Al terminar la guerra civil, España entera podía considerarse zona devastada. Para reconstruirla, Franco recurrió a una mano de obra totalmente gratuita: los presos políticos. Reducidos a la condición de esclavos por la patria, estos trabajadores forzados fueron quienes levantaron el Valle de los Caídos y pusieron los cimientos de la España del desarrollo.

Isaías Lafuente documenta con precisión el mapa de la explotación, los intereses económicos que animaron desde sus inicios el sistema de redención de penas, y cuantifica, por primera vez, las ganancias que el régimen de Franco obtuvo explotando a los vencidos. Además recoge testimonios de los propios reclusos (muchos ya muertos) para reconstruir la tragedia personal de aquellos hombres y mujeres que fueron las víctimas silenciadas del franquismo.

Isaías Lafuente

Esclavos por la patria

Un antídoto contra el olvido de la historia

ePub r1.0

Titivillus 01.06.19

Título original: Esclavos por la patria

Isaías Lafuente, 2002 (2018)

Diseño de cubierta: Planeta Arte & Diseño

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A cuantos padecieron el trabajo forzado

y sufrieron después un forzoso silencio.

A Andrea y a Javier, que nacieron con este libro

y ya están a punto de votar y de volar.

A Elvira y a Pablo, siempre.

Las tumbas de no sé quién

Prólogo a esta edición

A las puertas del verano de 2018, las biografías del archiconocido general Francisco Franco y de los desconocidos hermanos Manuel y Antonio Lapeña volvieron a cruzarse. Los tres acabaron en el mismo cementerio, el mausoleo del Valle de los Caídos, al que llegaron de maneras muy distintas. Por esos días y durante meses, en España se habló y se debatió mucho sobre la exhumación de los cuerpos de estos tres hombres.

Los hermanos Lapeña, militantes de la CNT en su pueblo natal, Villarroya de la Sierra, fueron fusilados en agosto y octubre de 1936. No se conoce procedimiento penal contra ellos ni juicio ni sentencia. Tras ser ejecutados, sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común de Calatayud y años después, en 1959, trasladados al Valle de los Caídos sin que sus familiares fuesen informados. Su historia es la de miles de víctimas del franquismo que fueron asesinadas, enterradas como animales en fosas comunes y sacadas posteriormente sin permiso y sin conocimiento de sus familias para ser trasladadas al monumento cuando el régimen tuvo que llenarlo para darle sentido. Fueron casi 34.000, de los que 12.410 son cuerpos sin identificar. El Valle de los Caídos es la mayor fosa común en España, país que tiene el dudoso honor de ser el que mayor número de desaparecidos tiene en el mundo, sólo por detrás de Camboya.

La exhumación de los hermanos Lapeña es fruto de una batalla legal que emprendió en 2012 María Purificación Lapeña, nieta y sobrina nieta de los hermanos fusilados, de la mano del abogado Eduardo Ranz. Su perseverancia propició la decisión de José Manuel Delgado, juez de primera instancia de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), que autorizó la exhumación por la aplastante razón de que «el derecho a recibir sepultura digna está indisociablemente unido a la dignidad propia de todo ser humano», reconocido en nuestra Constitución.

Tras la decisión del juzgado, el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, sostuvo un enfrentamiento insólito con la familia, con los tribunales y con el Estado, negándose a cumplir una sentencia firme que le obligaba a facilitar la exhumación desde 2016 y desoyendo posteriormente la petición del Senado para que acudiese a explicar las razones de su negativa. El monje, haciendo gala de una soberbia impropia, dijo que, si los senadores querían oírle, fueran a verle al convento. Su reino no es de este mundo.

La posibilidad de que la segunda exhumación se produzca, la de Franco, es consecuencia de la iniciativa política del Gobierno de Pedro Sánchez, que llegó al poder tras una moción de censura contra Mariano Rajoy e inmediatamente después se mostró dispuesto a dar respuesta a un anhelo largamente esperado por las víctimas del dictador y a cumplir con la Ley de la Memoria Histórica y con las recomendaciones del comité de expertos constituido en mayo de 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que concluyó que el mausoleo del dictador debía resignificarse, para lo que era obligado trasladar sus restos.

Esa primera propuesta del comité de expertos de levantar la losa de granito de 1.500 kilos de la sepultura para sacar a Franco del Valle de los Caídos llegó tarde, el 29 de noviembre de ese año, cuando el Gobierno de Zapatero estaba ya en funciones. El PSOE había perdido las elecciones unos días antes, precisamente el 20N, aniversario de la muerte del dictador. Así que el Gobierno socialista que solicitó el informe no pudo materializar las recomendaciones de los expertos y aquellos papeles quedaron dormidos durante el mandato de Mariano Rajoy, que nada hizo por la causa.

Pedro Sánchez quiso, además, cumplir con el mandato del Congreso de los Diputados, que apenas un año antes, en mayo de 2017, había aprobado por una aplastante mayoría de 198 votos a favor y 140 abstenciones instar al Gobierno del PP para que procediese a la exhumación y al traslado de los restos del general golpista. Sólo una diputada del PP votó en contra por error. Es verdad que la petición tenía mero valor simbólico por ser una proposición no de ley. Pero era la primera vez que el Parlamento español, tras cuarenta años de democracia, tomaba una decisión de ese calado. Y fue muy significativo el cambio de postura del PP, entonces en el Gobierno, porque apenas un mes antes se había opuesto a la medida en la Comisión Constitucional del Congreso. En realidad, el Parlamento pedía poner fin a un contradiós. No sólo porque es una ofensa que el victimario repose en lugar preeminente junto a las víctimas que fueron asesinadas por orden suya o de sus secuaces, sino porque Franco nunca debió descansar allí. Ni cayó en la guerra ni, a pesar de autoproclamarse caudillo de España por la gracia de Dios, alcanzó jamás la dignidad de obispo, cardenal o papa, que según el artículo 1242 del Código canónico son quienes tienen dignidad para ser enterrados en los templos cristianos.

Los franquistas se levantan

Aunque Pedro Sánchez insinuó que este nuevo alzamiento de Franco sería inminente, la decisión se fue dilatando. Y en ese tiempo de espera comenzaron a elevarse voces de herederos del franquismo que consideraban sacrilegio sacarlo de su tumba. Los voceros de la Fundación Francisco Franco tuvieron minutos de gloria en los medios de comunicación que aprovecharon convenientemente para blanquear la memoria de su mentor presentándolo como hacedor de una nueva España, autor de todo tipo de prodigios, incluso como precursor de la democracia de la que disfrutamos. Una rareza que sería insoportable en otras democracias respecto a las figuras de sus dictadores.

También reapareció el nieto del difunto, Francis Franco, que, a través de una carta dirigida al presidente Sánchez en el diario La Razón, además de comparar a las legítimas instituciones democráticas españolas con el sanguinario ISIS, por su afán de borrar nombres de calles, edificios, símbolos franquistas, manifestaba su «rotunda oposición» al traslado de los restos del abuelo y le recordaba que «el monumento no se hizo para seguir dividiendo a los españoles en dos bandos irreconciliables, como intenta obsesivamente el partido de este Gobierno desde la época de Zapatero con la Ley de la Memoria Histórica, que es una ley sectaria contra el “fantasma del franquismo”», y le conminaba a no hacer lo que su abuelo no hizo, «pues ni uno de los muertos allí enterrados lo fueron contra la voluntad de sus familiares vivos».

Es muy difícil mentir tanto en tan pocas líneas. Porque hoy es una evidencia demostrada, incluso para el español peor informado, que miles de los cuerpos allí sepultados fueron trasladados en los meses previos a la inauguración del Valle de los Caídos sin la debida información ni el consentimiento de muchas de las familias, que durante décadas llevaron flores a tumbas en donde ya no estaban sus deudos, y porque el monumento jamás fue concebido como símbolo de reconciliación alguna.

Y el desmentido no proviene sólo de las víctimas del dictador ni de investigadores e historiadores. A Francis Franco lo desmiente su propio abuelo, Francisco Franco, que el 1 de abril de 1940, en el primer aniversario del fin de la guerra, firmó el decreto que ordenaba construir el monumento de Cuelgamuros «para perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada» y para recordar «la dimensión de nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya». Para tal fin, prosigue el decreto de Franco, «es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos», porque los acontecimientos que recuerdan «no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia y los episodios gloriosos de sus hijos». Y remata: el monumento debe ser «lugar perenne de peregrinación» porque allí «reposan los héroes y mártires de la Cruzada».

Esa idea inicial expresada en el decreto que ordenó la construcción del Valle se mantenía viva diez años después del comienzo de la guerra cuando Luis Carrero Blanco, entonces subsecretario de Presidencia, firmó una orden, publicada en el BOE el 15 de julio de 1946, en la que se ampliaban los plazos para el traslado de restos mortales de víctimas de la guerra desde las sepulturas temporales en las que reposaban a fosas comunes de no llevarse a cabo la adquisición a perpetuidad de las tumbas, como establecía la normativa vigente. Se trataba «de evitar que, por falta de medios o por descuido de sus familiares, pudieran perderse algunos de los que dieron su vida por la Patria», en ese momento en que ya estaban adelantados los trabajos de construcción de la cripta que «en el Valle de los Caídos ofrecerá digna sepultura a los restos de los héroes y mártires de la Cruzada». Por ello, se ordenaba prorrogar indefinidamente el plazo de diez años estipulado para esas sepulturas temporales «cuando se trate de enterramientos de restos de caídos en nuestra Guerra de Liberación, tanto si perecieron en las filas del Ejército Nacional como si sucumbieron asesinados o ejecutados por las hordas marxistas en el período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939; o aún en fecha posterior, en el caso de que la defunción fuese a consecuencia directa de heridas de guerra o sufrimientos de prisión». Como se puede comprobar, todavía en 1946 la orden gubernativa sólo manifestaba consideración con los enterrados de un solo bando, el sublevado.

Se podría disculpar que la vinculación genética y el afecto derivado que genera obnubilen la percepción del individuo hasta la ceguera. Y que donde otros ven lo evidente, un cruel dictador, el nieto sólo sea capaz de recordar a un tierno abuelo. Pero no se puede retorcer la historia a base de mentiras. Francisco Franco ordenó levantar el monumento que acabaría siendo su tumba para perpetuar la memoria de su cruzada, su epopeya, sus héroes y sus muertos. Así que cualquier atisbo de reconciliación uno sólo lo puede apreciar en sus particulares sueños.

Aún más sorprendente que la andanada del nieto fue el manifiesto que 181 militares retirados, entre ellos ex altos cargos del Ejército, divulgaron el 31 de julio de 2018 en defensa de Franco. Un fervoroso escrito en el que bajo un elocuente título, Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España, afirmaban que «su figura ha sido vilipendiada hasta el extremo», denunciaban la «campaña infame» fruto de un «empeño visceral de revancha» y la «perversa pretensión» de la izquierda política de exhumar sus restos del Valle de los Caídos, un monumento que para ellos, como para el nieto del dictador, es «todo un símbolo de la reconciliación». Los militares firmantes concluían que el verdadero fin de la exhumación de los restos de Franco no es otro que el de hacer «desaparecer definitivamente al principal artífice» de la historia de España.

El manifiesto deja bien patente el carácter profranquista de sus firmantes a pesar de que Franco dinamitara con su golpe los principios de lealtad, disciplina y respeto a la ley que han de guardar los militares. Pero eso parece no importarles, porque los firmantes justifican el golpe de Estado de 1936 al presentarlo como lógica reacción de «la España agredida y asediada por el comunismo internacional». Como se desconoce en estos últimos cuarenta años una proclamación semejante de estos mismos militares en defensa de aquellos compañeros de armas que defendieron la legalidad democrática de la República con la que acabó Franco, la férrea defensa del sublevado deja bien patente su perfil progolpista.

Inquieta pensar que hasta hace muy poco tiempo muchos de ellos tuvieron mando en un Ejército que afortunadamente se ha modernizado y democratizado en las últimas cuatro décadas. Porque en la nómina de los firmantes originales y los que posteriormente se adhirieron conviven condenados por el intento golpista del 23F, como el comandante Dusmet y el inefable Pardo Zancada, que sigue presentándose como militar a pesar de haber sido expulsado del Ejército, junto a otros que tuvieron mando en tropa tanto en España como al frente de misiones internacionales en las que participó nuestro país.

Un gesto como el de este colectivo de militares sería impensable en Alemania y en Italia, sencillamente porque está penado. El Código Penal alemán no sólo castiga la propaganda y la exhibición de símbolos nazis, sino también a aquellos que niegan el Holocausto. También en Italia el Código Penal prevé desde 1952 penas de prisión y multa para quienes hagan «apología del fascismo». En España, sin embargo, no se contempla el delito específico de apología del franquismo. En sucesivos artículos, nuestro Código Penal sanciona la apología del crimen o el enaltecimiento de su autor (art. 18), contempla los delitos de incitación al odio, discriminación o violencia (art. 510), y castiga la difusión de ideas que «justifiquen los delitos de genocidio» o «pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas genocidas» (art. 607). Pero los requisitos para que estos delitos sean aplicables son tan restrictivos que en nuestro país resulta más fácil que te condenen por reírte de Carrero Blanco que por ensalzar públicamente al régimen dictatorial al que sirvió durante cuarenta años. De los cientos de firmantes del manifiesto, el Ministerio de Defensa sólo abrió expediente a cinco que aún permanecían en la reserva. Contra el resto, ya retirados, no pudo actuar por no tener «ninguna vinculación profesional» con el Ejército. Les salió gratis.

La nobleza de Franco

Todo este ruido suscitado por la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de poner punto final a una vergonzosa extravagancia histórica deja bien patente que nuestro país tiene una deuda pendiente con la verdad de su memoria reciente. Justo el día en que el Congreso de los Diputados debatía la moción de censura contra Mariano Rajoy, la misma tarde en que el presidente censurado abandonó el hemiciclo y se parapetó durante horas con un puñado de fieles en un restaurante dejando vacío su escaño, su todavía ministro de Justicia, Rafael Catalá, firmaba la concesión del Ducado de Franco a la nieta del dictador, Carmen Martínez Bordiú, vacante desde que muriese su madre, Carmen Franco, seis meses antes.

Aquel título que ahora recibía la nieta, con grandeza de España, fue creado y concedido a la hija del dictador deprisa y corriendo el 26 de noviembre de 1975, apenas una semana después del fallecimiento del dictador. En el decreto que lo instituye, firmado por el rey Juan Carlos, se afirma que se otorga la merced nobiliaria «en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren» y «deseando dar una muestra de mi real aprecio a doña Carmen Franco Polo». Sobre aprecios personales manifestados en el BOE nada diremos, aunque daría para hacerlo. Pero se desconocían entonces y se desconocen todavía hoy las excepcionales circunstancias y merecimientos que concurrían en la señalada, salvo haber sido hija de quien fue. Y no digamos en la actual heredera, de la que supimos, poco después de convertirse en duquesa, que había sido condenada a pagar a Hacienda más de medio millón de euros. Produciría urticaria imaginar en otros países títulos nobiliarios que llevasen el nombre de los feroces dictadores coetáneos de Franco. Pero España, en esto también, es diferente.

Con la creación y concesión de aquel ducado a su hija y a sus herederos, el sucesor de Franco cerraba en 1975 el cuadro de la nobleza franquista que el propio dictador abrió el 18 de julio de 1948, en una decisión de gran carga simbólica por la fecha elegida para hacerlo y por el perfil de los elegidos. Ese día, Franco hizo duques y grandes de España, a título póstumo, a José Antonio Primo de Rivera, a José Calvo Sotelo y al general Emilio Mola, con títulos creados para sí, aunque ya no pudieran disfrutarlos, y para sus descendientes. Junto a los muertos, también fue ennoblecido como conde del Alcázar de Toledo el general José Moscardó, entonces presidente del Comité Olímpico Español.

El diáfano decreto de 1948 deja patente, con verbo encendido, que con la concesión de esos honores se pretende señalar «con claridad diamantina nombres que por su heroísmo legendario, por su genio militar, por sus doctrinas políticas, por las rutas que marcaron y, en definitiva, por haber sabido despertar en las almas de miles de españoles hundidos en el escepticismo y la desesperación la ilusión de rescatar una patria perdida, bien merecen, tanto ellos como los servicios y hazañas que realizaron, quedar grabados para siempre en el libro de la Historia y recompensados, en prueba de gratitud nacional, con dignidades nobiliarias que sirvan además para perpetuo ejemplo de su grandeza». Son «personajes legendarios» protagonistas de «la Cruzada que España sostuvo durante tres años en defensa de Dios y de la Patria contra todas las fuerzas de la secesión política y social confabuladas para destruirla y contra los enemigos de la civilización cristiana».

En las vísperas de su muerte, Franco hizo duque a título póstumo a Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno, asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973. Y entre medias, creó más de treinta títulos que regalaron ducados, marquesados y condados a los generales golpistas Dávila, Yagüe y Queipo de Llano, al dirigente de las JONS Onésimo Redondo, y a la hermana del fundador de la Falange, Pilar Primo de Rivera, esa mujer peculiar que predicó que las mujeres debían alejarse de la política porque carecían de talento creador y que, sin embargo, dedicó más tiempo a la política que el propio Franco.

El actual Gobierno de Pedro Sánchez también se comprometió a estudiar las fórmulas para que el Ducado de Franco desaparezca. Si así sucede algún día, no sabemos qué pasará con la treintena de títulos que dignificaron a miembros de la élite de un régimen indigno, que hoy permanecen vigentes y ostentan sus herederos y que deberían seguir, lógicamente, el mismo camino. Porque su pervivencia es otra insoportable rareza en una democracia.

Son títulos que se han ido renovando a lo largo de las cuatro últimas décadas con automatismo acrítico y por Gobiernos democráticos de uno y otro signo. Con una sola excepción, la del ministro de Justicia socialista Francisco Caamaño, que decidió dejar dormir en un cajón las peticiones de sucesión que le fueron llegando durante su mandato. Tras su cese, cuando el PP volvió al poder en 2011, Alberto Ruiz Gallardón tramitó con diligencia hasta seis sucesiones de títulos nobiliarios de advocación franquista, entre ellos los de Queipo de Llano, Varela y Dávila.

Una vez más, llegamos tarde. Eliminar esa innoble nómina de títulos nobiliarios pudo haberse resuelto con la Ley de Memoria Histórica, que, en este asunto, tiene una inmensa laguna. Porque al referirse en su artículo 15 a la retirada de símbolos y monumentos del franquismo que las Administraciones públicas deberán promover, se refiere concretamente a «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura», olvidando estos títulos nobiliarios que evidentemente suponen una exaltación personal en virtud de la notable participación que estos nobles franquistas tuvieron en el golpe de Estado, en la guerra y en la posterior represión de la dictadura. Fue un olvido notable no contemplarlo.

Los carcas y sus abuelos

Tras la moción de censura, Mariano Rajoy abrió el proceso de sucesión dentro de su partido que culminó con la elección de Pablo Casado. Un hombre joven que, en 2009, cuando fue elegido presidente de las Nuevas Generaciones del PP, dijo lo siguiente:

Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de jóvenes son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en pleno siglo XXI no puede estar de moda ser de izquierdas, ¡pero si son unos carcas! Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la Memoria Histórica…

Pudo ser un error de juventud, un desliz cometido al dejarse llevar por la emocionante efervescencia de un mitin, pero no. En la recta final de su carrera por liderar el PP frente a Soraya Sáenz de Santamaría, Casado manifestó que «no gastaría un euro en desenterrar a Franco». Y ya elegido presidente del PP, insistió en que la intención de exhumar sus restos tan sólo era una «cortina de humo de un Gobierno incapaz de gobernar que reabre heridas ya cerradas y amnistiadas». Y acusó a Pedro Sánchez de «plantear cuestiones innecesarias, sólo por rédito electoral, con el riesgo de fracturar gravemente la sociedad».

Este monumental desprecio por la memoria de quienes lucharon por mantener un régimen democrático frente al fascismo resulta impropio de un político que ha acabado dirigiendo un partido que ha gobernado España durante trece años. Y deja bien claro que en las nuevas generaciones de españoles, aquellas que tuvieron la fortuna de no haber sufrido el franquismo ni en sus postrimerías, las actitudes frente a la reivindicación de la memoria no responden a un patrón único. Existen españoles que nada tuvieron que ver con las víctimas del franquismo y que, sin embargo, consideran de ley reivindicar su memoria. Y, por el contrario, otros creen asunto pasado y cerrado, «cosas de carcas», reivindicar a aquellos abuelos que, en muchos casos, dieron su vida por defender sus ideas y la democracia y habitan todavía hoy en esas «fosas de no sé quién».

Este es el caso de Pablo Casado, cuyo abuelo materno, Herman Blanco Ramos, fue firme defensor de los valores que dinamitaron el golpe de Franco, la guerra civil y su larguísima dictadura. Y pagó por ello. Este hombre, el mismo día del golpe del 36, se encerró en la Diputación Provincial de Palencia para defender junto a una treintena de compañeros del sindicato UGT al legítimo Gobierno. Fue detenido el 13 de agosto de 1936, sometido a un consejo de guerra y condenado a reclusión perpetua por el único delito de tener carnet de UGT. En 1941, con el aval de personas vinculadas al régimen, logró salir de prisión, aunque hasta 1956 no obtendría su libertad definitiva. Tuvo mejor fortuna que sus compañeros de encierro en la Diputación, que acabaron frente al pelotón de fusilamiento.

Más hiriente con las víctimas del franquismo y sus descendientes fue aún Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP durante los Gobiernos de Mariano Rajoy, cuando en una tertulia televisiva celebrada el 4 de noviembre de 2013 en 13TV afirmó que «algunas víctimas del franquismo sólo se acuerdan de sus padres cuando hay subvenciones». Cinco años después, apartado ya de los focos de la portavocía parlamentaria, en una entrevista en el diario El País reconoció a la periodista Natalia Junquera en agosto de 2018 que «me pasé cuatro pueblos y fui injusto» con las víctimas del franquismo, y pidió perdón por ello. La brutalidad de la acusación pasada habría merecido otro tipo de rectificación en tiempo y forma, menos campechana. Pero bueno, acusamos recibo.

No obstante, la oposición a exhumar al dictador no sólo se ha producido desde los partidos de derechas. Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno con Felipe González, reconoció en unos cursos de verano que no le gusta hablar del dictador porque «ya hizo sufrir mucho a España como para que estemos todo el día alrededor de Franco. Se murió, está enterrado y, ojalá que la piedra esa que tiene encima se hundiera, no me interesa nada». Y a renglón seguido, cargó contra «una serie de gente, por cierto jóvenes, que están todo el día boxeando con el fantasma de Franco». Días después, Albert Rivera dio la razón a Guerra cuando afirmó que «Sánchez debería centrarse en arreglar otros problemas, como la sanidad, la educación y, sobre todo, Cataluña». Como si fuese incompatible hacer lo uno y lo otro a un mismo tiempo.

Este tipo de afirmaciones forman parte del argumentario repetido hasta la saciedad desde que Pedro Sánchez anunciara la intención de su Gobierno de sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco. Razones construidas a base de preguntas tramposas que parecerían impropias de una democracia madura. Porque la pregunta clave no es por qué exhumar los restos de Franco ahora, sino por qué no se ha hecho hasta ahora. Porque lo extraño no es que un Gobierno democrático se marque esta prioridad ahora, sino que otros tantos Gobiernos no lo hayan considerado o hayan hecho caso omiso cuando fueron apelados desde el Parlamento para hacerlo. Así que lo verdaderamente anormal no es la urgencia del actual Ejecutivo, sino los cuarenta y tres años de retraso acumulados por otros, de todos los colores, que no quisieron o no se atrevieron a llevarlo a cabo. Y si el entierro se ordenó en 1975 al prior del Valle por carta de un rey preconstitucional, no se entiende qué carencia puede atisbarse en el decreto de un Gobierno democrático convalidado por el Congreso de los Diputados.

La votación de ese decreto se produjo finalmente el 13 de septiembre de 2018. Salió adelante a pesar de la abstención del PP, un partido que ya se abstuvo en la proposición no de ley promovida por el PSOE y cuyo Gobierno renunció a materializarla. Así que era previsible. Más sorprendente fue la abstención de Ciudadanos, una formación que en aquella primera votación se manifestó a favor de pedir al Gobierno de Rajoy la exhumación de Franco y ahora que el de Sánchez se mostraba dispuesto a ejecutarla dio un paso atrás. La votación se cerró con una emocionante ovación de más de dos minutos que brotó sólo en la mitad del hemiciclo. Porque no fue secundada por los diputados del PP y Ciudadanos, que también se abstuvieron de aplaudir.

Las abstenciones, siempre legítimas, son también difíciles de leer y de explicar. Podría pensarse que estos partidos no tuvieran claro qué hacer, una indecisión difícil de justificar habiendo tenido cuatro décadas para meditarla. Puede que en el seno de sus formaciones haya opiniones divididas y creyeran que la abstención es el mejor camino para conjugarlas. O puede que, dispuestos a pescar en todos los caladeros, optasen por hacer un guiño a sus extremos, olvidando que para esos potenciales votantes todo lo que no sea un no será considerado traición. En fin, lo que se votaba era muy claro: si una democracia puede seguir soportando la vergüenza de tener enterrado con honores a quien acabó con la democracia y con muchos de quienes la defendieron. Y a algunos parece que, en el mejor de los casos, no les importa.

¿Qué será del Valle sin Franco?

En el momento de entregar este libro revisado, la exhumación del dictador aún no se ha producido. El decreto prevé el plazo máximo de un año para que se lleve a cabo. La familia Franco, que a modo de órdago insinuó en un primer momento que no se haría cargo de los restos, presentó sus alegaciones ante el Ministerio de Justicia oponiéndose al traslado, aunque en el mismo escrito anunció su deseo de que, si finalmente se produce la exhumación, los restos del dictador sean enterrados en la capilla que la familia tiene en la madrileña catedral de la Almudena con honores militares.

Si unas elecciones anticipadas no hacen decaer el intento, tras la salida de los restos de Franco habrá que decidir qué hacer después con el monumento. Se ha oído de todo. Desde dinamitarlo hasta dejarlo al albur del paso del tiempo para que la naturaleza lo vaya devorando poco a poco, como propuso Peridis. Lo normal sería seguir las recomendaciones de la comisión de expertos, que en 2011 propuso darle un nuevo significado. Esa parecía también la intención del Gobierno, pero en el mes de agosto de 2018, tras visitar en Santiago de Chile el Museo de la Memoria y en unas sorprendentes declaraciones, Pedro Sánchez afirmó que «por las connotaciones y por el valor simbólico» que tiene el monumento, el Valle de los Caídos no cumple los requisitos para convertirse en un espacio de reconciliación que ayude a restañar las heridas de la guerra civil española. Es decir, que «no se puede resignificar».

Todo es discutible, desde luego. Pero lo indiscutible es que no se conoce ninguna connotación sobrevenida en los últimos meses que haya modificado el simbolismo de la actual tumba del dictador. Son exactamente las mismas que imaginó el propio Franco cuando ordenó construirlo para perpetuar su cruzada, las mismas que le dio cuando lo inauguró veinte años después y las mismas que permanecen desde que fue allí enterrado hace cuarenta años, convirtiéndose así en su mausoleo y en punto de encuentro de sus nostálgicos herederos ideológicos.

Y como en estas cuatro décadas no se ha tocado una piedra del Valle de los Caídos, no existe connotación nueva que no viera el comité de expertos designado por Zapatero en 2011 ni el relator de la ONU que lo visitó en 2014 cuando pidieron una resignificación del monumento. Lo mismo que reclamó ocho meses antes de realizar estas declaraciones en Chile, por cierto, el PSOE de Pedro Sánchez desde la oposición en la ya citada proposición de ley que contemplaba la reconversión del monumento «en un centro nacional de memoria». Así que son difíciles de entender las razones de este monumental giro argumental del presidente.

La paradoja llega al absurdo si consideramos que la mera exhumación de los restos de Francisco Franco, que suponemos que el Gobierno no reconsiderará si tiene tiempo de llevarla a cabo, ya supondrá una clara resignificación del monumento. O que será un imposible hacer del Valle de los Caídos un cementerio civil, como propuso Sánchez en Chile, si no se desacraliza la basílica en donde están enterrados los cuerpos, es decir, si no se resignifica.

No se ignora que no será tarea fácil dotar de un nuevo significado a ese monumento. Pero no parece que sea un imposible, ni siquiera más difícil que reconvertir una factoría de la muerte como fue Auschwitz en una vacuna contra la barbarie que encarnó el régimen que lo creó. Salvando todas las distancias, el Valle de los Caídos es también perfecto símbolo del dictador que ordenó construirlo y del régimen que protagonizó.

Como ya escribí en su día, en sus piedras está grabado a fuego el desvarío megalómano forjado sobre los escombros de un país empobrecido, el sucio matrimonio entre la Iglesia y una dictadura que pisoteó buena parte de sus mandamientos y la humillación de los vencidos y de sus familias, que no encontró límites ni cuando hubo que rellenar de cuerpos sus criptas para blanquearlo antes de su inauguración. Hasta la pesada losa de granito que cubre la tumba de Franco podría convertirse en pieza museística que recuerde por siempre la tibieza y la lentitud de nuestra democracia para enterrar de forma adecuada una de las etapas más negras de nuestra historia. Lo único que hace falta es explicarlo convenientemente.

Este libro que Planeta decide reeditar dieciséis años después puede contribuir a esa explicación. En sus páginas se documenta cómo el Valle de los Caídos, paradigma de tantas cosas, lo es también de una de las formas de represión más sofisticadas y brutales del régimen de Franco, también de las más desconocidas: la explotación de los presos republicanos que se fraguó ya durante la guerra y se mantuvo y se perfeccionó durante años cuando ésta acabó, especialmente durante la terrible década de los 40.

La condición marginal de esa forma de represión queda patente en la Ley de Memoria Histórica, que dedica un artículo a las edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos y compromete que «el Gobierno, en colaboración con las demás Administraciones públicas, confeccionará un censo de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas». El artículo no incluye otro tipo de trabajos, como los realizados en los destacamentos penitenciarios, muy semejantes a los que contempla la ley, ni aquellos desarrollados por los presos políticos republicanos en los talleres penitenciarios y en los destinos, que aun siendo menos duros que los primeros también formaron parte del muy rentable sistema de explotación de presos por parte del régimen franquista. Quizás sea sólo un olvido. En todo caso, del famoso censo nada sabemos once años después.

Más sangrante resulta otro olvido. En octubre de 2002, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición de Izquierda Unida para honrar la memoria y reconocer la explotación de los esclavos del franquismo. El PP, entonces en el Gobierno, se sumó a la propuesta, aunque no aceptó que estas personas recibieran compensaciones económicas, como habían pedido el resto de los grupos y en la línea de lo que ya habían hecho el Gobierno alemán y las principales empresas privadas que se sirvieron de estos trabajadores forzados del nazismo. Todo quedó en una declaración de buenas intenciones, porque en estos tres lustros no se ha producido ningún homenaje oficial a nivel nacional hacia estas víctimas de la represión.

Fueron estas personas explotadas por el régimen de Franco hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, que vieron truncada su vida por la contienda y por la posterior represión en las cárceles. Muchos de ellos entraron forzosamente en el sistema recién abandonada la adolescencia y se han ido haciendo viejos sin que su historia haya sido debidamente contada y sin que el sufrimiento infligido por la dictadura golpista haya sido debidamente reconocido y resarcido por la democracia.

La inmensa mayoría de ellos ya no vive. También han ido muriendo muchos de quienes hace dieciséis años me brindaron su testimonio. Pero si de alguna manera vivimos mientras alguien nos recuerda, este libro sólo pretende mantener viva su memoria.

Una historia de viejos

Introducción

Esta es, necesariamente, una historia de viejos. Quienes aún viven para poder rememorarla lo son. Han pasado casi ochenta años desde el final de nuestra guerra civil. Los más jóvenes de los que padecieron trabajo forzado durante el régimen de Franco, detenidos cuando apenas rozaban la mayoría de edad, se acercan ahora a los cien años. Muchos, lógicamente, ya no pueden contarlo.

Las historias de viejos producen siempre sentimientos encontrados. Cuando uno escucha sus penalidades, se produce una solidaridad tan sincera como breve, tan matizada por la distancia de los acontecimientos que a veces se desvanece en el instante que sigue al fin de su relato. Y eso si les dejamos terminar. En nuestra cultura de vértigo, cuesta seguir sus narraciones dilatadas, a veces dispersas. Con nuestra atención saturada por referencias presentes, cuesta situarse en escenarios que, aunque muy próximos en la historia, nos parecen extemporáneos.

La verdad es que lo son. No tendría que ser éste el tiempo dedicado a escuchar sus historias. Lo teníamos que haber hecho antes, pero no fue momento para ello. Estábamos tan concentrados en construir el futuro que procuramos no perder mucho tiempo en echar vistazos al pasado. La opción fue eficaz. Se fraguó un pacto de silencio sobre las responsabilidades de los verdugos y de quienes los ayudaron o los sostuvieron, sellado por la Ley de Amnistía de 1977, para que los hijos de las víctimas pudieran recuperar la democracia por la que sus padres lucharon, siéndoles finalmente negada. Después alguien llegó a la conclusión de que el perdón de los verdugos nada tenía que ver con el olvido de sus víctimas y la democracia reparó, indemnizando a algunas de ellas, parte de su deuda histórica.

La revisión de la era de Franco aún continúa. Suele reactivarse al ritmo que marcan las efemérides, lustro a lustro, década a década, con una cadencia a veces insoportable para la biología de quienes la padecieron. Además, todas las medidas compensatorias para con las víctimas, las económicas y las morales, se adoptan con más dificultades de las que cabría esperar en un país democráticamente maduro y con las heridas pasadas cicatrizadas. Seguramente aún no lo están y la razón de la tardanza en cerrarlas esté en que de la misma forma que aún quedan víctimas vivas, aunque sean pocas, también quedan vivos y activos políticamente algunos de quienes tuvieron protagonismo en el régimen de Franco o de sus herederos ideológicos.

En fin, como para restañar convenientemente las heridas lo mejor es examinarlas, este libro tiene por objeto escudriñar una de las más dolorosas, también de las más olvidadas: la historia de decenas de miles de españoles que después de la guerra civil fueron encarcelados y explotados laboralmente por haber defendido la legalidad contra la que Franco se sublevó. Fueron convertidos en delincuentes a base de estrafalarios procesos fabricados por tribunales ilegítimos que dictaban sentencias en virtud de una legislación concebida con ese único fin, se les humilló obligándoles a reconstruir lo destruido, se les apartó durante años de sus familias haciendo que su pena tuviera una repercusión devastadora sobre ellas. La explotación laboral de los vencidos en beneficio del régimen vencedor y de la industria privada afín no es un mal exclusivamente español. Franco tuvo en Hitler y en Mussolini buenos maestros.

La comparación con ellos, sobre todo con la brutal maquinaria asesina de Hitler, suele ser el argumento preferido de unos y de otros para criminalizar o para salvar la imagen de Franco. Los argumentos en ambos casos son falaces. Es evidente que Franco no fue Hitler, como es evidente que no serlo tampoco santifica su perfil. De la misma forma que a la mujer vejada no le consuela la existencia de mujeres sometidas a violaciones múltiples, la existencia de sistemas de explotación más crueles no le resta un ápice de dureza al que Franco concibió y utilizó con sus presos.

A lo largo del libro veremos cómo desde el principio Franco utilizó como mano de obra barata a sus presos y prisioneros, antes incluso de concluir la guerra. Los explotó a todos y en todo, haciéndolos trabajar dentro y fuera de las prisiones, en todo el país, en todos los sectores productivos, en todo tipo de obras, en todas las categorías profesionales. Y, sobre todo, en beneficio de su régimen. La idea de la venganza, obligando a reconstruir sólo a la mitad de los que destruyeron, y la búsqueda del beneficio están presentes desde el principio en un sistema que se disfraza después bajo el ropaje de la «redención de penas». Y no como una consecuencia sobrevenida, inesperada. Rentabilizar al máximo el trabajo de los presos en beneficio de la Hacienda Pública es un fin que se busca obsesivamente desde el comienzo y se persigue mientras dura el sistema, perfeccionando sus mecanismos hasta los límites del robo y la rapiña.

¿Son estos presos trabajadores forzados? Lo son. ¿Son esclavos? Según la definición académica, sería difícil calificarlos de otro modo. En todo caso, no es mi interés principal calificar las cosas, sino intentar documentarlas.

De la misma forma que hay gente que comienza a ojear los periódicos por el final, este es un libro que puede comenzar a leerse del mismo modo. Uno de sus anexos contiene la relación pormenorizada, aunque no total, de las obras, industrias y empresas para las que trabajaron los presos republicanos. El repaso de esa impresionante lista nos permite acercarnos inmediatamente a la magnitud del fenómeno, y será muy útil a muchos en un país en el que ya ni siquiera todo el mundo sabe que el Valle de los Caídos existe, así que mucho menos que fue construido en parte por presos políticos. Para los niños de hoy, por fortuna, la visita a Cuelgamuros ya no es una excursión obligada.

Ese primer vistazo también nos permitirá ver las cosas con una perspectiva diferente, no de pasado, sino de presente, porque nos hará caer en la cuenta de que muchas de las obras que construyeron estos presos republicanos forman parte de nuestro paisaje cotidiano: algunos, sin saberlo, habitan casas, viven en pueblos o circulan por carreteras construidos por presos, muchos trabajan o son accionistas sin saberlo de empresas en las que trabajaron presos, muchísimos beben o riegan sus tierras con agua proveniente de embalses o canales construidos por presos…

En un segundo anexo queda constancia de las fuentes en donde han sido obtenidos los testimonios de los protagonistas. Algunos son fruto de conversaciones con ellos, otros han sido recogidos en libros de memorias, o provienen de libros de investigación sobre la posguerra española, de reportajes periodísticos y programas de televisión. Bucear en ellos me ha permitido rescatar testimonios de hombres y mujeres que ya no viven para contarlo o, sencillamente, que no están en condiciones de hacerlo.

Son muchas las personas que me ayudaron en la elaboración de este libro. Pero me gustaría que quedase constancia de una colaboración esencial, la que me brindaron desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para bucear en aquellas Memorias del Patronato para la Redención de Penas, que, increíblemente, no habían sido convenientemente revisadas hasta aquel momento. Las responsables de su biblioteca y archivo, Lourdes Toscano y Amparo Fernández, tuvieron conmigo una paciencia infinita durante meses. Casi tanta como Elvira y nuestro hijo, Pablo, que soportaron el encierro forzoso para escribir este libro sin olvidarse de mí. El pequeño Pablo comenzaba a corretear mientras escribía el texto, «Escavitos po la Patia», lo llamaba con ternura y con su media lengua. Hoy es un joven universitario que votará por primera vez en las próximas elecciones que se convoquen. De su generación dependerá que se cierren definitivamente capítulos de nuestra historia que inexplicablemente aún hoy permanecen abiertos y no convenientemente recordados. Capítulos de una cruel guerra que no acabó cuando acabó la guerra.

1
Un país partido y destrozado

La guerra civil española no acabó el 1 de abril de 1939. Casi mil días de duros combates dejaron un país devastado en lo material y en lo moral. Una vez dictado el parte de la victoria, una nueva guerra se abrió en dos frentes. Uno, el que mantuvo a Franco ocupado en la identificación, la persecución y la eliminación física o civil de los vencidos. Otro, en el que tuvieron que combatir los españoles de uno y otro bando, en diferentes condiciones, eso sí, para superar la dureza de un tiempo de aislamiento marcado por la miseria y por el hambre. Esta segunda guerra civil fue mucho más prolongada que la primera y seguramente, salvo en el número de muertes, mucho más dura. Toda guerra deja tras de sí un pequeño puñado de vencedores. En este caso, parafraseando el último parte de guerra de Burgos, podríamos afirmar que, cautivo y desarmado el Ejército rojo, al final fue el país entero el que resultó derrotado.

La destrucción material fue brutal. Casi 200 pueblos y ciudades sobre los que se había dibujado el frente de guerra quedaron prácticamente borrados del mapa, destruidos en más del 60%. En todo el país, 250.000 viviendas fueron reducidas a escombros, otras tantas quedaron en tal situación que no podían ser habitadas. La red de carreteras, las líneas ferroviarias y obras civiles de carácter estratégico resultaron seriamente dañadas. Sólo en Cataluña, más de 1.400 puentes fueron volados. En el resto de España, el panorama de las infraestructuras es desolador: puentes en ruinas, estaciones de tren pulverizadas, centenares de kilómetros de carreteras y vías férreas arrasados.

Casi la mitad del ya precario parque automovilístico quedó inservible. Lo mismo sucedió con las infraestructuras ferroviarias: el 40% de las locomotoras de tren y de los vagones de carga quedó inutilizado, la mitad de los 5.000 coches de viajeros quedó seriamente dañada y uno de cada cinco resultó destrozado. Buena parte de la flota de barcos comerciales, más de 225.000 toneladas, acabó en el fondo del mar.

Y junto a la devastación material, el drama humano. Cuatro millones de personas quedaron sin hogar. La mayor parte de ellos carecía además de recursos para reconstruirlo y muchos menos aún podían permitirse el lujo de comprar una vivienda nueva o pagarse un alquiler. Tampoco las había. Así que cientos de miles de personas buscaron cobijo en casas de familiares o amigos, muchas familias con hijos reemprendieron sus vidas como realquilados, viviendo hacinados en una habitación con derecho a cocina.

La destrucción consecuencia de la guerra actuó como una durísima hipoteca que los españoles tuvieron que afrontar a muy largo plazo. Una inmensa deuda que debía pagar además un país empobrecido. En 1940 el valor de nuestra moneda se había reducido a la mitad respecto a 1936, la renta nacional había retrocedido a niveles de 1914, mientras que la renta por habitante bajó un 14% respecto a la registrada antes de comenzar la guerra. España es un país pobre en el que sus ciudadanos multiplican su pobreza por una incesante escalada de precios que conoce en la década de los 40 tasas anuales que van del 13 al 23 por ciento. Cae el consumo privado. El país tiene poco que exportar y no tiene a quien vendérselo, salvo a nuestros aliados: la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini.

Pero la alianza tiene un alto precio. Paradójicamente, nuestros únicos amigos se convierten además en nuestros principales acreedores. La deuda contraída con Alemania e Italia por la ayuda prestada en la guerra civil al Ejército de Franco era, respectivamente, de 1.200 millones y 600 millones de pesetas oro, una factura que estos países, embarcados ya en un conflicto mundial, estaban dispuestos a cobrar en metálico, en bienes o en intereses mineros. O en vidas humanas. Franco creó la División Azul y envió a miles de jóvenes españoles a que sirvieran de carne de cañón al Ejército alemán en el frente ruso. Miles de productores españoles salieron al inicio de los años cuarenta para trabajar en las empresas de la Alemania de Hitler.

El régimen de Franco intentó contrarrestar la situación económica crítica con una política dirigista: interviniendo la fabricación de productos básicos, fijando los precios e imponiendo el racionamiento de los alimentos. El 14 de mayo de 1939, se implanta la cartilla de racionamiento, que se presenta como una medida temporal, pero que se mantuvo vigente durante trece años, un mes y un día. Un periodo que suena a condena. En el preámbulo del decreto que establece esta medida excepcional, el Gobierno de Franco apela a «la necesidad de asegurar el normal abastecimiento de la población y de impedir que prospere cierta tendencia al acaparamiento de algunas mercancías». Las consecuencias del racionamiento fueron exactamente las contrarias: produjo un abastecimiento anormal y fomentó de tal manera el acaparamiento que se generó un inmenso mercado negro. En este comercio ilegal, los precios de productos básicos para la alimentación como el trigo, la harina, el pan y el aceite duplicaron y hasta triplicaron las cifras voluntariosamente establecidas por el Gobierno para el mercado oficial.

El estraperlo enriqueció a unos pocos y ayudó a otros cuantos a esquivar la miseria absoluta mediante el trapicheo, pero hizo más pobres a casi todos. Disparó los precios, y el cóctel de inflación desbocada y precarios salarios controlados fue una bomba que estalló, como casi siempre, en las manos de los más pobres. Los cuarenta fueron años en los que racionamiento, mercado negro, escasez, pobreza y hambre configuraron el perfil de una sociedad malherida.

Un país vaciado

La sangría humana consecuencia de la guerra, de sus secuelas y de la represión posterior, fue terrible: medio millón de muertos víctimas directas de la contienda, un cuarto de millón de exiliados, 270.000 presos en cárceles y campos de concentración y una cifra que pudo llegar a superar los 100.000 fusilados. Y entre los que sobrevivieron y se quedaron, la enfermedad hizo mella con auténticas epidemias como la tuberculosis, que cada año mataba a más de 30.000 españoles. Y el hambre. Y la División Azul. Y los productores con destino a Alemania…

Esta situación provocó que la cifra de la población laboral en activo se redujese drásticamente en más de 500.000 personas. Eso no facilitó, sin embargo, que quienes sí podían trabajar encontrasen empleo. El mercado laboral no sólo menguó de forma dramática, sino que, además, se desajustó. Algunos oficios cualificados carecían de una mano de obra que había sido masivamente encarcelada, mientras muchos españoles sin cualificación no conseguían encontrar un puesto de trabajo con el que poder alimentar a sus familias en esta situación crítica. Al no existir aún ningún sistema de protección social, no tener un empleo no era sólo un drama personal; era, sencillamente, una cuestión de supervivencia: no trabajar podía significar morir de hambre.

Los desplazamientos por el país y la búsqueda de trabajo se controlaban por un sistema de salvoconductos y de avales que no eran sino certificados de buena conducta política y religiosa, más difíciles de conseguir para aquellos que habían defendido la democracia frente a los sublevados: la adscripción al nuevo régimen era el pasaporte necesario para desenvolverse en la vida cotidiana. Media España se convirtió así en gendarme de la otra media. Incluso el Ejército se diseñó pensando más en la represión interior que en la defensa exterior.

Todos a la cárcel

Junto a esa derrota global, que afectó a casi todos los españoles por igual, cientos de miles de ciudadanos tuvieron que soportar en sus carnes las consecuencias del ensañamiento de Franco con los vencidos. Porque no contento con la victoria militar, el golpista convertido ya en dictador y la élite que le ayudó en la aventura buscaron también la derrota moral de sus enemigos.

Todas las guerras dejan en los frentes bombas sin estallar. Y entre quienes combatieron en bandos enfrentados dejan otras, quizás invisibles y de efectos retardados, pero igualmente devastadoras para la convivencia. Sólo la generosidad de los vencedores puede actuar en estas situaciones como elemento desactivador de estas bombas sociales. En el caso español, esa generosidad no se produjo. Aunque la propaganda oficial no dejara de proclamarla, a sus dirigentes se les escapaba la verdad a la primera de cambio. El 3 de abril de 1939, apenas cuarenta y ocho horas después de decretar el fin de la guerra, Franco habla desde los micrófonos de Radio Nacional: «¡Españoles, alerta! España sigue en guerra contra todo enemigo del interior o del exterior, perpetuamente fiel a sus caídos».

Esa proclamación cuartelera, lejos de caer en el vacío, se llena enseguida de contenido y el régimen de Franco sienta los cimientos legales de un monumental aparato represivo basado en dos principios antijurídicos: la arbitrariedad y la retroactividad. Las puertas de todas las cárceles, las que había y las que hiciese falta crear —hasta 500 en todo el país—, se abrieron inmediatamente: unas, para sacar a todos aquellos que, al margen de la gravedad de los delitos cometidos, hubieran apoyado la sublevación de Franco o pudieran demostrar convenientemente su pedigrí fascista; las otras, para encerrar a todos aquellos que, aun sin cometer delito más grave que el de haberse mantenido fieles a un régimen legalmente constituido, se hubiesen opuesto al golpe de Franco.

La operación fue rápida. Un decreto fechado el 23 de septiembre de 1939 ordena la salida de prisión de cuantos demostrasen su afección al régimen, sea cual fuere su delito. No lo llama así porque a Franco la palabra le provocaba sarpullidos, pero lo que se decreta ese día fue una auténtica amnistía general para los suyos:

Se entenderán no delictivos los hechos que hubieran sido objeto de procedimiento criminal por haberse calificado como constitutivos de cualesquiera de los delitos contra la Constitución, contra el orden público, infracción de leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones y de cuantos con los mismos guarden conexión, ejecutados desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936, por personas de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional y siempre que aquellos hechos por su motivación político-social pudieran estimarse como protesta contra el sentido antipatriótico de las organizaciones y gobierno que por su conducta justificaron el Alzamiento.

Liberados los unos, el régimen comenzó a tejer una auténtica maraña de leyes que establecieron las condiciones necesarias para que todo aquel ciudadano de izquierdas que hubiese mostrado la más mínima adhesión a la República o la hubiera defendido tras el levantamiento militar fuese condenado penalmente y encarcelado o señalado, perseguido y castigado civilmente hasta convertirlo en una especie de apestado en la nueva España. La jurisdicción militar obró el prodigio antijurídico de encarcelar o llevar ante el pelotón de fusilamiento a miles de personas que, habiendo defendido la legalidad democrática frente a los sublevados, fueron, sin embargo, condenados por delitos de traición y rebelión o, ampliando hasta el infinito el ámbito de persecución penal, también por «adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación a la rebelión contra el Glorioso Movimiento Nacional».

En un primer momento, el régimen hubo de poner en marcha una monumental maquinaria judicial, excepcional y de excepción, para poder juzgar a los más de 280.000 detenidos entre 1939 y 1940. Se crearon diez auditorías provisionales y decenas de tribunales militares. Un ejemplo de la extensión de su actuación lo encontramos en Albacete, en donde según datos de Ortiz Heras citados por Francisco Moreno, coautor de Víctimas de la guerra civil, el número de personas procesadas representó casi el diez por ciento de la población provincial. Del total de los condenados, tres de cada cien fueron ejecutados. Eran juicios rápidos, a veces múltiples, con acusaciones sustentadas casi siempre en una mera denuncia interesada y en los que el acusado no podía contar con unas garantías mínimas de defensa.

Junto a esa persecución que ejercieron eficazmente tribunales militares y consejos de guerra en aplicación de la legislación castrense, la arquitectura penal del nuevo régimen se fue perfeccionando con otras normas que buscaban además la muerte civil de los derrotados. Normas como la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939; la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, de 1 de marzo de 1940, y la Ley para la Seguridad del Estado, de 29 de marzo de 1941.

La Ley de Responsabilidades Políticas tuvo como objeto la persecución genérica de «quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja», tal y como señalaba en su preámbulo. Castigaba tanto a personas físicas como jurídicas, establecía la responsabilidad política de individuos mayores de 14 años que ni siquiera tenían edad para ejercer el derecho político del voto en tiempo de la República, y sentó un catálogo tan pormenorizado de responsabilidades que iban desde haber sido diputado, ministro o alto cargo del Gobierno del Frente Popular a haber sido afiliado, candidato, apoderado o interventor de mesa electoral de todos los partidos que lo compusieron, que fueron, además, declarados ilegales. Ni siquiera era necesaria una vinculación orgánica con estos partidos o con asociaciones y sindicatos de izquierdas afines. El mero hecho de «haberse significado públicamente» en favor del Frente Popular o de los partidos y agrupaciones de su órbita política era razón suficiente para enfrentarse a las consecuencias de esta ley. De esta manera, Franco convirtió a media España en presuntos delincuentes. El miedo inoculado pervivió más allá de la vigencia de la ley. Muchos padres, incluso en las etapas finales de la dictadura, aconsejaban prudentemente a sus hijos que no «se significaran» políticamente.

La ley tenía, además, efectos retroactivos y extendía su acción a delitos cometidos desde octubre de 1934. Si no fuese por las consecuencias bárbaras que tuvo esta norma, la cosa parecería de chiste. Cualquier abogado podría haber sentado en el banquillo al propio Franco, pues en aquellas fechas el futuro caudillo era tan fiel servidor de la República como las decenas de miles de ciudadanos que se encargó de perseguir mediante esta norma.

Las penas previstas consistían en la inhabilitación, el extrañamiento, el confinamiento o el destierro, y en sanciones económicas que iban desde el pago de multas hasta la incautación de todos los bienes, lo que supuso, además del castigo individual, una condena derivada para las familias de los perseguidos. La Ley de Responsabilidades Políticas pretendía, según sus palabras, «liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron a forjar la subversión» y conseguir la «reconstrucción espiritual y material de la patria». Fue una especie de botín de guerra cobrado por los vencedores en diferido.

Esta norma, además, fue la que instauró el sistema de depuración que limpió de rojos el cuerpo de maestros y catedráticos, el cuerpo de funcionarios de la Administración, y, por extensión, permitió hacer lo propio en casi todos los colegios profesionales del país. A los depurados sólo les quedaron entonces dos opciones: o aceptar volver a comenzar de cero en un medio profesional hostil o tomar el camino del exilio.

No contento con esta ley de criminalización global, Franco dicta otra específica para dar rienda suelta a dos de sus más profundas obsesiones: limpiar España de masones y comunistas. Aunque la Ley de Responsabilidades Políticas ya preveía específicamente en su artículo 4 la persecución de quienes pertenecían o hubieran pertenecido a la masonería, considerada por el legislador «una secta», e indirectamente perseguía a los comunistas por haber formado parte del Frente Popular, la posterior Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940, cuyo objeto de persecución es evidente, no sólo disolvió y prohibió ambas organizaciones, incautándoles todos sus bienes, sino que agravó los castigos previstos para sus integrantes. A partir de la publicación de esta ley, los delitos de masonería y comunismo fueron castigados con penas de cárcel que iban desde la reclusión menor hasta la reclusión mayor, dependiendo del grado de responsabilidad que hubiera adquirido el condenado en cada una de las organizaciones. La ley preveía entre las circunstancias atenuantes para adelgazar la pena definitiva la retractación y la delación, es decir, tendrían un mejor tratamiento penal quienes abjuraran públicamente de su condición o traicionaran a sus compañeros delatándolos o suministrando información sobre sus respectivas organizaciones.

La nueva ley se aplicó con tal creatividad que permitió sacar de debajo de las piedras a un verdadero ejército de masones, más de 80.000, cuando antes de comenzar la guerra apenas había 5.000 en todas las logias de España.

Para justificar esta brutal persecución, en las primeras líneas de esta norma, que rubrica el propio Franco, se afirma que la «acción conjunta» de masones y comunistas ha estado detrás de todos los males de nuestra historia y de su decadencia: «en la pérdida del imperio colonial español, en la cruenta guerra de la Independencia, en las guerras civiles que asolaron a España durante el pasado siglo y en las perturbaciones que aceleraron la caída de la Monarquía constitucional y minaron la etapa de la Dictadura, así como en los numerosos crímenes de Estado». Obsérvese el pequeño detalle de que la ley carga sobre las espaldas de los comunistas acontecimientos que se produjeron antes de que Marx escribiera el Manifiesto comunista y muchísimo antes de que el PCE se constituyera en 1921. Así era Franco cuando se disponía a doblegar la historia.

Si la Ley de Responsabilidades Políticas persiguió la disidencia pasada, la Ley de Seguridad del Estado otorgó al régimen de Franco la posibilidad de perseguir como delito cualquier disidencia futura. El preámbulo de la norma afirma que las leyes penales vigentes son imperfectas y no dan de sí para perseguir «muchos de los delitos contra el prestigio y la seguridad del Estado». Y aunque reconoce que será conveniente promulgar un nuevo Código Penal que recoja «las esencias del régimen vigente», afirma que, mientras llega, «el Estado no puede permanecer inerme en la persecución de determinados delitos». Esta ley, más dura aún que la anterior, perseguía todo tipo de delitos: desde la traición, la sublevación y la posesión de armas, delitos que castigaba con la pena de muerte, hasta la mera difusión de «noticias o rumores falsos, desfigurados o tendenciosos, dirigidos a perjudicar el crédito o la autoridad del Estado», que podían ser castigados con penas de hasta diez años de prisión si esos rumores se difundían en el extranjero. La persecución de estos delitos quedaba aún encomendada a la jurisdicción militar.

En definitiva, toda esta arquitectura punitiva podría resumirse en una sola premisa: todo lo que no fuera adhesión al nuevo régimen sería perseguido, en diferentes formas y con distintas consecuencias, por el nuevo régimen. Esta persecución casi universal bloqueó la acción de los tribunales, que se vieron enseguida desbordados. Quienes analizan la situación de las cárceles y campos de trabajo forzado en aquel tiempo, como lo hace Ángel Caballero León en la Revista de Estudios Penitenciarios, hablan de «un problema penitenciario jamás conocido en España», con la particularidad de que fue un problema generado por el propio sistema en su afán de venganza.

El deseo de revancha de los vencedores sobre los vencidos es explícito, aunque a veces se intentase ocultar tras bellas palabras. El 1 de enero de 1939, tres meses antes de terminar la guerra, Manuel Aznar entrevista a Franco en El Diario Vasco y le pregunta: «¿No considera usted que, entre las bajas de guerra, a esos efectos, habremos de contar las cifras de presos y emigrados, por ejemplo?». A lo que Franco responde con lirismo: «Si aconsejamos el respeto al árbol y a las flores, ¿cómo no hemos de cuidar y respetar la existencia de un español?». Vista la historia, con 150.000 muertos en la posguerra víctimas de la represión, según los estudios analizados en la obra Víctimas de la guerra civil, parece más coherente la terrible pregunta del periodista que la absurda respuesta del golpista.

En fin, medio millón de muertos; un cuarto de millón de exiliados dispersos en Francia, Rusia y varios países hispanoamericanos; 280.000 presos en cárceles y campos de concentración por los delitos más inverosímiles, y miles de españoles heridos o mutilados por efectos de la guerra produjeron un colapso en el mercado laboral de un país que necesitaba reconstruir sus infraestructuras y poner en funcionamiento empresas destrozadas o paralizadas por la guerra.

Ante este panorama, a Franco se le ocurrió una idea.

2
El INEM rojo de Franco

A Franco se le atribuyó personalmente casi todo lo que pasó en España a lo largo de cuarenta años. En su afán por glorificar al personaje, la propaganda del régimen le convirtió en el gran ente creador. Fue, desde luego, el artífice de la victoria sobre el comunismo, el baluarte de la religión, el freno eficaz que impidió que el país se implicase en la Segunda Guerra Mundial, el impulsor de la reconstrucción nacional, el artífice del milagro económico español. Tuvo, sin duda, ideas extravagantes en la organización del Estado que le permitieron blindar eficazmente su dictadura. Se inventó un reino sin rey, una democracia orgánica sin votos, un sindicalismo vertical sin sindicatos ni derecho a huelga y un parlamento en donde no se parlamentaba, se asentía. Y como el sucesor por él señalado facilitó la Transición, sus apologetas también lo presentan en los últimos tiempos como precursor de la democracia que disfrutamos. No es extraño que cuando el régimen franquista quiso vender su apertura al mundo en los años 60 proclamase que «España es diferente».

Cualquier idea desarrollada desde sus Gobiernos se presentaba finalmente como fruto del «genio intuitivo de Franco», desde el Valle de los Caídos hasta los inefables gasógenos, unos voluminosos artilugios adosados a coches, camiones, autobuses y tractores que, ante la escasez de gasolina, permitían mover los vehículos a base de quemar madera o carbón y que fueron, según la propaganda oficial, una «idea del Caudillo de España, siempre atento al bienestar de la patria». Franco, en fin, intentó hacer creer a los españoles que aquel país ignorado por la comunidad internacional y que vivía a media luz era en realidad el faro de Occidente.

Hay una cosa, sin embargo, que hasta ahora no se le había atribuido a su portentosa creatividad: Franco se inventó, con décadas de antelación, la primera empresa de trabajo temporal que se implantó en España, convirtiéndose desde el poder en el mayor intermediario laboral que hubo hasta bien entrados los ochenta del pasado siglo, cuando creímos que las famosísimas ETT que desembarcaban en nuestro país eran una idea original. No, la idea ya la tuvo Franco cuando logró levantar, a costa de sus presos de guerra, un formidable negocio con el fin de canalizar y rentabilizar el ingente caudal de mano de obra que había acumulado en los campos de concentración durante la contienda y, posteriormente, en sus abarrotadas cárceles al terminar la guerra.

El régimen puso en marcha un voluminoso banco de empleo en el que catalogó a esos potenciales trabajadores cautivos. Lo llamó Fichero Fisiotécnico y en él reunió en muy pocos meses millones de datos sobre decenas de miles de presos cuyo perfil profesional y aptitud para el trabajo quedaban pormenorizados en completísimos informes. No contó Franco con el sofisticado sistema de fichas perforadas de IBM con el que Hitler pudo contabilizar y clasificar a sus millones de víctimas para organizar la maquinaria del genocidio, pero sí con un portentoso ejército de amanuenses que, de forma artesanal, hizo una rápida y eficaz catalogación de los presos: «Pocas Bolsas de Trabajo contarán con una tal variedad de profesiones y aptitudes personales», reconoce el Patronato para la Redención de Penas, el organismo que se encargaría de rentabilizarla, en el primer informe que eleva a Franco sobre las bondades de ese banco de datos. Y ninguna contaría en aquella España con tal cantidad y calidad de trabajadores.

Antes de finalizar el año 39, esta primera ETT de Franco cuenta ya con un censo de 67.711 penados, agrupados en 24 industrias y más de 600 oficios, de los que ya entonces había conseguido colocar a casi 13.000 en una imparable ascensión: el 1 de enero de 1939 sólo trabajaban 300 reclusos; el 31 de diciembre de 1939, 12.781. Apenas un año después, el 1 de enero de 1941, la base de datos de los penados de Franco recoge 103.369, de ellos casi 10.000 mujeres, una cifra que coincide casi exactamente con el número de presos ya juzgados y con condena firme que hay en España, siempre según las cifras oficiales de la época. A lo largo de los años, el Fichero Fisiotécnico va actualizando las bajas y altas de los presos. Diferentes referencias oficiales nos hacen pensar no sólo que fueron utilizados todos los presos para realizar diferentes tipos de trabajos, dentro y fuera de las cárceles, sino que, sobre todo en los primeros años de posguerra y en cuanto el sistema estuvo engrasado debidamente, el número de presos catalogados no fue suficiente para satisfacer la demanda proveniente de organismos del Estado y de empresas privadas, muy satisfechos ambos con el invento de Franco.

Sobre este aspecto concreto, es muy curiosa la apreciación que hace el Patronato sobre la labor cooperadora de los tribunales militares, que con sus rápidos procedimientos y sus juicios fugaces y sin garantías trabajaron como eficaces agentes subsidiarios del sistema de explotación de presos:

Ocurre ya que en varios oficios hemos agotado el personal disponible totalmente, o el de las condenas que permiten sean destinados a ciertos destacamentos, pues es de advertir que los condenados a treinta años no pueden trabajar en todos lados, sino en condiciones determinadas de seguridad y aislamiento. Este agotamiento es transitorio, pues al proseguir la Justicia su labor y recaer nuevas condenas, se vuelve a disponer de penados de los oficios que ya habían sido agotados.

El sistema funcionaba muy bien engrasado.

Cada una de las fichas sobre los potenciales trabajadores encarcelados se rellena en prisión y en ella se hacen constar el nombre, los apellidos, la profesión u oficio del penado, así como los datos de su familia. Además, se recoge la categoría profesional que posee (aprendiz, oficial o maestro), la última empresa en la que ha trabajado, el jornal que percibía en su último empleo, si padece alguna enfermedad o defecto físico y, por último, un informe subjetivo sobre su moralidad y perfil político que ha de elaborar el director de cada prisión. En cada cárcel, el fichero está encomendado conjuntamente al director, al capellán y al maestro. El fichero es doble. En una parte se recogen los datos de los presos en disposición de trabajar; en la otra, los de aquellos reclusos que ya se encuentran trabajando. Los datos de todas las prisiones se concentran a su vez en un gran banco central: el famoso Fichero Fisiotécnico.

La idea se atribuye, como hemos dicho, al propio Franco, pero su paternidad se la disputa, sin embargo, un jesuita, el padre José Antonio Pérez del Pulgar, que, para no quitarle mérito al generalísimo, aparece como mero inspirador del fichero y del sistema al que sirvió como instrumento: el sistema de redención de penas. De la misma forma que algunos obispos como los de Pamplona, Zaragoza o Santiago bendijeron enseguida la insurrección de Franco en 1936 con inmediatos llamamientos que calificaron la rebelión como cruzada religiosa y hablaron de una guerra santa y justa, la Iglesia tampoco desaprovechó la oportunidad de bendecir la explotación de mano de obra reclusa y buscarle, incluso, una justificación de carácter religioso. En realidad, cada cual aportó lo suyo a la hora de dotar de cuerpo a la idea. La Iglesia le cedió un nombre tomado de la esencia pura del cristianismo: la redención. Podría haber optado por el perdón y la historia de este país hubiera tomado un atajo. El Estado, por su parte, vendió la idea de la magnanimidad de un caudillo que daba una oportunidad a sus enemigos políticos para reinsertarse en la sociedad mediante un sistema que además permitía a las familias de los presos obtener algún recurso económico para poder sobrevivir. Los responsables del Patronato para la Redención de Penas, en fin, no dejaron de vomitar informes en los que pormenorizaban los beneficios económicos y espirituales conseguidos con la explotación de los presos.

Las ideas de Pérez del Pulgar fueron plasmadas en un documento, La solución que da España al problema de sus presos políticos, publicado en enero de 1939, en el que se recoge una filosofía muy alejada del perdón («no puede exigirse a la justicia social que haga tabla rasa de cuanto ha ocurrido») y más próxima a la rehabilitación del ojo por ojo («es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a los que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista»).

No tan original

En 1939, cuatrocientos años después, se repite una escena ya conocida en las calles de Almadén (Ciudad Real). Una interminable formación de presos, en filas de a cinco, desfila por el centro de la localidad desde la cárcel hasta las minas de mercurio propiedad del Estado. Mujeres y niños se paran en las cunetas del camino para contemplar la marcha cotidiana, algunos para ver a sus padres, a sus esposos, otros para constatar que el enemigo sigue a buen recaudo. Por la tarde, idéntica estampa. Sólo cambia la luz y el gesto de los presos en su vuelta a la cárcel agotados tras diez o doce horas de trabajo.

En realidad, la idea de servirse de la población reclusa en beneficio del Estado, explotándola directamente o cediéndola a empresarios particulares, no es original de Franco. El profesor de Derecho Penal, José María López de Riocerezo, fue, posiblemente, el primero que se atrevió a decir abiertamente que el sistema era un plagio histórico. En un artículo, publicado en 1962 en la Revista de Estudios Penitenciarios, afirmaba que «la redención de penas por el trabajo no es completamente nueva, como se cree y se viene diciendo».

Ya en 1525, cuatro siglos antes, Carlos I concedió a los Fugger, los banqueros más importantes de Europa, prestamistas de emperadores y papas, el arrendamiento de las minas de Almadén y el privilegio de utilizar en su explotación mano de obra forzada como pago de un crédito considerable. La concesión se hizo basándose en lo que establecían las Partidas, que preveían las penas perpetuas de estar «cavando en los metales del Rey», es decir, en sus minas, como era el caso de las de Almadén. Esta fue la primera contrata o cesión de penados a una empresa particular que se conoce en España.

El arrendamiento de minas y presos a favor de los banqueros alemanes duró hasta 1645, año en el que la Hacienda Real se hizo cargo de ellas. Los Fugger desaparecieron, pero no los presos de las minas. A finales del XIX, todavía siguen trabajando de sol a sol en ellas más de 200 reclusos divididos en tres cuadrillas, provenientes de la llamada Real Cárcel de Forzados de Almadén.

No fue el único lugar en el que se emplearon estos trabajadores forzados. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, muchos reclusos eran enviados a los presidios de Orán, Ceuta, Melilla, Alhucemas, Peñón de la Gomera y Chafarinas, en donde fueron utilizados en trabajos de fortificación. Los presos vivían recluidos en los fuertes de estas plazas y desde allí eran destacados para realizar las obras. De ahí viene la palabra destacamento que Franco retomó para denominar sus destacamentos penitenciarios.

Es verdad que aquellos primeros presos cedidos a los Fugger y estos trabajadores forzados enviados a África en los siglos siguientes no reducían condena por su trabajo. Pero desde 1782, según recuerda López Riocerezo, algunos reglamentos y reales órdenes van estableciendo esta posibilidad de recortar parte de las condenas mediante el trabajo forzado. El Código Penal de 1822 establece en su escala de penas corporales el trabajo «de obras públicas». Acogiéndose a él, el intendente general del Ejército de Málaga propuso al Ministerio de Hacienda que destinase parte de los 3.000 presos que tenía bajo su custodia a las obras del canal imperial de Aragón y del canal de Castilla. En algún tramo de este canal pueden verse aún las bodegas que sirvieron de mazmorras para los presos que lo construyeron. A lo largo del siglo XIX, trabajaron también destacamentos de presos en diversas carreteras en Jaén, Granada y Málaga, en la carretera de Madrid a Valencia, en la carretera de Jaca a Francia y en la conducción de agua potable a Madrid.

Durante la guerra civil y antes de implantarse este sistema de redención de penas por el régimen franquista, ambos bandos crearon campos de concentración de los que salían batallones de prisioneros destinados a la excavación de trincheras, la construcción de fortificaciones y tareas de desescombro. En el bando republicano, los creó el ministro de Justicia anarquista Juan García Oliver. El primero se estableció en Totana (Murcia), el 28 de diciembre de 1936. En el bando sublevado, Javier Rodrigo, en su libro Los campos de concentración franquistas (2003), documentó la existencia de 104 campos de concentración «estables», una cifra que eleva hasta 188 si se contabilizan otros «centros provisionales». Establecimientos de castigo que albergaron entre 370.000 y 500.000 presos. Aunque el autor constata que las cifras pueden no ser «completamente exactas», como casi todas las que se refieren a ese periodo histórico, las califica de «ajustadas a la realidad».

El derecho/deber al trabajo para los presos rojos

La primera piedra legal del sistema que permitió durante años la explotación de presos mediante el sistema de redención de penas la pone Franco en plena guerra civil, apenas un año después del golpe de Estado. El decreto 281, de 28 de mayo de 1937, dictado en Salamanca, establece el trabajo de los prisioneros de guerra y de los presos por delitos no comunes, presos políticos, en fin, a los que se refiere específicamente como prisioneros y presos rojos:

El victorioso y continuo avance de las fuerzas nacionales en la reconquista del territorio patrio —proclama el decreto— ha producido tal aumento en el número de prisioneros y condenados, que la regulación de su destino y tratamiento se constituye en apremiante conveniencia.

Para «encauzar y resolver el problema de masificación de presos» se crea en ese mismo año la Inspección General de Campos de Concentración, que trabaja de manera muy eficaz tejiendo una red de instalaciones, distribuidas por todo el territorio controlado por el Ejército de Franco, adonde eran conducidos en primera instancia estos presos rojos. Estos campos sirvieron como centro de clasificación de prisioneros: aquellos sobre los que pesaba una acusación específica eran enviados a las cárceles o sometidos a juicios sumarísimos que solían acabar con el condenado frente a un pelotón de fusilamiento; el resto fue paulatinamente distribuido en batallones disciplinarios de trabajadores (BB. TT.). Un año después, en 1938, se habían instalado ya 45 campos de concentración y funcionan 50 batallones de trabajadores con casi 60.000 hombres.

Hasta el final de la guerra, estos presos tuvieron consideración de personal militarizado, por lo que fueron utilizados en la excavación de trincheras y construcción de fortificaciones, en la reconstrucción de vías férreas o carreteras de interés estratégico, en la reconstrucción de algunos núcleos de población y en algunas producciones consideradas de interés nacional, como fábricas de armas o explotaciones de minas. El primer batallón de presos lo instala Franco en las minas de hierro de Vizcaya, tras la conquista de Bilbao.

El trabajo que realizaron los presos en este primer periodo fue un trabajo forzado, sin ningún tipo de matiz. No podían negarse a hacerlo y, por supuesto, no redimían ningún tipo de pena porque no había pena que redimir: nadie los había aún juzgado y condenado. El famoso decreto 281 se refiere específicamente a este aspecto cuando afirma que el trabajo es un derecho-deber del que podrán disfrutar aquellos presos que «en número considerable» y «sin una imputación específica» son «aptos para ser encauzados en un sistema de trabajos que represente una positiva ventaja». Tampoco existía ningún tipo de control sobre quienes dirigían estos trabajos en situación de guerra. Este descontrol, que propició con frecuencia el maltrato de los presos, unido a las insalubres condiciones de hacinamiento en las que vivían y trabajaban, hicieron que las circunstancias en que se realizaban los trabajos fueran penosísimas.

Esa norma fundacional del sistema ya establece una remuneración al trabajador forzado de dos pesetas al día, de las que una con cincuenta céntimos se destinaba a su manutención, recibiendo en mano únicamente los cincuenta céntimos restantes, en una época en que un salario normal estaba entre las diez y las catorce pesetas diarias. Además, se le abonaban, teóricamente, dos pesetas más «si el interesado tuviere mujer en la zona nacional, sin bienes propios o medios de vida, y aumentando una peseta más por cada hijo menor de 15 años que viviere en la propia zona, sin que en ningún caso pueda exceder dicho salario del jornal medio de un bracero de la localidad». Este aspecto concreto de la norma, que así leído puede resultar irreprochable desde el punto de vista estrictamente legal —sería ilógico que un preso ganase más que un trabajador libre por un mismo cometido—, es uno de los más claros monumentos al absurdo legal. Porque considerando un salario medio de catorce pesetas para un trabajador libre, para que el preso pudiera superar hipotéticamente este límite salarial con el subsidio fijado por el decreto destinado a los hijos tendría que tener ¡más de diez hijos menores de 15 años!

Todo el sistema se envolvía en una apariencia de legalidad.

El sistema de redención de penas

El 7 de octubre de 1938, una orden dictada en Vitoria, inspirada en las teorías del jesuita Pérez del Pulgar, crea el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, que se convierte desde ese momento en el gran organismo gestor de los rendimientos de los trabajos forzados de los presos. Esta norma es la que introduce por primera vez el concepto de redención, que se refiere en este caso a la posibilidad de que los presos reduzcan una parte de su condena mediante la realización de determinados trabajos. Curiosamente, este derecho no se consagra explícitamente, sino de forma indirecta al establecer como una de las funciones del Patronato la de «proponer al Gobierno la condonación de condena a favor de los reclusos que hayan trabajado con suficiente rendimiento». Hasta entonces sólo se les había reconocido a los presos el derecho al trabajo y el derecho a ganarse un exiguo subsidio familiar, como hemos visto. La relación entre el trabajo realizado y la pena recortada fue variando a lo largo de los años, no como fruto de la generosidad creciente de los vencedores, sino como consecuencia de la imperiosa necesidad de reducir la disparada —y disparatada— población reclusa. Si al comienzo fue de un día de condena por cada día de trabajo, en algunos momentos llegó a ser de tres y hasta seis días de pena por cada jornada trabajada.

Para efectuar su trabajo, el Patronato contaba en cada lugar con una junta local compuesta por el alcalde o un representante designado por él, por supuesto «necesariamente afiliado a Falange», el párroco del pueblo y un vocal más que ha de ser «una mujer que reúna condiciones de espíritu profundamente caritativo». A estas juntas, que son las encargadas de hacer efectivo a las familias el subsidio obtenido por sus familiares presos, se les encomienda, además, otro tipo de gestión más elevada para «procurar el mejoramiento espiritual y político de las familias de los presos», es decir, el reciclaje hacia el nuevo Estado, la reconversión ideológica de los vencidos. Esa tarea se verá reforzada por la capacidad de «inspección» que se les concede al poder «visitar a los beneficiarios para detectar cualquier alteración que pueda ser susceptible de alterar el jornal», el exiguo jornal que recibían. El decreto encomienda a las juntas que procuren, además, «aliviar a las familias en sus necesidades con espíritu de verdadera asistencia y solidaridad social».

La labor de estas juntas dependió fundamentalmente del talante de las personas que las constituyeron. Sería injusto no reconocer que muchas de ellas se esforzaron en cumplir este último y noble objetivo, como sería incauto no constatar que en muchas ocasiones actuaron como verdaderos comisarios políticos con plena potestad para conceder o retirar arbitrariamente a las familias los beneficios obtenidos por los presos.

Es muy interesante esta orden de octubre de 1938 por cuanto concreta algunos aspectos de la estructura que tendrá el sistema de explotación de presos, sobre todo en sus primeros tiempos. No sólo consagra el derecho de los reclusos a recortar sus penas mediante el trabajo realizado. Sanciona también el privilegio del Estado, de las diputaciones y de los ayuntamientos para disponer de forma preferente de estos presos. Se establece que los empresarios particulares que dispongan de ellos «pagarán a la Jefatura del Servicio Nacional de Prisiones el salario íntegro que según las bases de trabajo que rijan en cada localidad correspondería pagar a los trabajadores reclusos si se tratase de obreros libres» y se harán cargo, además, de los seguros sociales que se establezcan. Finalmente, la norma determina que el dinero resultante de la diferencia entre lo que los empresarios pagan por esta mano de obra reclusa y lo que el Patronato paga a las familias ingresará en la Hacienda Pública «a beneficio del Estado». Este beneficio, como intentaremos documentar más adelante, fue colosal, inversamente proporcional a la limosna que recibían los explotados.

Muy sutilmente, el legislador establece en la norma un perverso mecanismo que, vestido formalmente como derecho suplementario del preso, no es sino la consagración de una explotación abusiva, casi esclava. En su artículo octavo se afirma de forma farragosa que «el exceso que en su caso pudiera corresponder por suplemento de trabajo a aquellos que lo realicen en horas extraordinarias o en labores contratadas a destajo, se entregará en todo caso sobre los límites ya señalados a las familias de los reclusos con derecho a percepción de subsidio familiar». Es decir, que las horas extraordinarias que realice el recluso serán las únicas que cobre íntegramente.

En resumen, el preso explotado como trabajador forzado cobrará, por ocho o diez horas de trabajo diario durante los siete días de la semana, cincuenta céntimos diarios. Si tiene mujer, dos pesetas más, y una adicional, finalmente, por cada hijo menor de 15 años. Con ese dinero las familias no tenían ni para empezar. Si el preso quería obtener algún ingreso adicional, es decir, si quería rentabilizar un mínimo su monumental esfuerzo, debía prolongarlo estirando sus jornadas de trabajo hasta límites insospechados, o muy sospechados, como se prefiera. Veremos más adelante cómo importantes empresas en sus balances mensuales llegan a certificar al Gobierno proveedor de presos el mismo número de horas de trabajo ordinario como extraordinario, es decir, que muchos reclusos exhaustos, después de concluida su jornada laboral «a beneficio del Estado», iniciaban otra jornada de la misma duración para intentar mejorar la exigua cantidad de dinero que llegaba a sus familias. Y esta sobrexplotación no se produce sólo en las empresas privadas. Veremos también cómo algunos organismos públicos alaban el rendimiento de los presos cuantificándolo hasta en un 60 por ciento más respecto al rendimiento de los obreros libres. Y no es que estos trabajadores presos fueran superhombres que con el mismo número de horas rindieran más del doble que los libres, es que, sencillamente, sus jornadas laborales se duplicaban.

Puede llamarse esto de muchas formas. No repugna a la razón denominarlo trabajo forzado.

La ley se varía a beneficio del sistema

Tras el decreto de mayo de 1937 en el que Franco reconoce el derecho al trabajo a los presos rojos, y la orden que posteriormente les permite, además, recortar sus condenas, el régimen franquista genera decenas de leyes, decretos, órdenes y circulares que van modificando el sistema en virtud de dos sencillos parámetros: la capacidad que la maquinaria penitenciaria tiene para ofrecer presos y el volumen de la demanda de estos por parte de las empresas privadas y las instituciones públicas.

Desde el momento mismo en que acaba la guerra, el régimen de Franco se enfrenta a una situación esquizofrénica. Por un lado, se empeña en llenar las cárceles convirtiendo en delincuente y en carne de prisión a todo aquel que por acción u omisión se hubiera opuesto a la sublevación defendiendo la legalidad vigente. Esta persecución sin cuartel produce un colapso tal que el propio régimen que encarcela tan generosamente se ve en la obligación de reconducir la situación y entreabrir las puertas de unas cárceles que estaban a punto de estallar. Ese paso por las cárceles de centenares de miles de presos —a finales de 1940 se reconocen 280.000— no fue en vano. La maquinaria represiva del régimen lo aprovechó doblemente: identificó a los enemigos configurando ese primer gran fichero de proscritos y convirtió a estos en una especie de ciudadanos de segunda que vivieron desde entonces vigilados, ya que la libertad que obtenían tras cumplir la condena solía ser una libertad condicional, una especie de billete de ida y vuelta a la cárcel que el régimen podía hacer efectivo en cualquier momento, por cualquier desliz o por cualquier denuncia interesada.

Franco nunca quiso conceder la amnistía a sus enemigos, lo consideraba como una especie de blandura liberal a la que no estaba dispuesto a someterse. Por eso, para vaciar las cárceles optó por una sucesión de indultos que afectaron en un principio a quienes tenían menores condenas para ir beneficiando posteriormente y de manera gradual a los presos con sentencias más graves.

Ese proceso de vaciado de las cárceles se desarrolló sin descuidar un segundo objetivo, el de mantener musculado un sistema de explotación de presos que tan importantes ganancias estaba proporcionando al Estado. Durante algunos años, Franco consiguió el milagro: al mismo tiempo que lograba reducir la población penal pudo aumentar, en la misma proporción, la nómina de presos que ponía a disposición de organismos públicos o de empresas privadas para la ejecución de innumerables obras. Un impecable proceso de ajuste de la oferta y la demanda.

El Patronato para la Redención de Penas fue el artífice del fenómeno. El sistema empleado para ello fue el de ir modificando gradualmente, rebajándolas a discreción, las exigencias para que los presos pudieran trabajar fuera de las prisiones. Si este privilegio se otorgó en principio sólo a los presos condenados a penas menores, posteriormente se fue ampliando progresivamente a quienes tenían mayores condenas para compensar los desarreglos que la «generosidad» de Franco provocaba en el sistema.

Así, cuando la Comisión de Examen de Penas liberó el 25 de enero de 1940 a 70.000 presos con penas mínimas y Franco concedió, seis meses más tarde, la libertad condicional a los reclusos con condenas de menos de seis años y un día (Ley de 4 de junio de 1940), el Patronato reaccionó de inmediato enviando a sus destacamentos penales a presos con condenas de entre 6 y 12 años. Cuando estos fueron indultados por Franco muy poco después (Ley de 1 de octubre de 1940), el Patronato reaccionó de nuevo enviando a los destacamentos a los presos condenados a penas de hasta 20 años.

Este proceso de acción-reacción no sólo no menguó la capacidad del sistema para ofrecer presos baratos a organismos públicos y empresas privadas, sino que hasta 1943 permitió aumentar de forma imparable el número de destacamentos y de presos destinados a ellos. En 1943, justo el año en el que el sistema consiguió batir todos los récords en el empleo forzado de mano de obra reclusa, Franco decide abrir de nuevo la mano. Una ley del 13 de marzo y un posterior decreto del 17 de diciembre permitieron obtener la libertad condicional a los presos condenados por rebelión a penas de hasta 20 años y un día y, en determinadas circunstancias, a condenados a penas superiores. En total se produjeron 22.000 nuevas libertades. Entonces la cosa comenzó a fallar. La relación entre oferta y demanda se desequilibró y el Patronato ya no encontraba en su nómina de presos rojos suficientes trabajadores disponibles como para responder a las incesantes y crecientes demandas de empresarios particulares tan satisfechos con su trabajo.

Pero el Patronato vuelve a reaccionar. Ante la escasez creciente de presos políticos, el 29 de febrero de 1944, una orden de su junta directiva crea, con carácter experimental, un primer destacamento de 400 presos comunes que trabajará en uno de los tramos de la construcción del ferrocarril entre Madrid y Burgos, una de las obras más importantes de las que se realizaban en aquel momento. A este destacamento se unió otro grupo de 200 presos comunes destinado, también con carácter de prueba, a la Colonia Penitenciaria de Talavera de la Reina. En poco tiempo, la experiencia va ampliándose y antes de acabar ese año el Código Penal se reforma para generalizar la redención de penas, concediendo el derecho al trabajo a todos los presos, sea cual fuere su condición, con lo que se rompía el principio fundacional del sistema que excluía explícitamente a los presos por delitos comunes.

El artículo 100 del nuevo Código Penal era muy claro: «Podrán reducir su pena por el trabajo todos los reclusos condenados a penas de más de dos años de privación de libertad tan pronto como sea firme la sentencia». Pero tal comenzaba a ser la escasez de presos que el Patronato, «siempre atento a interpretar el espíritu de generosidad en que el Jefe del Estado inspira sus disposiciones penitenciarias, no se circunscribe a la mera aplicación de la letra del artículo sino que, amplificando en lo posible la tendencia del mismo, autoriza la adscripción de los reclusos comunes a los destacamentos penitenciarios, aunque se hallen extinguiendo condena inferior a dos años y un día». Además, se adoptan una serie de medidas extraordinarias que afectan a presos de la Prisión Provincial de Madrid y a los de las cárceles de Toledo y Talavera de la Reina, que han sido juzgados y están a la espera de condena, a los que se autoriza también a trabajar fuera de la prisión mientras la petición fiscal no sea de pena capital. Así pues, el régimen se corrige a sí mismo y el Patronato vuelve a contravenir la propia letra del Código Penal que se refiere clarísimamente a «trabajadores penados», es decir, con sentencia firme.

Pero es que Franco se lo estaba poniendo muy difícil con los indultos. Y como la presión de la demanda de presos no menguaba al ritmo marcado por la generosidad de los indultos de Franco, el Patronato decide, en una actitud inaudita, pasarse por alto la letra de la ley con el único objetivo de prolongar por más tiempo el sistema que tantos beneficios había proporcionado hasta entonces a unos y a otros.

Pero durante estos años el Patronato no sólo modificó las reglas del juego del sistema como reacción a los sucesivos indultos de Franco. A veces lo hizo siguiendo las conveniencias que les marcaban los empleadores, sobre todo los empresarios privados. Sirva como ejemplo la disposición en la que se da preferencia a la hora de ser enviados a destacamentos penales a los presos con hijos. Al justificar esta modificación en los criterios de selección de reclusos se afirma: «El Patronato, desechando las conveniencias de índole económica, ha establecido, a principios del año 1941, la norma de escoger, en igualdad de condiciones, a los que tengan un mayor número de hijos, para premiar de esta manera la abnegación paternal».

Se omite convenientemente que en los meses anteriores varios empresarios se habían dirigido al Patronato para dejar constancia de que el interés por el trabajo y el rendimiento económico es mucho mayor entre los trabajadores casados y con hijos que entre los solteros. La razón no es difícil de imaginar.

El 9 de octubre de 1945, Franco decretó el indulto total para las condenas referidas a delitos de rebelión cometidos desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939. A duras penas conseguirá el Patronato una prórroga precaria del sistema durante el año siguiente a este indulto, manteniendo aún medio centenar de destacamentos penales abiertos —menos de la mitad que el año anterior— nutridos, aún en su mayoría, por los llamados presos posteriores. Muchos de estos no eran sino presos de guerra que volvían de nuevo a la cárcel después de haber cumplido sus primeras condenas como consecuencia de delaciones y denuncias interesadas, muchas veces inventadas por sus propios vecinos, antiguos enemigos de trincheras que no habían enterrado aún su afán de venganza.

Pero la realidad se muestra tozuda y desde esa fecha se evidencia que el sistema de redención de penas estaba hecho a medida para hacer rentable la gran masa de presos republicanos, muy cualificados laboralmente. La salida de estos presos a la calle supone el comienzo de una lenta agonía del sistema, que aún se prolongará durante dos décadas más, pero sin llegar a ser desde entonces la sombra de lo que fue.

Ni masones ni blasfemos ni adúlteros ni estraperlistas

Las sucesivas leyes, decretos, órdenes y circulares que van fraguando el sistema de explotación de presos reproducen los mismos mecanismos de exclusión y de represión que el régimen de Franco impone en otros órdenes de la vida cotidiana. Las obsesiones de Franco se repiten.

Así, una orden del 11 de enero de 1940 prohíbe a los masones ocupar los llamados destinos dentro de las cárceles, unos puestos de confianza en los que los presos se ocupaban de las tareas de mantenimiento interior de las prisiones. Se adelanta así dos meses el Patronato al espíritu que iluminará la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo:

A partir de esta fecha deberán cesar en el desempeño de toda clase de destinos, con prohibición absoluta de designación posterior para cargos de esta índole, aquellos reclusos de los que conste de manera cierta que pertenecen o han pertenecido a sectas secretas. En los casos en que no exista constancia de ello, será condición precisa, para continuar en su desempeño o para poder ser nombrado en lo sucesivo, que los interesados presten declaración jurada por escrito de no pertenecer ni haber pertenecido a secta masónica alguna, siendo sancionados con pérdida de todo derecho a redimir pena, de los beneficios de la redención ya logrados e incluso de la posible concesión en su día del beneficio de libertad condicional si faltaren a la verdad en sus declaraciones.

La persecución de los masones, reales o imaginarios, fue una de las obsesiones fundamentales del régimen de Franco y de quienes lo sirvieron. La persecución fue implacable en los métodos y generosísima en su ámbito de aplicación, como ya se ha señalado. En algunas prisiones, el castigo a los masones no se quedó en la exclusión de los destinos. En el penal del Puerto de Santa María, por ejemplo, el verdadero «destino» de los masones fue el de la reclusión en el manicomio de la prisión.

Franco no quería masones ni tampoco amancebados. Y esa era la consideración que tenía de aquellos que habían contraído matrimonio civil en los años de la República y no habían pasado por el altar. Para corregir estas desviaciones, la orden de 1938 que crea el Patronato Central para la Redención de las Penas por el Trabajo establece, en su artículo décimo, que «sólo tendrán derecho a percepción de subsidio los reclusos que estén legítimamente casados y los hijos que tengan la calidad de legítimos».

En 1940 se celebran en las cárceles españolas casi dos mil bodas, la práctica totalidad de ellas entre presos y mujeres libres, o entre presas y hombres libres, aunque es significativo, revelador de la situación que vive un país convertido en una gran cárcel, el porcentaje de matrimonios que han de celebrarse por poderes porque los dos miembros de la pareja están en prisión: en torno al tres por ciento. Desde este año y hasta 1945, el número de uniones va decayendo, pero se siguen celebrando una media de 1.000 matrimonios anuales. En 1950, el Patronato para la Redención de Penas ya puede proclamar con orgullo que ha cumplido con su misión espiritual resolviendo el problema conyugal de los presos: «Puede asegurarse que, de la plaga de uniones ilícitas efectuadas en la zona marxista durante nuestra Guerra de Liberación, apenas queda en la actualidad más que algún caso aislado».

Pero esta reconducción moral de los presos no quedó ahí. El 23 de noviembre de 1940, se dicta un decreto en el que se establece la redención de penas por el esfuerzo intelectual, un mecanismo que permitía también reducir condena, entre otras cosas, por las enseñanzas religiosas adquiridas en prisión: dos, cuatro o seis meses de recorte de penas según el grado de conocimiento evangélico adquirido por el recluso, ya fuera este elemental, medio o superior, respectivamente. Esta exigua reducción de condena no debió parecer suficiente a muchos reclusos como para renegar de sus propias convicciones religiosas o, sencillamente, para realizar el tránsito del ateísmo a la fe impuesta. Por ello, lo que en principio se planteó como posibilidad para redimir condena se convirtió, meses después, en una orden de marzo de 1941, en una condición sine qua non para acceder a cualquiera de las vías de redención. Así, desde el 1 de abril de 1941, se establece que «ningún recluso podrá desempeñar destino que lleve anejo el beneficio de la redención de penas si no sabe leer y escribir el castellano y tiene la instrucción religiosa que comprende el grado elemental. Sólo podrá dispensarse de esta instrucción mínima a los reclusos que sean sexagenarios».

La idea, convertida ahora en norma, ya la había anunciado el jefe del Servicio Nacional de Prisiones, Máximo Cuervo —es su nombre real, no un apodo—, en la revista Ecclesia, en enero de 1941, en donde afirma que «en ningún caso puede ser objeto de redención el que no conozca los principios de nuestra Religión». Tres años antes, el 18 de agosto de 1938, ya lo había sentenciado el propio Franco: «En España o se es católico o no se es nada».

No es extraño que en las cárceles españolas se produzca en este tiempo, junto a los matrimonios ya referidos, una auténtica eclosión de bautizos fruto de sobrevenidas conversiones al cristianismo que el régimen cuantifica con orgullo año tras año. En 1944, por ejemplo, 198 reclusos tomaron su primera comunión, 38 se convirtieron al cristianismo, 56 masones se retractaron, 302 solicitaron recibir los últimos sacramentos. Aunque el régimen siempre consideró estas transmutaciones espirituales fruto de la eficacia de su propaganda religiosa y del acertado apostolado de sus capellanes, en la mayoría de los casos puede asegurarse que sólo fue la vía utilizada por los presos para obtener el salvoconducto moral que el sistema les exigía para ser acogidos en el plan de redención de sus penas.

La obsesión de Máximo Cuervo por preservar e imponer la ortodoxia católica dentro de las cárceles ya le venía de lejos. El 19 de enero de 1939, dirige una circular a los directores de las prisiones centrales y provinciales en la que manifiesta «su profundo disgusto» por haber tenido conocimiento de que «en algunas Prisiones no solamente se tolera o disimula la blasfemia en boca de los reclusos, sino que llega a proferirse por algunos funcionarios o subalternos del Servicio».

A los funcionarios blasfemos los considera «desafectos» y «enemigos» del régimen, por lo que conmina a los directores a tratarlos como tales y ser «inexorables en la sanción de sus conductas». Mientras que para los presos blasfemos se concreta cuál debe ser el castigo gradual que reciban:

A los reclusos que incurran en semejante falta, se les impondrá la primera vez la privación de comunicaciones oral y escrita por tiempo ilimitado, hasta que se aprecie su arrepentimiento y, en caso de reincidencia, quedarán siempre inhabilitados para obtener el beneficio de la libertad condicional y la redención de penas por el trabajo.

Por supuesto, quedan excluidos también de los beneficios de redención de penas aquellos reclusos que hayan intentado evadirse, logren o no su propósito, y también aquellos condenados «por delitos comunes o políticos que con posterioridad a su condena cometan un nuevo delito, cualquiera que sea su naturaleza». Así lo recoge una orden fechada antes de terminar la guerra, el 14 de marzo de 1939, en la que, como se verá, se consagran abiertamente, sin tapujos, los trabajos forzados.

Pero además de la condena por el nuevo delito, la orden prevé un castigo añadido para los reclusos reincidentes que resulta brutal teniendo en cuenta que ese nuevo delito cometido puede ser nimio, «cualquiera que sea su naturaleza», se dice. A estos presos reincidentes la ley les priva de la condonación de pena que hubiesen logrado ya y de los beneficios de la libertad condicional que en su día pudiesen alcanzar. Sin embargo, «no quedarán exentos de la obligación de trabajar en beneficio del Estado, sin percibir jornales en cuantos servicios y trabajos se considere conveniente utilizarlos; y serán precisamente destinados a los Establecimientos o Destacamentos Penales de régimen más severo o que se hallen emplazados geográficamente en las plazas o lugares más alejados de la Península». ¿Alguien puede sostener que no es este un trabajo esclavo?

Finalmente, también fueron excluidos del sistema de redención de penas quienes hubieran sido condenados como estraperlistas por delitos cometidos contra el régimen legal de abastecimientos establecido por Franco en los primeros años de posguerra.

Quiénes, cómo, dónde

Aunque en este trabajo nos centraremos en la explotación de los presos republicanos bajo el sistema de redención de penas, debemos dejar constancia de que el complejo entramado que permite al nuevo régimen servirse de la mano de obra de presos y prisioneros se inicia ya durante la guerra y se prolonga durante años bajo diferentes fórmulas que persiguen el mismo objetivo: los batallones disciplinarios de trabajadores, las colonias penitenciarias militarizadas, los destacamentos penales, los talleres penitenciarios y los destinos dentro de las propias cárceles.

Salvo en el último caso, el de los destinos, que tenían como objetivo utilizar a los presos en el propio mantenimiento del funcionamiento de las cárceles, en los otros casos, bajo diferentes normas legales y fórmulas de organización y vigilancia, todos cumplieron un mismo objetivo: poner a disposición del Estado, de las Administraciones locales, de la Iglesia, de la Falange o de un puñado de empresas esta mano de obra forzada, muy barata y siempre disponible, tres cualidades que convirtieron a estos presos en un bien muy preciado en un país con el mercado laboral hecho trizas.

Los batallones de trabajadores

La sucesión de normas que van construyendo este complejo sistema de explotación se inicia en plena guerra y adquiere un ritmo vertiginoso. En julio de 1937, se crea la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros que se llenarán masivamente de hombres apresados durante la contienda. De aquellos prisioneros se nutrieron los batallones de trabajadores, que fueron la primera y menos sofisticada forma de trabajos forzados. Se implantaron durante la guerra y en los dos bandos. Desde que se constituyó la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros en la zona sublevada, a los batallones franquistas fueron destinados durante la guerra los prisioneros hacinados en las decenas de campos de concentración que eran considerados desafectos al nuevo régimen, bien porque no hubieran obtenido los avales suficientes, bien porque los informes fuesen negativos. No era necesario que sobre los presos constase una denuncia concreta. Mientras se sustanciaba el proceso contra ellos o a la espera de recibir los deseados avales, los presos eran conducidos a la cárcel o destinados a estos batallones en los que eran empleados en las tareas más diversas, desde la excavación de trincheras hasta la construcción de fortificaciones o reconstrucción de todo tipo de infraestructuras.

Como señalan Edurne Beaumont y Fernando Mendiola en su trabajo Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores: castigo político, trabajos forzados y cautividad, «se trata, por lo tanto, de una reclusión extrapenal, directamente orientada a la utilización económica de estos prisioneros, mediante la creación de Batallones de Trabajadores». El 28 de marzo de 1938, un decreto encomienda al Servicio Nacional de Regiones Devastadas todas las actuaciones que sean necesarias «para conseguir la rápida restauración del patrimonio español dañado por la guerra». Y será Regiones Devastadas uno de los destinos que más batallones de trabajadores absorbió durante la guerra, como más tarde, ya en la posguerra, se nutra de los destacamentos penales.

Aquellos primeros batallones de trabajadores (BB. TT.) se transformaron, acabada la guerra, en 1940, en batallones de soldados trabajadores (BDST). Y un año después, en 1941, se constituyeron también los batallones de soldados trabajadores penados (BDSTP). Ese cambio de denominación, de trabajadores a soldados trabajadores, se produce como consecuencia de una modificación organizativa: en 1940 se disuelve la Inspección de Campos de Concentración y se crea la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios, adscrita ahora al Ministerio del Ejército. El cambio se produce unos meses después de dictarse una orden sobre el servicio militar, el 20 de diciembre de 1939, que llamó a filas a los mozos de reemplazo de las quintas del 36 al 41 que habían combatido en el bando republicano, hombres que habían cumplido ya su servicio militar durante la guerra, pero que volvieron a ser llamados para repetirlo por el nuevo régimen, que no dio validez a aquel servicio.

Por esta razón, fueron catalogados como desafectos por las Juntas Locales de Clasificación. Por ello no tuvieron destino en cuarteles militares como les hubiera correspondido y fueron enviados a nutrir estos batallones, ahora denominados de soldados trabajadores. También formaron parte de estos nuevos batallones aquellos que, habiendo cumplido ya una primera condena, pertenecían a quintas que aún seguían movilizadas, por lo que fueron de nuevo llamados a filas apenas unos meses después de salir de prisión. En este caso, como estaban en libertad condicional, eran considerados no sólo desafectos al régimen, sino técnicamente penados, así que al ser movilizados pasaron a engrosar estos batallones de soldados trabajadores penados. También fueron destinados a ellos los condenados a penas menores que, según la ley, no podían reducir condena en los destacamentos penales que ya funcionaban por entonces.

Cada uno de estos batallones estaba mandado por un comandante y estaba compuesto por seiscientos presos divididos en compañías y destacamentos que se distribuían en destinos próximos entre sí. Los batallones de trabajadores que funcionaron desde 1937 a 1940 se fueron nutriendo con un número creciente de prisioneros. Según los datos que aporta Javier Rodrigo en su estudio, de los 34.000 prisioneros englobados en noviembre de 1937 se pasa a 67.900 en enero de 1939 y a los 90.000 de los inmediatos meses de posguerra. Estos batallones fueron el germen del sistema que durante años permitió después explotar a los presos republicanos en beneficio del nuevo régimen bajo el eufemismo de la redención de penas.

Las colonias penitenciarias militarizadas

Las colonias penitenciarias militarizadas se crean el 8 de septiembre de 1939 con el fin de abastecer de reclusos a todas las obras que necesiten los respectivos departamentos ministeriales y también a aquellas que, proyectadas por empresarios particulares o concesionarias de servicios del Estado, requieran una rápida ejecución y sean declaradas de interés nacional. Aunque no se especifica en la ley fundacional que da origen a estas colonias, en la Memoria de 1942 se reconoce que el Gobierno de Franco las creó «con el principal objeto de contribuir a la ejecución del Plan de Obras Públicas empleando mano de obra penada». El criterio para la fundación de las colonias es elegir las obras que en el plazo mínimo resulten ser más productivas y para ello emplear al máximo la mano de obra reclusa.

Las colonias penitenciarias tienen también carácter militar y una complejísima organización interna. Se dividen en agrupaciones y batallones mandados por jefes y oficiales del Ejército. El personal penado lo proporciona, sin embargo, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Prisiones. Al Ministerio de Obras Públicas le compete la dirección e inspección de las obras que de él dependan. Mientras, la Presidencia del Gobierno se reserva la facultad de decidir en qué obras se emplean las colonias y de coordinar todo el entramado de ministerios que participan en las obras que ejecutan.

Los destacamentos penales

Los destacamentos penales fueron la fórmula más empleada por la Dirección General de Prisiones para dar salida a su formidable masa de presos que se acumulaban en las cárceles. Los destacamentos eran concesiones de un número variable de trabajadores a organismos del Estado, a las Administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones, a la Iglesia, a la Falange o a empresas privadas. Eran estos organismos y empresas los que solicitaban a los presos, siendo el Patronato para la Redención de Penas el responsable de resolver las peticiones y concretar, según las disponibilidades, el número de presos destinados a cada destacamento. Como hemos visto antes, los organismos del Estado y sus satélites políticos y religiosos tenían preferencia a la hora de obtener estos trabajadores y gozaban, además, del privilegio añadido de disponer de ellos a un ínfimo precio. Mientras los empresarios privados debían pagar el salario estipulado para la categoría del trabajo que fuera a realizar el preso, los organismos estatales sólo derivaban a los reclusos, en mano o en subsidios que iban directamente a las familias, una cantidad que en el mejor de los casos alcanzaba el 25 por ciento del salario total que, en teoría, habían abonado los empresarios beneficiarios de esta mano de obra.

Aunque el empleo masivo de mano de obra reclusa en el exterior de las prisiones tuvo lugar, sobre todo, en los años de guerra y durante la primera década de posguerra, conviene subrayar que el primer destacamento penitenciario se estableció el 3 de julio de 1937 y el último no fue clausurado hasta 1970, cuando el régimen de Franco entraba ya en su recta final. Es verdad que a lo largo de estas tres décadas el número de destacamentos fue variable: creciente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y decreciente a partir de entonces, si bien durante toda la década de los 40 el número de destacamentos y de presos destinados a ellos fue muy considerable, coincidiendo precisamente con la mayor cantidad de presos republicanos procedentes de la guerra o condenados por delitos posteriores pero relacionados con ella.

Los destinos y talleres penitenciarios

Apenas un mes antes de acabar la guerra, el 24 de febrero de 1939, se dictan las normas que regulan los destinos dentro de las propias prisiones. Inmediatamente después, el 30 de abril, se ordena la creación del taller penitenciario de Alcalá de Henares, germen de cientos de talleres que se pondrán en marcha en los años sucesivos en todas las cárceles españolas. En ellos se fabricaba desde mobiliario para escuelas y organismos públicos hasta enseres y uniformes que utilizaban los mismos presos o los soldados en las unidades del Ejército. Pero también llegaron a fabricar todo tipo de cosas a petición de empresarios locales que después vendían en sus tiendas.

Los destinos, por su parte, eran aquellos trabajos que los presos condenados a penas menores podían realizar en la propia cárcel: cocina, limpieza, oficinas, economato, barbería…, y también aquellos trabajos más especializados —médicos, practicantes, enfermeros, maestros— que, asimismo, desempeñaban los propios reclusos dentro de las cárceles, en hospitales penitenciarios o en los destacamentos penales. Los presos que trabajaban en estos destinos tenían derecho a reducir sus condenas hasta un 50 por ciento, aunque no cobraban nada ni tenían derecho a percibir el subsidio familiar, salvo en el caso de los médicos, que, con carácter excepcional, sí que gozaron de este subsidio.

Los destinos y los talleres perfeccionaron hasta el límite el completísimo y sofisticado sistema de explotación de los presos, que en un ejercicio de humillación no sólo llegaron a ser obligados a edificar en algunos casos sus propias cárceles —Madrid, Badajoz, Huesca, Córdoba, Tarragona…— y a fabricar en diversas empresas y talleres los materiales necesarios para su construcción, sino que se convirtieron, además, en piezas imprescindibles para la organización interna de las cárceles. De esta forma, el régimen llevó hasta el extremo su intención fundacional de servirse del trabajo de los reclusos y ahorró a sus arcas ingentes cantidades de dinero que quizás nunca hubiera podido sacar del presupuesto para sostener esa monumental maquinaria penitenciaria.

En el fondo, las diferentes formas de organización —batallones de trabajadores, destacamentos penales, colonias penitenciarias militarizadas, destinos y talleres penitenciarios— no fueron más que variadas denominaciones que el régimen utilizó para designar de manera suave lo que en realidad no eran sino centros de internamiento en donde los considerados por el nuevo régimen como enemigos o desafectos fueron sometidos a las más diversas formas de trabajo forzado. En esencia no había grandes diferencias entre los unos y los otros. Diferente collar. El mismo perro.

3
El mapa

El 3 de junio de 1937, el avión que traslada al general Emilio Mola desde Pamplona hacia el frente de Segovia se estrella en las proximidades del pueblo burgalés de Alcocero, rebautizado desde entonces y hasta hoy como Alcocero de Mola. Paradojas del destino, el avión del cerebro del alzamiento fue a caer sobre el monte de La Brújula, el lugar donde los falangistas enterraban en Burgos a las víctimas de la represión. Pilotaba el capitán Chamorro y junto a ellos volaban otros tres militares más. Desde el inicio de la guerra, Mola había realizado 63 desplazamientos aéreos. En este último no hubo supervivientes. Justo un mes después de su muerte, un grupo de presos republicanos comienza a construir un monumento en honor a Mola que será inaugurado por el propio Franco dos años más tarde.

Apenas habían transcurrido treinta y seis días desde la promulgación del decreto que establecía el derecho-obligación al trabajo para los presos rojos. Por ello, ese simbólico destacamento, autor de un monumento perfectamente prescindible, se considera el primero de los que, a cientos, funcionaron desde entonces, y durante más de tres décadas, por todo el país. En los primeros años, nutridos exclusivamente con presos políticos republicanos; desde el año 44, destacamentos mixtos en los que confluían presos políticos y comunes; desde el arranque de la década de los 50, los destacamentos estaban integrados, mayoritariamente, por presos comunes.

Durante la guerra, estos presos habían trabajado en batallones disciplinarios, y sus esfuerzos, como ya hemos señalado, no les permitían aún redimir condena. Desde el año 1939, comienzan a funcionar los destacamentos penales con presos seleccionados de entre los de menor condena que empiezan a recortar sus penas mediante su trabajo. Desde entonces, y durante algunos años, esos destacamentos conviven aún con los batallones disciplinarios, convertidos ya definitivamente en meros batallones de castigo. Los primeros grandes destacamentos penitenciarios que se ponen en marcha con el sistema de redención de penas son dos: el dedicado a la reedificación de Brunete (Madrid) y el que se instala en Las Portillas (Zamora) para la construcción de un tramo del ferrocarril de la línea Madrid-A Coruña.

Es sólo el comienzo. Desde que en 1939 se pone en funcionamiento el sistema de redención de penas, el número de reclusos y de destacamentos sometidos a este régimen crece sin cesar hasta el año 1943. En enero de 1939 apenas 300 presos nutren el sistema. A finales de año ya son 12.781. En 1940, 18.739; en 1941, 18.375; en 1942, 23.610, y en 1943, casi 25.000.

Hasta el año 1942, aproximadamente la mitad de los reclusos trabajaba dentro de las prisiones, en los llamados destinos y en los talleres penitenciarios, mientras que la otra mitad lo hacía en destacamentos y colonias penitenciarias. Tal proporción se rompe definitivamente en 1943, año en el que la explotación laboral de los presos políticos fuera de las prisiones alcanza su apogeo: el régimen consigue entonces emplear en trabajos exteriores una media mensual cercana a los 17.000 trabajadores, mientras que en el interior de las cárceles trabajaba menos de la mitad, 8.320. Es la cresta de la ola, el momento de máximo esplendor del sistema de explotación montado por Franco, el punto en el que el Patronato puede proclamar con orgullo la culminación de su éxito:

Hoy podemos consignar, al cabo de cuatro años de experiencia, que el número de penados en España que están en condiciones de ser destinados a los destacamentos y colonias es menor que el solicitado para su empleo en toda clase de obras.

A partir de entonces, el sistema entra en declive, lento en el primer año, pronunciadísimo a partir de entonces. En 1944, aún trabaja una media de 15.000 presos fuera de las cárceles. En 1945, ese número se reduce a la mitad (8.122). En el 46, a la mitad de la mitad (4.754). En el 48, a la mitad de la mitad de la mitad (2.438). Durante la década de los 50 apenas están en servicio diez destacamentos por año con una media de 700 presos, la mayoría comunes. En los 60, ya sólo funcionan cinco, con unos 250 trabajadores anuales. Las cifras son elocuentes y demuestran de manera indiscutible que el sistema, que se diseña específicamente para explotar la cualificadísima mano de obra que suponían los presos republicanos, se mantiene sin problemas mientras esta población penitenciaria abarrota las cárceles, sobrevive razonablemente mientras se produce el paulatino vaciado de las prisiones a base de sucesivos indultos, y se viene definitivamente abajo, como una torre de naipes, a partir del indulto total concedido por Franco en 1945.

Progresión imparable

Con esta masa de reclusos el Estado logra poner en marcha siete destacamentos en 1939, con 918 presos; 24 destacamentos en 1940, con 3.748 presos; 68 destacamentos en 1941, con 5.879 presos, de ellos la mitad con menos de 50 trabajadores. Son estos reducidos grupos de presos los que cubren las demandas de pequeños empresarios locales —que los emplean en sus propias fábricas— y los que se ponen a disposición de ayuntamientos, diputaciones e instituciones religiosas para obras o cometidos que no requieren un volumen grande de obreros. La oferta de mano de obra reclusa se adecuó así a una demanda muy variada cuyo grado máximo se pone de manifiesto precisamente en este año, 1941, en el que el Patronato llega a reconocer la existencia de cinco destacamentos unipersonales sobre los que no se especifica su destino. ¡Destacamentos unipersonales!, un magnífico eufemismo que describe hasta qué punto la maquinaria de explotación puesta en marcha por el régimen de Franco se sofisticó para atender peticiones de presos que, en muchas ocasiones, no cabe dudarlo, fueron empleados para beneficio personal de un puñado de privilegiados. Para el Patronato esas peticiones tan a medida no representaban problema alguno. Más bien, al contrario, se anima fervientemente a los empresarios para que sigan realizando ese tipo de demandas: «Los peticionarios —dicen los responsables del Patronato— no deben, pues, desistir de pedir reclusos porque su número sea muy reducido».

Llamo la atención sobre estos pequeños destacamentos penales porque, desde 1942, estos grupos de penados inferiores a 50 dejan de contar en las estadísticas oficiales que ofrece el Patronato para la Redención de Penas, no se consideran como tales. De manera que cuando las cifras oficiales nos hablan de 93 destacamentos en 1942, 141 en 1943 y 122 en 1944, están dejando constancia sólo de los más grandes, por lo que sería necesario multiplicar este número para hacernos una idea de la cifra total de grupos de presos que el Estado está empleando en su propio beneficio o para el de empresarios o industrias particulares.

Para contemplar en su conjunto la compleja maquinaria que pone en marcha el régimen de Franco con el fin de aprovechar a sus presos como operarios mientras dura su cautiverio, a esta cifra de destacamentos penitenciarios deberían sumarse los más de 150 batallones disciplinarios que funcionaron en toda España y en Marruecos, las seis agrupaciones dependientes de las colonias penitenciarias militarizadas, las decenas de talleres y granjas penitenciarios que se pusieron en marcha en numerosas prisiones y los miles de reclusos que fueron empleados en los destinos dentro de las cárceles como mano de obra, esta sí, absolutamente gratuita, con la que se hizo posible el sostenimiento de los servicios esenciales dentro de las prisiones.

Con el trabajo forzado de estos presos se construyeron los más importantes embalses de la época, se completó la red ferroviaria, se reconstruyeron las principales poblaciones destruidas por la guerra, se levantaron cuarteles y viviendas de protección oficial por todo el país y se engordaron las nóminas y las cuentas de resultados de decenas de empresas e industrias dedicadas a sectores singularmente estratégicos para la reconstrucción de la economía del país. El caso más destacado, el de la minería, que absorbió de inmediato la totalidad de la población reclusa que antes de la guerra había trabajado en algún pozo.

Sin temor a exagerar, se puede afirmar que estos presos trabajaron en todo el país, en todos los sectores productivos, en todo tipo de empresas —grandes y pequeñas, públicas y privadas—, en todos los oficios y en toda categoría posible dentro de cada oficio. Es muy significativa la relación que hace en 1940 el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas acerca del personal recluso que trabaja para él:

Hay personal penado entre los técnicos de la construcción (ingenieros, arquitectos, ayudantes, topógrafos, analistas de materiales de construcción), entre los técnicos sanitarios (médicos, farmacéuticos, veterinarios y practicantes), personal administrativo (contables, jefes de parque y encargados de efectos), capataces de tajo o pelotón (contratistas, sobrestantes, listeros y capataces), obreros especialistas (carpinteros, herreros, electricistas, hormigoneros, albañiles), peones y braceros, oficios auxiliares (cocineros, enfermeros, matarifes), acemileros (muleros), carreros y conductores automovilistas.

¿Falta alguna categoría profesional en la que no haya presos trabajando?

Contra la pertinaz sequía

El 5 de abril de 1939, cuando aún no habían pasado cien horas desde el final de la guerra, el ministro Peña presenta el primer plan de obras públicas del nuevo régimen. El 11 de abril será aprobado por el Gobierno. El plan prevé la construcción de 100 grandes obras en pantanos, presas y redes de acequias, así como la reconstrucción de todos los puentes, la supresión de pasos a nivel en vías férreas, el trazado de 12.625 kilómetros de nuevas carreteras y el mejoramiento de más de 30.000 kilómetros de las ya construidas que habían resultado dañadas por el paso del tiempo y los efectos de la guerra. No sabemos si el plan lo elabora el ministro contando ya con la utilización de mano de obra reclusa para su desarrollo. Lo cierto es que la idea se puso en marcha muy pronto. Apenas cinco meses después de hacerlo público, el Gobierno crea las colonias penitenciarias militarizadas. Sobre ellas leemos en la Memoria de 1942 del Patronato para la Redención de Penas:

Como se sabe, la ley de 8 de septiembre de 1939 creó las Colonias Penitenciarias Militarizadas con el principal objeto de contribuir a la ejecución del Plan de Obras Públicas, empleando mano de obra penada. Las características señaladas a esta Organización por el propio Jefe del Estado son: elegir las obras que en el plazo mínimo hayan de ser más productivas y emplear al máximo la mano de obra penada.

Enseguida se ponen en funcionamiento seis, de las que cinco se dedican a la construcción de grandes obras hidráulicas previstas en ese plan: el canal bajo del Guadalquivir (en donde trabajan dos agrupaciones), el canal bajo del Alberche, el canal de Montijo y la real acequia del Jarama. Todas estas obras se pusieron en marcha en un periodo muy corto de tiempo, desde finales de 1939 hasta el final de 1940, y en ellas trabajaron conjuntamente, durante los primeros años de posguerra, una media mensual de 5.000 presos que realizan todo tipo de trabajos: excavan los cauces de los canales a pico y pala, desescombran y trasladan, a veces sólo con animales, millones de metros cúbicos de piedra y roca, los revisten de hormigón, construyen las obras de fábrica para salvar las vaguadas que corren transversalmente al canal, trazan los caminos de servicio y los pasos superiores que hay que acometer para poder cruzar el canal manteniendo los caminos históricos atravesados por su cauce, y realizan, asimismo, todas las redes de acequias, brazos de riego y desagües que parten del canal original para el riego de las tierras. Los presos levantan, además, todos los edificios de servicio de la obra, desde sus propios dormitorios hasta los almacenes, oficinas y talleres donde se llevan a cabo los trabajos complementarios de la obra, siendo atendidos también por los propios reclusos.

Y lo hacen de manera muy eficaz. Sobre la calidad de estos trabajadores, leemos en la Memoria de 1948: «Durante este año los penados trabajadores del Canal del Guadalquivir, en todas las profesiones en las que han actuado, han superado su rendimiento al de los obreros libres contratados».

En el caso del canal del Guadalquivir, se trataba de una obra totalmente nueva, mientras que los trabajos en la real acequia del Jarama y en el canal bajo del Alberche continuaban otros ya iniciados antes de comenzar la guerra civil. Durante el año 46 se suprimen las colonias penitenciarias de los canales del Alberche y de Montijo. Seguirá algunos años más la colonia que trabaja en el canal del Guadalquivir.

Junto a ellas se crearán decenas de destacamentos penales con el objeto de construir una veintena de grandes embalses, importantes saltos de agua, como los del Nansa y el Sil, y otros canales de riego de menor envergadura pero de gran interés, como el canal del Bierzo (1944), el canal de Toro y Zamora (1945), el canal de los Monegros en Zaragoza (1959-1961), el canal de Bardenas (1956-1959), el canal del Jarama en Madrid (1958-1960) y el de Badarán en La Rioja, con un cauce de 26 kilómetros de longitud, que permitió el riego de nueve términos municipales. Este destacamento se abre en 1964, se clausura al año siguiente y será la última obra hidráulica en cuya construcción trabajen presos.

El canal de los presos

De todas las obras hidráulicas emprendidas por el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, la de mayor envergadura fue la de la construcción del canal bajo del Guadalquivir, conocido popularmente como el canal de los presos. Con una sección de 50 metros cuadrados y una anchura de 17, este canal que sale de Peñaflor, el último pueblo de Sevilla que linda con Córdoba, y discurre a lo largo de 180 kilómetros hasta llegar a la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, era, según aseguraban los responsables de su construcción en 1942, «el de mayor sección de todos los de España, ya que el caudal de agua que poseerá en su día, una vez regulado el curso del río por los pantanos de origen, será de unos 50 metros cúbicos por segundo, que representará por sí sólo el volumen de un río ocho veces mayor que el Genil en estiaje».

Fue la del Guadalquivir la primera colonia penitenciaria militarizada que se creó —el 20 de enero de 1940— y la última en clausurarse, dos décadas después. A ella fueron a parar en 1946 parte de los presos que habían trabajado en el canal de Montijo, con el fin de acelerar los trabajos del canal bajo y de rematar algunas obras complementarias, como las compuertas del cercano embalse de Torre del Águila. El canal del Guadalquivir fue la obra hidráulica más importante de Andalucía. Su construcción permitió encauzar el río, desecar marismas para convertirlas en tierras de cultivo y transformar en superficie de regadío unas 80.000 hectáreas de secano en sus márgenes.

La década de los 40 fue la de mayor presencia de presos en esta importante obra. Durante los primeros cinco años trabajan dos de las seis agrupaciones dependientes del Servicio de Colonias Penitenciarias, con más de 2.000 presos de media agrupados en tres batallones. Estos batallones terminarán refundiéndose en 1944. Desde 1946 aún queda un importante contingente de más de 500 presos. La última referencia oficial acerca de la presencia de presos trabajando en el canal es de 1955, quince años después del establecimiento de la colonia penitenciaria.

Si durante la década de los 40 el trabajo de los presos se orientó fundamentalmente a la construcción del propio canal, a principios de los 50, los presos dependientes de colonias penitenciarias fueron siendo sustituidos por presos encuadrados en destacamentos penales —presos todos, a fin de cuentas— que, bajo la dirección del Instituto Nacional de la Vivienda o del Instituto Nacional de Colonización, se dedicarán a levantar pueblos enteros en el territorio regado por el canal. Como Villa Franco del Guadalquivir —hoy Villafranco, para ocultar tras la contracción el nombre de su inspirador—, en donde hubo un destacamento de 100 presos entre 1952 y 1953 que urbanizó el pueblo, construyó su red de alcantarillado y levantó o reformó más de 100 viviendas con patios y corrales pensadas para los agricultores que más tarde colonizarían las nuevas tierras convertidas en zona de arrozales. Al concluirse la obra de Villa Franco, los presos del destacamento fueron trasladados a Guillena (1953-1955) para emprender una obra muy semejante en el poblado de Torre de la Reina. Ambos trabajos los ejecuta una misma empresa, Construcciones Gil Grávalos.

Este procedimiento de dar comienzo a la labor con personal procedente de otra obra —afirma el Patronato en 1953— ha reportado los más grandes beneficios regimentales y administrativos, ofreciendo además grandes y especiales ventajas para los trabajadores nuevos, que se encuentran desde el primer día acogidos y acoplados y bien dirigidos desde el momento primero de su trabajo.

Tan grandes fueron los beneficios conseguidos con esta reutilización de los presos en obras sucesivas que se convirtió en una práctica frecuente de las empresas y organismos concesionarios de presos.

Presos para las presas

«Queda inaugurado este pantano». Posiblemente sea esta una de las frases más repetidas de la posguerra. La imagen de Franco inaugurando embalses, a los que el régimen rebautizó como pantanos, hasta el punto de obligar a la Real Academia Española a ampliar las acepciones de esta palabra, fue uno de los elementos sustanciales de la iconografía y de la propaganda de la posguerra. La lucha contra la pertinaz sequía fue una batalla equiparable a la que mantuvo Franco contra la conspiración judeo-masónica o contra las hordas marxistas. Con una diferencia. El de la sequía, más o menos pertinaz, sí que fue un problema real de los años 40, agravado, desde luego, por la carencia de infraestructuras y por decisiones políticas como la de Estados Unidos, que, en enero de 1940, decide cortar el suministro de petróleo a España. Estas circunstancias obligaron a restringir drásticamente el consumo de energía eléctrica, por lo que ciudades, empresas, fábricas y aun los hogares de los españoles sufrieron por entonces constantes cortes de luz durante varias horas al día, unas veces prefijados, y otras, imprevistos, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Madrid llegó a prohibir en febrero de 1944 los anuncios luminosos y fijó restricciones drásticas en todos los locales públicos. Así las cosas, la construcción de pantanos se convirtió en uno de los objetivos prioritarios para el régimen, como el de la utilización de presos para levantar sus presas.

Esta mano de obra cautiva se adecuaba como un guante al tipo de trabajo que requerían estas obras hidráulicas. No sólo eso. Sin su participación es posible que muchos de estos embalses no hubieran podido realizarse, al menos en aquellos años. En la Memoria de 1945, el Patronato para la Redención de Penas reconoce que

[…] por el lugar de emplazamiento de las obras, solamente con reclusos son factibles en algunos casos. No es solamente la carencia de mano de obra libre la que dificultaría la construcción; supongamos que aquélla existiera en abundancia. ¿Se desplazarían los obreros todos los días varios kilómetros del núcleo de población más cercano para iniciar a la hora fijada la jornada de trabajo? Caso de que lo hicieran, ¿con qué energía manejarían los útiles de trabajo después de varias horas de camino?

Y remata, con lenguaje florido, las bondades del sistema:

Comarcas inhabitadas, tierras míseras por donde la planta del hombre solamente cruza en sus cacerías o apacentando sus ganados, son las que han dado cobijo a estos destacamentos, donde el recluso se rehabilita dignamente con su trabajo ante Dios y ante la sociedad.

En 1941, se instalan ya los 300 primeros presos que han de construir el pantano del Generalísimo, hoy llamado embalse de Benagéber (Valencia), que por su condición de pionero fue bautizado en honor a Franco. Ese mismo año se crean destacamentos para la construcción de los pantanos de Entrepeñas y Pálmaces, ambos en la provincia de Guadalajara, la presa del Alberche, o el embalse de Mediano, en Huesca. Las obras de este embalse se suspenderán pronto debido a la quiebra de la empresa constructora y no serán retomadas hasta 1952 por Dragados y Construcciones, que para entonces «lleva ya 12 años auxiliada en sus trabajos con la mano de obra de los penados», según reconoce el Patronato. Casi 2.000 hombres trabajan simultáneamente en la construcción de estos primeros embalses dedicados a toda clase de labores: excavaciones, construcción de rampas y muros de contención, forjados, carpintería, albañilería y construcción de barracones en los que ellos vivían.

En 1943, otro destacamento penal con 260 hombres comienza la construcción del pantano del Ebro, en Cantabria, cuyo trabajo se prolongará durante seis años. Con este importante embalse se da un nuevo impulso y podría decirse que comienza una segunda fase, que durará una década, en la construcción de este tipo de obras. Una media de 200 presos trabajará durante siete años en el embalse de Riosequillo, en Madrid, entre 1946 y 1952. En el de Barasona (Huesca), los presos construyen, además del embalse, una central eléctrica entre 1947 y 1949. En Segovia, un importante grupo de penados levanta la presa de Revenga entre 1947 y 1948, realizando también un canal de conducción de agua de nueve kilómetros de longitud desde la presa hasta el depósito de agua potable de la ciudad. En La Rioja, los presos trabajan durante diez años (1949-1959) en la construcción de la presa de contención del embalse, de 73 metros de altura y 68 metros de longitud.

Antes de acabar la década, en 1949, un grupo de 50 presos participa en la construcción de los saltos del Nansa (Cantabria), cuyas obras se prolongarán durante tres años, a cargo también de Dragados y Construcciones, y que se terminan, gracias a la utilización de esa mano de obra reclusa, «en un plazo muy inferior al señalado por la Administración», según reconoce el Patronato.

En estos destacamentos, los presos no sólo levantan las presas que cierran los embalses, construyen, además, las centrales eléctricas asociadas y las nuevas carreteras que han de trazarse para circunvalar los pantanos. En algunos lugares, dada la dureza de las condiciones climáticas, los destacamentos se dedican durante los meses más crudos a excavar y construir canales, mientras que las estaciones con mejor tiempo las aprovechan en la manipulación del hormigonado con el que se levantan las presas de contención.

El del embalse de Riosequillo, en Madrid, fue uno de los primeros destacamentos en los que, en el año 46, se comenzó a utilizar presos comunes. Pero en el resto de las obras que se desarrollan durante esta década y que acabamos de citar, la mayor parte de los presos utilizados son aún presos políticos republicanos.

Una cosa más. Muchos de estos embalses, hoy superados por otras obras posteriores con mayor capacidad de almacenamiento, fueron en su época verdaderos hitos y constituyeron la reserva fundamental de agua que permitió abastecer ciudades como Madrid, Valencia o Segovia. El régimen no pierde ocasión para presumir de la magna empresa emprendida y del visionario sistema de explotación de presos puesto en marcha por Franco para llevarla a cabo. Sobre el embalse de Revenga (Segovia), se afirma en la Revista de Estudios Penitenciarios (n.º 32, 1947):

[…] ha de solucionar el gran problema que tiene Segovia: la falta de agua, que da lugar a que en pleno verano tenga que racionarse. Esta deficiencia, de tal magnitud para la salud del cuerpo y hasta del espíritu, será pronto remediada gracias al régimen penal especial que con tanto acierto sabe utilizar la actividad de los reclusos en beneficio de los intereses de las regiones.

En la década de los 50, empleando en su mayoría ya presos comunes, se construye el embalse González Lacasa, en La Rioja (1953), una obra iniciada veinticinco años antes que no se concluirá hasta comienzos de la década de los 60; el embalse del Cenajo (1952-1956), con una capacidad de 500 millones de metros cúbicos, en la cuenca del Segura, entre las provincias de Murcia y Albacete; el embalse de Yesa (Zaragoza), y el de Barrios de Luna, en León (1952-1955). Esta obra la realiza la constructora Herederos de Ginés Navarro para Eléctricas Leonesas. El embalse, con una capacidad de 300 millones de metros cúbicos, permitirá el riego de 40.000 hectáreas de terreno. La central eléctrica es capaz de producir 10 millones de kilovatios/hora y año. Y como en otros ejemplos citados, los responsables de la obra afirman que fue terminada gracias al trabajo de los presos en un tiempo «muy inferior al exigido».

También en esta época los presos que habían construido los saltos del Nansa fueron trasladados a la provincia de Ourense para afrontar la obra de los saltos del Sil, en la que trabajarán una media de 150 penados desde marzo de 1952 a diciembre de 1953. Los saltos se construyen aprovechando una inmensa garganta entre Ourense y Lugo y servirán para alimentar una central eléctrica de la que entonces se afirmaba: «Para dar una idea de su potencial, baste decir que esta central podría alumbrar por sí sola cuatro poblaciones como Madrid y todavía permitiría electrificar varios ferrocarriles».

Contra el perdón: Regiones Devastadas, presos devastados

El 14 de julio de 1937, apenas tres meses después del brutal bombardeo de Guernica (Vizcaya), un corresponsal de guerra, periodista del Liverpool Daily Post, mantiene una breve conversación con el general Franco:

—Se ha discutido mucho en el extranjero sobre lo ocurrido en Guernica. ¿Podría usted darnos una versión oficial y exacta sobre lo ocurrido allí?

—Los rojos lo incendiaron —responde Franco—, como Oviedo en 1934 y 1936, y lo mismo que Irún, Durango, Amorebieta, Munguía y muchas ciudades durante esta campaña.

Esa era la versión oficial. Pero la versión de George Steer, corresponsal de The Times, citada por Paul Preston en su obra La guerra civil española, fue bien distinta. En la tarde del 26 de abril de 1937, lunes y día de mercado, una escuadrilla de la Legión Cóndor, con bombarderos y cazas, descargó durante tres horas y cuarto bombas explosivas y proyectiles incendiarios mientras los cazas efectuaban pasadas en vuelo rasante ametrallando a la población civil. El régimen optó primero por negar los hechos para después, ante la evidencia de la destrucción de una población alejada del frente y sin interés estratégico, arrasada en un 70 por ciento por los efectos de 22.000 kilos de bombas, inventarse la segunda versión oficial: habían sido los propios republicanos los responsables de la matanza.

Uno de los primeros destinos a los que el régimen asignó una buena parte de presos en los primeros años fue a la reconstrucción de los lugares más emblemáticos destruidos por la guerra. La decisión encerraba una evidente filosofía de revancha. Los vencidos no sólo debían trabajar para el vencedor a precio de saldo, sino que, además, debían hacerlo en los enclaves que simbolizaban más claramente su derrota, para que no se olvidaran de ello. Y no es sólo que lo parezca al observar la lista de los lugares a los que fueron destinados a trabajar los presos republicanos. El cruel espíritu de revancha se explicita abiertamente en textos como el que sigue, extraído de la primera Memoria que el Patronato para la Redención de Penas dirige a Franco en 1939:

Afortunadamente, la Dirección General de Regiones Devastadas ha comenzado a emplear muchos centenares de reclusos dando, en su ejecución, a esa importantísima tarea un hondo sentido de reparación moral y de justicia histórica, pues hace participar en la restauración material de España a aquellos mismos que directamente contribuyeron a destruirla.

Para hacer más patente este afán de venganza, el régimen escoge cuidadosamente, con mucha intención, el paquete de poblaciones destruidas a las que serán enviados los primeros presos republicanos seleccionando finalmente tres tipos de destinos: aquellas localidades que en 1937, cuando la guerra estaba aún por decidir, representaron la esperanza, frustrada después, de recuperación de la iniciativa del Ejército Popular: Brunete, Belchite y Teruel; ciudades que, como Oviedo, fueron símbolo de la capacidad de lucha del movimiento obrero de izquierdas, y, finalmente, localidades como Guernica que, pese a haber sido arrasadas por el Ejército franquista, la propaganda oficial se encargó de cargárselas a la barbarie roja.

En 1940 ya había destacamentos de presos trabajando en casi todos esos lugares. En la reconstrucción de Belchite, mejor dicho, en la construcción del nuevo Belchite, levantado a un kilómetro de las ruinas que Franco quiso dejar en pie como símbolo de su victoria y a las que, en el colmo del surrealismo, concedió la Cruz Laureada de San Fernando, trabajan ya en ese año 1.200 presos. De todas, es la localidad que mejor puede simbolizar este tipo de trabajos: por el número de presos empleados —prácticamente sólo trabajan en ella presos o ex presos republicanos en libertad condicional— y por la magnitud de la reconstrucción, que tuvo que ser total. Entre 1940 y 1945, año en que se clausura el destacamento, trabajarán en ella una media de 1.000 presos, siendo muchos de ellos, uno de cada cinco, obreros especializados.

En la reconstrucción de Brunete y de otras poblaciones limítrofes arrasadas por la dura lucha del frente de Madrid actúan varios destacamentos. En el de Brunete trabaja una media de 350 presos durante los primeros años en la reconstrucción de un pueblo completamente asolado del que sólo habían quedado en pie un par de casas. En la cárcel de Oviedo —«la ciudad de gloriosa tradición que la furia roja se esforzó vanamente, durante muchos meses, en conquistar»— están concentrados en 1943 más de 800 presos a los que se hace trabajar en la demolición de las ruinas y en la construcción de nuevos edificios: los Gobiernos Civil y Militar, el palacio de Comunicaciones, el sanatorio antituberculoso, el cuartel de la Policía Armada, además de algunos bloques de viviendas. En Teruel —«otro de los gloriosos baluartes de nuestra guerra»—, se establece un destacamento de 230 hombres entre los que, debido a la calidad artística de la ciudad, se emplea «una cantidad considerable de obreros muy especializados». En Guernica, los presos reconstruyen algunos edificios emblemáticos del centro de la localidad. En Potes, «este desgraciado y glorioso pueblo de la provincia de Santander incendiado por los rojos», más de 100 presos se ocupan de la reconstrucción del puente, el mercado y la fuente. Los entrecomillados dejan constancia de la encendida prosa patriótica con la que los pormenorizados informes del Patronato para la Redención de Penas iban dando cuenta a Franco de la evolución de las obras.

Pero no sólo trabajaron en estas plazas simbólicas. Los presos fueron utilizados por Regiones Devastadas en una treintena de localidades más, entre ellas, Huesca, Lleida, Toledo, Eibar, Quinto de Ebro, Mediana de Aragón, Puebla de Albortón, Boadilla del Monte, Villamanín, Villanueva de la Barca, o Amorebieta. En esta última localidad edificaron, además de varios bloques de viviendas y la estación de autobuses, hasta la nueva casa parroquial.

En realidad, no fueron «muchos centenares de reclusos», como afirmaba el Patronato, sino miles los presos que intervinieron en la reconstrucción de estos lugares. Hasta 1944, una media anual de 3.000 reclusos estuvo a las órdenes de la Dirección de Regiones Devastadas en las obras de reconstrucción de esa treintena de núcleos de población. En 1945 se produjo un brusco recorte debido a la culminación de los trabajos en algunas de las localidades más emblemáticas. En ese año se suprimen los míticos destacamentos de Belchite y Brunete. Para entonces ya sólo quedan funcionando tres destacamentos en Regiones Devastadas: Oviedo, Guernica y Amorebieta. Se explica en la Memoria de este año:

Es necesario tener en cuenta que, al margen de la terminación de muchas de las obras, Regiones Devastadas efectúa sus trabajos dentro de los centros urbanos de población, en donde poco a poco han podido disponer de mano de obra libre, bien por existir obreros disponibles en la localidad, bien por haber completado sus cuadros de trabajadores con libertos, ya que son muchos los que, una vez conseguida la libertad condicional, han seguido trabajando a disposición de Regiones Devastadas.

Por trabajar directamente para un organismo del Estado, sin la intermediación de empresas privadas, los presos utilizados eran trabajadores baratísimos. En 1944 la cantidad que aporta el Patronato por preso es de 3,85 pesetas diarias, sobre la cual la Dirección de Regiones Devastadas aporta otra pequeña suma, no especificada, «para que la comida sea abundante en relación con los trabajos realizados». Recordemos de nuevo, para quienes cuestionan el calificativo de esclavo, que es apenas la cuarta parte del jornal estipulado para un oficial albañil de la época. Las otras tres cuartas partes, por la vía indirecta del ahorro, contribuían a sostener las cuentas del régimen.

Al principio, un buen número de estos presos trabajadores eran obreros especializados. Después, con los sucesivos indultos, las obras tuvieron que hacerse también con «jornaleros y campesinos que desconocían por completo los trabajos de construcción pero que, habiéndose echado mano de ellos por no haberlos especializados, han sabido adaptarse en poco tiempo de tal manera a sus nuevos oficios y especializarse, bien como albañiles, bien como carpinteros y encofradores, que el 70 por ciento ha merecido una calificación de “extraordinario” en cuanto al rendimiento de su trabajo».

La Dirección General de Regiones Devastadas fue quizás el organismo público más mimado por el régimen a la hora de recibir presos con los que realizar sus obras. De hecho, el de la reconstrucción fue uno de los argumentos políticos más explotados por la propaganda del régimen. Y no sólo la material, también la reconstrucción política y la reconducción moral y espiritual de los presos republicanos a los que el franquismo consideraba seres descarriados. El NO-DO, que durante años fue la única información visual que tuvieron millones de españoles en una época sin televisión y en un país en el que viajar era infrecuente, se esforzaba semana a semana en ofrecer la prueba de esta empresa en reportajes en los que el binomio destrucción/reconstrucción se convirtió en uno de los más eficaces mecanismos propagandísticos del régimen. En la asignación de papeles, tal y como señala acertadamente Rafael R. Tranche, coautor del libro NO-DO. El tiempo y la memoria, la destrucción siempre se asigna al enemigo, «como si esa destrucción fuera causada no por la guerra, sino sólo por el otro bando», mientras que la reconstrucción, que se convierte en una repetida letanía en los NO-DO de los primeros años, es «la palpación de la Victoria y de la obra nueva que se está emprendiendo en la paz».

Los guiones subrayan las imágenes de lugares totalmente destruidos por la guerra con textos en los que sólo se habla de «hierros retorcidos y montones informes de escombros, legado siniestro de la revolución roja» herencia de «las hordas marxistas», y esos planos se contraponen con otras escenas en las que Franco se pasea supervisando obras, inaugurándolas, encarnando y personificando el impulso reconstructivo que simboliza la nueva España.

A veces lo que muestra el NO-DO, como lo que le enseñan a Franco, es una gran mentira. En 1946, por ejemplo, los españoles contemplan a través del NO-DO cómo Franco inaugura las obras del nuevo Brunete:

A Franco lo engañaron —me recuerda Conrado del Cubo—. Estaba terminada la Plaza, le amueblaron dos casas completas, una de labrador y otra de obrero, pusieron las camas, los yugos de las mulas, los arados… y le dijeron que todo estaba terminado como aquello. Lo engañaron como a un chino. No estaba terminado más que eso y la Plaza Mayor. Se lo tragó.

No sabemos si se lo tragó o no. Lo único cierto es que ese Brunete prematuramente inaugurado tardaría aún dieciséis años más en terminarse.

Santa Bárbara, bendita para el Tesoro

Franco les tenía ganas a los mineros. Recién ascendido a comandante participó, al mando de una compañía, en la represión de la huelga de agosto de 1917, en Asturias. Ya general, dirigió desde el despacho que le prestó el ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, la represión de la revolución de octubre del 34. Y en plena guerra, ya generalísimo, se mostró especialmente cruel en la liberación de la ciudad de Oviedo, asediada por los mineros. Cuando al fin lo consigue en octubre de 1937, el redactor del diario ABC de Sevilla no puede ocultar su satisfacción al narrar la entrada heroica de las tropas de Franco en la capital asturiana tras una «auténtica carnicería de mineros».

Los que no cayeron en la carnicería fueron encarcelados y, de ellos, quien superó con vida los juicios sumarísimos pasó a engrosar el eficaz Fichero Fisiotécnico de Franco. Este encarcelamiento masivo propició una situación de colapso en la producción de las minas:

Así como en otros oficios hay un paro forzoso más o menos importante —leemos en la Memoria de 1941—, en la minería hay escasez de obreros especializados libres, en tanto que en las cárceles existen muchos mineros inactivos. Bien sabido es que esta rama había sido una de las cultivadas con más predilección por la propaganda marxista.

Esos presos a los que se presenta como «mineros inactivos», como si estuvieran en la cárcel por gusto disfrutando de un descanso sabático, no eran muchos. Eran muchísimos. Según datos oficiales, en 1941 están encarcelados 4.463 mineros ya juzgados y condenados, catalogados laboralmente y en disposición de trabajar. Su paso por la cárcel fue breve, ya que de inmediato fueron enviados de nuevo a picar la mina a beneficio del Estado. Tan grande fue la eficacia de esta recolocación forzosa que en 1942 ya no quedaban mineros especializados entre los presos disponibles. Todos estaban trabajando en las minas. Muchos de ellos regresaron como penados a los mismos pozos en los que trabajaban antes de estallar la guerra como trabajadores libres, cobrándoles Franco así un peaje en efectivo por su libertad.

Desde el año 1942, vaciada la nómina carcelaria de mineros profesionales, la Dirección de Prisiones comienza a disponer de los presos más jóvenes, fuertes, pero sin experiencia alguna: aquellos «que por su edad, constitución física y estado de robustez, hacían concebir la esperanza de encajar mejor en los trabajos a que se destinaban». Así fue como funcionó el sistema durante cuatro años más hasta que en 1946 se suprimieron definitivamente todos los destacamentos mineros «debido a la escasez de mineros profesionales reclusos». Sólo se salvó uno, el del pozo Fondón, de la Empresa Duro Felguera, en Sama de Langreo, que siguió empleando en esta explotación un promedio mensual de más de 100 penados.

Curiosamente, este único destacamento quedó por mucho tiempo como una reliquia de la explotación reclusa en las cuencas mineras: abierto el 21 de enero de 1940, no se suprimió definitivamente hasta ¡¡¡el 31 de enero de 1959!!! Casi veinte años después. Aunque con el paso del tiempo la proporción de presos fuese reduciéndose, quedando al final en torno al 4 por ciento del total de la plantilla, los que permanecieron siguieron haciendo de todo: picaban, barrenaban, lavaban el carbón, preparaban galerías, transportaban materiales…

Las minas de las principales cuencas, Asturias y León fundamentalmente, fueron uno de los primeros destinos en los que el Estado comenzó a explotar a sus presos. Ya antes de terminar la guerra, el Ejército de Franco había constituido con 600 presos un batallón minero destinado a poner de nuevo en explotación las minas de hierro de Vizcaya. Con el país en estado de shock, los informes del Patronato para la Redención de Penas reconocen, en 1940, que

[…] en los momentos actuales la necesidad de aumentar la producción de carbón y de varios metales es angustiosa, y el interés de intensificar la de otros, enorme, desde el punto de vista de obtener divisas con las que sostener el valor de nuestra moneda y la vida industrial de nuestro país.

Múltiples circunstancias confluyen para que las cuencas mineras se conviertan en uno de los principales centros de explotación de presos en el primer lustro de la posguerra. En primer lugar, se da una proporción ideal entre la oferta y la demanda: las minas quedaron vacías porque sus trabajadores habían sido encarcelados masivamente y las cárceles estaban llenas de «mineros inactivos». Son estos presos, como es evidente, profesionales muy cualificados que trabajan a pleno rendimiento desde el primer día, sin necesitar periodo alguno de aprendizaje. Además, como hemos señalado, se trata de una industria de valor estratégico incalculable: la materia prima que proporciona es vital para mantener la industria interna y para favorecer la única exportación que el régimen franquista podía permitirse. Y, por último, la rentabilidad que el Estado obtiene del trabajo de sus presos en las minas, públicas o privadas, es muy superior al de otro tipo de industrias y obras. Para empezar, en estas minas no se pierden jornadas laborales por mal tiempo. Por eso, muy pronto, en 1941, vista la rentabilidad de estos presos y los enormes beneficios que las sociedades mineras estaban obteniendo a su costa, el Patronato decidió imponer un suplemento salarial de tres pesetas por cada jornal, suplemento que, por supuesto, no cobraba el recluso, sino que se embolsaba la Hacienda Pública. Finalmente, para Franco no fue satisfacción menor tener a buen recaudo y pasarle factura a un colectivo social y laboral cuya conciencia de clase le llevó a ser siempre uno de los puntales del movimiento obrero de izquierdas.

Franco no lo dudó. En 1940 ya había seis destacamentos penales trabajando en las minas de Asturias, León, Galicia y Almadén. En 1943, prácticamente todas las cuencas mineras tienen presos trabajando: más de 4.000 penados se ocupan de la extracción de carbón, estaño, mercurio, wolframio, azufre y otros productos por todo el país.

Diez destacamentos trabajan en la extracción del carbón en las cuencas de Asturias, León y Teruel. En Asturias disponen de destacamentos de presos las empresas Sociedad de Carbones Asturianos y Duro Felguera, en los míticos pozos de San Mamés, pozo del Fondón, pozo Mosquitera y pozo María Luisa. En todas estas explotaciones, los mineros reclusos logran sobreproducciones del 50 y 60 por ciento respecto a las tareas normales fijadas por las empresas. En León trabajan con presos las Minas de Antracita Moro S. A. y las Minas del Bierzo, ambas en Fabero; las Minas de Orallo, de la Sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada; y Antracitas de Gaiztarro, en sus minas de Matarrosa del Sil. En Teruel dos empresas trabajan con presos: la Carbonífera Palomar y las minas de lignito de Utrillas.

La extracción de carbón es prioritaria para el resurgimiento de una industria precaria. De ahí que, en la Memoria de 1942, se alabe la contribución de los presos que se han empleado «en escala considerable a obtener el preciado combustible, tan indispensable para sostener la industria, los transportes y, en una palabra, la vida nacional». El resultado de la utilización de esta mano de obra se considera «del mayor interés dada la escasez de carbón que por efectos de la guerra mundial padecemos hoy día en España».

Pero si el carbón fue muy importante, esencial, como materia prima motor de la vida industrial en el interior del país, la extracción de otros minerales vitales para la industria de guerra resultó decisiva para mantener el único comercio exterior, fuente de divisas, que podía permitirse el aislado régimen de Franco con su amigo/acreedor alemán.

El régimen se muestra por ello generoso en el envío de presos a las minas de estaño de Silleda (Pontevedra) y a las minas de wolframio de Casayo (Ourense), «ambos materiales de una aplicación casi imprescindible para la industria de guerra y que tantos ingresos proporcionan al Estado español en el orden internacional», según se afirma en la Memoria de 1944. En ambas minas trabajan destacamentos de más de 200 mineros hasta 1944, coincidiendo con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Trabajan también destacamentos de presos en la extracción de azufre en las minas de Hellín (Albacete) y en las minas de amianto de Guardia de Ares (Lleida), una explotación perteneciente a una empresa privada que pronto fue declarada de interés nacional. Pero en donde más presos trabajan y con un mayor rendimiento para el Estado es en las minas de mercurio de Almadén, en Ciudad Real, explotación en la que estuvo destinado un destacamento hasta el 4 de abril de 1944.

Sobre estas minas, pertenecientes al Estado, leemos en la Memoria de 1942:

La explotación de las minas de Almadén constituye hoy día el mayor manantial de divisas para nuestra Patria, percibiendo el Erario Público muchos millones de pesetas oro por la extracción del mercurio. La participación de los reclusos en el trabajo de Almadén ha sido decisiva, consiguiéndose la mayor producción anual registrada en estas minas.

Fue un récord jamás superado ya por la empresa en su historia.

Tras un largo periodo en el que sólo se mantuvo abierto, como se ha señalado, el pozo Fondón de Duro Felguera, el régimen vuelve a enviar presos a las minas. En 1958, se abre un destacamento en La Unión (Murcia) en las minas Belleza y Ocasión, para la extracción de galena, blenda y pirita, de las que se obtiene una producción anual de 40 toneladas de plomo, 60 de cinc y casi 80 de azufre. El destacamento tiene corta vida, se cierra en enero de 1959 y sus presos son destinados, junto a mineros del también suprimido destacamento de Duro Felguera, a otra explotación en Llano del Beal, Cartagena, a cargo de la empresa minera Celdrán. El destacamento se inaugura el 30 de enero de 1959 y se cierra el 10 de mayo, y tiene un hueco en esta historia por ser, posiblemente, el de más corta duración y el último que utiliza presos en las minas.

El balance que los responsables del sistema de explotación de presos hacen del trabajo de los mineros es extraordinario:

Resumiendo, se puede afirmar que la labor realizada por los reclusos en nuestras minas es una de las aportaciones más meritorias para el desarrollo de nuestra economía. A raíz de la liberación, la escasez de mineros hacía muy difícil la explotación de las minas con el ritmo deseado en algunos puntos. Muchas empresas mineras, apuradas para la explotación de sus yacimientos por penuria de obreros especializados, han podido ponerla en marcha, y hasta aumentarla, gracias a la contribución de la mano de obra reclusa.

Reconstrucción a todo tren

Durante la guerra, el ferrocarril fue un medio vital de transporte utilizado con fines de guerra por ambos bandos. Fue también, precisamente por eso, uno de los objetivos fundamentales para la aviación y la artillería de los dos Ejércitos. Destruir las líneas férreas, las estaciones y sus almacenes significaba asestar duros golpes al aprovisionamiento de víveres y al traslado de tropas o de material de guerra del enemigo. El desgaste, la falta de mantenimiento de estas líneas y los desperfectos ocasionados por la guerra fueron devastadores para el tren y aceleraron la quiebra de las compañías privadas que, hasta entonces, habían sido sus propietarias. Al concluir la guerra, el ferrocarril pasó a manos del Estado, que, en 1941, se hizo cargo de las 23 compañías ferroviarias privadas que existían en España constituyendo una única empresa pública: Renfe.

Uno de los principales empeños de esta nueva empresa fue el de la reconstrucción de las líneas férreas destruidas por la guerra y la culminación de trazados que se habían iniciado ya en 1926, cuando el Plan Preferente de Urgente Construcción de los Ferrocarriles aborda el trazado de 16 nuevas líneas «indispensables para completar la red de ferrocarriles». La nueva Renfe acomete inmediatamente tres líneas de urgente construcción: el remate de la línea Madrid-Burgos, que se había iniciado en 1930; la línea Zamora-A Coruña, y el tramo de línea Cuenca-Utiel. De estas tres líneas, al menos en la primera y en la segunda trabajaron presos de Franco. Con ellas se completó la construcción de las grandes líneas de nuestro ferrocarril, no retomada después hasta la década de los 90 con el trazado y ejecución de las nuevas líneas de alta velocidad.

Sólo en la construcción del tren Madrid-Burgos, la obra ferroviaria más importante realizada con mano de obra reclusa en la posguerra, trabaja una media mensual de 2.000 presos. En el tiempo que duró la obra de esta línea fueron utilizados más de 6.000, según cifras oficiales, aunque la cantidad seguramente fue mayor.

En todo el recorrido se instalan seis destacamentos penales: el de Fuencarral, con unos 100 presos de media; los de Colmenar Viejo, Valdemanco, Bustarviejo y Chozas de la Sierra, con una media de 300 trabajadores penados, y el de Garganta de los Montes, uno de los más nutridos de cuantos se emplearon en todo tipo de obras, con una media de 500 presos. Este fue, además, el primer destacamento en el que el régimen, ayudado por la empresa Bernal, comenzó a ensayar con delincuentes comunes cuando las cárceles comenzaban a vaciarse progresivamente de presos republicanos. El primer grupo de 40 presos comunes, enviado el 20 de febrero de 1944, se multiplicó muy pronto por diez.

En la construcción de esta línea, los presos levantan estaciones, socavan túneles, construyen puentes y viaductos, abren trincheras y tienden las vías. Fue, si consideramos las estadísticas oficiales de accidentes, uno de los trabajos más duros y peligrosos de los que realizaron los presos. En el destacamento de Valdemanco, por ejemplo, ocupado en la perforación de un túnel de más de dos kilómetros de longitud, la proporción de accidentados durante el año 1946 fue del 10 por ciento, una cifra elevadísima.

Reconoce la Dirección de Prisiones que la obra «sin esta colaboración de mano de obra penal, aún hubiera tardado unos años en terminarse». La verdad es que, aun utilizando a los presos, la línea Madrid-Burgos, a través de Aranda de Duero, se dilató en exceso y llegó demasiado tarde: se había comenzado a construir antes de la guerra y fue inaugurada por Franco en julio de 1968, casi cuarenta años después. El enorme lapso de tiempo que discurrió entre la concepción y la culminación del proyecto hizo que la línea naciera ya obsoleta, con un trazado más propio para los trenes pioneros del siglo XIX que para los que circulaban por el país en el último cuarto del siglo XX. De hecho, nunca ha sido una de las líneas preferentes de Renfe en la comunicación con el norte de España, a pesar del evidente ahorro de kilómetros. En la actualidad sólo se utiliza para transporte de mercancías y para la circulación de algún tren regional de pasajeros.

Fue la construcción de esta línea una de las obras que más presos absorbió, aunque hubo reclusos trabajando también en el tendido de otras líneas férreas. En el ferrocarril directo de Madrid a Galicia, inaugurado en 1958, una obra considerada por el régimen «de primordial interés estratégico y económico», se establecieron en 1940 dos destacamentos penales en Puebla de Sanabria para la construcción de un tramo de 20 kilómetros, de trazado diabólico, en el que más de 14 son túneles. Entre ellos está el túnel de Padornelo, de 5.971 metros de longitud, el más largo de la red de Renfe. Posteriormente, entre 1953 y 1955, se instala otro destacamento en Bandeira (Pontevedra) para la construcción de un espectacular viaducto de 167 metros de longitud y once arcos de 25 metros de altura sobre el río Toja.

Dos destacamentos de presos, con una media que osciló entre los 240 y los 100 hombres, trabajaron desde el verano de 1947 y durante nueve años en la construcción del ramal ferroviario que une las localidades de Tudela Veguín y Lugo de Llanera, en Asturias. Se trataba de una línea estratégica para la industria minera porque permitiría «dar salida más directamente y en mayores proporciones, hasta el puerto de El Musel, en Gijón, a la producción minera e industrial del Valle de Langreo, que cada año aumentaba considerablemente». El trazado ahorraba, además, un tramo de 18 kilómetros de gran pendiente en el que los trenes de mercancías tenían que utilizar triple tracción para superarlo. Los responsables del sistema de redención de penas describen de nuevo con poesía el trazado como

[…] un camino por donde un día pasará en movimiento ondulante y rápido el monstruo de hierro que, entre gemidos y lamentos, arrastrará en su frenética carrera el lastre, negro y brillante, que constituye el pan para la industria, para su distribución desde zonas más asequibles.

Sin embargo, su construcción fue bastante menos poética para los presos que, entre otras cosas, tuvieron que excavar con barrenos, pico y pala un túnel que cruza la sierra de la Grandota de más de cuatro kilómetros de longitud y con una boca de once metros de ancho y siete de alto.

Esta obra fue adjudicada a la empresa Marcor, que ya desde comienzos de los años 40 había obtenido importantes concesiones de presos para su destacamento de Valdemanco, de la línea Madrid-Burgos. En 1955 esta constructora, además de contar con 100 trabajadores penados, mantenía en su nómina a otros 50 antiguos presos que estaban ya en libertad condicional.

Un importante contingente de presos fue empleado también en algún proyecto fantasma, como el del ferrocarril directo que pretendía unir Santander con el Mediterráneo y en el que trabajaron desde 1943 una media de 600 presos. Si el trayecto entre Madrid y Burgos se terminó con dificultad casi cuarenta años después de haberse comenzado, el ferrocarril Santander-Mediterráneo fue un proyecto que nunca llegó a ver la luz a pesar de emplear en él más de trece años de trabajo y haber construido tramos tan importantes como la perforación del túnel más largo de España, el túnel de La Engaña, de casi siete kilómetros, que se horadó en 1956 y quedará para la historia del ferrocarril como el túnel ferroviario más largo por el que nunca jamás pasó un tren. El durísimo trabajo de los presos quedó como ejemplo de un esfuerzo perfectamente inútil, sólo digno de la historia de la arqueología constructiva absurda de este país.

En la línea del Norte, grupos de presos seleccionados entre los que trabajaban en Fuencarral, en la línea Madrid-Burgos, construyeron las estaciones de Las Matas y de Las Rozas, y la prolongación del ferrocarril de Cercedilla hasta el puerto de Cotos, a 1.821 metros de altitud: el punto más alto de la red de ferrocarriles española.

Presos también fueron los que construyeron los últimos tramos del ferrocarril de vía estrecha entre Pedernales y Bermeo, en Vizcaya, «por medio del cual —leemos en la Memoria de 1955— esta industriosa ciudad se comunicará directamente con la capital de la provincia y con el interior de la península y se pondrá en condiciones de transportar rápidamente todos los productos de sus numerosas fábricas de conservas y salazones y, principalmente, el pescado fresco».

Muchos batallones disciplinarios de trabajadores se ocuparon a su vez de la construcción o reparación de diferentes tramos de vías férreas de menor magnitud por toda España.

Construcción y obras públicas

Los presos trabajaron también en otras innumerables obras de carácter civil: aeropuertos, estadios de fútbol, grandes fábricas, viviendas de protección oficial, plazas y grandes avenidas urbanas. Su enumeración sería interminable, aunque no queremos dejar de citar, a modo de ejemplo, algunas obras significativas.

En 1943, una media mensual de 150 presos se ocupa de la construcción del aeropuerto de Sondica (Bilbao). También el primitivo aeropuerto coruñés de Lavacolla fue construido por un batallón de trabajadores. Desde 1953 a 1958, Banús realiza con presos la ampliación del puerto de Bermeo (Vizcaya), una obra que se justifica desde el Patronato para la Redención de Penas porque «la flota pesquera ha experimentado tal incremento desde la terminación de nuestra guerra que el puerto resultaba insuficiente para la descarga de pescado que, por millares de toneladas, entra mensualmente en el mismo».

Dos destacamentos penales construyen los estadios municipales de fútbol en Valladolid (1940) y Palencia (1943). Durante 1943, 500 reclusos participan en la construcción de la mayor fábrica de celulosa de España y una de las mayores de Europa, la SNIACE, en Torrelavega. Otros destacamentos de presos construyen el Parque Móvil de los Ministerios Civiles, en Madrid; la Azucarera de Toro (Zamora); la fábrica de la SAFA, en Blanes; una fábrica textil en Sabadell, y la fábrica de cemento de Portland Iberia, en Toledo, donde después se instalará otro destacamento que trabajará durante dos décadas en la propia fabricación de cemento.

Como veremos más adelante, una buena parte de la mano de obra reclusa que absorbió la construcción fue a cargo de la propia Dirección de Prisiones, que la utilizó para levantar nuevos centros penitenciarios o para la rehabilitación de los ya existentes. El más importante, sin duda, la cárcel madrileña de Carabanchel, en la que sólo trabajaron presos, más de 600 al mes, que provenían de todas las prisiones, oficiales y habilitadas, de Madrid. También trabajaron presos en la construcción de las cárceles de Badajoz, Córdoba, Tarragona, Lleida y Huesca. Pocas imágenes pueden resultar más ilustrativas del perfil alcanzado por el sistema de explotación que la de miles de presos construyendo sus propias cárceles.

En casi todas las ciudades, el régimen de Franco comenzó la construcción de viviendas protegidas. Además de las construidas en más de treinta localidades por los presos asignados a Regiones Devastadas, tenemos constancia de obras similares en otras localidades, como en Guadalajara, Torelló, Segovia, en donde se construye un grupo de 240 viviendas protegidas y un colegio, y Madrid, en donde se levanta, entre otras, la barriada del Campo de Comillas.

Destacamentos penales levantan o reparan decenas de puentes y trazan a pico y pala cientos de kilómetros de carreteras en todo el país. Un destacamento trabaja en 1941 en la perforación del túnel de Viella, que permite la comunicación del Valle de Arán con el resto de España. Otro, de 211 penados, interviene en la rectificación de la carretera Madrid-Valencia en el puerto Contreras, construyendo el nuevo trazado que acorta la anterior carretera en 8 kilómetros. Curiosamente, este punto ahora rectificado también había sido trazado por presos en el siglo XIX. La historia se repite.

En Madrid, diversos grupos de presos levantan el puente de Praga, inaugurado en 1952, y urbanizan las márgenes del río Manzanares desde el puente de Segovia al de Toledo; construyen varias glorietas del entonces llamado paseo del Generalísimo, hoy paseo de la Castellana, entre ellas, la plaza de Castilla; terminan el paseo de Santa María de la Cabeza; levantan casas baratas o construyen con Banús la colonia de chalets de lujo del barrio madrileño de Mirasierra, que constituye, sin duda, una de las concesiones más sorprendentes y vergonzosas de todas las que hizo el Patronato para la Redención de Penas.

Al césar y a Dios

El Servicio Militar de Construcciones, heredero del Servicio Militar de Puentes y Caminos de Cataluña, también se sirvió de mano de obra reclusa para llevar a cabo múltiples obras en las cuatro provincias catalanas por cuenta del Estado, diputaciones y ayuntamientos. El primitivo Servicio Militar de Puentes y Caminos de Cataluña había sido creado durante la guerra para la reconstrucción de los puentes volados en la contienda, más de 1.400 sólo en esta región. Para ello, el servicio utilizó batallones de trabajadores formados por prisioneros de guerra. Cuando acabó la guerra, estos fueron sustituidos por destacamentos penitenciarios en los que los reclusos ya trabajaban recortando sus penas. Sólo en Cataluña, este organismo llegó a tener a su cargo a 1.300 presos reclutados en las diferentes prisiones catalanas con los que llegaron a formarse diez colonias penitenciarias.

En Barcelona construyen casas militares para oficiales, restauran los pabellones del cuartel Jaime I y adaptan para sede de juzgados, consejos de guerra y farmacia militar, el edificio de Somatenes, situado frente a la estatua de Colón. En Tarragona construyen casas para oficiales y levantan la nueva prisión. En San Sadurní de Noya socavan la red de alcantarillado. En Girona levantan el mercado de abastos… También trabajan en el trazado de algunas carreteras y en la construcción o reconstrucción de diversos puentes como el de Roda del Ter, el puente sobre el río Cardoner en Manresa, pequeños puentes de San Sadurní de Noya, o un puente urbano sobre el río Onyar, en Girona.

Más de la mitad de los presos que trabajan en Cataluña a disposición de este Servicio Militar de Construcciones lo hacen en Lleida, concentrados en los pabellones instalados en la explanada del castillo de Gardeny, en donde levantan un complejo militar llamado entonces Ciudad del Generalísimo, con cuarteles para infantería y artillería, hospital militar, y un grupo de viviendas protegidas para oficiales y suboficiales del Ejército.

Todas estas obras se realizan, según informa en 1942 el general Joaquín de la Llave, jefe del Servicio Militar de Puentes y Caminos, «con una baja en los precios de presupuesto que no puede hacer una empresa particular y en los lugares en los que falta mano de obra en los oficios de la construcción».

No serán las únicas instalaciones militares en las que trabajen presos. En Madrid y Burgos, el Servicio Militar de Construcciones se ocupa también de edificar casas para militares. En Madrid, 100 presos reconstruyen el Hospital Militar de Carabanchel, después denominado Gómez Ulla. En Valladolid reparan la Academia de Caballería. En Segovia, un destacamento construye la Base de Carros de Combate, con grandes talleres para fabricar tractores y tanques. También levantan en esta ciudad los cuarteles y la comandancia de la Guardia Civil. Lo mismo ocurre en Madrid, cuya actual sede de la dirección general de este cuerpo, en la calle Guzmán el Bueno, se edificó con mano de obra reclusa.

Ya en 1939, los presos habían sido empleados en Valladolid en la reconstrucción de edificios religiosos, como la iglesia del Carmen y el convento de las Adoratrices. Para esta misma congregación trabajarán reclusos en Cartagena y Alcalá de Henares en la reconstrucción de otros dos conventos. Igualmente se debe a los presos la rehabilitación del seminario y la catedral de Vich, un bello edificio gótico del siglo XIV incendiado al comienzo de la guerra, en agosto de 1936. En Brunete reconstruyen la iglesia, en Belchite levantan la capilla del campamento de trabajadores. Asimismo, son presos también los que reparan el seminario de Ervedelos, en Ourense, y quienes reconstruyen el colegio de los Escolapios de la calle San Antón, en Madrid.

Grandes industrias

También fueron destinados destacamentos penales a las grandes industrias metalúrgicas, consideradas estratégicas por el régimen franquista como productoras de «artículos de interés vital para la industria y la defensa nacionales». Solían ser estos destacamentos menos numerosos que los empleados en la construcción de obras públicas porque los forman, por lo general, presos de altísima cualificación. De hecho, el Patronato reconoce en 1942 que su única barrera para ampliar la presencia de presos en este tipo de industrias no es la demanda, que no deja de crecer, sino «el límite de obreros especializados de que disponemos».

El más importante de estos destacamentos fue el instalado por la Sociedad Babcock Wilkox, en Galindo (Bilbao), en el que trabajó, desde abril de 1940, un promedio de 60 presos —torneros, ajustadores, fresadores, caldereros— en la construcción y reparación de locomotoras eléctricas y de vapor, coches de ferrocarril, calderas de barcos y trabajos similares. Los responsables del destacamento afirman:

La importancia de los trabajos que se efectúan en esta factoría, aumentada por las circunstancias que en la actualidad pesan sobre España, imponen a las operaciones de esta gran fábrica un ritmo excepcional en la labor y rendimiento; no obstante, los penados han sabido en todo momento dar satisfacción plena a la empresa.

Y tanto. En este taller, el promedio de horas extraordinarias realizadas por los reclusos fue del 23 por ciento.

Existen destacamentos de presos en la Sociedad Maquinista y Fundiciones del Ebro, en Zaragoza, destinada igualmente a la fabricación de diverso tipo de maquinaria; en la casa Múgica, Arellano y Cía., de Pamplona, que se emplea en la construcción de maquinaria agrícola; en la Constructora Naval; en la empresa pública Experiencias Industriales, de Aranjuez, especializada en la fabricación de material de precisión; en La Trefilera de Gijón, un inmenso taller dedicado a la reparación a gran escala de automóviles; o en Plasencia de las Armas, dedicada a la fabricación de material de artillería.

También trabajan presos en dos importantes fábricas de cemento: la fábrica de Asland, en Córdoba, entre 1952 y 1955, y la fábrica de la Sociedad Portland Iberia S. A., en Castillejo (Toledo). Es el de esta última uno de los primeros destacamentos que se abren, en 1942, y uno de los tres últimos que se cierran, en 1970. En él, los presos, aparte de elaborar cemento, participan también en la construcción de la fábrica y de sus sucesivas ampliaciones, con las que se alcanza un incremento espectacular de la producción. Si en 1953 Portland Iberia fabrica 60.000 toneladas anuales de cemento, la construcción de dos nuevos hornos por parte de los presos hace que la producción de la fábrica llegue a multiplicarse por cinco. También cementan las calles, plantan los jardines, trazan el alcantarillado dentro de la fábrica y se ocupan de su conservación y limpieza. Esta fábrica permanece aún en pie y en funcionamiento y pertenece a Valenciana de Cementos, la primera empresa cementera española.

Otras importantes empresas, como el Metro de Madrid, también emplearán presos. Y su trabajo es tan eficaz que en 1941 merece una gratificación extraordinaria por parte de la empresa.

Presos para todo: la orquesta del General

Tampoco fue infrecuente la utilización de los presos por parte de militares o personajes próximos al régimen con fines bien distintos a los que proclamaba el sistema de redención de penas. Manuel Calvo pasó por varias cárceles y campos de concentración y trabajó en dos batallones disciplinarios, uno en Guadalajara y otro en Córdoba, antes de ser trasladado a Cádiz. Allí, según testimonio recogido por Marcelino Laruelo, estuvo «trabajando en una hacienda muy grande de un señorito que tenía caballos, vacas, toros, de todo. Luego nos mandaron para Los Barrios, al pie de Algeciras, donde estuvimos haciendo una carretera para una finca de un ricachón que tenía mucho ganado». El general Heli Rolando de Tella y Cantós utilizó presos de la cárcel de Lugo y camiones y material del Ejército para reconstruirse el pazo Aday, a 16 kilómetros de la ciudad, que llegó a ser lugar de celebración de bautizos y comuniones y ocasional plató cinematográfico para películas como El rey del río (1995) de Manuel Gutiérrez Aragón, tal y como recuerda Rafael Torres en su libro Los esclavos de Franco.

El general Sáenz de Buruaga, compañero de Franco, uno de los privilegiados invitados a la inauguración de las obras del Valle de los Caídos, reclutó a 12 presos del batallón disciplinario número 94 de Algeciras, sobre el que tenía mando, para formar una orquesta que solía emplear en sus fiestas privadas. Al grupo se le llegó a conocer en todo el Campo de Gibraltar como La Orquesta del General. Ernesto Sempere, hijo de un dirigente del Partido Radical Socialista que fue fusilado el 17 de julio de 1940, era uno de esos doce músicos reclusos. Sempere había pasado por varias cárceles y campos de concentración antes de salir en libertad condicional. Le duró poco. Poco después de obtenerla, en diciembre de 1943, fue de los jóvenes reclamados por el Ejército para realizar de nuevo el servicio militar. Considerado desafecto al régimen, fue enviado a este batallón disciplinario en el que durante una semana se dedicó a trasladar grandes piedras desde una cantera situada a un kilómetro y medio del campo, que estaba a las afueras de Algeciras, para construir el muro de seguridad que lo rodeaba. Como sabía tocar la guitarra y el violín, pudo enrolarse en la orquesta del general y disfrutar, durante los dos años de cautiverio que aún le quedaban, una vida más llevadera, tal y como me relató:

Tocábamos en todas las fiestas militares, en la de Infantería, en la de Artillería… Además, los jueves, sábados y domingos tocábamos en un local que se llamaba, también, El jardín del General, un lugar al aire libre, con terrazas escalonadas que daban al mar, en donde se reunían militares, políticos locales y miembros de la Falange con sus esposas. También tocábamos en las ventas, una especie de cabarets de carretera. Y llegamos a tocar en el Hotel Cristina, de Algeciras, famoso porque allí se firmó el reparto colonial de Marruecos entre Francia y España. Yo era el animador y el cantante. Desde entonces tuvimos una vida privilegiada: comíamos con los oficiales, estábamos liberados de ir a recoger piedras… Los sargentos montaban en cólera porque vivíamos mejor que ellos.

Talleres penitenciarios: desde mantas a radios

Muchos españoles de la época no tenían conciencia de la magnitud del trabajo que estaban realizando los presos republicanos explotados por Franco. Sabían, eso sí, lo que hacían en cada localidad, pero tal vez no imaginaban que aquella circunstancia se multiplicaba por cientos a lo largo y ancho del país. Ignoraban algo más: que muchos de los objetos que utilizaban en su vida cotidiana también habían sido fabricados por estos presos políticos a los que el régimen franquista estaba pasando factura sacando provecho de su cautiverio.

Posiblemente muchos niños pasaran sus ratos libres con juguetes de madera fabricados por los presos de las cárceles de Barcelona, Burgos o Novelda, en Alicante. Otros muchos estudiaban en pupitres y rezaban ante crucifijos fabricados en la ebanistería de los talleres penitenciarios de Alcalá de Henares. Muchos madrileños vestían ropa confeccionada por reclusas de la prisión provincial de mujeres de Madrid, desde camisas hasta ropa interior, desde batas a monos de trabajo… Algunos españoles tomaron el camino de la emigración portando una maleta que seguramente habían fabricado los presos de Ocaña, que en sus buenos tiempos llegaron a hacer cada año más de 40.000 maletas, maletines, bolsas de viaje y hasta carteras colegiales. Las mujeres de Ciudad Real vestían encajes fabricados en la prisión de mujeres de esta ciudad.

En los cuarteles militares y en los campamentos del Frente de Juventudes se comía con platos y cubiertos fabricados en el taller de metalistería de El Dueso; en las iglesias, miles de fieles rezaban ante imágenes labradas por los artistas presos de los talleres de imaginería de Girona y Sevilla. A las carreteras salían cada año 1.000 coches impulsados por los extravagantes gasógenos, fabricados también por los presos de El Dueso. Con toda seguridad, muchos hogares de todo el país se barrían con alguna de las escobas, más de 120.000 de 72 modelos diferentes, que cada año producían los presos en los talleres penitenciarios de Novelda.

Cada noche, las familias, a veces acompañadas de sus vecinos, se reunían en torno a la radio para escuchar el parte de Radio Nacional en aparatos de elegantes carcasas de madera que fabricaban los presos de la Cárcel Celular de Barcelona. A finales de los 40, este destacamento penitenciario sacaba más de 5.000 carcasas al año. A veces en el aire se producía el milagro y, jugarretas del destino, muchos españoles derrotados podían escuchar a través de esos aparatos, fabricados por otros españoles vencidos, las noticias que les llegaban a través de Radio Moscú, de Radio París, de la BBC de Londres o de la mítica Radio España Independiente, La Pirenaica.

La relación completa de las industrias y obras en las que trabajaron sería interminable, como reconoce en 1944 el Patronato para la Redención de Penas: «Nuestra lista resultaría interminable si fuésemos a hacer mención de todas las obras en que son empleados reclusos en organismos tanto oficiales como particulares de todo género: Ayuntamientos, Diputaciones, Instituciones religiosas y benéficas».

Desde luego que sí, sería interminable, como es necesariamente incompleta la serie que acabamos de enumerar. Cientos de españoles, los propios protagonistas o sus hijos, guardan la memoria de otros lugares, otras empresas e industrias, en las que también trabajaron estos presos políticos en su cautiverio. Minas, embalses, canales, líneas férreas, cárceles, carreteras, casas baratas, catedrales e iglesias, escuelas, campos de fútbol, pueblos enteros… Durante años, decenas de miles de presos republicanos trabajaron en casi todo y en casi todas las partes en beneficio del régimen que los reprimía. Espero que los olvidos, voluntarios o no, sean disculpados por quienes dejaron en estas obras parte de su vida, de su fortaleza y de su libertad. Lo que hemos reseñado hasta ahora es una buena parte de lo que hicieron, pero sólo una parte en la que, en todo caso, falta por señalar la que sin duda fue la obra por excelencia, la que más se identifica con el trabajo de los presos políticos: la tumba del excelentísimo, la construcción del Valle de los Caídos.

4
Los caídos en el Valle

El 24 de febrero de 1950, miércoles, una camioneta de Construcciones Molán espera a las puertas del destacamento penal al preso Miguel Rodríguez Gutiérrez, dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) que, a pesar de su juventud, ha quemado los ocho últimos años de su vida en las cárceles de Franco. Está a punto de abandonar su última celda, uno de los tres destacamentos que desde hace siete años se dedican a la construcción del Valle de los Caídos. En los últimos meses ha corrido el rumor del inminente relevo del arquitecto Pedro Muguruza, que sufre desde hace tiempo una grave enfermedad. El rumor se confirma, el relevo se produce y la llegada del nuevo arquitecto, Diego Méndez, traerá consigo la sustitución de algunas empresas constructoras y la desaparición de los destacamentos y de los presos como trabajadores en las obras del monumento. Una desaparición relativa, ya que muchos de los trabajadores «libres» que permanecen en el Valle de los Caídos son en realidad antiguos presos en libertad condicional que han de presentarse todos los meses en el cuartel de la Guardia Civil de El Escorial para convalidar su situación.

Miguel Rodríguez había trabajado como obrero preso en la construcción del monasterio, pero desde hace algunos meses tiene un destino en las oficinas del destacamento que Construcciones Molán ha abierto en el Valle. Su jefe le ha pedido que antes de marcharse arregle algunos papeles pendientes y esa circunstancia le convierte en el último preso que, en ese frío febrero del 50, abandona el Valle de los Caídos.

En la versión oficial que el Gobierno de Franco ofrece acerca de la supresión de los destacamentos de presos en el Valle de los Caídos se argumenta que la obra que resta es cosa de pormenor que requiere una mano de obra especializada que no pueden ofrecer los presos: «Lo que quedaba por realizar en todos ellos, casi obra de detalle, requería, exclusivamente, la pericia y experiencia de profesionales, y, por tanto, poco o nada podían hacer ya los peones familiarizados con los trabajos corrientes».

Esa obra «casi de detalle» necesitará aún otros nueve años de intenso trabajo de los nuevos obreros especialistas, más de los que en 1950 llevaban empleados los presos republicanos aptos, según el régimen, sólo para realizar «trabajos corrientes». Así que hay que pensar que, o la versión oficial era una patraña, o los responsables de construir la tumba de Franco eran tan torpes que volvieron a equivocarse en sus pronósticos. No era la primera vez que sucedía. La verdad es que la puntería en las previsiones no fue la virtud que adornó a los constructores del Valle de los Caídos.

Seguramente, Franco no quería que fuesen los destacamentos penales que construían la gran tumba de Cuelgamuros los últimos en cerrarse. Y el declive de los destacamentos parece evidente en el año 50, en que ya sólo funcionan 14 de los 141 que llegaron a trabajar cuando comienzan las obras del Valle en 1943.

Una urgencia que dura veinte años

La construcción del Valle de los Caídos fue una idea que obsesionó a Franco durante toda su vida. La primera vez que habló en público de ella fue el 3 de junio de 1939, durante la inauguración del modesto monumento en memoria de su compañero de conspiración, el general Emilio Mola. Era aquel un monumento más parecido a los que por cientos comenzaban a levantarse en pueblos y ciudades en honor a los caídos que al que Franco empezaba a concebir como última morada: «Nuestro monumento a la Victoria no será un monumento más… será un lugar que tendrá basílica, tendrá monasterio y tendrá cuartel; tendrá la reciedumbre de España, tendrá la aspereza de la tierra, tendrá la soledad de la oración».

El decreto que el 1 de abril de 1940 ordena la construcción del monumento insiste en esa misma idea: la dimensión de la cruzada no puede quedar perpetuada sólo «en sencillos monumentos». En él se afirma:

Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido, y que constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor.

Franco no sólo tuvo la idea. También eligió el lugar concreto en el que se enclavó el monumento, que fue a buscar personalmente junto al general Moscardó, su compañero de armas. Franco intervino directamente en las obras y sugirió muchas de las modificaciones que, sobre la marcha, se iban efectuando en el proyecto. También se dice que escogió personalmente el árbol sobre el que se labró el Cristo de la basílica. A él cabe atribuirle igualmente la decisión de enviar presos a la construcción del monumento, en el año 43, cuando su impaciencia por la lentitud de las obras comenzaba a manifestarse y se hizo patente, nuevamente, en forma de decreto.

Franco tenía mucha prisa en ver su sueño realizado. El 1 de abril de 1940, él mismo hizo explotar el barreno que simbólicamente marcó el inicio de las obras de la que terminaría siendo su tumba. Después de presidir el Desfile de la Victoria en Madrid y de ofrecer una recepción de gala a sus ministros, a las principales personalidades del régimen y a la exigua representación diplomática, los llevó hasta el paraje de Cuelgamuros, en la sierra del Guadarrama, para que fueran testigos de la materialización de su sueño. Ante su esposa, los embajadores de Alemania, Italia y Portugal, y muchos de los generales que le habían ayudado a ganar la guerra, se leyó solemnemente el decreto que ordenaba la construcción del Monumento Nacional a los Caídos. A los caídos de un bando, el suyo.

Tras la explosión oficial del primer barreno, comenzó a trabajar la primera cuadrilla de trabajadores. Entre ellos, un capataz que había sido contratado por la empresa San Román en las minas de Murcia: Benito Rabal, el padre del actor Paco Rabal, que llegó a vivir de niño en Cuelgamuros. Los presos aún tardarían algún tiempo en llegar.

El decreto, fechado justo un año después de concluida la guerra, declaraba las obras de «urgente ejecución». Dos días después, el arquitecto de la obra, Pedro Muguruza, que era además director general de Arquitectura, declaraba en ABC que Franco tenía «vehementes deseos de que las obras de la cripta se hallen terminadas en el plazo de un año, para inaugurarlas el 1.º de abril de 1941, y en el transcurso de cinco, el conjunto de todas las edificaciones, incluso jardines, que rodearán el monumento».

Al cabo de un año, fecha prevista para la inauguración de la cripta, apenas se habían extraído de esta unas cuantas toneladas de roca. Acostumbrado a doblegar el curso de la historia a golpe de decreto, Franco dicta el de 31 de julio de 1941 en el que se afirma que

[…] es llegado el momento de impulsar decididamente la obra para coronar su término en el menor plazo posible, creando un órgano de dirección con la autoridad y la autonomía de gestión necesarias para solventar todas las dificultades que las circunstancias presentes puedan presentar ante la rápida marcha de los trabajos.

Al acabar el año 1953, la revista Índice, publicada en Madrid, anuncia la conclusión definitiva de las obras para julio de 1954. Ni por esas…

El voluntarismo de estas disposiciones legales, y de quienes a través de los medios las aireaban y las apoyaban, de nada servía para minar la dura roca de Guadarrama. Al igual que la guerra de acción rápida que soñó Franco para desmantelar la República se convirtió en una pesadilla que duró tres años, la urgente ejecución del monumento que habría de ser su tumba se demoró hasta límites insospechados. La cripta, la que había de estar excavada en el plazo de un año, se concluiría catorce años después, el 31 de agosto de 1954. El conjunto de la obra no se culminaría ni en uno ni en cinco ni en diez, sino veinte años después.

Llegó tan tarde que su inauguración levantó discrepancias incluso entre los suyos. El nada sospechoso teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo, primo y secretario particular de Franco durante años, dejó escritas en su diario el 30 de julio de 1957, tras una visita al Valle poco antes de concluirse las obras, estas impresiones recogidas años después en el libro Mis conversaciones privadas con Franco:

En España no hay ambiente para ese monumento, pues aunque dure el miedo a otra guerra civil, gran parte de la población tiende a perdonar y a olvidar. No creo que ni los familiares de los blancos ni de los rojos sientan deseos de que sus deudos vayan a la cripta, que si sólo es para los blancos establecerá para siempre una eterna desunión para los españoles.

Pero su primo era muy suyo y siempre luchó contra el perdón y contra el olvido, aunque al inaugurar la obra intentase blanquearla con el enterramiento de soldados de ambos bandos. No se sabe si influido por las conversaciones con su primo o por la presión internacional de un mundo que había cambiado desde 1945 y en el que su dictadura era ya una rareza en el occidente de Europa. A finales del mismo año en que se inauguró el Valle de los Caídos, el 21 de diciembre, visitó España el presidente de Estados Unidos Dwigth D. Eisenhower. Fue una visita fugaz, apenas una escala de unas horas en su gira europea, pero marcó el comienzo del fin del ostracismo del régimen de Franco. Puede que ese supuesto gesto de reconciliación del dictador formase parte de las contrapartidas exigidas por el presidente norteamericano para poner sus pies en España o que Franco lo ofreciese como prueba de que su dictadura había evolucionado.

Los retrasos en la obra se acumularon por la dureza del terreno en el que se excavaba la cripta, por su magnitud, por las dificultades para hacer llegar a tiempo los materiales suficientes en un país en el que los transportes eran muy complicados. Muchas veces estos retrasos los ocasionaba el propio Franco. Sus visitas a las obras eran muy frecuentes y excesivamente participativas. Raro era el mes que no pasaba a supervisarlas y raro el día que no le ponía una pega a la construcción. Escribe su primo en el libro citado que «él fue quien hizo los diseños de los adornos de los altares, de los relieves del pórtico con escenas de la pasión…». En una de sus visitas, según relata Daniel Sueiro en La verdadera historia del Valle de los Caídos, Franco entró en la cripta, ya revestida de cantería, y manifestó su desagrado: «A esto le faltan dimensiones —dijo—. Esto da la sensación de que entramos en un túnel. Aquí hay que profundizar metro y medio en el suelo».

Y así se hizo. Acumulando con ello un nuevo retraso. Otro más.

Llegan los presos

Los presos no comienzan a trabajar de inmediato en la obra del Valle de los Caídos. Su llegada, en mayo de 1943, se produce cuando ya Franco, en su impaciencia, había decretado «el impulso decidido de la obra para coronarla en el menor tiempo posible». Seguramente, alguien ofreció al dictador la posibilidad de derivar a Cuelgamuros una parte de la ingente mano de obra de presos republicanos que ya por entonces trabajaba en decenas de destacamentos penitenciarios por toda España y con unos rendimientos excepcionales en todos ellos. Se constituyen entonces tres destacamentos penales que se ceden a cada una de las tres grandes empresas constructoras privadas que habían sido contratadas para las obras principales del Valle. El primero, destinado a horadar el risco de la Nava para construir la cripta, se encomienda a la empresa San Román, filial de Agromán según Daniel Sueiro, y comienza a trabajar el 15 de mayo de 1943. El segundo, empleado en la construcción del monasterio, se asigna a la empresa Molán e inicia sus trabajos el 10 de junio. Y el tercero, dedicado a la construcción de la carretera de acceso al monumento, se concede a los hijos de un pequeño contratista catalán, José y Juan Banús, y se constituye apenas un mes después. La construcción de la cruz, el elemento más simbólico del monumento, sólo se afronta después de abandonar los presos Cuelgamuros.

Estos empresarios reclamaban presos al Patronato, que era quien decidía finalmente cuántos y quiénes serían los enviados. Hubo alguna privilegiada excepción, como la que se permitió al empresario Juan Banús, que se paseaba con total libertad por las cárceles próximas a Madrid para reclutar presos que le sirviesen para la construcción de la carretera de acceso al Valle de los Caídos:

Don Juan Banús fue a por gente a Ocaña, y por no estar encerrado allí en aquel patio, porque era una fanega de tierra lo que veíamos, yo pedí ir a trabajar —recuerda Teodoro García Cañas—. Pero como estaba tan débil, no me quería llevar. Me miró la boca, me tanteó los músculos…, ¡sí, el mismo don Juan Banús! Como éramos muchos miles los que allí queríamos salir a trabajar, escogió gente. Nos formaron en el patio y pasó en compañía de un guardián y de un oficial; y todo el que estaba sentenciado en firme y quería salir voluntario daba un paso al frente… y entonces él entresacaba al que veía más fuerte, más alimentado.

Los presos del Valle no sólo construyen la cripta, el monasterio y la carretera, se dedican también a otros menesteres, como la construcción de sus propios barracones o de las viviendas destinadas a los empleados y responsables de las empresas constructoras. Además, en la construcción del monumento intervienen indirectamente otros presos. El cemento con el que se levanta proviene de empresas como Portland Iberia o Asland, que cuentan a su vez con destacamentos de presos en sus nóminas. Los ocho tapices con escenas del Apocalipsis de San Juan que cuelgan en la cripta, reproducciones de los originales que se encuentran hoy en la Granja al no aguantar las condiciones de humedad de la cripta, se hacen en los talleres de las Industrias Artísticas Agrupadas. Esta institución fue otro de los inventos que el dictador montó para emplear presos republicanos, en este caso para la recuperación de oficios artísticos bajo el manto de la Fundación Francisco Franco.

Ese primer envío de mano de obra penada, que llega a la sierra del Guadarrama en la primavera de 1943, es de unos 400 hombres. Según las sucesivas Memorias del Patronato para la Redención de Penas, la cifra de presos que trabajan en las obras de Cuelgamuros oscila, durante los ocho años en que se mantiene, en torno a esa media: entre 400 y 500 hombres. Pero el número total de presos políticos que trabajan para construir la tumba del dictador no se conoce con exactitud. Algunos autores hablan de 20.000 presos, cifra que se ha repetido después como simbólica letanía, seguramente tan exagerada como aquella del millón de muertos de la guerra. Con una media de hombres entre 400 y 500, que se mantiene constante durante esos años, y teniendo en cuenta que la renovación de presos era continua debido a los sucesivos indultos, seguramente habría que hablar de una cantidad sensiblemente menor: en torno a los seis mil o siete mil, que en todo caso sitúa la obra a la cabeza del ranking de las que más población reclusa forzada absorbieron, junto a la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos o la del canal del bajo Guadalquivir, el denominado canal de los Presos, que se sirvieron de un volumen semejante de presos. Con una única diferencia. El monumento del Valle de los Caídos era una obra perfectamente inútil y de muy difícil justificación, salvo la de su valor simbólico para la dictadura. El esfuerzo humano y económico que requirió, colosal como la magnitud de sus volúmenes, difícilmente podía ser justificado y asimilado por un país esquilmado, empobrecido y muerto de hambre.

La aportación de esta enorme masa humana no aceleró las obras al ritmo delirante que Franco deseaba, aunque su empleo fue fundamental para que el monumento se levantase. En la Memoria de 1946, el Patronato para la Redención de Penas así lo reconoce:

Los lugares de emplazamiento de los tres destacamentos penales que construyen el Monumento a los Caídos están situados en parajes solitarios, lejos de todo núcleo urbano y entre breñas y peñascos, hasta tal punto que de no haber sido empleados en estas obras trabajadores reclusos, instalados en sus respectivos destacamentos, las dificultades para haberlo realizado por obreros libres hubiesen sido grandes debido a las distancias que hubieran tenido que recorrer los trabajadores desde sus residencias habituales hasta los tajos.

Argumentos semejantes se repiten constantemente en las memorias de construcción de todas las obras en las que participaron estos presos políticos.

Un mausoleo para un vivo

El Valle de los Caídos es símbolo de muchas cosas. Planteado como un monumento mortuorio, fue en realidad la estela conmemorativa de una victoria militar. Pensado como mausoleo para los caídos en la guerra, fue en realidad la gran tumba de alguien que ni murió en el campo de batalla ni, por desgracia, cayó políticamente hasta cuarenta años después. Fue, en fin, la escenificación en piedra del sucio matrimonio entre la Iglesia y el nuevo régimen, que, para instaurarse y consolidarse, se había saltado unos cuantos mandamientos de la ley de Dios sin que a la jerarquía católica le importase lo más mínimo. La basílica, el monasterio, la gran cruz imponiéndose sobre todo el complejo y elevándose sobre el fondo de un paisaje imponente no eran sino la rúbrica final de la intención manifestada desde un principio: que aquel era un monumento para los muertos caídos en la cruzada, es decir, sólo para una parte de los muertos.

En aquellos miles de presos que trabajaron en la obra podíamos ver la radiografía de la España reprimida: allí se mezclaban obreros con arquitectos, cualificados maestros depurados con analfabetos, cristianos con ateos, militantes de izquierdas con ciudadanos apolíticos, soldados del Ejército republicano con militares de alta graduación, algunos de ellos compañeros de academia del mismísimo Franco que optaron por no seguirle en la conspiración y tuvieron que pagar por ello. La coexistencia de esta abundante población reclusa con obreros y capataces libres y con miembros de los cuerpos de seguridad que los custodiaban generó curiosas relaciones. El padre del actor Paco Rabal se trajo a su hermano, Domingo, un buen minero, a trabajar a Cuelgamuros. Vino con su mujer y con sus dos hijas, «jóvenes y lozanas», según recordaba Rabal. Una de ellas se casó con un guardia civil y la otra con un preso. El honrado resultó ser el preso: «El guardia civil no se casó con mi otra prima, pero me parece que le hizo una hija antes de abandonarla», rememoraba el actor.

Daniel Sueiro, escritor y periodista, fotografió a la perfección este paisaje en su libro La verdadera historia del Valle de los Caídos. Sueiro nos presenta al coronel Eduardo Sáez de Aranaz, un militar de prestigio de la misma promoción que Franco. En las páginas correspondientes a los segundos tenientes del arma de infantería en el Anuario Militar de España de 1912, Sáez de Aranaz figura con el número 65, y Franco, con el 247. Fue profesor en la Academia de Infantería de Toledo y fue invitado ¡por el propio Franco! a impartir clases en la Academia General de Zaragoza. Alumnos suyos fueron después ministros o capitanes generales. Sin embargo, al concluir la guerra, Sáez de Aranaz fue condenado a muerte. Conmutado a 30 años, pasó por varias cárceles hasta acabar en el destacamento de San Román, en el Valle de los Caídos, como trabajador forzado. Allí trabajó de almacenero y vio a Franco en multitud de ocasiones, cada vez que visitaba las obras del Valle. Franco nunca lo saludó.

Un caso análogo es el del teniente coronel Alejandro Sánchez Cabezudo, de la misma promoción del sublevado general Varela, también condenado a muerte, también conmutado, también preso forzado en el Valle de los Caídos después de pasar por cinco prisiones y trabajar en la construcción del canal bajo del Guadalquivir. En el Valle trabajó como escribiente de un aparejador. Tampoco a él llegó a saludarlo nunca Franco.

El maestro de la escuela que funcionaba en el Valle de los Caídos, Gonzalo de Córdoba, había sido comandante de infantería del Ejército republicano, aunque su profesión era la docencia. Depurado del escalafón de maestros, condenado a muerte y conmutado, fue enviado a este destacamento, en donde, a pesar de su historial, se le encomendó la educación tanto de los hijos de los capataces y aparejadores de las empresas constructoras, como de los hijos de los funcionarios de prisiones que custodiaban a los reclusos. Las clases eran mixtas. Todos los años, los estudiantes se examinaban en el Instituto de San Isidro. Y aprobaban todo, incluso la religión y la asignatura de Formación del Espíritu Nacional, en la que el maestro ponía especial esmero.

El médico de las obras, Ángel Lausín, era también un preso depurado de su profesión. Como el practicante Luis Orejas, que había sido compañero de cárcel del doctor Lausín en la prisión madrileña de Yeserías.

En fin, estos hombres que nos presenta Sueiro eran algunos de los inquilinos forzosos del gran penal en el que se convirtió el Valle de los Caídos, personas a las que Diego Méndez, segundo arquitecto en el Valle, consideraba «unos criminales»:

No es que ellos tuvieran conciencia de que eran unos criminales… eran tan primitivos, tan primitivos, que hacían las cosas como puede hacerlas un bicho cualquiera, sin conciencia ninguna de lo que hacían, consecuencia de la guerra y de su estado intelectual muy bajo, claro. Gracias a estos, al grado de inconsciencia que tenían estas gentes, fue por lo que se pudo hacer… porque el trabajo, por arriesgado que fuera, ellos lo hacían sin preocupación.

Los caídos de verdad

Si resulta imposible establecer el número concreto de presos que trabajaron en la construcción del Valle de los Caídos, más difícil aún resulta establecer otras circunstancias, como el número de heridos y muertos que dejaron las obras.

Ángel Lausín, que fue el médico responsable de los tres destacamentos durante casi todo el tiempo en que hubo presos trabajando en las obras, aporta a Daniel Sueiro una cifra concreta:

Sí, hubo 14 muertos en todo el tiempo de la obra, porque yo he estado allí prácticamente todo el tiempo. Si había un accidente mortal, me avisaban a mí; yo lo veía y avisaba al juzgado de El Escorial; venía el juez, tomaba sus notas, se lo llevaban a El Escorial y en el cementerio le hacían la autopsia. Luego lo enterraban allí, en El Escorial. Y hubo muchos accidentes. Los hubo graves, muy graves, otros menos graves… Raro era el día que no había uno de esos accidentes, porque claro, se movían piedras muy gordas, se movían vagonetas muy grandes, transportando materiales y tierra; había mil cosas. Y se han dado casos de silicosis, se han dado bastantes. Casi todos se han ido muriendo; muy pocos quedarán, si queda alguno. Aquí en Madrid yo he sabido de bastantes, que se han ido muriendo poco a poco. No creo que quede ninguno.

A juzgar por el número de accidentes, la tarea más arriesgada de las que fueron encomendadas a los tres destacamentos que trabajaron en el Valle fue la de horadar la cripta bajo la que se construiría la basílica. Según cifras oficiales, 8 de cada 100 presos de los que trabajaron en este lugar resultaron accidentados, es decir, el triple de los que se produjeron durante la construcción del monasterio o de la carretera.

Las condiciones de trabajo en el Valle de los Caídos fueron durísimas, y las medidas de seguridad, mínimas. Franco tenía prisa y los obreros presos también. Mientras los barreneros preparaban las cargas para horadar la cripta, el resto de los presos seguían trabajando en su radio de acción. No podían estar parados una hora, dos horas, mientras su compañero colocaba la carga de dinamita, aunque la seguridad así lo exigiera. Igualmente, tras hacer estallar los barrenos, los presos entraban inmediatamente en la cripta sin esperar a que se ventilase, para desescombrar, para apuntalar de inmediato el túnel que se iba perforando. No había tiempo que perder. En Cuelgamuros, como en el resto de los destacamentos penales, el tiempo perdido era libertad perdida. Así que se trabajaba siempre en el límite del riesgo. No podía ser de otra forma.

El trabajo de la cripta era el más duro y por ello el mejor pagado a los obreros libres que participaron en las obras. Para los presos, el beneficio era menor, pero muchos entraron a picar en la cripta animados por el pequeño suplemento de una peseta diaria que recibían en concepto de sobrealimentación. Así que suplían su inexperiencia con el deseo de mejorar la situación de sus familias, resultando la apuesta a veces mortal. Muerte rápida o muerte retardada. Según Manuel Romero:

[…] todo el que ha estado con un martillo en el Valle o su ayudante, todos han caído… La arenilla formaba un vaho allí que no se veía nada, un martillo allí y otro allá, se entraba y todo era una nube, y la única protección que se tenía era una mascarilla de esas de esponja, que se humedece y te la tienes que quitar porque las chinas entran y lo tapan, te la tienes que bajar y trabajar a pulmón libre. Han caído muy deprisa, muy deprisa. Eso es peor que trabajar en una mina. En la mina se puede llegar a los sesenta o sesenta y cinco años trabajando toda la vida en la mina; pero ahí no, ahí el tío que se ha tirado tres años con un martillo, y menos de tres años, es suficiente para no contarlo… Más de cuarenta y cinco tíos murieron de martillo. Porque es que la china aquella del granito es criminal, es que son unos cristalitos tan sumamente finos que se llegan a clavar en los pulmones.

Los presos del Valle vivían al principio en barracones de madera con tejado de cinc, sin suelo, con los camastros asentados directamente sobre la tierra. Por supuesto, sin calefacción. Después se construyeron otros semejantes, pero de ladrillo. En cada barracón podían dormir cincuenta o sesenta presos, en literas de madera de doble piso, alineadas en dos filas a través de las cuales apenas se abría un pequeño pasillo. Un detalle contable puede hacernos una idea sobre la calidad de estos barracones y sobre la desigual preocupación del régimen por el bienestar de estos presos, aunque los considerase imprescindibles para la construcción de la obra, como se ha señalado. Mientras el coste de los barracones de los tres destacamentos existentes, en los que se alojaron durante estos años miles de presos, fue de 620.000 pesetas, en las viviendas de los empleados libres las empresas llegaron a gastar más de veinte millones.

El trabajo comenzaba todos los días a las ocho de la mañana y se prolongaba durante ocho o diez horas. Esa era la duración de una jornada normal, aunque las jornadas normales en el Valle, como en el resto de los destacamentos penitenciarios, eran infrecuentes. Los presos solían prolongar su trabajo durante horas que echaban en los tajos con un doble fin: sacar alguna peseta extra para sus familias y acelerar la reducción de sus condenas:

¿Sabe lo que cobré yo la primera semana, trabajando 10 horas diarias, ocho de jornada y dos extraordinarias? —le pregunta Teodoro García Cañas, preso en el Valle de los Caídos, a Daniel Sueiro—. Calcule lo que cobraría yo: quince veinticinco… Luego ya, cuando nos fuimos rehaciendo, que nos daban destajillos, había semanas que cogías treinta o cuarenta pesetas, matándote a trabajar.

Quince pesetas y veinticinco céntimos por una semana de trabajo era poco más de lo que cobraba un obrero libre cualificado por un jornal. Y no daba para mucho. Con ese dinero podían completar su rancho y comprar en el economato una latilla de chicharros «que en aquellos tiempos era para nosotros más que hoy un jamón», o juntarse entre cuatro o cinco para hacerse con una hogaza de pan de kilo que valía 20 pesetas. Y así sobrellevaban la dura vida de trabajo.

El mal menor

Con todo, los de Cuelgamuros no fueron los destacamentos en los que los presos vivían peor. La dureza del trabajo se compensaba con otras circunstancias que hacían la vida un poco más llevadera. La vigilancia no era muy fuerte: apenas un destacamento de la Guardia Civil que controlaba el perímetro de las obras y algunos funcionarios del cuerpo de Prisiones que vigilaban el interior del recinto. Muchas de las funciones de vigilancia, como los seis recuentos que se hacían al comenzar y terminar el día, en los tajos, antes de las comidas, las realizaban algunos presos de confianza designados por los propios funcionarios. Miguel Rodríguez me recuerda que en su destacamento —el de construcciones Molán—, su encargado, Amós Quijada Sevilla, al que define como «un hombre de gran estatura moral», permitió a los presos labrar un pequeño huerto del que sacaban algo de comida con la que complementaban su dieta o llevaban a sus familiares cercanos: «Había un prado grande que dividió en parcelas y como los presos venían de Huelva, de Jaén, mandó a la constructora levantar una caseta grande, con catorce habitaciones y una cocina, para que las familias pudieran venir y pasar allí 15 o 20 días».

Porque una de las peculiaridades de este lugar era que se consentía a los presos un contacto frecuente con las familias. Algunas, incluso, se instalaron cerca de los destacamentos en modestísimas chabolas hechas a base de troncos de madera y ramas. Vivían de lo que podían, del dinero que les llegaba del trabajo de sus familiares presos, trabajando las mujeres como asistentas en El Escorial, recogiendo los hijos maderas y ramas que bajaban después a vender en el pueblo. Las condiciones de vida eran extremadamente precarias, sin luz, sin agua corriente, soportando en esas circunstancias, a 1.300 metros de altitud, temperaturas extremas; pero al menos los familiares tenían la posibilidad de ver con cierta frecuencia a sus maridos o a sus padres presos y llevar así, dentro de la dureza, una especie de vida familiar. Los encuentros se producían por las noches. Una vez concluido el duro trabajo y después de la cena, a los presos que tenían a sus familiares instalados en el exterior del campo se les permitía pasar un rato con ellos hasta el toque de silencio. Lo mismo sucedía los domingos o los días de fiesta, en los que, además, subían familiares desde Madrid o venían a verlos esporádicamente desde otras localidades más lejanas.

El teniente coronel Sánchez Cabezudo fue uno de los presos que se llevó a su familia a vivir a Cuelgamuros: «Vivíamos en una Chabola, pero vivíamos, coño». También se llevaron a sus familias el maestro, el médico, el practicante… Teodoro García Cañas fue uno de los presos cuya historia familiar está igualmente ligada en sus comienzos al cautiverio en el Valle de los Caídos. Allí conoció a su mujer y allí se casó en el año 50:

Tenía dos mil pesetas por todo capital, y eso porque le fui entregando a la novia desde el año 48; si no, me lo hubiera gastado todo; con ellas me compré una cama y un colchón y me hice unas banquetas con las tablas de las cajas de tocino, y así vivíamos. Había quien se hacía la cama con ramas de pino. Allí nacieron mis dos hijas.

Comparado con otros destacamentos penales o batallones disciplinarios, cuyo régimen era muy parecido a un campo de concentración, la vida en el Valle de los Caídos fue más llevadera. A muchos presos republicanos la posibilidad de tener a las familias cerca les ayudó a soportar el duro cautiverio. Así lo recordaba, poco después de morir Franco, Gregorio Peces Barba del Brío, padre de quien fue presidente del Congreso de los Diputados y rector de la Universidad Carlos III, que era un niño de apenas cinco años cuando su padre fue trasladado a Cuelgamuros. Después de haber pasado por dos campos de concentración y siete de las cárceles más duras del país, después de haber sido condenado a muerte y posteriormente conmutado, para Gregorio Peces Barba del Brío la llegada a Cuelgamuros fue una especie de liberación:

Desde luego que fue fundamental. Mi mujer estuvo viviendo, todo el tiempo que duró mi estancia allí, en casa de un capataz extremeño que se llamaba Becerra, ¡qué buen tipo el señor Becerra! El capataz vivía con su señora y con una hija de quince años y tenían sitio suficiente para mi familia. Vamos, para mi mujer y mi hijo, que no obstante muchas noches prefería dormir en mi petate de preso que en la cama con su madre. Lo mismo que hacía yo con mi familia, lo hacían otros penados. Otros, sin embargo, no podían, porque sus mujeres tenían que trabajar toda la semana para dar de comer a los suyos, pero subían los fines de semana para estar con el marido preso. No puedo olvidar lo que mi mujer hizo por mí, defendió mi memoria y mi actuación. Tampoco olvido a sus padres, que se ocuparon de mantenerla mientras yo estaba en la cárcel y casi de mantenerme a mí.

Muchos de los presos que construyeron el Valle de los Caídos continuaron trabajando en las obras una vez libres. No siempre era fácil rehacer la vida cargado con el estigma de haber sido un preso rojo. Es el caso de Jesús Cantelar Canales:

Casi todos los que estábamos allí trabajando, al recibir la libertad, casi todos nos quedábamos allí trabajando. Porque ya nuestra vida no la podíamos formalizar en ningún sitio. Tenía que salirle un fiador, alguien que se hiciera responsable de usted, y donde viviera el fiador allí tenía que vivir uno. Si no, no se podía salir. De modo que tenía usted que buscar una persona que le conociera y que respondiera por usted, de sus actuaciones, hasta que obtuviese la libertad definitiva. Y el que no tenía eso, pues claro, no podía salir.

Otros muchos, sin embargo, con situaciones personales bien distintas, juraron, una vez liberados, que no volverían jamás a Cuelgamuros. Gregorio Peces Barba del Brío recordaba, treinta años después de abandonar el Valle de los Caídos tras pasar seis meses trabajando en las obras, la promesa que se hizo a sí mismo el 20 de abril de 1944: «Cuando ese día salí del penal de Cuelgamuros me dije a mí mismo que jamás regresaría por allí y no he regresado, ni pienso hacerlo. Es una promesa que hice y es una promesa que cumpliré». Su hijo, el rector Gregorio Peces Barba, me confirmó que así fue: su padre murió sin haber puesto nunca más el pie en el Valle de los Caídos.

Nicolás Sánchez Albornoz, que protagonizó la fuga más espectacular de las obras, se imponía en 1992, en una entrevista concedida a El País, ciertas condiciones para regresar al lugar que fue su cárcel entre marzo y agosto de 1948: «No volveré a Cuelgamuros hasta que no cambie de destino. Volveré cuando sea un garaje. ¿Qué se puede hacer con un agujero?».

Tal reconversión, de momento, no se ha producido.

El Valle y el NO-DO

El NO-DO llegó a las pantallas de los cines españoles al mismo tiempo que los presos al Valle de los Caídos, y durante años sus reportajes fueron contando la construcción del monumento paso a paso. Si la imagen de Franco inaugurando pantanos marcó la iconografía de posguerra, la del caudillo paseándose por las interminables obras del Valle, inspeccionando su construcción, no se queda atrás. En esos reportajes, repetidos hasta la saciedad en los aperitivos de las sesiones cinematográficas, se alababa el celo del régimen en la reconstrucción de un país devastado por la guerra, pero se ignoraba la procedencia de la mano de obra encargada de levantarlo. La utilización de presos era para el régimen un orgullo interno, pero se acallaba a los ciudadanos. En la referencia de algún periódico sí que se hablaba de la presencia de estos presos. Sin embargo, en ninguno de los cientos de minutos que la construcción de la tumba de Franco ocupó en los reportajes del NO-DO se hizo mención de ellos, aunque de vez en cuando se les viera en el noticiario contemplando o saludando atónitos al dictador. En 1946, por ejemplo, durante la visita de Franco a las obras, las imágenes muestran al general saludando protocolariamente a algunos presos mientras el locutor del NO-DO narra como «conversa el Jefe del Estado con los trabajadores que viven en el Valle formando colonia», como si aquellos hombres estuvieran en las obras por propia voluntad. Vicente Sánchez Biosca, autor junto a Rafael R. Tranche de un importante estudio titulado NO-DO. El tiempo y la memoria, subraya cómo en este reportaje, por primera y seguramente por última vez, se deslizan planos que desmienten las palabras grandilocuentes del narrador:

En los rostros de estos trabajadores pobremente ataviados se lee el estupor, no ya ajeno sino, me atrevería a decir, sorprendentemente contrario al contenido de la locución. Es como si la imagen incrustara una queja, un mentís al discurso que ensalza este mausoleo, erigido con el esfuerzo de prisioneros políticos.

Si esto se hizo con intención de ocultar a los ciudadanos una realidad, la tarea fue perfectamente inútil, ya que al menos la mitad del país tenía referencia directa de lo que estaban haciendo los presos y, por otra parte, en muchas poblaciones la imagen de las cuerdas de presos saliendo de las cárceles para ir al tajo constituía una escena cotidiana:

Se oía hablar muchísimo del Valle de los Caídos —recordaba Ana María Matute en el programa de TVE Los años vividos—. La obra faraónica… sí. Lo que pasa es que yo no he ido nunca. Allí iban a estar enterrados todos, los de un lado y los de otro. Y sabíamos también que gran parte de los que estaban haciendo el Valle de los Caídos eran presos republicanos. Eso también lo sabíamos. No se decía, pero lo sabíamos. Que tampoco estaba mal ¿no? —remataba la escritora con sorna.

Se buscan cuerpos

También contó el NO-DO, pero con interés asimétrico, el llenado del monumento. Una vez horadada la tierra, construidos la basílica, las dependencias y los seis kilómetros de la carretera de acceso a Cuelgamuros con esa mano de obra reclusa, un afán en el que Franco enterró más de mil millones de pesetas —unos seis millones y medio de euros— en un país empobrecido, el régimen hubo de rellenarlo de cadáveres para dar sentido a su nombre.

El principal, José Antonio Primo de Rivera, que acabaría ocupando un lugar preeminente bajo el suelo del altar mayor, fue trasladado el 31 de marzo de 1959 a la basílica, la víspera de la solemne inauguración del monumento. Una comitiva andante condujo el cadáver desde el monasterio de El Escorial hasta el Valle de los Caídos en las mismas andas en las que fue trasladado, veinte años antes, desde Alicante hasta San Lorenzo de El Escorial. En esa primera y macabra comitiva, su ataúd, cubierto con una bandera de Falange y un terciopelo negro bordado por mujeres de la Sección Femenina, atravesó España durante diez días cargado por falangistas que se turnaban cada diez kilómetros y caminaban iluminados por antorchas. En el tiempo que duró el traslado, Franco decretó luto nacional. El 30 de noviembre de 1939, su féretro entraba al monasterio de El Escorial, recibido por el mismo Francisco Franco.

El espectáculo mortuorio fue planificado pormenorizadamente en un documento denominado Guión del trayecto y ceremonial, que concretaba en 33 puntos todas las indicaciones requeridas para la escenografía de un traslado que fue inmortalizado, por encargo del Departamento Nacional de Cinematografía, por el cineasta José Luis Sáenz de Heredia, primo carnal de José Antonio.

El traslado definitivo de los restos del fundador de la Falange al Valle de los Caídos en 1959, convertido por el régimen en protomártir de su cruzada, reprodujo a pequeña escala aquella caravana ceremoniosa de 1939. En la exhumación del monasterio de El Escorial apenas estuvieron presentes una veintena de personas. Eso sí, quedó inmortalizada por un periodista y dos fotógrafos del diario Arriba y por cuatro operadores del NO-DO, a los que sí se permitió la entrada a esa ceremonia íntima.

Al día siguiente, bajo la presidencia de Franco, se inauguró el monumento. El locutor del NO-DO recoge las palabras del general ante una «inmensa muchedumbre», en las que, de nuevo, se refirió a «nuestros muertos», aquellos que «cayeron en el camino de Dios, dieron la vida por la Patria e hicieron posible la victoria. Ejemplos de heroísmo y santidad sólo comparable a las persecuciones contra los cristianos de Roma». Ni más ni menos.

Culminaban así casi veinte años de trabajos, supervisados por el Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos, creado en 1941 y disuelto en 1967. Un organismo que en los dos años previos a la inauguración tuvo un objetivo prioritario: resolver cómo llenar el mausoleo de cadáveres. En esos meses adoptó una serie de resoluciones que se referían tanto al proceso de localización e identificación de las posibles tumbas como a los protocolos de exhumación, incluso a los pormenores sobre los materiales, dimensiones, precio y procedimientos de fabricación de las cajas mortuorias, ya fueran individuales o colectivas, y a los itinerarios que seguirían los camiones que transportarían los cadáveres hasta el Valle.

La historiadora Queralt Solé, una de las principales investigadoras sobre fosas comunes en España, autora del libro Els morts clandestins y del estudio El Valle de los Caídos: la fosa común más grande de la Guerra Civil, describe las sucesivas reuniones y decisiones adoptadas por el Consejo de Obras a partir de las actas de sus reuniones, conservadas en el Archivo General de la Administración.

La primera instrucción, dictada el 30 de diciembre de 1957, ya nos da buena cuenta de que el gran empeño por construir un monumento para homenajear a los caídos fue directamente proporcional a la desidia que durante veinte años tuvo la dictadura con ellos, sobre todo con los muertos del Ejército que había defendido la legalidad frente a los sublevados. En esa orden se encomendaba a la Guardia Civil realizar listados de los muertos y asesinados en las distintas localidades, así como «un informe referente a los deseos de los familiares» acerca del traslado de dichos restos a Cuelgamuros. Aunque, como se verá, esa voluntad de los familiares de las víctimas en general y de las republicanas, en concreto, no siempre fue respetada.

Cinco meses después de esa primera instrucción comenzaron las prisas. El 23 de mayo de 1958 una circular enviada por el Ministerio de la Gobernación a todos los Gobiernos Civiles comunicaba la inminente finalización de las obras y la perentoriedad de «dar sepultura a quienes fueron sacrificados por Dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra Cruzada sin distinción del campo en el que combatieran». La circular proporcionaba pautas sobre cómo localizar enterramientos —lo que indica que el primer encargo a la Guardia Civil no debió de tener la respuesta requerida— y cómo trasladar la información recopilada al Consejo de Obras en el plazo de un mes.

Para ello se requería la colaboración de alcaldes, Guardia Civil, párrocos y autoridades locales, y se ordenaba la máxima difusión del empeño, publicando una nota en los boletines oficiales de cada provincia, en los tablones de anuncios de cada ayuntamiento y en los periódicos de mayor difusión para que los familiares de los muertos tuvieran conocimiento y pudieran expresar su acuerdo para el traslado. Dicho y hecho. El 30 de mayo, los periódicos comenzaron a publicar el anuncio.

Como los gobernadores tenían tan sólo un mes para enviar toda la información recopilada, el plazo con el que contaron las familias para recibir la información, pensar qué hacer y solicitar que sus difuntos fueran trasladados al Valle o negarse a ello fue de tan sólo quince días. La invitación, además, no era universal. Porque, aunque señalase que el monumento acogería combatientes caídos «sin distinción del campo en que combatieron, según exige el espíritu cristiano que inspiró aquella magna obra», requería que «fueran de nacionalidad española y de religión católica», lo que excluyó a los combatientes de las Brigadas Internacionales, a los militares africanos y a aquellos combatientes del bando republicano agnósticos o ateos. Porque, como es evidente, no todos los que participaron en la guerra civil combatieron por Dios.

La premura del procedimiento, el cortísimo plazo establecido y las condiciones impuestas hicieron que las autoridades franquistas no recibieran muchas peticiones para trasladar restos a Cuelgamuros. Así que el Gobierno se vio en la necesidad de crear una comisión específica que centralizase e impulsase todo lo relacionado con la localización y traslado de restos al Valle y envió nuevas órdenes que permitiesen acumular restos suficientes como para que un empeño de tal envergadura no quedase en ridículo.

El 31 de octubre de 1958 se enviaba a los gobernadores civiles una nueva circular, un documento que clarifica definitivamente en qué condiciones se realizaron posteriormente las exhumaciones y cómo se procedió al traslado de los cuerpos a Cuelgamuros. De nuevo se metía prisa a las autoridades locales y se ordenaba que «a la mayor brevedad y, desde luego, antes del día 20 del próximo mes de noviembre» se enviase toda la información ya reiteradamente requerida. En esta circular se ampliaba el número de enterramientos en los que la autoridad podía intervenir y, algo que resulta fundamental, se daba luz verde para que puedan ser exhumados «cuerpos identificados y no identificados». Es decir, aunque se reglamentaba la conformidad de las familias cuando se conociera la identidad de los restos que iban a ser exhumados y trasladados, se contemplaba también la posibilidad de trasladar los no identificados.

Recabada toda esa información, el 11 de febrero de 1959, a menos de dos meses para la inauguración del Monumento a los Caídos, se dieron las últimas y precisas instrucciones para que las exhumaciones se produjeran antes del 17 de febrero, apenas una semana después. En las pautas para seguir se recordaba que los gastos ocasionados por la exhumación y la construcción de las cajas en que serían trasladados los restos a Cuelgamuros correrían a cargo del Patronato de la Fundación del Valle de los Caídos. Salvo una excepción: los familiares que antes de ese día hubieran manifestado su negativa al traslado y su propósito de hacerse cargo de los restos desenterrados serían avisados del lugar, día y hora en que se producirían las exhumaciones, «para que tengan dispuesto lo necesario, a fin de hacerse cargo de dichos restos para el traslado a mausoleo particular, siendo de cargo de dichos familiares cuanto requiera tal traslado y enterramiento». La circular insistía en el indispensable consentimiento expreso de los familiares para realizar estos traslados, aunque precisaba que «en los casos de cadáveres sin identificar puede procederse a su exhumación y traslado». Es en ese momento en el que el régimen decreta una especie de incautación de cadáveres a mayor gloria del monumento.

Porque los familiares de los combatientes enterrados en fosas comunes no tuvieron demasiadas opciones para escoger. Aunque hubieran conocido las informaciones sobre el procedimiento publicadas en los boletines oficiales, en los tablones de anuncios y en la prensa, aunque hubieran decidido no trasladar los cuerpos de sus difuntos a un monumento construido a mayor gloria del régimen sublevado que acabó con sus vidas, aunque supieran a ciencia cierta en qué fosa común reposaban los restos de sus familiares, aunque tuvieran capacidad económica como para hacerse cargo del traslado, aunque lo hubieran solicitado…, resultaría imposible en el momento de las precipitadas exhumaciones identificar el cuerpo de su deudo entre un amasijo de huesos de cientos de restos de cadáveres. Incluso hoy, sesenta años después, la situación de las galerías que albergan los restos en el Valle de los Caídos es tan mala que la humedad ha deshecho las cajas que los ordenaban y los huesos se han mezclado haciendo difícil, casi imposible en algunos casos, su identificación, tal y como ha señalado el antropólogo forense Francisco Etxeberría.

En fin, entre el 17 de marzo y el 9 de abril de 1959 llegaron al Valle de los Caídos los primeros restos. Aunque las cajas que los contenían identificaban el lugar de procedencia, fueron muchas las urnas colectivas que se trasladaron con un listado general de nombres, pero sin identificar qué restos correspondían a cada individuo. Y otras muchas fueron enterradas en las criptas con una inscripción genérica: «250 restos de soldados sin identificar», casi siempre pertenecientes al Ejército republicano.

Después de esos primeros traslados efectuados para poder realizar la solemne inauguración de Cuelgamuros, durante veinticuatro años continuaron los envíos de restos desde fosas comunes y cementerios de casi todas las provincias españolas, salvo Ourense, A Coruña, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Hasta 491 en total. El informe que en noviembre de 2001 elaboró el comité de expertos para el futuro del Valle de los Caídos desglosa los traslados por años y destaca los 11.329 de 1959, año de la inauguración del monumento, los 6.608 de 1961, y los 2.919 de 1968. Todavía muerto Franco, y ya en democracia, siguieron llegando cuerpos al Valle de los Caídos, aunque en número sensiblemente menor: uno en 1977, 304 en 1981 y el último en 1983: Juan Álvarez Sisternes, alcalde de Vilafranca del Penedés durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, detenido, torturado y asesinado de un tiro en la cabeza en la guerra civil por milicianos republicanos. Fue el último muerto trasladado al monumento. Según el actual censo del Ministerio de Justicia, en el Valle de los Caídos yacen los restos de 33.833 personas: 21.423 identificados y 12.410 sin identificar.

Entre estos últimos, restos de personas que reposan desde hace décadas en el monumento mientras sus familiares, que no fueron informados de su traslado, los han llorado en este tiempo en otras tumbas, como sucedió con los hermanos Lapeña. ¿Será posible saber alguna vez el número exacto de personas enterradas en esta fosa masiva? La profesora Queralt cree que es muy improbable: «Se puede, más o menos, especular una cifra, pero dar un dato concreto es difícil por no decir imposible. Debe haber entre 40.000 y 50.000. Es decir, que los 22.000 nombres recogidos en el Libro de los Muertos se podrían doblar con los desconocidos, pero más lo dudo».

Conocer la verdad no sólo supondría luchar con las dificultades técnicas, sino con las murallas políticas de quienes consideran que cualquier empeño relacionado con la memoria es prescindible en un país que sólo debe mirar al futuro sin «reabrir heridas». En diciembre de 2014, el entonces diputado socialista Odón Elorza propuso crear un censo actualizado de las personas enterradas en Cuelgamuros. La diputada del PP Rocío López rechazó esta posibilidad alegando un argumento chocante. Hacerlo, dijo, «vulneraría la legislación de protección de datos y el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen proclamado por el artículo 18 de la Constitución Española».

En fin, el Valle de los Caídos, construido en gran parte con el trabajo esclavo de los presos republicanos, se inauguró el 1 de abril de 1959, casi dos décadas después del comienzo de unas obras consideradas de «urgente construcción». Francisco Franco siempre tuvo en el cercano monasterio de El Escorial y en su fundador, Felipe II, referencias inspiradoras para su régimen, que anhelaba transitar «por rutas imperiales», y para su obra de Cuelgamuros, que lo inmortalizaría. Pero el dictador le ganó la partida al rey en algunos aspectos. A pesar de los retrasos, Franco consiguió culminar su obra en diecinueve años, y no en veintiuno, que es lo que tardó Felipe II en concluir su monasterio. El día de la inauguración de la iglesia, el 9 de agosto de 1586, Felipe II portaba una de las varas del palio bajo el cual se custodiaba el Santísimo Sacramento. En la inauguración del Valle de los Caídos, sin embargo, Franco y su mujer entraron en la basílica no portando el palio, sino bajo palio. Y, por último, Franco pudo ver finalizada la obra, mientras que Felipe II murió siete años antes de rematarse definitivamente el monasterio. Ambos, eso sí, fueron enterrados en los altares mayores de sus respectivos monumentos.

Tras la «brillante ceremonia» de inauguración del Valle de los Caídos, de la que todos los medios dieron cumplida cuenta, Franco se encuentra con el arquitecto Diego Méndez en el altar mayor de la basílica.

—Bueno, Méndez, y en su día yo aquí —dijo señalando el suelo, frente a la tumba de José Antonio.

—Ya está hecho, mi general —respondió el arquitecto.

Su día tardó en llegar dieciséis años más. Pero el hueco ya estaba preparado.

5
La vida forzada

Trinitario Rubio, Tario, soldado del Ejército Popular, al que se alistó voluntario con tan sólo 17 años, declarado posteriormente rojo peligroso, llegó a conocer ocho cárceles y campos de concentración antes de ser enviado como forzado a un batallón disciplinario que trabajó en las provincias de Burgos, Soria y Álava. Manuel Sempere recorrió desde los 18 a los 22 años once cárceles y campos de concentración diferentes antes de terminar como forzado en el Batallón Disciplinario n.º 94, con destino en Algeciras. Gregorio Peces Barba del Brío pasó por dos campos de concentración y nueve cárceles antes de acabar sus días de condena en uno de los tres destacamentos penales que construyeron el Valle de los Caídos, unos meses después de que le fuese conmutada la pena de muerte, en diciembre de 1943.

Normalmente, la llegada a un batallón disciplinario de trabajadores, a un destacamento penitenciario o a una colonia penitenciaria militarizada suponía la culminación de un largo peregrinar que comenzaba en el momento del apresamiento o la detención e incluía duros interrogatorios, maltratos y torturas y procedimientos judiciales sumarísimos, sin posibilidad de defensa, que concluían normalmente en una condena desproporcionada, si no en sentencia de muerte. A veces la detención se producía por una denuncia interesada y falsa, por una venganza, en fin, o como medida de presión indirecta sobre la familia de la persona a la que en realidad se intentaba detener. En ambos casos comenzaba a funcionar una maquinaria que, finalmente, resultaba imparable, dando lugar, a veces, a situaciones absurdas y trágicas. Miguel Rodríguez vivió una experiencia así cuando aún no había cumplido los 19 años:

Me detuvieron porque yo tenía un hermano, Marcelino, que había sido comisario político de la 50 Brigada, 197 Batallón, en el Ejército de la República. Lo buscaban a él, pero no conseguían localizarlo. Como no aparecía él, me detuvieron a mí. Luego apareció, lo detuvieron, yo seguí preso y a él lo soltaron.

Esta persecución diferida le costó a Miguel siete años, siete meses y seis días de prisión.

Para quienes habían sido apresados en el frente o cayeron tras la rendición de pueblos y ciudades ante el avance de las tropas de Franco, ese duro camino comenzaba siempre en los campos de concentración, que se convirtieron, como ya se ha dicho, en centros de clasificación y depuración que permitieron al Ejército de Franco elaborar el primer gran censo del enemigo. Sólo en el Archivo Militar de Guadalajara se conservan las fichas de 175.000 españoles que pasaron por estos campos, aunque la cifra fue mayor. Un informe de la Inspección de Campos de Concentración, fechado en el mes de agosto de 1938, apenas un año después de haberse creado, eleva a 500.000 el número de españoles que han pasado ya por alguno de los campos habilitados hasta entonces. Miles de ellos habían sido destinados ya a alguno de los batallones de trabajadores que funcionaban en aquel momento.

Para realizar su ficha, a los prisioneros se les interrogaba sobre el grado militar alcanzado en el Ejército republicano, sus afinidades políticas, su militancia o vinculación con partidos y sindicatos… Convenía decir la verdad, aunque la verdad, si no era autoincriminatoria, no servía de nada. Si en la confesión no había nada, entonces se pedían avales que demostrasen la afección al nuevo régimen. Para el prisionero, la presunción era de culpabilidad, no de inocencia. Se invertía la carga de la prueba: al captor no le correspondía demostrar la culpabilidad, era el capturado el que debía demostrar y avalar su inocencia. Después de esa primera indagación, los presos eran clasificados en cinco categorías según pareciesen afectos, indiferentes o desafectos al régimen. Sólo los del grupo «A» eran puestos en libertad. Aunque también había un segundo grupo de «A» dudosos. Estos, junto a los del grupo «B», permanecían en los campos de concentración y de allí eran destinados a los distintos batallones de trabajadores. Los del grupo «C» y «D» pasaban directamente a disposición de los tribunales militares.

Normalmente, los comisarios políticos y los jefes y oficiales del Ejército Popular eran enviados a la cárcel a la espera de juicio. Los que estaban en edad militar, soldados rasos menores de 32 años y clasificados como dudosos o indiferentes al Movimiento Nacional, eran destinados a batallones disciplinarios de soldados trabajadores. La prolongación de su estancia en estos batallones dependía de la rapidez con que consiguieran los avales, si es que los conseguían. En los avales, necesariamente rubricados por el alcalde, por el jefe de la Falange o por el párroco de la localidad en la que vivieran antes de la guerra, los firmantes daban fe de que reconocían la firma de quien lo solicitaba y certificaban su «reconocida y absoluta adhesión al glorioso Movimiento Nacional». O lo contrario. Ni que decir tiene que el futuro del prisionero era bien distinto en uno y otro caso.

Desde los campos de concentración se iniciaba una penosa peregrinación: porque fueran trasladados a otros campos o prisiones, porque fuesen requeridos por los tribunales que los iban a juzgar, por razones de logística o sencillamente como castigo, por motivos discrecionales. Un caminar durísimo que alguno de los presos que lo sufrió denominó turismo penitenciario. Los que eran destinados a batallones disciplinarios de trabajadores iniciaban una andadura que nunca se sabía ni dónde ni cuándo iba a terminar.

Las condiciones en que se vivía en las cárceles españolas en esos primeros años de posguerra fueron extremas. Aunque las cárceles oficiales multiplicaron su capacidad hasta límites inconcebibles, pronto se vieron desbordadas, por lo que se habilitaron cientos de locales por todo el país en los que se instalaron prisiones provisionales. El hacinamiento, las precarias condiciones de higiene, la deficiente alimentación y la incomunicación con las familias fueron condenas añadidas difíciles de soportar para estos hombres y mujeres. Aunque quizás no las peores. Lo peor fue la inseguridad en que los presos vivieron su reclusión en un periodo en el que el poder militar se sobreponía al civil, en el que tribunales castrenses y consejos de guerra aplicaban con dura discrecionalidad las ya de por sí duras leyes penales, con un sistema penitenciario totalmente desestructurado que obraba en manos de la voluntad arbitraria de quien dirigía cada cárcel o campo de concentración, y en una época en la que el afán de venganza estaba vivo y se materializaba cada día en paseos y sacas. Cada noche no se sabía si iba a ser la última, cada chirrido nocturno escuchado en prisión anunciaba una muerte segura que nadie sabía si iba a ser la propia.

Por eso, aunque la salida de la cárcel destinado a un destacamento penitenciario no era la libertad, sí suponía una cierta liberación respecto a las condiciones de vida que se daban en las prisiones. Para muchos presos, obtener permiso para ser destinado a uno de estos destacamentos se convirtió en objetivo vital. El régimen siempre defendió que aquellos no eran trabajos forzados porque los presos los realizaban voluntariamente. Pero cuando las opciones son tan extremas, hablar de voluntariedad cuando se escoge el mal menor no deja de ser una ofensa.

Así lo expresa un informe de la Comisión Internacional contra el Régimen Concentracionario elaborado en 1953, y citado en el Libro blanco sobre las cárceles franquistas, que explica de este modo el mecanismo:

El trabajo obligatorio sistemático en beneficio del Estado, en los campos, batallones de trabajo y colonias penitenciarias se ha realizado en gran escala y en condiciones muy duras. […] En general, no parece que intervenga una coacción directa, aunque esté prevista en las leyes; el sistema de redención de penas por el trabajo y las mejores condiciones de vida en los destacamentos constituyen, según parece, un medio de coacción indirecta suficiente.

Es verdad que el carácter voluntario queda matizadísimo desde la propia ley que concede el derecho al trabajo de los presos y que, como ya ha sido señalado, lo define como derecho/deber y derecho/obligación. Por si hubiera alguna duda, el decreto de 8 de febrero de 1946, que regula el trabajo que realizan los presos dentro de las prisiones, convierte la posibilidad en ley e impone de manera diáfana su obligatoriedad. Su artículo 44 considera «falta muy grave» del recluso el rechazo de lo que define como «trabajos suplementarios».

Con todo, las condiciones de vida en estos campos de trabajo, en cualquiera de sus variantes, fueron muy duras. Aunque es difícil generalizar lo que pasó en cientos de cárceles, campos, destacamentos y colonias diferentes, sí cabe hacer algunas apreciaciones globales. Las condiciones de vida sólo fueron suavizándose con el paso del tiempo, siendo infinitamente peores durante la guerra y en los primeros años de la posguerra. Los meses inmediatamente posteriores al fin de la guerra y todo el año 1941 son recordados por los presos que vivieron en la cárcel como etapas de hambre brutal. En general, los campos de trabajo que tenían carácter militar —los batallones disciplinarios de trabajadores, las colonias penitenciarias militarizadas— sufrieron un régimen mucho más severo que aquellos que dependían directamente de la Dirección de Prisiones: los destacamentos y talleres penitenciarios. Por último, los presos que trabajaban a cargo de empresas privadas, sobre todo si éstas tenían un especial interés para la industria nacional, gozaban de mejores condiciones que aquellos que trabajaban en Obras Públicas o directamente para instituciones del Estado. Dentro de la precariedad general, estos reclusos solían disponer de una alimentación y alojamiento mejores que otros destinos y, sobre todo, si se comparan con los de las hacinadas e insalubres prisiones. Incluso disfrutaban de condiciones económicas un poco más favorables como consecuencia de los destajos y las horas extras que nunca faltaban en una época en la que todo trabajo era poco para las empresas. Por supuesto, cada una de estas apreciaciones generales estaría sometida a mil matices analizando cada circunstancia concreta, pero creo que pueden servir para dibujar el escenario global en el que se desarrolló la vida de los trabajadores forzados.

A pico y pala

Los recuerdos de quienes fueron sometidos a este tipo de trabajos aparecen atravesados por tres circunstancias comunes: la extrema dureza del trabajo físico, las escasas condiciones higiénicas y, sobre todo, el hambre. Son elementos que aparecen, además, unidos indisolublemente en la memoria: el hambre agudizaba el sufrimiento físico y este a su vez hacía más insoportable la carencia de alimentos. La insalubridad de los lugares de reclusión propiciaba enfermedades y facilitaba su contagio. Hasta que la cuerda se rompía y los presos desfallecían o llegaban a morir agotados y enfermos. A estos tres elementos habría que añadir un cuarto, el de la degradación moral que muchos carceleros utilizaron como suplemento habitual del castigo a los vencidos.

Las jornadas de los presos podían durar de ocho a doce horas, dependiendo del campo de trabajo. Era frecuente que el responsable de cada destacamento prefijase una tarea y prolongase el tiempo de trabajo lo que considerase necesario hasta que cada preso hubiese cumplido su cometido. A sus 81 años, Trinitario Rubio, que trabajó como forzado en Somaén (Soria), en el batallón disciplinario que hacía los desmontes para la construcción de la doble vía férrea Madrid-Zaragoza, me lo recordaba así:

No teníamos horario, sí mucho frío y mucha hambre. Nuestro trabajo diario consistía en picar un metro cúbico de tierra o piedra, cargarlo en una vagoneta y vaciarlo a 50 o 100 metros. La tarea se repetía dos veces al día y no podíamos irnos hasta haberlo hecho. Nosotros nos organizábamos en grupos de cinco o seis presos. Unos picaban, otros cargaban, otros transportaban y vaciaban. Así se hacía el trabajo más llevadero.

La imposición del trabajo se dejaba a discreción del responsable de cada campo. Apolinar Camazón, que durante tres años trabajó como forzado en la construcción del canal de Montijo, conserva un recuerdo más vivo de la dureza del trabajo que de la represión física: «Palizas no había, pero el quebrantamiento físico era enorme por el esfuerzo tan grande al que se nos obligaba». Aunque en su caso el esfuerzo era mayor que el impuesto a los trabajadores de la construcción del ferrocarril. Justo el doble.

Ganábamos 50 céntimos de jornal y se nos exigía sacar cuatro vagonetas de tierra al día por cada individuo. Cada vagoneta equivale a un metro cúbico de tierra. Al que no lo sacaba, lo enviaban otra vez a la cárcel por falta de rendimiento. Como mínimo trabajábamos 8 horas diarias.

Manuel Sempere y Miguel Gila fueron a parar al mismo campo de concentración, el de La Granjuela, a 500 metros de un pueblo cordobés destruido por la guerra, Valsequillo. Allí eran sometidos, junto a otros 12.000 hombres, a trabajos de pico y pala desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde: «Cada día nos marcaban desde dónde y hasta dónde teníamos que cavar —recordaba Gila— y sólo al terminar la tarea asignada íbamos a buscar la única comida del día, las dos sardinas, la onza de chocolate y los dos higos».

Manuel Sempere guardaba en su memoria con exactitud el pormenor del trabajo encomendado, que consistía

[…] en cavar una zanja de cuatro lados, de kilómetro y medio cada lado, de cuatro metros de ancho por tres de profundidad, que rodeaba todo el campo. Como toda comida recibíamos una onza de chocolate y una lata de sardinas que teníamos que compartir entre tres. Para completar la dieta intercambiábamos ropa con los moros que nos vigilaban a cambio de barras de regaliz que cocíamos con hierbas para hacer un caldo que llevarnos a la boca.

No cumplir con el trabajo marcado suponía prolongar las jornadas hasta la extenuación o arriesgarse a un castigo añadido. Pero cumplir antes de tiempo con el cometido no era garantía de descanso. José López García trabajó en el Batallón de Trabajadores n.º 53, en África, en la construcción de un canal en las proximidades de Riomartín:

No teníamos horario. Salíamos al amanecer, a las seis de la mañana, hacia el tajo. Allí teníamos marcado el trabajo a hacer y hasta que no terminábamos no regresábamos al campamento. Pero si acabábamos antes de tiempo porque el tramo del cauce que cavábamos fuese más fácil, sin piedras, entonces los responsables del batallón nos ordenaban ir a otro sitio y vuelta a empezar.

Tampoco tenían horario las mujeres que trabajaban en los diferentes talleres penitenciarios de costura que se instalaron en casi todas las prisiones. Ni siquiera las presas con niños pequeños que habían sido recluidas en la prisión especial de madres lactantes de Madrid, situada cerca del puente de Segovia. Recordaba Juana Doña que, en esta cárcel, considerada modelo para el régimen,

[…] ninguna madre podía cuidar a su hijo ni aun acercarse a ellos, aunque estuvieran enfermos; solamente a la hora de lactar los tenían en sus brazos, controlados los minutos de alimentación. Los niños vivían separados de las madres en patios aparte, a ellas se las tenía trabajando en los talleres más de diez horas diarias.

No sólo les controlaban la cantidad de trabajo marcada por los guardianes, sino también su calidad, que se valoraba de manera igualmente arbitraria. Así, el Batallón Disciplinario n.º 94, instalado en Algeciras, tuvo como primera misión la de levantar el muro de piedra que lo rodeaba. Para su construcción, los presos tenían que ir andando hasta una cantera que se encontraba a seis o siete kilómetros del campo y el viaje a veces se hacía en vano. Este es el testimonio de Ernesto Sempere:

Estábamos vigilados por militares. Eran piedras de seis o siete kilos que teníamos que trasladar a hombros desde la cantera hasta el campo de prisioneros. Si al llegar la piedra no le parecía bien al sargento de turno que nos vigilaba, teníamos que regresar a por más y así hasta que daba el visto bueno a una y nos ganábamos el rancho de ese día.

Laia Berenguer recuerda las durísimas condiciones en las que trabajó su marido, Josep Rodés, en el Atlas marroquí: «El Batallón Disciplinario 93 sólo tenía mulos para trajinar las perolas, pero lo demás, pico y pala, cestas, todo lo cargaban a su espalda, con tiradas de 20 kilómetros, de día a 40 grados de calor en las cimas y de noche a 20 grados bajo cero».

José López García rememoraba situaciones de idéntica dureza:

Allí no había máquinas, sólo el pico, la pala y nuestras manos. Se formaban equipos de 50 o 60 hombres. Un grupo picaba, el otro sacaba la tierra y la depositaba en capazos de 8 o 10 kilos. El resto formaba una cadena de 50 o 60 metros para depositar la tierra en los márgenes del canal que estábamos construyendo. Y, salvo para comer, no parábamos ni un instante durante doce o catorce horas diarias. Si tenías que hacer las necesidades, la cadena se estiraba, pero no se paraba ni un segundo el trabajo.

Los trabajos de los presos destinados a Marruecos fueron especialmente arduos. Marcelino Camacho, cuyo batallón fue destinado a Cuesta Colorada para trabajar en la fortificación del ferrocarril y de la carretera que va de Tánger a Fez, en previsión de una temida invasión aliada, dejó escrito en sus memorias la dureza de los traslados de estos trabajadores forzados. Al llegar a Marruecos, los presos eran obligados a recorrer andando los 69 kilómetros que había desde Tetuán a Cuesta Colorada, con una maleta y dos mantas, aguantando temperaturas extremas. Además, todos los días tenían que andar 16 kilómetros desde el campamento donde dormían hasta el lugar que estaban fortificando. Apolinar Camazón recuerda que en las obras del canal de Montijo algunos barracones estaban cerca del cauce, a 50 o 100 metros, pero, conforme las obras iban avanzando, algunos llegaron a estar a cuatro o cinco kilómetros del tajo, por lo que se terminó construyendo campamentos provisionales intermedios.

La dureza en los trabajos y la fortaleza con la que la afrontaban los presos las reconocen incluso quienes estuvieron al mando de los destacamentos. Sobre los presos que trabajaron en el Valle de los Caídos, declararía el arquitecto Diego Méndez al periodista Tomás Borrás en 1957:

Sus ejecutantes, presos políticos en su mayoría condenados por delitos estremecedores, por su misma índole carecían de miedo, no les importaba nada arrostrar los mayores peligros… Sin ellos, la obra hubiera durado muchos más años, con empleo de máquinas en número mayor y con dispendios crecidos.

Por si fuera poco este trabajo sistemático de los presos, mientras duró este régimen de explotación los penados fueron requeridos con frecuencia para realizar otras tareas. En el destacamento encargado de la construcción de Brunete, debido a un defecto en el diseño inicial en la estructura de las viviendas, los presos tuvieron que trabajar noches enteras en pleno invierno apuntalando tejados que se venían abajo como consecuencia de las grandes nevadas, según recordaba uno de los presos que trabajó allí, Conrado del Cubo. El destacamento que trabajó en la construcción del embalse de Barrios de Luna (León) fue desplazado para extinguir un incendio de grandes proporciones que se produjo en 1953 en la localidad de Mora de Luna. También en enero de ese año, una gran nevada aisló el pueblo y los presos fueron los encargados de abrir las vías de comunicación a fuerza de trabajar día y noche. En el Caurel (Lugo), en donde un destacamento trabajaba en la repoblación forestal de la sierra, los presos fueron los encargados de extinguir otro gran incendio que se produjo en 1959. Cuando un huracán arrasó la localidad madrileña de Patones, los presos que trabajaban en la construcción del canal del Jarama no sólo tuvieron que reconstruir sus propios barracones, sino también, en un solo día, limpiar la carretera de los árboles caídos que habían cortado la comunicación con Madrid.

Trabajaban durante horas y a veces, al regresar a los campamentos, eran obsequiados con un castigo añadido. Tario Rubio recuerda las actitudes del cabo Evaristo, que en los meses de verano frecuentemente decidía prolongar la dura jornada de trabajo de los presos: «En verano, como el día alargaba, Evaristo disponía una hora de instrucción complementaria hasta el agotamiento. Y a cualquier hora del día, en el mismo tajo, nos mandaba hacer ruedas a paso ligero».

En ocasiones, los carceleros empleaban métodos semejantes como represalia por la fuga de algún preso. Pedro Gómez González, trabajador preso en el batallón disciplinario que construyó el aeropuerto coruñés de Lavacolla, asegura que cuando se escapaba algún compañero les castigaban haciendo la instrucción después del trabajo. José López García se queja de las ruedas a paso ligero que como castigo les obligaban a hacer, durante horas, en su batallón africano, mientras los escoltas les pegaban indiscriminadamente con unos vergajos. Y todo por la menor tontería. Algún castigo fue tan duro que se le quedó grabado con todo pormenor:

El 3 de marzo de 1942, nos tuvieron así desde las seis hasta las doce de la mañana, corriendo, pegándonos, porque alguien le había robado la maleta a un oficial. Pegaban unas palizas enormes. El castigo, que nunca se me olvidará, no terminó hasta que apareció el culpable, al que más tarde fusilaron.

Román Barrenechea, preso forzado en uno de los primeros batallones de trabajadores que configuró el Ejército de Franco, el número 3, para cavar trincheras en el frente de Madrid, contaba que, en una ocasión, aunque las jornadas habituales podían ser de 12 o 14 horas, les hicieron trabajar día y noche, sin descanso, durante dos días seguidos: «Al tercer día yo le dije al capitán que no podía seguir cavando, que hiciera conmigo lo que quisiera, que me fusilase, pero que mi cuerpo no daba para más».

José Cortés afirma que en la colonia penitenciaria de El Dueso el castigo «por la cosa más elemental» consistía en que

[…] te ponían un saco terrero de 50 kilos a las espaldas, con alambres, y se introducía en las carnes… Con ese saco terrero tenías que trabajar, con ese saco terrero tenías que comer… Entonces [al morir] te sepultaban en esa fosa, en esa fosa que tú habías cavado de antemano. Y entonces te quitaban el saco terrero porque el saco terrero tenía más valor, mucho más valor que una vida.

Manuel Calvo habla de una crueldad semejante en el Batallón de Trabajadores n.º 68, que trabajaba en Guadalajara, donde un alférez castigaba a los presos haciéndolos trabajar y dormir con un saco de arena a las espaldas, durante varios días, sólo «por llegar un poco tarde a la cola de la comida».

Jesús Cantelar, que trabajó en el destacamento de Buitrago de Lozoya en la construcción del embalse de Riosequillo, recuerda: «En Buitrago era de miedo, algo parecido a un campo de trabajos forzados. Al tío que intentaba escalar una alambrada… le daban una paliza un poco seria, lo traían a la prisión y no volvía».

José Custodio Serrano recuerda el espectáculo sangriento que montó el jefe de la colonia penitenciaria del canal del bajo Guadalquivir tras la huida de varios presos. Dos fueron detenidos: uno murió víctima de los golpes que le propinaron en la cárcel de Sevilla tras ser localizado, el otro fue fusilado en el mismo campamento en presencia de todos los presos que trabajaban en la obra del canal.

Los malos tratos no fueron infrecuentes y se prolongaron en el tiempo. Tanto que, en 1944, el director general de Prisiones tiene que enviar dos circulares reservadas a los directores de las cárceles para que eviten los malos tratos a los presos. Una orden contra el mal que suponía el reconocimiento implícito de que el mal existía.

Pero si duro era el castigo físico, más aún lo era el moral. Tario Rubio contaba cómo

[…] en Aranda de Duero, un guardia civil al que apodábamos «el conejo», que era más malo que la tiña, andaba todo el día de arriba a abajo para que nos tuviéramos que levantar y saludarlo brazo en alto. Un día, un prisionero nuevo, por inercia, le saludó puño en alto. Él lo miró, se rió con sonrisa de conejo —de ahí el apodo que le pusimos—, y le dio una somanta terrible. Luego mandó cortar una tabla en la carpintería y se la hizo atar en el brazo estirado durante una semana, para que no se le olvidara el saludo.

En muchos campos, sólo contaban con una letrina excavada en la tierra con una fina tabla de madera como asiento sobre la cual los trabajadores forzados, en posiciones inverosímiles, tenían que defecar. La tabla tenía un doble uso, pues servía también como elemento de degradación moral con el que los mandos del campo disfrutaban a su estilo. Laia Berenguer recuerda las peripecias de su marido, Josep Rodés: «Les hacían cruzarlo como política de destrucción moral y quien resbalaba se caía; los mandos se reían mucho y le prohibían lavarse».

Tratados como ganado

Los traslados de los presos de una cárcel a otra y los desplazamientos de los batallones de trabajadores hasta sus lugares de destino se realizaban, casi siempre, en tren. De hecho, los campos de concentración solían estar situados en antiguas fábricas o almacenes abandonados junto a las vías para facilitar así el transporte de presos. Incluso los propios pabellones ferroviarios y depósitos de máquinas sirvieron ocasionalmente de campos de concentración, como sucedió en Aranda de Duero.

Para los traslados se utilizaban vagones de mercancías empleados para transportar ganado, unos vagones de madera sin ventilación, sin luz, por supuesto sin agua, sin un lugar apropiado para hacer las necesidades, en donde se hacinaban decenas de presos sentados sobre el mismo suelo cubierto de pajas y estiércol, en viajes que atravesaban el país de punta a punta y que podían durar días. Conrado del Cubo recuerda su traslado desde el campo de concentración de Camposancos, en La Guardia (Pontevedra), al de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza), instalado en una antigua imprenta de la Editorial Saturnino Calleja, la de los famosos cuentos: «Fueron dos días sin bajar del tren, en un vagón de animales, con un bidón en la esquina del vagón para más de 200 personas. Allí teníamos que hacer las necesidades. No había otro remedio. Para todo el trayecto nos dieron una latita de sardinas para dos o tres y un trocito de pan». A veces los presos levantaban alguna madera del vagón para hacer sus necesidades directamente sobre la vía. En todo caso, el ambiente se hacía irrespirable: «Al pasar por las estaciones gritábamos pidiendo agua y comida —recuerda José Enrique Llera—. Nadie nos hacía caso, pero si alguna persona trataba de acercarse, la Guardia Civil se lo impedía».

El Libro blanco sobre las cárceles franquistas se hace eco del sobrecogedor testimonio de una presa no identificada (testimonio inédito A), que cuenta uno de estos viajes infernales:

Los vagones estaban en una vía muerta, dándoles el sol de plano. Cada mujer llevaba una cantimplora de agua y dos sardinas de lata; en cada vagón iban unas treinta mujeres con otros tantos niños. Tras recorrer muy pocos kilómetros, el convoy se detuvo y permaneció parado toda la noche. Murió un niño. Durante dos días siguieron avanzando muy lentamente y efectuando largas paradas. Murió otro niño en el vagón. Las mujeres encerradas daban gritos y golpes y llamaban para que abriesen las puertas. Nadie les hizo caso. Al tercer día entraron en la estación de Valencia; el convoy se detuvo en una vía muerta. Estuvieron cerca de tres horas sin que se les acercase nadie. Al cabo, quitaron los travesaños de las puertas, ordenaron sacar a los muertos, que lanzaron a la cuneta, y mandaron bajar a las mujeres que eran de Valencia. A las que quedaban les llenaron las cantimploras de agua y les dieron un pan para cada una. Precintaron de nuevo los vagones y el convoy siguió hacia Madrid, adonde llegaron dos días después.

Tomasa Cuevas, militante comunista condenada a treinta años de prisión tras la guerra, relata un caso bien distinto. Aunque también la trasladaron desde Madrid hasta Zumárraga en un inmundo tren de mercancías, recuerda que al llegar allí el alcalde de la localidad pidió permiso para ofrecer a las presas un plato de sopa. Se lo concedieron y ese fue el primer plato de comida caliente que probaron en tres días de interminable viaje.

Casi siempre los presos eran instalados en barracones cercanos a las obras. Edificios que ellos mismos construían o habilitaban, como también las literas de madera en que dormían. En Brunete aún se conserva la nave en la que se hacinaban quienes trabajaron en la reconstrucción del pueblo: un almacén de piensos para animales muy próximo a la plaza Mayor de la localidad. Aunque no siempre era así. Cuando las obras se realizaban en núcleos de población en los que existían cárceles, oficiales o habilitadas, los destacamentos solían estar alojados en las propias prisiones. Por ejemplo, el que construirá la prisión de Carabanchel, en Madrid, se nutría de presos alojados en las diferentes cárceles de la ciudad, especialmente de la abarrotada prisión de Porlier. El de las minas de Almadén estaba concentrado en la cárcel de la localidad, una prisión que tenía dos siglos y que había sido construida en el pasado exactamente para el mismo fin: alojar a los presos que el Estado ya entonces utilizaba para explotar las minas. Los destacamentos que trabajaron en la reconstrucción de Oviedo también fueron instalados en la cárcel de la ciudad. En estos casos, cada día se producía la liturgia repetida del traslado de presos de la prisión al tajo, por las mañanas; del tajo a la prisión, al terminar el día. En ocasiones unas formaciones se cruzaban con otras, ya que en algunos destacamentos o colonias se llegaron a establecer dos y hasta tres turnos para aprovechar al máximo la mano de obra reclusa concentrada en las cárceles o para acelerar el final de las obras, algo que sucedió, por ejemplo, en la agrupación que construyó la Academia de Infantería de Toledo.

En la España del sucedáneo, este espectáculo era una especie de remedo cotidiano de los anuales desfiles de la victoria. Haciendo desfilar a los presos a diario en cientos de localidades, el régimen demostraba a los fieles que se estaba cobrando convenientemente la factura a los vencidos y advertía a los dudosos sobre cuál era el futuro que aguardaba a los desafectos. Ese ritual fue especialmente doloroso para los presos que eran vecinos de la localidad en la que se realizaban las obras o estaban emplazados los destacamentos, que eran obligados a mostrarse en público, a diario, ante los suyos. Los paseos permitían identificar a los rojos, en unos años en los que ser la mujer o el hijo de un rojo era lo peor que se podía ser. A muchos presos esa destrucción moral les hizo mucho más daño que la degradación física fruto del trabajo forzado. Por ejemplo, a Fermín Moreno Aragón, un palentino que pasó siete años en la cárcel saliendo a diario a trabajar en la construcción del campo de fútbol o a podar los árboles de la ciudad por cuenta del Ayuntamiento de Palencia. Su hija, Catalina, que tenía ocho años cuando su padre fue encarcelado, recuerda cómo a los familiares, incluso a los niños, les daban trompazos cuando intentaban acercarse a los presos para llevarles un poco de comida. La situación fue minando la moral de su padre, que «cuando salió de prisión ya no era el mismo. Salió desesperado. Ni quería vivir ni nada».

Mientras tanto, el Patronato proclama a quien le quiere escuchar que, en el justísimo sistema de redención de penas, «el trabajador sabe que nadie trata de explotarle, ni es objeto de mortificación alguna». Y Franco, en un discurso pronunciado el 17 de julio de 1944, defiende que, comparando el sistema penitenciario español con el de otros países, «puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que no se encontrará régimen tan justo, católico y humano como el establecido desde nuestro Movimiento para nuestros reclusos». Tan a gusto se quedó con la frase que el director general de Prisiones la hizo grabar en todas las cárceles de España.

Morir de hambre

En los primeros años en que funcionó este sistema de trabajo, el régimen alimenticio impuesto a los presos fue terrible. Con alguna contada excepción, la comida era precaria y no cubría el mínimo suficiente para permitir a los presos soportar las larguísimas jornadas de duro trabajo. Por mucho que la Dirección de Prisiones estableciera pormenorizadas tablas calóricas que debían cumplirse, la realidad era bien distinta. Por otro lado, hubiese resultado inverosímil lo contrario, en un país en donde el hambre, en esos primeros años de posguerra, fue compañera inseparable de la mayor parte de la población.

Pedro Gómez González, preso forzado en el Batallón de Trabajadores n.º 28, que trabajó en la construcción del aeropuerto de Lavacolla, recuerda cómo cada madrugada, a las cinco, afrontaban más de tres kilómetros andando hasta el tajo y ocho horas de intenso trabajo con sólo un cazo de café y el recuerdo de unas coles cocidas que habían tomado la noche anterior para cenar: «Muchos compañeros ya no podían trabajar, porque no tenían fuerzas para andar y se desmayaban. El comandante se reía al vernos y nos llamaba “hijos de la Pasionaria”».

José Custodio Serrano, trabajador preso en el canal del Guadalquivir, recuerda su dieta: cinco algarrobas para desayunar y pescado hervido para comer. Y nada más. A veces, una lata de sardinas y un chusco de pan para cinco, una dieta repetida hasta la saciedad.

Todos los recuerdos coinciden en lo mismo: comidas repetidas a base de patatas y boniatos, caldos sin una gota de grasa, hierbas forrajeras. Las legumbres ya eran una grata excepción, y el pescado y la carne, un lujo…

José López García afirma que en el Batallón n.º 53 de Riomartín, en Marruecos, ni siquiera tenían agua para beber:

Era un sitio donde no había agua potable. La llevaban en un camión cisterna, pero se utilizaba sólo para la comida y para consumo de los oficiales y de los escoltas. Nosotros no teníamos derecho a beber de esa agua. Tuvimos suerte de que fue una época en la que llovió bastante y entonces cogíamos el agua de la lluvia para beber y nos lavábamos un poco cuando íbamos al río, pero era horroroso aquello.

El hambre fue atroz, sobre todo en los campos de concentración y en los batallones de trabajadores adscritos a ellos. Algo mejor fue la situación que se vivió en los destacamentos penales, sobre todo en aquellos destinados a empresas que trabajaban en sectores rentables desde el punto de vista económico. Julián del Olmo, preso en el campo de concentración de Miranda de Ebro, asegura que a Julián Moreno, un compañero de castigo del Casar de Talamanca, lo torturaron hasta la muerte por recoger cáscaras de naranja del basurero del campo:

Le ponían una moneda en la frente y contra la pared, teniendo que sostenerse en una sola pierna. Cada vez que se le caía tenía que recogerla y en ese instante los soldados escoltas le propinaban una paliza. Cada vez aguantaba menos, cada vez las palizas eran más frecuentes, así durante horas.

El abastecimiento de alimentos a la población fue uno de los principales problemas que el régimen de Franco tuvo que afrontar acabada la guerra. Aunque sus fuerzas aéreas bombardearan con panecillos a la población civil de la zona republicana y Franco prometiera lo de «ningún hogar sin pan», la realidad se le mostró de nuevo rebelde al general. La escasez de alimentos, que afectó a toda la población —entre 1940 y 1946 más de 30.000 personas murieron de hambre, en 1940 más de un millón de personas comían en los comedores del Auxilio Social—, se cebó también, y de forma especialmente dura, con los presos. Basándose en diversos estudios provinciales, Francisco Moreno aporta la cifra de 4.663 fallecidos en establecimientos penales durante la posguerra a causa del hambre y de las epidemias, cifra probablemente incompleta, ya que se refiere sólo a investigaciones hechas en quince provincias.

Aunque en ocasiones no era la escasez la causa que les hiciera pasar hambre. Artemio Álvarez narra cómo en el campo de concentración de San Marcos, en León, él pudo ver los apuntes contables del comandante del batallón, José Llamas del Corral, en los que anotaba pormenorizadamente el dinero que conseguía ahorrar en las comidas de los presos. Este campo, del que dependían varios batallones disciplinarios en Lugo de Llanera, en el aeropuerto de Lavacolla, en Peñaranda de Bracamonte…, fue uno de los más duros de los que hubo en España: en él pudieron morir, según Joan Llarch, 800 presos, algunos de ellos, precisamente, a causa de la precaria alimentación. Pero esta práctica de extrema diligencia en un ahorro asesino no fue exclusiva de este campo. La Inspección de Campos de Concentración elabora un informe, a finales de 1937, que constata, según afirma Marcelino Laruelo, que, en el último trimestre de ese año, sólo en los campos de concentración de Santander, Asturias y León se había ahorrado un millón de pesetas gracias a las economías realizadas por sus responsables, dinero que se les asignaba para comidas y que devolvían a pesar de las precarias condiciones en que vivían. La cantidad ahorrada, por supuesto, se reintegró a las arcas del Ejército franquista.

Es sabido que la escasez de alimentos básicos llevó al régimen de Franco a regular su abastecimiento para la población a través de las cartillas de racionamiento, otra de las medidas de excepción adoptadas por el nuevo régimen con carácter provisional y que se prolongó más de una década. El sistema fue un desastre. El precario racionamiento, cuando llegaba, apenas cubría las necesidades de la población; de tal forma que, al final, lo único que terminó alimentando el sistema fue un mercado negro al que miles de productores e intermediarios fueron derivando esos productos esenciales para su enriquecimiento personal, mientras muchos españoles acudían a él pagando precios desorbitados con el fin de poder alimentar a los suyos. Por las redes del estraperlo pasaron todos los productos imaginables: desde el pan a la penicilina, cuando ésta llegó a España.

Pocos españoles escaparon de él: o lo padecieron o lo practicaron. O ambas cosas a la vez. Y pocas instituciones pudieron controlarlo de manera total. El abastecimiento de las cárceles fue especialmente sensible al estraperlo. La gran masa de población penal, aunque mal alimentada, exigía a diario toneladas de productos que estaban siendo regulados. Muchos responsables de prisiones, a todos los niveles, sucumbieron a la fácil tentación de robar parte de esos alimentos para derivarlos al mercado negro.

Josefa García Segret relata en su libro Abajo las dictaduras cómo las monjas encargadas del penal de mujeres de Saturrarán, cuya superiora era sor María Aranzazu, hacían acopio de los suministros que les entregaban para el sustento de las presas para derivarlos al estraperlo, mientras a las presas se las mantenía mal alimentadas. Desde septiembre de 1938, algunas comunidades de religiosas tenían encomendadas determinadas funciones en las prisiones de mujeres, desde su administración y contabilidad hasta los servicios de cocina y despensa.

Tristemente, los testimonios sobre prácticas semejantes son frecuentes. En el Libro blanco sobre las cárceles franquistas se cuenta lo sucedido en el batallón disciplinario destinado en Gorliz (Vizcaya), en el lugar llamado Cabo Villano, para la instalación de una batería de defensa costera. Cinco sargentos y dos oficiales se quedaban con la parte más nutritiva del avituallamiento destinado a los presos, lo vendían en el mercado negro y, al finalizar el mes, se repartían los beneficios de ese tráfico: 500 pesetas para cada uno de los sargentos. Mientras tanto, los presos debían saltar cada noche la alambrada para coger maíz en el campo y calmar el hambre, cada día más insoportable. Algo semejante hacían algunos de los responsables de los destacamentos destinados en el Valle de los Caídos, que vendían en el mercado negro de Madrid parte de los alimentos destinados a los presos, según apunta otro de los testimonios recogidos en este libro.

José López García fue destinado a las oficinas de la Subinspección de Trabajadores de Ceuta tras pasar casi un año en un batallón de trabajadores. De esa etapa recuerda que cuando se disolvieron los batallones de soldados trabajadores, a finales de 1942, cada unidad tuvo que hacer entrega e inventario de todo: material, comida y dinero:

Mire, sólo le voy a decir una cosa, cómo sería la situación de corrupción que el comandante subinspector, que se llamaba Aparicio, ante tal suciedad y tanta cosa que había habido, se pegó un tiro. Y él era una bellísima persona, posiblemente era el que menos había hecho, pero claro allí se movía mucho material, mucha comida, la empresa constructora pagaba por los soldados trabajadores y a nosotros no nos pagaban nada. En fin…

Francisco Moreno relata actitudes semejantes:

En la cárcel de mujeres de Segovia, las carceleras robaban las mantas, sábanas y ropas del centro y las vendían en la calle. En Talavera de la Reina tuvo lugar un proceso porque los funcionarios robaban azúcar, aceite y otras provisiones para venderlos a los industriales y comerciantes de la calle. En Palma de Mallorca, la gente de la ciudad enviaba pescado gratis a las presas, pero las monjas lo vendían en el economato. Lo mismo hacían las monjas-regidoras de Amorebieta: los tomates que se regalaban a las presas los vendían las monjas en el economato.

La mera existencia de estos economatos, bien surtidos, en donde los presos podían comprar la comida que se les negaba en el rancho aduciendo la situación crítica que vivía el país, constituía una cruel contradicción.

Tenemos constancia también de actitudes contrarias. Conrado del Cubo recuerda cómo la llegada de un nuevo coronel al campo de concentración de San Juan de Mozarrifar supuso una mejora considerable del rancho. Hasta entonces, él completaba su precaria dieta con las cáscaras de las naranjas que algunos compañeros podían comprar en el economato del campo. Apolinar Camazón, trabajador preso del canal de Montijo, recuerda incluso cómo los responsables civiles de las obras encomendadas a las colonias penitenciarias militarizadas plantearon la situación:

El régimen alimenticio era terrible. El Ingeniero jefe responsable de las obras, un trabajador libre, tuvo hasta discrepancias con el Ejército y con el Cuerpo de Prisiones porque la comida que se nos daba era tan escasa que no podíamos dar ese rendimiento. Empezaron por darnos habas secas en aquella primavera del año 42. Aquellas habas al encontrarse con cuerpos totalmente desnutridos hacían un efecto tal que hubo unos cólicos y unas indigestiones que hubo compañeros que no pudieron soportarlo. Era terrible… Aquello era terrible.

De primera y de segunda

Pero no todos los destacamentos fueron igualmente tratados. A algunos el régimen los mimó especialmente y en ellos nunca faltaron materias primas ni trabajadores ni dinero… El apoyo institucional prestado a determinadas obras o empresas no siempre tuvo una relación proporcional con la importancia social de lo realizado. Esto pasó en la perfectamente inútil, desde el punto de vista social, construcción del Valle de los Caídos. Pero hubo otros ejemplos contrarios. Es muy significativo lo que pasa en 1942, año en el que el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas atraviesa una situación crítica, según se reconoce en la Memoria de 1943, y el ritmo de los trabajos resulta muy inferior al previsto. Especialmente dramática es la situación de la colonia que construye el canal bajo del Guadalquivir, que comienza a trabajar en el mes de mayo de 1942 e inmediatamente empieza a tener graves dificultades para obtener suficiente personal penado y para disponer holgadamente de materiales de construcción esenciales, como el cemento y el hierro. Lo mismo sucede con la colonia que construye el canal de Montijo, que durante nueve meses ve frenadas sus obras por la escasez de cemento.

Muy distinto es el panorama que presenta la agrupación que trabaja en la nueva Academia de Infantería de Toledo. Inicia las obras en febrero y, en una carrera prodigiosa contra el reloj, el 1 de junio comienza ya la elevación de algunos edificios. Se trabaja todo el verano, día y noche, con tres turnos, batiéndose un verdadero récord en la velocidad de construcción «que ha sido ponderado por cuantas personas han visitado las obras», dicen sus responsables:

Es de advertir que, para la adquisición del enorme volumen de materiales precisos, se han encontrado facilidades cual en ninguna otra de las obras y la Dirección de Fortificaciones y Obras del Ministerio del Ejército ha prestado una especial protección proporcionándonos medios auxiliares de trabajo complementarios de los propios del servicio.

Este ritmo no decrece y en 1943 se ha logrado edificar una superficie de casi 25.000 metros cuadrados, lo que viene a ser aproximadamente el volumen de un edificio del mismo número de plantas y superficie que la Telefónica de Madrid. En 1942, de las seis agrupaciones que el Servicio de Colonias Penitenciarias tiene trabajando en todo el país, la que levanta la Academia de Infantería de Toledo absorbe el 33 por ciento del personal penado e idéntico presupuesto que el que se destina al conjunto de las otras cinco agrupaciones. Todo por la patria.

No es extraño que obras como el canal del Guadalquivir tardasen casi veintitrés años en construirse, mientras otras como la Academia de Toledo se terminase en un tiempo récord de seis años.

Pero hubo otros privilegios aún más dolorosos. En 1941, la cantidad estipulada por el Patronato para la alimentación de los presos que trabajaban en destacamentos era de 2 pesetas diarias, sin embargo, atendiendo a las presiones de diversas empresas concesionarias, especialmente empresas mineras, el Patronato dio luz verde a una subida en la sobrealimentación de los presos dedicados a estos destacamentos. El 6 de junio se aprueba aumentar la sobrealimentación de 0,35 a 0,85 pesetas. Como esta subida debió parecer insuficiente a estas empresas, el 11 de noviembre de 1941 «se autorizó a todas las empresas mineras para que invirtieran en la alimentación de los penados trabajadores la cantidad total de 3,50 pesetas diarias en atención a la rudeza de este trabajo». Las minas de Almadén constituyeron, finalmente, la excepción de la excepción, al ser autorizadas por este mismo motivo a invertir, por excepción, hasta 4 pesetas en la comida de los días de trabajo.

Es decir, mientras un preso normal comía por valor de dos pesetas diarias, los que trabajan en destacamentos exteriores gastaban en alimentos 2,85 pesetas; los mineros, 3,50, y los privilegiados mineros de Almadén, hasta 4 pesetas. Recordemos que ese año, por cierto, las minas de mercurio consiguieron el récord de producción de toda su historia.

Para asignar estas cantidades destinadas a la sobrealimentación, los responsables de los destacamentos se basaron fundamentalmente en el criterio de la rentabilidad. La dureza del trabajo podría explicar la diferencia de alimentación entre los presos que permanecen en las cárceles y los que trabajan en el exterior. Sin embargo, no se entiende que presos que trabajan en obras que implican graves riesgos y esfuerzos, como aquellos que lo hacen en la construcción del ferrocarril o de grandes canales y pantanos, tengan la mitad de dieta que los que trabajan en Almadén. Esta diferencia se hace más patente en destacamentos como el de la Babcok-Wilcox, en donde trabaja un pequeño grupo de presos, en torno a 60, desde el año 1940. Estos presos reciben un trato preferente en relación con otros trabajos, siendo su esfuerzo grande, pero no comparable al de otros penados que trabajan en el exterior. De este destacamento se afirma en sucesivos informes oficiales: «Sobre lo que el Patronato les tiene asignado como alimentación y sobrealimentación, la Empresa aporta 4,65 pesetas diarias por recluso, con lo que obtiene una nutrición abundante y sana». La sobrealimentación se justifica por «la importancia de los trabajos que se efectúan en esta factoría, aumentada por las circunstancias que en la actualidad pesan sobre España, impone a las operaciones de esta fábrica un ritmo excepcional en la labor y rendimiento». Y por ello, se concluye, «la empresa se ocupa de que ellos se encuentren siempre en las mejores condiciones para desarrollar el gran esfuerzo que se les exige, alimentándolos de forma que ni la jornada ordinaria ni las horas extraordinarias a que se ven sometidos debiliten sus fuerzas lo más mínimo». Sólo un dato. En 1944, el rancho oficial de este destacamento incluye casi el doble de aceite y una cantidad cuatro veces superior de riñones de ternera que la consumida en otros destacamentos. Además, cada preso comía un huevo diario y podía beber un tercio de litro de vino, lo que sin duda era un lujo en aquellos tiempos y en aquellas circunstancias.

Una vida miserable a cambio de una miseria

Una de las primeras tareas de remodelación que pudo iniciarse en las cárceles españolas gracias al trabajo de los presos fue la instalación de duchas. No las había.

Miguel Rodríguez pasó por el destacamento de Garganta de los Montes trabajando en un túnel de la línea férrea Madrid-Burgos:

Dentro del túnel teníamos que empujar vagonetas cargadas de piedras mientras nos caía el agua que rezumaba de la bóveda excavada en la montaña. Cuando ibas al barracón, estabas empapado de agua y de sudor. No podías secarte, la única forma de hacerlo era desnudarse, meterse en el camastro y colgar la ropa para que se secara.

Incluso en los destacamentos que sí contaban con duchas y aseos, estos solían ser insuficientes. El destacamento de Brunete, por ejemplo, tenía diez o doce duchas de agua fría, por supuesto, para más de 400 presos. Y además, estaban en una nave diferente a los dormitorios, con lo que los presos tenían que salir a la calle, en pleno invierno, a las siete de la mañana para hacer largas colas si querían asearse.

Por otra parte, de nada servía el aseo corporal cuando las ropas de los presos sólo se lavaban esporádicamente. Las mantas y los colchones estaban llenos de chinches, las ropas de los presos y los propios presos estaban plagados de piojos: «Piojos, había más que lentejas dan por mil pesetas. En mi vida había visto tanto piojo. Acudían a mis calcetines, que eran de lana nueva, como las moscas a la miel», recuerda Miguel Rodríguez.

Juana Doña relata la situación de una de las cárceles de mujeres de Madrid:

¡Qué infierno de prisión! En invierno se morían de frío y en verano de calor. Las presas eran pasto de las chinches, había miles, gordas, cebonas, brillantes. Por las noches invadían las celdas saliendo de todas partes: del suelo, las paredes, de la crin de los jergones: caían como paracaidistas de las alambradas, para cebarse en los brazos, las piernas y la cara de las mujeres. Era imposible combatirlas, mataban una y salían diez. Como sanguijuelas se pegaban a la piel y succionaban hasta levantar ampollas.

Tario Rubio recuerda que los barracones del destacamento de Armiñón (Álava) «estaban llenos de ratas, de chinches, de piojos. Había tantos que en verano preferíamos dormir al aire libre y entonces, cuando querían castigarnos, nos obligaban a dormir dentro de los barracones. Aquello era insoportable».

Esta situación insalubre propició la aparición entre los presos de enfermedades propias de los animales, como la sarna, y fue el caldo de cultivo de otras que encontraron en este ambiente el medio idóneo para desarrollarse y propagarse, como veremos más adelante. Román Barrenechea recuerda que en el Batallón de Trabajadores n.º 3, alojado en las casas evacuadas de la localidad de Sevilla la Nueva, en Madrid, sí tenían agua corriente para su higiene personal,

[…] pero cuando llegábamos al campamento cada noche, terminada la durísima tarea, sólo tenía ganas de meterme en el camastro para descansar unas horas y recuperar fuerzas. Gracias a eso sobreviví, aunque por culpa de la falta de higiene agarré la sarna, un sarnazo que me tuvo doce días en un hospital de Toledo en donde me trataron divinamente.

Esta vida miserable se pagaba, además, míseramente. Ya hemos analizado lo que cobraban los presos sometidos a este tipo de trabajo forzado: cincuenta céntimos en mano, dos pesetas para la mujer y una por cada hijo menor de 15 años. En el mejor de los casos, esta cantidad apenas representaba una cuarta parte de lo que cobraban los obreros libres de la misma categoría y era infinitamente inferior a lo que recibían los presos que ya tenían un empleo antes de ser encarcelados. Es elocuente el caso de Emilio Fernández Scott, que llevaba trabajando veintidós años como perito mercantil en la Compañía de Maderas de Avilés antes de la guerra. Tenía mujer y tres hijos menores de 15 años, así que era uno de los presos que mayor cantidad de subsidio generaba por su trabajo forzado: cinco pesetas y cincuenta céntimos diarios, poco más de 1.800 pesetas anuales, cuando su salario anterior como técnico era de 8.000 pesetas, según los datos que quedaron reflejados en el Fichero Fisiotécnico.

Lo máximo que llegó a cobrar Conrado del Cubo durante los tres años que trabajó como preso en Brunete fueron tres pesetas diarias, por su mujer y por su hija. Cuando cumplió su condena, quedó adscrito a la nómina de trabajadores libres que seguían levantando el pueblo y entonces vio multiplicar su exiguo salario por cinco: catorce pesetas y cincuenta céntimos. Tampoco era una maravilla en una época en la que pagaban por el alquiler de una habitación 75 pesetas mensuales o en la que conseguir un litro de aceite de oliva en el mercado negro podía salirle por 60 pesetas. Pero era cinco veces más de lo que cobraba como preso.

Jesús Cantelar trabajó como barrenero en Buitrago de Lozoya y en la cripta del Valle de los Caídos. En Buitrago cobraba dos pesetas y cincuenta céntimos como prima por trabajo peligroso. En el Valle, el sueldo se le multiplicó por dos, cinco pesetas diarias. Cuando quedó libre, fue uno de los muchos trabajadores que siguió trabajando en las obras. Entonces su sueldo base, ya como capataz, se multiplicó por diez: 345 pesetas semanales, que era lo que se pagaba entonces. Y eso le daba «para alimentarse y para vestirse».

España arrodillada

Por si el sometimiento de los presos al nuevo régimen franquista no quedase suficientemente patente con el trabajo al que eran obligados en su beneficio, la vida cotidiana en los diferentes campos de trabajo se rodeó de una liturgia generalizada en todo el país, en la que, por ejemplo, el saludo fascista se hizo obligatorio en virtud de una ley que regulaba hasta el ángulo preciso con que debía realizarse. Los días de trabajo agotador comenzaban y se cerraban en los campos de trabajo entonando el himno y los cantos nacionales y vociferando los correspondientes «¡Viva Franco!» y «¡Arriba España!». Según las normas que regulan la rutina en los establecimientos penitenciarios, estos cantos nacionales constituyen «un acto diario de servicio en el que tienen que participar todos los reclusos a quienes se les ha enseñado previamente por grupos para que lo entonen colectivamente».

Además, el mantenimiento de estos ritos patrios establecidos en los reglamentos era constantemente recordado a los directores de las prisiones y a los responsables de los destacamentos penitenciarios. Una circular de la Dirección General de Prisiones, en 1939, justifica su obligatoriedad argumentando que

[…] siendo uno y común a todos los españoles el destino de la Patria y una la autoridad suprema que debe conducirla, uno ha de ser también el fervor de todos, una la voluntad pronta a la disciplina, uno el gesto, uno el saludo, y unánimes los vítores por la unidad, la grandeza, la libertad de España y la exaltación del Caudillo.

En las prisiones, batallones, destacamentos y colonias penitenciarias, era obligatorio celebrar misa todos los domingos: «Al esplendor de estos actos contribuyen los coros y orquestas de presos que, después de terminada la ceremonia litúrgica, entonan himnos patrióticos y populares», explica el Patronato a Franco en una de sus memorias. Lo de los coros, orquestas y orfeones de presos es una pintoresca circunstancia que merecería un estudio pormenorizado. Según datos oficiales, a finales de 1941 había en las cárceles españolas 950 presos componentes de bandas, 546 miembros de orquestas, 4.300 cantaban en orfeones y 582 tocaban en rondallas. El total de agrupaciones dio a lo largo del año 10.000 conciertos. Algunos perfiles de estas unidades musicales y de sus miembros eran verdaderamente excepcionales: en la cárcel de mujeres de Ventas, en Madrid, entre las 40 mujeres del coro hubo cantantes de ópera y profesoras de música; en esta misma cárcel llegó a constituirse un coro infantil con 60 niños; la masa coral de la prisión provincial de Burgos, en 1939, la integran 61 tenores, 26 barítonos y 22 bajos. Lógicamente, la calidad de sus componentes no fue fruto de las enseñanzas recibidas en prisión, sino el reflejo de que entre aquellos presos y presas republicanos se encontraban personas altamente cualificadas en todo tipo de profesiones y oficios.

Al margen de lo establecido por las normas, la obligatoriedad de la misa para los reclusos dependía de los responsables de cada prisión o campo de trabajo. En los campos de concentración, la asistencia era obligatoria. El jefe del campo de concentración de Burgo de Osma envía un informe a la Inspección de Campos de Concentración en el que habla de la eucaristía semanal como un «espectáculo soberbio de una majestad y grandeza que sólo puede verse en la España del Caudillo, el de 3.082 prisioneros de rodillas, con las manos cruzadas y discurriendo entre ellos diez sacerdotes repartiendo la Sagrada Forma». También era obligatoria la misa, en este caso diaria, en los sanatorios penitenciarios. A pesar de que se regían por un reglamento propio que permitía eximir a los presos enfermos de las formaciones y de los toques de diana y de retreta al comienzo y final de cada jornada, no se les disculpaba, sin embargo, por su valor terapéutico, «de la santa misa diaria», considerada por los responsables de estos centros un complemento ideal para la recuperación de los enfermos.

En los destacamentos penales, sin embargo, la exigencia de la misa dominical variaba según quien lo dirigiera. En el del Valle de los Caídos, por ejemplo, era una obligación para los presos. Cada domingo, antes de salir del destacamento, los formaban y les daban un tique que había que entregar a la salida de la eucaristía para garantizar así la asistencia o para poder identificar al menos a los díscolos espirituales. Muy posiblemente, al margen de controlar el cumplimiento religioso, los guardianes de Cuelgamuros buscaban también prevenir posibles fugas en un día propicio para que se produjeran. Algo semejante se hacía en otros destacamentos penales. En general, los sucesivos informes de la Dirección de Prisiones hablan de un «cumplimiento pascual» que no se daba ni de lejos en la totalidad de los presos. Vamos, que muchos no iban a misa con el consentimiento de los responsables de cada prisión y sin que hubiese medidas de represalia. Aunque no era siempre así. Algunos testimonios nos hablan de la dureza con la que se respondía a quienes no cumplían con la misa dominical o con otras celebraciones religiosas. Ernesto Sempere recuerda cómo a él y a otro grupo de presos los trasladaron a finales de 1941 desde el campo de Valdenoceda, en Burgos, hasta la prisión de castigo de Las Palmas de Gran Canaria. Su delito: haberse negado a comulgar en unos ejercicios espirituales impartidos por los jesuitas de Oña. Por algo parecido, negarse a comulgar en unos oficios de Semana Santa, Marcelino Camacho recibió un peculiar castigo: fue dado repentinamente de alta del Hospital Disciplinario de Zumaya y devuelto a su campo de trabajo apenas le remitió la fiebre, pero sin estar aún recuperado del tifus que le tuvo más de cuarenta días entre la vida y la muerte.

El adoctrinamiento y la propaganda religiosa fueron una de las principales preocupaciones del régimen, también en el ámbito penitenciario. La medición estadística de sus efectos sobre los presos se convierte en una de las obsesiones favoritas de los responsables del Patronato para la Redención de Penas. Sus informes cuantificaban el número de conversiones al cristianismo, el número de masones que abandonaban su «secta», el número de matrimonios libertarios finalmente sacralizados… En un texto delirante, recogido ya en la primera Memoria que el Patronato para la Redención de Penas eleva a Franco, se habla con pulcritud estadística de las condiciones de arrepentimiento en las que mueren los condenados a la pena capital según fuera su formación, su procedencia geográfica o su adscripción política:

En general casi todos los elementos intelectuales mueren arrepentidos y la obcecación es, por el contrario, mayor en los delincuentes más incultos. Clasificando los reos por regiones —sigue el informe— puede decirse, según los datos recogidos, que los más obstinados son los de Murcia, Valencia, Asturias (en su zona minera) y la masa obrera de Barcelona. Clasificándolos por partidos políticos, mueren cristianamente por el siguiente orden: nacionalistas vascos, republicanos, anarquistas, comunistas y socialistas de la vieja escuela de Pablo Iglesias.

Y remata el autor de esta chusca nota informativa:

En total, el porcentaje medio de arrepentimiento final es de un setenta a un setenta y cinco por ciento. En diversas ejecuciones se ha dado el contraste impresionante de que mientras un grupo moría besando el crucifijo y dando vivas a España, otro esperaba la ejecución cantando la Internacional y pronunciando blasfemias y maldiciones.

Parece normal, ¿no?

6
El negocio

El sistema de redención de penas fue un gran negocio para el Estado franquista. Gracias al trabajo forzado de estos presos fue posible abordar obras públicas que sin su participación no hubieran podido realizarse. Muchas empresas privadas «apuradas por la penuria de obreros especializados» lograrán ponerse en marcha y aumentar sus producciones «gracias a la contribución de mano de obra reclusa», según se reconoce oficialmente. Su trabajo en industrias y empresas de carácter estratégico, especialmente en la explotación de minas, permitió parchear las depauperadas arcas del Tesoro. Según afirma la Memoria de 1941, los presos «no sólo se aprovechan del Sistema de Redención de Penas, sino que producen un ahorro muy importante al Estado y contribuyen en escala considerable a la vida industrial de nuestro país y a la solución de los angustiosos problemas de producción que las circunstancias nos obligan a afrontar hoy día».

Podría pensarse, leyendo observaciones como ésta, que la formidable rentabilidad económica que los presos generaron para el Estado fue una especie de consecuencia lateral, sobrevenida, un fruto inesperado nacido de la generosidad de Franco: los presos recortan sus penas, se reconstruye un país devastado, las empresas se ponen en marcha y… de paso se alcanzan beneficios que el Estado se embolsa. No fue así, la rentabilidad no llegó como una especie de pedrea caída del cielo, por casualidad, sino más bien fue uno de los objetivos fundacionales del sistema junto con el de la reeducación política y moral de los individuos encarcelados. Porque no sólo se trata de que los presos con su trabajo forzado recorten sus penas y contribuyan al precario sostenimiento familiar de sus esposas —«legales», por supuesto—, y de sus hijos —«legítimos», ¡sólo faltaría!—, sino que, además, a través del castigo impuesto, «salgan del error en el que les sumió el marxismo» y resarzan a los vencedores de una deuda que los propios vencedores habían fabricado vengativamente. Los padres del sistema se vanaglorian especialmente de haber conseguido lo que consideran «una reparación moral y de justicia histórica, pues se hace participar en la restauración material de España a aquellos mismos que directamente contribuyeron a destruirla».

Durante los primeros años de explotación laboral de los presos republicanos, la alusión al beneficio es constante por parte de los responsables del régimen, que manejan el concepto como un objetivo prioritario. No sólo se consagra en la norma fundacional, la Orden de 7 de octubre de 1938, cuando se especifica que la monumental diferencia entre lo que se cobra a las empresas por los presos y lo que se les paga a éstos se ingresará «en la Hacienda a beneficio del Estado». Ya en la primera Memoria que envía el Patronato para la Redención de Penas a Franco en 1939 se reconoce abiertamente que «el mejoramiento de la economía del Tesoro Público» es una de las misiones fundamentales del sistema. El esfuerzo que se impone a los presos, se afirma, «no es una ocupación en trabajos inútiles, sino en trabajos rentables, pues el penado se paga su propio sostenimiento, librándole al Estado de su carga y contribuyendo al mejoramiento del Tesoro Público». De esta manera:

[…] con la mano de obra reclusa puede alumbrar el Estado inmensas fuentes de riqueza que no estarían a su alcance empleando mano de obra libre; puede ahorrarse el mantenimiento de los presos; puede reducir a la mitad, y aún menos, la duración de este problema sin claudicaciones de la justicia; puede llevar pan y esperanza a innumerables hogares, y puede reconquistar espiritualmente a centenares de miles de españoles.

El discurso del beneficio alcanza tintes vergonzosos cuando se aplica, incluso, a las medidas que la Dirección de Prisiones adopta en 1942 para mejorar la precaria alimentación de los reclusos y que recoge la Memoria del Patronato al año siguiente:

Se aspiraba a conseguir la rápida protección a los desnutridos ateniéndose no sólo al sentido cristiano de la vida, sino también a aquella norma económica que en sanidad ha llegado a constituir una verdadera ley: cuanto antes se inicie la renutrición de un desnutrido, mayores y mejores serán los éxitos en el aspecto económico.

Este concepto se aplicará también a los talleres penitenciarios, concebidos como una nueva fuente de inmensos beneficios para el Estado, que ha sabido dotarlos «de un marcado carácter de empresa comercial», según se afirma en 1942. La búsqueda obsesiva de la rentabilidad se mantiene hasta que, en el año 1945, la liberación de muchos presos políticos provenientes de la guerra «dificulta en extremo» el trabajo de los talleres. La salida de estos presos vacía las cárceles de obreros especializados. Mientras estos suponían la totalidad de la nómina de los talleres penitenciarios cuando se pusieron en marcha, a finales del año 44 esta proporción mengua de forma espectacular y entonces ya sólo uno de cada cinco presos destinados a estos talleres son especialistas, el resto son aprendices. Se produce entonces una descompensación tal que se paralizan estructuras que habían sido pensadas para este tipo de personal. Por ejemplo, el taller de artes gráficas de Alcalá de Henares se encuentra de pronto con que tiene trece máquinas de impresión para cuyo manejo sólo dispone de un maquinista especializado. La realidad impone un cambio en el concepto, y quienes, año tras año, proclamaban con orgullo los inmensos beneficios que proporcionaban estos talleres aún en época de crisis económica deben ahora reconducir su discurso hacia otros argumentos y reconocer que «los talleres penitenciarios han pasado de ser una entidad industrial productiva a ser una escuela de capacitación y aprendizaje que, naturalmente, no puede producir rendimiento económico, aun cuando en el orden social llenen cumplidamente su finalidad». El régimen comienza a percibir que sin los presos republicanos el rentabilísimo sistema de explotación escondido bajo la doctrina de la redención amenaza inexorablemente con venirse abajo.

Hasta entonces, el sistema había funcionado a las mil maravillas logrando, año tras año, el buscado «mejoramiento del Tesoro Público», a través de tres mecanismos fundamentales. El primero, el ingreso directo en las arcas del Estado de la diferencia entre lo que cobraba a las empresas por el alquiler de presos y lo que les pagaba directamente o a sus familias, una cantidad que, en el mejor de los casos, como no nos cansaremos de reiterar, apenas llegaba a la cuarta parte de lo producido por los presos con su trabajo forzado. Esta recaudación, que fue siempre un beneficio neto para la Hacienda del régimen de Franco, se maquillaba después por la propaganda oficial afirmando que dicho dinero se destinaba íntegramente a financiar la protección de los hijos de los reclusos.

La segunda fuente de beneficios provino del ahorro que la Administración central, ayuntamientos, diputaciones, iglesia y Falange obtuvieron con la utilización de estos presos para la realización de obras en su beneficio. Estas instituciones se servían del trabajo de los reclusos a cambio de un sueldo irrisorio que apenas alcanzaba el 20 o el 30 por ciento del salario real que cobraba un trabajador libre, ya que estas instituciones sólo abonaban la parte correspondiente a los subsidios.

El tercer mecanismo de ahorro consistió en permitir que la Dirección General de Prisiones quedase exenta del mantenimiento de decenas de miles de presos que, de no haber existido los destacamentos penales, los batallones de trabajadores y las colonias penitenciarias militarizadas, tendrían que haber estado bajo su tutela directa en prisiones que no había y que hubiese tenido que construir, ya que las que existían apenas tenían capacidad suficiente para acoger a una décima parte de la población reclusa que generó la guerra civil y la legislación represiva posterior.

La cuantificación total del beneficio que el régimen de Franco obtuvo con la explotación de esta mano de obra reclusa aún está por hacer. Lo que ofrecemos a partir de ahora son nada más que unas pistas, balizas que apenas nos permiten acercarnos a la magnitud del expolio que, en cualquier caso, parece monumental.

Presos de excepción, trabajadores excepcionales

El rendimiento de los presos republicanos, en todas las obras y empresas en las que trabajaron, resultó ser extraordinario. Los empresarios privados y los responsables de los organismos públicos que los empleaban estaban obligados a remitir periódicamente balances que consignasen el número de presos a su cargo, la cantidad de jornales realizados y una valoración acerca de su rendimiento. Por estos informes sabemos que la satisfacción de quienes utilizaron esta mano de obra reclusa en la posguerra es total, dado que la mayoría de las certificaciones califican de excepcional el rendimiento de los presos.

Uno de los primeros testimonios sobre la eficacia de los presos lo encontramos en el informe que, en 1940, envía la dirección facultativa de las minas de Almadén, propiedad del Estado, en el que se certifica que «el rendimiento de la mano de obra reclusa ha llegado a ser, en conjunto, un 60 por ciento mayor que el promedio del de los mineros libres de la localidad». Este dato excepcional no constituye, sin embargo, una excepción. Referencias semejantes envían ese mismo año, desde la Dirección General de Regiones Devastadas, los ingenieros responsables de los trabajos de reconstrucción de Belchite, Brunete y Potes. En la misma línea se expresan el jefe de la Comandancia de Obras y Fortificaciones de la Primera Región Militar, el arquitecto que dirige los trabajos realizados por la Dirección General de Prisiones en Valladolid o el secretario del Consejo de Estado por los trabajos de reparación y habilitación que los presos vienen realizando en el edificio sede de la institución.

El responsable de las dos agrupaciones del Servicio de Colonias Penitenciarias que construyen el canal bajo del Guadalquivir certifica que «en todas las profesiones en que han actuado penados trabajadores, éstos han superado en su rendimiento al de los obreros libres contratados».

Tal era el grado de satisfacción de los empleadores públicos que en ocasiones se llegaban a disputar los presos. El jefe comarcal de la Dirección General de Regiones Devastadas en Oviedo quedó tan satisfecho con el trabajo de las primeras remesas de forzados que trabajaron en la reconstrucción de la capital asturiana que, en 1941, llegó a publicar un anuncio en el periódico Redención —el único al que tenían acceso permitido los penados— en el que solicitaba obreros presos de varias especialidades y ofrecía de antemano, de un modo general, la continuidad en el puesto de trabajo al servicio de la entidad una vez cumplida la condena, como si se tratase del responsable de una oficina de empleo.

Junto a estos informes provenientes de organismos públicos, encontramos también numerosísimos testimonios de empresarios privados que elogian el trabajo de los presos forzados. La dirección de Industrias Egaña, una empresa privada que sirve al Ejército botonaduras e insignias militares, califica de «excelentes la disciplina y el rendimiento de los reclusos-trabajadores». En la misma línea se expresan el director de los Talleres Murga, en Valmaseda (Vizcaya), el director de las Fundiciones del Ebro S. A., de Zaragoza, y los jefes de obras de la empresa Pantanos y Canales y de la constructora Gutiérrez Oliva y Bourne, que están al frente de los dos destacamentos penales que construyen la presa del embalse de Riosequillo en Buitrago de Lozoya (Madrid).

Estos magníficos informes se repiten durante las tres décadas en las que Franco presta presos, como si fueran de su patrimonio, a la empresa privada. De 1956 rescatamos las apreciaciones de Julio Cifuentes, encargado principal de Banús en las obras que esta empresa ejecutó en el puerto de Bermeo, afirmando que los penados «se han comportado admirablemente, siendo su rendimiento por encima del normal de los trabajadores libres, observando una excelente disciplina y poniendo en todo momento buena voluntad y el total de sus facultades a disposición del trabajo». Suponemos que el aprecio de Banús por esta mano de obra tan especial no decae, dado que, como veremos más adelante, sigue sirviéndose de los presos aún catorce años más. De hecho, será el último empresario privado que los mantenga en sus obras.

Los presos republicanos trabajan más y mejor que los obreros libres. Tienen sus razones. Si trabajan mal, vuelven a la cárcel; si vuelven a la cárcel, pueden perder la posibilidad de recortar sus condenas y de ayudar, por escasa que sea la ayuda, a sus familias. Incluso sabemos cuánto trabajan de más gracias al afán contabilizador que movió desde el principio al Patronato para la Redención de Penas, que no paraba de producir balances con los que justificar las excelencias del sistema para después enviárselos a su caudillo. Con las certificaciones llegadas de cada empresa se elaboran tablas que miden el rendimiento de los presos, y las conclusiones globales no pueden ser más positivas. En la Memoria que recibe Franco en 1942 se afirma que ocho de cada diez empresas manifiestan que el rendimiento de los presos rojos es igual o superior al de los obreros libres. Una de cada tres empresas expresa que el rendimiento no sólo es superior, sino «extraordinario».

Como si de una puja se tratase, los responsables de manejar esta mano de obra reclusa van elevando sus valoraciones sobre su buen rendimiento. Un 20 por ciento superior al de los obreros libres, afirma el encargado de la empresa responsable de la construcción de la Academia de Caballería de Valladolid… Un 50 por ciento superior «a las tareas mínimas fijadas por la empresa», certifica el responsable de la empresa minera Duro Felguera sobre los presos de los que dispone en tres destacamentos en sus principales pozos… Un 60 por ciento más elevado, remata la dirección de las minas de la Sociedad de Carbones Asturianos. Este resultado, idéntico al constatado por los responsables de las minas de Almadén, «debe calificarse de excelente», afirma el redactor del informe. ¡Y tanto!

Pero hay que tener en cuenta que el extraordinario rendimiento de los presos no siempre era fruto de su mayor eficacia a la hora de realizar el mismo trabajo que los obreros libres. Los presos rinden más, sencillamente, porque trabajan más horas que los obreros libres. Muchas más horas.

Sólo una de cada cinco empresas contratantes afirma que el rendimiento de los reclusos es menor al de los obreros libres y no precisamente por su falta de voluntad: «La causa principal de esta deficiencia —se especifica— es la de la precaria comida en los destacamentos correspondientes». La relación directa entre carencias alimenticias y rendimiento parece evidente. La inspección que la Dirección de Prisiones hace al destacamento penal de las minas de la Sociedad de Carbones Asturianos, cuyo rendimiento era excepcional, concluye reconociendo que la empresa había puesto «sumo empeño en tener una alimentación modelo».

Más presos, por favor

La satisfacción de los empleadores de mano de obra reclusa no sólo queda reflejada en estos precisos informes, sino en la posterior actitud de las propias empresas, que, una vez probada su eficacia, no tardan en reclamar nuevas remesas de presos. El director de la Sociedad de Estaños de Silleda, en Pontevedra, que desde comienzos de 1940 cuenta con 100 mineros reclusos trabajando en sus explotaciones, dirige la siguiente comunicación al Patronato para la Redención de Penas el 16 de diciembre de ese mismo año:

A los efectos oportunos, y para la satisfacción de ese Patronato, me honro en comunicar a V. E. el buen rendimiento en su trabajo dado por los reclusos-trabajadores de esta mina. Hasta tal punto, que la Sociedad que me honro en dirigir ha acordado edificar nuevos pabellones para duplicar el número de mineros-reclusos que pueden redimir pena por el trabajo en esta explotación.

Dicho y hecho. En el plazo de un año y medio esta importante empresa minera gallega, que en mayo de 1940 sólo tenía trabajando a modo de prueba a 36 reclusos de la prisión de Pontevedra, sextuplicó su plantilla reclusa hasta sobrepasar los 200 trabajadores. Las sucesivas ampliaciones que realiza la Sociedad de Estaños de Silleda se repiten en otras empresas privadas. A lo largo del año 41, el pozo Fondón de las minas de carbón de Duro Felguera cuadruplicó su plantilla de mineros reclusos, de 50 a casi 200. Además, esta misma empresa decide multiplicar las instalaciones explotadas por presos y establecer destacamentos penales en otros dos pozos: el Mosquitera, con 36 mineros, y el San Mamés, con 54. Y Duro Felguera espera triplicar esa plantilla inicial de presos en ambos pozos a lo largo del año, tal y como manifiesta a la Dirección de Prisiones. Lo logrará. También las minas de Almadén duplican en el año 41 su plantilla de trabajadores penados y mantienen durante algunos años una media de 300 presos trabajando en sus yacimientos.

Otros organismos públicos también renuevan sucesivamente las peticiones de presos para ampliar sus cuadrillas de trabajadores. La Dirección de Regiones Devastadas en Oviedo, en cuya reconstrucción trabajan ya en el año 41 más de 400 presos, no deja de solicitar nuevos envíos hasta que en 1943 ya son 800 los presos empleados. Ese mismo año, desde Quinto del Ebro (Zaragoza), donde 343 presos explotan canteras de piedra y yeso, se solicitan 582 más. La enumeración podría seguir así hasta el infinito.

En 1941, el Patronato para la Redención de Penas redacta un informe en el que realiza una serie de observaciones psicológicas sobre el trabajo de los presos que —a juicio de su anónimo autor— explican la suma eficacia de estos en determinado tipo de trabajos y, en consecuencia, la satisfacción de quienes se sirven de ellos. He aquí un extracto:

El delincuente ocasional —con este eufemismo denomina a los presos políticos imputados tras la guerra— es un trabajador sumamente disciplinado, atento a todas las sugestiones de mando y con grandes deseos, en general, de complacer. El preso propende, naturalmente, a no dejar su trabajo para no perder la redención y los subsidios. Por ello alarga y estira la tarea cuando sabe que al acabarse terminan también los beneficios que ella acarrea. Los presos, por amor al trabajo, o más bien por no dar importancia utilitaria a su esfuerzo, se esmeran con demasiada frecuencia en la terminación de su obra.

Por todo ello, concluye el informe, «se aprovecha mejor, por su calidad extraordinariamente disciplinada, el trabajo de los presos en fabricaciones de serie o de cadena que en tareas variadas o poco susceptibles de una rigurosa y ordenada organización».

Valoración del expolio

Resulta muy difícil hacer una valoración del beneficio económico global que obtuvo el Estado franquista durante años con la explotación de los presos políticos, aunque alguna aproximación vergonzante se desliza en los muchos trabajos que publicó durante la dictadura la Revista de Estudios Penitenciarios acerca de las bondades del sistema.

Así, en el pormenorizado estudio que el doctor en Derecho Penal José María López de Riocerezo realiza en 1962, se aportan un par de datos que, convenientemente cruzados, facilitan alguna conclusión: «Como dato estadístico importante —afirma el profesor— señalamos los salarios devengados por los reclusos desde el 1 de enero de 1939 al 30 de junio de 1943: 158.733.514 pesetas», más de 197 millones de euros actuales. Más adelante, el investigador aporta otra cifra esclarecedora: «Desde la guerra de Liberación al mes de agosto de 1948, se habían pagado ya por el Gobierno un total de jornales a los presos acogidos a los beneficios de la redención de penas que excedía los 50 millones de pesetas». Es decir, en diez años apenas se había pagado a los presos republicanos un tercio de lo que gracias a su trabajo forzado habían generado sólo en los primeros cuatro años y medio de implantación del sistema. El resto fue confiscado directamente por el régimen.

Es sólo una aproximación. Una cuantificación exacta sobre el robo de Franco a sus presos requeriría obtener respuestas a una serie de preguntas cruciales que aún hoy, ochenta años después y aunque parezca mentira, no las tienen. Por ejemplo: ¿exactamente cuántos presos políticos llegó a explotar Franco? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántos lo hicieron gratis en los destinos de las propias prisiones o en los batallones disciplinarios de trabajadores, lugares en los que el trabajo realizado por los presos no tenía contraprestación económica alguna? ¿Cuántos de ellos trabajaron directamente para organismos del Estado franquista y de sus vicarios, la Iglesia y la Falange, como trabajadores baratísimos, casi esclavos, y cuántos lo hicieron para las empresas privadas, cobrando un salario mayor del que sólo se beneficiaba la Administración que los explotaba? ¿Cuántos estaban casados o tenían hijos menores de 15 años, devengando un pequeño subsidio que cobraban sus familias, y cuántos eran solteros y trabajaban entonces en exclusiva para Franco por el módico precio de 50 céntimos diarios? ¿Qué responsabilidades concretas, en qué puestos, con qué categorías trabajaron aquellos presos que lo hicieron para empresas privadas? ¿Cobraron siempre lo que estaba estipulado o trabajaban por un salario inferior al que marcaba la ley, «en condiciones muy ventajosas», tal y como se reconoce en alguna memoria oficial?

Tras responder a estas preguntas, habría que emprender análisis más sutiles para cuantificar qué participación tuvieron los presos en el despegue económico de algunas empresas y de sus propietarios, que llegaron a amasar grandes fortunas durante el franquismo. Sabemos, por ejemplo, lo que sucedió en Almadén, en cuyas minas los presos generaron para el Estado una ingente cantidad de divisas que ayudaron a sostener la precaria moneda en aquellos tiempos, contribuyendo a pagar la monumental deuda adquirida con Alemania e Italia por la ayuda prestada durante la guerra civil. Sabemos, por ejemplo, que Dragados y Construcciones, constituida en 1941, emplea durante veinte años mano de obra reclusa para la construcción de grandes obras públicas. Sin duda, algo parecido sucedió en muchas empresas privadas consideradas de «interés nacional».

Tampoco sería ocioso intentar calcular la riqueza que desde entonces han generado algunas de las obras levantadas por los presos de Franco, sobre todo las importantísimas obras hídricas que sirvieron para levantar zonas deprimidas convirtiendo tierras baldías en grandes superficies de cultivo para beneficio exclusivo, en algunos casos, de grandes familias terratenientes muy próximas al régimen. En otro orden bien distinto, no estaría mal recordar que el Valle de los Caídos ha sido durante años el monumento más visitado de todos los que engloba Patrimonio Nacional, generando ingresos millonarios.

La dificultad para responder en conjunto a todas estas preguntas, que sería la única posibilidad de trazar un panorama definitivo, ha hecho que hasta el momento no se haya intentado dar respuesta a ninguna de ellas, dejándonos la sensación de que nos encontramos ante un formidable expolio que apenas llegamos a intuir.

Me propongo, en las líneas que siguen, intentar una primera aproximación que pueda servir como punto de partida, apenas como un mínimo indudable que, seguramente, será superado por otras investigaciones más allá de las posibilidades de este estudio. Y lo hago a partir de los datos oficiales que año tras año recogía el Patronato para la Redención de Penas para mostrárselos con indisimulado orgullo a Franco. Son siempre datos enmarañados, que cuantifican globalmente el número de trabajadores y de horas trabajadas sin especificar para quién trabaja cada cuál ni la factura que paga cada organismo del Estado o cada empresa privada, lo que nos permitiría calcular exactamente el margen de beneficio concreto que en cada caso se embolsó o se ahorró el Estado, cosa que, a los efectos, nos da lo mismo.

De la maraña surgen, sin embargo, algunas evidencias. Sabemos, por ejemplo, en cuánto valora el Estado el botín que obtiene de cada preso explotado. Se nos explica con claridad meridiana en la primera Memoria que el Patronato envía a Franco:

Si el jornal medio de un oficial albañil es de 14 pesetas, y el sostenimiento del penado, la entrega en mano y la asignación familiar montan, en total de promedio, según hemos dicho, 4,75 pesetas, las 9,25 restantes se entregan a la Hacienda Pública. Y se le devuelve, además, a la Hacienda, las 1,40 pesetas que cuesta el mantenimiento del recluso; con lo cual el Estado se beneficia con una cantidad total de 10,65 pesetas.

Es decir, el Estado se beneficia del 76 por ciento de cada uno de los jornales que generan los presos. Una cantidad especialmente sangrante en una época de miseria en la que el 65% del salario de un trabajador se destinaba a la alimentación. Su expropiación condenaba al hambre a las familias de los presos.

Sabemos también cuántos son estos jornales. Desde 1939 hasta 1946, años que marcan el paréntesis en el que la explotación reclusa se refiere en exclusiva a presos políticos, los reclusos generan, siempre según los datos de la contabilidad franquista, más de 22 millones y medio de jornales, exactamente 22.601.434.

Esta cantidad de días trabajados se desglosa de esta manera:

En 1939: | 402.103 días trabajados.
En 1940: | 1.870.956 días trabajados.
En 1941: | 2.632.967 días trabajados.
En 1942: | 4.187.360 días trabajados.
En 1943: | 5.462.010 días trabajados.
En 1944: | 3.913.024 días trabajados.
En 1945: | 2.603.014 días trabajados.
En 1946: | 1.530.000 días trabajados.
Total: | 22.601.434 días trabajados.

Es éste un mínimo incontestable, pero, sin duda, está lejos de ser el máximo.

Esta montaña de jornales computa «sólo» el trabajo de los presos en los destacamentos penales, en las colonias penitenciarias militarizadas y en los talleres penitenciarios. No se valora aquí el trabajo de aquellos miles de hombres que fueron destinados a los batallones disciplinarios, ni los trabajos en los llamados destinos, dentro de las cárceles, que computaban para la redención de condenas, pero no tenían una compensación económica. Tampoco incluyo años posteriores al 46, y no es porque a partir de entonces se dejasen de utilizar presos políticos como mano de obra barata. Hemos visto cómo en la construcción del Valle de los Caídos los últimos reclusos abandonaron las obras en 1950. Sin embargo, a estas alturas, nos resulta difícil establecer con precisión cuántos de los presos empleados desde entonces habían sido condenados por delito común y cuántos por lo que llamaban delito posterior, que también eran delitos políticos. Para las estadísticas de Franco, desde esa fecha sólo existen presos comunes.

En cualquier caso, sigamos manejando datos que ni el propio Franco podría discutirnos. Si sabemos cuántos días trabajaron los presos al servicio de Franco y cuánto se lleva el Estado de cada uno de los jornales, podemos cuantificar el expolio. La multiplicación de esos millones de días trabajados por el jornal medio de 14 pesetas que reconoce el régimen arroja una suma global que supera los 316 millones de pesetas de los años 40, una cantidad extraordinaria para la época.

La traslación de esa cantidad a valores actuales, teniendo en cuenta que una peseta de los años 40 tendría el valor de 1,24 euros actuales, según las tablas de conversión elaboradas por Leandro Prados de la Escosura en Contabilidad nacional histórica de España desde 1850 a 2017, arrojaría una cantidad cercana a los 400 millones de euros. Pero esa cantidad debe ser corregida, porque partiríamos de un jornal de 14 pesetas, que vendrían a ser hoy menos de 18 euros diarios, una cantidad precaria.

Así que, para visualizar la magnitud del negocio con parámetros actuales, podríamos tomar como base un salario bruto mileurista de 13.000 euros anuales, una media entre los 10.300 euros del actual salario mínimo interprofesional y los 16.500 euros del salario más frecuente, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística para 2016. Considerando esa cantidad y dividiéndola por 300 jornadas, pues los presos explotados, en el mejor de los casos, sólo libraban domingos y fiestas, saldría un jornal actual de 43,3 euros, que multiplicados por los millones de días trabajados nos da una cantidad global próxima a los 1.000 millones de euros actuales, exactamente 979.395.473 euros. Dado que el Estado se quedaba con el 76% de ese salario, el valor actualizado sería de 760 millones de euros.

Es una cifra mínima y trasladada a valores actuales con criterios prudentes. Porque esa cantidad no cuantifica el trabajo de miles de hombres que trabajaron en las diferentes formas de batallones de trabajadores ni el de aquellos presos que lo hacían en los destinos dentro de las prisiones sin cobrar nada. No sabemos cuántos trabajadores especializados lo hacían cobrando salarios básicos de obreros sin cualificar. Ni se concreta el ahorro que supuso para los diferentes organismos públicos, instituciones religiosas y la Falange el uso de estos presos, ya que en su caso sólo se hacían cargo de los cincuenta céntimos que recibían en mano y de las cantidades contempladas para sus mujeres e hijos menores, teniendo en cuenta que muchos de ellos eran solteros. No se consignan tampoco los extraordinarios beneficios obtenidos en algunos sectores como el minero o los derivados de la construcción de infraestructuras y obras públicas que, como reconocen los responsables del Patronato para la Redención de Penas, no se habrían podido levantar sin el concurso de estos trabajadores. Ni las ganancias obtenidas por el Estado con la venta de los productos fabricados en los talleres penitenciarios a empresarios privados, de los que sólo contamos con datos parciales. Ni la cantidad global del ahorro que supuso no tener que construir cárceles para albergar esa ingente masa de población reclusa que el régimen había fabricado, aunque en este caso, como veremos más adelante, algún especialista se lanza a la especulación.

Suma y sigue: ahorros indirectos

Como si este formidable expolio pareciera calderilla, los contables del régimen y los apóstoles del sistema de redención de penas se esforzaron sin descanso en darles vueltas y vueltas a los datos hasta exprimir el último céntimo que pudiese contabilizarse en el capítulo de beneficios para el Tesoro Público.

Por ejemplo, al rendimiento obtenido por el Estado por la diferencia entre lo que cobra por sus presos y lo que paga a éstos y a sus familias en concepto de subsidio, dice el Patronato que habría que añadir un 24 por ciento más en aplicación de un concepto que se inventa y que denomina utilidad para el Estado, que no es otra cosa que la cuantificación económica de lo que se ahorra el Estado por la abreviación de las condenas, por los días de trabajo redimido. Si, como hemos visto, el régimen ya consideraba beneficio el 76 por ciento del salario que exprimía a cada preso y además a esta cantidad ha de sumar otro 24 por ciento en concepto de utilidad para el Estado, la conclusión es simple: cada preso le sale, prácticamente, gratis. De tal manera que si a esa cifra de 760 millones de euros le sumamos el 24 por ciento en concepto de utilidad para el Estado, la cifra superaría los 942 millones de euros actuales.

En los primeros años de implantación del sistema, este afán de cuantificar beneficios es obsesivo. En el año 40, se afirma que «como el preso que trabaja indemniza al Estado de su mantenimiento, la Hacienda Pública ha percibido un beneficio de dos millones y medio de pesetas». En el año 41, el Gobierno de Franco reconoce que los presos que trabajan en los 68 destacamentos penales han generado unos salarios por valor de 8.819.880 pesetas, cobrados por el Patronato, y hace el siguiente razonamiento: «Si agregamos a esto la economía producida a la Hacienda Pública por la abreviación de condenas, que ha importado, sólo por el concepto de alimentación 2.889.584 pesetas, tendremos en total una utilidad para el Estado de 11.709.464,42 pesetas», unos 14.580.000 euros actuales. Obsérvese lo de los 42 céntimos. Y no sólo en los destacamentos. Ese mismo año, en referencia al dinero producido por los talleres penitenciarios, leemos en la Memoria del Patronato para la Redención de Penas que «al dinero que de un modo directo han reintegrado los Talleres del Estado, debe añadirse el ahorro indirecto que ha percibido a consecuencia de los días en que se han acortado las condenas. Cifrando este ahorro en dos pesetas por recluso y día. En total 272.226 pesetas».

Tales apreciaciones debieron parecerle a alguien tan escandalosas que en las memorias sucesivas ni aparecen. Pero si las tomamos al pie de la letra y las aplicamos al número de días que trabajaron los reclusos forzados a causa de su fidelidad a la República desde el fin de la Guerra hasta el año 46, años en que sólo trabajaban este tipo de presos, obtendríamos un ahorro indirecto para el Estado de más de 45 millones de pesetas de la época, unos 56 millones de euros.

No obstante, según se reconoce en la Memoria del Patronato para la Redención de Penas de 1942,

[…] la utilidad para el país es mucho mayor que la directa para el Estado consignada más arriba, ya que merced al trabajo de los presos ha podido incrementarse la producción nacional en sectores importantísimos, o realizar obras que de otro modo no hubieran podido ejecutarse por falta de obreros especializados o por otras causas.

Y esa «utilidad» ya resulta imposible de cuantificar.

Hasta el último céntimo

Pero no queda ahí la cosa. A este beneficio, la Administración franquista añade una prerrogativa más, como si lo anterior le pareciera poco. Mientras las empresas privadas están obligadas a pagar —al menos es lo que dice la ley— el salario estipulado en cada localidad según sea la categoría en la que trabaja cada preso, de forma que no cobraba lo mismo un arquitecto que un albañil, si el que emplea es el Estado, a través de ayuntamientos, diputaciones, organismos públicos o de sus instituciones orbitales, Iglesia, Falange y sindicatos, sólo está obligado a pagar el mínimo marcado por el subsidio; es decir, los 50 céntimos que el preso se lleva en mano, las dos pesetas para su mujer y la peseta por cada hijo menor de 15 años, sea cual sea la categoría profesional del preso: albañil, ingeniero, fontanero, médico o maestro. Y de todo hubo entre los presos republicanos.

Como se comprobará en el capítulo siguiente, este matiz es importantísimo para valorar el alcance de la beneficiosa operación económica que realiza Franco con el empleo de esta mano de obra, ya que una buena parte de ella la utilizan organismos directos de la Administración, mientras otra se destina a trabajos internos de las prisiones, en organismos dependientes de ellas (como los hospitales penitenciarios), o en obras que promueve la Dirección General de Prisiones que, a partir de 1941, emprende la operación de construcción de nuevas cárceles, casi todas ellas edificadas exclusivamente por reclusos o con una importante participación de ellos.

Para hacernos una idea, valga este dato que puede ilustrar la magnitud de lo que estamos contando: sólo en el año 1943, más de 7.000 presos trabajaron en destacamentos penales directamente dependientes de organismos e instituciones del Estado. De manera que el Estado llegará a absorber casi la mitad de los 16.423 presos que actuaron, como media, fuera de las prisiones.

Estos trabajadores baratos, casi esclavos, fueron utilizados ese año fundamentalmente por la Dirección General de Regiones Devastadas, que emplea casi 4.000 en 30 localidades dispersas por toda España. Los emplearon también la Dirección de Prisiones; el Servicio Militar de Puentes y Caminos; la Dirección General de Infraestructuras, en la construcción del aeropuerto de Sondica, y el Ministerio de Gobernación, para la construcción del Parque Móvil de Ministerios, en la calle Cea Bermúdez de Madrid.

La voracidad económica del régimen para con sus presos no tuvo límites. A todo lo explicado anteriormente cabe añadir un ramillete de detalles que complementan la intención explotadora del sistema de redención de penas.

El fundamental: la norma que consagra el sistema establece de forma meridianamente clara un mecanismo que permite al preso incrementar la exigua compensación económica que recibía por su trabajo; eso sí, prolongando aún más su jornada laboral. En este caso, el preso recibía el salario mutilado por la jornada normal y percibía íntegramente el salario que le correspondía por ese trabajo extra.

En su artículo octavo se especifica:

El exceso que en su caso pudiera corresponder por suplemento de trabajo a aquellos que lo realicen en horas extraordinarias o en laborales contratadas a destajo, se entregará en todo caso sobre los límites ya señalados a las familias de los reclusos con derecho a percepción de subsidio familiar… Respecto de los obreros que no tengan familia con derecho a subsidio, el pago de las cantidades que les correspondería percibir por el exceso de trabajo en el destajo será entregado íntegramente a los trabajadores reclusos.

Pese a la dureza de los trabajos, los presos sacaban fuerzas de flaqueza con el único objetivo de obtener algún recurso más para sus familias. Las certificaciones que remiten las diferentes empresas privadas al inicio de la puesta en marcha del sistema así lo demuestran: los presos trabajan más y prolongan su jornada de un 20 a un 60 por ciento. El régimen vio muy pronto en este sobreesfuerzo un nuevo botín para su rapiña y, apenas dos años después, el Patronato estableció que a las horas extraordinarias en los destajos se les restase un 25 por ciento como donativo reglamentario —¡ojo a la definición!— para el Fondo de Educación de Hijos Desvalidos de Penados.

Este afán confiscatorio no queda aquí. Visto que algunas empresas que disponían de presos cedidos por el Patronato, especialmente las empresas mineras, comienzan a tener grandes beneficios gracias a la explotación de estos presos, dado que no cesan las demandas de nuevos presos y aprovechándose de que los disponibles cada vez eran menos, el Estado decide gravar a las empresas con un suplemento de 3 pesetas por preso y día que se aplica también íntegramente, según la versión oficial, para el Fondo de Educación de Hijos Desvalidos de Penados. De ser cierto, a esas alturas ya debían vivir los pequeños no como hijos de presos, sino de marqueses.

Esto en lo que se refiere a la tajada más sustanciosa del pastel. Pero Franco no quiere desaprovechar ni las migajas, y el sistema —siempre dispuesto a interpretar la voluntad del caudillo— no para de buscar nuevos yacimientos en los que arrancar a los reclusos trabajadores hasta el último céntimo.

Así, por ejemplo, en los primeros años de funcionamiento de las colonias penitenciarias y destacamentos penales, se llegó a cobrar el vestuario a los trabajadores. Como el uniforme era obligatorio, en 1940 establece el Patronato que «si los reclusos no cuentan con el preciso se les facilita y se les va deduciendo paulatinamente de sus propios jornales».

En su libro titulado En las prisiones de España, Ramón Rufat, maestro republicano y preso trabajador de los talleres penitenciarios de Alcalá de Henares, cuenta cómo los reclusos estaban obligados a pagar hasta las comunicaciones semanales con sus familiares, a las que, sin embargo, tenían derecho. Costaban 1,25 pesetas cada una. Teniendo en cuenta que la cantidad que el preso recibía en mano para sus gastos era de 50 céntimos, cada comunicación con los suyos le costaba al recluso más de dos días de trabajo. Ese precio podía aliviarse con la suscripción voluntaria al periódico Redención, el único que llegaba a las cárceles. Si los presos lo compraban, entonces podían conseguir doce comunicaciones por sólo 5 pesetas y, además, por el lote, le daban al preso una de regalo. Incluso, afirma Rafael Torres en su libro Los esclavos de Franco, «se obligaba a los presos con posibles a financiar la suscripción de los reclusos indigentes».

En algunos destacamentos penitenciarios se esfumaron incluso los 50 céntimos que los presos debían recibir en mano. Miguel Rodríguez no recuerda haber percibido esa cantidad cuando trabajó en la construcción del ferrocarril en el destacamento de Chozas de la Sierra. Conrado del Cubo, que trabajó tres años preso en la reconstrucción de Brunete, recuerda perfectamente que el único dinero era el que la Dirección de Prisiones enviaba directamente a su familia. A él nunca le llegaron esos 50 céntimos de entrega en mano. La cantidad para el preso era mínima, pero el dinero de todo un destacamento podía suponer un jugoso sobresueldo para el que lo hacía desaparecer.

Talleres muy rentables

El robo directo perpetrado sobre los fantasmales salarios y los diversos medios para exprimirlos hasta el último céntimo fueron los mecanismos por antonomasia practicados por el Estado franquista para explotar a sus presos. Pero no son el único procedimiento. Después de instalarse los primeros destacamentos penales y las primeras colonias penitenciarias militarizadas, en las cárceles comenzaron a ponerse en marcha los llamados talleres penitenciarios, que, muy pronto y durante algunos años, fueron sumamente rentables, especialmente en los años en los que las cárceles estuvieron repletas de presos republicanos.

Apenas un año después de la implantación de este tipo de trabajos en las prisiones, en 1941, el Ministerio de Justicia hizo un balance positivo de sus resultados: «Nuestra organización ha sufrido un sensible estímulo al darle un marcado carácter de empresa comercial».

Ciertamente lo consiguieron. Ese año fue uno de los más dramáticos de toda la posguerra, dado que a la escasez de materias primas se unió la caída del consumo hasta niveles mínimos, como es lógico en un país depauperado cuyos ciudadanos no estaban para fiestas. Pero, a pesar de esos factores, la práctica totalidad de los talleres penitenciarios en marcha, como tocados por una varita mágica, dieron beneficios en su primer año de funcionamiento, un objetivo que muy pocas empresas estaban en condiciones de lograr en esos difíciles tiempos.

Veamos algunos ejemplos. El taller de carpintería de Alcalá de Henares, que se dedica sobre todo a carpintería de construcción, consigue un beneficio de 120.000 pesetas pese a reconocer que «el sector atraviesa una aguda crisis». El taller de juguetería de Barcelona se pone en marcha con el año muy avanzado, en el mes de julio de 1941, y, sin embargo, logra en sus primeros pasos unos resultados espectaculares. En su montaje, el Patronato gastó poco menos de 40.000 pesetas. En los primeros meses, el beneficio neto fue de más de 22.000 pesetas, con lo que, se asegura, «antes de finalizar el año de funcionamiento el taller estará amortizado».

La misma tendencia se reproduce en los talleres de alpargatería y metalistería de El Dueso, en los laboratorios farmacéuticos de la cárcel de Yeserías y en los talleres de costura de la prisión de mujeres de Amorebieta, donde se fabrican 10.000 monos para reclusos, y en la de Ventas, en Madrid, que a pesar de «que ha trabajado para atender encargos particulares», llega a fabricar en ese año 2.000 monos, 10.000 sábanas y 2.000 elásticos para Instituciones Penitenciarias. Sólo con este taller y estos pedidos realizados a comienzo de año se alcanza un volumen de trabajo asegurado que permitirá emplear a 400 reclusas durante el año 1942.

Y eso que muchos de estos talleres trabajaban con materias primas que estaban sometidas a contingentes que marcaba directamente el Estado y que no siempre satisfacían las necesidades de cada instalación. El taller de zapatería de Alcalá de Henares sólo recibió en ese año 750 kilos de piel, lo que paralizó su actividad. Por la falta de lonas, el de alpargatería de El Dueso sólo pudo fabricar 32.000 pares de alpargatas cuando su capacidad era diez veces mayor, 1.000 diarias, es decir, más de 300.000 pares anuales en condiciones de normalidad, según los cálculos efectuados por sus responsables.

Pues bien, a pesar de estos condicionantes internos y de las grandes dificultades económicas que atravesaba el país, sólo en ese año de 1941, el beneficio bruto obtenido por los talleres penitenciarios es de 641.974 pesetas, casi 800.000 euros actuales, según los balances del Patronato para la Redención de Penas. Considerando que el gasto de mantenimiento fue de 131.580 pesetas, tenemos que por cada peseta que invirtió el Estado franquista en la instalación, equipamiento y mantenimiento de estos talleres que se sostenían gracias al trabajo de los presos y presas obtuvo un beneficio neto de cuatro. Pero como la avaricia de los responsables del sistema de explotación parece no tener límites, en el mismo informe que recoge este magnífico balance económico, los responsables de los talleres penitenciarios se muestran «considerablemente preocupados por los elevados gastos de mantenimiento».

La preocupación no les duraría mucho. La revisión de los datos económicos que arrojaron los talleres un año después, en 1942, permite pensar que durante este año pudieron saciar su hambre de beneficio y convertir su considerable preocupación por el gasto en considerable satisfacción por los réditos obtenidos. El taller de El Dueso, por ejemplo, consiguió fabricar ya más de 100.000 pares de alpargatas; el taller de juguetería de Barcelona no sólo había amortizado la inversión de su instalación, sino que al acabar el año alcanzó unos beneficios totales de 153.101 pesetas, y el complejo de Alcalá de Henares comenzó ya a dar signos de su importancia como modelo para otros talleres. Su sección de cerámica recibe ya la maquinaria que le permitirá fabricar ladrillos, tejas curvas y rasilla: «Todo permite creer que será una industria que ha de reportar grandes beneficios», reconocen sus responsables apelando de nuevo al concepto de beneficio. Sólo sus secciones de imprenta y de carpintería, que ya en ese año acumulaban encargos para dar trabajo a más de 500 reclusos, obtuvieron en 1942 un beneficio de 700.000 pesetas, 871.500 euros actuales, un 10 por ciento más que el total del beneficio arrojado por todos los talleres penitenciarios en el año anterior.

Con ser bastante ilustrativos estos datos sobre la capacidad que el Estado franquista tuvo para rentabilizar el esfuerzo de estos trabajadores forzados, hemos de decir que lo que antecede es sólo la punta de un formidable iceberg.

Así, los reclusos que trabajan en 1940 en las distintas empresas mineras —muchas de ellas particulares— arrancan más de mil toneladas diarias de carbón. En ese año, el Estado proyecta que «ellos solos arranquen la tercera parte del mineral de Almadén, minas propiedad del Estado, al que rinden una utilidad anual de más de 150 millones de pesetas», unos 187 millones de euros al valor actual. Sólo un año después, en 1941, las minas de Almadén alcanzarán su récord histórico de producción, con más de 82.000 frascos de mercurio, gracias al trabajo de los reclusos forzados.

Cárceles virtuales

Al INEM rojo habría que sumar como idea del genial Franco la de la cárcel virtual. Los destacamentos penales sirvieron como cárceles en los años de posguerra sin que gravaran económicamente al Estado. Las empresas privadas que contrataban presos se ocupaban de construir los pabellones, de proporcionar la comida y el vestido, de pagar las facturas de agua y de luz, si es que las había… De no haber ideado el sistema de redención de penas, Franco tendría que haber habilitado prisiones para acoger con un mínimo de dignidad a la inmensa población reclusa que encarceló tras la guerra o no habría tenido más alternativa que la de dejarlos inmediatamente en libertad mediante una generosa y amplia amnistía, palabra que producía sarpullidos al general. De la misma forma que antes veíamos cómo el régimen cuantificaba la utilidad para el Estado que suponía la reducción de las condenas, podemos preguntarnos también cuánto se hubiera tenido que gastar Franco en habilitar cárceles suficientes para acoger a la inmensa población reclusa si no se hubiera sacado de la manga su invento.

El trabajo nos lo da casi hecho el inspector de Prisiones Jesús Sánchez Trigueros, que en un estudio elaborado en 1947 cuantifica el gasto de construcción y mantenimiento de una prisión. Según sus datos, levantar en esa época una cárcel en España, «con capacidad para 500 reclusos en condiciones normales», costaba al Estado 8 millones de pesetas, mientras que su mantenimiento anual en gastos de agua, luz, calefacción, oficinas, sanidad, mobiliario y vestuario, junto a la nómina de 45 funcionarios, venía a suponer unas 450.000 pesetas anuales.

El autor de este informe contrapone a estas cifras las del mantenimiento, en las mismas condiciones, de un destacamento penal. Aquí el Estado se ahorra los 8 millones de la construcción de la cárcel, no paga un duro en concepto de agua, luz, calefacción, y el mantenimiento de la plantilla que vigila a los reclusos reduce su gasto a la décima parte, ya que sólo se necesitan seis funcionarios con una nómina anual de 55.000 pesetas.

Si consideramos que el régimen de Franco desde 1939 hasta 1945, años en los que la gran masa de estos trabajadores forzados eran presos políticos republicanos, mantuvo una media mensual de 10.000 reclusos trabajando en destacamentos penales, concluiremos que se ahorró, sólo en este concepto, la construcción de 20 cárceles que hubiera necesitado para mantener recluidos a estos penados en establecimientos cerrados y «en condiciones normales». Esto hace un total de 160 millones de la época, casi 200 millones de euros. Además, en el otro concepto, teniendo en cuenta que la diferencia entre el mantenimiento anual de una cárcel y el de un destacamento penitenciario es de casi 400.000 pesetas, y considerando que esos 10.000 reclusos suponen un total de 20 destacamentos de 500 penados cada uno, el ahorro anual del régimen puede cuantificarse en otros 8 millones de pesetas; por tanto, 48 millones en los seis años que hemos tomado como referencia.

En total, 208 millones de pesetas del año 47, casi 260 millones de euros de hoy.

Sin embargo, todas estas cantidades son apenas una mínima parte del expolio final que nunca se reconoció ni se llegó a pagar. En los albores del sistema, en 1939, el Patronato para la Redención de Penas asume que «solamente el sostenimiento material de esta masa ociosa acarrearía al Tesoro, según cálculos prudentes, un perjuicio de más de mil quinientos millones de pesetas en los próximos diez años». Es decir, más de 1.867 millones de euros actuales. Y eso sólo considerando y valorando prudentemente el ahorro derivado de no tener que mantener a esa masa de población reclusa en cárceles regulares.

Por eso no es de extrañar que el inspector de Prisiones Jesús Sánchez Trigueros, un hombre de probada experiencia que había sido director del penal del Puerto de Santa María, que llegó a albergar a más de 6.000 presos, concluya su informe afirmando que «los precedentes cálculos demuestran las ventajas de los destacamentos penales en el aspecto económico», evidentemente son un chollo, y defendiendo su mantenimiento en un futuro con delincuentes comunes cuando fueran puestos en libertad los rentables presos políticos republicanos.

De nuevo el régimen planea otra vuelta de tuerca al sistema en el momento en que, como consecuencia de los sucesivos indultos, las cárceles se estaban quedando sin esa preciada masa de presos políticos que había generado la guerra y la represión posterior: «En las prisiones —escribe este técnico— la masa penal produce gastos elevados y son reducidos los ingresos hasta el presente, lo que prueba la necesidad de aumentar los destacamentos con delincuentes primarios».

Estos destacamentos con delincuentes comunes comenzaron a ponerse en marcha en 1943. Con el tiempo se demostró que era imposible sostener el sistema con este tipo de reclusos. Sin embargo, en esos primeros meses, el régimen de Franco aún albergaba la esperanza de que la inclusión de delincuentes comunes en los destacamentos pudiese mantener a largo plazo el sistema, cuando las cárceles se vaciasen definitivamente de presos republicanos. Tan grandes eran las esperanzas y tal la satisfacción de los responsables del régimen penitenciario que alguno de ellos llegó a afirmar cosas delirantes. Es el caso del director general de Prisiones, Ángel B. Sanz, que, en su afán de justificar este viraje no previsto en el origen del sistema de redención de penas, se descolgó con un canto extravagante a la laboriosidad de los homicidas españoles que, cómo no, supera con mucho a la de los obreros libres:

Destacamentos de penados comunes, seleccionados cuidadosamente para un primer ensayo, nos han demostrado, durante cinco meses de actuación, que el delincuente común, especialmente el homicida, trabaja con rendimiento superior al obrero libre, no intenta la fuga, convive con sus semejantes, atiende económicamente a la familia, y se logra su recuperación, lo que era difícil en el régimen antiguo del sistema celular de aislamiento.

Vamos, una joya este laborioso homicida español.

7
Autarquía en la autarquía

De su experiencia militar en África, Franco se trajo varias cosas. Allí llegó en 1912, con 19 años, como un joven alférez con un historial militar en el que apenas figuraba otro mérito que un destino cerca de casa, en El Ferrol. Dos años antes había terminado su formación en la Academia de Infantería de Toledo, en donde culminó sus estudios con un mediocre puesto en el escalafón entre los miembros de su promoción. Catorce años después, tras haber pasado más de diez en Marruecos, Franco regresó a España convertido en el general más joven de Europa y en un verdadero héroe nacional. En su hoja de servicios podía leerse: «Es un valor nacional seguro y sin duda el país y el Ejército obtendrán gran provecho al hacer uso de sus notables aptitudes en cargos más altos». Sólo uno de sus ascensos lo logró Franco por antigüedad; el resto, por méritos de guerra.

Además de hallar un formidable atajo en su carrera militar, de su paso por la Legión —primero a las órdenes de su fundador, Millán-Astray, después como jefe de este cuerpo—, Franco toma dos ideas que después aplicará a su régimen político y, por añadidura, a la concepción del sistema de explotación de presos que poco después de la guerra iba a poner en marcha. Este es el aspecto que nos interesa.

La primera, la idea del sacrificio como vía de redención moral y de expiación de culpas. La primera Bandera de la Legión que le toca mandar a Franco, recién constituido este cuerpo, era, en descripción de Paul Preston, «una variopinta pandilla de malhechores, inadaptados y parias, algunos duros e implacables, otros simplemente patéticos». Casos difíciles: criminales comunes, pistoleros, veteranos de la Primera Guerra Mundial que habían sido incapaces de adaptarse a la paz. Tanto Franco como Millán-Astray plantearon la Legión como una especie de purgatorio vital que «ofrecería a los desheredados reclutas la redención mediante el sacrificio, la disciplina, las penalidades, la violencia y la muerte». Creían firmemente que aquella escoria social había sido tocada por la varita de un Estado benefactor que les ofrecía redención a cambio, si era necesario, de su vida: «Sois los novios de la muerte», les espetó Millán-Astray en su discurso de bienvenida. Franco haría lo mismo con sus presos años después: aquellos que consideraba mera escoria roja, que habían osado rebelarse contra su rebelión, merecerían un perdón condicionado después de haber pasado, eso sí, por el purgatorio de la venganza. El contrato con los vencidos —redención a cambio de sacrificio, disciplina, penalidades, violencia y muerte— se lo trajo Franco ya escrito de África.

La segunda idea importada de África es la de la autarquía como pilar esencial en la organización de sus unidades militares. Cuenta Paul Preston en su biografía de Franco que el entonces comandante, poco después de llegar a Marruecos, encargó a su subordinado y amigo, Camilo Alonso Vega, que sería después ministro durante la dictadura, la construcción de una granja que permitiera al batallón tener un abastecimiento decente y constante, que les hiciese autosuficientes en un medio hostil en el que la llegada de aprovisionamientos no siempre era fácil y en ocasiones sencillamente imposible. Alonso Vega cumplió. La granja fue un gran éxito, no sólo porque proporcionó carne fresca y verdura suficientes para alimentar a las tropas, sino también porque su gestión eficiente le permitió incluso obtener beneficios.

Colonias y destacamentos, hijos de la Legión

Esta fórmula de organización autárquica fue un principio que Franco trasladó incluso a la organización del Estado. Lo hizo por convencimiento y, sobre todo, por necesidad: durante la década de los 40, España vivió más aislada que el batallón que Franco había mandado en el convulso Marruecos colonial de los años 20. La autarquía inspiró la organización del país y fue también una de las claves en la arquitectura del sistema de redención de penas, con un elemento añadido: Franco logró, fundamentalmente en los periodos de explotación de los presos republicanos, que en los destacamentos, colonias y talleres penitenciarios se materializase la misma fórmula mágica que le había permitido rentabilizar el autoabastecimiento y sacar beneficio de la autarquía en aquella granja que Camilo Alonso Vega le montó en África.

Los destacamentos penales y colonias penitenciarias, sobre todo las que trabajaron en la reconstrucción de obras públicas alejadas de núcleos de población, funcionaron como unidades autosuficientes, tanto en su organización interna como en el aprovisionamiento y mantenimiento de las unidades de trabajo. Los reclusos vivían en barracones cercanos a los tajos, allí se cocinaba y se comía, allí se instalaban pequeños y precarios dispositivos sanitarios que permitían atender las primeras urgencias, lo que evitaba gastar tiempo y dinero en traslados que, por lo demás, hubieran sido imposibles en momentos y lugares determinados dada la destrucción del país. Pero, además, en torno a las obras se habilitaron una serie de talleres que servían para nutrir de las materias primas necesarias y que se ocupaban del mantenimiento de las infraestructuras propias de cada grupo de trabajo. Por supuesto, todo ello sostenido por presos.

Las colonias penitenciarias militarizadas —que trabajaron en su mayor parte, como hemos visto, en la construcción de obras hidráulicas— son el mejor ejemplo de esta forma de organización. Divididas en agrupaciones, cada una de ellas tiene, al margen de los grupos de presos que trabajan directamente en la ejecución de la obra, una serie de talleres anexos —igualmente atendidos por penados— que se encargan de realizar trabajos subsidiarios. Hay carpinterías y herrerías, más o menos elementales, donde se fabrican cimbras, encofrados, armaduras, ventanales y puertas. Se ocupan también estos talleres del mantenimiento del material del campamento y de la reparación de carros y herramientas. Asimismo, disponen de talleres mecánicos que permiten arreglar inmediatamente las eventuales averías de la maquinaria y los camiones. Donde el terreno se presta y las necesidades lo hacen conveniente, se implanta la fabricación de cal, ladrillo y adobes. Las graveras y areneros, cuando es posible, son explotados igualmente por mano de obra reclusa. También se establecen pequeños talleres de zapatería y sastrería que realizan arreglos en el vestuario y en el calzado que, cómo no, atienden los propios presos. Los albardones, cestillos y otro material de esparto se confecciona también dentro de cada agrupación.

Aunque cada agrupación funciona como una unidad, cada uno de estos talleres lleva su propia contabilidad, cuyos ingresos provienen del presupuesto de la obra principal, por los encargos que ésta le hace para cubrir sus necesidades, pero también de los trabajos que realizan para empresarios particulares de la zona. Estos encargos, que el Patronato consiente y de los que se beneficia, se permiten siempre y cuando no entorpezcan los trabajos que los talleres están obligados a realizar para la obra a la que están adscritos. Las colonias penitenciarias suelen tener huerta para la alimentación de los presos y tierras de secano para obtener el forraje con que se alimenta a las bestias de carga que se emplean en las obras.

Este régimen autárquico no sólo se da en las colonias penitenciarias; también en los destacamentos penales. Su aplicación es especialmente alabada por el régimen. En 1941, el jefe regional de la Dirección de Regiones Devastadas, Roque Adrada, recibe una felicitación oficial por el plan de autarquía que ha montado en el destacamento de Belchite, donde fueron instaladas todas las fábricas y talleres necesarios para llevar a cabo la reconstrucción del nuevo pueblo, que, recordemos, se levantó exclusivamente con mano de obra reclusa o con obreros en libertad condicional.

Personal muy cualificado

Pero Franco no sólo aplicó en estos destacamentos penales su doctrina autárquica. Muy poco después de concluir la guerra, se serviría de su formidable Fichero Fisiotécnico para sostener la estructura más delicada de su precario sistema penitenciario, los hospitales, que en esa primera posguerra se empleaban a fondo en combatir el mayor drama sanitario que padeció el país dentro y fuera de las cárceles: la tuberculosis. Y lo hizo con personal sumamente cualificado, también seleccionado de entre su inmensa nómina de presos. En el año 1939, prestan ya sus servicios en los dos principales hospitales penitenciarios 73 médicos, 60 practicantes, 6 farmacéuticos, 4 odontólogos y decenas de enfermeros, todos ellos reclusos que comienzan a redimir penas con su trabajo. Constituyen sólo la punta de lanza del «riquísimo caudal de energía intelectual ociosa» que el Patronato está dispuesto a utilizar de inmediato por la fuerza. Esos especialistas presos apenas son un diez por ciento de los casi 1.300 profesionales médicos que el banco de datos de Franco tiene censados y que terminarán siendo empleados convenientemente.

Sólo algunos ejemplos. El sanatorio penitenciario antituberculoso de Porta Coeli, en Valencia, con capacidad para casi 700 presos, tiene sólo dos médicos que pertenecen al cuerpo de Prisiones: el director y el jefe de servicio. El resto de los médicos que trabajan a sus órdenes son reclusos: cinco médicos de sala y catorce especialistas, entre ellos tisiólogos, oculistas, otorrinos, radiólogos, analistas, bacteriólogos y cirujanos. Además, hay penados que realizan trabajos y servicios auxiliares siempre elegidos entre los presos más jóvenes y de más fuerte complexión, ya que la estancia en el edificio en constante contacto con los enfermos de tuberculosis conlleva un grave riesgo de contagio. La prisión hospital de Segovia, con capacidad para 210 enfermos, también fue atendida por un radiólogo, tres médicos generales, dos practicantes y un farmacéutico, todos ellos penados. En la clínica del penal del Puerto de Santa María se llegaron a practicar siete especialidades médicas atendidas por médicos reclusos.

En todo el país funcionarían tres centros penitenciarios en los que médicos presos llevarán a cabo operaciones quirúrgicas. El de Yeserías, en Madrid, en donde cirujanos y médicos reclusos «practican cirugía de todas las características», según afirma una memoria del centro, y el Hospital de El Carmelo, en Bilbao, en el que hay médicos generales, odontólogos y cirujanos penados que comienzan a trabajar el mismo año de concluir la guerra. Sólo los cirujanos, de junio a diciembre de 1939, practican más de 200 operaciones, sobre todo de aparato digestivo. También encontramos cirujanos presos que llevan a cabo «todo tipo de operaciones» en la prisión de Málaga, en la Celular de Valencia y en la pobladísima prisión madrileña de Porlier. En este centro médico de la cárcel de Porlier los encargados de dirigir el equipo de desinfección y desinsectación son también reclusos.

En 1942, la Dirección de Instituciones Penitenciarias comienza a organizar, sólo en un puñado de prisiones —Málaga, Huelva, Sevilla y Cáceres—, pabellones aislados donde los presos enfermos de tuberculosis reciben asistencia especializada por parte de médicos reclusos, supervisados por otros del cuerpo de Prisiones.

Finalmente, en la prisión madrileña de Yeserías comienza a funcionar, el 1 de octubre de 1942, un importante laboratorio farmacéutico, al que se denomina Parque de Medicamentos, dedicado a la fabricación de inyecciones, comprimidos, granulados y pomadas que abastece de medicinas a todas las cárceles, especialmente las de Madrid. En el año 43 llega a fabricar 100.000 ampollas mensuales. En la prisión de Ventas, también en Madrid, se instala un taller de manipulados de papel que elabora todo el cartonaje consumido en este laboratorio para empaquetar sus productos. Ambos centros se nutren igualmente de mano de obra reclusa. Todo queda en casa.

El trabajo dentro de las cárceles. Talleres al servicio del sistema

Una de las formas de redimir pena era la realización de trabajos dentro de las propias cárceles, es decir, el mantenimiento ordinario de sus servicios básicos: los denominados destinos, bien fuesen trabajos eventuales o auxiliares.

Los primeros tenían una asignación fija y un carácter estable. Aunque la ley fijaba que el número de estos destinos no podía superar el 2 por ciento de la población reclusa, en realidad este cupo fue superado. Estos destinos se dan a presos con aptitudes para la tarea que deben desarrollar y que hayan sido condenados a penas menores, según la Orden Ministerial de 1 de enero de 1939. Entre estos destinos están la cocina, el economato, la barbería, los servicios de limpieza y de oficinas y los empleos de maestro, médico, practicante y enfermero. Recortaban a la mitad el tiempo de reclusión a razón de dos días trabajados, uno redimido.

Los trabajos eventuales son aquellos que no ocupan constantemente a un operario: reparaciones de cristales, fontanería, electricidad, carpintería, pequeñas obras de albañilería. La suma de los jornales obtenidos durante el mes se dividía después por siete y se obtenía así la base para fijar la redención. Los trabajos auxiliares eran los que no podían fácilmente computarse en dinero: el auxiliar de capellán, el auxiliar de maestro y el de enfermería. En estos casos, la junta de disciplina de cada prisión evaluaba el trabajo y proponía la redención concreta en cada caso.

Estos destinos no sólo ayudarán a cubrir las necesidades de las cárceles. Todos los destacamentos que construyen la línea férrea directa que unirá Madrid y Burgos fueron dotados de servicio médico, practicante, barberos y cocineros, cuyos puestos los ocupan también presos. En las oficinas también trabajaron reclusos bajo las órdenes del jefe de destacamento, que en ocasiones es un funcionario de prisiones y, en otras, algún responsable designado por la empresa privada concesionaria de las obras. Son servicios que se cubren con reclusos «según costumbre», tal como se afirma en las memorias del Patronato, lo que nos hace pensar que la utilización de presos para dotar estos servicios internos dentro de los destacamentos exteriores fue frecuente. Desde luego, lo es en la cocina, en donde, según leemos en la Memoria de 1941, los cocineros y los pinches siempre son reclusos.

Además, los reclusos no sólo se ocupan de la construcción de la obra en cuestión, sino de preparar todo el terreno: levantan los pabellones en los que se van a alojar, las viviendas de los funcionarios o militares destinados a escolta…

En la lucha contra el analfabetismo dentro de las prisiones, el régimen también se sirvió de esta masa penal tan cualificada. En el año 46, más de 10.000 reclusos asistían a la escuela graduada o a clases especiales impartidas en prisiones y destacamentos. En esa época, casi 1.500 presos actúan como maestros oficiales, 286 como bibliotecarios y 913 como lectores. En los destacamentos penales, estos maestros reclusos no sólo se ocuparon de dar formación a sus compañeros de cautiverio. También se hicieron responsables de la enseñanza de los hijos de los trabajadores y directivos de las empresas constructoras concesionarias de estos destacamentos penales, o de los hijos de los funcionarios de prisiones que se encargaban de su custodia.

Su eficacia docente queda demostrada en algunos casos portentosos. Juan García García, interno analfabeto en la prisión provincial de Ávila, aprendió a leer y escribir a sus 50 años en menos de un mes. Juan Ortiz Jiménez, al que le falta la mano derecha, aprendió a leer y escribir perfectamente con su mano izquierda en menos de dos meses. En el mismo caso se encuentra un preso de Palencia, Enrique García, que también venció su minusvalía y salvó sus carencias educativas en un plazo vertiginoso de tiempo, según le cuentan a Franco, en sus sucesivos informes, los responsables del sistema de redención de penas.

Otros talleres

En la sala de juntas del Patronato para la Redención de Penas colgaba un cuadro de Franco pintado por un preso, Isidro Padró Vilanova, de la prisión de Barcelona. En la sala de juntas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sus miembros se reúnen en torno a una mesa labrada por los presos del taller de carpintería de Alcalá de Henares.

El taller de fabricación de medicamentos de Yeserías no es el único que funciona para cubrir necesidades propias de las cárceles empleando mano de obra reclusa. En las prisiones de Ventas, Guadalajara, Amorebieta y Saturrarán, más de 600 mujeres cosen miles de prendas para presos y funcionarios, monos y uniformes, camisas o ropa interior. Sólo el de Amorebieta fabrica anualmente 10.000 monos para presos; el de Ventas, más de 10.000 juegos de sábanas. En la prisión de Ocaña se confeccionan anualmente 16.000 prendas también destinadas a la Dirección de Prisiones. En Alcalá se monta un taller de zapatería y lavado de ropa que asiste al Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas. De su importante taller de imprenta salía el único periódico que podían leer los presos, Redención, y hasta las fichas del famoso Fichero Fisiotécnico con las que Franco catalogaba a sus presos. En el año 44 se instala en la prisión de Granada una fábrica de jabones para consumo de cárceles y unidades del Ejército.

Además, se instalan granjas en las prisiones de mujeres de Barcelona y de Ventas, en Madrid, y en las de hombres de El Puerto de Santa María, Burgos, Alcalá de Henares, Pamplona, El Dueso, Cuéllar y Ocaña, todas ellas sustentadas por trabajadores reclusos. Desde 1945, el pan que se consume en las prisiones se fabrica, en alguna de ellas, por los propios reclusos. Medio centenar de presos trabajan este año en los obradores de Alicante, Barcelona, Burgos, El Dueso, Madrid, Ocaña, El Puerto de Santa María, Sevilla, Zaragoza y Alcalá de Henares. En la de Madrid se instala una fábrica de pasta que nutre a todas las cárceles españolas. En la prisión de Burgos se inaugura un taller dedicado a la fabricación de cartón que aprovecha los restos de papel del taller de Alcalá de Henares y todo el cartonaje recuperado en las diferentes prisiones del país.

Pero además de abastecer el consumo interno, estos talleres penitenciarios también reciben encargos de diferentes organismos del Estado o de sus aparatos próximos. En Yeserías (Madrid) funciona un taller de carpintería, con 250 reclusos, que en 1942 obtiene la exclusiva para hacer todo el mobiliario de los organismos dependientes de la Delegación Nacional de Sindicatos. También fabrica muebles para sedes y locales de la Sección Femenina. El taller de carpintería de Alcalá de Henares talla 15.000 crucifijos para las escuelas nacionales y construye toda la carpintería de la Ciudad Universitaria de Madrid y la del Pabellón de la Guardia Civil de Guzmán el Bueno, actual sede de la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid. Y muchas alfombras, tapices y muebles pertenecientes al Patrimonio Nacional fueron reparados en esos años en los talleres de Madrid y Alcalá de Henares adscritos a la Fundación Generalísimo Franco de Industrias Artísticas Agrupadas, una institución que tenía como objeto la recuperación de «antiguas industrias que tanta perfección y fama alcanzaron en España y tanto prestigio en el extranjero», y que se sirvió también, cómo no, de los baratísimos y muy cualificados presos republicanos. Además de restaurar, también fabricaban los presos porcelanas, cristal, tapices, alfombras y brocados. En 1941 hay importantes grupos de penados trabajando en estos talleres porque no se encuentra suficiente mano de obra cualificada entre los obreros libres disponibles.

El Ejército fue uno de los destinatarios preferentes de los talleres de presos. Así, por ejemplo, el taller de metalistería de El Dueso fabrica anualmente 15.000 platos y 9.000 cucharas para el Ejército. En todos los talleres de las prisiones de mujeres se confecciona ropa para el cuerpo de intendencia del Ejército, además de uniformes para el cuerpo de funcionarios de Prisiones. Las presas de Saturrarán fabrican botonaduras metálicas, medallas de campaña y otras condecoraciones para el Ejército, aunque en este caso a través de una empresa privada de Mondragón: Talleres Egaña. También para «distintas e importantes firmas de Madrid», en la prisión de Ocaña se fabrican cada año 50.000 prendas, entre ellas, curiosamente, capotes de abrigo, capas, saharianas y pantalones de guardia civil, uniformes de aviación y cazadoras de paracaidistas. El de Alcalá amuebla y decora el Cuartel Ciclista de El Escorial y la Academia de Caballería, fabrica mobiliario para la Sanidad Militar y construye barracones de madera para todas las unidades del Ejército.

Los presos construyen sus propias cárceles

A los dos años de concluirse la guerra, Franco impulsa la construcción de nuevas cárceles. La primera en inaugurarse es la de Almería, en 1943. Al tiempo se trabaja en la construcción de las de Madrid, Huesca, Badajoz, Córdoba, Pontevedra, Tarragona y Santa Cruz de Tenerife. A partir de 1944 se acometen las de Teruel, Cádiz, Zamora, San Sebastián, Lleida, Palma de Mallorca y Toledo. También se inicia la reparación de otras, como la de A Coruña. Esta campaña de construcción permitió ir cerrando prisiones provisionales habilitadas para devolver los edificios a sus antiguos dueños, como las míticas de Torrijos y Porlier, en Madrid, o la de Saturrarán. Pues bien, salvo en contadas excepciones, como la Prisión Provincial de Almería, en la que trabajan 600 obreros libres y ningún preso, en el resto es frecuente la utilización de este tipo de mano de obra.

Así se reconoce en la Memoria de 1944: «Casi todas las obras de construcción, reforma y reparación de las Prisiones y demás establecimientos penitenciarios son realizadas por los reclusos». Y un año después se insiste en que «grandes núcleos de reclusos trabajan en las nuevas prisiones de Madrid, Badajoz, Córdoba, Tarragona y Huesca. Otro repara la de La Coruña».

En el año 43, la Dirección General de Prisiones dispone de 1.300 presos que trabajan exclusivamente para levantar las cárceles de Badajoz, Córdoba, Huesca y Madrid (Carabanchel). Otros muchos presos son empleados en la reparación o acondicionamiento de otros viejos penales. En el año 43, por ejemplo, se comienza la instalación de un servicio de duchas en todas las prisiones, aunque las afortunadas ese año sólo son 21. Además, otros cien reclusos trabajan en la construcción del Hospital Militar de Carabanchel, en Madrid.

De todas las cárceles, la que empleó mayor volumen de presos en su construcción fue la madrileña de Carabanchel. Una prisión inaugurada oficialmente en 1944, aunque las obras no se habían terminado por completo, y que «se ejecuta empleando únicamente reclusos trabajadores, tanto en las obras propiamente dichas como en las dependencias auxiliares de las mismas». Hay presos en las oficinas, en los laboratorios, entre los delineantes… Mientras dura su construcción, la Dirección de Prisiones emplea un contingente permanente de 800 a 1.000 reclusos. De manera que fueron los presos políticos los que levantaron la cárcel que mayor número de presos políticos albergó durante el franquismo.

La prisión de Carabanchel fue cerrada en 1998. Durante una década permaneció abandonada y se discutió qué hacer con sus muros. Parte de los vecinos apostaban por la demolición, porque la cárcel había estigmatizado durante más de cinco décadas el barrio. Otros apostaban por su mantenimiento, reconvirtiéndola para acoger servicios públicos que necesitaba el barrio. Incluso el CSIC propuso convertirla, por su valor simbólico, en un centro de recuperación de la memoria histórica. Siguiendo esa recomendación, asociaciones vecinales y organizaciones en defensa de la memoria antifranquista crearon una plataforma para reclamar la creación de un Centro para la Paz y la Memoria. Al final, estas peticiones fueron desoídas y la piqueta comenzó su demolición el 23 de octubre de 2008. Diez años después ha desaparecido el rastro de la prisión del paisaje urbano y la creación de un Centro para la Paz y la Memoria duerme el sueño de los justos.

8
¿Samaritanos o explotadores?

El 8 de agosto de 1970, el constructor José Banús es el anfitrión en Marbella de una de las fiestas sociales más deslumbrantes que vivió la España de Franco. Entre los más de mil invitados, los príncipes Grace y Rainiero de Mónaco, Karim Aga Khan, el príncipe Alfonso de Hohenlohe, el director de cine Roman Polanski, Julio Iglesias, y hasta Hugh Hefner, fundador y propietario de la revista y los clubes Play Boy, que llega acompañado de numerosas conejitas. Todos ellos representan una peculiar amalgama social, ese otro mundo que ocupa las páginas de las revistas del corazón que los españoles de a pie comienzan a identificar con cierta familiaridad como la jet set internacional. El motivo de la fiesta, que se prolonga durante el día y la noche, es la inauguración de un puerto deportivo con capacidad para 900 embarcaciones que dormirán en muelles dotados de fluido eléctrico, agua, línea telefónica y antena de televisión, servicios que ahora consideramos normales, pero que a finales de la década de los 60 aún eran para muchos españoles un auténtico lujo. El puerto es el corazón de una magnífica urbanización que lleva su nombre, Puerto Banús, y que desde ese momento se convertirá en hogar y símbolo de esa sociedad a la que el empresario ha congregado en Marbella.

En ese mismo año, 1970, la Dirección de Prisiones decide cerrar el último de los destacamentos penales que, durante más de treinta años, han funcionado en España: un destacamento de 140 presos que trabaja en la construcción de Mirasierra, una urbanización de lujo a las afueras de Madrid que levanta el propio Banús. Los primeros presos se incorporan a la construcción de esta urbanización el 6 de abril de 1954. Su trabajo fue eficaz. Antes de acabar el primer año, a finales de 1954, la obra ya muestra medio centenar de edificios completos y otros en vías de terminación. La obra absorbe en estos momentos 80 presos, entre albañiles, carpinteros, electricistas y peones. Dado el volumen de la obra que es preciso realizar, «habrá trabajo para no menos de siete años», se afirma en la Memoria del Patronato para la Redención de Penas de 1954.

Siete, no; casi diecisiete años. Desde ese año, el Estado no deja de enviar presos al destacamento de Banús, con una media mensual que oscila entre los 100 y los 200 hombres. Mientras en la década de los 50 esa cantidad suponía el 20 por ciento de los reclusos que el régimen de Franco aún destinaba a destacamentos penitenciarios, en la década de los 60, los presos reclutados por Banús son la mitad de los que el Estado tenía a disposición de empresas particulares en toda España, y ese número suponía a la vez la mitad de la nómina de trabajadores que Banús tenía empleados para edificar Mirasierra. Durante diecisiete años, José Banús dispone de más de 2.000 presos para levantar esta urbanización.

Mirasierra es, en fin, el ejemplo más claro de que el sistema de redención de penas se ha desnudado ya definitivamente de todos los argumentos con los que lo vistió Franco al terminar la guerra. Alquilar reclusos para que un empresario privado realice «una colonia de hotelitos destinados a la clase media» en Madrid, una ciudad que, según un informe municipal de la época, tiene un déficit de 50.000 viviendas para cubrir las necesidades básicas de su población, en la que 33.000 familias viven subarrendadas, 5.000 en chozas, 1.000 en casas ruinosas y casi 500 en cuevas, parece casi una obscenidad.

Es verdad que esos obreros arrendados ya no son presos políticos, sino comunes. Es verdad que, en la década de los 60, el sistema que permite la concesión directa de reclusos a empresas privadas es sólo un privilegio residual. Un regalo que bien parece un premio a la fidelidad cuando se examina con detenimiento la relación de empresas que lo siguen disfrutando: la mayoría de ellas, como veremos más adelante, llevan más de dos décadas levantando obras gracias a la mano de obra reclusa. Es verdad también que el volumen de presos empleados por la Dirección de Prisiones en estos trabajos exteriores es infinitamente menor que el que se empleó en la década de los 40. Y es verdad, finalmente, que la participación de los presos en cada una de las obras también se ha reducido considerablemente. Mientras que a principios de los años 40 muchas obras públicas y edificios civiles se construyeron íntegramente con mano de obra reclusa, en esta fase terminal del sistema esta mano de obra supone como media sólo del 10 al 20 por ciento de los trabajadores que emplea cada empresa. Aunque en este aspecto hubo también excepciones, privilegiados dentro del privilegio, siendo Banús el ejemplo que encarna la singularidad. En el año 69, a punto de cerrarse definitivamente estos destacamentos penales, Banús dispone aún de 130 presos para levantar su colonia de chalets de lujo en Madrid, más del 50 por ciento de una plantilla en la que sólo figuraban contratados 116 obreros libres.

En todo caso, la permanencia de destacamentos penitenciarios en la frontera de los 70, en vísperas de la desaparición física del régimen y de quien lo encarnó, no deja de ser una formidable paradoja si se piensa que se trata de un sistema que nació en plena guerra «con carácter netamente provisional y como medida de urgencia», según se establecía en el Decreto de 28 de mayo de 1937.

¡Pedid y se os dará!

Ya se ha señalado que, en los primeros años, Franco utilizó los presos en la reconstrucción de las denominadas regiones devastadas y en obras públicas impulsadas desde el Estado a través de las colonias penitenciarias militarizadas. Poco tiempo después, en vista de que sobraban reclusos y de que la capacidad impulsora del Estado no daba más de sí, fue derivándose progresivamente a los presos hacia empresas privadas. Desde el primer momento, el régimen de Franco animó a los empresarios de todos los sectores a que se sirviesen de esta mano de obra abundante, cualificada, siempre disponible y barata: «Cualquier entidad o empresario de buena reputación —se les recuerda en 1941— puede tener la seguridad de la buena acogida y favorable resolución de sus solicitudes».

A pesar de esta promesa clara, los organizadores del sistema no siempre pudieron responder favorablemente a las constantes y crecientes peticiones recibidas. El éxito del sistema, consecuencia, sin duda, de las excelentísimas condiciones en que el Estado prestaba a sus reclusos, bloqueó de inmediato el mecanismo de oferta/demanda de presos políticos republicanos. Y eso teniendo en cuenta que en los primeros años de implantación del sistema hubo reparos por parte de algunos empresarios privados a la hora de contratar mano de obra reclusa, en parte motivados por el rechazo que despertaba en algunas poblaciones con problemas de desempleo. Al parecer, enseguida se disiparon los recelos.

En 1940, recién inaugurado el sistema, el régimen reconoce la existencia de una bolsa de presos que aún no pueden ser colocados como consecuencia de ese rechazo: «Es el paro forzoso el tope que limita el empleo de reclusos trabajadores. Podemos afirmar que, si no existiera, tendríamos trabajando una cantidad de reclusos triple, por lo menos, de la actual». En 1942, dos años después, la situación da un giro espectacular y ya entonces el Patronato para la Redención de Penas puede afirmar con orgullo que su maquinaria explotadora funciona a la perfección cuando transmite a Franco que el número de presos disponibles ya no alcanza a cubrir la demanda de peticiones que siguen llegando desde todo tipo de empresas dedicadas «a toda clase de obras». Apenas han pasado cuatro años desde que el sistema de explotación de presos se puso en marcha. Misión cumplida.

¿De qué empresas estamos hablando? Pues de empresas de todos los sectores, de todas las localidades, de todo tamaño, que emplearon presos en todos los oficios y categorías. Empresas que utilizaron directamente la mano de obra reclusa en la producción de sus bienes o en la construcción de sus obras o empresas, que, por el contrario, se sirvieron de los talleres de las cárceles como eficacísimos proveedores de mercancías de todo tipo, desde escobas hasta ropa, desde muebles hasta jabón. El empleo de esta mano de obra fue tan generalizado que, en algunos casos, hubo empresas que obtuvieron la contrata y los consiguientes presos para construir edificios oficiales cuya carpintería —puertas, ventanas y suelos— fue diseñada también en talleres penitenciarios y cuya decoración se hizo más tarde con mobiliario fabricado igualmente en las ebanisterías de cárceles como Alcalá de Henares u Ocaña, que llegarían a gozar de un gran prestigio.

¿Caridad o explotación?

En teoría, los empresarios privados pagaban al Estado por los presos forzados el mismo salario estipulado para los obreros libres en la localidad en la que contrataban. Además, debían construir instalaciones para acogerlos, pagar los seguros sociales y, en algún caso, su manutención. Cabe preguntarse, pues, qué ganaban estos empresarios en la contratación de estos trabajadores, por qué los contrataban, por qué ampliaban constantemente las peticiones de mano de obra forzada, por qué, en ocasiones, empleaban a esos mismos reclusos como mano de obra libre una vez cumplida la condena.

En primer lugar, porque con este sistema los empresarios podían conseguir mano de obra especializada, bastante menguada en el mercado libre como consecuencia, precisamente, del exilio y del encarcelamiento masivo de españoles: «Un grupo importante de trabajos en que se emplean penados es el de aquellos que requieren una mano de obra especializada, pues sabido es que así como existen muchos obreros libres en paro forzoso, hay, por el contrario, verdadera escasez de obreros especializados», se afirma en la Memoria de 1941.

Además, este tipo de obreros especializados se conseguía a veces a precio de mano de obra sin cualificar. Era frecuente que la certificación de la categoría no se correspondiese con la cualificación profesional real del recluso contratado. Así, las empresas mineras podían pedir picadores de mina o las constructoras solicitar albañiles, y recibir finalmente oficiales. En consecuencia, los reclusos terminarían haciendo en estas empresas el trabajo real para el que estaban preparados, mientras que el Estado sólo recibiría por ellos el dinero estipulado para la categoría para la que fueron solicitados. Sólo así se explica que el Patronato, para justificar las exigencias impuestas a las empresas en el alojamiento de los presos, reconozca abiertamente que, a cambio, «para este servicio el Patronato facilita reclusos en condiciones muy económicas».

La cualificación de estos presos tenía, además, un valor añadido que hacía de su contratación una operación muy rentable: estos obreros no necesitaban ningún tipo de formación y comenzaban a rendir plenamente en sus puestos desde el primer día de trabajo. Es más, para muchos presos su contratación sólo supuso la vuelta a la empresa y al puesto en que trabajaban antes de ser encarcelados, sólo que ahora las tres cuartas partes de su salario no iban a parar a sus familias, sino a las arcas del Tesoro.

Se trataba, por tanto, de una mano de obra sumamente cualificada, barata y, además, muy motivada. El trabajo en los destacamentos penitenciarios permitía a los reclusos mantenerse alejados de las cárceles, convertidas, en los primeros años de la posguerra, en centros de represión generalizada y arbitraria. Salir de las prisiones constituía una especie de seguro de vida, aunque el precio que hubiera que pagar fuese el de un trabajo extenuante. Además, el mecanismo de redención de penas, la posibilidad de ir recortando día a día la condena y la ayuda que el recluso generaba para su familia, por mínima e injusta que esta fuera, eran razones suficientes para que los forzados rindiesen a un nivel muy superior al de los obreros libres con los que compartían tajo, tal y como vimos anteriormente.

Esta motivación fue aprovechada por los empresarios hasta límites insospechados. En el balance de horas trabajadas por los presos que presenta la Sociedad Duro Felguera a la Dirección de Prisiones en 1953, encontramos una estadística asombrosa que es el reconocimiento oficial de un régimen próximo a la explotación. Así, durante el mes de enero de ese año, los 62 mineros presos del pozo El Fondón realizaron 1.707 jornadas ordinarias, es decir, trabajaron 27 de los 31 días a una media que se supone no inferior a las ocho horas diarias. Pero es que, a renglón seguido, la empresa reconoce que estos presos desarrollaron 1.605 jornadas extraordinarias, es decir, duplicaron prácticamente su jornada durante todo el mes. ¿Fue una excepción el mes de enero? Rotundamente no. A lo largo de los doce meses se reproduce la misma proporción e, incluso, durante el mes de agosto tiene lugar el milagro de los milagros en lo que a explotación se refiere, y los mineros penados llegan a hacer más horas extraordinarias que normales. Sin duda, existe una razón de peso que movía la voluntad y la extrema fortaleza de estos hombres: casi todo lo que facturaban a la empresa por horas extraordinarias iba directamente a sus cartillas de ahorros, a sus familias, cosa que no sucedía en los jornales ordinarios, que menguaban a cada paso por los vericuetos de la contabilidad oficial de las empresas y del Estado.

Siempre disponibles

Por si fueran pocas todas estas razones expresadas, la instalación de los destacamentos penitenciarios permitió a los empresarios una ventaja fundamental: poder disponer durante todos los días del año, y a todas las horas del día, de una mano de obra que de otra forma hubiese sido imposible conseguir. La plena disposición de estos presos en el lugar mismo de trabajo, en una época tan difícil, no se pagaba con dinero. El traslado diario de grandes contingentes de obreros para la construcción de pantanos, carreteras, tramos de líneas férreas, alejados siempre de núcleos de población, incluso la reconstrucción de pueblos totalmente arrasados y abandonados por su población original, hubiese sido imposible en esos primeros años de posguerra, sin medios de transporte, sin combustible, con las vías de comunicación muy seriamente dañadas.

En la Memoria de 1949 leemos:

Las empresas, en general, solicitan más trabajadores penados que los que se les pueden conceder, y es bueno aclarar a este respecto que no les guía el lucro. Pero el hecho de ser obrero en todo el tiempo y por vivir a pie de obra, resulta más manejable a efectos de establecer turnos, de día como de noche, siendo esta la compensación que presentan y lo que obliga a dar preferencia a estos productores, máxime en estos tiempos en los que las restricciones de energía eléctrica, y con frecuencia de combustible y ciertos materiales, obligan a aprovechar las horas aunque sea con irregularidad, y a veces en días festivos, debidamente autorizados por la jerarquía eclesiástica y Organismos del trabajo, mientras que los obreros libres, por vivir casi siempre a unos kilómetros de la obra, no pueden prestarse a esas necesidades por tener que atemperar sus horarios a la vida familiar y social.

La dificultad para conseguir trabajadores no sólo se daba en las grandes obras que se ejecutaban en lugares aislados. Incluso cuando las construcciones se encontraban próximas a núcleos urbanos, el problema se planteaba en determinadas estaciones del año en las que los obreros libres preferían hacer otro tipo de tareas, como las agrícolas, que estaban mejor pagadas o que al menos se realizaban en condiciones menos duras.

En esta idea insiste Jesús Sánchez Trigueros, inspector del cuerpo de Prisiones, en un artículo que publica en 1947 en la Revista de Estudios Penitenciarios y en el que se refiere al papel sustancial que juega la mano de obra forzada en la construcción de las grandes obras públicas:

La importancia de los reclusos en estos trabajos se basa en que el obrero libre sólo trabaja en los mismos los tres o cuatro meses de invierno, por ser el trabajo duro, porque en verano buscan faenas de menor esfuerzo y mayor remuneración, como las siegas, por lo que puede asegurarse, según lo afirman los contratistas e ingenieros, que estas obras o se hacen con penados o no se hacen, o simplemente se hacen interminables. Porque los penados, a pesar de los inconvenientes de la alimentación, que les es muy costosa a las empresas por las dificultades de la adquisición, tienen la ventaja de contar con un número fijo de obreros que no se les marchan precisamente en la época de mayor rendimiento como lo hace el obrero libre.

El afán del Estado por sostener el sistema procurando tener contentas a las empresas privadas, fundamentalmente las constructoras, llevó incluso a convertir en beneficio para aquellas lo que en rigor no era sino un derecho de los presos trabajadores. Así, una orden del 30 de diciembre de 1940 concedía «el derecho a la redención de pena y el abono del jornal los días en que comenzado el trabajo, hubiera que paralizarlo sin llegar a la jornada legal completa por causas ajenas a la voluntad de los reclusos trabajadores». Sin embargo, tal medida tenía una contraprestación inmediata para los empresarios que de hecho anulaba la ventaja otorgada a los presos, ya que permitía «a los patronos recuperar las horas perdidas, añadiendo una hora a la jornada normal de los días sucesivos».

No fueron excepcionales los casos en los que los empresarios utilizaron para la rapiña directa las concesiones del Estado en obras públicas. Miguel Rodríguez, preso en el Valle de los Caídos, narra en sus memorias la confidencia que le hizo el responsable de su destacamento ocupado en la construcción del monasterio, a cargo de la empresa Construcciones Molán:

Por don Amos me enteraría de todo cuanto acontecía entre bastidores, en la telaraña que se estaba entretejiendo en torno a «la cuenta del gran Capitán», en que se estaban convirtiendo las cuentas del Valle de los Caídos. El enorme despilfarro que se hacía: materiales que se vendían sin llegar a su destino; transporte de los mismos que se cargaban sin realizarse este, así como de tierras, gravas y otros. Esto sucedía muy especialmente en la Empresa Banús.

Los empresarios privados que además de contratar mano de obra reclusa lo hacían para ejecutar obras promovidas por el Estado, a través de los ministerios y de otros organismos, consiguieron un último privilegio imposible de cuantificar en toda su magnitud, pues se les aseguraba un trabajo por muchos años —las obras en ocasiones se extendieron durante lustros—, contaron con la seguridad de que nunca les faltarían las materias primas suficientes para mantener las obras sin tener que pararlas en una época de generalizada escasez de materiales y se les garantizó contratas futuras siempre y cuando llevasen a buen término sus encargos.

En fin, no es de extrañar que los empresarios privados utilizasen la mano de obra forzada que les ofrecía Franco. Quien probaba, repetía. Algunos, incluso durante décadas.

Un contrato no escrito

Existió una especie de acuerdo no escrito entre el promotor del sistema de explotación de presos, el Estado franquista, y las empresas privadas que se sirvieron de ellos. En ese contrato, la generosidad del primero a la hora de facilitar mano de obra barata se vio siempre respondida por la fidelidad de muchísimos empresarios que no dejaron de absorber, durante años, la extensa nómina de presos ofrecida por la Dirección General de Prisiones.

Es evidente que esta fue la tendencia en casi todas las empresas, pero muy especialmente en aquellas que recibieron contratos con cargo al presupuesto del Estado. En este sentido es esclarecedor el texto citado a continuación, que nos orienta sobre la fuerte presencia de mano de obra reclusa en estas empresas que, en compensación por las contratas recibidas, buscaban preferentemente a sus trabajadores entre los presos de las cárceles:

Haremos constar además, con sumo gusto, que no queda en el país un servicio oficial o una empresa de importancia que no se haya dirigido en primer término al Patronato Central, siempre que se trate de iniciar trabajos por su cuenta, en solicitud de reclusos trabajadores.

Ese contrato no escrito generó fidelidades que se mantuvieron durante décadas. En 1949, se hace referencia a tres importantes empresas privadas: Dragados y Construcciones, que construía entonces los saltos del Nansa (Cantabria); la Compañía de Ingeniería y Construcciones Marcor S. A., encargada de levantar el pantano de Mansilla (La Rioja), y la Constructora Gutiérrez Oliva y Bourne S. A., que se ocupa del destacamento que construye el canal de Toro a Zamora. De ellas, la Dirección de Prisiones dice que son «empresas que, desde hace diez años vienen utilizando la mano de obra penal, con la que han comenzado y terminado numerosas obras públicas».

Habían trabajado intensamente hasta entonces y no dejaron de hacerlo desde aquel momento. Tras concluir las obras del pantano de Mansilla, la Empresa Ingeniería y Construcciones Marcor reengancha a 37 reclusos y los desplaza para trabajar, durante dos años más, en las obras que esta misma empresa realiza en el canal de los Monegros. Como no eran suficientes, la Dirección de Prisiones le envía hasta 80 presos más que trabajan en la obra junto a 150 obreros libres. Dragados y Construcciones fue trasladando desde 1943 un mismo destacamento penal, constantemente renovado por los sucesivos indultos, con el que construyó el pantano del Ebro y los saltos del Nansa, en Cantabria; el pantano de San Esteban y los saltos del Sil, en Ourense, al que el Estado llega a dedicar 400 trabajadores en el año 1952, y el pantano de Mediano, en Huesca, entre 1952 y 1955.

La reutilización de los destacamentos en una y otra obra a disposición de una misma empresa, como si los presos formasen parte ya de sus nóminas, no es excepcional; vuelve a repetirse con importantes empresas o destacados empresarios particulares con los que Franco desplegó toda su generosidad en pago a los servicios prestados. La empresa AMSA, por ejemplo, logra encadenar en la década de los 50 una serie de obras en la provincia de Madrid en las que va reutilizando los presos asignados: primero, en la construcción del ferrocarril de montaña que sube hasta el puerto de Cotos; después, en la de las estaciones de tren de Las Matas y Las Rozas y en la del nudo que une la carretera de A Coruña con El Escorial; posteriormente los utiliza en el destacamento de Patones, que construye, hasta 1960, el canal del Jarama. La Empresa Bernal, que en 1944 le hizo el favor al régimen de poner en marcha, con carácter experimental, un primer destacamento con presos comunes en las obras del ferrocarril Madrid-Burgos, sigue trabajando quince años después con este tipo de mano de obra en la culminación de las obras del embalse de Yesa, en la construcción del canal de Bardenas, y en el trazado de caminos que une poblados de nueva planta como El Sabinar, Sancho Abarca y Santa Engracia, en Zaragoza. Banús traslada en 1958 a los presos con los que construye la ampliación del puerto de Bermeo a su colonia de Mirasierra en Madrid.

Un ejemplo curiosísimo del mimo con el que el régimen trataba a algunas empresas concesionarias de presos se da en la adjudicación de la obra del embalse González Lacasa, en La Rioja, a la constructora Ereño y Cía. Se le concede un primer destacamento, en 1953, del que prescinde un año después. En julio de 1956 vuelve a solicitar otro que cerrará en 1958. Y como no hay dos sin tres, en 1959 vuelven a enviarle presos con los que forma un nuevo destacamento de 80 hombres para la conclusión de las obras del pantano y de un canal de alimentación de este de 10 kilómetros de longitud. No se especifican las causas de tal actuación, aunque, seguramente, la empresa solicitaba los destacamentos de presos para reforzar sus cuadrillas cuando escaseaban obreros libres en la zona o en momentos en los que necesitaba acelerar el ritmo del trabajo para cumplir con los plazos prefijados. Sea como fuere, el Patronato siempre estuvo solícito para responder a las reclamaciones de esta titubeante empresa.

Hasta el final, siempre los mismos

Es muy significativo que cuando, a mediados de los 50, el sistema de explotación de presos comienza a entrar en su fase crítica, con el número de destacamentos menguado hasta la décima parte de los que existieron en el año de máxima actividad, 1943, cuando apenas quedan ya 700 presos trabajando en tajos fuera de las prisiones, un pequeño puñado de empresas acapara la práctica totalidad de los reclusos trabajadores disponibles. Portland Iberia mantiene hasta 1970 un destacamento abierto el 2 de noviembre de 1942 en su rentabilísima fábrica de cemento de Castillejo, en Toledo, considerada de interés nacional. La ya citada Dragados y Construcciones concluye el 27 de diciembre de 1955 la construcción del pantano de Mediano, en Huesca, «tras quince años utilizando en diferentes obras reclusos trabajadores, lo que indica claramente que los penados cumplieron su cometido a satisfacción», según afirma la Dirección General de Prisiones en una sonora obviedad. Y el todopoderoso Banús, que comenzó trabajando con presos en su destacamento de Cuelgamuros a comienzos de los 40, aún mantiene reclusos en su nómina en 1970, cuando ultima la construcción de Mirasierra, en Madrid. A Banús se le considera, en la Memoria de 1954, un empresario

[…] veterano en la contratación con el Patronato Central, toda vez que desde el año 1940 viene absorbiendo mano de obra penal en ferrocarriles, obras del Valle de los Caídos, Torrejón de Ardoz y ahora en el destacamento de Bermeo (Vizcaya) y en la Colonia de Mirasierra… Esta obra absorbe a albañiles, carpinteros, electricistas y peones, solicitando los concesionarios cuanta mano de obra se les pueda enviar, sin limitación, lo que resuelve la inmediata colocación de cuantos individuos aptos para la construcción puedan proponer las prisiones del centro de la Nación.

Banús, el caso singular

Ya hemos visto que Banús no fue un caso excepcional, que hubo muchas otras empresas que dispusieron durante estos años de la mano de obra de los destacamentos casi formando parte de su nómina fija. Pero quizás sí que sea el ejemplo más claro, el paradigma de aquellos empresarios de posguerra que mantuvieron este estatus de colaboración con y aprovechamiento del sistema, empresarios que se ganaron la simpatía de un régimen que no escatimó favores posteriores con los que contribuyó más de una vez a generar grandes fortunas.

Durante treinta años, Banús se sirvió de los presos para construir innumerables obras, desde el Valle de los Caídos hasta la urbanización de Mirasierra en Madrid. En medio, puertos, vías de tren, industrias, estaciones de ferrocarril, casas baratas. Fueron tres décadas en las que José Banús, junto a su hermano Juan Banús, pasó de ser un modesto empresario a convertirse en una de las primeras fortunas de España, a base de compaginar su trabajo en la construcción de estas grandes obras con algunas operaciones urbanísticas de impacto que le pillaron muy bien situado cuando se desató en España, a comienzos de los 60, el gran negocio de la especulación inmobiliaria.

Fue en 1961 cuando José Banús se encontró con el gran pelotazo de su vida, la construcción del madrileño barrio del Pilar, bautizado así en honor a su esposa, María del Pilar Calvo Sánchez de León, una monumental colonia de bloques de viviendas que pasó a ser la zona urbana más poblada de Europa. Banús fue el presidente de la junta de compensación que expropió a precios irrisorios los terrenos rústicos sobre los que se elevó el barrio, se aprovechó después de su rápida recalificación y pudo construir finalmente sobre ellos veinte mil viviendas: el doble de las que autorizaba el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en 1964.

En su libro Ricos por la patria, el periodista Mariano Sánchez Soler cuenta cómo Banús, que recientemente había entregado las obras del Valle, no desaprovecha la oportunidad de seguir utilizando para sus negocios privados mano de obra reclusa, concretamente en la construcción del barrio del Pilar:

En 1961, transcurridos tres años, Banús comenzó a edificar con créditos concedidos por la banca oficial, se acogió a las ventajas del régimen de protección oficial y, del mismo modo que en el Valle de los Caídos, volvió a servirse de mano de obra presidiaria para levantar los nuevos edificios en función de un acuerdo firmado en abril de 1954 con el Patronato oficial de Nuestra Señora de la Merced.

En las Memorias de la Dirección General de Prisiones no existe constancia de que se le concediese a Banús un nuevo destacamento para la construcción del barrio del Pilar, aunque no es improbable que utilizase algunos de los presos destinados a la construcción de Mirasierra, una colonia separada apenas por unos centenares de metros del populoso barrio madrileño.

Paralelamente, Banús puso los ojos en Marbella. Sobre una finca de 1.200 hectáreas construyó Nueva Andalucía, un complejo turístico en las antípodas urbanísticas de su barrio del Pilar, que acabó reuniendo a los más selectos turistas de cuantos comenzaban a llegar a nuestro país por millones: seis en 1960, diez en 1961, dieciséis en 1966. Así, mientras en Marbella se instalaban jeques, aristócratas, ricos de nuevo cuño, en Madrid cuadrillas de presos levantaban casas modestas para gente modesta, o casas de lujo para gente rica. Y Banús estaba en todo. Y España era, sin duda, diferente.

Y los pequeños, también

Pero no fueron únicamente los grandes empresarios los que contribuyeron a engordar el sistema de redención de penas con sus constantes solicitudes de presos. Revisando las memorias en las que el Patronato da cuenta a Franco de la buena marcha del empleo de los trabajadores reclusos en las diferentes obras, encontramos innumerables referencias de pequeñas empresas privadas o «importantes empresas locales» que no se identifican, que se hacen con este tipo de mano de obra o que encargan mercancías a talleres de presos que después ellos comercializan.

Así sabemos que el taller de Alcalá de Henares, aparte de imprimir todos los documentos y formularios de Instituciones Penitenciarias, «ha tirado varias revistas y obras destinadas a casas editoriales» y «ha realizado varios encargos particulares de importancia». Su taller de carpintería se especializa en producciones estándar, como la carpintería de construcción que realiza en Madrid para el poblado de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (en el Puente de Vallecas) y para una colonia de pequeños chalets. El taller de Novelda se mata a fabricar escobas que comercializan empresas particulares en toda España. El taller de costura de la prisión de mujeres de Ventas, en Madrid, trabaja para atender los «encargos particulares de modistería, lencería, bordado, tapicería y punto», que deben ser muchos, ya que sólo en el año 42 tiene pedidos suficientes para asegurar trabajo a 400 reclusas. En la cárcel de Ciudad Real se instala un taller especializado en encajes del que no consta expresamente que trabaje para empresas particulares, aunque no hay que ser excesivamente sagaz para suponerlo. En la cárcel de Saturrarán, más de 60 reclusas trabajan en exclusiva para Casa Egaña, de Motrico, una importantísima empresa de la localidad especializada en la confección de uniformes y medallas militares. En la prisión de Sevilla existe un taller de zapatería que «funciona por cuenta de un patrono particular». El taller de metalistería de El Dueso se dedica a la fabricación de accesorios de automóviles, y el de carpintería recibe encargos de trabajos en diferentes obras de construcción «para distintas firmas industriales de la comarca». En el penal del Puerto de Santa María, en Cádiz, se instala en 1942 un taller penitenciario dedicado en exclusiva a la fabricación de cajas de madera para el embalaje de vinos, de tanta producción en aquella región.

Las colonias penitenciarias militarizadas llegaron a establecer a su alrededor toda una serie de talleres que abastecían las necesidades propias de la construcción y de la intendencia de las agrupaciones. Y cuando éstas habían sido cubiertas, como ya se ha señalado, las colonias tenían autonomía para admitir encargos de empresarios particulares.

El gran bocado del pastel

No obstante, podría decirse que estos empresarios, cientos en toda España ocultos bajo alusiones genéricas como un patrono particular o un importante empresario de la zona, sólo se llevaron las migajas, una pequeña porción de la inmensa tarta que supuso esta fuerza laboral reclusa, lo que no significa que no consiguieran con ella muy importantes beneficios.

Pero el gran bocado del pastel se lo reparten, en porciones casi iguales, el Estado, a través de todas sus instituciones y organismos, y un reducido número de grandes empresas. Algo especialmente notorio en 1943, el año de la eclosión del sistema tanto en número de destacamentos penitenciarios funcionando como en número de presos empleados. Durante ese año redimieron pena una media mensual de 25.000 reclusos: 16.423, en destacamentos penales; 8.320, en trabajos dentro de las prisiones, una cifra que sumada representa, según los datos oficiales manejados por la Dirección de Prisiones, «la casi totalidad de los reclusos que, procedentes de la rebelión marxista, esperan el momento de su liberación». Nunca en los años precedentes y nunca en los años posteriores fue tan alta la cifra de reclusos empleados.

El número de destacamentos penitenciarios pasa de 87 a 141. La enumeración sería prolija y abrumadora. Sin embargo, una observación detallada nos permite hacer un análisis global del que es fácil extraer una conclusión: fuera del Estado y la Iglesia, los reclusos se los reparten un muy reducido número de empresas.

El Estado, sin contar los 8.000 reclusos que trabajan dentro de las prisiones, en destinos o en decenas de talleres penitenciarios, utiliza más de 7.000 hombres en la construcción de grandes obras adjudicadas a diversas empresas públicas, o los cede a la Iglesia, a ayuntamientos y diputaciones. Sólo la Dirección General de Regiones Devastadas cuenta con 4.000 hombres dedicados a la reconstrucción de 27 localidades, mientras la Dirección de Prisiones se sirve de 1.200 presos para levantar cuatro nuevas cárceles.

En cuanto a las empresas privadas, media docena de ellas se reparte una masa penal de 4.000 reclusos, distribuidos en 30 destacamentos. La Constructora ABC dispone de casi 1.400 presos que emplea en nueve destacamentos; la constructora A. Marroquín emplea 550 en cuatro destacamentos; la constructora Hermanos Nicolás Gómez cuenta con casi 1.000 presos en seis destacamentos diferentes, dedicados a la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos y del canal del Alberche; las empresas San Román y Banús se sirven de más de 600 reclusos cada una en diversas obras, entre ellas las de la construcción del Valle de los Caídos; Cimentaciones y Obras utiliza más de 300 en cuatro destacamentos diferentes, todos ellos para la construcción de diversos puentes en las provincias de Barcelona, Toledo, Palencia y Albacete; Marcor amplía su nómina con 131 presos para construir la línea férrea a Burgos en su tramo de Valdemanco; y una sola empresa, SNIACE, utiliza más de 600 hombres para levantar su fábrica de Torrelavega dedicada a la fabricación de celulosa, la más grande de España y una de las más importantes de Europa en la época.

Como se puede comprobar, todas las empresas son constructoras.

9
Presos de la enfermedad

Miguel Gila nos recordó en sus memorias que él había sobrevivido a la guerra gracias a que lo fusilaron mal. Algo parecido le pasó a Jerónimo La Madrid, al que diagnosticaron mal y le dieron por muerto sin estarlo. Jerónimo estuvo preso en el campo de concentración de Reus, uno de los campos de clasificación más importantes de los que existieron en todo el país. Una noche, su cuerpo debilitado no dio más de sí, se vino abajo y los responsables del campo, en el que estaban concentrados miles de hombres, decretaron su muerte y lo depositaron entre un montón de cadáveres en un cuarto, a la espera de ser enterrado en una fosa común. Sólo gracias a que un par de compañeros se dieron cuenta de que aquel montón de muertos se movía, él pudo sobrevivir para contarlo. Estremece pensar que casos como el de Jerónimo La Madrid o el de Gila pudieron darse en otras circunstancias sin que un aviso a tiempo lograra rescatar de la fosa común a las víctimas.

Y no eran hechos infrecuentes. El propio Gila recuerda que era cotidiano que al acabar el día y regresar a Santa Rita, uno de los centros habilitados en Madrid como cárcel en plena posguerra, mientras se celebraba la cotidiana ceremonia del recuento entre cantos patrióticos y gritos de exaltación nacional —«¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Viva Franco! ¡Arriba España!»—, alguno de los reclusos se desplomara vencido por la debilidad tras un día de intenso trabajo en la construcción de la prisión de Carabanchel, que por entonces levantaban centenares de presos de Madrid. Al resto de los compañeros les estaba prohibido prestar ayuda hasta que el rito patriótico terminase. Y era entonces cuando se descubría el drama: «Estaba muerto. La disentería hacía estragos cada día. Después, los muertos eran cargados en un carro tirado por una mula que los llevaba no sabíamos dónde».

En ocasiones nunca más se supo, y los presos que morían en el tajo corrieron la misma suerte que aquellos que fueron eliminados en sacas sin que mediase juicio alguno ni quedase rastro del paradero de sus cuerpos. El monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos, fue uno de los numerosos campos de concentración que hubo en España. Consta que en su cementerio hay enterrados al menos 75 soldados republicanos que fueron recluidos en este campo. Ninguna lápida recuerda su presencia en el cementerio.

Hace ochenta años, los presos morían de enfermedades que hoy situamos en el túnel de los tiempos o en los actuales confines del subdesarrollo: disentería, caquexia, avitaminosis… Dolencias producidas o agravadas por la carencia alimenticia, por el hambre que se pasaba en las prisiones. Ramón Rubial recordaba la experiencia que vio y vivió en el penal del Puerto de Santa María:

He visto tantas cosas terribles en las cárceles… Allí había días en que, a las once de la mañana, no había nada en la cocina para dar de comer a seis mil presos. En las perolas que sacaban no había ni un lunar de grasa y, claro, moría la gente. El setenta por ciento de los presos padecía avitaminosis.

El mismo recuerdo guarda Gilberto Díaz Flórez: «las muertes por inanición eran constantes. Recuerdo que cuando moría alguno, nos hacían formar, la banda del penal interpretaba la marcha fúnebre, y pasaban el féretro por el patio». José Cortés, que pasó cinco años en el penal de El Dueso (Cantabria), narra recuerdos igualmente dramáticos:

En El Dueso era tanta el hambre que teníamos, que cada día, cada día, se morían de hambre… Hay días que se morían catorce, días que se morían dieciocho, días que se morían, en fin, así diariamente… Las cajas de madera las hacíamos los propios presos. Y esas cajas las volvían a traer otra vez para otro día transportar a los que se morían.

Muchas de las muertes causadas por este tipo de enfermedades nunca quedaron reflejadas en las estadísticas oficiales. Para empezar, porque a veces se negaba su existencia. La avitaminosis, por ejemplo, resultó ser la enfermedad fantasma de las prisiones. Los presos veían hincharse a sus compañeros de manera anormal hasta caer desfallecidos durante la formación por el agotamiento y la avitaminosis. Pero el régimen no lo reconocía: «Se dice carencia y no avitaminosis, ya que en realidad no se encuentra dentro de nuestras enfermerías el caso de la verdadera avitaminosis, sino algunos cuadros polimorfos, con insuficiencias más o menos claras de alguna vitamina o complejo vitamínico». O sea, avitaminosis.

En las estadísticas que Franco recibía, esta enfermedad no figuraba. En realidad, a Franco no se le atosigaba mucho con estas penalidades de los presos. Cuando iba a visitar las obras de la Academia de Infantería, en Toledo, en las que trabajaron una agrupación del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y un batallón disciplinario, los responsables limpiaban los barracones de presos enfermos: o se les obligaba a volver al trabajo o se les trasladaba a hospitales penitenciarios.

El tifus exantemático

La del tifus exantemático fue quizás la más popular de las enfermedades de la posguerra y una de las que más crecieron en los primeros años, entre otras causas como consecuencia de la escasa higiene y del constante trasiego de tropas y de destacamentos de presos. Entre el año 1941 y 1942, el número de contagios registrados en todo el país se multiplicó por 17. Aun sin llegar a ser la enfermedad más mortífera de la época, entre 1939 y 1943, catorce de cada cien contagiados acaban muriendo por esta enfermedad.

El piojo que la transmite, popularmente conocido como piojo verde, encuentra su hábitat ideal en las cárceles de la posguerra en una época de penosas condiciones de hacinamiento y falta de higiene. Y la enfermedad se instala, además, con mayor facilidad en cuerpos debilitados por la fatiga y el hambre. Los testimonios de reclusos se refieren a las escasas condiciones higiénicas de los centros de reclusión y de los destacamentos de trabajadores forzados y coinciden con algunos informes de carácter oficial, elaborados por la Inspección General de Campos de Concentración o por médicos especialistas que durante esta década, con los escasos medios con que contaban, investigaron el origen y las vías de extensión y contagio de las enfermedades entre la población reclusa y de ésta hacia la población civil, especialmente en aquellas localidades en las que había prisiones o en las que desarrollaban su actividad los destacamentos penales.

El 13 de diciembre de 1939, en pleno auge de los campos de concentración y clasificación por todo el país, Néstor Alonso García, capitán médico jefe de Sanidad, elabora un duro informe tras visitar un campo de prisioneros en Valladolid. Sesenta años después, el trabajo fue rescatado del polvo de los archivos por el equipo de Línea 900, de TVE. En él se reconoce que:

Los prisioneros, en número de unos 300, viven en barracones de madera revestidos de albañilería, en gran hacinamiento por ser dichos barracones absolutamente incapaces para alojarlos debidamente. El piso es de tierra, por lo que se enfanga tan pronto penetra en él la humedad, cosa frecuente en esta estación. Carecen de agua para uso personal, tienen solamente agua de bebida en un depósito a donde se lleva por medio de cisternas.

Carecen de camas, pues hacen el oficio de estas unas tablas de madera; colchonetas no existen ni ningún otro dispositivo que las sustituya. Cada prisionero está provisto de dos mantas, en bastante mal estado.

Ropa personal no tienen más que la puesta y está bastante deteriorada; la mayor parte de ellos sin prenda de calzado poseen el puesto, en muy mal estado. La higiene personal es desastrosa, todos los individuos están parasitados de piojos en gran cantidad y la sarna hace presa en ellos existiendo unos 40 casos, habiendo también bastantes casos de afecciones cutáneas como forúnculos.

Y lo peor es que la situación de los soldados que vigilaban a los presos no era mucho mejor. El capitán médico reconoce en su informe que:

[…] la tropa que custodia está formada por 150 hombres pertenecientes al Regimiento de Infantería de San Quintín, alojados también en pésimas condiciones al ser insuficientes los barracones que les están destinados, de ahí el hacinamiento en que viven dejando mucho que desear su higiene personal y colectiva, y como consecuencia, y al igual que los prisioneros, los soldados están parasitados por los piojos.

El demoledor informe se refiere, además, a un pequeñísimo campo de concentración de apenas 300 prisioneros y en los primeros meses de posguerra, una época en la que se estima que el número de presos podría llegar al medio millón y en la que funcionan ya decenas de campos de concentración y más de un centenar de cárceles, contando como tales todo tipo de edificios habilitados para dar cobijo a esta ingente cantidad de reclusos. Sólo por recordar algunos casos, en un campo de concentración como el de San Marcos, en León, hoy convertido en parador nacional, con una capacidad oficial para 4.000 hombres, que ya era una barbaridad, se hacinan más de 6.700; en el de Miranda de Ebro llegaron a instalarse 30 barracones, cada uno de ellos con 800 hombres.

En el año 41 se produjo una epidemia de tifus exantemático que afectó a muchas cárceles españolas. En Madrid se detectó el foco el 10 de febrero en la prisión de Yeserías. El 28 se produjo otro caso; el 7 de marzo, cinco más. Sólo cuando se confirma el diagnóstico de estos últimos reclusos en el Hospital del Rey, la Inspección de Sanidad envía a un equipo a revisar la cárcel y detectan la existencia de más casos en la enfermería de la prisión, con diagnóstico incierto, que aún no habían sido comunicados. Es el 10 de marzo. Ha pasado un mes, por tanto, desde que se detectó el primer caso. Se establece entonces la incomunicación absoluta de dos galerías y la desinfección global de individuos y ropas. La epidemia no logrará controlarse hasta un mes después. La cifra oficial es de tres muertos.

El tratamiento del tifus exantemático requiere el aislamiento de los enfermos antes del cuarto día de contagio. Es el periodo en el que la sangre del individuo no es aún virulenta y no puede contagiarla el piojo transportador. Hay que actuar con rapidez para atajar una posible epidemia. Sin embargo, en ese fatídico periodo de un mes, entre la detección del foco y la constatación de sucesivos contagios, la vida en la cárcel es normal. No existe ningún aislamiento especial, los presos se mueven con normalidad por las galerías, duermen casi pegados los unos a los otros en espacios mínimos que apenas llegan a los 50 centímetros, y los reclusos acogidos a la redención de penas siguen saliendo de prisión, infestados de piojos, para trabajar en diferentes obras. Allí establecen contacto con otros presos de diferentes cárceles de Madrid. Poco después, esos reclusos van extendiendo la epidemia a sus prisiones. Se detectan inmediatamente focos en Porlier, Comendadoras, Santa Rita, Claudio Coello, Colmenar… También se extiende la epidemia a otras 16 cárceles provinciales: Almería, Burgos, Granada, Málaga, Ciudad Real, Murcia, Sevilla… La epidemia, que comenzó en marzo, no logrará contenerse hasta bien entrado septiembre.

La Dirección de Prisiones establece una desinsectación general de toda la población reclusa a base de ácido clorhídrico, pero de nuevo choca la voluntad reglamentista del sistema con la cruda realidad: apenas 15 prisiones en todo el país tienen cámaras como para llevarla a efecto. Durante años, la batalla en las cárceles españolas contra el piojo verde y la enfermedad que transmite, el tifus exantemático, es una lucha sin cuartel. Y sin medios. Aún en 1948, con una población reclusa muy reducida respecto a 1941 y ya con el DDT como arma insecticida, se detectan casi 10.000 presos parasitados a pesar de las casi 90.000 desparasitaciones realizadas a lo largo del año.

Lo más grave del caso no es que los campos de prisioneros y los destacamentos penitenciarios se convirtiesen en foco de este tipo de infecciones, muy extendidas en aquellos años por todo el país. Lo peor fue que estos núcleos humanos actuaron a su vez como activos focos de contagio entre la población civil. Los constantes traslados de prisioneros de uno a otro lado del país, en viajes interminables que se realizaban en condiciones infrahumanas, en trenes de ganado donde se hacinaban los presos, con paradas en las estaciones donde los pasajeros esperaban para tomar sus trenes; los desplazamientos diarios de los presos trabajadores desde los centros de concentración hasta sus lugares de trabajo en destacamentos o batallones próximos y su contacto con obreros libres en los tajos y con los soldados y funcionarios de prisiones que los custodiaban propiciaron la rapidez del contagio.

En mi libro Tiempos de hambre, recojo un informe que el jefe de Sanidad de Navarra, José Viñes Ibarrola, elabora tras una exhaustiva investigación de diversos focos de contagio del tifus exantemático aparecidos durante el año 1944 en España. En casi todos los casos, el origen del contagio estuvo en ciudadanos en tránsito, cómicos, mendigos, viajeros de tren, soldados, presos trasladados de una a otra cárcel, de uno a otro campo de concentración… Cita específicamente este médico el caso de un batallón de trabajadores que participó en la reconstrucción de la localidad zaragozana de Belchite, arrasada tras la guerra. Tras concluir sus trabajos, el batallón, con alguno de sus miembros contagiados por la enfermedad o plagados de los piojos que la transmitían, se trasladó a un campamento llamado Los Polvorines, en la provincia de Palencia. Allí se extiende el foco y los piojos transportados por el batallón son los responsables de medio centenar de contagios y de 11 muertes.

Investigaciones como la citada permiten establecer, además, las condiciones idóneas para la extensión de la enfermedad. Las epidemias de tifus exantemático, una de las enfermedades más dañinas en la España de posguerra, se generan en los meses más crudos de invierno, pero alcanzan su mayor apogeo en abril, que es, además, la época en la que el buen tiempo permite una mayor actividad en los destacamentos de presos que realizan obras al aire libre.

En el documentadísimo informe del doctor José Viñes, publicado finalmente en la Revista de Sanidad e Higiene Pública, este médico considera que las causas que más favorecen las epidemias de tifus exantemático son, entre otras:

[…] el trasiego de gentes sin hogar en cantidad considerable, el licenciamiento de tropas parasitadas, la existencia de campos de concentración, la acumulación excesiva de población penitenciaria en establecimientos de ocasión faltos de elementales servicios, los batallones de trabajadores en constante cambio de residencia y la penuria de medios de vida no conocida por nuestra generación.

Es decir, de seis causas que especifica este especialista como propiciatorias de la rápida transmisión de la enfermedad, tres están relacionadas con la precaria situación que sufrían en establecimientos carcelarios de todo tipo los presos de Franco. José Enrique Llera Iglesias, al rememorar los cinco meses que pasó en el campo de concentración de Rianxo, una antigua fábrica de conservas habilitada como prisión en A Coruña, recuerda que a lo largo del día los sacaban en dos ocasiones al patio para hacer ejercicio y cuenta cómo «aprovechábamos la mayor parte de ese tiempo para hacer “la descubierta”, es decir, para matar piojos; incluso organizábamos carreras de piojos en una tabla para entretenernos».

Y sigue explicando las precarias condiciones higiénicas en que vivían:

Había en el patio cuatro retretes que enseguida quedaron obstruidos por ser insuficientes para tanta gente. Entonces, para estos menesteres, se abrieron unas zanjas bastante profundas y se colocaron en su parte superior tablas cruzándolas. Cuando estaban a punto de colmarse, se tapaban con tierra y se abrían otras nuevas.

Sebastiá Saló, que estuvo concentrado en el campo de Miranda de Ebro y fue destacado desde allí a diversos batallones de trabajo, comparte idénticos recuerdos: «Piojos había así —afirma, abriendo y cerrando los dedos de ambas manos—. Allí he visto jerséis al suelo que se movían solos. Una cosa que parece imposible… se movían solos, el jersey, y era la gran plaga de piojos que había».

La higiene en las prisiones era muy deficiente. Y no sólo en las habilitadas o en las más antiguas; también en las recién estrenadas. Muchas de ellas se abrían apresuradamente para intentar desatascar la situación de colapso que se vivía en todo el país. Así se hizo con la de Carabanchel, presentada como la joya de la renovación penitenciaria propugnada por Franco, que se inauguró antes de tiempo y sin reunir aún las condiciones necesarias para acoger a gran parte de la población reclusa dispersa por las numerosas cárceles habilitadas en Madrid. Miguel Rodríguez pasa por esta cárcel antes de ser enviado como forzado al Valle de los Caídos, en los años 45-46, recién inaugurada la prisión:

La quinta galería estaba atestada de reclusos, el espacio habitual para cada recluso sigue siendo de cuarenta centímetros. Además del hacinamiento de los reclusos, hasta el cazo de agua fría que te daban para todo el día. Con este cazo de agua tenías que beber, lavarte y fregar el plato. Estoy hablando del mes de junio, en cuya época del año el calor se deja sentir en Madrid, máxime en un edificio cerrado.

Marcados por el tracoma

En esas condiciones de escasa salubridad encuentran un favorable caldo de cultivo casi todas las enfermedades que la población libre también padeció en la posguerra. Y algunas que se dieron muy específicamente en las prisiones, como el tracoma, una enfermedad ocular, una forma particular de conjuntivitis ocasionada por una bacteria de muy pequeño tamaño denominada Chlamydia trachomatis.

Curiosamente, se cree que esta enfermedad, propia del Medio Oriente, llegó a Europa como consecuencia de las guerras napoleónicas, siendo el trasiego de los ejércitos precisamente el causante de su diseminación. Dos siglos después, la causa de su extensión en algunas zonas de España volverá a ser el constante movimiento de este peculiar ejército de presos de Franco.

La bacteria causante del tracoma parasita en la superficie del ojo y produce una inflamación severa que suele complicarse después con otras infecciones asociadas. La enfermedad suele dejar como secuela trastornos visuales graves y puede llegar a ser causa de ceguera. Aunque en los países desarrollados está prácticamente erradicada, sigue siendo la infección ocular más importante del mundo.

En la posguerra, esta infección fue una de las de mayor incidencia en las prisiones españolas, campos de concentración y batallones de trabajadores, sobre todo en aquellos que actuaron en la zona mediterránea y en el sur de la península. El hacinamiento y la falta de limpieza son dos de las causas de la propagación inmediata de la enfermedad, porque es tan sencilla de atajar si se adoptan inmediatamente medidas de higiene como fácilmente contagiosa si no se afrontan en ámbitos de condiciones insalubres.

Tal fue la incidencia de la enfermedad en algunas zonas de concentración penitenciaria que la Dirección de Prisiones decretó medidas muy estrictas para evitar su propagación. Así, los enfermos de tracoma fueron públicamente identificados al cosérseles en sus uniformes, sobre el pecho derecho, una gran T de tela roja de 10 centímetros de altura, que era obligatorio llevar en los espacios comunes y cuando asistían a actos reglamentarios, como los recuentos, las izadas y arriadas de banderas, las misas dominicales… También se decretaron medidas estrictas de higiene, como el aislamiento en celdas individuales cuando la enfermedad pasaba a su fase aguda. Dado que la enfermedad se transmite fundamentalmente a través de las moscas y de las toallas y dedos contaminados, se estableció la asignación de una toalla y un pañuelo a cada preso infectado, una medida que hace pensar que el resto de los presos los intercambiaban habitualmente. También se ordenaba que, en las prisiones, las toallas y pañuelos de los presos infectados se lavasen separadamente y con lejía.

El plan era acertado, porque se estima que sólo un cuidado lavado diario de los ojos puede reducir la incidencia de la enfermedad en un 80 por ciento. Pero estas medidas, eficaces sobre el papel, en muchos casos fue imposible llevarlas a cabo dada la dificultad de habilitar celdas de aislamiento en cárceles repletas de presos y dada la escasez de agua para hacer el lavado diario de aquellas prendas que podían transmitir la enfermedad.

Así que los casos se multiplicaron entre los presos hasta el punto de que la Dirección General de Prisiones se vio obligada a habilitar un hospital antitracomatoso en Almería, con una capacidad para 100 enfermos, al que sólo iban destinados los más graves. En 1941 el número de presos enfermos de tracoma era de 1.052. El tracoma fue, durante años, la segunda enfermedad más temible en las prisiones españolas. La primera, la tuberculosis.

Tuberculosis y paludismo

Como en el resto de España, la tuberculosis se vivió como un drama letal dentro de las cárceles. Pero su incidencia tomó en las prisiones una curva inversa. Entre el año 41 y el 45, la tasa de mortalidad por tuberculosis se dispara, en contra de la tendencia de la tasa de mortalidad general que se mitiga a causa del fin de la contienda. Hasta la llegada de la penicilina en 1947, cada año morían en nuestro país 30.000 personas víctimas de la tuberculosis. Una enfermedad que afectaba especialmente a personas jóvenes.

Según los datos recogidos por el doctor Jesús Villar Salinas, el 40 por ciento de los hombres y el 45 por ciento de las mujeres que mueren en España entre los 20 y los 40 años lo hacen a causa de la tuberculosis. La mayor parte de los reclusos de las cárceles españolas, en la posguerra, pertenece por edad a ese universo hipersensible a esta enfermedad.

A mediados de los años 40, existían en nuestro país medio centenar de sanatorios antituberculosos, con una capacidad para 11.000 camas. La Dirección de Prisiones, forzada por la creciente incidencia de la enfermedad dentro de las cárceles, se vio obligada a crear o habilitar hospitales antituberculosos propios que durante la primera posguerra llegaron a tener más de mil camas. El dato ilustra la gravedad de la especial virulencia con la que la tuberculosis atacó a la población reclusa: 11.000 camas para 26 millones de habitantes, 1.000 para una población penal que osciló durante la década de los 40, según los datos oficiales, entre los 270.000 y los 30.000. Una décima parte de camas para una centésima parte de la población.

Aun así, muy pronto el número de camas para tratar a los presos enfermos de tuberculosis resultó insuficiente: las 150 de la prisión hospital de Segovia no eran capaces de acoger a todos los pacientes. Se habilitó entonces el sanatorio penitenciario de Porta Coeli, en Valencia, con capacidad para 700 enfermos. El sanatorio se instala en un edificio propiedad de la Diputación de Valencia, a 28 kilómetros de la ciudad y a tres del monasterio de Porta Coeli que le dio nombre, al pie de la sierra de Nájera, entre pinares y olivos. El aspecto idílico del paraje sólo se rompía por un perímetro de alambrada, fuertemente vigilada, que circundaba el recinto.

En este hospital, como en otros, no sólo los enfermos, sino también buena parte del personal, tanto médico como de servicios, lo constituyen reclusos, siempre seleccionados entre los de complexión más fuerte y mejor forma física, dado que la estancia en el sanatorio conllevaba un alto riesgo de contagio.

En este tipo de hospitales sólo ingresan los reclusos penados, no los procesados, que deben permanecer obligatoriamente en las localidades donde se instruyen sus procedimientos a disposición de la justicia militar. Estos otros presos enfermos son atendidos por el Patronato Nacional de la Lucha Antituberculosa, pasando así a engrosar las listas de este organismo, lo que distorsiona un tanto la incidencia real de la tuberculosis en las prisiones. Tampoco se contempla en esta estadística el número de enfermos de los campos de concentración, alguno de los cuales permaneció abierto hasta mediada la década de los 40.

A pesar de ese matiz, que habrá de tenerse en cuenta si se quiere atisbar al menos la verdadera incidencia de esta enfermedad entre los presos, las cifras son espectaculares. En los años 41 y 42 el número de casos diagnosticados en las prisiones fue prácticamente idéntico, 2.366 y 2.376, respectivamente, sin embargo, el número de muertes aumentó un 20 por ciento. En 1942 se producen 204 muertes. Una comparación con otras afecciones más leves permite hacernos una idea de la magnitud y gravedad de la epidemia. En ese mismo año, los casos diagnosticados en las cárceles de una enfermedad tan frecuente como la gripe no llegaron a 1.000, menos de la mitad de los casos de tuberculosis. Y sólo cuatro presos murieron por esta enfermedad, una cifra cincuenta veces menor a la de los presos fallecidos por la tuberculosis.

La sexta parte de los presos tuberculosos se diagnostican en Madrid (402); otra buena porción se detecta en las cárceles de Valencia (293). En términos relativos, hubo provincias con una altísima incidencia, como Burgos (130) o Pontevedra (170), que tiene el triple de casos de tuberculosis que Barcelona, por ejemplo. En este balance faltan datos sobre cinco provincias, entre ellas León, con una importante población penitenciaria.

Los hospitales penitenciarios no daban más de sí y pronto se vio la necesidad de adoptar medidas complementarias dentro de las propias cárceles para atender a los tuberculosos leves o para ir manteniendo a raya la enfermedad hasta que quedasen camas libres. Así, el 30 de marzo de 1940, una circular obliga a aislar a los reclusos tuberculosos de los sanos dentro de las propias prisiones. En algunas cárceles pudieron instalarse pabellones específicos de aislamiento y tisiología, como en Málaga, Huelva, Cáceres o Sevilla. Pero fueron excepcionales. Incluyendo éstas, apenas 21 cárceles en toda España consiguieron habilitar, siquiera precariamente, zonas donde se pudiera cumplir el reglamentado aislamiento de los presos tuberculosos. En el resto, los presos sanos compartían espacios comunes con los contagiados. El hacinamiento, la escasa ventilación de los locales, la falta de higiene se convirtieron en aliados del bacilo y de una reglamentación que trataba selectivamente a los presos en función de la disponibilidad de camas.

Porque no todos los reclusos enfermos diagnosticados podían ser trasladados a un hospital penitenciario antituberculoso. El protocolo de admisión era estricto. Como ya hemos señalado, sólo podían ser ingresados en ellos los reclusos que habían sido juzgados y condenados, es decir, los penados. Por razones obvias, se excluía del tratamiento a los condenados a la pena capital: parecía absurdo sanarlos antes de llevarlos al pelotón de fusilamiento. Entre los restantes, los privilegiados escogidos para recibir tratamiento eran los de menor condena, los menores de 50 años y los que tenían lesiones más leves, es decir, los recuperables. Por exclusión, quedaban dentro de las prisiones quienes tenían la enfermedad en una fase más avanzada, convirtiéndose así en activos focos de contagio cuando no podían ser convenientemente aislados.

Estos sanatorios están sometidos a un reglamento que exime a los enfermos penados de los toques de retreta y de diana, de las formaciones, pero no así, recordemos, de la santa misa diaria, considerada como un elemento terapéutico más por el régimen, que confiaba también en curar la enfermedad por la gracia de Dios. Los enfermos volvían a prisión si intentaban escapar o si no cumplían el tratamiento y las órdenes médicas impuestas. Mientras tanto, recibían un trato radicalmente distinto que en prisión: su dieta incluía con frecuencia carne, huevos y, dos veces a la semana, gallina. Para garantizar el abastecimiento, el sanatorio tiene cochiquera y gallinero propios, atendidos también por penados.

Durante la década de los 40, la Dirección de Prisiones abrió y cerró diversos sanatorios penitenciarios antituberculosos. El hospital de Porta Coeli, en Valencia, fue sustituido en 1942 por el de Pamplona. Cuando el hospital navarro fue clausurado, en 1945, los presos enfermos fueron trasladados al de Cuéllar (Segovia). La capacidad hospitalaria de estos primeros años se mantuvo alrededor de los 1.000 reclusos. A mediados de la década sólo quedan dos grandes sanatorios antituberculosos penitenciarios, los dos en la provincia de Segovia: el de mujeres, con capacidad para 300 reclusas, y el de Cuéllar, para hombres, con capacidad para 500, instalado en el magnífico castillo de esta localidad.

Por las estadísticas de este centro podemos saber que la tuberculosis sigue causando estragos entre los presos al finalizar la década. El descenso de la población penitenciaria hace que los hospitales ya no estén tan abarrotados. El sanatorio antituberculoso penitenciario de Cuéllar, con 500 camas, tiene en esta época una media de 350 enfermos. Sin embargo, la incidencia de la enfermedad sigue siendo brutal. A lo largo de 1948, cuatro años después de la llegada de las primeras dosis de penicilina a España, un año después de la autorización de su venta libre, el índice de mortalidad en este centro sanitario todavía es del 12 por ciento. La proporción entre las altas por curación clínica, 70 a lo largo del año, y las defunciones que se producen, 46, sigue siendo estremecedora. De cada seis presos que logran superar la enfermedad, otros cuatro mueren devorados por su causa.

Presos enfebrecidos

La presencia generalizada de estas enfermedades en las cárceles y destacamentos penitenciarios, y de otras también muy comunes, sarna, fiebres de malta y paludismo, es un hecho que se refleja en las estadísticas oficiales y se constata en la penosa historia personal de algunos presos para los que el peregrinaje penitenciario caminó siempre paralelo al hospitalario.

El histórico dirigente de CC. OO., Marcelino Camacho, que ostenta récords de prisión por motivos políticos durante el régimen de Franco, tiene tras de sí, en este aspecto, marcas difíciles de superar. En 1942 fue destinado desde el campo de concentración de Reus al Batallón Disciplinario n.º 94, encargado de la reconstrucción de algunas carreteras en la provincia de Guipúzcoa. Junto con otros 200 presos fue enviado para cubrir las bajas que se habían producido en este batallón por enfermedades o por muertes. Allí padeció unas fiebres tifoideas que le tuvieron cuarenta y dos días entre la vida y la muerte. Incluso en una de las crisis se pensó que había muerto y, como a Jerónimo La Madrid, le llevaron al depósito del hospital disciplinario de Zumaya. Después fue trasladado al Batallón n.º 93, encargado de la reconstrucción de Peñaranda de Bracamonte, en donde, como consecuencia de su debilidad y del duro trabajo de pico y pala, se le provocó una hernia inguinal. De allí marchó a Toledo, para construir la Academia de Infantería, en donde contrajo unas fiebres de malta que le tuvieron cuarenta y siete días con una altísima fiebre. Recuperado de aquello, se reenganchó a su batallón disciplinario, que por entonces había sido trasladado a Marruecos para construir algunas fortificaciones en previsión de una incursión de los aliados. En el campamento de Cuesta Colorada cogió las fiebres palúdicas y tuvo que ser internado en el hospital de Larache. En una carta que envía a su familia les cuenta que la mitad de sus compañeros de batallón ya han tenido que ser ingresados a causa de estas fiebres.

Marcelino Camacho vivió para contarlo, entre otras razones, porque tuvo la fortaleza suficiente y la suerte de encontrarse siempre cerca de algún hospital al que ser trasladado. Otros no pudieron. Laia Berenguer recuerda el trágico destino de quienes compartieron con su marido, Josep Rodés, trabajo forzado en alguno de los batallones disciplinarios que trabajaron en África. En los treinta y nueve meses que su marido trabajó en el Atlas a partir de 1942 pasó dos episodios de fiebres palúdicas: «Los bajaban a Tetuán, les daban dos pastillas de quinina y otra vez a los montes a trabajar… De África sólo sobrevivió el 50 por ciento y de los compañeros de mi marido que conocí, ninguno pasó de los 50 años».

La situación sanitaria de la mayoría de los destacamentos penitenciarios era muy deficiente. Miguel Rodríguez recuerda el aspecto de la enfermería del destacamento de Garganta de los Montes, en el que más de 500 hombres se afanaban en la construcción de un tramo del ferrocarril entre Madrid y Burgos: «cuatro cajas desvencijadas, dos mesillas de noche, tres sillas y un botiquín con yodo, aspirinas, gasas y un poco de alcohol».

En esa época, la mayor parte de los traumatizados que recibe el Hospital Central de la Cruz Roja, en Madrid, provienen de los destacamentos penitenciarios del Valle de los Caídos y de Valdemanco, ocupado en el tendido de la línea de tren entre Madrid y Burgos. Los accidentes más frecuentes eran fracturas, luxaciones, esguinces y lesiones de menisco, según recoge Amancio Tomé Ruiz en un informe publicado en la Revista de Estudios Penitenciarios en 1947.

En casi todos los destacamentos que se dedicaron a la construcción de grandes obras públicas, el número de accidentes laborales fue muy alto. Algunos ejemplos. El destacamento que construye el pantano del Ebro llega al 7 por ciento de accidentes y al 25 por ciento de enfermos. En el que excava la cripta del Valle de los Caídos, el índice de accidentes es del 8 por ciento. En los de Valdemanco y Chozas de la Sierra, que construyen dos tramos del ferrocarril Madrid-Burgos, se alcanza el porcentaje más elevado de accidentes de todo el conjunto de destacamentos: oscila entre el 10 y el 12 por ciento. Son cifras evidentemente altas, más si las comparamos con otros índices de siniestralidad, como el de los dos destacamentos que construyen el monasterio o la carretera del Valle de los Caídos, con porcentajes entre el 1 y el 3 por ciento de accidentes.

El alto índice de accidentes se procura justificar en la Memoria de 1948:

En casi todos los destacamentos se maneja con suma frecuencia la piedra, bien sea arrancada, por procedimientos variados, de la roca milenaria, bien en bloques artificiales, pero en uno y otro caso no hay que olvidar que es de difícil manejo, contando como principal defensa contra sus aristas finas y cortantes, los que las manejan con la habilidad y la fortaleza de sus callosas manos.

Y en la Memoria de 1946 se afirma:

Los destacamentos penales se hallan instalados en lugares en que, lógicamente, durante los meses de invierno es constante la presencia de la nieve, y por ello nada de extraño tendría el que fuese más elevado el porcentaje por enfermedad. Lo mismo podemos hablar en cuanto a los accidentes de trabajo, ya que, si no en todos los destacamentos se construyen túneles, sí son trabajos sumamente duros y pesados y de difícil manejo los elementos que son necesarios emplear para dichas obras.

La dureza de los trabajos que realizaron los presos se resume en el testimonio del arquitecto Diego Méndez sobre los riesgos asumidos por los reclusos que construyeron el Valle de los Caídos: «Ellos horadaron el granito, se subieron a andamios inverosímiles, manejaron la dinamita… Han jugado, día a día, con la muerte». Muchos perdieron la vida en el envite.

10
La resistencia

En la entrada de alguno de los campos de prisioneros que durante la guerra civil habilitó el ministro de Justicia republicano, el anarquista Juan García Oliver, podía leerse un lema: «Trabaja y no pierdas la esperanza». Aquellos campos fueron, como los que impulsó Franco, lugares de represión y explotación de los presos. Es historia ficción saber en qué se hubieran convertido si la victoria final de la guerra se hubiera decantado del lado del Ejército Popular. Sabemos, en cambio, que los campos de concentración creados por Franco, en algunos de los cuales —como en el de Miranda de Ebro— hizo colgar el «Todo por la patria», fueron el germen de un sistema que prorrogó la misma aniquilación de la guerra. La hubo física, pero, sobre todo, se pretendía anular moralmente al vencido.

Las prisiones y los destacamentos fueron una especie de academia acelerada del nuevo régimen. Los himnos que se hacía cantar a los presos, el adoctrinamiento en los Principios del Movimiento, la abjuración de las propias creencias como requisito indispensable para poder acceder a los beneficios de la redención de penas fueron en parte los cimientos de la arquitectura de un sistema represivo peculiar.

No bastaba con castigar lo que, en una visión esquizofrénica de la realidad, el nuevo régimen consideró rebelión cuando en realidad más bien se trató de defender la legalidad frente al rebelado. A Franco le interesó la reconducción personal, moral, religiosa y, principalmente, política de sus enemigos.

Redención

Uno de los primeros objetivos que el régimen se marcó fue el de romper la unidad de los presos. El periódico Redención, que publica su primer número justo el día en que acaba oficialmente la guerra, el 1 de abril de 1939, pronto se convertiría en «el vehículo fundamental de la propaganda» del nuevo Estado en las cárceles. Ya en su primera Memoria, el Patronato para la Redención de Penas manifiesta su esperanza de que este medio de comunicación, el único al que tenían acceso permitido los presos, se convierta en un mecanismo muy especial de propaganda: «El mejor mecanismo de la propaganda inmediata son los mismos reclusos arrepentidos, desengañados, los cuales ejercen un ascendente personal mayor que el nuestro y conocen mejor la psicología de sus compañeros». Se trata, según se reconoce abiertamente, de «romper a manera de cuña la unanimidad entre los reclusos».

Redención publicaba artículos de presos especialmente significados que renegaban de sus antiguas convicciones políticas, proclamaban las bondades del nuevo régimen y de quien lo encarnaba y alababan el sistema de depuración política y moral emprendido por Franco tras la guerra. Estos artículos fueron numerosísimos. «El preso se ha dado cuenta ya de que no ha vencido España a España, sino al error y a las malas pasiones», escribe Benigno Fernández, uno de los presos redactores de Redención. «El nuevo régimen no admite cobardías, tibiezas ni negligencias. De hoy en adelante, España ha de ser para nosotros la más grande, la más sabia, la más poderosa», afirma Ramón Guiñón Sánchez, de la prisión de Castellón. «Los presos no pueden ser sordos a la llamada y han de convencerse por sus propios ojos de que el nuevo Estado, a las órdenes del Caudillo, ha traído a España a la realidad de una grandeza inmediata», proclama el preso Juan B. Llorca desde la cárcel de Soria. «Los hombres que son hoy huéspedes de las cárceles españolas están pasando, lógicamente, por el tamiz de una depuración escrupulosa, pues la España nueva que se está fraguando no admite escorias entorpecedoras de la fusión nacional, ni taras que dificulten la acción de los crisoles. De ahí la necesidad absoluta, imprescindible, de la depuración», escribe C. Mascias, de la prisión celular de Barcelona. «Podemos decir —no creo que me lo podréis negar— que la disciplina férrea y santa de unos cuantos obra el milagro sublime de hacer brotar de donde sólo había fango y lágrimas un país que, volviendo a sus primitivos fueros, empieza a ser ya asombro del mundo entero», escribe Mariano del Soto en la prisión de la Tabacalera de Santander. «Franco, al restablecer la disciplina orgánica, imponiendo los respetos sociales y religiosos, acreditóse de gobernante genial el que por todos era ya admirado como guerrero excelso», opina Rafael González, recluso de la prisión de Badajoz. «Franco es el primer Caudillo nacional que puede aspirar a poner fin a la secular contienda entre los dos sectores de España que parecen decididos al recíproco exterminio», proclama Bernardo Obrador desde la prisión de la Ronda de Atocha, en Madrid. «Franco representa el triunfo del héroe clásico, del hombre que ha logrado torcer los designios de la fatalidad. Otra vez están bajo su mandato, unidos y dispuestos a integrarse en la unidad superior de un gran destino, los valores genuinos de la raza», remata Juan Antonio Cabezas, uno de los redactores distinguidos de Redención.

Todos estos artículos fueron publicados en Redención en los primeros seis meses de su existencia, lo que demuestra la eficacia del apostolado político ejercido en las cárceles. Alguno de ellos, además, está firmado por personajes como Juan Antonio Cabezas, que, antes de proclamar su fe en el nuevo régimen, había sido redactor del periódico socialista asturiano Avance.

Aparte de los artículos de presos arrepentidos, los reportajes que publicaba el periódico presentaban la nueva España de Franco como precursora y centro de atención internacional. Junto a estos artículos y reportajes que proclamaban las bondades del nuevo régimen, el periódico pretendía hacer tambalear las convicciones de los reclusos difundiendo noticias sobre insignes exiliados republicanos a los que se presentaba gozando de una vida de lujo mientras los presos que quedaron aquí vivían en la precariedad. Así, un reportaje titulado «¡FUGITIVOS!», contrapone la dura vida de los españoles en los campos de concentración y la de algún dirigente político de la República que se pasea por Europa alojándose en grandes hoteles.

La alusión se refiere a Manuel Azaña, del que se afirma que «viaja por Francia en lujosos automóviles y se instala en un suntuoso hotel de la Alta Saboya». La imagen se contrapone a la de columnas de miembros del Ejército republicano de Cataluña que vagan camino de la frontera «como una nueva raza errante» o en los campos de concentración franceses, en donde «tienen que permanecer hacinados a la intemperie, tratados como huéspedes indeseables. Desde los campos de concentración irán a servir de carne de cañón a Ejércitos extranjeros o a errar por los bajos fondos de las grandes ciudades».

Se trataba de minar la moral de unos hombres que desde su cautiverio aguardaron primero una reacción internacional contra el régimen de Franco y confiaron después en que una derrota de Hitler arrastrase también a quien había sido su aprendiz y su profeta. Para contrarrestar esa esperanza, a través de este medio el régimen trataba de hacer que estos presos perdieran toda esperanza de recuperación política de una realidad, la de la vuelta de la República, que se presentaba como imposible. Benito Zazo recuerda cómo:

[…] por aquellos años, avanzada ya la guerra mundial, nuestro optimismo era enorme. Bueno, incluso antes; estando yo preso en Madrid, recuerdo que teníamos formados los grupos que se iban a hacer con la prisión y fijadas las misiones en el exterior. Estábamos absolutamente convencidos de que el inminente final de la guerra sería el final de Franco… Y nos equivocamos sólo un poco.

Política de supervivencia

Además de la explotación laboral de los presos, con la organización de destacamentos penales Franco pretendía también dinamitar la posible reorganización de los partidos que había declarado ilegales: es decir, todos, salvo la Falange. La dispersión de los presos en grupos más pequeños que los que normalmente se concentraban en las cárceles abarrotadas permitiría un mayor control sobre ellos; el trabajo extenuante en los tajos dejaría pocas ganas a los presos para pensar en la actividad política.

La cosa no le salió bien al dictador. Así como las cárceles, sobre todo las más grandes, fueron el germen de la reorganización de partidos y sindicatos, los destacamentos, colonias y batallones penitenciarios no dinamitaron esta incipiente reconstrucción, sino que, por el contrario, se convirtieron en el mejor de los conductos para que esa actividad política se canalizase y se desplegase. Con los destacamentos penitenciarios, los presos se desplazaban por todo el país y con ellos se expandían la información y las consignas.

Dentro de las cárceles, los partidos comenzaron a organizarse en pequeñas células, grupos muy reducidos de militantes que actuaban independientemente, identificaban a otros compañeros, captaban militantes para su causa y se comunicaban con otras células a través de enlaces que hacían circular la información, tejiendo así poco a poco la estructura del partido dentro de la cárcel. Paulatinamente, las organizaciones de los partidos dentro de las cárceles irán desarrollando actividades más políticas, pero en esos primeros tiempos la primera preocupación política era la de sobrevivir:

¿Para qué crear una organización? —se preguntaba Ramón Rubial—. Tiene un motivo y un fundamento moral muy profundo. Hay que trasladarse al momento en el que la gente llega a prisión, indultada de pena de muerte, con una familia detrás sin ningún ingreso, con decepciones de compañeros que les prometieron muchas cosas y no las cumplieron, con una derrota sobre las espaldas… Encontrarse dentro del penal con una voz que le alentaba, que le cubría una necesidad perentoria en la cárcel, que le proporcionaba una tarjeta donde poder escribir, que le daba unos cigarrillos durante el periodo de observación, que le pasaba un pan porque no podía comprarlo en el economato… Todas esas cosas animaban de tal manera que sólo se pueden medir cuando se está encerrado en una celda. Y las hacíamos valiéndonos de compañeros, los llaveros, que se colaban en las celdas.

En esa misma idea insiste otro militante socialista, Gilberto Díaz Flórez, cuando afirma que de lo que se trataba es de que «la gente pudiera comer, no se sintiera angustiada, tuviese ánimos para seguir adelante. Hay que pensar que, además de las enfermedades, la gente se moría de hambre. Gracias a la organización pudimos ayudarnos, mejorar nuestra difícil situación». Y Miguel Rodríguez, para el que la llegada a prisión supuso su bautismo político como militante encuadrado en una de las células de las Juventudes Socialistas Unificadas (J. S. U.), que después él se encargó de montar en algún destacamento penitenciario como el del Valle de los Caídos:

La organización en la cárcel de la J. S. U. era muy buena; gracias a ella, cientos y cientos de presos salvaríamos la vida y alcanzaríamos la libertad. Todos los jóvenes estábamos encuadrados en grupos, formando comunas, en donde se administraba todo, desde el tabaco y la comida, a las compañías que en la cárcel debías tener. En la comuna todos comíamos lo mismo. Todo lo que recibías de tus familiares de la calle lo debías entregar al «responsable». Este, a su vez, lo hacía distribuir equitativamente entre todos. Si había cien pitillos, eran repartidos entre todos. Si alguno, como yo, no recibía nada de su familia, tenía igual ración que al que le mandaban. Todo se administraba honradamente y nadie era capaz de quedarse con nada o comerse a escondidas lo que podía.

Mediante esta organización para la supervivencia, fueron poco a poco reconstituyéndose los partidos más importantes. El PSOE consiguió muy pronto una potentísima estructura en el penal del Puerto de Santa María: en cada patio se organizaban células y brigadas. Cada uno de los cinco patios tenía un delegado y estos eran coordinados a su vez por un delegado general de patios. «De los seis mil reclusos, aproximadamente la mitad estaban en nuestra organización», según el testimonio del militante socialista Avelino Cadavieco.

Además de la identificación de compañeros y de la captación de nuevos militantes, uno de los objetivos fundamentales de los partidos era situar a los suyos en posiciones estratégicas dentro de la organización de la prisión y de los destacamentos penitenciarios. El PSOE consiguió situar a varios de sus militantes en puestos clave dentro del penal del Puerto de Santa María: Vicente Alfaro y José Cano Coloma, exalcalde y ex gobernador civil de Valencia, ambos importantísimos abogados, consiguieron un destino en las oficinas de la prisión; mientras el ya citado Gilberto Díaz Flórez, abogado asturiano, llegó a ser secretario del director del penal.

Cualquier puesto podía ser importante, y los llamados destinos eran uno de los lugares más buscados por los partidos para colocar allí a alguno de sus militantes. Avelino Cadavieco nunca pensó que sus conocimientos en fontanería pudieran llegar a ser un instrumento de acción política. Gracias a su habilidad en el oficio, iba con frecuencia a arreglar averías al manicomio de la cárcel, en donde estaban recluidos los masones, y eso le permitía actuar como correo y pasarles mensajes, ropa y alimentos.

Tomasa Cuevas cuenta cómo en la cárcel de Segovia, gracias a algunas compañeras destinadas en las oficinas, consiguieron la libertad de una reclusa cuya vida se desenvolvía en condiciones dramáticas. Se llamaba Bene. A su padre y a su hermano los habían fusilado, su madre había muerto de tuberculosis en la prisión de Ventas, otro hermano había perdido una pierna en la guerra y vendía tabaco de estraperlo en la boca del metro, y su hermana pequeña estaba acogida en un hospicio. A pesar de tales circunstancias, por tres veces se le había denegado la libertad condicional por informes desfavorables: «Pues bien —recuerda Tomasa— los tres informes denegatorios desaparecieron uno tras otro gracias al buen arte de nuestras compañeras de las oficinas que, jugándose el tipo, hicieron posible la libertad de Bene».

Miguel Rodríguez consiguió un destino en oficinas en la cárcel de Yeserías, en Madrid, que le permitió durante meses estar informado de los expedientes de los presos, de sus ingresos y traslados; podía sacar cartas de sus compañeros e introducir a través del correo otra prensa que no fuera el panfletario diario Redención. Recibir noticias del exterior era uno de los objetivos fundamentales para los presos. Teodoro García Cañas, preso en el Valle de los Caídos, consiguió un puesto como cartero en el destacamento de Banús cuando obtuvo la libertad condicional. Su trabajo era ir a recoger cada día las cartas y los paquetes del destacamento a la oficina de Correos de El Escorial, y comprar los periódicos a los obreros libres que se lo pedían. Compraba lo que había, el ABC, el Ya, el Arriba, y sólo se lo podía entregar a los trabajadores libres: «Cuando quedaba uno en libertad, entonces ya se suscribía, y claro, luego muchos pasaban sus periódicos a quien le daba la gana para que lo leyera. Había quien se suscribía, pero no lo leía; se lo pasaba a los penados».

El riesgo era grande. Había una verdadera obsesión por impedir que se colase prensa clandestina en los destacamentos. El guardia civil que vigilaba el destacamento se lo advirtió a Miguel: «Si te comportas, yo me comportaré contigo. Pero el día que me entere de que traes aquí prensa clandestina, te saco las tiras desde el cogote a los talones, o sea que tú verás lo que haces».

Las amenazas cuarteleras no se quedaban en eso. Tenían consecuencias penales que contaban con cobertura legal. Los responsables de las publicaciones clandestinas descubiertos en las cárceles y campos de trabajo podían ser condenados a penas fortísimas, incluso a la pena capital. Marcos Ana, seudónimo de Fernando Macarro, fue condenado a muerte tras descubrirse que era el responsable de un periódico clandestino que se elaboraba en la prisión de Burgos. La pena le fue conmutada, pero Marcos Ana pasó veintidós años ininterrumpidos en las cárceles franquistas.

Las células de los partidos políticos en las prisiones y destacamentos contaban con militantes de altísima cualificación en todas las profesiones. Cualquier experiencia servía a la acción política, pero fueron aquellos con mayor experiencia jurídica —había jueces, fiscales, notarios y abogados entre los presos— los que tuvieron un papel fundamental, sobre todo en los primeros momentos. Ellos asesoraban jurídicamente a sus compañeros, les ayudaban a elaborar pliegos de descargo y recursos, les aconsejaban sobre cómo debían enfrentarse a las diligencias judiciales y cómo responder en los interrogatorios… Su consejo fue para muchos un seguro de vida:

La organización te protegía en todos los aspectos —recuerda Miguel Rodríguez—. Era tu guardián y guía en aquel enrevesado mundo. Si necesitabas un abogado para tu orientación, allí lo tenías. Si un profesor especial, allí estaba. Si un consejo, te era dado. Los compañeros te ayudaban a soportar de la mejor manera posible aquel encierro. Sólo una cosa debías hacer, ser disciplinado y acatar cuantas consignas te dieran.

La extensión de las organizaciones

La organización política se fraguó sobre una doble estructura. Por un lado, los partidos fueron capaces de tejer dentro de las cárceles una red humana que hacía circular información entre los presos, introducía periódicos y hojas clandestinas con noticias no censuradas llegadas del exterior, movía correspondencia que no pasaba por la censura y conseguía transmitir mensajes y consignas entre sus militantes. También distribuía entre todos la comida y la ropa que recibían sólo algunos presos. Las células de los partidos se encargaban de hacerlas llegar también a quienes nada recibían porque se habían quedado solos tras la guerra, no habían conseguido contactar con sus familias o estas, sencillamente, vivían en condiciones míseras.

Pero a la vez, la organización interna de cada penal establecía contactos con otras prisiones a través de una red de enlaces exteriores que se fue consolidando con el paso del tiempo. En la nómina de esa red de asuntos exteriores estaban los familiares, esposas, padres, hijos, que transmitían mensajes o los recogían en las comunicaciones periódicas dentro de la prisión. También estaban aquellos presos en tránsito que eran trasladados de prisión en larguísimos viajes a través del país, durante los que se hacían escalas en diferentes cárceles. Estos presos eran portadores de información fidedigna sobre la situación de los compañeros recluidos en otras cárceles. Con frecuencia, los partidos contaron con la colaboración de otras personas, no presos, que dentro de las propias cárceles actuaban también, de forma consciente o inconsciente, interesada o no, como correos de estas organizaciones. A veces eran celadores o funcionarios que sin una militancia activa simpatizaban con la causa. En otros casos, la precaria situación que vivía el país hacía que estos trabajadores de las prisiones fueran especialmente sensibles al soborno y colaborasen con los partidos a cambio de pequeñas cantidades de dinero, de comida o de ropa. Así lo cuenta Víctor Alba en su libro La oposición de los supervivientes:

Quien conseguía que le entraran, embuchado en el pan o en una costura de la ropa, una minúscula carta en letra diminuta con noticias de Radio Londres, era prestigioso. La correspondencia clandestina abundaba, a pesar de que había registros por sorpresa de celdas y presos y se castigaba a aquel al que le encontraban algo escrito que no fuera una carta censurada y marcada. Hasta alguna vez entraban periódicos. Más adelante se llegó a «acuerdos privados» con algunos celadores, para que sacaran y entraran cartas y hasta periódicos y revistas. Lo apreciábamos tanto como los paquetes de comida.

En algún caso, los presos se toparon con aliados insospechados, como algunos religiosos cuyos nombres recuerda también Víctor Alba:

En la Modelo entraba un fraile, el padre Ricart, que sacaba cartas y traía recados, hasta que lo descubrieron y le prohibieron la entrada. Había monjas mercedarias en la cocina, el economato y el hospital. Una de ellas, sor Josefa, una navarra imponente, se encargaba de los condenados a muerte y visitaba a menudo a los «peligrosos», porque estábamos en la misma galería. No había en el presupuesto de la cárcel dinero para comprar coñac con destino a los hombres cuando entraban en capilla. Sor Josefa nos propuso entrarnos, debajo de sus veinte faldas, una botella para nosotros a cambio de que nuestras familias le entregaran dos. Nunca comprendió que le dijéramos que no era necesario, que nos alegrábamos de tener coñac, pero que si necesitaba para los condenados a muerte nuestras familias se lo llevarían sin que, a cambio, nos hiciera ningún favor.

Algunos llegaron a convertirse en correo de los presos a una edad muy temprana. José Hormigo tenía sólo 12 años cuando comenzó a trabajar como ayudante de peón en la colonia penitenciaria que construía el canal del Guadalquivir. Su trabajo consistía en ayudar a su tío con los burros que tiraban de las vagonetas repletas de tierra. Pero además actuó como enlace de los presos con el exterior de la prisión. Fueron sus primeros y prematuros pasos en la actividad política, que después continuaría, ya en su madurez, en el PCE, en el Partido de los Trabajadores y en el PSOE. En sus memorias explica cómo le encargaban enterarse de horarios de trenes para las fugas, vigilar los movimientos y los cambios de guardia, incluso iba en ocasiones con su bicicleta a buscar ejemplares del clandestino Mundo Obrero:

Me daban recados que yo cumplía sin rechistar —recuerda—. Para mí aquella gente eran superhombres que habían luchado para la República como mi padre. Luego se me vinieron muchas cosas al suelo, porque muchos se derrumbaron y se convirtieron en piltrafas morales.

Francisco López Real, Curro, recuerda los contactos que establecía con Ramón Rubial a través de sus esposas:

Ramón y yo tuvimos muchos contactos de cárcel a cárcel. Utilizábamos de correo a nuestras compañeras o a los presos en tránsito que iban de un penal a otro. Cuando iba saliendo la gente a la calle, con las instrucciones y el aliento recibido por los comités creados en las cárceles, se iba reconstruyendo el Partido.

Sorprende observar cómo a un sistema represor como el franquista se le iban escapando estos pequeños detalles. No sólo porque permitiese que los partidos se organizaran con tal grado de eficacia dentro de las cárceles, sino porque el propio sistema ayudaba a que estas organizaciones se extendiesen, gracias, como hemos dicho, al movimiento de presos muy significados a través de los destacamentos penales.

En 1940, con una segunda condena a sus espaldas, Ramón Rubial fue destinado al destacamento penal de Aranjuez, instalado en una empresa del INI, Experiencias Industriales. Un destacamento que tenía un régimen infinitamente menos severo que el penal del Puerto de Santa María, hasta el punto de que allí Rubial pudo entrar en contacto con sus compañeros de partido de Madrid a través de funcionarios del propio destacamento. Cuando se trabajaba en los destacamentos, había gente de la calle que eran amigos o compañeros y que, pese a no estar afiliados a la organización, se prestaban a llevar una nota o un recado. En 1944 se clausuró el destacamento penal de Aranjuez y Ramón Rubial fue destinado al instalado en la Babcock-Wilcox de Bilbao. El sistema devolvía así a casa a uno de los dirigentes más importantes del PSOE. La llegada de Rubial a Bilbao se conoció rápidamente. A los pocos días ya formaba parte del Comité Central del Partido Socialista de Euskadi.

Es muy posible que el aparente despiste no fuera tal, que el régimen convirtiese a sus presos en presas, permitiera que pudieran desenvolverse con aparente libertad para así vigilar sus movimientos y llegar al redil político que le interesase desmantelar. Sólo así se explica que, a finales de 1944, cuando Ramón Rubial intenta huir del destacamento de la Babcock, fuese inmediatamente detenido y conducido a las dependencias de la Brigada Político Social de San Sebastián, en donde fue torturado con saña por un personaje que encarna la transición de una a otra represión en el franquismo: Melitón Manzanas, un personaje al que, en un descomunal despropósito, el Gobierno de José María Aznar llegó a conceder en 2002, a título póstumo, la Real Orden de Reconocimiento Civil como primera víctima de ETA en 1968. Es verdad que el despropósito estaba en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999, aprobada por unanimidad, que contemplaba este reconocimiento a cualquier víctima del terrorismo sin excepción. Sobre el policía, recuerda Lenchu, hija de Ramón Rubial: «Mi padre nunca quiso contarnos a la familia lo que le hizo Manzanas, pero sé que sufrió muchísimo».

Marcelino Camacho recuerda también en sus memorias cómo había conseguido establecer una organización del partido en el batallón de trabajadores de Peñaranda de Bracamonte de la que fue secretario general. Esa organización fue extendiéndose conforme el batallón o alguno de sus trabajadores comprometidos políticamente se desplazaban a otros destinos. Relata Marcelino Camacho:

[En Marruecos] conseguimos recibir La Gazette de Tangier que editaban los ingleses, gracias a que nos la traía Juanón, un compañero asturiano que iba a Tánger cuatro o cinco días por semana para recoger y dejar correspondencia. Iba con un cabo que era una buena persona y que le permitía recoger aquella gacetilla editada en español por la embajada inglesa. Incluso llegamos a editar un boletín clandestino que como es lógico hacíamos a mano, es decir, lo escribíamos uno a uno. No hacíamos muchos, pero sí los suficientes como para que, de mano en mano, pasaran a todos los compañeros. La mayoría de los mil penados que estábamos allí desconocía lo que sucedía en el mundo y cualquier noticia era leída con avidez. Al mismo tiempo se mantenía alta la moral entre los penados que habían sido combatientes de la República. En ese boletín dábamos algunas noticias nacionales e internacionales, sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, una información que conseguíamos de La Gazette de Tangier y también a través de un compañero que tenía acceso a una radio.

Los perros guardianes

En cada acción política, los presos se jugaban mucho. A veces, castigos menores. Recuerda Víctor Alba «dos meses sin paquetes ni visitas, por ejemplo, por un día que no cantamos los himnos, en protesta por una paliza dada a un preso al que le encontraron una carta clandestina». Pero en otras ocasiones la represalia era mayor. Cualquier actividad política clandestina descubierta en los destacamentos penales —y todas lo eran en un régimen que había proscrito los partidos— suponía la vuelta a prisión y la imposibilidad de seguir redimiendo condena. Y no sólo eso. Los presos que eran descubiertos perdían también automáticamente las reducciones de condena que hubiesen logrado hasta ese momento. Vuelta a empezar.

Cuando en 1940 fue descubierta la organización del PSOE en El Puerto de Santa María, tras haber desmantelado la de la cárcel albaceteña de Chinchilla, en donde hubo fusilamientos, el director del penal amenazó con severísimas consecuencias si no aparecía el comité. Ramón Rubial asumió toda la responsabilidad. No sólo fue condenado a 14 años de prisión, sino que además perdió todas las reducciones de condena que había conseguido por el trabajo y, como consecuencia, el derecho a la libertad condicional.

La actividad política dentro de las cárceles y los destacamentos se hacía difícil y los movimientos no siempre eran seguros. No sólo se estaba sometido al escrutinio de la vigilancia exterior, sino que, en ocasiones, los destacamentos tenían infiltrados entre los propios presos, delatores dispuestos a denunciar a un compañero para mejorar su propia posición frente a los responsables penitenciarios. La Inspección de Campos de Concentración llegó a crear un servicio de investigación en cada batallón disciplinario constituido por veinte prisioneros confidentes que informaban puntualmente sobre los movimientos y las actividades políticas de sus compañeros. En los destacamentos penitenciarios también se dio algo parecido, aunque menos estructurado. Cuenta Miguel Rodríguez que el destacamento de Garganta de los Montes «estaba infestado de chivatos; cualquier movimiento político que tratara de organizarse era conocido por la jefatura del destacamento al instante. Y en cuanto “los perros guardianes” te olían, te llevaban de nuevo a prisión». La misma experiencia tuvo cuando llegó al Valle de los Caídos y el jefe de su destacamento, un hombre con el que tuvo muy buena relación a pesar de que conocía su militancia política, le advirtió:

Debes saber que yo tengo mis propios chivatos, tanto entre los presos como entre los funcionarios. Cuando tengo un chivatazo de que hay un comunista declarado, a pesar de que sean los más trabajadores, debo inmediatamente trasladarlo a la cárcel: masones y comunistas son nuestra obsesión.

Resistir a la delación fue una de las principales preocupaciones de los presos políticos. No sólo a la delación de los otros, sino a la propia tentación de convertirse, uno mismo, en delator de sus compañeros, que fue lo que buscó el régimen desde el primer momento. Ya en los campos de concentración, el documento en el que constaban los datos de los prisioneros y la declaración sobre sus afinidades políticas tenía un apartado en el que se les invitaba a confesar si conocían a algún individuo especialmente significado por su «desafección a la causa» o por la «realización de un hecho delictivo». Y no faltaron quienes lo hicieron creyendo que esa denuncia podía suponer para ellos el pasaporte a la libertad, un aval propio que les permitiese ser considerados como afectos al nuevo régimen.

La Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo ya lo contemplaba. Tras decretar la prisión, incautación de bienes y separación de cualquier cargo en organismos del Estado o empresas privadas a quienes pertenecieran a estas organizaciones situadas fuera de la ley, preveía además como atenuantes del delito la declaración de retractación y la denuncia de otros compañeros de organización.

La búsqueda de la delación no terminó ahí. En cada destacamento, además de tener extremo cuidado para no caer en las redes de chivatos que sus responsables tejieron para detectar y desmantelar las organizaciones políticas, también había que protegerse de algunos capellanes que colaboraron eficazmente en esta tarea. Josep Masamunt, preso en el batallón disciplinario de Tarifa, recuerda con indignación cómo el sacerdote de su campo de trabajo aprovechaba incluso la confesión para buscar delaciones ofreciendo a cambio mejoras en su situación penal:

—¿Has tenido malos pensamientos?

—No, señor, no he tenido tiempo…

—¿Has ido contra el régimen? ¿Has dicho cosas contra Franco?

—No, señor, no, padre…

—Oye, mira, si quieres ir a casa dime si hay alguno entre vosotros implicado contra Franco.

Josep nunca respondió a esta pregunta.

Pasar a la acción: sabotajes y plantes

A pesar del evidente riesgo, la actividad política fue frecuente y se desarrolló en gran parte en los destacamentos penales. Superada la fase de la política de la supervivencia, algunas de estas células decidieron pasar a la acción. La elaboración a mano de publicaciones clandestinas, las protestas y plantes fueron frecuentes en estos primeros años de resistencia política de los presos. A veces, incluso se hacían pequeños sabotajes en las obras que se realizaban en los destacamentos. Así lo recuerda Tario Rubio, preso trabajador en la construcción de varias líneas de ferrocarril:

Intentábamos hacer pequeños sabotajes. Era nuestra manera de rebelarnos. Poníamos petardos en las vías, rompíamos los mangos del pico o de la pala, aunque siempre había recambios, meábamos sobre la dinamita antes de prender el barreno y decíamos al encargado que había fallado la mecha, descarrilábamos las vagonetas en vez de frenarlas… A nosotros nos tocaba trabajar más, pero las obras se ralentizaban.

En otras ocasiones, las acciones fueron más importantes. Francisco Moreno narra un robo de explosivos, a finales de 1946, en el destacamento penal que construía en Valdemanco, en la sierra de Madrid, la línea férrea Madrid-Burgos. Semanalmente, Juana Doña se desplazaba hasta allí en un coche de viajeros y cargaba en su bolso los cartuchos de dinamita que los compañeros de partido presos en el destacamento le podían proporcionar clandestinamente. Los entregaba a Juan Sanz Pascual, Félix, que era su contacto. Llegó un momento en que se necesitó más cantidad de dinamita y hubieron de utilizar un coche en el que viajaron a Valdemanco Félix y Antonio Barahona, Raúl. Cuando regresaban con un saco de 50 kilos, se toparon con el control de una pareja de guardias civiles que inspeccionaban el estraperlo. En el enfrentamiento mataron a los guardias. La historia terminó con una feroz persecución contra el grupo, con una redada de más de 50 detenidos, entre ellos Juana Doña, y con un consejo de guerra que acabó con varios fusilamientos, entre ellos el de tres presos trabajadores del destacamento penal de Valdemanco.

En el interior de casi todas las prisiones provinciales y en los destacamentos penitenciarios, los presos organizaron también numerosos plantes por los motivos más diversos. Unos fueron protestas individuales; otros, movilizaciones colectivas. Ahora, por las duras condiciones de trabajo; después, en solidaridad con algún compañero, o como protesta por alguna actuación violenta del régimen. Casi siempre terminaban con represalias por parte de los responsables de las prisiones y de los campos de trabajo contra quienes habían sido los cabecillas o contra quienes habían secundado los plantes.

Miguel Rodríguez recuerda uno realizado en la cárcel de Carabanchel el día que fusilaron al guerrillero Cristino García Granda, el 21 de febrero de 1946. Se pusieron de acuerdo los presos para que uno de ellos, en el momento de la consagración, gritase: «El quinto, no matar». En ese instante, todos los presos se disolvieron. A los cabecillas les sancionaron con dos meses de incomunicación.

En San Miguel de los Reyes, a finales de 1949, se movilizaron los reclusos que trabajaban en el taller de ebanistería a beneficio de un empresario particular llamado Vicente Simón. Los reclusos, hartos de leer en las columnas de la prensa general y del periódico Redención que los reclusos trabajadores cobraban el mismo salario que los trabajadores libres, sin que fuera verdad, hicieron una huelga de brazos caídos. A los tres días, el inspector nacional de Trabajo de la Dirección General de Prisiones se presentó en los talleres. Según el testimonio de E. Marco Nadal, citado en el Libro blanco sobre las cárceles franquistas, el inspector dio la razón a los reclusos y se dirigió en estos términos a los responsables: «Los reclusos trabajadores tienen razón. Si ustedes les pueden engañar, lo hacen, pero sin que la cosa derive en conflicto penitenciario, de lo contrario daré orden de cerrar el taller. Trabajan para un particular y están en su derecho de invocar la aplicación del decreto que invocan». Un curioso argumento: pueden engañar a los presos, pero sin que el engaño nos cree problemas.

En 1947, los trabajadores de los talleres penitenciarios de Alcalá de Henares se unieron a un sonado plante que duró seis días, según dejó escrito el destacado dirigente de la CNT, Juan Manuel Molina, en su libro Noche sobre España:

Hemos pasado seis días sin comer. Seis días de plante en la Prisión de Alcalá de Henares, 1947. Se le ocurrió a la Dirección General de Prisiones vestir de presidiarios a los presos políticos. Y los presos nos negamos a ello. Fueron castigados en celdas unos doscientos y al resto se nos aisló en los dormitorios. El director dio la orden de cortar el pelo a toda la población reclusa. Los barberos se negaron. Trajeron otros de los talleres penitenciarios de Alcalá, que se negaron también. Se declaró la huelga en la prisión. Se retiraron albañiles, mecánicos, cocineros, escribientes… y quedó la prisión paralizada. Se declaró la huelga de hambre. A los cuatro días, la postración ganó a los presos, pero estábamos dispuestos a dejarnos morir de una vez. Exigimos condiciones: supresión del paseo de rueda, mejora del rancho, levantamiento del castigo a los doscientos recluidos en celdas, seguridades de que no habría represalias, castigo de los funcionarios que habían pegado a los presos. Los últimos días fueron dramáticos. Casi todos los presos estábamos en cama, agotados. Los de la enfermería y sala de tuberculosos, que habíamos evitado que nos secundaran, se negaron a comer y a beber. La prisión estaba rodeada por fuerzas de caballería. De Madrid llegaron más fuerzas armadas. El agua faltaba también… A los seis días capitularon la dirección y los inspectores. Se aceptaron nuestras condiciones, que luego no cumplieron.

Las reclusas también colaboraban desde dentro de las cárceles en la resistencia. Recuerda Juana Doña cómo las presas de la cárcel madrileña de Ventas que trabajaban en los talleres de confección se las apañaban para coser pantalones, camisas, saharianas, guantes y calcetines, que lograban sacar clandestinamente de las prisiones para ser enviados a los maquis. La peripecia la bautizaron como operación risco. Aunque el control de las monjas que vigilaban los talleres penitenciarios era rigurosísimo,

[…] como por arte de magia, las cortadoras, poniendo las piezas de tela de forma distinta, sacaban tres prendas de donde debían salir dos, y las máquinas confeccionaban tres en el tiempo de dos. Escamotear las prendas a la hora de la entrega de la labor era otra peripecia, y sacarla al exterior rayaba en el heroísmo. Pero la audacia, la inteligencia y el heroísmo de ese grupo de compañeras hacía posible que, tres veces por semana, se repitiese la hazaña.

Las medidas de boicot por parte de los presos se extendieron también al semanario Redención, la única publicación permitida en las cárceles. Durante algún tiempo se produjo un boicot espontáneo en todas las prisiones que limitó la difusión del periódico a unos cientos de ejemplares, aunque las cifras oficiales hablasen de tiradas de decenas de miles. Para combatir el boicot, el régimen dispuso contraprestaciones especiales para los presos que se suscribiesen a Redención, que tendrían derecho a trece comunicaciones especiales, orales o escritas, por trimestre.

Cuenta Juan Manuel Molina con ironía:

La prolongación hasta el infinito, del régimen, la restricción de comunicaciones con los familiares y la medida de que el preso sólo pueda escribir una tarjeta semanal, han obligado a que muchos depongan su actitud y se suscriban al periódico que representa trece comunicaciones gratuitas y les sirve para ciertos menesteres íntimos.

La reacción contra la censura informativa no sólo se produjo boicoteando Redención. Los presos elaboraron publicaciones clandestinas en diversas cárceles españolas. Eran periódicos manuscritos de los que se hacía el número suficiente de copias para que pudiera llegar a todos los presos de sus respectivas organizaciones. En 1947 se publica a diario el Boletín de Alianza, confeccionado manualmente por los militantes de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, que fue constituida en España entre socialistas, ugetistas, cenetistas, libertarios y algunos republicanos en el verano de 1944 y a la que, en 1946, se incorporó el PCE. Su manifiesto, de octubre de 1944, abogaba por el restablecimiento del régimen republicano, la creación de un gobierno provisional democrático y la reparación del orden jurídico perturbado.

«El Boletín nos ofrece cada día las noticias comentadas de todas partes. Y hay ocasiones en que estamos tan informados como el hombre de la calle… También se leen otras publicaciones de la calle que aparecen sin permiso y sin censura. Cuando estas no llegan, se escriben aquí», recuerda Juan Manuel Molina.

En Barcelona, los presos hacen un periódico clandestino llamado Treball, con el mismo nombre y el mismo espíritu del que publicaba el PSUC. Apenas dos hojas manuscritas y un centenar de ejemplares. La Federación Universitaria Estudiantil (F. U. E.) también tuvo su periódico manuscrito, llamado Universidad, que se hizo desde octubre de 1947 en la Prisión Provincial de Madrid. No era la primera publicación de esta organización en las prisiones, a juzgar por las líneas iniciales de su editorial, donde se afirma:

Hoy se aumenta el número de las publicaciones F. U. E. especialmente las editadas por estudiantes encarcelados. El grupo local de esta prisión, al iniciar este periódico, quiere dejar, con la vista puesta en el porvenir, algunas inquietudes, algunos puntos de vista, algunas reivindicaciones, como muestra de la preocupación constante sentida hacia nuestra organización, a favor de quien combatimos un día y aún hemos de luchar mucho.

Jóvenes libertarios publicaron desde 1946 en Alcalá de Henares un periódico manuscrito titulado Juventud Libre, mientras sus compañeros internos en la prisión celular de Barcelona publicaban otro denominado Esfuerzo.

Durante estos años, en fin, los presos y presas levantaron un enorme monumento a la resistencia. No tanto a la resistencia contra el régimen que, en una lucha desigual, les mantenía cautivos y los reprimía ferozmente con la connivencia de la indiferencia exterior. Era la lucha por la resistencia personal, la resistencia física y moral que les permitiera aguantar vivos e íntegros, al menos en sus convicciones. A pesar de las calamidades que pasó en su recorrido por cárceles, campos de concentración y batallones disciplinarios, Tario Rubio afirma: «moralmente no he vivido más feliz que allí, éramos una piña, todo era para todos. La solidaridad se encuentra en los momentos difíciles y yo la encontré en aquellos tiempos y en aquellas penosas circunstancias. Eso me ayudó a sobrevivir».

A otros muchos, también.

11
Difícil retorno, penosa espera

José Custodio Serrano Gañán fue condenado después de la guerra a 30 años de cárcel por rebelión. Pasó por cuatro cárceles antes de terminar trabajando durante años en la construcción del canal bajo del Guadalquivir, en la quinta agrupación de las colonias penitenciarias militarizadas. Mientras, su mujer lo esperaba año tras año en una vaquería mísera y solitaria del barrio sevillano de Bellavista. Cuando dejó de trabajar en las obras, le concedieron una libertad condicional que le impedía salir de un radio de 10 kilómetros en torno al campo en el que había trabajado como forzado. Desde entonces, José Custodio, como si la maldita pena le persiguiese de por vida, apenas sobrepasó ese radio marcado por la sentencia aun cuando obtuvo la libertad total.

El caso de José Custodio, por desgracia, no es una excepción. Es la regla. A la tragedia directa, la de las decenas de miles de presos y presas que sufrieron cárcel por cometer el delito de defender la legalidad vigente, cabe añadir la tragedia diferida, la que vivieron de manera vicaria sus esposas, sus maridos, sus padres y, muy especialmente, sus hijos, en la espera indeterminada e interminable.

El número de hijos de reclusos acogidos por el Patronato crece de manera incesante desde los primeros años de la posguerra. En el 42, 9.050; 10.675, en el 43. La cifra cae espectacularmente en el año 46, fecha en la que sólo quedan 1.830 hijos de presos atendidos por la beneficencia. Durante esos años, en una actitud esquizofrénica, el régimen de Franco se empleaba a fondo en la tarea de fusilar, encarcelar o depurar a los padres mientras, al tiempo, ejercía una labor de caridad con los hijos desprotegidos. Conviene recordar que, en esta masa de niños y niñas, sobre todo niñas, sólo se cuenta a los hijos de los presos que no disponen de otro tipo de ayuda; es decir, de ahí excluimos a los hijos de presos que a través de la redención de penas podían enviar algunos ingresos, insuficientes, a sus familias.

En realidad, la tarea de acoger a los miles de niños que quedaron desamparados por la guerra, cuyos padres desaparecieron en uno u otro bando, ya la venía desempeñando con eficacia el Auxilio Social. En los primeros meses tras concluir la guerra, esta institución atendía a diario a más de un millón de personas, muchas de ellas menores. Nada nuevo se hacía con estos hijos de presos rojos. Sólo un importante matiz diferenciaba la tarea desempeñada por uno y otro organismo. El Patronato que se dedicaba a mantener a estos niños se financiaba también, directamente, con el beneficio que el Estado obtenía con la explotación laboral de los presos republicanos. Franco practicaba y pregonaba la caridad con los hijos de sus enemigos, pero los que pagaban eran los presos.

Una orden ministerial del 30 de diciembre de 1940 estableció que una pequeña parte del beneficio del trabajo de los presos, apenas un 5 por ciento que antes iba a parar directamente a las arcas del Estado, se emplease desde entonces en crear un fondo con el que financiar las estancias de los hijos de los reclusos más necesitados en instituciones benéficas. Meses después, el Patronato, a la hora de seleccionar a los presos que formaban parte de los destacamentos penales, estableció una discriminación positiva a favor de aquellos reclusos que tuviesen un mayor número de hijos, «para premiar de esta manera la abnegación paternal y ayudar más eficazmente a los niños que sufren mayor desamparo por la circunstancia honrosísima de formar parte de una familia numerosa».

Fueron muchos los hijos de reclusos que pasaron por estos organismos benéficos financiados gracias al trabajo esclavo de sus padres. Pero también numerosos los que no llegaron a pisar nunca estas instituciones. En algunos casos, porque su radio de actuación no llegaba a determinadas localidades, sobre todo al ámbito rural en un país eminentemente rural. En otros casos, por motivos ideológicos: algunos padres no estaban dispuestos a enviar a sus hijos a una institución en la que, además del rescate físico de los pequeños, el régimen pretendía su adoctrinamiento espiritual y político para que no cayesen en los mismos errores de sus padres; en la que el plato de sopa tenía el aperitivo del Cara al sol con el brazo en alto. Pero, sobre todo, muchos niños no acudieron al amparo de estas instituciones sencillamente porque su trabajo era mucho más necesario para sostener las cargas familiares que la comida que les proporcionaban en esos comedores.

Produce un cierto sonrojo contemplar las estadísticas con las que el Patronato informaba al caudillo sobre la protección familiar generada por el sistema de redención de penas. En ellas se recoge, mes por mes, el número de familias beneficiadas (3.685 en enero de 1940, 3.097 en febrero, 3.627 en marzo…) y se establece una cifra total anual que no corresponde a la media de todos los meses, considerando los niños que entraban, salían o permanecían en el sistema, sino que era hinchada desorbitadamente sumando sucesivamente todas las cantidades, como si los niños atendidos cada mes fueran distintos a los del mes anterior. Así, tras leer esos informes trucados, Franco se acostaba con la tranquilidad de que su caridad afectaba a casi 60.000 familias, mientras que la exigua ayuda que generaba apenas llegaba a 5.000.

Las accesorias

Por si el castigo no hubiese sido suficiente para los presos, tras pasar tres años de guerra, haber sido detenidos y, en ocasiones, torturados, vivir durante meses o años en condiciones inhumanas en cárceles abarrotadas, después de deambular por ellas y ser sometidos a trabajos forzados, cuando llegaba al fin el día de la libertad, esta no era plena, sino que venía matizada por las accesorias.

Las accesorias eran penas añadidas que completaban el castigo de cárcel, una vez cumplido. A muchos presos se les embargaron los bienes, otros fueron depurados en sus profesiones, a muchos se les impidió directamente ejercer profesiones liberales o legalizar operaciones de compraventa. Los presos se convertían, en fin, en una especie de ciudadanos de segunda.

Una de las penas accesorias más generalizada fue la del destierro, un castigo diabólico que impedía al recluso volver a su lugar de origen y conseguía así que hasta la libertad se convirtiese en una durísima carga. Miles de libertades condicionales se decretaron con la pena accesoria del destierro, con lo que el penado, que hasta el día anterior podía contribuir, aunque precariamente a la economía familiar, se encontraba entonces sin poder regresar a casa, sin trabajo y en una ciudad extraña. Y sin capacidad económica que le permitiera acercar a los suyos al lugar de destierro.

No sabemos exactamente cuántos presos quedaron en libertad con la losa de esta condición. Sí sabemos, sin embargo, cuántos fueron «perdonados» de ella. Sólo en el año 43, la Dirección General de Prisiones reconoce haber levantado el destierro a 2.177 presos, mientras «a muchos millares más se les ha autorizado a cambiar la residencia por el lugar donde se encuentra la familia o tienen medios de vida». Este permiso de acercamiento era matizado, sin embargo. Según reconoce este mismo organismo, «los liberados condicionales en esta situación quedan “ipso jure” autorizados para solicitar un acortamiento de distancia en el destierro, con la excepción de la residencia en la localidad en la que vive la familia». Se trata, pues, de acercarse, no de volver definitivamente a casa. Este tipo de medidas podían ser resueltas por las Juntas Provinciales de Libertad Vigilada. No así el acercamiento definitivo, que sólo podía producirse como una medida de gracia del Gobierno o bien a petición del penado, siempre y cuando tuviese garantizado un trabajo en su lugar de residencia. En ese caso, la petición del recluso tenía que resolverla directamente el propio ministro de Justicia.

La concesión de estas libertades mutiladas por el destierro fue tan generalizada que enseguida el Patronato detecta graves problemas en algunas ciudades, que se convierten en cobijo masivo de estos expresos a los que se les impide volver a casa, tal y como reconoce en el informe anual que se envía a Franco en 1943:

El gran número de reclusos libertados aplicando sucesivas leyes de clemencia promulgadas por el Caudillo, ha creado un verdadero problema a las Delegaciones Locales, de modo especial en las establecidas en ciudades populosas. Como son muchos los que consiguen la libertad condicional, pero con destierro, generalmente eligen como lugares de residencia las poblaciones importantes, creyendo que allí encontrarán trabajo con más facilidad. No siempre es así. Les atienden, en primer lugar, como sujetos de beneficencia, al menos en los días inmediatos a su llegada. Después procuran colocarlos, lo que a veces no se logra. Por último, son muchos los que a través de las Delegaciones Locales gestionan el levantamiento del destierro.

Esa petición debe ser avalada por informes favorables emitidos por el alcalde, la Guardia Civil y el jefe de Falange. Esos informes, aun siendo favorables, ya constituyen en sí un mecanismo de control del preso en su regreso a casa. Mientras el levantamiento del destierro no llega, estas juntas locales proporcionan ayuda a los presos, que, en todo caso, nunca es muy duradera. Cuando esta concluye, la situación se hace patética: «Las Juntas Locales no pueden colocarles, durante semanas o meses estos adultos vagan sin medio alguno de subsistencia, ni asilos o centros de beneficencia que acojan a hombres fuertes, sanos y llenos de vida».

La situación de colapso que este tipo de medidas propició en algunas grandes ciudades hace que tenga que intervenir la propia Dirección General de Seguridad, que, el 17 de septiembre de 1941, decreta «negar a los libertos a quienes se concedió libertad condicional con destierro fijar su residencia en una ciudad de más de 100.000 habitantes, salvo que aseguren que tienen medios propios o una familia que garantice los medios de subsistencia mientras permanezcan en ellas».

Las dificultades no terminaban cuando por fin se superaban todas las trabas y el preso conseguía volver a casa. La libertad condicional le mantenía sometido a una constante vigilancia por parte de las autoridades, ante las que tenía que presentarse periódicamente. De hecho, el mantenimiento de esa precaria libertad dependía de que las autoridades del lugar en el que fuera a residir —el alcalde, el jefe de la Falange, la Guardia Civil— emitiesen sobre él buenos informes. O, mejor dicho, que no los dieran malos. Cualquier desliz, cualquier denuncia, verdadera o falsa, podía ser el pasaporte de retorno a prisión.

El 22 de mayo de 1943, un decreto crea el Servicio de Libertad Vigilada con la misión de controlar los domicilios y desplazamientos de los presos puestos en libertad. Según escribía Amancio Tomé Ruiz, secretario de la Escuela de Estudios Penitenciarios, en 1948: «Este servicio desempeña la importante labor de impedir, por medio de sus exactas calificaciones de conducta, que la simple delación o los informes poco veraces provoquen la revocación de los beneficios concedidos a los penados».

La propia creación de un organismo que tenía como fin atajar denuncias «poco veraces» supone el reconocimiento implícito de que estas existieron y alcanzaron tal extensión que se convirtieron en un problema que había que combatir. La misión se presenta, pues, como noble. Sin embargo, la labor de este Servicio de Libertad Vigilada fue en muchas ocasiones más fiscalizadora que protectora, y no siempre pudo evitar desmanes como el que recuerda José Cortés López, militante anarquista, excombatiente, condenado a muerte tras la guerra:

Entonces el cura, por lo menos en este pueblo (Beniaján), era el jefe de los que salían en libertad condicional. Estuve en mi casa seis o siete días y el cura, pues, me mandó llamar y me preguntó que qué hacía yo aquí, en mi pueblo. Y el cura se vengó, pues porque yo le dije que qué delito había cometido yo para que me hubiesen metido en la cárcel, me hubiesen condenado a muerte y después de estar cinco años sin libertad que viniera yo a mi casa y él me dijera que qué hacía yo en mi casa. Y él me dijo que yo no podía estar allí porque yo debía estar en un batallón de trabajo, en fin, me mandó a un batallón disciplinario.

Los años de cárcel dejaron heridos moralmente a casi todos los presos de Franco. La prolongación del castigo una vez obtenida la libertad mediante estos crueles mecanismos, que convirtieron a muchos en una especie de parias, fue para algunos insoportable. Menciona Francisco Moreno el trágico final de Hilario Gómez Luna, un preso de Villanueva de Córdoba que nada más regresar al pueblo en libertad vigilada se suicidó al no poder soportar la ruina de su casa y de su familia. O el final de Miguel Gómez del Pulgar, que se ahorcó el 6 de enero de 1946, a los quince días de obtener la libertad condicional y tras comprobar la imposibilidad de rehacer su vida en su pueblo, Manzanares, ante la hostilidad de los vecinos y la marginación social y económica.

La difícil espera

La espera, en ocasiones, no fue menos dramática. Para empezar, fue larga. Muchas familias tardaron meses en saber el verdadero paradero de los suyos, y cuando finalmente lo conocían, las visitas no podían ser frecuentes: los viajes eran complicados y caros, no todos se lo podían permitir. Conrado del Cubo vio a su mujer sólo dos veces en los tres años que estuvo trabajando en Brunete, y cuando se encontraba con ella, no le dejaban ni besarla. A su hija sólo pudo volver a verla al quedar en libertad.

En un país en donde lo peor que se podía ser era ser rojo, el segundo estigma era ser hijo o mujer o padre de rojo. La persecución a veces fue cruel. Son archiconocidos en la España de la posguerra los espectáculos de las pelás, madres, esposas, hijas de hombres de izquierdas a las que se humillaba por los motivos más arbitrarios rapándoles la cabeza o haciéndoles beber aceite de ricino. Pero con ser esta una dura humillación, la peor de todas fue la de verse condenados a vivir en la soledad forzada y en la miseria.

Una de las razones que el régimen esgrimía con perturbadora insistencia para legitimar el sistema de redención de penas era la de que con su trabajo el penado no sólo recortaba la casi siempre larga condena, sino que, además, con su aportación económica, ayudaba a mantener a la familia mientras él estuviese en prisión. Como hemos visto, la cantidad que las mujeres recibían del trabajo de sus esposos encarcelados era de dos pesetas diarias y una más por cada hijo, siempre que fuera menor de 15 años. En el mejor de los casos, una mujer con dos hijos a cargo, esas cuatro pesetas apenas representaban el 30 por ciento del salario que el trabajador llevaba a casa antes de la guerra. La cantidad no sólo era exigua cuando se estableció en el año 1937, sino que además menguaba mes a mes, porque no se revisó al alza durante toda la década, unos años que en la historia económica de este país pasan por ser los más inflacionistas del siglo. Durante los años de la inmediata posguerra se suceden tres brotes inflacionistas de creciente intensidad, como recuerda José Luis García Delgado. De 1941 a 1943, los precios suben un 13 por ciento cada año. Entre 1945 y 1947, la inflación se dispara al 16 por ciento como consecuencia de las malas cosechas y la desastrosa política monetaria del Gobierno. Finalmente, se produjo una subida aún más intensa en el bienio 1950-1951, años en que los precios crecen un 23 por ciento.

Considerando solamente la primera fase de esta escalada inflacionista, que es cuando se concentra la mayor utilización de mano de obra forzada por parte del franquismo, vemos que si una mujer recibía cuatro pesetas a comienzo de la década, en 1940, su poder adquisitivo se irá recortando hasta la mitad desde ese año hasta 1945. Es decir, si las 4 pesetas de 1940 eran un tercio de lo que recibiría su marido en libertad, en 1945, esa cantidad alcanzaba cotas de limosna.

La situación se hace especialmente dramática si consideramos que se produce en un contexto socioeconómico en el que incluso quien recibía su jornal íntegro vivía en condiciones precarias. La congelación de los salarios y el descontrol de la inflación fue un cóctel muy difícil de digerir para la mayoría de los trabajadores. Los años 40 son los años del racionamiento y del estraperlo, del mercado negro que creció a la sombra de las políticas intervencionistas y que no sólo duplicó o triplicó el precio de los bienes de consumo imprescindibles, sino que además los sacó del mercado.

De esta forma, el estraperlo fue una gravosa carga añadida que multiplicó la penuria de la población, pero a la vez se convirtió en la gran oportunidad de negocio para unos pocos y en vía de subsistencia para otros, que pudieron mejorar su situación vital a base de pequeños contrabandos.

No fue el caso de las mujeres de los presos franquistas, que, en muchos casos, ni siquiera pudieron utilizar esta vía de escape, sometidas como estaban al estigma de ser la mujer del rojo y a la presión de una delación que las hubiera llevado directamente a la cárcel, dejando definitivamente a sus hijos desvalidos. Hablamos siempre de las mujeres con maridos encarcelados no porque no se diera la circunstancia contraria, que efectivamente se dio, sino porque ellas eran las únicas que percibían las ayudas contempladas en el sistema de redención de penas. En el caso de los hombres libres cuyas mujeres estuviesen en las cárceles, el régimen estableció que no tenían derecho a esas dos pesetas diarias. Sólo las cobraban sus hijos en el caso de que el padre hubiera muerto.

Las mujeres de los presos republicanos se vieron obligadas a buscar trabajos alternativos con los que completar la mísera ayuda si querían sobrevivir. Y no sólo las mujeres, también sus hijos. El Patronato para la Redención de Penas puso en marcha una maquinaria para la atención de las familias de los presos y para ayudar a estos una vez que obtenían la libertad condicional. No sería justo ignorar el buen trabajo que algunas de estas delegaciones locales hicieron a la hora de facilitar el regreso de los presos a sus casas. Su servicio de visitadoras actuaba también como notario de la difícil situación en que, con frecuencia, quedaban estas familias.

Gracias al trabajo que hacen estas delegaciones locales y a los informes que regularmente elaboran, podemos hacernos una idea de esta situación. En 1945, la delegación de Valencia, una de las más activas, atiende en la capital a 41 familias de presos, 126 personas en total, casi todas ellas mujeres. Ninguna de estas 41 familias vive exclusivamente con el subsidio que les pagan por el trabajo de sus maridos presos, y en casi todos los casos tienen que trabajar todos los miembros adultos de la familia. De las 126 personas, sólo ocho mujeres pueden vivir del trabajo de sus hijos, algunos menores. El resto se ve en la obligación de trabajar para poder sobrevivir y contribuir al sostenimiento familiar. La mayoría, 91, lo hacen sirviendo permanentemente en casas o como asistentas. Las demás trabajan en fábricas, cuidan niños, acogen realquilados o trabajan como modistas, costureras y floristas. De las 41 familias, ninguna tiene piso en propiedad y la mitad de ellas viven recogidas por sus familiares, en porterías o realquiladas. La otra mitad, en pisos de alquiler a su nombre. Dos de las familias son vagabundas, viven en la calle.

Al año siguiente, esta misma delegación de Valencia hace el seguimiento de otras 72 familias de las que informa con todo detalle. La situación apenas varía:

La mayor parte vive en porterías, con otras familias o en casas de acogida. Es raro el caso de las que viven solas, y más raro aún que sean familias acomodadas. Las más se ganan la vida yendo a casas a hacer faenas; algunas son costureras y cosen en sus domicilios; pocas trabajan en fábricas. Viven casi todas en malas condiciones higiénicas y muy pobremente. En algunos casos cuesta trabajo convencerles para que sus chicos se alejen de los peligros de la calle y asistan al colegio. El vivir hacinados y la vida en común pone en peligro su moralidad, que, en general, parece buena. Una de ellas, al salir sus dos hijas mayores del internado en donde se hallaban por cuenta del Patronato, se ha visto en la necesidad de tenerlas recluidas en su cuarto para aislarlas del ambiente moral que las rodea.

Otra visitadora de Benimantell (Alicante) tuvo noticias de que en una cueva vivía con su hija una mujer paralítica, cuyo marido cumplía condena en la Central de San Miguel de los Reyes. Fue a visitarlas y se encontró con que la madre dormía sobre un montón de paja, completamente desnuda, abandonada de todos y sin mantas para abrigarse. La hija se dedicaba a la prostitución y fue localizada «llena de sarna y de miseria».

Las mujeres que tenían a sus maridos presos deben buscarse la vida como limpiadoras, costureras, porteras, lavanderas. Algunas en otros oficios aún menos gratos. En 1941, el fiscal del Tribunal Supremo reconoce que la prostitución ha tomado tras la guerra un «vuelo vertiginoso», cuya principal causa la sitúa en la «penuria económica acentuada» que vive el país. Algunas mujeres desesperadas se lanzaron a ella y a veces no sólo para poder sobrevivir, sino para poder salvar la vida al marido que estaba en prisión. Narra Miguel Rodríguez en qué consistió su bautismo de fuego en la actividad política. Con apenas 18 años y sólo unos meses de prisión a cuestas, su organización en la cárcel le encomienda su primera y una de las más difíciles misiones políticas de su vida: «La misión consiste en comunicarle a un camarada recién conmutado de la pena de muerte que su mujer se encuentra embarazada del alcalde de su pueblo. Que su esposa ha tenido que acceder para que a él le conmutaran la pena de muerte».

Julián Casanova cuenta el caso de una mujer que conocemos gracias a la actividad fiscalizadora del padre Martín Torrent, un sacerdote que abría y censuraba las cartas de los presos para «conocer el estado general del espíritu de la casa», y que transcribe la carta de una mujer que le confiesa a su marido preso la dolorosa decisión de lanzarse a la calle, ya que con el dinero semanal que recibe por su trabajo en prisión es incapaz de mantener a la familia: «¿Es que iba a dejarte a ti y a los chicos morir de hambre o es que tú crees que yo no os amo y que yo consentiría que nuestros hijos murieran de hambre o que les faltase lo más principal, la educación?».

Las familias hacían lo posible y lo imposible por salir adelante, pero la situación del país no lo permitía siempre. En muchos casos, ante la perspectiva de una larga condena y las escasas posibilidades de obtener un trabajo digno en sus localidades de origen, a veces presionadas hasta la marginalidad, algunas familias decidieron ir a vivir, en condiciones muy precarias, cerca de los lugares en los que trabajaban sus maridos, al lado de las colonias o destacamentos penitenciarios.

Ya vimos en el capítulo dedicado al Valle de los Caídos cómo algunas familias se instalaron junto a los destacamentos en una operación no permitida, pero sí consentida. Si en Cuelgamuros estas instalaciones tuvieron carácter provisional, en otros lugares, como en torno al canal del Guadalquivir, se fueron generando o engordando verdaderos núcleos de población que fueron creciendo al ritmo que avanzaban las obras y se alimentaron no sólo de los nuevos colonos que iban a la zona atraídos por las nuevas posibilidades agrícolas que abrió el canal, sino por las familias de los propios presos. Aunque las condiciones de vida de estas familias eran penosísimas, el acercamiento a los suyos les hacía sobrellevar mejor las dolorosas consecuencias de la condena.

Barrios de los alrededores de Sevilla, los poblados de Bellavista, Valdezorras, Su Eminencia o Torreblanca sufren cambios que sólo se explican por las transformaciones que trajo consigo el canal del bajo Guadalquivir y, de forma indirecta, por los campos de concentración construidos en esta zona, en cuyos aledaños se asentaron sus familiares en condiciones penosas de supervivencia.

12
Los esclavos españoles de Hitler

La mala suerte suele acompañar al perdedor. Cuando no es la causa, es la consecuencia natural de su derrota. Miles de españoles que vivieron la guerra civil, combatiendo en el frente en las filas republicanas o padeciéndola, tuvieron que salir del país huyendo de la venganza del vencedor.

Quienes atravesaron la frontera de Francia, buscando cobijo en algún país europeo, comprendieron muy pronto que la historia tiende a repetirse. Apenas cinco meses después de concluida la guerra española, las tropas de Hitler invadieron Polonia. Durante ese tiempo, la esperanza de los españoles exiliados había sido una hipotética reacción de las democracias mundiales contra la dictadura que acababa de imponerse en España. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, se reavivó la confianza de que la reacción que no se produjo de inmediato contra Franco, ni en el momento de su sublevación antidemocrática ni en el de su victoria, tuviera lugar entonces ante la gravedad de otro régimen totalitario que acababa de dejar patentes sus afanes expansionistas en Europa y cuya magnitud era de proporciones desconocidas.

Así lo comprendió también Franco, que, de inmediato, organizó la División Azul para apoyar a su admirado colega, Adolfo Hitler. Por el contrario, desde el otro lado de la frontera, muchos de esos españoles exiliados quisieron conjurar el sinsabor de la derrota doméstica y decidieron alistarse de nuevo para combatir al Ejército alemán en su imparable despliegue.

Muchos murieron en combate. Otros muchos cayeron presos en la batalla o fueron identificados como peligrosos comunistas cuando el Ejército alemán invadió Francia. Estos españoles, junto a millones de hombres capturados en todos los territorios ocupados por tropas de la Wehrmacht, fueron destinados a los campos de concentración nazis. Allí padecieron trabajos forzados o bien fueron empleados para servir desde los mismos campos a la potente industria alemana, o acabaron siendo destinados directamente a fábricas u oficinas de las principales empresas germanas.

Durante años, a estos españoles diseminados por todo el mundo tras la derrota de Hitler sólo les cupo la recompensa moral de haber sobrevivido al mayor genocidio que la historia ha conocido. No fueron objeto de las indemnizaciones que el Gobierno alemán decretó en dos leyes de 1953 y 1965 para las víctimas del Holocausto, ni de los programas posteriores con los que se intentaron cubrir lagunas de las anteriores disposiciones, planes a los que la Alemania democrática ha destinado más de 60.000 millones de euros desde el final de la Segunda Guerra Mundial. «En nuestro nombre se han cometido crímenes inefables que exigen una indemnización y una restitución, moral y material, para las personas y propiedades de los judíos a los que se ha hecho tanto daño», proclamó Konrad Adenauer el 27 de septiembre de 1951.

La sombra de una realidad tan cruel no podía borrarla sólo el propósito del olvido. Aparte del esfuerzo del Gobierno alemán, periódicamente las principales empresas germanas tuvieron que comparecer ante los tribunales de Estados Unidos para responder judicialmente ante demandas, individuales o colectivas, presentadas por ciudadanos que trabajaron como esclavos para la industria alemana. Cada proceso reavivaba el escándalo histórico del nazismo y señalaba como cómplices a las principales multinacionales germanas, empresas que hoy siguen siendo líderes de la industria mundial. Demasiado para el orgullo nacional alemán, que creía haber cerrado la cicatriz de la guerra al derribar el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1990. Demasiado para la imagen de esas empresas, que veían cómo la reactivación de la memoria dañaba sus marcas y su cuenta de resultados.

Nunca olvidaremos vuestro dolor

El proceso alemán de reparación a los presos esclavizados por el nazismo tardó años en fraguarse. La Fundación Recuerdo, Responsabilidad y Futuro, que lo impulsó, se puso en marcha gracias a una valiente iniciativa del Gobierno del canciller Gerhard Schröder, que fue capaz de convencer a las industrias alemanas más poderosas del país para que indemnizasen a los esclavos que explotaron en tiempos de Hitler. En diciembre de 1999, un consorcio formado por importantísimas empresas se comprometió junto al Gobierno alemán a crear un fondo que permitiese resarcir a esas otras víctimas del Tercer Reich que habían sido injustamente olvidadas por anteriores programas de indemnización. El compromiso y la cantidad fijada, más de 5.000 millones de euros, llegaron tras duras negociaciones con organizaciones judías, con los Gobiernos de Estados Unidos, Rusia, Ucrania y otros países afectados y, sobre todo, con los abogados de las víctimas, que hasta ese momento habían reclamado tenazmente indemnizaciones para sus defendidos, fundamentalmente ante tribunales estadounidenses.

A estos bufetes les parecieron una ofensa las primeras cantidades que ofreció Alemania para saldar esta última deuda histórica con las víctimas del nazismo: primero 3.000 millones de marcos, después 6.000, para acabar en 10.000, una cifra que pareció finalmente suficiente. Alemania exigía a cambio seguridad jurídica de que este pago pusiese punto final a un negro capítulo de su historia, es decir, un compromiso para que los tribunales, fundamentalmente los estadounidenses, desestimasen a partir de entonces cualquier demanda de este tipo contra empresas alemanas. A pesar de que Estados Unidos se comprometió a animar a los tribunales a rechazar esas demandas, el compromiso era poco más que papel mojado ante una justicia independiente.

El acuerdo se alcanzó finalmente el 17 de diciembre de 1999 y fue presentado en Berlín de forma solemne en una ceremonia en la que volvieron a proclamarse sentidas palabras, como las de Adenauer en 1951. «Para muchos no es el dinero lo que más importa. Sabemos que os preocupa que se reconozca vuestro sufrimiento y la injusticia que se cometió con vosotros. En nombre del pueblo alemán, os digo que nunca olvidaremos vuestro dolor», dijo el presidente alemán, Johannes Rau. «Es una pequeña contribución para compensar los daños de uno de los mayores crímenes contra la Humanidad», remató el canciller Gerhard Schröder.

Para dotar económicamente este fondo, el Gobierno alemán creó por ley, pocos meses después, a comienzos de 2000, la Fundación Recuerdo, Responsabilidad y Futuro, en la que figuran los grandes gigantes de la industria alemana: Siemens, Volkswagen, BMW, Daimler-Chrysler (heredera de la Daimler-Benz), Hoechst, Thyssen-Krupp, BASF, Porche, Opel, Bahlsen, Allianz, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank… Son las más importantes, las de mayor renombre internacional, pero no las únicas. Junto a ellas figuran en la nómina de esta fundación otras muchas empresas alemanas que se mostraron dispuestas a nutrir este fondo destinado a indemnizar a los esclavos del nazismo, reconociendo así que sus empresas habían explotado la mano de obra que Hitler les ofreció gratis. Sin embargo, miles de pequeñas y medianas empresas desoyeron el llamamiento por temor a ver peligrar su imagen, seguras, además, de que las grandes corporaciones no harían sangre de su silencio.

Siendo importantísimo, el mero compromiso no sirvió para paralizar de inmediato las demandas, que siguieron llegando a los tribunales estadounidenses. El juego era diabólico: Alemania esperaba que las reclamaciones judiciales cesasen para comenzar a pagar las indemnizaciones mientras las víctimas o sus herederos, en sentido contrario, aguardaban el dinero prometido antes de poner freno a sus demandas. Ni lo uno ni lo otro llegaba y el proceso se atascó. En marzo de 2001, la decisión de una juez federal de Nueva York, Shirley Wohl Kram, precipita los acontecimientos. La juez admite la demanda de los herederos de unas víctimas judías del Holocausto contra varios bancos alemanes por las expropiaciones sufridas, argumentando que no podía rechazar la demanda porque Alemania no había cumplido lo pactado en 1999 y aún no se había reunido el fondo prometido.

Y era cierto. De los millones de marcos comprometidos por la industria alemana aún faltaba un buen puñado por recolectar. En poco más de una semana, las empresas reunieron los millones que aún faltaban para completar la cantidad total comprometida en las negociaciones. Más de 5.000 millones de euros aportados a medias por la industria alemana y el Gobierno federal. Y apenas dos meses después, Manfred Gentz, portavoz de la fundación y consejero financiero de Daimler Chrysler, anuncia que la industria alemana está preparada para pagar las indemnizaciones pactadas. En las semanas precedentes a este anuncio, varios tribunales de Estados Unidos habían rechazado demandas colectivas interpuestas por víctimas del nazismo contra empresas alemanas, lo que se consideró un gesto fundamental para desatascar el proceso.

Un día para la historia

El 30 de mayo de 2001, el Parlamento alemán aprobó finalmente y por unanimidad dar vía libre al pago de las indemnizaciones a aquellos ciudadanos que durante el Tercer Reich trabajaron como esclavos para la industria alemana. Del fondo global, una décima parte se dedicaría a las reclamaciones por las expropiaciones a víctimas judías, y el resto iría destinado a indemnizar a los esclavos del nazismo. Las cantidades compensatorias oscilan entre los 2.554 y los 7.813 euros, según el tiempo que duró la explotación y el trato que las víctimas hubieran soportado durante su cautiverio. Cuando se aprobó este resarcimiento, se calculaba que aún podían vivir un millón y medio de hombres y mujeres que sobrevivieron al genocidio nazi, aunque el Gobierno alemán estimó sólo en 850.000 el número de los que tendrían derecho a tales indemnizaciones.

Justo ese día, un tribunal de Múnich condenaba a cadena perpetua a un anciano de 89 años, Anton Mallot, exmiembro de las SS y guardia en el campo de concentración de Terezin, por matar y maltratar a prisioneros judíos que tenía a su cargo. Mallot, como las víctimas que finalmente iban a ser indemnizadas, era ya entonces un anciano. Ni al uno le quedaría mucho tiempo para sufrir su condena, ni a los otros demasiado para disfrutar de esta indemnización que, más que económica, era moral, aunque en algunos países de la Europa del Este, como Rusia o Ucrania, tales cantidades no resultaran despreciables.

En la reparación histórica, el tiempo siempre juega en contra de quienes sufrieron los desmanes. Calculaba entonces la Asociación de Perseguidos del Tercer Reich que, cada día que pasaba, morían doscientos ex trabajadores forzados del régimen nazi. Si tales estimaciones eran ajustadas, desde que la industria y el Gobierno alemanes alcanzaron su histórico acuerdo en 1999 hasta que el Parlamento alemán dio vía libre al pago de indemnizaciones, habrían muerto casi 150.000 víctimas del nazismo, personas que lograron sobrevivir al genocidio, pero no habían podido superar cincuenta y seis años de espera.

Y más morirían aún, porque hubo que esperar unos cuantos años para culminar el complicado proceso burocrático y hacer efectivo el pago de estas indemnizaciones. Fue finalmente en 2007 cuando el Gobierno de Angela Merkel y las 65 empresas alemanas cerraron definitivamente el procedimiento y pusieron fin, en otro solemne acto celebrado en Berlín, a uno de los episodios más oscuros de la historia del país y de la humanidad. Para entonces habían pasado más de sesenta años de la desaparición de su artífice, Adolfo Hitler. Con el retraso acumulado y al ritmo alemán, si aquí sucediera algún día algo semejante, cuando llegasen las compensaciones a los esclavos de Franco, ya no quedaría ningún preso republicano con vida para disfrutarlas.

El Gobierno austríaco también adoptó una medida semejante para aquellos que estuvieron sometidos a trabajos forzados en sus campos de concentración, especialmente en el de Mauthausen. En este campo de exterminio, según consta en sus archivos, estuvieron recluidos 7.532 españoles desde 1940 a 1945; poco más de un tercio sobrevivió. De ellos, unos 60 que aún sobrevivían pidieron acogerse a esta última indemnización del Gobierno austriaco. Otros 140 familiares lo hicieron también en memoria de quienes no resistieron hasta esta última prórroga. Una indemnización que, sin duda, sólo puede restañar una parte de su gran herida moral.

El Gobierno francés también estableció unas indemnizaciones para los huérfanos de víctimas de este campo, asumiendo la responsabilidad histórica de que muchos de ellos fueron capturados en Francia y deportados al campo durante la invasión nazi.

El indigno Gobierno de Franco dio la espalda a estos españoles internados en los campos de concentración nazis declarándolos apátridas, subcontratando así la represión a su amigo alemán. Por su condición apátrida, quienes lograron sobrevivir al horror nazi no pudieron regresar a España en mucho tiempo y tuvieron que emprender una nueva vida en otros países y adoptando otra nacionalidad.

Entras por la puerta, saldrás por la chimenea

Y fueron muchos. Se calcula que cerca de 10.000 españoles fueron capturados por el Ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y deportados a los campos de concentración, donde padecieron trabajos forzados. La mayoría de ellos acabaron en el macabro campo de concentración de Mauthausen, cuyas condiciones lo sitúan en la cabecera de la infamia del régimen asesino de Hitler, aunque otros muchos también vivieron los horrores de campos como el de Dachau, a 15 kilómetros al norte de Múnich, en el que Hitler comenzó ya a ensayar en 1933 sus campos de castigo.

Allí fue a parar, entre otros, el fotógrafo Francesc Boix, que, gracias a su audacia, acumuló material que documentó el horror del campo y consiguió salvar más de 2.000 negativos cuando los jerarcas nazis, ante su inminente derrota, ordenaron destruir cualquier prueba que pudiera incriminarlos en los horrores que provocaron. También Joan Escuer, uno de los españoles que, con 87 años, reclamó esta deuda de justicia. Escuer, fallecido en 2004, recordaba cómo un minuto después de haber llegado al campo de Dachau un oficial de las SS le dejó bien clara su nueva condición y le anunció el futuro que le esperaba con un par de docenas de palabras: «Ya no te llamas Joan Escuer Gomis, ahora eres el número 74.181. Has entrado por la puerta y saldrás por la chimenea convertido en humo».

Al entrar en los campos, los prisioneros eran despojados de sus pertenencias, desinfectados como animales, rapados al cero y vestidos con un uniforme a rayas en el que constaba el único signo de su nueva identidad: un frío número. En el caso de los presos españoles, también un triángulo azul que los identificaba como apátridas después de que Franco les hubiera despojado de la nacionalidad: «Hitler nos aprovechó porque sabía que nadie nos iba a reclamar», decía Antonio Roig, otra de las víctimas del nazismo que pasó cuatro años en Mauthausen picando piedra, tallando adoquines en la cantera del campo y trabajando en una fábrica de aviones. También falleció en 2004, después de una vida dedicada a que la memoria de ese sufrimiento no fuese enterrada por el olvido.

En los campos se efectuaban dos recuentos diarios; uno, antes de comenzar la agotadora jornada laboral de veinticuatro horas; el otro, al terminarla. Siempre el número de presos de este último recuento era menor que el de la madrugada, porque, sencillamente, muchos presos morían trabajando. En Dachau, Escuer dejó la mitad de su persona. Entró con 64 kilos, salió con 35. Las doce horas de intenso trabajo se soportaban en Dachau con el sucedáneo al que los carceleros llamaban café, un mendrugo de 100 gramos de pan y un caldo para comer, «agua sucia, nada sólido», recordaba. La cena no existía. El régimen estaba pensado para aguantar de seis a nueve meses, no más. Quien se negaba a trabajar o no rendía lo suficiente o se desplomaba de cansancio durante la jornada era ejecutado. Muchos caían muertos en su puesto de trabajo o en el trayecto que separaba los campos de las industrias en las que trabajaban. Como siempre, sólo los más fuertes entre los más jóvenes aguantaron, siempre que la suerte, finalmente, les acompañase.

Con su esfuerzo inhumano, estos trabajadores forzados contribuyeron a levantar incluso los propios campos de concentración. Eran empleados también en picar piedra, como en Mauthausen, o trabajaban para las principales firmas alemanas, empresas mineras y siderúrgicas o empresas de automoción volcadas en la fabricación del armamento y material de guerra que devoraba el Ejército alemán y que fue fuente de magníficos beneficios. Joan Escuer trabajó durante doce meses, doce horas diarias, sin moverse del torno en el que fabricaba cilindros de motores de aviación para la BMW. A estas empresas, que encontraron en los campos de concentración mano de obra gratuita para un negocio formidable, nadie les pidió cuentas al acabar la guerra y vivieron en la segunda mitad del siglo XX su particular milagro económico, porque después de contribuir a mantener la guerra que destruyó Alemania, con idéntico ímpetu colaboraron en su reconstrucción durante los años 40 y 50, obteniendo en ambos casos pingües beneficios. Siempre ganando.

Pero no sólo fue la industria bélica alemana la que se sirvió del esfuerzo de estos hombres y mujeres para mantener su maquinaria bélica. También las empresas farmacéuticas utilizaron los exangües cuerpos de los presos para experimentar nuevos fármacos, como si se tratase de cobayas humanas. A estos experimentos se destinó a aquellos hombres que por sus condiciones físicas no eran considerados aptos para el trabajo. Una de estas empresas fue la poderosa IG Farben, que compensó el formidable privilegio de recibir carne humana para sus experimentos contribuyendo directamente al rápido genocidio con la fabricación del gas Zyklon B, con el que Hitler duchó en las cámaras de Auschwitz a gran parte de los judíos europeos.

A veces, esos experimentos fueron sólo fruto de la mente perturbada de los jefes de los campos de exterminio o de sus responsables médicos, que se dedicaban a jugar con los presos para comprobar, mediante sádicos experimentos, el límite de la resistencia humana: ¿cuánto aguanta una persona trabajando desnuda en un campo en pleno invierno? ¿Resiste lo mismo un hombre transportando piedras después de habérsele arrancado las uñas? ¿Qué número de jornadas puede llegar a trabajar un individuo, de sol a sol, si previamente no se le deja descansar por las noches?…

Muchos hombres, mujeres y niños no resistieron. De los diez millones de personas que pasaron por los campos nazis, apenas viven hoy para contarlo quienes sufrieron el horror siendo unos niños, si es que su anciana memoria se lo permite. De los 10.000 españoles que estuvieron en los campos de concentración nazis, se calcula que menos de 3.000 salieron con vida.

Antonio Roig es uno de ellos. Consiguió salir vivo en mayo de 1945 de Mauthausen y reencontrarse en París con su mujer, Constanza Martínez, que durante el tiempo de reclusión de su marido había vivido una historia dramáticamente paralela como prisionera en el campo de mujeres de Ravensbrück. Constanza murió antes que Antonio. Y antes de que, en 2005, España participara por primera vez en un acto conmemorativo en Mauthausen cuando se celebró el 60 aniversario de la liberación del campo. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que dijo que aquél era el primer homenaje oficial a las víctimas españolas de la barbarie nazi, pero no sería el último, pudo conocer a ocho supervivientes españoles del campo. No sabemos si quedará alguno vivo en el próximo homenaje.

13
Una deuda forzosa

En el Valle de los Caídos no existe la más mínima inscripción que recuerde que en su construcción fueron utilizados miles de presos políticos. Y no será por falta de espacio. Si se pregunta a alguno de los monjes benedictinos que custodian el monumento, pueden responderle, como lo hizo conmigo uno de ellos cuando escribí este libro, que la explotación de los presos en las obras del Valle es sólo «una leyenda negra». Que aquellos eran trabajadores voluntarios, que recibían un jornal y que además reducían parte de sus condenas. Un chollo, vamos, en el que insiste, cada vez que tiene ocasión, el actual abad del Valle de los Caídos.

Pero si buscamos la referencia en la guía del Valle de los Caídos, editada por Patrimonio Nacional y revisada en 1999, la sorpresa será mayúscula al encontrarnos con la misma versión. En ella se explica fríamente que los contratistas de las obras «empleaban como trabajadores, pagándoles, a aquellos presos de guerra que optaban por acogerse al sistema de redención de penas por el trabajo». Todo planteado como una impecable relación laboral en la que, además, el sistema que permitía redimir la pena se presenta como una especie de benévolo privilegio.

Ambas versiones son idénticas a las empleadas hace ochenta años por el régimen de Franco para justificar y sacralizar el sistema de explotación de presos. Ningún matiz que explique que aquellos presos lo eran por haber defendido la legalidad democrática, que sus «crímenes» eran haber pertenecido a un partido político o a un sindicato, haber ocupado algún cargo en la República, haberse manifestado contra el golpe de Estado, haber renegado de la fe cristiana, haber sido maestro en la escuela republicana o haber sido víctima de alguna interesada denuncia por parte de algún afín al nuevo régimen que quería cobrarse particulares venganzas personales. Ningún matiz que clarifique, dada esa perversa realidad de origen, que aquellos hombres y mujeres fueron encarcelados injustamente, lo que convierte cualquier circunstancia posterior en una tremenda injusticia. Ningún matiz que explique la rapiña que supuso que las tres cuartas partes del dinero que, en teoría, pagaban las empresas se perdieran por el camino y no llegaran nunca a las manos de los presos ni de sus familias. Ningún matiz que matice, en fin, que hablar de voluntariedad en las duras prisiones de un régimen dictatorial es, siendo suaves, una broma de mal gusto impropia en una democracia.

Pero lo más sorprendente es que las mismas explicaciones y omisiones son las que encontramos hoy, en pleno siglo XXI, en la página web del Valle de los Caídos, que presenta el mausoleo como un «monumento a la reconciliación». Aunque reconoce que en las obras de construcción participó entre 1942 y 1950 un porcentaje «significativo» de presos, afirma que trabajaban voluntariamente y cobraban un salario igual al de los trabajadores libres, algo que, como ya ha quedado documentado, es de esas medias verdades que esconden una gran mentira. Y, en el colmo, en la actual página web de Patrimonio Nacional ni siquiera se señala la participación de estos presos políticos en la construcción del monumento.

Sorprende leer estas cosas, como impacta la frialdad del Valle de los Caídos. Parece como si en todo este tiempo no se hubiera querido tocar nada para no ofender a nadie, lo que supone ofender siempre a los mismos. En las dos capillas de acceso a las criptas que guardan los restos de quienes murieron en la guerra sigue leyéndose el Caídos por Dios y por España, aunque muchos de los allí enterrados —nunca lo pregunte, nadie sabe cuántos exactamente— lucharan en el bando republicano sólo por la segunda de las causas.

Pero el del Valle de los Caídos no es el único ejemplo. Lo que sucede en Brunete, la localidad madrileña devastada por una de las batallas más duras de la guerra civil y reconstruida íntegramente con el trabajo de los presos republicanos, no es mucho mejor. En su plaza Mayor tampoco se recuerda este pequeño detalle, aunque se mantienen, eso sí, dos grandes —grandísimas— placas en piedra que advierten de que ese espacio público «perpetúa la gran victoria de la Batalla de Brunete en nuestra Gloriosa Cruzada de Liberación» y alguna más en los alrededores, donde se repintan cuidadosamente los ¡Viva Franco! y ¡Arriba España! que el tiempo y la intemperie se llevan periódicamente.

Lo mismo pasa en muchas localidades en las que aún se ven pequeños monumentos o referencias pintadas en las paredes de iglesias y edificios en honor a los Caídos por Dios y por España. Más de mil calles de todo el país todavía honran a personajes o recuerdan episodios relacionados con la dictadura. Y ocho pueblos aún se resisten a cumplir con la Ley de Memoria Histórica y siguen llevando en su nombre la referencia al dictador o a algunos de sus más íntimos colaboradores en la sublevación: Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Villafranco del Guadiana y Guadiana del Caudillo (Badajoz), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadalhorce (Málaga), San Leonardo de Yagüe (Soria) y Llanos del Caudillo (Ciudad Real). En este último pueblo se llegó a hacer una consulta entre sus vecinos en 2004 en la que un 70% de los vecinos se manifestó a favor de mantener el nombre. Lo mismo sucedió en 2012 en Guadiana del Caudillo. En este caso, el 60% de quienes votaron se manifestaron a favor de mantener el apellido franquista en la denominación de su pueblo. Aunque ninguna de esas referencias que honran aún la memoria del dictador es comparable con la rareza de que una democracia lo mantenga enterrado con honores más de cuarenta años después.

¿Dónde yacen los otros dictadores?

Parece claro que, salvo a sus apologetas, a nadie sensato en Alemania ni en Italia se le hubiera ocurrido enterrar los restos de Adolfo Hitler o de Benito Mussolini en un monumento nacional y bajo el altar mayor de una basílica cristiana. Con el cadáver de Hitler no hubo ocasión ni de plantear el debate. Tras su suicidio en la cancillería, de su cuerpo nunca más se supo. Las hipótesis sobre el destino final de sus restos están envueltas en la leyenda. En ausencia de restos y de mausoleo, la legislación alemana prohíbe incluso los homenajes a su persona y los castiga como apología del nazismo. Hasta la tumba de sus padres, Alois y Klara Hitler, en la localidad austriaca de Leonding, tuvo que ser desmantelada en 2013 tras haberse convertido en indeseable lugar de peregrinación de nazis. Murieron en 1903 y 1907, respectivamente, cuando la pareja no podía imaginar ni que el pequeño Adolfo llegase a ser siquiera concejal de su pueblo.

El cadáver de Mussolini, tras ser fusilado por los partisanos el 28 de abril de 1945 y colgado con escarnio, cabeza abajo, en una plaza de Milán, permaneció escondido durante doce años hasta que fue entregado a su familia, que lo enterró en el cementerio de Predappio, su pueblo natal. Como acabó el dictador portugués Antonio de Oliveira Salazar, enterrado en el cementerio del pequeño pueblo de Vimieiro, donde había nacido, junto a sus padres.

Ninguna democracia próxima enterró con honores a los dictadores que acabaron con la democracia. Ni se les ocurrió. Pero si alguien hubiera tenido tan brillante idea o la defendiera hoy, en pleno siglo XXI, a rebufo del renacimiento de grupos de ultraderecha por toda Europa, la polémica sería mayúscula incluso en nuestro país. Es más, muchos de quienes defienden que los restos de Franco deben permanecer por siempre en el Valle de los Caídos o se han mostrado tibios y abstencionistas cuando la posibilidad de trasladarlos se ha planteado, argumentando que no hay que remover el pasado ni reabrir heridas, se rasgarían las vestiduras si la Italia y la Alemania democráticas hubieran hecho lo mismo. Pero aquí, en España, en algunos asuntos propios, nos hemos acostumbrado a demasiadas cosas y hemos acabado normalizando circunstancias objetivamente anormales.

La verdad es que, por mucho que se busque, es difícil encontrar casos semejantes al de Franco en la historia reciente de los enterramientos de dictadores. Pinochet fue sepultado en 2006 sin honores de Estado, aunque su familia lo solicitó a la entonces presidenta, Michelle Bachelet, que ni accedió a la petición ni siquiera acudió a su funeral. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas reposan en la capilla privada de su familia en Los Bolos, en Valparaíso.

Los dictadores de la junta militar argentina, responsables de un régimen genocida que acabó con 30.000 muertos y desaparecidos, tampoco tuvieron el reconocimiento con el que soñaron mientras detentaban el poder. La democracia los juzgó y los encarceló por crímenes de lesa humanidad. Y tras su muerte encontraron discretas sepulturas. Videla, que falleció en prisión, reposa en un cementerio privado a las afueras de Buenos Aires bajo una inscripción que no lo identifica: Familia Olmos. Muy cerca, en el cementerio Memorial de Pilar y también con el nombre cambiado, está enterrado Emilio Massera, el exjefe de la Armada y creador de la ESMA, el más cruel centro de torturas y detenciones ilegales de la dictadura argentina.

Otros sátrapas hispanoamericanos, Trujillo, Stroessner, Somoza y Batista, ni siquiera encontraron reposo en sus países. El dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, pese a haberse construido en vida un mausoleo en el que aspiraba a descansar eternamente, acabó finalmente en el cementerio madrileño de El Pardo. También reposa en Madrid, en el cementerio de San Isidro, el dictador cubano Fulgencio Batista, que murió en Marbella tras disfrutar de un exilio dorado en la República Dominicana y Portugal gracias a la inmensa fortuna que amasó durante su mandato. El tirano paraguayo Alfredo Stroessner, acogedor protector de nazis como Joseph Mengele en los treinta y cinco años que permaneció en el poder, murió en 2006 en Brasilia, lugar en el que residía desde que huyó de su país en 1989, cuando fue derrocado. Y allí quedó enterrado en un cementerio municipal, a pesar de que su familia intentó sin éxito que fuera repatriado y que recibiera funerales de Estado. Anastasio Somoza, el cruel dictador nicaragüense, acabó asesinado en Asunción (Paraguay). Ni su inmensa fortuna ni la protección de su cuerpo privado de seguridad ni la de los servicios secretos de su protector Stroessner fueron capaces de evitar la emboscada de un comando de siete personas que lo ametralló el 17 de septiembre de 1980 mientras circulaba en su Mercedes por la avenida Generalísimo Franco. Que Somoza acabase asesinado en el Paraguay de Stroessner en una calle con el nombre de Franco no se le hubiera ocurrido ni al guionista más enrevesado. Los restos de Somoza fueron trasladados y acabaron enterrados en un cementerio de Miami, en un mausoleo de postín a la altura no de su talla política, sino de la inmensa fortuna que logró acumular en todo tipo de negocios y robando a los nicaragüenses.

No es cierto, sin embargo, que no haya en el mundo dictadores recientes enterrados con honores. Pero curiosamente sólo regímenes comunistas o países que los soportaron mantienen a sus dictadores en mausoleos o en tumbas significativas. Un espejo en el que, supongo, no querrán mirarse los acérrimos franquistas que defienden que España siga haciendo lo mismo con Franco. Stalin, que reposó durante un tiempo embalsamado en el mismo mausoleo de Lenin en la plaza Roja, fue enterrado después cerca de la muralla del Kremlin. Mao Zedong yace en un mausoleo que se encuentra en el centro de la plaza de Tiananmen, en Pekín. Ho Chi Minh reposa en otro mausoleo en la ciudad de Hanói. Y el padre y el abuelo del actual líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, están enterrados, convenientemente embalsamados, en el lujoso palacio del Sol de Kumsusan, en la capital norcoreana.

Aunque no se comparta, puede explicarse la primera decisión de enterrar a Franco en el Valle de los Caídos por parte de quien, técnicamente, era tan sólo el sucesor del dictador. Y puede entenderse que no se intentase corregir este error monumental en los años de la Transición y en los primeros tiempos de la democracia en los que el ruido de sables era patente, como se demostró en el 23F. Más difícil de comprender es que no se hiciese más tarde, en la larga etapa de Gobiernos socialistas de Felipe González, por ejemplo, que gozó de mayorías parlamentarias que lo habrían facilitado.

Cuenta Felipe González en el libro que recoge una extensa conversación con Juan Luis Cebrián, El futuro no es lo que era, que el general Manuel Gutiérrez Mellado le pidió, siendo aún presidente Suárez, un favor personal: «Usted va a ser responsable del Gobierno en algún momento, ¿por qué no espera a que la gente de mi generación haya muerto para abrir un debate sobre lo que supuso la guerra civil y sus consecuencias? Debajo del rescoldo sigue habiendo fuego, le ruego que tenga paciencia». González le hizo el favor a Gutiérrez Mellado, aunque no tiene claro que se lo hiciera también a nuestra memoria histórica.

Deudas pendientes

Parece evidente que nuestro país tiene una deuda forzosa con estos hombres y mujeres que sufrieron durante años diferentes formas de trabajo forzado. Muchos de ellos, en su condición de presos del franquismo, han cobrado ya alguna indemnización por sus años de cautiverio. En 1990, precisamente el Gobierno socialista presidido por Felipe González estableció una serie de indemnizaciones para las personas mayores de 65 años que pudieran demostrar su paso de al menos tres años por las cárceles franquistas. Los Presupuestos Generales del Estado destinaron en dos años una cantidad global de 30.000 millones de pesetas. Unos 60.000 presos fueron entonces indemnizados. Asimismo, varias comunidades autónomas han concedido indemnizaciones complementarias a aquellos presos que no pudieron acogerse a la de 1990, entre ellas Navarra, Cataluña, Asturias, Baleares, Andalucía y Madrid.

En todos los casos, la concesión de compensaciones siempre se ha planteado como una reparación moral más que económica, porque siempre es difícil de cuantificar el precio de la libertad injustamente robada y del sufrimiento infligido. Aunque en algunos casos, como sucedió en Madrid, los potenciales beneficiarios consideraron la cantidad como una mísera limosna y el Gobierno de la comunidad se vio obligado a ampliar la dotación prevista.

La concesión de estas indemnizaciones, como la de otro tipo de reconocimientos, se ha visto acompañada por procesos de revisión histórica que se producen siempre a paso lento y a veces con tropiezos. En 2002, cuando escribí la primera versión de este libro, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una declaración en la que, por primera vez, se condenaba oficialmente desde el Parlamento democrático el golpe militar del 18 de julio de 1936 y se hacía un «reconocimiento moral» a quienes «padecieron la represión franquista». Esta proclamación de lo evidente se votó, además, el simbólico 20 de noviembre. Habían pasado veintisiete años desde la muerte del dictador. Es verdad que, en los seis años anteriores, la oposición había intentado en varias ocasiones sacar adelante una declaración así y el PP siempre se había negado. Pero también lo es que antes de que José María Aznar llegase al poder habíamos tenido tres lustros de Gobiernos del PSOE en los que podría haberse hecho eso y mucho más sin dificultad.

Nadie ha indemnizado específicamente a quienes sufrieron trabajos forzados en la posguerra. Y no todos los que los sufrieron han podido acogerse a las indemnizaciones generales previstas para los presos de Franco. Por ejemplo, todos aquellos que, jovencísimos, fueron encuadrados en las filas del Ejército de la República y que, terminada la guerra, volvieron a ser llamados para cumplir el servicio militar en batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Aquellos jóvenes, si viven hoy, rozarán los cien años.

Tampoco aquí se ha producido un movimiento semejante al que se ha dado en Alemania, en donde el Gobierno y las empresas privadas que se sirvieron de estos presos acordaron resarcir conjuntamente a quienes habían sufrido estos abusos. Es verdad que en España no han llegado a los tribunales demandas masivas en este sentido, pero tampoco ha habido la mínima intención de hacerlo. Y quizás ya sea demasiado tarde.

La vía alemana

Alemania es un país que ha saldado cuentas con su pasado y en el que quizás debamos mirarnos. Hemos analizado el proceso que el Gobierno federal y un consorcio de las más importantes empresas germanas que se sirvieron de los esclavos que Hitler les ofreció pusieron en marcha para indemnizarlos. Se tardó tiempo en plantearlo y llevó años culminarlo. Pero se hizo. Aquí no se ha hecho nada.

Y no sólo hizo eso Alemania. A lo largo de las dos últimas décadas, sucesivos Gobiernos de todo color han tomado una serie de medidas, refrendadas después por el Parlamento, para rehabilitar la memoria y la dignidad de quienes fueron explotados en virtud de procedimientos judiciales que convirtieron a inocentes en criminales y que han acabado siendo anulados. Este tipo de decisiones tienen una importancia crucial, porque aquellos negacionistas de la explotación de estos presos siempre hacen referencia a la legalidad vigente en aquel tiempo. Y desde esa perversa lógica, hacen que todo cuadre: aquellos hombres y mujeres eran unos delincuentes que fueron condenados justamente en virtud de aquellas leyes y por tribunales legítimos en aquel marco jurídico. De tal forma que el régimen que los encarceló no sólo no fue cruel con ellos, sino magnánimo, al permitirles recortar sus condenas mediante el sistema de redención de penas. Y por eso es fundamental negar la mayor: el régimen, las leyes que dictó para perseguir al enemigo y los tribunales que las aplicaron fueron ilegítimos. Y por eso las condenas que dictaron, y que condujeron a cientos de miles de personas a la prisión y a la explotación, deben ser consideradas nulas.

Alemania, aunque tardó, decidió dinamitar esas premisas. El 25 de agosto de 1998, el Gobierno presidido por Helmut Kohl, en una de sus últimas decisiones, aprobó la Ley de Nulidad de las Sentencias Nacionalsocialistas Injustas en la Administración de Justicia Penal. La norma decretaba la nulidad de todas las sentencias y condenas dictadas por la administración de justicia penal nazi a partir del 30 de enero de 1933 «por motivos políticos, militares, raciales, religiosos o ideológicos». Aquella norma sólo excluyó a los soldados desertores del Ejército nazi y a aquellos considerados traidores por sus tribunales.

En 2002, la presión de la opinión pública llevó al Gobierno de coalición de izquierdas del SPD y Los Verdes, presidido por Gerhard Schröder, a corregir una de esas dos excepciones y decidió anular también las sentencias contra los desertores, los objetores de conciencia y los homosexuales. Pero aún quedaban los considerados traidores.

Fue en agosto de 2009, poco antes de conmemorar los setenta años de la invasión de Polonia y ya con Angela Merkel como canciller, cuando Alemania decidió cerrar también esa última excepción. El Bundestag rehabilitó entonces a quienes los tribunales militares nazis habían considerado traidores de guerra, bien por haber tenido gestos de solidaridad con los judíos perseguidos, por haber militado en la resistencia política al nazismo o, sencillamente, por haber expresado críticas a Hitler o a la guerra que emprendió y que devastó su país e incendió Europa. La medida supuso anular unas 100.000 sentencias de cárcel y 30.000 penas de muerte dictadas contra militares por la justicia militar nazi, de las que 20.000 fueron ejecutadas antes de que Hitler decidiera suicidarse en la cancillería.

Además, muchos de quienes consiguieron eludir la pena capital murieron antes de que el Parlamento alemán adoptase esta medida que rehabilitaba su memoria. La Unión Demócrata Cristiana de la canciller Angela Merkel se había opuesto siempre a anular estas sentencias con el argumento de que no todos los condenados por aquellos tribunales nazis actuaron por motivos desinteresados y considerando que algunos podrían haber perjudicado a sus compañeros de armas con sus actuaciones. Siempre apostó por anulaciones caso a caso, pero finalmente cambió de opinión y facilitó que este último episodio quedase definitivamente cerrado.

Pero no sólo Alemania ha tomado este camino. Francia anuló tras la liberación de su territorio todas las condenas dictadas en virtud de las leyes aprobadas durante la ocupación nazi. Luxemburgo, Lituania, Hungría, Albania, Letonia o Checoslovaquia, entre otros países, también han actuado democráticamente contra legislaciones o sentencias emanadas de jurisdicciones consideradas sin garantías.

Ilegítimas, pero no nulas

En España no hemos llegado tan lejos. La Ley de Memoria Histórica de 2007 declara la «ilegitimidad e injusticia» de las sentencias dictadas durante el franquismo por razones ideológicas y con clara vulneración de sus derechos a la defensa y al proceso debido, así como de los tribunales responsables de esos procesos. Sin embargo, esa declaración de ilegitimidad, aunque lo parezca, no supone la nulidad de esas sentencias, aunque, como la propia ley sostiene, vulnerasen «las más elementales exigencias del derecho».

La declaración de ilegitimidad tuvo un gran valor político y simbólico, pero no tiene ningún efecto jurídico práctico. La prueba evidente es que los contados intentos de alcanzar revisiones judiciales para anular condenas concretas dictadas por los tribunales franquistas han fracasado en los tribunales democráticos, tanto antes como después de entrar en vigor la Ley de Memoria Histórica. Así sucedió con los intentos de revisión de condenas como la del poeta Miguel Hernández, en los inicios del franquismo; la de Julián Grimau, ejecutado en los años 60, cuando el régimen de Franco comenzaba a salir de su aislamiento internacional; o la de Salvador Puig Antich, ejecutado en el garrote ya en los estertores del régimen de Franco. Todos se encontraron con la negativa como respuesta.

Sorprende que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero no se atreviera a dar el paso de declarar nulos estos procedimientos en el año 2007, a pesar de que se lo reclamó, por ejemplo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Y sorprende especialmente porque cuatro años antes, el 10 de septiembre de 2003, el PSOE presentó en el Congreso una proposición no de ley, defendida por la diputada socialista Amparo Valcarce, para anular los juicios sumarios celebrados durante la dictadura franquista con el objeto de «recuperar la dignidad» de quienes fueron ejecutados por motivos políticos. El PP tumbó la iniciativa argumentando que la resolución que el Congreso había aprobado unos meses antes, el 20 de noviembre de 2002, ya había «reafirmado el reconocimiento moral de todos cuantos, hombres y mujeres, fueron víctimas de la guerra civil y también de todos los que sufrieron la represión y el exilio». El diputado popular Manuel Atencia acusó entonces a los socialistas de ser incapaces de plantear «cuestiones de futuro, sino recurrir al mirar atrás, a un pasado afortunadamente superado entre todos». Como se ve, el argumentario no ha variado por mucho que los años pasen.

El PSOE desaprovechó el larguísimo mandato de Felipe González para tomar una iniciativa en este sentido cuando contaba con sólidas mayorías parlamentarias que le hubieran permitido sacarla adelante. Y no aprovechó después el mandato de Zapatero para incluir en la Ley de Memoria de 2007 lo que había solicitado al Gobierno de Aznar en 2003. El PSOE recuperó la idea de anular las sentencias del franquismo en el segundo mandato de Mariano Rajoy, que mantenía en el congelador la Ley de Memoria Histórica. Y consiguió sacar adelante, el 12 de septiembre de 2017, una proposición no de ley que pedía exactamente lo mismo que la que defendió Valcarce en 2003: anular los juicios franquistas. La proposición no de ley, por su naturaleza, es un texto no vinculante que busca que el Gobierno de turno actúe, aunque el Gobierno apelado perfectamente lo puede ignorar, como fue el caso. Aquella proposición declaraba «ilegítimas, radicalmente nulas e injustas» dos sentencias, de 1939 y 1940, dictadas contra el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, Lluis Companys, que acabaron con su ejecución. Pero además, por extensión, establecía que también deberían ser «radicalmente nulas e injustas, y carentes absolutamente de eficacia y validez», todas las condenas y sanciones de los distintos tribunales represivos y consejos de guerra del régimen.

En la defensa de la iniciativa, la entonces diputada y hoy ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, reconoció lo evidente: que la declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas recogida en la Ley de Memoria Histórica no había sido suficiente para «cerrar heridas en nuestro país».

Aunque la diputada Batet recabó los votos suficientes para que la iniciativa saliera adelante, tuvo que escuchar durante el debate el reproche de diputados que creían que la propuesta no sólo llegaba tarde, sino que evidenciaba la incoherencia de un partido que, mientras gobernó, rechazó otras iniciativas semejantes. El más dolido, Joan Tardá, le recordó su propio empeño en los últimos años. En 2010, por ejemplo, el diputado de ERC presentó una moción en nombre de su partido para que el Gobierno impulsase la nulidad de estas sentencias, a lo que el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, respondió que era un «imposible jurídico». Esgrimió el ministro socialista que la Ley de Memoria Histórica ya había privado de efectos jurídicos las sentencias políticas dictadas por los tribunales franquistas. Y con un juego de palabras justificó el voto contrario del PSOE a la moción de Tardá: «La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos».

Pero los reproches no se dirigieron sólo al entonces partido de Gobierno. Xavier Domenech recordó al PP y a Ciudadanos que el Parlamento catalán había aprobado por unanimidad y, por lo tanto, con el apoyo de estos grupos, la ilegalidad de los tribunales políticos del franquismo y la nulidad de sus sentencias. Y parecía un contradiós que aquello que se votó en Cataluña no pudiera ser votado en el Congreso de los Diputados de España.

Y tenía toda la razón. Apenas tres meses antes, en junio de 2017, el Parlamento de Cataluña había aprobado una ley, con un único artículo, que declaraba «la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista». Esta norma se convirtió en la primera ley en España que declaraba la nulidad y no la mera ilegitimidad de los tribunales, juicios y condenas franquistas. Sólo en Cataluña, más de 63.000 procesos. Esa era la virtud. El problema es que la competencia para anular esos juicios sumarísimos, conforme a la Constitución del 78, corresponde al Estado y no a la Generalitat catalana.

Y así estamos. Con una Ley de Memoria Histórica que se quedó corta al no declarar la nulidad de estos juicios, con una proposición no de ley que sí lo hizo, aunque por su propia naturaleza y sin la acción de un Gobierno que no estuvo por la labor no pasa de ser un canto al viento, y con una ley, esta sí, de un Parlamento y de un Gobierno decididos a proclamar la nulidad de los aberrantes procesos sumarios franquistas que, sin embargo, carecen de capacidad para desarrollarla. Y en el proceso, los ciudadanos atónitos hemos contemplado una especie de yenka que, de no tratarse de asunto tan serio, parecería sainete.

Veremos si el Gobierno de Pedro Sánchez consigue cerrar este capítulo definitivamente y, bien mediante reforma de la Ley de Memoria Histórica o a través de otra ley específica, es capaz de anular de una vez por todas las sentencias condenatorias del franquismo por motivos políticos, aquellas que están en el origen del sistema de explotación de presos que algunos, aún hoy, pretenden presentarnos como un sistema justo y magnánimo. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ya anunció en el Congreso que el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a buscar fórmulas para anular las condenas de los tribunales franquistas por motivos políticos. Como también lo está, según dijo, a impulsar una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica que comportará la ilegalización de entidades que hagan apología del franquismo, como la Fundación Francisco Franco. Veremos cómo acaba este nuevo intento que se enfrentará no sólo a la propia voluntad del Gobierno, sino a que éste, con una mayoría precaria y sometido a todo tipo de presiones, disponga del tiempo suficiente de mandato como para llevarlas a cabo.

En todo caso llegaremos tarde. Mucho más tarde que Alemania. Y muchísimo más tarde que el propio Franco. Porque en España se da una chocante paradoja. Esto que a la democracia le está costando tanto tiempo llevar a cabo, Franco lo resolvió en un suspiro cuando se hizo con el poder absoluto finalizada la guerra. En 1939, aprobó la Ley de Invalidez de las Actuaciones Practicadas por Funcionarios Extraños al Movimiento Nacional. Su preámbulo resumía en apenas unas líneas lo que pretendía: «Es una realidad incuestionable que desde la fecha del Glorioso Alzamiento Nacional la jurisdicción ejercida en los territorios de dominación roja quedó privada de legitimidad. Todas las actuaciones tramitadas por los jueces extraños al Movimiento Nacional son, pues, absolutamente nulas». Y punto.

La memoria externalizada

El tiempo se agota. España es un país que está permitiendo que desaparezca toda una generación que defendió la democracia y sufrió por ello persecución, cárcel y explotación por parte de un régimen dictatorial sin que haya recibido de la democracia el resarcimiento que merece. Una generación que aún hoy tiene que soportar cómo franquistas de ayer y otros de nuevo cuño les restriegan las bondades del dictador que truncó sus vidas y niegan su injusto padecimiento argumentando que fue consecuencia lógica de sus fechorías. Una generación que, al mismo tiempo, contempla indignada cómo sus representantes democráticos son incapaces de ponerse de acuerdo en lo esencial para cerrar definitivamente este capítulo de la historia.

Resulta indignante que aún hoy la exhumación de los miles de fosas comunes que aún permanecen cerradas para dar un digno entierro a los asesinados sea una tarea que el Estado ha externalizado, dejándolo en manos de las familias o de comprometidas organizaciones ciudadanas, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que, ante la desidia de quien debería afrontar la tarea, ha conseguido desde el año 2000 la apertura de 150 fosas por todo el país, no sólo rescatando los restos de más de 1.400 víctimas de la dictadura franquista, sino dándoles la dignidad y el homenaje que el dictador les negó. Según los datos del Mapa de Fosas del Ministerio de Justicia, impulsado por el mandato de la Ley de Memoria Histórica y sin actualizar en los últimos años, existen más de 120.000 víctimas inhumadas en 2.591 fosas repartidas por todo el país.

Es sorprendente que aún hoy, ocho décadas después del golpe de Estado de Franco, tras cuarenta años de dictadura y otros tantos de democracia, todas las cifras sobre la magnitud de la represión deban ser puestas en cuarentena porque, a pesar del esfuerzo investigador de muchos especialistas, aún seguimos aproximándonos a la verdad. También esa búsqueda se ha externalizado sin que desde los sucesivos Gobiernos se haya impulsado la investigación sobre nuestra historia reciente ni se haya dotado económicamente el esfuerzo. También aquí, además de las notables investigaciones parciales sobre la represión, iniciativas ciudadanas como Todos los Nombres ha conseguido activar un proceso participativo que ha logrado reunir datos concretos y documentos sobre casi 100.000 personas represaliadas por Franco. Una iniciativa que cumple con el espíritu del ruego que dejó expresado Julia Conesa a su madre en la última carta que le dirigió antes de ser fusilada, el 5 de agosto de 1939, junto a otras doce jovencísimas compañeras conocidas como las trece rosas: «Que mi nombre no se borre en la historia».

La desidia oficial mostrada en impulsar definitivamente la memoria frente al olvido, en cerrar para siempre y dignamente tantas heridas indignas que todavía permanecen abiertas, hace aún más insoportable la otra desidia, la de no reaccionar ante quienes abiertamente hacen apología de la dictadura mientras te pueden sentar en el banquillo por hacer un chiste desafortunado sobre Carrero Blanco, o la de mantener aún, a pesar de los avances, nombres de edificios, calles, pueblos y dignidades nobiliarias que honran a quienes de manera indigna acabaron con la democracia, mientras muchas de sus víctimas aún permanecen en las cunetas.

En el año 2015, los reyes Felipe y Letizia viajaron a París para rendir homenaje a los republicanos españoles de La Nueve, la primera compañía que en agosto de 1944 consiguió entrar en el París liberado de la ocupación nazi. Fue un gesto acertado y justo porque, como dijo el rey, aquellos hombres protagonizaron «un importante momento en la historia en la lucha contra el totalitarismo». Y así fue.

Pero no eran distintos aquellos soldados a quienes antes lucharon contra el totalitarismo de Franco, en defensa de la legalidad constitucional. Algunos permanecen en fosas aún sin abrir, otros murieron en campos nazis como apátridas y muchos tuvieron que huir de España para no volver jamás. Por eso sería interesante que la sensibilidad mostrada entonces por los reyes hacia los republicanos que lucharon en Francia por la libertad frente al totalitarismo nazi se extendiera algún día a los republicanos que lucharon en España por la libertad frente al totalitarismo franquista. Son exactamente los mismos, tanto que muchos hicieron lo uno y lo otro. Es un gesto sencillo y además intuyo que los reyes no tendrían ningún problema en hacerlo.

Pero viendo la reacción de algunos cuando se pretende impulsar cualquier medida que acabe con tanto despropósito acumulado, nos haría pensar que el rescoldo del que hablaba el general Gutiérrez Mellado a Felipe González sigue vivo. Hace algunos años, cuando diversas generaciones de españoles se confesaron en televisión en un magnífico programa de TVE llamado Los años vividos, pudimos oír la versión de Manuel Fraga acerca de la actuación de Franco sobre los vencidos en la posguerra española:

No es verdad que se hiciera una política de vencedores y vencidos. Al contrario, por primera vez España empezó a sentirse, en medio de todo aquello, de alguna manera reconciliada. Ya sé que esto no todos lo aceptarán. Pero yo, como es lo que pienso, lo tengo que decir. Y yo no tenía parte entonces en ello…

Visto lo visto, ¿ustedes lo aceptan?

Anexo I
Algunas obras y empresas

Obras hidráulicas

Embalse del Ebro (Cantabria)

Embalse de Benagéver —del Generalísimo— (Valencia)

Embalse de Entrepeñas (Guadalajara)

Embalse de Pálmaces (Guadalajara)

Embalse de Mediano (Huesca)

Embalse de Riosequillo (Buitrago de Lozoya, Madrid)

Embalse de Revenga (Segovia)

Embalse de Barasona (Huesca)

Embalse de Mansilla de la Sierra (La Rioja)

Embalse González Lacasa (Ortigosa, La Rioja)

Embalse del Cenajo (Albacete-Murcia)

Embalse de Torre del Águila (Sevilla)

Embalse de Barrios de Luna (León)

Embalse de Yesa (Zaragoza)

Embalse de San Esteban (Ourense)

Embalse de Linares (Segovia)

Canal bajo del Guadalquivir

Canal bajo del Alberche

Canal de Montijo

Real acequia del Jarama

Canal del Jarama

Canal de riego Toro-Zamora

Canal de Bardenas (Zaragoza)

Canal de los Monegros

Canal del Bierzo

Canal de Badarán (La Rioja)

Canal de Linares del Arroyo (Segovia)

Saltos del Nansa (Cantabria)

Saltos del Sil (Ourense)

Reconstrucción de pueblos y ciudades

Belchite (Zaragoza)

Brunete (Madrid)

Oviedo

Teruel

Toledo

Huesca

Lleida

Guernica (Vizcaya)

Amorebieta (Vizcaya)

Eibar (Guipúzcoa)

Potes (Cantabria)

Quinto de Ebro (Zaragoza)

Mediana de Aragón (Zaragoza)

Puebla de Albortón (Zaragoza)

Boadilla del Monte (Madrid)

Villamanín (León)

Villanueva de la Barca (Lleida)

Sabiñánigo (Huesca)

Figueras (Girona)

Empresas mineras

Minas de mercurio de Almadén (Ciudad Real)

Duro Felguera (pozo María Luisa, pozo Fondón, pozo San Mamés) (Asturias)

Minas de Antracita Moro S. A. (Fabero, León)

Sociedad de Carbones Asturianos (Ciaño, Asturias)

Minas de Orallo de la Sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada (León)

Antracitas de Gaiztarro (Matarrosa, León)

Minas del Bierzo (Fabero, León)

Minas de estaño de Silleda (Pontevedra)

Minas de amianto de Guardia de Ares (Lleida)

Minas de wolframio de Casayo (Ourense)

Minas de Utrillas (Teruel)

Carbonífera Palomar (Teruel)

Minas de Hellín (Albacete)

Minas de la Unión (Murcia)

Minas Celdrán S. A. (Llano del Beal, Cartagena)

Obras públicas

Construcción del ferrocarril Madrid-Burgos

Construcción del ferrocarril Zamora-A Coruña

Construcción del ferrocarril Cercedilla-Puerto de Cotos

Construcción del ferrocarril Tudela Veguín-Lugo de Llanera (Asturias)

Construcción del ferrocarril Santander-Mediterráneo (nunca se terminó)

Construcción del ferrocarril Pedernales (Guernica)-Bermeo

Construcción de la primera estación de Chamartín

Construcción de las estaciones de Las Matas y Las Rozas (Madrid)

Ampliación del puerto de Bermeo (Vizcaya)

Construcción del túnel de Viella (Lleida)

Carretera de Canfranc

Carretera a El Escorial desde la carretera de A Coruña

Variantes de carreteras:

—Madrid-Valencia puerto Contreras

—Honrubia (Segovia)

—Oropesa (Toledo)

—Puerto del Escudo (Cantabria)

—Puente del Arzobispo (Toledo)

Obras civiles

Construcción de la cripta del Valle de los Caídos

Construcción del monasterio del Valle de los Caídos

Construcción de la carretera de acceso al Valle de los Caídos

Construcción del aeropuerto de Lavacolla (Santiago, A Coruña)

Construcción del aeropuerto de Sondica

Construcción de Villafranco del Guadalquivir (Sevilla)

Construcción de Torre de la Reina (Sevilla)

Construcción del estadio municipal de Valladolid

Construcción del estadio municipal de Palencia

Construcción de la fábrica de SNIACE (Torrelavega, Cantabria)

Ampliación de la fábrica de cementos Portland-Iberia (Toledo)

Construcción de la Azucarera de Toro (Zamora)

Construcción de la fábrica de SAFA (Blanes, Girona)

Construcción de una fábrica textil en Sabadell (Barcelona)

Construcción de la cárcel de Carabanchel (Madrid)

Construcción de la cárcel de Badajoz

Construcción de la cárcel de Córdoba

Construcción de la cárcel de Tarragona

Construcción de la cárcel de Huesca

Obras de reforma de diversas prisiones

Clínica Psiquiátrica de la Prisión Provincial de Madrid

Obras de rehabilitación de la sede del Consejo de Estado

Parque Móvil de los Ministerios Civiles de Madrid

Construcción de viviendas protegidas (Segovia, Guadalajara, Madrid, Burgos, Lleida, Barcelona…)

Puente de Praga sobre el Manzanares (Madrid)

Urbanización de la avenida del Manzanares (Madrid)

Plaza de Castilla (Madrid)

Diversas glorietas del paseo de la Castellana (Madrid)

Obras militares

Academia de Infantería de Toledo

Academia de Caballería de Valladolid

Dirección General de la Guardia Civil (Guzmán el Bueno, Madrid)

Hospital Militar de Carabanchel (Madrid)

Base de Carros de Combate en Segovia

Comandancia de la Guardia Civil en Segovia

Complejo Militar en Lleida

Viviendas militares en Madrid, Barcelona, Burgos, Segovia, Lleida y Tarragona

Puentes

Trincheras (antes de acabar la guerra)

Otras empresas que emplearon presos

Sociedad Babcock Wilcox (Galindo, Bilbao)

Sociedad Maquinista y Fundiciones del Ebro (Zaragoza)

Múgica Arellano y Cía. (Pamplona)

Constructora Naval

Experiencias Industriales (Aranjuez, Madrid)

Talleres La Trefilera (Gijón, Asturias)

Industrias Egaña (Motrico, Guipúzcoa)

Plasencia de las Armas

Esperanza y Compañía S. A.

Talleres Murga (Valmaseda, Vizcaya)

Metro de Madrid

Cementos Portland-Iberia (Toledo)

Cementos Asland (Córdoba)

SAFA (Blanes, Girona)

Empresa de hilados y tejidos Burés (Girona)

Industrias Artísticas Agrupadas (Fundación Generalísimo Franco)

Construcciones para la Iglesia

Reconstrucción de la catedral de Vich (Barcelona)

Iglesia del Carmen (Valladolid)

Convento de Adoratrices (Cartagena, Valladolid, Alcalá de Henares)

Seminario de Vich (Barcelona)

Seminario de Erbedelo (Ourense)

Colegio de los escolapios en San Antón (Madrid)

Constructoras que trabajaron con presos

Dragados y Construcciones

Banús

Construcciones Molan

Empresa San Román

Ferrocarriles y Construcciones ABC

Hermanos Nicolás Gómez

A. Marroquín

Cimentaciones y Obras

Construcciones Leizarán

Riegos Asfálticos

Vías y Riegos

Herederos de Ginés Navarro

Compañía de Ingeniería y Construcciones Marcor S. A.

Construcciones Gil Grávalos (canal bajo del Guadalquivir)

Pantanos y Canales S. A. (presa de Riosequillo)

Gutiérrez Oliva y Bourne S. A. (presa de Riosequillo)

Sociedad Constructora Ferroviaria (ferrocarril Zamora-A Coruña)

Talleres penitenciarios

Talleres de Alcalá de Henares (Madrid)

—Mobiliario y crucifijos para todas las escuelas nacionales

—Carpintería para obras de reconstrucción de la Universidad Complutense

—Carpintería para diversos bloques de viviendas privadas

—Barracones militares

—Zapatos y lavado de ropa de todas las colonias penitenciarias

Talleres de la prisión de Barcelona

—Juguetes

—Carcasas de radio para fábricas privadas

Taller de carpintería de Yeserías

—Todo el mobiliario de la Delegación Nacional de Sindicatos

—Mobiliario diverso para otros organismos estatales y de la Falange

Taller de metalistería de El Dueso

—Utensilios (platos, cubiertos…) para cuarteles del Ejército

—Utensilios (platos, cubiertos…) para campamentos del Frente de Juventudes

—Gasógenos para vehículos

Talleres de mujeres (Ventas, Amorebieta, Saturrarán, Guadalajara)

—Uniformes y ropa interior para presos

—Uniformes para funcionarios de prisiones

—Uniformes para el Ejército

Talleres de Ocaña

—Prendas para la Dirección de Prisiones

—Uniformes de la Guardia Civil

—Uniformes de aviación y unidades paracaidistas

—Maletas, maletines, carteras de niño, bolsos de mujer, para tiendas particulares

Taller de Novelda

—Escobas

Taller de imaginería de Girona

—Tallas religiosas para diversas iglesias del país

Talleres de la cárcel de Burgos

—Fábrica de papel y cartón

Taller de la prisión de Granada

—Fábrica de jabón para las prisiones y unidades del Ejército

Laboratorio de medicamentos de Yeserías (Madrid)

—Medicinas, ampollas para todas las prisiones de España

Anexo II

Los testimonios

Testimonios recogidos por el autor

Ernesto Sempere

Miguel Rodríguez. Entrevista con el autor y memorias

Trinitario Rubio

Conrado del Cubo Campos

José López García

Ramón Barrenetxea

Apolinar Camazón

Marcelino Camacho. Entrevista con el autor y memorias

José Custodio Serrano

Aurea Custodio

Viuda de Jerónimo La Madrid

Vicente y Catalina Moreno, hijos de Fermín Moreno Aragón

Testimonios recogidos en memorias y ensayos sobre la época

Tomasa Cuevas, Notícia de la negra nit.

Juana Doña, Desde la noche y la niebla. Memorias.

Josefa García Segret, Abajo las dictaduras. Memorias.

Miguel Gila, Y entonces nací yo. Memorias para desmemoriados.

Ramón Rufat, En las prisiones de España. Memorias.

Víctor Alba, La oposición de los supervivientes. Memorias.

Juan Manuel Molina, Noche sobre España. Memorias

E. Marco Nadal, Libro blanco sobre las cárceles franquistas.

José Cortés López, en F. Escudero, Lo cuentan como lo han vivido. Testimonio.

Paco Rabal, Si yo te contara. Memorias.

Pedro Gómez González, en S. Juliá (coord.), Víctimas de la Guerra Civil. Testimonio.

Hilario Gómez Luna, en S. Juliá (coord.), Víctimas de la Guerra Civil. Testimonio.

Miguel Gómez del Pulgar, en S. Juliá (coord.), Víctimas de la Guerra Civil. Testimonio.

Artemio Álvarez, en M. Laruelo, La libertad es un bien muy preciado. Testimonio.

José Enrique Llera Iglesias, en M. Laruelo, La libertad es un bien muy preciado. Testimonio.

Manuel Calvo Calvo, en M. Laruelo, La libertad es un bien muy preciado. Testimonio.

Ramón Rubial, en B. Díaz, Rubial, un compromiso con el socialismo. Testimonio.

Gilberto Díaz Flórez, en B. Díaz, Rubial, un compromiso con el socialismo. Testimonio.

Avelino Cadavieco, en B. Díaz, Rubial, un compromiso con el socialismo. Testimonio.

Francisco López Real, en B. Díaz, Rubial, un compromiso con el socialismo. Testimonio.

Jesús Cantelar, en D. Sueiro, La verdadera historia del Valle de los Caídos. Testimonio.

Teodoro García Cañas, en D. Sueiro, La verdadera historia del Valle de los Caídos. Testimonio.

Manuel Romero, en D. Sueiro, La verdadera historia del Valle de los Caídos. Testimonio.

Alejandro Sánchez Cabezudo, en D. Sueiro, La verdadera historia del Valle de los Caídos. Testimonio.

Testimonios recogidos en medios de comunicación

Nicolás Sánchez Albornoz. Entrevista El País. (26 de abril de 1992).

Gregorio Peces Barba del Brío. Historia del franquismo. Diario 16.

Joan Escuer. Declaraciones a El Mundo (10 de junio 2001).

Antonio Roig. Declaraciones a El Mundo (10 de junio 2001).

Laia Berenguer. El Periódico de Cataluña (30 de abril de 2000).

Sebastiá Saló Saló. Línea 900. TVE. (4 de julio de 1999).

Julián del Olmo. Línea 900. TVE. (4 de julio de 1999).

Josep Masamunt. Línea 900. TVE. (4 de julio de 1999).

José Hormigo. Interviú. (14 de mayo de 2001).

Ana María Matute. Los años vividos. TVE. (9 de febrero de 1992).

Manuel Fraga Iribarne. Los años vividos. TVE. (9 de febrero de 1992).

Anexo III
Bibliografía y fuentes

ACOSTA BONO, Gonzalo; GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis; MARTÍNEZ MACÍAS, Lola, y DEL RÍO SÁNCHEZ, Ángel, El Canal de los Presos (1940-1962), Crítica, Barcelona, 2004.

AGUILAR, Paloma, Memoria y olvido de la guerra civil, Alianza Editorial, Madrid, 1996.

ALBA, Víctor, La oposición de los supervivientes, Planeta, 1978.

BLACK, Edwin, IBM y el Holocausto, Editorial Atlántida, Buenos Aires, 2001.

CAMACHO, Marcelino, Confieso que he luchado, Temas de Hoy, Madrid, 1990.

CASANOVA, Julián, La Iglesia de Franco, Temas de Hoy, Madrid, 2001.

CASASSAS, Jordi, y VILLARROYA, Joan (coord.), Guerra i revolució. 1936-1939, Ara Llibres, 2015.

CUERVO, Máximo, Fundamentos del nuevo sistema penitenciario español, Alcalá de Henares, 1941.

DÍAZ NOSTY, Bernardo (coord.), Ramón Rubial, un compromiso con el socialismo, editado por el PSOE, Madrid, 1986.

DOÑA, Juana, Desde la noche y la niebla, Ediciones de la Torre, Madrid, 1978.

ESCUDERO, Fuensanta, Lo cuentan como lo han vivido (República, guerra y represión en Murcia), Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, Murcia, 2000.

FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco, Mis conversaciones privadas con Franco, Planeta, Barcelona, 1976.

GARCÍA SEGRET, Josefa, Abajo las dictaduras, ed. de la autora, Vigo, 1982.

GILA, Miguel, Y entonces nací yo. Memorias para desmemoriados, Temas de Hoy, Madrid, 1995.

IVORRA, Antonio (coord.), La historia del franquismo, Diario 16, Madrid.

JULIÁ, Santos (cord.); CASANOVA, Julián; SOLÉ Y SABATÉ, Josep María; VILLARROYA, Joan, y MORENO, Francisco, Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy, Madrid, 1999.

LAFUENTE, Isaías, Tiempos de hambre, Temas de Hoy, 1999.

LARUELO, Marcelino, La libertad es un bien muy preciado, ed. del autor, Gijón, 1999.

LLARCH, Joan, Batallones de trabajadores, Plaza y Janés, Barcelona, 1978.

MALEFAKIS, Edward (coord.), La Guerra de España, El País, Madrid, 1989.

MATILLA, Antonio, Historia de las Minas de Almadén (2 vols.), Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1958/1987.

MARTÍ GÓMEZ, José, La España del estraperlo (1936-1952), Planeta, Barcelona, 1995.

MAURÍN, Joaquín, En las prisiones de Franco, B. Costa-Amic Editor, México, 1973.

MOLINA, Juan Manuel, Noche sobre España, Libro Mex Editores, México, 1958.

MOLINERO, Carme; SALA, Margarida, y SOBREQUÉS, Jaume, Una inmensa prisión, Crítica, Barcelona, 2003.

PÉREZ DEL PULGAR, José Antonio, La solución que da España al problema de sus presos políticos, Publicaciones Redención, Valladolid, 1939.

PRESTON, Paul, La guerra civil española, Plaza & Janés, Barcelona, 1987.

— Franco «Caudillo de España», Mondadori, Barcelona, 1994.

RABAL, Paco, y CEREZALES, Agustín, Si yo te contara, El País-Aguilar, Madrid, 1994.

RIERA, Ignasi (coord.), Noticia de la negra nit, Diputació de Barcelona/ Associació Catalana d’Expresos Polítics, Barcelona, 2001.

RODRIGO, Javier, Los campos de concentración franquistas, Siete Mares, Madrid, 2003.

RODRÍGUEZ, Miguel, El último preso del Valle de los Caídos, ed. del autor, Madrid, 1978.

RODRÍGUEZ, Saturnino, NO-DO. Catecismo social de una época, Editorial Complutense, Madrid, 1999.

RUFAT, Ramón, En las prisiones de España, Cajica, México, 1966.

SABÍN, José Manuel, Prisión y muerte en la España de posguerra, Anaya & Mario Muchnik, Madrid, 1996.

SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente, y R. TRANCHE, Rafael, NODO, El tiempo y la memoria, Cátedra/Filmoteca Española, Madrid, 2000.

SÁNCHEZ SOLER, Mariano, Ricos por la Patria, Plaza & Janés, Barcelona, 2001.

SANCHO, José Luis, Guía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Patrimonio Nacional, Madrid, 1999.

SOLÉ I BARJAU, Queralt, Els morts clandestins: les fosses comunes de la Guerra civil a Catalunya (1936-1939), Editorial Afers, 2008.

SUÁREZ, Ángel (coord.), Libro blanco sobre las cárceles franquistas, Ruedo Ibérico, París, 1976.

SUEIRO, Daniel, La verdadera historia del Valle de los Caídos, Ediciones Sedmay, Madrid, 1976.

TORRES, Rafael, Los esclavos de Franco, Oberón (Grupo Anaya), Madrid, 2000.

TUSELL, Javier, La oposición democrática al franquismo, Planeta, Barcelona, 1977.

VINYES, Ricard, Irredentas, Temas de Hoy, Madrid, 2002.

VIZCAÍNO CASAS, Fernando, La España de la posguerra, Planeta, Barcelona, 1978.

Otras fuentes

Revista de Estudios Penitenciarios. Artículos y trabajos de investigación:

AYLAGAS, Francisco, Particularidades del Régimen Penitenciario Español, 38, mayo, 1948.

CABALLERO LEÓN, Ángel, Renovación Penitenciaria, 79, octubre, 1951.

CASTELLANOS, Pablo, Trabajo obligatorio, 4, 1945.

DÍEZ ECHARRI, Emiliano, El sistema de Redención de Penas por el Trabajo, 36, marzo, 1948

— El Padre Pérez del Pulgar, 39, junio, 1948.

FÉNIX, El (seudónimo), España precursora, 22, enero, 1947.

GARCÍA MARTÍN, Isidro, Los conmutados de la pena de muerte y la redención de penas por el trabajo, 173, junio, 1966.

LÓPEZ RIOCEREZO, José María, Una aportación ejemplar: la Redención de Penas por el Trabajo, 156, marzo, 1962.

RECIO, Aurelio, Colonias agrícolas penitenciarias, 110, 1954.

RODRÍGUEZ, Clemente, Plenitud de los Destacamentos penales, 30, 1947.

— Ventajas de los penados trabajadores en los Destacamentos, 37, abril, 1948.

SÁNCHEZ, Lucas, Redención, 35, febrero, 1948.

SÁNCHEZ TRIGUEROS, Jesús, Realidades penitenciarias, 22, enero, 1947.

SEOANE, M., Los Destacamentos Penitenciarios y su consideración, 142, 1959.

Memorias del Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo y de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (1939-1970).

Periódico Redención, Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares. Varios números.

Periódico El Canal, Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, números 1, 2 y 6, colección particular de Manuel García Cienfuegos.

Reportajes publicados en El País, El Periódico de Cataluña, El Mundo, Diario 16, Interviú y Cambio 16.

Programas de TVE cedidos por la Dirección General de RTVE:

— La Clave: «El Valle de los Caídos» (18 de noviembre de 1983).

—Línea 900: «Los campos de concentración de Franco» (4 de julio de 1999).

—Los años vividos: «Tiempo de posguerra» (9 de febrero de 1992).

Documental Las tumbas abiertas: la represión franquista en Montijo, filmado en 1979 por la Agrupación Comunista de Montijo y cedido por el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Montijo.