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A Nautla,
una vida breve asesinada por el desarrollo

PRÓLOGO

La historia de Nautla

Antes de comenzar esta investigación conocí a Nautla. Una niña guatemalteca que murió de sed. La conocí en uno de esos viajes que a veces nos regala el periodismo, llevándonos a los lugares más apartados e inimaginados, siempre con la promesa de tener una historia que contar. Ella vivía en la comunidad de La Laguna, a 175 kilómetros del municipio de Sayaxché, en el departamento de Petén, casi en los límites de Guatemala con México.

Llegué al pequeño pueblo de Sayaxché con la intención de continuar la investigación de la devastación minera que en Guatemala no es distinta a la que se vive en México. Mi intención era publicar un trabajo sobre el conflicto minero en Centroamérica, como continuación de México a cielo abierto (Grijalbo, 2018). No tenía ni la menor idea de que lo que ahí encontraría cambiaría la ruta de mi investigación.

Me hospedé en el hotel San Francisco, en espera de encontrarme con el contacto que había ofrecido guiarme para ubicar los sitios de reserva minera que los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá han ofertado a las trasnacionales. Pablo tardaría en llegar dos días, pues, me explicó por teléfono, estaba participando en un foro contra la minería en la zona de Cobán.

Desesperado como soy, y sabiendo que en el periodismo no se puede perder un solo día, no me resigné a la contemplación del paisaje, pese a que era un sacrilegio rechazar la invitación a la deliciosa vista de los cerros teñidos de múltiples tonos verdes y azules. Decidí comenzar por mi cuenta el recorrido.

Mochila al hombro, me dirigí a la zona norte de Guatemala, era el 16 de julio y lo supe porque así lo anunciaban los cohetones que decenas de fieles tronaban al aire para celebrar el día de la Virgen del Carmen. Abordé una camioneta de redilas, que por sólo tres quetzales ofreció llevarme a la localidad de San Andrés, a la orilla del Lago Petén, donde ya se gestaba un movimiento en defensa del lago.

Sentado en los tablones de la camioneta convertida en transporte público, escuché a dos hombres que frente a mí hablaban casi en secreto de lo que hasta ese momento era un tema que no conocía: “la pobre gente de La Laguna”, que les había “caído la policía”, que habían dejado “casi medio muerto” a uno de los coordinadores, y que “la gente ya se estaba saliendo del lugar”.

No lo pude evitar. Con el mayor de los sigilos, escogiendo las palabras para no causar recelos, pregunté qué había pasado. El más joven de ellos, de apenas unos 30 años de edad, me dijo que a los pobladores de La Laguna los estaban obligando a dejar su comunidad, porque las tierras, que habían sido de ellos desde siempre, las pretendía ocupar el gobierno de Guatemala para construir hoteles.

La intuición, o la terquedad, me hizo preguntar cómo llegar a La Laguna desde San Andrés. Me explicaron que no había transporte público, que la única forma era caminando o rentando una mula en el poblado de Sacpuy. Después de pasar la noche en un cobertizo de la policía de Sacpuy, me decidí por la primera opción.

Luego de 12 horas de camino, a paso lento, cruzando sembradíos y áreas espesas de selva, se abrió ante mis ojos, casi a las cuatro de la tarde, un verdadero paraíso: un puño de casas de madera mal acomodadas, que exhalaban humo por todas las rendijas; una laguna verde que acariciaba el viento; una manada de perros, y unos niños que jugaban al balón, y que detuvieron el juego para verme, me dieron la bienvenida.

Me preguntaron si yo era el padre que les daría la comunión al día siguiente. Sólo sonreí ante su inocencia. Aún no terminaba de quitarme el sombrero para limpiar el sudor que me corría en la frente cuando tres hombres salieron a mi encuentro. Con la naturalidad del que no deja de ser niño a pesar de las responsabilidades de adulto, uno de ellos me tendió la mano, y sin saber mis intenciones me abrazó. Otro insistió en cargar mi mochila, y el tercero simplemente puso su mano en mi pecho, como tocándome el corazón.

No los decepcioné cuando les dije que yo no era el sacerdote. Sentí que se liberaron de una carga cuando les expliqué que solamente era un periodista, y que me había llevado hasta ese lugar la necesidad de conocer las razones por las que la comunidad estaba siendo desplazada. Mario, el que tocó mi pecho, el mayor de los tres, todavía no sé por qué, pero me agradeció.

Me llevaron a la casa del Patriarca. En el trayecto de no más de 200 metros, José, el que intentó vanamente cargar mi mochila, me explicó la desgracia de la comunidad: el gobierno quiere entregar en concesión la Laguna Larga y toda la tierra que la rodea a empresas internacionales que pretenden hacer un centro turístico. Y las más de 200 familias que viven ahí les estorban.

El Patriarca, José Chacón, me recibió en la puerta de su casa. Su minúscula figura y sus pequeños ojos negros eran el principal contrasentido del liderazgo que mantenía en la comunidad; con sólo un movimiento de cabeza hizo que mis acompañantes se retiraran a más de dos metros de distancia. Me invitó a pasar. Me ofreció un banco de madera y nos sentamos a una mesa metálica con el letrero de Coca-Cola al centro.

La plática fue larga. Hablamos de la problemática del despojo, de las familias que ya habían abandonado la comunidad, de la falta de atención médica, de la necesidad de conservar el suelo y el agua. De lo único que no hablamos fue de la pobreza lacerante, porque esa no necesitaba mayor explicación. Cuando menos acordamos una de las hijas de José Chacón ya estaba sirviendo tortillas y frijoles para la cena.

El Patriarca me ofreció quedarme en su casa, para que al día siguiente pudiera hablar con otras familias, como se lo solicité inicialmente. Me brindó un rincón en aquel espacio no mayor de 30 m² donde habitaban silenciosamente, además de su mujer y sus dos hijas, dos camas, un ropero, la mesa y el fogón. Con los cartones de dos cajas de pañales, de donde vació ropa y algunos trastos de cocina, me preparó una cama, que fue mi espacio de reflexión y redacción durante los siguientes 15 días.

En la comunidad de la Laguna Larga amanecía distinto a cualquier otra parte de los suelos en donde he dormido: desde las cinco de la mañana se escuchaba el trajinar de los hombres que se iban a la labor, un viejo molino que machacaba el aire como un tren que se despide lentamente llamaba a las mujeres a moler el nixtamal para las tortillas del día. Los techos de láminas de cartón se desperezaban con los primeros rayos del sol que se reflejaban en la laguna, y el viento llegaba siempre cargado con la humedad de la selva.

Era un pedazo de paraíso en la tierra, aunque las familias que lo habitaban vivían un infierno a causa del hostigamiento oficial para desplazarlos. Yo simplemente era un perro callejero que apenas le abrían la puerta salía a husmear entre la maraña de calles mal trazadas y casas con paredes de madera, que detrás de sus rendijas siempre escondían unos ojos delatados por la risita y el cuchicheo de observar el paso de un extraño.

Así llegué a la casa de la niña “que trajeron enferma de la mina”. Ella vino de San Miguel Ixtahuacán, donde opera la mina de oro San Martín, propiedad de Montana Exploradora de Guatemala, que según lo reconoce el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, en su Anuario Estadístico Minero 2016 es filial de la canadiense Goldcorp Inc. Sus padres decidieron ir a La Laguna porque el doctor les dijo que a la pequeña le hacía daño el agua que corría por San Miguel. Por eso ocuparon un terreno de los abuelos maternos, donde levantaron una pequeña casa de madera.

Nautla estaba sentada en una silla al sol. Escondía las manos entre sus rodillas. Con su mirada escudriñaba durante horas el silencio de la calle. Cuando el sol le comenzaba a quemar la cabeza, ella misma, con dificultad, recorría su silla hacia la sombra del tejabán, para seguir con su labor contemplativa. A veces hablaba con su perro, el Pinto, que se había convertido en su guardián desde hacía más de cinco años.

El encuentro no fue fortuito: salí a buscarla luego de dos noches de plática con José Chacón, quien me contó su historia y cómo los médicos ya la habían desahuciado. Cuando la vi, ella ya me había visto. Iba subiendo la calle revisando las casas para encontrar aquella que tenía tejabán y dos morillos que soportaban una hamaca, cuando a lo lejos sentí su mirada. La reconocí por las señas que me dio el Patriarca.

Tenía 13 años. Su cara redonda la adornaban dos trenzas largas y negras que le bajaban hasta los codos. Lo moreno de su piel parecía que poco a poco la abandonaba para tornarse cada vez más amarillo. De las manos ya se le habían desprendido casi todas las uñas, sólo le quedaban las de los dedos anular derecho y medio izquierdo, que todavía tenían rastros de un esmalte viejo entre nácar y rosado.

—¿Tú eres Nautla? —le pregunté, mientras me acercaba sigiloso.

Ella simplemente sonrió. Sus ojos brillosos y castaños eran lo único de su cuerpo que parecía no estar enfermo. A pesar del padecimiento, su mente estaba lúcida, era lo único que no se le había enfermado, me dijo después.

—Sí —respondió acompañando la afirmativa con un movimiento ligero de cabeza, sin quitar la mirada de mis botas polvorientas, al tiempo que también me cuestionó:

—¿Tú vienes de la mina?

—No, soy periodista y vengo a conocerte. Quiero platicar contigo.

—¿Para qué? —me interrumpió—. ¿Voy a salir en la tele? —preguntó entre alegre y sarcástica.

—No —le respondí temiendo decepcionarla—. Yo solamente escribo, y quiero contar tu historia.

Intenté acercarme a ella al momento que le tendí la mano para saludarla, pero el Pinto me peló los dientes y se puso a la defensiva. Nautla lo aquietó con un shhh que hizo que el perro se volviera a echar a sus pies.

—Es muy nervioso —me explicó—, y no puedo saludarte porque mis manos me duelen —dijo al tiempo que me mostraba sus dedos sangrados y descarnados desde la raíz de las uñas.

—¿Cuánto tiempo llevas enferma?

—Ya voy a cumplir un año. En agosto cumplo un año de que me llevaron por primera vez al hospital.

—¿Sabes de qué estás enferma?

—Sí, de la sangre. Tomé agua envenenada del pozo y eso fue lo que me enfermó.

La plática fue interrumpida por Rosalía, la madre de Nautla, que al escuchar las voces en la entrada de su casa salió para ver con quién hablaba su hija. La saludé y me presenté. La natural sencillez de esta gente volvió a salir a flote: sacó dos sillas y los tres nos movimos al cobertizo para refugiarnos del sol que ya comenzaba a calar. Nautla no quiso que le ayudaran con su silla.

—Yo puedo. Todavía puedo moverme —refunfuño mientras empujaba con las rodillas la silla que trastocó dos veces en el disparejo piso de tierra.

La alegría y amabilidad de Rosalía se volvió tristeza. Sin dejar ver cómo le escurrían las lágrimas, contó cómo a causa de la contaminación de la mina San Martín, la mayoría de los pozos de agua en San Miguel Ixtahuacán habían quedado inservibles para el uso de la gente; muchos niños comenzaron a enfermar, y familias completas tuvieron que irse para ponerse a salvo del agua envenenada.

—Nautla está enferma de saturnismo —dijo Rosalía al tiempo que apagaba sus sollozos—. Dijo el doctor que se está envenenando con el plomo y el cianuro que salen de la mina. Por eso nos venimos para acá, con mis papás, donde el agua está limpia, para ver si eso le ayuda a componerse.

Nautla no dijo nada. Sólo puso la mano sobre la cabeza de su madre, como para darle algo de resignación, al tiempo que le mesaba los cabellos. Las dos lloraron abrazadas durante interminables minutos, mientras el Pinto y yo nos mirábamos con desconcierto.

Cuando cesó el llanto, Nautla anticipó su destino:

—Me voy a morir pronto —dijo mirándome con los ojos inundados—. Tú debes escribir esto para que no sigan muriendo más niños por la contaminación del agua.

La encomienda la sentí como la más grande carga que en mis más de 30 años de periodismo ningún entrevistado me haya hecho. Luego hablamos de otras cosas, como para destensar la tristeza. El Pinto fue el objeto de nuestra plática. El animal sabía que hablábamos de él. Paró las orejas y se acercó a Nautla para que le sobara el lomo. Ella platicó, sin quitarle la vista, cómo llegó a su casa un día de lluvia y cómo desde entonces se quedó y formó parte de la familia.

La tarde nos encontró hablando del Pinto, la mina, la vida en La Laguna, del arrebato del agua y el territorio que han hecho algunas mineras en la zona oriente y norte de Guatemala, y de cómo la gente ha tenido que encarar con protestas la explotación contaminante del suelo, hasta que Nautla dijo que se sentía cansada y quería dormir.

Rosalía no dejó que Nautla se fuera a la cama sin que se tomara el caldo de gallina que le había preparado. Ella puso una condición: me pidió que la acompañara a comer y que le contara cómo era México. Que le contara cómo eran el mar y la Ciudad de México. Que le hablara de los charros. Que le contara quién era yo y le hablara del trabajo de los periodistas.

Tras la comida, se recostó en su cama. Su madre la acomodó cuidadosamente y la arropó. Antes de cerrar los ojos pidió que le contara cómo viven los niños en México; le expliqué que en muchas regiones de mi país las condiciones de vida de los niños no son distintas a las que viven los de Guatemala, que también los lacera la pobreza, la contaminación, la escasez de agua y sobre todo la violencia.

Le conté historias de valor entre los niños que he encontrado a lo largo de mi trabajo periodístico por todo el país, le hablé de los niños enfermos por las minas en Sonora, de los niños con hambre en Chihuahua, de los niños de la calle en la Ciudad de México, de los niños presos en Tamaulipas, y de los niños autodefensas de Michoacán y Guerrero, todo con matices de valentía para no hacer más negro el ya de por sí oscuro panorama que ella misma tenía frente a su vida.

Cuando Nautla se quedó dormida ya había caído la noche. Mientras Rosalía y el Pinto me miraban desde el otro extremo de la casa, me levanté de los pies de la cama y caminé despacio hacia la puerta. Con un ademán de silencio me despedí con la promesa de regresar al día siguiente para seguir platicando con Nautla.

Esa noche, en la posada que me brindó José Chacón, tendido sobre los cartones que tenía como cama, no pude dormir. No sólo eran los ojos inundados de Nautla y su triste historia lo que me apachurraba el corazón, también era mi papel de periodista, que en aquella situación no podía hacer nada. Me laceró el cuestionamiento moral de saber si sólo con la denuncia de un hecho se podría cambiar la realidad, y si era válido éticamente mi involucramiento personal con la protagonista de esta historia.

José Chacón sintió mi desconcierto. Sentado en su cama, mientras yo daba vueltas para tratar de dormir, me habló quedito para no despertar a su mujer y sus dos hijas:

—Periodista, levántate —me dijo mientras se ponía la camisa y se amarraba los huaraches—. Ven, vamos para afuera.

Apenas cerró la puerta, nos sentamos en el suelo. Con unos pedazos de leña hizo una pequeña fogata y sacó de entre sus ropas una botella de aguardiente. La destapó y me dio a beber. Luego él hizo lo mismo. Sin mirarme, con los ojos clavados en las llamas que entibiaban el ambiente, me preguntó:

—¿Qué es lo que no te deja dormir?

—Estoy pensando en la historia de la niña enferma que llegó de San Miguel. Pienso que una vida así no debe terminar tan pronto. Que es injusto lo que están viviendo las gentes de San Miguel, por la contaminación del agua.

—Lo que estamos viviendo los pueblos indios de Guatemala es una injusticia. Tenemos todo para ser felices y no lo somos, porque el gobierno nos quiere dejar sin nada. Si nos quitan el suelo y el agua, nos quitan también la vida. Ya lo estamos viendo, nos quieren matar de sed, por eso están envenenando el agua.

No sé cuánto duró la plática sobre el arrebato del agua y el suelo, pero fue lo suficiente para tomarnos aquella botella de tres cuartos de Quezalteca Especial, con la que José Chacón terminó llorando por la desgracia de los niños enfermos de la zona de San Miguel. Se lamentaba sobre todo por Nautla, quien llegó para unir a todos, dijo, en la lucha por la defensa de La Laguna, porque antes había división, pero al conocerse su caso, ningún vecino quiere para sus hijos una enfermedad así.

Al día siguiente, apenas el molino del pueblo comenzaba a dar sus primeros alaridos de alegría por la molienda, me dirigí a la casa de Nautla. Todavía estaba oscuro cuando crucé las cuatro calles que había desde la casa de José Chacón. El Pinto me recibió con dos ladridos que hicieron que saliera Carlos, el padre de Nautla. Él no rompió el patrón de sencillez y amabilidad. No hubo necesidad de presentación, porque Rosalía ya le había dicho que un periodista las había visitado.

Nautla ya estaba despierta, aunque seguía recostada. Carlos me sentó a la mesa y tomamos café. Le expliqué lo que intentaba hacer con mi trabajo periodístico, y agradeció que pudiera denunciar el despojó del que eran víctimas los pueblos indios de Guatemala. Lloró en silencio cuando dijo que lo único que tenía, su hija, lo iba a perder por culpa de la minera. Yo me acordé de mi hija y no quise ni por asomo estar en la misma posición que Carlos.

Nautla se levantó con la ayuda de su madre y también se sentó a la mesa. Sus trenzas estaban enmarañadas, pero su sonrisa era la misma. Sus ojos brillaban más a la luz de la vela, y el amarillo de su rostro era más intenso. Con dificultad tomó el pocillo donde Rosalía le había servido un té de canela y apenas lo probó con dos sorbos.

—Mira —me mostró con inocencia su mano izquierda—, ya se me cayó la otra uña.

Rosalía dejó de peinarle el cabello y fue a la cama de Nautla. Sacudió las cobijas y comenzó a pasar la mano sobre la sábana, hasta que en la penumbra dio con la uña desprendida. La tomó amorosamente y se salió al patio.

—La va a enterrar —me explicó Carlos, al ver que la seguía con curiosidad—. Ha enterrado las nueve uñas que se le han caído a mi niña, porque es una forma de aquietar a la tierra, para que no pida el cuerpo de Nautla.

Nautla, con inocencia, simplemente sonrió. Después, Carlos apuró el café y lo bebió de dos tragos. Se alistó para la labor. Le pidió a Rosalía la bendición, como se la ha pedido los últimos 14 años que llevan de matrimonio, antes de irse a trabajar.

—Ya vamos a levantar el frijol —dijo mientras Rosalía lo persignaba—, y siempre necesitamos la ayuda de diosito.

Carlos puso su mano en mi hombro derecho y salió apuradamente, como si el frijol se fuera a ir antes de que él llegara. Rosalía lo acompañó hasta la puerta; desde el quicio todavía trazó una serie de cruces en el aire, en espera de verlo de regreso en la noche.

Nautla me sacó de mi abstracción.

—Cuéntame de los niños autodefensas de Michoacán.

Antes de contarle la historia del Niño de la guerra, metí la mano en mi mochila y saqué dos paquetes de galletas y un sobre de chocolates confitados —de los que siempre cargo en mis viajes—. Su alegría me desgarró. No recordaba cuándo fue la última vez que se comió un chocolate, me confesó. Platicamos mucho. Sólo nos interrumpió la salida del sol, que fue cuando Nautla quiso que le ayudara con la silla para sentarse afuera de la casa, donde la conocí.

El sol nos estuvo recorriendo a la sombra del tejabán. Ella estaba abstraída en las historias de los niños mexicanos que le contaba. Sólo me interrumpía para preguntar detalles de la narración. A veces abría sus ojos de asombro. A veces acercaba más su cara, como para escucharme mejor. Otras simplemente perdía la mirada en el largo de la calle, imaginando sólo Dios sabe qué.

Entre la plática, donde nos turnábamos nuestras historias, nos sorprendió la tarde, y luego la noche, y luego el día siguiente, y el otro, y otro más, hasta que sin querer fueron 15 días de una familiaridad no programada. En ese tiempo la salud de Nautla fue en detrimento: perdió la última uña que le quedaba en la mano derecha. Cada vez le fue más difícil comer. Dejó de beber agua, y no se volvió a levantar de su cama.

La última plática que tuvimos fue un 31 de julio. Ella murió en la madrugada del día siguiente. Con esfuerzo me dijo su dolor por saber que iba a morir. No quería dejar de ver las montañas ni lo verde de la laguna. Dijo que iba a extrañar mucho a sus papitos. Que le dolía verlos llorar por ella. Que le hubiera gustado crecer sana, tener hijos y ser maestra de una escuela. Que también quería ser doctora para defender a los pueblos indígenas y los niños enfermos.

No quería que el mundo se acabara, dijo Nautla en su lecho de muerte. No quería que los animales se murieran por no tener dónde dormir sin bosques ni selvas, ni agua para beber. Dijo que la tierra, por culpa de las minas, estaba enferma, y que era como ella, que se estaba muriendo, porque los hombres simplemente no habían sabido convivir con ésta.

También dijo que Dios había hecho los bosques para que nos dieran alimentos. Que si los cortábamos, era como si nosotros mismos nos cortáramos los brazos y las piernas:

—No sabríamos qué hacer. No nos podríamos mover. Y terminaríamos muertos, muy rápido.

De la laguna dijo que le daba mucha tristeza, porque su agua ya no serviría para regar las plantas y los cultivos, y que también se iba a morir si alrededor de ella construían los hoteles, que pretende el gobierno de Guatemala.

—El agua es para mover a la gente, a la naturaleza, no es para las minas ni para las fábricas, ellas no nos dan oxígeno ni son parte de nosotros.

Luego se quedó dormida. Rosalía, con el llanto en los ojos, le mojaba los labios resecos con un algodón que sumergía en un pocillo de agua con una cucharada de azúcar y media de sal. Su respiración era agitada. Abrió los ojos. Sin borrar su sonrisa, le dijo a su mamá que tenía mucho frío y mucho sueño. Me despedí en silencio de Carlos y Rosalía, con la promesa de regresar al día siguiente, en espera de verla mejor.

Estaba recostado y entre despierto, cuando a las 3:45 de la mañana tocaron a la puerta de la casa de José Chacón. Era Carlos que llamaba desde la calle al Patriarca. No era usual que el Patriarca fuera despertado a deshoras, eso ocurría sólo en casos de extrema urgencia, como de enfermedad grave o de la muerte de alguno de los pobladores.

Escuché el llanto de Carlos y algunos susurros de José Chacón. Deduje de inmediato la tragedia. José Chacón entró en la casa, se puso una chamarra, y aun cuando sus hijas, su esposa y yo estábamos a la expectativa, dijo sin decirle a nadie:

—Se murió la niña.

No puedo negar que la noticia me dolió. José Chacón salió para hacer los arreglos oficiales para el funeral de Nautla. Yo simplemente arreglé mi mochila. Deshojé de mi cuaderno de apuntes el texto que le había comenzado a preparar a Nautla esa misma noche, donde le explicaba el origen náhuatl de su nombre. Me despedí de las tres mujeres de Chacón y salí de la comunidad de La Laguna sigilosamente como había llegado. No tuve el valor de ver a Nautla muerta, ni a sus padres desgarrados por el dolor. La lloré a mi modo, mientras desandaba el camino a Sacpuy.

Por eso cuando mi editor Juan Carlos Ortega me propuso esta investigación, y comencé un nuevo recorrido por todo México para ubicar los 906 puntos de conflicto que existen entre las comunidades a las que grandes trasnacionales y empresas nacionales les han arrebatado el agua y el territorio, no pude dejar de pensar a cada momento en Nautla, cuyos ojos y cuya historia de vida me siguieron y motivaron durante este trabajo.

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El Estado sumiso

En México prevalece un modelo de gestión excluyente e insostenible que favorece a los negocios muy particulares.

LÉO HELLER, relator especial de Naciones Unidas

Motivado por la historia de Nautla, al término de mi recorrido por el país, llegué a la conclusión de que lo que pareciera sacado de la ciencia ficción ya es una realidad en México: comenzó la guerra por el agua. En una dispareja disputa, los grupos empresariales, de la mano de la autoridad federal, han comenzado a arrebatar el vital líquido a comunidades enteras. Lo hacen con letalidad. Están dejando yerta la tierra y devastados los pueblos y no hay nada que los detenga. ¿La ley? Está de su lado.

La pelea es desigual. Mientras los grandes corporativos cuentan con los recursos económicos y humanos, y han sido dotados en las recientes administraciones federales de un marco jurídico que les garantiza la apropiación de toda el agua que consideren necesaria para su operación, la población, principalmente grupos indígenas, no tienen otra cosa a su alcance que la protesta y la lucha social.

En este desigual encuentro prevalecen dos gritos de guerra: uno emanado del corazón de los pueblos originarios que reclama sobrevivencia, y el otro, el de las trasnacionales, que exige despojo. Bajo el cañón del dinero, las corporaciones parecen reclamar a los pueblos “el agua o la vida”, en una variante de asalto que terminará por aniquilarlos de cualquier forma.

La lucha social, el grito de sobrevivencia, podría parecer estéril, no por la naturaleza del reclamo, sino por la nula resonancia que tienen las denuncias en las esferas de gobierno y en la opinión pública.

La prensa también es cómplice del despojo de recursos. En 2017 y hasta enero de 2019 sólo algunos medios de comunicación, sobre todo locales, registraron un total de 573 manifestaciones públicas colectivas de comunidades que denunciaron el robo del agua y el territorio. En ningún caso el gobierno federal atendió puntualmente el reclamo. La denuncia, insistente, sigue siendo invisible. La mayoría de los grandes medios, hipnotizados por el masticado discurso del desarrollo generador de bienestar social, le prestan poca atención a la voz de los que no tienen voz.

Nadie escucha a las comunidades que corren el riesgo de morir de sed. A las grandes trasnacionales les basta una buena relación con las élites federales para decidir cuál y cuánta agua necesitan, para que se les entregue en usufructo, a costa de lo que sea.

La corrupción política, el Estado al servicio del capital, la deshonestidad empresarial y la relación de miembros del crimen organizado con la industria es lo que hace suponer que el futuro nos ha alcanzado: el agua, lo más elemental para la vida, la que la naturaleza otorga a borbotones, se ha convertido en una mercancía que resulta tan cara como el oro.

No sólo son los pueblos originarios los que están siendo despojados del vital líquido, el problema atañe también a grandes concentraciones urbanas en toda la geografía nacional, donde la amenaza se cierne bajo el principio de la privatización de los mantos acuíferos y el uso desproporcional del agua disponible.

Actualmente en nuestro país existen 906 puntos geográficos donde se han desencadenado graves conflictos entre pobladores e industrias. La disputa central es por la propiedad del agua, a veces de la mano con la propiedad del territorio. El Estado casi siempre está del lado de las empresas, al sostener una legislación que privilegia el uso industrial del líquido, antes que el abasto humano.

El estado de convulsión social por la crisis del agua, que se vive casi en silencio ante la falta de cobertura mediática, afecta a casi una cuarta parte de la población mexicana, y podría impactar a más de la mitad, de continuar los actuales planes de otorgamiento del agua para fines industriales.

Esta situación no es fortuita, es el resultado de la corrupción de la clase gobernante que en los últimos 12 años, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, gestó y puso en marcha un marco jurídico encaminado a favorecer a las grandes trasnacionales que han puesto sus ojos en el territorio mexicano.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la insistente postura del gobierno mexicano de sostenerlo a costa de lo que sea es uno de los mejores motivos que los promotores del uso desmedido y la privatización del agua han encontrado para seguir arrebatándole ese recurso a la población en su conjunto.

El despojo del agua es también alentado por la corrupción empresarial, que en los últimos años ha ido al alza y ha permitido que muchas compañías consoliden su expansión. Sólo en 2016 la práctica de la corrupción y el soborno empresarial creció en nuestro país 18% en relación con el año anterior.1

México se ubica en segundo lugar, sólo después de Rusia, en la lista de países donde las empresas realizan pagos extraoficiales para obtener beneficios del gobierno.2 Las prácticas más comunes son el uso de relaciones personales o familiares para conseguir contratos públicos, los sobornos a políticos de alto nivel o a partidos políticos, y los sobornos a funcionarios de nivel inferior para acelerar trámites.

Sólo en ese contexto se puede entender cómo durante los últimos años el agua de uso común ha pasado a manos de las empresas privadas para favorecer su actividad. En un sondeo propio con 110 posesionarios de agua en 18 estados del país, descubrí que la corrupción está presente en trámites como la perforación de pozos y la obtención de concesiones de uso de agua. El 47% de los entrevistados aseguró haber realizado pagos extraoficiales para agilizar los trámites u obtener el permiso de uso de agua para fines industriales, agrícolas y ganaderos. El 24% hizo pagos directos a funcionarios federales, 18% pagó cuotas a funcionarios municipales, 4% pagó a miembros del crimen organizado, en tanto que 14% pagó “asesores particulares” para llevar el trámite.

Aun cuando la Ley Federal de Derechos Aplicable en Materia de Aguas Nacionales establece que por cada título de asignación o concesión para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales se hace un pago de 2 mil 535 pesos, los concesionarios entrevistados para este trabajo que pagaron para agilizar sus trámites gastaron de 7 a 12 veces más que lo establecido, contribuyendo así a la corrupción del sistema.

La corrupción a gran escala es la más preocupante, ya que afecta de forma incisiva sectores elementales como salud, educación e infraestructura.3 Desde luego, los altos niveles de corrupción empresarial no serían posibles si las élites del gobierno mexicano no fueran partícipes del proceso. Tan sólo durante 2017 las empresas mexicanas mostraron un incremento de 2%, respecto al año anterior, en la cantidad de acciones relacionadas con el fraude, el soborno y la corrupción, las cuales involucraron en su mayoría a funcionarios y dependencias del gobierno federal.

A escala mundial, en una proporción casi general, el agua se destina en 26% al uso industrial, 14% al uso agrícola y 60% al uso doméstico. Sin embargo, en nuestro país esos valores cambian drásticamente: 34% se destina al uso industrial, 32% al uso agrícola y solamente 34% al uso doméstico.

En términos generales, los núcleos poblacionales en México utilizan casi la mitad del agua de la que disponen otras localidades parecidas en el resto del mundo. Aun así, la legislación federal vigente y la política de desarrollo económico propuesta por la administración de Peña Nieto empujaron a un mayor despojo: en los próximos cinco años, de no revertirse dicha legislación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los núcleos poblacionales en México podrían llegar a utilizar menos de 20% del agua disponible en nuestro país.

Esta situación ha generado 906 conflictos sociales en el país. Al menos en la mitad de ellos se ha desatado la violencia con saldos desfavorables para los defensores del agua, quienes han pagado con pérdidas humanas, secuestros, extorsiones, amenazas, desapariciones, encarcelamiento y persecución judicial.

EL MODELO DE DESPOJO: CRIMEN, POLÍTICA Y EXPLOTACIÓN

En este panorama se ha detectado cómo diversos grupos criminales, muchos de ellos asociados al tráfico de drogas ilegales, han visto la posibilidad de vender sus servicios delictivos a los grandes corporativos empresariales, para disuadir los movimientos sociales por medio de la persecución de activistas de la defensa del agua.

La presencia criminal en los conflictos por el agua se ha detectado en todo el territorio nacional, pero con mayor frecuencia en Sonora, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México y Zacatecas, los estados donde se extrae la mitad del agua que utilizan las empresas asentadas en el país.

El modelo de despojo en México no es una mera suposición, es un hecho reconocido por 101 organizaciones civiles, comunidades y colectivos. Así se lo hicieron saber a la ONU en el “Informe Sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México 2017”, donde se asienta que “en México prevalece un modelo de gestión excluyente e insostenible que favorece a los negocios muy particulares”. Este documento se entregó al relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Léo Heller, en ocasión de su visita a nuestro país en mayo de 2017.

En el recorrido que hacen estas organizaciones a lo largo del territorio nacional en una investigación documental de 10 años, se detallan “las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del líquido, que en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos”.

En el informe se revela que las industrias de desarrollo han despojado a comunidades enteras de su derecho al líquido, un proceso que se recrudeció a partir de la reforma energética que promovió el gobierno de Peña Nieto desde 2013. Esta reforma establece que las actividades de exploración y explotación del subsuelo de las empresas mineras y de extracción de hidrocarburos tienen “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”.4

Con esa motivación legal, ya son miles las empresas del sector primario, tanto subsidiarias de las estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) como privadas nacionales y trasnacionales, que se han posesionado del agua, dejando en segundo plano el suministro a otras actividades consideradas como minoritarias.

Tan sólo al cierre de 2018 se registró una insostenible desproporción de uso del vital líquido para fines industriales frente a los de uso doméstico. En el ámbito minero, por ejemplo, una planta de mediana proporción utiliza en un solo día el agua que sería suficiente para el sostenimiento de una población de 60 mil habitantes durante un año. No es de extrañar que los conflictos sociales se acentúen en aquellas entidades con vocación minera, como Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas, donde se concentra casi 75% de los problemas de disputa del agua y la delincuencia organizada defiende los intereses de los corporativos.

La lucha por el agua ha costado sangre y libertad a los defensores de derechos ambientales. En los últimos cinco años han sido asesinadas 122 personas al frente de movimientos de defensa del agua, otras 139 han sido encarceladas, 163 cuentan con orden de aprehensión por delitos fabricados, 74 se encuentran desaparecidas y por lo menos 270 líderes comunales han tenido que desplazarse ante las amenazas de muerte. Resulta significativo que las agresiones contra los activistas tienen mayor incidencia en poblaciones aledañas a las cuencas hidrológicas de mayor explotación industrial, entre ellas las de los ríos Balsas, Bravo, Yaqui, San Lorenzo, Colorado, Sonora, Pánuco, Asunción, Coatzacoalcos, Marabasco, Jamapa, Lerma-Chapala, Papaloapan y Coahuayana.

La propia Comisión Nacional del Agua (Conagua), encargada por mandato constitucional de administrar este recurso vital, reconoce que esas cuencas hidrológicas, hacia finales de 2018, representaban el mayor grado de explotación minera, al aportar un promedio anual de 328.4 millones de m³ de agua al mal planeado desarrollo económico.5 Esta cantidad de agua equivale a la que podrían utilizar en conjunto durante casi 50 años las poblaciones actuales de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y representa casi 0.07% de toda la reserva de agua dulce renovable con la que cuenta el país.

Al consumo de la industria minera se deben agregar los volúmenes de líquido de otras industrias como la agroalimentaria, que no son menores y también significan un arrebato a la población. Tan sólo a la industria autoabastecida —empresas que toman el agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos— se le otorgan 634 mil 700 m³ de agua al año, mientras que para la operación de termoeléctricas se han concesionado 414 mil 900 m³ de agua por año.

MINERAS PRIVILEGIADAS

Según el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) del gobierno federal, los mayores posesionarios de derechos de agua no son los gobiernos municipales o estatales, sino las empresas privadas dedicadas a la minería, la agroindustria y las bebidas embotelladas.

De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Heinrich Böll en colaboración con la organización CartoCrítica, el Grupo México, del giro minero, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, es el que tiene la mayor cantidad de concesiones de agua: este consorcio es dueño de 142 títulos que amparan el uso directo, sin restricción, de más de 90 millones 612 mil 942 m³ de agua al año.

De esas concesiones, la mayoría logradas gracias a las buenas relaciones del empresario con las élites de gobierno, por lo menos 103 son para la operación de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea; 14 para Industrial Minera México y 11 para Mexicana de Cananea, todas ubicadas en el mismo municipio, en donde la población no está abastecida al 100%, y donde la mayoría de los trastornos de salud tiene su causa en la escasez del líquido.

La segunda empresa a escala nacional con la mayor cantidad de títulos de concesión de uso de agua también es una minera: la canadiense Goldcorp Inc., propiedad de Ian Telfer, que cuenta con 74 permisos, los cuales le permiten utilizar hasta 47 millones 656 mil 34 m³ de agua al año. De ellos, 63 son para la operación de la empresa Peñasquito, ubicada en una zona semidesértica de Zacatecas, donde las poblaciones de Mazapil y Salaverna no cuentan con el abasto mínimo de agua.

Por su parte, el Grupo Cemex, de Fernando A. González, se ha hecho de 48 concesiones, que amparan un suministro anual de hasta 12 millones 903 mil 727 m³ de agua, los cuales permiten la operatividad de sus 17 plantas industriales, tanto de extracción como de trituración de derivados pétreos, que se extienden a lo largo de todo el territorio nacional.

La Minera Frisco, empresa de Carlos Slim, es otro de los gigantes de la industria consumidora de agua. Tiene 36 concesiones que amparan el uso irrestricto de hasta 10 millones 251 mil m³ de agua al año. Ocho de esos permisos son para la mina Real de Ángeles, ubicada en el desierto de Mexicali, donde los pobladores de San Felipe no cuentan con el abasto regular del vital líquido.

Para entender la forma en la que el agua se ha entregado al sector minero, hay que hacer un simple comparativo; por ejemplo, los 90 millones 612 mil 942 m³ de agua que utiliza el Grupo México en un año son suficientes para el sostenimiento de la vida cotidiana durante ese mismo periodo en una población equivalente a la de la ciudad de Zacatecas, Fresnillo, Navojoa, Guaymas, Texcoco o Tulancingo.

Goldcorp Inc., Cemex y Frisco hacen un gasto equivalente al que realiza en promedio 30% de los municipios de todo el país con poblaciones que oscilan entre los 2 mil 500 y los 15 mil habitantes, donde al menos una décima parte de la población carece de acceso al agua entubada en sus domicilios.

REPRESIÓN, LA CONSTANTE

Uno de los riesgos más graves es la simbiosis que estas compañías han establecido con el gobierno federal y en ocasiones con células del crimen organizado. Esto ha ocurrido con la intención de reprimir cualquier manifestación de inconformidad por parte de las comunidades despojadas, las cuales sufren agresiones tan anónimas como violentas.

La respuesta corporativa a las protestas es un guion bien ensayado: se ha copiado del protocolo de las industrias mineras europeas en África y Centroamérica, las cuales comienzan a infiltrar los movimientos de resistencia, después dividen a las comunidades y luego llegan hasta la persecución de los líderes, que muchas veces termina en desaparición o asesinato.

El hostigamiento contra los defensores de la tierra se ejecuta por dos vías: primero por la legal, mediante delitos falsos y órdenes de aprehensión. Si no funciona de ese modo, se opta por la vía del anonimato, donde intervienen con amenazas diversos grupos criminales.

Este guion también lo siguen instancias oficiales con desarrollos que enfrentan oposición de los defensores del agua, como es el caso de la CFE y Pemex, que han criminalizado las protestas sociales para seguir adelante con el despojo y poner en marcha sus proyectos de beneficio exclusivo para el sector privado.

Un claro ejemplo de esto ocurre en Cuetzalan, Puebla, en la Sierra Norte, donde activistas que se oponen a la operación de cuatro proyectos hídricos de la CFE actualmente cuentan con órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de haber liderado movimientos sociales. A causa de su labor de defensa del agua, hasta el cierre de esta investigación, eran buscados para ser procesados penalmente Rufina Edith Villa Hernández, de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicauanij; Álvaro Aguilar Ayón, asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske; Nazario Diego Téllez, representante del Grupo Altepetajpianij y cooperativista de Tosepan Titataniske, y Luis Enrique Fernández Lomelín, investigador universitario.

Bajo la confección de delitos falsos del orden federal, también eran perseguidos por la FGR Francisco Jiménez Pablo, líder nacional del Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) y exmiembro del gobierno en rebeldía del EZLN; Alfredo Guerrero Santos y Manuel Gaspar Rodríguez. Este último, tras la persecución emprendida en su contra, fue asesinado a punta de navaja en un hotel del municipio de Cuetzalan la mañana del 15 de mayo de 2018, en hechos que la fiscalía de Puebla acreditó como “resultado de un conflicto pasional”. En ningún momento la fiscalía reconoció la posibilidad de que el crimen se vinculara con su labor como activista, pese a que ocurrió dos días después de que organizara un foro regional de defensa de la tierra en Chignautla, donde expuso el intento de despojo del agua de las comunidades para fines industriales. En la investigación oficial del homicidio tampoco se tomaron en cuenta las amenazas de muerte que el defensor había denunciado ante la autoridad ministerial y que también hizo públicas en sus redes sociales.6

En su último acto público, Manuel Gaspar denunció la colusión del gobierno estatal y federal con empresas privadas, para ceder la mayoría de los mantos acuíferos de la zona norte a favor de al menos 15 proyectos de generación de energía y extracción de gas, sin importar la oposición de los pueblos originarios. El ambientalista también evidenció la presencia de células del crimen organizado, en este caso del llamado y poco reconocido Cártel del Totonacapan, el cual, aseguró, está al servicio de la empresa ICA para amedrentar a los líderes de los movimientos que se oponen a la construcción de cuatro subestaciones eléctricas sobre el río Apulco: Ana, Boca, Conde y Diego, las cuales alimentarán a los proyectos mineros del Grupo Frisco en Tetela de Ocampo.

De acuerdo con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), sólo en la zona norte de Puebla, en Ocotepec, Cuetzalan y Pahuatlán, se encuentran amenazados al menos 60 activistas que se han opuesto a las operaciones de Living Water International y Gaya, esta última promotora del megaproyecto de TransCanada, que incluye la construcción del gasoducto Tula-Tuxpan.

El asesinato de Manuel Gaspar fue el número 33 de los cometidos contra defensores de la tierra y del agua de 2017 a 2018, y se sumó a los 122 asesinatos cometidos contra defensores de derechos humanos y ambientalistas que ocurrieron durante el sexenio de Peña Nieto, de los que al menos 110 siguen en completa impunidad, sin que cuenten siquiera con el señalamiento de los posibles actores materiales.

NOTAS

1 Reporte global de fraude y riesgo, Kroll-Forrester Consulting, 2017, p. 68.

2 María Amparo Casar, México: anatomía de la corrupción, 2016, p. 28.

3 “Fraude y corrupción, un análisis de su impacto en las organizaciones”, Encuesta de Delitos Económicos 2018, Consultoría PwC, México, 2018, p. 15.

4 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, Transitorio Octavo, párrafos primero y segundo, Diario Oficial de la Federación, 16 de marzo de 2018.

5 Conagua, Estadísticas del agua en México, México, noviembre de 2017, p. 36.

6 Amnistía Internacional, comunicado Acción Urgente, 18 de mayo de 2018.

2

La industria como prioridad

No tenemos agua para consumo humano.

LEONCIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ,
presidente municipal de Zaragoza, Coahuila

La ola de violencia que vive México no es fortuita, aunque no toda se puede atribuir al tráfico de drogas, como pretende hacerlo el Estado mexicano. Una gran parte tiene su origen en la disputa por los recursos naturales. De modo que tampoco es casualidad que los mayores focos de violencia se registren en aquellas regiones en donde se han asentado grandes proyectos de inversión. Como señala Dolores Rojas, de la Fundación Heinrich Böll, los poderosos grupos empresariales se aprovechan de la debilidad del Estado para ejercer una función de autoridad por medio de la violencia. Todo el territorio nacional es un ensayo de esta práctica.

De la mano de los proyectos de desarrollo —principalmente extractivos o industriales que requieren de un desmedido uso del agua— aparecen los grupos criminales, que encuentran grandes utilidades económicas en los conflictos con la población. Por citar sólo un ejemplo, miembros del llamado Cártel del Totonacapan se han asociado con algunas empresas que intentan implementar la técnica de extracción conocida como fracking en la Sierra Norte de Puebla, y reciben un pago de entre 500 y 700 dólares mensuales por causar temor entre los activistas defensores del agua.

De acuerdo con una fuente de esa organización criminal, su labor “consiste en ubicar a los principales promotores de la resistencia civil contra la instalación de los proyectos extractivos. Luego de la ubicación, comienza la intimidación con amenazas de muerte y hostigamiento a los líderes y sus familias. Sólo después de la orden, que casi siempre se hace a través de empleados de los gobiernos locales, es que se procede al asesinato”.

Según la organización Global Witness, en la actualidad, México es el cuarto país a escala global y el tercero de América Latina con los mayores niveles de agresión contra ambientalistas, apenas por debajo de países como Brasil, Colombia y Filipinas, donde la expansión empresarial también se basa en el despojo de los recursos naturales.1

PERIODISTAS, VÍCTIMAS COLATERALES

La cantidad de agresiones contra los defensores del suelo y del agua en México es casi igual de sangrienta a la que se registra en el gremio periodístico: en 2017, frente a las 17 víctimas mortales que registró el periodismo, se presentaron 15 ejecuciones de defensores de derechos ambientales, mientras que en 2018 se registraron ocho asesinatos de ambientalistas frente a 18 de periodistas.

En la lista de periodistas asesinados en 2018, se ubican al menos seis que además de dar cobertura a temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción política, también fueron voceros de grupos poblacionales que denunciaron el arrebato de los recursos naturales en comunidades rurales, cruzando la tenue línea que a veces se traza entre periodismo y activismo social.2

En ningún caso las autoridades ministeriales locales o federales quisieron reconocer como posible móvil del crimen las denuncias públicas hechas por medio del trabajo periodístico contra los proyectos corporativos. En la mejor de las situaciones, como ocurrió con los asesinatos de José Guadalupe Chan, Leobardo Vásquez Atzin y Rubén Pat, se establecieron líneas de investigación que apuntan a la participación de grupos relacionados con el tráfico de drogas ilegales. Ni por equívoco se menciona la posibilidad de que estas células criminales hayan servido a funcionarios locales o mandos corporativos de las firmas afectadas por las revelaciones periodísticas.

En las investigaciones de los asesinatos de Juan Carlos Huerta Gutiérrez, Carlos Domínguez y Héctor González Antonio, las principales hipótesis oficiales refieren “venganzas personales”, lo cual podría tener sentido si se considera la posibilidad de que esas venganzas se hayan producido por las denuncias de despojo de los recursos naturales.

“Los gobiernos y las empresas —señala el informe citado de Global Witness— han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o al menos de acuerdo con la ley, lo que los convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas”. El gobierno mexicano, al igual que el de otros 21 países de América Latina, Asia y África, ha contribuido con su inacción “a que aumenten los homicidios de personas que se manifestaban contra la agricultura a gran escala, a medida que crece la fiebre mundial por acaparar la tierra”. El Estado “ha permitido la impunidad sistémica, que posibilita que los perpetradores estén casi seguros de que nunca serán llevados ante la justicia”. De hecho, “los gobiernos suelen ser cómplices de los ataques” o, lo que es más temible, una gran cantidad de homicidios los han cometido las propias “fuerzas de seguridad del gobierno a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria”.3, 4

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la mayoría de los atentados contra activistas se registra en zonas con proyectos mineros. En segundo lugar, las agresiones ocurren en regiones donde se pretenden implantar proyectos hidráulicos y de infraestructura; otras se relacionan con proyectos inmobiliarios, de energías renovables, y con la lucha contra la tala clandestina y proyectos turísticos. En todos los casos va de por medio el despojo del agua.

Las estadísticas del Cemda revelan que el número de agresiones contra los defensores del ambiente ha ido en aumento en forma alarmante, pues sólo de julio de 2016 a diciembre de 2017 se tuvo conocimiento de 88 atentados en 23 de las 32 entidades federativas, donde resultaron asesinadas 29 personas.

Los estados donde se registró la mayor cantidad de ataques son el Estado de México con 10 casos; Oaxaca y Puebla con ocho casos cada uno, Chiapas y Sonora con seis agresiones, respectivamente; Ciudad de México y Yucatán con cinco casos cada uno; Campeche, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Zacatecas con cuatro atentados en cada uno. En la lista del Cemda, también se menciona a Hidalgo, con tres atentados, Baja California con dos, y Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Quintana Roo y Sinaloa con un caso por entidad.

A estos datos se suman los del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Según esta dependencia de la Secretaría de Gobernación, en lo que va del sexenio de López Obrador ya son 276 las personas que han solicitado medidas de protección para ejercer su labor de defensa del suelo y del agua, tras considerar que su vida está en riesgo. La cifra destaca frente a los 81 periodistas que en el mismo periodo han reclamado protección para ejercer su trabajo, una situación que no ocurre en ninguna otra parte del mundo.

Las estadísticas oficiales del gobierno mexicano hablan por sí solas: la mayor cantidad de medidas oficiales de protección brindadas a activistas se ubican en los estados con la mayor operación extractivista y de uso de agua con fines industriales.

Así, las entidades con mayor inversión extranjera directa —las cuales durante el sexenio de Peña Nieto recibieron a casi 67% de las empresas trasnacionales que decidieron asentarse en nuestro país—, como la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz, son las que concentran a 85.9% de los ambientalistas amenazados por su labor y que ahora son protegidos por la misma federación.

Sólo en la Ciudad de México, a causa de la defensa del agua, se encuentran amenazados de muerte 78 ambientalistas. Esto como resultado de la lucha social para que las reservas de agua de la capital se destinen al uso doméstico, y que no se privilegie con ese suministro a la planta industrial. En Jalisco son 43 activistas sobre los que pesan amenazas de muerte a causa de su lucha por el suelo y el agua, en Michoacán 37, en Oaxaca 28, en Chiapas 21, en Guanajuato 20, en Querétaro 17, en Chihuahua y el Estado de México son 16 por cada entidad; en tanto que en Hidalgo, Puebla y Veracruz se cuentan 13 activistas en esa situación, respectivamente.

Las agresiones contra los activistas no sólo se materializan en asesinatos, también se dan mediante la persecución judicial, como es el caso de los defensores del suelo y del agua que se opusieron al proyecto del Gasoducto Morelos, el cual cruza por los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos. En este caso 11 defensores de la tierra, liderados por Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís, fueron acusados de pandillerismo tras firmar una minuta de trabajo con el apoderado legal de la CFE, Julio Chapa Garza. Lo que pedían era la cancelación formal del gasoducto en San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, no sólo por el riesgo que el proyecto representa para la población, sino porque el paso de la tubería significaría el desabasto de agua para medio centenar de comunidades rurales.

Los imputados, Francisco Torres Cortés, Federico Villalba Ramos, Avelino Juan Gutiérrez Díaz, Gregorio Fuentes Ramos, Albino Villalba Díaz, Adela Ramos Villalba, Eusebio Aguilar Torres, Avelino Velázquez Tapia y Alejandro Torres Chocolatl, fueron procesados penalmente, y aunque luego de cuatro años de persecución judicial consiguieron la absolución, ahora enfrentan amenazas de muerte desde el anonimato.

DINERO A CAMBIO DE SED Y CONTAMINACIÓN

Integrantes del grupo de los hermanos Beltrán Leyva que operan en la zona limítrofe entre Puebla, Tlaxcala y Morelos, donde se asienta el proyecto del gasoducto Morelos, reconocen trabajar para la CFE con la consigna de “mantener a raya a los manifestantes”. La relación entre la CFE y los miembros de este clan delictivito se entiende en función de la importancia económica del gasoducto, el cual servirá, vía la termoeléctrica, para suministrar energía al sector minero, en plena expansión en Morelos. El proyecto será vital para llevar a cabo la explotación comprometida por el gobierno federal con empresas trasnacionales por medio de los 69 títulos de concesión otorgados hasta 2016. Con ellos se ha arrebatado a la población de más de 130 mil 347 hectáreas de suelo, equivalentes a 26.28% de la superficie del estado.

Se pretende que el gasoducto Morelos se extienda desde el gasoducto Esperanza-Venta de Carpio, en Tlaxcala, hasta las centrales eléctricas y zonas industriales en Morelos, a fin de abastecer de forma ilimitada el gas que permitirá la operación de dos plantas eléctricas en Yecapixtla, una de ellas la polémica de Huexca.

Esta operación involucra 320 mil pies cúbicos de gas, necesarios para el funcionamiento de minas como la de Tetlama, en Temixco. Hoy en día esta mina es un punto de conflicto entre los pobladores, pues de acuerdo con la ANAA podría haber “graves daños ambientales, sociales y al patrimonio cultural”. Lo anterior debido a que se pretende establecer una mina a cielo abierto para la extracción de oro, la cual además dispondrá de casi 70% del agua disponible para la población.

Con esta mina, que operará Esperanza Silver de México, filial de la canadiense Alamos Gold Inc., se corre el riesgo, según la propia ANAA, de “infiltración de lixiviados a los acuíferos y ríos de la región”. De modo que el impacto ambiental sería muy severo, no sólo por la enorme cantidad de agua que necesitan las minas de tajo abierto para la lixiviación del mineral, sino porque al término de sus operaciones las minas abandonadas pueden contaminar el agua y los suelos.

En tal circunstancia, se ha solicitado a las autoridades un compromiso de seguridad ambiental frente a la minera, sobre todo en el cuidado del agua. Sin embargo, no se ha recibido ninguna respuesta formal del gobierno local, tanto del municipio de Temixco como del estado de Morelos. En cambio, algunos de los principales opositores a la mina, integrantes del Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, han comenzado a recibir amenazas de muerte.

Más allá del impacto ambiental de la mina, el principal temor de los habitantes de Temixco es padecer la escasez de agua, tal como ocurre en municipio de Caborca, Sonora, donde se ubica la mina El Chanate, operada también por Alamos Gold Inc. a través de la firma Minas de Oro Nacional, la cual utiliza más de 20% del agua disponible para la población urbana.

La operación de El Chanate, que abarca más de 4 mil 618 hectáreas de suelo, amparada por 22 concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal para la extracción de oro, le quita a la población de Caborca más de un millón 550 mil 369 m³ de agua al año.5 Este volumen sería suficiente para atender las necesidades de la población que no tiene agua en Caborca durante 10 años, si se consideran 100 litros de agua al día por persona, como lo establece el racionamiento mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

A la explotación irracional de agua que hace Alamos Gold Inc. en Caborca se suma la de la minera Penmont, subsidiaria de Fresnillo PLC, la cual usa cada año 9 millones 2 mil 500 m³ de agua para las minas de oro La Herradura y Noche Buena.

No sólo es el ejemplo de desabasto de agua que ha golpeado a Caborca lo que temen los vecinos de Temixco. En Morelos existe el miedo fundado de que Esperanza Silver atente contra los mantos freáticos, tal como ocurrió en Caborca. En mayo de 2015 —y así se documenta en diversos medios nacionales, entre ellos Notimex— la minera Merril Crowe, filial de la trasnacional Penmont, derramó más 70 m³ de agua contaminada con cianuro sobre los escasos mantos acuíferos que suministran a la población de esa región de Sonora.

Pese a la afectación, Merril Crowe no fue sancionada por las autoridades federales encargadas del cuidado ambiental. Bastó la declaración de los técnicos de la empresa que indicaron que la filtración no había llegado al acuífero que alimenta a una parte de la zona urbana, para que se decretara que no existía riesgo para la población, permitiendo la operación de la mina sin mayores restricciones. Sin embargo, en su informe de 2016 la Secretaría de Salud de Sonora reconoció que los padecimientos relacionados con la mala calidad del agua eran la principal causa de morbilidad entre la población de Caborca, destacando las infecciones intestinales y urinarias, así como úlceras, gastritis, gingivitis y conjuntivitis, que afectaron a la población en general, según lo reconoce el informe público del sector salud.

El gobierno de Sonora lo admite, pero no lo dice de manera clara: la actividad de las mineras y su efecto colateral es lo que ocasiona que las enfermedades relacionadas con la falta de agua o el uso de agua contaminada sean la segunda causa de mortalidad, sólo superadas por las infecciones respiratorias agudas.

En Altar, otro municipio de Sonora, la minera Santa Rita, subsidiaria de la canadiense Aurico Gold Inc., se apunta como una de las que han propiciado que la morbilidad siga en aumento, pues es la principal extractora de aguas y generadora, según se establece en los datos del Repda. Las filtraciones de cianuro a los mantos freáticos se han visto ya como normales, obligando a la población a un cada vez más escaso abasto de líquido a costa de la salud colectiva. En esas condiciones, se han incrementado las enfermedades diarreicas, urinarias y gástricas desde mayo de 2016, cuando la minera Santa Rita derramó más de 400 m³ de agua contaminada con cianuro.

MINAS DE MUERTE

Los vecinos de Temixco tienen miedo. La operación de la mina de oro a cielo abierto que pretende poner en marcha Esperanza Silver perfila un paisaje apocalíptico. La ANAA considera que “los desmontes y despalmes y, posteriormente, las actividades de cortes, rellenos y conformación de apilamientos de mineral y tepetate”, tendrían un impacto directo en la vida silvestre, sobre todo en aquellas especies endémicas que se encuentran en peligro de extinción.6

Pero lo más grave son las altas probabilidades que el cianuro tiene de contaminar el agua. El proyecto minero se ubica en las inmediaciones del río Sabinos, uno de los afluentes principales que nutren la cuenca del río Cuautla, en zona de conservación ecológica decretada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno de Morelos.

Con todo, el plan de Esperanza Silver es iniciar su proyecto de excavación a finales de 2019, sin atender los reclamos de organizaciones como la ANAA, cuyo diagnóstico se basa en dictámenes de especialistas y en otras experiencias mineras en el país:

El cianuro que usaría la mina es extremadamente tóxico. Los derrames de cianuro exterminan la vegetación al interrumpir la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. En cuanto a los animales, el cianuro puede ser absorbido a través de su piel, así como ingerido o aspirado. Concentraciones en el aire de 200 partes por millón (PPM) de cianuro de hidrógeno son letales para los animales, mientras que concentraciones tan bajas como 0.1 miligramos por litro son letales para especies acuáticas sensibles.

En cuanto a la afectación a las personas, el cianuro se considera letal cuando se ingiere en agua de uno a tres miligramos por cada kilo de peso corporal. Cuando se asimila a través de la piel, de 100 a 300 miligramos por cada kilo de masa pueden causar la muerte, pero si se aspira, entre 100 y 300 partes por millón son suficientes. “Esto significa que una porción de cianuro más pequeña que un grano de arroz sería suficiente para matar a un adulto”, alerta la ANAA.

El cianuro, indispensable en el procesamiento químico del oro, es la principal causa del envenenamiento del agua. Los territorios que ocupan las 704 minas que extraen este metal se consideran prácticamente un área de devastación de los mantos acuíferos.7 La población no recibe ningún beneficio por la generación de esa riqueza y termina pagando con consecuencias a la salud.

La sobreexplotación de los mantos freáticos agota las reservas disponibles de agua. Esto lleva a las comunidades a optar por la perforación profunda de pozos, incrementando las posibilidades de que el agua contenga arsénico. No obstante, hasta la fecha la Conagua no ha sido capaz de delimitar los niveles de profundidad de extracción en donde el agua corre el riesgo de contaminarse con arsénico. La clasificación de “pozos profundos” y “semiprofundos” que alerten sobre la contaminación natural del agua por arsénico es relativa en todo el país.

Así, mientras en Chihuahua, Durango o Sinaloa se considera que un pozo es profundo cuando el agua se encuentra a más de 170 metros, en Oaxaca, Michoacán o Chiapas, esa calificación se le otorga a los pozos cuyo espejo de agua se ubica a sólo 100 metros de profundidad. Esta disparidad en las medidas de extracción hace imposible un reglamento en la perforación de pozos para evitar que la población consuma agua contaminada.

“La exposición crónica que resulta de beber agua con altos niveles de arsénico durante un largo periodo de tiempo (cinco a 20 años), es conocida como arsenicosis”, refiere Pablo Ubaldo Caballero, maestro en ciencia especializado en la protección del agua en ecosistemas. “Las consecuencias en la salud incluyen cambios en la pigmentación de la piel, enfermedades vasculares como problemas de los vasos sanguíneos en los pies y las piernas, gangrena de las piernas (blackfoot disease), cáncer de la piel, del hígado, riñón y pulmones. Otros síntomas posibles son diabetes, alta presión sanguínea y problemas reproductivos.”8

La tesis de Caballero sobre los riesgos por ingesta de arsénico en el agua surge de un muestreo de pozos noria y semiprofundos, así como de diferentes cultivos, como tomate, lechuga, frijol y maíz, pertenecientes al paraje Flor de Guayabal, en el municipio de Tlacolula, Oaxaca, entre julio de 2006 y abril de 2007. Al menos en los comestibles no se encontraron evidencias sobre la presencia de este metaloide. Sin embargo, en los pozos se encontró en una proporción de 0.1 miligramos por litro, un nivel que supera los valores establecidos en la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994 de Salud Ambiental y Agua para Uso y Consumo Humano. El límite máximo permisible es de 0.05 miligramos de arsénico por litro.

UN PUEBLO DE MUTILADOS

En la localidad de Horizonte, en el municipio de Tlahualilo, Durango, la perforación de pozos profundos a causa del desabasto por el uso industrial del agua ha ocasionado trastornos de salud irreversibles en una población de apenas 17 mil habitantes. Así lo revelan los datos proporcionados por funcionarios del municipio de Tlahualilo. De acuerdo con el doctor Uriel Galván, el consumo de agua con arsénico ha hecho que se disparen los casos de cáncer, lesiones cutáneas, padecimientos cardiovasculares y neurológicos.

Entre 2014 y 2017, 120 personas, principalmente de la tercera edad, sufrieron la amputación de una o dos de sus extremidades inferiores. Esta investigación in situ pudo verificar y documentar decenas de casos; Juan Jáquez Muñoz, de 82 años, con una pierna amputada y problemas de orientación, vive postrado en su cama y a veces sujeto a una silla de ruedas. Nunca supo que sus trastornos de salud podrían relacionarse con el consumo de líquido contaminado, pero reconoce que el agua en Horizonte “dejó de estar buena desde hace años; luego de una escasez de más de seis meses, el agua que volvió a llegar a las casas sabía a salado”. Muy pronto su pierna comenzó a ponerse morada y tuvieron que amputársela.

Otros entrevistados refieren “complicaciones de la diabetes”, “gangrena”, “dolor en los dedos de los pies” o “problemas de circulación” como causas de la amputación. Ese fue el diagnóstico clínico que les dieron al momento de determinar el corte de sus extremidades.

Ninguno de los adultos de la tercera edad observan alguna relación entre su condición de salud y la instalación en Tlahualilo de la planta agroindustrial SuKarne, propiedad de Jesús Vizcarra Calderón. Esta empresa obtuvo la concesión de la mayor parte del uso del agua de esa zona para el sostenimiento de más de 300 mil vacas, de las que al menos 244 mil se venden cada año como productos cárnicos en el mercado nacional, en Estados Unidos, Japón y Centroamérica.

SuKarne se ostenta como la planta de producción de carne más grande de América Latina, con ventas anuales de más de 2 mil millones de pesos, según reconoce la empresa en su página oficial. Lo que no dice es que esa rentabilidad se ha conseguido despojando del agua a los habitantes del municipio de Tlahualilo, una región semidesértica donde la escasez es permanente.

La empresa de Vizcarra, propiedad de quien fuera alcalde de Culiacán, se beneficia con seis concesiones de agua, cinco a nombre de la Ganadería Integral Monarca y otra más a título de la Ganadería Integral SK, mediante las cuales el gobierno federal le ha otorgado el derecho de usar un millón 610 mil m³ de agua al año, según se establece en la información pública del Registro Público de Derechos del Agua, del gobierno federal.

En los últimos 10 años, el gobierno municipal de Tlahualilo ha logrado arrancar a la Conagua apenas 82 permisos de uso de agua para atender la demanda de la población. Los volúmenes concesionados amparan sólo 312 mil 852 m³ de agua para abastecer a más de 22 mil 600 personas. En otras palabras, en un año SuKarne utiliza para abastecer a sus vacas casi cinco veces la cantidad de agua que se destina a la población.

Los beneficios del uso de agua para SuKarne se entienden a la luz de las buenas relaciones que Vizcarra ha tenido con las administraciones federales en los últimos 20 años. En 2002 formó parte de la Comisión Nacional de Financiamiento del PRI, mismo partido que en 2003 lo postuló como diputado federal y le encomendó la presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

La empresa de Vizcarra logró instalarse en Tlahualilo luego de ser expulsada del municipio de General Escobedo, Nuevo León, donde los vecinos de las colonias Villas de San Francisco y San Miguel Residencial la identificaron como un foco de infecciones respiratorias y del tracto intestinal.

El dueño de SuKarne aceptó sin objeción la reubicación de la planta no tanto por los reclamos de un grupo de inconformes, sino porque ya se había agotado el agua a la que el gobierno del presidente Felipe Calderón le había dado acceso irrestricto mediante dos concesiones de explotación de seis pozos de agua, que en suma garantizaban el consumo de más 908 mil m³ de agua al año.

La nueva planta de producción cárnica se inauguró el 30 de marzo de 2016 en un acto donde participó el presidente Peña Nieto y Jorge Herrera Caldera, el gobernador de Durango. Como en todos los casos en donde el agua es entregada a borbotones, SuKarne anunció el quimérico sueño de un desarrollo económico para la región, haciendo alarde de una inversión de 12 mil 500 millones de pesos y la oferta de generar 200 mil empleos para los habitantes de la zona, pero parece que el progreso aún no ha llegado.

CONTAMINACIÓN Y AFECTACIÓN A LA SALUD

Los pobladores de Tlahualilo observan con desaliento cómo se va extinguiendo el agua. En la localidad de Lucero, donde se ubica SuKarne, los habitantes cuentan con una concesión que ampara a la comunidad para abastecerse con 1 500 m³ de agua al año, pero la empresa tiene autorización para extraer sólo en uno de sus pozos hasta 400 mil m³ al año. No es exagerado decir que los pobladores de Lucero se mueren de sed. El abasto es tan escaso que incluso se han registrado tomas clandestinas en las que los habitantes sustraen por las noches el líquido concesionado a SuKarne.

Al mismo tiempo, la población ha acusado graves problemas de salud. La contaminación ocasionada por el pastoreo de miles de reses en los establos que se extienden a lo largo de 474 hectáreas ha disparado afecciones respiratorias, oculares y de la piel. También ha habido decesos por rickettsias, un género de bacterias que se encuentra en las reses según los establecen tanto los informes públicos de salud del gobierno de Durango, como diversas publicaciones periodísticas locales, entre ellas las del Diario Debate. Estos microrganismos han comenzado a infiltrar la localidad de Lucero, cuyas condiciones de higiene son precarias a causa de la falta de agua. A finales de 2017, una familia de tres personas de 47, 31 y 6 años de edad murió por rickettsiosis, al ser víctimas de garrapatas que se trasladaron más de siete kilómetros, desde el llamado Parque Integradora SuKarne Lucero hasta la zona poblacional. La casa tuvo que incendiarse para terminar con la plaga.

Del mismo modo, en la población de entre 35 y 45 años se han incrementado los padecimientos ligados al uso de agua contaminada con arsénico, principalmente los relativos al hígado y riñón, según reconocen fuentes de salud municipales en Tlahualilo. Hasta antes de que llegara SuKarne, el agua para el abasto poblacional se encontraba a profundidades que oscilaban entre los 60 y los 120 metros, pero tras el agotamiento del recurso a partir de 2016, la perforación de los nuevos pozos se ha tenido que hacer a profundidades mayores a los 200 metros, donde el agua se encuentra contaminada naturalmente por arsénico, además de flúor, cuya ingestión crónica puede causar trastornos de salud dental en niños y adolescentes.

Los problemas de Lucero y Horizonte se replican en otras 50 comunidades rurales de Tlahualilo, donde la Conagua no ha puesto límites a la industria agroalimentaria en el uso del agua. Al menos así lo revelan las 12 concesiones otorgadas al Grupo Agroindustrial Lucero, que cuenta con el derecho de extracción de agua por volúmenes de hasta 5 millones 309 mil 775 m³ al año que se encuentran consignadas en los informes públicos del Repta de la Comisión Nacional del Agua.

Este grupo agroindustrial es líder nacional en la producción de leche y engorda de bovinos con la marca Rancho Lucero. En su página oficial presume tener el establo más grande de Latinoamérica, con la más alta tecnología en enormes salas donde se pueden ordeñar 99 vacas a la vez, además de contar con la capacidad técnica para engordar hasta 136 mil animales. Lo que no dice el Grupo Agroindustrial Lucero es que el agua utilizada para la engorda de sus reses y la producción de leche es 3 mil 539 veces mayor de la que dispone la población de Lucero.

Desde luego, el consumo desmedido de agua que se registra en el estado de Durango no sólo es producto de las operaciones de SuKarne, a ello contribuyen por lo menos medio centenar de empresas que se han asentado ahí, principalmente en la zona de La Laguna, una de las regiones más pobres de la entidad, pero con un potencial de agua subterránea considerable, la cual no se explota por parte de los gobiernos locales debido a los costos que representa.

CORRUPCIÓN, LA BASE DE LA INDUSTRIA

En otro municipio de Durango como Gómez Palacio, donde la escasez de agua es producto de la falta de interés del gobierno local, la mayoría de los mantos freáticos están siendo explotados a razón de un promedio anual de 30 millones de m³ de agua, los cuales serían suficientes para suministrar las necesidades domésticas de una población de 100 mil personas durante tres años.

¿Por qué hay un uso tan inequitativo del agua en la zona de La Laguna? En la búsqueda de la respuesta surge el tema de la corrupción. De otra manera no se entiende la razón por la cual la Conagua ha privilegiado las necesidades de agua de la industria sobre las carencias de la población.

Al no contar con una legislación, no existe claridad en la forma en que se otorgan los permisos de concesión de uso del agua. Tampoco se entiende por qué se niega la perforación de pozos a los órganos de gobierno municipal encargados del suministro a la población, y por qué la decisión recae siempre en uno o dos funcionarios cuyas motivaciones nadie conoce.

En Gómez Palacio se han tramitado ante la Conagua peticiones de perforación de pozos para el abasto de agua a la población desde hace más de una década. Nunca ha habido una respuesta afirmativa. Sin embargo, existen casos en los que en menos de tres meses se han resuelto solicitudes de perforaciones de pozos de agua para abastecer a la industria.

Uno de esos casos es el de Agropecuaria Campillo, empresa que ha logrado cinco concesiones que garantizan 900 mil m³ de agua al año para sus actividades agrícolas. Otras de las empresas beneficiadas con las oscuras políticas de entrega de concesiones de agua en Durango son Agropecuaria Estratto, Agropecuaria Hermanos Gilio y Agropecuaria Lula, las cuales en suma, con cinco concesiones, extraen 2 millones 569 mil 544 m³ de agua al año.

Otra de las grandes consumidoras de agua en La Laguna es Bachoco, la cual desde 2003 comenzó a adjudicarse mantos freáticos que estaban siendo inicialmente explorados por el gobierno municipal para atender la escasez de agua en la localidad. Mientras la Conagua había negado de forma sistemática la perforación de pozos al sistema municipal, de manera extraña la dependencia federal no tuvo empacho en entregar 12 permisos de explotación a la empresa industrializadora de huevo.

Entre 2003 y 2006 el sistema local de agua potable de Gómez Palacio presentó solicitudes a la Conagua para extraer de tres pozos 8 mil m³ de agua al año, pero las rechazaron con el argumento de que los mantos no tenían ese volumen de extracción. Sin embargo, la Conagua otorgó a Bachoco 12 permisos de perforación para extraer 589 mil 561 m³ de agua en los mismos sitios donde había argumentado al gobierno local los escasos niveles de los mantos freáticos.

El otorgamiento desmedido de los recursos hídricos a Bachoco hizo que la productividad de la firma creciera de forma considerable a escala local e internacional. Entre otras empresas, por ejemplo, adquirió Perla Pet Food, dedicada a la elaboración de alimentos para perros y gatos bajo las marcas Can Pro, Choice Nutrition y Cat Catrina, así como Ibertville Quality Foods.

BACHOCO: NEGOCIOS DE FAMILIA

El crecimiento de Bachoco a partir del despojo en Gómez Palacio lo reconoció el propio gobierno federal en 2017, cuando Enrique Peña Nieto le entregó a la empresa el Premio Nacional Agroalimentario, que otorga el Consejo Nacional Agropecuario. En la ceremonia oficial, el presidente resaltó “los estándares de calidad” y el “aporte social mediante la generación de empleos” que Bachoco hace en la zona de La Laguna.

Además de Durango, los bastiones productivos de la compañía se extienden también a Sonora, Puebla, Veracruz y Michoacán, donde de la mano del gobierno federal se ha afianzado como una de las más rentables en el ramo agroalimentario. No obstante, a su paso ha dejado un rastro de señalamientos sociales por el arrebato del agua y la contaminación que produce.

Bachoco, propiedad de la familia del exgobernador de Sonora Eduardo Bours, controla más de la mitad de la producción avícola y porcina en el país. Entre sus socios se encuentran las firmas trasnacionales Pilgrim’s Pride y Tyson, señaladas desde el sector de la defensa del medio ambiente de ser responsables del brote de influenza H1N1 en 2009 luego que el propio sector salud del gobierno federal, en un informe público, reconoció la existencia del “paciente cero”, en las cercanía de esas granjas avícolas, en el estado de Veracruz

En las inmediaciones del municipio de Perote, Veracruz, tan sólo a algunos kilómetros de donde se identificó el “paciente cero” de la pandemia, Bachoco opera uno de sus más de 700 centros de producción porcina, los cuales han sido señalados por autoridades locales como verdaderos centros de contaminación. A las granjas de Bachoco se les atribuye el alza de enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias en la región. Con todo, las autoridades federales no han ejercido ningún tipo de sanción.

Bachoco cuenta no sólo con 28 licencias de explotación de agua que garantizan el suministro de 2 millones 57 mil 156 m³ de agua al año, sino con permisos oficiales para desechar agua contaminada sobre los cauces hidrológicos de Veracruz que asciende a 102 mil 200 m³ por año. Esta cantidad es el doble del agua contaminada que generan las zonas urbanas de las ciudades de Xalapa y el puerto de Veracruz. Ahí los gobiernos municipales están obligados a pagar un impuesto a la federación por la emisión contaminante, además de tener un estricto programa de plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, en el caso de Bachoco, la Conagua ha sido laxa en cuanto al cobro de impuestos por aguas residuales descargadas y sólo obliga a la operación de una planta de aguas negras por cada uno de los centros de engorda de cerdos.

El uso desmedido de agua de Bachoco también se observa en el municipio de Acatlán de Osorio, en Puebla; en las localidades de Torrecillas y Los Ángeles, en el municipio de Villagrán, así como en la comunidad de Crespo, en Celaya, Guanajuato.

En Acatlán, una de las localidades más pobres de la mixteca, donde sólo cuatro de cada 10 personas del municipio tienen acceso al agua entubada en su domicilio, Bachoco cuenta con la autorización del gobierno federal, según la información del Repda de la Conagua, para utilizar, contaminar y desechar hasta 9 mil 64 m³ de agua al año, una cantidad que sería suficiente para atender la demanda de agua potable de más de la mitad de los 25 mil pobladores que no tienen acceso a ese servicio, y que para abastecerse tienen que recorrer hasta cinco kilómetros.

Lo mismo sucede en las poblaciones de Torrecillas y Los Ángeles, en Guanajuato, donde Bachoco es la dueña absoluta de 163 mil 453 m³ de agua al año, y en Celaya de 946 mil 420 m³, de los que dispone en forma directa desde el subsuelo para el sostenimiento de sus granjas. En esas localidades, la polución y los desechos orgánicos han hecho que aumenten las enfermedades respiratorias de los habitantes de la zona, quienes ya han insistido en la reubicación de las granjas, sin que las autoridades municipales y estatales hagan algo para solucionar el conflicto.

AGUA A DISCRECIÓN

Varios de los principales beneficiarios de la entrega discrecional de concesiones de uso del agua son políticos ligados a la industria. El fenómeno no es extraño en México, donde la clase empresarial ha captado espacios de gobierno en todos los órdenes institucionales, y no es ningún secreto que muchos políticos elegidos por votación popular tienen empresas que se benefician con programas a modo. La apropiación del agua es uno de los renglones que de manera muy discreta es el más codiciado y el más rentable, gracias a las políticas oscuras de la Conagua.

De acuerdo con el Repda, la industria autoabastecida del país pasó de utilizar 2 mil 971 millones de m³ de agua en 2006 a 4 mil 266 millones de m³ en 2017. En lo que hace a la industria agrícola y agroalimentaria, una de las principales consumidoras de agua potable, los volúmenes de uso aumentaron en una proporción mayor, pasando de 59 mil 666 millones de m³ en 2006, a 66 mil 799 millones de m³ en 2017. Mientras tanto, las comunidades rurales manifiestan necesidad de agua y no se les entrega.

La desigual política nacional de distribución de agua también se observa en los volúmenes destinados a la generación de energía eléctrica. Las plantas hidroeléctricas, las termoeléctricas, las carboeléctricas y la nucleoeléctrica, registraron incrementos que pasaron de mil 273 millones de m³ en 2006 hasta 4 mil 147 millones de m³ en 2017.

Por lo que refiere el Repda, se sabe que el abasto de agua a la población, clasificado como de abastecimiento público, pasó en las dos últimas administraciones federales de 10 millones 741 mil m³ en 2006, a 12 millones 628 m³ en 2017. En términos de distribución real, esto significa que en ese periodo sólo uno de cada 10 habitantes que no tenían agua pudo acceder a ese servicio. En suma, por cada millón de metros cúbicos de agua entregados al abasto de población, el gobierno federal concesionó, a partir de decisiones unipersonales, nueve mil veces más esa cantidad a la planta industrial.

En la danza de las cifras que maneja la Conagua a través del Repda se encuentra implícita una realidad insoslayable: con la mitad del agua que se entregó a la planta industrial autoabastecida durante los dos sexenios pasados, habría sido posible atender el problema de desabasto del líquido que afecta al grueso de la población que a la fecha carece de ese servicio en todo el país.

De acuerdo con la OMS, en México el uso del agua para la generación de energía es inconsistente con la realidad, pues mientras que en el resto de América Latina y el Caribe 22.7% de la energía eléctrica se produce a partir de fuentes renovables, principalmente de energía eólica, en nuestro país solo 7.9% de la energía eléctrica tiene este origen, por lo que 92.1% se genera a partir de fuentes que afectan el ambiente, entre ellas la sustracción del agua tanto de fuentes superficiales como de mantos subterráneos.

“México tiene problemas de deterioro ambiental asociados con la sobreexplotación y contaminación de los ecosistemas por deforestación, degradación en sus suelos, deficiente calidad del aire y del agua”,9 señala la OMS, lo cual invariablemente tiene un impacto en la salud de la población, que se agrava con la escasez del agua para el sostenimiento de las actividades domésticas diarias y de higiene personal.

De acuerdo con cifras del Inegi, con fecha de corte a marzo de 2018, en nuestro país son más de 44 millones de personas las que no tienen acceso al agua, una cifra que se estrella contra la realidad expuesta en el censo económico del mismo instituto, donde se reconoce que en México se encuentran establecidas más de 5 millones 655 mil empresas, entre pequeñas, medianas y trasnacionales, de las cuales ninguna carece de servicios de suministro de agua. De estas compañías, por lo menos 61 mil 693 se encuentran dentro del padrón de Empresas Extranjeras que Realizan Actos de Comercio en México, así como en el Listado de Registro de Sociedades Mexicanas con Inversión Extrajera en su Capital Social, donde se incluyen las que se consideran grandes consumidoras de agua, y a las cuales se les privilegia el suministro por encima de las necesidades de la población.

Desde la óptica del gobierno mexicano estas empresas significaron en los últimos seis años una inversión directa del orden de los 181 mil 793 millones de dólares,10 recursos que poco o nada se reflejan en la mayoría de las comunidades a las que se les ha arrebatado el agua, obligándolas a sumirse más en la miseria.

NOTAS

1 Global Witness, ¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017, Londres, Inglaterra, 2018, p.10.

2 Véase LISTA 1 en Anexos.

3 Ibid., p. 7.

4 Véase LISTA 2 en Anexos.

5 CartoCrítica, informe Concesiones de Agua para la Mineras, México, 2016.

6 Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Carta abierta sobre Proyecto Minero “Mina Esperanza Tetlama, Morelos”, 18 de junio de 2018.

7 Coordinación General de Minería. Proyectos Mineros Operados por Compañías de Capital Extranjero, 2018.

8 Pablo Ubaldo Caballero Gutiérrez, Diagnóstico de la Contaminación de Arsénico en Pozos Semiprofundos en el Valle de Tlacolula de Matamoros, México, Oaxaca, 2010.

9 Organización Mundial de la Salud, Estrategia de Cooperación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud con México 2015-2018, p. 11, 2015.

10 Secretaría de Economía, Boletín Informativo 041/18, México, 21 de mayo de 2018.

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El agua, la inversión más atrayente

El agua no es necesaria para la vida… es la vida misma.

LEONARDO MUÑOZ, gobernador indígena de Nayarit

El problema de la disputa por el agua en México no es nuevo. Tiene al menos una década que se comenzó a agudizar, y se ha hecho visible gracias a los defensores de la tierra que han alzado la voz ante la invasora presencia de cientos de empresas trasnacionales instaladas en las zonas más marginadas del país. El conflicto ha tenido escasa difusión en los grandes medios de comunicación tradicionales, sin embargo en los últimos tres años ha cobrado importancia gracias a la acción de colectivos y organizaciones con acceso a las redes sociales y a la difusión que han hecho periodistas independientes en blogs informativos.

Al igual que ocurre con los señalamientos sobre la devastación de la industria minera, que apenas alcanzan reducidos espacios en los grandes medios, el problema del despojo del agua también ha tenido poca atención de parte del gremio periodístico, lo que sólo se entiende por los intereses económicos de los propios medios y de algunos periodistas que aspiran a conseguir o ya tienen convenios financieros a cambio del vergonzoso silencio.

Aunque el problema del despojo del agua se ha hecho más o menos visible gracias a la lucha de los ambientalistas y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los recursos naturales, aún no surte efectos sobre las esferas de gobierno en las que se encuentra la posibilidad de rectificación del marco jurídico para privilegiar el suministro de agua a la población sobre la planta industrial.

De manera tibia, sin ninguna posibilidad de que sus observaciones sean vinculantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es la única instancia oficial dentro de la estructura del Estado mexicano que ha abordado el problema del desabasto de agua. La labor de la Comisión se ha quedado en la categoría de informe con alcances meramente expositivos, en espera de la buena voluntad de las instancias oficiales para alcanzar una solución.

En mayo de 2018, la CNDH emitió el “Estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos”.1 Para las autoridades correspondientes significó una perspectiva más del conflicto por el desabasto de agua que viven millones de mexicanos. Sin embargo, tras el informe no hubo una sola reacción ni del legislativo federal y menos del ejecutivo, continuándose así con la política de entrega de concesiones de agua para fines industriales.

En su informe, la CNDH reconoció lo que ya se sabe: que el del agua es un tema complejo y de interés colectivo. Pero al menos asentó una preocupación por la forma en que ríos, lagos y acuíferos son sobreexplotados, contaminados y apropiados “por intereses particulares”.

En el mismo documento con destino a todos y a nadie, la CNDH refiere que para abatir el estado de crisis en el que ha entrado la disputa por el agua, no sólo es preciso un cambio en la distribución, sino que es necesario cambiar la visión que se tiene del líquido, al que hoy en día se considera “una mera mercancía al servicio de la industria, a costa de su contaminación y del deterioro de ecosistemas lacustres”.

“Es necesario —sigue el informe de la CNDH— ver el agua como un patrimonio colectivo sin vulnerar los derechos humanos y siendo responsables en su manejo sustentable.” Pero eso no es más que una quimérica propuesta, pues el agua se ha convertido en uno de los principales activos nacionales, superado sólo por los yacimientos de hidrocarburos, metales y minerales, con los cuales el gobierno mexicano incentiva la atracción de inversiones.

LAS MUEVE EL AGUA

Muchas empresas trasnacionales se han instalado en nuestro país durante los últimos años con la intención de apropiarse del agua para sus procesos productivos. En cualquier otra parte del mundo estarían regulados de forma más estricta, pero aquí cuentan con las garantías del marco jurídico derivado de la reforma energética.

Tras un revisión al padrón de las 61 mil 693 empresas de capital extranjero que la Secretaría de Economía reconoce con operaciones en México, se puede ver que al menos 84% requieren grandes volúmenes de agua que sería difícil obtener en sus países de origen, por lo cual resulta equívoco su discurso de desarrollo mediante la creación de empleos.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), de 2008 a 2012, en Canadá se extrajeron 15 mil 387 millones de m³ de agua para alimentar las necesidades de la industria, en Estados Unidos fueron 12 mil 248 millones de m³, pero en México se llegó a la cantidad de 127 mil 403 millones de m³,2 agua que en su mayoría fue para empresas de capital estadounidense y canadiense, principalmente del sector minero, de hidrocarburos y automotriz.

Por poner este dato en perspectiva, todo el volumen de agua que extrajo la industria de Canadá durante el periodo referido es apenas menor al que utilizan sólo las plantas refresqueras y cerveceras en México, que se estima en 12 mil 410 millones de m³. Por su parte, el volumen de agua que Estados Unidos destinó al abasto de su planta industrial entre 2008 y 2013 es igual a toda el agua que las plantas mineras y cementeras establecidas en México utilizan en un año, cuyo volumen concesionado es de 11 mil millones 907 mil m³ de agua.

RELACIÓN FINCADA EN EL AGUA

Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá deben ser los primeros interesados en mantener vigente el mayor tiempo posible el TLCAN, pues el acuerdo representa la posibilidad de suministro de agua a su planta productiva. El gobierno mexicano sigue otorgando las concesiones con una visión de desarrollo económico para el país, pero esto beneficia cada vez más a menos personas y no se refleja en las comunidades.

La codicia del gobierno estadounidense sobre el agua mexicana no es reciente. En 1944, ambos países firmaron el “Tratado de Distribución de las Aguas Internacionales de los ríos Colorado y Bravo”, uno de los 66 acuerdos de cooperación y económicos que siguen vigentes al día de hoy, y que han llevado a México a mantener el estatus de “amigo y socio de Estados Unidos”, que siempre sale a relucir en los discursos diplomáticos. Pero en ese Tratado no hay nada de amistad. Es un contrato leonino mediante el cual los estadounidenses tienen privilegios en la administración conjunta de los afluentes del río Colorado, en Tijuana, y del río Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México, y nuestro país queda obligado a pagar cuotas de agua.

El Tratado, que se ha mantenido prácticamente sin revisión en los últimos 74 años, establece que en la administración conjunta de los dos principales ríos fronterizos, al gobierno de Estados Unidos le corresponde el derecho de uso sobre 431 millones 721 mil m³ de agua, en tanto que a México le toca disponer de hasta 2 mil 96 millones 931 mil m³ al año de las aguas de los ríos Colorado y Bravo. Hasta ahí todo va bien, porque en apariencia este tratado beneficia a México.

“Pero no es así, pues Estados Unidos siempre argumenta sequías en el desierto de Texas, Arizona y Nuevo México, uno de los puntos de excepción del tratado, en donde la contraparte se obliga a la entrega de volúmenes extraordinarios de agua para subsanar esa condición”, explica el doctor Federico Mancera Valencia, especialista en temas del agua del Centro de Investigación y Docencia de Chihuahua. De esa forma el gobierno estadounidense siempre saca la mejor parte del acuerdo, sin ningún tipo de reticencia del gobierno mexicano.

Cada año, el argumento estadounidense apela a los bajos volúmenes de captación en los escurrimientos de los afluentes de los ríos Bravo y Colorado, lo cual se estableció en el acuerdo, aun a sabiendas de que esos alimentadores no aportaban gran cantidad de agua a los ríos fronterizos. Por apatía de los legisladores mexicanos, el Tratado nunca se ha sometido a revisión a pesar de que las comunidades afectadas por el desabasto de agua en la zona norte del país así lo han solicitado.

Para Federico Mancera, este es un tratado ventajoso para Estados Unidos “por el solo hecho de que la representación mexicana que lo firmó en 1944 no vislumbró los cambios climáticos que Estados Unidos, con el avance de su ciencia, ya pronosticaba, que han sucedido y se han agudizado en la forma prevista”.

Mancera, una de las mayores autoridades del país en materia de agua, considera que no sólo es necesario revisar el tratado sobre la administración conjunta de las aguas de los ríos Bravo y Colorado, “sino que es urgente replantear el uso del agua de los dos principales ríos de la frontera norte”, a fin de evitar un colapso en las actividades agrícolas y urbanas de la zona norte de México.

Cada cinco años las dos partes que conforman la Comisión Internacional de Límites y Aguas revisan los volúmenes de lluvias que caen en ambos lados de la frontera, para decidir el volumen de agua que cada país puede aprovechar, lo cual siempre deja saldos negativos para México.

Así, la deuda de agua de México con Estados Unidos se ha incrementado gradualmente desde 1992, luego de que las dos partes de la CILA reconocieron que durante el quinquenio 1992-1997 los escurrimientos en los ríos a los que tiene acceso Estados Unidos dentro de su territorio, y que alimentan a los ríos Colorado y Bravo, no permitieron al gobierno de esa nación acceder a los volúmenes de agua acordados en el Tratado.

La escasez de agua en Estados Unidos los quinquenios de 1992-1997 y 1998-2002, también conocidos como los periodos 25 y 26, hizo que México acumulara una deuda de agua a favor de Estados Unidos por un volumen estimado de 734 mil millones de m³, equivalentes a lo que en tres meses utiliza toda la planta industrial establecida en suelo mexicano. La deuda logró pagarse apenas en octubre de 2016.

En el quinquenio 2003-2007, el periodo 27, México terminó con un déficit tasado en 884 millones de m³ de agua. Para el quinquenio 2008-2012, el periodo 28, el gobierno de Estados Unidos volvió a argumentar una baja captación de agua en sus afluentes, y exigió al gobierno mexicano el pago de los volúmenes no obtenidos por lluvias, los cuales se tasaron en 324 millones de m³ de agua, y también se entregaron en octubre de 2016, con una consecuente reducción en los volúmenes de agua destinados a las poblaciones de la zona norte del país, principalmente de los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

El balance de agua entre México y Estados Unidos correspondiente al quinquenio 2013-2017, el periodo 29, se tendría que revisar antes de que termine el primer trimestre de 2019. De acuerdo con los investigadores en el tema del agua, el resultado no será distinto al de los cuatro quinquenios anteriores y México podría seguir presentando deuda de agua al gobierno estadounidense.

En los últimos cinco años, las sequías han afectado severamente la zona sur de Estados Unidos y la zona norte de México, señala el doctor Damián Porras, director de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien considera grave la desatención del gobierno mexicano para revisar cómo opera el tratado de aguas con Estados Unidos. Al menos durante la pasada legislatura, a pesar de que se presentaron varias iniciativas, el Senado de la Republica se negó a analizar las condiciones en las que se entrega el agua de los ríos Colorado y Bravo. ¿De qué tamaño será la presión del gobierno estadounidense para seguir haciendo uso de esas aguas mexicanas?

INICIATIVA AHOGADA

La más reciente iniciativa la presentó Marco Antonio Blásquez Salinas el 25 de septiembre de 2017. El senador del Partido del Trabajo planteó un punto de acuerdo para que el gobierno mexicano, a través de su canciller, se abstuviera de la ratificación de las concesiones amparadas en el tratado, donde resaltó que la entrega de agua al gobierno de Estados Unidos se estaba haciendo de manera indebida.

La iniciativa de Blásquez dice que como resultado del acta 323, complementaria del tratado, “de manera inexplicable, el gobierno mexicano ha consentido la venta de agua a Estados Unidos, lo que no forma parte de la estipulaciones del tratado”, además de considerar que dicha venta implica un recorte al suministro de agua “que deteriora la ya de por sí precaria situación de los productores del Valle de Mexicali”.

Existen más de 1,500 pequeños productores agrícolas que a pesar de contar con un decreto presidencial que les garantiza el suministro de agua del río Colorado, nunca han recibido abasto para sus cultivos. Sus tierras sólo se sostienen de las lluvias, que en esa región caen en promedio cuatro días al año, lo cual impacta negativamente en la producción de trigo, algodón, alfalfa y diversas hortalizas.

A pesar del argumento expuesto por el senador Blásquez, para terminar con la entrega de agua a Estados Unidos, sea por venta o por cumplimiento de cuotas, la iniciativa no fue aprobada. El 7 de diciembre de 2017, la Comisión de Recursos Hidráulicos desechó la iniciativa al considerar de tajo que “el acta 323 no altera ni modifica los términos de las entregas de agua a México, y se continúan aplicando, tal como ha ocurrido desde 1944”.

El rechazo a la propuesta de terminar con la entrega de agua a Estados Unidos fue firmado por los senadores priistas Aarón Irízar López, José Ascención Orihuela Bárcenas y Ernesto Gándara Camou, así como por la panista Silvia Guadalupe Garza Galván, el perredista Fernando Mayans Canabal y Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde. Los senadores Humberto Mayans Canabal y Patricio Martínez García, del PRI, y Luis Fernando Salazar Fernández, del PAN, prefirieron abstenerse en la votación.

NEXOS EXTRAÑOS

La negativa del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, Aarón Irízar, se entiende porque tiene intereses en el sector privado que podrían verse afectados con una decisión legislativa que priorice el uso del agua para la población y pequeños núcleos agrarios sobre los grandes corporativos.

Irízar, cuestionado de manera pública por la forma en que ha incrementado sus propiedades inmobiliarias, es uno de los muchos ejemplos de políticos mexicanos que desde sus cargos públicos cabildean para intereses particulares. El senador es socio de la firma JH Muñoz-Irízar & McBride, una consultoría que asesora empresas y gobiernos en inversiones, y hace gestiones ante diversas autoridades de México y el extranjero. Entre sus principales clientes se encuentran empresas de alto consumo de agua como Grupo Viz (propietario de SuKarne), Agrícola Best Farm y Desarrollo Urbano e Industrial La Primavera.

El senador Orihuela Bárcenas, quien también se negó a darle prioridad al uso de la población de las aguas nacionales en la zona norte del país, está vinculado con negocios que emplean el agua para fines industriales. Es socio accionista de Los Picachos del Oriente de Michoacán, una empresa de producción rural y ganadera, que además de beneficiarse con apoyos del programa Fomento Ganadero de la Sagarpa, tiene en concesión 155 mil 520 m³ de agua en Tuzantla, lo cual representa 10 veces más el volumen de agua que la Conagua permite extraer en los pozos de abasto para la población de ese municipio michoacano.

Por su parte, la senadora Ninfa Salinas Sada es hija del potentado Ricardo Salinas Pliego, uno de los cuatro mexicanos —al lado de Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Baillères— que han hecho crecer su fortuna en la industria minera. Ricardo Salinas es dueño del Grupo Salinas, que es concesionario de 24 permisos de explotación minera en Chiapas y uno más en Baja California Sur, donde el empresario posee uno de los más grandes yacimientos de oro del país.

Tan sólo en la mina Los Cardones, que intenta ponerse en marcha a pesar de la oposición de toda la población de La Paz, se pretende el abastecimiento de por lo menos un millón 200 mil m³ de agua mediante una planta desalinadora que causará efectos irreversibles a la salinidad de la porción inmediata del Mar de Cortés.

Al mismo tiempo, la filial Desarrollos Zapal gestiona la obtención de permisos para el suministro de dos pozos de agua con una capacidad de extracción anual de por lo menos 300 mil m³, que se ubican en el área natural protegida de la Sierra La Laguna.

Esa no fue la primera vez que la senadora Salinas se ponía del lado de los intereses económicos de su padre, utilizando su función como legisladora y representante de un partido que en teoría vela por los intereses ambientales del país. En diciembre de 2017, Salinas Sada gestionó reformas a la Ley General de Biodiversidad, con las cuales, además de establecer mayores dificultades administrativas para la creación de nuevas áreas naturales protegidas (ANP), liberó la restricción de explotación minera y de hidrocarburos en las zonas de amortiguamiento natural.

Las reformas a la Ley General de Biodiversidad aprobadas en el Senado, conocidas también como la “Ley Salinas”, llevaban una dedicatoria especial para el Grupo Salinas. Fue la entonces senadora Ninfa Salinas Sada, la que las impulsó. Así, el consorcio se benefició con creces al legalizarse de tajo la exploración minera que actualmente se realiza en 24 sitios dentro de las ANP de Chiapas, donde grupos ambientalistas se siguen oponiendo a los proyectos industriales de despojo.

El argumento de Salinas Sada al reformar la ley es que se trataba de un intento institucional para que las empresas mineras y de extracción de hidrocarburos no disminuyeran “el potencial productivo para el desarrollo social”.

De acuerdo con el artículo 211 de la citada ley, basta con que el Ejecutivo federal decrete zonas de desarrollo integral sustentable dentro de las ANP, para que las empresas tengan pleno dominio sobre las áreas ecológicas a cambio de implementar programas que subsanen los ecosistemas afectados por las actividades productivas.

En ninguno de sus apartados la “Ley Salinas” prohíbe que las empresas con proyectos extractivos se establezcan dentro de los polígonos de vida silvestre protegida, pese a que en los últimos años estas industrias sólo han dejado paisajes fragmentados que limitan o impiden el flujo de especies y el consumo del agua, afectando la biodiversidad y el desarrollo de las comunidades originarias.

Las enmiendas a la Ley General de Biodiversidad fueron aprobadas por 88 senadores a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones. La principal voz oponente a estas reformas fue la de la senadora Silvia Garza, secretaria de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien solicitó incluir un impedimento expreso a la presencia de mineras en ANP, lo cual finalmente no sucedió porque trastocaba la esencia misma de las reformas.

Según datos de la Semarnat, en México existen 182 ANP que se extienden a lo largo de 90 millones de hectáreas, pero de esa superficie al menos 57 mil 255 hectáreas las ocupan proyectos mineros. La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) refiere que los estados donde existen conflictos ambientales a causa de las concesiones mineras en ANP son Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Chiapas. Se estima que en esas entidades están vigentes al menos 1,968 concesiones para explorar y explotar yacimientos minerales.

La reforma que promovió la legisladora Salinas le dio luz verde a los proyectos extractivos de estas concesionarias, que acaso se verán obligadas a realizar trabajos de rehabilitación ambiental. Sin embargo, la ley no es suficientemente clara sobre el sentido de la reparación y tampoco define los tipos de asentamientos que quedan prohibidos dentro de las ANP.

ÁREAS NATURALES EN OFERTA

Cabe recordar que hasta antes de la reforma actual, la Ley General de Biodiversidad establecía la obligación de que los recursos naturales obtenidos en ANP ostentaran un sello de garantía de sustentabilidad con el ambiente, expedido por la Semarnat, según lo señalaba el apartado V del artículo 179, pero dicho apartado fue derogado y el sello ya no es necesario.

Otro punto que beneficia a las empresas extractivas con concesiones para establecerse en ANP es el que se señala en el artículo 200, de nueva creación, que a la letra dice que “en las superficies aledañas a la poligonal de un área natural protegida que mantienen una estrecha interacción social económica y ecológica con ésta, la Secretaría promoverá la conservación y el manejo de su zona de influencia”, lo cual no parece viable debido a la exagerada cantidad de concesiones de agua que se han otorgado.

Con este artículo se permite que las empresas extractivas asentadas en los polígonos de vida silvestre sigan realizando sus actividades y sólo estarán sujetas a atender los programas que “la Secretaría”, en este caso la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, determine para resarcir los daños ambientales, para lo cual las mineras podrán contar con ayuda económica del Fondo Patrimonial de Biodiversidad del gobierno federal, sin restricción para acceder a los volúmenes de agua que consideren necesarios para su operatividad.

Otro punto que favorece a la industria extractiva en su intención de devastar la tierra y consumir el agua disponible se encuentra en el artículo 211 de la Ley General de Biodiversidad, el cual señala que “El Ejecutivo Federal podrá decretar Zonas de Desarrollo Integral Sustentable en aquellas áreas afectadas por actividades productivas”, y refiere que se deberá especificar claramente superficie y ubicación de los daños, pero en ningún momento habla de suspender actividades a las empresas que afecten el entorno, el agua y la vida silvestre de las ANP.

En teoría, con las reformas a la Ley General de Biodiversidad, el Senado pretendía establecer “un marco legal e institucional que proteja la riqueza natural y biológica, basado en un enfoque de desarrollo sustentable con beneficios económicos y sociales”, como se señaló en un comunicado oficial. No obstante, la verdadera intención de la senadora Ninfa Salinas era beneficiar a las empresas de los cuatro grupos mineros nacionales preponderantes en el país.

Algunas de las empresas mineras del Grupo México, de Germán Larrea; Industrias Peñoles, de Alberto Baillères; Grupo Frisco, de Carlos Slim, y Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, han sido señaladas por movimientos ambientalistas y comunidades indígenas afectadas de realizar una voraz explotación de los recursos del subsuelo, incluida el agua, dentro de los polígonos de santuarios de vida silvestre.

El principal señalamiento que se le ha hecho a Grupo Frisco es sobre las operaciones de la mina Real de Ángeles, en el desierto de Baja California, en Mexicali. Ahí la minera explota un yacimiento de oro y plata que se encuentra en las inmediaciones de la Reserva de la biósfera Alto Golfo de California y Delta del río Colorado, y se ubica a menos de 30 kilómetros del Mar de Cortés, donde impactan los desechos tóxicos ricos en cianuro, además de la explotación irracional que hace del agua.

Grupo Frisco cuenta con el permiso del gobierno federal para hacer uso irrestricto de un volumen de 10 millones 251 mil m³ de agua al año3, con los cuales hacen posible la explotación de sus cinco minas que operan mediante las filiales Santa María y Minera Cumobabi, en Sonora; Minera San Francisco del Oro, en Chihuahua; Minera Tayahua y Minera Real de Ángeles en Zacatecas. Todas invaden polígonos de ANP.

Otro beneficiario de la Ley de Biodiversidad de la senadora Ninfa Salinas fue el Grupo México. A la empresa de Germán Larrea se le señala de pretender poner en operación una mina de cobre en El Arco, Baja California, dentro de un polígono rico en biodiversidad y agua. En ese sitio espera operar durante 25 años una mina a cielo abierto que devastará el entorno ecológico y consumirá la poca agua que hay en la zona. Pero la joya de la corona de este imperio minero se ubica en Cananea, Sonora, con la mina Buenavista del Cobre. Esta filial realiza una explotación autorizada de los mantos acuíferos por el orden de los 52 millones 119 mil 233 m³ de agua al año. Esta cantidad sería suficiente para suministrar agua a la población de esa localidad durante más de 20 años. En cambio, en este municipio del norte de Sonora hay desabasto de agua para 25% de sus más de 32 mil 500 habitantes.

Industrias Peñoles, de Alberto Baillères, es señalado por generar una devastación ecológica en los municipios de Cocula y Teloloapan, Guerrero, donde de la mano con la canadiense Torex Gold Resources, a través de las subsidiarias Media Luna y Minera Fresnillo, explota dos minas de oro. La contaminación que produce se resiente en una parte de las zonas ecológicas protegidas de esas localidades, principalmente por la sustracción de más de 5 millones de m³ de agua al año.

Tras la legislación, Industrias Peñoles ha evitado que les sean suspendidas sus explotaciones mineras a cielo abierto. La empresa opera no sólo en Guerrero, sino en Zacatecas, por medio de Fresnillo PLC, y en Durango, por medio de Minera Mexicana de la Ciénega, cuyos polígonos concesionados —según datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía del gobierno de Enrique Peña Nieto—, tocan algunas partes de ANP, en donde se extraen más de 212 mil 840 m³ de agua al año.

VOCES PREDICANDO EN EL DESIERTO

El diputado Alex Le Barón González, quien fue integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, representante de Chihuahua, está convencido de que el Tratado de Aguas de 1944 debe revisarse para evitar que México siga otorgando sin razón aguas nacionales a Estados Unidos.

Aunque considera que algunas zonas agrícolas como la del Valle de Mexicali se han beneficiado con agua que proviene de Estados Unidos, Le Barón asegura que el tratado no ha dejado ningún beneficio para regiones como la de Chihuahua, que aporta volúmenes de agua considerables no sólo a Estados Unidos, sino a otros estados como Sonora y Sinaloa. A cambio los habitantes de Chihuahua no reciben ningún beneficio o compensación económica por parte de la autoridad federal.

Le Barón reconoce que ha habido avances legislativos en el tema minero, pues ahora la federación obliga a la industria a aportar recursos a los municipios donde generan su riqueza. Sin embargo, dice el político chihuahuense, también debe avanzarse en ese sentido con leyes que favorezcan económicamente a los pobladores de las regiones que aportan agua, sea para el consumo nacional o para el pago de deuda de agua con Estados Unidos, rubro en el cual Chihuahua es el estado más importante.

La postura de Le Barón no es única. En todo el territorio nacional se han alzado voces para exigir a los legisladores federales que se dé prioridad al agua para la población, y no permitir que la Ley de Aguas Nacionales sea letra muerta.

Entre los puntos que no se cumplen de la actual Ley de Aguas está el artículo 20, que señala que “las concesiones y asignaciones se otorgarán después de considerar a las partes involucradas, y el costo económico y ambiental de las obras proyectadas”, y el artículo 22, donde se indica que “el otorgamiento de una concesión tomará en cuenta la disponibilidad media anual del agua”. A pesar de existir zonas con amplio desabasto, como ocurre en la región de Mazapil, en Zacatecas, las mineras ahí se hacen impunemente del agua.

El tercer párrafo del artículo 23 dice que “en ningún caso el titular de una concesión podrá disponer del agua en volúmenes mayores que los autorizados”, pero esto tampoco se respeta, pues la mayoría de las empresas que gozan del uso directo del agua potable no cuentan con supervisiones de medición del gasto por parte de la Conagua, por lo que siempre se deja a criterio de las mismas empresas la declaración anual del uso del agua.

Lo que más afecta a las poblaciones con este marco jurídico es lo que refiere el artículo 23 bis, donde se da paso a la posibilidad de que las empresas concesionarias del agua puedan suministrar a terceros el servicio, bastando para ello sólo dar aviso a la autoridad federal, lo cual significa el inicio de la privatización.

Sobre lo señalado en este artículo es en lo que se ha fincado la lucha de diversos grupos ambientalistas, a fin de que se modifique para evitar que empresas privadas puedan tener el control directo del suministro y cobro del agua a la población.

En Zacatecas, la Minera Frisco ya ha comenzado a ofrecer sobrantes del agua concesionada a la población de Mazapil a precios más altos que los de la operadora de agua potable de ese municipio. En Baja California se han constituido empresas con concesiones de propiedad ya no con fines industriales, sino con la intención de suministrar ese líquido a la población en las zonas más apartadas de los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate, que representan un mercado de 120 millones de pesos anuales.

Otro artículo de la ley cuya reforma han reclamado grupos ambientalistas es el 24, donde se dice que “el término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales (hecho a empresas) no será menor de cinco ni mayor de treinta años”. Con esto se amplía la posibilidad de que los consorcios tengan un beneficio económico mediante el suministro a la población, con cargo directo a cada una de las familias que carecen del suministro de agua de su municipio.

EL NEGOCIO DEL AGUA

La comercialización del agua es rentable. Mientras el gobierno federal vende cada metro cúbico de agua con fines industriales en 10 pesos, las empresas pueden venderla al precio que más les convenga, tomando como base la tarifa media nacional que es de 16 pesos.4 Es decir, por cada metro cúbico de agua que una empresa privada pueda colocar en el mercado de su región, obtiene una utilidad de al menos seis pesos.

Si bien es cierto que a nivel nacional el precio del agua para uso doméstico se encuentra supeditado a las legislaciones municipales, el precio se incrementa por la demanda de agua industrial, lo que hace que las regiones más industrializadas, además de padecer la mayor carencia de agua para la comunidad, registren los precios más elevados para los reclamantes de uso doméstico.

En León, Guanajuato, por ejemplo, el precio del agua para uso doméstico es de 29 pesos con 22 centavos por cada metro cúbico. En Naucalpan, Estado de México, ese mismo volumen tiene un costo para la población de 25 pesos con 35 centavos, mientras que en Atizapán el precio de un metro cúbico de agua para consumo doméstico es de 24 pesos con 85 centavos. En Tijuana el costo del mismo volumen de agua para uso en el hogar es de 24 pesos con 57 centavos. En la Ciudad de México, el precio de un metro cúbico de agua para uso doméstico es de 23 pesos con 48 centavos.

En el caso de que comience la privatización del agua, como lo posibilita la Ley de Aguas Nacionales, una empresa de este sector tendría utilidades en función de la población que suministre: en León ganaría 19 pesos con 22 centavos por cada metro cúbico de agua entregado a la población, en Naucalpan la rentabilidad sería de 15 pesos con 35 centavos, en Tijuana de 14 pesos con 57 centavos y en la Ciudad de México de 13 pesos con 48 centavos.

No en todos los municipios del país el precio del agua está por encima de los 16 pesos por cada metro cúbico. Hay sitios como Mérida, Yucatán, donde el precio es de 3 pesos con 90 centavos, o Mexicali, Baja California, donde el precio es de 6 pesos con 30 centavos, pero en esas localidades el precio del agua privatizada no podría estar por debajo de los 10 pesos por metro cúbico, que es el pago mínimo que hacen las empresas al gobierno federal por sus concesiones.

La privatización del agua se presenta también como una buena opción para la recaudación de recursos por parte del gobierno federal. Tal vez ahí se encuentre una de las razones de la inercia legislativa para entregar el recurso al sector privado. De acuerdo con cifras de la Conagua, en 2017 los ingresos de la federación por la entrega del uso y aprovechamiento industrial de las aguas nacionales fue del orden de los 12 mil 83 millones 31 pesos, mientras que por la entrega de agua para el suministro a los núcleos poblacionales apenas se recaudaron 4 mil 354 millones 810 mil pesos.

A la crisis de la posesión, el uso y la distribución del agua, también se suma el hecho de que cada vez es más difícil para la población acceder al agua, y la poca que consiguen tiene problemas de sanidad. En este contexto, la propia CNDH ha reconocido la necesidad de que en nuestro país se lleve a cabo una transformación de fondo al marco jurídico “a fin de que el uso del agua se logre en forma más adecuada y proporcional para los grupos poblacionales”.

EL CUBO, UN CASO PARADIGMÁTICO

Léo Heller, el relator especial de Naciones Unidas, ha calificado como “un problema crónico” la crisis en la calidad y el acceso al agua en México. De acuerdo con la Conagua, en México hay 653 ríos y 731 cuencas hidrológicas que serían suficientes para solventar las necesidades de la población. Sin embargo, esto no es posible debido a que 14.7% de las fuentes de agua se encuentran sobrexplotadas por la planta industrial. Hasta marzo de 2017, de las 1 384 fuentes de agua disponibles, al menos 105 acuíferos se encontraban en condición de sobreexplotación y 104 cuencas hidrológicas presentaban déficit de suministro.

De acuerdo con las cifras oficiales del anuario Estadísticas del agua en México de 2016, el mayor volumen de agua que se extrae del subsuelo se otorga en concesión para riego agrícola, generación de electricidad, actividad industrial y proyectos extractivos, por lo que la población urbana y rural sólo tiene posibilidad de acceder a un muy bajo porcentaje del agua disponible en el país.

Como efecto de la política sobre el agua, en grandes núcleos poblacionales como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Hermosillo, se “ha recurrido a la construcción de megaproyectos, bajo un modelo de abastecimiento de agua que es sin duda insustentable en términos económicos, sociales y ambientales”, dice la CNDH en su informe de mayo de 2018.

Entre los cientos de casos documentados para este trabajo, destaca el caso de la comunidad de El Cubo, en Guanajuato, donde Endeavour Silver Corp. se ha apropiado de la mayor parte del agua de la que dispone esa localidad. Esta minera canadiense tiene permisos para generar hasta 43.3 m³ de agua contaminada por día, lo cual representa siete veces más la cantidad de aguas residuales que producen los usuarios domésticos. A causa del exceso de agua contaminada que genera Endeavour Silver Corp., en esta zona de Guanajuato han aumentado los casos de cáncer y las enfermedades de la piel, los riñones y gastrointestinales, principalmente en niños y adultos de la tercera edad se infiere de los datos públicos emitidos por la Secretaría de Salud de Guanajuato, donde se revela el alza de esos índices de morbilidad, en la zona de influencia de la minera.

Desde 2017 esta localidad de más de 17 mil habitantes padece escasez y contaminación del agua, “todo por culpa de la minera, que se ha apropiado de la mayor parte del agua, y la poca que llega a la población es de mala calidad”, dice Rubén Mendoza Moreno, quien conduce un movimiento que busca lograr la declaratoria de zona libre de minería para El Cubo.

Según Mendoza Moreno, que ha denunciado la impunidad con la que la minera se apropia del agua que le corresponde a la población, en la trasnacional se niegan a dar una respuesta al reclamo de compensación económica. La única respuesta que han tenido son algunos programas de sanidad del gobierno estatal, los cuales evidentemente no tienen costo para la minera.

Otra propuesta que han recibido los vecinos de El Cubo como solución a los trastornos de salud, los cuales se han disparado a causa de los niveles de desabasto de agua que ha generado la minera, vino de funcionarios del gobierno estatal, quienes plantearon la reubicación de 150 familias en una zona donde tengan acceso al agua y la contaminación de la presa de jales no las afecte. La comunidad no ha aceptado el ofrecimiento y ha reclamado a la autoridad local que se gestione ante la federación la cancelación de la mina.

La petición parece imposible, pues la Endeavour Silver Corp. alega haber invertido más de 13.6 millones de dólares en la instalación de su planta productiva, recursos que de alguna manera estaría solicitando como indemnización.

Desde 2012, cuando se inició la extracción de oro y plata en El Cubo, la minera ha descubierto nuevos yacimientos de esos metales, de los que ya se ha apropiado mediante concesiones federales. Los trabajos de ampliación de la minera comenzaron en los predios V-Asunción, Dolores y Santa Cecilia, en donde se remueven de 1,300 a 1,450 toneladas de tierra en un día. Por cada tonelada se obtienen 135 gramos de plata y 1.5 gramos de oro, mientras que el uso de agua oscila entre 6 mil y 7 mil m³ de agua al año.

Para evitar que casos como el de El Cubo se sigan presentando en el país, la CNDH ha propuesto que el gobierno mexicano rectifique el marco jurídico de concesiones de agua a la industria, ampliando “los criterios de calidad del agua para determinar las fuentes de contaminación relacionadas con las actividades antropogénicas”. Al mismo tiempo, “establecer oportunamente acciones de saneamiento y cumplimiento de leyes en la materia, estableciendo responsabilidades a quienes corresponda. Esto implica el análisis sistemático en los cuerpos de agua y difusión pública de resultados”.

Sin dirigirse a nadie en particular, la CNDH también ha recomendado tomar en serio los estándares internacionales en materia de suministro de agua, lo cual llevaría a considerar el derecho al agua como una prerrogativa constitucional. Lejos de desalentarnos —dice la CNDH—, esto debería activar nuestra imaginación para buscar nuevas soluciones a esta problemática que amenaza con extenderse aún más en los próximos años en el país.

NOTAS

1 CNDH, “Estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos”, México, 2018.

2 FAO, Informe Aquastat, 2017-2018.

3 CartoCrítica, Informe Concesiones de Agua para la Mineras, México, 2016.

4 Conagua, Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable, 2018.

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Agua a costa de lo que sea

Si nos arrebatan el agua, nos están quitando la vida.

LEÓN FIERRO, activista de Mexicali Resiste

El Estado mexicano, en atención a los intereses del capital trasnacional, deja siempre en segundo plano las necesidades de la población. Al menos a las últimas tres administraciones federales parece no haberles importado cómo el despojo de agua ha puesto en riesgo la salud y trastocado la vida de comunidades enteras. Un caso emblemático de lo anterior se puede encontrar en Jalisco, en las localidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, del municipio de Cañadas de Ocampo.

Para abastecer de agua potable a León, Guanajuato, la zona metropolitana de Guadalajara y la región de Los Altos en Jalisco, se puso en marcha el controvertido Proyecto presa El Zapotillo, avalado por la Conagua y los gobiernos de esos estados. Sin embargo, el agua de este proyecto no beneficiará a la población. La verdadera intención es proveer agua a la planta industrial asentada en esas regiones, la cual ha consumido la mayor parte de los mantos acuíferos disponibles.

A causa del uso del agua con fines industriales, en la zona metropolitana de Guadalajara, hasta principios de 2019, ya se registraba un déficit en el suministro a la población. Los más de 1,125 millones de m³ de agua disponibles por año se han estado extrayendo a un ritmo de 14.5 metros por segundo, lo que supondría el agotamiento de las reservas de agua en menos de tres años.

Lo mismo ocurre en la zona urbana de León, donde las reservas tasadas en 995 millones de m³ de agua al año, se han extraído a razón de 7.7 metros por segundo, lo cual arroja el desalentador panorama de un desabasto total de agua en un periodo no mayor a los dos años, es decir, que los habitantes de León se podrían quedar sin agua antes de 2020.

Con el pretexto de un plan de suministro a largo plazo para los habitantes, el gobierno federal decidió trasvasar el agua desde el río Verde, en la zona de Los Altos, hacia León y Guadalajara. En estos dos centros urbanos se concentra casi 25% de las trasnacionales que han llegado a México en los últimos 12 años. De ese modo se instituyó el proyecto presa El Zapotillo, el cual ha generado un conflicto con las comunidades de Cañadas de Ocampo.

La oposición de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo no sólo se debe al arrebato del agua, que utilizan para actividades domésticas y agrícolas, sino porque el proyecto incluye la desaparición de las tres comunidades, que serían sepultadas bajo el agua con la construcción de un dique para formar la presa que contendrá el agua del río Verde.

El gobierno federal ha intentado convencer a los vecinos de que acepten la reubicación, toda vez que sus viviendas “estorban” al proyecto de la presa El Zapotillo, el cual se concibió durante el gobierno de Vicente Fox. A la fecha, subsiste una restricción de un juez federal que otorgó un amparo a favor de las comunidades para suspender los trabajos.

Mientras el gobierno federal ha promocionado la presa El Zapotillo como una de las obras hídricas más importantes en los últimos cincuenta años, los pobladores sufren el mayor despojo del territorio y el agua del que se tenga memoria, pues está obligando al desplazamiento de un grupo poblacional de más de 600 familias, que suman casi 180 mil habitantes.

El proyecto de la presa El Zapotillo, que en 2009 tenía una inversión de 7 mil millones de pesos y que a la fecha ya se ha elevado a más de 13 mil 578 millones de pesos, fue entregado para su ejecución a las empresas FCC Construcción de España, cuyo socio principal es Carlos Slim, y a las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes, propiedad de Carlos Hank Rhon. Mientras tanto, el acueducto que llevará el agua hasta León, a una distancia de 140 kilómetros, lo construye la empresa española Abengoa México, propiedad de los empresarios Javier Benjumea y José Manuel Abaurre.

Los grupos ambientalistas que acompañan a los pobladores desplazados y a los que resisten el despojo de sus viviendas, saben que enfrentarse al proyecto de la presa El Zapotillo es una empresa difícil, no sólo porque la firma que lleva a cabo los trabajos de las obras es una de las consentidas del gobierno mexicano, sino porque ese consorcio está ligado al hombre más rico de México: Carlos Slim.

Las razones de los opositores al proyecto presa El Zapotillo para suponer que no habrá forma de detener la obra están fundadas. FCC, de la mano de Slim, a quien el presidente López Obrador ha reconocido como “un visionario”, se ha adjudicado en los últimos años obras de notable envergadura económica en donde los conflictos con los propietarios naturales del suelo no han estado ausentes. Así ocurrió en la construcción de la autopista Durango-Mazatlán, o del tramo Nuevo Necaxa-Tihuatlán, en la autopista México-Tuxpan, las cuales se realizaron a pesar del malestar social.

FCC, que promovió la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es reconocida también por sus conflictos con ejidatarios de Coatzacoalcos, Veracruz, donde construyó un túnel sumergido, cuya concesión tendrá durante 45 años para el cobro de peaje.

Además de la cantidad de conflictos que genera en su entorno, FCC se ha distinguido por su natural condición de inflar los precios de las obras, que terminan con montos más elevados a los acordados en las licitaciones. En la construcción del túnel sumergido Coatzacoalcos-Villa Allende, que estaba pactado por 2 mil 600 millones de pesos, finalmente, luego de 13 años de trabajos, contó con una inversión de 5 mil millones de pesos, los cuales pagó la federación a favor de FCC Construcciones sin mediar auditorías técnicas según lo denunció la entonces diputada y hoy titular de la Secretaría de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle, cuya versión fue recogida por diversos medios periodísticos de Coatzacoalcos, entre ellos Imagen del Golfo.

Lo mismo sucedió en la construcción de la autopista Durango-Mazatlán, la cual tuvo una inversión final de 28 mil 600 millones de pesos, cuando el presupuesto inicial estaba por debajo de los 24 mil millones de pesos. Tan sólo en la construcción del Puente Baluarte se calculó invertir mil 113 millones de pesos, pero terminó con una inversión de 2 mil 99 millones de pesos, lo cual tampoco objetó el gobierno federal.

LOS INMORALES SOBREPRECIOS

En la presa El Zapotillo la historia no es distinta. En 2009 la inversión para el proyecto se estimó en 7 mil 700 millones de pesos, pero apenas un año después se elevó a 8 mil millones de pesos. En la administración de Enrique Peña Nieto, según el presupuesto de egresos de la federación, la presa suponía un costo total estimado de 10 mil 375 millones 189 mil 687 pesos, pero al finalizar el sexenio la obra ya tenía una nueva proyección económica: el costo se ajustó en 13 mil 578 millones de pesos.

Por su parte, la firma Abengoa es la misma que recibió la concesión de la CFE para la construcción del Gasoducto Morelos en Puebla, Tlaxcala y Morelos. Los opositores a esta obra, que han denunciado la presencia de células del crimen organizado para intimidar el movimiento, han sido criminalizados y perseguidos.

Entre los oscuros antecedentes de Abengoa se encuentra también su expulsión de Bolivia. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo presionaron al gobierno de ese país con el condicionamiento de créditos a cambio de la privatización del agua en Cochabamba. La intervención de Abengoa en esta ciudad boliviana ocurrió mediante una concesión obligada y exclusiva de extracción, almacenamiento, transporte y distribución del agua. Esto ocasionó que las tarifas a la población crecieran entre 45 y 100%, dado que se ajustaron a la cotización diaria del dólar. Los usuarios se vieron sumidos en condiciones de extrema pobreza y mediante la protesta social terminaron obligando al gobierno a expulsar a la empresa.

Abengoa, según publicaciones del periódico El Mundo, también cuenta con antecedentes negros en España. Su subsidiaria Befesa, dedicada al tratamiento de residuos industriales, fue objeto de seis investigaciones judiciales por vertido, gestión irregular de residuos e incendios, en la localidad de Nerva, en la provincia de Huelva, Andalucía, donde se le acusó de mal manejo de las cuencas hídricas concesionadas para su actividad industrial.

A pesar de estos antecedentes, la administración del presidente Vicente Fox no tuvo empacho en ceder el contrato para la presa El Zapotillo al consorcio que lidera Abengoa, cuyo presupuesto se ha incrementado cada año desde 2009, y se estima que aún pueda crecer en mil millones de pesos, con cargo directo al erario nacional.

De acuerdo con el estudio del caso que hizo Libertad Díaz Vera, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), la presa El Zapotillo generará más perjuicios que beneficios, pues “la superficie de inundación de este proyecto se calcula en 4 mil 500 hectáreas, que sepultarían miles de hectáreas de tierras fértiles. Esto traería como consecuencia la pérdida de riqueza ambiental, producción agrícola y, particularmente, la inundación de tres comunidades: Temacapulín, Palmarejo y Acasico, a 132 kilómetros al noreste de la ciudad de Guadalajara”.

Según el discurso oficial, sostenido invariablemente por los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la presa El Zapotillo beneficiará a más de 2 millones 400 mil habitantes, tanto de Guadalajara como de León, que a la fecha no tienen acceso al agua potable. Pero ese es sólo el pretexto, pues en realidad se busca mantener el suministro para la planta industrial de esas regiones, según la postura del Comité Salvemos Temacapulín, el Colectivo de Abogados y del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes).

AGUA QUE NO HAS DE BEBER

Una gran parte del agua que se recupere en la presa El Zapotillo, aun a costa de las más de 600 familias de Temacapulín, Palmarejo y Acasico que están siendo desplazadas ante la inminente inundación de sus localidades, será para sostener el proyecto económico de Puerto Seco o Guanajuato Puerto Interior, que se ha puesto en marcha en León con fondos federales. Ahí se pretende establecer el centro de negocios más grande de América Latina, con la instalación de cuatro parques industriales, Santa Fe I-IV, que albergarán por lo menos a 1,300 empresas, la mayoría grandes consumidoras de agua.1

Las plantas industriales que ya operan dentro del Puerto Seco de León, entre las que se encuentran Prudential, L&W, Semmaterials, Acero Sueco Palme, Intermex y Lubyrec, generan a la fecha un consumo de 62 mil 208 millones de m³ de agua al año. Este es el consumo completo de agua que podría tener la población de la ciudad de León durante 1,136 años.

Para poner en perspectiva las cifras, el consumo de agua que hacen en León los sectores automotriz, plástico, metalmecánico, logística, calzado y tecnologías de la información es 4.6 veces la cantidad de agua que consumen en conjunto las mineras del Grupo México, Goldcorp Inc., Arcelor Mittal México, Primero Mining Corporation, Altos Hornos de México, Ternium México y Minera Frisco, que en promedio extraen al año 260 millones de m³ de agua.

En la zona metropolitana de Guadalajara la realidad no es distinta a la que se vive en León: entre la planta industrial y la población generan un consumo anual estimado en mil 100 millones de m³ de agua. El 60% se utiliza para los procesos industriales de por lo menos 1,350 grandes empresas. Esto ha hecho que el suministro de agua, que viene principalmente de la cuenca Lerma-Santiago, se encuentre en una fase de sobreexplotación.

De continuar con el actual nivel de extracción de los mantos acuíferos subterráneos y de los embalses, en Guadalajara el agotamiento podría llegar en cualquier momento. Según cifras del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el periodista Jonathan Ávila Guzmán estima que para atender las demandas de 4.1 millones de personas que viven en la zona metropolitana que forman los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, se requieren 310 millones 250 mil m³ de agua al año, cantidad que se encuentra apenas por debajo de la capacidad de suministro de los mantos y embalses de la zona, que llega a los 315 millones de m³ por año.

El agua que cubre las necesidades de la población y la industria de la zona metropolitana de Guadalajara proviene principalmente del Lago de Chapala, la Presa Calderón y de algunos mantos subterráneos, pero la expansión de la planta industrial, principalmente de la industria del calzado, de la tecnología y automotriz podría acelerar el agotamiento del agua, al incrementar en al menos 5% la demanda de agua para sus procesos productivos.

A esto se suma el consumo de la planta tequilera establecida en la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, en el occidente del país. Además de los elevados niveles de agua que consume, esta industria genera altos volúmenes de residuos que requieren un manejo especial y que contribuyen a una grave contaminación del suelo y el agua.

De acuerdo con datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía, en el país operan 105 empresas destiladoras de tequila afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria del Tequila (CNIT), de las cuales 97 se ubican en Jalisco, una en Aguascalientes, dos en Tamaulipas, una en Puebla, otra en Nuevo León, una en el Estado de México, una en Michoacán y otra más en Querétaro, cuya actividad industrial genera un consumo de 4 mil 900 millones de m³ de agua al año. Es decir, la industria tequilera nacional consume en un año 54 veces el volumen de agua que utiliza el Grupo México para operar sus 15 minas y plantas de beneficio extendidas en todo el territorio nacional.

El mayor centro productor de tequila de Jalisco se encuentra en el municipio del mismo nombre, donde cada año se industrializan más de 26% de los 250 millones de litros de la bebida que se comercializan a nivel nacional y mundial, bajo mil 370 marcas distintas. Eso hace que Tequila sea el municipio que mayor cantidad de agua aporta a la producción de la llamada bebida nacional, y que ha llevado al límite del agotamiento los mantos freáticos de los que dispone esta región.

En Tequila se explotan 87 pozos aparentemente para el suministro de agua a la población, los cuales generan un volumen de un millón 995 mil 935 m³ de agua al año. Ese volumen sería suficiente para atender las necesidades de una población de más de 250 mil habitantes durante un año. Pero oficialmente 28.8% de los casi 43 mil habitantes que tiene esta localidad no cuentan con abasto de agua en su domicilio.

La falta de agua potable entre casi una tercera parte de los habitantes de Tequila es reconocida por el propio gobierno de Jalisco a través de su Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG). En 2018 reveló que 34.2% de las viviendas habitadas de ese municipio no contaban con agua potable entubada; sólo en la comunidad de El Salvador, una de las más marginadas, donde viven 3 mil 500 personas en 875 viviendas, registra 283 domicilios que carecen de agua potable.

La falta de agua en El Salvador no se entiende, pues el gobierno municipal cuenta con una concesión que le permite operar un pozo que genera 140 mil 651 m³ de agua al año, los cuales no sólo son suficientes para atender las necesidades de los 3 mil 500 pobladores, sino que serían adecuados para cubrir las necesidades básicas de una población de hasta 5 mil habitantes. Pero no es así.

La administración municipal de Tequila ha permitido que las empresas tequileras, mediante evidentes actos de corrupción, señalados por defensores del agua de esta localidad, se conecten al sistema de suministro oficial de agua potable. Así obtienen el líquido necesario para su producción industrial, evadiendo los permisos oficiales de perforación de pozos y concesión que otorga sólo la federación.

LA RESACA DEL TEQUILA

Según datos del Repda, las destiladoras de Tequila cuentan con permisos para descargar 3 millones 264 mil 195 m³ de aguas residuales al año, pero sólo extraen de manera oficial un millón 842 mil 721 m³ de agua al año.

Un ejemplo de esto es la empresa Tequila Orendain, que tiene un permiso de extracción de agua por 24 mil m³ al año, pero genera descargas de aguas residuales por 53 mil 665 m³ de agua al año, es decir, por el drenaje de la tequilera sale más del doble del agua que ingresa, según cifras públicas de la Conagua.

Casa Cuervo cuenta con un permiso para desechar 255 mil 500 m³ de aguas negras cada año, pero en los listados de la Conagua —revisados en esta investigación— no aparece ninguna concesión para la extracción de agua a nombre de la empresa. Caso similar es el de Destiladora Azteca de Jalisco, que cuenta con permisos para generar 156 mil 185 m³ de aguas negras, pero tampoco registra ninguna concesión que le garantice de manera lógica el suministro de agua para generar tales volúmenes de aguas de desecho.

Lo mismo ocurre con la Destiladora González González, que sólo cuenta con un permiso para descargar 25 mil 550 m³ de aguas residuales al año, pero no cuenta con ningún permiso de extracción de agua a su nombre, lo que hace presumir que su abasto lo recibe del sistema municipal.2

La única forma de garantizar la permanencia de la planta industrial que mantiene la economía de la zona conurbada de Guadalajara es mediante el trasvase de agua potable desde otras cuencas. La que atendía gran parte de esas necesidades, la del río Santiago, se encuentra sobreexplotada y sobrecontaminada, como resultado del uso desmedido de la misma planta industrial que se ubica en los municipios de Tlajomulco, El Salto, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán.

Al gobierno federal le importa mucho un proyecto como la presa El Zapotillo, pues así se garantizaría, mediante el trasvase del agua del río Verde a la zona urbana de León, la subsistencia económica de miles de empresas trasnacionales que han llegado a nuestro país amparadas por el TLCAN.

Según datos oficiales de la Conagua, para la construcción de la presa El Zapotillo, la mayor inversión proviene de los gobiernos de Guanajuato y Jalisco, los cuales aportarán 56.6% de los 13 mil 578 millones de pesos que costará la obra, el gobierno federal aportará 21.9%, y las empresas que tendrán el dominio del agua invertirán 21.5%. Sólo las empresas que serán dueñas del agua tendrán la posibilidad de recuperar su inversión, una vez que el líquido pueda comercializarse. El gobierno hace sus aportaciones a fondo perdido.

Apenas se puso en marcha la construcción de la presa, delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión y el homicidio comenzaron a golpear a los vecinos. Datos del Sistema Nacional de Seguridad revelan que ese tipo de crímenes no se habían presentado en la región hasta hace cinco años. Muchas familias ya se han desplazado motivadas por su propia seguridad, más que por ceder a la petición oficial para dar paso al proyecto hídrico.

A lo anterior se suma la persecución de la fiscalía del Estado contra integrantes del movimiento de defensa del agua y el territorio, a quienes han llamado a rendir cuentas por actos de inminente protesta social, girando órdenes de aprehensión en contra de algunos.

Actualmente son tres los activistas que cuentan con carpetas de investigación por parte de la fiscalía: María Félix Rodríguez Reyes, Catalina Mejía Alvarado y José Gutiérrez Espinoza. Se les acusa de obstrucción a las vías generales de comunicación y daños en propiedad privada, luego de que impidieran el acceso de camiones de carga que pretendían sustraer arena del río Verde con el permiso que tiene el empresario Francisco Javier Gutiérrez Rojo, en clara afectación al entorno del acuífero.

Los tres activistas fueron detenidos por policías de Jalisco y sus carpetas de investigación siguen abiertas. También forman parte del Comité Salvemos Temaca, cuyos integrantes han denunciado las diversas “acciones oficiales” del gobierno estatal para obligarlos a recular en su lucha contra el proyecto de la presa El Zapotillo.

Según lo han denunciado integrantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el gobierno de Jalisco ha sido responsable de los desalojos forzados, los cuales entran en la clasificación de “despojo de la propiedad”, cometidos contra los pobladores que se niegan a dejar sus viviendas.

El gobierno estatal pretende reubicar a los vecinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en predios que ni siquiera cuentan con servicios básicos, además de que son terrenos irregulares y no les garantizan la legítima propiedad con una debida escrituración.

María González, integrante del IMDEC, dice que a los habitantes de Temacapulín y Palmarejo los quieren mover a Talicoyunque, en el municipio de Cañadas de Obregón, el cual no cuenta con agua potable, drenaje, transporte público, ni servicios de salud. Los vecinos de Acasico han recibido ofertas para reubicar su domicilio en un sitio denominado Nuevo Acasico, también dentro de Cañadas de Obregón, donde no sólo hacen falta los servicios básicos, sino que es un predio irregular.

Al menos 30% de las más de 600 familias afectadas por el proyecto de El Zapotillo han cedido a la presión y han abandonado sus viviendas. El resto se sostiene firme en la defensa de sus propiedades y del territorio, que podría ser inundado antes de que concluya 2019. El proyecto está sujeto a la conclusión de la cortina de la represa, la cual se estima ya tiene más de 95% de avance.

La presa contempla el uso anual de 504 mil 576 millones de m³ de agua, de los que según la Conagua 119 mil 837 millones de m³ se destinarán a los asentamientos urbanos en León, pero en realidad irán a la planta industrial de esa región. Se dice también que 384 mil 739 millones de m³ se suministrarán a poblaciones de Jalisco, pero en realidad irán a la planta de la industria agroalimentaria de Los Altos y a la planta industrial del área conurbada de Guadalajara.

Aun antes del proyecto de El Zapotillo, el agua de esa región ya beneficiaba más a las empresas que a la población. Mientras a los habitantes de esas tres localidades se les otorga a la fecha un volumen de 67 mil 106 m³ de agua al año, a las empresas, principalmente agroalimentarias, se les beneficia con 374 mil 750 m³ al año. Según datos del Repda, tan sólo Agropecuaria El Chaparral cuenta con tres concesiones que le garantizan un abasto de 129 mil 340 m³ de agua al año; Gena Agropecuaria se beneficia con dos concesiones que amparan 350 mil m³ al año; Pozo El Rancho Barreras sustrae 19 mil 275 m³, en tanto que Productora de Leche Jaral se ve beneficiada con 5 mil 475 m³.

Estas cifras contrastan con el volumen de agua que la federación a jalones ha concesionado al municipio de Cañadas de Ocampo para que medio atienda el abasto de la población de las tres localidades: Temacapulín sólo cuenta con 33 mil 709 m³ de agua al año, Acasico recibe 22 mil 169 m³ y Palmarejo sólo 11 mil 498, cuyo suministro no alcanza a llegar a 11% de los habitantes.

PROTESTA GENERALIZADA

En Mexicali también se persigue a los defensores del agua. León Fierro, de Mexicali Resiste, se encuentra bajo proceso penal luego de haber estado preso. Lo acusaron de lesiones agravadas tras liderar una lucha contra Constellation Brands. La fiscalía del estado argumentó que Fierro “intentó atropellar con su vehículo a cuatro policías” durante una confrontación entre activistas y agentes que resguardaban las instalaciones de esa cervecera estadounidense.

Fierro cometió el delito de ser parte de un movimiento ciudadano para evitar que más de la tercera parte del agua disponible para Mexicali se entregue a la trasnacional, que pactó con el gobierno de Baja California y con la propia Conagua la entrega de volúmenes equivalentes al agua que utilizan más de 250 mil habitantes y cerca de 200 mil hectáreas agrícolas en un año. La cervecera pretende emplearla industrialmente en un solo mes.

La activista Silvia Reséndiz Flores sostiene que los defensores de la tierra y el agua enfrentan una política de Estado “que pretende callar mediante la vía de la judicialización cualquier manifestación de protesta contra el robo de recursos naturales”. Además del encarcelamiento de León Fierro, el gobierno de Baja California emitió seis órdenes de aprehensión contra Rigoberto Campos y Filiberto Sánchez, integrantes también de Mexicali Resiste. A pesar de la acción judicial y de que la historia ha tenido poca resonancia en medios nacionales, el movimiento se mantiene en pie.

Si bien es cierto que el despojo del agua ocurre en todo el territorio mexicano, llama la atención la forma en que se está dando en la zona de Mexicali. Su disponibilidad media anual es de apenas 4.4 mil millones de m³, lo cual la convierte en la región hídrica con menos agua, sólo después de la del Valle de México, de las 13 que hay en el país.3

Para dimensionar la escasez de agua que hay en la zona de Mexicali, ubicada en la región hídrica de la península de Baja California, hay que considerar que en regiones también desérticas como la del Pacifico Norte, el río Bravo o las Cuencas Centrales del Norte, que integran Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, la disponibilidad media anual de agua es, respectivamente, de 8.2, 13.7 y 6.8 mil millones de m³ al año.

MEXICALI, LA DIGNIDAD

El gobierno federal no ha tenido empacho en ceder a la actividad industrial grandes volúmenes de la escasa agua disponible en Mexicali. En esta región una sola industria consume en un año el agua suficiente para atender las necesidades de más de la mitad de la población. Al menos 265 mil personas del millón 100 mil habitantes que viven aquí no tienen acceso a agua potable en sus domicilios, y los conflictos sociales, naturalmente, han ido en ascenso.

Según la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEABC), el consumo promedio de agua de la población de Mexicali ronda los 41 millones de m³ al año. La mayoría proviene de fuentes superficiales, principalmente de presas y del río Colorado (el afluente del que también se toma el agua que se entrega a Estados Unidos), y no es suficiente para atender la demanda para uso doméstico.

En esta parte del país el agua subterránea prácticamente está vedada para el suministro doméstico, no así para la planta industrial, que en promedio extrae del subsuelo más de 47 millones de m³ al año, lo cual ha agotado las reservas interiores. A cambio del uso del agua, la planta industrial de Mexicali paga al gobierno estatal un promedio de 4 millones 879 mil 927 pesos al año, pero la población tiene que pagar 26 millones 26 mil 733 pesos por su derecho al acceso al agua para sus actividades cotidianas.

Así, mientras un metro cúbico de agua le cuesta a la planta industrial 13 centavos, el metro cúbico de agua que va a la población se tasa en siete pesos con 14 centavos. Los 26 millones 26 mil 733 pesos que la CEABC reporta como ingresos anuales podrían ser mayores de no ser por la negativa de casi 35% de los usuarios a pagar tarifas tan desiguales, resultantes de la deficiente política de distribución del agua.

Ejemplos de desigualdad hay muchos. El ejido Coahuila, de 7 mil 700 pobladores, subsiste con apenas 145 mil m³ de agua al año, mientras que la empresa Bachoco se beneficia con 103 mil 549 m³ al año. La Compañía Siderúrgica de California cuenta con 931 mil 947 m³ cada año, pero a la población de Hipólito Rentería, de 1 300 habitantes —de los que casi la mitad no tiene acceso al agua— le otorgan sólo 76 mil 665 m³. Dos Ranchos se beneficia con ocho concesiones federales para extraer un millón 961 mil 188 m³ de agua al año, mientras que a la comunidad de Guadalupe Victoria, con una población de 45 mil habitantes, sólo se le ha autorizado el uso de un millón 964 mil 143 m³, pese a que ahí se registran más de 2 mil personas sin acceso al líquido.

Por su parte, la empresa agrícola El Venado se beneficia con dos pozos que generan 43 mil 160 m³ de agua al año, pero los casi 1 100 habitantes del ejido Irapuato, donde 10% carece del servicio en su domicilio, sólo tienen permiso de la federación para hacer uso de un pozo que aporta un volumen que no rebasa los 53 mil 727 m³ de agua al año.4

Con todo, el consumo de agua de estas empresas es inferior al que pretende hacer Constellation Brands, propietaria de las marcas de cerveza Corona, Modelo, Pacífico y Ballast Point. La empresa ya inició su instalación en Mexicali y para su producción está considerando hacer una extracción anual de por lo menos 20 millones de m³ de agua, casi la mitad de lo que consumen todas las industrias establecidas en esta región. Con una inversión de mil 500 millones de dólares, Constellation Brands pretende concluir para mediados de 2019 su proyecto en Mexicali. Esa planta tendrá capacidad de producir mil millones de litros de cerveza al año, con los cuales se atenderá la creciente demanda en California.

De acuerdo con León Fierro, el líder visible del movimiento de la defensa del agua en Mexicali, con la instalación de la cervecera se podría ver comprometido el abasto de agua para cultivos agrícolas y para el abasto humano, pues la planta embotelladora eventualmente habrá de consumir más de 70% del agua destinada a los cultivos, y más de 30% de la que consume la población de la zona urbana.

La lucha contra Constellation Brands es sólo la punta del iceberg, pues el despojo del agua en esta parte del país es de grandes dimensiones: casi 90% del agua que se genera en la cuenca del río Colorado, que tendría hipotéticamente como destino el consumo humano, está siendo ya utilizada con fines industriales, con lo cual el fantasma del desabasto generalizado ronda de forma insistente a las poblaciones de Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito y Ensenada.

Casi toda el agua potable que se genera en la cuenca del río Colorado la consumen las industrias. De 100 m³ disponibles, por lo menos 10 son utilizados por la geotérmica de la CFE, 12 por la cervecera Tecate, que opera en el municipio del mismo nombre, 15 los consume la minera Real de Ángeles, instalada en el poblado de San Felipe, otros 18 abastecen a la embotelladora de Coca-Cola asentada en Mexicali, 11 van a la Fábrica de Envases de Vidrio, al menos 16 más son destinados a la planta industrial de SuKarne, y cerca de nueve metros los consume el resto de las plantas industriales, por lo que solo quedarían nueve metros para el abasto a la población, y de estos nueve que le quedan a la población, Constellation Brands pretende quedarse con ocho.

La movilización de Mexicali Resiste contra Constellation Brands en cuestión de la defensa del agua no es nueva. Es muy similar a la que en su momento se realizó, sin mayor éxito, contra la geotérmica de la CFE, la embotelladora de Coca-Cola y la cervecera Tecate, empresas que finalmente contaron con el aval del gobierno federal a través de la represión de la protesta y la persecución judicial de los manifestantes, para finalmente permitir el uso industrial del agua destinada al consumo humano.

“La experiencia nos dice que no debemos permitir la instalación de la Constellation Brands”, insiste León Fierro Reséndiz, quien recuerda que esa misma empresa ha dejado prácticamente en la sequía al municipio de Zaragoza, Coahuila, donde desde 2004 “chupa el agua de la población para la producción de cerveza”.

CON CERVEZA, PERO SIN AGUA

En Zaragoza, Coahuila, Constellation Brands está utilizando más de tres mil litros de agua por segundo. Con este volumen se podrían atender las necesidades básicas de la población de ese municipio durante un mes. El sistema de agua potable local prácticamente ya no tiene agua para llevarla a la población.

En un oficio fechado el 27 de junio de 2016, el alcalde Leoncio Martínez le escribió al gobernador Rubén Moreira una sola frase: “No tenemos agua para consumo humano”. Sin embargo, no hubo respuesta oficial. El gobierno estatal no movió un solo dedo para solucionar el desesperado reclamo. Por su parte, Constellation Brands respondió con una insólita propuesta: ofreció hacer una inversión de 13 millones de pesos para renovar la tubería municipal de agua potable, pero dejó intocado el tema de la devolución del agua, por lo que la tubería se rehabilitó sólo para que por ella circule aire.

El alcalde de Zaragoza denunció que pese a la extracción del agua, propiedad del municipio, la cervecera no estaba invirtiendo “ni un solo peso partido por la mitad”, y acusó a los gobiernos estatal y federal de ser cómplices de ese despojo, el cual, aseguró, tendría consecuencias a corto y mediano plazo en las condiciones sanitarias de la localidad.

Las estadísticas del IMSS del último semestre de 2017 dicen que en este municipio los índices de enfermedades infecciosas relacionadas con la falta de agua han ido en aumento. Las enfermedades diarreicas han afectado a tres de cada diez niños, mientras que las infecciones en la piel han causado consultas médicas en seis de cada diez menores de edad.

Ante el agotamiento de los mantos acuíferos, la empresa presume que retribuye a la sociedad el incalculable precio del uso de su agua a través de una entrega de recursos que ni siquiera se acercan a restablecer el daño ocasionado.

Constellation Brands presume como parte de su política de retribución social que ha participado “con orgullo en una jornada voluntaria de reforestación en la cadena montañosa Sierra de Guadalupe y en el Nevado de Toluca”, por su presencia en Zaragoza, Ciudad Obregón y Mexicali. En Piedras Negras contribuyó a la construcción del techo de un Centro de Equinoterapia para ayudar a niños con discapacidad. Ahí mismo donó 180 mil pesos al departamento de bomberos en la compra de equipo. En tanto que en Mexicali “se realizó la rehabilitación de sanitarios, aulas, banquetas y exteriores de las instalaciones de la Secundaria No. 77, Salvador Allende, además de elaborar un plan de mantenimiento de las instalaciones en coordinación con alumnos y padres de familia de la escuela secundaria”, según un comunicado oficial de la empresa.

Frente a esta insustancial entrega de recursos, persiste la realidad. A la fecha el municipio de Zaragoza requiere por lo menos 100 litros de agua por segundo para abastecer las más de 4 mil tomas domiciliarias que dotan a los casi 17 mil habitantes de esa localidad, pero el agotamiento de los mantos freáticos hace que se tenga acceso sólo a 35 litros de agua por segundo. Se ha informado al gobierno federal, pero no existe ninguna respuesta, en tanto que la cervecera sigue presumiendo sus logros económicos.

La crisis que ha causado Constellation Brands por el desmedido uso de agua en Mexicali, Ciudad Obregón y Zaragoza evidencian la protección del gobierno federal a este tipo de empresas, pasando por alto el reclamo social.

En Zaragoza, no sólo Constellation Brands se apropia del agua de la población, también sobreexplota los mantos acuíferos la minera Río Escondido. Los proyectos de fracking de esta filial de Altos Hornos de México en cinco sitios aledaños a Piedras Negras tienen concesiones para extraer más de un millón de metros cúbicos de agua al año.

Con el fracking y la extracción de carbón en Piedras Negras y Zaragoza se pretende obtener agua a una profundidad de más de 500 metros. Esto amenaza al consumo de más de 30% que aporta el acuífero Allende, donde las concesiones otorgadas a la minera amparan el uso de 4% del agua.

Con el antecedente de Constellation Brands en Coahuila, el movimiento Mexicali Resiste teme que la operación de la cervecera afecte gravemente la producción rural del Valle de Mexicali, donde más de la mitad de sus 250 mil hectáreas de suelo agrícola se quedarían sin agua para cultivos.

La cuenca del río Colorado, que de acuerdo con la Conagua tiene un escurrimiento natural promedio de 1,863 millones de m³ de agua al año, suministra 80 millones de m³ de agua a Tijuana, 7 millones al municipio de Tecate, 9 millones a Ensenada, 8 millones a Rosarito y 30 millones a Mexicali, por lo que casi la totalidad de los escurrimientos naturales del río serían para elaborar cerveza, dejando sin agua a la población.

“Si permitimos que Constellation Brands se apropie del agua, la escasez comenzará a causar estragos en todo el municipio de Mexicali, en donde se reduciría el suministro de agua a la población en 50%, lo que resultará catastrófico, pues a causa de las elevadas temperaturas, el agua resulta aún más vital que en cualquier otra parte del país”, dice León Fierro.

NOTAS

1 Véase LISTA 3 en Anexos.

2 Véase LISTA 4 en Anexos.

3 Para revisar las regiones hidrológicas y sus características, véase Conagua, Estadísticas del agua en México, México, octubre de 2018, p. 23.

4 Véase LISTA 5 en Anexos.

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Desplazamientos por sed

Nadie, nunca, se va del lugar en el que es feliz si todo está dispuesto.

JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO, periodista de Oaxaca

Desde 2006, año en que el gobierno federal inició la llamada “guerra contra el narco”, el número de personas que han tenido que dejar sus lugares de origen ha ido en aumento. Entre las principales razones que motivan el desplazamiento forzado interno se encuentran los conflictos armados, la violencia generalizada, las violaciones a los derechos humanos, las catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y en último lugar se consideran las alteraciones que generan los proyectos de desarrollo.1

Entre los motivos que pocos mencionan en las estadísticas de los desplazamientos, existe una que lastima más que la propia violencia o la pobreza extrema: la falta de agua. El gobierno maquilla la cifra como si se tratara de un factor más de pobreza, a la par de otros rubros sociales como educación, salud o vivienda, para no dejar al descubierto el despojo del agua del que son víctimas miles de mexicanos.

El desplazamiento poblacional por pobreza extrema ya ha sido reconocido por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha hecho referencia al fenómeno, pero no ha diseñado ninguna política de coyuntura para frenarlo.

De acuerdo con las cifras más recientes de la CNDH, se estima que entre 2006 y 2015 hubo más de 57 mil 600 personas que se vieron obligadas al desplazamiento. En el último año de ese informe se supo que 31 mil 898 desplazados manifestaron que la violencia fue la causa del abandono de sus hogares, 128 lo hicieron por conflictos religiosos, 920 por conflictos en la posesión de la tierra, 130 por conflictos entre familias y 89 por desastres naturales.

Del total de desplazados internos hasta 2015, se estima que al menos 23 mil 465 afrontaban condiciones de extrema pobreza y la falta de agua, derivada del despojo por parte de megaproyectos, fue una de las principales razones para dejar sus lugares de origen.

Si el desplazamiento por violencia y pobreza es inaceptable, es más lacerante la movilización a causa de la falta de agua. A la fecha no existe ninguna estadística oficial, pero los datos obtenidos a lo largo de un recorrido de 108 regiones de las 32 entidades del país, revelan que la cifra de desplazados por sed podría superar los 20 mil habitantes, es decir, casi 30% de los desplazados registrados el sexenio pasado.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, el desplazamiento por sed se registró de manera fehaciente en al menos 56 localidades de la mitad de entidades federativas: Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Puebla, Coahuila, Jalisco, Yucatán, Estado de México, Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Baja California, Oaxaca y Tamaulipas.

Uno de esos casos se registra en el municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, donde un centenar de habitantes fueron obligados al desplazamiento en julio de 2017. Algunos organismos de la sociedad civil dijeron que la causa fueron los altos índices de violencia en la zona, atribuidos a una banda local conocida como Los Tequileros, una escisión de Guerreros Unidos. Lo que nadie dijo es que la violencia con la que desplazaron a estos habitantes tuvo su origen en la disputa del agua. Varios vecinos se opusieron a la decisión del gobierno local de entregar en concesión un pozo propiedad del municipio a Industrias Peñoles, que pretende poner en marcha una mina de zinc y plata. El pozo suministrará a la minera más de un millón 101 mil m³ de agua al año, dejando sin posibilidad de abastecimiento a la población.

Más allá de la devastación del suelo que causaría el “Proyecto Peñoles”, algunos vecinos de Totolapan protestaron por la intención de arrebatarles el agua. Las manifestaciones se sofocaron por medio de amenazas de los Tequileros, quienes finalmente lograron que 105 personas dejaran sus viviendas.

Entre el 20 de junio y el 10 de julio de 2017 un grupo armado realizó recorridos nocturnos para advertir a sus víctimas que debían dejar el pueblo, lo cual ocurrió pocos días después, entre el 25 de junio y el 12 de julio. El hecho lo reconocieron diversas organizaciones civiles de derechos humanos como efecto de los altos índices de violencia, sin establecer las razones de fondo.

MINERAS SEDIENTAS

El despojo de agua de Industrias Peñoles en San Miguel Totolapan se suma al que perpetraron ahí mismo las mineras japonesas Dowa Mining y Sumimoto Corporation, filiales de Sumimoto Metal Mining, las cuales tienen la concesión de explotación de más de 2 millones de m³ de agua para la extracción de plata y zinc.

Este desplazamiento a causa del acceso al agua no ha sido el único que se ha registrado en Guerrero. En 2016, en Achotla, en el municipio de Arcelia, se registró otro desalojo luego de que pobladores de esa localidad hicieron reclamos a la minera canadiense Telson Resources por la contaminación del agua que se estaba generando.

En esa ocasión fueron 12 personas las que tuvieron que dejar sus lugar de origen ante las amenazas de un grupo delincuencial asociado con la Familia Michoacana, dirigido en esa zona por quien fue identificado como Jonhy Hurtado Olascoaga, mejor conocido como el Pescado. Este sujeto cuenta con carpetas de investigación en la FGR por su probable responsabilidad en el trasiego de uranio, el cual se vende a industrias chinas a través del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En Achotla el desplazamiento no sólo fue por la contaminación de los escasos mantos freáticos a los que tienen acceso los pobladores. Las víctimas se habían quejado de la disminución de agua en sus viviendas a causa de la sustracción de más de 600 mil m³ que a la fecha sigue realizando la minera Telson Resources.

Esta minera explota un pozo que le fue concesionado a Nyrstar Campo Morado. Sólo para atender las necesidades de su campamento minero, comedor, lavandería, cocina, sanitarios y oficinas, esta empresa belga reclamó más de 22 mil 662 m³ de agua al año, casi 10 veces el agua que reciben en un mismo periodo los 350 pobladores de Achotla.

“Con el arrebato del agua, la minera Telson nos arrebató también la vida”, dice Nabor Solorio, un campesino de Achotla que tuvo que salir de su localidad con sus cuatro hijos menores y su esposa. Tras organizar una protesta contra la minera para que cesara la sustracción de agua, lo amenazaron de muerte y lo secuestraron. Ahora está refugiado en otro punto del país donde trabaja en el comercio ambulante.

A los Tequileros también se les atribuye el desplazamiento de la comunidad El Corindón, donde la mayoría de los pobladores no cuenta con agua potable. Acudieron a abastecerse en la cuenca del río Balsas, pero la célula delincuencial comenzó a cobrar el uso del agua. Sus cobros ascendían a 25 pesos por tres cántaros de 10 litros, lo que hizo que en enero de 2017 un grupo de 10 personas decidieran dejar la localidad para ubicarse en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan.

Lo mismo sucedió con otras 25 personas de El Ocotito, también en Arcelia. La mayoría se dedicaba a la siembra, pero al tener que pagar a los Tequileros el uso del agua del Balsas optaron por dejar sus localidades. A ellos se les comenzó a cobrar 120 pesos por cada riego aplicado a sus cultivos, pese a que el agua suministrada provenía del pozo del municipio que provee 7 mil 081 m³ de agua al año.

En la comunidad de El Paraje Nuevo, en Arcelia, los Tequileros también se apropiaron del agua del municipio, estableciendo cobros de entre 20 y 50 pesos por domicilio cada semana. Los cobros ilegales se aplican de forma independiente a lo que los usuarios pagan al sistema de agua potable del municipio. Esta situación hizo que a finales de 2017 al menos 16 pobladores de tres familias decidieran dejar sus hogares.

Otro desplazamiento atribuido a este grupo criminal en esta zona se registró en El Ushe. Aquí los 7 mil m³ de agua al año que genera el pozo del municipio han causado regalías para los Tequileros. De nuevo, aquí cobran 10 pesos por persona al mes por el servicio de agua potable, más allá de las cuotas municipales. Esto hizo que en marzo de 2017 cinco familias integradas por 15 personas decidieran dejar su localidad.

También en la pequeña comunidad de La Laguna, los Tequileros aplican cuotas por el cobro del servicio de agua potable; cobran 20 pesos por semana a cada domicilio que usa el pozo de agua del ayuntamiento, el cual atiende a la mitad de los 120 habitantes de esa localidad a razón de apenas 876 m³ de agua al año. Entre 2016 y 2018, 35 personas abandonaron sus casas.

Aunque en menor medida, con desplazamientos anuales de cinco a 10 personas a causa de la falta de acceso al agua, también se registra en las rancherías de La Parota del Ocote, Guadalupe Victoria, El Vadillo, El Veladero, Las Piñas, Las Trincheras y Los Cajones.

Entre otros desplazamientos que se han registrado en Guerrero, pero no a causa de la presión de grupos delincuenciales, sino por efecto del desmedido uso del agua de las empresas, se encuentra el de Petlacala, en San Miguel Totolapan, donde en los últimos dos años 35 pobladores han tenido que dejar sus viviendas luego de que la Minera Petlacala se apropió de los predios destinados a la perforación de un pozo para el suministro de la comunidad.

En los municipios de Apaxtla de Castrejón, Cocula y Cuetzala del Progreso también se han comenzado a dar desplazamientos por sed. En Apaxtla, Industrias Peñoles inició trabajos de exploración de una mina de oro y plata, que se pretende poner en operación en 2019. Esto anticipa entre los vecinos el abatimiento de los mantos de agua de que disponen, por lo que ya se ha registrado la salida de por lo menos 35 personas de esa localidad.

En Cuetzala del Progreso ya inició el proyecto denominado Ana Paula, a cargo de la minera Alio Gold Inc., antes Timmins GoldCorp, donde los trabajos de exploración que han barrenado más de siete hectáreas, han afectado directamente los mantos acuíferos, lo cual ha hecho que al menos 45 pobladores que ya no tienen acceso al agua hayan decidido reubicarse en la cabecera municipal.

A pesar de los efectos nocivos que han ocasionado estas dos mineras y otras 35 empresas que realizan trabajos de explotación a cielo abierto, el gobierno estatal de Héctor Astudillo ha aplaudido la presencia de las firmas trasnacionales, argumentando que han detonado la economía de la región, con utilidades cercanas a los mil 250 millones de pesos, sólo entre 2016 y 2017, pero la población no ha visto ningún beneficio.

CHIHUAHUA: AÚN MÁS AGUA PARA LA INDUSTRIA

En Chihuahua, la realidad que se vive con el abasto del agua no es distinta a la de Guerrero. Aquí los principales acuíferos que suministran a la capital del estado: El Sauz-Encinillas, Tabalaopa-Aldama y Chihuahua-Sacramento, se han comenzado a agotar, por lo que la mayor parte de la población urbana sólo tiene acceso al suministro por tandeo, con un déficit de más de 4 millones de m³ al año. En la capital hay 362 colonias, de las cuales 70 no tienen suministro a través de la red municipal. El servicio se ofrece mediante pipas que pagan los propios usuarios.

Es clara la falta de voluntad política para atender el desabasto de agua que padecen miles en la capital de Chihuahua. Con el líquido que ahí utilizan las empresas Fomento Agropecuario Tabalaopa y Papelera de Chihuahua, que es respectivamente de 3 millones 730 mil 752 y de un millón 897 mil 926 m³ al año, bien se podrían atender las carencias de más de 250 mil habitantes en esa ciudad.

La desigual distribución del agua en Chihuahua también se expone en las cifras públicas de la Conagua, donde se señala que frente a los 20 millones de m³ de agua potable de que dispone el sistema de agua de la ciudad, existen concesiones que otorgan más de 24 millones de m³ a la planta industrial y agroalimentaria, donde resalta el hecho de que sólo 43 empresas hacen uso de 12 millones 556 mil 327 m³ de agua al año.

Entre las empresas que de forma sospechosa han logrado permisos de la federación para la extracción de agua en esta zona de escasez, se encuentran el Grupo Industria Mercantil San Antonio, que consume 660 mil m³ de agua al año, Agroindustrias San Armando, que extrae 228 mil m³, y Bebidas Mundiales, con un poder de consumo de 440 mil m³ de agua por año, que en suma representan el agua que podría dar sustento a una población de 60 mil habitantes.2

La capacidad de extracción de agua de las empresas ya hizo que al menos 20 familias, de las casi 130 que conforman las colonias Porvenir Primera, Segunda y Tercera Sección y Nuevo Triunfo, ubicadas al norte de la ciudad, hayan decidido abandonar el lugar debido a la falta del líquido, al que sólo tienen acceso en los escasos periodos de lluvia, cuando corre por el arroyo que pasa por el lugar.

En el sur de la ciudad de Chihuahua se ubican las colonias Vista Cerro Grande, Toribio Ortega, Granjas Cerro Grande, Luis Donaldo Colosio y Valle de la Madrid, donde 36 familias han decidido dejar sus viviendas ante la escasez de agua durante los dos últimos años. Mientras tanto, el consumo de empresas como Granjas del Perico, Grupo FM Hermanos y Grupo Industrial Las Américas asciende a más de 760 mil 929 m³ de agua al año.

Otras colonias con carencia extrema de agua en la capital de Chihuahua son la División del Norte III, Alfredo Chávez, Tres de Mayo, David Alfaro Siqueiros, Lealtad Primera y Segunda Sección, Peña Blanca y el sur de la colonia Cerro de la Cruz. Aquí no se han registrado desplazamientos, pero sí se ha observado otro fenómeno: para conseguir el líquido indispensable, algunos vecinos han tenido que perforar los ductos de suministro de agua que van hacia fraccionamientos de la clase social media y alta.

El robo del agua al que han sido empujados algunos vecinos es producto de una inequidad mayor que hacen las empresas, pues compañías como Harinas de Chihuahua, Huertas Nueces La Bonita e Industrial Minera de México, que en conjunto extraen un millón 248 mil m³ de agua al año, han agotado la posibilidad de permisos por parte de la Conagua para la perforación de nuevos pozos. Existen peticiones de vecinos que llevan décadas buscando un permiso de la Conagua para abastecer sus colonias, pero la federación prefiere atender las solicitudes de las empresas, que en promedio tardan menos de seis meses en resolverse.

Así por ejemplo, mientras los vecinos de las colonias El Provenir han gestionado desde hace 14 años un pozo de suministro, la Conagua no ha dado ninguna respuesta, sin embargo, en menos de cinco meses se resolvió el permiso que presentó Internacional de Cerámica, la cual se benefició con un volumen de 31 mil 996 m³ de agua.

Lo mismo pasó con la petición de Manufacturas Vitromex, que en sólo tres meses se hizo del suministro de 173 mil 16 m³ de agua al año, mientras que los vecinos de la zona sur de la colonia Cerro de la Cruz llevan más de 15 años promoviendo una solicitud a través del gobierno municipal para que la federación otorgue el permiso de un pozo de suministro.

Otras empresas que en Chihuahua también han obtenido permisos federales en periodos de menos de dos meses son Kelsey Hayes de Chihuahua, que actualmente se beneficia con 33 mil 979 m³ de agua al año, Materiales Industriales de Chihuahua, con 102 mil 263 m³, Mexalit Industrial, con 48 mil m³ por año, y Molinos Azteca de Chihuahua, que usa 408 mil 140 m³ de agua al año.

GESTIONES SIN RESULTADO

La sordera del gobierno federal a los reclamos de agua no es exclusiva para la población marginada, también los organismos municipales operadores de agua de la mayoría de los municipios de Chihuahua se han tenido que enfrentar a este problema. Gobiernos como los de Allende, Bacoyna, Carichi, Camargo, Chinipas, Delicias, López, Madera, Santa Isabel, Saucillo, Satevo, Temosachic y Uruachi, gestionan desde hace más de 20 años permisos para la perforación de nuevos pozos de abasto a la población, pero la Conagua no ha dado respuesta a las solicitudes.

Sin embargo, la burocracia de la Conagua, de manera extraña ha respondido diligentemente a las peticiones presentadas por las firmas Pasteurizadora de los Productores de Leche, Promotora de la Industria Chihuahuense, Proyectos Industriales Carne Mart, Rexcel, Ronsi, Ciénega de los Padres Francisco Villa, Santa María del Mirador, Sigma Alimentos, y Villarcayo, que en conjunto cuentan con permisos para utilizar 3 millones 629 mil 984 m³ de agua al año.

Otros puntos del estado en una situación extrema, no sólo por la disputa del agua sino por el agotamiento de las fuentes, son los municipios de Cuauhtémoc, Riva Palacio, Namiquipa, Cusihuiriachi, Ascensión, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes, Janos, Villa Ahumada, Ojinaga, Aldama y Camargo, donde un grupo poblacional específico es actor y víctima del desabasto: los menonitas.

A esta comunidad migrante holandesa que comenzó a asentarse en Chihuahua hacia finales de 1922, se le puede colocar en cualquiera de los dos extremos del conflicto del agua: por un lado, son parte del sector económico voraz que ha llevado a la extinción del agua, por otro, también son víctimas de desplazamiento a causa de la falta del recurso.

El gobierno de Chihuahua reconoce en términos positivos la intensa actividad agroalimentaria de los menonitas. Además de aportar 400 mil toneladas de maíz a la oferta nacional, son distinguidos como el principal grupo productivo en la industrialización de la leche. Y esto no ha sido fortuito: han alcanzado ese nivel de productividad gracias al uso privilegiado del agua que les ha otorgado el gobierno federal en los últimos años.

En el municipio de Cuauhtémoc, sus más de 169 mil habitantes subsisten con un abasto promedio anual de agua estimado en 21 millones 500 m³ que se generan en 54 pozos. Esto alcanza para satisfacer a dos terceras partes de esa población, pero deja a casi 12 mil personas sin el suministro. En contraste, los menonitas, un grupo que en esta localidad no supera los 32 mil habitantes, disponen de al menos 3,200 pozos que aportan casi 122 millones de m³ de agua al año.

Igual sucede en el municipio de Namiquipa, donde los menonitas constituyen una población de apenas 10 mil habitantes, pero tienen acceso a un volumen de agua que supera los 11 millones de m³ al año. Mientras tanto, los 23 mil pobladores de Namiquipa, de los cuales casi 18% no cuentan con servicio de agua potable en sus domicilios, se tienen que abastecer con menos de 5 millones de m³ de agua al año. En Cusihuiriachi hay menos de 5 mil menonitas que tienen concesiones para sus actividades de producción agroalimentaria por 4 millones de m³, mientras que los casi seis mil habitantes de esa localidad se abastecen con sólo 2 millones de m³ de agua por año.

El caso se repite en los municipios de Ascensión, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes, Janos, Villa Ahumada, Ojinaga, Aldama, Riva Palacio y Camargo, donde en conjunto la distribución per cápita entre la comunidad menonita es de 760 m³ de agua al año, mientras que la otra población que tiene acceso al suministro en sus domicilios apenas alcanza una proporción de 166 m³ por año. En estas localidades son más de 14 mil pobladores los que no tienen agua en sus viviendas.

Entre los habitantes de estos municipios y los miembros de la comunidad menonita se ha dado una silenciosa confrontación. Las disputas por el agua han llegado no sólo a los tribunales sino que también han generado confrontaciones violentas. El 22 de octubre de 2017, en el municipio de Riva Palacio, asesinaron a tres miembros de la comunidad menonita —que se caracteriza por su pacifismo como forma de vida— tras negarse a la posibilidad de disminuir el uso de agua en sus campos agrícolas.

Antes, el 12 de septiembre de 2017, en la comunidad de El Negro del municipio de Cuauhtémoc, otros tres miembros de la comunidad menonita fueron ejecutados en lo que pareció ser una venganza de algunos vecinos del lugar que en repetidas ocasiones habían solicitado una parte del suministro del agua para atender sus necesidades de abasto, lo cual no atendieron los dueños de los campos agrícolas.

Otra reacción de violencia contra los menonitas, ligada aparentemente con la disputa por el uso del agua, fue el asesinato de Pedro Teichroeb Heinrichs. El 26 de julio de 2018, este empresario habría sido víctima de la ira de un grupo de pobladores de Cuauhtémoc afectados por el desabasto del agua. El homicidio fue clasificado por la autoridad ministerial como de odio, fincado en la negativa de la comunidad menonita para compartir con el resto de la población el agua de la que se ha apropiado.

La forma en la que los menonitas se han apropiado del agua en Chihuahua deja muchas dudas, pues mientras la Conagua tiene detenidas una decena de peticiones de perforación de pozos para el suministro a la población, a esa comunidad religiosa se le ha otorgado a manos llenas cada solicitud presentada ante la dependencia federal para atender el abasto de sus actividades económicas.

DE LA DEPREDACIÓN A LA DESESPERACIÓN MENONITA

Sólo basta ver el ejemplo de cómo se ha entregado el agua a la comunidad menonita en los municipios de Cuauhtémoc, Ascensión, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes, Villa Ahumada, Aldama y Camargo: en los últimos 20 años la Conagua respondió su petición de perforación de más de 4 mil 560 pozos en un promedio de tres meses, mientras que los gobiernos municipales, para atender el abasto de sus poblaciones, han presentado 285 peticiones de perforación, de las que en un promedio de dos años la autoridad federal solo ha respondido favorablemente a las solicitudes de perforación de 76 pozos.

Esa situación irregular es lo que hace que aquí la proporción de agua per cápita sea una de las más desiguales de todo el país, pues mientras la comunidad menonita, con una población de casi 60 mil habitantes, tiene acceso a casi 1,120 millones de m³ de agua al año, las poblaciones de Cuauhtémoc, Riva Palacio, Namiquipa, Cusihuiriachi, Ascensión, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes, Janos, Villa Ahumada, Ojinaga, Aldama y Camargo, que en conjunto suman 450 mil habitantes, apenas alcanzan 230 millones de m³ al año.

Mientras cada uno de los miembros de la comunidad menonita cuenta con un abasto promedio de 18 mil 666 m³ de agua al año, el resto de la población apenas tiene acceso a 511 m³ por año. Esto considerando que 100% de los chihuahuenses de estos municipios tuviera abasto pleno en sus domicilios, pero no es así: casi 14% de los habitantes no dispone de agua entubada.

La actividad económico-productiva de la comunidad menonita de Chihuahua es aún más sedienta que la que realizan algunos grupos mineros. La cantidad de agua que consumen los campos agrícolas menonitas es por mucho superior a la que usa el Grupo México, al cual la Conagua le ha concesionado un consumo de agua por el orden de los 90 millones 616 mil 943 m³ por año, mismos que extraen del subsuelo de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

Pero no todo es favorable para los menonitas de esta región. Al odio que se han ganado a pulso por parte de algunos grupos poblacionales de la zona, también se suma el problema del desplazamiento de sus localidades. Ellos mismos han consumido los mantos freáticos concesionados desde hace décadas, por lo que se han visto obligados a buscar regiones más al sur del país, donde consideran que existen mejores condiciones para la explotación del agua.

El desplazamiento por sed de los menonitas se da casi en silencio. El propio hermetismo de esta comunidad no ha permitido que se establezcan cifras oficiales exactas, pero se estima que desde 2016 hasta diciembre de 2018 ya habían salido de los campos de Cuauhtémoc por lo menos 160 personas, la mayoría con destino a la localidad de Santa Rosa, en el municipio de Hopelchén, Campeche, casi en los límites con Yucatán, en tanto que al menos unas 50 personas han migrado hacia la región de Nueva Galia, en la provincia de San Luis, cerca de la ciudad de Santa Rosa, en Argentina.

La migración forzada menonita no sólo se ha dado por la falta de agua, reconocen algunos miembros de esta comunidad. También obedece a los elevados índices de delincuencia que se registran en esta parte de Chihuahua, donde las células criminales de Gente Nueva y del Cártel Jalisco Nueva Generación, ahora aliados del grupo La Línea del Cártel de Juárez, han comenzado a aplicar cobros de piso a los productores menonitas, quienes han sido el principal blanco del negocio del secuestro establecido en esta zona.

Tras agotar el agua en el municipio de Ascensión se han desplazado 25 menonitas de las comunidades de El Camello y La Salada; 18 salieron de El Valle y La Pestaña, en el municipio de Buenaventura; 15 decidieron abandonar sus tierras de cultivo y viviendas en El Capulín y El Sabinal de Nuevo Casas Grandes, otros 32 han dejado sus propiedades en Buenos Aires, El Cuervo y Las Virginias del municipio de Janos, en tanto que otros 47 dejaron las localidades de Valle La Esperanza, Manitoba Norte y Cerro Blanco, en Villa Ahumada.

La migración de este grupo poblacional también se observa en las comunidades de Los Oasis, Nueva Holanda y El Cadillal de Ojinaga, en donde se estima que 145 personas ya se desplazaron; otros 73 salieron de Las Bombas del municipio de Aldama, 53 más dejaron la comunidad de Los Cienes en Camargo; en Los Jagüeyes, Manzanilla y Santa Clara son 18 los menonitas que se desplazaron, mientras que en Manitoba y Swift Current del municipio de Cusihuiriachi ya suman 24 los desplazados; en Santa Rita y Ojo de la Yegua suman 35 los que decidieron dejar su lugar de origen ante la falta de agua.

El desmedido uso del agua que durante décadas han hecho los menonitas en Chihuahua ya les cobró factura a ellos mismos, pues en suma, sólo entre 2016 y 2018 fueron 476 los miembros de esta comunidad que han tenido que buscar una nueva forma de vida en otras regiones del país, principalmente en Oaxaca, Durango, Yucatán, San Luis Potosí, Tabasco, Sonora, Sinaloa, Campeche, Quintana Roo, Zacatecas, Tamaulipas y Baja California, donde consideran que aún hay condiciones para sobreexplotar el agua.

En esas regiones a donde se ha trasladado este grupo poblacional, su relación con el uso desmedido del agua no es distinta a la que practicó en Chihuahua. De manera extraña y con la complacencia del gobierno federal, los menonitas desplazados se han comenzado a apropiar del agua de las regiones a las que han llegado. El ejemplo más claro es lo que ocurre en el municipio de Hopelchén, Campeche, donde ya son dueños de la mayor parte del agua disponible para consumo humano.

Hopelchén es uno de los 11 municipios que integran el estado de Campeche. Tiene una población de más de 41 mil habitantes, de los cuales 23% no cuenta con servicio de agua en sus domicilios. De este modo, 1,600 personas obtienen el suministro de agua de la lluvia, 1,500 se abastecen mediante pipas y otros 6 mil 330 pobladores acarrean agua desde pozos, ríos o manantiales distantes a más de cinco kilómetros.

Al gobierno federal poco le ha importado la escasez de agua en esta región. Además, como ocurre en muchos otros casos, la entrega de concesiones para abastecer a la producción agroalimentaria de empresas de gran capital no ha tenido límites. Los menonitas ya han comenzado a participar de manera activa en esta industria, cuyas necesidades se privilegian sobre las del propio gobierno municipal en el uso poblacional del agua.

El gobierno municipal de Hopelchén cuenta con autorización para explotar 20 pozos, que generan un volumen anual de tres millones 66 mil 366 m³ de agua, pero la planta agroindustrial —considerando sólo 25 empresas— tiene en su poder 28 pozos que producen 15 millones 927 mil 844 m³ de agua. Eso es poco comparado con el beneficio que obtiene la población menonita ahí asentada: ellos cuentan con 285 pozos que generan un volumen superior a los 22 millones 369 mil 388 m³ por año.

El agua que explotan los menonitas en Hopelchén tan sólo en un año es equivalente a la que usaría durante más de 13 años la Minera San Xavier, de la canadiense New Gold Inc., que ha consumido el cerro de San Pedro en San Luis Potosí y ha desatado fuertes protestas de ambientalistas.

La sobreexplotación de agua que hacen los menonitas en Campeche —cuya población rebasa las 30 mil personas— no ha causado una confrontación abierta, pero los vecinos ya han comenzado a inconformarse. Y es que en su afán de explotación económica de los recursos, los menonitas han ignorado las regulaciones ambientales sin que haya autoridad que los someta.

Sólo en la región de Los Chenes se puede observar cómo más de 800 hectáreas de selva han sido consumidas por los 59 aserraderos que los menonitas tienen en operación. La devastación de árboles parece imparable pese a que los habitantes del lugar les han clausurado siete aserraderos que ya han contribuido a la alteración de la selva en cuanto a los flujos de agua pluvial.

LA INDUSTRIA, PRIMERO

Otro parámetro observable en la desigual distribución del agua en la zona de Hopelchén, es el hecho de que en promedio cada una de las 25 empresas que aquí se benefician con el agua pública cuenta con más volumen que cualquier núcleo poblacional del municipio. Por ejemplo, Akinpech, una empresa dedicada a la distribución y comercialización de combustibles fósiles, cuenta con tres concesiones de 2 millones 848 mil m³ de agua al año, cantidad que no recibe ninguna comunidad rural de este municipio.

Otra empresa que tiene más agua que cualquier localidad es El Yibel, que cuenta con dos concesiones para utilizar en forma discrecional 2 millones 514 mil 655 m³ de agua al año, cuando hay comunidades como El Tigre, El Poste o Jal que verían satisfechas sus necesidades humanas con sólo 160 mil m³ de agua en un año.

El favor de los funcionarios federales para beneficiar a las empresas también se evidencia en el caso de Productores Agropecuarios de Campeche y Productores Unidos de Iturbide, compañías que cuentan respectivamente con un millón 17 mil 75 y un millón 127 mil 513 m³ de agua al año, mientras los pobladores de las comunidades de Katab, La Gloria y La Olla, de Hopelchén, desde hace cinco años no han logrado los permisos para un pozo en cada una de esas comunidades que pretenden un suministro de entre 20 mil y 65 mil m³ de agua al año.

ENTRE LA VIOLENCIA Y LA ESCASEZ DE AGUA

La misma dinámica que se observa con la distribución del agua en Chihuahua y Campeche, también ocurre en Sinaloa, donde la autoridad no hace gran cosa para solucionar la situación de desabasto a la población y tampoco escatima en garantías para el suministro de agua a las industrias, lo que contribuye a los desplazamientos por sed.

En 2016, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Sinaloa registró seis desplazamientos masivos que afectaron a 4 mil 208 personas. El suceso se atribuyó a la violencia de los grupos criminales que se disputan el control para el trasiego de drogas, pero no siempre es así.

Aun cuando casi 60% de los desplazamientos concentrados en los municipios de Choix, Concordia, Badiraguato, Mocorito, Angostura y Culiacán se debieron a intimidaciones del crimen organizado, en esta investigación se encontró que al menos 1,680 de los desplazados salieron de sus localidades por falta de agua.

Sólo en el municipio de Choix, de donde han salido en los últimos tres años cerca de 149 personas por razones que van más allá de la violencia, el agua se ha convertido en un bien más preciado que el oro, del cual se han apoderado grandes corporativos. Tanto el Estado mexicano como las industrias minera y agroalimentaria consumen casi el doble del agua que el gobierno municipal extrae para la población.

En Choix, la CFE se ha apropiado de 3 millones 703 mil 670 m³ de agua al año para operar la hidroeléctrica “Luis Donaldo Colosio”. La extracción de este volumen del río Fuerte —que se almacena en la represa Proyecto Huites, con capacidad para 4 mil 568 m³— ha generado problema de desabasto en los pozos que proveen al menos a 15 comunidades de ese municipio.

La falta de agua en Baca, Cadena, Chavira, El Bambú, El Aguaje, La Vinata, La Viuda, Las Juntas y San Isidro, ha obligado a decenas de familias a un lento traslado no generado por la violencia. Los desplazados se han reubicado en colonias marginadas de los municipios de Mochis, Guasave y Guamúchil, que aun sin servicios de electricidad, pavimento y drenaje, ofrecen la posibilidad de acceder al agua potable mediante el tandeo de pipas que corre a cargo de los gobiernos locales.

Al consumo de agua que hace la CFE en Choix, se suma el desmedido uso que hacen la minera Río Tinto y la Productora Agrícola de Baca, que succionan, respectivamente, 209 mil 920 y 342 mil 508 m³ de agua al año. Se estima que si este volumen se redujera en una tercera parte sería suficiente para atender las necesidades de las comunidades que se han comenzado a quedar secas.

En Concordia, por falta de agua se han visto obligados a dejar sus viviendas 270 pobladores de las localidades de Mesillas, Agua Caliente de Gárate y Tepuxta. Al gobierno federal poco le interesa la crisis hídrica que ahí se vive. A pesar de que casi 15% de los 29 mil habitantes del municipio se abastecen con agua de lluvia, la Conagua ha entregado concesiones ofensivas a productores particulares de ganado, de las que existen al menos 138 que amparan, cada una, volúmenes de 50 mil y 60 mil m³ de agua al año.

Las concesiones más escandalosas a las que se atribuye el agotamiento de los mantos freáticos en la zona son las que gozan Mangos del Zacanta y Tradeco Infraestructura. Estas empresas tienen permisos para utilizar 172 mil 800 y 104 mil 716 m³ de agua al año, una cantidad que sería suficiente para atender a los siete mil habitantes de las poblaciones en donde se ha comenzado a dar el desplazamiento por sed.

Entre todos los municipios de Sinaloa que registran una expulsión de sus pobladores a causa de la falta de agua, Badiraguato ocupa el primer lugar. Entre 2016 y 2018 dejaron sus viviendas 481 personas de las comunidades de La Lapara, El Barril, El Carricito, Las Palmas, El Ciruelo, El Cobre, Los Amoles, Los Chinos, Los Guajes y Palo Colgado, donde el agua se ha comenzado a extinguir.

A diferencia de otros municipios de Sinaloa, el problema de escasez de agua en Badiraguato no se centra en el consumo de grandes empresas. Aquí el abatimiento de las aguas subterráneas lo monopolizan los productores rurales dedicados a la agricultura y la ganadería, que se han apropiado de más de 80% del agua autorizada para esta zona. Las mayores concesiones están en poder de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego Santa Rita y la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego Surutato, que extraen 220 mil y 338 240 m³ de agua al año, respectivamente.

Otros particulares que cuentan con más agua que una comunidad completa son Rosario Elenes Higuera, que usufructúa 125 mil 813 m³, Manuel Valenzuela Portillo que se beneficia con 56 mil 738 m³, Leopoldo Lara Uriarte con 30 mil m³ y Arath de la Rocha Olivas con 24 mil m³ de agua al año. La suma de esos montos sería suficiente para atender las necesidades de las comunidades de Nocoriba, El Ranchito, Portezuelo, Guanajuato, Gualamatita, Santa Cruz y Sotole, donde 45% de los casi 11 mil pobladores que integran esas localidades no cuenta con suministro en sus domicilios.

El municipio de Mocorito también se suma a las comunidades que en Sinaloa ya registran el fenómeno de desplazamientos poblacionales por falta de agua. Aquí se contabilizan, hasta el cierre de 2018, un total de 117 personas que ante la escasez no tuvieron opción para seguir viviendo dentro de sus comunidades. Como principal responsable de estos desplazamientos se señala a Bachoco, dedicada a la producción de huevo, carne de pollo, cerdo y alimentos para ganado.

En esta localidad, existe un déficit de agua que afecta a más de 16% de los casi seis mil pobladores que tiene la cabecera municipal. A pesar de ello, el gobierno federal no ha objetado la entrega de agua a Bachoco, que desde hace 23 años ha succionado el subsuelo a razón de 237 mil 349 m³ de agua por año sólo en este municipio.

Bachoco no sólo se está acabando el agua de Mocorito, también contribuye en gran medida al agotamiento de las reservas en Culiacán, donde usufructúa 14 concesiones que le garantizan más de 3 millones 430 mil 358 m³ de agua al año, a los que se suman 350 mil m³ que utiliza la Acuícola Darisi, 311 mil de Agrícola Chaparral, 980 mil m³ de Agrícola de Gala, y 818 mil 505 de Bebidas Mundiales (Coca-Cola).

En Culiacán, una de las regiones en las que el índice de personas que dejan sus localidades por falta de agua es más evidente, también está presente la CFE, a la cual se privilegia con 2 mil 409 millones 771 mil m³ de agua al año, que representan el abasto de consumo de la población de este municipio estimado para 50 años. Esto explica por qué durante los últimos tres años 453 personas se han visto en la necesidad de buscar otros sitios donde vivir.

EL AGUA SÓLO QUEDA EN EL NOMBRE

Si el problema del agua es grave, en Sinaloa las cifras de desplazados por sed son peores en Michoacán. Aquí, donde la propia toponimia indígena “Michmacuán” establece el carácter vasto del recurso al denominarlo “Lugar al lado del agua”, más de 6 mil 380 personas han tenido que dejar sus localidades en los últimos tres años.

El municipio de esta entidad en el que se observa la mayor cantidad de desplazados, muchos de los cuales han sido erróneamente clasificados como víctimas de la violencia, es Uruapan. Entre 2017 y 2018 tuvieron que salir 2 mil 620 personas de al menos 27 colonias de la periferia, donde el agua ha disminuido a causa del agotamiento de 10 manantiales y del cauce del río Cupatitzio.

El abatimiento de los mantos freáticos que afecta a la zona suburbana de Uruapan se debe en gran medida a los mil 20 millones 185 mil 225 m³ de agua que al año utiliza la CFE en la generación de energía, a lo cual se suma el desmedido consumo que hacen empresas como Geusa de Occidente (elaboradora de bebidas embotelladas para Pepsico) que consume 413 mil 989 m³ de agua al año, y la Industrial Papelera Mexicana, que se apropia de 2 millones 483 mil 551 m³.

Sólo por dimensionar el tamaño de la extracción de agua que hacen la CFE, Geusa y la Industrial Papelera, hay que decir que el volumen que arrebatan a la población es 50 veces mayor del agua de que dispone la población urbana de Uruapan. A ello hay que agregar el consumo de otras grandes empresas como Chocolatera Moctezuma, Desarrolladora Delta, Embotelladora Aga del Centro, Empacadora de Aguacates San Lorenzo, Huertas Camatin La Colorada, Pemex Refinación y Rancho Zumpimito, que en suma absorben un millón 35 mil 644 m³ de agua al año.

El municipio de La Piedad también se suma a la lista de poblaciones con graves problemas de abasto de agua. En esta localidad, que es alimentada por la cuenca del río Lerma, la industria porcícola es la principal generadora del desplazamiento poblacional, ya que no sólo arrebata el agua potable a la comunidad sino que genera contaminación en los mantos superficiales, lo cual ha pasado inadvertido durante décadas para las autoridades de cualquier orden de gobierno.

Así, mientras casi 1,460 personas han tenido que dejar sus localidades en las zonas suburbanas de La Piedad, al no tener forma de acceder al agua potable, un grupo de tres familias de empresarios porcícolas tiene más agua para engordar a sus cerdos que toda el agua potable de la que dispone el municipio, que cuenta con más de 150 mil habitantes.

Las familias Bribiesca Tafolla, Saldaña Villaseñor y Aceves Torres, han gozado desde hace años de la bonhomía del gobierno federal (ver Tierra sin Dios, Grijalbo, 2015). Ahora, respectivamente, han recibido 428 mil 164, 217 mil y 313 mil 992 m³ por año. Este volumen representa casi una tercera parte del agua de que dispone el gobierno municipal para la población, con la operación de 23 pozos.

Las diferencias en el uso del agua entre la industria y la población en esta parte del estado de Michoacán son abismales, si se considera que —por ejemplo— la Agrícola El Pandito, con el consumo de 45 mil m³ al año recibe más agua que la que generan cada uno de los 13 pozos alimentadores de las colonias populares, en donde, como es el caso de Los Laureles, Lázaro Cárdenas, Ejido Los Moreno, Camichín o El Campestre, sólo se atienden por tandeo cada tercer día.3

La gran industria porcícola de La Piedad, incluyendo los municipios de Degollado y Pénjamo en los límites con Jalisco y Guanajuato —zona que produce 36% de la carne de cerdo a escala nacional—, es tan devastadora para los mantos freáticos casi en la misma proporción que la industria minera. El consumo de agua de las más de 1 350 granjas porcícolas de la región supera los 17 millones de m³ al año de las mineras Las Encinas en Michoacán; Fresnillo PLC en Guerrero, Zacatecas y Durango, y Torex Gold Resources Inc. en Guerrero.

En Michoacán, las inmobiliarias también contribuyen en demasía al agotamiento de las reservas de agua, sólo en lo que hace a la construcción de viviendas, no al suministro a sus pobladores. La legislación local en la materia prácticamente fue dispuesta para ello.

La Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán, publicada el 27 de diciembre de 2004 por Lázaro Cárdenas Batel, atribuye al gobernador en turno un poder absoluto para decidir sobre la distribución del agua. El artículo 35 establece que “el gobernador podrá acordar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial o la limitación de derecho de dominio de bienes de propiedad privada, cuando se requieran para la prestación de los servicios a que se refiere esta ley”.

El artículo 39 establece la posibilidad de que los municipios concesionen “total o parcialmente la prestación de los servicios públicos, o contratar con los sectores social y privado la realización de actividades de ejecución, administración, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica”. Esto ha hecho que sólo en Morelia 10 empresas de proyectos inmobiliarias sean dueñas absolutas de 968 mil 527 m³ de agua. Esta cantidad es muy cercana a la de un millón 100 mil m³ que se estiman necesarios para abatir el rezago en las colonias suburbanas de este municipio, de donde se han desplazado casi 3 mil 600 personas en los últimos tres años.4

INDIGNANTES DESPROPORCIONES

Veracruz es otra de las entidades que se distinguen por el número de desplazados. Aquí no hay diferencia entre los que salen de sus localidades por falta de agua y los que son empujados por la violencia. Uno de los casos más graves es el del municipio de Pánuco, donde los vecinos han reclamado a grandes empresas agroalimentarias el desmedido uso del agua, y en respuesta han recibido agresiones por parte de grupos delincuenciales. Se presume que empresarios ganaderos y citrícolas que ven amenazada su propiedad del agua ante las movilizaciones sociales han ordenado acciones para forzar el desplazamiento.

Se estima que entre 2017 y 2018 fueron 320 personas las que decidieron dejar sus casas ante la falta de agua. La mayoría de los desplazados por sed se ubicó en las localidades de Santa Fe, Panotan, Las Glorias, La Estrella y El Moral, donde el suministro de agua es en promedio de mil m³ por año para una población de 2 mil 100 habitantes, pero sólo 1,600 personas tienen acceso a ella, lo que ha dejado sin posibilidad de suministro a por lo menos 500 personas, de las que casi dos terceras partes han decidido buscar un sitio en otras localidades urbanas de Tamaulipas y Puebla.

La desproporción se observa claramente en los datos públicos que emite el Repda, donde se consigna que en Pánuco existen empresas que cuentan con volúmenes de agua miles de veces más de los que se otorgan a los núcleos poblacionales. Este es el caso de Abastecedora de Granos de La Huasteca, que mediante el uso discrecional de seis pozos goza de 3 millones 450 mil m³ por año.

La desproporción del agua en Pánuco es evidente e indignante. Mientras El Moral, la población más reducida del municipio con 30 habitantes, sólo tiene acceso a 820 m³ de agua por año, hay empresas en la misma demarcación como la Granja El Capiro que utiliza 544 mil 352 m³ de agua al año para sus animales de engorda. Una sola vaca cuenta en una semana con toda el agua de la que puede disponer cada uno de los vecinos durante un año.

En la comunidad de La Estrella el caso no es distinto. Los casi 50 pobladores de esa localidad cuentan con un suministro promedio anual de 1,149 m³, pero la empresa Adehsa tiene tres pozos de suministro que le garantizan al año un total de 602 mil 873 m³ de agua, mientras que Agrícola Andiegui se beneficia con ocho pozos alimentadores que generan un volumen de más de 10 millones 94 mil m³ de agua al año.

Como si lo anterior no bastara, hay que resaltar que en Pánuco más de 4 mil 700 habitantes no cuentan con agua potable en sus domicilios. El municipio tiene acceso a un volumen anual promedio de 30 millones de m³ de agua, pero esa cantidad se ve superada por el consumo que hacen 19 empresas asentadas en la localidad.

NOTAS

1 CNDH, Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, 2016, p. 10.

2 Véase LISTA 6 en Anexos.

3 Véase LISTA 7 en Anexos.

4 Véase LISTA 8 en Anexos.

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La muerte tiene sed

El agua y nuestra sangre es lo mismo,
nos quitan las dos o no nos quitan nada.

MANUEL GASPAR RODRÍGUEZ,
defensor del agua asesinado en Puebla

En muchas regiones del país la disputa por el agua ha pasado del conflicto a la guerra. Muchas empresas han tenido que hacer valer su poder y sus intereses mediante acciones violentas contra los pobladores que se niegan a ceder este bien. El resultado es la persecución, la intimidación y hasta el asesinato de los líderes de los movimientos sociales que sólo intentan conservar uno de los principales activos para la subsistencia de sus comunidades.

Una de las voces de mayor autoridad en el activismo ecologista es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el cual ha documentado que muchos de esos ataques ocurren en el contexto de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala.1

Durante el sexenio de Peña Nieto fueron asesinados 122 defensores del medio ambiente. A la fecha no existan detenidos, pese a que ha quedado demostrada la participación de agentes estatales, del crimen organizado y de empresas interesadas en defender sus proyectos y desintegrar los movimientos comunitarios.

Uno de estos grupos de resistencia es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en Oaxaca, el cual no ha dejado de ser blanco de ataques anónimos desde hace más de 15 años. La organización registra el asesinato de 16 de sus integrantes y la desaparición de otros dos.2

Las víctimas del MULT se distinguían por la defensa de la tierra y el agua, no sólo frente a grandes proyectos de inversión sino contra empresas locales del giro agroalimentario y de extracción de materiales pétreos. Con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, esas compañías han tomado posesión del agua y los recursos naturales de la zona de San Juan Copala y Putla Villa de Guerrero, donde una de las principales disputas es la extracción de arena y grava de las márgenes de los ríos Copala, Cuchara, Grande y Las Juntas.

Felícitas Martínez Sánchez, de 20 años de edad, y Teresa Bautista Merino, de 24, no sólo eran activistas, también hacían labores periodísticas con énfasis en la difusión del movimiento de resistencia en San Juan Copala, desde la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio.

Las dos comunicadoras fueron asesinadas por un comando armado la tarde del 7 de abril de 2008, justo cuando salían de la estación de radio y viajaban en un vehículo acompañadas por Francisco Vásquez, un empleado del registro civil. La procuraduría estatal soltó la versión de que el ataque no iba dirigido a las comunicadoras, como si con ello disminuyera la gravedad del hecho. Luego dividió a la comunidad triqui al plantear la posibilidad de que el comando ejecutor era parte de una escisión del MULT.

La investigación de los asesinatos fue tan desaseada que la CNDH tuvo que hacer una recomendación para que se agotaran todas las líneas de investigación, “incluyendo las relacionadas con la labor periodística en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, tras lo cual no hubo ningún avance.3

Desde 2008, cuando la violencia se recrudeció en esta zona, el gobierno federal, a través de la Conagua, ha otorgado en Putla Villa de Guerrero nueve permisos a particulares para que se apropien de las orillas de los ríos que cruzan por la zona. Esto ha dejado sin posibilidad de acceso a agua sana a decenas de comunidades.

Entre las corporaciones que han incurrido en un uso desmedido del agua en esta región de Oaxaca se encuentran la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego “La Congeladora”, la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural “21 de Junio”, la Envasadora y Empacadora del Ejido Putla de Guerrero y la Planta Purificadora La Muralla. En suma, estos grupos extraen más de 692 mil m³ de agua al año, que en volumen puede parecer poco frente al consumo que hace la planta agroindustrial en otras partes del país, pero aquí representa casi la mitad del agua que consumen las poblaciones indígenas, donde casi 70% carece de suministro en sus hogares.

La denuncia por la falta de agua en Putla Villa de Guerrero fue una de las banderas que enarboló Hilario González Domínguez, uno de los fundadores del MULT. Este profesor insistió ante el gobierno de José Murat, y luego ante el de Ulises Ruiz, que se evitara la entrega de concesiones a particulares para la extracción de materiales pétreos de los afluentes alimentadores de la zona. Su gran preocupación es que esto abriera las puertas a grandes empresas mineras.

La lucha de Hilario González Domínguez se vio truncada la tarde del 3 de agosto de 2005, cuando se encontraba en un local de comida en el centro de Putla, donde recibió 13 impactos de bala de parte de tres agresores; en el lugar de los hechos fueron detenidos Claudio Solano Cruz y Francisco Osorio de Jesús, ambos funcionarios del gobierno estatal asociados con la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui.

El asesinato de Hilario González fue denunciado como una agresión de la administración de Ulises Ruiz, esto según Heriberto Pazos Ortiz, quien vinculó la acción de los homicidas con la política oficial de despojo al pueblo triqui.

La denuncia pública de saqueo de recursos naturales al amparo del gobierno estatal y la lucha de Heriberto Pazos para esclarecer el asesinato de su compañero tuvo repercusiones: el 23 de octubre de 2010, Heriberto fue asesinado en la ciudad de Oaxaca por dos sicarios que viajaban en una motocicleta. Poco les importó a los homicidas que el líder de la MULT estuviera custodiado por tres escoltas asignados por el propio gobierno del estado tras las amenazas de muerte que había denunciado.

En su gestión como líder de la UNIT, Heriberto Pazos denunció el desplazamiento que se estaba registrando por la falta de agua en algunas localidades de San Andrés Chicahuxtla y Santo Domingo, en Putla, así como de San Martín Itunyoso y San José Xochixtlán, en Tlaxiaco, y de San Juan y San Miguel Copala.

Heriberto Pazos no estaba equivocado. Hoy día, en el municipio de Tlaxiaco, sólo las asociaciones de usuarios de la Unidad de Riego Ejido Ojo de Agua, para el Desarrollo Rural El Boquerón II y Ojo de Agua Tlaxiaco Oaxaca, cuentan con permisos para el uso de hasta 2 millones 45 mil 856 m³ de agua al año, a los que se suma el consumo que hacen las Unidades de Riego, Atotonilco, El Rincón, El Vergel, La Hierbabuena, La Providencia, El Llano Yosovee, Los Granados, Mexicalcingo, Río de Tablas, Río Yutatoto y San Vicente, que en total consumen un millón 691 mil 536 m³ de agua al año.

Así, mientras las comunidades triqui de la zona de Tlaxiaco se han visto en la necesidad de migrar por carencia de agua, el gobierno federal ha cedido en propiedad a los núcleos agrarios más de 3 millones 737 mil 390 m³ de agua al año, lo que contrasta con la cantidad que se entrega al sistema municipal para el suministro a la población, el cual obtiene 2 millones 581 mil 79 m³ de agua al año por medio de nueve pozos.

Hay que señalar que en la disputa por el agua de Putla Villa de Guerrero y en la de Tlaxiaco hay población triqui de ambos lados: tanto los que se benefician con el agua concesionada como los de las comunidades que carecen del líquido, lo cual ha dado pie a que los gobiernos federal y estatal cataloguen el conflicto como una disputa étnica, sin reconocer que el trasfondo es el agua.

INVESTIGACIONES EN EL OLVIDO

En el contexto de este supuesto conflicto étnico se dio el asesinato del defensor de la tierra Juan Alfonso Robles Martínez, quien fue ejecutado a las afueras del palacio de gobierno la mañana del 22 de mayo de 2007. La lucha de este defensor, regidor de salud en el municipio de Putla Villa de Guerrero, se concentraba en la necesidad de suministrar agua a la población marginada a fin de reducir los índices de morbilidad. A través del gobierno local, Juan Alfonso le reclamaba a la federación la redistribución del agua en la región.

En esta petición lo acompañaba Albino Martínez Flores, otro de los líderes del MULT, quien exigía el cese de concesiones para la extracción de grava y arena de los afluentes alimentadores de agua en la zona de Putla. Albino fue asesinado la tarde del 13 de noviembre de 2009, en la víspera de una protesta contra el arrebato de los recursos del pueblo triqui. Fueron dos personas las que lo ejecutaron en las céntricas calles del municipio de Putla acertándole tres impactos de bala.

Otro ejecutado a causa de la defensa del agua y el territorio en la zona triqui de Oaxaca fue José Merino Fernández. El 12 de enero de 2015, un comando armado se lo llevó cuando llegaba a su domicilio, tras haber participado en una reunión con los dirigentes del MULT. No se volvió a saber nada de él hasta que su cuerpo apareció, con visibles huellas de tortura y un balazo en la cabeza, en la carretera que va de Putla a La Joya.

El asesinato de José Merino Fernández fue atribuido a un secuestro que en apariencia no tenía nada que ver con su lucha social, según se estableció en las indagatorias de la procuraduría estatal. El crimen se atribuyó a una célula del llamado Cártel del Istmo, cuyo líder era Pedro Díaz Parada, pero el ministerio nunca ahondó en las razones del secuestro. José Merino no contaba con recursos suficientes como para haber atraído la atención de los plagiarios.

Lo mismo sucedió con Cirilo Castañeda Guzmán, el iniciador del movimiento de defensa del territorio triqui, quien fue asesinado en marzo de 2006 en el centro ceremonial de San Juan Copala, luego de haber reclamado directamente al gobernador Ulises Ruiz la decisión de abrir las concesiones de uso de agua a núcleos agrarios que tenían convenios económicos con trasnacionales interesadas en la producción de granos básicos a gran escala.

A causa de la defensa del territorio indígena también fueron ejecutados Marciano Martínez Cruz y Rafael Hernández Cisneros, quienes habían extendido la resistencia al despojo hacia la zona de Santiago Juxtlahuaca. En esta región, una de las más pobres del estado, se ha intensificado la escasez del agua tras el despojo de las autoridades federales, al anteponer el suministro para cultivos agrícolas antes que para la población.

El río Juxtlahuaca tiene una capacidad promedio de aportación de agua subterránea de 3 millones 887 mil 246 m³ por año,4 pero el consumo de las unidades de riego, alentados por la inversión de empresas trasnacionales que comercializan los granos, llega a 3 millones 375 mil 693 m³, lo cual deja a la población tan sólo con 511 mil 553 m³ de agua al año.

En este municipio también se registran desplazamientos por la falta de agua, hecho que denunció en su momento Marciano Martínez Cruz, asesinado la mañana del 7 de enero de 2017 sobre la carretera federal 125 a la altura de El Chorrito, en el municipio de Putla, acto en el que también murió Rafael Hernández Cisneros. Un comando armado los acribilló mientras viajaban en una camioneta.

Estos líderes reclamaban la cesión que estaba haciendo el gobierno federal de grandes volúmenes de agua a favor de las unidades de riego Yerbasanta, Del Fresno, Punta de Piedra, Cabeza del Río, El Diamante, La Sabinera, Llano de la Cruz, Ojo de Agua, Paso de Águila, Río Carrizal, Río Encino Blanco, Río Rahelle, Río Sabino, Río San Marcos, Santa Catarina, Santa María Asunción y Zochiquilazala, dejando prácticamente a la población sin agua para uso doméstico.

Otro defensor de la tierra y el agua que fue asesinado en Oaxaca es Benjamín Juárez José, quien fuera dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni). Esta organización se ha mantenido en pie de lucha contra los megaproyectos, principalmente mineros y de generación de electricidad, que intentan despojar de sus recursos a los pueblos del Istmo de Tehuantepec.

El 6 de abril de 2017, Benjamín Juárez murió de manera inexplicable en los separos de la policía municipal de Matías Romero, luego de ser detenido de forma arbitraria por elementos de esa corporación, con el supuesto requerimiento de acudir a una diligencia oficial. Sin ningún mandato judicial, el presidente suplente de la Ucizoni fue retenido durante más de 24 horas. Su cuerpo fue hallado con golpes en la cabeza dentro de una celda.

El activista se había manifestado en contra del proyecto minero de la canadiense Minaurum Gold Inc., que pretende instalarse en el municipio de Santo Domingo Zanatepec, donde busca la explotación de una mina de oro a cielo abierto que devastará más de 7 mil 310 hectáreas de suelo, con una afectación irreversible a los mantos freáticos que serían contaminados con cianuro.

La población de Santo Domingo Zanatepec cuenta con un abasto promedio anual de agua que se ubica en los 823 mil 352 m³, menos de la mitad del volumen que pretende utilizar la minera, pese a que más de 15% de los habitantes no tienen agua en sus casas.

Benjamín Juárez también luchaba por frenar otros proyectos mineros en la zona del Istmo de Tehuantepec, como los de las mineras Zalamera, Maya Minas y Minerales y Geonorte, que mediante cinco títulos de concesión se han apropiado de más de 30 mil hectáreas de suelo en las localidades de San Miguel Chimalapa, Santo Domingo Zanatepec, San Pedro Tapanatepec, Ixtepec y Santiago Laollaga, para explotar minas con beneficio de oro, plata y cobre.

En San Miguel Chimalapa, con el fin de operar el llamado proyecto Santa Marta, que tiene una reserva de 5 mil 610 hectáreas de suelo a devastar, Minaurum Gold Inc. pretende hacer una extracción de agua de casi 670 mil m³ al año. La población de esta localidad, donde 11% no cuenta con servicio de agua potable en sus domicilios, sólo tiene autorizado el uso de 170 496 m³ de agua al año, mediante 19 pozos propiedad del municipio.

En San Pedro Tapanatepec la codicia de las mineras la ha despertado el propio Servicio Geológico Mexicano, al declarar desde 2012 la existencia de 39 sitios con reservas mineras de importancia, de las cuales 17 son de agregados pétreos, 16 de minerales metálicos, cuatro de rocas dimensionables y otros dos más de minerales no metálicos.5 La empresa Geonorte, filial de la canadiense Radius Gold Inc., pretende explotar una mina de oro y cobre en el predio Tapanatepec 2, que cuenta con una extensión de 17 mil 350 hectáreas, para lo cual tendrá que utilizar más de 2 millones de m³ de agua al año.

El consumo de agua planteado para este proyecto es seis veces mayor al volumen que se destina a la producción rural y al uso doméstico en esta localidad. Esto lo denunció Benjamín Juárez y también José Alberto Toledo Villalobos, miembro de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quien fue asesinado a golpes. El 9 de abril de 2017 sus agresores lo interceptaron en la carretera de Tapanatepec a Juchitán, según la versión de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo de Tehuantepec. Lo trasladaron al hospital de Juchitán, donde falleció.

José Alberto también mantuvo una lucha constante contra la CFE para frenar los proyectos de generación de energía de fuentes eólicas, así como contra el proyecto minero de Maya Minas y Minerales. A la fecha, esta empresa conserva su intención de explotar los yacimientos de oro, plata y cobre en los lotes conocidos como Maya Frac I y Maya Frac II con una extensión de 2 mil 311 y 2 mil 445 hectáreas, respectivamente, cuya vigencia de explotación se mantiene hasta 2063, con la posibilidad de invadir y contaminar los ríos Negro y Milagros-Zacatal.

LAS PERVERSAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

A pesar de los efectos probados de aniquilación en las poblaciones inmediatas, los proyectos económicos contra los que protestaban Benjamín Juárez y José Alberto Toledo se afianzaron con la declaratoria de Zonas Económicas Especiales (ZEE) emitida por el presidente Peña Nieto el mismo año que mataron a los activistas.6

Las comunidades indígenas de Oaxaca consideran a las ZEE como una afrenta que garantiza beneficios económicos, fiscales y de trámites a las mineras y las trasnacionales. Paradójicamente, el decreto fue impulsado por el empresario oaxaqueño Gerardo Gutiérrez Candiani, quien ha visto más bondades que retrocesos en esta propuesta económica del gobierno federal.

Según Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, la creación de estas zonas significa una inversión para modernizar los 16 puertos, crear un cuarto ramal ferroviario y garantizar el abasto de gas natural en el sureste del país. Las ZEE posibilitarían en 20 años un total de 224 proyectos de infraestructura con una inversión cercana a los 156 mil 241 millones de pesos.

Lo que no ha dicho la autoridad federal es que estos proyectos requieren de dos recursos fundamentales: suelo y agua, los cuales tienen que arrebatarse a las comunidades originarias, desatando la violencia contra los defensores del medio ambiente.

Sólo en la ZEE de Salina Cruz, que comprende el territorio que defienden la Ucizoni y la APIIDTT, el gobierno federal ha anunciado la posibilidad de que se instalen al menos 36 empresas trasnacionales del giro minero, comunicaciones, generación de energía y extracción de hidrocarburos, para lo cual se ha dispuesto de una superficie de uso de suelo de 4,598.97 hectáreas cuyo origen puede ser propiedad privada o de uso común.

Así se perfila un grave conflicto en la región. Actualmente, en el municipio de San Pedro Comitancillo, los vecinos de origen zapoteco ya se han opuesto a la instalación de la empresa Tecnologías en Materiales Compuestos, que busca establecer en la zona una planta de fabricación de aspas para aerogeneradores de electricidad a partir de energía eólica.

Esta empresa de capital mexicano pretende asentarse en el cerro de La Garza que, además de ser un sitio sagrado, se ubica en una reserva natural protegida. Para los pobladores es un área de recolección de leña y caza de especies menores. Desde hace 10 años, los vecinos de San Pedro Comitancillo han promovido al cerro de La Garza como un sitio ecoturístico para la generación de ingresos económicos.

Este cerro también es un generador natural de agua para el río Tehuantepec, el cual abastece la región hídrica de Santa María Mixtequilla, Salina Cruz, Tehuantepec, El Espinal y Asunción Ixtaltepec, donde la sobreexplotación del recurso hídrico ha hecho que más de 15% de los habitantes de la región no tengan agua en sus domicilios.

La mayor parte del agua de la cuenca va a dar a las actividades agroalimentarias e industriales a gran escala. Sólo en Santa María Mixtequilla, donde la población cuenta con un abasto oficial de 225 159 m³ al año, la refinería Antonio Dovali Jaime, de Pemex, consume 22 millones de m³ al año, mientras que las unidades de riego Narcedalia Pineda de Ramírez López y Francisco Romero Reyes consumen más de 2 millones 650 mil y 7 millones 528 mil 440 m³ al año, respectivamente.

Esa, la falta de equidad en la distribución del agua, es una de las razones por la que la comunidad de San Pedro Comitancillo duda que el plan de la Zona Económica Especial vaya a favorecer al desarrollo comunitario.

El otro gran conflicto en San Pedro Comitancillo es el uso del suelo. El plan económico del gobierno federal obliga a las empresas a instalar sus plantas productivas en una superficie mínima de 20 hectáreas, además de que la inversión mínima de cada una debe ser de 20 millones de dólares en los primeros cinco años. Los dueños del capital tendrán que recuperar su inversión a costa de lo que sea.7

LA SANGRE CON LA QUE SE RIEGA EL DESARROLLO

El 22 de julio de 2018, el activista Rolando Crispín López fue asesinado en Juchitán. Este integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, también era opositor al proyecto federal de la ZEE y luchó contra la empresa Energía Eólica del Sur, antes conocida como Mareña Renovables. Tras concluir su jornada de vigilancia con la guardia comunitaria, Rolando fue a hacer unas compras y en la calle lo ultimó que vio fue un sujeto al que después se identificó como policía en activo de Juchitán. A pesar de que la autoridad ministerial de Oaxaca tiene conocimiento de esto, no lo ha llamado a rendir cuentas.

En Oaxaca prevalece un estado de intimidación, persecución y amenazas contra los activistas. Varios colectivos civiles de defensa de derechos humanos han tenido que lanzar una alerta de protección para activistas que han asumido grandes riesgos en su labor social. Recientemente la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, representada por Arturo Peimbert Calvo, reconoció la necesidad de proteger a los integrantes del Comité de Resistencia ante el Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, quienes ya han recibido amenazas de muerte. Las activistas Bettina Cruz Velázquez y Maribel González fueron advertidas del riesgo de perder la vida si continuaban con su lucha. La intimidación vino de parte de trabajadores de Desarrollos de México, empresa que destruyó el cercado de las parcelas indígenas hacia donde se pretende extender el campo eólico de la trasnacional.8

La alerta en Oaxaca no sólo advierte sobre las agresiones de Desarrollos de México, de capital español, también se menciona a Eólica de Oaxaca, filial de la francesa EDF Energies Nouvelles, la cual se ha logrado consolidar en la región pasando por encima del derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas e informadas sobre los planes de uso del suelo y la debida retribución económica.

Al parecer el reclamo de la Defensoría pasó desapercibido, pues apenas 21 días después de que se emitió la alerta, asesinaron a José Medel Jiménez Cruz, otro activista que luchaba contra las empresas eólicas en Unión Hidalgo. Lo mataron el 20 de julio de 2018 a las afueras de la comunidad de San Miguel Chimalapa. Como presidente del Comisariado de Bienes Comunales, también se había opuesto a la cesión de permisos para que la canadiense Minaurum Gold opere una mina de oro en el predio de La Cristalina.

José Medel manifestaba una abierta oposición al uso de más de un millón de m³ que pretende hacer Minaurum Gold, una cantidad que representa más de seis veces el agua que se consume en San Miguel Chimalapa. A través de los 19 pozos autorizados por la Conagua se transportan 162 mil 926 m³ al año, los cuales resultan insuficientes. Más de 16% de la población no cuenta con ese servicio en su domicilio, pese a la vastedad que aportan los ríos Esperote, El Santo, Chiquito y Aguas Calientes.

La lucha de José Medel también ocurría a escala nacional, con la promoción del Movimiento de Resistencia Contra las Hidroeléctricas, Extracción de Hidrocarburos y Minería a Cielo Abierto, el cual se ha extendido en un gran parte de las regiones indígenas con reservas minerales.

LA PELEA CONTRA LOS GIGANTES

En Puebla no sólo las mineras amenazan con dejar sin suministro de agua a la población. Aquí la lucha por la subsistencia también se da en torno a siete grandes proyectos hidroenergéticos en la zona de la Sierra Norte, los cuales arrebatarán el agua para el consumo de las poblaciones y afectarán de forma severa el ambiente.

A partir de la entrada en vigor de la reforma energética, el Estado cedió a la iniciativa privada una parte de su función rectora en la generación, distribución y comercialización de electricidad, dejándole también la posibilidad de apropiarse de los recursos hídricos.

El gran contrasentido de esta reforma es que el suministro de energía eléctrica ni siquiera es para las poblaciones aledañas a los megaproyectos, donde es evidente la carencia de ese servicio. La producción de electricidad mediante ríos y represas se destinará a la operación de las mineras, muchas de las cuales ya se encuentran en etapa de exploración en esa zona.

Las empresas Generadora de Energía Xochimilpa y Planeación y Proyectos de Ingeniería, de Grupo México, tienen a cargo el proyecto de la Central Hidroeléctrica Xochimilpa, la cual se pretende instalar en la ribera del río Ajajalpan, arrebatando el agua a las poblaciones de Xochicuautla, Ahuacatlán y Zacatlán.

En la misma orilla del Ajajalpan también está en proceso la planta hidroeléctrica Puebla I, a cargo de las empresas Deselec 1 y Comexhidro, que dejará sin acceso al agua a los habitantes de 18 localidades de San Mateo, Ahuacatlán y Tepatlán, donde además se encuentran en proceso de entrega cinco concesiones mineras.

Sobre la rivera del Apulco se pretende también construir una represa, a cargo de la firma Hidroeléctrica del Apulco, la cual obligará a la disminución de agua para la comunidad de Taihtic, Zacapoaxtla. También se verán afectadas las comunidades de Bienvenido y Olintla, luego de que Grupo México construya otra hidroeléctrica sobre el río Ajajalpan.

Por su parte, Ingdeshidro Eléctrica contempla implantar el proyecto San Antonio sobre los ríos Zempoala y Ateno para proveer de energía eléctrica a futuros proyectos mineros. Esto hará que se vean disminuidas las posibilidades de suministro de agua en las poblaciones de Xochitlán, Atlequizayán, Zapotitlán, Nauzontla y Zoquiapan, donde la población vive de cultivos de granos básicos a baja escala.

Las poblaciones de Zoquitlán y Tlacotepec se verán también recortadas en el acceso al agua con la puesta en operación de los proyectos hidroeléctricos de Coyalapa y Atzalan. El primero está a cargo de la Compañía Hidroeléctrica de Puebla, y el segundo lo opera la Minera Autlán. Esta última es ya una vieja conocida en la zona por su forma de hacer negocios e ignorar los reclamos sociales. Así pasó con la Central Hidroeléctrica Atexcaco, la cual se alimenta de los ríos Xiucayucan, Atexcaco, Puxtla, Xomiaco, Colaxtitla y Acateno, y propició una afectación directa al suministro de agua de Hueyapan, Tlatlauquitepec y Yahonauac.

El 15 de mayo de 2018 fue asesinado el activista Manuel Gaspar Rodríguez, quien calificaba esos proyectos como “de muerte”. El crimen ocurrió en un hotel de la cabecera municipal de Cuetzalan. A este homicidio le siguió la misteriosa desaparición de Sergio Rivera Hernández, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

Al momento de su desaparición, Rivera organizaba la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzalá en la Sierra Negra de Puebla, a cargo de Grupo México. El activista fue visto por última vez el 23 de agosto de 2018 sobre la carretera de Tepexilotla a Tepetolonzi en el municipio de San Pablo Zoquitlán, donde según testigos le dio alcance una camioneta blanca con caja seca. Su motocicleta la encontraron arrollada a la altura de la desviación a Zaragoza. En el sureste de Puebla, Rivera abanderaba el movimiento para alcanzar la declaratoria de zonas libres de minería, el mismo que promovía José Medel desde Oaxaca.

DISPUTA A MUERTE

La disputa por el agua en el municipio de Villa de Tututepec Melchor Ocampo, en Oaxaca, sólo se puede entender si uno ve las cifras del Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua, donde se establece que mientras los productores particulares de granos reciben más de 5 millones de m³ de agua al año por medio de 163 pozos, el municipio cuenta sólo con 34 pozos que dan un abasto de un millón 464 mil 553 m³ por año para la población.

La pelea en torno al agua en la zona de San Pedro Tututepec es muy similar a la que se ha gestado en Arantepacua, del municipio de Nahuatzen, en Michoacán. Aquí la lucha por conservar el suelo, el agua y el bosque dejó cuatro defensores de la tierra asesinados en 2017: José Carlos Jiménez Crisóstomo, Luis Gustavo Hernández Cohenete, Francisco Jiménez Alejandre y Santiago Luna Crisanto.

El único delito que cometieron fue oponerse a la decisión del gobierno estatal de invadir la comunidad con policías estatales. Los agentes pretendían rescatar más de 20 vehículos de las líneas Paraíso, Purépecha y TAP, además de Bimbo, Sabritas, Coca-Cola y Barcel, que habían secuestrado los comuneros de Arantepacua para exigir una solución definitiva al conflicto.

Hay que recordar que las comunidades de Arantepacua y Capácuaro mantienen un diferendo a muerte desde hace años por más de 520 hectáreas de suelo. Las administraciones estatales a veces se han inclinado de un lado y a veces del otro, sin ofrecer una solución real. El conflicto ha sido calificado como “un problema étnico de límites y colindancias”, sin reconocer que se halla en juego la sobrevivencia de la comunidad de Arantepacua, al encontrarse ahí el principal suministro de agua.

Las 520 hectáreas de suelo y bosques que abastecen de agua a la comunidad de Arantepacua se ubican dentro de la misma localidad. Sin embargo, un decreto presidencial emitido en 1984 por Miguel de la Madrid refiere que esas tierras son propiedad de los comuneros de Capácuaro. Así lo estableció por decisión propia el secretario de la Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña, lo cual hizo que estas dos comunidades purépechas se confrontaran a muerte.

El conflicto llegó a su cúspide el 5 de abril de 2017, cuando en su legítimo reclamo de la propiedad, los comuneros de Arantepacua secuestraron los vehículos. El movimiento de lucha lo dirigió José Carlos Jiménez Crisóstomo, quien fue el primero en caer a manos de los 400 policías estatales que desplegó el gobernador Silvano Aureoles.

Jiménez Crisóstomo formaba parte del colectivo que ha reclamado ante la Conagua el otorgamiento de nuevos permisos de perforación de pozos para el suministro de agua potable a la población. La única forma que tienen de abasto los más de tres mil habitantes de Arantepacua es mediante la recolección de agua de lluvia o de los cada vez más escasos afluentes que bajan de la zona boscosa.

Nahuatzen sólo cuenta con cinco pozos de agua potable. Tres abastecen a la cabecera municipal con un gasto total de 347 mil 373 m³ de agua al año, otro que abastece a la comunidad de Turícuaro con un volumen de 164 mil 250 m³ al año y uno más que atiende las necesidades de la población de Emiliano Zapata con 4 mil 664 m³ al año. La población de Arantepacua no cuenta con ningún pozo, pues el que pretenden perforar se encuentra en las inmediaciones de los predios en conflicto.

LAS REFRESQUERAS, AGRAVAN EL PROBLEMA

Mientras los pobladores de Arantepacua no tienen agua para sus actividades agrícolas ni para beber, en la zona colindante de Uruapan no hay restricción para dotar de agua a la planta industrial. Sólo la empresa Bebidas Azteca de Occidente, la embotelladora de Coca-Cola, consume al año 300 mil m³ de agua, que es casi el equivalente al volumen que consume durante el mismo periodo la población de Nahuatzen.

También Geusa de Occidente, fabricante de bebidas como Pepsi, Lipton y Gatorade, se ha valido de las bondades oficiales de la distribución de agua a la planta industrial para tener concesionados dos pozos que en la zona de Uruapan garantizan un suministro de 413 mil 989 m³ de agua al año.

La desigual distribución de agua en la zona alta de la Meseta Purépecha también se observa en los beneficios que recibe Bebidas Purificadas del Cupatitzio, embotelladora de Mirinda, Kas, Trisoda y Seven Up, que se beneficia con 80 mil 640 m³ de agua al año. Otra refresquera que se ha apropiado del agua es la Embotelladora Aga del Centro, que envasa refrescos de la marca Sidral, Caballitos, Lemon One, Zubba, Squirt y Skarch, con 47 mil 925 litros de agua al año.

Pero no sólo las refresqueras se han quedado con el agua, también la industria del aguacate es responsable del conflicto social en esta región. Sólo hay que ver los números de algunas de las principales comercializadoras del llamado “oro verde”, que en esencia es igual al oro metálico en términos de devastación ambiental.

Mientras en la región de Uruapan existen poblaciones indígenas como las de Nurio, Zirimícuaro, San Juan Parangaricutiro, Nuevo San Martín, Tiamba, Las Cocinas y San Andrés Coru, donde más de la mitad de casi 120 mil habitantes no tiene el mínimo de agua para vivir, la Conagua ha otorgado escandalosas concesiones de agua para la producción de aguacate. Avocado Export Company tiene beneficios por 17 mil 998 m³ de agua al año, Huertas Camatin La Colorada extrae 165 mil m³, y Empacadora de Aguacates San Lorenzo es dueña de 18 mil 249 m³, por mencionar sólo algunas de las empresas aguacateras más importantes de Uruapan.

El desabasto de agua en la zona de Uruapan, pese a ser uno de los sitios con más agua en el país, también se debe a la explotación que el propio gobierno federal realiza a través de la CFE. Para mantener la Central Hidroeléctrica de Zumpimito utiliza mil 20 millones 185 mil 425 m³ de agua al año, que es el equivalente a 11 veces el consumo de agua que hace en el mismo lapso Grupo México, el consorcio más voraz de la industria minera en ese rubro.

Con imagen de benefactora social, la CFE ha mostrado en Michoacán su verdadera faceta de devastación ambiental. No sólo en Uruapan agota las reservas hídricas, también en el municipio de Los Reyes ha causado desabasto, al consumir más de 21 veces el volumen asignado al suministro habitacional a través del sistema municipal.

Esta denuncia le costó la vida Felipe Ramírez, quien comenzó un movimiento de resistencia contra la paraestatal desde los años setenta, cuando aún estaba en proyecto la instalación de una planta de electricidad. Las protestas de este defensor indígena de la tierra se intensificaron hace un par de años, cuando el consumo de agua de la CFE se incrementó 25% ante la propuesta de aumentar los niveles de producción de electricidad. Esto hizo que disminuyera el abasto de agua entre la población casi 30%, tanto para el consumo doméstico como para el riego de cultivos en baja escala.

El 20 de octubre de 2017 un comando asesinó a Felipe Ramírez en la carretera Jacona-Los Reyes. Iba a bordo de su camioneta en compañía de dos familiares que resultaron heridos. Lo interceptaron siete sujetos que viajaban en motocicletas y huyeron cubiertos por policías estatales.

La procuraduría del estado aún no tiene pistas de los responsables. La principal línea de investigación es la posibilidad de que el defensor haya sido asesinado por integrantes de los Caballeros Templarios, lo cual no está lejos de la realidad, sólo que estos actuaron bajo instrucción oficial, según lo confió uno de los deudos.

La protesta de Felipe Ramírez se entiende al considerar que mientras los 160 mil habitantes de Los Reyes se benefician con 774 mil 035 m³ de agua al año, generados en 22 pozos del municipio, la CFE obtiene 16 millones 334 mil 990 m³ durante ese mismo periodo.

En este municipio hay empresas que en un solo pozo cuentan con un mayor volumen de agua que toda la comunidad. Este es el caso de Grupo de Productores La Alameda, que obtiene poco más de 163 mil 064 m³ de agua en un año, mientras que comunidades como La Tinaja, Cheratillo, 18 de Marzo, Oruscato o San Luis, reciben sólo 20 mil m³.

El suministro de agua entre industria y población en Los Reyes es tan desproporcionado, que solo Ingenio Santa Clara cuenta con más agua que todo el municipio. El complejo azucarero tiene un permiso que le garantiza el suministro de 785 mil 779 m³ cada año. Este ingenio es propiedad del Grupo Porres, el mismo que opera el complejo azucarero de Huixtla, en Chiapas, donde también han surgido conflictos por la posesión del agua.

MEGAPROYECTOS INSACIABLES

En Chiapas, sólo durante 2017, se registró el asesinato de dos defensores de la tierra: Rodrigo Guadalupe Huet Gómez y Andrés Jiménez Pablo. Ambos fueron víctimas de ataques directos y los asesinos no han podido identificarse, por lo que sus casos se mantienen en completa impunidad.

Rodrigo Huet, consejero de la Organización Nacional del Poder Popular, había denunciado el despojo de tierras y la presencia de proyectos extractivos en la región de Venustiano Carranza. A la par de la defensa de la identidad cultural de su pueblo, luchaba por la justa distribución del agua entre los más de seis mil pobladores que carecen de ella.

Según datos de la Conagua, mientras el municipio, con 240 pozos, tiene acceso a un volumen de casi 5 millones 500 mil m³ de agua al año para atender las necesidades de la población, sólo la Compañía Azucarera La Fe, que opera el ingenio Pujiltic del grupo Zucarmex, se beneficia con 5 millones 148 mil 164 m³. El arrebato de agua en esta parte de Chiapas también toca a la CFE, que para la generación de energía eléctrica sustrae 9 mil 334 millones 610 mil 919 m³ de agua al año.

Tal como lo denunció Rodrigo Huet, el problema de abasto de agua se podría agudizar si se concretan los planes de explotación minera que el gobierno federal ha determinado en la zona de Venustiano Carranza. Desde 2004, Fronteer de México, subsidiaria de la canadiense Fronteer Development Group, busca oro, titanio, zinc y barita, ocasionando ya el despojo de más de 530 hectáreas de suelo a comuneros de Venustiano Carranza, Las Margaritas y San Cristóbal de las Casas según se documentó en varias visitas in situ a lo largo de esta investigación.

A causa de la presencia minera en el municipio de Ocozocoautla, se teme que el agua se agote. Esta localidad forma parte del proyecto de expansión que pretende la canadiense Radius Gold a través de la subsidiaria Geometales del Norte. La empresa busca oro y plata en esa región con un uso estimado de por lo menos 4 millones de m³ de agua por año, lo cual terminaría muy pronto por consumir las reservas hídricas de la zona.

Esa era la denuncia de Andrés Jiménez Pablo, quien alertó de la falta de agua para la población y los productores agrícolas de Ocozocoautla. Aquí más de 70% del agua se encuentra en poder de empresas agroalimentarias como Cascada Linda Vista y El Maragos, que extraen anualmente 988 mil 560 y 378 mil 835 m³ de agua, respectivamente, cuando hay localidades como La Fe de Jesús de Nazaret, La Pochotilla o Las Campanas, que cuentan con menos de 200 m³ de agua al año.

La letalidad de los poderes fácticos contra los que se oponen a sus proyectos no sólo se ha manifestado en los asesinatos de los dirigentes sociales. En Chiapas esa ofensiva también se ha dirigido contra los comunicadores que llegan a ser voceros de las organizaciones. Uno de los casos más recientes fue el asesinato de Mario Leonel Gómez Sánchez, un periodista afín al EZLN y al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Desde su trinchera en El Heraldo de Chiapas y en el portal de MGNoticias, Mario Gómez denunciaba los intentos del Estado mexicano y de trasnacionales por despojar a las comunidades indígenas de sus recursos en el municipio de Yajalón, en Los Altos de Chiapas, sin saber que finalmente eso le costaría la vida.

A Mario lo mató un sujeto que viajaba en la parte posterior de una motocicleta. El asesino no era improvisado: a más de siete metros de distancia accionó en tres ocasiones el arma, acertándole disparos en el abdomen y en el brazo, con una separación de menos de diez centímetros entre ellos. El homicida nunca descendió del vehículo, ni siquiera se quitó el casco que portaba y los disparos los hizo en movimiento con un ángulo cada vez más abierto en el que cualquiera hubiera fallado.

Este periodista se había protegido con el Mecanismo de Protección para Periodistas desde 2016, cuando denunció que había recibido amenazas anónimas de muerte. Como medidas cautelares, le dieron un botón de pánico, monitoreaban sus movimientos y contaba con vigilancia policiaca cerca de su domicilio. Las medidas se le retiraron tres meses antes de su ejecución.

Mario volvió a ser víctima de intimidaciones a partir del 15 de junio de 2018. Denunció ante la fiscalía de Chiapas que había recibido una nueva amenaza de muerte por Facebook. La victima atribuyó la amenaza a una persona que identificó como el Francotirador, quien presuntamente sería el chofer del diputado Leonardo Guirao Aguilar, representante del distrito de Palenque por el Verde Ecologista.

En la declaración que en su momento hizo ante el ministerio público, el periodista estableció la posibilidad de que la causa de la amenaza fuera resultado de las denuncias de corrupción contra Guirao Aguilar. Este legislador estuvo ligado al tema del agua al presidir la Comisión de la Industria del Cacao, ser secretario de la Comisión del Café, además de integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

A pesar de las evidencias que lo situaban en alto riesgo, a Mario Gómez, el Estado no lo protegió, omisión que ocurre con decenas de defensores y periodistas cuya vida corre peligro a causa de la defensa de los recursos naturales en Chiapas.

GOBIERNO OMISO

La falta de interés del gobierno federal para atender la seguridad de los hombres y las mujeres que se han puesto del lado de los recursos naturales es evidente. En 2017 no aportó un solo peso al fideicomiso destinado a la seguridad de los defensores y periodistas en riesgo.9 Por lo que hace a 2018, de los casi 300 millones de pesos que el mecanismo solicitó al presupuesto de gastos de Hacienda, sólo se asignaron 200 millones. Así, en agosto de ese mismo año el mecanismo se quedó sin fondos, dejando a decenas de beneficiarios sin garantías de seguridad personal.

Pero no siempre es la falta de recursos lo que ha hecho que el gobierno federal no proteja a los periodistas y defensores del medio ambiente. Casi siempre es la indolencia y la falta de disposición de los funcionarios del mecanismo lo que deja a las víctimas a expensas de sus depredadores. El caso más evidente es el de Andrés Jiménez Pablo, quien solicitó medidas de seguridad del gobierno, pero nunca se le otorgaron a causa del burocratismo, o tal vez como resultado de un acto concertado con los propios agresores.

Otros que corrieron con igual suerte fueron los hermanos Miguel Ángel y Agustín Vásquez Torres, de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, del municipio de Tuxpan, Jalisco, quienes fueron asesinados el 20 de mayo de 2017, apenas dos días después del homicidio de Rodrigo Huet en Chiapas.

A Miguel Ángel lo emboscó un grupo de hombres armados al filo de las seis de la tarde en San Sebastián Teponahuaxtlán. Aún con vida fue llevado al hospital de esa localidad, a donde su hermano Agustín acudió para saber de su estado de salud, pero fue atacado en el sitio por los mismos agresores, perdiendo la vida los dos con pocos minutos de diferencia.

Una de las batallas de los hermanos activistas era el reclamo de más de 10 mil hectáreas de suelo en Piedra Bola y Bola Negra, en las inmediaciones de la Sierra de Pajaritos. Los predios les fueron arrebatados por un grupo de ganaderos de Huajimic y Puente de Camotlán, en La Yesca, Nayarit. Desde hace cuatro años, estos terratenientes se han valido de una alianza con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, la cual impulsó Edgar Veytia, fiscal del estado y hoy procesado en Estados Unidos.

LOS WIXÁRICAS, EL PUEBLO MÁS DESPOJADO

En Nayarit destaca el conflicto de los wixáricas del municipio del Nayar. Además de la defensa de su territorio, amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que les ha arrebatado predios en la sierra para utilizarlos en la siembra de amapola, enfrentan una lucha para preservar sus sitios sagrados, los cuales están en riesgo de desaparecer a causa de los megaproyectos de inversión extranjera.

Uno de los problemas principales que afrontan los wixárika de esta zona es la construcción de la presa Las Cruces. Si esta obra de la CFE se lleva a cabo, consumirá el total del caudal del río San Pedro-Mezquital, dejando sin posibilidad de abasto a los agricultores del Nayar y a una docena de localidades de los municipios de Rosamorada y Ruiz.

La obra tendrá un grave impacto en la economía de las comunidades indígenas de la zona del Nayar, donde la producción de ostras y camarones es una de las fuentes más importantes de ingresos. Los esteros se verán afectados por la salinización debido a la alteración en el suministro de agua dulce, lo cual también perjudicará los sistemas de riego de los pequeños productores de granos.

Lo anterior lo explicó Margarito Díaz González para esta investigación apenas dos días antes de su ejecución. El líder wixárika se oponía a la construcción de Las Cruces y promovía acciones entre los pueblos hermanos de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala, en San Luis Potosí, para frenar la construcción de la presa La Maroma. En esta zona un acueducto arrebatará el agua del manantial La Alberca para abastecer a la ciudad de San Luis Potosí.

Sin saber lo cerca que estaba de la muerte, Margarito cuestionó la decisión del gobierno federal de dar paso a su programa de infraestructura hidráulica y energética a costa de la desaparición de la cultura y la organización social de los pueblos indígenas. Hablaba con autoridad. Recientemente había sido nombrado en el cargo de marakame —primer guardián de la cultura wixárika— de las comunidades indígenas integradas en la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit. Con ese cargo, Margarito pudo recuperar el Tatéi Haramara, un sitio sagrado en la Playa del Rey, en el municipio de San Blas. El gobierno federal concesionó esa zona a las empresas Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey y Desarrollos Turísticos Aramara. La privatización la gestionaron el alcalde Hilario Ramírez y el propio gobernador Roberto Sandoval, ambos cuestionados por su inexplicable riqueza.

Otra de las luchas que distinguieron a Margarito fue su oposición a la apertura del territorio wixárika a la industria minera. Su resistencia la dirigió a la defensa de los humedales de la reserva de la biósfera de Nayarit, donde fauna y flora se encuentran amenazadas por diversos proyectos mineros: cinco ya están en ejecución y otros seis se encuentran en fase de exploración. Uno de los mayores riesgos es que las comunidades indígenas y los núcleos poblacionales urbanos se queden sin agua.

Los proyectos a los que se oponía el líder wixárika no han sido considerados en las líneas de investigación de su homicidio: la mina de oro y plata La Colorada, en La Yesca, operado por Minera Silver Creek; la mina de oro, plata, plomo y zinc El Colomo, en Huajicori, de Golden Anvil; la mina de oro y plata El Diablito, en Tecuala, operada por Vane Minerals de México; la mina de oro, plata, plomo y zinc Mineral de Cucharas, en Huajicori, propiedad de Aldrett Hnos., y la mina de oro y plata La Yesca, ubicada en el municipio del mismo nombre, propiedad de la canadiense UC Resources Ltd.

Margarito también fue enérgico en su rechazo a los trabajos de exploración de las empresas Cream Minerals Ltd., que busca operar una mina de oro y plata en el predio Nuevo Milenio del municipio de Compostela; Fairfields Gold, que se ha apropiado del predio Nayarit, en Compostela, para una mina de oro y plata; el particular Alejandro Briones, que cuenta con una concesión para explotar oro y plata en el predio Yago, de Santiago Ixcuintla; Nayarit GoldCorp, que instalará una mina de oro y plata en el terreno conocido como Orión, en Acaponeta; Silvermex Resources Ltd., que explora una mina de oro y plata en el predio La Frazada del municipio de Ruiz, y Premium Exploration, que avanza en la mina de oro y plata en el predio Nueva Galicia, de Compostela.

El despojo a los wixárika ha ocasionado un desplazamiento poblacional sin precedente, principalmente por falta de agua y el arrebato del suelo, según lo reconoció Leonardo Muñoz. El gobernador de esa etnia en Nayarit señaló que en los últimos tres años al menos 15 grupos indígenas han tenido que desplazarse de sus lugares de origen a causa de la llegada de trasnacionales.

El pueblo wixárika se extiende a lo largo de más de 60 mil hectáreas en seis estados: Durango, Chihuahua, Jalisco, Zacatecas, Nayarit y San Luis Potosí. Más de la mitad de su territorio ha sido entregado en concesión a empresas para la ejecución de diversos proyectos, principalmente para la generación de energía eléctrica y la extracción de minerales.

De acuerdo con datos de Leonardo Muñoz, tan sólo en Chihuahua han sido expulsados de sus localidades cerca de 750 wixárikas, luego de que se entregaron más de 3 mil 670 hectáreas de suelo a las mineras Agnico Eagle, Constellation Copper Corp., Eagle Mining Company Inc., Sierra Metals Inc., Endeavour Silver Corp., Frenillo PLC, Silver Standard, Azure Minerals y Minerales Metálicos del Norte.

En Nayarit el despojo contra los wixárikas arreció desde 2014, cuando el gobierno federal, sin consulta previa, autorizó la ejecución de 14 proyectos mineros a favor de Minera Silver Creek, Rochester Resources Ltd., UC Resources Ltd. y Golden Anvil.

Por su parte, la comunidad indígena de Jalisco se ha visto obligada al desplazamiento luego de que la federación hizo concesiones para explotar 3 mil hectáreas de suelo, las que se entregaron por un periodo de 50 años a favor de First Majestic Silver Corp., Bandera Gold, Ganbo, Macmillan Corp. y Reyna Mining. Todas se han cerrado a establecer un diálogo con los indígenas que intentan recuperar sus territorios.

El conflicto no es menor en San Luis Potosí. Aquí los wixárikas han sido despojados de más de 6 mil 725 hectáreas donde se asientan algunos de sus centros ceremoniales, áreas comunales y “reservas de convivencia con la madre tierra”. Este es el caso de Real de Catorce, donde luego de que el gobierno federal entregó 22 concesiones de exploración y explotación de yacimientos de oro y plata a la canadiense First Majestic Silver Corp., al menos 2 mil pobladores indígenas han tenido que desplazarse hacia la capital del estado, según lo denunció el gobernador Leonardo Muñoz.

Esa denuncia, entre otras, pudo haber sido la causa del asesinato de Margarito Díaz González. El 8 de septiembre de 2018 tocaron a la puerta de su domicilio en Aguamilpa, en el municipio del Nayar. Cuando Margarito abrió para ver de qué se trataba, recibió en el rostro un impacto de bala calibre .9 mm. El homicida se dio a la fuga a bordo de una camioneta en compañía de otros sujetos.

TARAHUMARAS, VÍCTIMAS DEL DESARROLLO

Por denuncias similares, que alertaban del despojo de suelo, bosques y agua a la comunidad tarahumara de Chihuahua, también asesinaron a balazos a Isidro Baldenegro López. El activista luchaba contra las empresas mineras y los grupos de talamontes que se apropiaron del territorio. No sólo denunció el arrebato del suelo con fines extractivistas, también expuso el problema de la carencia de agua en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Isidro se opuso abiertamente a la presencia de las mineras Fresnillo PLC y Endeavour Silver Corp. La primera es dueña de la mina de oro y plata San Julián, y la segunda es propietaria de la mina de oro y plata Guadalupe; sus operaciones, además de haber atraído a células del crimen organizado, amenazan con destruir el entorno y las reservas de agua que existen en la zona.

Fresnillo PLC se ha apropiado de más de 600 hectáreas propiedad de los indígenas. El suelo contiene oro, plata y algo más valioso: son reservas de bosques y agua que dan vida a por lo menos media docena de comunidades y a la propia cabecera de Guadalupe y Calvo, donde el agua del subsuelo es cada vez más escasa, como se observa en la comunidad de Coloradas de la Virgen.

Lo mismo hace la empresa Endeavour Silver Corp., que cuenta con permisos para explotar una superficie de más de 54 mil 856 hectáreas, las cuales arrebataron a los tarahumaras. Ahí las comunidades indígenas hacían sus labores de explotación racional de la madera. Además, la zona significaba una reserva natural de agua para la actividad agrícola.

En Guadalupe y Calvo, Fresnillo PLC tiene tres permisos para la extracción de agua por un volumen anual de 670 mil m³, mientras que la localidad de Coloradas de la Virgen, donde vivía el activista asesinado, sólo cuenta con 2 mil 646 m³ al año, para una población de 250 personas.

Aun así, la Secretaría de Economía ha respaldado a las mineras. El objetivo es que en los próximos 12 años Fresnillo PLC extraiga cinco millones de onzas de plata y 500 mil onzas de oro. En tanto, la Endeavour Silver Corp. se beneficiará con 7.1 millones de onzas de plata y 142 mil 500 onzas de oro en los siguientes 15 años.

Los compañeros de Baldenegro atribuyen su muerte a la lucha por los recursos. El 15 de enero de 2017, en Coloradas de la Virgen, cerca de la casa de uno de sus tíos al que había ido a visitar, el activista recibió al menos tres impactos de bala. Su cuerpo quedó tendido mientras sus agresores se dieron a la fuga caminando.

El asesinato de Isidro Baldenegro no es el primero que se registra en esta esta región. En 2016 fueron asesinados otros tres ambientalistas: Víctor Carrillo, Elpidio Torres Molina y Valentín Carrillo Palma. También los mataron en la comunidad de Coloradas de la Virgen, donde promovían acciones de resistencia contra los proyectos de Fresnillo PLC y Endeavour Silver Corp., así como contra las mineras Mex Group Resources y Great Panther Resources.

Ahí mismo en Guadalupe y Calvo, también a causa de la defensa del medio ambiente, asesinaron a Juan Ontiveros Ramos el 1 de febrero de 2017. A su demanda de cese a la deforestación y a los proyectos mineros, sumó el reclamo del esclarecimiento de la muerte de Baldenegro.

Ontiveros exigía una distribución más equitativa del agua. En su localidad, Choréachi, la población no recibe agua potable del subsuelo, sólo tiene acceso a ella en temporada de lluvias o a través del cauce del río Verde o Sinforosa, donde se abastecen los más de 600 habitantes de la localidad.

El activista consideraba que los trabajos de explotación minera en las inmediaciones de los cerros Coyachi, Pino Gordo y Cerro Pelón, alimentadores naturales del río Verde, habrían de afectar al suministro de agua tanto para actividades domésticas como para la siembra de cultivos de maíz, frijol, papa, calabaza y avena.

Antes de ser asesinado, Ontiveros había gestionado ante las autoridades estatales el reconocimiento de ese territorio. Los pobladores nunca han dejado de tener la propiedad de sus tierras, pero el reconocimiento oficial no se ha dado porque afectaría a las concesiones mineras que se han otorgado desde 2006.

No es difícil suponer las causas del asesinato de este defensor de los derechos ambientales, a quien golpearon brutalmente junto con otros miembros de su familia. Al día siguiente del ataque su cuerpo apareció a 12 kilómetros de su localidad. Presentaba huellas de tortura y dos disparos de arma de fuego, igual que ocurrió en 2013 con Jaime Zubia Cevallos y Socorro Ayala, también activistas de Guadalupe y Calvo.

NOTAS

1 CEMDA, “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México”, 2017, p. 4.

2 Véase LISTA 9 en Anexos.

3 CNDH, Recomendación general No. 17 sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente, México, 19 de agosto de 2009.

4 Diario Oficial de la Federación, Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Juxtlahuaca, 2017.

5 Servicio Geológico Mexicano, Inventario físico de los recursos minerales de la Carta San Pedro Tapanatepec, E15-C76, México, 2012.

6 Diario Oficial de la Federación, Decreto de Declaratoria de la Zona Económica Especial de Salina Cruz, 19 de diciembre de 2017.

7 Lineamientos para el otorgamiento de Permisos, Asignaciones y Autorizaciones en materia de Zonas Económicas Especiales, Diario Oficial de la Federación, 29 de junio de 2018.

8 DDHPO, “Alerta temprana caso Unión Hidalgo”, Oaxaca, 13 de junio de 2018.

9 Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “Urgen recursos para el Mecanismo…”, Boletín informativo, 10 de septiembre de 2018.

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La muerte embotellada

Los países avanzados están conduciendo al mundo al desastre, mientras que los pueblos considerados como primitivos están tratando de salvar al planeta. A menos que los países ricos aprendan de los indígenas, estaremos condenados a la destrucción.

NOAM CHOMSKY

La mala distribución del agua con privilegio para los capitales privados no sólo se observa en el sector de la agricultura, la minería o la generación de energía eléctrica. Hay otras industrias que también contribuyen de forma desmedida al agotamiento de este recurso. La industria refresquera y de las aguas embotelladas se ha apropiado de manera discreta y perversa de los recursos hídricos de muy diversas regiones en todo el país. A pesar de ello, el gobierno no le ha impuesto ninguna normatividad.

El doctor Carlos Manjarrez Domínguez, de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de Chihuahua, subraya la falta de planeación y visión del propio Estado mexicano al no considerar el agua como un recurso estratégico, tal como ocurre en Estados Unidos.

“Ésta es la base de la política económica de Donald Trump. Quiere llevarse de suelo mexicano sólo a las empresas estadounidenses que menos uso de agua proyectan en sus procesos de producción. ¿Por qué el presidente Trump no habla de sacar de México a las empresas agrícolas?”

El doctor Manjarrez considera que si la intención de Trump fuera meramente económica, al intentar sacar empresas estadounidenses de suelo mexicano también hablaría de retirar sus industrias de procesamiento de carnes, embutidos, del ramo minero, agrotecnológico y, por supuesto, refresqueras y embotelladoras de agua. Estas compañías “se encuentran en México no sólo por las condiciones favorables de mano de obra, sino por el acceso que tienen al agua sin mayor limitación”.

Tan sólo durante la administración de Peña Nieto el sector refresquero creció 5%, es decir, más de 12 veces y media lo que aumentó en promedio la planta industrial nacional en su conjunto durante ese mismo periodo.1 Pero este crecimiento no ha sido gratuito, el grueso de la población lo paga a un muy alto costo. En las zonas cercanas a las plantas embotelladoras, la escasez del agua ha sido directamente proporcional al crecimiento de esas empresas, mismas que según presume el gobierno dan ocupación laboral a más de 65 mil mexicanos.

La investigación del doctor Manjarrez revela que las empresas trasnacionales llegan a nuestro país por la facilidad que existe para el uso del agua con la debida complicidad del gobierno federal y presenta algunos datos contundentes: para producir medio kilogramo de maíz se requieren en promedio 450 litros de agua, para colocar en el mercado un bistec de res de 300 gramos, son necesarios 4 mil 500 litros; para producir 500 gramos de queso se requieren 2 mil 500 litros, en tanto que para producir una bolsa de frituras se necesitan por lo menos 185 litros.

REFRESCOS MÁS CAROS QUE EL ORO

Para producir un litro de refresco carbonatado se requieren en promedio 200 litros de agua, dos veces la cantidad mínima requerida al día por una persona para satisfacer sus necesidades básicas, según lo establece la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, en México operan 236 plantas embotelladoras de refrescos que son propiedad de 99 empresas concentradas en 20 grupos económicos. Tan sólo en el tercer trimestre de 2016, esas compañías vendieron 18 mil 824 millones de litros de refresco en el mercado nacional e internacional.2

Mientras las mineras utilizan en promedio un metro cúbico de agua para procesar un gramo de oro, la planta refresquera emplea ese mismo volumen para la elaboración de cinco refrescos. Las utilidades son desproporcionadas: un gramo de oro se cotiza en promedio entre los 760 a los 800 pesos, y cinco refrescos en promedio cuestan en el mercado 50 pesos, pero las dos industrias estas tasadas en pagos iguales por el uso del agua. Sólo les cuesta 19.82 pesos cada metro cúbico de agua que utilizan para sus procesos productivos.

El uso de agua de la industria refresquera es brutal. Si bien no se registran casos de despojo con violencia, como con las mineras y algunas agroindustrias, no se puede soslayar que la mayoría de las refresqueras ocasionan conflictos sociales en su entorno, al propiciar una disminución considerable de agua para la población. Esto hace que la generación de empleos sea nada si se compara con la afectación que ocasiona el desabasto.

La escasez del agua en las regiones donde se asientan las 236 plantas embotelladoras de refrescos afecta no sólo a la población en general, sino a los pequeños productores agrícolas. A ellos el gobierno federal los castiga con la declaratoria de veda para la perforación de pozos de riego, mientras que para la planta refresquera no se conoce un solo caso de veda, al menos en las últimas tres administraciones federales.

Un claro ejemplo de inequidad en el uso del agua ocurrió desde el inicio del sexenio de Peña Nieto. El 5 de abril de 2013, el presidente emitió un acuerdo para suspender la perforación de pozos en las zonas agrícolas de 21 ríos en los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y el Valle de México.

La veda de agua es oficial para pequeños productores y en algunos casos para poblaciones indígenas y rurales, pero la planta refresquera ha sido inmune a esa restricción. El propio gobierno federal presume que el crecimiento sostenido de ese sector durante la administración de Peña Nieto alcanzó casi 5 puntos porcentuales y sólo de marzo a julio de 2018 se logró un crecimiento acumulado de 3 por ciento.3

EL DESPOJO GENERALIZADO

El despojo de agua que hacen las refresqueras ocurre también en las grandes urbes como la Ciudad de México. Una investigación de la maestra Anahí Lanuza García revela la sobreexplotación del agua que hacen estas empresas en la capital del país, donde los mantos freáticos se podrían agotar. Aquí 16 embotelladoras se benefician con el agua a cambio de un pago mínimo al gobierno federal. Por cada litro las refresqueras pagan 0.019 pesos, pero los más pobres tienen que pagar 0.031 pesos por el mismo volumen.4

De acuerdo con la maestra Lanuza, el pago mínimo que hacen las refresqueras no compensa los impactos al ambiente ni remedia el estrés hídrico que se genera en el Valle de México, donde las embotelladoras consumen 0.6% del agua disponible en la Zona Metropolitana, 1.13% en el área de Chalco-Amecameca, y 7.3% en la zona de Cuautitlán-Pachuca. Esta última porción hídrica es una de las que el gobierno federal vedó en abril de 2013. El decreto protege los intereses de las plantas industriales al establecer que “los usuarios que con anterioridad a la entrada en vigor del presente acuerdo efectuaban la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo y que conforme a la Ley de Aguas Nacionales no requerían de concesión, asignación o permiso alguno para ello, podrán continuar realizándolo”.

La mala administración y distribución del agua en el Valle de México se observa en las propias estadísticas de la Conagua. A pesar de la escasez general que se registra, no se ha frenado el uso del agua con fines industriales, que tan sólo entre 2006 y 2015 creció 23.7% en todo el territorio nacional.5 En el Valle de México, donde las aguas por lluvia y recarga natural de acuíferos se renuevan en una proporción de 3 mil 436 millones de m³ al año, el gobierno federal ha otorgado permiso para que se extraiga un volumen anual promedio de 4 mil 782 millones de m³, lo que genera un déficit anual de más de mil millones de metros cúbicos.6

De acuerdo con la Conagua, el mayor uso del agua en el Valle de México es para el sector agrícola, con 2 mil 358 millones de m³ al año; para el abasto a la población se destina un volumen estimado en 2 mil 132 millones de m³, mientras que la industria autoabastecida, en donde se encuentran las embotelladoras de refrescos, consume 178 millones de m³.

DESTAPA LA FELICIDAD

Hasta agosto de 2018, la Conagua reportó por medio del Repda que en el país se han otorgado 524 concesiones de agua a empresas embotelladoras de refrescos y cervezas, que suman 365 millones 800 mil m³ por año. Así, esta industria se beneficia con 5.6% del agua industrial, de la cual 74.4% proviene de fuentes superficiales y 25.6% se obtiene de fuentes subterráneas.

En este proceso, además del arrebato a los pequeños núcleos agrarios y los hogares, se contribuye al agotamiento acelerado de las cuencas hidrológicas del país. A la fecha no existe un solo estado que no enfrente el riesgo de agotamiento del agua a manos de las embotelladoras de refrescos y cervezas. El gran monstruo es Coca-Cola, que tiene 115 concesiones de uso de agua en suelo nacional, a excepción de Puebla, Ciudad de México y Baja California.7

Los mayores volúmenes de agua que usa Coca-Cola para sus refrescos los extrae en Coahuila, donde operan siete plantas que consumen el líquido de las regiones de Piedras Negras, Sabinas, Monclova y Torreón. Aquí los ganaderos a baja escala no tienen agua suficiente para sus actividades, y la población ha visto reducido su acceso hasta 20%, como es el caso de Sabinas.

Durante la administración de Vicente Fox —quien trabajó para la refresquera antes de ser presidente—, Coca-Cola extendió sus plantas embotelladoras por todo el país, registrando su mayor crecimiento económico. En pocos años, sus permisos de explotación de agua pasaron de 10 a 54, y logró lo impensable: se estableció en una de las regiones más pobres del estado más pobre del país, consiguiendo acceso al agua potable que los pobladores de San Raymundo Jalpan no han podido tener.

En este municipio de Oaxaca, Coca-Cola se instaló con el argumento de fomentar el desarrollo económico, pero la pobreza ha permanecido boyante: 76.42% de la población no tiene acceso a los servicios de salud, 29.86% de las viviendas tiene piso de tierra, 88.77% de las casas no tiene drenaje y 40.27% de las casas no cuenta con agua potable. El índice de sobrevivencia infantil es de 837 niños vivos por cada mil nacidos. Esta tasa, una de las más bajas del país, tiene que ver directamente con la disponibilidad de agua para labores de higiene.

Por medio de Bebidas Cristal, Coca-Cola goza de un permiso de uso de agua en San Raymundo Jalpan que ampara el uso de 119 mil 997 m³ de agua por año. Este volumen puede parecer poco frente a la cantidad que utilizan otras plantas de la refresquera en el resto del país, pero es mucho si se compara con los 189 mil 800 m³ de que dispone el gobierno de ese municipio para atender la demanda de una parte de sus habitantes.

Coca-Cola no causa conflictos sociales sólo en Oaxaca, también en Tlaxcala, en el municipio de Apizaco. Aquí ha contribuido de forma acelerada al consumo de los mantos freáticos. Por medio de Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, extrae un millón 788 mil 400 m³ de agua por año, un volumen 10 veces mayor al agua que reciben las comunidades rurales del municipio.

La reducción del agua se ha agravado en los últimos seis años y cientos de familias han tenido que migrar por sed. En tal circunstancia, ya se ha presentado en Change.org una petición para que se frene el consumo de agua por parte de las industrias en esta zona de Tlaxcala, donde existen empresas de otros sectores que también contribuyen al agotamiento de los mantos freáticos.

Entre estas compañías se encuentran Ferrosur y la fabricante de químicos Rohm And Haas, que en conjunto consumen más de 364 mil 697 m³ de agua al año, un volumen cinco veces mayor al agua que el municipio destina a atender las necesidades de al menos siete colonias de la zona suburbana.

Aun así, la actual administración, a cargo de Julio César Hernández Mejía, no ha reconocido la dimensión del problema del desabasto de la población y lo considera un reto más, a la par del suministro para el sostenimiento de “la producción de alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico”.8 Si hay un plan municipal que se ha trazado para 2021, tal vez en ese año el agua de la localidad haya alcanzado sus límites mínimos.

Coca-Cola también está dejando sin agua al municipio de Pungarabato, Guerrero, donde se estableció con el argumento de reactivar la economía, pero lo único que ha hecho es sumir más a sus habitantes en una pobreza lacerante. Hay localidades que no cuentan con suministro de agua potable debido a que la Conagua ha negado permisos de perforación de pozos para el abasto a la población.

Ubicado en plena Tierra Caliente, en Pungarabato las enfermedades diarreicas causadas por la falta de agua se han disparado exponencialmente en los últimos cinco años, además de que más de 2 mil viviendas no cuentan con suministro de agua potable. Aquí Coca-Cola explota tres pozos que le garantizan un abasto de 474 mil 846 m³ de agua al año, más de tres veces el volumen que el gobierno federal ha autorizado al municipio para atender las necesidades de la población.

La ira de la población se ha manifestado en saqueos y allanamientos a la empresa, con la intención de que cierre sus actividades. Coca-Cola ha declarado de forma oficial que esos actos de reclamo social se relacionan directamente con el crimen organizado. Nada más lejos de la realidad. En Pungarabato se vive una protesta permanente por el robo de agua que hace la refresquera.

El propio alcalde Ambrosio Soto Duarte refirió más de una vez su intención de darle prioridad al suministro de agua a la gente, no a la embotelladora. No lo logró porque lo asesinaron la noche del 24 de julio de 2016. Ambrosio Soto fue emboscado en la carretera Huetamo-Pungarabato, donde un grupo de sicarios lo acribilló con armas de grueso calibre. Se presume que los homicidas pertenecían a la Familia Michoacana.

En el municipio de Mineral de la Reforma, aledaño a la capital de Hidalgo, Coca-Cola tampoco ha cesado su intención de arrebato del agua, a pesar de los problemas de desabasto de la población. Aquí, donde 6.5% de los más de 160 mil habitantes no tiene agua en sus casas, la refresquera trasnacional se está apropiando de más de 450 mil m³ de agua al año por medio de la Embotelladora Las Margaritas.

El volumen de agua otorgado a Coca-Cola en Hidalgo representa el consumo total que en un año hace la población de 43 mil personas que viven en 17 colonias de Mineral de la Reforma, donde el suministro de agua ha disminuido más de 16% en los últimos dos años. El gobierno municipal ya no puede sustraer un millón 400 mil 198 m³ que tenía autorizado para abastecer a su población, obligando al desplazamiento por sed.

Donde también se han registrado desplazamientos por falta de agua es en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde a la fecha existen 1,633 viviendas que no tienen agua entubada, debido a que tres pozos de suministro ya se han agotado. El consumo de los mantos freáticos se debe al excesivo desgaste que hace Coca-Cola para operar la Embotelladora de los Altos, que consume 592 mil m³ de agua al año.

Por esta razón, al menos una tercera parte de las familias se han tenido que ir de su lugar de origen hacia las zonas urbanas aledañas de los municipios de Zapotlanejo, Yahualica, Atotonilco, Zapotlán y Arandas. El gobierno estatal se ha valido de este problema para promover la presa El Zapotillo, que busca despojar del agua a los vecinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en Cañadas de Ocampo, para llevarla a la zona de Tepatitlán. Sin embargo, según el activista Manuel Velásquez, del Comité Salvemos Temacapulín, “el robo del agua que se pretende hacer con la presa El Zapotillo ni siquiera beneficiará a la población que carece de agua en la zona de Tepatitlán, sino que favorecerá a la planta de Coca-Cola, que también está a punto de quedarse sin agua”.

COCA CON TEQUILA

El agotamiento del agua que Coca-Cola lleva a cabo en Tepatitlán lo completan algunas tequileras que también se asentaron aquí por la riqueza hídrica que existía hace 25 años. Las compañías que contribuyen de forma acelerada al abatimiento de las reservas de agua y que aspiran a que se les suministre desde Temacapulín son Compañía Tequilera Hacienda La Capilla, Destiladora La Barranca, Industrializadora de Agave San Isidro, Industrializadora de Agave Tierra Blanca, Inulina y Miel de Agave, Procesadora Orgánica del Agave, Procesadora de Agave El Triunfo de Milpillas y Tequila San Matías de Jalisco.

La operación de estas tequileras genera un gasto anual de más de un millón 153 mil m³ de agua, casi 10 veces la cantidad de que disponen al año los más de 160 mil habitantes del municipio. Aquí la población más pobre con la tarifa más baja tiene que pagar 24 pesos con 33 centavos por cada metro cúbico de agua, mientras que las empresas pagan entre 10 centavos y 12 pesos con 48 centavos por cada metro cúbico.9

Con ese incentivo, la zona de Tepatitlán se ha convertido en el nicho preferido de la planta agroindustrial. A las empresas les basta presentar una solicitud de propiedad de agua para que el gobierno federal se las otorgue. Este es el caso de Posta El Cuatro, la cual tiene más agua que toda la población del municipio, las tequileras y la propia planta de Coca-Cola juntas. Esta empresa se beneficia con la operación de 19 pozos que le garantizan un abasto anual promedio de 3 millones 773 mil 689 m³ para atender la producción ganadera.

Otras empresas agroindustriales que han llevado a los gobiernos federal y estatal a buscar la forma de quitarle agua a otras regiones son Procesadora de Aves de Tepa, Productora de Huevo Gigantes y Rancho Lechero San Francisco, que en conjunto se han apropiado de 678 mil 473 m³ de agua, casi el equivalente al gasto que hace Coca-Cola.

También en Yucatán la empresa refresquera extrae el agua de forma abusiva. Aquí Coca-Cola es dueña de una cantidad de agua que equivale a una tercera parte de que dispone la población rural en los municipios de Ticul, Peto, Mérida, Maxcanu y Valladolid, donde entre 6 y 11% de los habitantes no tiene acceso a agua entubada.

Mientras la industria porcícola en Yucatán consume más de 3 millones 300 mil m³ de agua al año, Coca-Cola consume 5 millones 407 mil 693 m³ durante el mismo lapso. Sólo en Mérida, por medio de sus filiales Bepensa Bebidas y Embotelladoras Bepensa, Coca-Cola extrae 5 millones 234 mil m³, de los cuales una tercera parte sería suficiente para atender el desabasto de agua que padecen más de 50 mil personas en toda la entidad, donde los mantos acuíferos subterráneos ya se han agotado.

En la zona de Acanceh, donde 16% de la población no cuenta con agua, el volumen al que tiene acceso la planta de engorda de aves y ganado no tiene comparación con los 178 mil 378 m³ al año que emplea el gobierno municipal para atender la demanda de la población. La autoridad federal no ha querido aumentar esa cantidad con el argumento del estrés hídrico que prevalece en la zona, como si este fuera propiciado por el abasto domiciliario.10

Al consumo excesivo de agua que realizan en Acanceh la planta refresquera y la de engorda de aves y ganado, se suman otras empresas autoabastecidas, como Manufacturera Lee de México, que consume 945 mil 325 m³ de agua al año, o Peninsular Farm Products, que extrae 207 mil m³.

En el municipio de Ticul, donde 22.9% de los 37 mil 685 habitantes de la localidad viven en pobreza extrema, con un índice de 3.3% de familias que ni siquiera tienen acceso a agua potable en su domicilio, Coca-Cola se ha apropiado por medio de su filial Refresquera de Yucatán de 86 mil 333 m³ de agua, una cantidad menor si se compara con el volumen que extrae en Mérida, pero aquí ese volumen podría servir para atender a la población que hoy en día no cuenta con el recurso.

Valladolid es otro municipio de Yucatán donde Coca-Cola extrae volúmenes de agua ominosos. La Refresquera de Yucatán cuenta con 76 mil 363 m³ de agua al año, lo cual resulta vergonzoso pues aquí 64.4% de los 74 mil 217 habitantes del municipio viven en condiciones de pobreza y sin acceso al agua.

Las dimensiones del problema de desabasto de agua aumentan si se considera que en esta zona la CFE utiliza 4 millones 187 mil 19 m³ de agua al año para operar la termoeléctrica Felipe Carrillo Puerto. A esto se suma el consumo de Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma por 3 mil 203 m³ al año, un volumen mayor al que accede la población de Yalcón, que cuenta apenas con 2 mil 957 m³ de agua al año.

La lista de estados donde Coca-Cola saquea el agua se multiplica: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz. Su explotación irracional del agua en México asciende a 29 millones 911 mil 728 m³ por año.

LA ALEGRÍA DE PEPSI

Otro monstruo de la industria refresquera que contribuye de forma acelerada al agotamiento de las reservas de agua en nuestro país es PepsiCo, fabricante de bebidas embotelladas como Pepsi, 7Up, Lipton y Mirinda. Tiene presencia productiva en 200 países, pero en México, donde el agua es prácticamente regalada, ha establecido 44 plantas que operan con altos índices de consumo de agua aun en las regiones más áridas.

A diferencia de otras refresqueras trasnacionales, no sólo se ha hecho del agua mexicana para la elaboración de bebidas refrescantes, también la utiliza para la elaboración de frituras y galletas con las marcas de Sabritas y Gamesa, mediante las que coloca en el mercado nacional e internacional productos como Doritos, Cheetos, Tostitos, Fritos, Crujitos, Poffets, Rancheritos y Sabritones, así como Marías Gamesa, Emperador, Arcoíris, Mamut y Chokis, que sólo en 2016 le dieron utilidades por el orden de los 63 mil millones de dólares.11

A escala mundial la refresquera destina una cantidad cercana a los 16 millones de dólares en acciones relacionadas con proyectos de acceso sustentable al agua, de los cuales poco impacto social se observa en nuestro país. Estos recursos están más bien destinados a la búsqueda de nuevas fuentes de suministro de agua para sus procesos, antes que a la compensación a las poblaciones a las que se les arrebata el agua.

Un claro ejemplo se puede observar en los municipios de Hermosillo, Sonora, y La Paz, Baja California Sur, donde a pesar de la carencia de agua, la refresquera ha incrementado sus procesos de embotellamiento, lo cual ha hecho que cientos de familias se alejen cada vez más de la posibilidad de un suministro eficiente.

En Hermosillo, donde la falta de agua afecta a 7.1% de los más de 900 mil habitantes, la planta de PepsiCo, por medio de su filial Bebidas Purificadas, extrae un promedio anual de 475 mil m³ de agua, “los cuales serían suficientes para atender a por lo menos la mitad de la población que no tiene servicio de agua potable en sus viviendas”, según lo consideró Rogelio Ibarra, integrante del Movimiento Ciudadano por la Defensa del Agua.

De acuerdo con este activista, a quien ya han amenazado de muerte como resultado de su labor de defensa del agua, una de las acciones con las que los gobiernos estatal y federal pretenden continuar con el suministro a la planta industrial —luego de que los mantos freáticos de Hermosillo entraron en fase de agotamiento— es el llamado Acueducto Independencia. Este proyecto arrebata el agua a las comunidades yaqui que se abastecen de la presa La Angostura y del río Yaqui, que ahora alimentan a la presa Plutarco Elías Calles.

El acueducto, que fue inaugurado por el presidente Felipe Calderón y el gobernador Guillermo Padrés en 2012, pero que no entró en operaciones hasta abril de 2013, trasvasa más de 75 millones de m³ de agua, los cuales en su mayoría fueron arrebatados a las pequeñas comunidades agrarias de Etchojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Bacum, donde 30 mil hectáreas agrícolas han disminuido su producción de cártamo y trigo.

La producción de la comunidad yaqui en Sonora se ha visto menguada debido a que el agua ahora se destina de forma preferencial a la planta industrial de Hermosillo, principalmente a los grandes corporativos de engorda de ganado. Este es el caso de Agropecuaria San Alberto, que se beneficia con 2 millones 107 mil m³ de agua al año, Agrícola Palmira, que recibe 2 millones 960 mil m³ de agua cada año, o Castor Fields, que tiene a su disposición cuatro pozos que le suministran 6 millones 635 mil 998 m³ de agua por año.

En el Acueducto Independencia se hizo una inversión federal y estatal de 2 mil 834 millones 202 mil 930 pesos12 para abastecer de agua a la zona de Hermosillo, pero a costa de la escasez de al menos 10 municipios de la región del Valle del Yaqui.

Las empresas agroindustriales que se benefician del proyecto no son pocas: Agrícola Rebace recibe un aporte de un millón 140 mil m³ de agua por año; Agrícola Terramara se beneficia con un millón 710 mil m³; Agrícola Montecristo tiene un gasto de 730 mil m³; Agrocir utiliza 777 mil 500 m³, y Agropecuaria El Salvador de La Victoria utiliza más de 731 mil 821 m³ de agua al año.

Al uso desproporcionado de agua que hacen las empresas de Hermosillo, como Agropecuaria La Duraznilla, que utiliza 645 mil 900 m³ de agua al año, AG El Realito, que gasta 608 mil m³, o Agropecuaria Mazocari, que utiliza 840 mil 329 m³ de agua por año, se suman otras industrias del sector de extracción de materiales de derivados pétreos, como Calhidra de Sonora, que utiliza 78 mil m³ de agua al año, Cementos Apasco, que gasta 650 mil m³, y Cemex México, que se beneficia con 600 mil m³ de agua por año.

El volumen que en conjunto hacen estas tres empresas de extracción y trituración de materiales pétreos para la elaboración de cal y cemento es de tal dimensión que representa más de 3.5 veces la cantidad de agua que utiliza la CFE en esta región para la generación de energía eléctrica, que asciende a 360 mil m³ de agua.

Al gasto de agua en Hermosillo se debe agregar el que hacen algunas de las más importantes industrializadoras de carne de res y de cerdo, como Agropecuaria Kobe, que anualmente se apropia de 182 mil 154 m³; Bachoco, que utiliza 148 mil m³; Carnes Selectas Tangamanga, que extrae 18 mil 729 m³, y Agropecuaria El Lechón, que mediante tres pozos extrae en promedio 170 mil m³ de agua por año.

En La Paz, Baja California Sur, donde el agua es aún más escasa que en Hermosillo, PepsiCo también contribuye con el agotamiento del recurso. A través de Bebidas Purificadas, la refresquera se ha adueñado de 75 mil m³ de agua. Aquí la empresa financia organizaciones civiles que se movilizan contra la presencia de la minera Desarrollo Zapal que pretende desarrollar el proyecto minero Los Cardones, el cual dejará eventualmente sin agua a la zona urbana de La Paz y a la propia embotelladora. No obstante, PepsiCo contribuye al desabasto de agua en por lo menos seis de las principales colonias marginadas de esta capital.

El consumo de agua de la refresquera en su planta de La Paz ha hecho que en los últimos dos años disminuya la posibilidad de suministro a por lo menos 1,200 habitantes de las colonias Márquez de León, Ciudad del Cielo, El Pedregal, Lázaro Cárdenas, Guelatao y Guerrero, donde las familias son atendidas mediante el tandeo con pipas que llegan una vez a la semana.

De esa inequidad no sólo habla el gobierno municipal de La Paz, sino también así lo reflejan las estadísticas del Repda, donde se observa que mientras los pobladores de la colonia Márquez de León se abastecen semanalmente con apenas 50 m³ de agua, existen grandes empresas agroindustriales que están chupando el suelo de forma acelerada.

Frente al índice de marginación de La Paz, uno de los más elevados del norte del país, donde 4,510 familias no tienen acceso al agua potable en sus domicilios,13 el gobierno federal no ha tenido empacho en otorgar a empresas como Agrícola La Misión la concesión de seis pozos de donde cada año extrae un millón 353 mil m³ de agua, o como Agrícola Península de La Paz, que utiliza 100 mil m³ de agua por año.

También Agrícola Santa Teresa contribuye al agotamiento del recurso hídrico en esta región al mantener un volumen de extracción anual de 300 mil m³, casi en la misma medida que lo hacen las firmas Agricultores del Carrizal y Agrodelicias de La Baja Sur, que son dueñas exclusivas de 200 mil y 164 mil m³ de agua al año, respectivamente.

Estas empresas están agotando rápidamente los mantos freáticos de La Paz, y a ello hay que sumar el proyecto minero Los Cardones, del Grupo Salinas. La empresa de Salinas Pliego pretende desarrollar una mina de oro en pleno corazón de la Sierra La Laguna, el principal receptor de recarga para los acuíferos de la zona. Esto hace que el suministro de agua al área urbana de La Paz esté en vilo, lo cual representa un riesgo para la propia PepsiCo.

Como parte de su estrategia para no quedarse sin agua, desde 2013 la refresquera lanzó una campaña para promover el autodesarrollo de algunas comunidades indígenas de México. En el programa se incluye la organización social para evitar que el agua acabe en manos de industrias extractivas o refresqueras de la competencia, lo cual se presenta cuidadosamente en los medios de comunicación como un programa de asistencia social.

El plan piloto que inició en nuestro país pretende colocar a las comunidades indígenas como defensoras del agua a través de Water.org. Esta organización se abrió paso en México con la Fundación Pro-Mazahua y la Fundación Tarahumara José A. Llaguno,14 para que haya vigilantes de los recursos hídricos en los estados de México y Chihuahua, justamente donde la competencia, Coca-Cola, tiene operaciones millonarias fincadas en el uso del agua potable.

Water.org anunció que ha llegado a más de 840 mil personas en América Latina y ha invertido 249 millones de dólares en agua y saneamiento en diversas regiones del mundo. Tan sólo en México hay una inversión de 60 millones de dólares en un plan de control del agua para el quinquenio 2018-2022.15 En 2017 la organización completó una evaluación de mercado para estimar las oportunidades de financiar el acceso al agua potable y saneamiento. Esto no significa otra cosa que movilizar a la sociedad para que se cierren las posibilidades de acceso al agua a otras empresas con el señuelo de que la población tenga agua potable en sus domicilios. En La Paz muchos activistas defensores del agua sólo cuestionan los niveles de extracción de Coca-Cola, pero dejan de lado el consumo que hace PepsiCo, por cuya causa decenas de familias han tenido que migrar de sus colonias para ubicarse en otros puntos de la zona urbana, donde el suministro de agua se da en forma terciada.

Ese caso se replica en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, donde PepsiCo opera una embotelladora que entre 2016 y 2018 hizo que el suministro de agua potable disminuyera casi 40% en las colonias Rinconcito Feliz, José Green y Primer Sector de Fidelac. Por lo menos 50 familias se tuvieron que desplazar dentro de la misma zona urbana ante la falta del vital líquido.

De acuerdo con datos del Sistema Municipal de Agua Potable de Lázaro Cárdenas, el suministro que se hace para estas tres colonias, a las que se abastece por tandeo tres veces por semana, se logra con un volumen de 50 mil m³ de agua por año, pero en esa área sólo la planta de PepsiCo consume 120 mil m³ de agua en el mismo lapso.

A nivel nacional, PepsiCo también chupa el agua de forma desmedida en los estados de Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y la Ciudad de México. En conjunto extrae más de 20 millones de m³ de agua por año para operar sus plantas de refrescos, agua y frituras.

En el mercado de frituras, para las que en promedio se utiliza un metro cúbico de agua en la elaboración de un kilogramo,16 PepsiCo participa con casi 18% de la producción anual, que en el país asciende a 550 mil toneladas, según datos de la Canacintra. Aunque no hay cifras públicas, PepsiCo podría tener una producción promedio de casi 100 mil toneladas de frituras al año, para lo cual sería necesaria una cantidad de agua cercana a los 100 mil m³, lo que le deja más de 19 millones 900 mil m³ para refrescos y agua embotellada.

PepsiCo avizoró el negocio del futuro, que no se finca en las bebidas de melaza y carbonatos, sino en la venta a la población del agua, misma que despojan a las comunidades: igual que Coca-Cola, Danone y Nestlé, ha incursionado en la comercialización del agua embotellada que muchas veces proviene de los propios sistemas municipales. El único valor agregado es la presentación de la botella y de la marca, pues el agua embotellada es tan potable como la que suministran escasamente los gobiernos locales a la comunidad.

El negocio del embotellado de agua de PepsiCo parece aún más rentable que los refrescos. Por medio de Organización Cultiba, la empresa comercializa las marcas Epura, Santorini y Electropura. El volumen de refrescos colocados en el mercado nacional ronda los 8 millones 563 mil 200 m³, mientras que el agua embotellada alcanzó los 9 millones 38 mil 400 m³, con una utilidad cercana en 2017 a los 5 mil 308 millones de dólares, que superan por mucho los 4 mil 156 y los 3 mil 890 millones de dólares logrados en 2016 y 2015, respectivamente, como resultado de lo comercializado en el mercado nacional y de exportación.17

Para hacerse del agua que dejó esas sumas exorbitantes de dinero, PepsiCo sólo tuvo que pagar poco más de 20 millones de dólares al gobierno federal, pero no les dio un solo peso a las comunidades que fueron despojadas. Donde sí hubo una inversión fue en un programa de concientización del uso del agua para que la población la cuide, en tanto la refresquera la sigue utilizando de forma indiscriminada.

Si las cifras de producción y utilidades de PepsiCo parecen elevadas, habrá que ver las de Danone, Coca-Cola y Nestlé, que también compiten en el pingüe negocio del agua embotellada en nuestro país. PepsiCo participa con una cobertura de apenas 22% en el mercado nacional.

De acuerdo con el Censo Económico 2014 del Inegi, el mercado del agua embotellada en nuestro país está constituido por 70% de botellas de 600 mililitros, uno y dos litros, principalmente, en tanto que 30% es de garrafones de 10 y 20 litros. PepsiCo presume ser “la segunda compañía de bebidas más grande del país, con base en el volumen de ventas combinadas de refrescos y garrafones de agua en 2017”,18 superada apenas por Coca-Cola.

Más allá de las cifras económicas y de volúmenes que hacen de PepsiCo una de las embotelladoras más exitosas del mundo, cuya joya de la corona es el mercado mexicano, la refresquera ha encontrado una fórmula un tanto cuestionable para llevar a cabo sus negocios: atiende el suministro de agua potable con garrafones en aquellas regiones donde el agua pública escasea a causa del desabasto que ella misma genera.

A medida que desciende el suministro de agua a la población, incrementa la demanda del agua embotellada de esta firma. Por citar un ejemplo, mientras los operadores municipales del sistema de agua potable de La Paz, Hermosillo, Celaya, Uruapan y Lázaro Cárdenas reconocen que entre 2015 y 2017 se observó una disminución entre 2 y 7% de los volúmenes de agua para las poblaciones aledañas a las plantas de PepsiCo, la empresa refiere que en ese mismo periodo aumentaron sus ventas de bebidas embotelladas, entre ellas la de agua natural.

Organización Cultiba señala que durante ese periodo las ventas de sus bebidas carbonatadas, no carbonatadas y agua de mesa en presentaciones menores a 10 litros, aumentaron un centésimo porcentual por año. Mientras aumenta el estrés hídrico en las regiones donde operan las plantas, en 2015 la venta de bebidas representó 84.7% del total de ingresos del corporativo; en 2016 fue de 84.8, y en 2017 alcanzó 84.9%. La venta de agua de garrafón pasó de 798.4 millones de cajas de ocho onzas en 2015 a 809.4 millones en 2017.19

Utilizando tácitamente la necesidad de agua entre la población, la cual no pueden cubrir plenamente los sistemas locales de agua potable, PepsiCo reconoce que “la esencia del negocio de agua en garrafón es la distribución”.20 De este modo, se ha planteado como estrategia a corto plazo atender a todas las localidades donde la empresa tiene presencia, es decir, aquellos sitios donde al mismo tiempo deja a la población sin agua.

NESTLÉ, A GUSTO CON LA VIDA

El mercado del agua en México lo lidera Nestlé, que controla casi 32% del líquido que se vende en botellas y garrafón. Sus marcas son Nestlé Pureza Vital, Perrier, Pellegrino, Nestlé Agüitas, Gerber y Sta. María. Esta última se envasa directamente en la zona de deshielo del volcán Iztaccíhuatl, en los límites de los estados de México y Puebla, en la comunidad de Santa Rita Tlahuapan. Nestlé ha generado un conflicto social en esta región desde hace siete años. Recientemente la lucha se agudizó, luego de que los pobladores comenzaron a solicitar regalías a la embotelladora. El agua ha disminuido de forma considerable porque Nestlé no sólo utiliza la que escurre del deshielo, sino que ha logrado concesiones del gobierno federal para hacer perforaciones profundas que han secado algunos manantiales de la zona.

Los habitantes de Santa Rita Tlahuapan han realizado bloqueos a la planta del predio La Asunción por lo menos en cinco ocasiones durante los últimos dos años. Su reclamo es que disminuya el uso del agua para comercializarla en botellas y garrafones. Más de tres mil habitantes de Emiliano Zapata, La Granja, Las Delicias e Ignacio Manuel Altamirano, han padecido la reducción del suministro en casi 60 por ciento.

Como resultado de la apropiación del principal manantial natural de la zona, Nestlé también ha dejado sin agua de riego a por lo menos 2 mil hectáreas de cultivos de granos básicos. Esto ha afectado a cerca de 250 ejidatarios y pequeños propietarios, quienes han tenido que dejar la actividad productiva para dedicarse a la prestación de servicios turísticos en el Santuario de la Luciérnaga, una iniciativa comunal para abatir el desempleo.

Frente a este panorama, los comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios de Santa Rita Tlahuapan han intentado dialogar con los directivos de Nestlé, pero se trata de una empresa oscura y sin rostro, como la mayoría de los grandes consorcios. No sólo no existe un responsable visible para atender el diálogo que se reclama, sino que la propia empresa no hace públicos sus índices de comercialización de agua embotellada.

Por datos del Repda, se sabe que Nestlé explota cinco manantiales privatizados para su planta de Santa Rita Tlahuapan. Ahí usa 2 millones 95 mil 896 m³ al año para envasar el agua que tiene como destino el mercado nacional. Este volumen representa una tercera parte del agua que emplea Nestlé en sus procesos industriales, que incluyen la elaboración de alimentos marca Gerber, café soluble Nescafé, paletas y nieves Nestlé, jabones y champús L’Oreal y alimentos para ganado y mascotas de la marca Purina.

En Santa Rita Tlahuapan, el volumen que se extrae de los manantiales y escurrimientos del Iztaccíhuatl representa casi la mitad del agua que se destina al consumo de la población, que es de 2 millones 215 mil 346 m³ por año. Esta cantidad se obtiene de 22 pozos, donde la Conagua no autoriza el uso de volúmenes mayores a los 160 mil m³ por tratarse de zonas de veda, declaradas ante el agotamiento de la cuenca hidrológica del Balsas a la que pertenece.

Esa restricción del gobierno federal no se aplica al corporativo suizo, pues este cuenta con un manantial que por sí solo suministra un millón 72 mil 224 m³ de agua. Esta cantidad sería suficiente para atender a casi la mitad de los más de 42 mil habitantes de Santa Rita Tlahuapan, donde por lo menos 14.6% de las viviendas no cuenta con servicio de agua potable y 83% de la población vive en condiciones de pobreza extrema, principalmente como resultado del desempleo que ha aumentado en los últimos dos años.

Los tres últimos gobiernos municipales, junto con los grupos agrícolas afectados, han intentado solicitar el pago de regalías a Nestlé. Como única respuesta, en 2013 la representación legal de Nestlé aceptó un acercamiento con la autoridad municipal de Santa Rita Tlahuapan, a la que ofreció un pago único anual de un “impuesto compensatorio”, bajo la condición de que ese dinero se invirtiera en obras públicas.

El pago, que más que tranquilizar a la población la enardeció, fue de 17 mil pesos. La administración municipal no lo aceptó. De cualquier forma, Nestlé hizo el depósito a una de las cuentas bancarias de la tesorería del municipio, a fin de eximirse de responsabilidades y reclamaciones.

El insulto del consorcio suizo a los pobladores de Santa Rita Tlahuapan no se quedó ahí. Los despojados exigieron al gobernador Rafael Moreno Valle su mediación con la trasnacional para buscar el pago de regalías a cada uno de los pobladores que se quedaron sin agua. Sin embargo, el gobernador no pudo o no quiso hacer mucho: lo único que logró fue que el “impuesto compensatorio” se fijara en 200 mil pesos anuales.

De 2014 a 2016, la trasnacional pagó esa cantidad al gobierno municipal. En 2017, la empresa regateó la tarifa y se redujo a 187 mil pesos. Lo mismo se pagó en 2018, pero Nestlé advirtió al gobierno municipal que la tarifa de 2019 la reduciría aún más.

El rechazo social que la planta de Nestlé se ha ganado a pulso en esta zona de Puebla no sólo es por el desmedido uso del agua, sino también por los altos volúmenes del líquido contaminado que arroja a los arroyos, por los que la empresa tampoco paga al gobierno municipal ni a las comunidades afectadas. El volumen de descargas de las supuestas aguas tratadas llega a los 16 125 m³ al año sólo en esta localidad.

El comportamiento antiético de Nestlé en la zona de Santa Rita Tlahuapan no es único en el país. En Jalisco esta empresa fue señalada por el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU como un caso excepcional de los agentes contaminadores de las aguas del río Santiago, el cual recibe las descargas de más de 300 industrias asentadas en el corredor industrial Ocotlán-El Salto, en franca violación a los derechos humanos de los grupos poblacionales asentados en la zona.21

La ONU reconoce que más de 300 mil habitantes de los municipios de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, han sido afectados y su calidad de vida se encuentra deteriorada por la contaminación del río Santiago que producen trasnacionales como Nestlé, Sachs, Hutsman, Genpro, Virbac, Kao, Grupo Celanese y Urrea. Ninguna compensa la afectación social con el pago de derechos de agua a la federación.

En Ocotlán, Nestlé utiliza un volumen de agua similar al que dispone el gobierno municipal para atender la demanda de la población. Aun así, 14.4% de los casi 100 mil habitantes no cuenta con agua entubada en sus domicilios, pues los mantos freáticos no alcanzan para cubrir la demanda.

Mientras el gobierno municipal de Ocotlán tiene 16 permisos para abastecer a la población con 969 mil 59 m³ de agua, Nestlé cuenta con cinco pozos que le garantizan un abasto promedio anual de 2 millones 455 mil 139 m³. Si de este volumen se distribuyera tan sólo 15%, la carencia de agua se terminaría para cientos de familias de las colonias periféricas del municipio.

La escasez de agua que se ha agudizado en la zona de Ocotlán, atribuida principalmente a Nestlé, ha propiciado también un desplazamiento considerable de la población. Entre 2016 y 2018 se estima que más de 147 familias tuvieron que dejar sus domicilios en las colonias La Florida, El Ferrocarril e Infonavit III, donde el suministro de agua se redujo casi 70%, según el gobierno municipal.

Mientras los vecinos de esas colonias no han podido obtener un permiso del gobierno federal para que aumente el volumen de extracción, el pozo de Nestlé que menor volumen extrae es de 216 mil m³ de agua por año, más de cuatro veces lo que solicita el municipio para atender la demanda básica.

Al consumo de Nestlé en este municipio se suma el de otras firmas del sector agropecuario, entre las que se encuentran Industrias Pecuarias El Pilar e Industrias Pecuarias San Pedro, que consumen 216 mil y 441 mil m³ de agua al año, respectivamente. De modo que en Ocotlán las vacas y los cerdos tienen mayor acceso al agua que los pobladores. Aquí Nestlé también es una fuente permanente de aguas negras, cuyo volumen asciende a los 2 millones 455 mil 139 m³ al año.

De igual forma, Nestlé ha desatado una crisis por el agua en los municipios de San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. No sólo por el uso del líquido para sus procesos industriales, sino por la apertura del mercado de la leche. Esto lo ha impulsado mediante la compra a los productores de la zona, quienes en sociedad han comenzado a acopiar las concesiones de la Conagua para la producción y engorda del ganado lechero.

En estas dos localidades Nestlé utiliza 621 200 m³ de agua. Si bien es cierto que es menos de una tercera parte del agua que se destina a la zona urbana de San Juan de los Lagos, también es cierto que con ese volumen se podrían atender las necesidades de los casi 11 mil habitantes que no tienen suministro de agua potable.

Así, con la compra de leche, Nestlé fomenta de manera indirecta el arrebato de agua a la comunidad. Tan sólo la empresa Agropecuaria Santa Teresa se ha apropiado de cinco pozos de donde extrae 774 mil 274 m³ de agua al año. La cifra resulta alarmante si se toma en cuentan que hay poblaciones como La Sauceda, La Magdalena o La Caldera, que abastecen 45% de sus necesidades con apenas 3 mil m³ de agua. Otra empresa de alta explotación de agua es la Impulsora Agropecuaria Santa Rosa, la cual extrae 324 mil m³ de agua al año. Esto sería suficiente para atender las necesidades de estas tres colonias durante más de 50 años, según lo reconocen funcionarios del sistema municipal de agua potable. Si la planta agroindustrial de este municipio continúa explotando el agua al ritmo que lo ha hecho, en menos de cinco años los niveles de abasto a la población entrarán en una etapa crítica.

El estrés hídrico en San Juan de los Lagos se ha agudizado en los últimos tres años debido también a las operaciones de empresas como Celulosa Avícola de Tepatitlán y Lechera Guadalajara, que en suma extraen, mediante de tres pozos, 111 250 m³ de agua año, el doble de lo que reciben los pobladores de La Cuesta de Medina, donde hay más de 2 mil habitantes.

En los últimos dos años al menos 130 familias de La Sauceda, La Magdalena, La Caldera y La Cuesta de Medina han tenido que abandonar la zona, luego que de la noche a la mañana dejaron de tener agua. Este desplazamiento se puede atribuir también al uso desmedido de agua que hacen las empresas Proteína Animal y Rancho Jacales. La primera extrae de siete pozos un volumen anual de 857 196 m³, en tanto que la segunda explota mediante tres pozos 557 mil 683 m³.

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La perversidad de Nestlé también se observa en la ciudad de Tlaxcala, donde su planta procesadora utiliza el agua de dos pozos para abastecerse con 721,728 m³ de agua al año, lo cual representa una quinta parte del volumen que el sistema municipal suministra a la capital de ese estado, donde el índice de desabasto se mantiene desde hace tres años en 14.2% de la población.

Nestlé también tiene privilegios en el Estado de México. Solamente en Toluca su planta explota un millón 200 mil m³ de agua al año. Este volumen es mayor al que en promedio consumen cada uno de los 125 municipios de la entidad. No sobra decir que la mayoría se encuentra sumida en la pobreza con un desabasto promedio que llega a casi 23% de la población.

En Querétaro, la población urbana que mayormente no tiene un suministro constante de agua es la que se ubica en las inmediaciones de la industrializadora de Nestlé. La empresa utiliza cinco pozos. El más pequeño aporta 233 mil m³ de agua al año, una cantidad suficiente para atender durante cinco años a una población de 10 mil habitantes. En esta entidad, Nestlé se apropia anualmente de un millón 522 mil 200 m³ de agua.

En Veracruz, Nestlé procesa café soluble en los municipios de Isla y Coatepec. Aquí el consorcio se apropia de 905 mil 505 m³ de agua al año, casi la misma cantidad que el gobierno de Coatepec destina para el abasto de su población, que supera los 85 mil habitantes. La mayoría se ubica en zonas rurales, donde 18% no tiene acceso a agua entubada en sus viviendas.

Otras localidades donde Nestlé extrae agua son Rincón de Romos, en Aguascalientes, y Pijijiapan y Chiapa de Corzo, en Chiapas. Aquí la extracción es aún más criminal porque el porcentaje de personas que no tiene acceso al líquido es muy superior al que se registra en el resto del país. En Rincón de Romos casi 27% de la población no tiene acceso al agua entubada, mientras que en Chiapa de Corzo la proporción alcanza 32 por ciento.

Aun así, en Rincón de Romos la Conagua ha otorgado un permiso a Nestlé para que disponga anualmente de 18 mil m³ de agua, los cuales serían suficientes para disminuir al menos cinco puntos porcentuales el índice de población sin agua. En Chiapa de Corzo, el consorcio explota un volumen de agua de 100 mil m³, mientras que en Pijijiapan utiliza 11 mil 800 m³, que serían suficientes para atender la demanda de casi la mitad de los pobladores que no cuentan con agua potable en sus viviendas.

En el país existen otras 1,725 empresas, pequeñas y medianas, que en algunos casos se benefician con concesiones de agua del gobierno federal para su actividad industrial, pero la mayoría no cuenta con ese beneficio. Esto las obliga a conectarse a los sistemas municipales de agua potable, con lo cual contribuyen a disminuir la posibilidad de abasto a la población.

La entidad que más empresas de agua embotellada tiene en operación es la Ciudad de México, donde se concentra 56% de esta industria. Le sigue el Estado de México, con 12.1%, Nuevo León con 4.7%, y Jalisco con 4.5%. En contraparte los estados con mayor cantidad de agua son los que registran menor cantidad de plantas industrializadoras, como es el caso de Campeche, con una, Nayarit, con una, y Tabasco con tres.

NOTAS

1 Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, discurso durante la inauguración de la planta Tecámac de Grupo Peñafiel, Estado de México, 10 de abril de 2017: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la- inauguracion-de-la-planta-tecamac-de-grupo-penafiel.

2 Consultoría KPMG, “Tendencias de la industria refresquera en México, resultados de desempeño al tercer trimestre de 2016”, México, enero de 2017.

3 Inegi, “Indicador mensual de la actividad industrial 2018”: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ai.

4 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, 31 de diciembre de 2017.

5 Conagua, Num3ragua México 2016, México, octubre de 2016, p. 39.

6 Conagua, Estadísticas del agua en México, México, noviembre de 2017, p. 241.

7 Véase LISTA 10 en Anexos.

8 Gobierno Municipal de Apizaco, Plan Municipal de Desarrollo de Apizaco 2017-2021, P.151, México 2017.

9 Periódico Oficial del Estado de Jalisco, Tarifas de Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (Astepa), Guadalajara, Jalisco, México, 1 de enero de 2017, pp. 5-7.

10 Véase LISTA 11 en Anexos.

11 Página oficial de PepsiCo México: http://www.pepsico.com.mx/Quienes-Somos.

12 Cámara de Senadores, Informe del Grupo Plural que Visitó Sonora con la Finalidad de Revisar la Problemática Proveniente de la Construcción del Acueducto Independencia, México, 2012.

13 Sedesol, “Catálogo de localidades, sistema de apoyo para la planeación del PDZP”, México, 2012.

14 PepsiCo, Boletín Informativo, “Fundación PepsiCo México invierte 12 millones de pesos en el desarrollo comunitario en Chihuahua y en el Estado de México: http://www.pepsico.com.mx/live/pressrelease/Fundacion_PepsiCo_Me xico_entrega_apoyos_a_proyectos.

15 Water.Org, “Estrategia de cinco años en América Latina: acelerar el impacto del financiamiento familiar para el agua y el saneamiento”.

16 AGUA.org.mx, Centro Virtual de Información del Agua, ¿Cuánta agua se necesita para producir?: https://www.agua.org.mx/wp-content/uploads/2018/01/cuanta_agua_para_producir_diamundialdelagua2012.pdf.

17 Organización Cultiba S. A. B. de C. V., Informe financiero 2017, México, diciembre de 2017.

18 Ibid.

19 Ibid.

20 Ibid.

21 ONU, “Compendio de información que presentan la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU”, México, 29 de agosto de 2016, p. 77.

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El llanto de la tierra

Si no se quieren ir, que no se vayan, pero que sepan las trasnacionales que el suelo y el agua son nuestros, y que la justicia es nuestra, aunque ellos compren a jueces y magistrados.

ADRIÁN TILIHUIT, activista zacapoaxtla asesinado

En la localidad de Chignautla, que en náhuatl significa “nueve aguas”, ubicada en la zona norte de Puebla, se cuenta una leyenda que explica la visión de los pueblos originarios sobre el agua, la cual está ligada al sufrimiento, la tenacidad y la esencia del alma.

Cuentan los más viejos de Chignautla que durante los enfrentamientos de los imperios azteca y totonaca, el grito de combate de los totonacas rompió el corazón de tres princesas que vieron partir a la guerra a sus prometidos: Ixcaxóchitl era la tímida y dulce pareja de Exaltocan; Quilaxtli, altiva y amorosa, era la novia de Maxtla, y Yaoxihuatl, la indomable y brava guerrera, estaba comprometida con Talyatzin.

Las tres princesas, hijas del señor Tepatin, subieron hasta la montaña, no sólo para despedirse y ver partir a sus amados, sino para hacer en ese sitio sagrado una promesa de amor con la que ataron sus corazones para siempre. Cada doncella colocó la mano derecha en el corazón de su hombre y dijo: “Aquí te esperaré, seré tu esposa cuando termine la guerra”. Así, Exaltocan, Maxtla y Talyatzin partieron a su destino.

Los días transcurrían lentos mientras Ixcaxóchitl, Quilaxtli y Yaoxihuatl esperaban en la montaña. Con los pies trazaban surcos en la tierra para tener algo que hacer y no desesperar. A veces alzaban los brazos para evocar a Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, al que pidieron clemencia con sus amados en la batalla.

Un día vieron subir hasta la montaña a su padre, Tepatin. Sudoroso y cansado, con la autoridad de gran señor, les ordenó regresar a casa:

—¡Insensatas! ¡Bajen de la montaña! —les gritó—. Por su ausencia se apagó el fuego. Todo está mudo. Nadie se ocupa de hilar. Los telares están muertos. Exaltocan, Maxtla y Talyatzin ya encontraron la gloria en la muerte.

Las tres princesas se quedaron inmóviles con la noticia. El padre siguió hablando:

—No sufran. Otros guerreros las desposarán; cubrirán sus manos con brazaletes y sus cuellos los adornarán con piedras verdes y azules de jade y de turquesa.

La tímida Ixcaxochitl encontró valor en el recuerdo de Exaltocan y respondió a su padre:

—Yo bajaré, señor, y encenderé el fuego de tu casa, pero será hasta que regrese desposada con mi amado. Juré esperarlo y aquí lo esperaré.

—Yo volveré a tu casa y cantaré para matar el silencio que te preocupa —secundó la altiva Quilaxtli—, pero será hasta que regrese como esposa de Maxtla, al que juré aguardar su retorno y aquí lo esperaré.

—Y yo no hilaré y tejeré en el telar hasta que regrese Talyatzin —terció la brava Yaoxihuatl—, a quien nadie ni nada me arrancará del corazón, ni los collares y brazaletes que ofrecen tus guerreros.

Ni los ruegos ni las amenazas de Tepatin pudieron doblegar la voluntad de sus hijas, que fieles a su juramento decidieron permanecer en la montaña. Así se quedaron en una inútil espera hasta que Mictlantecuhtli, el señor del lugar de los muertos, llegó por ellas y las hizo dormir en un profundo sueño, convirtiéndolas en piedras, de donde comenzaron a brotar lágrimas. Este copioso llanto de amor comenzó a correr a través de los nueve surcos que habían trazado con los pies, creando los nueve manantiales que hoy dan vida a la zona norte de Puebla.

Esta leyenda que se transmite de generación en generación en Chignautla tiene mucho de cierto: las lágrimas y el dolor nacen de un convencimiento y un compromiso personal, como el que han asumido los defensores del agua en esta zona.

Aquí la defensa del agua ha costado lágrimas. Las más recientes se derramaron tras la muerte del activista Adrián Tilihuit, quien fue encontrado muerto la mañana del 31 de mayo de 2018, luego de haber desaparecido durante más de 24 horas. Su cuerpo lo hallaron en un barranco con un impacto de bala en la cabeza, en las inmediaciones del municipio de Zacapoaxtla, de donde era originario.

Adrián Tilihuit era parte del movimiento indígena de la comunidad de San Juan Tahitic, que se opone a que la Hidroeléctrica Gaya se apropie de 713 mil 940 m³ de agua al año.1 Esta empresa pretende instalarse en las orillas del río Apulco, en el extremo norte del municipio de Zacapoaxtla. Con este proyecto, la población se verá limitada en el uso del agua del río para sus actividades económicas y domésticas.

La operación de la planta hidroeléctrica a la que se opuso Adrián Tilihuit cuenta con una concesión de uso del agua por 50 años. Aun cuando la propia empresa reconoce que “el agua del río Apulco es clasificada para uso doméstico”, en su manifestación de impacto ambiental ni siquiera maquilla su intención de darle un uso industrial a esa agua, la cual, dice, “se utilizará para mover el rotor de las turbinas que al estar conectado con un generador producirá energía eléctrica”.

El activista asesinado también se opuso al despojo de la tierra, pues Hidroeléctrica Gaya pretende construir en más de 31 mil m³ esta planta de energía eléctrica que al final venderá a la CFE.

En esta región no es desconocida la simbiosis entre células del crimen organizado y algunas empresas trasnacionales con megaproyectos extractivos e hidroeléctricos. La labor de los delincuentes es disuadir las protestas de los pueblos que se oponen a las obras. Aquí el principal actor criminal se conoce como el Cártel del Totonacapan, que cada vez se aleja más del trasiego de drogas para financiarse por medio de sus servicios de protección a los grandes capitales.

DEMERITAN USO DEL SUELO

La Hidroeléctrica Gaya ha intentado minimizar la importancia que tiene para los habitantes la posesión de su suelo. Ante el propio gobierno federal, en la justificación de su proyecto sobre el río Apulco, la trasnacional ha demeritado la calidad del suelo donde pretende construir su planta eléctrica. Según este consorcio, “el sitio del proyecto se ubica en una zona rural, cuya accidentada topografía contribuye al aislamiento y marginación del sitio”, y señala que “el proyecto ocupará terrenos privados cuyos propietarios los utilizan parcialmente para la agricultura de temporal y en menor escala para potreros de ganado vacuno y bovino”, pero sostiene contra toda verdad que “la mayor parte de los terrenos no tiene uso evidente y está cubierto con vegetación natural de bosque mesófilo”.2

La versión de la empresa sobre el suelo de la zona de Zacapoaxtla se estrella contra la realidad. Esta localidad es la segunda productora de papa a nivel estatal con una superficie sembrada de 1,340 hectáreas fértiles, a lo que se debe agregar 52 mil 768 cultivos de maíz, 1,300 hectáreas de haba, 15 de chícharo, 30 de higo y 155 de frijol.

Aun cuando se estima que en Zacapoaxtla “los productores poseen en promedio cinco hectáreas en modalidad de temporal, y por lo regular producen granos, oleaginosas y frutales, productos que no son rentables, pues apenas logran recuperar parte de los costos variables de producción”,3 el sentido de propiedad de suelo que tiene históricamente esta comunidad es lo que hace que persevere en su resistencia contra el despojo.

“El suelo y el agua representan un bien que trasciende lo material en la visión de los pueblos asentados en la zona norte del estado de Puebla”, explica el antropólogo y periodista Francisco Sarabia Ramos. “La cosmovisión ancestral hace que esos recursos tengan un vínculo espiritual con la naturaleza. En el agua y el suelo está la posibilidad de transformar la propia naturaleza, en la que fincan su propia razón de existir.

Al igual que en muchas otras regiones indígenas, considera Sarabia, el arraigo a la tierra y el agua de los pueblos de la zona norte de Puebla no se puede concebir como un simple deseo de posesión material, sino que va más allá: es la propia necesidad de las comunidades de mantenerse en comunión con la naturaleza, para de esa forma conservar vigente su presencia en ella misma.

TRANSGRESIÓN A LA DIGNIDAD INDÍGENA

El asesinato de Tilihuit dolió mucho en la comunidad de Zacapoaxtla. Fue el homicidio de un activista clave en la defensa del ambiente, pero también se consideró “una agresión al pensamiento y a la dignidad indígena”.4

Desde 2013, Tilihuit promovió la defensa de los recursos por la vía jurídica. Fue uno de los promotores de los amparos que en tres ocasiones rechazaron juzgados federales contra los proyectos mineros de Atexcaco I y Atexcaco II, que en los municipios de Tlatlauquitepec, Teziutlán y Acateno promueven la Compañía Minera Autlán y la Compañía Recuperadora de Escorias.

La mayoría de los amparos promovidos por las organizaciones sociales con las que colaboraba Adrián Tilihuit no prosperaron. “Siempre existen impedimentos menores que dan salida a los jueces y magistrados para negar los amparos solicitados contra los proyectos extractivos”, explicó en entrevista para esta investigación en abril de 2015. En alguna ocasión, dijo, “un amparo fue negado sólo por el hecho de que un edicto no se publicó en el periódico Excélsior”, donde el juez ordenó que se publicara. Esto no fue posible porque el costo de la publicación, 150 mil pesos, superaba la posibilidad económica de cualquier organización ambiental indígena.

Aun después de muerto, Adrián Tilihuit ha ganado batallas legales. Ya no pudo ver la resolución de un amparo del que fue promotor, junto con el Consejo Maseual Altepetajpianij y la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. El 26 de septiembre de 2018, el juzgado quinto de distrito de Puebla le dio la razón al pueblo nahua sobre la protección de la justicia a las comunidades de esa región para suspender las concesiones mineras de los proyectos Atexcaco I y Atexcaco II.

El resolutivo, que se emitió después de 42 meses de espera, obliga al gobierno federal a cancelar las concesiones mineras de la Compañía Minera Autlán, por considerar que violentan el derecho que tiene el pueblo nahua en los municipios de Tlatlauquitepec y Teziutlán a la libre determinación y el control de su territorio. Por primera vez en nuestro país se sentó el precedente de la cancelación de un permiso extractivo otorgado por la federación sin consulta a la comunidad, tal como se han dado las 25 mil 987 concesiones mineras vigentes.

JUSTICIA AMAÑADA

El triunfo de las comunidades indígenas del norte de Puebla contra la Compañía Minera Autlán es realmente un caso excepcional. Los procedimientos judiciales —por la vía del amparo— que se han seguido contra este tipo de empresas han sido desechados por los juzgadores con argumentos que en la mayoría de los casos tienen que ver con las formas más que con los planteamientos de fondo.

Casi siempre los jueces de amparo terminan por negar el recurso, o sobreseerlo, porque consideran que la petición no está debidamente presentada. Se dice que contienen “errores gramaticales o vicios de forma”. Los argumentos más socorridos “son la no especificación del domicilio y nombre de los quejosos, los datos de la representación legal, incorrección en los datos de los terceros interesados o nombres de titulares de los órganos de gobierno responsables de los actos reclamados a la autoridad, mismos que no están considerados para influir en el dictamen final de la sentencia, según lo establecen los criterios vigentes”, explicó la abogada Nora Caloca Ramírez.

De acuerdo con una versión no oficial del Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte, en el país existen al menos 35 amparos relacionados con reclamos de comunidades afectadas por el robo de tierras y agua, o afectadas por el deterioro del ambiente a causa del desarrollo de megaproyectos. Sin embargo, en los últimos cinco años se han rechazado al menos otros 22 amparos; la mayoría no prosperó por razones de forma.

El número de este tipo de amparos es reducido si se toma en cuenta que en el territorio nacional existen 906 puntos de conflicto a causa del robo del agua y el suelo por parte de trasnacionales. Así, los juzgadores benefician a los grandes consorcios: no dictan sentencias a favor de las comunidades y ni siquiera dan curso legal a estos trámites.

En Sonora existen 163 puntos de conflicto a causa de la disputa del agua y el suelo, pero sólo se han presentado cinco amparos en los últimos cinco años, los cuales todavía se encuentran en estudio. En Durango, donde hay 73 puntos de conflicto, sólo se han presentado dos amparos y aún no se tiene ningún fallo. En Sinaloa son 70 puntos de conflicto y sólo se han presentado tres amparos; en Chihuahua hay 10 áreas de disputa y no se ha admitido ningún amparo. En Zacatecas, donde hay 50 puntos de conflicto, se han presentado 11 amparos sin respuesta favorable a las comunidades.

Jalisco es otra de las entidades donde se registra el mayor número de amparos por despojo del suelo y el agua; en los últimos cinco años se han presentado 12 amparos frente a los 40 conflictos que se registran. Oaxaca ocupa el tercer lugar en cuanto a amparos, con 10 recursos presentados frente a los 34 conflictos reconocidos. En Puebla, con 162 conflictos, sólo se han presentado cuatro recursos de amparo, de los cuales tres aún se encuentran en proceso de revisión. En Chiapas se han negado seis amparos frente a los 12 conflictos que registra.

Entre los estados que también registran un elevado número de disputas por el agua y la tierra a las comunidades, se encuentran Baja California, con 11 conflictos, Nayarit con 13, Guanajuato con 14, Baja California Sur con siete, Guerrero con 13, Guanajuato con 12, Michoacán con 14 y San Luis Potosí con 12. En estas entidades no se ha podido ingresar un solo recurso de amparo ante los órganos de justicia federal.

En Coahuila, donde hay ocho puntos de conflicto social, las comunidades no han recibido el amparo de la justicia federal por lo menos en cuatro ocasiones, luego de que sus peticiones se rechazaron por contener errores de forma; lo mismo ha sucedido en el Estado de México, donde los juzgadores han desechado cuatro amparos.

En Nuevo León y Querétaro, donde existen cuatro y seis puntos de conflicto, respectivamente, se han rechazado dos amparos por cada entidad; mientras que en Colima y Morelos se ha negado el amparo de la justicia sin que el recurso haya siquiera entrado en estudio.

CON LA LEY Y EL MAZO

El sistema de justicia en nuestro país también se ha puesto del lado de los corporativos al calificar las labores de defensa de los recursos y el ambiente como actos delincuenciales. Así lo revelan los casos de 139 activistas que se encuentran encarcelados y los de otros 163 que cuentan con órdenes de aprehensión.

En Puebla, activistas de la zona de Atlixco fueron acusados de diversos delitos, todos fabricados, tras oponerse al proyecto Gasoducto Morelos. Hasta hoy se les ha negado el amparo que deje sin efecto las órdenes de aprehensión que pesan sobre ellos. Eusebio Aguilar Torres, Juan Carlos Flores Solís, Adela Ramos Villalba y Alejandro Torres Chocolatl iniciaron un movimiento de resistencia contra el gasoducto por considerar que su paso no sólo pondría en riesgo a más de 12 comunidades rurales, sino que afectaría a casi 40 mil personas que podrían quedarse sin acceso a pozos, manantiales y ríos.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua denunció que hubo una estrategia urdida desde la CFE, con la complicidad de autoridades locales, para acusar a los activistas de delitos como extorsión, motín, despojo, robo agravado con violencia, privación ilegal de la libertad, pandillerismo y obstrucción y daño a obras públicas. Así, el 6 de mayo de 2014, el juzgado primero de distrito en Tlaxcala, donde se interpuso una denuncia, giró una orden de aprehensión en su contra.

Ya son más de cuatro años durante los que estos defensores de la tierra y el agua han tenido que vivir a salto de mata, y la autoridad ministerial de Tlaxcala no ha detenido la persecución. Luego de no conseguir la detención, se escaló el reclamo al ámbito federal, trasladando el expediente penal inicial, el 19/2014, al juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en Puebla, ahora bajo la carpeta 773/2015.

El último recurso de amparo que los defensores interpusieron para librarse de la orden de aprehensión se desechó por “vicios de forma”. Un juez federal determinó no reconocer la personalidad de los inculpados como defensores de derechos humanos y del medio ambiente, a pesar de que dicho reconocimiento existe por parte de la CNDH y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. El juez que negó el amparo no tomó en consideración los argumentos de la defensa en relación con la función social de estos representantes, mucho menos valoró el sentido de la lucha por los recursos naturales a favor de 12 comunidades.

En San Lucas Tulcingo, de donde son originarios los cuatro defensores poblanos, se ha reforzado el movimiento para evitar que el Gasoducto Morelos siga avanzando, a lo cual se ha sumado la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, integrada por 83 organizaciones de 23 estados de la república. Esta agrupación ha iniciado una movilización en todo el territorio nacional para exigir a la autoridad federal el cese de la persecución contra los defensores. Asimismo, se ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “emita comunicaciones al gobierno de México con el fin de velar por la libertad, integridad física y seguridad jurídica de los defensores de derechos humanos”, pues considera que “los pueblos del volcán han vivido cinco años de represión en contra del afán de imponer el Proyecto Integral Morelos”.5

La principal lucha de los activistas en la zona de Atlixco, a donde llega parte del deshielo del Popocatépetl, es contra el propio gobierno federal, pues a través de la CFE se está apropiando de 30 veces el volumen que utiliza la población urbana de esta localidad para sus labores cotidianas. Esto bajo el innegable pretexto de generar electricidad para toda la zona de las mixtecas poblana y oaxaqueña.

De acuerdo con el Repda, aquí la CFE cuenta con un permiso de uso de agua para fines industriales que le garantiza más de 30 millones 468 mil 243 m³ por año, el volumen de agua necesario para atender las necesidades básicas de una población de más de 500 mil habitantes durante un año.

A pesar de que más de 8 mil 250 personas en la zona de Atlixco no cuentan con agua potable en sus domicilios, el gobierno federal tampoco ha tenido empacho en otorgar permisos a la planta agroindustrial, como es el caso de la Sociedad de Riego del Fundo Legal San Diego Acapulco, que utiliza 976 mil 78 m³ de agua al año. Igual sucede con la empresa agrícola Trinidad Tepango, que utiliza al año 462 mil 688 m³ de agua, sin importar que la extracción contribuya al estrés hídrico en la cabecera municipal de Atlixco, donde el suministro de agua se ha reducido casi 10% en los últimos tres años, según fuentes del sistema municipal de agua potable.6

SAN PEDRO TLANIXCO, UN ESTUDIO DE CASO

Si el caso de los cuatros activistas poblanos perseguidos por el Estado parece ominoso, el de los defensores del agua en la localidad de San Pedro Tlanixco, en Tenango del Valle, Estado de México, es aberrante. Aquí el Estado se ha convertido en policía de los intereses de las grandes empresas consumidoras de agua, ensañándose contra un grupo de activistas que cometieron el único delito de querer preservar la riqueza hídrica de su región. Hoy se encuentran sentenciados a 50 años de cárcel por los delitos de homicidio y privación ilegal de la libertad.

A pesar de la magnitud del hecho, el encarcelamiento de los defensores del agua de San Pedro Tlanixco ha resultado de poco interés para los grandes medios del país. Algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos y ambientales han intentado darle visibilidad, pero no se ha conseguido revertir la sentencia ni atraer la atención de los órganos de gobierno para que revisen a fondo el caso.

El 21 de abril de 2018, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Dominga González Martínez, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles obtuvieron el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo” en reconocimiento a su labor de defensa del agua. Hoy día los seis se encuentran presos por delitos fabricados en el penal de Santiaguito en el Estado de México, donde su salud se deteriora y reciben el tratamiento que el Estado brinda a los criminales.

En ninguna parte del expediente que armó a modo la procuraduría mexiquense se establece la posibilidad de que los sentenciados sean defensores de los derechos humanos y ambientales, mucho menos se les reconoce su labor de defensa del agua. Para la autoridad ministerial sólo cuenta la “verdad histórica” que ella misma estructuró a partir de las declaraciones de testigos inducidos sobre el asesinato del empresario de origen español Alejandro Isaak Basso y la privación ilegal de la libertad de Nazario Baldemar García Sánchez, Felipe Rea Herrera, Gabriel Enríquez García, Adolfo Vásquez Carrasco, Mario Pérez Sánchez, Clemente Cotero Bernal, Raymundo Estrada Arias, Esteban Reyes Vásquez, Moisés Díaz Solís, Salvatore Brianda Addis y Arsenio Fuentes Guadarrama.7

Este encarcelamiento “es en realidad un intento del Estado para desarticular la lucha por el territorio y debilitar la movilización por la defensa del agua”, dijo en entrevista José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quien considera que en este caso existen faltas jurídicas graves que hacen “imposible crear un nexo causal que relacione la conducta de los detenidos con el resultado material de un homicidio y la privación de la libertad de 11 personas”.

Los seis activistas recibieron la pena máxima de prisión, aun cuando “en la acusación no se puede determinar el grado de participación de cada uno de los sentenciados, y en contraparte existen pruebas de que los testimonios inculpadores se realizaron por testigos inducidos, además de que el juez en la sentencia recurre a argumentos racistas”.8

Para entender la magnitud de este caso hay que ir a los antecedentes: San Pedro Tlanixco es una comunidad indígena nahua que entre sus 4 mil 500 habitantes cuenta con población otomí, mazahua, matlatzinca, nahua y tlahuica, la cual desde siempre ha tenido a su disposición las aguas del río Texcaltenco, que nace del deshielo del Nevado de Toluca.

A principios de los ochenta, la Conagua otorgó permisos de uso de agua para fines industriales a un grupo de empresas extranjeras dedicadas a la floricultura. Estas se establecieron en el municipio de Villa Guerrero, aledaño a la comunidad de San Pedro Tlanixco. Así nació la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero.

A partir de varias negociaciones con esta asociación, en 1986 el gobierno federal entregó concesiones de uso de agua para el riego de los plantíos industrializados, con lo que no sólo se afectó el volumen de agua superficial al que tenían acceso los pobladores de San Pedro Tlanixco, sino que también se les presionó para reducir sus descargas de aguas residuales a fin de que no llegaran a los cultivos. Ahí comenzó el conflicto entre los empresarios de la flor de Villa Guerrero y los pobladores de San Pedro Tlanixco.

En tal circunstancia, la Conagua suspendió la concesión que había otorgado el gobierno federal a favor de los pobladores de Tlanixco, con la que legalmente usaban el agua del río Texcaltenco, limitando así el suministro de la población indígena tan sólo a algunos pozos.

La Conagua también despojó a la comunidad de los manantiales el Salitre, el Vellotal, el Tronconal y Puente de Trozo, que alimentaban a más de 60% de la población, mismos que se entregaron a las empresas de flores, la mayoría de capital español, estadounidense y japonés.

Al pasar la propiedad del agua del pueblo de San Pedro Tlanixco a las empresas extranjeras de Villa de Guerrero, entre las que se encuentran Florymar, La Flor de Catemaco, Sonyflor y Visaflor, el descontento social ocasionó roces que no pocas veces han terminado en enfrentamientos violentos.

En ese contexto, el 1 de abril de 2003 un grupo de representantes de la Asociación de Floricultores, con el empresario Isaak Basso al frente, entró en San Pedro Tlanixco. En apariencia, buscaban establecer un diálogo entre las partes en conflicto, pero “la gente de Isaak Basso comenzó a proferir insultos con palabras racistas a los pobladores de San Pedro, lo que generó una confrontación violenta”, explicó el abogado José Antonio Lara.

En la confrontación, Isaak Basso acusó a la población de San Pedro Tlanixco de ensuciar el agua que las empresas utilizan para el riego de sus cultivos. Siguiendo sus costumbres, los habitantes de la localidad lanzaron una llamado mediante el repique de campanas a toda la comunidad, para encarar lo que consideraron una intrusión violenta en su territorio. El llamado reunió a más de 300 personas, que llegaron con el objeto de defender no sólo su derecho, sino de encarar las acusaciones y amenazas de los representantes de la floricultura.

En una situación confusa, el ministerio mexiquense alegó el linchamiento de Isaak Basso, en ese entonces presidente del Sistema de Agua de Riego del río Texcaltengo del municipio de Villa Guerrero. Los pobladores argumentaron que el empresario cayó accidentalmente por un barranco y que perdió la vida a causa de las lesiones; los inculpados también fueron señalados de haber privado de la libertad a 11 personas.

La muerte de Isaak Basso y el presunto secuestro fue el pretexto inmejorable para que el Estado iniciara acciones para desarticular el movimiento de defensa del agua en esta zona. Lejos de hacer una investigación sobre las causas de la muerte del floricultor y la retención de su comitiva, la entonces PGR, en coordinación con la procuraduría mexiquense, terminó por inculpar a los líderes del movimiento colectivo de resistencia.

José Antonio Lara dice que la sentencia es una clara muestra de la descomposición del estado de derecho, “no sólo por la forma irregular en que se dio la detención de los acusados, sino por la forma falsaria con que se integró la verdad histórica que llevó a los seis activistas a ser condenados”.

Según la averiguación previa que integró el gobierno local en torno al homicidio de Isaak Basso, el comunero Venancio Zetina González tuvo una actuación preponderante en los hechos, tras haber azuzado a la población al linchamiento de la víctima. El único detalle es que esta persona no pudo haber participado en el acto, pues había fallecido un año antes, según lo demostró la defensa de los inculpados.

También se incriminó a Faustino Trujillo Perdones, al que la procuraduría, de acuerdo con sus testigos, lo culpó de haber pateado en repetidas ocasiones a la víctima, sólo que el agente del ministerio público omitió otro detalle: Faustino es un adulto mayor con discapacidad motriz y no puede caminar por sí solo, por lo que se encuentra postrado en silla de ruedas desde hace más de 20 años.

Los otros dos incriminados inicialmente en el homicidio de Isaak Basso fueron Benito Álvarez Zetina y Eva Olimpia Álvarez Tejeda, a quienes se les señaló haber estado entre la turba que dio muerte a la víctima, sólo que estas dos personas no estuvieron presentes en los hechos, dado que ese día y a esa hora ambos se encontraban trabajando, como lo pudieron demostrar con documentos que les entregaron en sus centros de empleo.

La procuraduría mexiquense intentó incriminar a estas cuatro personas en los hechos delictivos sólo por ser parte de la directiva popular del movimiento de defensa del agua en esta localidad. Aunque Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Dominga González Martínez, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles no participaron en el linchamiento, no pudieron librar la acusación porque ellos sí estuvieron presentes el día de los hechos.

Según lo refiere José Antonio Lara, de los 11 testigos de cargo que utilizó la procuraduría para incriminar a los activistas, ninguno los señaló directamente en sus primeras declaraciones. No fue sino hasta 15 días después cuando pudieron reconocer los nombres y rostros de los señalados.

La violación al debido proceso de los seis defensores del agua se sustenta con las declaraciones que algunos de sus testigos de cargo hicieron una vez que se dictó la sentencia, en las que reconocen que el ministerio público los aleccionó en reuniones que se llevaron a cabo en el rancho San Francisco, ubicado en Villa Guerrero. “Se les proyectaron videos tanto de reuniones como de manifestaciones públicas de los indígenas de Tlanixco, de donde obtuvieron nombres y rasgos físicos de los liderazgos”, con la única intención de acordar el sentido de las declaraciones, decidir a quién perjudicar y cómo hacerlo.9

Entre las inconsistencias del proceso penal destaca el hecho de que no existe un solo testigo directo que haya visto la forma en la que presuntamente arrojaron a Isaak Basso al barranco donde lo encontraron muerto. Lo que más se aproxima a un testigo directo, según el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, es un “niño pastor” al que aludieron las autoridades ministeriales como su principal informante. Él habría avisado a la policía preventiva que “los de Tlanixco aventaron a alguien a la barranca”, pero nadie sabe quién es ese “niño pastor” y la autoridad ministerial tampoco hizo nada por verificar su existencia y su versión inicial de los hechos.

Una de las pruebas que un juez consideró suficiente para condenar a la señora Dominga González Martínez fue el señalamiento de uno de los testigos, quien refirió que la instigadora de la agresión contra Isaak Basso fue “una señora morena y chaparrita”. Aun cuando esta clasificación es casi general en San Pedro Tlanixco, el juzgador consideró que se trataba de Dominga. La declaración que incrimina a la única mujer acusada se hizo tres años y seis meses después de los hechos, a la cual el juez le dio valor probatorio, pero no ocurrió así con el argumento que la acusada emitió en su defensa casi cuatro años después, ya que en este caso el juez consideró que no se trataba de “una declaración espontánea, sino de una declaración preparada y reflexionada y ya se han desahogado medios probatorios en su contra”.10

Otra agravante que revela la falta de justicia es la que refiere el propio testigo acusador, quien señaló que los datos generales de la acusada se tomaron de una hoja de asistencia a las reuniones celebradas entre autoridades de San Pedro Tlanixco y funcionarios de la Secretaría de Gobernación del Estado de México, en donde se reconoce a la indiciada como miembro del comité de defensa del agua, y que para ubicarla “un funcionario del gobierno estatal le entregó una fotografía para que la recordara claramente cuando hiciera su identificación física”.

Tras la sentencia dictada en noviembre de 2017, en la localidad es evidente el temor que existe para continuar la pelea, social y jurídica, para evitar que las empresas floricultoras se sigan beneficiando con 308,600 m³ de agua al año, máxime cuando 31 viviendas en San Pedro Tlanixco no cuentan con agua entubada.

A causa del encarcelamiento se mantiene en vilo la lucha por el agua contra grupos como Manufacturera de Cigüeñales de México, que consume 70 mil m³ de agua por año; Asociación Agrícola de Buenos Aires, que se apropia de 120 mil m³; Asociación de Riego Rancho Morales y San Luis, que utiliza 138 mil m³; Asociación de Usuarios del Manantial La Peña de Güila, que extrae 124 mil 426 m³, y contra el propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que se adueña de 1 135 millones 310 mil 317 m³ de agua al año, con lo que sólo dejan a la comunidad de San Pedro Tlanixco con 517 mil 184 m³ de agua cada año para atender sus necesidades económicas y domésticas.

La otra realidad lacerante es que a causa de su defensa del agua, hoy los activistas se encuentran sentenciados a 50 años de prisión, a lo que se ha sumado el pago de cada uno por 4 mil 300 pesos como reparación del daño a favor de la viuda de Isaak Basso; mientras que por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de las 11 personas que acompañaban al empresario, el juez determinó que cada uno de los sentenciados tendrá que pagar 8 mil 400 pesos como reparación.

A través del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la ONU reconoció que en este proceso la administración de justicia no observó en todas sus dimensiones el derecho al debido proceso de los defensores del agua de San Pedro Tlanixco, por lo que estableció que “el actual proceso de apelación —en el que aún se encuentran los sentenciados— es una oportunidad única para que el poder judicial repare los derechos violados”.11

Entre otros puntos, la ONU determinó que la autoridad que juzgó a los activistas violentó el principio de presunción de inocencia de los inculpados, “al responsabilizar a los acusados de demostrar ‘fehacientemente con pruebas indubitables’ que no cometieron los delitos que se les imputan”. Además señaló que no se hizo una debida valoración de las pruebas, pues “ninguno de los testigos de cargo habría estado presente en el momento de la muerte de Isaak Basso, como admiten en sus primeras declaraciones, en las que incluso mencionan que se enteraron de la muerte tiempo después, cuando ya no estaban en Tlanixco”.

Tras el estudio del caso, la ONU concluyó que en México se cumple perfectamente la tesis expuesta por la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz, quien refirió en su informe anual de 2017 que “la competencia por los recursos naturales ha colocado a las comunidades indígenas que tratan de proteger sus tierras tradicionales en primera línea de los conflictos, como víctima de la persecución”.

También la ONU recordó que el uso del sistema judicial para desalentar la defensa de los recursos y los derechos de los pueblos indígenas ya se había señalado al gobierno mexicano por parte del relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos Michel Forst, quien dijo que “las actividades de los defensores de los derechos humanos en México han sido criminalizadas mediante un uso indebido e intencionado de la legislación penal y la manipulación de la pretensión punitiva de las autoridades por parte de agentes estatales y no estatales, con el fin de obstaculizar e incluso paralizar los esfuerzos destinados a ejercer el derecho legítimo a promover y proteger los derechos humanos”.

Por primera vez la ONU decidió no quedarse en el plano de la observación, y reiteró su “disponibilidad para brindar asistencia técnica y para compartir los estándares del derecho y jurisprudencia internacionales relevantes para el caso”,12 expresando así su confianza en que “este juicio se conducirá con base en la plena observancia de los principios del debido proceso, debida diligencia e independencia del sistema de impartición de justicia”.

DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE, INDEFENSOS

No sólo la ONU ha manifestado su preocupación ante la ola de ataques contra los defensores del suelo y el agua. En octubre de 2018, en un hecho histórico, miembros del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) exigieron a las autoridades federales y estatales frenar dichas agresiones, al menos en el estado de Puebla, donde mayor cantidad de agravios padeció ese sector durante ese año.

La postura pública de este sector académico del INAH la respaldaron los antropólogos Giovanna Gasparello, Rosa María Garza, Laura Corona, Mariana Rivera, Verónica Ruiz, Eliana Acosta, Antonio Machuca, Cecilia Vázquez, Javier Guerrero, Claudia Harris y Eckart Boege, quienes pusieron de manifiesto el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los defensores del medio ambiente, tras los asesinatos de Manuel Gaspar y Adrián Tilihuit y la desaparición de Sergio Rivera Hernández en Puebla, opositores a los megaproyectos que contemplan el uso industrial del suelo y el agua propiedad de las comunidades indígenas.

Este grupo de antropólogos coincide también con la ONU al referir que en el contexto de apertura a la inversión internacional que ha propiciado el gobierno federal, los defensores de derechos ambientales de las comunidades afectadas por la instalación de megaproyectos económicos se han convertido en blancos directos de agresiones que van desde el encarcelamiento y la persecución extrajudicial hasta el asesinato, los que bien se pueden atribuir a las empresas afectadas en sus inversiones.

NOTAS

1 Semarnat, “Manifestación de impacto ambiental, proyecto Hidroeléctrica Gaya”, México, febrero de 2016.

2 Ibid.

3 Ezequiel Arvizu Barrón et al., “Mercados rurales agrícolas de Huixcolotla y Zacapoaxtla, Puebla: potencial para el desarrollo económico regional”, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Revista Global de Negocios, vol. 3, núm. 2, 2015, pp. 71-82.

4 II Foro Regional de la Defensa y el Agua, Texontepec de Aldama, Hidalgo, 9 de septiembre de 2018.

5 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, “Acción urgente: confirman orden de aprehensión a defensores de Puebla”, 25 de agosto de 2017: https://redtdt.org.mx/?p=9261.

6 Véase LISTA 12 en Anexos.

7 Juzgado primero penal de primer instancia del distrito judicial de Toluca, Estado de México, sentencia condenatoria de la causa penal 32/2013, antes 97/2005, Almoloya de Juárez, 27 de noviembre de 2017.

8 Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, “San Pedro Tlanixco: ni un día más injustamente en la cárcel”, dossier de prensa, junio de 2018.

9 Ibid.

10 Juzgado primero penal de primer instancia del distrito judicial de Toluca, loc. cit.

11 ONU, “ONU-DH expresa preocupación por la criminalización de defensores indígenas de Tlanixco”, comunicado de prensa, Ciudad de México, 30 de octubre de 2018.

12 Ibid.

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Desgarrando a México

El Niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo.

RAMÓN LÓPEZ VELARDE

Bajo el lema “Mover a México”, el gobierno de Peña Nieto fincó sus esfuerzos en hacer crecer la economía nacional a partir de la explotación de la riqueza del subsuelo; más allá de la entrega de concesiones mineras, el sector que registró los mayores índices fue el de los hidrocarburos. El marco jurídico para posibilitar la entrega de la riqueza petrolera del país fue la llamada reforma energética, mediante la cual se legalizó la llegada de empresas trasnacionales del sector energético a nuestro país, a las cuales, pasando por encima de los derechos de los pueblos originarios, se les entregó en solo dos años más de 88 mil 648 hectáreas de suelo para la extracción de hidrocarburos.1

La nueva administración, aparentemente de izquierda, que en el discurso ha pretendido alejarse de la política que ejercieron el PAN y el PRI, no ha marcado diferencia en la promoción de la riqueza nacional. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha dado visos de poner un freno a la extracción petrolera; por el contrario, parece seguir apostando al uso de los hidrocarburos como base de la política energética, aun cuando el agotamiento de ese recurso podría ocurrir en menos de 50 años.

Según la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en el territorio nacional existen 2 mil 482 pozos petroleros en suelo continental, y otros 136 pozos en el lecho marino del Golfo de México. Todos, invariablemente, generan un alto impacto ecológico en su entorno por la extracción de petróleo crudo o gas natural. De los 2 mil 618 pozos para la extracción de gas natural o petróleo crudo, casi 45% se entregaron en concesión para su explotación a empresas internacionales en los últimos tres años de la pasada administración. Grandes trasnacionales petroleras dejaron suelos como el de Irak, Venezuela, Kuwait y Arabia Saudita para establecerse en nuestro país en condiciones de inversión inmejorables.

Hasta enero de 2019, México había recibido a 113 consorcios provenientes de Estados Unidos, Colombia, Canadá, Reino Unido, España, Holanda, Malasia, Argentina, China, Australia, Rusia, India, Tailandia, Noruega, Alemania, Italia, Portugal, Francia, Chile, Uruguay, Japón, Egipto y Catar. Con el aval del gobierno federal, se adueñaron de una porción del suelo y gran parte del agua de las comunidades indígenas, principalmente en los estados de Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Campeche y Tabasco, donde la resistencia social ha llegado a puntos críticos.

LOS POZOS DEL DIABLO

Fue tal el control que ejerció el gobierno federal en su estrategia para entregar las últimas reservas de gas y petróleo, que para los grandes medios informativos pasaron de noche las protestas que la población lanzó contras empresas como Atlantic Rim, California Resources, Cheiron Holdings Limited, Cobalt International Energy y E&P Hidrocarburos y Servicios, entre otras que han iniciado exploraciones sin consulta previa en los territorios de las comunidades indígenas.

Los grandes medios informativos tradicionales tampoco han dado cuenta de la oposición que ha surgido en algunos puntos del país contra las empresas Consorcio Manufacturero Mexicano, Dea Deutsche Erdoel, Galp Energía, Grupo Vordacab, Hunt Overseas Oil Company, Repsol Exploración México y Qatar Petroleum, las cuales han lanzado sendos proyectos de exploración de gas natural empleando la técnica de fracturación hidráulica (fracking), que amenaza con dejar sin agua a localidades completas, más allá de la destrucción inherente al subsuelo que también afectará a la recarga natural de los mantos freáticos.

El problema de la apertura a la industria extractiva internacional de hidrocarburos que generó el gobierno federal con su reforma energética se observa en la llamada Cuenca de Burgos, en el municipio de China, Nuevo León, donde empresas como Nuvoil, Renaissance Oil, Sierra Oil, Diarqco, Cotemar y Petrobal ya iniciaron trabajos de extracción de petróleo y gas con fracturación hidráulica. El mayor inconveniente de este modo de extracción es el agua que se destinará a la planta industrial y que tendrá que arrebatarse a la población. En esta localidad 13.9% de los más de 10 mil 864 habitantes no cuenta con servicio de agua potable en sus viviendas. Ya de por sí son castigados con más de 510 millones 288 mil 546 m³ de agua que al año se les quita para abastecer el sistema de agua potable de Monterrey.

Con la actividad de por lo menos 13 pozos de extracción de gas natural, algunos de los cuales ya operan desde 2017, el suministro de agua ha comenzado a ser cada vez más escaso para la población, pues, según estadísticas de la organización Agua.org, cada pozo requiere entre 200 y 1,100 m³ de agua por año, para alcanzar niveles de gas natural que oscilan entre 250 y 300 m³ por año.

De acuerdo con fuentes del gobierno municipal de China, Nuevo León, en los últimos dos años, poco después de que comenzaron a operar las empresas petroleras con los nuevos contratos otorgados por el gobierno federal, se registró el desplazamiento de por lo menos 30 familias, que no pudieron soportar la sequía a la que fueron obligadas debido a la disminución de presión en el sistema municipal de agua potable.

EXTRACCIÓN CON EFECTOS SÍSMICOS

A la par del consumo de agua de las compañías trasnacionales para cumplir con sus metas de producción de gas natural, y para la extracción de petróleo crudo, también se han registrado hundimientos en algunas zonas de los campos La Sierrita y Cuervo. Al mismo tiempo se han sentido movimientos sísmicos que podrían estar relacionados con la actividad extractiva de Nuvoil, Renaissance Oil, Sierra Oil, Diarqco, Cotemar y Petrobal.

De manera oficial ninguna instancia reconoce algún vínculo entre los movimientos telúricos en Nuevo León y la actividad de las empresas petroleras que excavan a profundidades mayores a los mil metros. Sin embargo, un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en conjunto con el Departamento de Geofísica de la UNAM, revela que el número de movimientos sísmicos en los municipios de China, Montemorelos, General Terán y Cadereyta ha aumentado desde 2013, justamente cuando se intensificó el proceso de extracción de hidrocarburos en la zona.2

Los datos de ese estudio son reveladores: de más de 100 sismos que se registraron en esta zona de Nuevo León del 7 de octubre de 2013 al 18 de marzo de 2014, por lo menos 30 ocurrieron en el municipio de China, donde ya se empleaba la fracturación hidráulica, que no es otra cosa que inyectar una mezcla de agua y arena para romper las bolsas pétreas que contienen el gas acumulado.

Si bien es cierto que los sismos registrados en esta zona han sido de baja magnitud (entre 2.8 y 4.5 en la escala Richter), también es cierto que esos movimientos telúricos han causado temor entre la población poco habituada a este tipo de fenómenos, lo cual también ha influido para que algunas familias hayan dejado la zona luego de que sus viviendas “crujieron”, según lo confirmó una fuente del gobierno del municipio de China, Nuevo León.

También debe decirse que antes de la llegada de empresas extranjeras, Pemex ya hacía una explotación desmedida de hidrocarburos. Las propias cifras de la estatal dan cuenta de la magnitud del aprovechamiento irracional del subsuelo. Mientras las trasnacionales privadas han obtenido un promedio mensual de 1,650 barriles de petróleo crudo y poco más de 98 mil 900 m³ de gas, Pemex sostiene una producción mensual promedio de más de 2 millones de barriles de crudo y casi 22 mil 100 millones de m³ de gas.

Mientras las trasnacionales utilizan casi 2 mil 300 m³ de agua por año para sus actividades extractivas, Pemex necesita más de 2 millones 600 mil m³ para alcanzar sus niveles de producción de hidrocarburos, lo cual representa casi 200 veces la cantidad de agua que requiere durante un año el municipio de China para subsistir.

Tal como lo ha hecho en Nuevo León, la presencia de Diarqco ha trastocado el suelo y el medio social en Tabasco. Aquí esta empresa, que se ha hecho de millonarios contratos por parte del gobierno federal para la extracción de hidrocarburos, enfrenta la resistencia social de pobladores de los municipios de Villahermosa y Paraíso, que se oponen a más perforaciones en los campos de Mayacaste y Calicanto, donde la historia les ha enseñado que en nada beneficia a la comunidad la extracción de petróleo y gas natural, pues a pesar de ser una de las zonas más ricas del mundo, son también las regiones que padecen la más lacerante pobreza.

En Mayacaste, aledaño a la zona urbana de Villahermosa, donde Diarqco ha prometido una derrama de más de 1,084 millones de dólares a favor de la comunidad,3 16% de la población vive en el desempleo, 11% habita en casas con piso de tierra, y más de 14% no cuenta con servicios básicos en sus domicilios, entre ellos el de agua entubada. Sin embargo, la empresa plantea que la perforación de nuevos pozos de hidrocarburos podría terminar con el rezago social de esa región. Lo que no ha dicho es que para hacer la explotación energética se consumirán más de 4 mil m³ de agua al año, volumen que representa casi tres veces el agua que reciben los más de 2 mil 300 habitantes de la zona, y que sólo cuentan con agua por tandeo por parte del sistema operador de agua potable del municipio de Villahermosa.

En Calicanto, en el municipio de Paraíso, ocurre lo mismo. Diarqco ha ofrecido una millonaria derrama económica a favor del desarrollo regional, pero la población lo duda, pues hace más de 40 años Pemex también ofreció lo mismo. Eso nunca se ha cumplido, lamenta Eusebio Martínez Flores, uno de los integrantes del Consejo de Comunidades Unidades de Centla, quien refirió que desde que Pemex comenzó la explotación petrolera en esta parte del país, lo único que han obtenido los pobladores ha sido contaminación y desabasto de agua.

Las más de 3 mil personas que viven en Calicanto sólo disponen de un promedio anual de 160 mil m³ de agua, el doble de lo que pretende utilizar la nueva planta industrial que se ha comenzado a asentar en la zona, tras ganar las licitaciones petroleras que puso en la mesa el gobierno federal de la pasada administración.

También en esta localidad algunos grupos defensores del medio ambiente han registrado la extraña coincidencia entre la actividad sísmica y la creciente extracción de hidrocarburos, principalmente de gas natural mediante fracturación hidráulica. En esta parte de la costa de Tabasco, en donde hasta hace algunos años era sumamente extraño un sismo, ahora los movimientos ocurren de manera más frecuente.

De acuerdo con el reporte histórico del Sismológico Nacional, de enero de 2014 —cuando diversas trasnacionales comenzaron a realizar perforaciones profundas— a noviembre de 2018, en esa parte de Tabasco se registraron 82 sismos con magnitudes de 3.7 a 4.9 en la escala de Richter.

Los movimientos telúricos asociados con la destrucción del subsuelo en Tabasco han aumentado de forma notoria: en 2014 ocurrieron 14 sismos, el mayor con una magnitud de 4 grados Richter y epicentro en Balancán; en 2015 se registraron 15 sismos, los dos de mayor magnitud, de 4.3 y 4.2 en la escala de Richter, tuvieron su origen en Tenosique y Paraíso; en 2016 se registraron 19 sismos, el mayor de ellos fue de 4.2 grados y se sintió en el municipio de Jalpa de Méndez; en 2017 hubo 17 sismos, igual que en 2018, los de mayor magnitud ocurrieron en los municipios de Tenosique y Macuspana, con una intensidad de 4 y 4.3 en la escala de Richter.

De acuerdo con Ramón Carlos Torres, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, el uso del fracking para la explotación de hidrocarburos no convencionales “produce fallas geológicas que provocan sismos, contaminación del agua y efectos adversos en la biodiversidad”.

Es de destacar que la fracturación hidráulica está prohibida en varios de los países de donde provienen las principales empresas que la practican en México. Tan sólo entre 2011 y 2017 se suspendió en Francia, Bulgaria, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, España, Australia y Canadá.4

Según Ramón Carlos Torres, el costo de extracción de gas y petróleo alojado en “rocas madre” no sólo es muy alto, considerando que ese recurso durará sólo unos cuantos años, sino que representa una amenaza para los derechos humanos, como ya se observa en los municipios de China, Nuevo León, y Paraíso y Villahermosa, Tabasco.

CON PRISA PARA DEVASTAR LOS RECURSOS

La forma acelerada en que se está devastando el subsuelo nacional se advierte en las estadísticas de la Secretaría de Energía. Al cierre de 2018 en todo el territorio nacional ya operaban, en la fase de exploración o explotación, más de 2 162 pozos de extracción de hidrocarburos. Todos usan la fracturación hidráulica y se concentran en los estados de Veracruz, Coahuila, Puebla, Tabasco, Nuevo León y Tamaulipas.

Sólo en el estado de Puebla se pretende a corto plazo la perforación de por lo menos 1 114 pozos que en su mayoría se ubicarán en los municipios de Francisco Z. Mena, Ayotoxco de Guerrero, San Gabriel Chilac, Tuzamapan de Galeana, Xicotepec, Acateno, Pantepec, Tlacuilotepec, Jalpan, Jonotla, Venustiano Carranza, Hueytamalco, Zihuateutla y Tenampulco, ubicados en la cuenca petrolera de Tampico-Misantla, donde la pobreza es extrema y se agudiza ante la falta de agua.

En el municipio de Francisco Z. Mena, en el extremo norte de Puebla, donde la petrolera estadounidense Halliburton de México ha iniciado los trabajos de preparación para la puesta en operación de al menos siete pozos de gas natural, y donde el agua ya de por sí es escasa, se pretenden utilizar los mantos freáticos que abastecen a la población para lograr una producción anual promedio de más de 3 590 m³ de gas natural, pese a que más de 13% de la población no cuenta con servicio de agua entubada en sus domicilios.

El agua que pretende utilizar Halliburton de México para su explotación de gas es 10 veces el volumen que durante un año utilizan los más de 33 mil habitantes de esta localidad. Hoy en día la población se abastece con el suministro de siete pozos que aportan un promedio anual de 230 mil 300 m³, los cuales, en su mayoría, ya son consumidos por un grupo de productores agrícolas que se han apropiado de casi 40% de ese volumen de agua.

Igual sucede en el municipio de Ayotoxco de Guerrero donde, sin consentimiento de la población oriunda, la empresa Schlumberger inició los trabajos de perforación de al menos 11 pozos de extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica. A mediano plazo este consorcio habrá de apropiarse de por lo menos 230 mil m³ de agua para lograr sus propósitos industriales que a la vuelta de un año le habrán de redituar utilidades por el orden de los 2 mil millones de dólares.

En contraparte, la población de ese municipio, que no recibirá un solo peso partido por la mitad, se tendrá que limitar en el uso del agua, pues los 230 mil m³ que pretende utilizar la petrolera se obtendrán de los mantos freáticos que actualmente no alcanzan a abastecer las necesidades de la comunidad, donde casi 17% de los más de 45 mil habitantes del municipio no cuentan con suministro de agua potable en sus viviendas.

De acuerdo con datos del Repda, la población de Ayotoxco de Guerrero actualmente se abastece con apenas 300 mil 183 m³ de agua por año, por lo que de ceder a la petrolera el volumen que pretende, a los habitantes del municipio solo les quedarán menos de 70 mil m³, lo que en términos prácticos significa que 77 de cada cien familias podrían quedarse sin agua.

El amenazante consumo de agua de las empresas petroleras que le apuestan al fracking para la explotación de los mantos de gas natural en la zona norte de Puebla, también causa miedo en el municipio de San Gabriel Chilac, en la zona sureste del estado, donde la empresa Baker Hughes de México realiza exploraciones para la apertura de cinco pozos profundos de gas natural.

Las primeras alertas las emitió la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, durante el Foro de Defensa de la Tierra, el Agua, el Territorio y los Derechos Humanos celebrado en octubre de 2018: refirió que la planta petrolera podría arrebatar más de la mitad del volumen de agua que se destina a la población de ese municipio, donde más de 40 mil habitantes son suministrados con casi 200 mil m³ de agua al año, y aun así más de 15% no tiene acceso al agua entubada en sus domicilios.

EL CRIMEN ORGANIZADO, PRESENTE

En San Gabriel Chilac han surgido grupos del crimen organizado que han amenazado de muerte a los dirigentes de grupos opositores a los megaproyectos. Uno de los activistas bajo acecho es José Luis Leyva Machuca, delegado regional del Movimiento de Autogestión Social y víctima ya de un atentado. Tras una protesta contra el proyecto de la hidroeléctrica Coyolapa-Atzalan, desde un vehículo en marcha le dispararon en diversas ocasiones, sin que se cumpliera el cometido. Ahora que dirige la resistencia para evitar la instalación de la planta petrolera ha recibido amenazas de muerte, sin que la autoridad federal haga algo por protegerlo.

El propio José Luis Leyva ha denunciado de manera pública que a causa de la defensa del territorio y el agua en San Gabriel Chilac, no solo él, sino también otros tres integrantes de su movimiento han recibido amenazas de muerte, las cuales podrían venir, según él, de grupos delincuenciales que actúan bajo instrucción de caciques y autoridades de la región de la Sierra Negra, principalmente del municipio de Santa María Coyomeapan.

Otro activista que ha sido amenazado en esta zona a causa de su movilización para evitar que el suelo pase a ser propiedad de las trasnacionales del sector minero, hidroeléctrico y ahora petrolero, es Omar Esparza Zárate, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista. El 27 de abril de 2010, su esposa, la también activista de derechos ambientales y humanos, Alberta Cariño Trujillo, fue asesinada en una emboscada en Oaxaca, justo cuando al lado del defensor de derechos humanos de origen finlandés, Jyri Jaakkola, intentaron romper un cerco paramilitar en la comunidad de San Juan Copala.

Betty Cariño, como era conocida, fue asesinada tras luchar desde el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos en la mixteca oaxaqueña. Defendía la soberanía alimentaria, la propiedad del agua y la conservación del suelo que puso en riesgo la llegada de la minera canadiense Fortuna Silver Inc., que se estableció en San José del Progreso para la explotación de una mina de oro por medio de Minera Cuzcatlán. En octubre de 2018 esta misma minera derramó agua contaminada con cianuro en el caudal del río Coyote, afluente de los ríos Magdalena y Atoyac, dejando sin agua a más de siete mil habitantes y cerca de 5 mil hectáreas de suelos de cultivo en Ocotlán y San José del Progreso. El gobierno federal nunca aplicó una sanción por este hecho.

FRACKING DISFRAZADO DE DESARROLLO

A mediados de 2018, el director de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo de Chihuahua, Jorge López Uranga, dijo que esta entidad se perfila en un plazo no mayor a 20 años como una potencia en cuanto a la generación de gas natural, y anunció la puesta en oferta de yacimientos de ese hidrocarburo que se habían detectado en Ascensión, Casas Grandes y Villa Ahumada.

La noticia causó un ánimo adverso entre grupos de defensores del territorio y el agua de esos municipios, donde se integró Chihuahua contra el Fracking, la principal organización que ha lanzado una lucha contra la posibilidad de que se aplique esa técnica de extracción, por los efectos ambientales demostrados en algunas regiones de Veracruz, Tamaulipas y Puebla.

Otros municipios de Chihuahua que también se encuentran dentro de la cartografía que el gobierno federal ha expuesto a los grandes capitales del mundo, en aras de un desarrollo económico mal entendido, son Coyame, Ojinaga, Camargo, Jiménez y Julimes, donde el agua es escasa y su suministro a la población se podría agravar con el arrebato de las petroleras.

Sólo en el municipio de Ascensión, donde empresas como Bhp Billiton, Capricorn Energy Limited, Canamex Dutch, Casa Exploration, Carso Energy, Gat Oil & Gas, Diavaz Offshore y Fieldwood Energy, compiten por hacerse de alguno de los campos de hidrocarburos puestos en oferta, el agua es posiblemente más escasa que el petróleo, pues 9.4% de los 23 mil 953 habitantes que registra esa localidad no cuenta con servicio de abasto en su propio domicilio.

En esta localidad la mayor parte del agua ha sido arrebatada a la población por parte de la comunidad menonita. Para la operación de su planta agroalimentaria, este grupo se ha hecho de concesiones que le garantizan más de 2 millones 300 mil m³ de agua al año, mientras que la población sólo cuenta en el mismo periodo con un abasto de 267 mil m³.

De darse la anunciada perforación de pozos de gas natural, que contempla al menos la instalación de 36 campos petroleros sólo en esta localidad, las industrias tendrán que utilizar al menos 120 mil m³ de agua por año, la cual se obtendría del sistema municipal de agua potable ante la veda de perforación que la Conagua ha decretado para esta región.

En el municipio de Casas Grandes, donde Grupo R Exploración y Producción, American Oil Tools, Caabsa Infraestructura, Desarrolladora Oleum, Armour Energy y Chevron Energía de México están buscando hacer negocios mediante la extracción de gas natural y petróleo por fracturación hidráulica, también existe una evidente crisis de agua, la cual en gran medida consumen los menonitas y los usuarios del sistema de riego agrupados en sociedades de producción rural.

Aquí, la comunidad menonita, que es reducida en comparación con otros municipios de Chihuahua, es dueña absoluta de más de 450 mil m³ de agua cada año, mientras que los grupos ganaderos locales se apropian de poco más de 780 mil m³, lo que deja a la población un volumen de apenas 270 mil m³.

De acuerdo con el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social 2017 de la Secretaría de Desarrollo Social, 7.9% de los más de 11 mil habitantes de este municipio no cuenta con suministro de agua potable en sus domicilios. Esto hace de la localidad una de las más marginadas de Chihuahua, y su índice de rezago se podría incrementar con la llegada de la industria petrolera, pues este sector requeriría al menos 160 mil m³ de agua al año para cumplir con sus expectativas económicas.

El municipio de Villa Ahumada es ambicionado por compañías como Bp Exploration México, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Desarrollo de Tecnología y Servicios Integrales Dtsi México, Gran Tierra Energy, Inpex Corporation, Petrobal Upstream Delta 1, Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos y Lukoil Overseas Netherlands. Todas están interesadas en establecer en esta localidad sus centros de producción de gas natural y petróleo extraído mediante fracturación hidráulica.

Aquí no es necesario correr a las cifras oficiales que avalen el índice de pobreza. En esta parte de Chihuahua la miseria salta a la vista. De los más de 12 mil 500 habitantes de Villa Ahumada, por lo menos 15% vive en casas que no tienen ningún tipo de servicio, pero es la falta de agua, antes que la electricidad, el drenaje o el piso de tierra, la que habla de la marginación.

De darse aquí la apertura a la extracción de gas y petróleo por medio del fracking con la operación de 22 pozos de hidrocarburos, el problema de la falta de agua habrá de aumentar, pues la planta petrolera estima el uso del mismo volumen con el que apenas se abastece la población, la cual tendrá que obtenerse de los pozos que intentan satisfacer las necesidades comunales.

En el caso de Villa Ahumada, igual que en el de Ascensión y Casas Grandes, la planta extractiva de petróleo y gas no contempla perforaciones de pozos para abastecerse de agua debido a la veda que existe en esta zona. De modo que existe la posibilidad de que esa industria tenga que alimentarse de agua de la propia red del sistema municipal, con la consecuente afectación al resto de los usuarios.

Desafortunadamente esta no es una práctica inusual. Los datos oficiales de Pemex revelan que entre 2010 y 2014 ninguna de las compañías petroleras que explotaron 341 pozos mediante fracturación hidráulica en Tamaulipas y Nuevo León contaron con permisos para perforar pozos de agua que les garantizaran el suministro para sus actividades.5 Estas compañías utilizaron agua de los sistemas municipales, misma que evidentemente faltó en algunas viviendas.

Según Pemex Exploración y Producción, en 2010, cuando se inició el uso del fracking en el país, eran 56 pozos de gas y petróleo los que estaban activos en Tamaulipas y Nuevo León: 48 en el municipio de San Fernando, tres en Camargo, dos en Gustavo Díaz Ordaz, uno en Reynosa y dos más en General Bravo.

Hacia 2011, el número de pozos donde se empleaba la fracturación hidráulica, con el consabido arrebato de agua a la población, aumentó a 75, de los cuales 52 se ubicaban en San Fernando, siete en Gustavo Díaz Ordaz, uno en Reynosa, tres en Camargo y 12 en General Bravo. En 2012 la cifra ascendió a 107 pozos, la mayoría con actividad en Tamaulipas: 77 en San Fernando, cinco en Camargo, cinco en Gustavo Díaz Ordaz y uno en Valadeces, mientras que en Nuevo León operaban 19 pozos en el municipio de General Bravo.

Para 2013, el número de pozos disminuyó a 80 debido al agotamiento de los recursos en 27 de ellos. Los pozos de hidrocarburos que consumieron grandes volúmenes de agua en ese periodo fueron 77 en San Fernando, uno en Camargo y dos más en Reynosa, Tamaulipas, mientras que en 2014 había sólo 15 pozos donde se usaba el fracking: 13 de ellos en San Fernando y otros dos en Reynosa.

De 2015 a 2018, el número de pozos de gas y petróleo creció de forma acelerada, hasta llegar a 2 mil 482, de los cuales casi 65% se encuentra en operación, 13% en etapa de exploración y 22% en etapa de licitación para su entrega al mejor postor.

De todos los pozos, según refiere Pemex, donde se emplearía la fracturación hidráulica, ya sea en operación, exploración o a la espera de licitación, 1,114 se ubican en Puebla, 733 en Veracruz, 250 en Tamaulipas, 138 en Tabasco, 93 en Nuevo León, 64 en Campeche, 36 Chihuahua, 35 en Coahuila y 19 más en San Luis Potosí.

Si el número de pozos puestos a disposición de las trasnacionales para su usufructo parece escandaloso, es más alarmante la cantidad de suelo que se le está entregando a las petroleras, que pueden explotar ese territorio como les plazca, incluyendo el desmedido uso del agua que se le arrebata a las comunidades originarias.

Para darse una idea del territorio que se está enajenando con el aval del gobierno federal, hay que decir que la superficie destinada a la explotación de hidrocarburos —donde ya hay asignaciones, contratos o licitaciones que se harán antes de que concluya 2019— es de 444 mil 900 km².6 Esta cifra representa 0.02% del territorio mexicano, se trata de una superficie que equivale a 66 veces la extensión de la Ciudad de México.

UNA ENTREGA PEOR QUE LA DE SANTA ANNA

El área del territorio nacional que el gobierno federal está entregando a las petroleras trasnacionales cobra mayor proporción si se compara con los 223 mil 139 km² que se han entregado a la industria minera en los últimos 12 años. En otras palabras, con el auge de la reforma energética, la industria petrolera ha duplicado la superficie de suelo que la industria minera le ha arrebatado a las comunidades originarias con fines extractivos.

Lo cierto es que entre las industrias mineras y petroleras se está diluyendo la soberanía nacional, pues entre ambas ya son dueñas absolutas de más de 668 mil 39 km² de suelo y todo lo que haya debajo de él, lo cual representa casi dos veces y media la superficie del estado de Chihuahua.

Los estados que habrán de ver más enajenado su suelo tras la reforma energética, por la desgracia de tener grandes yacimientos de petróleo y gas natural, son Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En estas entidades ya fueron entregados 102 mil 46 km² de suelo por asignación a proyectos petroleros, y otros 78 mil 429 km² se adjudicaron por contratos directos del gobierno federal a empresas nacionales o internacionales.7

De acuerdo con Fundar A. C., Veracruz es el estado que más territorio entregará en concesión a las empresas petroleras, al sumar más de 47 mil 345 km² que se encuentran o están en proceso de ser ocupados por la industria petrolera. Esta superficie es 34 veces mayor a la que ocupa la ciudad de Xalapa.

De Tamaulipas son 32 mil 300 km² los que el gobierno federal ha entregado a la planta petrolera, área que representa 75 veces la superficie de Ciudad Victoria, capital de esa entidad; en Coahuila se tiene contemplado que sean 18 mil 529 km² los que antes de que concluya 2019 habrán de entregarse a las petroleras, la superficie es 68 veces mayor a la que ocupa la ciudad de Saltillo.

Otro estado que perderá gran parte de su territorio al ser entregado a la explotación de las petroleras es Nuevo León, donde poco más de 17 mil 591 km² ya comenzaron a privatizarse con fines extractivos, superficie que equivale a 19 veces la extensión territorial de la ciudad de Monterrey.

En Tabasco son 16 mil 441 km² de suelo los que el gobierno federal ha determinado que se entreguen a las petroleras, una superficie 269 veces el territorio que ocupa la ciudad de Villahermosa y a la vez representa 65% de todo el territorio estatal; en Chiapas se enajenarán 4 mil 764 km², que equivalen a 49 veces la superficie de Tuxtla Gutiérrez.

San Luis Potosí perderá la soberanía de 3 749 km², Puebla de 2 mil 549 km², Oaxaca de 1,528 km², e Hidalgo de 1,447 km². La suma del territorio perdido de estos cuatro estados es de 8 mil 973 km², casi la superficie que ocupan los estados de Tlaxcala y Aguascalientes.

El territorio que el general Antonio López de Santa Anna entregó a Estados Unidos en 1853, por el llamado Tratado de la Mesilla, tenía una extensión de 76 mil 845 km², que hoy son parte del sur de Arizona y el suroeste de Nuevo México. Esta superficie es apenas una sexta parte del suelo que la reforma energética de Enrique Peña Nieto entregó a las petroleras trasnacionales.

TIERRAS RICAS, GENTE POBRE

Otro ejemplo más de la promesa incumplida de desarrollo, de los cientos que existen en el país, se encuentra en San Fernando, Tamaulipas. Entre 2010 y 2014, con la operación de 190 pozos de fracturación hidráulica, en este municipio se obtuvo una producción de gas natural por encima de los 300 mil m³, que generaron una utilidad a las empresas extractivas por el orden de los 750 millones de dólares.

A pesar de sus grandes ingresos, las petroleras beneficiadas con la riqueza natural del suelo mexicano no aportaron un solo peso para el beneficio social de la comunidad, la cual desde 2010 conserva la misma línea de pobreza, según lo revelan datos de la Sedesol.

En San Fernando tampoco es necesario recurrir a las cifras oficiales para observar el grado de marginación social. Aun así, las estadísticas indican que de sus casi 60 mil habitantes, 19.4% registra un rezago educativo, 17.5% no cuenta con acceso a los servicios de salud, 78.4% no tiene acceso a servicios de seguridad social, 9.3% vive en casas que no cumplen con los requisitos de un espacio digno y 68.2% no cuenta con servicios básicos en su vivienda. Lo más lamentable para una zona tan rica de hidrocarburos, que llena de dólares los bolsillos de los dueños de las empresas extractivas, es la pobreza que se manifiesta en forma de hambre. Aquí 22.5% de los habitantes no tiene la posibilidad de acceder a una alimentación plena y 60.4% se encuentra en la línea de pobreza moderada a extrema.

En San Fernando no sólo no ha podido disminuirse la pobreza, sino que las empresas trasnacionales y la propia Pemex han generado una crisis de agua entre la población, a la que prácticamente le han arrebatado 70% del líquido que dispone para sus actividades cotidianas. Mientras los habitantes de este municipio se abastecen con apenas 300 mil m³ de agua al año y unas 1,742 familias no cuentan con ésta en sus viviendas, en la operación del pozo Nejo 113 se requieren casi 6 mil 600 m³ de agua al año; el Nejo 63 emplea casi 1 200 m³ y el Nejo 37 más de 3 mil 200 m³.

Los 190 pozos de extracción de petróleo y gas natural que operan en San Fernando, requieren más de 210 mil m³ de agua al año para cumplir con sus actividades productivas, pero este volumen se obtiene directamente del sistema municipal que intenta abastecer a la población, que cada vez tiene menos agua en sus domicilios.

Camargo es otro municipio de Tamaulipas en donde la pobreza no ha sido resuelta con la presencia de la industria petrolera. En esta localidad se han puesto en operación 11 pozos con fracturación hidráulica desde 2010, de los cuales las empresas propietarias se han beneficiado con utilidades cercanas a los 12 millones de dólares por año.

La comunidad no cuenta con calles pavimentadas y el índice de desempleo es la constante para la mayoría de las más de 4 mil 360 familias. El trabajo pareciera estar vedado para los lugareños en los campos petroleros. Las empresas trasnacionales aquí establecidas prefieren la contratación de personal de otros puntos del país, pues se niegan a invertir en capacitación de nuevos trabajadores.

En el municipio de Gustavo Díaz Ordaz la explotación de los hidrocarburos tampoco ha significado algún tipo de ayuda para la población. Aquí la planta petrolera absorbe cualquier posibilidad de bienestar social arrebatando el vital líquido. Los 18 pozos de extracción de petróleo y gas natural que ya operan han hecho que los habitantes hayan perdido más de tres cuartas partes del suministro de agua, en tanto que 15 nuevos pozos de fracturación hidráulica harán que el despojo llegue a casi 90% del suministro que actualmente recibe el grueso poblacional.

De acuerdo con el Repda, los más de 16 mil habitantes que viven en esta localidad son atendidos con el suministro de tres pozos de agua potable que en suma les garantizan un abasto de 2 millones 858 mil 476 m³. A simple vista, si ese volumen llegara totalmente a la población, Gustavo Díaz Ordaz sería una de las pocas comunidades de todo el país que prácticamente nadaría en agua. Pero no es así, pues tres cuartas partes del agua que se extrae de los pozos de suministro que opera el sistema municipal de agua potable se destinan a las petroleras.

Sólo así se entienden las estadísticas de rezago social en esta localidad, las cuales indican que 2.4% de la población no cuenta con servicios de agua potable en sus domicilios, 11.5% de las viviendas no cuenta con servicio de drenaje, a lo que se suma 2.5% de la población que vive en condiciones de hacinamiento y 0.7% que ni siquiera tiene sanitario en sus viviendas.

En el municipio de General Bravo, en Nuevo León, operan 20 pozos de extracción de gas natural y petróleo mediante fracturación hidráulica. Se estima que antes de que concluya 2019 se iniciará la perforación de otros 29 pozos. En esta localidad, según la Repda, no existe un sólo pozo oficial para el suministro de la población. Los pozos de agua autorizados están entregados a particulares para atender labores pecuarias y agrícolas; algunos les venden a las empresas petroleras el agua obtenida supuestamente para el riego de cultivos.

El uso del agua de la planta petrolera en este municipio se estima en más de 700 mil m³ por año, lo cual tolera el gobierno federal a pesar de que la mayoría de los habitantes no cuenta con la más mínima posibilidad de acceder al suministro en sus domicilios. De acuerdo con las cifras oficiales, en General Bravo hay casi 6 mil habitantes, de los cuales 31.1% vive en condiciones de pobreza que van de moderada a extrema, 65.7% no tiene ningún tipo de acceso al sistema de seguridad social, mientras que 13.1% no cuenta con servicios básicos en su domicilio, incluido el suministro de agua potable.

PRIVILEGIOS PARA LOS EMPRESARIOS DE SIEMPRE

De acuerdo con Fundar A. C., “las consecuencias de la entrega de la riqueza nacional a través de la reforma energética a particulares se verán en los próximos años, cuando los nuevos operadores, entre los que se encuentran gigantes energéticos cuyas ventas son superiores a los 50 mil millones de dólares y, en algunos casos, superan los 200 mil millones de dólares, comiencen a generar hidrocarburos en el país”.8

Entre estos grandes consorcios del petróleo a los que el gobierno federal les ha entregado el subsuelo mexicano sin ninguna restricción, se encuentran “la empresa inglesa British Petroleum (BP), las estadounidenses Exxon y Chevron, la italiana Eni o la china CNOOC. Empresas cuyas actuaciones en varios países de América Latina, Asia y África han estado ligadas a episodios de contaminación ambiental, desplazamiento de comunidades nativas y encarcelamiento de opositores, corrupción y sobornos para adquirir contratos”.9

Incluso, reconoce Fundar A. C., algunas de estas empresas han sido señaladas de promover la participación de paramilitares en la defensa de sus intereses económicos, como es el caso de BP en Colombia o Exxon en Nigeria.

A la antiética actuación de las petroleras trasnacionales que han encontrado un nicho inmejorable de inversión en México, se suma también la cuestionada moralidad de algunas empresas mexicanas que han incursionado en el campo de la explotación petrolera, como es el caso de Tonalli Energy, Diavaz, Roma Energy Holdings, Strata Campos Maduras, Sierra Oil & Gas, las cuales tienen vínculos con exsecretarios de Estado y directores de Pemex, así como con grupos financieros internacionales que les garantizan una privilegiada posición en su negocios.

Se estima que ahora que México ha abierto las arcas de su riqueza petrolera a la voracidad capitalista, habrá de suceder lo mismo que se vivió en la década de 1990, cuando se privatizó la industria de las telecomunicaciones, la minería, los ferrocarriles y los servicios financieros, lo que sólo sirvió para hacer crecer las fortunas personales de algunos empresarios, los cuales se estima que acaparan 9% del PIB nacional.10

De acuerdo con Fundar A. C., en 2018 sólo Alberto Baillères, por medio de Petrobal, en conjunto con un fondo de inversión estadounidense, ganó dos bloques para extraer hidrocarburos en el mar del Golfo de México. No obstante, tanto Carlos Slim como Germán Larrea han inscrito empresas en alguna de las rondas, como Carso Oil & Gas y Controladora de Infraestructura Petrolera.

NOTAS

1 Comisión Nacional de Hidrocarburos, “Tablero de empresas petroleras en México”: https://portal.cnih.cnh.gob.mx/dashboard-empresas.php.

2 UNAM, “Reporte preliminar de la actividad sísmica generada en la región citrícola del estado de Nuevo León que comprende los municipios de Montemorelos, General Terán, Cadereyta y China, para el periodo octubre de 2013-marzo de 2014”.

3 Sener, “Informe a diputados, proyectos de evaluación y explotación Mayacaste y Calicanto”, 13 de julio de 2016.

4 Alianza Mexicana Contra el Fracking, “Fracking en México”, 2017.

5 Pemex Exploración y Producción, respuesta oficial al expediente PEP-SPRN-GMCG-Q277-201, obtenida a través del INAI, 8 de mayo de 2014.

6 Fundar A. C., “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio”, México, 2018.

7 Ibid.

8 Fundar A. C., “Análisis de las empresas ganadoras de las licitaciones de la Ronda Uno de exploración y extracción de hidrocarburos”, México, 2018.

9 Ibid.

10 Ibid.

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La cruda de cerveza

El problema del agua no es en sí su disponibilidad, sino su mala distribución.

CARLOS MANJARREZ, investigador de la UACH

México es un país que se distingue por su producción cervecera. Según cifras de la Secretaría de Economía, aparte de ser el tercer consumidor mundial, destaca como el séptimo productor y el primer exportador de la bebida. De 2007 a 2016, la producción en este sector pasó de 8 millones 900 mil m³ por año a más de 10 millones 500 mil m³.1 Esto ubica a las cerveceras como uno de los negocios más dinámicos de la economía formal, generando en promedio 460 millones de dólares al año.

Lo que no dicen las estadísticas oficiales ni las de la Cámara de Cerveceros de México es el arrebato de agua del que se vale la industria para alcanzar los niveles de producción que se han convertido en un orgullo del modelo neoliberal. Si consideramos que para producir un litro de cerveza se requieren 160 litros de agua, para generar 10 millones 500 mil m³ se necesitan por lo menos 1,680 millones de m³ de agua.

El agua que utiliza la planta cervecera se obtiene de las mismas fuentes de suministro de las que depende la población para sus actividades domésticas o productivas a pequeña escala. De modo que el líquido que se convierte en cerveza termina por hacer falta a la población, la que en el mejor de los casos se ve obligada al racionamiento, al suministro por tandeo o mediante pipas, pero también es un factor que obliga al llamado desplazamiento por sed.

Uno de los casos más emblemáticos de la defensa del agua frente al voraz arrebato de la planta cervecera lo encontramos en Mexicali, Baja California, donde la resistencia la preside Mexicali Resiste, cuyos integrantes han sido perseguidos judicialmente por trastocar los intereses de Constellation Brands. A pesar de ello, los dirigentes de esta organización civil no se han amedrentado. Por el contrario, han alzado la voz para denunciar el despojo de otras cerveceras en diversas regiones del país. Tan sólo los consorcios que parecen monopolizar el sector, Grupo Modelo (Anheuser-Busch InBev), Cuauhtémoc Moctezuma (Heineken Internacional) y Constellation Brands operan 17 plantas cerveceras, con 48 concesiones de agua otorgadas por el gobierno federal, en estados donde la gente ya ha tenido que dejar su lugar de origen por falta de agua.

UN MODELO DE DESPOJO

Grupo Modelo opera siete plantas en el país. El propio corporativo reconoce en su página oficial que la mayoría se ubica en áreas que registran problemas para la obtención de agua. En tal circunstancia, dice asumir el compromiso de que “el 100 por ciento de las comunidades en las que operamos que se encuentren en áreas de alto estrés hídrico tengan una mejora medible en cuanto a la disponibilidad y calidad del agua”,2 pero no refiere ningún tipo de acción para que esto suceda.

Desde 2013, Grupo Modelo es propiedad de la empresa belga Anheuser-Busch In Bev, el mayor fabricante mundial de cerveza. En México elabora 17 marcas de bebidas, entre las que destacan Corona Extra (la marca más valiosa de América Latina), Modelo Especial, Victoria, Pacífico, Negra Modelo, Budweiser, Bud Light, Bud Light Platinum y Stella Artois, las cuales le dejan utilidades trimestrales promedio de 170 millones de dólares.

Lo que no dice el corporativo es que esa utilidad económica la obtiene con base en el despojo del agua. Así sucede en Torreón, Coahuila, donde fuentes del gobierno municipal y organizaciones de defensa del agua revelan que, en los últimos dos años, al menos 220 familias se han tenido que desplazar de las colonias Elsa Hernández de las Fuentes, Villas Saltillo 400 y Nueva California. Aquí la población dejó de recibir agua debido al agotamiento de uno de los pozos que abastecía al sistema municipal. El Grupo Modelo prácticamente lo secó debido a la operación de la planta Compañía Cervecera de Torreón.

Esta cervecera tiene una producción promedio anual de 320 mil m³ de la bebida. Así, despoja a la población de más de 51 millones 200 mil m³ de agua por año, lo cual representa casi dos veces el total del volumen de agua de que dispone el área urbana del municipio. Por lo demás, la población no recibe ningún tipo de compensación económica de parte del Grupo Modelo a cambio del uso desmedido del agua.

La forma en que obtiene el agua la Compañía Cervecera de Torreón es mediante un convenio de suministro con el gobierno estatal. Este permite que la planta industrial se conecte a la toma de abasto de la red municipal. Los requerimientos de volúmenes de agua de la cervecera han aumentado a tal grado que ni sus propios pozos pueden atender la demanda, por lo que le resultó más fácil sustraer una parte del líquido que se destina a la población al solicitar a los sistemas de agua potable municipal, como es en el caso de Torreón, el suministro a través de la red pública.

Este mismo grupo empresarial se apropia de casi 2 millones 360 mil m³ de agua al año en la zona industrial de Guadalajara, mediante la operación de la planta Compañía Cervecera de Guadalajara. Su producción promedio anual es de 560 mil m³ de cerveza. El desabasto de agua que produce afecta directamente a por lo menos 12 mil familias de las inmediaciones, donde los propios vecinos aseguran que en los últimos cinco años han tenido que migrar unas 260 familias a causa de la falta de agua.

El Grupo Modelo también opera en Yucatán, en el municipio de Hunucmá. Aquí la planta de la Compañía Cervecera Yucateca produce un promedio anual de 700 mil m³ de cerveza. Para ello utiliza un pozo que le abastece más de siete millones de m³ al año, que es más de siete veces la cantidad con la que el gobierno municipal abastece a la población mediante tres pozos autorizados, que aportan en promedio 851 mil 712 m³ de agua por año.

En este municipio, el gobierno federal se ha negado a autorizar nuevos permisos de perforación de pozos para el suministro a la población, con el argumento de que la zona hídrica de Yucatán Norte se encuentra sobreexplotada y con un déficit permanente ante la falta de escurrimientos pluviales. Pero este argumento no se ha usado con otras empresas, como la Industria Avícola del Sureste, a la que sin mayor recato la Conagua le ha otorgado la concesión de 14 pozos para la engorda de aves, que en promedio anual le garantizan el abasto de un millón 353 mil 402 m³ de agua, sin importar que 67.2% de la población de este municipio de más de 30 mil habitantes no cuente con el servicio de agua potable en sus domicilios.

La indolencia de la federación para atender la demanda de agua de la población en Yucatán también se observa en los volúmenes que se han autorizado para otras industrias, que consumen más de una tercera parte del agua disponible para el abasto doméstico, como es el caso de Bachoco, a la que recientemente se le renovaron dos concesiones de agua para uso industrial, que le garantizan un abasto anual de 54 mil 914 m³ de agua.

En ese renglón también se encuentra la empresa Envases Universales de México, la cual cuenta con un solo pozo que aporta casi la mitad del agua que utiliza toda la población de Hunucmá y que está autorizado para entregar a la actividad industrial más de 393 mil 734 m³ de agua por año. Otra de las grandes consumidoras de agua en este municipio es Grupo Kuo, que atiende negocios de la industria agroalimentaria y de acabados automotrices, la cual se ha apropiado de 78 mil 468 m³ de agua por año.

En Zacatecas, Grupo Modelo opera la planta cervecera más grande del mundo, ubicada en el municipio de Calera. Aquí la Compañía Cervecera Zacatecas produce 2 millones 400 mil m³ de cerveza en promedio cada año, para lo cual hace uso de 4 millones 611 mil 726 m³ de agua, casi la mitad del volumen que dispone la población en general.

En la suma total de consumo de agua que se hace en esta zona semidesértica, sólo entre la planta industrial y la agroalimentaria, el arrebato a la población es de casi dos veces el volumen que literalmente llega a cuenta gotas a algunas familias de la zona. Tan sólo la industria ganadera y la de cultivo de granos básicos a gran escala se llevan más de 7 millones 500 mil m³ de agua cada año.

Entre las grandes empresas consumidoras de agua que están agotando la región hidrológica de El Salado, se encuentra Envases y Tapas Modelo, filial de Grupo Modelo, que para la elaboración de las latas de aluminio requiere 164 mil 850 m³ de agua al año. En este municipio 65.6% de sus casi 40 mil habitantes viven en condición de pobreza, y la falta de agua es una de las constantes que acentúan esta situación.

Aquí el gobierno federal tampoco ha tenido empacho en entregar el agua a borbotones a otras industrias del sector agroalimentario, que también han sido cuestionadas por la contaminación que generan con sus desechos, como es el caso de la planta de Jugos del Valle, que descarga sus aguas residuales sin el debido tratamiento al acuífero Calera, luego de utilizar un promedio anual de 277 mil 982 m³, los que están registrados en el Repda.

El Grupo Modelo también tiene presencia en Sinaloa; en Mazatlán opera la Compañía Cervecera del Pacífico, cuya producción anual de cerveza ronda los 150 mil m³, para lo que requiere de por lo menos 24 millones de m³ de agua. Sin embargo, en el Repda no existe una sola concesión del gobierno federal al Grupo Modelo ni a su filial en esta localidad. Esto quiere decir que muy probablemente su acceso al agua sea por medio de las tuberías del municipio.

Sólo así se entiende que el sistema de agua potable de Mazatlán no sea suficiente para atender la demanda de la población, que además ha sufrido severas sequías en los últimos años. Las cifras oficiales indican que por lo menos 4.9% de sus casi 500 mil habitantes no cuenta con agua en sus viviendas. Aún más, 28.1% de la población se encuentra clasificada en rangos de pobreza moderada a severa.

El agua que la Compañía Cervecera del Pacífico sustrae del sistema municipal de abasto la obtiene a precio de ganga, pues sólo paga al gobierno municipal 15 pesos por cada metro cúbico. Esta es una cantidad vergonzosa si se considera que la tarifa mínima de pago que se aplica en las zonas más pobres de este municipio es de 52 pesos mensuales, sin importar que a estas familias se les suministren en promedio dos m³ cada 30 días.

Otro municipio en donde el Grupo Modelo sostiene su elevada tasa de producción de cerveza a costa del despojo del agua es en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Aquí opera a través de la Compañía Cervecera del Trópico que produce un promedio anual de un millón 300 mil m³ de cerveza, según datos de Mexicali Resiste, para lo cual se requiere de un volumen de por lo menos 208 millones de m³ de agua.

Pero la empresa no obtiene esa cantidad de agua de manera oficial, pues en el Repda sólo se registran dos permisos de extracción a favor de Compañía Cervecera del Trópico, los cuales amparan el uso de 8 millones 838 mil 720 y 7 millones 331 mil 40 m³ de agua por año. Es decir que a la cervecera le hacen falta 191 millones 830 mil 240 m³ de agua cada año, que de alguna parte deben salir para sostener sus niveles de productividad: o la compañía está sustrayendo mayores volúmenes de agua que los autorizados en los pozos concesionados, o está chupando el agua faltante de los ductos del sistema municipal de agua potable de Tuxtepec. Cualquiera de estas posibilidades está contribuyendo al abatimiento de los mantos freáticos de la zona.

Las cifras oficiales más recientes revelan el estado de escasez de agua que se vive en esta región de Oaxaca. De las más de 548 480 viviendas que hay en el municipio, por lo menos 13.4% no cuenta con suministro de agua potable a través de la red municipal, por lo que se tiene que abastecer con sus propios medios, usando en algunas ocasiones las pipas que aporta el gobierno local.

Desde su inicio la cervecera ofertó más de 5 mil empleos directos para la gente de este municipio, pero a la fecha sólo se han abierto poco más de 2 mil puestos de trabajo. De estos, cada año por lo menos 1,400 son renovados por despidos y recortes de personal, evitando que la mayor parte de la planta laboral haga antigüedad. La mayoría de los trabajadores de este centro de producción de cerveza obtienen salarios que oscilan entre 890 y 1,400 pesos por semana.

Las cifras oficiales indican que Tuxtepec es uno de los centros poblacionales de alta concentración de Oaxaca que ocupan los primeros lugares en pobreza y marginación. El 25.5% de sus casi 160 mil habitantes presenta algún tipo de rezago educativo, 39.6% no tiene acceso a los servicios de salud, 68.4% no cuenta con ningún tipo de seguridad social, 24.9% carece de espacios dignos en su vivienda, 42% no tiene servicios básicos y, lo más lamentable, 24.8% no tiene acceso a la alimentación. La operación de la planta cervecera no ha podido ayudar en lo más mínimo a reducir esos índices.

Por ejemplos como el anterior hay algunas estadísticas que parecen fuera de la realidad. El Inegi ha señalado que la industria cervecera absorbe más mano de obra que otros sectores, como el manufacturero, argumentando que “una planta industrial cervecera tiene en promedio 215 personas ocupadas, mientras que en las industrias manufactureras el número es de 10 personas ocupadas en promedio”.3

El propio Inegi refiere que “el personal que labora en las plantas industriales dedicadas a la elaboración de cerveza está aumentando gradualmente desde 2014”, y que las remuneraciones que se pagan a las personas que trabajan en esas plantas son superiores a las de la industria de las bebidas y las industrias manufactureras, con un salario promedio mensual de 30 mil 211 pesos.4

La realidad dista mucho de estas cifras, pues el propio Inegi reconoce que el desempleo en los municipios de Torreón, Hunucmá, Calera, Mazatlán y Tuxtepec, donde se asientan cinco de las diez plantas cerveceras que opera el Grupo Modelo, la desocupación laboral no ha disminuido un solo punto decimal desde que las envasadoras comenzaron sus operaciones.

DESPOJO, LA MARCA DE HEINEKEN

Cuauhtémoc Moctezuma (Heineken Internacional) opera seis grandes plantas de cerveza en el país. Aun cuando asegura tener un compromiso con la protección del agua, porque “cada día la demanda de agua en todo el mundo va en aumento y estamos conscientes de la importancia crítica de la protección y uso responsable de este recurso”,5 en la práctica no se le conocen acciones concretas sobre el tema.

Este grupo cervecero es productor de las marcas Kloster Ligth, Bohemia, Strongbow, Noche Buena, Amstel, Heineken, Dos Equis, Affligem, Sol, Tecate, Coors Ligth, Indio y Superior, cuya comercialización en promedio anual deja una rentabilidad económica de 1,200 millones de dólares, de los que ni un solo peso llega a las comunidades que aportan el agua.

Cuauhtémoc Moctezuma ha encontrado una mina de oro en la explotación del agua. Aun cuando es la segunda productora de cerveza en el país, superada en volúmenes por Grupo Modelo, es la que hace el mayor uso de agua en el sector de las bebidas, al contar con 38 concesiones que le garantizan un suministro anual en todas sus plantas productivas por 144 millones 708 mil 308 m³ al año.

La planta que produce el mayor volumen de cerveza de Cuauhtémoc Moctezuma se encuentra en Orizaba, Veracruz, donde para lograr la producción anual de un millón 200 mil m³ de la bebida, utiliza más de 200 millones de m³ de agua por año. No obstante, los cuatro permisos que tiene aquí sólo amparan el uso de 123 millones 319 mil 161 m³ de agua, por lo que estaría en un constante déficit de por lo menos 77 millones de m³. Este se podría cubrir sólo si la cervecera extrae una mayor cantidad del agua autorizada en sus pozos o si la obtiene de la red municipal de abasto.

En Orizaba, la planta de Cuauhtémoc Moctezuma se apropia de casi 11 veces el agua que utiliza en un año la población del municipio, cuyo volumen de abasto autorizado por el gobierno federal es de 11 millones 778 mil 377 m³ de agua al año.

Como siempre, aquí el gobierno federal ha estado del lado de los intereses empresariales, pues ha otorgado millonarios volúmenes de agua a la cervecera sin importar que 3.2% de la población de Orizaba no cuente con el servicio de agua potable en su vivienda, y que esta carencia agudice la condición de pobreza extrema para más de 2.6% de sus casi 121 mil habitantes.

Debido al agua que aporta el deshielo del volcán Citlaltépetl o Pico de Orizaba, del suelo de Orizaba también se alimenta al municipio conurbado de Ixtaczoquitlán, que cuenta con un suministro de agua de apenas 230 mil 355 m³ por año, por lo que el consumo de la cervecera es 535 veces la cantidad de la que dispone esta localidad.

En Ixtaczoquitlán la carencia de agua la padecen 1.6% de sus casi 69 mil habitantes, los cuales no pueden acceder a nuevos pozos debido a que la zona cuenta con una veda por parte de la Conagua, debido al agotamiento de los mantos freáticos, que evidentemente es ocasionado por la actividad industrial de la planta cervecera.

A pesar de contar con una de las fuentes de recarga natural más importantes del país, como es el Pico de Orizaba, la escasez de agua en la región no sólo afecta a las poblaciones urbanas de Orizaba e Ixtaczoquitlán, sino que también ha perjudicado a los pequeños productores de granos básicos de las comunidades de Chocamán y Santa Ana Atzacán, los cuales han entrado en una confrontación directa con la cervecera.

Natalio Cruz Martínez, productor agrícola de la región, considera que a causa del robo del agua que hace la planta cervecera, sus tierras han dejado de producir más de 45% en los últimos cinco años. Según Jacobo Castillo Pacheco, dirigente de la Unión Campesina Democrática, el robo de agua del que son víctimas más de 300 pequeños productores ha obligado a que muchos abandonen sus tierras y migren a Estados Unidos. Comunidades como Tetla, Santa Ana y Dos Ríos, que en un tiempo fueron prósperas por la actividad agrícola, hoy se encuentran sumidas en la más extrema pobreza.

Al robo de agua de Cuauhtémoc Moctezuma en esta zona se suma el que hacen otras industrias con el respaldo del gobierno federal, como es el caso de Desarrollos Hidroeléctricos Renovables, que cuenta con un permiso de uso de 479 millones 91 mil 673 m³ de agua al año, que es casi cuatro veces el volumen de agua que utiliza la cervecera en el mismo periodo.

Otra empresa que también contribuye de manera impune al agotamiento del agua en esta región es la manufacturera de hilos Grupo Coats Timón, que se beneficia con dos concesiones por el orden de un millón 762 mil 560 m³ por año, una cantidad casi igual a la que la empresa Sílices de Veracruz tiene con un suministro de 819 mil 356 m³, un volumen del que tan sólo una quinta parte sería suficiente para acabar con el desabasto que padece un sector de la población de esta zona conurbada.

La segunda planta más grande que opera Cuauhtémoc Moctezuma en el país es la de Monterrey, donde se produce un promedio anual de 780 mil m³ de cerveza. En teoría, para alcanzar este volumen necesitaría de al menos 124 millones 800 mil m³ de agua.

En Monterrey la planta cervecera cuenta con cinco concesiones de uso de agua por parte de la Conagua, con lo cual está autorizada a consumir hasta 6 millones 985 mil 600 m³ al año. Esto representa apenas una diecisieteava parte del agua necesaria para sostener los volúmenes de producción que presume la empresa.

Al igual que en Orizaba, existe la presunción de que en Monterrey la cervecera compensa una parte de su déficit de agua —que sería de 117 millones 814 mil 400 m³— mediante una conexión al sistema municipal de agua, o excediendo los límites de extracción de agua impuestos por el gobierno federal. Sobre lo que sí hay certeza es que el consumo de agua de Cuauhtémoc Moctezuma en la capital neolonesa contribuye a la escasez que se padece en toda la zona metropolitana. De una población de más de un millón 136 mil habitantes, cerca de 29 mil 500 personas no tienen agua potable en sus domicilios y muchas otras ya han sido parte de las estadísticas que nadie quiere reconocer sobre el desplazamiento por sed.

Otro hecho innegable en Monterrey es la disminución en los volúmenes de agua para el suministro de la población que vive en las colonias Quince de Mayo (Larralde), Obrerista, Del Prado, Bella Vista, Victoria, Céntrica, Garza Nieto, Rubén Jaramillo y Diez de Marzo, aledañas a donde se ubica la planta cervecera. En estos sitios, según fuentes del sistema municipal de agua potable, la cantidad de agua disponible ha disminuido de forma proporcional con el incremento en la producción de cerveza.

Mientras la empresa pasó de una producción de 300 mil m³ de cerveza a 780 mil m³ de 2010 a 2018, lo contrario ocurrió con la presión del agua que llegó a los domicilios durante ese periodo. El volumen de distribución para la población disminuyó casi 70%, lo que ha hecho que miles de familias tengan a la fecha un suministro de la red sólo cada tercer día y en algunos casos sólo una vez a la semana.

La cervecera no ha manifestado una postura oficial sobre la forma en que debe atenderse el problema de desabasto de agua en Monterrey. Desde su página oficial se ha limitado a pronunciarse a favor de “un menor uso del agua, mejor tratamiento de esta y recuperación de la lluvia”.6 Sin embargo, esto parece que no tiene nada que ver con la realidad, pues lejos de disminuir su actividad industrial en las zonas donde el agua es escasa, se ha dado a la tarea de hacer nuevas inversiones para aumentar su producción.

Tal es el caso del municipio de Meoqui, en Chihuahua, donde Cuauhtémoc Moctezuma ya se beneficia del agua que aporta el río San Pedro. La planta cervecera que opera aquí, inaugurada en febrero de 2018, contó con una inversión de 500 millones de dólares, y tiene como meta la producción de por lo menos 500 mil m³ de cerveza al año, para lo que en teoría habrá de ocupar 80 millones de m³ de agua.

En sólo ocho meses de operatividad, esta planta dejó ver el futuro que depara a la población. Antes de que iniciara operaciones, solamente 1% de los casi 45 mil habitantes de Meoqui no tenía acceso a agua potable en su domicilio. A finales de 2018, a menos de un año de la puesta en marcha de la producción de cerveza, el sistema local de agua potable reportó que por lo menos 3% de los pobladores no recibe agua en sus viviendas.

Este hecho ha pasado inadvertido tanto para el gobierno del estado como para el federal, cuanto más para la empresa, que anunció rimbombantemente que la de Meoqui es su planta más grande en el mundo. Con ella pretende aumentar 15% la producción de cerveza en el país y producir 500 mil m³ en un año, que luego habrán de duplicarse en una segunda etapa,7 con lo que se anticipa un mayor uso de agua.

La cervecera ofreció la generación de cuatro mil empleos para los habitantes de Meoqui, pero en sus primeros ocho meses de actividad esto no se había cumplido. Al inicio de operaciones de la planta, fueron más de 18 mil hombres y mujeres los que aplicaron para una plaza, pero solamente seleccionaron a 320. Además, el perfil pretendido para los principales puestos de trabajo es el de “profesionales en informática, mecánica, electromecánica, mecatrónica, eléctrica, electrónica, autotrónica, alimentos, procesos industriales, mantenimiento, ingeniería química, biotecnología y sistemas”.8 Esto resulta incompatible con una comunidad donde 43.97% tiene una formación académica básica incompleta, 4.78% no va a la escuela y 3.21% es analfabeta.

Al no cumplir con el perfil laboral que requiere la planta cervecera, la mayor parte de la población de Meoqui se tiene que conformar con ver de lejos las instalaciones industriales de primer mundo que ocupan una parte de su territorio, mientras más allá de ese perímetro 29% de la población tiene que lidiar con la pobreza.

CIFRAS QUE NO CUADRAN EN EL USO DEL AGUA

Donde Cuauhtémoc Moctezuma tampoco ha cumplido con su oferta de generar desarrollo social a través de la oferta de empleos es en Navojoa, Sonora. Aquí el consorcio produce 540 mil m³ de cerveza al año, que le reditúan utilidades que rondan los 125 millones de dólares, de los cuales ninguno se refleja en el bienestar colectivo.

Para alcanzar tales niveles de producción, la cervecera requiere de un volumen de agua de por lo menos 86 millones 400 mil metros cúbicos por año, pero solo cuenta con un permiso para extraer 2 millones 332 mil 800 m³. Al igual que ocurre con la gran mayoría de las plantas cerveceras en el país, las cifras no cuadran.

Antes de que Cuauhtémoc Moctezuma llegara a Navojoa, no había carencia de agua. Tal vez el sistema municipal de suministro era deficiente y no alcanzaba a satisfacer plenamente la entrega a todos los domicilios, pero el agua estaba ahí, a disposición de los pobladores de esta zona, donde bastaba perforar entre 50 y 70 metros para que brotara el líquido. Ahora, con el estrés hídrico que padece la región, los pozos de riego que han logrado ser autorizados por la federación para su uso en la actividad agrícola y ganadera aportan agua a profundidades mayores a 280 metros, donde es natural la contaminación por arsénico. Con el consecuente efecto en la salud, muchos pobladores no tienen otra opción que utilizar el agua de riego para sus actividades domésticas.

Navojoa forma parte de la zona agrícola más importante del país, conocida como el Valle del Mayo, que incluye también a los municipios de Huatabampo, Etchojoa y Álamos, donde el agua se privilegia para la siembra de más de 116 mil hectáreas de cultivos de granos básicos, principalmente trigo y maíz.

En el Valle del Mayo sólo 10% de la siembra agrícola la generan pequeños productores. El resto lo concentran grandes grupos empresariales que atienden la demanda de empresas monopólicas de alimentos procesados como PepsiCo, Mondeléz y Kellogg’s.

Entre las grandes empresas del sector agroindustrial que se están acabando el agua de Navojoa, destacan Agrícola CCH, Agropecuaria Amparan, Granjas Santa Margarita, La Exquisita y Vidaguaso. La primera explota cinco pozos de 10 millones 261 mil 613 m³ de agua por año; la segunda se beneficia con tres pozos que le aportan un millón 92 mil m³; la tercera cuenta con un pozo que le abastece de un millón 645 mil m³; las otras dos, con cuatro y un pozos, respectivamente, se benefician con 540 mil 418 m³ y 594 mil m³. Entre tanto, el sistema de agua potable del municipio apenas cuenta con un millón 127 mil 283 m³ para abastecer durante un año a toda la comunidad.9

A las empresas del sector agrícola que extraen indiscriminadamente el agua en esta región se suman trasnacionales de otros sectores como la minera Arcelor Mittal de México, que mediante dos pozos se beneficia con 751 mil 600 m³ de agua al año; la productora de químicos Castor Produkte utiliza 499 mil 365 m³, y las papeleras Celulosa Moldeada del Pacífico y Celulosa y Corrugados de Sonora extraen, respectivamente, 38 mil 996 y un millón 78 mil 8 m³ de agua al año.

Donde también se registra una silenciosa crisis social a causa de la escasez de agua que propicia en gran medida la planta cervecera de Cuauhtémoc Moctezuma es en el municipio de Tecate, Baja California. Aquí el grupo Heineken Internacional le ha arrebatado a la población más de la mitad del agua que requiere para sus necesidades básicas.

Mientras la población de Tecate en su conjunto recibe un suministro al año de casi 2 millones 63 mil 387 m³ de agua, la planta cervecera cuenta con un abasto anual garantizado por el orden de un millón 892 mil 160 m³ de agua, con lo cual asegura su producción anual estimada en 470 mil m³ de cerveza. Para alcanzar estos niveles, se requieren por lo menos 75 millones 200 mil m³ de agua, los cuales no ampara la Conagua en el pozo que ha utilizado desde julio de 1995.

La crisis por la falta de agua en Tecate, donde la escasez es casi natural debido a las condiciones desérticas de la zona y a las elevadas temperaturas que se registran durante la mayor parte del año, ha hecho que se disparen de forma alarmante los índices de infecciones, principalmente las del tracto respiratorio, el intestino y las vías urinarias. El gobierno estatal ha hecho todo para disminuir las enfermedades, excepto racionar el agua a la planta cervecera.10

A la cervecera de Tecate poco le importa el impacto socioambiental que genera con la explotación de agua. A finales de 2017, la directiva de Cuauhtémoc Moctezuma anunció su intención de incrementar 15% su producción. Esta meta no es compatible con los límites autorizados por el gobierno federal para el uso de agua. Al menos hasta diciembre de 2018, en el Repda no se observaba un aumento proporcional en los derechos de extracción para esta empresa. Hasta mediados de 2017, la planta de Tecate producía 470 mil m³ de cerveza, para finales de 2018, con el aumento de 15%, habría llegado a 540 mil 500 m³. Sin embargo, al menos de manera oficial, este segundo volumen se seguiría produciendo con el mismo volumen de agua anterior, fijado en un millón 892 mil 160 m³, lo cual resulta a todas luces incongruente.

CRISIS SOCIAL EN TOLUCA

La forma casi milagrosa en que la cervecera de Tecate ha logrado incrementar sus volúmenes de producción sin aumentar los volúmenes de extracción de agua, también ocurre en el municipio de Toluca, donde opera la planta Cuauhtémoc Moctezuma Toluca. Aquí el consorcio asegura que produce 540 mil m³ de cerveza con solo tres millones de m³de agua al año, lo cual resulta inviable, pues para alcanzar esos niveles de producción se requieren por lo menos 86 millones 400 m³ de agua.

Aun si sus cifras fueran ciertas, el desproporcionado uso del agua que hace la cervecera ha generado una crisis social en Toluca, donde al menos 10 comunidades aledañas a la zona urbana se encuentran prácticamente muriendo de sed ante la insuficiencia de un suministro seguro y constante. A esa situación también han contribuido 1,350 industrias de diversos giros que en los últimos 12 años se han establecido en el área.

Entre las comunidades con escasez se encuentran Lerdo, donde más de 6 mil 180 familias sólo acceden al agua cuando llueve; en San Pablo Autopan se calcula que son más de 3 mil 400 las familias sin acceso al agua, mientras que en San Andrés Cuexcontitlán suman más de 2 mil 300.

Debido al crecimiento industrial que ha tenido la zona conurbada, también en la comunidad de La Constitución Totoltepec casi 700 familias no tienen acceso al agua. El líquido que llega a la zona, proveniente del Nevado de Toluca, se destina a la planta industrial, igual que sucede en San Miguel Totoltepec, donde 650 familias sólo disponen de agua cuando llueve y la pueden recolectar. Otra localidad con escasez es San Mateo Otzacatipan, donde 654 familias no tienen agua porque toda se la lleva la planta industrial, igual que pasa en Jicaltepec Autopan, donde 350 familias padecen la misma crisis; en San Diego de los Padres Cuexcontitlán son 480 familias sin agua, en Jicaltepec Cuexcontitlán son 450 y en la localidad de Guadalupe Totoltepec son 380.

En el discurso oficial se ha presumido que Toluca es el principal polo de atracción de inversiones a nivel nacional, pues dos de cada cinco empresas que deciden establecerse en el país prefieren la capital del Estado de México antes que cualquier otro sitio. Esto es cierto porque en esta ciudad se conjugan tres factores que despiertan el apetito de cualquier trasnacional: es una zona pobre en la que se puede vender fácilmente el discurso de desarrollo social a cambio de generación de empleos, cuenta con amplias vías de comunicación terrestre y tiene una de las reservas de agua más importantes del país.

No obstante, la ambición de la planta industrial por establecerse en Toluca, más que generar desarrollo económico, sólo ha dejado pobreza y sed. Según cifras del Inegi, la tasa promedio de sueldos es de 2.3 salarios mínimos por trabajador, que es la más baja del país para una zona industrial. Por su parte, el arrebato del agua ha ocasionado que sólo 64% de las viviendas habitadas del área conurbada cuente con agua entubada todos los días; 21.61% tiene agua cada tercer día, 10.5% una o dos veces por semana, y 3.73% sólo de manera esporádica, en promedio una vez al mes.11

NOTAS

1 Inegi, “Estadísticas a propósito de... la actividad de elaboración de cerveza”, México, 2017, p. 19.

2 Grupo Modelo, “Metas globales de sustentabilidad 2025”: https://www.gmodelo.mx/es/cien-mas/sustentabilidad.

3 Inegi, “Estadísticas a propósito de... la actividad de elaboración de cerveza”, México, 2017, p. 6.

4 Ibid.

5 Heineken México, “Brindando un mundo mejor”: https://heinekenmexico.com/nuestra-compania.

6 Heineken, “Cuauhtémoc Moctezuma, concientizados con el agua”, Boletín informativo: https://heinekenmexico.com/noticia/cuauhtemoc-moctezuma-concientizados-con-el-agua.

7 Heineken, “La nueva planta de Cm/Heineken en Meoqui generará más de 4 000 empleos en la región”, Boletín informativo, Meoqui, Chihuahua, 22 de mayo de 2017.

8 Ibid.

9 Véase LISTA 13 en Anexos.

10 Gobierno del Estado de Baja California, “Plan estatal de desarrollo, diagnóstico estratégico”, 2013, p. 40.

11 Véase LISTA 13 en Anexos.

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Armadoras sedientas

El agua es para mover a la gente, a la naturaleza, no es para las fábricas; ellas no nos dan oxígeno, ni son parte de nosotros.

NAUTLA, niña guatemalteca que murió de sed

En todo el territorio mexicano no existe una sola planta de vehículos que opere con pleno respeto al ambiente —aunque así se jacten todas— y que a cambio de la extracción de agua aporte beneficios económicos tangibles a la comunidad en la que se asienta. En el mejor de los casos, estas fábricas arrojan aguas contaminadas a los afluentes de los que se recargan los mantos freáticos que alimentan a la población, según lo reconoce la CNDH.

Desde el punto de vista económico hay un panorama alentador, pues “se espera que para 2020 la industria automotriz mexicana produzca cerca de 5 millones de vehículos ligeros de 13 marcas diferentes, en más de 30 plantas de manufactura”.1 Sin embargo, desde la perspectiva ambiental esto representa un acercamiento al apocalipsis.

El crecimiento de la industria automotriz comenzó a darse de forma acelerada a partir de la entrada en vigor del TLCAN en 1994, logrando su mayor repunte en la última década, cuando pasó de producir 17% de los vehículos pesados de la región hasta alcanzar 35%. “Es imposible no reconocer la relevancia de la industria automotriz como motor del crecimiento de la economía del país. El sector aporta más de 3% del PIB nacional y 18% del PIB manufacturero. Genera divisas por más de 52 mil millones de dólares al año y es responsable de alrededor de 900 mil empleos directos en todo el país”, según apunta Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

Con esas cifras la planta automotriz asentada en México se dice la séptima en producción y la cuarta en exportación de vehículos en el mundo, ostentándose también como el sector que recibió la mayor proporción de inversión extranjera directa entre 2010 y 2016, cuando el monto de inversión global alcanzó los 21 mil millones de dólares.

¿Por qué le resulta tan atractivo nuestro país a la planta automotriz trasnacional? La respuesta no tiene que ver únicamente con la mano de obra barata, ni con la inmediatez de acceso al mercado más dinámico del mundo. Según el doctor Carlos Manjarrez, la razón principal es el agua. No sólo es la abundancia del recurso hídrico que existe en el suelo y subsuelo, lo que también le interesa al sector automotriz es la facilidad de entrega de permisos de extracción de agua para la industria.

Para la Secretaría de Economía, “una de las razones por las que México se ha convertido en un país atractivo para la inversión automotriz es su política de apertura comercial”.2 Esto es válido si por apertura comercial se entiende la entrega de los recursos naturales y su explotación irracional. En esa medida, resulta lógica la expectativa de esta secretaría, que apunta hacia un mayor crecimiento del sector manufacturero de automóviles en los próximos años: que el país pase de ser un productor de autos de bajo costo y poco desarrollo tecnológico a convertirse en un fabricante de vehículos premium de alta tecnología, lo cual irá de la mano con el aumento en la cantidad de vehículos fabricados. Pero este incremento tendrá un costo: significará un mayor consumo de agua, que a su vez obligará a la reducción del suministro a las poblaciones aledañas a las plantas ensambladoras, con la natural multiplicación de conflictos sociales.

Para la construcción de un auto, desde la elaboración de las piezas hasta su ensamblado y detallado, se requiere en promedio de 148 m³ de agua, que es el mismo líquido que en promedio utilizan durante un año cuatro personas con acceso normal al suministro, y que sólo emplean el agua hipotéticamente en actividades domésticas como el consumo, la higiene personal y la limpieza de la casa.

Con las cifras que aporta la propia Secretaría de Economía, que revelan que en promedio anual, de 2015 al 2018, en nuestro país se produjeron 6 millones 500 mil vehículos entre ligeros y pesados, resulta que el volumen de consumo de agua ha sido por lo menos de 962 millones de m³ al año, lo cual representa casi 10 veces el consumo de la planta minera establecida en suelo mexicano.

Dicho en otras palabras, el consumo que hace la planta automotriz en un año equivale a 1.1% de toda el agua disponible autorizada para su explotación por parte de la Conagua. La cifra cobra mayor dimensión si se compara con el agua que se destina al sector industrial de cualquier giro: en este caso la planta automotriz representa 19.34% de la extracción de agua.

A fines de 2018, a causa de la apertura comercial de la que presume el gobierno federal, en el territorio nacional ya operaban 37 plantas industriales de fabricación de vehículos, tanto ligeros como pesados, las que se encuentran establecidas en 14 entidades del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y Querétaro, donde coincidentemente se registran numerosos conflictos sociales por la escasez del agua.

Las empresas automotrices asentadas en suelo mexicano, a las que se les atribuye en alguna medida el abatimiento de los mantos acuíferos, son Ford, Nissan, Honda, Toyota, General Motors, Volkswagen, FCA, BMW, Mercedes-Benz Trucks, Volvo Trucks, Audi, Mercedes-Benz, Infiniti, KIA MOTORS, Volvo, Hino, Kenworth, Isuzu, Man y Daimler. Entre todas generan 81 mil 927 empleos directos, pero afectan con la disminución de agua a por lo menos un millón 270 mil habitantes.

Por lo demás, como ya se observó con la industria cervecera, en la planta automotriz también se registran algunos casos en los que estas empresas no son claras con las cifras manifiestas de consumo de agua. A veces sus niveles de producción no corresponden a la cantidad de agua extraída, y en otros los permisos de descargas de aguas negras son por mucho mayores a los volúmenes de extracción.

LA INSACIABLE PLANTA TOYOTA

En la fábrica de Toyota en Tijuana, Baja California, se fabrican camionetas Tacoma y autos Yaris y Corolla, a un ritmo de producción promedio de 640 unidades por día, lo cual representa un volumen de uso de por lo menos 34 millones 572 mil 800 m³ de agua al año. Pero la empresa, según los datos oficiales del Repda, sólo cuenta con un permiso de extracción de 2 mil 730 m³ por año, lo que sería suficiente para fabricar menos de 20 vehículos al año. Si el volumen de uso de agua registrado ante la Conagua fuera cierto, la planta de Toyota tendría un déficit anual de por lo menos 34 millones 570 mil 70 m³ de agua al año para sostener el nivel de producción de vehículos que declara públicamente.

Otro dato que indica la posibilidad de que la planta Toyota de Tijuana se está haciendo de agua de fuentes alternas como la red de agua potable del municipio, más allá de las autorizadas, es el permiso oficial que obtuvo del gobierno federal para descargar aguas negras por un volumen de hasta 2,250 m³ por día, que es casi la misma cantidad de agua que tiene autorizada para extraer en un año.

El uso de agua de la planta Toyota de Tijuana ya genera conflictos sociales en la zona oriente de la ciudad, donde vecinos de Lomas del Valle, Ejido Maclovio Rojas y Ejido Ojo de Agua han denunciado que el suministro ha disminuido casi 50% en los últimos dos años. En estas colonias, donde hay una población estimada de casi 12 mil personas, el propio sistema operador de agua potable de Tijuana reconoce que a causa del estrés hídrico que se vive en la zona no se ha podido abastecer al 100% ese núcleo poblacional. A finales de 2018 se estimó que por lo menos 60% de los habitantes recibía agua de forma permanente y 25% la tenía de forma irregular, en tanto que 15% no contaba con suministro en sus domicilios.

La zona aledaña a la planta de ensamblado automotriz de la Toyota registra uno de los índices más elevados de enfermedades asociadas con la carencia de agua. En 2017, las deficiencias nutricionales —entre las que se incluye la falta de acceso al agua potable— aparecieron dentro de las 20 causas principales de muerte en todo el estado de Baja California.3

Como si nada tuviera que ver, la directiva de Toyota no ha hecho un solo pronunciamiento público al respecto. Al contrario, en abril de 2018 su vicepresidente de manufactura, Oscar Quijada, dijo en conferencia de prensa que la producción de vehículos en esa planta va en aumento. Esto se debe no sólo a la demanda en el mercado local y mundial, sino a la disponibilidad de recursos, principalmente acero y agua, que garantiza el suelo mexicano.

En estas condiciones, Toyota puso su mirada en otra región del país para operar una segunda planta de fabricación de vehículos. Según el anuncio hecho por su propia directiva, antes de 2020 se pretende establecer una nueva fábrica en el estado de Guanajuato, donde los problemas por escasez de agua han ido en aumento debido al crecimiento del sector industrial.

La fábrica se planea instalar en el municipio de Apaseo el Grande, donde en una primera etapa se proyecta una producción de por lo menos 100 mil vehículos al año, y alcanzar el doble en un lapso no mayor a dos años.

A finales de 2018, la planta de Toyota de Apaseo el Grande ya registraba un avance de casi 50%. Para la primera meta, se calcula que habrá de requerir un suministro de agua de por lo menos 14 millones 300 mil m³ de agua por año, un volumen que podría incrementar a por lo menos 28 millones 600 mil después del segundo año de operaciones. Aquí, como en otros casos, las cifras no cuadran, pues hasta el momento Toyota sólo cuenta con la autorización de perforación de cuatro pozos que contemplan la extracción de un millón 37 mil 650 m³ de agua, lo cual apenas alcanzaría para producir 7 mil 256 vehículos al año.

Un grupo de vecinos de esta localidad, integrados en el Comité de Defensa del Agua de Guanajuato, sin mucho eco en los medios de comunicación de la región, han denunciado el desalentador futuro que se avizora en los próximos años. En palabras de Juan Luis Vásquez, integrante del comité, su temor es que la planta de Toyota acabe por conectarse al sistema de agua potable del municipio para cumplir con sus metas de producción y varios miles de habitantes más dejen de tener suministro, lo cual sería catastrófico. El índice de pobreza del municipio se podría acentuar, pues de sus casi 86 mil habitantes, 46 mil 778 están clasificados en el rango de pobreza moderada a extrema y 14 mil 418 no cuentan con servicio de agua potable en sus domicilios.

FORD SECA EL SUBSUELO DE HERMOSILLO

En la zona de Hermosillo, Sonora, donde ya se ha visto cómo las plantas refresqueras y agroalimentarias castigan los mantos freáticos y el suministro de agua a la población, también se suma la planta automotriz. En este caso es Ford Motor Company la que tiene uno de los ritmos más acelerados de producción en el país, al ensamblar 64 autos por hora de trabajo.

Se estima que Ford produce un promedio anual de 440 mil vehículos Fusion y Focus en Hermosillo. Para esto serían necesarios por lo menos 62 millones 920 mil m³ de agua, pero la planta sólo cuenta con un permiso del gobierno federal para extraer 57 mil 865 m³, lo cual evidentemente no es suficiente para atender su ritmo de producción. Según el Repda, Ford cuenta con el permiso para generar aguas de desecho por 191 mil 625 m³ al año en Hermosillo. Por sí solo, este volumen es más de tres veces la cantidad de agua que oficialmente consume, y no es posible que produzca más aguas de desecho que las que extrae de manera oficial.

Esta inconsistencia de volúmenes se presenta asimismo en la planta que Ford tiene en el municipio de Chihuahua. Si bien es cierto que aquí no existe un estimado del agua que se utiliza para el ensamblado de una máquina, también es cierto que las cifras de extracción de los dos pozos de suministro son incompatibles con el agua que arroja como desecho.

En esta localidad, Ford tiene dos permisos de extracción otorgados por la Conagua, los cuales le garantizan un suministro de 85 mil 706 m³ de agua al año. Sin embargo, genera aguas de desecho por el orden de los 118 mil 625 m³ por año, lo que a fin de cuentas significa un volumen de 32 mil 919 m³ de agua que nadie sabe de dónde se obtiene.

La escasez de agua que genera Ford ya se resiente en al menos media docena de colonias del norte de la ciudad. En Revolución, Nueva Francisco Villa, La Quintas, El Ojito, Dos de Junio y Real Universidad, el suministro de agua ha disminuido en los últimos dos años, según denunció el Frente por la Defensa del Agua Francisco Villa, que preside Manuel Ordoñez. En la mayoría de las colonias aledañas al parque industrial donde se asienta la planta de motores, dice el activista, ha dejado de fluir el agua de manera constante. “Ahora la mayoría de estas colonias sólo tiene abasto de agua dos veces por semana; la mayor cantidad que se extrae se la están llevando las industrias, entre ellas la Ford”, que ni siquiera hace un intento por compensar la escasez de agua.

Se estima que a causa de la baja presión de los mantos acuíferos, en la zona norte de la ciudad de Chihuahua casi 6.2% de las familias no cuenta con un suministro constante de agua potable, además de que por lo menos 30% de sus habitantes se encuentra en condición de pobreza.

RAMOS ARIZPE, LA TIERRA DEL CONFLICTO

Otra región severamente afectada por el arrebato del agua que hace la industria automotriz es la de Ramos Arizpe, Coahuila, donde ya de por sí la escasez del líquido es natural. En esta localidad se encuentran asentadas las plantas de General Motors y Fiat Chrysler Automobiles (FCA). La primera produce, además de motores, autos Chevrolet Sonic y Chevrolet Cruze; la segunda manufactura partes para vehículos Dodge Charger, Challenger, RAM 1500 y Jeep Grand Cherokee, así como motores y transmisiones de diversas capacidades.

General Motors dice tener una producción de 42 autos cada hora, lo cual significa un promedio anual de más de 350 mil unidades. Para esto se necesitan por lo menos 50 millones de m³ de agua, pero la empresa sólo cuenta con dos permisos de explotación que le suministran un millón 372 mil 800 m³ al año.

Por su parte, FCA —que no hace pública su producción en Ramos Arizpe— consume de manera oficial un millón 506 mil 274 m³ de agua por año, por medio de tres pozos. Este volumen es casi igual a una tercera parte del agua que consumen los más de 76 mil habitantes de este municipio, donde 5.3% de las viviendas no cuenta con el servicio de abasto porque el sistema local de agua potable no tiene de dónde extraerla.

El consumo oficial de agua que hacen en conjunto General Motors y FCA en esta localidad es de 2 millones 879 mil 074 m³ por año, con lo cual se pierden casi dos terceras partes del agua de que dispone la población para sus actividades diarias. A esto debe sumarse el agua que utilizan otras empresas de diversos giros, principalmente el de las manufacturas y los agroalimentos. Empresas como Kimberly Clark de México disponen de 2 millones 448 mil 836 m³ al año, volumen casi igual al que puede acceder la población urbana.

La sequía en la que ya vive Ramos Arizpe, donde casi una tercera parte de la zona urbana no cuenta con un suministro diario de agua, se acrecienta por la actividad de empresas como Cementos Apasco, que extrae 382 mil 989 m³ al año, Davisa Parques Industriales, con 923 mil 394 m³ y el Fideicomiso Industrial Saltillo-Ramos Arizpe, con 364 mil 824 m³. Al acelerado agotamiento de los mantos freáticos, que ya no alcanzan a recargarse con la filtración de los acuíferos Saltillo-Ramos Arizpe, Durazno, Buenos Aires, Manzanera de Zapalinamé, Cañón del Derramadero, General Cepeda-Sauceda y Paredón, se agrega también la extracción que hacen las firmas Aceros Fundidos Internacionales, Carnes Selectas de Saltillo, Castech, Central Saltillo, Centro Técnico Herramental, Comercializadora de Carnes de México y De Acero, que en conjunto extraen un millón 179 mil 369 m³ de agua al año.

El agotamiento del agua en la región de Saltillo-Ramos Arizpe, más que las nuevas condiciones económicas del llamado T-MEC, es la causa por la que FCA ha decidido trasladar la producción de algunos vehículos, como la camioneta Ram Heavy Duty, a Estados Unidos. La zona donde actualmente ensambla ese modelo ya no puede aportar más agua para cumplir con las metas corporativas.

KIA MOTORS, CUESTIONADA

KIA Motors México se encuentra instalada en Pesquería, Nuevo León, donde ocupa casi la misma superficie sobre la que se extiende este municipio. En 2016 puso en marcha la fabricación de los autos Forte Accent y Río con un ritmo promedio anual de 223 mil unidades.

Para alcanzar este nivel de producción, KIA debería tener en teoría un suministro promedio de agua de por lo menos de 31 millones 889 mil m³ por año, pero oficialmente esta planta no registra un solo permiso en el Repda. De igual forma no existe un solo permiso del gobierno federal para la generación de descargas de aguas negras. Como en otros casos, la única posibilidad que tiene KIA de abastecerse es directamente del sistema de agua potable, que atiende el organismo descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Este se beneficia con la mayor cantidad de agua del subsuelo de Pesquería al obtener 510 millones 288 mil 546 m³, que en teoría se destinan al abasto de la población de la capital neolonesa.

Desde 2016, el suministro de agua disminuyó drásticamente en la red de abasto público de todo el municipio, particularmente en las colonias Francisco Villa y el Sabinal. Aquí, cerca de 450 familias tenían un abastecimiento normal hasta hace dos años; ahora sólo reciben una cuarta parte del agua. En consecuencia han aumentado las enfermedades del tracto intestinal y de la piel. En el resto de la cabecera municipal el volumen de agua ha disminuido 20%, según reconocieron autoridades de esta localidad.

Por lo demás, cientos de trabajadores agrícolas han tenido que dejar su actividad debido a la disminución del agua. Desde luego, la planta automotriz no ha cumplido con la oferta de empleos para los habitantes del municipio, pues la mayoría de las plazas las ocupan trabajadores del área urbana de Monterrey, los cuales sí cumplen con el perfil profesional que demanda la empresa. En esta localidad el promedio de formación académica es de segundo de secundaria, y 3.1% de sus más de 20 mil habitantes son analfabetos.

Aunque la CFE es la empresa que extrae más agua en la zona de Pesquería, con un millón 282 mil 464 m³ al año, al lado de la planta automotriz, otras compañías que se están acabando el líquido son Derivados Metal-Orgánicos, Iberdrola Energía Monterrey, Ladrillera Mecanizada, Productora y Distribuidora de Espejos, Sigma Alimentos Noreste, U.S. Pipe México y Xella Mexicana, que en conjunto extraen más de 292 mil 433 m³, casi la mitad del agua con la que cuenta el grueso de la población, según la refieren cifras de la Conagua, establecidas en el Repda.

JALISCO Y GUANAJUATO, DESARROLLO BAJO SOSPECHA

En el municipio de El Salto, Jalisco, Honda produce motocicletas, autopartes y vehículos Accord. Su ritmo de producción es de 171 vehículos al día, lo que teóricamente requiere de un suministro de por lo menos 8 millones 580 mil m³ de agua por año. Sin embargo, Honda solo cuenta con un permiso de uso de agua con fines industriales que le garantiza la extracción anual de 360 mil m³. De nuevo, se pone en duda el origen del resto del agua que se necesita para ese nivel de fabricación, uno de los más altos de la empresa a escala mundial, superado solo por su planta de ensamblado de Celaya, Guanajuato.

En El Salto, la actividad de Honda se considera una de las principales causas del desabasto de agua. Más de 120 familias de la colonia Hacienda Vieja del Castillo, aledaña a la planta, han padecido la considerable disminución del suministro de agua en los últimos seis años, luego de que la automotriz ha incrementado un promedio de 7% su producción anual.

Entre otras empresas que tampoco tienen límite en su sed de consumo de agua se destacan Empaques Modernos de Guadalajara, Corporación de Occidente, Hilasal Mexicana, Industrias Petroquímicas Mexicanas, Mexichem Derivados y Zoltek de México, que en conjunto extraen 8 millones196 mil 703 m³ de agua por año.

En Celaya, Guanajuato, Honda tiene otra planta que produce cada año más de 262 mil autos HR-V y Fit. En este municipio también se registra una crisis por la escasez de agua, al menos entre la población que vive en las colonias aledañas al complejo industrial, donde los mantos que recarga el río Laja ya no son suficientes para atender la demanda.

Para sostener la producción que oficialmente anuncia el corporativo, se requieren más de 37 millones 400 mil m³ de agua, pero la planta de Celaya sólo cuenta con la autorización del gobierno federal para el uso de tres pozos que le abastecen 372 mil m³ por año, por lo que se presume que aquí tampoco se respetan los límites permisibles del uso de agua o que la planta se alimenta del sistema municipal.

En la colonia La Palma, una de las más afectadas por la actividad de la automotriz, desde hace al menos cuatro años ha decrecido el abasto de agua para los habitantes. A finales de 2018, por lo menos 70% de las más de 150 familias que viven en esa colonia recibía agua del sistema municipal sólo una vez por semana.

Asimismo, las más de 740 familias que viven en el Fraccionamiento Del Bosque y en las comunidades de Santa Anita, La Luz Texas, San José Nuevo, La Resurrección y San Martín han visto disminuir el flujo de líquido para uso doméstico y agrícola de baja escala, con lo que se sostiene la economía de esa zona al sur poniente de Celaya, una de las áreas más pobres de esta cabecera municipal.

A lo anterior hay que agregar que a más de cuatro años de que Honda comenzó operaciones en esta región, aún no son visibles los beneficios económicos prometidos tanto por la empresa como por el gobierno federal. En la ceremonia oficial de inauguración del complejo industrial, el propio presidente Peña Nieto aseguró que ésa era la ruta para el crecimiento económico de la zona. Sin embargo, las cifras del municipio de Celaya revelan que el rezago social no se ha podido disminuir: más de 34% de los habitantes de las comunidades aledañas a la planta de Honda vive en condición de pobreza extrema, 23% se encuentra en el desempleo, en tanto que 14% de las viviendas no cuenta con servicio de agua potable.

En Salamanca, Guanajuato, la planta automotriz de Mazda Motor Manufacturing de México opera desde febrero de 2014. Su presencia tampoco ha ayudado a abatir el rezago social. Además de acabar con las reservas de agua para la población, la fábrica de Mazda es señalada como una de las principales fuentes de contaminación del río Lerma con metales pesados. La empresa —según se observa en el Repda— no cuenta con ningún permiso autorizado por la Conagua para el desagüe de sus residuos industriales, por lo que se presume, y así lo ha denunciado la Barra de Abogados Defensores de Derechos Humanos, que las aguas negras de la planta se vierten directamente en el sistema de drenaje municipal que desemboca en el río Lerma.

La contaminación del Lerma es un tema tabú en este municipio, sobre todo por los intereses industriales que pueden verse afectados. Ningún funcionario local reconoce los elevados índices de contaminación que ya ha expuesto la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su “Estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos”.

Los señalamientos de los altos niveles de contaminación que producen las industrias en Salamanca ya costó una vida. El periodista Rodolfo García González, del municipio de Valle de Santiago, fue asesinado el 4 de agosto de 2018. Colaborador para medios locales como Día Siete, Nuevo Milenio y Semanario de Valle de Santiago, Rodolfo había centrado sus últimas investigaciones en la contaminación del Lerma, logrando testimonios gráficos sobre las descargas que hace una veintena de empresas. Al menos así se establece en una de las líneas de investigación que se siguen en la fiscalía de Guanajuato para el esclarecimiento del asesinato.

Más que propiciar algún cambio en la actividad de las industrias asentadas en la zona, la muerte del comunicador obligó a otros periodistas y medios de comunicación a no hablar más sobre el tema por el riesgo que representa. Esto aun cuando la propia ONU y la CEPAL han referido en sendos informes la deuda de salud que algunas empresas tienen con la población de la zona.4

En Salamanca, Mazda produce en promedio 160 mil vehículos por año. En teoría requeriría 22 millones 880 mil m³ de agua, pero sólo cuenta con el permiso oficial para extraer de cuatro pozos un millón 163 mil 600 m³ por año. La forma en que esta empresa se hace de más agua para atender su déficit también es un misterio. Y, al igual que otras trasnacionales que operan en el país, es oscura en cuanto a la rendición de cuentas de lo que sucede en sus instalaciones, aun cuando se trata de asuntos de interés nacional.

En esta localidad, la CFE y la planta de Pemex utilizan en un año un volumen de agua que cabría en el Estadio Azteca 17 y 25 veces, respectivamente. Mientras que Univex, fabricante de fibras de nylon (caprolactama), emplea una cantidad equivalente a 23 veces ese recinto deportivo. Otras empresas que contribuyen a la escasez en esta región son Carboquímica Block, Cryoinfra, Dal-Tile México, Henkel Capital, Productos Frugo, Químicos y Derivados y Tekchem, las cuales consumen una cantidad de agua suficiente para llenar una vez y media el mismo estadio, aun cuando casi 13% de los habitantes no cuenta con servicio de agua potable en sus domicilios.

SE ACABA EL AGUA EN GUANAJUATO

En Silao, Guanajuato, General Motors de México produce en promedio 360 mil camionetas Silverado y Sierra al año. Para ello requiere de por lo menos 51 millones 480 mil m³ de agua, pero sólo cuenta con permisos de extracción en tres pozos que le permiten el acceso a un millón 120 mil m³ en ese mismo periodo.

Hasta hace cinco años, el suministro de agua llegaba sin ningún problema a la mayor parte de esta población, pero ahora no es así. De sus más de 180 mil habitantes, casi 40 mil reciben agua en sus viviendas solamente una vez a la semana, y en la mayoría de los casos se entrega mediante pipas, porque la presión no alcanza para llevarla por el sistema de bombeo.

Las colonias más afectadas son las que se ubican en las inmediaciones del complejo automotriz de General Motors. En Villas de Guadalupe, Los Cerritos, Los Rodríguez, Villas de la Montaña, El Progreso, la Joya, La Joyita, Independencia, El Olivo, Anáhuac, La Loma y Los Espárragos se estima que 350 familias se ven castigadas por la falta de agua.

De acuerdo con fuentes municipales, General Motors —que lleva ya más de 20 años consumiendo el agua del subsuelo en Guanajuato— podría agotar los mantos freáticos de la zona en un periodo no mayor a cinco años. Esto es lo que podría estar detrás de la decisión de la empresa de trasladar una parte de su producción al estado de Michigan en Estados Unidos, y no tanto las razones económicas derivadas de las renegociaciones del TLCAN, de las que resultaron mayores aranceles a los vehículos fabricados en nuestro país que tengan como destino el vecino del norte.

Mientras el agua del subsuelo de Silao se consume a ritmos acelerados, los índices de pobreza siguen al alza y a finales de 2018 casi 40% de la población no contaba con un suministro constante en sus viviendas. Pero no sólo General Motors explota los mantos freáticos, aquí también opera otra empresa automotriz: Hino Motor Manufacturing México. Por medio de esta subsidiaria, Toyota produce al año más de 100 mil camiones pesados modelo EPA 04 y Euro 4 de la Serie 500, para cuya producción se requieren por lo menos 8 millones de m³ de agua al año. Al menos de manera oficial, en el Repda no existe algún permiso a nombre de Hino, por lo que muy probablemente el agua la obtiene directamente del sistema de suministro que abastece a la población.

Aunque en menor medida, otra automotriz que también contribuye al desabasto de agua en Silao es Volkswagen de México, que aquí fabrica motores para atender la demanda de su planta en Puebla. De manera oficial consume 120 mil m³ de agua al año, los cuales podrían representar un volumen menor en comparación con los que usan otras plantas automotrices, pero se trata de una cantidad que podría terminar con el desabasto de por lo menos tres de las colonias que actualmente padecen escasez en esta localidad.

A la lista de las voraces consumidoras de agua en esta parte de Guanajuato, donde sólo las que se encuentran en el llamado Parque Industrial Guanajuato Puerto Interior consumen un millón 649 mil 500 m³, que es casi la misma cantidad de líquido del que dispone toda la población de Silao en un año, también se suman las manufactureras American Axle & Manufacturing de México, Ann O’Brien, Gravasa y Molinos Azteca.

EMPRESAS OPACAS

En Aguascalientes también se comienza a vivir una crisis por la falta de agua. En esta capital, motivo de orgullo para el gobierno federal por el desarrollo industrial que ha alcanzado en los últimos 10 años, se hallan tres empresas fabricantes de vehículos: Nissan, Mercedes Benz e Infiniti, las cuales absorben casi 70% del agua que se destina a la planta autoabastecida.

De acuerdo con cifras del Inegi, el agua que aportan los mantos subterráneos y la que se obtiene de manera superficial proveniente de los ríos San Pedro, Pabellón, Blanco, Prieto y Chicalote, es consumida principalmente por el sector agrícola de gran escala, el cual se queda con casi 68%, mientras que la población y la planta industrial consumen el restante 32% casi a partes iguales.

La planta de Nissan Mexicana, que produce vehículos Sentra, Note y March, tiene un ritmo de producción promedio de 120 mil autos al año, lo que implicaría un consumo promedio de más de 17 millones 160 mil m³ de agua, pero el corporativo sólo cuenta con la autorización para el uso de agua de únicamente 720 mil m³ por año, lo que a todas luces resulta incongruente.

La falsedad de las cifras que manifiesta púbicamente Nissan sobre el uso del agua en sus procesos productivos de la planta de Aguascalientes resulta evidente a partir de los permisos autorizados por la Conagua para generar aguas de desecho. Esta planta genera 876 mil m³ de agua al año, que es un volumen muy superior a los 720 mil m³ de agua que dice extraer.

En la misma condición se encuentra Infiniti (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes), la cual dice tener una producción promedio por año de 100 mil unidades del modelo SUV QX50, para lo cual necesitaría 143 millones de m³ de agua, no obstante, la empresa no tiene registrado por parte del gobierno federal un solo permiso de extracción de agua con fines industriales.

El dato falso de que esta planta automotriz no requiere agua para la producción de sus autos se evidencia también en el Repda, donde se establece que esta empresa cuenta con un permiso para el desalojo de aguas residuales que ampara la descarga anual de hasta 289 mil 222 m³ de agua al año. Esto no sería posible si oficialmente la fábrica no extrajera un solo litro de agua del subsuelo para sus procesos industriales.

Por su parte, Mercedes Benz, que opera de manera conjunta con la firma Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes, asume una producción anual de casi 70 mil vehículos Clase A, para lo cual en teoría se requieren más de 10 millones de m³ de agua, pero la empresa no cuenta con un solo permiso oficial emitido por el gobierno federal para la extracción de agua.

El Colectivo El Caracol y la Biznaga han denunciado en diversas ocasiones el uso irracional del agua de estas tres plantas automotrices. Sus integrantes consideran muy alta la probabilidad de que los corporativos estén sustrayendo el agua de manera ilegal, pues el abasto a las colonias aledañas ha disminuido de manera misteriosa en los últimos tres años.

En las inmediaciones de la planta de Nissan, por lo menos en 12 colonias populares el desabasto de agua ha crecido de forma acelerada. A finales de 2018, casi 70% de 1,340 familias recibían agua a través del sistema municipal solamente una vez cada semana.

En Aguascalientes, las colonias afectadas por la extracción de agua que hace Nissan son El Mosco, El Gigante, Vista Alegre, Hacienda San Marcos, Lotes de Arellano, Lomas de Nueva York, La Media Luna, Casasólida, San Francisco del Arenal, Villa Sur y San Sebastián; en tanto que las plantas de Mercedes Benz e Infiniti son señaladas por causar escasez de agua en las colonias Cotorina y Montoro, donde son cerca de 65 familias las que de la noche a la mañana han dejado de recibir el suministro.

Según cifras de la Sedesol, el número de habitantes en este municipio que no tienen acceso al agua en 2010 era de 7.9%, pero funcionarios del sistema municipal de agua indican que la cifra podría llegar a más de 18 por ciento.

ESTADO DE MÉXICO Y MORELOS, FALTA PRESIÓN

En Toluca, la escasez del agua va de la mano con la actividad industrial. Además de las refresqueras y las cerveceras, también hay dos plantas armadoras de autos y una de fabricación de motores. Aquí operan con todas las prebendas oficiales Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y BMW, las cuales en conjunto ensamblan más de 350 mil vehículos al año, mientras que General Motors Company (GMC) produce más de 170 mil motores, con un crecimiento promedio en la producción de las tres plantas de más de 4% anual.

FCA produce al año un promedio de 185 mil vehículos Dodge Journey, Fiat 500, Fiat Freemont y Jeep Compass, para lo cual requiere más de 26 millones 455 mil m³ de agua. BMW, para alcanzar los niveles de producción de más de 167 mil autos del modelo Serie 3 y Serie 5, requiere al menos de 22 millones 800 mil m³ de agua. En tanto que la producción de motores y el proceso industrial de laminado de GMC requiere por lo menos de 10 millones de m³ de agua al año.

La suma de volúmenes supera casi 30 veces la cantidad de agua que en un año recibe toda la población urbana de la capital del Estado de México. La cifra es alarmante y puede ser una las razones por las que las tres armadoras no exponen de manera clara la cantidad de agua que utilizan en sus operaciones diarias.

Según el Repda, FCA cuenta sólo con un permiso de extracción de agua a nombre de Daimler Chrysler de México que ampara el uso de un millón 11 mil 128 m³ de agua al año, la cual no debe de usar en su totalidad, pues la empresa asegura que genera descargas de agua residuales por el orden de los 328 mil 500 m³ al año, maquillando las cifras igual que lo hace en la planta de Ramos Arizpe.

Por su parte, BMW no registra un solo permiso de uso de agua en Toluca. Los únicos dos permisos con los que cuenta para extraer agua y desecharla contaminada se registran en su planta de San Luis Potosí, la cual entrará en operaciones a finales de 2019. Ahí se producirán al año más de 100 mil autos del modelo Serie 3, para lo cual habrá de necesitar más de 143 millones de m³ al año, pero los permisos que se le han otorgado amparan sólo 160 mil m³.

La inconsistencia con la que opera la planta BMW de Toluca, que oficialmente tiene actividades industriales sin autoabastecimiento de agua, queda demostrada con lo que ocurre en la planta de GMC. Ésta sólo produce motores, así que su consumo de agua debería ser menor al de cualquier ensambladora de autos completos. Pues bien, GMC reconoce que para producir 170 motores al año, requiere al menos 522 mil 228 m³ de agua.

Al menos la mitad de las familias que viven en las 22 colonias que rodean el parque industrial de Toluca ya no reciben agua a diario por medio del suministro municipal. En las colonias Pilares, Casa Blanca, San Juan Buenavista, Rincón de San Lorenzo, Jardines de la Crespa, Las Fuentes, El Olimpo, Caporal y Barrio de Tlacopa, sólo se hace llegar el agua una vez a la semana durante tres horas, en la noche, cuando la extracción para fines industriales permite que haya presión en el sistema de bombeo.

En Cuautitlán Izcalli, la falta de presión a causa de la desmedida extracción de agua afecta a más de 20 mil habitantes en la zona aledaña a la planta automotriz de Ford Motor Company. Aquí se producen más de 114 mil 900 vehículos Ford Fiesta, para lo cual se requieren más de 16 millones 300 mil m³ de agua.

A pesar del elevado volumen de agua que necesita Ford para operar en este municipio colindante con la Ciudad de México, donde es más que evidente la escasez de agua, la empresa reconoce —y así también lo consigna el Repda— que cuenta sólo con un permiso de extracción de 830 mil 751 m³ por año, mismos que se usan en su totalidad y se devuelven como agua de desecho a los cauces de la zona.

La mala administración de las aguas residuales y los problemas de escasez de agua entre la población agudizan los efectos negativos en la salud de los grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores. Es común que las enfermedades de la piel, los trastornos gastrointestinales y de las vías urinarias se incrementen, como ocurre en Jiutepec, Morelos, en la zona conurbada de Cuernavaca, donde opera una planta de Nissan.

La cantidad de agua que emplea esta armadora para alcanzar el promedio anual de producción de más de 310 mil vehículos Tiida, Sedan, Versa, NP300 y Frontier, se estima en más de 44 millones 300 mil m³ de agua, pero la empresa sólo cuenta con un permiso del gobierno federal para utilizar 459 mil 19 m³ al año.

El volumen de agua que extrae Nissan representa una cuarta parte del líquido que se destina al abasto de toda la población urbana de Jiutepec. Lo más lamentable es que las aguas de desecho industrial han tenido graves efectos en la salud de los habitantes desde hace por lo menos cuatro años.

La contaminación que Nissan y otras empresas producen en la zona, así como “la falta de colectores necesarios, ocasiona que se tengan que verter aguas residuales sobre las barrancas de Puente Blanco y La Gachupina, generando fuertes focos de contaminación”,5 con lo cual queda la carga al gobierno municipal de Jiutepec para implementar programas de eficiencia en el saneamiento y tratado de aguas residuales.

VW, LÍDER EN CONTAMINACIÓN

Los focos de enfermedades y la escasez de agua generados por la industria automotriz han alcanzado niveles aterradores en Puebla, tanto en la capital como en el municipio de San José Chiapa. Aquí Volkswagen y Audi hacen un uso desmedido del agua y representan una fuente de contaminación permanente sobre el río Atoyac.

En Puebla, Volkswagen produce desde hace al menos siete años vehículos Jetta, Tiguan, Golf, Cross Golf y Beetle en todas sus versiones. Opera a un ritmo de más de 450 mil unidades por año, lo cual implica un gasto de agua de por lo menos 64 millones 350 mil m³, el doble de la que se destina para consumo humano entre la población de esta zona urbana. En el Repda se reconoce que tiene un permiso de extracción que ampara el uso industrial de sólo 2 millones 275 mil 140 m³ al año.

A pesar del alto volumen de agua que consume Volkswagen de México, el verdadero problema de esta planta radica en la generación de aguas residuales. Esta empresa automotriz, orgullo de la clase política mexicana en la atracción de inversiones extranjeras, descarga por lo menos un millón 418 mil 390 m³ de aguas negras al año, las cuales se vierten en el río Atoyac, el más contaminado del país a causa de la actividad industrial, como lo ha reconocido la CNDH en su recomendación 10/2017.

Por su parte, Audi, del mismo consorcio alemán de VW, ha arrebatado a la población de San José Chiapa una extensión territorial de casi la misma medida sobre la que se asienta la zona urbana. La empresa dice producir 150 mil unidades al año, principalmente del modelo Audi Q5. Para esto requiere por lo menos 21 millones 450 mil m³ de agua al año, cuyos desechos también van a dar de forma indirecta al río Atoyac.

En este río, que infiltra las aguas del afluente Libres-Oriental, Audi descarga un promedio anual de 537 mil 280 m³ de aguas tóxicas luego de extraer anualmente 542 mil m³, que es lo que amparan los dos permisos otorgados por el gobierno federal a esta empresa, y que se refieren en el Repda de la Conagua.

Se estima que el desabasto de agua que ocasionan estas dos plantas alemanas afecta a más de 50 mil personas. Las colonias Los Pinos, Villas de San Carlos, Nueva Alemania, El Calvario y Lázaro Cárdenas han visto disminuido el suministro a través de la red municipal, tanto que reciben agua una sola vez por semana.

En San José Chiapa la escasez del líquido generada por Audi se manifiesta con mayor intensidad en los asentamientos urbanos de Ampliación de Guadalupe y San José Ozumba, donde hasta hace cuatro años, antes de que la empresa se instalara en la zona, tenían agua de manera constante. El abasto era suficiente para realizar actividades agrícolas de baja producción, pero desde 2015 se redujo casi 50 por ciento.

A pesar del despojo del agua y de la contaminación con metales pesados en el río Atoyac, ni VW ni su subsidiaria Audi han manifestado la mínima intención de disminuir su actividad industrial. Por el contrario, a mediados de 2018 VW anunció su intención de incrementar 7% su ritmo de producción para llevarlo al cierre de 2019 a 485 mil vehículos. Para este mismo año, Audi pretende incrementar su producción al menos en 3 por ciento.

Con el incremento de la actividad industrial de VW y Audi para los próximos años, también habrá de incrementarse sustancialmente el índice de contaminación que ya es alarmante en el río Atoyac. Incluso la CNDH ha hecho llamados a las autoridades para que apliquen medidas contra el deterioro ecológico que se vive en todo el caudal del río. De acuerdo con la propia comisión, la contaminación del agua ha producido severos daños en la salud de los residentes, los cuales están expuestos cotidianamente a compuestos tóxicos que son causantes “cuadros patológicos que incluyen irritación, lagrimeo y dolores de cabeza, así como casos de anemia, leucemia y púrpura trombocitopénica; las personas que habitan la zona presentan niveles altos de daño genotóxico”.

El organismo defensor de los derechos humanos considera que las autoridades, “tanto a nivel federal como estatal y local, no han actuado con la debida diligencia para atender la grave situación de contaminación existente y los consiguientes daños a la salud”. Además, reconoce que la población afectada no ha sido informada de forma adecuada sobre la situación que afrontan.

NOTAS

1 Secretaría de Economía, La Industria Automotriz Mexicana: Situación Actual, Retos y Oportunidades, octubre de 2016.

2 Ibidem.

3 Gobierno de Baja California, Secretaría de Salud, “Actualización programa sectorial de salud 2015-2019”, México, 2017.

4 “Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades”, México, 2017, p. 30.

5 Diario Oficial de Morelos, “Plan de desarrollo municipal 2003-2006 del municipio de Jiutepec, Morelos”, 23 de junio de 2004.

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La moda, una industria sucia

De qué sirven nuestras ropas, si pronto ya no las necesitaremos porque vamos a morir a falta del agua que la industria textil se está acabando.

OMAR ESPARZA, líder de MAIZ

La industria textil y del vestido en México es una de las más dinámicas y con más crecimiento en los últimos años. Al cierre de 2017, esta actividad produjo 829 mil 863 millones de dólares.1 De acuerdo con la Secretaría de Economía, para el cierre de 2018 el sector estaba integrado por más de 30 mil empresas, entre nacionales y trasnacionales, de las cuales 37% declara no necesitar agua para sus procesos industriales, pues están dedicadas sólo a la confección y tejido de ropa.

En contraparte, 18 mil 900 fábricas de este ramo sí requieren uso de agua para sus actividades productivas, como la elaboración, el lavado y teñido de las telas. El resultado es no sólo la desmedida extracción del recurso, sino los altos índices de contaminación con compuestos químicos de difícil degradación en los acuíferos adyacentes.

El principal contaminante que genera esta industria es un compuesto orgánico que pertenece a la familia de los nonilfenoles. Se trata de un “contaminante ambiental persistente y muy conocido, con propiedades capaces de provocar trastornos hormonales”;2 es corrosivo para los ojos, la piel y el tracto respiratorio, cuya inhalación prolongada puede generar edema pulmonar, afectar la fertilidad y causar riesgo para el feto durante el embarazo.

Las empresas textiles que tiñen y lavan telas también registran el uso de otras sustancias como el fosfato de tributilo y la tricloroanilina, además de surfinol, metoximetil y diisobutil ftalato, señaladas por grupos ambientalistas como peligrosas para la salud humana y altamente tóxicas para la vida acuática.

Greenpeace ha señalado que en su degradación en el ambiente el fosfato de tributilo libera gases tóxicos que contienen óxido fosforoso, óxido de carbono y fosfina. Al inhalarse pueden causar dolor de cabeza, vértigo, náuseas, dolor de garganta, convulsiones, dificultades respiratorias, edema pulmonar, además de trastornos severos en el sistema nervioso central.

De acuerdo con informes de esa misma organización, la tricloroanilina, utilizada en los procesos de pigmentación, al inhalarse o ingerirse aun en mínimas cantidades, genera vértigo, inconsciencia, ansiedad, náusea, vómitos, dolor de cabeza, convulsiones y sueño, igual que sucede con la absorción constante del surfinol y el metoximetil.

En el caso del diisobutil ftalato, su invasión al organismo humano se asocia con mala calidad del semen y alteraciones al código genético de los espermatozoides, así como con reducción de hormonas sexuales en varones adultos e infertilidad. También se le atribuye el acortamiento de la distancia anogenital en niños varones y el agrandamiento patológico de una o ambas glándulas mamarias en el hombre (ginecomastia), además de bajo peso al nacer, obesidad abdominal y resistencia a la insulina.

El doctor Fernando Campos, especialista en medicina crítica del Instituto Salvador Zubirán, asegura que los efectos de los químicos desechados por la industria textil en la salud poblacional no están plenamente demostrados, pues no existen estudios con alto nivel de evidencia en las poblaciones expuestas a estos contaminantes. Sin embargo, a partir de algunos estudios experimentales (en modelos de ratas) de otros países publicados en revistas científicas especializadas, Campos dice que al menos los nonilfenoles, el fosfato de tributilo, la tricloroanilina, el surfinol, el metoximetil y el diisobutil ftalato, no son sustancias benignas en el organismo humano.

El doctor Campos considera que cuando se absorben en el organismo, los nonilfenoles pueden ser responsables de afectaciones al sistema endocrino y al sistema reproductor masculino, con evidencia de trastornos morfológicos a nivel testicular, así como en movilidad y cantidad de espermatozoides.

Según el especialista, la tricloroanilina es también responsable de problemas de toxicidad renal a causa de los radicales libres que genera; en tanto que el surfinol, como surfactante tóxico, ocasiona efectos negativos en la fertilidad de mamíferos. Por su parte, el metoximetil es un agente químico cuyo contacto causa irritación en la piel y mucosas, mientras que el diisobutil ftalato ocasiona daños endocrinos para fines reproductivos, además de estar asociado con neurotoxicidad, hipersensibilidad de contacto y efectos nocivos sobre el sistema glandular.

Ante la evidencia de daños ambientales y a la salud que produce la industria textil, la normatividad para evitar el desecho de sustancias tóxicas es limitada y la autoridad federal es prácticamente omisa. Además, en el tema hay un escaso compromiso de parte de las empresas. A lo anterior se suma el hecho de que “en México existe una cultura de secretos, en especial en lo que concierne a la industria. Mucha de la información sobre los permisos de las empresas para descargar aguas residuales y las inspecciones gubernamentales se clasifica como confidencial”.3

LA PERNICIOSA MEZCLILLA

Desde su aparición a finales del siglo XIX, la mezclilla ha sido una de las telas más populares y durables, pero también de las más contaminantes. En nuestro país hay al menos 272 empresas del rubro, asentadas principalmente en 10 entidades: Tlaxcala, Hidalgo, Coahuila, Durango, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Estado de México.

Según la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, México es uno los principales productores de mezclilla, sólo por debajo de China. El gobierno mexicano registra en sus estadísticas los grandes ingresos que esta tela representa para la macroeconomía, pero poco repara en la forma en que la industria sostiene sus niveles de producción, consumiendo los mantos freáticos y siendo un foco de enfermedades que afecta las zonas aledañas a las plantas productivas.

En Teziutlán y Tehuacán, Puebla, operan 14 de las 42 fábricas de mezclilla más importantes del país, con un costo social que ya está afectando a la población. La instalación de las fábricas textiles en estos municipios se debe a la riqueza hídrica de la zona, así como a los privilegios que han recibido del gobierno federal en el suministro de agua. En Tehuacán la mayor parte del líquido la aporta el deshielo del Pico de Orizaba, y en Teziutlán los manantiales de Chignautla.

La industria de la mezclilla presume ser el principal generador de empleos en ambas regiones, pero en términos reales ocupan a menos de 0.1% de la población económicamente activa: en Tehuacán la planta textil da empleo a 2 mil 600 personas y en Teziutlán a menos de 1,700.

Con una población de 97 590 habitantes, en Teziutlán se registra uno de los índices de defunción infantil más altos de Puebla a causa de la actividad industrial: 44.69 por cada 10 mil habitantes.4 Las principales causas de muerte son padecimientos que tienen que ver con la escasez o la contaminación del agua. Destacan las enfermedades gastrointestinales, del riñón y del tracto respiratorio, así como el cáncer en cualquiera de sus manifestaciones.

Por su parte, en Tehuacán, con una población de 319 mil 375 habitantes y también con una creciente actividad industrial empujada principalmente por la textil, hay un índice de mortalidad infantil de 26.67 por cada 10 mil personas. Al igual que en Teziutlán, las principales causas de deceso en este municipio son enfermedades del tracto intestinal, el hígado, el riñón y las vías respiratorias, que guardan una estrecha relación con la escasez o la contaminación del agua. Hay que resaltar que en esta localidad al sur oriente del estado, la principal causa de muerte entre la población son las enfermedades del hígado, con una incidencia de 60 personas al año, por cada 100 mil habitantes. Según el IMSS, esta cifra es la más elevada no sólo de Puebla, sino del país.

Iván Zárate Temaxtle, director del departamento de ingeniería industrial del Instituto Tecnológico de Tehuacán, reconoce los claroscuros de la industria textil: por un lado, admite el aporte de las fábricas a la economía de la zona por medio de la generación de empleo, pero también observa la afectación que sufre la población a causa de la emisión de contaminantes. Entre las sustancias más peligrosas, dice el maestro Zárate, se encuentran “los compuestos de potasio, que se utilizan para el lavado de la mezclilla, a fin de fabricar prendas que son demandadas por la moda”.

No es extraño que en Tehuacán los índices de enfermedades hepáticas se hayan incrementado a partir de 1990, año en que se asentó aquí la industria de fabricación de mezclilla, descargando aguas tóxicas sobre los cauces que cruzan gran parte de la zona poblacional. La cifra de decesos por tumores malignos en Tehuacán, principalmente en estómago y cerebro, es una de las más elevadas del país. Esta región compite con las estadísticas negras de este tipo de padecimientos que se registran en áreas de alta contaminación por la industria minera, como Cananea, en Sonora, Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, y Aquila, en Michoacán, donde el promedio de muertes por tumores cancerígenos es de 15 personas por cada 10 mil habitantes.

BENEFICIO ECONÓMICO DE ALTO COSTO

Rafael Flores Mendoza, jefe del departamento de investigación de estudios profesionales del Instituto Tecnológico de Tehuacán, dice que el sector textil en todo el estado de Puebla ha ayudado de alguna forma a erradicar la pobreza extrema en esta región, pues la ocupación de mano de obra, que se estima en más de 36 mil personas, beneficia también a poblaciones aledañas de Veracruz y Oaxaca.

Sin embargo, en Tehuacán ese beneficio económico se ha tenido que pagar a un alto costo: más allá del brote de enfermedades incurables y el deterioro ambiental que generan los residuos tóxicos, ya se observa la inutilidad de cauces que alimentan no sólo a los ríos de la zona, sino a los mantos freáticos que alguna vez fueron reconocidos por la pureza de su agua.

Las cuencas hidrológicas afectadas por las industrias fabricantes de mezclilla, donde la propia Semarnat ha sancionado al menos a siete plantas industriales en los últimos tres años, son las de los ríos Papaloapan, Atoyac, Salado, Blanco y Acatlán, zonas donde los índices de enfermedades cancerígenas también han ido en aumento.

El efecto contaminante de la industria textil en Tehuacán se observa no sólo en el deterioro de los cuerpos de agua y en el incremento de las enfermedades incurables entre la población, sino también en otros sectores industriales que han tenido que poner término a sus actividades, como la industria refresquera, algunas de cuyas plantas han dejado de operar ante la falta de agua.

Desde la década de 1930, la región de Tehuacán fue un punto de interés donde empresas como Pureza de Tehuacán, El Triunfo, La Covadonga, Garci-Crespo, Manantiales Peñafiel, Balseca y Etiqueta Azul, decidieron establecerse para el embotellado de agua, dadas las características naturales y la abundancia de los mantos freáticos.

El atractivo para las embotelladoras fue la comercialización del agua conocida como agua de Tehuacán, cuya característica distintiva es su sabor de agua carbonatada, con contenidos de sílice, cloro, manganeso, calcio, fierro, litio, magnesio, potasio, sodio, sulfúricos y compuestos fosfórico, nítricos y tetrabóricos, en porciones saludables.

Ese atractivo prácticamente ha desaparecido debido a los elevados índices de contaminación que generan las fábricas de mezclilla, cuyos residuos tóxicos se han filtrado en los manantiales que alimentan a algunas de las empresas embotelladoras. Aunque varias siguen operando en la zona, otras han tenido que cerrar, como es el caso de Aguas de Tehuacán, Garci-Crespo, Balseca, San Lorenzo y San Francisco, las cuales dejaron en el desempleo a más de 780 trabajadores, muchos de los cuales terminaron incorporándose a las plantas fabricantes de mezclilla.

La industria de la mezclilla en México es una de las más reconocidas a escala mundial. Nuestro país es el principal suministrador de esta tela para el mercado de Estados Unidos, al cual abasteció en 2017 con más de 1 783 millones de metros cuadrados de tela. México también es el principal maquilador para marcas de renombre como Levi’s, Furor, Diesel, Gap, Polo Jeans, Hollister, Grypho, Calvin Klein, Mossimo, Pepe Jeans, Tommy Hilfiger y Guess. Todas imponen tendencia en la moda sin importar el impacto socioambiental que deja la fabricación de sus prendas.

CIFRAS TEXTILES LAVABLES

La tolerancia del gobierno mexicano a la depredadora labor de la industria textil no sólo se manifiesta en la desatención del problema de contaminación y sus efectos nocivos en la salud, también se evidencia en el desproporcionado uso del agua por parte del sector. Aunado a los altos volúmenes concesionados, también destaca la opacidad con la que se extrae el agua.

Según el Repda, cientos de empresas del sector textil, aun cuando se sabe de los grandes volúmenes de líquido que utilizan en sus procesos productivos, no manifiestan tener alguna concesión oficial. Esto hace presumir, igual que en los casos de las plantas automotrices, cerveceras y refresqueras, que gran parte del agua la extraen de manera ilegal de los sistemas locales de suministro a la población.

Para la elaboración de un pantalón de mezclilla se necesitan en promedio 2.8 m³ de agua,5 esto sin considerar que la huella hídrica que deja la producción de algodón es aún mayor, pues producir una tonelada de esta materia prima requiere, desde la siembra hasta su industrialización, un promedio de 9 mil 113 m³ de agua.

Ahora bien, para elaborar un pantalón o vestido de mezclilla talla promedio se requiere de un metro y medio cuadrado de tela. Aun cuando ni la Secretaría de Economía ni la Cámara Nacional de la Industria del Vestido ofrecen cifras exactas sobre la cantidad de mezclilla que se produce en el país, se estima, por fuentes del sector, que en promedio anual en México se fabrican 300 millones de metros cuadrados de mezclilla.

Pero no toda la mezclilla que se produce en México se queda en el mercado nacional. De acuerdo con el Inegi, casi 65% de la producción se exporta. Así, tenemos que en el país se queda un promedio anual de 105 millones de metros cuadrados, con los que se elaboran casi 4 millones de prendas de vestir, mismas que le cuestan al ambiente la extracción de más de 11 millones 200 mil m³ de agua, que en alguna parte siempre hacen falta para atender las necesidades básicas.

En el país son 73 los municipios donde hay una o más fábricas textiles que consumen grandes volúmenes de agua. En sólo tres de ellos (Puebla, Tehuacán y Teziutlán) se concentra 37% de la extracción de agua que hace el sector.

Aquí, una vez más, muchas de las cifras públicas no empatan con la realidad. Por ejemplo, la empresa Confecciones Textiles de Teziutlán cuenta de forma oficial sólo con un permiso de extracción de agua que ampara la extracción de 200 mil m³ por año. Sin embargo, al año desecha 313 mil 775 m³ de aguas contaminadas, por lo que resulta una incógnita de dónde se obtienen los otros 113 mil 775 m³ de agua que se devuelve sucia al cauce de la Barranca de Xaltahuatl, un reconocido foco de contaminación.

Un caso similar es el de Industrias Textiles Golden, ubicada también en Teziutlán. La empresa no cuenta con ningún permiso de extracción de agua, pero sí desecha 2 mil 927 m³ de aguas negras cada año, los cuales se depositan directamente en el cauce de la Barranca Atlahyehuatl, sin importar el impacto que ocasionan en la salud de la población de Teziutlán.

Entre otras empresas textileras asentadas en Puebla, que además de impactar al entorno con la emisión de aguas negras, contribuyen también al consumo de los mantos freáticos, destacan Textiles La Libertad, Textiles Sermex de Puebla, Textiles Mont Blanc, La Heredera Home Textiles, Maquila, Confecciones y Textiles Geluma y Textiles El Centenario, que sólo en la cabecera de la capital extraen en conjunto más de 570 mil 595 m³ de agua al año.

En el municipio de Cuautlancingo, al oriente de la ciudad de Puebla, opera Textiles Forca. Si bien es cierto que esta empresa utiliza apenas 2 mil 80 m³ de agua al año, esa cantidad es justo la que requieren los más de 3 mil 400 habitantes de ese municipio para satisfacer sus necesidades básicas durante el mismo periodo, pero por el momento no cuentan con el servicio de agua potable en sus domicilios.

Por su parte, Textiles Morales, que se asienta en San Martin Texmelucan, utiliza 51 mil 760 m³ de agua al año en una población donde más de 6 mil personas no cuentan con el servicio de agua. Esta empresa desecha más de 31 mil 032 m³ directamente al cauce del río Atoyac, contribuyendo de forma acelerada a la degradación de este caudal que irriga campos de cultivos agrícolas donde ya existen “altas repercusiones en la calidad de los productos de la zona y las consecuentes afectaciones a la salud por la ingesta de los mismos”.6

En el estado de Tlaxcala, en el municipio de Ixtacuixtla, se encuentra Bekaert Textiles de México, otra empresa que contribuye a la contaminación del río Atoyac. A pesar de que cuenta con un permiso para usar 22 mil 995 m³ de agua al año, no manifiesta oficialmente desechos de aguas residuales o al menos no cuenta con permisos del gobierno federal para ello, lo cual deja ver su nivel de opacidad.

En igual circunstancia se halla Textiles San José de Tlaxcala, instalada en el municipio de Apetatitlán. La planta cuenta con un permiso para extraer 9 mil 866 m³ de agua —casi una cuarta parte de la que se entrega en suministro a la población de la cabecera urbana de esta localidad—, aunque no manifiesta el desecho de un solo litro de agua contaminada, pese a que también contribuye a la contaminación del río Atoyac.

Entre otras textileras que también contaminan la zona de Tlaxcala, se encuentra Textiles Santa Susana, ubicada en el municipio de Hueyotlipan, donde extrae de manera oficial 2 mil 800 m³ de agua. Aunque no cuenta con permisos de desecho, las aguas negras que resultan de sus procesos industriales se vierten sobre el cauce del río Soltepec, de donde se abastecen más de la mitad de los casi 15 mil habitantes que registra esta localidad.

Otra textilera que tampoco puede explicar públicamente cómo desecha más agua de la que está autorizada a extraer es Textiles Tenexac, ubicada en el municipio de Papalotla. De manera oficial cuenta con la autorización para usar 6 mil m³ de agua al año, pero en el mismo periodo vierte sobre el cauce de la Barranca de Huehuexotla más de 12 mil 45 m³ de aguas negras.

A la lista de empresas textileras contaminantes se suma Creaciones Textiles de Mérida, la cual extrae en el municipio de Mérida 14 mil 45 m³ de agua al año, y otros 27 mil 872 los saca del suelo de Valladolid. Por lo menos desaloja 24 mil 82 m³ ya contaminados sobre el cauce del río Lagartos en la Península de Yucatán, que es uno de los principales focos de afectación a la salud de la población del municipio de Valladolid.

En el Estado de México la situación no es distinta: en el municipio de Tlalnepantla la empresa Textiles Ata está dejando sin agua a por lo menos seis colonias de la periferia, donde casi 5 mil habitantes reciben sólo una vez a la semana agua del sistema de agua potable local. El estrés hídrico que se resiente lo ocasiona en gran medida la extracción anual de más de 285 mil m³ que hace la textilera.

Textiles Unidos, asentada en el municipio de Lerma, reconoce utilizar para fines industriales 22 mil 680 m³ de agua al año. La empresa no cuenta con permiso de descargas de agua negras —aun cuando se estima que al menos la totalidad del agua que extrae la emplea en la elaboración de telas—, pero tiene conectado su sistema de desagüe directamente al cauce del río Valle de Toluca, el segundo más contaminado del Estado de México, luego del río Lerma.

En el municipio de Irapuato, Guanajuato, pasa lo contrario con Phoenix Textiles; esta empresa no manifiesta tener algún permiso para la extracción de agua con fines industriales, pero cuenta con una autorización para desechar más 57 mil 670 m³ al año. Este líquido no va a dar a ningún cauce, pues no hay ninguno cercano; toda el agua se destina al riego de cultivos agrícolas y algunas áreas verdes de uso colectivo.

Es el mismo caso de Textiles Gamatex, ubicada en el municipio de Yuriria, también en Guanajuato, donde a pesar de que oficialmente no extrae un solo litro de agua del subsuelo ni de ninguna otra fuente natural, registra un permiso para la generación de aguas negras de hasta 4 mil 489 m³, los cuales entrega como agua de riego para los productores agrícolas de los alrededores.

En Baja California, en el municipio de Mexicali, Servicios Textiles de Baja California es una de las empresas más irregulares en el manejo del agua, más allá de la contaminación que produce. A pesar de que cuenta con la autorización federal para utilizar 269 mil 229 m³ de agua al año, parece que no desecha una sola gota. La planta no tiene permisos de ningún tipo para desalojar las aguas resultantes de su actividad industrial, las cuales se presume van a dar al colector de aguas residuales del municipio.

De acuerdo con Mexicali Resiste, aquí lo cuestionable no es que se utilice la red de drenaje municipal para el desalojo de aguas industriales, sino que el gobierno municipal, con la contribución económica de los ciudadanos, sea el que pague para sanear las aguas de las que se beneficia económicamente la empresa.

Si este caso parece escandaloso, habrá que ver lo que hace Textiles de Morelos, ubicada en Cuernavaca, Morelos. Esta empresa, que se beneficia con un millón 419 mil 120 m³ de agua, no sólo se está acabando el Manantial Chapultepec, sino que sus niveles de producción superan por mucho el volumen de agua que se le autoriza extraer. Según fuentes del sistema de agua potable de Cuernavaca, también se abastece de la red municipal, contribuyendo a la escasez del líquido entre las colonias aledañas a la empresa.

Pese a los grandes volúmenes de agua que utiliza, Textiles Morelos no manifiesta públicamente ningún permiso para el desalojo de aguas residuales, por lo que de forma oficial ahí no se genera un solo litro de agua contaminada, aun cuando el cauce que cruza el área natural protegida Barranca de Chapultepec, cuyas aguas se tornan rojas y azules a causa de la pigmentación por anilina, dice lo contrario.

En el estado de Hidalgo, concretamente en el municipio de Tepeji del Río, se repite también la inconsciente actividad industrial de las textileras: ahí Textiles Niza de Hidalgo, que utiliza el agua para el lavado y teñido de telas, no cuenta con ningún permiso de extracción, pero sí con uno que le autoriza desechar 83 mil 950 m³ de agua al año, volumen que no se sabe de dónde se obtiene y va directo al cauce de un canal sin nombre que afecta al río Pánuco.

Aquí en Tepeji también opera Textiles Nyl Zon, que accede a tan sólo 595 m³ de agua al año, pero de manera ilógica genera aguas residuales por el orden de los 10 mil 220 m³, los cuales se arrojan al cauce del río Tepeji, donde la contaminación, al igual que en el río Atoyac, ha llegado a niveles críticos.

RÍOS DE ENFERMEDADES Y MUERTE

La contaminación que genera la industria textilera sobre algunos ríos es alarmante, según lo reconoce la propia CNDH. A pesar de ello, no hay acciones oficiales que pongan freno a la situación. Al cierre de 2018 no se conocía ninguna instrucción pública dictada por la Semarnat o la Profepa que impactara sobre la labor industrial de ese sector, a pesar de que desde marzo de 2017 se alertó sobre la situación que enfrentan en los ríos Atoyac y Xochiac, en los estados de Puebla y Tlaxcala.

El señalamiento sobre la desmedida descarga de aguas negras en el cauce de estos ríos, donde el mayor inconveniente es la afectación a la salud y la limitación de agua de por lo menos 76 mil pobladores de los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, Puebla, y cerca de 25 mil de los municipios de Ixtacuixtla, Tepetitla y Nativitas, Tlaxcala, fue ignorado entonces por Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua; Guillermo Haro Bélchez, procurador federal de Protección al Ambiente; Julio Sánchez y Tepoz, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; José Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla, y Antonio Mena Rodríguez, gobernador de Tlaxcala.

A estos funcionarios les pasó de noche el hecho de que también las poblaciones de los municipios de Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Salvador el Verde, San Miguel Xoxtla, Coronango, San Andrés Cholula y Ocoyucan, en Puebla, y de Tetlahuaca, Zacatelco, Xicohtzingo, Papalotla y Tenancingo, de Tlaxcala, también se vieran impactados de manera secundaria por la contaminación industrial del río Atoyac y su afluente, el río Xochiac o Hueyapan.

Ante la observación de la CNDH, los funcionarios que fueron alertados de esa situación no sólo ignoraron la crisis ambiental, sino que la siguieron permitiendo, pues en 2017 se hablaba ya de 30 puntos de descargas de aguas contaminantes sobre el Atoyac, y otros 17 sobre el cauce del río Xochiac, pero al cierre de 2018, ese número había aumentado a 54 en el Atoyac y a 36 en el Xochiac, sólo de las empresas que no tenían permiso oficial para ello.

Las fábricas que más aguas negras arrojan sobre estos cauces son las del ramo alimentario, que descargan —a veces con permiso, a veces sin él— en 829 sitios del trayecto de estos ríos: 158 en Huejotzingo, 426 en San Martín Texmelucan, 124 en Ixtacuixtla, 63 en Nativitas y 58 en Tepetitla, a las cuales se suman 445 empresas contaminantes dedicadas a la fabricación de prendas de vestir, productos textiles, insumos y acabados textiles, y de curtido y acabado de cuero y piel.

La industria de la fabricación de productos metálicos descarga sus aguas negras en 275 puntos de los que 53 están en Huejotzingo, 149 en San Martín Texmelucan, 29 en Ixtacuixtla, 19 en Nativitas y 25 en Tepetitla, a los que se agrega la contaminación que arrojan 159 empresas de la fabricación de productos a base de minerales no metálicos, 73 de la industria maderera, 72 que fabrican muebles, colchones y persianas, 54 de la industria de las bebidas y el tabaco, 43 de industrias relacionadas con bebidas y alimentos, 15 de la industria química, ocho de la industria del papel, nueve de la industria del plástico y el hule, ocho de fabricación de autopartes, y 25 de industrias manufactureras diversas.

A la contaminación generada por aguas negras de estas empresas, asentadas en los cuatro municipios mencionados, también se suma la que hacen el Complejo Petroquímico Independencia Pemex, ubicado en la comunidad de Santa María Moyotzingo, y las que se ubican en los corredores industriales Quetzalcóatl (ubicado en San Baltazar Temaxcalac), Ixtacuixtla (entre las comunidades de Villa Mariano Matamoros y Villa Alta) y Huejotzingo (a un costado de la comunidad Santa Ana Xalmimilulco), donde operan tres fábricas de químicos aromáticos, cinco de partes automotrices, 12 de alimentos, 30 textileras fabricantes de mezclilla, una metalúrgica y una ladrillera.

La generación de aguas contaminadas vertidas en los cauces del Atoyac y Xochiac por parte de estas empresas, que “en muchos casos descargan sus residuos directamente al río o a la red de alcantarillado sin previo tratamiento”,7 es lo que ha propiciado que las comunidades asentadas en los bordes de cuerpos de agua se consideren potencialmente expuestas a los contaminantes, lo que conlleva un daño a los ecosistemas, la salud, y sobre todo a la disponibilidad del agua para consumo humano.

NOTAS

1 Secretaría de Economía, Sector textil, “Importancia comercial del sector para méxico”, México, 2017.

2 Greenpeace International, “Hilos tóxicos: al desnudo”, México, diciembre de 2012, p. 6.

3 Ibid., p. 7.

4 Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla, Censo Poblacional 2017: http://ceigep.puebla.gob.mx/informacion_basica_mu nicipio.php.

5 Fundación Botín, “Conclusiones del análisis sobre el uso responsable del agua en el sector textil”, España, 2012.

6 CNDH, Recomendación Núm. 10 /2017. “Sobre la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes”, 21 de marzo de 2017.

7 Ibid.

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El futuro nos ha alcanzado

De tal forma se están volviendo las cosas, que en México sólo beberá agua quien tenga para pagarla.

GUSTAVO CASTRO, activista defensor del agua

Parece que el mundo distópico que en 1981 llevó a la pantalla el director George Miller con la película Mad Max, donde presenta una sociedad sin Estado y en un caos total a causa de la escasez de agua y petróleo, situada en “un futuro no muy lejano”, está a punto de alcanzarnos. Las imágenes apocalípticas donde la gente pelea a muerte por unos litros de agua en un entorno hostil deforestado y con elevadas temperaturas a causa del cambio climático, podrían ser pronto una realidad.

Esto no es una suposición, al menos así se consigna en un documento secreto de la compañía suiza Nestlé, hecho público por WikiLeaks, y en un artículo firmado por 15 mil 372 científicos de 184 países, donde se alerta del consumo de los recursos naturales y el desequilibrio ecológico del planeta a causa del desmedido uso del agua, la deforestación cada vez más persistente, la ruptura de las cadenas bióticas y el acelerado crecimiento poblacional.

De acuerdo con WikiLeaks, Nestlé se encuentra desde hace una década más preocupada por el agotamiento de los recursos hídricos que por la situación económica de los países donde tiene presencia, entre ellos México. La causa de esa preocupación no es difícil de imaginar: el agua es la base con la que el consorcio opera sus plantas productivas, que van desde el procesamiento de carnes, lácteos, cereales y azúcares, hasta el embotellado de agua.

Para este grupo empresarial, que informó la situación de los recursos hídricos al gobierno de Estados Unidos desde 2009, “el agua dulce del planeta podría agotarse en 2050” a causa del desmedido uso que demanda el creciente consumo de carne, el uso de biocombustibles y el crecimiento general de la población.1

Según Nestlé, las reservas totales de agua potable que existen en el mundo son de 1,250 billones de m³ por año, de las cuales hacia 2008 se consumían casi la mitad, pero la creciente demanda de la industria y el crecimiento exponencial de la población le hacen estimar que en menos de 31 años esas reservas ya no serán suficientes para atender a las poblaciones y menos a las empresas.

De acuerdo con información del consorcio, la cual el gobierno de Estados Unidos clasificó con un nivel de seguridad nacional y por ende como confidencial, un tercio de la población mundial se verá afectada por la escasez de agua dulce en menos de seis años, a partir de 2018. Esto ya se puede observar de manera clara en algunas partes del territorio mexicano.

Los primeros sitios que se verán afectados por la escasez, debido al nivel de extracción de sus poblaciones y sus núcleos industriales, estima Nestlé, “son los de Oriente Medio, el norte de la India, el norte de China y el oeste de Estados Unidos”.2 Aun cuando no se menciona ninguna región de México, aquí el futuro se estima igual, pues el nivel de extracción de agua es similar a la que se hace en China o India.

La trasnacional reconoce que la industria de los alimentos derivados de los animales —como es su caso— es la que contribuye más al agotamiento del agua: tan sólo un kilogramo de proteína animal requiere 10 veces más agua que la que se necesita para producir un kilogramo de alimento cultivado. Así, “a medida que las crecientes clases medias del mundo coman más carne, los recursos hídricos de la tierra se consumirán peligrosamente”.

La crisis de disponibilidad de agua a escala global, según Nestlé, se puede atribuir en gran parte a las políticas públicas deficientes que ejercen los gobiernos sobre este recurso. Este es el caso de México, que sostiene políticas de subsidio y precios del agua que no empatan con la escasez, desarrollando proyectos económicos, industriales y agrícolas en regiones que ya no pueden aportar el líquido para esas actividades.

“Producir una caloría de cultivos alimentarios en un clima cálido y seco como el de California requiere mucha más agua que en cualquier otro lugar”, cita como ejemplo el consorcio suizo. A esto se pueden agregar los ejemplos que ya hemos visto en México, cuyas autoridades permiten la instalación de plantas mineras, cerveceras, refresqueras y de textiles, en ciertas zonas donde el agua es escasa por las condiciones naturales desérticas.

La misma empresa que en el área de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, está terminándose el agua de la población y que ha generado un desabasto notable en las regiones de El Salto, Juanacatlán y Ocotlán, Jalisco, advierte que “las actuales extracciones de agua en algunas zonas del mundo ya no son sostenibles”.3 Y aun cuando no refiere lo que ella misma causa en México, dice que la capa freática está cayendo precipitadamente en el oeste de Estados Unidos y en el norte de India, lo cual se atribuye a que “los usuarios están extrayendo más agua de la que se puede reponer y el aumento de la salinidad está reduciendo la productividad de las plantas”.4

Por lo demás, Nestlé, también ha descartado la viabilidad de atender la demanda mundial de agua mediante la desalinización del agua marina —la cual se realiza en algunas regiones de México, principalmente en la zona de Baja California—, pues este proceso es altamente costoso en uso de combustibles y de contaminación colateral.

LA PREOCUPACIÓN POR LOS BIOCOMBUSTIBLES

En otro punto del informe hecho para el gobierno de Estados Unidos, Nestlé también se muestra preocupada por el impulso político que se les ha dado a los biocombustibles, elaborados a base de alcoholes. De acuerdo con la trasnacional, esto contribuye también al aumento de la demanda de agua con fines industriales y en consecuencia al agotamiento de las reservas hídricas.

La propia UNESCO ha dejado ver lo inviable de los biocombustibles para el cuidado del ambiente: por un lado reducen las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y evitan daños a la capa de ozono, pero por otro, su elaboración contribuye de forma acelerada al consumo de agua y desabasto de la población.5 Según la misma organización, para producir un solo litro de biocombustible se necesita un promedio de 2.5 m³ de agua. Si partimos de la producción promedio anual que se mantiene de estos carburizantes, la cifra representa 2% del agua que se destina al riego de cultivos agrícolas.

En nuestro país, según un estudio realizado por la Red Mexicana de Bioenergía y la empresa holandesa Ecofys, hacia 2016 el consumo de biocombustibles era de 27 millones 740 mil m³ al año, con una tendencia al crecimiento en promedio de por lo menos 13 millones 811 mil m³ más cada año.6 Si tomamos como referencia los datos de la UNESCO, lo anterior equivale a un gasto de agua de casi 69 millones 350 mil m³, con un incremento anual de un millón 378 mil 678 m³.

En términos generales, los más de 70 millones de m³ de agua que se usan cada año para la producción de biocombustibles en México es una cantidad mucho mayor a la que utilizan 28 de las mineras que sobreexplotan la cuenca del río Balsas, entre las que se encuentran Arcelor Mittal, Torex Gold Resources, Ternium, Goldcorp, Cemex, Sud Chemie de México, Cementos Moctezuma, Industrias Peñoles, Mexichem.

El uso del agua que hace la industria de los biocombustibles resulta doblemente cuestionable si se considera que su actividad parte del intento de conservación del ambiente. Sumado a los grandes volúmenes de agua que requiere para su labor industrial, la mayoría de estas empresas no cuenta con permisos de extracción ante el Repda, por lo que se estima que obtienen el agua de manera furtiva o de la red de suministro a la población.

Ejemplo de lo anterior son las empresas Be Green, Eco Bioil y Bionovel Combustibles Alternos, asentadas en Monterrey y Zapopan, donde el agotamiento de las reservas de agua por su uso industrial ya ha quedado demostrado. Ninguna de las tres empresas, que se consideran entre las principales fabricantes de biodiesel en el país, cuenta con autorización del gobierno federal para la extracción de los grandes volúmenes de agua que necesitan para la producción de los bioenergéticos.

La elaboración de biocombustibles no sólo se encuentra supeditada a la disponibilidad de agua, sino a los cultivos de oleaginosas, caña de azúcar y palma de aceite. Estos productos son básicos en la producción de biodiesel y etanol —los biocombustibles de mayor demanda a escala mundial—, y evidentemente también requieren un abundante uso de agua.

Ya Gustavo Castro Soto, activista ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas, ha señalado que “el impulso que el gobierno pretende dar a la generación de biocombustibles por medio de grandes extensiones de monocultivos de oleaginosas y caña de azúcar para producir etanol contribuye a la intensidad de la apropiación empresarial de la tierra, la tumba de bosques y selvas, el uso intensivo de agroquímicos e incluso de semillas transgénicas de las oleaginosas”.

Así, la sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles, que puede parecer un paso para evitar el agravamiento del cambio climático, “en realidad no sólo no soluciona ese grave problema sino que agrava muchos otros”, reconoce la organización Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.

De acuerdo con el periodista ambiental Ronny Aguilar, la siembra de palma africana en Campeche no sólo representa un grave deterioro de la selva, sino que atenta contra la bioestabilidad de la Laguna de Términos, una de las reservas acuíferas más importantes del país. Por escurrimiento, aquí van a dar los residuos tóxicos de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes químicos que utilizan más de una veintena de empresas dedicadas a la producción del insumo para biocombustible.

La producción de palma de aceite en Campeche, pese a sus efectos devastadores al ambiente, no sólo no es vista por el gobierno federal como un atentado ecológico, sino que se fomenta su siembra: a principios de 2016, el titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, ofreció un fondo de más de 500 millones de pesos para detonar la siembra, producción e industrialización de la palma de aceite. Este incentivo ni siquiera se destinó a los pequeños productores agrícolas, sino a las grandes empresas del ramo, como Agroindustrias Integradas del Norte de Nuevo León y la empresa chiapaneca Grupo Agroforestal UUMBAL, que junto con otras cuatro empresas de nacionalidad colombiana, costarricense, guatemalteca y hondureña, se beneficiaron con 108 millones de pesos, explica Aguilar.

Entre los efectos ambientales que ese impulso oficial generó en Campeche, según quedó documentado por Paginabierta, el único medio de la entidad que ha dado seguimiento al tema, a mediados de 2017 se registró un derrame de las lagunas de oxidación de la planta de Oleofinos del Carmen, el cual contaminó el cauce del río Candelaria que desemboca en la Laguna de Términos.

AUTODEFENSAS DEL AGUA

El arrebato industrial del suelo y el agua que se registra a lo largo del territorio nacional ha fermentado entre diversos grupos sociales la idea de defender el agua y la tierra con todos los recursos a su alcance, incluidas las armas, como ya se ha registrado en algunas zona de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Morelos, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Jalisco y Michoacán. En estos estados existen grupos de civiles armados que protegen con guardias armadas sus mantos acuíferos subterráneos y superficiales contra la intrusión de empresas de cualquier tipo.

Hay que señalar que no todos los grupos de defensa están equipados con un alto poder de guerra, pero al menos están dispuestos —con machetes y escopetas de chispa— a hacer frente a la presencia de aquellos que consideran “los saqueadores de recursos”.

En este contexto, aun cuando también existen grupos que de manera inexplicable se han podido hacer de armamento que en ocasiones no tienen ni las policías municipales, como el EZLN, en la zona de Los Altos de Chiapas, o el Ejército Guerrillero de Los Pobres, en la zona de la montaña en Guerrero, la mayoría de los grupos detectados como defensores de sus recursos actúan más por el valor que representa la propiedad del agua y del suelo que por convicciones ideológicas.

Las condiciones de desigualdad social que ha propiciado el gobierno mexicano por la aplicación de una política oficial que fomenta el despojo del suelo y el agua es lo que ha hecho que en los últimos cinco años una serie de movimientos sociales hayan transitado a movimientos armados.

El caso más claro de esa transición se encuentra en la zona de los Altos de Chiapas, en 72 localidades de por lo menos 38 municipios de Chiapas, donde el EZLN tiene presencia para evitar cualquier tipo de despojo de recursos por parte de las trasnacionales. En la misma región del sureste mexicano, pero armados con palos y machetes, en las localidades de Oxolotán, Teapa, Tacotalpa, Reforma, Huimanguillo, Chontalpa, Cunduacán, Comalcalco y Paraíso se integraron los grupos de autodefensa autodenominados Cárdenas Unidos, los cuales tienen como principal objetivo defender “mediante la guerra, de ser necesario”, los recursos naturales.

Este grupo de civiles organizados nació en noviembre de 2017, cuando células criminales, supuestamente pertenecientes a los Zetas, comenzaron a secuestrar y extorsionar. Tras encarar y disuadir a los grupos delincuenciales, los líderes del movimiento optaron por no desaparecerlo, enfocando sus acciones en la defensa del suelo y el agua.

En el estado de Veracruz ya prendió también la llama de la defensa del territorio. De acuerdo con la Asociación Nacional del Consejo de Participación Cívica de la República, a principios de 2019, al menos 30 municipios de esa entidad ya contaban con grupos de autodefensas armados, los cuales inicialmente se alzaron contra integrantes del llamado Cártel del Golfo, y ahora abanderan la defensa del suelo y el agua.

Los grupos de autodefensas de Veracruz, a diferencia de otras organizaciones similares que operan en Guerrero y Michoacán, actúan de manera independiente aunque tienen coordinación para enfrentar la posible instalación de nuevos proyectos macroeconómicos, como el de la minera canadiense Gold Group Mining Inc., la cual no ha cesado en su intención de establecer una mina a cielo abierto en los municipios de Actopan y Alto Lucero, bajo el denominado proyecto Caballo Blanco.

Estos grupos de lugareños, la mayoría equipados con armas de grueso calibre, tienen mayor presencia en los municipios de Acayucan, Actopan, Alto Lucero, Papantla, Tecolutla, Misantla, Martínez de la Torre, Cahuapan, Isla, Sayula y Perote, así como en las regiones de Las Choapas y la Huasteca. Todas estas regiones tienen un alto potencial minero según el Servicio Geológico Mexicano, y ya en 2018 se otorgaron al menos 26 concesiones de exploración.

En el estado de Oaxaca, con una participación subrepticia de las autoridades locales, las cuales otorgan apoyos económicos de forma discrecional, operan al menos siete organizaciones de defensa civil del agua y el territorio. A estos grupos poco les ha interesado confrontarse con el crimen organizado, principalmente con el llamado Cártel de Sinaloa, el cual tiene presencia en casi toda la entidad y en algunos sitios incluso está asociado con los propios grupos de autodefensa.

Ante la embestida del gobierno federal, que en 2018 otorgó al menos 17 concesiones mineras, los municipios donde se han alzado los pobladores para defender sus recursos naturales son Santos Reyes Nopala, Santiago Tepextla, San Juan Cacahuatepec, Pinotepa Nacional, Santa María Zacatepec, Putla Villa de Guerrero y San Martín Peras. En estas localidades los defensores están armados de forma incipiente, pero tienen la voluntad férrea de no ceder su agua.

Sobra decir que en Michoacán continúa la presencia de los grupos de autodefensas, los cuales nacieron bajo la organización de José Mireles para hacer frente a los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana. Al cierre de 2018, por lo menos 14 grupos de civiles armados, con la coordinación del grupo autodenominado Los Blancos de Troya, estaban en activo; la mayoría en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Tepalcatepec, Aguililla, Aquila, Buenavista Tomatlán y Lázaro Cárdenas.

En el estado de Hidalgo, con el esquema de guardias comunitarias, operan por lo menos seis grupos de autodefensas, los cuales comenzaron a integrarse a finales de 2016 ante la violenta presencia del llamado Cártel del Totonacapan. Este grupo elevó a niveles jamás vistos los índices de inseguridad en la región, principalmente de secuestros y extorsiones. Tras resistir a esa organización, los promotores de este modelo de seguridad comunal optaron también por extender su labor a la defensa del suelo y de la tierra.

Los guardias comunitarios que operan en los municipios de Tepehuacán de Guerrero, Orizatlán, Huejutla, Yahualica, Chicontepec y Xochiatipan, son también los principales opositores a los proyectos mineros, hidroeléctricos y de oleoductos que pretenden implantarse en la zona.

En el estado de Puebla, principalmente en la Sierra Norte, con el apoyo de organizaciones como el Frente Común de Resistencia Civil Pacífica, se han organizado por lo menos 12 grupos de defensa del agua y el territorio, para evitar el establecimiento de mineras en la zona; tienen presencia en los municipios de Ixtacamaxtitlán, Teziutlán, Chignautla, Villa Ávila Camacho, Jalpan, Pahuatlán, Xicotepec, Huauchinango, Nuevo Necaxa y Chicontla, Si bien es cierto que en la región los índices delincuenciales han seguido en aumento, la resistencia civil ha logrado frenar al menos cinco proyectos económicos que el gobierno federal defiende con el respaldo del gobierno estatal.

En el estado de Morelos, apenas en mayo de 2018 surgió el primer movimiento de autodefensas. La organización responde a la creciente presencia del llamado Cártel de los Beltrán Leyva, que ha incrementado el cobro de cuotas extorsivas en los municipios de la zona norte del estado, comenzando con los trabajadores del transporte público, después con los propietarios de establecimientos comerciales, hasta llegar a la población común.

En los municipios de Tlalneplantla, Atlatlahuacan, Tlayacapan y Totolapan se integró el grupo autodenominado En Defensa de Morelos, el cual le declaró la guerra a la delincuencia armado con palos y machetes. Al no encontrar oposición de su contraparte criminal y disuadir las extorsiones, para seguir vigente se sumó a la lucha de defensa por el territorio.

La mayor iniciativa de estos grupos de autodefensa fue respaldar la protesta social de los habitantes del poblado indígena de Huexca, en el municipio de Yecapixtla. Ahí la guardia comunal se sostiene para evitar que la CFE tome los predios y los mantos acuíferos por donde pretende cruzar el oleoducto Morelos, el cual amenaza con disminuir el uso del agua a más de 60 pueblos originaros de la región norte y centro del estado.

En febrero de 2019 se hizo presente la letalidad con la que empresas privadas y el gobierno federal pretenden operar el llamado Proyecto Integral Morelos (que consta del ducto y también de una termoeléctrica): uno de los opositores, Samir Flores Soberanes, fue ejecutado cuando salía de su domicilio en la comunidad de Amiltzingo, del municipio de Temoac, donde una célula del grupo armado “Comando Tlahuica” le disparó en cuatro ocasiones. Este crimen se sumó a la lista negra de agresiones contra activistas que en enero del mismo año ya registraba los asesinatos de Sinar Corzo y Noé Jiménez Pablo, en Chiapas. La ejecución de Samir se dio a sólo dos días de que iniciara la consulta convocada por López Obrador para conocer el destino de este proyecto, aunque la administración federal ya había manifestado previamente su apoyo, alegando que lo que está en juego es “una inversión de más de 25 mil millones de pesos”.

Pero en Morelos, hay mucho más que eso en juego. Aquí se juega no sólo la soberanía nacional, sino la sobrevivencia de la gente a la que se le ha comenzado a arrebatar el agua. Este arrebato lo encabeza un grupo del crimen organizado: el Comando Tlahuica, también conocido como el Cartel del Agua. Esta organización criminal no sólo ha presionado a funcionarios del gobierno estatal para que cedan el control de los sistemas locales de agua potable en por lo menos ocho municipios, sino que se ha apropiado de mantos acuíferos por los que cobra a particulares una renta en por lo menos otras cuatro localidades.

Los municipios en donde el Comando Tlahuica percibe un ingreso económico, por pagos extraoficiales de los organismos operadores de agua potable, que podrían ascender a más de 200 millones de pesos al año, son Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Xochitepec, Yautepec, Tlaltizapán, Ciudad Ayala y Miacatlán, según datos del Cisen.

Estos ingresos —de acuerdo con fuentes extraoficiales del sistema de inteligencia federal— los complementa el grupo criminal con al menos otros 70 millones de pesos al año, que le deja el cobro que hace a particulares por el uso de los mantos acuíferos en algunas localidades de los municipios de Amacuzac, Ayala, Cuautla y Jantetelco, donde el principal blanco de extorsión son los empresarios de centros recreativos y balnearios.

Según fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la forma de extorsión que aplica el Comando Tlahuica para beneficiarse del cobro del uso del agua en Morelos, es simple: amenaza con sabotajes a los sistemas de bombeo y suministro, así como al tendido eléctrico que permite la funcionalidad del sistema de abasto, además de ofrecer servicios de cobro a deudores morosos del servicio de agua.

Como propietario que se ha autoasignado del agua en Morelos, el Comando Tlahuica también pactó con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en administraciones federales pasadas, el cobro del agua que permitiría eventualmente el funcionamiento de la planta termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla. Por eso el asesinato de Samir Flores.

Según fuentes del Cisen consultadas durante esta investigación, el Comando Tlahuica podría estar coludido también con directivos de las empresas españolas Elecnor y Abengoa, las encargadas del proyecto del gasoducto Morelos, que suministrara de combustible a la termoeléctrica de Yecapixtla.

Solo para el registro de la historia, hay que recordar que el Comando Tlahuica es una organización criminal escindida del Cartel de los Hermanos Beltrán Leyva, que se separó de la organización tras la detención de su patrona Clara Elena Laborín Archuleta, la esposa de Héctor Beltrán Leyva, El H, ocurrida el 12 de septiembre del 2016.

Tras la detención de Clara Elena Laborín, el cartel se dividió en dos grupos, el llamado Sangre Nueva Guerrerense, encabezado por Gabino Sierra Santana, y el Comando Tlahuica, bajo la dirección de Homero Figueroa Meza, El Tripas, quien hasta entonces estaba asignado, junto con Enrique Salinas Espino, El Papaya, a la recuperación de la plaza de Playa del Carmen, en Quintana Roo.

Luego de la captura de Clara Elena Laborín, el Comando Tlahuica negoció su regreso a Morelos, pactando la división de plazas, principalmente del centro del estado, con el líder de Los Rojos, Santiago Mazari Hernández, El Carrete, quien fue también aliado de Héctor Beltrán Leyva y posteriormente de La Señora.

Como parte de ese acuerdo entre El Carrete y El Tripas, para operar sin confrontación en la zona central de Morelos, el grupo criminal de Los Rojos decidió quedarse con el control de tráfico de drogas en la entidad, cediendo al Comando Tlahuica cualquier otra actividad ilícita rentable, optando además del secuestro, el robo y la extorsión, por el cobro del servicio de agua.

A la fecha, según fuentes extraoficiales de la FGR, el comando Tlahuica cuenta con una fuerza operativa de por lo menos 100 hombres armados, integrada por desertores de otros grupos delincuenciales que operan en Guerrero, Michoacán y Morelos, como Los Viagra, Los Rojos, Guerrero Unidos y Sangre Nueva Guerrerense.

Este grupo, al que se le atribuye el asesinato del activista Samir Flores y la pretensión del control del agua en el estado de Morelos, actualmente se encuentra en negociación con una fracción del Cartel de Sinaloa, encabezada por Alfredo Beltrán Guzmán, El Mochomito para arrebatar el control del tráfico de drogas en el estado de Morelos a los grupos criminales de Los Rojos y Guerreros Unidos.

En el estado de Tlaxcala la resistencia armada contra el arrebato de recursos también se ha manifestado. Los grupos de autodefensas que han surgido en esta entidad están activos en los municipios de San Pablo del Monte, Tenancingo, Papalotla, Zacatelco, Xicothzinco, Tepetitla, Mazatecochco. En estos sitios el gobierno federal ha otorgado al menos ocho concesiones para nuevos proyectos mineros a partir de 2019, los cuales contemplan la utilización no sólo del territorio comunal, sino de las pocas reservas de agua que los habitantes cuidan como uno de sus bienes más preciados.

En Guerrero se registran grupos de autodefensas que combaten el crimen organizado y de paso defienden a las comunidades del despojo del territorio y el agua. Tienen presencia en por lo menos 80 municipios de las regiones de Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande y La Montaña, y están mayormente integrados por miembros de las etnias mixteca, nahua, tlapaneca y amuzgo.

La organización de la resistencia civil se ha asociado con grupos como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), la Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG), la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJPCP) y la Policía Ciudadana de Olinalá (PCO).

Estas organizaciones, muchas veces cuestionadas por la procedencia de los recursos con los que han armado a los grupos civiles, finalmente están cumpliendo con la función a la que se han negado los gobiernos estatal y federal. De este modo han establecido uno de los cercos más infranqueables del país para las empresas que pretenden establecer macroproyectos económicos, sobre todo mineros.

A causa de la protección de los recursos que se hace en Guerrero, los grupos de autodefensas han logrado por medio de la fuerza la suspensión de cuatro proyectos mineros concesionados a seis mineras trasnacionales: Industria Minera México, en Taxco; Alio Gold, en Cuetzala del Progreso; Aurea Mining Inc., y Newstrike Capital Inc., en Quechultenango, así como el de Dowa Mining y Sumitomo Corporation, en el mismo municipio.

En el Estado de México, bajo el auspicio de organizaciones guerrilleras como el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) y el Partido de los Pobres (PDLP), hay al menos 11 grupos activos de defensa de los recursos naturales. Sus acciones para proteger el agua las han concentrado en los municipios de Nezahualcóyotl, Otzolotepec, Tejupilco, Luvianos, San José del Rincón, Tlatlaya, Chalco, Ecatepec, Coacalco, Melchor Ocampo y Amatepec, donde la disponibilidad de este recurso para la población es cada vez menor a causa de las concesiones otorgadas a las industrias establecidas en la zona.

Finalmente, en el estado de Jalisco son al menos 12 municipios los que registran la presencia de grupos armados. La mayoría de ellos, con equipos incipientes, se han alzado para defender el territorio y el agua tras el despojo por parte de diversas empresas asentadas en los municipios de El Salto, Ocotlán, Autlán, Pihuamo, Cihuatlán y Tecalitlán.

UN PROBLEMA SOCIAL CON ORÍGENES POLÍTICOS

Sabemos, pues, que el problema de distribución y acceso al agua en México es grave, pero no tanto por el crecimiento poblacional, sino por el marco jurídico vigente, el cual, como ya se ha subrayado, privilegia a la industria por encima de las necesidades de las comunidades. El conflicto podría agravarse en los próximos años de seguir adelante con el obstinado proceso de privatización al que se han sometido los recursos hídricos en nuestro país.

El diseño de esta estrategia se le atribuye a la administración de Enrique Peña Nieto, y con sobrada razón, pues el 6 de junio de 2018, cinco meses antes de dejar el cargo, el presidente dio uno de los golpes más duros de su mandato a la población, firmando 10 decretos presidenciales mediante los cuales estableció la libertad para acceder al uso del agua para fines industriales, más allá de que la población en general tuviera garantizado o no el abasto para sus actividades cotidianas. Sin embargo, también es importante tener en mente que el proceso privatizador se originó desde 1992, cuando durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se creó la Ley de Aguas Nacionales, con la cual se permitió la inversión privada en la gestión del agua.

Debe recordarse que desde 1988, todavía con Miguel de la Madrid como presidente, se estableció en la Constitución la obligatoriedad de los municipios de hacerse cargo de la distribución de agua potable a la comunidad. A la fecha, prácticamente todos los municipios del país cuentan con un organismo operador que desempeña esa función. No obstante, en muchos casos, lo hace con algún grado de deficiencia, según lo ha señalado Gloria Tobón de Garza, de la Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo (AUAS). En 2017, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento advirtió que 90% de los organismos de agua en México “están operando en condiciones deficitarias, es decir, en números rojos”, lo cual hace que la calidad y disponibilidad del agua para las poblaciones se encuentre lejos de lo óptimo.7

Esta situación podría haber sido una de las razones por las cuales el gobierno federal permitió la participación de la inversión privada en las labores de suministro de agua, cuyo acceso, paradójicamente, está considerado dentro de la propia Constitución como un derecho fundamental. En cualquier caso, la privatización, con la consecuente mercantilización del recurso hídrico, ya es una realidad en nuestro país desde hace más de 26 años.

El proceso se ha fortalecido con las modificaciones de varias leyes estatales de agua, las cuales permiten los cortes de servicio a la población por falta de pago. A esto se suma la implementación del Programa de Modernización de Organismos Operadores de Agua, que estuvo vigente de 2001 a 2017, y con respaldo del Banco Mundial dio apoyo financiero a los organismos operadores para promover la inversión privada. Esto derivó en las llamadas “asociaciones público-privadas”, explica Gloria Tobón.

Hasta abril de 2018, ocho organismos municipales de agua potable ya se habían privatizado, de los cuales dos tuvieron que remunicipalizarse debido a los altos cobros a la población. Conjuntamente, por lo menos otros 14 organismos se encuentran en proceso de ser entregados a empresas privadas con las garantías que ofrece la Ley de Asociaciones Público Privadas, decretada el 12 de enero de 2012 por el presidente Felipe Calderón.

Los organismos que ya están en manos de la iniciativa privada, y que registran un incremento en las tarifas de entre 2.2 y 4.7% anual, son los que abastecen a las ciudades de Aguascalientes, Cancún-Isla Mujeres, Puebla, Veracruz-Medellín, Boca del Río y Saltillo. Los organismos que tuvieron que remunicipalizarse tras la protesta social por los cobros abusivos son los de Navojoa y Ramos Arizpe. El primero estuvo privatizado durante ochos años, mientras que el segundo sólo durante 15 meses; los gobiernos municipales retomaron el control tras demostrase que en el otro esquema no había ningún beneficio social.

“Por supuesto que estas empresas no tienen absolutamente ningún sentido social. El propio relator de Naciones Unidas señaló que los cortes de suministro por falta de pago de la población contravienen el derecho humano al agua. Si una persona no puede pagar, no le deben cortar el agua, deben dejarle una cantidad mínima para satisfacer sus necesidades básicas”, dice Gloria Tobón.

Desde 1993, el organismo operador de agua de Aguascalientes lo administra la trasnacional Veolia, a través de la subsidiaria Proactiva Medio Ambiente México, a la cual se le atribuye la entrega de agua en forma privilegiada a la industria automotriz y agroalimentaria que opera en esta zona.

En la región urbana de Cancún-Isla Mujeres, el agua potable del municipio se entregó desde 1993 a la empresa DHC-Aguakán, conformada por el consorcio Grupo Mexicano de Desarrollo y Bal-Ondeo, el cual a su vez lo integran las empresas Industrias Peñoles, del sector minero, y Suez Environnement, y se destaca por el constante incremento en el precio del agua.

En la ciudad de Puebla la historia no es distintita, aquí el agua potable se entregó a la iniciativa privada desde 2014, y la controla el consorcio que integran Aguas de México y Epcor, esta última integrada por las compañías Gutsa, Ticsa y Grupo Hermes, que dirige el empresario Carlos Hank González. Aquí el abasto se privilegia principalmente para los ramos automotriz, textil, manufacturero y agroalimentario.

En Veracruz, son tres los municipios que ya han entregado su agua a la iniciativa privada: el Puerto de Veracruz y en la localidad de Medellín, los organismos operadores los controlan Odebrecht y Suez Environnement, en tanto que en Boca del Río la propietaria del agua es Acciona. A pesar de contar con la infraestructura suficiente heredada de las administraciones públicas, estas empresas operan con un desabasto promedio de casi 11% de la población.

En el municipio de Saltillo, donde el estrés hídrico de la zona afecta a más de 13% de la población —aunque ninguna industria carece del vital líquido—, el agua se encuentra concesionada desde 2001 a favor de Aguas de Barcelona, la cual fue absorbida por Suez Environnement.

De acuerdo con Gloria Tobón, “al problema del agua no se le ha dado la importancia que tiene; por ejemplo, desde febrero de 2012 tenemos el derecho humano al agua en la Constitución, han pasado prácticamente siete años y no se ha legislado al respecto”. Al mismo tiempo, los presupuestos de la Conagua, en lugar de aumentar para ayudar a los organismos operadores a mejorar su infraestructura, se han ido reduciendo.

En las privatizaciones registradas en los organismos operadores de agua de los municipios resalta un hecho innegable: la iniciativa privada ha resultado con peores vicios de opacidad, corrupción y falta de sentido social en la gestión del agua.

Gloria Tobón subraya los casos de Veracruz y Puebla donde los procesos privatizadores fueron opacos y se efectuaron sin participación ciudadana; además, los contratos de asociación se clasificaron como reservados. Por su parte, en Aguascalientes se asomó la corrupción luego de que la deuda que tenía el organismo público debía asumirla el grupo empresarial que se apropió del sistema, el cual había aceptado pagar a cambio de un aumento en las tarifas; sin embargo, la deuda terminó absorbida por el Fobaproa, aquel instrumento creado en 1990 para evitar la quiebra de los bancos.

En Cancún-Isla Mujeres también se dio un caso de corrupción, luego de que el grupo empresarial que se hizo cargo del organismo operador logró en una reunión secreta que el cabildo extendiera su contrato de usufructo del agua por 30 años más, cuando aún faltaban nueve años para que se venciera el contrato inicial. Esto derivó en la versión de que funcionarios locales y estatales habrían recibido más de 70 millones de dólares por parte de la empresa acreditada.

En el municipio de Ramos Arizpe, mientras la iniciativa privada administró el agua potable, se dieron incrementos en las tarifas de hasta 400% de un mes para otro; mientras que en Saltillo, de un padrón de más de 240 mil domicilios, se han hecho más de 100 mil cortes o desconexiones a la población que se ha retrasado en el pago.

La privatización del agua es inmoral, sentencia Gustavo Castro Soto, uno de los activistas defensores del agua más importantes de México, quien se ha distinguido por su trabajo social al frente de la Otros Mundos A. C. y de la Red Internacional Amigos de la Tierra capítulo México. “El agua es un recurso que no debe privatizarse, y que no puede incorporarse a una lógica de mercado, pues esta lógica implica dueños, precios, monopolios, acumulación y competencia”, explica Castro.

Al evaluar el diseño del marco jurídico del agua, el activista confirma que la intención es llegar a la privatización total y, en esa medida, la competencia por el recurso entre empresas y núcleos poblacionales será cada vez mayor. Aquí desempeñará un papel muy importante el grado de corrupción en los funcionarios de las entidades encargadas de la administración del agua, el cual, desde su punto de vista, difícilmente se puede detener.

Tras preguntarle cuál sería la solución a la devastación ambiental, Castro se pronuncia por un cambio en el modelo extractivo, pero enseguida describe el sistema en el que estamos atrapados, uno que privilegia excesivamente la acumulación de capital y donde al final la maquinaria industrial es la que continúa sin parar, con propósitos que están muy lejos de atender la demanda social.

EL CONVENIENTE INCENDIO

En múltiples de los casos revisados, hemos visto cómo el despojo industrial del agua en nuestro país se ha llevado a cabo en gran parte gracias a los vacíos institucionales y las políticas incongruentes de la Conagua, cuya responsabilidad debería ser la de administrar, controlar, regular y proteger las aguas nacionales. Coincidentemente, cuando el Estado pretendió hacer un alto y hacer una evaluación seria de lo que estaba ocurriendo en este organismo, el caos prevaleció.

El 23 de marzo de 2019 hubo un grave incendio en el edificio de la Conagua ubicado al sur de la Ciudad de México. El acontecimiento no pudo ser más oportuno: se quemaron los registros de fiscalización de recursos y de cobros que esta dependencia venía haciendo a particulares y empresas por la concesión de agua potable para su manejo industrial.

El incendió ocurrió justo cuando la administración de López Obrador pretendía aplicar una revisión a fondo de las inconsistencias financieras que registraba la dependencia, a partir de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el manejo de los dineros de los últimos 12 años.

Según los informes de la ASF, el manejo de la Conagua durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dirigida sucesivamente por José Luis Luege Tamargo, David Korenfeld Federman, Roberto Ramírez de la Parra y Blanca Elena Jiménez Cisneros, de 2006 a 2016, registró al menos 2 mil 187 inconsistencias tanto en su manejo financiero como operacional y de control de mecanismo para la transparencia.

La mayor parte de las inconsistencias observadas en la Conagua durante los últimos 10 años tuvieron que ver con la forma oscura en que se dieron no sólo los contratos para la ejecución de obras, sino en la falta de documentación que respaldaba las inversiones hechas con recursos públicos para la puesta en operación de esas mismas obras. Al menos 80% de las obras revisadas por la ASF presentó sobrecostos que iban de 30% a 400% sobre la inversión pactada inicialmente.

En los informes de resultados de auditorías practicados por el órgano fiscalizador en los últimos 10 años, también destacó que la suma del quebranto al erario público que ocasionó la Conagua con su oscuro manejo financiero asciende a más de 107 mil 208 millones de pesos, al registrar en el papel por lo menos 63 obras terminadas sin que se hayan concluido en realidad, y otras 37 que ni siquiera se iniciaron.

La ASF revisó un total de 239 obras que se realizaron con inversión de la Conagua, de las cuales 94% no contó con el respaldo documental ni con auditorías físicas que garantizaran la inversión realizada. La constante fue el pago a empresas particulares por trabajos que nunca se realizaron o que no se concluyeron en el tiempo programado.

Otro de los renglones donde la ASF encontró severas inconsistencias fue en el otorgamiento de concesiones de uso de agua, la cual, como ha quedado en evidencia, en muchos casos ha sido arrebatada a las poblaciones para privilegiar la operación de las fábricas de diversos sectores, principalmente del ramo de bebidas embotelladas y elaboración de cerveza, así como de la industria automotriz, agroalimentaria, textil y minera.

Por esa razón la administración de López Obrador anunció a finales de febrero de 2019 la necesidad de revisar a detalle la forma en la que había estado operando la Conagua, para lo cual se consideró necesaria la revisión a fondo de los expedientes que integró la dependencia sobre su operatividad administrativa y financiera. Esto ya no será posible: los archivos fueron consumidos por las llamas.

NOTAS

1 WikiLeaks, “Tour D’horizon with Nestle: Forget the Global Financial Crisis, the World is Running Out of Fresh Water”, 24 de marzo de 2009: https://wikileaks.org/plusd/cables/09BERN129_a.html.

2 Ibid.

3 WikiLeaks, “Tour D’horizon with Nestle: Forget the Global Financial Crisis, the World is Running Out of Fresh Water”, 24 de marzo de 2009. https://wikileaks.org/plusd/cables/09BERN129_a.html.

4 Ibid.

5 UNESCO, “Programa mundial de evaluación de los recursos hídricos”, México, 2017: http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/all-facts-wwdr3/fact-7-water-biofuel.

6 Sener, “Diagnóstico de la situación actual del biodiesel en México y escenarios para su aprovechamiento, informe final (confidencial)”, 12 de agosto de 2016, p. 46: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275444/Final_Re port.pdf.

7 Mesa sobre privatización y derecho humano al agua, Foro Mundial del Agua, organizado por Léo Heller, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Brasil, marzo de 2018.

A manera de colofón

La voz de Nautla

Luego de haber recorrido de lado a lado el país y tras haber concluido esta investigación, me volvió a asaltar el mismo sentimiento que me ahogó la madrugada que salí de la comunidad de La Laguna, en Guatemala, cuando sin valor no pude ver el cuerpo inerte de Nautla aprisionado en un blanco cajón mortuorio que ya le preparaban tres afanosos hombres de la comunidad.

Los ojos cerrados de Nautla bien podrían ser lo que más hubiera deseado al término de mi investigación, para no ver la realidad en la que ahora se sumen nuestras comunidades a causa del despojo del agua, pero el desgraciado gen periodístico no sólo me latió más fuerte sino que me invadió todos los sentidos luego de aquellas palabras que la niña sembró en mi conciencia, unos días antes de su muerte: “Publica, di todo lo que está pasando, para que no haya más niños muertos, como yo”.

Mentiría si digo que no he llorado al escribir estas líneas. Que este ha sido un trabajo periodístico más, que no me duele lo que he visto. La verdad es que Nautla, que no fue algo circunstancial en mi vida, no me deja de doler. Sus palabras y su vida me siguen resonando. Y me duele más cuando recuerdo a José Chacón, que aquella noche, al calor del alcohol, me dijo que la tierra nos habla de distintas formas para que la cuidemos, y Nautla fue, sin duda alguna, la voz de esta tierra sangrante, moribunda y adolorida que clama por ayuda.

Anexos

LISTA 1. Periodistas asesinados en 2018 y 2019 en cuya actividad profesional dejaron plasmada la voz de protesta de múltiples comunidades contra el arrebato del suelo, bosques y agua (nombre, sitio y fecha del crimen).

Carlos Domínguez, Nuevo Laredo, Tamaulipas, 13 de enero.

Leobardo Vásquez Atzin, Gutiérrez Zamora, Veracruz, 21 de marzo.

Juan Carlos Huerta Gutiérrez, Centro, Tabasco, 15 de mayo.

Héctor González Antonio, Ciudad Victoria, Tamaulipas, 29 de mayo.

José Guadalupe Chan, Playa del Carmen, Quintana Roo, 1 de julio.

Rubén Pat, Playa del Carmen, Quintana Roo, el 24 de julio.

Jesús Alejandro Márquez Jiménez, Tepic, Nayarit, 1 de diciembre.

Rafael Murúa Manríquez, Santa Rosalía, BCS, 20 de enero de 2019.

LISTA 2. Defensores de la tierra y el agua asesinados en 2017, donde posiblemente estuvieron involucradas fuerzas de seguridad del gobierno.

Marciano Martínez Cruz

Rafael Hernández Cisneros

Isidro Baldenegro López

Juan Ontiveros Ramos

Benjamín Juárez José

José Carlos Jiménez Crisóstomo

Luis Gustavo Hernández Cohenete

Francisco Jiménez Alejandre

Santiago Luna Crisanto

Miguel Ángel Vázquez Torres

Agustín Vázquez Torres

Rodrigo Guadalupe Huet Gómez

Pablo Andrés Jiménez

Gabriel Ramos Olivera y Felipe Ramírez

LISTA 3. El clúster industrial que presume el gobierno estatal de Guanajuato, es decir, empresas de alto consumo de agua.

Bio-pappel

Denso

Faurecia

Flexi

Grupo Coqueta

Grupo Emyco

Guala Dispensing

Hal Aluminum

Hino Motors (filial de Toyota)

KYB

Mailhot

Nestlé Purina

Nivea

NSK

Orbis

Par Uno

Pirelli

Samot

Showa

Softer

Sovere

Teco Westinghouse

Tsubakimoto

Volkswagen

ZKW

Lista 4. Empresas tequileras que están chupando desmedidamente el suelo de la zona de Tequila, y que contribuyen al agotamiento de los mantos freáticos de la zona hídrica de Guadalajara.

Destiladora del Valle de Tequila

Destiladora Rubio

Destiladora Leyros

Fábrica de Tequilas Finos

FTPSA

La Cofradía

Promoción y Fomento del Agave

Tequila Sauza

Tequila Viuda de Romero

La Tequileña

Tierra de Agave

LISTA 5. Industrias que en la zona de Mexicali contribuyen al agotamiento del agua subterránea.

Empresa Sahara

Empresa Longoria

Exportadora de Caborca

Gas Butano Propano de Baja California

Gasoducto Rosarito

Harinera de Maíz de Mexicali

Hortícola San Pedro

Viñedos del Sol

Algodonera de Baja California

Minera Real de Ángeles

Nutrimentos Mexicanos

Olivarera Cucapah

Olivarera Ítalo Mexicana

Olivarera Baja Mar

Lista 6. Grandes extractoras de agua en Chihuahua.

Cementos de Chihuahua

Comisión Federal de Electricidad

Componentes John Deere

Delphi Sistemas de Energía

Empacadora Prieto

Ferrocarril Mexicano

Fomentadora Urbana Metropolitana

Fomento Agropecuario del Norte

Ford Motor Company

Lista 7. Empresas que con su elevado consumo contribuyen al desplazamiento poblacional por falta de agua en La Piedad.

Impulsora Pecuaria Agroindustrial

Producción de Hortalizas Rancho Santa Cecilia

Compañía Cabadas

Industria Ganadera del Bajío

Industrias Alimenticias Club

Juan Colorado Agronegocios

Lapisa

Promotora Tres Hermanos

Proyectos Inmobiliarios Carne Mart

LISTA 8. Firmas inmobiliarias que contribuyen con el desabasto de agua en Morelia con el aval del gobierno estatal.

Consorcio Inmobiliario de Morelia

Constructora e Inmobiliaria Villalongín

Constructora España

Desarrolladora de Entornos Ecológicos

Desarrollo La Cima

GVA Desarrollos Integrales

Impulsora de Vivienda de Michoacán

Inmobiliaria Country

Inmobiliaria Las Huertas Country

Promotora Michoacana de Vivienda

Provim

Residencial Bosque Monarca

Residencial Torreón Nuevo

LISTA 9. Asesinatos registrados por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.

Felicitas Martínez Sánchez

Teresa Bautista Merino

Cenobio Merino López

Hilario González Domínguez

Juan Alfonso Robles Martínez

Albino Martínez Flores

Luis González Martínez

Benito Mendoza Ramírez

Heriberto Pazos Ortiz

Roberto Merino

Ramón Celestino

José Merino Fernández

Cirilo Castañeda

Francisco Chávez

Marciano Martínez Cruz

Rafael Hernández Cisneros

Virginia y Daniela Ortiz Ramírez (desaparecidas)

LISTA 10. A través de estas filiales, Coca-Cola sustrae más de 39 millones de metros cúbicos de agua al año.

Arca Continental

Industria Refresquera Peninsular

Bebidas Mundiales

Bepensa

Bebidas Azteca de Occidente

Bebidas Envasadas del Pacífico

Embotelladora de Colima

Coca Cola-Femsa

Bebidas Refrescantes de Nogales

Embotelladora de Chetumal

Corporación del Fuerte

Coordinadora Industrial Mexicana

Corporación Rica

Embotelladora del Nayar

Embotelladora Altamirano

Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío

Embotelladora del Caribe

Fomento Refresquera de Yucatán

Organizacional Queretano

Grupo Tampico

Refrescos Azteca del Bajío

LISTA 11. En la zona de Acanceh, 16% de la población no tiene acceso al agua por empresas como estas, que consumen alrededor de un millón 144 mil 266 metros cúbicos de agua al año.

Centro Porcícola Petectunich

Granja Reproductora Kaki

Granja San Antonio

Granja Santa Cruz Tekau

Grupo Agropecuario Gavilanes

Hacienda Tekik E.P. Hulbe’en Ka’ax

Incubadora de Pollitos Kaki

Industria Avícola Kaki

Industria Avipecuaria Peninsular

LISTA 12. Empresas agroalimentarias que contribuyen a que cada vez sea menos la cantidad de agua que se encuentra disponible en Atlixco.

Agrícola Camino a Castillotla Pozo No. 10

Agrícola Tlacoxcalco Pozo No.

Agrupación Agrícola Pequeños Propietarios A. Minutti de Azcue

Hermanos Ponce Ramírez

Industrias de Axocopan

Invernaderos Florisol

Pequeños Productores El Jagüey Trinidad Tepango Pozo No. 3

San Lorenzo Tecalimapa Menatla

Sociedad Santa Lucía Portezuelo

Teczezatl

Tlalixco Ex Hacienda Cabrera

LISTA 13. Empresas agroalimentarias que sin ningún tipo de recato usan volúmenes de agua que en conjunto llegan a ser casi cuatro veces la cantidad de todo el líquido disponible en Navojoa durante un año.

Agrícola Goya

Agropecuaria Malú

Agropecuaria BL

Agropecuaria Boza

Agropecuaria San Alfonso

Agropecuaria Valle Hermoso

Agropecuaria Zeus

LISTA 14. Compañías que se quedan con 30% del agua disponible en Toluca, con una extracción conjunta de alrededor de 2 millones 624 mil 612 metros cúbicos de agua al año.

Compañía Nacional de Harinas

Compañía Nacional de Abrasivos

Cryoinfra

Daimler Chrysler de México

Dana Heavy Axle México

Embotelladora Aga de México

Embotelladora Moderna

Embotelladora Toluqueña

Envasadoras de Aguas en México

Fábrica de Galletas La Moderna y Gates de México

EL AGUA O LA VIDA

HACE AÑOS SE TEMÍA QUE LAS GUERRAS VENIDERAS FUERAN POR EL AGUA: EL FUTURO NOS ALCANZÓ.

EL CRIMEN ORGANIZADO SE CONVIRTIÓ EN INSTRUMENTO DISUASIVO DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL.

HOY, EN MÉXICO, HAY 916 BATALLAS POR EL AGUA.

GOBIERNO, EMPRESAS Y DELICUENTES SE HAN MOVILIZADO CONTRA LAS POBLACIONES Y LOS ACTIVISTAS EN BUSCA DE SU BIEN MÁS PRECIADO.

YA HAY MILES Y MILES DE VÍCTIMAS, Y EL CAMBIO CLIMÁTICO LAS MULTIPLICARÁ.

EN ESTA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA VIENEN LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS RESPONSABLES, LAS REDES DE CORRUPCIÓN Y LOS MODUS OPERANDI, PERO EL DESASTRE AÚN PUEDE FRENARSE.

J. Jesús Lemus es un periodista desplazado. En mayo de 2008 lo secuestraron y lo encarcelaron en una prisión de máxima seguridad, donde fue procesado y sentenciado por una venganza desde el poder. Lo absolvieron en mayo de 2011. Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y la Casa de los Derechos de los Periodistas acompañaron su caso. A su salida de la prisión, desde donde describió el horror de la cárcel, ganó en Holanda el premio internacional Pluma a la Libertad de Expresión, que otorga la fundación no gubernamental Oxfam Novib / Rory Peck. Es autor de Los malditos (2013), Cara de Diablo (2014), Michoacán en guerra (2014), Mireles, el rebelde (2014), Tierra sin Dios (2015), El último infierno. Los malditos 2 (2016), y México a cielo abierto (2018), títulos publicados bajo sellos de Penguin Random House. Su actividad de escritor y periodista la compagina con labores de tallerista.

El agua o la vida
Otra guerra ha comenzado en México

Primera edición digital: agosto, 2019

D. R. © 2019, J. Jesús Lemus

D. R. © 2019, derechos de edición mundiales en lengua castellana:

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