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A los periodistas de América Latina
que perdieron la vida buscando la verdad.

CAPÍTULO 1

Una misión peligrosa

El 31 de enero de 1993 el Frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) irrumpió en la comunidad indígena de Púcuro, localizada en la selva panameña, para ser más precisos en el Tapón del Darién, un área muy cercana a la frontera de este país con Colombia. Los guerrilleros buscaban a tres estadounidenses que según ellos eran informantes, agentes de la Agencia Central de Información (CIA).

Una vez que los encontraron, los capturaron. Sus nombres: David Mankis, Rick Tenenoff y Mark Rich. Pero no eran informantes de la CIA, sino misioneros de la Misión Nueva Tribu. Fueron secuestrados por el Frente 57, y así como llegó a Púcuro este grupo criminal, sin avisar y sin que las autoridades locales se dieran cuenta, desapareció en la selva densa del Darién, con sus ahora rehenes. A sus familiares les dieron la orden de recoger sus pertenencias y abandonar el área inmediatamente.

La noticia se esparció en Panamá, ocupando las primeras planas de los principales medios de comunicación. No cabe duda de que este hecho no pasaría inadvertido, habían transcurrido escasamente tres años desde la invasión estadounidense que derrocó la dictadura militar de Manuel Antonio Noriega y el país ya no tenía ejército. El alcance que en ese entonces tenían los estamentos de seguridad era bastante precario, por lo que la selva darienita era “tierra de nadie”. Con un cuerpo de policía que apenas comenzaba a consolidarse, regiones como ésta habían quedado al alcance de grupos de malhechores. Según dijo la misma policía en ese entonces: “En la frontera común [Panamá-Colombia] operan narcotraficantes, guerrilleros, traficantes de armas y otros, de diferentes nacionalidades”.

Este escenario planteaba una estrategia bastante lógica. Fue entonces cuando el presidente panameño, Guillermo Endara, instruyó al director de la policía que coordinara con oficiales colombianos un plan en conjunto para iniciar la búsqueda de los misioneros, ya que la teoría era que los secuestradores habían cruzado la frontera hacia territorio colombiano con ellos.

Éste habría sido el primer intento de colaboración conjunta entre los cuerpos de seguridad de ambos países por sanear el área. Sin embargo, es muy probable que ni los unos ni los otros estuviesen preparados para conocer los secretos que albergaba la remota zona del Darién que durante la dictadura militar y en la época de narcotraficantes del calibre de Pablo Escobar había servido de terreno fértil para la producción y el tráfico de cocaína con el permiso de los militares panameños.

Pero, volviendo a los misioneros secuestrados por el Frente 57, realmente nunca se supo qué habría llevado a los guerrilleros a emprender semejante misión, o por qué pensaron que esos misioneros cristianos, cuya única tarea era construir una iglesia en la selva, eran agentes de la CIA.

Poco tiempo después las FARC exigieron el pago de cinco millones como rescate para regresarlos a sus hogares, lo cierto es que no existen registros de que ese dinero fuera alguna vez pagado, como tampoco qué sucedió con Dave, Rick y Mark.

Los esfuerzos de Colombia, Panamá y Estados Unidos, que colaboró desde el punto de vista logístico, nunca tuvieron resultados.

EL ESLABÓN PERDIDO

El Tapón del Darién es como se le conoce a la selva que demarca, sin muros ni cercas, sino más bien por obra de la naturaleza, la frontera entre Panamá y Colombia. No existen calles ni autopistas que la atraviesen, aunque en la década de 1970 los estadounidenses planearon la construcción de un camino que comunicara ambos países, de esta forma se le daría continuidad a la carretera panamericana, cuya única interrupción es precisamente en este punto. No obstante, el proyecto habría sido suspendido debido a la preocupación de que semejante intervención ocasionaría daños al medio ambiente.

Este es un tema recurrente; cada cierto tiempo a alguien se le ocurre plantear las ventajas que ello tendría para el intercambio comercial, la conectividad eléctrica, el turismo y, en general, cualquier actividad que involucre crecimiento económico.

Pero ¿qué sucede con la devastación del medio ambiente que ocasionaría semejante proyecto? ¿Qué hay de la biodiversidad? Otros simplemente se preocupan por las consecuencias que tendría para el país si se construye una carretera que facilitaría el tráfico de drogas, armas, las migraciones descontroladas y hasta la minería, tala de árboles y cultivos ilegales. Después de todo no es poco el espacio de selva casi virgen que separa sin conexión alguna a ambos países. Se trata de un área de 100 kilómetros desde donde termina la carretera en Panamá hasta donde inicia la continuación en Colombia.

El Tapón del Darién ha jugado un papel importante en la historia de Panamá desde sus inicios como república. Por ejemplo, en 1903, cuando se separó de Colombia, no había forma de que la gran potencia latinoamericana enviara tropas para defender sus intereses en Panamá, a no ser que fuese por mar. Y así lo hicieron. Desde Barranquilla enviaron un buque de guerra hacia la provincia caribeña de Colón, en donde el acorazado estadounidense USS Nashville impidió que las tropas desembarcaran y brindaran apoyo a las que ya estaban estacionadas en territorio panameño, ayudando así a este país a consolidar su independencia. Por supuesto que toda acción tiene su reacción, y tan solo quince días después Panamá y Estados Unidos firmarían el Tratado Hay-Bunau Varilla, que permitiría a Estados Unidos apropiarse de una franja de veinte millas del territorio panameño y además construir y controlar el Canal de Panamá.

Durante los siguientes setenta años el Tapón del Darién se mantuvo inhóspito, virgen, y sirvió de barrera natural entre ambos países atrayendo el interés solo de aquellos aventureros que alguna vez soñaron con conquistarlo. Las comunidades indígenas que ahí habitaban, conformadas en su mayoría por grupos chocoes, vivían segregadas de los avances del mundo moderno, casi como si se mantuvieran permanentemente en una máquina del tiempo que las llevaba siempre al mismo punto de partida. Los habitantes de comunidades como Púcuro, donde los misioneros estadounidenses fueron secuestrados, probablemente conocían muy pocas personas extrañas. De hecho en la década de 1940 llevaban una especie de libro de registro en donde anotaban a cada visitante que se aventuraba a llegar a esa comunidad.

Pero todo esto cambió drásticamente en los años setenta. La región se convirtió literalmente en “tierra de nadie”, controlada por organizaciones criminales dedicadas a producir, distribuir y comercializar uno de los productos más codiciados de la economía colombiana en esa época: la cocaína.

CON IDEOLOGÍA DE IZQUIERDA

Las FARC, también conocidas como el Ejército del Pueblo, tuvieron sus orígenes en la ideología del Partido Comunista Colombiano que fuera excluido de la vida política de ese país luego del golpe de Estado de 1953.

Un grupo de guerrilleros con esta filiación política, liderados por Manuel Marulanda, alias Tirofijo, y Jacobo Arenas, fundó la República Marquetalia, que buscaba subsistir bajo el sistema marxista-leninista. Esta iniciativa fue neutralizada por el gobierno colombiano en 1964, mediante lo que se conoció como Operación Soberanía. En 1966 las FARC-EP serían fundadas oficialmente. Su objetivo era la implementación de un Estado comunista y en un principio se limitaron a zonas rurales, pero con el pasar del tiempo, ya para la década de los ochenta, fueron expandiendo sus tentáculos por todo el país, al tiempo que reclutaban cada vez más seguidores hasta llegar a tener unos veinte mil guerrilleros en sus filas.

Con el pasar de los años, ya en los ochenta y noventa, las FARC fueron radicalizando sus operaciones involucrándose en el narcotráfico, secuestros de políticos, atacando la propiedad privada, dedicándose a la minería ilegal y a los asesinatos selectivos en las diferentes ciudades.

La reacción no se hizo esperar, y así surgieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyas acciones resultaron igual de sanguinarias y criminales.

Por su parte Estados Unidos, en su lucha por erradicar el comunismo de Colombia (algo que ya llevaba un tiempo intentando hacer en el resto de la región), puso en marcha el Plan Lazo, con el propósito de brindar entrenamiento táctico para reclutar y entrenar a civiles en la lucha antinsurgente en ese país. Este programa continuó por varias décadas hasta que evolucionó en un plan de ayuda para la lucha contra el narcotráfico. Este programa se conoció como Plan Colombia.

EXPLICACIONES TARDÍAS

Ocho años después del secuestro de los misioneros estadounidenses, un representante de la organización cristiana Misión Nueva Tribu se reunió con un miembro de las FARC que había estado involucrado en el hecho en 1993. Y aunque su nombre nunca fue revelado, ese exguerrillero fue arrestado y desde su celda le confesó que David, Rick y Mark habían permanecido secuestrados por tres años, y que fueron asesinados cuando un contingente militar colombiano estuvo a punto de descubrir la ubicación de su grupo.

La conversación tuvo lugar en 2001. Sus cuerpos jamás fueron encontrados.

CAPÍTULO 2

Ellos pensaban que eran las FARC

Cuando las autoridades panameñas llegaron al Darién a investigar el secuestro de los tres misioneros estadounidenses, a inicios de 1993, quedaron petrificadas al descubrir que no solo no eran bienvenidas, sino que los pobladores tampoco deseaban su presencia en el área y, para hacer las cosas aún peores, sus enemigos tenían muchas más armas y municiones que ellas mismas, y todo esto sucedía en su propio territorio.

Sin embargo, lo sucedido a los estadounidenses era lo suficientemente grave como para que las autoridades reconocieran que no podían sucumbir ante la voluntad de una población adormecida por los falsos beneficios que el negocio del narcotráfico le traía.

Durante la búsqueda se encontraron elementos convincentes de que en el área de la frontera había una extensa operación de narcotráfico. Esta situación evidentemente llevó a las autoridades a querer construir una fuerza especializada en la defensa de las áreas fronterizas, especialmente las de difícil acceso.

En esa época era común que miembros de las FARC asaltaran poblados darienitas, atacaran puestos policiales y realizaran secuestros y extorsiones, por lo que era necesario actuar. La amenaza de las FARC en Panamá ya no era una cosa meramente de presencia física, pues además de cometer actos delictivos eran sumamente activas en la economía de la región.

Desde y en Panamá compraban todo lo que era necesario para sus operaciones: municiones, armamento y todo tipo de tecnología utilizada para las telecomunicaciones. De hecho los enfrentamientos con lo que en ese entonces era el Servicio Especial de Fronteras, cada vez eran más estratégicos y fuertes, y las FARC siempre llevaban la ventaja. Se puede decir con certeza que todas las actividades criminales que llevaron a cabo en Colombia también las hacían en Panamá.

Tal vez una de las consecuencias más importantes de la decisión tomada por el gobierno panameño, luego de la invasión de 1989, de eliminar el ejército por orden constitucional fue precisamente esta. Las zonas vulnerables, como los barrios más peligrosos y las regiones inhóspitas, entre estas las zonas fronterizas, quedarían a merced de una estructura policial dirigida por civiles, en algunos casos sin ningún entrenamiento táctico o policiaco.

Ante este panorama, era necesario cambiar el modelo utilizado para combatir a este grupo terrorista, que originalmente consistía en la resistencia que podría oponer un reducido grupo de policías ante la presencia activa de una estructura que en ese entonces ya era considerada una organización terrorista internacional y que estaba teniendo efectos terribles en las poblaciones del Darién.

Por otro lado, la región había sido dejada en el olvido por el gobierno nacional, que en ese momento se enfocaba más en reconstruir el país luego de más de veinte años de dictadura y una invasión militar. El gobierno en turno había recibido un país en ruinas, pero no solo estructuralmente, sino también en sus instituciones democráticas y financieras con una deuda externa de más de seis mil millones de dólares en 1989.

Las escuelas estaban abandonadas y los servicios médicos en muchos casos habían sido reemplazados por curanderos, ya que los doctores, enfermeras y maestros eran escasos.

Para suerte de algunos y desgracia de otros, estas comunidades no estaban en el olvido de todos. Tenían una especie de “salvador”: las FARC, y en especial el Frente 57. Este grupo estableció algo semejante a una economía ficticia, basada en la compra exuberante de bienes, en la que llegaron a pagar hasta trescientos dólares por un saco de arroz.

Ante esta grave situación el gobierno comenzó a pensar en la necesidad de garantizar la seguridad de esta parte de la población, pero no sólo desde el punto de vista armado, sino que además inició acciones para velar por su bienestar. De manera que no solo pudiesen vivir una vida digna sino que también se pudiese favorecer el intercambio cultural, turístico y comercial de la zona.

Y es que cuando de este tipo de estrategias se trata, el dominio de la población es clave si se quiere tener algún nivel de éxito, así nos lo explicó en una franca conversación el director del Servicio Nacional de Fronteras, Eric Estrada, cuando lo entrevistamos para escribir este libro. “Los darienitas no identificaban quién era su autoridad”, nos dijo, y agregó que ellos pensaban que eran las FARC.

Ya para este entonces, las FARC se habían dado cuenta de que la producción de cocaína era una fuente importante de ingreso, y entraron al negocio. Se convertirían en una especie de sheriff y cobrarían a los cárteles por proteger los cultivos de coca y el transporte de la cocaína y sus derivados en y a través de los territorios controlados por ese grupo armado.

AUTODEFENSAS vs. LAS FARC

Ante el creciente control que iba ejerciendo el Frente 57 en el Darién aparecen en escena los grupos adversos, es decir las Autodefensas Colombianas (AUC), en especial el Bloque Elmer Cárdenas, que tenía por esos años unos cuatro mil miembros, para quienes también debía proveer insumos.

Esta fue una estructura que para efectos de las incursiones en territorio panameño se estableció en el golfo colombiano de Urabá, y poco a poco fue movilizándose hacia el país vecino para tratar de reducir la influencia del Frente 57, bajo el mando de Gilberto Torres Muñetón, alias Becerro, encargado de generar recursos para enviar fondos al secretariado de las FARC.

El Bloque Elmer Cárdenas quería entonces apropiarse del Darién, lo que provocó una ofensiva por parte de las autoridades panameñas para contener la guerra que se venía.

Pero ¿qué o quién era ese bloque? La historia cuenta que por el año 1995 se creó en la región de Urabá un grupo de autodefensa denominado El Grupo de la Setenta. A él pertenecía el guerrillero Elmer Cárdenas, quien a la sazón era muy cercano de algunos líderes de las AUC, entre ellos Freddy Rendón, alias el Alemán.

Cárdenas murió en un enfrentamiento con las FARC en 1997, y en su honor se creó este grupo o “bloque”, bajo el mando del Alemán.

El Bloque Elmer Cárdenas tenía influencia en varios municipios al norte del Urabá y en el Chocó, ambos territorios muy cercanos a la frontera con Panamá y en donde el Frente 57 tenía una importante presencia.

Aunque sus líderes lo han negado, se les vincula con actividades relacionadas con el narcotráfico y tráfico de armas. Además se les responsabilizó por la comisión de asesinatos, torturas, decapitaciones, desmembramientos, masacres, trata de personas y el reclutamiento masivo de menores.

El secuestro de los misioneros y los sucesos que se dieron durante los años siguientes con las AUC y el Frente 57 determinaron lo que sucedería después.

Las debilidades de la fuerza policial panameña eran más que evidentes, por lo que era necesario poder atacar al enemigo en igualdad de condiciones, y de esa forma iniciar un proceso para recobrar la confianza de la población del Darién que había hecho una especie de pacto de sangre con sus nuevos benefactores.

Entonces es con la colaboración de diversas autoridades colombianas que Panamá concreta su plan, y es en 2015 cuando se lanza la primera operación en conjunto denominada Agamenón I, en honor al general griego, protagonista de la guerra de Troya descrita en la Ilíada, de Homero.

El primer plan fue Agamenón I, y le han sucedido Agamenón II y recientemente la Operación Escudo. Desde que se iniciaron esos operativos, las incautaciones de drogas se han incrementado. Pero la principal función de estas operaciones ha sido mantener fuera del territorio panameño las acciones delictivas de una nueva agrupación criminal, una tan sangrienta como sus antecesoras, una que no solo se conforma con dedicarse al narcotráfico, sino que también incluye en su portafolio delictivo el tráfico de armas, la minería ilegal, los homicidios selectivos, secuestros y el tráfico de seres humanos. Se trata del Clan del Golfo de Urabá.

NUEVAS RUTAS, NUEVOS NEGOCIOS

Debido a que el territorio fronterizo es beneficioso para el cultivo, procesamiento, cristalización y transporte de drogas hacia los mercados internacionales, cuando la dictadura militar en Panamá colapsó dejó un espacio en la región del Darién para que este negocio —que había estado controlado por la cúpula militar panameña durante la dictadura— encontrara nuevo dueño. Además se trata de un área en la cual las fuerzas antinarcóticos estadounidenses tienen poco control. Especialmente si se compara con otras rutas como las del Caribe, altamente vigiladas por diversas entidades no solo bajo el control de Estados Unidos.

Tal vez es por esta razón que las nuevas rutas incluyen aquella que cruza a través del Tapón del Darién, en la cual mochileros contratados por los nuevos cárteles colombianos se aventuran y atraviesan la selva panameña a pie, con hasta dieciocho kilos de cocaína a sus espaldas.

Una vez en territorio panameño, la logística del transporte cobra vida propia. Custodiada por pandillas panameñas es transportada a poblados del este de la provincia Panamá, en donde se esconde en caletas localizadas, en algunos casos, en sitios que tienen como fachada fincas agropecuarias y de ganadería.

Desde ahí el negocio verdadero es el transporte vía marítima y por tierra, ya sea hacia Europa o hacia el Norte: México y Estados Unidos.

Con este escenario tan comprometedor, y ante la posibilidad real de que el narcotráfico se infiltre en la política criolla, como ya ha sucedido en Honduras y México, por mencionar los casos más recientes, es importante que Panamá y Colombia aumenten su presencia en la zona selvática fronteriza. De lo contrario, es probable que antes de que nos demos cuenta regresemos a aquellos años en los que reinaba el terror de los grandes capos de la droga.

CAPÍTULO 3

¿Qué quieren las FARC?

Como se dijo, es una organización que tuvo su origen en el Partido Comunista Colombiano, por lo que desde sus inicios era de corte marxista-leninista. Pero ¿cómo es que llegaron a convertirse en un aparato de terrorismo internacional?

En alguna ocasión se le preguntó a quien fuera el máximo jefe de la organización, Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, qué tipo de gobierno quería las FARC, y casi como quien recita una poesía después de haberla ensayado cientos de veces, respondió: “Las FARC quieren un gobierno pluralista, democrático y patriótico”.

Tirofijo habría sacado su respuesta de los principios contenidos en el Manifiesto Comunista, una producción conjunta de Karl Marx y Friedrich Engels publicado a finales de enero de 1888.

Este escrito documenta la lucha de clases entre la “burguesía” y el “proletariado”, el “opresor” y el “oprimido” que a lo largo de la historia ha desencadenado uno de dos posibles escenarios: la reconstrucción revolucionaria de la sociedad o, por el contrario, la ruina de uno de estos grupos.

Según Marx y Engels, para lograr un equilibro fundamental en la sociedad moderna y acabar con los abusos de la clase burguesa, es necesario terminar con la propiedad privada, centralizar el crédito en el Estado y establecer una combinación entre la agricultura y la industria manufacturera para ir poco a poco aboliendo las diferencias entre el campo y la ciudad, entre otros aspectos que para los capitalistas son impensables.

Pero volviendo a las FARC y a su líder Tirofijo, no era de extrañar que entre las peticiones que el grupo guerrillero hiciera a los presidentes colombianos existiesen reclamos dirigidos a los efectos que tenía la “privatización” en la economía del país sudamericano. Según ellos, esta habría cooperado en el crecimiento de los monopolios económicos, resultando en la quiebra de la pequeña y mediana empresa. Y bajo estos principios de luchas de clases, y bajo la idea de que las revoluciones y las guerras revolucionarias son inevitables para derrocar a las clases dominantes y conquistar el poder, es que nacen y subsisten las FARC durante sus primeros años.

TRANSICIONES

En un inicio la ideología comunista de las FARC era su hoja de ruta, sin embargo, al poco tiempo se tropezarían con la realidad de que tenían la “necesidad” de generar ingresos para su causa. Una causa ilegal para efectos colombianos. Eran insurgentes, es decir, grupos armados rebeldes que se alzaban en contra del Estado y del mismo gobierno, por lo que dedicarse a una actividad económica tradicional para generar ingresos y declarar impuestos al fisco, es decir incorporarse a la economía tradicionalmente capitalista colombiana, era, por decir lo menos, absurdo.

Es en ese entonces, ya en la década de 1970, que le echan el ojo a esa otra economía colombiana, la alterna. Esta también producto de la actividad agrícola, aunque no precisamente del café. El cultivo de la mariguana y la coca.

Durante nuestra investigación tuvimos acceso a varios informes elaborados por la CIA, uno de ellos, cifrado GI 83-10265, de noviembre de 1983, y titulado “Tráfico de drogas: El rol de los insurgentes, terroristas y estados soberanos”, reconoce el papel cada vez más prominente que ocupan estos grupos en el mercado del narcotráfico.

Según este informe relacionado con las FARC, el negocio del narcotráfico es una actividad lucrativa que les permite obtener grandes ingresos y con riesgos de trazabilidad relativamente bajos para financiar sus actividades insurgentes.

Al mismo tiempo, el documento reconoce que estos nuevos elementos complican los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para controlar el tráfico de estupefacientes. “La situación no mejora cuando existen oficiales de gobierno coludidos con estos grupos, que facilitan su actividad”, concluyó dicho informe.

Sin embargo, a pesar de sus incursiones en esta nueva línea de negocios, el informe de la CIA indicaba que para las FARC la extorsión y los secuestros seguían siendo su fuente principal de ingresos.

Pero los oficiales de inteligencia que elaboraron ese informe debieron no tener mucha experiencia o conocimiento en la región porque cometieron un terrible error. Según ellos, el hecho de que grupos como las FARC se involucraran en el tráfico de drogas no elevaría la cantidad de drogas que llegaba a Estados Unidos, ni serían un riesgo para el resto de las organizaciones criminales en el mercado del narcotráfico. ¡Craso error!

Para cuando este reporte salió, las FARC ya estaban envueltas en un portafolio más extenso de actividades criminales que incluían las mencionadas extorsiones y secuestros, además del cultivo y el tráfico doméstico e internacional de drogas y armas.

El segundo documento que revisamos es de 1992, es decir casi diez años después del primero. Este exploraba la influencia que ejercían en el narcotráfico los grupos insurgentes de Perú y Colombia. Ya en ese entonces la CIA reconocía que grupos como las FARC habían diversificado su rol en ese negocio en busca de mayores fuentes de ingreso para su causa.

“La guerrilla colombiana ha ido aumentando su participación en el creciente tráfico de opio y heroína de ese país”, establece dicho documento, y agrega que las plantaciones de amapola habían aumentado significantemente en dicha región. De esta forma reconocen que ya no solo participan en el tráfico de mariguana y coca, como lo establecía el informe de 1982.

De hecho la CIA reconoce que la cantidad de ingresos recibidos por los grupos insurgentes producto de este negocio es difícil de cuantificar, pero que debido al nivel de participación de las FARC en el narcotráfico es posible que sus ganancias sean superiores a la que puedan percibir los grupos peruanos, por ejemplo.

De esta manera las FARC pasaron de ser simples custodios del tráfico de mariguana y cocaína a tener una participación más activa en el narcotráfico, ya que además ofrecían la protección necesaria para garantizar las operaciones en laboratorios de producción de cocaína y las pistas de aterrizaje clandestinas ubicadas también en esos territorios.

En las áreas rurales colombianas el cultivo de mariguana y coca era originalmente realizado por agricultores de la región, pero conforme las FARC comenzaron a controlar esos territorios, la historia fue evolucionando. Ya para 1977 cobraban cuotas a los traficantes por utilizar territorios bajo su control. Un corto tiempo después comenzaron a cobrar una suerte de impuesto a la producción de coca, materia prima para la confección de cocaína, y hasta llegaron a establecer un sistema de cuotas y cobros para los trabajadores y agricultores, según reveló la embajada de Estados Unidos en Colombia con base en el informe de la CIA.

De hecho un número significativo de reportes de la embajada de Estados Unidos, confirmados en el informe de la CIA de 2001, al que también tuvimos acceso como parte de la investigación para este libro, señaló la existencia de actividades llevadas a cabo por uno de los frentes de las FARC en el sureste colombiano, que se organizaba de manera exclusiva para controlar en su totalidad la producción de coca en esa región con el propósito de utilizar las ganancias, producto de su tráfico, para subsidiar las actividades insurgentes en otros frentes —entre ellos el del Golfo de Urabá— que incluían el intercambio de drogas por armamento con grupos dedicados al tráfico de armas.

Tal vez el mayor beneficio que obtuvieron las FARC de su relación con los grupos narcotraficantes no fueron las ganancias económicas resultado de esta actividad, sino más bien el acceso a grupos de traficantes de armas y municiones de todo tipo.

Según el informe de 2001 de la CIA, las FARC habrían negociado la compra de armas y municiones con diversos grupos irregulares, entre ellos los del mercado negro (que se dedica al tráfico de armas ilegales) y el mercado gris (que se dedica a la venta ilegal de armas y municiones técnicamente legales). También, según el mismo documento, en ocasiones le robaban al ejército sus armas y municiones.

Es justo decir que también se abastecían del mercado negro otros grupos insurgentes colombianos, como las Autodefensas, a las cuales pertenecían el Frente Elmer Cárdenas y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La compra de estos insumos por parte de las FARC en su mayoría provenía de países vecinos de Colombia y Centroamérica, donde existía un exceso de inventario, luego de que los grupos de insurgencia comunistas de la región ya no necesitaban las armas. Así, las FARC se aprovechaban de la situación y las contrabandeaban utilizando las mismas rutas utilizadas para el narcotráfico hasta ahora desconocidas por ellos.

En esos tiempos las FARC no tenían acceso a rutas de tráfico internacional, y a menudo se enfrentaban a escenarios en los cuales era muy difícil acordar rutas seguras para los embarques de armas que debían llegar a Colombia. Pero sus nuevos socios de los cárteles de la droga eran expertos en el movimiento internacional de bienes clandestinos, estableciendo cadenas de abastecimiento, innovadoras, realmente seguras y efectivas.

ENEMIGO PÚBLICO

El mayor error de la CIA fue suponer que las FARC se mantendrían al margen de los cárteles de la droga y su negocio. Especialmente con la gran presión que ejercía sobre ellos el gobierno colombiano.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, todavía con la resaca de sus fracasos en la lucha contra el comunismo en Vietnam, Nicaragua, Corea del Norte y Cuba, por mencionar algunos, parecía haber perdido el interés en enfocarse en grupos relativamente nuevos como las FARC. Después de todo ya era una corriente ideológica que iba en decadencia; en Europa occidental, el muro de Berlín caería a finales de la década de los ochenta y Rusia ya era tan solo un caparazón de la potencia que había llegado a ser después de la Segunda Guerra Mundial.

En su lugar, ahora Estados Unidos se preocupaba por los cárteles de la droga y la amenaza que representaban para los ciudadanos de ese país.

Para los estadounidenses, las FARC no eran más que otro grupo comunista que eventualmente iba a desaparecer en la oscuridad. Su enemigo público número uno ahora era Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien habría desafiado a las autoridades estadounidenses por unos diez años más hasta que fue abatido en 1993 por la policía colombiana con la ayuda de uno de sus grupos adversarios y de la DEA.

Una vez desaparecido Escobar y tras el desmantelamiento del Cártel de Medellín los estadounidenses centraron sus esfuerzos en el Cártel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, Helmer Herrera y José Santacruz. Esta organización criminal se convertiría entonces en la cabeza de un negocio multimillonario que transportaría toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y, como resultado, miles de millones de dólares producto de ese negocio se moverían en la banca internacional. La mayor parte de ese dinero aún permanece desaparecida y algunos especulan que se encuentra en la banca suiza.

Casi desapercibidas ya operaban las FARC, consolidando su poderío en las zonas rurales de Colombia y aumentando y fortaleciendo cada vez más su presencia en el Darién a través del Frente 57.

Y aunque para 1983 la CIA había concluido que las FARC no tenían interés real en el tráfico de drogas, realmente no pudo estar más equivocada. Sin embargo, la conclusión a la que llegó no era del todo descabellada. De hecho, los grandes capos de la droga veían a las FARC como una amenaza para su negocio, pues suponían que ejercían gran control sobre los campesinos de la región. Esto llevó a los narcos a formar una alianza entre ellos mismos para hacerse de la mayor cantidad de tierra posible y de esta forma no sentirse a merced de ese grupo de insurgentes.

De hecho, el propio Escobar dijo alguna vez: “Ellos tratan de presentarme como socio de la guerrilla y eso lastima mi dignidad personal. Soy un inversionista y por lo tanto no puedo simpatizar con las guerrillas que luchan en contra de la propiedad [privada]”.

Conforme la guerra contra el tráfico de estupefacientes arreciaba en Colombia, el Darién se había convertido en una zona de supervivencia para las FARC. Mientras, las autoridades panameñas apenas comenzaban a darse cuenta de que la guerrilla había traspasado la frontera, y ahora estaba en su territorio. No solo se había convertido en la autoridad de facto de esa zona, sino que también había logrado organizar la economía de los derienitas ganándose de esta forma su lealtad.

Años más tarde las FARC también lograrían desplazar a los cárteles colombianos del negocio del narcotráfico para convertirse en los mayores líderes al menos por el momento.

CAPÍTULO 4

Enemigos íntimos

Los años finales de la década de 1990 y los primeros del nuevo milenio fueron extremadamente difíciles para la policía fronteriza panameña; los poblados de esa región del Darién, en especial Púcuro y Paya, se habían convertido en carne de cañón ya no solo para el Frente 57, sino también para el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las AUC eran de extrema derecha, organizadas con el propósito de combatir a los grupos de izquierda, como eran las FARC, y proteger así a empresarios, terratenientes, ganaderos y campesinos que sufrían los embates del grupo guerrillero. A partir de su creación, su principal meta fue contener la expansión de la guerrilla e incursionar en los territorios que las FARC utilizaban para obtener sus fuentes de financiamiento, incluyendo las provenientes del narcotráfico. El Darién y la frontera con Panamá era, sin duda, una de esas zonas.

Sin embargo, a pesar de que su ideología era diametralmente opuesta a la de las FARC, utilizaron los mismos medios para llevar a cabo y financiar sus operaciones. En otras palabras, se valieron del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, tal como lo hicieron sus enemigos de las FARC.

Las AUC se caracterizaron por su barbarie, fueron responsables de la comisión de ataques sanguinarios y masacres a comunidades enteras. De hecho, un reporte emitido por miembros de la Corte Criminal Internacional, en 2008, luego de una visita a Colombia para evaluar los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos en ese país durante el conflicto armado, determinó que las AUC fueron responsables de alrededor de 80% de los asesinatos ocurridos durante el conflicto, mientras que a las FARC se le atribuye el 12%. El resto es endilgado a otros grupos armados. Panamá y sus regiones fronterizas no escaparon a este baño de sangre.

Ya para finales del siglo XX las AUC habían puesto el ojo en Panamá, debido a que todas las rutas utilizadas para el tráfico de drogas —que era el mayor generador de ingresos para sostener la simbiosis de terrorismo y narcotráfico por parte de las FARC en contra del gobierno colombiano— estaban establecidas de alguna manera u otra a través del territorio panameño.

Y es que en ese entonces ya había un gran control en Colombia por parte de la policía y el ejército sobre los mares, por lo que la alternativa era utilizar la ruta terrestre que siempre había sido muy funcional debido a que el cordón fronterizo con Panamá tiene 266 kilómetros sobre los cuales es imposible tener control específico, debido a lo inhóspito del terreno.

Quien conocía esa zona y poseía el entrenamiento adecuado para caminar por la selva podía llegar a abrir miles de rutas, especialmente en un momento en el que las autoridades panameñas carecían de capacidad para establecer puntos de control y crear estrategias de captura y así interceptar los envíos de drogas. Era el escenario perfecto para grupos insurgentes como las FARC. Su ventaja sobre las autoridades era indudable. Siempre ganaban.

Por unos diez años ambos grupos, AUC y FARC, convivieron en la zona fronteriza panameña. De hecho, en ese entonces era muy difícil tanto para las autoridades panameñas como para las comunidades indígenas identificar qué grupo era el responsable de una determinada incursión o hecho criminal, puesto que utilizaban el mismo tipo de uniforme y una banda muy similar en el brazo con los colores de la bandera colombiana y cuyo único distintivo eran las letras AUC o FARC. Cuando las autoridades del entonces Servicio Especial de Fronteras llegaban a las comunidades a recopilar evidencia de lo que había sucedido, la descripción de ambos grupos proporcionada por los indígenas era casi idéntica, ya que no podían identificar las letras al no saber ni leer ni escribir.

Durante una década ambos grupos traficaron drogas y armas por esas rutas sin mayores tropiezos y hasta podría decirse que con el beneplácito de las comunidades. Cuando llegaban a los poblados, armados hasta los dientes y con una actitud dominante, nadie se atrevía a oponerse a lo que pedían, y para hacer las cosas aún más complicadas, o sencillas, depende de la óptica con que se mire, los guerrilleros de las FARC dejaban dinero abundante en las poblaciones.

Durante ese tiempo las FARC intentaban “dominar masas”, es decir, lograr que las diferentes poblaciones siguieran sus instrucciones al pie de la letra. Era común ver cómo llegaban en grupos numerosos y armados a los poblados donde sus habitantes no tenían ni el mismo calibre ni la misma cantidad de armas, sino apenas una escopeta que utilizaban para la caza. Estos guerrilleros revisaban los insumos de la población y “ofrecían” comprarlos para alimentar a sus camaradas.

Aun si los pobladores se quedaban sin alimentos para su subsistencia accedían a vender sus cultivos, porque no se atrevían a negarse ante un fusil y mucho menos ante los exorbitantes precios que pagaban por el arroz y el plátano, por ejemplo. Con dinero en mano, los indígenas tenían posibilidades de subsistir.

Y los ataques violentos a las unidades de policía panameña nunca faltaron a pesar de que ya recibían mayor entrenamiento debido a que se conocía la presencia de la AUC y las FARC en Paya y Púcuro. Sin embargo, la fuerza pública seguía siendo precaria, y a ello se sumaba el hecho de que no había una instrucción precisa o procedimiento estandarizado de qué hacer en situaciones de confrontación con esos grupos armados. En otras palabras, no se había definido cómo tratarlos: como delincuentes comunes, como crimen organizado o como una agrupación beligerante.

De hecho por el año 1995, en Boque de Cupe, se dio un ataque directo al puesto de policía. Disparos con metralletas iban y venían de ambos lados, se lanzaron varias granadas, el rifirrafe duró casi toda la noche, y aunque las unidades de policía resistieron uno de ellos murió ahogado en el río.

En retrospectiva, es muy probable que este ataque en medio de la selva y cuando todo estaba oscuro haya sido provocado por las AUC que intentaban tomar algún poblado indígena que era colaborador de las FARC.

Lo cierto es que debido a que el Estado no llegaba a las zonas de difícil acceso, las AUC lograron establecer un fuerte control de esas comunidades indígenas.

QUINCEAÑERAS

La comunidad de Paya era de las favoritas de las FARC, ahí descansaban, comían y festejaban. Las AUC se enteraron de esto y comenzó la represión, siguiendo el modelo ya utilizado en Colombia.

El 18 de enero de 2003 en la comunidad de Paya los pobladores, indígenas gunas, se preparaban para celebrar una fiesta de quince años. Una celebración en la cual se festejaba el paso de niña a mujer de las jovencitas que cumplían esa edad y se tomaba inna o chicha fuerte de maíz, una especie de licor artesanal preparado para la ocasión. Aún bajo los efectos y la confusión que provoca dicha bebida alcohólica, los comensales vieron llegar a los miembros de las AUC y los confundieron con sus “amigos” de las FARC, que habían estado ahí tan solo unos días antes. Les dieron una calurosa bienvenida y celebraron su retorno ofreciéndoles comida y bebida.

Como era de esperar, las AUC tomaron por la fuerza el poblado; algunos lograron escapar hacia la comunidad más cercana: Púcuro. La idea era advertir a sus vecinos de lo que estaba ocurriendo en Paya. Pero luego de caminar unos veinte minutos fueron interceptados y capturados por miembros AUC.

Dos de las víctimas, que incluían a un cacique, fueron decapitadas. Otro sobrevivió. Logró regresar a su pueblo y les comunicó lo sucedido a quienes todavía permanecían ahí luego de una ocupación de un día y medio por parte de las AUC. Los guerrilleros mataron a todos los animales: perros, gatos, gallinas, puercos, por lo que los habitantes terminaron huyendo y escondiéndose en la selva.

Este hecho, al igual que el secuestro de los misioneros de 1993, marcó un antes y un después en cuanto a las acciones que tomarían las fuerzas policiacas panameñas. A Paya fue a dar un grupo importante de miembros de los estamentos de seguridad, quienes ya más especializados y con mejor entrenamiento comenzaron a organizarse y establecieron el primer puesto fronterizo en esa zona.

INICIA UNA RELACIÓN

Los esfuerzos en conjunto con el gobierno colombiano eran casi nulos. Cada quien libraba sus propias batallas, a pesar de tener los mismos enemigos.

No fue sino hasta finales de la década de los noventa que Panamá comenzó a buscar ayuda de los elementos de seguridad colombianos. Inicialmente para saber cómo identificar a los diferentes grupos guerrilleros, sus uniformes, sus líderes.

Con esta información de inteligencia la cacería comenzó; de hecho, varios campamentos de las AUC fueron destruidos. Algunos más completos que otros, las fuerzas policiacas encontraron de todo: televisiones, crías de truchas, corvinas, bombas de agua, plantas eléctricas y edificaciones rurales de una y dos plantas.

Por otro lado, ante el acoso tanto en Panamá como en Colombia a las AUC por parte de las FARC, que probaron tener más dominio de las comunidades, su radio de influencia fue decreciendo. Se dio el fenómeno de que los poblados comenzaron a rechazarlos porque, como dice el viejo adagio: “Poderoso caballero es don dinero”, y las FARC habían logrado comprar no solo la conciencia de los pobladores sino también su voluntad. Hasta les habían perdido el miedo.

Poco a poco las FARC fueron dominando el territorio darienita y por su lado las AUC, en especial los miembros del Bloque Elmer Cárdenas, comenzaron a pensar en acogerse a los procesos de paz que el gobierno de Colombia y sus compañeros de lucha e ideología habían iniciado desde 2003 y que terminaron en 2006.

Luego de que las AUC se desmovilizaron, los miembros disidentes que se dedicaban al narcotráfico comenzaron a apoderarse de las rutas ya existentes. Es entonces cuando este grupo se transformó en lo que después se conoció como Bandas Criminales (Bacrim) que fueron organizándose y adquiriendo cada vez más poder.

Para el año 2011 las Bacrim tenían solo diez grupos armados, entre ellos el Clan Úsuga, los Rastrojos, las Águilas Negras, los Paisas y la Oficina de Envigado. De ellos, el Clan Úsuga se convertiría en el Clan del Golfo, del cual ya hemos hablado, pero que analizaremos con mayor detalle más adelante. Este grupo aún representa un gran riesgo para Panamá. Este nuevo cártel sigue utilizando el Darién como su principal ruta para el tráfico terrestre de cocaína hacia Europa, México y Estados Unidos.

Lo más curioso de todo este proceso de transformación es que a pesar de que el gobierno de Colombia lleva años intentando negociar la paz definitiva y de que algunos procesos ya han concluido mientras que otros se mantienen en las mesas de negociación, se sigan conformando grupos irregulares empeñados en continuar con las mismas prácticas ilegales. Es el caso de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), que data de 2017, y que acogen a aquellos miembros de las FARC o de las AUC que no se han acogido a los procesos de paz y que prefieren seguir delinquiendo. De hecho son responsables de una gran cantidad de homicidios selectivos, extorsiones, de la configuración de estructuras para el tráfico de drogas, en fin, las mismas actividades que llevaban a cabo sus predecesores.

Lo que está claro es que pese a todos los esfuerzos realizados, desde 1993 y hasta la fecha ambos países, Colombia y Panamá, deben trabajar en conjunto ante un enemigo en común, que ha probado una y otra vez que es difícil de vencer, no solo por su alcance económico sino también por su gran habilidad para mutar.

CAPÍTULO 5

De dónde viene toda la cocaína

Ya desde la época de la Conquista, Panamá era considerada una importante zona de tránsito para el comercio internacional debido a su posición geográfica. Desde este pequeño país centroamericano partían las expediciones hacia las Américas.

Las ferias de Portobelo y Nombre de Dios atrajeron a toda clase de interesados, desde comerciantes hasta piratas y corsarios, en busca de riquezas, y ni hablar de la fiebre del oro en Perú. Por este territorio transitaron europeos de todas las nacionalidades para llegar a este destino y hacerse del oro que en ese entonces Perú tenía que ofrecer a los conquistadores.

Esta ha sido, sin duda, una de las mayores ventajas que ha tenido Panamá, incluso hasta la era moderna, en la cual se construyó el Canal que hoy representa un ingreso anual para el país que alcanza los mil setecientos millones de dólares.

Es imposible pensar que estas mismas ventajas no fueran también vistas por los narcotraficantes de los países vecinos, principalmente Colombia. De hecho, ese país ha sido desde los años ochenta el principal productor de cocaína del mundo.

Los productores de cocaína colombianos fabricaban su producto a partir de la base de coca procedente de Perú y Bolivia, hasta que lograron cultivos suficientes para complementar el producto importado con el que producían localmente. De hecho, hoy en día en Colombia se cultivan más de doscientas mil hectáreas de coca, cuando hace cinco años apenas eran unas cuarenta y nueve mil.

En 2016 la revista Business Insider publicó una entrevista a un productor de pasta de cocaína, quien explicó en detalle la química detrás del proceso de producción. Según él, el proceso ha sufrido muy pocos cambios desde 1905. En la entrevista, explicó que unos 283 kilogramos de hojas de coca eran cosechados por hectárea de cultivo unas seis veces al año. Luego éstas pasaban por un proceso de secado que duraba unas doce horas y entonces se cortaban en pequeños trozos con una especie de güira o cortadora de grama manual. A estas hojas secas cortadas en pedacitos, se les agregaban pequeñas cantidades de cemento en polvo para reemplazar el carbonato de sodio, así, las hojas de coca se convertían en pasta de coca o nata, como le llamaban.

Esta pasta de coca se sumergía en gasolina por todo un día y luego era removida y colada para extraer el remanente de gasolina. Seguidamente se mezclaba con ácido sulfúrico, que era reemplazado químicamente por ácidos extraídos de baterías. Según el productor, además agregaban otros componentes como amonia, permanganato de sodio y soda cáustica.

En este punto se vendía a los diferentes cárteles por unos 900 dólares el kilo, quienes se encargaban de “cocinarla” hasta que era reducida a su composición más pura y convertida entonces en cocaína. Finalmente se vendía a sus clientes, quienes la mezclaban con otros ingredientes como harina, polvo o azúcar de leche hasta reducir su pureza en un 60% aproximadamente. Este producto es el que se ofrece en las calles al menudeo.

Esta nueva forma de cultivo fue particularmente atractiva para los agricultores desde inicio de los años ochenta debido a la demanda cada vez más grande de grupos organizados que se dedicaban al narcotráfico. Estos grupos inicialmente solo traficaban mariguana, pero debido a las exigencias del mercado, en especial el estadounidense, de consumir nuevas drogas, incursionaron también en el tráfico de cocaína, lo que no solo incluía el transporte, sino toda la línea de producción y distribución. Resultó ser un negocio multimillonario. Los narcos de la época comenzaron a ganar tanto dinero que no sabían ni qué hacer con él. Con la riqueza y el poder también llegó la violencia y se inició una guerra que a pesar de que hoy en día tiene diferentes actores lleva casi cuarenta años de existir.

PERO ¿CÓMO COMENZÓ TODO?

A finales de la década de los setenta un grupo de colombianos decidió reunirse y asociarse para producir y distribuir cocaína. Ellos eran Pablo Emilio Escobar Gaviria, Gustavo Gaviria, Carlos Lehder, Gonzalo Rodríguez Gacha y Fabio, Juan David y Jorge Luis Ochoa, quienes conformaron el primer cártel organizado de narcotráfico: el de Medellín.

El surgimiento de esta organización no fue casual. Más bien fue una iniciativa encaminada a unir fuerzas contra un gobierno que tenía como política de Estado el combate de las actividades relacionadas con la producción y venta de drogas ilegales.

Inicialmente el tráfico internacional de drogas comenzó, como se dijo, con la mariguana, que proporcionó a los capos rutas de distribución terrestres y marítimas y un capital considerable hasta que fue perdiendo popularidad, dando paso a la cocaína, de la cual Estados Unidos era su principal consumidor.

Los señores del Cártel de Medellín se beneficiaron de la experiencia ganada con la mariguana y la pusieron en práctica con la cocaína, y con el tiempo fueron responsables del tráfico de 80% de la cocaína que se consumía en el mundo. Este sería un negocio tan grande que los haría ganar miles de millones de dólares durante los siguientes diez o quince años.

Este esquema organizado por Escobar buscaba que los distintos jefes narcos de Medellín trabajaran en conjunto para regular la producción, el precio y la distribución de la cocaína. Inicialmente contactó a Rodríguez Gacha y luego invitaron al grupo a los hermanos Ochoa, quienes hasta ese entonces se dedicaban al negocio de la cría de caballos.

Así comenzó la búsqueda de las rutas ideales para llegar a Estados Unidos con su producto, y fue entonces cuando contactó a Lehder, quien ya era traficante de mariguana. Fue él quien ideó la ruta para introducir la droga en Estados Unidos a través de las Bahamas.

Con los itinerarios establecidos los nuevos socios pusieron manos a la obra empleando a cuanto grupo les fuera útil para sus propósitos. Así, los agricultores cultivaban la coca, los guerrilleros custodiaban las plantaciones, laboratorios y pistas de aterrizaje, los testaferros se encargaban de sobornar a las autoridades y blanquear el dinero, y tenían a sus órdenes un grueso y costoso equipo legal para defenderlos en caso de que fuese necesario. Además poseían los mejores sicarios, quienes se encargaban de ajustar cuentas con sus enemigos.

Curiosamente, mientras su líder máximo se presentaba ante su ciudad de Medellín como el benefactor de los más necesitados, su fortuna ya alcanzaba los dos mil millones de dólares para 1983. Durante los años que estuvo a la cabeza de la organización se le han atribuido seiscientos veintitrés atentados que dejaron aproximadamente cuatrocientos dos civiles muertos y la detonación de ochenta y cinco bombas entre enero y mayo de 1990.

Tanto Escobar como sus socios trataban de proyectar la imagen de una especie de Robin Hood, pero detrás de todos estos regalos, patrocinios y actividades en beneficio de los más necesitados estaba una de las organizaciones criminales más grandes y temidas en la historia de la humanidad.

Pese a lo anterior, en 1982 Escobar decidió incursionar en la vida política, y hasta llegó a hacerse de una silla en el Congreso colombiano. Para algunos, este deseo de involucrarse en la política fue lo que determinó su fin como narcotraficante.

Pero no todo sería fácil a pesar de tener tantos recursos a su alcance. Ya no solo el gobierno colombiano estaba a su acecho, sino también el de Estados Unidos a través de la DEA. En 1984 la policía colombiana, el ejército y la DEA destruyeron “Tranquilandia”, donde hallaron más de treinta toneladas de cocaína que incineraron, desmontaron catorce laboratorios clandestinos e incautaron siete avionetas. Hasta ese entonces se le consideró la operación contra las drogas más importante, pese al poco daño real que hizo al negocio.

Operativos como este hicieron que Escobar sintiera amenazado su imperio, lo que desató una ola de violencia en todo el país. Esa lucha cobró víctimas importantes, entre ellas el entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien fue acribillado en su automóvil por sicarios de Escobar. Lara Bonilla se había dedicado a revelar los nexos del grupo mafioso con políticos de la región, incluso había logrado que Escobar fuera expulsado del Congreso.

Por esos días comenzaban las conversaciones sobre la extradición de criminales colombianos a Estados Unidos. Parecía ser la única forma de acabar con la violencia imperante que amenazaba al país sudamericano.

Sin embargo, esta idea solo logró que la violencia escalara. Hasta la prensa colombiana estaba amenazada. En noviembre de 1985 un grupo guerrillero contratado por el Cártel de Medellín tomó el Palacio de Justicia de Bogotá por veintiséis horas. Asesinaron a noventa y cinco personas, incluyendo a doce jueces. Los asesinatos por encargo fueron en aumento. Solo en Medellín llegaron a diez mil en 1985. En resumen, miles de personas inocentes perdieron la vida como consecuencia de la guerra con el Cártel de Medellín.

Hacia inicios de los años noventa comenzaron las negociaciones, incluso llegaron a ofrecer pagar la deuda externa colombiana. Sobre la mesa había de todo: reducción de condenas, condenas en cárceles especiales, algunas construidas por ellos mismos.

Y así ocurrió, Escobar terminó preso en una cárcel diseñada y construida por él mismo, era una especie de hotel, entraba y salía cuando quería, hacía fiestas y recibía mujeres; en fin, hacía lo que le daba la gana. De hecho, seguía traficando desde la prisión. Hasta que un día, luego de haber torturado a dos hombres, escapó de la cárcel y se convirtió en fugitivo. Las autoridades, que poco habían hecho para acabar con los abusos que desde la cárcel cometía Escobar, ofrecieron una recompensa de ocho millones de dólares.

Así como Escobar tenía admiradores y seguidores, también lo acechaban gran cantidad de enemigos; un grupo de ellos se organizó bajo el nombre de los Pepes, o Perseguidos por Pablo Escobar. Estos comenzaron a perseguir a sus hombres y a eliminarlos. Su siguiente objetivo era el propio Escobar.

Para ese entonces se supo que los Pepes habrían estado controlados por otro grupo que aún no había atraído la suficiente atención de las autoridades, que estaban más preocupadas por capturar a Escobar y sus socios: se trataba del Cártel de Cali.

Y así, perseguido por la policía y el ejército colombianos, por la DEA y por los Pepes, Escobar fue finalmente ultimado el 2 de diciembre de 1993 a los cuarenta y cuatro años de edad, en un tejado del Barrio de los Olivos de su Medellín. Con su muerte, también murió el Cártel de Medellín.

EN LA CAPITAL DE LA SALSA

Aproximadamente una década antes de la muerte de Pablo Escobar, ya había comenzado a operar en Cali un grupo de narcotraficantes integrado por Miguel y Gilberto Ramírez Orejuela, José Santacruz Londoño y Helmer Herrera, alias Pacho. Tal vez inicialmente con una estrategia un poco diferente a la del grupo de Medellín, los de Cali, en lugar de apelar a la violencia, utilizaban el dinero y el poder para comprar voluntades. Y así lograron llegar hasta la cumbre más alta del gobierno colombiano: la presidencia.

Sin embargo, la lucha contra Escobar los hizo desde financiar grupos como los Pepes hasta contratar mercenarios para acabar con su vida.

Era una organización que funcionaba como si fuera una corporación comercial, cada sección o departamento tenía su responsable, quien reportaba a la dirigencia superior.

Aunque en esencia el propósito era el mismo: traficar con cocaína. Unos se encargaban de la producción y el transporte; otros de elaborar estrategias para blanquear el dinero producto del narcotráfico. Incluso disponían de un grupo especializado en estrategias de seguridad, las cuales eran tan elaboradas como eficientes. De hecho, en algún momento fueron comparadas con las de organismos de inteligencia como la KGB. Por supuesto que había un departamento encargado de los sobornos. Estos alcanzaban a policías, militares y políticos de todos los niveles. Como toda organización, también poseían su equipo de abogados, que le daban legalidad a la operación y a la vez mantenían a su personal fuera del peligro de las cárceles.

Emisoras de radio, cadenas de farmacias populares, bancos, en fin, un rosario de negocios permitió que el Cártel de Cali lavara gran parte del dinero proveniente de sus actividades ilícitas; sin embargo, al día de hoy no se sabe con claridad cuánto dinero llegó a manejar en su totalidad esa organización. De hecho, hay una tesis de que parte de ese dinero aún se mantiene en la banca suiza sin que haya sido reclamado por sus dueños.

Un conflicto que comenzó con una traición entre Jorge Luis Ochoa, de Medellín, y Gilberto Ramírez Orejuela, de Cali, y que se remató por un lío de faldas entre otros dos miembros de esos cárteles, desató la que ha sido probablemente la guerra más cruenta entre cárteles en la historia colombiana.

Así comenzaron los ataques de un bando y otro, coches bombas, emboscadas, atentados y masacres en Cali y en Medellín. Fue una guerra visceral que seguía Escobar pese a los intentos por alcanzar la paz reclamados por los de Cali.

En aquel entonces la prioridad era acabar con Escobar y su organización, algo que perseguían en común el Estado, la DEA y los “señores” de Cali, sin embargo, estos últimos tuvieron espacio para maniobrar más y sobornar a personalidades del gobierno para que los protegieran.

Pero esta suerte no les duraría mucho, debido al escándalo de los “narcocassettes” en 1994, cuando se conoció que el cártel había financiado la campaña del presidente electo Ernesto Samper. El nuevo presidente convirtió en su prioridad demostrar que no había recibido dinero producto del narcotráfico en su campaña, por lo que emprendió una especie de cacería contra la organización.

Amenazados por esta ofensiva y por el hecho de que la extradición ya parecía más una realidad que una simple amenaza, los capos comenzaron a negociar su entrega con el gobierno. Por supuesto que las condiciones eran sumamente beneficiosas para ellos.

Sin embargo, los hermanos Ramírez Orejuela fueron capturados antes de que se concretara la negociación de su entrega, lo mismo sucedió con Santacruz, quien luego se evadió de la cárcel y fue ultimado por grupos paramilitares. Finalmente, Herrera fue asesinado en la cárcel La Palmira. Los hermanos Ramírez Orejuela fueron extraditados a Estados Unidos en 2004, donde cada uno cumple una condena de más de sesenta años.

PERO ¿QUÉ SUCEDIÓ DESPUÉS?

Aunque la inmensa mayoría sabía que con la caída de los dos principales cárteles no cesaría el narcotráfico en Colombia, tal vez algunos abrigaban la esperanza de que la violencia disminuyera. Sin embargo, con la caída de los cárteles de Cali y Medellín una nueva agrupación comenzó a tener auge, ya en la década de los noventa. Se trataba del Cártel del Norte del Valle.

Este nuevo grupo —que surgió luego de que los líderes del Cártel de Cali iniciaran las negociaciones con el gobierno colombiano para garantizar su retiro del negocio y de que así se los comunicaran a los narcotraficantes más jóvenes, miembros de dicha organización— era liderado por Orlando, Fernando, Arcángel y Lorena Henao Montoya; Iván Urdinola Grajales, el marido de Lorena, Efraín Hernández Ramírez, Víctor Patiño Fómeque, Juan Carlos Ramírez Abadía, Diego León Montoya Sánchez, Wilber Varela, Luis Alfonso Ocampo Fómeque, Luis Hernando Gómez Bustamante, Andrés López López y Carlos Alberto Oviedo.

Para finales de la década, con el asesinato de Orlando Henao Montoya, la organización se dividió en dos. Una facción dirigida por Diego Montoya Sánchez y otra por Wilber Varela, este último a cargo de los sicarios de la organización. Por esos años había cobrado especial importancia la figura de la extradición hacia Estados Unidos de los narcotraficantes, por lo que varios miembros de esa organización habían comenzado a delatar a sus compañeros con oficiales de la DEA con el fin de obtener ventajas procesales en dicho país. A estos les llamaron Sapos, sirviendo de inspiración para la serie televisiva El Cártel de los Sapos.

A partir de mediados de la primera década del siglo XXI el cártel se fraccionaría en pequeñas organizaciones criminales independientes. Esto originó un conflicto sangriento entre las dos facciones. Por un lado, el grupo conocido como los Rastrojos, bajo el mando de Varela, y por otro, los Machos, bajo el tutelaje de Montoya Sánchez. Este conflicto cobraría unas mil vidas solo entre 2003 y 2004.

Diego Montoya fue capturado en Colombia el 10 de septiembre de 2007 y Wilber Varela fue asesinado en Venezuela unos años después.

Y así volvemos a donde comenzamos este libro, los Machos se unirían posteriormente en la lucha con las FARC y los Rastrojos harían lo propio con las AUC. Posteriormente ambos grupos se afiliarían a los Urabeños, que constituirían el ahora Clan del Golfo de Urabá.

Sin embargo, antes de que todo esto ocurriera, la política interna de Colombia tuvo un cambio significativo. En conjunto con sus pares estadounidenses, decidieron emprender una estrategia distinta, en lugar de una táctica ofensiva cuyo resultado siempre fue más violencia, pondrían en práctica una nueva fórmula: el Plan Colombia.

CAPÍTULO 6

Un plan maestro

Como casi todos los asuntos políticos, y en especial aquellos que involucran a Estados Unidos y el manejo de su política exterior, el Plan Colombia tenía a este país dividido entre los de izquierda y los de derecha. Una valla publicitaria, atribuida al Movimiento Bolivariano, brazo político de las FARC, rezaba: “Plan Colombia: los gringos ponen las armas. Colombia pone los muertos”. Lo cierto es que de alguna manera u otra ese acuerdo cobró la vida de muchísima gente inocente en la guerra contra el narcotráfico.

Si en Colombia había opiniones encontradas sobre este acuerdo, en Estados Unidos la situación no era diferente. Quienes se oponían argumentaban que destinar fondos millonarios en ayuda militar para el combate del tráfico de drogas tendría un efecto mínimo en la producción de estas sustancias y por ende en el consumo en Estados Unidos. De hecho, un documento publicado por el Instituto de Investigación para la Defensa Nacional, que data de 1988, confirmaba esta tesis. Estos mismos estudios concluían que era más eficaz proporcionar fondos a programas de tratamientos de rehabilitación y así reducir el consumo de sustancias narcóticas en Estados Unidos.

Dicho estudio, titulado “Cerrando las fronteras: los efectos de la participación militar en el decomiso de drogas”, examinó cuál sería el efecto del uso de fuerza militar en este tipo de actividades, concluyendo, en su página ciento setenta y cinco, que durante la última década, es decir, 1978-1988, el 40% del dinero utilizado en la lucha contra el narco había sido destinado a evitar que las drogas llegaran al territorio estadounidense, lo cual había sido un fracaso. Y treinta años después este sigue siendo el problema. La cocaína, mariguana, heroína, éxtasis y las metanfetaminas, entre otras drogas, siguen llegando a Estados Unidos y ahora a Europa en cantidades industriales. En otras palabras, no importa cuántos millones de dólares de ayuda militar se gasten en tratar de erradicar el tráfico de drogas, los narcotraficantes siempre encontrarán otra forma, por lo que la conclusión sería que lo más eficiente es acabar con la demanda. Suena fácil, pero ¿lo es?

¿Qué es el Plan Colombia y cuáles serían sus resultados?

Fue en septiembre de 2000 cuando ambos gobiernos firmaron ese acuerdo; por Colombia lo hizo el canciller Guillermo Fernández de Soto, y por Estados Unidos la embajadora en Bogotá Anne Peterson.

El presidente de Colombia era Andrés Pastrana, quien había sucedido en el poder a Ernesto Samper, que terminó su presidencia sumamente debilitado, pues, como se dijo, se había visto involucrado en un escándalo de proporciones impensables hasta ese entonces, conocido como los “narcocassettes”. En la contraparte, Bill Clinton era el presidente número cuarenta y dos de Estados Unidos y su política de cero tolerancia al narco era contundente. Esta relación les venía como anillo al dedo a ambos, que vieron en esta alianza la estrategia perfecta para lograr sus propósitos: debilitar la producción de cocaína en Colombia, para lo que se llegó a triplicar la ayuda militar a ese país.

Originalmente el Plan Colombia fue concebido bajo el principio de que sería una alianza estratégica entre ambos gobiernos con el propósito de “fortalecer la institucionalidad, recuperar la seguridad y consolidar el desarrollo social del país”. Consistía en sanear las heridas que habían dejado el narcotráfico y la guerrilla en Colombia al mismo tiempo que se ocuparía de un crecimiento equitativo atendiendo aquellos aspectos de corte social como la educación, la salud y la pobreza.

Sería un plan a seis años, y durante ese periodo debilitaría sustancialmente el conflicto armado y el tráfico de drogas, al tiempo que promovería el desarrollo económico y social. Para lograr estos objetivos, el apoyo económico de Estados Unidos comenzó a fluir en el año 2000 con la promesa de destinar mil trescientos millones de dólares para la región y un apoyo total para Colombia durante los primeros años de cuatro mil quinientos millones.

El principal objetivo para Estados Unidos era evitar a toda costa la entrada de sustancias ilícitas provenientes de Colombia, mientras que para este último era lograr la paz, el desarrollo económico y aumentar los niveles de seguridad en el país. Y para ambos terminar con el narcotráfico era primordial.

De hecho, el plan original de Estados Unidos incluía equipar a las Fuerzas Armadas de Colombia de helicópteros Black Hawk y Huey, facilidades para la instalación de radares, expandir las zonas de fumigación y promover la sustitución de los cultivos ilegales.

Pero esta visión inicial fue evolucionando con los años, como lo refleja un informe del Congreso de Estados Unidos. Según el documento, cuando Álvaro Uribe asumió la presidencia (2002-2010) inició una guerra contra los grupos armados ilegales que operaban en la selva y en el interior del país, que se beneficiaban también del narcotráfico. Su política era no negociar con estos grupos, a menos que depusieran las armas y cesaran el fuego, y aplicó las mismas estrategias a las guerrillas y narcotraficantes, a quienes calificó de terroristas. Así inició el Plan Patriota, para recuperar las zonas que eran controladas por la guerrilla. Esta posición recibió el apoyo incondicional de Estados Unidos, especialmente luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando el recién estrenado presidente George W. Bush juró no negociar con agrupaciones terroristas. Más fondos fueron otorgados para esta lucha y desde entonces las FARC, las AUC y ahora el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pasaron a ser considerados organizaciones terroristas internacionales.

Los primeros resultados del Plan Colombia se comenzaron a dar en Estados Unidos, y eran positivos. El precio de la cocaína y la heroína proveniente de Colombia había aumentado 11% entre 2001 y 2004, mientras que la pureza había disminuido alrededor de 19%, lo que quiere decir que había menos droga y la que circulaba estaba siendo mezclada para que rindiera muchísimo más.

Pero ¿qué sucedía en Colombia?

Durante los primeros años de este plan Estados Unidos ayudó a modernizar notablemente las fuerzas militares de Colombia. Según un reportaje de la revista Semana, publicado el 2 de noviembre de 2016 y titulado “Del Plan a la Paz Colombia”, 71% de unos nueve mil millones, es decir, seis mil trescientos millones de dólares de la ayuda estadounidense a los colombianos fueron destinados a asistencia militar y policial. De esta manera el ejército era lo suficientemente fuerte para forzar a la guerrilla a negociar.

De hecho, a lo largo de la ejecución de este plan varios e importantes jefes de las FARC fueron ultimados. Este fue el caso de su comandante Alfonso Cano. También cayeron durante ese tiempo Raúl Reyes, Mono Jojoy y Negro Acacio.

Con un país fuertemente armado en ambos bandos, la violencia y las actividades ilegales se trasladaron a las áreas más rurales. Los niveles de homicidios, masacres y secuestros en las zonas más pobladas llegaron a disminuir 15%, 52% y 34%, respectivamente.

Al quedar las zonas rurales más vulnerables, otras actividades, también ilegales, comenzaron a tomar relevancia. La minería, la extorsión y la tala ilegal son algunos ejemplos. No obstante el narcotráfico ha sido siempre una actividad latente en esas comunidades. Los cultivos aumentan y disminuyen dependiendo de las ofensivas del gobierno, pero siempre están ahí. En 2006 se calcula que el narcotráfico representaba 2.7% del producto interno bruto colombiano, es decir unos seis mil quinientos millones de dólares. Aunque para 2011 había disminuido a 1%, ello se debe al crecimiento de la economía legal del país. Sin embargo, se estima que para ese entonces el cultivo de cocaína producía unos diez mil millones de dólares.

A pesar de que la economía colombiana sigue creciendo, las zonas rurales siguen siendo las menos beneficiadas, tal y como vemos en la mayoría de los países latinoamericanos. Situaciones de inequidad como esta son las que aprovechan los narcotraficantes ofreciendo trabajo a los jóvenes de los barrios marginales y a los campesinos. Ya sea en la cadena de distribución, en el sicariato o en las cocinas de cocaína o plantaciones de coca, es una actividad económica que genera importantes ingresos para estas regiones cuyos pobladores viven sumidos en la pobreza y la pobreza extrema. Mientras esta situación se mantenga, y el Estado no se ocupe de estos sectores de la población, el desplazamiento del tráfico de drogas será una tarea imposible de lograr.

Durante la vigencia del Plan Colombia se implementaron iniciativas encaminadas a sustituir cultivos ilegales por aquellos que garantizaran la sostenibilidad de las comunidades, como el Plan de Consolidación Integral de la Macarena, que de manera efectiva integró la presencia estatal en una comunidad que se dedicaba a la plantación de coca a través de una variedad de programas enfocados a la salud, educación y presencia policial. Este programa sirvió para mejorar la condición de vida de varios campesinos trayendo como consecuencia que un mayor número de estudiantes asistiera a las escuelas, que las condiciones de salud de las personas mejoraran notablemente, ya que se alimentaban mejor y además hubo una reducción de homicidios. Todo esto en un tiempo relativamente corto, pero estos planes fueron suspendidos por falta de fondos gubernamentales para su sustento.

El Plan Colombia ha sido un golpe de timón en la política colombiana que mantuvo a la sociedad polarizada por más de quince años; hoy todavía las posiciones sobre las ventajas y desventajas de este “experimento”, por llamarlo de alguna manera, son de lo más variopinto y algunas siguen siendo controversiales.

Por un lado, los desplazamientos forzados de personas, en su mayoría campesinos, producto de la influencia de los grupos armados irregulares, el ejército y las fumigaciones, siguieron en aumento durante los primeros años del Plan Colombia, tanto durante el gobierno de Pastrana como en ambos mandatos de Uribe. Es más, esta situación adquirió la categoría de “crisis humanitaria” entre 2002 y 2010, según reseñó el periódico El Espectador de Colombia en 2016.

Las fumigaciones aéreas fueron otro dilema. Junto con las miles de hectáreas de coca que se fumigaron, también resultaron afectados cultivos legales, incluso aquellos financiados por el propio Plan. No menos importante es mencionar las afectaciones de índole ambiental que ocasionaron.

Otro aspecto controversial fueron los denominados “falsos positivos”. Durante los ataques militares a los grupos armados irregulares, FARC, AUC y ELN, fueron denunciadas violaciones a los derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales de unas tres mil personas totalmente ajenas al conflicto pero que fueron clasificadas como bajas de la guerrilla, para ocultar la realidad.

Aunque todavía los resultados del Plan Colombia generan controversias, y a pesar de que la producción de cocaína ha llegado a cifras récord en los últimos años, el gobierno de Colombia sigue comprometido en continuar su lucha contra esta industria. Iván Duque, el nuevo presidente colombiano, quien sigue la corriente uribista, se ha comprometido a poner en jaque a los narcos de su país y a acabar con los grupos insurgentes. Sin embargo, su par estadounidense, Donald Trump, ha dado señales confusas. El desenlace de esta nueva relación todavía está por verse. Para finales de 2018 Trump había agendado y cancelado dos visitas a Colombia.

La experiencia en Colombia motivó a Estados Unidos a replicarla en Centroamérica y México, debido al rol que ambos juegan no solo en el tráfico de drogas sino también en la producción. Fue entonces que en 2007 George W. Bush propuso un acuerdo mediante el cual ofrecía ayuda económica a los países de la región. Se denominaría Plan Mérida y originalmente brindaría mil trescientos millones para la iniciativa con una duración de tres años. Pese a la iniciativa, México seguiría enfrentando una guerra larga y sangrienta, caracterizada por su gran brutalidad que desde la implementación del acuerdo y hasta 2017 duplicaría la tasa de homicidios per cápita en ese país. La guerra de los cárteles cambiaría para siempre a los mexicanos. Y ¿qué efecto tendría en Estados Unidos?

CAPÍTULO 7

Un nuevo plan

Para 2007 ya era evidente, aunque la percepción podía ser algo distinta, que el Plan Colombia había hecho poco por detener la producción y el tráfico de cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos y Europa. Sin embargo, el gobierno de ese país, ahora bajo la presidencia de George W. Bush, insistiría en financiar acuerdos con los países vecinos para contener ese flagelo. Y así lo hizo. Esta vez se trataría de un acuerdo con los países centroamericanos y México. El plan se conoció como Iniciativa Mérida.

Como parte de una gira por varios países latinoamericanos, el presidente Bush visitó Mérida en donde se reunió con el presidente mexicano Felipe Calderón. Durante su presidencia la guerra contra el narco en México había cobrado miles de vidas al año y los cárteles ya se peleaban por el control de las rutas de tráfico hacia Estados Unidos. El radio de acción de las organizaciones criminales abarcaba, aemás del tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas y otra veintena de delitos.

Para entender mejor la realidad mexicana de mediados de la primera década del siglo XXI hay que comprender primero que la delincuencia organizada de ese país, al igual que en Colombia, estaba dividida en grupos. Tal vez el más poderoso era el Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico.

Con el tiempo fueron creándose más agrupaciones, entre ellas los cárteles de Tijuana, Juárez, Jalisco Nueva Generación, del Golfo-Zetas, Beltrán Leyva y La Familia Michoacana que luego se convirtió en los Caballeros Templarios.

Esta guerra entre los diferentes cárteles logró infiltrar en varios niveles a las instituciones del gobierno mexicano que precisamente se encargaban de perseguirlos, inclusive llegó a introducir sus tentáculos en la misma DEA. Como consecuencia varios funcionarios de estas instituciones fueron detenidos y el ejército tomó control de gran parte de las acciones estatales en la lucha contra el narco.

Por su lado, la actividad criminal cada vez ganaba más terreno y los asesinatos, extorsiones y secuestros no pararon, por el contrario, se volvieron más intensos y sanguinarios. Los enfrentamientos entre el ejército y los miembros de los diferentes cárteles ya no respetaban zonas residenciales o escolares. Y las violaciones a los derechos humanos por parte de los militares a la población civil iban en aumento. Después de todo, esta era una labor policial para la que un militar no está entrenado.

Ante un escenario tan complicado, el presidente Calderón y su par estadounidense negociaron bajo un aparente sigilo la Iniciativa Mérida, que consistía inicialmente en un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y defensa entre ambos países, sin embargo, unos meses después Estados Unidos la convirtió ya en un plan multilateral que incluyó a los países centroamericanos. La idea era maximizar la eficacia de los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, detener el narcotráfico, los precursores químicos, el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas.

Sin duda se trataba de un acuerdo muy similar al Plan Colombia, pero sin el componente social que sí traía el proyecto colombiano. ¿Qué habría hecho pensar a Bush y su gobierno que si con la primera acción poco se había hecho para detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, la segunda tendría mayor éxito?

Lo cierto es que esta nueva iniciativa repetiría los mismos errores que la versión colombiana, intentaría convertir el problema del narcotráfico en un tema fundamentalmente bélico, un tema para ser resuelto con ayuda militar. Por lo que sin el componente social y sin un marco jurídico adecuado, una política efectiva y controles eficaces para impedir el lavado de activos producto de este tipo de actividades, casi podía predecirse el resultado de semejante plan. En pocas palabras, de nada sirve que las autoridades incauten drogas si no se persigue el patrimonio que poseen los criminales gracias al tráfico de estas sustancias.

Fue Ronald Reagan quien en los años ochenta convirtió el tema del narcotráfico en Estados Unidos en un asunto de seguridad nacional, dándole al ejército competencias que hasta ese entonces eran responsabilidad de otras instituciones gubernamentales. Y es así como ese país comenzó a desempeñar una función importante en la planeación acerca de cómo el resto de la región se prepararía para combatir dicho flagelo.

La visión estadounidense de combatir el crimen organizado con armamento y personal entrenado para la guerra excluía la perspectiva de salud pública y seguridad ciudadana y, por tanto, la prevención. En otras palabras, pretendían acabar de un balazo con una industria que genera aproximadamente veinticinco mil millones de dólares anuales. En lo que falló el país más poderoso del mundo fue en entender que no necesariamente la fuerza es la mejor arma para ganar todas las guerras. En este caso en particular es más que lógico pensar que mientras exista demanda, o sea, gente que consuma cocaína, heroína, metanfetaminas o mariguana, habrá narcotráfico. Y así volvemos al punto inicial del estudio realizado casi dos décadas atrás por el Instituto de Investigación para la Defensa Nacional, en el cual se argumentaba sobre la poca efectividad que tendría el hecho de destinar fondos millonarios en ayuda militar para disminuir la producción de estas sustancias y por ende el consumo en Estados Unidos. En otros términos, lo que realmente tendría resultados sería reducir la demanda de consumo de sustancias narcóticas en ese país. Y es que acabar con un negocio que ha generado esos miles de millones de dólares por años es una tarea realmente complicada.

Con la Iniciativa Mérida, México recibiría mil cuatrocientos millones de dólares de ayuda, que incluía radares, aeronaves, equipo de vigilancia y equipo militar y tecnológico, durante un periodo de tres años. Parte de esa tecnología fue utilizada en la frontera con Guatemala para reforzar los controles migratorios. De esta forma el país no solo podría combatir el narcotráfico, sino también la migración descontrolada proveniente de países centroamericanos que iba rumbo a Estados Unidos.

Lo cierto es que con toda esta ayuda económica y militar, para el final de la presidencia de Calderón, en 2012, en México habían muerto de forma violenta unas ciento veinte mil personas, producto de enfrentamientos relacionados con el narcotráfico. Es decir, 30% más que en el sexenio anterior. Y el tráfico de drogas seguía en aumento, según reveló el propio Departamento de Estado.

Es más, el mismo Congreso estadounidense reconoció, en un reporte de 2018, que la asistencia entregada a México, a pesar de haber logrado el arresto y extradición de importantes capos de la droga, también sirvió para incrementar los índices de violencia en dicho país como producto del resquebrajamiento de los grupos criminales y su lucha por subsistir.

Y pensar que del presupuesto de 2018 de Estados Unidos, el presidente Donald Trump destinó unos ochenta y cinco millones de dólares para la Iniciativa Mérida.

Sin embargo, la visión de Trump con respecto a ese plan es un tanto distinta a la de sus antecesores. Su enfoque es más dirigido a atacar el modelo de negocio de estas organizaciones. Como resultado de este cambio de hoja de ruta, ahora se busca destruir la producción y los canales de distribución de los opioides y otras drogas, mejorar la seguridad tanto en las fronteras como en los puertos y entrenar expertos forenses para obtener información relevante que sirva para testificar ante un juicio, además de atacar directamente el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Por su parte, México también estrenó presidente. Con Andrés Manuel López Obrador las políticas en temas de seguridad en dicho país parecen estar enfocadas a un combate directo y abierto contra la corrupción, inversión social en la juventud en riesgo y una reforma en materia legislativa con respecto al tráfico de drogas, entre otros aspectos. Está por verse la efectividad de sus propuestas, pero estas no parecen estar muy alineadas con las de la Casa Blanca.

MILLONES PARA CENTROAMÉRICA

La Iniciativa Mérida también contemplaba una ayuda millonaria para los países centroamericanos, República Dominicana y Haití, que rondaba los cuatrocientos millones de dólares durante el mismo periodo de tres años, es decir de 2007 a 2010.

Pero ¿por qué incluir a esta región en el plan ideado para México? Era conocido el papel que jugaban en el narcotráfico las pandillas ubicadas en esos países, especialmente las de Honduras y El Salvador, además de la posición geográfica “privilegiada” para el trasiego de drogas hacia Norteamérica. Con la ayuda económica las naciones de la región debían trabajar en conseguir las garantías necesarias para lograr la seguridad ciudadana a través de la eliminación de esas pandillas, mejorar los canales de intercambio de información y, tal como hicieron en Colombia, modernizar y profesionalizar la policía y el ejército.

En el caso de Panamá, por ejemplo, como resultado del Plan Mérida, los decomisos de drogas, detención de narcotraficantes e incautaciones de dinero se han incrementado de manera sostenida desde 2008. Este programa otorgó millonarios fondos para la compra de equipo tecnológico, de movilidad y entrenamientos especializados a las fuerzas de seguridad panameñas, a través de agencias estadounidenses como el Departamento de Estado, la DEA y la CIA, entre otras. De esta forma, Panamá logró un control un poco más efectivo sobre el tráfico de drogas en su territorio. Tal vez la experiencia en Panamá sea algo distinta a la de México y Colombia, ya que al no ser un país productor de drogas su principal función consiste en impedir el tráfico de sustancias ilícitas hacía otros destinos. En este punto surge una pregunta que hemos hecho una y otra vez a cada fuente que entrevistamos durante los doce meses de investigación para este libro. ¿Por qué los grados de violencia y criminalidad en Colombia, México, Honduras, El Salvador y Guatemala, producto de actividades relacionadas con el narco, nunca se han visto en Panamá? Por el momento la pregunta sigue sin respuesta.

Volviendo a los entrenamientos recibidos por las fuerzas de seguridad panameñas, como resultado del Plan Mérida, estos eran impartidos por equipos móviles y fuerzas especiales como los Seal, que hasta el día de hoy entrenan en inteligencia, tácticas subversivas y estrategias de toma de playas, acercamiento al enemigo sin ser sorprendidos, combate en la selva y demás zonas de difícil acceso. De igual forma varios grupos panameños recibieron entrenamiento en países como Colombia. Como resultado, desde 2008 solo el Servicio Nacional de Fronteras ha incautado cientos de toneladas de cocaína. Sin embargo, Panamá no fue ajeno al sentimiento general regional, que veía esta asistencia estadounidense con un intervencionismo. De hecho, hizo revivir en muchos el sentimiento antiyanqui que existía desde la construcción del Canal, y más aún después de la invasión estadounidense de 1989.

¿QUÉ NOS DEJÓ MÉRIDA?

Pese a los logros que haya podido tener esta iniciativa en Centroamérica y México, algunos expertos, sobre todo en Estados Unidos, insisten en la necesidad de que los resultados de este plan se reporten con mayor eficacia. Por ejemplo, poco se sabe acerca del impacto que ha tenido el entrenamiento dado a la policía mexicana por parte de las fuerzas especiales de Estados Unidos, a pesar de que el Departamento de Estado ha hecho énfasis en algunas señales de éxito: la captura de criminales de alto perfil, como la del cabecilla del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo; se ha entrenado a policías, investigadores, fiscales y jueces siguiendo estándares internacionales; ha habido más extradiciones hacia Estados Unidos; se han incautado más de cuatro mil millones de dólares en drogas ilícitas y dinero en México, y han sido aprehendidos más de cuatrocientos mil inmigrantes ilegales entre 2015 y 2017.

Resulta hasta ridículo pensar que las cifras de incautaciones y decomisos son una medida de éxito, cuando las cifras de muertos, desaparecidos, torturados, extorsionados y secuestrados siguen en aumento. Además los homicidios alcanzaron cifras récord en 2017, superando los treinta y un mil. Esto sin mencionar las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno mexicano que se reportan a los diferentes organismos encargados de protegerlos.

Lo cierto es que la lucha contra el narcotráfico y la violencia que esta acarrea se ha intensificado en los últimos años, especialmente desde que entró en la jugada el Cártel de Jalisco Nueva Generación y después de la extradición del Chapo Guzmán, debido a que los grupos restantes luchan por el control de las plazas y rutas.

México sigue enviando sus tropas a combatir el narcotráfico, a pesar de que el control policial y del ejército no ha tenido como resultado una reducción de la violencia. Mientras, siguen sin resolverse la mayoría de los homicidios: en el crimen de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no se han encontrado los cuerpos ni a los culpables, y solo entre 2017 y 2018, veinticinco periodistas fueron asesinados por ejercer su profesión.

CAPÍTULO 8

Queremos paz

Los intentos del gobierno colombiano por alcanzar un acuerdo de paz con la guerrilla han sido varios. Incluso desde los años ochenta ya se venía buscando acabar con la ola de violencia ejercida por las FARC. Un Estado ya cansado no solo de la violencia provocada por el narcotráfico, sino también de las extorsiones, secuestros y asesinatos comienza entonces a negociar.

Lo cierto es que esas negociaciones, que se concretaron treinta años después, tendrían serias implicaciones para los países vecinos, incluyendo Panamá. Esto es lo que analizaremos a profundidad ahora.

Durante la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) comenzaron las conversaciones de paz con las FARC, y fue desde su mismo corazón, el campamento Casa Verde, donde ocurrió este primer intento. Pero resulta que en lugar de desarmarse, las FARC constituyeron la Unión Patriótica, un partido a través del cual penetraron con sus ideas comunistas la política colombiana al obtener cinco senadores, nueve representantes a la Cámara, veinte diputados y 353 concejales en las elecciones parlamentarias de 1986. Por otro lado, la firma de los acuerdos con los demás grupos guerrilleros fue —por ser conservadores— poco más que accidentada. No hay que olvidar los atentados históricos como la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985.

Al finalizar el gobierno de Betancur los representantes de la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación renunciaron a sus cargos, concluyendo así los primeros intentos por lograr la paz, aunque sin éxito, durante ese periodo.

Años después, en 1991, las conversaciones se retomaron. Esta vez durante la presidencia de César Gaviria. Para este entonces ya había fuertes enfrentamientos entre el ejército colombiano y los grupos insurgentes, al igual que con los narcotraficantes, por lo que el diálogo comenzó. Las primeras reuniones serían en Caracas, Venezuela, y se llevarían a cabo por medio de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que agrupaba a las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).

El año siguiente las conversaciones se trasladaron al estado mexicano de Tlaxcala. Sin embargo, la iniciativa fracasaría poco después, cuando el EPL secuestró al congresista Argelino Durán Quintero, quien falleció de un paro cardiaco mientras estuvo en cautiverio.

En 1998, con Andrés Pastrana en la presidencia, el diálogo reinició, para lo cual el gobierno desmilitarizó una zona en El Caguán. De nuevo fracasó cuando en 2002 las FARC secuestraron al congresista Jorge Eduardo Gechem Turbay. Siguió una ofensiva del ejército que duró varios años, hasta que en 2010 se retomaron los acuerdos de paz. Sin ninguna voluntad real de terminar con la guerra.

La iniciativa que algunos consideran como la definitiva fue rubricada en 2016 durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Se trata de los Acuerdos de La Habana.

Antes de la firma de este documento Colombia pasó por una década sumamente violenta, en la que el ejército atacó con firmeza a los grupos insurgentes, logrando las bajas de sus principales cabecillas. Durante esa época cayeron importantes figuras del secretariado de las FARC, entre ellos Alfonso Cano, Mono Jojoy, Domingo Biojó, Tirofijo, Raúl Reyes y Negro Acacio, entre otros. Este último era el responsable del tráfico de drogas dentro de las FARC.

Fue entonces cuando en 2012 ambos bandos decidieron sentarse a negociar, luego de haber explorado las posibilidades de un acuerdo bajo una férrea confidencialidad. Así fue que idearon una especie de hoja de ruta del proceso.

Seis fueron los puntos que se colocaron en la mesa de negociación: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema del narcotráfico, reconocimiento a las víctimas y la implementación, verificación y refrendo de los acuerdos.

El propósito: el fin del conflicto. Solo restaba establecer las condiciones y las reglas para logar el anhelado “acuerdo final”.

Con el apoyo de países como Noruega, Cuba, Venezuela y Chile, representantes de las FARC y del gobierno pusieron las cartas sobre la mesa del diálogo. El acuerdo al que se llegara debía contemplar lo siguiente: deponer las armas, la reparación y el reconocimiento de las víctimas, la reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil y un sistema de justicia transicional para juzgar a todos los que participaron en el conflicto.

Pese a que finalmente en 2016 las partes llegaron a un acuerdo, para que fuera suscrito la Corte Constitucional de Colombia ordenó someter a plebiscito si el país debía refrendar el Acuerdo de La Habana. Para sorpresa de muchos, el “NO” se impuso al “SÍ” con 50.21% de los votos. Hacía tiempo que la población colombiana no estaba tan polarizada como con la posibilidad de acabar con la guerrilla y lograr la paz. Aunque esto parece un sinsentido, tal vez la historia de las negociaciones con estos grupos insurgentes en sus versiones uno, dos y tres hizo dudar de sus verdaderas intenciones a la población.

Después de esta derrota tuvieron que replantearse algunos puntos del acuerdo original, luego de lo cual, y por mandato constitucional, Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron los acuerdos en un memorable evento en la ciudad de Cartagena en el que participaron trece jefes de Estado.

Y con la frase: “Prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga provocando muertes”, Santos selló la paz de Colombia.

Como se dijo, se esperaba que los miembros de las FARC se desmovilizaran y se incorporaran progresivamente a las diversas actividades “legales” de la sociedad colombiana. No obstante, esta no ha sido la realidad para un grupo importante de guerrilleros. A estos se les conoce como “disidentes”.

Con la firma de los acuerdos de paz, y la desmovilización de las FARC, quedaron, por así decirlo, sin dueño, muchas rutas de tráfico de drogas, campamentos, e incluso armamento, que los grupos disidentes han sabido aprovechar. Prueba de eso es que grupos criminales se han consolidado después de 2016, no solo aumentando su pie de fuerza, sino también agregando unidades mejor entrenadas y con mayores capacidades. Este es el caso del Clan del Golfo de Urabá.

Operando en el extremo norte de Colombia, muy cerca de la frontera con Panamá, este grupo se dedica a diversas actividades ilícitas, comenzando por el tráfico de drogas, extorsiones, asesinatos selectivos, la minería ilegal y hasta el tráfico de personas.

Como comentamos en capítulos anteriores, este clan ha ido absorbiendo miembros de grupos insurgentes y narcotraficantes que fueron desapareciendo, ahí fueron a dar exmiembros del Cártel de Cali, del Valle del Norte, de las AUC y por supuesto de las FARC, entre otros.

Nació en 2007, bajo el mando de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien luego de ser capturado fue relevado en el liderazgo por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, que tomó el control del Clan del Golfo en 2009, tras la captura de Don Mario y la muerte de su hermano Geovanny durante un operativo militar.

Actualmente Otoniel es perseguido por las autoridades colombianas. Esta organización tiene una penetración bastante amplia en Colombia y es responsable de la droga que se produce en Colombia y se trafica a través de la frontera con Panamá, a lo largo del Tapón del Darién.

Y es que su posicionamiento estratégico cerca de la frontera con Panamá no es casual. Se aprovechan de esta cercanía para la introducción de narcóticos en territorio panameño, que luego son transportados a Norteamérica y Europa, principalmente. De hecho, se les atribuye el crecimiento de las áreas de cultivo de coca, así como de los laboratorios de procesamiento de cocaína en la zona fronteriza.

Aprovechando las rutas del narcotráfico, han sabido sacarles beneficio también a las riquezas minerales que la zona produce, y así de forma ilegal explotan minas de oro, que también trafican a través de la frontera colombo-panameña. De hecho, se ha descubierto en suelo panameño maquinaria utilizada para la extracción de minerales, presuntamente de manera ilegal.

Y de esto están claras las autoridades panameñas. Saben que deben prestar especial atención a las actividades criminales del Clan del Golfo, de lo contrario se corre el riesgo de que pueda penetrar el territorio panameño y trasladar todas sus actividades criminales a ese país, sembrando nuevamente la inseguridad y violencia que en su momento causó el Frente 57 y el Bloque Elmer Cárdenas en el Darién.

PERO ¿CÓMO HACE EL CLAN DEL GOLFO PARA
INTRODUCIR LA DROGA A PANAMÁ?

El Clan del Golfo es el responsable de 95% de la droga que entra al territorio panameño, por vía terrestre, a través de mochileros. De igual forma es responsable de gran parte de la que entra por la vía marítima, tanto por el mar Caribe como por las playas y costas del Pacífico. Esta mercancía es recogida en las playas con una velocidad impresionante, y luego es trasladada en carros, usualmente de doble fondo, hacia sitios en donde se esconde en espera de instrucciones para posteriormente ser trasladada por tierra a través de la frontera con Costa Rica o por vía marítima en contenedores.

Aunque las autoridades panameñas tienen una buena capacidad de llegar a las zonas alejadas y a las poblaciones que están siendo acosadas por los narcotraficantes y que reciben amenazas y extorsiones por parte de estos grupos criminales, con operaciones como Escudo se busca alienar la influencia que podría tener este dinero corrupto en la vida ciudadana. Se trata de que quien quiera participar en cargos públicos lo haga sin depender de los favores del narco.

Tal vez llegó tarde esta iniciativa a la política panameña, de hecho, el presidente ha denunciado en múltiples ocasiones la incursión del narcotráfico en la política local, sin embargo, nunca ha dado nombres. La duda asalta, la suspicacia ataca: ¿por qué denunciarlo de manera abstracta y no interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes? Lo cierto es que a lo largo de nuestra investigación cada vez que les hacíamos la misma pregunta a las autoridades con quienes conversamos, nos quedábamos sin respuesta, nadie sabía a quiénes se refería el presidente. Lo más cercano que pudimos obtener fueron referencias geográficas: Colón, San Miguelito, Veraguas, algunas regiones de Coclé y las playas de la provincia de Panamá.

Nunca ha sido más cierto que cada acción tiene una reacción, y lo que comenzó siendo, y sigue siendo, un sueño de paz para Colombia, podría convertirse en una pesadilla de violencia para Panamá y el resto de la región. Por lo que sólo la colaboración internacional en materia de seguridad, inteligencia, intercambio de información y, por qué no, la persecución de los fondos producto del narcotráfico y demás actividades ilícitas escondidos en centros bancarios internacionales, podrían ponerle punto final a este conflicto. Por lo pronto, Otoniel ha entrado a la Lista Clinton desde 2013, junto con los más peligrosos narcotraficantes y blanqueadores de dinero del mundo.

CAPÍTULO 9

Acuerdos que generan desacuerdos

Como un político de centroderecha se identificó Iván Duque durante toda su campaña presidencial. Para él ni la seguridad ni el crecimiento económico son cosa de izquierda o derecha sino un tema que ayuda a garantizar la libertad de los ciudadanos, todo esto sobre la base de que exista un diálogo social inclusivo con todos los sectores ciudadanos y políticos. Así llegó Duque al Palacio de Nariño.

Y con esta promesa, y la de no destruir los acuerdos de paz, sino “corregirlos”, Duque también se comprometió a hablar con las FARC. Hay que considerar que después de la firma de estos acuerdos con el grupo guerrillero, todavía faltaba definir elementos indispensables para poner fin al conflicto. Por ejemplo, cuando Duque asumió la presidencia, las “reglas generales del juego” en cuanto a los acuerdos de paz y en especial aquellas referentes a la Justicia Especial de Paz (JEP) para las FARC, estaban todavía pendientes. Y es que el país, que ya estaba dividido en cuanto al proceso de paz en sí, ahora discutía si el Senado que estaba vigente (antes de que Duque tomara posesión) debía aprobar el proyecto de ley que reglamentaba la JEP, que no era otra cosa que el mecanismo de justicia transicional al que serían sometidos los miembros “desmovilizados” de la organización guerrillera de acuerdo con el pacto de paz.

Quienes apoyaban la corriente de su antecesor Juan Manuel Santos y por ende los acuerdos de paz y su reglamentación hacían llamados al Senado para que los aprobara antes de que tomara posesión el nuevo gobierno, y los que se oponían abogaban por que antes de aprobar nada, la Corte Constitucional Colombiana emitiera un concepto sobre el fondo de la ley estatutaria para la JEP. Los nuevos gobernantes ganaron este asalto y la votación se pospuso.

Fue hasta agosto de 2018, después de que Duque asumiera el cargo, cuando la Corte Constitucional dio luz verde para que este mecanismo especial comenzara a funcionar a plenitud. La idea de esta implementación era que a través de ella se conocieran y sancionaran las infracciones, incluyendo aquellas a los derechos humanos cometidas durante medio siglo de conflicto. Con esta reglamentación cobró importancia el derecho de las víctimas, se establecieron las sanciones para los “desmovilizados” y se revisó la figura de la extradición de quienes se acogieron al proceso de paz. Con respecto a esta última figura, la cual, como hemos visto, ha sido el mayor temor de los grandes criminales en Colombia, fue prohibida para quienes estaban incluidos en las listas de no extraditables de las FARC.

En otras palabras, desde agosto de 2018 comenzó a funcionar la JEP, pero todavía quedaban muchos otros aspectos que revisar. Tal es el caso de los procesos de reinserción de exguerrilleros a la vida social y económica legal de Colombia. ¿Cómo habían avanzado? De por sí resulta difícil colocarse en el lugar de una persona que ha vivido gran parte de su vida en la selva, lejos de los avances tecnológicos. Estas personas tendrían que comenzar por aprender hasta lo más esencial, como sacar dinero de un cajero automático con su tarjeta de débito. Tener un trabajo remunerado, pagar cuentas, hacer las compras de víveres y pagar por ellos. En fin, es un cambio drástico que no solo requería el apoyo del gobierno en materia de recursos, sino también en aspectos educativos, sociales, culturales y hasta la creación de incentivos para procurar trabajos y fuentes de ingresos para estos “desmovilizados”.

Como era de esperar, en un inicio la reinserción fue difícil y en muchos casos los resultados fueron negativos. El informe trimestral presentado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que evalúa los avances de la implementación del Acuerdo de Paz en el periodo septiembre-diciembre de 2018, establece algunas observaciones que vale la pena examinar.

En primer lugar reconoce que el gobierno del presidente Duque ha manifestado su interés en seguir con el proceso de paz de una manera más amplia, enfocada en la equidad, la legalidad y el emprendimiento denominado “Paz con legalidad”, mediante el cual se pretende “estabilizar y desarrollar” las zonas más afectadas por la guerrilla, incluyendo los compromisos con las víctimas y la sustitución de cultivos ilícitos, entre otros aspectos. Sin embargo, el informe señala que es esencial que estos planes se conviertan en realidades en las poblaciones.

El informe también destaca la aprobación de proyectos colectivos e individuales que en conjunto están valorados en unos 3.7 millones, y se espera que beneficien a unos mil trescientos cuarenta excombatientes, esto sin contar los proyectos ejecutados y patrocinados por otros organismos internacionales. Sin embargo, resalta la responsabilidad compartida que tienen el gobierno y las FARC de que estos proyectos tengan sostenibilidad en el tiempo.

Adicionalmente el informe refleja la preocupación por parte de la organización por los ataques y asesinatos de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Una publicación de la revista Semana, del 2 de enero de 2019, sobre este delicado tema señala: “En total, desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, se contabilizan doscientos veintidós asesinatos, uno cada cuatro días”.

El informe tampoco desestima la importancia que tiene que el gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales trabajen en el desmantelamiento de los grupos que se dedican a la delincuencia organizada y que todavía operan en Colombia, como es el caso del Clan del Golfo.

Tal vez uno de los puntos más importantes de este informe es el que menciona la declaración conjunta de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que destaca la necesidad de que se respete la independencia y autonomía de la JEP. Resalta que “hasta el 5 de octubre, 13 271 personas han firmado acuerdos de sometimiento, entre ellas 1 923 miembros de la fuerza pública, 11 303 exmiembros de las FARC-EP, treinta y tres funcionarios públicos y doce personas involucradas en detenciones relacionadas con protestas sociales”.

Finalmente subraya la importancia del inicio de la Comisión de la Verdad que se espera sirva para fortalecer los esfuerzos de reconciliación en Colombia, y aunque los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN están más alejados que nunca, enfatiza que es muy importante que los canales de comunicación sigan abiertos.

Pero volviendo a Iván Duque y su discurso relacionado con las FARC y el narcotráfico, vemos que no es el primer presidente colombiano que decide enfrentar de manera frontal a estos grupos. Siguiendo la corriente de su padrino Álvaro Uribe, a quien se le vinculó en más de una ocasión con los cárteles colombianos en los años ochenta y noventa, y quien también denunció que las FARC habían financiado su campaña política con dinero del narcotráfico, Duque condenó desde su curul en el Congreso y ya en su campaña los acuerdos de paz que a los ojos de algunos sentaban la plataforma para una especie de “impunidad” para las FARC y sus actividades delictivas, incluyendo el narcotráfico.

Ante estas denuncias y discursos políticos demagógicos, y muy a pesar de la firma de los acuerdos de paz, ¿cómo se explica que los cultivos de coca en Colombia alcancen los cientos de miles de hectáreas?, ¿cómo es posible que aunque las FARC como grupo se hayan desmovilizado todavía existan células disidentes operando con el mismo nivel de terror y llevando a cabo las mismas actividades ilícitas que el grupo original? Tan solo en 2018 se dio el secuestro y asesinato de tres periodistas y su chofer a manos de guerrilleros disidentes de las FARC, al mando del Guacho, en territorios cercanos a la frontera de este país con Ecuador, mientras que en la frontera con Panamá, como se dijo, operan grupos allegados al Cártel del Golfo.

Mientras continúen los cultivos ilegales y la producción de cocaína en Colombia, los países fronterizos seguirán jugando un papel preponderante en el tráfico de drogas desde este país hacía Estados Unidos y Europa. Y sin duda los cárteles mexicanos seguirán asegurándose de que su materia prima llegue a su destino, en las cantidades, con la calidad y en el tiempo que el mercado que deben abastecer requiere.

De hecho, hay evidencias documentales que prueban que luego del inicio del proceso de desmilitarización de las FARC, proveedoras de la cocaína a los cárteles mexicanos, al menos uno de estos, el de Sinaloa, se habría trasladado a Colombia para garantizarse el producto.

Algunas de estas pruebas y datos fueron publicados por el diario El Espectador de Colombia en febrero de 2018, y esto fue lo que originó la investigación que hemos conducido por casi un año.

Datos recabados, y la misma publicación del diario colombiano, detallan elementos que dieron a conocer el modus operandi de cómo se financiaba el Frente 30 de las FARC a través de sus negocios con el Cártel de Sinaloa. Según la publicación, el 75% de la droga que en ese entonces llegaba a Estados Unidos provenía de la zona pacífica colombiana.

No resulta difícil entender por qué la agrupación mexicana habría decidido establecerse en Colombia ante la “ausencia” de las FARC.

Las rutas que confluyen en el Pacífico y que son utilizadas para el narcotráfico, aunque en su mayor parte abarcan territorios en medio de la selva, cuando desembocan en el océano facilitan el tráfico de drogas hacia Panamá. Así lo corroboró en 2014 una operación conjunta lanzada por diferentes autoridades panameñas denominada Operación Anguila.

Fue por medio de Operación Anguila Internacional que se conoció la actividad criminal desarrollada por el Frente 30 de las FARC, a través de su cabecilla Richard, en la ciudad de Panamá y que se relaciona con estructuras del narcotráfico mexicano.

Anguila Internacional incluía labores de inteligencia y colaboración tanto de las fiscalías como de la policía en Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. Según informaron en diciembre de 2014 fuentes policiales, se realizaron unas doce operaciones que tuvieron como resultado detenciones e incautaciones de drogas y propiedades.

Las investigaciones se iniciaron después de la captura en Panamá de Pecueca, un importante narcotraficante colombiano. El personaje era requerido por la DEA por tráfico internacional de drogas y las investigaciones lo llegaron a conectar con el Frente 30 de las FARC, que de hecho tenía células presentes en territorio panameño.

Pecueca fue capturado en un retén policial en Las Garzas de Pacora, al este de la ciudad de Panamá. Al ser detenido presentó una identificación que supuestamente demostraba que era policía, pero no pudo determinar a qué estamento policial pertenecía, lo cual despertó sospechas. Fue detenido y extraditado a Estados Unidos.

Después de dieciocho meses de operación, se detuvo a miembros de las FARC y del cártel de Sinaloa, y a finales de 2014 se logró desarticular el grupo. Producto de esta investigación, se decomisaron alrededor de tres toneladas de droga que estaban de paso por Panamá.

Como parte de esta operación también se detectó en Panamá la presencia del mexicano Martín Beltrán, un estrecho colaborador del Chapo Guzmán.

Durante la Operación Internacional Anguila las autoridades panameñas realizaron varios seguimientos, en los cuales se pudo constatar la cercanía que existía entre ciertos miembros de las FARC y Beltrán. Incluso, se les vio juntos en varias ocasiones, por lo que se presume que coordinaban reuniones para acordar el transporte de la droga a través de Panamá y Centroamérica hacia México y Estados Unidos.

Los resultados que habría arrojado la Operación Internacional Anguila han generado serias contradicciones. Mientras que en Panamá se detuvieron cincuenta y nueve narcoterroristas, y algunos fueron extraditados, los colombianos luchan en los tribunales por entrar a las listas de las FARC para acogerse a la JEP y así evitar ser extraditados. Por su parte, Martín Beltrán fue detenido en Mazatlán, México, luego de que Panamá solicitara su extradición para ser procesado por tráfico internacional de drogas. Sin embargo, este proceso se encuentra empantanado en una serie de procesos y recursos judiciales en los tribunales mexicanos.

Los hallazgos de la Operación Internacional Anguila sobre la incursión mexicana en territorio colombiano, luego de que comenzara la desmovilización de las FARC, ponen sobre la mesa la discusión nuevamente.

Con la implementación de los acuerdos de paz y la JEP, y la promesa del ahora presidente Duque de acabar con estas actividades delictivas, ¿verán los narcotraficantes mexicanos la necesidad de regresar a Colombia para velar por la producción de cocaína y otras drogas en ese país? Algunos consideran que es una reacción bastante normal, sobre todo ante la incertidumbre que puede crearse por la posibilidad de que algunos desmovilizados luchen por entrar en las listas de no extraditables de las FARC, como resultado de dichos acuerdos de paz.

Por otro lado, la teoría de que los mexicanos puedan regresar a Colombia ya es una realidad, pues ya hay evidencia de presencia de narcotraficantes mexicanos en varias regiones colombianas, incluyendo aquellas controladas por el Clan del Golfo. La idea de estos grupos, se piensa, podría ser la eliminación de los intermediarios.

Operaciones como Agamenón, y más recientemente Escudo, buscan repetir lo logrado por Anguila, y de hecho las incautaciones de drogas van en aumento, incluyendo algunas de ellas en el territorio del Clan del Golfo; lo curioso, por no decir contradictorio, es que mientras esto ocurre, las plantaciones de coca y la producción de cocaína va en aumento.

Así, el círculo de producción-tráfico-venta es de nunca terminar, aunque Duque lo haya prometido. Al menos así lo demuestran las evidencias.

CAPÍTULO 10

El golfo tiene nuevo dueño

En los primeros capítulos de este libro destinamos un importante espacio para contar cómo han evolucionado las diversas agrupaciones narcotraficantes en Colombia y México, y cómo se han adaptado tras los golpes asestados por las autoridades de ambos países.

Este relato nos dejó con la conclusión de que al menos en Colombia simplemente las organizaciones cambian de territorio y de jefes. Se modernizan y resurgen con nombres distintos y en áreas geográficas nuevas para llevar a cabo las mismas actividades delictivas que sus antecesoras, salvo que en algunas ocasiones se vuelven organizaciones más violentas y en otras añaden líneas de negocio a su ya amplio catálogo.

Para efectos de la accesibilidad que puedan tener estos grupos en el territorio panameño, nos enfocaremos ahora en el clan de más reciente creación y con la influencia suficiente en la región fronteriza colombo-panameña y que, por ende, representa una amenaza latente para la seguridad del país centroamericano como puerta de entrada a la ruta del narcotráfico hacia México y Estados Unidos.

Se trata del Clan del Golfo de Urabá. En capítulos anteriores narramos cómo surgió esta agrupación criminal y cómo está organizada su estructura de mando. Ahora entraremos a sus entrañas y descubriremos sus más oscuros y terribles actos criminales.

Como se dijo, luego de la muerte de Giovanni, su hermano Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, asumió el control de la agrupación narcoterrorista. La agrupación cuenta con varias estructuras, una de ellas enfocada directamente en las operaciones que pasan por territorio panameño —debido a su cercanía tanto con el océano Pacífico como con el mar Caribe y por el difícil acceso de las autoridades por lo espeso de la selva—, que, al igual que para las FARC en la década de los años noventa, representa una importante forma de ingreso para financiar sus actividades ilícitas. De hecho, esta organización sería responsable de casi 95% de la droga que entra al territorio panameño. Buena parte de este porcentaje llega por vía terrestre en mochilas que cargan al hombro indígenas colombianos y panameños a lo largo de las trochas de la selva del Darién, y que es entregada a contactos en poblados del este de Panamá; el resto por vía marítima a través del Pacífico y el mar Caribe.

Con presencia en al menos diecisiete departamentos en Colombia, se ubican principalmente en el Golfo de Urabá en los departamentos de Antioquia y Chocó, bastante cercanos a la frontera con Panamá. Además mantienen una presencia significativa en la ciudad de Medellín, La Guajira, Santander y Valle del Cauca. El Clan del Golfo es probablemente la estructura criminal más importante de Colombia y de todo Sudamérica debido al espacio territorial que ocupa y a su forma de operar. Según las autoridades de ese país, tiene alrededor de unas mil quinientas unidades y controla más de cien municipios. A pesar de que han preferido mantener un perfil bajo, esto no quiere decir que no se trate de un grupo tanto o más violento que los antiguos cárteles de la droga. Tal vez una de las distinciones más notables sea que especializándose un poco, no se dedican a los asesinatos de forma masiva, sino que escogen a sus víctimas de manera selectiva. Y por si fuera poco, las autoridades confirmaron la existencia de las llamadas “casas de pique”, que, como su nombre lo sugiere, no son otra cosa que inmuebles utilizados para “desaparecer” a sus víctimas. Quienes son llevados a esas casas son torturados hasta que mueren y luego descuartizados y esparcidos para que no puedan ser encontrados por las autoridades.

La organización como tal es gobernada por una especie de directiva compuesta por cinco miembros, entre ellos Otoniel. El siguiente nivel está integrado por unos cincuenta “socios”, a quienes se les asigna un territorio. Cada “socio” tiene una especie de padrino en la directiva de la organización.

Pero ¿qué hace esta estructura? Muy sencillo, en primer lugar deben proteger las rutas y puertos utilizados para el narcotráfico; en segundo lugar resguardar a los comandantes de la organización, y en tercer lugar cuidar que los grupos rivales no se apropien de su mercancía.

Y no es para menos, se trata de su principal fuente de ingreso, aquella que garantiza la sostenibilidad del resto de sus actividades y que por ende les concede poder sobre el resto de las organizaciones, e incluso sobre las autoridades que están constantemente a su acecho.

Es conocida además la relación que existe entre el Clan del Golfo y los grupos mexicanos, los cuales hoy en día ya son considerados más que clientes. Podría decirse que son socios. Con una línea de cultivo y producción garantizada, rutas protegidas y clientes seguros que comprarán y traficarán el producto hasta Estados Unidos y Europa, no sorprende que esta agrupación se juegue el todo por el todo y se lo tome muy en serio. Tan en serio que quien entra a la organización sabe que cada decisión que tome o deje de tomar podría costarle la vida y la de sus familiares. Pero vale la pena. La paga es buena y les garantiza un nivel de subsistencia que de otra manera jamás podrían tener.

Es imprescindible preguntarse si realmente vale la pena poner en riesgo la paz y la tranquilidad de su comunidad a cambio de los beneficios económicos que provee el tráfico de droga y otras actividades ilícitas, después de todo nada es gratis en la vida. Esta es una economía fantasma, por llamarla de alguna manera. Alimentará los bolsillos de aquellos que “le entren al negocio”, mientras dure, y la historia ha demostrado que tarde o temprano termina, y termina con la muerte.

El Clan del Golfo es una organización criminal cuyos tentáculos son transnacionales, no solo llegan a los países fronterizos como Panamá, donde las autoridades están conscientes de la posibilidad de que Otoniel y sus socios decidan repetir la historia que en los noventa ocurría en el Darién con el Frente 57 y las AUC.

Hoy en día las autoridades, como el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), mantienen una fuerte presencia en la frontera con Colombia y la patrullan diariamente y, sin embargo, el trasiego persiste y los decomisos se incrementan. No obstante, así como ocurre en Colombia, las incautaciones de cocaína van en aumento al igual que la producción. Las estadísticas de arrestos en Panamá, producto de actividades relacionadas con el narcotráfico en el Darién, desfavorecen a los panameños, que son utilizados por el Clan del Golfo para transportar la droga a través de la selva darienita. En otras palabras, los miembros del clan utilizan indígenas panameños como mulas para transportar la droga.

Pero Panamá no es el único país en alerta y preocupado por las actividades delictivas del Clan del Golfo; antes de abandonar su puesto en octubre de 2018, el procurador de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció la conformación de un grupo de fiscales especializados en temas relacionados con el narcotráfico y actividades terroristas para investigar cinco organizaciones criminales, incluyendo el Clan del Golfo.

Debido a que Estados Unidos considera al Clan del Golfo como una organización criminal transnacional que inunda las calles de ese país con drogas y violencia, por medio de esta iniciativa el gobierno del presidente Donald Trump pretende desmantelar las organizaciones incluidas en la lista mediante procesos judiciales, diplomacia o por cualquier otro método legal.

Lo cierto es que pese a la presión internacional las autoridades colombianas han hecho su parte y han dado golpes duros a esta organización. Comenzando con el arresto de Don Mario y la muerte de Giovanny.

En 2011, cuando Giovanny fue abatido y Otoniel tomó el mando del clan, este último ordenó como represalia por la muerte de su hermano un “paro armado”, que no es otra cosa que una especie de toque de queda en el que los comercios no pueden operar ni las personas circular por la calles sin correr el peligro de ser asesinadas. Como resultado, decenas de personas murieron en seis departamentos y el poder y capacidad del grupo quedó consolidado. Adicionalmente, furioso porque las autoridades habían matado a su hermano, ofreció a los sicarios de la organización setecientos por cada miembro de la fuerza pública que fuera asesinado. Y la cacería comenzó. Se le denominó Plan pistola y acabó con la vida de al menos treinta policías.

Para poder contrarrestar la ola de terror impuesta por el clan, las autoridades colombianas calificaron a la organización como un “grupo armado organizado” y como tal el ejército se encargó de perseguirlos.

En 2015, producto de Agamenón, habían sido abatidos catorce de sus miembros más importantes y unos mil quinientos habían sido arrestados.

En 2017 Roberto Vargas, alias Gavilán, el segundo al mando del clan, fue muerto y unos meses después le tocó el turno a su reemplazo, Luis Orlando Padierma, alias Inglaterra. Estos golpes hicieron que Otoniel considerara negociar su entrega al gobierno, siguiendo el modelo que éste había alcanzado con las FARC, lo cual fue rechazado por el presidente Juan Manuel Santos, que en su lugar puso como condición el sometimiento a la justicia de estos “delincuentes y narcotraficantes”.

Pese a la tibia iniciativa de Otoniel de ofrecer su entrega, las autoridades colombianas, aun después del cambio de gobierno, han reiterado que lo que más les conviene al líder y a los miembros de la organización es entregarse y someterse a la justicia por los crímenes cometidos, ya que sin duda las confrontaciones con la policía y el ejército son cada vez más fuertes.

Sin embargo, los líderes del clan insisten en obtener estatus político para su organización, seguro inspirados por los logros obtenidos por las FARC mediante los acuerdos de paz de La Habana de 2016. Y es que realmente por qué tendrían que pensar que no tienen los mismos derechos, después de todo se dedicaban a las mismas actividades y ambas fueron consideradas organizaciones narcoterroristas. Lo cierto es que para Otoniel y su gente son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y tienen derecho a participar de la vida política colombiana, aunque para el gobierno y gran parte de la población de ese país no sean otra cosa que una red criminal dedicada al narcotráfico y a la explotación de otras rentas ilegales, como la minería y la extorsión.

Para noviembre de 2018, el Ejército naval de Colombia lanzó una ofensiva en conjunto con la Policía que resultó en la captura de veintiún líderes del Clan del Golfo, entre ellos el Profe, líder caribeño de la organización.

El 3 de enero de 2019 fue capturado en el barrio Pueblo Nuevo, en la zona céntrica de Carepa, municipio del Urabá antioqueño, Juan Pablo Úsuga Torres, alias Reseco, quien había sido el reemplazo de Inglaterra. Reseco era el presunto cabecilla financiero de la subestructura Carlos Vázquez del Clan del Golfo. Un dato curioso de esta captura es que pudo comprobar que Reseco vivía en el mismo complejo residencial que el alcalde de Medellín. ¡Qué manera de burlar a las autoridades!

Mientras tanto, las autoridades colombianas y de Estados Unidos han ofrecido una recompensa de cinco millones para quien dé información sobre el paradero de Otoniel, quien al momento de terminar este libro permanecía fugitivo. ¿Estará cerca el final del Clan del Golfo o, por el contrario, resurgirá con un nombre diferente y un liderazgo joven y moderno como lo han venido haciendo las organizaciones de narcotraficantes desde los años setenta? ¿Quedará la cadena de cultivo y producción de cocaína en Colombia en manos de los cárteles mexicanos? En todo caso, cualquiera que sea el escenario no es alentador para los países vecinos, ya que mientras los ciudadanos de estas zonas se presten a jugar parte de este negocio a cambio de una prosperidad pasajera y vendan su tranquilidad al demonio del narcotráfico, corresponderá a las autoridades dormir con un ojo abierto pendiente de quién será el próximo enemigo a combatir.

CAPÍTULO 11

Una crisis que parece no tener fin

Desde 2009 el gobierno de Estados Unidos ya reconocía los avances de Panamá en materia de protección de sus fronteras y en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en su territorio. Y así lo refleja un cable de WikiLeaks de ese año.

El gobierno de Panamá continúa con sus esfuerzos para combatir el tráfico internacional de drogas, así como también a los elementos de las FARC que tienen presencia en la provincia del Darién […] Recientemente el gobierno de Estados Unidos ha notado un mayor interés y capacidad por parte del gobierno de Panamá en la interdicción internacional de organizaciones criminales.

Mientras estuvimos revisando los cables diplomáticos publicados por WikiLeaks, encontramos interesantes conversaciones entre los funcionarios del gobierno de Panamá y la entonces embajadora de Estados Unidos en ese país. Entre otras cosas, los primeros solicitaban ayuda al gobierno estadounidense para combatir el microconflicto que Panamá vivía, especialmente en dicha región.

Y como suele suceder, Estados Unidos accedió a la ayuda solicitada por el entonces vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores panameño, y envió a un grupo de expertos que evaluaría la zona para determinar de qué manera podrían colaborar.

El objetivo de los panameños consistía en que Estados Unidos apoyara con la planificación de las operaciones que habrían de llevarse a cabo en el Darién y, por su lado, los estadounidenses ofrecieron asistencia en el entrenamiento, equipamiento y asesoraría a las autoridades panameñas en operaciones “no letales”.

El hecho de que en 2009 la embajadora de Estados Unidos, Barbara Stephenson, brindara este nivel de ayuda tan especializado y similar al ejecutado en Colombia y con la Iniciativa Mérida, deja claro que todavía en esa época —dieciséis años después del secuestro de los misioneros estadounidenses— había una alarmante presencia en el Darién de elementos insurgentes, en particular de las FARC y el Frente 57.

En esos años el presidente de Panamá era Martín Torrijos, hijo del exdictador Omar Torrijos Herrera, y enfrentaba los resabios de la problemática que había heredado el país luego de la dictadura militar, aunque tal vez es más justo decir que fue Manuel Antonio Noriega y no Torrijos quien se relacionó con los narcotraficantes colombianos y les permitió usar la zona del Darién para sus operaciones.

Volviendo a las acciones que motivaron a Martín Torrijos a acudir a la embajada de Estados Unidos y solicitar ayuda para combatir estos grupos insurgentes, es evidente que sabía que por más que el Senafront, el Senan y demás fuerzas policiales estuvieran más preparadas que en los noventa, se trataba de una misión que requería de cooperación internacional, y precisamente eso fue lo que encontró con los estadounidenses.

De manera coordinada llevaron a cabo una serie de ejercicios utilizando equipo y recursos humanos estadounidenses, pero siempre con la presencia de personal panameño a bordo de las embarcaciones patrulleras y en conjunto con los grupos que en tierra realizaban estas operaciones especiales. En otras palabras, no fue una operación que las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo en territorio panameño como si se tratara de suelo estadounidense.

Y es que después de tantos años de presencia insurgente en el Darién, después de la ola de violencia que desató y de los abusos cometidos en territorio panameño, algo había que hacer. Claro que a las puertas de una contienda electoral, en mayo de ese mismo 2009, el componente político de estas decisiones era evidente. Era una estrella que su gobierno quería colgarse.

No se trataba de una operación netamente militar; de hecho, la embajadora Stephenson se aseguró de exponerles tanto al presidente panameño como a su canciller, Samuel Lewis Navarro, la necesidad de integrar otros elementos de gobernanza. Por ejemplo, educación, salud, seguridad, infraestructura pública y desarrollo económico, para así dotar de los recursos necesarios a las poblaciones cercanas a las áreas de insurgencia y evitar que tuviesen que depender de la influencia de las FARC.

La misión, que se denominaría Operación Bloqueo en la Línea de Meta, tenía como propósito debilitar aún más al Frente 57. Esta sería la primera vez que efectivos de las fuerzas armadas estadounidenses operarían en el territorio panameño desde el 31 de diciembre de 1999, cuando irónicamente en cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter abandonaron las bases militares en las que hasta ese entonces operaban.

Según la propia embajadora Stephenson, el hecho de que Panamá permitiera que buques militares de Estados Unidos navegaran por las aguas panameñas daría a su gobierno una importante herramienta para combatir el tráfico de drogas a través de Centroamérica, liberando de esa manera la presión que existía, y que todavía persiste, sobre México.

De haberse materializado esos acuerdos, tal vez hubiesen tenido como resultado una reducción importante en la penetración del crimen organizado en los países centroamericanos.

Esta operación se habría llevado a cabo entre los meses de mayo y junio, justo antes de que el nuevo presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, asumiera la banda presidencial. Sin embargo, no existen registros de que efectivamente se ejecutase ni cuáles fueron sus resultados.

Ya con Martinelli en la presidencia, las conversaciones con la embajadora Stephenson se retomaron con el fin de lograr que se materializaran los acuerdos que se habían sostenido con Torrijos, pero según dicen los propios cables de WikiLeaks, la historia fue muy diferente.

Leer los cables diplomáticos sobre las conversaciones entre Martinelli y la embajadora produce una sensación entre la vergüenza y la incredulidad, aunque después del quinquenio de Martinelli es poco lo que puede llegar a sorprender a cualquiera que conozca medianamente sobre temas políticos regionales. Martinelli fue la versión latina de Donald Trump, por contextualizarlo ahora en 2019. La diferencia fundamental entre ambos es que lo que en su momento hiciera o dijera Martinelli tendría pocas consecuencias fuera de Panamá, y lo que dice o deja de decir Trump tiene implicaciones globales. Si se preguntaran alguna vez si es posible que existan dos seres tan ridículamente similares, pues la respuesta es: ¡sí!

Según estos cables, Martinelli le dijo a la embajadora el 13 de diciembre de 2009 que había dado autorización para que las autoridades colombianas atacaran a las FARC en un encuentro que tendría lugar en el Darién, con motivo de la Navidad. Sí, se trataba de una operación en territorio panameño, llevada a cabo por el ejército de otro país y sin participación de la fuerza policial panameña.

Pero esto no fue lo más absurdo que habría escuchado la embajadora, porque unos minutos después se contradijo y de la nada mostró su indignación porque las FARC se atrevieran a celebrar la Navidad en Panamá, y en ese momento dijo que estaba decidido a tomar acciones beligerantes en su contra. Seguramente la embajadora quedó desconcertada; ¿quiénes se harían cargo, los panameños o los colombianos?

Fue entonces cuando la embajadora, en un momento de lucidez, le advirtió de los riesgos y el costo político que tendría si debido a su repentina decisión morían mujeres y niños ajenos al conflicto. En primera instancia Martinelli parecía dispuesto a aceptar dicho costo, pero luego reconsideró cuando la embajadora comenzó a explicarle que era vital contar con el apoyo de las comunidades para derrotar a estos grupos criminales.

Por risible que parezca, en el mismo encuentro y tan solo unos minutos después le dijo a Stephenson que en realidad las FARC no eran una amenaza para el gobierno panameño. A este punto es muy probable que la embajadora haya concluido que sin duda esta habría sido la conversación más bizarra que jamás había sostenido con algún presidente. Martinelli añadió que se sentía comprometido por el impacto que había tenido el secuestro en Panamá del empresario cubano Cecilio Padrón, que de alguna manera demostraba el riesgo que corrían los ciudadanos de las zonas urbanas en su país.

Secuestrado en 2008 por miembros disidentes de las FARC, a Padrón lo trasladaron por medio de la selva darienita hasta la frontera, donde lo entregaron al Frente 57, el cual lo mantuvo bajo cautiverio por diez meses.

Todos estos puntos discutidos en la reunión llevaron a la embajadora a concluir que los cambios constantes de punto de vista que tenía Martinelli eran un ejemplo de su estilo impredecible de administración, en el que giraba instrucciones y aprobaba acciones contradictorias.

Pero más allá de los posibles riesgos que esto pudiese representar para las relaciones entre ambos países, a la embajadora le preocupaba la existencia de dos planes contrarios para un mismo conflicto y en un mismo lugar. Es decir, un claro ejemplo de double dipping.

De hecho, Martinelli llegó a decir que “esto era un asunto que dependía de quién capturaba primero al guerrillero Silver”, si Estados Unidos o Colombia, pero unos minutos después reflexionó y dijo que esa opción podría tener como consecuencia la muerte de personas.

El asunto terminó con el retiro de las fuerzas militares de entrenamiento y asistencia que estaban listas para enfrentar la presencia del Frente 57 en el Darién. Estados Unidos temió que una falta de coordinación entre Panamá, Colombia y ellos mismos terminara en una operación fallida y con un gran número de bajas que habrían podido evitarse.

Toda esta confusión con el gobierno panameño fue hábilmente aprovechada por el colombiano, quien enseguida envió a Washington un resumen de lo que había sucedido en la zona. En una nota de 2009, incluida en los cables diplomáticos publicados por WikiLeaks, queda evidenciado que en ese entonces los esfuerzos estadounidenses por combatir la influencia de las FARC en el territorio fronterizo con Panamá eran sostenidamente importantes, y la falta de coordinación de los políticos panameños pudo haber alargado innecesariamente el conflicto en el Darién.

Poco tiempo después, en 2010, Luis Fernando Mora, alias Silver, el entonces líder del Frente 57, fue asesinado en la Operación Darién —liderada por el ejército colombiano— a un kilómetro de la frontera colombo-panameña. Uno de los objetivos de esta operación era Gilberto Torres Muñetón, alias el Becerro, pero este no fue capturado ni ultimado. Ante los acontecimientos, el entonces ministro de Seguridad panameño, José Raúl Mulino, dijo públicamente que su gobierno no formaba parte ni tenía conocimiento de la operación, dejando en evidencia la falta de comunicación de las autoridades panameñas con sus pares de Colombia. Una operación a un kilómetro de la frontera es algo que no debería hacerse sin que el vecino sea informado, al menos unos minutos antes. Pero los gobernantes panameños eran conocidos en la región y poco resta explicar ante esta situación.

En 2013 el ejército colombiano lanzó otra ofensiva a las FARC en el área de Chocó, Colombia, y esta vez lograron encontrar los registros financieros de la organización que mostraban ganancias de casi un millón de dólares en ocho meses. De hecho, durante los primeros meses de ese mismo año se encontraron alrededor de cinco mil plantaciones de coca en el Darién. Pero esto no fue todo. En julio fueron ubicadas cerca de cincuenta y cinco mil plantaciones en ocho hectáreas en esa misma zona y un laboratorio de procesamiento de cocaína. Esta habría sido la primera vez que se pudo comprobar que el cultivo y procesamiento de la cocaína había llegado a Centroamérica.

Después de este golpe el número de militantes fue decayendo, hasta que en 2015 solo tenía unos doscientos miembros debido a la presión de los gobiernos de Panamá y Colombia.

Después de varias décadas los servicios de seguridad panameños por fin lograron el sostenimiento de la región manteniendo a los miembros del Clan del Golfo del otro lado de la frontera, es decir, del lado colombiano, y limitando su presencia en la zona a aquellas células contratadas por el clan con el solo propósito de traficar la droga hacia Panamá por medio de las más inhóspitas trochas en medio de la selva. En muchas ocasiones los mochileros son detenidos y procesados por infringir las normas penales bajo los cargos de tráfico internacional de drogas.

Lastimosamente, no ha sucedido lo mismo con el tráfico de seres humanos a lo largo de la zona selvática del Darién. Como se ha dicho en capítulos anteriores, esta es otra de las actividades a las que se dedica el Clan del Golfo y con la cual lucra, a fin de garantizar sus operaciones. Es más, después del narcotráfico y de la minería ilegal, es una de sus principales fuentes de sustento. Pero ¿cómo lo hace?

Durante los últimos cuatro años, y hasta 2018, habían cruzado la frontera de forma irregular unas ochenta mil personas provenientes de Asia, África, Haití y Cuba principalmente, aunque algunos ecuatorianos y colombianos también se aventuran a semejante travesía. Estas personas son recibidas por los coyotes en la zona de Turbo en el Golfo de Urabá, en el departamento de Antioquia. Una vez reunidos abordan lanchas en las que caben hasta unas veinticinco personas y luego son trasladados y desembarcados en las zonas de Sapzurro o Capurganá, en el departamento del Chocó, en el Caribe colombiano, muy cerca de la frontera con Panamá.

Muchas veces los dejan frente a la frontera con Panamá y les ordenan seguir el camino a pie. Según testimonio de algunos migrantes, una vez que los desembarcan deben subir una colina que se encuentra en ese sitio. Usualmente esto sucede en la oscuridad de la noche aprovechando la poca visibilidad. Los migrantes asumen que el camino que deben seguir es de tierra, y no es hasta que comienzan la travesía que se dan cuenta del riesgo que corren.

Se trata de un camino de muchos riscos, intransitable, por lo que se ven obligados a lanzarse al mar hasta alcanzar la costa panameña. Muchos pierden la vida, otros sufren graves lesiones por cortaduras con las piedras. Los que logran pasar son guiados por un segundo grupo de coyotes, que les señalan el camino hacia Panamá. Una vez en territorio panameño se encuentran con los distintos puntos de control humanitario que se han establecido en dicha zona, donde existe una práctica de flujo controlado. Aquellos en situaciones más vulnerables, embarazadas, niños, ancianos, enfermos, son trasladados a áreas más céntricas desde donde pueden continuar su camino. El resto, luego de ser atendidos en los centros de ayuda, continúan su camino a pie hasta su destino final, que en la mayoría de los casos es Estados Unidos o Canadá.

Panamá pasó de una política de bloqueo de migraciones a una de asistencia humanitaria, debido a que de nada servía impedir el paso por territorio panameño si de todas formas iban a intentar hacerlo, aun cuando les costara la vida. Siendo la zona del Darién tan inhóspita, la fuerza fronteriza no tenía los recursos necesarios para controlar los grandes flujos de personas, y al final, la verdad sea dicha, ninguno buscaba quedarse en Panamá, sino seguir su camino hacia el norte.

Y en alguna medida, el flujo de personas a través de la frontera entre Panamá y Colombia es similar al de drogas, armas y el resto del comercio ilegal que utiliza esta ruta. En primer lugar porque ninguno de estos permanecerá en territorio panameño, sino que seguirá a otras partes del mundo, y en segundo lugar, tratar de detener cualquiera de estos sin los recursos apropiados generaría una crisis desproporcionada a la ya existente, debido al tráfico de drogas y el control que sobre estas ejercen los grupos delincuenciales en algunas zonas panameñas.

CAPÍTULO 12

De pandillas, narcos y políticos

Hace calor, la temperatura ronda los treinta grados centígrados y los chicos juegan futbol. En las gradas algunos observan el partido, mientras otros aprovechan que hay muchachos y se les acercan. De manera casual, sin levantar mucha suspicacia, comienza la conversación.

¿Cómo te llamas?, ¿con quién vives?, ¿quién es tu papá?, y ¿tu abuela? Son las primeras preguntas que el Gato (una especie de reclutador perteneciente a una de las dos principales pandillas que operan en la provincia de Colón, en el Caribe panameño) le hace a Mani, un adolescente de unos catorce años de edad. El Gato va ganándose la confianza de Mani hasta que este le confiesa que la niña que le gusta no le hace caso; le ha dicho que para que tenga relaciones sexuales con él, ella quiere un celular a cambio. Como Mani no tiene dinero, piensa que jamás alcanzará a la chica de sus sueños.

Ni corto ni perezoso el Gato ve su oportunidad. “Yo te compro el celular”, le dice. Los ojos de Mani brillan y acepta sin reparos el ofrecimiento del Gato. Lo que Mani nunca imaginó es que a partir de ese entonces comprometería su futuro al crimen organizado. Días después recibió el anhelado regalo, que vino acompañado de un extra. Un revólver. Mani es ahora gatillero.

Aunque los nombres utilizados en este relato son ficticios, por efecto de la sensibilidad del tema, la historia no lo es, y como aquel chico de catorce años muchos otros son víctimas de estos reclutadores que ya no solo hacen su trabajo en Colón, sino en el resto de las provincias panameñas.

Colón es especialmente vulnerable por ser el acceso a los mercados internacionales por medio de los puertos, lo que representa un gran atractivo para el negocio del narcotráfico, “oportunidad” que han identificado las principales bandas criminales: Bagdag y Calor Calor, en el trasiego de narcóticos hacia Europa. Allá la droga se vende hasta tres veces más cara que en Estados Unidos.

Seguramente uno se preguntaría, con tantos controles de seguridad que existen para acceder a las zonas portuarias y sabiendo las autoridades que ocurre este trasiego de drogas, ¿cómo es posible que toneladas de cocaína sean transportadas hacia el viejo continente en barcos que salen de puertos panameños? Pues muy sencillo, las bandas operan en los barrios más precarios de la provincia y es de ahí mismo de donde salen muchos de los trabajadores de los puertos. Algunos incluso pertenecen a las pandillas o bandas criminales. Ya contratados en los puertos trabajan en las grúas o acomodando las estructuras sobre las cuales se montan los contendores, entre otros trabajos para los cuales no es necesario tener títulos universitarios. Con personas clave adentro, la operación de narcotráfico se comienza a planear.

Pero en estas operaciones no solo participan los trabajadores de los puertos. También forman parte del esquema capitanes, marinos y oficiales de las embarcaciones, a quienes a cambio de una buena tajada de dinero han convencido de “entrarle” al negocio.

Además de transportarse en contenedores, gran parte de la carga se esconde en el codaste, una especie de estructura en donde termina el buque, por la popa, que sirve de soporte de giro del timón. Este es un espacio vacío donde fácilmente pueden alojarse varias toneladas de cocaína.

Una vez en Europa esta mercancía puede ser retirada por buzos antes de que alcance la zona portuaria. Usualmente esto se hace en puertos donde antes de llegar a la bahía se transita por aguas más tranquilas. Esta operación necesita de la colaboración de varios tripulantes dentro de la embarcación.

Y esto es lo que hacía un capitán de barco a quien llamaremos Salsero. Resulta que, como típico colonense de barrio, Salsero era muy shoaff, un término derivado del inglés show off para describir a una persona que le gusta presumir.

Después de que comenzó a traficar drogas en los barcos a su mando, Salsero se vio “rico”, tenía dinero para comprarse todo lo que jamás había soñado. Pero no era suficiente, quería más, y la siguiente carga no llegó tan rápido como él esperaba, así que decidió salir a ofrecer sus servicios al mejor postor. De esta manera Salsero terminó trabajando para una pandilla rival y lo inevitable sucedió. En el pórtico de su casa fue baleado por sus primeros socios. Y es que esta gente no perdona la traición.

Pero ¿qué hace que todo esto suceda? La misma historia que en la selva: una condición humana de escasez en todos los sentidos. La pobreza mental y económica son el caldo de cultivo, y más cuando se trata de una situación colectiva, compartida en un núcleo familiar. El narcotráfico y el crimen organizado encuentran en las familias un mejor esquema de operación, porque resulta más fácil controlar al núcleo que al individuo. Y es en condiciones como estas que unas veintiséis agrupaciones criminales operan en los poco más de cuatro mil kilómetros cuadrados que tiene la provincia de Colón. Estas subpandillas, por llamarlas de alguna manera, responden a las dos principales ya mencionadas.

Volviendo al tema del tráfico de drogas hacia Europa en embarcaciones que salen de los puertos panameños, además de esconder los kilos de cocaína en el codaste de los buques, en algunos otros casos esta se almacena en los propios contenedores, en medio de la mercancía que transportan. Por ejemplo, en 2014 una investigación llevada a cabo por las autoridades húngaras demostró que una organización criminal europea llevaba buen tiempo transportando desde Panamá cargamentos de veinte kilos de cocaína escondida en contenedores de doble fondo, que en su mayoría no estaban totalmente llenos. Como resultado de esta operación policial entre autoridades húngaras, alemanas, checas y eslovacas, tres miembros clave de la organización criminal fueron arrestados después de recibir quinientos setenta y cinco kilos de cocaína.

Existe un reporte de 2016, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre la estrategia a seguir para el control internacional de narcóticos. Según dicho documento, el 90% de la droga que entró a Estados Unidos durante el primer semestre de 2015 lo hizo por medio del corredor centroamericano y México. Adicionalmente el reporte señala que los narcotraficantes utilizan el sistema portuario panameño, la zona libre de Colón, los aeropuertos y la Carretera Panamericana para transportar las sustancias ilícitas hacia sus destinos finales, en especial Estados Unidos y Europa.

De hecho el documento señala que las autoridades panameñas muestran una gran preocupación por el aparente aumento en el consumo de drogas a nivel local, y del tráfico internacional a través de su territorio. Esta posición contrasta dramáticamente con la que habría expresado sobre el tema el expresidente Ricardo Martinelli y su administración a la entonces embajadora en Panamá, Barbara Stephenson, en 2009.

Y es precisamente porque las autoridades panameñas saben lo que sucede y reconocen el riesgo que representa todo el tema del narcotráfico en su territorio que han decidido colaborar a nivel regional para tratar de mitigar los efectos de esta actividad delictiva en el país. Un claro ejemplo, como ya hemos dicho, son las operaciones Agamenón y Escudo.

Pero esta colaboración también se extiende a Estados Unidos, con quien se han hecho importantes acuerdos para aumentar la capacidad de las instituciones que velan por la seguridad nacional. Producto de estos acuerdos la Policía Nacional, el Senafront y el Servicio Aeronaval (Sanan) han tenido acceso a mejor tecnología y entrenamiento en diversas tácticas para incrementar la interdicción en el tráfico de sustancias ilícitas y seres humanos.

Pese a todos los esfuerzos realizados, y a que se han hecho avances significativos, todas las partes reconocen que el desarrollo de una estructura profesional e integral tomará varios años, concluye dicho informe.

Aunque el sistema judicial panameño tiene retos importantes que superar, el informe reconoce ciertos avances, al tiempo que celebra la existencia de tratados de asistencia legal mutua y que a pesar de que la constitución panameña no permite la extradición de nacionales, el país se comprometió a procesar a los fugitivos en lugar de extraditarlos. Por otro lado, como una extensión del tratado Salas-Becker, ambos países firmaron un acuerdo complementario que permite que oficiales panameños suban a bordo de naves estadounidenses para patrullar las aguas territoriales panameñas y así facilitar la detección, monitoreo, interdicción y aprehensión de traficantes.

Es indudable que todos estos esfuerzos han tenido resultados, al menos en la cantidad de droga que es decomisada por Panamá y que se sitúa entre los tres países de mayor incautación en el mundo. Según este reporte de 2016, Panamá había decomisado unas cincuenta y dos toneladas de cocaína en 2015, mientras que para 2018 la cifra estaría cerca de las ochenta toneladas. Y las cifras son más disímiles si se comparan con las de 2014, cuando el decomiso fue de treinta y cinco toneladas.

Sin duda la capacidad del país centroamericano y de sus estamentos de seguridad para actuar a nivel operativo se debe al manejo de una mejor inteligencia y más recursos con los que poco a poco han ido propinando importantes golpes al narcotráfico.

Sin embargo, pese a que en Panamá los decomisos de dinero en efectivo proveniente de actividades relacionadas con el narcotráfico van en aumento, regresamos a la misma pregunta que nos hicimos capítulos atrás: por qué las autoridades panameñas, y en general las del mundo entero, en lugar de corretear toneladas de cocaína, enfrentar a los narcotraficantes a punta de balaceras y arriesgar su vida y la de todo aquel que se encuentre cerca, no comienzan a utilizar los mismos recursos de inteligencia para seguir el rastro que dejan los millones de dólares que producto de este negocio se encuentran en los diferentes sistemas bancarios del mundo, incluyendo el de Estados Unidos.

El último punto de este informe es quizá uno que afecta no solo a Panamá, sino en general a la mayoría de los países donde el narcotráfico ha tenido o tiene una gran influencia. Lo vimos cuando revisamos, por ejemplo, el caso de México capítulos atrás, y es algo que ha ocupado los titulares de varios medios de comunicación, luego de las revelaciones dadas a conocer durante el proceso en Nueva York al Chapo Guzmán.

Sin duda se trata de la corrupción. Según el mismo informe, la corrupción ha permanecido latente en los servicios de seguridad, aduanas y en el sistema judicial. Al informe se le olvidó mencionar la política, donde, como hemos dicho, se conoce de la infiltración del dinero del narcotráfico en campañas electorales, por mencionar un ejemplo.

Uno de los casos más conocidos fue aquel en el que las autoridades detuvieron a oficiales de los cuerpos de seguridad que habían participado en la Operación Anguila, de la cual hablamos anteriormente. Esta infiltración de los estamentos de seguridad acabó con una operación internacional que hasta ese momento había sido exitosa.

El hecho de que se dieran circunstancias como aquella dio pie a que las autoridades se muestren a favor de realizar pruebas a los oficiales, incluyendo la del polígrafo, y así poder detectar cualquier irregularidad. Cuando existen estas sospechas los funcionarios señalados son investigados exhaustivamente y procesados.

Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción denunciados en Panamá no está relacionada con el narcotráfico, sino con el enriquecimiento injustificado, el uso indebido de fondos públicos que constituye blanqueo de capitales y el peculado.

La ayuda que Panamá recibe no solo se limita al combate del narcotráfico, también busca reducir los niveles de violencia en las comunidades y de las organizaciones criminales, como las pandillas. Durante los últimos años los niveles de delincuencia común han disminuido mientras los relacionados con el crimen organizado están en aumento.

Para contrarrestar estas cifras el gobierno ha implementado programas como Barrio Seguro, que intercambia armas por bonos de dinero para los miembros de las pandillas que quieran reincorporarse a la sociedad. El proyecto ha sido duramente criticado por su alto costo y deficiente resultado.

Por otro lado, el Estado habilitó un sector de una base del Senan, en la isla Punta Coco, para que los detenidos por actividades relacionadas con el pandillerismo y el crimen organizado sean trasladados a esta institución. En esta especie de cárcel, los detenidos están incomunicados y solo les es permitido hablar con sus abogados y familiares una vez por semana, suspendiendo así el canal de comunicación con el resto de los miembros de su organización. Esto trajo como consecuencia que organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos requirieran al Estado que dichos detenidos fuesen albergados en cárceles comunes. Y así lo hicieron. Al menos temporalmente. En 2018, debido al incremento de las cifras relacionadas con la delincuencia organizada, la cárcel de Punta Coco volvió a habilitarse y doce personas fueron trasladadas.

Pese a toda la cooperación que existe entre Estados Unidos, Colombia y Panamá, el tráfico ilegal de drogas y de personas parece nunca acabar. El número de víctimas de los flagelos va en aumento, mientras que estos mismos países que cooperan estratégicamente para erradicarlos mantienen una lucha interna que parece estar dirigida más por intereses políticos que por aquellos que buscan salvar vidas. ¿Quién será el vencedor?

CAPÍTULO 13

Buenos vecinos

En diciembre de 2018, en una corte de Brooklyn, Nueva York, el juicio contra el Chapo Guzmán entraba en su tercera semana.

En el estrado, Jorge Cifuentes-Villa, de Medellín. Segunda generación de una familia dedicada al tráfico de drogas en la que no solo formaban parte del negocio familiar él y sus padres, sino también sus ocho hermanos y hermanas. Ahora servía como testigo de la fiscalía en el juicio que busca condenar al Chapo por varios delitos relacionados con el narcotráfico y a pasar el resto de su vida tras de las rejas.

En su testimonio hizo varias revelaciones, pero quizá la más importante se dio cuando se le pidió identificar una conversación sostenida entre el Chapo y un miembro de las FARC para asegurar una carga de cocaína de ocho toneladas.

Resulta que Cifuentes-Villa le habría puesto como garantía para asegurar el envío de dicha carga el equivalente a unos siete millones de dólares en tierras de su propiedad, a solicitud del Chapo. De esta forma su testimonio dejó evidencias contundentes del nivel de envolvimiento de las FARC también en la producción de cocaína. Para que esta organización pudiese tener acceso a tal cantidad de droga debía tener una estructura de producción y distribución competitiva con cualquier otro cártel colombiano. Y el hecho de que el propio Chapo estuviese negociando directamente con ellos demostró que las FARC ya llevaban bastante tiempo en este negocio.

Y es que como ya hemos analizado, las sociedades entre cárteles mexicanos y las FARC es algo que está harto comprobado y que aún hoy en la era posterior a las FARC, con el Clan del Golfo, sigue siendo una realidad y una gran preocupación para los Estados de la región. Poco a poco han ido descubriendo que es una lucha de tales dimensiones como para que se haga de manera individual, en lugar de a través de la cooperación internacional.

Aunque muchos han reconocido esta realidad desde hace tiempo, lo cierto es que los principales jugadores, Estados Unidos, México y Colombia, manejan sus políticas internas sin tomar en cuenta al resto de los países involucrados.

Un reporte de las Naciones Unidas de 2010 ya lo señalaba: “La lucha en contra del narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y el tráfico ilegal de seres humanos son problemas demasiado complejos como para que cada país los enfrente por sí solo”.

Y es así como, desde aquella fecha, las Naciones Unidas reconoce como parte de su agenda de seguridad los retos que los países miembros enfrentan como consecuencia de las drogas ilegales, el crimen, la corrupción y el terrorismo, con el fin de poder garantizar su desarrollo. Según el organismo multilateral, para garantizar dicho desarrollo es importante que exista seguridad, es decir, instituciones sólidas y funcionales, y que impere la ley. Debido a que todos estos elementos están conectados y son transnacionales, es imposible que sean vistos y atendidos aisladamente.

Una de las conclusiones de este reporte señala que el crimen organizado y las instituciones corruptas solo pueden ser combatidos si los Estados emprenden cruzadas colectivas.

Sin embargo, luego de estas explicaciones y conclusiones que a todas luces son congruentes, y a pesar de que la ONU incluyó en su agenda prioritaria el combate coordinado de estos flagelos, esta labor correspondería a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Pero durante la Asamblea General de ese año se concedió a esta oficina menos de 1% del presupuesto de las Naciones Unidas para lograr sus propósitos. Uno no puede evitar preguntarse cuál fue la razón para no respaldar la iniciativa económicamente. Tal vez la respuesta es simple: demagogia.

“Si las amenazas para el desarrollo y la seguridad que estamos atacando son tan importantes, es vital que la UNODC maneje un mayor porcentaje del presupuesto de la organización”, dijo el encargado de la misión de ese entonces. Era necesario dotarla de una estructura financiera sostenible y estable, combinando una porción fija del presupuesto de la organización y otra parte procedente de donaciones. Esta última propuesta despertó la preocupación de la Asamblea General, y como consecuencia determinó que era eminentemente necesario que la UNODC tuviese una estructura financiera adecuada. Lo cierto es que una vez que se superó este escollo, no solo ha logrado mantener un presupuesto millonario, sino que el resultado de sus intervenciones se hace notar.

A petición de México, por ejemplo, la UNODC ha contribuido en la implementación de estrategias para reducir la producción y el consumo de drogas ilícitas al tiempo que combaten crímenes relacionados, como el lavado de dinero y el tráfico de armas.

Por otra parte, en una reunión de la UNODC el representante de la Oficina Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos reafirmó la complejidad y diversificación que ha alcanzado el crimen organizado, al punto que con el tiempo comienzan a involucrarse en otro tipo de delitos, aquellos conocidos como de cuello blanco, que tienen carácter transnacional. Para combatir estos delitos es esencial la colaboración entre los países. Un caso emblemático y de nueva data ha sido la investigación conocida como Lava Jato y el juicio seguido en Nueva York al Chapo Guzmán.

Sin embargo, aunque el tráfico de drogas representa una amenaza para la seguridad internacional, y aunque algunos países de la región se mantienen relativamente seguros, aún enfrentan la posibilidad de que grupos de pandillas o maras, o bien los propios cárteles, se infiltren en sus territorios, afectando la paz social y la economía.

Existen otras variables que considerar. Por ejemplo, por qué los países que se encuentran en medio de los productores y los consumidores de cocaína tendrían que invertir más recursos en solucionar un problema que no fue creado por ellos y que realmente no los afecta. Es decir, si la mayor productora de cocaína en la región es Colombia, y la mayor parte de esa droga busca llegar al mercado de Estados Unidos, por qué tendrían Panamá y Costa Rica que invertir grandes recursos en solucionar este problema. Este es un escenario que organismos multilaterales como las Naciones Unidas deberían analizar con mayor profundidad. Y es que como lo dijo aquel informe de los organismos de defensa de Estados Unidos, del que hablamos en los primeros capítulos, la verdadera inversión que dicho país debería hacer es una encaminada a disponer de recursos millonarios para la rehabilitación y reinserción a la sociedad de aquellos consumidores adictos. Y aquí es donde recae la verdadera responsabilidad de este país en este gran problema regional.

Hoy en día los narcotraficantes sacan ventaja de alguna u otra manera de los territorios, de las personas con necesidad y hasta de los funcionarios corruptos, y es por eso que la mejor solución, sin perjuicio de la necesidad de implementar políticas de rehabilitación y reinserción, sigue siendo la colaboración en términos no solo de perseguir a quien se dedica al tráfico ilícito, sino también de llevar esa cacería a los sistemas judiciales y financieros internacionales, y para esto el intercambio de información es vital.

Pero regresando a Panamá y su lucha contra el narcotráfico, un cable diplomático de 2009 hecho público por WikiLeaks recrea con bastante exactitud algunos de los avances que tuvo en ese país la colaboración con Estados Unidos a raíz de los acuerdos Salas-Becker. Según ese mismo cable, el entonces presidente de Panamá, Martín Torrijos, agradeció a la embajadora estadounidense Barbara Stephenson por haberlo convencido de llegar a este acuerdo.

De hecho, una operación denominada Conjuntos 09, que había financiado la DEA con el Senan, tuvo lugar entre el 19 de mayo y el 26 de junio de 2009. Con un buque estadounidense tripulado por oficiales de ese país y panameños, en las costas pacíficas del Darién, se complicó la situación para las FARC.

Como resultado de esta operación en una ocasión se interceptaron dos lanchas repletas de cocaína y una que se presume también llevaba armas, pero la carga fue desechada y hundida. Dicha embarcación también transportaba a dos migrantes ilegales, los cuales fueron capturados.

Durante ese tiempo se decomisó un total de ochocientos treinta y cinco kilos de cocaína, y se detuvieron alrededor de dieciséis sospechosos y veintitrés migrantes. Y lo más importante, las lanchas rápidas dejaron de transitar por esa ruta del Pacífico.

Información de inteligencia determinó que los narcotraficantes tenían conocimiento de la presencia de oficiales panameños y estadounidenses en la zona, y habían colocado un bote de pesca para mantenerlos vigilados. La DEA también pudo saber de la frustración de los cárteles, ya que las toneladas de cocaína habían comenzado a apilarse en las playas.

Esta operación terminó involucrando a la marina colombiana, y el 6 de junio, en el ocaso de la operación, cinco lanchas rápidas trataron de pasar, y aunque dos lo lograron, las otras tres fueron devueltas a tierra firme y el cargamento decomisado por las autoridades colombianas.

Por esos días Silver, quien manejaba el Frente 57 y una organización de narcotráfico relativamente grande, pernoctaba por la zona de Guayabito, en el Darién, y a Estados Unidos le interesaba capturarlo, por eso lanzó operaciones similares a la anterior con fondos de la DEA. Eran precisamente criminales como Silver los que utilizaban las rutas por Panamá para hacer llegar su mercancía hasta Estados Unidos. Y las operaciones surtieron efecto, conteniendo, al menos por ese tiempo, el negocio de Silver y su gente. Tenían la confianza de que seguir con estas operaciones eventualmente daría al traste con esta organización. Y tal vez así hubiese sido, pero Panamá cambió de presidente y aunque originalmente Juan Carlos Varela, en ese entonces vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores, había acordado seguir las operaciones, ya sabemos lo que sucedió cuando Ricardo Martinelli se reunió con la embajadora para discutir el tema.

Curiosamente un copartidario del expresidente Martín Torrijos, Pedro Miguel González, demandó ante la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad del acuerdo Salas-Becker. Según él, el tratado violaba la constitución panameña, toda vez que esta prohibía la extradición de nacionales, y por esos días, en las cortes estadounidenses, se les había abierto un proceso judicial a siete marinos panameños.

Se trataba de oficiales que se encontraban a bordo del barco Perseus V, de bandera panameña, detenido en alta mar con una tonelada de cocaína a bordo, por una nave del Servicio de Guardacostas estadounidense.

La cocaína estaba escondida en una carga de chatarra que transportaba el Perseus V, que supuestamente iba a ser vendida. Por este caso los marinos panameños fueron procesados y condenados en Estados Unidos.

Diez años después de aquella demanda de inconstitucionalidad fue el magistrado Oydén Ortega, otro discípulo de Omar Torrijos, padre del expresidente Martín Torrijos y fundador del Partido Revolucionario Democrático en el cual milita González, quien declaró ilegítima la pretensión de González.

Pero ¿qué habrá sido lo que realmente inspiró a González a demandar este acuerdo? ¿Sería su falta de simpatía por todo lo que venga de Estados Unidos? Después de todo es prófugo de la justicia estadounidense por supuestamente haber asesinado a un soldado de nombre Zac Hernández. O posiblemente su temor se debió a que un acuerdo como este le costara su libertad. Tal vez guardaba algún interés en que dichos marinos no fueran procesados en Estados Unidos.

Este será otro de los misterios sin resolver entre la política y el narcotráfico.

CAPÍTULO 14

La colaboración tiene un precio

10 de enero de 2004. En una operación conjunta que incluía panameños y estadounidenses, fue capturado Arcángel de Jesús Henao Montoya, alias el Mocho, en el poblado de Tortí, en la región selvática del Darién. El Mocho era un importante líder del Cártel del Valle del Norte que terminó siendo extraditado a Estados Unidos, en donde fue sentenciado a 10 años de prisión, y fue liberado en 2012. La reducción de su condena se debió a que llegó a acuerdos con la Fiscalía de Florida, revelando importante información que terminó con la captura de otros destacados integrantes de la organización y la devolución de millones de dólares, producto del narcotráfico.

El Mocho terminó siendo el heredero del Cártel del Valle del Norte, luego de la muerte de su hermano mayor, José Orlando, y de su cuñado, Iván Urdinola Grajales, esposo de su hermana Lorena.

Junto al Mocho fueron detenidos Lorena y su guardaespaldas y amante Lucio Quintero Marín. La primera fue liberada en Panamá y enviada a Colombia, y tan pronto llegó a Bogotá fue apresada y sentenciada a doce años de prisión, de los cuales cumplió siete y luego fue liberada en 2011.

Un año y medio después, saliendo de una de sus fincas, sicarios atacaron a tiros el automóvil en el que viajaban Lorena, Lucio y una sobrina de este último. Lucio murió instantáneamente, pero Lorena logró llegar al hospital, donde finalmente falleció. La única sobreviviente de este atentado fue la sobrina de Quintero, que solo resultó herida en un brazo. Lorena y Lucio habrían sido asesinados por encargo de Héctor Urdinola, alias Chicho, sobrino de Iván, el exmarido de Lorena. Aparentemente todo habría tenido relación por un conflicto de tierras, pero no hay que olvidar que a Lorena se le había señalado de haber envenenado a su marido mientras estaba en la cárcel. Por otro lado, Chicho no era un simple sobrino tratando de cobrar venganza. Al contrario, estamos hablando de uno de los líderes del Clan del Golfo de Urabá, cabecilla de los Machos y narcotraficante, productor de la droga sintética 2CB en Colombia, conocida por los efectos que causa al sistema nervioso.

Pero Estados Unidos no se conformaba con la extradición del Mocho, también quería tener en sus manos a Lorena, y esto dio pie a que se despertaran algunas suspicacias y comentarios dentro de la embajada.

Resulta que luego de la detención de Lorena Henao en Panamá, ocho de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia fallaron en contra de procesarla por narcotráfico en dicho país, porque supuestamente la fiscalía no había aportado suficientes evidencias que la vincularan con este delito. Sin embargo, la fiscalía sí acreditó su vinculación con el Cártel del Valle del Norte y con varias propiedades en Panamá a través de Lucio Quintero, quien además de ser su amante era testaferro de la organización.

De esta forma, Lorena Henao fue deportada a Colombia, en lugar de ser extraditada a Estados Unidos, como esperaban las autoridades de ese país. En otras palabras, mientras los jueces panameños liberaban importantes narcotraficantes, Colombia los detenía, procesaba y condenaba.

A pesar de la apreciación de los diplomáticos estadounidenses en Panamá, sí hubo casos importantes en los cuales las autoridades se ponían los pantalones y hacían su trabajo. Tal vez el narcotraficante capturado en Panamá de mayor relevancia fue José Castrillón Henao en 1996, uno de los herederos del Cártel de Cali, responsable de introducir toneladas de droga en Estados Unidos, casi siempre por la vía marítima. Fue extraditado a Estados Unidos dos años después de su captura; luego de un tiempo se acogió a acuerdos de delación con la justicia estadounidense a cambio de su libertad.

En septiembre de 2007 fueron detenidos en Panamá José Nelson Urrego, jefe de comunicaciones del Cártel del Valle del Norte, y en octubre de 2008 cayó Jesús el Rey Zambada, del Cártel de Sinaloa.

Urrego también estuvo vinculado con el Cártel de Cali y con el famoso escándalo de los “narcocassettes”, por el que fue arrestado en Colombia; luego de volverse informante de la DEA salió de prisión. Poco se supo de él hasta que fue detenido en Panamá por blanqueo de capitales. Resulta que la fiscalía descubrió que tenía propiedades en Panamá valoradas en más de diez millones de dólares. Entre estas, una isla en el Pacífico, en la cual fue arrestado y sentenciado a diez años de prisión.

Al cumplir su pena intentó salir del país, pero todavía existían en los registros migratorios panameños las marginales que impedían su salida, por lo que en señal de protesta decidió pernoctar en el aeropuerto de Tocumen hasta que pudiese viajar. Luego de subir y bajar escaleras y aportar la documentación que las autoridades de migración le pedían, Urrego viajó a España, en donde, según se sabe, aún permanece.

Y aunque las acciones judiciales impulsadas en los países de América Latina en contra de los narcocárteles y sus cabecillas suelen ser erráticas, en el sentido de que pareciera más bien que los resultados dependen de cuánto dinero son capaces de hacer circular estos criminales por el sistema, hay otras herramientas a las que tienen acceso las autoridades de todos los países, a los más altos niveles, y que son de gran importancia para el seguimiento y captura de los narcotraficantes. Se trata de aquellas que ofrecen los avances tecnológicos, que aunque operadas por seres humanos y por lo tanto no infalibles a la corrupción, ofrecen resultados contundentes si son utilizadas adecuadamente.

Un claro ejemplo son los sistemas de rastreo y escuchas telefónicas, que hacen posible que los encargados de perseguir el crimen organizado se coloquen un paso adelante de las redes delincuenciales. El problema es que la experiencia ha demostrado que no siempre son utilizados para los fines para los que supuestamente son adquiridos. Este es curiosamente el caso de Panamá, Colombia y México.

En 2009, cuando Ricardo Martinelli asumió la presidencia de Panamá, sostuvo varias conversaciones muy singulares con el equipo de diplomáticos de la embajada de Estados Unidos, como hemos mencionado anteriormente.

Una de estas conversaciones giró en torno a la “necesidad” de que el sistema de escuchas telefónicas utilizado por Estados Unidos para brindar asistencia al gobierno panameño en las investigaciones relacionadas con el crimen organizado, y en particular con el narcotráfico —conocido como Matador—, sirviera de herramienta para que el gobierno de Martinelli pudiese hacer otro tipo de investigaciones.

Pero ¿a qué se referían Martinelli y sus allegados cuando solicitaron acceso a ese sistema? Pues trataron de maquillar sus verdaderas intenciones de mil formas: que si la seguridad nacional, que si los secuestros, que si las amenazas al presidente, y por último alegaron una supuesta conspiración de los grupos de izquierda de Centroamérica.

Realmente lo que buscaba el entonces presidente de Panamá era saber qué decían en sus conversaciones sus oponentes políticos. Ante la negativa de Estados Unidos, terminó adquiriendo varias máquinas y sistemas de escuchas, y de hecho en más de una ocasión su subconsciente lo traicionaba, ya que varias veces advirtió en tono amenazante que tenía en su poder “dossiers” de “todo el mundo”.

Por increíble que parezca, en una de sus conversaciones con la embajadora de Estados Unidos, Martinelli llegó a insinuar que el país reduciría sus niveles de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, de lo que rápidamente se retractó cuando se le respondió que esta posición debía ser informada a Washington.

Lo cierto es que, producto del uso que terminó dándole al equipo y programas adquiridos, el expresidente enfrenta un proceso judicial por interceptación ilegal de comunicaciones que lo ha mantenido tras las rejas más de dos años, de los cuales uno lo pasó en Miami, antes de ser extraditado a Panamá.

En Colombia, por su parte, el tema de las “chuzadas”, como le dicen en ese país a las escuchas, es de vieja data, desde la época de los “narcocassettes”, hasta las negociaciones de paz en La Habana. Sin embargo, en un inicio se habría recurrido a esta estrategia para revelar males mayores, como el caso de la elección de Samper como presidente y el financiamiento de su campaña por parte del Cártel de Cali.

El gobierno de Álvaro Uribe no fue la excepción. Durante su mandato se ordenó una serie de intercepciones telefónicas que se convertirían en uno de los escándalos más sonados de esa época.

La orden habría venido desde la Casa de Nariño, y se trataba de una investigación a los magistrados colombianos luego de que realizaran un viaje con un empresario que se suponía tenía vínculos con el narcotráfico. La instrucción era investigar las conversaciones y cuentas bancarias tanto de los magistrados como del empresario, pero como se conocería después, los investigados fueron otros.

Por este caso se procesó a María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien a pesar de tener competencia para investigar y ordenar las investigaciones lo hizo de manera arbitraria y abusiva, por lo cual fue encontrada culpable.

Por otra parte, la Corte estimó que la funcionaria montó un plan para conocer información privada de la Corte Suprema de Justicia y utilizó los recursos del DAS para ello. Al mismo tiempo fue encontrada culpable de intervenir los correos electrónicos de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba y espiar las actividades de Gustavo Petro, quien sería el contrincante de Iván Duque, de corriente uribista, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia en 2018. Hurtado fue condenada en 2015 y aún se mantiene detenida en el Centro de Policía de Carabineros en Bogotá, donde cumple una condena de catorce años.

Como dice el viejo adagio: “Dios los crea y ellos se juntan”. Años antes, en 2010, María del Pilar Hurtado pidió asilo a Panamá, durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Y como era de esperarse, éste se lo concedió. Cinco años después la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la medida concedida a Hurtado y regresó a Colombia en enero de 2015.

La historia se repite en México, donde el gobierno de Enrique Peña Nieto adquirió de NSO Group de Israel el malware o spyware llamado Pegasus para diversas agencias federales de inteligencia. El mismo que compró Martinelli en Panamá. Según se ha reportado, también se adquirieron algunos equipos de la italiana Hacking Team, a la que Martinelli compró equipo conocido como “máquinas pinchadoras”. El esquema es exactamente el mismo y el propósito también.

NSO Group aceptó vender el sistema al gobierno mexicano para investigar a las personas que se vinculaban con actividades delincuenciales —como terrorismo o tráfico de drogas— y terminaron siendo espiados los periodistas que investigaban a los grupos criminales y a los activistas de derechos humanos que denunciaban los actos de corrupción, masacres y vejámenes que sufrían las poblaciones sometidas al yugo del narcotráfico, por ejemplo. Es aquí donde resulta imposible no preguntarse si estos equipos y sistemas habrían ido a parar a las manos equivocadas. Las evidencias que se han encontrado y que suponen que se sigue utilizando en México así lo demuestran.

Y es así como estos tres casos son un ejemplo claro de cómo la corrupción afecta la guerra contra el narcotráfico. El uso inadecuado de un recurso valiosísimo que, aunque no es la panacea, contribuye al combate, pero que puede terminar, en algunos casos, en manos de los propios narcotraficantes.

En Colombia, los funcionarios estadounidenses estaban sorprendidos al ver el uso que se le había dado al sistema que ellos mismos habían proporcionado y que debía ser utilizado para conocer los movimientos de los narcotraficantes, no de los opositores políticos, jueces o periodistas.

Probablemente la actitud de Martinelli fue la que más desconcertó a los diplomáticos de Estados Unidos. Fue una movida agresiva y de poco recato, pero al menos sus intenciones eran evidentes. Desde un principio supieron que sus reclamos nada tenían que ver con detener el tráfico de drogas o prevenir el terrorismo. Martinelli terminó comprando equipo y sistemas a Italia e Israel, respectivamente, equipo que desapareció a su salida del gobierno. Jamás fue recuperado. El exmandatario enfrenta acusaciones por peculado por haber hecho estas adquisiciones con fondos públicos.

El tercer escándalo explotó en México en 2017, y muy poco han avanzado las investigaciones al respecto. Peña Nieto ha salido del gobierno y ahora corresponde a Andrés Manuel López Obrador desvelar el uso que realmente se les dio a estos bienes y en manos de quiénes fueron a parar.

El principal problema en el combate contra el narcotráfico estriba en la rendición de cuentas por parte de los políticos y de las agencias de seguridad que, por “seguridad nacional”, debe mantenerse en secreto. Sin duda los resultados son contraproducentes, así lo ha demostrado la historia.

Y aun cuando Estados Unidos, que termina siendo el mayor proveedor de fondos a través de acuerdos de cooperación para luchar contra el narcotráfico, podría exigir más rendición de cuentas, las autoridades buscan la manera de negarla o maquillarla. En general estos fondos son vistos como una fuente interminable de flujo de dinero que los políticos usan a su antojo con muy poca supervisión. Pero este, asumimos, es el precio de la colaboración.

CAPÍTULO 15

La narcopolítica

Honduras, México, Panamá, Colombia y Venezuela, son solo algunos de los países de la región en los que se ha logrado evidenciar la influencia que ha tenido el narcotráfico en la política, o más bien casos en los que políticos se han aprovechado de sus posiciones y relaciones familiares para lucrar con actividades delictivas sin temor aparente de ser capturados o incluso condenados. Una especie de free ride en el que se llenan los bolsillos de dinero mal habido sin correr ningún riesgo.

Esto no es un problema nuevo, ocurre desde que aquel que tiene poder sin el menor de los escrúpulos abusa de él. Y comienza ocurriendo con cosas pequeñas, casi imperceptibles para los vigilantes de la lucha contra la corrupción, hasta que se convierten en delitos transnacionales, como es el caso del narcotráfico, y ya sin la protección que les brindan sus propias fronteras quedan expuestos al ojo público. Sin duda la tecnología ha contribuido a que delitos como estos no se mantengan en la oscuridad de los pasillos de los barrios, fiscalías, juzgados y salas de redacción de medios locales.

Los “narcocassettes”, descubiertos durante la campaña presidencial de Ernesto Samper en Colombia, es probablemente el mayor ejemplo de qué tan cerca pueden llegar a estar del poder los narcotraficantes. El Cártel de Cali logró lo que Pablo Escobar no pudo: colocar a un presidente en la Casa de Nariño.

Otras acusaciones como las hechas contra el expresidente Álvaro Uribe por parte de Carlos Ochoa Vásquez, exintegrante del Cártel de Medellín, han rondado la silla presidencial. Según Ochoa Vásquez, su familia habría financiado las aspiraciones presidenciales de Uribe. Aunque este hecho fue público y notorio, realmente nunca se logró comprobar la veracidad de la acusación.

En los años noventa, en Panamá, cuando todavía era posible salirse con la suya, se supo que para la campaña presidencial de 1994, en la que salió victorioso el candidato del Partido Revolucionario Democrático —el brazo político de la dictadura recientemente derrocada—, el narcotraficante José Castrillón Henao aportó dos cheques que totalizaban cincuenta y un mil dólares. Aunque la cantidad pareciera irrisoria, se trataba de la primera vez que en Panamá se ponía en evidencia la infiltración de dinero derivado del narcotráfico en la política.

Aunque Castrillón Henao fue detenido y extraditado, este hecho particular nunca se investigó. Ni el partido, ni el entonces candidato y luego presidente Ernesto Pérez Balladares, ni Castrillón Henao, tuvieron que responder a las autoridades panameñas por haber utilizado fondos negros para la campaña presidencial.

Más de veinte años después, ya durante la presidencia de Ricardo Marintelli, el presidente que se caracterizó por un estilo controversial y poco diplomático, Ramón Martinelli Corro, su primo, fue acusado de pertenecer a una red que triangulaba dinero entre México, Colombia y Panamá para el Cártel de los Beltrán Leyva. De hecho, fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México con una fuerte suma de dinero en su poder, lo que le hizo permanecer detenido en ese país por tres años, luego de lo cual fue absuelto en 2013.

Además de ser sobrino del expresidente panameño, Ramón Martinelli Corro fue diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por el partido Cambio Democrático, fundado por su tío. Al ser un diputado centroamericano, poseía inmunidad y una serie de privilegios, de los que Martinelli supo aprovecharse.

Una vez en Panamá, Martinelli Corro fue detenido en febrero de 2018 acusado de blanqueo de capitales. En esa ocasión transportaba en su vehículo unos veintitrés mil dólares. Por este proceso se mantiene con medidas cautelares en Panamá y la audiencia está programada para junio de 2019. Si efectivamente Martinelli Corro continuó con las actividades por las cuales se le procesó en México, es cuestión de tiempo hasta que se sepa la verdad.

El Cártel de los Soles es como se le conoce a la organización criminal venezolana supuestamente integrada por altos mandos del ejército bolivariano, entre otros actores de alto perfil de la vida política de ese país. Su nombre se debe precisamente a los rangos que llevan en sus hombros los generales venezolanos.

En sus inicios, el cártel se habría encargado de organizar el transporte de toneladas de cocaína a través de Venezuela, papel que fue incrementándose y cobrando cada vez más importancia hasta que hoy en día se presume que están involucrados en la producción y el tráfico de cocaína a diferentes países del mundo, incluyendo Estados Unidos.

Como consecuencia, Venezuela ha sido catalogada por Estados Unidos como un narcoestado, en el que sus principales autoridades tienen vínculos con esta actividad, especialmente luego de que Leamsy Salazar, jefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, declarara, antes de entrar al programa de testigos protegidos de Estados Unidos, que el segundo era el jefe del Cártel de los Soles. A partir de estas declaraciones el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en su famosa Lista Clinton a unos setenta venezolanos, entre los que se encuentran Nicolás Maduro, presidente; Tibisay Lucena, rectora del Consejo Nacional Electoral; Tarek William Saab, fiscal general; Elías Jaua, ministro de Educación; Néstor Reverol, ministro de Justicia; María Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios; Tareck El Aissami, vicepresidente; Carmen Zuleta de Merchán, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Pero si había alguna duda sobre el vínculo del gobierno venezolano con el narcotráfico, el arresto en Estados Unidos de los sobrinos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, cuando trataban de introducir a ese país ochocientos kilos de cocaína de alta pureza, ayudó a despejar cualquier interrogante.

Efraín Campo Flores y Franqui Flores, los sobrinos presidenciales, fueron condenados por narcotráfico por un jurado de Nueva York, y actualmente cumplen una condena de dieciocho años de prisión en ese país. Durante este proceso, se determinó que era imposible que tal cantidad de droga pudiese haber sido traficada desde Venezuela, a través de Honduras, sin que las autoridades de esos países se percataran.

En otro proceso en Nueva York también se han hecho importantísimas revelaciones sobre los sobornos y vínculos que habría tenido el Chapo Guzmán con funcionarios coludidos con su organización tanto en México como en otros países de la región.

Y es que cuando el negocio del Chapo era pujante y las toneladas de cocaína llegaban y salían de México, jamás habrían podido moverse sin la ayuda de importantes socios que tuvieran control de elementos como el Poder Ejecutivo, el ejército, la marina, y hasta la policía.

Y fue precisamente el éxito de esta operación lo que le permitió amasar una gran fortuna que utilizó para pagar millonarios sobornos a sus nuevos aliados.

Como era de esperarse, en el primer día de audiencias la bomba explotó. La defensa de Guzmán comenzó diciendo que el Cártel de Sinaloa había pagado millones de dólares en sobornos a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Por supuesto que casi de inmediato ambos negaron las acusaciones en sus respectivas cuentas de Twitter.

Pero esta no fue la única acusación durante el juicio que señaló que el cártel habría pagado millones de dólares en sobornos.

El excomandante de la policía Miguel Ángel Martínez dijo al jurado que durante el tiempo que trabajó con el Chapo pudo ver los cargamentos más grandes de droga de toda su vida. Según aseguró, en ocasiones eran transportados en flotas de hasta diez aviones, cada uno con cientos de kilos de mercancía. Todos aterrizaban en pistas clandestinas. El narcotraficante estaba muy feliz y se lo demostraba a todos.

Durante su intervención en el juicio, Martínez también dijo que el Cártel de Sinaloa había pagado sobornos por unos diez millones en dos ocasiones a Guillermo González Calderoni, comandante de la Policía Judicial Federal mexicana, a cambio de que este le informara sobre cualquier investigación que se iniciara en su contra, además de proveerle protección para evitar que los del cártel fueran atrapados.

Por aquellos días González Calderoni ya tenía un pedigrí interesante, había ayudado a “resolver” el caso de la muerte de un agente antinarcóticos perpetrado por narcotraficantes en 1985. Había sido acusado de corrupción y tortura. Posteriormente huyó del país y se instaló en Texas, donde fue asesinado sospechosamente en 2003.

Pero ahí no termina la cosa, otro exmiembro del cártel decidió testificar: Alex Cifuentes, el otrora secretario y asistente personal del Chapo. Aseguró que el cártel habría pagado sobornos del orden de cien millones al expresidente Peña Nieto. Según el testigo de la defensa, ese dinero se entregó en octubre de 2012, antes de asumir formalmente la presidencia. Nuevamente su equipo de prensa negó la acusación. Alegan que fue precisamente su gobierno el que “localizó, detuvo y extraditó a Joaquín Guzmán Loera”.

Lo cierto es que cada vez salen nuevos nombres a relucir en este juicio caracterizado por las fuertes y sin precedentes medidas de seguridad.

Así pues, sin la ayuda de altos funcionarios habría sido imposible que el negocio del Chapo y de otros narcotraficantes fuera viable, y el tema del pago de sobornos a estos es un secreto a voces, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Por lo que mientras sigamos mirando hacia otro lado y nos conformemos con los mensajes que en redes sociales envían los supuestos sobornados y no se investiguen seriamente estas acusaciones, seguirá imperando la corrupción frente a la justicia.

Otro “pariente” descubierto con las manos en la masa fue Antonio Hernández Alvarado, conocido como Tony Hernández, hermano del polémico presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH).

Tony fue arrestado en Miami en noviembre de 2018 por oficiales de la DEA, y se le han formulado cargos por tráfico de cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos —ametralladoras—, además de conspiración y falso testimonio.

De acuerdo con la acusación formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el antiguo miembro del Congreso de Honduras tenía un negocio alterno. Estaba involucrado en el procesamiento, transporte y distribución de toneladas de cocaína que llagaban a Honduras por aire, mar y, por lo menos una ocasión, en un submarino. Según el documento, Tony también habría tenido acceso a laboratorios de procesamientos de coca en Honduras y Colombia. Mucha de la droga que se producía en estos países se marcaba con sus iniciales: TH.

Y es que sus operaciones constantemente involucraban el pago de sobornos a funcionarios de todos los niveles y contaba con la colaboración de la Policía Nacional de Honduras para custodiar cargamentos de droga.

Hernández será juzgado en un tribunal de Nueva York y, de ser encontrado culpable, podría pasar el resto de sus días en prisión.

Tal vez lo más insólito de todo este asunto es que su hermano, el presidente hondureño, optó por dar una declaración escueta y sin mucho sentido: “Es un duro golpe para toda la familia”, y que esta era “la única vez” que hablaría del tema.

Ante declaraciones de este calibre, y a pesar de un corto comunicado o alguna actuación por parte de la justicia hondureña que no es más que un maquillaje de legalidad, no solo los hondureños, sino en general los ciudadanos de todos los países afectados por este flagelo, han sido burlados por JOH y su gobierno.

Después de todo, los delitos habrían sido cometidos, en su mayoría, en territorio hondureño y por hondureños, por lo que corresponde a las autoridades de ese país investigar, procesar y condenar al hermano del presidente y sus secuaces. Este es probablemente el ejemplo más descabellado de que la corrupción es el peor enemigo de la lucha contra el narcotráfico, y mientras existan gobiernos que apadrinen estos delitos, los jóvenes no solo de nuestra región sino del mundo entero seguirán muriendo por sobredosis, la violencia seguirá en las calles y la pobreza nunca acabará. En otras palabras, estaremos invirtiendo recursos económicos, humanos y estratégicos para luchar en una guerra que estamos destinados a perder. ¿Estamos preparados para aceptar esta realidad?

CAPÍTULO 16

Aliados o enemigos

Somos de la opinión de que para entender el fondo de la guerra contra el narcotráfico es de vital importancia responder primero una pregunta esencial: ¿por qué algunos países de la región quedaron sumergidos en la violencia hasta el punto de que no solo su institucionalidad sufrió las consecuencias, sino que terminaron convirtiéndose fundamentalmente en sociedades fallidas, mientras que otros prácticamente no han sido víctimas de la brutalidad del crimen organizado?

A lo largo de nuestra investigación, responder esta interrogante no ha sido tarea fácil. Particularmente en el caso de Panamá que, aunque podría pensarse que ha corrido con suerte, no es menos cierto que su posición geográfica ha servido de barrera para contener esta problemática. Por un lado, el Tapón del Darién funciona como escudo protector del desmadre que tiene lugar en el Golfo de Urabá y zonas aledañas, todavía controladas por el Clan del Golfo y en cierta medida también por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyas conversaciones para lograr un acuerdo de paz han sido un fracaso.

Del lado de la frontera occidental, Costa Rica y Nicaragua sirven de barrera geográfica con el triángulo norte, donde las maras y en general el crimen organizado y su ola de violencia no dan tregua a El Salvador, Honduras y Guatemala. Por ejemplo, hasta antes de que se desatara la crisis en Nicaragua, se vivía con relativa tranquilidad. Sin embargo, el precio que los nicaragüenses han tenido que pagar por su seguridad ha sido demasiado alto. Daniel y la Chayo Ortega les han querido robar sus voces, sus pensamientos y sus almas. Pero ellos siguen luchando por recuperar su libertad y derechos fundamentales.

Lo que se vive en Nicaragua se asemeja al Panamá de los años ochenta, cuando la relativa seguridad se tornaba extremadamente peligrosa para aquel que se atreviera a desafiar la bota militar.

Volviendo a nuestra pregunta original, conversamos con varias fuentes respecto de esta inquietud, y la mayoría coincide en que Panamá no es un país en el que se vean los niveles de violencia de otros países de la región, en parte debido a la profesionalización de los elementos de seguridad y a la compra de equipos de tecnología de punta para combatir el crimen organizado. Esto incidiría directamente en el aumento en las incautaciones de droga, y por ende aquellos que usan el territorio panameño están al tanto de que hay más y mejores recursos destinados a perseguirlos, confiscarles su mercancía y aprehenderlos.

Por otro lado, Panamá no es un país productor ni procesador de estupefacientes, sino una zona de paso para los mercados finales —Estados Unidos y Europa—, donde está la ganancia real de los narcotraficantes. Esto quiere decir que por Panamá muy probablemente pasa más dinero que cocaína y rara vez los contadores y abogados se ven involucrados en actos de violencia. Al menos si se les compara con los narcotraficantes, armados hasta los dientes y sin contemplaciones a la hora de jalar el gatillo.

Y de hecho, un reporte de 2018 del Departamento de Estado de los Estados Unidos respalda esta teoría. Reconoce los avances de Panamá en el desarrollo de sus elementos de seguridad y el papel fundamental que esto ha tenido en el control de la violencia. Aunque en algunas regiones del país, como la provincia de Colón, el crimen organizado parece estar ganándole la batalla a la policía. O al menos los resultados no han sido los que el Estado esperaba.

También señala las reformas al sistema judicial panameño, que ahora permite a los procesados llegar a acuerdos de colaboración y de pena con las fiscalías a cambio de información relevante, precisa, verificable. En otras palabras, proporcionarle al Ministerio Público datos que lleven a la captura de peces más grandes dentro de la organización y al desmantelamiento de estructuras completas dedicadas a la delincuencia organizada.

Si bien en esencia este reporte dejó muy bien parado a Panamá, si uno trata de escarbar, aunque sea superficialmente, algunas de estas conclusiones son realmente cuestionables.

Es obvio que Panamá ha aumentado significativamente los fondos destinados a la defensa de su seguridad, al punto de que muchos han catalogado este incremento como un intento de volver a militarizar al país, iniciativa que a pesar de ser necesaria es severamente criticada por varios sectores de la sociedad panameña. Lo que deja en evidencia que el militarismo sigue siendo una sombra en la historia de este país.

El informe, sin embargo, deja fuera el hecho de que tal vez una de las razones por las que Panamá no ha sido víctima de la violencia que acompaña al negocio del narcotráfico es porque precisamente a los “patrones” les conviene tener una zona neutral, por así llamarla, en la que puedan hacer sus negocios, invertir su dinero, y en algunos casos, como ya hemos visto, vivir en relativa paz.

Pero ¿de dónde salen los millones de dólares que Panamá ha invertido en profesionalizar sus agencias de seguridad? Si analizamos en detalle, la economía de este país es fuerte, pujante y no ha parado de crecer en los últimos quince años. El PIB panameño es la envidia de cualquier otro país de la región, y aunque la mayor parte de sus ingresos provienen del Canal y los sectores de servicios relacionados con la actividad marítima, no es menos cierto que en más de una ocasión la infraestructura ha sido utilizada precisamente para lavar el dinero proveniente de actividades criminales.

Ya sea por la vía de inversiones en bienes y raíces, compras de bienes muebles, apertura de negocios como casinos, restaurantes o bares en donde exista un constante flujo de efectivo, se han visto casos en los cuales los dueños detrás de la fachada terminan siendo los propios narcotraficantes.

Y seguro que este no es un tema exclusivo de Panamá; bajo esta premisa resulta extremadamente irónico que, aunque sea en una muy pequeña parte, el producto de dichas actividades económicas también haya contribuido a que el país goce hoy día de una estructura de seguridad más profesional y mejor equipada precisamente para combatir aquel negocio del cual salen los fondos que luego son invertidos por honorables empresarios en el país. Todo el concepto se asemeja más a una tragicomedia que a la realidad.

Otro hecho fundamental que también podría incidir en los niveles de violencia en los países de la región es la relación directamente proporcional que tienen los niveles de pobreza con los de violencia.

Así, en los países donde hay mayor porcentaje de pobreza, también lo hay de violencia. Por ejemplo, en México y Guatemala las personas que viven en estado de pobreza alcanzan 40%, mientras que los niveles de Costa Rica y Panamá rondan el 30%.

En Colombia, conforme su economía fue desarrollándose y mejoraron los niveles de crecimiento económico luego de la disminución de sus altísimos índices de violencia, esta también se redujo. En otras palabras, al tener menos gente viviendo en la pobreza, también había menos violencia en el país. Lo anterior se explica fácilmente porque los narcotraficantes encuentran cada vez menos carne de cañón en los poblados más pobres y alejados.

Volviendo al informe del Departamento de Estado, en el que se atribuía a la profesionalización de los elementos de seguridad el incremento en las incautaciones, al compararlo con Colombia, donde entre 2014 y 2017 las incautaciones de cocaína se duplicaron de doscientas toneladas a cuatrocientas, y donde durante el mismo periodo la producción se triplicó, nos lleva a la conclusión de que el aumento de las incautaciones mal puede atribuirse exclusivamente al hecho de tener más patrullas y mejor equipadas, sino también a que se produce más droga y por ende se trafica más. Es una simple regla de tres.

Todo lo anterior nos hace aterrizar en el hecho de que la guerra contra el narcotráfico se sostiene en un componente económico bastante complejo que no necesariamente sigue reglas establecidas de acuerdo con la lógica, por lo que resulta extremadamente difícil explicar cómo es que Panamá ha aumentado significativamente su perfil en la lucha contra el narcotráfico, al mismo tiempo que se ha beneficiado de él. Esta es una contradicción que nos hizo pensar en escribir este libro.

Aun así resulta interesante examinar los factores económicos, políticos y financieros de esta multimillonaria industria en contraste con aquellos que tienen un punto de vista distinto de cómo las grandes potencias deberían librar esta guerra. ¿Quién vencerá, la razón o el dinero?

CAPÍTULO 17

Un poco de aguardiente, tequila y bourbon

El principal problema que enfrenta Panamá, a la hora de combatir el tráfico de drogas y de otros activos ilegales, es que constantemente se encuentra atrapada en medio de fuertes corrientes que están fuera de su control.

Por un lado, Colombia, en donde la producción de narcóticos en estos momentos ha llegado a cifras sin precedentes, y donde miles de personas han perdido la vida producto del narcoterrorismo, pese a los miles de millones de dólares invertidos para acabar con este conflicto, una guerra que claramente el gobierno de ese país aún no ha podido ganar.

Por otro lado, están los cárteles y las maras, provenientes de Centroamérica y México, que cada vez son más conscientes del papel que juega la posición geográfica de Panamá para el transporte de este tipo de mercancías, y que además están dispuestos a hacer lo que sea necesario para garantizar y proteger la demanda de sus clientes.

El otro componente de este enredo, que más bien parece formar una tormenta perfecta junto a los otros, es Estados Unidos. Con su ya conocida retórica America first ha dejado más que claro que tiene muy poco interés en el bienestar de cualquier persona fuera de sus fronteras, añadiendo que por encima de los intereses de cualquiera siempre estarán los suyos.

Para complicar más la situación de Panamá, el reconocimiento del Clan del Golfo de Urabá como la organización criminal más importante, violenta y peligrosa de Colombia, y las acciones llevadas a cabo por las autoridades de ese país para acabar con dicha organización, bien podrían empujarlos cada vez más a la ya muy cercana frontera colombo-panameña.

Ante una situación tan complicada, las autoridades panameñas y muchos ciudadanos se preguntan si este pequeño país estará listo para una guerra contra el narcotráfico que podría causar daños impensables a la seguridad, la economía y en general al bienestar de sus habitantes.

Puede parecer un escenario dantesco, pero no es del todo descabellado.

Si las presiones ejercidas por el ejército colombiano empujan al Clan del Golfo hacia el Darién, corresponderá a las autoridades de protección de fronteras panameñas regresarlos a donde pertenecen, pero ¿estarán en esta ocasión preparados para enfrentarlos? Sin duda, las condiciones de estos cuerpos especializados no son las mismas que en 1993, y tal vez el clan esté un poco debilitado, pero lo cierto es que hasta el momento los panameños no han tenido que lanzar una ofensiva del calibre que la situación provocaría, y no hay que menospreciar el apoyo que reciben de sus “socios”, los cárteles mexicanos, que no solo tienen un pie de fuerza increíblemente más numeroso sino que su arsenal es significativamente más poderoso.

Dejando de lado los aspectos relacionados con una posible guerra contra el narcotráfico, en la que Panamá tendría que tener un papel protagónico, otro aspecto que lo coloca en una situación complicada a la hora de enfrentar el tráfico de drogas es el hecho de que las políticas de los jugadores principales en este dilema están en constante cambio, especialmente ahora que tanto México como Colombia están estrenando presidentes.

Todo pareciera indicar que tanto Duque como López Obrador están dispuestos a llevar a cabo cambios significativos en relación con la manera en que sus países han enfrentado el cultivo, producción y tráfico de drogas.

Duque ha manifestado que respetará los acuerdos de paz alcanzados por el gobierno anterior, con algunas correcciones, mientras ha declarado abiertamente la guerra al narcotráfico. Hay que considerar que en estos momentos se calcula que existen doscientas mil hectáreas de coca en territorio colombiano, lo cual representa un abierto desafío al nuevo mandatario.

Lo cierto es que si en Colombia no logran controlar la olla de presión a la que están sometidos, bien podrían regresar los niveles de violencia que hasta ahora se mantenían controlados. O peor aún, los grupos criminales que siguen dando batalla podrían buscar terrenos menos hostiles para llevar a cabo sus operaciones.

Otro aspecto a tomar en consideración es el hecho de que los estipendios mensuales que reciben los miembros desmovilizados de las FARC para iniciar su proceso de reinserción serán suspendidos a partir de agosto de 2019, lo que si no es atendido podría provocar que estas personas regresen a los grupos insurgentes como forma de subsistencia, aunque sea desde la ilegalidad. Esta es otra tarea pendiente que tendría el gobierno de Duque.

Sumado a lo anterior, resulta que muy pocos desmovilizados logran integrarse a la fuerza laboral formal en las ciudades; parece que en las zonas rurales este proceso está siendo más exitoso. Además, el gobierno ha perdido la pista de algunos desmovilizados y otros han decidido regresar a las armas ante el asesinato de varios de sus compañeros. Es bastante probable que los que decidieron regresar al combate, hoy formen parte de alguno de los bloques del Clan del Golfo.

Ante este escenario es evidente que Duque asumió una administración con una herencia que hace casi imposible cumplir sus promesas, especialmente la de convertir la lucha contra el narcotráfico en una de sus principales políticas de Estado. Algunos opinan que esto se debe al hecho de que Juan Manuel Santos, el anterior presidente de Colombia, era muy benevolente con los traficantes, permitiendo que la situación de los cultivos y la producción se salieran de control.

Pese a los miles de millones gastados en el Plan Colombia, lo cierto es que muchos de los problemas fundamentales que dieron origen a la crisis de violencia que vivió ese país desde los años ochenta persisten, la pobreza inclusive. En muchas zonas, incluidas aquellas controladas por el Clan del Golfo, el narcotráfico es una de las pocas fuentes de ingreso que puede garantizar a la población una mejor vida satisfaciendo, al menos, sus necesidades fundamentales, aun a costa de su propia seguridad. Y por supuesto, no ha ayudado en nada la poca presencia que tiene el Estado en estas áreas.

Sin un buen sistema de educación que incluya escuelas debidamente equipadas, hospitales con los suministros y medicamentos necesarios para atender a la población, la designación de maestros, doctores y enfermeras capacitados, así como un puesto policial que garantice la seguridad de los habitantes, es muy fácil adivinar quiénes serán los proveedores de estas personas.

UN PICANTE QUE NO PICA

En México, la administración de Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, también ha tomado una posición totalmente distinta a la de Enrique Peña Nieto.

En lo que muchos consideran una ruptura con el legado de la Iniciativa Mérida y las políticas estadounidenses, AMLO prometió reducir los recursos y la ofensiva destinada a la lucha contra los cárteles para establecer nuevas políticas, como ofrecer amnistía a narcotraficantes “no violentos”. Esta nueva iniciativa se conoció como “Abrazos, no balazos” durante su campaña.

“La estrategia fallida para combatir el crimen y la violencia cambiará —dijo el nuevo presidente luego de su abrumadora victoria—. Atenderemos las causas que generan el crimen y la violencia.”

El nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de AMLO, Alfonso Durazo Montaño, ha señalado las cuatro líneas que conforman la punta de lanza que pretende alcanzar la nueva administración en la guerra contra las drogas. En esencia se trata de reemplazar el papel que hasta ahora ha desempeñado el ejército con oficiales de policía mejor entrenados para encabezar la lucha en aquellas áreas más impactadas por focos de violencia, legalizar la mariguana, indemnizar a las familias que han sido afectadas por la violencia producto del narcotráfico e incrementar la inversión pública en las áreas rurales para dar a la población una alternativa que garantice un modo de subsistencia distinto a la actividad criminal.

De alguna manera, estas políticas son un simple reciclaje de aquellas que ya se han intentado implementar sin ningún éxito. Tal pareciera que son una especie de eco de las utilizadas por la administración de Santos en Colombia, que como se dijo, aunque ayudaron a contener los niveles de violencia, también fueron utilizadas para elevar el alcance y poderío de las organizaciones criminales.

Lo cierto es que algo debe cambiar en México, y pronto.

Los niveles de violencia en la nación azteca han alcanzado los treinta mil homicidios por año. Reportar sobre estos incidentes y sobre los cárteles de drogas es una tarea peligrosísima para los periodistas. Lo hacen por convicción y por esa ansia de dar a conocer la verdad, pero el riesgo es inmenso, casi como escribir su propia sentencia de muerte.

Uno de los casos que conmovió fuertemente fue cuando en mayo de 2017 Javier Valdez fue asesinado a balazos en Sinaloa, a unas cuantas cuadras del periódico para el que laboraba. Su asesinato fue perturbador, pero no del todo inesperado. Su línea de reportaje estaba enfocada en el narcotráfico, y de hecho en más de una ocasión llegó a decir que su trabajo podía costarle la vida. Pero desgraciadamente no es el único. Más de cien periodistas han sido asesinados desde el año 2000 y varios medios de comunicación simplemente han dejado de reportar sobre los quehaceres relacionados con el narcotráfico por lo peligroso que resulta.

Pero los periodistas no son el único blanco de estos delincuentes. Los políticos también están en la lista de los favoritos de los narcotraficantes. Durante la campaña electoral de 2018 en México unos ciento treinta políticos y ayudantes de campaña fueron asesinados. Tal vez por esto es que la posición de AMLO se ha enfocado en reducir los niveles de violencia.

Desde la perspectiva panameña, lo que se puede apreciar es un giro de ciento ochenta grados en cuanto a las políticas de combate contra el narcotráfico tanto en Colombia como en México: con Duque prometiendo tomar acción en su contra y AMLO con una actitud menos confrontativa.

Es de suma importancia reconocer que en ambos casos estos cambios fueron hechos sin analizar el impacto que tendrían en la región. Centroamérica, particularmente Guatemala, El Salvador y Honduras, serán los más afectados por las decisiones que se tomen en México, y Panamá sufrirá de igual manera las consecuencias de los cambios en las estrategias de la lucha contra el narcotráfico.

Aun cuando Anguila, Agamenón y Escudo son claros ejemplos de que existe colaboración, al menos en el campo, para, en conjunto, perseguir el tráfico de drogas, podría decirse sin temor a errar que cuando se trata de la implementación de políticas de Estado, priman las decisiones de carácter político, que es lo más importante para ganarse al electorado, en lugar de buscar cuál sería la mejor estrategia a nivel regional.

Por tal razón, en Colombia y México, donde el narcotráfico es probablemente el tema más sensitivo, las estrategias para combatirlo frecuentemente son definidas tomando en cuenta lo que será más popular entre los votantes, en lugar de analizar las que pudiesen tener resultados más efectivos. Esto ha tenido como resultado un ir y venir de diversas políticas de Estado en torno a esta materia. Y ninguna ha logrado acabar con el problema, aunque sea de forma moderada.

Por su parte, Panamá ha tenido a lo largo de los años una posición bastante consistente en cuanto a su política antinarcótica, probablemente porque, hasta ahora, este no ha sido uno de los temas fundamentales en las campañas electorales. Tal vez es por eso que, aunque ha participado en operaciones de colaboración internacional, internamente no hay una guerra frontal por parte de las autoridades contra quienes se dedican a estos ilícitos. Se les persigue, se les procesa, pero en esencia no hay grandes condenas. Todos, incluso el presidente de la República, conocen esta realidad. Tal parece que existiese un pacto no escrito por el cual todos se comprometen a no invertir grandes recursos y con ello evitar alterar la tranquilidad de la sociedad para combatir una industria que hasta este momento ha demostrado ser imbatible.

Tampoco es conveniente alinearse a las estrategias de México y Colombia, a sabiendas de que ante un nuevo gobierno estas van a cambiar.

Para complicar más las cosas, la posición de Estados Unidos ha sido tan ambivalente y errática como podría esperarse, especialmente cuando se trata del tráfico de drogas y América Latina en general.

En esencia, durante los últimos cincuenta años la visión de Estados Unidos hacia la región ha estado presidida por estas motivaciones.

Desde la década de 1950 hasta mediados de los ochenta su preocupación era el comunismo que se apoderaba de los gobiernos latinoamericanos y que significaba una amenaza al estilo de vida de los estadounidenses. Durante nuestras investigaciones sobre estos periodos históricos pudimos revisar documentos que comprobaban que la potencia del norte estaba dispuesta a pasar por alto graves violaciones a los derechos humanos, así como delitos menos graves como la corrupción, con tal de que los diferentes estados se comprometieran en su lucha contra el comunismo.

Este fue el caso del apoyo recibido en Panamá por la dictadura militar desde inicios de los años setenta. Un reporte de la época señalaba que el gobierno golpista panameño estaba involucrado en una serie de actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas, pero que al mismo tiempo representaba un aliado importante para garantizar la estabilidad de una región ya convulsionada por el comunismo. Ante esto, Estados Unidos volteó la mirada y siguió colaborando con sus grandes aliados.

Una década después, el gobierno de Estados Unidos seguía apoyando la dictadura militar panameña y ahora a Manuel Antonio Noriega, quien además era colaborador de varias agencias del gobierno estadounidense. Paralelamente, Noriega habría estado desarrollando relaciones “comerciales” con el Cártel de Medellín primero, y luego con el de Cali, algo que sin duda también debían saber los funcionarios de aquel país, después de todo Noriega no solo colaboraba con la CIA, sino también con la DEA.

Tristemente, para Noriega las cosas fueron cambiando hacia finales de los años ochenta, y el comunismo poco a poco comenzó a perder fuerza. Con Reagan en la Casa Blanca una nueva guerra tomó el relevo: la lucha contra el consumo de drogas. Según una encuesta de 1989, 64% de los encuestados estadounidenses consideró que este flagelo era el problema número uno de la nación norteamericana. Y como era de esperarse, los políticos aprovecharon estos resultados y rápidamente se convirtió en un tema de Estado y uno de los principales puntos de las campañas políticas.

En la misma década de 1980 iniciaron los procesos judiciales; unas cincuenta mil personas fueron condenadas por delitos relacionados con drogas, y para 1997 esa cifra ya había alcanzado las cuatrocientas mil.

Y los efectos no tardaron en sentirse en Latinoamérica: el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida han sido claros ejemplos de ello.

En los primeros capítulos de este libro hicimos referencia a un informe elaborado por la CIA en el cual se menospreciaba el papel de las FARC en el narcotráfico, pese a que ya se había comprobado su participación en todo este engranaje y ya se sabía de su presencia y actividades en el Darién. Recordemos el episodio del secuestro de los tres misioneros estadounidenses.

Resulta irrisorio que la CIA estuviese tan equivocada, lo que lleva a concluir que muy probablemente este reporte cumplió una función política, es decir, la de proveer a los altos mandos de Washington una versión de los hechos que concordara con la narrativa popular de la época: aquella que posicionaba a los cárteles de la droga como la amenaza más grande y peligrosa que existía contra Estados Unidos y sus ciudadanos. Aunque es imposible estar seguros, lo que está claro es que esa idea ha jugado un papel fundamental en la guerra contra las drogas, lo que podría también explicar los resultados precarios que hasta ahora han tenido.

Y es que Estados Unidos comete los mismos errores de manera recurrente, afectando a millones de personas que viven en esta región. De nuevo, apadrina violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción se mantienen ocultos con tal de garantizar la colaboración de ciertos gobiernos en su lucha contra el narcotráfico.

CAPÍTULO 18

Los mismos errores, una y otra vez

Si en un principio la política exterior de Estados Unidos estuvo dominada por la lucha contra el comunismo, que a partir de los ochenta fue reemplazada por el narcotráfico, recientemente a los estadounidenses parece preocuparles más el tema de las migraciones ilegales. Este hecho dominó los debates durante la campaña electoral de 2016, por lo que es de esperarse que ocupe un sitio preponderante en la política exterior de dicho país.

Esta “problemática” sirvió para catapultar a Donald Trump a la Casa Blanca bajo la promesa, a la multitud republicana, de que construiría un muro para proteger la frontera sur de Estados Unidos de los violadores y asesinos (entre otras descripciones peyorativas) que según él provenían ilegalmente de México y el resto de Centroamérica.

Pese a lo anterior, es difícil determinar si fue el repetitivo discurso de Trump lo que hizo que el tema de las migraciones ilegales se fijara en la mente de los votantes, o si simplemente su retórica despertó un sentimiento que ya existía en la población estadounidense, pero el resultado fue devastador. En una encuesta de noviembre de 2018 el tema de las migraciones ilegales figuró como el principal problema que el Congreso debía resolver, mientras que el narcotráfico ni siquiera apareció en dicho estudio.

El enfoque en la migración ilegal —y la descabellada idea de que se solucionará construyendo un muro— ha creado una serie de problemas, tal como ha sucedido en el pasado cada vez que Estados Unidos se concentra en un solo tema, que por regla general afecta al resto de la región.

Una mirada a la historia de las relaciones entre los países latinoamericanos y Estados Unidos fácilmente nos lleva a la conclusión de que el patrón se repetiría y sucedería lo mismo que en el pasado, es decir, que la potencia del norte terminaría apadrinando acciones cuestionables de los gobernantes de la región a cambio de su cooperación en el tema que ellos quieren proteger, en este caso invasión a Estados Unidos de una gran cantidad de migrantes ilegales.

Para combatir tal avalancha de migrantes, Estados Unidos requiere del apoyo de países como Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Los tres primeros por ser los países de origen de la mayoría de ellos y México porque es la puerta de entrada a Estados Unidos.

Desde que Trump asumió la presidencia, los gobiernos de estos países han dado señales del interés que tienen en cooperar para solucionar esta situación. De hecho, México ha acordado ofrecer protección y facilidades para que aquellos que se desplazan hacia el Norte permanezcan en las áreas fronterizas mexicanas, aun cuando realmente carecen de las infraestructuras necesarias para dar albergue y atención a las miles de personas que por ahí transitan. Claro está que mantener esta posición le ofrece a México la posibilidad de que Estados Unidos tenga una especie de “deuda” con ellos por quitarles un problema de encima.

Y esto es algo que no pasa desapercibido para los funcionarios de la DEA, por ejemplo. Mike Vigil dijo en una entrevista al Washington Post en junio de 2018 que a Estados Unidos le convenía mantener buenas relaciones con el nuevo presidente mexicano. Más claro, solo el agua.

“López Obrador muy bien podría ordenar que sus elementos de seguridad no tomaran ningún curso de acción en contra de los migrantes provenientes de Centroamérica y que transitan por su territorio […] y si lo hace las dos mil millas que tiene la frontera se convertirían en un gran colador”, dijo Vigil.

De hecho, luego de que AMLO tomara posesión de su cargo como presidente mexicano y anunciara su cambio de política en torno al narcotráfico, Estados Unidos ni parpadeó, a pesar de que esto era una especie de desvinculación de la Iniciativa Mérida que ya había costado a ese país miles de millones de dólares.

A Colombia no le fue igual.

Trump canceló su viaje a Colombia poco antes de que Santos dejara la presidencia, pese a que su política de combate contra el narcotráfico era muy similar a la de AMLO. Cuando Duque asumió su cargo, Estados Unidos no tardó en aplaudir su discurso de combate frontal contra este flagelo.

Sin embargo, como Trump utiliza unas formas que solo él y muchas veces ni sus allegados comprenden, en septiembre de 2018 amenazó con retirar a Colombia de la lista de países colaboradores en el combate contra el narcotráfico. Esto habría puesto a dicho país en el mismo equipo en que juegan Venezuela y Bolivia, lo que sin duda habría sido sumamente vergonzoso para Duque, que ya le había declarado la guerra al tráfico de drogas y a quienes se dedicaran a él. Pero eso no fue todo. Trump volvió a cancelar un viaje a Colombia después de que Duque asumió la presidencia, una decisión que la Casa Blanca nunca explicó adecuadamente.

Pero más importante fue el hecho de que uno de los asesores más cercanos de la administración Trump, John Kelly, su jefe de personal, fue fuertemente cuestionado ya que en mayo de 2015, cuando Santos era presidente de Colombia, Kelly, quien servía en ese entonces como general en el Comando Sur, habría escrito un artículo de opinión en el Miami Herald defendiendo la estrategia colombiana en el combate al narcotráfico y denominándola como una estrategia encaminada a combatir simultáneamente otros conflictos.

“Colombia nos ha enseñado que la clave para vencer a los grupos armados ilegales y violentos es un gobierno fortalecido que pueda rendir cuentas y proteger a sus ciudadanos, manteniendo la aplicación de la ley, combatiendo la corrupción y llevando las oportunidades económicas a todos”, escribió Kelly.

No debe sorprendernos que un general piense que un ejército fortalecido sea la clave para solucionar los problemas de la sociedad, sin embargo, lo que escribió después es lo realmente importante.

“Colombia merece nuestra admiración y nuestro completo apoyo. Para los Estados Unidos, dar este apoyo se fundamenta en otros aspectos; además de la historia que compartimos, se basa en la importancia que a través de los años ha tenido Colombia para nuestros intereses nacionales.”

Esta posición contradice directamente la posición que tomaría años después su futuro jefe, Donald Trump, cuya opinión sobre Colombia no podía ser más equidistante al punto de pensar en colocarlo al mismo nivel que ocupaban Venezuela y Bolivia. Pero Kelly se rehusó a criticar la posición de Trump con respecto a Colombia, aun cuando él era obviamente más experto en el manejo de estos temas en la región.

Otro estadounidense fue menos tímido y no dudó en criticar a Trump, se trata de Joe Biden, quien bien podría disputarle la presidencia a Trump en 2020.

El antiguo vicepresidente no tardó en hacer lo suyo y publicó un artículo en diciembre de 2018 en la revista Americas Quaterly, en el que refutaba la posición de Trump con respecto a América Latina.

“Durante los ocho años que fui vicepresidente lideré compromisos de Estados Unidos con varios socios en el hemisferio occidental, lo que ha sido uno de los retos más gratificantes de mi portafolio. Inicialmente los progresos fueron lentos. La confianza entre los Estados Unidos y los vecinos de la región estaba en su punto más bajo, producto de desacuerdos con respecto a la guerra en Iraq, las consecuencias de una gran recesión, la apertura de las relaciones con Cuba y en general el sentimiento de que habíamos perdido interés […] Para cuando el presidente Obama y yo abandonamos la Casa Blanca habíamos establecido fundaciones de cooperación para nuestra región, las cuales fueron construidas con base en responsabilidades compartidas, respeto y compañerismo […] Esto no quiere decir que eran perfectas, lejos de eso. Otros temas de carácter integral competían por nuestra atención, la pobreza, la violencia y la corrupción siguen bloqueando el crecimiento y las oportunidades, particularmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, pero por primera vez era posible pensar en un hemisferio que fuese seguro y democrático desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile.”

Biden lamentaba que, desde que Trump asumió la presidencia, los logros obtenidos en materia de cooperación entre los países de la región habían sido prácticamente destruidos. “Nuestros vecinos, incluyendo a algunos de nuestros aliados más cercanos y más grandes socios comerciales, han soportado un torrente de antagonismos de nuestro presidente.”

De hecho, el propio Santos también publicó un artículo de opinión en la misma revista en el que vaticinaba un futuro muy oscuro para la guerra contra el narcotráfico fuera de Colombia, especialmente por el aumento del consumo entre 2006 y 2015, cuando la producción en Colombia había decrecido. Pero la realidad, como se ha mencionado, es que incrementó el consumo y la producción.

Pareciera que Santos ignoraba la explosión en la producción de drogas que ocurrió durante ese mismo periodo, pero la verdad es que no sería el primer político que acomodase la realidad a su conveniencia.

Santos también aludió en su artículo al poco progreso que se había alcanzado en la erradicación del consumo de estupefacientes, y en eso tenía razón. Esto quedó más que evidenciado en un reporte del Instituto Brookings, una organización sin fines de lucro en Estados Unidos reconocida por sus opiniones. Con respecto a este tema, encontró evidencias de que en Colombia la violencia había aumentado en las áreas rurales, especialmente en las del Chocó, Nariño, Arauca, Meta y Guaviaré. También anotó el reporte que se habrían incrementado los casos de violencia debido a los cambios de políticas internas entre Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Esto resulta particularmente significativo porque es precisamente en esas áreas en donde el Clan del Golfo opera y donde es más probable que sus habitantes sean presa fácil y se conviertan en víctimas de la guerra contra el narcotráfico.

Por otro lado, también queda claro que la gran mayoría coincide en que gracias al Plan Colombia se lograron importantes avances, y aunque estos podrían ser temporales e insostenibles si se compara la Colombia de hoy con la de los noventa y dos mil, hay que reconocer que las cosas han cambiado, y para mejor.

Irónicamente, Colombia también enfrenta una crisis migratoria. Miles de venezolanos han escapado de la crisis humanitaria que vive su país debido al régimen dictatorial implementado por Nicolás Maduro, y muchos han llegado a Colombia para quedarse.

Para mitigar los efectos de esta migración, Duque aprovecha los fondos destinados a continuar el proceso de paz con los grupos insurgentes, una movida que podría resultar en una situación aún más caótica, mientras que Estados Unidos ha mostrado poco interés en intentar aliviar este problema, ya que su enfoque está exclusivamente en la frontera con México y la construcción del muro que ahí pretende edificar Trump.

Estados Unidos ha comprobado durante los últimos dos años no ser un socio confiable, aunque este comportamiento no es de ahora. El estadounidense común considera que los países latinoamericanos no son capaces de solucionar sus propios problemas, y por eso la población ve como una “salida fácil” abandonar sus países e irse a vivir a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Este es el argumento que los seguidores de Trump utilizan para justificar el muro.

Esta es una visión realmente miope que ignora las décadas de intervencionismo estadounidense fallido en los países de la región, que en su mayoría tuvieron resultados nefastos so pretexto de garantizar la seguridad nacional estadounidense.

Y ahora nos encontramos en una interesante encrucijada, dado que la administración actual actúa, por así decirlo, con vendas en los ojos con respecto a Latinoamérica. Un número significativo de funcionarios de carrera diplomática ha renunciado; por ejemplo, desde hace meses no hay embajador estadounidense en México, Honduras o Panamá.

Sin embargo, Estados Unidos sigue dando dinero para solucionar problemas en el área: en diciembre de 2018 prometió cinco mil ochocientos millones de dólares en ayuda para Centroamérica y otros cuatro mil ochocientos millones para México. Se supone que dicha ayuda pretende promover condiciones de seguridad y oportunidades de trabajo como parte de una estrategia regional y así evitar que los ciudadanos tengan que emigrar.

Pero ¿cuál es la contraprestación a esta ayuda? Según algunas agencias noticiosas, Estados Unidos pretende que México permita que los migrantes que intentan obtener asilo en Estados Unidos se queden en el país azteca, mientras sus aplicaciones de estatus migratorios son procesadas en dicho país.

Sin duda, una de las ironías más perturbadoras de las decisiones tomadas por Trump durante los últimos dos años es que el monto de la ayuda prometida a Centroamérica y México es seis mil millones más elevada que la cantidad que exigió que el Congreso aprobara, un mes más tarde, para construir el muro que dividiría la frontera con México.

Y aun así nadie ha podido comprobar que la migración ilegal constituya una amenaza de carácter nacional para Estados Unidos. Además, cubrir un problema simplemente lanzándole millones de dólares encima nunca ha solucionado nada en el pasado.

Sumado a todo esto, hay otra preocupación que deben atender los estadounidenses, una que en efecto constituye una amenaza que va en aumento en América Latina, que debe ser atendida y que los medios de comunicación de Estados Unidos han ignorado. Irónicamente, se trata de nuevo de aquella amenaza contra la cual dicho país luchó por décadas: el comunismo, solo que ahora no viene disfrazado en traje de fatiga y con armas de fuego en las manos, sino de saco y corbata, y con un maletín repleto de dinero. Se trata de las nuevas y crecientes relaciones diplomáticas y comerciales de los países latinoamericanos con China.

CAPÍTULO 19

El retorno de un viejo enemigo

En junio de 2017 Panamá tomó una de sus decisiones diplomáticas y económicas más trascendentales. Estableció, de manera inesperada para la gran mayoría, relaciones diplomáticas con la República Popular China. La decisión sorprendió no solo a los políticos en Washington, sino también a los representantes de Taiwán, que hasta ese momento vivían en Panamá, y a su gobierno en Taipei.

Para Estados Unidos la sorpresa fue aún mayor cuando El Salvador y la República Dominicana tomaron la misma decisión en 2018. Como respuesta a la estocada China, el gobierno de Trump llamó a consultas a los jefes de las misiones diplomáticas de los tres países en septiembre de ese mismo año. La administración Trump estaba más que desconcertada: estaba furiosa al darse cuenta de que se le había cedido terreno a la expansión China en América Latina sin que ellos lo presintieran. Les falló una vez más su aparato de inteligencia. Es evidente que su preocupación iba más allá del impacto que podrían tener las nuevas relaciones diplomáticas en la región.

Desde su creación y durante los primeros cincuenta años, el gobierno comunista de China había ignorado por completo a Latinoamérica. Pero esto parece haber cambiado drásticamente durante los últimos diez años. La inversión del gobierno chino en la región ha alcanzado miles de millones de dólares por medio del financiamiento de proyectos de gran escala, como hidroeléctricas, caminos, puentes, y hasta un estadio de futbol en Costa Rica.

El estadio fue construido en 2013 como una especie de regalo al país tico por haber terminado sus relaciones diplomáticas con Taiwán y reconocer a la China comunista como la única, tal como lo exige su política exterior: la República Popular de China.

En muchas formas esto parece una obra teatral, donde cada quien interpreta su papel, pero al mismo tiempo representa uno de los temas más delicados en el mundo diplomático. Por ejemplo, Estados Unidos ha protegido a Taiwán desde el punto de vista militar, pero al mismo tiempo reconoce a China. Desde 1960, cuando Dwight D. Eisenhower visitó la isla, ningún otro presidente estadounidense ha puesto un pie en ella. Y, por si fuera poco, hasta que Trump recibió la llamada de la presidenta Tsai Ing-Wen para felicitarlo por haber ganado las elecciones presidenciales, transcurrieron unos 40 años desde que un presidente electo de Estados Unidos había hablado públicamente con algún líder de ese país.

Podría decirse que al no tener relaciones diplomáticas con Taiwán, Washington siempre se había apoyado en los países más pequeños de la región que sí las tenían, pero desde que el interés de China incrementó su presencia en América Latina, la lista de los países que han servido para este propósito ha disminuido.

Para Panamá, establecer lazos con China tenía mucho sentido, después de todo se trata del segundo usuario del Canal, que también ha invertido en los puertos panameños y ahora construirá un nuevo puente sobre el Canal, un proyecto de mil cuatrocientos millones de dólares, además de un nuevo puerto de cruceros en el océano Pacífico.

La reacción estadounidense ante la presencia china en Panamá ha sido todo, menos tímida, incluyendo fuertes pronunciamientos por la falta de transparencia en los procesos de contrataciones públicas en los que participan consorcios de empresas chinas. Y en general sobre las consecuencias que podrían tener para los países de la región los proyectos financiados por el gobierno asiático o aquellas contraprestaciones detrás de los supuestos “regalos” de la tierra de Mao.

Por ejemplo, cuando se construyó el estadio en Costa Rica, exigieron que fuese hecho por obreros y con materiales chinos. Para algunos críticos del proyecto, esto no era otra cosa que evidencia de corrupción. De hecho, Óscar Arias, el expresidente tico, enfrenta cargos por corrupción relacionados con este proyecto.

Un esquema similar se ha repetido en otros proyectos a nivel regional que han sido fuertemente cuestionados por su falta de transparencia y rendición de cuentas. Usualmente, China se niega a revelar detalles sobre la ayuda que presta a otros países, manteniendo a sus gobiernos y hasta a sus propios ciudadanos en la oscuridad sobre el dinero utilizado y a quiénes beneficia. En muchos casos la información sobre los compromisos adquiridos solo es pública cuando ya los acuerdos han sido ejecutados.

En ningún otro país de la región esto es tan cierto como en Venezuela, que ha dependido de la “ayuda” china para mantener el país a flote. Dicho país ha invertido cerca de seis mil millones de dólares anuales en la economía venezolana durante los últimos diez años, aceptando pagos en especie en forma de petróleo.

Y es que la falta de transparencia tanto de China como de Venezuela en estas transacciones hace pensar que tales fondos han sido utilizados para financiar la corrupción a gran escala. China ha sido realmente exitosa a la hora de manipular su ayuda en beneficio de sus intereses y así controlar componentes clave de la infraestructura de otros países. Es el caso de Sri Lanka, que otorgó el control de uno de sus principales puertos a China, lo que les dio gran ventaja sobre la industria marítima del área. Esto sucedió luego de que el gobierno no pudo pagar la deuda que tenía con China.

En Panamá las inversiones en el sector portuario son muy fuertes, y controlan algunas de las terminales más importantes a ambos lados del canal. Para Estados Unidos esto representa riesgos de seguridad, ya que mucha de la mercancía que transita por esos puertos va rumbo a su país. Además, como se dijo, los puertos son un componente esencial en el tráfico de drogas hacia Europa, por lo que mantenerlos bajo el control chino no es un escenario ideal ni para Estados Unidos ni para sus aliados.

Pero esto no es nada en comparación con el proyecto más ambicioso de los chinos en América, localizado en las zonas remotas de Argentina.

En 2017, una base militar china abrió en la Patagonia una especie de estación de rastreo espacial, la primera fuera del territorio chino. El proyecto incluía una antena inmensa de cincuenta metros de altura por treinta y cinco de ancho utilizada para la exploración espacial.

Existe la preocupación para algunos sectores de la región de que esta estructura sea utilizada para espiar a Estados Unidos, toda vez que el gobierno argentino no ejerce ningún tipo de supervisión sobre su operación. Únicamente trabajan empleados chinos, y de alguna manera es una estructura autosuficiente, con su propia planta eléctrica, habitaciones, sistemas de cómputo y facilidades de ingeniería.

Sin embargo, cuando los cuestionamientos sobre el verdadero propósito de la base empezaron a surgir, el gobierno argentino aclaró que no tendría uso militar.

“La estación será utilizada únicamente para propósitos científicos y cívicos, enfocados en monitorear, controlar y almacenar la data relacionada con las expediciones interplanetarias bajo los programas de exploración lunar y de Marte del gobierno chino”, argumentaron.

Pero el hecho de que sea operada por el ejército chino sigue generando dudas de que esto sea o no cierto.

Irónicamente, el proyecto más ambicioso propuesto por China en la región y que nunca se cristalizó era un sistema de transporte de mercancía entre el océano Pacífico y el mar Caribe, una especie de canal interoceánico pero en Nicaragua.

Empresarios chinos anunciaron los planes de construir un canal para competir con el de Panamá, aunque no se trataba de una idea nueva. Cuando se construyó el Canal en Panamá a inicios del siglo XX se dio la disyuntiva acerca de si era más conveniente construirlo en Nicaragua o en Panamá. Debido a la poca actividad sísmica del segundo país con respecto al primero se decidió construirlo ahí.

Tal vez para lograr algo de control sobre las rutas marítimas, los chinos propusieron la iniciativa en 2013, recibiendo una concesión a cincuenta años. El proyecto costaría unos cincuenta mil millones de dólares. Pero el gobierno de Daniel Ortega, que en un inicio había apoyado el proyecto, fue perdiendo el interés quizá ante el grado de soberanía que el país iba a tener que empeñar a China.

Es curioso, pero el recibimiento a China de países como Panamá, México y Costa Rica, aliados históricos de Estados Unidos, ha sido más acogedor que aquel que ofreció Nicaragua, que comparte su ideología política. Pero así de paradójica es esta región.

Es evidente que la incursión china en la región atraería la atención de Estados Unidos, que hasta entonces estaba exclusivamente secuestrada por los asuntos relacionados con las migraciones ilegales. Ante esta nueva amenaza de que China no solo haga inversiones millonarias en el territorio y con eso logre establecer importantes alianzas con los países latinoamericanos, Estados Unidos debe también preocuparse sobre la influencia que las relaciones puedan traer a los sistemas políticos de la región. Siendo China un país comunista, tal como sucedió décadas atrás, ahora los estadounidenses podrían enfrentarse a un viejo enemigo, solo que esta vez, a diferencia de los años ochenta, tiene suficientes recursos y la organización que solo puede darle la mayor potencia del mundo. Sin duda, esta sería una de las grandes ironías de la vida, que nuevamente dejaría al descubierto la fallida política exterior de Estados Unidos.

La respuesta de Estados Unidos ante una amenaza tan real ha sido increíblemente fría. Casi podría decirse que ha decidido ignorarla.

En una sola ocasión el tema fue abordado cuando el general de la fuerza aérea, David Goldfein, hizo un viaje a Colombia en noviembre de 2018. En ese viaje aseveró que para contener la influencia china, Estados Unidos debía fortalecer sus relaciones con los diferentes líderes militares de la región. Como se sabe, nada de esto se ha hecho.

Hay momentos en los cuales nuestras relaciones diplomáticas pueden cambiar de acuerdo con el ambiente político, pero debemos ser capaces de mantener relaciones entre militares y un diálogo —dijo Goldfein—. Colombia es un gran ejemplo de los estándares que deben seguirse para tomar los recursos del país y a través de un buen liderazgo y perseverancia cambiar las cosas y mantener la democracia.

El exsecretario de Estado, Rex Tillerson, también fue un duro crítico de las relaciones con China en la región: “Latinoamérica no necesita poderes imperiales que busquen solo el beneficio propio. El modelo de desarrollo del estado de China es un recuerdo del pasado”.

Muchos países de América Latina, especialmente la clase política, están innegablemente felices con el hecho de que China forme parte del futuro de la zona. La tolerancia china hacia aspectos como la corrupción tiene a varios líderes regionales ansiosos de concretar alianzas con ellos, aunque estén conscientes de que no sea en el mejor interés, a largo plazo, de sus países.

Para complicar más las cosas, la política que ha adoptado el gobierno de Trump con respecto a los países latinoamericanos no contribuye en nada a mejorar la situación. Resulta descabellado que después de lo accidentadas que han sido estas relaciones durante los últimos años, ahora Estados Unidos pretenda convencer a estos mismos países de que las relaciones con China no son favorables, especialmente cuando el presidente Trump está vociferando en redes y en la televisión los peligros que los latinos representan para la seguridad nacional.

Hay que reconocer que Estados Unidos enfrenta una difícil batalla para contener la expansión china hacia Latinoamérica. Esto tiene que ver con que la clase política no la ve como una amenaza. Y más aún cuando la influencia china está dirigida a lograr metas estratégicas, mientras que la influencia gringa busca metas políticas. China, esencialmente, opera bajo un guion totalmente distinto al que usa Estados Unidos, y que al parecer se acomoda mejor a las realidades de la región. De hecho, se podría discutir si China es un mejor socio para nuestros países, en especial a la luz de las más recientes políticas de Estados Unidos en materia de migración.

CAPÍTULO 20

¿Jaque mate?

Dejando a un lado el tema del impacto que tiene la influencia china en América Latina y cómo afecta la guerra contra el narcotráfico (a lo que nos referiremos más adelante), otro elemento que merece ser discutido guarda relación con el efecto que tienen las políticas implementadas por Estados Unidos para el combate de las migraciones ilegales, y que han menoscabado los esfuerzos para detener el flujo de narcóticos hacia ese país.

Y es que existe suficiente información de inteligencia para respaldar esta aseveración en Panamá, por lo que las autoridades comienzan a preocuparse. Se trata de un nuevo jugador que podría, sigilosamente, hacerle jaque mate al esfuerzo que por más de una década han hecho las autoridades locales en colaboración con las de países amigos, y causar problemas de gran magnitud, tal como los que se viven en El Salvador, Honduras y Guatemala, por ejemplo.

Algunos reportes dan cuenta de la presencia de miembros de la Mara Salvatrucha, o MS-13, en la frontera entre Costa Rica y Panamá, una organización criminal que en sus orígenes estuvo formada por salvadoreños y que con paso del tiempo fueron sumando hondureños y guatemaltecos.

Hoy en día el término MS-13 se ha vuelto una especie de bandera política en Estados Unidos, aprovechado por el gobierno en turno para ganar la aceptación de aquellos que reconocen el riesgo social que representa la mara y, con ella, el resto de los “centroamericanos ilegales”. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que fue precisamente en las calles de ese país, concretamente en la ciudad de Los Ángeles, donde nació este grupo.

En la década de los ochenta, en medio de una cruenta y sanguinaria guerra civil, muchos salvadoreños salieron exiliados a Estados Unidos huyendo precisamente de esa violencia entre un gobierno de derecha apoyado significativamente por Estados Unidos y una guerrilla de oposición de izquierda. En aquel entonces y en su punto más álgido, Estados Unidos gastaba unos dos millones por día en su estrategia de apoyo al gobierno salvadoreño, que además era acusado de contratar escuadrones de la muerte y reclutar niños como soldados, entre otras violaciones a los derechos humanos.

En Los Ángeles, distintos grupos comenzaron a organizarse y surgió la Mara Salvatrucha por la necesidad que tenían de protegerse de las otras pandillas, en especial de sus principales enemigos, Barrio 18, formada por miembros de otros países latinoamericanos.

Y así comenzó la actividad criminal de la MS-13. Uno de sus primeros “trabajos” fue el tráfico de seres humanos provenientes de El Salvador, que también huían de la guerrilla.

Aquellos que llegaron a Estados Unidos por la violencia en Centroamérica nunca recibieron un estatus migratorio definitivo, por lo que si cometían algún crimen corrían el riesgo de ser deportados. Esto fue lo que terminó sucediendo con varios de los miembros de la mara y así comenzaron a regresar a su país, donde establecieron su centro de operaciones. Con el paso del tiempo, la criminalidad comenzó a aumentar y con ella la violencia.

Aunque la guerra civil terminó en El Salvador, la violencia campea libremente. La batalla que comenzó entre el gobierno y los grupos de izquierda es ahora una que libra el gobierno de ese país, ya sea de izquierda o de derecha, pero con las maras. Y es que el nivel de violencia en El Salvador sigue siendo el más alto en Centroamérica, con sesenta muertes violentas por cada cien mil habitantes, mientras que Honduras reporta cuarenta y México veinticinco.

A pesar de que las tasas de homicidios se redujeron entre 2012 y 2015 gracias a un acuerdo entre las bandas criminales, las cifras regresaron rápidamente a los niveles anteriores.

La violencia por las actividades del pandillerismo también ha inundado Guatemala y Honduras. Por increíble que parezca, en este último país, por ejemplo, se despidió a unos mil oficiales de policía acusados de estar coludidos con las maras. Según información de dominio público, gran parte de estos oficiales fue contratada rápidamente por las pandillas para proveerles protección y entrenamiento, recibiendo a cambio más del doble del salario que percibían en la Policía en un abierto desafío a las autoridades hondureñas.

Y como siempre ocurre, cuando el comunismo ya no era una amenaza para Estados Unidos, este país redujo sustancialmente su interés en Honduras. Y para añadir sal a la herida terminó deportando criminales de alto perfil sin pensar en el impacto que podría tener esta decisión para la región y para el propio país norteamericano. Como es de esperarse, el resultado fue catastrófico.

La Mara Salvatrucha se ha transformado, y de ser una organización sin mucho liderazgo y sin dirección aparente se ha convertido en una red criminal con presencia en varios países de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. De tener una membresía que consistía en jóvenes exiliados a Estados Unidos, a una que hoy en día se ha preocupado por infiltrar a sus miembros en las fuerzas de Policía y el Ejército, enviar a algunos de sus seguidores a la universidad para convertirse en abogados, contadores y administradores de empresas. Y lo que comenzó como un pequeño grupo que se dedicaba a la extorsión y al tráfico de seres humanos, hoy cuenta con casi cincuenta mil miembros alrededor del mundo, que ha sabido añadir a su portafolio de actividades criminales el narcotráfico y el lavado de dinero, a raíz de los importantes lazos que ha construido con los cárteles mexicanos a través de los cuales se han convertido en una pieza fundamental en la cadena de suministro de drogas entre Colombia y Estados Unidos.

Pero más impresionante es el papel que han logrado alcanzar en las pequeñas comunidades rurales, donde ejercen la autoridad como una especie de gobierno de facto, lo que sin duda les permite traficar cocaína y otras drogas con mayor facilidad. Casi podría compararse con el papel que jugaron las FARC en el Darién varios años atrás. Ahora los mareros hacen todo lo posible por ganarse la mente y el corazón de los habitantes de estas zonas, terriblemente olvidadas por los gobiernos en turno.

Regresando al tema objeto de discusión en este capítulo, mientras el gobierno de Estados Unidos insiste en una línea dura en torno a las migraciones, continúa deportando a cuanto centroamericano le parece criminal, lo cual viene sucediendo desde antes de la era Trump.

Ahora la preocupación llega a Panamá ante la posibilidad de que la deportación masiva de centroamericanos por parte de Estados Unidos pueda traer a miembros de la MS-13 a la frontera con aquel país.

Y esta no sería la primera vez que algún grupo criminal de este tipo se aventura al istmo. En abril de 2016 fue capturado en la zona de Pacora, entre la ciudad de Panamá y el Darién, un importante miembro de la pandilla Barrio 18. En ese momento el jefe de la policía panameña admitió que el número de mareros (provenientes de otros países) en Panamá iba en aumento y que en ese entonces no había evidencia de ninguna filiación con las bandas locales.

El fenómeno parece continuar dos años después, con el reporte de la presencia de miembros de la Mara Salvatrucha cerca de la frontera entre Costa Rica y Panamá. Esta evidencia solo puede atribuirse a una razón: el narcotráfico.

En 2017 Estados Unidos deportó a Centroamérica a unos tres mil sospechosos de estar vinculados a alguna pandilla, y aunque esta cifra podría parecer poco significativa, es suficiente para que los cárteles de la droga puedan crear un pequeño ejército. De hecho en el momento en que el Clan del Golfo tuvo el mayor número de miembros, la cifra era muy similar a la de deportados por Estados Unidos, y ya era considerado una de las mayores amenazas para el hemisferio.

Para entender el motivo de las preocupaciones de que aparezcan miembros de la MS-13 y otros miembros de pandillas extranjeras en Panamá, es muy importante entender el papel histórico que este país ha jugado en el tráfico internacional de drogas.

Durante los años de la dictadura militar, que inició en 1968 y terminó en 1989, el gobierno de Estados Unidos conocía perfectamente la relación que tenían los militares panameños con los cárteles colombianos. Existen registros que ubican esta relación desde principios de la década de los setenta, cuando la industria de narcóticos estaba en sus inicios. En la década siguiente la relación fue con Pablo Escobar, el líder supremo de la industria.

Pero durante todos aquellos años, Estados Unidos simplemente no se dio por aludido, ya que Panamá representaba un importante aliado en su lucha contra el comunismo en la región.

Panamá, bajo el régimen militar, buscaba beneficiar a sus socios, por lo que se convirtió en un centro clave para el lavado de dinero producto del narcotráfico. Por el país circulaban unos cien millones de dólares al mes. Era tan descarado el papel que la dictadura hizo jugar al país que hasta existía una sucursal del infame Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) dentro de las instalaciones del Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa de Panamá.

Una vez derrocada la dictadura, y a pesar de la sentencia que en Estados Unidos se impuso al entonces exhombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, el país continuó jugando un papel similar para el “sector empresarial” del narcotráfico.

Sería el lugar escogido para que varias de las piezas de la industria del tráfico internacional de drogas (productores colombianos y distribuidores mexicanos, por ejemplo) se reunieran a negociar. Una especie de territorio neutral en donde el intercambio de drogas por dinero podía hacerse en un ambiente relativamente tranquilo.

Al mismo tiempo, continuó siendo un país con una legislación lo suficientemente laxa como para que el dinero del narcotráfico fuese blanqueado. Situación que ha cambiado drásticamente durante los últimos años, como veremos más adelante.

A inicios del siglo XXI Panamá, con una economía pujante, se convirtió en el nuevo Miami. Las grúas de construcción estaban por doquier y la ciudad y las zonas playeras se llenaron de grandes y faraónicas torres de apartamentos y lujosas casas. La jungla de concreto, le llamaban.

Todo esto sucedió tan solo unos años después del ataque terrorista del 11 de septiembre que derrumbó el World Trade Center en Nueva York, y atacó otros importantes íconos de la seguridad nacional en Estados Unidos. Coincidiendo con la aprobación de la Ley Patriota, Estados Unidos y sus aliados comenzaron una especie de cacería de fondos ilícitos en el sistema bancario internacional con el objetivo de suspender el financiamiento del terrorismo, lo que significó que también los narcotraficantes debían buscar una forma más creativa para lavar su dinero y conducir sus negocios.

Algunos de ellos encontraron en las inversiones de bienes raíces la respuesta a sus problemas. En ese entonces esta era una línea de negocios que Panamá no había logrado blindar para protegerla de inversionistas que no podían justificar de forma lícita la fuente de sus fondos. Esto vino después, pero ¿fue demasiado tarde? Lo cierto es que tanta construcción —en un espacio de terreno relativamente pequeño y en un espacio de tiempo tan corto— levantó tantas banderas rojas como fue posible y comenzó entonces la regulación del sector.

Un claro ejemplo fue el caso de José Urrego del Cártel del Valle del Norte, que fue arrestado en Panamá y sentenciado a diez años de cárcel por blanqueo de capitales. Se le descubrió una gran cantidad de propiedades, incluyendo una isla situada cerca de la turística Contadora, llamada Isla Chapera, que tenía un valor de unos doce millones de dólares. Utilizó varias sociedades anónimas y fundaciones de interés privado para evitar que se le pudiera seguir el rastro al dinero.

Su idea era construir un hotel cinco estrellas que garantizaría un constante flujo de dinero, otra operación fabulosa para lavar capitales oscuros. Años más tarde otra ola de inversiones haría sonar las alarmas, pero no estaba relacionada con el narcotráfico, sino con la corrupción.

Debido a la crisis venezolana, miles de personas comenzaron a abandonar dicho país y encontraron en Panamá una tierra similar a la suya. Era casi imposible determinar para el ojo común y corriente qué fondos eran legítimos y cuáles provenían de chavistas que habían huido de las carencias que su propio régimen impuso.

Otro elemento que favorecía al narcotráfico en Panamá era y sigue siendo un sistema judicial terriblemente corrupto, donde los jueces y magistrados en más de una ocasión se han vendido al mejor postor, y los narcotraficantes tienen suficiente dinero como para doblegar una conciencia corrupta.

De hecho, en un cable diplomático de 2005 la entonces embajadora de Estados Unidos en Panamá, Linda Watt, delineó claramente este problema. Este documento sirvió de base para la decisión del Departamento de Estado de revocarle la visa de turismo para entrar al país norteamericano al entonces magistrado Winston Spadafora.

Según el documento, “Spadafora participaba por su propia voluntad de obtener una ganancia personal en un sistema a través del cual se solicitaban de forma activa sobornos a aquellas partes cuyos casos eran vistos por la Corte Suprema”.

Estados Unidos estaba particularmente preocupado por el caso relacionado con una sospechosa de tráfico de drogas. Se trataba de Lorena Henao Montoya, miembro del Cártel del Valle del Norte, quien fue arrestada en enero de 2004, ya que a pesar de la gran evidencia que existía en su contra la corte ordenó su liberación y la envío a Colombia inmediatamente. Sin embargo, tan pronto arribó a Bogotá, Henao Montoya fue arrestada por las autoridades colombianas.

Ante semejante escenario, las cosas comenzaron a cambiar en Panamá. Una legislación blindó la ley inmobiliaria haciendo mucho más difícil y complicado utilizar esta figura para el blanqueo de capitales. En cuanto al sistema judicial, por primera vez jueces y magistrados han sido destituidos, procesados y encarcelados en el último quinquenio. Y existe en estos momentos un proyecto de ley que busca penalizar la evasión fiscal procedente del blanqueo de capitales.

De la misma forma, las cosas están cambiando en el mundo entero. Con los avances tecnológicos y el aumento de la colaboración internacional, especialmente con Estados Unidos, el llevar a cabo operaciones conjuntas en aguas y territorio panameño ha hecho que los cárteles entiendan que traficar por Panamá es y seguirá siendo cada vez más difícil.

Tal vez esta sea la razón por la que el Clan del Golfo ha recurrido a los mochileros para traficar cocaína a través de la selva del Darién.

Y aun cuando ni los cárteles internacionales ni las pandillas extranjeras se han establecido en Panamá todavía, hay preocupación por evitar que esto ocurra, ya que ambos grupos buscan ampliar su influencia en la región. Y Panamá podría volver a convertirse en un terreno lo suficientemente atractivo para sus propósitos.

El problema, no solo para Panamá sino para toda la región, es el hecho de que Estados Unidos sigue subestimando sus propias políticas contra el narcotráfico con respecto a las migratorias. Y esto ha tenido como consecuencia una inundación de violencia a lo largo del continente, pero de lo que Estados Unidos no se ha dado cuenta es de que está tratando de apagar un fuego dentro de sus fronteras, mientras fuera le echa gasolina a otro. Y este último es de mayor embergadura y más peligroso, tanto para ellos como para el resto de los países de la región.

CAPÍTULO 21

Una lucha de titanes

El problema fundamental de la lucha contra el narcotráfico radica en que el país más interesado en detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos es precisamente Estados Unidos. Esta es la razón por la que dicho país ha financiado una guerra contra el tráfico de drogas que ha causado daños irreparables a países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Colombia. Desplazamientos forzados, focos de violencia interna, pandillerismo y la corrupción rampante que existe en estos países son solo algunos ejemplos de estas consecuencias.

Sin embargo, cuando los gobiernos de América Latina enfrentan y toman acciones contra el tráfico de drogas y las migraciones ilegales se convierten en aliados de Estados Unidos, lo cual les da cierta ventaja sobre los demás. En muchas ocasiones esas ventajas consisten en una especie de “pase de cortesía” para que su nuevo socio pase por alto ciertos actos no tan honestos en sus países. En otras palabras, para que los estadounidenses miren para otro lado y no los condenen por sus actos de corrupción.

Al mismo tiempo, esa misma corrupción debilita la capacidad de Estados Unidos para manejar sus propios problemas, por ejemplo, el consumo de drogas en los jóvenes y adultos estadounidenses y la migración ilegal hacia dicho país.

Así es que si en algún país “amigo” el sistema judicial está coludido con el narcotráfico, los jefes de los cárteles y otras organizaciones criminales no recibirán el castigo que merecen y por ende jamás perderán el control de sus organizaciones. Sumado a esto el hecho de que la corrupción sea “aceptada” entorpece el crecimiento económico, lo que limita las oportunidades de las comunidades más empobrecidas dejándolas vulnerables al acecho de la criminalidad, quienes a cambio de que se conviertan en mulas, gatilleros o sicarios les resuelven todas sus limitaciones económicas.

Este es un problema que ha atormentado por décadas a las autoridades estadounidenses y que además existe en otras áreas donde la inestabilidad social y política parece un problema endémico; es el caso de algunos países de África y del Medio Oriente.

En 2011 esta situación fue estudiada en una tesis de la Escuela de Posgrado Naval. El documento se tituló “Combatiendo la corrupción en México: lecciones de Colombia”. Entre los aspectos más relevantes que señala este documento se menciona el progreso que se ha logrado alcanzar en la lucha contra la corrupción y el tráfico de drogas en Colombia a través del Plan Colombia.

La tesis inicial del reporte se enfoca en el hecho de que la corrupción disminuye la capacidad de los gobiernos de combatir el narcotráfico. “Los niveles elevados de violencia vistos en México no son una señal de que la seguridad está empeorando, como los medios de comunicación quieren hacer creer. Por el contrario, son una evidencia irrefutable de que el gobierno mexicano ha implementado una ofensiva sin precedente en contra de los cárteles de la droga y a pesar de estos ataques los cárteles han prevalecido y la violencia se ha incrementado en lugar de disminuir como se hubiese esperado. Algunos aspectos como la gran corrupción existente en el gobierno mexicano no han permitido eliminar funcionalmente a los cárteles. La poca efectividad del gobierno mexicano para terminar con la corrupción desestima las acciones del Estado al tiempo que aumenta la influencia de los cárteles.” [sic]

Todos estos elementos fueron comprobados en enero de 2019, cuando al mejor estilo de Hollywood en la audiencia del Chapo Guzmán un testigo dijo que el Cártel de Sinaloa había pagado unos cien millones al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Alex Cifuentes era un empleado cercano del Chapo, que sirvió como testigo de la Fiscalía del Estado de Nueva York y reveló esta información bajo juramento, y además agregó que funcionarios estadounidenses sabían del pago de este soborno desde al menos tres años antes y no habían hecho absolutamente nada al respecto.

Cifuentes también dijo que el soborno ni siquiera había sido idea del Chapo. Según aseveró fue el propio Peña Nieto quien le pidió doscientos cincuenta millones. El testigo agregó que esta suma de dinero habría sido pagada en octubre de 2012, incluso antes de que este asumiera la presidencia. En otras palabras, ni siquiera esperó a llegar a Los Pinos para hacer este negocio.

Volviendo al reporte de la Escuela Naval, más claro no habría podido estar. El obstáculo más grande que enfrenta Estados Unidos en la implementación de cualquiera de sus políticas en América Latina, y en especial aquellas relacionadas con los programas antinarcóticos, es la corrupción, toda vez que involucra el manejo de fondos millonarios que en muchas ocasiones son administrados de forma poco transparente, lo que incrementa exponencialmente la posibilidad de que se cometan abusos.

No obstante, un punto en nuestra opinión es totalmente errado. Se trata de una cita en el reporte de Stephen Morris, un experto en temas latinoamericanos. Según él, la falta de avances en la lucha contra la corrupción se debe primordialmente a la falta de interés por parte de los mexicanos.

“Los cambios no tendrán éxito hasta que los mexicanos no los deseen verdaderamente y trabajen en conjunto para lograr una reforma.”

En otras palabras, los esfuerzos anticorrupción no han tenido éxito “porque no se ha dado una reflexión nacional, no se han revisado los valores morales y éticos de la sociedad para construir un nuevo y mejor México. Esto quiere decir que la lucha contra el crimen organizado nunca será ganada a menos de que el gobierno mexicano y sus ciudadanos rechacen la histórica y penetrante cultura de corrupción que está presente en su sociedad”, dice el reporte.

Y aquí es donde los autores del reporte y en general la mentalidad de las autoridades estadounidenses, en lo que se refiere a los problemas de América Latina, están completa y peligrosamente equivocados.

Esta teoría simplemente repite un mito que lleva décadas sembrándose en el cerebro de aquellos que deben tomar decisiones importantes.

Lo que hemos podido ver, en su lugar, es que la corrupción no es un tema propio de un solo país, sino un asunto global que se conecta por medio de un sistema financiero que se promueve y beneficia de estas actividades. En otras palabras, es a través del sistema financiero que se comienzan a mover los flujos de dinero que provienen de la corrupción y luego desaparecen en una suerte de hoyo negro, haciendo casi imposible investigar y procesar casos de corrupción sin involucrar otros países.

Y es que la corrupción no se limita a asistir a políticos a esconder el dinero sucio, sino que además es una gran herramienta para manejar su relación con los cárteles de la droga. Constantemente se publican evidencias de que bancos multinacionales han ayudado a estas organizaciones a blanquear sus capitales, es decir, a volverlos “legales”.

Tal vez el ejemplo más escandaloso ha sido el de HSBC, que según reportes periodísticos de 2012 habría ayudado a esconder más de ciento veinte mil millones de dólares. Según la agencia Bloomberg, el portafolio de clientes del banco incluía “cárteles de drogas, traficantes de armas, evasores fiscales y hasta un fugitivo que traficaba con diamantes, al igual que sospechosos de terrorismo y personajes ligados a regímenes autocráticos”.

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de evidencia que mostraba la complicidad del banco, ningún empleado fue procesado, ni siquiera en Estados Unidos.

En marzo de 2010, Wachovia Bank pagó ciento sesenta millones de dólares al gobierno de Estados Unidos como parte de un acuerdo, luego de que se le había acusado de facilitar el lavado de dinero por más de cien millones de dólares a narcotraficantes colombianos y mexicanos.

En adición a este acuerdo, el procurador del distrito sur de Florida, Jeffrey H. Sloman, dijo que las fallas en el banco permitieron que más de cuatrocientos mil millones de dólares se movieran en los sistemas del banco, sin que existiesen controles apropiados para determinar de dónde provenían y hacia dónde iban dichos fondos.

La investigación determinó que una parte de ellos se utilizó para comprar aviones que luego fueron destinados para el narcotráfico.

Nuevamente, ningún empleado del banco fue procesado criminalmente y el banco continuó operando como un cajero automático para los traficantes.

Y solo por si acaso alguno llega a pensar que las multas impuestas disuadieron a otros bancos a mantener negocios con clientes vinculados al narco, sucedió todo lo contrario.

En febrero de 2018, una subsidiaria en Estados Unidos del banco holandés Rabobank acordó pagar una multa de 369 millones de dólares al gobierno estadounidense, luego de que se descubriera una operación de lavado de dinero para los cárteles mexicanos. De nuevo, ningún empleado del banco fue investigado ni procesado criminalmente, aun cuando los fiscales determinaron que tres de ellos estaban vinculados directamente con el ocultamiento de dichos fondos.

Debido a estos casos de alto perfil es evidente que los bancos internacionales han buscado la manera de acomodar a estos clientes sin mayores consecuencias. Y aun así el reporte de la Escuela Naval nunca menciona la relación de complicidad del sistema financiero global con el ocultamiento de fondos provenientes de la corrupción.

Lo realmente irónico es que este reporte fue preparado por las mentes más brillantes del servicio militar estadounidense, precisamente por las encargadas de preparar políticas públicas, incluyendo aquellas relacionadas con la lucha contra el tráfico de drogas. Es por eso que su falla, ya sea en comprender o reconocer la complicidad del sistema financiero global en un problema que están comisionados a resolver, raya en lo increíble especialmente porque este es un problema que los Estados Unidos pudiese resolver. Después de todo, los casos que hemos citado involucran bancos estadounidenses que operan bajo las regulaciones de dicho país, que al parecer son increíblemente laxas. En su lugar el sistema bancario, al menos en Estados Unidos, es objeto cada vez más de menos regulaciones, una corriente que se ha incrementado desde que Trump asumió la presidencia de ese país.

Lo que sí hizo el reporte fue resaltar los grandes esfuerzos de Colombia para reducir la corrupción, que según ellos ha sido clave para ganar la continua lucha contra el narcotráfico.

Resulta imposible no preguntarse si los autores de esta tesis habrán leído la noticia, publicada en enero de 2019, relacionada con la sentencia impuesta a Luis Gustavo Moreno Rivera, un exoficial colombiano precisamente encargado de la lucha anticorrupción, quien fue sentenciado a cuatro años de prisión por aceptar sobornos de los mismos políticos que investigaba. Los cargos fueron presentados en Estados Unidos, ya que se presume que un banco estadounidense era utilizado para estas transacciones. Una vez más, ningún empleado del banco ha sido investigado.

Y es en esta ecuación donde traemos nuevamente a China, porque el mayor riesgo que este país representa para Estados Unidos, en lo que a sus relaciones con Latinoamérica se refiere, guarda relación precisamente con la corrupción, y es que las experiencias de algunos países demuestran que el país asiático no ignora la corrupción, en muchas ocasiones hasta la promueve.

Existe evidencia indiscutible de que como parte del programa chino para incrementar la infraestructura vial y así facilitar el comercio mundial, el gobierno de este país ha desestimado a las agencias gubernamentales encargadas de perseguir la corrupción en algunos países y ha estado dispuesto a pagar sobornos para lograr sus metas.

De hecho Corruption Watch, un capítulo de Transparency International enfocado en temas de corrupción en África, hizo un estudio que abarca un periodo de doce años, en el que se estableció una relación directa entre la participación de empresas chinas en proyectos de infraestructura y el aumento de la corrupción. Incluso señala que estos se han incrementado en un 30% cuando China está de por medio.

De acuerdo con un ranking de 2011, preparado también por Transparency International, en el cual se examinó a las empresas contratistas de unos veintiocho países para identificar cuáles eran más propensas a pagar sobornos en los países en los cuales contrataban, China y Rusia ocuparon la posición veintisiete y veintiocho, respectivamente, es decir que estos fueron los países más propensos a incurrir en actos de corrupción.

En muchas ocasiones se ha hablado de la teoría de que China prefiere trabajar con gobiernos autoritarios, y una evidencia de esto son los fuertes lazos comerciales que existen entre dicho país y Venezuela. En Ecuador, por ejemplo, durante el gobierno de Rafael Correa se otorgó a una empresa china la construcción de una hidroeléctrica a un costo de dos mil seiscientos millones de dólares. Durante esta licitación solo participaron dos empresas chinas, ambas propiedad del gobierno de ese país.

Dicho proyecto fue entregado en 2016, plagado de problemas que van desde fallas estructurales hasta mecánicas, incluyendo el hecho de que no genera suficiente energía para autogestionarse. Ya con Correa fuera del poder y con Lenin Moreno en la presidencia, de acuerdo con el New York Times, todos los funcionarios de alto nivel involucrados en este proyecto han sido condenados o procesados por aceptar sobornos, hasta el expresidente ecuatoriano.

Así, resulta difícil no creer lo que muchos dicen de que para China la corrupción es solo una herramienta para lograr sus propósitos. Y esto es realmente peligroso para la región por razones obvias, pero además debe ser una gran preocupación para Estados Unidos por los riesgos que podría representar en la lucha contra el narcotráfico.

En conclusión, hay dos fuerzas que luchan por mantener su influencia en Latinoamérica: China y Estados Unidos. Al primero no le interesa mucho promocionar políticas de transparencia y de lucha en contra de la corrupción, sino que más bien busca controlar bienes y recursos en la región para obtener sus metas. Por su parte, al segundo regularmente promueve políticas que van dirigidas a satisfacer su propia agenda, muchas veces en detrimento de los demás países, mientras pregona un mensaje de transparencia y lucha en contra de la corrupción, pero a la vez posee un sistema financiero que en ocasiones menoscaba este mensaje. ¿Contradictorio, no?

Como hemos podido observar, Estados Unidos lleva casi cincuenta años manteniendo una hegemonía en Latinoamérica y en muchas ocasiones ha fallado en identificar y solucionar los mayores problemas de la región. Esto lo ha hecho hasta el momento sin aparente competencia, y ahora aparece China, que se ha impuesto dejando serias dudas de que la situación cambie para mejor. Sin embargo, las experiencias han dejado un sabor agridulce en la población, pero no así en los gobiernos. Solo el tiempo dirá.

Capítulo 22

La gran pregunta

Tal vez uno de los descubrimientos más sorpresivos de nuestra investigación es lo poco que han cambiado los puntos de vista sobre la guerra contra el narcotráfico en las últimas décadas. Es simplemente enfurecedor.

Hemos leído cientos de cables diplomáticos, reportes, estudios y artículos de opinión escritos a lo largo de cincuenta años, y aun así los mismos temas e ideas se repiten una y otra vez. De hecho, Hollywood ha hecho varias películas en las que por alguna razón u otra los días se repiten, una y otra vez. Es el caso de Hechizo del tiempo, con Bill Murray, en la cual el protagonista se despierta cada mañana en el mismo día. Ver esta película resulta frustrante porque uno no tiene idea cuándo la trama va a avanzar y mostrar cosas distintas. La diferencia entre la película y nuestra investigación es que en lugar de un personaje ficticio son los reportes gubernamentales y las declaraciones de los políticos los causantes de nuestra preocupación.

De alguna manera, se podrían tomar reportes gubernamentales de 1985, 1995, 2005 y 2015 e intercambiarlos sin mirar las fechas en que fueron escritos, incluso un minucioso lector tendría dificultad para determinar cuál fue publicado en qué fecha. Esta teoría también fue respaldada por el expresidente colombiano Juan Manuel Santos cuando escribió frustrado: “Solo estamos moviendo la rueda”.

Tal vez un tanto inocentes pensamos que esto podría cambiar luego de la investigación conocida como Panama Papers, en 2016, que a nosotros que participamos de la investigación global nos ayudó a tener una visión clara sobre los cambios drásticos que debió tener el sistema financiero global para detener el flujo de dinero de operaciones ilícitas, como el narcotráfico y la evasión fiscal. Lo que observamos en los documentos examinados nos dio evidencia sobre la sintomatología de los problemas que precisamente destruyen los esfuerzos para combatir con eficacia el tráfico de drogas.

Y es que los archivos de la firma Mossack Fonseca eran como un mapa del tesoro hacia la solución de los grandes problemas de América Latina. Era más que claro que el sistema financiero global jugaba un papel determinante en todos estos problemas, y estábamos seguros de que las grandes revelaciones de este caso, y de Lava Jato, resultarían en cambios legislativos que llegarían a afectar la guerra contra el narcotráfico y hasta el terrorismo.

Y tal vez la prueba más contundente de que había que hacer cambios en el sistema fue que los abogados de la firma no tenían ni idea de que Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, era su cliente. Esto demuestra el secretismo detrás de ese modelo de negocio.

Mossack Fonseca vino a enterarse de la relación que mantenían con Quintero cuando el gobierno de Costa Rica confiscó una casa que este había comprado en el país. El descubrimiento se hizo cuando el Estado fue a cambiar la titularidad de la propiedad, que originalmente estaba bajo una sociedad anónima controlada por un asociado de Quintero, al Comité Olímpico Costarricense.

Cuando en Mossack Fosenca se enteraron de quién era el verdadero dueño de la propiedad, cayeron en cuenta de que todo ese tiempo el sanguinario narcotraficante había sido su cliente. Así que era el momento de tomar una decisión. O cooperaban con las autoridades o enfurecían al hombre que según ellos mismos “hacia ver a Pablo Escobar como un bebé”. Y la firma decidió tomar el lado de su cliente. No existe mejor ejemplo de que son personas como él quienes controlan el poder en América Latina.

Esto nos conduce a nuestro punto inicial: el sistema financiero global es perfecto para esconder dinero, e incluso aquellos que lo utilizan no tienen la menor idea de lo que sucede a su alrededor.

Durante la investigación de Panama Papers fue relativamente fácil dar con las sociedades vinculadas con Vladimir Putin, porque estaban bajo los nombres de sus amigos de la infancia y cercanos colaboradores, lo que se atribuye al hecho de que los rusos no confían en nadie. Sin embargo, los contadores y abogados que trabajan para los cárteles de la droga operan en completa oscuridad. Nadie podrá saber a ciencia cierta cuántos de ellos estaban escondidos detrás de terceras personas en la base de datos; era imposible saber con exactitud qué nombres buscar. Y aunque pudiese haber cientos de sociedades relacionadas con esta industria, es muy probable que estuviesen escondidas detrás de respetables nombres y negocios legítimos.

Es interesante resaltar que esta investigación fue percibida como una que buscaba descubrir las maniobras que los más ricos del mundo utilizaban para esconder sus bienes. Lo que parece haber sido ignorado es que los narcotraficantes también son ricos y necesitan los mismos servicios que aquellos individuos que reciben sus ingresos de fuentes legítimas.

Una vez que el dinero entra en el abismo negro del secretismo global, aquel que proviene del narcotráfico se ve exactamente igual que los demás. Pero más allá de los problemas derivados del narcotráfico, siempre tuvimos la esperanza de que las revelaciones propiciarían un reconocimiento de los problemas que acarrea el secreto bancario en otros aspectos, como la evasión fiscal.

Y aunque no tan prominente como el narcotráfico o la corrupción, la evasión fiscal juega un papel fundamental en el amplio espectro, después de todo se trata de fondos que debieron llegar a las arcas del Estado y ser utilizados para solucionar las carencias de buena parte de la población, mismas que son aprovechadas por grupos insurgentes y narcotraficantes para lograr la aceptación y lealtad de las poblaciones marginadas y poder dedicarse a sus negocios ilegales sin mayor dificultad, tal como indicamos en capítulos anteriores.

Las fuerzas militares de Estados Unidos están muy conscientes de la conexión que existe entre la evasión fiscal y los demás problemas en América Latina. En un reporte publicado en 2017 por la Universidad para la Defensa Nacional sobre la evolución de la MS-13, se identifica específicamente cómo la evasión fiscal contribuye al incremento de la violencia en que siempre aparece como Centroamérica.

“Instituciones débiles y con poco financiamiento, combinadas con la corrupción, han reducido los esfuerzos para acabar con la violencia producto del pandillerismo y la extorsión. Los ingresos por la recolección de impuestos como parte del producto interno bruto de los países del triángulo norte, son de los más bajos en América Latina, exacerbando así la inequidad y limitando los servicios públicos. Transparency International posiciona a estos tres países en la parte más baja del índice de percepción que conduce la organización.” [sic]

Estados Unidos no ha invertido ni un solo centavo para ayudar a estos países en la recaudación de impuestos, como parte del apoyo financiero que da a la región. De hecho, ha desbaratado su propia agencia de recaudación. Por increíble que parezca, Panamá Papers contribuyó por lo menos en un país a que mejorara la recaudación.

Para los últimos meses de 2018 el gobierno colombiano emitió un reporte en el cual se documentaba que la recaudación de impuestos en dicho país se había duplicado desde las publicaciones en 2016. De acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que coordinó la pesquisa, los contribuyentes colombianos revelaron quince veces más bienes fuera de Colombia de lo que se conocía.

Esta cifra fue el resultado de un estudio conducido por Juliana Londoño Vélez, una investigadora de la Universidad de California (Berkeley). Ella comparó la data recolectada por el ICIJ con las declaraciones de impuestos de más de mil doscientos colombianos. El estudio reveló un incremento de 830% en la cantidad de riquezas declarada a la autoridad impositiva de Colombia por medio del programa de declaración voluntaria que comenzó en 2015.

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien algunos han señalado como candidato presidencial para 2020, opinó al respecto en un artículo de opinión publicado en la revista Americas Quarterly, del cual ya hablamos en capítulos anteriores.

“La corrupción es un cáncer que corroe la capacidad de las naciones para gobernar, aleja la inversión extranjera cuya metástasis es una crisis de legitimidad en las frágiles democracias. Desde Panama Papers, hasta la Operación Lava Jato en Brasil y la crisis rampante en Venezuela y Nicaragua, tenemos evidencia de cómo la corrupción socava el progreso en la región. La gente de Latinoamérica está harta de la sistémica corrupción”, escribió.

En el mismo escrito señaló que la cambiante política del gobierno de Estados Unidos ha enviado mensajes confusos a la región. Específicamente mencionó las acciones del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (2012-2015), que fue acusado de actos de corrupción por una comisión anticorrupción formada por las Naciones Unidas (CICIG).

Las respuestas del presidente actual, J. Morales, no se hicieron esperar, y la Comisión fue expulsada de Guatemala y los hallazgos ignorados. Este actuar no provocó una condena por parte de Estados Unidos, sino que el secretario de Estado, Mike Pompeo, demostró el apoyo de su gobierno a Guatemala.

“El mensaje no pudo ser más claro: Estados Unidos ya no está en el negocio anticorrupción, y eso nos hace daño a todos”, escribió Biden.

Sin embargo, no podemos dejar de ver estas acciones de Biden como aquellas que provienen de alguien que tira rocas desde una casa de vidrio. Fue durante el gobierno del que formó parte que las autoridades de su país le dieron una “palmadita” de castigo a los bancos involucrados en los casos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, tal como documentamos en el capítulo anterior.

Tampoco puede pasar desapercibido que Estados Unidos ha sido señalado por Transparency International como la segunda jurisdicción con mayor secretismo bancario solamente detrás de Suiza. Durante los ocho años que Biden estuvo en el gobierno el país hizo muy poco para solucionar los temas que permiten que la corrupción y la evasión fiscal tengan lugar en los países en desarrollo.

Y este ha sido el mismo caso en otros países: el Reino Unido ha prometido regular los territorios de ultramar como las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas y las Islas Caimán, que tienen reputación de servir como paraísos fiscales. Pero específicamente excluyeron paraísos fiscales reconocidos que ofrecen los mismos servicios que las jurisdicciones caribeñas. Guernsey y Jersey son solo algunos ejemplos. Por otro lado, retrasó la implementación de cualquier reforma para 2023 con el fin de garantizar una transición ordenada de los servicios que presta la jurisdicción. Servirá esta especie de periodo de tregua para que aquellos interesados en mantener sus bienes escondidos encuentren otro lugar donde puedan hacerlo.

Para nosotros, si algo demostró Panama Papers, fue precisamente que países como Estados Unidos siempre pondrán sus intereses por encima de los más débiles, y esta es una situación que se encuentra en el corazón de América Latina.

Es muy importante recordar que Estados Unidos se beneficia directamente del secreto bancario y esto no solo tiene que ver con los tres estados que incorporan sociedades anónimas: Delaware, Nevada y Wyoming, sino también con el hecho de que los bancos más grandes y casas de inversión también lo hacen cuando sus clientes tienen más dinero para invertir, aun a costa de que paguen menos impuestos del que deben a las autoridades de sus países.

Corrupción, narcotráfico y evasión de impuestos, tres problemas que llamamos el “triángulo de la vergüenza” en América Latina, han servido como combustible de una reacción química dentro del sistema financiero internacional. La cantidad de dinero que se piensa está escondida en sociedades anónimas se estima en más de veinte millones de millones de dólares. Es evidente que todo este dinero es una fuente de ingresos para las instituciones financieras que rápidamente se oponen a cualquier cambio que afecte su modelo de negocio.

Tristemente, es justo este secretismo el que causa tanto daño a América Latina mientras que ofrece pocos beneficios. Ninguno de los países aparecen en la lista de las diez jurisdicciones más oscuras, y solo una, Panamá, está en la posición número quince. Aun cuando Panamá debe reconocer sus errores del pasado, sobre todo en la manera en que su sistema financiero contribuyó a crear problemas en la región, ha sido uno de los pocos países en hacer cambios sustanciales después de Panama Papers.

Por su parte, los cambios que ha logrado introducir Estados Unidos han contribuido a reducir la supervisión por parte de las instituciones financieras. De hecho, uno de los primeros logros de Donald Trump, al poco tiempo de asumir la presidencia, fue reducir significativamente las regulaciones sobre los bancos, facilitando los abusos de los que hemos venido hablando.

Con toda esta evidencia, hay que concluir que solo una mayor transparencia en el sistema financiero puede proveer una posible solución no solo a los problemas relacionados con la violencia por el tráfico de drogas, sino también a aquellos que afectan de manera significativa a Centro y Sur América, por lo que la pregunta obligatoria es: ¿por qué se hace tan poco para lograrlo?

Es una pregunta que hicimos a algunos contactos de la Agencia para el Control de Drogas (DEA). Sobre todo después de casi cincuenta años de constantes guerras con los cárteles colombianos y mexicanos que han tenido resultados poco contundentes, aun después de haber gastado miles de millones de dólares, de la pérdida de la vida de miles, si no millones de personas, porque no se ha intentado un acercamiento diferente. ¿Por qué no se interviene el sistema financiero global? Fue la pregunta puntual que hicimos.

Esta es una gran pregunta, respondieron.

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Epílogo

Eran las 9:32 de la mañana del jueves 17 de enero de 2019 cuando un coche bomba estalló en las inmediaciones de la Escuela de Policía General Santander, de la ciudad de Bogotá, dejando un saldo de veintiún muertos y más de sesenta heridos. Entre estos últimos, tres panameños. Sin temor a equivocarnos, se trata del ataque terrorista más sangriento de los últimos veinte años.

Un déjà vu; ese día los colombianos revivieron esos años en los que el Estado y los cárteles de la droga se enfrentaban en una guerra abierta que cobró miles de vidas y convirtió al país en uno de los más peligrosos del mundo.

El horrible acto fue revindicado por el ELN, con quien el gobierno colombiano mantenía conversaciones para llegar a un acuerdo de paz, hasta ese momento. Como consecuencia, Iván Duque ordenó la captura de los diez negociadores del diálogo de paz que se encontraban en La Habana, por lo que pidió a Cuba su repatriación a Colombia, con el fin de ser procesados. Pero Cuba por su lado no ha cumplido la solicitud de Duque bajo la teoría de que después de la ruptura de las conversaciones los delegados del ELN que permanecen en la isla deben poder regresar a sus campamentos en Colombia.

El estremecedor atentado ocurrió cuando estábamos por terminar de escribir este libro, lo que nos hizo reflexionar que los hechos de los cuales estábamos dando cuenta —las millones de personas que han perdido la vida o la perderán, como consecuencia directa de la violencia en la región— siguen siendo tan reales como hace más de dos décadas.

Durante nuestra investigación, tal vez inundados con un sinfín de datos numéricos y reportes oficiales, de alguna manera nos volvimos insensibles al dolor y miseria que causa la violencia a nuestro alrededor. Pero lo ocurrido aquella mañana del 17 de enero fue una sonora alarma que nos hizo despertar. Y seguramente el hecho de que tres panameños resultaran heridos lo hizo más personal.

Tristemente, el ataque también sirvió para comprobar que las conclusiones a las que hemos llegado en este libro eran correctas. Nunca nos habíamos sentido tan mal de tener tanta razón.

Con la explosión, cualquier esperanza de continuar las conversaciones de paz con el ELN se han esfumado y con ella una oportunidad para desarticular otro grupo guerrillero que, al igual que el Clan del Golfo, representa un riesgo para Panamá y los demás países de la región. Al menos por ahora.

TRÁFICO

Portada para sinopsisHoras de conversaciones con aquellos que conocen los más profundos secretos que oculta la selva, miles de documentos, entre ellos reportes oficiales, tesis de grado y estudios producidos por organismos de colaboración internacional, son la base de Tráfico. Una historia sobre el trasiego de drogas, armas y migrantes a través del famoso Tapón del Darién y los esfuerzos de las autoridades para combatir estos problemas.

Tráfico también examina desde cerca la guerra en contra del narcotráfico en América Latina con una nueva perspectiva que analiza los constantes cambios en la política exterior de los principales actores de la región, que en su mayoría operan bajo el paraguas de Estados Unidos con resultados poco constantes.

Finalmente, los autores exponen lo que llaman el “triángulo de la vergüenza”, que no es otra cosa que lo que ocurre cuando convergen en un solo lugar la corrupción, la violencia relacionada con el narco y la evasión de impuestos. Estos elementos constituyen un caldo de cultivo para que el narcotráfico y otras actividades ilícitas proliferen e impidan que los países puedan experimentar la prosperidad y la estabilidad necesarias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. ¿Será ésta una guerra que está perdida o hay esperanzas?

RITA VÁSQUEZ, abogada y periodista. Actual directora editorial de La Prensa de Panamá, inició su carrera en el periodismo en 2007. Con anterioridad se desempeñó como abogada en varias multinacionales y firmas de abogados, especializándose en el derecho comercial. Graduada en 1996 de la Universidad Santa María la Antigua, Panamá.

J. SCOTT BRONSTEIN, estadounidense, ha trabajado en la industria del periodismo escrito toda su carrera profesional, por diez años fue el editor de la versión online en inglés de La Prensa de Panamá. Anteriormente trabajó como editor de The BVI Beacon, en las Islas Vírgenes Británicas. Graduado de periodismo en 1993 de la Washington and Lee University en Virginia, Estados Unidos.

Tráfico

Primera edición digital: mayo, 2019

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