y 62 (62, en Los Barrios, Cádiz) y los 55 y 60 (55, en San Roque, Cádiz). A finales de año se disolvieron muchos Batallones, tanto de trabajadores como disciplinarios, según los tiempos de reemplazo fueron cubiertos por los soldados haciendo la «mili de Franco». <<

[78] En febrero de 1942 se redujeron los presupuestos de la acusación derivada de la Ley de Responsabilidades Políticas, quedando además en libertad los presos con condenas de seis años y un día. Se sobreseían también las causas derivadas de la afiliación a organizaciones políticas. En 1945 se dio por «liquidado» el problema de las responsabilidades, al no haberse producido ninguna denuncia en un año. <<

[79] S. Vega (2003), «La vida en las prisiones de Franco», en C. Molinero et. al., eds. (b), op. cit., pp. 177-198, exporta sus conclusiones sobre la provincia de Segovia a todo el territorio nacional. Asimismo, J. M. Sabin (1996), Prisión y muerte en la España de postguerra, Anaya-Mario Muchnik, Barcelona, lo hace partiendo del caso de Toledo. <<

[80] H. Roldán (1988), Historia de la Prisión en España, PPU, Barcelona, p. 185. <<

[81] AGA-P, c4881, C «D». <<

[82] AGA-P, c4879, C1. Algunos trabajos han abordado el tema. Véase J. L. Gutiérrez Molina (2003), Colonias Penitenciarias Militarizadas de Montijo. Represión franquista en la comarca de Mérida, Editora Regional de Extremadura, Mérida. J. L. Gutiérrez Casalá (2003), «Catalanes en la Segunda Agrupación de Colonias Penitenciarias Militarizadas en Montijo», J. L. Gutiérrez Molina (2003), «Los presos del canal. El Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y el Canal del Bajo Guadalquivir (1940-1967)» y una aproximación sociológica de gran interés, A. del Río y J. M. Valcuende (2003), «La instrumentación política de la memoria: la historia del canal de los presos», en C. Molinero et. al., eds. (a), op. cit., pp. 268-288, 289-304 y 394-410, respectivamente. <<

[83] AGA-P, c4880, C«D». <<

[84] AGA-G, c4880. <<

[85] Testimonio de Enrique Genovés. Madrid, 15-IX-2002. A la vuelta en libertad a Madrid, Genovés mantuvo un tipo de oposición poco conocido: la refundación del movimiento Scout en España, prohibido por el franquismo. <<

[86] Testimonio de Marcelino Camacho. Jerte, 20-III-2004. <<

[87] J. Meliá (1977), Marcelino Camacho, Cambio 16, Madrid. M. Camacho (1990), Confieso que he luchado. Memorias, Temas de Hoy, Madrid. Y más recientemente, E. Asami y A. Gómez (2003), Marcelino Camacho y Josefina. Coherencia y honradez de un líder, Algaba, Madrid. <<

[88] AGMA-ME; c25 730. <<

[89] AGMA-ME, c20 904. <<

[90] La cantidad de jabón debía ser de medio kilo al mes para cada trabajador. En Reus, sin embargo, habían correspondido en febrero de 1942, para 1778 personas, 200 kilos, lejos de los 889 deseables. En marzo, para 1784 personas se enviaron de nuevo 200 kilos. En abril no se recibió ni una sola pastilla de jabón para la higiene de los 1762 internos calculados ese mes. Y en mayo, para 1070 personas se dispuso de 270 kilos. AGMA-ME, c20 904. <<

[91] Fueron clausurados los Batallones numerados del 1 al 32, 34, 37, del 40 al 42, 50, 51, del 63 al 69, del 76 al 78, del 89 al 91, del 100 al 108, del 110 al 117, del 121 al 171, del 177 al 180, del 200 al 204, del 208 al 217, el de FET-JONS y los Batallones Mineros 1 y 2. <<

[92] F. Sánchez Agustí (2001), Maquis y Pirineos. La gran invasión (1944-1945), Milenio, Lleida, pp. 239-251. <<

[93] J. J. Monago (1997), El campo de concentración de Nanclares de la Oca, 1940-1947, Gobierno Vasco, Vitoria. <<

[94] DIHGF (1996), tomo I, op. cit., p. 293. <<

[1] Para una revisión de las miserias económicas españolas y la importancia de la economía y la política en las estrategias franquistas frente a la segunda guerra mundial, el clásico de A. Viñas (1984), op. cit., y en particular su capítulo noveno. El análisis más completo, en J. Tusell (1995), Franco, España y la II Guerra Mundial. Entre el Eje y la neutralidad, Temas de Hoy, Madrid. <<

[2] J. Tusell y G. Queipo de Llano (1985), Franco y Mussolini, Planeta, Barcelona. También M. Guderzo (1995), Madrid e l’arte della diplomazia. L’incógnita spagnola nella seconda guerra mondiale, Manent, Florencia, y P. Preston (1993), Franco. «Caudillo de España», Grijalbo, Barcelona. La última aportación a la cercanía de la entrada en guerra por parte de España, en M. Ros Agudo (2002), La guerra secreta de Franco (1939-1945), Crítica, Barcelona. <<

[3] A. Marquina (1990), «La política exterior española durante la segunda guerra mundial», en J. L. Casas, coord., La postguerra española y la segunda guerra mundial, Diputación, Córdoba, pp. 45-57. <<

[4] P. Preston (1993), op. cit., p. 408. <<

[5] K. J. Ruhl (1986), Franco, Falange y III Reich. España durante la II guerra mundial, Akal, Madrid [1975]. A. Marquina (1986), España en la política de seguridad occidental, 1939-1986, Ejército, Madrid. <<

[6] AMAE-AB, L2183, E11 y AGMA-ME, c20 963. <<

[7] Para los franceses, AMAE-AB, L2183, E12. Para los ingleses, AMAE-AB, L2190, E13. Para los suizos, AMAE-AB, L2192, L8. Para los griegos, AMAE-AB, L2190, E7 (se les unieron un griego proveniente de la prisión provincial de Zaragoza y tres de Miranda de Ebro). Para los húngaros, AMAE-AB, L2191, E61. <<

[8] AMAE-AB, L1051, E25. <<

[9] AMAE-AB, L1346, E225. <<

[10] Para J. M. Armero (1978), La política exterior de Franco, Planeta, Barcelona, p. 48, las entradas de judíos en los primeros meses de la conflagración dependieron más de sobornos que de la benevolencia española. <<

[11] AMAE-AB, L1188, E78. <<

[12] AGMA-ME, c20 963. Se trataba de uno de Albania, 55 de Alemania, uno de Andorra, 71 de Argentina, uno de Bélgica, uno de Brasil, cuatro de Bulgaria, 23 de Cuba, 20 de Checoslovaquia, dos de Chile, uno de China, uno de Danzig, siete de Estados Unidos, tres de Estonia, uno de Filipinas, 81 de Francia, tres de Grecia, 21 de Holanda, nueve de Hungría, dos de Inglaterra, 16 de Italia, uno de Marruecos, ocho de México, 30 de Polonia, 28 de Portugal, cuatro de Rumanía, dos de Rusia, cuatro de Suiza, cuatro de Tánger, uno de Turquía, nueve de Ucrania, dos de Uruguay, catorce de Yugoslavia, tres apátridas, cinco alegaban nacionalidad española y cuatro estaban en hospitales militares. <<

[13] AMAE-AB, L1188, E78. <<

[14] AGMA-ME, c20 965. <<

[15] AMAE-AB, L1345, E113. <<

[16] AMAE-AB, L1263, E12. <<

[17] AGMA-ME, c20 966. <<

[18] AGMA-ME, c20 963 y AGMA-ME, c20 965. <<

[19] J. Tusell (1995), op. cit. <<

[20] AMAE-AB, L2180, E3, y L1261, E95. <<

[21] AMAE-AB, L1263, E12. <<

[22] J. A. Fernández (2003), op. cit., p. 140. <<

[23] En cuanto a las devoluciones a Francia, se estima que fueron hasta la intervención aliada en el Norte de África unas 1050, para R. Belot (1998), Aux frontières de la liberté. Vichy-Madrid-Alger-Londres. S’evader de France sous l’Occupation, Fayard, París. <<

[24] AMAE-AB, L2183, E1. <<

[25] La investigación más completa sobre el tema es la de F. Sánchez (2003), Espías, contrabando, maquis y evasión. La II Guerra Mundial en los Pirineos, Milenio, Lleida, aunque hay que complementarla, entre otros trabajos, con D. Arasa (2000), La guerra secreta del Pirineu (1939-1944). Espíes, resistents i contrabandistes, Llibres del l’Índex, Barcelona. <<

[26] F. Sánchez (2003), op. cit., p. 47. <<

[27] E. Eychenne (1998), Pyrénées de la Liberté. Les evasions par l’Espagne (1939-1945), Toulouse. <<

[28] A la vista de la documentación, no solamente eran varones en edad militar los que emprendían el peligroso viaje a través de España para huir de los nazis y colaboracionistas o para tomar contacto en Portugal con las autoridades militares aliadas, o con las de sus propios países en Madrid o Barcelona. «Bastantes súbditas» extranjeras estaban internadas en la cárcel madrileña de Ventas por paso clandestino, muchas veces acompañando a sus parejas, que acababan en Miranda de Ebro. <<

[29] AMAE-AB, L2180, E3, y L2190, E19. <<

[30] Eran dos pertenecientes a Irak. Pocos también eran los rumanos, que a mediados de año no sumaban más que tres, si bien su internamiento estuviese justificado por motivos diferentes a los de los evadidos belgas, franceses u holandeses: Juan Pacala Serrari tenía una «pésima conducta moral», John Davidesco era «desertor de la Legión francesa» y Tiu Dimitri era un «posible espía». AMAE-AB, L2192, E5. El número de griegos internados era de nueve en 1941: siete en Palencia, dos en Miranda y uno en el Penal de Burgos. En el resto de la contienda mundial, llegó a haber nueve (1942) y uno más en 1945. AMAE-AB, L2190, E7. <<

[31] AMAE-AB, L1349, E104. <<

[32] Otro dato significativo en este sentido es que en junio de 1941, por parte de la War Organization of the British Red Cross y bajo los auspicios de la Cruz Roja Portuguesa, se pidiese autorización para enviar a Miranda una ambulancia urgente desde Portugal, llevando artículos medicinales y vestidos: 290 camisas, 220 pantalones cortos, 200 kg de galletas, 250 kg de jabón medicinal, 800 latas de sardinas, una caja de medicamentos, 60 medias, 200 cajas de pomada antiséptica, diez kg de salchichas, cincuenta kg de chocolate y mil cigarrillos, para los prisioneros británicos. En agosto, además, se supo que en América se habían reunido donativos para los belgas de Miranda. AMAE-AB, 2192, E2. <<

[33] AMAE-AB, L2180, E4. <<

[34] AMAE-AB, L2180, E5. <<

[35] Esta posición doctrinal era la que había prosperado en la Segunda Conferencia de La Haya, cuyo Convenio V, art. 13, establecía que «la Potencia neutral que reciba prisioneros de guerra evadidos, los dejará en libertad. Si tolera su estancia en su territorio podrá señalarles una residencia». Por consiguiente, según la asesoría del MAE, sólo en este último supuesto, el país neutral en el que se habían refugiado podía discrecionalmente tomar las medidas adecuadas para impedir que se reintegraran a sus fuerzas, careciendo sin embargo de facultades para ello cuando tales prisioneros tratasen de abandonar el territorio neutral sin haber intentado fijar su residencia en él. AMAE-AB, L2110, E4. <<

[36] Es el caso de 41 franceses internados en 1941 que, en julio de 1942, seguían en Miranda. AMAE-AB, L2183, E1. Para los holandeses, AMAE-AB, L2190, E19. <<

[37] AMAE-AB, L2181, E1. Los subrayados son míos. <<

[38] En abril se trasladó a 62 ingleses a Miranda, desde el campo de Figueres (25), Lleida (diez), Zamora (uno), la cárcel Modelo de Barcelona (trece), Girona (uno), Reus (uno) y la prisión de Torrero, en Zaragoza (once). El 12 de mayo se pidieron más: de la DGS en Madrid (dos), de la prisión provincial de Badajoz (dos), de la de Santo Domingo en Mérida (dos), de San Juan de Mozarrifar en Zaragoza (uno), de la prisión provincial de Huelva (tres), de la Modelo barcelonesa (26), de Girona (uno), de Tortosa (uno), de la cárcel de la Seu d’Urgell (tres), de Alicante (uno), de Zaragoza (cinco); y el 20 de mayo, 17 de la Modelo y tres de Tarragona. A lo largo de 1942 se solicitaría el traslado de muchos más a Miranda, provenientes de casi todos los puntos de España: de la prisión provincial de Salt, de Zamora, de Huelva, de Sevilla, de Pamplona, de la prisión de Peñalver en Madrid, de la de Ayamonte (Huelva), de la provincial de León, de Yeserías, de Jaca, de Tarragona, de Valencia, de Pontevedra, de Valladolid o de Ciudad Real. Toda la información sobre los ingleses en estos meses, en AMAE-AB, L2190, Ee 13 y 14. <<

[39] Cuestiones menores pero significativas, como el caso de cuatro internos yugoslavos (Mirko Kuzek, Slobodan Alimijevic, Sava Paranos y Lyoubicha) en octubre de 1942 por los que intercedió el ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera. El primero, en particular, había compartido cárcel con él y con José Antonio. Este último le había encargado entregar papeles importantes a su familia cuando salió de la cárcel de Alicante. AMAE-AB, L2192, E12. <<

[40] AMAE-AB, L2192, E17. <<

[41] D. Arasa (2000), op. cit., p. 227. <<

[42] AMAE-AB, L2181, E1. <<

[43] H. Avni (1970), La salvación de judíos por España durante la segunda guerra mundial, Instituto Arias Montano, Madrid. En la misma línea, D. Salina (1997), España, los sefarditas y el Tercer Reich (1939-1945). La labor de diplomáticos españoles contra el genocidio nazi, Ministerio de Asuntos Exteriores-UVA, Valladolid. <<

[44] F. Ysart (1973), España y los judíos en la segunda guerra mundial, Dopesa, Barcelona. Lo del campamento, también en H. Avni (1970), op. cit. <<

[45] AMAE-AB, L1670, E8. De hecho, una traducción fue enviada a las embajadas españolas de La Paz, San Salvador, Quito, San José de Costa Rica, Panamá, Montevideo, Guatemala, Ciudad Trujillo, Caracas, Bogotá, La Habana, Santiago de Chile, Lima, Río de Janeiro, Washington y Buenos Aires, para su difusión. <<

[46] F. Ysart (1973), op. cit., p. 73. <<

[47] La cita de Lequerica, en AMAE-AB, L2182, E1. El resto, en AMAE-AB, L2153, E41. <<

[48] AMAE-AB, L2192, E3. <<

[49] AMAE-AB, L2181, E1. La referencia DEA sobre los rusos significa «Disponibles para la Embajada de Alemania». <<

[50] AMAE-AB, L2181, E5. El problema, efectivamente, era grave en las provincias fronterizas con Francia. En Guipúzcoa se habían registrado 352 presentaciones, de los cuales 20 estaban en prisión, 292 en libertad vigilada y 40 en campos de concentración; en Navarra el total era mayor, con 1804 presentados, habiendo 500 en prisiones, 468 en libertad y 278 en campos, aparte de 558 que debían presentarse periódicamente en las jefaturas de policía; en Huesca, debido a su más difícil geografía, el total de presentados se reducía a 80 personas (59 en cárceles, diez en campos y once a cargo de la CRI); muchos más eran los presentados en Lleida, 916, con un alto grado de envíos a campos militares (615) y prisiones (183); pero el desgraciado récord lo ostentaba la provincia de Girona, con 2850 presentados desde el principio de la guerra hasta marzo de 1943, de los cuales 889 habían sido conducidos a Miranda, 64 a la residencia de Jaraba, 561 estaban en la prisión de Figueres, 327 en la de Girona, 52 en Madrid, 850 estaban en libertad vigilada, dos mujeres estaban en la cárcel madrileña de Ventas, y a ocho más se les había permitido proseguir viaje o asentarse en la provincia. <<

[51] AMAE-AB, L2181, E1. <<

[52] AMAE-AB, L1263, E14. <<

[53] AMAE-AB, L2181, E1. <<

[54] AMAE-AB, L2182, E6. <<

[55] AMAE-AB, L2190, E11. En ese momento, finales de 1942, se hallaban detenidos 19 náufragos británicos en Las Palmas, 31 en Sevilla, diez aviadores en Albacete y 27 más en diferentes cárceles. Tan sólo 30 aviadores aliados habían sido puestos en libertad frente a 63 del Eje caídos en territorio español y devueltos a Alemania. <<

[56] AMAE-AB, L2181, E2. <<

[57] AGMA-ME, c20 904. <<

[58] AMAE-AB, L2183, E2. <<

[59] Ibid. En enero de 1943 se liberó, aparte de a los 587 citados, a 89 internos más en diferentes condiciones. <<

[60] Erróneamente, D. Pastor Petit (1990), Espionaje: la segunda guerra mundial y España, Plaza & Janés, Barcelona, p. 534, sitúa la huelga de hambre en julio de 1942. <<

[61] J. M. Accart (1945), Évadés de France; prisons d’Espagne, B. Arthaud, Grenoble. El mejor relato personal sobre Miranda, B. A. Wysocki (1986), On the river Ebro-Urge to live, Cambridge, Mass. <<

[62] APC-R, c40, C7. <<

[63] AMAE-AB, L2181, E5. <<

[64] AMAE-AB, L2183, E2 para los franceses; L2190, Ee 16 y 12 para los ingleses; L2190, E1 para los norteamericanos; L2192, E12 para los yugoslavos; L2180, E16 para los checoslovacos; L2190, E20 para los holandeses. <<

[65] Como señalaba, amargamente, la Comisaría General Político Social de la Zona Oriental Pirenaica, en Figueres. AMAE-AB, L2181, E2. <<

[66] AMAE-AB, L2183, E3. <<

[67] AMAE-AB, L2182, Ee uno y dos. <<

[68] J. Tusell (1990), op. cit. A. Marquina y G. Ospina (1987), España y los judíos en el siglo XX. La acción exterior. Espasa Calpe, Madrid. <<

[69] M. Gilbert (1969), Jewish History Atlas, Weidenfeld & Nicolson, Londres, p. 87. También H. Avni (1982), España, Franco y los judíos, Altalena, Madrid. <<

[70] AMAE-AB, L2181, E3. <<

[71] Ibid. Se trataba de un chileno, un venezolano, ocho turcos, dos suizos, cuatro holandeses, dos portugueses, cuatro rumanos, diez húngaros, tres argentinos y 65 polacos. El 20 de marzo lo fueron 2 chilenos, 1 brasileño, 1 guatemalteco, 2 filipinos, 3 puertorriqueños, 4 egipcios, 6 italianos (a la Legación Real), 4 portugueses, 2 suecos, 1 dominicano, 9 suizos, 11 turcos, 21 alemanes, 15 austríacos (a Alemania), 20 belgas, 14 norteamericanos, 5 sudafricanos, 10 británicos, 52 canadienses, 99 franceses, 1 uruguayo y 1 colombiano. El 23 de marzo se liberó a 43 enfermos e inútiles para el servicio de armas. <<

[72] AMAE-AB, L2181, E5. <<

[73] AMAE-AB, L2182, E8. Por nacionalidades, AMAE-AB, L2183, E2 para los franceses; L2190, Ee 16 y 12 para los ingleses; L2190, E1 para los norteamericanos; L2190, E20 para los holandeses; L2180, E5 para los belgas; L2180, E16 para los checos. <<

[74] En estas fechas, fueron retirados de Miranda por la CRI 66 norteamericanos, 49 checos, 97 holandeses escapados teóricamente de diferentes Frontlag y Stalag; 41 belgas, 3 argentinos, 1 alemán, 1 búlgaro, 1 cubano, 1 húngaro, 2 yugoslavos, 1 irlandés, 1 italiano, 1 suizo, 1 griego y 5 polacos. <<

[75] AMAE-AB, L2182, E11. <<

[76] Cifra que viene a coincidir con la dada por el periódico La Bourse Egiptienne, que los cifraba en unos 20 000. <<

[77] No existen cifras exactas para estos meses. La de 900, en AMAE-AB, L2181, E4. La de 1200, en F. Ysart (1973), op. cit. <<

[78] Exactamente 1650 franceses, 490 británicos, 380 polacos, 260 belgas, 210 checos, 130 holandeses, 85 estadounidenses, 78 hispanoamericanos y 310 apátridas. AMAE-AB, L2181,E5. <<

[79] AMAE-AB, L2182, L1. <<

[80] Como lamentaba el gobernador civil de Guipúzcoa a la DGS, con relación al internamiento de unos 1200 extranjeros en diferentes hoteles de Zarauz, Zumaya, Deva y Castona. Las quejas, y el traslado de los internos a Miranda de Ebro, en AMAE-AB, L2181,E2. <<

[81] AMAE-AB, L2182, Ee 11, 12 y 13. <<

[82] AMAE-AB, L2182, E14: 876 de Madrid, 764 de Barcelona, 69 de Arnedillo, 25 de Belascoain, 170 de Figuerido (Pontevedra), 101 de Sobrón, 482 de Urberuaga, 48 de Valdeganga (Cuenca), 61 del balneario de Solán de Cabras, 65 de Orense, 80 de Pamplona, 60 de Murgia. <<

[83] AMAE-AB, L2182, E15. El resto provenían de Alhama de Aragón, Barcelona, Zaragoza, Onteniente (Valencia), Urberuaga, Molinar de Carranza, Pamplona, Lleida, San Sebastián y Madrid. <<

[84] APEI y M. Vivé y R. Vieville (1998), Les évadés de France à travers l’Espagne: guerre 39-45, Ed. des Écrivains, París, pp. 63-69. <<

[85] Como se reconocía en un informe de noviembre de 1943, al año de cumplirse la ocupación alemana de Francia. AMAE-AB, L2182, E7. <<

[1] AMAE-AB, L2181, E5. <<

[2] M. Ros Agudo (2002), op. cit., y L. A. Buñuel (1989), «La génesis del “cerco” internacional al régimen del General Franco (1945-1947)», en Espacio, Tiempo y Forma, serie V, n.º 1, pp. 313-340. <<

[3] AMAE-AB, L2182, E8. <<

[4] Toda esta información, en AGMA-ME, c20 904. <<

[5] Los beneficios de la cantina fueron de 4110,98 pesetas en febrero, de 5511,27 en marzo y de 6828,73 en abril. AGMA-ME, c20 904, C2. <<

[6] AMAE-AB, L2182, E9. <<

[7] AMAE-AB, L2191, E6. <<

[8] AMAE-AB, L2179, E38. <<

[9] AMAE-AB, L2191, E8. <<

[10] AMAE-AB, L2183, E7. <<

[11] AMAE-AB, L2191, E4. <<

[12] De los italianos internos, Botteri: «tiene abandonada a su esposa y dos hijos, es de carácter violento y pendenciero e irrespetuoso y desobediente a la Autoridad y sus Agentes, habiendo hecho caso omiso siempre a los requerimientos que le fueron hechos para que se proveyera de la documentación necesaria para trabajar y residir en España». Capo era fundador «de la revista Pentalfa en la que escribía y fomentaba el desnudismo y tenía un campo de experimentación donde sus partidarios lo practicaban. Estuvo afiliado a la CNT y durante el Glorioso Movimiento Nacional fue un gran propagandista de estas ideas». Girelli «al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional ingresó voluntario en las Brigadas Internacionales con el grado de Capitán. De conducta moral deficiente». Meraviglia «hace vida marital con una mujer de malos antecedentes, habiendo estado recientemente detenido por malos tratos de obra a dos hijos que tiene». Soverini era de las BB. II. Y Suppancich había introducido en Caldas de Malavella «propaganda subversiva, con cuyos marineros entró en contacto de forma clandestina». AMAE-AB, L2191, E8. <<

[13] AMAE-AB, L2182, E5. <<

[14] AMAE-AB, L2191, E9. <<

[15] AMAE-AB, L2183, Ee 6-7. <<

[16] Que, como se ha dicho, coordinaban a diferentes organizaciones: la Society of Friends (cuáqueros), el Unitarians Service Comitee, otros grupos católicos y del Joint Distribution Comitee. <<

[17] AMAE-AB, L2179, E43. Las prisiones eran las de Zaragoza, Ocaña, Linares, Granada, Carabanchel (Alto y Bajo), Ventas, San Isidro, Talleres Penitenciarios de Alcalá, Vitoria, Valencia, Murgia, Málaga, Huelva, Cádiz, Burgos, San Sebastián, así como dos internos en el Destacamento de Cuelgamuros. <<

[18] AMAE-AB, L2181, E7. <<

[19] Hubo quejas por el decomiso de camisas, botas, gorros, 40 estufas eléctricas, una biblioteca con 300 tomos, juegos de cama, guantes, 14 radiorreceptores y 30 gemelos. AMAE-AB, L2179, E39. <<

[20] AMAE-AB, L2179, E38. <<

[21] AMAE-AB, L2179, E39. <<

[22] Los quince primeros rusos, en AMAE-AB, L2192, E7. Varios eran ucranianos en lucha contra la ocupación bolchevique. Los holandeses, en AMAE-AB, L2190, Ee 21 y 22, así como L2192, E1. Los checos, en L2180, E16. Los franceses, en L2190, E6 y L2183, E8. Los belgas, en L2180, E10. <<

[23] Una útil y completa revisión de la historiografía y la historia al respecto, en J. L. Ledesma (2002-2003), «Los fuegos de la liberación: la represión de los colaboracionistas en Francia a finales de la II Guerra Mundial», en Studium, n.º 8-9, pp. 261-302. <<

[24] AMAE-AB, 2183, E9. <<

[25] AMAE-AB, L2181,E7. <<

[26] Entre ellos, Florentin Koester, internado desde 1941 que sufría graves problemas mentales a causa de su larga detención. <<

[27] AMAE-AB, L2192, E17. <<

[28] AMAE-AB, L2190, E6. En septiembre se internó a nueve franceses, y a nueve también en octubre. <<

[29] Como el de Robert Coq, pasado a España por error mientras estaba de vacaciones en los Pirineos en enero de 1946. AMAE-AB, L2183, E9. <<

[30] AMAE-AB, L2181, E8. <<

[31] AMAE-AB, L2191, E10. <<

[32] AMAE-AB, L2192, E4. <<

[33] Había casos particularmente sangrantes entre ellos, como el del refugiado austríaco Ernest Wiener, nacido el 22 de diciembre de 1902, casado y trabajador en España, judío, declarado apátrida con el Anchluss, alistado en el ejército francés, que el 10 de septiembre de 1942, huyendo de los alemanes, pasó a España, siendo internado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). En noviembre y por órdenes de la DGS había sido internado en la prisión de Torrijos, yendo al poco a Miranda de Ebro. Liberado el 31 de marzo de 1943 por apátrida, se trasladó a Barcelona bajo la protección de la UNRA, trayendo incluso a su familia. El 16 de abril de 1945 fue de nuevo solicitado por la DGS y llevado a Nanclares de la Oca, por irregular, contrayendo una grave enfermedad que le impidió trabajar. Recibió luego orden de expulsión, pero pedía poder quedarse en España. <<

[34] AMAE-AB, L2179, E39. <<

[35] Una nota de prensa señaló que el tren había llegado satisfactoriamente a Heilbronn, pero parece ser que no fue así, ya que según indicaba Johannes E. F. Bernhardt a Martín Artajo, le habían comunicado que Karl Heilmann, número uno en la lista de repatriación alemana, habría sido sacado del tren en St. Theres (París) por policías franceses, desconociéndose cualquier otro detalle sobre su paradero. <<

[36] AMAE-AB, L2192, E18. <<

[37] Según Gran Bretaña, en la colonia alemana (unas 12 000 personas) había unos 1400 antiguos oficiales, de los cuales 1065 habían sido listados; 113 habían sido repatriados, y quedaban 952; 492 habían sido listados como agentes, entre otras organizaciones de la Gestapo; 44 habían sido repatriados y quedaban 448; 330 de los 1065 oficiales mencionados se creía que eran también agentes. <<

[38] Con cualquiera de los siguientes requisitos: estar casado con una española, tener hijos de nacionalidad española, llevar más de 20 años residiendo ininterrumpidamente en España o tener edad avanzada o muy delicado estado de salud. <<

[39] AMAE-AB, L2192, E17. <<

[40] Según se denunciaba por parte de la Embajada británica. El General Krahmer, antiguo agregado del Aire alemán, había sido escondido por un oficial del Estado Mayor español, el teniente coronel Diez Villegas. Alfredo Schults Manteola, un agente nazi muy importante en Vigo, había sido sacado de un avión en Barajas el último momento antes de su salida, basándose en su reclamación acerca de que su nacionalidad española debía ser investigada, permitiéndosele volver a Bilbao. Ernst Schultze, un importante agente alemán en Sevilla, había sido puesto en libertad mientras se encontraba detenido en espera de ser repatriado gracias a la intervención del ministro del Aire, González de Gallarza. Bernhard Feuerriegel estaba escondido en una finca del gobernador de Zamora. Además estaban los casos de Vorkauf, Lautenschlager, Llinger, Nemann y Classen, que en el último momento no fueron obligados a repatriarse. Algunos de los alemanes más importantes detenidos en Caldas de Malavella se habían escapado cuando llegaron sus turnos para ser repatriados, entre otros Johann Dumpert, Rudolf von Merode, Horst Muller-Fiedler, Richard Mildenhauer, Edgar Lohse y Herbert Gloss. <<

[41] AMAE-AB, L2192, E17. <<

[42] AMAE-AB, L2181, E8. <<

[43] Ibid. <<

[44] AMAE-AB, L2180, E8. <<

[45] Las cartas de «Las señoras e hijos de los que se encuentran en los campos», en AMAE-AB, L2181, E8. <<

[1] Particularmente escandalizado quedé al leer varias páginas de mi trabajo (J. Rodrigo [2003a], op. cit.), impunemente traspapeladas entre las páginas de E. González (2003), El miedo en la posguerra. Franco y la España derrotada: la política del exterminio, Oberón, Madrid. <<

[2] Los campos de concentración usualmente se han analizado desde una perspectiva en cierta medida homogénea y de larga duración: así, desde el momento en que las masas entran en el juego de la acción política, su represión ha de adaptarse a sus características. Más aún si cabe en procesos abiertos de confrontación bélica, el nacimiento de los primeros campos de concentración se ha puesto en relación usualmente con estrategias bélicas y sociales paralelas que evitasen la intervención de civiles en las guerras, o al menos que, al presionarlos, fuesen un arma para la victoria. <<

[3] De particular interés es el artículo de F. Sevillano Calero (2003), «Consenso y violencia en el “Nuevo Estado” franquista: historia de las actitudes cotidianas», en Historia Social, n.º 46, pp. 159-171. Unas brillantes páginas al respecto, en A. Cazorla (2000), Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953), Marcial Pons, Madrid, pp. 206-207, e id. (2002), «Sobre el primer Franquismo y la extensión de su apoyo popular», en Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos sociales, n.º 8, pp. 303-319. También Á. Cenarro (1998), «Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia como base del “Nuevo Estado”», en Historia Social, n.º 30, pp. 5-22, y G. Sánchez Recio (1999), «Líneas de investigación y debate historiográfico», en id., ed, El primer franquismo (1936-1959), dossier de Ayer, n.º 33, pp. 17-40. <<

[4] AGA-G, c3897. <<

[5] Z. Bauman (1989), Modernity and the Holocaust, Basil Blackwell, Oxford. Bauman reaccionó ante quienes primaban la centralidad del antisemitismo como fundamento para explicar los campos nazis dando mayor importancia a los caracteres de la modernidad. Ayer y hoy podemos encontrar ejemplos en R. Hilberg (2003), The destruction of the European Jews. (3 vols), Yale University Press, New Haven y Londres [1961], Y. Bauer (2001), Rethinking the Holocausto, Yale University Press, New Haven y Londres, o D. J. Goldhagen (1997), Los verdugos voluntarios de Hitler. Los alemanes corrientes y el Holocausto. Madrid, Taurus [1996]. La escuela funcionalista, encabezada por Hans Mommsen, ha criticado siempre estos paradigmas. Véanse I. Kershaw (1991), Hitler, Longman, Londres, R. Gellately (2001), Backing Hitler. Consent and coerción in Nazi Germany, Oxford University Press [trad. española: No sólo Hitler. La Alemania nazi entre la coacción y el consenso, Crítica, Barcelona], y R. Evans (1991), «Ascenso y triunfo del nazismo en Alemania», en M. Cabrera, S. Juliá y P. Martín Aceña, comps. (1991), Europa en crisis. 1919-1939, Fundación Pablo Iglesias, Madrid, pp. 97-118. Es fundamental E. Traverso (2001), La historia desgarrada, Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales, Herder, Barcelona (1997). <<

[6] R. H. Bailey (1995), Prisioneros de guerra I, tomo 35 de La segunda guerra mundial, Time life-Folio, Barcelona, p. 9. Rusos y polacos fueron los prisioneros de guerra que hubieron de soportar mayores brutalidades en los campos nazis. Véase P. Mandaña (1987), Stalag VII A (1940-45). Cinco años prisionero de los nazis, Virgili y Pagés, Lleida. No en vano, incluso en la Inglaterra posbélica (con unos 200 000 prisioneros) y Estados Unidos (unos 425 000) encontramos sistemas de campos destinados a reeducar y utilizar como mano de obra a los prisioneros de guerra alemanes, dentro de la tónica general de desnazificación alemana y europea. Véase H. Faulk (1977), Group captives. The Re-education of German Prisoners of War in Britain, 1945-1948, Chatto Windus, Londres. <<

[7] J. C. Farcy (1995), Les camps de concentration français de la Première Guerre mondiale (1914-20), Anthropos, París; R. Alapuro (1988), State and Revolution in Finland, University of California Press, Berkeley; P. Voglis (2002), Becoming a subject: political prisoners in Greece in the Civil War, 1945-1950, Berghahn Books, Nueva York-Oxford; C. di Sante, ed. (2001), I campi di concentramento in Italia. Dall’internamento alla deportazione (1940-1945), Franco Angeli, Milán; D. Peschanski (2002), La France des camps. L’internement, 1938-1946, Gallimard, París. <<

[8] «One finding which is essential for understanding this entire study is that the POW [Prisoners of War] experience —characterized by starvation diet, poor quality or nonexistent medical care, “death marches”, executions, and torture— has historically been an extremely harsh and brutal experience». Conclusión a la que llegaba la Veterans Administration del Gobierno de Estados Unidos (1980), POW. Study of former prisoners ofwar, Washington D. C., p. 4. <<

[9] Algo que ha tenido un fuerte impacto en la historiografía y la memoria del siglo XX, como recuerda I. Peiró (2004), «La consagración de la memoria: una mirada panorámica a la historiografía contemporánea», en Ayer, n.º 52, en prensa cuando se termina este capítulo. Agradezco a su autor el haberme facilitado una versión casi definitiva. <<

[10] Como queda señalado en el polémico libro de A. S. Rosembaum, ed. (1996), Is the Holocaust unique? Perspectives on comparative genocide, Westview Press, Oxford. Además, como ha señalado un historiador italiano, la centralidad de los campos de exterminio en la historia (y la identidad) europea no excluye el estudio de otros sistemas que, por cierto, «no siempre se limitaron a la rutina dictada por las contingencias bélicas». C. S. Capogreco (1998), Renucci. Un campo di concentramento in riva al tenere (1942-1943), Fondazione Ferramonti, Cosenza, p. 10. <<

[11] Ácidamente explicados por N. G. Finkelstein (2002), La industria del Holocausto. Reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío, Siglo XXI, Madrid [2000]; También E. Traverso (2002c), «La memoria de Auschwitz y el comunismo. El “uso público” de la historia», en Memoria. Revista mensual de política y cultura, n.º 166, disponible en internet en la página web www.memoria.com.mx/166/traverso.htm. Ambos señalan la explosión de los estudios del Holocausto en relación con la Guerra de los Seis Días, y plantean sugerentes cuestiones en relación con el uso público de la Historia y con la generalización del concepto de memoria, de resarcimiento y de víctima. La primera frase, referida a los campos franquistas, la pude leer escrita por el periodista César Vidal como respuesta a una pregunta mía en un diálogo múltiple por internet, en la página www.libertaddigital.com. <<

[12] H. W. Smith, ed. (2002), The Holocaust and other genocides. History, representaron, ethics, Vanderbilt University Press, Nashville, pp. 94-97. <<

[13] Muchos ejemplos lo ratifican. Por ejemplo, H. Kaplan (1994), Conscience and memory. Meditations in a Museum of the Holocaust, University of Chicago Press, Chicago y Londres, p. IX.; A. Milchman y A. Rosenberg (1996), «Two kinds of Uniqueness: the universal aspeets of Holocaust», en R. L. Millen, New perspectives on the Holocaust, New York University Press, Nueva York y Londres, pp. 6-18; el Holocausto es incomparable, para S. T. Katz (1994), The Holocaust in historical context, vol. I, The Holocaust and mass death before the Modern Age, Oxford University Press, Nueva York y Oxford, o para R. S. Wistrich (2002), Hitler y el Holocausto, Mondadori, Barcelona [2001]. Poco ecuánime es el trabajo de L. Weber, ed. (2002), Crónica del Holocausto, Libsa, Madrid. Mejor contextualizado, el de O. Bartov, ed. (2000), The Holocaust. Origins, implementation, aftermath, Routledge, Londres y Nueva York. Para cuestiones como éstas, una buena iniciación es el trabajo de Michael Marrus, del que he utilizado la traducción italiana, M. R. Marrus (1994), L’Olocausto nella storia, Il Mulino, Bolonia. <<

[14] A. J. Kaminsky (1998), op. cit., y sobre todo J. Kotek y P. Rigoulot (2001), Los campos de la muerte. Cien años de deportación y exterminio, Salvat, Madrid [2000]. Así lo reconoce M. del Toro (2003), «El sistema de campos de concentración nacionalsocialista, 1933-1945: un modelo europeo», en C. Molinero et. al., eds. (a), op. cit., pp. 84-100. Para Nolte, el Gulag habría sido fons et origo de Auschwitz. Cit. en D. LaCapra (1998), History and memory after Auschwitz, Cornell University Press, Ithaca y Londres, p. 55, en referencia a E. Nolte (1994), La guerra civil europea, 1917-1945: nacionalismo y bolchevismo, Fondo de Cultura Económica, México. <<

[15] E. Traverso (2002b), El totalitarisme: historia d’un debat, Universidad de Valencia, Valencia. Para las implicaciones de «religiosidad laica», fundamentales a mi juicio a la hora de entender qué significó históricamente el totalitarismo, el excelente trabajo de E. Gentile (2001), Le religioni della política. Fra democrazie e totalitarismi, Laterza, Roma-Bari. Desde el punto de vista de la filosofía, es imprescindible H. Arendt (1974), Los orígenes del totalitarismo, Taurus, Madrid. <<

[16] D. Rousset (1976), L’univers concentrationnaire, Famot, Sevilla (1965). <<

[17] A partir de 1916 se contaban centenares de ellos, no sólo en Europa. En 1915 había ya solamente en Alemania más de 600 000 prisioneros. <<

[18] A fuerza de resumir una bibliografía inmensa, para la violencia nazi véase J. Noakes (1987), «Orígenes, estructura y funciones del terror nazi», en N. O’Sullivan ed., Terrorismo, ideología y revolución, Alianza, Madrid, pp. 91-114, y E. Traverso (2002a), op. cit. Para la «normalidad» de la misma, una perspectiva amplia en M. Mazower (2001), La Europa negra. Desde la Gran Guerra hasta la caída del comunismo, Ediciones B, Barcelona [1998]. Sobre sus implicaciones morales T. Todorov (1996), Facing the extreme. Moral life in the concentration camps, Metropolitan Books, Nueva York e id. (2002), Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX, Península, Barcelona (2000). <<

[19] E. Kogon (1965), Sociología de los campos de concentración, Taurus, Madrid [1946]. Véase también algunos de los trabajos recopilados en N. Levi y M. Rothberg, eds. (2003), The Holocaust: theoretical readings, Edinburgh University Press, Edimburgo. Asimismo, E. J. Hobsbawm (1995), Historia del siglo XX. 1914-1991, Crítica, Barcelona, y G. L. Mosse (1996), Il fascismo. Verso una teoría generale, Laterza, Roma-Bari [1980]. <<

[20] Una perspectiva temprana al respecto la ofrecieron D. J. Dallin y B. I. Nicolaevsky (1948), Forced labor un Soviet Russia, Hollis & Carter, Londres, en particular pp. 157-158. Asimismo, E. Bacon (1994), The Gulag at usar. Stalin’s forced labour system in the light of the archives, Macmillan, Londres, pp. 42-63. <<

[21] Véanse, a modo de sucinto resumen de una problemática amplísima, T. Todorov (2000), Los abusos de la memoria, Paidós, Barcelona [1994]; J. Le Goff (1991), El orden de la memoria. El tiempo como imaginario, Paidós, Barcelona [1977]; T. Todorov (2002), Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX, Península, Barcelona; J. Fentress y C. Wickham (1992), Social Memory, Blackwell Publishers, Oxford; J. M. Ruiz-Vargas, comp. (1997), Claves de la memoria, Trotta, Madrid; A. Alted, coord. (1995), Entre el pasado y el presente. Historia y memoria, UNED, Madrid; P. Ricoeur (2003), La memoria, la historia, el olvido, Trotta, Madrid; J. Winter y E. Sivan (1999), «Setting the framework», en id., eds., War and remembrance in the Twentieth Century, Cambridge University Press, pp. 6-39. Y, por supuesto, la última y completa edición de M. Halbwachs (1997), La mémoire collective, Albin Michel, París. <<

[22] E. J. Hobsbawm y T. Ranger (1984), The invention of tradition, Cambridge University Press. Las premisas teóricas de este trabajo estaban ya, sin embargo, en buena medida presentes en G. L. Mosse (1974), The nazionalitation of the masses. Political symbolism and mass movements in Germany from the Napoleonic Wars through the Third Reich, Howard Ferting, Nueva York. <<

[23] P. Aguilar (1996), Memoria y olvido de la guerra civil española, Alianza, Madrid. <<

[24] P. Preston (1994), op. cit., passim: a lo largo de la obra, son puestas en evidencia las valoraciones propagandísticas sobre la figura de Franco. <<

[25] D. Sueiro (1989), El valle de los Caídos, Argos-Vergara, Barcelona. <<

[26] P. Ysàs (2004), Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Crítica, Barcelona. <<

[27] A. Barahona, P. Aguilar y C. González, eds. (2002), Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, Istmo, Madrid, p. 44. Para los diferentes modelos de transición democrática, pp. 41-44. P. Aguilar (2004), «Presencia y ausencia de la guerra civil y del franquismo en la democracia española. Reflexiones en torno a la articulación y ruptura del “pacto de silencio”», en J. Aróstegui y F. Godicheau, eds., Memoria e Historiografía de la guerra civil (1936-1939), Marcial Pons, Madrid. S. Juliá (2003), «Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición», en Claves de razón práctica, n.º 129, pp. 14-24. <<

[28] D. Páez, J. Valencia, N. Basabé, K. Herranz y J. L. González (2000), «Identidad, comunicación y memoria colectiva», en A. Rosa, G. Bellelli y D. Bakhurst, eds., Memoria colectiva e identidad nacional, Biblioteca Nueva, Madrid, pp. 385-412. <<

[29] Me refiero a V. Navarro, en su contribución a E. Silva et. al, eds. (2004), La memoria de los olvidados. Un debate sobre el silencio de la represión franquista, Ámbito, Valladolid, donde resume parte de su obra: V. Navarro (2002), Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, Anagrama, Barcelona. <<

[30] T. Todorov (2002), op. cit., p. 147. <<

[31] Con un título tan llamativo como Salvar la memoria. Una reflexión sobre las víctimas de la guerra civil, el padre Ángel David Martín Rubio (1999, Fondo de Estudios Sociales, Badajoz) pretende contribuir a evitar que «con el silencio, la marginación y la manipulación» se cree una «nueva versión» de la propia vida —y, no lo dice, de lo aprendido en la escuela nacionalcatólica— de muchos españoles (p. 12). Es significativo que tras este título se amparen las categorías analíticas sobre la violencia en la guerra civil española ya empleadas por la historiografía reconocidamente alegórica del franquismo, puesto que a su juicio, una contramemoria estaría engullendo a la compartida por los vencedores. Se trata, por tanto, del mejor ejemplo posible para demostrar la necesidad de seguir los pasos señalados por Todorov: si el recuerdo compartido no tiene una base de realidad y se fundamenta en estereotipos identitarios útiles para el presente, se estará delante de una falsa memoria. <<

[32] Un repaso, en P. Preston (1997), op. cit, en particular el capítulo «Venganza y reconciliación: la guerra civil española y la memoria histórica». <<

[33] Lo cual ha planteado debates en la profesión historiográfica que han trascendido sus mismos límites. Paul Ricoeur hablaría, al respecto, del «deber de la memoria» y señalaría que «cuando el historiador es confrontado con lo horrible, figura límite de la historia de las víctimas, la relación de deuda se transforma en deber de no olvidar». P. Ricoeur (2003), op. cit., pp. 118-124. <<

[34] En expresión de I. Saz (2004), «El pasado que aún no debe pasar», en id., Fascismo y franquismo, Universitat de València, pp. 277-291. <<

[35] L. Roldán (2000), Militares de la República. Su segunda guerra civil, Vosa, Madrid. <<

[36] P. Nora (1998), «La aventura de les lieux de mémoire», en J. Cuesta, ed., Memoria e historia, dossier de Ayer, n.º 32, pp. 17-34, para una explicación del propio creador del concepto. <<

[37] Véase I. Engelhardt (2000), A topography of memory: Representations of the Holocaust at Dachau and Buchenwald in comparision with Auschwitz, Yad Vashem and Washington D. C., tesis doctoral dirigida por Luisa Passerini, Instituto Universitario Europeo, San Domenico di Fiesole. En este trabajo Engelhardt introduce una diferencia interesante: los memoriales no son memoria colectiva (collective) sino colectada (collected); E. Traverso (2001), op. cit.; A. Huyssen (1997), «Monument and memory in a Postmodern age», en J. A. Young, ed., The art of Memory: holocaust memorials in History, Prestel-Verlag, Munich-Nueva York; C. Koonz (1994) «Between memory and oblivion: concentration camps in German memory», en J. R. Gillis, ed., Commemorations. The politics of national identity, Princeton University Press, Nueva Jersey, pp. 258-280; D. LaCapra (1998), op. cit.; L. Passerini, ed. (1992), Memory and Totalitarianism, Oxford University Press. <<

[38] A. Blanco (1997), «Los afluentes del recuerdo: la memoria colectiva», en J. M. Ruiz-Vargas, comp., op. cit., pp. 83-105, cf. p. 95. <<

[39] En este aspecto, véase el estimulante trabajo de A. Forty y S. Küchler, eds. (1999), The Art of forgetting, Berg, Oxford-Nueva York. <<

[40] A. Reig Tapia (2003), «El recuerdo y el olvido. Los lugares de la memoria del franquismo», en A. Bedmar, coord., Memoria y olvido sobre la guerra civil y la represión franquista, Ayto. de Lucena, p. 73. <<

[41] E. Romero (2001), Itinerarios de la guerra civil. Guía del viajero curioso, Alertes, Barcelona. Para compararlo con los memoriales del Holocausto, J. E. Young (1993), The texture of memory. Holocaust memorials and meaning, Yale University Press, New Haven y Londres, en particular pp. 2-15; G. H. Hartman, ed. (1994), Holocaust remembrance: the shapes of memory, Oxford University Press o, para el caso americano, A. Mintz (2001), Popular culture and the shaping of Holocaust memory in America, University of Washington Press, Seattle y Londres. <<

[42] La más completa relación de obras ejecutadas por mano de obra penada, en G. Acosta, J. L. Gutiérrez, L. Martínez y Á. del Río (2004), op. cit., pp. 102-103. <<

[43] Según los han llamado Claude Lanzmann (non-lieux de mémoire) o Dominick LaCapra (trauma sites). <<

[*] Con mi agradecimiento a Enzo Traverso y a José Luis Ledesma, por la lectura y críticas al capítulo de mi tesis doctoral origen de esta, ahora, introducción. <<

[*] Para la realización de este capítulo, donde tantas horas de entrevistas adquieren forma y sentido, he contado con la ayuda inestimable de Pilar de Miguel en las transcripciones. Un trabajo siempre duro y mal pagado que merece, como mínimo, mi más profundo agradecimiento. <<

[*] Abastec.: Abastecimiento. Ce.: Carreteras. Jef.: Jefatura. Lev.: Levante. M.: Minero. S.: Servicio. <<