En contra de la triunfalista propaganda oficial, el Régimen político surgido de la Transición es en realidad una democracia de muy baja calidad, un Sistema de Acceso Restringido dominado por los privilegios, la corrupción, el caciquismo, el intercambio de favores y las barreras a la participación, que se encuentra actualmente en avanzado proceso de descomposición. Ésta es la tesis que mantienen Javier Benegas y Juan M. Blanco en este trascendente libro que marca un hito en el análisis institucional de los graves fallos de diseño del Régimen político español. Con un enfoque novedoso y un ritmo trepidante, el texto permite al lector abordar los capítulos en el orden que crea más conveniente.

Según los autores, España tiene futuro, pero necesita urgentemente una catarsis, una profunda reforma política que establezca la separación de poderes y los controles sobre el poder político, una regeneración completa de la vida pública que reinstaure los fundamentos de la democracia clásica y la representación directa, y unas trasformaciones que devuelvan la dignidad, la voz y la capacidad de decisión a quienes siempre debió corresponder: los ciudadanos y la sociedad civil.

Javier Benegas & Juan M. Blanco

Catarsis

Se vislumbra el final del Régimen

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Titivillus 08.12.2019

Título original: Catarsis

Javier Benegas & Juan M. Blanco, 2013

Diseño de cubierta: Javier Benegas & Juan M. Blanco

Editor digital: Titivillus

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A Celia, Alejandro y Gonzalo

«Si los hombres fueran ángeles, no haría falta gobierno. Si los gobernantes fueran ángeles, ningún control, externo o interno, sobre los gobiernos sería necesario. La gran dificultad para diseñar un gobierno de hombres sobre hombres estriba en que, primero, debe otorgarse a los dirigentes un poder sobre los ciudadanos y, en segundo lugar, obligar a este poder a controlarse a sí mismo. No cabe duda que depender del voto de la gente constituye un control primario sobre el gobierno, pero la experiencia enseña a la humanidad que son necesarias precauciones adicionales.»

James Madison

Por una salida liberal y democrática a los problemas de España

El domingo 5 de mayo, el diario de la progresía neoyorquina The New York Times hablaba en su portada de la corrupción en España, afirmando que nuestros jueces investigan en la actualidad a «casi un millar de políticos, que van desde alcaldes de pequeños pueblos hasta ex ministros del Gobierno». Aunque el rotativo aseguraba que España «no es en absoluto el país más corrupto de Europa», también apuntaba que «lo peor está por llegar». Para NYT, la corrupción en España «es el resultado de una estructura política que deposita un enorme poder en manos de las autoridades locales, muchas de las cuales pueden otorgar contratos o terrenos con poca o ninguna consulta». Un análisis pobre y simplista del fenómeno de la corrupción en España, como, salvo honrosas excepciones, es norma en los grandes medios de comunicación extranjeros cuando hablan de nuestro país, que nada dice al español medio, y mucho menos a quienes ya hace tiempo dimos en calificar a esta noble, vieja, maltratada España como de «Estado de Corrupción».

Lo relevante de la cita del NYT es que viene a poner en evidencia que el cáncer español de la corrupción ha traspasado fronteras y hoy es moneda de curso legal que devalúa el buen nombre de España, daña su reputación y obstaculiza las normales relaciones comerciales de tanto honesto empresario español como trata de abrirse paso por el ancho mundo, siempre solo, siempre de espaldas a esos prestidigitadores de la «marca España» que primero corrompen dentro, o por lo menos consienten, y luego pretenden lavar imagen fuera a base de invertir montones de dólares, dinero generalmente salido del erario público. ¿Corrupción? Hay en España una especial, peculiar, genuina forma de corrupción de la que nunca he oído hablar y que siempre me llamó la atención a lo largo de mis casi 40 años de ejercicio de la profesión periodística. Me refiero al «miedo a hablar» de los poderosos —incluidos los antaño llamados «intelectuales»—, entendido ese miedo como negativa a opinar, aconsejar, censurar, incluso alabar, por ejemplo, la labor del Gobierno de turno, el acierto o desacierto de las políticas económicas, el éxito previsible o el fracaso esperable de las políticas educativas, la vigencia y utilidad de las leyes, y tantas otras cosas.

Un espeso silencio, un muro infranqueable se cierne sobre aquel periodista que pretenda pedir una opinión a un gran empresario sobre cualquier cuestión de actualidad que entrañe el menor riesgo de colisión con el poder político establecido. El resultado es que los medios de comunicación españoles, de papel o de internet, están llenos de referencias a unas genéricas «fuentes», incluso a veces «bien informadas», que antes de opinar reclaman el anonimato como condición sine qua non. Fenómeno éste típicamente español, al punto de que es casi imposible encontrar en nuestros medios una afirmación entrecomillada sostenida por Fulano de Tal, con nombre y apellido. ¿Casualidad? No, sin duda. Es la Epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos del gran Quevedo: «¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?». Es, de nuevo, ese franquismo sociológico inoculado en el inconsciente colectivo del español con posibles, a veces incluso sin ellos, según el cual es mejor estar callados y no levantar la cabeza porque cualquier francotirador de la Administración te la puede volar sin previo aviso. En España se habla a calzón quitado en la intimidad, cómo no, o en los cenáculos de muchos tenedores. Nunca dando la cara, arrostrando un riesgo, por mínimo que sea, dando ejemplo.

En el paraíso del favor en que se ha convertido nuestro país, en la lóbrega bodega del silencio cómplice, del hoy por ti mañana por mí, de la ausencia de separación entre lo público y lo privado, en la España acostumbrada a burlar las leyes o a bordearlas ante la indiferencia o el beneplácito de los encargados de defender su vigencia, casi todos los protagonistas de nuestra vida pública, económica y política tienen alguna cuenta pendiente con la Ley o podrían tenerla, de modo que lo adecuado es ser prudentes y vivir escondidos, callados, acogotados, alejados de los focos. Hay un fenómeno que me ha llamado poderosamente la atención en los últimos días y que avala esta tesis: salvo un puñado de nombres conocidos que seguramente no llegan a 10, la inmensa mayoría de los apellidos aparecidos en la primera entrega de la famosa lista Falciani (españoles con cuenta en la sucursal de Ginebra, Suiza, del HSBC) son completamente desconocidos no ya del gran público, sino del periodismo especializado madrileño. Sin embargo, todos son notables fortunas, hechas en esa zona de sombra a la que no llegan los medios, lo cual no quiere decir que sean ilegales. Es sencillamente un reconocimiento explícito de que en España es mejor trabajar y prosperar en silencio que hacerse notar. Es la otra vertiente del «miedo a hablar». Es también el miedo a la libertad.

Quienes no tienen más remedio que hablar son los empresarios colocados en la cúpula de nuestras grandes corporaciones. ¿Y cómo afronta el riesgo de hablar en público, de opinar, de pensar en voz alta, este reducido grupo de valientes? Pues digámoslo claramente: «dando de comer» a los medios de comunicación, en la mejor tradición de aquella Carmencita Franco que en vida de su padre hablaba francamente de «echar de comer a los periodistas». Es uno de esos secretos a voces que deberían avergonzarnos como demócratas y que hablan mejor que mil discursos de la pobre calidad de nuestra democracia: la libertad de expresión en España está hoy a merced del humor de siete grandes empresas, industriales y bancarias, a lo sumo diez, lo más granado del índice Ibex 35, que son las que financian a la práctica totalidad de los medios de comunicación. En este sentido, la concentración de poder económico que, consentida y alentada por el poder político de turno, se ha venido operando en nuestro país no ha podido resultar más dañina para una libertad básica como es la de transmitir información libre y veraz.

Si recordamos esa especie de mantra que con acierto sostiene que unos medios de comunicación libres e independientes y una Justicia igualmente libre e independiente, además de eficaz, son las muletas que permiten caminar a toda democracia digna de tal nombre, llegaremos enseguida a la conclusión de que lo nuestro, el régimen salido de la Transición, es apenas un remedo de democracia, un triste apaño que, cierto, garantiza libertad, seguridad y propiedad —lo cual no es poco, dicho sea de paso—, pero que mantiene a los ciudadanos —al margen de permitirles expresar cuatrienalmente opinión en las urnas— alejados y ajenos a la labor de gobierno, porque gobernar se ha convertido en un asunto exclusivo de las elites políticas —el famoso turno derecha/izquierda redivivo del régimen de la Restauración canovista—, en estrecha alianza con las elites financieras, y con la guinda del rey Borbón coronando el pastel. Todos ellos laburando pro domo sua. Régimen de Corrupción.

Nadie con sentido común puede dudar a estas alturas de que la salida política que nos dimos a la muerte del general Franco fue un enorme triunfo de la convivencia, un triunfo del empeño de millones de españoles por enterrar los cuchillos cachicuernos con los que, años atrás, nos hubiéramos perseguido con saña por las cunetas del desolado páramo español. La fórmula que nos dimos para abordar el futuro, la Constitución de 1978, llevaba en su seno, sin embargo, el estigma de una degeneración acelerada —Felipe González le asestó ya en los ochenta una puñalada mortal al acabar de un plumazo con la independencia de la Justicia—, situación normal si tenemos en cuenta que su diseño fue el resultado de un pacto con fórceps entre la derecha heredera del franquismo, el socialismo republicano desaparecido durante la dictadura y los partidos nacionalistas catalán y vasco, con la guinda de la Monarquía juancarlista por encima y el apoyo de las elites empresariales y financieras enriquecidas a la sombra de Franco. Un acuerdo tendente a asegurar la convivencia, desdeñando la libertad. Una prueba empírica de la dificultad de construir una democracia sin demócratas.

A principios de los noventa ya estaba claro que el traje de esa Constitución se había quedado pequeño para el cuerpo social hispano, porque las demandas de participación en la res publica y las ansias de mejora en el funcionamiento de las instituciones que reclamaba la sociedad española le tiraba por la sisa a esa camisa de fuerza que las elites herederas del sistema se empeñaban en mantener contra viento y marea. La crisis económica del 92/93, que ya era también política en tanto en cuanto la semilla de la corrupción estaba dando sus primeros perversos frutos, debió de servir de advertencia sobre la necesidad de proceder, sin la amenaza de golpe militar que tanto condicionó en 1978 la redacción de la Carta Magna, a un alicatado hasta el techo de nuestra Constitución, para adecuarla a las demandas de democracia real que tantos sectores ya reclamaban. Lo pudo hacer José María Aznar al frente de una derecha democrática condenada a convertirse en abanderada de las reformas si quiere mantenerse en el poder. Lo pudo hacer con todo a favor durante la mayoría absoluta de su segunda legislatura. Dilapidó lastimosamente ese caudal, porque el personaje demostró la calidad del paño que guardaba su armario de franquito reconvertido.

Tras él llegó —y con una tragedia como la del 11-M de por medio— un personaje tan peculiar como Rodríguez Zapatero y, con él, el caos se hizo carne y habitó entre nosotros. En secreto y de espaldas al pueblo soberano, el líder socialista empeñó un apoyo incondicional a una reforma del Estatuto catalán de tono abiertamente confederal que muy poca gente reclamaba en Cataluña y que abrió la caja de los truenos autonómica. Como dice el profesor Sosa Wagner (El Estado fragmentado),

nunca debió iniciarse el banquete estatutario sin un acuerdo previo de todos los comensales, y menos hacerlo movido por exigencias coyunturales de apoyos políticos y parlamentarios […] Que un extremo geográfico de España quiera arreglarse su «asunto» de forma individual y de la manera que le resulte más rentable, forma parte de las humanas ambiciones y del cabildeo político local, pero que esa actitud se respalde por quienes representan al Estado en su conjunto es una manifestación de ligereza cuyo exacto alcance el futuro irá desvelando poco a poco.

Ya lo ha desvelado. En lugar de plantear un debate a fondo sobre las grandes cuestiones nacionales, debate destinado a frenar las ansias de las elites nacionalistas, cohesionar la nación y devolver al Estado competencias que nunca debió perder, Zapatero, todo liviandad e irresponsabilidad, propuso a los españoles el gato por liebre de la reinterpretación de nuestra Historia reciente, la igualdad entre sexos, los derechos de los homosexuales, la Alianza de Civilizaciones y el cierre de la capa de ozono, entre otras baratijas de una época sin ideología, todo ello sazonado con una mezcla de relativismo moral, improvisación frívola y sectarismo difícilmente superable. La responsabilidad del líder socialista en la profunda crisis de valores que hoy aqueja a la sociedad española es inmensa, en tanto en cuanto su acción de gobierno estuvo encaminada a dinamitar esos principios liberales empeñados en ensalzar la responsabilidad individual y el valor del esfuerzo y el trabajo bien hecho, amén de la asunción del riesgo empresarial. Los años de Zapatero vinieron, por el contrario, a exaltar lo fácil, lo liviano, lo divertido, lo no comprometido, lo superficial, lo vago. Su herencia, y la del propio PSOE, tras siete años largos de Gobierno, no pudo ser más atroz: crisis de valores, ruptura de la unidad de España y ruina económica.

Demasiada carga, pesada herencia para un conservador de provincias como Mariano Rajoy Brey. Dice Paul Johnson en Tiempos Modernos que «la tragedia principal de la historia del mundo en el siglo XX es que tanto Rusia como Alemania hallaron sucesivamente en Lenin y Hitler adversarios de un calibre excepcional, que expresaron su férrea voluntad de poder con una intensidad nunca vista en la época contemporánea». El resultado de dicha «excepcionalidad» fueron muchos millones de muertos. Mutatis mutandis, la tragedia de España es que, con el Régimen salido de la Transición a punto de exhalar su último aliento, víctima del tironeo inmisericorde de los nacionalismos, el desprestigio de las instituciones —empezando por la propia Monarquía—, la corrupción galopante, la crisis de valores y la ruina económica, la tragedia, repito, es que, al borde del precipicio, España se ha topado con liderazgos tan débiles, tan carentes de «stamina», tan poco ejemplares como los de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Que, en semejante situación de agotamiento del modelo, la discusión pública, el debate sobre la superación de la aguda crisis política e institucional que padece el país, esté enterrado bajo las siete capas del déficit público y demás topics economicistas es buen reflejo de la determinación de nuestras elites políticas y económico-financieras por mantener a cualquier precio el statu quo de un modelo periclitado. Pero España es un gran país, un país que exporta y exhibe por el ancho mundo una legión de buenos, magníficos, sobresalientes arquitectos, ingenieros, investigadores, médicos, deportistas, especialistas de toda clase y condición, gente que diariamente nos recuerda dentro y fuera de nuestras fronteras que, en contra del tópico monserga, España no se merece la clase política que nos gobierna.

Obvio me parece decir que creo muy sinceramente que la solución a los problemas de España está en manos de los españoles. Nadie podrá ponerle puertas al campo de un cambio que se producirá de forma natural y por la simple trasposición de las leyes de la física al terreno de la política y las relaciones humanas. Todo dependerá de que una mayoría de españoles apueste de forma decidida por la apertura de ese proceso constituyente capaz de dotar a las nuevas generaciones de un horizonte de convivencia en paz y prosperidad, bajo el imperio de una Ley igual para todos y de una democracia digna por fin de tal nombre.

De eso va el libro que tengo el placer de prologar y que el lector tienen entre sus manos: de encontrar la salida al laberinto en el que unos pocos años de esperanza y muchos más de desencanto y frustración han conducido a esta nuestra querida España. Javier Benegas y Juan Manuel Blanco, columnistas de Vozpopuli, han escrito el que, en mi opinión, es uno de los ensayos más lúcidos que sobre la crisis española se han redactado en mucho tiempo. Bien escrito, maravillosamente escrito, con un ritmo trepidante que, además, tiene la virtualidad de poder ser abordado por cualquiera de sus partes o capítulos. Lo mejor, con todo, es que, en un ejercicio de honestidad intelectual difícil de encontrar por estos pagos, Benegas y Blanco no se han limitado a relatar en un lenguaje fluido las desgracias que acontecen en la rúa, no, sino que han tenido el valor de adentrarse en el mucho más proceloso océano de proponer y plantear soluciones a los problemas que denuncian. No está de más decir que para los que hacemos diariamente Vozpopuli es un honor y una satisfacción tenerles semanalmente con nosotros. Decir, también, que hacemos fervientes votos por que este texto, inquietante en tantas cosas, a la vez esperanzado y siempre brillante, que sin duda contribuirá a enriquecer el debate español, sirva, en fin, de faro o guía para un medio de comunicación, vozpopuli.com, igualmente empeñado, vocacionalmente implicado, en una salida liberal y democrática a la crisis y los problemas de España.

Jesús Cacho

Madrid, 7 de mayo de 2013

INTRODUCCIÓN

Un libro para leer en cualquier orden

Querido lector:

El libro que tiene en sus manos, o en su pantalla, no es un texto al uso. Si lo está leyendo en la cama, finalizada su jornada y a punto de comenzar su merecido descanso, quizá no le reporte esa fantástica utilidad que prestan muchos ensayos: ayudar a conciliar el sueño. Hemos puesto todo nuestro empeño para que la lectura resulte amena, cómoda y, sobre todo, flexible y adaptada a sus gustos y necesidades. Es posible avanzar por las páginas siguiendo el orden numérico de los capítulos. Pero también, puede usted componer su propia trayectoria, sumergiéndose en la lectura al albur de sus impulsos, gustos y preferencias. No tema, debido a que cada capítulo tiene un carácter autocontenido, no necesitará el conocimiento previo de los anteriores para mantener en todo momento el hilo argumental. Siéntase libre para comenzar por la parte que más atraiga su interés o por el capítulo con título más sugestivo. Saltar adelante y atrás o componer su propia rayuela es precisamente lo que se espera de los lectores.

Aunque cada capítulo trata un tema distinto, existen ideas conductoras que se encuentran presentes en todos ellos. El Régimen político español surgido de la Constitución de 1978, que fue vendido como una democracia avanzada, adolece de tan graves defectos que no pasa de ser una democracia de muy baja calidad. Se trata de un sistema cerrado, dominado por una clase política y unos grandes empresarios que actúan en connivencia para establecer trabas a los competidores y repartirse las correspondientes rentas dentro de un marco profundamente corrupto, que desincentiva la competencia, el mérito y el esfuerzo. Los partidos políticos vaciaron de contenido las instituciones, desmontaron los necesarios controles sobre el poder y blindaron sus privilegios mediante el control de la opinión pública y de los medios de comunicación.

En lugar de establecer un Sistema de Libre Acceso en la política y la economía, un entorno en el que primase el imperio de la ley, la igualdad de oportunidades, las instituciones neutrales, el trato impersonal o un sistema político caracterizado por el equilibrio de poderes, la Transición política dio lugar a un Sistema de Acceso Restringido, dominado por las relaciones de tipo personal, los privilegios, el intercambio de favores y las barreras a la participación. En términos más coloquiales, el «enchufe» tuvo preeminencia sobre la valía personal y la sólida formación: «es menos importante lo que conozcas que a quién conozcas».

Como consecuencia de los graves defectos de diseño, el sistema ha desembocado en una profunda crisis política, económica y social, que amenaza con reventar las costuras de las endebles instituciones. El Régimen toca a su fin, aunque sea imposible vaticinar fechas y calendarios.

El libro analiza los graves males de la política española, explicándolos paso a paso e insistiendo en ellos a lo largo de los 61 capítulos. Pero no se limita a enumerar problemas o a ejercer una estéril crítica: propone también las oportunas reformas que conducirían a un sistema moderno, abierto, participativo y eficiente.

Estructura del libro

El prefacio narra un caso real, una inoportuna llamada telefónica que ilustra la difuminada y traspasable línea que separa lo público de lo privado, los opacos apaños entre políticos y grandes empresarios que caracterizan el Régimen español. La primera parte del libro desmonta esa arraigada creencia de que los males de España son consustanciales al particular carácter de nuestra cultura. El origen de los problemas no se encuentra en las personas, sino en un incorrecto diseño de unas instituciones carentes de controles eficaces y creadoras de incentivos incorrectos. La segunda parte analiza el Régimen político español salido de la Transición, la nefasta elaboración de la Constitución de 1978, la ausencia de separación de poderes o el absurdo e inútil funcionamiento del Parlamento. La tercera describe la lamentable clase política que fue creándose al calor del aciago marco institucional. Corruptos, oportunistas, ignorantes o aprovechados son arquetipos dominantes en la muy mejorable casta política española.

La cuarta parte estudia la manipulación informativa que el poder ha venido ejerciendo desde el comienzo del Régimen, exponiendo esa abierta traición y vergonzante autocensura de intelectuales y periodistas, que renunciaron a su papel de conciencia crítica de la sociedad y colaboraron por acción u omisión con el poder establecido. Mientras la quinta parte analiza el control social, ideológico y burocrático que ha ejercido el Régimen, la sexta denuncia el carácter cerrado de nuestro sistema político y económico, dominado por ese pacto tácito entre clase política y ciertos grupos empresariales para repartirse el poder y las rentas, restringiendo la competencia económica y política. La séptima disecciona la naturaleza de la generalizada corrupción en España, muy bien organizada por los partidos, sus mecanismos de actuación, su estrecha conexión con una intencionada complejidad legislativa y sus graves consecuencias económicas y sociales.

La octava parte ofrece una descripción crítica del Sistema Autonómico, uno de los más potentes dogmas del Régimen, su caótica y ruinosa estructura y su degeneración en un caciquismo de nuevo cuño. La novena parte rompe un arraigado tabú, analizando sin medias tintas ni autocensuras el papel de la Corona. Se señala, así, el poco ejemplar comportamiento de un Rey que no cumplió correctamente ninguno de sus papeles y las oscuras perspectivas de continuidad para la Monarquía. La décima explica los factores que llevaron a la profunda crisis económica actual, haciendo especial hincapié en las nefastas decisiones políticas del pasado. La undécima parte señala el previsible final del sistema político surgido en la Transición, proponiendo las salidas y soluciones que los autores consideran más adecuadas. Finalmente, el epílogo hace una llamada a la movilización ciudadana en pos de la libertad y la dignidad perdidas.

Un Régimen de mentiras y tabúes

Como todo sistema cerrado, el Régimen de 1978 construyó sus propios mitos y mentiras, creando terribles tabúes para que nadie osara exponer abiertamente la verdadera naturaleza de las cosas. Este libro pretende denunciar estas falsedades y manipulaciones, rompiendo abiertamente los tabúes.

¿Sabía usted que la Transición política distó mucho de aquel modélico proceso que vendió la propaganda oficial? ¿Que la Constitución Española se elaboró básicamente en beneficio de los partidos políticos presentes en el pacto y no en interés de los ciudadanos? ¿Que fue producto de multitud de apaños y componendas y que, ante la imposibilidad de cerrar acuerdos sobre puntos fundamentales, se redactó de manera ambigua e incoherente, al albur de futuras transacciones entre partidos? ¿Que la separación y el equilibrio de poderes, elementos fundamentales de la democracia, desaparecieron con prontitud, estableciéndose un régimen que puede denominarse «partitocracia»? ¿Que la mayor parte de las instituciones que teóricamente son independientes sólo funcionan de manera formal pues en realidad se limitan a ratificar lo que ya han decidido los partidos?

¿Sabía usted que, aunque la Constitución garantizó ciertas libertades, la participación política se encontró sometida a enormes barreras, creándose una casta cerrada de políticos profesionales? ¿Que los mecanismos de selección de los gobernantes son perversos y tienden a llevar al poder a personas insuficientemente preparadas y poco honradas? ¿Sabía que los partidos acordaron tácitamente un sistema de corrupción organizada para repartirse los ingresos por comisiones ilegales que se obtienen desde el poder? ¿Que la mayor parte de las contratas por obras o servicios tienen un precio enormemente inflado, que incluye el importe de sustanciosas comisiones? ¿Que los contratos públicos se adjudican de manera arbitraria a empresas que se encuentran en connivencia con los gobernantes?

¿Sabía usted que el Rey nunca cumplió adecuadamente su papel de árbitro y moderador de las instituciones contemplado en la Constitución? ¿Que se ocupó preferentemente de sus asuntos privados, utilizando para ello los servicios del Estado? ¿Que, en contra de la imagen de un monarca sin facultades ejecutivas, Juan Carlos utilizó los servicios secretos españoles con fines privados, elevó a una buena amiga a representante oficiosa de España y colocó a familiares en puestos bien remunerados de grandes empresas privadas? ¿Que la prestigiosa revista Forbes calcula al Rey una fortuna de 1.800 millones de euros a pesar de que Juan Carlos carecía de patrimonio cuando llegó a España? ¿Sabe usted lo qué vendía realmente Iñaki Urdangarin para que multitud de entidades públicas y privadas le pagasen millones de euros sin contraprestación aparente?

¿Sabía usted que el Sistema Autonómico se desarrolló de manera improvisada y caótica generalizándose el traspaso de competencias cuando los partidos descubrieron que se multiplicaban los cargos a repartir entre sus miembros? ¿Que las Autonomías han creado una estructura administrativa y burocrática monstruosa, dirigida a colocar a sus simpatizantes y amigos? ¿Que los Gobiernos autonómicos han promulgado más de cien mil leyes, normas y regulaciones imposibles de cumplir en su totalidad, que limitan el establecimiento de nuevas empresas, entorpecen la creación de empleo y rompen la unidad del mercado interior? ¿Que se ha creado un nuevo caciquismo comparable al que existió en la segunda mitad del siglo XIX en España?

¿Sabía usted que los partidos han controlado férreamente los medios de comunicación públicos y privados utilizándolos como instrumento de propaganda? ¿Que la prensa ha vivido de subvenciones, publicidad institucional y concesiones, y que destacados periodistas reciben favores, e incluso sobres, de los partidos? ¿Que ha existido una enorme autocensura por parte de muchos periodistas e intelectuales por temor a ser señalados con el dedo si contaban lo que realmente ocurría?

¿Sabía usted que, en contra de lo que intentó vender la propaganda, nunca hubo en España manifestaciones de millones de personas? ¿Que a duras penas alguna manifestación pudo alcanzar las cien mil? ¿Que las cifras siempre fueron manipuladas por el poder?

Si todas sus respuestas han sido afirmativas, este libro suscitará menos curiosidad morbosa, pero le resultará igualmente interesante, pues no se limita a narrar los acontecimientos: procede siempre a analizar las causas de los problemas y a proponer algunas soluciones.

Hemos vivido varias décadas en un mundo de «Matrix», aceptando a pies juntillas muchas mentiras, falsedades y manipulaciones. La sociedad española mostró durante años una actitud demasiado tolerante ante la arbitrariedad y el abuso, ambos disfrazados de un nefasto paternalismo. Pero, como ocurre tantas veces en la historia, la etapa toca a su fin. Mientras la crisis económica descubría con crudeza las endebles bases del sistema económico, el surgimiento de algunos diarios digitales mucho menos dependientes del poder, entre los que desempeña un papel destacado Vozpopuli de Jesús Cacho, ha contribuido a romper el monopolio de la información y la espiral de silencio impuesta por el Régimen. La actitud y la visión de los españoles han cambiado tanto en los últimos años que los desmanes de los gobernantes ya no pasan desapercibidos ni son aceptados con la indiferencia y la resignación de antaño.

Llegó el momento de la rendición de cuentas, el punto de no retorno que abre esa crucial encrucijada donde España decide su futuro. No se trata de denostar, culpar o apuntar a nadie con el dedo acusador: las causas de los males no se encuentran en las personas, sino en el incorrecto diseño de las instituciones. Este libro sugiere que nuestro país debe acometer con decisión unas profundas reformas que conduzcan a la participación activa, a la libertad y a la responsabilidad. En definitiva, a una democracia digna de tal nombre y a un régimen de acceso abierto.

Muchas gracias por leernos.

Javier Benegas y Juan M. Blanco

Marzo de 2013

PREFACIO

Una inoportuna llamada telefónica

El teléfono sonó dos veces y, sin tomarse la molestia de disculparse con quien estaba reunido, el directivo de la importante corporación empresarial pulsó rápidamente el botón del interfono. La voz de una mujer, que brotó nítida del altavoz, le informaba de que al otro lado de la línea tenía a la espera a un alto cargo político. «Pásemelo», ordenó al instante el ejecutivo. Una vez desconectó el altavoz y se acercó el auricular al oído, la persona que estaba al otro lado del hilo telefónico empezó a hablar de manera atropellada y en un tono tan elevado que sus palabras reverberaron por todo el despacho. El directivo frunció el ceño y, nervioso, se dedicó a golpear rítmicamente con las yemas de los dedos la superficie de la mesa. Súbitamente interrumpió a su interlocutor y le espetó: «Escucha fulano, sabemos lo que pasa. Estamos al tanto. Sé que no es cosa tuya. Pero esto no es lo que hablamos. No es lo acordado. Y habrá que ponerle remedio». Y, sin dejar margen a la interrupción, las excusas o los lamentos, continuó imperativo: «Tú lo que vas a hacer es lo siguiente». Y, en un tono a medio camino entre la complacencia y la amenaza, le transmitió una serie de instrucciones claras y concisas. Luego, el teléfono enmudeció durante unos breves instantes. Al poco, la voz volvió a sonar en el auricular, esta vez ininteligible. El ejecutivo escuchó satisfecho, asintió con la cabeza, se despidió de su interlocutor cariñosamente, como si hablara a un pariente cercano, y colgó. Volviéndose hacia Elicio, que era con quien estaba reunido, esbozó una sonrisa, casi una mueca. Y, encogiéndose de hombros a modo de disculpa, sentenció: «Estos capullos de los políticos se ahogan en un vaso de agua».

Elicio (que es el nombre ficticio de un personaje real) era un agente libre, uno de tantos, que vivía principalmente de asesorar a grandes compañías. Antes se movía y trabajaba en otros ambientes más abiertos y dinámicos. Pero la regulación excesiva e interesada de las administraciones públicas le obligó a cambiar el rumbo y maniobrar para acceder a los reducidos entornos en los que, desde hace tiempo, se concentra el flujo de dinero de una economía cada vez más cerrada.

Elicio combinaba a la perfección inteligencia y prudencia. Y si bien era razonablemente ambicioso, nunca pecó de avaricioso. Sabía perfectamente cuál era su lugar en la pirámide de los grandes negocios y jamás tentó a la suerte. Se limitaba a hacer su trabajo con la mayor eficacia y discreción posibles. Cumplía religiosamente con la hipoteca, pagaba los estudios de sus hijos en el extranjero y proporcionaba una vida digna a su familia. Su forma de ser, tan reservada y ajena a los lujos superfluos y a la ostentación, hizo de él una persona muy del agrado de un determinado tipo de alto ejecutivo, al que le complace, y mucho, que quienes le sirven no olviden, por más que se les trate con familiaridad y camaradería, cuál es su sitio en el escalafón. Y quizá por eso, tras años de leal servicio, Elicio tuvo la suerte, o la desgracia, de terminar siendo testigo privilegiado y mudo de los lazos familiares entre las grandes compañías y los políticos.

Elicio nunca dijo el nombre de la persona que llamó aquel día. Y habría sido una pérdida de tiempo tratar de sonsacárselo. Pero, en pago a nuestra amistad de tantos años, sí dejó muy claro que era un «pez muy gordo». Quién sabe si un concejal, un consejero de alguna Comunidad Autónoma o incluso el alcalde de una ciudad principal o un miembro destacado del Gobierno. También aseguró con tristeza, pues Elicio era, pese a todo, persona íntegra, que aquello no era algo excepcional, sino recurrente, cotidiano. Y ya entonces andaba el hombre preocupado porque la situación, de un tiempo a esa parte, había degenerado mucho. De tal suerte que detrás de cada gran negocio, de cualquier operación en la que mediara alguna administración pública, la corrupción era omnipresente. Y los repartos de favores, dinero y privilegios habían alcanzado cotas desconocidas. Para él, insostenibles.

No hace mucho, aprovechando el privilegio de compartir mesa y mantel con un par de altos directivos, Elicio cometió su primer error en muchos años; la primera imprudencia. Tras escuchar un buen rato la turbia conversación de sus compañeros de mesa, jalonada de sarcasmos y cinismo, Elicio tomó la palabra y dijo: «¿No os dais cuenta de que así no es posible seguir, que esto se viene abajo?». Y tras observar el efecto de sus palabras en los rostros estupefactos de los dos hombres que tenía enfrente, se preguntó si había dicho realmente aquellas palabras en voz alta o si habían sido sólo pensamientos ruidosos. Sea como fuere, aquel día fue el final del principio para Elicio.

Hoy, con sus hijos ya mayores y sus vidas hechas en el extranjero, Elicio, a pesar de que cree que eso que llaman crisis económica podría terminar cualquier día de estos, ha decidido también hacer las maletas y probar suerte en otra parte. Pues, para él, la otra crisis, la de las instituciones, la de la corrupción y el control de la riqueza, no terminará nunca. Dice que hacer fortuna en España sólo es posible si se está dentro de ese círculo vicioso en el que interactúan los políticos, los grandes empresarios y banqueros y los colectivos organizados, dentro de los cuales están, entre otros, los sindicatos. Fuera de ahí sólo hay incertidumbre. Y eso, según él, no va a cambiar. España es una economía tomada. Un Estado-pastel que se reparten unos pocos. Y cuando todo va bien, hay migajas para el resto. Y cuando no, nada. Así de simple.

PRIMERA PARTE

No es la esencia, sino las instituciones políticas

CAPÍTULO 1

España: ¡no es esto, no es esto!

Sobre el carácter de los españoles hay cientos de citas, quizá miles, casi todas injustas por simplistas. A este ejercicio de calificarnos tomando el todo por una parte se han sumado a lo largo de los siglos multitud de personajes, de dentro y fuera de nuestras fronteras. Desde los más lúcidos hasta los más tenebrosos. Así, a Winston Churchill se le atribuye la lindeza que dice: «los españoles son vengativos y el odio les envenena» (en referencia a la Guerra Civil de 1936). Y Napoleón Bonaparte, aquel general corso que quiso reformar Europa a cañonazos, dejó dicho, quizá porque su sueño imperial empezó a desmoronarse precisamente al cruzar los Pirineos, que España era «una chusma de aldeanos guiada por una chusma de curas». Y como final de esta breve muestra, cabe añadir la cita atribuida a Julio César, un tanto menos peyorativa y dramática, que reza: «dichosos los hispanos, para quienes beber es vivir».

Sin embargo, el argumento más tergiversador es el que surge desde dentro de España y asegura que éste es el país de la picaresca, esgrimiendo el Lazarillo de Tormes como prueba irrefutable de que no tenemos remedio. Pero no se señala a la nación política, sino a esa otra más llana, la del ciudadano común, a quien se considera incapacitado para juzgar la acción de gobierno porque nunca ha sabido discernir entre lo que le conviene y lo que no. No obstante, el verdadero trasfondo de ese relato es la denuncia contra el poder y, muy especialmente, contra aquellos personajes menores que cooperan con él y viven en sus inmediaciones, como podía ser un miembro del bajo clero o un modesto hidalgo. Contrariamente a lo que muchos defienden, el Lazarillo de Tormes es el retrato minucioso de una sociedad cerrada, en la que la asfixiante falta de libertad dibuja un horizonte sombrío y carente de expectativas que transforma el talento y el ingenio en picaresca.

Aún hoy permanece la idea de que nuestro tradicional oportunismo se debe a una tara genética, de la que sólo se libra un puñado de prohombres. Lo cual no es cierto, porque si hay algo que se repite a lo largo de nuestra historia, detalle que olvida la mayoría de aquellos que nos califican tan despectivamente, es que resulta difícil encontrar un país europeo que haya tenido tan pésimos gobernantes. Y, asociada a éstos, una elite en general mediocre, sólo preocupada de engordar sus patrimonios mediante el favor del poderoso. Este hecho histórico no es producto de la fatalidad o el destino, sino fruto de un secular déficit de libertad que ha impedido al común controlar a reyes y presidentes. Una anomalía que está en el origen de casi todos nuestros problemas. Este legado envenenado ha llegado hasta el presente prácticamente intacto, alumbrando en 1978 una ficción democrática que tres décadas después se ha vuelto pesadilla. Y mientras el ciudadano común, no siempre sobrado de inteligencia ni de buenas intenciones, todo hay que decirlo, ha intentado a lo largo de los siglos abrirse camino y alumbrar una España solvente, la nación política, con sus intereses creados y su irresponsabilidad crónica, ha proyectado al exterior, también a lo largo de los siglos, una imagen de país bastante mejorable.

Los españoles no podremos solucionar nuestros problemas si no rompemos antes con esta singularidad que va ya para más de quinientos años. Los ciudadanos deben poder juzgar y controlar las decisiones de sus gobernantes, no sólo mediante el voto cada cuatro años, sino constantemente, mediante mecanismos democráticos modernos y eficaces disponibles en otras naciones europeas.

Es evidente que la libertad individual implica ciertos riesgos, no sólo para el país, sino especialmente para los particulares, y que, como dijo el filósofo, «el mundo no puede ser redimido de una vez para siempre. Por eso, cada generación tiene que empujar, como Sísifo, su propia piedra, para evitar que ésta se le eche encima aplastándole». Pero si los españoles no alcanzan mayores cotas de independencia, entendida ésta como un compromiso con la responsabilidad individual, la capacidad de decisión y la creación de riqueza, y no sólo como la acumulación de endebles derechos comunes asociados al reparto de rentas, será muy difícil que España pueda salir airosa, no sólo en lo que respecta a los problemas más apremiantes de estos días, sino de esos otros que, inevitablemente, llegarán más adelante.

Pero volvamos de nuevo a las visiones tradicionales y a los clichés, y veamos de qué otra forma, más épica y tenebrista, retrataba el escritor vienés Stefan Zweig a los españoles que, de la mano de Vasco Núñez de Balboa, descubrieron el océano Pacífico en 1513:

Devotos y creyentes como ninguno, invocan a Dios Nuestro Señor desde lo más profundo de su alma, pero cometen atrocidades. Obran a impulsos del más sublime y heroico valor, demuestran el más alto espíritu y capacidad de sacrificio, y al punto se traicionan y combaten entre sí del modo más vergonzoso, conservando a pesar de todo, en medio de sus vilezas, un acentuado sentido del honor y una admirable conciencia de la grandiosidad de su misión.

Estas otras visiones, que dibujan una imagen épica y aparentemente halagadora pero llena de sombras, son tanto o más engañosas que las meramente peyorativas. En ellas, con un tono halagador, también se traslada la creencia de que la singularidad de «lo español» está en nuestro carácter y es fruto de algún influjo divino, no de la naturaleza de nuestras instituciones, la organización política, la economía y la capacidad tecnológica. De ahí que en pleno siglo XXI todavía gocen de predicamento algunas de las teorías que en su día formuló Ortega y Gasset en su libro España invertebrada (1921), con las que pretendía acreditar la debilidad de la raza española, y, por tanto, su devenir histórico, en base a sus raíces visigodas:

Eran, pues, los visigodos germanos alcoholizados de romanismo, un pueblo decadente que venía dando tumbos por el espacio y por el tiempo cuando llega a España, último rincón de Europa, donde encuentra algún reposo. Por el contrario, el franco irrumpe intacto en la gentil tierra de Galia, vertiendo sobre ella el torrente indómito de su vitalidad.

El ilustre filósofo y ensayista no sólo cometió el error de evitar la aproximación a la realidad mediante el metódico análisis de las instituciones, la política y la economía, sino que, aún peor, convirtió estos factores fundamentales en consecuencias subordinadas a nuestra naturaleza.

Por el contrario, desde un punto de vista bien distinto, mucho más abierto, ambicioso y acorde con los nuevos tiempos, prologaba John Huxtable Elliott (Reading, 1930) su libro La España Imperial, editado por primera vez en Londres el año 1963:

Una tierra seca, estéril y pobre: el 10 por ciento de su suelo no es más que un páramo rocoso; un 35 por ciento, pobre e improductivo; un 5 por ciento, medianamente fértil; sólo el 10 por ciento francamente rico. Una península separada del continente europeo por la barrera montañosa de los Pirineos, aislada y remota. Un país dividido en su interior mismo, partido por una elevada meseta central que se extiende desde los Pirineos hasta la costa meridional. Ningún centro natural, ninguna ruta fácil. Dividida, diversa, un complejo de razas, lenguas y civilizaciones distintas: eso era, y es, España.

Más adelante el ilustre hispanista se preguntaba cómo aquella España, que hasta el siglo XV había sido una mera denominación geográfica, se había convertido súbitamente en realidad histórica. Acontecimiento del que Maquiavelo dio fe con estas palabras:

Tenemos en la actualidad a Fernando, rey de Aragón, el actual rey de España, que merece ser considerado muy justamente como un nuevo príncipe, pues de un pequeño y débil rey ha pasado a ser el mayor monarca de la cristiandad.

Es evidente que la raza no puede explicar de forma lógica y racional nuestro pasado y tampoco nuestro presente. Entre otras muchas razones, porque no ha existido una raza española como tal, sino una diversidad que en un momento dado y por diferentes motivos cristalizó en el Estado-nación que hoy llamamos España. El material que unió aquello que era diferente y diverso, y en ocasiones antagónico, en una sola entidad fueron las circunstancias compartidas por unas gentes que, con una carencia abrumadora de recursos naturales, aisladas del resto de Europa por el norte y amenazadas por poderosos enemigos que fluían sin cesar desde el sur, desarrollaron un espíritu de frontera y una mentalidad cooperativa con los que alcanzar la seguridad y la prosperidad de las que carecían. Por eso el español era emprendedor y aventurero, y en ocasiones temerario. Características que aún subsisten, aunque ocultas, en la sociedad española del presente.

Lamentablemente el sometimiento a unas instituciones expansivas e invasivas, corruptas y miopes, con sus incentivos perversos, ha convertido aquel espíritu cooperativo en oportunismo; la creatividad y el genio, en indisciplina, y el sentido de la justicia, en un rechazo sistemático a la autoridad. De tal suerte que en el fuero interno de cada ciudadano, aun en el más sumiso, hay un resentimiento que, a menudo, aflora en forma de egoísmo exacerbado y un comportamiento muy poco cívico.

Lo que impide que los españoles se reconcilien con la idea de España y actúen de forma cooperativa, tal como hicieron antaño, es la injerencia de un modelo institucional y de Estado que, desde los Habsburgo de la Casa de Austria hasta el actual Régimen, cuyo jefe del Estado es Juan Carlos I de Borbón, se ha empeñado en anular ese carácter emprendedor y práctico, privando a las personas de las cualidades necesarias para enfrentarse a los retos del presente. De ahí que para alcanzar el mismo nivel que las naciones más avanzadas, España, además de reformas económicas, precise un modelo político distinto, nuevas reglas de juego que incentiven las virtudes y no los defectos y garanticen la igualdad ante la Ley, la igualdad de oportunidades y la libertad para emprender.

En definitiva, el problema de España no está en la genética, ni tampoco en ese incombustible fatalismo con ribetes épicos que, como relataba Stefan Zweig, nos acompaña desde hace quinientos años. Basta con observar cómo nuestros compatriotas, una vez emigran y se integran en sociedades mucho más exigentes pero abiertas y justas, destacan y prosperan como el resto. Mientras que, por el contrario, los ciudadanos provenientes de esas mismas sociedades, cuando se instalan en España, no sólo desarrollan nuestros mismos defectos sino que, en no pocos casos, los agravan.

CAPÍTULO 2

El nacionalismo: un regreso a la España esencial

Fue Ramiro de Maeztu quien en 1913 escribió: «Al cabo, España no se nos aparece como una afirmación ni como una negación, sino como un problema». Esta frase resume todo un pensamiento que de alguna manera intentaba desentrañar los problemas seculares de nuestro país desde una visión casi exclusivamente psicológica. Y no es de extrañar que desde esa perspectiva, para él y para la mayoría de los intelectuales de su generación, la vieja y achacosa España resultara ser un problema irresoluble. A fin de cuentas, ese hábito de querer entender España desde un punto de vista esencialista es lo que nos ha impedido estudiar nuestra historia de forma rigurosa y conocernos a nosotros mismos mediante el análisis de factores políticos, sociales y económicos; es decir, basándonos en datos objetivos y empíricos en vez de creencias, tal como desde hace mucho tiempo vienen haciendo los historiadores, politólogos, sociólogos y economistas de otros países.

Para identificar lo que nos pasa no hace falta remontarse al proceso de declinación de la España imperial, llegar al desastre de 1898, que supuso la liquidación de los restos del imperio y la conversión de España en potencia de tercer orden, y, desde ahí, pasar a la Segunda República. Basta con volver la mirada a nuestro inmediato pasado y comprobar cómo el periodo de crecimiento más intenso y prolongado de nuestra historia, el que va de 1995 al año 2006, ha desembocado en la mayor crisis que se recuerda.

Conviene no olvidar que antes y durante la Transición, y a la vista de una prosperidad al alcance de la mano, fue el ciudadano común quien, sin necesitar demasiada pedagogía, decidió ser generoso. Y con el fin de alejarse definitivamente de la pobreza, renunció al monólogo y al dogmatismo heredados del régimen franquista y apostó por una libertad práctica, aunque modesta. Así, con inesperada facilidad, el ciudadano de a pie se liberó de esa hipnótica fascinación por el fracaso y la derrota que le había acompañado durante siglos; es decir, renunció a la España esencial y partió en busca de un sueño: la España moderna, democrática y próspera. Y los políticos (casi todos herederos del régimen franquista) catalizaron ese proceso de regeneración y confeccionaron a la sociedad española un traje más amplio y confortable: un nuevo modelo político. El objetivo era que ese impulso modernizador que bullía en la sociedad (esta vez mucho más generalizado que aquéllos exclusivamente regionales de la Cataluña y el País Vasco del siglo XIX y principios del XX) convirtiera España en un estado próspero, a la altura de sus homólogos europeos. Y, aunque estaban acongojados por el ruido de sables, los políticos se entusiasmaron ante la perspectiva de gobernar un país de nuevo poderoso y, lo que es más importante, rico.

Desgraciadamente no hubo de transcurrir mucho tiempo para que el corte del traje confeccionado por los padres de la patria se demostrara bastante mejorable. Y tan pronto como el cambio político quedó en apaño, la riqueza real fue reemplazada por la riqueza aparente, lo que tarde o temprano habría de colapsar el modelo económico. Y si bien es cierto que muchos ciudadanos, cegados por el sueño de alcanzar una prosperidad y una seguridad permanentes, no quisieron o no supieron ver los defectos del sistema, no menos cierto es que la clase política, a lomos de una sociedad laboriosa y preocupada sólo por su bienestar, legisló en beneficio del establishment y de sí misma, de tal suerte que en pocos años el milagro se tornó espejismo. Y el espejismo, en debacle económica.

En este desastre, como en otros que han tenido lugar a lo largo de la historia, nada ha tenido que ver la psicología, al menos no en su origen. El hecho es que nuestra democracia, privada de los mecanismos de control más elementales, quedó al albur del oportunismo político y los intereses de unas minorías; es decir, estaba condenada a fracasar. Y por más que nos empeñemos, nuestra dramática situación no puede ser explicada mediante el psicoanálisis, esa práctica terapéutica ideada por el neurólogo vienes Sigmund Freud a finales del siglo XIX. El sistema tenía que colapsar porque estaba mal diseñado, no porque las personas fueran propensas al fracaso. Ergo, en vez de recurrir a las visiones esencialistas para desentrañar lo que nos pasa, tenemos que identificar el fallo en esos lugares más terrenales que son nuestras instituciones.

Lamentablemente, es sabido que los políticos prefieren mentira en paz que verdad en guerra. Y dejarán que el actual Régimen se desmorone por completo antes que asumir el fracaso del modelo surgido de la Transición. Un error que quizá derive con el tiempo, ojalá que no, en un desastre mayor.

Pero en el caso de los políticos nacionalistas, siempre dispuestos a ser más papistas que el papa, la postura es aún más absurda. Y además de ignorar la imprescindible regeneración democrática, tal como sucede con sus hermanos de ámbito estatal, aprovechan el desmoronamiento del Estado para dar rienda suelta a sus anhelos soberanistas. Así, la casta política catalana promete salvar a sus conciudadanos de la catástrofe económica en la que estamos todos incursos mediante la independencia y la separación de España. Los 45.000 millones que adeudan sus manirrotas administraciones no existen, como tampoco les consta que tenga algo que ver en el problema su gestión desastrosa, el nepotismo o la corrupción. La consigna es clara: el enemigo no está dentro de Cataluña, sino fuera. Y, reverdeciendo la secular tradición española, aseguran que el problema es la España esencial, nuestra psicología y, por ende, lo español. La solución es, pues, muy sencilla: dejar de ser españoles y pasar a ser otra cosa.

Quienes viven en Cataluña deberían estar muy preocupados, pues sus visionarios estadistas, además de vituperar la imprescindible regeneración democrática, actúan como españoles decimonónicos. Y aquel lema de «¡Una, grande y libre!» parece inspirar el suyo propio: «¡Una Cataluña grande y libre!». Lo que en realidad proponen es convertir Cataluña en una nueva versión de la España esencial, esa nación con olor a naftalina de la que dicen querer liberarse. Y para ello contraponen a la psicología española la psicología catalana. A su entender, los territorios y las utopías, y no las sociedades libres, son los que dan forma a los Estados-nación, por lo que se deduce que, para ellos, los seres humanos son como plantas exóticas, que sólo florecen en algunos lugares y bajo determinadas condiciones ambientales. Así, mediante la ingeniería social utópica harán florecer una planta u otra, una psicología u otra: un ciudadano esencial u otro. Sin embargo, quizá las personas no quieran ser cultivadas en el invernáculo de una España esencial o una Cataluña esencial, y sólo aspiren a vivir libres dentro de un Estado moderno, plural, de verdad democrático y, en consecuencia, próspero. Y conviene no olvidar que los proyectos de ingeniería social utópica siempre han terminado en desastre, por lo que sería de agradecer que en pleno siglo XXI no tuviéramos que comprobarlo de nuevo.

Cataluña no necesita más autogobierno, sino una democracia completa. Exactamente la misma medicina que está pidiendo a gritos el resto de España. Porque no es sólo que los catalanes no encuentren encaje en la España oficial, sino que casi ningún ciudadano español a día de hoy lo encuentra. Digámoslo claramente, el desafecto hacia esta España no es cosa exclusiva de los catalanes, sino que es un sentimiento que se extiende a lo largo y ancho de esta piel de toro. Y la solución a este problema no llegará nunca de la mano de quienes se odian y pugnan entre sí por conservar su cuota de poder dentro de este sistema cerrado. Los españoles, todos, debemos darnos cuenta de que no es posible seguir emborrachándose de sentimientos y renegando de la racionalidad. Porque es en ese limbo puramente emocional donde hacen carrera los malvados.

CAPÍTULO 3

Han vuelto los caciques

En diciembre de 1874, Alfonso XII es proclamado rey de España. Han pasado seis años desde el destronamiento de su madre, Isabel II, periodo en el que se han sucedido el reinado de Amadeo de Saboya, la Primera República, la Revuelta Cantonal y la Tercera Guerra Carlista, que se encuentra en su apogeo. Los políticos y los militares, hartos de tanta agitación, acuerdan establecer un régimen que pueda proporcionar esa estabilidad que España necesita urgentemente. El 14 de febrero de 1875 Alfonso XII de Borbón, regresado del exilio, entra en Madrid. Acaba de comenzar la Restauración.

Al repasar estos pasajes de la historia de España es imposible no reparar en el sorprendente paralelismo que existe entre el régimen de la Restauración borbónica de 1875 y el sistema político actual; en esas curiosas coincidencias entre aquella España zarzuelera, teñida de color sepia, salpicada de barbudos o bigotudos caciques de mirada altiva, y la actual España de las Autonomías. Los tiempos cambian, pero existen ciertos vicios surgidos en tan peculiar etapa de nuestra historia que, adaptados a los nuevos vientos, incluso corregidos y aumentados, se resisten tenazmente a desaparecer.

Fue Antonio Cánovas el cerebro de aquel Régimen cerrado, con dos partidos que se alternaban en el poder repartiéndose influencias y votos amañados. Una teatral contienda partidaria enmascaraba profundos enjuagues, apaños y componendas entre los líderes, similares a los manejos actuales. Se trataba de un sistema elitista, ficticiamente democrático, cuya principal virtud consistió en garantizar unas décadas de relativa estabilidad política, superando anteriores guerras, revoluciones y pronunciamientos militares. Pero el orden y el equilibrio no duraron para siempre.

El Gobierno, previo acuerdo con los partidos, y en connivencia con los notables locales o provinciales, era el que determinaba con antelación los resultados electorales. El ministro de la Gobernación rellenaba personalmente unas casillas, designando en cada distrito los candidatos que debían salir elegidos. Este proceso, que se conocía como «encasillado», era la versión decimonónica de lo que hoy se conoce como «elaboración de listas electorales».

Los caciques locales dirigían el comportamiento electoral en su zona y se valían de su influencia, o del reparto de favores, para asegurar los votos necesarios. Establecían relaciones clientelares, o de patronazgo, por las que los electores podían obtener ciertos beneficios o prebendas, tales como empleos públicos, privilegios, contratas, trabajos temporales, regalos o recomendaciones, a cambio de su apoyo al partido. En definitiva, ejercían un papel similar al de los políticos locales y autonómicos de la actualidad.

Aunque la censura previa sobre la prensa había sido suprimida, la libertad de expresión e información fue siempre relativa. El Ministerio de la Gobernación ejercía un fuerte control sobre los medios a través de los famosos «fondos de reptiles», cantidades de dinero público reservadas para gratificar, de forma esporádica o regular, a un número de periodistas importantes y para subvencionar directa o indirectamente a los diarios. Así, el Régimen se despojaba de otro elemento clave de la democracia moderna: la difusión de información veraz y la crítica por parte de una prensa independiente. La costumbre ha llegado hasta los tiempos actuales, en que los Gobiernos, nacionales y autonómicos, compran a buena parte de la prensa con subvenciones abiertas o encubiertas, con la publicidad institucional e, incluso, con un reparto de favores o sobres a destacados periodistas.

Al avanzar los años, fueron apareciendo nuevas fuerzas políticas, al principio críticas con el sistema. Abominaban de los irregulares métodos cuando no obtenían suficiente poder, pero lo aceptaron de buen grado y aprovecharon las tramas caciquiles cuando resultó beneficioso a sus intereses. La propia dinámica del sistema condujo paulatinamente a un debilitamiento del poder central frente a la creciente preponderancia de los caciques locales y provinciales, tal como ocurre actualmente con la fragmentación territorial de los partidos políticos.

Entre sus grandes logros, la Restauración del XIX sienta las bases de un Estado moderno, con grandes leyes que consolidan el Estado de Derecho, contribuye a la creación de una sociedad civil profesional y garantiza durante algún tiempo una estabilidad política, con cierto crecimiento económico y desarrollo material. Sus contemporáneos fueron testigos de la desaparición del recurrente conflicto carlista.

Pero la principal deficiencia del Régimen surgido en 1875 fue su incapacidad para evolucionar hacia un sistema constitucional y parlamentario, verdaderamente abierto, liberal y democrático, que diese cabida a la representación de todos los grupos sociales. Antes de cumplir 25 años ya mostraba claros síntomas de artrosis y anquilosamiento, y había sufrido el tremendo revés de la pérdida de Cuba y Filipinas.

No faltaron intelectuales, como Joaquín Costa, ni políticos preocupados por el futuro de España, que denunciaran los evidentes defectos y carencias de un sistema que ya no funcionaba, proponiendo un programa regeneracionista. Incluso personajes de la talla de Francisco Silvela o Antonio Maura intentaron impulsar desde la Presidencia del Gobierno las reformas necesarias para abrir el Régimen y adaptarlo a los nuevos tiempos. Pero todos ellos chocaron con la firme resistencia de los grupos de intereses creados, muy poco dispuestos a perder los notables privilegios que el sistema cerrado les confería. El Régimen juancarlista actual mostró también fuertes dosis de anquilosamiento y degradación desde el principio y topó igualmente con la férrea resistencia del sistema a ser reformado. Sin embargo, a diferencia de la primera Restauración, no surgieron políticos de gran talla, sino mediocres figurantes sin carisma ni visión de futuro.

Finalmente, la Restauración del XIX fue incapaz de resolver los importantes problemas que aquejaban a España: tan sólo los aplazó. Los conflictos larvados desembocarían en la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil.

La segunda Restauración borbónica, o juancarlista, institucionalizada en la Constitución de 1978, ha dotado a España durante estos años de estabilidad y cierto crecimiento económico. Sin embargo, al establecer un sistema desprovisto de un apropiado juego de contrapoderes, de unos adecuados controles a la acción de los gobernantes y de unas eficaces vías de representación de los ciudadanos, ha conducido a una democracia de muy baja calidad. Los dos partidos mayoritarios, junto con las formaciones nacionalistas, acordaron tácitamente crear un sistema de reparto del poder y la influencia. Y, a cambio de aceptar la Corona, los nacionalistas recibirían manga ancha para actuar en sus territorios según su voluntad, sin intromisiones ni cortapisas.

Las instituciones del Régimen, manipuladas por los partidos, se muestran incapaces de dar respuestas objetivas y veraces a los ciudadanos. Mientras tanto, el improvisado y masivo traspaso de competencias a unas Autonomías carentes de los necesarios mecanismos de control del poder fue estableciendo un caciquismo de nuevo cuño, que usa los recursos públicos para repartir favores entre partidarios y grupos cercanos. La multiplicación de la Administración y las empresas públicas para colocar a los cercanos al partido y la concesión de contratas a los amigos a precios inflados constituyen unas prácticas demasiado frecuentes.

Al menos hace un siglo existían dirigentes que, aun pudiendo ser corruptos y defender intereses propios, poseían una visión de España, de sus problemas y de los cambios necesarios. Hoy, el perverso proceso que utilizan los partidos para seleccionar a sus dirigentes ha creado una clase política refractaria al debate de ideas, tan sólo preocupada por su permanencia en el poder y por la persecución de estrechos intereses particulares.

Como el régimen de la Restauración del XIX, el desgastado sistema político actual necesita unas reformas urgentes encaminadas a mejorar la representación y a establecer unos eficaces mecanismos de control de los gobernantes con el fin de crear una verdadera democracia, un Sistema de Libre Acceso, que permita encarar con cierta garantía los años venideros. Y, aunque los tiempos han cambiado y la amenaza de la violencia y la inestabilidad política se encuentra más lejana, España corre el serio peligro de quedar descolgada, por enésima vez en la historia, del tren del futuro.

CAPÍTULO 4

Esta democracia está incompleta

Unos y otros tienen más o menos desvergüenza, más o menos verborrea; unos y otros han logrado hacer una fortuna más o menos considerable, sin haberse dedicado en ningún momento a un trabajo útil y honradamente productivo.

Así retrataba Valentí Almirall en 1886 a la clase política española. ¿Sorprendente paralelismo con el presente? No, en absoluto. Basta con echar una breve mirada al pasado para comprobar cuánta similitud hay entre los males que afligían a la España de 1898 y la del presente. Aquella de los caciques, los irreconciliables cantonalistas, demócratas, revolucionarios e integristas. La que se consolaba eligiendo entre Cánovas o Sagasta, Galdós o Pereda, Frascuelo o Lagartijo, y cuya angustia describió Burell como «una depresión, enervamiento, una extinción de todo aliento, que alcanza tanto a Don Quijote como a Sancho». Y esta otra del presente, que ha de elegir entre dos grandes partidos políticos, los programas basura o las tertulias políticas sólo aptas para hooligans, Ronaldo o Messi; la de los nacionalismos desbocados, la izquierda sectaria y la derecha estatista y centralista. Ambas Españas tienen entre sí inquietantes paralelismos.

A pesar de que las formas han cambiado, podría incluso decirse que hoy sigue siendo en gran parte vigente la encendida denuncia que Joaquín Costa hizo contra el establishment español en Oligarquía y caciquismo (1901), ensayo que le supuso ser catalogado de antisistema, tal como les sucede hoy día a quienes, desde las inmediaciones del poder, se atreven a hacer críticas severas al modelo político en su conjunto y salirse del guion establecido. De hecho, estos años atrás, quienes se han aventurado a denunciar los abusos e ineficiencias del modelo político-económico y territorial español surgido de la Transición, evitando hacer causa en favor de uno de los dos grandes partidos, han sido tachados de antisistema y excluidos de los medios de comunicación masivos.

Ahora que los peores pronósticos se han cumplido —no podía ser de otra manera—, la clase política cierra filas e impone un optimismo forzado, voluntarista e irracional, casi macabro. Un hecho que también se produjo a finales del siglo XIX, generando tal desorientación y sufrimiento en los ciudadanos que Francisco Silvela, en un artículo anónimo (quizá para no parecer tan vehemente como su contemporáneo Joaquín Costa), se preguntaba: «¿Hasta cuándo, varones ilustres, seréis de corazón duro?». Y en referencia al estado de postración del país, afirmaba que «donde quiera que se ponga el tacto, no se encuentra pulso». Demasiadas similitudes con el presente como para ser sólo casualidades.

Desgraciadamente, todo es susceptible de empeorar. Y si bien nuestros antepasados tuvieron una intelectualidad más o menos representativa y beligerante, hoy ésta brilla por su ausencia o, en caso de existir, se ha vuelto servil, cuando no ciega y muda: invisible. Los intentos por recuperar la cordura sólo tienen su lugar en una sociedad civil desarticulada, pero sucumben ante el ruido de unos medios de información que, abrumados por el peso de sus deudas, deambulan de un lado a otro del espectro político, vendiendo sus servicios al mejor postor y pasando, si es preciso, en un instante de la apología y el elogio a la crítica destructiva y el pataleo.

Ahora que España nuevamente toca fondo, lo único que preocupa a la clase dirigente es salvar el sistema financiero, pilar fundamental del actual modelo político en el que se amontonan, además de las hipotecas de los españoles, las deudas mil millonarias de las grandes empresas y bancos, los pufos de los caciques posmodernos amantes del lucro fácil y los agujeros dejados por los pelotazos de la clase política. Y a esta forma de gobernar, que consiste en salvar del desastre a las elites dirigentes, llaman pragmatismo. Pero en realidad no es más que el mismo servilismo decimonónico de siempre: esa cadena de favores entre quienes tienen la sartén por el mango. Ha sido este sistema de prebendas, en combinación con una democracia incompleta, casi ficticia, lo que ha corrompido al Estado y a sus instituciones. Y hasta que nuestra pobre democracia no dé un enorme salto de calidad, seguiremos varados en el tiempo, y los calendarios y los relojes sólo servirán para desgranar las penas. Una vez más, estamos en grave peligro de quedar fuera de la historia y el progreso. No durante una década, como estiman los más optimistas, sino varias.

¿Soluciones? Las ya sabidas: poner fin al poder absoluto que los grandes partidos acumulan en todas las instituciones, de tal forma que la acción política se articule en un Parlamento, cuyos miembros sean elegidos de forma directa, por distritos electorales uninominales y por circunscripción única; instaurar una democracia con todos sus atributos, como la imprescindible separación de poderes, y, por último, lo que más irrita a la clase política, devolver las competencias a los ciudadanos, para que sean estos quienes tomen sus decisiones a título individual en las cuestiones más elementales. Porque el problema no es centralizar o descentralizar el poder, sino que éste, en la práctica, siga estando en manos de unos pocos, tal como viene sucediendo desde hace demasiado tiempo. Se trata de cambiar las reglas de juego gradualmente. Sin prisa pero sin pausa.

Esta apertura democrática, que muchas voces ya demandan, no se basa en «artificios e inventos», como Mariano Rajoy los calificó en más de una ocasión de forma peyorativa, pasándose por el arco del triunfo a decenas de eminentes intelectuales, investigadores y estudiosos, muchos de ellos extranjeros. Muy al contrario, los artificios e inventos son precisamente los que han dado lugar al actual modelo político. Un sistema ineficiente que urge cambiar para dejar atrás una crisis que dura ya demasiado.

CAPÍTULO 5

España: ¿un país de pícaros?

Aunque muchos creen firmemente que es necesaria una profunda reforma política, capaz de transformar España y corregir buena parte de los problemas de mal gobierno y corrupción, existen personas especialmente escépticas. Transmiten un mensaje de apatía y resignación, pues piensan que nuestro país no tiene solución. Sostienen que no hay cambio político capaz de mejorar nuestro país porque el mal no está en los dirigentes, sino en la propia ciudadanía. La corrupta clase política no sería más que el reflejo de una sociedad permeada por la picaresca, un espejo de esa España de lazarillos y buscones. Cualquier transformación toparía con la peculiar naturaleza de los españoles, sólo honrados cuando carecen de otra opción. Harían falta varias generaciones para cambiar este negativo carácter de los habitantes de «la piel de toro».

Por fortuna, se trata de una visión equivocada: la honradez o la deshonestidad no son características inmutables de una nación. No existen pueblos genéticamente picaros ni otros intrínsecamente honrados. Ni el grado de integridad depende de raza, cultura o religión: es producto de los incentivos, percepciones e interacciones que generan las propias instituciones del país.

Tras experimentar con varios miles de personas, Dan Ariely, profesor de Economía del comportamiento en la Duke University, explica los determinantes de la corruptela, el fraude, la trampa y la mentira cuando hay algunos dólares en juego. Su reciente libro, The Honest Truth About Dishonesty, ilustra muy bien los mecanismos que pueden conducir a un país hacia la corrupción generalizada.

Ariely descubre que en toda población existe un pequeñísimo porcentaje de sujetos realmente tramposos y embusteros, proclives siempre a retorcer las normas, engañar o falsear en beneficio propio: son los corruptos natos. Sin embargo, la mayoría se encuentra sometida a dos impulsos contrapuestos: desea verse a sí misma como persona honrada, pero, al mismo tiempo, se siente tentada por el beneficio que proporciona la picaresca. Los individuos normales no son santos ni demonios; el predominio de una u otra fuerza depende de su entorno. El sujeto típico alcanza el fiel de su balanza haciendo algunas trampas, pero sólo hasta el punto en que esa conducta comienza a comprometer la buena imagen que tiene de sí mismo. Y ese punto límite depende de interesantes circunstancias ambientales.

La intensidad de fraude o engaño que cada individuo se permite a sí mismo está determinada por los ejemplos públicos observados y por el nivel de honradez que percibe en los demás. Por ello, la deshonestidad es contagiosa, una epidemia que puede extenderse a través de las expectativas de la gente. Si un sujeto piensa que los demás hacen trampa, se sentirá más justificado para infringir las normas. Los casos públicos de falta de honradez tienden a ampliar los límites de lo éticamente aceptable y a generar nueva picaresca.

Ariely observó que los individuos hacían muchas más trampas cuando recibían sus ganancias en fichas, canjeables en dólares, que cuando cobraban el producto de su pequeño fraude directamente en dinero contante y sonante. Las personas eran tanto más capaces de justificarse a sí mismas cuanto mayor fuese la distancia psicológica entre la mala acción y la recompensa. No era lo mismo pensar en verdes billetes que imaginar inocentes fichas de plástico, aunque posteriormente se convirtieran en dinero.

Curiosamente, la intensidad de la picaresca también aumentaba cuando el beneficiario final del engaño no era el protagonista, sino una tercera persona. El ser humano posee una enorme facilidad para disculparse en nombre de un mal entendido altruismo, ese Robin Hood que todo hijo de vecino lleva dentro. Por el contrario, el recordatorio de principios éticos o morales incentivaba notablemente en los individuos la observancia de las normas.

Una vez que un sujeto violaba sus códigos éticos, experimentaba menos dificultad para hacerlo de nuevo, pues quedaban ya relajadas las restricciones morales. Y lo más interesante de todo: los experimentos, inicialmente en los Estados Unidos, se repitieron en Israel, China, Italia, Canadá, Turquía e Inglaterra. ¿Mostraba el ciudadano de la corrupta Italia una conducta menos honrada que el habitante de la América puritana? No, los participantes de todos los países manifestaron exactamente la misma propensión a la picaresca. El comportamiento de todos los colectivos fue idéntico, ya que el experimento aislaba a los individuos de su contexto social e institucional, sometiéndolos a condiciones equivalentes. No había nacionalidades más o menos inclinadas al fraude, sino equilibrios institucionales muy distintos. En consecuencia, los españoles tendrían exactamente la misma propensión a la corrupción que cualquier otro pueblo del mundo.

Pero estos resultados ofrecen algunas pistas sobre el proceso de putrefacción del Régimen político español y la extensión de la picaresca. La política ejerce un irresistible atractivo para los sujetos extremadamente corruptos, ésos no sometidos al freno de los principios y la conciencia. Si los procesos de selección de los gobernantes son imperfectos, estos individuos tienden a conformar un porcentaje significativo de la clase política. En España, estos procesos son manifiestamente perversos, pues, ante la imposibilidad de voto a candidatos individuales, son los partidos quienes llevan a cabo la selección de las personas, con criterios muy distintos a la honradez o los principios sólidos. La carencia de espíritu crítico, la conducta oportunista, la capacidad para la intriga o la proclividad a la trampa son atributos muy oportunos para el éxito dentro de los partidos. Y un sistema político sin controles eficaces proporciona un campo abonado para este tipo de sujetos. Por ello, la clase política española estaría compuesta por un porcentaje anormalmente elevado de sujetos muy poco honrados.

Además, en España no predomina la corrupción individual, aquélla donde la misma persona prevarica, cobra y disfruta el cohecho, sino la corrupción organizada por los partidos, donde la concesión del favor y el cobro de la comisión se realizan por personas distintas, sin conexión aparente entre ellas, mientras el dinero fluye a las arcas del partido. Este último tipo de corrupción favorece enormemente la participación de personas normales en actividades inconfesables, pues aporta dos potentes inhibidores psicológicos de la responsabilidad individual. La división de tareas entre los que otorgan los favores y los que cobran los sobornos contribuye a incrementar enormemente la distancia psicológica entre fraude y recompensa, relajando así la implicación subjetiva del individuo. Además, la creencia de que el beneficiario final del dinero es el partido, otorga a algunos participantes esa aureola del altruismo, que reduce considerablemente la sensación de culpabilidad. Al no beneficiarse personalmente, muchos sujetos pierden la conciencia de actuar incorrectamente: se justifican pensando que se trata de una buena causa, una ayuda al partido que defiende sus ideas y no un latrocinio en beneficio de su propio peculio.

Debido a estos dos elementos, es relativamente sencillo para un político ordinario justificarse ante sí mismo por tomar parte en la corrupción organizada. Él no es más que una pequeña pieza dentro de un enorme engranaje, sin posibilidad de contemplar el proceso en su totalidad. Mucho más complicada resultaría esta autojustificación si el sujeto se encontrase involucrado en algún episodio de corrupción individual, donde él mismo dirigiría y controlaría todas las fases del trato: la percepción de la propia responsabilidad sería aquí mucho más directa.

Una vez generalizadas las corruptelas entre la clase política, los individuos de a pie perciben un ambiente deshonesto y algunos ciudadanos incorporan esta información a su lógica de comportamiento. En un marco de integridad actuarían con más honradez, pero en un ambiente dominado por la corrupción ven su pequeña picaresca menos reprobable. No estando dispuestos a ser los únicos «primos», prefieren actuar como «reales yernos», reforzando así los malos hábitos sociales.

La conclusión es clara: no es necesario transformar a las personas, basta con cambiar su entorno. Un sistema político bien diseñado genera un equilibrio aceptablemente honrado; otro perverso conduce a un equilibrio muy corrupto, a un círculo vicioso que se refuerza sin cesar. Escapar del agujero negro de corrupción en que se encuentra España requiere un cambio drástico en las reglas del juego, una profunda y radical reforma política que proporcione un enérgico impulso, una colosal volea capaz de catapultar la esfera institucional al equilibrio contrario.

CAPÍTULO 6

Si Suecia tuvo solución; España también

Charles Gravier, conde de Vergennes, fue un diplomático francés del siglo XVIII que llegaría a ocupar la cartera de Asuntos Exteriores al final de su vida. Conocido por haber propiciado el apoyo francés a los revolucionarios americanos en su guerra de independencia contra Gran Bretaña, los retratos nos presentan a un caballero tocado con la inevitable peluca blanca de aquella época o, incluso, ataviado con la vestimenta turca cuando sirvió como representante de su país ante el Imperio otomano.

En 1771, meses después de ser nombrado embajador en cierto país extranjero, escribió a su Gobierno alarmado por la arbitrariedad y el desafuero que imperaban en ese reino. Los dirigentes, los servidores públicos y hasta los súbditos parecían mostrar un notable grado de deshonestidad, envilecimiento y degradación. «Aquí —señala sorprendido— la corrupción y la ilegalidad no sólo parecen infectar el Estado, sino la nación entera». Desde nuestra perspectiva del siglo XXI podríamos pensar que Vergennes prestó sus servicios diplomáticos en algún país del sur de Europa como España, Portugal o algún reino italiano. Sin embargo, el atónito conde de Vergennes estaba describiendo Suecia.

Hoy día, muchos intentan explicar los males de España por nuestro carácter desordenado, caótico, indolente o negligente, respondiendo con condescendencia y desdén a quienes proponen reformas de calado. ¿Para qué cambiar las instituciones, instaurar controles más eficaces o promover la transparencia en la actuación pública si la gente en nuestro país es cómo es? Piensan que a nadie le importa la corrupción porque, en el fondo, todos anhelan ocupar algún día un cargo para enriquecerse. El mal gobierno estaría en nuestros genes, en nuestro ADN. Algo imposible de cambiar.

Sin embargo, el caso de Suecia y su espectacular transformación en el siglo posterior muestran con nitidez que la corrupción y la arbitrariedad no se encuentran enraizadas en condicionantes culturales o en la naturaleza de un pueblo. Y que no existe una esencia de la nación que determine inevitablemente su futuro. Hace dos siglos, otros cometían el mismo error señalando los rasgos culturales de los suecos, unos bárbaros que nunca habían sido romanizados, como causa probable de tamaña anarquía y descontrol. ¿Qué otra cosa podía esperarse de unos toscos y salvajes vikingos que, para colmo de males, no eran católicos, sino luteranos?

Sin embargo, la corrupción y el mal gobierno no dependen de la cultura, la raza, la tradición o la religión de un país: son consecuencia de un mal diseño y funcionamiento de sus instituciones. En el siglo XIX, este país nórdico fue capaz de erradicar la generalizada corrupción y acabar constituyendo un ejemplo de honradez e integridad en el funcionamiento del Estado. Durante un periodo relativamente corto se sucedieron unas reformas institucionales tan profundas y radicales que transformaron completa y definitivamente la administración y la política: en la segunda mitad del XIX, Suecia es ya uno de los países menos corruptos del mundo.

Los drásticos cambios habían convertido un sistema basado en relaciones de tipo personalista, donde el trato que cada individuo podía esperar de las autoridades dependía de su estatus social, de sus conexiones e influencias, de su capacidad para sobornar a los funcionarios o de su pertenencia a alguna red clientelista —en definitiva, de algún privilegio—, en otro donde el trato ya es impersonal, objetivo y generalista y, si existe selección, se basa en el mérito y el esfuerzo. En resumen, las contundentes reformas transformaron el Sistema de Acceso Restringido en un Sistema de Libre Acceso. Este último es capaz de garantizar un crecimiento económico, un bienestar, unas garantías de derechos individuales y una limpieza institucional, que no suelen darse en los Sistemas de Acceso Restringido.

La España de 2013, caracterizada por unas instituciones carentes de objetividad e imparcialidad, profundamente infectadas por la corrupción desde la cúspide hasta la base, arrastra algunos problemas de la Suecia de hace 200 años. A la hora de hacer negocios, suelen ser más rentables las conexiones políticas y el intercambio de favores que el trabajo bien hecho, la eficiencia o el esfuerzo. Y la política se encuentra monopolizada por unos pocos partidos políticos, monolíticos y cerrados, que basan su poder en los enormes ingresos que obtienen, legal e ilegalmente, y en el control casi absoluto de los medios de comunicación. En resumen, buena parte de la política, la Administración y la gran empresa operan en España, de facto, con un personalista sistema de privilegios y acceso restringido.

Nadie definió con tanto acierto y espontaneidad la verdadera naturaleza de la política española como el ex presidente de las islas Baleares, Jaume Matas. Al ser preguntado por los inflados contratos adjudicados con flagrante favoritismo y parcialidad a Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, admitió abiertamente: «Pero ¿cómo iba a hacer pasar por un concurso público al duque de Palma?». Es evidente: resulta harto improbable que un presidente autonómico, o cualquier otro cargo político, actúe de manera impersonal, objetiva y neutral, cuando la lógica del sistema empuja a primar los privilegios. Mucho más habituales son en España los concursos amañados, donde la relación personal es el elemento decisivo en el marco de un implícito, o explícito, intercambio de favores. Consciente o inconscientemente, quizá Matas pudo pensar que era el Rey, y no Urdangarin, el destinatario final de tan abultados fondos y que, a la larga, vería compensada su dadivosidad con algún tipo de privilegio. En su imaginación, el Rey podría aparecer cojo, o casi mudo en alguna entrevista televisiva, pero nunca manco, fuere para recibir o para dar.

Los regímenes corruptos y particularistas poseen una tremenda inercia y resistencia al cambio, pues constituyen un equilibrio perverso en la conducta interactiva de muchas personas. Dentro de esa estructura de funcionamiento no existen incentivos para que cada individuo cambie de estrategia motu proprio. Comenzar a actuar limpiamente, si los demás no lo hacen, implica para cada sujeto o grupo un enorme coste. Si un empresario decidiese no pagar comisiones ilegales, no obtendrá ninguna contrata pública, beneficiando a aquellos que muestran menores escrúpulos. Por ello, la simple reforma de una institución aislada suele conducir al fracaso, pues ésta acaba siendo colonizada y finalmente incorporada a la corriente corrupta. Las transformaciones no deben ser incrementales, sino profundas y radicales, abarcando a la mayor parte de la estructura del Estado; suficientemente drásticas como para cambiar la percepción y las expectativas de los agentes participantes y conducir el sistema al equilibrio opuesto. El éxito de Suecia se basó en que la mayor parte de las instituciones fueron reformadas desde la raíz en un corto espacio de tiempo.

Por desgracia, aunque es relativamente sencillo apuntar la cadencia y el tipo de reformas que pueden conducir a un sistema político y económico de libre acceso, mucho más complicado resulta identificar los mecanismos que abren el camino del cambio. ¿Qué lleva a los líderes o dirigentes de una nación a impulsar las transformaciones si el Sistema de Acceso Restringido les otorga notables privilegios? ¿Por qué algunos países se embarcaron en tan radicales cambios y otros no? Realmente no existe una teoría bien elaborada y consistente del tránsito, de las motivaciones que inducen a pasar de un régimen a otro, a vencer las reticencias de las elites. Seguramente, los hechos históricos tienen un carácter contingente, poco determinista, dependiente de sucesos fortuitos. Aun así, se apuntan dos sugerentes factores que pueden favorecer esa transformación.

El primero de ellos es la irresistible fuerza que ejercen las nuevas ideas y la convicción de las gentes sobre lo que es justo y conveniente. El ser humano tiende a movilizarse de forma desinteresada en pos de lo que considera correcto y equitativo. Y la voluntad mueve montañas. Durante el siglo XIX, las ideas liberales se difunden con fuerza por los países nórdicos, impulsando con vigor la abolición de anacrónicos privilegios. El segundo factor es la acuciante encrucijada que provocan las situaciones extremas. Se ha señalado la aplastante derrota militar frente a Rusia, que llevó a Suecia a perder un tercio de su territorio y a la percepción generalizada de que se encontraba en peligro la continuidad de la nación, como el detonante de una importante catarsis entre las elites y un replanteamiento general de los modos de actuación.

En España, el rotundo fracaso del Régimen del 78, su degeneración en una auténtica cleptocracia o su ineptitud para reformarse hacia un sistema abierto e incluyente se reflejan en una paulatina pérdida de legitimidad a ojos de los ciudadanos y en una creciente conciencia de la necesidad de cambio. Los desafíos secesionistas, por parte de sectores nacionalistas, igualmente corruptos y caciquiles, que pretenden construir nuevos Estados todavía más cerrados y excluyentes, y la manifiesta incapacidad del Régimen para dar adecuada respuesta, colocan a España en una situación límite. Es momento de que las elites dirigentes y el resto de los ciudadanos procedan a un profundo replanteamiento. La encrucijada permite dos opciones: cambiar radicalmente hacia un Sistema de Libre Acceso o hundirse irremisiblemente en las profundidades de la historia.

SEGUNDA PARTE

El Régimen de la Transición

CAPÍTULO 7

Un fiasco llamado Constitución de 1978

La propaganda oficial suele describir la Transición política desde el franquismo a la democracia como un proceso modélico, un ejemplo para otros países dispuestos a recuperar un régimen de libertades. Y ensalza una Constitución elaborada con el consenso de todos, que superaba definitivamente las rencillas entre españoles, abriendo un luminoso futuro de paz, libertad y prosperidad. La narración tampoco escatima elogios y enhorabuenas para los admirables políticos de entonces. Su generosidad, patriotismo, desprendimiento y espíritu de sacrificio habrían contribuido definitivamente a un acuerdo sobre un texto constitucional que sería la piedra angular de los derechos y libertades del pueblo y fundamento absoluto de la democracia. Los ponentes de la Constitución, por su esfuerzo, pericia y tesón, serían unos héroes, merecedores de homenaje en cada aniversario de la aprobación de la suprema ley, junto con el Rey, garante e impulsor de todo lo anterior, persona prudente y sensata con gran visión de futuro, desprendimiento material y gran amor a su patria.

Sin embargo, cuando un relato describe una situación demasiado perfecta, maravillosa y fantástica, se encuentra repleto de alabanzas y parabienes a los intervinientes y no realiza crítica alguna, lo prudente es ponerlo en tela de juicio, pues probablemente contiene mucho más mito que realidad. Hay que sospechar que la historia oficial de la Transición no fue escrita por observadores neutrales, sino encargada y pagada por sus interesados protagonistas. Y, por supuesto, intuir que casi toda la narración es completamente falsa. A veces incluso rayana en el disparate, como cuando habla de la Constitución que «los españoles nos dimos a nosotros mismos», como si de un fortuito y desgraciado tiro en el pie se tratase.

A pesar de esa insistente propaganda oficial que machaconamente identifica Constitución y democracia, y convierte su crítica en tabú, no hay tantos motivos de celebración en una Carta Magna de torpe factura y escasa eficacia, incapaz de establecer una estructura institucional equilibrada, además de generadora de una organización territorial tan caótica, indefinida y gravosa, que desembocó en el complicado laberinto actual.

Algunos defienden la validez de la Carta Magna de 1978 atribuyendo el actual desastre institucional a aquellos gobernantes que la violentaron, degradaron, retorcieron o pervirtieron: «la idea era buena pero fue incorrectamente aplicada», sería el argumento. Sin embargo, una Constitución fracasa cuando no establece mecanismos fiables que impidan el quebrantamiento de las leyes, el abuso o la arbitrariedad. Debe juzgarse una Constitución, no por sus intenciones retóricas, sino por su eficacia para promover un funcionamiento equilibrado del sistema democrático y por su capacidad para garantizar el cumplimiento de las normas.

En realidad, el principal defecto se encontraba en la supuesta virtud esgrimida por los constituyentes: el mal entendido consenso. Una Constitución debe fijar unas reglas del juego coherentes y diseñar una estructura institucional apropiada, que garantice los controles recíprocos entre instituciones. Debe asegurar el imperio de la ley, la representación efectiva de los ciudadanos y el funcionamiento neutral de las instituciones. Requiere, por tanto, un texto muy preciso y congruente. Sin embargo, al elaborar la Constitución de 1978, en lugar de partir de un borrador consistente, se sometió a un proceso de discusión abierta la redacción de cada artículo por separado, intentando buscar una imposible aquiescencia de todos los partidos involucrados.

El método de apaño y componenda no podía llevar más que a la incoherencia, a la contradicción o a la indefinición, como resultado de un infame e intenso mercadeo donde cada cual presionaba para introducir reivindicaciones en los artículos de su interés. Cuando el acuerdo no era posible, se recurría directamente al embrollo: no mencionando el tema, remitiéndolo a una ley posterior, esgrimiendo distintas opciones o introduciendo conceptos suficientemente ambiguos. Así, los valores técnico-jurídicos fueron sacrificados en aras del pacto entre partidos, siendo finalmente políticos, no expertos constitucionalistas, los responsables de la redacción. No importaba tanto el texto definitivo de la Constitución, o sus consecuencias a largo plazo, como la foto final con la sonrisa de todos los representantes de los partidos. Se inauguraba así esa política que prima el corto plazo sobre los principios, la imagen sobre la sustancia y la palabrería sobre los fundamentos.

El pretendido consenso sustrajo el debate a la opinión pública. No existió discusión alguna en los medios de comunicación ni se informó a los ciudadanos hasta que todo estuvo cerrado. Los acuerdos se alcanzaban secretamente en el transcurso de cenas en restaurantes de lujo, fuera de las miradas de la plebe. En la mejor tradición del despotismo ilustrado, los partidos políticos se reunieron, discutieron y consensuaron aquello que era mejor… para los propios partidos. Quedaba así patente la permeabilidad de la frontera que separa el acuerdo del enjuague y el consenso de la componenda. Se argumentó que las direcciones de los partidos representaban los intereses de los ciudadanos, cuando, en realidad, tan sólo defendían los suyos propios.

El resultado fue un texto constitucional que tendía a la inconsistencia y a la ambigüedad. Mostraba claridad en lo obvio y elemental: la enumeración retórica de derechos y libertades, pero no diseñaba con precisión ni coherencia una arquitectura institucional equilibrada. Concedía demasiado protagonismo a los partidos, sin poner freno alguno a su permanente expansión por las instituciones. Y era tan ineficaz en su definición de la organización territorial que no planteaba un modelo concreto, sino un arriesgado e imprevisible proceso, al albur de la voluntad y discrecionalidad de los partidos gobernantes.

Se definió el Estado de las Autonomías de manera tan confusa, improvisada y abierta, que los expertos discrepaban sobre si caminaría hacia un modelo regional, federal, confederal, plurinacional o hacia un híbrido de todos ellos. La Constitución reconocía la existencia de «nacionalidades», sin nombrar cuáles eran. Como las meigas, parecían existir aunque los constituyentes no supiesen dónde, quedando este concepto en un limbo político-jurídico.

La Constitución se abstuvo a la hora de preservar para el Centro mecanismos suficientes de coordinación territorial, introduciendo un grave riesgo de fragmentación política, jurídica y económica. No delimitó aquellas competencias que debía retener obligatoriamente el Estado, pues, ante la imposibilidad de acuerdo, el texto acabó rizando el rizo de los absurdos: las materias que no podían transferirse a las Comunidades Autónomas eran tan sólo aquellas intransferibles… «por su propia naturaleza». Un momento cumbre que unía, en estelar actuación, el derecho constitucional con la metafísica.

Aunque la Constitución fue sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978, no fue publicada el día siguiente, como era la costumbre. Se aplazó al 29 para eludir el apodo que hubiera correspondido en la socarrona tradición española: «la Inocentada». En poco tiempo, los partidos superaron las pequeñas barreras que establecía el texto constitucional y comenzaron a colonizar todas las instituciones del Estado, suprimiendo la separación de poderes, teóricamente contemplada.

El marco territorial completamente abierto condujo a un lamentable cambalache, donde las competencias se iban transfiriendo a las Autonomías a cambio de algún favor entre partidos, nunca con criterios de eficacia y economía en la prestación de los servicios. En este contexto, fueron traspasadas a las Comunidades Autónomas atribuciones imprescindibles para la consistencia territorial y el mantenimiento del mercado interior. Los partidos vendieron la autonomía a la opinión pública como un bálsamo que todo remediaba, tras percatarse de que el traspaso de competencias incrementaba de forma exponencial el número de cargos a repartir entre sus miembros, creando unas estructuras burocráticas y administrativas insostenibles. Finalmente, el caótico sistema autonómico ni siquiera logró su principal propósito: integrar a los partidos nacionalistas en el marco constitucional español.

Al poco tiempo de la promulgación de la Constitución, comenzaron a percibirse sus graves deficiencias. Incluso uno de los ponentes, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, publicó un extenso artículo académico, seis meses después de su entrada en vigor, en el que ya hablaba de «las falsas vías del consenso constitucional», exponiendo algunas inconsistencias de la suprema ley. El caso era especialmente llamativo y sangrante: Herrero, tras ponerse las medallas y posar en todas las fotos como padre de la patria, se explayaba ante el mundo académico mostrando las vergüenzas de la Constitución que él mismo había contribuido a elaborar. En contra de lo manifestado por el refrán, Miguel Herrero, en sublime y circense actuación, demostraba que para un político sí es posible estar al plato y a las tajadas. Sin embargo, a pesar de conocerse y demostrarse los graves defectos de la Constitución, ninguno de los partidos mayoritarios planteó seriamente su reforma: «sostenella y no enmendalla», era el lema.

Por ello, ante el grave deterioro de las instituciones, la reforma constitucional no puede esperar. El Régimen de 1978 otorgó a los partidos una función de tutela de los españoles. Hoy los ciudadanos no son tan «inocentes», pero los partidos tradicionales parecen haber regresado a una infancia consentida y caprichosa.

En contra de lo que la propaganda vendió hace 35 años, la democracia no es un fin en sí misma, sino un medio para garantizar la libertad y el buen funcionamiento de las instituciones. El simple voto no es suficiente: debe servir para controlar a los gobernantes y proporcionar una eficaz representación. Y la prioridad de la Constitución debe consistir en garantizar unas instituciones neutrales, sometidas al oportuno juego de contrapoderes y al imperio de la ley. Por desgracia, los políticos no contemplaron estos sencillos principios en 1978.

CAPÍTULO 8

No es democracia, sino partitocracia

El 8 de febrero de 2013 el prestigioso semanario británico The Economist se hacía eco de los escándalos de corrupción en España, en concreto del que afectaba a Luis Bárcenas, antiguo tesorero del Partido Popular:

El daño hecho a España no puede medirse simplemente por el desgaste de un partido político en las próximas elecciones generales. Los españoles han perdido el respeto a sus dirigentes. […] Las encuestas señalan que el 96% de los españoles cree que buena parte de la clase política está implicada en la corrupción. El apoyo a los principales partidos se ha desplomado en el transcurso de un año. El régimen surgido en los años 70, tras la dictadura de Franco, entregó enormes poderes a los partidos, algo que pudo ser contraproducente. […] Los españoles están siendo ahora devorados por ese monstruo que crearon. […] En 2011, una masa de indignados ocupó las plazas de las ciudades gritando «No nos representan». Ahora tienen todavía más razones para estar indignados.

A pesar de que la Constitución Española señalaba en su preámbulo el objetivo de «establecer una sociedad democrática avanzada», el Régimen político de 1978 adolecía de gravísimos defectos. Como consecuencia, la política fue degradándose a pasos agigantados. La corrupción, el abuso y la arbitrariedad avanzaron a un ritmo desenfrenado, mientras las instituciones iban perdiendo toda su credibilidad y una ciudadanía atónita asistía a un debate político sin confrontación de ideas ni discusión racional. El discurso basado en la frase aprendida o la mera descalificación del contrario constituían el decorado de cartón piedra del Régimen, mientras la temperatura en el interior de los partidos oscilaba entre un rígido y acrítico acatamiento al líder y unas despiadadas luchas de facciones por el poder sin contenido ideológico alguno. Los diferentes Gobiernos tendieron a adoptar medidas llamativas, demagógicas o clientelistas, más dirigidas a la imagen y a las emociones que a la razón, generalmente centradas en un miope cortoplacismo sin proyecto serio de largo plazo.

¿Por qué se deterioró tan profunda y rápidamente la política en España? La causa se encontraba en un fatal diseño del sistema político y en una cerrada negativa de los partidos a reformarlo cuando comenzaron a manifestarse las graves deficiencias. La calidad de la democracia española era pésima porque carecía de contrapoderes y mecanismos de control necesarios para poner freno a la descomposición del sistema. Se diría que los redactores de la Constitución no cayeron en la cuenta de que faltaban muchas piezas que son imprescindibles en una auténtica democracia. O, todavía peor, posiblemente lo sabían.

Para que un sistema democrático funcione correctamente, no basta con que los ciudadanos puedan votar y exista un régimen multipartidista. Estos dos elementos son necesarios pero absolutamente insuficientes: el voto constituye un control último de los electores a los gobernantes contra la tendencia al abuso, pero se trata de un mecanismo muy indirecto y su ejercicio demasiado dilatado en el tiempo. Una democracia necesita, además, otros elementos adicionales que impongan unos límites claros al ejercicio del poder y establezcan unos controles permanentes a la actuación de los gobernantes. Los elementos fundamentales son: a) una separación de poderes efectiva y un ejercicio eficaz de control mutuo, b) un sistema directo de representación y exigencia de responsabilidades, c) unos adecuados métodos de selección para las personas que ocuparán cargos públicos, y d) una prensa libre e independiente que ejerza una crítica objetiva y consistente del poder.

El mecanismo de limitación del poder por excelencia es la «separación de poderes» o reparto de las atribuciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a fin de evitar la concentración del poder. Es necesario que ninguno de ellos domine sobre los demás y que existan unas vías eficaces de vigilancia mutua, un adecuado juego de contrapoderes para que cada uno supervise y frene a los otros dos cuando se excedan en sus atribuciones.

El Poder Legislativo (Parlamento) debe ejercer la representación de los ciudadanos y cada diputado votar en conciencia, actuar en nombre de sus electores y defender sus intereses. Para ello, todo ciudadano debe conocer quién es su representante, vigilar su actuación en el Parlamento y renovar o retirar su confianza según su conducta.

El sistema político también necesita unos métodos adecuados de selección de los gobernantes, procurando que los cargos públicos sean ocupados por personas con un grado suficiente de formación, integridad y honradez. Para ello, antes de optar a cualquier cargo, cada político debe someterse individualmente al escrutinio público. Por su parte, la prensa libre e independiente —el cuarto poder— constituye la garantía de que los votantes obtengan la información veraz necesaria para elegir eficazmente.

Por desgracia, el Régimen político de 1978 difícilmente cumplía alguno de estos requisitos: la separación de poderes, aun recogida formalmente en la Constitución, desapareció en la práctica; los mecanismos de control del poder político no funcionaron correctamente; el principio de representación estuvo ausente; los sistemas de selección de los políticos resultaron perversos, y la prensa mostró una enorme dependencia del poder.

En España no existe un Poder Legislativo independiente. Las decisiones las toman siempre las direcciones de los partidos políticos, trasladándolas al Parlamento a través de la disciplina de voto. Los diputados se han convertido en unos meros aprieta-botones que votan a una orden del jefe de grupo, gran parte de las veces sin saber realmente qué. Tampoco se cumple el principio de representación, porque el elector no puede votar a su candidato individual, sino a listas cerradas, elaboradas por las direcciones de los partidos.

Los ciudadanos carecen de capacidad para controlar a su representante, pues nadie sabe con exactitud quién le representa en el Parlamento, sea nacional o autonómico. El diputado no es, en realidad, un representante de sus electores, sino un agente del jefe de su partido, que le incluye en la lista. Así, el sistema de elección por listas cerradas y bloqueadas constituye una de las causas fundamentales del deterioro del sistema político, pues, en la práctica, el Parlamento no refleja la soberanía popular, sino la voluntad de las direcciones de los partidos.

Un régimen con las anteriores características se denomina partitocracia. Son las cúpulas de los partidos, no los electores, las que deciden quiénes ocuparán los escaños del Parlamento y qué votarán los diputados. Pero el problema no acaba ahí, porque el Parlamento «nombra» a los miembros de muchos otros órganos del Estado que deberían ser independientes. Por ello, la larga mano de los partidos acaba llegando a casi todas las instituciones, quedando estas manipuladas e imposibilitadas para actuar con objetividad y neutralidad. Es muy fácil prever el voto de cada miembro del Tribunal Constitucional, o del Consejo General del Poder Judicial, tan sólo sabiendo cuál fue el partido político que lo «propuso».

Así, la partitocracia deja sin contenido buena parte de las instituciones del Estado, porque las resoluciones que estos órganos toman formalmente han sido previamente adoptadas por la jefatura de los partidos. La separación de poderes desaparece en la práctica, pues el jefe del partido mayoritario, generalmente también la cabeza del Ejecutivo, puede imponer su voluntad a instituciones que deberían ser independientes. Y esta estructura se reproduce, agravada, en los niveles autonómico y municipal. Ante esta ausencia de vigilancia y contrapoder, la corrupción y los abusos se generalizan sin que sea posible poner freno.

El sistema español conduce también a una selección perversa de los representantes y gobernantes, ya que los criterios determinantes para ser diputado (nacional o autonómico) o concejal no guardan relación con la valía personal o profesional. El aspirante debe pasar largos años medrando en el partido y mostrando fidelidad al líder hasta que este decida que puede entrar en la lista electoral. Se crea así una casta de políticos que hacen del cargo su forma de vida y adoptan como objetivo primordial su permanencia en el poder. Los dirigentes perciben el Estado como una extensión del partido, un enorme paquete de cargos para repartir entre sus miembros. Sus decisiones responden más al beneficio propio que al interés de los ciudadanos, mientras que la discusión política refleja más una lucha por el reparto de la tarta que un debate de proyectos de futuro.

Finalmente, la lucha partidista por el poder y los cargos rebasa los límites del Estado y acaba extendiéndose y contaminando buena parte de la sociedad civil a la que los partidos intentan controlar: sindicatos, asociaciones empresariales, intelectuales, artistas, etc. Los partidos utilizan todo tipo de ayudas, subvenciones y favores, en definitiva gasto clientelar financiado con el dinero del contribuyente, para conseguir su apoyo. Así, muchas organizaciones sociales tienden a alinearse con un partido político, perdiendo también su independencia.

Esto es especialmente grave en el caso de la prensa. Los gobernantes ejercen una fuerte influencia sobre los medios a través de subvenciones, publicidad institucional y concesiones administrativas a los medios audiovisuales. La prensa perdió su independencia, aunque, por suerte, los nuevos medios digitales van creando ventanas de información libre.

Ante tan profundo y grave deterioro, el sistema político español requiere reformas urgentes que fomenten una representación más directa de los ciudadanos, garanticen una efectiva separación de poderes, provean un eficaz sistema de selección de los políticos y establezcan eficaces mecanismos de control del poder. Y, por supuesto, impidan que los partidos políticos dominen los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. En resumen, el futuro de España pasa por la superación del nefasto sistema partitocrático.

CAPÍTULO 9

Han secuestrado la Justicia

Escribió Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, que «no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia». Esta cita tan inspirada parece aludir a una sociedad como la española, que, bajo la apariencia de un Estado de Derecho, vive a la sombra del abuso legislativo, leitmotiv de la nación política al que se suman con entusiasmo inquietantes solistas, como el virtuoso Alberto Ruiz-Gallardón, quien, quizá inspirado por Montesquieu —entiéndase tal inspiración en el peor sentido imaginable—, regaló a los españoles el 14 de noviembre de 2012, envuelto en la formalidad de lo que es Ley, un tremendo atropello: la Ley de Tasas Judiciales.

La aprobación de dicha ley, aunque luego ésta fuera corregida en parte, supuso dar el golpe de gracia a la ya maltrecha Justicia española. Una felonía sólo equiparable a aquella nefasta Ley Orgánica de 1985 con la que el entonces presidente Felipe González, so pretexto de evitar que la judicatura quedara en manos de una mayoría de jueces franquistas, sometió el Poder Judicial al control del Legislativo, lo que en la práctica supuso privar a nuestra democracia de uno de los más imprescindibles atributos: la separación de poderes.

Con la Ley de Tasas Judiciales se pretendía expulsar de los juzgados a decenas de miles de demandantes, cuyas apelaciones a la Justicia no eran en modo alguno cuestiones menores, pleitos fruto de enemistades pueriles o querellas irrelevantes, tal como se argumentó en su día. Muy al contrario, la tasa variable, de la que, dicho sea de paso, no se habló demasiado en su momento, penalizaba con toda intención a aquellas causas de mayor cuantía y, por tanto, a priori más graves. Es decir, se puso en el punto de mira a aquellas denuncias interpuestas, generalmente por particulares, que en no pocos casos iban dirigidas contra los bancos y las grandes corporaciones, cuando no contra unas administraciones públicas morosas, que abusan, y mucho, de su posición dominante.

Más allá de las excusas que desde el Gobierno o el propio ministro del ramo se ofrecieron en su día, siempre con esa tierna melodía de fondo de que los más desfavorecidos no se verían perjudicados —cuánta bondad hay en los corazones de vuesas mercedes, y cuán a menudo se muda en tropelías—, hay que formular la pregunta correcta: quid prodest. Esto es, ¿a quién beneficiaba esa ley? Una pregunta obligada, habida cuenta de que, para la mayoría de ciudadanos, dicha ley, lejos de suponerles algún beneficio, les expulsaba extramuros del Estado de Derecho. Y ningún ministro de Justicia o Gobierno comete semejante torpeza si no es por una razón poderosa. La cuestión es si tal razón era inconfesable.

Más allá de filiaciones ideológicas, entre los profesionales del ramo, jueces a la cabeza, corrió la especie de que las fuerzas emboscadas en la nación política eran las promotoras de esa aberración jurídica. Y la hipótesis que se manejó insistentemente en los círculos profesionales de la Justicia fue que la proverbial lentitud de los tribunales había colmado la paciencia de personajes muy influyentes. Y hartos de guardar turno como el resto y esperar años el dictado de sentencias que les liberasen de ciertas preocupaciones, —no siempre o no sólo económicas—, ellos, que podían, dieron un puñetazo en la mesa y exigieron que se desalojara a la plebe de los tribunales. De ahí que Gallardón, que nunca ha dado puntada sin hilo, recurriera a las tasas judiciales, fijas y variables, para privatizar la Justicia. Y que pleitos tuvieran los comunes… si es que podían pagarlos.

En lo que respecta a las tasas fijas, hasta cierto punto podían comprenderse, siempre y cuando se estuviera en sintonía con ese afán, más que recaudatorio, confiscatorio que distingue a los políticos profesionales, dispuestos como están a dejar a las clases medias como Dios las trajo al mundo. Pero el disparatado baremo de las tasas variables sólo podía entenderse como un cortafuegos con el que se ponía coto a la avalancha de denuncias que los particulares, autónomos y pequeños empresarios interponían contra bancos, corporaciones y administraciones públicas. De hecho, al poco de ser aplicada la Ley se dieron numerosos casos en los que un importante banco se libró de tener que acudir a los tribunales porque quienes iban a endosarle una demanda, arruinados como estaban, no pudieron asumir los 11.000 euros que esa ley les exigía por adelantado para que se les hiciera justicia.

El ambiente entre abogados, fiscales y jueces fue de unánime indignación. Y su perplejidad inicial, vista la magnitud del estropicio, dio paso a una cierta inquietud. Tal como aseguró en su día un prestigioso abogado, «asistimos al nacimiento de un corralito judicial que quizá se esté anticipando a problemas mayores». Un ataque en toda regla al Estado de Derecho, mediante una ley que parecía estar hecha a la medida de los tradicionales oligopolios (intencionado o no, fue una de las principales consecuencias). En resumen, el establishment imponía la visión del Estado como negocio. O mejor dicho, del Estado como su negocio. Y la Justicia no podía, no debía, quedar al margen de sus manejos.

La Ley de Tasas Judiciales fue un capítulo más de esa huida hacia delante, propiciada por la crisis, a la que no sólo se sumaron pésimos gobernantes, sino también poderosos personajes emboscados en la nación política. Todos ellos incapacitados para entender que eso que se ha dado en llamar «Marca España» no es una decena de grandes empresas, ni un puñado de bancos, ni tampoco una clase política que se resiste a predicar con el ejemplo. Es mucho más, o al menos debería serlo.

La prosperidad de mañana no depende sólo de reformar el mercado laboral, aumentar la competitividad, sanear y reestructurar el sector financiero y reducir la deuda pública y privada, sino que está íntimamente ligada al buen o mal funcionamiento de la sociedad en su conjunto. En definitiva, lo que consolida o destruye a una nación no son los ciclos económicos, sino el buen funcionamiento de sus instituciones. Y muy especialmente, de aquellas que tienen que ver con la Justicia. Porque sin justicia no hay democracia. Y sin una democracia completa que propicie y asegure la sociedad abierta y de libre acceso, las crisis económicas se vuelven endémicas e interminables.

CAPÍTULO 10

Intentan colonizar el funcionariado

La profunda crisis económica que afecta a España ha contribuido a concentrar cierta atención de la opinión pública sobre los funcionarios. Algunos consideran que, en momentos de muy elevado desempleo, su estabilidad laboral supone un agravio comparativo con el resto de los trabajadores. Un puesto de trabajo asegurado constituye hoy día un activo tan valorado, que puede percibirse como un privilegio aun cuando no lo pareciera tanto en la larga etapa de bonanza. Quizá por ello hay quien discute la fórmula de empleo de por vida, proponiendo que los funcionarios se acojan a las mismas condiciones laborales que el resto de los trabajadores. ¿Implicaría este cambio una mejora para la sociedad?

Existen muchos cambios para los que hay que sopesar las ventajas con los inconvenientes. Teóricamente, una carrera funcionarial menos rígida aportaría ciertas ventajas, como la flexibilidad y una mejor adaptación del número de profesionales a las necesidades cambiantes del servicio público. Se abrirían mejores posibilidades de adecuar las cualidades de los trabajadores a las necesidades de los puestos, mejorando así la eficiencia. Una mayor rotación laboral entre el sector público y el privado aportaría savia nueva y contribuiría a difundir en la Administración nuevos métodos de gestión provenientes del sector privado. Las empresas se beneficiarían también de un mejor conocimiento de las administraciones, con las que deben interactuar. Desde el punto de vista personal, la excesiva seguridad y la permanencia demasiado larga en un puesto conducen en ocasiones a una sensación de desmotivación, o apatía, ante la convicción de que no hay más retos o poco adicional por aprender.

Sin embargo, las características actuales de la política española, su fuerte inclinación al nepotismo, al amiguismo y a la corrupción, diluirían seguramente las ventajas, dando lugar a negativos resultados. En un sistema carente de controles eficaces y contrapoderes reales, los funcionarios de carrera constituyen uno de los últimos mecanismos de contención del poder político que todavía siguen en pie, uno de los pocos estamentos del Estado que escapa al control absoluto de los partidos. Un funcionariado profesional puede actuar como freno ante conductas irregulares y aportar un carácter más neutral a algunas instituciones. Estos oficiales públicos pueden denunciar manejos irregulares del poder político, o corruptelas, y oponerse a ellos sin temor a ser despedidos. Sin la garantía de permanencia, los políticos conseguirían un funcionariado mucho más dócil y tolerante con sus arbitrariedades.

En este sentido, el funcionariado es para los partidos la última frontera por colonizar, uno de los últimos bastiones por conquistar. La manera de vencer esta fortaleza ha sido indirecta, no tanto un ataque frontal como una maniobra de envolvimiento, de soslayo. Los políticos han introducido por la puerta trasera, sin la preceptiva oposición, una cantidad ingente de asesores y empleados de la Administración, muchas veces fieles al partido. Han retirado importantes atribuciones a oficiales públicos encargados de ejercer ciertos controles. Incluso han colado a algunos de los suyos en la carrera funcionarial planteando oposiciones con trampas o favoritismos hacia sus protegidos, tal como a veces ha salido a la luz pública.

En los sistemas políticos que disponen de oportunos controles, rigor y un adecuado juego de contrapoderes, el carácter inamovible de los funcionarios es un elemento que reviste mucha menor importancia. En España, sin embargo, la aceptación del despido, o la no renovación, en el régimen funcionarial generaría probablemente una Administración con una fuerte tendencia a llenarse de miembros de los partidos, amigos y familiares. O de funcionarios mucho más sumisos y dispuestos a hacer la vista gorda ante el abuso y la corrupción.

Esto no quiere decir que, en las circunstancias actuales, no pueda reformarse la gestión de la Administración con el fin de promover mayor eficiencia y austeridad. La eliminación de todos aquellos servicios y organismos que sólo sirven para colocar a los propios y la limitación drástica del número de cargos de libre designación, serían pasos en la buena dirección.

También cabría mejorar los criterios de selección de los funcionarios, reduciendo el peso de las pruebas meramente memorísticas en las oposiciones y primando ciertas cualidades personales, como la facilidad para el aprendizaje o la capacidad de resolver problemas. Para desempeñar el trabajo en algunos cuerpos de la Administración, ciertas cualidades y actitudes personales son tan relevantes como los conocimientos de la materia. Un ejemplo es la oposición a judicatura. Para seleccionar un buen juez puede tener menos trascendencia el conocimiento de memoria de unas cambiantes leyes que la capacidad de interpretarlas correctamente o un firme talante de ecuanimidad y rectitud. Y, sobre todo, es imprescindible reformar las pruebas para evitar que muchísimas personas malgasten años de su vida en preparar oposiciones. Se trata de un enorme despilfarro social de recursos, pues la mayoría no logra pasar la selección y acceder al puesto.

Se pueden proponer otros métodos de selección, pero éstos deben ser siempre objetivos, evitando especialmente la discrecionalidad de los gobernantes. Dentro del deplorable marco político actual, es sumamente peligroso aceptar algún esquema en el que la continuidad del funcionario dependa de una decisión interesada de los políticos. España no puede permitirse el lujo de renunciar a uno de los últimos mecanismos de freno y control del poder que todavía permanece.

CAPÍTULO 11

El Parlamento: una cuadrilla de aprieta-botones

Mañana del 12 de diciembre de 2011. La sede central del Partido Popular es un hervidero de cámaras, fotógrafos y periodistas, arremolinados para transmitir rápidamente la noticia que saltará en unos instantes. También asisten todos los pesos pesados del partido y son tantos, que los asientos de la alargada sala resultan insuficientes. Algunos se mantienen en pie, acariciando la blanca pared del fondo con la trasera de sus delicados trajes. Presidentes autonómicos, alcaldes, concejales, diputados electos, futuros senadores e importantes cuadros del partido, congregados en grata y cálida camaradería, mantienen su vista clavada en la tribuna aguardando el momento en que el orador se digne a pronunciar la primera palabra. El suspense se palpa en el ambiente. ¿Qué decisión habrá tomado el jefe?

Aunque han transcurrido sólo tres semanas desde su triunfo en las elecciones generales, Mariano Rajoy ha tenido tiempo de deshojar la margarita y tiene su resolución tomada. Ha llegado el momento de hacerla llegar a todos sus subordinados. Vestido con traje gris y corbata azul, su figura se recorta en el luminoso y celeste panel frontal. El contraste de colores y formas, junto con el inevitable emblema del partido, contribuyen a plasmar un impactante cuadro, casi surrealista, del que es imposible apartar la vista. Abstraído, el presidente del partido consulta brevemente los papeles dirigiendo de vez en cuando alguna mirada indiferente a la concurrida audiencia.

El gallego comienza lentamente su alocución. Arrastra al principio las palabras y arranca finalmente con decisión, explicando que «nos corresponde la presidencia del Congreso». Acto seguido señala el nombre de la persona que ocupará ese puesto: Jesús Posada. La concurrencia estalla en aplausos y miradas hacia el lugar donde se sienta el elegido, que corresponde con sonrisa y agradecimiento. A continuación, los nombres de vicepresidentes y secretario. Más aplausos, muestras de alegría y felicitaciones. Pero no acaban ahí los nombramientos, pues tras el Congreso de los Diputados queda el Senado. La presidencia, para Pío García Escudero, igualmente felicitado, mientras que otros miembros del partido se reparten el resto de los cargos.

Aunque el acto se llevase a cabo abiertamente, a la luz del día, y los medios de comunicación reaccionaran con naturalidad, apresurándose a publicar la identidad de las autoridades que iban a dirigir el Legislativo, este curioso episodio revestía una enorme gravedad. Quizá porque ya se había convertido en un hábito, en una costumbre muy arraigada, nadie se indignó ni se escandalizó ante el desparpajo, la naturalidad y la falta de disimulo de Rajoy. Tampoco él pareció reparar en que su conducta constituía una señal nítida, una demostración inequívoca de que una enfermedad terminal aquejaba a la democracia española. O quizá lo sabía tan bien que ni siquiera se molestó en guardar las formas. Una de las piezas fundamentales del sistema democrático había sido arrancada de raíz.

Un error muy extendido consiste en creer que la democracia se limita al voto y a la existencia de un régimen multipartidista. Son dos condiciones importantes e imprescindibles aunque, por sí solas, insuficientes. Una democracia necesita, además, una separación de poderes efectiva y un sistema directo de representación y exigencia de responsabilidades.

El mecanismo de control y de limitación del poder por excelencia es la «separación de poderes» o reparto de atribuciones entre el Ejecutivo (Gobierno), el Legislativo (Parlamento) y el Judicial (tribunales) con el fin de evitar la concentración de potestades en uno de ellos. Estos órganos deben ejercer un eficaz juego de contrapoderes, una constante labor de control y vigilancia mutua. Cada uno de ellos debe ser capaz de supervisar a los otros dos con el fin de evitar un poder omnímodo, que podría llevar a la arbitrariedad. Una vez elegido un gobierno, ¿qué le impide abusar y saltarse las leyes en su beneficio? Precisamente que existe un Parlamento y unos jueces que no dependen jerárquicamente de él y que mostrarían instantáneamente su oposición a tal comportamiento.

Sin embargo, la escenificación de Rajoy ponía de manifiesto que el Parlamento no decidiría absolutamente nada por su cuenta. Que quedaba completamente supeditado a los partidos y que obedecería estrictamente las órdenes de quien, una semana más tarde, se convertiría en el jefe del Ejecutivo. En ese momento, las Cortes todavía no se habían constituido y los diputados ni siquiera habían llegado a reunirse. Debía ser, supuestamente, la Cámara soberana en reunión plenaria la que eligiese y nombrase a su presidente. Sin embargo, era el jefe de un partido, y candidato a presidir el Poder Ejecutivo, quien cantaba, cual niño de San Ildefonso, los nombres de quienes iban a dirigir el Poder Legislativo. Y lo hacía de forma abierta, con el beneplácito de la prensa, en la sede de su partido, con el aplauso y aprobación de todos los asistentes, en una sesión que se encontraba a medio camino entre la ceremonia de entrega de los Oscar y el sorteo de la Lotería de Navidad. La sonrisa del ganador al verse agraciado con el premio no dejaba lugar a dudas: «and the winner is…».

En realidad, aunque ahora se manifestase tan abiertamente, el principio de separación de poderes y la autonomía del Poder Legislativo habían desaparecido mucho tiempo atrás. El Congreso de los Diputados es, sobre el papel, un órgano que debería encarnar la soberanía popular. Sin embargo, dado que el elector no vota directamente a su representante, sino a listas cerradas, el diputado individual no puede tener criterio propio, convirtiéndose en una máquina de votar lo que le ordenan: no ejerce como representante de sus electores, sino de la dirección de su partido. Por ello, las decisiones importantes las toman las cúpulas de los partidos y las trasladan al Parlamento a través de la disciplina de voto.

El Legislativo no lleva a cabo, en la práctica, ninguna de las funciones que teóricamente tiene encomendadas: ni controla al Gobierno, ni hace las leyes, ni ejerce la representación de los ciudadanos, limitándose a servir de correa de transmisión de las cúpulas de los partidos. No controla al Gobierno, pues el voto de cada parlamentario no depende, en absoluto, de cuál haya sido la acción del Gobierno. Con independencia de que el Gobierno lo haga bien, regular o mal, los diputados van a votar siempre lo mismo: lo que ordene la dirección de su partido. Las leyes no las hace el Parlamento: las elabora en realidad el Ejecutivo y ordena a sus diputados votar a favor. Si el partido del Gobierno no tiene la mayoría, el Ejecutivo suele comprar, a otros partidos minoritarios, los votos que le faltan a cambio de generosas y arbitrarias concesiones a cargo del contribuyente.

Tampoco ejerce el Parlamento la representación directa del ciudadano. El sistema electoral se ha caracterizado, como hemos dicho, por la total ausencia de una relación directa entre elector y elegido: no se vota al candidato, sino a listas cerradas que elaboran las direcciones de los partidos políticos. No hay control de los ciudadanos hacia su representante, pues, por lo general, nadie sabe quién le representa en el Parlamento. El parlamentario individual no puede tener criterio propio, se convierte en una máquina de votar lo que le ordenan: no ejerce como representante de sus electores, sino de la dirección de su partido. Es explicable que los debates en las Cámaras carezcan casi por completo de argumentos, ya que no hay que convencer a nadie: todos actúan siguiendo órdenes de las altas esferas. Por supuesto, este funcionamiento no se limita a la política nacional, sino que se reproduce, agravado si aún cabe, en los Gobiernos autonómicos.

En un sistema partitocrático como el español son las direcciones de los partidos, no los ciudadanos, las que deciden quiénes serán los representantes y las que ejercen un estricto dominio sobre los miembros del Parlamento. Así, el diputado individual no puede tener criterio ni decisión propios. Dado que gran parte de los órganos de decisión del Estado, que deberían gozar de cierta independencia, se «nombran» por el Parlamento, esta preponderancia de las estructuras partidarias se traslada a otras muchas instituciones. De este modo, la partitocracia deja sin contenido real la mayor parte de los órganos del Estado, pues éstos se limitan a adoptar formalmente unas decisiones que ya han sido tomadas por los partidos. Las instituciones pierden su fiabilidad, neutralidad y objetividad, desapareciendo así casi todos los controles que garantizan el cumplimiento de las leyes, fundamento básico del propio Estado de Derecho.

De la teoría a la práctica, blanco y en botella: un día después de la aludida reunión, las dos Cámaras elegían entre enormes aplausos a aquellos que había anunciado previamente Mariano Rajoy.

CAPÍTULO 12

El circo de las comisiones parlamentarias de investigación

El escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) andaluces saltó a las primeras planas de los periódicos en el año 2011. La Junta de Andalucía había concedido ayudas para prejubilación a numerosas empresas, pero había incluido en los EREs a falsos empleados, personas que cobrarían ilegalmente la prejubilación por no haber trabajado nunca en esas empresas. Este fraude, y falsedad documental, fue puesto en manos de la justicia.

Desde febrero de 2011 hasta junio de 2012, un Parlamento Andaluz con mayoría del PSOE rechazó sistemáticamente la creación de una comisión de investigación para depurar las correspondientes responsabilidades políticas en este asunto, dado que eran los socialistas quienes gobernaban cuando se produjeron las irregularidades. Finalmente, en junio de 2012 se aprobó la creación de esta comisión por ser una de las condiciones que puso Izquierda Unida en su pacto de gobierno con el PSOE.

Las sesiones se desarrollaron durante cinco meses, tomaron declaración a más de una veintena de personas y terminaron el 28 de noviembre de 2012. ¿Llegaron a alguna conclusión? Como era de esperar, no sacaron absolutamente nada en limpio. La comisión fue un auténtico fiasco. «No emplearé la palabra fracaso por todo el trabajo realizado», declaró su presidente, Ignacio García, de Izquierda Unida. Pero sus palabras dejaban claro que aquello no había servido para nada.

El PP votó en contra de los 196 artículos de la conclusión final, mientras que el PSOE se abstuvo en gran parte de ellos. El voto de IU a la integridad del texto no bastó para modificar la impresión de que cada grupo parlamentario se había enrocado en sus posiciones de partida, sin cambiar un ápice tras las comparecencias.

El portavoz del PP, Carlos Rojas, afirmó que la comisión fue un «paripé», dado que los diputados no habían investigado «a fondo» el fraude de los EREs. Rojas añadió que de las 135 comparecencias que ellos pidieron, la comisión las limitó a 25, tildando de «auténtico bodrio» el dictamen propuesto, pues, según él, el texto se limitaba a apoyar «la teoría de los cuatro golfos». Por su parte, la portavoz del PSOE, Antonia Moro, declaró que una «auténtica golfada» benefició al PP en el resultado final. Moro consideró «bochornosa e intolerable la actitud de los populares, que han tomado el pelo a los andaluces». El portavoz de IU, José Antonio Castro, sentenció: «Nos sentimos defraudados, engañados y asqueados. […] Se han mofado de los andaluces y del Parlamento. […] Es un circo muy triste». La guinda la puso el propio presidente de la comisión, Ignacio García: «Esto es lo que hay tras 17 años sin comisiones. Es difícil juzgar quién tiene más culpa, porque lo del PSOE era más previsible. El PP tendrá que explicar por qué exime de culpa a miembros del Gobierno [socialista] y uno de ellos actual diputado. ¿Ha habido pacto entre los dos partidos?».

El fracaso, rayano en el esperpento, de la comisión de investigación del Parlamento Andaluz no podía sorprender en absoluto. Cualquier comisión parlamentaria española llegaría siempre a un resultado similar, pues la probabilidad de esclarecer cualquier asunto es completamente remota. En España, las comisiones formadas por diputados o senadores gozan de las llamativas cualidades atribuidas al legendario Triángulo de las Bermudas: todo cuanto pasa por allí desaparece y su rastro se esfuma como si nunca hubiera existido, ninguna circunstancia se aclara, los hechos que parecían nítidos se embrollan, algunos pierden la memoria tras ser abducidos y el fenómeno genera caudalosos e inmerecidos ríos de tinta.

Llegar al fondo de los hechos, y asignar con justicia responsabilidades políticas, requeriría unas comisiones con miembros independientes, libres de ataduras, resistentes a las presiones, ecuánimes, imparciales, deseosos de conocer la verdad y, sobre todo, carentes de relación alguna con los hechos investigados. Y es imposible encontrar en España un puñado de senadores, diputados nacionales o diputados autonómicos con estas características.

Aun siendo calificados como órganos de representación de la soberanía popular, los parlamentos en España responden a duras penas a tan ceremoniosa definición. Su peculiar funcionamiento, marcado por una omnipresente disciplina de voto, convierte sus sesiones en una aburrida función de teatro, dirigida por los corifeos de los partidos. No hay actor o figurante capaz de abandonar el pobre, rígido y repetitivo libreto, sea para pronunciar un discurso, exponer una idea, materializar un voto o sumarse a un aplauso o a un abucheo. La obediencia ciega al partido, por encima de la defensa de los intereses de los representados, degrada la condición del diputado a un mero engranaje de la larga correa de transmisión que vertebra todo el régimen partitocrático.

Existe una probabilidad casi nula de que estas comisiones pudieran acercarse siquiera a la verdad de los hechos, mucho menos aclarar caso alguno, ya que los diputados carecen de independencia y libertad de actuación, no pueden permitirse imparcialidad o ecuanimidad por encima de las órdenes que reciben y, sobre todo, sus partidos se encuentran involucrados hasta las cejas en todos y cada uno de los asuntos que pudieran ser investigados. Abierta cualquier investigación parlamentaria, los partidos no sólo serían juez y parte, sino también fiscal, abogado defensor, testigo, miembro del jurado, alguacil e, incluso, reportero acreditado.

La experiencia señala que, cuando la comisión viene marcada por el desacuerdo entre los grandes partidos, las sesiones se asemejan a una disputa barriobajera, donde cada uno procura desenterrar las vergüenzas del rival y tapar las propias, mientras la barahúnda dialéctica desvía la atención de una parte de la opinión pública hacia lo morboso, espectacular o llamativo, olvidando la objetividad y las cuestiones de fondo. Si se forman bajo el signo del acuerdo, resultan mucho más aburridas, pero son igualmente inútiles para esclarecer asunto alguno.

El cine y la televisión no sólo han importado de América la celebración de Halloween o la moda de inscribir a los recién nacidos con determinados nombre de pila: también la propensión a solicitar comisiones parlamentarias, en la creencia de que aportan alguna utilidad práctica. Se olvida que, en Estados Unidos, congresistas y senadores gozan de considerable independencia de sus partidos y que éstos no impregnan toda la estructura social y económica ni se encuentran involucrados en todos y cada uno de los escándalos imaginables. Sin embargo, la investigación parlamentaria constituye en España un señuelo, una quimera que muchas personas, y cierta parte de la prensa, exigen y cuya concesión, tan inútil como vistosa, puede ser vendida como una gran victoria de la ciudadanía.

En las condiciones actuales, las comisiones de investigación no deberían estar compuestas por políticos, sino por personas íntegras e independientes, si realmente se pretende llegar a alguna conclusión cercana a la realidad. Existe algún precedente histórico. En 1983, el presidente argentino Raúl Alfonsín nombraba la «Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas» que, investida con amplios poderes y presidida por el escritor Ernesto Sabato, investigó los casos de personas en paradero desconocido tras ser detenidas por la dictadura militar. Con muy buen criterio, el grupo estaba formado mayoritariamente por personalidades independientes, con prestigio en cada uno de sus campos. Alfonsín, que deseaba llegar a conclusiones fiables, conocía demasiado bien los entresijos de la política argentina como para saber lo que hubiera implicado la presencia mayoritaria de miembros de los partidos.

Un parlamento verdaderamente independiente podría investigar con cierta garantía y rigor las responsabilidades políticas. Sin embargo, en las actuales circunstancias, crear comisiones es como pedir a los partidos que depuren sus propias responsabilidades, opción completamente descartada. Por ello, las comisiones de investigación parlamentaria se convierten en un teatro de variedades que se limita a ofrecer torpes números de escapismo, desgastados trucos de prestidigitación, decorados de cartón piedra y tristes toreos de salón.

TERCERA PARTE

La clase política española

CAPÍTULO 13

Éstos son los enemigos de la democracia

Con la sangre de Julio César aún fresca sobre las losas del Foro, Marco Tulio Cicerón, que nada había tenido que ver con su muerte, animó a los ciudadanos romanos a aprovechar el vacío de poder para reinstaurar la República. Y en el mismo lugar donde había tenido lugar el magnicidio, ante el estupor de un pueblo ya demasiado acostumbrado a la servidumbre, Cicerón, anciano y libre por fin de toda indecisión, pronunció memorables discursos en defensa de la sagrada causa de la libertad y, también, sus 14 Filípicas contra el usurpador Marco Antonio —«¡Que sean otros quienes vivan como esclavos! Nosotros los romanos rehusamos hacerlo. Si no podemos lograr la libertad, ¡muramos!»—. Sin embargo, consciente del estado de postración de sus conciudadanos, Cicerón, que durante años había ejercido la política y conocía bien sus entresijos, no fue tan cándido como para apelar sólo a los aletargados corazones de los romanos, sino que maniobró también en el terreno de los acuerdos y procuró lograr el apoyo de César Octavio, heredero de Julio César y de quien él mismo era valedor, y Marco Emilio Lépido.

Pero Octavio y Lépido, para quienes su libertad estaba garantizada por su posición de poder, lejos de sentirse tentados por las palabras de aquel anciano orador reconvertido en campeón de la libertad y sumarse a la causa de la República —de la que sospechaban prescindiría de ellos tarde o temprano—, optaron por reunirse en secreto con Marco Antonio y, mediante acuerdo, repartirse el poder a conveniencia. Aquel pacto trajo aparejada la perdición de Cicerón, cuyo postrero esfuerzo por defender la libertad del pueblo romano le había convertido en el obstáculo que separaba a aquellos hombres poderosos de sus ambiciones. Poco después, el ilustre orador, jurista, escritor y filósofo fue asesinado en la localidad de Cajeta (hoy conocida como Gaeta), donde, consciente de que su final estaba cerca, había hecho una última parada para encontrar la paz espiritual y prepararse para abandonar este mundo.

Sirvan estos acontecimientos, que tuvieron lugar hace ya más de 2.000 años, para explicar cómo las fuerzas antagónicas de un Estado prefieren siempre avenirse al pacto y al reparto del poder antes que combatir entre sí. Pues incluso las teorías políticas y económicas más vanguardistas de nuestro tiempo reconocen que, dentro de los modelos institucionales corruptos, las fuerzas que pugnan por el poder se avienen al pacto antes que a arriesgarse a perder su posición enfrentándose entre sí.

En los tiempos de Cicerón, las conspiraciones eran lideradas por personajes con nombre y apellidos, que pagaban con sus bienes y haciendas, y frecuentemente con su vida y las de sus más allegados, el fracaso de sus maquinaciones. Entonces era relativamente fácil para el historiador, y para el público en general, distinguir a los hombres buenos de los malvados, a los nobles de los mezquinos. Y esta clara separación entre el bien y el mal servía a los escritores de la época para crear dramas y tragedias, cuya ejemplaridad, de cuando en cuando, sacudía la conciencia de un pueblo adormecido.

Sin embargo, en nuestros días las facciones qué pugnan por el control del Estado han devenido grupos y colectivos anónimos y sin liderazgos claros, en los que sólo hay nomenclatura. Y lejos de aflorar héroes dispuestos a hacer frente a los villanos, abundan los antihéroes y los oportunistas. En estos cuerpos sociales impersonales manda el gregarismo. Y las personas pueden defender sus intereses de grupo sin tener que meditar sobre lo que es correcto y lo que no, y sin asumir individualmente los costes de sus decisiones o la ruindad de sus actos. De ahí que sea incorrecto aludir sólo a la clase política cuando hablamos de la Casta, pues ésta es mucho más amplia y se distribuye en tres cuerpos sociales enemigos de la España abierta: la clase política, el establishment y lo público.

La clase política es, de estos cuerpos sociales o súper clases, el más consciente de que el statu quo depende del pacto entre los grupos principales. Por ello, sus reformas evitan interferir en los intereses de las otras partes, lo que da lugar a un falso pragmatismo, travestido de consenso —realmente se trata de un consenso de grupos—, que bloquea cualquier cambio estructural e impide la transformación de España en una sociedad abierta y moderna.

El establishment, que influye, y mucho, en la economía y, por tanto, en las decisiones políticas, está formado por las grandes corporaciones, especialmente aquellas que controlan los sectores estratégicos y la gran banca, y también por cierto tipo de empresarios que viven del favor administrativo, muchos de los cuales son caciques territoriales que medran a la sombra de las organizaciones políticas locales. Todos ellos constituyen una elite por naturaleza antagónica a los Sistemas de Libre Acceso y cuyos intereses son incompatibles con los principios de la libre competencia. La relación entre el establishment y la clase política es muy estrecha, de ahí que la hiperinflación legislativa, las trabas administrativas y las dificultades burocráticas no sean fruto de la impericia del legislador, sino un mecanismo de control que limita el acceso al mercado, a la política y a la justicia de los pequeños agentes en beneficio de los grandes y las oligarquías locales.

Lo público es el resultado de transformar el concepto de «servicio público» en «estructura pública», proceso mediante el cual un considerable número de personas, con el fin de mantenerse a salvo de las contingencias materiales, impone la proporcionalidad entre las prestaciones que reciben los ciudadanos y los derechos adquiridos, no siempre legítimos, de quienes de una forma u otra trabajan para el Estado y las administraciones públicas. Esta desnaturalización del concepto de servicio público ha desembocado en la corrupción, el nepotismo, la acumulación de privilegios, la falta de transparencia y el endeudamiento descontrolado. Y lo público, muy alejado del concepto de eficiencia y su primigenio objetivo de servir al ciudadano, es hoy el gran negocio de una minoría, la Arcadia de muchos y un lastre para el resto.

Durante más de tres décadas, estos tres grupos, que han trascendido las tradicionales clases sociales, se han repartido los recursos del Estado, tal como Marco Antonio, César Octavio y Marco Emilio Lépido se repartieron el Imperio romano; es decir, constituyen en alguna medida un triunvirato anónimo y adaptado a los nuevos tiempos que se ha apoderado del Estado. Y a su amparo prosperan y se multiplican los verdaderos enemigos de España; decenas de miles, o quizá millones, de hombres y mujeres que pugnan y cooperan entre sí para hacer de las administraciones públicas su particular Arcadia o negocio. Difícil combatir a grupos tan extensos y cooperativos y desmontar este reino de Césares anónimos, donde sólo prosperan aduladores y cazadores de rentas a quienes la libertad en realidad no interesa. Sin embargo, la historia no ha terminado. Y frente a la negra profecía que podría derivarse del actual estado de cosas, resulta más que oportuno rememorar las palabras que Karl Popper pronunció en Sevilla en 1992: «La historia se detiene hoy. El futuro no existe todavía y ésa es nuestra gran responsabilidad; podemos mejorarlo».

CAPÍTULO 14

Los políticos: dúctiles, oportunistas e imprevisibles

Zygmunt Bauman (Poznań, Polonia, 1925), premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2010, afirmaba sobre el movimiento de los indignados que «el 15-M es emocional, le falta pensamiento». Una observación acertada, pero que debía haber sido más ambiciosa y no circunscribirse a ese movimiento ciudadano. Porque ese defecto que Bauman veía en el 15M es extensivo a muchas más personas, que, lejos de racionalizar lo que sucede, son presa de los sentimientos más primarios; seres fácilmente manipulables y al servicio, aun sin sospecharlo, de los intereses políticos o de grupo. De lo contrario, hace tiempo que la inmensa mayoría habría identificado el modelo político y el poder absoluto que este otorga a los partidos como el más grave de sus problemas. Y antes que demandar más Estado, unir los derechos ciudadanos a determinadas rentas y beneficios sociales y tachar al capitalismo de sistema insostenible y depredador, exigirían la reforma de este régimen partitocrático cerrado. Porque sólo un sistema institucional de verdad representativo y en línea con el ciudadano puede ayudar a que se abra paso una forma de ser y de pensar que vaya más allá del corto plazo. Mientras esto no se consiga, y aunque en teoría vivamos en democracia, los grandes dominadores del panorama político serán los grandes partidos y, mediante éstos, los grandes agentes, sean corporaciones o grupos sociales. Un esquema político y de poder dentro del cual las personas, incluso los propios líderes, son en última instancia irrelevantes.

Dentro del actual modelo de partidos, aun cuando el profesional de la política llegue a lo más alto (lo cual requiere de décadas de dedicación exclusiva), la fidelidad a los suyos prevalece por encima, incluso, de los intereses de la propia nación a la que jura o promete servir. Ello se debe a que es el partido quien le incluye en la lista y sufraga sus necesidades materiales mientras se entrega en cuerpo y alma a la causa, cosa que suele hacer a edad muy temprana. Por lo tanto, los escaños, cargos y mandatos pertenecen más al partido que a quien supuestamente los recibe de manos de un pueblo formalmente soberano.

Cuando la carrera del político profesional llega a su fin, también es el partido quien le facilita un retiro adecuado, bien mediante cargos en instituciones o fundaciones creadas al efecto, bien moviendo los hilos para proporcionarle un sillón de consejero en alguna relevante empresa, bien facilitándole un escaño en algún cementerio de elefantes, como puede ser el Parlamento Europeo o cualquier otra institución internacional o nacional al uso. Y la pregunta clave es: ¿quién podría sobreponerse a una dependencia tan extraordinaria y mantenerse firme en sus principios?

Los grandes partidos, carentes de democracia interna, herméticos y jerarquizados —incluso con cargos y escaños hereditarios—, se han convertido en los oligopolios de la «cosa pública», en amos y señores de ese oficialismo que condiciona a la España real. Son los partidos y no las personas (electores y candidatos) los dueños del Estado, las Comunidades Autónomas y sus instituciones; los que dan lugar a las oligarquías regionales y corruptas que fragmentan el mercado, detraen las rentas, malversan el dinero público y llegan, incluso, a amenazar la unidad del Estado. Jamás han existido organizaciones tan poderosas, extensas y capilares, con una red comercial y clientelar tan vasta y profunda, presente en cualquier pueblo y municipio de España, que ni la red comercial de la mayor transnacional es equiparable.

Por si esto no fuera bastante, también es en los partidos donde se prima a unos periodistas sobre otros, a unos medios en detrimento de otros, mediante el pago en especie con filtraciones, exclusivas y también, por la vía de la concesión de licencias, las subvenciones directas, la publicidad institucional y demás subsidios encubiertos. De ahí que en los medios de comunicación sólo haya lugar para las polémicas partidistas o intrapartidistas, tan alejadas de los problemas reales de la sociedad, y los salvoconductos para acceder a las tertulias políticas radiofónicas y televisivas sean tan caros de conseguir. En consecuencia, no existe ningún contrapoder (salvo, claro está, en Internet) que denuncie los excesos y fallas del modelo.

Por eso, por ejemplo, tras la salida de José Luis Rodríguez Zapatero de la Moncloa, y nada más iniciarse la X legislatura, todo se vino abajo a cuenta de las elecciones andaluzas de marzo de 2012. A cuenta de las cuales, el nuevo presidente del Gobierno decidió retrasar la aplicación de una urgente batería de medidas impopulares para atajar la crisis económica, sabedor de que su aplicación comprometería los resultados de su partido en Andalucía. Y por más que numerosos antecedentes avisaran de que la política del corto plazo —el cálculo político de los intereses partidistas— se impondría de nuevo por encima de la sensatez y el buen gobierno, pocos pensaron que, por deferencia al Partido Popular de Andalucía, Mariano Rajoy fuera capaz de parar el reloj y dejar al país colgando del precipicio, perdiendo un tiempo precioso y, lo que es peor, la iniciativa.

Aquella parada táctica tuvo graves consecuencias. La prima de riesgo se disparó, las alarmas saltaron en la Unión Europea y la presión sobre la deuda española se volvió insoportable. Entonces, el presidente, forzado por la situación, hizo de la necesidad virtud, salió a la palestra y se despachó con lo siguiente: «Haré cualquier cosa que sea necesaria para sacar a España de esta situación, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer». Y dicho y hecho, sin más explicación dos promesas fundamentales con las que había hecho campaña en las elecciones generales de 2011 fueron eliminadas de un plumazo. La primera, que no subiría los impuestos. Y la segunda, que no inyectaría dinero público a los bancos. Para justificar tan flagrante incumplimiento argumentó que la nuestra era una situación límite y que, por lo tanto —siempre por el bien de España—, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, aunque no le gustara y hubiera dicho lo contrario.

Lo realmente inquietante de estas y otras unilaterales rectificaciones, tan celosamente envueltas en la bandera de la razón de Estado y a las que tan acostumbrados estamos, es que ponen de manifiesto la ausencia de principios políticos fiables, de ese valor tan necesario que es la certidumbre en la acción de gobierno. Es decir, más allá de que para el presidente gobernar e improvisar fueran sinónimos, se adivinaba un problema mucho más grave y sin solución: la carencia de pensamiento y compromiso políticos. Después de llevar 32 años dedicados a la política, nadie sabía cuál era el pensamiento político del nuevo presidente más allá del apaño cotidiano y el deseo de mantenerse en el cargo. Una incógnita que es común a todo político de nuestro tiempo y que nos ha privado en el pasado, y nos privará en el futuro, de la mínima e imprescindible certidumbre respecto de la acción de nuestros gobernantes.

Esa falta de sustancia, de integridad (ideológica), de convicciones y, en consecuencia, de moral es fruto de la subordinación de los intereses nacionales a los intereses de los partidos políticos. Y se traduce en incertidumbre y desconfianza. Por ello, los ciudadanos, al preguntarse cuál es el horizonte hacia el que marchan, sólo aciertan a responder, como Sinuhé el egipcio, que «del mañana nada se sabe y el oro no es más que polvo a nuestros pies».

Esta inconsistencia no es exclusiva de uno u otro presidente, de uno u otro político, sino que es aplicable a todos ellos en general. Es la consecuencia lógica de la degradación de la política por obra y gracia de unos partidos no democráticos, inaccesibles, endogámicos, excluyentes y todopoderosos, que se niegan a reformarse y abrirse para dar entrada en sus filas a lo más granado de la sociedad, a los mejores o al menos a los más honestos y honrados de los ciudadanos; aquéllos con verdadera vocación de servicio que han demostrado ser capaces de salir adelante por sus propios medios en el mismo ambiente hostil que sus conciudadanos.

En los profesionales de la política sólo hay margen para ideas arbitrarias, difusas y deslavazadas, en ocasiones tan incompatibles entre sí que degeneran en rocambolescas contradicciones; ideologías dúctiles y oportunistas, de gran consumo, que hacen que las decisiones, aun las más importantes, lejos de anticiparse a los problemas, se tomen de manera improvisada y a conveniencia.

Originariamente los partidos políticos debían ser organizaciones eficientes, democráticas y representativas que ahorraran a las personas tediosos procesos de análisis y discriminación de la información, facilitando así una alternativa y un voto razonablemente coherente con las inquietudes de los ciudadanos. Pero la falta de democracia interna, sumada a la democracia incompleta del modelo político, hace que vivamos en la oscuridad, en la ignorancia permanente y en la precariedad más absoluta. Y al no existir políticos independientes, que se deban a sus electores, la seguridad en general y la seguridad jurídica en particular desaparecen. El gobernante, libre del control directo de los electores, tiende a legislar de forma aleatoria, aprobando nuevas leyes que sean propicias a sus intereses de grupo, al mismo tiempo que elude velar por el cumplimiento de aquellas otras que amenazan desestabilizar a quienes les apoyan. Por ello, los términos y condiciones del contrato que regula nuestra pertenencia como ciudadanos a este Estado-nación llamado España son cambiantes e impredecibles, incluso la integridad territorial puede ser cuestionada, y, en consecuencia, vivimos pendiendo de un hilo.

Para obviar esta realidad, de nada sirve la irritante disculpa de «lo que hago no me gusta, pero no tengo más remedio que hacerlo». Un buen gobernante debe dar prueba de que es capaz de mantenerse firme en sus principios y promesas, por la sencilla razón de que tiene convicciones propias que son compartidas por los ciudadanos. No se trata de tener gobernantes que emulen a Antígona y defiendan las «no escritas leyes de los dioses», hasta llegar, si es preciso, al sacrificio supremo, que es la pérdida de la propia vida. Eso sería de esperar en gentes con honor, propias de otros tiempos, si no más felices, sí más coherentes. Pero es evidente que no podemos seguir en manos de unos partidos que sólo alumbran personajes dúctiles, oportunistas e imprevisibles, tan relativos e insustanciales. Los españoles, a pesar de todas sus debilidades, tienen el talento, la sana ambición y la energía necesarios para salir adelante, a poco que los gobierne alguien con el coraje y la convicción suficientes. ¿No es posible encontrar entre 47 millones de almas a una persona o personas con esas cualidades? Es evidente que sí. Pero para ello es condición previa indispensable romper las barreras de entrada a la política y transformar los partidos en organizaciones transparentes y abiertas, verdaderos cuerpos sociales vertebrados por ciudadanos libres y honrados. Un cambio que obligará a jubilar no sólo a los actuales líderes, sino a quienes ahora mismo son sus delfines y aspiran a sucederles, pues todos ellos, tras décadas de sometimiento a incentivos perversos, han adquirido los mismos vicios y debilidades que quienes ahora les preceden. En definitiva, hacen falta nuevos agentes, ideas nuevas, nuevas reglas de juego y una mentalidad que no esté infectada por el interés partidista y el corto plazo.

CAPÍTULO 15

Rajoy: un retrato del profesional de la política

«A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, que también es tomar una decisión».

Mariano Rajoy Brey

Desde el 2 de octubre de 2004, día en que fue elegido —por la gracia de José María Aznar— presidente del Partido Popular, a Mariano Rajoy Brey sus íntimos enemigos le etiquetaron de forma intencionada de pusilánime (maricomplejines), lo que con el tiempo ha derivado en uno de los mayores errores de apreciación que se recuerdan en el análisis político.

Lejos de esa etiqueta, este político profesional de 58 años de edad es obstinado, implosivo y, llegada la ocasión, tal como suele suceder con los que aparentan ser mansos, incluso feroz, aunque su ferocidad sea de aquella manera. Y quienes viven dentro del Partido Popular o en sus aledaños y son sus enemigos, si de algo pueden acusar a don Mariano es de regalarles cantidades ingentes de ansiedad. Pues la suya es una forma de hacer que descompone a casi todos, especialmente a quienes dicen defender otros principios —más bien intereses—, tienen alguna urgencia o simplemente están en serios apuros. Mariano Rajoy es el paradigma del político profesional; la evolución del funcionario de partido llevada hasta sus últimas consecuencias; el resultado de 32 años de incentivos perversos, y, en consecuencia, la antítesis del hombre comprometido y de acción.

Mariano conoce a la perfección el modelo político español y sus límites, y dentro de éstos se desenvuelve como pez en el agua. Sabe que la mayoría de las veces no es preciso hacer o decir nada, porque en este Régimen, donde los medios de información son una pieza más del poder de los partidos, las polémicas no tienen solución de continuidad. O bien languidecen, o bien se pudren solas. Lo que cuenta es mantenerse firme y hierático, distante. Por eso, calificar a Rajoy de pusilánime fue un error, un inmenso error. De hecho, quienes pasaban por ser lo contrario, los más recios y sus más enconados enemigos, terminaron haciendo un triste y silencioso mutis por el foro, mientras que Mariano el Temeroso sacó pecho y, arropado por la ciega maquinaria de su partido, hasta se permitió el lujo de la socarronería. ¿Quién era, después de todo, el recio, el tipo duro? Es evidente que nadie ha sabido comprender como él que el partido lo es todo para el político de carrera. Y sobre este principio inviolable articula todas sus decisiones o justifica la ausencia de éstas. Y que le pongan por delante los más elevados principios o los más sagrados juramentos.

Llegados a este punto, alguien, que posiblemente fuera un político bien distinto a los que hoy padecemos, dijo que, dejando a un lado la valía personal, la trascendencia de un gobernante no depende tanto del poder que ostenta como del momento histórico en el que lo ostenta. Y que lo que cuenta es su determinación. Pues bien, después de dedicar más de tres décadas a subir uno a uno los peldaños del poder, Mariano Rajoy coronó la cima justo cuando España afrontaba sus peores momentos. Y su determinación era absoluta —«haré lo que sea necesario»—. Pero esta determinación poco o nada tiene que ver con el interés general, sino con aquello para lo que fue instruido, casi programado: preservar el Régimen nacido de la Constitución de 1978; es decir, la democracia de partidos o partitocracia. Ésa era y es su misión. Y para llevarla a cabo sólo confía en un puñado de tecnócratas que, como él, han crecido al calor del actual modelo político. En este compostelano se reproduce una particularidad heredada del régimen del general Franco —nada ideológico, por supuesto, pues Rajoy, al igual que el dictador, carece de ideología—. Y de igual manera que el dictador sólo confiaba en el ejército como institución y todo lo demás le resultaba sospechoso, Mariano Rajoy sólo confía en los suyos, en sus compañeros de armas; es decir, en un ejército de tecnócratas que controla todos los poderes del Estado.

En cuanto a su relación con la sociedad, diríase que este registrador de la propiedad de 58 años ve a los empresarios, sean grandes o pequeños, y, en general, a quienes pertenecen al sector privado (autónomos incluidos), como agentes egoístas que, cegados por sus propios intereses, son incapaces de entender la prevalencia del Estado y, en consecuencia, del régimen de los partidos sobre todas las demás cosas. Lo que explicaría su íntima aversión hacia el liberalismo económico —en el que no cree— y, también, por qué no decirlo, hacia el otro liberalismo: el de los principios. En general, ninguna doctrina económica le satisface, sea esta liberal, keynesiana o neo-institucionalista, quizá porque ni siquiera las conoce o todas son antagónicas a sus intereses particulares o sencillamente las considera innecesarias. Respecto a la izquierda, ve su dependencia ideológica absurda y trasnochada, cuando no hipócrita (en general, para él toda dependencia ideológica es absurda). Y en cuanto a los ciudadanos comunes, le resultan inconsistentes y gregarios, con una incapacidad secular para gobernarse. Para Rajoy, el ciudadano ideal, al que define como «persona normal», es aquel que madruga, trabaja duro, paga sus impuestos y, por supuesto, se desentiende de la política y delega ésta en «profesionales».

Pero, de todos, a los que más parece detestar es a aquellos que, con conocimiento de causa, cuestionan este régimen partitocrático nacido de la Transición y abogan por una reforma completa del modelo. Éstos son, con diferencia, los que más le irritan; los más peligrosos y a los que hay que mantener a raya, lejos de los medios de comunicación masivos. Siente hacia ellos un odio irracional, porque reflejan como un espejo su no-pensamiento. Para el de Compostela, la piedra angular sobre la que se construye eso que entiende como «una nación seria y de fiar» es el político profesional, en simbiosis con un régimen cerrado, cuya apariencia democrática es necesaria para garantizar la admisión de la clase política española en los foros internacionales. Lo cual, claro está, amplía enormemente las expectativas de colocación de sus miembros.

Por todo ello, una vez Mariano Rajoy llegó a la presidencia del Gobierno, la suerte estuvo echada. Hoy podemos decir sin miedo a equivocarnos —a la vista está— no sólo que la regeneración no formaba parte de sus prioridades, sino que nunca existió un plan para evitar el rescate de España. Muy al contrario, el rescate fue desde el principio la red de seguridad de una estrategia concebida para salvar la partitocracia, aun a costa de agravar más si cabe los problemas de financiación del sector privado. De hecho, en círculos presidenciales se reconoce que la ayuda financiera de la UE, por vía del Banco Central Europeo, y más concretamente de la mano de un Mario Draghi siempre dispuesto, es lo único que ha evitado el colapso de las estructuras administrativas, a todas luces inviables, y ha permitido comprar el tiempo que Mariano Rajoy necesita para hacer los ajustes a su manera, dejando en el cajón, por siempre jamás, las temidas reformas estructurales. Reformas que, obviamente, son antagónicas a la continuidad del actual Régimen.

Quien creyó en algún momento que Mariano Rajoy, mejor o peor, podría ser la última barrera defensiva de una sociedad enfrentada a problemas de enorme magnitud, hoy ya sabe que no es así. Es el último baluarte de un Régimen que se descompone. El paradigma del político profesional de nuestro tiempo. Y detrás de él no hay alternativa. Queda, pues, una sociedad española que ha de reaccionar (desde arriba y desde abajo) y comprender que es un error delegar en organizaciones de poder que, pasando por encima de los individuos, obren el milagro de satisfacer demandas sociales que tienden a infinito con recursos que desgraciadamente son finitos. Ese error, aceptado durante décadas tácitamente por un pueblo sumiso, es lo que ha dado lugar a la crisis y a un expolio de colosales dimensiones. Porque al final los partidos políticos han terminado sirviéndose a sí mismos.

CAPÍTULO 16

¿Por qué hay tanto inútil y corrupto ocupando cargos públicos?

No es necesario citar nombres para demostrar que la calidad de los dirigentes políticos españoles sufrió un deterioro lento, pero intenso, durante las últimas décadas hasta llegar al deplorable estado actual. «Cada país tiene los gobernantes que merece», afirman algunos, señalando a los ciudadanos como responsables últimos del lamentable espectáculo ofrecido por nuestra clase política. Según esta tesis, serían los votantes quienes, de forma deliberada y contumaz, encomendarían la responsabilidad de una gestión pública, cada vez más compleja, a unos políticos poco capaces, de honradez dudosa o inclinados a favorecer sus propios intereses.

Sin embargo, la insuficiente preparación y mejorable honradez del político medio no se debe a la ignorancia, indolencia o negligencia del votante, ni a supuestos defectos enraizados en la idiosincrasia española, sino a un inadecuado diseño de algunos aspectos del sistema político. El voto es necesario para elegir buenos gobiernos pero claramente insuficiente si los incentivos para dedicarse a la política no son los correctos, los mecanismos de selección de los dirigentes son perversos y los electores no pueden discriminar con su voto las cualidades de cada candidato. Y, en España, estos procesos de selección e incentivos son manifiestamente mejorables, dando lugar a una peculiar «ley de Gresham»: los malos políticos tienden a expulsar de la circulación a los buenos.

Su Majestad no entendía que tanta gente ansiara formar parte del Parlamento, cuando el puesto ocasiona tantas molestias a cambio de una magra remuneración. Sospechaba que tan exaltada virtud y tan enorme espíritu cívico podrían no ser tan sinceros. Y que algunos parlamentarios abrigasen el propósito de resarcirse de gastos y fatigas sacrificando la conveniencia pública…

El párrafo anterior no corresponde a una confidencia furtiva en el desahogo de alguna cacería africana, ni es fruto de la acerada pluma de un aguerrido periodista contemporáneo. Pertenece a Los viajes de Gulliver, una profunda e imaginativa sátira social y política escrita en 1726 por Jonathan Swift. Tan clásica, que todavía entretiene a niños e ilustra a mayores sobre asuntos tan sesudos como los motivos que impulsan a las gentes a dedicarse a la política.

Tal como insinúa Swift, la profesión política puede ejercer tres tipos de atractivo sobre los sujetos: el salario, los ingresos de actividades corruptas y las ganancias de carácter psíquico —fama, prestigio, poder, satisfacción de servir a los ciudadanos, posibilidad de defender las propias ideas, etc.—. La dedicación a la actividad pública suele implicar una importante pérdida salarial para las personas con elevada cualificación profesional pero una suculenta ganancia neta para aquéllas con poca formación. Y, por razones obvias, la administración de los dineros públicos atrae de manera irresistible a muchos sujetos de honradez bastante dudosa.

Como consecuencia, las personas de acreditada valía y contrastada integridad sólo pueden sentir la llamada del prestigio y el orgullo de servir a su país, a costa de una importante pérdida material. Sin embargo, cuando se generalizan los políticos incapaces o corruptos, el prestigio se difumina y la satisfacción merma, experimentando las personas competentes y honradas una decreciente disposición a dedicarse a las actividades públicas. Un círculo vicioso en el que los buenos políticos tienden a ser desplazados por los malos.

La clave se encuentra en el proceso de selección que llevan a cabo los partidos, caracterizado por la falta de transparencia, las listas cerradas, la ausencia de democracia interna y el desprecio absoluto por las normas. Los criterios para permanecer, medrar en los partidos, obtener un cargo o ser incluido en una lista electoral no se basan en principios tales como excelencia, mérito, esfuerzo, valía personal o cualificación profesional. Y mucho menos en los de honradez o principios sólidos. Afinidades personales o de grupo, carencia de espíritu crítico, conducta oportunista y conspiradora o flexibilidad para cambiar de criterio a una orden son atributos muy convenientes para el «éxito» dentro del partido. El silencio ante el abuso, la indigna adulación o la capacidad de regate en corto se consideran también apreciables méritos para ganarse la confianza de unos líderes que sustituyeron el debate de ideas por el reparto de favores. Y en esas barriobajeras luchas por el poder, que se desatan en ocasiones, acaban venciendo casi siempre los más tramposos y maniobreros.

Perversos procesos de autoselección funcionan con gran intensidad dentro de los partidos: las personas honradas, cabales, idealistas, bien preparadas, con criterio propio y altitud de miras, suelen experimentar un impulso irrefrenable a abandonar unos ambientes dominados por la corruptela, la estricta disciplina de voto, la pobreza intelectual y la indignidad. Como los agujeros negros, los partidos atrapan cualquier rayo de luz que se acerca a sus inmediaciones, oscureciendo el sistema político y la mayor parte de las instituciones.

El voto debería permitir a los ciudadanos elegir a los candidatos más capaces y honrados, compensando así el tremendo atractivo que la política ejerce sobre individuos dudosos y neutralizando la perversa selección que realizan los partidos. Sin embargo, las listas cerradas impiden al ciudadano discriminar entre candidatos individuales, pues debe limitarse a votar un paquete completo, elaborado por la dirección de cada partido.

No puede sorprender, por ello, el notable anquilosamiento y avanzado deterioro del actual Régimen español, con la generalización de verdaderas castas de políticos profesionales, que no viven para la política, sino de la política. Para muchos de ellos, la ocupación de cargos públicos es, con diferencia, su mejor opción profesional, cuando no la única. En estas condiciones, a duras penas pueden compartir intereses, valores y visión del mundo con los electores a los que, teóricamente, representan. Su inclinación por políticas absurdas o contraproducentes no sólo se debe a ignorancia y desconocimiento, sino también a la necesidad de adoptar cualquier medida que favorezca su permanencia en el poder.

Los gobernantes toman muchas decisiones que afectan a la vida y al bienestar de millones de personas. Una política errónea puede significar la ruina para muchas familias o el sacrificio de toda una generación. Al igual que las corporaciones deben escoger cuidadosamente los directivos que toman las decisiones cruciales, una sociedad madura no debe escatimar esfuerzos a la hora de establecer unos adecuados mecanismos de selección de las elites dirigentes, garantizando que los puestos de alta responsabilidad sean ocupados por personas con aptitudes sobresalientes, especialmente en los momentos de gran dificultad e incertidumbre.

Ciertas cualidades definirían a un auténtico estadista: formación y conocimientos para comprender el alcance y los efectos de las diversas opciones; disciplina, tesón y pragmatismo para sobreponerse a circunstancias difíciles y superar los impulsos puramente emocionales; sentido de la imparcialidad y conciencia de que gobierna para todos los ciudadanos, no sólo para una parte; generosidad, honradez y voluntad de servir, sin que primen sus propios intereses sobre el bienestar de los ciudadanos; principios sólidos, capacidad de resistir presiones interesadas y de transmitir confianza; sinceridad, asumiendo la responsabilidad de sus actos y sus palabras; austeridad, aceptando su condición de mero administrador del dinero de los contribuyentes; respeto escrupuloso a las reglas del juego, consciente de que la base de la democracia no es tanto la preponderancia de la mayoría como el imperio de la ley y la separación de poderes, y, por último, realismo y espíritu crítico, alejado de quimeras y fantasías.

Mejoraría sustancialmente nuestra clase dirigente, y el desempeño de la gestión pública, cambiando radicalmente los procesos de selección de los políticos. Es imprescindible reinstaurar la democracia interna en los partidos, garantizando que los candidatos sean elegidos mediante unas elecciones primarias limpias. Y reformar el sistema electoral para establecer distritos uninominales, esto es, circunscripciones pequeñas con elección de diputado único, que obliguen a cada candidato a someterse individualmente al criterio de los votantes. No serviría ya esconderse tras unas siglas, repetir como un papagayo las consignas del partido o recitar majaderías acerca de los rivales. Cobrarían enorme importancia los actos del individuo, su trayectoria vital, su valía personal y su competencia profesional, aspectos que quedarían abiertos al escrutinio público.

En un sistema como el descrito, difícilmente saldría elegido algún sujeto que nunca hubiera trabajado o no se hubiese esforzado para formarse adecuadamente. Al fin y al cabo, las cualidades de los candidatos se infieren mucho mejor de sus actos, y de su pasado, que de unas vacías siglas o de unos aprendidos y entrenados discursos. Y, una vez elegido, el diputado debería responder regularmente ante los electores de su distrito.

Para los cargos de libre designación por el Gobierno, los países serios exigen la aprobación de un Parlamento, independiente del Ejecutivo, que procede a un profundo escrutinio de la valía personal y profesional del candidato antes de pronunciarse. Este sistema, tan lejano a los usos y costumbres de nuestro país, hubiera ahorrado a España una interminable lista de ministros incompetentes e ineficaces.

Ante la pésima calidad de nuestra clase política, la solución no consiste en cambiar alocadamente de personas o partidos: probablemente los nuevos no serían mucho mejores que los anteriores. Se trata de actuar con cabeza, rediseñando correctamente esos mecanismos invisibles que seleccionan a las personas para esos puestos donde se toman las decisiones públicas cruciales.

CAPÍTULO 17

Los grandes partidos hacia el abismo

Próxima a abordar un año 2013, que se vislumbraba aún más turbulento que el agitado 2012, la clase política española aprovechó el Día de la Constitución para reivindicar el, a su juicio, indiscutible éxito de la Carta Magna, esgrimiendo como argumento irrefutable las altas cotas de libertad alcanzadas. En palabras del presidente del Gobierno pronunciadas en esos días: «En el marco constitucional de convivencia cabe todo, todos nos podemos sentir protegidos e identificados y desarrollar los proyectos personales y sociales que deseemos».

Lamentablemente, los hechos parecieron refutar tanta auto-complacencia. Porque, más allá de que fuéramos camino de coronar la espeluznante cima de los seis millones de parados, según el indicador elaborado por European Anti Poverty Network (EAPN), dentro de la Unión Europea, España era en 2012, junto a Grecia, Bulgaria y Rumanía, el país con mayor tasa de población en riesgo de pobreza. Concretamente un 27% (más de una cuarta parte de la población total), o lo que es lo mismo, 12.741.434 personas vivían ya bajo el umbral de la pobreza o padecían una privación material severa. Lo cual, dado que España debía estar más a la vera de Inglaterra o Francia que de Bulgaria, Rumanía y, por supuesto, Grecia, resultaba a priori inconcebible. Y a este desastre estadístico se añadió la guinda de que nuestro país se encontraba, según el estudio de Transparencia Internacional (IT), a la altura de Botsuana en lo que a percepción del nivel de corrupción se refiere.

En consecuencia, si el éxito de nuestra Constitución se hubiera medido en términos de prosperidad, el fracaso habría sido incontestable. Y en cuanto a las cotas de libertad alcanzadas, no habría estado de más recordar aquello tan cierto de que la libertad sin pan no es libertad. No es de extrañar, por tanto, que, según el barómetro del mes noviembre de 2012 elaborado por el CIS, sólo el 37,4% de los encuestados dijera estar bastante o muy satisfecho con la Constitución, mientras que el 51,5% aseguró estar poco o nada satisfecho. Pero aún más significativo fue que, en ese mismo barómetro, sólo el 29,6% se mostró satisfecho con nuestra democracia, mientras que el 67,5% afirmó estar poco o nada satisfecho. Es decir, a ojos de una gran mayoría, la naturaleza de nuestros problemas tenía mucho que ver con las instituciones. Y por lo que parecía, vender soluciones políticas ya no era lo mismo que vender bebidas refrescantes. El público, transcurridos más de cinco años de crisis, se había vuelto mucho más crítico y exigente.

Estas dos tenebrosas pinceladas, que son el índice de pobreza y la percepción de la corrupción, unidas a la opinión de los españoles, ponía de relieve no ya la urgencia, sino la exigencia de ir más allá del manipulable debate económico. Porque precisamente ahí ha estado el problema desde que empezó la crisis, en la entronización del hecho económico como clave. Lo cual ha dado lugar al advenimiento de una Economía exógena y todopoderosa, donde cuestiones cruciales, como la ineficiencia del modelo político, no sólo no han tenido cabida, sino que han sido intencionadamente sustraídas del debate.

Pese a todo, aún prevalecen las mismas visiones miopes: la de un centro-derecha que no está dispuesto a ir más allá de reformas muy limitadas y la habitual política de la cataplasma, y la de una izquierda que sigue sin enterarse de que España sobrevive gracias a la respiración asistida. Un debate tramposo donde sólo ha habido lugar para dos alternativas políticas y dos visiones de muy corto recorrido; esto es, la política de la austeridad y los recortes o la política de los estímulos económicos. Tanto monta, monta tanto. Una lamentable pérdida de tiempo, habida cuenta de que ha sido la España política la que ha colapsado. Y la Economía, en todo caso, es el sismógrafo que ha medido y mide la magnitud de este terremoto. Una evidencia que trascendió hace tiempo al ciudadano común, según demuestran las encuestas publicadas en 2012. El ciudadano de a pie demandaba ingenieros que reformaran los cimientos del edificio institucional, y no fontaneros que arreglasen las cañerías.

Por ello, no es de extrañar que, a la vez que el Partido Socialista Obrero Español está en trance de convertirse en un partido marginal, el Gobierno del Partido Popular pulverice todos los récords de pérdida de confianza. Y si bien el problema en el PSOE es una imparable pérdida de credibilidad ganada a pulso a lo largo de dos legislaturas nefastas, en el caso del PP el desplome en intención de voto no es, o no es sólo, fruto de los recortes y subidas de impuestos, aunque así quiera verlo algún irreductible estratega con mucho predicamento en la calle Génova, ni siquiera de su irritante falta de palabra, sino producto de la manifiesta incapacidad de visión y falta de voluntad para abordar un profundo proceso de transformación institucional que vaya más allá de la chapuza económica.

Pese a todo, como era de prever, ambos partidos siguen a día de hoy empeñados en un debate que es, en lo fundamental y pese a los aderezos ideológicos o demagógicos, falsamente económico y, por tanto, delirante. De persistir en su cerrazón, ambas formaciones políticas pagarán un alto precio, pudiendo llegar a convertirse en partidos marginales e, incluso, desaparecer. Soplan vientos de cambio y nuevos agentes vienen dispuestos a reemplazar a los viejos. Quienes entiendan correctamente la necesidad de reformas y se comprometan a abordarlas, tarde o temprano romperán la baraja. Es sólo cuestión de tiempo.

CUARTA PARTE

Manipulación informativa y traición de los intelectuales

CAPÍTULO 18

La vergonzante autocensura de periodistas e intelectuales

En 1953, el yugoslavo Milovan Djilas escribió unos incisivos artículos criticando duramente el sistema político de su país. Argumentaba que el régimen comunista estaba gobernado por una «nueva clase», la nomenclatura del partido, que ocupaba el poder para garantizarse privilegios completamente vedados al resto de la población. Como cabría esperar, el imprudente Milovan acabó dando con sus huesos en la cárcel, donde permanecería nueve años.

Nada fuera de lo común habría en este episodio si no fuese porque, en el momento de difundir sus aceradas e incómodas opiniones, Djilas estaba a punto de acceder a la presidencia de la República de Yugoslavia, perfilándose como sucesor del indiscutible líder del partido, el mariscal Tito. En lugar de callar, y disfrutar de todas las ventajas y comodidades inherentes al cargo, el dirigente comunista prefirió decir abiertamente lo que pensaba, denunciando una situación profundamente injusta y, sobre todo, contraria a sus convicciones más profundas. Aun con grave perjuicio para su persona, Djilas puso su obligación como intelectual crítico por delante de lo que el sistema esperaba de él como miembro obediente del partido.

En España, las últimas décadas han sido testigos del clamoroso silencio de muchos intelectuales y periodistas sobre los entresijos y el verdadero funcionamiento del Régimen surgido de la Transición política. Escaseó la crítica y la denuncia ante los desmanes cometidos por los partidos y se guardó silencio mientras los gobernantes hacían mangas y capirotes con la separación de poderes o se saltaban las leyes a la torera. Se miró hacia otro lado ante la arbitrariedad, la omnipresente corrupción y la manipulación partidista de todas las instituciones. Muy pocos se atrevieron a pregonar lo evidente: «el rey estaba desnudo».

¿Estribaba el problema en que todos los que podían ejercer la crítica estaban a sueldo del poder? Ciertamente, no. Aunque algunos periodistas recibieran favores, o incluso sobres, y una parte de los intelectuales cobrase de alguna de las instituciones o fundaciones creadas a tal efecto, la mayoría era ajena a este reparto. Las motivaciones no siempre responden a intereses materiales; a veces son más complejas y profundas. Fue el asfixiante ambiente, creado por la incesante propaganda, lo que acabó impidiendo la crítica de muchos. Se trató, más bien, de una vergonzante autocensura ante la perspectiva de recibir alguno de esos certificados de «antidemócrata» que expedían los potentes altavoces del Régimen. Un reverencial temor al «qué dirán» o al «qué pensarán», un miedo insuperable a mantener abiertamente un criterio propio en contra de la corriente.

Desde el principio, la interesada propaganda del Régimen se esforzó en enseñar a la gente su particular forma de «ser demócrata». En realidad, la manipulación consistía en repetir hasta la saciedad un mensaje que identificaba el Régimen de la Restauración juancarlista con la democracia, como si no existiera otro tipo de organización institucional mejor o más cercano al ideal democrático que el estrecho marco delimitado por la Constitución de 1978. Por ello, cualquier crítica al Régimen se convertía en una crítica a la democracia en sentido amplio.

La propaganda oficial también identificó autonomía regional con democracia, señalando los traspasos de competencias del Estado a las Autonomías como «avances» y «nuevos derechos» para los ciudadanos de una región, descalificando y ultrajando a quienes insistían en que lo fundamental era garantizar unos servicios públicos eficaces y baratos, con independencia de cuál fuese la Administración que los proporcionase. Por ello, el Estado de las Autonomías se convirtió en un dogma cuasi religioso, que muy pocos se atrevían a criticar.

Existía una tremenda censura, acatada por casi todos, acerca de la figura del Rey. Aunque oficialmente se dibujaba una imagen idealizada del monarca, era de dominio público que su persona distaba muchísimo de esa ejemplaridad tan fuertemente proclamada, tanto en el terreno familiar como personal, político o financiero. Aun así, pocos intelectuales o periodistas osaban decir la verdad abiertamente, pues, al fin y al cabo, la propaganda repetía machaconamente que el Rey era el artífice de la democracia.

Se trataba de un adoctrinamiento en el que todos los ciudadanos debían interiorizar ciertos dogmas que recreaban una versión manipulada de la realidad, animando a vilipendiar a aquellos que se resistieran a su observancia. Bajo una apariencia de libertad de conciencia y pensamiento, el sistema ejerció a través de esta presión social una tremenda censura sobre el criterio de muchas personas.

Los intelectuales debían acatar la línea predicada desde el púlpito por los editoriales del diario El País, convertido en la biblia del Régimen. Y comulgar con unas argumentaciones frecuentemente engañosas en las que, de unas premisas ciertas, solía extraerse una conclusión carente de lógica. Un silogismo incorrecto que pocos osaban enmendar ante el temor a la excomunión de esa pretendida fe democrática. El mundo al revés: en lugar de ser los periodistas quienes tomaran su opinión y criterio de los intelectuales, eran estos últimos los que absorbían la doctrina predicada por un puñado de periodistas autorizados por el sistema.

Sólo era lícito discutir en los términos aceptados por la partitocracia, esto es, a favor de un partido o en contra de otro, sin cuestionar la calidad o la validez de las instituciones o poner en tela de juicio las tramposas reglas del juego. Pocos cayeron en la cuenta de que la democracia consiste precisamente en lo contrario: en el pensamiento libre, el contraste de ideas y la crítica constructiva y fundamentada; nunca en la repetición insistente, como un loro, de las consignas del poder.

Un régimen político abierto requiere decisiones individuales meditadas, ciudadanos capaces de mantener criterios razonados aun cuando deban nadar a contracorriente. La democracia se empobrece en entornos donde la emoción nubla la razón, o en lugares donde la gente ha interiorizado los dogmas por miedo a atraer las miradas censoras de otros. Ante la tensión entre mantener las propias convicciones, denunciando la injusticia, o seguir el dictado de los condicionantes externos, guardando un cómodo silencio, el ser humano recurre con frecuencia al auto-engaño. Se convence a sí mismo de que la pasividad no traiciona sus principios, de que su voz no serviría para cambiar nada o, incluso, de que la situación, aun siendo mala, podría ser peor.

En ocasiones, algunas conversaciones privadas, especialmente en ambientes académicos, podían provocar una muy ilustrativa respuesta del interlocutor: «Eso es verdad, pero no se puede decir». Algo debía fallar en el sistema cuando lo censurable era exponer la verdad abiertamente, incluso en aquellos círculos intelectuales que debían caracterizarse por la búsqueda de la veracidad y el pensamiento crítico. El temor había inducido a muchos al autoengaño, a aceptar la corrupción, la mentira o el desprecio a las normas como males necesarios para el mantenimiento de un régimen de libertades. Craso error. La permanencia del engaño genera un daño irreparable al sistema democrático y fomenta la difusión de doctrinas populistas y totalitarias. La denuncia de la corrupción, la injusticia y la arbitrariedad, y la defensa de unas reglas del juego equitativas constituyen la única vía hacia la regeneración.

El cambio acelerado de los últimos años provocó la fractura de muchos de los tabúes y dogmas que constituían la columna vertebral del régimen partitocrático. Tras romperse las barreras que contenían la información, y rasgarse las sutiles ligaduras de la propaganda oficial, una marea de merecidas críticas comenzó a barrer todas las instituciones. Una vez abierta la grieta, la fuerza de la corriente del pensamiento libre resultó imparable.

Pero no debe bajarse la guardia. Es labor de cada uno preservar el espíritu crítico, procurando mantener la coherencia y el respeto a los propios valores. En la mayor parte de los casos, se requerirá a lo sumo un poco de valentía y decisión. Como mucho, en ambientes inflamados por la irracionalidad, podría implicar el riesgo de ser señalados con el dedo o de recibir algún calificativo poco amable. Por suerte, aun siendo intelectual o periodista, no será necesario enfrentarse a un dilema tan extremo, tan duro, penoso y traumático como el que superó, con éxito, Milovan Djilas.

CAPÍTULO 19

Las cifras de manifestantes: siempre falsas

Uno de los objetivos de cualquier propaganda gubernamental consiste en mostrar la entusiasta adhesión del pueblo al régimen y a sus dirigentes, sea esta cierta o no. Y qué mejor expresión del sentir popular que las concentraciones, manifestaciones y demostraciones públicas, donde los ciudadanos explicitan de manera inequívoca sus apoyos. El manifestante es una pieza fundamental porque expresa su opinión con más intensidad y entusiasmo que el simple votante. Los políticos no sólo necesitan ser votados; desean que sus instituciones sean apoyadas con pasión y denuedo en la calle.

El 11 de septiembre de 1977, la Diada de Cataluña experimentó una afluencia arrolladora, nunca oída hasta entonces. Según todos los medios de comunicación, un millón de personas, en un mar de banderas catalanas, se manifestó por las calles de Barcelona exigiendo un Estatuto de Autonomía. Este apoyo masivo era una nítida señal de que los catalanes anhelaban el regreso del presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, extremo que negociaba el Gobierno español. Por ello, una asistencia masiva resultaba imprescindible para justificar la inmediata reinstauración de la Generalitat.

Curiosamente, en los años siguientes dejó de existir tal unanimidad en la medición de asistentes a las manifestaciones. Las cifras comenzaron a alcanzar discrepancias abismales, dependiendo de la fuente. No importaba quién fuese el convocante; los números facilitados por los organizadores, la policía, las autoridades o la prensa guardaban entre sí desproporciones colosales, como si cada uno de ellos perteneciese a una distinta dimensión del Universo. Las cifras de una misma manifestación podían oscilar entre «más de dos millones» y «menos de cien mil». ¿A qué se debía tan enorme discrepancia? ¿Por qué en ciertas manifestaciones todos estaban de acuerdo en el número y en otras no? ¿Era factible conocer la verdad?

Si los griegos clásicos fueron capaces de calcular las dimensiones de la Tierra, era sorprendente que una era de tecnología tan avanzada careciese de estimaciones fiables de tan sencilla magnitud. O no tan sorprendente, pues la dificultad no se encontraba en la técnica, sino en la política.

Decía Jean-François Revel que «la primera fuerza que dirige el mundo es la mentira». Por ello, los verdaderos números constituían una preocupación de segundo orden para políticos y buena parte de la prensa. Las cifras no se dilucidaban en el terreno de la realidad, sino en el de la propaganda. Era poco relevante que asistieran muchas o pocas personas: lo trascendental era la cifra que diera la televisión y el número de minutos que dedicase a la noticia. La búsqueda de la verdad quedaba supeditada al aprovechamiento de los frutos de la manipulación. No importaba la realidad objetiva: había que mostrar por cualquier vía que el pueblo participaba en la vida pública. La cifra era la guinda, el adorno de una realidad convenientemente cocinada.

Pero todo comenzó a cambiar en 2009. Una empresa, llamada Lynce, había desarrollado una técnica bastante ingeniosa. Ya no se trataba de estimar el número de manifestantes, sino de contarlos aprovechando las ventajas que proporcionaba la tecnología más avanzada. Desde puntos elevados, incluyendo un globo aerostático, sus operarios tomaban fotografías de toda la manifestación y grababan en vídeo su desarrollo. Posteriormente, un programa informático de tratamiento gráfico contaba automáticamente las cabezas, asignando un número a cada una. Los técnicos repasaban y depuraban manualmente el resultado para evitar falsos positivos —por ejemplo, que el programa contase un pequeño globo o un arbusto como una cabeza— o falsos negativos —esto es, personas ocultas, total o parcialmente, en las imágenes—. La técnica resultaba bastante rigurosa y las cifras finales se encontraban muy ajustadas a la realidad. En general, el margen de error no solía superar el 10%.

Para disgusto de muchos, el número de manifestantes que daba Lynce no guardaba proporción alguna con los ofrecidos por organizadores, autoridades, policía o prensa. Tras cada manifestación, se sucedían las estimaciones de las partes y el conteo de esta empresa, con fuerte contestación por parte de sectores políticos.

Una batalla decisiva entre los dos enfoques se iba a librar en 2010. El Tribunal Constitucional había fallado revocando algunos artículos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, desatándose una campaña que afirmaba que la sentencia era un ultraje y un ataque a Cataluña. Numerosas entidades de índole nacionalista convocaron una manifestación en Barcelona el 10 de julio para apoyar todos los términos del nuevo Estatuto y mostrar su repulsa al Tribunal Constitucional. Según algunos medios, una gigantesca marea humana recorrió, igual que 33 años atrás, las calles y avenidas de la Ciudad Condal, mostrando de nuevo el sentir mayoritario del pueblo catalán. Los organizadores cifraron los asistentes en 1,5 millones y la guardia urbana de Barcelona en 1,1 millones. Se había batido aquel histórico récord de 1977. Sin embargo, Lynce demostró con abrumadoras pruebas que sólo había 64.000 manifestantes.

A pesar de las tremendas protestas de ciertos sectores, que consideraban ofensivo conceder más credibilidad a una máquina que al presidente de la Generalitat, José Montilla, Lynce se mantuvo firme y aguantó el pulso. El recuento gráfico y riguroso de manifestantes había roto uno de los más arraigados mitos de la democracia española: en contra de lo esgrimido por la propaganda, la participación en actos políticos en España había sido siempre muy escasa. Todas las cifras anteriores eran un completo embuste. Nunca habían existido manifestaciones de millones de personas, ni siquiera de cientos de miles. De hecho, pocas habrían alcanzado a duras penas las 100.000, muy lejos de las mitológicas cifras. Así, una asistencia de 30.000 personas en Madrid o Barcelona, o de 10.000 en otras ciudades más pequeñas, podía considerarse un rotundo éxito. Era una nueva señal del escaso protagonismo ciudadano durante las últimas décadas.

¿Debe pensarse que antes de la aparición de Lynce nadie conocía las verdaderas cifras? La respuesta es evidente: las autoridades, la prensa y muchas otras personas siempre las conocieron, con cierta aproximación. Se solía medir la superficie ocupada por las concentraciones y se estimaba la densidad por metro cuadrado para, con una simple multiplicación, alcanzar un resultado fiable. Pero la lucha entre la aritmética y la propaganda siempre se decantaba a favor de esta última, impugnando aquellas leyes de la física que impiden a dos o más cuerpos ocupar el mismo espacio. La batalla comenzó a tomarse más igualada cuando la geometría tuvo como aliadas a unas fotografías que asignaban un número a cada manifestante. Era ya muy difícil rebatir tan aplastante evidencia.

Pero el sistema no podía tolerarlo, pues la propaganda es una parte fundamental en la legitimación de un régimen. Los medios dejaron de interesarse en los nuevos métodos y al año siguiente, en 2011, la empresa Lynce se vio obligada a cerrar por falta de demanda. A partir de entonces, la situación fue regresando a la tónica habitual. Como consecuencia, la Diada de Cataluña de septiembre de 2012, en la que se reclamó abiertamente la independencia, volvió a tener la fantasmagórica cifra de 1,5 millones de «indiscutidos» manifestantes.

Que las entidades o partidos organizadores intenten inflar las cifras es algo que entra dentro de las reglas del juego. Las manifestaciones se convocan para lograr la máxima repercusión y el número de asistentes es una medida de su impacto. Pero resulta intolerable la manipulación por parte de esos agentes que deben actuar con objetividad: las instituciones públicas y la prensa.

El ciudadano no paga impuestos para que los organismos públicos (sea la Delegación del Gobierno, la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento) manipulen deliberadamente las cifras de manifestantes, de forma conveniente a los políticos que los gobiernan. Se trata de una utilización partidista e interesada de los poderes del Estado, cuando la Administración tiene la obligación de actuar con objetividad y aplicar las normas con rigor.

La prensa tampoco sale bien parada en esta historia. Si algunos medios no informan con objetividad sobre algo tan visible y directo como el número de manifestantes, difícilmente lo harán en otros asuntos más complejos. Una sociedad abierta, moderna y eficiente necesita una prensa independiente, libre y fiable, que ofrezca por separado información y opinión. Unos medios que resistan la poderosa tentación de sazonar, adobar o edulcorar las noticias, a fin de que muestren un aspecto y un sabor más apetecibles a su público. Y que superen la inclinación a excluir de la dieta cuanto resulte inconveniente para los intereses que representan. Que opinen libremente, exponiendo todo tipo de argumentos y razonamientos. Pero que, por una cuestión de rigor, estética, pundonor, decoro o mera vergüenza torera, eviten el mal gusto de titular la primera plana con millonarias cifras de manifestantes, en un claro desafío a Arquímedes, Pitágoras y a la impenetrabilidad de la materia. Hasta entonces, es mejor seguir la sabia recomendación de creer la mitad de lo que vemos y… la décima parte de lo que leemos en ciertas portadas.

CAPÍTULO 20

La prensa en España: entre el clientelismo y la desinformación

Una de las anomalías más llamativas desde la Transición política ha sido la autocensura, la falta de rigor, la carencia de objetividad y la ausencia de sentido crítico que ha venido mostrando la prensa española convencional en el tratamiento informativo de la política. Para un lector normal resultaba bastante agotador y frustrante el intento de obtener información fidedigna y rápida. Teóricamente, habría bastado consultar cualquier medio de comunicación, pero, en la práctica, el proceso se volvía mucho más complicado. Era necesario comparar cada noticia en varios medios y realizar un gran esfuerzo de lógica y sentido común para separar la realidad de la manipulación.

La misma noticia podía presentarse de manera muy diferente, dependiendo del diario, y muchas informaciones importantes aparecían en algunos medios pero no en otros. En ocasiones, el titular no se correspondía completamente con el texto e incluso podía ser contradictorio. Así, el lector interesado se veía obligado a juntar diferentes versiones y a dedicar tiempo y esfuerzo a separar el grano de la paja. Para mayor gravedad, estos fenómenos se manifestaban con especial intensidad en aquellas informaciones más cruciales para el buen funcionamiento del sistema democrático: las referidas al comportamiento de los dirigentes y a la acción de los gobiernos. Para poder votar de forma plenamente consciente, el ciudadano necesita información veraz sobre la conducta de sus gobernantes, sobre la política que se lleva a cabo y sobre las posibles consecuencias de las medidas adoptadas.

Las noticias resultaban manipuladas porque, en contra de uno de los principios fundamentales del periodismo, en España no se separaba la opinión de la información. La opinión se vertía con profusión en la difusión de las noticias, en la selección de informaciones y en los llamativos titulares. Por este motivo, los editoriales de los diarios resultaban ya redundantes, de poco interés. En los países más serios, la prensa intenta dar las noticias con objetividad y neutralidad, dejando las valoraciones para los editoriales y los artículos de opinión. Así, el ciudadano puede estar bien informado consultando la sección de noticias en un solo medio. Si, además, desea contrastar diversos puntos de vista, puede leer la sección de opinión de varios periódicos.

El ideal de funcionamiento de los medios pasaría por una prensa comercial, plural y competitiva que se debe a sus lectores. Los medios no tendrían incentivos para manipular la información, pues, a la larga, perderían difusión en favor de sus competidores. La publicidad, contratada por empresas con un único ánimo comercial, constituiría otra vía de ingresos. Y el poder político no ejercería influencia sobre los medios, que se beneficiarían de la libertad de expresión.

Como cualquier lector puede sospechar, en ningún lugar del mundo funciona la prensa de forma tan ideal. Las presiones y la influencia política existen por doquier. Sin embargo, algunos países se acercan más al modelo correcto, mientras que otros, como el nuestro, se encuentran en el extremo opuesto. La explicación se encuentra en el tipo de relaciones que establece el poder con los diversos grupos sociales y económicos. En España predominan las relaciones clientelistas, es decir, el intercambio de favores y los sistemas de privilegios.

El clientelismo es un sistema caracterizado por unos políticos o dirigentes que otorgan favores, dádivas o privilegios a ciertas personas, o grupos concretos, a cambio de apoyo para obtener el poder o mantenerse en él. Este intercambio de favores necesita mecanismos que permitan una elevada dosis de discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones públicas para poder beneficiar a algunos grupos a costa de otros: normas complejas cuya puesta en práctica resulte discutible, leyes que no se apliquen generalmente pero puedan usarse a voluntad, a modo de chantaje o extorsión, etc. En este contexto de favoritismo desaparece la teórica igualdad de los ciudadanos ante las decisiones del poder.

En nuestro país, las redes clientelistas se encuentran muy extendidas, no sólo en las relaciones del poder político con la prensa, sino también en las que mantienen los gobernantes con buena parte de las grandes empresas, sindicatos, patronales y otros grupos de presión. Este clientelismo destruye la autonomía de la prensa y, en general, la de todas las organizaciones sociales.

En España, la escasa circulación de periódicos impidió la creación de una industria sólida que pudiera nutrirse exclusivamente del mercado, generándose una prensa muy dependiente de las ayudas, del intercambio de favores, de las subvenciones y de la publicidad institucional. En suma, una prensa con fuerte alineamiento partidista y una profesión demasiado conectada al poder político. En otros casos, era necesaria una concesión, que los Gobiernos otorgaban a cambio de ciertas contraprestaciones. La política de concesiones de licencias de radio por parte de los Gobiernos autonómicos difícilmente pudo alcanzar un mayor grado de arbitrariedad, nepotismo y favoritismo hacia los amigos y partidarios.

Como consecuencia, los medios de comunicación privados fueron tejiendo una malsana red de relaciones clientelares con gobernantes y grupos políticos, con fuerte tendencia a manipular la información en favor de sus protectores. Así, leyendo las noticias, no resultaba difícil identificar el partido, e incluso la facción del partido, del que dependía cada uno de los medios; incluso demasiado fácil adivinar qué periodistas recibían favores, dádivas o sobres de cada uno de los partidos.

La publicidad privada tampoco permitió a los medios una vía hacia la independencia. Buena parte de las grandes empresas, que abarcaban una cuota muy importante de la publicidad, se encontraban también inmersas en estas enormes tramas clientelistas. Existían relaciones poco confesables entre el poder político y ciertas corporaciones, cuyo negocio dependía en gran medida de sus relaciones con el Gobierno, fuera este nacional, autonómico o municipal. Esas empresas no solían ser neutrales, ni su publicidad perseguía siempre un objetivo puramente comercial: con frecuencia era una vía para obtener la influencia política imprescindible para el éxito del negocio. Como consecuencia, el objetivo principal de los empresarios mediáticos convencionales no fue tanto hacer directamente negocio como ejercer influencia política: los periódicos podían constituir una actividad muy poco rentable, pero sólo en apariencia, pues permitía obtener favores por otras vías.

Poder político, grandes empresas y medios de comunicación establecieron entre sí unas relaciones complejas, poco transparentes, que determinaron finalmente el tipo de información que salía al mercado, dejando a los lectores un papel muy secundario. Así, los políticos y determinadas grandes empresas ejercieron enorme influencia sobre la publicación de las noticias, la manera de tratarlas y el calendario para distribuirlas. Por su parte, los medios de información tradicionales recurrieron también a prácticas censurables, negociando ventajas con su capacidad de lanzar una determinada noticia, retenerla un tiempo o no sacarla. Al final, la información se convertía en un recurso de uso privado que se intercambiaba por otros favores, en lugar de constituir un servicio público abierto a todos los ciudadanos.

Se observó también una falta de separación entre la información relevante y aquella que constituye un mero entretenimiento: lo que se conoce como informaciones de «interés humano», mero cotilleo, etc. Como ejemplo, los medios audiovisuales solían vender como noticia destacada la declaración de un dirigente político en la que descalificaba al partido contrario o a alguno de sus miembros. Para estirar más la noticia, se intentaba obtener la respuesta, pretendidamente ingeniosa, del partido o dirigente aludidos. Aunque estas noticias solían ocupar las primeras planas, en cualquier país serio hubiesen quedado relegadas, si acaso, a la sección de chismes y cotilleos.

Los diarios en la red han cumplido un papel muy importante en la regeneración de la información, pues su coste muy inferior permite una dependencia mucho menor del sistema clientelista. Su gran flexibilidad para actualizar las noticias y su apertura a la participación de los lectores han supuesto una gran revolución, que ha roto los estrechos moldes que limitaban la información en España. Sin embargo, los diarios digitales de libre acceso sufren una debilidad, un riesgo a tener en cuenta en el futuro: su dependencia de la publicidad en un mercado dominado por los Gobiernos y por unas empresas en connivencia con el poder político. Éste es el gran talón de Aquiles de la prensa en Internet: algunos diarios digitales podrían verse tentados a acatar alguna regla del juego impuesta al resto de los medios con el fin de conservar parte de sus ingresos publicitarios.

Como conclusión, España necesita una nueva prensa que actúe con objetividad y establezca una nítida separación entre información, opinión y entretenimiento. Una prensa que, de forma adicional, ofrezca un análisis más sosegado de la información, presentándola dentro de su contexto, exponiendo las causas y consecuencias de los sucesos. Los ingresos de la prensa no pueden depender de los poderes públicos ni, por los problemas anteriormente descritos, tan sólo de la publicidad institucional o de la que proporciona un mercado dominado por relaciones clientelares. Los ciudadanos, como lectores, deben apoyar con fuerza y convicción a los medios libres.

CAPÍTULO 21

Dinero público para controlar la información

Resulta llamativo que, en una sociedad presuntamente basada en el libre mercado, los mayores anunciantes por volumen de inversión en campañas publicitarias no fueran durante los años de bonanza las grandes empresas privadas, sino las administraciones públicas. En términos de gasto, parece ser que la imperativa necesidad de anunciar la inauguración de un nuevo tramo de carretera, una línea ferroviaria, un hospital o una práctica saludable, como comer más pescado, superó con creces el interés de cualquier transnacional para publicitar sus productos y obtener con ello grandes beneficios en un mercado de millones de potenciales consumidores. Se trataba, sin duda, de una anomalía que obedecía a razones poderosas.

Durante la época de bonanza económica, el Gobierno español llegó a quintuplicar en poco más de dos años (2004-2007) el presupuesto destinado a publicidad institucional. Un fenómeno que no fue exclusivo del Gobierno central, pues en muchas regiones los respectivos Gobiernos autonómicos llegaron a ser los mayores inversores publicitarios, superando incluso a marcas tan acostumbradas a bregar con campañas masivas como son Coca-Cola, Nike, Sony, Renault o Nestle.

Este aumento disparatado de publicidad institucional generó efectos perversos, no sólo en cuanto al incremento disparatado del gasto público, gasto que hubo de sufragar el sufrido contribuyente, sino también porque supuso la pérdida de independencia de los medios. En apenas cuatro años se superaron de lejos los 1.400 millones de euros en inversión publicitaria (sólo en lo concerniente a la Administración central). Y los grupos de comunicación privados empezaron a depender cada vez más del maná que fluía sin cesar desde las administraciones públicas. Así, este tipo de gasto se convirtió en una eficaz herramienta de presión, una más, con la que los políticos pudieron controlar los canales de información.

Más allá del sistema bipartidista imperante, el objetivo no fue tanto doblegar el criterio editorial en beneficio propio como controlar determinado tipo de informaciones adversas, de tal forma que fueran desplazadas a lugares menos visibles o desestimadas por los editores, logrando así la neutralidad y el silencio informativo. Los medios que aceptaron pasar de la independencia informativa a la «neutralidad informativa» y adoptaron un perfil bajo, no alcanzaron el nivel de inversión de los medios manifiestamente partidarios que defendían con uñas y dientes a sus políticos de referencia. Pero tampoco quedaron totalmente excluidos del reparto y pudieron sumar algunos ingresos añadidos a su cuenta de resultados. De este modo, un medio de comunicación que fuera marcadamente crítico con un partido concreto, además de recibir sustanciosos contratos de espacios publicitarios por orden de los altos cargos afines, podía tener ingresos añadidos de cuando en cuando haciendo la vista gorda en determinados escándalos relacionados con el partido contrario. Podía incluso amenazar con meter el dedo en la llaga en algún asunto especialmente espinoso y obtener, a cambio de no hacerlo, suculentas inserciones publicitarias por parte de las administraciones públicas de turno.

El posicionamiento basado en la neutralidad informativa, que pronto derivó en «amenaza encubierta», pasó casi desapercibido. Pero se extendió con bastante rapidez, casualmente de forma paralela al aumento de los presupuestos destinados a publicidad institucional. Y salvo alguna honrosa excepción, se generalizó la rentable neutralidad informativa en detrimento de la sacrificada y gravosa independencia. Poco a poco el público empezó a ser privado de informaciones relevantes de uno y otro signo. Y la asimetría informativa, es decir, la información de que disponían los políticos y los personajes relevantes en comparación con el ciudadano común, alcanzó diferencias nunca vistas hasta entonces.

Ante el imparable aumento del presupuesto a repartir por este concepto, los medios privados tuvieron cada vez más complicado justificar líneas editoriales críticas e independientes a la hora de convencer a sus responsables económicos. Adoptar actitudes informativas beligerantes y honestas terminaba invariablemente por repercutir negativamente en la cuenta de resultados. Y no hay que olvidar que un medio de comunicación, bien sea un canal de televisión, una emisora de radio, un periódico impreso u online, es también una empresa, y no puede sustraerse a la ley que rige el éxito o el fracaso de cualquier negocio: el beneficio.

Cualquier medio que desafiara esta dinámica, se encontraba inmediatamente en clara desventaja respecto a los competidores que sí aceptaban las nuevas reglas de juego, y tarde o temprano terminaba por aceptar la connivencia con los poderes políticos. Así, este método de sometimiento de los medios informativos fue emulado con gran entusiasmo por los Gobiernos autonómicos y ayuntamientos que, más allá de sus posibilidades presupuestarias y del sentido común, trataron de ganarse el favor de dichos medios mediante la creación de sus propias campañas institucionales; es decir, gastando aún más dinero del contribuyente. Para que el lector se haga una idea de la magnitud del derroche, el Tribunal de Cuentas refleja que sólo los municipios de Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza contrataron entre 2005 y 2007 campañas por importe de 215 millones de euros.

Con el tiempo, se llegó incluso al absurdo de que las administraciones públicas gastaban en ocasiones más dinero en una campaña de publicidad que en el presupuesto adjudicado a la obra o servicio publicitado. Cuando la crisis económica golpeó con toda su fuerza en 2008, lejos de poner freno a esta forma de instrumentalizar la publicidad institucional y cerrar el grifo, hasta el año 2010 se produjo justamente el efecto contrario. Durante dos años más el maná siguió fluyendo si cabe con más fuerza, pues ese dinero resultaba aún más irresistible, y por lo tanto más «eficaz», debido a la drástica caída de la inversión publicitaria de los anunciantes privados y a la difícil situación económica a la que muchos medios periodísticos se veían abocados.

Durante el periodo del boom económico y en los primeros años de crisis, el control de los contenidos informativos alcanzó cotas más que alarmantes. Los medios dejaron de cumplir su función, que es informar correctamente, y trasladaron a la opinión pública noticias y análisis en clave exclusivamente partidista, pasando de puntillas por encima de los graves problemas de fondo. Más allá del daño que ello causó a la profesión periodística, cuyos profesionales hoy están yendo al paro por decenas de miles, el más damnificado fue el ciudadano común, que tuvo que conformarse con noticias fragmentadas, aleatorias y sin continuidad; informaciones manipuladas y siempre al servicio de los diferentes intereses políticos.

La dependencia económica de los medios de información frente a las cada vez más abultadas partidas presupuestarias del Estado, Autonomías y ayuntamientos, hurtó a la sociedad debates urgentes, informaciones relevantes y análisis imprescindibles. Y, en consecuencia, los ciudadanos se vieron imposibilitados para percibir la realidad y prepararse para la tormenta que se avecinaba. Si muchos de ellos hubieran tenido entonces una información adecuada y sin edulcorar, seguramente habrían actuado convenientemente y hoy estarían en mejor situación para afrontar el vendaval de la crisis. En conclusión, el sometimiento de los medios de información a los intereses políticos, por la vía del gasto publicitario de las administraciones públicas, imposibilitó la imprescindible maduración de la sociedad de cara a los enormes retos a los que habría de enfrentarse. Durante los años del boom económico y los primeros de la crisis, los periodistas dejaron de ser ese necesario mecanismo de control ante los excesos políticos y pasaron a formar parte del problema.

CAPÍTULO 22

Una publicidad «privada» muy poco comercial

Si hay una máxima que se repite invariablemente en todas las administraciones públicas es que el presupuesto disponible, por generoso que sea, nunca es suficiente. Y la publicidad institucional no podía ser menos. Así, pese al imparable aumento de recursos destinados a las acciones de comunicación y publicidad de dichas administraciones, el poder político, en francachela con el poder económico, consideró necesario implementar otros sistemas paralelos con los que aumentar el ya asfixiante control sobre los medios de comunicación. Se trata de un fenómeno relativamente reciente, pues aunque su aparición se remonta tres décadas atrás, fue a principios de los años noventa del siglo XX cuando la publicidad parainstitucional, a lomos de tres eventos formidables como fueron el Quinto Centenario del Descubrimiento de América, la Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, alcanzó inusitada relevancia.

Coincidiendo con el apogeo de las concesiones administrativas, que son aquellas adjudicaciones que las administraciones públicas delegan a grupos privados mediante concurso, se añadió la obligación de trasladar la comunicación publicitaria de la ejecución de las mismas a las empresas adjudicatarias. En un principio eran anuncios muy formales, que aparecían esporádicamente en los periódicos y que integraban los nombres de las empresas privadas adjudicatarias junto a la identidad del organismo público correspondiente. La estructura de estos anuncios era sencilla y monótona: una gran fotografía de la obra ejecutada o servicio público adjudicado, las principales magnitudes del mismo, la dotación económica, una frase destacada (no era en sí un eslogan, sino algo mucho más burdo) y las marcas correspondientes al pie de dicho anuncio. Si se trataba de una ejecución o servicio bien dotado económicamente, la Administración exigía a la empresa o empresas adjudicatarias que el anuncio apareciera en gran formato simultáneamente en varios diarios de difusión nacional.

Según las concesiones administrativas alcanzaron un volumen cada vez más importante en la cartera de los principales grupos industriales, la obligación de publicitar tales adjudicaciones en los periódicos dio paso a otros compromisos de comunicación mucho más complejos y elaborados, como actos de inauguración, edición y publicación de libros, folletos, regalos promocionales, actos de presentación y cócteles, a los que acudían centenares de invitados y en los que se agasajaba a la prensa con catering de lujo.

Con el tiempo, las empresas que se habían especializado en concesiones públicas, para las que la publicidad masiva era una actividad desconocida, se vieron en la necesidad de integrar en sus plantillas a profesionales con experiencia en comunicación. Pero eso fue sólo el principio. A los pocos años, estos profesionales, que habían desembarcado en empresas cuya actividad nada tenía que ver con productos de gran consumo, se vieron en la necesidad de crear y organizar departamentos cada vez más importantes y subcontratar a empresas especializadas en publicidad y comunicación.

En pocos años, el presupuesto destinado a acciones de comunicación y publicidad había pasado de ser testimonial a representar importantes cantidades de dinero. Y en la actualidad no hay concesión o adjudicación que no obligue a la empresa adjudicataria a sufragar acciones publicitarias y promocionales, desde las más modestas y testimoniales hasta las más extraordinarias e imaginativas. Todo ello con el fin de cooperar en la tarea de trasladar al ciudadano la imagen benefactora de las administraciones públicas en cada nuevo tramo de autovía, cada instalación inaugurada, cada metro de acera saneada o el más irrelevante servicio de mantenimiento. Este fenómeno ha dejado en evidencia la extraordinaria sinergia existente en España entre grandes empresas y administraciones públicas; es decir, entre determinados empresarios y sus primos hermanos los políticos. Y en él está el origen de un sistema de prebendas y favores que, con el tiempo, ha derivado en corrupción, nepotismo y financiación ilegal de los partidos políticos.

Las compañías adjudicatarias, estimuladas por la dimensión del negocio, aprendieron pronto a interpretar los deseos de los políticos y se volvieron muy eficaces y pródigas a la hora de satisfacerles. Y al poco tomaron la iniciativa y llegaron incluso a competir entre sí presentando propuestas propagandísticas, a cada cual más exuberante. Y si bien su capacidad para cooperar con este nuevo modelo de negocio al amparo de unas administraciones pródigas les reportaba enormes beneficios, tomaron conciencia del gasto que todo ello suponía. Y encontraron la manera de incluir los costes de las acciones de comunicación y publicidad dentro de los propios presupuestos presentados a cada concurso. De tal suerte que, al final, el contribuyente terminaba pagando con sus impuestos no sólo las obras faraónicas, sino también el derroche propagandístico.

Con el tiempo, esta práctica ha devenido una preocupante simbiosis entre la imagen de determinadas compañías y los ejes de comunicación de las instituciones públicas. En la actualidad, muchos grandes grupos adoptan estrategias de comunicación cooperativas con los mensajes del poder político. Si la consigna era la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la defensa de la ecología, las empresas incorporaban los mismos mensajes a su estrategia de comunicación, llegando al extremo de que resulta difícil distinguir si se trata de empresas privadas o de departamentos de algún ministerio o consejería.

Uno de las mayores problemas para el buen funcionamiento de nuestro sistema político y económico es la falta de separación entre lo público y lo privado, que ha dado lugar a una estructura piramidal de la economía, en la que un puñado de grandes empresas juega en otra liga y se beneficia constantemente de sus relaciones privilegiadas con la clase política. Y la publicidad institucional y parainstitucional ha sido un instrumento extraordinariamente cooperativo con esta situación indeseable, que ha generado sinergias muy perjudiciales entre empresas privadas y organismos públicos. Durante décadas, la clase política ha malgastado ingentes cantidades de recursos con el fin de trasladar a la opinión pública una imagen de eficacia y servicio que no se correspondía con la realidad. Cualquier obra, aun siendo innecesaria, fue convertida en un hito, en un acto de progreso y en un regalo de la clase política hacia sus gobernados. Pero lo cierto era que los ciudadanos pagaban sobreprecios por servicios e infraestructuras que, en muchos casos, no sólo eran deficientes, sino superfluas. Y también corrían con los gastos de una ingente propaganda que era utilizada para distorsionar la realidad por dos vías distintas. La primera, trasladaba a la opinión pública la existencia de un mundo virtual que estaba condenado al colapso. Y la segunda, el desmesurado gasto publicitario fue utilizado para comprar voluntades y controlar a los medios de información.

QUINTA PARTE

El control social, ideológico y burocrático

CAPÍTULO 23

Una enorme estafa ideológica

En general, en los países desarrollados, los ciudadanos estamos atrapados en el mito de la seguridad, ese El Dorado al que todos los caminos de la perdición conducen. Ya escribía Stefan Zweig, en referencia a la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX:

Dicho sentimiento de seguridad era la posesión más deseable de millones de personas, el ideal común de vida. Sólo con esta seguridad valía la pena vivir y círculos cada vez más amplios codiciaban su parte de este bien precioso.

La idea de que el Estado, entendido como un ente abstracto al margen de nuestro control y cooperación, puede proporcionarnos una vida segura y sin demasiados padecimientos, creencia que en su día dio lugar a un rompecabezas de derechos con el que hoy los corruptos han alcanzado el paraíso en la tierra, es una quimera. Sin embargo, ahora que los Estados de bienestar europeos agonizan, vuelve a tomar fuerza esta creencia, ante todo populista, alimentada por la indignación y el miedo. No hace falta ser un erudito historiador para prever que este coletazo ideológico tendrá un recorrido muy corto, habida cuenta del desproporcionado endeudamiento de la mayoría de naciones desarrolladas. Pero podría ser suficiente para dar un último paso con el que precipitarnos al vacío. Sin embargo, el temor a vernos abocados a una recesión prolongada que puede durar décadas, con el subsiguiente empobrecimiento, está relanzando, en el momento más inoportuno, las ideas más incombustibles, inútiles y destructivas que el mundo moderno haya conocido.

Pese a que a muchos Estados europeos no les queda otro camino que sanear sus cuentas si quieren que las posibilidades de un crecimiento futuro no se esfumen, numerosos políticos, sindicalistas, economistas y ciudadanos abogan por desertar en masa de la política de austeridad y volver a la de los estímulos, que es aquella que se realiza por la vía del gasto público. De esos otros incentivos que no cuestan dinero, como, por ejemplo, la regeneración democrática, la transición a un Sistema de Libre Entrada y la liberalización de los mercados de bienes, no hablan, por supuesto. Con la Hacienda Pública exangüe, esta estrategia pasa por mantener el actual modelo de Estado de bienestar y socializar nuestra deuda, extendiéndola a terceros y titulándola, por ejemplo, en eurobonos; es decir, sin eliminar nuestras ineficiencias institucionales, poner de avalistas a nuestros socios con el fin de superar los límites de insolvencia que los inversores consideran de no retorno. Una jugada maestra que igualaría a todos los países europeos por abajo y dejaría a la UE sin ninguna locomotora para tirar de tanto vagón cafetería.

La excusa para proponer estas ideas disparatadas es la defensa de «lo público». Porque, como si fuera una tradición heredada del difunto imperio del ladrillo, el Estado de bienestar ha de ser una superestructura construida a base de cemento y granito, que se pueda ver y tocar, poblada por funcionarios y políticos, a la que desviar ingentes cantidades de dinero, lo que equivale a dar de beber a los ciudadanos sirviéndoles el agua en un colador. El Estado de bienestar ha degenerado en ese concepto difuso del presente que es «lo público», lugar común en el que muchos buscan acomodo laboral indefinido para sortear las incertidumbres de la vida. Ya no se trata de servir al ciudadano, sino de que unos cuantos elegidos, y no precisamente pocos, puedan servirse a sí mismos. De ahí que, cuando se defiende «lo público», muchos lo hagan pensando en sus intereses de grupo, y muy pocos en el bienestar y los derechos de todos los ciudadanos.

Por poner un ejemplo, para asegurar la igualdad de oportunidades mediante la subvención de la educación no son necesarios infinidad de colegios, institutos y universidades públicas, con unos costes fijos insostenibles y un ejército de trabajadores en nómina, sino que bastaría con que el Estado proporcionara el dinero suficiente directamente a las familias y que fueran estas quienes pudieran dar la mejor educación posible a sus hijos en el colegio que estimaran oportuno. De esta forma, el derecho a la educación no sólo estaría garantizado, que es lo importante —¿o no?—, sino que, además, la oferta sería más competitiva y de mayor calidad, puesto que el consumidor individualmente, y no la arbitrariedad burocrática al albur de la política, generaría los incentivos correctos. Lo cual nada tiene que ver con la mano invisible del mercado, aquella metáfora acuñada por Adam Smith, sino con la elección bien visible, previsible y coherente de los interesados.

También cabe cuestionarse ese otro mantra que es la investigación con dinero público. El verdadero problema en España no es investigar más o menos, sino que exista una estructura empresarial que rentabilice y dé sentido y utilidad a los avances que se obtengan con el dinero de nuestros impuestos. Y como el tejido industrial que tenemos es casi inexistente, cabe preguntarse si el dinero destinado a investigación no estará sirviendo para pagar las nóminas y los legítimos sueños de unos investigadores para los que en España no hay sitio. Lo cual sin duda es muy triste. Pero algún día habrá que afrontar la realidad si lo que se pretende es cambiarla.

Las soluciones saturadas de ideología no servirán de nada. La realidad es implacable y la globalización un hecho. En el mundo hay centenares de millones de mujeres y hombres que trabajan como chinos, aunque muchos sean mejicanos, indios o brasileños y no sólo orientales. Todos aún ajenos al mito de la seguridad, que tan hechizados nos tiene a los europeos. Y están copando el mercado. Nadie puede frenar la vertiginosa transformación del mundo en la que estamos incursos. Si queremos tener algún futuro, hemos de darnos un baño de realidad, cambiar nuestra mentalidad y desechar para siempre las estafas ideológicas.

CAPÍTULO 24

¿Progre o facha?

Uno de los fenómenos más desconcertantes de la España de los últimos años ha sido la vehemencia con la que muchos ciudadanos se adscribían a alguno de los partidos mayoritarios, y la forma en que estos acérrimos partidarios descargaban su desasosiego y frustración sobre los «contrarios» mientras excusaban o disculpaban los desmanes cometidos por los «propios». Una identificación tan intensa que condujo a un nivel muy escaso de trasvase de voto entre los grandes partidos: «yo soy de izquierda/derecha y, por tanto, no puedo votar a la derecha/izquierda».

Durante muchos años, cada formación política mantuvo una gran masa de votantes estables, con independencia de su gestión, mientras las victorias contundentes de cada partido se producían siempre por una elevada abstención de los votantes del partido contrario. Era frecuente encontrar personas con intensa animadversión al «otro» partido, pudiéndose oír frases del tipo: «votaré a éstos, aunque sean unos ladrones, para que no salgan los otros». Para cierto porcentaje de electores, la política era como el fútbol: «apoyar a mi equipo favorito, juegue bien o mal, pero, sobre todo, que pierda el rival».

El fenómeno no se debía exactamente a una plena identificación de ideas. En realidad, no había tanta diferencia entre los idearios de los partidos mayoritarios, sino muchos elementos coincidentes. Y los programas eran demasiado ambiguos y vagos como para suscitar algún tipo de entusiasmo o adhesión inquebrantable. Entonces, ¿a qué se debía que una parte considerable de los votantes mantuviese una fidelidad tan entusiasta a un partido?

Este comportamiento no puede explicarse con una apelación al campo de las ideas o a los programas, sino recurriendo a un elemento más etéreo, mucho más cercano al imaginario colectivo: el sentido de pertenencia y la necesidad de identificación. El motivo no se encontraba en el terreno de la razón, sino en la esfera de las emociones. La adhesión al partido tiene su origen en un impulso instintivo que desemboca en la perniciosa dinámica de «nosotros frente a ellos». Se trata de esas pulsiones internas que conducen a forjar la propia identidad mediante la pertenencia a un grupo, sea esta formal o simplemente percibida, en firme contraposición a los «otros». Se exageran así las diferencias entre propios y ajenos, asignando toda suerte de virtudes y cualidades a los correligionarios, mientras se degrada a los extraños.

Esta dinámica, fomentada con mucha intensidad desde el poder, contribuyó a desviar la atención de los manejos y tropelías de los partidos, enfrentando a muchos ciudadanos entre sí. En lugar de promover una identificación racional con las formaciones políticas, basada en coincidencias programáticas, la clase política española favoreció un tipo de adhesión puramente emocional, apelando de manera directa o indirecta a los impulsos más primitivos del ser humano.

El debate político fundamentado en ideas fue sustituido muy pronto por la escenificación de un conflicto impostado entre los partidos, en el fondo inexistente. Se repetía sin cesar un intercambio de descalificaciones y frases altisonantes pero huecas, sin significado racional alguno pero conducentes a azuzar las emociones de sus respectivos partidarios, a impulsar la adhesión instintiva y a animar al enfrentamiento con los seguidores del partido rival. Cuanto más intenso se percibiese el conflicto partidario y su polarización, más probable sería que los sujetos reflejasen comportamientos grupales, no individuales ni racionales, conduciendo, tal como denunció Ortega, a la degradación de los individuos a la condición de masa.

Así, fue desapareciendo la discusión política razonada y se sustituyó por el eslogan, las etiquetas, los prejuicios, las consignas y las frases hechas, evitando en todo momento el debate reposado de los asuntos importantes. La política se redujo a un diálogo de sordos entre fanáticos seguidores de equipos de fútbol rivales, mientras la crítica de fondo se difuminaba y trivializaba en una cansina barahúnda de increpaciones, desprecios y descalificaciones mutuas. En realidad, muchas de las personas que se autoidentificaban con un partido no compartían, en el fondo, sus propuestas y planteamientos programáticos: con mucha frecuencia, ni siquiera los conocían.

El sistema de listas cerradas, con voto a partido y no directamente a un candidato, propició esta identificación malsana con símbolos o siglas, más allá de los contenidos racionales. Al impedir a los votantes considerar individualmente a cada candidato y discernir así sus cualidades personales o profesionales, se favoreció el traslado de la atención al terreno de lo puramente simbólico.

Por su parte, los medios de comunicación convencionales contribuyeron a este proceso a través de su poco disimulada implicación partidista, su mayor inclinación a la propaganda que a la información y su denodada afición a difundir constantemente estereotipos sin contenido explicativo alguno. Así, incidieron con frecuencia en los aspectos más emocionales de la política, alabaron sistemáticamente a algunos líderes y partidos, mientras denostaban a otros, y ocultaron casi siempre la corrupción y los desmanes que, trascendiendo la órbita de un partido, se iban extendiendo, como un cáncer, por todo el sistema.

Por suerte, la crisis favoreció una reducción apreciable de la adhesión irracional a los partidos mayoritarios. Cuando las dificultades económicas se muestran con toda crudeza y el desempleo acecha, menos personas se muestran dispuestas a ofrecer su apoyo inquebrantable a unas formaciones bastante más centradas en la defensa de intereses particulares que en el bienestar de los ciudadanos.

Pero esta caída de la adscripción partidista no se habría producido de manera homogénea en todo el espectro político. Mientras los oligarcas que usan el desgastado y tramposo discurso izquierda-derecha perdieron bastante predicamento, aquellos caciques secesionistas que manipulan con ese discurso identitario-victimista, repleto de inventados agravios y forzadas transferencias de responsabilidad, podrían haber mantenido o aumentado el tamaño y fanatismo de su parroquia.

Debería señalarse con más frecuencia que una sociedad libre y abierta necesita una mayoría de ciudadanos dispuestos a mantener un criterio propio, a permanecer siempre críticos ante el poder y a resistir con decisión frente a los manipuladores de emociones. Unos electores que apoyen a un partido si defiende con claridad y firmeza sus principios, pero nunca a una camarilla de oportunistas que trampean el día a día mientras dedican su esfuerzo a mantener o acrecentar su poder e influencia. Exige unas personas que, sin renunciar a sentimientos y pasiones, se esfuercen por mantenerlos alejados de sus criterios políticos, en guardia permanente contra la propaganda y los prejuicios. Hacen falta, en definitiva, unos ciudadanos conscientes de que la participación en una verdadera democracia requiere dedicación, tiempo y esfuerzo.

CAPÍTULO 25

Entre el fatalismo y la indignación inútil

En un alarde de admirable celo profesional, los medios de información que durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero daban las malas noticias con sordina, con el nuevo Gobierno popular pasaron a difundir de forma más que exhaustiva las malas noticias económicas, los recortes y los ataques contra eso que llaman «lo público». De tal suerte que esa otra España, la que aún andaba somnolienta, descubrió, súbitamente y con espanto, el verdadero alcance de la crisis.

No habría estado de más que ese súbito y proverbial esfuerzo informativo, tan necesario siempre, hubiera ido un poco más allá del espasmo ideológico, la crítica interesada y la propagación del miedo. Porque, con giros tan bruscos en el tratamiento de la información, las personas más aprensivas, lejos de abrir los ojos, tienden a cerrarlos, cargarse de razones y enfurecerse. Y ese activo tan necesario en tiempos de crisis, la racionalidad, se esfuma, dando paso en su lugar a actitudes puramente emocionales.

Para aliviar la presión y observar la realidad desde una perspectiva más amplia, no está de más echar una mirada al inmediato pasado y comprobar cómo, a principios de los años noventa, España se sumía en una grave crisis que se prolongó durante siete años, concretamente de 1991 a 1997, siendo 1993 el punto más crítico de ese periplo. Durante la mayor parte de ese periodo, el índice de paro fluctuó entre el 20% y el 24%, y el desempleo juvenil superó con mucho el 40%. El déficit público estaba fuera de control. Las tasas universitarias aumentaban todos los años, acumulando incrementos muy superiores al 70%, y la prestación por desempleo terminó por ser recortada drásticamente por el presidente Felipe González.

En aquellos años, obtener un préstamo para el consumo, con los tipos de interés disparados, era misión casi imposible. No bastaba con tener una nómina aseada; era necesario, además, añadir un aval o engatusar a algún incauto avalista. Y aun así no era seguro obtenerlo. Los ordenadores personales no existían, tampoco Internet ni el correo electrónico, y los teléfonos móviles eran artilugios que sólo aparecían en las películas. Se trabajaba con medios más que precarios y, en consecuencia, la productividad era patética, aun a pesar de unas nóminas más que ridículas y unas jornadas laborales interminables. No existían los becarios remunerados, y quienes querían adquirir experiencia se becaban a sí mismos trabajando gratis durante meses o incluso años. En resumen, aquella década de los noventa fue, en algunos aspectos, bastante peor que estos años que se nos antojan terribles. Y el mundo no se acabó entonces como tampoco va a terminarse ahora. Lo que nos enseña la historia es que hemos tropezado con la misma piedra en otra parte del camino. Y esto es lo de verdad relevante, lo que debería preocuparnos.

Hoy estamos ablandados por la abrumadora propaganda estatista de los últimos tiempos y, por ello, todo nos resulta mucho más difícil que hace dos décadas. A lo que hay que sumar que ahora pesa sobre nosotros la certeza de que este modelo político, secuestrado por unos partidos herméticos, nunca dará lugar a esa transformación que nos traería la modernidad y la eficiencia. Y nuestros sucesivos Gobiernos, todos ellos a medio camino entre la socialdemocracia y la más estricta tecnocracia, con sus acongojados miembros y sus intempestivas decisiones, son lo único que se interpone entre nosotros y el abismo. Sin embargo, es evidente que ha fallado algo más que la clase política. Y deberíamos despertar de este sueño, donde el Estado, lejos de ser un acogedor colchón de plumas donde dormir la siesta y tener dulces sueños, se ha convertido en el lecho de clavos donde se tumban los fakires. Pero ahí seguimos, donde siempre, a medio camino entre la indignación inútil y el fatalismo —la doctrina de lo irremediable—, asumiendo tácitamente que todas nuestras opciones de futuro están en manos de un reducido puñado de contables y políticos a los que nuestra suerte parece importarles muy poco. Esta visión, pese a ser en parte cierta, no es ni mucho menos una verdad absoluta. Nada es irremediable y siempre hay margen para el cambio.

En un pasaje de la Oración fúnebre, Pericles explicaba que, si bien sólo unos pocos están preparados para regir los asuntos públicos, todos los ciudadanos están capacitados para juzgar su política. Y, fieles al consejo del ilustre ateniense, los españoles juzgamos con pasión las decisiones de nuestros gobernantes. Pero renunciamos a ir un poco más lejos. Y nos conformamos con votar cada cuatro años y rasgarnos las vestiduras entre una elección y la siguiente. Quizá estemos equivocados. Y deberíamos atender otros asuntos, en apariencia, menores. Aún no comprendemos que el que un país sea fiable, en su sentido más valioso, que es el que incide directamente en la creación de riqueza y la supervivencia de un sano idealismo, cosas ambas perfectamente compatibles, no depende sólo de los gobernantes, sino de las decisiones, acciones y actitudes de cada uno de nosotros. Es lo que se llama construir un país desde sus cimientos, de forma cooperativa. Por la comprensión de esta relación directa entre Estado y Sociedad, Alemania, además de gozar de una democracia mucho más completa que la nuestra, siempre conserva su aureola de prestigio, aun padeciendo gobiernos incompetentes. A diferencia de nosotros, sus ciudadanos nunca se excusan en los políticos ineptos para justificar sus fracasos; es decir, van más allá de un puñado de nombres propios y tienen bien aprendido que un Estado-nación necesita instituciones solventes y reglas precisas que se correspondan con las demandas de una sociedad madura. Debaten, sí. Y también protestan. Porque hoy día que las sociedades desarrolladas cuestionen sus modelos políticos es un hecho generalizado, producto de la enorme presión evolutiva que impone la globalización y el avance tecnológico. Pero se resisten en delegar por completo las decisiones que afectan a sus vidas a un grupo reducido de políticos profesionales. Y cuando la situación se vuelve crítica, presionan y cooperan.

En otros países, el peso de la razón de Estado ha dado lugar a grandes gobernantes, a la postre fundamentales en los momentos críticos. Sin embargo, éstos no sólo se han apoyado en sociedades maduras, responsables y dispuestas a afrontar profundos cambios, sino que han sido sus conciudadanos quienes se lo han exigido. En nuestro caso, esa actitud exigente y bien dispuesta de las personas comunes y corrientes es aún más necesaria, porque, si repasamos la historia de España, comprobaremos que aquí es el ciudadano medio el que ha de tomar la iniciativa. Nunca reyes o políticos. Por lo tanto, no podemos esperar milagros. Es responsabilidad de todos dejar de ser el país del sectarismo y los mitos ideológicos. De lo contrario, nuestros problemas seguirán siendo irresolubles. Y puesto que, al decir de muchos, esta década podría perderse, aprovechémosla para aprender a ser menos manipulables y dependientes y fortalecer nuestro carácter. Porque, aunque nos disguste escucharlo, esta crisis es también el fruto de nuestras tiernas mentes.

CAPÍTULO 26

Ha calado la desconfianza

En un despacho de un elegante barrio madrileño, dos hombres entrados en años, a la sazón vecinos y conocidos de un pueblo de La Mancha, comparecían ante un notario para formalizar la escritura de compraventa de un pequeño terreno. Momentos antes de firmar, uno de ellos levantó la mirada del papel y, casi pensando en voz alta, dijo: «Hay que ver cómo han cambiado las cosas, Francisco. Antes habría bastado con que tú y yo nos diéramos un apretón de manos. Y hoy, para que nuestra palabra tenga valor, hemos de juntarnos con extraños». Incapaz de entender el reproche, el notario, bastante más joven que ellos, arqueó las cejas e, impaciente, se limitó a mirar su reloj.

Sirva esta anécdota real para poner de relieve, si se prefiere de forma un tanto exagerada, cómo, en el transcurso de unas pocas décadas, una burocracia expansiva y una tropa de «personajes extraños» han pasado a interponerse entre los ciudadanos y sus decisiones.

En cuestión de unas pocas décadas, el Estado y sus prolíficas administraciones no sólo se han convertido en el convidado de piedra de nuestras azarosas vidas, el invitado gorrón que todos los días se sienta a comer a nuestra mesa, sino que también nos amedrentan mediante un bombardeo incesante de advertencias, convirtiendo cualquier actividad cotidiana en una potencial amenaza. A los ojos de los burócratas, cosas habituales como conducir o comer se han vuelto casi de la noche al día en extraordinariamente peligrosas. Y sus consejos paternalistas han dado paso a un control creciente, mediante el que vacían nuestros bolsillos. Incluso Internet, la red prodigiosa de la relación y el acceso al conocimiento, es presentada en no pocas ocasiones como un nido de piratas, pederastas, estafadores y psicópatas. Paso previo a su toma de control por los burócratas.

Para el legislador, poco importa si el entorno es físico o virtual: todo es susceptible de ser regulado. De hecho, a cuenta del «peligro ecológico», se le han puesto, literalmente, puertas al campo. Y alambradas con pinchos.

Ahora, con la crisis, esa mayoría laboriosa y ajena al activismo —la mayoría silenciosa— se va dando cuenta de que, además de ser pobres, no controlan sus vidas. Pero aún no terminan de asociar el efecto con la causa. Y, en consecuencia, el problema más grave no es que haya aumentado de manera exponencial el recelo hacia la clase dirigente, sino que la desconfianza se propaga imparable, de arriba abajo, y corrompe los círculos más íntimos de las personas. Y en este río revuelto pescan los vendedores de conspiraciones, una suerte de iluminados que van desde los que creen que todos los males tienen un único origen, pasando por aquellos que están convencidos de que un puñado de banqueros puede gobernar el mundo, hasta llegar a quienes apuestan por sublevarse e instaurar un nuevo orden asambleario, en apariencia más democrático pero cuyo fin es la vuelta al totalitarismo.

España es como una jaula de grillos, en la que cada cual tiene una brújula que señala un Norte distinto. El ciudadano medio recibe todos los días un sinfín de estímulos negativos frente a los que sólo encuentra ideas reduccionistas que simplifican los problemas de manera tramposa para así poder ofrecer soluciones equivocadas. Todo lo cual, sumado a que la individualidad ha sido sacrificada en favor del formalismo burocrático, hace que lo irracional prime sobre lo racional. El ciudadano sabe qué es lo que en el fondo no funciona, pero está infectado de ideas absurdas. Y, por lo tanto, no encuentra la solución o, en su defecto, no puede apoyar las ideas que debería. Y la frustración le lleva de vuelta al principio: tener que delegar en extraños.

En España, el despropósito ha llegado a tal extremo que ya flota en el ambiente un cierto aroma a neurosis colectiva. Y ésta es la peor noticia de todas. Porque cuando la sociedad se desquicia, el individuo, en la parte que le toca, deja de confiar en sí mismo. Y si algo podemos dar por cierto es que sin confianza no hay crisis que se resuelva.

CAPÍTULO 27

A la fuerza, ahorcan

Si existe un común denominador entre los actuales gobernantes europeos —lo mismo da que miremos a Alemania o a España— es su incapacidad para tomar decisiones que pongan en riesgo su popularidad y, por tanto, su continuidad en el poder. De hecho, causa estupor ver cómo Angela Merkel, acuciada por la presión de los electores alemanes, un día da un paso hacia delante y al siguiente da dos hacia atrás. Esto se debe a que tanto los políticos como los ciudadanos europeos vivimos en sociedades incapaces de mirar de frente a los problemas y que sólo alcanzan a exigir soluciones. Pero cuando pintan bastos, las soluciones indoloras y «llave en mano» no son posibles y, al parecer, nadie tiene el coraje de reconocer la verdad y decir aquello de si buscas una mano dispuesta a ayudarte, la encontrarás al final de tu brazo.

Muchos ciudadanos siguen apurando su tiempo convencidos de que, al final, de una forma u otra, seremos salvados sin necesidad de demasiados cambios y sacrificios, que bastará con la alternancia política y con apretarnos el cinturón un agujero o dos más. Y mientras llega ese momento, lejos de asumir la realidad, nos dedicamos con entusiasmo a la improductiva, aunque gratificante, tarea de señalar a un puñado de culpables. Y si bien es cierto que, en toda sociedad que se precie, es necesaria la depuración de responsabilidades, la incapacidad para ir más allá termina siempre por salir muy cara. Nuestros problemas no se van a ver aliviados demonizando a la banca, a los mercados o a algunos de nuestros dirigentes, sino reformando nuestro modelo político, que es de donde dimanan los problemas.

Pese a ello, de una parte, los políticos conservadores siguen empeñados en limitar el problema a lo estrictamente económico. Y se escudan en que la capacidad de acción del Gobierno depende siempre de la situación de las cuentas, porque, al fin y al cabo, nuestro Estado se basa en el reparto de rentas y no en los estímulos para crear riqueza. Y puesto que las arcas están más que vacías, su exógeno concepto de la economía distrae cualquier reforma del modelo político, verdadero origen de todo este embrollo. De la otra parte, la gerontocracia socialista, sabedora de que vender capacidad de gestión es una broma de mal gusto, habida cuenta de su currículum, sigue anteponiendo ideología a racionalidad, abundando aún más si cabe en la propensión de muchos ciudadanos a evadirse de la realidad.

Por todo ello, no es de extrañar que las demandas ciudadanas sean en muchas ocasiones pura contradicción. Por un lado, nos rebelamos airadamente contra la clase política, por su despilfarro, y contra los mercados, por su voracidad y egoísmo. Y, por otro, exigimos a nuestros gobernantes seguir acudiendo a los mercados para endeudarnos aún más y mantener el actual modelo de Estado de bienestar. Resulta asombrosa la facilidad con la que las personas renunciamos a cualquier alternativa de futuro a cambio de ahorrarnos sacrificios y de la gratuidad de algunos bienes y servicios que, dicho sea de paso, de gratis no tienen nada.

Éste es nuestro drama, vivir atrapados en la política del corto plazo y del cálculo electoral que, en última instancia, impone la propia sociedad a la que pertenecemos. Una realidad a la que ya aludía Goethe cuando escribió que «la multitud no envejece ni adquiere sabiduría: siempre permanece en la infancia». Sin embargo, si algo está poniendo en evidencia esta crisis es que las declaraciones voluntaristas y demagógicas no alivian la presión ni solucionan los problemas, por más que se pronuncien en tono solemne. Y si los discursos no están a la altura de los acontecimientos y las palabras no se ven acompañadas por los hechos, la situación empeorará con el tiempo; en otras palabras, las reformas políticas habrán de llegar porque a la fuerza ahorcan. Y, con su llegada, nuestra adolescencia habrá terminado.

CAPÍTULO 28

De la década perdida a la década peligrosa

Jesús Cacho, prestigioso periodista y director del diario digital Vozpopuli, escribió a finales de 2012: «Vamos a vivir cuatro años terroríficos pero apasionantes». Los autores de este libro coincidimos con la afirmación. Lo que no sabemos, y quizá nadie sepa, es si serán cuatro años, cinco o una década. Sean los que fuere, se vislumbran terribles en cuanto a las enormes dificultades económicas a las que nos vamos a enfrentar. Pero también hay otras amenazas que, sin ser de índole material, resultan igualmente inquietantes.

Las viejas ideologías, hoy caricaturas desprovistas de todo bagaje racional y fiadas casi por completo a lo emocional, están alimentando corrientes populistas, y, a través de ellas, abriéndose paso, vuelven las tentaciones veladamente totalitarias de la mano de una parte de la sociedad que confunde el interés general con la urgencia de solucionar sus graves problemas particulares o, sencillamente, con la satisfacción de sus utopías, lo que puede llevar a que se cometan tropelías en perjuicio no del sistema, al que se dice detestar, sino de sus semejantes.

No son pocos los que quieren declarar proscrito al capitalismo. Y, con él, a los mercados. De ahí en adelante cualquier cosa es posible. Dada la enorme velocidad a la que se degrada la economía, aquel que tenga dos casas podría ser tachado de rico, y ello justificaría que le expropiaran u ocuparan alguna de ellas. Por si fuera poco, la necesidad recaudatoria de los Estados, que avanza pari passu a la degradación económica, amenaza con derivar en políticas fiscales confiscatorias y en una inseguridad jurídica crónica. Y, entre unas cosas y otras, quién sabe si el derecho a la propiedad privada puede terminar en la práctica siendo un derecho imposible. Lo cual no sería cualquier cosa, ya que si para algo existen los Estados es precisamente para asegurar un entorno de legalidad y proporcionar protección, tanto a los ciudadanos como a sus propiedades.

Entretanto, parece que algunos políticos, con el fin de zafarse del escrutinio público, se dedican a alimentar los más bajos impulsos, ofreciendo, una tras otra, víctimas propiciatorias. Primero fueron los especuladores, al poco tiempo la banca y finalmente el mercado. Una caza de brujas con la que distraer las cuestiones fundamentales y ganar tiempo, pues cada vez parece más evidente qué el mal funcionamiento de los sistemas políticos y la visión interesada y cortoplacista de nuestros gobernantes han sido, a la postre, los ingredientes fundamentales de este desastre.

Sin embargo, lejos de asumir cualquier responsabilidad, en Europa preparan ya una nueva batería de medidas regulatorias, entre las que se estudia prohibir que las agencias de calificación puedan hacer públicos sus informes de solvencia de los Estados o que estos informes estén sometidos a la tutela de los propios interesados. Y todo ello so pretexto de que los especuladores no ahonden más en la herida. No es nada descabellado pensar que, con estas medidas, lo que los gobernantes europeos quieren es asegurarse la absoluta opacidad de su gestión.

Llegados a este punto, conviene recordar que, para evitar el actual desastre, habría sido suficiente con que la labor de inspección de las instituciones dedicadas a ello se hubiera realizado de manera conveniente. También habría ayudado, y mucho, que la gestión del crédito, especialmente en las politizadas cajas de ahorros, no hubiera obedecido a criterios políticos, sino a la justa y ponderada valoración de la oportunidad y el riesgo en cada caso particular. Por último, habría sido de agradecer que el precio del dinero no fuera manipulado por el Banco Central Europeo, porque nos habríamos evitado endeudarnos hasta cotas disparatadas. Siendo así las cosas, resulta más que dudoso que, para poner coto a los más avariciosos, la solución consista en una mayor capacidad regulatoria, máxime cuando ésta será utilizada discrecionalmente por los propios políticos, que son, en última instancia, los verdaderos responsables de esta crisis.

La estrategia de señalar culpables, para, a continuación, incrementar la capacidad regulatoria, es una maniobra muy peligrosa que puede volverse contra todos nosotros. Bien vale recordar aquella cita de Joseph Sobran que decía que «quejarse de que la economía libre favorece a los ricos es como quejarse de que la libertad de expresión favorece a los elocuentes». Porque, con el pretexto de salvar la economía, lo que nos estamos jugando es la libertad. Por ello, si bien es verdad que los próximos años prometen ser terroríficos y apasionantes, no menos cierto es que también serán peligrosos.

CAPÍTULO 29

Los muros y tabúes del Régimen

En febrero de 2005 se encontraba en pleno apogeo la campaña para la ratificación por referéndum de la llamada Constitución Europea, un texto elaborado por Bruselas con aprobación de los Gobiernos miembros. Para animar y jalear el voto afirmativo, el Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero había contratado al dúo musical «Los del Río», que estaban a punto de protagonizar un momento cumbre. Ante las cámaras, aire desenfadado, Antonio y Rafael explicaban con convicción las razones para otorgar su entusiasta e incondicional apoyo: «Si los políticos más importantes, tanto de izquierdas como de derechas, dicen sí, nosotros tendremos que decir que sí. ¿Cómo vamos a decir que no a la Constitución Europea, si no la hemos leído?».

Aunque algunos tomaron estas declaraciones con agitada mofa y chirigota, no se trataba de ningún disparate o astracanada. Tampoco de una broma copiada del genial Groucho Marx. Los cantantes sevillanos describían, sin intención pero con desparpajo, ciertos rasgos distintivos del Régimen político español. Se limitaban a exponer, con extraordinaria crudeza, algo tan familiar que podía palparse en el ambiente. Buena parte de los mitos, tabúes y profundas deficiencias de la democracia española quedaban reflejados en un par de ingenuas pero incisivas frases.

Era innecesario leer el texto sometido a referéndum, pues los políticos ya lo hacían por todos, velando supuestamente por los intereses de la población. Se trataba de un pacto tácito, impuesto por las elites, de pasividad política a cambio de bienestar material, que constituía una de las piedras angulares del Régimen surgido en 1978. El buen ciudadano delegaría sus responsabilidades en la clase política y se limitaría a votar cada cuatro años una lista cerrada y bloqueada, sin posibilidad de elegir individualmente a sus representantes. Los gobernantes se encargarían del resto en un marco fuertemente paternalista que, enlazando con la recomendación franquista de «no se meta usted en política», mantendría a los ciudadanos en una infancia irresponsable y tutelada.

El sistema eludió durante muchos años los debates públicos sobre decisiones políticas o sobre las diversas opciones que se abrían en cada encrucijada. Mediante el dominio de los medios de comunicación de masas, los gobernantes cerraban la discusión argumentando que «era la única opción posible», «no había otro remedio» o «era obligado desde Europa». Como máximo, sometían a deliberación pública los detalles más superficiales, los aspectos más llamativos y mediáticos. Se conformaba así un discurso público que primaba la imagen sobre la sustancia y el morbo sobre el debate en profundidad. No había duda: en aquel referéndum de 2005 se trataba de que España fuera el primer país en aprobar la Constitución Europea, con independencia de lo que el texto estableciese. Meses después, otros electores extranjeros bastante menos sumisos la enviarían al baúl de los recuerdos.

Un terrible tabú blindaba la Constitución del 78, el Sistema Autonómico o la figura del Rey, entre otros, contra todo tipo de crítica, con amenaza de ostracismo para quien osara quebrantarlo. El buen ciudadano podía identificarse con una formación política y criticar vehementemente a otra, participando así en esa teatral contienda partidista de «progres» contra «fachas», pero nunca oponerse a lo consensuado por los partidos mayoritarios. Si alguien rechazaba la cerrada partitocracia imperante o criticaba el abuso, la arbitrariedad o la generalizada corrupción, era descalificado como un sujeto antidemócrata y deslegitimador del sistema constitucional. Los autores de «Macarena» percibieron estas prohibiciones y las expusieron sin sonrojo.

La propaganda oficial alababa los traspasos de competencias del Estado a las Autonomías como derechos o logros para los habitantes de una región, ocultando que lo verdaderamente importante era que los servicios se prestasen de forma eficaz y barata, con independencia de cuál fuese la Administración que los proporcionase. Se llegaba a identificar autonomía territorial con democracia, dentro de un discurso plagado de lugares comunes, frases hechas, declaraciones altisonantes, enorme carga ideológica y muchos elementos emocionales. Existía, por ello, en muchos sectores intelectuales y sociales un gran temor a criticar o cuestionar el proceso autonómico, pues la simple opinión discrepante constituía la violación de un espantoso tabú.

También escapaban de lo políticamente correcto las dudas sobre ese inigualable concepto llamado Europa y los recelos ante los dictámenes de sus infalibles gurús. No se trataba de un regreso a la conocida máxima orteguiana de «Europa como solución al problema de España». Consistía, más bien, en un moderno mito de Europa.

Ocho años después de tan lamentable referéndum, todo aquello destila un sabor antiguo, rancio y apolillado. Los mitos han caído con estrépito, anunciando el final de un régimen. La crisis económica y la incapacidad de los gobernantes para garantizar el bienestar material aceleraron la rotura del nefasto pacto de servidumbre. El velo de los tabúes se rasgó, dejando al descubierto la podredumbre que ocultaba. Pocos perciben ya a Europa como el cuerno de la abundancia, o el hada madrina, después de que los políticos patrios comenzasen a atribuir la responsabilidad de muchas decisiones impopulares a las presiones de nuestros socios.

La ruptura del monopolio de la información, propiciada por las redes y por la irresistible expansión de los diarios digitales, espoleó importantes cambios en la mentalidad de los ciudadanos, reduciendo considerablemente su sumisión ante el poder político. Según las encuestas, un elevado porcentaje no considera ya inmutable la Constitución de 1978, ni cree que el Sistema Autonómico deba mantenerse en su caótico estado actual.

Hasta el mito del Rey, sostenido por arcaicos lazos sentimentales, cayó ante la evidencia racional de que la Monarquía sólo es útil cuando su titular mantiene un comportamiento ejemplar, y ante la comprobación de que, en contra de lo manifestado por el monarca, en España la ley no es igual para todos. El trato de favor concedido reiteradamente por la Justicia a la infanta Cristina apunta a que los tribunales no discriminan por el color de la piel, pero sí parecen conceder escandalosos privilegios por el color de la sangre.

La actitud de los españoles ha cambiado tanto en los últimos años, que esos discursos pronunciados periódicamente por los políticos reivindicando la plena vigencia de la Constitución de 1978 resuenan hoy con estridente disonancia, casi como una cacofonía. Una puerta de esperanza se abre hacia una trasformación que devuelva a los ciudadanos la capacidad de decidir su futuro. Pero, ojo, en los momentos críticos surge la prueba más dura, la mayor de las barreras, la argamasa del vergonzante pacto de servidumbre: el miedo a la libertad y a la responsabilidad, fomentado durante tanto tiempo por los adalides del Régimen.

CAPÍTULO 30

Una profunda crisis de legitimidad

Los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), unas encuestas dirigidas a medir el estado de opinión de los españoles, mostraron una preocupante evolución en los últimos años. La confianza en el sistema Gobierno-Oposición, la columna del Régimen político, que alcanzaba en 1998 el 50,9%, había caído en 15 años a la mitad, llegando en enero de 2013 al 26,2%. Por su parte, el indicador de confianza política se redujo en esos 15 años del 55% al 29,3%. Y, preguntados sobre los tres principales problemas de España, en 1998 tan sólo el 7,3% de los encuestados citaba a los políticos, mientras que el porcentaje había subido en 2013 al 30,3%, problema sólo superado por el desempleo y las dificultades económicas. La percepción de la corrupción como problema fundamental también había crecido de manera astronómica en este periodo: del 2,1% al 17,7%. Estos resultados indicaban que la confianza del ciudadano en el sistema político se había deteriorado de manera escalofriante en el transcurso de década y media.

Los resultados del barómetro del CIS no eran triviales, sino que revestían una profunda gravedad. Para que un sistema político funcione adecuadamente y para que las decisiones de sus dirigentes puedan aplicarse eficazmente, el régimen debe disponer de una elevada dosis de legitimidad.

La cuestión de la legitimidad del poder ha sido objeto de discusión permanente en la historia del pensamiento político. Aunque la esencia del Estado pueda consistir en el monopolio de la violencia, el poder no puede basarse permanentemente en el mero uso de la fuerza: debe disfrutar de un cierto grado de aceptación por parte de los ciudadanos. Tal como señalaba Rousseau, «el más poderoso nunca es lo suficientemente fuerte como para prevalecer siempre, a no ser que transforme su fuerza en derecho y la obediencia en deber».

La legitimidad es un concepto que trasciende el mero apoyo a un partido o Gobierno. Aparece cuando los ciudadanos consideran que la autoridad se ejerce de manera correcta y justa, de acuerdo con las ideas y valores imperantes. De este modo, la gente cumpliría las leyes, no por interés o temor al castigo, sino por convicción. Por su propia naturaleza, la legitimidad constituye un capital que los gobernantes van acrecentando o perdiendo en función de sus acciones. Y permite que los ciudadanos acepten con mayor facilidad decisiones impopulares, aquellas que van en contra de sus intereses inmediatos, si consideran que el poder está actuando de manera limpia y justa.

En realidad, la elección por el voto es una importante fuente de legitimidad para un Gobierno, aunque no suele ser suficiente. Además, los ciudadanos deben percibir que a) los dirigentes ejercen el poder de acuerdo con las leyes, normas y costumbres vigentes, de manera que sus acciones sean fiables y previsibles, b) los gobernantes ajustan su comportamiento a los valores sociales imperantes y c) la acción del Estado es eficaz, fomentando el bienestar de la sociedad. Muchos gobernantes intentan conseguir dosis de legitimidad de manera indirecta, cambiando la percepción o los valores vigentes a través de la propaganda o el control de los medios de comunicación. Esta vía funciona en el corto plazo, pero, a la larga, suele tener resultados muy contraproducentes.

¿Poseen los políticos españoles legitimidad suficiente a los ojos de los ciudadanos? Los barómetros del CIS apuntan a que la legitimidad del régimen político surgido en 1978 fue reduciéndose de manera paulatina, un proceso que se ha acelerado desde el inicio de la crisis económica. Y el problema es muy serio, pues las autoridades podrían afrontar graves dificultades al tomar decisiones impopulares, corriendo el riesgo de resistencia y violencia.

Pero estos problemas no son nuevos. Los vicios se encuentran ya en el origen del Régimen de 1978, aunque hayan tardado cierto tiempo en manifestarse. La narración oficial suele presentar la Transición política en España y la elaboración de la Constitución como un proceso modélico en el que las fuerzas políticas realizaron grandes esfuerzos y sacrificios para llegar al consenso. Sin embargo, el intento de atender a los intereses de todos los partidos condujo a una Constitución con notables deficiencias: ambigua en algunos aspectos, prolija pero contradictoria en otros y peligrosamente abierta en ciertos temas sobre los que no fue posible llegar a acuerdos beneficiosos para todos los políticos. El consenso persiguió los beneficios de los partidos y de la Corona, relegando los intereses de los ciudadanos a un segundo plano.

No puede sorprender la pérdida de legitimidad de las instituciones en España cuando el ejercicio del poder no ha resultado constructivo ni ejemplar. Al tiempo que se iban desmontando la mayor parte de los mecanismos de control y desaparecía en la práctica la separación de poderes, el ciudadano pudo presenciar demasiados apaños y trapisondas con la legalidad. Finalmente, casi todas las instituciones acabaron siendo teledirigidas por los partidos, convirtiéndose en una parodia de sí mismas. Se fue creando una maraña de normas y regulaciones, especialmente autonómicas, imposibles de cumplir, que conducían al abuso y a una muy extendida corrupción. Las administraciones autonómicas crecieron de forma exponencial, creando infinidad de servicios y empresas públicas con el fin de colocar a militantes, simpatizantes y amigos, a costa del contribuyente. Y se impulsaron infinidad de inversiones en infraestructuras, de dudosa utilidad social, con el inconfesable propósito de cobrar las jugosas comisiones ilegales que la concesión de las obras proporcionaba.

Los españoles asistieron a innumerables cambios en las reglas del juego para favorecer intereses particulares, olvidando que las concesiones, dádivas, regalos o privilegios a ciertos grupos pueden crear un apoyo momentáneo pero restan legitimidad, pues son una evidente señal de arbitrariedad. Y sufrieron un sistema perverso de selección de los políticos por el que ciertos puestos clave del Estado fueron ocupados por personas que no reunían, ni de lejos, las cualificaciones necesarias para llevar a cabo dignamente tan alta responsabilidad.

Un régimen escaso de credibilidad tiende a producir Gobiernos débiles e incapaces de tomar decisiones importantes. Para que las instituciones recuperen la legitimidad, hace falta una profunda reforma política que restaure en España los principios fundamentales de la democracia clásica: separación de poderes, instituciones no partidistas y mecanismos de control del poder. Es necesario garantizar, de una vez y para siempre, que el Estado actuará en todo momento de manera objetiva e impersonal, en lugar de constituir una red de intereses de grupos o partidos. Y que las leyes serán estables, sencillas de cumplir y aplicables de forma neutral a cada uno de los individuos, con independencia de su posición social o política. Definitivamente, no existen atajos ni retorcidas vías en el camino a la legitimidad.

CAPÍTULO 31

Unos sindicatos más que oxidados

Los importantes cambios económicos, sociales y tecnológicos de las últimas décadas han conducido a una notable obsolescencia del papel tradicional de los sindicatos. La competencia internacional, la apertura de los mercados y la crisis fiscal del Estado mermaron las posibilidades sindicales de extraer rentas no competitivas a través de la presión, tanto en las empresas privadas como en la Administración pública, mientras la acelerada tercerización de la economía reducía drásticamente su base tradicional en favor de empleados crecientemente heterogéneos, individuales e independientes, más preocupados por su carrera profesional que por la acción colectiva. Un contexto muchísimo más complejo donde ya no era posible resolver los problemas de los trabajadores con consignas simplistas, pancartas, banderolas, griteríos, huelgas ni algaradas callejeras.

A pesar de todas estas transformaciones, los sindicatos mayoritarios españoles conservaron unas estructuras y unos usos anacrónicos, completamente oxidados y anquilosados, gracias a unas leyes que les concedían artificialmente un protagonismo, unas atribuciones y unos medios absolutamente desproporcionados para la representación que ostentaban.

Las leyes laborales siempre establecieron muchas trabas a la negociación colectiva independiente en cada empresa, favoreciendo unos acuerdos mucho más amplios, de aplicación obligatoria en todo un ámbito sectorial o territorial. La potestad para negociar esos extensos convenios se concedió a unas asociaciones patronales y a unos sindicatos, poco representativos tanto los unos como las otras, en detrimento de los empresarios individuales y de los comités de cada empresa. Por ello, el poder y la influencia de los sindicatos no provenían tanto de la afiliación, que siempre fue baja, como de la inmensa capacidad legal para decidir por amplios colectivos de trabajadores no afiliados.

Los sindicatos utilizaron este enorme poder con menos sensatez de la deseable, imponiendo en muchos convenios unas condiciones que favorecían a sus bases pero resultaban lesivas para el resto de los trabajadores y, sobre todo, para los desempleados. En otros casos, sindicato y patronal utilizaron estos mecanismos para perjudicar a algunas empresas pequeñas frente a las grandes, representadas por la patronal. Así, pactaban unos incrementos salariales artificialmente elevados, de aplicación obligatoria para todas las empresas del sector. Las grandes corporaciones podían soportar el aumento de costes por su mayor capacidad para trasladarlos a precios y sus mejores contactos con la Administración para obtener favores y subvenciones. Las pequeñas empresas, por el contrario, experimentaban gran dificultad para asimilar estos nuevos costes y muchas de ellas se veían obligadas a cerrar. En definitiva, la legislación laboral otorgaba indirectamente a algunas grandes empresas, en connivencia con los sindicatos, un mecanismo para expulsar a sus competidoras más pequeñas y quedarse con su cuota de mercado.

Los sindicatos recibieron del erario público cuantiosos fondos de formación para el empleo, manejándolos de manera opaca, cuando no con manifiesta ilegalidad. Y abusaron hasta el límite de las horas de representación sindical, acumulándolas sin decoro en algunos afiliados para crear una casta de liberados al servicio del sindicato, que no trabajaban pero recibían su sueldo de las empresas o de la Administración.

También utilizaron torticeramente el mecanismo de la huelga general, un recurso revestido de una falsa aureola épica, que no se justifica en los países avanzados. Tuvo sentido en aquellos tiempos en que, por no existir cauces adecuados de participación y representación, la paralización de la producción de un país constituía una vía alternativa para mostrar disconformidad o para desalojar a los Gobiernos del poder. Un grupo de valerosos trabajadores, acertados o equivocados, arriesgando su libertad, e incluso su vida, recaudaban dinero entre sus simpatizantes y, sobreponiéndose a la adversidad, intentaban detener la actividad económica para forzar un cambio político o social.

Sin embargo, las huelgas generales actuales se asemejan muy poco a las heroicas de tan pretéritos tiempos. Los convocantes, lejos de actuar en la ilegalidad, gozan de escandalosos privilegios legales y estatutarios, negados al ciudadano común. No necesitan recaudar dinero, pues reciben abultadas subvenciones del presupuesto público. No son trabajadores, sino burócratas de unas organizaciones que, de facto, forman parte de la arquitectura institucional. Generalmente no pretenden impulsar transformaciones profundas sino evitarlas con el fin de mantener un statu quo muy favorable a sus intereses. Y la huelga ya no implica peligro alguno para organizadores ni participantes, sino para quienes deciden no secundarla por mor de unos piquetes violentos, beneficiarios de una sospechosa tolerancia.

Con el avance de la democracia, que proporcionó nuevos mecanismos de participación y expresión política y abrió vías pacíficas para cambiar los Gobiernos, las huelgas fueron desprendiéndose de su carga política para circunscribirse al ámbito de los conflictos laborales en el seno de la empresa. Este proceso de despolitización se completó en aquellos países que lograron implantar un régimen de acceso abierto, es decir, un sistema político y social en el que la remuneración y la posición económica dependen fundamentalmente del mérito, el esfuerzo y la capacidad innovadora dentro de un marco regido por la competencia.

Sin embargo, el carácter político de las huelgas se conservó en países que, aun habiendo abierto vías de participación democrática, mantenían sistemas con barreras de entrada, privilegios y relaciones clientelares. Unos sistemas en los que las instituciones no funcionaban convenientemente y la posición social y económica continuaba dependiendo, en gran medida, de los favores y ventajas que otorgaba el poder, prevaleciendo las relaciones personales sobre el mérito, la influencia sobre el esfuerzo, la coacción sobre la competencia y las prerrogativas de ciertos colectivos sobre los derechos individuales. Un marco de actuación en el que la participación en el reparto de la tarta depende de la capacidad de ejercer chantaje y presión. En países como España, la dinámica política —y, por ende, la huelga general— siempre reflejó una pugna por el reparto de poder, influencia y posición económica entre privilegiados grupos de intereses, entre los que se encontraban los sindicatos.

Para conservar sus ingresos a costa del contribuyente y limitar su pérdida de influencia, los sindicatos plantearon recurrentemente esa exhibición de fuerza, mostrando su capacidad de causar costes, pérdidas y daños a la economía nacional, mientras mantenían bien engrasadas sus maquinarias de acción y propaganda. De ahí su insistencia constante en paralizar los transportes, verdadero cuello de botella por donde estrangular el sistema productivo. Pero la irracionalidad de esta extorsión estribaba en que, aun con un seguimiento minoritario, el perjuicio causado a la sociedad era siempre muy superior al montante de los beneficios que los sindicatos pretendían conseguir. En definitiva, la huelga era demasiado general para unos intereses tan particulares.

Los nuevos tiempos y la última reforma laboral, que abrió nuevas posibilidades a la negociación en cada empresa, sitúan a los sindicatos mayoritarios en una crucial encrucijada: transformarse o desaparecer. Para adaptarse a los nuevos tiempos, el sindicalismo deberá adoptar unos estilos, formas y contenidos muy distintos a los actuales. Tendrá que estar dirigido por un grupo de profesionales y expertos prestigiosos que aporten un valor añadido a los trabajadores, no por una casta privilegiada, que vive a costa del presupuesto público. Deberá financiarse a través de las cuotas de sus afiliados y, para ello, prestar unos servicios valiosos de asesoramiento, apoyo, protección y orientación profesional, en lugar de constituir un sindicato de silicona con ideología radical, escasa capacidad de elaboración y reiterativo en desgastadas consignas. Tendrá que enfocar su estrategia a la resolución de problemas, a la innovación, a la mejora de la productividad y a las políticas que puedan reducir el desempleo, no a una confrontación dialéctica poco imaginativa o a una inútil presión para mantener cierto statu quo legal, especialmente beneficioso para sus intereses. Y deberá utilizar un lenguaje técnico, correcto, amable, riguroso e ilustrativo, desterrando cualquier atisbo de expresiones barriobajeras o modales patibularios.

Los nuevos sindicatos tendrán que ser plenamente conscientes de que, en etapas de acusada caída de la demanda, se debe fomentar la flexibilidad y el ajuste interno de las empresas antes que los despidos, pero éstos antes que el cierre definitivo de las empresas. Perseguirán aumentos salariales en las etapas de expansión económica, pero no pactarán incrementos desproporcionados en medio de una profunda recesión, aun cuando acceda a ello una patronal poco representativa. Admitirán la necesidad de un nuevo marco de relaciones laborales, tratando a los trabajadores como clientes de sus servicios, no como una masa manipulable en una asamblea al grito de «compañeros, todos a la huelga general». En definitiva, los sindicalistas tendrán que dejar de ser percibidos por el público como otra versión, acaso todavía más tosca, de la carpetovetónica clase política. Profesionalización, despolitización, cualificación, amplitud de miras y capacidad de reflexión son las palabras clave para un nuevo sindicalismo en España.

SEXTA PARTE

Elites extractivas: componendas entre gobernantes y clase empresarial

CAPÍTULO 32

Unos políticos particularmente interesados

James M. Buchanan nació en 1919 en el estado de Tennessee (EE. UU.), donde su abuelo había sido gobernador. Tras doctorarse en Economía por la Universidad de Chicago, se dedicó a la docencia universitaria y a la investigación. En la década de 1950, algo atrajo con fuerza su atención. Su disciplina dedicaba muchísimo esfuerzo a estudiar el funcionamiento del mercado pero ninguno a explicar las decisiones políticas. Y ello a pesar de que la maquinaria del Estado manejaba casi tantos recursos como el sector privado. Si la economía era capaz de determinar la conducta de consumidores o productores, ¿por qué no usar su potente instrumental para analizar el comportamiento de los políticos? Había nacido la Public Choice, o teoría de la toma de decisiones públicas, una nueva rama de la Economía gracias, entre otros, al esfuerzo de nuestro protagonista, que falleció en 2013 a los 93 años de edad.

La Economía convencional basaba su análisis en las motivaciones de consumidores, inversores o empresarios, todas ellas forjadas en la fragua del propio interés individual. Pero la visión que tenía del Gobierno era muy distinta: un ente benevolente, desinteresado y generoso, siempre en pos del bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, los déficits presupuestarios permanentes, el crecimiento desmesurado de la Administración o la inclinación de los gobernantes a favorecer a ciertos grupos de presión eran fenómenos demasiado recurrentes para resultar compatibles con tan filantrópica conducta. Todo apuntaba a que, básicamente, los políticos también actuaban guiados por intereses egoístas.

La idea no era exactamente nueva en la historia del pensamiento. Desde la justificación del tiranicidio, la ejecución del tirano, o gobernante convertido en déspota, por Tomás de Aquino o el español Juan de Mariana, hasta la necesidad de separar los poderes del Estado para que se equilibren y se controlen mutuamente, por Montesquieu, el temor a un Gobierno en contra de los intereses del pueblo se encuentra presente en gran parte de la filosofía y la teoría políticas. Estas ideas también impregnan la Revolución americana de finales del XVIII. James Madison, uno de los primeros redactores de la Constitución de los Estados Unidos de América, llegó a señalar:

Si los hombres fueran ángeles, no haría falta gobierno. Si los gobernantes fueran ángeles, ningún control, externo o interno, sobre los gobiernos sería necesario. La gran dificultad para diseñar un gobierno de hombres sobre hombres estriba en que, primero, debe otorgarse a los dirigentes un poder sobre los ciudadanos y, en segundo lugar, obligar al poder a controlarse a sí mismo. No cabe duda de que depender del voto de la gente constituye el control primario sobre el gobierno; pero la experiencia enseña a la humanidad que son necesarias precauciones adicionales.

Admitir que los políticos actúan interesadamente abría importantes caminos a la economía y permitía explicar muchísimos fenómenos. Pero generaba también una duda: ¿por qué había tardado tanto tiempo en aceptar este postulado? No requiere mucha perspicacia, al menos en España, alcanzar la conclusión de que los políticos persiguen su propio beneficio. Sin embargo, esta verdad nunca fue sencilla de asimilar completamente: el discurso político siempre ha insistido en su idealismo, en su motivación generosa y desinteresada. Una propaganda demasiado intensa que impedía a los ciudadanos absorber, sin conflicto, tan corrosiva idea. El propio Buchanan reconoce que él se limitó a pregonar que «el rey estaba desnudo», algo que todo el mundo veía pero pocos reconocían. Su mérito consiste en haber introducido este postulado en la ciencia económica, una disciplina un tanto ingenua en este particular aspecto, hasta ese momento.

Una vez establecido el carácter interesado de la política, parecían abrirse unas perspectivas poco halagüeñas para la buena y honrada gestión pública. Si el Gobierno llevaba a cabo una política desastrosa, el remedio no podía limitarse a poner a sus integrantes de patitas en la calle y sustituirlos por personas justas, altruistas y benéficas. Nadie podía garantizar que esos nuevos líderes resistieran las fuertes tentaciones que provoca el poder. Por suerte, la Public Choice formalizó una solución más eficaz, ya descrita por pensadores anteriores: establecer las reglas y controles apropiados para que el sistema cumpla sus funciones aceptablemente aunque los gobernantes sean egoístas e interesados. Es decir, diseñar una estructura que modele los incentivos de los dirigentes de manera que queden alineados con los intereses generales. Enlazando con los constitucionalistas clásicos, la maquinaria debía funcionar eficazmente con independencia de que los políticos fueran altruistas o egoístas.

Los estudios mostraron pronto que el voto constituía un mecanismo de control demasiado imperfecto e indirecto, entre otros motivos por la falta de incentivos de cada elector para informarse y depositar su sufragio concienzudamente. Existía para cada votante una enorme desproporción entre los elevados costes de obtener toda la información relevante y los escasos beneficios de un voto individual concienzudo y responsable, ya que un solo voto no tenía repercusión alguna sobre el resultado final. La conclusión era obvia: un Gobierno tan sólo controlado por una elección cada cuatro años tendería a perseguir metas alejadas de los intereses de los ciudadanos.

El problema se agrava en sistemas, como el español, donde el elector ni siquiera puede votar directamente por su representante y debe limitarse a introducir una papeleta con una lista cerrada y bloqueada. A pesar del voto popular, son las direcciones de los partidos las que deciden realmente quiénes serán los diputados, debiendo estos obediencia a sus jefes, que los introdujeron en la lista, no a los electores.

Buchanan, que recibiría el premio Nobel en 1986, propone una estructura de elección colectiva que consta de dos niveles: la «política ordinaria», para las decisiones del día a día, y la «política constitucional», o procedimiento por el que se fijan las reglas del juego, trabas, cortapisas y restricciones, dentro de las que deben moverse obligatoriamente las decisiones gubernamentales ordinarias. Esta política constitucional es la que requiere un diseño más meditado y una amplia aceptación por parte de los ciudadanos.

Es precisamente en este último aspecto donde habría que buscar la causa fundamental del rotundo fracaso de un sistema político español viciado completamente desde la raíz y carente de las apropiadas reglas y controles eficaces. Las reglas no funcionan porque, a través de su preponderancia, los partidos políticos han acabado dominando y poniendo a sus órdenes aquellas instituciones del Estado que deberían actuar con imparcialidad. La mayoría de ellas se limitan a acordar lo que ordenan las direcciones de los partidos.

Una de las líneas más interesantes y sugerentes del programa de investigación de la Public Choice fue la teoría de la «búsqueda de rentas no competitivas» (rent-seeking), iniciada por Gordon Tullock. Dado que las decisiones de los gobernantes pueden beneficiar enormemente a ciertos sectores, perjudicando de paso el interés general, algunos grupos de presión, especialmente empresariales, mostrarían una gran inclinación a gastar considerables recursos a fin de obtener el favor de los gobernantes. Una simple regulación que dificulte el acceso de los competidores al mercado, un trato fiscal ventajoso, unas ayudas generosas a una industria concreta o una contrata pública en condiciones provechosas constituyen pequeñas y discretas decisiones que proporcionan a los destinatarios enormes beneficios, no ganados mediante el ingenio y la competencia, sino a través del favor y el privilegio. De ahí su carácter de renta económica no competitiva.

Ante la perspectiva de tamaña lluvia de millones, los grupos empresariales se mostrarían dispuestos a cualquier gasto, donación al partido, regalo en metálico o especie, transferencia a cuenta en paraíso fiscal o garantía de un puesto en consejo de administración tras el mandato, con el fin de inclinar la voluntad del político hacia la concesión del favor. Ello explicaría que, en respuesta, en países como España los gobernantes promulguen una auténtica selva de complejas leyes, normas y regulaciones que protegen de la competencia a los grupos privilegiados y lesionan ostensiblemente el interés general. O que impulsen legislaciones fiscales complejísimas, siempre llenas de excepciones y agujeros por los que puedan colarse aquellos que compraron las voluntades.

A la hora de medir estas cantidades, Tullock se sorprendió ante lo que consideró una paradoja. A pesar de los miles de millones en rentas que podían suponer todas estas medidas, los grupos empresariales sólo necesitaban gastar una pequeña fracción de todo ese montante para conseguir los favores. Ciertamente, los gobernantes recibían muy poco en relación a lo que concedían. Pero este autor analizó el caso de los Estados Unidos, donde los controles son relativamente estrictos. Quizá hubiera cambiado radicalmente de opinión de haber conocido el volumen que alcanzan los pagos por privilegios y las comisiones reales en España.

CAPÍTULO 33

Democracia de baja calidad y pobreza

Más allá de los brindis al sol y de la romántica defensa de la libertad, un número cada vez más significativo de ciudadanos empieza a identificar una clara relación entre la calidad de nuestra democracia y el nivel de prosperidad económica. Sin embargo, al parecer nuestra clase política no sólo no lo ve así sino que, además de despreciar esta corriente, descalifican a quienes propugnan reformas fundamentales del modelo. Quizá no sea por mala fe, sino por simple falta de visión.

Afortunadamente, nuestro problema tiene su lado positivo: no es inusual o extraño. Al contrario, afecta a infinidad de países en los que se reproduce el mismo esquema: sistema institucional deficiente (colonizado por organizaciones informales y grupos de interés), inoperancia de los mecanismos de control democrático y escasa representación de los ciudadanos es igual a crisis económicas severas y fuerte empobrecimiento.

Esta relación entre desarrollo institucional y desarrollo económico ha sido puesta de relieve por prestigiosos investigadores, cuyas ideas se adaptan como un guante a la realidad institucional española y ponen de manifiesto cómo, en pleno siglo XXI, esta España aparentemente democrática y moderna sigue siendo en diferentes aspectos un Estado natural.

En un interesante ensayo titulado The Natural State: The Political-Economy Of Non-Development, que versa sobre la primera revolución económica y el auge de los Estados, Douglass C. North, John Joseph Wallis y Barry R. Weingast explican la evolución de la sociedad desde lo que denominan el Estado natural, o un Sistema de Acceso Restringido, hasta el Sistema de Libre Acceso. Mientras que el Estado Natural es un sistema cerrado, donde impera el reparto de rentas, las relaciones de tipo personal, los privilegios y las barreras que impiden la libre competencia, en el Sistema de Libre Acceso predominan las relaciones impersonales, institucionalizadas, la libre competencia en la política y la economía, el mérito y el esfuerzo y la igualdad de oportunidades.

Los mencionados autores sostienen que, si bien el Estado natural garantizaba a los ciudadanos cierto nivel de seguridad, también restringía el derecho de propiedad universal, el libre acceso a la riqueza, es decir, al mercado y, sobre todo, a la política. Todo ello hacía imposible «un crecimiento sostenido a largo plazo generado por mercados estables, prósperos y competitivos». Expresado en otras palabras, que el poder político y económico estuviera en manos de una reducida elite generaba continuas y graves crisis económicas, a las que invariablemente seguían encarnizadas luchas por el poder. En el caso de España, esta teoría resulta inquietantemente oportuna.

Douglass C. North, John Joseph Wallis, y Barry R. Weingast pretendían explicar las razones del subdesarrollo crónico de muchos países del mal llamado Tercer Mundo. Sin embargo, sus argumentos pueden resultar muy útiles si vamos un poco más allá y los trasladamos a otros países supuestamente desarrollados, en los que democracias de muy baja calidad están dando lugar a que se manifiesten rasgos característicos de los antiguos Estados naturales. Por todo ello, este ensayo podría servir para explicar en gran medida la grave crisis económica que padecemos.

Durante todo el siglo pasado, Europa ha mantenido una lucha, a la postre desigual, para lograr un modelo político democrático y representativo que diera lugar a sociedades abiertas que aseguraran el crecimiento sostenido, y evitara los colapsos económicos. Sin embargo, de forma lenta pero segura, han sido los propios dirigentes europeos quienes han frustrado tal logro al corromper las democracias. Y no pocos Estados se han quedado a medio camino entre «organizaciones de acceso restringido» y «organizaciones de acceso abierto». En consecuencia, la economía de muchos países se ha resentido y su crecimiento se ha colapsado.

¿Pero cómo se ha producido este retroceso? Es relativamente sencillo de entender. En el Estado natural, la política y la economía son sistemas deliberadamente cerrados (exclusivos), de tal forma que las rentas generadas pueden ser utilizadas por el Estado para asegurar compromisos estables entre los grupos de poder. Como las rentas económicas que reciben estos grupos están supeditadas a la supervivencia del Estado y del orden social vigente, estos tienden a ser cooperativos. Y, pese a sus desavenencias y rivalidades, pactan con el fin de mantener sus privilegios. Es decir, los Estados naturales utilizan el sistema económico como herramienta para consolidar la estabilidad y continuidad de las elites gobernantes. Y para ello establecen un sistema mediante el que grupos concretos, con especiales vínculos con el poder, se aseguran derechos y privilegios específicos que son inaccesibles para el resto. A cambio, estos grupos dan su apoyo a la coalición gobernante (entiéndase como coalición gobernante a la clase política en su conjunto) y cooperan en el sostenimiento del modelo político.

En el lado opuesto a los Sistemas de Acceso Restringido se encuentran los órdenes de acceso abierto o Sistemas de Libre Entrada. En ellos, el sistema de control de derechos y de reparto de rentas propio de los Estados naturales es reemplazado por la libre competencia política y económica, lo que da lugar al surgimiento de mercados prósperos a largo plazo que aseguran el desarrollo económico a las sucesivas generaciones. Los Sistemas de Libre Entrada son deseables siempre, pero aún lo son más en periodos de incertidumbre económica, pues las sociedades abiertas (inclusivas), al ser mucho más participativas, pueden realizar un número más elevado de ensayos para la resolución de los problemas. Tienen, por tanto, más probabilidades de subsistir que los sistemas excluyentes.

Sin embargo, en el caso de España no sólo hay que señalar a los tradicionales grupos de poder (clase política, banqueros y grandes empresarios, por ejemplo) como responsables del sostenimiento de un modelo político-económico injusto y empobrecedor con rasgos característicos de los Estados naturales, sino que también hay que poner el foco en la cooperación de otros grupos organizados, cuyas bases son mucho más amplias, que participan también del sistema de reparto y contribuyen al sostenimiento de un sistema extraordinariamente gravoso para el conjunto de la sociedad. De ahí que muchos de los colectivos y ciudadanos que hoy se manifiestan y protestan de forma organizada no tengan como objetivo el cambio de modelo en favor de un Sistema de Libre Entrada, pues no persiguen la liquidación del actual sistema de reparto de derechos y rentas, sino que presionan para que éste les sea favorable y no les excluya; es decir, no se oponen a un modelo injusto, simplemente les enfurece y preocupa que no les beneficie a ellos.

Para comprobar las crecientes dificultades que tienen muchos ciudadanos para emprender y acceder a nuevas oportunidades, rasgo característico de los Sistemas de Acceso Restringido, basta comprobar el alarmante retroceso de las clases medias occidentales, hasta la fecha máximas responsables no sólo del consumo, sino también de la creación de riqueza. Incluso Alemania, cuya economía es una de las más fuertes del mundo, no escapa al hecho de que su población lleve más de una década empobreciéndose (según datos del Instituto Alemán de Investigación Económica). Y en la clase media alemana se ha extendido lo que se ha dado en llamar «pánico de estatus». El paradigma alemán no hace sino poner en evidencia que algo que va más allá de lo puramente económico no funciona.

La lección que podemos extraer de todo cuanto está sucediendo es que los graves problemas a los que nos enfrentamos no tienen su origen en la economía, sino que son producto de unos modelos de Estado que están muy alejados de ser organizaciones de libre acceso. Y para entrar definitivamente en la senda de las soluciones es imprescindible poner en cuestión la calidad de las democracias, muy especialmente las de los llamados países periféricos, es decir, España, Italia, Portugal y Grecia. Pues es la ausencia de una democracia completa lo que ha propiciado que nuestra particular crisis económica alcance niveles nunca vistos y sea mucho más profunda que en otros países de nuestro entorno. El hecho es que, debido a un sistema institucional deficiente, nuestros gobernantes pueden despreciar el interés general en favor de sus intereses particulares y de grupo sin demasiados impedimentos, ya que no existen mecanismos que desincentiven estas actitudes, ni tampoco un control directo y eficaz de los ciudadanos sobre los políticos. Es evidente que para los grupos de presión es mucho más fácil influir sobre una minoría que ostenta el poder que sobre el conjunto de la sociedad. Y siempre les parecerá más conveniente que se restrinja el acceso a la política que fomentar un control directo y eficaz de los ciudadanos sobre sus representantes. Y mientras las democracias sean en muchos aspectos restrictivas y demasiado coincidentes con los rasgos de los antiguos Estados naturales, es lógico deducir que ninguna reforma económica, por pertinente que sea, asegurará el crecimiento y la estabilidad a largo plazo. Las organizaciones de libre entrada son el camino hacia una economía sólida y una prosperidad prolongada.

Sin embargo, como era de prever, la clase política se resiste a entenderlo así. Como dijo Upton Sinclair, «es difícil que un hombre entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda». Quienes controlan el Estado no están dispuestos a cambiar las reglas de juego. De hecho, ya trabajan en una segunda Transición basada en el mismo sistema de reparto de derechos y rentas que nos ha traído hasta aquí. Lo cual era previsible, habida cuenta de los intereses en juego. Con todo, lo de verdad preocupante es que, a día de hoy, muchos colectivos y ciudadanos sigan sosteniendo este sistema de reparto, aspirando a su parte del botín y demostrando idéntico desprecio por la regeneración democrática que aquellos grupos de poder a los que tanto aborrecen. Y mientras sigan sin entender que el actual sistema ha quebrado y no exijan el cambio a una democracia completa (Sistema de Libre Entrada), la crisis será endémica y la pobreza, el único «bien» a repartir.

CAPÍTULO 34

La perversa ética de los políticos

En 1981, a la temprana edad de 26 años, Mariano Rajoy Brey ya era un político consumado con cargo electo. Desde entonces hasta hoy ha dedicado 32 años —más de la mitad de su vida— a la política. José Luis Rodríguez Zapatero también fue cargo electo con tan sólo 26 años y, tras pasar casi dos décadas (18 años) de su triste existencia haciendo pasillos, obtuvo el premio de ser candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones de 2004. Esperanza Aguirre fue concejala del Ayuntamiento de Madrid a los 31, pero su carrera política empezó cuatro años antes, en 1979, en el Ministerio de Cultura, es decir, cuando tenía 27 años, sólo uno más que Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Alberto Ruiz-Gallardón fue concejal en la capital de España a los 25 años de edad. Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo su primer cargo relevante a los 31, tras pasar años haciendo méritos. Y, a los 27, Rosa Díez ya era diputada foral de Vizcaya, aunque su carrera política comenzó tiempo antes.

Esta lista podría ser mucho más extensa, pero basta para explicar que la mayoría de nuestros políticos más relevantes empezaron su carrera entre los veinte y los treinta años de edad y que, a fecha de hoy, llevan varias décadas en ejercicio. No conocen más mundo que los entresijos de los partidos y las servidumbres del poder, o, en su defecto, tienen una percepción de la realidad muy alejada del ciudadano común, ese que vive a ras de suelo, donde la vida es implacable y la mentira tiene un precio prohibitivo. Nuestros políticos no sólo accedieron a la política sin haber madurado lo suficiente y sin tiempo para desarrollar la imprescindible empatía hacia esa sociedad a la que, en teoría, debían servir, sino que su ética de la responsabilidad obedece, por fuerza, a criterios perversos. Para ellos, son los partidos —esas organizaciones poderosas y a salvo del escrutinio público— y no los votantes los que les abrieron las puertas de entrada a la política. Y durante décadas empujaron a sus distinguidas personas, de mejor o peor grado, a alcanzar el poder. Un poder que sólo depende del voto de los ciudadanos en última instancia, una vez la suerte está prácticamente echada.

En íntima conexión con esta clase política incombustible y elitista están no pocos grandes empresarios y banqueros. Dadas las similares características que existen entre la elite política y la elite empresarial española y la cercanía que hay entre ambas, las relaciones incestuosas entre lo público y lo privado se institucionalizaron hace tiempo. Un signo más que evidente de ello es el trasvase de ex altos cargos políticos hacia los consejos de administración de muchas grandes empresas, incluidos ex presidentes de Gobierno. El resultado de esta relación ha sido que el mundo de los grandes negocios se ha vuelto tan inaccesible y privativo como lo es desde hace mucho la actividad política. Y ambos mundos interactúan entre sí generando no pocos conflictos y problemas a la sociedad, como el gravísimo escándalo de Bankia, cuya factura asciende a la friolera de 23.465 millones de euros.

Los esfuerzos para favorecer a los pequeños empresarios han sido casi inexistentes. Muy al contrario. Las Comunidades Autónomas han fragmentado el mercado hasta tal punto que se ha vuelto casi inaccesible. Esta actitud miope, y las más de las veces interesada, combinada con una crisis sin precedentes, ha traído consigo una catástrofe que ha devuelto como si fuera un bumerán todos los errores y excesos cometidos, golpeando a la economía en su conjunto y colocando a muchos directivos, que equivocadamente creyeron que la crisis nunca sería tan profunda y prolongada, en una situación cada vez más insostenible y a expensas, en no pocos casos, de la capacidad de aguante de unos bancos que acumulan en forma de créditos incobrables las deudas mil millonarias de la antaño jactanciosa elite empresarial.

Cuando por fin los más altos directivos tomaron conciencia de la gravedad de la situación, por vía del Consejo Empresarial para la Competitividad y representados en la persona de César Alierta, presidente de Telefónica, saltaron a la palestra a defender la solvencia de la economía española, es decir, a gritar a los cuatro vientos que estos buques insignia de la economía española merecían mejor suerte. Y más concretamente, sus señorías. Pero su reacción, sospechosamente voluntarista, llegó demasiado tarde. Cinco años perdidos, en la confianza de que sus primos hermanos los políticos velarían por sus intereses, fueron demasiados. Y desgraciadamente para ellos, como decía una cita cinematográfica, no se ven los ojos del demonio hasta que viene a buscarte.

En cualquier caso, no hay que preocuparse más de lo imprescindible, pues no serán los políticos ni los grandes empresarios, ni siquiera el BCE, los que saquen a España de esta situación desesperada, sino la suma de las decisiones acertadas de los particulares. Suceso este que ya está sucediendo. La España laboriosa, la que vive de su esfuerzo y no detrás de una pancarta, un sillón con orejeras o un escaño, lleva cinco años adaptándose a la nueva realidad, sacrificándose, poniendo al día sus cuentas y agudizando el ingenio. Descreída de las promesas políticas y los falsos vendedores de derechos, está asumiendo una fuerte devaluación interna y aumentando a marchas forzadas su competitividad. Está aprendiendo, mejorando y preparándose para un enésimo viaje en busca de la prosperidad.

Para aprovechar la fuerza del impulso que viene desde abajo y convertirlo en un verdadero movimiento hacia arriba de nuestra economía, la Ley de emprendedores debería ser la reforma más crítica y radical de todas e ir inseparablemente unida a la reunificación del mercado interior, la eliminación de fronteras administrativas y la simplificación de leyes y reglamentos, de tal forma que fuera fácil y rápido para cualquier pequeño empresario establecerse en cualquier lugar del territorio nacional. Pero para ello, quizá, además de poner coto al político profesional, debamos antes repetir mil veces aquella frase de Stewart Brand, que rememoró el desaparecido Steve Jobs: «Stay hungry, stay foolish» (sigue hambriento, sigue alocado), y apostar por esos pequeños héroes anónimos capaces de hacer las más grandes cosas. Y no permitir que los grandes agentes frustren la salida de la crisis por la única vía posible: la de una economía abierta.

CAPÍTULO 35

La década prodigiosamente negra

«No estamos ante una burbuja [inmobiliaria], pero estamos en una demanda muy poderosa que se mantiene, aunque se está moderando en el tiempo». De esta forma tajante, el 25 de junio de 2003, el entonces ministro de Economía del Gobierno de España, Rodrigo de Rato y Figaredo, desacreditaba el informe del semanario británico The Economist, que vaticinaba el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y pronosticaba que, una vez se produjera, habría una bajada del 30% en el precio de la vivienda en tan sólo cuatro años. Un análisis que el tiempo no sólo ha demostrado correcto, sino que ha revelado de una precisión asombrosa, pues desde el crash financiero de 2008 hasta el año 2012, es decir, en el transcurso de cuatro años, el precio de la vivienda en España se desplomó algo más de un 29%.

Meses después, concretamente el 6 de febrero de 2004, la economista jefe del área de banca de inversión de Société Générale, Véronique Riches-Flores, afirmaba: «Hay una burbuja inmobiliaria [en España]». Y añadía que ésta seguiría inflándose en el corto plazo, lo que acarrearía en el futuro efectos muy desfavorables —bien podría haber dicho catastróficos— para la economía española. Poco después de esta y otras muchas advertencias, se producía la victoria electoral del Partido Socialista en las elecciones generales de 2004. Y José Luis Rodríguez Zapatero era investido presidente del Gobierno de España.

Tras el garrafal «error» de cálculo del Gobierno popular, y más concretamente de Rodrigo Rato, que hasta hace bien poco pasaba por ser el ministro de Economía más prestigioso de nuestra corta historia democrática, cabría haber esperado que el Gobierno socialista estuviera prevenido del cataclismo que tarde o temprano habría de producirse. Pero lejos de ello, sometido a los lazos de sangre entre las seculares familias políticas y económicas y su relación directa con el lucrativo negocio del ladrillo, prefirió mirar para otro lado y dedicar todos sus esfuerzos a ese juego floral que es la ingeniería social utópica. Lo cual no quita que hubiera algunos momentos estelares a cuenta de la cada vez más amenazante burbuja inmobiliaria, como aquella iniciativa del 1 de marzo de 2006 de María Antonia Trujillo, a la sazón ministra de Vivienda, que regaló 10.000 pares de zapatillas Keli Finder para que los jóvenes patearan las calles en busca de un piso barato que nunca encontrarían.

Repasando los hechos, surge la duda de si esta cadena de errores, que duró casi diez años, fue fruto de la ignorancia o hubo algo de mala fe y, sobre todo, cortoplacismo. La burbuja proporcionaba unos ingresos fiscales que, aunque se sabían coyunturales, vinieron muy bien a la clase política. De hecho, lejos de frenarla, se adoptaron medidas que la inflaron, tanto desde España (deducción fiscal en la compra de vivienda) como desde Europa (tipos de interés muy bajos). Y se usaron los ingresos temporales para compromisos de gasto permanentes con las consecuencias por todos conocidas. Sea como fuere, desde aquel 2003 lleno de malos presagios, en el que el presidente José María Aznar, más preocupado por la geopolítica, la gloria inmortal y, sobre todo, la cercanía de las elecciones generales, prefirió no dar un golpe de timón en lo económico que fuera interpretado como una señal de alarma, pasando por las dos catastróficas legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, hemos vivido la apoteosis de todas y cada una de las ineficiencias de nuestro modelo político que, por fuerza, desembocaron en aquella Noche de Walpurgis del 9 al 10 de mayo de 2010, en la que España fue declarada, mediante aquella intempestiva llamada telefónica procedente de Berlín, una nación financieramente inviable.

Desde esa noche negra, en la que Elena Salgado —entonces vicepresidenta del Gobierno— lloró desconsolada, presa de un ataque de nervios, y pese a las diversas treguas que la «malvada» Alemania nos facilitó, las cosas no hicieron sino empeorar por culpa del cálculo político. Y cuando el miedo trajo consigo una batería de medidas que, aunque precipitadas y con un fuerte aroma a expolio, trataban de evitar que nos despeñáramos, Alfredo Pérez Rubalcaba y el Partido Socialista en pleno, de la mano de esa otra izquierda irreductiblemente marxista y trasnochada, decidieron hacer olvidar su complicidad en el desastre por la vía de la algarada. Lo cual vino a ser como amotinarse contra sí mismos; es decir, una tomadura de pelo.

Por más que nos disguste, estamos inmersos en un proceso de afloramiento de mano de obra sobrante que está siendo expulsada en masa por el inevitable colapso de nuestro modelo político-económico. Este ajuste brutal, que hasta la fecha se había limitado al sector privado, tras años de desplome de la actividad económica ha impactado contra la superestructura del Estado, Comunidades Autónomas y ayuntamientos, de tal forma que en España ningún empleo o prestación es ya seguro. Señal inequívoca de que este Estado social y de Derecho, engañosamente viable durante años gracias al proverbial ladrillo, que ahora todo el mundo aborrece, está más muerto que vivo. Y puesto que no hay a la vista un sector productivo lo suficientemente poderoso como para mantener en pie el artificio, esas administraciones públicas hipertrofiadas, convertidas en el refugio de millones de personas sobre las que se eleva una prolífica clase política colmada de privilegios, deberán ser reformadas.

Aquella España eminentemente agrícola, con un tejido industrial obsoleto que, noqueado por la crisis del petróleo de los años setenta, fue prácticamente finiquitado tras la reconversión industrial de los ochenta, optó por el camino más rápido y terminó siendo el país del turismo y el ladrillo. Y, después del crash financiero de 2007, sólo queda lo primero, que es a todas luces insuficiente para sostener ese Cuarto Estado de «lo público». En consecuencia, los estímulos que de verdad hacen falta, y que hay que combinar con la austeridad más estricta, son muy claros: eliminar trabas y requisitos para reconstruir el mercado interior, apostar todos nuestros pagarés sin fondos al caballo ganador de la economía de libre entrada y dar tiempo a que surjan nuevas empresas y sectores productivos capaces de competir dentro y fuera de nuestra fronteras; es decir, abrir las puertas al talento. Todo ello requiere, sí o sí, reformar el modelo político y territorial siguiendo criterios de racionalidad y nunca partidistas o ideológicos. Un complejo proceso que deberíamos haber abordado hace más de dos décadas y que ahora hay que acometer a la carrera. Se trata de aprender a crear riqueza, nuestra eterna asignatura pendiente, pues de cómo repartirla ya tenemos consumados maestros, por eso estamos donde estamos. El sector privado ya ha empezado a andar este camino. Ahora toca que la clase dirigente y sus grupos aliados dejen de ser el nudo gordiano que impide la transformación de España en Estado moderno, con una democracia a la altura de estos tiempos.

CAPÍTULO 36

En manos de unos pocos banqueros

Por motivos de fuerza mayor, en la economía española se ha producido recientemente un nuevo proceso de concentración económica, esta vez en el sector financiero. Y si bien, dadas las circunstancias, era inevitable, sin duda tendrá efectos negativos a medio y largo plazo. Para sostener esta afirmación, bastaría con repasar nuestra historia económica más reciente y comprobar las ventajas e inconvenientes que han supuesto los procesos de concentración precedentes en otros sectores.

En esta ocasión, la concentración bancaria viene a sumarse a la quiebra de las cajas de ahorro y su desaparición, absorción o reconversión en bancos comerciales. Y ambos acontecimientos han supuesto en la práctica certificar el fin de una peculiar red capilar de microcréditos, que había sido hasta la fecha uno de los principales soportes de nuestra economía. Pues España no es un país donde proliferen las grandes empresas, sino que, muy al contrario, la parte nuclear de nuestra actividad productiva depende de autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas, los cuales dependen a su vez de pequeños créditos concedidos de forma ágil y rápida y en base a criterios algo más flexibles que los que imperan en la banca comercial.

De cara al nuevo escenario que se avizora, también conviene señalar que no se ha establecido de manera fehaciente que existan economías de escala en la banca. Disponer de entidades de mayor tamaño no trae consigo una reducción del coste unitario.

Pese a que hay quienes aseguraron en su día que las cajas de ahorro ya no eran necesarias y no debíamos llorar su desaparición, en una economía como la nuestra tales afirmaciones resultaron sospechosamente interesadas. En las cajas, los factores de reputación y relación, y no sólo el de solvencia y rentabilidad, permitieron durante más de un siglo una financiación muy eficaz y extendida que generaba grandes beneficios en la sociedad, pues con ella se abrían pequeños negocios, se ampliaban los ya existentes, se consumía y se creaban puestos de trabajo en todas partes del territorio nacional. De esta forma, la economía funcionaba razonablemente bien, aunque siempre con la asignatura pendiente de que las pequeñas y medianas empresas no terminaban de crecer en una proporción similar a la de los países de nuestro entorno.

El problema comenzó con la politización de las cajas de ahorro, unas entidades que no tenían un propietario perfectamente identificable: en realidad, pertenecían a todos los impositores. Ante esta indefinición, partidos políticos, sindicatos y patronal asaltaron este jugoso botín, proponiendo para los consejos de las cajas a toda una patulea de personajes sin cualificación, honradez ni vergüenza, que llevaron a cabo una gestión desastrosa, rayana en lo delictivo. Rápidamente establecieron para sí mismos millonarios sueldos, estratosféricas dietas, viajes y lujos. Y, todavía peor, su política de concesión de créditos siguió un criterio de amiguismo y conveniencia política, apartándose completamente de la prudencia bancaria o de la eficiente gestión. Como resultado, casi todas las cajas de ahorros fueron a la bancarrota sin que ninguno de sus dirigentes haya asumido responsabilidad alguna hasta la fecha.

Por ello, la politización y posterior quiebra de las cajas de ahorro supusieron un enorme quebranto para nuestra economía. Primero, al expulsar gradualmente de ese sistema capilar de financiación a los particulares, autónomos y pequeñas empresas —los más necesitados y, también, los más productivos—, y, finalmente, al estrangular por completo el flujo de microcréditos. Con la concentración bancaria, todo el sistema financiero y la capilaridad del crédito han quedado en manos de un número muy reducido de entidades, cuyo criterio fundamental a la hora de conceder préstamos es la solvencia material del solicitante y su posibilidad de avalar hasta el último céntimo. Dicho con las palabras de Bob Hope, «un banco es un lugar que te presta dinero siempre que demuestres que no lo necesitas». Así, la antigüedad del cliente o el valor de su iniciativa han perdido peso y los factores de relación y reputación han desaparecido, dando paso a criterios basados estrictamente en la rentabilidad que el banco obtendrá al conceder un crédito y las garantías de solvencia del solicitante. Es decir, el particular debe asumir el cien por cien del riesgo y, además, soportar unos costes financieros más elevados, lo que añade nuevos desincentivos a los ya existentes a la hora de crear una nueva empresa o negocio.

Esta tendencia imparable hacia la concentración, que afecta a sectores estratégicos como el de la energía, las comunicaciones, la ingeniería y la información, está sometiendo al resto de agentes económicos a la ley del embudo. Y no sólo porque estas actividades y las condiciones de su oferta afecten directamente a la competitividad del conjunto de la economía y a la generación de riqueza, sino porque también condicionan la libertad de decisión y la iniciativa de los demás agentes económicos por otras vías.

Con la concentración bancaria, la situación no sólo promete volverse aún más complicada para el ciudadano común, sino que también se vuelve más inquietante. Por ejemplo, ¿alguien se ha parado a pensar en el enorme poder que pueden llegar a tener los bancos resultantes de este proceso de concentración sobre la inversión publicitaria, bien como poderosos anunciantes, bien como financiadores, y el impacto que esto tendrá sobre la independencia de los medios de información? ¿O cómo un sector financiero en manos de unos pocos puede convertirse en la llave con la que abrir o cerrar la puerta de forma discrecional a las nuevas iniciativas empresariales, especialmente aquellas que afecten a sectores sensibles?

Si a todo esto sumamos que, debido a las deficiencias de nuestro sistema democrático, se ha producido también una concentración en el poder político, el inevitable entendimiento entre las oligarquías empresarial-financiera y política se convierte en el principal obstáculo para un crecimiento económico estable y duradero. Pues, por lógica, será muy difícil que el legislador tome las decisiones correctas cuando estas colisionen no sólo con sus propios intereses sino también con un poder económico excluyente y muy poderoso.

Durante estos años de crisis, las alternativas que el poder político nos ha terminado por ofrecer han sido dos: una gestión más eficiente (tecnocracia) o un mejor reparto de la riqueza (socialdemocracia). Pero en ambos casos sin desbordar los límites que el sistema impone. Por lo tanto, optar por una mayor eficiencia en la gestión o una presunta mayor magnanimidad en el reparto no supondrá grandes diferencias en el medio y largo plazo, pues, en ambos casos, la riqueza real, lejos de aumentar, tenderá a disminuir. Y no sólo seremos más pobres sino también menos libres. La concentración bancaria es, en este sentido y en el medio plazo, un nuevo obstáculo en nuestro camino hacia una economía de libre entrada.

CAPÍTULO 37

España S.L. y la ley del embudo

En un fascinante debate entre expertos económicos que hablaban del enorme reto que supone para España la globalización, era opinión mayoritaria entre tan insignes eruditos que este suceso había hecho aflorar de forma virulenta las ineficiencias de nuestra economía. No satisfechos con tan gran hallazgo, uno de los intervinientes, que para más señas era académico, se dispuso a encender la que él creía una proverbial luz dentro del túnel en el que aún nos encontramos. Y con fingida modestia apuntó como solución que el tejido empresarial español debía adoptar un esquema de outsourcing, según el cual las grandes compañías debían ser las encargadas de abrir nuevos mercados y negocios, mientras que las pequeñas y medianas servirían de soporte a las primeras, proveyendo los servicios y productos.

Es en estos momentos estelares cuando nos damos perfecta cuenta de lo alejados que están algunos de nuestros expertos de la realidad cotidiana del país en el que viven, pues miran la economía desde dentro de un tubo de ensayo sin percatarse de las anomalías e ineficiencias que proliferan sobre el terreno. Porque lo cierto es que, de una forma u otra, hace ya años la parte principal de nuestra economía funciona sometida a esa estructura que proponía el profesor. De hecho, vivimos en el país del outsourcing, un modelo en el que el peso e influencia de unos pocos empresarios y políticos ha sometido a decenas de miles de empresas a la ley del embudo, es decir, a facturar lo mínimo imprescindible y a padecer una incapacidad crónica para crecer, modernizarse y crear empleo de calidad. Nuestro país es, en este sentido, una figura deforme, en la que un cuerpo desgarbado y famélico soporta el peso de una enorme cabeza. Un esquema en el que participan las administraciones públicas, regulando el mercado a la medida de los intereses de determinadas minorías, de tal suerte que el grado de dependencia de nuestra economía hacia ese reducido directorio es tal que aquello que en el exterior llaman mercado aquí se ha convertido en pura entelequia.

Hace ya tiempo, con la mirada puesta en nuestra incorporación a la Unión Europea, España acometió una serie de privatizaciones y fusiones en los sectores llamados estratégicos y, de paso, también en otros que no lo eran tanto, proceso este que se ha venido repitiendo a lo largo de los años. El fin era dar lugar a empresas con un tamaño mayor y, por lo tanto, más competitivas. Pero la falta de transparencia inherente a nuestra pobre democracia habilitó amplias zonas de sombra donde los políticos, las influencias y el dinero pudieron moverse libremente, derivando aquello en un proceso de concentración sin precedentes, al que, según parece, en una nueva vuelta de tuerca, se ha añadido el sector financiero.

Así, sin prisa pero sin pausa, lo que tenemos en España es una economía de monopsonio, en la que poco más de 40 grandes empresas con una posición dominante son, en la práctica, compradores —y también vendedores— únicos. Y el mercado son ellos o, en su defecto, quienes lo controlan, lo cual ha reducido la competitividad de decenas de miles de pymes, el grueso de nuestra economía productiva, a la mínima expresión. Pues es a estas grandes compañías a las que el resto han de comprar por fuerza productos y servicios fundamentales, como la energía, las comunicaciones y la financiación, y, al mismo tiempo, vender sus productos y servicios, ateniéndose a las condiciones impuestas por un selecto club de compradores.

Al poco, a este monopsonio se sumaron las administraciones públicas, convirtiéndose en poderosos compradores únicos que, con diferentes argucias, han vulnerado de continuo el principio de libre concurrencia y dan un trato preferente a determinados empresarios. Y no hace falta ser muy sagaz para deducir que esta peculiar estructura económica, al socaire de unos pocos grupos de interés, está directamente relacionada con la grave crisis presente.

Pero el peor efecto adverso de este monopsonio encubierto es el de haber empujado a nuestra economía a funcionar ajena a las leyes del mercado, leyes que sí rigen en otros países que corren mejor suerte que el nuestro. Por eso somos especialmente vulnerables a las crisis económicas, pues cuando ese núcleo duro de grandes empresas falla y el Estado y las administraciones públicas no pueden endeudarse en cantidad suficiente, fallan sincrónicamente decenas de miles de medianas empresas y, al poco, son barridos de la faz de la tierra centenares de miles de microempresas y autónomos, por lo que el país entero entra en parálisis y el número de desempleados alcanza cifras estratosféricas.

Cierto es que está muy bien reformar el mercado laboral, sanear el sistema financiero y luchar a brazo partido con Bruselas a cuenta del déficit, por supuesto, pero siempre y cuando no sea con el fin no declarado de salvar a toda costa al cuerpo duro de este letal monopsonio. Pues todo lo que se haga de poco servirá si no va acompañado de un cambio sustancial de las reglas de juego. Es decir, liberalizar el mercado de bienes, simplificar normativas y competencias —muchas veces simples argucias en beneficio de las grandes empresas— y unificar el mercado interior para que sea realmente accesible a todos los agentes, sean estos grande o pequeños. Sólo rompiendo este sistema cerrado podrán florecer nuevas empresas que crezcan, creen empleo de calidad y, finalmente, se proyecten al exterior, lo que sería la mejor garantía de cara al futuro para mantener una red de asistencia pública indispensable, entre otros servicios públicos que tanto nos preocupan.

Como vemos, nuevamente reformar el modelo político es la clave para la resolución de la crisis. Porque todos los problemas descritos de esta España Sociedad Limitada tienen un denominador común: su relación con una democracia muy deficiente que permite convertir la economía en el club privado de unos pocos.

CAPÍTULO 38

Instituciones formales frente a informales

Existe un sector de la opinión pública que cuestiona la necesidad de profundas reformas legales en España. Piensa que no hacen falta cambios: bastaría con usar apropiadamente las leyes vigentes. ¿Corrupción? Que se aplique a todos los urdangarines el Código Penal, que sean juzgados, condenados y cumplan las penas. ¿Favoritismo? Que los gobernantes se ajusten a las leyes que predican trato igual para todos. ¿Despilfarro? Que se pongan en práctica las normas que obligan a un presupuesto más equilibrado.

La simple repetición de los deseos actuaría como un conjuro, un sortilegio capaz de surtir mágicos efectos. Todos los aludidos cobrarían repentina conciencia de su negligente conducta y se aprestarían a corregir pasados errores. Y si la Constitución no se cumple… pues que se cumpla, ¡córcholis! ¿Por qué buscar soluciones complejas si las hay tan sencillas? Sin embargo, la candorosa corriente del «que se haga» desemboca invariablemente en un callejón sin salida, en un entusiasta pero estéril sermón en el desierto: no cambiando las condiciones, tampoco los resultados. Es loable animar al cumplimiento de las leyes, pero la pregunta siempre queda en el aire: ¿por qué los gobernantes no cumplen las leyes o lo hacen de manera retorcida, de acuerdo con sus intereses?, ¿cuál es ese extraño e insano proceso que degrada muchas normas, o su espíritu, a la condición de papel mojado?

Los sistemas no siempre funcionan tal como las leyes parecen indicar, pues las reglas del juego, esto es, las instituciones, no sólo engloban organismos formales y leyes escritas. Incluyen, además, reglas informales, incentivos, expectativas. Así, las instituciones formales se encuentran codificadas en la Constitución, las leyes, los contratos, los procedimientos administrativos o judiciales, etc. Sus rasgos son fácilmente observables en documentos escritos, estructuras físicas (ministerios, juzgados, parlamentos) o acontecimientos públicos (elecciones, actos parlamentarios, reuniones del Consejo de Ministros). Por el contrario las instituciones informales se basan en acuerdos implícitos, no escritos, reflejando normas socioculturales, costumbres y pautas de interacción entre los distintos individuos.

Todo país contiene una mezcla o combinación de estos dos tipos de instituciones. Ahora bien, en los países con verdaderos Sistemas de Libre Acceso, deben dominar las relaciones formales en aquellas interacciones dentro del Estado y entre los privados y el Estado. Esto es así porque las administraciones están teóricamente obligadas a seguir ciertos procedimientos legales, pero ¿realmente los siguen? Depende de la eficacia de esos mecanismos que deben asegurar el cumplimiento de las normas, especialmente por los que ejercen el poder. Una vez elegido un Gobierno, ¿quién garantiza que se atendrá a las leyes? En realidad, se delega en los gobernantes suficiente poder como para eludir las normas sin que los ciudadanos tengan capacidad, medios, tiempo ni ánimo para detectarlo, mucho menos para impedirlo. Por ello, si la arquitectura del sistema político carece de oportunos controles, juego de contrapoderes, vigilancia mutua entre instituciones o equilibrios internos, los gobernantes pueden retorcer las normas y la verdadera naturaleza del sistema se encontraría muy distante de su mera apariencia legal: tenderían a imperar ciertas interacciones informales, que implican un equilibrio muy distinto a aquel recogido en las leyes.

Atendiendo a la letra de las leyes, España gozaría teóricamente de un Sistema de Libre Acceso. Salvando excepciones, la legislación garantizaría un trato equitativo e impersonal, sin contemplar explícitamente privilegios ni mecanismos de selección subjetivos. Reconocería la libertad económica y el derecho de todos los ciudadanos a formar asociaciones o partidos, concurrir a las elecciones y llegar al gobierno en igualdad de condiciones.

Pero el diablo se manifiesta en los detalles, en esas arraigadas instituciones informales. El funcionamiento real de nuestro país posee muchos rasgos de un Sistema de Acceso Restringido, ese régimen donde imperan los privilegios y el favoritismo, primando las relaciones personales o la cercanía al poder. En el terreno de la economía, numerosas regulaciones establecen para las empresas condiciones ad hoc de muy difícil cumplimiento, casi siempre a medida de ciertos grupos privilegiados situados en la órbita de los gobernantes; suficientemente complejas y enrevesadas para permitir amplios márgenes de interpretación, favoreciendo la discrecionalidad y la arbitrariedad en las decisiones del poder. En España es mucho menos importante conocer la legislación que identificar correctamente a la persona con la que hay que «hablar». Esta deriva hacia un personalista Sistema de Acceso Restringido pone trabas a la competencia y a la creación de empresas, entorpeciendo el crecimiento económico y la creación de empleo.

Lo mismo ocurre en la política. Unos pocos partidos han monopolizado el poder gracias a la enorme cantidad de fondos y recursos que proporciona la ocupación de los cargos públicos y al férreo control sobre los medios de comunicación. Enormes barreras a la entrada de nuevos oponentes trasladan la contienda electoral a un terreno de gran desigualdad, aun sin existir discriminación sobre el papel.

Legalmente, nuestras instituciones formales deberían corresponder a un régimen de libre acceso, pero hay ciertas reglas informales que lo impiden. Aunque la Constitución niegue el mandato imperativo para los diputados, la elección por listas cerradas incentiva fuertemente la disciplina de voto, anulando la teórica independencia del Legislativo. Y este fenómeno se extiende a otros órganos del Estado. Así, aunque la ley señala un Tribunal Constitucional independiente, en la práctica dominan las relaciones informales, identificándose tan fácilmente la obediencia partidaria que, en lugar de toga, cada magistrado podría lucir la correspondiente sudadera con los colores del partido. La selección se basaría teóricamente en el mérito, pero, de facto, domina la conexión partidaria y el acatamiento de las consignas.

Los Sistemas de Acceso Restringido no favorecen que los sujetos actúen de forma individual e independiente en ningún ámbito. Fomentan, por el contrario, la creación de grupos compactos, cohesionados por una especie de código de hierro. Es frecuente en España preguntar a qué bando pertenece cada uno, causando sorpresa e incredulidad esos extraños personajes que actúan libremente, sin consignas ni ataduras. Debido a que el mérito y el esfuerzo no se valoran en su justa medida, la adhesión al grupo constituye la vía más directa hacia el privilegio, el medio de arañar una porción adicional en el reparto de la tarta, ya que las facciones poseen mayor capacidad para la presión, incluida la amenaza, que el individuo aislado.

Los sistemas restringidos, basados en privilegios, tienden a la inestabilidad, pues exacerban el conflicto social, el choque entre clanes, especialmente cuando se reducen los recursos a repartir. Cada grupo intenta conservar su parte incrementando una presión que, con frecuencia, se ejerce tras las bambalinas. Llevada al extremo, la intensa pugna puede desembocar en una fuerte discusión sobre las reglas del juego, abriendo así la puerta a un cambio de sistema.

Pedir a los políticos, con tanta insistencia como ingenuidad, la correcta aplicación de las leyes es una buena vía para… desgañitarse y caer en una profunda desesperación. Mejor proponer las reformas capaces de modificar completamente los incentivos y de establecer unos sanos y casi automáticos controles sobre el poder. En definitiva, ajustar los pivotes para transformar radicalmente esas escurridizas instituciones informales a las que pocos prestan atención.

CAPÍTULO 39

El saqueo de las facciones de la Casta

¿Te imaginas una Francia de virtuosos empobrecidos, con el dinero en las arcas de la nación y sin una hembra que llevarse a la boca? ¿No oyes las protestas de la calle? Nos piden que la Revolución les dé comida y les haga felices. No les eches principios, lo que quieren es pan.

Con estas palabras puestas en boca de Georges-Jacques Danton por Georg Büchner (1813-1837) en su obra teatral La muerte de Danton, el atormentado revolucionario daba cumplida replica a la inflexible visión de Robespierre de una Revolución francesa que debía ser, por encima de cualquier otra consideración, virtuosa. Y en la que el pueblo no era más que una creación monstruosa del espíritu. En ese diálogo, que bien valdría la pena traer de nuevo al presente por elevado, Büchner contraponía el naturalismo de Danton, su pasión por la vida, sus remordimientos y su debilidad, a un frío Robespierre, en el que el celo por la virtud extinguía cualquier vestigio de humanidad. Sin embargo, aun siendo tan antagónicos, ambos personajes compartían íntimamente un mismo rasgo: estar compelidos a asumir su destino sin transformar sus discursos en artificios con los que poder salvarse.

Ninguna de estas dos figuras, el estoico y virtuoso Robespierre y el apasionado y sensual Danton, tiene el más mínimo reflejo en la España política de hoy. Pues en esta tierra parece no quedar un solo resquicio por el que la virtud pueda penetrar y dulcificar nuestro egoísmo, pero tampoco hay lugar para la pasión bien entendida. Y ambas carencias hacen que estemos en manos de personajes vehementes de sus propios intereses y ajenos por completo a esos «seres humanos, compuestos de carne, de sangre, de pasiones y debilidades», que inspiraban «ternuras inagotables y comprensión sin límite» al desdichado Danton.

Desde el inicio oficial de la crisis en 2008, los ciudadanos, que son de carne y hueso, han asistido indignados a los enfrentamientos entre las diferentes facciones de la Casta. Una patética trifulca que, pese al interés de algunos por trasladarla a las calles, ha sido en realidad una reyerta intramuros ajena a cualquier pasión y, por supuesto, a la más elemental virtud democrática. No hay épica ni convicción en las huelgas generales, sólo el pánico a perder su parte del pastel en el reparto de rentas de un puñado de sindicalistas acomodados, que hace mucho olvidaron a quiénes representaban. Y si bien es cierto que la Ley les reconoce el derecho a convocarla, después de millones de nuevos parados y años de silencio, el que los grandes sindicatos recurran ahora a la huelga es un insulto a la inteligencia, una grave ofensa a la dignidad de esa mayoría silenciosa de ciudadanos que carga siempre sobre sus hombros con el peso de las crisis, de los ajustes y de cualquier sacrificio.

La impostura de estos grupos de presión de la nación política, que desde hace muchos años acampan en las inmediaciones del poder, cuando no dentro, delata hasta qué punto se vuelven mezquinos una vez que la crisis les alcanza. Los trabajadores hace tiempo que están solos. Fueron abandonados a su suerte mucho antes de que los síntomas de este desastre económico empezaran a manifestarse. Expoliados por unos y otros, han contemplado con impotencia e indignación cómo personajes menores sin convicción alguna envilecían los más elevados derechos y preceptos, torciéndolos una y otra vez para justificar una huida hacia delante para la que ya no hay dinero. Ahora ya no es tiempo de huelgas sino de depurar responsabilidades. Y eso es lo que piensa la mayoría.

La crisis económica española, con diferencia la más grave y profunda de todos aquellos Estados que se califican a sí mismos como avanzados, es, por encima de todo, el resultado de un saqueo constante que ha ido de menos a más en el transcurso de los años y en el que han participado todas y cada una de las facciones y grupúsculos de la Casta, entre los cuales figuran en un lugar destacado los dos grandes sindicatos. Ésa es la verdad que las personas más racionales y sensatas descubrieron con espanto e indignación hace tiempo. Pero lo que les produce mayor angustia es no ver la más mínima y elemental voluntad política por reformar el núcleo duro de este sistema de poder con el fin de protegerles, de cara al futuro, frente a las innumerables amenazas que les acechan. Esta crisis es una ocasión única para hacer lo que en otro momento habría sido imposible. Pero sigue sin haber opción a ello. Quizá sea por eso que el pueblo no pueda amar a sus líderes y los califique siempre con suspensos. Porque no los ve como tales, sino como los sirvientes del sistema.

A diferencia del pueblo francés de la Revolución de 1789, muchos españoles no quieren sólo pan, también tienen hambre de principios. Necesitan confiar en sí mismos, porque no creen que la felicidad sea un derecho susceptible de ser estatalizado e incluido en una Constitución para idiotas.

SÉPTIMA PARTE

La omnipresente corrupción

CAPÍTULO 40

España: una corrupción muy bien organizada

21 de septiembre de 1981, han pasado dos años desde las primeras elecciones municipales de la democracia. Son las 9 en punto de la mañana y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid acaba de comenzar su reunión semanal. Sin ningún punto conflictivo en el orden del día, nadie puede prever la tormenta que está a punto de desencadenarse.

Alonso Puerta, 37, segundo teniente de alcalde, es un político ambicioso, enfrascado en esas intestinas luchas de poder que caracterizaban al PSOE de la época. Antes de que el alcalde pueda iniciar el primer punto, Puerta se salta atropelladamente el turno para exigir el cese fulminante de los concejales de Hacienda y Saneamiento, ambos de su partido. El silencio y la estupefacción se han adueñado de la sala. El destacado edil prosigue: «Están cobrando comisiones por la concesión de la contrata de recogida de basura». El encendido tono del discurso ha logrado sacar de su simulada ausencia e impostada indiferencia al alcalde, Enrique Tierno Galván, que con su habitual retranca y aire de superioridad, mirando a su subordinado por encima de las gafas, interrumpe: «Sosiéguese, Puerta, debe usted recapacitar sobre sus palabras. Se diría que ha desayunado tigre».

La respuesta de Tierno era muy significativa. No se interesó por las pruebas ni preguntó detalles. Simplemente manifestó su desdén ante la salida de tono de su compañero, supuestamente aireando trapos sucios para perjudicar al sector rival del partido. Todos en la reunión debían saber muy bien que las comisiones ilegales por adjudicación de contratas, o por recalificación del suelo, constituían ya el funcionamiento habitual de los ayuntamientos recientemente constituidos. Y también que estos ingresos se repartirían alícuotamente entre los partidos representados, de manera que, salvo peleas o enemistades personales, no habría denuncias desde el interior de las instituciones.

Meses después, Puerta fue expulsado del partido. Los presuntos comisionistas permanecieron en sus cargos y sus mentores llegaron a alcanzar puestos de mucha relevancia en la política autonómica y nacional. El caso nunca fue investigado en profundidad y la prensa dio pronto carpetazo al asunto.

El Régimen del 78 no había nacido bajo el signo de una estrella errante, sino de un pacto tácito entre partidos para repartirse el poder y financiarse vendiendo favores desde la Administración. A pesar de sus aparentes diferencias, izquierda y derecha, constitucionalistas y secesionistas, quedarían unidos por el cobro de sustanciosas comisiones para hacer más llevadero el agotador desempeño de la política. Como señaló en cierta ocasión sobre su país un dirigente africano: «No es que el sistema sea corrupto; es que la corrupción es el sistema».

Aunque siempre fue un mal endémico de la política española, el Régimen de 1978 iba a introducir una nueva dimensión en la corrupción. Atrás quedaría esa corruptela de carácter individual y artesanal, donde la misma persona prevaricaba, cobraba y disfrutaba el cohecho. Una tarea arriesgada, pues resultaba relativamente fácil probar la conexión entre el privilegio concedido y el dinero embolsado. Los nuevos tiempos exigían una moderna división del trabajo: el favor otorgado y el cobro de la comisión se realizarían por personas distintas, sin conexión entre ellas. Se trataba de separar en el espacio, e incluso en el tiempo, la prevaricación del cohecho. El dinero llegaría a través de complejos vericuetos hasta las arcas del partido. Esta corrupción organizada, que fue adoptada rápidamente por los partidos del pacto, era mucho más ventajosa: si nadie cantaba; resultaba casi imposible descubrir incluso la mera existencia de los delitos.

Cuenta Mario Conde en Los días de gloria que, en 1987, una vez acordada la venta de la empresa Antibióticos S.A. a un grupo italiano por 450 millones de dólares, sólo le restaba la preceptiva autorización del Gobierno español, que se negaba a concederla. Por fin, un contacto en Italia le informa de que bastaría con un pago de dos millones de dólares. El abono de este importe, según Conde por los compradores italianos, resultó muy eficaz: al poco tiempo el Gobierno español cambió de opinión y autorizó la venta sin condición alguna.

Con independencia de que los detalles señalados por Mario Conde sean exactos, este ejemplo ilustra muy bien el funcionamiento de la corrupción organizada. Ningún miembro del Gobierno solicita directamente el pago por la autorización, ni se embolsa el dinero. La decisión de permitir la venta, o denegarla, entra dentro de sus atribuciones discrecionales. Y el abono se realiza a un contacto en Italia, sin relación demostrable alguna con el Ejecutivo español. Ninguna conexión podría encontrarse entre los dos hechos, aunque el dinero fluyera con presteza a las arcas de los partidos. Los casos descubiertos serían fruto de la casualidad, la traición o la delación: un trabajador del partido despedido, una amante despechada, etcétera.

Este nuevo sistema indujo a participar en la corrupción a muchos militantes o dirigentes de partidos que, en condiciones normales, nunca se habrían involucrado. Personas que, al no beneficiarse personalmente, no tienen conciencia de actuar incorrectamente y se justifican pensando que se trata de una buena causa, de una ayuda al partido que defiende sus ideas. Doble equivocación: ni el fin justifica los medios, ni la creencia de que el dinero fuera destinado íntegramente a financiar las campañas electorales resultaría del todo cierta.

A pesar de todo, el sistema no iba a estar exento de dificultades y contratiempos. Al principio, parece que el tráfico ilícito se realizaba mayoritariamente en efectivo, el conocido tráfico de maletines. Sin embargo, aprovechando que no existían recibos ni facturas, algunos intermediarios habrían detraído cantidades demasiado abultadas. Ello condujo a la adopción de métodos mucho más complejos, como la creación de sociedades fantasma o las transferencias a depósitos en paraísos fiscales o en países con secreto bancario, que, aun resultando más peligrosos, reducían considerablemente la pérdida de dinero en cada escalón. Las cuentas podían abrirse a nombre de algún miembro del partido, que sería compensado adecuadamente por el riesgo corrido.

Por otro lado, las relaciones dentro del entramado corrupto se hicieron cada vez más implícitas y sobreentendidas, apareciendo hábitos y reglas que todos los involucrados debían conocer. Era ya relativamente frecuente pagar por favores futuros, todavía sin concretar, o meramente por obtener una buena relación con el poder, que podría resultar rentable más adelante. Apareció la figura del intermediario, persona que representaba a una de las partes, aunque, dado lo opaco del negocio y la ambigüedad de su lenguaje y credenciales, en ocasiones podía no ser tal. Es en este contexto donde puede explicarse el caso de Iñaki Urdangarin, duque de Palma, que se habría mimetizado en un ambiente donde las trampas, las irregularidades y las corruptelas constituían la práctica habitual, y habría aprovechado esos sobreentendidos y equívocos. A pesar de no poder conceder nada a cambio, habría recibido abultadas cantidades de unos pagadores que creían estar comprando futuros favores del Rey.

El destino final de los ingentes ingresos de la corrupción organizada ha sido el secreto mejor guardado de nuestra democracia. Los políticos se encargaron de difundir el benigno rumor de que iban íntegramente a pagar los abultados gastos electorales de los partidos. Sin embargo, cada día se extiende más el convencimiento de que sólo se dedica a propaganda y publicidad una parte de lo recaudado. El grueso podría ir destinado a pagar sustanciosos sobresueldos y gratificaciones a los dirigentes de los partidos y a garantizarse un capital suficiente para cuando abandonen la política. Si se piensa bien, no tiene mucho sentido organizar toda una estructura delictiva al por mayor, con el riesgo que ello puede comportar, simplemente por el bien del partido. Ese mito del altruismo, generosidad y desprendimiento de los políticos es sencillamente falso: su naturaleza suele ser bastante interesada.

CAPÍTULO 41

Ese sospechoso derroche en partidas innecesarias

Verano de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy ha emprendido una agresiva campaña desde comienzos de año para recortar el déficit público. Nuestros socios europeos deben ver a España, de una vez por todas, como un país serio y fiable. Según la propaganda gubernamental, los organismos oficiales intentarán aliviar la carga que pesa sobre el contribuyente, recortando todo el gasto superfluo. ¿Todo el gasto innecesario? Bueno, quizá no todo.

Un botón de muestra servirá para ilustrar la situación. El mes de agosto de 2012, la Tesorería General de la Seguridad Social resolvía una licitación, convocada en el Boletín Oficial del Estado de junio, con el fin de contratar los servicios de una empresa para impresión, manipulado y envío de documentos. Se trataba de que todos y cada uno de los millones de afiliados a la Seguridad Social recibieran en su domicilio los documentos relativos a su vida laboral y base de cotización ¡con independencia de que necesitasen o no el documento! Y todo por un montante estimado de cuatro millones setecientos mil euros.

Cualquier observador imparcial hubiera considerado más razonable, y económico, enviar los documentos tan sólo a las personas que lo hubieran solicitado, sin coste adicional para la Seguridad Social, pues este organismo mantiene y paga funcionarios para acometer tal tarea. Al fin y al cabo, estos certificados no aportarían utilidad alguna a la mayoría de los receptores, sólo a la pequeña fracción que pudiera, por algún motivo, necesitarlo en ese momento. Además, los documentos no podían ser reservados para el futuro, ya que los datos contenidos quedaban obsoletos en poco tiempo. En definitiva, el Estado podría haberse ahorrado casi cinco millones de euros sin menoscabo de la calidad de sus servicios.

Algunos, desde ciertas posturas ideológicas, aprovecharon este caso para criticar la externalización y privatización de los servicios públicos como raíz de todos los males. Pero lo alarmante no estribaba en la gestión privada, algo justificable si una empresa puede prestar el servicio de forma menos gravosa para el contribuyente. Lo que resultaba profundamente censurable era gastar respetables sumas de dinero en actividades innecesarias para el ciudadano, especialmente en unos momentos en que los dirigentes difundían con firmeza un justificado mensaje de austeridad.

¿Cómo podía explicarse la falta de recorte en este tipo de gastos? Resultaría ingenuo creer que todos los gastos superfluos son simplemente absurdos, caprichosos o carentes de finalidad alguna. Que se producen simplemente por ignorancia o dejadez de los políticos pensando que se trata de muy poco dinero. Tampoco los motivos electoralistas explican todos estos fenómenos. Aunque en circunstancias normales los políticos intentan ganar popularidad gastando más, resulta muy difícil obtener aceptación de la opinión pública dilapidando de manera innecesaria cuando se pregona a voz en grito que la prioridad es reducir el déficit y se recortan ostensiblemente otras partidas más necesarias.

Gran parte de los gastos responden a la lógica del sistema: beneficiar a los partidos políticos, a sus dirigentes y a los grupos de presión que se encuentran a su alrededor. A nadie se le escapa que muchísimas contrataciones llevan implícitos precios convenientemente inflados y unos sustanciosos pagos de comisiones de las empresas a los partidos a cambio del favor recibido. Y este tipo de «servicios públicos» que se prestan, no tanto a favor de los ciudadanos como en beneficio de la clase política, son precisamente los que tienen menor probabilidad de sufrir recortes, en cualquier circunstancia. Los gobernantes podrían aceptar reducciones de ciertos gastos con el fin de guardar la imagen, pero suelen resistirse con tesón a desmontar organismos, servicios o empresas públicas innecesarios y, todavía con mayor firmeza, a reducir esas redes de intercambio de favores que constituyen la piedra angular de nuestro sistema político.

El caso citado no tendría mayor importancia si fuese una excepción en el marco de una política sincera y consciente de austeridad. Desgraciadamente, se trataba de uno entre miles de ejemplos, que afectan a todos los partidos y a todas las administraciones y que podrían estar señalando, en su gran mayoría, la falta de voluntad para recortar aquellas partidas de gasto que forman parte sustancial de las redes caciquiles o clientelares.

Parecen existir muchos contratos públicos, tanto en la Administración central, como en la autonómica o en la municipal, con precios notoriamente inflados, cuyo principal objetivo consiste en proporcionar una financiación adicional a los partidos políticos mediante el cobro de suculentas comisiones. Otras veces se trata simplemente de proveer de empleos, innecesarios para la sociedad, a correligionarios, afiliados y amigos. El crecimiento exponencial de las empresas públicas en las Comunidades Autónomas e incluso en los Ayuntamientos tuvo como objetivo la colocación de muchos enchufados de los partidos, con grave quebranto para el contribuyente y la sociedad civil.

Observe su Comunidad Autónoma o Ayuntamiento. ¿Existe alguna contrata de bienes o servicios manifiestamente superflua de la que no se prescinde aun en momentos de gran apretura económica? ¿Considera que el precio pagado por el erario público es muy superior al de mercado? ¿Detecta alguna relación entre los propietarios de la empresa adjudicataria y los políticos locales? ¿Observa alguna empresa pública que no preste realmente ningún servicio útil para la sociedad? Bingo, puede haber descubierto uno de los miles de eslabones que forman la lógica del sistema político español. Puede escribir a los periódicos denunciando su sospecha, aunque, si todo el mundo lo hiciese, no habría operario capaz de manejar el saturado buzón de entrada del correo electrónico.

Poco sorprende que nuestros socios del Norte mostrasen cierto hastío con España. Traduciendo sus exigencias de reformas al lenguaje no diplomático, el argumento hubiera sonado así: «Deshagan de una vez todas esas estructuras de clientelismo y corrupción y eliminen las trabas a la actividad económica, que sólo tienen como objetivo el mantenimiento de ciertos privilegios. No disfrutarán de una economía sana y de unas finanzas sostenibles mientras no establezcan un régimen de libre entrada, que imponga el mérito y el esfuerzo y no la cercanía al poder político y el favoritismo como los principios fundamentales para el éxito y la remuneración».

Estas consideraciones explican las fuertes resistencias a reducir ciertos gastos en las administraciones. Los políticos prefieren arriesgar el hundimiento del barco antes que desprenderse de tan pesada pero valiosa carga. Al fin y al cabo, existen demasiados grupos poderosos, en la órbita de todos los partidos, y en el ámbito de Comunidades Autónomas y ayuntamientos, cuyos privilegios y vida fácil dependen del mantenimiento de la nefasta lógica de un sistema, estrangulador de la iniciativa, por el que se deslizaron con soltura y desparpajo, luciendo imagen de intermediarios, todos los urdangarines que en España ha habido.

Pero a la fuerza ahorcan. La crisis económica fue estrangulando lentamente buena parte de las enormes redes clientelares y de intercambio de favores, que constituían la columna vertebral de la política española. Los políticos cometieron un grave error al ampliarlas hasta el límite durante la burbuja inmobiliaria, confiando ingenuamente en que habría ingresos en el futuro para mantener tan gigantesco tinglado. Pero la importante reducción de la tarta multiplicó las tensiones y los enfrentamientos entre poderosos grupos privilegiados, antes aliados.

Además, se produjo un cambio fundamental en la actitud y tolerancia de la ciudadanía ante estas nefastas prácticas. En el pasado, mucha gente tendía a criticar sólo al partido considerado rival y a perdonar al propio, a cerrar los ojos y permanecer acrítica cuando los desmanes eran perpetrados por aquéllos erróneamente considerados «los suyos». Sin embargo, al reducirse ese absurdo alineamiento visceral con uno u otro partido político, la mayor parte de los ciudadanos se indigna ahora con las prácticas corruptas con independencia del partido que las cometa. Es necesario aprender la lección: nada más patológico que considerar «los nuestros» a aquellos que impulsan, mantienen y sacan tajada de un régimen de caciquismo, clientelismo y corrupción.

CAPÍTULO 42

Un precedente alemán del «caso Bárcenas»

21 de septiembre de 1994, Bonn (Alemania). En el Hotel Königshof tiene lugar un encuentro organizado por la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), al que asisten, además de políticos, distintos personajes, entre ellos algunos pintorescos empresarios. Durante la jornada, un hombre en silla de ruedas de mediana edad coincide con un empresario de cara redonda y aspecto bonachón. Ambos, tras mantener una conversación amigable, se despiden con cordialidad. A la mañana siguiente, el empresario acude al despacho del hombre de la silla de ruedas. Una vez los dos a solas, arroja sobre la mesa 100.000 dólares cuidadosamente guardados dentro de un sobre y, esbozando una sonrisa cómplice, espeta: «Para que haga usted lo que le plazca con ello».

El hombre de la silla de ruedas era Wolfgang Schäuble, actual ministro federal de Finanzas de Alemania, y el personaje con quien se reunió en aquel hotel, y de quien recibió posteriormente el sobre con 100.000 dólares, era un empresario germano-canadiense, Karlheinz Schreiber, traficante de armas y lobbista muy popular en los círculos políticos conservadores alemanes.

Cinco años después, el 4 de noviembre de 1999, el tribunal de distrito de Augsburgo, tras la exhaustiva investigación realizada por la fiscalía a Karlheinz Schreiber por evasión fiscal, ordena la detención de Walter Leisler Kiep, tesorero del CDU. Kiep se entrega al día siguiente y decide cooperar con la justicia. Entre otras informaciones, revela que el 26 de agosto de 1991, acompañado por el asesor fiscal Horst Weyrauch, se encontró con Karlheinz Schreiber en la entrada de una autopista y que éste le hizo entrega de una importante suma de dinero, cuyo destino final era la caja B del partido.

La confesión de Kiep trasciende a la opinión pública y estalla como una bomba en la sede central del CDU. Sin tiempo para hacer un control de daños, el 6 de diciembre el ex canciller y presidente honorario del partido, Helmut Kohl, se ve obligado a salir al paso y afirmar que «no le consta» que su partido se financie ilegalmente. Pero Kiep le desmiente: «La cúpula del CDU [es decir, Helmut Kohl], estaba al corriente de estas donaciones». Para cuando en el CDU se dan cuenta de que negar los hechos ha sido un error, un inmenso error, es ya demasiado tarde. Y la tormenta inicial, alimentada por la negación y la mentira, se transforma en tempestad.

No sólo termina implicado el propio secretario general del CDU, Heiner Geissler, sino que sale a relucir el sobre de dinero recibido por Schäuble cinco años antes, quien a la sazón es ni más ni menos que el presidente del partido. Schäuble asegura que, pensando que era una donación lícita, entregó el contenido del sobre íntegro a la tesorera Brigitte Baumeister para que anotara su entrada y la procedencia en la contabilidad del partido, y que sólo tiempo después supo que la tesorera no había seguido sus indicaciones. Sin embargo, Brigitte Baumeister lo desmiente y acusa a Schäuble de haberse apropiado del dinero. Terminan relacionándose los 100.000 dólares «donados» por Karlheinz Schreiber con sus lucrativos negocios a la sombra del Gobierno, pero no que Schäuble estuviera al corriente de ello ni que supiera adonde había ido a parar el dinero. Más tarde, Schäuble también fue preguntado sobre la existencia de cuentas secretas en Suiza, lo cual negó. Pero añadió que era el despacho del asesor fiscal Horst Weyrauch el que gestionaba los dineros del partido, lo cual era una forma de decir que, en caso de que esas cuentas existieran, él no podía saberlo.

Tras un rosario de confesiones, contradicciones y desmentidos, el dinero aflorado relacionado con las donaciones ilegales provenientes de diferentes empresarios sumó la cantidad de 20 millones de marcos, aunque con el tiempo esta cifra aún sería más elevada. Schäuble admitió que el CDU había mantenido cuentas de fideicomiso con el asesor fiscal Weyrauch, en las cuales era depositado el dinero de las donaciones ilegales. Pero aseguró que no eran cuentas secretas.

Con el paso de los días, nuevos escándalos afloraron y se descubrieron ingentes cantidades de dinero negro que cambiaban de manos. El 29 de noviembre, el diario Der Spiegel aportó nuevos datos sobre ingresos no declarados en las cuentas del CDU por importe de varios millones de marcos. Fue la gota que colmó el vaso. Y Helmut Kohl, forzado por su entorno, reconoció que no sólo estaba al corriente de lo sucedido, sino que él mismo había repartido las donaciones ilegales a las diferentes sedes del CDU y a sus asociaciones. Sin embargo, se negó en redondo a revelar los nombres de los donantes.

Finalmente, el 2 de diciembre se abrió una investigación en el Bundestag. Y el escándalo alcanzó dimensiones colosales. El daño infligido a la imagen del partido fue de tal magnitud que muchos de sus miembros dieron por hecho que el CDU desaparecería. Pero entonces se produjo un giro inesperado.

El 22 de diciembre, la protegida de Helmut Kohl, una prometedora política a quien él mismo se refería como «mi chica» (mein Madchen), decidió dar un paso al frente. Esta mujer, cuyo nombre era Angela Merkel, firmó un artículo de opinión en el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung en el que compelía a los miembros del CDU a repudiar públicamente a su mentor y apartarle del partido. Dada la dimensión histórica y el peso del personaje, aquello era algo inconcebible. Pero Merkel se mantuvo firme. Era preciso abrir puertas y ventanas para que corriera el aire, aceptar la responsabilidad legal y económica de lo sucedido (el CDU fue condenado a pagar 41 millones de marcos) y asegurarse de que la crisis no se cerrara en falso, aunque ello supusiera volver a empezar desde cero. No había otra alternativa. Era eso o desaparecer por el sumidero de la historia.

Pese a que más adelante Angela Merkel se opuso a nuevas investigaciones y no depuró a fondo el partido tal como había prometido, su acción resultó decisiva. Para muchos se trató de un acto de traición y deslealtad imperdonable. Pero para la gran mayoría también fue una demostración de inteligencia, determinación y valentía. Sea como fuere, lo cierto es que Angela Merkel consiguió lo que parecía imposible: controlar los daños, renovar el partido y limpiar su imagen. Y todo en un tiempo récord. Lo cual no sólo fue beneficioso para el CDU, sino también para la política en Alemania. Sí, hizo algunas trampas, no pocas. Pero, a fin de cuentas, la política siempre es política. De hecho, pese a que Wolfgang Schäuble dimitió como presidente del CDU, no fue apartado ni del partido ni de la política. Y hoy es ministro en el Gobierno Merkel, ni más ni menos que el tipo que supervisa con mano de hierro el estado de las cuentas españolas, italianas, portuguesas y griegas en plena crisis del euro.

La pregunta que plantea el precedente alemán es si hoy en el Partido Popular, en lo que se refiere al «caso Bárcenas», alguien podría emular la «proeza» de Merkel. Y aunque en principio nada es imposible, las enormes diferencias, no ya entre la clase política alemana y española, sino entre las instituciones de ambos países, hace temer que nadie daría un salto mortal semejante. De hecho, se esperaba que Mariano Rajoy fuera ese héroe dispuesto a regenerar el partido, cortando la cabeza de su mentor (Aznar), tal como la chica de Hamburgo hizo con el suyo (Kohl), para luego regenerar España. Pero al final ni lo uno ni lo otro.

En lo que se refiere a la naturaleza de nuestros partidos, teniendo en cuenta que la militancia de base es orgánicamente irrelevante, cualquier acción que no estuviera orquestada y sustentada por la cúpula dirigente, estaría abocada al fracaso. Y si los cambios sólo pueden ser promovidos, organizados y sustentados desde arriba, los resultados serán siempre decepcionantes. Por eso, el artículo publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, con el cual Merkel abrió fuego a bocajarro, buscando el apoyo no sólo de los militantes, sino de todos sus votantes, en España sería algo tan inútil como innecesario: una excentricidad.

En cuanto a los medios de información, decisivos en el caso alemán, en España más que primar el celo por la información objetiva y el análisis riguroso, que es lo que catalizaría cualquier proceso de depuración, hacen uso partidario o intrapartidario de la información, instrumentalizándola. Además, al contrario que en Alemania, los periodistas no están amparados por el derecho a no revelar toda la información, o la manera en que ha sido conseguida, y no pueden proteger a sus fuentes. Lo cual hace que el acceso a informaciones sensibles sea mucho más complicado y que muy pocos «confidentes» se aventuren no sólo a dar testimonio, sino a aportar documentación relevante que pueda ser utilizada como prueba. De ahí que los escándalos pueden ser silenciados, aun cuando ya han aflorado, o, incluso, dirigidos y modulados.

Por último, en el caso alemán, el trabajo de la fiscalía y los tribunales, no sólo su celeridad y rigor, sino también su anticipación, resultó determinante. Y en última instancia a buen seguro fue lo que forzó a Merkel a tener que tomar una decisión tan drástica y expeditiva. Si la justicia alemana hubiera estado politizada y hubiera sido tan extremadamente lenta y dilatoria como la española, quién sabe si Angela Merkel se habría tomado las cosas con mucha más calma, tal como desgraciadamente es costumbre en nuestro país. Así que, analizado el precedente alemán y sus paralelismos, que cada cual saque sus propias conclusiones. Como primera providencia, decir que lo que asusta no es en sí la corrupción galopante, que también, sino la ineficiencia y la vacuidad de nuestras instituciones; esto es, la ausencia de democracia.

CAPÍTULO 43

¿Todos los ciudadanos somos corruptos?

En octubre de 2012, después de publicarse los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en la que la desconfianza de los españoles hacia los políticos alcanzaba hasta la fecha sus valores máximos desde que en España existe algo parecido a una democracia, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, se apresuró a declarar:

La mejor reflexión personal que podemos hacer los políticos para servir de verdad a la profesión a la que temporalmente algunos nos dedicamos es de actitudes y de aptitudes, de asumir esta tarea desde la austeridad y desde la ejemplaridad. Y saber que tenemos que gestionar lo público con el mismo rigor con que gestionamos lo privado, lo nuestro, lo que nos afecta.

Palabras en apariencia bienintencionadas que, sin embargo, evitaban de manera calculada, una vez más, aludir al problema de fondo: nuestro modelo político. Modelo en el que sólo unos pocos individuos, separados del resto y sometidos a incentivos incorrectos, toman decisiones relevantes que afectan gravemente al conjunto de la sociedad.

Simultáneamente a las palabras de la vicepresidenta —¡oh, casualidad!—, un número significativo de periodistas y comunicadores se apresuraron a lanzar a los cuatro vientos la consigna de que nuestros dirigentes no son extraterrestres ni seres engendrados en tubos de ensayo, sino que provienen de esa misma sociedad que tanto les detesta. Por lo tanto, no son más que nuestro fiel reflejo. Dicho en otras palabras, tenemos los políticos que nos merecemos. Así, una vez socializadas las pérdidas de la crisis económica a golpe de decreto, y conforme la sociedad parecía volverse más levantisca, también se socializa «la culpa». Resumiendo: todos somos responsables, ergo nadie es responsable.

Pero aceptar la teoría de que los políticos son el reflejo de los ciudadanos (artera manipulación que olvida esa separación, casi quirúrgica, existente entre clase política y sociedad civil) nos obligaría a aceptar que ambas corrupciones, la de los políticos y la de los ciudadanos comunes, son una misma corrupción. Sin embargo, nada más alejado de la realidad.

Cierto es que, a nivel personal, nadie se libra, como luego explicaremos, de estar infectado en alguna medida por la corrupción. Y también que, en cuanto a los Estados, países aparentemente ejemplares como Alemania padecen corrupción a gran escala (Friedrich Schneider, profesor de Economía en la Universidad Johannes Kepler de Linz, Austria, estima que actualmente el coste de la corrupción en Alemania asciende a 200.000 millones de euros). Sin embargo, la estrategia de poner el ventilador en marcha y esparcir la porquería (todos somos corruptos) pretende evitar la rebelión social y la depuración de responsabilidades, y lo que es aún más importante, que salgan a la luz las graves ineficiencias del sistema y, en consecuencia, no haya otro remedio que aplicar sin paños calientes las reformas necesarias. Reformas estas que, desde luego, van mucho más allá del aseado y escueto acto de contrición de doña Soraya. Porque las palabras se las lleva el viento.

No sólo no tenemos los políticos que merecemos (por razones obvias de modelo), sino que la corrupción política es de una virulencia y extensión que desborda cualquier paralelismo con la sociedad. Es decir, la corrupción del ciudadano común poco o nada tiene que ver con la corrupción política.

Según analiza Arnold J. Heidenheimer en Perspectives on the Perception of Corruption, la conciencia moral de la sociedad distingue tres categorías de corrupción (blanca, gris y negra). En el primer nivel (corrupción blanca) se encuentra la corrupción tácitamente aceptada por la sociedad, aquella que se limita a las relaciones clientelares dentro del ámbito familiar. Un nivel más arriba está la corrupción vista con cierto oprobio (corrupción gris), pues su alcance institucional (público o privado) excede el ámbito familiar y produce graves perjuicios. Y por encima de ambas está la corrupción irrestricta que viola gravemente las normas morales y legales (corrupción negra), cuyo impacto sobre la economía y la sociedad en su conjunto es devastador (véase el caso de España).

En lo que respecta a lo que llamamos sociedad civil, el primer nivel de corrupción es, por así decirlo, el más extendido. No consiste en obtener un beneficio económico ilegítimo, ni siquiera un pago en especie o la compraventa de favores, sino proporcionar u obtener pequeñas ventajas, como, por ejemplo, un empleo gracias a la mediación de un familiar, amigo o conocido. Es lo que vulgarmente conocemos por «enchufe». Sin embargo, el favor no lleva implícita contrapartida, al menos no de forma obligatoria ni inmediata. Y, por lo tanto, no es corrupción, ya que no hay propiamente «corruptor» y «corrupto» al no existir intercambio.

Por otro lado, Ulrich von Alemann, investigador y profesor de Ciencias políticas en la Heinrich-Heine-Universität (Düsseldorf), para identificar lo que es «corrupción» establece no una definición, sino un proceso de siete pasos al que llama «lógica del intercambio de la corrupción», que, resumidamente, es el siguiente: (1) el comprador (la persona que ofrece el soborno: «el corruptor») quiere (2) un bien raro (una orden, autorización o posición) que (3) el vendedor (la persona a ser sobornada: «el corrupto») puede asignar; este último recibe (4) un incentivo adicional (dinero o pago en especie) para la asignación de dicho bien; el corrupto así (5) viola las normas morales y legales y causa (6) perjuicios a los intereses de un tercero, un competidor y/o el interés público; (7) por lo tanto, la corrupción está oculta y escondida.

Resulta evidente que cumplir los siete puntos de este proceso escapa a las posibilidades del ciudadano común. Hacerlo sólo está al alcance de la clase dirigente (políticos, personas cercanas a éstos y grandes empresarios). Ni la sociedad española se dedica a ofrecer sobornos para obtener bienes raros, ni la obtención de pequeños favores se realiza de forma oculta y escondida. Pues, dentro de un Estado que es la antítesis de un Sistema de Libre Acceso, esa corrupción blanda está aceptada como un recurso legítimo; un mecanismo de supervivencia frente a una elite acaparadora de rentas.

Todo lo dicho no quita que, quizá, los españoles en conjunto dejemos bastante que desear en cuanto a determinadas querencias. Pero de ahí a establecer un paralelismo entre las debilidades del español común y la gravísima degeneración de la clase política media un abismo. Y no sólo los ciudadanos españoles no tienen los políticos que merecen, sino que estos últimos se niegan en redondo a reformar un sistema que se ha convertido en el paraíso de los corruptos. Ésta es la prueba incontestable de que la clase política vive de espaldas a la sociedad. Y su corrupción, por tanto, es intransferible.

CAPÍTULO 44

La corrupción española… en niveles africanos

La pregunta no había sorprendido a Denis, tampoco le había molestado, pero prefirió no responderla hasta que el camarero, que servía la cena en la mesa contigua, se encontrara a mayor distancia. Respiró profundamente y bebió un largo trago de cerveza mientras meditaba la respuesta. Habían pasado seis meses desde su llegada a este país africano, tiempo suficiente para hacer balance de su experiencia. Un emprendedor como él, sin miedo a los riesgos, acostumbrado a ganar o perder un millón de libras, se había habituado al ritmo de vida, tan distinto al de su Inglaterra natal, al trato personal y a esa invisible barrera cultural entre europeos y nativos. Se sabía capaz de superar muy duras pruebas y, sin embargo, comenzaba a sucumbir por desgaste. Las últimas horas de charla con ese español tan interesado en escuchar su historia le habían ayudado a ordenar sus ideas. Y a desahogarse narrando a un desconocido sus comprometidas experiencias, venciendo por un rato la soledad, la nostalgia del hogar y la frustración, mientras las cervezas, el rumor de las conversaciones en swahili y este dulce, cálido y mágico aire del trópico empujaban a compartir unas confidencias poco habituales en el Viejo Continente.

Denis había viajado a Tanzania con el proyecto de abrir una fábrica de refrescos, que abastecería las principales ciudades del país. Había encontrado la maquinaria apropiada, a un precio razonable, y localizado la naviera que transportaría todos los aparatos hasta el continente africano. Se instalaría en Masasi, en el profundo sur del país, una zona bastante deprimida pero con una aceptable comunicación terrestre. No era necesaria mayor descripción del lugar, pues el español también conocía la zona. Calculando los costes de producción y distribución, podía ofrecer bebidas gaseosas a mejor precio que la empresa hegemónica en el sector, ligada a una multinacional. Era notorio que los refrescos resultaban bastante caros para el nivel de vida de la gente.

Pero había olvidado un elemento crucial. Las leyes que regulaban la actividad industrial eran extraordinariamente complejas y enrevesadas. Obligaban a obtener un sinfín de permisos y licencias para abrir un negocio. A realizar decenas de larguísimos y lentos trámites burocráticos, que quedaban atascados a cada paso y tendían a prolongarse indefinidamente en el tiempo.

Ya podía responder a la pregunta: sí había tenido que pagar cuantiosos sobornos. El proceso burocrático sólo avanzaba si, en cada escalón, se pagaban elevadas mordidas a los responsables de turno. Caso contrario, los burócratas siempre encontraban algún requisito que el asombrado inglés no cumplía. También podía narrar ya su última y definitiva experiencia. Ante la desesperación, decidió recurrir directamente al Gobierno, siendo recibido finalmente por el ministro de Industria. Esperaba ganarse la ayuda del Ejecutivo para superar tan imponentes barreras, argumentando que crearía puestos de trabajo en una zona del país donde realmente hacían falta. Pero sólo obtuvo un consejo: contratar otro abogado para gestionar mejor las solicitudes de licencias. Cuando preguntó por algún letrado especializado en ese campo, el señor ministro respondió: «Yo mismo puedo llevar el caso: soy abogado».

Hace algunas décadas, los economistas tendían a considerar la corrupción como un mal menor. Una reacción de la sociedad para superar esas trabas a la industria y al comercio que impedían el desarrollo de la economía. Aunque unas autoridades bienintencionadas, pero ignorantes, impusieran unas regulaciones muy restrictivas y perjudiciales, unos oportunos sobornos conseguían una aplicación mucho más laxa de las normas y una agilización de los trámites, permitiendo la apertura de nuevas empresas y la creación de empleo.

La visión cambió radicalmente cuando se comprobó que las complejísimas regulaciones no aparecían de manera tan inocente. Eran los gobernantes corruptos quienes establecían deliberadamente gran parte de las trabas con el fin de crear nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito. Se trataba de restringir la libre competencia imponiendo elevadas barreras, de manera que las pocas empresas que pudieran entrar en el mercado obtuviesen unas elevadas rentas, que repartirían con los políticos a través de los pagos ilegales. Las normas o requisitos, fijados legalmente, tenían que ser lo suficientemente complejos o enrevesados para permitir un fuerte grado de discrecionalidad a la hora de conceder permisos o licencias, generalmente a los «amigos», o para fijar condiciones que otras empresas difícilmente pudieran cumplir.

Se establecían así fuertes estructuras de connivencia entre sectores empresariales y políticos, basadas en el intercambio de favores, donde el statu quo representaba un complejo equilibrio de apoyos e intereses, con enorme inercia y resistencia al cambio. Por ello, los países donde existen más dificultades para abrir empresas, también suelen ser los más corruptos.

La experiencia de Denis, aun siendo llamativa, no tenía nada de extraordinaria. El sistema corrupto impedía a los competidores entrar en el mercado de bebidas, permitiendo a la empresa privilegiada mantener unos elevados precios y unos enormes beneficios, que compartía con los gobernantes. Meses después, el frustrado fabricante de refrescos se vio obligado a renunciar a sus planes y a regresar a su país. Si incluía el montante de todos los sobornos como un coste adicional, era imposible ofrecer un precio inferior al vigente. Ni siquiera igual.

Es posible que, tras oír la historia africana, alguien sienta el impulso de respirar aliviado pensando que eso no ocurre en España, pero podría encontrarse en un error. El informe «Doing Business 2013» del Banco Mundial asignó a España el puesto 136 en una lista de países clasificados por el grado de facilidad para instalar una empresa. Hasta 10 complicados y larguísimos trámites burocráticos son necesarios para comenzar a operar un negocio. En el otro extremo, Nueva Zelanda permite establecer legalmente una empresa en horas, con una sola gestión a través de internet y un coste mínimo.

Ramón Iglesias, un ingeniero y promotor español de 63 años, necesitó tres años de gestiones, 10.000 euros en licencias, centenares de papeles y trámites con más de 30 funcionarios de 11 departamentos distintos, pertenecientes a cuatro administraciones, antes de poder abrir una bodega ecológica en Vejer de la Frontera (Cádiz), finalmente en 2012. Tuvo que pagar 1.300 euros por un estudio de impacto acústico a pesar de que sus instalaciones no hacían ruido y se encontraban a dos kilómetros y medio del lugar habitado más cercano. Le llegaron a solicitar una certificación de «innecesariedad» de realizar actividad arqueológica o un informe sobre luces en relación al «reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno». Iglesias se vio sometido a todas las trabas posibles a pesar de que iba a crear un puñado de puestos de trabajo en una de las zonas de España con mayor tasa de desempleo. En sus declaraciones no reconoce haber pagado sobornos, algo ilegal, pero afirma que todas estas trabas fomentan la corrupción.

Los trámites se complican todavía más para los empresarios que pretenden operar en todo el territorio nacional debido a la enorme diversidad de normativas impuestas por las distintas Comunidades Autónomas. Durante los últimos años, cientos de miles de páginas de boletines oficiales han creado una intrincada maraña de regulaciones, casi imposible de conocer en su totalidad, mucho menos de cumplir.

Un agudo furor legislativo afectó a las Comunidades Autónomas españolas desde su propio origen. Tres décadas han generado una colosal pirámide de más de 100.000 enrevesadas leyes, normas y regulaciones autonómicas, con frecuencia incoherentes y contradictorias. Los estudios señalan que el exceso de regulación tiene consecuencias funestas para el sistema productivo, ya que el número de empresas depende inversamente de los costes de abrir un negocio. Cada vez que los costes de entrada en el mercado se incrementan un 10%, la densidad de empresas desciende un 1%, con efectos muy negativos para el empleo y la competencia. La omnipresente regulación reduce sustancialmente la productividad, favorece la ineficiencia y frena la innovación. Y, en el caso español, la disparidad de normas regionales dificulta la aparición de empresas grandes, al eliminar ciertas economías de escala.

Sería ingenuo pensar que los políticos, especialmente autonómicos, han acometido esta frenética hiperactividad legislativa simplemente para proteger los intereses de los consumidores o de la sociedad en general. Este exceso de trabas y barreras persigue otro objetivo: incrementar el poder de las elites políticas locales, oligarcas y caciques, y favorecer sus ingresos a través de la actividad corrupta. Toda una señal de la degradación e inseguridad jurídica que van empujando a la España actual, por el camino de la quiebra moral y la desmoralización, hacia el desastre.

Cortar el nudo gordiano de la regulación y garantizar una verdadera competencia en todos los sectores requiere una firme exigencia por parte de la ciudadanía a los gobernantes. Y una fuerte presión para someter la voluntad de esa nociva coalición formada por políticos, partidos, caciques regionales y ciertos empresarios, que pugna por mantener el vigente sistema de corruptelas y privilegios, a costa del crecimiento y el empleo.

CAPÍTULO 45

La Justicia y el coste económico de la corrupción

El desempleo en España superaba el 22%. Y, en el caso del paro juvenil, esa cifra se elevaba al 40% e, incluso, en los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 18 años, el porcentaje superaba ampliamente el 50%. No eran datos estadísticos, sino la constatación de una catástrofe. Pero ¿a qué periodo de nuestra historia reciente corresponden esos datos demoledores? No, no son de 2011 o 2012. Hay que remontarse un poco más atrás, concretamente a los años ochenta del pasado siglo. Transcurridas tres décadas, la zozobra de hoy es proverbialmente idéntica a la de aquellos días, como si el tiempo no hubiera transcurrido desde entonces. ¿Por qué?

Lo que está poniendo de manifiesto esta simetría entre nuestro pasado y nuestro presente es una realidad inquietante: cada vez que el mundo desarrollado se ve sumido en una crisis, España no retrocede unos pocos años, sino que, por defecto, vuelve al principio, al punto de partida. Es como si estuviéramos atrapados dentro de una máquina del tiempo que, una y otra vez, nos devuelve al punto de partida, haciendo tabla rasa de cualquier mérito y sacrificio.

En este ciclo infernal, donde, según parece, no hacemos otra cosa que caminar en círculos, la urgencia económica se impone siempre a cualquier otra consideración, y se abre paso, una y otra vez, un proceso de reformas fiado a lo puramente económico. Pero si la sociedad tuviera más memoria que la de un pez, caería en la cuenta de que esto ya lo hemos vivido. Y que el duro camino que ahora nos toca recorrer se parece, y mucho, al ya recorrido hace 30 años. Y aquí estamos de nuevo, en el mismo punto de partida, obligados a empezar desde cero.

Este cruel presente, de tener aspecto humano, se asemejaría mucho a aquel ángel vengador travestido de psicópata creado por los hermanos Coen. Personaje que, implacable, acorralaba una a una a sus víctimas —siempre seres inconsistentes y amorales— y, momentos antes de darles matarile, les formulaba la siguiente pregunta: «Si la norma que has seguido te ha llevado hasta aquí, ¿de qué te ha servido?».

En nuestro caso, la «norma» que seguimos en el pasado, y que vamos a seguir también en el presente, se limita a sanear las cuentas y a tratar de reactivar la economía. Cualquier otra reforma estructural que vaya más allá de lo estrictamente económico no tiene cabida. Dada la urgencia del momento, puede parecer lógico que lo económico prime por encima de todo y que ello nos obligue a dejar en segundo plano otras cuestiones muy relevantes. Pero es un error. El progreso y la prosperidad futura no sólo van a depender de reformar el mercado laboral, aumentar nuestra competitividad, sanear y reestructurar el sector financiero y reducir nuestra deuda pública y privada, sino que están íntimamente ligados al buen o mal funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Porque, en última instancia, lo que termina por engrandecer o destruir a una nación no son los ciclos económicos que, al decir de algunos, evolucionan al margen de lo humano y lo divino, sino el buen funcionamiento de sus instituciones, especialmente de aquellas que tienen que ver con la Justicia.

Si algo está poniendo de relieve la actual crisis, además de las ya conocidas ineficiencias de nuestro modelo político, económico y territorial, es la enorme corrupción que hemos desarrollado en estos últimos 30 años, cuyo coste, por si aún no nos hemos percatado, además de reputacional y moral, es fundamentalmente económico. Si fuera posible hacer un cálculo de lo que la corrupción representa en pérdidas económicas, tarea esta que se nos antoja colosal, seguramente el resultado sería superior a los 40.000 millones de euros que fue necesario recortar en 2012 para reducir el déficit, y también alcanzaría para cubrir una buena parte, si no toda, de los intereses anuales que genera nuestra deuda.

Para tener conciencia de la magnitud del problema, hay que entender que en España la corrupción no sólo procede de una selecta minoría que hace y deshace a su antojo y que se reparte los negocios y el dinero público. Se trata de una enfermedad muy extendida, dentro de eso que llaman las elites, que ha alcanzado la categoría de plaga. Durante estos años, el país se ha desangrado en un torrente incontenible de mordidas, cuyos montantes eran cada vez más disparatados. Y las prácticas corruptas han devenido un ejercicio de puro y duro saqueo, en el que están implicados políticos, lobbys empresariales, banqueros, concejales, sindicalistas, asociaciones a priori sin ánimo de lucro, instituciones públicas y privadas, y colectivos y personajes de todo tipo y pelaje. En consecuencia, la corrupción es un problema colosal. Posiblemente, el problema económico más grave de todos.

Por todo ello, si de verdad queremos evitar que se consume el desastre económico, debemos tener muy presente que el problema de la inseguridad jurídica, la parálisis crónica de los tribunales, la injerencia constante del poder político en determinadas sentencias, las doctrinas a la carta y los escándalos procesales llevan aparejados un coste económico que es a todas luces insostenible. Desde esta perspectiva, la primera y más urgente reforma de todas cuantas atañen directamente a lo económico debería ser la de la Justicia. Sin esta reforma fundamental, la prosperidad que logremos en el futuro con nuestro esfuerzo, lágrimas y sudor, nunca estará a salvo: emprenderemos un nuevo viaje circular que, de seguro, nos llevará de vuelta al principio. Y España será por siempre el país del paro y del riesgo de la quiebra económica. Un Estado fallido atrapado en la máquina del tiempo.

CAPÍTULO 46

El daño colateral de la corrupción: mucho peor que el robo

En enero de 2013 llegaba a la prensa la noticia de que Luis Bárcenas, antiguo tesorero del Partido Popular, mantenía una cuenta en un banco suizo por un montante de 22 millones de euros. Bárcenas carecía de fortuna familiar o de negocios privados que pudieran justificar tan abultada suma. La reacción de los dirigentes de su partido resultó un tanto extraña, dadas las circunstancias: ni censuraron su conducta ni lo defendieron. No cabría tanta frialdad si el antiguo tesorero fuese realmente un traidor, un estafador que hubiera engañado a todos para enriquecerse ilícitamente. Se limitaron a lavarse las manos, argumentando que ya no pertenecía al partido, algo que formalmente era cierto. Pero sólo formalmente. De manera oficial había sido dado de baja en la militancia tras un escándalo anterior, pero, según confirmaron fuentes cercanas, seguía manteniendo despacho y chófer a cargo del Partido Popular e, incluso, disfrutó de un contrato de trabajo hasta finales de enero de 2013.

¿De dónde había salido tanto dinero? Muchos sospechan que esa cuenta no era más que una entre las muchas que mantienen los partidos políticos en paraísos fiscales y países con secreto bancario y que, necesariamente, abren a nombre de testaferros. Nombran, eso sí, un responsable del partido como firma autorizada para poder realizar los movimientos. Los fondos provendrían de las comisiones y aportaciones que pagan muchas empresas a los partidos a cambio de los favores y privilegios recibidos desde todas las instancias de la Administración.

Siguiendo esta línea argumental, las anotaciones que publicó un diario de tirada nacional algunas semanas después y que recogían pagos de sobresueldos en metálico a destacados miembros del Partido Popular entre los que se encontraba Mariano Rajoy, corresponderían en todo caso a meras gratificaciones para gastos de bolsillo que pudieran tener los dirigentes. Una simple propina dentro del gigantesco volumen de fondos que representa la corrupción en España.

Enormes fortunas ha creado la actividad corrupta, pero pocas condenas se han dictado en nuestro país, y en ningún caso se ha recuperado la cantidad estafada. Sin embargo, aun ascendiendo a sumas muy considerables, el dinero detraído no es el elemento más grave de la corrupción. Aunque todos los saqueadores del Presupuesto restituyeran hasta el último euro sustraído, los males que causa esta lacra no se resolverían. Llegaría, eso sí, una transferencia por una cifra astronómica desde múltiples paraísos fiscales, que ayudaría a paliar el déficit del Presupuesto y a aliviar la deuda, provocando de paso la quiebra de las lujosas jubilaciones que tienen preparadas muchos dirigentes. Pero no compensaría, ni de lejos, todo el perjuicio causado.

Los corruptos no se asemejan a ese elegante carterista de guante blanco que birla limpiamente el efectivo pero restituye tarjetas y documentos. Actúan como esos torpes ladrones que, para desvalijar la vivienda, ocasionan destrozos por un valor muy superior a lo sustraído. Para detraer un millón de euros, la corrupción puede generar a la sociedad perjuicios desproporcionadamente mayores, aunque el daño resulte menos visible que el palpable estropicio de los cacos.

Cualquier persona sensible se indigna ante el gigantesco expolio de fondos públicos, pero resultan mucho más nocivos otros elementos que van inexorablemente unidos a la corrupción: los favores concedidos, las decisiones políticas tomadas, el ejemplo ofrecido y el ambiente creado. Una nación moderna y próspera requiere instituciones que garanticen una combinación armoniosa de competencia y cooperación entre sus miembros. Pero un régimen de cleptocracia, además de detraer fondos, impide la competencia, entorpece la eficiencia y desanima la cooperación. Lo que se observa a primera vista en la corrupción no es más que la punta del iceberg de una grave enfermedad que corroe todo el cuerpo político y contagia al resto de la sociedad.

Hace algunas décadas, muchos estudiosos consideraban la corrupción como un lubricante, facilitador o catalizador de la economía. Ante un sinnúmero de trabas burocráticas, normas y regulaciones, unos oportunos sobornos agilizarían los trámites, permitiendo la actividad industrial, la apertura de nuevas empresas y la creación de empleo. Esta benigna visión se desvaneció al comprobar que esas normas y regulaciones no eran más que barreras establecidas deliberadamente por los políticos con el fin de crearse oportunidades de enriquecimiento inconfesable. Estas trabas se dirigen a restringir la competencia para garantizar sustanciosos beneficios a esos amigos que pagarán bien el favor concedido. Los sobornos y las comisiones no agilizan nada: se parecen más a la protección que venden los mafiosos contra la amenaza creada por ellos mismos.

Hace muchos siglos, el senador e historiador romano Publio Cornelio Tácito señaló: «corruptissima republica plurimae leges» (cuanto más corrupto es un país, más leyes tiene). Los gobernantes corruptos multiplican las normas hasta el límite, creando en el sistema económico auténticos cuellos de botella donde colocar sus particulares «peajes». Como símbolo de este contumaz latrocinio se alza una colosal pirámide formada por más de 700.000 páginas de Boletines Oficiales Autonómicos, con la friolera de 100.000 leyes, normas y regulaciones, muchas veces contradictorias e imposibles de cumplir. Esta gigantesca y enrevesada selva legal, plagada de trampas y arenas movedizas para quien no pague los «peajes», genera en la economía nacional unas pérdidas muy superiores a los sobornos recaudados, pues destruye tejido industrial y dificulta la creación de empresas.

La corrupción organizada lesiona la competencia y distorsiona el mercado, ya que no permite prosperar a las empresas más eficientes, ni a las que proporcionan mejor servicio, sino a aquéllas con mayor disposición a pagar sobornos. Este proceso ha contribuido a ensalzar a los «empresarios» menos honrados, dejando de lado a muchos otros, más esforzados, innovadores y eficientes. Por ello, cuando la Administración contrata corruptamente servicios de empresas privadas, no sólo infla el precio con las comisiones, también proporciona menos calidad. Y la omnipresente arbitrariedad genera enorme incertidumbre, que desalienta la inversión productiva.

Pero el problema no se reduce sólo a empresas inadecuadas: los corruptos también impulsan proyectos inapropiados, con tremendo despilfarro de recursos escasos. Las líneas de AVE sin viajeros, las autovías sin coches o los aeropuertos peatonales suelen surgir de decisiones políticas que no priman las partidas con mayor rentabilidad social sino, más bien, aquellas que mayor flujo de comisiones proporcionan. Por ello, la corrupción tiende a sesgar el gasto de las administraciones hacia proyectos faraónicos, de escasa utilidad para el ciudadano. Llamativos e inútiles monumentos salpican las Comunidades Autónomas como recuerdo, para generaciones venideras, de esta desaforada y particular fiebre del oro… ajeno.

Por todo ello, la recaudación opaca de los supuestos 22 millones de euros de Bárcenas requiere muchas decisiones dañinas para la economía, que perjudican mucho más allá de su mera repercusión en el precio pagado por los contribuyentes. Los políticos habrían favorecido a empresas poco eficientes, construido carísimas e inútiles infraestructuras o promulgado normas perniciosas para el establecimiento de nuevas empresas y para la creación de empleo. No sorprendería que la obtención de estos 22 millones hubiera ocasionado a la sociedad un coste económico diez o veinte veces superior.

Desgraciadamente, los males causados por la corrupción ni siquiera se limitan a los ya descritos: el deterioro se extiende a las percepciones y a las actitudes de los ciudadanos. Un régimen de cleptocracia suele destruir la confianza que los ciudadanos tienen en los demás, ese delicado material con el que se teje el capital social, que permite la cooperación. Y lesiona gravemente la legitimidad de las instituciones, esa argamasa que mantiene unidas las vigas maestras del sistema político.

Los estudios muestran que, en países con líderes corruptos, los ciudadanos tienden a desconfiar de las personas ajenas a su entorno. La imagen que cada individuo se crea de los demás, de la gente en general, se encuentra muy influida por aquello que percibe en sus políticos. «¿Por qué “la gente” no va a ser capaz de hacer lo mismo que los gobernantes?». Si los líderes son tramposos, embusteros o incumplen su palabra, los sujetos se inclinan también a recelar de sus conciudadanos, generando así una conducta poco cooperativa y una tendencia a incluirse en grupos cerrados.

Por ello, es falso el razonamiento de que los políticos son corruptos porque la gente también lo es. La causalidad es distinta: cuando la gente percibe que los políticos no son honrados, se inclina a pensar que los ciudadanos desconocidos tampoco lo son. Y el individuo tiene incentivo a comportarse de manera no cooperativa cuando cree que los demás actúan también así, con grave quebranto del capital social. Se crea así un círculo vicioso difícil de romper.

Por último, la percepción de la corrupción deteriora gravemente la legitimidad de un régimen, esa noción que impulsa a las personas a respetar las normas que emanan de la autoridad no por temor al castigo, sino por convicción. La legitimidad se refuerza cuando los ciudadanos consideran que la autoridad se ejerce de manera equitativa y justa; cuando aprecian en sus gobernantes una conducta recta y honrada, un trato igual para todos, con independencia de su posición política y social. Pero tiende a desvanecerse cuando observan en sus líderes, incluido el monarca, un comportamiento que no es edificante ni ejemplar. Cuando advierten que impera el privilegio, el abuso, la arbitrariedad y la corrupción. Y el fenómeno reviste muchísima gravedad: la pérdida de la legitimidad a ojos de los ciudadanos suele ser una de las señales más inequívocas de que un régimen toca a su fin.

OCTAVA PARTE

El peculiar Estado de las Autonomías

CAPÍTULO 47

Las Autonomías: mito, dogma y tabú

De los mitos establecidos en la Transición política española, ninguno adquirió tanto arraigo y carga emocional como el relativo a la organización territorial del Estado. Así, las Autonomías fueron revestidas de un aura sublime, de un carácter mágico, una combinación fantástica del Bálsamo de Fierabrás, que todo lo curaba y remediaba, y el Yelmo de Mambrino, que de todos males protegía. Para no desvelar el misterio, los gobernantes nunca especificaron qué había exactamente detrás de tan excelso proceso. En su lugar, utilizaban de manera repetitiva ciertas fórmulas que parecían extraídas del libro de los druidas. Las Autonomías constituían un indefinido «derecho de los ciudadanos», una poco explicada «profundización de la democracia», un improbable «acercamiento de la Administración al público» o un «decidido avance» hacia algún lugar indeterminado. En definitiva, muchas simplezas y frases hechas, que impedían cualquier debate sensato y racional, como si de un dogma cuasi religioso se tratase. Eso sí, quien osara ponerlo en cuestión, violando el pavoroso tabú, sufriría severas penas de vilipendio y descalificación.

Sin embargo, ni la democracia depende del grado de descentralización de un Estado, ni la multiplicación de administraciones guarda relación alguna con los derechos individuales, ni la autonomía puede constituir un «avance» o la devolución de competencias un «retroceso», si no se especifica hacia dónde se dirige un país. Y si de lo que se trataba era de acercar lo más posible la Administración al ciudadano, entonces la mejor estrategia hubiese sido traspasar las competencias… a los ayuntamientos.

Desde un punto de vista racional, a muy pocos ciudadanos preocupaba qué Administración proporcionaba un servicio, mientras éste se prestase eficazmente. Sin embargo, para los políticos este siempre fue un asunto crucial, como si enormes intereses anduviesen en juego. Nunca plantearon una discusión valiente y sensata sobre los pros y los contras de la descentralización, ni sobre los criterios que debían regir para que la organización territorial funcionase eficientemente. Se dedicaron a repetir consignas, a extender sofismas ideológicos, a blandir agravios regionales o a agitar los más bajos instintos del público. Ocultaron que la descentralización podía haber aportado ciertas ventajas, pero, para ello, debía haberse realizado de manera bien diseñada y meditada, nunca improvisadamente, al albur de los intereses de oligarcas y caciques.

La teoría económica de mediados del siglo XX aportaba argumentos a favor de la descentralización. La prestación de ciertos servicios en el ámbito regional permitiría una mejor adaptación a las particularidades y preferencias locales, mientras la autonomía propiciaría un control más cercano y directo de los votantes sobre los gobernantes y fomentaría una sana competencia entre administraciones regionales para atraer ciudadanos de otras zonas. Todo ello desembocaría en una gestión más eficiente, unos impuestos más bajos y un Estado más pequeño y eficaz.

Sin embargo, la experiencia de muchos países en las últimas décadas del siglo XX reveló que la descentralización podía generar resultados indeseados: más corrupción, gran ineficiencia, administraciones hipertrofiadas y enormemente intervencionistas, tendencia a déficits abusivos y, en ciertas condiciones, menor crecimiento. Y, tal como se observó con nitidez en España, la indisciplina presupuestaria se exacerbaba cuando los ingresos de las regiones dependían de las transferencias del Centro, pues ello permitía gastar a manos llenas sin tomar la impopular medida de elevar la presión fiscal en el territorio. Era evidente: las Autonomías tendían al despilfarro, todavía más que el Gobierno central.

Los hechos mostraban que la descentralización aportaba ciertos beneficios si contaba con un adecuado diseño que favoreciese el equilibrio de poderes, generase incentivos correctos entre los gestores y estableciese eficaces mecanismos de control sobre los gobernantes. Sin embargo, si el planteamiento era incorrecto o el sistema no gozaba de un apropiado juego de contrapoderes, la descentralización agravaba extraordinariamente los problemas, generando más ineficiencia, despilfarro y corrupción.

El proceso autonómico español estuvo marcado por la improvisación, el apaño, la componenda y la falta de visión de futuro. Fue pintoresca la ocurrencia de dejarlo abierto, al albur de los intereses de los gobernantes y de la correlación de fuerzas parlamentarias. Por ello, los traspasos de competencias no siguieron un criterio racional de eficacia en la prestación del servicio, sino una regla de mera conveniencia política. Una moneda con la que un partido compraba a otro ciertos apoyos coyunturales.

Pasaban los años y el proceso autonómico nunca acababa de mostrar sus bondades: cuantas más competencias iban asumiendo las Autonomías, mayor insatisfacción se generaba en éstas y más reivindicaciones de otras nuevas aparecían. Cualquier observador externo hubiera pensado que, en lugar de un remedio para los males, el proceso autonómico se asemejaba a esas drogas adictivas que requieren, a la larga, un aumento constante de la dosis.

Además, los Gobiernos regionales evitaban con mayor facilidad los controles democráticos: mantenían una relación demasiado cercana con la judicatura, ejercían una enorme y malsana influencia sobre los medios de comunicación locales, más frágiles y dependientes de las concesiones o subvenciones, y se encontraban sometidos a una menor presión de los votantes, que tendían a atribuir las responsabilidades preferentemente al Gobierno nacional. Si se añade el hecho de que, en un espacio más pequeño, existen más interacciones entre los agentes privados y los políticos, no resultaba extraño que la política autonómica fuese todavía más corrupta que la política nacional. Para colmo de males, los Gobiernos autonómicos entorpecían la necesaria competencia entre regiones, estableciendo toda suerte de trabas, regulaciones o intervenciones administrativas que, además de perjudicar gravemente el crecimiento en su territorio, llegaban a poner en peligro la propia unidad de mercado interior.

Nunca se beneficiaron los ciudadanos de unos servicios más baratos y eficientes, pero los partidos observaron que los traspasos multiplicaban por 17 los cargos a repartir entre sus miembros, mientras se instauraba en buena parte de las Autonomías un sistema de favoritismo, privilegio, clientelismo y sumisión al poder; una nueva tiranía que permitía, en algunos lugares, la promulgación de normas que violaban flagrantemente los derechos individuales. Finalmente, el proceso autonómico ni siquiera logró su objetivo primigenio de integrar en el marco constitucional a los movimientos disgregadores. Su efecto fue justo el contrario.

Las Autonomías generaron nuevas estructuras caciquiles, comparables a las de la Restauración del siglo XIX. Con una diferencia, los caciques tradicionales compraban el voto con su propio dinero, mientras que los caciques autonómicos lo hacían con el Presupuesto: con el dinero de todos los contribuyentes. Y sus políticas tuvieron, en general, un carácter muy intervencionista, con efectos muy negativos para la economía de su región.

Era explicable la insatisfacción permanente de los Gobiernos autonómicos con las competencias que manejaban, pues la Autonomía iba creando una casta política regional, una burocracia y unos grupos de presión que vivían del presupuesto público, cuyo mantenimiento requería cada vez más gasto, más presupuesto, más competencias y nuevas estructuras donde colocar a los partidarios. No era sorprendente, por ello, que el enorme entusiasmo de estos grupos privilegiados ante la ampliación de los Estatutos de Autonomía contrastase con la manifiesta indiferencia de la mayor parte de la ciudadanía.

Pero nada dura eternamente. La crisis económica fue un tremendo revulsivo que propició la rotura de disparatados tabúes y el triunfo de la razón sobre el oscurantismo. El debate autonómico salió del terreno de los dogmas y los impulsos primarios y se introdujo, por fin, en el de la racionalidad y el sentido común.

Es imprescindible establecer un sistema con reglas perfectamente definidas, que fije de forma clara e inequívoca las competencias que corresponden a la Administración central y las que corresponden a las autonómicas, asignándolas con un criterio de eficacia y ahorro en la prestación de los servicios, no de conveniencia política. Es necesario un régimen de disciplina y responsabilidad fiscal de las Autonomías, un sistema que garantice el necesario control sobre los gobernantes, y un Gobierno nacional fuerte, capaz de imponer un control del gasto a las regiones. Y la descentralización debe preservar siempre la unidad de mercado y la libre movilidad de mercancías y personas dentro del territorio nacional, sin que se pueda admitir traba o barrera de ningún tipo. Sin estas condiciones, la descentralización autonómica tenderá a causar muchos más perjuicios que beneficios.

Ya es hora de que los beneficiarios del proceso autonómico sean los ciudadanos y no, como hasta ahora, los partidos, los caciques regionales y los grupos de intereses que se encuentran a su alrededor.

CAPÍTULO 48

Autonomía para despilfarrar

El 18 de julio de 2012, el diario norteamericano The New York Times publicaba un artículo titulado «España, un símbolo de la ruina dentro de un aeropuerto a ninguna parte», acerca del controvertido aeródromo de Castellón. El texto decía:

En lugar de correr por la pista, el único avión existente, una réplica de aluminio, fue colocado en la parte superior de una estatua gigantesca a la entrada del aeropuerto. Otra vuelta de tuerca en la historia de ese proyecto de 183 millones de dólares, que es un símbolo del despilfarro que ha sumido a España en la recesión y la crisis bancaria. La estatua, de 79 pies de altura y presupuestada en 375.000 dólares, fue erigida en homenaje a Carlos Fabra, el eterno presidente de la Diputación de Castellón y auténtica fuerza viva detrás de ese proyecto. La escultura […] es obra de Juan Ripollés, que la bautizó con el título de El hombre avión. El señor Ripollés dice ahora que se gastó 155.000 dólares de su propio bolsillo para completar un trabajo que, según aseguró, acabó costando unos 600.000 dólares. Aun cuando el aeropuerto no ha logrado atraer un solo vuelo, el señor Fabra sigue defendiendo firmemente el proyecto. El sábado, Fabra volvió a definir el aeropuerto como una herramienta necesaria para el desarrollo de su provincia. Castellón se encuentra en la Comunidad Valenciana, una región que debe 25.000 millones de dólares y emite una deuda que ha sido degradada recientemente al nivel de bono basura. Como parte de la burbuja de la construcción, en España se multiplicaron los aeropuertos, autovías y líneas férreas, generalmente por la presión de unos políticos regionales. Muchas de las autovías recientemente construidas están desiertas y sólo una quinta parte de los aeropuertos españoles son rentables.

A pocos llaman ya la atención estas noticias que hablan del enorme crecimiento del gasto en las Autonomías y de la espectacular expansión de la Administración regional en los últimos años. No sólo se creó una multitud de nuevos departamentos y servicios, sino también una lista interminable de empresas públicas autonómicas, que colocaban a numerosísimos militantes de los partidos e intentaban enmascarar contablemente la enorme deuda resultante. Sin embargo, el interrogante siempre quedó en el aire: ¿por qué las Comunidades Autónomas se muestran tan proclives a este despilfarro extremo?

Resulta bien conocida la tendencia de los gobiernos democráticos hacia el déficit estructural y la deuda, en la medida en que los políticos profesionales sienten la tentación de obtener popularidad y votos gastando a manos llenas. No es lo mismo pagar del propio bolsillo que «disparar con pólvora del rey». De ahí la lógica inclinación de los dirigentes a extender hasta el límite los beneficios «sociales», a prestar «gratis» infinidad de servicios o a conceder graciosamente amplias subvenciones para ganarse el aplauso y la aprobación del público. Para contrarrestar esta inclinación, las democracias consolidadas se dotan de unos mecanismos de contrapeso, unos controles mutuos entre los diversos poderes del Estado para evitar el abuso. Los presidentes de Estados Unidos también suelen sentir una fuerte tentación a expandir el Presupuesto, pero el Congreso y el Senado no lo ponen nada fácil, actuando como un freno. Y allí no existe la disciplina de voto: si los representantes consideran inoportuno el crecimiento del gasto, nadie puede obligarles a aprobarlo.

En España no existe ese control parlamentario, pues los diputados se limitan a votar lo que les ordenan. Y el derroche obedece también a otros motivos adicionales menos confesables. A veces se trata simplemente de crear puestos para colocar a militantes, simpatizantes y amigos, expandiendo exponencialmente la Administración y las empresas públicas. En otras ocasiones, el objetivo consiste en conseguir para el partido las comisiones ilegales que se cobran por la adjudicación de costosas, y muchas veces inútiles, infraestructuras. Como la financiación de tan enorme gasto con nuevos impuestos resulta impopular, los políticos prefieren el déficit y la deuda, con el mensaje implícito de que ya pagará quien venga detrás.

A pesar de todo, existen ciertos mecanismos de disciplina fiscal que, aun siendo débiles, afectan a los Gobiernos nacionales. En primer lugar, los mercados financieros acaban castigando el déficit estructural y la acumulación de deuda con una elevada prima de riesgo que encarece notablemente la nueva financiación. En segundo, los votantes pueden anticipar que mayor déficit hoy puede significar más impuestos en un mañana no muy lejano y actuar contra los partidos gastadores. Con todo, estos elementos correctores actúan con cierto retardo, obligando a ajustes presupuestarios muy drásticos en los momentos más dolorosos, tal como ha experimentado España.

Pero estos mecanismos, aun con eficacia limitada, ni siquiera existen en el caso de las Comunidades Autónomas. Debido a que buena parte de la financiación regional proviene de transferencias del Gobierno central, el grueso de los ingresos de las Autonomías depende muy poco de sus propias decisiones fiscales. Por ello, la correlación entre impuestos recaudados en la región e ingresos totales del Gobierno autonómico resulta finalmente débil, acabando de romper el ya endeble nexo entre gasto público y presión fiscal. Los votantes regionales ya ni siquiera asocian un colosal dispendio con una elevación de los impuestos autonómicos en el futuro, pues todas las regiones esperan obtener más ingresos en un proceso de negociación con el Estado, plagado de apaños y componendas.

Los Gobiernos regionales suelen ser reacios a aplicar aquellas políticas favorecedoras del crecimiento económico, ya que el sistema de financiación a través de transferencias del Centro también rompe el nexo entre crecimiento económico de la región y mayores ingresos fiscales. Los políticos autonómicos perciben que las arcas regionales se benefician poco de la recaudación adicional generada por el crecimiento. Al fin y al cabo, buena parte de estos nuevos ingresos irán al Estado, que los repartirá según el poder de negociación de cada territorio.

Por el contrario, la estrategia entorpecedora de la competencia, consistente en otorgar privilegios a ciertos grupos de presión locales a cambio de su apoyo electoral, causa poco perjuicio a la recaudación autonómica. De este modo, las Autonomías fueron creando enormes redes clientelares, dirigidas por unos caciques de nuevo cuño, que necesitaban constantemente ser alimentadas.

Además, la fundada creencia de que el Estado respondería por las Comunidades Autónomas en caso de suspensión de pagos, alentó todavía más el gasto descontrolado y la gestión dudosa de los recursos públicos. Es el fenómeno conocido como «riesgo moral», un incentivo perverso que lleva a los políticos a asumir más riesgos cuando saben que alguien respaldará su falta de prudencia: «Nosotros a gastar a manos llenas. Si por cualquier eventualidad no podemos pagar, ya asumirá Madrid las facturas».

Por otro lado, y en contra de lo que pudiera parecer a primera vista, el control de los votantes es menos eficaz a nivel regional que en el contexto nacional. La existencia de varios niveles de administración hace difícil a los electores atribuir la responsabilidad o los méritos a una Administración o a otra, algo que aprovechan algunos jugadores de ventaja. Basta recordar a muchos responsables autonómicos intentando desviar su responsabilidad, argumentando que los recursos que destina el Estado a su Comunidad Autónoma son insuficientes, que existe una «deuda histórica» o que el sistema expolia a su región, amén de otras excusas de mal pagador. La propaganda representa aquí un papel tan destacado que, por muy desesperada que sea la situación, ningún Gobierno regional se plantea el cierre definitivo de las ruinosas televisiones autonómicas.

Se ha barajado la supervisión directa de los presupuestos autonómicos por parte del Gobierno nacional como uno de los remedios a todo este despilfarro. Siempre viene bien que alguien controle, pero, en España, la opción no resulta del todo fiable por la comprobada inclinación patria a apaños y componendas. Al fin y al cabo, ¿quién vigila al vigilante? Las Comunidades Autónomas deberían mantener obligatoriamente un presupuesto estructural equilibrado con ajuste automático de los tipos impositivos del tramo autonómico del IRPF o del IVA cuando exista desviación de este objetivo. Así, cualquier dispendio adicional deliberado se trasladaría de forma directa e inmediata al bolsillo del votante, que debería actuar en consecuencia.

Aunque, a la larga, la solución deba pasar por una profunda remodelación del caótico sistema autonómico, reasignando convenientemente las competencias, existen pocas medidas tan sanas para las finanzas públicas como la toma de conciencia ciudadana de que ningún político, ni siquiera autonómico, provee servicios de mañera gratuita. Todo lo contrario: más bien gasta el dinero de todos en su propio beneficio.

CAPÍTULO 49

La manipulación nacionalista: el caso catalán

En el año 2012, acuciado por la crisis económica, un enorme déficit, una aplastante deuda pública y numerosos casos de corrupción en su partido, Artur Mas decide dar rienda suelta al fantasma secesionista que siempre anduvo rondando los alrededores del Palacio de la Generalitat y plantea de manera abierta su plan independentista para Cataluña. La campaña preparatoria había estado precedida de una repetición machacona, coreada como un solo hombre por toda la prensa catalana controlada, de un argumento dirigido no al raciocinio de las personas, sino a sus vísceras. Todos los males económicos de los catalanes tenían una sola causa: España les robaba.

La ambigüedad, la manipulación del lenguaje, el retorcimiento y la falta de claridad no faltaban en el discurso de Mas, tal como era costumbre en España desde la Transición política. En lugar de «independencia» las expresiones utilizadas eran «derecho a decidir» o que el pueblo catalán es un «sujeto político y jurídico soberano», mientras se prometía un futuro de ensueño, con riqueza y sin desempleo, una vez liberados de los malvados españoles.

Esta creciente deriva independentista suscitó debates y propuestas fuera de Cataluña bastante inapropiados para resolver el problema. Para algunos, un nuevo pacto fiscal, otra organización territorial o una postura clara de la Unión Europea podrían acallar esas sonoras voces que, denunciando agravios, afrentas y ultrajes, exigían la separación. Craso error; aunque los líderes mantenían una postura interesada, los impulsos secesionistas trasmitidos a la población no respondían ya a un cálculo racional, sino a una potente marea emocional que, paradójicamente, crecía como consecuencia de una recesión económica. ¿Cuáles son los fundamentos psicológicos de ese nacionalismo radical?

La potenciación de la identidad y la autoconfianza son el mecanismo psicológico que alimenta este tipo de nacionalismo. El ser humano tiende a mostrar inseguridad con respecto a su identidad, cualidades, valores o la propia autoestima, algo que se acrecienta en momentos de crisis económica. Identificarse fuertemente con una nación, sea esta real o imaginada, lleva al sujeto a atribuirse todas las supuestas cualidades y virtudes de una idealizada colectividad y a establecer unos potentes lazos emocionales con sus símbolos. Este nacionalismo necesita, además, crear un enemigo contra el que definirse, pues la sobrevaloración de las propias virtudes requiere la atribución de los vicios y defectos a los «otros». Así, se forja un relato, siempre exagerado o falso, repleto de tópicos, en el que se traspasa al rival los males y, sobre todo, la culpa.

Este impulso nacionalista ejerce un enorme atractivo, ya que permite aliviar esos conflictos interiores, contradicciones e inseguridades que aquejan a todo ser humano, proyectándolos hacia el «enemigo». Proporciona una sencilla vía para sentirse, sin esfuerzo, justo, cabal y repleto de razón; para considerarse una víctima, disfrutando de una enorme superioridad moral y del derecho a un trato de favor. El peligro consiste en que, lanzando al exterior las miserias humanas, el nacionalismo sustituye el conflicto psicológico interior por otro político y social de mucha mayor gravedad, que puede llevarse por delante la convivencia.

Todo esto explica que un mundo cada vez más complejo, cambiante y globalizado haya sido testigo de un fuerte resurgimiento de estos impulsos nacionalistas en muchos lugares del orbe. Los cambios rápidos y profundos implican un riesgo para la identidad y empujan a muchas personas a refugiarse en el grupo, en la tribu, como una forma de lidiar con la confusión y la inseguridad del mundo exterior. Naturalmente, ciertas elites y oligarquías poderosas pueden agitar estos malsanos impulsos de la población en beneficio propio, si cuentan con el dominio de los medios de comunicación y controlan la educación.

Pero el nacionalismo catalán posee una peculiaridad adicional. Al contrario que en otras partes, no dispone de diferencias de raza, religión u origen étnico para separar con nitidez «nosotros» de «ellos». Y el idioma tampoco es un criterio definitivo, pues muchos catalanes tienen como lengua materna el castellano. Las similitudes con el enemigo, los españoles, son mucho más abundantes que las diferencias. Solución: la ideología, ser nacionalista o no serlo, se convierte en uno de los criterios fundamentales de distinción y clasificación. Así, dentro de ese imaginario, los no nacionalistas serían considerados catalanes tan sólo a medias.

Esta buscada confusión de la identidad catalana con una ideología política estaría en la misma base de muchos equívocos y malos entendidos. Explicaría las misteriosas afrentas a Cataluña, que sólo ven los nacionalistas. Aquello que desde un punto de vista racional no es más que una mera crítica política, es sentido por los independentistas como un ataque a Cataluña, pues, para ellos, la ideología nacionalista no es una forma de pensar, sino un rasgo distintivo de su identidad nacional. También explicaría que muchos inmigrantes adopten ese imaginario como un intento de ser aceptados en el grupo.

Naturalmente, el conflicto no surgió espontáneamente, sino que fue espoleado desde el poder por esas oligarquías caciquiles, corruptas y sin escrúpulos, que encuentran su piedra filosofal azuzando las emociones del público y canalizándolas hacia sus intereses. Décadas de siembra en el sistema educativo, más la incesante propaganda de unos medios completamente controlados por el poder, producen finalmente los resultados apetecidos: una parte de los ciudadanos repitiendo consignas como si fuesen clones. Sin embargo, una vez desencadenado ese sentimiento, el proceso se vuelve autónomo, muy difícil de controlar.

Toda la clase política, y no sólo la secesionista, es muy responsable del peligroso odio sembrado. La Constitución del 78 no fue un intento de crear unas reglas del juego claras y eficaces, sino un enjuague para dar satisfacción a los intereses particulares de todos los partidos políticos a costa del ciudadano. Implicaba conceder a los partidos nacionalistas todo lo que pidieran y darles manga ancha para actuar en su Comunidad Autónoma según su voluntad, sin interferencias ni frenos. Nadie fue consciente, o no quiso serlo, de que la cesión absoluta, incluso concediendo una de las autonomías más amplias del mundo, resultaba contraproducente. Ni de que un marco político como el español, donde los poderosos se saltan las leyes a la torera, constituye un caldo de cultivo óptimo para estos movimientos, muy poco respetuosos de las normas.

Como los nudos gordianos, sobrellevar el problema nacionalista quizá requiera enfoques imaginativos. Aceptar que no se trata sólo de un conflicto de intereses, aunque quienes lo alientan desde el poder busquen el beneficio propio. Que constituye un error caer en la dinámica nacionalista de «ellos y nosotros», acometer discusiones estridentes, lanzar acusaciones indiscriminadas sobre cuestiones de dinero o alentar absurdos boicots comerciales, que perjudican a muchas familias y sólo logran exacerbar todavía más las emociones. Tampoco será Bruselas quien resuelva el contencioso.

Son los catalanes no nacionalistas quienes, a través de un mayor protagonismo y presencia política, pueden contener esa peligrosa deriva. Estos ciudadanos han resistido la fuerza de la corriente y, a pesar de la presión política y social, desean mantener también su condición de españoles. Son ellos los verdaderos héroes en esa tragicomedia. Han sido abandonados a su suerte por el Estado durante muchos años, mientras sus derechos eran conculcados. Saben que el sistema político español deja mucho que desear, con toda su partitocracia, caciquismo y corrupción, pero también son conscientes de que una Cataluña independiente, gobernada por la casta política actual, sería un lugar tan corrupto y arbitrario como ahora pero todavía más asfixiante para el que desee vivir en libertad. Tienen la posibilidad, y quizá el deber, de convencer a sus conciudadanos de los enormes costes que conlleva tan arriesgado proceso y de las ventajas de mantener la autonomía. Son ellos quienes merecen todo el apoyo y comprensión.

No sirve de nada realizar cambios, o aceptar concesiones, creyendo que los secesionistas quedarán conformes: nunca ha resultado ni resultará. Se trata de reformar el sistema para que la inmensa mayoría de los españoles, catalanes o no, se encuentren bien representados y puedan confiar en sus instituciones. Una emoción negativa sólo puede contrarrestarse con la razón y con fuertes dosis de ilusión: construir una nueva España política de la que todos puedan sentirse orgullosos.

CAPÍTULO 50

Más de 100.000 leyes, autonómicas

El 15 de diciembre de 2010 el Diario Oficial de Extremadura publicaba la llamada «Ley de Responsabilidad Social Empresarial», creando el «certificado de empresa socialmente responsable», que sería expedido por un organismo autonómico creado a tal afecto. ¿Para qué servía este certificado? Las empresas que tuviesen la suerte de conseguirlo podrían obtener beneficios fiscales y un trato preferente en la obtención de subvenciones y en la adjudicación de contratos con la Administración autonómica. No era desde luego un magro privilegio.

Para obtener el documento las empresas debían, además de pagar las correspondientes tasas, cumplir una serie de complejos requisitos, aunque, como era de prever, la decisión final quedaba a criterio del político correspondiente. Para mayor complicación, los certificados debían renovarse cada dos años, pasando de nuevo las empresas por caja y por el filtro de los burócratas. Y, para colmo de males, los empresarios que quisieran operar en todo el territorio nacional verían multiplicadas las dificultades, pues los criterios para la obtención de estos certificados en Extremadura no coincidían ni eran coherentes con los que exigía alguna otra Comunidad Autónoma, que había implantado un sistema de certificación paralelo. Todo un universo de gastos, papeleos, complicaciones y trabas a la actividad económica y a la creación de empleo.

Hay quien criticó fuertemente la ley, calificándola como una simple extravagancia. Sin embargo, las normas de este tipo no son precisamente excepcionales. Un vistazo a las legislaciones autonómicas permite comprobar que están repletas de decenas de miles de regulaciones igualmente absurdas, o todavía más.

A pesar de que en España se utiliza con mucha frecuencia la expresión «existe un vacío legal», la probabilidad de encontrar un ámbito insuficientemente legislado o regulado resulta absolutamente remota. Aunque la productividad cayó durante muchos años en España, este fenómeno no pareció afectar a los parlamentos de las Comunidades Autónomas, que batieron todos los récords en cuanto a número de leyes aprobadas. Desde su aparición hace 30 años, las administraciones autonómicas promulgaron más de 100.000 leyes, normas y regulaciones, sumamente complejas, incoherentes y contradictorias. Ocupaban más de 700.000 páginas de enrevesados boletines oficiales. Alguien capaz de leer 100 páginas diarias de estos farragosos y aburridos textos necesitaría para conocer todas las normas… unos 20 años. ¿A qué podría deberse esta fantástica hiperactividad legislativa?

Hay quien interpretó este exceso de leyes, casi todas innecesarias o contraproducentes, como una excusa de las Comunidades Autónomas para establecer cada vez más organismos y crear nuevos puestos donde colocar a los miembros del partido a costa del contribuyente. Al fin y al cabo, la oficina extremeña encargada de los «certificados de empresa socialmente responsable» generaría un puñado de altos cargos y varias decenas de puestos administrativos, pagados por dicho contribuyente.

Sin embargo, el objetivo de crear nueva burocracia no explicaba más que una parte del fenómeno. Muy extraño era que las grandes empresas regionales, un grupo aparentemente perjudicado, no sólo no se manifestaran en contra sino que, con mucha frecuencia, se mostraran favorables a esta maraña de absurdas normas. ¿Cómo podía explicarse algo así? Pronto se descubrió el motivo: existe una relación muy estrecha entre exceso de regulación, favoritismo, clientelismo y corrupción.

A pesar de que los políticos siempre presentan las complejas leyes como iniciativas en favor del ciudadano, buena parte de las regulaciones no tienen otro objetivo que el de restringir la competencia, expulsando a algunas empresas del mercado. Así, las que permanecen pueden obtener beneficios adicionales a costa de otros productores rivales y de los consumidores. Con estas normas, los gobernantes impiden de manera deliberada la entrada a otros potenciales competidores, de modo que las pocas empresas que pueden establecerse (comiencen ciertas actividades económicas, accedan a una licitación pública o consigan una recalificación del suelo) pueden vender a unos precios muy superiores y, con ello, obtener unas rentas no competitivas que compartirán con los políticos.

Las contraprestaciones de estas empresas a los dirigentes políticos pueden oscilar entre sufragar gastos para la campaña electoral, pagar oportunamente comisiones al partido, colocar a familiares o garantizar un puesto de consejero en la empresa al gobernante cuando se retire de la política. Se crea, de este modo, una connivencia estable entre ciertos sectores empresariales y políticos a través de un intercambio de favores. El proceso por el cual algunas empresas o grupos de presión se alían con el poder político para conseguir un entorno normativo favorable se conoce como «búsqueda de rentas no competitivas».

El exceso de normas es el caldo de cultivo en el que crece y se reproduce la corrupción, pues la consecuente complejidad del sistema regulatorio y la imposibilidad de cumplir todas las normas favorecen la discrecionalidad en las decisiones públicas, condición necesaria para el comportamiento corrupto. Así, las autoridades pueden, en la práctica, decidir libremente a quiénes otorgan el privilegio mientras, en apariencia, cumplen las reglas. A la hora de conceder una licencia, un permiso para operar en un sector o una contrata pública, la Administración encontrará en todos los casos alguna argucia legal para otorgar el favor o privilegio a los «amigos», pues siempre es posible señalar alguna norma que no cumplen las empresas o particulares que deben ser excluidos. En realidad, son los gobernantes corruptos quienes establecen deliberadamente buena parte de estas complejas trabas y contradictorias normas con el fin de crear nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito.

Estas retorcidas regulaciones, dirigidas a favorecer a algunas empresas con respecto a otras, pueden actuar por varias vías. En su vertiente más sencilla, el regulador establece la necesidad de licencias para llevar a cabo la actividad y las otorga de manera más o menos discrecional como un privilegio a las empresas amigas. Pero también existen formas mucho más sutiles, que implican meramente un aumento de los costes para todas las empresas de un sector. Aunque pudiera parecer que estos costes adicionales perjudican a todos y cada uno de los productores, en la realidad se observa que algunas empresas grandes pueden permitirse este aumento mientras que otras, generalmente más pequeñas, se ven obligadas a cerrar su actividad y salir del mercado. Así, con menos competencia, las empresas que permanecen pueden cargar un precio más elevado y compensar, con creces, los costes adicionales que creó artificialmente la regulación. Una estrategia indirecta para restringir la competencia y favorecer a los amigos, en la que el consumidor paga el pato.

La situación en España es especialmente perversa, pues una empresa que quiera operar en todo el territorio nacional debe solicitar permisos a varias administraciones diferentes. Como todas las licencias resultan necesarias, el poder de negociación de cada Administración es enorme, pudiendo elevar la contraprestación de forma muy considerable. Por ello, el sistema acaba imponiendo enormes costes a las empresas y estableciendo trabas a la innovación, a la competencia y al mercado único interior.

En definitiva, la fiebre legislativa y reguladora de las Comunidades Autónomas respondió mayoritariamente a acuerdos tácitos entre políticos regionales y algunas empresas para repartirse el pastel en perjuicio de otros empresarios, de los consumidores y de los contribuyentes. Hay motivos sobrados para derogar la mayoría de ese torrente de leyes autonómicas, pues dañan gravemente la economía nacional, impiden la creación de empleo y deterioran seriamente la seguridad jurídica. En realidad, un país no necesita cientos de miles de normas, imposibles de conocer o de cumplir, sino pocas leyes, claras, justas y equitativas.

NOVENA PARTE

La Monarquía juancarlista

CAPÍTULO 51

Un Rey muy poco ejemplar

«En pocos años sólo quedarán en el mundo
cinco reyes; los cuatro de la baraja
y el de Inglaterra».

Rey Faruk I de Egipto, tras ser derrocado en 1952

El 26 de junio de 1997 una curiosa información llegaba a los principales medios de comunicación. María García García, ciudadana española de profesión actriz, había denunciado ante la policía un robo en su domicilio. Según su declaración, los ladrones se llevaron tres cintas magnetofónicas, cinco de vídeo y 20 diapositivas que contenían escenas y conversaciones presuntamente comprometedoras para «una persona importante». La denunciante sospechaba que el robo podía haber sido ordenado por Manuel Prado y Colón de Carvajal, ya que esta persona había contactado con ella interesándose por los citados documentos y la había presionado repetidamente. También había intentado implicarla en un negocio turbio para poder chantajearla posteriormente. Esta actriz, cuyo nombre artístico era Bárbara Rey, señalaba que ante todo quería salvaguardar el nombre de la persona con quien mantuvo relaciones, añadiendo que había recibido amenazas de muerte contra ella y sus dos hijos.

La propia denunciante declaró posteriormente su sospecha de que el robo hubiera sido perpetrado por los servicios secretos españoles, pues ya había sido objeto de otros intentos de sustracción de documentos y había detectado varios micrófonos ocultos en su domicilio. Señaló también que alguien había hecho desaparecer una denuncia anterior, presentada ante la policía.

Pero el asunto no era nuevo para los periodistas. En la primavera de 1996, alguien envió anónimamente a todos los medios de comunicación españoles las fotocopias de un documento en el que se describía con detalle una relación de varios años entre el rey Juan Carlos y Bárbara Rey, señalando además que la actriz estaba intentado chantajear a Su Majestad a través de un vídeo y unas fotos tomadas en situaciones comprometidas. Según esta información, Bárbara solicitaba 400 millones a cambio de no revelar el material gráfico, consiguiendo finalmente un contrato multimillonario en Televisión.

Aunque la Constitución Española y las leyes presenten a un monarca sin capacidades ejecutivas, que debe limitarse a servir como moderador de las instituciones, a actuar como garante de la continuidad de la nación y a ejercer como más alto representante del Estado, la anterior historia, y muchas otras que podrían llenar una enciclopedia, muestran un rey con enorme capacidad de influencia sobre los servicios secretos o la televisión pública, no precisamente en bien de la nación. Esto lleva a muchos a preguntarse si tiene sentido hoy día la Monarquía hereditaria y a cuestionar su continuidad.

Frente a las acusaciones de arcaica, anacrónica o injusta, los partidarios de la Monarquía constitucional siempre han aducido argumentos que suenan, en principio, bastante razonables. Un jefe de Estado alejado de la lucha política gozaría de una más amplia aceptación que un presidente electo, perteneciente a uno de los partidos. Poseería una mayor capacidad para ejercer de árbitro y moderador del sistema, ejerciendo como contrapoder del Gobierno en casos extremos. Desempeñaría las funciones de representación de la nación, permitiendo al Gobierno concentrarse en las tareas más técnicas de gestión. Y, desde el punto de vista simbólico, la Monarquía hereditaria constituiría un emblema permanente de unidad y continuidad de la nación sobre el carácter efímero de los políticos electos.

Sin embargo, pocos reconocen que el principal atractivo de la Corona, y el fundamento básico de la convicción monárquica, no es racional, sino básicamente emocional. En 1867, el ensayista inglés Walter Bagehot señalaba:

En un régimen monárquico, la atención de la nación se concentra en una persona cuyas acciones resultan atractivas. En una república, esa atención se divide entre muchos personajes, que realizan actos bastante insulsos. Por ello, debido a la fortaleza del corazón y la debilidad de la razón, la robustez de la Monarquía estriba en su apelación a los sentimientos, mientras que la endeblez de la república se debe a su llamada al entendimiento.

La mística de la Monarquía y su estrecho vínculo con el imaginario alcanzan su culmen en la desmesurada expectación y el desbordado entusiasmo que suscitan las fastuosas bodas de príncipes y princesas.

Este componente sentimental, que es imprescindible para comprender y analizar con precisión los acontecimientos relativos a la Corona, puede conferir cierta solidez, pero también es causa, a la larga, de una palpable fragilidad. La impetuosa fuerza de las emociones resulta mucho más inestable que los fundamentos racionales, especialmente en los tiempos que corren. Lejos de la imagen idealizada y lejana del monarca, predominante en la victoriana era de Bagehot, la moderna sociedad de la información permite a todos los ciudadanos acceder permanentemente a informaciones e imágenes del Rey. Pueden escuchar su discurso, apreciar sus cualidades y virtudes, pero también esos defectos, dejaciones, debilidades, aprovechamientos, egoísmos y miserias consustanciales a la naturaleza humana, y, con ello, tornar fácilmente la fascinación en un impulsivo rechazo.

Con un sistema constitucional que eliminó las capacidades ejecutivas del monarca, el mantenimiento del imaginario y la aceptación del público requieren cualidades excepcionales, entrega y comportamiento ejemplar. Desaparecida la potestas, el soberano necesita una enorme auctoritas para retener sólidamente su posición. Y, no estando la Monarquía sujeta al sufragio ni a un proceso de selección por méritos, debe necesariamente someterse a controles tales como un intenso escrutinio de la opinión pública y una vigilancia estrecha del Gobierno.

Ninguna de estas condiciones necesarias para el funcionamiento satisfactorio de la Monarquía se cumplió en España. No poseyendo Juan Carlos de Borbón cualidades extraordinarias, impulsar y garantizar un comportamiento ejemplar hubiese requerido unos eficaces incentivos y controles que nunca existieron. Durante muchos años, la prensa incumplió su obligación de ejercer una crítica constructiva sobre la Monarquía y de ofrecer una información veraz. Muchos pasajes recientes de nuestras hemerotecas relativos al rey encontrarían más sintonía con la forma en que la prensa franquista glosaba los discursos del Caudillo, que con el tono imperante en los países democráticos con libertad de prensa. Así, la crítica a la Corona y su análisis objetivo constituyeron hasta hace poco un tabú, un veto creado y alimentado por intereses ajenos a la ciudadanía.

Lo que probablemente comenzó como un ejercicio de mal entendida responsabilidad en un determinado momento histórico, acabaría desembocando en una obligación a medida que la prensa iba perdiendo su independencia del poder político. Debido a la dificultad para subsistir con los pagos de los lectores, los medios de comunicación privados fueron tejiendo una malsana red de relaciones clientelares con el poder político, que se plasmó en subvenciones, ingresos por publicidad institucional o concesiones, a cambio de una información favorable a los intereses de partidos o Gobiernos. El pacto tácito incluyó a la Corona, garantizando para ella una ausencia total de crítica y un silencio absoluto en torno a determinados aspectos. Como era de esperar, este acuerdo redundó a la larga en una importante merma de prestigio de todas las partes involucradas.

La prensa podía haber prestado un buen servicio a la Monarquía con una crítica constructiva y una información veraz en lugar de entregarse a la adulación más indigna y a la autocensura más extravagante, cuando no al embuste más burdo. Dado que la Monarquía no está sujeta al sufragio ni a un proceso de selección por méritos, necesariamente debe someterse al escrutinio de la opinión pública para garantizar las dos cualidades que le pueden otorgar alguna justificación: la sensatez y la ejemplaridad. Sin embargo, salvo honrosas excepciones, la mayor parte de los medios pareció confundir el respeto debido con la sumisión vergonzante, sin comprender que la ausencia de crítica y de control acaba corrompiendo cualquier institución. Incumpliendo su deber, la prensa no sólo perdió buena parte de su credibilidad, sino que prestó un flaco servicio a la Corona.

Dada la crucial relevancia de las formas y del estilo en la esfera de lo simbólico, en lugar de alabar como virtud una supuesta campechanía, quizá faltó quien, desde Gobierno o prensa, advirtiese al Rey que, ostentando la responsabilidad de representar a la nación, es necesario actuar con mayor grado de solemnidad; o, al menos, no tutear a los interlocutores, menos aún a las autoridades del Estado, increpar a los reporteros, ni proferir en público groserías o expresiones malsonantes. Que es necesario conducirse con rectitud, pues la gente tiende a pensar que difícilmente puede moderar y poner orden en las instituciones quien no es capaz de refrenar su conducta ni ordenar su propia casa. Y que ni el Rey ni su familia pueden involucrarse en negocios turbios, ni cobrar comisiones, aun cuando ésta sea la tónica general de la clase política: los demás dirigentes tienen un carácter transitorio, pero la Monarquía permanece.

Importantes diarios internacionales, como The New York Times, se preguntaron por el abultado e inexplicable patrimonio de Juan Carlos de Borbón, que ha sido calculado en unos 1.800 millones de euros. Algunos autores han señalado las diversas comisiones opacas, cobradas durante varias décadas, relativas a las importaciones españolas de petróleo, y a otros negocios como el origen principal de esta fortuna. Esto señalaría, en todo caso, una inusitada habilidad del monarca para afiliarse a Comisiones sin necesidad de hacerse sindicalista.

CAPÍTULO 52

«¡Si cae el Rey, caemos todos!»

La imagen televisada del Rey el 24 de diciembre de 2012 durante el tradicional mensaje de Navidad, manteniendo la verticalidad con la ayuda de un mueble escritorio, fue quizá la metáfora más reveladora de cómo el Régimen surgido de la Transición se resistía al cambio. Dicen que fue Mariano Rajoy quien, quizá inspirado en el epitafio épico del Cid, puso a Su Majestad en la incómoda tesitura de emular a su manera a aquel caudillo castellano, que, después de muerto, fue subido a lomos de su caballo para ganar una última batalla. Y que el destinatario del mensaje iconográfico no fue el pueblo llano, sino una parte del establishment, que vivía en aquellos días sus horas más bajas sumido en el desconcierto. A esta facción de hombres poderosos venidos a menos y no al común se habría dirigido el Rey con aquella simbólica puesta en escena que parecía clamar: «¡Yo soy la Monarquía, el pilar que sostiene este vuestro Régimen. Aquí me tenéis, milagrosamente en pie, dispuesto a ganar para vosotros una última batalla!». Y el mensaje, a falta de otra alternativa, surtió efecto.

Más allá de si el Rey subió por sí mismo a Babieca ese 24 de diciembre de 2012 o fueron las manos de terceros las que le ataron a la silla del caballo, la clave está en que, desde hacía ya un tiempo, el peso de la Monarquía no descansaba sobre las regias posaderas de Don Juan Carlos, sino sobre un incómodo abintestado. Es decir, por más que la sucesión estuviera formalmente asegurada, en esos tiempos turbulentos la Corona no podía hacer testamento porque estaba al albur de los acontecimientos… y de los juzgados. Por ello, pese a que meses antes, a la vista del deterioro imparable de la imagen del monarca, algún ilustre miembro del establishment había tarareado la melodía de la abdicación en favor de Don Felipe de Borbón, una vez reunidos todos en cónclave, nadie se atrevió a ponerle letra a la música. Y se decidió sostener al monarca ante el temor de que en su caída arrastrara consigo al Régimen y a todos sus beneficiarios.

Pero recurrir a la imagen de ese rey tambaleante, que precisaba de un mueble escritorio como punto de apoyo para mantenerse medio erguido, y, después, a un zafio lavado de imagen, evidenció claramente que nunca hubo un plan para salir de la crisis, o al menos algo parecido. Como tampoco hubo nunca intención de reformar el modelo político, ni siquiera existió la menor voluntad de reducir el tamaño de las administraciones públicas de forma significativa. De hecho, estando el Estado y sus cuentas en situación tan crítica, el rescate de bancos y cajas de ahorro y él salvamento de las Autonomías, mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), había costado a las arcas públicas 84.000 millones de euros, a los que añadieron al menos otros 23.000 millones en 2013. Un suma y sigue interminable.

Todo quedaba ya a expensas de que a finales de año, por obra y gracia de unos salarios cada vez más bajos, la solidez demostrada por el sector turístico y la buena marcha de las exportaciones, algunos datos macroeconómicos fueran por fin favorables. Y el Gobierno se aferraba a la idea de que en un futuro no muy lejano hubiera un punto de inflexión y, en consecuencia, el estado anímico de los ciudadanos mejorara sustancialmente, lo que revitalizaría las expectativas de voto de cara a 2015, que era lo de verdad importante. De hecho, ya se preparaba a la opinión pública para que valorara muy benignamente cualquier dato positivo, por insignificante que éste fuera. Sólo el repunte de la prima de riesgo podía aguarles la fiesta.

Con la vista puesta en esa playa, la orden dada desde las más altas instancias del Estado era bracear y mantenerse a flote a toda costa, lo cual implicaba encastillarse, es decir, mitigar el alcance de cualquier reforma que afectara a los intereses de la clase política, elevar el control sobre los tribunales a niveles inauditos, expulsar de los juzgados a la plebe, proteger a la gran banca, favorecer a las grandes compañías, cargar el esfuerzo fiscal sobre las clases medias y cerrar filas en torno al monarca. En definitiva, apretar los dientes y esperar a que escampara, lo cual llevaba aparejado aplazar la abdicación de Juan Carlos… al menos, hasta poner pie en tierra firme.

En el caso de que esta estrategia funcionara y saliéramos de la crisis sin haber hecho reformas imprescindibles, además de que en lo político España no sufriría transformaciones destacables, la concentración económica, lejos de ser combatida, se vería fortalecida. Y además de que el sector petrolero seguiría en manos de Repsol, Cepsa y BP (80% del mercado), el eléctrico al albur de Endesa, Iberdrola y Gas Natural (93% del mercado) y las telecomunicaciones en poder de Telefónica, Vodafone y Orange (85%), dos grandes grupos, como son Mediaset y Grupo Antena 3, pasarían a controlar la información de forma abrumadora. Y por encima de todos, en la cúspide, tres grandes bancos, Santander, BBVA y Caixa Bank, coparían el sector financiero, ejerciendo en la sombra un poder incontestable. Es decir, podría culminarse un proceso de concentración económica sin parangón en Europa. Un imparable acaparamiento de la riqueza que, desde la Transición hasta nuestros días, ha avanzado en paralelo a la concentración del poder político y a la sombra de una ausencia total de competencia. Oh, sí, técnicamente, con esa burda receta, podríamos salir circunstancialmente de la crisis, por supuesto, pero a costa de ser todos mucho más pobres por tiempo indefinido. Porque aún habría que digerir una deuda de la que nadie, más allá del ciudadano de a pie, se hacía cargo. Y aunque volviéramos a crear empleo, la clase media estaría condenada. En definitiva, una falsa salida de la crisis hacia la que el Rey y el Régimen al completo decidieron galopar enloquecidos a lomos de Babieca unas semanas antes de aquel revelador mensaje del 24 de diciembre de 2012.

CAPÍTULO 53

¿Por qué todos pagaban a Iñaki Urdangarin?

A finales de 2011, la investigación judicial del caso Palma Arena, un escándalo de corrupción que implicaba al presidente del Gobierno autonómico de las islas Baleares, Jaume Matas, iba a dar un giro inesperado. Durante unos registros, la policía halló unos extraños convenios que la Comunidad Autónoma había suscrito con el llamado Instituto Nóos, una entidad presidida por el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin. Al solicitar el expediente administrativo, los investigadores comprobaron que contenía numerosas irregularidades.

El Instituto Nóos era una entidad sin ánimo de lucro, dirigida por el propio Urdangarin y por su socio, Diego Torres, que había firmado numerosos convenios con Comunidades Autónomas y ayuntamientos sin pasar por el preceptivo concurso público. Saltaba a la vista que los presupuestos se encontraban enormemente inflados, imputando unos gastos absolutamente imposibles de justificar. Por ejemplo, el Instituto Nóos había organizado el «Illes Balears Forum», unas sesiones de trabajo sobre turismo y deporte en Palma de Mallorca, por un montante de 1.200.000 euros, cuando los expertos consideraban que el coste de un evento de esas características no podía superar los 300.000 euros.

El instituto dirigido por el duque de Palma también había recibido abultadas sumas de muchas entidades privadas por supuestos informes que, en realidad, no eran más que burdas copias de páginas encontradas en Internet y que no solían constar de más de 10 o 20 folios. Además, con el fin de desviar los fondos públicos y privados a sus propias cuentas, Urdangarin y su socio crearon presuntamente una red de empresas que facturaban al instituto, emitieron facturas que no reflejaban los verdaderos gastos e, incluso, aportaron muchos recibos falsos. Una de estas empresas pantalla era Aizoon S.L., cuya propiedad se repartían por mitades Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina. Según consta en documentos oficiales, la hija menor del Rey invirtió en esta empresa 1.500 euros y ganó la elevada suma de 571.000 euros.

A raíz del conocimiento público de los hechos, los medios de comunicación fijaron el foco sobre Iñaki Urdangarin, retratando a un personaje carente de escrúpulos, alguien capaz de utilizar cualquier resorte para enriquecerse sin reparar en el perjuicio ocasionado a la imagen de la Monarquía. Resulta bastante revelador el retrato psicológico de este tipo de sujetos, absolutamente ajenos a cualquier tipo de freno ético o moral, que aprovechan todas las oportunidades posibles para el enriquecimiento personal hasta unos límites que superan con creces la suma de dinero que en toda su vida pudieran gastar.

Sin embargo, lo más interesante de ese fascinante viaje de Urdangarin por los entresijos de la política española es haber retratado a su paso muchas prácticas habituales en la Administración y en aquellos ámbitos privados que actúan en connivencia con el poder. Y las imágenes componen un paisaje desolador, un panorama ignominioso en el que caben todas las irregularidades, miserias, indignidades y corruptelas posibles.

Muy significativo en el caso Urdangarin es el hecho de que sus contratos nunca disparasen las alarmas aun siendo reiterados, claramente superfluos, manifiestamente irregulares y notablemente inflados en costes. Y resultaba difícil imaginar cuál era la contraprestación del duque de Palma por estos abultadísimos pagos, ya que el personaje, al no ostentar cargo público alguno, no podía ofrecer nada concreto a cambio. ¿Qué vendía realmente Urdangarin?

Aunque los mecanismos de la corrupción suelen permanecer ocultos, se conocen bien ciertos rasgos de su modus operandi. Cuando la relación corrupta es esporádica e individual, suele existir una correspondencia bastante directa entre el pago y la gestión realizada, así como una idea muy clara sobre la naturaleza de lo intercambiado: un político concede un favor y solicita una determinada cantidad de dinero. Sin embargo, cuando la corrupción se generaliza, se organiza y surgen las tramas, las relaciones se vuelven más indirectas y sobreentendidas, en parte porque ya existen unos hábitos y unas reglas no escritas que todos los participantes deben conocer. Es ya habitual el pago por unos favores futuros, todavía sin concretar, o meramente por obtener una buena relación con el poder que podría resultar rentable más adelante. Aparece también la figura del intermediario, persona que teóricamente representa a una de las partes, aunque, dado lo opaco del negocio y la ambigüedad de su lenguaje y credenciales, en ocasiones se trata de un mero impostor.

Las presuntas andanzas del duque de Palma no llamaron la atención en su momento por desarrollarse en cierto ambiente empresarial, bien relacionado con el poder, donde las facturas infladas, las ventas a la Administración por un valor muy superior al precio de mercado o el pago de comisiones a destajo constituían la práctica habitual. Tampoco desentonaron en el marco de una Administración pública, especialmente autonómica y municipal, donde la trampa, el favoritismo, el abuso y el desafuero campaban por sus respetos. Una moderna recreación del Patio de Monipodio, lugar de reunión de maleantes magistralmente descrito por Cervantes. Urdangarin se limitó a mimetizarse en ese ambiente y a seguir la perversa corriente, al menos al principio.

Del relato de los hechos no es difícil concluir que las administraciones no tienen dificultad alguna para saltarse las normas, adjudicar los contratos a los amigos o pagar sobreprecios astronómicos. Este fenómeno tiene su explicación en el hecho de que, durante las últimas décadas, fueron desmontados uno a uno todos los controles y garantías sobre la actividad pública, favoreciendo la más absoluta arbitrariedad.

Por otro lado, era evidente que el yerno del Rey no podía ofrecer nada concreto a cambio de tan elevadas sumas. Sin embargo, habría jugado con la buscada ambigüedad que reina en esos ambientes sobre las credenciales de los intermediarios. Habría aprovechado el sobreentendido equívoco, dejando creer a los pagadores que estaban comprando futuros favores del Rey. En estos ambientes opacos no es infrecuente la existencia de algunos que parecen representar a otros cuando en realidad trabajan para sí mismos.

Resulta muy reveladora la actitud de esos pagadores, confiando de forma reiterada en que, por esa vía, podrían obtener en el futuro alguna ventaja o rentabilidad por parte de la Corona. Requiere mejor explicación el hecho de que, durante las últimas décadas, numerosos empresarios y financieros, por llamarlos de algún modo, persiguieran con tanto ahínco la compañía y el favor de la familia real o que costeasen a escote los yates de recreo utilizados por el monarca en sus vacaciones. ¿Qué tipo de contraprestación obtuvieron a cambio?

Al final, la caída de Urdangarin fue consecuencia no tanto de su proceder, tan común en nuestra política, como de su estilo. Olvidó, presuntamente, que incluso la picaresca tiene sus propias reglas y, a juzgar por sus burdos manejos, se diría que sobreestimó su impunidad intentando hacer las cosas a su modo. «Donde fueres, haz lo que vieres», reza un popular refrán, pero resulta prudente adaptar las formas a las propias capacidades, posibilidades y oportunidades. Al fin y al cabo, Rey sólo hay uno. El duque de Palma no reparó en que se introducía en una jungla cruel y despiadada en la que romper ciertas normas no escritas y actuar por libre conllevaba un grave peligro de acabar devorado. Ya lo advirtió el italiano Giulio Andreotti, gran maestro en estas lides: «manca finezza».

CAPÍTULO 54

¿Reinará Felipe de Borbón?

El 8 de marzo de 2013, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se veía obligada a responder a una curiosa pregunta en su acostumbrada rueda de prensa. Algún periodista había requerido información sobre la controvertida finca «La Angorrilla», cuya remodelación había costado una suma millonaria a Patrimonio Nacional. Dos piscinas, una de ellas cubierta, un garaje oculto con entrada directa a la casa y todo tipo de instalaciones de lujo eran algunas de las partidas de gasto. La respuesta de Soraya no pudo ser más evasiva:

Me he tenido que estudiar la normativa de Patrimonio Nacional, que es compleja. Hay bienes de la Jefatura del Estado de los que es normal que el Gobierno no tenga datos de lo que hace la Jefatura de Estado.

¿Qué tenía esa finca para desatar semejante interés? Situada en las cercanías del palacio de la Zarzuela, con un camino privado desde éste, La Angorrilla había sido, durante seis años, la residencia de la supuesta princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga más que entrañable del Rey. Sí, aquella que acompañó a Juan Carlos en su desgraciado viaje de caza a Botsuana, del que el monarca regresó con la cadera partida tras un trompazo, cojo pero no manco. Esa rubia de revista que, según ciertas noticias, habría participado en gestiones como representante oficiosa de España y cobrado sustanciosas comisiones a compartir con su cercano amigo.

La respuesta de la vicepresidenta constituía una nueva muestra de la falta de transparencia que reina, nunca mejor dicho, en España. Una notable decepción para una opinión pública fascinada por un asunto que reunía todos los elementos provocadores del morbo: lujo a raudales, visitas furtivas, o no tanto; un profundo bosque de encinas iluminado con la explosiva presencia de la bella y áurea Corinna, mostrando abiertamente sus trofeos de caza mayor, y una mansión, próxima a la Zarzuela, acondicionada como sede de algún organismo unipersonal, informal pero dotado de llamativas atribuciones.

Pero esta opacidad, esta reserva de información, no era resultado del capricho, sino un elemento fundamental de un Régimen cerrado y clientelar como el español, donde predominan el intercambio de favores y los privilegios, imperando la ley del embudo. Así, la frontera entre lo público y lo privado se difumina y, como resultado, los gobernantes o la Corona tienden a considerar intromisiones en la vida privada ciertas críticas bastante comunes en países mucho más abiertos. Buen ejemplo era precisamente el insólito estatus y los sorprendentes privilegios obtenidos, presuntamente, por la señora Sayn-Wittgenstein a costa del sufrido contribuyente español, que sobrepasaban con creces la estricta esfera privada para entrar en el terreno del abuso y la arbitrariedad real.

Pero el asunto Corinna es sólo uno de los muchos escándalos que han venido a empañar la, hasta ahora, falsamente impoluta imagen del monarca. Como consecuencia de todos los escándalos económicos, personales, familiares y sexuales, existen ciertos sectores políticos y mediáticos que apuntan la abdicación de Juan Carlos como solución a la profunda crisis de la Monarquía. Sin embargo, es poco probable que el ascenso al trono de Felipe de Borbón logre recuperar el malogrado crédito de la Corona ante un daño que no sólo afecta a la imagen personal del monarca, sino también al prestigio de la institución.

La cuestión de la legitimidad de la Monarquía se planteó de forma equívoca desde la Transición, cuando se vendió la institución monárquica dentro de un paquete inseparable de Rey y democracia. Así, la aceptación de Juan Carlos quedaba ligada a la idea de ser el hombre que había traído la democracia, mientras la propaganda oficial fomentaba un apego, no a la Monarquía como institución, sino a su titular. Pocos monárquicos pero muchos juancarlistas. El tifón se desencadenaría al abrir el paquete y comprobar que ninguno de los dos componentes cumplía las expectativas: ni la democracia alcanzaba el mínimo de calidad exigido, ni la Corona cumplía convenientemente sus funciones, y ambas se encontraban ya fuera de garantía. Las reclamaciones, al maestro armero.

A la larga, resultará imposible una abdicación en los términos que, según algunos han señalado, desearía Juan Carlos: retirada a cambio de buena imagen. Los tiempos cambiaron y no queda ya mago capaz de mantener la información incómoda encerrada en el cofre de las siete llaves, ni valiente que se atreva a manejar todas las palancas y resortes que pasan página.

Aunque España necesita un relevo urgente en la Jefatura del Estado, una abdicación lampedusiana, la del cambio sólo aparente, podría poner al heredero al trono a los pies de los caballos. El reinado de Juan Carlos ha menoscabado gravemente el prestigio de la Monarquía en un país que cree muy poco en derechos dinásticos. Su hijo ya no es el hombre que, supuestamente, trae la democracia bajo el brazo, sino otro con pretensiones de reinar sobre un defectuoso sistema político, sin efectiva separación de poderes ni controles eficaces sobre la Corona.

Demasiada agua ha corrido bajo los puentes para que el pueblo español se trague el embuste de que Monarquía y democracia siguen formando un paquete inseparable. Además, Felipe no es sólo heredero de la Corona: también de ese oscuro, opaco y sospechoso patrimonio de su padre, que la prensa extranjera estima en 1.800 millones de euros. En un país enormemente sensibilizado, difícilmente ganaría aprobación sin renunciar previamente a su parte en favor del tesoro público. Varias bombas de relojería bajo el trono de un sucesor que pretenda reinar sin cambios ni reformas de calado.

Señalaba la Constitución de 1812, la famosa Pepa, que «la nación española es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona». Difícilmente podían haber sospechado los valientes legisladores de Cádiz que, dos siglos después, España continuaría dando vueltas a tan importantes conceptos. Entre ellos, él del patrimonio de la familia real.

La legitimidad de la Monarquía hereditaria no puede emanar de la tradición, la costumbre o el temor al cambio, sino del consentimiento y la aceptación mayoritaria de los ciudadanos. En un mundo en que la información se difunde con facilidad, la estrategia de forzar una visión edulcorada y empalagosa, pero falsa, de la Monarquía está condenada al fracaso. Sólo mediante la transparencia, el rigor, el estricto control y la ejemplaridad, esta institución podría tener alguna opción de permanecer en el futuro. Y siempre tras un eventual pronunciamiento favorable de los electores en un necesario plebiscito.

La crisis de la Corona proporciona un llamativo reflejo de los extendidos males que aquejan al sistema político de la Transición, causados por la ausencia de eficaces mecanismos de control del poder. Y, aunque la lógica de los tiempos juega lentamente en contra de las monarquías hereditarias, el titular de la Corona española, muchos políticos y parte de la prensa parecen empeñados en pisar a fondo el acelerador de la historia.

DÉCIMA PARTE

La crisis económica actual

CAPÍTULO 55

La miopía de los políticos españoles

Si se observa con perspectiva, la gestión de la crisis económica que llevaron a cabo los sucesivos Gobiernos españoles pudiera parecer caótica, incomprensible y carente de coherencia. Las medidas resultaron con mucha frecuencia contradictorias entre sí, o tomadas a destiempo, mientras que las necesarias reformas estructurales se iban aplazando sine die. El gasto público fue creciendo de manera imparable hasta que la grave crisis de endeudamiento obligó a dar marcha atrás, contradiciendo frontalmente toda la política anterior. Sin embargo, analizada con detenimiento, la trayectoria parece responder a cierto principio que, desgraciadamente, viene marcando la política española desde hace muchos años. Se trata de la táctica del corto plazo, una fuerte inclinación a favorecer aquellas medidas que proporcionan un rédito a corto plazo pero que resultan perjudiciales para el país a la larga. Por el contrario, los gobernantes huyen de aquellas políticas que, acarreando costes inmediatos, favorecen considerablemente a la nación en el largo plazo.

En realidad, el comportamiento de los poderes públicos, lejos de estar guiado por la bondad y la benevolencia, tiende a responder a los intereses de los dirigentes. Los Gobiernos buscarían primordialmente su mantenimiento en el poder, favoreciendo aquellas políticas cuyo efecto positivo se manifieste antes de las elecciones y descartando aquellas que actúen unos años más allá. El sistema político español exacerba extraordinariamente esta euforia cortoplacista por la inexistencia de mecanismos adecuados de control del poder. Los Gobiernos se inclinaron a tomar las medidas que mantenían o acrecentaban su popularidad en las frecuentes encuestas de opinión. Y gastaron a manos llenas en aquellos proyectos que proporcionaban jugosas comisiones para el partido.

La posición del líder se consolida cuando las perspectivas electorales son buenas, existe la posibilidad de repartir más dinero y buenos cargos a sus correligionarios y de disponer de abultados fondos para las campañas electorales. Así, decisiones que finalmente se demostraron monumentales errores para el país, entraron en su día en la lógica del interés político cortoplacista. Estamos hablando de un fenómeno conocido como inconsistencia temporal, un proceso por el que la sucesión de decisiones que pudieran ser convenientes en el corto plazo constituyen una estrategia nefasta en el largo plazo.

Así, los desequilibrios presupuestarios de las administraciones se debieron en parte a la crisis pero, sobre todo, a descabelladas decisiones del pasado. Los ingentes ingresos fiscales procedentes de la burbuja inmobiliaria fueron utilizados para expandir hasta el límite la Administración, especialmente en las Autonomías, para crear redes clientelares, a mayor gloria de los nuevos caciques, y para favorecer a ciertos grupos de presión. Así, los políticos convirtieron unos ingresos que eran coyunturales, de naturaleza puramente temporal y que desaparecerían en pocos años, en gastos permanentes muy difíciles de reducir en el futuro. Naturalmente, esta estrategia era insostenible en el largo plazo, pero poseía mucha lógica dentro de una táctica de mera captación del voto.

Cuando desapareció la perspectiva de crecimiento, el endeudamiento fue creciendo, pero el déficit todavía podía cubrirse con una colocación de la deuda pública en condiciones favorables. Gozando de las ventajas que proporcionaba la pertenencia a la Eurozona, los problemas de insolvencia se vislumbraban todavía demasiado lejanos como para ser contemplados por la miopía de los políticos. Siempre habría tiempo de rectificar y, aunque las medidas fuesen más dolorosas a medida que pasara el tiempo, la lógica política seguía empujando a aplazar la solución, esperando que el crecimiento económico resolviese o paliase el problema.

De igual modo, las necesarias reformas estructurales tendían a postergarse hasta que no quedara otro remedio. Desde una perspectiva económica, hubiese sido mejor aplicarlas en la etapa de expansión económica, algo que habría suavizado las consecuencias negativas de la crisis. Siempre es mejor evitar una enfermedad que tener que curarla, pero, desde la corta óptica de los políticos, parece más deseable lo segundo si son capaces de atribuirse los méritos de la curación.

¿Por qué los gobernantes dieron marcha atrás y frenaron abruptamente el desbocado gasto contradiciendo la política anterior? Porque los mercados financieros, que son capaces de anticipar unos problemas lejanos en el tiempo, castigaron con una elevada prima de riesgo la deuda pública española, encareciendo tremendamente la financiación. Los malvados y denostados «especuladores» tienen la capacidad de otear el horizonte y prever lo que pueda pasar en el futuro.

«La situación actual de España no es todavía tan mala como para soportar esta prima de riesgo», sostenían con cierta razón los políticos en contra de los especuladores. Sin embargo, para los mercados financieros, importa tanto la situación del momento como la previsible en el futuro y, aunque todavía quedaba algún margen de maniobra, los mercados anticiparon no sólo la evolución de las variables económicas, sino también la previsible actuación de los políticos españoles y su reticencia a contener el gasto y a aplazar las reformas ad calendas graecas. De este modo, el futuro se trasladó de forma súbita y violenta al presente en forma de una tormenta financiera que amenazó al Sistema Monetario Europeo. Los gobernantes se vieron obligados súbitamente a tomar, sin dilación, unas decisiones radicales y dolorosas de recorte del gasto que hubieran sido innecesarias si desde el principio se hubiese actuado con la lógica del largo plazo.

Al final, la causa última de los males se encuentra en esa visión miope de corto plazo y en esa forma de gobernar, tan común en España, que pone los beneficios de los políticos por encima de los intereses de aquellos que pagan todo el circo: los ciudadanos. Más vale prevenir para el futuro y acometer las reformas legales, estructurales y políticas capaces de transformar los incentivos de los gobernantes, impulsándolos a actuar con una lógica de largo plazo, buscando el bienestar de la ciudadanía.

Uno de los mecanismos más necesarios es la limitación eficaz de la discrecionalidad en la política fiscal, obligando a que el presupuesto estructural (aquel que no depende del ciclo económico) deba mantenerse siempre cerca del equilibrio y, por tanto, que déficits y superávits contables se alternen siguiendo el ciclo económico. Aunque se llevó a cabo una reforma constitucional en tal sentido, la Ley de Estabilidad Presupuestaria que la desarrolló posee demasiadas excepciones como para poder considerarse una verdadera limitación a la voluntad de los gobernantes. No cabe duda: el poder de gastar sin cortapisas es un juguete demasiado apetecible y adictivo como para dejarlo completamente en manos de los políticos.

CAPÍTULO 56

La dictadura de las grandes corporaciones

A preciar la verdadera magnitud y profundidad de esta crisis requiere un mínimo de voluntad. Primero, hay que dejar a un lado el paradigma de la Bolsa y entenderlo como lo que es: un reflejo distorsionado de la economía. Segundo, hay que descontar los efectos de las ayudas públicas de cualquier indicio de recuperación. Tercero, hay que reconocer en el consumo privado —que representa el 60% del PIB— el pilar fundamental de la economía. Y cuarto y último, hay que descender a la realidad y dar al empleo la enorme importancia que merece como motor del consumo y, por tanto, como pieza clave para la recuperación económica. Una vez hecho esto, y siempre y cuando no seamos demasiado aprensivos, descubriremos que hay mucha más crisis detrás de la crisis.

Para empezar, debemos saber que, en las últimas décadas, la relación directa entre consumo y empleo se ha intensificado enormemente, hasta establecerse en 0,8 puntos porcentuales de aumento del consumo por cada punto porcentual de aumento del empleo. Por el contrario, el incremento de 1 punto en el salario real de los trabajadores se traduce tan sólo en 0,2 puntos porcentuales de incremento del consumo (estimaciones de la Comisión Europea, periodo de 1970 a 2005, fuente: Estudios Económicos La Caixa). Por ello, en el contexto actual, en el que la destrucción de empleo continúa, cualquier síntoma de recuperación en el corto plazo ha de tomarse cuando menos como una distorsión fruto de las ayudas públicas, y nunca como un indicio de recuperación económica con una base sólida.

Hay que tener siempre presente que en un contexto de destrucción del empleo y de congelación o disminución de los salarios, el consumo privado no sólo no crecerá, sino que lo lógico es que tienda a disminuir. Y si el consumo privado disminuye, el PIB seguirá estando muy lejos de mostrar un signo positivo. Y por más que el sector exterior mejore, no podrá compensar por sí solo la contracción del PIB provocada por el desplome del consumo interior. Así, cualquier indicio favorable que no esté íntimamente ligado al crecimiento del empleo será un espejismo y se deberá a las ayudas públicas (de dentro y fuera de España), a la financiación encubierta del Estado central a las regiones y a la intervención no declarada del Banco Central Europeo (BCE). El efecto de todas estas intervenciones es, además de muy limitado, peligrosamente engañoso.

Dicho esto, cabe preguntarse por qué en un momento dado los incrementos de los salarios dejaron de traducirse de forma más significativa en un aumento del consumo. Hay algunas teorías al respecto, como el efecto que tiene la reducción del valor de los activos o la caída de la riqueza esperada de ciclo de vida, pero añadiremos una nueva que no es excluyente sino simplemente complementaria. Desde hace ya tiempo, un gran número de ciudadanos tiene la inquietante convicción de encontrarse inmersos en una crisis que hasta hace cinco años no había sido declarada de forma oficial, porque aún no había impactado en la superestructura, es decir, en aquellos que han venido haciendo los grandes negocios, en muchos casos al amparo del poder político y los entes reguladores. Y ya en el año 2004 se estimaba que la renta familiar de la mitad de los españoles se situaba por debajo de los 11.000 euros (Anuario Económico de España 2004, La Caixa), a lo que hay que añadir que la tasa de variación anual positiva de la renta disponible neta no ha dejado de reducirse desde 2005, año en el que era del 4,5%, hasta bajar al 1,8% en 2009, situarse en el 0% en 2010 y volverse negativa en 2011. Si, además, tenemos en cuenta que la renta disponible neta es el dinero con el que los ciudadanos han de hacer frente a gastos ineludibles, como el pago de créditos e hipotecas, una energía cada vez más cara, la alimentación, la ropa, la educación y el transporte, tendremos una imagen más precisa de la crisis real en la que la mayor parte de la sociedad española se encuentra inmersa desde hace ya bastante más de 5 o 6 años.

Mucho antes del reconocimiento oficial de la madre de todas las crisis, el endeudamiento de las familias españolas había experimentado un fuerte incremento, de ahí que las subidas salariales dejaran de ser destinadas al consumo para pasar a hacer frente a ese endeudamiento. Por el contrario, muchos de los nuevos empleos generados en los últimos años, especialmente orientados a los más jóvenes, se han traducido en un aumento del consumo, ya que éstos sí han destinado una parte de sus ingresos futuros al consumo de bienes duraderos, como, por ejemplo, la compra de un automóvil.

Con todo, podemos deducir, y esto es lo importante, que quienes han sostenido el consumo en España, y, por tanto, la mayor parte del PIB, han sido, por un lado, familias con un altísimo nivel de endeudamiento y, por otro, nuevos trabajadores cuyos empleos eran precarios, sus salarios bajos y sus patrimonios casi inexistentes, y que, para terminar de agravar el problema, dependen en muchos casos de la ayuda de esas mismas familias endeudadas para hacer frente a algunas de sus necesidades cotidianas.

Con una visión mucho más apegada al terreno, podemos distinguir dos realidades muy diferentes entre sí: la de un espejismo en el horizonte llamado recuperación económica, que, de ser cierta, será muy precaria y estará orientada hacia determinados sectores y negocios íntimamente relacionados con el poder político, y otra en la que la crisis seguirá avanzando de forma lenta pero segura, extendiendo la pobreza entre las clases medias, es decir, entre la inmensa mayoría de los ciudadanos.

En resumen, en España existen dos crisis diferenciadas: una, la que afecta a una casta privilegiada y minoritaria, susceptible de una pasajera mejoría gracias al sobreendeudamiento de los Estados, y otra, que afecta a la inmensa mayoría de ciudadanos, que están soportando ese endeudamiento y la consiguiente sequía crediticia con un empobrecimiento progresivo. En consecuencia, la cuestión no es cuándo saldremos de la crisis, sino cuánto tiempo queda hasta que el sistema llegue al límite y qué se puede hacer para evitarlo.

De hecho, en la práctica, lo que están haciendo los políticos es facilitar a los grandes agentes acaparar recursos, distorsionar el mercado y limitar el acceso a la economía a los «pequeños agentes», que son las pequeñas y medianas empresas, microempresas, autónomos y asalariados.

Si unos pocos agentes, con la complicidad de la clase política, acaparan la mayor parte de los recursos, la capacidad de crear riqueza de una sociedad, Estado o nación se ve limitada, pues la capacidad de generar riqueza está íntimamente relacionada con la cantidad de agentes que pueden intervenir en la economía, así como con el grado de libertad con que intervengan. Si el acceso está restringido, es decir, no es un Sistema de Libre Entrada, se producen dos efectos negativos: por un lado, quienes dominan el mercado pueden acaparar la riqueza y tienen menos necesidad de innovar e invertir; por otro, se vuelven más codiciosos, poco transparentes y, llegado el momento, pueden trasladar sus pérdidas al conjunto de la economía, lo que vulgarmente se conoce como «socializar las pérdidas».

Por poner un ejemplo, el grueso del poder financiero se concentra en las manos de unos pocos agentes. Y éstos, de mutuo acuerdo y en connivencia con el poder político, han impedido que el precio de la vivienda se ajustara a la demanda. De esta forma, no han tenido que detraer gran parte de sus recursos para compensar las pérdidas. Y han retrasado el ajuste que imponía el mercado, asumiéndolo de forma escalonada, muy lentamente. Por el contrario, el particular ha quedado atrapado. Y ha tenido que pagar un precio por su vivienda que ya no se correspondía con su valor. Y su patrimonio, al contrario que en el caso de los bancos, se ha ajustado instantáneamente, puesto que la cantidad de recursos que ha tenido que dedicar para pagar su hipoteca se ha mantenido inalterada. De esta forma, los bancos han imputado una parte muy importante de sus pérdidas al consumidor final. Y, al impedir el ajuste del precio, el mercado se ha estancado y el sector de la construcción ha languidecido en extremo. Una vez se ha producido el ajuste final, han obtenido el respaldo del Estado y han transferido a este sus valores tóxicos, que son aquellos inmuebles y terrenos que ya no tenían salida en el mercado, y sus pérdidas han sido muy inferiores a las que, en condiciones normales, tendrían que haber asumido. Finalmente, el Estado, que es el destinatario final de esos activos, trasladará las pérdidas a los contribuyentes.

Previamente a ese ajuste final, el valor de la vivienda se ha vuelto mucho menor que la deuda a la que respaldaba, lo que implica que la riqueza neta se ha vuelto mucho menor que la riqueza aparente. En consecuencia, para que el banco mantuviera sus beneficios o redujera sus pérdidas, los particulares han terminado técnicamente mucho más endeudados que antes del crack inmobiliario. Y ese fuerte incremento del endeudamiento colectivo se ha trasladado al conjunto de la economía.

Cuando los grandes agentes no son capaces por sí mismos de generar la riqueza necesaria para sostener el crecimiento económico, y el acceso al mercado de los pequeños agentes está seriamente comprometido, la deuda puede convertirse en el sucedáneo de la riqueza. Así, la crisis que estamos viviendo en estos últimos años no es más que el ajuste de un sistema económico cerrado, que ha terminado fiado al endeudamiento. Un sistema que se ha sostenido con alfileres a base de hacer creíble que se podrían generar —y, si fuera preciso, confiscar— los recursos necesarios para respaldar, ejercicio tras ejercicio, la cuota de deuda correspondiente. Y respaldar no significa en modo alguno pagar o liquidar, sino hacer frente a los vencimientos a corto o, a lo sumo, abonar puntualmente los intereses que la deuda genere. De ahí que ésta, lejos de reducirse, sea expansiva.

Cuando la deuda alcanza cotas que ponen en riesgo el sistema, el gran agente (el Estado) ha de hacer creer al resto de grandes agentes globales que pondrá en marcha reformas para generar más riqueza, aplicará medidas de reducción del gasto y confiscará nuevos recursos mediante una mayor presión tributaria (consolidación fiscal). Con estas iniciativas, usadas de forma combinada, se puede influir en los agentes globales generando lo que llamamos «confianza» y así asegurar la capacidad de endeudamiento a la espera de que se produzca una reactivación económica. Pero tal milagro no llega, porque las medidas aplicadas no están destinadas a liberar recursos para generar riqueza, sino a detraerlos para sostener el endeudamiento. Lo cual da lugar a un severo empobrecimiento de los pequeños agentes. Y la economía, lejos de reactivarse, empieza a contraerse de forma acelerada hasta tocar fondo y quedar estancada sine die. Es lo que los economistas llaman una depresión en forma de «L». Cuando la riqueza, lejos de aumentar, se reduce, la deuda neta se incrementa y, con ella, los intereses. Y el equilibrio presupuestario de particulares, empresas, administraciones públicas y Estados (por este orden) termina saltando por los aires. Entonces, el Estado, en un intento desesperado por cumplir con los compromisos de la deuda, da una nueva vuelta de tuerca al reparto tanto de la riqueza como del riesgo, trasladando la mayor parte del esfuerzo a aquellos agentes que no tienen los medios ni la fuerza suficiente para defender sus intereses. Es decir, los particulares.

En una economía de libre entrada, los ajustes son rápidos y el reparto del esfuerzo, más equitativo. Pero en una economía de acceso restringido, donde los grandes agentes pueden resistirse a asumir sus pérdidas, llegando a transferirlas al resto, el ajuste se convierte en un proceso largo, doloroso e injusto que lleva al empobrecimiento severo de una parte importante de la población, mientras que permanecen a salvo determinados grupos. Así, cuando desde instancias oficiales se afirma que somos un 20% más pobres, se nos induce a creer que cada uno tendrá que asumir su parte proporcional del esfuerzo y que los grandes agentes asumirán la suya. Pero eso no es cierto. En un mercado de acceso restringido no puede haber equidad. Y si en términos generales se estima que nos hemos empobrecido un 20%, una parte muy significativa de la sociedad habrá visto mermadas sus rentas y su patrimonio más allá de una quinta parte, y otros lo habrán perdido todo o casi todo, mientras que unos pocos no habrán tenido que asumir ningún esfuerzo.

Hay quienes opinan que esto es culpa del sistema capitalista, en el cual las desigualdades y la pobreza son el único horizonte posible para la inmensa mayoría de nosotros. Pero no es cierto. El problema es que no ha existido durante todos estos años un Sistema de Libre Acceso, sino un modelo económico basado en el acaparamiento del mercado por parte de unas minorías, el secuestro de recursos y la destrucción de la libre competencia. Se trata de un sistema cerrado, de acceso restringido, en el que el capital no circula libremente, sino que ha de transitar por circuitos cada vez más excluyentes, en los que las rentas de los ciudadanos son fiscalizadas, detraídas, confiscadas y, en general, saqueadas de diferentes maneras.

En un mercado en contracción, donde el endeudamiento se convierte en el sucedáneo de la riqueza, dando lugar a una riqueza aparente muy superior a la riqueza neta, los que se benefician del sistema tratarán de mantener sus privilegios, trasladando el ajuste de la economía al resto.

Mientras los grandes agentes que controlan la economía pueden socializar sus pérdidas con diferentes mecanismos y argucias, es decir, endosarlas al resto, la mayoría de los pequeños agentes no pueden. Y las crisis derivan en un lento e interminable proceso de empobrecimiento. Romper esta perversa dinámica sólo sería posible dando un salto a un Sistema de Libre Acceso. De no hacerlo pronto, la cuestión no será si la crisis terminará algún día, sino cuánto tiempo tardará el sistema en colapsarse por completo. O peor, cuánto falta para que los Estados se conviertan en sistemas completamente herméticos, al albur de los grandes agentes, y se certifique el final de las democracias.

CAPÍTULO 57

España, al borde de la quiebra

Con una tasa de desempleo que supera el 26%, un déficit público que se resiste a bajar del 7%, una deuda pública que crece a ritmo vertiginoso y más de seis millones de personas buscando empleo sin encontrarlo, conviene volver la vista atrás para identificar los errores cometidos y sus causas. Se trata de aprender la lección para no volver a reincidir en los fallos y corregir los defectos en el futuro.

Desgraciadamente, las últimas décadas de la historia de España han sido pródigas en decisiones políticas desacertadas o extemporáneas. La clase dirigente no se distinguió por su dedicación, preparación, espíritu de sacrificio, desinterés o patriotismo. La arbitrariedad, la corrupción y el desafuero fueron más la regla que la excepción en la Administración, fuera ésta central, autonómica o municipal, sin que las conductas negligentes o dolosas encontrasen apropiada corrección o castigo, pues rara vez los gobernantes se vieron obligados a rendir cuentas por la gestión realizada. De ahí esa ligereza y proverbial falta de rigor en la mayor parte de las decisiones. También esa primacía de lo inmediato, olvidando que el tiempo continúa tras la foto de inauguración de un proyecto, dejando detrás a millones de contribuyentes pagando un posible error.

Con demasiada frecuencia, los Gobiernos tomaron decisiones económicas con criterios puramente políticos, y de propia conveniencia egoísta, olvidando la necesidad de asignar eficientemente los recursos públicos. La planificación de las costosas infraestructuras de transporte respondió mucho más a una mera búsqueda de imagen, o a una defensa de intereses de caciques o grupos cercanos al poder, que a un claro criterio de rentabilidad social.

Ningún político parecía percibir que los recursos públicos pertenecen a unos contribuyentes que los generan con gran esfuerzo. Quizá por ello, gobernantes de todo pelaje presumieron durante muchos años de sus supuestos logros exponiendo públicamente la enorme cantidad de dinero que se gastaban en cada partida o proyecto, como si el despilfarro a manos llenas constituyese un sobresaliente mérito. Esta jactancia se tomaba todavía más odiosa e inaceptable cuando una buena parte del gasto estaba inflado, pues incluía las correspondientes comisiones ilegales, repercutidas a tal efecto en megalómanos proyectos sin una clara utilidad social.

Las administraciones, especialmente las autonómicas, se lanzaron a una alocada carrera para multiplicar exponencialmente el número de leyes, normas y regulaciones, muchas de ellas complejísimas, contradictorias e imposibles de cumplir. Cualquier botarate parecía capaz de rellenar miles de absurdas páginas de boletín oficial, sin reparar en las tremendas barreras a la competencia y a la actividad económica que tan imprudente proceder establecía. Buscando unos objetivos inmediatos, como la concentración del poder económico en manos de los amigos o la creación de oportunidades de corrupción, obviaban las nefastas consecuencias finales. Estas trabas a la labor de los emprendedores y al desarrollo de las empresas ponían en almoneda el tejido industrial y la generación de empleo en la región, mientras destruían la unidad de mercado con el resto de España.

Las Autonomías representaron un papel muy destacado en el tremendo desequilibrio de las cuentas públicas. La descentralización no era intrínsecamente perversa, pero, para aportar sus ventajas, requería un diseño muy adecuado, del que siempre careció. La peligrosa financiación de las Comunidades Autónomas mediante transferencias del Centro exacerbó todavía más la tendencia al despilfarro, al romper definitivamente el ya débil vínculo entre gasto y tributación: «Nosotros a gastar, que ya se pringará Madrid recaudando».

Los traspasos de competencias a las regiones se apartaron completamente del criterio de eficiencia en la prestación de los servicios públicos, abrazando un perverso sistema de mercadeos, apaños y componendas con los nacionalistas. Un traspaso a cambio de un voto favorable en la investidura o en los Presupuestos. Una colosal falta de seriedad, rigor y respeto al ciudadano.

Las nuevas estructuras administrativas autonómicas iban sirviendo para crear infinidad de cargos a repartir entre los miembros de los partidos, mientras las castas políticas locales aprovechaban su creciente poder para liberarse de los ya débiles controles sobre el poder político. Se establecía así un régimen caciquil, caracterizado por el favoritismo, la corrupción, la arbitrariedad, el clientelismo y el dominio de toda la sociedad civil regional. Y, en un espacio reducido resultaba más sencillo controlar la prensa, que difícilmente podía ejercer su importante labor de crítica al poder.

Raramente los políticos tomaron las decisiones importantes en el momento adecuado. Ni la necesaria liberalización de los mercados cuando España se incorporó a la Zona Euro, ni la imprescindible consolidación fiscal cuando la disponibilidad de recursos la hacía más llevadera, ni la eliminación del déficit tarifario eléctrico cuando era posible pagarlo. En un claro ejercicio de procrastinación, tan frecuente en la política cortoplacista, las decisiones dolorosas, que deben tomarse cuando existe mayor capacidad de asimilarlas, se aplazaron in extremis hasta los momentos de crisis profunda, a costa de un sacrificio muchísimo mayor. Mientras tanto, los políticos difundían ese mensaje demagógico que exalta los derechos y oculta las obligaciones, olvidando que libertad y responsabilidad son dos caras de la misma moneda y que ese nefasto paternalismo de los gobernantes resulta del todo inaceptable en una sociedad de ciudadanos libres.

Como muchos economistas y politólogos admiten actualmente, los tremendos problemas políticos tienen sus causas más profundas en graves defectos de diseño de las instituciones. Estas determinan las reglas del juego, la manera de aplicarlas, los controles sobre los gobernantes, los mecanismos de representación de los ciudadanos, los incentivos de los políticos, la forma de selección de las elites gobernantes o las relaciones entre los diversos grupos políticos y sociales.

Mucho debe cambiar el marco institucional español para superar este estrecho tipo de economía restringida, donde escasea lo productivo y prima la búsqueda de rentas no competitivas, donde domina el intercambio de favores sobre la eficiencia, el amiguismo sobre el mérito y las buenas relaciones con el poder sobre el esfuerzo. Se trata de unas instituciones que no garantizan ni la separación real de poderes ni la representación directa de los ciudadanos. Ante la ausencia de órganos que sirvan de contrapeso, los partidos han invadido no sólo las instituciones del Estado, sino también amplios estamentos de la sociedad civil, ejerciendo una enorme influencia sobre muchos medios de comunicación.

Hacen falta nuevas instituciones que garanticen organismos independientes, un apropiado juego de contrapoderes en el seno del Estado y una representación más directa de los ciudadanos en el Legislativo. Un sistema que seleccione a los mejores para la gestión pública y, sobre todo, unas leyes eficaces que limiten la capacidad de actuación de los gobernantes, impidiendo su intervención en aquellos campos que deben corresponder exclusivamente a la sociedad civil. Y una nueva Constitución que prohíba terminantemente esas absurdas e interesadas trabas que entorpecen la participación en la economía nacional de esos emprendedores que no buscan los favores del poder político ni están dispuestos a pagar por ellos.

UNDÉCIMA PARTE

España en la encrucijada: la perspectiva de futuro

CAPÍTULO 58

¿Por qué tanta resistencia a las reformas económicas?

Aquella ola de optimismo que recorrió el Viejo Continente al instaurarse el euro parecía más que justificada. La libre movilidad de mercancías y capitales iba a recibir un impulso definitivo, desaparecería el riesgo de tipo de cambio y una financiación más barata y fiable se vislumbraba en el horizonte. Tanto los Estados como los particulares tendrían acceso a un crédito casi ilimitado a unos intereses realmente bajos. Incluso los peligros, apuntados con singular inquina por algunos economistas americanos, se percibían como una fuente de ventajas y oportunidades.

La principal dificultad que acarreaba el euro era que, en adelante, los desequilibrios generados por una falta de disciplina fiscal, o la falta de rigor en la formación de rentas en un país, ya no podrían corregirse mediante el ajuste del tipo de cambio o el manejo autónomo de la política monetaria. Sin embargo, la desaparición de estas palancas de actuación, más que crear un problema, en opinión de muchos abría una oportunidad: al no poder reparar inmediatamente los daños de sus malas prácticas, los países se verían obligados a actuar con más rigor en sus políticas económicas. En consecuencia, haciendo de la necesidad virtud, los Gobiernos tenderían a abrazar una disciplina presupuestaria más estricta y unas apropiadas reformas estructurales que insuflaran una mayor flexibilidad a los mercados. Pero la realidad no siempre discurre por los derroteros previstos.

Una Unión Monetaria no puede mantenerse a largo plazo sin una coordinación de las políticas fiscales y una armonización en el funcionamiento de los mercados. Sin embargo, «largo plazo» era un concepto desconocido en la cosmovisión de los políticos españoles, tan limitada al resultado inmediato en popularidad y votos. ¿Por qué pensar en un horizonte temporal largo en el que podrían ya estar gobernando otros? Además, la propia existencia del euro inhibía, al menos de momento, aquellos necesarios mecanismos que imponen controles y trabas a los Gobiernos miopes e irresponsables.

Los políticos en España dejaron de considerar la moderación del gasto como una necesidad y los déficits de balanza de pagos como una preocupación, pues el endeudamiento resultaba muchísimo más barato que antaño. Y, ¿por qué iban a poner en práctica unas reformas económicas que generan ciertos conflictos si por el momento, gracias en parte a la moneda única, gozaban de un crecimiento aceptable? Además, si las cosas saliesen mal, se recurriría a los socios más sensatos, que se verían obligados a intervenir en auxilio de España para evitar la quiebra de la moneda única. De este modo, el sistema iba creando incentivos para que unos políticos irresponsables y miopes desaprovecharan la gran oportunidad que abría el euro. En lugar de fomentar las necesarias reformas económicas, la moneda única contribuía a aplazarlas, tomando la situación una peligrosa deriva.

Las leyes económicas son tercas y, aunque resulta muy tentador pensar que «esta vez será diferente», tarde o temprano acaban manifestándose. Al igual que en física no existe el movimiento perpetuo, la cruda realidad muestra que no es posible vivir permanentemente por encima de las propias posibilidades. La profunda crisis exacerbó las tensiones hasta el límite, amenazando con romper las costuras del Sistema Monetario Europeo. Y fue en ese momento cuando, bajo la presión del acrecentado coste de la deuda, los gobernantes españoles comenzaron a plantearse tímidamente aquellas reformas y cambios que hubieran podido llevar a cabo, con bastante menos coste, en la etapa de bonanza. La prima de riesgo parecía constituir un síntoma milagroso, un catalizador mucho más efectivo que las prudentes advertencias de los economistas.

Pero había un punto no explicado. Si las reformas económicas favorecen el crecimiento, contribuyen a equilibrar las cuentas públicas y reducen el desempleo, ¿por qué los Gobiernos se mostraban tan reacios o, al menos, tan cautelosos a la hora de impulsarlas? Si estos cambios proporcionaban una ganancia neta para la sociedad, ¿por qué generaban tantas resistencias?

La dificultad surge de la propia naturaleza de las reformas. Estas consisten en eliminar un conjunto de restricciones y trabas, establecidas en el pasado, que conceden privilegios a determinados grupos a costa del resto de los ciudadanos. Estos privilegios se otorgaron a ciertos colectivos a cambio de respaldo político o a algunas empresas a condición de compartir los beneficios resultantes con los gobernantes (regalos, pagos, comisiones, promesa de puestos bien pagados en la empresa en el futuro, etc.). Así, el statu quo representaba para el poder político un complejo equilibrio de apoyos e intereses, con fuerte inercia y resistencia al cambio.

Los grupos privilegiados tienden a oponerse con fuerza a las reformas utilizando todo tipo de medidas de presión y difundiendo un discurso justificador de los privilegios. Por su parte, el apoyo del ciudadano común a estos cambios es mucho más débil, pues, así como las pérdidas se encuentran muy concentradas en unos colectivos concretos, las ganancias están muy repartidas entre toda la población. Son muchísimas personas las que se benefician con cada reforma, pero cada una sale ganando relativamente poco. Por ello, la dificultad política de una reforma es tanto mayor cuanto más grande sea la pérdida para los grupos de presión en relación a lo que gana la sociedad en general. También ocurre en ocasiones que, aun beneficiando a la mayoría de la población, los programas de reformas no logran un apoyo social mayoritario, pues los beneficios tardan tiempo en materializarse. Es típico que sólo se forme una mayoría favorable a los cambios a posteriori, cuando estos comienzan a dar los frutos buscados.

En el fondo, las reformas consisten en una transformación de las instituciones económicas para que funcionen con mayor rigor e imparcialidad; en un cambio de las reglas del juego por otras más justas, garantizando que todos los agentes se atendrán a ellas; en la eliminación de las barreras que impiden la participación de amplios colectivos en ciertas actividades económicas, suprimiendo así los privilegios de algunos; en una apertura de las instituciones para poner límites al monopolio del poder y en la supresión de la connivencia entre políticos y «empresarios», del conocido reparto inconfesable de rentas y del nocivo intercambio de favores; en definitiva, en un avance hacia un Sistema de Libre Acceso. Por su naturaleza, las reformas no sólo afectan al sector privado, sino también a las normas que deben cumplir los gobernantes.

Un programa reformista debe reducir la incertidumbre, proporcionando a la sociedad toda la información necesaria sobre las consecuencias de los cambios; presentar todas las transformaciones en un paquete para que ciertos grupos de presión consideren parcialmente compensadas sus pérdidas con las ganancias que obtienen de otras reformas, e impulsar todo el programa con celeridad y decisión para que se alcance pronto una mayoría social favorable al cambio. Ésta es la línea de transformaciones que necesita urgentemente España.

CAPÍTULO 59

El 15M: euforia, utopía y decepción

Lo que comenzó como una simple manifestación de disconformidad, pareció engordar e inflarse hasta convertirse en todo un fenómeno sociológico. Decenas de miles de personas tomaron las calles de España a partir de ese mítico 15 de mayo de 2011, en una manifestación de clara indignación con la clase política y con el funcionamiento de las instituciones. En realidad, el fenómeno era algo menos sociológico que mediático, pues, por desgracia, en nuestro país la realidad todavía se confunde con las imágenes que fluyen en la pantalla televisiva. Unos medios extremadamente proclives a sobrevalorar lo novedoso pusieron el resto.

Aun así, existía un fértil caldo de cultivo, una profunda insatisfacción ciudadana con la clase política y con unas instituciones que no funcionaban adecuadamente. Sólo faltaba un desencadenante, una chispa que prendiese la reseca yesca e inflamara esa patológica relación de amor, desencanto y odio que se había establecido entre votantes y dirigentes tras muchas promesas incumplidas, abusos, privilegios y falta de transparencia. Con las concentraciones del 15M muchas personas encontraron el momento propicio y el lugar adecuado para experimentar esa tremenda explosión interior. Nada más fácil que dejarse mecer suavemente por la irresistible fascinación de las repetidas consignas, por la vibrante camaradería, por esa extraña sensación de participar en algo histórico o por esa descarga de adrenalina que provoca el grito contra los villanos. Pocos sabrían identificar el motivo por el que, de manera tan intensa, en ese momento se sentían plenamente parte del pueblo.

Días después, comenzaron las asambleas que discutirían, votarían y darían solución a los graves problemas de la humanidad. «A partir de ahora no necesitaremos a esos políticos profesionales, que no nos representan», repetían ciertos asistentes. Algunos descubrieron, con pesar, que las reuniones multitudinarias sólo eran operativas para votar propuestas sencillas y concretas. Pero no llegaban a conclusión alguna cuando trataban asuntos profundos y complejos. La gente mostraba una fuerte inclinación a apoyar aquello que sonaba bien, haciendo gala de una actitud emocional e impulsiva, sin considerar las consecuencias últimas de cada medida. Por ello, muchas de las reivindicaciones aprobadas sonaban descabelladas al reflexionar sobre ellas con una visión más amplia. Y existía la sospecha de que algunos asistentes pertenecían a grupos organizados que podían estar manipulando el movimiento. ¿Eran ellos tan diferentes de los denostados políticos profesionales?

Ciertamente, el mundo era bastante más complejo de lo que muchos indignados de buena fe imaginaban en un principio. La acción sin conocimiento era peligrosa: la historia enseña que gran parte de las revoluciones se limitaron a reemplazar una elite, a veces corrupta e ineficiente, por otra, generalmente más cruel, sin ganancia para el grueso de la población.

Nadie podía negar el fundamento de las quejas que planteaba el movimiento de los indignados. Cualquier persona sensible mostraba un profundo malestar por el desastroso funcionamiento de las instituciones en España. Muchos jóvenes percibían, aun cuando no fueran capaces de identificar las causas, que el sistema político adolecía de importantes fallos y acusaba un notable desgaste. Con una separación de poderes en entredicho, unos mecanismos de control del poder inoperantes y un pobre sistema de representación, la asfixiante partitocracia extendía sus tentáculos por todo el Estado y parte de la sociedad civil, estrangulando toda iniciativa de cambio. La indignación estaba justificada, pero el movimiento cometió errores de bulto.

El 15M no planteó una lista de reivindicaciones claras y coherentes, asumibles por la mayor parte de los ciudadanos. Probablemente, el éxito abrumador sorprendió a los organizadores sin un análisis riguroso de la realidad ni una idea precisa de las soluciones. Aprovechando la enorme cobertura de los medios, habría sido imprescindible presentar desde el principio una lista detallada de propuestas de reforma del sistema político, dirigidas a restablecer el equilibrio de poderes y los mecanismos de control político, bases fundamentales de un régimen democrático.

En lugar de ello, los indignados se empantanaron en un proceso asambleario de imposible salida. Una asamblea multitudinaria puede, como mucho, votar para aprobar o rechazar propuestas muy concretas, sobre las que todos los participantes se encuentren muy bien informados. Pero no es foro adecuado para discutir y analizar problemas complejos y profundos, ni, por supuesto, para proponer soluciones razonables. Las asambleas fomentan una actitud impulsiva y apasionada, quizá adecuada para animar a un equipo de fútbol en el estadio, pero poco apropiada para discriminar entre las propuestas acertadas y las que tan sólo suenan bien. Y abrieron una peligrosa puerta por la que entraron grupos interesados y mejor organizados, que acabaron manipulando el movimiento.

El 15M adoptó un sistema improvisado y caótico de formulación de propuestas, y el resultado fue el esperado: junto a algunas reivindicaciones razonables y sensatas comenzaron a aparecer otras absurdas, demagógicas, contraproducentes o, incluso, incompatibles entre sí, y la prensa se apresuró a difundirlas. Las ideas relativas a la reforma del sistema político, al cambio en las reglas del juego, fueron sustituidas poco a poco por aquellas viejas y desgastadas reivindicaciones relativas al reparto de rentas y privilegios. Por ello, las movilizaciones acabaron perdiendo el apoyo de muchas personas sensatas que las respaldaban en un principio.

El 15M cometió otro grave error: no respetar la legalidad. Acampó en lugares prohibidos, convocó manifestaciones ilegales, en algunas de las cuales se desató la violencia, y se saltó la jornada de reflexión electoral. Aunque algunas leyes o disposiciones sean discutibles e, incluso, merezcan la crítica por injustas, la mayor parte de los ciudadanos considera que las normas deben ser acatadas aun en desacuerdo con ellas. El movimiento de los indignados criticaba con razón a los políticos por saltarse las leyes a conveniencia, pero no predicaba con el ejemplo. Convocar concentraciones en contra de los criterios legales resultaba muy atractivo en el corto plazo, pues aumentaba la emoción, la expectación, el suspense y la cobertura de los medios nacionales e internacionales, pero constituía una estrategia contraproducente en el largo plazo al ahuyentar definitivamente a muchos ciudadanos respetuosos de la ley.

En determinados momentos, el ser humano se deja llevar por impulsos y emociones y analiza los hechos más a la luz de deseos, filias y fobias que de un meditado raciocinio. Algunos, guiados por un entusiasmo arrebatador y deslumbrados por el éxito inesperado del movimiento, no supieron ver los fallos de diseño y la poca capacidad de sus líderes para remediarlos. Concedieron demasiada importancia a la cobertura de los medios de comunicación extranjeros sin reparar en que, leyendo entre líneas la prensa anglosajona, no es difícil concluir que no suelen tomar muy en serio a los españoles.

Como casi todas las acciones humanas, el 15M tuvo luces y sombras, enormes grandezas pero también miserias. Mostró el enorme malestar e indignación existente con la clase política y la existencia de un importante número de ciudadanos dispuestos a exigir un cambio. Enseñó que basta un grupo de personas decididas y el concurso de Internet y de las redes sociales para canalizar el descontento social y sacar a la gente a la calle. Pero también demostró que, sin un análisis correcto de los problemas, sin un conjunto de propuestas adecuadas, coherentes, compartidas y asimiladas ampliamente, y sin una organización apropiada, cualquier movimiento se pierde en una simple explosión de ambiguo descontento, apagándose al poco tiempo.

Al igual que resulta mucho más fácil predicar que dar trigo, requiere mucho menos esfuerzo criticar y atacar a la clase política que señalar y especificar las causas profundas de los problemas. El funcionamiento de las instituciones está determinado por las pautas de comportamiento de una multiplicidad de agentes, que interactúan de manera compleja siguiendo incentivos y estrategias no triviales. Sin un conocimiento profundo del cuerpo social y político, cualquier propuesta de reforma basada en la mera intuición puede resultar contraproducente, agravando notablemente los problemas. Los gritos son llamativos, pero se consumen en sí mismos cuando no van acompañados de una labor previa y cotidiana de trabajo, discusión, aprendizaje y convencimiento de los demás. El futuro se gana día a día, con constancia y tesón, no en un arranque desbordado de entusiasmo sin base previa alguna.

Un movimiento ciudadano que busque la regeneración del sistema político necesita tres elementos fundamentales: un profundo análisis de los problemas, un planteamiento claro de las reformas necesarias y una estrategia coherente. Se trata de proponer las reformas precisas, capaces de cambiar las reglas del juego político para instaurar aquellos principios fundamentales de la democracia clásica que no se cumplen en España: separación y equilibrio de poderes, controles mutuos entre las instituciones, eficaz representación, instituciones neutrales, etcétera.

Los movimientos de protesta y contestación al sistema deben mostrar a los ciudadanos una propuesta en positivo, estructurada y sensata. De lo contrario, acaban disolviéndose o son finalmente desactivados. Cuando la gente sale a la calle agitada por meros impulsos, por una emoción que no se encuentra bien canalizada ni apoyada en una base racional sólida, los gritos pueden contribuir a aliviar la explicable frustración, pero la movilización acabará guardando similitud con los castillos de fuegos artificiales: intensos, espectaculares, vistosos y… efímeros.

CAPÍTULO 60

¡Rescatemos el genio y el talento!

El 8 de septiembre de 1839, Hector Berlioz (La Côte-Saint-André, 1803) concluyó la ardua tarea de componer una de sus obras más impetuosas y románticas, Romeo y Julieta. Para esta partitura, la fuente de inspiración del compositor francés fue la lectura de Hamlet y, por supuesto, Romeo y Julieta, ambas obras firmadas por el dramaturgo inglés William Shakespeare. Así relataba el propio Berlioz su experiencia:

Shakespeare, cayendo sobre mí repentinamente… reconocí el significado de la grandeza, la belleza, la verdad dramática.

De esta forma, Shakespeare y Berlioz, el primero, con la fuerza de la palabra, y el segundo, mediante la emoción de la música, cooperan para despertar la inteligencia y la emotividad, de tal forma que ambas emerjan en nosotros como un solo rasgo que nos haga plenamente conscientes del gran drama humano, aquél en el que todos, desde el más sensible e intuitivo hasta el más necio, somos no ya espectadores, sino actores.

Esta capacidad de los genios creadores de combinar en su justa medida razón y poesía es lo que al resto nos conmueve y nos abre los ojos. Y una vez lúcidos, reconocemos en ese drama universal, tan magistralmente recreado, nuestro particular drama personal. De ahí que la emoción nos sobrecoja. Gracias a la empatía del artista, del genio creador, de repente todo cobra sentido. Causa y consecuencia se asocian. La falta por omisión se une a la injusticia y a la pérdida de la libertad; el egoísmo, a la avaricia y al empobrecimiento; la hipocresía, a la cobardía y a la tragedia como horizonte, y la corrupción moral, ingrediente imprescindible en cualquier drama que se precie, a la ineficiencia y a la opresión de los Estados. Y entonces surge en nosotros como individuos un deseo irrefrenable por ser mejores y rebelarnos contra la mediocridad.

De esta forma, las certeras visiones de estos prohombres —en las que, además de la poesía, abundan reflexión y razón—, unidas a su habilidad para transmitir su mensaje con una claridad y una fuerza arrolladoras, nos han agitado en los momentos decisivos, elevándonos por encima de la adversidad. Estos hombres y mujeres singulares (que no son sólo artistas, sino también filósofos y políticos) nos han permitido salir airosos, incluso, cuando la tragedia se ha consumado. Y de ello da fe el terrible siglo XX, en el que, a pesar de que la barbarie humana superó lo imaginable, se impuso a la postre la esperanza. Esperanza que en este nuevo siglo, al haber quedado huérfanos de genios y poetas, parece desvanecerse.

Ahora, quizá en el peor momento de todos, débiles y enrabietados por una crisis que nos somete, según creemos, a un castigo excesivo, lejos de reconocer y ensalzar cualquier vestigio de talento, nos volvemos más obtusos que de costumbre. Y como nadie es capaz de conmovernos, nos encerramos en nosotros mismos, sólo dispuestos a compartir pequeñas porciones de realidad con aquellos que piensan como nosotros. Esta cortedad de miras, que suele degenerar en el sectarismo, es una afección en la que el ciudadano común constantemente recae y a la que ya aludía hace más de un siglo Isidoro Fernández Florez (Fernanflor):

Malos días son éstos para los diarios y los redactores de ellos. Su culpa fue, sin embargo, la de todos. Cuántos lectores suyos hoy en España son sus lectores no por mejorar su juicio, sino por recrearse viendo sobre el papel, impreso con mayor elocuencia, su propio sentir: que el público sólo ama su opinión y sólo a ella escucha y favorece, y de cualquier otra murmura y se aparta; de donde viene a resultar que para un diario combatir las preocupaciones y afrontar a la masa es decrecer en recursos y morir.

Y cada vez que algunas voces hablan de tímidas señales que auguran la anhelada salida a la crisis, corremos el peligro de olvidar que el origen de este desastre fue político, no económico (causa y consecuencia). Desastre fruto de una democracia meramente formal, desarticulada e incapaz de controlar las poderosas fuerzas centrífugas de los intereses creados, cuyo gen egoísta, tan contagioso, ha terminado por producir enormes destrozos. De hecho, seguimos sin comprender que el valor de la democracia no es adjudicar a cada ciudadano un voto, sino ser el único sistema político capaz, primero, de alumbrar sociedades abiertas y, después, salvaguardarlas; entornos propicios para que el genio prolifere y, lo que es más importante, donde el talento se propague libremente. Lo cual permite a las sociedades más afortunadas recrear una idea de nación que es, además de racionalmente conveniente, emocionalmente contagiosa.

Aun en el caso de que algún día creyéramos dejar atrás la crisis económica, quedaría pendiente la principal tarea: dar aliento a esa idea de España con la que hasta el más necio se ilusione y se vea compelido a esforzarse. Y en este sentido es obligado decir que, quizá, para cuadrar las cuentas baste con ese pobrísimo discurso del «no hay más remedio» con el que cualquier felonía puede ser justificada. Pero para transformar este país en una nación moderna y eficiente, son imprescindibles el genio y el talento. Sólo con estos ingredientes se podrá obrar el milagro de transformar el desencanto en encanto. Milagro que, al fin y al cabo, no sería tal, pues el desencanto no es más que una forma sarcástica, melancólica e irreductible de la esperanza.

CAPÍTULO 61

El camino hacia un nuevo Régimen político

Si se otea con atención el horizonte, es posible observar muchas señales que apuntan al fin de una era. Signos que indican un notable agotamiento del Régimen constitucional de 1978, cuyas vigas maestras, profundamente carcomidas, amenazan con ceder. Se trata de un proceso histórico bastante común, que convierte en obsoletas las estructuras rígidas, cerradas, refractarias a la apertura e inmovilistas ante las reformas. El presente Régimen, diseñado como estrecho traje a medida de una clase política bien instalada en el poder, ya anquilosado y descompuesto, parece avanzar hacia el ocaso, aunque el calendario resulte imposible de vaticinar. El devenir histórico, impulsado por infinidad de decisiones humanas, se acelera o ralentiza atendiendo a circunstancias contingentes.

El sistema político actual ofrece una imagen de solidez tan sólo aparente. En España no hay revelación de irregularidades o escándalo capaz, por explosivo que sea, de derribar a gobernante alguno, pues las propias características del Régimen confieren a los políticos una correosa adherencia a los cargos, una muy resistente fijación al sillón. La malsana ausencia de controles sobre el poder, la falta de democracia interna en los partidos, la inexistencia de una auténtica separación de poderes, la carencia de una representación eficaz o la lentitud e ineficacia de la justicia son elementos que facilitan a los gobernantes unas palancas cruciales para mantenerse en el poder aun en presencia de escándalos tan graves que borrarían del mapa, cual vendaval, a cualquier dirigente en otras latitudes.

En España no hay dimisiones ni depuración de responsabilidades políticas por mucho que se descubran graves irregularidades. Los políticos desvían rápidamente el asunto al terreno judicial para resistir años en el cargo desde la trinchera de una inapropiada presunción de inocencia. Las exasperantes lentitud y laxitud de la justicia en estos particulares casos ponen el resto. Pero éste es precisamente el flanco más vulnerable del sistema en el largo plazo. La falta de renovación y limpieza va minando lentamente la credibilidad del Régimen a ojos de unos ciudadanos que perciben muchos privilegios, apaños, componendas y triquiñuelas y poco respeto al espíritu de las leyes. El Régimen toca a su fin, pero el proceso no será inmediato ni trivial.

La crisis económica aceleró el deterioro al estrangular buena parte de las enormes redes clientelares y de intercambio de favores, columna vertebral de la política española. El error garrafal consistió en ampliarlas hasta el límite durante la burbuja inmobiliaria, confiando ingenuamente en un crecimiento sostenido, bastante improbable con un sistema político y económico cerrado que responde básicamente a los intereses del poder. La drástica reducción de la tarta multiplicó las tensiones y enfrentamientos entre poderosos grupos privilegiados, antes coaligados.

Internet y los medios digitales destrozaron el monopolio de la información, rompiendo la espiral de silencio. Los ciudadanos pudieron comprobar que existían muchos más ingredientes en la política que la teatral contienda entre los grandes partidos. Y aquello que se comunicaba antes en voz baja comenzó a publicarse abiertamente, estrechando paulatinamente el espacio reservado a los tabúes. Así, se supo que la Transición política había sido mucho menos modélica de lo que reiteraba la insistente propaganda, que la Constitución había sufrido una redacción bastante chapucera y que las instituciones, completamente manipuladas por los partidos, eran incapaces de actuar con objetividad y rigor. Ante la abrumadora evidencia, la opinión pública tuvo que admitir que «el rey estaba desnudo».

Destaca, como símbolo, la considerable merma de la credibilidad del monarca, que, con especial contumacia y obstinación, fue labrándose un profundo desprestigio. Su desordenada y poco ejemplar conducta, sus nunca explicados negocios y el oscuro origen de su fortuna personal, que The New York Times estimó en 1.800 millones de euros, le imposibilitan para un ejercicio eficaz del papel de árbitro y moderador de las instituciones.

El proceso autonómico se reveló definitivamente como un rotundo fracaso. Impulsado originalmente para contener la incipiente amenaza secesionista en Cataluña y País Vasco, acabó alimentando y engordando extraordinariamente el separatismo que pretendía frenar. Y, en lugar de acercar la Administración al ciudadano, como rezaba uno de sus lemas, las Autonomías extendieron y multiplicaron el clientelismo, la arbitrariedad, el despilfarro, el control social y la dependencia política de la prensa, crearon unas estructuras mastodónticas, imposibles de financiar, y generaron un peculiar caciquismo de nuevo cuño. Desataron un brutal intervencionismo, promulgando extensísimas y prolijas leyes, normas y regulaciones, la mayoría innecesarias, cuyo objetivo real consistía en imponer barreras de entrada, limitar la competencia, favorecer a los amigos y facilitar la corrupción. En definitiva, este modelo de descentralización no aportó beneficios a los ciudadanos, pero sí a los políticos y a los círculos cercanos al poder.

Al mismo tiempo, muchos observadores coinciden en que se ha producido también una crisis de valores, algo que aparentemente complicaría la solución, pues habría que resolver simultáneamente las tres crisis: política, económica y moral. Al fin y al cabo, como herederos de la cultura clásica sabemos que no sólo de pan vive el hombre, que las personas necesitan dar una orientación ética a su vida, que los individuos buscan sentido a su existencia y a la organización social a la que pertenecen. Así, la bondad o la maldad, la generosidad o el egoísmo, forman parte de las convenciones morales de las personas. Hay crisis de valores cuando la sociedad sucumbe a la apatía, al conformismo, al relativismo, y pierde su capacidad de sobreponerse. Sin embargo, estas disfunciones también son consecuencia de la crisis política, que es la causante de todas las demás.

En las sociedades sometidas al Estado, la vigencia de los valores queda a expensas de los incentivos que dimanan de las instituciones, sea formalmente como leyes, sea informalmente como la cultura y los hábitos promovidos por la clase dirigente y asimilados por el resto. Si los dirigentes trasladan a la opinión pública la idea de que la Justicia es intencionadamente arbitraria, que las relaciones personalistas o los privilegios están por encima de los conocimientos, el mérito y el esfuerzo, que el engaño y la mentira son recursos legítimos y que la corrupción o el latrocinio, lejos de ser perseguidos, pueden proporcionar suculentos réditos, los valores éticos se convierten en una pesada carga. Pero no desaparecen, pues, por grave que sea la degradación, la gente aún distingue el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. Sin embargo, para prosperar, debe adaptarse al entorno institucional, formal e informal, y actuar en consecuencia. Pero el daño moral, por más que parezca irreparable, es reversible, siempre y cuando se reformen las instituciones, se renueven los dirigentes y se propaguen los incentivos correctos.

Lo que entendemos por valores es, en buena medida, fruto de la selección y la evolución social, y su vigencia es resultado de su conveniencia. Las sociedades desarrolladas aprendieron que el robo y la corrupción generaban desconfianza y que los negocios se resentían; que la inseguridad de personas y bienes, al albur de maleantes, piratas o invasores, arruinaba el comercio y generaba pobreza. De ahí que los individuos comprendieran que era preferible favorecer al honrado y perseguir al deshonesto, así como garantizar la seguridad de las personas y sus propiedades, habilitando los medios necesarios para ello. Entendieron que esos valores creaban la confianza necesaria entre las personas como para fomentar esa combinación de sana competencia y cooperación, necesaria para el avance de las sociedades. Y presionaron para que las instituciones incentivaran las actitudes correctas y castigaran las incorrectas, lo que con el tiempo se tradujo en leyes y, finalmente, se convirtió en cultura y hábito en las sociedades sanas y estructuradas. Por ello, un eficaz cambio político también sería capaz de ir recuperando los valores de honradez, confianza, mérito y esfuerzo.

En España, el curso de los actuales acontecimientos conduce a una decisiva encrucijada, donde el calendario y el desenlace no obedecen a un plan determinista sino que, impulsados por infinidad de decisiones humanas, responden a circunstancias contingentes. Nuestro país tiene la madurez suficiente para que el cruce de caminos pueda conducir definitivamente a un Sistema de Libre Acceso, aunque no puedan descartarse escollos, enquistamientos o caminos equivocados. Son frecuentes en la historia transformaciones fallidas, donde una oligarquía privilegiada desplaza a otra, manteniendo el Sistema de Acceso Restringido. En otros casos, las mismas coaliciones en el poder impulsan cambios meramente cosméticos en el mejor espíritu lampedusiano de «cambiar algo para que todo siga igual».

Aunque el ser humano experimente con frecuencia temor, incluso vértigo, ante la incertidumbre, no es posible detener el movimiento y la transformación que caracterizan la historia. Por ello, la presente encrucijada debe acometerse con entereza y convicción, señalando la dirección que los españoles quieren tomar. La salida adecuada, aquella que brinda mejores oportunidades de futuro, es la que pasa por una reforma constitucional dirigida a restablecer la separación, el equilibrio de poderes y los controles mutuos, a promover una eficaz representación, a implantar adecuados mecanismos de selección de los gobernantes, a impedir la confusión entre lo público y los intereses privados, a eliminar los privilegios, garantizando unas instituciones neutrales, o a reinstaurar la independencia de la justicia. Transformaciones que garanticen una actuación pública basada en la igualdad de oportunidades y el trato impersonal, fomentando los descritos valores de honradez, mérito y esfuerzo.

La solución pasa por racionalizar el caótico y oneroso sistema autonómico, garantizando que la distribución de competencias responda a criterios de economía y eficacia. Las Autonomías deben derogar de una vez esa colosal montaña de leyes, normas y regulaciones que impone enormes trabas a los emprendedores, dificultando la innovación, el comercio interior y la creación de empleo. En definitiva, devolver muchas de sus competencias no ya al Estado, sino a los ciudadanos, para que éstos puedan organizar su vida, libres de esa nefasta y asfixiante fiebre intervencionista.

Debido al desprestigio y a las fundadas sospechas que recaen sobre el actual monarca, España necesita un relevo en la Jefatura del Estado. Si el traspaso debe producirse por abdicación, continuando la línea dinástica o por cesión de la más alta autoridad a un presidente, es algo que deberán decidir los electores en un necesario plebiscito. La legitimidad de la Monarquía no puede emanar de la tradición ni de anacrónicos derechos hereditarios, sino del consentimiento expreso de los ciudadanos.

Es imprescindible cambiar la ley electoral, facilitando la representación directa de los ciudadanos y el control de sus representantes, impulsando distritos unipersonales donde el candidato deba presentarse individualmente ante sus votantes. Y garantizar que los partidos funcionen de manera democrática, exigiendo a los candidatos que se sometan a un proceso adecuado de elecciones primarias. Debe impulsarse un Poder Legislativo independiente, que cumpla plenamente las funciones asignadas: represente realmente a los ciudadanos, elabore las leyes y sirva como control y contrapeso al Poder Ejecutivo, en lugar de ser una mera correa de transmisión de las direcciones de los partidos.

Se trata, en definitiva, de tomar con decisión el camino que conduce a restaurar los principios de la democracia clásica, completamente desaparecidos en España, y emprender el camino que conduce hacia un Sistema de Libre Acceso. Sin embargo, la encrucijada presenta riesgos que podrían estancar el proceso o desviarlo de su principal objetivo.

El primer riesgo es la posibilidad de que se deriven de nuevo las tensiones e insatisfacciones hacia el conflicto partidario, esa teatral enemistad izquierda-derecha agitada interesadamente por los políticos durante muchos años. Un señuelo con el mensaje implícito de que los males están siempre en el otro lado, que debe culparse al rival y exonerar al propio, sin comprender que los defectos se encuentran en el sistema. Aunque este artificial conflicto ha perdido ímpetu en los últimos tiempos, no puede descartarse que la visión futbolística de la política vuelva a recrudecerse si los partidos deciden agitar con fuerza el ridículo espantajo.

El segundo proviene de la tentación del inmovilismo, esa negativa a hacer mudanza en tiempos de tribulación. Un razonamiento incorrecto cuando los males fueron causados, precisamente, por la ausencia de reformas en el pasado. Durante treinta años se repitió hasta la náusea, como sortilegio para conjurar cualquier reforma que amenazase el statu quo, una famosa cantinela: «No es el momento de abrir el melón constitucional». El melón permaneció intacto pero… finalmente podrido. No hay lugar para inmovilismos o enquistamientos: el desgaste, el deterioro progresivo y la extrema degradación política requieren una respuesta audaz y ambiciosa que enderece la situación.

El tercero es la tentación del populismo, esa insensata propaganda que parece prometer la extensión a toda la población de los notables privilegios de la clase política. Esta absurda idea del maná inacabable, del paraíso sin esfuerzo, de la tierra prometida a golpe de decreto ley, que hipnotiza en ocasiones a algunas personas. Sin embargo, el populismo no es más que una argucia para mantener el régimen de acceso restringido, esa secular dinámica de grupos presionando por el reparto de la tarta, venga esta nefasta corriente revestida de un discurso de extrema derecha, extrema izquierda o nacionalista. El camino hacia el libre acceso conlleva la supresión de los privilegios, no su teórica e imposible extensión. La libertad y la responsabilidad, no la tutela de los gobernantes, son características de una verdadera democracia y de una sociedad abierta.

Descartando que la iniciativa de las reformas pueda provenir de las direcciones de los partidos tradicionales, los cambios podrían impulsarse por otras vías. Existe la posibilidad de que se acreciente la desafección de militantes de base y cuadros intermedios de las formaciones políticas mayoritarias a medida que las tensiones se exacerben y se intensifique la toma de conciencia sobre la verdadera naturaleza y funcionamiento de sus partidos. Una vía compleja, pues las organizaciones han sido consumidas a partir de un perverso mecanismo de selección. Aun así, quedan personas honradas y capaces entre la militancia que podrían elevar su voz resquebrajando, en cierta medida, los abominables y antaño sólidos cimientos de los partidos tradicionales.

Pero las condiciones resultan más favorables para que nuevos partidos o plataformas, que no participaron del pacto tácito de la Transición, enarbolen la bandera de la regeneración presentando a las elecciones un programa de cambio y renovación radical, con buenas perspectivas de arañar importantes porciones de voto ante el profundo desprestigio de los partidos convencionales. En cualquier caso, el elemento crucial es una ciudadanía bien informada de las graves deficiencias del sistema y de la necesidad de unas transformaciones que devuelvan la voz y la capacidad de decisión a quien siempre debió corresponder: la sociedad civil.

La reforma política en profundidad y la regeneración completa de la vida pública constituyen una meta factible. El ciudadano consciente e informado debe encabezar una amplia movilización de la sociedad española, pues sería del todo irresponsable dejar el barco a la deriva, cediendo a otros la posibilidad de fijar el rumbo.

La regeneración política es la nueva frontera de la democracia española.

EPÍLOGO

Tengo un sueño

Finalizaba el mes de agosto de 1963, cuando Martin Luther King pronunciaba su discurso más famoso, «I have a Dream» (Tengo un sueño), a los pies del monumento a Lincoln en la ciudad de Washington. Sus palabras que, desgranadas con una peculiar retórica, se han convertido en un clásico del discurso político norteamericano, expresaban con una fuerza inusitada su visión de futuro, sus anhelos de igualdad de derechos en Estados Unidos y sus deseos del final de la discriminación.

Aunque el reverendo King murió asesinado hace muchos años, si se encontrase hoy entre nosotros difícilmente se conformaría con expresar su disgusto ante la crítica situación actual. Volvería a llamar a sus seguidores, a marchar por pueblos y ciudades, a pronunciar su famoso discurso, adaptándolo a los nuevos tiempos, al nuevo país, pero con la misma fuerza, convicción y esperanza de futuro. Y quizá éstas serían hoy sus palabras:

Amigos, hoy debo decir aquí, ante vosotros, que me encuentro profundamente decepcionado con el funcionamiento de las instituciones políticas en España. En un país donde los poderosos se llenan la boca con la palabra democracia, el pueblo no puede sentirse representado cuando no puede escoger más que entre colores o listas. Donde el Parlamento se limita a recibir las órdenes de las direcciones de los partidos. Y donde aquellos órganos del Estado que fueron concebidos para actuar con independencia e imparcialidad sufren un profundo proceso de politización, que pone en entredicho su eficacia y credibilidad.

Sufrimos una corrupción generalizada, unas decisiones públicas arbitrarias y una aplicación de la legalidad en función de la conveniencia política. Nuestra clase dirigente no se encuentra suficientemente cualificada y sus decisiones van más dirigidas a preservar sus privilegios que a resolver los problemas de los ciudadanos. Estoy convencido de que esta gran nación, España, necesita urgentemente unas reformas que conduzcan a un sistema político maduro, equilibrado y mucho más participativo, donde los gobernantes tomen sus decisiones pensando en el pueblo.

Igual que a todos vosotros, no me mueve otro interés que el de vivir como ciudadano libre, gobernado por personas capaces y honradas. Volved a vuestros pueblos y ciudades sabiendo que, de un modo u otro, esta situación puede cambiar y va a ser cambiada. No podemos hundirnos en el valle de la desesperación, del conformismo o la resignación. Aunque veamos delante el muro de las dificultades de hoy y mañana, amigos míos, yo os digo: todavía tengo un sueño. Y mi sueño está enraizado en esos profundos anhelos de libertad de todas las gentes que pueblan la geografía de España.

Tengo un sueño. Que un día votaremos a nuestro diputado o concejal propio. Que examinaremos su programa pero también su valía personal y profesional, su trayectoria, su actitud vital. Y que exigiremos permanentemente responsabilidades de su actuación, en un contrato estable entre representante y representados. Que nuestro diputado votará en conciencia en la Cámara, sin hipotecas ni disciplinas de voto.

Tengo un sueño. Que personas honestas, independientes, con criterio propio, ocuparán el Parlamento, desplazando a los funcionarios de los partidos. Que elaborarán leyes justas, controlarán al Gobierno y nombrarán para los órganos clave del Estado a ciudadanos capaces y honrados. Que veremos órganos independientes, contrapesos del poder político, auténticas barreras que impedirán a los poderosos violar impunemente las leyes o gastar sin límite el dinero que tanto cuesta ganar a los ciudadanos.

Sin embargo, amigos, aun pudiendo seleccionar a nuestros representantes por su valía personal, sería ingenuo confiar el buen gobierno a la mera conciencia, bondad, honradez o responsabilidad de los elegidos. Sabemos que el poder absoluto corrompe y tiende a sacar del ser humano las más bajas pasiones e inclinaciones.

Por eso, tengo un sueño. Que nuestro sistema señalará límites claros al ejercicio del poder y establecerá unos eficaces controles para evitar el abuso y la arbitrariedad. Que garantizará una efectiva separación de poderes entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y asegurará que cada uno supervisa y controla a los otros dos. Y que el Poder Judicial será independiente y aplicará unas leyes justas, estables y sencillas.

Sueño con unos partidos convertidos en asociaciones libres de ciudadanos que comparten las mismas ideas, no en estructuras burocráticas implacables que impiden la actuación en conciencia. Sueño con unos candidatos elegidos por un sistema de primarias libres. Y con un verdadero debate de ideas y propuestas entre partidos y candidatos, que sustituya a la bronca discusión sin argumento alguno.

Sueño con una nítida separación de lo público y lo privado, que evite clientelismos, intercambio de favores y privilegios. Con un sistema abierto, con idénticas oportunidades para todos, donde cada persona se mida por su valía, su mérito y su esfuerzo y no por su posición, cuna, raza o relaciones personales. Y en una Administración neutral, con un trato impersonal e igual para todos, con estricta observancia de la igualdad ante la ley, donde la corrupción sea siempre la excepción, no la regla.

Tengo un sueño. Que el sistema autonómico dejará de estar al servicio de los caciques regionales, que pasará a manos de los ciudadanos, de aquellos que lo pagan con su esfuerzo diario. Y que las competencias comenzarán a distribuirse con un criterio de eficiencia, no de mera conveniencia política ni como moneda de cambio en un indigno e ignominioso mercadillo de favores.

Sueño con una prensa independiente del Gobierno y de los partidos, que informe y ejerza la crítica a los gobernantes. Con unas leyes que impidan la utilización de la publicidad institucional, o las concesiones, para controlar la voluntad de los medios. Y con una España sin televisiones dependientes del poder político.

Sin embargo, amigos, no toda la responsabilidad es de los políticos o del sistema legal e institucional. Los ciudadanos debemos también reflexionar, esforzarnos para cumplir los sueños. Nuestra postura debe ser mucho más activa, menos conformista en la política. Debemos participar y vigilar permanentemente al poder.

Parece irreal, se asemeja a un sueño, pero depende de todos nosotros que esta pesadilla se transforme en un proyecto de futuro repleto de entusiasmo, esperanza e ilusión. Si queremos, podemos. En nuestra mano se encuentra la llave de la libertad.

Muchas gracias.

JAVIER BENEGAS estudió Ciencias políticas. Autor de Sociedad terminal; la comunicación como arma de destrucción masiva, compagina su trabajo de consultor en comunicación con el análisis político. Es contertulio en programas de radio y televisión y columnista en el diario digital vozpopuli.com.

JUAN M. BLANCO estudió en la London School of Economics, donde obtuvo el título de Máster en Economía. Ha sido contertulio en programas de radio y articulista sobre temas políticos y económicos. Actualmente es profesor de Economía en la Universidad de Valencia y escribe una columna semanal en el diario digital vozpopuli.com.